El presidente Rodrigo Paz cumple seis meses de gestión en una jornada marcada por conflictos sociales y pedidos de renuncia. Este viernes, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) registra 15 puntos de bloqueo concentrados en los departamentos de La Paz y Beni, por organizaciones sociales que exigen su renuncia y demandan la abrogación de una ley de conversión de tierras.

En la zona andina del país, la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari, con respaldo de la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Juntas Vecinales de La Paz, instruyó realizar un bloqueo de caminos indefinido, a partir del 6 de mayo, para exigir la renuncia del presidente Paz.

“La población ya está cansada, ya no quiere promesas, porque hemos tenido varios diálogos”, manifestó el dirigente de la federación campesina, Vicente Salazar. “Solamente es promesa, promesa, promesa”, agregó en referencia a los acuerdos entre el Gobierno y los transportistas, que se manifestaban para exigir mejorar la calidad del combustible y la infraestructura vial, además de celeridad en el pago de un resarcimiento de daños vehiculares.

Por otro lado, campesinos de la región amazónica del Beni exigen la abrogación de una norma que autoriza la conversión voluntaria de tierras. La Ley 1720, promulgada el 8 de abril, permite cambiar la clasificación de pequeñas propiedades a medianas, lo que las habilita como garantía para acceder a créditos bancarios.

Algunos campesinos y organizaciones ambientales y de derechos humanos expresaron su preocupación al considerar que pone en vulnerabilidad los territorios indígenas y que puede dar lugar al despojo y la concentración de tierras. Tras una marcha campesina de 27 días, el Gobierno se comprometió a promover la anulación de la norma en la Asamblea Legislativa pese a la resistencia de sectores empresariales y agroindustriales que la defienden como un mecanismo para impulsar el desarrollo rural.

La abrogación de la ley ya fue aprobada en una comisión legislativa y será tratada este viernes por la tarde en la Cámara de Diputados. “Tiene una base de ley buena, pero le faltó margen de diálogo en ciertos sectores”, manifestó el presidente Paz sobre la norma tras el acuerdo con los marchistas.

A estas protestas se suma la del magisterio, que anunció un paro de las labores educativas este lunes 11 de mayo para exigir incremento salarial y la dotación de más ítems, entre otras demandas.

En medio de esos frentes de conflicto, el Gobierno convocó a líderes políticos, organizaciones sociales, alcaldes, gobernadores y representantes de varios sectores del país a participar en un encuentro nacional este sábado en la ciudad de Cochabamba (centro).

El objetivo principal de la reunión es sumar respaldo a las políticas del Gobierno y generar consensos para garantizar la aprobación de leyes que se consideran estratégicas para recuperar la estabilidad económica e impulsar el desarrollo del país.

Según informó el vocero presidencial, José Luis Gálvez, se han cursado cerca de 600 invitaciones para el evento en el que se prevé que el presidente exponga la visión del Ejecutivo y las iniciativas que serán puestas a consideración de la Asamblea Legislativa en los próximos meses.

Algunos líderes políticos han confirmado su asistencia y otros, como el empresario y jefe de una bancada legislativa, Samuel Doria Medina, la han descartado al apuntar la imposibilidad de un generar un diálogo efectivo entre 600 personas. En ese marco, el encuentro también se convertirá en para medir el nivel de respaldo político al Gobierno en medio de la creciente conflictividad social.

La acumulación de conflictos sociales sube la tensión en Bolivia. Este viernes, cuando se conmemora el Día Internacional del Trabajo, se tiene prevista la realización de un cabildo de trabajadores en El Alto y el arribo de dos marchas a La Paz.

En una reunión gremial de trabajadores el 28 de mayo, la COB determinó rechazar la invitación al diálogo del Gobierno y convocar a organizaciones sociales y sectores afiliados a un cabildo nacional.

En la resolución del encuentro se establecen varios puntos sobre una diversidad de temas como el rechazo a la privatización de empresas públicas —algo que el Gobierno ha negado reiteradamente—, la declaración de persona no grata al ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, por la implementación de lo que consideran “políticas neoliberales” y la renuncia del ministro de Trabajo, entre otros puntos.

Los trabajadores también expresaron en el documento su rechazo a la respuesta del Gobierno sobre el pliego petitorio presentado el 1 de abril en el que solicitan un incremento salarial del 20%.

La administración de Rodrigo Paz ha calificado esta propuesta como “inviable” y ha recordado que en diciembre se decretó un aumento de ese porcentaje en el salario mínimo, cuando se levantó el subsidio a los combustibles. “No es viable (el incremento) y eso está absolutamente claro”, manifestó el ministro de Economía y agregó que “la gran mayoría de las personas están preocupadas por la estabilidad laboral, así que eso es lo que hay que proteger”.

En ese sentido, el Gobierno cursó una invitación al diálogo a los dirigentes sindicales y a representantes de los empresarios privados para discutir la demanda del incremento salarial, junto a los ministros de Gobierno, Trabajo y Economía.

Sin embargo, los trabajadores desistieron de participar y anunciaron que el viernes los asistentes al cabildo definirán el curso de la protesta. “Hemos dejado en manos del pueblo lo que se vaya a decidir de ahí en adelante”, manifestó Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, en una entrevista con el canal Unitel.

Los trabajadores determinaron respaldar otras dos movilizaciones, la marcha del magisterio y la de los campesinos, que partieron días atrás de los departamentos de Oruro (oeste) y Pando (norte) con demandas propias.

Según los dirigentes de los maestros, cerca de 3.000 personas participan en la marcha que partió el martes de la localidad de Calamarca, distante a 54 kilómetros de La Paz, en reclamo de aumento salarial, ítems laborales y una mayor inversión de recursos en la educación pública. Se tiene previsto que participen en el cabildo de la COB en El Alto y luego se dirijan al centro de La Paz.

Por otro lado, este viernes llegará a La Paz la marcha de campesinos de la región amazónica de Pando, y otras regiones que se sumaron progresivamente, en rechazo a la ley 1720 que autoriza la recategorización voluntaria de tierras. Con esta norma, las pequeñas propiedades podrán ser registradas como medianas, a solicitud de los propietarios, y de esa forma poder ser utilizadas como garantía para préstamos bancarios.

Mientras el Gobierno defiende la norma en aras de la libertad individual y el desarrollo de los agricultores, los críticos cuestionan que pueda dar lugar a la concentración de tierras, amenazar los territorios colectivos indígenas y poner en riesgo a pequeños productores.

En este escenario, el presidente manifestó que no teme el aumento de las protestas sociales. “Bolivia quiere cambio y yo no le tengo miedo a las movilizaciones; soy un constructor de la democracia que creció entre marchas y liderazgos históricos”, afirmó el jefe de Estado el viernes tras un encuentro con las nuevas autoridades departamentales. “A lo que le tengo miedo es no tener soluciones al futuro de nuestra patria”, agregó.

La Central Obrera Boliviana (COB) resolvió convocar a un cabildo nacional el próximo 1 de mayo, en el marco del Día del Trabajo, con el propósito de debatir el rumbo del país y definir una agenda de carácter estructural. La determinación fue asumida durante un “ampliado nacional de emergencia” encabezado por el dirigente sindical Mario Argollo.

De acuerdo con Argollo, la iniciativa responde a la necesidad de que los sectores laborales participen en la definición de propuestas para el Gobierno. “Los compañeros pidieron realizar un gran cabildo nacional para el 1 de mayo (…) para que en este encuentro podamos tomar determinaciones sobre el rumbo que queremos para nuestro país”, afirmó.

Argollo también expresó críticas hacia la gestión de Rodrigo Paz, al señalar que, desde la perspectiva de la organización, no existen políticas orientadas a resolver problemas de carácter estructural. En ese contexto, la organización sindical plantea construir una agenda nacional que recoja las demandas de organizaciones sociales de los nueve departamentos del país.

Por otro lado, el dirigente descartó la participación de la COB en encuentros impulsados por actores políticos. “No queremos politizar ni que el gobierno piense que queremos hacer política”, sostuvo en referencia a iniciativas externas.

El cabildo busca consolidarse como un espacio de deliberación amplio, en el que se definan lineamientos y propuestas que, según la dirigencia sindical, apunten a lograr transformaciones de fondo en el país.

La COB es la principal organización sindical del país y una de las más influyentes en su historia política, aunque en el último tiempo fue cuestionada sobre su independencia frente a los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) durante las gestiones de Evo Morales y Luis Arce. Si bien protagonizaron demandas salariales y presiones sectoriales específicas, también fue percibida por algunos actores como un aliado político del oficialismo.

Con el cambio de gobierno en noviembre pasado, la relación entre la COB y el Ejecutivo ha dado señales de una mayor tensión especialmente tras la promulgación del Decreto Supremo 5503, el 17 de diciembre de 2025, que derivó en movilizaciones, bloqueos y un endurecimiento del discurso sindical.

La norma eliminaba la subvención a los combustibles —vigente por más de dos décadas—, establecía nuevos precios para su comercialización, aumentaba el monto del salario mínimo y algunos bonos sociales, e incluía artículos destinados a incentivar la inversión, que fueron observados por varios sectores que ponían en duda su constitucionalidad. La COB interpretó estas medidas como parte de un ajuste económico que trasladaba el costo de la crisis a la población trabajadora y encabezó las protestas que se extendieron hasta mediados de enero en diferentes regiones del país.

A través de bloqueos de carreteras y movilizaciones masivas, la COB consiguió en negociaciones con el Gobierno que se abrogara el decreto y se mantuviera, en una norma separada, la eliminación del subsidio a los combustibles y el aumento salarial, en lo que constituyó el primer conflicto social de la administración de Paz.

En los últimos días, la organización laboral también ha exigido un nuevo alza salarial, una práctica anual que se define a partir de negociaciones con el Ejecutivo en las semanas previas al 1 de mayo y que es de carácter obligatorio para el sector público y privado.

El porcentaje del incremento se define en función de variables macroeconómicas como la inflación registrada en la gestión anterior y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), aunque también inciden factores políticos y sociales. Para esta gestión, los trabajadores demandan 20% de incremento.

En ese contexto y en vista del cabildo sindical, las negociaciones entre el Gobierno y los dirigentes de la COB serán decisivas para evitar un nuevo foco de tensión.

Las cámaras empresariales de Bolivia expresaron un rechazo frontal a la exigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) de un aumento salarial del 20%.

Esta postura se formalizó después de que la principal central sindical del país entregó su pliego de demandas al presidente Rodrigo Paz, en el marco de una masiva movilización en la ciudad de La Paz.

El pedido de la COB incluye un incremento tanto para el salario mínimo nacional como para el haber básico, que abarca a trabajadores de los sectores público y privado. La solicitud fue presentada oficialmente ante el Gobierno, con la participación de delegados de los nueve departamentos del país, quienes marcharon hasta la sede presidencial.

El secretario ejecutivo de la central, Mario Argollo, explicó que la demanda se elaboró con base en datos oficiales y que el plazo para recibir una respuesta del Ejecutivo es de diez días. La dirigencia sindical señaló que el documento reúne las principales demandas del movimiento obrero para este año.

La Central Obrera Boliviana demandó un incremento del 20% en el salario mínimo nacional y el haber básico para trabajadores públicos y privados. La solicitud, presentada al presidente Rodrigo Paz con respaldo de delegados de todo el país, fue fundamentada en datos oficiales y prevé una respuesta del Gobierno en un plazo de diez días.

En ese contexto, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) manifestó en un comunicado su “absoluto rechazo” al planteo de la COB. La entidad advirtió que una medida de ese alcance podría tener consecuencias negativas para la economía nacional, con la posibilidad de provocar alta inflación, inestabilidad social, agravamiento de la pobreza y destrucción del empleo formal y productivo.

Desde la CNI destacaron que el Gobierno ya autorizó en 2026 un aumento del 20 % en el salario mínimo nacional, que pasó de USD 395 a USD 474, con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo perdido por la inflación del 20,4% registrada en el año anterior.

Además, la cámara industrial enfatizó la necesidad de implementar políticas de reactivación y crecimiento económico, así como de garantizar la seguridad jurídica para favorecer la inversión privada.

Por su parte, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) también se pronunció en contra del planteo sindical. En un comunicado, la entidad consideró que la demanda no solo es “inviable”, sino que contradice el decreto del presidente Rodrigo Paz, el cual establece que la determinación del salario debe surgir de la negociación directa entre empleadores y trabajadores.

La CNC recordó que el contexto económico actual no permite asumir compromisos que puedan poner en riesgo la estabilidad del empleo formal.

Bajo este contexto, algunos ministros del Gobierno anticiparon que la crisis económica impide un aumento salarial este año para el sector estatal.

En relación al ámbito privado, las autoridades propusieron que la discusión se realice en una mesa tripartita, tal como recomienda la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con la participación de empresarios, sindicatos y representantes del Ministerio de Trabajo.

(Con información de EFE)

La Central Obrera Boliviana (COB) realizó este martes una masiva marcha en el centro de La Paz con el objetivo de entregar al Gobierno su listado de demandas anuales que reúne las principales peticiones del movimiento sindical, entre ellas, de aumento salarial.

El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, explicó que el pedido de incremento salarial fue elaborado con base en datos oficiales y contempla dos componentes: el salario mínimo nacional y el salario básico, diferenciando ambos como aspectos clave dentro de la negociación.

“Estamos pidiendo un 20% de incremento salarial, es un planteamiento trabajado por profesionales y con información del propio Gobierno”, afirmó. El movimiento sindical fijó un plazo de diez días para recibir una respuesta oficial del Gobierno.

Argollo indicó que el pliego fue elaborado considerando el contexto actual del país y pidió a las autoridades que convoquen a los dirigentes para iniciar un proceso de diálogo sobre sus demandas. “Ha sido un pliego petitorio elaborado de manera responsable, viendo la coyuntura que vive nuestro país y también el Gobierno central está en la obligación, en un tiempo perentorio, de poder atender y convocarnos para poder trabajar el pliego petitorio”, afirmó el dirigente.

La marcha contó con la participación de delegaciones de diferentes regiones, en una convocatoria que buscó reflejar la presencia de trabajadores a nivel nacional. Argollo señaló que las organizaciones afiliadas decidieron llevar adelante la movilización con la participación de “compañeros de base de los nueve departamentos”, con el fin de formalizar la entrega del documento al Ejecutivo.

En Bolivia, el ajuste salarial anual es una práctica institucionalizada que se define a partir de negociaciones entre el Gobierno y la COB. Este proceso suele desarrollarse en las semanas previas al Día del Trabajo (1 de mayo) y culmina con el anuncio oficial de un incremento tanto al salario mínimo nacional como al salario básico. La medida tiene carácter obligatorio para el sector público y privado.

El porcentaje de incremento se define principalmente en función de variables macroeconómicas como la inflación registrada en la gestión anterior y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), aunque también inciden factores políticos y sociales.

Mientras el Gobierno suele argumentar la necesidad de preservar la estabilidad económica y el empleo, los sindicatos presionan por aumentos que compensen la pérdida del poder adquisitivo.

En los últimos años, el Ejecutivo ha optado por incrementos moderados, en un contexto marcado por la desaceleración económica y restricciones fiscales, lo que ha derivado en negociaciones más tensas entre ambas partes.

En diciembre pasado, el Gobierno de Rodrigo Paz realizó un ajuste salarial extraordinario que fijó la remuneración mínima en 3.300 bolivianos, lo que representó un incremento aproximado del 20% respecto al nivel anterior y entró en vigencia a partir de 2026.

La norma inicial sobre esta medida establecía que el salario sería “congelado” durante este año, pero tras su abrogación en medio de otros reclamos sindicales, se anuló esta condición, por lo que la posibilidad de un nuevo incremento está abierta.

Sin embargo, durante el acto de entrega del listado de demandas este martes, varios dirigentes expresaron su preocupación por la situación económica del país, el aumento sostenido de los precios de la canasta familiar y problemas en el abastecimiento de combustible, lo que afectaría la economía de las familias.

En los últimos dos años, Bolivia ha experimentado un marcado repunte inflacionario que contrasta con la relativa estabilidad de precios observada durante más de una década. En 2024, el país registró una aceleración significativa, con una variación acumulada cercana al 10%, impulsada por el encarecimiento de alimentos, problemas de abastecimiento y presiones externas. Esta tendencia se intensificó en 2025, cuando la inflación anual alcanzó el 20,4%, el nivel más alto en lo que va del siglo XXI y muy por encima de las expectativas del Gobierno.

Aunque en 2026 se observa una leve desaceleración, la inflación continúa en niveles elevados en comparación con los estándares históricos recientes, consolidándose como uno de los principales desafíos del país.

El Decreto Supremo 5516, publicado en la Gaceta Oficial del Estado boliviano, establece la suspensión temporal del diésel de la lista de sustancias controladas por un año. Esta medida tiene como finalidad facilitar la importación de hidrocarburos y asegurar la provisión continua para el sector del transporte, la producción y la agroindustria, según consignó el medio que difundió la información. El Ejecutivo boliviano busca así reforzar el abastecimiento interno en un contexto de restricciones y dificultades económicas.

Según informó el documento oficial, el Gobierno de Bolivia declaró la "emergencia energética y social" en todo el país ante la creciente inflación, la escasez de dólares y los problemas de abastecimiento de combustible. Tal como publicó el medio de referencia, el decreto reconoce una crisis económica, financiera y social con raíces estructurales que impacta a la población desde hace varios años, aunque las autoridades actuales atribuyen esta situación a gestiones presidenciales anteriores.

De acuerdo con la Gaceta Oficial, la inflación en Bolivia cerró el año 2025 en un 24,73%. Este dato ofrece contexto al entorno en el que se aprobó el paquete de medidas de emergencia. El decreto habilita de manera temporal y excepcional que personas naturales y empresas privadas puedan importar, vender y comercializar combustibles a precios de importación, con el objetivo de asegurar la cobertura en todo el territorio nacional. Esta apertura al sector privado responde a la urgencia de normalizar el flujo de hidrocarburos tras jornadas de protestas y desabastecimiento.

La decisión gubernamental, detalló el documento, fue ratificada poco después de que el Ejecutivo y las organizaciones sociales lograran un acuerdo para restablecer la estabilidad laboral y social. El pacto —en el que la Central Obrera Boliviana (COB) jugó un papel central, según reportó la fuente original— resultó clave para suspender las recientes movilizaciones en contra de la eliminación parcial del subsidio a los combustibles. Este subsidio, vigente durante años, representó uno de los instrumentos principales utilizados por diferentes administraciones para contener precios internos, pero su eliminación respondió a las limitaciones fiscales y a la presión ejercida por la inflación y la depreciación de la moneda.

El alcance de la crisis también se refleja en la escasez de dólares, un fenómeno que afecta tanto la importación de bienes indispensables como el normal funcionamiento del mercado cambiario. Esto ha dificultado el acceso a productos importados, entre ellos los carburantes, y agravó los problemas logísticos en áreas fundamentales para la economía nacional, añadió el texto del decreto.

En lo inmediato, la importación directa de combustibles por parte de privados busca cubrir la brecha que la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no ha logrado suplir por las restricciones financieras y los obstáculos operativos. La suspensión temporal del diésel de la lista de sustancias controladas aspira a agilizar los trámites para su ingreso desde el exterior, lo que responde a la demanda urgente de los transportistas y sectores productivos que dependen de este energético.

Las protestas que motivaron la declaración de la emergencia incluyeron bloqueos de carreteras y movilizaciones en varias ciudades del país, acciones impulsadas principalmente por gremios laborales y organizaciones sociales afectadas por el incremento de los precios y las dificultades de acceso al combustible. El acuerdo alcanzado con la COB permitió descomprimir la situación, aunque el decreto mantiene la vigencia de medidas excepcionales para asegurar el normal desarrollo de las actividades económicas y sociales.

En el marco del nuevo régimen temporal, las personas o empresas interesadas en importar combustibles deberán ajustarse a los precios establecidos por los mercados internacionales, lo que puede derivar en cambios en el costo final para el consumidor boliviano, según lo estipulado por el Ejecutivo en el texto legal. La apertura a nuevos operadores para la importación de hidrocarburos representa un giro respecto de las prácticas previas centradas en el monopolio estatal, una respuesta a la coyuntura marcada por rigideces presupuestarias y fluctuaciones internacionales de los precios energéticos.

El impacto de la medida también se percibe en los diferentes sectores económicos que dependen de la provisión de combustibles, en particular el transporte, la industria y el agro, que ven en la importación directa una posible vía de solución para el desabastecimiento que han experimentado en los últimos meses. Conforme a lo publicado en la Gaceta Oficial, la emergencia energética y social permanecerá vigente hasta que las condiciones permitan normalizar el suministro y estabilizar los precios internos.

El Gobierno insistió, según comunicó el texto difundido, que las dificultades actuales derivan de decisiones adoptadas por anteriores administraciones y de factores económicos globales, subrayando la necesidad de adoptar medidas temporales que permitan encauzar la crisis sin comprometer la estabilidad de los sectores más vulnerables.

Las autoridades bolivianas, de acuerdo con el contenido del decreto y reportes de prensa, mantendrán la supervisión del proceso de importación de combustibles por parte de privados, con el objetivo de evitar prácticas irregulares y garantizar que el beneficio alcance a toda la población. La implementación de estas medidas excepcionales se revisará periódicamente, considerando la evolución de la economía y el balance entre la oferta y la demanda de hidrocarburos en el país.

El Gobierno de Bolivia publicó el martes un nuevo decreto que anula el paquete económico rechazado por los gremios, aunque mantiene algunas de sus disposiciones, tras una semana de bloqueos en las rutas de todo el país impulsados por sindicalistas y obreros.

“Se ha dejado en el nuevo decreto lo consensuado con la Central Obrera Boliviana (uno de los principales gremios del país) y otros sectores sociales”, afirmó el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, en declaraciones a la televisora Unitel.

El acuerdo, alcanzado el domingo, estableció que próximamente se elaborará una nueva norma para abordar los temas que quedaron fuera del consenso, según detalló el gobierno. El presidente boliviano Rodrigo Paz había emitido en diciembre un plan de “salvataje económico” para enfrentar la mayor crisis del país andino en cuatro décadas.

El decreto original contemplaba la eliminación de subsidios a los combustibles, la agilización de grandes inversiones, la supresión de impuestos y el congelamiento de salarios en el sector público, entre otras medidas.

Del texto anterior se mantiene un aumento del salario mínimo del 20%, incrementos en bonos sociales y la decisión oficial de no subvencionar más los carburantes.

La eliminación del subsidio a los combustibles, que implicaba la compra de hidrocarburos a precio internacional para venderlos a pérdida en el mercado interno, drenó las reservas de dólares del país y provocó una inflación superior al 20% interanual en el último semestre.

El domingo, la estatal Administradora Boliviana de Carreteras registraba 69 puntos de bloqueo en la red vial nacional. A horas del anuncio de este martes, no se reportó ninguna ruta interrumpida.

La Central Obrera Boliviana y los sindicatos anunciaron el levantamiento de todas las medidas de presión, incluidos los cortes de ruta que desde el martes anterior afectaron los corredores logísticos y comerciales de Bolivia.

Las organizaciones sociales declararon el estado de emergencia hasta la promulgación de este nuevo decreto y el acuerdo permite al Ejecutivo “retomar la normalidad y atender las necesidades de la población”, tras las millonarias pérdidas reportadas por los sectores productivos y el Estado

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, resaltó la importancia del diálogo y la capacidad de las autoridades para “escuchar demandas sociales sin ceder en los principios de estabilidad y desarrollo”. Por su parte, el dirigente minero Mario Argollo, líder de la COB, agradeció la movilización de los sectores y sostuvo: “Las autoridades de Gobierno han reflexionado y cuando las autoridades trabajan con su pueblo también hay que aplaudir”.

El levantamiento de los bloqueos permitió restablecer la normalidad en las vías y recuperar la confianza en la capacidad del Estado para garantizar la estabilidad y el bienestar de la ciudadanía. El cese de la subvención a los carburantes se mantiene como una de las prioridades del gobierno de Paz, en medio de un escenario de crisis que la administración califica como la peor en cuatro décadas.

En ese sentido, el presidente de Bolivia aseguró que su país “cerró una etapa de 20 años de historia política, basada en una visión que entendía la institucionalidad no como un instrumento de desarrollo, sino como uno político”.

A través de un mensaje en su cuenta de X, escribió: "Hemos empezado a construir un proyecto de unidad nacional pero, sobre todo, a cimentar una cultura de la confianza entre los bolivianos; una cultura ajena a la división, al racismo y a la exclusión“.

(Con información de EFE)

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, ha detallado que los bloqueos en las rutas nacionales causaron un costo diario de 20 millones de dólares para el Estado, lo que afectó áreas como obra pública y generación de empleo, según la información publicada por El Deber. En contraste, según el mandatario, la supresión del subsidio a los combustibles ha permitido un ahorro diario de 10 millones de dólares en menos de dos meses, impactando de manera directa las finanzas estatales tras la implementación del Decreto 5503.

El acuerdo alcanzado entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) implica el levantamiento de las protestas y bloqueos que tenían lugar desde principios de enero. De acuerdo con El Deber, la modificación del decreto fue anunciada tras una reunión en El Alto, donde participó el presidente Paz junto con representantes sindicales y diversos miembros del gabinete de gobierno. A pesar del acuerdo, el Ejecutivo boliviano mantendrá la eliminación del subsidio estatal al diésel y la gasolina, una medida que había generado las movilizaciones en seis de los nueve departamentos del país. El medio indicó que, aunque este punto clave del decreto permanecerá vigente, el nuevo texto también contempla un aumento del 20 por ciento en el salario mínimo y la ratificación de los apoyos sociales dirigidos a adultos mayores y al sector estudiantil.

Paz afirmó que la economía nacional ha logrado una estabilidad palpable, reflejada en el abastecimiento de gasolina y diésel, el equilibrio en el sistema financiero y la estabilidad de la moneda y el tipo de cambio. Según lo reportado en las redes oficiales del presidente y recogido por El Deber, el gobierno considera irreversible la eliminación de los subsidios a los combustibles y la asocia a una conquista económica.

El dirigente Mario Argollo, representante sindical, solicitó a los trabajadores y participantes en los bloqueos que suspendan las medidas de presión, argumentando que “su lucha rindió frutos y el país se los va a agradecer”, según recogió El Deber. Pese a este llamado, el medio detalló que alrededor de 30 bloqueos continuaban activos durante las horas posteriores al anuncio, aunque la cifra llegó a setenta en el momento de mayor tensión, dificultando el tránsito terrestre entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, zonas clave para la conectividad y abastecimiento nacional.

El balance gubernamental y sindical sobre las repercusiones económicas ha coincidido en señalar la gravedad de los daños, con pérdidas significativas ligadas a la interrupción del transporte y al desabastecimiento de productos básicos, combustibles y alimentos en las principales ciudades y regiones del país, según la información publicada por El Deber.

Durante el anuncio público, el presidente Paz hizo hincapié en la necesidad de dar continuidad al orden y la estabilidad alcanzadas mediante la promulgación inminente de un nuevo decreto, que consolidará la política de crecimiento económico y la ampliación de beneficios sociales. “Bolivia no retrocede ni un paso ni para el impulso en sus conquistas económicas ni sociales. Bolivia no negocia con los corruptos, por eso ya estamos metiendo a varios a la cárcel”, declaró, de acuerdo con El Deber.

La mediación y el diálogo con las organizaciones sociales y sindicales fueron aspectos subrayados por las autoridades como elementos centrales para la resolución del conflicto, al tiempo que el presidente se comprometió a promulgar el nuevo decreto en un plazo no superior a 48 horas. “Esto es gobernar con responsabilidad”, manifestó Paz en su intervención, citado por El Deber, subrayando que el Ejecutivo no planea negociar bajo presión de grupos que, según el gobierno, buscaron favorecer la conflictividad.

El acuerdo contempla medidas económicas y sociales que, junto con la eliminación del subsidio a los carburantes, buscan consolidar las conquistas económicas alcanzadas. Según detalló El Deber, entre los compromisos asumidos aparecen el incremento del salario mínimo y el mantenimiento de programas sociales para sectores vulnerables como los adultos mayores y los estudiantes.

Las protestas motivadas por el Decreto 5503 provocaron dificultades sustanciales para el transporte de mercancías y personas en los corredores estratégicos del país, así como carencias en el mercado interno, específicamente en productos de la canasta básica y carburantes. El reporte de El Deber indica que las pérdidas económicas y los problemas de abastecimiento afectaron de forma transversal a diversos sectores productivos y de servicios.

El proceso de negociación, según la cobertura de El Deber, estuvo marcado por la presión de las bases sindicales en las carreteras y la determinación gubernamental de sostener la reforma del subsidio, argumentando una urgencia en estabilizar la economía nacional y redirigir recursos públicos a inversiones estatales y mejoras sustantivas en la distribución del ingreso.

Finalmente, tras casi un mes de conflicto desde el 6 de enero, la administración de Paz y la COB dieron a conocer el nuevo marco normativo bajo el compromiso de mantener la gobernabilidad y la paz social. El gobierno dará paso a la promulgación del decreto en las próximas horas, según el cronograma anunciado por el Ejecutivo y publicado por El Deber, con la expectativa de retornar a la normalidad y dar por concluida la etapa de enfrentamiento social y bloqueo de rutas en el país.

Mario Argollo, dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), solicitó a sus afiliados y a quienes participaron en los bloqueos carreteros durante varias semanas que depusieran las medidas de presión, destacando que la movilización había producido resultados concretos. La principal noticia, según detalló el medio El Deber, es el acuerdo entre el Gobierno de Bolivia y la COB respecto al controvertido Decreto 5503: las protestas se suspenden, pero se mantiene la eliminación del subsidio al combustible dispuesta en la normativa oficial.

De acuerdo con El Deber, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, comunicó la noche del domingo la firma del nuevo acuerdo nacional tras reunirse en la ciudad de El Alto con representantes de la COB y varios miembros de su gabinete. La Central Obrera Boliviana, que había impulsado desde el 6 de enero bloqueos indefinidos en carreteras de seis de los nueve departamentos del país, expresó su conformidad tras semanas de conflictividad social en rechazo a la supresión del subsidio al diésel y la gasolina.

El Gobierno, según publicó El Deber, defendió que la mantención del fin del subsidio a los carburantes es central para asegurar la estabilidad económica. Rodrigo Paz aseguró que la economía boliviana logró estabilizarse tras la implementación del decreto, motivo por el cual, indicó, inicia una nueva etapa con medidas adicionales. Entre los puntos acordados figuran el incremento del 20% en el salario mínimo nacional y la incorporación de ayudas sociales para adultos mayores y estudiantes, incluidos en un próximo decreto que será promulgado, según subrayó Paz, en un plazo de 48 horas.

El mandatario enfatizó, además, que el proceso de negociación con las organizaciones sociales y sindicatos fue determinante para alcanzar el consenso. "Necesitamos un nuevo decreto. Bolivia necesita orden, control y estabilidad, pero sobre todo crecer, por ese motivo comenzará la etapa que dará lugar a un nuevo decreto para consolidar nuestras conquistas económicas y sociales, para consolidar el crecimiento de la patria", declaró públicamente, con el respaldo de los ministros.

En sus declaraciones, Paz relacionó el contexto del conflicto con organizaciones que, en palabras del presidente, "promueven el conflicto". Señaló la disposición del Ejecutivo de no ceder "ante las mafias" y reiteró que "Bolivia no retrocede ni un paso ni para el impulso en sus conquistas económicas ni sociales. Bolivia no negocia con los corruptos, por eso ya estamos metiendo a varios a la cárcel", según recogió El Deber. Estas afirmaciones fueron parte del mensaje dirigido a la población tras la negociación, presentando la resolución como parte de una estrategia de gobierno basada en el diálogo y la responsabilidad.

El dirigente sindical Mario Argollo, de acuerdo con El Deber, llamó a cesar los bloqueos y expresó que los trabajadores podían considerarse satisfechos con el desenlace: "Hoy puede sentirse alegre, su lucha rindió frutos y el país se los va a agradecer". Tras el anuncio, una treintena de los 70 bloqueos establecidos durante la protesta permanecían activos, dificultando el transporte por carretera entre las principales ciudades del país, como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, además de otras regiones, según detalló el medio boliviano.

Las movilizaciones, según consignó El Deber, ocasionaron problemas significativos en la circulación de productos y personas. Las autoridades señalaron que los bloqueos generaron interrupciones graves en el suministro de alimentos, combustibles y otros bienes esenciales dentro del mercado interno. Los operadores logísticos y transportistas experimentaron complicaciones en la distribución a los principales centros urbanos y rurales, lo que derivó en el desabastecimiento de productos básicos y pérdidas económicas cuantiosas.

Las jornadas de protesta se extendieron casi un mes y representaron uno de los episodios más tensos en la relación entre el Gobierno y el principal sindicato del país. El detonante fue la publicación del Decreto 5503, que dispuso la eliminación de los subsidios a los carburantes, una política considerada clave para la economía nacional durante años previos. El rechazo de sectores sindicales y sociales a esta medida motivó la convocatoria a paros y bloqueos desde la primera semana de enero, afectando seis departamentos.

El Deber informó que la resolución de la crisis incluyó el compromiso de las autoridades de sostener, junto con la COB, mesas de diálogo permanentes para monitorear el impacto de las nuevas políticas y salvaguardar los derechos laborales y sociales. De igual manera, el gobierno manifestó su intención de mantener la coordinación con sectores productivos y sindicales para facilitar la implementación de los compromisos asumidos en el nuevo decreto.

Durante el periodo de bloqueos, los gremios transportistas documentaron dificultades severas en el acceso a combustible, con colas en estaciones de servicio de varias ciudades. Paralelamente, comerciantes y consumidores reportaron una disminución en el suministro de productos esenciales y alza de precios en mercados de abasto, de acuerdo con testimonios recopilados por El Deber.

La medida gubernamental de poner fin al subsidio al diésel y la gasolina responde, según el discurso oficial, a la necesidad de sanear las finanzas públicas y promover el crecimiento económico. La respuesta inmediata de la COB y otros sindicatos consistió en exigir la revocación del decreto, alegando el impacto negativo sobre los trabajadores y los sectores vulnerables.

El pacto alcanzado tras la reunión en El Alto medió la suspensión de los bloqueos sin revertir la decisión económica, sino acompañando la transición con incrementos salariales y políticas de asistencia social. El Gobierno confirmó la inminente promulgación del nuevo marco regulatorio, en el que se integran las medidas negociadas cuya ejecución quedará bajo vigilancia de las partes firmantes.

A lo largo de las semanas de crisis, tanto líderes sindicales como miembros del Ejecutivo intercambiaron declaraciones públicas sobre posibles escenarios y consecuencias de una prolongación del conflicto, advirtiendo sobre mayores daños económicos y sociales. El levantamiento progresivo de los bloqueos y la normalización del tráfico terrestre se presentan ahora como resultado del pacto alcanzado, según puntualizó El Deber en su cobertura.

El llamado de la Central Obrera Boliviana (COB) a movilizaciones y bloqueos en carreteras tras el fracaso de las negociaciones con el Gobierno ha provocado que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informe sobre 52 puntos de bloqueo en todo el país. Prácticamente la mitad de estos bloqueos se concentran en el departamento de La Paz, lo que evidencia un aumento en la tensión social y en los desafíos para la circulación de personas y mercancías. Según detalló el medio Unitel, la ruptura del diálogo está vinculada principalmente al rechazo gubernamental a derogar el Decreto 5503, el cual suspende los subsidios al diésel, además de modificar un centenar de disposiciones relacionadas con las ayudas estatales al combustible.

La COB, sindicato que lidera la oposición contra esta medida, decidió levantarse de la mesa de diálogo tras recibir una respuesta negativa del Ejecutivo presidido por Rodrigo Paz. De acuerdo con la cobertura de Unitel, Mario Argollo, referente de la organización sindical, señaló: "Todo tiene un final, lastimosamente hemos recibido la negativa del Gobierno de que se abrogue este maldito decreto 5503, y hemos recibido un 'no' como respuesta". Para Argollo, la suspensión del subsidio anticipa un escenario de escasez y dificultades económicas que afectará especialmente a las nuevas generaciones, por lo que insistió en la convocatoria a todo el pueblo boliviano para que se sume a una amplia protesta social.

El decreto en disputa, según la información recabada por Unitel, forma parte de una serie de reformas impulsadas por el Gobierno de Paz destinadas a modificar el sistema de subsidios a los combustibles, concretamente el diésel. El Ejecutivo sostiene que estos cambios resultan necesarios para garantizar la sostenibilidad fiscal del país y hacer frente a una coyuntura económica marcada por la disminución de ingresos estatales y el aumento de la demanda de combustibles. Sin embargo, varios sectores sindicales y sociales consideran que tales medidas elevarán los costos de producción y transporte, con un impacto directo en los precios de los alimentos y otros bienes esenciales.

Las autoridades gubernamentales han criticado la postura de la COB, a la que acusan de mantener posiciones contradictorias y obstaculizar el avance de los acuerdos. Según reportó Unitel, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, explicó que "Hace dos días parecía que teníamos un acuerdo porque la COB, la dirigencia nos ha mostrado una posición de que había artículos buenos y otros que son malos, que merecían observación y avanzamos en ese trabajo y había un principio de acuerdo". Espinoza afirmó también que solicitó a la COB precisar y formalizar su postura por escrito para clarificar ante la ciudadanía cuáles son sus demandas exactas. Según su versión, esta solicitud habría motivado la salida de los representantes sindicales del espacio de diálogo.

Mientras la COB refuerza su llamado a la acción colectiva para revertir el decreto, el Ejecutivo boliviano insiste en que mantiene las puertas abiertas para el diálogo pero advierte que responderá con acciones para contener cualquier escalada del conflicto. Unitel informó que las autoridades han señalado la necesidad de actuar frente a los bloqueos ya activos y evitar que los desórdenes se amplíen en el resto del territorio nacional.

El contexto inmediato muestra que el clima de protesta comenzó a intensificarse desde el mes anterior, periodo en el que al menos ocho personas resultaron detenidas durante manifestaciones acaecidas en la ciudad de La Paz, destinadas a rechazar las políticas económicas del presidente Paz. El conflicto actual se suma a la serie de tensiones recurrentes entre el Gobierno y los sindicatos bolivianos en torno a las políticas de subsidios y ajustes económicos, reiteró la cadena Unitel.

La situación permanece en desarrollo, con la COB movilizando a sus bases y otros grupos afines, mientras el Gobierno monitorea el avance de los bloqueos y refuerza su mensaje de disposición al diálogo bajo condiciones de control social. La presión sobre el Ejecutivo no sólo proviene de las calles, sino que impacta en sectores económicos que dependen de la libre circulación y del acceso a combustibles. El país se enfrenta así a un escenario de alta volatilidad, agravado por la incertidumbre sobre si las partes retomarán una negociación efectiva en los próximos días, conforme informó Unitel.

El impacto de la movilización convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) sumió en una situación crítica a un grupo de siete ciudadanos colombianos que, tras permanecer varios días varados, no logran regresar al país debido a bloqueos en más de 40 puntos a lo largo del territorio.

Estas interrupciones, derivadas de protestas contra la eliminación de subsidios, no solo frustraron los planes de viaje, sino que colocaron en riesgo el bienestar de quienes se ven atrapados lejos de sus destinos previstos.

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Maribel Camacho Gallo, una de las afectadas, precisó en entrevista con La FM que la odisea del grupo, que inició como un recorrido turístico por lugares emblemáticos como el Salar de Uyuni, se convirtió en un trayecto lleno de incertidumbre y temor. Los viajeros partieron el 7 de enero de 2026 con la intención de llegar a La Paz, por vía terrestre y tras visitar el país abordar su vuelo de regreso, pero se encontraron con que, desde la madrugada del 8 de enero, un bloqueo en un pueblo distante tres horas de la capital boliviana les cerró cualquier posibilidad de avanzar.

Según relató, enfrentan serias dificultades para cubrir necesidades básicas, por la ausencia de servicios sanitarios y la imposibilidad de acceder a alimentos por no disponer de efectivo suficiente ni de sistemas de pago electrónico.

Indicó que los manifestantes han tenido comportamientos hostiles hacia quienes intentan evadir los bloqueos establecidos por la Central Obrera Boliviana. Al referirse a un episodio específico en el poblado de Ayo Ayo, Camacho contó: “La comunidad fue muy violenta con nosotros, nos dijeron que no nos iban a dejar pasar y que si nos subíamos al bus nos apedrearían”.

Dadas las circunstancias, el grupo decidió abordar un autobús turístico, situación que agravó las tensiones. Camacho Gallo explicó que utilizaron piedras y otros objetos para atacarlos, por lo que tuvieron que huir del bus en el que se transportaban y dirigirse a zonas rurales para poder resguardarse.

“Nos subimos a los buses de turismo y empezaron a lanzarnos piedras. Nos replegamos y nos ubicamos al lado de una escuela rural”, señaló al medio citado.

Como consecuencia de estos hechos, los viajeros perdieron el vuelo de regreso a Colombia y, actualmente, permanecen en el pueblo de Tolar, a una hora y media de La Paz, después de avanzar apenas cinco kilómetros a pie debido a los bloqueos. La distancia recorrida, así como la ubicación remota, agravan la incertidumbre sobre cuándo podrán regresar.

Frente a la imposibilidad de llegar al aeropuerto y la cancelación del vuelo con Avianca, el grupo solicitó a la aerolínea que reubique sus pasajes sin penalidad, alegando fuerza mayor por la crisis social. Gallo destacó que, tras entablar comunicación con la empresa, fueron notificados que deben de pagar una cifra monetaria para reprogramar el vuelo. Esta exigencia representa un obstáculo insalvable, según los propios afectados.

“Nos dicen que esto es una cancelación de vuelo voluntario y debemos pagar cerca de $4.000.000 para volar de nuevo y eso es imposible, ellos no consideran que esto es algo que sale de nuestras manos”, expuso.

En cuanto a gestiones diplomáticas, Camacho Gallo remarcó que la respuesta tanto de la Embajada como del Consulado de Colombia en Bolivia fue inexistente, por lo que hicieron un llamado al Gobierno nacional para poder ser repatriados lo más pronto posible.

“Los hemos contactado y nos han dicho que no pueden hacer nada frente a los bloqueos”, afirmó la viajera al medio colombiano, recalcando su pedido solidario a la aerolínea para que replantee su postura y permita el retorno de los colombianos atrapados en Bolivia.

El Gobierno de Bolivia anunció ajustes al Decreto Supremo 5503 que establece nuevas medidas económicas y que provocó el rechazo de algunos sectores sociales tras su promulgación el 17 de diciembre.

La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, afirmó que los artículos que se prevé modificar no afectan al “fondo” de la norma, sino que corresponden únicamente a ajustes de forma. “Las conclusiones se darán a conocer mañana (viernes), son 35 artículos que solamente se modificarían en forma y no en fondo”, afirmó Barrientos y descartó que la norma sea derogada.

“El decreto que ha generado el Gobierno es de `sinceramiento’ de la economía que está generando múltiples ventajas para la población y que nos obliga a establecer una lógica de austeridad para estabilizar el país y luego generar riqueza”, manifestó en una rueda de prensa.

A pesar de haberse alcanzado acuerdos con algunas organizaciones, la Central Obrera Boliviana (COB) exige su abrogación y que los 120 artículos sean tratados en normas diferentes: por un lado, mantener la eliminación del subsidio a los combustibles, con la que están de acuerdo; y por otro, remitir ciertos artículos del decreto a la Asamblea Legislativa para que sean tratados de manera diferenciada a través de una ley.

La observación principal está relacionada con un nuevo procedimiento administrativo para los contratos de inversión sobre recursos naturales denominado “fast track”, que establece un mecanismo de aprobación expedita mediante decreto. Según algunos analistas, este proceso eliminaría el rol del Legislativo y omitiría otros requisitos constitucionales, como los estudios ambientales y la consulta previa en comunidades afectadas.

“Que vaya adelante la subvención, paralelamente a la abrogación de este decreto”, afirmó Mario Argollo, dirigente de la COB, durante un encuentro con ministros el miércoles, que entró en receso sin darse a conocer detalles de la reunión.

Tras varios días de protestas, el movimiento obrero inició esta semana un bloqueo de caminos a nivel nacional que se fue masificando y a primera hora de este viernes tenía 43 piquetes simultáneos, la mayoría en el departamento de La Paz (20). También se registraron cortes de rutas en Cochabamba (7), Potosí (6), Oruro (6) y Santa Cruz (4), según el reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras.

En paralelo a las manifestaciones en las calles, se interpusieron siete acciones constitucionales ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para revisar este y otro decreto, proceso que podría dilatarse debido a la falta de quórum en esa instancia.

En el Legislativo también hubo rechazo a algunas medidas que establece la norma. Legisladores de oposición —como el senador de la alianza Libre, José Manuel Ormachea y la senadora de Unidad, Cecilia Requena— observaron que al menos cinco artículos del decreto son inconstitucionales.

“Uno lee el decreto y parece crear una forma paralela de firma de contratos sobre recursos naturales que ni siquiera da tiempo para cumplir con la consulta previa e informada, una licencia ambiental”, observó Requena y agregó que modificar o derogar los artículos relacionados no implica la abrogación de toda la norma.

En tanto, el vicepresidente Edmand Lara, que hace poco se declaró opositor al gobierno, presentó un proyecto de ley destinado a dejar sin efecto los artículos que considera “inconstitucionales”. Flanqueado por asambleístas, el vicepresidente entregó la documentación para su tratamiento legislativo, bajo el argumento de que las actuales disposiciones vulneran la Constitución Política del Estado y desplazan las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

De acuerdo con la viceministra Barrientos, la tarde de este viernes se anunciarán las conclusiones de las mesas técnicas con organizaciones sociales, que pueden ser decisivas para definir los ajustes finales al Decreto Supremo 5503 y el curso del conflicto social en torno a la norma.

En medio de una ola de protestas por el Decreto Supremo 5503, que dispone medidas económicas para hacer frente a la crisis que atraviesa el país, cuatro ministros del Gobierno de Bolivia se reunieron este miércoles con dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) para dialogar sobre el alcance de la norma.

Si bien no se informaron los avances concretos de la negociación, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, señaló que “se han aproximado todas las diferencias que se habían manifestado” y que “existe un ambiente de preacuerdo para poder pacificar al país”, que lleva tres semanas de movilizaciones y tres días de bloqueos a nivel nacional.

La demanda de los trabajadores es abrogar el decreto y avanzar con dos normas por separado: por un lado, la eliminación del subsidio a los combustibles, con la que están de acuerdo; y por otro, remitir ciertos artículos del decreto a la Asamblea Legislativa para que sean tratados de manera diferenciada a través de una ley.

La polémica gira básicamente en torno a un nuevo procedimiento administrativo para los contratos de inversión sobre recursos naturales. El decreto establece un mecanismo de aprobación expedita mediante decreto, lo que según analistas eliminaría el rol de la Asamblea Legislativa y omitiría otros requisitos constitucionales, como los estudios ambientales y la consulta previa en comunidades afectadas, por la estrechez de los plazos definidos.

“Que vaya adelante la subvención, paralelamente a la abrogación de este decreto”, afirmó Mario Argollo, dirigente de la COB. Al concluir la reunión, los cerca de 40 afiliados al movimiento obrero que participaron en el encuentro se retiraron de la sala de reuniones coreando: “¡abrogación!”, “¡abrogación!”.

El diálogo entró en receso hasta este jueves. Si bien el Gobierno descarta eliminar la norma, ha manifestado su disposición para hacer ajustes al decreto. “Nosotros hemos hecho esto por el bien de todo el país, esto era una necesidad, ahora si hay que corregir o mejorar, lo hagamos, para eso estamos en esta mesa”, afirmó el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, durante la reunión.

Mientras se reanudan las negociaciones, las medidas de presión se mantienen y la Administradora Boliviana de Carreteras reportó 20 puntos de bloqueo en todo el país la mañana del jueves.

En paralelo a la demanda de los trabajadores, el Gobierno encuentra resistencia entre algunos parlamentarios. Legisladores de las alianzas Libre y Unidad expresaron su preocupación por artículos que consideran que vulneran la Constitución Política del Estado (CPE) y recortan atribuciones del Órgano Legislativo.

Ambas bancadas afirman que si bien no exigen la abrogación de la norma, plantean la eliminación de los artículos observados, en particular los que afectan la competencia legislativa para aprobar créditos y contratos de inversión.

En esa línea, el vicepresidente Edmand Lara anunció un proyecto de ley para frenar dos decretos: el 5503 observado por la COB y el 5515, que faculta al presidente Rodrigo Paz a gobernar a distancia y no delegar el mando si se ausenta temporalmente del país.

“En el transcurso de mañana presentaremos un proyecto de ley para poner un alto a esos decretos inconstitucionales. Y pedimos a todos los senadores y diputados del país ponerse la mano al pecho, pensar en el país porque la solución está en la Asamblea”, informó Lara a través de un video publicado en TikTok, plataforma en la que tiene una presencia activa e intercambia diálogo con sus seguidores.

Las decisiones asumidas en esta jornada pueden ser decisivas para desactivar el conflicto en las calles y bajar la tensión en la esfera política cuando se cumplen dos meses de gobierno.

En el segundo día de bloqueos, se registran al menos 13 cortes de ruta en Bolivia, la mayoría concentrados en el norte y el occidente del país. La Central Obrera Boliviana (COB) encabeza la medida de presión a la que se sumaron otros sectores que reclaman la abrogación del Decreto Supremo 5503 que establece una serie de medidas económicas para enfrentar la crisis fiscal que atraviesa el país.

El lunes, los dirigentes de la COB abandonaron una reunión con el Gobierno luego de protagonizar una marcha de tres días —a la que denominaron “Bolivia no se vende”— en rechazo a la negativa de abrogar la norma. A partir de entonces, advirtieron con radicalizar sus protestas y bloquear caminos a nivel nacional.

La propuesta de la COB busca separar el contenido de decreto promulgado por el presidente Rodrigo Paz el 17 de diciembre: por un lado establecer la subvención de los combustibles y el incremento de bonos sociales que ya están contenidos en la norma actual; y por otro, remitir a la Asamblea Legislativa otros artículos del decreto que según los dirigentes de los trabajadores merecen un tratamiento diferenciado.

La polémica gira básicamente en torno a un nuevo procedimiento administrativo para los contratos de inversión sobre recursos naturales. El decreto establece un mecanismo “fast track” de aprobación expedita mediante decreto, lo que según analistas eliminaría el rol de la Asamblea Legislativa y omitiría otros requisitos constitucionales, como los estudios ambientales y la consulta previa en comunidades afectadas, por la estrechez de los plazos definidos.

Mientras la COB persiste con las protestas y exige la eliminación de la norma y la liberación de afiliados detenidos en las protestas del lunes, el gobierno busca lograr consensos con otros sectores. El martes hubo una reunión entre dos ministros y representantes de más de 40 organizaciones sociales para explicar el contenido del decreto, aclarar observaciones y escuchar las preocupaciones en torno a las medidas.

“Todo lo que son bloqueos es el pasado, el pasado ya no puede estar dentro de los bolivianos, lo que nosotros hacemos es dialogar con todos los sectores. La COB está invitada a dialogar, es la idea tener este tipo de diálogo maduro, no podemos cerrarnos”, manifestó el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.

Para este miércoles se tiene previsto otro encuentro entre el Gobierno y sectores sociales, pero no se ha confirmado la presencia de la Central Obrera. Félix Nina, dirigente del ente obrero en La Paz, condicionó la presencia del movimiento de los trabajadores a la liberación de al menos 20 detenidos el lunes, durante los enfrentamientos que hubo en La Paz al finalizar la marcha.

Si bien algunos ministros han manifestado que existe disposición para hacer ajustes al decreto, descartan la abrogación de la norma.

“Abrimos un espacio de diálogo, pero lamentablemente (la COB) venía sólo con una consigna: abrogación del 5503. Obviamente la respuesta es no, el 5503 no se va a abrogar”, manifestó el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo en una entrevista con el medio El Deber. Sin embargo, señaló que están “abiertos a discutir artículo por artículo” para ver si hay “alguna corrección, mejora o contribución”.

En ese contexto, las negociaciones entre el movimiento obrero y la administración de Rodrigo Paz están en punto muerto: por un lado, la intransigencia de dialogar hasta que no se abrogue el decreto y, por otro, la negativa categórica del Gobierno a dar marcha atrás.

Tras una jornada violenta en La Paz con el arribo de una marcha en rechazo al Decreto Supremo 5503 que establece nuevas medidas económicas en Bolivia, la Central Obrera Boliviana (COB) determinó iniciar este martes un bloqueo de caminos a nivel nacional para exigir la abrogación de la norma.

A primera hora de la mañana, los medios locales registraban al menos cuatro piquetes en la carretera que une a los departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba, en el occidente y centro del país, lo que provocó la suspensión de la salida de buses de transporte interdepartamental.

El lunes, los dirigentes de la COB abandonaron un encuentro con el Gobierno y entregaron una propuesta escrita sobre la cual quieren iniciar las negociaciones. Entre tanto, Mario Argollo, máximo dirigente del ente obrero, señaló que radicalizarán las medidas de presión hasta que reciban una respuesta favorable de parte del Gobierno.

La propuesta de los trabajadores básicamente consiste en abrogar el decreto y reemplazarlo por una norma de alcance más limitado que incluya la reducción de la subvención a los combustibles y el incremento de los bonos sociales que han sido planteados por el Gobierno.

Para los dirigentes de la COB, el decreto actual tiene “artículos de contrabando” que facilitan el trámite para la firma de contratos de inversión en recursos estratégicos como minería, hidrocarburos o litio. A través de un mecanismo “fast track”, la norma actual establece un proceso acelerado para la aprobación de contratos mediante decreto supremo.

La COB y las organizaciones afiliadas que participan en las protestas exigen que esos artículos sean eliminados y transferidos a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su debate y reglamentación.

La COB ha advertido que la implementación de un “decreto paralelo” es la única forma de desactivar las medidas de presión y espera una respuesta oficial sobre su planteamiento en las próximas horas.

En respuesta, la administración de Rodrigo Paz ha manifestado que está abierta al diálogo y ha convocado a una nueva reunión el miércoles en la que se instalarán mesas técnicas para discutir el alcance de la norma. Sin embargo, tanto el presidente Paz como sus ministros descartaron la abrogación del decreto.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, manifestó en una entrevista que el “decreto es perfectible” y que el Gobierno está dispuesto a “mejorarlo y complementarlo”. Sin embargo, señaló que “eso no significa que el decreto deba ser derogado, todo lo contrario, hay que avanzar en esa línea hacia la estabilización de la economía”.

La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, señaló que las protestas responden a intereses de los dirigentes para mantener sus privilegios y dijo que “no tienen moral” para hacer reclamos porque durante las gestiones del Movimiento Al Socialismo (2006-2025, con excepción de un año) fueron beneficiados por el Estado.

“No tienen moral para hablar de reivindicación o de lucha social”, afirmó Barrientos en una entrevista en el canal Bolivisión. “¿Dónde estaba la CPB mientras nos saqueaban durante 20 años? Estaban recibiendo autos y `pegas’ (cargos públicos)”, manifestó.

Mientras crece la incertidumbre sobre la transitabilidad en el país y la masificación de los bloqueos, el conflicto entre el Gobierno y la COB se mantiene abierto, a la espera de definiciones que permitan avanzar en el diálogo o profundicen las medidas de presión en las próximas horas.

Este lunes está previsto el arribo a La Paz de una marcha encabezada por la Central Obrera Boliviana (COB) contra el Decreto Supremo 5503 que establece una serie de medidas económicas para enfrentar la crisis fiscal que atraviesa el país. La movilización, denominada “Bolivia no se vende”, está integrada por al menos 2.500 personas, según una estimación de la Defensoría del Pueblo.

La marcha partió el sábado de la localidad de Calamarca, distante a 70 kilómetros de la sede de Gobierno, con representación de sectores mineros, campesinos y maestros, entre otros. Según reportes de la prensa local, el domingo hubo disputas entre los marchistas por la presencia de cocaleros del Trópico de Cochabamba, bastión del expresidente Evo Morales (2006-2019), a quienes un grupo de manifestantes intentó expulsar.

Al concluir la caminata este lunes, la administración de Rodrigo Paz convocó a los dirigentes a una reunión en la Casa de Gobierno para explicar en detalle el decreto e instalar mesas técnicas para “escuchar sus sugerencias”, informó el viceministro de Coordinación de la Gestión Pública, Julio Linares, en entrevista con el canal estatal. Si bien el funcionario aseguró que se escucharán propuestas porque todas las medidas “son perfectibles”, descartó la derogación del decreto.

Los principales puntos en discusión tienen que ver con la eliminación del subsidio de los combustibles, que se traduce en un aumento del 86% y 163% en el precio de la gasolina y el diésel, y la implementación de un mecanismo de aprobación exprés de contratos relacionados con recursos naturales mediante decreto supremo.

El canciller boliviano, Fernando Aramayo, defendió este domingo la norma, aseguró que no entrega recursos naturales a inversionistas extranjeros y afirmó que las protestas están impulsadas por una “aristocracia sindical minera” que no quiere perder sus privilegios.

Tras la promulgación del decreto, el 17 de diciembre, sectores afiliados a la COB iniciaron una serie de medidas de presión y los dirigentes tuvieron una reunión con el Gobierno en la que no se alcanzaron acuerdos.

“No estamos pidiendo nada inconstitucional, nada ilegal, porque este decreto maldito, por donde quiera que se lo vea es inconstitucional y en ese sentido tenemos que ser fuertes y perseverantes”, manifestó Mario Argollo, máximo dirigente sindical de los trabajadores durante la marcha.

Los manifestantes también protestan contra el Decreto Supremo 5515, promulgado el 29 de diciembre, que autoriza al presidente a gobernar a distancia mediante el uso de medios tecnológicos cuando se encuentre fuera del país. La medida busca evitar que el vicepresidente Edmand Lara asuma el mando en ausencia de Rodrigo Paz, quien confirmó su asistencia al Foro Económico Mundial que se realizará entre el 19 y el 23 de enero en Davos, Suiza.

La medida, que contradice la Constitución Política del Estado, que establece que ante la ausencia del presidente asume el mando el vicepresidente y a falta de éste el presidente del Senado y luego de Diputados; ha generado polémica y el rechazo de varios sectores, incluido el Comité Cívico de Santa Cruz que se ofreció como mediador entre el presidente y vicepresidente para superar sus diferencias.

Los expresidentes de Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé y Evo Morales, han cuestionado este jueves la constitucionalidad del decreto 5515, que autoriza al presidente Rodrigo Paz a ejercer sus funciones mediante medios tecnológicos desde el extranjero en casos de ausencia temporal. La promulgación de la norma, aprobada en la última sesión del gabinete ministerial, coincide con un momento de marcada tensión entre Paz y el vicepresidente Edmand Lara.

El surgimiento del decreto 5515 se inserta en una prolongada crisis de gobernabilidad en Bolivia. La relación entre Paz y Lara ha sido conflictiva desde la victoria electoral que los llevó a la presidencia y vicepresidencia en octubre de 2025, agudizándose tras el controversial decreto 5503, que puso fin a más de 20 años de subsidio a los combustibles. Las fricciones dentro del Ejecutivo han alcanzado su punto máximo con la inminencia del viaje internacional de Paz a Suiza para asistir al Foro Económico Mundial entre el 19 y 23 de enero, evento que podría situar por primera vez en la era Paz al vicepresidente Lara al mando del país.

Cuestionamientos constitucionales y protestas sindicales

Rodríguez Veltzé, quien presidió la Corte Suprema de Justicia y ocupó la presidencia de Bolivia entre 2005 y 2006, planteó en su cuenta de X que la coordinación y cooperación entre los órganos del poder público constituyen la base de la organización del Estado, exigiendo a sus titulares respeto a estos principios constitucionales por encima de sus diferencias personales o políticas. Además, calificó como un error escalar los desencuentros entre presidente y vicepresidente a través de medidas de dudosa constitucionalidad, y reclamó un mayor sentido de responsabilidad en la función pública.

Por su parte, Evo Morales, presidente de Bolivia entre 2006 y 2019, aseguró que Paz gobierna con “decretazos”, cuestionando tanto la eliminación del subsidio a los combustibles como la utilización de “instrumentos tecnológicos” para dirigir el país desde el exterior. Morales afirmó que con estas medidas, Paz “anula las competencias de la Asamblea Legislativa y cambia la Constitución”, y solicitó al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo de Justicia y a la Fiscalía General del Estado demostrar independencia y legalidad a través de una actuación pronta.

La Central Obrera Boliviana (COB), el sindicato más grande del país, ha criticado públicamente los decretos 5503 y 5515, considerando que ambos fuerzan el marco constitucional y subordinan las instituciones del Estado a intereses del poder ejecutivo. La COB mantiene una huelga indefinida desde hace once días exigiendo la anulación de la suspensión del subsidio a los combustibles.

Detalles de la normativa y la crisis interna

El decreto 5515 establece que el presidente de Bolivia debe ejercer sus atribuciones a través de medios tecnológicos de comunicación durante ausencias temporales del país. Si los recursos tecnológicos no están disponibles, el jefe de Estado está obligado a informar por escrito, de forma precisa y detallada, al vicepresidente sobre las acciones a tomar mientras esté vigente la suplencia.

Lara, quien frecuentemente utiliza Tiktok, ha criticado de manera constante a Paz y a su gabinete, acusándolos de corrupción y de provocar una agitación social tras el cese de los subsidios. Además, Lara ha manifestado su apoyo a las protestas encabezadas por la COB, profundizando las divisiones en el Ejecutivo y señalando el impacto social de las recientes medidas económicas.

En medio de la escalada institucional, Morales denunció que Paz “pisotea” el derecho de la población a ser consultada y “entrega ilegalmente” los recursos naturales a “corporaciones transnacionales”.

Afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) instalaron este lunes tres piquetes de huelga en La Paz, en rechazo al Decreto Supremo 5503, que establece una serie de medidas económicas para afrontar la crisis fiscal. Los piquetes están en la sede de la COB, en la del Magisterio Urbano y en la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia.

La medida de presión se inició tras una marcha de protesta en la sede de Gobierno que exige la abrogación del decreto que algunos sectores consideran perjudicial para la población, al aplicar ajustes económicos como la eliminación del subsidio a los combustibles y el encarecimiento del diésel y la gasolina.

“Me duele que mis compañeras tomen esta medida extrema para conmover y tocar el corazón de los gobernantes”, manifestó Mario Argollo, máximo dirigente de los trabajadores en el séptimo día de protestas.

Los dirigentes de la COB se reunieron la semana pasada con el Gobierno de Rodrigo Paz, pero no alcanzaron ningún acuerdo. El ente sindical exige que se abrogue el decreto, mientras que en el Ejecutivo afirman que no darán marcha atrás en una medida que consideran “el punto de partida de un nuevo modelo de país”.

En los últimos días, la administración de Paz sostuvo reuniones con otros sectores —como transportistas, comerciantes y mineros cooperativistas— para sumar respaldo a la medida.

El Decreto Supremo 5503 rige desde el 17 de diciembre y los ajustes al precio del combustible están acompañados por otras medidas, como el incremento del 20% al salario mínimo y un mecanismo fast track para contratos sobre recursos naturales que podrán ser aprobados sin control parlamentario en 30 días.

Para Argollo, estas disposiciones “rifan” el país. “Lastimosamente, este decreto vende el país, rifa el país. Creo que hemos socializado y estamos llegando a la concientización (…), no estamos aquí por locos, ni por intereses políticos (…), no nos vamos a parcializar por ningún gobierno de turno”, señaló citado por el periódico La Razón.

En tanto, el Gobierno defiende la totalidad de las medidas, incluyendo la implementación de procedimientos administrativos acelerados para atraer inversiones.

El fin de semana, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, difundió un mensaje a través de redes sociales en el que aseguró que el Gobierno continuará trabajando “para sacar a Bolivia de la crisis” y llamó a los sectores sociales movilizados a dejar de lado la confrontación, los bloqueos y la violencia.

“Estamos aquí para dar la vuelta a la hoja, pasar de la cultura de la confrontación, los bloqueos y la violencia a la de la tolerancia, la convivencia y el diálogo para vivir y trabajar en paz y en libertad”, afirmó en un video.

Las movilizaciones de la COB se desarrollan en un escenario marcado por tensiones sociales y económicas. Bolivia enfrenta desde hace más de dos años, una crisis financiera marcada por la escasez de dólares y el aumento sostenido de los precios de la canasta familiar.

Si bien el decreto incluye algunas medidas sociales, como el aumento del salario mínimo y de bonos que benefician a estudiantes y adultos mayores, hay sectores que las consideran insuficientes cuando el país alcanzó el 20% de inflación interanual y algunos economistas proyectan que seguirá en ascenso con el ajuste en el precio de los combustibles.

El retiro del subsidio a los combustibles, vigente en Bolivia durante más de dos décadas, ha desencadenado una ola de protestas encabezada por sindicatos agrupados en la Central Obrera Boliviana (COB) y mineros estatales.

Desde hace una semana, estos sectores mantienen una huelga indefinida y han intensificado las movilizaciones en ciudades clave del país para exigir la derogación del decreto 5503, que estableció aumentos del 86% en la gasolina y del 162% en el diésel respecto al precio subvencionado.

El líder de la COB, Mario Argollo, encabezó este lunes una nueva marcha en La Paz y anunció la incorporación de un grupo de mujeres mineras a una huelga de hambre en señal de protesta.

“Me duele que mis compañeras tomen esta medida extrema para conmover y tocar el corazón de los gobernantes y que no sean insensibles”, expresó Argollo.

La dirigente Beatriz Choque, representante del distrito minero de Porco, en la región andina de Potosí, reafirmó el compromiso del sector.

“Lucharemos de pie hasta el triunfo mis queridos bolivianos, por nuestros hijos y por nuestros nietos”, dijo.

El impacto de la medida ha sido inmediato en la economía cotidiana. El precio del litro de gasolina subió de 53 centavos de dólar a un dólar, mientras que el diésel pasó de 53 centavos a 1,4 dólares. Consumidores y comerciantes reportan incrementos en los costos de productos y servicios.

Miriam Huarina, una de las huelguistas, describió el efecto en el día a día: “Se ha disparado el costo de todo”. Un plato de comida en un mercado popular saltó de 15 a 22 bolivianos (de 2,15 a 3 dólares) tras la eliminación del subsidio.

El gobierno boliviano, encabezado por el presidente Rodrigo Paz, mantiene firme su decisión y descarta la posibilidad de restituir el esquema de subvenciones.

El Ejecutivo argumenta que la política de precios congelados, sostenida durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, resultó en una sangría de divisas y agravó la crisis económica. Paz ha defendido que el retiro del subsidio era inevitable para evitar el colapso de las reservas internacionales y garantizar la provisión regular de combustibles, que escasearon durante más de un año en el país.

El decreto 5503, que entró en vigor hace poco más de una semana, fue acompañado por medidas compensatorias. El salario mínimo nacional aumentó de 2.750 a 3.300 bolivianos (de 395 a 474 dólares), y se anunciaron incrementos en el bono para estudiantes del sistema público y en la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social. Sin embargo, para los sindicatos movilizados, estas medidas no compensan la pérdida del poder adquisitivo ni el encarecimiento de la canasta básica.

Las protestas han sido especialmente visibles en La Paz y Cochabamba, donde mineros de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) también marcharon por las calles principales. Dirigentes como Praxides Castañón advirtieron que las movilizaciones “van a ser indefinidas hasta que se pueda abrogar el decreto”. Castañón criticó al Ejecutivo por convocar al diálogo sin estar dispuesto a revertir la medida: “Nosotros vamos a estar hasta las últimas consecuencias”, afirmó.

La COB, que durante años fue aliada de los gobiernos de izquierda, ha convocado a una huelga general, aunque solo los mineros estatales y los maestros la cumplen de forma indefinida. Otros sectores, como transportistas, comerciantes y la mayoría de los mineros cooperativistas, han abandonado las protestas tras alcanzar acuerdos parciales con el gobierno.

En contraste, parte de la población paceña ha expresado rechazo a las marchas y bloqueos, argumentando que agravan la situación económica y afectan la movilidad urbana.

En el trasfondo del conflicto, Bolivia enfrenta una inflación interanual que superó el 20% en noviembre, tras un pico de casi 25% a mediados de año.

El retiro de las subvenciones es visto por el gobierno como un paso necesario para frenar el deterioro fiscal y evitar el contrabando de combustibles subsidiados a países vecinos. Sin embargo, los sindicatos exigen una respuesta inmediata a la pérdida de ingresos y al aumento del costo de vida.

Las conversaciones entre la COB y el presidente Paz no han logrado destrabar el conflicto. El Ejecutivo insiste en que el reemplazo del subsidio por transferencias directas y el aumento salarial son la única vía sostenible para equilibrar las cuentas públicas y reactivar la economía.

Los sindicatos, en cambio, mantienen la presión en las calles y advierten que no levantarán las medidas hasta que se derogue el decreto 5503 y se restablezca el subsidio a los combustibles. El país se mantiene a la expectativa de una resolución que permita recuperar la estabilidad social y económica.

(Con información de EFE y AFP)

Los sindicatos cocaleros del Trópico de Cochabamba anunciaron este domingo su adhesión a las manifestaciones de la Central Obrera Boliviana (COB) contra el Decreto Supremo 5503 que dispone una serie de medidas económicas para enfrentar la crisis fiscal que atraviesa el país.

Wilma Colque, presidenta de las seis federaciones cocaleras, convocó a los afiliados a una reunión este martes 30 de diciembre en la que determinarán las acciones a seguir. “Vamos a participar en estas marchas y movilizaciones para abrogar el decreto. No se trata solamente del gasolinazo o la subvención, detrás de esto hay 121 artículos que perjudican y está rifando a Bolivia con todos sus recursos naturales”, manifestó Colque.

El decreto, promulgado el 17 de diciembre por el presidente Rodrigo Paz y su gabinete de ministros, articula un paquete excepcional de ajustes para estabilizar la macroeconomía y asegurar el abastecimiento de combustibles.

Entre las medidas más visibles está el levantamiento de las subvenciones a los hidrocarburos, que resultó en un incremento de los precios del diésel y la gasolina; además de un mecanismo “fast track” para acelerar inversiones y flexibilizaciones impositivas y aduaneras destinadas a atraer capital y favorecer la importación de bienes productivos.

La norma también incluye beneficios económicos como el incremento del 20% en el salario mínimo nacional y el aumento de bonos sociales para estudiantes del sistema público y de la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social.

Para la dirigente cocalera, el decreto es “inconstitucional” porque diseña un mecanismo de aprobación de contratos sobre recursos naturales que omite algunas disposiciones constitucionales como la consulta previa en las comunidades afectadas y la aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Rechazamos contundentemente”, finalizó Colque en un video difundido en redes sociales este domingo.

La semana pasada, la COB encabezó marchas para exigir la aprobación del decreto que terminaron en enfrentamientos con la Policía y una reunión con el Gobierno en la que no se alcanzaron acuerdos. En ese contexto, los dirigentes anunciaron que continuarán movilizados con el respaldo de trabajadores mineros, campesinos, fabriles y maestros rurales.

El decreto también ha profundizado la grieta entre Paz y el vicepresidente Edmand Lara, quien se ha declarado en “oposición constructiva” frente al Gobierno. El fin de semana, Lara expresó su apoyo a las protestas y arremetió contra la administración de Paz en un mensaje difundido en redes sociales: “Este Gobierno se ha puesto del lado de los ricos y ha lanzado un decreto que yo llamo del hambre, del desempleo”.

El vicepresidente pidió a los sectores movilizados que sean “fuertes” y les dijo que “se vienen días mejores”.

Mientras algunos sectores se mantienen en pie de protesta, el Gobierno afirmó que no dará marcha atrás en la implementación de las medidas y busca sumar respaldo al paquete de reformas económicas mediante reuniones con diferentes sectores sociales.

El fin de semana, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, difundió un mensaje a través de redes sociales en el que aseguró que el Gobierno continuará trabajando “para sacar a Bolivia de la crisis” y llamó a los sectores sociales movilizados a dejar de lado la confrontación, los bloqueos y la violencia.

“Estamos aquí para dar la vuelta a la hoja, pasar de la cultura de la confrontación, los bloqueos y la violencia a la de la tolerancia, la convivencia y el diálogo para vivir y trabajar en paz y en libertad”, afirmó en un video.

Los sindicatos agrupados en la Central Obrera Boliviana (COB) marcharon este viernes por quinto día consecutivo en las calles de La Paz para exigir la anulación del decreto que eliminó la subvención a los combustibles, una medida vigente por más de dos décadas y que, según los trabajadores, perjudica a la mayoría del pueblo boliviano.

La COB mantiene una huelga indefinida, aunque hasta el momento solo la acatan los mineros estatales, mientras otros sectores sindicales suspendieron sus protestas tras negociaciones con el Ejecutivo.

El decreto en cuestión, identificado como Decreto Supremo 5503, fue promulgado hace poco más de una semana y dispuso el incremento del precio de los combustibles, con un alza del 86% en la gasolina y del 162% en el diésel respecto a los valores mantenidos con el subsidio.

Esta decisión del Gobierno de Rodrigo Paz generó una reacción inmediata de la COB, que resolvió intensificar las movilizaciones y extender la protesta a todo el país.

El máximo dirigente de la COB, Mario Argollo, declaró a EFE: “Este decreto está hecho para las transnacionales, empresarios, agroindustriales que se van a beneficiar, pero para el pueblo boliviano significa ajustarse más aún el cinturón”.

Argollo recalcó que la protesta responde a una reivindicación considerada justa por la dirigencia sindical. “Las bases son pacíficas, vamos a hacer conocer nuestra protesta y llegar hasta el último rincón del país, hermanos bolivianos entiendan el contexto de este decreto”, enfatizó Argollo.

Durante el feriado nacional decretado por el Gobierno para incentivar el turismo a fin de año, las marchas recorrieron el centro de La Paz, concentrando la atención de la opinión pública y de los medios nacionales.

La COB convocó a un encuentro nacional y ratificó la realización de un paro general indefinido hasta lograr la abrogación del decreto. El secretario ejecutivo de la organización, Mario Argollo, expresó tras la asamblea: “Se ha determinado seguir con la movilización y con el paro general indefinido y escalonado. Ha sido la posición firme de las bases”.

Las marchas de la COB no lograron el respaldo de toda la población en La Paz y encontraron rechazo en parte de los ciudadanos, según testimonios recogidos por EFE. La dirigencia sindical insiste en que el objetivo es concienciar a la ciudadanía sobre el impacto de la eliminación del subsidio y sostiene que, una vez comprendidos los alcances del decreto, la población respaldará la protesta.

La eliminación de la subvención a los combustibles provocó un fuerte aumento en los precios internos, con la duplicación del valor de la gasolina y la triplicación del diésel.

El subsidio, uno de los mayores gastos del Estado boliviano, representaba un desembolso semanal de aproximadamente USD 60 millones para la importación de combustibles, en un contexto de baja producción nacional y caída de la renta petrolera.

(Con información de EFE)

La movilización coincide con un feriado nacional, declarado por el Gobierno de Rodrigo Paz con la finalidad de promover el turismo en las últimas semanas del año. La multitud recorrió calles céntricas de La Paz, localidad que alberga tanto la sede del Ejecutivo como la del Legislativo. Según detalló EFECOM, la protesta forma parte de una huelga general indefinida, convocada el pasado lunes por la COB, aunque hasta ahora solo los mineros bajo contrato estatal han seguido plenamente la medida.

La vigencia del decreto 5503 introdujo cambios significativos en los precios de combustibles. EFECOM reportó que la gasolina subió un 86 % respecto al valor subsidiado y el diésel un 162 %, terminando abruptamente con una política de subsidio que se mantuvo durante más de veinte años. Este incremento ha sido acompañado por contramedidas anunciadas por el Gobierno, entre ellas el aumento del salario mínimo nacional, que pasó de 2.750 a 3.300 bolivianos (aproximadamente de 395 a 474 dólares). Además, se incrementaron bonos estudiantiles y pensiones dirigidas a personas mayores sin cobertura de seguridad social.

El Ejecutivo justificó la eliminación de la subvención alegando que la medida permite restablecer el abastecimiento regular de diésel y gasolina, que según el Gobierno había mostrado deficiencias durante alrededor de un año y medio. EFECOM consignó que el retiro del subsidio traería consigo un ahorro estatal diario de 10 millones de dólares, recursos cuyo destino específico no se detalló en las declaraciones oficiales.

La protesta de la COB, según expuso Argollo a EFECOM, no obedece a intereses sectoriales ni partidistas. El dirigente subrayó que la movilización sigue una “reivindicación justa”, destinada a “concientizar y llegar hasta el último rincón del país”. Argollo expresó que cuando la ciudadanía comprenda la finalidad del decreto, la central obrera encontrará respaldo en la opinión pública. Insistió en que las manifestaciones se han mantenido pacíficas.

El conflicto ya produjo instancias de diálogo. El martes, los dirigentes de la COB sostuvieron una reunión con el presidente Paz. Según EFECOM, en ese encuentro la organización sindical condicionó la continuación de las negociaciones a la derogación previa del decreto, exigencia que el Gobierno rechazó explícitamente y declaró inaceptable.

Otros sectores laborales y productivos, como los transportistas, comerciantes y mineros que actúan en cooperativas, aceptaron acuerdos con el Ejecutivo y suspendieron sus propias protestas. Así, la huelga indefinida de la COB se sostiene solo entre los mineros estatales, mientras las marchas sindicales han enfrentado rechazo de parte de la población de La Paz, según registró EFECOM.

En cuanto a la situación política, EFECOM recordó que la COB ha mantenido históricamente una relación de alianza con los anteriores Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025). No obstante, el contexto actual revela un quiebre con la administración de Rodrigo Paz, marcado por la demanda de la derogación del decreto y la decisión de endurecer las acciones sindicales.

Frente a la negativa oficial para revertir la medida, Argollo explicó que la organización minero-sindical prevé el desarrollo de nuevas estrategias de protesta. “Vamos a pensar en nuevas estrategias de lucha, no vamos a dejar este camino”, expresó el dirigente a EFECOM. Añadió que las acciones continuarán hasta lograr respuestas a sus demandas.

EFECOM indicó que el Gobierno sostiene que la eliminación del subsidio era inviable financieramente y subrayó los supuestos beneficios para la economía nacional al asegurar el suministro de combustibles y liberar recursos significativos para el erario público. Hasta el momento, el panorama sigue marcado por la firme postura sindical y la decisión oficial de mantener el decreto vigente.

Un encuentro nacional de la Central Obrera Boliviana (COB) este 25 de diciembre determinó realizar un paro de actividades indefinido en demanda de la abrogación del Decreto Supremo 5503, que, entre otros aspectos, dispuso la eliminación de la subvención a los combustibles y el incremento de su precio en el mercado interno.

Los dirigentes de los trabajadores anunciaron la llegada de afiliados a la sede de Gobierno donde se concentrarán las protestas. “Se ha determinado seguir con la movilización y con el paro general indefinido y escalonado. Ha sido la posición firme de las bases”, anunció el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, al finalizar el encuentro.

El dirigente consideró que las otras medidas que incluye el decreto, como un mecanismo de aprobación expedita y en tiempo récord de contratos sobre recursos naturales, abren las puertas para que las empresas transnacionales tomen control de la riqueza natural. “El decreto es altamente perjudicial para los trabajadores, la economía nacional y la Madre Tierra, ya que implica la enajenación de nuestros recursos naturales”, afirmó Argollo, citado por el portal de noticias Visión 360.

En paralelo a la reunión de la COB, un encuentro de trabajadores mineros realizado acordó continuar con las protestas en La Paz e iniciar movilizaciones en otras regiones en reclamo contra el decreto.

El Gobierno minimizó los anuncios de masificación de protestas y aseguró que no constituye un “conflicto nacional”. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, manifestó que las protestas de los obreros son aisladas y que otros sectores han apostado por el diálogo y la negociación.

“Esto ya no es un conflicto nacional, son algunos conflictos reducidos, aislados, que todavía persisten en el país. Hemos intentado acercamientos con la COB y ni siquiera están queriendo conversar. Creo que no es el ejemplo que se ha seguido acá en Santa Cruz y en otros sectores que han accedido al diálogo”, dijo el viceministro en entrevista con el canal Unitel.

Justiniano destacó otras medidas del decreto, como el incremento del 20% en el salario mínimo nacional, condonación de impuestos hasta 2025, el diferimiento de créditos y otras. “El decreto llegó para quedarse”, afirmó Justiniano, descartando su anulación.

Este escenario de tensión surge tras la eliminación de la subvención a los carburantes que durante más de 20 años habían sido vendidos en el mercado local a un precio fijo significativamente más bajo que el internacional.

Esta política de subsidio suponía uno de los mayores gastos públicos: cada semana se destinan cerca de 60 millones de dólares para la importación de diésel y gasolina debido a la baja producción local. Adicionalmente se crearon redes de contrabando que vendían combustible en las fronteras generando una pérdida anual estimada en 600 millones de dólares, según datos oficiales.

Con la crisis económica y la caída en la renta petrolera, la subvención se tornó cada vez más difícil de sostener. El 17 de diciembre, el presidente Rodrigo Paz y sus ministros anunciaron el Decreto Supremo 5503 que levanta el subsidio a los carburantes, lo que para los ciudadanos se traduce en la duplicación del precio de la gasolina y la triplicación del diésel.

En la primera semana en vigencia del decreto, Paz ha logrado el respaldo de algunos sectores y neutralizar las protestas, con dos días feriados de por medio, pero queda pendiente lograr consensos mayores con las organizaciones que consideran que la norma requiere ajustes o debe ser abrogada.

La Central Obrera Boliviana (COB), la mayor entidad sindical de Bolivia, decidió este jueves mantener las protestas contra el decreto que retiró la subvención a los combustibles, incluida una huelga general indefinida que, por el momento, solo cumplen los mineros que trabajan para el Estado, tras una reunión realizada en La Paz.

“Seguir con la movilización, con el paro general indefinido escalonado”, afirmó ante los medios el máximo dirigente de la COB, el minero Mario Argollo, al término del encuentro de los sindicatos afiliados a la entidad. La dirigencia resolvió sostener las medidas de presión pese a la disminución de participantes en las marchas registradas en los últimos días.

Los sindicatos movilizados, integrados en su mayoría por trabajadores mineros, continuarán concentrados en La Paz, sede del Gobierno y del Ejecutivo boliviano, y mantendrán las protestas incluso “pese a los feriados” por las fiestas de fin de año, según indicó Argollo. El dirigente señaló que las manifestaciones seguirán de forma permanente mientras el decreto continúe vigente.

Durante la reunión también se definió impulsar marchas en las nueve regiones del país y profundizar la difusión del contenido de la norma. “Se ha determinado socializar aún más este decreto”, sostuvo Argollo, al señalar que el objetivo es que la población comprenda que la medida resulta “dañina” para los trabajadores y “para la economía del país”. Según el dirigente, la decisión del Ejecutivo permitirá “enajenar” los recursos naturales de Bolivia.

Antes del encuentro, los afiliados a la COB volvieron a marchar por el centro de La Paz en rechazo al decreto, aunque con una participación menor respecto de los primeros días de protestas. Las movilizaciones comenzaron el lunes, cuando la entidad sindical convocó a una huelga general e indefinida contra la eliminación de la subvención a los combustibles.

La COB, que fue aliada política de los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), mantiene la convocatoria a la huelga, aunque la medida solo es acatada por los mineros estatales. Otros sectores que inicialmente se sumaron a las protestas, como transportistas, comerciantes y mineros cooperativistas, levantaron las medidas tras alcanzar acuerdos con el Ejecutivo.

En La Paz, las marchas impulsadas por la COB recibieron cuestionamientos de parte de sectores de la población, que expresaron rechazo a los bloqueos y a la continuidad de las protestas en el centro de la ciudad. Las autoridades municipales informaron afectaciones al tránsito y a las actividades comerciales durante las jornadas de movilización.

Los dirigentes de la COB se reunieron el martes con el presidente Rodrigo Paz, en un intento de abrir un canal de diálogo. Sin embargo, el encuentro finalizó sin acuerdos, debido a que la entidad sindical condicionó cualquier negociación a la derogación previa del decreto, una posibilidad que el Gobierno descartó de manera pública.

En las últimas horas, el vicepresidente Edmand Lara, ex policía, expresó su respaldo a los sectores movilizados mediante un video difundido en TikTok. En el mensaje, Lara pidió a los manifestantes que sean “fuertes” y aseguró que “los tiranos van a caer” y que “se vienen días mejores”.

“Sabíamos que no iba a ser fácil, sabíamos que los corruptos iban a resistir, pero hemos abierto una puerta, ahí estoy yo para defenderlos”, afirmó Lara en el video. El vicepresidente se declaró días atrás en “oposición constructiva” al presidente Paz, lo que generó reacciones dentro del oficialismo.

El decreto 5503, vigente desde hace poco más de una semana, fijó nuevos precios para los combustibles, con incrementos del 86% en la gasolina y del 162% en el diésel en relación con los valores subvencionados que rigieron durante más de 20 años. La medida formó parte de un paquete económico anunciado por el Ejecutivo.

El retiro de la subvención estuvo acompañado por otras decisiones, como el aumento del salario mínimo, que pasó de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares), y la suba de beneficios sociales, entre ellos el bono para estudiantes del sistema público y la renta destinada a adultos mayores sin aportes a la seguridad social.

El Gobierno defendió el decreto al sostener que la subvención a los combustibles ya no resultaba sostenible y afirmó que su eliminación permitió garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina, que fue irregular durante casi un año y medio. Según el Ejecutivo, la medida genera un ahorro diario de 10 millones de dólares para el Estado.

(Con información de EFE)

Después de una reunión infructuosa entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el gobierno liderado por Rodrigo Paz, la organización sindical anunció la continuación de las movilizaciones en protesta por el Decreto 5503, que pone fin a las ayudas al diésel junto a un centenar de disposiciones adicionales. Según informó el medio, representantes de la COB salieron de la reunión con el Ejecutivo señalando que no hubo ningún progreso en lo referente a su principal exigencia: la derogación de la normativa mencionada.

De acuerdo con lo publicado, las protestas en La Paz tuvieron su momento más crítico cuando manifestantes intentaron irrumpir en los alrededores de la Plaza Murillo, zona sede del Gobierno boliviano. Durante ese episodio, los participantes detonaron artefactos de dinamita, lo que provocó lesiones en varios miembros de la policía que custodiaban el perímetro de seguridad. El avance sobre la plaza se produjo en el marco de un rechazo abierto a las nuevas medidas económicas dispuestas por el Ejecutivo, centradas principalmente en la supresión del subsidio al diésel.

El medio detalló que la jornada de protestas resultó en la detención de al menos ocho personas. Las fuerzas de seguridad recurrieron al empleo de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y evitar una escalada mayor en los incidentes, que incluyeron enfrentamientos directos entre los congregados y la policía. Según consignó el medio, el principal sindicato del país lideró la protesta y, tras los disturbios, confirmó que las acciones de presión proseguirán en tanto no exista respuesta favorable por parte del gobierno.

Horas después de los enfrentamientos, delegados de la COB mantuvieron un encuentro con el presidente Paz y otros funcionarios, aunque la reunión no cambió la posición oficial sobre el Decreto 5503. Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, aseguró tras el cónclave que el gobierno no mostró disposición alguna de aceptar la derogación del decreto. De acuerdo con declaraciones recogidas por el medio, el sindicato tildó la nueva regulación de “totalmente neoliberal” y advirtió de efectos negativos a futuro para distintos sectores.

Tal como informó el medio, el Decreto 5503 no solo elimina el subsidio al diésel, sino que forma parte de un paquete que involucra más de cien medidas económicas. Las autoridades justifican la decisión como necesaria para el ajuste fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas, mientras que organizaciones sindicales y sociales argumentan que el costo recaerá en la población, especialmente en los trabajadores y sectores más vulnerables.

La Central Obrera Boliviana, posicionada como el principal sindicato del país, expresó su rechazo a las medidas mediante protestas que, según el medio, concentraron a numerosos manifestantes frente a la sede del gobierno. Tras los incidentes, la organización sindical reiteró su intención de mantener la presión en las calles y buscar la reversión del decreto.

Los disturbios registrados incluyeron detonaciones de pequeños explosivos y lanzamientos de objetos, lo que obligó a un despliegue masivo de las fuerzas de seguridad en puntos estratégicos de la ciudad. El medio reportó que los incidentes dejaron como saldo varios heridos entre los agentes policiales y la detención de ocho personas vinculadas con las acciones más violentas.

En las declaraciones públicas recogidas tras la reunión con el Ejecutivo, los líderes sindicales insistieron en caracterizar el conjunto de medidas como una imposición sin consulta que, a su juicio, responde a intereses ajenos al bienestar general. La COB, por medio de su secretaria ejecutiva y otros portavoces, enfatizó que el decreto persistirá como objeto de disputa hasta que el gobierno modifique su postura.

Dentro de la agenda sindical se contempla la organización de nuevas marchas y actos de protesta para los próximos días, con el propósito de forzar una revisión de las recientes decisiones económicas. El medio resaltó la tensión creciente en la capital boliviana y la persistencia del conflicto social como resultado del desacuerdo entre el Ejecutivo y los representantes laborales.

Al cierre de la jornada, las posturas no mostraban indicios de acercamiento y tanto las autoridades como las organizaciones sindicales manifestaron su determinación de sostener sus respectivas posiciones. Según consigna el medio, la dinámica de movilizaciones podría continuar en el futuro inmediato, con la COB manteniendo su llamado a acciones de presión y el Gobierno reafirmando la vigencia del Decreto 5503 y su paquete económico.

La eliminación del subsidio estatal a los combustibles en Bolivia provocó este martes una escalada de violencia en el corazón político del país. Una marcha convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) terminó en enfrentamientos con la Policía en las inmediaciones de la plaza Murillo, en La Paz, donde funcionan el Palacio de Gobierno y el Congreso. Al menos cuatro agentes resultaron heridos y debieron ser trasladados a centros médicos.

La movilización reunió a cientos de trabajadores, en su mayoría mineros estatales y privados, además de maestros rurales y obreros fabriles. Los manifestantes intentaron ingresar por la fuerza a la plaza Murillo desde varios accesos, retirando vallas de seguridad y presionando los cordones policiales desplegados para resguardar el kilómetro cero del poder político boliviano.

Durante los incidentes se escucharon detonaciones de petardos y cargas de dinamita, un recurso habitual en protestas mineras en Bolivia, lo que elevó el nivel de riesgo en una zona densamente transitada.

La Policía respondió con gases lacrimógenos y gas pimienta para dispersar a los manifestantes y evitar el ingreso al perímetro oficial. Un efectivo policial confirmó que “han hecho explotar dinamita; se realizará la evaluación médica para determinar las causas de las heridas y ya se activó el traslado en ambulancia”.

El intercambio se concentró en calles clave del centro histórico, como Yanacocha, Comercio, Socabaya y Potosí, y se extendió durante unos 25 minutos. Tras la dispersión, los manifestantes se replegaron hacia la avenida Mariscal Santa Cruz, una de las principales arterias de La Paz, que quedó bloqueada durante varias horas, afectando el tránsito y la actividad comercial.

El máximo representante de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Andrés Paye, sostuvo que la movilización tenía carácter pacífico y responsabilizó a las fuerzas de seguridad por la violencia. “Le decimos al Gobierno y a la Policía que no estén gasificando. Nosotros estamos aquí y ellos provocan”, afirmó, al justificar el uso de explosivos como una reacción defensiva.

La protesta se enmarca en el rechazo al Decreto Supremo 5503, que dispuso el retiro total del subsidio a la gasolina y al diésel, vigente durante más de dos décadas. La medida implicó aumentos del 86 % en el precio de la gasolina y del 162 % en el diésel.

El Gobierno de Rodrigo Paz argumenta que mantener la subvención sería fiscalmente inviable y que en 2026 demandaría un gasto equivalente al 6,4 % del producto interno bruto.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, defendió la decisión y llamó a la desescalada.

“Respetamos toda movilización que respete los derechos de otros”, señaló, al tiempo que expresó su expectativa de que “esto no pase de una gasificación” y se retome el diálogo. Sin embargo, cuestionó la postura de la COB de exigir la anulación del decreto como condición previa. “Eso no es diálogo”, afirmó.

Las protestas no se limitaron a La Paz. En El Alto, ciudad vecina y bastión sindical, grupos de vecinos bloquearon la salida hacia Oruro, mientras que en el departamento de Chuquisaca se reportaron cortes de ruta protagonizados por sectores campesinos. La COB convocó además a una huelga general indefinida, aunque su acatamiento ha sido dispar.

El conflicto representa el primer gran desafío social para el presidente Paz desde su asunción el 8 de noviembre. La Defensoría del Pueblo desplegó personal para mediar en la zona de los enfrentamientos, mientras comerciantes del centro expresaron su preocupación por las pérdidas económicas en un período de alta actividad previo a las fiestas.

(Con información de EFE)

Una multitudinaria marcha de mineros paralizó este lunes el centro de La Paz, en el inicio de un paro obrero nacional convocado para rechazar la eliminación del subsidio a los combustibles establecida por el nuevo gobierno del presidente Rodrigo Paz. La medida de fuerza incluyó además protestas en otras ciudades del país.

“Estamos en las calles en una lucha que va a continuar hasta derogar ese decreto que elimina la subvención”, dijo Andrés Paye, dirigente minero, a la prensa. “Este gobierno aprueba normas para favorecer a los empresarios y castigar a los pobres”, agregó.

En la sede de gobierno, la policía cercó los accesos a la plaza Murillo, donde se encuentra el Palacio de Gobierno, para impedir el ingreso de los manifestantes. La marcha de mineros congestionó las principales calles del centro paceño, mientras que en la vecina ciudad de El Alto juntas vecinales mantenían cortadas varias avenidas. Además, se reportaron bloqueos carreteros en rutas de seis de las nueve regiones de Bolivia, según la Administradora de Carreteras.

En Cochabamba, la tercera ciudad del país, sindicatos afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) protagonizaron una marcha y bloquearon dos rutas troncales que conectan con el oriente boliviano.

El paro general fue convocado por la Central Obrera Boliviana (COB), aunque su impacto fue parcial. El gobierno logró desactivar la protesta del sector transporte tras cerrar acuerdos durante el fin de semana con la mayoría de sus sindicatos y abrió negociaciones con otros sectores.

En La Paz, el transporte público funcionó con normalidad, mientras que en Santa Cruz, la ciudad más poblada del oriente, el servicio urbano fue escaso. “No hay paro, los transportistas trabajaremos en servicio del pueblo”, dijo a la prensa Lucio Gómez, dirigente del gremio, tras la reunión con autoridades. Otro dirigente sindical, Luis Paco, reconoció que el retiro del subsidio era previsible: “Sabíamos que en algún momento iba a terminar la subvención, no era el momento, no se concertó el ajuste, pero era inevitable”, señaló.

Paz, quien asumió el cargo el 8 de noviembre, puso fin a un subsidio a los combustibles que se había mantenido durante más de 20 años por los gobiernos de izquierda, con un precio de 0,53 dólares por litro. Según el Ejecutivo, las importaciones de gasolina y diésel —que alcanzaban los 3.000 millones de dólares anuales— agotaron las reservas de divisas y profundizaron la peor crisis económica que atraviesa el país en cuatro décadas, tras el declive de la industria de hidrocarburos, principal sostén de la economía boliviana.

“El país está enfermo y hay que sanarlo. Cada día se destinan 10 millones de dólares a una subvención que termina beneficiando al contrabando. La medida no tiene marcha atrás, pero es el punto de partida”, afirmó el mandatario centroderechista durante un encuentro con ciudadanos el domingo en la televisora estatal.

Desde el gabinete, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, sostuvo que “estas medidas inician un nuevo ciclo país tras 20 años de populismo”, mientras que el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, remarcó que la eliminación del subsidio implica “un ahorro de 10 millones de dólares al día para el Estado”.

Como medidas complementarias, Paz decretó un aumento salarial del 20% que beneficiará al 15% de la fuerza laboral formal, dado que el 85% de los trabajadores se desempeña en el sector informal. Asimismo, mantuvo los bonos sociales para ancianos y familias pobres, los cuales —según anunció— tendrán un incremento, y autorizó a los transportistas a importar autopartes sin aranceles.

Las decisiones del Ejecutivo cuentan con el respaldo de los sectores empresariales y del gobierno de Estados Unidos. En ese marco, Paz busca atraer inversiones externas para reactivar la economía.

“Los grupos afines a Evo Morales y la COB están buscando mostrar su fuerza, pero han quedado debilitados”, analizó el politólogo Carlos Cordero. “En muchos sectores del país hay la convicción de que el ajuste era necesario. Los que perdieron poder buscan recuperar convocatoria en las elecciones de abril de gobernadores y alcaldes cuando se complete de reconfigurar el poder político en Bolivia”.

(Con información de AP)

El Gobierno de Bolivia anunció la noche de este domingo que llegó a un acuerdo con la Confederación Sindical de Choferes con el que se suspendieron los bloqueos de caminos anunciados para este lunes en rechazo a la aprobación del Decreto Supremo 5503 que, entre otras cosas, levanta la subvención de los combustibles y aumenta su precio en el mercado interno.

El acuerdo fue anunciado por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, quien destacó la predisposición al diálogo de ese sector de los transportistas. “Esta es la forma de hacer las cosas”, sostuvo Zamora en una conferencia de prensa al finalizar el encuentro.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Confederación, Lucio Gómez, aseguró que durante la reunión se atendieron las demandas planteadas por los choferes y que en los próximos días se continuarán tratando los temas pendientes. Mientras tanto, afirmó: “No hay paro, vamos a trabajar para servir al pueblo”.

Si bien se logró frenar una de las principales protestas, otros sectores mantienen su rechazo al decreto como la Central Obrera Boliviana (COB), que ratificó la realización de una marcha de El Alto a La Paz, para exigir la abrogación de la norma. “La COB no va a negociar al margen del pueblo ni va a decepcionar la confianza depositada”, afirmó Mario Argollo, secretario ejecutivo de la entidad.

Argollo hizo un llamado a organizaciones sociales, juntas vecinales y ciudadanía en general a sumarse a una movilización que calificó como reivindicativa y no política. “Con este decreto están atentando directamente contra la economía del pueblo”, arengó.

Algunos sindicatos de choferes también mantienen en pie su protesta. En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la más grande y poblada del país, los conductores de buses se replegaron este lunes dejando sin servicio de transporte público a la población, mientras que en Cochabamba los choferes del transporte libre realizan bloqueos.

En otras regiones, como en la ciudad sureña de Tarija, hay pocos buses en servicio y los que circulan duplicaron la tarifa del pasaje sin acuerdo previo con la Alcaldía.

Precisamente el punto central de la discusión con los choferes tiene que ver con el precio del pasaje que está regulado por los gobiernos locales. En ese sentido, el Gobierno se comprometió a convocar a alcaldes y gobernadores este lunes para establecer, junto a los choferes, criterios que permitan definir los nuevos precios del transporte urbano e intermunicipal.

Estos encuentros se dan en medio de un nuevo escenario económico tras la eliminación de la subvención a los carburantes. Durante más de 20 años, el Estado subsidió el diésel y la gasolina vendiéndolos a un precio fijo significativamente más bajo que el precio internacional (equivalía a 0,53 centavos de dólar).

Esta política suponía uno de los mayores gastos públicos: cada semana se destinan cerca de 60 millones de dólares para la importación de combustible debido a la baja producción local.

Con la crisis económica y la caída en la renta petrolera, la política de subsidios se tornó cada vez más difícil de sostener. El 17 de diciembre, el presidente Rodrigo Paz y sus ministros anunciaron el Decreto Supremo 5503 que levanta el subsidio a los carburantes, lo que se traduce en la duplicación del precio de la gasolina y la triplicación del diésel.

Si bien la norma incluye otros puntos, como el aumento del salario mínimo nacional o la aprobación exprés de contratos sobre recursos naturales, el tema del combustible centró la atención pública y desató protestas.

En los primeros cinco días de la medida, Paz parece capear parcialmente las manifestaciones a través de acuerdos sectoriales, pero queda pendiente lograr consensos mayores que devuelvan la normalidad del servicio sin generar un perjuicio económico mayor a una población ya golpeada por la crisis.

El Gobierno de Bolivia anunció un incremento del 10% en salario mínimo y del 5% en el haber básico luego de llegar a un acuerdo con la Central Obrera Bolivia (COB). El aumento ha provocado el rechazo de varios sectores económicos que fueron excluidos de las negociaciones y advierten que la medida generará despidos masivos y el cierre de empresas.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) emitió un comunicado en el que señala que el alza tendrá impactos negativos en la sostenibilidad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, y en el empleo forma y advirtió que “el Gobierno deberá asumir la responsabilidad por las consecuencias de esta determinación”.

Por otro lado, la presidenta de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, Helen Rivero, manifestó que la disposición es parte una estrategia electoral de cara a los comicios generales del próximo 17 de agosto. “Esta es una medida política y electoral para ganar votos, el Gobierno está tratando de congraciarse con los empleados públicos para tener un voto seguro”, sostuvo en declaraciones recogidas por Unitel.

Aunque el presidente Luis Arce no ha confirmado su postulación a la reelección, luego de hacer el anuncio del alza salarial en la casa de Gobierno, acudió a un mitin político donde sus seguidores lo “proclamaron” candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) para las elecciones, pese a su bajo desempeño en las encuestas.

Para este incremento, el Gobierno explicó que tomó como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la gestión 2024, que llegó a 9,97%. En medio de las críticas, el presidente Arce defendió la medida y la calificó como “absolutamente racional” porque aumentará el flujo económico y permitirá que las familias puedan mantener “un consumo adecuado para garantizar su bienestar”.

Bolivia atraviesa desde hace dos años una crisis económica marcada por la escasez de dólares, periodos de desabastecimiento de combustible y un aumento sostenido de los precios de la canasta familiar. Si bien el Gobierno no ha devaluado la moneda, ha surgido un mercado paralelo de divisas donde el dólar se cotiza a más del doble del tipo de cambio oficial, lo que ha elevado los costos de producción de las industrias porque los insumos resultan cada vez más caros.

En ese marco, la Cámara Nacional de Industria manifestó que el aumento de este año no es viable porque hubo un descenso de la actividad económica en el país y argumentó que las empresas enfrentan problemas por la falta de dólares y la escasez de diésel y gasolina. A través de un comunicado, pidieron “congelar” los salarios para evitar que el incremento provoque “un mayor déficit fiscal” y se constituya en un factor de “inestabilidad macroeconómica”.

Bolivia este año fue calificado con el riesgo país más alto de Sudamérica, solo después de Venezuela, y las proyecciones económicas en el corto plazo no son alentadoras. En los tres primeros meses del año, el país acumuló una inflación del 5% y organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional calculan que llegará a más de 15% en diciembre, y que la próxima gestión la inflación será aún mayor.

Los sueldos suben cada año

Desde que el Movimiento al Socialismo (MAS) llegó a la poder en 2006, cada año el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) acuerdan el porcentaje del alza salarial que se oficializa a través de un Decreto Supremo cada 1 de Mayo, en el Día Internacional de los Trabajadores.

Este año, la COB había pedido un aumento del 15% en el salario mínimo y del 20% en el sueldo básico, una demanda que negoció con el Gobierno sin que los empresarios privados fueran parte de las negociaciones.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 25 años el salario mínimo nacional se incrementó en 604%, pasando de 355 bolivianos a 2.500 en 2024.

Con el alza anunciado este lunes, el salario mínimo de este año quedará establecido en 2.750 bolivianos lo que equivale a unos 362 dólares al tipo de cambio oficial. Sin embargo, ante la escasez de dólares en el mercado formal, el salario equivale a 196 dólares blue.

Como todos los años, la Central Obrera Boliviana entregó al Gobierno la solicitud de aumento al salario mínimo y el haber básico. En medio de la crisis económica que afecta el país, marcada por la escasez de dólares y el incremento sostenido de los precios de la canasta familiar, los trabajadores pidieron un incremento del 20% y 15% respectivamente.

El pedido se oficializó este jueves en una reunión entre los dirigentes de la COB y el presidente Luis Arce. “La propuesta está sujeta a discusión, como siempre lo hicimos, en la comisión económica, ya con estos antecedentes de un estudio en los diferentes mercados y la preocupación de los bolivianos de la pérdida adquisitiva del salario”, sostuvo el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi.

El presidente Arce informó que se conformarán cuatro comisiones para atender la demanda salarial y un listado de reclamos sindicales adicional. “(Vamos a) velar para que aquellos sectores que están siendo afectados puedan tener una compensación salarial justa en el marco de la economía nacional”, manifestó el mandatario a tiempo de señalar que la especulación de precios habría provocado un aumento de la inflación.

Bolivia atraviesa desde inicios de 2023 dificultades económicas marcadas por crisis cambiaria. A partir de entonces se restringieron las transacciones en dólares y se limitaron los giros y el uso de tarjetas bancarias en el extranjero. Si bien el Gobierno no ha devaluado la moneda, surgió un mercado paralelo de divisas en el que el boliviano se devaluó progresivamente hasta alcanzar el 70% de depreciación actual.

Esto ha limitado las importaciones de combustible provocando frecuentes periodos de escasez y el incremento constante de los precios. Bolivia cerró el 2024 con casi el 10% de inflación -el porcentaje más alto de los últimos 16 años- y este año apunta a dispararse aún más: los dos primeros meses de 2025, la inflación acumulada llegó a 3,24%, casi la mitad de lo proyectado por el Gobierno para todo el año, lo que marca una tendencia inflacionaria alta para los siguientes meses.

En ese marco, el ministro de Trabajo y Previsión Social, Erland Rodríguez, calificó la demanda de los obreros como “porcentajes un poquito altos” y dijo que serán trabajados en mesas técnicas.

El sueldo mínimo de Bolivia es de 2.500 bolivianos, equivalentes a 360 dólares al tipo de cambio oficial y menos de 250 al cambio del mercado paralelo. En mayo de 2024, se subió en 5,85% el salario mínimo nacional y en 3% el haber básico, y la demanda de los trabajadores para ese año había sido del 8% y 7% respectivamente.

Ante el pedido de la COB, varios sectores empresariales e industriales han rechazado la propuesta que consideran “exorbitante” e “irreal”. En un comunicado, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia manifestó que “la grave crisis económica que afecta a las empresas privadas, especialmente las medianas y pequeñas, las ha colocado en una situación de indefensión extrema; que se vería seriamente agravada por aumentos salariales desproporcionados; y provocaría un escenario incontrolable de cierres, desinversión y precariedad”. En la misma nota, la entidad solicita al Gobierno escuchar los argumentos y propuestas del sector empresarial antes de tomar cualquier decisión.

De igual forma, el presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, manifestó que el aumento salarial demandado es “inviable” dada la coyuntura económica que atraviesa el país. Antelo reiteró en una rueda de prensa que se hicieron propuestas para paliar la crisis económica del país como reducir el aparato estatal y liberar las exportaciones para generar más divisas.

La Paz, 27 sep (EFE).- Sectores sindicales y organizaciones sociales afines al Gobierno de Luis Arce anunciaron este viernes que defenderán la democracia ante los "planes" de un "golpe de Estado" que atribuyen al expresidente y líder del oficialismo boliviano Evo Morales (2006-2019).

Los sindicatos de campesinos e indígenas leales a Arce agrupados en el llamado 'Pacto de unidad' y la Central Obrera Boliviana (COB), aliada política del Gobierno, hicieron este anuncio tras una reunión de análisis de la coyuntura realizada en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, en la que más temprano estuvieron el mandatario y sus ministros.

"El 'Pacto de Unidad' en coordinación con la Central Obrera Boliviana y todas las organizaciones sociales defenderemos nuestra democracia ante los planes de Evo Morales que pretende dar un golpe de Estado, intentando pisotear nuestra Constitución Política del Estado", señala el documento de resoluciones emitido por estos sectores.

También se declararon "en estado de emergencia permanente ante las amenazas de convulsionar el país" promovidas "por el evismo (los sectores afines a Morales) que tanto daño le hace al pueblo boliviano".

Los afines a Arce demandaron mayores controles contra la especulación en los mercados y mejorar la lucha contra el contrabando de combustibles y alimentos, ante el encarecimiento de algunos alimentos y la escasez sobre todo de diésel que se registra desde hace meses en el país.

Además pidieron una "evaluación inmediata" de ministros, viceministros y funcionarios encargados de entidades estatales para una "reconducción efectiva" del Estado para "dar una pronta respuesta" a problemas como la falta de dólares y combustibles y el encarecimiento de algunos productos básicos.

Estos sectores también amenazaron con tomar acciones "drásticas" si es que el Tribunal Constitucional y el órgano electoral no reconocen a la directiva nacional del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) que eligieron en un congreso partidario celebrado en mayo pasado.

En ese encuentro, los llamados 'arcistas' o afines a Arce eligieron al dirigente campesino Grover García como nuevo presidente del MAS en reemplazo de Morales, quien en un congreso realizado por sus seguidores en 2023 fue ratificado como líder del partido y declarado "candidato único" para las elecciones generales de 2025.

Ambos congresos fueron rechazados por el órgano electoral por no cumplir con algunos requisitos señalados en el estatuto del MAS.

La renovación de la dirección nacional del MAS y la postulación de Morales han profundizado la división en el partido gubernamental que comenzó a finales de 2021 y se agudizó en las últimas semanas ante una caminata liderada por el exmandatario para exigir, entre otros, que se reconozca el congreso que le nombró candidato para 2025.

El Gobierno ha señalado que la marcha fue el inicio de un plan para derrocar a Arce con la intención de que asuma la Presidencia del país Andrónico Rodríguez, titular de la Cámara de Senadores, y afín a Morales, para habilitar así la candidatura del exmandatario.

La facción oficialista afín a Morales tenía previsto bloquear carreteras desde el lunes para lograr atención a sus demandas, pero en la víspera decidió suspender la medida. EFE

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Los senadores y diputados de Bolivia legislan este jueves bajo amenaza de los seguidores del Gobierno, quienes instalaron una vigilia en la Asamblea Legislativa para exigir la aprobación de créditos internacionales que ayuden a paliar la crisis económica que enfrenta el país.

Este miércoles estaba programada una sesión de la Cámara de Senadores, pero se decidió cambiar la sede a la localidad de Uyuni, en Potosí, ante la amenaza que en días pasados hizo el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, de tomar el hemiciclo. Entre tanto, los diputados instalaron la sesión en medio de la vigilia a la Asamblea, pese a que varios consideraban que no hay garantías.

El Comando Departamental de la Policía de La Paz informó que dispuso de una cantidad significativa de efectivos policiales para resguardar el edificio y la integridad de los legisladores. La vigilia se instaló el martes luego de una “macha por la democracia”, que fue protagonizada por seguidores del Gobierno encabezados por la COB.

El orden del día de la sesión de la Cámara de Diputados consigna siete puntos, dos de los cuales son proyectos de ley para autorizar el desembolso de créditos externos por una suma total de 140 millones de dólares.

El punto 4 de la convocatoria indica que se analizará el “proyecto de Ley 449/2023-2024 que aprueba el contrato de préstamo 5865/OC-BO para el programa de administración de tierras para el desarrollo rural sustentable”. Fue suscrito el 23 de mayo de 2024 entre el Estado y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 40 millones de dólares.

El punto 5 se trata del “Proyecto de Ley 450/2023-2024 que aprueba el contrato de préstamo Bol38/2024 para el Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo, fase II”. El contrato fue suscrito con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) por 100 millones de dólares.

“No vamos a aprobar nada, se tiene que priorizar las iniciativas que tienen que ver con abrogar las leyes incendiarias”, manifestó al inicio de la sesión la diputada Samantha Nogales. “Esta sesión debería estar dedicada exclusivamente a los incendios forestales, lastimosamente el Gobierno lo único que hace es politizar, y todos los masistas son cómplices”, agregó.

Consultada por Infobae, la diputada Luciana Campero indicó que, hasta la publicación de esta nota, no se habían registrado incidentes con los manifestantes y que la oposición estaba intentando modificar el orden del día y tratar otras normativas.

Créditos externos

Los dos proyectos de ley de aprobación de créditos internacionales que se pusieron en la agenda de hoy, no son los únicos que el Gobierno espera.

Según informó el presidente Luis Arce, se trata de doce créditos que suman 1.076.760.000 dólares. En un mensaje a la nación, el presidente calificó la falta de tratamiento de estas leyes como un “bloqueo” y “boicot” a su gestión, y manifestó que es una de las causas de la falta de dólares en el país.

Legisladores del evismo y la oposición consideran que no se puede aprobar créditos hasta que no se explique el manejo y destino de los recursos. “No vamos a aprobar leyes económicas si el presidente no rinde cuentas, no le explica al pueblo boliviano y a los representantes del pueblo qué destino han tenido estos recursos, cómo se están utilizando, dónde se están utilizando. Por ello debemos señalar de forma firme y clara: no nos van a obligar a levantar la mano”, manifestó el diputado Renán Cabezas.

Desde hace más de un año que Bolivia atraviesa una crisis económica marcada principalmente por la escasez de dólares que ha derivado en el desabastecimiento periódico de combustible, el mismo que es subsidiado por el Estado y que representa uno de los mayores gastos públicos.

El dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, amenazó este lunes con tomar la Asamblea Legislativa Plurinacional en medio de la pugna interna del Movimiento Al Socialismo (MAS) que tiene a la organización obrera dividida entre los liderazgos de Evo Morales y Luis Arce.

“¡No vamos a parar compañeros, hoy más que nunca, mañana la marcha va a terminar con la toma física de la Asamblea Legislativa, y si no quieren legislar, carajo que asuman sus suplentes! Así nomás es, y si los suplentes no quieren, ¡vamos a plantear cierre del Parlamento, carajo!, ¡Qué viva la Central Obrera!”, vociferó el dirigente afín al Gobierno.

El conflicto inició cuando el lunes por la tarde, un grupo de seguidores de Evo Morales entró a la sede sindical para protestar contra Huarachi, a quien acusan de estar alineado con Luis Arce y ocupar el cargo ilegalmente, porque estaría fuera del plazo para el que fue elegido.

Con cohetes y carteles en mano que decían “¡Huarachi traidor, COB vendida, Huarachi corrupto!”, cerca de 50 manifestantes entraron por la fuerza a la sede sindical para exigir que su líder “dé la cara”.

Según la prensa local, la protesta estaba encabezada por Humberto Claros y Enrique Mamani, dirigentes de organizaciones sociales cercanos a Evo Morales, quienes dieron una conferencia de prensa desde la oficina de Huarachi.

“Al señor Huarachi, al señor Arce Catacora, la siguiente (vez) que vengamos no vamos a venir solo a protestar, ¡los vamos a venir a sacar a patadas!, a todos esos dirigentes malandrines que ahora se han auto prorrogado en la Central Obrera Boliviana. Esta es nuestra rabia que queremos hacer conocer a Bolivia”, manifestó Claros.

En medio de las crecientes manifestaciones que enfrenta el Gobierno por la crisis económica, la escasez periódica de combustibles, los incendios y los resultados del censo, entre otros, la COB convocó para este martes una marcha “en defensa de la democracia” y tiene previsto llegar a la Asamblea Legislativa para exigir la aprobación de créditos internacionales. Sin embargo, para Claros, el dirigente evista, la movilización de la COB es “una pantomima” que, en vez de defender a los trabajadores defiende a quienes están en el poder.

“Lo que tiene que hacer (Huarachi) es salir a defender al pueblo y no al Gobierno corrupto”, manifestó Claros antes de abandonar el edificio de la sede sindical.

Tras el incidente en la COB, el presidente Luis Arce pidió sanciones contra los dirigentes evistas y dijo que se trató de un “golpe sindical” que “no puede quedar impune”. Sin embargo, no hizo referencia a la amenaza a la institucionalidad legislativa que hizo Huarachi.

La declaración causó rechazo unánime en la oposición. La diputada Luisa Nayar cuestionó en su cuenta de X: “¿Cómo es posible que un patán abusivo y descalificado como Huarachi, se atreva a amenazar así al primer poder del Estado y quede impune?” y luego agregó “venga, Huarachi, con sus huestes violentas. No le tenemos miedo. Lo estaremos esperando armados de nuestra verdad y nuestra pasión por la libertad y la democracia”.

Huarachi, en el vaivén del poder

El liderazgo de Juan Carlos Huarachi se forjó en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia a través de la cual llegó a la dirección de la COB en febrero de 2018. Según el Estatuto Orgánico de la organización sindical, el mandato de la dirigencia tiene una duración de dos años con posibilidad de ser reelegido por un periodo adicional.

En entrevista en un programa televisivo, Humberto Claros manifestó que “Huarachi ya no es ejecutivo por norma estatutaria desde inicios del 2020. En ninguna parte del Estatuto dice que se puede auto prorrogar (…) ¿Qué Congreso lo ha elegido el señor Huarachi para estar ocho años ahí?”, manifestó.

La gestión de Huarachi es cuestionada, entre otras cosas, por la manera en la que se acomoda al poder de turno. Cuando fue electo dirigente de la COB, apoyó las políticas del entonces presidente Evo Morales y fue uno de sus principales aliados. Sin embargo, en medio de la crisis política de 2019 y horas antes de la caída del Gobierno, Huarachi le dio la espalda: en conferencia de prensa pidió su renuncia.

Luego fue acusado, sin pruebas, por el expresidente de haber recibido dinero del Gobierno interino de Jeanine Añez para promover “la pacificación del país”, algo que el aludido ha negado. Meses más tarde, Huarachi organizó marchas contra la postergación de las elecciones de 2020 y el Gobierno de Añez.

Una vez que Luis Arce asumió el poder, el dirigente sindical mostró afinidad con su Gobierno. Si bien ha manifestado varias veces que “no es masista”, en abril de este año, durante el aniversario de la COB, manifestó su apoyo al presidente: ˝Hoy ratificamos el compromiso de seguir acompañando a nuestro presidente y vicepresidente como institución obrera”, afirmó.

Opositores y afines al evismo, critican la politización de su liderazgo. Para el diputado Miguel Roca, la COB ya no existe y lo que hay en su lugar es “un sindicato prebendal y servil al Gobierno”.

Tras el levantamiento militar sucedido ayer, dos de las mayores e influyentes agrupaciones de trabajadores de Bolivia reclamaron este jueves una amplia investigación sobre el intento del golpe. También han pedido la reestructuración de las Fuerzas Armadas.

La Central Obrera Boliviana (COB), el mayor sindicato del país, ha señalado la necesidad de una reforma de las Fuerzas Armadas ya que no cree que lo ocurrido el día anterior frente a la sede del Gobierno en La Paz haya sido responsabilidad única del general Juan José Zúñiga Macías, Comandante General del Ejército del Estado Plurinacional de Bolivia designado por Luis Arce Catacora, y del vicealmirante Juan Arnez Salvador.

”Reitero, un análisis profundo porque, como piden los compañeros, tiene que haber una reestructuración al interior de las Fuerzas Armadas”, ha hecho suyas las demandas el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, quien ha insistido en llevar a cabo una investigación para hallar a todos los responsables.

”Hay que esperar seguramente las investigaciones (...) Nosotros lo primero que tenemos que garantizar es que se restablezca la paz, la tranquilidad en las familias bolivianas”, ha dicho Huarachi, quien ha rechazado las teorías de que el presidente Luis Arce hubiera orquestado un “autogolpe”.

Por su parte, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), ha reclamado a las autoridades que investiguen “hasta el último comandante” que está detrás de la intentona golpista, según informa la agencia ABI.

Así, el dirigente de la Csutcb Walter Trujillo ha adelantado que la organización exigirá 30 años de cárcel para los implicados, así como su baja inmediata de las Fuerzas Armadas. “En Bolivia ya no se aceptan dictaduras (...) los campesinos y obreros estamos preparados (...) así que no se equivoquen con el pueblo”, ha dicho.

Por su parte, la ONU también abogó este jueves por una investigación “exhaustiva e imparcial” y pidió “juicios justos” para los detenidos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, hizo énfasis en la importancia del rol que tendrán que tomar las autoridades bolivianas, quienes deben garantizar el respeto a los derechos humanos y proteger el orden constitucional.

Según el abogado y politólogo Carlos Sánchez Berzain, urge una investigación internacional del supuesto golpe, ya que el sistema en Bolivia no ofrece ninguna garantía de investigación idónea.

Por su parte, el canciller Luis Gilberto Murillo anunció que Bolivia hará una propuesta diplomática ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para llevar ante la justicia a quienes intenten derrocar gobiernos que han sido elegidos democráticamente. “Tenemos el objetivo de proponer ante la OEA, mecanismos para el juzgamiento de personas que propicien golpes de Estado”, comunicó.

Por otro lado, el vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, ha acudido a sus redes sociales para agradecer “a toda la población, organizaciones sociales, alcaldes, y a la comunidad internacional por defender la democracia”, pero también para exigir que todo el peso de la ley caiga sobre los autores de esta intentona.

”La democracia ha prevalecido en Bolivia, pero debemos mantenernos alertas por el bien de nuestro país y de las futuras generaciones”, ha destacado y solicita a la Justicia, tanto ordinaria como militar, juzgar “con todo el rigor de la ley al general Zúñiga y a todos los responsables”.

Hasta el momento, al menos 17 militares han sido detenidos, entre ellos los ya citados Zúñiga y Arnez Salvador. No obstante, de acuerdo con la investigación preliminar, no habrían sido los únicos en planificar la fallida asonada militar.

(Con información de Europa Press)