Doscientos mil ejemplares de la novela El amante de Lady Chatterley se vendieron en un solo día en el Reino Unido, apenas la Justicia británica autorizó su circulación sin censura. Muchos compradores, sin embargo, no se animaban a pedir la novela por su nombre: solo murmuraban “Lady C” o alcanzaban los tres chelines y seis peniques de su precio a los vendedores.

El 2 de noviembre de 1960, un jurado del tribunal londinense de Old Bailey declaró no culpable a la editorial Penguin Books, acusada de violar la Ley de Publicaciones Obscenas por imprimir la versión íntegra de la novela de D. H. Lawrence. El fallo cerró más de tres décadas de prohibición en el país y desató una fiebre de ventas que agotó la tirada inicial de inmediato.

El juicio por la novela duró seis días. El jurado deliberó solo tres horas antes de llegar a una decisión unánime a favor de Penguin Books.

El fiscal Mervyn Griffith-Jones encabezó la acusación y buscó convencer al jurado de que el libro era pornografía disfrazada de literatura. “¿Lo dejarían tirado en su casa? ¿Es un libro que desearían que leyeran sus esposas y criados?”, preguntó.

El juez que presidió el proceso, John Byrne, observó que el bajo precio del libro significaba que “estaría disponible para que todo el mundo lo leyera”, un comentario representativo de las actitudes del establishment de la época.

La defensa de Penguin estuvo a cargo del abogado Krishna Menon, cuyo alegato todavía se estudia en la Universidad de Oxford. La editorial convocó a 35 testigos, entre escritores y políticos, para sostener el valor literario de la obra.

Apenas se conoció el veredicto, la hijastra de Lawrence, Barbara Barr, resumió el clima social: “Siento como si se hubiera abierto una ventana y el aire fresco soplara a través de Inglaterra”, declaró.

Allen Lane, el fundador de la editorial, ni siquiera estaba en el país cuando se desarrollaron los acontecimientos: se encontraba en España y desde la firma le aconsejaron volver de inmediato.

El amante de Lady Chatterley se había publicado de forma reducida en Italia y Francia a finales de la década de 1920, pero después fue prohibido en varios países del mundo, incluidos Estados Unidos, India, Australia y Japón.

La aduana británica empezó a confiscar los ejemplares impresos en Italia desde 1929, el mismo año en que las autoridades se aseguraron de que Lawrence no consiguiera editor en su país. No era la primera obra censurada del autor: su novela de 1915 titulada El arco iris ya había sido vetada por los magistrados de Bow Street por sus referencias sexuales.

Entre 1950 y 1953, más de 4.000 títulos –1.500 de ellos novelas– circulaban en listas secretas de prohibición que mantenían el Ministerio del Interior y las aduanas. Entre esos textos figuraban clásicos como Madame Bovary, de Gustave Flaubert, y El Decamerón, de Giovanni Boccaccio.

La persecución tuvo consecuencias concretas: en 1955 un librero del Soho fue encarcelado dos meses por vender un ejemplar de la novela de Lawrence. Un año antes se habían registrado 132 condenas bajo la ley de 1867 contra publicaciones obscenas, que terminó con 167.000 libros destruidos en los hornos de Scotland Yard.

Esa persecución llevó a la Sociedad de Autores y al entonces legislador laborista Roy Jenkins a reclamar una reforma. El resultado fue la Ley de Publicaciones Obscenas de 1959, que introdujo una defensa inédita: una obra podía publicarse si tenía mérito literario, aun cuando resultara chocante para el público promedio.

El abogado y académico Geoffrey Robertson explicó, en una columna publicada por The Guardian en 2010, por qué el Estado decidió llevar a Penguin a los tribunales. Según su lectura, el factor clave fue que la editorial vendía el libro a un precio accesible para mujeres y para la clase trabajadora. Eso era, escribió Robertson, lo que “los abogados y políticos varones de clase media alta de la época se negaban a tolerar”.

Penguin decidió poner a prueba la nueva norma y le avisó por carta al fiscal general que editaría la versión completa del libro. En agosto de 1960, el asesor legal de la Corona, Reginald Manningham-Buller, leyó los primeros cuatro capítulos en un viaje en tren y escribió una respuesta contundente: “Espero que consigas una condena”.

En 1959, la editorial estadounidense Grove Press publicó una versión sin censura de la novela y el correo interceptó los envíos rumbo a las librerías. La editorial demandó al Estado y el caso llegó a un tribunal de apelaciones.

El juez Frederick van Pelt Bryan falló que la novela tenía mérito literario. Excluirla del correo por obscenidad, sostuvo el magistrado, equivalía a “fijar una norma que podría aplicarse a buena parte de los clásicos de nuestra literatura” y agregó que esa regla “sería hostil a una sociedad libre”.

Ese fallo estadounidense no solo habilitó El amante de Lady Chatterley: también destrabó la publicación de Trópico de Cáncer, de Henry Miller, y Fanny Hill, de John Cleland, dos obras con prohibiciones similares.

El periodista Fred Kaplan definió después ese cambio de época en una columna para The New York Times: “Durante muchas décadas los tribunales sostuvieron la segregación racial; después, de pronto, dejaron de hacerlo. Durante muchas décadas los tribunales dejaron que el correo decidiera qué libros podía leer la gente; después, de pronto, dejaron de hacerlo”.

La novela narra la historia de Constance Chatterley, casada en 1917 con el baronet Clifford Chatterley, quien regresa de la Primera Guerra Mundial con el cuerpo paralizado de la cintura para abajo y sin posibilidad de tener hijos. Ante esa situación el marido le propone a su mujer que buscara un amante para no quedarse sin descendencia.

Antes de conocer a Oliver Mellors, Constance atraviesa una inquietud física que el propio Lawrence describe en la novela: “Crispaba sus miembros aunque ella no quisiera moverlos (...) hasta que se veía obligada a saltar al agua y nadar para librarse de ello”.

Constance mantiene primero un vínculo pasajero con un artista que visita la mansión y después se enamora de Oliver Mellors, el guardabosque de la propiedad. El romance entre ambos, de clases sociales opuestas, incluye descripciones sexuales explícitas y pone en el centro el deseo femenino, algo inusual para la literatura de 1928.

La acusación contabilizó casi 100 palabras consideradas soeces en el texto durante el juicio. Lawrence explicó alguna vez qué buscaba con esas escenas: “hacer que las relaciones sexuales en la novela fueran válidas y preciosas, en lugar de vergonzosas”.

En una línea de la novela Lawrence sintetizó su visión del vínculo entre cuerpo y mente: “La obscenidad solo aparece cuando la mente desprecia y teme al cuerpo, y el cuerpo odia y resiste a la mente”. La novela también mostraba que lo más escandaloso del texto no era el adulterio de Constance, sino la naturaleza del vínculo que establecía con Mellors: una sociedad entre iguales, y no la relación de sumisión que mantenía con su marido. Esa unión de pares es la que triunfa al final y eso -según analistas literarios- resultaba insoportable para quienes preferían sus matrimonios tradicionales y a sus mujeres sumisas.

La trama también incluye una crítica directa a la industrialización británica. En un pasaje Lawrence describe cómo “la Inglaterra industrial acaba con la Inglaterra agrícola” y narra la transformación del paisaje inglés a través de la mirada de Constance, aferrada a los restos de un mundo que empezaba a desaparecer.

Esa mezcla de crítica social y contenido sexual explícito generó rechazo entre buena parte de la crítica de la época. “Un elogio del libertinaje y de la pornografía”, sentenciaban algunos lectores y críticos escandalizados.

David Herbert Lawrence, conocido como D. H. Lawrence, era un escritor británico que ya arrastraba polémicas por títulos anteriores como Hijos y amantes, de 1913, y Mujeres enamoradas, de 1920, ambos retirados del mercado en distintos países por su contenido sexual.

Había publicado El amante de Lady Chatterley de forma privada en Florencia en 1928, donde vivía en ese momento, y un año después en Francia, porque no conseguía editores dispuestos a imprimir la versión íntegra en Inglaterra o Estados Unidos. Murió en 1930 a causa de una tuberculosis, sin ver nunca la edición completa circular en su país natal.

Penguin se había preparado para distribuir el libro apenas se conociera la sentencia, aunque tuvo que recurrir a una nueva imprenta porque la habitual se negó a aceptar el encargo. En los tres meses siguientes al fallo, la novela sumó tres millones de copias vendidas y se convirtió en el segundo título más vendido de la editorial, detrás de La Odisea.

El poeta británico Philip Larkin escribió, años después, unos versos que ligaban el fin de la prohibición con otro símbolo de la época: “Las relaciones sexuales comenzaron en 1963, entre el fin de la prohibición de Chatterley y el primer LP de los Beatles”.

El hecho ocurrió el miércoles 28 de octubre, de acuerdo con una denuncia publicada por el citado medio. Acosta evidenció como un hombre vestido de civil se presentó frente a su domicilio y le comunicó: “No puedes salir”.

El video publicado registró parte del episodio. Además, el presunto agente le exige a la reportera que no lo filme, pese a que intervenía en un operativo vinculado con organismos oficialistas.

La vigilancia también contó con la presencia de uniformados y una patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), según la denuncia. No se informó sobre la exhibición de una orden judicial ni sobre una resolución administrativa que justificara la medida.

Estos actos son reiterativos contra la comunicadora. De hecho, el último reportado ocurrió en septiembre, cuando la mujer fue retenida junto a su esposo para evitar que ambos asistieran al juicio de la activista Anna Bensi.

El programa Justicia 11J sostuvo que los cercos policiales y las restricciones de movimiento sin orden judicial forman parte de prácticas utilizadas contra periodistas independientes, activistas y familiares de presos por motivos políticos en la isla.

La organización reclamó el cese del hostigamiento contra Acosta y contra otras personas dedicadas al periodismo independiente en Cuba. “Documentar la actuación de los agentes del Estado y moverse libremente no son delitos: son derechos”, señaló en su publicación.

Más de 130 violaciones a la libertad de expresión y prensa en el último mes

El Observatorio Cubano de la Libertad de Expresión (OCLE), que depende del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (Iclep), documentó 134 violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba durante el mes de septiembre.

La cifra representó un alza de 8.9% frente a agosto y del 57.6% en comparación con septiembre de 2025, según el informe publicado el 20 de octubre.

El organismo contabilizó 106 hechos, de los cuales 74 estuvieron relacionados con restricciones a la libertad de expresión y 32 con vulneraciones a la libertad de prensa. Los periodistas concentraron 30 de los casos con víctimas identificadas, mientras que los presos políticos registraron 29.

El uso abusivo del poder fue el indicador más frecuente, con 49 casos, equivalentes al 36.6% del total. El OCLE incluyó en esa categoría la aplicación de mecanismos administrativos, migratorios, judiciales, penales y penitenciarios para censurar o limitar desplazamientos.

Las amenazas, ataques y agresiones psicológicas ocuparon el segundo lugar, con 48 denuncias. Ambas categorías reunieron 97 de las 134 vulneraciones registradas durante el mes.

El reporte también consignó 26 detenciones arbitrarias, siete agresiones físicas, tres casos de reclusión y una restricción en el entorno digital. Cuatro de las agresiones físicas denunciadas ocurrieron en prisiones, donde se reportaron falta de atención médica, traslados punitivos, aislamiento e incomunicación.

Un juez de Colombia ordenó al gobierno del derechista Abelardo de la Espriella que restituya, en un plazo de 48 horas, la totalidad de las obras que retiró de uno de los museos más importantes del país.

A mediados de octubre, decenas de obras alusivas a la diversidad sexual, feminismo y procesos de paz fueron retiradas del Museo Nacional por decisión del gobierno bajo el argumento de que el recinto no debe “servir como instrumento de adoctrinamiento político”.

El retiro de las piezas del museo ubicado en Bogotá, donde se exhibe buena parte de la memoria histórica, artística y cultural del país, desató protestas en la capital colombiana.

Colectivos culturales y políticos opositores presentaron una demanda para que las obras volvieran a exhibirse.

Los demandantes aseguraron que la decisión del gobierno “es censura” y “vulnera el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación por orientación sexual e identidad de género”.

Un juez de Bogotá falló a favor de la solicitud y ordenó al Ministerio de las Culturas y al Museo Nacional restituir la totalidad de las piezas retiradas el 15 de octubre, en un plazo de 48 horas posteriores a la notificación de la decisión.

Según el fallo, los elementos se retiraron “sin una justificación curatorial acreditada” y “desconoció la protección constitucional de las expresiones culturales y restringió injustificadamente el derecho de los accionantes a conocerlas y apreciarlas”.

“(Es) Una victoria de las víctimas, la diversidad, la paz y la memoria histórica”, reaccionó en X Gabriel Becerra, congresista de izquierda y uno de los autores del recurso. “¡Ningún gobierno es dueño de nuestra historia!”, agregó.

Previo a esta resolución y mientras se tomaba una decisión de fondo, la justicia impuso medidas para proteger las piezas retiradas.

El fallo también precisa que no obliga la exhibición permanente de las obras, ni impide la modificación de las exposiciones, pero sí busca garantizar que las decisiones sobre ellas respondan a criterios técnicos y no exclusivamente al desacuerdo de las autoridades con las ideas o acontecimientos representados.

La medida puede ser apelada en un plazo de tres días.

Sin referirse directamente al museo, De la Espriella afirmó días atrás que el “Estado tiene el deber moral” de “impedir que los espacios culturales sean captados por el socialcomunismo ateo y enemigo de los valores”.

Fuente: AFP

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen en Nicaragua una censura estructural y una persecución sistemática contra el periodismo independiente, un escenario que ha reducido casi por completo el trabajo reporteril en las calles y obligado a comunicadores a informar desde la clandestinidad, bajo vigilancia o desde el exilio. La advertencia fue presentada durante la 82 Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, realizada en Bogotá.

Más de 300 periodistas y trabajadores de medios se exiliaron desde 2018, mientras que al menos 58 comunicadores abandonaron la profesión en 2025 por precariedad económica, desempleo, cierres de espacios informativos y riesgo de represión. Las cifras fueron documentadas por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), según informó este domingo EFE.

La salida de reporteros y el cierre de medios dejaron a 11 departamentos, equivalentes al 65% del territorio nacional, convertidos en “zonas de silencio informativo”, de acuerdo con la FLED. Los medios y periodistas que operan desde el exterior continúan proporcionando información a la población, aunque Nicaragua ya no cuenta con periódicos impresos en circulación.

El periodismo de calle, reemplazado por clandestinidad y vigilancia

La menor cantidad de agresiones físicas en la vía pública no supone una mejora de las garantías para la prensa. La SIP sostuvo que esa reducción responde a la desaparición del periodismo de campo dentro del país.

La organización describió la situación de esta manera: “La disminución de las agresiones físicas en la vía pública no refleja una mejora de las garantías, sino la práctica desaparición del periodismo de campo dentro del país, donde quienes continúan informando deben hacerlo de manera clandestina o bajo vigilancia constante”.

La presión estatal se trasladó hacia el entorno digital y hacia recursos administrativos y legales, ante la reducción de periodistas que aún trabajan dentro de Nicaragua. En abril de 2025, la estatal Universidad Nacional de Ingeniería eliminó los dominios .com.ni de La Prensa, Onda Local y 100% Noticias.

Un mes después, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos ordenó el cierre de Radio Stereo Romance y confiscó sus equipos. El organismo alegó incumplimientos técnicos para ejecutar la medida.

Entre abril y junio de 2025, la FLED registró 28 agresiones digitales contra periodistas y sus familias. Los hechos incluyeron campañas de difamación, divulgación de datos personales y amenazas promovidas por redes de troles y perfiles vinculados al oficialismo.

Reformas legales y restricciones al acceso a la información

Las reformas a la Ley Especial de Ciberdelitos y al Código Penal incorporaron conceptos ambiguos relacionados con la “seguridad nacional”, la “soberanía” y la “estabilidad del Estado”. La SIP advirtió que estas categorías permiten restringir la divulgación de información que las autoridades consideren no autorizada.

En 2026 también se promovió una reforma constitucional que elevó a ese rango restricciones aplicables a personas calificadas oficialmente como “golpistas” o “traidoras a la patria”. Esas denominaciones han sido utilizadas contra periodistas.

El derecho de acceso a la información pública permanece prácticamente inoperante para los reporteros independientes. La FLED también documentó intentos de reclutamiento de periodistas como informantes estatales.

La Policía Nacional y otros agentes estatales fueron señalados como los principales responsables de seguimientos, restricciones de movilidad, decomisos de dispositivos e interrogatorios contra comunicadores.

La artista colombiana Doris Salcedo calificó de perverso el uso de la expresión “batalla cultural” que ha incorporado el Gobierno nacional en su narrativa oficial y vinculó esa retórica con la presunta censura reciente en el Museo Nacional, donde fueron retiradas cerca de 50 piezas de las salas permanentes.

La escultora sostuvo en medio de una entrevista con la revista Cambio que la cultura crea diálogo, memoria y afectos dentro de una sociedad, mientras que la guerra supone desprecio por el saber del otro.

Salcedo definió la cultura como el ámbito que pone en relación los recursos simbólicos y materiales de una nación para producir sentido, inteligibilidad y afecto entre los integrantes de una sociedad. También aseguró que permite acercar asuntos difíciles de nombrar y crear un espacio de hospitalidad.

“La cultura no entra en guerra, no odia. Por eso, hablar de batalla cultural es un oxímoron y una perversidad”, afirmó. Para la artista, un poema de un autor palestino no puede atacar a Israel, así como los textos de Paul Celan o Nelly Sachs no pueden cometer un genocidio en Gaza.

La confrontación, planteó, comienza cuando se desprecia la cultura ajena y se considera que el otro no posee un conocimiento o una tradición valiosos. “No podemos normalizar un término que es un engendro de la extrema derecha y otorgarle sentidos positivos”, dijo Salcedo, quien distinguió las disputas ideológicas o políticas de una noción cultural de la guerra.

Para referirse al caso de Colombia, usó como ejemplo la exposición Los desastres de la guerra, con 80 grabados del artista Francisco de Goya realizados entre 1810 y 1820, que retratan la degradación provocada por la guerra de independencia española

La vigencia de Goya, a su juicio, reside en su claridad moral, imaginación y valentía frente a una época atravesada por conflictos entre valores opuestos. El pintor fue atacado por la Inquisición, debió defenderse del absolutismo de Fernando VII y admiró los principios de la Revolución Francesa antes de que la invasión napoleónica expusiera la contradicción entre esos ideales y el militarismo.

Los grabados critican la censura, los abusos del poder y el retorno del absolutismo, además de defender la Constitución española que Fernando VII destruyó. Salcedo relacionó ese pasado con las alianzas actuales entre religión y poder, y mencionó a Abelardo de la Espriella y Alejandro Ordóñez como exponentes de una alianza que, según su lectura, se opone al bienestar de la nación.

La artista atribuyó el ascenso de discursos radicales a factores como el capitalismo, la globalización y la tecnología, pero también a las consecuencias de la crisis económica de 2008 y de la pandemia. Según dijo, cuando las sociedades se empobrecen y los gobiernos de izquierda no responden a las expectativas de la población, sostuvo, aparecen figuras que se presentan como salvadores.

“No hay mesías, esa posibilidad ya no existe, y tenemos que trabajar unidos para sacar adelante un país”, expresó a Cambio. Para Salcedo, la reacción del sector cultural ante el retiro de las obras muestra la capacidad del arte de proponer otras maneras de vivir y de cuestionar hábitos que considera agotados.

La censura y la persistencia de la memoria artística

La experiencia de los regímenes totalitarios demuestra que el poder puede intentar condicionar la creación artística, señaló Salcedo al recordar el caso de la Unión Soviética. Mencionó que Lenin destruyó el suprematismo y el constructivismo ruso, y que Kazimir Malévich fue censurado y obligado a trabajar bajo determinadas condiciones durante los periodos de Lenin y Stalin.

Colombia, sin embargo, tiene un Estado débil, según su diagnóstico, y esa condición impediría que un gobierno logre someter a un sector cultural que definió como profesional, sofisticado y educado. Los procesos de duelo colectivo, añadió, llevan mucho tiempo en elaboración a través de obras de artistas como Beatriz González, Miguel Ángel Rojas y Antonio Caro, quienes fueron censurados durante la semana del retiro de piezas, según aseguró la escultora.

Salcedo recordó que en 1995 el director de Colcultura le impidió realizar una sala permanente en el Museo Nacional con objetos recuperados del Palacio de Justicia. La instalación proyectada no pudo concretarse con los elementos originales, pero la artista continuó su trabajo y en 2002 realizó una obra sobre la fachada del edificio.

Esa intervención la llevó a crear un monumento performativo, una forma que no había desarrollado antes. “Creo que lo que la censura le otorga al arte es una fecundidad enorme. Trabajamos más, trabajamos mejor”, afirmó la artista, quien recibe invitaciones de universidades de distintos países para hablar de aquella obra.

La escultora también evocó el retrato que Débora Arango hizo de Gustavo Rojas Pinilla y sostuvo que, si los colombianos hubieran observado con atención ese cuadro censurado, no habrían elegido al nieto del dictador como alcalde. Relacionó además una pintura de Arango sobre la salida de Laureano Gómez con la persistencia del laureanismo en el poder.

“Que estén atentos todos, porque les llegará su Débora Arango”, advirtió. Salcedo señaló que la imagen de Julio César Turbay Ayala creada por González se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, una institución que, según afirmó, garantizará su preservación.

El dolor como materia para imaginar otra comunidad

La artista cuestionó la idea de que Colombia debía imitar modelos externos para alcanzar el progreso. Durante su juventud, explicó, el país era presentado como subdesarrollado y se transmitía la expectativa de que, si seguía las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, podría convertirse primero en “segundo mundo” y luego en “primer mundo”.

Ese proceso no ocurrió como se esperaba, señaló, mientras que otras regiones comenzaron a parecerse más a los países marcados por dictaduras y violencia. “Antes era impensable un payaso como Trump, pero un dictador tropical era normal en nuestro medio”, dijo Salcedo a Cambio.

La formación de artistas colombianos en torno a los horrores de la violencia de los años 50 y al trabajo de historiadores del país permitió producir obras sobre esos conflictos, afirmó. Esa experiencia, añadió, puede resultar útil para sociedades del norte global que no atravesaron procesos similares de aprendizaje artístico y político.

Salcedo vinculó esa tarea con el dolor, el duelo y la memoria, temas que atraviesan su producción y que también aparecen en el poema de Piedad Bonnett incorporado a la muestra de Goya. Para la artista, los creadores deben enfrentar el sufrimiento y llevarlo desde “la parte más baja y más patética de la miseria humana” hacia un punto donde los seres humanos puedan reconocerse como iguales.

Ese proceso debe incluir dignidad, belleza, reconocimiento del otro, respeto y diálogo, sin apartar la mirada del horror. Salcedo retomó la idea de “pesimismo activo” de Walter Benjamin y sostuvo que el pesimismo radical corresponde a la extrema derecha, mientras que el arte puede devolver a la esfera de lo humano a quienes fueron expulsados de ella.

Cincuenta organizaciones sociales, movimientos populares y sindicatos de Brasil alertaron el viernes ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) sobre posibles actos de “censura” por parte de plataformas digitales, a horas del balotaje entre el senador Flávio Bolsonaro y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Las entidades, agrupadas en DiraCom, organización dedicada a la defensa del derecho a la comunicación, cuestionaron la moderación y la distribución de contenidos en servicios como Meta y X. En un comunicado recogido por la agencia estatal brasileña, denunciaron una “falta de transparencia” de las compañías.

Las organizaciones sostuvieron que esas “poderosas fuerzas están trabajando en contra de las elecciones en Brasil” y buscan “desestabilizar la integridad del proceso electoral e impedir el ejercicio libre y soberano del voto”. Usuarios, comunicadores y dirigentes políticos informaron sobre supuestos “blanqueos de cuentas” y una “reducción del alcance” de sus publicaciones.

El reclamo incluyó cuestionamientos a las decisiones del presidente del TSE, el juez Kassio Nunes, por su intención de suspender el canal de WhatsApp Ejército de Lula. Además, señalaron la desactivación de la herramienta publicitaria de la cuenta oficial de Lula, candidato a la reelección.

Las asociaciones plantearon ante el inspector general del tribunal que las medidas contra la desinformación deben “basarse en pruebas, el respeto al debido proceso y la libertad de expresión”.

El juez del TSE Floriano de Azevedo resolvió este viernes que el canal no podrá ser suspendido ni restringido de nuevo por el tribunal. El magistrado sostuvo que solo el pleno del organismo puede definir una eventual suspensión.

La campaña de Lula presentó una medida judicial preventiva después de que Nunes aceptara el jueves una solicitud de la campaña de Flávio Bolsonaro y ordenara una “revisión exhaustiva” de las publicaciones del canal.

La cuenta fue creada por el diputado André Janones y reúne a casi 10 millones de suscriptores. Azevedo Marques afirmó que la intención de la campaña de Bolsonaro era “suspender las actividades del canal”, aunque ese pedido no figura de forma explícita en la solicitud que reclamó la revisión de las publicaciones.

Lula da Silva intensificó su actividad física y modificó su estrategia digital en la recta final hacia el balotaje del domingo, con el objetivo de reforzar su imagen ante el electorado a pocos días de cumplir 81 años. El líder del Partido de los Trabajadores (PT), figura central de la política brasileña desde hace cuatro décadas, busca un cuarto mandato frente al hijo del ex presidente Jair Bolsonaro.

El jefe de Estado quedó detrás del senador en la primera vuelta, celebrada a principios de octubre, un resultado que obligó a su campaña a revisar sus métodos de comunicación.

En las últimas semanas, Lula incorporó a jóvenes legisladores con experiencia en tecnología para recibir orientación sobre redes sociales. A partir de ese cambio, comenzó a publicar videos en formato selfie, una herramienta que sus adversarios utilizaban desde hacía meses.

La táctica expuso la distancia entre la campaña oficialista y una población brasileña con alto nivel de conexión a internet, en un escenario político marcado por la polarización.

Durante la campaña, Lula difundió imágenes de sus entrenamientos, realizó sentadillas y corrió entre grupos de simpatizantes. El presidente sostuvo que se encuentra en su mejor condición física.

El mandatario también atravesó problemas de salud. Entre ellos, sufrió una caída en un baño que derivó en una hemorragia cerebral y recibió tratamiento por cáncer de piel. Con el cabello y la barba ahora grises, Lula encaró lo que presentó como su última campaña presidencial frente al hijo de quien se convirtió en su principal adversario político.

(Con información de AFP y EP)

La Cámara de Diputados aprobó la reforma conocida como “Ley Antimemes”, que contempla penas de uno a cinco años de prisión para quien utilice, reproduzca o imite a escala comercial logotipos, dominios electrónicos, documentos o identidad gráfica de instituciones públicas con el propósito de engañar y cometer un ilícito.

Tras la votación, la organización Artículo 19 rechazó el decreto al advertir que su redacción podía alcanzar expresiones informativas, críticas, artísticas o satíricas y, por tanto, convertirse en una violación a la libertad de expresión.

El decreto fue avalado sin cambios respecto de la minuta enviada por el Senado y quedó en manos del Ejecutivo Federal, que podía formular observaciones y devolverlo al Congreso.

La organización sostuvo que las modificaciones a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal —conocidas como “Ley Antimemes”— no establecieron garantías suficientes para diferenciar el fraude de las expresiones protegidas por la libertad de expresión.

La reforma contempló penas de uno a cinco años de prisión y multas de entre 1,000 y 10,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quien utilizara, reprodujera o imitara a escala comercial la identidad gráfica de una institución pública con el propósito de engañar y cometer un ilícito.

Con el valor de la UMA vigente en 2026, la sanción económica oscilaba entre 117,310 pesos y 1,173,100 pesos. El paquete legislativo también incluyó penas por otras conductas relacionadas con la piratería y la vulneración de derechos de autor, algunas de hasta 10 años de cárcel.

Aprueban sin cambios reformas a ley de propiedad industrial

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen en lo general con 312 votos a favor y 119 en contra. En lo particular, el proyecto obtuvo 281 votos a favor y 87 en contra, luego de una sesión en la que se discutieron reservas para modificar el alcance de la reforma.

Ninguna de las 177 reservas presentadas durante el debate fue aceptada. Entre las propuestas rechazadas estuvo la incorporación de una excepción expresa para proteger el uso de logotipos oficiales con fines periodísticos, educativos, artísticos, de parodia o sátira política.

El artículo 403 Bis contempló sancionar a quien reprodujera, imitara o incorporara logotipos, dominios electrónicos o documentos oficiales de dependencias de los tres órdenes de gobierno. La conducta debía realizarse a escala comercial y buscar que esos elementos parecieran auténticos.

El texto también exigía que existiera intención de engañar y de cometer un ilícito vinculado con el aparente origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, sistema informático o servicio público. La finalidad declarada consistía en combatir sitios falsos, trámites apócrifos y esquemas de fraude digital.

Piden separar fraude de la sátira política

Artículo 19 reconoció que prevenir el fraude constituía una finalidad legítima. No obstante, señaló que esa meta no justificaba disposiciones penales ambiguas que pudieran emplearse contra periodistas, personas defensoras de derechos humanos, artistas, creadores de contenido o ciudadanos críticos.

La organización señaló que los símbolos y emblemas institucionales aparecían con frecuencia en caricaturas, montajes digitales, parodias, campañas ciudadanas y piezas de crítica política. Por ello, advirtió que una norma sin excepciones claras podía ser aplicada de manera discrecional.

El organismo sostuvo que conceptos como “escala comercial”, “inducir al error” e “impacto perjudicial” podían quedar sujetos a la interpretación de fiscales, policías, jueces y tribunales. Esa falta de precisión, expuso, dejaba en incertidumbre a quienes utilizaran elementos gráficos del gobierno para cuestionar a las autoridades.

La posibilidad de enfrentar una carpeta de investigación o una pena de prisión podía generar autocensura, señaló la organización. Afirmó que el efecto de una investigación no se limitaba a la persona denunciada, sino que podía desalentar a otros ciudadanos de participar en el debate público.

Durante la discusión legislativa, hubo planteamientos para incorporar un párrafo que protegiera de forma directa a la crítica, el periodismo y la sátira. La propuesta no prosperó en el pleno de San Lázaro.

Quienes cuestionaron la reforma señalaron que la legislación debía castigar el uso de logotipos oficiales en fraudes, cobros de trámites falsos o páginas que buscaran obtener datos personales. También pidieron evitar que esos castigos alcanzaran publicaciones que no tuvieran intención de engañar ni de obtener un beneficio ilícito.

Artículo 19 consideró que la falta de una salvaguarda explícita podía ampliar el margen para perseguir publicaciones que emplearan símbolos institucionales con fines de cuestionamiento. La organización sostuvo que la ciudadanía debía conservar el derecho de investigar, informar, crear y hacer sátira sobre el poder.

Cuestiona una posible presunción de dolo

La organización también expresó preocupación por la modificación al artículo 429 del Código Penal Federal, que estableció que los delitos previstos en ese título se considerarían cometidos en forma dolosa.

Artículo 19 advirtió que esa fórmula podía interpretarse como una presunción de intención delictiva. Bajo ese criterio, la persona investigada podía quedar obligada a demostrar que no pretendía cometer un fraude, cuando correspondía al Ministerio Público acreditar cada elemento de la acusación.

La organización afirmó que una aplicación de ese tipo podía vulnerar la presunción de inocencia y trasladar indebidamente la carga de la prueba. El Estado, señaló, debía demostrar que existió una conducta deliberada para engañar y cometer un ilícito.

También cuestionó que el decreto se justificara en obligaciones derivadas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Artículo 19 sostuvo que la armonización comercial no eximía al Estado mexicano de cumplir con la Constitución, el debido proceso y la protección de la libertad de expresión.

La organización pidió al Ejecutivo Federal formular observaciones al decreto y devolverlo al Congreso de la Unión. Solicitó que los legisladores establecieran definiciones claras y salvaguardas efectivas para castigar el fraude sin criminalizar la información, la crítica o la sátira política.

La Comisión de Ética de Florida aprobó este viernes un acuerdo que impone una multa de USD 2.000 y una censura pública a la alcaldesa de Kissimmee, Jackie Espinosa, quien admitió haber violado la ley estatal de ética por su vínculo con tres negocios que recibieron USD 50.000 del programa municipal Business Boost 2.0. La decisión llega apenas dos días después de que la funcionaria fuera arrestada por cargos de gran robo y esquema organizado de fraude relacionados con el mismo caso.

Espinosa había firmado el acuerdo de estipulación conjunta el 15 de septiembre de 2026 y la Comisión lo recibió al día siguiente. El organismo lo puso a consideración durante su reunión del 23 de octubre y lo ratificó ese mismo día. Con la aprobación, la multa civil y la reprimenda formal son ahora definitivas y de cumplimiento obligatorio, de acuerdo con Spectrum News 13.

La Comisión de Ética de Florida ratifica la sanción contra Jackie Espinosa por violación a los Estatutos de Florida

Como parte del documento, la alcaldesa reconoce una infracción a la sección 112.313(7)(a) de los Estatutos de Florida, una disposición que regula las relaciones contractuales entre funcionarios públicos y entidades que hacen negocios con su agencia gubernamental. La admisión tiene límites precisos: Espinosa no reconoce conducta criminal, intención corrupta o fraudulenta ni la comisión de un delito.

“Los negocios tenían derecho a ese dinero”, declaró la mandataria a ClickOrlando. “Ese dinero fue reservado en 2021, mucho antes de que yo fuera alcaldesa, y creo que ese es un factor muy importante”. Espinosa también insistió en que el caso “es completamente administrativo” y que no involucra criminalidad.

Business Boost 2.0, el programa de ayuda por COVID-19 de Kissimmee en el centro del escándalo

El programa Business Boost 2.0 fue aprobado por Espinosa y la ciudad de Kissimmee en 2025 con fondos federales del Plan de Rescate Estadounidense (American Rescue Plan Act) destinados a asistir a pequeños comercios afectados por las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19. Cuando se lanzó, las reglas no prohibían de forma explícita que funcionarios electos solicitaran las subvenciones.

Según la orden de arresto, tres negocios vinculados con la alcaldesa o con integrantes de su familia recibieron en conjunto USD 50.000: Adanse LLC obtuvo USD 20.000; Kissimmee Diner Inc., que opera como Matador Tacos & Tapas, recibió USD 15.000; y The Real Estate Gallery LLC percibió otros USD 15.000. Las solicitudes fueron presentadas el mismo día en que se abrió la convocatoria, en septiembre de 2025, y los fondos se depositaron el 7 de noviembre de ese año.

Espinosa fue arrestada el 21 de octubre por gran robo y fraude, con una fianza de USD 70.000

Dos días antes de la sesión de la Comisión de Ética, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció el arresto de Espinosa. La mandataria enfrenta un cargo de gran robo —delito grave de segundo grado— y otro de esquema organizado de fraude —delito grave de primer grado—, por los que podría recibir hasta 30 años de prisión si es declarada culpable, según Florida Today.

La alcaldesa fue trasladada a la cárcel del condado Osceola el 21 de octubre y se declaró no culpable. Un juez fijó su fianza en USD 70.000 al día siguiente y Espinosa quedó en libertad esa misma noche. Su próxima audiencia está prevista para el 1 de diciembre de 2026. La vicealcaldesa Angela Eady asumió las funciones del cargo durante la ausencia de la mandataria.

Al cruzar las puertas del centro de detención, la alcaldesa pidió espacio a los reporteros para poder respirar y ofreció una breve declaración. “Lo que quiero que todos sepan es que lo ocurrido ayer exige que todos salgamos a votar el 3 de noviembre. Eso es lo que quiero decir. Y a los residentes de Kissimmee: estaremos bien”, afirmó Espinosa, según Florida Today.

El juicio político contra la alcaldesa de Kissimmee fracasó por un empate 2-2 en agosto

Antes de que el caso escalara al ámbito estatal, la controversia provocó un intento de destitución a nivel municipal. Una fiscal especial encontró causa probable para avanzar con artículos de juicio político en tres de siete señalamientos relacionados con el programa de subvenciones. Sin embargo, el 18 de agosto de 2026, la Comisión de Kissimmee votó 2-2 sobre los artículos de impeachment y, al no reunir la mayoría requerida de 3-1, el proceso no avanzó.

El empate no constituyó una exoneración de las posibles violaciones éticas. La abogada de Espinosa, Migdalia Perez, sostuvo que “este caso involucra un programa de subvenciones aprobado públicamente y administrado por el personal de la ciudad, no un plan secreto para robar dinero de los contribuyentes”.

La organización Reporteros Son Fronteras (RSF) documentó 169 periodistas asesinados en México durante los últimos 20 años y sostuvo que el 99 % de esos crímenes permaneció sin esclarecerse por completo, un escenario que atribuyó a fallas judiciales, ausencia de protección y redes de complicidad con el crimen organizado. La cifra equivalió a un promedio de ocho homicidios de profesionales de la información por año.

Durante la presentación de un monitoreo sobre los asesinatos, Reporteros Sin Fronteras pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum adoptar “con carácter de urgencia” todas las medidas necesarias para garantizar la protección de los periodistas. La organización consideró que los homicidios ocurrieron en un contexto de impunidad prácticamente absoluta.

El informe precisó que menos de 1 % de los casos llegó a esclarecerse por completo. En 20 años, 168 asesinatos no permitieron identificar al autor intelectual ni determinar el móvil del crimen, de acuerdo con el registro presentado por la organización.

RSF señaló que los cárteles y otros grupos del crimen organizado figuraron como los principales responsables de la mayoría de los asesinatos. Añadió que atribuirles los hechos sin destinar recursos para detenerlos ni desarticular las redes que los protegían también comprometió la responsabilidad del Estado mexicano.

RSF vinculó los homicidios con una gobernanza criminal

Artur Romeu, director de RSF para América Latina, afirmó que desde hace dos décadas los periodistas mexicanos fueron considerados una amenaza por “un entramado de gobernanza criminal”. El organismo describió esta violencia como la serie más prolongada de asesinatos contra profesionales de la información en un país en paz durante el siglo XXI.

“Hablar de los periodistas asesinados en México es hablar de casos de tortura, decapitaciones y cuerpos abandonados en plena calle junto a mensajes de advertencia”, expresó Romeu en el comunicado. La declaración retrató patrones de violencia extrema en los crímenes incluidos en el monitoreo.

El director regional también vinculó los asesinatos con el funcionamiento del sistema de justicia. “Es hablar también de un sistema judicial que, en el mejor de los casos, es ineficaz y, en el peor, corrupto, y que llega incluso a dirigir acusaciones contra los propios periodistas”, sostuvo.

La organización indicó que en varios expedientes los cárteles aparecieron señalados como responsables e incluso reivindicaron los homicidios. En otros casos existieron indicios de una posible participación de estas estructuras criminales, sin que las investigaciones lograran establecer todas las responsabilidades.

Propuesta Cívica registró fallas desde el inicio de las investigaciones

RSF retomó el trabajo de Propuesta Cívica, una organización mexicana defensora de la libertad de expresión que brindó apoyo a las familias de periodistas asesinados y que colaboró con el organismo internacional en México. La agrupación documentó irregularidades durante las primeras etapas de las indagatorias, cuando se definieron las posibilidades de esclarecer los crímenes.

Entre los problemas detectados estuvieron la pérdida o conservación inadecuada de pruebas, líneas de investigación incompletas, falta de análisis del contexto, coordinación deficiente entre autoridades y ausencia de voluntad política en numerosos casos. Estas fallas ocurrieron antes de que las investigaciones pudieran establecer el móvil o identificar a todos los responsables.

El reporte reconoció que México contó desde 2006 con una unidad especializada para investigar delitos cometidos contra periodistas. Su mandato se amplió en 2010, cuando dio origen a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, conocida como Feadle.

También existió desde 2012 un mecanismo federal de protección destinado a reforzar la seguridad de periodistas. Al 31 de agosto de 2026, 701 periodistas se encontraban incorporados a ese esquema, según datos del Gobierno mexicano.

RSF señaló que las condenas por asesinatos de periodistas aumentaron desde la creación de la Feadle. Entre 2006 y 2016 se dictaron cinco sentencias, mientras que durante la década siguiente se registraron al menos 33 condenas.

El avance en las sentencias no modificó el alto nivel de impunidad descrito en el monitoreo. En total, 21 casos fueron esclarecidos de manera parcial. (Con información de EFE)

La organización Artículo 19 ha acusado al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) de ejercer censura contra Penguin Random House Grupo Editorial por una sanción vinculada al libro Todo a la luz, de Karla de la Cuesta, que aborda el caso del clan Gloria Trevi-Sergio Andrade.

A través de un comunicado, la organización señala que la resolución, emitida el 27 de julio de 2026 contra la editorial, impone la multa máxima prevista por ley y prohíbe de manera indefinida el uso futuro del nombre y la imagen de la cantante. El monto de la sanción asciende a 5,000 UMA, equivalentes a 542,850 pesos.

El libro reúne testimonios de más de diez víctimas del caso Trevi-Andrade

Todo a la luz es una investigación de Karla de la Cuesta sobre el expediente penal por el que Gloria Trevi fue absuelta. La obra integra testimonios de más de diez víctimas, análisis de fallos judiciales y contraste de fuentes hemerográficas sobre el caso conocido como Trevi-Andrade.

De la Cuesta, abogada y conferencista, documenta además su propia experiencia como sobreviviente de explotación laboral y sexual dentro de la estructura de Sergio Andrade. El libro plantea cuestionamientos sobre la valoración de pruebas realizada durante el proceso judicial que concluyó con la absolución de la cantante.

Las dos fotografías de Trevi que aparecen en la obra y que reclama la intérprete, corresponden, según ha explicado la propia editorial, a material gráfico de archivo de prensa que formaba parte del expediente judicial del caso. El nombre de la cantante figura porque constituye el eje central de la investigación.

El fallo del IMPI

Tras una demanda de la intérprete, el instituto determinó que la editorial cometió una infracción en materia de comercio, prevista en el artículo 231, fracción II, de la Ley Federal del Derecho de Autor, al utilizar sin consentimiento el nombre artístico y fotografías de Trevi.

Artículo 19 sostiene que la resolución se aparta de lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor. Esa disposición establece que no constituye una infracción utilizar la imagen de una persona sin autorización cuando se haga con fines informativos o periodísticos, o en ejercicio de la libertad de expresión.

La organización reconoce que los derechos a la propia imagen y al honor son legítimos y deben protegerse. Pero advierte que esa protección no puede aplicarse de forma automática, sin ponderarla frente a otros derechos cuando se trata de información de interés público.

El libro presenta una investigación basada en constancias judiciales, referencias documentales y testimonios sobre una persona de notoriedad pública, según describe la organización. Aun así, el IMPI omitió examinar si la información contenida en la obra es de interés público antes de resolver la sanción.

Entre los señalamientos centrales, Artículo 19 identifica que el IMPI aplicó un concepto excesivamente amplio de lucro indirecto. El instituto reconoció que el nombre y las fotografías de Trevi no eran el objeto de comercialización del libro, pero consideró suficiente que formaran parte de un producto editorial que se vende. Bajo ese criterio, advierte la organización, prácticamente cualquier libro, medio o publicación de carácter comercial que mencione o retrate a una persona podría ser sancionado.

La resolución también establece una prohibición general hacia el futuro que, según la organización, constituye una forma de censura previa. Artículo 19 recuerda que el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la censura previa, mientras que los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana protegen la libertad de expresión y de imprenta.

Artículo 19 pide al Tribunal Federal de Justicia Administrativa ponderar los estándares de libertad de expresión

La organización llamó a la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa a examinar y resolver la impugnación mediante una adecuada ponderación de los estándares constitucionales y convencionales en materia de libertad de expresión y acceso a la información.

Ese análisis, según Artículo 19, debe considerar la finalidad informativa de la publicación, las excepciones aplicables al uso de imágenes, la proporcionalidad de la sanción y su compatibilidad con dichos estándares. El caso se encuentra actualmente en disputa ante ese tribunal, luego de que Penguin Random House presentó una demanda de nulidad contra la resolución del IMPI.

Artículo 19 también exhorta al IMPI a garantizar que la aplicación de la legislación autoral respete los usos informativos y periodísticos de la imagen, y a evitar que la comercialización de una publicación se considere motivo suficiente para descartar esas excepciones. La organización pide, además, que el instituto se abstenga de imponer prohibiciones genéricas hacia el futuro sobre el uso del nombre o la imagen de figuras públicas.

Esa cifra, sumada a la prohibición hacia el futuro, envía un mensaje a editoriales, periodistas y autores: investigar y publicar sobre personas con proyección pública puede acarrear sanciones administrativas, incluso cuando la información proviene de documentos judiciales o fuentes hemerográficas. El riesgo, señala la organización, es mayor para las editoriales y los autores con menos recursos para litigar frente a procedimientos administrativos prolongados y multas de este monto.

Un juez de Colombia ordenó el lunes al gobierno que conserve las obras que retiró de uno de los museos más importantes del país, tras una orden del presidente Abelardo de la Espriella que desató protestas en Bogotá.

En el Museo Nacional, donde se exhibe buena parte de la memoria histórica, artística y cultural del país, decenas de piezas alusivas a la diversidad sexual, feminismo y procesos de paz fueron retiradas de sus paredes por decisión del gobierno bajo el argumento que el recinto no debe “servir como instrumento de adoctrinamiento político”.

Colectivos culturales y políticos opositores del partido del expresidente Gustavo Petro presentaron un demanda para que las obras vuelvan a exhibirse.

Los demandantes aseguran que la decisión del gobierno “es censura” y “vulnera el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación por orientación sexual e identidad de género”.

Un juez de Bogotá admitió la solicitud el lunes e impuso varias medidas para proteger las obras mientras toma una decisión de fondo.

El juez ordenó proteger las obras “en condiciones técnicas adecuadas de custodia y conservación” y abstenerse de “destruirlas, trasladarlas fuera de sus instalaciones, darlas de baja, devolverlas a terceros o alterarlas”. Además, solicitó un informe de las piezas retiradas.

“Seguiremos luchando por el regreso de las piezas a las exposiciones”, dijo Gabriel Becerra, congresista de izquierda y uno de los autores del recurso.

Sin referirse directamente al museo, De la Espriella dijo el jueves que el “Estado tiene el deber moral insoslayable y político de impedir que los espacios culturales sean captados por el socialcomunismo ateo y enemigo de los valores”.

Desde el sábado cientos de personas protestan frente al museo, rodeado de decenas de policías antidisturbios y una tanqueta. Las jornadas han terminado con choques entre uniformados y manifestantes, expulsados con chorros de agua y gases lacrimógenos.

Este lunes, con menos afluencia, seguían las protestas frente al museo. Profesores, estudiantes, miembros de la comunidad LGBT, entre otros, se congregan allí con charlas sobre memoria histórica, cánticos y bailes.

Fuente: AFP

Quizás la proyección más solicitada del Festival de Cannes en mayo no tuvo alfombra roja ni requirió vestimenta formal. La película, que se proyectó solo una vez en una sala abarrotada con capacidad para 300 personas, tampoco tenía ninguna posibilidad de ganar un premio.

La ocasión fue la presentación de una nueva restauración de Los demonios de Ken Russell, o Los demonios de Ken Russell, como la distribuidora Warner Bros. Clockwork la ha titulado para su estreno el 16 de octubre. Esta película de época, que trata sobre un sacerdote libertino del siglo XVII (Oliver Reed) perseguido por supuestamente instigar un caso de posesión demoníaca entre monjas, fue recibida en algunos círculos como un escándalo en 1971. Pero desde hace tiempo es objeto de interés para los cinéfilos, quienes se han sentido intrigados por su estética modernista, sus problemas con la censura y sus largos periodos de inaccesibilidad.

En cierto modo, esta es la primera vez que la visión del director británico se apreciará en todo su esplendor. La restauración incluye escenas censuradas que se creían perdidas, como monjas desnudas y frenéticas retorciéndose sexualmente sobre un crucifijo gigante o una Madre Superiora (Vanessa Redgrave) haciendo el amor con un fragmento de hueso fálico. Estas escenas se mostraron por primera vez en 2004. Pero ni siquiera este material se había visto con la máxima calidad visual hasta ahora.

En 1971, Los demonios fue objeto de furia y rechazo generalizado. En su reseña para The New York Times, Vincent Canby escribió que la película era “tan superficial, obscena o no, que solo puedo creer que los miembros de la Motion Picture Association, que la clasificaron como ‘X’, deben estar aliados con Belcebú o con Warner Brothers”. Russell se enfrentó en televisión con el crítico del London Evening Standard, Alexander Walker, quien había criticado duramente la película, y lo golpeó en la cabeza con un periódico.

El revuelo cobra sentido en su contexto. “Cuando la gente vio la película, debido a la crudeza de las imágenes de Ken, quedaron impactados”, dijo el crítico Mark Kermode, quien entabló amistad con Russell en la década de 1990 y fue fundamental para encontrar el metraje perdido y reintegrarlo al montaje del director, que proporcionó a Clockwork. “Esto generó una especie de escándalo. Los censores tuvieron problemas, el estudio tuvo problemas, y la historia se convirtió en: ‘Esta es una película escandalosa’”.

Sin embargo, Russell, que falleció en 2011 a los 84 años , estaba adaptando un respetado libro de no ficción de 1952, Los demonios de Loudun de Aldous Huxley, y una versión teatral de John Whiting que le siguió en 1961.

La trama gira en torno a Urbain Grandier (Reed), un sacerdote católico que mantiene relaciones sexuales con mujeres sin ningún pudor, pero que también gobierna la ciudad amurallada de Loudun como una especie de bastión laico donde católicos y protestantes conviven pacíficamente. El autogobierno de la comunidad representa una amenaza para las aspiraciones autoritarias del cardenal Richelieu de una Francia unificada. Y cuando la hermana Jeanne (Redgrave), reprimiendo su deseo por Grandier, insinúa que el sacerdote ha participado en actividades demoníacas, las autoridades ven una oportunidad.

En resumen, esta película puede ser famosa por estar repleta de monjas sexualizadas, pero su éxtasis es forzado. El padre Barré (Michael Gothard) tortura a la hermana Jeanne e incita a las demás monjas, cuyas vidas corren peligro, a un estado de delirio orgiástico.

“Es una historia brillante, seria y conmovedora sobre el lavado de cerebro, la politización de la religión y el uso de la histeria”, dijo Kermode en una videollamada. Señaló que este es un tema recurrente en la obra de Russell, un converso al catolicismo que tuvo una relación compleja con su fe.

“A Ken le interesaba mucho la religión, pero también la religión falsa, los falsos mesías”, dijo Kermode. “Si nos fijamos, por ejemplo, en algo como Tommy” —la adaptación cinematográfica de Russell de 1975 de la ópera rock de The Who— “Tommy es sin duda una historia sobre falsos mesías”.

El uso de la religión, o al menos la percepción de cómo se utilizaba, influyó sin duda en la recepción. Los demonios se estrenó cinco años después de la mucho más conservadora Un hombre para la eternidad, ganadora del Óscar a la mejor película, sobre el mártir del siglo XVI Sir Thomas More. Ambas películas terminan con un hombre en juicio obligado a elegir entre sus creencias y su vida en una disputa que ha fusionado la iglesia y el estado. Pero More, a diferencia del sudoroso y visceral Grandier, nunca se muestra como un hipócrita, y Russell trata la hipocresía de Grandier como algo profundamente humano, digno de compasión.

En una entrevista, Richard Crouse, autor de Raising Hell: Ken Russell and the Unmaking of The Devils, señaló otro acontecimiento de 1966: la publicación en la revista Time de una portada con la inscripción “¿Ha muerto Dios?”. Crouse afirmó que los temas satánicos también se estaban abriendo paso en películas como El bebé de Rosemary’s Baby (1968) y El exorcista (1973).

Pero en su libro, Crouse señala que Los demonios nunca alcanzó el éxito popular de esas películas. La diferencia, según explicó en una entrevista, radicaba en la absoluta crudeza de la película de Russell. “Fue ampliamente condenada como sacrílega cuando se estrenó”, afirmó Crouse, mencionando las objeciones del Vaticano y de la activista conservadora británica Mary Whitehouse.

Y añadió que la película “libró y perdió más batallas con las juntas de censura que casi cualquier otra película que se me ocurra, producida por un gran estudio, protagonizada por grandes estrellas internacionales y dirigida por un director como Ken Russell, que ya había tenido grandes éxitos antes”.

Russell pasó página rápidamente. Sorprendentemente, Los demonios fue la segunda de las tres películas que estrenó en 1971, junto con The Music Lovers y The Boy Friend. Durante mucho tiempo, la única versión para el hogar disponible era una versión para mayores de 18 años en una cinta VHS de pésima calidad. En los últimos años, Los demonios ha aparecido en DVD en algunos territorios y de forma intermitente en plataformas de streaming como Criterion Channel, pero nunca en su versión completa ni sin modificaciones visuales.

La sensibilidad visual transgresora de Russell podría ser la mayor revelación de esta restauración. Dos años después del éxito de crítica de su refinada adaptación de D.H. Lawrence, Mujeres enamoradas (1969), que pasó relativamente fácilmente por la censura, Russell utilizó Los demonios para comenzar a desarrollar el estilo más alucinatorio que definiría películas posteriores como Lisztomania (1975) y Estados alterados (1980).

Su diseñador de producción fue Derek Jarman, quien más tarde se convertiría en un importante cineasta experimental y que creó un interior de convento que se asemeja mucho a una casa de baños con azulejos blancos, una imagen que, según Kermode, derivaba de Huxley.

Kermode añadió que para Russell era importante que Los demonios tuviera un aspecto contemporáneo. “Si hubieras estado en Loudun en aquel entonces, no habría parecido una ciudad vieja y cubierta de musgo”, dijo. “Parecía una ciudad moderna. Quería que los espectadores vieran la película como algo moderno”.

Eso también explica los anacronismos deliberados. A algunos espectadores les resulta chocante que el padre Barré, con gafas de sol tintadas, se parezca a John Lennon. “Quería mostrar que esto siempre había sucedido”, dijo Lisi Trebble Russell, quien conoció a Russell en la década de 1970 y estuvo casada con él durante la última década de su vida, en la videollamada con Kermode. “Por eso, eligió intencionadamente a alguien que no pertenecía en absoluto al círculo íntimo de los Beatles”.

Si bien Trebble Russell mencionó otros rasgos distintivos de la época que podrían haber estado presentes en la mente de Russell —la guerra de Vietnam, los experimentos de control mental del proyecto MKUltra— , hizo hincapié en que la música clásica fue su primer amor.

En Cannes, le contó al público que cuando Russell recuperó el metraje perdido para la película, respondió: “Ahora he recuperado mi ritmo”.

Fuente: The New York Times

Cientos de manifestantes se congregaron este sábado frente a uno de los museos más importante de Colombia en rechazo a una decisión del presidente Abelardo de la Espriella de quitar obras relacionadas con la comunidad LGBT, feminismo, procesos de paz, entre otras.

En el Museo Nacional, donde se exhibe buena parte de la memoria histórica, artística y cultural del país, decenas de piezas fueron removidas de sus paredes esta semana por orden del gobierno derechista, bajo el argumento que el recinto no debe “servir como instrumento de adoctrinamiento político”.

“Se están dando decisiones para reescribir esa memoria, esa historia según la narrativa que quiere posicionar el gobierno”, dijo a la AFP Paola Castañeda, profesora de geografía de 35 años, que repartía entre los manifestantes pegatinas con imágenes de las obras retiradas.

Sin referirse directamente al museo, De la Espriella dijo el jueves que el “Estado tiene el deber moral insoslayable y político de impedir que los espacios culturales sean captados por el socialcomunismo ateo y enemigo de los valores”.

Junto a la ministra de Cultura, Paola Holguín, lanzó advertencias contra la llamada cultura “woke”, que definió como “uno de los grandes cánceres que amenazan la unidad nacional”.

La palabra inglesa “woke” es usada con frecuencia por sectores conservadores como etiqueta peyorativa para criticar políticas progresistas.

La jornada transcurrió de manera pacífica con música, cánticos y arengas como “somos artistas, no somos terroristas”.

En la noche, la policía antidisturbios disolvió la protesta con bombas aturdidoras, gases lacrimógenos y una tanqueta que lanzaba chorros de agua.

“Me siento con mucha desesperanza, porque una obra de arte es una obra de arte. No es una amenaza”, dijo Leti Muñoz, pensionada de 59 años con una bandera feminista.

“Profunda preocupación”

El Museo de Arte Moderno de Bogotá (Mambo) y otros cinco museos de todo el país firmaron una declaración en la que expresaron su “profunda preocupación” por lo ocurrido con las obras retiradas y exigieron a la ministra de Cultura “que garantice la autonomía de los museos”.

“Ningún gobierno debería decidir qué podemos ver de nuestra historia según sus afinidades políticas, ni imponer una versión que suprima las demás”, anotaron.

Aliado de Donald Trump y en el poder desde hace poco más de dos meses, De la Espriella es criticado por sus frecuentes alusiones a Cristo, el uso de imágenes religiosas en eventos públicos y declaraciones contra derechos protegidos por la Constitución, como el aborto.

También por presuntos excesos en sus políticas de mano dura, como liderar con pistola al cinto operaciones militares o caminar entre los cadáveres que dejó uno de sus bombardeos.

Están “borrando por completo aquellas cosas que ellos han llamado apología del terrorismo, de aquellas cosas que ellos han llamado ideología woke, que no son otra cosa que la memoria del conflicto armado (...) la memoria de la lucha de los colectivos de mujeres, los colectivos feministas, los colectivos LGBT”, añadió Castañeda.

Desde esta semana se prohibió tomar fotografías dentro del museo, dijeron trabajadores a la AFP. El miércoles decenas de miles protestaron en todo el país, en la primera marcha contra las políticas de derecha del gobierno.

Los manifestantes llamaron a un nuevo plantón frente al museo Nacional el domingo a las 10H00 locales (15H00 GMT).

Fuente: AFP. Fotos: Sebastian BARROS / AFP

“Siento que nos tenemos que tomar esto mucho más en serio porque no han pasado ni siquiera tres meses de este nuevo gobierno y está sucediendo este tipo de cosas”, dijo Daniel Jiménez, artista plástico de la comunidad LGBT.

Fuente: AFP

TikTok suspendió de manera permanente la cuenta publicitaria que promocionaba Musk, el documental sobre Elon Musk dirigido por Alex Gibney, justo cuando la película se expandía a cientos de salas en Estados Unidos. La plataforma invocó violaciones a su política de contenido político, pero no detalló cuáles fueron.

La distribuidora independiente Bleecker Street confirmó a varios medios que TikTok le avisó el viernes por la tarde que la suspensión era inminente. La cuenta, que había acumulado más de 10.000 seguidores, fue retirada de la plataforma poco después.

El documental, dirigido por el realizador ganador del Oscar Alex Gibney, se estrenó en formato limitado el 9 de octubre en Nueva York y Los Ángeles, donde recaudó USD 68.900 en cuatro salas, según cifras publicadas por Variety. El viernes 17 de octubre se expandió a 472 cines de Estados Unidos y Canadá.

Un bloqueo sin explicación

TikTok le comunicó a Bleecker Street que la cuenta había incurrido en un “nivel de gravedad en violaciones de política política” que “dispara la suspensión inmediata”, según la cita que recogió The Hollywood Reporter. La empresa no precisó qué publicación concreta motivó la medida.

El caso no es nuevo. A fines de septiembre, YouTube, Meta y TikTok habían rechazado anuncios para el tráiler de Musk por su contenido político. YouTube y Meta revirtieron la decisión días después.

Meta calificó el rechazo inicial como “un error” y YouTube dijo que el aviso había sido “restringido” de forma temporal por su sistema automático antes de ser aprobado. TikTok, en cambio, mantuvo el bloqueo y ahora lo llevó al extremo de dar de baja la cuenta entera. X, la red que pertenece a Musk, nunca aceptó publicidad para la película.

Bleecker Street apeló la suspensión ante TikTok, de acuerdo con una reconstrucción publicada por el sitio pakistaní The News. La red social no respondió consultas de los diferentes medios de comunicación sobre los motivos puntuales de la baja ni sobre los plazos de una eventual revisión.

Las respuestas de Musk y Gibney

Musk calificó al documental de “hit piece” (una pieza armada para dañar su imagen) antes del estreno y escribió en su red social que “el excremento de perro merece más respeto” que la película. También acusó a Gibney de no tener “ninguna integridad” y lo llamó “un ser humano horrible”.

Gibney, por su parte, contó en una entrevista con The New York Times que Universal Pictures dudó antes de confirmar la distribución internacional del filme.

Consultado sobre los motivos, el director respondió: “¿Les preocupaba que en este clima político una película sobre el hombre más rico del mundo fuera problemática? Puede ser, pero hay que preguntarles a ellos”. Universal terminó avanzando con el estreno fuera de Estados Unidos.

La conexión con Oracle y Skydance

El bloqueo de TikTok llama la atención porque la propia red social tiene un vínculo indirecto con una de las figuras que aparecen en el documental. Oracle, la empresa que preside Larry Ellison, controla el 15% del consorcio que opera TikTok en Estados Unidos.

Ellison es mencionado en la película a través de un mensaje de texto en el que le ofrece a Musk financiar la compra de Twitter, hoy X.

La situación se vuelve más enredada todavía porque HBO, la cadena que financió Musk y que la transmitirá en 2027, pasó a ser parte de Skydance luego de que esa compañía absorbiera a Warner Bros. Discovery. Skydance está encabezada por David Ellison, hijo de Larry Ellison.

Pese a ese cruce de intereses, Skydance confirmó que HBO mantendrá el estreno del documental según lo previsto.

La película llega a los cines en un contexto comercial débil: Variety estimó que la recaudación del fin de semana de expansión rondaría los USD 385.000 en las 472 salas, muy por debajo de lo habitual para un estreno de esa escala. TheWrap, con una proyección distinta, calculó un promedio de USD 629 por sala.

Bleecker Street no confirmó una fecha para que TikTok resuelva la apelación presentada tras la suspensión.

En una decisión que sentaría un importante precedente en el fútbol profesional colombiano, la Corte Constitucional amparó la libertad de expresión de un hincha de Millonarios y concluyó que impedir el ingreso de pancartas críticas a la directiva ‘Albiazul’ al estadio El Campín de Bogotá, administrado por la firma Sencia, vulneró ese derecho fundamental.

La Sentencia T-324 de 2026, firmada el 13 de octubre por la Sala Quinta de Revisión, estableció que los clubes y las autoridades no pueden vetar mensajes solo porque resulten incómodos o desfavorables. Con ello, la decisión protege a Erik Saavedra Bustos, que es abonado del club y, del mismo modo, accionista minoritario, frente a sus reclamos.

El hombre intentó entrar con tres trapos al partido entre Millonarios y Llaneros, disputado el 28 de julio de 2025 en el ‘Coloso de la 57’; no obstante, su ingreso fue impedido por el personal logístico, debido a que en las pancartas lanzó fuertes cuestionamientos contra la dirigencia, que tiene como presidente a Enrique Camacho y a Gustavo Serpa como socio mayoritario.

El fallo fue suscrito por la magistrada Lina Marcela Escobar y los magistrados Jorge Enrique Ibáñez y Vladimir Fernández. Con el mismo, la Corte revocó parcialmente la decisión del Juzgado 037 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, que había declarado improcedente la tutela, y le dio la razón a la fanática del equipo bogotano.

Las tres pancartas y la decisión del Puesto de Mando Unificado

Los mensajes cuestionaban la gestión administrativa y el desempeño deportivo del equipo con mensajes claros. “Club gigante, dirigentes mediocres”, “Jueguen como cobran” y “Algún día tendremos directivos con hambre de gloria, a estos solo les interesa el dinero”, se pudo leer en los mensajes que fueron censurados por el club capitalino y

Saavedra Bustos sostuvo que la medida constituyó una “censura previa e injustificada” contra una protesta dirigida a las directivas y a los futbolistas, pues durante la reunión del Puesto de Mando Unificado (PMU), la Personería de Bogotá examinó el contenido de los mensajes y determinó que “no contienen expresiones que inciten a la violencia”.

Pese a esa conclusión, la mayoría de los participantes del PMU votó por impedir el ingreso de las pancartas. La Personería fue la única entidad que respaldó su autorización, mientras que la Dirección de Convivencia y Diálogo Social se abstuvo. Por su parte, Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A. sostuvo que los mensajes podían afectar su imagen corporativa.

Además, el equipo local señaló que este tipo de expresiones podrían provocar confrontaciones entre aficionados y acercarse al delito de pánico económico. También invocó un protocolo distrital que prohibía elementos con contenidos considerados “ofensivos”, con lo que pretendió justificar su determinación de que no se permitiera el ingreso.

No obstante, en su revisión, la Corte descartó esos argumentos al considerar que las frases eran opiniones y juicios de valor sobre la administración del club, el rendimiento de los jugadores y las prioridades de directivos; y no contenían acusaciones concretas de corrupción, imputaciones de delitos ni afirmaciones que se verificaran como verdaderas o falsas.

En síntesis, el tribunal señaló que calificar a los dirigentes de mediocres o reclamar a los futbolistas que rindan según lo que cobran forma parte de la discusión sobre el presente deportivo de un equipo. La frase sobre directivos interesados en el dinero antes que en la gloria fue interpretada como una crítica a la administración, no como una acusación factual.

En cuanto a la posibilidad de un eventual pánico económico, alegada por la directiva, la Corte Constitucional añadió que era una hipótesis abstracta que no justificaba la prohibición anticipada de los mensajes. Tampoco se acreditó un riesgo cierto, actual y verificable de confrontaciones por el contenido de las pancartas, como lo alegó el club ‘Azul’.

Los límites de la Corte Constitucional a las restricciones dentro de los estadios

La Sala aplicó un examen jurídico que exige verificar si una limitación a la libertad de expresión está respaldada por una ley, persigue una finalidad imperiosa y resulta necesaria y proporcional. En ese sentido, el primer requisito no se cumplió porque no existen rangos de ley para limitar un derecho fundamental por el contenido de un mensaje.

Lo anterior, según el Código Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol y el Protocolo Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol. A esto se suma que la categoría de “contenidos ofensivos” fue considerada indeterminada, pues depende de valoraciones subjetivas sobre aquello que puede resultar molesto o desfavorable para una institución.

Según la Corte, ese tipo de conceptos otorga a autoridades y organizadores un margen excesivo para decidir qué opiniones son aceptables y puede derivar en censura previa. Si bien la seguridad, el orden público y la convivencia son fines constitucionalmente válidos, no pueden invocarse de manera genérica para prohibir una protesta pacífica en un escenario.

En ese orden de ideas, la protección de la libertad de expresión no es absoluta: pueden restringirse los mensajes que inciten a la violencia, promuevan discursos de odio, discriminación, racismo, xenofobia o apología del delito; no obstante, en este caso no aplicaría tales causales, por lo que el alto tribunal decidió amparar los derechos de Saavedra Bustos.

El estadio El Campín fue definido como un espacio semipúblico porque funciona bajo reglas de acceso y operación, aunque está abierto al público y es un escenario de interacción social. Para la Corte Constitucional es claro que la organización privada de un partido, como sucedió en esta ocasión, no elimina la vigencia de los derechos fundamentales en el escenario.

Y destacó que las banderas, los cantos y los trapos forman parte de la cultura de las hinchadas: sirven para apoyar a los equipos, expresar identidad colectiva y manifestar desacuerdo con decisiones deportivas o administrativas. En este caso, concluyó que las tres pancartas no promovían agresiones ni amenazas contra la dirigencia de Millonarios.

Corte Constitucional exhortó a Millonarios a respetar la libertad de expresión

En ese sentido, Millonarios, el concesionario de El Campín y las autoridades que participen en futuros Puestos de Mando Unificado (PMU) deberán abstenerse de prohibir pancartas u otras expresiones protegidas únicamente por su contenido crítico hacia clubes, directivos, jugadores, organizadores o autoridades deportivas, como quedó en la sentencia.

Del mismo modo, el club tendrá 15 días desde la notificación de la sentencia para informar al accionante y publicar un comunicado en sus canales institucionales. En el texto se deberá reconocer que la prohibición de la que fue víctima la hincha fue incompatible con las garantías constitucionales de la libertad de expresión y permanecer disponible durante al menos un año.

Asimismo, la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol y su instancia equivalente en Bogotá, organismo creado a través de la Ley 1270 de 2009, deberán revisar sus protocolos en el plazo de un mes para eliminar reglas que puedan convertirse en censura previa contra los espectadores que quieran expresar su inconformidad.

Por último, la Corte exhortó a la Federación Colombiana de Fútbol y a la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) a revisar sus disposiciones disciplinarias. El Gobierno nacional, por medio de los ministerios del Interior y del Deporte, deberán presentar durante las próximas dos legislaturas un proyecto de ley sobre los límites de la expresión en los estadios.

El operativo comenzó alrededor de las 06:00 hora local (03:00 GMT), cuando cientos de efectivos policiales rodearon las instalaciones del medio de comunicación, cortaron el tránsito en la calle lindante y forzaron el corte de la señal.

El Gobierno designó un administrador estatal —denominado en turco kayyum— para asumir el control de la empresa. En un comunicado publicado en la red social X, la propia cadena resumió la situación con precisión: “Se ha nombrado un kayyum, las transmisiones han sido detenidas y los empleados de Halk TV no pueden ingresar al edificio”, describió.

El editor de la cadena rechazó colaborar con el interventor

El editor de Halk TV, Suat Toktaş, se negó a cooperar con el funcionario impuesto por el Gobierno de Recep Tayyip Erdoğan. En la pantalla de la señal intervenida, el noticiero fue reemplazado por repeticiones de programas de cocina y naturaleza.

Por su parte, los periodistas del canal encontraron la manera de sortear la medida: en lugar de ceder ante el kayyum, se reorganizaron y lanzaron una transmisión conjunta a través de YouTube, con conexiones en vivo desde distintos puntos de la ciudad, según replicó el periódico local Cumhuriyet.

La fiscalía alegó corrupción en otra empresa del dueño de la cadena

La Fiscalía de Estambul justificó la intervención mediante una denuncia por corrupción y blanqueo de dinero atribuidos al dueño de la emisora, Cafer Mahiroğlu, en el marco de licitaciones municipales en Esmirna vinculadas a otra de sus empresas.

En ese contexto, las autoridades emitieron órdenes de detención contra 17 personas, de las cuales 11 ya fueron arrestadas. El comunicado de la Fiscalía no especificó la identidad de los detenidos.

El partido opositor Yeni denunció la medida como un acto propio de dictadores

La intervención encendió las alarmas en la oposición. El partido socialdemócrata Yeni —la mayor fuerza opositora del país— tildó la decisión de “un error histórico” atribuible a dirigentes “débiles y cobardes”.

Su líder, Özgür Özel, fue más directo en la red social X: “Hacer redadas de madrugada en un canal de televisión para intervenirlo es algo propio de dictadores”, expresó.

Özel también subrayó el contexto político inmediato: la intervención se produjo el mismo día en que Ekrem İmamoğlu, alcalde de Estambul encarcelado y candidato presidencial de Yeni, debía pronunciar su alegato de defensa ante el tribunal.

La coincidencia de fechas fue destacada también por el mencionado diario Cumhuriyet, que señaló que el operativo despertó especial atención precisamente por ese motivo.

Halk TV acumulaba sanciones por sus entrevistas

Fundada en 2005 con una orientación próxima a la oposición socialdemócrata, Halk TV se había convertido en la principal cadena televisiva crítica del Gobierno turco.

A lo largo de los años, acumuló numerosas multas administrativas y órdenes de suspensión temporal de programas de entrevistas, motivadas con frecuencia por declaraciones de sus invitados que las autoridades calificaban de “falta de respeto”.

La intervención se produjo en un contexto de presiones sostenidas sobre los medios de comunicación en Turquía, según señaló Cumhuriyet.

Por su parte, la Asociación de Periodistas Contemporáneos, con sede en Ankara, manifestó: “El nombramiento de un administrador judicial para Halk TV y la suspensión de sus emisiones constituyen una grave injerencia contra la libertad de prensa y la libertad de expresión. Esta decisión, que ignora los derechos constitucionales y el derecho del público a acceder a la información, es inaceptable”.

Cruzarse con la mirada de un agente de migración en un aeropuerto suele ser un trámite rutinario y carente de emociones. Sin embargo, para los creadores de contenido extranjeros que pisan suelo cubano, ese cruce de miradas en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana se ha transformado en el preámbulo de una pesadilla claustrofóbica.

Detrás de la cálida sonrisa con la que las autoridades reciben a los turistas convencionales, opera un minucioso engranaje de inteligencia que monitorea, intercepta y quiebra la travesía de aquellos comunicadores que osan registrar la cara oculta de la isla: esa cotidianidad asfixiada por los apagones prolongados, las filas interminables por un trozo de pan y el colapso absoluto de los servicios de salud pública.

No hay violencia física explícita, pero sí una presión sistemática orientada a desarmar la moral del visitante: inspecciones exhaustivas de equipaje, confiscación de memorias digitales, revisión de mensajes privados y horas de cuestionamientos en los que la frontera entre ser un turista curioso y un “agente destabilizador” se vuelve peligrosamente difusa.

En septiembre de 2024, la pareja de realizadores peruanos Eva Cavero y Andrés Izarnótegui, creadores del canal de viajes La blue Kombi, vivió en carne propia el peso de este dispositivo de control.

Lo que inició como un viaje para registrar la cultura y los rincones de La Habana terminó abruptamente tras apenas dos días de rodaje. Al intentar continuar su itinerario, oficiales de migración los separaron de la multitud, les retiraron la documentación personal y los sometieron a un extenuante interrogatorio de 12 horas.

Durante medio día, la incertidumbre devoró cada minuto: sin acceso a llamadas, sin saber el destino de sus archivos y bajo la mirada constante de agentes que exigían explicaciones por cada toma realizada, la pareja experimentó el desamparo absoluto antes de ser deportada finalmente hacia el Perú.

Lentes decomisados y la censura antes del despegue

La tecnología audiovisual, la herramienta fundamental con la que estos jóvenes narran el mundo, se convierte en el principal objeto de delito a ojos de la aduana cubana. En mayo de 2026, el youtuber estadounidense Nick Shirley comprobó la rigidez de esta fiscalización al aterrizar en la capital.

Lo que debía ser el comienzo de una cobertura independiente fue frenado en seco en el control de equipaje: cámaras profesionales, micrófonos de alta fidelidad e incluso visores de realidad aumentada le fueron incautados de inmediato. El mensaje implícito era contundente: en Cuba solo se permite mirar aquello que el Estado autoriza.

El acoso no solo ocurre al ingresar, sino que acecha en el último minuto, cuando el creador cree haber logrado poner a salvo sus imágenes. Ese fue el caso del influencer salvadoreño Óscar Sandoval, conocido popularmente como Gordo Soyacity.

En septiembre de 2026, Sandoval había logrado recorrer la isla, registrando en su cámara el abismal contraste entre el lujo caribeño de la zona turística de Varadero y la dolorosa precariedad de los barrios empobrecidos de La Habana.

Sin embargo, cuando se encontraba a escasos minutos de abordar el avión de regreso a su país, agentes del MININT lo interceptaron en la terminal. La angustia de ver en riesgo su libertad a pasos de la puerta de embarque reflejó la efectividad de un sistema diseñado para que ninguna imagen incómoda logre cruzar el espacio aéreo insular.

La contención diplomática tras el choque humano

El trato reservado a los extranjeros busca, sobre todo, neutralizar el impacto mediático evitando a toda costa un conflicto internacional directo. A diferencia de los ciudadanos cubanos, quienes por actos similares terminan enfrentando condenas de prisión, como las impuestas al comunicador Eddy Ceballos o a la creadora Anna Sofía Benítez, los visitantes internacionales son sometidos a un protocolo de intimidación rápida: cancelación inmediata del visado turístico, deportación exprés y el decomiso definitivo de sus herramientas audiovisuales.

Para el vlogger extranjero, el trauma va más allá de la pérdida económica de una cámara o una lente. Reside en el choque emocional de haber sido despojado de su voz, en la impotencia de ver borrables las historias de los ciudadanos de a pie que confiaron en sus micrófonos y en la certeza de haber dejado atrás a un pueblo cuya realidad permanece aprisionada detrás de los severos controles de una aduana.

La ya conocida como Ley Antimeme fue aprobada en lo general en la Cámara de Diputados por los partidos de coalición -Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT)-, el tablero marcó 325a favor, en 114 contra y 1 abstenciones.

El debate para reformar el artículo 144 Octies de la Ley Federal del Derecho de Autor se dio entre señalamientos contantes, por un lado, el reclamo de Morena a Movimiento Ciudadano (MC) por la problemática de agua potable en Jalisco, además de acusar a la oposición sobre incitar la injerencia extranjera en México.

Por su parte, integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y los emecistas se lanzaron contra políticos de Morena, acusando que la Ley en debate estaría siendo impulsada para censurar y evitar que se hable en redes sociales o medios de comunicación sobre las acusaciones en contra de Andrés Manuel López Beltrán o Rubén Rocha Moya.

Cabe destacar que, la sesión ordinaria se desarrollo con varios curules vacíos, por lo que las y los legisladores solo llegaron a la votación sin estar presentes durante todo el debate de la ley discutida en lo general por casi tres horas.

En lo particular, la reforma fue avalada con 310 votos a favor, 97 en contra y cero abstenciones, será turnada al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo.

Un debate marcado por los señalamientos políticos

La Ley Antimemes generó un tenso discurso entre las y los diputados durante la discusión en el pleno este 7 de octubre de 2026. La diputada Lucero Higareda Segura, de Morena, defendió el dictamen y sostuvo que la iniciativa de la presidenta “atiende una responsabilidad que el Estado debe asumir: proteger los derechos de autor frente a las nuevas formas de difusión”.

Desde la oposición, la diputada priista Ariana Rocío Rejón Lara rechazó la reforma y advirtió que puede derivar en multas de hasta cinco millones de pesos por contenido publicado en internet. “¿De verdad este es el principal problema que tiene México?”, cuestionó la legisladora, quien acusó al gobierno de buscar silenciar a periodistas y creadores de contenido en lugar de atender la inseguridad y las desapariciones en el país.

La morenista Marilyn Gómez Pozos centró su intervención en el gobierno de Movimiento Ciudadano en Jalisco, al que acusó de un subejercicio de recursos federales destinados a infraestructura y seguridad. “Su indignación debería ser que sus gobiernos se estén convirtiendo en un meme”, reclamó la legisladora

El panista Miguel Ángel Salim Alle anticipó el voto en contra de su bancada y planteó que la protección de los derechos de autor no debe construirse “a costa de otros derechos” como la libertad de expresión y el periodismo.

“Las leyes no están para confiar en el poder, están para ponerle límites al poder”, sostuvo el legislador del blanquiazul, quien reclamó que las garantías para los usuarios no quedaron explícitas en el texto del dictamen.

El diputado Fabio Castellanos Polanco cerró los posicionamientos y desmintió que la reforma busque frenar memes, sátiras o críticas políticas.

Kenia López Rabadán se lanza contra políticos acusados por EEUU

Kenia López Rabadán acusó que la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor impulsada por Morena busca silenciar a creadores de contenido y medios de comunicación en México. La diputada advirtió que la iniciativa obligaría a los proveedores de internet a suspender el servicio cuando una publicación, meme, caricatura o parodia incomode al gobierno, con multas de hasta 4.7 millones de pesos.

La legisladora panista sostuvo que esta reforma se suma a otra ya aprobada por el Senado que contempla penas de cárcel para ciudadanos. “Quieren construir una pinza contra la libertad de expresión. Una pinza con dos tenazas”, afirmó López Rabadán, quien acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum de mostrar “soberbia y talante antidemocrático”.

López Rabadán respaldó a creadores como Vampipe, Chavo del Toro, Paco Calderón, Rictus, Rapé, Alarcón y Kemch, y pidió no ceder ante la norma. La diputada planteó que los verdaderos enemigos de México son narcotraficantes, secuestradores y huachicoleros, no quienes critican al régimen, y exige libertad para hablar de casos como los de Rubén Rocha Moya, Amílcar Olán, Andy López Beltrán e Inzunza.

Esto es lo que se modificó en la Ley Federal del Derecho de Autor

El dictamen que pasó al Pleno de San Lázaro tras ser aprobado por la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad reforma el artículo 144 Octies y adiciona los artículos 114 Nonies y 232 Septies de la Ley Federal del Derecho de Autor.

La propuesta enviada al Congreso de la Unión por la presidenta Claudia Sheinbaum propone ajustar las reglas del llamado “puerto seguro”, el régimen que protege a los proveedores de internet de responder por lo que circula en sus redes.

Con la reforma, esa protección deja de ser automática. Los legisladores delinean dos escenarios opuestos para los proveedores de servicios digitales:

• Quedan exentos de responsabilidad cuando cuentan con una política pública y conocida por sus usuarios para dar de baja a infractores reincidentes.
• Responden legalmente cuando sus usuarios generan daños a titulares de derechos de autor, derechos conexos o propiedad intelectual, según lo previsto en el artículo 114 Octies.
• También responden si contribuyen, inducen o provocan la infracción a sabiendas, o si tienen capacidad de controlar al usuario infractor y obtienen un beneficio financiero directo de esa conducta.

Fijan multas para infractores, estarán reguladas por el IMPI

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) queda a cargo de imponer las multas, con montos escalonados según la gravedad de la falta:

• De 5 mil a 40 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quien comunique, ponga a disposición o utilice públicamente una obra protegida sin autorización del autor o del titular del derecho patrimonial.
• La misma franja aplica para quien grabe, reproduzca, distribuya o comercialice copias de obras, fonogramas, videogramas o libros sin permiso, así como para quien venda o transporte obras deformadas o mutiladas sin autorización, o para quien fabrique o distribuya dispositivos que desactiven protecciones electrónicas de software.
• De mil a 5 mil veces la UMA para quien retransmita o difunda sin autorización emisiones de organismos de radiodifusión.
• De 500 a mil veces la UMA cuando la infracción tenga escala comercial o industrial.
• Una multa adicional de 100 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización se suma para quien reincida en la conducta.

Detrás de este esquema de sanciones hay una intención puntual: obligar a los proveedores de acceso a internet a mantener políticas de suspensión y cancelación de cuentas para usuarios reincidentes. La apuesta es inhibir el daño reiterado a los titulares de derechos mediante reglas proporcionales y, sobre todo, informadas con anticipación.

Espinosa difundió un video este sábado para denunciar que su servicio de telecomunicaciones permanecía activo y pagado, pero que su línea no le permitía comunicarse con familiares, amigos ni otros contactos. Según relató, la situación también afectó el envío de mensajes a través de WhatsApp.

El activista afirmó que reportó la incidencia la noche anterior mediante el número de atención al cliente de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S. A. (ETECSA). De acuerdo con su testimonio, desde ese servicio le indicaron que la falla se encontraba en su teléfono y no en la línea.

Espinosa rechazó esa explicación. Señaló que realizó pruebas con el chip y con otro equipo para comprobar el funcionamiento de la línea. “Mi línea no está bien”, sostuvo en la grabación, en la que pidió una solución a la empresa controlada por el régimen.

La denuncia se produjo días después de que Espinosa fue detenido cuando intentaba asistir a una audiencia judicial relacionada con Anna Bensie y su madre, celebrada el jueves en La Habana. Según esas denuncias, el activista fue trasladado a una unidad policial de La Lisa.

Las llamadas a sus familiares devuelven mensajes de error

Durante el video, Espinosa intentó llamar a su esposa, su madre y otros contactos. En todos los casos, una locución automática respondía: “El móvil que usted llama está apagado o fuera del área de cobertura”.

El activista también pidió a una de sus hijas que se comunicara con él para comprobar si podía recibir llamadas. La respuesta del sistema fue distinta, aunque con el mismo resultado: “El número que usted llama no está localizable”.

Según explicó, el problema alcanzaba las llamadas entrantes y salientes, los SMS y la conexión de datos. “No puedo llamar a nadie y nadie me puede llamar a mí, ni por SMS, ni por llamada normal”, afirmó.

El denunciante agregó que la conexión a internet presentaba dificultades desde su vivienda. Dijo que algunos mensajes enviados por WhatsApp llegaban a destino, pero que la mayoría quedaba sin enviar. Esa irregularidad lo llevó a plantear la sospecha de que existiera un filtro sobre parte de sus comunicaciones, una afirmación que expuso como una percepción personal.

Vinculan el caso con restricciones contra otros activistas

El caso fue registrado por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) bajo el indicador de limitaciones en el espacio digital.

El ICLEP consideró que la interrupción denunciada constituye un corte sostenido y selectivo de servicios contratados, con impacto sobre sus comunicaciones telefónicas y digitales. El organismo sostuvo que el hecho coincide con un patrón de restricciones dirigido contra personas vinculadas con el activismo y el periodismo independiente en Cuba.

Espinosa relacionó su caso con la situación de la activista Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y de su madre, Caridad Silvente. Según dijo, ambas habían enfrentado bloqueos de comunicación durante un período prolongado. También aseguró que varios de sus amigos atravesaron situaciones similares.

“No es la primera persona a la que le hacen esto”, expresó. Y agregó: “Yo no me voy a quedar callado esta vez”.

El OCLE exigió a ETECSA el restablecimiento inmediato de los servicios de telefonía y datos de Espinosa. También reclamó a las autoridades cubanas el cese de los cortes selectivos de comunicación contra activistas y periodistas independientes.

En su mensaje, Espinosa sostuvo que no cometió ningún delito y defendió su actividad en redes sociales. “Simplemente lo que hago es decir la verdad en mis redes sociales”, afirmó.

La restricción se suma a otros casos de artistas y figuras públicas impedidos de entrar o salir de la isla por expresar posiciones críticas. La figura del “regulado”, una limitación migratoria aplicada sin un proceso legal formal, ha sido utilizada contra disidentes y creadores.

Baby Lores relató que compró el pasaje, subió al avión y aguardó la partida, pero personal no identificado le ordenó descender cuando faltaban pocos minutos para el despegue. “Decidí sacar un pasaje y Cuba me negó la entrada, me bajaron del avión. Y estas son las consecuencias de estar de parte de la verdad”, expresó en un video difundido desde el aeropuerto.

En una publicación en Facebook, el músico detalló la secuencia: “Compré mi pasaje, abordé el avión y me senté esperando despegar. Minutos antes de salir, me hicieron bajar. Me negaron la entrada al país donde nací”.

La denuncia por abusos, censura y represión

El cantante afirmó que no recibió una explicación oficial de las autoridades cubanas y sostuvo que la prohibición se produjo después de que decidió hacer públicas sus posiciones sobre la situación en el país. “Esto ocurre después de que decidí dejar de callarme, hablar públicamente y denunciar lo que considero abusos, censura y represión en Cuba”, escribió.

La medida le impidió ver a su madre mientras permanece grave en terapia intensiva. Baby Lores sostuvo que la decisión no modificará sus posturas: “No me callaron. Hicieron exactamente lo contrario. Porque impedirme entrar a Cuba no borra lo que pienso. No borra dónde nací. No borra mi historia. No borra mi familia. Y mucho menos borra mi voz”.

El artista cerró su mensaje con una crítica a quienes dispusieron la restricción: “Si para callar a un artista tienen que cerrarle las puertas de su propia tierra, entonces nunca le tuvieron miedo a su música. Le tuvieron miedo a su voz”.

Sus posiciones contra el régimen cubano se hicieron más frecuentes en los últimos meses. En abril de este año participó en la audiencia judicial de El Insurrecto y, en diciembre de 2025, se pronunció públicamente tras el arresto de ese artista.

La fundación Somos Esperanza, creada por Baby Lores, recibió un reconocimiento en el Capitolio de Washington en marzo de 2026 por su labor con niños con autismo y otras capacidades diferentes.

La pérdida de su abuela y otros artistas afectados

La prohibición de entrada ocurrió meses después de otra pérdida familiar: la abuela del músico murió en junio pasado tras permanecer hospitalizada. El cantante agradeció entonces haber podido despedirse de ella durante un viaje a Cuba en enero de 2025, el primero que realizaba en seis años. informó CiberCuba

El músico Gorki Águila fue detenido por la Seguridad del Estado en mayo de 2024 cuando intentaba salir del país. El humorista Alexis Valdés, por su parte, ha declarado públicamente que no tiene permiso para ingresar a Cuba desde 2002.

La organización Cubalex denunció este jueves que al menos cuatro personas fueron detenidas y otras quedaron bajo vigilancia o con restricciones para salir de sus casas en La Habana, en un operativo que, según afirmó, buscó impedir el acompañamiento al juicio contra la activista Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como “Anna Bensi”, y su madre, Caridad Silvente.

La denuncia señaló que el despliegue se concentró en los alrededores del Tribunal Municipal de La Habana del Este, en Cojímar, donde se realizó la audiencia. De igual manera, Cubalex informó sobre presencia de agentes de la Seguridad del Estado y de la Policía, además de interrupciones en el servicio de internet que dificultaron las transmisiones en directo y el envío de videos desde el lugar de los hechos.

De acuerdo con Cubalex, David Espinosa y su esposa fueron arrestados luego de que un agente vestido de civil y una patrulla los siguieran desde su vivienda hasta la escuela de su hijo.

Espinosa fue llevado a una unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en La Lisa. Allí le comunicaron que el arresto estaba vinculado con una acusación por el supuesto robo de piezas de un triciclo. La organización indicó que Espinosa no posee ese vehículo ni licencia de conducir.

También fueron detenidos el pastor Rolando Pérez Lora, conocido como “Pregonero de Cristo”, y su esposa. Según la denuncia, agentes vestidos de civil y policías los interceptaron cuando salían de su casa para asistir al juicio de Anna Bensi y Caridad Silvente.

Cubalex afirmó que la vivienda de Pérez Lora permanecía vigilada desde la madrugada. Además, denunció que los agentes esposaron al religioso y lo arrojaron al suelo mientras le exigían que no opusiera resistencia. Esto pudo constatarse en videos que circularon en redes sociales, los cuales evidenciaron la violencia ejercida por autoridades vinculadas al régimen.

Hubo advertencias y restricciones de movilidad contra otras personas

Al mismo tiempo, la organización también informó que integrantes del proyecto Fuera de la Caja permanecían bajo vigilancia en sus domicilios desde el día anterior. Según Cubalex, recibieron la advertencia de que no podían salir de sus viviendas, aunque la denuncia no precisó cuántas personas estaban afectadas.

Las restricciones alcanzaron a periodistas y activistas en distintos puntos de La Habana. La periodista Yoani Sánchez y el escritor Reinaldo Escobar informaron sobre un operativo policial en los bajos de su edificio que, según dijeron, les impedía salir.

De igual manera, la periodista Camila Acosta señaló que llevaba más de 24 horas sin poder abandonar su vivienda debido a la presencia policial. El activista Adel Bonne Gamboa también denunció vigilancia en su edificio, aunque no se encontraba en el inmueble en ese momento.

A su vez, Cubalex sostuvo que estas acciones formaron parte de “operativos coordinados de vigilancia, detenciones y restricciones de movilidad” contra personas que pretendían expresar apoyo público a Benítez Silvente y a su madre durante el proceso judicial. La organización atribuyó esas prácticas a un patrón de restricciones contra las libertades de movimiento, reunión y expresión en Cuba.

La “Ley Antimemes” sigue generando debate luego de que fuera aprobada en el Congreso de la Unión y ya registre avance en por lo menos 20 parlamentos locales. Mientras el partido Somos sostiene que la reforma puede convertirse en una herramienta para limitar la crítica y la sátira política, desde el Gobierno federal se afirma que el objetivo de los cambios es combatir fraudes cometidos mediante inteligencia artificial y el uso indebido de la imagen institucional.

Somos vincula la reforma con las elecciones de 2027 y 2030

Somos sostiene que detrás del impulso a la llamada “Ley Antimemes” existe una preocupación del oficialismo por el impacto que las opiniones y críticas ciudadanas puedan tener en las urnas durante los próximos procesos electorales.

En su posicionamiento, el partido plantea que el temor estaría relacionado con una eventual pérdida de la mayoría constitucional en 2027 y, posteriormente, con la disputa por la Presidencia de la República en 2030.

La acusación forma parte de la interpretación política de SOMOS sobre la reforma. El partido afirma que Morena y sus aliados pretenden reducir los espacios desde los cuales la ciudadanía puede cuestionar al poder, particularmente en redes sociales, donde los memes, caricaturas, imágenes modificadas y contenidos satíricos se han convertido en herramientas habituales de participación política.

Somos también relacionó esta discusión con otros cambios impulsados por el oficialismo, entre ellos:

• La llamada supremacía constitucional.
• Las modificaciones al derecho de amparo.
• La desaparición o transformación de organismos constitucionales autónomos.
• Las disposiciones relacionadas con la intervención extranjera en procesos electorales.

Desde la perspectiva del partido, este conjunto de decisiones forma parte de un proceso que podría reducir los contrapesos institucionales y limitar las expresiones de desacuerdo.

El partido advierte sobre el uso de la ley contra memes y sátira

Para Somos, el problema central no está en proteger los derechos de autor o la identidad gráfica de las instituciones públicas, sino en que una legislación con facultades que considera ambiguas pueda utilizarse para inhibir expresiones críticas.

El partido defiende que los memes, las caricaturas y las imágenes modificadas pueden constituir formas contemporáneas de expresión política y social. Bajo ese argumento, considera que la protección de elementos institucionales no debería utilizarse para perseguir contenidos satíricos o críticas dirigidas contra funcionarios y autoridades.

Su advertencia se concentra en los posibles efectos de una norma que, según su interpretación, podría generar temor entre periodistas, medios, organizaciones civiles y ciudadanos.

Somos plantea que la censura no necesariamente tendría que presentarse mediante una prohibición directa, sino también a través de mecanismos como sanciones, amenazas o procedimientos administrativos que terminen desalentando determinadas expresiones.

El partido resume su postura en una defensa de la libertad de expresión y sostiene que, en una democracia, las autoridades deben responder a las críticas y al disenso, en lugar de buscar mecanismos para impedirlos.

Sheinbaum asegura que la Ley Antimemes solo va en contra del fraude

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la reforma tenga como propósito sancionar memes o sátira política. Durante su conferencia matutina del 1 de octubre, explicó que los cambios al artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial están dirigidos contra fraudes realizados mediante inteligencia artificial y el uso de elementos que permitan aparentar que una comunicación proviene de una institución pública.

La mandataria puso como ejemplo videos o audios creados con inteligencia artificial en los que se clone su voz o imagen para inducir a las personas a entregar dinero o invertir en supuestas cuentas gubernamentales.

La explicación oficial establece una diferencia entre una pieza satírica y un contenido creado para engañar con una finalidad ilícita: de acuerdo con Sheinbaum, la reforma no contempla sanciones por hacer memes, sátira política u ofensas personales, sino por utilizar la identidad institucional para cometer un fraude.

El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general la llamada “Ley Antimemes”, una reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial relacionada con el uso de imágenes, símbolos, dominios y documentos oficiales en el entorno digital.

El dictamen fue avalado con 72 votos a favor, 34 en contra y cero abstenciones.

La discusión estuvo marcada por las diferencias entre Morena y la oposición respecto al alcance de las nuevas disposiciones y su posible impacto en contenidos como memes, parodias, caricaturas y críticas políticas.

¿Qué contempla la llamada Ley Antimemes?

La reforma establece sanciones para determinadas conductas relacionadas con la reproducción, imitación o incorporación de identidad gráfica institucional, dominios electrónicos y otros signos oficiales cuando sean utilizados a escala comercial, con intención de inducir al error o engaño y con el propósito de cometer un ilícito.

La propuesta original contemplaba penas de entre tres y siete años de prisión. Sin embargo, el dictamen modificado por las comisiones del Senado redujo el rango a uno a cinco años de cárcel, además de multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

La discusión sobre el alcance de la norma surgió principalmente por el uso de elementos oficiales en contenidos digitales.

La versión aprobada en comisiones buscó precisar que no cualquier utilización de un logotipo, símbolo o elemento institucional constituye por sí misma un delito.

Senado debate entre críticas por censura y defensa contra la piratería

Durante la sesión, integrantes de la oposición cuestionaron el contenido del artículo 403 Bis y advirtieron sobre una posible afectación a expresiones satíricas o críticas.

La senadora panista Mayuli Latifa Martínez Simón mostró una manta en el Senado con la frase: “Criticar al gobierno es igual a cárcel”.

Durante su intervención también cuestionó que se establezcan sanciones relacionadas con contenidos digitales y lanzó críticas contra integrantes de gobiernos y legisladores de Morena.

En la misma discusión, la senadora Lilly Téllez acusó que la reforma podría utilizarse contra quienes se burlen de Morena.

La legisladora sostuvo que la medida podría terminar afectando el humor y la sátira política.

Téllez también pidió proyectar en las pantallas del Senado un video de Vampipe relacionado con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la cancelación de la visa de Andy López Beltrán.

El material comenzó a reproducirse, pero fue retirado antes de concluir debido a que había terminado el tiempo de intervención de la senadora. Téllez calificó el hecho como censura y lo vinculó con el debate sobre la reforma.

Estas son las condiciones que contempla la reforma

Aunque la oposición ha advertido sobre posibles efectos en memes y parodias, el dictamen establece condiciones específicas para configurar el delito:

• El uso de los elementos oficiales debe realizarse a escala comercial.
• Debe existir una intención de inducir al error o al engaño.
• El propósito debe estar relacionado con la comisión de un ilícito.
• Las disposiciones abarcan identidad gráfica institucional, dominios electrónicos y documentos o signos oficiales.
• El dictamen aprobado contempla penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil UMA.

La presidenta Claudia Sheinbaum había señalado previamente que la reforma no busca prohibir memes ni publicaciones en redes sociales.

De acuerdo con la explicación proporcionada sobre la iniciativa, las restricciones están dirigidas al uso comercial de símbolos oficiales cuando se pretenda hacerlos pasar como auténticos para engañar y cometer algún ilícito.

Morena defiende la reforma y rechaza sanciones contra memes

Desde Morena, la senadora Lucía Mícher sostuvo que la iniciativa no busca perseguir la sátira, la parodia ni la libertad de expresión.

Durante el debate, señaló que los memes forman parte del humor y la cultura popular, mientras que la reproducción de marcas a escala industrial, la piratería organizada o la falsificación de documentos corresponden a conductas distintas.

La legisladora también mencionó a caricaturistas como Rafael Barajas Durán “El Fisgón”, Trino, Hernández, Rius, Naranjo y Helguera, al señalar que en administraciones anteriores también existieron intentos de limitar expresiones de crítica política.

Por su parte, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara explicó que el dictamen busca establecer una diferencia entre la crítica y el uso de elementos institucionales para cometer fraudes.

El legislador sostuvo que la autoridad tendría que acreditar los elementos del delito y respetar la presunción de inocencia y el debido proceso.

El senador Javier Corral también defendió las modificaciones realizadas al artículo 403 Bis.

Explicó que se sustituyó el concepto de “ánimo de lucro” por el de “escala comercial”, con el objetivo de establecer elementos objetivos para determinar cuándo una conducta puede constituir un delito.

PAN y oposición mantienen advertencias sobre libertad de expresión

El PAN anunció su voto en contra de la reforma. Las senadoras Guadalupe Murguía Gutiérrez y María de Jesús Díaz Marmolejo cuestionaron que la redacción no excluya de manera expresa expresiones como la parodia, sátira, caricatura política, memes, periodismo o creación artística.

La senadora de Movimiento Ciudadano Alejandra Barrales también manifestó su rechazo y sostuvo que la redacción del artículo 403 Bis podría generar riesgos para la libertad de expresión.

De esta manera, el Senado aprobó en lo general una reforma que busca reforzar las herramientas legales contra determinadas prácticas de piratería, falsificación y uso comercial engañoso de elementos oficiales, mientras la oposición mantiene sus cuestionamientos sobre la interpretación y aplicación de las nuevas disposiciones en contenidos digitales.

La Corte Suprema de Justicia revocó por unanimidad una medida cautelar que obligaba a Mariana Alejandra Núñez, conocida como Nana In Seúl, a borrar publicaciones sobre la influencer Candela Sánchez y le prohibía referirse a ella en el futuro, al considerar que la orden restringía de forma indebida la libertad de expresión.

El máximo tribunal advirtió que la falta de precisión sobre los contenidos objetados podía inhibir no solo a la demandada, sino también a otros usuarios de redes sociales.

La resolución dejó sin efecto la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que había impuesto a Núñez el retiro de mensajes considerados agraviantes y había extendido la prohibición a futuras alusiones públicas, incluso mediante sus seguidores. La medida había sido concedida en primera instancia y luego confirmada por la Sala K de la Cámara Civil.

El conflicto enfrentó a Sánchez, escritora y comunicadora digital con cerca de 200.000 seguidores, con Núñez, una creadora de contenido que ganó visibilidad por sus críticas a celebridades, influencers y marcas. La demandante sostuvo que sufría un hostigamiento persistente y que los mensajes de la otra usuaria afectaban su honor e impulsaban ataques de terceros.

Una prohibición sin contenidos identificados

Candela Sánchez reclamó que Núñez dejara de mencionarla por su nombre o mediante seudónimos, eliminara los contenidos que permitieran identificarla y publicara un aviso permanente para comunicar el cumplimiento de la orden judicial. También pidió que sus seguidores dejaran de intimidarla y que el Ente Nacional de Comunicaciones comunicara la decisión a medios de comunicación.

Entre las expresiones cuestionadas figuraban “pseudo comunicadora” y “canjela”, una alusión a los canjes comerciales. Sánchez comparte en Instagram aspectos de su vida personal, viajes y actividades comerciales, mientras que Núñez utiliza sus perfiles para señalar presuntos plagios y falta de originalidad en contenidos y diseños.

Los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz sostuvieron que las restricciones capaces de impedir o dificultar la comunicación deben interpretarse de modo restrictivo y que toda censura previa tiene una fuerte presunción de inconstitucionalidad. Para ambos, la medida adoptada carecía de un elemento central: no determinaba cuáles publicaciones concretas vulneraban la intimidad o el honor invocados por la demandante.

“La admisión de una medida cautelar sin precisar cuáles contenidos vulnerarían los derechos a la intimidad y al honor invocados por la actora, además de afectar el derecho de defensa de la destinataria, configura una indebida restricción a la libertad susceptible de generar un efecto inhibitorio no solo en la demandada, sino también en otros usuarios de las redes sociales”, afirmaron.

La Corte también objetó que se prohibiera a Núñez hacer futuras referencias públicas a Sánchez. Rosatti y Rosenkrantz concluyeron que una orden con ese alcance constituía “una clara censura previa” y señalaron que los tribunales inferiores no analizaron si el caso reunía una circunstancia excepcional que justificara esa limitación ni si resultaba estrictamente necesaria.

El encuadre constitucional remite al artículo 14 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a publicar ideas sin censura previa, y al artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que impide someter la libertad de pensamiento y expresión a controles preventivos.

Las redes sociales como espacio de debate y crítica

El tribunal consideró que ambas partes tienen una alta exposición pública en las redes sociales. Sánchez se define como comunicadora digital e influencer, mientras que Núñez desarrolla su actividad en X e Instagram, espacios en los que, según su apelación, son habituales las confrontaciones sociales y políticas.

Rosatti y Rosenkrantz señalaron que la exposición voluntaria de la demandante, junto con sus actividades comerciales e interacciones públicas, habilita comentarios y críticas sobre el contenido que decide compartir. Esa circunstancia no resolvía por sí misma la legalidad de las publicaciones cuestionadas, pero debía ser evaluada antes de imponer una restricción preventiva.

Los magistrados describieron a las redes sociales como un espacio de expresión abiertamente participativo, con lenguaje, modalidades comunicacionales y formas de interacción propias. Por ello, indicaron que los jueces deben considerar ese contexto al decidir si una expresión puede ser considerada ilícita o lesiva del honor.

En un voto propio, Ricardo Lorenzetti coincidió con la decisión y sostuvo que la restricción preventiva tenía un alcance indeterminado y no fijaba parámetros claros para ponderar los derechos en conflicto. “La libertad de expresión es un valor del sistema democrático con la máxima protección y existe una amplia legitimación para reclamar por su defensa como derecho de incidencia colectiva”, afirmó.

La Corte aclaró que su decisión no determina si las publicaciones de Núñez fueron ilícitas ni resuelve el fondo de la disputa entre las dos creadoras de contenido. El fallo cuestionó exclusivamente los argumentos utilizados para justificar una prohibición preventiva de esa amplitud.

Una investigación del Human Rights Center de la Universidad de California, Berkeley, abrió una nueva discusión sobre la posibilidad de llevar ante la Corte Penal Internacional (CPI) los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos registrados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El estudio, denominado Under Attack: Targeting of Journalists and Human Rights Defenders in Mexico, analiza el periodo comprendido entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024 y sostiene que los asesinatos, desapariciones, vigilancia, hostigamiento digital y estigmatización deben analizarse como parte de un patrón de persecución.

La investigación fue concebida originalmente como una posible presentación ante la Fiscalía de la CPI y como un caso para probar cómo el tribunal puede abordar delitos internacionales cometidos o facilitados mediante herramientas digitales.

Berkeley documenta 337 asesinatos durante el sexenio

El HRC identificó 337 periodistas y defensores de derechos humanos asesinados durante el periodo estudiado: 78 periodistas y 259 defensores. El centro sostiene que los homicidios representan la parte más visible de un conjunto más amplio de agresiones contra personas que investigaban delincuencia, corrupción y abusos de poder.

La investigación también calcula que la impunidad de los delitos contra este grupo se mantuvo entre aproximadamente 93% y 99% durante el periodo analizado.

Lindsay Freeman, directora sénior de Responsabilidad Internacional del HRC, describió los hallazgos como una “campaña sostenida” contra quienes ejercían labores de vigilancia cívica. En el reporte, afirmó: “Se les trató como enemigos del Estado por exigir responsabilidades al poder”.

Espionaje, mañaneras y campañas digitales

Otro eje de la investigación es la vigilancia electrónica. Berkeley señala que su análisis forense encontró evidencia del uso de Pegasus durante la administración de López Obrador y rastreó la adquisición y operación de herramientas de espionaje hasta estructuras de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El estudio también documenta el uso de otras tecnologías, entre ellas Geomatrix, además de investigaciones sobre extracción de información de dispositivos electrónicos. Parte de la evidencia procede de documentos de Sedena obtenidos tras la filtración de aproximadamente seis terabytes de correos y archivos internos conocida como Guacamaya Leaks.

Berkeley examinó además las conferencias matutinas del expresidente y las campañas de hostigamiento que, según su investigación, siguieron a señalamientos públicos contra periodistas y defensores.

¿Por qué la investigación no llegó a la CPI?

El proyecto tenía inicialmente como destino la Corte Penal Internacional. Sin embargo, Berkeley explicó que las sanciones estadounidenses contra el tribunal cerraron la vía legal que el equipo contemplaba para presentar el expediente, por lo que la investigación terminó convirtiéndose en una plataforma pública con información sobre víctimas, casos y evidencias.

La referencia corresponde a la orden ejecutiva 14203, firmada por Donald Trump el 6 de febrero de 2025, mediante la cual Estados Unidos estableció sanciones relacionadas con la CPI.

El HRC señaló que mantiene fuera del repositorio público parte de la evidencia más sensible.

La nueva política de la CPI sobre delitos cibernéticos

El argumento jurídico de Berkeley adquiere relevancia por un cambio reciente en la propia Fiscalía de la CPI. En diciembre de 2025, el tribunal publicó su Política sobre Delitos Facilitados por Medios Cibernéticos, que establece cómo pueden investigarse delitos del Estatuto de Roma cuando intervienen tecnologías digitales.

El Estatuto de Roma contempla como crimen de lesa humanidad la persecución contra un grupo identificable cuando forma parte de un ataque generalizado o sistemático contra población civil y está vinculada con otros actos bajo jurisdicción de la Corte.

La investigación de Berkeley plantea precisamente que la vigilancia digital, el acoso, la estigmatización y la violencia física pueden analizarse conjuntamente bajo ese marco jurídico. Hasta ahora, se trata de la tesis y evidencia reunida por el centro universitario, no de una investigación formal abierta por la CPI contra López Obrador.

En Venezuela permanecían bloqueados este viernes 177 dominios de sitios web, entre ellos 72 de medios de noticias, ocho días después de que el Gobierno anunciara el levantamiento de estas restricciones, según denunció la organización no gubernamental VE sin Filtro. El reclamo se produjo el mismo día en que concluía el segundo ciclo de diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición, centrado específicamente en la libertad de expresión.

La ONG precisó, a través de la red social X, que entre los sitios inaccesibles figuran medios venezolanos como TalCual y El Nacional, además del portal de investigación Armando.info, que ha revelado casos de corrupción vinculados al chavismo, entre ellos los relacionados con el empresario Alex Saab, detenido en Estados Unidos y quien se declaró este mes culpable de conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas.

También continuaban bloqueados el canal NTN24 y el estadounidense The Wall Street Journal. Infobae es otro de los medios que permanece bloqueado desde el 10 de octubre de 2014.

Más allá de los portales informativos, la organización contabilizó bloqueos a 30 dominios de herramientas como VPN utilizadas para evadir las restricciones, a 25 plataformas de multimedia, comercio y comunicación, a 19 portales de política y a diez páginas sobre derechos humanos. También detectó nueve sitios de pornografía y dos redes sociales inaccesibles, además de una decena de dominios adicionales vinculados a economía, salud y comunicación.

VE sin Filtro exigió el desbloqueo de la totalidad de los dominios afectados, así como transparencia “con cada orden de censura emitida en los últimos años y garantías de que no habrá más bloqueos arbitrarios”. La organización sostuvo además: “Quedó claro que desbloquear, o seguir bloquear, es una decisión política”.

El 17 de septiembre, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el ente regulador del sector, había anunciado el “restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales” por orden de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Hasta el miércoles previo a la denuncia de la ONG, ese anuncio solo se había traducido en el desbloqueo de 18 dominios, entre ellos la Agencia EFE.

Ese mismo día había comenzado el segundo ciclo del diálogo respaldado por Estados Unidos para una transición en el país, tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado. La delegación del chavismo estuvo encabezada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria encargada, mientras que el sector opositor fue liderado por Dinorah Figuera.

Para este segundo ciclo, extendido dos días y que debía finalizar este viernes, ambas partes instalaron una mesa técnica sobre libertad de expresión y derecho a la información. También conformaron una comisión “encargada de velar por el cumplimiento continuo de los acuerdos y compromisos establecidos”, entre ellos la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la recuperación de las reservas de oro retenidas en Inglaterra, destinadas a atender a las víctimas del doble terremoto de junio, temas ya tratados en el primer ciclo de negociaciones.

Rodríguez ordena un nuevo desbloqueo

Horas después de conocerse la denuncia de VE sin Filtro, Rodríguez ordenó el levantamiento “inmediato” de las restricciones a otro grupo de plataformas y portales web que seguían bloqueados en el país. La decisión se comunicó “en atención a este esfuerzo conjunto” tras recibir informes sobre el segundo ciclo de diálogo entre el chavismo y la oposición.

El anuncio se difundió a través de un comunicado en redes sociales del ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, que fue borrado y republicado posteriormente para reemplazar la palabra “desbloqueo” por “medidas administrativas”. El texto no detalló qué portales o plataformas serían desbloqueados ni precisó la cantidad de dominios involucrados.

El comunicado señaló que Rodríguez recibió con “beneplácito” los informes del diálogo entre el chavismo y la oposición y de su Programa para la Paz y la Convivencia Democrática. El Gobierno reafirmó además “su compromiso con el derecho a la diversidad de pensamiento” y expresó que “aspira a que la comunicación en el país esté comprometida con el interés nacional y con el derecho a la información veraz y oportuna del pueblo venezolano”.

La llamada Ley Antimemes avanza en el Senado entre advertencias de la oposición sobre un posible riesgo para la libertad de expresión. El dictamen prevé penas de uno a cinco años de prisión por utilizar la identidad gráfica de instituciones públicas con el fin de engañar y cometer un ilícito.

Se trata de una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, enviada al Congreso en mayo por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de cumplir con el Capítulo 20 del T-MEC, el cual exige medidas en el marco penal en materia de propiedad intelectual.

La iniciativa original planteaba castigar con cárcel a quien utilizara, reprodujera o imitara, a escala comercial, logos, dominios o signos oficiales de cualquier nivel de gobierno para engañar —o con una intención maliciosa. La pena por estas acciones sería de tres a siete años de prisión, así como una multa de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA)

El 23 de septiembre, las Comisiones Unidas de Justicia, Economía y Estudios Legislativos Primera avalaron realizar cambios relevantes a la iniciativa, reduciendo la cantidad de años de prisión. Con 34 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, los legisladores aprobaron reducir a solo uno a máximo cinco años de prisión.

De este modo, el texto aprobado —que ahora será discutido en la Cámara Alta— señala que la sanción aplicaría cuando alguien reproduzca, imite o incorpore logotipos, dominios electrónicos o documentos oficiales de dependencias de los tres órdenes de gobierno para hacerlos pasar como auténticos.

La pena quedó en las multas de mil a 10 mil UMA. Para acreditar el delito, la autoridad tendría que demostrar que hubo una operación a escala comercial, una intención de engañar y el propósito de cometer una conducta ilícita vinculada con el supuesto origen oficial de una comunicación, plataforma o servicio.

Oposición acusa un intento para castigar la sátira política

Por su parte, la oposición ha remarcado que esta reforma es un intento por censurar. La senadora panista Lilly Téllez sostuvo que el dictamen abre la puerta a perseguir a ciudadanos, comediantes, caricaturistas y creadores de contenido que utilicen imágenes o referencias de instituciones para cuestionar al poder.

“Ahora resulta que los memes, las bromas y la sátira política serán crímenes, y el gobierno quiere encarcelar y multar a cualquiera que se burle de Morena”, afirmó la legisladora en un mensaje difundido en redes sociales.

Téllez acusó que la iniciativa pretende “criminalizar la libertad de expresión” y advirtió que las autoridades podrían usar la norma contra publicaciones satíricas. También cuestionó que el Senado discuta esta reforma mientras, según su postura, persisten problemas de inseguridad y delincuencia organizada.

“En lugar de atrapar a los capos, van por los caricaturistas. En lugar de buscar extorsionadores, quieren capturar a los cómicos”, señaló.

Sus declaraciones incluyen acusaciones contra Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum, el senador Javier Corral Jurado y otros actores políticos.

La oposición en general ha cuestionado que la redacción sobre identidad gráfica gubernamental pueda utilizarse de manera discrecional. La preocupación parte de que los símbolos, emblemas y nombres de instituciones suelen aparecer en parodias, montajes digitales, críticas políticas y materiales de humor difundidos en redes sociales.

Aseguran que es aplicable únicamente a uso comercial y por ilícitos

El senador de Morena Javier Corral Jurado y presidente de la Comisión de Justicia, sostuvo durante la discusión de la reforma que es necesario realizar modificaciones al artículo 403 Bis que buscan evitar interpretaciones que presenten el proyecto como una sanción contra la crítica o la burla. La propuesta precisa que el delito se configura solo ante el uso de elementos institucionales para inducir al error sobre el carácter oficial de una comunicación o plataforma.

La redacción establece que la persona deberá utilizar, reproducir, imitar o incorporar la identidad gráfica institucional “a escala comercial”. También deberá hacerlo con la intención de cometer un ilícito relacionado con el origen aparente de una comunicación, documento, sistema informático o servicio público.

Javier Corral aseguró que el objetivo de estas reformas no es censurar o penalizar los memeos y las parodias. Del mismo modo lo hizo el senador morenista Manuel Huerta, quien aseguró que el propósito no es sancionar la sátira, la crítica política o los memes.

“Hay que leer con cuidado lo que realmente dice el dictamen. En el artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial se sanciona el uso, reproducción o imitación, a escala comercial, de la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales, cuando se utilicen para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito. Eso es muy distinto a sancionar la sátira o la crítica”, explicó.

El punto que genera cuestionamientos es la aplicación práctica de conceptos como “escala comercial”, “inducir al error” e “impacto perjudicial”. La definición de esas conductas podría depender de las investigaciones, los criterios ministeriales y las resoluciones judiciales que surjan si la reforma entra en vigor.

Corral señaló que el proyecto sustituye la expresión “ánimo de lucro” por “escala comercial” para facilitar la acreditación de conductas ilícitas mediante elementos objetivos. El propósito es perseguir operaciones que imiten comunicaciones gubernamentales o utilicen recursos institucionales con fines fraudulentos.

La reforma abarca dominios electrónicos, documentos oficiales, plataformas, servicios y sistemas informáticos. El supuesto apunta a páginas falsas que simulen trámites públicos, comunicaciones apócrifas de autoridades o esquemas digitales que busquen obtener dinero, datos personales o algún beneficio a partir del engaño.

El corresponsal mexicano J. Jesús Esquivel denunció que el gobierno de Donald Trump le retiró su credencial de prensa en la Casa Blanca el pasado 2 de septiembre, en medio de una ola de restricciones que la administración estadounidense ha impuesto a distintos medios de comunicación en las últimas semanas. La revelación se dio a conocer a través de Aristegui Noticias, plataforma para la que también colabora.

¿Quién es J. Jesús Esquivel?

Esquivel es licenciado en Periodismo por la Escuela Carlos Septién y corresponsal en Washington desde 1988, acreditado ante la Casa Blanca, el Congreso Federal y el Departamento de Estado. Es jefe de corresponsalía de Proceso en esa ciudad y colaborador de Aristegui Noticias y El Heraldo de México. Ha cubierto siete elecciones presidenciales de Estados Unidos y es autor de varios libros sobre seguridad y narcotráfico, entre ellos La DEA en México.

Así habría ocurrido el retiro de su credencial

Según su propio relato, un agente del Servicio Secreto le pidió entregar su pase el 2 de septiembre, luego de que la oficina de prensa de la Casa Blanca —sin responder correos previos— le informara que su credencial había expirado.

• Vinculó la medida con su ejercicio profesional como corresponsal.
• Planteó que “el mundo necesita periodistas”, en defensa de la función fiscalizadora de la prensa.
• Señaló, en declaraciones recogidas también por Revista Zócalo, que ante el retiro de una credencial se sentiría “reconocido” y no “apenado”, por no haber sido nunca afín a ningún gobierno o partido.

Trump defiende el veto y acusa a los medios de difundir “noticias falsas”

El caso ocurre mientras Donald Trump defendió públicamente, este lunes, su decisión de vetar de la Casa Blanca a CNN, MS NOW y Politico. El mandatario calificó a esos medios de “payasos” y sostuvo que “solo publican cosas negativas” sobre él. En un mensaje difundido en redes sociales, acusó a esas organizaciones de violar la seguridad nacional con información atribuida a fuentes anónimas y anticipó que la Casa Blanca tendrá que recurrir el caso, al reconocer que el juez federal asignado, Timothy Kelly —nombrado por él mismo en su primer mandato—, ya falló en su contra en un litigio similar en 2018.

Antecedente judicial y respuesta de las televisoras

Ese precedente al que se refirió Trump involucra al periodista de CNN Jim Acosta, a quien Kelly ordenó restituir su acceso a la Casa Blanca en 2018, luego de un altercado con personal de prensa durante una conferencia. El juez tiene ahora hasta este martes para que la administración justifique el veto vigente, y prevé una audiencia el miércoles para resolver si lo suspende de inmediato.

En paralelo, las principales cadenas de televisión estadounidenses —ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC— rechazaron cubrir las actividades de la Casa Blanca desde el sábado, en respuesta a la medida contra sus colegas. Trump, por su parte, insistió en que su triunfo electoral se dio a pesar de tener en contra a “94%” de la prensa, lo que atribuyó a una falta de credibilidad de los medios, y afirmó tener la obligación de “luchar por la seguridad” del país al decidir a quién permite el acceso a sus instalaciones.

Parte de una ofensiva más amplia contra la prensa

El caso se suma a otras restricciones aplicadas por la Casa Blanca en 2026:

• El 19 de septiembre, el Servicio Secreto desactivó y confiscó las credenciales de las corresponsales de CNN, MS NOW y Politico —Betsy Klein, Akayla Gardner y Cheyenne Haslett—, un día después de que Trump anunciara el veto por lo que calificó como “noticias falsas”.
• En 2025, un reportero de The Wall Street Journal fue vetado del Air Force One tras la cobertura del diario sobre Jeffrey Epstein.
• La agencia AP enfrentó restricciones similares por no adoptar el cambio de nombre del Golfo de México.

La música de protesta en Cuba se convirtió en un instrumento de denuncia, censura y resistencia política porque las nuevas generaciones desplazaron la canción alineada con la revolución y llevaron al centro del debate himnos como “Patria y Vida”, cuyo impacto se proyectó sobre las protestas del 11 de julio y expuso el costo de cantar contra el poder.

Ese cambio no solo alteró el repertorio: también redefinió la consigna dominante en la isla. Durante más de 60 años, el lema “Patria o Muerte” funcionó como fórmula política, hasta que una canción publicada en 2021 sustituyó el “o” por el “y” y convirtió una consigna estatal en una disputa semántica sobre vida, país y futuro.

Según CNN en Español, “Patria y Vida”, interpretada por Yotuel, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky, se volvió el himno de las protestas antigubernamentales. El medio señala además que el tema recibió dos Grammys Latinos y que su circulación desbordó la censura oficial.

La lista de canciones citadas en esa banda sonora opositora incluye “De Cuba Soy”, de Yomil; “Cuba Libre”, de Eduardo Antonio; “Díaz-Canel Singao”, de Silvito El Libre y Al2 El Aldeano; “Un sueño”, de El Micha; y “Libertad y Amén”, de Descemer Bueno, Baby Lores, Insurrecto y otros artistas.

Cada una aparece asociada a un eje específico: identidad nacional, éxodo, crítica directa al poder, separación familiar y pedido de liberación de presos políticos.

El género urbano desplazó a la canción revolucionaria tradicional

Durante décadas, el régimen cubano utilizó la música como plataforma de propaganda internacional a través de la Nueva Trova Cubana, con figuras como Silvio Rodríguez, que proyectaron una imagen idealizada e intelectual de la revolución. El quiebre llegó cuando los jóvenes de las periferias de La Habana reemplazaron las guitarras acústicas y la metáfora por hip-hop, rap y reguetón.

medios internacionales describen al género urbano como “el verdadero periódico del pueblo” por su lenguaje directo y su foco en la escasez de alimentos, los apagones eléctricos y la falta de futuro. Esa mutación estética también alteró la relación entre música y control estatal: la canción dejó de funcionar como relato oficial y pasó a registrar agravios cotidianos.

La transformación se volvió más visible con “Patria y Vida”, que, citado por CNN, condensó esa ruptura generacional y política. El tema no operó solo como éxito musical, sino como una impugnación frontal al vocabulario histórico del poder.

El impacto fue tal que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, publicó múltiples mensajes contra la canción, mientras los medios estatales impulsaron contracanciones para disputar su efecto en redes sociales. La respuesta oficial mostró que el conflicto ya no era únicamente cultural, sino también político y comunicacional.

El Decreto 349 formalizó el control sobre los artistas

La persecución a músicos independientes se institucionalizó con el Decreto 349, que exige aprobación previa del Ministerio de Cultura para presentaciones en espacios públicos o privados. La norma también faculta al Estado a prohibir y confiscar materiales cuando considera que vulneran los “valores éticos y culturales” de la revolución.

Ese marco legal unió a artistas independientes y dio origen a espacios de resistencia como el Movimiento San Isidro. La norma aparece como el detonante que convirtió la presión sobre los músicos en una política explícita de vigilancia y castigo, según medios internacionales.

La consecuencia directa fue que cantar contra el régimen empezó a implicar riesgos concretos: prisión, exilio, prohibición de entrada al país, cortes selectivos de internet, detenciones arbitrarias breves y vigilancia policial en los domicilios. Ese costo personal recorre toda la escena musical disidente contemporánea.

El caso más visible es el de Maykel Osorbo, coautor de “Patria y Vida” y miembro del Movimiento San Isidro, quien fue arrestado y condenado a una prisión de máxima seguridad tras la difusión masiva del tema. Otros artistas, como Yotuel o Gente de Zona, sufrieron campañas oficiales de difamación y no pueden regresar a Cuba.

La circulación digital erosionó la lista negra oficial

Antes de internet, buena parte de la música disidente producida por el exilio en Miami ingresaba a la isla de contrabando en casetes o memorias USB. el portal de noticias Politics and Rights Review, en 2024 citó como antecedente “Ya viene llegando”, de Willy Chirino, como ejemplo de una circulación clandestina anterior a las plataformas digitales.

Hoy una canción grabada con medios caseros en un barrio de La Habana puede difundirse en horas por TikTok o YouTube. Aunque la radio y la televisión públicas mantienen una lista negra de música prohibida, esos himnos siguen viajando de teléfono en teléfono y encuentran en la circulación digital una vía para esquivar el bloqueo oficial.

Esa combinación de tecnología, repertorio urbano y represión estatal explica por qué la música en Cuba dejó de ser solo entretenimiento y pasó a operar como campo de batalla ideológico. En ese terreno, las canciones mencionadas por los cubanos no aparecen como piezas aisladas, sino como capítulos de una misma disputa por la voz pública, la memoria y la libertad.

El titular del Ministerio del Interior (Mininter), César Astudillo, deberá responder este jueves 17 de septiembre ante el Pleno de la Cámara de Diputados, en una sesión parlamentaria de interpelación que pondrá bajo examen las decisiones de su despacho frente a la inseguridad ciudadana. La citación está prevista para las 10 de la mañana y tendrá una duración de dos horas, según el acuerdo adoptado por la Junta de Portavoces.

La Junta, presidida por Oscar Reto Otero, acordó que el tiempo se repartirá de manera proporcional entre los seis grupos parlamentarios y que no habrá minutos adicionales. La decisión define el marco de una jornada en la que el ministro deberá exponer respuestas sobre políticas, recursos, coordinación estatal y resultados operativos. El documento aprobado contiene 27 interrogantes que serán desarrollados durante el debate parlamentario.

Seguridad ciudadana concentra el pliego interpelatorio

El primer bloque se centra en las medidas adoptadas desde el inicio de la gestión para contener la extorsión, el sicariato y los homicidios agravados. Los diputados pedirán precisiones sobre sistemas de evaluación de estrategias, el presupuesto destinado a programas de seguridad y el trabajo conjunto con otras entidades. También se consultará por la participación de juntas vecinales, campañas y la protección de defensores de derechos humanos.

Entre los puntos incluidos figuran los acuerdos internacionales que aplica el sector para enfrentar al crimen organizado transnacional y los avances de las investigaciones por secuestros y desapariciones.

El cuestionario solicita, además, cifras sobre patrulleros y motorizados de la Policía Nacional del Perú (PNP), las unidades inoperativas y las medidas previstas para retirarlas. Otro apartado menciona los asesinatos de defensores ambientales y el caso del líder ashéninka Américo Pascual Tumisha asesinado.

Una de las preguntas solicita que Astudillo explique cuál es su relación con la empresaria Susana Liliana Saldaña Ramos, candidata a la Alcaldía de La Victoria por Renovación Popular, mencionada en una investigación policial por cobro de cupos en Gamarra. El pliego no formula una acusación contra el ministro en ese punto, sino que requiere una respuesta sobre ese vínculo. Las interrogantes serán leídas antes de la intervención.

Cuatro preguntas se refieren a la continuidad de Óscar Arriola

El segundo tema agrupa cuatro preguntas sobre Manuel Óscar Arriola, entonces comandante general de la PNP. Los legisladores demandan que el ministro sustente por qué lo mantuvo en el cargo, si lo considera idóneo y qué alternativa jurídica existía para disponer su cese.

El documento alude a cuestionamientos por el manejo presupuestal, la búsqueda de Vladimir Cerrón y las investigaciones penales consignadas contra el mando policial en el pliego interpelatorio.

El tercer eje aborda el nombramiento de Magali Ella Meza Mundaca como directora general de Recursos Humanos del Ministerio del Interior. Las preguntas piden identificar quién recomendó su designación y consultan por las investigaciones fiscales que figuran en el documento.

A la vez, la Cámara solicitará explicaciones sobre las garantías de independencia de la PNP en pesquisas complejas, en especial las vinculadas con figuras políticas o personas cercanas al Gobierno.

El último bloque se enfoca en las credenciales del ministro y en su paso del Parlamento al Ejecutivo, que el documento describe como “ilógico e incongruente”.

Las 27 preguntas

PRIMER TEMA:

SEGURIDAD CIUDADANA Y MEDIDAS EFECTIVAS CONTRA LA CRIMINALIDAD.

1. ¿Qué medidas concretas ha implementado desde el inicio de su gestión para reducir los índices de criminalidad, especialmente, extorsión, sicariato y homicidios agravados?
2. ¿Qué mecanismos de evaluación y control se están aplicando para medir la efectividad de las estrategias implementadas?
3. ¿Cómo se está coordinando con otras instituciones del Estado para asegurar una respuesta integral y efectiva frente a la inseguridad?
4. ¿Cuánto del presupuesto asignado al Ministerio del Interior en el presente año se ha destinado específicamente a programas y acciones de seguridad ciudadana?
5. ¿Cómo se está promoviendo la participación de las juntas vecinales y otros actores comunitarios en la prevención del crimen?
6. ¿Qué campañas de sensibilización y educación se están llevando a cabo para informar y proteger a la población contra la delincuencia? ¿Qué Plan de Trabajo y qué acciones ha implementado para dar protección a los vecinos ante el aumento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana?
7. ¿Cuáles son las medidas internas que está realizando la PNP en el marco del Mecanismo Intersectorial de Derechos Humanos, para afianzar labores de prevención y protección de los defensores de derechos humanos dada las cifras de víctimas de líderes indígenas y líderes sindicales asesinados por las mafias ilegales?
8. ¿Qué acuerdos o convenios internacionales están vigentes y viene aplicando su sector, para enfrentar el crimen organizado transnacional?
9. (El número 9 no figura en el texto original del documento).
10. ¿Cuáles han sido los resultados tangibles hasta la fecha en términos de reducción de la criminalidad y mejora de la seguridad pública, especialmente en extorsión, homicidio y crimen organizado?
11. ¿Con cuántos patrulleros y motorizados cuenta la Policía Nacional del Perú para el patrullaje?, ¿cuántos de estos vehículos se encuentran inoperativos?, y, ¿qué plan tiene para dar de baja los vehículos inoperativos?
12. ¿Ha contemplado alguna medida efectiva para dar de baja a vehículos inoperativos al 100 % con antigüedad mayor a 15 años, que se encuentran en las comisarías y unidades especiales?
13. Durante su gestión ¿Cuáles son los resultados de las investigaciones policiales sobre los casos de secuestros y desapariciones?, y, ¿qué porcentaje de casos de secuestros y desapariciones se resuelven?
14. ¿Ya se ha identificado, ubicado y capturado a los responsables de los asesinatos de más de sesenta defensores ambientales asesinados desde el 2012 y especialmente del último asesinato del líder indígena Américo Pascual Tumisha líder Ashéninka, Exjefe de la comunidad nativa Onconashari que fue atacado durante un patrullaje al sorprender a mafiosos extrayendo aceite de copaiba en su territorio?
15. Cuál es su relación con la empresaria Susana Liliana Saldaña Ramos candidata a la Alcaldía de la Victoria por Renovación Popular quien ha sido mencionada en una investigación policial en un caso por cobro de cupos (caso Los Pulpos de la Victoria) en el emporio de Gamarra.

SEGUNDO TEMA:

CESE EN EL CARGO AL COMANDANTE GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, MANUEL OSCAR ARRIOLA, INVESTIGADO POR CORRUPCIÓN Y QUE TIENE ESE ALTO CARGO DURANTE TRES GOBIERNOS CONSECUTIVOS.

1. ¿Por qué motivo mantiene en el cargo al Comandante General de la Policía Nacional del Perú Manuel Oscar ARRIOLA, quien ha perdido totalmente el liderazgo sobre los miembros de la PNP, la confianza del propio gobierno de turno y de la población?
2. ¿Cree usted que el Comandante General de la Policía Nacional del Perú Manuel Oscar ARRIOLA es una persona idónea para comandar la Policía Nacional del Perú?, habiendo demostrado su ineptitud para lograr ubicar y capturar al prófugo Vladimir Cerrón, ineptitud en el manejo de presupuesto para la compra de equipamiento y modernización de la PNP y además de tener investigaciones de índole penal.
3. ¿Cuál es la salida jurídica que tiene su despacho para cesar en el cargo al Comandante General de la Policía Nacional del Perú Manuel Oscar ARRIOLA?
4. ¿Porque no se le ha separado temporalmente del cargo al Comandante General de la Policía Nacional del Perú Manuel Oscar ARRIOLA, por su ineptitud en el manejo del presupuesto público en gastos para la logística y operatividad policial causando agravio a la institución policial, no habiendo ejecutado gran parte del presupuesto para la modernización de la Policía, habiendo devuelto dicho dinero al Ministerio de Economía para ser usado en el Fenómeno del Niño?

TERCER TEMA:

NOMBRAMIENTO DE UNA INVESTIGADA POR CORRUPCIÓN EN EL GOBIERNO DE JOSÉ ENRIQUE JERÍ ORÉ.

1. ¿Reconoce usted haber nombrado a la ciudadana Magali Ella Meza Mundaca como Directora General de Recursos Humanos del Ministerio del Interior, quien cuenta con investigaciones fiscales pendientes entre ellas la investigación seguida en su contra y otros por corrupción de funcionarios cuando era Jefa de Recursos Humanos del MINEDU donde fue sindicada como responsable de contrataciones irregulares, investigación donde la Fiscalía Anticorrupción del Centro conjuntamente con la DIRCOCOR-PNP allanó 25 inmuebles en Lima, Callao y Huánuco entre ellos su domicilio de esta funcionaria?
2. ¿Quién la recomendó para el cargo de directora general de Recursos Humanos del Ministerio del Interior a la investigada Magali Ella Meza Mundaca?
3. ¿Cómo garantiza usted, como ministro del Interior, la independencia y autonomía de la Policía Nacional del Perú en la realización de investigaciones complejas, especialmente aquellas que involucran a figuras políticas o a personas cercanas al gobierno?
4. ¿Cómo se asegura que las investigaciones en curso, especialmente aquellas de alta complejidad, no sean interrumpidas o manipuladas por influencias políticas?

CUARTO TEMA:

SOBRE LAS CREDENCIALES PARA SER MINISTRO DEL INTERIOR

1. Dada las cifras de asesinatos y heridos productos de la extorsión y el sicariato, que ahora también cobran relevancia en el ámbito de la construcción y el transporte, poniendo en peligro a toda la ciudadanía, ¿usted considera que viene cumpliendo un rol significativo para luchar contra el hampa y el crimen organizado?
2. ¿Considera que, al asumir la cartera de ministro del Interior, siendo usted parlamentario, resulta “ilógico e incongruente” su designación como ministro, ya que rompe la separación de poderes y convierte su rol de fiscalizador en juez y parte?
3. ¿Es verdad que usted, Señor ministro General EP (r) César Astudillo Salcedo, ha decidido rodearse de ex colegas del instituto castrense en el Ministerio del Interior, colocando en posiciones clave (Secretaría General, la Dirección de Inteligencia y la Dirección de Gobierno de Interior) a oficiales del ejército en retiro de extrema confianza, con los que ha trabajado en su prolongada carrera?
4. Usted considera que, como Oficial del Ejército, ¿está preparado para asumir una cartera tan sensible como la del Interior, donde no tiene la especialización que requiere el cargo y desconoce totalmente la función policial?

Juan Carlos Distéfano murió de noche, mientras dormía —fue hace menos de dos meses, tenía 92 años— acompañado por Griselda Gambaro, su esposa y compañera desde que se casaron hace mucho, mucho tiempo: 1955. Ella falleció ayer. Las muertes de los dos artistas —él escultor, ella escritora y dramaturga—, separadas por menos de dos meses, cerraron una vida compartida entre la creación, el exilio, la familia y una misma forma de mirar el mundo. Una verdadera historia de amor.

Se conocieron en la década del cincuenta. Ella había empezado a escribir relatos; él se abría paso en las artes visuales. Se casaron en 1955 y, años después, construyeron una casa modesta en Don Bosco, en el sur del conurbano bonaerense. La indemnización que Gambaro recibió tras dejar su empleo en el Club Independiente y el dinero de sus primeros premios literarios ayudaron a acelerar esa obra. Ahí criaron a sus hijos, Andrea y Lucas, mientras cada uno encontraba su propio lenguaje artístico.

En aquellos años reunieron ahorros para viajar a Italia, un destino que Distéfano quería conocer por sus museos. Partieron con la intención de instalarse allí, pero regresaron a los cinco meses. La nostalgia por la Argentina modificó el plan.

La relación incluyó una conversación artística constante, aunque no siempre explícita. Distéfano leía los textos de Gambaro antes de que circularan. En una entrevista de 2015 con La Nación, la dramaturga lo incluyó entre sus primeros lectores, junto con una amiga y uno de sus hijos. También evocó con humor una pieza temprana sobre Vincent van Gogh que les había leído a amigos y que su marido todavía recordaba para burlarse de algunas escenas. Después de esa experiencia, Gambaro dejó de intentar escribir teatro durante un tiempo. Su regreso llegó con Las paredes, en 1963, una obra que todavía se representa.

La intervención de Distéfano fue más allá de la intimidad de la lectura. El escultor hizo llegar a Roberto Villanueva el libreto y la versión teatral de El desatino. Ese gesto ayudó a que el texto se encaminara hacia una puesta en el Instituto Di Tella.

Cuando le preguntaron qué los unía después de casi seis décadas de matrimonio, Gambaro respondió: “No es que hablemos mucho de arte, es la manera de ver las cosas lo que importa”. También recordó la disciplina de la juventud: ambos tenían trabajos para sostenerse y dedicaban el tiempo libre a sus obras.

Volvamos atrás. En abril de 1977, la dictadura prohibió Ganarse la muerte, la novela que Gambaro había publicado el año anterior. El decreto presidencial calificó el libro como contrario a la familia, la moral, el ser humano y la sociedad. La medida incluyó la clausura por 30 días del sello que la publicó: Ediciones de la Flor. Ese mismo año, la familia se exilió en Barcelona.

Distéfano recordó después que la acusación de atacar a la familia les resultaba irónica, porque la suya era “absolutamente tradicional”. Pero el contexto que rodeó la partida estaba marcado por el temor: amigos secuestrados, cuerpos hallados en la zona donde vivían y tiroteos nocturnos en Don Bosco. Volvieron a la Argentina en 1980.

“Desenterramos los libros que habíamos escondido y tratamos de comenzar de nuevo”, contó ella. El regreso ocurrió todavía bajo la dictadura, en una vida cotidiana que el escultor describió como una normalidad atravesada por el autoritarismo.

En los recuerdos de Mercedes Pérez Bergliaffa, publicados tras la muerte de Distéfano, la pareja aparece lejos de las ceremonias institucionales. Llegaban a la casa de Lucas, su hijo, con fuentes de comida, panes y libros. Gambaro reía y, según la autora, los ojos de Distéfano se iluminaban.

La misma crónica registra a Gambaro haciendo bromas en una cocina sin muebles y a Distéfano atento a la ubicación de un reloj para que pudiera verse desde todos los ambientes. Son escenas domésticas de una pareja que compartió la crianza, amistades, casas en construcción y el trabajo de cada día.

El 24 de julio de este año, Gambaro cumplió 98 años. Al día siguiente, Distéfano murió mientras dormía, con ella a su lado y con sus hijos cerca. Como si hubiera estado esperando aquel festejo, para no arruinarlo con una tristeza. Ella falleció 52 días después. Ambas vitalidades estaban encadenadas. Juntos construyeron una obra decisiva para la cultura argentina, pero sobre todo protagonizaron una historia de amor que atravesó más de 70 años.

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y organizaciones aliadas instaron al presidente Abelardo de la Espriella a adoptar medidas concretas para proteger el ejercicio periodístico y garantizar el acceso de la ciudadanía a información independiente.

El pronunciamiento que se conoció el miércoles 9 de septiembre de 2026, se reveló cuando se cumple poco más de un mes desde el inicio de su Gobierno y en medio de cuestionamientos por decisiones oficiales y denuncias sobre presiones a espacios de opinión.

La organización sostuvo que el nuevo Ejecutivo debe pasar de las declaraciones públicas a políticas que puedan ser evaluadas.

“El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella debe traducir su compromiso público con la libertad de prensa en garantías reales y verificables”, señaló la Fundación en el documento.

Asimismo, desde la Fip se vinculó la defensa del periodismo con la protección de derechos humanos, al exponer que las condiciones de seguridad de periodistas tienen una incidencia directa en el derecho de la población a recibir información libre y sin interferencias.

La ONG advirtió que el escenario actual parte de un deterioro registrado en los últimos años y mostró su preocupación por medidas adoptadas durante las primeras semanas de la nueva administración. “La seguridad de quienes ejercen el periodismo es una garantía de derechos humanos: protege su vida y garantiza el derecho de la ciudadanía a acceder a información libre e independiente”, añade el comunicado.

La FLIP registró 2.003 agresiones contra 870 periodistas en cuatro años

El documento oficial por parte de la Flip incluyó cifras sobre la situación de la prensa en Colombia.

De acuerdo con los registros de la Fundación, durante los últimos cuatro años ocurrieron 2.003 ataques contra 870 periodistas en los 32 departamentos del país, entre ellos 10 asesinatos.

La organización indicó que, en promedio, un periodista recibió amenazas cada dos días en Colombia. También documentó 226 episodios de estigmatización provenientes del poder público durante ese período (administración de Gustavo Petro en su mayoría).

La FLIP puntualizó además que los riesgos son mayores en áreas afectadas por el conflicto armado. Algunos casos en concreto son Norte de Santander, Arauca, Putumayo, Nariño, Cauca y sectores del norte de Antioquia como territorios donde la violencia ha impactado con fuerza a comunicadores y medios locales.

Teniendo en cuenta lo anterior, el documento recordó el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en el norte de Antioquia (Briceño) y el del periodista y corresponsal de la FLIP Cristian Herrera en Cúcuta (Norte de Santander).

“Estas violencias sumadas a la instrumentalización de la prensa, un incremento de amenazas, desplazamientos y exilios, han profundizado la autocensura y el silenciamiento en los territorios”, advirtió la Fundación en el comunicado.

La suspensión de emisoras y la Directiva Presidencial 01 generaron alertas

Entre los asuntos que motivaron el pronunciamiento, la organización mencionó la suspensión de la programación informativa de las 20 emisoras de paz creadas a partir del Acuerdo de 2016, y ejecutadas durante la administración Petro.

Según la FLIP, la medida se produjo el 18 de agosto sin aviso previo. Sumado a esto, el 7 de septiembre, 16 de esas estaciones regresaron al aire bajo el nombre de Emisoras de la Reconciliación, mientras que las ubicadas en Buenaventura, Agustín Codazzi, Riosucio y Tierralta continuaban suspendidas, de acuerdo con el comunicado.

La Fundación también cuestionó la Directiva Presidencial 01 de 2026, expedida el 3 de septiembre. Esa disposición centralizó la comunicación oficial del Gobierno y estableció que los funcionarios requieren autorización previa de la Presidencia antes de conceder entrevistas o formular declaraciones públicas.

Desde la ONG se sostuvo que, en su versión inicial, el texto incluía directrices que contemplaban la entrega de entrevistas e información a medios o periodistas “amigos”. Dicha coordinación de vocerías estatales, según la Flip, no debe derivar en barreras discrecionales para acceder a datos de interés público

El documento pidió que la aplicación de la directiva se base en criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios. “La coordinación y unificación de vocerías no se puede convertir en un criterio de autorización”, afirmó.

La organización pidió investigar denuncias de presión sobre medios

La Flip se refirió además a denuncias públicas sobre presiones a espacios de opinión crítica y a salidas de periodistas de medios de comunicación, y consideró que estos hechos deben ser examinados por sus posibles vínculos con el poder político y por su impacto sobre el pluralismo informativo.

No obstante, también se señaló que se han silenciado voces críticas de mujeres periodistas, humoristas y caricaturistas.

“El Gobierno debe abstenerse de cualquier presión directa o indirecta que busque condicionar las decisiones editoriales o excluir del debate público a quienes cuestionan su gestión”, planteó la Fundación, que señaló que estas prácticas podrían constituir censura indirecta.

Entre sus solicitudes, la Flip pidió al presidente de la Espriella rechazar públicamente la estigmatización contra la prensa y transmitir esa instrucción a los funcionarios de su administración, incluso frente a coberturas o contenidos críticos.

Otro de los puntos que se menciona tener como prioridad para Dela Espriella es solicitar que se esclarezcan las denuncias sobre presiones oficiales en medios de alcance nacional y que se respete la independencia editorial, sin usar recursos políticos, económicos o institucionales para condicionar publicaciones o castigar líneas informativas.

La Flip propuso reactivar la política de protección a periodistas

El comunicado incluyó tres medidas relacionadas con la seguridad de periodistas. La primera consiste en retomar y formalizar la política pública de garantías para la labor periodística, una iniciativa presentada por el Ministerio del Interior en 2023 con participación de comunicadores y organizaciones nacionales e internacionales.

La Flip pidió fortalecer la respuesta de las entidades de protección ante las demoras denunciadas en la implementación de medidas. En particular, propuso priorizar mecanismos colectivos y preventivos frente a una atención centrada en la reacción posterior a los hechos de riesgo.

Por último, reclamó una coordinación más estrecha entre la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y las autoridades territoriales.

Al fina, desde la organización se recordó que se invitó al presidente Abelardo de la Espriella a una reunión para discutir estas propuestas y otros asuntos relacionados con la protección de periodistas en el país.

VE Sin Filtro -ONG venezolana que defiende los derechos digitales- denunció que más de 200 dominios siguen bloqueados en Venezuela, pese a que la presidenta encargada Delcy Rodríguez dice que el país atraviesa un “nuevo momento político” y que se ha comprometido a respetar la libertad de expresión.

Infobae es víctima de esa censura: el 10 de octubre de 2014, el régimen de Nicolás Maduro ordenó el bloqueo total de Infobae en Venezuela. La medida fue ejecutada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) tras la publicación de imágenes vinculadas al asesinato del diputado oficialista Robert Serra. Esa censura aún continúa.

“El gobierno censura arbitrariamente medios de comunicación, organizaciones de Derechos Humanos, redes sociales y herramientas digitales”, señala VE Sin Filtro. Esta inquietud se planteó ante el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática que instaló la mandataria interina a pocos días de sustituir a Nicolás Maduro. Hasta la fecha, no han hecho absolutamente nada para corregir esta desviación.

Detallan que “de los 202 dominios bloqueados, 92 corresponden a 65 medios de comunicación. Las operadoras utilizan técnicas de censura sobre DNS, HTTP/HTTPS e IP para impedir el acceso, y las restricciones varían según el proveedor”.

Control

VE Sin Filtro explica que atender este reclamo no requiere de ningún trámite extraordinario. “La censura puede terminar ya. Conatel puede ordenar a los proveedores de Internet el cese de los bloqueos, sin esperar una reforma legal. Solo hace falta voluntad política”, acotan.

“Exigimos el desbloqueo inmediato y garantías de que ninguna restricción futura sea impuesta ilegal o arbitrariamente. Cualquier bloqueo debe ser excepcional, estar sujeto a control judicial y cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, apuntan los expertos.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) al frente de 38 medios de comunicación, 63 agrupaciones de la sociedad civil y 164 individualidades, presentó el “Manifiesto por la libertad de expresión en Venezuela”, donde demandan levantar los bloqueos digitales y avanzar en una serie de transformaciones institucionales para eliminar las restricciones.

“Conatel debe dejar de ser un instrumento de control y censura, y funcionar como un organismo técnico y autónomo, con una administración del espectro transparente y auditable”, reclaman en el texto.

Delcy Rodríguez nombró como director de Conatel a Enrique José Quintana Sifontes en sustitución del mayor general Jorge Márquez, hombre de confianza del depuesto Nicolás Maduro. Aunque la remoción de Márquez generó expectativas de cambios en el organismo, la censura digital continúa.

Rosario Murillo atacó esta semana a los periodistas independientes de Nicaragua en el Día Internacional del Periodista, al calificarlos de “ciegos, sordos, mudos e insensatos” y acusarlos de realizar una “estúpida labor de estúpidos”, en un país donde la persecución contra la prensa ha empujado al exilio a 310 trabajadores de medios desde 2018 y ha dejado al menos 60 medios cerrados, confiscados o destruidos.

La ofensiva verbal coincidió con nuevas cifras sobre el deterioro de la libertad de prensa. La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia documentó entre abril y junio de 2026 al menos 24 agresiones contra periodistas y medios independientes: 21 agresiones verbales, escritas y digitales, dos casos de desplazamiento forzado y un caso de abuso del poder estatal.

Según 100% Noticias, durante ese mismo periodo dos periodistas abandonaron el país por acoso policial y temor a ser detenidos. Con esos casos, aumentó a 310 la cantidad de periodistas y trabajadores de medios obligados al exilio desde 2018.

Murillo lanzó sus descalificaciones durante una intervención pública en la que mezcló referencias a acciones de su Gobierno con ataques a los comunicadores que informan desde Nicaragua y desde el exilio sobre abusos de poder, violaciones de derechos humanos y corrupción. También acusó a los periodistas de abusar de la tecnología y de pretender “llenarnos de bocas sucias, terrorismo virtual”, dentro de lo que describió como una “sistemática faena, sistemática y malvada faena”.

Después elevó el tono y afirmó: “Estúpida labor de estúpidos, que no siendo nicaragüenses desconocen el alma nuestra”.

El ataque coincidió con nuevas denuncias sobre censura y exilio forzado

El mismo día, el Colectivo Nicaragua Nunca Más destacó la resistencia de los periodistas nicaragüenses que siguen informando dentro y fuera del país pese a uno de los contextos más adversos para la libertad de prensa en las Américas. La organización, con sede en Costa Rica, señaló que ejercer el periodismo independiente en Nicaragua implica censura, vigilancia, amenazas, hostigamiento, cierre y confiscación de medios, persecución contra familiares y riesgo permanente de detención o desplazamiento forzado.

La respuesta a la pregunta central del caso es directa: los periodistas independientes en Nicaragua enfrentan insultos desde la cúpula del poder, persecución estatal dentro del país y hostigamiento más allá de las fronteras. El cuadro descrito por las organizaciones incluye desde agresiones verbales hasta exilio, confiscación de medios y alertas de riesgo para la vida de comunicadores refugiados en Costa Rica.

Murillo también se refirió a los periodistas desterrados y desnacionalizados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. “Y menos cuando la estupidez, la estulticia, la imbecilidad, perdonen la palabra, se usan para ganar chelines, chelines que son de mal agüero para los que los recogen”, dijo.

En el inicio de su intervención sostuvo que en Nicaragua “no criamos cuervos” y que “no nos sacarán los ojos”. Luego añadió: “De verdad se lo decimos: los que ya no son nicaragüenses, y en realidad nunca lo fueron, viven en la ansiedad y el miedo de su propia vaguedad, de su propia intrascendencia y, de hecho, de su inexistencia. Eso les da ansiedad, eso les da miedo”.

La presión sobre la prensa nicaragüense también se extiende a Costa Rica

El Colectivo Nicaragua Nunca Más expresó una preocupación especial por la situación de periodistas nicaragüenses refugiados o exiliados en Costa Rica. La organización aseguró que al menos siete comunicadores reportaron vigilancia, seguimientos cerca de sus viviendas, amenazas en redes sociales, exposición de información personal, intimidaciones en espacios públicos, fotografías de sus vehículos y llamadas desde números desconocidos.

Algunos, agregó la organización, fueron alertados por autoridades costarricenses sobre riesgos graves para su vida e integridad. Uno de los casos documentados obligó a una periodista a abandonar de manera urgente Costa Rica por razones de seguridad.

El colectivo advirtió además que representantes del régimen usan redes sociales para alentar ataques contra periodistas exiliados. También pidió a las naciones democráticas exigir el cese inmediato de la persecución, vigilancia, criminalización y hostigamiento contra periodistas, comunicadores y trabajadores de medios, y reclamó a Costa Rica y a otros países receptores de exiliados que refuercen los mecanismos de prevención, investigación y protección frente a posibles actos de represión transnacional.

Desde 2018, la dictadura ha destruido, confiscado o cerrado al menos 60 medios de comunicación. En 2026 se registró el cierre de Radio Stereo Romance, de Jinotepe, después de 31 años de transmisión, junto con la confiscación de sus equipos por parte de Telcor.

Ese caso se sumó a las confiscaciones y cierres de medios como LA PRENSA, Confidencial y 100% Noticias, cuyas redacciones se vieron obligadas a reconstruirse desde el exilio y a depender de redes de fuentes que permanecen dentro de Nicaragua bajo riesgo constante.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que seis periodistas y trabajadores de la prensa siguen enfrentando procesos judiciales en Venezuela, incluido Carlos Correa, quien opta al cargo de Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Tras recordar que “decenas más permanecen en el exilio, algunos también judicializados o bajo amenaza”, el SNTP exige “el cierre de las causas y el levantamiento de las medidas restrictivas” que afectan a los profesionales de la comunicación.

Reputado activista por la libertad de expresión y director de la ONG Espacio Público, Correa estuvo detenido del 7 al 16 de enero de 2025 en la cárcel de El Helicoide, identificado como un centro de torturas recientemente clausurado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

El periodista estuvo en condición de “desaparición forzada”, sometido al aislamiento y sin posibilidad de hablar con sus abogados. El SNTP apunta que Correa acumula 604 días judicializado por el régimen chavista.

Distintos organismos defensores de Derechos Humanos han insistido en lo siguiente: La excarcelación no significa libertad plena. El gobierno interino de Rodríguez promulgó una Ley de Amnistía y ha sacado de prisión a centenares de presos políticos; sin embargo, ya en la calle los beneficiarios continúan sufriendo limitaciones como arresto domiciliario, presentación periódica ante los tribunales y prohibición de salida del país.

El Comité por la Liberación de los Presos Políticos señaló que tiene “documentados al menos 400 casos de personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos”, de los cuales “37 presentan patologías graves que requieren atención médica sostenida”.

Manifiesto

Otro de los afectados es Rory Branker, editor de la página La Patilla. “No conforme con haberme desaparecido forzosamente por siete meses, encarcelado arbitrariamente, torturado, sometido al escarnio público en televisión nacional, calumniado, vilipendiado y demorado mi liberación por un año entero tras el forjamiento de un expediente, me han hecho saber que no han terminado conmigo”, escribió Branker en sus redes al informar que los tribunales le habían negado la amnistía.

Al frente de 38 medios, 63 organizaciones de la sociedad civil y 164 individualidades, el SNTP publicó esta semana el “Manifiesto por la restitución de la libertad de expresión”, que entre otras cosas demanda libertad plena y fin de la persecución contra los trabajadores de la prensa. En el texto reclaman desde el cierre de los procesos judiciales hasta la devolución de pasaportes anulados a comunicadores.

El Gobierno de México publicó este 28 de agosto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los “Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias”, emitidos por el Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) mediante acuerdo unánime emitido el miércoles.

La norma cierra un proceso que duró semanas y generó críticas de medios, organizaciones civiles y legisladores de oposición, quienes advirtieron riesgos de censura en el proyecto original.

La consulta pública que precedió a la publicación reunió 8,889 participaciones -una de las más grandes en materia de regulación de medios en el país- y derivó en ajustes al texto. Más del 80 por ciento de los comentarios recibidos se expresó en contra del proyecto inicial.

La CRT aprueba el texto por unanimidad tras ajustes derivados de la consulta

El Pleno de la CRT aprobó los lineamientos en su Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria. La comisionada presidenta Norma Solano Rodríguez firmó el acuerdo junto con los comisionados Ledénika Mackensie Méndez González, María de las Mercedes Olivares Tresgallo, Adán Salazar Garibay y Tania Villa Trápala.

En el artículo sobre veracidad, la CRT ajustó el texto a la literalidad del artículo 6° constitucional. La norma obliga a los concesionarios a adoptar medidas para preservar la pluralidad y veracidad de la información con base en sus propios códigos de ética, no en criterios externos. Solano aclaró que la comisión no tiene facultad para revisar contenidos ni para determinar qué noticias deben retirarse del aire.

En materia de sanciones, el texto definitivo remite al artículo 295 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que fija multas de 0.01% hasta 1% de los ingresos acumulables del concesionario por no contar con mecanismos de defensa, no nombrar defensor de audiencias o no emitir un código de ética.

Semanas de polémica marcaron el camino al DOF

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) fue la primera en alertar, el 28 de julio, que el proyecto original permitiría a la autoridad determinar cuándo una información es falsa o está fuera de contexto, y que las multas y la posibilidad de que la CRT revisara resoluciones de las defensorías generaban riesgos para la libertad editorial.

Organizaciones como Artículo 19 y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad señalaron que los lineamientos originales otorgaban a la CRT facultades no previstas en la ley. Human Rights Watch advirtió, el 25 de agosto, que el mecanismo abría la puerta a la censura al permitir que la comisión revirtiera fallos de los defensores de audiencias.

Tras la aprobación del texto ajustado, el presidente de la CIRT, José Antonio García Herrera, respaldó el resultado y lo calificó como un equilibrio entre regulación, libertad editorial y viabilidad económica de la industria.

Qué establece la norma publicada en el DOF

Los lineamientos son de observancia obligatoria para concesionarias de televisión abierta, radio, televisión y audio de paga, así como programadoras. Entran en vigor 30 días naturales después de su publicación, es decir, a finales de septiembre.

Cada concesionaria debe contar con un código de ética que incluya criterios editoriales para el tratamiento de información noticiosa, mecanismos para nombrar a la persona defensora de audiencias y procedimientos para atender quejas. Las concesionarias de uso social comunitaria, indígena y afromexicana tienen un plazo de 180 días hábiles para presentar la inscripción de su código.

La persona defensora recibirá, registrará y dará seguimiento a las quejas de las audiencias. Tiene un plazo máximo de 20 días hábiles para resolverlas. Si el medio no atiende la recomendación, la audiencia puede solicitar la intervención de la CRT, que exhortará al concesionario y, de no obtener respuesta, iniciará el procedimiento sancionatorio.

En Cuba, la expresión “2+2=5” se usa como metáfora de una disputa por la realidad: remite a 1984, la novela que George Orwell publicó en 1949, y hoy funciona como ironía política entre personas críticas del régimen porque condensa una idea precisa: cuando el poder logra imponer una falsedad evidente, también puede moldear la percepción de lo verdadero.

La frase no alude a matemáticas ni a una creencia literal. Se utiliza para señalar la distancia entre lo que una parte de la población dice vivir en la vida cotidiana y la versión oficial de determinados acontecimientos.

En la novela, el protagonista Winston Smith es presionado para aceptar que dos más dos son cinco, aunque sabe que el resultado es cuatro. La escena resume uno de los núcleos del libro: el intento de un régimen totalitario por controlar no solo lo que las personas dicen, sino también lo que pueden considerar cierto.

Orwell convirtió la fórmula en un símbolo de la manipulación de la verdad

Orwell escribió 1984 después de haber vivido hechos como la Guerra Civil Española y de observar de cerca el peso de la propaganda política sobre la información. De esa experiencia surgió también el concepto de “doblepensar”: la capacidad de aceptar al mismo tiempo dos ideas contradictorias porque el poder así lo exige.

Por eso “2+2=5” terminó convertida en una fórmula más amplia que una cita literaria. La frase expresa que los hechos pueden quedar subordinados a la verdad que una autoridad consigue instalar en la sociedad.

El símbolo adquirió una carga histórica asociada a los regímenes totalitarios del siglo XX y a sus mecanismos de propaganda. Su fuerza proviene de la sencillez: una operación elemental alterada para exhibir cómo la mentira puede presentarse como norma.

En la isla la consigna ganó fuerza con redes sociales, memes y periodismo independiente

En el contexto cubano, la expresión circula entre creadores de contenido, periodistas, opositores y otras voces críticas del gobierno. Suele aparecer como sarcasmo cuando alguien considera que las autoridades describen una situación de un modo, mientras la población afirma estar viviendo otra cosa.

Esa apropiación también se explica por una historia más larga de control de la información en la isla.

Después de la Revolución de 1959, el Estado cubano construyó un sistema de medios altamente centralizado, mientras las voces independientes enfrentaron durante décadas fuertes restricciones.

La llegada de internet y, más tarde, de las redes sociales alteró esa relación. A partir de entonces, los cubanos empezaron a mostrar directamente desde sus teléfonos escenas y situaciones que podían contrastarse con el discurso oficial.

Ahí reside parte de la potencia de “2+2=5” como meme o consigna. Es una frase corta, reconocible y con una carga literaria que permite resumir un conflicto mayor: la convivencia de dos versiones de un mismo país, la que emite el poder y la que los ciudadanos intentan mostrar por su cuenta.

La fórmula tiene incluso antecedentes anteriores a Orwell. En 1931, dentro de la cultura soviética ya circulaban expresiones vinculadas con la aceptación de absurdos impuestos por la ideología, aunque fue el autor británico quien convirtió “2+2=5” en uno de los símbolos literarios más reconocibles de la manipulación de la verdad.

La reciente suspensión de un debate sobre derechos humanos en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires —cristalizada tras evidentes presiones de la embajada de la República Popular China— expone en toda su dimensión cómo opera el Sharp Power. Un evento convocado para reflexionar de manera abierta sobre regímenes autoritarios y abusos de poder, fue cancelado bajo el pretexto de supuestas trabas administrativas. Este episodio no solo enciende luces de alerta sobre los límites del disenso y los costos de denunciar las violaciones a los derechos humanos frente a la agenda de Beijing, sino que expone con claridad cómo el Sharp Power opera mediante la penetración, la coacción sutil y el condicionamiento directo de las agendas públicas locales.

El incidente porteño no es un hecho aislado ni una simple anécdota de pasillo diplomático; encaja milimétricamente en una matriz de influencia global sistemáticamente medida y documentada por organizaciones internacionales. Informes de referencia como el China Index—que evalúa la injerencia de Pekín en más de un centenar de países a través de múltiples indicadores— ubican a la Argentina en una zona de alta exposición, registrando puntajes que superan holgadamente el 60% de influencia china en áreas tan sensibles como la política exterior, el ecosistema académico y la conectividad tecnológica. Estos datos reflejan que la penetración del gigante asiático excede largamente el plano comercial.

A menudo se confía en que el pragmatismo económico y la firma de acuerdos bastan para ordenar la política exterior, pero esa mirada superficial suele descuidar la letra chica de problemas complejos vinculados a la seguridad nacional y la autonomía estratégica. Esta realidad pone una señal de alerta, en especial para los países de menor peso relativo, donde la asimetría de poder se traduce en subordinación o censura. Además, en nuestra discusión pública existe un curioso reflejo condicionado: se activa una aguda sensibilidad para denunciar la menor señal de injerencia occidental, pero se opta por el silencio, la amnesia o la complicidad frente a la penetración de regímenes autoritarios.

La facilidad con la que la agenda autocrática logra vetar temas incómodos demuestra que la soberanía de una nación no solo se erosiona mediante contratos opacos, sino también cuando se cede ante estas herramientas de presión sistemática que buscan debilitar los cimientos del debate democrático.

Dra. Constanza Mazzina

Directora de la licenciatura en ciencias políticas de Ucema

Las cartas se apilaron sobre la mesa de El Espacio 23, el centro de arte de Miami donde Luis Manuel Otero Alcántara reside como artista desde que llegó exiliado a la ciudad estadounidense.

Eran más de 27,000 mensajes reunidos por Amnistía Internacional, remitidos desde distintos rincones del mundo durante los cinco años que el artista cubano pasó en prisión en Cuba.

Ninguna de esas cartas alcanzó sus manos tras los barrotes, pero el acto de entrega reconfiguró lo que, para Otero Alcántara, fue una corriente de energía silenciosa y permanente.

El evento, titulado “Cartas de libertad y solidaridad”, reunió a activistas, artistas y amigos el martes en Miami. Allí, Astrid Valencia, directora adjunta de Investigaciones para las Américas de Amnistía Internacional, le entregó el paquete junto a dos colegas de la organización.

El propio Otero Alcántara leyó una carta de respuesta, fechada el 22 de agosto. “A pesar de no tener las cartas en físico, en ese momento de angustia, la energía y el amor de todos y todas me alcanzó detrás de los barrotes. Y fueron el alimento para el latir de mi corazón y mantener la fe en que un futuro mejor es posible”, escribió. Después añadió, ante el público: “Les doy gracias a todos por tanto amor, me salvaron la vida”.

La campaña global que cruzó el Atlántico

Las cartas y postales entregadas a Otero Alcántara surgieron de la campaña anual “Escribe por los Derechos” de Amnistía Internacional, que cada año selecciona una decena de personas o causas que consideran urgentes y que requieren solidaridad global. En 2022, cuando el artista cumplía condena en la isla, la organización lo eligió como uno de esos “casos” y lo declaró preso de conciencia.

“Una carta puede parecer algo pequeño, un gesto sencillo, pero cuando una persona está injustamente encarcelada, una carta puede significar mucho más que una hoja de papel”, afirmó Astrid Valencia.

Ella destacó que “cada carta representa a una persona que decidió reafirmar la dignidad, que decidió negarse a aceptar la injusticia como algo normal”. El acto no fue solo una devolución material, sino una reafirmación de comunidad más allá de fronteras.

En prisión: memoria y resistencia

Otero Alcántara compartió cómo, entre los presos, las cartas se convierten en objetos de valor. “En la cárcel los presos guardan durante años las cartas y las releen una y otra vez. Regalar una foto, regalar una carta, escribir algo a mano significaba una reafirmación de preocupación del otro por el otro”, relató. Ese gesto, en sus palabras, era “un pacto de amistad en un lugar donde nadie es amigo de nadie”.

La resistencia artística fue también su refugio. Otero confesó que, durante su encierro, si no podía sacar sus obras, sentía que tampoco lograría salir él mismo. “Yo estaba convencido literalmente que si no salían las obras, yo no salía”, aseguró. Como no podía extraer físicamente sus dibujos, los describía por teléfono a amigos artistas fuera de la prisión, que los interpretaban y materializaban. Ese ejercicio de comunicación fue, según dijo, la verdadera obra.

Un dibujo como símbolo y la puerta hacia la libertad

Como agradecimiento, el artista regaló a Amnistía Internacional un dibujo de una puerta, realizado en prisión. Explicó que era una de las formas que encontró para buscar la salida: “Son luz dentro de la oscuridad”, afirmó, refiriéndose tanto al dibujo como al apoyo recibido.

Movimiento San Isidro, censura y la condición del exilio

Otero Alcántara es cofundador del Movimiento San Isidro, un colectivo de artistas e intelectuales que desde 2018 se posicionó contra la censura cultural en Cuba. Tras su excarcelación, arribó a Miami el 18 de julio, forzado a dejar la isla como condición para su liberación.

Óscar Maydon, el cantante de corridos tumbados con más vetos acumulados en los últimos 18 meses, no se presentará en la Feria Nacional de Zacatecas tras una decisión del gobierno estatal que lo señala por apología del delito.

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó este jueves que el Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA) aceptó retirar al artista de su cartelera 2026. Su presentación estaba programada para el 14 de septiembre en el Teatro del Pueblo.

Qué determinó la Mesa Estatal de Construcción de Paz

La cancelación fue resultado de un análisis del repertorio de Maydon por parte de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, órgano que desde este año funge como filtro para los espectáculos públicos en el estado.

“Se decidió que era un artista que tenía contenido que impulsaba la apología del delito, por lo que se solicitó al patronato la cancelación y que se sustituyera por otro artista”, declaró Reyes Mugüerza, según NTR Zacatecas.

El funcionario precisó que el gobierno estatal busca “espectáculos que fomenten la convivencia y ayuden a Zacatecas a reforzar el tejido social, evitando la presentación de artistas que hagan apología del delito o que hagan mención de grupos delictivos”.

El caso Conriquez, un día antes

La cancelación de Maydon se produjo 24 horas después de que el mismo gobierno confirmara la baja de Luis R. Conriquez de la Feria Nacional de Fresnillo (FENAFRE), donde tenía fecha el 28 de agosto.

En ese caso, la Mesa de Paz fundamentó su decisión en canciones concretas del repertorio de Conriquez: “JGL”, cuyo título alude a las iniciales de Joaquín Guzmán Loera, y “El 27 o El Perris”, vinculada a un presunto integrante de Los Chapitos.

El gobierno de Zacatecas acordó aportar recursos extraordinarios para cubrir la penalización por incumplimiento de contrato y financiar la contratación de un sustituto para la fecha vacante.

Los límites del mecanismo oficial

Reyes Mugüerza reconoció que los lineamientos de la Mesa Estatal no constituyen leyes obligatorias ni son vinculantes para los municipios: su aplicación depende de la voluntad política de cada ayuntamiento.

El funcionario admitió, además, que en el caso de la FENAZA solo una parte del cartel fue sometida a revisión previa, debido a los tiempos de las licitaciones. Maydon quedó fuera de ese primer filtro.

Un historial de vetos que se extiende desde 2025

La cancelación en Zacatecas es la más reciente de una serie de restricciones que Óscar Maydon acumula desde principios del año pasado.

En febrero de 2025, su concierto en el Palenque de la Feria de Aguascalientes fue cancelado tras la aparición de narcomantas atribuidas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con amenazas directas en su contra. El artista negó entonces cualquier vínculo con el crimen organizado y afirmó que la cancelación fue “por el bien de todos”.

Dos meses después, en abril de 2025, autoridades estadounidenses le negaron la visa de trabajo, en el marco de la política de la administración de Donald Trump para frenar la popularidad de los narcocorridos en Estados Unidos, según informó la creadora de contenido Chamonic en Instagram. Ese mismo mes, el gobierno de Jalpan de Serra, Querétaro, inició un procedimiento administrativo en su contra tras su presentación en la Feria Jalpan por presunta apología del delito.

Sin respuesta pública del artista

Hasta el cierre de esta nota, Óscar Maydon no había emitido ningún pronunciamiento sobre su exclusión de la FENAZA 2026.

Quién es Óscar Maydon

Óscar René Maydon Mesa nació el 20 de septiembre de 1999 en Mexicali, Baja California. Inició su carrera en julio de 2020 con el tema “De la Nació”, publicado a través de G24 Records, lo que atrajo la atención de Jimmy Humilde y le abrió las puertas del sello Rancho Humilde, uno de los más influyentes en la escena de los corridos tumbados.

En 2022 lanzó su álbum debut, GXLE , y en diciembre de 2023 publicó su segundo disco de estudio, Distorsión, con colaboraciones de Natanael Cano y Gabito Ballesteros, entre otros.

Su ascenso al mercado anglosajón llegó en enero de 2023, cuando “Fin de Semana”, grabada junto a Junior H, debutó en el puesto 86 del Billboard Hot 100, su primera entrada en ese listado. Posteriormente, “Tu Boda”, en colaboración con Fuerza Regida, alcanzó el número uno en el Hot Latin Songs de Billboard.

Horas después de que el dirigente diera a conocer la acción legal emprendida, el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, cerró filas con la presidenta Claudia Sheinbaum y descartó entrar en lo que llamó “litigios de micrófono”.

La bancada morenista dejó constancia de que no validará “agendas personales diseñadas para generar tráfico digital”, en referencia directa a las declaraciones de Moreno Cárdenas.

Alito lleva a México ante la ONU

Ante el secretario general de la ONU, António Guterres, Moreno Cárdenas expuso una serie de acusaciones contra la administración federal. Señaló que el gobierno publica listas de críticos, periodistas, medios de comunicación y ciudadanos que considera “incómodos” por ejercer su libertad de expresión.

El senador priista enumeró las violaciones que documentó en su denuncia:

• Incumplimiento de compromisos internacionales establecidos en la Carta de la ONU, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención de Palermo.
• Censura y persecución política a opositores, así como intentos por controlar qué información reciben los mexicanos.
• Obligación de entregar datos biométricos para registrar líneas telefónicas.
• Crisis de desaparición forzada de personas.
• Colusión de autoridades de Morena con cárteles del crimen organizado.
• Captura de órganos electorales, en particular del Instituto Nacional Electoral (INE).
• Destrucción del sistema democrático y judicial del Estado mexicano.

A su estilo, Moreno Cárdenas aseguró que el PRI dará batalla “dentro y fuera de México”, ante las instancias que el también senador del tricolor considere necesarias, finalizó su mensaje reiterando que “no vamos a guardar silencio mientras quieren someter al país, aunque eso moleste, incomode o haga enfurecer al régimen”.

“Hechos y resultados”, dice Morena

El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado emitió un comunicado en el que expresó “respaldo total y decidido” a Sheinbaum frente a los ataques que, según el texto, buscan “notoriedad a costa del conflicto y el sensacionalismo”. La bancada acusó a sus críticos de anteponer “el espectáculo político al debate sustantivo”.

El bloque oficialista presentó tres ejes de gestión como contrapeso a las acusaciones: reducción de delitos de alto impacto y avances en la estrategia de pacificación nacional; consolidación y ampliación de la política social para garantizar derechos a millones de familias; e indicadores macroeconómicos sólidos con atracción de inversión y fortalecimiento del mercado interno.

PRI vuelve a presentar denuncia ante los reflectores internacionales

Alito Moreno vuelve a aplicar la estrategia legal por la que ha sido señalado por Morena como “traidor a la patria”, por varias semanas se ha mantenido al centro del debate por la denuncia interpuesta ante el Departamento de Estado de Estados Unidos tras el fallo del INE en su contra, quien lo exhortó a borrar publicaciones donde llama a Morena “narcopartido”.

Moreno Cárdenas enmarcó la acción de hoy ante la ONU como parte de una ofensiva que continuará “ante todas las instancias que sean necesarias”.

La bancada morenista, por su parte, cerró su comunicado con un llamado a “concentrar el debate público en el contraste de ideas, propuestas e indicadores que eleven la calidad de la vida democrática”.

Los señalamientos centrales

De acuerdo con el mensaje difundido por Moreno, la denuncia sostiene que el Estado mexicano estaría incumpliendo la Carta de la ONU, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de Palermo. Entre los puntos que expuso se encuentran:

• La presunta integración y publicación de listas de críticos, periodistas, medios y ciudadanos señalados por ejercer su libertad de expresión.
• Denuncias de censura y persecución política contra opositores.
• Cuestionamientos sobre la obligatoriedad de entregar datos biométricos para el registro de líneas telefónicas.
• La crisis de desaparición forzada de personas en el país.
• Señalamientos de colusión entre autoridades emanadas de Morena y cárteles del crimen organizado, así como la que describió como “captura” de órganos electorales, en particular del INE.

Estas afirmaciones corresponden a la versión expuesta por el propio Moreno y no fueron corroboradas de manera independiente ante la ONU al momento de esta nota.

Un antecedente reciente en Washington

La denuncia ante la ONU se suma a una acción previa del dirigente priista: apenas el 10 de agosto, Moreno había presentado una denuncia ante el Departamento de Estado de Estados Unidos contra tres consejeros del INE —Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga—, luego de que el organismo electoral le ordenara retirar publicaciones en las que calificaba a Morena como “narcopartido”. En esa ocasión, el senador solicitó que la actuación de los funcionarios fuera revisada bajo la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, y citó como precedente la sanción impuesta en 2025 al juez brasileño Alexandre de Moraes. En aquel momento, Moreno ya había adelantado que llevaría el caso ante la ONU, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La postura del PRI

En su mensaje de este jueves, Moreno reiteró que su partido “va a dar la batalla dentro y fuera de México” y afirmó que continuará recurriendo a las instancias internacionales que considere necesarias. “No vamos a guardar silencio mientras quieren someter al país”, escribió, y añadió que el PRI “siempre defenderá la democracia, los derechos y las libertades de todas y todos los mexicanos”.

El canciller Roberto Velasco, a través de un articulo de opinión en The Wall Street Journal, aseguró que la prensa mexicana sigue manteniendo su libertad bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, tras los señalamientos publicados por la columnista Mary O’Grady días atrás en ese mismo medio.

“México vive el momento más libre y democrático de su historia. Durante la mayor parte de un siglo, un solo partido controló el espectro radioeléctrico y gobernó para unos cuantos, mientras que los periodistas rara vez tenían acceso al presidente”, declaró.

Recordó que día con día, la mandataria mexicana responde todas las dudas y cuestionamientos de las y los periodistas, no solo durante La Mañanera del Pueblo, también en eventos realizados en diversas regiones del país.

El funcionario respondió a los comentarios de Mary O’Grady y rechazó que los medios nacionales estén silenciados. “Determinar si un gobierno está censurando a su prensa no es una cuestión de retórica. Es una cuestión de evidencia, y los hechos contradicen su afirmación”.

Canciller defiende los lineamientos de los derechos de las audiencias

Asimismo, señaló que una de las dos cadenas de televisión más grandes de México mantienen una línea editorial abiertamente crítica hacia este gobierno, y su concesión permanece intacta, así como la libertad de expresión de los comunicadores.

“Los académicos citados por la señora O’Grady tienen libertad para publicar sus opiniones en México, en una revista cuya línea editorial también ha sido crítica del gobierno”, resaltó el líder de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En cuanto a los lineamientos de los derechos de las audiencias, afirmó que corresponden a un beneficio para los radioescuchas y televidentes mexicanos, donde su cumplimiento, en primera instancia, recae en un defensor de las audiencias designado por cada cadena de comunicación y que no se extenderán a la prensa escrita.

“El Congreso mexicano legisló este marco y nuestra Suprema Corte determinó que los derechos de las audiencias tienen precedencia sobre los intereses comerciales de los concesionarios”, indicó.

Wall Street Journal acusa a Sheinbaum de dar “luz verde a la censura”

El reciente anteproyecto de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que exige a radiodifusoras y televisoras adoptar códigos de ética y mecanismos de atención a quejas, ha desatado una fuerte polémica.

La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta críticas luego de que The Wall Street Journal calificara la medida como un impulso a la censura, al permitir que una agencia del gobierno determine la veracidad del periodismo. Diversos sectores, incluidos periodistas y empresarios, han expresado inquietudes por el posible impacto en la libertad de expresión.

Durante conferencias públicas, la jefa de Estado negó que los nuevos lineamientos busquen silenciar a los medios. Explicó que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión participó en la elaboración del proyecto y que el objetivo es proteger los derechos de las audiencias, no restringir contenidos. Sin embargo, el tema se intensificó cuando la consejera jurídica de la Presidencia presentó un análisis que identificó a medios y periodistas influyentes en redes sociales, lo que fue visto por críticos como una práctica intimidatoria.

La consulta pública sobre estas reglas concluye el 21 de agosto, sin una versión definitiva aún aprobada. Organizaciones como Artículo 19 alertan sobre el potencial riesgo para la prensa, señalando el contexto de violencia y hostilidad hacia comunicadores en México.

La propuesta de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias pretende establecer un marco claro para regular los contenidos, la publicidad y los canales de denuncia en la radio y la televisión mexicanas.

El objetivo es garantizar que la información transmitida responda a estándares de calidad y transparencia, además de facilitar quejas cuando los derechos de los oyentes y televidentes sean vulnerados.

A pesar de esto, el Dr. Luis Miguel Martínez Cervantes, académico de la Universidad Iberoamericana, advirtió que la iniciativa aún deja zonas grises que podrían traducirse en riesgos para la libertad de expresión, así como falta de criterios definidos para distinguir entre noticias y opinión, lo que podría derivar en interpretaciones arbitrarias por parte de las autoridades.

Aunque ordenar el ecosistema mediático es indispensable, cualquier medida debe cuidar de no devenir en censura o limitar la autonomía editorial de los medios de comunicación. El desafío principal reside en encontrar un equilibrio entre la protección del público y el respeto a la libertad de prensa.

Dilemas en la clasificación de contenidos e información falsa

Uno de los puntos más complejos de la iniciativa es precisar cómo distinguir entre información y opinión, un reto que, según el especialista, ha sido recurrente incluso en ejercicios de monitoreo académico.

La propuesta plantea la prohibición de difundir contenido falso o descontextualizado, pero no especifica los mecanismos para identificar violaciones. Derivado de esto, se señaló que ni siquiera sistemas avanzados de vigilancia logran siempre diferenciar estas situaciones, lo que podría dejar a los medios en una posición vulnerable ante sanciones.

En este contexto, la preocupación central es que la falta de definiciones precisas pueda desembocar en decisiones injustificadas por parte de la autoridad, creando el riesgo de que se utilicen los lineamientos como herramienta de censura más que de defensa de los derechos de las audiencias.

Publicidad y transparencia en los mensajes

Otra área crítica identificada en la propuesta es la delimitación entre contenido editorial y publicidad. Para Martínez Cervantes, las fronteras entre ambos no siempre resultan evidentes: una presentadora usando una marca visible o la aparición de un logotipo en pantalla pueden interpretarse como “emplazamiento de producto”, aunque no exista un acuerdo comercial.

Ante esto, se recomienda incorporar ejemplos claros que permitan identificar cuándo una mención constituye publicidad y cuándo es una referencia periodística, editorial o incidental. Además, de que no basta con etiquetar un contenido como publicitario, sino que se requiere una evaluación minuciosa respaldada por criterios objetivos.

Este enfoque busca evitar que los medios sean sancionados por omisiones involuntarias y garantiza transparencia tanto para las empresas como para el público.

Derechos de la infancia, accesibilidad y educación mediática

El proyecto también aborda la protección de audiencias vulnerables, como la niñez y las personas con discapacidad, por lo que, se sugiere recuperar un catálogo detallado de derechos para distintos grupos etarios y establecer prohibiciones específicas respecto a la propaganda dirigida a menores, especialmente en temas relacionados con violencia, explotación de la inexperiencia, mensajes subliminales o acoso.

En cuanto a la accesibilidad, el académico recomendó mantener estándares técnicos rigurosos para subtitulaje y lengua de señas, garantizando así la inclusión de las personas con discapacidad.

Asimismo, la alfabetización mediática debe ser un eje transversal en la iniciativa, mediante campañas periódicas que permitan a la audiencia identificar los distintos tipos de contenidos y conocer las vías para presentar quejas, siempre con materiales adaptados para niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad.

Miguel Alfonso Meza, activista y fundador de la plataforma Narcopolíticos, denunció que sus principales cuentas en redes sociales fueron atacadas e inhabilitadas durante la última semana, un episodio que atribuyó a una presunta operación coordinada y financiada por actores políticos vinculados con Morena.

De acuerdo con el activista, el ataque afectó sus cuentas de Facebook, Instagram, WhatsApp y X, plataformas que utilizaba para difundir los contenidos de Narcopolíticos. Meza sostuvo que la ofensiva fue de mayor alcance que episodios anteriores y que tuvo como objetivo impedir la continuidad de su trabajo.

El fundador de la plataforma afirmó que, ante lo ocurrido, contrató una investigación privada para identificar a quienes estarían detrás de los ataques. Según los resultados que le fueron entregados, los presuntos responsables serían un hacker identificado con las iniciales EBU, una dirigente local de Morena, identificada como AAC, y un dirigente nacional del partido, cuyas iniciales son AMH.

Meza no hizo públicos los nombres completos de las personas a las que señala ni presentó públicamente los elementos de la investigación privada que, según su versión, permitió identificarlas.

Meza afirma que enfrenta su tercer intento de censura

El activista aseguró que el episodio representa el “tercer intento de censura” que ha enfrentado “durante el actual régimen”.

Como antecedente, recordó que previamente recibió órdenes para disculparse y “borrar publicaciones sobre la abogada de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, después electa como jueza” —refiriéndose a Silvia Rocío Delgado—.

Meza sostuvo que, después de abordar ese tema en sus redes sociales, su cuenta de Instagram fue eliminada. El episodio generó una disputa pública en torno a las publicaciones que había realizado sobre la entonces candidata al Poder Judicial.

Ahora, señaló, el ataque tuvo una dimensión mayor debido a que alcanzó prácticamente la totalidad de sus canales de comunicación digital.

“Este es el tercer intento de censura”, sostuvo el fundador de Narcopolíticos al referirse a los episodios que, desde su perspectiva, han buscado frenar la difusión de sus investigaciones.

Anuncia denuncia ante la FGR

Meza informó que actualmente existe una investigación activa por parte de las plataformas digitales para determinar las causas por las que sus cuentas fueron inhabilitadas y establecer si se trató de una acción coordinada.

El fundador de Narcopolíticos manifestó su confianza en que sus cuentas serán recuperadas y en que las investigaciones permitirán confirmar quiénes estuvieron detrás de los ataques.

Además, anunció que en los próximos días presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los presuntos responsables.

La denuncia, adelantó, buscará que las autoridades investiguen el ataque y determinen si existió participación de terceros en la inhabilitación simultánea de sus cuentas.

Meza aseguró que no abandonará el proyecto Narcopolíticos y sostuvo que los intentos por impedir la difusión de sus contenidos tendrán el efecto contrario al buscado.

El activista concluyó que cada intento por silenciar su trabajo fortalecerá su decisión de continuar con las investigaciones y publicaciones de la plataforma.

El antecedente con la exabogada de ‘El Chapo’

El conflicto más reciente de Meza con sus publicaciones se remonta al proceso de elección judicial en Chihuahua, cuando cuestionó el perfil de Silvia Rocío Delgado, exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán. En un primer momento, autoridades electorales consideraron que sus señalamientos constituían violencia política de género y ordenaron retirar contenidos, ofrecer una disculpa pública y otras medidas.

Sin embargo, en abril de 2026, la Sala Regional Guadalajara del TEPJF revocó esas sanciones al concluir que las publicaciones de Meza estaban relacionadas con la trayectoria profesional y la idoneidad de Delgado para ocupar un cargo judicial, no con su condición de mujer. El tribunal consideró que los señalamientos se encontraban dentro del debate público y los límites de la libertad de expresión.

El fallo dejó sin efecto las medidas impuestas previamente contra el activista y se convirtió en un antecedente relevante para Meza, quien ahora sostiene que el ataque contra sus redes sociales constituye un nuevo intento por impedir la difusión de sus investigaciones.

En su conferencia matutina de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó la controversia sobre la cancelación de visas por parte de Estados Unidos y la polémica exposición de una ‘lista de periodistas’. Respecto a la medida estadounidense que involucra a Andrés Manuel López Beltrán, la mandataria exigió a Washington presentar pruebas si pretende procesar algún delito.

Rechazó que haber exhibido a comunicadores en la mañanera haya detonado agresiones en su contra, argumentando que ella también es víctima de ataques en redes sociales y asegurando que jamás se buscó estigmatizarlos como “malos periodistas”.

Concluye la conferencia de prensa

La presidenta solicitó a la Fiscalía General de la República que brinde información acerca del almirante Fernando Farías ; asimismo, señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) participa en el proceso.

/mexico/2026/08/18/sheinbaum-confirma-que-fernando-farias-sera-extraditado-a-mexico-desde-argentina/

La presidenta criticó a la oposición mexicana por ir a Estados Unidos a quejarse y a realizar denuncias contra mexicanos. Cuestionó: “¿Qué diferencia hay entre eso y los conservadores del siglo XIX que pensaban que nadie podía gobernar México mejor que un extranjero y que iban a denunciar con Napoleón III para que Francia nos invadiera? ‘Qué diferencia hay? Yo no veo ninguna; la única diferencia son los 200 años de distancia".

/mexico/2026/08/18/funciones-de-alejandro-moreno-estan-en-eeuu-y-no-en-mexico-sheinbaum-acusa-a-la-oposicion-de-gastar-recursos-para-tener-validez-extranjera/

La presidenta sostuvo que en Tamaulipas no se ha hecho fracking, sino la perforación de pozos de Contepec, y señaló que Pemex ha hecho resarcimiento de daños, pero “en caso de que se necesiten más”, se aumentarán medidas.

Sheinbaum desestima agresiones en redes sociales a periodistas nombrados por Luisa María Alcalde Luján

La jefa de Estado sostuvo que los periodistas nombrados en la llamada “lista de periodistas” que expuso la consejera jurídica, Luis María Alcalde Luján, cuando explicó la red de amplificación de noticias falsas, cuando la prensa mexicana le señaló que estos comunicadores ya enfrentan las consecuencias, Sheinbaum negó que haya daños; le dijeron que hay agresiones en redes sociales, y dijo:

“Yo también recibo muchas agresiones en redes sociales, también los compañeros que están a favor de muchas políticas que hace el gobierno reciben cantidad de agresiones en redes sociales, es parte del problema de las redes sociales, pero nunca se planteó una lista de que estos son los malos periodistas, ni nada”, explicó.

“No hay listas”: Sheinbaum insiste en que su administración explicó el origen de las tendencias

La presidenta volvió a defender la explicación que dio la consejera jurídica, Luisa María Alcalde Luján: “Dijo cómo una noticia, por ejemplo de estos periodistas, se amplifica para generar una tendencia de opinión. Y hay múltiples casos de los que podemos hablar, muchísimos ‘narcogobiernos’, toda esta tendencia que se genera a partir de una nota que se genera a partir de una nota que a lo mejor no es la propia nota per se, parte de la red, pero lo utilizan para generar noticias falsas y amplificar notas”.

Señaló que no siempre participan los periodistas, sin embargo, “deja la nota ahí sin que él mismo o el medio de comunicación no genere la réplica”, afirmó que no hay censura. Defendió a Luján Alcalde, pues “ella no planteó esta lista como malos periodistas”.

/mexico/2026/08/18/sheinbaum-ve-malentendido-en-listas-de-luisa-alcalde-si-causo-problemas-que-ya-no-se-digan-estos-nombres/

Sheinbaum reiteró que el retiro de una visa no tiene por qué “representar una investigación de la Fiscalía (...) ellos —autoridades estadounidenses— están manejando la revocación de las visas como un asunto político”.

“La visa no define a un mexicano”: Sheinbaum responde a EEUU por el caso de Andy López Beltrán

“La visa no define a un mexicano o a una mexicana, si Estados Unidos decide quitar una visa, es una decisión de Estados Unidos. Si hay un delito que perseguir a una persona y hay pruebas, porque esto es indispensable, porque hay cantidad de casos donde nosotros hemos pedido detenciones en EEUU, particularmente doble nacionalidad, y no proceden, porque no nos han solicitado pruebas”.

La presidenta no se ha comunicado con el hijo del expresidente, Andrés Manuel López Beltrán. Informó que su administración no tiene pruebas de que el exsecretario de Morena esté vinculado a delitos.

/mexico/2026/08/18/sheinbaum-niega-que-andy-lopez-beltran-estuviera-en-el-radar-por-huachicol-y-afirma-que-mexico-no-ha-pedido-informacion-a-eeuu-sobre-retiro-de-visas/

La mandataria señaló que los centros de datos son requeridos para la inteligencia artificial, pero “no necesariamente para el crecimiento de México”, apuntó que el país no tiene porque ser el “centro de datos de otros lugares del munedo, porque requiere mucho consumo de agua”.

Aceptó que estos lugares sí generan crecimiento económico, pero generan poco empleo.

Claudia Sheinbaum negó que los señalamientos de la oposición acerca de que la visa de Andrés Manuel López Beltrán haya sido revocada por estar relacionado con el huachicol fiscal: “No tiene que ver con otros temas de injerencia en las decisiones de México, porque hay otros delincuentes o presuntos delincuentes donde no hay problema o otras personas políticamente expuestas, como les llaman ellos, donde al revés, les abren las puertas”.

Subrayó que la oposición usa argumentos de este tipo para intentar “atraer a la gente” por su falta de proyecto nacional.

Sheinbaum solicitó a la Fiscalía General de la República “que prepare” datos sobre las acciones que ha hecho el gobierno de México para combatir el huachicol fiscal para presentarlo al pueblo.

La jefa del Ejecutivo explicó que el Departamento de Estado de Estados Unidos es la autoridad encargada de atender las solicitudes de visa, así como la revocación de este documento, y “no es un asunto de estado, o de la relación de los estados, sino de la relación del individuo que solicita una visa, a menos que sea una visa diplomática o visa solicitada por el gobierno”.

Sheinbaum señaló que no ha solicitado información sobre las visas revocadas a funcionarios políticos mexicanos.

Sheinbaum rechaza calificar a padres como “hiperhuevones” y llama a atender el cuidado infantil como tema social

La presidenta se negó a calificar a los padres como “hiperhuevones”, esto luego de ser cuestionada por la prensa mexicana acerca de la responsabilidad que tienen los padres de familia en el cuidado de las niñas, niños y adolescentes, la jefa del Ejecutivo dijo:

“No estoy de acuerdo, cada familia tiene una problemática distinta, cada mamá tiene una problemática distinta, pero en México nos caracteriza algo que es el cuidado, el amor, el reconocimiento de la familia, por supuesto que habrá mamás que sean. Tengan más atención a sus hijos que otras, mucho depende también de las características de la mamá, pero no me parece que caracterizar a los papás o mamás de esta manera resuelva un problema, en todo caso, tiene que haber más información y apoyo”, dijo Sheinbaum.

Indicó que el cuidado es una situación social, que se tiene que “atender conjuntamente”.

/mexico/2026/08/18/cuidado-infantil-en-mexico-es-una-situacion-social-sheinbaum-asume-responsabilidad-del-gobierno-y-urge-un-sistema-de-cuidados/

Estados sin IMSS-Bienestar reportan menor aumento en consultas, advierte Sheinbaum

Claudia Sheinbaum destacó la atención médica que brinda el IMSS-Bienestar, señalando que las gráficas muestran que los ocho estados que no están adscritos a esta institución no tienen crecimientos en consultas médicas.

“Si se hubieran quedado todos los Estados con sus propios sistemas de salud, no hubiera crecido el número de consultas como existe el IMSS-Bienestar y se está atendiendo mejor, creció 50% el número de consultas en los 24 estados (...) los Estados que no tienen IMSS-Bienestar solamente aumentaron el 20% en consultas médicas”, explicó Sheinbaum.

La presidenta destacó que durante su administración se han contratado a especialistas, la apertura de centros de salud y hospitales, indicando que al final de 2026, serán 39 hospitales, incluyendo los que inició a construir el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum dijo que el número de consultas dadas en el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar: “Ya llegamos a 101 millones de consultas, eso quiere decir que en vez de irse (la ciudadanía) al privado, pues se están yendo al sistema público”.

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, presentó los resultados que han tenido de manera general el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar. Entre enero y julio de 2022 y el mismo periodo de 2026, las consultas de especialidad en el IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar aumentan 60%, al pasar de 19,761,024 a 31,718,713. En el caso de las consultas generales, el incremento es de 28%, de 78,956,979 a 101,233,444 en ese mismo lapso.

En cirugías, las tres instituciones reportan un aumento del 30% en el año 2026.

/mexico/2026/08/18/aumenta-hasta-60-atencion-medica-en-hospitales-del-imss-e-issste-alertan-sobre-incremento-en-ingresos-de-urgencias/

Inicia la conferencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informa que en su conferencia de prensa de hoy presentará los resultados de las tres instituciones de salud pública en México.

El régimen que conduce con mano férrea Xi Jinping continúa expandiéndose fuera de sus fronteras. Los ciudadanos chinos que escapan del régimen para rehacer sus vidas fuera de esas murallas ideológicas y represivas continúan padeciendo sus leyes. Mucho más a partir de la reciente Ley de Reunificación Étnica, un decreto que homogeniza el pensamiento.

Ese decreto genera preocupación sobre todo en los países más cercanos a China, donde más se siente la mano represora del régimen.

Días atrás fueron el presidente y el canciller de Taiwán, Lai Ching-te y Lin Chia-lung, quienes colocaron a la nueva ley china sobre “unidad étnica” en el centro de la agenda de la isla y la presentaron como algo más que una norma interna de Beijing: se trata de un instrumento con alcance extraterritorial que, según advirtieron, amenaza no sólo la soberanía taiwanesa, sino la libertad de expresión y el orden jurídico de otros países.

En el décimo Ketagalan Forum, el presidente sostuvo que la isla no aceptará “la infiltración del frente unido ni el terror rojo” y que responderá con más cooperación internacional, defensa y resiliencia. Lin, por su parte, afirmó que la ley china para promover la unidad y el progreso étnicos fue promulgada el 1 de julio y que ya ha dado lugar a “casos preocupantes”.

La advertencia no quedó solo en manos del gobierno taiwanés. Gen Nakatani, copresidente de la Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC, por sus siglas en inglés), dijo en Taipéi que esa represión “se ha institucionalizado bajo forma de ley” y sostuvo que uno de los artículos de la norma habilita a China a reclamar jurisdicción penal sobre organizaciones e individuos fuera de sus fronteras, incluso por expresiones realizadas en Tokio, en Taiwán o cualquier nación del globo.

En la apertura del foro, Lai agradeció a IPAC por haber condenado la ley y afirmó que su país “se mantendrá firme” junto a quienes defienden la democracia global y el Estado de derecho. El presidente señaló que la norma “infringe la soberanía de Taiwán” y “persigue religiones y grupos minoritarios”, pero agregó que su alcance va más lejos por el uso de formas de represión transnacional.

En ese punto, el mandatario describió un efecto político concreto. Dijo que la legislación “impone censura política en todas partes del mundo” y genera un “efecto amedrentador” que, a su juicio, toda la comunidad tecnológica debería condenar y rechazar.

Lin retomó esa línea y la amplió con una formulación más jurídica. Según el canciller, la norma ofrece “un pretexto legal” para exportar coerción autoritaria y habilita a los organismos de seguridad chinos a aplicar interpretaciones arbitrarias. Añadió que “cualquier organización o individuo de cualquier país” podría ser objeto de medidas si sus palabras o actos resultan inaceptables para China.

El ministro también vinculó esta ley con un cambio de método por parte de Beijing. Señaló que China pasó de tácticas legales previas, como la llamada ley antisecesión y la presión militar, a “nuevos tipos de agresión híbrida” basados en identidad nacional impuesta, control ideológico y silenciamiento de voces en comunidades en el exterior.

Lai inscribió la discusión en una narrativa política de largo plazo. Recordó que hace 30 años los taiwaneses participaron en su primera elección presidencial directa pese a las amenazas de misiles de China, y dijo que aquel voto comunicó al mundo que el futuro de la isla sería decidido por su propia población.

Durante el Ketagalan Forum, Lin reforzó esa idea con otra secuencia histórica. Señaló que este año coinciden la décima edición del foro y el trigésimo aniversario de aquella elección, además de los 39 años transcurridos desde el fin de la ley marcial en 1987, un período que, remarcó, ya supera la duración de los 38 años de ese régimen instaurado en 1949.

El canciller utilizó esos hitos para sostener que la democracia taiwanesa no es una formulación abstracta, sino la base sobre la que la isla construye confianza, cooperación exterior y estabilidad regional.

La trayectoria del foro también fue presentada como una señal del cambio en el entorno estratégico. Lin dijo que, en nueve años, la plataforma recibió a 188 invitados internacionales de 30 países, y que su foco evolucionó desde la geoestrategia de Asia-Pacífico y la seguridad marítima tradicional hacia la defensa colectiva en el Indo-Pacífico y la respuesta a la guerra híbrida y las incursiones en zona gris.

Represión transfronteriza como un problema de seguridad nacional

Nakatani afirmó que el término “represión transfronteriza” recién comenzó a instalarse en la conversación internacional, aunque quienes fueron expulsados de sus países y siguieron militando por sus causas la padecen “desde hace muchos años”. Recordó que en 2024, durante una cumbre de IPAC en Taipéi, el grupo ya había logrado colocar el asunto como una cuestión central de seguridad nacional y no como un tema limitado a los derechos humanos.

Su argumento principal fue que abordar cada episodio de manera aislada lleva a un “callejón sin salida”. Dijo que la interferencia extranjera, la coerción económica y los ciberataques no deben leerse como fenómenos separados, sino como partes organizadas de una estrategia integral.

Para ilustrarlo, apeló a su experiencia como exministro de Defensa. Explicó que cuando el espacio aéreo de un país es violado, los radares lo detectan y los cazas despegan, pero cuando una persona en territorio nacional es reducida al silencio por miedo a una potencia extranjera “no existe ninguna alarma” que suene de manera visible, aunque la soberanía y los derechos humanos estén siendo vulnerados.

Esa definición llevó a Nakatani a pedir un cambio de enfoque. Sostuvo que la represión encubierta del Partido Comunista Chino no debe verse como un mero exceso policial, sino como una parte del ejercicio de influencia exterior, y reclamó una estrategia integrada con intercambio de información, cooperación diplomática, contramedidas económicas y redes de protección transfronterizas.

Detenciones y presiones sobre diásporas

Nakatani fue más allá y aportó además ejemplos concretos para describir el problema. Dijo que, desde la promulgación de la ley antiespionaje china, al menos 17 personas de conciencia fueron detenidas, y añadió que el año pasado empleados de empresas en sus cincuenta y sesenta años, dedicados durante décadas a los vínculos económicos entre Japón y China, recibieron condenas de tres años y seis meses de prisión.

Según su relato, ni los implicados, ni sus familias, ni el gobierno japonés fueron informados de qué conducta específica se les imputaba. Para el dirigente de IPAC, esa opacidad implica que “cualquiera puede ser arrestado”.

También aseguró haber escuchado como legislador testimonios de personas originarias de Xinjiang, Tíbet o Hong Kong residentes en Japón que fueron fotografiadas al asistir a reuniones y luego presionadas a través de familiares que permanecen en sus lugares de origen. A partir de esos casos, afirmó que Japón debe ser un país donde quienes buscan refugio puedan hablar “sin temor alguno”.

Nakatani mencionó además un episodio reciente en Taiwán. Dijo que hace apenas unas semanas el periodista japonés Jaisuta Akiyuki fue atacado al terminar una conferencia, aunque aclaró que la investigación seguía en curso y que no podía hacer afirmaciones categóricas sobre ese hecho.

Más defensa, cooperación y apuesta tecnológica

Frente a ese escenario, Lai dijo que la posición taiwanesa es clara: no observará pasivamente cómo China intenta extender su alcance sobre la isla “o cualquier otra nación o región libre”. El presidente prometió construir sistemas más sólidos para prevenir, contrarrestar y protegerse de esas amenazas, además de profundizar la cooperación con aliados y socios.

La respuesta oficial incluyó también un plano militar y social. Taiwán seguirá mejorando su defensa nacional y desarrollando una resiliencia de “toda la sociedad”, con apoyo de la cooperación internacional, para preservar la paz y la estabilidad en el estrecho y en el Indo-Pacífico.

En paralelo, presentó la competencia tecnológica como parte de la misma estrategia. Afirmó que Taiwán impulsa aplicaciones de IA en todos los sectores y concentra sus esfuerzos en tres tecnologías: fotónica de silicio, computación cuántica y robótica. Dijo además que la isla busca ser algo más que un centro de infraestructura para inteligencia artificial y que aprovechará su experiencia en semiconductores y tecnologías de la información y la comunicación para fortalecer cadenas de suministro de largo alcance con socios democráticos.

Lin encuadró ese movimiento dentro de la diplomacia taiwanesa de los últimos dos años. Remarcó que Taipéi avanzó en una diplomacia basada en valores y en una política integrada, con cooperación en seguridad, economía, tecnología y principios democráticos junto a Estados Unidos, Japón y miembros de la Unión Europea.

X: @TotiPI

A través de un video difundido en redes sociales, explicó lo que significan estas garantías y respondió a algunos de los principales cuestionamientos que han surgido durante la consulta pública.

Citlalli Hernández responde a los mitos sobre derechos de las audiencias

“Hay muchos mitos circulando sobre los derechos de las audiencias”, señaló Hernández al presentar su explicación.

La funcionaria sostuvo que las disposiciones no establecen mecanismos para decidir qué pueden publicar los medios, sino obligaciones destinadas a garantizar que las personas sepan qué tipo de contenido están consumiendo.

Entre las medidas que destacó se encuentran la creación de un código de ética, la designación de una persona defensora de las audiencias y la diferenciación clara entre información, opinión y publicidad.

Hernández insistió en que estas disposiciones no representan una revisión gubernamental de contenidos.

En su explicación, ningún medio recibirá instrucciones sobre qué publicar o qué temas puede abordar.

¿Qué buscan proteger los nuevos lineamientos de la CRT?

La discusión se desarrolla en el marco de la consulta pública abierta por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), cuyo plazo concluye el 21 de agosto.

La propuesta deriva de disposiciones legales que reconocen los derechos de las audiencias y buscan establecer mecanismos para hacerlos efectivos.

Entre las principales garantías contempladas se encuentran:

• Recibir contenidos plurales y diversos.
• Diferenciar información, opinión y publicidad.
• Ejercer el derecho de réplica.
• Presentar quejas cuando se consideren vulnerados los derechos de las audiencias.
• Contar con mecanismos de accesibilidad para personas con discapacidad.
• Recibir contenidos que respeten los derechos humanos y la no discriminación.

La propuesta contempla que las concesionarias de radio y televisión cuenten con códigos de ética y defensores de las audiencias, quienes recibirían y analizarían las inconformidades.

Derechos de las audiencias: un debate que viene desde 2013

Citlalli Hernández recordó que estos derechos no fueron creados por el actual gobierno. Su origen se encuentra en la reforma constitucional de 2013, cuando fueron incorporados al marco jurídico mexicano.

La funcionaria también cuestionó a quienes actualmente relacionan las nuevas reglas con una estrategia de censura, al señalar que algunos actores políticos que hoy critican el proyecto participaron en la aprobación de aquella reforma.

El argumento del gobierno es que los lineamientos buscan desarrollar un derecho previamente reconocido y establecer procedimientos para que las audiencias puedan exigir su cumplimiento.

Gobierno y oposición chocan por libertad de expresión

La postura oficial contrasta con las advertencias de organizaciones empresariales, especialistas, periodistas y partidos de oposición. Los críticos consideran que conceptos como “información falsa” o “descontextualizada” pueden resultar ambiguos y generar un margen de interpretación para la autoridad.

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) ha advertido sobre posibles riesgos de discrecionalidad, mientras que sectores de la oposición han señalado que las sanciones económicas y las atribuciones de la CRT podrían afectar la libertad editorial.

El debate también ocurre en un contexto de preocupación por las condiciones en que trabajan los periodistas en México, lo que ha elevado la sensibilidad frente a cualquier regulación que pueda incidir sobre los contenidos informativos.

Consulta pública definirá el rumbo de la regulación

Hernández rechazó que los lineamientos impidan la crítica, la investigación periodística o el cuestionamiento al poder.

Afirmó que cumplir reglas de transparencia y ofrecer mecanismos de defensa a las audiencias no equivale a censurar.

La funcionaria destacó además que el proyecto permanece abierto a observaciones y propuestas de ciudadanos, medios, especialistas y organizaciones antes de que se determine su versión definitiva.

“En el fondo, este debate no se trata de hablar entre libertad y censura”, planteó Hernández, al considerar que también debe discutirse la responsabilidad de los medios frente a quienes reciben sus contenidos.

Mientras el gobierno defiende la regulación como una herramienta para fortalecer el derecho a la información, sus críticos exigen mayor precisión para evitar interpretaciones que puedan afectar la libertad de expresión.

La consulta concluirá el 21 de agosto y será uno de los momentos clave para determinar si las disposiciones mantienen su redacción actual o incorporan cambios derivados de las observaciones recibidas.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, advirtió que los señalamientos y registros difundidos desde el Gobierno federal contra periodistas y voces críticas pueden derivar en hostigamiento a la prensa, luego de que la Consejería Jurídica de la Presidencia presentó nombres vinculados con una presunta red de amplificación de contenidos contrarios a la Cuarta Transformación.

Durante un encuentro con medios, el legislador cuestionó la manera en que desde el poder público se identifican a quienes mantienen posiciones críticas y sostuvo que algunos integrantes de la prensa ya han reportado situaciones de acoso después de aparecer en este tipo de registros.

Rubén Moreira cuestiona señalamientos contra periodistas

Moreira consideró que la exposición pública de periodistas dentro de esquemas elaborados por instituciones gubernamentales puede generar consecuencias que trasciendan el debate político.

Su advertencia ocurre en medio de la polémica por la presentación realizada por la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, durante el espacio denominado “Derecho de Réplica”.

El priista también se refirió al caso de Andy López Beltrán y la revocación de su visa estadounidense.

Sobre la carta que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador dirigió a Donald Trump, Moreira cuestionó el tono del documento y criticó que se haya convertido un trámite migratorio en un asunto de confrontación política.

No obstante, el punto que ha generado mayor preocupación entre organizaciones defensoras de la prensa es la identificación de comunicadores dentro de análisis oficiales sobre la conversación digital.

Artículo 19 denuncia riesgo para la libertad de expresión

La organización Artículo 19 condenó la presentación de nombres de periodistas y opositores y alertó que este tipo de ejercicios pueden contribuir a estigmatizar a la prensa y provocar efectos de autocensura.

La asociación señaló que el Estado no debería utilizar sus recursos y capacidades institucionales para seleccionar, clasificar y exhibir a periodistas debido al carácter crítico de sus contenidos.

También cuestionó que las autoridades presenten una supuesta operación digital sin explicar de manera suficiente la metodología ni proporcionar elementos técnicos que permitan comprobar sus conclusiones.

Entre los principales riesgos señalados se encuentran:

• Hostigamiento e intimidación contra periodistas.
• Ataques y amenazas mediante redes sociales.
• Estigmatización de medios y comunicadores críticos.
• Generación de condiciones que favorezcan la autocensura.
• Uso de recursos públicos para monitorear la conversación digital.

Luisa Alcalde niega haber creado una “lista negra”

Alcalde rechazó que el Gobierno federal haya elaborado una “lista negra” y explicó que el ejercicio busca mostrar cómo determinados contenidos son retomados y amplificados en internet.

Según su explicación, aparecer en el análisis no significa que una persona participe directamente en una operación coordinada ni que financie cuentas automatizadas.

La funcionaria sostuvo que existen redes compuestas por bots y cuentas anónimas capaces de impulsar contenidos hasta generar la impresión de que una conversación tiene un respaldo orgánico.

El objetivo, afirmó, es explicar cómo funcionan estas dinámicas digitales.

La polémica surgió porque en la presentación aparecieron nombres de periodistas, medios, analistas y actores políticos dentro de las representaciones utilizadas para explicar ese supuesto ecosistema.

Sheinbaum rechaza que exista censura contra la prensa

La presidenta Claudia Sheinbaum también negó que exista una “lista negra” y defendió el ejercicio presentado por Alcalde. Aseguró que su administración no ha censurado a periodistas y sostuvo que actualmente existe libertad de expresión.

La mandataria explicó que el propósito de “Derecho de Réplica” es responder a información que el Gobierno considera falsa o incompleta, además de mostrar cómo circulan determinadas narrativas en redes sociales.

Sheinbaum afirmó que en sus conferencias participan medios de distintas tendencias y rechazó que su administración busque impedir las críticas.

El debate se centra así en la diferencia entre una operación artificial en internet y el trabajo periodístico que eventualmente puede ser retomado por actores políticos o cuentas automatizadas.

En este contexto, la advertencia de Rubén Moreira cobra relevancia: la identificación de comunicadores desde instituciones públicas podría generar un ambiente de presión sobre la prensa.

La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una ola de cuestionamientos por los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), el organismo que sustituyó al extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones.

La columnista Mary Anastasia O’Grady, en un artículo de opinión publicado por The Wall Street Journal, sostuvo que la iniciativa “da luz verde a la censura” al convertir a una agencia gubernamental en árbitro de la veracidad periodística, según el diario estadounidense. La autora afirmó que periodistas, escritores, intelectuales y empresarios mexicanos han expresado alarma por la medida.

¿Qué dicen los lineamientos, según la CRT?

• La consulta pública sobre el proyecto se realiza del 27 de julio al 21 de agosto de 2026, de acuerdo con información difundida por la propia Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
• El documento exige a las concesionarias de radio y televisión contar con un código de ética, una defensoría de las audiencias y mecanismos para recibir quejas ciudadanas.
• Según details reportados por El Imparcial, la ley vigente contempla multas de entre 0.01% y 1% de los ingresos acumulables por incumplir esas obligaciones administrativas —no por el contenido editorial en sí.
• Las plataformas digitales, hasta el momento, no forman parte directa de estos lineamientos, que se limitan a concesionarios de radio y televisión.

La postura de la presidenta

Sheinbaum ha rechazado en reiteradas ocasiones que la medida busque silenciar a los medios. “¿Hay censura? No hay censura”, afirmó durante su conferencia matutina del 4 de agosto.

La mandataria explicó que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) participó en la elaboración del anteproyecto y, según sus declaraciones citadas por Infobae, estuvo de acuerdo con el texto antes de que surgieran las críticas públicas. El 4 de agosto también reconoció que los lineamientos “deben aclararse” ante las inconformidades expresadas por concesionarios y especialistas, de acuerdo con el semanario Zeta Tijuana.

Para el 11 de agosto, la propia CIRT emitió un comunicado en el que —según reportó Infobae— reconoció avances en el proceso de consulta y descartó que la postura de la CRT obedezca a fines de censura.

La controversia por la “lista” de periodistas

El episodio que ha generado mayor tensión ocurrió el 12 de agosto, cuando la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentó durante el segmento “Derecho de Réplica” un análisis denominado “Anatomía de un ecosistema de amplificación digital”, basado —según explicó— en un monitoreo de siete meses que identificó más de 560 mil cuentas consideradas presuntos bots.

En la presentación aparecieron nombres de periodistas y comunicadores como Carlos Loret de Mola, Joaquín López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Denise Dresser, Adela Micha y Carmen Aristegui, además de medios como El Universal, Reforma, Latinus y Aristegui Noticias, de acuerdo con la reconstrucción publicada por Infobae y Expansión Política.

Alcalde negó que se tratara de una “lista negra” y aseguró que el ejercicio constituyó únicamente un análisis técnico sobre patrones de difusión en redes sociales. Sin embargo, la exposición provocó reacciones de rechazo entre periodistas y figuras políticas de oposición, entre ellas el senador Alejandro Moreno, quien advirtió que el gobierno “tiene que aguantar vara” frente al escrutinio público.

Usuarios en redes sociales recuperaron además un video de 2021 en el que la propia Sheinbaum, entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, calificaba la elaboración de listas de este tipo como una práctica “del macartismo y el nazismo”, según recogió el diario Proceso.

El contexto de violencia contra la prensa

De acuerdo con datos de la organización Artículo 19, citados por el medio ApartadoMex, se han documentado 14 periodistas asesinados durante la actual administración hasta el 16 de julio de 2026, cifra que se suma a los 47 casos registrados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La organización advirtió que señalamientos públicos como el de Alcalde podrían alimentar hostilidad hacia la prensa crítica, aunque el gobierno ha negado que exista una intención de persecución.

Lo que sigue

El proceso de consulta pública sobre los lineamientos concluyó formalmente el 21 de agosto, fecha a partir de la cual la CRT deberá analizar las observaciones recibidas antes de emitir la versión definitiva del documento. Hasta el momento, no existe una versión final aprobada, por lo que las disposiciones sobre sanciones y su aplicación específica permanecen sujetas a cambios.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, encendió la discusión pública esta semana tras exhibir, durante el programa “Derecho de Réplica” del miércoles 12 de agosto, un listado de periodistas, medios de comunicación y políticos que —según explicó— formarían parte de un presunto “ecosistema digital” dedicado a amplificar mensajes críticos contra la Cuarta Transformación.

¿Qué mostró Luisa María Alcalde?

De acuerdo con la reconstrucción de El Universal y Proceso, la funcionaria expuso nombres como Carlos Loret de Mola, Leticia Robles de la Rosa, Luis Cárdenas, Lourdes Mendoza, Héctor de Mauleón, Adela Micha y Denise Dresser, además de medios como El Universal, ADN 40, Latinus, Reforma y Aristegui Noticias. También incluyó organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y a figuras de oposición como Alito Moreno, Lilly Téllez, Vicente Fox y Felipe Calderón.

El análisis se sustentó en un monitoreo de siete meses —de enero a agosto de 2026— que habría identificado más de 560 mil cuentas consideradas posibles bots.

Tras la ola de críticas, Alcalde publicó un video en el que negó que se tratara de una “lista negra” y sostuvo, según LatinUS, que se trató únicamente de un análisis técnico sobre cómo se amplifican contenidos en redes sociales, sin que la aparición de un periodista implique señalarlo como parte de una operación coordinada.

La comparación que reactivó el debate

La controversia cobró fuerza cuando usuarios en redes sociales recuperaron un video de 2021 en el que la entonces jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, afirmaba que hacer listas de este tipo era una práctica propia “del macartismo y el nazismo”, según recogió Proceso. El contraste entre esas declaraciones y el listado presentado por su consejera jurídica alimentó las críticas de comunicadores y organizaciones como Somos México, que —de acuerdo con Récord— pidió no convertir la respuesta gubernamental a la crítica en una herramienta de estigmatización.

El viernes, un encontronazo en vivo entre Alcalde y el periodista Joaquín López-Dóriga —quien cuestionó la inclusión de su nombre en el esquema— profundizó la tensión.

El precedente de 2019: la lista de AMLO

Este no sería el primer episodio de este tipo dentro del movimiento. En mayo de 2019, el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador difundió, a través de la mañanera, una lista de 36 comunicadores que habrían recibido contratos de publicidad oficial durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por un monto conjunto de mil 81 millones 715 mil pesos, de acuerdo con la reconstrucción publicada por Expansión Política.

Según ese recuento, encabezado por López-Dóriga con 251 millones 482 mil pesos, la lista también incluyó a comunicadores como Ricardo Rocha, quien —de acuerdo con El Universal— acudió a la mañanera a reclamar directamente a López Obrador por la forma en que se presentó su nombre.

El propio AMLO volvió a exhibir montos y presuntos ingresos de periodistas en distintos momentos de su gobierno:

• En 2022, presentó cifras sobre los supuestos ingresos anuales de Carlos Loret de Mola, que —según dijo entonces sin mostrar comprobantes— superarían los 35 millones de pesos, de acuerdo con El Universal.
• En julio de 2023, exhibió en la mañanera lo que calificó como pagos recibidos por comunicadores en sexenios anteriores, como parte de su respuesta a críticas relacionadas con la seguridad de Xóchitl Gálvez, según Proceso.
• En agosto de 2024, difundió supuestos sueldos de Jorge Ramos, León Krauze, Ciro Gómez Leyva y López-Dóriga, exponiendo cifras que, de acuerdo con El Universal, no fueron acompañadas de documentación pública.

Un patrón que persiste bajo el escrutinio público

El caso de Luisa María Alcalde llega en un contexto donde organizaciones defensoras de la libertad de prensa han señalado, en episodios previos con AMLO, que exhibir cifras o vínculos de periodistas desde el poder —sin pruebas verificables— podría representar un riesgo para el ejercicio del periodismo crítico, aunque el gobierno ha insistido en que se trata de ejercicios de transparencia y rendición de cuentas sobre el gasto público.

Hasta el momento, la Presidencia no ha anunciado si el “análisis de ecosistemas digitales” presentado por Alcalde tendrá continuidad en próximas ediciones de “Derecho de Réplica”.

Lo que dijo Sheinbaum en 2021

El video muestra la respuesta de la entonces mandataria capitalina a un señalamiento del empresario Claudio X. González, quien había llamado a documentar a personajes políticos vinculados a Morena. Ante ello, Sheinbaum afirmó:

• “¿Quién hace listas? El macartismo, el nazismo. Ellos son los que hacían listas.”
• Agregó que su movimiento no elabora listas, sino que “abre el debate” con respeto a la libertad de expresión.

El material corresponde a esa fecha y no a un episodio reciente, aunque su recirculación lo presenta sin ese contexto temporal.

El video muestra el tuit en pantalla

En el video se observa a Sheinbaum mostrando en su celular el hilo de tres publicaciones que escribió el 24 de octubre de 2021, cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México. En el primer tuit, la hoy presidenta distinguió entre abrir un debate público y elaborar listas con “amenazas implícitas”, a las que calificó como una característica del fascismo, al tiempo que defendió que en la Cuarta Transformación existe libertad de expresión, de manifestación y de reunión, y que no se encarcela a periodistas. En la segunda publicación, sostuvo que su movimiento no interviene para cometer fraude electoral, no paga campañas de difamación ni espía a sus adversarios. Cerró el hilo señalando que “esa es la diferencia entre prácticas democráticas y prácticas fascistas”, acompañado del hashtag #SomosMasDe30MillonesEnLaLista.

La presentación de Alcalde en la mañanera

Un día antes de que el video volviera a circular, Alcalde expuso en la conferencia presidencial un esquema de categorías sobre cuentas y medios en X, entre ellas:

• C1 – Medios y comentaristas, descrita como el bloque que “origina y legitima el mensaje” a través de investigaciones, noticias y opinión. Incluye medios como El Universal, Reforma y Latinus, y a comentaristas como Carlos Loret de Mola, Denise Dresser y Ciro Gómez Leyva, entre otros.
• C2 – Figuras públicas y emisores políticos, cuya función es “retomar, respaldar y politizar” el mensaje, produciendo acusaciones, interpretaciones y consignas. En esta lista aparecen, entre otros, Claudio X. González, Felipe Calderón, Margarita Zavala, Ricardo Anaya, Xóchitl Gálvez, Ricardo Salinas Pliego y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
• C3 – Cuentas de ataque (bloque anónimo), cuya función, según la presentación, es “reempaquetar y distribuir” el mensaje mediante edición, editorialización y exageración de contenidos.

En la exposición, Alcalde detalló patrones de comportamiento de cuentas anónimas específicas —como fechas de creación, cambios de nombre de usuario y porcentaje de publicaciones dedicadas al ataque directo— para argumentar que se trata de perfiles coordinados.

El contraste entre ambos momentos

La coincidencia temporal entre la resurrección del video de 2021 y la presentación de Alcalde generó comparaciones en redes sociales entre el discurso que la propia Sheinbaum sostuvo entonces sobre la elaboración de listas y el ejercicio de clasificación de cuentas y medios que su gobierno realizó esta semana.

Hasta el momento, ni la Presidencia ni Sheinbaum se han referido públicamente a esta comparación entre ambos episodios.

Lo que se sabe hasta ahora

• El video de 2021 corresponde a declaraciones hechas por Sheinbaum como jefa de gobierno de la CDMX, no a un pronunciamiento reciente.
• La frase original se dio en respuesta a un llamado de Claudio X. González a documentar perfiles afines a Morena.
• Un día antes de la recirculación del clip, Alcalde presentó en la mañanera una clasificación de medios, comentaristas y cuentas anónimas de X.
• La comparación entre ambos hechos ha sido señalada en redes sociales, sin que exista hasta ahora una respuesta oficial al respecto.

La banda colombiana de metal Gaias Pendulum no podrá realizar su concierto en Managua, capital de Nicaragua, tras la decisión del régimen de Daniel Ortega de denegar el ingreso al país a los músicos y su equipo, pese a que contaban con visas aprobadas y permisos de permanencia. La noticia fue difundida este miércoles a través de un comunicado de la banda y confirmada por los promotores, según reportó la agencia EFE.

La presentación de Gaias Pendulum estaba programada para el próximo 14 de agosto en el evento “Nocturnia Nicaragua”, en un bar y restaurante de la capital que suele recibir a la comunidad metalera local. La gira de la agrupación también contempla conciertos en Guatemala y El Salvador, países que los han recibido durante más de una década sin inconvenientes, de acuerdo con el mensaje difundido por la propia banda.

En el comunicado, Gaias Pendulum subrayó que “esta decisión obedece exclusivamente a motivos de carácter gubernamental y migratorio, ajenos por completo a la voluntad de la agrupación y su equipo de trabajo: a pesar de contar con nuestras visas debidamente aprobadas, con 60 días de permanencia autorizada en el país, no se nos está permitiendo el ingreso a Nicaragua”. Además, la banda remarcó que “no se trata de una decisión artística ni contractual: son circunstancias externas que no le competen ni son responsabilidad de Gaias Pendulum”.

Por su parte, la empresa promotora SoNica Conciertos Nicaragua y C.A. informó que “por motivos ajenos a la banda y a la producción, Gaias Pendulum no podría presentarse el viernes en Managua” y aseguró que trabaja en la búsqueda de una nueva fecha para concretar el show junto a la agrupación colombiana.

El contexto de censura cultural en Nicaragua

Hasta el momento, la Dirección de Migración y Extranjería de Nicaragua no ha emitido explicaciones sobre las causas detrás de la medida. Esta falta de transparencia coincide con un contexto nacional marcado por restricciones crecientes a la libertad de expresión y censura de eventos culturales.

Nicaragua atraviesa desde 2018 una crisis política, caracterizada por el cierre de medios independientes, la expulsión de periodistas extranjeros y la cancelación de espectáculos o actividades percibidas como críticas o no alineadas con el discurso oficial. Reportes de Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han advertido sobre patrones de censura, represión y control sobre la sociedad civil y la cultura. En los últimos años, decenas de artistas, intelectuales y agrupaciones han visto restringido su acceso al país o han sufrido cancelaciones de eventos por decisiones administrativas sin justificación pública.

La reacción de Gaias Pendulum

Según EFE, Gaias Pendulum manifestó que la cancelación resulta especialmente dolorosa “porque se trataba de nuestra primera visita a Managua, un encuentro que llevábamos tiempo esperando junto a un público nicaragüense que nos escribió con enorme entusiasmo, y que compartiríamos escenario con otras agrupaciones”. La banda reiteró su intención de mantener lazos con sus seguidores en Centroamérica y expresó la esperanza de poder concretar la visita en el futuro.

El impacto en la escena cultural nicaragüense

La negativa al ingreso de Gaias Pendulum se suma a una serie de incidentes recientes que han impactado el panorama musical y cultural de Nicaragua, donde la autorización de eventos y el libre tránsito de artistas internacionales han quedado sujetos a controles más estrictos.

Para la comunidad metalera local y para los seguidores de la banda en la región, el episodio se da en un entorno restrictivo para la cultura independiente, en línea con la tendencia de censura informativa y limitaciones a la libertad artística que diversos medios y organismos han venido registrando desde el inicio de la crisis sociopolítica nicaragüense.

¿Qué pasó en el hecho original?

De acuerdo con una nota publicada por Proceso el día del incidente, el episodio ocurrió durante la clausura de la 35 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en el Salón de Tesorería del Palacio Nacional, horas después de que Peña Nieto firmara el decreto de promulgación de la reforma energética.

Un hombre que se identificó inicialmente como Daniel Vázquez Aguilar —y que después las autoridades identificaron como Daniel Michel Blázquez Aguilar— se levantó desde el área de prensa y cuestionó al mandatario: “¿Por qué no nos pidió la opinión para la reforma energética?”. Según el reporte, el hombre también advirtió: “Voy a derrotar a tu gobierno, voy a ser Presidente”.

Elementos del Estado Mayor Presidencial lo retiraron del salón. La Secretaría de Gobernación confirmó el mismo día, mediante un comunicado oficial, que se activó el protocolo de seguridad, que la persona se identificó con una cartilla del Servicio Militar Nacional y que se le practicó un examen médico que no reportó lesiones. El entonces subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Ricardo García Cervantes, señaló a la prensa que constató que el joven no fue agredido.

¿Qué pasó en el hecho original?

De acuerdo con una nota publicada por Proceso el día del incidente y otra de Sopitas firmada por Francisco Alanís, el episodio ocurrió el 20 de diciembre de 2013 durante la 35 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el Palacio Nacional, horas después de que Peña Nieto firmara el decreto de promulgación de la reforma energética.

Un joven identificado como Daniel Vázquez Aguilar aprovechó una pausa en el discurso del mandatario para ponerse de pie desde la zona de prensa y reclamarle no haber consultado al pueblo sobre la reforma energética. Peña Nieto guardó silencio unos segundos, y los aplausos de integrantes de su gabinete opacaron los gritos del joven, quien insistió en su protesta y sostuvo que estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión.

Elementos del Estado Mayor Presidencial lo rodearon y lo sacaron del salón. Al ser retirado, el joven advirtió: “¡Voy a derrotar tu gobierno, voy a ser presidente!”.

La Secretaría de Gobernación confirmó el mismo día, mediante un comunicado oficial, que se activó el protocolo de seguridad y que el hombre se identificó con una cartilla del Servicio Militar Nacional. Según el comunicado, el sujeto declaró que había ingresado al recinto diciendo ser reportero, y posteriormente se le practicó un examen médico que no reportó lesiones. El entonces subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Ricardo García Cervantes, señaló a la prensa que constató que el joven no fue agredido.

Aquí tienes el párrafo mucho más nutrido, con las voces de la oposición y la respuesta del gobierno:

El contexto en el que resurge

El video reaparece mientras el gobierno federal mantiene abierta, hasta el 21 de agosto, una consulta pública sobre los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) en materia de derechos de las audiencias. La discusión ha escalado hasta la Comisión Permanente del Congreso, donde legisladores de oposición han endurecido sus señalamientos contra la propuesta. El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, acusó que los lineamientos buscan “silenciar a los periodistas y silenciar a la oposición”, mientras que el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, advirtió que “el país se dirige hacia un escenario de censura” y señaló que el rechazo no se limita a los partidos, sino que también involucra a especialistas y representantes de la industria. Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, adelantó que exigirán se incluya un derecho de réplica dentro de “La Mañanera del Pueblo”, al considerarla un espacio desde el que se ataca a la oposición.

Desde el gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado en reiteradas ocasiones que la regulación implique censura. El 30 de julio, sostuvo en su conferencia matutina: “¿Cómo vamos a querer censurar? Si hubiéramos querido censurar, ya lo hubiéramos hecho, porque están los instrumentos, incluso la interpretación legal”. Días después, acusó a la oposición de sostener una “campaña de mentiras” y defendió que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) participó en la elaboración de la ley de la que derivan los lineamientos y estuvo de acuerdo con el texto aprobado por el Congreso, aunque la propia CIRT ha señalado que el anteproyecto contiene disposiciones ambiguas que podrían dar margen a la discrecionalidad gubernamental. La mandataria ha insistido en que la consulta pública —abierta a audiencias, concesionarios, academia y organizaciones civiles— permite modificar el proyecto antes de su entrada en vigor, y que el objetivo es que la ciudadanía cuente con mecanismos para inconformarse ante los propios medios, sin que el gobierno pueda sancionar contenidos.

A principios de la década de 1930, los dibujos animados era un arte incipiente que en los cines jugaban como “aperitivo” antes de la proyección de las películas protagonizadas por actores de carne y hueso. Eran de corta duración, con argumentos más bien simples y repetitivos, y había dos estudios que competían en su producción. Uno de ellos, que hoy es un gigante del cine, era Disney; el otro, hoy olvidado, se llamaba Fleischer Studios. Tenían una rivalidad que marchaba por caminos diferentes: mientras desde California, Disney incursionaba en los cuentos de hadas que pronto se convertirían en la marca registrada de su obra, en su sede de Nueva York, Fleischer creaba un mundo urbano sórdido y a menudo peligroso para sus personajes. En esa puja de estudios, en 1930 Max Fleischer se anotó la primera – y quizás la única – victoria sobre Walt Disney: lograr que un personaje de dibujos animados se convirtiera en una estrella de tal magnitud que el público iba al cine exclusivamente para verla: Betty Boop.

La imagen que hoy perdura de Betty Boop es la de una flapper, una chica a la moda de la era del jazz, con un escueto vestido sin breteles, una liga asomando por encima de la rodilla y grandes aros, pero no nació así. En su primer dibujo animado, Dizzy dishes, estrenado el 9 de agosto de 1930, apareció como un caniche francés antropomórfico de actitud sensual, con el que Fleischer buscaba parodiar a las actrices de la época. Era apenas un personaje secundario de la séptima entrega de la serie Talkartoon, la novia de su protagonista, el perro antropomorfo Bimbo. En aquel momento se dijo que para crear a Betty, los artistas de Fleischer se habían inspirado en la actriz Clara Bow, famosa por su trabajo en películas mudas durante la década de los ’20, pero en realidad es una caricatura de la cantante y actriz Helen Kane, que se había hecho popular en la cultura flapper por el uso de la frase “boop-oop-a-doop” en estilo scat - un tipo de improvisación vocal, generalmente con palabras y sílabas sin sentido – en su interpretación de la canción That’s My Weakness Now. El personaje tenía largas orejas caídas de perro y una voz chillona al cantar, muy parecida a la de Kane.

Betty Boop conservó esa imagen antropomorfa en diez cortos animados hasta que su éxito animó a Max Fleischer a convertirla en estrella, ya con forma humana. Sus orejas de perro se transformaron en aros circulares y la nariz oscura, en una pequeña y delicada. A diferencia de su contemporánea Minnie Mouse, Betty ya no era una simple acompañante, sino la protagonista de su propio espectáculo. “Betty tiene dos protagonistas masculinos en cada película. Cuando eso le sucede a la mayoría de las estrellas femeninas, se sienten halagadas. Pero Betty Boop da por sentado que Bimbo y Koko servirán de telón de fondo para su talento en cada producción. Betty tiene, además otro motivo de fama. Es la única estrella de cine que usa menos ropa que Jean Harlow”, se puede leer en una crítica del personaje publicada por The New Herald en 1932.

Inocente y sensual

En los guiones de las diferentes entregas, Betty aparecía como un personaje consciente de su atractivo sexual, que solía utilizar a su favor sin perder del todo su inocencia. “El señor Fleischer le dio un rostro de muñeca con esos ojos de niña, pero también una figura madura con curvas sensuales y una languidez de tocador en su andar”, la describe un artículo de Film Daily, también en 1932.

Eso se convertía a veces en una desventaja para ella, porque los hombres la acosaban constantemente y buscaban tener encuentros sexuales que ella no deseaba. En Boop-Oop-a-Doop, un corto de 1932 cuyo nombre hace referencia a la frase característica de Betty, encarna a una artista de circo que vuelve a su camarín después de su actuación y se topa con su jefe que la está esperando para abusar de ella. Finalmente escapa con la ayuda de Koko El Payaso y canta: “No pudo quitarme mi boop-oop-a-doop”, refiriéndose de manera inequívoca a su virginidad. En el dibujo animado She Wronged Him Right, de 1934, se la muestra los ojos llorosos diciéndole a su casero que no puede pagar la hipoteca. “Pagame o casate conmigo”, le exige el hombre y luego, en un aparte dirigido exclusivamente al público, agrega: “Ahora la tengo en mi poder”. En Chess-nuts, un rey la llevaba a una habitación con intenciones directas, pero Betty lograba nuevamente salir airosa de la situación.

Aunque Betty solía escapar, este tipo de tramas dependían del entretenimiento derivado de la persecución de una mujer por un hombre. “La idea es que en esa época resultaba intrínsecamente gracioso que las mujeres de dibujos animados fueran agredidas o perseguidas. En ese sentido, Betty es un personaje más desarrollado que otros personajes femeninos de la época, pero su desarrollo no es necesariamente positivo. Es estupendo que sea un personaje real, pero es un personaje problemático”, la describe la historiadora de los medios del MIT Heather Hendershot.

Dos años antes que Disney, que estrenó su largometraje animado Blancanieves en 1937, Fleischer utilizó a Betty como personaje del cuento en un corto de siete minutos que incluye imágenes surrealistas como el rostro de la reina malvada transformándose en huevos fritos en una sartén; un tocón de árbol peleando con los coprotagonistas de Betty, el perro Bimbo y su amigo Koko el Payaso, y a Betty dentro un ataúd de hielo, cargado montaña abajo por los siete enanos en esquís. A mitad del corto, la leyenda del jazz Cab Calloway, un musicalizador habitual en los dibujos animados de Betty Boop) interpreta un tema espeluznante, encarnado primero por Koko y luego por un fantasma.

Para 1934, Betty Boop ya era una estrella que brillaba más fuerte que las demás en el universo de la animación, pero también una fuente de problemas para Fleischer Studios. Ese año Helen Kane demandó a los estudios por plagiar su apariencia, su voz y su estilo. Hubo una batalla legal de la cual Fleischer pudo salir airoso porque presentó evidencias que demostraba que ese estilo ya había sido utilizado por otras cantantes antes que Kane.

Acosada por la censura

Otro problema para Betty fue la entrada en vigor del Código Hays para las películas animadas en 1935, que describía y ponía límites a cómo abordar temas como el sexo, el baile, las drogas, la vulgaridad y el crimen. “No se permiten besos excesivos ni lujuriosos, ni abrazos lascivos, ni posturas ni gestos sugerentes”, estipulaba, mientras que en cuanto al vestuario prohibía la “exposición indecente o inapropiada”.

Para evitar la censura, hubo que cambiar las características del personaje y la trama de sus películas. Betty Boop se convirtió en una mujer de más edad – el personaje inicial era una adolescente de inaceptables 16 años -, más alta y prudente, con vestidos que iban más debajo de las rodillas para hacer desaparecer la liga que hasta entonces era su marca registrada. “Los estudios Fleischer habían renovado a su estrella. Ha perdido la mayor parte de sus rizos, las joyas y las curvas. Se viste de forma más recatada; ya sabes, por la censura”, se puede leer en un artículo del Central New Jersey Home News.

Así, las historias de Betty dejaron de ser emocionantes, extravagantes y peligrosas para convertirse en domésticas y recatadas. Koko el Payaso fue reemplazado por el excéntrico inventor Grampy, Bimbo fue sustituido por Pudgy, un cachorro. En lugar de eludir pretendientes no deseados, Betty se dedicaba ahora a bañar a un Pudgy poco cooperativo, o trabajar en un hotel donde no daba abasto para atender a los clientes.

Fue el principio del fin para Betty Boop. Ese personaje correcto y decoroso dejó de atrapar al público, a lo que se sumó la aparición de otra estrella de Fleischer Studios, menos problemática y muy exitosa: Popeye, el marino. En 1939, el estudio fue vendido a Paramount y cesó la producción de Betty Boop. Pareció haber llegado el final de la carrera breve e intensa del primer personaje de animación reconocido como ícono femenino. Pasarían años para que se produjera su resurrección.

La tele, el cine y el musical

Betty Boop fue redescubierta por una nueva generación de espectadores en 1955, cuando Paramount vendió la mayoría de sus cortos anteriores a la década de 1950 a una distribuidora de televisión y sus cortos llegaron a la pantalla chica estadounidense en las señales de U.M.&M. T.V. Corp. y más tarde de National Telefilm Associates (NTA). Poco después los cortos llegaron a la Argentina, donde se convirtieron también en un éxito entre el público infantil.

Los tiempos habían cambiado, el Código Hays ya no existía y en esa vuelta Betty recuperó sus orígenes para convertirse en un ícono del incipiente movimiento contracultural de la década de los ’60. Ivy Films unió varios cortos en una película de 1974 llamada The Betty Boop Scandals en 1974 y, más tarde, la NTA lanzó otra película recopilatoria, Hurray for Betty Boop. Por esos años, Betty reapareció también a través de productos de merchandising, cuyas vestimentas fueron cambiando con el correr de tiempo conservando la sensualidad del personaje original. En 1985 fue la protagonista de un especial de televisión de la cadena CBS titulado The Romance of Betty Boop. Tres años después volvió a la pantalla grande con una breve pero impactante aparición en la película ganadora del Oscar ¿Quién engañó a Roger Rabbit?

En 2025, el personaje creado por Max Fleischer volvió a los primeros planos en un género en el que hasta entonces nunca había incursionado, el teatro, y nada menos de en el Broadhurst Theatre de Broadway, con ¡Boop! El Musical, con música de David Foster, letras de Susan Birkenhead y libreto de Bob Martin. Fue nominado a 11 premios Drama Desk, la mayor cantidad de cualquier producción de 2025, de los cuales ganó tres, y a tres premios Tony. El musical incluye referencias y guiños para los fanáticos de la animación reconocerán, a la vez que introduce sutilmente detalles de la historia de Betty a los nuevos seguidores.

Más humana que nunca, al principio del musical, Betty se niega a hablar de sus orígenes como una caniche francesa antropomórfica con las orejas caídas en aquel corto de siete minutos estrenado el 9 de agosto de 1930. Cuando le sacan el tema, simplemente responde: “Fue hace mucho tiempo. No me gusta hablar de eso”.

Gloria Trevi obtuvo un fallo a su favor del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) contra la editorial Penguin Random House, responsable del libro Todo a la luz, por el uso de fotografías de la cantante sin su autorización.

El IMPI ordenó suspender la comercialización de la obra mientras mantenga imágenes de Trevi sin su consentimiento. La publicación, editada bajo el sello Grijalbo y escrita por la activista Karla de la Cuesta, solo podrá volver al mercado si la editorial retira las fotografías cuestionadas o consigue la autorización expresa de la artista.

Además de la suspensión, el instituto impuso a Penguin Random House una multa de aproximadamente 540 mil pesos —equivalente a 5 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA)— por la infracción prevista en el artículo 231, fracción II, inciso d) de la Ley Federal del Derecho de Autor. La resolución advierte que la sanción podría incrementarse si la conducta infractora continuara.

El libro y su origen

Todo a la luz. El caso que según ella México dejó en la oscuridad fue publicado en 2024 por Grijalbo. En sus 256 páginas, De la Cuesta —abogada y activista que se presenta como una de las víctimas del productor musical Sergio Andrade— describe manipulación, tortura, esclavitud y abusos presuntamente cometidos contra más de 40 adolescentes y jóvenes dentro del llamado clan Andrade.

Para la obra, la autora afirma haber tenido acceso al expediente judicial completo del caso, descrito como de casi una tonelada de fojas. El libro aborda el escándalo que involucró a Andrade, a Trevi y a Mary Boquitas, y que derivó en procesos judiciales que concluyeron con la absolución de las dos últimas, confirmada por el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación.

El proceso legal: etapas y resoluciones

El litigio arrancó formalmente en 2024, cuando los representantes legales de Trevi solicitaron al IMPI medidas provisionales contra Penguin Random House por el uso de la imagen de la artista en la portada y en la campaña de promoción del libro.

Desde el inicio, la editorial y De la Cuesta sostuvieron que la cantante buscaba censurar la publicación. Trevi, por su parte, sostuvo que su objetivo era defender sus derechos de imagen, sin intención de impedir la libertad de expresión.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México desechó el amparo promovido por De la Cuesta y Penguin Random House contra esa medida provisional, y determinó que no existió censura previa por parte de la cantante. El mismo tribunal impuso a la editorial una multa superior a 500 mil pesos por haber continuado distribuyendo el libro a pesar de que la medida provisional ya lo prohibía.

La resolución del IMPI, emitida días después, acreditó la infracción en materia de comercio por el uso no autorizado de la imagen de Trevi. El organismo otorgó a Penguin Random House un plazo de 15 días hábiles para cumplir con lo ordenado y dispuso la publicación de la resolución en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Juristas piden una revisión del caso

El fallo del IMPI encierra una contradicción que especialistas en derecho consideran problemática. Durante el proceso, el propio instituto había reconocido que el libro abordaba asuntos de interés público y que De la Cuesta actuaba como víctima y defensora de derechos humanos; con ese argumento, había levantado las restricciones iniciales sobre la venta de la obra.

La resolución final falló en sentido contrario sin explicar con claridad por qué cambió de postura dentro del mismo expediente. Para los juristas citados en el análisis del procedimiento I.M.C. 1477/2024, una autoridad del Estado no puede resolver un caso de una forma y luego hacerlo de otra sin dar razones sólidas, ya que eso afecta la seguridad jurídica: la certeza de que las reglas no cambian a mitad del proceso.

La preocupación va más allá de este caso. Si el criterio se consolida, cualquier periodista, escritor o documentalista que use el nombre o la imagen de una figura pública en la portada o promoción de una investigación podría enfrentar un procedimiento administrativo similar.

La sola posibilidad de multas y meses de litigio, advierten los especialistas, puede desalentar la publicación de obras sobre asuntos que la sociedad tiene derecho a conocer, aun cuando esas obras estén protegidas por la Constitución.

La distinción que marcó el fallo

Uno de los puntos que más debate generó fue si la resolución equivalía a prohibir el contenido del libro. El IMPI aclaró que el procedimiento no se concentró en lo que la obra narra, sino en si la imagen de Trevi fue utilizada sin autorización en un contexto de explotación comercial.

Según la resolución, la editorial no pudo demostrar que contara con el consentimiento de la artista para ese uso. El fallo no impide que el libro circule con otro diseño; la restricción aplica exclusivamente mientras mantenga el material gráfico cuestionado.

La reacción de Karla de la Cuesta

A través de un video publicado en su canal de YouTube, De la Cuesta expresó su desacuerdo con la resolución, aunque aclaró que Todo a la luz no señala a Trevi como culpable de delito alguno.

“Dicen que Gloria fue absuelta y sí, nosotros jamás en el libro hemos dicho que sigue presa o que fue condenada, es más, ni siquiera hemos dicho que es culpable”, afirmó la autora.

La agenda de Gloria Trevi en 2026

Mientras avanza en el frente legal, la artista mantiene una extensa actividad sobre los escenarios. En los primeros meses del año completó la gira La Fiesta, con fechas en el Auditorio Nacional de Ciudad de México en enero y febrero, en Puebla y en el BMO Stadium de Los Ángeles, California.

En mayo se presentó en el festival Tecate Emblema, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana, y continuó con el Glow Tour en ciudades como Chihuahua, Morelia y Guadalajara.

Para la segunda mitad del año, la cantante tiene programado su Celebration Tour, que arranca el 25 de septiembre en el Polideportivo Alexis Argüello de Nicaragua y continúa el 26 en el Parque de la Industria de Guatemala. En octubre recorrerá Panamá —Arena Roberto Durán, el día 2— y Costa Rica —Parque Viva, los días 3 y 4—.

El recorrido también contempla una fecha europea: 24 de agosto en el Auditorio Starlite de Marbella, España. En México, la gira cierra con presentaciones en Tijuana el 10 de octubre, en el Auditorio Nacional el 24 de octubre y en Mérida el 11 de diciembre.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció una reunión con los representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) con el objetivo de analizar los lineamentos de los derechos de las audiencias.

“El día de hoy va a haber varias reuniones, no solo con la cámara, sino con otros grupos. Entonces, vamos a esperar la próxima semana a que haya una conclusión o esta misma semana, a lo mejor y mañana se da, y si no, la próxima semana, de cuáles serían los lineamientos finales. Y a partir de ahí, pues puede seguir el debate sin problema”, declaró durante su conferencia matutina de este 6 de agosto en Palacio Nacional.

Asimismo, recordó que esta iniciativa, que tiene el objetivo de garantizar el derecho de las audiencias, ya había sido reconocida por el CIRT tras una votación referente a la ley.

Sobre los cuestionamientos de algunos medios de comunicación acerca de la censura de esta medida, aseguró que la prensa ha perdido credibilidad a lo largo de los años, lo cual no es responsabilidad del Gobierno, sino de ellos mismos al no contar con un código de ética que sea público, así como un defensor de las audiencias que reciba quejas.

Por otro lado, mencionó que en las redes sociales también existe una gran cantidad de noticias falsas, las cuales han ido en aumento con la implementación de la inteligencia artificial en estas plataformas, por lo que las autoridades están interesadas en una regulación en materia de seguridad, educación y salud que proteja a los niños, niñas y jóvenes de las adicciones a los teléfonos móviles.

CIRT acepta condiciones de los lineamientos de los derechos de las audiencias

La jefa de Estado manifestó el pasado 4 de agosto en la mañanera del pueblo que el CIRT estuvo de acuerdo con los Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias, rechazando que estas normas representen un mecanismo de censura, ya que buscan fortalecer los derechos de los oyentes y televidentes, manteniendo la autorregulación dentro de los medios.

Explicó que el nuevo modelo exige a los concesionarios publicar un código de ética, designar a un defensor de las audiencias y habilitar canales para recibir quejas ciudadanas. Aclaró que el Gobierno no interviene en la designación de los defensores ni en el contenido editorial, y que solo habría sanciones administrativas si los medios incumplen con estas tres obligaciones, no por el contenido que transmiten.

El debate sobre la normativa continúa abierta, ya que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones inició una consulta pública para recibir observaciones de concesionarios, expertos y ciudadanos. Aunque existen opiniones encontradas, la mandataria reiteró que el objetivo es garantizar transparencia, fortalecer la rendición de cuentas y proteger los derechos de las audiencias sin restringir la libertad de expresión.

Pautas para medios de comunicación

Hace unos días, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde presentó los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias emitidos por autoridades para el proceso de consulta pública.

La funcionaria indicó los puntos más relevantes del proceso, el cual tendrá una duración de20 días que abarcará desde el 27 de julio hasta el 21 de agosto, por medio de su sitio web: portal.crt.gob.mx/consultapublica

Puntos clave de la aplicación

• Se definen cuáles son los derechos de las audiencias y las responsabilidades de los medios.
• Se obliga a los medios a contar con un Código de Ética y a designar personas defensoras de las audiencias.
• Contemplan mecanismos de protección para las audiencias a través de quejas.

Estos son los derechos de las audiencias establecidos en la ley

• Recibir información veraz y oportuna

No difundir información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual.

• Distinguir entre información noticiosa y opinión

Garantizar la distinción entre noticia y opinión por medio de menciones, mensajes en pantalla, cortinillas o plecas.

• Distinguir entre publicidad y contenido

Asegurar la diferencia entre publicidad y contenido a través de menciones, mensajes en pantalla o plecas.

• Derecho de réplica

Permitir que las personas soliciten al medio corregir información falsa o inexacta que afecte su imagen.

• Audiencias con Discapacidad

Contar con servicios de Accesibilidad a personas con debilidad auditiva y contar con representaciones visuales respetuosas e inclusivas

En un mensaje difundido en redes sociales, Maru Campos sostuvo que la comisión encargada de aplicar ese mecanismo dependería directamente del Ejecutivo Federal y que sus integrantes serían propuestos por la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Con esa estructura, dijo, el gobierno sería “juez y parte” al definir qué es verdad, qué es mentira y a quién castigar.

Campos enmarcó su crítica en lo que describió como un proceso de polarización política durante los últimos ocho años. Afirmó que desde el poder se etiqueta como “traidor a la patria” a quien piensa distinto y que existe una conferencia diaria dedicada a señalar como mentirosos a quienes critican al gobierno.

Maru Campos afirma que la propuesta permitiría sancionar y quitar concesiones

La gobernadora planteó que la discusión no se limita a los derechos de las audiencias, sino al control del flujo informativo. Según su exposición, la autoridad no solo podría multar o sancionar, sino también decidir a qué medio quitarle la concesión.

En ese contexto, cuestionó que el mismo poder que emite mensajes desde Palacio Nacional sea el que determine la diferencia entre información, opinión y mentira. “¿Y ahora, ellos van a decidir qué es información y qué es opinión? ¿Es en serio?”, expresó.

La mandataria también lanzó preguntas sobre casos y temas que, en su argumento, exhiben contradicciones entre el discurso oficial y la realidad. Mencionó señalamientos sobre corrupción dentro de Morena, la relación con Estados Unidos, la revisión anual del T-MEC y la estrategia de seguridad.

Sobre ese último punto, afirmó que el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga a varios gobernadores de Morena. A partir de ello, preguntó si las afirmaciones oficiales sobre resultados en seguridad deben entenderse como opinión, información o “mentira oficial”.

La gobernadora cuestiona quién regula la mañanera y el derecho de réplica

Campos también puso el foco en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum. Preguntó quién regula ese espacio y quién otorga el derecho de réplica cuando, dijo, ahí se acusa, se expone y se sentencia a ciudadanos o gobernantes con recursos públicos.

Para la gobernadora, el Estado no debe responder con más control sobre lo que se dice en un país donde ejercer el periodismo sigue siendo una actividad de alto riesgo. Aseguró que decenas de periodistas han sido asesinados durante los gobiernos de Morena y sostuvo que la respuesta tendría que ser más libertad, más protección y más justicia.

En su posicionamiento, advirtió que la reforma no protegería a las audiencias, sino al gobierno. Añadió que la medida amenazaría la libertad de expresión de locutores, escritores, editorialistas, reporteros, medios e informadores.

La mandataria de Chihuahua también preguntó si, después de los medios, el siguiente paso sería actuar contra quienes opinen distinto en redes sociales o en la calle. Con ello, presentó el debate como una posible ampliación del control estatal más allá del sistema de comunicación tradicional.

Hacia el cierre de su mensaje, Campos sostuvo que la democracia no se defiende diciéndole a la población qué es verdad y qué es mentira, sino garantizando que muchas voces puedan expresarse, incluso cuando incomoden. Señaló que ese principio constituye “el corazón del Estado de derecho”.

La gobernadora afirmó además que en México hubo una lucha de décadas para dejar atrás una etapa de gobierno “omnipresente y censurador”. Desde esa premisa, llamó a frenar lo que describió como un “proyecto autoritario” del Gobierno Federal y convocó a defender la prensa libre, la libertad de expresión y “el presente y el futuro de todo México”.

La diputada presidenta citó cifras recientes que muestran el riesgo real que enfrentan los comunicadores en México, por ejemplo, las documentas por Reporteros Sin Fronteras que ha registrado siete periodistas asesinados durante 2026; o Artículo 19 que ha reportado 639 agresiones contra la prensa solo en 2024, lo que equivale a una cada 14 horas.

Ante la propuesta presidencial, López Rabadán sostuvo que, en vez de proteger a periodistas, desde el poder se insiste en su estigmatización, una situación que ha sido denunciada por la sociedad civil desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

López Rabadán denuncia riesgos para la libertad de prensa

López Rabadán lamentó que desde el poder se descalifique de manera permanente a quienes investigan, cuestionan o publican información incómoda. Consideró que un periodismo fuerte, libre y objetivo es indispensable para la sociedad, por lo que advirtió que “es muy peligroso que desde el poder se genere una campaña contra los periodistas, contra los medios de comunicación y, en general, contra la libertad de expresión”.

Alertó que se promueven lineamientos que pueden limitar la libertad de expresión y señaló que el contexto actual está marcado por el debilitamiento de los mecanismos de transparencia: “Es necesario garantizar que los periodistas y los medios de comunicación puedan tener libertad de trabajar. En este país donde lamentablemente la profesión de periodista se vuelve altamente riesgosa, no puede estar además violentado desde el poder público”.

En varios estados, añadió, se impulsan medidas para registrar o clasificar quién puede ser considerado periodista, en contradicción con el criterio amplio de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Las consecuencias de limitar el periodismo

López Rabadán sostuvo que excluir arbitrariamente a comunicadores de los mecanismos de protección puede convertirse en una forma de control sobre la libertad de expresión: “Restringir la calidad de periodistas o estigmatizar a las personas por hacer periodismo, sin lugar a dudas, hoy es un tema altamente preocupante para nuestra Nación”.

La diputada subrayó que la libertad de expresión rara vez se cancela de un solo golpe, sino que se debilita gradualmente a través de descalificaciones, procedimientos administrativos, amenazas de sanción, acoso judicial y reglas ambiguas que generan incertidumbre:

“En un país donde numerosos actos de corrupción, abusos e irregularidades han salido a la luz gracias a las investigaciones periodísticas, no podemos permitir el menor intento de intimidar o desacreditar a quienes investigan y publican información de interés nacional”.

Recalcó que el Estado debe usar todas sus capacidades para proteger la libertad de expresión, garantizar la transparencia, prevenir agresiones y combatir la impunidad. Insistió en que ningún gobierno democrático combate a la prensa; al contrario, debe garantizar que periodistas puedan investigar y publicar con plena libertad.

Esto dice el gobierno sobre la propuesta polémica sobre la libertad de expresión

El pasado 4 de agosto, la mandataria mexicana aseguró que el derecho de las audiencias es un principio constitucional, no un mecanismo de censura. Claudia Sheinbaum afirmó que el artículo 6 de la Constitución establece el derecho al acceso a información plural y oportuna y que los lineamientos buscan garantizar ese derecho, no limitarlo.

Entre las medidas propuestas destacan:

• En televisión, cuando un contenido sea comercial, debe indicarse de forma visible con el símbolo “P”. Al final de cada programa deberá mostrarse que incluyó espacios comercializados o patrocinados.
• En radio, debe anunciarse verbalmente y de forma clara que se trata de publicidad.
• En contenidos noticiosos, se deberán identificar con claridad opiniones e información, usando plecas, cortinillas o elementos sonoros, según el medio.

Sheinbaum ha asegurado que quienes critican la propuesta lo hacen porque no están de acuerdo con el gobierno y porque buscan mantener privilegios del pasado, pese a los riesgos señalados por el propio gremio periodístico.

La consulta pública de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias acumula 1,404 comentarios de 1,324 participantes únicos, con una mayoría que rechaza la propuesta y una minoría activa que la defiende. La plataforma permanece abierta hasta el 21 de agosto.

De acuerdo con un análisis publicado el 4 de agosto por el periodista Ignacio Gómez Villaseñor en su cuenta de X, el 71% de los primeros 1,127 comentarios recibidos se pronunció en contra de los lineamientos, el 25% los respaldó, el 2.5% apoyó la intención pero advirtió riesgos, y el 1.5% no reflejó una postura clara. Gómez Villaseñor precisó que todos los comentarios están vinculados a nombre, apellido y correo electrónico, aunque aclaró que no puede descartarse algún caso de suplantación de identidad.

¿Qué propone la CRT y por qué genera debate?

Los lineamientos, presentados el 28 de julio por la consejera jurídica del Ejecutivo Luisa María Alcalde junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, obligan a los concesionarios de radio y televisión a publicar un código de ética, designar un defensor de las audiencias, distinguir entre noticias y opiniones mediante cortinillas o plecas, garantizar el derecho de réplica y no difundir información falsa o descontextualizada. Las sanciones por incumplimiento pueden llegar hasta el 1% de los ingresos anuales del concesionario.

El artículo 2 del documento prohíbe expresamente cualquier forma de censura previa. Sheinbaum insistió en que las sanciones no se aplicarían por contenidos periodísticos, sino únicamente por no publicar el código de ética, no nombrar un defensor de audiencias o no habilitar mecanismos de queja, según reportó Zeta Tijuana.

Los lineamientos aplican a concesionarios de televisión abierta, radio, televisión y audio de paga, así como a programadoras. No alcanzan a medios digitales ni prensa escrita.

“Autocensura”, “juez y parte” y “ley mordaza”: los argumentos en contra

La preocupación más repetida entre quienes se oponen es que la CRT —dependiente del Ejecutivo— concentre la facultad de definir qué información es veraz. Eduardo Muñoz Zúñiga lo planteó en su comentario: “Cuando el regulador puede decidir si la distinción entre información y opinión fue suficiente, abrir procedimientos y eventualmente sancionar, aparece un efecto inhibidor: los medios empiezan a autocensurarse para evitar conflictos con el gobierno.”

Yves Ortiz Blanco señaló una asimetría que varios participantes repitieron: el mismo gobierno que exige información veraz a los medios reserva información pública por años bajo las leyes de transparencia y mantiene un espacio diario de comunicación oficial sin las mismas obligaciones que pretende imponer a los concesionarios.

Daniel Orozco Rocha argumentó que la medida contraviene estándares internacionales: “La vulneración de la libertad de expresión contraviene los estándares de la CIDH, los cuales prohíben controles previos o interferencias indirectas en la línea editorial de los medios.”

Otros cuestionaron el diseño mismo de la consulta. Edgar Velasco Flores escribió que la plataforma no ofrece un apartado para seleccionar explícitamente el desacuerdo: “Eso no es consultar, es manipular.”

“Ya basta de mentiras”: los argumentos a favor

Quienes respaldan los lineamientos también dejaron argumentos detallados. Bruno Verduzco Saldaña pidió leer el documento antes de opinar y defendió el esquema: “Se trata de crear los mecanismos que las audiencias requerimos para ejercer nuestros derechos. Si los concesionarios consideran que las sanciones son excesivas, que participen en la consulta y propongan ajustes, en lugar de descalificar los derechos del público.”

Armando Martínez Leal respaldó la propuesta pero pidió ampliarla: “Los derechos de las audiencias son fundamentales para modificar la relación entre los medios y las audiencias. La reglamentación debe incluir a la prensa escrita y medios digitales.”

César Manuel López Hernández escribió: “El hecho de que se diferencie una nota y una opinión hace que la gente tenga una amplitud de certeza de lo que escucha y observa. Si una televisora está transmitiendo la verdad, no tiene por qué preocuparse.”

La CIRT pide corregir ambigüedades; la JUFED advierte riesgo democrático

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), que agrupa a 1,200 estaciones, reconoció que la intención de la CRT no es censurar, pero pidió corregir ambigüedades antes de la versión definitiva, de acuerdo con lypmultimedios.tv. La cámara objetó en particular la multa de hasta el 1% de los ingresos por cada supuesta falta informativa, cuando la legislación vigente solo contempla sanciones por no designar defensor de audiencias y por no emitir códigos de ética.

La Asociación Nacional de Juzgadoras y Juzgadores de Distrito (JUFED) advirtió que los controles estatales sobre líneas editoriales representan “un riesgo desmedido para el Estado Constitucional de Derecho”, según Zeta Tijuana. Sheinbaum reconoció el 4 de agosto que la propuesta requiere aclaraciones, aunque descartó que su propósito sea censurar a los medios.

La versión definitiva de los lineamientos se emitirá después del cierre de la consulta, el 21 de agosto, sin fecha estipulada de entrada en vigor.

Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), acusó que el gobierno federal realiza un proceso de censura que afecta la libertad de expresión de todos los mexicanos, a través de diversas acciones como la desaparición de instituciones de transparencia hasta los lineamientos para los derechos de las audiencias.

En un video publicado en su cuenta personal de X, el líder panista advirtió que Morena pretende decidir qué información es verdadera y qué es falsa, lo que representa, según su señalamiento, un riesgo directo para la sociedad y los medios de comunicación.

Romero alertó que, bajo el argumento de combatir la desinformación, el gobierno busca facultades para determinar los límites del debate público, por lo que considera que esta estrategia atenta no solo contra la pluralidad, sino contra el derecho básico de cualquier ciudadano a expresarse y cuestionar al poder.

“Hoy Morena no quiere callar a la oposición. Hoy te quiere callar a ti. Sí, a ti. Porque cuando un gobierno quiere decidir qué puedes decir, qué puedes publicar y qué puedes pensar, aquí ya no estamos hablando de política, estamos hablando de tu libertad”, afirmó en el video.

El líder del PAN enmarcó su advertencia en una serie de acciones recientes que, a su juicio, forman parte de un mismo trayecto hacia el control informativo.

Recordó la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) como un golpe a los contrapesos democráticos.

Según Romero, la eliminación de este organismo significó el fin de garantías para la transparencia gubernamental.

Agregó que la intervención sobre el Poder Judicial y el debilitamiento de otras instituciones autónomas han dejado a la población sin mecanismos seguros para exigir rendición de cuentas.

“Primero destruyeron los organismos autónomos, entre otros el INAI, que nos aseguraba la transparencia gubernamental. Adiós. Después destruyeron al Poder Judicial y todos ya estamos en manos de jueces de la Corte”, señaló.

Para Romero, estos antecedentes abren la puerta a medidas más severas en materia de comunicación y control de contenidos.

Extensión de la regulación a redes sociales y antecedentes estatales

El dirigente panista advirtió que la regulación impulsada por el gobierno, cuyo objeto inicial son la radio y la televisión, puede alcanzar también a las plataformas digitales y redes sociales.

Como ejemplo, citó el caso de Puebla, donde se legisló para convertir en delito cualquier publicación en redes si una autoridad se considera ofendida.

“La propia presidenta ya planteó revisar si este modelo puede extenderse a medios y a plataformas digitales, o sea, a las redes sociales.

“Y que no digan que estamos exagerando, porque esto ya sucedió en Puebla, gobernado por Morena, en donde hicieron un delito cualquier publicación que hagas en una red si alguna autoridad se sentía ofendida”, agregó.

En este sentido, Romero instó a la ciudadanía a informarse y revisar estos antecedentes, alertando sobre los riesgos de replicar este tipo de medidas a nivel federal.

Contradicción en las reglas del gobierno

Romero Herrera señaló la contradicción que, a su juicio, existe entre las exigencias que el gobierno plantea para los medios y la ausencia de regulación en sus propios canales oficiales.

Enfatizó que la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, conocida como ‘La Mañanera’, carece de reglas claras y permite la difusión de información sin verificación ni derecho de réplica.

“Quieren imponer reglas a la radio, a la televisión y mañana te aseguro que también a las plataformas digitales, pero se niegan a ponerle reglas al espacio de comunicación más poderoso del país, que por supuesto son las mañaneras de la presidenta”, comentó.

Criticó que desde ese espacio se emiten posturas políticas, acusaciones y descalificaciones, sin que exista mecanismo para que quienes sean señalados ejerzan su derecho de réplica o se corrijan datos erróneos.

Buscará regular ‘La Mañanera’ de Sheinbaum

Ante este panorama, Romero informó que el PAN presentará una iniciativa para que las conferencias matutinas del Ejecutivo federal cuenten con reglas claras, verificación de datos y respeto al derecho de réplica.

Consideró que, si el gobierno federal insiste en proteger los derechos de las audiencias, debe aplicar los mismos criterios a sus espacios oficiales.

“En Acción Nacional presentaremos una iniciativa para que las conferencias mañaneras también tengan sus reglas claras, que tenga información verificable, respeto al derecho de réplica y la misma obligación de rendir cuentas que hoy nos quieren imponer a todos los demás”, dijo.

El dirigente subrayó que la transparencia y el acceso a información verificada deben ser obligación de todos los actores públicos, incluidas las autoridades.

Romero concluyó su mensaje con un llamado a la ciudadanía para no permitir la instauración de un sistema de censura y defender la libertad de expresión como un derecho inalienable. Reiteró que la libertad de opinar, publicar y debatir no puede depender de la voluntad del gobierno.

“La libertad de expresión no es un permiso que te entrega el Gobierno, es un derecho de los mexicanos. Y un gobierno que quiere decidir qué es verdad y castigar a quien lo contradiga, no está protegiendo la democracia, está construyendo una dictadura”, enfatizó.

Aseguró que el PAN seguirá defendiendo este derecho y convocó a la sociedad a sumarse a la causa.

Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica del Ejecutivo Federal de México, explicó de nueva cuenta los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, que actualmente están en consulta pública, tras los señalamientos de censura, sanciones a la prensa e irregularidades para publicidad.

En la connferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la funcionaria federal calificó las críticas como una campaña de desinformación y recalcó que los lineamientos, emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), aún no se han publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Es decir, se pueden modificar al concluir la consulta pública, por lo que reprochó que se acuse al gobierno de buscar censurar a los medios de comunicación, lo cual consideró “una falsa narrativa”.

“Inició esta campaña primero, pretendiendo establecer una falsa narrativa de que se trataban de lineamientos que lo que buscaban era censurar. Y también una narrativa muy alejada de la realidad que establecen que lo que se pretende es que sea el Estado el que determine como última palabra qué es verdad, qué no es verdad, que pueda callar voces, que pueda limitar opiniones. Nada de esto está establecido en los lineamientos”, aseveró en Palacio Nacional.

Aclara Lineamientos sobre Derechos de las Audiencias

• Sanciones

Alcalde Luján aseguró que “en ningún caso” se señalan sanciones contra los contenidos ni de que el Estado sea quien determine “qué es verdad”.

Afirmó que de acuerdo con los lineamientos “son los propios medios de comunicación los que tienen la obligación de emitir códigos de ética”, en los cuales se establecerán los mecanismos para que los medios de comunicación granticen la veracidad de la información.

“Es decir, que sea información verificada, que no sea información falsa. ¿Por qué? Porque todas las audiencias tenemos el derecho de recibir información veraz, plural, certera, verificada. No noticias falsas.

“¿Quién va a determinar cómo se va a garantizar eso? El propio medio de comunicación, no el Estado. El Estado no va a evaluar si es verdad o no es verdad. Serán los medios de comunicación, a través de sus códigos de ética, los que establezcan cómo van a garantizar que esa información sea veraz", puntualizó.

No obstante, señaló que la comisión sólo interviene y sanciona por incumplir las siguientes obligaciones:

• No emitir Código de Ética.
• No nombrar defensor de las audiencias.
• No poner a disposición de las audiencias mecanismos de defensa.

“Si yo como audiencia, como ciudadano, como radioescucha o televidente, ubico que se me está violentando mi derecho, ¿a quién acudo? ¿Dónde presento una queja? ¿Quién me escucha del otro lado? Bueno, pues es este defensor de audiencia.

“Pareciera que el defensor de audiencia lo va a señalar el Estado. No, es el propio medio de comunicación, la propia concesionaria, la que determina y nombra a quien será su defensor de audiencias. Ellos mismos nombran a esta persona que será el que reciba las quejas de la ciudadanía”, agregó.

• Publicidad

En el apartado de publicidad, Alcalde Luján sostiene que las audiencias tienen derecho a diferenciar entre contenidos noticiosos y espacios pagados.

Aseguró que el objetivo es evitar que se presente como información objetiva lo que en realidad es un mensaje comercial.

En televisión abierta y de paga, señala que los lineamientos establecen que, cuando existan “espacios comercializados” dentro de un contenido, deberá mencionarse y mostrarse una P de publicidad.

Detalló que este símbolo se incluye al inicio y al final del espacio comercializado. Además, al final de cada contenido se deberá mostrar en pantalla que el programa contó con espacios comercializados y/o patrocinados.

Para radio, indicó que los espacios comercializados dentro del contenido deben expresarse “de forma clara y previa”, para que la audiencia sepa desde el inicio que se trata de una inserción pagada.

• Opinión e información

Alcalde Luján también abordó la distinción entre opinión e información. Rechazó que los lineamientos obliguen a interrumpir constantemente un programa para aclarar qué es opinión y qué es noticia, y sostiene que la medida se limita a identificadores al inicio y al final.

En televisión abierta y de paga, mencionó que en programas noticiosos debe incluirse una pleca, cortinilla o mensaje en pantalla que permita identificar cuando la persona conductora expresa “de forma indistinta” opiniones y mensajes noticiosos, incorporado al inicio y al final del programa.

Para contenidos de opinión, señaló que la identificación también debe mostrarse al inicio y al cierre.

En radio, agregó, se aplican criterios para que la audiencia sepa si escucha un espacio noticioso, uno de opinión o una mezcla de ambos.

Al cierre, Alcalde Luján afirmó que los lineamientos “están muy alejados de una intención de censura” y que, por el contrario, buscan proteger el artículo 6 constitucional al dar herramientas para que las audiencias reciban información “veraz” y no sean engañadas.

Durante la conferencia, Claudia Sheinbaum Pardo firmó un decreto de transparencia que modifica la Ley General de Transparencia y busca que las instituciones públicas publiquen información actualizada mensualmente en la Plataforma Nacional de Transparencia. La presidenta también enfatizó que en “La Mañanera del Pueblo” existe el derecho de réplica y aseguró el compromiso de su gobierno con la libertad de expresión, aclarando que los lineamientos para los derechos de las audiencias no implican censura ni sanciones por contenido.

Concluye la conferencia de prensa

La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno tiene abiertas investigaciones en contra de servidores públicos que fueron omisos ante la aplicación de multas, sanciones y verificaciones durante la existencia del INAI, hecho que destacó como insólito.

Raquel Buenrostro informa que la denuncia que hizo la Femexfut contra el desaparecido Instituto Nacional de Transparencia, por intento de extorsión, está siendo analizada.

“Hacen alusión a funcionarios que los extorsionaron, pero no se señalan; como dicen los abuelos, no se señalan nombres, no se señalan formas, no nos están aportando elementos. De hecho, recientemente nosotros retomamos y dimos continuidad de seguimiento a todos los procesos que nos dejaron abiertos en el INAI”.

De acuerdo con la funcionaria, recientemente se sancionó al INAI por incumplir en el manejo de datos personales.

Buenrostro pide a Femexfut que comparta más información acerca de esta denuncia, “porque en los expedientes no viene nada”.

Actos de campañas anticipadas: Sheinbaum señala al INE como el único regulador

Tras ser cuestionada por la prensa acerca de su opinión a que distintos funcionarios políticos presuntamente han iniciado con campañas políticas antes de los tiempos establecidos por la ley, ante esto la mandataria dijo:

“Que lo determine el INE y el Tribunal, así de sencillo, nosotros siempre vamos a cumplir con la ley, y si hay alguien que pide a la Fiscalía que se investigue al gabinete de seguridad, cuando hay un tema, se investiga”, sostuvo. Asimismo, la mandataria dijo que nadie debe hacer actos anticipados de campaña, pero, subrayó que eso no le corresponde a la presidenta.

/mexico/2026/08/04/ine-debe-determinar-si-hay-actos-anticipados-de-campana-sheinbaum-se-deslinda-de-acusaciones-a-morena/

La cancelación de las visas de los gobernadores “es un asunto personal de cada quien”, consideró Claudia Sheinbaum. “Si hay pruebas, se procede”, dijo la mandataria sobre las presuntas acusaciones a los funcionarios cuya visa fue revocada.

/mexico/2026/08/04/retiro-de-visas-de-eeuu-a-politicos-mexicanos-es-un-asunto-personal-de-los-funcionarios-dice-sheinbaum-debe-haber-pruebas/

Respecto a la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de ordenar el decomiso de 15 millones de dólares a Ismael “El Mayo” Zambada tras su detención, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que la Fiscalía de la República explique lo que significa la entrega de este dinero.

“Vamos a hacer todo lo que sea benéfico para México, si hay incautación de bienes a cualquier narcotraficante, vamos a solicitar que sea entregado”.

El IMSS y el ISSSTE van a regular todas las estancias infantiles en México, de acuerdo con la presidenta.

Son mil que se van a tener al final de este sexenio.

Pensiones doradas en México “ya no existen”, afirma Luisa María Alcalde

La consejera jurídica afirma que en el país ningún servidor público puede obtener más dinero que la presidenta. “Las pensiones doradas ya no existen en nuestro país, porque ya nadie tiene un millón de pesos mensuales, a veces por cargos que habían tenido 2, 3, 4 meses”_

De acuerdo con la funcionaria, el gobierno de México se ha ahorrado alrededor de 5 millones de pesos.

La presidenta pidió que la gobernadora de Guanajuato hable con Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación. “Las escuelas militarizadas: primero, está mal seguir utilizando escuelas militarizadas porque no tienen nada que ver con el Ejército o la Marina (...,) como ya lo explicó el general secretario, que no tienen nada que ver con ellos. (...) Segundo, el tema de la disciplina, los límites para las niñas y para los niños tiene que estar en el marco en donde no hay abuso y no hay violencia contra la niñez”.

Sheinbaum asegura que en la Mañanera existe derecho de réplica

La jefa del Ejecutivo afirma que en su conferencia La Mañanera del Pueblo es un espacio de réplica: “Estoy segura de que lo que estoy diciendo aquí va a ser comentario de todo el día, pues es una réplica que están haciendo desde los medios, desde las redes. Este espacio tiene derecho de réplica. Lo que no quieren es que el gobierno pueda replicarle a los medios”.

“No estamos limitando nada”: Sheinbaum sobre lineamientos de los derechos de las audiencias

La presidenta afirma que su gobierno está comprometido con la libertad de expresión, esto en relación a las críticas de censura tras la consulta de los lineamientos de los derechos de las audiencias.

“¿Se puede multar por algún contenido de lo que dice algún medio? No, ¿Se puede censuar? No, eso no dicen los lineamientos, lo que dice es: “Publica tu código de ética, nombra a tu defensor de las audiencias y establece el mecanismo de la ciudadanía”, dijo Sheinbaum.

/mexico/2026/08/04/es-mejor-la-regulacion-que-la-censura-sheinbaum-justifica-lineamientos-sobre-derechos-de-las-audiencias/

Sheinbaum recuerda video de periodistas debatiendo la regulación de medios de comunicación

“Desde entonces se discute qué hacer para que la audiencia, para que el pueblo, para quien escucha la ciudadanía, tenga un criterio, decir qué es verdad y qué es falso, qué es opinión y qué es noticia”, explicó Shienbaum.

/mexico/2026/08/04/sheinbaum-recuerda-declaracion-de-sergio-sarmiento-contra-los-medios-tras-acusar-al-gobierno-de-censura-hay-mucha-hipocresia/

Medios de comunicación: “los responsables” de defender a las audiencias y regular su contenido

María Luisa Alcalde Luján, consejera jurídica, explica que los Lineamientos de regulación para los derechos de las audiencias, y señala que no incluyen sanciones por contenidos, subraya que cada medio de comunicación desarrollará su propio código de ética; asimismo, también nombrarán a un defensor de las audiencias.

El gobierno de México intervendrá en esta situación “cuando no publique mi código de ética, no nombre a mi defensor de audiencias o no tenga un mecanismo eficaz para que la ciudadanía pueda presentar estas quejas; en estos casos, claro que la autoridad tendría que decirle al medio que está incumpliendo con esta ley”, explicó Luján.

Sheinbaum firma decreto de transparencia de información para instituciones públicas en México

Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, explicó que este decreto incluirá modificaciones a la Ley General de Transparencia.

El objetivo es impulsar que todas las instituciones publiquen información más allá de las obligaciones legales. De acuerdo con la funcionaria, la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) tendrá información actualizada por mes.

El decreto fue firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

/mexico/2026/08/04/sheinbaum-emite-decreto-para-fortalecer-plataforma-de-transparencia-del-gobierno-y-alista-iniciativa-tras-desaparecer-al-inai/

Entrega de incentivos económicos para productores de maíz en Sonora

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza de manera remota la entrega de incentivos económicos a productores agrícolas de maíz en Sinaloa junto a la gobernadora interina Yeraldine Bonilla y Columba, titular de la Secretaría de Alimentos del Bienestar. Los beneficiarios serán 26 800 productores de maíz que reciben los incentivos para 3.5 millones de toneladas, cuya suma es de 4566 millones de pesos.

La presidenta informa que logró un acuerdo con productores, distribuidores de fertilizantes, de agroquímicos y semillas, así como con las empresas y gobiernos estatales para brindar un apoyo, para comprar “un poco más alto el precio” del maíz respecto al costo comercial.

El fragmento del extinto CNI

De acuerdo con lo expuesto en la mañanera, el video corresponde a un debate transmitido originalmente por el extinto canal CNI, antecesor de lo que hoy es ADN 40, en el que participaban un Sergio Sarmiento y un Ciro Gómez Leyva más jóvenes. En ese intercambio, Sarmiento afirmaba que los medios “muchas veces mentimos, a veces adrede y a veces por otro tipo de razones”, mientras ambos periodistas discutían qué mecanismo debía existir para que las audiencias pudieran cuestionar a los propios medios.

Sheinbaum utilizó ese antecedente para argumentar que el derecho de las audiencias —hoy blanco de críticas por parte de comunicadores como Sarmiento— responde a una demanda planteada por los propios periodistas desde hace más de 20 años, y no a una iniciativa inventada por su administración.

“Hay mucha hipocresía”, dice Sheinbaum

La presidenta calificó de hipócrita la postura de Sarmiento, a quien vinculó con un artículo de opinión publicado el 3 de agosto bajo el título “El narcopartido”. Según explicó la mandataria, el columnista sostiene en ese texto que la 4T mantiene vínculos con el narcotráfico, citando como ejemplo que Andrés Manuel López Obrador saludó en una ocasión a la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Badiraguato. En su columna, Sarmiento cuestiona cómo olvidar que AMLO defendió a El Chapo ante autoridades de Estados Unidos y saludó a su madre en Badiraguato, señalamiento que Sheinbaum calificó como una prueba insuficiente.

La mandataria también reprochó al periodista sus críticas a los programas sociales del gobierno federal, argumentando que, pese a cuestionarlos públicamente, ha acudido personalmente a tramitar apoyos como la tarjeta de bienestar.

Puntos centrales del señalamiento presidencial:

• Sarmiento reconoció públicamente, hace 26 años, que los medios mienten “deliberadamente”.
• Hoy acusa de censura al esquema de derechos de audiencias.
• Escribió un artículo vinculando al gobierno con el narcotráfico.
• Ha criticado los programas sociales pese a haber solicitado apoyos gubernamentales.

“Hay cintura, no hay censura”

Sheinbaum insistió en que los lineamientos en consulta pública, a cargo de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), no facultan al Estado para sancionar el contenido informativo de ningún medio. Explicó que las únicas causales de multa serían no publicar un código de ética, no nombrar a un defensor de audiencias o no establecer un mecanismo de quejas ciudadanas.

La presidenta subrayó que la ley que dio origen a estos lineamientos fue aprobada con acuerdo de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), por lo que consideró contradictorio que ahora se hable de censura. “Hay cintura, no hay censura”, expresó, al tiempo que reconoció que el texto de los lineamientos puede ajustarse durante el periodo de consulta pública, vigente según reportes hasta el 21 de agosto.

Jorge Romero Herrera, líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), anunció que desde su bancada impulsarán una iniciativa para regular el derecho de réplica en la conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, esto ante los lineamientos que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones planea emitir en materia de derechos de audiencias.

Romero sostuvo en entrevista con Azucena Uresti que, si se exige distinguir entre hechos y opiniones en los medios de comunicación, el mismo estándar debe aplicarse a los espacios oficiales del Gobierno. Consideró que la exposición y el impacto de la conferencia presidencial superan a cualquier otro foro, por lo que reclama igualdad de condiciones para la réplica de los opositores al partido oficialista.

El dirigente manifestó que el blanquiazul está dispuesto a recurrir a todas las instancias legales para impedir lo que perciben como una amenaza a la libre expresión y la pluralidad democrática. Romero Herrera concluyó que el PAN se mantendrá vigilante y no perderá tiempo en defender a quienes buscan roles de representación, en un escenario político que, a su entender, se ha vuelto desigual por el uso de recursos estatales y la intervención desde el poder.

Debate sobre los derechos de las audiencias y la libertad de expresión

Jorge Romero se sumó a la preocupación de la Arquidiócesis Primada de México, que consideró los lineamientos de regulación a las audiencias como un riesgo para la libertad de expresión. La Iglesia católica advirtió que “ninguna autoridad puede impedir anticipadamente que una persona exprese sus ideas”.

El líder panista acusó al gobierno federal de querer instaurar un “Ministerio de la Verdad”, en referencia a la posibilidad de que una comisión oficial determine qué información es veraz o no. El dirigente llamó a la ciudadanía a resistir cualquier intento de censura, advirtiendo que el precedente de la reforma penal en Puebla, denominada como ley censura (que tipificaba el delito de ciberasedio y que fue declarada como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalida su aplicación) podría extenderse a nivel nacional.

Asimismo, Romero Herrera recordó que hace un mes el Instituto Politécnico Electoral (INE) ordenó al PAN retirar un mensaje en el que se acusaba a Morena de ser un “narcopatido”. El PAN impugnó la decisión ante el Tribunal Electoral, que finalmente les permitió la reposición del material. Por lo que, según el dirigente, este episodio ejemplifica el riesgo de que instancias gubernamentales puedan decidir qué opiniones se permiten o no en la arena pública.

Sobre la actuación del INE, el panista afirmó que su partido cuida estrictamente la legalidad en sus acciones, evitando actos anticipados de campaña. Explicó que solo se configura una campaña política anticipada si el aspirante pide explícitamente el voto o declara su intención de ser candidato, lo que, asegura, no ha ocurrido en este proceso.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado que su intención no es censurar, a sus opositores les ha subrayado todas las expresiones que hacen en redes sociales o en los microfónos de medios de comunicación. Simultáneamente, el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alito Moreno, tiene prohibido llamar “narcopartido” a Morena por determinación del INE.

El senador Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum de utilizar los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias para controlar la información que circula en radio y televisión, en lugar de proteger a la ciudadanía como se ha planteado oficialmente.

A través de su cuenta en X, “Alito” Moreno compartió una columna de opinión publicada en eje central, en la que advirtió que detrás del discurso de defensa al público se esconde una intención de censura hacia periodistas y medios críticos del gobierno.

Reglas “ambiguas” para actuar con discrecionalidad, acusa

Según el legislador priista, el problema central de los lineamientos radica en su ambigüedad, ya que —de acuerdo con su interpretación— permitirían a la autoridad decidir de forma discrecional qué contenidos califican como “verdaderos” o “descontextualizados”.

Moreno señaló que esta facultad recaería en la figura del defensor de las audiencias, a quien describió como un funcionario que, en los hechos, respondería a los intereses del gobierno en turno más que a la ciudadanía.

• El priista habló de una posible discrecionalidad en la aplicación de las reglas.
• Cuestionó la definición de qué se considera información verdadera o falsa.
• Puso en duda la independencia de la figura del defensor de las audiencias.

Multas de hasta 1% de los ingresos, en la mira

Otro de los puntos que el senador destacó fue el esquema de sanciones económicas contemplado en los lineamientos, que podrían alcanzar hasta el 1% de los ingresos de los medios de comunicación.

Para Moreno, este mecanismo no busca ordenar el ecosistema informativo, sino inhibir el trabajo periodístico de quienes investiguen o cuestionen al gobierno federal.

En su columna, el dirigente priista retomó además una postura de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), organismo que ha señalado que otorgar ese nivel de discrecionalidad a la autoridad podría resultar inconstitucional y representar un riesgo para la libertad de expresión.

Compara la medida con regímenes autoritarios

El presidente nacional del PRI extendió su crítica más allá del plano nacional al establecer comparaciones con casos internacionales. Mencionó los ejemplos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, países donde, según su narrativa, el control de contenidos comenzó bajo el argumento de la “responsabilidad social” antes de derivar en el cierre de espacios a la prensa independiente.

También citó el caso de Hungría, bajo el gobierno de Viktor Orbán, como ejemplo de un país donde los órganos reguladores habrían sido utilizados, de acuerdo con su lectura, para debilitar el periodismo crítico.

Asimismo, el senador aludió al atentado contra Charlie Hebdo en 2015 como parte del debate global en torno a la libertad de expresión, argumentando que ese principio no debe ceder ante intentos de imponer una “verdad única”.

PRI se compromete a “no permitir” la medida

En su publicación en X, Moreno afirmó que su partido “no va a permitir” que Morena “destruya los cimientos de nuestra democracia” ni que se silencie a medios y ciudadanos mediante lo que calificó como chantajes, sanciones económicas y persecución política.

El mensaje fue acompañado de un cartel con una frase más amplia, en la que el legislador sostuvo que el gobierno de Morena “le huye a la crítica” porque, según su percepción, se trata de un gobierno débil, cuyo discurso y proyecto se estarían derrumbando.

Moreno cerró su postura señalando que, “gracias a los gobiernos del PRI”, México es hoy un país de leyes, derechos y libertades, y afirmó que su partido no se doblegará ante lo que denominó una “mordaza oficial”.

La postura de Sheinbaum y la CRT: “no hay censura, ni la habrá”

Frente a las acusaciones de la oposición, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) —el organismo que sustituyó al extinto IFT— han rechazado categóricamente que los lineamientos busquen censurar a los medios. En su conferencia matutina, la mandataria calificó las acusaciones como “absolutamente falso. No hay censura, ni va a haber censura”, y explicó que el defensor de las audiencias será, más que un filtro, “un lugar donde te puedes quejar”, designado por las propias empresas concesionarias.

En la misma línea, la presidenta de la CRT, Norma Solano Rodríguez, sostuvo en entrevista radiofónica que “no hay censura, eso es categórico; la libertad de expresión se respeta y se armoniza con el derecho de las personas que está previsto en nuestra Constitución”. Solano subrayó que los códigos de ética y criterios editoriales seguirán siendo definidos por los propios medios de comunicación, y que la defensoría de audiencias únicamente fungirá como intermediario ante inconformidades del público.

El gobierno ha insistido, además, en que los lineamientos aún no entran en vigor: se someten a consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto de 2026, periodo en el que concesionarios, académicos y organizaciones civiles pueden presentar observaciones antes de que se publique la versión definitiva.

Morena defendió este 2 de agosto los lineamientos sobre audiencias y sostuvo que no implican censura, sino el desarrollo de derechos ya previstos en la Constitución y la ley, en medio de un debate abierto porque organizaciones de medios advierten que la propuesta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) podría afectar la libertad de expresión y rebasar las facultades del regulador.

En un comunicado, Morena afirmó que en los últimos días actores políticos y mediáticos construyeron una versión falsa sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias al presentarlos como un intento de silenciar voces. El partido señaló que el objetivo es garantizar que la población reciba información plural, transparente, oportuna y veraz.

La consulta pública sobre el anteproyecto permanece abierta hasta el 21 de agosto. El documento plantea nuevas obligaciones para concesionarios de radio y televisión, entre ellas publicar un Código de Ética, designar un Defensor de las Audiencias, diferenciar información, opinión y publicidad, atender quejas, garantizar el derecho de réplica, establecer medidas de accesibilidad y prever sanciones económicas por incumplimientos.

Morena sostiene que la propuesta actúa después de la difusión y a partir de quejas

El punto central de la defensa del partido es que la autoridad no revisará previamente transmisiones ni contenidos. Morena aseguró que cualquier procedimiento sólo puede iniciar después de la difusión de un material y a partir de una queja concreta.

Ese argumento busca responder a la principal crítica de la industria: el riesgo de censura previa. La Alianza de Medios Mx expresó preocupación porque algunos alcances del proyecto podrían generar afectaciones a la libertad de expresión y exceder lo que la ley permite a la CRT.

La agrupación, que reúne a más de 100 empresas y líderes periodísticos, pidió que la consulta pública se desarrolle mediante un debate abierto, transparente, plural y sustentado, y no sólo por medio del envío de observaciones por correo electrónico. También solicitó mecanismos que fortalezcan la vigilancia y la autonomía de las resoluciones de la Comisión.

Carlos Arrendondo Sibaja, presidente pro tempore de la alianza, señaló que los derechos de las audiencias tienen la misma relevancia constitucional que la libertad de expresión y que ambos deben coexistir sin que uno limite al otro.

Añadió que desde la incorporación de esos derechos a la Constitución en 2013, México no ha consolidado un equilibrio entre la protección de las audiencias y el ejercicio de la libertad de expresión en medios concesionados.

Morena enmarcó su postura en una crítica al periodo neoliberal. En su comunicado afirmó que en esos años se normalizaron la propaganda disfrazada de noticia, los contenidos pagados sin identificación, la información falsa o sesgada y la manipulación de hechos para proteger intereses particulares.

El partido también sostuvo que la discusión de fondo no es la imposición de una verdad oficial, sino evitar que la mentira, la manipulación y la publicidad encubierta se presenten como información periodística. Bajo esa lógica, afirmó que los derechos de las audiencias protegen al pueblo de México, mientras la libertad de expresión protege a quienes comunican.

Disputa se concentra en las facultades de la CRT y en la autonomía de los medios

La crítica más específica contra el anteproyecto se concentra en las atribuciones que asumiría la CRT. La Alianza de Medios Mx indicó que algunos apartados permitirían a la Comisión intervenir en procedimientos relacionados con réplicas ciudadanas, imponer sanciones en ciertos casos o interpretar cuándo un contenido corresponde a información o a opinión.

Junto con especialistas, la organización coincidió que han advertido posibles excesos frente al marco jurídico vigente. También respaldó la postura de la (Cámara de la Industria de Radio y Televisión) CIRT, que ha señalado que algunos apartados del documento podrían abrir espacios de discrecionalidad en la aplicación de la norma.

Otro punto de fricción está en la elaboración de los Códigos de Ética y en la designación del Defensor de las Audiencias. La alianza consideró que ambas tareas deben seguir como atribuciones exclusivas de los propios medios de comunicación y advirtió que una intervención del Estado en esas figuras podría propiciar injerencias indebidas.

Morena recordó en su posicionamiento que en 2017 una contrarreforma impulsada por el PAN y respaldada por fuerzas del antiguo régimen debilitó los derechos de las audiencias. El partido agregó que en 2022 la SCJN invalidó ese decreto.

Para el partido, la apertura de la consulta pública prueba que no existe imposición. En su comunicado sostuvo que audiencias, concesionarios, radios comunitarias, academia, organizaciones civiles y ciudadanía pueden presentar observaciones antes de que se emitan los lineamientos definitivos.

Jorge Romero, presidente nacional del PAN advirtió este 2 de agosto que un eventual control del gobierno sobre las redes sociales sería, a su juicio, parte de una ruta autoritaria de Morena para concentrar poder, silenciar críticas y controlar la conversación pública en México.

En un comunicado, el dirigente nacional del PAN sostuvo que la regulación de delitos digitales no debe convertirse en una vía para censurar opiniones, retirar contenidos críticos ni perseguir a quienes cuestionan al poder.

El PAN vinculó ese señalamiento con lo que describió como una secuencia política más amplia: ataques a organismos autónomos, debilitamiento del Poder Judicial y descalificaciones cotidianas contra periodistas y opositores desde la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Su argumento central fue que permitir a la autoridad definir de manera unilateral qué información es verdadera, falsa o inconveniente abriría la puerta a un uso político y discrecional de la ley.

“Una cosa es proteger a las personas frente a fraudes, violencia y delitos digitales, y otra muy distinta darle al gobierno la facultad de decidir qué puede publicarse, qué debe eliminarse y quién tiene derecho a ser escuchado”, afirmó Romero Herrera en el boletín difundido por el PAN.

Romero acusa que la regulación digital podría usarse para censurar críticas

En el documento, el dirigente partidista reconoció que en el entorno digital existen riesgos y delitos que deben atenderse, en particular los que afectan a niñas, niños y adolescentes. Aun así, planteó que ninguna regulación puede usarse para censurar opiniones ni para retirar contenidos por su tono crítico hacia el gobierno.

El panista sostuvo que el intento de controlar redes sociales “no es un hecho aislado”, sino una acción más dentro de una ruta para concentrar el poder, debilitar contrapesos y reducir espacios desde los cuales la ciudadanía puede cuestionar al gobierno. En esa misma línea, afirmó que la censura sería una pieza adicional de un proyecto con el que, dijo, Morena buscaría completar una dictadura.

“Primero atacaron a los organismos autónomos, después debilitaron al Poder Judicial, todos los días desacreditan a periodistas y opositores desde la mañanera y ahora pretenden controlar lo que los mexicanos dicen en las redes sociales”, señaló.

Luego añadió: “La censura es una pieza más del proyecto de Morena para completar una dictadura en la que el gobierno decida qué se puede decir, quién puede expresarse y cuál debe ser la única versión de la realidad”.

Romero también sostuvo que el gobierno “no puede ser juez y parte”. Según su postura, no debe imponer su propia versión de los hechos y después usar el aparato del Estado para desacreditar, perseguir o silenciar a quienes piensan distinto.

El PAN señala la mañanera de Claudia Sheinbaum como ejemplo de descalificación sin réplica

Como ejemplo de ese ejercicio de poder, el dirigente mencionó la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Afirmó que desde ese espacio se desacredita a periodistas, ciudadanos y opositores con información presentada por el propio gobierno, sin condiciones equivalentes para que las personas señaladas ejerzan su derecho de réplica.

“La mañanera se ha convertido en un tribunal político sin derecho de réplica. Desde el poder se acusa, se descalifica y se pretende imponer una verdad oficial. Ese no es el comportamiento de un gobierno democrático que respeta las libertades”, expresó.

El líder de Acción Nacional dijo además que México comenzaría a recorrer una ruta parecida a la de países donde, según su descripción, primero se desacreditó a la prensa, después se controlaron los medios y las redes sociales, y al final se limitó el derecho de la ciudadanía a expresarse.

En su planteamiento, la pérdida de la libertad de expresión no ocurre de un día para otro, sino cuando se normaliza la descalificación, se castiga la crítica y el gobierno pretende decidir qué pueden decir las personas y qué información tienen derecho a conocer.

Al cierre del comunicado, Romero reiteró que su partido defenderá la libertad de expresión, el derecho a la información y el acceso libre a las plataformas digitales. También ofreció respaldo a periodistas, creadores de contenido y ciudadanos para cuestionar al poder sin miedo a represalias.

“México no necesita un gobierno que controle las redes sociales ni una autoridad que determine cuál es la única verdad permitida. La democracia necesita ciudadanos libres, instituciones fuertes y voces que puedan cuestionar al poder. El PAN estará siempre del lado de esas libertades”, concluyó.

En su mensaje, el funcionario exhibió el documento con la solicitud; el priista aseguró que la molestia del partido oficialista radica fundamentalmente en dos acciones suyas:

• Oposición a la censura mediática: Su rechazo a un reglamento que, según sus palabras, busca evitar que los medios de comunicación “digan la verdad” y pretende censurar a periodistas, comunicadores y empresarios de la radio y la televisión.
• Defensa de Alejandro Moreno: Su protesta contra una resolución del instituto que censura las declaraciones de Alejandro Moreno Cárdenas, líder opositor.

Amparo constitucional y desafío al INE

Moreira envió un mensaje directo a los integrantes del INE y a los miembros de Morena, advirtiéndoles que sus expresiones están protegidas por la ley.

“Mis dichos están amparados en el artículo 61 de la Constitución General de la República y también en resoluciones de cortes internacionales y de organismos internacionales. Los hago en ejercicio de mis atribuciones, representando a mis electores”.

El legislador dejó en claro que no se dejará intimidar, negando la existencia de “complots” y afirmando que continuará expresando sus inconformidades en pleno ejercicio de sus obligaciones y derechos constitucionales.

Acusaciones de autoritarismo y los miedos de Morena rumbo a 2027

El coordinador del PRI no escatimó en adjetivos contra Morena, calificándolos de “farsantes” y “estalinistas”. Atribuyó esta “andanada de censura” a los malos resultados del gobierno y al temor electoral.

Según Moreira, el partido en oficialista está fracasando en materia de seguridad, economía, salud, educación y relaciones internacionales, lo que les ha provocado “un enorme miedo de perder en el 27 (elecciones del 2027)”.

El diputado lanzó una alerta a la ciudadanía para que reflexione sobre estos actos, pues advirtió que la censura que hoy intentan aplicar contra políticos opositores, mañana podrían ejercerla contra cualquier ciudadano.

También, aseguró que Morena es un partido que “nos lleva a la dictadura”, describiéndolo como una “pandilla de fanáticos” y de personas deshonestas que buscan perpetuarse en el poder.

“Defendamos la libertad, viva la libertad y me voy a defender. Mis redes seguirán siendo un espacio de libertad”, concluyó el legislador, anunciando que procedería a contestar el recurso legal en su contra.

Estas declaraciones surgen bajo el contexto donde el INE prohibió al líder nacional del Tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, llamar “narcopartido” a Morena, como parte de esta medida, el organismo ordenó retirar de sus redes sociales publicaciones donde utilice esa palabra para dirigirse al partido guinda. Ante esto, Moreno Cárdenas hizo un llamado a los partidos opositores a aliarse para competir en las elecciones 2027 y adelantó que impugnará la resolución.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró la decisión del iNE, durante su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo, del pasado 30 de julio.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los recientes lineamientos en materia de derechos de las audiencias no representan sanciones para periodistas ni implican censura los contenidos, por lo que mantuvo su postura de que el objetivo es fortalecer el acceso a la información y proteger el derecho de las audiencias, sin afectar la labor informativa de los comunicadores.

Durante su conferencia de prensa matutina de este viernes 31 de julio, la mandataria reiteró que su gobierno no busca censurar al regular los lineamientos para el derecho de las audiencias, por el contrario, las medidas propuestas están enfocadas en el cumplimiento de obligaciones administrativas, como la designación de defensores de las audiencias en las empresas de radio y televisión.

“De ninguna manera tiene que ver con un comunicador, con sancionar a un comunicador o sancionar por el contenido de la comunicación. Por eso no tiene nada que ver con censura, sino sencillamente con el derecho de las audiencias al derecho a la información”, declaró la mandataria.

Sheinbaum respondió a cuestionamientos sobre la posibilidad de que los recientes lineamientos derivados de la Ley de Telecomunicaciones puedan vulnerar la seguridad de los periodistas. Enfatizó que la regulación no implica ningún tipo de censura ni sanción sobre el trabajo periodístico o el contenido informativo.

Sheinbaum precisó que las sanciones contempladas en los lineamientos solo aplican para el caso de que las empresas de radio y televisión no nombren un defensor de las audiencias, figura obligatoria establecida en la norma. “Las sanciones no tienen nada que ver con el contenido de la comunicación, sino sobre las acciones que tienen que llevar a cabo, como el nombramiento de un defensor de las audiencias. Esto tiene que quedar claro”, explicó la presidenta.

La mandataria subrayó que el proceso se realiza de forma transparente y abierta: “Por fortuna, está abierto a consulta pública, que es la manera en que opera la Comisión para que puedan hacerse estas especificaciones”.

Consulta pública y debate por los derechos de las audiencias

El Gobierno de México abrió formalmente una consulta pública para recibir opiniones sobre los lineamientos propuestos en materia de derechos de las audiencias. Los principales puntos de la normativa exigen que las empresas de radio y televisión designen a una figura responsable de velar por los derechos de sus públicos, así como la posibilidad de establecer sanciones en caso de incumplimiento administrativo.

Diversos actores del sector, como la Alianza de Medios MX, han manifestado inquietudes sobre posibles riesgos de afectación a la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, alertando sobre la importancia de que los lineamientos no sean utilizados para limitar la labor de los medios.

Ante estos señalamientos, el Gobierno de México reiteró, en diferentes espacios, que la regulación en discusión no pretende censurar a comunicadores ni restringir el contenido informativo, sino garantizar el derecho de las audiencias a recibir información veraz y oportuna.

Las autoridades rusas incluyeron este jueves a Pável Dúrov, el fundador del servicio de mensajería Telegram, en el registro de extremistas y terroristas tras ser declarado la víspera en busca y captura.

Dúrov, de 41 años y nacido en San Petersburgo, apareció hoy en la lista que gestiona Rosfinmonitoring, el supervisor financiero ruso. La inclusión supone para el afectado la congelación automática de sus activos en territorio ruso, además de impedirle presentarse a elecciones, entre otras restricciones.

Posible cadena perpetua por “cooperación con el terrorismo”

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) declaró el miércoles en busca y captura a Dúrov, que reside en el extranjero, por “cooperación con el terrorismo”.

“No eliminó numerosos canales, chats y bots de la aplicación utilizados activamente por las agencias de inteligencia ucranianas, organizaciones extremistas y terroristas para organizar y coordinar sabotajes y atentados terroristas, asesinatos en masa y fraude cibernético en Rusia”, denunció el organismo de seguridad.

El FSB acusó además a los servicios de inteligencia ucranianos de usar un popular chatbot de citas dentro de Telegram, conocido como Daivinchik o Leo-Dating, con 13,6 millones de usuarios mensuales, para atraer y reclutar rusos con fines de sabotaje y terrorismo, y aseguró que 46 usuarios de esa aplicación, de entre 12 y 22 años, fueron detenidos en distintos puntos del país durante el último año por agredir a agentes de la ley, incendios intencionales y otros delitos. De ser condenado, Dúrov podría enfrentar hasta cadena perpetua.

El antecedente en Francia

Las acusaciones tuvieron lugar justo después de que el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, criticara a Telegram por el escaso interés mostrado en su diálogo con las autoridades rusas. Los juristas consultados por los medios oficiales creen que Moscú podría solicitar la extradición del empresario, quien ya fue detenido en Francia en agosto de 2024 durante cuatro días, acusado de que su plataforma era utilizada para actividades ilícitas como el narcotráfico y la distribución de material de abuso sexual infantil, y liberado bajo una fianza de 5 millones de euros.

En su momento, el presidente ruso, Vladímir Putin, calificó de “selectiva” la actuación francesa, al argumentar que numerosos países, incluida Rusia, habían expresado preocupaciones similares sobre el uso de Telegram, y que “todas las plataformas de este tipo son culpables de ello”.

Dúrov llamó a la resistencia digital cuando las autoridades rusas comenzaron a bloquear hace unos meses las redes sociales por no eliminar contenidos prohibidos —también WhatsApp— y ralentizar internet en todo el país con la excusa de las amenazas de drones ucranianos. Respondió a las acusaciones del FSB publicando una imagen de sí mismo haciendo un gesto obsceno con el dedo medio en la cuenta oficial de Telegram en X.

Control de internet de cara a las elecciones

El endurecimiento de las medidas adoptadas por las fuerzas de seguridad para el control sobre internet es uno de los motivos del desplome en los sondeos de la popularidad del presidente ruso, en momentos en que el Kremlin se prepara para las elecciones parlamentarias de septiembre, en medio de un creciente cansancio social por la guerra en Ucrania, que ya lleva cuatro años, y sus consecuencias económicas.

Telegram, plataforma fundada en 2013 por Dúrov y su hermano Nikolái, cuenta con más de mil millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo y ha sido bloqueada en países como Irán y multada por gobiernos occidentales.

Nacido en Leningrado —hoy San Petersburgo— y con ciudadanía también en Francia, los Emiratos Árabes Unidos y San Cristóbal y Nieves, Dúrov fundó en 2006, junto a su hermano, VKontakte, la mayor red social de Rusia, de la que terminó siendo desplazado tras las protestas antigubernamentales de 2011 y 2012. Según Forbes, su patrimonio asciende a 6.600 millones de dólares.

El Gobierno de México abrió una consulta pública para definir los lineamientos que regularán los contenidos de radio y televisión, una propuesta que ha encendido el debate entre autoridades, concesionarios y organizaciones de defensa de la libertad de expresión. El proyecto obligaría a los medios electrónicos a distinguir entre noticias, opiniones y publicidad, designar un defensor de las audiencias y adoptar un código de ética, además de prever multas para quienes incumplan las nuevas reglas.

El anteproyecto se publica en un momento en que las agresiones contra la prensa en México registran cifras récord. El informe “Estructuras del silencio” de Artículo 19, publicado en mayo de 2026, documentó 451 agresiones contra periodistas durante 2025, una cada 19 horas. Los casos de abuso del poder público pasaron de 114 en 2024 a 153 en 2025, un alza de 7.3%, y en el 73.9% de esos procesos quien los promovió fue un funcionario público o candidato de partido.

Es en ese escenario donde el gobierno de Claudia Sheinbaum presenta una regulación que, según sus promotores, busca proteger a las audiencias, pero que para sus críticos abre la puerta a que el Estado decida qué se puede y qué no se puede decir en radio y televisión. Estas son las seis claves para entender el debate.

1. Una batalla de décadas

Los derechos de las audiencias no son una invención del gobierno de Claudia Sheinbaum. Su historia en México arranca en 2013, cuando se incorporaron al artículo 6 de la Constitución como garantía para quienes reciben contenidos de radio y televisión. Un año después, en 2014, la Ley Federal de Telecomunicaciones los desarrolló con mayor precisión.

En 2017, una contrarreforma impulsada por el PAN los eliminó de la legislación secundaria. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró en 2022 que esa contrarreforma era inconstitucional y representaba un retroceso. Fue hasta julio de 2025 que el Congreso aprobó una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que los recuperó y los amplió.

Esa ley ordenó a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) emitir lineamientos para hacer exigibles esos derechos. La CRT sustituyó al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que era un órgano autónomo constitucional cuyas decisiones no dependían del Ejecutivo. A diferencia del IFT, la CRT está adscrita a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que depende del gobierno federal.

Es ese organismo el que elaboró los lineamientos, el que recibirá las observaciones de la consulta y el que, en última instancia, podrá sancionar a los medios que no cumplan.

El anteproyecto fue publicado el 24 de julio y la consejera jurídica de la Presidencia Luisa María Alcalde lo presentó en la conferencia mañanera del 28 de julio.

2. Qué le exige concretamente la regulación a radio y televisión

Los lineamientos aplican a concesionarios de televisión abierta, radio, televisión y audio de paga, y empresas programadoras, tanto comerciales como públicas y sociales. La prensa escrita, los portales digitales y las redes sociales quedan fuera, por ahora.

Las obligaciones son concretas. Cada medio debe publicar un código de ética que incluya sus criterios editoriales, los mecanismos para designar a su defensor de audiencias y el procedimiento para recibir quejas.

Debe nombrar al menos una persona defensora de las audiencias, que actúe con imparcialidad e independencia y sin conflictos de interés. En el caso de radios y televisoras comunitarias, indígenas o afromexicanas, esa persona debe provenir de la misma comunidad.

Los medios también deben distinguir con claridad —mediante plecas, cortinillas o mensajes en pantalla— cuándo transmiten una noticia, cuándo una opinión y cuándo publicidad.

Deben garantizar el derecho de réplica cuando alguien considere que se difundió información falsa o inexacta sobre su persona. Y, finalmente, deben incorporar medidas de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva.

3. Cómo funciona el mecanismo de quejas, paso a paso

El proceso tiene tres escalones y está diseñado, en teoría, para privilegiar la autorregulación antes que la sanción. Cualquier persona puede presentar una queja ante la defensoría del propio medio. La defensoría solicita un informe al concesionario, analiza si hubo una vulneración a los derechos de las audiencias y emite una recomendación en un plazo máximo de 20 días.

Si el medio ignora esa recomendación, el caso sube a la CRT. La Comisión puede intervenir y, en casos que califique como extremos, imponer sanciones económicas. Las multas van del 0.01% al 1% de los ingresos anuales del concesionario. Para una estación grande, el 1% puede representar una cifra millonaria.

Sheinbaum insistió en que las multas son “la última instancia” y que el objetivo real es la autorregulación. “Desde mi perspectiva, no se trata de multar, no es estar multando el objetivo. Es en realidad un proceso de autorregulación del medio, porque el medio nombra a su propio regulador o defensor de audiencias”, dijo la presidenta en su conferencia mañanera.

En esa misma conferencia resumió el propósito de los lineamientos en una frase: el objetivo es “que no haya mentiras” en los medios de comunicación.

4. La pregunta que nadie ha respondido: ¿quién decide qué es mentira?

Los lineamientos obligan a los medios a no difundir “información falsa, descontextualizada o histórica presentada como actual”. Esa frase es el centro del debate.

El gobierno no ha explicado con precisión quién determina cuándo una información cumple esa definición ni bajo qué criterios.

La abogada Mariana Calderón Arámburu, experta en derecho electoral y derechos humanos, advirtió en entrevista con Expansión Política que los lineamientos dejan en manos de la autoridad decidir dónde termina la noticia y dónde comienza la opinión.

Señaló que en la práctica periodística cotidiana los hechos suelen ir acompañados de contexto, análisis e interpretación, y que separar ambos elementos de forma absoluta resulta imposible.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de Artículo 19, fue más directa en sus declaraciones: “Lo que es preocupante es que se esté intentando justificar esta intervención en el flujo informativo, en el trabajo de las líneas editoriales, como si fuera derecho de las audiencias, porque esto no beneficia a las audiencias.”

Irene Levy, fundadora de Observatel, organización civil que estudia la evolución de las telecomunicaciones, sostuvo ante ese mismo medio que el proyecto excede la función regulatoria al crear facultades, procedimientos, sujetos obligados y consecuencias sancionatorias que no están contemplados en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

5. Quiénes se oponen, qué argumentan y por qué las objeciones van más allá de la política

Las críticas no vienen únicamente de la oposición partidista. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, que agrupa a más de 1,200 estaciones afiliadas, respaldó el objetivo de proteger audiencias pero presentó un comunicado con objeciones técnicas puntuales.

La CIRT advierte que los lineamientos son ambiguos y dan margen a la discrecionalidad del gobierno, que el proyecto permite a la autoridad definir qué es información falsa o descontextualizada, que el defensor de audiencias quedaría subordinado a la CRT mediante un “recurso de inconformidad” que permitiría al gobierno revisar todas sus decisiones, que las sanciones son desproporcionadas respecto a lo que la ley autoriza, y que la posibilidad de presentar quejas anónimas puede convertirse en un mecanismo de presión contra comunicadores y periodistas a través de denuncias falsas o coordinadas.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) emitió un comunicado el 28 de julio en el que sostuvo que la propuesta vulnera directamente el artículo 6 constitucional.

“Someter la labor informativa a criterios burocráticos e interpretaciones discrecionales del gobierno no solo desincentiva el periodismo de investigación y fomenta la autocensura, sino que transgrede la neutralidad institucional, debilitando el equilibrio de poderes y convirtiendo a la regulación informativa en un instrumento de fiscalización y control político”, señaló la asociación en su documento.

Desde la oposición, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, acusó que los lineamientos pueden derivar incluso en suspensiones precautorias de transmisiones y que el gobierno pretende decidir qué información puede considerarse falsa o fuera de contexto.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, pidió que la consulta garantice que la protección de audiencias no se convierta en un mecanismo para limitar la libertad editorial. López Rabadán planteó además una pregunta que el gobierno no ha respondido: los lineamientos deberán establecer con claridad bajo qué criterio se clasifican las conferencias mañaneras cuando son transmitidas por medios públicos, si son noticia, opinión o publicidad gubernamental, y cuáles serán las reglas aplicables a esos espacios.

El diputado de Morena, Ricardo Monreal, salió en defensa de la presidenta y sostuvo que solicitar veracidad a los medios no representa censura.

Afirmó que Sheinbaum enfrenta “una embestida mediática impresionante” todos los días en redes sociales, plataformas y medios de comunicación, y que es “de las presidentas más atacadas en la historia de México”. Reconoció, sin embargo, que aún no conoce el contenido final de los lineamientos. “Aún no los conocemos, no se han concluido”, dijo en conferencia de prensa.

6. El debate que viene: prensa escrita, plataformas digitales y las mañaneras

Sheinbaum abrió una puerta que generó alarma adicional. Durante la presentación de los lineamientos señaló que en el futuro podría analizarse si la regulación debe extenderse a la prensa escrita y a las plataformas digitales.

“Tendría, en todo caso, que revisarse si es necesario o no, o las plataformas también no están en esta regulación, y que son temas que están también a discusión de la sociedad”, dijo la mandataria.

El relator especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU Leopoldo Maldonado advirtió en julio, antes de que se publicaran los lineamientos, que las agresiones contra periodistas en México “se han diversificado”: siguen los asesinatos —siete en el primer semestre de 2026—, pero creció el hostigamiento público, la descalificación y el acoso judicial. México acumula 178 periodistas asesinados desde el año 2000, según datos de esa organización.

La consulta pública cierra el 21 de agosto de 2026. Ciudadanos, concesionarios, académicos y organizaciones civiles pueden presentar observaciones en el portal portal.crt.gob.mx/consultapublica.

No hay fecha establecida para la entrada en vigor de la versión definitiva de los lineamientos.

En medio de la ola de críticas del PRI y otros sectores de oposición, el diputado de Morena, Arturo Ávila, salió a defender los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias y aseguró que las acusaciones de censura forman parte de una “narrativa” construida en contra del movimiento.

“¿Quién podría estar en contra de la información falsa?”

Ávila cuestionó de forma directa a quienes se oponen a los lineamientos, al preguntar quién podría estar en desacuerdo con no difundir información falsa. Señaló que entre los críticos están el PRI, el PAN y algunos medios de comunicación, a quienes acusó de intentar “construir una narrativa” contraria al gobierno.

Distinguir noticia, opinión y publicidad

El legislador defendió punto por punto el contenido de los lineamientos:

• La obligación de distinguir entre noticia y opinión mediante plecas o menciones en pantalla, práctica que —dijo— ya realizan los periódicos en sus secciones editoriales.
• La separación entre publicidad y contenido, para evitar que la publicidad pagada se presente como información editorial.
• Medidas de accesibilidad para personas con discapacidad visual o auditiva, mediante representaciones visuales y otros recursos.

Para Ávila, ninguno de estos puntos representa una restricción a la libertad de expresión, sino una ampliación de los derechos de las audiencias.

“No hay censura”: la defensa de la autorregulación

El diputado insistió en que “no hay censura” y explicó que el mecanismo previsto es de autorregulación: cada medio de comunicación deberá designar a su propio defensor de la audiencia, quien será el primer punto de contacto para recibir quejas.

De acuerdo con Ávila, este defensor —elegido por el propio medio— será quien determine si existió una noticia falsa, si una opinión se presentó como tal, o si corresponde un derecho de réplica. En ese caso, el defensor emitirá una recomendación al medio, que deberá corregir conforme a lo que marca la ley.

Ávila explicó que únicamente si el medio no corrige después de la recomendación, el caso avanzaría a un proceso administrativo.

El contraste con las críticas de oposición

La postura de Ávila contrasta con la de dirigentes del PRI, como Alejandro Moreno y Rubén Moreira, quienes calificaron los lineamientos como una amenaza a la libertad de expresión y advirtieron sobre una posible concentración de facultades en manos de una autoridad administrativa.

Mientras la oposición insiste en que el proyecto abre la puerta a que el gobierno determine qué contenidos son falsos o incorrectos, la bancada de Morena sostiene que el mecanismo respeta la autorregulación de los medios y que la intervención estatal solo ocurriría ante un incumplimiento comprobado.

La discusión sobre los lineamientos continúa, con posiciones marcadamente opuestas entre el oficialismo y los partidos de oposición sobre sus alcances reales.

Ciudad de México, 29 de julio de 2026.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se pronunció en contra de los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, al considerar que la propuesta otorga facultades excesivas a una autoridad administrativa y representa, según el partido, un riesgo para la libertad de expresión en el país.

“No se pide ni se negocia”: Alejandro Moreno

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno (@alitomorenoc), calificó la libertad de expresión como un derecho que “no se pide y no se negocia”. A través de sus redes sociales, el líder priista llamó a no permitir que se censure a los medios de comunicación y acusó al gobierno de Morena de buscar controlar la conversación pública.

Moreira: “Morena va por la dictadura”

Por su parte, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, difundió un pronunciamiento en el que advirtió que la discusión sobre los lineamientos “no puede reducirse a un asunto administrativo”, pues modifica el equilibrio entre el Estado, los medios y la ciudadanía.

Entre los puntos que el legislador señaló como preocupantes:

• La posibilidad de que una autoridad administrativa determine qué contenidos son “falsos” o “descontextualizados”.
• La transformación de los códigos de ética de los medios, actualmente de autorregulación, en instrumentos sujetos a sanción estatal.
• El debilitamiento de la independencia de las defensorías de las audiencias.
• La creación de mecanismos para que una autoridad revise las decisiones de dichas defensorías.
• Sanciones que, a su juicio, resultarían desproporcionadas.

Moreira sostuvo que estas medidas abren la pregunta de quién decidirá finalmente qué información puede difundirse, y advirtió que los procedimientos de queja podrían usarse como mecanismo de presión contra periodistas.

Un mensaje también en video

El PRI acompañó su postura con un video en el que se advierte que el país se encuentra “al borde de la dictadura” y se afirma que el gobierno busca regular lo que se difunde en radio, televisión y redes sociales, bajo el argumento de proteger a las audiencias. El material también señala presuntas presiones contra concesionarios y periodistas mediante multas o cancelación de concesiones.

Contexto de la disputa

El pronunciamiento se suma a una serie de críticas de la oposición hacia las políticas del gobierno federal en materia de comunicación y medios. El PRI ha calificado en repetidas ocasiones al gobierno de Morena de autoritario, mientras que el oficialismo ha defendido sus propuestas regulatorias como mecanismos para proteger los derechos de las audiencias frente a la desinformación.

Hasta el momento, el gobierno federal no ha respondido públicamente a las declaraciones más recientes del PRI sobre este tema. La discusión sobre los lineamientos continúa en el debate público, con posiciones encontradas entre el oficialismo y los partidos de oposición.

Rusia anunció este miércoles que busca la detención del fundador de Telegram, Pável Dúrov, sobre la base de acusaciones de “complicidad con el terrorismo”, alegando que permitió que la plataforma fuera utilizada para el reclutamiento por parte de los servicios de seguridad de Ucrania.

Dúrov, nacido en Rusia, es un empresario tecnológico serial que vive fuera del país desde hace años y posee pasaportes francés y de los Emiratos Árabes Unidos. Ha chocado con frecuencia con las autoridades rusas a medida que Moscú endureció su control sobre internet.

Su mensajería Telegram es una de las principales plataformas de comunicación del país, y las autoridades han intentado en reiteradas ocasiones bloquear el acceso o frenar su éxito, en un intento por presionar a Dúrov para que entregue datos de usuarios o empujar a los rusos a usar una alternativa estatal sin cifrado.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) informó que había iniciado un proceso de búsqueda internacional contra Dúrov, quien también es el director ejecutivo de Telegram. “Se emitió un aviso de búsqueda internacional... para el jefe de la administración de Telegram, P. Dúrov”, indicó en un comunicado. No estaba claro qué tipo de notificación de búsqueda había emitido Rusia ni si otros países u organismos de aplicación de la ley la aceptarían o cumplirían con ella.

La guerra en las redes sociales

Moscú suele acusar a sus enemigos políticos de apoyar el “terrorismo” o el “extremismo”, incluidos aquellos que abandonaron el país. El FSB alegó que Telegram había sido utilizado como plataforma de reclutamiento para los servicios de seguridad ucranianos que buscaban coaccionar a ciudadanos rusos para cometer actos de sabotaje, y que Dúrov no había eliminado “información prohibida”. Rusia y Ucrania se han acusado mutuamente de usar redes sociales para reclutar personas que los apoyen en la guerra que ya lleva cuatro años y medio.

Dúrov, de 41 años, vive en Francia, donde también ha enfrentado problemas legales por acusaciones relacionadas con la difusión de contenido ilegal en Telegram.

Nacido en San Petersburgo —la ciudad natal del presidente Vladímir Putin—, Dúrov fundó VKontakte, una red social ampliamente conocida como “el Facebook ruso”. Fue prácticamente expulsado de la compañía cuando esta quedó bajo presión de las autoridades a mediados de la década de 2010, y fundó Telegram, una plataforma de redes sociales y mensajería privada.

Telegram se convirtió rápidamente en uno de los servicios online más usados en Rusia y logró frustrar con facilidad un intento de años por parte de las autoridades de internet de Moscú para bloquear el acceso dentro del país. Dúrov no realizó comentarios inmediatos sobre las acusaciones del FSB.

Este año, la red social VKontakte —hoy controlada por el Estado y conocida como VK— ha estado impulsando la mensajería respaldada por el gobierno, Max, instando a los rusos a abandonar Telegram y WhatsApp. Dúrov ha criticado esa plataforma calificándola de “una aplicación controlada por el Estado, construida para la vigilancia y la censura política”.

“Nosotros creemos que es mejor promover y concientizar. Si prohíbes, de todas maneras se va a seguir escuchando”, sostuvo la mandataria.

Durante la conferencia matutina de este jueves, la mandataria respondió a una pregunta sobre las medidas que diversos estados y municipios han adoptado para impedir la presentación pública de artistas cuyas canciones hacen referencia al crimen organizado, la violencia, el consumo de drogas o la misoginia. En ese contexto, explicó que esas decisiones corresponden a las autoridades locales y no forman parte de una política impulsada por el gobierno federal.

La titular del Ejecutivo federal sostuvo que, aunque respeta las facultades de las entidades para decidir sobre espectáculos públicos, la estrategia de su administración busca privilegiar la prevención mediante la educación y la promoción de valores, especialmente entre niñas, niños y jóvenes.

Cada estado puede decidir si prohíbe conciertos con apología al delito

Sheinbaum reiteró que las prohibiciones aprobadas en algunas entidades del país se refieren principalmente a la realización de conciertos o presentaciones públicas de grupos musicales que interpretan canciones con apología al delito.

En ese sentido, señaló que la educación representa una herramienta más efectiva para generar cambios culturales y sociales que una prohibición expresa. Agregó que corresponde a las familias, las escuelas y las instituciones contribuir a que las nuevas generaciones desarrollen un pensamiento crítico frente a los mensajes que promueven la violencia.

No obstante, reconoció que cada entidad federativa cuenta con autonomía para establecer sus propias disposiciones legales, por lo que los gobiernos estatales pueden emitir reglamentos o decretos para restringir este tipo de espectáculos dentro de su territorio.

Salud de las infancias, excepción a la regla

Durante su respuesta, Claudia Sheinbaum también explicó que existen situaciones en las que el Estado sí debe establecer límites mediante regulaciones, particularmente cuando se trata de proteger la salud de la población.

Como ejemplo, mencionó la prohibición de vender y consumir comida chatarra y dulces dentro de las escuelas, una medida impulsada por el gobierno federal para disminuir enfermedades como la diabetes, la hipertensión y otros problemas asociados con la mala alimentación infantil.

“Hay otros temas en donde sí ponemos límites. Por ejemplo, el consumo de dulces en las escuelas, porque es un daño muy grave a la salud”, enfatizó.

La mandataria señaló que fuera del entorno escolar corresponde a madres y padres de familia decidir sobre la alimentación de sus hijos; sin embargo, sostuvo que el Estado tiene la obligación de proteger la salud de niñas y niños en los espacios educativos.

Asimismo, indicó que otro tema que actualmente se encuentra en discusión es la posible regulación del uso de teléfonos celulares y redes sociales dentro de las escuelas. Consideró que se trata de un debate pertinente debido al impacto que estas herramientas pueden tener en el desarrollo y bienestar de los estudiantes.

Con estos ejemplos, la presidenta buscó diferenciar aquellas políticas públicas que buscan prevenir riesgos directos para la salud o el desarrollo de la infancia de aquellas relacionadas con el consumo de contenidos culturales o musicales, donde su gobierno considera más adecuada una estrategia basada en la educación.

CDMX también prohíbe narcocorridos

Aunque el Gobierno de México no contempla una prohibición nacional, la Ciudad de México forma parte de las entidades que han endurecido las restricciones contra la apología del delito en espacios públicos.

En mayo de este año, el Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad una reforma para prohibir la interpretación o difusión de contenidos que hagan apología del delito durante espectáculos públicos y en planteles educativos. La modificación incluyó cambios a la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.

Con esta reforma, ya no podrán autorizarse conciertos, festivales, ferias, palenques ni otros eventos masivos organizados en espacios públicos donde se promueva o glorifique a grupos delictivos o se exalte la violencia como una forma de vida. Además, las autoridades educativas deberán evitar la difusión de contenidos que normalicen el crimen organizado dentro de las escuelas.

Los legisladores que impulsaron la iniciativa señalaron que el objetivo no es censurar expresiones artísticas, sino evitar que los espacios públicos financiados o regulados por el Estado sirvan para difundir mensajes que promuevan la violencia.

La medida se suma a acciones similares implementadas en otras entidades del país, donde las autoridades locales han optado por restringir las presentaciones de artistas vinculados con los narcocorridos, mientras el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum mantiene una postura basada en la educación y la concientización antes que en una prohibición de alcance nacional.

La editora y productora Maritza Aristizábal publicó una columna de opinión en La República con un enfoque que molestó al presidente Gustavo Petro. En el texto, la columnista aseguró que, ahora que se acerca el cambio de Gobierno (7 de agosto de 2026), se debe optar por “silenciar” al saliente mandatario, sin que eso implique una censura.

“Es hora de “silenciar” a Petro. No censurarlo: ignorarlo. Bajarle el volumen a teorías, conspiraciones y paranoias. Durante 4 años fue escuchado y validado como presidente”, aseveró.

El presidente Petro reaccionó a la columna de Aristizábal a través de una larga publicación que hizo en su cuenta de X. En ella, aseguró que en su trayectoria política han aparecido personas que buscan silenciarlo e impedir que sus declaraciones sean tenidas en cuenta.

De acuerdo con el jefe de Estado, siendo senador de la República y presidente, se ha dedicado a denunciar irregularidades y tomar decisiones que han incomodado a algunos. Por eso, “quieren que desaparezca”.

“Siempre me han querido callar y censurar porque temen mi palabra sea escrita sea hablada. Así fue cuando hice los debates de Banpacífico y la urbanización en Guaymaral, miren lo que pasa hoy con la desvalorización de costosas propiedades en Chía y norte de Bogotá. Fue así cuando hice el debate del narcoparamilitarismo y la toma de la cúpula de la fiscalía de Luis Camilo Osorio”, precisó.

Según el jefe de Estado, el ex fiscal General de la Nación no fue hallado responsable de ningún crimen, pero, según testimonios de algunos paramilitares, funcionarios del ente acusador y del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) habrían estado involucrados en varios asesinatos. Afirmó que una de las personas a las que buscaban matar era él.

“Uno de los asesinables era yo y No me fui a tomar whisky con Castaño sino a defender mi vida y retarlo a la paz, el que los asesoró y muy mal, fueron otros entre ellos Abelardo y Lucio (sic)”, indicó.

De igual manera, recordó que, cuando fue congresista, denunció la existencia de una alianza entre los narcoparamilitares y algunos políticos regionales, que también financiaron sus campañas con dineros del tráfico de estupefacientes. Según detalló, todas las personas a las que denunció fueron privadas de la libertad, es decir, el 35% del Senado. “Me dijeron hasta payaso y me buscaron para asesinarme”, afirmó.

En su momento, también denunció interceptaciones que se hicieron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que tomaron decisiones sobre la situación jurídica de los congresistas que tenían nexos con el paramilitarismo. Junto con los togados, las comunicaciones del presidente Petro también fueron interceptadas de manera ilegal, a través del escolta del DAS que le había sido asignado.

“Seguían a mis hijos de 8 y 9 años de edad y a mi padre y esposa, y mi familia tuvo que desperdigarse por el mundo”, detalló.

Así las cosas, el primer mandatario advirtió que, con el cambio de administración, la cual será asumida por el presidente electo Abelardo de la Espriella, se buscaría adelantar una investigación en su contra y extraditarlo. El objetivo no sería precisamente que responda por presuntas actividades ilícitas; pretenderían silenciarlo. “Ahora sus herederos quieren que me extraditen para callarme. Cómo los vampiros no aguantan la luz de la verdad”, señaló.

Sobre su Gobierno, aseguró que siendo mandatario se atrevió a “cambiar muchas cosas” para favorecer a la ciudadanía, logrando que al menos siete millones de personas salieran de la pobreza y de la pobreza extrema, así como la reducción del hambre y la mejora en la calidad de vida de la población. También abrió universidades gratuitas y Colombia siguió creciendo a nivel de turismo.

Desde la perspectiva de Petro, la nueva administración no estaría interesada en brindar garantías a la ciudadanía. “Han regresado al poder pero usando lo peor de la sociedad colombiana con tal de no elevar salarios ni pagar pensiones y seguir haciendo negocios sobre el pueblo y con el dinero público, entonces quieren desaparecerme de la historia”, señaló.

Cuando se pierde la capacidad de establecer el debate, la autocrítica, o se vulneran los derechos de unos por la ideología de otros, se está frente a un sistema autoritario incompatible con la democracia. La Fundación MANADA (Madres de Niñas/os y Adolescentes con Disforia de Género Acelerada) representa a cientos de familias que padecen o padecieron las consecuencias de contenidos perturbadores e inapropiados en el marco de la ESI y peor aún, abordajes faltos de ética, de prudencia y cuidado ante niños y adolescentes que se auto perciben trans, infinidad de familias avasalladas por docentes e instituciones que traicionaron la confianza que depositamos a la hora de elegirlos para la instrucción escolar de nuestro mayor desvelo, nuestros hijos.

Podemos contar por decenas los casos de familias a las que un colegio “olvidó”, como si fuera un detalle menor, comunicarles que su hija o hijo, había solicitado que lo refieran con un nombre de fantasía y los padres se dieron por anoticiados con la llegada del boletín con un nombre ficticio, o que le permitan a una nena de 9 años, utilizar el baño de varones, o que en un quinto grado aparecieran penes de madera del tamaño de un varón adulto y de esa clase salieran las nenas descompuestas y asustadas, y un nene con una severa discapacidad motriz al que nadie tuvo el reparo de retirar del aula para que no se sintiera mortificado, y la lista continúa.

¿Amerita esto que se derogue la ESI? No, desde ya que no, entendemos que la educación sexual es necesaria, que inclusive antes de la ley era un tema que se brindaba en la escuela como parte fundamental del cuidado de la vida. Pero no se puede negar, que, en muchos casos, demasiados, se la contaminó con una ideología que no solo carece de sustento científico, como el hecho de desconocer que se nace solo mujer o varón, sino que es utilizada como bandera político partidaria, grave error: a las escuelas de todo el país concurren niños, no un botín político.

No existe bajeza mayor que la de utilizar a la niñez, la vejez, la salud o la pobreza como trampolín electoralista. Cuando un funcionario público tiene la sensatez, después de haber profundizado en las falencias de una ley vigente, de proponer corregirlas desde el debate, a partir de la escucha de la sociedad civil y de los mismos docentes que en su mayoría se ven obligados a aplicar —incluso contra su criterio— el material que les llega desde las distintas secretarías de educación, está haciendo su trabajo más allá de su opinión personal.

Nos alarman no solo como ciudadanos, también como padres, las amenazas y la censura que recibió una funcionaria del Gobierno de la Ciudad por parte de varios legisladores; nos preguntamos: si una funcionaria es víctima de esta barbarie, ¿qué nos espera a los ciudadanos de a pie? ¿Volvimos a los años 70 y nadie nos avisó? ¿O la dictadura woke se está instalando en el siguiente nivel y en breve tendremos iguales leyes que en Canadá?: marche preso por no permitir que hormonen o mutilen a una hija menor de edad, marche preso por decir que solo existen dos sexos, macho y hembra, de la especie humana. Describir una realidad biológica no es discurso de odio, en tal caso, sí lo es decirle a un niño o a un adolescente que nació siendo un error de la naturaleza, pero que no se preocupe, en 8 cirugías y 40 años de hormonas va a sentirse mejor y que quien opine lo contario no lo ama tal y como es. ¿En serio?, ¿de verdad estamos en este punto?

Señores legisladores, sus amenazas por carta documento, redes sociales y bancas, no solo son una vergüenza para la democracia que tanto nos costó a los argentinos, sino que, a través de sus actitudes de censura a la libertad de expresión, nos hacen revivir temores y traumas de un pasado al que nadie quiere volver, ¿o ustedes sí?

El libro Todo a la Luz, de la autora Karla de la Cuesta, podrá seguir distribuyéndose y comercializándose en México luego de que el Poder Judicial Federal confirmó el levantamiento definitivo de las medidas que restringían su publicación.

De acuerdo con la información difundida por la autora y la editorial Penguin Random House Mondadori, el sobreseimiento del amparo en revisión R.A. 145/2026 mantiene vigente la resolución que dejó sin efectos las medidas cautelares que impedían la circulación de la obra, por lo que el libro continuará disponible para el público.

La resolución mantiene la libre circulación del libro

La resolución judicial representa la conclusión del litigio relacionado con la publicación de Todo a la Luz y confirma que las restricciones impuestas previamente ya no tienen efectos legales.

Según el comunicado, el caso enfrentó a Karla de la Cuesta y a la editorial contra acciones promovidas para impedir la publicación del libro mediante medidas de carácter preventivo. Sin embargo, la determinación del Poder Judicial mantiene firme el criterio adoptado previamente en favor de la libertad de expresión y de publicación.

Libertad de expresión frente a intentos de censura previa

Las partes que difundieron la información sostuvieron que la resolución constituye un precedente en materia de libertad de expresión, al considerar improcedentes las restricciones previas para impedir la circulación de una obra editorial.

Asimismo, indicaron que el sobreseimiento del juicio de amparo deja firme el levantamiento de las medidas cautelares que habían sido decretadas durante el proceso, por lo que no existe impedimento legal para que el libro continúe distribuyéndose en librerías y otros canales de venta en el país.

Qué implica el sobreseimiento del amparo

En términos prácticos, la decisión judicial no modifica la situación actual de la publicación, sino que confirma que las medidas que buscaban frenar su circulación permanecen sin efectos.

La autora Karla de la Cuesta sostuvo que la resolución representa la conclusión de una batalla jurídica emprendida para defender el derecho a publicar la obra, mientras que la editorial reiteró que continuará con la distribución del libro conforme a la legislación vigente.

Editorial y Karla de la Cuesta mantienen la publicación

En el comunicado también se afirma que el fallo del Poder Judicial Federal privilegia la libertad de expresión frente a los intentos de censura previa, principio reconocido tanto por la Constitución mexicana como por diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

Las partes involucradas sostuvieron que la decisión reafirma que las restricciones preventivas para impedir la difusión de una publicación constituyen una medida excepcional y que, en este caso, las condiciones legales no justificaban mantener vigente la prohibición de circulación.

El libro seguirá disponible en México

Con ello, Todo a la Luz permanecerá disponible en el mercado editorial mexicano mientras no exista una resolución judicial que determine lo contrario en algún procedimiento distinto.

El pronunciamiento difundido por Karla de la Cuesta y Penguin Random House Mondadori concluye que la resolución confirma el estado jurídico definitivo del litigio respecto de las medidas cautelares, al mantenerse el levantamiento de las restricciones que impedían la publicación y distribución del libro, permitiendo así su libre circulación en todo el territorio nacional.

Mañana, 2 de julio, y hasta el 6 de septiembre, la muestra Ai Weiwei Button Up! abre en Aviva Studios de Manchester. Son obras de gran formato sobre guerra, censura, exilio y globalización.

La más importante, la instalación Eight-Nation Alliance Flags, reúne cuatro millones de botones comprados por el artista a A Brown & Co, una fábrica de botones de Croydon que cerró en 2019. Son 30 toneladas enviadas a China, donde se cosieron las banderas de los ocho países que invadieron el norte de China en 1900: Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Alemania, Japón, Rusia, Italia y el Imperio austrohúngaro.

A priori, impactante, pero la lectura que hace Laura Freeman en The New York Times sostiene que el despliegue monumental no logra traducirse en una experiencia emocional a la misma escala.

El título de la muestra juega con dos ideas. Alude a la necesidad de mantener la boca cerrada cuando cualquier palabra puede volverse en contra de quien habla y remite también a las piezas suspendidas en el espacio, colgadas desde lo alto como paños de gran escala.

Al ingresar al recinto aparece Teahouse, una instalación impregnada con aroma de té. La invitación a “venir a tomar una taza de té”, explica la crítica citada por el diario, funciona en China como una fórmula ambigua: puede ser cortesía, pero también la frase con la que la policía convoca a una persona a un interrogatorio.

Esa obra cambia de sentido cuando el visitante lee los textos que la acompañan. Allí se recountan la detención del artista y años de vigilancia policial intrusiva, un contexto que vuelve inquietante una escena inicialmente apacible.

Freeman describe la exhibición como una muestra “grande” en un espacio “grande” con temas también “grandes”: guerra, comercio, imperio, globalización, revolución cultural e industrial, verdad, justicia, censura, oficio y exilio. Para la crítica, esa amplitud temática termina por diluir parte de la fuerza de las piezas.

La otra obra que la crítica identifica como principal es un gran bote inflable repleto de figuras hechas con el mismo PVC de la embarcación. Ai Weiwei, que estuvo en Lesbos observando la llegada de embarcaciones, incluso algunas vacías tras muertes en el mar, plantea allí su rechazo a la crisis de refugiados.

La objeción de la reseña es que esa escultura reduce vidas humanas a la uniformidad visual de los chalecos salvavidas. El resultado, según la publicación, es una exposición “extrañamente fría”, con momentos de humanidad que no alcanzan a compensar la vaguedad que aparece cuando la obra aumenta de escala.

La crítica recuerda un antecedente del artista en Tate Modern: las semillas de girasol de porcelana modeladas y pintadas a mano, donde cada unidad permitía imaginar una historia individual. Frente a ese recuerdo, Button Up! le parece menos eficaz para conectar lo masivo con la experiencia personal.

También menciona un muro de ladrillos de Lego dispuesto para representar un arsenal histórico de bombas. Su tamaño impresiona, pero no conmueve, y esa elección material, añade, entra en tensión con la defensa del trabajo manual y artesanal que suele atravesar la producción del artista.

Entre las piezas que examina figura además una pila de jarrones de chinoiserie que narra los horrores de la guerra moderna en el lenguaje azul y blanco de la porcelana tradicional china. La reseña concede que la obra es ingeniosa, engañosa y bella.

Pero la valoración cambia con una araña de cristal de Murano construida con ramas y portavelas convertidos en un osario. En ese caso, el diario entiende que la pieza se acerca más a una escenografía efectista que a una forma de elaboración plástica del horror.

El recorrido está acompañado por extensos textos explicativos junto a cada obra. Para Freeman, esa necesidad de exposición verbal resulta persuasiva, pero también sugiere que las piezas no siempre consiguen hablar por sí mismas. La reseña publicada por The New York Times califica la muestra con dos estrellas sobre cinco. Ai Weiwei: Button Up! permanecerá en Manchester hasta el 6 de septiembre.

El Juzgado 47 Penal Municipal de Medellín falló que la suspensión de la presentación del libro “El M-19: De la guerra a la política” en la Biblioteca Pública Piloto constituyó un acto de censura y una vulneración de los derechos fundamentales a la libertad de expresión, acceso a la información y participación política.

El 21 de abril de 2026, la biblioteca de Medellín tenía previsto realizar la presentación de obra del académico Jaime Rafael Nieto López. El evento contaba con la participación de panelistas invitados y la organización de la Editorial Desde Abajo.

Horas antes del lanzamiento, el alcalde Federico Gutiérrez hizo pública en su cuenta oficial de X la decisión de cancelar la actividad, afirmando que en Medellín “nunca tendrá espacio la apología al terrorismo” y señalando que el evento tenía un “carácter evidentemente político”.

La cancelación se justificó por parte de la administración local bajo la Ley de Garantías, argumentando la supuesta existencia de proselitismo electoral. Sin embargo, según el juzgado, no se demostró que la actividad promoviera campaña política ni favoreciera a algún candidato. Además, el juez subrayó que las autoridades no presentaron pruebas objetivas que respaldaran su interpretación.

La tutela y el fallo judicial

El ciudadano Santiago Alarcón Serna interpuso una acción de tutela ante la suspensión del evento, al considerar que se trató de un acto de censura que afectó tanto a los asistentes como al autor, los panelistas y la editorial. En el fallo de 33 páginas, la jueza (e) Victoria Elena Buelvas Álvarez concluyó que la Alcaldía de Medellín y la Biblioteca Pública Piloto actuaron de manera desproporcionada y vulneraron derechos fundamentales.

El juzgado analizó los argumentos presentados por las entidades accionadas, que defendieron su decisión apelando a la neutralidad institucional durante el calendario electoral y a la interpretación sobre el contenido del libro y la simbología utilizada. La jueza determinó que esas consideraciones fueron insuficientes y basadas en valoraciones subjetivas, no en hechos comprobados.

“Dicha conducta configuró un acto de censura al utilizar su posición de poder para ordenar la cancelación o impedir el normal desarrollo de un evento en el que se difundían ideas de interés público”, señala la decisión judicial según una cita de El Colombiano.

El fallo enfatiza que la Constitución colombiana prohíbe la censura previa, recordando la obligación de las autoridades de garantizar el ejercicio de derechos fundamentales.

Realización del evento y afectaciones

Pese a la orden de suspensión, la presentación del libro sí se llevó a cabo el mismo día, gracias a la iniciativa de los asistentes. No obstante, la actividad se realizó sin el apoyo logístico de la administración y bajo presencia policial. El juzgado aclaró que el hecho de que el evento finalmente ocurriera no elimina la vulneración de derechos, ya que la actuación oficial alteró el desarrollo normal de la actividad y restringió el ejercicio de libertades constitucionales.

El despacho también señaló que el alcalde Federico Gutiérrez, al emitir su declaración y ordenar la cancelación, no solo ejerció su libertad de expresión, sino que lo hizo desde su posición como máxima autoridad administrativa, lo que produjo efectos directos sobre el evento público.

Órdenes de reparación y difusión institucional

Como medida de reparación, el juzgado ordenó a la Alcaldía de Medellín y a la Biblioteca Pública Piloto emitir, en un plazo de 48 horas tras la notificación del fallo, una comunicación oficial en la que reconozcan que sus actuaciones vulneraron los derechos fundamentales del accionante, del autor Jaime Rafael Nieto López, de los panelistas Fredy Alexander Chaverra Colorado y José Miguel Sánchez, y de la Editorial Desde Abajo.

El comunicado deberá reafirmar el compromiso institucional con la libertad de expresión, la pluralidad de ideas y la prohibición de la censura, y difundirse por los mismos canales institucionales utilizados para divulgar la cancelación del evento. El juzgado no ordenó la realización de una nueva presentación oficial, ya que la actividad se efectuó en la fecha prevista, aunque sin apoyo administrativo.

Vivimos un tiempo en el que se ha cultivado una sensibilidad que se ofende por todo. Una época que confunde el argumento con el insulto y el disenso con la ofensa irreductible.

El agravio funciona como un escudo que vuelve indiscutible al que lo porta: si me ofendés, ya no tengo que responderte, me basta con sentirme herido y cancelarte, apagarte el micrófono y refunfuñar entre dientes.

Silenciar a un compañero que está denunciando la injusta detención de CFK en virtud de una sentencia amañada y atravesada por nulidades insanables, sintetiza un estado de situación sobre la que debemos reflexionar seriamente, en razón de nuestra propia historia atravesada por tantas injusticias: bombardeos, golpes, fusilamientos, cárceles, desapariciones, proscripciones y exilios.

Podemos discutir todo, pero hay un piso común que debemos respetar: la solidaridad con quien paga con su propio cuerpo el rencor descomedido de un poder ciego que no le perdona al peronismo haber nacido para traer dignidad a nuestra Patria.

Cada vez que se apaga una voz, no se comete apenas una descortesía: se repite un patrón demasiado conocido. Los peronistas sabemos lo que es la censura: vaya el recuerdo del decreto 4161 de 1956 que prohibía nombrar a Perón o a Evita. ¿Acaso apagando micrófonos queremos silenciar el justo reclamo por la inocencia de Cristina?

Apagar el micrófono no es ejercer una convicción ni defender nada. Es la confesión lisa y llana de que no hay nada para decir sino para silenciar. El que tiene razones, contesta. El que no las tiene, censura.

No es saludable que el gobernador enfrente las políticas de ahogo financiero a la provincia, de desindustrialización y pérdida de empleo, mientras en el senado provincial se tejen acuerdos con los representantes de esa misma política entreguista. Esa doble vara se traduce en una política de tirar la piedra, esconder la mano, victimizarse y hacer de eso una bandera.

Sobre la victimización como método y la responsabilidad como respuesta

La política se ha vuelto el escenario que hizo de la susceptibilidad un método. Y de la victimización, una carrera.

La faz agonal de la política es la etapa del debate, de la acumulación, de la disputa de representación, del despliegue de la voluntad de poder como mecanismo de acceso a la legitimidad democrática. El peronismo siempre cultivó el debate interno: franco, áspero, frontal. Un debate atravesado por verdades dichas con convicción y no mediante lamentos impostados.

Allí residió siempre la vitalidad de un movimiento tumultuoso, lleno de vida, que se nutría justamente de las miradas provenientes de múltiples vertientes que sin embargo confluían en un mismo cauce. Lo diverso no agraviaba, enriquecía. El matiz no sofocaba, ampliaba las bases propias y permitía síntesis más abarcadoras.

Pero los tiempos han cambiado. El progresismo de las almas sensibles cultivó la cultura de la ofensa fácil. Freud lo explicó hace un siglo: lo llamó el narcisismo de las pequeñas diferencias. Es esa pulsión por la cual los que más se parecen son los que más necesitan diferenciarse, porque en la mínima diferencia que los distingue cada uno funda su pequeña identidad ofendida. Hermanos que levantan la mano contra su propio hermano: es una historia tan antigua como la Biblia y tan trágica como la incomprensión humana.

La consecuencia es la fragmentación. Porque una sociedad que se ofende por todo es una sociedad que se rompe en pedazos cada vez más chicos. La hipersensibilidad no construye comunidad: la pulveriza.

A eso lo llamamos tribalización. Es el proceso por el cual las grandes identidades que nos contenían a todos -el pueblo, la nación, la idea de un destino común- se quiebran en tribus minúsculas, cada una encerrada en su propia herida, cada una hablándole solo a los suyos. Donde antes había un nosotros amplio, capaz de contener la diferencia, ahora hay mil pequeños nosotros enfrentados, que ya no se reconocen entre sí.

Necesitamos trascender la propia facción para asumir la responsabilidad de ponernos al frente del conjunto. Eso es lo que pedimos. Nada más y nada menos. Lo que hay en el medio es mero ruido, anécdotas olvidables que no deben escandalizar a nadie, fricciones propias del verdadero debate: al peronismo no se lo ordena desde la PARTE, no se lo sintetiza desde la facción, no se lo conduce desde el olvido al prójimo y no se lo domestica desde la ingratitud disfrazada de herida autopercibida.

A un pueblo se lo dirige desde la respuesta y desde la responsabilidad. Eso es tener cuero para la conducción. Si no se comprende eso, no se comprende nada.

A través de sus redes sociales, Cepeda rechazó de manera categórica esos señalamientos y aseguró que nunca ha promovido acciones contra periodistas por el ejercicio de su labor.

La reacción del senador se produjo luego de que Gallo, en un pronunciamiento realizado en su programa, relatara una serie de episodios que, según dijo, marcaron el deterioro de su relación con Cepeda. El periodista afirmó que decidió hacer pública esa situación después de haber guardado silencio durante varias semanas.

Cepeda rechazó las acusaciones y anunció una entrevista

En su publicación, Iván Cepeda negó haber intentado censurar o intimidar a periodistas y respondió directamente a las afirmaciones realizadas por Gallo.

“QUE QUEDE CLARO: YO NO CENSURO. Jamás pediría que se despida a un periodista por ejercer su derecho a la opinión y a la libertad de expresión. Desmiento categóricamente que eso haya sucedido con el periodista Iván Gallo. Y para demostrarlo hoy convinimos una entrevista que le concederé el próximo lunes”, escribió el senador.

Con ese mensaje, Cepeda rechazó la versión presentada por el comunicador y anunció que ambos sostendrán una entrevista en la que abordarán públicamente el tema.

Las declaraciones del congresista surgieron después de que Gallo, visiblemente molesto durante su intervención, cuestionara el comportamiento del dirigente político, pese a haber respaldado públicamente su candidatura presidencial y al proyecto político del Pacto Histórico.

Según el periodista, fue el propio Cepeda quien se comunicó con el medio en el que trabaja para solicitar que fuera desvinculado. “Llamaste a un medio en el que trabajaba para pedir mi cabeza. Y yo me tuve que tragar tres semanas sin decir que tú habías pedido mi cabeza”, afirmó Gallo.

El periodista comparó esa supuesta actuación con las acciones judiciales que, durante la campaña, promovió el hoy presidente electo Abelardo de la Espriella.

Los cuestionamientos del periodista a la estrategia de campaña

Durante su intervención, Gallo también cuestionó la estrategia adoptada por Cepeda durante la campaña presidencial. Recordó que el entonces candidato decidió no asistir a debates ni conceder entrevistas a diferentes medios de comunicación, argumentando que no existían garantías y que existían sesgos en el proceso electoral.

Frente a esa explicación, el periodista aseguró que esa narrativa no correspondía a lo que, según dijo, conoció durante su cercanía con el equipo de campaña. “Dijiste que es que los medios hegemónicos no te querían hacer campaña. La narrativa tuya al principio fue decir que los medios te estaban censurando, y eso es mentira, me consta, porque fui puente muchas veces entre tú y los medios (...) nos dejaste expuestos al fascismo totalmente por tu purismo intelectual y comunista”, sostuvo Gallo.

El comunicador manifestó que mantuvo una relación cercana con Cepeda durante varios años y señaló que decidió romper lo que describió como un pacto de silencio para revelar lo que, según él, ocurrió durante la campaña presidencial.

Gallo habló de una presunta persecución contra periodistas

En el mismo pronunciamiento, Gallo afirmó que existió una presunta campaña de persecución y censura coordinada, según él, por el entonces candidato presidencial contra periodistas críticos. De acuerdo con su versión, mientras otros dirigentes políticos acudían a mecanismos judiciales, Cepeda optaba por contactar directamente a propietarios de medios de comunicación.

“La diferencia entre Abelardo y tú es que él manda tutelas y tú llamas a los dueños para intimidar”, aseguró Gallo, sosteniendo que conoció otros casos en los que, según afirmó, Cepeda habría actuado de manera similar frente a periodistas e investigadores.

En la parte final de su intervención, el periodista insistió en que su decisión de respaldar la candidatura de Cepeda fue producto de una convicción política y no de intereses personales.

“No busco réditos políticos, como le dijiste a mi jefe. Yo lo que buscaba era que ganaras, y por eso muchas veces expuse mi prestigio como periodista, que lo tengo para hacerte campaña a ti. Y la respuesta fue llamar a que me echaran. Eso, señor Cepeda, confirma que lo que dicen de ti es cierto: eres puro ‘estalinismo’”, concluyó.

La diputada de Morena, Gabriela Jiménez Godoy, busca impulsar una iniciativa para que fotografías y videos generados con inteligencia artificial lleven marca de agua obligatoria, con el fin de distinguir el contenido sintético del real.

La propuesta se suma a un conjunto de iniciativas legislativas que buscan establecer un marco regulatorio para la IA en México, en un momento en que la presidenta Claudia Sheinbaum ha llamado a abrir un debate nacional sobre el tema y otros países de Europa, Asia y Estados Unidos ya cuentan con regulaciones vigentes.

Marca de agua obligatoria para contenido generado con IA

El eje de la iniciativa de Jiménez Godoy es la identificación visual del contenido sintético. “Queremos que cuando una fotografía o un video haya sido hecho con Inteligencia Artificial, tenga una marca de agua, para que podamos distinguir lo que es real de lo que no es real”, señaló la legisladora.

La diputada subrayó que la IA ya se usa para falsificar videos, audios, fotos y documentos, lo que convierte la identificación en una medida de protección a los usuarios. Aclaró que la regulación no afecta la libertad de expresión: “para todos sería mucho más benéfico poder saber cuándo algo sí es real de cuando algo no lo es”.

La propuesta también contempla que los usuarios sean notificados cuando la IA intervenga en decisiones que afecten su vida. Los sectores que la legisladora menciona como prioritarios son:

• Salud: médicos que usen IA para diagnósticos o recetas deben notificarlo al paciente.
• Derecho: abogados que redacten demandas con apoyo de IA.
• Impartición de justicia: jueces, ministros y magistrados que utilicen la herramienta para elaborar sentencias.

Morena busca garantiza supervisión humana en uso de IA

Jiménez Godoy dejó en claro que el objetivo no es limitar el uso de la tecnología. “El objetivo no es frenar la Inteligencia Artificial. Sabemos que ya forma parte de nuestra vida, forma parte de nuestro día a día. Todos la utilizamos porque también hace más eficiente y más rápido nuestro trabajo, nuestro análisis. Pero siempre es importante que se asegure que la última vista sea humana”, dijo ante representantes de medios de comunicación.

La legisladora reconoció que la IA es una herramienta de uso cotidiano en distintas profesiones y que su eficiencia es real. El punto de la iniciativa, precisó, es que cuando una persona pueda ser afectada en su vida por el uso de IA, tenga que ser notificada.

Jiménez Godoy indicó que más legisladoras y legisladores han planteado iniciativas en la misma dirección, dado que la IA ya tiene un marco regulatorio en Estados Unidos y en países de Europa y Asia.

Estas son cinco claves de la reforma que busca regular la IA

• Marca de agua obligatoria para fotos y videos generados con IA, para distinguir contenido sintético del real.
• Respuesta a falsificaciones en curso: la IA ya se usa para falsificar videos, audios y documentos.
• Notificación al usuario cuando la IA intervenga en decisiones que lo afecten, con foco en salud, derecho e impartición de justicia.
• Supervisión humana como principio: la última decisión siempre debe recaer en una persona.
• Parte de un debate mayor: la propuesta se suma a otras iniciativas para regular la IA en México, en línea con marcos ya vigentes en EU, Europa y Asia.

Tras el llamativo entendimiento del miércoles pasado entre los titulares de La Libertad Avanza (LLA) y el kirchnerismo en el Senado, Patricia Bullrich y José Mayans, respectivamente, más la posterior queja de aliados, la ex ministra de Seguridad se vio forzada a solicitar una nueva reunión de Labor Parlamentaria para las 18 de hoy, donde se volverán a discutir el orden y términos de la sesión del jueves. El conflicto principal es cómo se encarará una potencial activación de un pedido de interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Así, los líderes de las diferentes bancadas -oficialismo, UCR, PRO, Provincias Unidas y silvestres provinciales, si es que el kirchnerismo se ausenta- volverán a verse las caras en las oficinas de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, quien comandará el encuentro junto a otras autoridades del Cuerpo. Se estima que, en caso de presentarse, el formoseño lanzará una furia más allá de que, a esta altura, al cristinismo le conviene dejar en el foco principal de los medios a Adorni, quien se convirtió en un tapón de toda la gestión mileísta, que no puede aprovechar una sola buena noticia por la vigente crisis política.

¿Por qué se llegó a esta instancia? Como contó Infobae el reciente fin de semana y en Labor Parlamentaria del último miércoles, Bullrich se juntó con dialoguistas para definir el día de la sesión -25- y, por esa vía, anticiparse al ya instalado requerimiento de Mayans para votar una interpelación a Adorni que implicaría, a los siete días, la asistencia del jefe de Gabinete al recinto -de sobrevivir, también daría un informe de gestión el 2 de julio- y una potencial moción de “censura”. No sorprendió el apuro de la ex candidata a presidenta del PRO para dar por liquidado al funcionario, aunque se demoró tanto esa cumbre que, mientras otros aguardaban en la oficina de Villarruel, el convite no finalizaba. Tras minutos de incertidumbre, uno de los participantes cantó “humo blanco”.

Ya en Labor, el punto principal y conocido tanto por Bullrich y el resto de presentes era si lo impulsado por el formoseño precisaba, al ser un proyecto de resolución no dictaminado, los dos tercios para que fuese habilitado en una sesión que, al final, se pospuso. Parecía más que claro el asunto -y validado por el reglamento- y hasta había sido charlado durante horas. No ocurrió. La reinterpretación de la ex ministra fue acompañada por Mayans, ante una pasividad extrema entre los oficialistas sentados en esa mesa. De hecho, la senadora tuvo que improvisar una mini cumbre con otros compañeros de bloque que objetaron este punto.

¿Cuál es el problema de la reinterpretación del artículo 101 de la Constitución? Si bien el pleno es soberano y la decisión final, de ser avalada, no podría ser objetada, lo cierto es que el precedente tendrá una magnitud negativa descomunal. Aquí coincidieron varios despachos consultados por este medio. Por caso, desde uno se oyó: “Es una torpeza lo que están haciendo. Si llegamos a ese punto, a partir de allí, cualquiera podrá reclamar eso. Otros jefes de Gabinete de otros gobiernos fueron igual de impresentables que Adorni, pero si tengo que ser realista por el país en el que vivo, algo así te dejaría a las puertas de lo que hace el Congreso peruano con sus presidentes y funcionarios. Un nivel de irresponsabilidad absoluta”.

En otro, reconocieron: “Es simple. Al kirchnerismo le sirve mantener en la parrilla a Adorni, más allá de que se quieran colgar la medalla de ser los primeros en reventarlo. Si es una máquina de malas noticias. Ojo, también es útil para el resto. No queremos ser los que tapemos con diarios al jefe de Gabinete. Pero parece será eso, ya que el Ejecutivo lo defiende sin cesar. El asunto es tan grave que la unanimidad ya no se acerca sólo en los propios que sugieren, por lo bajo, un paso al costado, sino también en el Congreso y, sobre todo, en la sociedad. Ahí está lo más delicado: pega en la base social por la vara que dijeron tener en cuanto a transparencia en la función pública. No hay grieta. Un verdadero papelón”.

Un detalle del pedido de Mayans que pasó desapercibido. En la iniciativa de resolución, habla de moción de “censura”. Esto es muy distinto a una remoción, ya que sería una especie de apercibimiento y nada más. Ambas necesitan mayoría absoluta del Cuerpo, 37 voluntades. Por supuesto que nadie cree que ocurra lo primero, sino lo segundo, que luego deberá ser refrendado por Diputados, con -al menos- 129 adhesiones.

En caso de volver hacia atrás, una discusión en el recinto sobre la habilitación por dos tercios ayudaría a ganar más tiempo a LLA y a dejar a Adorni vigente, como “prefiere” el kirchnerismo. La tarea no será sencilla: como contó días atrás Infobae, requerirá tener sentados a sus 21 soldados y convencer a tres o cuatro ajenos -en principio, según quienes marquen el presente esa jornada- para llegar a 24 o 25. Así, trabaría un intento opositor. Sin embargo, el embrollo continuará. Por ende, para avanzar, será obligatorio que se junte la comisión de Asuntos Constitucionales. La preside el oficialista Agustín Coto (Tierra del Fuego), que mandó al cajón la reforma política para que los friendly no separen Ficha Limpia.

A pesar de que a las 10:00 a. m. del viernes 19 de junio se volvió a subir el video por parte de los comediante, 20 minutos antes el presidente Gustavo Petro se refirió a lo que pasó y desde su cuenta de X reaccionó y compartió el video que difundió Sánchez explicando lo sucedido.

“‘Por la Ventana’ fue censurado anoche”, inicia el mensaje por parte del jefe de Estado.

Sobre el cómo se habría originado los problemas de los perfiles del programa, el mandatario precisó que las personas detrás de esta acción “ofrecen dinero por redes para denunciar masivamente una cuenta que no les gusta hasta que el algoritmo les va reduciendo al alcance, luego las penaliza y finalmente las bloquea”.

El episodio con Iván Cepeda de Por la ventana fue retirado en plena transmisión en vivo la noche del jueves 19 de junio y la cuenta en X del programa fue intervenida, un hecho que el candidato presidencial del Pacto Histórico vinculó con una “estrategia sistemática de ataques digitales” a solo dos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia.

Cepeda reaccionó al igual que Petro la mañana del viernes. El candidato precisó también que “este hecho no es aislado: hace parte de una estrategia sistemática de ataques digitales y campaña sucia contra nuestro proyecto político en estas elecciones”.

Durante el estreno en vivo del capítulo 126 había 60.000 personas conectadas, según explicó Sánchez en una video que compartió en su cuenta de Instagram la misma madrugada del viernes.

El comediante dijo que el video “desapareció” cuando faltaban entre 10 y 15 minutos para terminar la emisión.

El material había sido publicado en el canal de YouTube Sancocho Trifásico y, de acuerdo con lo que explicó Culotauro en una (historia) story, también fue comprometida la cuenta en X del programa @porlaventanap.

“Al parecer se me metieron a la cuenta de Sancocho directamente y bajaron el video de Cepeda. Ahorita justamente apenas pasó, lo que hice fue cambiar contraseñas y estoy viendo si bajaron algo más”, explicó Díaz.

Sánchez añadió desde su cuenta @dejemequieto que los responsables también “estaban ocultando otros videos” y realizando “más cosas en el canal”, aunque dijo que parte de esas acciones se pudieron corregir después de cambiar las claves y recuperar el control de la cuenta.

En una publicación del jueves 18 de junio en la cuenta de Instagram @porlaventanap, Sánchez, Díaz y Quintero explicaron que habían invitado a los dos aspirantes presidenciales.

El mensaje aludía a Abelardo de la Espriella, del Movimiento de Salvación Nacional - Defensores de la Patria, y precisaba que “solo uno aceptó subirse al carro del pueblo”.

El episodio 126 tuvo como invitado a Cepeda, mientras que el episodio 125 había contado con la participación del presidente Gustavo Petro, y según el relato de Culotauro, los demás videos del canal permanecieron intactos pese a la intervención.

A pesar de que el video volvió a ser publicado por los comediantes en la plataforma de videos, Culotauro afirmó en otra publicación que hizo en Instagram el mismo viernes: “Los chistes nos darán todo; lo bueno y lo que no entendemos tan bien”.

Al final, desde el programa se anunció el respaldo a la candidatura de Cepeda, mientras que en otro de los mensajes que se publicaron el mismo día, los comediantes utilizaron una frase que se hizo icónica en cadenas de mensajes de Whatsapp, y que se supo que fue una imitación por parte del comediante Juanda Caribe del presidente Petro: “Los noto asustados”.

El 11 de julio de 1790, el Papa Pío VI firmó en Roma un documento que, sin saberlo, iba a cambiar la historia de América del Sur. Le concedía a un joven estudiante rioplatense radicado en España el permiso para leer todos los libros prohibidos por la Iglesia Católica. El beneficiario era Manuel Belgrano. Los libros que leyó después fueron, en buena medida, inspiración para el programa de la Revolución de Mayo. La paradoja es tan bella como potente.

Para entender la magnitud del permiso hay que entender primero qué era el “Index librorum prohibitorum”. Creado en 1515 bajo el Papa León X y consolidado en su forma universal en 1564 por el Concilio de Trento, fue durante más de cuatro siglos el instrumento oficial de censura intelectual de la Iglesia Católica. En su última edición, publicada en 1948, contenía aproximadamente 4.000 títulos censurados por herejía, inmoralidad, ideas políticas peligrosas o simplemente por predicar libertad, igualdad y justicia — conceptos que los monarcas católicos habían logrado incluir entre los criterios de prohibición. Leer esos libros sin permiso no era una travesura: era un pecado grave, perseguido por la Inquisición.

El joven que pidió permiso

En 1790, Manuel Belgrano tenía veintiún años y llevaba tres estudiando en España. Había ido a estudiar leyes, pero se había apasionado por la economía, que aún no existía como disciplina formal (era presidente de la Academia de Derecho Romano, Práctica Forense y Economía Política en la Real Universidad de Salamanca). Un joven brillante, formado, católico. Y con una curiosidad intelectual que las restricciones del Index le resultaban insuficientes para contener.

Entonces hizo lo que correspondía: pidió permiso. Redactó en latín una nota dirigida al Sumo Pontífice. Con humildad, con respeto, con los argumentos precisos: “Manuel Belgrano, humilde postulante, a Vuestra Santidad expone que él mismo, después de haber estudiado la carrera de Letras, se dedicó al Derecho Civil, en el que obtuvo el grado de Bachiller, y a otras Facultades, siendo al Presente Presidente de la Academia de Derecho Romano, Práctica Forense y Economía Política en la Real Universidad de Salamanca. Por lo cual, para tranquilidad de su conciencia y aumento de su erudición, a Vuestra Santidad suplica le conceda permiso para leer y retener libros prohibidos en la regla más amplia.” No pedía un permiso acotado. Pedía la regla más amplia. Y el Papa se lo dio.

La Secretaría Pontificia notificó a Belgrano el 11 de julio de 1790. La resolución fue generosa, casi sin límites: “Nuestro Beatísimo Padre, Pontífice Pío VI, en la Audiencia del 11 de julio de 1790, el Santo Padre concedió bondadosamente al postulante la Licencia y Facultad pedida de leer y retener, durante su vida, todos y cuales quiera libros de autores condenados y aun de herejes, de cualquier manera, que estuvieren prohibidos, custodiando, sin embargo, los dichos libros para que no pasen a manos de otros. Se exceptúan los de pronósticos astrológicos que contienen supersticiones y los que exprofeso tratan asuntos obscenos.”

Le permitía leer todo, incluso los de herejes. Las únicas excepciones fueron la astrología y lo obsceno. Belgrano le escribió entusiasmado a su padre: “he tenido el gran gusto de conseguir licencia de ver y tener en mi poder libros prohibidos de cualquier prohibición”.

El joven (futuro Prócer) no desperdició el permiso. En agosto de ese mismo año le contaba a su madre que tenía entre manos el Espíritu de las Leyes de Montesquieu — “el Inmortal Montesquieu”, lo llamaba — y que planeaba leer a continuación a Voltaire. Eran exactamente los autores que el Index prohibía con mayor celo: los arquitectos intelectuales de la Revolución Francesa, los que ponían en el centro al individuo, a la razón, a la libertad, a la ley por encima del rey. Los que combatían al monopolio y al mercantilismo, como Quesnay y Adam Smith. Sin quererlo, estaba ahí el programa de la Revolución de Mayo.

Hay algo fascinante en esta secuencia de hechos. La Iglesia Católica construyó durante cuatro siglos un aparato monumental de censura intelectual precisamente para evitar que las ideas de la ilustración y revolucionarias se propagaran entre los fieles. El Index existía, en parte, para que nadie leyera a Montesquieu ni a Voltaire. Y sin embargo, fue una autorización firmada por el propio Papa la que abrió esa biblioteca prohibida al hombre que se convertiría en el primer gran liberal del Río de la Plata.

Roma le dio permiso a Belgrano para aumentar su erudición. Belgrano aumentó su conocimiento y, con esa erudición, contribuyó a demoler el orden colonial que Roma, entre otros, sostenía. La historia tiene ese tipo de hermosas ironías.

Quince años después de que las autoridades chinas detuvieran a Ai Weiwei, el artista recreará su encierro en una performance de 24 horas que se presentará el 3 de julio en Manchester, una obra con la que volverá sobre un episodio que, según planteó, ya no pertenece solo a su biografía sino a una realidad política más amplia.

La puesta, titulada Sewing a Button, marcará además la primera vez que Aviva Studios permanezca abierto toda la noche. Las entradas de dos horas costarán 28,50 libras, equivalentes a USD 39, y el pase completo para toda la performance tendrá un valor de 69,50 libras, o USD 93.

Factory International, la organización artística con sede en ese espacio de Manchester, presentará la obra junto a la próxima exposición del artista. En un comunicado, el director de la institución, Low Kee Hong, afirmó que el trabajo “aportará nuevas perspectivas y escenas de su tiempo en prisión que no están documentadas en ningún otro lugar”.

Ai explicó al medio que decidió abordar ahora ese período con mayor profundidad porque el problema, a su juicio, excede su experiencia personal. “Expresarse de esta manera ya no es solo un asunto mío, porque el daño infligido a los individuos o entre naciones se ha vuelto tan extendido”, sostuvo en un intercambio por correo electrónico.

En esa misma respuesta, añadió: “Lo que experimenté ya no es solo mi propia historia; es la realidad del mundo en el que todos vivimos hoy”. También citó como ejemplo que “el hecho de que Estados Unidos haya podido secuestrar al presidente de Venezuela y llevarlo a suelo estadounidense es prueba suficiente de que esas prácticas ilegales prevalecen en diversas esferas políticas”.

Desde las 17:00 del 3 de julio, Ai ingresará en una réplica de la celda en la que permaneció detenido, de 25,92 metros cuadrados, construida por la firma internacional de arquitectura Hawkins\Brown. Dentro de ese espacio dormirá, comerá, hará ejercicio, escribirá, se lavará y será interrogado sobre cuestiones personales, políticas y filosóficas.

Esos interrogatorios estarán a cargo de cuatro periodistas y presentadores: el británico Nihal Arthanayake, la escritora irlandesa Emma Dabiri, el autor británico Lemn Sissay y la periodista singapurense Zing Tsjeng. Otros nueve actores interpretarán a guardias militares y médicos.

La música estará a cargo del dúo electrónico Space Afrika, con base en Manchester y Berlín, que creará el paisaje sonoro del espectáculo y realizará una sesión de mezcla en vivo durante la ejecución. El público también encontrará otras actividades paralelas durante Sewing a Button, entre ellas una casa de té tradicional china abierta durante 24 horas.

Quienes no asistan en persona podrán seguir la transmisión de las imágenes de circuito cerrado de televisión en vivo a través del sitio web de Factory International. También habrá proyecciones previstas en el Australian Center for the Moving Image, en Melbourne; en el centro ARTHAUS, en Buenos Aires; y en Piccadilly Circus, en Londres, a través de la plataforma de arte digital CIRCA, del artista británico Josef O’Connor.

La detención de Ai en 2011 coronó tensiones que venían de mucho antes. Según relató la publicación, su familia había sido exiliada por las autoridades chinas en 1957, poco después de su nacimiento.

El artista pasó 81 días en prisión por acusaciones de evasión fiscal sin que se presentaran cargos formales. De acuerdo con el medio, muchos consideraron que sus problemas judiciales estaban más ligados a sus críticas al gobierno, entre ellas Dropping a Han Dynasty Urn de 1995 y su investigación de un año sobre las víctimas infantiles del terremoto de Sichuan de 2008.

Aunque las condiciones de su liberación le exigían guardar silencio, Ai ya había trabajado antes sobre ese episodio. Entre esas obras figuran el diorama en seis partes S.A.C.R.E.D. de 2011 a 2013 y el videoclip de su canción “Dumbass”, de 2013.

Sewing a Button será, no obstante, la primera vez que afronte ese material en persona y en tiempo real. Ai vive fuera de China desde que las autoridades le devolvieron el pasaporte en 2015, y recién en enero regresó al país por primera vez en una década.

La crisis política vigente en el Congreso por las tropelías del jefe de Gabinete, el ya indefendible Manuel Adorni, terminaron de ratificar el mega tapón generalizado sobre toda la gestión de Javier Milei -ni un solo logro de la Casa Rosada queda encima del escándalo actual- y una agonía que, por ahora, se estiraría. En el Senado, la radiografía de las horas más álgidas de la semana que finaliza destapó una insólita jugada en la que coincidieron los titulares del oficialismo y kirchnerismo, Patricia Bullrich y José Mayans, respectivamente, que dejará un muy riesgoso antecedente a futuro para cualquier persona que se encuentre al comando de la administración central.

Que Bullrich sea la única política que aprovechó rápido las penurias del Gobierno -al que dice defender- es más que conocido. Nadie del arco opositor le sacó tanto jugo como ella. Un puñado de supuestas pinceladas republicanas le dieron primeras planas. No obstante, la estrategia de jugar siempre al fleje -y que, sin temor, algunas pelotas piquen fuera del mismo- le jugó una mala pasada durante la reunión de Labor Parlamentaria del miércoles pasado. Allí, la sacó del estadio. Para comprender esto, es imprescindible realizar una cronología de cómo se inició y finalizó dicha jornada.

La ex ministra de Seguridad comenzó el día con una imagen subida a la red X para celebrar la primera victoria de la Argentina en el mundial de fútbol. Todos desean un cuarto campeonato. Sin embargo, la experimentada política salió con una camiseta y un tres generado con los dedos del medio de su mano izquierda. Curioso. Por la mañana, diversas bancadas se reían de la picardía de la legisladora, siempre bien acompañada en los pasillos por un grupo de personas que supera, en varias ocasiones, los cinco empleados que dice tener en su oficina, según la web oficial de la Cámara alta.

Previo a Labor Parlamentaria, Bullrich se reunió con aliados para definir si la sesión sería al día siguiente o el jueves 25. Y, por esa vía, anticiparse al ya instalado pedido de Mayans para votar una interpelación a Adorni que implicaría, a los siete días, la asistencia del jefe de Gabinete al recinto y una potencial moción de “censura”. No sorprendió su apuro para dar por liquidado al funcionario, aunque se demoró tanto esa cumbre que, mientras otros aguardaban en la oficina de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, el convite no finalizaba. Tras minutos de incertidumbre, uno de los participantes cantó “humo blanco”.

Ya en Labor, el punto principal y conocido tanto por Bullrich y el resto de presentes era si lo impulsado por el formoseño precisaba, al ser un proyecto de resolución no dictaminado, los dos tercios para que fuese habilitado en una sesión que, al final, se pospuso. Parecía más que claro el asunto -y validado por el reglamento- y hasta había sido charlado durante horas. No ocurrió. De manera llamativa, la reinterpretación de la ex ministra fue acompañada por Mayans, ante una pasividad extrema entre los oficialistas sentados en esa mesa. De hecho, la senadora hasta tuvo que improvisar una mini cumbre con otros compañeros de bloque que objetaron este punto. Es decir, los muy pocos que jugaron a favor de Balcarce 50. A esta altura, una situación delirante.

¿Cuál es el problema de la reinterpretación del artículo 101? Si bien el pleno es soberano y la decisión final, de ser avalada, no podría ser objetada, lo cierto es que el precedente que dejará marcado tendrá una magnitud negativa descomunal. Aquí coincidieron varios despachos consultados por Infobae. Por caso, desde uno se oyó: “Es una torpeza lo que están haciendo. Si llegamos a ese punto, a partir de allí, cualquiera podrá reclamar eso. Otros jefes de Gabinete de otros gobiernos fueron igual de impresentables que Adorni, pero si tengo que ser realista por el país en el que vivo, algo así te dejaría a las puertas de lo que hace el Congreso peruano con sus presidentes y funcionarios. Un nivel de irresponsabilidad absoluta”.

En otro, reconocieron: “Es simple. Al kirchnerismo le sirve mantener en la parrilla a Adorni, más allá de que se quieran colgar la medalla de ser los primeros en reventarlo. Si es una máquina de malas noticias. Ojo, también es útil para el resto. No queremos ser los que tapemos con diarios al jefe de Gabinete. Pero parece será eso, ya que el Ejecutivo lo defiende sin cesar. El asunto es tan grave que la unanimidad ya no se acerca sólo en los propios que sugieren, por lo bajo, un paso al costado, sino también en el Congreso y, sobre todo, en la sociedad. Ahí está lo más delicado: pega en la base social por la vara que dijeron tener en cuanto a transparencia en la función pública. No hay grieta. Un verdadero papelón”.

Un detalle del pedido de Mayans que pasó desapercibido. En la iniciativa de resolución, habla de moción de “censura”. Esto es muy distinto a una remoción, ya que sería una especie de apercibimiento y nada más. Ambas necesitan mayoría absoluta del Cuerpo, 37 voluntades. Por supuesto que nadie cree que ocurra lo primero, sino lo segundo, que luego deberá ser refrendado por Diputados. El resultado parece cantado y lo que muchos desean saber, de acá hasta el 2 de julio, es qué pirueta harán los estrategas de la Casa Rosada ante una eventual eyección de Adorni, bajo la premisa de ganar aún en la derrota. Allí abundaría la libertad de opinión, el odio al periodismo y acusaciones de golpismo. Sería una jungla de operaciones. Como los meses de penuria de 2024 y 2025. Esta receta fue copiada a la perfección por Bullrich. Se la comieron, de manera olímpica, el propio Gobierno y sus diseñadores. La gran pregunta es si hay más soldados o generales en tándem con ella.

Durante la noche del jueves, apareció un indicio de racionalidad. Se convocaría a una nueva reunión de Labor Parlamentaria para pasado mañana para analizar, una vez más, la interpretación del artículo 101 de la Constitución. Hay dialoguistas a los que no le cierra en absoluto la idea de Bullrich. Entonces, ya no logra contener a su bancada -que votó de tres formas distintas un simple pliego judicial agitado por ella-, no convence suficiente a aliados -que le despluman todos los proyectos que impulsa Balcarce 50- y lima la otrora confianza que había en el corazón del mileísmo. Ganar aún en la derrota, o perder aún en la victoria. O todos contentos, como cuando se consumó la Labor del miércoles último. No todo es lo que parece.

En caso de volver hacia atrás en los próximos días, una discusión en el recinto sobre la habilitación por dos tercios ayudaría a ganar más tiempo a La Libertad Avanza y a dejar a Adorni en la parrilla, como “prefiere” el kirchnerismo. La tarea no será sencilla: como contó días atrás este medio, requerirá tener sentados a sus 21 soldados y convencer a tres o cuatro ajenos -en principio, según quienes estén presentes- para llegar a 24 o 25. Así, bloquearía cualquier intento opositor. El embrollo continuará. Por ende, para avanzar, será obligatorio que se junte la comisión de Asuntos Constitucionales. La preside el oficialista Agustín Coto (Tierra del Fuego), que mandó al cajón la reforma política para que los friendly no separen Ficha Limpia. En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, colecta álbumes de fotos con gobernadores para sostener, como sea, el supuesto interés del Gobierno en la iniciativa libertaria.

Un proyecto de ley para impedir la publicación de calumnias e injurias en medios digitales y redes sociales desató una intensa polémica en la política de Tucumán. Desde la oposición libertaria provincial advirtieron que la propuesta restringe la libertad de expresión y alertaron por posibles usos arbitrarios, mientras que el gobernador Osvaldo Jaldo tomó distancia de la iniciativa y anticipó que la vetará, en caso de aprobarse y no modificarse.

Con la autoría del legislador peronista Gerónimo Vargas Aignasse, que pertenece al bloque de Jaldo, el texto propone una medida cautelar para la violencia digital, que habilita una “tutela judicial inmediata destinada a disponer la cesación urgente del daño provocado por publicaciones digitales que constituyan en forma manifiesta, inequívoca y acreditada calumnias o injurias”.

La decisión de qué contenido se mantiene, se elimina o se desindexa de una plataforma queda a cargo de un juez penal provincial. Deberá definirlo en un plazo máximo de seis horas, sin contar con la réplica del autor del contenido o al medio involucrado.

El alcance del instrumento judicial es bastante amplio. Aplica a cualquier tipo de “contenidos difundidos en redes sociales, plataformas digitales, portales web, diarios digitales, servicios de mensajería de difusión masiva y cualquier medio tecnológico de comunicación pública en línea", señala en su artículo 2.

La discusión fue tomando calor en los últimos días luego de que el texto fuera aprobado en comisión en la Legislatura de Tucumán. Sin embargo, el gobernador Osvaldo Jaldo tomó distancia de la iniciativa impulsada por el diputado peronista y aclaró que se trata de un “proyecto de un legislador provincial, como muchos otros de diferentes temas y de otros legisladores”.

“Es una iniciativa que está muy lejos de plasmarse, si así lo deciden los legisladores en el recinto. Si se llegara a aprobar, no hay duda que en el Poder Ejecutivo -que tengo el honor de conducir y habrá que estudiarlo como sale en definitiva-, tal cual está, va camino al veto. Esa es mi posición”, sostuvo Jaldo en diálogo con Infobae.

En tanto, La Libertad Avanza Tucumán compartió un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” y se declaró en estado de alerta.

“Recordamos que en la República Argentina los poderes del Estado son independientes. Si una persona considera que ha sido afectada por una publicación, cuenta con las herramientas legales correspondientes para recurrir ante la Justicia. Pretender que el Poder Legislativo intervenga para condicionar u obligar el accionar del Poder Judicial constituye un hecho de enorme gravedad institucional”, señala el documento.

“La libertad de expresión es un valor fundamental de toda sociedad democrática y republicana -continúa-. Cualquier intento de restringirla, limitarla o generar mecanismos de censura representa un avance preocupante contra derechos y garantías esenciales de los ciudadanos”.

La postura oficial de LLA fue compartida por el principal referente del partido en Tucumán, el ex ministro del Interior Lisandro Catalán, y la diputada nacional Soledad Molinuevo, quien insistió en sus redes sociales que la iniciativa “viola garantías constitucionales y habilita abusos arbitrarios”. “La libertad de expresión no se negocia. Es un derecho esencial y cualquier mecanismo de censura debe ser frenado de inmediato”, remarcó.

El legislador opositor Walter Berarducci (Compromiso Tucumán) también criticó el proyecto oficial y sostuvo que, en caso de aprobarse, convertirá al juez en “un órgano de control de contenidos”.

“El juez penal pasa a decidir qué contenido puede circular y cuál debe eliminarse, función ajena a la jurisdicción penal. Este mecanismo sólo busca censurar los contenidos sin debate previo, algo que atenta directamente contra la democracia, ya que ésta se defiende con más opinión pública, más debate y no con más silencio”, dijo Berarducci a La Gaceta.

El debate legislativo y los últimos cambios

Para que el proyecto avance, requiere de la aprobación de 49 legisladores. El último dictamen, de hace un mes, contó con el aval del autor y los legisladores Sara Assan, José Macome -libertario-, Christian Rodríguez y María Carolina Vargas Aignasse.

La norma introdujo cambios respecto de la versión original, aunque mantuvo su estructura central. Lo más importante fue la incorporación de la exclusión de los funcionarios públicos de este mecanismo, tras las críticas que había recibido la iniciativa. Explícitamente, quedó establecido que no podrán acceder a este procedimiento quienes hayan sido elegidos mediante voto popular ni los funcionarios de los tres poderes del Estado, hasta el rango de director.

Otro punto fue la eliminación del artículo que establecía una vigencia inicial de diez días para la medida cautelar, aunque se mantiene el proceso sumarísimo. Además, incorpora un “candado normativo” que obliga a los jueces a rechazar cualquier pedido cuando exista una duda razonable sobre si el contenido denunciado constituye una opinión, una crítica o información de interés público.

Ante el revuelo generado, Vargas Aignasse volvió a defender el proyecto legislativo en redes sociales y advirtió que quien diga “que es para proteger políticos, está faltando a la verdad”.

"La ley protege a los ciudadanos comunes frente a las calumnias, injurias y campañas de difamación que hoy se viralizan en minutos y pueden destruir reputaciones, familias y hasta poner en riesgo la salud mental de las personas“, advirtió el dirigente peronista. Y agrega: “No es censura. Es poner un límite a la mentira deliberada y al hostigamiento digital”.

En paralelo, con una postura similar a la de Jaldo, desde el entorno del vicegobernador Miguel Acevedo dejaron trascender que no se acompañará ningún proyecto que limite la libertad de prensa ni el ejercicio periodístico.

“El proyecto todavía no está en el orden del día y no está previsto que se trate. Ha generado mucho ruido”, reconoció Aignasse a Infobae. Y volvió a insistir que “se deja afuera de utilizar esta medida cautelar urgente a quien tenga un cargo público”. “Lo que se busca es que se mantenga el objeto de este proyecto, que es que regular la violencia de los particulares en general por los temas que son de público conocimiento y día a día vemos en redes sociales”, concluyó.

En la a menudo volátil intersección entre el arte y la política en Rusia, Alexander Sokurov destaca. Reconocido cineasta y figura habitual del cine de autor en Occidente, suele cuestionar públicamente al presidente Vladimir Putin sobre diversas cuestiones polémicas, incluida la represión gubernamental. Aun así este año, la Bienal de Venecia lo excluyó como orador tras las protestas de un grupo de artistas rusos exiliados que lo señalaron como ejemplo de disidencia oficialmente permitida, circulando sin obstáculos en Rusia mientras los verdaderos críticos eran encarcelados o forzados al exilio.

“En muchos sentidos, su destino es el de un solitario talentoso”, dice Anton Dolin, destacado crítico de cine ruso en el exilio. “Eso explica tanto el culto a su alrededor como la hostilidad hacia él. Por un lado, sus películas están prohibidas en Rusia”, agrega. “Por otro, sigue siendo muy respetado y continúa participando en consejos e instituciones estatales.”

La reunión de diciembre de 2025 del Consejo Presidencial para la Sociedad Civil y los Derechos Humanos volvió a poner el foco en el cineasta, de 74 años. Putin nombró al director para este consejo en 2018, y Sokurov aprovechó la reunión anual con el presidente para criticar las políticas gubernamentales represivas. Fue una postura inusual para un organismo consultivo de 50 miembros, dominado por figuras proguerra y otros simpatizantes del Kremlin. Allí, calificó la estricta censura al arte como peor actualmente que en la época soviética; describió el ritual de etiquetar a los críticos del gobierno como “agentes extranjeros” como humillante; y cuestionó que se priorizara a los hijos de veteranos de la guerra en Ucrania para las ya limitadas plazas gratuitas en prestigiosas universidades estatales.

No era la primera vez que ocurría algo así. En una reunión similar en 2021, por ejemplo, Putin, visiblemente molesto, rechazó su sugerencia de permitir que las repúblicas minoritarias pudieran abandonar libremente la Federación Rusa.

En una entrevista, Sokurov —un hombre corpulento, de aspecto afable y cabello blanco, que camina con bastón— reconoció que la mayoría de las personas no podría decir esas cosas sin consecuencias. Pero su relación con el presidente se remonta a décadas, cuando Putin era funcionario en San Petersburgo y el cineasta le pidió que salvara del olvido el estudio de cine de la era soviética.

Esta vez, el presidente evitó en gran medida responder, y sugirió que discutieran los temas en persona, una reunión que aún no ha ocurrido. Sokurov señaló que siente una responsabilidad especial de hacer comentarios públicos, sobre todo para asegurar que las nuevas generaciones de rusos hereden un país habitable. “A veces la gente me dice que soy un tonto, que no debería decir estas cosas, que es una locura, que no tiene sentido”, repitió, durante un festival de cine ruso en París el pasado marzo, donde presentó trabajos de sus estudiantes y su último filme, Director’s Diary, un documental de cinco horas que entrelaza noticieros históricos con entradas de sus diarios de 1957 a 1990.

“Mi interés es puramente público, puramente sobre la vida”, dijo. “Estoy rodeado de personas reales, no de algún gobierno ni círculo de élite. Soy simplemente un cineasta de clase trabajadora.” Sokurov afirmó que sus críticas suelen ser ignoradas. Prepara estas intervenciones cuidadosamente, escribiendo el guion como si fuera una escena de película, para no olvidar ningún punto. “Para mí, es muy estresante: hablar en público, enfrentar represalias, empeorar mi propia situación”, dijo. Aun así, afirmó que no puede callar.

Alexander Sokurov nació el 14 de junio de 1951 en un pueblo cerca del lago Baikal, en Siberia. Su padre, militar, obligó a la familia a una infancia itinerante para él y su hermana mayor. Así describió a su padre, un condecorado infante de la Segunda Guerra Mundial, como “temperamental y de voluntad fuerte”. Su madre conocía de memoria óperas rusas e italianas, aunque sus padres no consideraban el arte como una profesión.

Atribuye a la radio, en particular a los programas soviéticos de música clásica y teatro, el haberle abierto los ojos al mundo más allá de los confines militares de su infancia. “Fue mi maestra y mi mentora”, dijo. Sus impulsos contrarios surgieron en la universidad. Propuso una tesis sobre el zar Nicolás II, pero le dijeron que el tema era tabú. En protesta, eligió un tema poco conocido: las relaciones económicas entre la Unión Soviética y Chile. Quería probar su capacidad para mantener una protesta hasta el final.

Un trabajo universitario improvisado, produciendo tanto obras de teatro como eventos deportivos en directo para una televisión local, lo llevó finalmente al cine. De joven, reconocía que las películas soviéticas constituían “un cuerpo de trabajo creativo serio, vasto y muy motivado”, pero no le atraía la profesión. “Nunca me gustaron las películas, y tampoco soy fanático ahora”, afirmó. “Soy lector.” Su independencia le trajo problemas. El director de Lenfilm, el centro de producción cinematográfica de Leningrado (hoy San Petersburgo), lo denunció por actitud “antisoviética”. Fue interrogado y puesto bajo vigilancia. Su carrera parecía condenada, contó. Pero entonces el líder soviético Mijaíl Gorbachov introdujo el concepto de “perestroika”, apertura para la sociedad. Poco después colapsó la URSS.

En 2002, Sokurov dirigió El arca rusa, un viaje surrealista por 300 años de historia rusa que atrajo a una audiencia global. En la película, un narrador anónimo recorre los laberínticos pasillos del Museo Hermitage de San Petersburgo, encontrándose con figuras famosas como Catalina la Grande. Filmar los 95 minutos en una sola toma continua fue considerado un hito.

El diálogo incluía críticas a Rusia. Por ejemplo, el narrador, al admirar copias de obras de Rafael, decía: “Los rusos son tan talentosos copiando. ¿Por qué? Porque no tienen ideas propias. Sus autoridades no quieren que las tengan.”

Las películas de Sokurov son muy variadas y no encajan fácilmente en categorías como drama o comedia. A menudo son experimentales y, cuando hay trama, rara vez es lineal. “Es un gurú del cine de autor: muy independiente, profundamente original y ampliamente respetado”, dice el crítico Dolin. “En Rusia, se le admira más como autoridad moral y por su obra que por ser realmente visto.”

En 2011, su película Fausto ganó el primer premio en el Festival de Venecia. El filme formaba parte de una tetralogía que exploraba, entre otros, el legado de Lenin, Hitler y el emperador Hirohito.

Para explorar la vida de Lenin, recurrió al escritor disidente Alexander Solzhenitsyn. “La primera impresión que me dio Sokurov fue una rara combinación de masculinidad y ternura”, cuenta Natalia D. Solzhenitsyna, viuda del escritor, en respuestas por correo electrónico. Esa impresión, afirmó, perdura. “Respeto profundamente su disposición a hablar abiertamente con las autoridades sobre las carencias de nuestra vida, aunque me duela que eso le exija tanta fortaleza”, agregó.

Tras fracasar en conseguir financiamiento público o privado para Fausto, pidió ayuda a Putin. El presidente, ex agente secreto en Alemania, se mostró interesado y ayudó a reunir los 10 millones de euros necesarios. El cineasta sigue impresionado por la atención al detalle.

Algunas de sus películas han sido prohibidas en Rusia, como la reciente Fairytale, en blanco y negro, en la que utilizó imágenes de archivo para animar a Stalin, Mussolini, Hitler y Churchill juntos en el más allá.

En tiempos soviéticos, las autoridades al menos explicaban por qué prohibían una película, dijo. La carta denegando la licencia para Fairytale citaba la “ley federal” sin especificar cuál. A principios de este año, el Festival Internacional de Cine de Moscú le informó que recibiría un prestigioso premio a la trayectoria, contó. El aviso llegó tras su último intercambio público con el presidente Putin. Pero, relató, el galardón fue cancelado abruptamente en vísperas de la ceremonia. Numerosos teatros de San Petersburgo rechazaron también hacerle un homenaje por su 75º cumpleaños.

En mayo, en la Bienal de Venecia, Sokurov iba a ser orador destacado en un seminario sobre disidencia. Luego, un grupo de figuras culturales italianas y destacados artistas rusos exiliados publicó una carta abierta criticándolo como ejemplo de “disidencia segura” bajo aprobación del Kremlin. El festival anunció inesperadamente que Sokurov no estaría disponible. Él niega haberse retirado.

En última instancia, Sokurov afirma que el miedo impide a la mayoría expresar sus opiniones. Pero siente la obligación de intentar que el gobierno escuche la disidencia. Aunque a veces lamente las consecuencias, considera que el poderoso Estado ruso debe escuchar voces diferentes. Por esa razón, dice, nunca elegirá el exilio. “Estoy sentado en este bote, y si empieza a hundirse, me hundiré con él”, concluyó.

Fuente: The New York Times

[Fotos: Dmitry Kostyukov / The New York Times]

Tras horas de tensión, el oficialismo y bloques aliados del Senado lograron posponer esta tarde la sesión pensada para mañana, en medio de pedidos para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. No cambia en casi nada la situación: el jueves 25 se aprobaría dicho mecanismo para convocar al funcionario de cara al 2 de julio, donde primero deberá lidiar con eso -y una potencial moción de censura, si no satisface a la oposición- antes del informe que se tiene agendado para esa fecha.

La resolución del asunto tuvo dos instancias. Pasadas las 16, la jefa libertaria, Patricia Bullrich, se juntó en las oficinas centrales de la Unión Cívica Radical (UCR) junto a bancadas aliadas para llevar una postura unificada a la reunión de Labor Parlamentaria de las 18, que se realizó en el despacho de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

En medio de diversas opiniones y una senadora que se fue ofuscada del encuentro, se arribó a un entendimiento sobre el final del convite, mientras otros legisladores ya aguardaban al resto de líderes de bloque, en Labor Parlamentaria. Al borde de la desprolijidad. Allí, oficialismo y dialoguistas se impusieron ante un kirchnerismo que, antes de la cumbre, deslizaba que bajaría igual al recinto en las próximas horas. Una especie de auto convocatoria. Con el entendimiento y el sendero definido, el cristinismo bajó las armas.

La interpelación de un jefe de Gabinete y la moción de censura precisarán en el recinto una mayoría absoluta del Cuerpo. Es decir, 37 voluntades. A esta altura queda más que claro que el número parece blindado. Por eso se relegó el informe del jefe de Gabinete. Asistirá a la Cámara alta, pero para enfrentar desde el inicio un complejo ida y vuelta con la oposición y, en caso de no surfear esa ola, una moción de censura el mismo 2 de julio. El primer paso tendrá que concretarse la semana próxima, algo que se da por descontado.

Por otra parte, Bullrich aprovechará esta ventana para ver si consigue, de cara al jueves 25, cerrar el demorado proyecto sobre propiedad privada que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Los aliados ya le desplumaron la iniciativa y reclaman más cambios. Grueso error de la porteña haber apurado un dictamen en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales; y Legislación General.

Que Adorni no ejecute primero su informe de gestión no podrá convertirse en motivo de queja para la Casa Rosada: el funcionario anunció días atrás, en una red social, que asistiría el 2 de julio. Para ello, tendría que haber enviado la conformidad y predisposición al Senado, con bloques que lo esperan desde mayo último. Recién anoche lo hizo y hartó a dialoguistas, que no pretenden gastar energía en ayudar al mileísta.

De cara al jueves 25, lo que aún no quedaba visible era la forma de habilitar la discusión de la interpelación para el 2/7. Al no contar con un dictamen, es un paso clave y necesitaría dos tercios. Tras lo pactado en Labor, esto no representaría un problema ni habrá jugadas por atrás para salvar a Adorni: se haría una interpretación operativa del artículo 101 de la Constitución y se aprobaría una moción por mayoría absoluta, sin paso previo. A fin de cuentas, el recinto es soberano y tiene la potestad final sobre sus decisiones.

En la sesión de la semana que viene quedó en fila -más no en el acta de Labor, lo que deja dudas- la ley “Hojarasca”, otro reclamo de Sturzenegger. Tras horas y la falta de un puñado de firmas, el oficialismo obtuvo el dictamen de mayoría y la iniciativa quedó lista para ser sancionada. Diputados la aprobó en mayo pasado.

El presidente Gustavo Petro señaló a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de haberlo censurado al impedir que hiciera una alocución que se transmitiría por televisión. De acuerdo con el jefe de Estado, el tema central de su pronunciamiento es la reducción de la pobreza durante su administración.

“La CRC me ha CENSURADO, para ellos la reducción histórica de pobreza en Colombia, no es importante, no les importa”, escribió el primer mandatario en su cuenta de X.

En consecuencia, informó que a las 7:00 p. m. compartirá a través de sus redes sociales la alocución que tenía preparada para hacer en vivo. “Haremos pública la alocución que nos han censurado”, indicó.

No es la primera vez que el presidente informa sobre la negativa de la CRC de permitir la transmisión de sus alocuciones. En octubre de 2025 pasó una situación similar y el mandatario volvió a afirmar que se trató de un caso de censura.

En esa ocasión, pidió a los abogados de Colombia y del exterior respaldarlo. “El presidente de la República de Colombia ha sido censurado en su propio país. Invito a todos los juristas nacionales e internacionales que me quieran acompañar a romper la censura en Colombia. Es el intento de las mafias de recuperar el poder”, indicó.

En ese momento, recurrió a Rtvc, el sistema de medios públicos, para dar a conocer la alocución que no se le permitió transmitir. Además, aseguró que iría a la plaza pública a pronunciarse, ante la imposibilidad de dirigirse al país a través de la televisión. “Si el presidente no puede hablar por televisión entonces tendrá que hacerlo desde la plaza pública”, aseveró.

Los criterios que debe cumplir el presidente para hacer una alocución

En septiembre de 2025, el Consejo de Estado resolvió una acción de tutela presentada contra el primer mandatario por la vulneración del derecho fundamental a la información con las transmisiones de sus alocuciones a través de canales públicos y privados de televisión.

“La dinámica con la cual se han utilizado las interrupciones de la parrilla de los distintos canales de televisión, bajo la figura de la alocución presidencial, no acompasa con lo que constitucional, legal y jurisprudencialmente se ha entendido por urgente”, precisó en su momento la Sección Tercera del Consejo de Estado.

En consecuencia, estableció límites al jefe de Estado para poder hacer sus alocuciones en televisión. Ordenó a la Presidencia explicar por qué es urgente hacer una alocución, detallar el tiempo que tardará, “no podrá corresponder a un período irrazonable o notoriamente excesivo”, y los temas específicos que abordará. De igual manera, aclaró que los pronunciamientos no pueden ser recurrentes.

La Presidencia también debe presentar una solicitud a la CRC para poder hacer las transmisiones.

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión del máximo juez de la administración pública en una publicación en X. En ella, calificó las limitaciones a sus alocuciones como un acto de censura.

“Ojalá al Consejo de Estado no se le ocurra dejar su historia, que comenzó, en el caso mío, reivindicando la convención americana de derechos humanos, y tome la historia del consejo que dicta la censura en Colombia. Juramos que respetaríamos la constitución de 1991 (sic)”, señaló.

En noviembre de 2025, el presidente presentó una acción de tutela para revocar la providencia del Consejo de Estado. Su apoderado, el abogado Alejandro Carranza, argumentó en el documento que se debía estudiar si, por medio de una tutela, es correcto erigir un filtro administrativo sobre la palabra presidencial, “con capacidad de encender o apagar en tiempo real la comunicación del jefe de Estado”.

Sin embargo, en segunda instancia se confirmó la providencia y se mantuvieron los requisitos para que Gustavo Petro haga sus alocuciones.

Miércoles 27 de mayo. En una humilde localidad del estado Miranda, región centro-norte de Venezuela, un reportero narra que los guardaespaldas del gobernador chavista Elio Serrano intentaron arrebatarle su teléfono y lo empujaron para evitar que le hiciera unas preguntas al funcionario, reseñó en sus redes el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

Ese mismo día en Monagas, en el oriente venezolano, policías amenazaron y obligaron a borrar material periodístico a las afueras de un hospital. Mientras arremetía contra el equipo de prensa, una funcionaria le dijo a la comunicadora Ninoska Cova que sabía donde vivía.

Aunque tras la captura de Nicolás Maduro ha bajado la represión en Venezuela, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Caracas señala que en los primeros cinco meses de 2026 se registraron 97 agresiones contra los trabajadores de los medios de comunicación.

“La cifra representa un preocupante incremento en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron 72 casos”, destacó el CNP, cuyo secretario general, Edgar Cárdenas, sostuvo que en el país “pasamos de una política de incidentes a una censura estructural caracterizada por detenciones arbitrarias, impedimentos de cobertura y el preocupante fenómeno de las deportaciones de corresponsales extranjeros”.

En este periodo el gremio periodístico reportó 18 detenciones arbitrarias, 16 impedimentos de cobertura, 15 deportaciones de corresponsales extranjeros, 12 ataques directos, 12 eliminaciones de material grabado, diez hostigamientos, ocho intimidaciones y el cierre de cuatro emisoras de radio.

El régimen chavista tampoco ha levantado el bloqueo contra decenas de medios digitales, incluido Infobae. El veto continúa, pese a que el gremio solicitó la revisión de esta medida ante la Comisión para la Paz y la Convivencia Democrática, instancia creada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

A medias

En el marco de la Ley de Amnistía promulgada por Rodríguez, decenas de periodistas han sido excarcelados. Sin embargo, el CNP denuncia que seis reporteros siguen enfrentando medidas que atentan contra su derecho al trabajo.

“Estos profesionales enfrentan severas medidas cautelares restrictivas, como regímenes de presentación judicial, prohibición de salida del país y limitaciones para declarar a los medios o ejercer su oficio, manteniéndose en un estado de indefensión legal latente”, explican.

Entre quienes no han podido conseguir su libertad plena figura el periodista Rory Branker, a quien le negaron la petición de amnistía. “No conformes con haberme desaparecido forzosamente por siete meses, encarcelado arbitrariamente, torturado, sometido al escarnio público en televisión nacional, calumniado, vilipendiado y demorado mi liberación por un año entero tras el forjamiento de un expediente, me han hecho saber que no han terminado conmigo”, escribió Branker en sus redes sociales.

El CNP alerta que la administración de Delcy Rodríguez mantiene vigentes la Ley contra el Odio y la Ley Simón Bolívar, cuya derogación ha sido exigida por los defensores de Derechos Humanos al indicar que solo han servido para imponer la censura y perseguir a la disidencia.

“Son normas ambiguas que se utilizan deliberadamente para criminalizar la opinión, judicializar el pensamiento crítico y forzar a los medios a la autocensura por temor a sanciones penales o administrativas desproporcionadas”, cuestionó Cárdenas.

Anais es conductora de televisión, cantautora, modelo y locutora venezolana radicada en la Argentina desde 2017. Nacida en San Antonio de los Altos, alcanzó popularidad tras consagrarse como Chica HTV 2015, el certamen del canal musical latinoamericano que la llevó a convertirse en una de sus principales figuras.

A lo largo de su carrera trabajó en televisión, radio y coberturas internacionales como el Festival de Viña del Mar, los Premios Heat y los Latin Grammy. En Buenos Aires se consolidó como una de las voces de Urbana Play, donde actualmente integra el programa Olvidate de Todo junto a Diego Poggi. En paralelo, en 2024 debutó como cantante y compositora con temas de pop latino de su autoría.

En una conversación abierta y sincera, repasó su historia de migración, la fortaleza del pueblo venezolano y la vida que reconstruyó en Argentina.

—Venís de Venezuela, pero vivís hace mucho en Argentina y se te escucha tan fuerte, tan aplomada... ¿Fue un proceso que viviste o es parte de tu personalidad?

—Creo que fue un proceso de irnos construyendo y siento que le ha pasado un poco enteramente al pueblo venezolano. Toda esta experiencia y el testimonio que pude compartir hace un tiempo atrás, me pasó de darme cuenta de lo duro que era cuando lo fui a resumir en radio. O sea, cuando lo estás atravesando y lo estás viviendo, es distinto. El pueblo venezolano tiene algo muy lindo que es una resiliencia de hierro. El venezolano tiene una cosa como: “Bueno, pa’lante es pa’llá, vamos”. Solucionamos y seguimos adelante. Pero después cuando te paras es como una persona que sale de una relación violenta y abusiva, que capaz tres años más tarde, cuando empieza a contarle a una amiga lo que le pasó, dice: “Epa, era muchísimo, era un montón lo que yo vivía, fue un montón lo que yo toleré, lo que viví”. Siento que un poco los venezolanos nos pasa eso mirando hacia atrás, como que en el proceso tratamos de resolver, de avanzar y de salir de las situaciones oscuras. Al venezolano no le gusta quedarse en la tristeza, en la nostalgia, en los sentimientos más oscuros y trata de alguna manera siempre de encontrar el vaso medio lleno.

—Llegaste a Argentina hace nueve años. Contame cómo fue el momento que decidiste emigrar.

—Yo tengo una realidad muy privilegiada frente a muchos otros venezolanos porque yo me vine con el trabajo de mis sueños. O sea, salí del país con un sueño hermoso. Yo gané un reality show en 2015 para ser conductora de televisión en una empresa internacional que era WarnerMedia y se llamaba Chica HTV. Era para ser la conductora de un canal de música por un año. Y cuando finalizaba mi año tenía que venir otro Chica HTV. Pero, ¿qué pasa? HTV era esta empresa que tenía la sede principal en Argentina y no querían volver a hacer el concurso porque había una situación complicada en Venezuela. En ese momento yo estaba finalizando mi año y tenía ganas de trabajar en otro país, por supuesto, buscando otro tipo de espectáculo. En Venezuela empezó a existir una censura muy grande en el país, en los medios de comunicación y tenías que hablar únicamente como estar en Alicia, en el País de las Maravillas. Cuando en realidad afuera estaban pasando cosas tremendas. Entonces, yo no me identificaba con la televisión en Venezuela en ese momento y dije: “Me voy a Buenos Aires que me encanta, o quizás puedo explorar en Bogotá”. Estaba tratando de buscar un horizonte. Y cuando me entero de que no se iba a hacer el concurso, lo llamo a mi jefe y le digo: “No entiendo, ¿se hace o no se hace?”. Y él me dice: “No se va a hacer, pero queremos seguir trabajando con vos”. Y en ese instante, cuando me dice eso, viviendo él en Argentina, yo le digo por teléfono: “¿Y si yo me mudo a Buenos Aires?”. Ni lo pensé. Vi una luz y avancé. Y él se queda pensando y me dice: “Yo no te puedo ofrecer nada más que tu trabajo. No te puedo trasladar, no te puedo ofrecer vivienda”. Y yo le dije: “No necesito nada más. Yo necesito mi trabajo”. Salí de mi cuarto, viviendo todavía con mi mamá, y le dije: “Mamá, me mudo para Buenos Aires”.

—¡¿Y qué te dijo tu madre en ese momento?!

—Que estaba loca (risas). En principio no me tomó muy en serio, después se dio cuenta que sí y empezó toda una movida familiar para solucionar entre todos la situación, como hemos hecho siempre, ¿no? Dónde iba a llegar, a dónde va a vivir... Esa es otra historia también muy bonita, porque yo llego aquí a la casa de unos amigos de mi familia, argentinos, que son muy espectaculares y que fíjate qué loca la historia latinoamericana y cómo se va uniendo. En la década del 70, en la dictadura argentina, existieron dos personas en nuestra vida que eran torturados en la ESMA y que después de muchas torturas son liberados, los montan en un avión y los mandan a Venezuela. Ellos se conocen dentro de la ESMA, se enamoran. Eran Raúl y Lula. A Lula la encierran en ese momento con sus tres hijas chiquitas y se van a Venezuela con las tres nenas, ellos dos y lo que tenían puesto. Cuando llegan a mi pueblo, les dicen: “Vayan a buscar a Pedro Antonio Piñarua, que quizás les puede dar una mano”. Ese hombre era mi abuelo. Y él ahí él los recibe en la casa y empiezan a construir una historia distinta.

—Y ahora vos llegabas a la casa de ellos...

—A la casa de la hija de ellos, de la hija del medio.

—Se me pone la piel de gallina. El famoso hilo rojo, pero en todos vínculos.

—Yo creo que uno a veces no sabe cómo van a volver las cosas que uno hace por alguien. Eso que hicieron mi abuelo y mi abuela por Raúl y por Lula, no sabían qué iba a volver a mí. Uno no dimensiona hasta dónde puede llegar esas vueltas mágicas de la vida para devolverte una bendición que, en algún momento, tú le otorgaste desde el corazón a otra persona.

—¿Y qué pasó cuando llegaste efectivamente a Buenos Aires?

—Yo llegué aquí con 22 años y cumplí 23. Al principio fue como una peli. Yo llegué la primera semana, a la casa de Elvira. Ella estaba en Venezuela, entonces llegué sola a la casa. Tenía un departamento divino. Yo no tenía que pagar alquiler, tenía mis ahorros en ese momento trabajando en televisión. Por eso te digo que era una realidad muy privilegiada. Se suponía que tenía tres meses para vivir en la casa de Elvi, pero al mes ella me dice que estaban teniendo un problema de salud importante con un miembro de su familia y que necesitaban el departamento. Y que necesitaba el departamento en una semana. Era una situación de extrema necesidad y yo en una semana, sin tener todavía mis papeles, con carta precaria, que es lo que te dan antes de tener el DNI, tenía que alquilar algo que es muy difícil sin papeles. En ese momento yo estaba también acomodando todo el tema para que en mi trabajo me pudieran pagar acá después de que me pagaban allá. Estaba en una situación de papeles complicada para salir a alquilar sola. Y me tenía que ir en una semana. Y yo dije: “Bueno, no sé cómo, cómo lo voy a solucionar”. Ahí apareció un amigo y me dice: “Hay un señor que está buscando una host para su restaurante, para invitar a la gente a pasar adentro”. Era para estar en la puerta. Yo tenía mi trabajo en la tarde de la tele y fui a hablar con él y le dije: “Mire, yo necesito este trabajo sí o sí, porque tengo que pagar un alquiler por adelantado”. ¿Qué pasa? Yo conseguí un alquiler temporario, pero esos alquileres temporarios te piden seis meses por adelantado. Y conocí a este señor, que siempre me da mucho pesar que no recuerdo su nombre, pero cuando voy a contarle mi situación, él me pagó los seis meses por adelantado. Y ese señor no sabe lo que hizo con mi vida. Él me pagó los seis meses por adelantado. Yo fui, alquilé mi departamento, donde después pude recibir a mi hermano y yo todos los días a trabajar en ese restaurante, a repartir volantes en la puerta con una sonrisa en la cara y con una emoción... Me acuerdo que tuve muchos conflictos con mis compañeras de trabajo, que trabajaban adentro del restaurante. Decían que yo era una mujer muy falsa porque nadie era feliz repartiendo volantes. Y yo decía: “Qué loco es juzgar sin conocer la historia de la gente”, ¿no? Sí puedo ser muy feliz repartiendo volantes porque este señor hizo algo por mí que no tenía por qué hacerlo. No me conocía, pude haberme ido al día siguiente y robarle la plata. Yo creo mucho en Dios, en la oración y en pedirle que guíe mi camino.

—Dijiste: “Traje a mi hermano”. ¿Tuviste intención de mudar a toda la familia?

—Ese era el plan. Nosotros somos muy unidos con mi hermano y con mi mamá; y los dos sabíamos que el primero que se fuera se iba a llevar al otro. Eso era tácito.

—Es algo que atravesó a toda una generación en Venezuela, ¿no? Esto de “el primero que se va...”

—Se lleva al resto. En el mejor de los casos, porque hay gente que tiene 10 años sin ver a su familia. Por eso te digo que siempre lo marco: “Mi realidad está lejos de ser la realidad más perjudicada por la situación en Venezuela”. Todo lo contrario. Nosotros vivimos cosas todas muy duras, pero yo tengo un privilegio de tener a toda mi familia conmigo hoy en Argentina.

—¿Lograste traerlos a todos?

—Entre todos lo logramos. Primero traje a mi hermano. Ahí empezamos a ahorrar entre los dos y pudimos traer a mi mamá, a mi papá, mi padrastro, que es Rubencho. Y después... Mi mamá ha trabajado siempre y nos dejaba en la casa de mi abuela todo el día. A la tarde venía y nos buscaba. Y mi abuela siempre le ha gustado la leche condensada y pararse a la mitad de la noche a servirse una tacita de leche condensada. Cuando yo me enteré que mi abuela no se estaba pudiendo comprar su leche condensada... No te estoy hablando de necesidades básicas, te estoy hablando de un lujo en ese sentido.

—Es increíble igual cómo normalizamos y naturalizamos ciertos infiernos y decimos que un lujo que una abuela pueda tomar una tacita de leche condensada.

—Cuando yo me enteré de eso, dije: “Me voy a buscar a mi abuela”. O sea, nosotros no podemos haber vivido lo que vivimos en nuestra infancia con una mujer que dio su vida por nosotros y ahora estar en Palermo tomando una copa de vino y ella no se puede parar a comerse una cuchara de leche condensada. Te lo cuento y me dan ganas de llorar. Mi abuela tiene pánico a los aviones y me dijo: “Yo no me subo a un avión si Anais no me viene a buscar”. Y eso significaba ahorrar también mi boleto, con todo lo dificil que era. Y por eso te digo que Dios ha sido muy bueno conmigo. En ese momento apareció un casting en Space para ser la Tiburona de…

—¡Lo has hecho todo, querida! A vos nadie te puede decir que no: entre la Tiburona y los volantes.

—Sí, sí sí (risas). Y a todo esto, paralelamente, seguía trabajando en el canal. Yo ahí ya era conductora de un canal de música y aparece la Tiburona Space, que era una persona con una cabeza mecánica de tiburón y me decían: “¿Para qué vas a hacer el casting?”. Y les dije: “Déjeme hacer el casting”. Finamente, el pago entero de la Tiburona Space fue para los boletos. Me fui a Venezuela a buscarla y me la traje para acá.

—¿Sigue viva tu abuela?

—Sí, mi abuela vive gracias a Dios. Y entendió que lo mejor que nos pudo haber pasado fue venirnos a este país. Uno de mis primos tiene una hija, que es también mi ahijada, Ciela, y es hipoacúsica. Tiene un problema de audición, disminución auditiva. Y cuando nosotros empezamos a averiguar para ponerle los auriculares, nos habían contado que en Argentina existía el único instituto que enseña a los niños sordos a decodificar el sonido con sus auriculares. Entonces, Ciela llegó aquí muy chiquitita, con 3 años, y empezó a estudiar en el Instituto y hoy Ciela habla y escucha. Fue bueno para todos.

—Yo cada vez que viajo, cuando estoy llegando a Ezeiza, digo: “No hay nada mejor que estar en casa”. ¿Se puede, después de algunos años, encontrar esa sensación de hogar en un nuevo país?

—Total. ¿Pero sabés qué me pasa? Cuando llego a Ezeiza siento que llego a mi casa, que llego a mi hogar. Se puede. Yo creo que tiene mucho que ver con los lazos que haces. Migrar no es para todo el mundo, es muy difícil. No es un cuento de hadas. Hay gente que le cuesta mucho integrarse. Argentina es una bendición para todos nosotros. La cantidad de cosas que viven otros venezolanos viviendo en otros países de Latinoamérica no tienen nada que ver con Argentina. O sea, la xenofobia que se presenta en otros países es muy dura. En Argentina, jamás. El argentino te tiende la mano de verdad. Yo siento la generosidad de entender que son un país hecho a base de migraciones. Pero además el argentino quiere ser bueno en las cosas que hace. El argentino quiere tratarte bien, que tú lo recuerdes como su mejor anfitrión.

—Vos, en ese video que se hizo tan viral, decías algo impactante que es esto de tener que borrar los mensajes del teléfono y la persecución que viven en Venezuela. ¿Cómo es vivir con esa realidad de estar en alerta todo el tiempo?

—Fue muy duro. Es muy duro, porque esto sigue ocurriendo hoy. Hay una censura muy salvaje en Venezuela que, gracias a las redes sociales, ellos no han podido controlar del todo. Pero cuando ese video se hace muy viral, a mí me empiezan incluso a llamar de muchos medios y yo no quise dar una sola nota más en ese contexto, porque Rubencho, mi papá, mi padrastro, estaba todavía en Venezuela.

—Él es periodista, ¿no?

—Sí, fue periodista muchos años, hoy ya no se dedica al periodismo. Él estaba en Venezuela en ese momento y yo jamás pensé que el video iba a tener el alcance que tuvo. Y yo ahí decía su nombre. Y a mí me agarró un pánico y un llanto en mi casa de preguntarme por qué hice esto, por qué estoy arriesgando a mi familia, que además fue una cosa que me nació hacerla, que la sentí un poco como responsabilidad siendo una venezolana que está trabajando en un medio muy importante de comunicación en Argentina. El día después de que capturaran a Maduro no puedo sentarme a hacer Olvídate toda la noche como que así no pasa nada. O sea, yo sentía una responsabilidad, pero después fue como: ¿por qué fui tan allá? ¿Por qué dije el nombre?

—Y hoy, con el diario del lunes, ¿por qué sentís que lo hiciste?

—Yo siento que fue como una data que tenía en el espíritu que necesitaba salir y que yo nunca la había contado. Yo en estos casi 10 años en este país jamás había contado nada de nuestra historia, porque tampoco quise construir mi carrera a base de lástima ni, ni aprovecharme de la situación del país para tener más difusión, nunca quise hacer eso. Pero ahí lo sentí necesario decir.

—Se percibía en tu voz una especie de grito de libertad.

—Y también de hartazgo. El mundo le ha dicho al venezolano cómo comportarse. Y le ha dicho: “Tienen que salir a luchar más, tienen que salir a la calle, tienen que hacer esto. No, pero tienen que ir a elecciones. Pero ¿cómo no lo sacan?“. Hemos hecho de todo. O sea, ¿hasta cuándo nos van a seguir mandando a hacer cosas? Y el día que lo sacan y nos ponemos contentos, nos mandan a ponernos tristes.

—Sí, a cuestionar si estaba bien o estaba mal. La soberanía...

—Claro.

—¿Sentís que el mundo fue muy hipócrita con Venezuela? Me refiero a esto de estar pidiendo ayuda a gritos y cuando finalmente hay una intervención, aparece que el dedo acusador.

—Un poco. Ahí la soberanía se hace un concepto intocable, ¿no? Cuando nosotros no vivimos en soberanía hace tantos años y además la soberanía se come, se alimenta de la gente. Es durísimo. Yo puedo llegar a entender, en ciertos aspectos, porque hay noticias que obviamente hacen muchísimo más ruido que otras. Y si tú no estás tan empapado de la situación en Venezuela y de repente te enteras de que sacaron al presidente, es fuerte. Esta situación viene desde hace años. Pero yo creo que igual hay gente que no conocía tanto la historia. A mí mucha gente me daba las gracias por ese video, me decían: “No tenía ni la más pálida idea de que esto pasaba”. Yo de verdad creo que es una situación que, si no tienes un venezolano cerca o no tienes alguna vena curiosa que te invite a ver noticias, a enterarte un poquito más, solamente sabes que hay un gobierno de izquierda, que hay un montón de gente que no lo quiere, que es más corrupto que otra cosa. Pero entender que es un gobierno tan asesino, te permite entender un poco el sentir venezolano. Si no lo conoces, se presta un poco para esto. Están sacando a un presidente a la fuerza. Obviamente que nadie quería que el final fuera ese. ¿Y quién nos llevó ahí? ¿De quién es la culpa? ¿Nuestra? ¿Que celebremos que lo capturen de esa manera? ¿O es culpa de un régimen que hizo todo mal durante casi 30 años?

—Imagino que al alzar la voz también recibiste muchos comentarios, algunos de apoyo y otros de crítica.

—Sí, ese fin de semana fui muy atacada yo y todos los venezolanos que publicamos algo en redes sociales estando fuera del país sobre lo que había pasado. Me molestaba mucho esa indolencia, ¿no?Esa falta de empatía y esa autoridad que tienen hoy las redes sociales. Y creo que esto pasa en todos los aspectos, no solamente en lo que tiene que ver con lo político y en mi caso con lo de Venezuela. Yo siento que en las redes sociales está esta necesidad de ser mejor que el otro, ¿no? O sea, el comentario y el hate te permite ponerte en un lugar de superioridad y de corregir al otro desde un lugar de absoluta ignorancia. Y somos todos seres humanos y hay una persona del otro lado que tiene una realidad que no conoces. La cantidad de veces que me mandaron a devolverme y todavía me siguen mandando a que me devuelva. No me voy a devolver. Amo este país con todo mi ser. Amo Argentina con todo mi ser. Argentina me dio a mí y a mi familia el renacer más bello que hubiésemos podido soñar.

—O sea que no te imaginás el día de mañana en una Venezuela distinta, renacida y con paz.

—No, pero sí me imagino algo que no se lo conté absolutamente a nadie, pero el otro día tuve el sueño de concebir a mis hijos en Venezuela. Irme de vacaciones con mi esposo, mostrarle Venezuela. El otro día veía imágenes, lloraba y pensaba en eso: ¿mira si yo puedo concebir a mis hijos en Venezuela? Yo crecí en un pueblo precioso que se llama San Antonio de los Altos y me gustaría ir contándole. En definitiva el venezolano, es la energía, más allá del lugar. Es lo que me respondo a mí misma cuando tengo ese miedo. Es ir al lugar donde yo construí mi personalidad, donde yo construí la energía con la que siempre quise vivir. Es el doble de amor. Yo tengo dos casas, tengo dos países. En el nombre de Dios pronto voy a tener mi ciudadanía argentina y la voy a llevar con absoluto orgullo, porque en este país me gradué, en este país me casé, en este país seguramente voy a tener mis hijos y trato de devolverle con mucho trabajo y mucha responsabilidad todo lo que me ha dado.

Una historia de amor inesperada: del WhatsApp a una vida juntos en Argentina

—Contame cómo nació esta historia de amor con tu marido, porque dijiste: “En este país me casé”. ¿Él es argentino?

—Él es argentinísimo (risas). Súper argentino. Lo conocí trabajando en este canal hermoso que me dio tanto, en HTV. Yo era conductora y productora del canal y él era productor de otro canal de música, de Quiero, y yo siempre hacía notas y nos cruzábamos todos los medios. En algún momento me cruzo con un compañero y yo necesitaba un cargador. Teníamos una nota con un artista colombiano y después me iba a hacer una nota Lali y me estaba por apagar el teléfono y me dice: “Yo no tengo, pero mi productor sí”. Y yo le dije: “Tú nunca vienes con productor”. Y me dice: “No, es que siempre se queda afuera hablando por teléfono”. Lo llama para que me traiga el cargador y él entra.

—Y lo viste y dijiste...

—¿Quién es ese hombre?

—Aparte viste que los argentinos tienen como esta cosita.

—Sí, mi marido es todo cool y él tiene como una cosa... Es supercanchero, es divino. Él entró en ese momento, pero el detalle es que yo tenía pareja. Era un drama total. Yo tenía pareja, una pareja de la que me quería separar y mi mamá me decía: “¿Cuándo te vas a separar? Vas a encontrar al amor de tu vida y te va a encontrar diciéndole: ‘Tengo novio’”. Dicho y hecho (risas). Ella me dijo: “Te va a pasar, te vas a encontrar al amor de tu vida y vas a estar con otra persona”. En ese momento lo conocí, hablamos de trabajo y me pidió mi número para un puesto. Supuestamente para un proyecto de música...

—Que nunca se hizo.

—Sí, mentira. Nunca se lo voy a creer. Pero en el momento me fascinó. Él me empezó a reaccionar cosas en Instagram y yo dejé de responderle, porque dije: “Bueno, necesito solucionar esta situación”. Esto fue más o menos en octubre, noviembre, yo me separo en diciembre y en febrero, le digo a mi hermano: “No tengo a nadie, no tengo a nadie con quien hablar”. Me dice: “¿Cómo no vas a tener a nadie con quien hablar? Revisa tu WhatsApp”. Y empiezo a buscar contactos y bajó hasta la S, mi marido se llama Santiago.

—¡Tuviste que scrollear hasta la S! Fue como un Tinder de WhatsApp. Te digo que es una buena técnica.

—En ese momento empecé a buscar en el listado de WhatsApp, lo encuentro y digo: “¡Ay! Él me había encantado”. Y me daba vergüenza mandarle un mensaje de la nada. Y dije: “Le voy a mandar un mensaje como que si es un mensaje equivocado” (risas). Como que si es paa otro Santi. Y le mandé: “Hola, Santi. ¿Sabrás a qué hora nos buscan el domingo?”. Y él, ni lerdo ni perezoso, me contestó: “Che, Ani, no sé qué posibilidades hay de que te hayas equivocado de Santi, pero yo el domingo salgo a las 10. Si quieres te busco y vamos al teatro”. Y le dije: “Jaja, sí, pero contame más”. Como que sí, me equivoqué, pero vamos al teatro. Y ahí salimos por primera vez y estamos juntos desde ese día. No nos separamos nunca más.

—¿Pasó cuánto tiempo?

—De esa primera salida a hoy, estamos a seis años y un par de meses.

—Enseguida dijiste: “¿Es él?”

—Sí. De hecho, desde que teníamos cuatro meses juntos, yo me refiero a él como mi marido. Él no tuvo miedo a nada conmigo. Yo me acuerdo que decía en mi relación anterior, cuando estaba con una persona que era un muy buen hombre, pero era bastante más frío, me acuerdo que yo le decía a una amiga: “Yo no me quiero morir sin que me dediquen canciones, sin que me sorprendan”.

—¡Un romántico!

—“Yo quiero un romántico como yo”, le decía. Y mi amiga argentina, me decía: “Estás buscando en el país equivocado. Aquí no lo vas a encontrar. Aquí no hay tanto romántico”.

—Acá hay más chamuyeros, más cancheros.

—Claro, es otra cosa. Y yo le dije: “Si yo estoy en este país, esa persona también está en este país, porque yo no puedo ser la única que le gusta el romance y todo eso". Bueno, apareció mi marido, casi que me hace una película y me propuso matrimonio en la sala de un cine.

—Es espectacular lo que me contás.

—O sea, él es la persona que hace mis sueños posibles. Él es esa herramienta que me mandó Dios para que nosotros construyamos la vida que queremos y que sea realidad y no solo un sueño en mi cabeza.

—Qué lindo. Es un lindo ejemplo de amor, que no pasa siempre.

—Y yo creo que hay algo muy raro y que es como un engaño en el que caímos con las películas y con las historias de amor que nos vendieron en las telenovelas, que uno cree que el amor es intensidad loca. Y yo creo que el amor es paz. El amor es paz y tranquilidad. Es una persona que le otorga paz a tu caos. La vida es muy complicada. Si la persona no te hace la vida más fácil emocionalmente hablando, no es amor, es otra cosa. Y por eso a veces la gente sale de relaciones súper tóxicas y encuentra otra y dice: “Bueno, pero yo no voy a amar nunca como amé a aquella persona”. No lo amabas.

—Te elevaba el cortisol, que es diferente (risas).

—Exactamente.

—Si hoy pudieses tomarte un té o un mate con la Anais que llegó hace nueve años a la Argentina, atravesada por el miedo, la convicción, las ganas y el desarraigo, ¿qué le dirías desde la mujer que sos hoy?

—Le hablaría de un inmenso orgullo por ella y le agradecería por haber tomado esas decisiones. Lo hiciste con dudas, con miedo y lo hiciste igual. Le daría un abrazo inmenso. Trataría de quitarle un poco el miedo, pero creo que es difícil. A mí mi carrera siempre me dio mucho miedo. Mi sueño más grande siempre ha sido la música y me tardé casi 30 años en ejercerlo. Le diría que hay un mundo más bonito detrás del miedo y que tiene las capacidades, que sí las tiene, que no dude tanto. Que confíe un poquito más. Eso le diría.

La periodista y escritora Lydia Cacho afirmó que vive en un “exilio forzado” porque las personas y grupos que denunció por presuntas redes de trata de personas y protección política “necesitan verla muerta”. Este fin de semana, en la Ciudad de México, la autora sostuvo que las amenazas en su contra continúan mientras en el país “persiste una estructura de narcopolítica y censura” que, dijo, también involucra a sectores ligados a la actual izquierda gobernante.

La escritora regresó temporalmente al país para presentar “Un halcón bajo mi ventana”, su libro más reciente, y durante una entrevista con Carmen Aristegui aprovechó el espacio para lanzar una crítica directa contra figuras políticas y movimientos que, según sostuvo, abandonaron las causas democráticas que antes defendían. “¿Qué pasó con esa izquierda que ahora de repente está aliada a la censura?”, cuestionó durante la conversación.

Cacho señaló que, tras la publicación de “Los demonios del Edén”, hace dos décadas, comenzaron las persecuciones oficiales en su contra por exhibir presuntas redes internacionales de explotación sexual infantil protegidas tanto por actores políticos como por grupos criminales. Según explicó, en esas estructuras participaron gobernadores, senadores, mandos policiacos, fiscales y funcionarios encargados de procurar justicia.

Ataques directos en su contra

La periodista recordó que, tras años de litigio y protección a víctimas, el empresario Jean Succar Kuri recibió una sentencia de 113 años de prisión. Sin embargo, aseguró que las represalias derivaron en tortura, encarcelamiento, amenazas de muerte y ataques directos contra ella.

Entre esos episodios mencionó el atentado ocurrido en 2019, cuando hombres armados ingresaron a su domicilio, asesinaron a sus mascotas y robaron archivos periodísticos. Según relató, especialistas de Interpol y personal de seguridad le recomendaron abandonar México para preservar su vida mientras continuaban las investigaciones contra el exgobernador de Puebla Mario Marín y otros implicados.

Cacho acusa vínculos entre antiguos priistas y sectores de Morena

Durante la entrevista, Cacho reveló que acababa de ser notificada sobre el rechazo de un amparo promovido por Mario Marín y Adolfo Karam, quienes buscaban liberarse del proceso judicial relacionado con el caso.

La autora aseguró que volverá a declarar ahora que se encuentra en México y sostuvo que las amenazas no provienen únicamente de personajes del pasado priista, sino también de actores ligados al actual poder político.

Según dijo, parte de las personas involucradas migraron políticamente del PRI a Morena y actualmente mantienen posiciones de influencia dentro del gobierno poblano y otras estructuras de poder.

La escritora también rechazó confiar su seguridad al Estado mexicano. Recordó que elementos de la Guardia Nacional estaban asignados a su protección cuando ocurrieron ataques en su contra, aunque afirmó que los agentes abandonaron el lugar durante los atentados.

“La narcopolítica ya gobierna”: la advertencia de Lydia Cacho

En el tramo más político de la conversación, Cacho afirmó que desde hace más de 15 años distintas voces advirtieron sobre el crecimiento de la narcopolítica en México. Según explicó, el fenómeno dejó de limitarse al financiamiento ilegal de campañas y evolucionó hacia una infiltración directa de grupos criminales en estructuras gubernamentales.

La periodista sostuvo que organizaciones delictivas han conseguido controlar economías locales, imponer dinámicas de miedo en comunidades enteras e influir en decisiones políticas. También afirmó que algunos grupos criminales operan con características similares a organizaciones terroristas, aunque aclaró que no comparte la postura del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre México.

Cacho agregó que la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta el desafío de romper con sectores de Morena que, según dijo, buscan mantener silencio frente a esos problemas. De no hacerlo, advirtió, podría aumentar la presión de Estados Unidos sobre México y sobre organizaciones civiles.

La escritora nicaragüense exiliada Gioconda Belli afirmó el miércoles que el Gobierno censuró la publicación de su última novela en su país natal porque “tiene miedo” de escuchar la verdad.

Belli, una de las voces literarias más influyentes de América Latina, dijo que los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo temen las voces que exponen su traición a la revolución sandinista de izquierda que derrocó al régimen de derecha de Anastasio Somoza, respaldado por Estados Unidos, en 1979.

Belli formó parte de los primeros gobiernos de Ortega, entonces un ícono de la guerrilla sandinista, pero desde entonces Estados Unidos ha tildado a su gobierno de dictadura, acusándolo de hacerse con el poder absoluto mediante una reforma constitucional y de aplastar la disidencia.

Belli, que vive en España después de que el Gobierno le retirara la nacionalidad nicaragüense en 2023, explora el tema de la traición en su novela Un silencio lleno de susurros.

La escritora conversó con esta agencia en Panamá, donde asiste al festival literario Centroamérica Cuenta.

—¿Cómo ve la evolución de la literatura centroamericana?

—Por un lado, sigue siendo muy dinámica, pero por otro, creo que ha sufrido mucho debido al contexto político que estamos viviendo en Centroamérica.

En cierto modo, ese sufrimiento es precisamente lo que da origen a la literatura. Es una región que, sin duda, ha soportado grandes sacrificios. Pero al mismo tiempo, incluso bajo las dictaduras más crueles, ha logrado producir literatura de calidad.

—¿Qué papel puede desempeñar la literatura en este contexto?

—La literatura es un activo tremendo para Centroamérica. Le da visibilidad a la región y crea sueños, promesas y posibilidades. La literatura no puede derrocar un régimen autoritario por sí sola, pero puede animar a la gente a reflexionar sobre las tendencias autoritarias y lo que eso puede significar para sus propias vidas.

—Así es como puede surgir la censura.

—El poder siempre ha temido la palabra escrita y, sobre todo, la palabra escrita que dice la verdad. Dante fue exiliado, Víctor Hugo fue exiliado. La palabra escrita te obliga a pensar, y una conciencia más aguda es uno de los elementos esenciales necesarios para lograr el cambio.

No vamos a terminar con ninguna con poesía. Sin embargo, si un poema te lleva a un estado de comprensión, de conciencia y, sobre todo, de aspiración, entonces empiezas a pensar en una vida diferente, quieres vivir de otra manera.

—¿Por qué cree que censuraron su novela?

—Porque adoptamos una postura crítica. Como surgimos de las filas del sandinismo, sabemos cuáles eran los objetivos originales del sandinismo y no podemos tolerar lo que han hecho con él, cómo lo han degradado y manipulado.

Saben que tenemos la capacidad, la autoridad moral y la experiencia necesarias para desenmascarar y sacar a la luz exactamente lo que están haciendo. Nos tienen miedo.

—Has dicho que este libro busca exorcizar la estructura de poder en Nicaragua.

—Es una novela sobre la relación entre una madre y una hija, pero también es una novela sobre la desilusión. La madre, tras haber dedicado toda su vida a la revolución, se queda con la sensación aplastante de que su sueño ha sido traicionado.

—En Corea del Norte, las películas de Corea del Sur siguen logrando entrar al país a pesar de la censura.

—Hoy en día tenemos formas de comunicarnos. He enviado un PDF de mi libro a mis amigos y les he pedido que lo distribuyan. No pueden controlarlo todo, por mucho que quieran. Ya han perdido esa batalla.

—¿Existe la autocensura en la región?

—Que otros me censuren es una cosa, pero yo no me autocensuro. Creo que uno de mis roles, como persona perjudicada por este régimen y que ahora vive en el exilio, es alzar la voz en nombre de quienes no tienen voz, para hablar de lo que está pasando.

Hay tanta gente viviendo en el exilio que huyó sin tener absolutamente nada a su nombre. Yo tengo un nombre, una obra, pero hay personas que se han quedado sin trabajo, a las que se les ha quitado la pensión y que se encuentran en un estado de total abandono.

—¿Ve alguna posibilidad inmediata de poder regresar a casa?

—No lo veo inminente, pero podría estar equivocada, y ahí es donde residen mis esperanzas. Nunca se sabe lo que depara el futuro. Sí veo el final a la vista. Tanto Ortega como Murillo se están embriagando de poder y están haciendo cosas imprudentes. Tienen mucho miedo, más miedo que nosotros. Creo que se están desgastando considerablemente.

—¿Qué extrañas de Nicaragua?

—Me llena de gran tristeza pensar que he perdido mi hogar, un lugar que amaba profundamente porque me sentía como un guardiana del paisaje. Ver el lago, los volcanes, la vegetación, las flores, extraño todo eso.

—Alguna vez imaginó que esto sucedería cuando formaba parte del movimiento sandinista?

—Nunca, jamás imaginé que esto pudiera suceder. Han cometido los actos más despreciables y vengativos contra las mismas personas que lo arriesgaron todo por la revolución.

Fuente: AFP.

Fotos: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni (archivo); EFE/ Bienvenido Velasco; EFE/ Zipi Aragon (archivo); EFE/ Juan Carlos Hidalgo.

Con raíces en la Unión Soviética y en la KGB, la propaganda y la manipulación informativa han sido pilares de algunos de los sistemas políticos más rígidos. En ese marco, la adopción acelerada de tecnologías digitales se ha convertido, por su propia naturaleza, en una herramienta funcional a la influencia política, la invocación de la seguridad nacional y la administración de la narrativa pública.

En las últimas horas, diversas fuentes de inteligencia analizan la posibilidad de un atentado contra el líder ruso e incluso escenarios de desestabilización interna. Más allá de esas hipótesis, lo verificable es que desde mayo de 2026 Rusia ha intensificado las restricciones sobre la conectividad móvil en Moscú y otras regiones, en particular durante eventos sensibles como el Día de la Victoria. Si bien estas medidas se justifican formalmente en razones de seguridad —entre ellas la amenaza de ataques con drones ucranianos— su impacto cotidiano revela algo más profundo. La interrupción de servicios afecta pagos digitales, operaciones bancarias, transporte, navegación y comunicación básica, al tiempo que dificulta el uso de aplicaciones de mensajería como Telegram.

Vladimir Putin ha sostenido la necesidad de reforzar estos controles tras más de cuatro años de conflicto desde la invasión a Ucrania en 2022. Ambos países se encuentran inmersos en una guerra de drones sin precedentes, en la que dispositivos de largo alcance impactan tanto en centros de mando como en infraestructuras críticas, especialmente en el sector energético. En ese contexto, Ucrania ha logrado alcanzar objetivos en territorio ruso —incluso en zonas industriales como Kirishi— mientras que Moscú informó haber interceptado centenares de drones en una sola noche.

Las preocupaciones del entorno presidencial se han intensificado desde que ataques ucranianos lograron aproximarse a instalaciones sensibles, incluyendo el propio Kremlin y residencias vinculadas al mandatario. En paralelo, Rusia cuenta con la capacidad técnica de aislarse de la red global mediante el desarrollo de Runet, un sistema que el país viene probando desde hace años bajo el argumento de protegerse de interferencias externas.

Lo que en sus inicios se presentaba como una medida preventiva, comienza a consolidarse en 2026 como un instrumento de control interno. La progresiva implementación de este modelo no sólo permite regular el acceso a la información, sino también condicionar la formación de la opinión pública e incluso facilitar mecanismos de vigilancia. En este sentido, la hiperconectividad contemporánea se convierte en una fuente constante de datos, particularmente valiosa para regímenes con vocación de control.

Las restricciones se concentran en grandes centros urbanos como San Petersburgo, donde se registran cortes prolongados en determinadas zonas. Sin embargo, no se trata de un apagón uniforme, sino de un esquema selectivo que habilita únicamente plataformas incluidas en listas aprobadas por el gobierno. Esta lógica impacta de lleno en la vida cotidiana. Comercios y ciudadanos enfrentan dificultades para realizar transacciones, muchas de las cuales solo pueden concretarse en efectivo, mientras que tareas básicas como utilizar un GPS se vuelven inciertas.

En la práctica, esto se configura como un control estatal sobre las telecomunicaciones. El Servicio Federal de Seguridad dispone de facultades para ordenar interrupciones del servicio, respaldado por un marco legal que obliga a los operadores a acatar estas decisiones sin necesidad de fundamentaciones específicas. Frente a este escenario, los ciudadanos apelan a alternativas informales, como redes wifi públicas en cafeterías o cadenas gastronómicas, aunque la principal estrategia consiste en el uso de VPN. Aun así, estas herramientas también comienzan a ser bloqueadas con creciente rapidez.

Este esquema dista de ser novedoso, aunque su consolidación actual evidencia una tendencia más amplia hacia un modelo digital cerrado y centralizado. Se trata de una arquitectura que busca institucionalizar una “internet soberana”, en línea con el camino recorrido por China, cuyo sistema de control sobre el ciberespacio se ha convertido en referencia para otros regímenes.

Gabriel Zurdo es especialista en ciberseguridad, riesgo tecnológico y negocios.

Jacob Mchangama advierte en Libertad de expresión. Una historia global desde Sócrates hasta las redes sociales (Ladera Norte) que la libertad de expresión enfrenta ataques renovados en el siglo XXI debido al auge de la tecnología digital, que ha intensificado tanto el acceso a la información como la propagación de falsedades y discursos de odio, fenómeno que, según su análisis, coloca a las democracias liberales ante el dilema de defender sus valores fundamentales o sacrificar parte de ellos para combatir amenazas percibidas.

En su libro sobre la historia y los desafíos actuales de la libertad de palabra, Mchangama plantea que las restricciones planteadas hoy por los gobiernos retoman argumentos antiguos —la mentira y la amenaza a la estabilidad— utilizados durante siglos para justificar la censura y que, lejos de ser soluciones eficaces, pueden debilitar las bases mismas de las sociedades abiertas.

Un punto central que distingue el trabajo de Mchangama es el análisis de la llamada “falacia de Weimar”. Esta interpretación sostiene que el ascenso del nazismo en el siglo XX fue consecuencia de una supuesta permisividad de la República de Weimar frente a los extremistas, argumento que suele utilizarse en la actualidad para justificar nuevas políticas de censura.

Sin embargo, el autor documenta que en realidad existían numerosas restricciones, e incluso que las leyes diseñadas para ilegalizar medios ultraderechistas permitieron a los nazis victimizarse y perseguir con mayor eficacia a sus críticos.

Los datos y ejemplos reunidos por Mchangama conforman una panorámica global que trasciende la visión eurocéntrica habitual. El autor examina debates y episodios significativos desde la Grecia clásica hasta la era digital, pasando por el mundo islámico, Asia y Escandinavia. Destaca figuras como Mill, Spinoza o Constant, sin dejar de señalar la función histórica de censores y liberticidas, así como el ciclo invariable de pánico político que acompaña a cada innovación tecnológica relacionada con la comunicación.

Uno de los ejes narrativos del libro es la tensión entre dos conceptos originados en Grecia: parresía, la libertad de hablar para todos, y isegoría, asimilada posteriormente por la cultura romana pero convertida en privilegio elitista. Esta distinción entre enfoques igualitarios y restricciones jerárquicas recorre toda la historia del fenómeno.

A lo largo de la obra, el autor enfatiza que la persecución de la irreverencia política y religiosa precede, evoluciona y a veces se entrelaza con las campañas más recientes contra el “discurso del odio”. El análisis concede menor espacio a la censura sobre el arte y la literatura, privilegiando en cambio los conflictos originados por la sátira y la crítica política.

Ejemplos notables son la censura al feminismo, a las minorías y los choques derivados del imperialismo europeo, así como “las guerras culturales del presente”, desde el movimiento contemporáneo de la cancelación hasta las restricciones promovidas en bibliotecas de Estados Unidos por organizaciones como Moms for Liberty.

La “maldición de Milton”, otro concepto señalado en el relato, se refiere a la paradoja según la cual quienes abogan firmemente por la libertad de palabra tienden, tras experimentar sus consecuencias, a demandar posteriormente restricciones, ejemplo que vincula a personajes tan disímiles como el poeta inglés, Catalina la Grande o recientes directivos de plataformas digitales.

El siglo XXI introduce la mayor disrupción tecnológica desde la invención de la imprenta, con la aparición de internet, redes sociales y, más recientemente, la inteligencia artificial. Estas herramientas han multiplicado la circulación de ideas, pero también el temor de las élites políticas y sociales ante el potencial dañino de los bulos y discursos extremistas. La aspiración de controlar estos riesgos choca, según Mchangama, con las advertencias históricas acerca del peligro de regular en exceso la palabra pública.

En uno de sus pasajes más citados, Mchangama resume el dilema contemporáneo: “Las democracias liberales deben aceptar que, en la Ciudad Digital, no es posible proteger eficazmente a los ciudadanos y a las instituciones de la propaganda hostil, el contenido que incita al odio o los bulos sin comprometer los valores liberales e igualitarios de la propia democracia”.

El libro enfatiza que la eficacia de la libertad de expresión como motor de los valores democráticos es insustituible. La obra no esquiva vacíos —regímenes autoritarios del siglo XX como el franquismo aparecen apenas mencionados— pero aporta una de las miradas más amplias y documentadas sobre el tránsito de la censura religiosa, el control político y los actuales desafíos del discurso libre en el mundo global.

La embajada de China en Argentina, conducida por Wang Wei, presionó a la Universidad de Belgrano para impedir la presentación de un libro sobre el régimen de Beijing prevista para el pasado 29 de abril. La actividad, llamada “China: la seducción comunicacional para normalizar a un régimen”, tenía como objetivo, además, la ponencia de dos paneles de profesionales y expertos en política internacional ante estudiantes e invitados especiales. La coacción diplomática resultó eficaz: la jornada académica, finalmente, fue cancelada.

La actividad estaba organizada por la Fundación Friedrich Naumann, el Center for the Study of Contemporary Open Sociaties (CESCOS), el International Republican Institute, la propia universidad y la Oficina Cultural y Comercial de Taiwán en Buenos Aires. Los promotores esperaban alrededor de 150 estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de esa prestigiosa casa de altos estudios de Buenos Aires.

El viernes 24 de abril, por la mañana, la embajada de China comenzó con sus advertencias: se comunicaron telefónicamente con decanos, directores y docentes de diferentes carreras amenazándolos con cortar todo vínculo con la universidad si los paneles anunciados eran finalmente presentados. Horas después, la presión aumentó. Tres diplomáticos se presentaron en la sede de la calle Zabala para protestar y exigir la cancelación del evento. Los funcionarios del régimen fueron más allá y dieron aviso de que ese tipo de actividades podría dañar las relaciones diplomáticas entre ambos países... y las propias.

Las autoridades universitarias consideraron prudente acceder a las exigencias de los enviados diplomáticos y así se lo comunicaron al resto de los organizadores. En un principio, habían acordado con la embajada cancelar por completo el acto. Sin embargo, según pudo reconstruir Infobae, la casa de estudios intenta por estas horas una maniobra intermedia: reprogramar la actividad para junio, sin promoción y exceptuando de cualquier comunicación el auspicio de la Oficina Cultural y Comercial de Taiwán.

Los organizadores habían comprometido a diferentes oradores para esa jornada académica. Entre ellos figuraban: Pablo Dons, reconocido académico y director de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de esa casa de estudios; Pedro Isern, director Ejecutivo de CESCOS; Juan Battaleme (UCEMA), Ricardo Ferrer Picado (UNLP), Fernando Pedrosa (UBA), Delfina Milder y Roberto Iglesias, cuyo libro no pudo ser presentado.

La opinión de los censurados

Para Isern -quien además es profesor en la Universidad ORT de Uruguay y en UCEMA- la situación se repite cada vez más y tiende a naturalizarse: “Dado que creemos, erróneamente, que estamos lejos, asumimos que no hay ni habrá desafíos políticos e institucionales serios ante la creciente integración comercial y financiera con China. Ante esta errónea percepción de la evolución de la geopolítica reciente, creemos que este permanente ejercicio de presiones y extorsiones del régimen chino, a través de sus embajadas y simpatizantes alrededor del mundo, es un pequeño costo a pagar frente a grandes oportunidades materiales”.

Por su parte, desde la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, su director para la región, Hans-Dieter Holtzmann dijo que observa con “preocupación el avance de prácticas sistemáticas de presión e intimidación impulsadas por regímenes autoritarios en ámbitos académicos, políticos y culturales. América Latina no está al margen de estas prácticas”.

“Las sociedades abiertas se sostienen sobre principios fundamentales: la libertad académica, la libertad de expresión y el derecho a debatir ideas sin presiones externas. Cuando actores estatales intentan condicionar qué temas pueden discutirse, qué voces pueden ser divulgadas, o qué perspectivas pueden ser escuchadas, estamos frente a mecanismos de influencia incompatibles con los valores liberales y democráticos”, señaló a Infobae.

Roberto Iglesias, el autor del libro finalmente censurado, también se refirió a la cancelación del evento: “Mi libro trata principalmente de lo que llamo la ‘seducción comunicacional’ de los medios globales chinos para presentarse como un país normal, el soft power a través de una muy cuidada y amable propaganda positiva donde nunca hay problemas ni críticas y se oculta el tema central: una autocracia sin libertades y con violaciones de derechos humanos. Aquí estamos ante una acción que es la otra cara de la moneda, un acto de hard power o sharp power“.

“China no se limita a dar su versión de las cosas sino que pretende tener un control total sobre la narrativa sobre cualquier cosa que se diga de ella en los medios mundiales. Las presiones a gobiernos y a medios a través de embajadas y otras instancias son en ese sentido relativamente comunes. La lógica de presionar para cancelar un panel es un paso más en esa dirección del control narrativo, además de ser una evidente interferencia en otro país para coartar la libertad de expresión”, subrayó Iglesias.

Aún no hay fecha prevista para la reprogramación de la presentación del libro y de los paneles, aunque se cree que sería finalmente para los primeros días de junio.

X: @TotiPI