Tras más de 50 días de conflictos sociales, desde este sábado rige en todo Bolivia el estado de excepción decretado por el presidente Rodrigo Paz, con el objetivo de liberar carreteras, restablecer la libre circulación y asegurar el abastecimiento de productos esenciales. El Gobierno sostuvo que la medida no suspende derechos fundamentales ni paraliza las actividades cotidianas.

“Tras agotar todas las vías de diálogo, llegar a acuerdos con aquellos cuyas demandas eran legítimas e identificar a quienes utilizaron la violencia en un intento por desestabilizar Bolivia, tomamos la decisión de declarar el estado de emergencia en todo el territorio nacional”, afirmó el jefe de Estado en un discurso televisado.

El Ejecutivo decretó la medida a las 01:30 de este sábado para todo el territorio nacional. Paz destacó que el objetivo es poner fin a los bloqueos que afectan a distintas regiones y garantizar el acceso a alimentos, combustible y medicamentos.

El mandatario también ordenó a la Policía y a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones para recuperar las carreteras y resguardar a la población.

Qué prohíbe y qué permite el estado de excepción

La prohibición central alcanza a cualquier bloqueo en vías de circulación del país. La explicación difundida por el Gobierno indica que la medida impide bloquear calles, avenidas, caminos y carreteras que afecten el paso de personas y el abastecimiento de bienes esenciales.

También queda prohibido portar armas, explosivos, sustancias inflamables y combustible en envases no autorizados durante movilizaciones o concentraciones. En áreas con hechos de violencia, las autoridades podrán restringir de forma temporal la venta de bebidas alcohólicas.

El Gobierno aclaró que las personas podrán circular y desarrollar sus actividades con normalidad fuera de las zonas con restricciones puntuales. Las actividades laborales, educativas y económicas continúan, al igual que los servicios financieros, los mercados y los negocios formales e informales.

La medida tampoco restringe el derecho a la información ni la libertad de expresión. Fuera de las áreas bajo limitaciones temporales, las reuniones permanecen permitidas.

Cómo se aplicará la medida en las zonas de conflicto

Las Fuerzas Armadas de Bolivia no reemplazarán a la Policía, sino que le darán apoyo temporal y coordinado para liberar vías bloqueadas y proteger rutas estratégicas e infraestructura esencial. La Presidencia señaló que ese despliegue también apunta a sostener el abastecimiento en el país.

En lugares donde existan riesgos para el traslado de personas o valores, podrán aplicarse ajustes temporales en determinados servicios. El texto base también contempla la posibilidad de toque de queda solo en zonas de restricción definidas por el Gobierno o por el Ministerio de Defensa.

El acceso a alimentos, combustible y medicamentos figura entre los objetivos centrales de la medida. Esa garantía forma parte del alcance operativo del estado de excepción, junto con la recuperación del libre tránsito.

Por qué se declaró ahora y cuánto puede durar

La decisión llegó tras más de seis semanas de protestas y después de 46 bloqueos registrados en cinco departamentos. Ese balance mostraba una baja frente a los 102 puntos activos de principios de mayo, aunque todavía persistían focos de tensión.

El conflicto dejó 16 muertes, 13 de ellas por falta de atención médica oportuna. Los bloqueos comenzaron el 6 de mayo en sectores afines a Evo Morales y en la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari, mientras la Central Obrera Boliviana (COB) alcanzó un acuerdo con el Gobierno el viernes por la noche en La Paz.

Mario Argollo, dirigente de la COB, dijo que desde ese momento se levantaban las medidas de presión a nivel nacional. El acuerdo fijó plazos de 90 días para aplicar compromisos oficiales y abrir mesas de trabajo desde el miércoles siguiente.

Pese a ese entendimiento, Severo Marca, representante de la Túpac Katari ante la Csutcb, rechazó el pacto y lo definió como una traición. Esos sectores anunciaron que mantendrían los bloqueos y seguirían exigiendo la renuncia de Paz.

La medida podrá durar hasta 90 días, aunque el Gobierno podrá levantarla antes si cesan los bloqueos, los hechos de violencia o las amenazas que motivaron su aplicación.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró este sábado el estado de excepción en todo el país tras más de seis semanas de protestas y bloqueos de rutas estratégicas por parte de sectores sindicales y opositores al Gobierno que provocaron 16 muertes, de las cuales 13 fueron por falta de atención médica oportuna.

“Tras agotar todas las vías de diálogo, llegar a acuerdos con aquellos cuyas demandas eran legítimas e identificar a quienes utilizaron la violencia en un intento por desestabilizar Bolivia, tomamos la decisión de declarar el estado de emergencia en todo el territorio nacional”, afirmó Paz en un discurso televisado.

La medida llegó luego de un extenso período de movilizaciones y tras el anuncio de acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB). Sin embargo, aún persisten focos de tensión y demandas insatisfechas, según los opositores, en distintas regiones.

En su mensaje televisado, Paz informó que ordenó a la Policía y a las Fuerzas Armadas ejecutar “las acciones necesarias para restablecer el libre tránsito, recuperar las carreteras y garantizar la seguridad de la población”. El mandatario justificó que, al inicio de las protestas, priorizó el diálogo antes que la confrontación, con el objetivo de distinguir a los sectores con demandas “legítimas” de aquellos que, según sus palabras, intentaron “transformar una protesta social en una estrategia de ruptura democrática constitucional”.

Paz caracterizó la situación actual como “una estrategia organizada de desestabilización contra la democracia y un gobierno constituido y debemos llamarla por su nombre: un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo”.

El presidente reiteró la acusación de que existen “estructuras políticas organizadas” operando desde el Chapare o Trópico de Cochabamba, territorio identificado como bastión sindical y político de Evo Morales. El jefe de Estado lamentó que este “intento de desestabilización haya causado dolor, muerte y sufrimiento” y generado “pérdidas económicas incalculables”.

“He dispuesto la aplicación del Estado de Excepción para liberar las carreteras del país. Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares”, comunicó el mandatario a través de su perfil en X.

Paz aseguró que el objetivo de la medida no es “quitar la normalidad, sino devolverla”, argumentando que Bolivia necesita “recuperar sus caminos, garantizar el abastecimiento y volver a la normalidad”. Añadió además que “las puertas del Gobierno seguirán abiertas para quienes quieran dialogar de buena fe”.

La Presidencia boliviana aclaró que la medida no implica la suspensión de derechos, pero prohíbe los bloqueos de vías y el uso de armas, explosivos y elementos violentos. Además, se dispuso el “apoyo temporal” de las Fuerzas Armadas a la Policía para la protección de rutas estratégicas, infraestructura esencial y el abastecimiento en el país.(Con información de EFE)

Según el relevamiento oficial, el viernes el país contabilizaba 46 bloqueos distribuidos en cinco departamentos, una cifra considerablemente menor respecto a los 102 puntos activos a principios de mayo, lo que representa una reducción drástica de las interrupciones lideradas principalmente por sectores campesinos.

El acuerdo entre el presidente de Bolivia, y el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), el minero Mario Argollo, fue suscrito el viernes por la noche en la casa de Gobierno de La Paz tras una reunión privada con líderes sindicales y cinco ministros.

“A partir de este momento se están levantando las medidas de presión a nivel nacional, con un compromiso del Gobierno de cumplir de manera inmediata todo lo que se ha suscrito”, declaró Argollo al concluir el encuentro, en declaraciones recogidas por medios presentes.

El documento prevé plazos de 90 días para la implementación de los compromisos oficiales y la creación de mesas de trabajo que comenzarán a operar desde el próximo miércoles. Entre los puntos acordados se destaca la gestión para la liberación de manifestantes detenidos durante las protestas, uno de los reclamos centrales de la COB para iniciar el diálogo.

Pese al avance logrado con el sector sindical, la situación en La Paz y otras regiones se mantiene tensa. La Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari y agrupaciones afines a Evo Morales anunciaron que continuarán con los bloqueos iniciados el 6 de mayo y rechazaron la posibilidad de acercamiento con el Gobierno. Estos sectores persisten en la exigencia de renuncia de Paz y rechazan la vía del diálogo.

La dirigencia de la federación Túpac Katari expresó su sorpresa y rechazo ante la firma del acuerdo entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno nacional, calificando el hecho como "una traición" al pacto suscrito en mayo, al inicio de los bloqueos de caminos.

“Hace dos días por lo menos había reuniones con el compañero Argollo, porque se había firmado una alianza de no traicionarse, siempre estar en la lucha juntos. Pero desde que ha habido esa reunión donde ha acudido la Central Obrera Boliviana, ya más no hemos participado y se presenta esta traición”, declaró Severo Marca, representante de la Túpac Katari ante la Csutcb.

Durante la firma del acuerdo, Paz remarcó la necesidad de promover una “reconciliación” y de impulsar “un proyecto conjunto que sea popular, que tenga un sentido de progreso amplio y que tenga a la patria por encima de todo”. El mandatario reconoció que su administración enfrenta desafíos y admitió que existen aspectos que “mejorar”.

(Con información de EFE)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y la Central Obrera Boliviana (COB) firmaron este viernes un acuerdo para “pacificar” el país tras siete semanas de conflicto social, aunque los sindicatos campesinos y los sectores vinculados al expresidente Evo Morales mantienen bloqueos de rutas y exigen la renuncia del mandatario. Según lo informado tras la reunión, el pacto establece el levantamiento inmediato de medidas de presión a cambio de compromisos concretos por parte del Ejecutivo.

El documento fue suscrito en la casa de Gobierno de La Paz por el mandatario nacional y el máximo representante de la COB, el minero Mario Argollo, luego de un encuentro privado entre líderes sindicales y cinco ministros. “A partir de este momento se están levantando las medidas de presión a nivel nacional, con un compromiso del Gobierno de cumplir de manera inmediata todo lo que se ha suscrito”, declaró Argollo al salir de la reunión, en una cita recogida por los medios presentes.

El acuerdo contempla plazos definidos de 90 días para el cumplimiento de los compromisos oficiales. Para ello, se conformaron mesas de trabajo que comenzarán a operar desde el próximo miércoles. Entre los puntos pactados figura la gestión para la liberación de manifestantes detenidos durante las protestas, una de las principales demandas de la COB para sentarse a dialogar.

La situación sigue tensionada en La Paz y otras regiones, donde la Federación Departamental de Campesinos y agrupaciones afines a Morales aseguran que mantendrán los bloqueos iniciados el 6 de mayo y descartan cualquier acercamiento con el Gobierno. Estos sectores insisten en la renuncia de Paz y rechazan la vía del diálogo.

Durante el acto de firma, Paz mencionó la necesidad de “reconciliación” y de impulsar “un proyecto conjunto que sea popular, que tenga un sentido de progreso amplio y que tenga a la patria por encima de todo”. El mandatario reconoció ante los presentes que su administración enfrenta desafíos y tiene aspectos que “mejorar”.

Cabe mencionar que las protestas, liderada por la COB y la Federación de Campesinos de La Paz desde principios de mayo, provocó al menos 16 muertes, de las cuales 13 fallecieron por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos. Las pérdidas económicas se estiman en 3.000 millones de dólares, y se han reportado problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en diversas ciudades.

“Les digo de manera muy fraterna a todos ustedes (los sindicatos campesinos), acudamos al diálogo, no permitamos que nuestro país sufra más y no quedemos como los malos de la película”, expresó Argollo al responder a las críticas de líderes campesinos, quienes lo acusaron de traición por sentarse a negociar con el Gobierno. El dirigente justificó el acuerdo al afirmar que buscó evitar un “derramamiento de sangre” y la eventual declaración de un estado de excepción, reclamada por sectores afectados por los cortes de rutas.

Por el momento, el acercamiento entre el Ejecutivo y la COB no ha logrado poner fin total a los bloqueos, que persisten por parte de los campesinos y los sectores que respaldan a Evo Morales.

Los cortes de ruta en Bolivia superaron el centenar durante el pico del conflicto y actualmente se redujeron a la mitad, aunque desde el Gobierno existe la expectativa de que la cantidad siga descendiendo en las próximas horas. No obstante, las organizaciones indígenas y campesinas del sindicato Túpac Katari en los Andes bolivianos, así como los cocaleros del Chapare, bastión de Evo Morales, mantienen la presión y continúan con las medidas de protesta.

El sindicato Túpac Katari y las organizaciones cocaleras del Chapare consideran que el diálogo con el Ejecutivo no representa sus intereses y anunciaron que seguirán bloqueando las rutas estratégicas hasta obtener respuestas a sus demandas. El Gobierno, por su parte, reiteró que mantiene abierto el canal de diálogo con las organizaciones que aún no se sumaron al acuerdo y confía en que la cantidad de bloqueos se reduzca completamente en las próximas jornadas.

El dirigente minero Mario Argollo mantiene una influencia destacada en Oruro, donde este viernes se registraron 11 puntos de bloqueo. Conforme a la instrucción emitida por Argollo, se espera el levantamiento de todas las medidas de presión en ese departamento. El propio titular de la Central Obrera Boliviana (COB) manifestó su expectativa de que el número de bloqueos disminuya en las próximas horas.

Entre los lugares afectados por las protestas en Oruro figuran el Cruce Caihuasi, Tukiña, Confital, Cruce Patacamaya, Curahuara de Carangas, puente Desaguadero, puente río Colorado, Cosapa, Bombeo, cruce Machacamarquita y Colquiri.

Según el relevamiento oficial, este viernes el país contabilizaba 46 bloqueos distribuidos en cinco departamentos, una cifra considerablemente menor respecto a los 102 puntos activos a principios de mayo, lo que representa una reducción drástica de las interrupciones lideradas principalmente por sectores campesinos.

(Con información de EFE)

El Gobierno boliviano descartó que el diálogo con la Central Obrera Boliviana (COB) implique concesiones que deriven en impunidad para manifestantes procesados por hechos de violencia ocurridos durante las más de seis semanas de bloqueos y protestas en el país.

El primer acercamiento entre el Ejecutivo y los dirigentes sindicales de la COB quedó suspendido el miércoles y condicionado a la liberación de detenidos. “No podemos dialogar con nuestros compañeros detenidos”, manifestó el secretario ejecutivo Mario Argollo, en una rueda de prensa al concluir el encuentro en el que se conformó una comisión para hacer seguimiento a los casos.

Según la Defensoría del Pueblo, hasta el 15 de junio se había arrestado a 365 personas durante operativos de desbloqueo de carreteras, de las cuales 247 fueron liberadas y 103 imputadas.

En ese contexto, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó que las negociaciones con la organización sindical no contemplarán acuerdos que dejen sin efecto las investigaciones o procesos judiciales que siguen abiertos.

“No podemos promover la impunidad”, sostuvo Lupo al referirse a los pedidos relacionados con personas detenidas. La autoridad remarcó que la administración de Rodrigo Paz está dispuesta a escuchar las demandas de la COB, pero advirtió que cualquier decisión deberá respetar el marco legal vigente. “Quienes hayan cometido delitos tendrán que responder ante la justicia”, señaló.

Lupo también descartó que se vayan a compartir decisiones de poder con la COB como condición para alcanzar acuerdos. “No se va a cogobernar con nadie”, afirmó ante los medios locales en relación a demandas del sindicato obrero sobre temas de inversión extranjera y financiamiento internacional.

Bolivia cumple este viernes 44 días consecutivos de bloqueos de carreteras que exigen la renuncia del presidente Paz, por sectores sociales que lo acusan de traición por gobernar en contra de sus intereses e incumplir promesas de campaña electoral.

La medida de presión ha provocado pérdidas económicas millonarias para sectores estratégicos como el turismo, la industria y el transporte; y las consecuencias también las ha padecido la población de La Paz, donde escasean los alimentos, el combustible y otros insumos básicos cuyos precios se han disparado a causa de los cortes en las vías de acceso.

Al margen del diálogo con la COB, el Gobierno busca acuerdos con otros sectores sociales, como choferes, mineros y dirigentes vecinales, sobre la base de promesas de inversión para mitigar las protestas. Sin embargo, las otras dos grandes organizaciones que impulsan los bloqueos -la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari y los cocaleros aliados al expresidente Evo Morales (2006-2019)- han rechazado negociar con el Ejecutivo y, al contrario, han anunciado que radicalizarán las medidas de presión.

En las más de seis semanas de bloqueos han surgido protestas en las zonas urbanas para exigir acciones que permitan restablecer el orden y el libre tránsito en el país. Mítines en La Paz, Cochabamba, Potosí y Sucre pidieron “mano dura” al Gobierno para levantar los piquetes con la fuerza pública.

Si la estrategia de Paz, que básicamente pasa por el diálogo y el desgaste de las movilizaciones, sigue sin dar resultados concretos, el Gobierno tiene una última carta: desplegar a las fuerzas armadas para desbloquear las carreteras en el marco de un estado de excepción.

La falta de consensos en los movimientos sociales está poniendo cuesta arriba la búsqueda de una salida concertada a los conflictos que atraviesa Bolivia desde hace más de un mes.

Tres grandes organizaciones encabezan las protestas: la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari, que inició los bloqueos de caminos el 6 de mayo para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz; la Central Obrera Boliviana (COB), que primero exigía aumento salarial pero luego se sumó a los pedidos de dimisión del primer mandatario; y los cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), que están en pie de lucha para derrocar a Paz e impedir la captura de su líder acusado de trata agravada de menores.

Los representantes de las movilizaciones acusan al presidente de “traición” por gobernar en contra de sus intereses e incumplir promesas de campaña. La confluencia de las protestas ha provocado un prolongado corte de carreteras desde hace 44 días, lo que ha paralizado la economía y ha generado desabastecimiento de alimentos, combustible y medicinas especialmente en La Paz, cuyas vías de acceso están cerradas.

La semana pasada, algunos dirigentes sociales admitieron que sus afiliados estaban cansados y que había alguna posibilidad de buscar una salida concertada al conflicto. “Hasta los países en guerra han llegado a un diálogo y a pacificar”, manifestó Claudio Choque, secretario de la COB, en una entrevista con la radio Erbol.

El martes, el sindicato de trabajadores presentó un listado de demandas e inició un proceso de diálogo condicionado con el Gobierno, que quedó trunco hasta la liberación de los detenidos en las protestas. Según datos de la Defensoría del Pueblo, hasta el 15 de junio se habían detenido a 365 personas, de las cuales 247 fueron liberadas y 103 imputadas.

La Federación de Campesinos de La Paz, que también había planteado cinco demandas al Gobierno que no fueron atendidas, al menos de manera pública, criticó que la Central Obrera y otras organizaciones hubieran dialogado con el Gobierno.

“Todos los dirigentes de las juntas vecinales se han ido vendiendo. No hay una cabeza nacional, la COB también ha perdido credibilidad”, manifestó el dirigente Vicente Salazar en un cabildo realizado este jueves en la localidad andina de Viacha, según reporta la radio Erbol. La organización ratificó su pedido de renuncia al presidente y determinó masificar los piquetes en las carreteras.

En esa línea, los cocaleros del Trópico de Cochabamba, bastión de Morales al centro del país, también descartaron su repliegue y decidieron radicalizar los bloqueos. Los movilizados también advirtieron que realizarán controles estrictos y rastrillajes en toda el área para impedir el ingreso de fuerzas de seguridad que intenten capturar a Morales, quien se encuentra atrincherado en esa región desde hace casi dos años bajo la custodia de sus leales.

Para el analista político Pablo Deheza, la incertidumbre sobre la continuidad de los bloqueos también tiene que ver con la falta de un liderazgo único en la protesta. “Quienes están movilizados no tienen un liderazgo unificado y eso es un verdadero problema a la hora de acordar una salida”, señaló en una publicación.

El analista agregó que, más allá de este conflicto coyuntural, existe el desafío de “reformular la gobernabilidad para darle viabilidad al país, por lo menos para los siguientes dos años” porque “Bolivia no puede vivir bloqueada”.

A más de seis semanas de bloqueos, las pérdidas económicas para sectores estratégicos se cuentan en miles de millones de dólares y según la Defensoría del Pueblo al menos 14 personas han fallecido por causas relacionadas al conflicto.

La Central Obrera Boliviana (COB) informó que mantiene conversaciones con el Gobierno para evaluar la liberación de los detenidos durante las protestas impulsadas por sectores que, desde inicios de mayo, exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La organización sindical estableció esta condición como requisito para continuar el diálogo iniciado la víspera con las autoridades nacionales.

El máximo dirigente de la COB, Mario Argollo, explicó a los medios que un “equipo jurídico” de la entidad y otro del Ejecutivo analizan los casos de los manifestantes arrestados, mientras una comisión independiente aborda el resto de las demandas laborales. “El país está esperando resultados (…) creemos que la intención política (para resolver el conflicto) existe”, señaló Argollo.

El miércoles, representantes del Gobierno y la COB sostuvieron un encuentro que quedó en suspenso después de que Argollo condicionara el avance del diálogo a la liberación de los manifestantes detenidos.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, advirtió que “un instrumento de diálogo no puede estar reñido con la ley, ni dar impunidad a quienes hayan cometido delitos”, y ratificó que cada caso será evaluado de forma individual.

El funcionario agregó que la pacificación del país, que implica el desbloqueo inmediato de rutas, es una condición fundamental para establecer una mesa de diálogo. “La prioridad para nosotros, incluso antes de iniciar, es pedir esta tregua y esta tregua tiene que permitirnos (…) que se normalice la circulación”, afirmó.

La COB y la Federación de Campesinos de La Paz encabezan desde el 6 de mayo los bloqueos de carreteras que exigen la salida del jefe de Estado, con respaldo de sectores cercanos al ex presidente Evo Morales. Los campesinos solicitaron el martes cinco condiciones para dialogar, entre ellas una “amnistía presidencial” para los detenidos, aunque su principal dirigente, Vicente Salazar, cuestionó la credibilidad de la COB por reunirse con el Ejecutivo.

Algunos sectores campesinos amenazaron con una radicalización de los bloqueos e informaron que impedirán el ingreso de productos a las ciudades de La Paz y El Alto. Mientras tanto, seguidores de Morales rechazan cualquier negociación y mantienen la exigencia de renuncia de Paz, quien suma siete meses en el cargo.

El conflicto provocó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, con un saldo de al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, además de pérdidas económicas estimadas en USD 2.760 millones.

La reunión entre el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y representantes de la Central Obrera Boliviana (COB) se realizó pasada la media tarde del miércoles en el auditorio del Banco Central de Bolivia (BCB). Por parte del Gobierno asistieron Paz y ocho ministros, mientras que la delegación sindical estuvo encabezada por el líder minero Mario Argollo y dirigentes de sindicatos afiliados.

Durante el encuentro, el mandatario declaró: “Hoy día es el momento donde empieza un espacio de reconciliación, un espacio de cumplir lo que manda la Constitución, el ‘vivir bien’. El ‘vivir bien’ no es con bloqueos, no es con hacernos daños entre bolivianos, sino en la búsqueda de este diálogo”. Paz reconoció las dificultades recientes: “Han sido días muy duros”, pero pidió mirar “hacia adelante” y trabajar para “reconstruir la confianza entre los bolivianos”.

Los campesinos de La Paz enviaron el martes una carta al presidente en la que condicionaron el diálogo con el Gobierno al cumplimiento de cinco puntos, entre los que destacan la exigencia de una “amnistía presidencial y restitución de garantías” para los manifestantes con procesos penales. Además, solicitaron la anulación o modificaciones de decretos y leyes aprobados recientemente.

(Con información de EFE)

Las negociaciones entre el Gobierno de Rodrigo Paz y los dirigentes sindicales que lideran las protestas sociales en Bolivia entraron en un cuarto intermedio este miércoles tras una reunión que duró poco más de dos horas.

A 42 días de los bloqueos de carreteras que han paralizado el país, el primer encuentro de “diálogo” cerró con la conformación de una comisión jurídica para evaluar la situación de los manifestantes detenidos en medio de las protestas.

“No podemos dialogar con nuestros compañeros detenidos”, condicionó el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, en una rueda de prensa al concluir el encuentro realizado en el Banco Central de Bolivia, en La Paz, con participación del presidente y ocho ministros de su gabinete.

El dirigente informó que se está conformando una comisión que incluirá miembros de la organización sindical y del Estado “para que se pongan a trabajar de manera inmediata en este camino”. Argollo señaló que hasta que no existan avances concretos en ese sentido, las medidas de presión van a continuar.

“Mantenemos las medidas y siempre vamos a ser leales con la población y con nuestras bases, y en especial con los compañeros que en este momento están en celdas policiales y también por la persecución política que ha existido”, afirmó.

Según datos presentados por la Defensoría del Pueblo, hasta el 15 de junio se habían detenido a 365 personas durante operativos de desbloqueo de carreteras, de las cuales 247 fueron liberadas y 103 imputadas.

Bolivia atraviesa un periodo de alta conflictividad social desde inicios de mayo, cuando confluyeron protestas de varias organizaciones sindicales y campesinas. Lo que comenzó con reclamos sectoriales de aumento salarial y otras demandas, luego se tradujo en pedidos de renuncia contra el presidente Paz, a quien acusan de traición por gobernar en contra de sus intereses e incumplir promesas de campaña.

Este miércoles se cumplieron seis semanas consecutivas de bloqueos en varias regiones del país y aunque los piquetes se han reducido a casi la mitad en comparación con las semanas anteriores, gran parte del país permanece paralizada: la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reporta al menos 42 piquetes en cinco de los nueve departamentos este jueves.

La semana pasada dos de las organizaciones que impulsan las protestas -la COB y la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari- flexibilizaron su posición y determinaron dialogar con el Gobierno en base a listados ambiciosos de demandas que incluyen la liberación de los detenidos, la abrogación de decretos que consideran inconstitucionales y el cumplimiento de promesas electorales, entre otros puntos.

Si bien estos planteamientos abren una vía de pacificación y diálogo con estas dos organizaciones, todavía queda un frente abierto para el Gobierno: los cocaleros del bastión político del expresidente Evo Morales (2006-2019) que han descartado su repliegue y ratificado la continuidad de las protestas. “A partir de mañana masificamos nuestros puntos de bloqueo, (hemos decidido) no rendirnos, no arrodillarnos, no retroceder ni un milímetro”, afirmó el dirigente Isidro Auca en una conferencia de prensa el martes.

Los cocaleros demandan la renuncia del presidente y denuncian un plan para detener a su líder político, sobre quien pesa una orden de captura por un caso de trata agravada de menores. “No se atrevan a intervenir el Trópico de Cochabamba o atacar a nuestro hermano Evo Morales”, advirtió Auca.

En tanto se reanudan las negociaciones con la COB y se concreten acercamientos con otros sectores, la incertidumbre y las pérdidas económicas se profundizan en Bolivia.

Después de varias semanas de conflicto y desencuentros, el Gobierno de Rodrigo Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) finalmente abrieron la posibilidad de instalar un espacio de diálogo este miércoles. El Ejecutivo convocó a los dirigentes del principal sindicato obrero a una reunión luego de que éstos enviaran una conminatoria al presidente con un listado de ocho demandas.

“Se ha decidido, en consulta de todos los actores, enviar al Gobierno central una conminatoria y un planteamiento para la pacificación y la recuperación del país, que tiene que ser atendido de manera inmediata”, manifestó el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, al informar sobre la presentación del documento elaborado con todos los sectores afiliados.

“Así como un dirigente sabe llamar a la movilización, también tiene que saber llamar a la paz”, afirmó Argollo y pidió disculpas a los ciudadanos afectados por los bloqueos y señaló que fueron “en beneficio del país”.

El dirigente sindical advirtió que hasta no obtener respuesta, “la protesta, la lucha y la movilización continúan en todo el país”.

Al finalizar la tarde, el vocero de Gobierno, José Luis Gálvez, informó que se había convocado a los dirigentes a una reunión este miércoles a las 09:00 en la Casa de Gobierno. “Tenemos muchas cosas que decir, hablaremos de todos los puntos, de manera abierta, pero también tenemos que crear las condiciones para que esto no vuelva a suceder. Esto no puede volver a suceder en democracia”, resaltó.

La medida de presión inició con reclamos sindicales de varios sectores y luego derivó en pedidos de renuncia al presidente, a quien algunos sectores acusan de traición por incumplir promesas de campaña y gobernar en contra de sus intereses.

Los bloqueos fueron impulsados inicialmente por la Federación de Campesinos Túpac Katari y luego se unieron otros sectores como el movimiento indígena Ponchos Rojos, la Central Obrera Boliviana y los cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019). Aunque en la última semana los piquetes se han reducido a casi la mitad, la Administradora Boliviana de Carreteras llegó a registrar más de 90 puntos de bloqueo simultáneos.

En el documento enviado al Gobierno, los líderes obreros plantean los siguientes puntos:

1. Derechos humanos y pacificación: Exigen el fin de la criminalización de las protestas, la liberación de detenidos vinculados al conflicto y garantías contra la persecución política y judicial.
2. Cumplimiento de compromisos: Demandan que el Gobierno cumpla sus promesas electorales y que se establezcan mecanismos legales de rendición de cuentas.
3. Soberanía económica y empresas públicas: Rechazan privatizaciones, condicionamientos de organismos internacionales y plantean fortalecer la autonomía económica del Estado.
4. Transparencia e investigación: Piden la expulsión del asesor presidencial Fernando Cerimedo y la creación de una comisión para investigar casos de narcotráfico.
5. Política de hidrocarburos: Solicitan mantener congelados los precios de los combustibles, compensar a los afectados por carburantes defectuosos y realizar auditorías técnicas.
6. Democracia participativa: Proponen que leyes, decretos y medidas económicas sean consultados previamente con organizaciones sociales y sectores afectados.
7. Canasta familiar y derechos laborales: Reclaman acciones contra la inflación, protección del salario y el empleo, además de una reforma que garantice jubilaciones dignas.
8. Medio ambiente y política internacional: Exigen proteger áreas naturales de actividades extractivas y mantener una política exterior alineada con los principios pacifistas de la Constitución.

Si bien hay un acercamiento con la COB, todavía queda abierto el frente de la federación campesina de La Paz, quienes también flexibilizaron su posición y condicionaron el diálogo a que se aceleren soluciones al problema de la mala calidad de combustible, se abroguen decretos que consideran “inconstitucionales” y se apruebe una amnistía en favor de sus líderes, entre otros puntos.

En tanto, en la región del Chapare, el bastión político de Morales en el centro del país, se mantiene la tensión. Los cocaleros y campesinos han descartado negociar con el Gobierno y ratificaron la continuidad de las protestas. “A partir de mañana masificamos nuestros puntos de bloqueo, (hemos decidido) no rendirnos, no arrodillarnos, no retroceder ni un milímetro”, afirmó el dirigente Isidro Auca en una conferencia de prensa.

Los cocaleros denunciaron que el Gobierno busca detener al expresidente Morales sobre quien pesa una orden de captura por un caso de trata agravada de menores. “No se atrevan a intervenir el Trópico de Cochabamba o atacar a nuestro hermano Evo Morales”, advirtió Auca.

La Central Obrera Boliviana (COB) entregó al Gobierno de Bolivia una agenda de ocho puntos que exige la no judicialización de la protesta y busca “pacificar” el país tras un mes y medio de movilizaciones y bloqueos de rutas en distintos departamentos, afectando principalmente a la capital La Paz.

El planteo, dirigido al presidente Rodrigo Paz, solicita que sus demandas sean respondidas “de manera inmediata”. El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, afirmó junto a otros dirigentes que “se ha decidido, en consulta con todos los actores, enviar al Gobierno central una conminatoria y planteamiento para la pacificación y recuperación del país que tiene que ser atendida de manera inmediata”.

El documento remitido a Paz incluye demandas vinculadas a derechos humanos, garantías orgánicas y pacificación, y reclama que se respete el “derecho a la movilización” sin sanciones para los impulsores de las protestas.

La agenda presentada por la COB también pide el cumplimiento de compromisos electorales, la protección de la soberanía económica, defensa de empresas públicas para evitar privatizaciones, transparencia en casos de presunta corrupción y narcotráfico, y el mantenimiento de los precios de los combustibles. Además, exige que toda medida macroeconómica sea consultada de forma “obligatoria”, así como la protección “del bolsillo popular”, soluciones a las demandas salariales de los sindicatos y la defensa de las áreas protegidas y del “principio pacifista” del país.

Argollo advirtió que “si el Gobierno no atiende esta agenda, van a masificar las protestas y bloqueos de carreteras que iniciaron en mayo junto a la Federación de Campesinos de La Paz para exigir la renuncia de Paz”.

A estas protestas se sumaron sectores cercanos al ex presidente Evo Morales. El líder sindical afirmó que la COB no mantiene vínculos con Morales, quien convocó a sus seguidores a mantener los bloqueos hasta que el presidente dimita y descartó la posibilidad de diálogo.

Tras los puntos presentados por la COB, el Gobierno de Bolivia invitó a la central sindical a una mesa de diálogo este miércoles, para abordar las demandas presentadas por el sindicato con el objetivo de “pacificar” el país, luego de seis semanas de protestas. El encuentro se realizará a las 9:00 hora local (13:00 GMT) en la casa de Gobierno de La Paz.

El anuncio estuvo a cargo del vocero presidencial, José Luis Gálvez, quien declaró ante la prensa: “Es en el diálogo, es en la mesa, donde se construyen las soluciones y es ahí donde podremos debatir y construir mutuamente las soluciones que el pueblo boliviano espera”. Según el funcionario, la invitación busca iniciar una etapa de “concertación” y “construcción de soluciones” ante la crisis social.

Paz recordó anteriormente que la Constitución y la ley de regulación de estados de excepción que promulgó la semana pasada lo habilitan a intervenir frente a los conflictos. “El diálogo está desbloqueando más que la fuerza”, declaró el mandatario, al referirse a la reducción de cortes de ruta en los últimos días. El jefe de Estado reiteró su disposición al diálogo con sectores que planteen “reivindicaciones justas” y aseguró que aplicará la ley contra quienes adopten “una actitud política”.

La aplicación del estado de excepción requiere la emisión de un decreto presidencial y su aprobación en la Asamblea Legislativa. Los bloqueos, iniciados el 6 de mayo, provocaron desabastecimiento de alimentos, combustible, oxígeno medicinal y medicamentos. El conflicto dejó al menos 16 fallecidos, de los cuales 13 murieron por falta de acceso oportuno a atención médica debido a los bloqueos, y generó pérdidas económicas estimadas en USD 2.760 millones.

(Con información de EFE)

La incertidumbre sobre la continuidad de los bloqueos se mantiene en Bolivia cuando la medida de presión cumple 40 días. Aunque el presidente Rodrigo Paz manifestó el sábado que “por medio del diálogo, los puntos de bloqueo desaparecen” y se registran menos piquetes que en semanas anteriores, el eje central del país continúa intransitable.

La Administradora Boliviana de Carreteras registra este lunes 52 barricadas en carreteras de cinco de los nueve departamentos, una cantidad significativamente menor que en semanas anteriores, cuando el promedio diario superaba las 80.

Las movilizaciones fueron convocadas por diversos sectores sociales —entre ellos la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari, la Central Obrera Boliviana (COB) y los cocaleros de la región del Chapare—, quienes exigen la renuncia del presidente Paz, a quien acusan de traición por gobernar en contra de sus intereses e incumplir promesas de campaña.

La disminución de los piquetes coincide con la flexibilización de la demanda de los sectores movilizados, que la semana pasada pidieron al Gobierno que definiera una agenda de trabajo para negociar sobre esa base.

“Las organizaciones sociales sentimos ese debilitamiento y cansancio, puede que haya un dirigente que diga: ‘vamos al diálogo’”, afirmó el dirigente campesino David Mamani en entrevista con el medio digital Urgente.Bo. Sin embargo, el condicionó el acercamiento con el Gobierno a una agenda de trabajo “para no cometer más errores de carácter institucional, jurídico y político”.

En ese contexto, la COB había previsto realizar un encuentro nacional este sábado para definir la continuidad de las protestas, pero la cita se reprogramó para el domingo y luego se suspendió sin fecha. Según medios locales, los sindicatos obreros regionales de cinco departamentos han pedido levantar la medida de presión y abrir un espacio de diálogo con el Gobierno.

Al entrar a la Federación de Trabajadores Mineros de La Paz, donde se iba a llevar a cabo el encuentro, algunos dirigentes fueron agredidos físicamente por un grupo de personas que les lanzaron tomates en rechazo a los efectos que los bloqueos tienen en la sede de Gobierno donde hay escasez de alimentos y de combustible, además de encarecimiento de los precios e interrupciones en el servicio de transporte público.

“El cerco ha terminado ahogando a mucha gente, incluso a la gente que ellos decían defender o proteger, desde el punto de vista de los bloqueos”, explicó a Infobae la politóloga Ana Lucía Velasco desde La Paz. “Ha surgido la idea de que somos los rehenes del país, que no merecemos el trato que recibimos, tanto del gobierno como de los manifestantes”, agregó.

En medio de los conflictos, hay un creciente pedido entre algunos sectores para intervenir los bloqueos mediante un estado de excepción y recuperar la normalidad. El Gobierno, a pesar de que se ha munido del marco legal con una ley que regula la medida, ha optado por pedir reiteradamente diálogo a los sectores cuyas demandas consideran “legítimas”.

“Agradezco a todos los sectores que están poniendo a Bolivia primero. Sigamos construyendo acuerdos para recuperar la normalidad, consolidar un nuevo orden que proteja el empleo y devuelva tranquilidad a las familias bolivianas”, escribió el presidente Paz en su cuenta X al informar sobre la disminución de los piquetes.

Aunque comienzan a surgir señales de una posible desmovilización en las carreteras en el corto plazo, el Gobierno aún enfrenta un obstáculo clave. Los cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) determinaron continuar y “fortalecer” los bloqueos en los caminos y señalaron que se organizarán para resistir a lo que consideran que es la estrategia del Gobierno: el cansancio.

Tras más de un mes de tensión y bloqueos que afectan a distintas regiones del país, organizaciones de obreros y campesinos de La Paz admitieron el agotamiento de la población y exhortaron al Gobierno a instalar una agenda de negociación que permita encaminar soluciones a la crisis política y social que enfrenta el país.

La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari —dos de las organizaciones que impulsan las protestas—pasaron de exigir la renuncia del presidente a pedir una agenda de trabajo que será puesta a consideración de sus afiliados.

El dirigente campesino David Mamani informó que, tras recibir el documento, las bases decidirán si aceptan participar en una mesa de negociación o continuar con las medidas de presión.

“Las organizaciones sociales sentimos ese debilitamiento y cansancio, puede que haya un dirigente que diga: ‘vamos al diálogo’”, afirmó Mamani en entrevista con el medio digital Urgente.Bo. Sin embargo, el dirigente condicionó el acercamiento con el Gobierno a una agenda nacional de trabajo “para no cometer más errores de carácter institucional, jurídico y político”.

En esa línea, el secretario de la COB, Claudio Choque, afirmó que “hasta los países en guerra han llegado a un diálogo y pacificación” y remarcó que el diálogo tiene que ser “sincero, con condiciones claras y propuestas claras”.

En una entrevista con la radio Erbol, Choque señaló que para avanzar en una negociación el Gobierno debe considerar las resoluciones de los cabildos realizados por los sectores sociales y cesar “la persecución” y los procesos contra manifestantes que fueron detenidos.

Las declaraciones de ambos dirigentes se dan cuando el país cumple 36 días consecutivos de bloqueos de carreteras para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a quien acusan de gobernar en contra de sus intereses y de haber hecho lo contrario a lo que prometió en la campaña electoral.

Las protestas iniciaron en la región andina del país y se extendieron a seis de nueve departamentos, pero afectaron particularmente a la ciudad de La Paz, sede de Gobierno, cuyas vías de acceso fueron tomadas por los manifestantes.

La población enfrenta más de un mes de desabastecimiento de alimentos, encarecimiento de los productos básicos e interrupciones en el servicio de transporte público por falta de combustible. La ciudad también fue escenario de enfrentamientos violentos entre manifestantes y la Policía, donde se reportaron daños a instituciones públicas, agresiones a civiles y personas heridas.

Esta situación, insostenible para la población afectada, se suma a las pérdidas económicas de sectores estratégicos como el transporte y la industria. Si bien no hay una cifra consolidada, diversas fuentes estiman el costo económico de la protesta entre 1.600 y 2.000 millones de dólares.

El gobernador de La Paz y aliado del Ejecutivo, Luis Revila, aseguró que este finde semana los bloqueos terminarán hasta este fin de semana “con o sin diálogo” por la necesidad que tiene la población de regresar a la normalidad. “Si el diálogo no se instala en el curso del día de hoy, yo les aseguro que a partir de mañana o el fin de semana esta situación se va a normalizar por fuerza de las circunstancias y la necesidad que tiene la gente de retomar sus actividades”, afirmó, citado por medios locales.

Hasta la publicación de esta nota, nadie en el gobierno hizo referencia de manera pública a la solicitud de una agenda de trabajo por parte de las organizaciones sociales. Sin embargo, en lo que va del conflicto, la administración de Paz ha manifestado su intención de dialogar con quienes tienen demandas que consideran “legítimas” y han descartado acercamientos con quienes piden su renuncia acusándolos de “narcoterristas”.

En paralelo, ha promovido la aprobación de una ley de regulación de estados de excepción para contar con el marco legal que le permita ordenar al Ejército su intervención en los conflictos.

A más de un mes de bloqueos de caminos también surgieron movilizaciones ciudadanas para exigir la aplicación del estado de excepción y permitir la liberación de las vías y el restablecimiento del orden público.

Con la flexibilización de la posición en las organizaciones sociales, crecen las expectativas de que el conflicto se encamine hacia una solución concertada. Las próximas horas son decisivas.

La tensión sube en Bolivia tras el anuncio de una masiva marcha hacia el centro de La Paz este miércoles. A la convocatoria realizada por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari se sumaron campesinos de Potosí, Cochabamba y Oruro que llegaron en la víspera a la ciudad de El Alto, ubicada a seis kilómetros del centro paceño, para participar en la movilización.

Los medios locales reportan que las federaciones de juntas vecinales de El Alto y La Paz, representantes de las 20 provincias del departamento, además de integrantes del transporte y otras organizaciones sociales, también confirmaron su participación.

La marcha se produce cuando el país lleva más de 40 días de manifestaciones con el objetivo de provocar la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que asumió funciones hace siete meses y a quien acusan de incurrir en contradicciones con sus propuestas de campaña y de gobernar en contra de sus intereses.

A pocas horas del inicio de la marcha, la Policía reforzó la seguridad de la Plaza Murillo, sede del poder Ejecutivo y Legislativo, y el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, indicó que se tiene una “estrategia de contención” para evitar disturbios.

“De parte del Gobierno, no penalizamos, no criminalizamos las movilizaciones sociales, o el derecho a la protesta que pueden tener diferentes sectores”, afirmó en conferencia de prensa este martes. “Lo que no permitimos es que haya actos vandálicos, delictivos, de gente que está siendo llevada a La Paz desde otros sectores”, añadió.

Desde que iniciaron los conflictos sociales, La Paz ha sido escenario de varias jornadas de tensión y enfrentamientos. La más violenta fue el 18 de mayo cuando confluyeron marchas de mineros, campesinos y cocaleros que intentaron llegar a la Plaza Murillo y se produjeron enfrentamientos durante varias horas con la Policía. Ese día se reportaron saqueos, daños a infraestructura pública y agresiones a civiles.

Los conflictos también se producen fuera de las urbes a través de bloqueos de carreteras que han paralizado gran parte del país desde hace 35 días. Lo que inició con piquetes dispersos en La Paz se extendió a seis de los nueve departamentos y este miércoles se registran 80 puntos de bloqueo.

La situación se ha tornado insostenible para sectores estratégicos como el turismo, la industria o el transporte, pero también para la población, particularmente de La Paz, que enfrenta escasez de alimentos, el encarecimiento de los productos básicos e irregularidades en el suministro de combustible.

La estrategia de la administración de Rodrigo Paz ha fracasado hasta ahora: mientras abogan por un diálogo que nunca se concreta, las manifestaciones se masifican y los costos sociales y económicos se profundizan.

Según la Defensoría del Pueblo, al menos siete personas han fallecido por falta de atención médica oportuna o a causa de los bloqueos y otras tres han muerto en episodios de violencia relacionados al conflicto. También se han reportado al menos 37 heridos y más de 350 arrestados.

En medio de este escenario, el martes se realizaron cabildos en las ciudades de La Paz y Sucre para exigir que el Gobierno dicte un estado de excepción, luego de que el Congreso aprobara la semana pasada una ley que regula la medida y da al presidente el marco legal para suspender temporalmente ciertos derechos y ordenar la intervención del Ejército.

Acorralado por todos los flancos, las respuestas del entorno del presidente han sido ambiguas. Consultado sobre un posible estado de excepción, el ministro Oviedo señaló el martes que la medida “será tratada cuando corresponda”.

La presión contra el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se incrementa por todos los flancos: mientras las organizaciones que piden su renuncia ratificaron la continuidad de los bloqueos, otros sectores le exigen que actúe para poner fin a los conflictos y restablecer el orden en el país.

Este miércoles se cumplen cuatro semanas de bloqueos que iniciaron en la región andina del país y se expandieron a siete de los nueve departamentos. Según el reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras, hay al menos 90 piquetes que tienen paralizada a gran parte del país.

En ese escenario, varios sectores —entre ellos transportistas, empresarios, médicos y miembros de la oposición— están presionando al Gobierno para poner fin a los conflictos.

Este martes, la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia lanzó un ultimátum a la administración de Paz y le dio un plazo de 48 horas para que ordene el despeje de las rutas que están bloqueadas. “¿Qué tiene que ver el transporte para sufrir en todas las carreteras?”, cuestionó el dirigente Lucio Gómez, quien denunció que los conductores están varados “como rehenes” desde hace un mes.

“Señor presidente, señores ministros, le advertimos, no dan solución en el término de 48 horas, nos veremos de frente con el transporte boliviano”, advirtió en una conferencia de prensa y luego agregó: “basta de jueguitos, basta de no dar soluciones”.

También hubo pronunciamientos en el sector empresarial de Santa Cruz. El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) Jean Pierre Antelo, manifestó en un video que “la confianza depositada no es solo un mandato para salir de la crisis, es también un mandato para gobernar en medio de ella” y pidió acciones para garantizar la vida y los derechos de los bolivianos, luego de que se reportaran fallecimientos por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos.

Días antes, el jefe de la oposición y expresidente del país Jorge Quiroga (2001-2002) arremetió contra el primer mandatario y lo instó a tomar decisiones para salir de la crisis. “Gobernar es decidir, no es disfrutar, no es viajar, no es pasarla bomba, no es irse a estar con el rey de España, ni ir a visitar a Trump a sacarse fotos; gobernar es manejar y administrar esta crisis”, afirmó el líder de la opositora de derecha Alianza Libre en conferencia de prensa, junto a diputados y senadores.

Desde que iniciaron los cortes de carreteras el 6 de mayo, la administración de Rodrigo Paz manifestó que apostaría por el diálogo, pero no hubo ningún espacio real de concertación con los protagonistas de las protestas. Si bien por un lado se lograron acuerdos con quienes tenían demandas sindicales y se creó un Consejo Económico y Social que busca incluir sectores sociales en el debate de políticas públicas, el Ejecutivo descartó inicialmente sentarse a negociar con quienes piden su renuncia y los acusó de recibir financiamiento del narcotráfico.

“Cuando uno de los actores solo busca desestabilizar la democracia, la economía, generar zozobra y pide renuncia del presidente , ¿qué se podría negociar en ese sentido? No hay nada que negociar, no se negocia la democracia, no se negocia la ley”, afirmó en una entrevista con el periódico El Deber, el canciller Fernando Aramayo.

En un punto que parece de no retorno y en el que tampoco se vislumbran salidas consensuadas, la Central Obrera Boliviana y la Federación de Juntas Vecinales de El Alto determinaron continuar con la medida de presión hasta lograr la renuncia del primer mandatario, en línea con la decisión asumida el domingo por la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari que detonó los pedidos de dimisión.

En medio del conflicto han surgido iniciativas de diálogo en la Vicepresidencia del Estado (que no han prosperado), se ha propuesto llamar a un referéndum revocatorio (pese a que la Constitución Política del Estado lo prohíbe antes de la mitad del mandato) y se ha abrogado una ley que ponía límites a la implementación de un estado de excepción.

Hasta ahora se han reportado al menos ocho fallecimientos a causa de los bloqueos, la mayoría por la imposibilidad de recibir atención médica oportuna y otros que sucedieron en medio de los conflictos, pero cuyas circunstancias aún se están investigando. También se ha informado sobre pérdidas millonarias para sectores como el transporte, la industria y el turismo, y una afectación sin precedentes a la población de La Paz que enfrenta escasez de alimentos, de combustible y la interrupción de servicios de salud y de transporte, además del incremento de los precios de productos básicos.

Con cada vez menos cartas en las manos, el Gobierno enfrenta horas decisivas para asumir acciones: “el tiempo se acaba”, advirtió el presidente Paz hace seis días. Muchos en Bolivia creen que ya se acabó.

Bolivia está prácticamente paralizada desde hace cuatro semanas con bloqueos que iniciaron en la región andina del país y se extendieron a siete de nueve departamentos, con excepción de la región amazónica de Beni y la sureña Tarija.

Las manifestaciones iniciaron a finales de marzo con reclamos sindicales dispersos que confluyeron en una agenda cargada de conflictos. En medio de denuncias de falta de atención a las demandas, la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari inició el 6 de mayo bloqueos en ese departamento con un pedido único: la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

De manera progresiva, otros sectores como la Central Obrera Boliviana, el movimiento indígena Ponchos Rojos y los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) se sumaron a una movilización que hoy parece incontenible.

Los movilizados apuntan una serie de razones por las que piden la cabeza del presidente que van desde contradicciones entre las promesas electorales y los primeros meses de gestión, hasta el rechazo a supuestos intentos de privatización de empresas públicas que el Gobierno ha negado reiteradamente.

La Administradora Boliviana de Carreteras pasó de reportar un promedio de 20 bloqueos simultáneos en la región andina a más de 90 en todo el país. También se registran barricadas dentro de las ciudades, principalmente en La Paz y El Alto, además de marchas y manifestaciones en la sede de Gobierno.

En las últimas semanas, otras organizaciones sociales y sectores económicos han subido la presión al Gobierno para poner fin a la medida de presión por el enorme costo social y económico que conlleva. Fuera de las pérdidas que reportan sectores como la industria y el turismo, la población de La Paz, El Alto y Oruro principalmente enfrenta escasez de alimentos y de combustible, además de la interrupción de servicios de salud y de transporte público.

Mientras la administración de Paz ratifica su voluntad de una salida pacífica al conflicto mediante el diálogo que hasta ahora no ha dado resultados, el Congreso abrogó una ley que limitaba la implementación del estado de excepción y son crecientes los pedidos para recurrir al uso de la fuerza pública para recuperar el orden y el libre tránsito.

En esta nota mostramos los puntos que están bloqueados, las organizaciones que los promueven y los reclamos adicionales a la renuncia del primer mandatario.

LA PAZ

La sede de Gobierno está prácticamente sitiada desde hace cuatro semanas, cuando la Federación de Campesinos Tupac Katari inició los primeros piquetes. Más tarde se sumaron otras organizaciones, como la Central Obrera Boliviana y la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, la populosa ciudad que colinda con La Paz.

En las últimas horas, los sindicatos de choferes anunciaron un paro para exigir la renuncia del presidente, a quien responsabilizan por la distribución de gasolina de mala calidad y supuestos incumplimientos en el pago del resarcimiento de daños mecánicos.

En la capital administrativa del país la situación es crítica: los medios locales reportan escasez de alimentos, de combustible y de medicamentos y oxígeno medicinal, lo que ha provocado la suspensión de algunos servicios médicos. También se reportan interrupciones en el servicio de transporte público y la suspensión de las clases escolares presenciales.

ORURO

Al igual que en La Paz, el departamento andino de Oruro empieza a sufrir desabastecimiento de alimentos y el incremento en el costo de la canasta familiar a consecuencia de los piquetes que se han instalado en esa región desde el inicio del conflicto, cuando se interrumpió la transitabilidad hacia La Paz, Cochabamba y Potosí.

Entre los sectores que se movilizaron desde inicios de mayo figuran obreros sincalizados, mineros, campesinos, maestros, transportistas y el Comité Cívico del municipio minero de Huanuni. Además de la renuncia de Rodrigo Paz, hay reclamos por la situación económica, cuestionamientos al abastecimiento y calidad de combustibles y demandas sectoriales de transporte relacionadas con carreteras.

COCHABAMBA

Cochabamba es actualmente el epicentro de los bloqueos a nivel nacional, registrando más de una treintena de rutas cortadas. Las interrupciones impiden el tránsito tanto hacia el occidente (Oruro y La Paz) como hacia el oriente (Santa Cruz) y los valles (Chuquisaca y Potosí).

Entre las organizaciones que se están manifestando están la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Central Obrera Departamental y los cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) que realizaron una marcha hacia La Paz el 12 de mayo.

Si bien hay pedidos de renuncia al presidente Paz en tono con las demandas de otras regiones, en las últimas semanas se reportaron manifestaciones por conflictos locales por el traslado de residuos sólidos, demandas de maestros y en defensa del exmandatario Morales, que se encuentra refugiado en la región cocalera de ese departamento ante el riesgo de aprehensión.

CHUQUISACA

Al menos 15 puntos de bloqueo aislaron el departamento de Chuquisaca desde el inicio de los conflictos. Progresivamente, se fueron sumando piquetes en la región; a mediados de mayo se instalaron bloqueos en la localidad de San Lucas (sur) y en otros municipios del área rural.

Una de las organizaciones que impulsa los bloqueos es la Federación Única de Trabajadores de los Pueblos Originarios de Chuquisaca que exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz y que ha amenazado con el uso de armas: “Si la dictadura es un hecho, la revolución es un derecho (…) sabemos manejar las armas, no es que no; tenemos jóvenes valientes”, amenazó Julián Romero, dirigente de la Federación tras una reunión el lunes, según publica el diario Correo del Sur.

SANTA CRUZ

La Gobernación de Santa Cruz, junto a dos ministros de Estado, logró negociar acuerdos con sectores que estaban movilizados. Según los medios locales, se acordó la construcción de una carretera, la implementación de pozos de agua y ampliación del tendido eléctrico, la activación de una Comisión Agraria Departamental y la agilización de los trámites de personerías jurídicas.

Sin embargo, se mantiene un punto de bloqueo en la localidad de San Julián, al noreste del departamento. La medida de presión la impulsan los “interculturales”, una organización social conformada principalmente por campesinos migrantes de tierras altas (aymaras y quechuas) que se asentaron en regiones de tierras bajas. Su reclamo es la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Este miércoles, la Policía inició un operativo para liberar un pozo petrolero en la localidad de Santa Rosa del Sara, que había sido tomado por un grupo de personas que exigen la dimisión del primer mandatario.

PANDO

Al norte del país, en el departamento de Pando, recientemente se instalaron dos puntos de bloqueo en la carretera que conecta las localidades de Cobija y Porvenir. La medida de presión la impulsan campesinos que denuncian supuesto incumplimiento de los acuerdos de titulación de tierras.

Los sectores movilizados habían protagonizado una masiva marcha en abril para reclamar la atención de sus demandas y en rechazo a una ley que autorizaba la recategorización de tierras sobre la cual se articularon las protestas de otros sectores. Si bien el Gobierno atendió la solicitud inicial y abrogó la ley de reforma agraria, la supuesta demora en el cumplimiento de acuerdos reactivó el conflicto al inicio de esta semana.

La Justicia boliviana está en una ida y vuelta con la situación jurídica de los dirigentes de las protestas sociales que han paralizado el país con bloqueos desde hace casi un mes.

La semana pasada, se anularon órdenes de aprehensión contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el dirigente de la Federación de Campesinos Tupac Katari, Vicente Salazar, quienes habían condicionado su asistencia a una mesa de diálogo a que quedaran sin efecto los mandamientos de captura en su contra.

Sin embargo, pese a que se aceptó esa demanda, ninguno de los dos dirigentes se presentó al espacio convocado el domingo por el vicepresidente Edmand Lara con mediación de la Iglesia Católica y organizaciones de derechos humanos.

El lunes, la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Margoth Pérez, afirmó que la decisión judicial que anuló las órdenes de aprehensión no es “definitiva” y que el proceso puede seguir su curso.

Citada por medios locales, Pérez explicó que la determinación asumida en una audiencia de Acción de Libertad observó aspectos relacionados con la fundamentación de los mandamientos emitidos por el Ministerio Público, por lo que la Fiscalía aún tiene la posibilidad de reactivar los procesos. “Entonces, no es una suspensión definitiva porque mediante Acción de Libertad no se ha determinado eso”, afirmó Pérez en declaraciones recogidas por el periódico La Razón.

Según explicó, una vez que la Fiscalía cumpla con las observaciones realizadas por el tribunal constitucional, podrá volver a solicitar la ejecución de las medidas. “En cualquier momento el Ministerio Público, cuando cumpla lo que la acción de libertad ha determinado, puede hacerlo directamente”, afirmó.

Para el abogado constitucionalista José Luis Santistevan, estos actos suponen una vulneración del Código de Procedimiento Penal y revelan el sometimiento de la justicia al poder político.

“No existe en este momento la independencia de órganos”, manifestó en diálogo con Infobae y afirmó que “la Justicia no debió aceptar que se exija un fallo judicial y se deje sin efecto un mandamiento de aprehensión (…) es un antecedente para que en el proceso se favorezca a quien ha cometido un delito y es terriblemente dañino para la democracia”, afirmó. Según Santistevan, la anulación de las órdenes de captura y su posible reactivación agravan el conflicto “porque entra un poder más, un poder que debería ser autónomo”.

Los procesos abiertos contra Argollo y Salazar están relacionados con los hechos de violencia registrados durante las movilizaciones que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, entre ellos los disturbios del 18 de mayo en los que se reportaron daños a instituciones públicas, saqueos a comercios y agresiones a civiles en la sede de Gobierno.

Bolivia cumple este martes 27 días de bloqueos que han paralizado parte del país con cortes de carreteras. Según la Administradora Boliviana de Carreteras, se registran al menos 90 puntos de bloqueo en siete de los nueve departamentos. Los movilizados, un grupo heterogéneo conformado por campesinos del altiplano y los valles, obreros sindicalizados y cocaleros del Trópico de Cochabamba, principalmente, exigen la renuncia de Paz a quien cuestionan por algunas políticas públicas y acusan de gobernar de manera excluyente en favor de las élites empresariales.

Pese a los intentos de diálogo del Gobierno, de momento no hay miras de lograr una salida consensuada a la crisis. Mientras el presidente Paz ha manifestado que en “cortos días” se resolverá el conflicto sobre “acuerdos grandes” y “reconciliación”, hay quienes le exigen que dicte estado de excepción para restablecer el orden y el libre tránsito en el país.

Sin diálogo y sin medidas de fuerza pública, en las últimas horas surgió la propuesta de realizar un referéndum revocatorio, pero algunos analistas observan que la medida es inconstitucional porque éste se permite solo a partir de la segunda mitad del mandato de cinco años y Paz lleva menos de siete meses en el cargo.

El diputado centrista de Unidad, Carlos Alarcón, impulsor de la propuesta, ha planteado una ley de “referéndum revocatorio extraordinario” para poner fin al prolongado conflicto cuyas consecuencias económicas y sociales trascenderán el momento coyuntural.

El Hospital de Niños de La Paz, Bolivia, anunció que a partir de este lunes se suspenden las cirugías programadas debido a la escasez de oxígeno por los bloqueos que atraviesa el país desde hace más de tres semanas.

“Luego de una evaluación técnica y operativa de la situación, se ha dispuesto a la suspensión temporal de cirugías programadas y procedimientos electivos, que requieran el uso de oxígeno medicinal”, señala un comunicado del centro de salud.

La nota establece que se mantendrán únicamente los procedimientos “oncológicos y prioritarios cuya postergación representa el riesgo para la vida o continuidad del tratamiento”. La suspensión de cirugías rige a partir de este lunes 1 de junio y estará vigente “hasta que se garantice el abastecimiento regular” de oxígeno medicinal, que se produce mayormente en plantas de Santa Cruz y Cochabamba.

Este lunes se cumplen 26 días de bloqueos en carreteras de Bolivia. Los grupos movilizados, integrados principalmente por obreros sindicalizados y campesinos de la región andina y los valles, exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a quien acusan de no haber atendido sus demandas, de gobernar en favor de las élites empresariales y de un mal manejo de la crisis económica y energética del país.

Como medida de presión, instalaron piquetes que iniciaron en el departamento de La Paz el 6 de mayo y que se han extendido progresivamente a seis de los nueve departamentos del país. Este lunes, la Administradora Boliviana de Carreteras contabilizó al menos 90 piquetes.

La situación afecta principalmente a las ciudades vecinas de La Paz y El Alto, donde hay escasez de alimentos, medicinas y combustibles luego de más de tres semanas prácticamente sitiadas por los piquetes.

En este tiempo, el gobierno reportó la muerte de cuatro personas que no pudieron recibir auxilio médico oportuno debido a los bloqueos, incluido un menor de 12 años que estaba siendo trasladado en ambulancia a un hospital de Potosí, al sudeste del país, pero su paso fue interrumpido por los manifestantes. También se ha reportado la muerte de otras tres personas en los puntos de conflicto, entre ellos uno por herida de bala, aunque las circunstancias aún no han sido esclarecidas.

En ese contexto, el Gobierno intentó habilitar corredores humanitarios para permitir el paso de alimentos e insumos básicos y organizó traslados en aviones militares. Sin embargo, la escasez y el encarecimiento de los precios continúan siendo críticos en la capital administrativa del país.

La semana pasada se perfilaron algunos espacios de diálogo y los manifestantes condicionaron su asistencia a la anulación de las órdenes de aprehensión contra sus dirigentes. Sin embargo, una vez que esta demanda fue atendida, desistieron de participar y ratificaron la continuidad de las protestas.

“La lucha continúa”, afirmó Jaime Solares, miembro de la COB, al finalizar un encuentro de la organización este domingo por la tarde. “No quieren diálogo, no quieren nada, el único pedido es que el presidente se tiene que ir”, agregó en referencia a la demanda de los afiliados al mayor sindicato obrero del país.

Si por un lado crece la presión de renuncia, por el otro se incrementan los reclamos para que el Gobierno actúe y ponga fin a uno de los conflictos más prolongados y costosos de los últimos años. Ante los crecientes pedidos de “mano dura” para restablecer el orden, el parlamento abrogó una ley que ponía límites al estado de excepción, lo que otorga a Paz la vía libre para dictar una medida de ese tipo.

“Estamos entrando a un momento de decisiones definitivas”, afirmó el analista político Carlos Saavedra en entrevista con Infobae. “Un escenario es insistir con el diálogo, pero lo veo cada vez más desgastado. También siento que se está preparando un escenario de estado de excepción, eso significaría que la disputa pasaría de los espacios políticos del diálogo a un enfrentamiento de los movilizados con las fuerzas del Estado”, explicó.

A más de un mes de protestas continuas y 26 días de protestas, el camino para encontrar soluciones parece estrecharse cada vez más.

Después de una semana en la que se intentó acercar a los protagonistas de los bloqueos a las mesas de diálogo, las negociaciones para poner fin a los piquetes en Bolivia están en punto muerto, luego de que los dirigentes de las organizaciones que encabezan las movilizaciones desistieran de asistir y ratificaran la continuidad de las protestas.

Este lunes, cuando se cumplen 26 días de bloqueos y más de un mes de protestas sociales, la Administradora Boliviana de Carreteras registra 90 cortes en carreteras de seis de los nueve departamentos del país.

La semana pasada, la Fiscalía General del Estado dejó sin efecto las órdenes de aprehensión contra dos de los principales referentes de las protestas -el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo; y el líder de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar- quienes habían condicionado de esa forma su participación en las negociaciones. Sin embargo, una vez que su demanda fue atendida, desistieron de acudir al llamado del Gobierno.

En dos reuniones paralelas, los obreros y campesinos determinaron mantener la medida de presión. “La lucha continúa”, afirmó Jaime Solares, integrante de la COB, al concluir un encuentro de los afiliados. “Vamos a dejar pasar alimentos e insumos para hospitales, pero la lucha va a continuar hasta que renuncie el presidente”, afirmó en una rueda de prensa el domingo por la tarde.

Horas más tarde, la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari informó que tampoco asistirían a las convocatorias del Gobierno. “Hemos determinado continuar con el paro general indefinido”, informó el dirigente David Mamani en el canal Unitel. “La base social ha decidido que no haya traición y no asistir al diálogo. Vamos a masificar los bloqueos”, agregó.

Los grupos movilizados, principalmente integrados por obreros sindicalistas y campesinos del altiplano y los valles, piden la renuncia del presidente Paz, a quien acusan de gobernar de manera excluyente y en favor de las élites empresariales, y cuestionan la administración de la crisis económica y del suministro de los combustibles.

Como método de presión, los manifestantes mantienen cercadas las ciudades de La Paz y El Alto, lo que ha provocado escasez de alimentos, medicinas y combustible.

La posición de ambas organizaciones empina aún más la ruta hacia una salida negociada a la crisis. La anterior semana, el presidente Paz planteó la creación de un Consejo Económico y Social como instancia para incluir a las organizaciones sociales en el debate de políticas públicas, pero no asistieron los representantes de las movilizaciones. En paralelo, el vicepresidente Edmand Lara impulsó espacios de diálogo con mediadores y representantes de la oposición, pero los movilizados tampoco acudieron.

La crisis ha reactivado la polarización política y social en Bolivia. “Se han despertado los demonios de un país partido”, afirmó en entrevista con Infobae el analista político Carlos Saavedra. Según el experto, hay al menos cuatro clivajes de polarización efervescentes: racial, regional, de clase y una polarización política entre sistema político y movimientos sociales.

En medio de esa fractura surge también otra que busca respuestas a la crisis: mientras unos se inclinan por seguir insistiendo en el diálogo pese a los cero resultados logrados hasta ahora, otros reclaman al gobierno poner “mano dura” para restablecer el orden en el país.

La anterior semana, el Gobierno promulgó la abrogación de una ley que regulaba y ponía límites al estado de excepción en el país. Sin esta norma en medio, Paz queda con la vía libre para dictar medidas de fuerza. “Tengo instrumentos constitucionales, el tiempo se acaba”, advirtió el miércoles. Desde entonces muchos se preguntan cuánto tiempo queda.

La asamblea general de la Central Obrera Boliviana (COB), el principal sindicato del país, acordó este domingo rechazar la convocatoria al diálogo planteada por el Gobierno de Rodrigo Paz y mantener los bloqueos de carreteras que aíslan a La Paz desde hace exactamente un mes. Las organizaciones exigen la renuncia inmediata del mandatario.

Tras varias horas de debate a puerta cerrada, los delegados de los diferentes sectores productivos y sociales determinaron que no existen las garantías políticas mínimas para instalar una mesa de negociación. Los manifestantes acusan a la actual administración de priorizar la represión policial antes que el consenso.

La postura de las bases fue ratificada por los principales portavoces del movimiento civil. José Luis Álvarez, responsable de Magisterio Urbano de La Paz, confirmó tras la asamblea que las medidas de presión continuarán de forma indefinida en las rutas interdepartamentales. “Se ha decidido mantener las medidas de presión. Hasta ahora no hay posibilidad. Se ha descartado el diálogo”, declaró el dirigente sindical a los medios locales al término del encuentro.

El descontento entre los huelguistas aumentó en los últimos días debido a la estrategia gubernamental para disolver los focos de protesta. Los sindicatos consideran que el Palacio Quemado ha optado por una vía puramente policial y de control territorial para intentar levantar los cortes de ruta de forma forzosa. Esta postura oficial ha cerrado los canales de interlocución que se intentaban trazar a través de mediadores independientes.

Por su parte, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), fuerza clave en la movilización rural, respaldó el mandato de la asamblea de la COB. Severo Marca, directivo de la confederación, subrayó que los mandos intermedios no tienen margen para desarticular las protestas sin el aval de las asambleas locales. “Nosotros sólo representamos a nuestros hermanos de base”, enfatizó Marca para explicar la rigidez de la postura campesina.

El prolongado asedio a la sede de Gobierno ha generado un escenario crítico de desabastecimiento de insumos básicos, hidrocarburos y alimentos en la región metropolitana paceña. Ante el agravamiento de la situación sanitaria, el dirigente Jaime Solares anunció que el ampliado de la COB autorizó la habilitación excepcional de corredores humanitarios. La medida busca permitir de forma exclusiva el paso de medicinas, provisiones hospitalarias, ambulancias y personal de emergencia.

A la par de las deliberaciones de la Central Obrera, la combativa Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari sesionó este domingo para coordinar el reforzamiento de los bloqueos en las rutas provinciales. El control de las vías de acceso a los valles y al altiplano por parte de las comunidades originarias constituye el principal factor de asfixia logística para el suministro logístico de La Paz.

La respuesta de las autoridades ante el portazo sindical fue inmediata. La Vicepresidencia del Estado comunicó oficialmente la suspensión por tiempo indefinido de la mesa de concertación nacional programada para este domingo. El Gobierno argumentó que la incomparecencia de las organizaciones convocantes de las movilizaciones invalida cualquier intento de acuerdo institucional, dejando al país en un peligroso vacío de resolución política.

El origen de la actual crisis se remonta a la acumulación de demandas económicas insatisfechas y reformas de carácter estructural impulsadas por el Ejecutivo. La oposición de los sectores gremiales y agrarios a la gestión del presidente Rodrigo Paz escaló paulatinamente desde huelgas sectoriales hasta un paro generalizado. La falta de respuestas efectivas transformó un reclamo sectorial en una impugnación total a la continuidad del mandato presidencial.

El panorama boliviano ingresa así en una fase de desgaste de desenlace incierto. Con la vía institucional suspendida y el desabastecimiento al límite en los centros urbanos, la persistencia del bloqueo forzará previsiblemente nuevos posicionamientos de las Fuerzas Armadas y de la Defensoría del Pueblo. El conflicto amenaza con desbordarse hacia los departamentos del oriente del país si no se restituyen los canales de mediación internacional.

El diálogo convocado para este domingo por mediadores que buscan acercar al Gobierno de Bolivia con los sectores obreros y campesinos que exigen la renuncia del presidente del país, Rodrigo Paz, se postergó sin fecha, a la espera de que esos sindicatos decidan si acudirán o no a la negociación.

El vicepresidente del país y titular del Legislativo, Edmand Lara, que coordina la mediación con parlamentarios, la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y activistas de derechos humanos, informó en un comunicado de que la reunión prevista para esta tarde en La Paz “queda suspendida”.

La Vicepresidencia explicó que “la decisión responde a la necesidad de generar las condiciones adecuadas que permitan una participación amplia y efectiva de los distintos actores convocados”, teniendo en cuenta que la Central Obrera Boliviana (COB), uno de los sectores en conflicto, no pudo reunirse el sábado para definir su asistencia.

Los mediadores ratificaron “su plena disposición de continuar impulsando espacios de diálogo, concertación y entendimiento entre los diferentes sectores, convencidos de que el diálogo es el camino para contribuir a la pacificación del país y la atención de las demandas de la población".

Los actores convocados

A la reunión de este domingo fueron invitados el presidente Paz, la COB, la Confederación de Mujeres Campesinas ‘Bartolina Sisa’ y la Federación Departamental de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’, entre otras organizaciones involucradas en las protestas.

Los campesinos de La Paz y la COB, junto con otras organizaciones y seguidores del ex presidente Evo Morales (2006-2019), exigen la renuncia de Paz debido a un supuesto incumplimiento de las promesas del Gobierno y también le acusan de querer privatizar empresas y servicios, lo que niegan las autoridades.

Dirigentes sindicales acusados de terrorismo

El máximo dirigente de la COB, Mario Argollo, y otros dirigentes sindicales fueron acusados de terrorismo e instigación pública a delinquir a raíz de las protestas que derivaron en enfrentamientos con la Policía, disturbios y el saqueo de oficinas públicas y privadas en La Paz.

Los sindicatos condicionaron su asistencia al diálogo a la anulación de las órdenes de captura contra sus dirigentes, lo que ocurrió el viernes por orden de un juzgado de La Paz.

La COB suspendió su reunión del sábado por “razones de seguridad” y prevé reunirse esta jornada para tomar una decisión sobre el diálogo, al igual que los sindicatos campesinos de La Paz.

Los sectores más radicales, como los seguidores de Morales, rechazan cualquier negociación e insisten en la renuncia de Paz, quien asumió la Presidencia el pasado noviembre.

Desabastecimiento y bloqueos

La Paz y la vecina ciudad de El Alto son las más golpeadas por los bloqueos de carreteras iniciados el 6 de mayo, que provocaron un problema de desabastecimiento de alimentos, cuyos precios se dispararon, además de la falta de combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal.

Los cortes de rutas se extendieron desde la semana pasada a las regiones de Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz.

(Con información de EFE)

Lo que inició como una serie de disputas dispersas, impulsadas por reclamos sectoriales y demandas económicas, terminó alimentando una crisis de alcance nacional en Bolivia. Con menos de siete meses de gobierno, la administración de Rodrigo Paz enfrenta pedidos de renuncia, bloqueos de carreteras y una fuerte presión política y social.

La estrategia del Gobierno ha sido resistir a la presión con llamados al diálogo que han funcionado con algunos sectores que tenían demandas específicas, pero no ha logrado mitigar los conflictos que piden su renuncia. Al contrario, se han extendido territorialmente y se han sumado otras organizaciones.

La administración de Paz ha sido clara al afirmar que no está dispuesta a negociar con quienes buscan desestabilizar el gobierno y los ha acusado de estar financiados por el narcotráfico.

Para los que no entran en esa categoría, se conformó un Consejo Económico y Social que busca incluir sectores sociales en la toma de decisiones, pero al que no asistieron los sectores movilizados. En paralelo, la Vicepresidencia y la Confederación Episcopal formaron una comisión de diálogo a la que los movilizados condicionaron su presencia: piden que se anulen las órdenes de aprehensión contra sus dirigentes.

En medio de estos espacios de diálogo paralelos —que ponen en evidencia la falta de articulación interna y las fronteras de las negociaciones sin los protagonistas de la movilización—, el parlamento abrogó una ley que ponía restricciones al estado de excepción. Sin esa norma en vigencia, Paz queda facultado constitucionalmente para dictar la medida sin límites ni más condiciones que la aprobación legislativa en un plazo de 72 horas.

Esta cronología reconstruye los principales hitos de la escalada de un conflicto que sigue en ebullición por la falta de consensos políticos y sociales.

Decreto, combustible y elecciones

Enero, febrero y marzo de 2026

No se puede marcar en el calendario el inicio del conflicto porque al principio las protestas no estaban articuladas. Sin embargo, analistas apuntan que el descontento social empezó en enero, con protestas contra un decreto que establecía medidas económicas que se terminarían derogando.

Luego surgió el escándalo del combustible de mala calidad que dañó a miles de vehículos. El Gobierno no tardó en admitir la “desestabilización” de la gasolina, pero tuvo dificultades para justificar las fallas y dio al menos tres versiones distintas. Tras cambiar a las cabezas del sector y crear un seguro de resarcimiento, lograron neutralizar las intermitentes protestas de los transportistas.

Poco después surgió un reclamo político que, si bien no apuntaba directamente contra el Ejecutivo, le terminó salpicando: la anulación de la segunda vuelta electoral para la Gobernación de La Paz, que benefició al candidato oficialista Luis Revilla. En un país acostumbrado a desconfiar de la independencia de las instituciones, muchos sintieron una “elección robada” y tomaron las calles en protesta.

La demanda de la Central Obrera Boliviana

31 de marzo de 2026.

Con un clima de malestar creciente por lo anterior, la COB realizó una marcha masiva en La Paz para entregar al presidente el pliego de 211 demandas sindicales, que incluía un aumento del 20% del salario mínimo, el compromiso de no privatizar empresas estatales y que la Asamblea Legislativa Plurinacional desistiera de considerar una ley contra los bloqueos. El Gobierno rechazó el pedido salarial porque ya había hecho un incremento a inicios de año, se comprometió infinitas veces a no privatizar empresas y la Asamblea Legislativa no trató el proyecto de ley contra los bloqueos.

Marcha de comunidades indígenas de la Amazonía

Partió el 8 de abril de 2026

Comunarios de pueblos amazónicos de Bolivia iniciaron una marcha hacia La Paz para exigir la abrogación de la Ley 1720 que autorizaba al Estado a convertir la pequeña propiedad en mediana para poder ofrecerla como garantía para préstamos bancarios.

Sus críticos consideraban que podía favorecer la concentración de tierra y dejar en vulnerabilidad a los pequeños productores. Si bien al inicio parecía un reclamo de poca trascendencia, terminó convertido en el eje articulador de las protestas de otros sectores. El 13 de mayo, al calor de los conflictos sociales, la ley fue abrogada.

Cabildo de la COB

1 de mayo de 2026

La COB convocó a un cabildo en El Alto, la ciudad que colinda con La Paz, en el marco del Día del Trabajador. Participaron organizaciones sociales de los nueve departamentos, incluyendo el magisterio, fabriles, gremiales y organizaciones campesinas. El texto aprobado en el cabildo incluyó 16 puntos con varias demandas políticas y económicas, y ya no se mencionó el pedido de aumento salarial.

Campesinos de La Paz inician bloqueos de caminos

6 de mayo de 2026

La Federación de Campesinos Túpac Katari inició el 6 de mayo un bloqueo de caminos “indefinido” en el departamento de La Paz para exigir la renuncia del presidente. Las razones de la protesta respondían a un conjunto de reclamos acumulados contra el Gobierno, la supuesta falta de respuesta a sus demandas laborales y económicas y en respaldo a la marcha indígena que había llegado días antes a La Paz.

Paro del magisterio urbano y rural

10 y 11 de mayo de 2026

Los maestros urbanos y rurales también se manifestaron contra el Gobierno por demandas que más tarde serían atendidas por el Ministerio de Educación. Los sindicatos de maestros urbanos hicieron un paro de 24 horas el 10 de mayo, mientras que en el área rural la medida se extendió hasta el 11. Al paro se sumaron marchas en la sede de Gobierno.

Marcha de los seguidores de Evo Morales

Partió el 12 de mayo

Los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) realizaron una marcha que partió desde la localidad de Caracollo hacia La Paz en un recorrido de 190 kilómetros. Aunque inicialmente algunos manifestantes señalaban que exigían “respeto a la constitución” y que se levanten los procesos judiciales contra su líder, al llegar a la sede de Gobierno, el pedido unánime era la renuncia del primer mandatario.

En esa línea, el líder cocalero pidió en su programa de radio que el presidente Paz llame a elecciones. “Tiene dos caminos: una decisión suicida, militarizar, o (...) la pacificación, transición, elección en 90 días”, afirmó.

Violencia de mineros y maestros rurales

14 de mayo de 2026

La Paz vivió una jornada de violencia extrema protagonizada por los cooperativistas mineros de La Paz, quienes causaron daños en infraestructura pública con la explosión de cachorros de dinamita; además, golpearon a civiles y periodistas en su ingreso por las calles del centro de la ciudad.

La Federación de Cooperativas Mineras (Fedecomin) exigía la adquisición de explosivos por encima del límite permitido, mayor dotación de combustible y la liberación de nuevas áreas mineras para su explotación. Según medios locales, el Gobierno cedió a sus demandas para levantar las protestas.

Ese mismo día, maestros rurales intentaron tomar el Ministerio de Educación causando daños en el edificio, donde lanzaron piedras y derribaron una pared.

Tres marchas confluyen en La Paz

18 de mayo de 2026

Policías antimotines se enfrentaron con gases lacrimógenos a manifestantes que exigían la renuncia del presidente y que llegaron al centro de La Paz en tres marchas: una de campesinos del altiplano, afiliados a la COB, y los seguidores del expresidente Morales.

Las movilizaciones convergieron en el centro paceño e intentaron romper los cordones policiales alrededor de Plaza Murillo. Se registraron enfrentamientos con la Policía, uso de gases lacrimógenos, detonación de dinamita y más de 100 aprehendidos.

Enfrentamientos en “corredor humanitario”

23 de mayo

El gobierno anunció la apertura de “corredores humanitarios” para trasladar alimentos, medicinas y combustible hacia La Paz. En los operativos hubo enfrentamientos con la Policía y se impidió el paso de los vehículos oficiales.

En medio del conflicto, se registró la muerte de un manifestante de 23 años que fue herido de bala. Si bien el Ministerio Público está investigando el deceso para establecer de dónde provino el disparo, el Gobierno ha descartado el uso de armas letales durante los operativos.

Mientras el Gobierno apuesta por contener la crisis mediante el diálogo y tiene el estado de excepción como alternativa viable, las protestas prolongadas profundizan la incertidumbre política en el país. La Defensoría del Pueblo contabilizó siete fallecidos y 23 heridos en los conflictos, fuera del enorme costo social y económico de las protestas.

En la cuarta semana de bloqueos, la posibilidad de una salida consensuada parece lejana en un país donde las partes en conflicto aún no encuentran un cauce común.

Cuando se cumplen 20 días de bloqueos en Bolivia, se perfilan dos escenarios para resolver los conflictos sociales que exigen la renuncia del presidente: por un lado, el gobierno llamó al diálogo a los sectores movilizados y por otro, avanza la abrogación de una ley que regula el estado de excepción y faculta a la Asamblea Legislativa a rechazar su aplicación.

Este lunes, el presidente Rodrigo Paz pidió disculpas por no haber podido “atender” a tiempo las demandas de algunos sectores sociales y convocó al diálogo para este miércoles en el marco del Consejo Económico y Social, cuya creación fue anunciada la semana pasada.

“Si el presidente tiene que decir disculpas por no tener el tiempo o el momento para atender (a los sectores sociales), lo hago porque el mayor orgullo de un servidor público es atender”, manifestó en un acto cívico en la ciudad de Sucre. “Si uno se equivoca, vuelve y rectifica, y con eso no pierde, gana”, agregó.

El mandatario convocó para el miércoles 27 a las 10:00, hora local, a los sectores sociales del país al primer Consejo Económico y Social, en el que se analizarán más de 2.000 proyectos “garantizados” por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

“El diálogo será siempre el instrumento para resolver los problemas”, señaló el mandatario y advirtió que quienes no quieran resolver las diferencias por esa vía “están fuera de la constitución y la Constitución tiene límites que se tienen que aplicar.”

Ante los crecientes pedidos para dictar un estado de excepción, el Senado abrogó el domingo la ley que reglamenta esta medida —a iniciativa precisamente del presidente de la Cámara, Diego Ávila, uno de los aliados de larga data del presidente— y este martes la tratará la Cámara de Diputados.

La norma básicamente establece el procedimiento detallado de una medida de excepción, sus límites y las responsabilidades penales en torno a ella, pero también complejiza su implementación al incorporar la aprobación del Órgano Legislativo.

De anularse esta ley, el país entraría en una zona gris del marco jurídico: si bien la Constitución Política del Estado le da al Ejecutivo la atribución de dictar un estado de excepción, señala que éste debe estar regulado por ley.

“Estamos entrando a un momento de decisiones definitivas”, afirmó en entrevista con Infobae el analista y consultor político Carlos Saavedra. “Siento que se está preparando un escenario de estado de excepción, eso significaría que la disputa pasaría de los espacios políticos del diálogo a un enfrentamiento de los movilizados con las fuerzas del Estado”.

El llamado presidente Paz se da cuando el país cumple 20 días de bloqueos de carreteras para exigir su renuncia. La medida de presión, que inició con demandas sindicales de aumento salarial y en rechazo a una ley que permitía modificar la categorización de las tierras, derivó rápidamente en pedidos de dimisión.

La Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz cortó carreteras de la región andina del país y progresivamente sumó el apoyo de otros sectores, entre ellos la Central Obrera Boliviana, el movimiento indígena Ponchos Rojos y los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), que masificaron las protestas y subieron la presión contra el gobierno.

Fuera de los reclamos sindicales, los sectores movilizados protestan por la falta de inclusión en el gobierno y por algunas políticas que han sido consideradas en favor de las élites empresariales, como la anulación de un impuesto a las grandes fortunas o la promulgación de una ley que consideraban que promovería la concentración de tierras.

“Hoy (ayer) lo ha planteado el presidente: uno de los problemas centrales ha sido no entender la amplitud de representación que tenía que tener el gobierno”, afirmó Saavedra. Sin embargo, remarcó que eso, bajo ningún punto de vista, “justifica que los sectores ultraradicalizados busquen la ruptura del orden democrático o generen escenarios de violencia”.

Este martes se registran al menos 50 puntos de bloqueo en todo el país, la mayoría concentrados en el departamento de La Paz, cuya capital lleva varias semanas cercada y enfrenta desabastecimiento de alimentos, escasez de combustible y encarecimiento de productos básicos.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, aseguró este lunes que su gobierno hará cumplir la Constitución frente a los sectores que impulsan protestas y bloqueos de carreteras para exigir su salida del poder, y afirmó que “una minoría no puede gobernar” ni “abusar” del país.

Las declaraciones del mandatario se producen en medio de una crisis que ya lleva casi tres semanas y afecta el abastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos en varias regiones bolivianas.

“Bolivia tiene una Constitución y la haremos respetar. Una minoría no nos puede gobernar, una minoría no nos puede abusar”, declaró Paz durante un acto oficial por el aniversario de la gesta libertaria de Sucre, capital constitucional del país y sede del poder judicial.

Las protestas comenzaron hace veinte días y se concentran especialmente en el departamento de La Paz, aunque durante la última semana se extendieron hacia Oruro, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz. Entre los grupos movilizados se encuentran sindicatos campesinos aimaras, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al ex presidente Evo Morales, quienes responsabilizan al gobierno por la crisis económica y exigen la renuncia del mandatario.

El conflicto derivó en bloqueos de carreteras estratégicas que interrumpieron el transporte de productos básicos hacia La Paz y la vecina ciudad de El Alto, dos de los centros urbanos más importantes del país. Frente al deterioro de la situación, el gobierno organizó puentes aéreos para trasladar alimentos e insumos esenciales, además de coordinar apoyo logístico y ayuda internacional.

Paz sostuvo que su administración mantiene disposición al diálogo, aunque rechazó negociar bajo presión.

“Bolivia no necesita el conflicto”, afirmó el presidente. Sin embargo, agregó que las conversaciones no pueden desarrollarse “bajo la presión del hambre de los ciudadanos como escudo o la falta de combustible y medicina”.

El mandatario también endureció el tono hacia los sectores movilizados al afirmar: “No voy a dialogar con los que no dialogan, porque esos no entienden de la libertad”. Según explicó, su gobierno ha impulsado conversaciones durante más de una semana con distintos actores sociales para intentar desactivar la crisis.

La tensión aumentó durante el fin de semana luego de un nuevo intento fallido de establecer un corredor humanitario para permitir el ingreso de suministros a La Paz. El operativo terminó en enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes, con uso de gases lacrimógenos y disturbios en distintos puntos de bloqueo.

En paralelo, el gobierno convocó nuevamente a organizaciones campesinas a una mesa de negociación, aunque el encuentro no llegó a concretarse. Pese a ello, Paz ratificó la realización del Consejo Económico y Social previsto para este miércoles en La Paz, donde se discutirán demandas regionales y proyectos vinculados a sectores estratégicos como hidrocarburos, minería, litio e inversiones.

El presidente intentó además responder a algunas de las críticas impulsadas desde la oposición y los movimientos sociales. Negó que su administración planee privatizar empresas estatales o aumentar tarifas en servicios básicos como electricidad, salud o educación. “Si tienen alguna duda, vengan donde el presidente y hablaremos de esas dudas”, expresó.

Paz, que asumió el poder hace seis meses tras dos décadas de gobiernos socialistas, definió el conflicto actual como una prueba para el sistema democrático boliviano. En una entrevista reciente sostuvo que existen intereses internos y externos orientados a generar inestabilidad política en el país. “Este es un problema sobre si la democracia en Bolivia es viable o no”, afirmó.

Mientras continúan los cortes de rutas y persiste el desabastecimiento en varias ciudades, el gobierno mantiene desplegadas fuerzas de seguridad para intentar recuperar la circulación en las carreteras y evitar un agravamiento de la crisis.

(Con información de EFE)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció la reducción del 50% de su salario y el de los ministros, en medio de una ola de conflictos sociales que exigen su renuncia.

“Quiero avisarles que este presidente, junto a sus ministros, ha asumido la decisión, como parte del compromiso con el país, de rebajarse el salario de 50%”, afirmó en un acto cívico en Sucre, la capital del país.

Los sueldos de los presidentes en Bolivia ya eran de los más bajos de la región en los últimos años. Con la reciente determinación de Paz, su sueldo pasará a ser de 1.200 dólares (12 mil bolivianos), equivalente a un poco más de tres veces el salario mínimo nacional (3.300 bolivianos).

La reducción del sueldo de los altos cargos del ejecutivo era uno de los 16 puntos que había establecido en su listado de demandas la Central Obrera Boliviana (COB). En un cabildo realizado el 1 de mayo en El Alto, el principal ente sindical de los trabajadores determinó exigir varias acciones económicas: la repatriación del 100% de las divisas de las exportaciones, dictar medidas de alivio tributario, aumentos en la renta de la jubilación y la reducción de sueldos en el Ejecutivo para invertir el ahorro en salud y educación, entre otras medidas.

Sin embargo, con el paso de los días y la masificación de las protestas de otros sectores, la COB anunció que dejaría de lado su pedido sindical para exigir la renuncia del presidente, sumándose a las movilizaciones de la Federación de Campesinos de La Paz, el movimiento indígena Ponchos Rojos y otras organizaciones.

Pese a que el gobierno atendió demandas sindicales de varios sectores, el país atraviesa desde hace casi tres semanas una ola de conflictos que se han extendido territorialmente a seis de los nueve departamentos y que piden la dimisión del primer mandatario. El domingo por la noche se registraban 55 puntos de piquete en todo el país.

Entre las organizaciones movilizadas están también los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), quien ha pedido convocar elecciones en 90 días. “Paz tiene dos caminos: una decisión suicida, militarizar, o (...) la pacificación, transición, elección en 90 días”, afirmó el líder cocalero en un programa de radio desde su bastión en el Trópico de Cochabamba (centro). “Para que no haya muertos, para que no haya heridos, la pacificación” pasa por su renuncia y que un “presidente de transición” convoque a comicios en ese plazo, agregó.

El Gobierno identifica tres frentes de protestas. Según explicó el jefe de gabinete, José Luis Lupo, a Infobae, hay sectores que tienen demandas legítimas y que ya han sido atendidas, hay protestas de los indígenas del altiplano que buscan espacios de inclusión y con quienes se están desarrollando acciones, y finalmente los movimientos de “sedición” que buscan desestabilizar al país con pedidos de renuncia.

La medida de reducir el salario del presidente y los ministros, más allá de ser un antiguo pedido del sindicato obrero, apunta a ser una señal de austeridad frente a las protestas de quienes denuncian privilegios del gobierno a las élites empresariales.

David Mamani, dirigente de la Federación de Campesinos de La Paz Tupak Katari, una de las organizaciones que lidera las movilizaciones, explicó el creciente descontento con el gobierno por el que habían votado. “Por mentiras, por engaños y por abrazarse con la oligarquía boliviana, la población ha decidido que tiene que dar un paso al costado”, afirmó en una entrevista televisiva. “Recién entonces habrá pacificación; caso contrario, el conflicto se agravará”, agregó.

A 25 días del cabildo de la COB y casi tres semanas de bloqueos que tienen cercada La Paz, el gobierno ha marcado una línea roja para las negociaciones: no hablará con quienes no respeten la voluntad popular expresada en las urnas.

Las carreteras de Bolivia amanecieron este domingo con 59 bloqueos en seis de las nueve regiones del país, tras el fracaso del segundo operativo policial y militar que intentó el sábado despejar una vía troncal tomada desde hace 19 días por campesinos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó cortes de ruta en las regiones andinas de La Paz, Oruro y Potosí, en las centrales de Chuquisaca y Cochabamba, y en la oriental de Santa Cruz, con mayor concentración en las dos primeras. Los únicos departamentos sin bloqueos son los amazónicos de Beni y Pando y el sureño de Tarija.

El operativo denominado “Corredor humanitario con banderas blancas” intentó abrir el paso en la carretera de 227 kilómetros entre La Paz y Oruro, pero fue resistido por los manifestantes con cargas de dinamita y piedras lanzadas con hondas. Tras el paso de la caravana, los campesinos volvieron a bloquear la vía con piedras, tierra y troncos. Es el segundo intento fallido de militares y policías para despejar esa ruta, tras no lograrlo el sábado 16.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó que el operativo se detuvo a mitad de camino cuando los manifestantes emboscaron la caravana lanzando dinamita y piedras. Su comitiva usó caminos alternos para volver a La Paz, tras sufrir tres “emboscadas”, en una de las cuales su vehículo fue atacado y el vidrio trasero quedó destrozado, según un comunicado de su despacho. Zamora indicó que llegó a la ciudad cerca de las 2 de la madrugada y reiteró su disposición a dialogar en todos los puntos de bloqueo.

Zamora buscaba facilitar el paso de los cientos de camiones varados y el transporte de alimentos, combustible e insumos médicos para hospitales estatales de La Paz, El Alto y Oruro, donde los precios se han incrementado por la escasez.

El presidente Rodrigo Paz afirmó el sábado que “extremará” los esfuerzos para buscar una solución mediante el diálogo, pero advirtió que “todo tiene un límite” y que la Constitución respalda posibles medidas como un estado de excepción. Paz explicó que los conflictos están centrados en la zona andina, en la carretera entre La Paz y Oruro, por donde ingresa combustible importado desde el Pacífico para la sede de Gobierno. Aseguró que “no está el resto del país en conflicto” y que aplicará todas las decisiones amparadas por la Constitución, priorizando el respeto a la vida y el diálogo.

Las protestas están impulsadas por campesinos aimaras del altiplano, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del exmandatario Evo Morales que exigen la renuncia de Paz. El operativo para abrir un corredor humanitario incluyó enfrentamientos violentos, vandalismo contra instituciones estatales y la reinstalación de los cortes de ruta. Manifestantes emplearon cargas de dinamita y piedras lanzadas con hondas, dañando vehículos, mientras los agentes lanzaron gases lacrimógenos. Los bloqueos de carreteras se extendieron a Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca.

A 16 días de iniciados los bloqueos de carreteras, las protestas en Bolivia se extienden por el territorio. Este viernes, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reporta 51 piquetes en siete de los nueve departamentos del país, la mayoría concentrados en la región del altiplano, en los departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba.

Para subir la presión contra el gobierno, la Federación de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari —una de las que lideran las movilizaciones— convocó a una marcha que partirá de la ciudad de El Alto hacia La Paz en un recorrido de 13 kilómetros.

“La unidad y la presencia de las bases serán fundamentales en esta jornada de firmeza”, señala la convocatoria dirigida a los pobladores de las 20 provincias paceñas y seis organizaciones, entre ellas la Central Obrera Boliviana (COB), transportistas y maestros, con quienes han conformado la “Alianza Unidad”.

La protesta inició hace más de un mes con pedidos sectoriales, como aumentos salariales, mejoras en la calidad de la gasolina o el rechazo a una ley que permitía recategorizar la tierra. A pesar de que el Gobierno logró neutralizar ciertos conflictos negociando algunas demandas, indígenas del altiplano empezaron a exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz —que asumió el cargo hace apenas seis meses—, acusándolo de no resolver los problemas del país y de gobernar mediante decretos en favor de las élites económicas.

“El Gobierno se ha convertido en un representante de la oligarquía boliviana”, explicó David Mamani, representante de la federación campesina. “Ellos quieren gobernar para ellos, no para el sector popular que está desamparado”, afirmó y acusó al jefe de Estado de “pisotear” la Constitución Política del Estado con la emisión de decretos que considera inconstitucionales.

El Gobierno ha descartado la renuncia del primer mandatario mientras mantiene negociaciones con algunos sectores para levantar las protestas, y en las últimas anunció intervenciones policiales para formar “corredores humanitarios” que permitan el paso de insumos básicos a La Paz, donde la población padece el costo social del cerco: escasez de comida y gas, encarecimiento de precios, interrupción en el transporte público y la suspensión parcial de algunas actividades como las clases escolares presenciales o el recojo de basura.

El presidente prometió el miércoles que haría ajustes en su gabinete, pero desde entonces solo sustituyó al ministro de Trabajo, curiosamente uno de los de perfil más bajo, y anunció la creación de un Consejo Económico y Social, entendido como una instancia de diálogo con carácter consultivo a la que serán invitadas las organizaciones sociales.

Si bien hubo un aumento de bloqueos en los últimos días, no se registraron otros episodios de violencia luego de los disturbios del lunes en La Paz, cuando al menos tres marchas coincidieron en el centro de la ciudad y se enfrentaron con la Policía, atacaron oficinas públicas y agredieron civiles.

El Gobierno ha denunciado, sin embargo, el fallecimiento de al menos cuatro personas, entre ellas un menor de edad, que no pudieron ser trasladadas a centros hospitalarios debido a los bloqueos. En un comunicado reciente, el Ministerio de Salud instó a los manifestantes a permitir el paso de ambulancias para garantizar la atención médica y subrayó que “la vida está por encima de todo conflicto”.

De momento no se conocen avances sobre posibles negociaciones ni existe una mediación pública entre la administración de Paz y los sectores movilizados. Sin embargo, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo informaron sobre una reunión con dos organizaciones campesinas en la que recogieron “la profunda molestia” respecto a la forma en la que fueron aludidas por el presidente durante un discurso y un pliego de condiciones orientado a restablecer el diálogo con el Gobierno sobre el que no dieron detalles.

En este escenario de conflictividad, la comunidad internacional expresó su respaldo al gobierno e instó a la preservación del orden democrático, entre ellos ocho países latinoamericanos, la Unión Europea, Estados Unidos y su “Escudo de las Américas” y el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Bolivia enfrenta una crisis sanitaria en sus hospitales públicos donde los centros médicos de La Paz racionan oxígeno medicinal, postergan cirugías y recortan la alimentación de sus pacientes tras 16 días de bloqueos de carreteras que aíslan la capital del país.

Los cortes de ruta, impulsados por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos Tupac Katari, exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y un aumento salarial del 20% que el mandatario considera inviable. La presión se intensificó tras las violentas protestas del lunes, que derivaron en batalla campal frente al Palacio de Gobierno y dejaron al menos 11 policías heridos, con más de 100 detenidos.

En el Hospital de la Mujer, su directora, Janett Aliaga, exigió un uso racional del oxígeno en la unidad de neonatología, donde hay 29 bebés, con reservas disponibles para apenas siete días. En su unidad de terapia intensiva hay cinco mujeres cuya evolución depende de ese suministro.

“La salud no tiene color político. Por favor, pedirles, abran este carril humanitario, permítannos el paso de los alimentos, del oxígeno. Nosotros tenemos niños prematuros que requieren sí o sí para vivir el oxígeno”, manifestó Aliaga.

El Hospital del Niño tiene garantizadas 36 horas de oxígeno para 57 niños internados. La escasez también afecta a quienes ya recibieron el alta. Magaly Quispe, de 38 años, llegó al consultorio con su bebé Arón, operado del corazón al nacer, cargándolo en un brazo mientras con el otro sostenía un tubo de oxígeno personal que le dura ocho horas. Debió atravesar varios puntos de bloqueo desde El Alto en la madrugada para llegar a la cita médica.

La Sociedad Boliviana de Cancerología informó en un comunicado que los pacientes oncológicos de La Paz, Oruro y Potosí enfrentan interrupciones en sus tratamientos de quimioterapia.

La situación en el Hospital del Tórax llevó a una decena de jefes de servicio a conformar un comité de emergencia. Su director, Marco García, explicó que el establecimiento requiere 25 cilindros diarios de 6 metros cúbicos y que la última dotación recibida alcanza para solo dos días. El jefe de Cardiología, Enrique Oropeza, advirtió que la atención en consulta externa se redujo en un 80% y que pacientes con enfermedades graves que requieren controles semanales dejaron de presentarse.

“Estamos seguros que vamos a perder muchas vidas por este tipo de conflicto social”, advirtió Oropeza. En el complejo médico de Clínicas, autoridades y médicos reclamaron este jueves un “corredor humanitario” para normalizar las provisiones.

El desabastecimiento no se limita al oxígeno. El Hospital del Tórax lleva días sin carne de res y solo dispone de pollo para dos jornadas. El Hospital de la Mujer, por su parte, redujo las raciones a sus pacientes ante la imposibilidad de recibir carne y huevos desde las zonas productoras.

En el mercado de Villa Fátima, al norte de La Paz, los puestos de carne estaban en su mayoría cerrados y las verduras escaseaban. Rosario Yujra, ama de casa de 73 años, pagó 23 bolivianos —unos tres dólares— por un cuarto de kilo de carne con hueso, un precio que antes de los bloqueos rondaba un dólar.

La Cruz Roja, organización humanitaria internacional, facilitó el paso de dos camiones con cilindros de oxígeno desde El Alto y anunció que gestionará el ingreso de un camión cisterna varado en Guaqui, en la frontera con Perú, con capacidad para abastecer a los centros médicos por aproximadamente diez días.

El gobierno, por su parte, organizó vuelos con provisiones de alimentos mediante dos aviones Hércules enviados por Argentina y desplegó camiones cisterna de combustible para garantizar el funcionamiento de las ambulancias.

Las autoridades señalan al expresidente Evo Morales —en el poder entre 2006 y 2019— como instigador de las movilizaciones. La politóloga Verónica Rocha matizó esa lectura: “Las cosas se fueron acumulando y han explotado: el tema salarial, la crisis económica permanente, la gasolina basura”, y calificó a Morales como “solamente una pieza más”.

Desde Washington, el subsecretario de Estado Christopher Landau manifestó en la red social X su apoyo al “gobierno constitucional legítimo” de Paz y rechazó los bloqueos como un intento de quienes “perdieron abrumadoramente en las urnas” de derrocar al mandatario.

(Con información de EFE y AP)

Este lunes se vivió una jornada marcada por la violencia en La Paz, donde confluyeron manifestaciones de varios sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz a seis meses de haber asumido el Gobierno. La Plaza Murillo, epicentro del poder político, fue asediada por grupos violentos que intentaron romper el cerco policial con enfrentamientos y explosiones de dinamita durante más de cinco horas.

Los medios locales reportan que hubo saqueos y ataques a instituciones públicas, como el Tribunal Departamental de Justicia y la oficina de Derechos Reales. También se quemó un vehículo policial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), se atacó una estación del teleférico en El Alto y hubo agresiones a periodistas y ciudadanos.

Videos que circulan en las redes sociales muestran agresiones contra vendedores ambulantes y pasajeros del transporte público. En un video que se viralizó en redes sociales, una mujer denuncia entre lágrimas que los manifestantes robaron su mercadería y que había perdido todo lo que tenía.

Con el caos desatado, la Policía dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos y evacuó espacios públicos, como la Universidad y el edificio del Órgano Legislativo, para evitar el aumento de disturbios.

Según los reportes de la prensa local, entre los manifestantes había cooperativistas mineros, miembros de la organización indígena Ponchos Rojos, gremiales afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), maestros rurales y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) que llegaron a la sede de Gobierno tras una caminata de 190 kilómetros.

Ante la escalada de tensión, el Gobierno ha descartado dictar un estado de excepción y ha determinado reforzar controles policiales y militares. “En una reunión de evaluación con la Policía y las Fuerzas Armadas se determinó que se van a reforzar las medidas de seguridad y se va a buscar a los delincuentes; no los vamos a dejar libres”, manifestó ante los medios el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo. El ministro aseguró que se van a tomar “medidas duras y estrictas”, pero afirmó que “no hay posibilidad de un estado de excepción, no lo vamos a dictar”.

El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, categorizó las protestas entre las que tienen demandas legítimas y los grupos que buscan desestabilizar el Gobierno con violencia. En una entrevista con la radio El Deber, Justiniano señaló que “hay protestas pacíficas, y el gobierno está desde hace semanas atendiéndolas, y otra es la violencia que no va a tener ningún miramiento en la aplicación de la ley”, y agregó que no van a permitir que la violencia “se disfrace de demanda social”.

Según informó el viceministro, las manifestaciones de ayer dejaron al menos diez heridos, entre policías y civiles, y 69 personas detenidas.

Si bien hay intentos de mediación de organizaciones como la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la Iglesia Católica, entre otras, los conflictos parecen estar lejos de encontrar solución.

Este martes, se registran 32 puntos de bloqueo, concentrados en los departamentos de Oruro, La Paz y Cochabamba, y hay más sectores sociales que se están sumando a las protestas, como los transportistas de El Alto que iniciaron un paro “indefinido” a partir de hoy.

Según reportes locales, en las primeras horas del martes, las ciudades de La Paz y El Alto se mantenían con algunos puntos de bloqueo, con transporte público interrumpido y con la suspensión de clases escolares en algunos colegios. Adicionalmente, se registra escasez y encarecimiento de alimentos básicos.

En esta espiral de manifestaciones, algunos analistas ven que fuera de las demandas sindicales hay un conflicto de fondo: el reclamo de algunas organizaciones sociales de ser incluidas en la toma de decisiones. Pablo Deheza, columnista y analista político, señaló en entrevista con Infobae que “si el conflicto de fondo no es atendido, esta es la antesala de dos o tres episodios más que el gobierno no va a poder resistir”.

En medio de este escenario, al menos nueve países expresaron su respaldo al gobierno de Paz -Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú-, al igual que 31 expresidentes del grupo Idea y el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) programó para este miércoles una sesión extraordinaria para evaluar la situación política y social que atraviesa el país.

La Fiscalía de Bolivia ordenó la detención del dirigente sindical Mario Argollo, secretario general de la Central Obrera Boliviana (COB), en el marco de una investigación por su presunta participación en las protestas que mantienen bloqueadas las principales rutas hacia La Paz y derivaron en episodios de violencia en distintos puntos del país.

El fiscal general, Roger Mariaca, confirmó la medida durante una conferencia de prensa en la que explicó que la decisión se basa en una denuncia presentada por el Ministerio de Gobierno y en distintos elementos reunidos durante la investigación. Según la autoridad, el caso incluye cargos por instigación pública a delinquir y presunto terrorismo.

Mariaca indicó que la orden fue remitida a la Policía Boliviana para su ejecución.

“El Ministerio de Gobierno, el pasado fin de semana, ha realizado una denuncia contra diferentes personas y nosotros somos responsables de la investigación que llevamos adelante como Ministerio Público”, declaró el fiscal.

De acuerdo con la información oficial, la investigación se apoya en informes policiales, reportes de inteligencia y análisis de material audiovisual. Las autoridades señalaron que equipos especializados revisaron imágenes, videos y otros registros vinculados a las protestas y bloqueos de carreteras, con el objetivo de identificar a los responsables de los hechos.

“Ante la valoración que ha realizado el Ministerio Público, en su momento, teniendo las facultades establecidas en la Constitución Política del Estado, mediante una resolución fundamentada, el Ministerio Público ha emitido una resolución de aprehensión”, sostuvo Mariaca.

El fiscal también precisó que la resolución ya fue enviada al Comando General de la Policía, que tiene a su cargo la ejecución de la orden y la posterior entrega del detenido a la Fiscalía para su procesamiento.

La decisión judicial se produce en medio de un escenario de alta tensión social en Bolivia, donde distintas organizaciones sindicales, campesinas y mineras sostienen protestas que han derivado en el bloqueo de rutas estratégicas. Estas medidas han generado dificultades en el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles en La Paz y otras ciudades.

Según el reporte oficial, las movilizaciones han incluido enfrentamientos con fuerzas de seguridad, uso de explosivos artesanales y episodios de saqueos en instalaciones públicas. En algunos casos, se registraron incendios de vehículos policiales y daños a dependencias estatales, mientras la Policía respondió con el uso de agentes químicos para dispersar a los manifestantes.

En paralelo, el conflicto ha tenido un fuerte impacto político. Las protestas incluyen demandas de renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien enfrenta un clima de creciente presión a pocos meses de haber asumido el cargo. Los sectores movilizados atribuyen la crisis a la situación económica y a las medidas adoptadas por el Ejecutivo en materia de combustibles y subsidios.

Durante las jornadas de protesta, miles de personas se concentraron en el centro de La Paz, mientras rutas de acceso a la ciudad permanecen bloqueadas desde hace más de dos semanas. Las autoridades informaron que al menos 33 puntos del país siguen interrumpidos, lo que complica la circulación de bienes esenciales.

En este contexto, la detención del principal dirigente de la COB agrega un nuevo elemento al conflicto. Las autoridades sostienen que las acciones investigadas están relacionadas con la organización y promoción de las protestas, mientras que los sectores movilizados denuncian persecución política.

La Fiscalía remarcó que la investigación continúa abierta y que podrían sumarse nuevos implicados conforme avancen las pericias sobre el material recopilado. Por el momento, la Policía tiene la instrucción de proceder con la captura de Argollo y ponerlo a disposición del Ministerio Público para su declaración y eventual imputación formal.

(Con información de AFP)

Este lunes arranca la tercera semana de bloqueos y conflictos en Bolivia que iniciaron con demandas sectoriales y derivaron en pedidos de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz, que lleva seis meses en funciones.

Según la Administradora Boliviana de Carreteras, se registran 22 piquetes en todo el país, la mayoría concentrados en el departamento de La Paz, donde los campesinos de la Federación Túpac Katari han instalado “bloqueos indefinidos” para exigir la renuncia del primer mandatario. A este sector se sumaron dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y el movimiento indígena Ponchos Rojos que protesta en la ciudad de El Alto, colindante con La Paz.

Para este lunes se tiene prevista la llegada de una marcha que los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) iniciaron el martes pasado en la localidad orureña de Caracollo, distante a 190 kilómetros de La Paz.

En una transmisión en vivo de la marcha, los manifestantes reclamaron por una diversidad de asuntos: la mala calidad del combustible, las propuestas de reforma en la propiedad de la tierra, la falta de políticas de austeridad y respeto a la Constitución Política del Estado, luego de que el Gobierno anunciara que impulsará una reforma parcial para ajustarla a su estrategia de desarrollo económico, entre otros.

Durante la marcha, se escuchaba a los manifestantes pedir la renuncia del presidente. “Que se vaya este gobierno incapaz, que no piensa en los pobres y la gente de a pie”, manifestó uno de los marchistas. “Solo está gobernando para unas pocas personas”, agregó.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, garantizó el derecho a la protesta siempre y cuando no se cometan “delitos”. “Si (esta marcha) es pacífica, si no cometen delitos, va a poder desarrollarse (la manifestación) y va a poder continuar su camino de vuelta hacia el trópico, pero si comete delitos, vamos a tener que tomar las acciones que nos ampara la ley”, señaló en una entrevista con el canal Unitel.

Desde que inició el conflicto, el Gobierno ha realizado reuniones con algunos sectores movilizados, entre ellos maestros y mineros cooperativistas, para negociar sus demandas sindicales y ha logrado mitigar algunos frentes de conflicto.

Sin embargo, ante la radicalización de las protestas y los crecientes pedidos de renuncia, el Ejecutivo ha denunciado un “plan macabro” financiado por el narcotráfico para desestabilizar su gestión. Tanto el vocero presidencial, José Luis Gálvez, como algunos ministros y viceministros han responsabilizado al expresidente Morales de ser una especie de “autor intelectual” detrás de las protestas.

Para algunos analistas, fuera de los reclamos específicos de cada sector, la diversidad de las organizaciones movilizadas y los crecientes pedidos de renuncia son el síntoma de un descontento generalizado por la exclusión de sectores populares e indígenas en la toma de decisiones.

“Lo que subyace como denominador común es que, más allá de las demandas sectoriales legítimas y habituales, es la sensación de reclamo político, de decir: ‘no nos van a estar ninguneando’”, explicó el analista político Pablo Deheza, en una entrevista con Infobae.

En medio de la ola de protestas, los habitantes de La Paz atraviesan horas de tensión. Según reportes locales, el transporte público se ha suspendido parcialmente al igual que las clases escolares en algunos colegios, que han optado por la modalidad virtual mientras se mantiene el conflicto. También se reportan la escasez y el encarecimiento de productos de la canasta básica.

En tanto, el centro de la ciudad permanece con resguardo policial y se han instalado anillos de seguridad en torno a la Plaza Murillo, donde están las sedes del Legislativo y Ejecutivo, ante la inminente llegada de los marchistas.

El fin de semana, las autoridades desplegaron un operativo policial y militar en algunos piquetes para habilitar un “corredor humanitario” para el transporte de comida e insumos médicos. Sin embargo, horas después los bloqueos se volvieron a instalar.

Rodrigo Paz atraviesa las horas más difíciles de su gestión. En las últimas semanas se acumularon conflictos sectoriales a los que se fueron sumando pedidos de renuncia con bloqueos de carreteras y episodios de violencia que amenazan la estabilidad de su gobierno.

Las protestas surgieron en múltiples flancos: maestros con demandas de aumento salarial, transportistas que reclamaban por la mala calidad del combustible e indígenas de la región amazónica que pedían la anulación de una ley de reforma agraria. Estos grupos orbitaban con sus demandas alrededor de una organización que históricamente ha ejercido presión en las decisiones gubernamentales: la Central Obrera Boliviana, que exigía un aumento salarial adicional al del 20% que hubo a inicios de año.

Mientras el Gobierno lograba acuerdos sectoriales y mitigaba algunos conflictos, en el altiplano se iba gestando la protesta de la Federación de Campesinos Túpac Katari que, sin una agenda de demandas específicas, instaló bloqueos “indefinidos” para pedir la renuncia del presidente en rechazo a su gestión. Con un promedio de 20 piquetes simultáneos, la medida de presión tiene prácticamente cercada la sede de Gobierno.

A los campesinos se sumaron más tarde dirigentes de la COB, que abandonaron su demanda salarial para exigir la renuncia de Paz, y el movimiento indígena aymara Ponchos Rojos. El jueves se vivió una jornada de violencia con los mineros afiliados al sindicato obrero que, a punta de dinamitazos, se enfrentaron con la Policía en el centro paceño.

Entre tanto, los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) iniciaron una marcha de 190 kilómetros a La Paz en rechazo a la propuesta de modificación parcial de la Constitución Política del Estado que ha planteado Paz y para exigir el cese de los procesos judiciales que enfrenta su líder político, que se encuentra acorralado en su bastión para evitar que se ejecute una orden de captura en su contra.

En el medio, y con la crisis económica como telón de fondo, hay una ciudadanía hastiada de marchas y bloqueos que exige “mano dura” al Gobierno para poner orden en un país habituado a que los desacuerdos políticos se diriman en las calles.

Más allá de las negociaciones sectoriales con las que el Gobierno ha logrado desactivar algunos focos de conflicto, analistas advierten una estrategia contradictoria: mientras por un lado convoca al diálogo a los sectores movilizados, por otro criminaliza la protesta, amenaza con procesos judiciales a los manifestantes y los acusa de estar financiados por el narcotráfico.

En esa línea, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, denunció la noche del jueves la existencia de un plan macabro contra el Gobierno y dijo que hay “dirigentes corruptos que han recibido financiamiento oscuro”.

Adicionalmente, más de un actor político —incluidos ministros y el vocero de Paz— ha responsabilizado a Evo Morales de estar detrás de las protestas para derrocar al gobierno y recuperar el poder. Sin embargo, analistas coinciden en que el evismo es solo una de las múltiples corrientes del conflicto y que ya no tiene poder de irradiación, aunque, según la socióloga y analista política Luciana Jáuregui, todavía funciona narrativamente como “un fantasma que moviliza los miedos de las clases medias tradicionales”.

En el fondo de los problemas coyunturales, los analistas ven que hay un agotamiento social y legítimo por la crisis económica heredada de las gestiones pasadas, pero también tensiones históricas irresueltas entre dos bloques —los sectores populares de origen indígena y campesino frente a las clases medias y las élites empresariales— que pugnan por hacer prevalecer sus visiones de país tras el fin del ciclo del Movimiento Al Socialismo (MAS) que gobernó las últimas dos décadas.

“Los grandes periodos de estabilidad en Bolivia se han producido cuando se llegó a un equilibrio de poder”, explica Jáuregui y señala que cuando ese pacto se quiebra “se abren procesos conflictivos”.

En el momento actual, la experta ve que la irrupción de los sectores populares en las calles es una respuesta a la ausencia de representación dentro del Estado, donde hay una “recomposición de las élites tradicionales y de las clases medias urbanas”.

Para el analista político Pablo Deheza, la grieta entre ambos bloques tiene una dimensión adicional, ya que fueron los sectores populares los que llevaron a Paz al poder con su voto. Sin embargo, sostiene que, una vez en el Gobierno, el presidente “dio un giro y emitió señales de que no va a gobernar con quienes votaron por él”. En ese contexto, el analista afirma que “hay una sensación de reclamo, enfado y molestia”.

El futuro en el corto plazo es incierto. Los analistas temen que el Gobierno logre capear la tormenta pero sin resolver el problema de fondo y que los conflictos actuales sean solo la antesala de otros episodios que no podrá resistir. Ambos consideran necesario plantear un “mapa de reparto de poder” en el que se reconozcan las legitimidades mutuas y se logren consensos básicos.

“En este momento Rodrigo Paz está ante un punto de inflexión y tiene dos vías: generar un nuevo pacto social con la incorporación de todos los sectores o mantener un gobierno sin posibilidad de acción política”, apunta Jáuregui. Sin embargo, donde subyace una crisis económica y social profunda, el tiempo se agota más temprano.

El Gobierno de Bolivia denunció la existencia de un “plan macabro” para derrocar al presidente Rodrigo Paz que estaría financiado por el narcotráfico. Según el vocero gubernamental, José Luis Gálvez, las protestas sociales estarían promovidas por el expresidente Evo Morales (2006-2019) con el objetivo de “romper el orden constitucional”.

“Estas fuerzas oscuras quieren desestabilizar la democracia”, manifestó el vocero y dijo que el plan fue “pensado, financiado y operado” en la región del Chapare, el bastión político y sindical de Morales en Cochabamba, al centro del país.

“Bolivia no va a vivir secuestrada por políticos del Chapare que en alianza con el narcotráfico quieren tomar a la fuerza el poder”, agregó Gálvez, en una conferencia de prensa en la que manifestó la predisposición de la administración de Paz para dialogar con los sectores que tienen “demandas legítimas”.

Morales no hizo referencia a las acusaciones del vocero, pero horas antes había manifestado en X que “los indignados están movidos por su conciencia social y su bronca contra un gobierno que desde el primer día traicionó a sus electores y a la patria” y que los “miles” de manifestantes no obedecen a “una sola persona”.

Este jueves se vivió una jornada de violencia en la que cooperativistas mineros se enfrentaron con la Policía en el centro de La Paz mientras sus dirigentes se reunían con el Gobierno para negociar pedidos sindicales. Según el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, en la madrugada se llegó a un acuerdo para suspender las medidas de presión sobre el que hasta la publicación de esta nota no se ha dado más información.

Sin embargo, el de los mineros es solo uno de los frentes de múltiples conflictos que enfrenta el Ejecutivo. En las últimas semanas hubo una escalada de protestas que inició con demandas de varios sectores —como maestros y transportistas— que derivó en crecientes pedidos de renuncia al presidente.

Hace diez días, la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz inició un bloqueo de caminos “indefinido” que ha provocado un cerco a la sede de Gobierno, con un promedio de 20 piquetes simultáneos, para exigir la dimisión de Paz. Este jueves, la Central Obrera Boliviana (COB) anunció su adhesión a las protestas por un rechazo general a las políticas gubernamentales, luego de que no fuera aceptada su demanda de incremento salarial.

El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, afirmó ante los medios que “el pedido único” que tiene el sindicato de trabajadores es “la renuncia del presidente por la falta de capacidad de solucionar los problemas estructurales del país”.

Por otro lado, los seguidores del expresidente Morales iniciaron el martes una marcha de 190 kilómetros hacia La Paz en rechazo a la propuesta presidencial de hacer reformas parciales a la Constitución Política del Estado y para exigir el cese de los procesos judiciales que tienen acorralado a su líder en su bastión. Se estima que la marcha arribe a la sede de Gobierno el martes de la próxima semana.

Ante la escalada de conflictos, la administración de Paz ha llamado al diálogo a los sectores para negociar las demandas sindicales y ha firmado un decreto para entregar un bono “por única vez” a la Policía.

El pago, denominado “Reconocimiento Económico por el Bicentenario de la Policía”, se entregará en reconocimiento a “la noble labor cumplida en defensa de la sociedad y la conservación del orden público”, señala el Decreto Supremo 5620. Si bien el documento no menciona el monto, fuentes policiales señalaron que es casi equivalente a un salario mínimo.

En este escenario de conflictividad, el vocero del evismo, Christian Velasco, denunció que el Gobierno apunta a dictar estado de sitio en dos departamentos y detener al líder cocalero. “Por información de militares patriotas, en las próximas horas se estaría dictando estado de sitio en los departamentos de La Paz y Cochabamba con la excusa de las protestas sociales”, afirmó Velasco en un video difundido en redes sociales y dijo que la intervención militar tendría como fin “detener al presidente Evo Morales o quitarle la vida”.

El vocero Gálvez no descartó la implementación de medidas de excepción y manifestó que se hará uso de las herramientas constitucionales para preservar el orden democrático. “El gobierno ha evaluado todas las atribuciones que la Constitución le permite y lo que hará el gobierno es usar esas prerrogativas cuando sea pertinente para garantizar la paz social y el bienestar de los bolivianos”, afirmó.

El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, informó este miércoles que se está coordinando con las Fuerzas Armadas un operativo de intervención en los bloqueos instalados desde hace una semana en rechazo a políticas del Gobierno.

“Se van a intervenir todos los puntos de bloqueo que tenemos en el país”, afirmó Sokol en conferencia de prensa y dijo que las acciones serán “coordinadas” con el Ejército debido, principalmente, a la falta de equipamiento en la Policía.

“Este operativo se está coordinando con las Fuerzas Armadas como una institución de apoyo (…) vamos a recibir apoyo en algunos aspectos que requerimos debido a ciertas falencias que existen en la institución policial, por la falta de atención de los últimos años, en equipamiento principalmente”, señaló.

La madrugada del miércoles se levantó una carretera que conecta la sede de Gobierno con la región de Los Yungas. Según el reporte oficial, los manifestantes se retiraron tras la llegada del contingente policial y no hubo enfrentamientos.

El Gobierno enfrenta desde hace varias semanas una escalada de conflictos que inició con demandas sectoriales, principalmente de maestros, transportistas y campesinos de la región amazónica, y que derivó en pedidos de renuncia del presidente Rodrigo Paz por un rechazo general a las políticas de su administración.

Si bien las manifestaciones sectoriales se han mitigado —al menos por ahora— a través de acuerdos con el Gobierno, las organizaciones que piden su renuncia se mantienen en pie de protesta.

Los bloqueos se han concentrado en la región occidental del país, donde la Federación de Campesinos Túpac Katari instaló el 6 de mayo bloqueos “indefinidos” en carreteras de La Paz, a los que se sumó el respaldo de instituciones que históricamente han ejercido presión en la toma de decisiones gubernamentales como la Central Obrera Boliviana (COB), el movimiento indígena Ponchos Rojos y los mineros cooperativistas.

En paralelo, los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) iniciaron el martes una marcha de 190 kilómetros hacia La Paz, en rechazo a la propuesta de modificación parcial de la Constitución Política del Estado que planteó el presidente Paz y para exigir que cesen los procesos judiciales contra su líder.

En el desarrollo de estos conflictos, la información sobre el número de piquetes es contradictoria. Por un lado, la Administradora Boliviana de Carreteras informó el miércoles por la noche que se registraban 21 cortes, mientras que el comandante policial mencionó 70 puntos, concentrados en los departamentos de La Paz y Oruro.

El Gobierno atribuyó a los bloqueos la muerte de dos personas, una turista de Belice que perdió la vida en la localidad de Desaguadero, fronteriza con Perú, y de un comunario de la localidad paceña de Guanay, quienes no habrían podido ser trasladados oportunamente a un centro de salud. “El cierre total de vías y la presencia de grupos agresivos impidieron el auxilio médico oportuno y el traslado de emergencia”, señala un comunicado oficial sobre el fallecimiento de la turista de 56 años.

Ante la persistencia de las protestas, el presidente convocó el martes a los dirigentes y “las bases” de las organizaciones a un diálogo —para el que aún no se fijó fecha— y se han denunciado reiteradamente planes de desestabilización.

“¿Qué quieren, sacarlo por la fuerza? Es una medida antidemocrática, esto es conspiración”, señaló el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y aseguró que “el presidente no va a renunciar”.

Para el dirigente de la COB, Mario Argollo, la conflictividad social que enfrenta el Gobierno es “consecuencia de sus propios errores”. Entrevistado por el canal Unitel, Argollo señaló: “Ha tenido seis meses para solucionar los problemas del país y en vez de que se reconcilie, trabaje con las organizaciones sociales, con los sectores populares del país, se ha peleado”.

Para el analista político Pablo Deheza, los conflictos actuales muestran que las elecciones de 2025 “dejaron un equilibrio político muy frágil” y señala que “los bloques históricos antagónicos —clases señoriales y clases medias urbanas versus organizaciones populares, campesinas e indígenas— están midiendo hasta dónde pueden avanzar sus intereses y reivindicaciones históricas”.

En una publicación en redes sociales, el analista sostiene que el destino de la “dependerá de la capacidad para gestionar equilibrios y actuar como fiel de la balanza”.

El Gobierno de Rodrigo Paz responsabilizó al expresidente Evo Morales (2006-2019) de promover las movilizaciones en su contra, en medio de la escalada de conflictos sociales que atraviesa Bolivia desde hace un par de semanas.

Este lunes, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, denunció en conferencia de prensa que las manifestaciones son financiadas desde el Trópico de Cochabamba, bastión político y sindical de Morales en el centro del país. “Quieren salir a bloquear sin ninguna propuesta, sin ningún planteamiento; es para que caiga el gobierno (…) viene del Trópico, están moviendo con plata a la gente”, afirmó Oviedo.

Morales no hizo referencia directa a estas acusaciones, pero junto a sus seguidores determinó iniciar este martes una marcha a La Paz desde la localidad andina de Caracollo, distante a 190 kilómetros de la sede de Gobierno, para protestar contra el gobierno al que acusan de pretender “entregar” los recursos naturales y “someter al país a los fondos buitre y las privatizaciones”, según escribió el expresidente en su cuenta de X.

Bolivia atraviesa un periodo de conflictividad social y la acumulación de varios frentes de conflicto por demandas sectoriales, entre ellas las de los indígenas de la región amazónica que realizan una vigilia en La Paz para exigir la abrogación de una ley de conversión de tierras y la de los maestros, que entraron en huelga para pedir incremento salarial e ítems laborales, y realizan bloqueos en diferentes puntos del departamento de Santa Cruz.

A estos reclamos se suma el de los campesinos de La Paz, representados en la Federación Túpac Katari, que organizaron bloqueos “indefinidos” sin más demandas que exigir la renuncia del presidente y lograron el respaldo en su demanda de organizaciones como la Central Obrera Boliviana (COB) y los Ponchos Rojos, que tienen capacidad de movilización y que históricamente han ejercido presión en la toma de decisiones gubernamentales.

El lunes, estas dos organizaciones se comprometieron a no firmar acuerdos con el Gobierno y “estar al lado del pueblo hasta que renuncie el presidente Rodrigo Paz”. De igual manera, expresaron su rechazo a un paquete de diez leyes que el Gobierno enviará a la Asamblea Legislativa —entre ellas la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Minería— orientadas a reactivar la economía y reducir el centralismo estatal.

En este marco de tensión, el lunes hubo movilizaciones en La Paz, El Alto y Cochabamba y se registraron más de 30 puntos de bloqueo en carreteras, la mayoría concentrados en el departamento de La Paz, donde los medios locales reportan pérdidas millonarias y escasez de algunos alimentos de la canasta básica.

El ministro de Obras Públicas y brazo derecho del presidente Paz, Mauricio Zamora, calificó algunas movilizaciones como actos de “conspiración” contra el Gobierno y descartó la renuncia del primer mandatario.

“El Presidente no va a renunciar. ¿Qué quieren, sacarlo por la fuerza? Una medida antidemocrática. Esto es conspiración”, afirmó el lunes ante los medios. “Estamos cansados de que unos pocos quieran bloquearnos y desestabilizar al Gobierno con fines políticos. (...) La solución no es una ley antibloqueo, la solución es que nos unamos la mayoría y no nos dejemos llevar por unos pocos que tienen intereses políticos”, agregó el funcionario.

El presidente Rodrigo Paz cumple seis meses de gestión en una jornada marcada por conflictos sociales y pedidos de renuncia. Este viernes, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) registra 15 puntos de bloqueo concentrados en los departamentos de La Paz y Beni, por organizaciones sociales que exigen su renuncia y demandan la abrogación de una ley de conversión de tierras.

En la zona andina del país, la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari, con respaldo de la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Juntas Vecinales de La Paz, instruyó realizar un bloqueo de caminos indefinido, a partir del 6 de mayo, para exigir la renuncia del presidente Paz.

“La población ya está cansada, ya no quiere promesas, porque hemos tenido varios diálogos”, manifestó el dirigente de la federación campesina, Vicente Salazar. “Solamente es promesa, promesa, promesa”, agregó en referencia a los acuerdos entre el Gobierno y los transportistas, que se manifestaban para exigir mejorar la calidad del combustible y la infraestructura vial, además de celeridad en el pago de un resarcimiento de daños vehiculares.

Por otro lado, campesinos de la región amazónica del Beni exigen la abrogación de una norma que autoriza la conversión voluntaria de tierras. La Ley 1720, promulgada el 8 de abril, permite cambiar la clasificación de pequeñas propiedades a medianas, lo que las habilita como garantía para acceder a créditos bancarios.

Algunos campesinos y organizaciones ambientales y de derechos humanos expresaron su preocupación al considerar que pone en vulnerabilidad los territorios indígenas y que puede dar lugar al despojo y la concentración de tierras. Tras una marcha campesina de 27 días, el Gobierno se comprometió a promover la anulación de la norma en la Asamblea Legislativa pese a la resistencia de sectores empresariales y agroindustriales que la defienden como un mecanismo para impulsar el desarrollo rural.

La abrogación de la ley ya fue aprobada en una comisión legislativa y será tratada este viernes por la tarde en la Cámara de Diputados. “Tiene una base de ley buena, pero le faltó margen de diálogo en ciertos sectores”, manifestó el presidente Paz sobre la norma tras el acuerdo con los marchistas.

A estas protestas se suma la del magisterio, que anunció un paro de las labores educativas este lunes 11 de mayo para exigir incremento salarial y la dotación de más ítems, entre otras demandas.

En medio de esos frentes de conflicto, el Gobierno convocó a líderes políticos, organizaciones sociales, alcaldes, gobernadores y representantes de varios sectores del país a participar en un encuentro nacional este sábado en la ciudad de Cochabamba (centro).

El objetivo principal de la reunión es sumar respaldo a las políticas del Gobierno y generar consensos para garantizar la aprobación de leyes que se consideran estratégicas para recuperar la estabilidad económica e impulsar el desarrollo del país.

Según informó el vocero presidencial, José Luis Gálvez, se han cursado cerca de 600 invitaciones para el evento en el que se prevé que el presidente exponga la visión del Ejecutivo y las iniciativas que serán puestas a consideración de la Asamblea Legislativa en los próximos meses.

Algunos líderes políticos han confirmado su asistencia y otros, como el empresario y jefe de una bancada legislativa, Samuel Doria Medina, la han descartado al apuntar la imposibilidad de un generar un diálogo efectivo entre 600 personas. En ese marco, el encuentro también se convertirá en para medir el nivel de respaldo político al Gobierno en medio de la creciente conflictividad social.

La acumulación de conflictos sociales sube la tensión en Bolivia. Este viernes, cuando se conmemora el Día Internacional del Trabajo, se tiene prevista la realización de un cabildo de trabajadores en El Alto y el arribo de dos marchas a La Paz.

En una reunión gremial de trabajadores el 28 de mayo, la COB determinó rechazar la invitación al diálogo del Gobierno y convocar a organizaciones sociales y sectores afiliados a un cabildo nacional.

En la resolución del encuentro se establecen varios puntos sobre una diversidad de temas como el rechazo a la privatización de empresas públicas —algo que el Gobierno ha negado reiteradamente—, la declaración de persona no grata al ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, por la implementación de lo que consideran “políticas neoliberales” y la renuncia del ministro de Trabajo, entre otros puntos.

Los trabajadores también expresaron en el documento su rechazo a la respuesta del Gobierno sobre el pliego petitorio presentado el 1 de abril en el que solicitan un incremento salarial del 20%.

La administración de Rodrigo Paz ha calificado esta propuesta como “inviable” y ha recordado que en diciembre se decretó un aumento de ese porcentaje en el salario mínimo, cuando se levantó el subsidio a los combustibles. “No es viable (el incremento) y eso está absolutamente claro”, manifestó el ministro de Economía y agregó que “la gran mayoría de las personas están preocupadas por la estabilidad laboral, así que eso es lo que hay que proteger”.

En ese sentido, el Gobierno cursó una invitación al diálogo a los dirigentes sindicales y a representantes de los empresarios privados para discutir la demanda del incremento salarial, junto a los ministros de Gobierno, Trabajo y Economía.

Sin embargo, los trabajadores desistieron de participar y anunciaron que el viernes los asistentes al cabildo definirán el curso de la protesta. “Hemos dejado en manos del pueblo lo que se vaya a decidir de ahí en adelante”, manifestó Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, en una entrevista con el canal Unitel.

Los trabajadores determinaron respaldar otras dos movilizaciones, la marcha del magisterio y la de los campesinos, que partieron días atrás de los departamentos de Oruro (oeste) y Pando (norte) con demandas propias.

Según los dirigentes de los maestros, cerca de 3.000 personas participan en la marcha que partió el martes de la localidad de Calamarca, distante a 54 kilómetros de La Paz, en reclamo de aumento salarial, ítems laborales y una mayor inversión de recursos en la educación pública. Se tiene previsto que participen en el cabildo de la COB en El Alto y luego se dirijan al centro de La Paz.

Por otro lado, este viernes llegará a La Paz la marcha de campesinos de la región amazónica de Pando, y otras regiones que se sumaron progresivamente, en rechazo a la ley 1720 que autoriza la recategorización voluntaria de tierras. Con esta norma, las pequeñas propiedades podrán ser registradas como medianas, a solicitud de los propietarios, y de esa forma poder ser utilizadas como garantía para préstamos bancarios.

Mientras el Gobierno defiende la norma en aras de la libertad individual y el desarrollo de los agricultores, los críticos cuestionan que pueda dar lugar a la concentración de tierras, amenazar los territorios colectivos indígenas y poner en riesgo a pequeños productores.

En este escenario, el presidente manifestó que no teme el aumento de las protestas sociales. “Bolivia quiere cambio y yo no le tengo miedo a las movilizaciones; soy un constructor de la democracia que creció entre marchas y liderazgos históricos”, afirmó el jefe de Estado el viernes tras un encuentro con las nuevas autoridades departamentales. “A lo que le tengo miedo es no tener soluciones al futuro de nuestra patria”, agregó.

La Central Obrera Boliviana (COB) resolvió convocar a un cabildo nacional el próximo 1 de mayo, en el marco del Día del Trabajo, con el propósito de debatir el rumbo del país y definir una agenda de carácter estructural. La determinación fue asumida durante un “ampliado nacional de emergencia” encabezado por el dirigente sindical Mario Argollo.

De acuerdo con Argollo, la iniciativa responde a la necesidad de que los sectores laborales participen en la definición de propuestas para el Gobierno. “Los compañeros pidieron realizar un gran cabildo nacional para el 1 de mayo (…) para que en este encuentro podamos tomar determinaciones sobre el rumbo que queremos para nuestro país”, afirmó.

Argollo también expresó críticas hacia la gestión de Rodrigo Paz, al señalar que, desde la perspectiva de la organización, no existen políticas orientadas a resolver problemas de carácter estructural. En ese contexto, la organización sindical plantea construir una agenda nacional que recoja las demandas de organizaciones sociales de los nueve departamentos del país.

Por otro lado, el dirigente descartó la participación de la COB en encuentros impulsados por actores políticos. “No queremos politizar ni que el gobierno piense que queremos hacer política”, sostuvo en referencia a iniciativas externas.

El cabildo busca consolidarse como un espacio de deliberación amplio, en el que se definan lineamientos y propuestas que, según la dirigencia sindical, apunten a lograr transformaciones de fondo en el país.

La COB es la principal organización sindical del país y una de las más influyentes en su historia política, aunque en el último tiempo fue cuestionada sobre su independencia frente a los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) durante las gestiones de Evo Morales y Luis Arce. Si bien protagonizaron demandas salariales y presiones sectoriales específicas, también fue percibida por algunos actores como un aliado político del oficialismo.

Con el cambio de gobierno en noviembre pasado, la relación entre la COB y el Ejecutivo ha dado señales de una mayor tensión especialmente tras la promulgación del Decreto Supremo 5503, el 17 de diciembre de 2025, que derivó en movilizaciones, bloqueos y un endurecimiento del discurso sindical.

La norma eliminaba la subvención a los combustibles —vigente por más de dos décadas—, establecía nuevos precios para su comercialización, aumentaba el monto del salario mínimo y algunos bonos sociales, e incluía artículos destinados a incentivar la inversión, que fueron observados por varios sectores que ponían en duda su constitucionalidad. La COB interpretó estas medidas como parte de un ajuste económico que trasladaba el costo de la crisis a la población trabajadora y encabezó las protestas que se extendieron hasta mediados de enero en diferentes regiones del país.

A través de bloqueos de carreteras y movilizaciones masivas, la COB consiguió en negociaciones con el Gobierno que se abrogara el decreto y se mantuviera, en una norma separada, la eliminación del subsidio a los combustibles y el aumento salarial, en lo que constituyó el primer conflicto social de la administración de Paz.

En los últimos días, la organización laboral también ha exigido un nuevo alza salarial, una práctica anual que se define a partir de negociaciones con el Ejecutivo en las semanas previas al 1 de mayo y que es de carácter obligatorio para el sector público y privado.

El porcentaje del incremento se define en función de variables macroeconómicas como la inflación registrada en la gestión anterior y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), aunque también inciden factores políticos y sociales. Para esta gestión, los trabajadores demandan 20% de incremento.

En ese contexto y en vista del cabildo sindical, las negociaciones entre el Gobierno y los dirigentes de la COB serán decisivas para evitar un nuevo foco de tensión.

Las cámaras empresariales de Bolivia expresaron un rechazo frontal a la exigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) de un aumento salarial del 20%.

Esta postura se formalizó después de que la principal central sindical del país entregó su pliego de demandas al presidente Rodrigo Paz, en el marco de una masiva movilización en la ciudad de La Paz.

El pedido de la COB incluye un incremento tanto para el salario mínimo nacional como para el haber básico, que abarca a trabajadores de los sectores público y privado. La solicitud fue presentada oficialmente ante el Gobierno, con la participación de delegados de los nueve departamentos del país, quienes marcharon hasta la sede presidencial.

El secretario ejecutivo de la central, Mario Argollo, explicó que la demanda se elaboró con base en datos oficiales y que el plazo para recibir una respuesta del Ejecutivo es de diez días. La dirigencia sindical señaló que el documento reúne las principales demandas del movimiento obrero para este año.

La Central Obrera Boliviana demandó un incremento del 20% en el salario mínimo nacional y el haber básico para trabajadores públicos y privados. La solicitud, presentada al presidente Rodrigo Paz con respaldo de delegados de todo el país, fue fundamentada en datos oficiales y prevé una respuesta del Gobierno en un plazo de diez días.

En ese contexto, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) manifestó en un comunicado su “absoluto rechazo” al planteo de la COB. La entidad advirtió que una medida de ese alcance podría tener consecuencias negativas para la economía nacional, con la posibilidad de provocar alta inflación, inestabilidad social, agravamiento de la pobreza y destrucción del empleo formal y productivo.

Desde la CNI destacaron que el Gobierno ya autorizó en 2026 un aumento del 20 % en el salario mínimo nacional, que pasó de USD 395 a USD 474, con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo perdido por la inflación del 20,4% registrada en el año anterior.

Además, la cámara industrial enfatizó la necesidad de implementar políticas de reactivación y crecimiento económico, así como de garantizar la seguridad jurídica para favorecer la inversión privada.

Por su parte, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) también se pronunció en contra del planteo sindical. En un comunicado, la entidad consideró que la demanda no solo es “inviable”, sino que contradice el decreto del presidente Rodrigo Paz, el cual establece que la determinación del salario debe surgir de la negociación directa entre empleadores y trabajadores.

La CNC recordó que el contexto económico actual no permite asumir compromisos que puedan poner en riesgo la estabilidad del empleo formal.

Bajo este contexto, algunos ministros del Gobierno anticiparon que la crisis económica impide un aumento salarial este año para el sector estatal.

En relación al ámbito privado, las autoridades propusieron que la discusión se realice en una mesa tripartita, tal como recomienda la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con la participación de empresarios, sindicatos y representantes del Ministerio de Trabajo.

(Con información de EFE)

La Central Obrera Boliviana (COB) realizó este martes una masiva marcha en el centro de La Paz con el objetivo de entregar al Gobierno su listado de demandas anuales que reúne las principales peticiones del movimiento sindical, entre ellas, de aumento salarial.

El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, explicó que el pedido de incremento salarial fue elaborado con base en datos oficiales y contempla dos componentes: el salario mínimo nacional y el salario básico, diferenciando ambos como aspectos clave dentro de la negociación.

“Estamos pidiendo un 20% de incremento salarial, es un planteamiento trabajado por profesionales y con información del propio Gobierno”, afirmó. El movimiento sindical fijó un plazo de diez días para recibir una respuesta oficial del Gobierno.

Argollo indicó que el pliego fue elaborado considerando el contexto actual del país y pidió a las autoridades que convoquen a los dirigentes para iniciar un proceso de diálogo sobre sus demandas. “Ha sido un pliego petitorio elaborado de manera responsable, viendo la coyuntura que vive nuestro país y también el Gobierno central está en la obligación, en un tiempo perentorio, de poder atender y convocarnos para poder trabajar el pliego petitorio”, afirmó el dirigente.

La marcha contó con la participación de delegaciones de diferentes regiones, en una convocatoria que buscó reflejar la presencia de trabajadores a nivel nacional. Argollo señaló que las organizaciones afiliadas decidieron llevar adelante la movilización con la participación de “compañeros de base de los nueve departamentos”, con el fin de formalizar la entrega del documento al Ejecutivo.

En Bolivia, el ajuste salarial anual es una práctica institucionalizada que se define a partir de negociaciones entre el Gobierno y la COB. Este proceso suele desarrollarse en las semanas previas al Día del Trabajo (1 de mayo) y culmina con el anuncio oficial de un incremento tanto al salario mínimo nacional como al salario básico. La medida tiene carácter obligatorio para el sector público y privado.

El porcentaje de incremento se define principalmente en función de variables macroeconómicas como la inflación registrada en la gestión anterior y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), aunque también inciden factores políticos y sociales.

Mientras el Gobierno suele argumentar la necesidad de preservar la estabilidad económica y el empleo, los sindicatos presionan por aumentos que compensen la pérdida del poder adquisitivo.

En los últimos años, el Ejecutivo ha optado por incrementos moderados, en un contexto marcado por la desaceleración económica y restricciones fiscales, lo que ha derivado en negociaciones más tensas entre ambas partes.

En diciembre pasado, el Gobierno de Rodrigo Paz realizó un ajuste salarial extraordinario que fijó la remuneración mínima en 3.300 bolivianos, lo que representó un incremento aproximado del 20% respecto al nivel anterior y entró en vigencia a partir de 2026.

La norma inicial sobre esta medida establecía que el salario sería “congelado” durante este año, pero tras su abrogación en medio de otros reclamos sindicales, se anuló esta condición, por lo que la posibilidad de un nuevo incremento está abierta.

Sin embargo, durante el acto de entrega del listado de demandas este martes, varios dirigentes expresaron su preocupación por la situación económica del país, el aumento sostenido de los precios de la canasta familiar y problemas en el abastecimiento de combustible, lo que afectaría la economía de las familias.

En los últimos dos años, Bolivia ha experimentado un marcado repunte inflacionario que contrasta con la relativa estabilidad de precios observada durante más de una década. En 2024, el país registró una aceleración significativa, con una variación acumulada cercana al 10%, impulsada por el encarecimiento de alimentos, problemas de abastecimiento y presiones externas. Esta tendencia se intensificó en 2025, cuando la inflación anual alcanzó el 20,4%, el nivel más alto en lo que va del siglo XXI y muy por encima de las expectativas del Gobierno.

Aunque en 2026 se observa una leve desaceleración, la inflación continúa en niveles elevados en comparación con los estándares históricos recientes, consolidándose como uno de los principales desafíos del país.

El Decreto Supremo 5516, publicado en la Gaceta Oficial del Estado boliviano, establece la suspensión temporal del diésel de la lista de sustancias controladas por un año. Esta medida tiene como finalidad facilitar la importación de hidrocarburos y asegurar la provisión continua para el sector del transporte, la producción y la agroindustria, según consignó el medio que difundió la información. El Ejecutivo boliviano busca así reforzar el abastecimiento interno en un contexto de restricciones y dificultades económicas.

Según informó el documento oficial, el Gobierno de Bolivia declaró la "emergencia energética y social" en todo el país ante la creciente inflación, la escasez de dólares y los problemas de abastecimiento de combustible. Tal como publicó el medio de referencia, el decreto reconoce una crisis económica, financiera y social con raíces estructurales que impacta a la población desde hace varios años, aunque las autoridades actuales atribuyen esta situación a gestiones presidenciales anteriores.

De acuerdo con la Gaceta Oficial, la inflación en Bolivia cerró el año 2025 en un 24,73%. Este dato ofrece contexto al entorno en el que se aprobó el paquete de medidas de emergencia. El decreto habilita de manera temporal y excepcional que personas naturales y empresas privadas puedan importar, vender y comercializar combustibles a precios de importación, con el objetivo de asegurar la cobertura en todo el territorio nacional. Esta apertura al sector privado responde a la urgencia de normalizar el flujo de hidrocarburos tras jornadas de protestas y desabastecimiento.

La decisión gubernamental, detalló el documento, fue ratificada poco después de que el Ejecutivo y las organizaciones sociales lograran un acuerdo para restablecer la estabilidad laboral y social. El pacto —en el que la Central Obrera Boliviana (COB) jugó un papel central, según reportó la fuente original— resultó clave para suspender las recientes movilizaciones en contra de la eliminación parcial del subsidio a los combustibles. Este subsidio, vigente durante años, representó uno de los instrumentos principales utilizados por diferentes administraciones para contener precios internos, pero su eliminación respondió a las limitaciones fiscales y a la presión ejercida por la inflación y la depreciación de la moneda.

El alcance de la crisis también se refleja en la escasez de dólares, un fenómeno que afecta tanto la importación de bienes indispensables como el normal funcionamiento del mercado cambiario. Esto ha dificultado el acceso a productos importados, entre ellos los carburantes, y agravó los problemas logísticos en áreas fundamentales para la economía nacional, añadió el texto del decreto.

En lo inmediato, la importación directa de combustibles por parte de privados busca cubrir la brecha que la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no ha logrado suplir por las restricciones financieras y los obstáculos operativos. La suspensión temporal del diésel de la lista de sustancias controladas aspira a agilizar los trámites para su ingreso desde el exterior, lo que responde a la demanda urgente de los transportistas y sectores productivos que dependen de este energético.

Las protestas que motivaron la declaración de la emergencia incluyeron bloqueos de carreteras y movilizaciones en varias ciudades del país, acciones impulsadas principalmente por gremios laborales y organizaciones sociales afectadas por el incremento de los precios y las dificultades de acceso al combustible. El acuerdo alcanzado con la COB permitió descomprimir la situación, aunque el decreto mantiene la vigencia de medidas excepcionales para asegurar el normal desarrollo de las actividades económicas y sociales.

En el marco del nuevo régimen temporal, las personas o empresas interesadas en importar combustibles deberán ajustarse a los precios establecidos por los mercados internacionales, lo que puede derivar en cambios en el costo final para el consumidor boliviano, según lo estipulado por el Ejecutivo en el texto legal. La apertura a nuevos operadores para la importación de hidrocarburos representa un giro respecto de las prácticas previas centradas en el monopolio estatal, una respuesta a la coyuntura marcada por rigideces presupuestarias y fluctuaciones internacionales de los precios energéticos.

El impacto de la medida también se percibe en los diferentes sectores económicos que dependen de la provisión de combustibles, en particular el transporte, la industria y el agro, que ven en la importación directa una posible vía de solución para el desabastecimiento que han experimentado en los últimos meses. Conforme a lo publicado en la Gaceta Oficial, la emergencia energética y social permanecerá vigente hasta que las condiciones permitan normalizar el suministro y estabilizar los precios internos.

El Gobierno insistió, según comunicó el texto difundido, que las dificultades actuales derivan de decisiones adoptadas por anteriores administraciones y de factores económicos globales, subrayando la necesidad de adoptar medidas temporales que permitan encauzar la crisis sin comprometer la estabilidad de los sectores más vulnerables.

Las autoridades bolivianas, de acuerdo con el contenido del decreto y reportes de prensa, mantendrán la supervisión del proceso de importación de combustibles por parte de privados, con el objetivo de evitar prácticas irregulares y garantizar que el beneficio alcance a toda la población. La implementación de estas medidas excepcionales se revisará periódicamente, considerando la evolución de la economía y el balance entre la oferta y la demanda de hidrocarburos en el país.

El Gobierno de Bolivia publicó el martes un nuevo decreto que anula el paquete económico rechazado por los gremios, aunque mantiene algunas de sus disposiciones, tras una semana de bloqueos en las rutas de todo el país impulsados por sindicalistas y obreros.

“Se ha dejado en el nuevo decreto lo consensuado con la Central Obrera Boliviana (uno de los principales gremios del país) y otros sectores sociales”, afirmó el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, en declaraciones a la televisora Unitel.

El acuerdo, alcanzado el domingo, estableció que próximamente se elaborará una nueva norma para abordar los temas que quedaron fuera del consenso, según detalló el gobierno. El presidente boliviano Rodrigo Paz había emitido en diciembre un plan de “salvataje económico” para enfrentar la mayor crisis del país andino en cuatro décadas.

El decreto original contemplaba la eliminación de subsidios a los combustibles, la agilización de grandes inversiones, la supresión de impuestos y el congelamiento de salarios en el sector público, entre otras medidas.

Del texto anterior se mantiene un aumento del salario mínimo del 20%, incrementos en bonos sociales y la decisión oficial de no subvencionar más los carburantes.

La eliminación del subsidio a los combustibles, que implicaba la compra de hidrocarburos a precio internacional para venderlos a pérdida en el mercado interno, drenó las reservas de dólares del país y provocó una inflación superior al 20% interanual en el último semestre.

El domingo, la estatal Administradora Boliviana de Carreteras registraba 69 puntos de bloqueo en la red vial nacional. A horas del anuncio de este martes, no se reportó ninguna ruta interrumpida.

La Central Obrera Boliviana y los sindicatos anunciaron el levantamiento de todas las medidas de presión, incluidos los cortes de ruta que desde el martes anterior afectaron los corredores logísticos y comerciales de Bolivia.

Las organizaciones sociales declararon el estado de emergencia hasta la promulgación de este nuevo decreto y el acuerdo permite al Ejecutivo “retomar la normalidad y atender las necesidades de la población”, tras las millonarias pérdidas reportadas por los sectores productivos y el Estado

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, resaltó la importancia del diálogo y la capacidad de las autoridades para “escuchar demandas sociales sin ceder en los principios de estabilidad y desarrollo”. Por su parte, el dirigente minero Mario Argollo, líder de la COB, agradeció la movilización de los sectores y sostuvo: “Las autoridades de Gobierno han reflexionado y cuando las autoridades trabajan con su pueblo también hay que aplaudir”.

El levantamiento de los bloqueos permitió restablecer la normalidad en las vías y recuperar la confianza en la capacidad del Estado para garantizar la estabilidad y el bienestar de la ciudadanía. El cese de la subvención a los carburantes se mantiene como una de las prioridades del gobierno de Paz, en medio de un escenario de crisis que la administración califica como la peor en cuatro décadas.

En ese sentido, el presidente de Bolivia aseguró que su país “cerró una etapa de 20 años de historia política, basada en una visión que entendía la institucionalidad no como un instrumento de desarrollo, sino como uno político”.

A través de un mensaje en su cuenta de X, escribió: "Hemos empezado a construir un proyecto de unidad nacional pero, sobre todo, a cimentar una cultura de la confianza entre los bolivianos; una cultura ajena a la división, al racismo y a la exclusión“.

(Con información de EFE)

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, ha detallado que los bloqueos en las rutas nacionales causaron un costo diario de 20 millones de dólares para el Estado, lo que afectó áreas como obra pública y generación de empleo, según la información publicada por El Deber. En contraste, según el mandatario, la supresión del subsidio a los combustibles ha permitido un ahorro diario de 10 millones de dólares en menos de dos meses, impactando de manera directa las finanzas estatales tras la implementación del Decreto 5503.

El acuerdo alcanzado entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) implica el levantamiento de las protestas y bloqueos que tenían lugar desde principios de enero. De acuerdo con El Deber, la modificación del decreto fue anunciada tras una reunión en El Alto, donde participó el presidente Paz junto con representantes sindicales y diversos miembros del gabinete de gobierno. A pesar del acuerdo, el Ejecutivo boliviano mantendrá la eliminación del subsidio estatal al diésel y la gasolina, una medida que había generado las movilizaciones en seis de los nueve departamentos del país. El medio indicó que, aunque este punto clave del decreto permanecerá vigente, el nuevo texto también contempla un aumento del 20 por ciento en el salario mínimo y la ratificación de los apoyos sociales dirigidos a adultos mayores y al sector estudiantil.

Paz afirmó que la economía nacional ha logrado una estabilidad palpable, reflejada en el abastecimiento de gasolina y diésel, el equilibrio en el sistema financiero y la estabilidad de la moneda y el tipo de cambio. Según lo reportado en las redes oficiales del presidente y recogido por El Deber, el gobierno considera irreversible la eliminación de los subsidios a los combustibles y la asocia a una conquista económica.

El dirigente Mario Argollo, representante sindical, solicitó a los trabajadores y participantes en los bloqueos que suspendan las medidas de presión, argumentando que “su lucha rindió frutos y el país se los va a agradecer”, según recogió El Deber. Pese a este llamado, el medio detalló que alrededor de 30 bloqueos continuaban activos durante las horas posteriores al anuncio, aunque la cifra llegó a setenta en el momento de mayor tensión, dificultando el tránsito terrestre entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, zonas clave para la conectividad y abastecimiento nacional.

El balance gubernamental y sindical sobre las repercusiones económicas ha coincidido en señalar la gravedad de los daños, con pérdidas significativas ligadas a la interrupción del transporte y al desabastecimiento de productos básicos, combustibles y alimentos en las principales ciudades y regiones del país, según la información publicada por El Deber.

Durante el anuncio público, el presidente Paz hizo hincapié en la necesidad de dar continuidad al orden y la estabilidad alcanzadas mediante la promulgación inminente de un nuevo decreto, que consolidará la política de crecimiento económico y la ampliación de beneficios sociales. “Bolivia no retrocede ni un paso ni para el impulso en sus conquistas económicas ni sociales. Bolivia no negocia con los corruptos, por eso ya estamos metiendo a varios a la cárcel”, declaró, de acuerdo con El Deber.

La mediación y el diálogo con las organizaciones sociales y sindicales fueron aspectos subrayados por las autoridades como elementos centrales para la resolución del conflicto, al tiempo que el presidente se comprometió a promulgar el nuevo decreto en un plazo no superior a 48 horas. “Esto es gobernar con responsabilidad”, manifestó Paz en su intervención, citado por El Deber, subrayando que el Ejecutivo no planea negociar bajo presión de grupos que, según el gobierno, buscaron favorecer la conflictividad.

El acuerdo contempla medidas económicas y sociales que, junto con la eliminación del subsidio a los carburantes, buscan consolidar las conquistas económicas alcanzadas. Según detalló El Deber, entre los compromisos asumidos aparecen el incremento del salario mínimo y el mantenimiento de programas sociales para sectores vulnerables como los adultos mayores y los estudiantes.

Las protestas motivadas por el Decreto 5503 provocaron dificultades sustanciales para el transporte de mercancías y personas en los corredores estratégicos del país, así como carencias en el mercado interno, específicamente en productos de la canasta básica y carburantes. El reporte de El Deber indica que las pérdidas económicas y los problemas de abastecimiento afectaron de forma transversal a diversos sectores productivos y de servicios.

El proceso de negociación, según la cobertura de El Deber, estuvo marcado por la presión de las bases sindicales en las carreteras y la determinación gubernamental de sostener la reforma del subsidio, argumentando una urgencia en estabilizar la economía nacional y redirigir recursos públicos a inversiones estatales y mejoras sustantivas en la distribución del ingreso.

Finalmente, tras casi un mes de conflicto desde el 6 de enero, la administración de Paz y la COB dieron a conocer el nuevo marco normativo bajo el compromiso de mantener la gobernabilidad y la paz social. El gobierno dará paso a la promulgación del decreto en las próximas horas, según el cronograma anunciado por el Ejecutivo y publicado por El Deber, con la expectativa de retornar a la normalidad y dar por concluida la etapa de enfrentamiento social y bloqueo de rutas en el país.

Mario Argollo, dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), solicitó a sus afiliados y a quienes participaron en los bloqueos carreteros durante varias semanas que depusieran las medidas de presión, destacando que la movilización había producido resultados concretos. La principal noticia, según detalló el medio El Deber, es el acuerdo entre el Gobierno de Bolivia y la COB respecto al controvertido Decreto 5503: las protestas se suspenden, pero se mantiene la eliminación del subsidio al combustible dispuesta en la normativa oficial.

De acuerdo con El Deber, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, comunicó la noche del domingo la firma del nuevo acuerdo nacional tras reunirse en la ciudad de El Alto con representantes de la COB y varios miembros de su gabinete. La Central Obrera Boliviana, que había impulsado desde el 6 de enero bloqueos indefinidos en carreteras de seis de los nueve departamentos del país, expresó su conformidad tras semanas de conflictividad social en rechazo a la supresión del subsidio al diésel y la gasolina.

El Gobierno, según publicó El Deber, defendió que la mantención del fin del subsidio a los carburantes es central para asegurar la estabilidad económica. Rodrigo Paz aseguró que la economía boliviana logró estabilizarse tras la implementación del decreto, motivo por el cual, indicó, inicia una nueva etapa con medidas adicionales. Entre los puntos acordados figuran el incremento del 20% en el salario mínimo nacional y la incorporación de ayudas sociales para adultos mayores y estudiantes, incluidos en un próximo decreto que será promulgado, según subrayó Paz, en un plazo de 48 horas.

El mandatario enfatizó, además, que el proceso de negociación con las organizaciones sociales y sindicatos fue determinante para alcanzar el consenso. "Necesitamos un nuevo decreto. Bolivia necesita orden, control y estabilidad, pero sobre todo crecer, por ese motivo comenzará la etapa que dará lugar a un nuevo decreto para consolidar nuestras conquistas económicas y sociales, para consolidar el crecimiento de la patria", declaró públicamente, con el respaldo de los ministros.

En sus declaraciones, Paz relacionó el contexto del conflicto con organizaciones que, en palabras del presidente, "promueven el conflicto". Señaló la disposición del Ejecutivo de no ceder "ante las mafias" y reiteró que "Bolivia no retrocede ni un paso ni para el impulso en sus conquistas económicas ni sociales. Bolivia no negocia con los corruptos, por eso ya estamos metiendo a varios a la cárcel", según recogió El Deber. Estas afirmaciones fueron parte del mensaje dirigido a la población tras la negociación, presentando la resolución como parte de una estrategia de gobierno basada en el diálogo y la responsabilidad.

El dirigente sindical Mario Argollo, de acuerdo con El Deber, llamó a cesar los bloqueos y expresó que los trabajadores podían considerarse satisfechos con el desenlace: "Hoy puede sentirse alegre, su lucha rindió frutos y el país se los va a agradecer". Tras el anuncio, una treintena de los 70 bloqueos establecidos durante la protesta permanecían activos, dificultando el transporte por carretera entre las principales ciudades del país, como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, además de otras regiones, según detalló el medio boliviano.

Las movilizaciones, según consignó El Deber, ocasionaron problemas significativos en la circulación de productos y personas. Las autoridades señalaron que los bloqueos generaron interrupciones graves en el suministro de alimentos, combustibles y otros bienes esenciales dentro del mercado interno. Los operadores logísticos y transportistas experimentaron complicaciones en la distribución a los principales centros urbanos y rurales, lo que derivó en el desabastecimiento de productos básicos y pérdidas económicas cuantiosas.

Las jornadas de protesta se extendieron casi un mes y representaron uno de los episodios más tensos en la relación entre el Gobierno y el principal sindicato del país. El detonante fue la publicación del Decreto 5503, que dispuso la eliminación de los subsidios a los carburantes, una política considerada clave para la economía nacional durante años previos. El rechazo de sectores sindicales y sociales a esta medida motivó la convocatoria a paros y bloqueos desde la primera semana de enero, afectando seis departamentos.

El Deber informó que la resolución de la crisis incluyó el compromiso de las autoridades de sostener, junto con la COB, mesas de diálogo permanentes para monitorear el impacto de las nuevas políticas y salvaguardar los derechos laborales y sociales. De igual manera, el gobierno manifestó su intención de mantener la coordinación con sectores productivos y sindicales para facilitar la implementación de los compromisos asumidos en el nuevo decreto.

Durante el periodo de bloqueos, los gremios transportistas documentaron dificultades severas en el acceso a combustible, con colas en estaciones de servicio de varias ciudades. Paralelamente, comerciantes y consumidores reportaron una disminución en el suministro de productos esenciales y alza de precios en mercados de abasto, de acuerdo con testimonios recopilados por El Deber.

La medida gubernamental de poner fin al subsidio al diésel y la gasolina responde, según el discurso oficial, a la necesidad de sanear las finanzas públicas y promover el crecimiento económico. La respuesta inmediata de la COB y otros sindicatos consistió en exigir la revocación del decreto, alegando el impacto negativo sobre los trabajadores y los sectores vulnerables.

El pacto alcanzado tras la reunión en El Alto medió la suspensión de los bloqueos sin revertir la decisión económica, sino acompañando la transición con incrementos salariales y políticas de asistencia social. El Gobierno confirmó la inminente promulgación del nuevo marco regulatorio, en el que se integran las medidas negociadas cuya ejecución quedará bajo vigilancia de las partes firmantes.

A lo largo de las semanas de crisis, tanto líderes sindicales como miembros del Ejecutivo intercambiaron declaraciones públicas sobre posibles escenarios y consecuencias de una prolongación del conflicto, advirtiendo sobre mayores daños económicos y sociales. El levantamiento progresivo de los bloqueos y la normalización del tráfico terrestre se presentan ahora como resultado del pacto alcanzado, según puntualizó El Deber en su cobertura.

El llamado de la Central Obrera Boliviana (COB) a movilizaciones y bloqueos en carreteras tras el fracaso de las negociaciones con el Gobierno ha provocado que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informe sobre 52 puntos de bloqueo en todo el país. Prácticamente la mitad de estos bloqueos se concentran en el departamento de La Paz, lo que evidencia un aumento en la tensión social y en los desafíos para la circulación de personas y mercancías. Según detalló el medio Unitel, la ruptura del diálogo está vinculada principalmente al rechazo gubernamental a derogar el Decreto 5503, el cual suspende los subsidios al diésel, además de modificar un centenar de disposiciones relacionadas con las ayudas estatales al combustible.

La COB, sindicato que lidera la oposición contra esta medida, decidió levantarse de la mesa de diálogo tras recibir una respuesta negativa del Ejecutivo presidido por Rodrigo Paz. De acuerdo con la cobertura de Unitel, Mario Argollo, referente de la organización sindical, señaló: "Todo tiene un final, lastimosamente hemos recibido la negativa del Gobierno de que se abrogue este maldito decreto 5503, y hemos recibido un 'no' como respuesta". Para Argollo, la suspensión del subsidio anticipa un escenario de escasez y dificultades económicas que afectará especialmente a las nuevas generaciones, por lo que insistió en la convocatoria a todo el pueblo boliviano para que se sume a una amplia protesta social.

El decreto en disputa, según la información recabada por Unitel, forma parte de una serie de reformas impulsadas por el Gobierno de Paz destinadas a modificar el sistema de subsidios a los combustibles, concretamente el diésel. El Ejecutivo sostiene que estos cambios resultan necesarios para garantizar la sostenibilidad fiscal del país y hacer frente a una coyuntura económica marcada por la disminución de ingresos estatales y el aumento de la demanda de combustibles. Sin embargo, varios sectores sindicales y sociales consideran que tales medidas elevarán los costos de producción y transporte, con un impacto directo en los precios de los alimentos y otros bienes esenciales.

Las autoridades gubernamentales han criticado la postura de la COB, a la que acusan de mantener posiciones contradictorias y obstaculizar el avance de los acuerdos. Según reportó Unitel, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, explicó que "Hace dos días parecía que teníamos un acuerdo porque la COB, la dirigencia nos ha mostrado una posición de que había artículos buenos y otros que son malos, que merecían observación y avanzamos en ese trabajo y había un principio de acuerdo". Espinoza afirmó también que solicitó a la COB precisar y formalizar su postura por escrito para clarificar ante la ciudadanía cuáles son sus demandas exactas. Según su versión, esta solicitud habría motivado la salida de los representantes sindicales del espacio de diálogo.

Mientras la COB refuerza su llamado a la acción colectiva para revertir el decreto, el Ejecutivo boliviano insiste en que mantiene las puertas abiertas para el diálogo pero advierte que responderá con acciones para contener cualquier escalada del conflicto. Unitel informó que las autoridades han señalado la necesidad de actuar frente a los bloqueos ya activos y evitar que los desórdenes se amplíen en el resto del territorio nacional.

El contexto inmediato muestra que el clima de protesta comenzó a intensificarse desde el mes anterior, periodo en el que al menos ocho personas resultaron detenidas durante manifestaciones acaecidas en la ciudad de La Paz, destinadas a rechazar las políticas económicas del presidente Paz. El conflicto actual se suma a la serie de tensiones recurrentes entre el Gobierno y los sindicatos bolivianos en torno a las políticas de subsidios y ajustes económicos, reiteró la cadena Unitel.

La situación permanece en desarrollo, con la COB movilizando a sus bases y otros grupos afines, mientras el Gobierno monitorea el avance de los bloqueos y refuerza su mensaje de disposición al diálogo bajo condiciones de control social. La presión sobre el Ejecutivo no sólo proviene de las calles, sino que impacta en sectores económicos que dependen de la libre circulación y del acceso a combustibles. El país se enfrenta así a un escenario de alta volatilidad, agravado por la incertidumbre sobre si las partes retomarán una negociación efectiva en los próximos días, conforme informó Unitel.

El impacto de la movilización convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) sumió en una situación crítica a un grupo de siete ciudadanos colombianos que, tras permanecer varios días varados, no logran regresar al país debido a bloqueos en más de 40 puntos a lo largo del territorio.

Estas interrupciones, derivadas de protestas contra la eliminación de subsidios, no solo frustraron los planes de viaje, sino que colocaron en riesgo el bienestar de quienes se ven atrapados lejos de sus destinos previstos.

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Maribel Camacho Gallo, una de las afectadas, precisó en entrevista con La FM que la odisea del grupo, que inició como un recorrido turístico por lugares emblemáticos como el Salar de Uyuni, se convirtió en un trayecto lleno de incertidumbre y temor. Los viajeros partieron el 7 de enero de 2026 con la intención de llegar a La Paz, por vía terrestre y tras visitar el país abordar su vuelo de regreso, pero se encontraron con que, desde la madrugada del 8 de enero, un bloqueo en un pueblo distante tres horas de la capital boliviana les cerró cualquier posibilidad de avanzar.

Según relató, enfrentan serias dificultades para cubrir necesidades básicas, por la ausencia de servicios sanitarios y la imposibilidad de acceder a alimentos por no disponer de efectivo suficiente ni de sistemas de pago electrónico.

Indicó que los manifestantes han tenido comportamientos hostiles hacia quienes intentan evadir los bloqueos establecidos por la Central Obrera Boliviana. Al referirse a un episodio específico en el poblado de Ayo Ayo, Camacho contó: “La comunidad fue muy violenta con nosotros, nos dijeron que no nos iban a dejar pasar y que si nos subíamos al bus nos apedrearían”.

Dadas las circunstancias, el grupo decidió abordar un autobús turístico, situación que agravó las tensiones. Camacho Gallo explicó que utilizaron piedras y otros objetos para atacarlos, por lo que tuvieron que huir del bus en el que se transportaban y dirigirse a zonas rurales para poder resguardarse.

“Nos subimos a los buses de turismo y empezaron a lanzarnos piedras. Nos replegamos y nos ubicamos al lado de una escuela rural”, señaló al medio citado.

Como consecuencia de estos hechos, los viajeros perdieron el vuelo de regreso a Colombia y, actualmente, permanecen en el pueblo de Tolar, a una hora y media de La Paz, después de avanzar apenas cinco kilómetros a pie debido a los bloqueos. La distancia recorrida, así como la ubicación remota, agravan la incertidumbre sobre cuándo podrán regresar.

Frente a la imposibilidad de llegar al aeropuerto y la cancelación del vuelo con Avianca, el grupo solicitó a la aerolínea que reubique sus pasajes sin penalidad, alegando fuerza mayor por la crisis social. Gallo destacó que, tras entablar comunicación con la empresa, fueron notificados que deben de pagar una cifra monetaria para reprogramar el vuelo. Esta exigencia representa un obstáculo insalvable, según los propios afectados.

“Nos dicen que esto es una cancelación de vuelo voluntario y debemos pagar cerca de $4.000.000 para volar de nuevo y eso es imposible, ellos no consideran que esto es algo que sale de nuestras manos”, expuso.

En cuanto a gestiones diplomáticas, Camacho Gallo remarcó que la respuesta tanto de la Embajada como del Consulado de Colombia en Bolivia fue inexistente, por lo que hicieron un llamado al Gobierno nacional para poder ser repatriados lo más pronto posible.

“Los hemos contactado y nos han dicho que no pueden hacer nada frente a los bloqueos”, afirmó la viajera al medio colombiano, recalcando su pedido solidario a la aerolínea para que replantee su postura y permita el retorno de los colombianos atrapados en Bolivia.

El Gobierno de Bolivia anunció ajustes al Decreto Supremo 5503 que establece nuevas medidas económicas y que provocó el rechazo de algunos sectores sociales tras su promulgación el 17 de diciembre.

La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, afirmó que los artículos que se prevé modificar no afectan al “fondo” de la norma, sino que corresponden únicamente a ajustes de forma. “Las conclusiones se darán a conocer mañana (viernes), son 35 artículos que solamente se modificarían en forma y no en fondo”, afirmó Barrientos y descartó que la norma sea derogada.

“El decreto que ha generado el Gobierno es de `sinceramiento’ de la economía que está generando múltiples ventajas para la población y que nos obliga a establecer una lógica de austeridad para estabilizar el país y luego generar riqueza”, manifestó en una rueda de prensa.

A pesar de haberse alcanzado acuerdos con algunas organizaciones, la Central Obrera Boliviana (COB) exige su abrogación y que los 120 artículos sean tratados en normas diferentes: por un lado, mantener la eliminación del subsidio a los combustibles, con la que están de acuerdo; y por otro, remitir ciertos artículos del decreto a la Asamblea Legislativa para que sean tratados de manera diferenciada a través de una ley.

La observación principal está relacionada con un nuevo procedimiento administrativo para los contratos de inversión sobre recursos naturales denominado “fast track”, que establece un mecanismo de aprobación expedita mediante decreto. Según algunos analistas, este proceso eliminaría el rol del Legislativo y omitiría otros requisitos constitucionales, como los estudios ambientales y la consulta previa en comunidades afectadas.

“Que vaya adelante la subvención, paralelamente a la abrogación de este decreto”, afirmó Mario Argollo, dirigente de la COB, durante un encuentro con ministros el miércoles, que entró en receso sin darse a conocer detalles de la reunión.

Tras varios días de protestas, el movimiento obrero inició esta semana un bloqueo de caminos a nivel nacional que se fue masificando y a primera hora de este viernes tenía 43 piquetes simultáneos, la mayoría en el departamento de La Paz (20). También se registraron cortes de rutas en Cochabamba (7), Potosí (6), Oruro (6) y Santa Cruz (4), según el reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras.

En paralelo a las manifestaciones en las calles, se interpusieron siete acciones constitucionales ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para revisar este y otro decreto, proceso que podría dilatarse debido a la falta de quórum en esa instancia.

En el Legislativo también hubo rechazo a algunas medidas que establece la norma. Legisladores de oposición —como el senador de la alianza Libre, José Manuel Ormachea y la senadora de Unidad, Cecilia Requena— observaron que al menos cinco artículos del decreto son inconstitucionales.

“Uno lee el decreto y parece crear una forma paralela de firma de contratos sobre recursos naturales que ni siquiera da tiempo para cumplir con la consulta previa e informada, una licencia ambiental”, observó Requena y agregó que modificar o derogar los artículos relacionados no implica la abrogación de toda la norma.

En tanto, el vicepresidente Edmand Lara, que hace poco se declaró opositor al gobierno, presentó un proyecto de ley destinado a dejar sin efecto los artículos que considera “inconstitucionales”. Flanqueado por asambleístas, el vicepresidente entregó la documentación para su tratamiento legislativo, bajo el argumento de que las actuales disposiciones vulneran la Constitución Política del Estado y desplazan las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

De acuerdo con la viceministra Barrientos, la tarde de este viernes se anunciarán las conclusiones de las mesas técnicas con organizaciones sociales, que pueden ser decisivas para definir los ajustes finales al Decreto Supremo 5503 y el curso del conflicto social en torno a la norma.

En medio de una ola de protestas por el Decreto Supremo 5503, que dispone medidas económicas para hacer frente a la crisis que atraviesa el país, cuatro ministros del Gobierno de Bolivia se reunieron este miércoles con dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) para dialogar sobre el alcance de la norma.

Si bien no se informaron los avances concretos de la negociación, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, señaló que “se han aproximado todas las diferencias que se habían manifestado” y que “existe un ambiente de preacuerdo para poder pacificar al país”, que lleva tres semanas de movilizaciones y tres días de bloqueos a nivel nacional.

La demanda de los trabajadores es abrogar el decreto y avanzar con dos normas por separado: por un lado, la eliminación del subsidio a los combustibles, con la que están de acuerdo; y por otro, remitir ciertos artículos del decreto a la Asamblea Legislativa para que sean tratados de manera diferenciada a través de una ley.

La polémica gira básicamente en torno a un nuevo procedimiento administrativo para los contratos de inversión sobre recursos naturales. El decreto establece un mecanismo de aprobación expedita mediante decreto, lo que según analistas eliminaría el rol de la Asamblea Legislativa y omitiría otros requisitos constitucionales, como los estudios ambientales y la consulta previa en comunidades afectadas, por la estrechez de los plazos definidos.

“Que vaya adelante la subvención, paralelamente a la abrogación de este decreto”, afirmó Mario Argollo, dirigente de la COB. Al concluir la reunión, los cerca de 40 afiliados al movimiento obrero que participaron en el encuentro se retiraron de la sala de reuniones coreando: “¡abrogación!”, “¡abrogación!”.

El diálogo entró en receso hasta este jueves. Si bien el Gobierno descarta eliminar la norma, ha manifestado su disposición para hacer ajustes al decreto. “Nosotros hemos hecho esto por el bien de todo el país, esto era una necesidad, ahora si hay que corregir o mejorar, lo hagamos, para eso estamos en esta mesa”, afirmó el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, durante la reunión.

Mientras se reanudan las negociaciones, las medidas de presión se mantienen y la Administradora Boliviana de Carreteras reportó 20 puntos de bloqueo en todo el país la mañana del jueves.

En paralelo a la demanda de los trabajadores, el Gobierno encuentra resistencia entre algunos parlamentarios. Legisladores de las alianzas Libre y Unidad expresaron su preocupación por artículos que consideran que vulneran la Constitución Política del Estado (CPE) y recortan atribuciones del Órgano Legislativo.

Ambas bancadas afirman que si bien no exigen la abrogación de la norma, plantean la eliminación de los artículos observados, en particular los que afectan la competencia legislativa para aprobar créditos y contratos de inversión.

En esa línea, el vicepresidente Edmand Lara anunció un proyecto de ley para frenar dos decretos: el 5503 observado por la COB y el 5515, que faculta al presidente Rodrigo Paz a gobernar a distancia y no delegar el mando si se ausenta temporalmente del país.

“En el transcurso de mañana presentaremos un proyecto de ley para poner un alto a esos decretos inconstitucionales. Y pedimos a todos los senadores y diputados del país ponerse la mano al pecho, pensar en el país porque la solución está en la Asamblea”, informó Lara a través de un video publicado en TikTok, plataforma en la que tiene una presencia activa e intercambia diálogo con sus seguidores.

Las decisiones asumidas en esta jornada pueden ser decisivas para desactivar el conflicto en las calles y bajar la tensión en la esfera política cuando se cumplen dos meses de gobierno.

En el segundo día de bloqueos, se registran al menos 13 cortes de ruta en Bolivia, la mayoría concentrados en el norte y el occidente del país. La Central Obrera Boliviana (COB) encabeza la medida de presión a la que se sumaron otros sectores que reclaman la abrogación del Decreto Supremo 5503 que establece una serie de medidas económicas para enfrentar la crisis fiscal que atraviesa el país.

El lunes, los dirigentes de la COB abandonaron una reunión con el Gobierno luego de protagonizar una marcha de tres días —a la que denominaron “Bolivia no se vende”— en rechazo a la negativa de abrogar la norma. A partir de entonces, advirtieron con radicalizar sus protestas y bloquear caminos a nivel nacional.

La propuesta de la COB busca separar el contenido de decreto promulgado por el presidente Rodrigo Paz el 17 de diciembre: por un lado establecer la subvención de los combustibles y el incremento de bonos sociales que ya están contenidos en la norma actual; y por otro, remitir a la Asamblea Legislativa otros artículos del decreto que según los dirigentes de los trabajadores merecen un tratamiento diferenciado.

La polémica gira básicamente en torno a un nuevo procedimiento administrativo para los contratos de inversión sobre recursos naturales. El decreto establece un mecanismo “fast track” de aprobación expedita mediante decreto, lo que según analistas eliminaría el rol de la Asamblea Legislativa y omitiría otros requisitos constitucionales, como los estudios ambientales y la consulta previa en comunidades afectadas, por la estrechez de los plazos definidos.

Mientras la COB persiste con las protestas y exige la eliminación de la norma y la liberación de afiliados detenidos en las protestas del lunes, el gobierno busca lograr consensos con otros sectores. El martes hubo una reunión entre dos ministros y representantes de más de 40 organizaciones sociales para explicar el contenido del decreto, aclarar observaciones y escuchar las preocupaciones en torno a las medidas.

“Todo lo que son bloqueos es el pasado, el pasado ya no puede estar dentro de los bolivianos, lo que nosotros hacemos es dialogar con todos los sectores. La COB está invitada a dialogar, es la idea tener este tipo de diálogo maduro, no podemos cerrarnos”, manifestó el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.

Para este miércoles se tiene previsto otro encuentro entre el Gobierno y sectores sociales, pero no se ha confirmado la presencia de la Central Obrera. Félix Nina, dirigente del ente obrero en La Paz, condicionó la presencia del movimiento de los trabajadores a la liberación de al menos 20 detenidos el lunes, durante los enfrentamientos que hubo en La Paz al finalizar la marcha.

Si bien algunos ministros han manifestado que existe disposición para hacer ajustes al decreto, descartan la abrogación de la norma.

“Abrimos un espacio de diálogo, pero lamentablemente (la COB) venía sólo con una consigna: abrogación del 5503. Obviamente la respuesta es no, el 5503 no se va a abrogar”, manifestó el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo en una entrevista con el medio El Deber. Sin embargo, señaló que están “abiertos a discutir artículo por artículo” para ver si hay “alguna corrección, mejora o contribución”.

En ese contexto, las negociaciones entre el movimiento obrero y la administración de Rodrigo Paz están en punto muerto: por un lado, la intransigencia de dialogar hasta que no se abrogue el decreto y, por otro, la negativa categórica del Gobierno a dar marcha atrás.

Tras una jornada violenta en La Paz con el arribo de una marcha en rechazo al Decreto Supremo 5503 que establece nuevas medidas económicas en Bolivia, la Central Obrera Boliviana (COB) determinó iniciar este martes un bloqueo de caminos a nivel nacional para exigir la abrogación de la norma.

A primera hora de la mañana, los medios locales registraban al menos cuatro piquetes en la carretera que une a los departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba, en el occidente y centro del país, lo que provocó la suspensión de la salida de buses de transporte interdepartamental.

El lunes, los dirigentes de la COB abandonaron un encuentro con el Gobierno y entregaron una propuesta escrita sobre la cual quieren iniciar las negociaciones. Entre tanto, Mario Argollo, máximo dirigente del ente obrero, señaló que radicalizarán las medidas de presión hasta que reciban una respuesta favorable de parte del Gobierno.

La propuesta de los trabajadores básicamente consiste en abrogar el decreto y reemplazarlo por una norma de alcance más limitado que incluya la reducción de la subvención a los combustibles y el incremento de los bonos sociales que han sido planteados por el Gobierno.

Para los dirigentes de la COB, el decreto actual tiene “artículos de contrabando” que facilitan el trámite para la firma de contratos de inversión en recursos estratégicos como minería, hidrocarburos o litio. A través de un mecanismo “fast track”, la norma actual establece un proceso acelerado para la aprobación de contratos mediante decreto supremo.

La COB y las organizaciones afiliadas que participan en las protestas exigen que esos artículos sean eliminados y transferidos a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su debate y reglamentación.

La COB ha advertido que la implementación de un “decreto paralelo” es la única forma de desactivar las medidas de presión y espera una respuesta oficial sobre su planteamiento en las próximas horas.

En respuesta, la administración de Rodrigo Paz ha manifestado que está abierta al diálogo y ha convocado a una nueva reunión el miércoles en la que se instalarán mesas técnicas para discutir el alcance de la norma. Sin embargo, tanto el presidente Paz como sus ministros descartaron la abrogación del decreto.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, manifestó en una entrevista que el “decreto es perfectible” y que el Gobierno está dispuesto a “mejorarlo y complementarlo”. Sin embargo, señaló que “eso no significa que el decreto deba ser derogado, todo lo contrario, hay que avanzar en esa línea hacia la estabilización de la economía”.

La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, señaló que las protestas responden a intereses de los dirigentes para mantener sus privilegios y dijo que “no tienen moral” para hacer reclamos porque durante las gestiones del Movimiento Al Socialismo (2006-2025, con excepción de un año) fueron beneficiados por el Estado.

“No tienen moral para hablar de reivindicación o de lucha social”, afirmó Barrientos en una entrevista en el canal Bolivisión. “¿Dónde estaba la CPB mientras nos saqueaban durante 20 años? Estaban recibiendo autos y `pegas’ (cargos públicos)”, manifestó.

Mientras crece la incertidumbre sobre la transitabilidad en el país y la masificación de los bloqueos, el conflicto entre el Gobierno y la COB se mantiene abierto, a la espera de definiciones que permitan avanzar en el diálogo o profundicen las medidas de presión en las próximas horas.

Este lunes está previsto el arribo a La Paz de una marcha encabezada por la Central Obrera Boliviana (COB) contra el Decreto Supremo 5503 que establece una serie de medidas económicas para enfrentar la crisis fiscal que atraviesa el país. La movilización, denominada “Bolivia no se vende”, está integrada por al menos 2.500 personas, según una estimación de la Defensoría del Pueblo.

La marcha partió el sábado de la localidad de Calamarca, distante a 70 kilómetros de la sede de Gobierno, con representación de sectores mineros, campesinos y maestros, entre otros. Según reportes de la prensa local, el domingo hubo disputas entre los marchistas por la presencia de cocaleros del Trópico de Cochabamba, bastión del expresidente Evo Morales (2006-2019), a quienes un grupo de manifestantes intentó expulsar.

Al concluir la caminata este lunes, la administración de Rodrigo Paz convocó a los dirigentes a una reunión en la Casa de Gobierno para explicar en detalle el decreto e instalar mesas técnicas para “escuchar sus sugerencias”, informó el viceministro de Coordinación de la Gestión Pública, Julio Linares, en entrevista con el canal estatal. Si bien el funcionario aseguró que se escucharán propuestas porque todas las medidas “son perfectibles”, descartó la derogación del decreto.

Los principales puntos en discusión tienen que ver con la eliminación del subsidio de los combustibles, que se traduce en un aumento del 86% y 163% en el precio de la gasolina y el diésel, y la implementación de un mecanismo de aprobación exprés de contratos relacionados con recursos naturales mediante decreto supremo.

El canciller boliviano, Fernando Aramayo, defendió este domingo la norma, aseguró que no entrega recursos naturales a inversionistas extranjeros y afirmó que las protestas están impulsadas por una “aristocracia sindical minera” que no quiere perder sus privilegios.

Tras la promulgación del decreto, el 17 de diciembre, sectores afiliados a la COB iniciaron una serie de medidas de presión y los dirigentes tuvieron una reunión con el Gobierno en la que no se alcanzaron acuerdos.

“No estamos pidiendo nada inconstitucional, nada ilegal, porque este decreto maldito, por donde quiera que se lo vea es inconstitucional y en ese sentido tenemos que ser fuertes y perseverantes”, manifestó Mario Argollo, máximo dirigente sindical de los trabajadores durante la marcha.

Los manifestantes también protestan contra el Decreto Supremo 5515, promulgado el 29 de diciembre, que autoriza al presidente a gobernar a distancia mediante el uso de medios tecnológicos cuando se encuentre fuera del país. La medida busca evitar que el vicepresidente Edmand Lara asuma el mando en ausencia de Rodrigo Paz, quien confirmó su asistencia al Foro Económico Mundial que se realizará entre el 19 y el 23 de enero en Davos, Suiza.

La medida, que contradice la Constitución Política del Estado, que establece que ante la ausencia del presidente asume el mando el vicepresidente y a falta de éste el presidente del Senado y luego de Diputados; ha generado polémica y el rechazo de varios sectores, incluido el Comité Cívico de Santa Cruz que se ofreció como mediador entre el presidente y vicepresidente para superar sus diferencias.

Los expresidentes de Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé y Evo Morales, han cuestionado este jueves la constitucionalidad del decreto 5515, que autoriza al presidente Rodrigo Paz a ejercer sus funciones mediante medios tecnológicos desde el extranjero en casos de ausencia temporal. La promulgación de la norma, aprobada en la última sesión del gabinete ministerial, coincide con un momento de marcada tensión entre Paz y el vicepresidente Edmand Lara.

El surgimiento del decreto 5515 se inserta en una prolongada crisis de gobernabilidad en Bolivia. La relación entre Paz y Lara ha sido conflictiva desde la victoria electoral que los llevó a la presidencia y vicepresidencia en octubre de 2025, agudizándose tras el controversial decreto 5503, que puso fin a más de 20 años de subsidio a los combustibles. Las fricciones dentro del Ejecutivo han alcanzado su punto máximo con la inminencia del viaje internacional de Paz a Suiza para asistir al Foro Económico Mundial entre el 19 y 23 de enero, evento que podría situar por primera vez en la era Paz al vicepresidente Lara al mando del país.

Cuestionamientos constitucionales y protestas sindicales

Rodríguez Veltzé, quien presidió la Corte Suprema de Justicia y ocupó la presidencia de Bolivia entre 2005 y 2006, planteó en su cuenta de X que la coordinación y cooperación entre los órganos del poder público constituyen la base de la organización del Estado, exigiendo a sus titulares respeto a estos principios constitucionales por encima de sus diferencias personales o políticas. Además, calificó como un error escalar los desencuentros entre presidente y vicepresidente a través de medidas de dudosa constitucionalidad, y reclamó un mayor sentido de responsabilidad en la función pública.

Por su parte, Evo Morales, presidente de Bolivia entre 2006 y 2019, aseguró que Paz gobierna con “decretazos”, cuestionando tanto la eliminación del subsidio a los combustibles como la utilización de “instrumentos tecnológicos” para dirigir el país desde el exterior. Morales afirmó que con estas medidas, Paz “anula las competencias de la Asamblea Legislativa y cambia la Constitución”, y solicitó al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo de Justicia y a la Fiscalía General del Estado demostrar independencia y legalidad a través de una actuación pronta.

La Central Obrera Boliviana (COB), el sindicato más grande del país, ha criticado públicamente los decretos 5503 y 5515, considerando que ambos fuerzan el marco constitucional y subordinan las instituciones del Estado a intereses del poder ejecutivo. La COB mantiene una huelga indefinida desde hace once días exigiendo la anulación de la suspensión del subsidio a los combustibles.

Detalles de la normativa y la crisis interna

El decreto 5515 establece que el presidente de Bolivia debe ejercer sus atribuciones a través de medios tecnológicos de comunicación durante ausencias temporales del país. Si los recursos tecnológicos no están disponibles, el jefe de Estado está obligado a informar por escrito, de forma precisa y detallada, al vicepresidente sobre las acciones a tomar mientras esté vigente la suplencia.

Lara, quien frecuentemente utiliza Tiktok, ha criticado de manera constante a Paz y a su gabinete, acusándolos de corrupción y de provocar una agitación social tras el cese de los subsidios. Además, Lara ha manifestado su apoyo a las protestas encabezadas por la COB, profundizando las divisiones en el Ejecutivo y señalando el impacto social de las recientes medidas económicas.

En medio de la escalada institucional, Morales denunció que Paz “pisotea” el derecho de la población a ser consultada y “entrega ilegalmente” los recursos naturales a “corporaciones transnacionales”.

Afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) instalaron este lunes tres piquetes de huelga en La Paz, en rechazo al Decreto Supremo 5503, que establece una serie de medidas económicas para afrontar la crisis fiscal. Los piquetes están en la sede de la COB, en la del Magisterio Urbano y en la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia.

La medida de presión se inició tras una marcha de protesta en la sede de Gobierno que exige la abrogación del decreto que algunos sectores consideran perjudicial para la población, al aplicar ajustes económicos como la eliminación del subsidio a los combustibles y el encarecimiento del diésel y la gasolina.

“Me duele que mis compañeras tomen esta medida extrema para conmover y tocar el corazón de los gobernantes”, manifestó Mario Argollo, máximo dirigente de los trabajadores en el séptimo día de protestas.

Los dirigentes de la COB se reunieron la semana pasada con el Gobierno de Rodrigo Paz, pero no alcanzaron ningún acuerdo. El ente sindical exige que se abrogue el decreto, mientras que en el Ejecutivo afirman que no darán marcha atrás en una medida que consideran “el punto de partida de un nuevo modelo de país”.

En los últimos días, la administración de Paz sostuvo reuniones con otros sectores —como transportistas, comerciantes y mineros cooperativistas— para sumar respaldo a la medida.

El Decreto Supremo 5503 rige desde el 17 de diciembre y los ajustes al precio del combustible están acompañados por otras medidas, como el incremento del 20% al salario mínimo y un mecanismo fast track para contratos sobre recursos naturales que podrán ser aprobados sin control parlamentario en 30 días.

Para Argollo, estas disposiciones “rifan” el país. “Lastimosamente, este decreto vende el país, rifa el país. Creo que hemos socializado y estamos llegando a la concientización (…), no estamos aquí por locos, ni por intereses políticos (…), no nos vamos a parcializar por ningún gobierno de turno”, señaló citado por el periódico La Razón.

En tanto, el Gobierno defiende la totalidad de las medidas, incluyendo la implementación de procedimientos administrativos acelerados para atraer inversiones.

El fin de semana, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, difundió un mensaje a través de redes sociales en el que aseguró que el Gobierno continuará trabajando “para sacar a Bolivia de la crisis” y llamó a los sectores sociales movilizados a dejar de lado la confrontación, los bloqueos y la violencia.

“Estamos aquí para dar la vuelta a la hoja, pasar de la cultura de la confrontación, los bloqueos y la violencia a la de la tolerancia, la convivencia y el diálogo para vivir y trabajar en paz y en libertad”, afirmó en un video.

Las movilizaciones de la COB se desarrollan en un escenario marcado por tensiones sociales y económicas. Bolivia enfrenta desde hace más de dos años, una crisis financiera marcada por la escasez de dólares y el aumento sostenido de los precios de la canasta familiar.

Si bien el decreto incluye algunas medidas sociales, como el aumento del salario mínimo y de bonos que benefician a estudiantes y adultos mayores, hay sectores que las consideran insuficientes cuando el país alcanzó el 20% de inflación interanual y algunos economistas proyectan que seguirá en ascenso con el ajuste en el precio de los combustibles.

El retiro del subsidio a los combustibles, vigente en Bolivia durante más de dos décadas, ha desencadenado una ola de protestas encabezada por sindicatos agrupados en la Central Obrera Boliviana (COB) y mineros estatales.

Desde hace una semana, estos sectores mantienen una huelga indefinida y han intensificado las movilizaciones en ciudades clave del país para exigir la derogación del decreto 5503, que estableció aumentos del 86% en la gasolina y del 162% en el diésel respecto al precio subvencionado.

El líder de la COB, Mario Argollo, encabezó este lunes una nueva marcha en La Paz y anunció la incorporación de un grupo de mujeres mineras a una huelga de hambre en señal de protesta.

“Me duele que mis compañeras tomen esta medida extrema para conmover y tocar el corazón de los gobernantes y que no sean insensibles”, expresó Argollo.

La dirigente Beatriz Choque, representante del distrito minero de Porco, en la región andina de Potosí, reafirmó el compromiso del sector.

“Lucharemos de pie hasta el triunfo mis queridos bolivianos, por nuestros hijos y por nuestros nietos”, dijo.

El impacto de la medida ha sido inmediato en la economía cotidiana. El precio del litro de gasolina subió de 53 centavos de dólar a un dólar, mientras que el diésel pasó de 53 centavos a 1,4 dólares. Consumidores y comerciantes reportan incrementos en los costos de productos y servicios.

Miriam Huarina, una de las huelguistas, describió el efecto en el día a día: “Se ha disparado el costo de todo”. Un plato de comida en un mercado popular saltó de 15 a 22 bolivianos (de 2,15 a 3 dólares) tras la eliminación del subsidio.

El gobierno boliviano, encabezado por el presidente Rodrigo Paz, mantiene firme su decisión y descarta la posibilidad de restituir el esquema de subvenciones.

El Ejecutivo argumenta que la política de precios congelados, sostenida durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, resultó en una sangría de divisas y agravó la crisis económica. Paz ha defendido que el retiro del subsidio era inevitable para evitar el colapso de las reservas internacionales y garantizar la provisión regular de combustibles, que escasearon durante más de un año en el país.

El decreto 5503, que entró en vigor hace poco más de una semana, fue acompañado por medidas compensatorias. El salario mínimo nacional aumentó de 2.750 a 3.300 bolivianos (de 395 a 474 dólares), y se anunciaron incrementos en el bono para estudiantes del sistema público y en la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social. Sin embargo, para los sindicatos movilizados, estas medidas no compensan la pérdida del poder adquisitivo ni el encarecimiento de la canasta básica.

Las protestas han sido especialmente visibles en La Paz y Cochabamba, donde mineros de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) también marcharon por las calles principales. Dirigentes como Praxides Castañón advirtieron que las movilizaciones “van a ser indefinidas hasta que se pueda abrogar el decreto”. Castañón criticó al Ejecutivo por convocar al diálogo sin estar dispuesto a revertir la medida: “Nosotros vamos a estar hasta las últimas consecuencias”, afirmó.

La COB, que durante años fue aliada de los gobiernos de izquierda, ha convocado a una huelga general, aunque solo los mineros estatales y los maestros la cumplen de forma indefinida. Otros sectores, como transportistas, comerciantes y la mayoría de los mineros cooperativistas, han abandonado las protestas tras alcanzar acuerdos parciales con el gobierno.

En contraste, parte de la población paceña ha expresado rechazo a las marchas y bloqueos, argumentando que agravan la situación económica y afectan la movilidad urbana.

En el trasfondo del conflicto, Bolivia enfrenta una inflación interanual que superó el 20% en noviembre, tras un pico de casi 25% a mediados de año.

El retiro de las subvenciones es visto por el gobierno como un paso necesario para frenar el deterioro fiscal y evitar el contrabando de combustibles subsidiados a países vecinos. Sin embargo, los sindicatos exigen una respuesta inmediata a la pérdida de ingresos y al aumento del costo de vida.

Las conversaciones entre la COB y el presidente Paz no han logrado destrabar el conflicto. El Ejecutivo insiste en que el reemplazo del subsidio por transferencias directas y el aumento salarial son la única vía sostenible para equilibrar las cuentas públicas y reactivar la economía.

Los sindicatos, en cambio, mantienen la presión en las calles y advierten que no levantarán las medidas hasta que se derogue el decreto 5503 y se restablezca el subsidio a los combustibles. El país se mantiene a la expectativa de una resolución que permita recuperar la estabilidad social y económica.

(Con información de EFE y AFP)

Los sindicatos cocaleros del Trópico de Cochabamba anunciaron este domingo su adhesión a las manifestaciones de la Central Obrera Boliviana (COB) contra el Decreto Supremo 5503 que dispone una serie de medidas económicas para enfrentar la crisis fiscal que atraviesa el país.

Wilma Colque, presidenta de las seis federaciones cocaleras, convocó a los afiliados a una reunión este martes 30 de diciembre en la que determinarán las acciones a seguir. “Vamos a participar en estas marchas y movilizaciones para abrogar el decreto. No se trata solamente del gasolinazo o la subvención, detrás de esto hay 121 artículos que perjudican y está rifando a Bolivia con todos sus recursos naturales”, manifestó Colque.

El decreto, promulgado el 17 de diciembre por el presidente Rodrigo Paz y su gabinete de ministros, articula un paquete excepcional de ajustes para estabilizar la macroeconomía y asegurar el abastecimiento de combustibles.

Entre las medidas más visibles está el levantamiento de las subvenciones a los hidrocarburos, que resultó en un incremento de los precios del diésel y la gasolina; además de un mecanismo “fast track” para acelerar inversiones y flexibilizaciones impositivas y aduaneras destinadas a atraer capital y favorecer la importación de bienes productivos.

La norma también incluye beneficios económicos como el incremento del 20% en el salario mínimo nacional y el aumento de bonos sociales para estudiantes del sistema público y de la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social.

Para la dirigente cocalera, el decreto es “inconstitucional” porque diseña un mecanismo de aprobación de contratos sobre recursos naturales que omite algunas disposiciones constitucionales como la consulta previa en las comunidades afectadas y la aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Rechazamos contundentemente”, finalizó Colque en un video difundido en redes sociales este domingo.

La semana pasada, la COB encabezó marchas para exigir la aprobación del decreto que terminaron en enfrentamientos con la Policía y una reunión con el Gobierno en la que no se alcanzaron acuerdos. En ese contexto, los dirigentes anunciaron que continuarán movilizados con el respaldo de trabajadores mineros, campesinos, fabriles y maestros rurales.

El decreto también ha profundizado la grieta entre Paz y el vicepresidente Edmand Lara, quien se ha declarado en “oposición constructiva” frente al Gobierno. El fin de semana, Lara expresó su apoyo a las protestas y arremetió contra la administración de Paz en un mensaje difundido en redes sociales: “Este Gobierno se ha puesto del lado de los ricos y ha lanzado un decreto que yo llamo del hambre, del desempleo”.

El vicepresidente pidió a los sectores movilizados que sean “fuertes” y les dijo que “se vienen días mejores”.

Mientras algunos sectores se mantienen en pie de protesta, el Gobierno afirmó que no dará marcha atrás en la implementación de las medidas y busca sumar respaldo al paquete de reformas económicas mediante reuniones con diferentes sectores sociales.

El fin de semana, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, difundió un mensaje a través de redes sociales en el que aseguró que el Gobierno continuará trabajando “para sacar a Bolivia de la crisis” y llamó a los sectores sociales movilizados a dejar de lado la confrontación, los bloqueos y la violencia.

“Estamos aquí para dar la vuelta a la hoja, pasar de la cultura de la confrontación, los bloqueos y la violencia a la de la tolerancia, la convivencia y el diálogo para vivir y trabajar en paz y en libertad”, afirmó en un video.

Los sindicatos agrupados en la Central Obrera Boliviana (COB) marcharon este viernes por quinto día consecutivo en las calles de La Paz para exigir la anulación del decreto que eliminó la subvención a los combustibles, una medida vigente por más de dos décadas y que, según los trabajadores, perjudica a la mayoría del pueblo boliviano.

La COB mantiene una huelga indefinida, aunque hasta el momento solo la acatan los mineros estatales, mientras otros sectores sindicales suspendieron sus protestas tras negociaciones con el Ejecutivo.

El decreto en cuestión, identificado como Decreto Supremo 5503, fue promulgado hace poco más de una semana y dispuso el incremento del precio de los combustibles, con un alza del 86% en la gasolina y del 162% en el diésel respecto a los valores mantenidos con el subsidio.

Esta decisión del Gobierno de Rodrigo Paz generó una reacción inmediata de la COB, que resolvió intensificar las movilizaciones y extender la protesta a todo el país.

El máximo dirigente de la COB, Mario Argollo, declaró a EFE: “Este decreto está hecho para las transnacionales, empresarios, agroindustriales que se van a beneficiar, pero para el pueblo boliviano significa ajustarse más aún el cinturón”.

Argollo recalcó que la protesta responde a una reivindicación considerada justa por la dirigencia sindical. “Las bases son pacíficas, vamos a hacer conocer nuestra protesta y llegar hasta el último rincón del país, hermanos bolivianos entiendan el contexto de este decreto”, enfatizó Argollo.

Durante el feriado nacional decretado por el Gobierno para incentivar el turismo a fin de año, las marchas recorrieron el centro de La Paz, concentrando la atención de la opinión pública y de los medios nacionales.

La COB convocó a un encuentro nacional y ratificó la realización de un paro general indefinido hasta lograr la abrogación del decreto. El secretario ejecutivo de la organización, Mario Argollo, expresó tras la asamblea: “Se ha determinado seguir con la movilización y con el paro general indefinido y escalonado. Ha sido la posición firme de las bases”.

Las marchas de la COB no lograron el respaldo de toda la población en La Paz y encontraron rechazo en parte de los ciudadanos, según testimonios recogidos por EFE. La dirigencia sindical insiste en que el objetivo es concienciar a la ciudadanía sobre el impacto de la eliminación del subsidio y sostiene que, una vez comprendidos los alcances del decreto, la población respaldará la protesta.

La eliminación de la subvención a los combustibles provocó un fuerte aumento en los precios internos, con la duplicación del valor de la gasolina y la triplicación del diésel.

El subsidio, uno de los mayores gastos del Estado boliviano, representaba un desembolso semanal de aproximadamente USD 60 millones para la importación de combustibles, en un contexto de baja producción nacional y caída de la renta petrolera.

(Con información de EFE)

La movilización coincide con un feriado nacional, declarado por el Gobierno de Rodrigo Paz con la finalidad de promover el turismo en las últimas semanas del año. La multitud recorrió calles céntricas de La Paz, localidad que alberga tanto la sede del Ejecutivo como la del Legislativo. Según detalló EFECOM, la protesta forma parte de una huelga general indefinida, convocada el pasado lunes por la COB, aunque hasta ahora solo los mineros bajo contrato estatal han seguido plenamente la medida.

La vigencia del decreto 5503 introdujo cambios significativos en los precios de combustibles. EFECOM reportó que la gasolina subió un 86 % respecto al valor subsidiado y el diésel un 162 %, terminando abruptamente con una política de subsidio que se mantuvo durante más de veinte años. Este incremento ha sido acompañado por contramedidas anunciadas por el Gobierno, entre ellas el aumento del salario mínimo nacional, que pasó de 2.750 a 3.300 bolivianos (aproximadamente de 395 a 474 dólares). Además, se incrementaron bonos estudiantiles y pensiones dirigidas a personas mayores sin cobertura de seguridad social.

El Ejecutivo justificó la eliminación de la subvención alegando que la medida permite restablecer el abastecimiento regular de diésel y gasolina, que según el Gobierno había mostrado deficiencias durante alrededor de un año y medio. EFECOM consignó que el retiro del subsidio traería consigo un ahorro estatal diario de 10 millones de dólares, recursos cuyo destino específico no se detalló en las declaraciones oficiales.

La protesta de la COB, según expuso Argollo a EFECOM, no obedece a intereses sectoriales ni partidistas. El dirigente subrayó que la movilización sigue una “reivindicación justa”, destinada a “concientizar y llegar hasta el último rincón del país”. Argollo expresó que cuando la ciudadanía comprenda la finalidad del decreto, la central obrera encontrará respaldo en la opinión pública. Insistió en que las manifestaciones se han mantenido pacíficas.

El conflicto ya produjo instancias de diálogo. El martes, los dirigentes de la COB sostuvieron una reunión con el presidente Paz. Según EFECOM, en ese encuentro la organización sindical condicionó la continuación de las negociaciones a la derogación previa del decreto, exigencia que el Gobierno rechazó explícitamente y declaró inaceptable.

Otros sectores laborales y productivos, como los transportistas, comerciantes y mineros que actúan en cooperativas, aceptaron acuerdos con el Ejecutivo y suspendieron sus propias protestas. Así, la huelga indefinida de la COB se sostiene solo entre los mineros estatales, mientras las marchas sindicales han enfrentado rechazo de parte de la población de La Paz, según registró EFECOM.

En cuanto a la situación política, EFECOM recordó que la COB ha mantenido históricamente una relación de alianza con los anteriores Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025). No obstante, el contexto actual revela un quiebre con la administración de Rodrigo Paz, marcado por la demanda de la derogación del decreto y la decisión de endurecer las acciones sindicales.

Frente a la negativa oficial para revertir la medida, Argollo explicó que la organización minero-sindical prevé el desarrollo de nuevas estrategias de protesta. “Vamos a pensar en nuevas estrategias de lucha, no vamos a dejar este camino”, expresó el dirigente a EFECOM. Añadió que las acciones continuarán hasta lograr respuestas a sus demandas.

EFECOM indicó que el Gobierno sostiene que la eliminación del subsidio era inviable financieramente y subrayó los supuestos beneficios para la economía nacional al asegurar el suministro de combustibles y liberar recursos significativos para el erario público. Hasta el momento, el panorama sigue marcado por la firme postura sindical y la decisión oficial de mantener el decreto vigente.

Un encuentro nacional de la Central Obrera Boliviana (COB) este 25 de diciembre determinó realizar un paro de actividades indefinido en demanda de la abrogación del Decreto Supremo 5503, que, entre otros aspectos, dispuso la eliminación de la subvención a los combustibles y el incremento de su precio en el mercado interno.

Los dirigentes de los trabajadores anunciaron la llegada de afiliados a la sede de Gobierno donde se concentrarán las protestas. “Se ha determinado seguir con la movilización y con el paro general indefinido y escalonado. Ha sido la posición firme de las bases”, anunció el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, al finalizar el encuentro.

El dirigente consideró que las otras medidas que incluye el decreto, como un mecanismo de aprobación expedita y en tiempo récord de contratos sobre recursos naturales, abren las puertas para que las empresas transnacionales tomen control de la riqueza natural. “El decreto es altamente perjudicial para los trabajadores, la economía nacional y la Madre Tierra, ya que implica la enajenación de nuestros recursos naturales”, afirmó Argollo, citado por el portal de noticias Visión 360.

En paralelo a la reunión de la COB, un encuentro de trabajadores mineros realizado acordó continuar con las protestas en La Paz e iniciar movilizaciones en otras regiones en reclamo contra el decreto.

El Gobierno minimizó los anuncios de masificación de protestas y aseguró que no constituye un “conflicto nacional”. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, manifestó que las protestas de los obreros son aisladas y que otros sectores han apostado por el diálogo y la negociación.

“Esto ya no es un conflicto nacional, son algunos conflictos reducidos, aislados, que todavía persisten en el país. Hemos intentado acercamientos con la COB y ni siquiera están queriendo conversar. Creo que no es el ejemplo que se ha seguido acá en Santa Cruz y en otros sectores que han accedido al diálogo”, dijo el viceministro en entrevista con el canal Unitel.

Justiniano destacó otras medidas del decreto, como el incremento del 20% en el salario mínimo nacional, condonación de impuestos hasta 2025, el diferimiento de créditos y otras. “El decreto llegó para quedarse”, afirmó Justiniano, descartando su anulación.

Este escenario de tensión surge tras la eliminación de la subvención a los carburantes que durante más de 20 años habían sido vendidos en el mercado local a un precio fijo significativamente más bajo que el internacional.

Esta política de subsidio suponía uno de los mayores gastos públicos: cada semana se destinan cerca de 60 millones de dólares para la importación de diésel y gasolina debido a la baja producción local. Adicionalmente se crearon redes de contrabando que vendían combustible en las fronteras generando una pérdida anual estimada en 600 millones de dólares, según datos oficiales.

Con la crisis económica y la caída en la renta petrolera, la subvención se tornó cada vez más difícil de sostener. El 17 de diciembre, el presidente Rodrigo Paz y sus ministros anunciaron el Decreto Supremo 5503 que levanta el subsidio a los carburantes, lo que para los ciudadanos se traduce en la duplicación del precio de la gasolina y la triplicación del diésel.

En la primera semana en vigencia del decreto, Paz ha logrado el respaldo de algunos sectores y neutralizar las protestas, con dos días feriados de por medio, pero queda pendiente lograr consensos mayores con las organizaciones que consideran que la norma requiere ajustes o debe ser abrogada.

La Central Obrera Boliviana (COB), la mayor entidad sindical de Bolivia, decidió este jueves mantener las protestas contra el decreto que retiró la subvención a los combustibles, incluida una huelga general indefinida que, por el momento, solo cumplen los mineros que trabajan para el Estado, tras una reunión realizada en La Paz.

“Seguir con la movilización, con el paro general indefinido escalonado”, afirmó ante los medios el máximo dirigente de la COB, el minero Mario Argollo, al término del encuentro de los sindicatos afiliados a la entidad. La dirigencia resolvió sostener las medidas de presión pese a la disminución de participantes en las marchas registradas en los últimos días.

Los sindicatos movilizados, integrados en su mayoría por trabajadores mineros, continuarán concentrados en La Paz, sede del Gobierno y del Ejecutivo boliviano, y mantendrán las protestas incluso “pese a los feriados” por las fiestas de fin de año, según indicó Argollo. El dirigente señaló que las manifestaciones seguirán de forma permanente mientras el decreto continúe vigente.

Durante la reunión también se definió impulsar marchas en las nueve regiones del país y profundizar la difusión del contenido de la norma. “Se ha determinado socializar aún más este decreto”, sostuvo Argollo, al señalar que el objetivo es que la población comprenda que la medida resulta “dañina” para los trabajadores y “para la economía del país”. Según el dirigente, la decisión del Ejecutivo permitirá “enajenar” los recursos naturales de Bolivia.

Antes del encuentro, los afiliados a la COB volvieron a marchar por el centro de La Paz en rechazo al decreto, aunque con una participación menor respecto de los primeros días de protestas. Las movilizaciones comenzaron el lunes, cuando la entidad sindical convocó a una huelga general e indefinida contra la eliminación de la subvención a los combustibles.

La COB, que fue aliada política de los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), mantiene la convocatoria a la huelga, aunque la medida solo es acatada por los mineros estatales. Otros sectores que inicialmente se sumaron a las protestas, como transportistas, comerciantes y mineros cooperativistas, levantaron las medidas tras alcanzar acuerdos con el Ejecutivo.

En La Paz, las marchas impulsadas por la COB recibieron cuestionamientos de parte de sectores de la población, que expresaron rechazo a los bloqueos y a la continuidad de las protestas en el centro de la ciudad. Las autoridades municipales informaron afectaciones al tránsito y a las actividades comerciales durante las jornadas de movilización.

Los dirigentes de la COB se reunieron el martes con el presidente Rodrigo Paz, en un intento de abrir un canal de diálogo. Sin embargo, el encuentro finalizó sin acuerdos, debido a que la entidad sindical condicionó cualquier negociación a la derogación previa del decreto, una posibilidad que el Gobierno descartó de manera pública.

En las últimas horas, el vicepresidente Edmand Lara, ex policía, expresó su respaldo a los sectores movilizados mediante un video difundido en TikTok. En el mensaje, Lara pidió a los manifestantes que sean “fuertes” y aseguró que “los tiranos van a caer” y que “se vienen días mejores”.

“Sabíamos que no iba a ser fácil, sabíamos que los corruptos iban a resistir, pero hemos abierto una puerta, ahí estoy yo para defenderlos”, afirmó Lara en el video. El vicepresidente se declaró días atrás en “oposición constructiva” al presidente Paz, lo que generó reacciones dentro del oficialismo.

El decreto 5503, vigente desde hace poco más de una semana, fijó nuevos precios para los combustibles, con incrementos del 86% en la gasolina y del 162% en el diésel en relación con los valores subvencionados que rigieron durante más de 20 años. La medida formó parte de un paquete económico anunciado por el Ejecutivo.

El retiro de la subvención estuvo acompañado por otras decisiones, como el aumento del salario mínimo, que pasó de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares), y la suba de beneficios sociales, entre ellos el bono para estudiantes del sistema público y la renta destinada a adultos mayores sin aportes a la seguridad social.

El Gobierno defendió el decreto al sostener que la subvención a los combustibles ya no resultaba sostenible y afirmó que su eliminación permitió garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina, que fue irregular durante casi un año y medio. Según el Ejecutivo, la medida genera un ahorro diario de 10 millones de dólares para el Estado.

(Con información de EFE)

Después de una reunión infructuosa entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el gobierno liderado por Rodrigo Paz, la organización sindical anunció la continuación de las movilizaciones en protesta por el Decreto 5503, que pone fin a las ayudas al diésel junto a un centenar de disposiciones adicionales. Según informó el medio, representantes de la COB salieron de la reunión con el Ejecutivo señalando que no hubo ningún progreso en lo referente a su principal exigencia: la derogación de la normativa mencionada.

De acuerdo con lo publicado, las protestas en La Paz tuvieron su momento más crítico cuando manifestantes intentaron irrumpir en los alrededores de la Plaza Murillo, zona sede del Gobierno boliviano. Durante ese episodio, los participantes detonaron artefactos de dinamita, lo que provocó lesiones en varios miembros de la policía que custodiaban el perímetro de seguridad. El avance sobre la plaza se produjo en el marco de un rechazo abierto a las nuevas medidas económicas dispuestas por el Ejecutivo, centradas principalmente en la supresión del subsidio al diésel.

El medio detalló que la jornada de protestas resultó en la detención de al menos ocho personas. Las fuerzas de seguridad recurrieron al empleo de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y evitar una escalada mayor en los incidentes, que incluyeron enfrentamientos directos entre los congregados y la policía. Según consignó el medio, el principal sindicato del país lideró la protesta y, tras los disturbios, confirmó que las acciones de presión proseguirán en tanto no exista respuesta favorable por parte del gobierno.

Horas después de los enfrentamientos, delegados de la COB mantuvieron un encuentro con el presidente Paz y otros funcionarios, aunque la reunión no cambió la posición oficial sobre el Decreto 5503. Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, aseguró tras el cónclave que el gobierno no mostró disposición alguna de aceptar la derogación del decreto. De acuerdo con declaraciones recogidas por el medio, el sindicato tildó la nueva regulación de “totalmente neoliberal” y advirtió de efectos negativos a futuro para distintos sectores.

Tal como informó el medio, el Decreto 5503 no solo elimina el subsidio al diésel, sino que forma parte de un paquete que involucra más de cien medidas económicas. Las autoridades justifican la decisión como necesaria para el ajuste fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas, mientras que organizaciones sindicales y sociales argumentan que el costo recaerá en la población, especialmente en los trabajadores y sectores más vulnerables.

La Central Obrera Boliviana, posicionada como el principal sindicato del país, expresó su rechazo a las medidas mediante protestas que, según el medio, concentraron a numerosos manifestantes frente a la sede del gobierno. Tras los incidentes, la organización sindical reiteró su intención de mantener la presión en las calles y buscar la reversión del decreto.

Los disturbios registrados incluyeron detonaciones de pequeños explosivos y lanzamientos de objetos, lo que obligó a un despliegue masivo de las fuerzas de seguridad en puntos estratégicos de la ciudad. El medio reportó que los incidentes dejaron como saldo varios heridos entre los agentes policiales y la detención de ocho personas vinculadas con las acciones más violentas.

En las declaraciones públicas recogidas tras la reunión con el Ejecutivo, los líderes sindicales insistieron en caracterizar el conjunto de medidas como una imposición sin consulta que, a su juicio, responde a intereses ajenos al bienestar general. La COB, por medio de su secretaria ejecutiva y otros portavoces, enfatizó que el decreto persistirá como objeto de disputa hasta que el gobierno modifique su postura.

Dentro de la agenda sindical se contempla la organización de nuevas marchas y actos de protesta para los próximos días, con el propósito de forzar una revisión de las recientes decisiones económicas. El medio resaltó la tensión creciente en la capital boliviana y la persistencia del conflicto social como resultado del desacuerdo entre el Ejecutivo y los representantes laborales.

Al cierre de la jornada, las posturas no mostraban indicios de acercamiento y tanto las autoridades como las organizaciones sindicales manifestaron su determinación de sostener sus respectivas posiciones. Según consigna el medio, la dinámica de movilizaciones podría continuar en el futuro inmediato, con la COB manteniendo su llamado a acciones de presión y el Gobierno reafirmando la vigencia del Decreto 5503 y su paquete económico.

La eliminación del subsidio estatal a los combustibles en Bolivia provocó este martes una escalada de violencia en el corazón político del país. Una marcha convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) terminó en enfrentamientos con la Policía en las inmediaciones de la plaza Murillo, en La Paz, donde funcionan el Palacio de Gobierno y el Congreso. Al menos cuatro agentes resultaron heridos y debieron ser trasladados a centros médicos.

La movilización reunió a cientos de trabajadores, en su mayoría mineros estatales y privados, además de maestros rurales y obreros fabriles. Los manifestantes intentaron ingresar por la fuerza a la plaza Murillo desde varios accesos, retirando vallas de seguridad y presionando los cordones policiales desplegados para resguardar el kilómetro cero del poder político boliviano.

Durante los incidentes se escucharon detonaciones de petardos y cargas de dinamita, un recurso habitual en protestas mineras en Bolivia, lo que elevó el nivel de riesgo en una zona densamente transitada.

La Policía respondió con gases lacrimógenos y gas pimienta para dispersar a los manifestantes y evitar el ingreso al perímetro oficial. Un efectivo policial confirmó que “han hecho explotar dinamita; se realizará la evaluación médica para determinar las causas de las heridas y ya se activó el traslado en ambulancia”.

El intercambio se concentró en calles clave del centro histórico, como Yanacocha, Comercio, Socabaya y Potosí, y se extendió durante unos 25 minutos. Tras la dispersión, los manifestantes se replegaron hacia la avenida Mariscal Santa Cruz, una de las principales arterias de La Paz, que quedó bloqueada durante varias horas, afectando el tránsito y la actividad comercial.

El máximo representante de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Andrés Paye, sostuvo que la movilización tenía carácter pacífico y responsabilizó a las fuerzas de seguridad por la violencia. “Le decimos al Gobierno y a la Policía que no estén gasificando. Nosotros estamos aquí y ellos provocan”, afirmó, al justificar el uso de explosivos como una reacción defensiva.

La protesta se enmarca en el rechazo al Decreto Supremo 5503, que dispuso el retiro total del subsidio a la gasolina y al diésel, vigente durante más de dos décadas. La medida implicó aumentos del 86 % en el precio de la gasolina y del 162 % en el diésel.

El Gobierno de Rodrigo Paz argumenta que mantener la subvención sería fiscalmente inviable y que en 2026 demandaría un gasto equivalente al 6,4 % del producto interno bruto.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, defendió la decisión y llamó a la desescalada.

“Respetamos toda movilización que respete los derechos de otros”, señaló, al tiempo que expresó su expectativa de que “esto no pase de una gasificación” y se retome el diálogo. Sin embargo, cuestionó la postura de la COB de exigir la anulación del decreto como condición previa. “Eso no es diálogo”, afirmó.

Las protestas no se limitaron a La Paz. En El Alto, ciudad vecina y bastión sindical, grupos de vecinos bloquearon la salida hacia Oruro, mientras que en el departamento de Chuquisaca se reportaron cortes de ruta protagonizados por sectores campesinos. La COB convocó además a una huelga general indefinida, aunque su acatamiento ha sido dispar.

El conflicto representa el primer gran desafío social para el presidente Paz desde su asunción el 8 de noviembre. La Defensoría del Pueblo desplegó personal para mediar en la zona de los enfrentamientos, mientras comerciantes del centro expresaron su preocupación por las pérdidas económicas en un período de alta actividad previo a las fiestas.

(Con información de EFE)

Una multitudinaria marcha de mineros paralizó este lunes el centro de La Paz, en el inicio de un paro obrero nacional convocado para rechazar la eliminación del subsidio a los combustibles establecida por el nuevo gobierno del presidente Rodrigo Paz. La medida de fuerza incluyó además protestas en otras ciudades del país.

“Estamos en las calles en una lucha que va a continuar hasta derogar ese decreto que elimina la subvención”, dijo Andrés Paye, dirigente minero, a la prensa. “Este gobierno aprueba normas para favorecer a los empresarios y castigar a los pobres”, agregó.

En la sede de gobierno, la policía cercó los accesos a la plaza Murillo, donde se encuentra el Palacio de Gobierno, para impedir el ingreso de los manifestantes. La marcha de mineros congestionó las principales calles del centro paceño, mientras que en la vecina ciudad de El Alto juntas vecinales mantenían cortadas varias avenidas. Además, se reportaron bloqueos carreteros en rutas de seis de las nueve regiones de Bolivia, según la Administradora de Carreteras.

En Cochabamba, la tercera ciudad del país, sindicatos afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) protagonizaron una marcha y bloquearon dos rutas troncales que conectan con el oriente boliviano.

El paro general fue convocado por la Central Obrera Boliviana (COB), aunque su impacto fue parcial. El gobierno logró desactivar la protesta del sector transporte tras cerrar acuerdos durante el fin de semana con la mayoría de sus sindicatos y abrió negociaciones con otros sectores.

En La Paz, el transporte público funcionó con normalidad, mientras que en Santa Cruz, la ciudad más poblada del oriente, el servicio urbano fue escaso. “No hay paro, los transportistas trabajaremos en servicio del pueblo”, dijo a la prensa Lucio Gómez, dirigente del gremio, tras la reunión con autoridades. Otro dirigente sindical, Luis Paco, reconoció que el retiro del subsidio era previsible: “Sabíamos que en algún momento iba a terminar la subvención, no era el momento, no se concertó el ajuste, pero era inevitable”, señaló.

Paz, quien asumió el cargo el 8 de noviembre, puso fin a un subsidio a los combustibles que se había mantenido durante más de 20 años por los gobiernos de izquierda, con un precio de 0,53 dólares por litro. Según el Ejecutivo, las importaciones de gasolina y diésel —que alcanzaban los 3.000 millones de dólares anuales— agotaron las reservas de divisas y profundizaron la peor crisis económica que atraviesa el país en cuatro décadas, tras el declive de la industria de hidrocarburos, principal sostén de la economía boliviana.

“El país está enfermo y hay que sanarlo. Cada día se destinan 10 millones de dólares a una subvención que termina beneficiando al contrabando. La medida no tiene marcha atrás, pero es el punto de partida”, afirmó el mandatario centroderechista durante un encuentro con ciudadanos el domingo en la televisora estatal.

Desde el gabinete, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, sostuvo que “estas medidas inician un nuevo ciclo país tras 20 años de populismo”, mientras que el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, remarcó que la eliminación del subsidio implica “un ahorro de 10 millones de dólares al día para el Estado”.

Como medidas complementarias, Paz decretó un aumento salarial del 20% que beneficiará al 15% de la fuerza laboral formal, dado que el 85% de los trabajadores se desempeña en el sector informal. Asimismo, mantuvo los bonos sociales para ancianos y familias pobres, los cuales —según anunció— tendrán un incremento, y autorizó a los transportistas a importar autopartes sin aranceles.

Las decisiones del Ejecutivo cuentan con el respaldo de los sectores empresariales y del gobierno de Estados Unidos. En ese marco, Paz busca atraer inversiones externas para reactivar la economía.

“Los grupos afines a Evo Morales y la COB están buscando mostrar su fuerza, pero han quedado debilitados”, analizó el politólogo Carlos Cordero. “En muchos sectores del país hay la convicción de que el ajuste era necesario. Los que perdieron poder buscan recuperar convocatoria en las elecciones de abril de gobernadores y alcaldes cuando se complete de reconfigurar el poder político en Bolivia”.

(Con información de AP)

El Gobierno de Bolivia anunció la noche de este domingo que llegó a un acuerdo con la Confederación Sindical de Choferes con el que se suspendieron los bloqueos de caminos anunciados para este lunes en rechazo a la aprobación del Decreto Supremo 5503 que, entre otras cosas, levanta la subvención de los combustibles y aumenta su precio en el mercado interno.

El acuerdo fue anunciado por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, quien destacó la predisposición al diálogo de ese sector de los transportistas. “Esta es la forma de hacer las cosas”, sostuvo Zamora en una conferencia de prensa al finalizar el encuentro.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Confederación, Lucio Gómez, aseguró que durante la reunión se atendieron las demandas planteadas por los choferes y que en los próximos días se continuarán tratando los temas pendientes. Mientras tanto, afirmó: “No hay paro, vamos a trabajar para servir al pueblo”.

Si bien se logró frenar una de las principales protestas, otros sectores mantienen su rechazo al decreto como la Central Obrera Boliviana (COB), que ratificó la realización de una marcha de El Alto a La Paz, para exigir la abrogación de la norma. “La COB no va a negociar al margen del pueblo ni va a decepcionar la confianza depositada”, afirmó Mario Argollo, secretario ejecutivo de la entidad.

Argollo hizo un llamado a organizaciones sociales, juntas vecinales y ciudadanía en general a sumarse a una movilización que calificó como reivindicativa y no política. “Con este decreto están atentando directamente contra la economía del pueblo”, arengó.

Algunos sindicatos de choferes también mantienen en pie su protesta. En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la más grande y poblada del país, los conductores de buses se replegaron este lunes dejando sin servicio de transporte público a la población, mientras que en Cochabamba los choferes del transporte libre realizan bloqueos.

En otras regiones, como en la ciudad sureña de Tarija, hay pocos buses en servicio y los que circulan duplicaron la tarifa del pasaje sin acuerdo previo con la Alcaldía.

Precisamente el punto central de la discusión con los choferes tiene que ver con el precio del pasaje que está regulado por los gobiernos locales. En ese sentido, el Gobierno se comprometió a convocar a alcaldes y gobernadores este lunes para establecer, junto a los choferes, criterios que permitan definir los nuevos precios del transporte urbano e intermunicipal.

Estos encuentros se dan en medio de un nuevo escenario económico tras la eliminación de la subvención a los carburantes. Durante más de 20 años, el Estado subsidió el diésel y la gasolina vendiéndolos a un precio fijo significativamente más bajo que el precio internacional (equivalía a 0,53 centavos de dólar).

Esta política suponía uno de los mayores gastos públicos: cada semana se destinan cerca de 60 millones de dólares para la importación de combustible debido a la baja producción local.

Con la crisis económica y la caída en la renta petrolera, la política de subsidios se tornó cada vez más difícil de sostener. El 17 de diciembre, el presidente Rodrigo Paz y sus ministros anunciaron el Decreto Supremo 5503 que levanta el subsidio a los carburantes, lo que se traduce en la duplicación del precio de la gasolina y la triplicación del diésel.

Si bien la norma incluye otros puntos, como el aumento del salario mínimo nacional o la aprobación exprés de contratos sobre recursos naturales, el tema del combustible centró la atención pública y desató protestas.

En los primeros cinco días de la medida, Paz parece capear parcialmente las manifestaciones a través de acuerdos sectoriales, pero queda pendiente lograr consensos mayores que devuelvan la normalidad del servicio sin generar un perjuicio económico mayor a una población ya golpeada por la crisis.

El Gobierno de Bolivia anunció un incremento del 10% en salario mínimo y del 5% en el haber básico luego de llegar a un acuerdo con la Central Obrera Bolivia (COB). El aumento ha provocado el rechazo de varios sectores económicos que fueron excluidos de las negociaciones y advierten que la medida generará despidos masivos y el cierre de empresas.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) emitió un comunicado en el que señala que el alza tendrá impactos negativos en la sostenibilidad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, y en el empleo forma y advirtió que “el Gobierno deberá asumir la responsabilidad por las consecuencias de esta determinación”.

Por otro lado, la presidenta de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, Helen Rivero, manifestó que la disposición es parte una estrategia electoral de cara a los comicios generales del próximo 17 de agosto. “Esta es una medida política y electoral para ganar votos, el Gobierno está tratando de congraciarse con los empleados públicos para tener un voto seguro”, sostuvo en declaraciones recogidas por Unitel.

Aunque el presidente Luis Arce no ha confirmado su postulación a la reelección, luego de hacer el anuncio del alza salarial en la casa de Gobierno, acudió a un mitin político donde sus seguidores lo “proclamaron” candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) para las elecciones, pese a su bajo desempeño en las encuestas.

Para este incremento, el Gobierno explicó que tomó como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la gestión 2024, que llegó a 9,97%. En medio de las críticas, el presidente Arce defendió la medida y la calificó como “absolutamente racional” porque aumentará el flujo económico y permitirá que las familias puedan mantener “un consumo adecuado para garantizar su bienestar”.

Bolivia atraviesa desde hace dos años una crisis económica marcada por la escasez de dólares, periodos de desabastecimiento de combustible y un aumento sostenido de los precios de la canasta familiar. Si bien el Gobierno no ha devaluado la moneda, ha surgido un mercado paralelo de divisas donde el dólar se cotiza a más del doble del tipo de cambio oficial, lo que ha elevado los costos de producción de las industrias porque los insumos resultan cada vez más caros.

En ese marco, la Cámara Nacional de Industria manifestó que el aumento de este año no es viable porque hubo un descenso de la actividad económica en el país y argumentó que las empresas enfrentan problemas por la falta de dólares y la escasez de diésel y gasolina. A través de un comunicado, pidieron “congelar” los salarios para evitar que el incremento provoque “un mayor déficit fiscal” y se constituya en un factor de “inestabilidad macroeconómica”.

Bolivia este año fue calificado con el riesgo país más alto de Sudamérica, solo después de Venezuela, y las proyecciones económicas en el corto plazo no son alentadoras. En los tres primeros meses del año, el país acumuló una inflación del 5% y organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional calculan que llegará a más de 15% en diciembre, y que la próxima gestión la inflación será aún mayor.

Los sueldos suben cada año

Desde que el Movimiento al Socialismo (MAS) llegó a la poder en 2006, cada año el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) acuerdan el porcentaje del alza salarial que se oficializa a través de un Decreto Supremo cada 1 de Mayo, en el Día Internacional de los Trabajadores.

Este año, la COB había pedido un aumento del 15% en el salario mínimo y del 20% en el sueldo básico, una demanda que negoció con el Gobierno sin que los empresarios privados fueran parte de las negociaciones.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 25 años el salario mínimo nacional se incrementó en 604%, pasando de 355 bolivianos a 2.500 en 2024.

Con el alza anunciado este lunes, el salario mínimo de este año quedará establecido en 2.750 bolivianos lo que equivale a unos 362 dólares al tipo de cambio oficial. Sin embargo, ante la escasez de dólares en el mercado formal, el salario equivale a 196 dólares blue.

Como todos los años, la Central Obrera Boliviana entregó al Gobierno la solicitud de aumento al salario mínimo y el haber básico. En medio de la crisis económica que afecta el país, marcada por la escasez de dólares y el incremento sostenido de los precios de la canasta familiar, los trabajadores pidieron un incremento del 20% y 15% respectivamente.

El pedido se oficializó este jueves en una reunión entre los dirigentes de la COB y el presidente Luis Arce. “La propuesta está sujeta a discusión, como siempre lo hicimos, en la comisión económica, ya con estos antecedentes de un estudio en los diferentes mercados y la preocupación de los bolivianos de la pérdida adquisitiva del salario”, sostuvo el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi.

El presidente Arce informó que se conformarán cuatro comisiones para atender la demanda salarial y un listado de reclamos sindicales adicional. “(Vamos a) velar para que aquellos sectores que están siendo afectados puedan tener una compensación salarial justa en el marco de la economía nacional”, manifestó el mandatario a tiempo de señalar que la especulación de precios habría provocado un aumento de la inflación.

Bolivia atraviesa desde inicios de 2023 dificultades económicas marcadas por crisis cambiaria. A partir de entonces se restringieron las transacciones en dólares y se limitaron los giros y el uso de tarjetas bancarias en el extranjero. Si bien el Gobierno no ha devaluado la moneda, surgió un mercado paralelo de divisas en el que el boliviano se devaluó progresivamente hasta alcanzar el 70% de depreciación actual.

Esto ha limitado las importaciones de combustible provocando frecuentes periodos de escasez y el incremento constante de los precios. Bolivia cerró el 2024 con casi el 10% de inflación -el porcentaje más alto de los últimos 16 años- y este año apunta a dispararse aún más: los dos primeros meses de 2025, la inflación acumulada llegó a 3,24%, casi la mitad de lo proyectado por el Gobierno para todo el año, lo que marca una tendencia inflacionaria alta para los siguientes meses.

En ese marco, el ministro de Trabajo y Previsión Social, Erland Rodríguez, calificó la demanda de los obreros como “porcentajes un poquito altos” y dijo que serán trabajados en mesas técnicas.

El sueldo mínimo de Bolivia es de 2.500 bolivianos, equivalentes a 360 dólares al tipo de cambio oficial y menos de 250 al cambio del mercado paralelo. En mayo de 2024, se subió en 5,85% el salario mínimo nacional y en 3% el haber básico, y la demanda de los trabajadores para ese año había sido del 8% y 7% respectivamente.

Ante el pedido de la COB, varios sectores empresariales e industriales han rechazado la propuesta que consideran “exorbitante” e “irreal”. En un comunicado, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia manifestó que “la grave crisis económica que afecta a las empresas privadas, especialmente las medianas y pequeñas, las ha colocado en una situación de indefensión extrema; que se vería seriamente agravada por aumentos salariales desproporcionados; y provocaría un escenario incontrolable de cierres, desinversión y precariedad”. En la misma nota, la entidad solicita al Gobierno escuchar los argumentos y propuestas del sector empresarial antes de tomar cualquier decisión.

De igual forma, el presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, manifestó que el aumento salarial demandado es “inviable” dada la coyuntura económica que atraviesa el país. Antelo reiteró en una rueda de prensa que se hicieron propuestas para paliar la crisis económica del país como reducir el aparato estatal y liberar las exportaciones para generar más divisas.

La Paz, 27 sep (EFE).- Sectores sindicales y organizaciones sociales afines al Gobierno de Luis Arce anunciaron este viernes que defenderán la democracia ante los "planes" de un "golpe de Estado" que atribuyen al expresidente y líder del oficialismo boliviano Evo Morales (2006-2019).

Los sindicatos de campesinos e indígenas leales a Arce agrupados en el llamado 'Pacto de unidad' y la Central Obrera Boliviana (COB), aliada política del Gobierno, hicieron este anuncio tras una reunión de análisis de la coyuntura realizada en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, en la que más temprano estuvieron el mandatario y sus ministros.

"El 'Pacto de Unidad' en coordinación con la Central Obrera Boliviana y todas las organizaciones sociales defenderemos nuestra democracia ante los planes de Evo Morales que pretende dar un golpe de Estado, intentando pisotear nuestra Constitución Política del Estado", señala el documento de resoluciones emitido por estos sectores.

También se declararon "en estado de emergencia permanente ante las amenazas de convulsionar el país" promovidas "por el evismo (los sectores afines a Morales) que tanto daño le hace al pueblo boliviano".

Los afines a Arce demandaron mayores controles contra la especulación en los mercados y mejorar la lucha contra el contrabando de combustibles y alimentos, ante el encarecimiento de algunos alimentos y la escasez sobre todo de diésel que se registra desde hace meses en el país.

Además pidieron una "evaluación inmediata" de ministros, viceministros y funcionarios encargados de entidades estatales para una "reconducción efectiva" del Estado para "dar una pronta respuesta" a problemas como la falta de dólares y combustibles y el encarecimiento de algunos productos básicos.

Estos sectores también amenazaron con tomar acciones "drásticas" si es que el Tribunal Constitucional y el órgano electoral no reconocen a la directiva nacional del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) que eligieron en un congreso partidario celebrado en mayo pasado.

En ese encuentro, los llamados 'arcistas' o afines a Arce eligieron al dirigente campesino Grover García como nuevo presidente del MAS en reemplazo de Morales, quien en un congreso realizado por sus seguidores en 2023 fue ratificado como líder del partido y declarado "candidato único" para las elecciones generales de 2025.

Ambos congresos fueron rechazados por el órgano electoral por no cumplir con algunos requisitos señalados en el estatuto del MAS.

La renovación de la dirección nacional del MAS y la postulación de Morales han profundizado la división en el partido gubernamental que comenzó a finales de 2021 y se agudizó en las últimas semanas ante una caminata liderada por el exmandatario para exigir, entre otros, que se reconozca el congreso que le nombró candidato para 2025.

El Gobierno ha señalado que la marcha fue el inicio de un plan para derrocar a Arce con la intención de que asuma la Presidencia del país Andrónico Rodríguez, titular de la Cámara de Senadores, y afín a Morales, para habilitar así la candidatura del exmandatario.

La facción oficialista afín a Morales tenía previsto bloquear carreteras desde el lunes para lograr atención a sus demandas, pero en la víspera decidió suspender la medida. EFE

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Los senadores y diputados de Bolivia legislan este jueves bajo amenaza de los seguidores del Gobierno, quienes instalaron una vigilia en la Asamblea Legislativa para exigir la aprobación de créditos internacionales que ayuden a paliar la crisis económica que enfrenta el país.

Este miércoles estaba programada una sesión de la Cámara de Senadores, pero se decidió cambiar la sede a la localidad de Uyuni, en Potosí, ante la amenaza que en días pasados hizo el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, de tomar el hemiciclo. Entre tanto, los diputados instalaron la sesión en medio de la vigilia a la Asamblea, pese a que varios consideraban que no hay garantías.

El Comando Departamental de la Policía de La Paz informó que dispuso de una cantidad significativa de efectivos policiales para resguardar el edificio y la integridad de los legisladores. La vigilia se instaló el martes luego de una “macha por la democracia”, que fue protagonizada por seguidores del Gobierno encabezados por la COB.

El orden del día de la sesión de la Cámara de Diputados consigna siete puntos, dos de los cuales son proyectos de ley para autorizar el desembolso de créditos externos por una suma total de 140 millones de dólares.

El punto 4 de la convocatoria indica que se analizará el “proyecto de Ley 449/2023-2024 que aprueba el contrato de préstamo 5865/OC-BO para el programa de administración de tierras para el desarrollo rural sustentable”. Fue suscrito el 23 de mayo de 2024 entre el Estado y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 40 millones de dólares.

El punto 5 se trata del “Proyecto de Ley 450/2023-2024 que aprueba el contrato de préstamo Bol38/2024 para el Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo, fase II”. El contrato fue suscrito con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) por 100 millones de dólares.

“No vamos a aprobar nada, se tiene que priorizar las iniciativas que tienen que ver con abrogar las leyes incendiarias”, manifestó al inicio de la sesión la diputada Samantha Nogales. “Esta sesión debería estar dedicada exclusivamente a los incendios forestales, lastimosamente el Gobierno lo único que hace es politizar, y todos los masistas son cómplices”, agregó.

Consultada por Infobae, la diputada Luciana Campero indicó que, hasta la publicación de esta nota, no se habían registrado incidentes con los manifestantes y que la oposición estaba intentando modificar el orden del día y tratar otras normativas.

Créditos externos

Los dos proyectos de ley de aprobación de créditos internacionales que se pusieron en la agenda de hoy, no son los únicos que el Gobierno espera.

Según informó el presidente Luis Arce, se trata de doce créditos que suman 1.076.760.000 dólares. En un mensaje a la nación, el presidente calificó la falta de tratamiento de estas leyes como un “bloqueo” y “boicot” a su gestión, y manifestó que es una de las causas de la falta de dólares en el país.

Legisladores del evismo y la oposición consideran que no se puede aprobar créditos hasta que no se explique el manejo y destino de los recursos. “No vamos a aprobar leyes económicas si el presidente no rinde cuentas, no le explica al pueblo boliviano y a los representantes del pueblo qué destino han tenido estos recursos, cómo se están utilizando, dónde se están utilizando. Por ello debemos señalar de forma firme y clara: no nos van a obligar a levantar la mano”, manifestó el diputado Renán Cabezas.

Desde hace más de un año que Bolivia atraviesa una crisis económica marcada principalmente por la escasez de dólares que ha derivado en el desabastecimiento periódico de combustible, el mismo que es subsidiado por el Estado y que representa uno de los mayores gastos públicos.

El dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, amenazó este lunes con tomar la Asamblea Legislativa Plurinacional en medio de la pugna interna del Movimiento Al Socialismo (MAS) que tiene a la organización obrera dividida entre los liderazgos de Evo Morales y Luis Arce.

“¡No vamos a parar compañeros, hoy más que nunca, mañana la marcha va a terminar con la toma física de la Asamblea Legislativa, y si no quieren legislar, carajo que asuman sus suplentes! Así nomás es, y si los suplentes no quieren, ¡vamos a plantear cierre del Parlamento, carajo!, ¡Qué viva la Central Obrera!”, vociferó el dirigente afín al Gobierno.

El conflicto inició cuando el lunes por la tarde, un grupo de seguidores de Evo Morales entró a la sede sindical para protestar contra Huarachi, a quien acusan de estar alineado con Luis Arce y ocupar el cargo ilegalmente, porque estaría fuera del plazo para el que fue elegido.

Con cohetes y carteles en mano que decían “¡Huarachi traidor, COB vendida, Huarachi corrupto!”, cerca de 50 manifestantes entraron por la fuerza a la sede sindical para exigir que su líder “dé la cara”.

Según la prensa local, la protesta estaba encabezada por Humberto Claros y Enrique Mamani, dirigentes de organizaciones sociales cercanos a Evo Morales, quienes dieron una conferencia de prensa desde la oficina de Huarachi.

“Al señor Huarachi, al señor Arce Catacora, la siguiente (vez) que vengamos no vamos a venir solo a protestar, ¡los vamos a venir a sacar a patadas!, a todos esos dirigentes malandrines que ahora se han auto prorrogado en la Central Obrera Boliviana. Esta es nuestra rabia que queremos hacer conocer a Bolivia”, manifestó Claros.

En medio de las crecientes manifestaciones que enfrenta el Gobierno por la crisis económica, la escasez periódica de combustibles, los incendios y los resultados del censo, entre otros, la COB convocó para este martes una marcha “en defensa de la democracia” y tiene previsto llegar a la Asamblea Legislativa para exigir la aprobación de créditos internacionales. Sin embargo, para Claros, el dirigente evista, la movilización de la COB es “una pantomima” que, en vez de defender a los trabajadores defiende a quienes están en el poder.

“Lo que tiene que hacer (Huarachi) es salir a defender al pueblo y no al Gobierno corrupto”, manifestó Claros antes de abandonar el edificio de la sede sindical.

Tras el incidente en la COB, el presidente Luis Arce pidió sanciones contra los dirigentes evistas y dijo que se trató de un “golpe sindical” que “no puede quedar impune”. Sin embargo, no hizo referencia a la amenaza a la institucionalidad legislativa que hizo Huarachi.

La declaración causó rechazo unánime en la oposición. La diputada Luisa Nayar cuestionó en su cuenta de X: “¿Cómo es posible que un patán abusivo y descalificado como Huarachi, se atreva a amenazar así al primer poder del Estado y quede impune?” y luego agregó “venga, Huarachi, con sus huestes violentas. No le tenemos miedo. Lo estaremos esperando armados de nuestra verdad y nuestra pasión por la libertad y la democracia”.

Huarachi, en el vaivén del poder

El liderazgo de Juan Carlos Huarachi se forjó en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia a través de la cual llegó a la dirección de la COB en febrero de 2018. Según el Estatuto Orgánico de la organización sindical, el mandato de la dirigencia tiene una duración de dos años con posibilidad de ser reelegido por un periodo adicional.

En entrevista en un programa televisivo, Humberto Claros manifestó que “Huarachi ya no es ejecutivo por norma estatutaria desde inicios del 2020. En ninguna parte del Estatuto dice que se puede auto prorrogar (…) ¿Qué Congreso lo ha elegido el señor Huarachi para estar ocho años ahí?”, manifestó.

La gestión de Huarachi es cuestionada, entre otras cosas, por la manera en la que se acomoda al poder de turno. Cuando fue electo dirigente de la COB, apoyó las políticas del entonces presidente Evo Morales y fue uno de sus principales aliados. Sin embargo, en medio de la crisis política de 2019 y horas antes de la caída del Gobierno, Huarachi le dio la espalda: en conferencia de prensa pidió su renuncia.

Luego fue acusado, sin pruebas, por el expresidente de haber recibido dinero del Gobierno interino de Jeanine Añez para promover “la pacificación del país”, algo que el aludido ha negado. Meses más tarde, Huarachi organizó marchas contra la postergación de las elecciones de 2020 y el Gobierno de Añez.

Una vez que Luis Arce asumió el poder, el dirigente sindical mostró afinidad con su Gobierno. Si bien ha manifestado varias veces que “no es masista”, en abril de este año, durante el aniversario de la COB, manifestó su apoyo al presidente: ˝Hoy ratificamos el compromiso de seguir acompañando a nuestro presidente y vicepresidente como institución obrera”, afirmó.

Opositores y afines al evismo, critican la politización de su liderazgo. Para el diputado Miguel Roca, la COB ya no existe y lo que hay en su lugar es “un sindicato prebendal y servil al Gobierno”.

Tras el levantamiento militar sucedido ayer, dos de las mayores e influyentes agrupaciones de trabajadores de Bolivia reclamaron este jueves una amplia investigación sobre el intento del golpe. También han pedido la reestructuración de las Fuerzas Armadas.

La Central Obrera Boliviana (COB), el mayor sindicato del país, ha señalado la necesidad de una reforma de las Fuerzas Armadas ya que no cree que lo ocurrido el día anterior frente a la sede del Gobierno en La Paz haya sido responsabilidad única del general Juan José Zúñiga Macías, Comandante General del Ejército del Estado Plurinacional de Bolivia designado por Luis Arce Catacora, y del vicealmirante Juan Arnez Salvador.

”Reitero, un análisis profundo porque, como piden los compañeros, tiene que haber una reestructuración al interior de las Fuerzas Armadas”, ha hecho suyas las demandas el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, quien ha insistido en llevar a cabo una investigación para hallar a todos los responsables.

”Hay que esperar seguramente las investigaciones (...) Nosotros lo primero que tenemos que garantizar es que se restablezca la paz, la tranquilidad en las familias bolivianas”, ha dicho Huarachi, quien ha rechazado las teorías de que el presidente Luis Arce hubiera orquestado un “autogolpe”.

Por su parte, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), ha reclamado a las autoridades que investiguen “hasta el último comandante” que está detrás de la intentona golpista, según informa la agencia ABI.

Así, el dirigente de la Csutcb Walter Trujillo ha adelantado que la organización exigirá 30 años de cárcel para los implicados, así como su baja inmediata de las Fuerzas Armadas. “En Bolivia ya no se aceptan dictaduras (...) los campesinos y obreros estamos preparados (...) así que no se equivoquen con el pueblo”, ha dicho.

Por su parte, la ONU también abogó este jueves por una investigación “exhaustiva e imparcial” y pidió “juicios justos” para los detenidos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, hizo énfasis en la importancia del rol que tendrán que tomar las autoridades bolivianas, quienes deben garantizar el respeto a los derechos humanos y proteger el orden constitucional.

Según el abogado y politólogo Carlos Sánchez Berzain, urge una investigación internacional del supuesto golpe, ya que el sistema en Bolivia no ofrece ninguna garantía de investigación idónea.

Por su parte, el canciller Luis Gilberto Murillo anunció que Bolivia hará una propuesta diplomática ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para llevar ante la justicia a quienes intenten derrocar gobiernos que han sido elegidos democráticamente. “Tenemos el objetivo de proponer ante la OEA, mecanismos para el juzgamiento de personas que propicien golpes de Estado”, comunicó.

Por otro lado, el vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, ha acudido a sus redes sociales para agradecer “a toda la población, organizaciones sociales, alcaldes, y a la comunidad internacional por defender la democracia”, pero también para exigir que todo el peso de la ley caiga sobre los autores de esta intentona.

”La democracia ha prevalecido en Bolivia, pero debemos mantenernos alertas por el bien de nuestro país y de las futuras generaciones”, ha destacado y solicita a la Justicia, tanto ordinaria como militar, juzgar “con todo el rigor de la ley al general Zúñiga y a todos los responsables”.

Hasta el momento, al menos 17 militares han sido detenidos, entre ellos los ya citados Zúñiga y Arnez Salvador. No obstante, de acuerdo con la investigación preliminar, no habrían sido los únicos en planificar la fallida asonada militar.

(Con información de Europa Press)