La tensión se mantiene en Bolivia pese a los acuerdos alcanzados el miércoles entre el Gobierno y algunos sectores sociales que estaban movilizados con distintas demandas. Según el reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), este jueves por la mañana se registran 16 puntos de bloqueo concentrados en los departamentos de La Paz y Beni.

Las demandas sectoriales van desde resolver el conflicto del combustible y abrogar una ley de conversión de tierras hasta la renuncia del presidente Rodrigo Paz. “El pueblo ya está cansado, la gente ya está cansada de este Gobierno y el pedido único de las 20 provincias (de La Paz) es la renuncia de Rodrigo Paz”, manifestó Vicente Salazar, dirigente de la Federación Campesina Túpac Katari en una conferencia de prensa.

De igual manera, el representante de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, manifestó que si el Gobierno no tiene la capacidad de resolver los problemas “tiene que irse”.

El país atraviesa una etapa de tensión social a raíz de la acumulación de varios frentes de conflicto. Desde hace varias semanas, los transportistas se manifiestan en reclamo por la distribución irregular de diésel, los problemas de calidad de combustible y la supuesta falta de celeridad en el pago de un resarcimiento económico por daños vehiculares a causa de la “gasolina desestabilizada”.

Por otro lado, campesinos de la región amazónica presionan al Gobierno para que promueva la abrogación de una ley de conversión de tierras que autoriza la clasificación voluntaria de las pequeñas propiedades en medianas para poder ofrecerlas como garantía para préstamos bancarios. Mientras los impulsores de la ley defienden la medida como un procedimiento en favor del desarrollo campesino, los críticos consideran que deja en situación de vulnerabilidad a los pequeños agricultores y abre la puerta a la concentración de tierra.

A estas protestas se sumaron reclamos de maestros y trabajadores que exigían un incremento salarial.

Tras varias semanas de conflicto, el presidente Paz logró el miércoles un acuerdo con representantes del transporte y algunos dirigentes campesinos, pero sin el consenso unánime en las organizaciones. En ese sentido, este miércoles los dirigentes de la COB y la Federación de Campesinos Túpac Katari decidieron formar un “pacto de no traición” para hacer frente al Gobierno.

Entre tanto, los choferes afirman que si no se cumplen los acuerdos alcanzados otra vez saldrán a las calles. “Queremos que se cumpla la palabra de los ministros, principalmente del presidente (...) se ha concretado (el acuerdo) con el presidente”, afirmó el dirigente sindical Lucio Gómez tras la reunión en el Palacio de Gobierno.

El Ejecutivo ha manifestado en varias oportunidades que está atendiendo las demandas del sector y que ha asegurado 125 millones de dólares para el mantenimiento de carreteras. Por otro lado, acordó con dirigentes campesinos promover ante la Asamblea Legislativa la abrogación de la Ley 1720, que autoriza la reconversión de tierras.

En este contexto, el presidente Paz convocó para este sábado a casi 600 personas —entre autoridades, líderes sociales y actores económicos— a un encuentro en la ciudad de Cochabamba para buscar respaldo a las políticas de su Gobierno.

“Necesitamos darnos la oportunidad de poner ciertas bases para conversar sobre temas que son estratégicos, como la sostenibilidad del modelo económico, el equilibrio fiscal, la seguridad jurídica, la atracción de inversiones y la crisis energética”, manifestó el vocero presidencial, José Luis Galvez.

Al no haber logrado acuerdos con el Gobierno, la Central Obrera Boliviana (COB) anunció que mantendrá las movilizaciones en rechazo al Decreto Supremo 5503 que, entre otros aspectos, levantó el subsidio estatal de los combustibles, lo que provocó el incremento del precio del diésel y la gasolina.

Al salir del encuentro con el Gobierno en la Casa Grande del Pueblo, el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, informó a los medios locales que la administración de Paz no está dispuesta a abrogar la norma, por lo que el ente convocará a sus afiliados para una reunión ampliada en la que definirán las acciones que van a asumir.

“Hay una negativa del Gobierno central, en ese marco, también nosotros responsablemente vamos a informar a nuestras bases. Hubo reunión, hemos escuchado la propuesta del Ejecutivo de manera puntual, no hay la intención de abrogar el DS 5503 y nosotros como COB vinimos con esa posición”, manifestó Argollo.

El secretario de la COB agregó que las movilizaciones podrían haberse evitado si el decreto hubiera sido socializado antes de su promulgación. “Le hemos hecho conocer la molestia que debería haberse socializado con anterioridad y tal vez nos hubiéramos evitado muchos problemas”, indicó.

En una entrevista con Infobae, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, señaló que este tipo de medidas “no se consensúan” y que no hubo socialización “para evitar entrar en un proceso especulativo”.

Sin embargo, tras su promulgación el 17 de diciembre, algunos ministros iniciaron mesas de diálogo para informar el alcance de la norma y lograr el respaldo de diferentes sectores sociales.

El viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, señaló que esperaran la reunión de los afiliados de la COB para que se apruebe un cuarto intermedio en las protestas que permita iniciar el diálogo con el Gobierno. “Varios de los sectores que la componen ya han establecido esta lógica de diálogo”, afirmó el viceministro y lamentó “la intransigencia de algunos dirigentes” que exigen la abrogación de la norma.

Este martes hubo enfrentamientos entre sectores afiliados a la COB —como la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y el Magisterio Urbano— y la Policía Boliviana durante una marcha en la sede de Gobierno.

Cuando los manifestantes intentaron ingresar a la Plaza Murillo, donde se encuentran las sedes del Ejecutivo y Legislativo, fueron reprimidos por la Policía con gases lacrimógenos y éstos respondieron con petardos y cachorros de dinamita, según el reporte de los medios locales. La refriega provocó al menos seis heridos y la aprehensión de un dirigente sindical.

El Decreto Supremo 5503 adopta un paquete de medidas excepcionales para enfrentar la crisis económica que atraviesa la nación desde hace más de dos años, marcada por una inflación reciente y la escasez de dólares y combustibles, a raíz de la debacle de la industria de los hidrocarburos.

La disposición que generó mayor controversia tiene que ver con la eliminación del subsidio estatal a los combustibles que se traduce en la duplicación del precio de la gasolina y la triplicación del diésel, que habían estado fijos a un precio significativamente más bajo que el internacional durante más de 20 años.

El decreto también incluye un mecanismo exprés de aprobación de contratos sobre los recursos naturales, privilegios para la inversión extranjera y algunas medidas de contención social como el aumento del Salario Mínimo Nacional en 20%, el incremento de algunos bonos sociales y la implementación de un Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), que otorgará transferencias monetarias de 450 bolivianos anuales (64 dólares) a los sectores más vulnerables.