Agentes de seguridad enmascarados registraron este jueves las oficinas del diario independiente Nóvaya Gazeta en Moscú, en un nuevo golpe contra la prensa libre en Rusia que se produce el mismo día en que el Tribunal Supremo declaró extremista a la organización de derechos humanos Memorial.

El propio periódico informó del allanamiento a través de sus redes sociales. “Aproximadamente a las 12:00 del mediodía, agentes de seguridad enmascarados llegaron a la redacción e iniciaron un registro”, indicó el rotativo, que precisó que sus abogados no podían acceder al edificio, donde se encontraban varios empleados. Un periodista de la AFP en Moscú vio dos camionetas del Comité de Investigación de Rusia estacionadas frente a la redacción y a varios miembros del personal retenidos en el vestíbulo.

Horas después del allanamiento, el Ministerio del Interior publicó un comunicado que atribuyó las diligencias a un caso penal por uso ilegal de datos personales, supuestamente empleados para elaborar “materiales con contenido negativo”. El diario no había recibido notificación previa alguna.

Nóvaya Gazeta fue durante años el principal medio de comunicación independiente de Rusia, reconocido por sus investigaciones sobre violaciones de derechos humanos y su cobertura crítica del poder. Fue fundado en 1993 por Dmitri Murátov y sus colegas con el apoyo del último líder soviético, Mikhail Gorbachov, quien donó parte del dinero de su propio Nobel de la Paz de 1990 para comprar los primeros ordenadores de la redacción.

En 2021, Murátov recibió el Premio Nobel de la Paz por sus “esfuerzos para proteger la libertad de expresión” al frente del diario. Varios de sus periodistas fueron asesinados en circunstancias que en general se atribuyeron a represalias. Entre ellos, Anna Politkovskaya, quien investigó durante años los abusos del ejército ruso en Chechenia y fue hallada muerta en su edificio en 2006, el día del cumpleaños del presidente Vladimir Putin.

La historia reciente del diario refleja la asfixia progresiva de la prensa independiente en Rusia. Tras la invasión de Ucrania en febrero de 2022, Nóvaya Gazeta suspendió temporalmente su actividad ante la aprobación de una ley que castiga con hasta 15 años de cárcel la difusión de “información falsa” sobre el Ejército ruso. Retomó su publicación días después, pero de forma muy reducida y limitada a temas que no rozaran la censura militar. En septiembre de ese año, las autoridades revocaron sus licencias de medios impresos y digitales y bloquearon su sitio web. Pese a ello, el diario continuó operando de manera precaria desde su sede en Moscú, donde mantuvo personal y actividad residual. En septiembre de 2023, Murátov renunció a la dirección tras ser declarado “agente extranjero” por las autoridades rusas y fue reemplazado por un nuevo editor.

Tras la suspensión de actividades en Rusia, un grupo de ex periodistas del diario fundó Nóvaya Gazeta Europe con sede en Letonia, con una redacción independiente compuesta por periodistas que habían abandonado el país. La nueva publicación fue declarada organización “indeseable” por Rusia en junio de 2023, lo que convirtió en delito cualquier forma de cooperación con ella dentro del territorio ruso.

El registro a Nóvaya Gazeta se produjo el mismo día en que el Tribunal Supremo de Rusia declaró extremista a Memorial, la organización de derechos humanos galardonada con el Nobel de la Paz en 2022. El fallo convierte en delito penal cualquier forma de colaboración con el grupo, que durante décadas documentó los crímenes del Gulag soviético y hoy contabiliza más de 1.000 presos políticos en el país. Ambas acciones, ocurridas en la misma jornada, reflejan la intensificación de la represión contra la sociedad civil rusa en el contexto de la guerra en Ucrania.

La tarde de este viernes 27 de marzo, la diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros, denunció a través de un video que su cuenta de Instagram fue suspendida tras exponer irregularidades y privilegios de legisladores de Morena. La legisladora señaló que la suspensión no corresponde a una falla administrativa, sino a una acción política dirigida contra quienes critican los abusos del partido en el poder.

Señalamiento de una campaña coordinada

Ballesteros afirmó que el bloqueo de su perfil no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia que, según su perspectiva, busca limitar la libertad de expresión de voces críticas en México. Aseguró que la plataforma ha suspendido recientemente cuentas de otras personas dedicadas a denunciar actos de corrupción y opacidad.

“En todo México, en las últimas semanas, esta plataforma ha estado suspendiendo cuentas de personas que estamos luchando por los derechos de todos los demás y que estamos denunciando los abusos del régimen”, puntualizó la diputada.

La legisladora sostuvo que las acciones recientes en redes sociales coinciden con denuncias sobre:

• Ausencia de diputados de Morena en el Congreso
• Exposición de privilegios de los legisladores frente a la realidad laboral en el país
• Reportes constantes sobre el incumplimiento del mandato popular

“Estas granjas de Morena no es la primera vez que se están enfrentando ante la gente que está tratando de hacer una contención de sus abusos en el poder”, advirtió la diputada.

Suspensión afecta capacidad de informar

Durante su pronunciamiento, Ballesteros mencionó el caso de Miguel Meza, quien administra una cuenta enfocada en el seguimiento de narcopolíticos mexicanos. Según la diputada, Meza también sufrió la suspensión de su perfil después de publicar investigaciones sobre redes de criminalidad y vínculos con actores políticos.

“Hace unos días le suspendieron también la cuenta a Miguel Meza, de narcopolíticos, por estar trabajando, denunciar a los narcopolíticos mexicanos”, destacó.

La diputada alertó que estas suspensiones afectan la capacidad de informar y documentar hechos relevantes para la ciudadanía. Rechazó que el cierre de cuentas derive de un error técnico y planteó que se trata de una represalia ante la difusión de críticas y exigencias de transparencia.

Suspensión llevará a tomar acciones legales

Ballesteros sostuvo que llevará el caso por las vías legales y los canales oficiales de Instagram para reactivar su cuenta. Anunció que no limitará la demanda a su situación personal, sino que buscará representar a todas las personas afectadas por medidas similares. “No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Si te han cancelado tu cuenta de Instagram, contáctame aquí, porque vamos a empezar también a hacer una acción colectiva”, señaló.

Entre los temas que, según la diputada, han motivado represalias digitales se encuentran:

• Denuncias sobre la revocación de mandato y cuestionamientos al desempeño de la presidenta
• Informes sobre la crisis ambiental en el Golfo de México, tras un derrame de petróleo que abarca más de seiscientos treinta kilómetros
• Acusaciones sobre violaciones a derechos y falta de cumplimiento con el mandato popular

El mensaje concluyó con un llamado a la defensa de la libertad de expresión y a la organización ciudadana frente a las presiones políticas en el entorno digital.

En su cuenta de X, la diputada informó que su cuenta fue desbloqueada, sin mayor información por parte de Instagram:

“No tenemos aún mayor información. La razón por la que se suspenden cuentas es por denuncia masiva de usuarios. Me han contactado más de 35 activistas, críticos de régimen, cuyas cuentas han sido suspendidas también. Lo que queda claro es que se están invirtiendo cantidades millonarias en granjas que hacen este trabajo sucio”.

Un tribunal ruso prohibió el jueves el documental ganador de un Oscar Mr Nobody Against Putin en varias plataformas de streaming, alegando que promovía “actitudes negativas” hacia el Gobierno ruso y la guerra en Ucrania.

La película documenta las clases de propaganda a favor de la guerra impartidas en una escuela de la región rusa de Cheliábinsk, que utilizó material filmado en secreto durante dos años y sacado de contrabando del país por el camarógrafo de la escuela.

El Consejo de Derechos Humanos de Rusia, designado por el Kremlin, presentó una queja contra la película la semana pasada, argumentando que “se utilizaron imágenes de menores sin obtener el consentimiento de sus padres”.

En una sentencia dictada el jueves, un tribunal de la región de Cheliábinsk declaró que la película promovía el “terrorismo” y “actitudes negativas hacia el actual Gobierno”, según informó el medio de comunicación independiente ruso Sotavision.

El tribunal también objetó que la película mostrara una bandera “blanca-azul-blanca”, un símbolo que algunos miembros de la oposición rusa utilizan para protestar contra la guerra en Ucrania, pero que está prohibido en Rusia por considerarse “extremista”.

El tribunal prohibió la película —que ganó el Oscar al mejor documental a principios de este mes— en tres plataformas de streaming rusas, informó Sotavision, que publicó una grabación de audio del juez hablando en el tribunal.

Se trata de la primera medida conocida de recurrir a los tribunales para restringir el acceso a la película —cuyas copias piratas están ampliamente disponibles en Internet— dentro de Rusia.

Desde que lanzó su ofensiva militar a gran escala contra Ucrania hace cuatro años, el Kremlin ha reprimido la oposición a la guerra.

Las autoridades han tratado de recabar apoyos para la guerra de Ucrania en el sistema educativo, modificando los planes de estudios para promover la versión del Kremlin sobre la ofensiva.

El protagonista de la película, Pavel Talankin, huyó de Rusia en 2024.

Fuente: AFP.

Fotos: Reuters/ Mike Blake y archivo.

Un incidente descrito por las organizaciones civiles implicó a un inspector municipal de Haifa que, durante una cobertura informativa, habría amenazado a un periodista diciéndole que se quitaría el uniforme para agredirlo físicamente. Esta situación se enmarca dentro de una serie de denuncias presentadas por entidades defensoras de los derechos árabes en Israel, que solicitan medidas legales ante lo que consideran episodios persistentes de hostigamiento y restricciones hacia la prensa en la ciudad. Según consignó el medio original, tres organizaciones no gubernamentales con actividades centradas en la protección de los derechos de la población árabe en Israel presentaron este lunes una demanda formal ante el Tribunal de Asuntos Administrativos del Distrito de Haifa, exigiendo el cese inmediato de la interferencia por parte de inspectores municipales en las labores periodísticas de comunicadores árabes.

De acuerdo con la información difundida por las organizaciones, los incidentes reportados se han intensificado desde el comienzo del conflicto armado actual, el 28 de febrero de 2026, fecha que coincide con el inicio de las hostilidades entre Israel, Estados Unidos e Irán. Según la demanda, las autoridades municipales habrían adoptado una actitud de presión contra estos profesionales, con intimidaciones que van desde amenazas de imponer multas y confiscación o daño al equipo periodístico, hasta amagos de detención y coacción física. Las ONG han registrado casos en los que se alega que inspectores municipales emiten advertencias infundadas sobre la exigencia de un “permiso municipal” para transmitir en vivo o grabar imágenes, pese a que, según lo recopilado por estas entidades, la Policía local ha reiterado en varias ocasiones que no existe ninguna normativa que prohiba realizar este tipo de coberturas siempre que se cumpla con la legislación vigente en materia de censura.

El medio informó que la abogada Hadil Abú Salí, representante de Adalah —el Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel— ha encabezado la presentación judicial actuando además en nombre del Centro Mossawa y de I’lam, el Centro Árabe para la Libertad de Prensa, el Desarrollo y la Investigación. El comunicado de Adalah enfatiza que la solicitud judicial presentada busca que el municipio de Haifa se abstenga de pasar los límites de sus competencias interfiriendo en la labor informativa, especialmente durante transmisiones en directo y filmaciones. Esta demanda se apoya en la declaración de la Policía de que las transmisiones solo están sujetas a las normas generales de censura a la prensa que rigen para todos los medios, por lo que el accionar de los inspectores carecería de justificación legal.

Según publicó la abogada Abú Salí tras la demanda, los hechos relatados por las tres ONG formarían parte de un patrón de persecución sistemática que afecta a quienes, durante situaciones de conflicto, se ubican fuera del consenso predominante en la sociedad israelí. Abú Salí considera que el municipio local incurre en prácticas discriminatorias y arbitrarias al intentar controlar a los comunicadores, sin que tenga competencias para hacerlo, extendiendo conductas de represión que también se reflejan en actos dirigidos contra manifestantes, artistas y espacios culturales. “Ahora, este abuso de poder se ha extendido a periodistas árabes en un intento de imponer censura ilegal”, detalló la abogada en su alegato judicial y citado por el medio.

Por su parte, el director del Centro Mossawa, Jafar Fará, instó durante la presentación a que el alcalde de Haifa ponga fin a lo que considera una “instrumentalización política del personal municipal” en contra de los periodistas árabes. Fará también criticó lo que describió como políticas municipales discriminatorias hacia la población árabe en general. El directivo denunció que las autoridades están empleando la unidad Oz, originalmente creada y financiada mediante un nuevo impuesto a los habitantes locales para combatir la delincuencia, para perseguir fines políticos. Entre los ejemplos aportados, mencionó la retirada de carteles escritos en idioma árabe en la vía pública, en lugar de implementar acciones para enfrentar la criminalidad que afecta a la ciudad. El portavoz manifestó su preocupación por la actitud de ciertos funcionarios municipales que, en sus palabras recogidas por el medio, “parece que algunos dentro del municipio se creen el gobernador militar de Haifa”.

La demanda presentada se apoya en una serie de quejas documentadas desde el inicio de la actual guerra, que incluyen testimonios de periodistas que aseguran haber recibido amenazas directas al intentar realizar su labor informativa en Haifa. Otras situaciones señaladas involucran intentos de limitar la cobertura mediática, influyendo negativamente en el acceso a la información para la comunidad local y planteando interrogantes sobre el respeto a los derechos fundamentales y la libertad de prensa en contextos de excepcionalidad bélica. Según reportó la abogada de Adalah, la represión de la protesta y la censura a expresiones culturales y mediáticas traduce un clima de presión institucional que trasciende los casos individuales documentados, repercutiendo de manera generalizada sobre sectores de la sociedad árabe en Israel.

El medio detalló que la Policía de Haifa, citada en la demanda, ha reiterado que los profesionales de la información solo deben respetar las restricciones comunes de censura y no necesitan permisos adicionales para la transmisión o grabación, contrastando con los fundamentos esgrimidos por la administración municipal para justificar las intervenciones. Tanto Adalah como las restantes ONG insisten en que los actos denunciados constituyen una práctica de discriminación en momentos de especial tensión social y política, solicitando al tribunal una respuesta judicial inmediata que garantice la libertad de prensa y el ejercicio pleno de los derechos de los periodistas árabes en el espacio público haifano.

Las organizaciones firmantes han sostenido ante la justicia que estas acciones se enmarcan en una discriminación sistemática y han subrayado la importancia de garantizar estándares igualitarios en el trato de comunicadores, independientemente de su origen étnico o afinidad política. La judicialización de este conflicto marca un nuevo episodio en las tensiones entre las ONG defensoras de derechos humanos y el gobierno local de Haifa, profundizando el debate sobre los mecanismos de control, la transparencia en las actuaciones públicas y la vigencia de la libertad de prensa en escenarios de conflicto armado, de acuerdo a lo expuesto en la documentación presentada ante las autoridades judiciales y reproducida por el medio.

La reciente desclasificación y publicación de archivos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) del período 1973-1983 reveló detalles operativos hasta ahora desconocidos del organismo en una época marcada a fuego y sangre por la violencia estatal y la resistencia de grupos armados. En ese contexto, un documento Estrictamente Secreto y Confidencial (ESC) de 1982 trajo a la luz los métodos utilizados para censurar libros y películas durante la última dictadura militar.

La Resolución “ESC” N° 72/82 de la SIDE, fechada el 31 de enero de 1982, estableció la readecuación de la estructura y la modificación de las “normas de asesoramiento ideológico” que la central de inteligencia le proporcionaba a la Aduana, que tenía la última palabra para la ejecución de la censura.

Había sido en 1973, durante la última presidencia de Juan Domingo Perón, que se le asignó a la Aduana “la responsabilidad de control de todo tipo de literatura cuya finalidad fuese la difusión de ideologías contrarias a los principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional a los efectos de su prohibición de ingreso al país”.

En ese mismo momento, se le asignó “a la Secretaría de Inteligencia de Estado la función de asesoramiento técnico mediante el análisis de contenido ideológico de las publicaciones a fin de que la Aduana determine el encuadramiento correspondiente a las prohibiciones sobre circulación”.

Tras varias adecuaciones y modificaciones en los procedimientos previos que de momento no fueron dados a conocer, en las últimas horas se reveló el documento de 1982 ya mencionado que brinda los detalles precisos de cómo se ejercía la censura de los materiales.

El trabajo era llevado a cabo por la División Asesoría Literaria, dependiente de la Dirección Comunicación Social, inmersa a su vez en el Departamento Medios de Comunicación Social. La tarea era la de analizar el contenido del material remitido por la Administración Nacional de Aduanas, así como integrar el Consejo Honorario del Ente de Calificación Cinematográfico, “emitiendo opinión sobre aspectos que pueden atentar contra la Seguridad Nacional”. Además, se debía “mantener actualizada la biblioteca ideológica” de la SIDE.

Para el estudio de las publicaciones había un sistema establecido con un sinfín de precisiones y formularios elaborados a tal fin. Se había armado también un Esquema de Caracterización Ideológica, que definía “sintéticamente los aspectos más significativos de las corrientes ideológicas seleccionadas para el fin propuesto”.

Esas ideologías estaban divididas en tres grandes ejes:

• El marxismo-leninismo, incluyendo la versión ortodoxa (Moscú) y las restantes subvariantes (castrismo, maoísmo, trotskismo, stanilismo, etc.).
• Los regímenes o doctrinas que, como el anarquismo, el nazismo, o el fascismo sustentan la utilización de la violencia, la abolición de libertades, etc.
• Las corrientes progresistas católicas (Tercermundismo).

A partir del análisis del material, los encargados de realizarlo debían emitir su juicio, cuyo resultado sería:

• No aparecen evidencias de que se trate de difundir con finalidad propagandística ideologías objetables.
• Difunde con finalidad propagandística la ideología: marxista-leninista, o cualquiera de sus variantes (ortodoxa-trotskista-stalinista-castrista-chinoísta, tercermundista, etc.); anarquista; o nazi-fascista.

Los formularios utilizados contaban con espacios a llenar con datos de los autores, las editoriales y las imprentas, así como de los dueños de las mismas.

En cuanto a las obras, había que diferenciar sus temáticas y los públicos a los que se dirigían. De autores, editoriales e imprentas, se marcaban sus antecedentes. Podía no haberlos, pero si los había, debía detallarse si eran “favorables” o “desfavorables” y redactar una síntesis.

Luego, se efectuaba el análisis ideológico. Una vez reseñado el tema de la obra literaria o cinematográfica, se marcaba con un sí o un no si la misma poseía “contenido ideológico”. El siguiente paso era indicar “referencias conceptuales en relación al Esquema de Caracterización Ideológica”.

Mediante cuadros para marcar las opciones correctas, había que señalar a cuál ideología de las ya diferenciadas anteriormente pertenecía el material. En un siguiente esquema, lo que se especificaba era a cuál variante de cada una de esas ideologías adherían y si el contenido era de naturaleza “científico-pedagógica”, “propagandística” o “crítica”.

“Se expresará en un breve juicio fundado, resultante de la conjunción de los aspectos formales, antecedentes y análisis de contenido del presente formulario, a fin de fundamentar el término de evaluación a proponer”, se indicaba en el instructivo con respecto a cómo redactar la conclusión del informe.

En un segundo apéndice, se detallan, ideología por ideología, características de cada una de las ideologías a perseguir, con las concepciones generales de cada una respecto de los conceptos de “economía”, “propiedad privada”, “familia”, “justicia”, “educación”, “política”, “estado”, “bien común”, “autoridad-poder”, “concepción de Dios”, “relación hombre-Dios”, “diálogo personal”.

Incluso, al final de las descripciones, había una aclaración: “Esta caracterización del Progresismo-Católico no será utilizada dentro de los términos de difusión. Cuando exista inequívoca similitud con el marxismo, se la conceptuará en esta ideología”.

El servicio de análisis de los materiales era entendido por el Gobierno como un “asesoramiento técnico en materia ideológica” de la SIDE a la Administración Nacional de Aduanas, tal como se puede leer en una resolución del organismo de inteligencia del 4 de febrero de 1982. En la misma, por ejemplo, a menos de una semana de la resolución anterior y sus correspondientes instructivos, fue que se incluyó directamente al tercermundismo dentro de las ideologías marxistas.

Marisú Hernández tenía 21 años el 28 de enero de 1977. Ese día le cerraron la librería en la que trabajaba toda la familia. Fue un año entero la clausura, hasta diciembre. Libros subversivos, dijeron. A la Librería Hernández la fundaron Damián Carlos Hernández y Emilce García en 1956. Trabajaban ahí sus tres hijas; Marisú es la más chica. Primero estuvo en Corrientes 1580 y en 1973 se mudaron adonde está hoy. Aquel día del 77 los militares se llevaron 7800 libros. Dos meses después volvieron por más.

Fue una denuncia anónima. Los milicos volvieron porque se enteraron que la librería tenía un depósito lleno de estantes. Cuando entraron no podían creer la cantidad de libros. Libros subversivos. “Este año decidimos exhibirlos de frente, en un sector especial donde la gente los pueda ver. Y en otra mesa pusimos todos los libros sobre derechos humanos, juicios, desaparecidos, madres, abuelas, nietos. Los vamos rotando por la cantidad de material que se ha editado del 83 a esta parte”, cuenta Marisú.

Marx, Lenin, Mao, Trotski, Perón, Evita, Ho Chi Minh, Marcuse, Sartre, Fidel Castro, David Viñas, Spilimbergo, Kautsky, Gregorio Selser, David Rapaport, Noé Jitrik, Bernard Dort son algunos de los tantos nombres que figuran entre los libros prohibidos.

Las cosas no volvieron a ser igual. Ese día se llevaron a Eduardo Mora, cuñado de Marisú, y lo largaron en seis meses. Sus padres, los fundadores de la librería, se exiliaron en Uruguay. “Lo ocurrido hace 49 años en la librería y 50 años en todo el país fue una cosa planeada: no solamente desaparecieron gente, robaron niños, mataron y secuestraron, también fueron hacia la cultura, hacia la educación, hacia la formación de la gente. Esto también le pasó a editoriales como Centro Editor y a librerías como Trilce”.

Hernández, que está cumpliendo setenta años, es una librería que, en palabras de Marisú, “siempre tuvo una línea, una conducta, una posición”: “Por más que tenemos material plural, siempre nos dedicamos más temas como historia, política, sociología, psicología, educación. La gente que viene a esta librería en parte saben a qué vienen, qué quieren, qué buscan. Contar la historia de la librería ha movilizado a mucha gente que estuvo acá, o que compraba acá, incluso muchos se enteraron así”.

Marisú Hernández salva vidas y lee libros, ¿o salva libros y lee vidas? Todas las mañanas está en la gran librería familiar —trabajan ahí sus hermanas, su hija, sus sobrinos—, patrimonio nacional, en Corrientes 1436, y algunas tardes atiende pacientes en su consultorio: es médica clínica. Hasta 2001 fue al revés: se dedicaba fundamentalmente a la medicina y cuando podía iba a la librería. Pero la balanza pesó más de un lado. Hoy sigue con los pies en los dos charcos: salva vidas y lee libros, ¿o salva libros y lee vidas?

“Otras librerías tendrán otra impronta, pero nosotros, a pesar de lo que nos pasó, no modificamos una línea, una conducta, una postura”, dice la librera y piensa cómo esa historia y este nuevo aniversario del golpe de Estado tensiona con el presente y hace ecos con las políticas de Javier Milei y La Libertad Avanza. “Lo que está haciendo este gobierno desde que tomó el poder es tratar sacar todo lo que sea cultura. Es bien sabido todo lo que ha hecho con cantantes, con películas, con desfinanciar el cine”.

“Esto lo dijo en lo personal: este gobierno tiene una actitud muy similar a lo que ocurrió antes. Sabemos bajo qué gobierno estamos actualmente”, sostiene.

Marisú sigue creyendo en los libros. Pero reconoce que es un artefacto a destiempo. “La mayor potencia del libro fue en los años setenta cuando la gente joven y no tan joven sabían que la única manera de poder entender un montón de cosas era leyendo. Para mí el libro tiene un lugar preponderante ahora, que es para formarse, y lo va a tener siempre. Me refiero al libro en papel, no a leer en la computadora. Uno puede salir del apuro con un e-book, pero al libro no lo van a reemplazar... El libro es irreemplazable”.

(Fotos: Adrián Escandar)

Telegram, una de las aplicaciones de mensajería más populares y utilizadas en Rusia, atraviesa una de sus crisis más graves. Desde el 16 de marzo de 2026, miles de usuarios en Moscú, San Petersburgo y otras regiones han reportado fallos en la plataforma.

La app no se abre, los mensajes no se envían y el acceso a fotos y videos está bloqueado. La razón es el endurecimiento de la censura digital por parte del gobierno ruso, que ha comenzado a bloquear Telegram de manera sistemática, adelantándose a la campaña prevista para abril próximo.

El trasfondo de estos cortes va mucho más allá de simples caídas técnicas. La decisión de bloquear Telegram y restringir el acceso a internet móvil y fijo en varias ciudades forma parte de una estrategia más amplia de control y censura estatal.

Las autoridades rusas exigen que Telegram localice en el país los servidores que almacenan los datos de los usuarios, lo que supondría un riesgo para la privacidad y la seguridad digital de millones de personas.

Por qué en Rusia hay censura de Telegram

En los últimos meses, el Kremlin ha intensificado su presión sobre plataformas extranjeras. Tras el bloqueo de WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, FaceTime, Snapchat, X (Twitter) y Signal, Telegram se convirtió en el último bastión de comunicación cifrada y libre para millones de rusos.

Al perder acceso a estas aplicaciones, la ciudadanía ha recurrido a Telegram no solo para mensajes personales, también para informarse, coordinar actividades, organizar ayuda voluntaria y debatir sobre el conflicto en Ucrania.

Sin embargo, la nueva ley firmada por Vladimir Putin, que otorga al Servicio Federal de Seguridad la potestad de ordenar el bloqueo de internet móvil y fijo, ha permitido implementar restricciones sin precedentes.

Desde el 3 de marzo de 2026, los residentes de Moscú sufrieron interrupciones masivas en internet móvil, llamadas y mensajes de texto, afectando incluso los servicios WiFi en la Duma Estatal.

Cuáles son las consecuencias sociales de la censura de Telegram

La caída de Telegram y el corte de internet han tenido un efecto inmediato en la vida cotidiana y en la economía digital. Según medios locales, la venta de walkie-talkies y pagers ha aumentado, así como la demanda de otros elementos clásicos. Usuarios y analistas describen una “vuelta al pasado” digital, donde la conectividad deja de ser un derecho garantizado y se convierte en un bien escaso.

El diario Izvestia graficó la situación con una portada satírica: ciudadanos de Moscú caminando con ladrillos en vez de teléfonos, desconectados y preocupados por la pérdida de acceso. Para muchos, la imposibilidad de pagar facturas en línea, coordinar trabajo remoto o comunicarse con familiares y amigos representa mucho más que una molestia: es un ataque directo a la libertad de expresión y a la vida moderna.

Por qué desean bloquear Telegram en Rusia

Las autoridades rusas acusan a Telegram de negarse a colaborar con la localización de servidores, de no combatir el fraude ni impedir el uso de la plataforma por parte de criminales o terroristas.

Pavel Durov, fundador de la aplicación, sostiene que la verdadera motivación detrás de los bloqueos es la censura y el deseo del gobierno de forzar a la población a utilizar servicios controlados por el Estado, diseñados para la vigilancia y el control político.

Según expertos citados por medios como Kommersant y Meduza, las restricciones ya no pueden eludirse fácilmente ni con herramientas como VPN, ya que el gobierno ha implementado “listas blancas” de sitios permitidos y bloqueado la mayoría de servicios de anonimato.

La caída de Telegram y el endurecimiento de la censura digital marcan una nueva etapa en la lucha por la libertad de expresión en Rusia. Con el país cada vez más aislado de la infraestructura global de internet, la ciudadanía enfrenta el desafío de adaptarse a un entorno donde la información está controlada y la conectividad depende del arbitrio estatal.

El presidente Gustavo Petro lanzó una serie de críticas contra la Procuraduría tras la solicitud que hizo el organismo para tumbar el convenio entre el Gobierno colombiano y Portugal para la producción de pasaportes, según información publicada por Semana. El mandatario aseguró que la actuación del Ministerio Público podría tener implicaciones políticas en medio del contexto electoral.

El pronunciamiento del jefe de Estado se produjo a través de varios mensajes publicados en su cuenta de X, donde cuestionó la decisión de la Procuraduría de pedir al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anule el acuerdo firmado por el Gobierno para la elaboración de los documentos.

En uno de los mensajes, Petro afirmó que el Ministerio Público estaría interviniendo de manera indebida en el proceso electoral, según ese medio de comunicación.

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“Esto es plegarse al interés particular. Thomas Greg and Sons va por un acuerdo con un candidato. Si tumba el contrato de pasaportes es porque el acuerdo se realiza. Mal hace la Procuraduría al meterse en las elecciones presidenciales”, expresó Petro, citado por Semana.

El mandatario también hizo referencia a la empresa Thomas Greg and Sons, compañía que durante años ha estado vinculada a la producción de pasaportes en el país.

Según lo manifestado por el presidente, la intención del Gobierno es evitar que el contrato vuelva a manos de esa empresa.

“Sé la reacción que estará esto, pero la idea de censurarme es para permitir que tomen el contrato de pasaportes y la empresa beneficiaria: Thomas Greg buscará devolver el favor en el escrutinio. Pasaportes no vuelven a Thomas Greg and Sons, así vuelvan los tiempos de Ordóñez (sic)”, señaló Petro en otra publicación.

Las críticas del presidente también surgieron después de que la Procuraduría solicitara que el mandatario se abstuviera de hablar sobre un supuesto fraude electoral sin presentar pruebas.

Frente a esa petición, el jefe de Estado cuestionó nuevamente al organismo de control.

“¿Sin pruebas? ¿Está dispuesto a censurar al presidente de nuevo? He hablado de desacato de la Registraduría a la sentencia del Consejo de Estado del 2018 que obliga a tener un software del Estado”, afirmó Petro en uno de sus mensajes.

El mandatario sostuvo que actualmente el proceso de preconteo y escrutinio electoral está tercerizado.

Según indicó, el software utilizado en el sistema electoral no pertenece directamente a la Registraduría Nacional.

“Hoy han tercerizado el preconteo y escrutinio privado y no es la Registraduría dueña del software. No permite auditarlo”, escribió el presidente.

En sus mensajes también señaló que, si no es posible auditar el sistema informático, no existiría transparencia en los procesos electorales.

“Si no se permite auditarlo, no hay transparencia electoral, hay opacidad en los algoritmos”, manifestó.

El mandatario añadió que durante los escrutinios se han detectado irregularidades en algunos formularios electorales diligenciados por jurados.

Por ello, pidió a los movimientos políticos que presenten sus denuncias ante las autoridades judiciales correspondientes.

“Les solicito a los movimientos que tengan sus demandas por falsedad en los formularios allegarlos al Tribunal de Cundinamarca como pruebas de fraude de jurados”, escribió.

Finalmente, el presidente reiteró su postura frente a la controversia por el contrato de pasaportes y advirtió que no permitirá que el acuerdo vuelva a manos de la empresa que anteriormente tenía el servicio.

“Los señores de Thomas Greg and Sons, que no sueñen con censurar al presidente”, concluyó Petro en sus publicaciones.

El presidente de la República, Gustavo Petro, respondió públicamente a la demanda que cursa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con la que se busca que rectifique y se abstenga de insistir en la posibilidad de un fraude electoral en el país. En su pronunciamiento, el mandatario cuestionó el sistema informático utilizado en los procesos electorales y sostuvo que existen problemas de transparencia relacionados con el software y con la actuación de jurados de votación.

La demanda fue presentada por el abogado Ramiro Bejarano, que considera que las afirmaciones del presidente sobre posibles irregularidades en el sistema electoral afectan derechos colectivos relacionados con la moralidad administrativa, la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones democráticas. En ese proceso judicial también se solicitó una medida cautelar para que el mandatario se abstenga de poner en duda la transparencia del sistema electoral sin pruebas.

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Frente a este proceso, el presidente respondió con un mensaje en el que cuestionó la posibilidad de que se le limite su pronunciamiento sobre el tema. “¿Sin pruebas? ¿Están dispuestos a censurar al presidente de nuevo?”, expresó el mandatario en su publicación.

Cuestionamientos al software electoral

En su pronunciamiento, el jefe de Estado afirmó que ha planteado previamente la existencia de un desacato frente a decisiones judiciales relacionadas con el sistema informático de los procesos electorales. En ese sentido, mencionó una sentencia del Consejo de Estado emitida en 2018.

“He hablado de desacato de la registraduría a la sentencia del Consejo de estado del 2018 que obliga a tener un software del estado. Hoy han tercerizados el preconteo y escrutinio privado y no es la registraduría dueña del software. No permite auditarlo”, afirmó el mandatario.

En el mismo mensaje, el presidente sostuvo que la imposibilidad de auditar el software afectaría la transparencia del proceso electoral. “Si no se permite auditarlo no hay transparencia electoral hay opacidad en los algoritmos”, señaló.

Además, mencionó situaciones relacionadas con la actuación de jurados de votación durante el proceso electoral. “Y hoy hay una clara demostración de fraudes de jurados que se descubren en los escrutinios allí donde es posible abrir de nuevo las bolsas de votos”, indicó. El mandatario también hizo un llamado a los movimientos políticos para que presenten ante la justicia las denuncias que consideren pertinentes sobre irregularidades en formularios electorales. “Le solicito a los movimientos que tengan sus demandas por falsedad en los formularios allegarlos al tribunal de Cundinamarca como pruebas de fraude de jurados”, agregó.

Finalmente, en su pronunciamiento mencionó a la empresa contratista del sistema electoral: “Los señores de Thomas Greg and sons que no sueñen con censurar al presidente”, expresó en referencia a la compañía Thomas Greg & Sons.

En la acción presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el abogado Ramiro Bejarano sostiene que el discurso sobre un posible fraude electoral ha sido desmentido por distintas entidades y observadores internacionales.

Entre ellas se menciona a la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que recientemente se pronunció sobre el proceso electoral colombiano. Según el demandante, la insistencia en esa narrativa “lacera profundamente los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa, la seguridad jurídica y la transparencia del proceso electoral, así como la confianza legítima en las instituciones democráticas”.

La demanda, admitida en octubre de 2025, solicita que se adopte una medida cautelar que ordene al presidente abstenerse de poner en tela de juicio, sin pruebas, la transparencia del sistema electoral. La solicitud se presentó en el contexto de las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas.

El 5 de marzo, el tribunal anunció que estudiará la solicitud de la medida cautelar y citó a una audiencia pública para escuchar los argumentos de las partes involucradas. En ese escenario participarán representantes de la Presidencia, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), el Consejo Nacional Electoral de Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Procuraduría General de la Nación.

La Procuraduría solicitó que se acceda a las pretensiones que buscan la adopción de la medida cautelar. Mientras tanto, el tribunal señaló que la función pública electoral implica una serie de actividades que se desarrollan antes, durante y después de los comicios, las cuales forman parte del servicio público administrativo relacionado con la organización electoral.

En su decisión, el tribunal indicó que, aunque las elecciones se celebraron el pasado 8 de marzo, el proceso electoral incluye etapas posteriores que aún deben surtirse. Por esa razón, consideró pertinente evaluar la solicitud de la medida cautelar planteada en la demanda.

Según la instancia judicial, “la eventual adopción de una medida cautelar tendrá sentido y guardará relación con la protección del derecho colectivo a la función pública electoral (confiabilidad del sistema electoral), en atención a las demás etapas electorales que deben surtirse en 2026”.

En la audiencia pública se analizarán los argumentos presentados por las partes que buscan que los jueces ordenen la “cesación inmediata” de las actividades que, según la demanda, podrían afectar el servicio público administrativo de la función electoral.

Un informe regional sobre libertad de expresión volvió a poner a Colombia bajo observación. La más reciente medición del Índice Chapultepec, elaborada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), concluyó que el país permanece en la categoría de naciones “En Restricción”, con un puntaje de 45,37 sobre 100.

El estudio evalúa la situación de la libertad de prensa en 23 países de América. Para esta edición, que analizó el periodo comprendido entre el 2 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025, participaron 195 jueces especializados en la materia. El promedio regional fue de 47,10 puntos, el más bajo desde que se publica el índice.

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En el caso colombiano, el documento indica que el país subió ligeramente en la clasificación general: pasó del puesto 14 al 12 y aumentó su puntaje en 5,03 puntos frente al año anterior, cuando registró 40,34. Sin embargo, la medición aclara que ese avance no representa un cambio estructural en las condiciones de la libertad de prensa.

Uno de los aspectos que más peso tuvo en la evaluación es el rol de las instituciones del Estado. Según el documento, el entorno estatal que más influye en situaciones desfavorables para la libertad de expresión es el poder Ejecutivo. Los jueces que participaron en la medición atribuyeron esa incidencia a la administración del presidente Gustavo Petro, a la que calificaron con una influencia “moderada”.

“Los jueces atribuyen al poder Ejecutivo la mayor incidencia institucional en situaciones desfavorables a la libertad de prensa, con una influencia moderada por parte de la administración de Gustavo Petro”, dice el informe.

El índice analiza tres grandes dimensiones para medir la libertad de expresión. En la primera, denominada “Ciudadanía informada y libre de expresarse”, que revisa si existen condiciones para que la información circule libremente y la población pueda opinar sin restricciones, Colombia obtuvo 12,83 puntos de un máximo de 30.

La segunda dimensión mide las acciones del Estado frente a la violencia contra periodistas y medios de comunicación. En este punto el país recibió su calificación más baja: 13,37 puntos de 40 posibles.

La tercera categoría evalúa el control sobre los medios y el ejercicio del periodismo. Allí Colombia alcanzó 19,17 puntos de 30, un resultado superior al de las otras áreas analizadas.

Además de la actuación del gobierno, el informe menciona otros factores que influyen en el entorno para los periodistas. Entre ellos destaca la presencia de grupos armados ilegales en distintas regiones del país.

“El principal enemigo de la libre empresa periodística y del ejercicio de los comunicadores sociales en Colombia sigue siendo la presencia de grupos irregulares”, indica el documento.

Según la SIP, la situación se ha vuelto más compleja por la fragmentación del conflicto armado y la aparición de nuevas disidencias de las antiguas FARC y estructuras del ELN.

Durante el periodo analizado también se registraron ataques contra comunicadores. El informe menciona el asesinato de los periodistas Diómedes Farid Manrique y Óscar Gómez Agudelo en enero de 2025. Ambos murieron tras ser atacados por sicarios.

El documento sostiene que la falta de prevención y la impunidad en estos casos influyen en la calificación del país. “La incapacidad del Estado para prevenir estos decesos, así como la impunidad en los delitos, también tiene un impacto en el barómetro”, señala el reporte.

El texto también registra el atentado sufrido por el periodista Gustavo Chica Álvarez en julio de 2025, del cual sobrevivió. El informe incluye algunos hechos que considera avances institucionales. Entre ellos menciona una decisión de la Corte Suprema de Justicia que reconoce que los crímenes contra periodistas deben investigarse como ataques a la democracia.

También destaca dos fallos judiciales —las sentencias T-230 y T-149— que ordenaron garantizar el acceso de la prensa a sedes públicas y a los perfiles digitales de funcionarios.

Sin embargo, la SIP advierte que el uso de denuncias penales contra periodistas continúa siendo una práctica presente en el país. Según el informe, ese tipo de procesos judiciales ha sido utilizado “para silenciar voces críticas”.

Durante la jornada conmemorativa del 8 de marzo en Collado Villalba, la concejal de Mujer, Noelia R. Díaz Vaca, interrumpió la representación del monólogo ‘Ser Mujer’ en la Casa de la Cultura. Según reportó el medio, la edil del Partido Popular argumentó que el contenido suponía “una falta de respeto”, decisión que generó la inmediata reacción de los grupos de la oposición, quienes calificaron el hecho como un acto de censura y pidieron su cese.

De acuerdo con la información publicada, la obra interrumpida formaba parte de la programación oficial de actividades municipales por el Día Internacional de la Mujer. La intervención de Díaz Vaca se efectuó mientras la función seguía en curso, alegando supuestas faltas de respeto en el contenido de la actuación. Tras el incidente, la concejal ofreció disculpas públicas a través de la red social ‘X’, donde expresó: “Lamento lo ocurrido durante la representación teatral y pido disculpas por la forma en la que se desarrollaron los hechos. Mi reacción no fue la adecuada y soy consciente de que, como representante público, debo actuar siempre desde la serenidad y el respeto”.

El pasado sábado, el espectáculo fue detenido cuando la concejal subió al escenario y proclamó: “Discúlpenme pero esta obra de teatro y este teatro acaba aquí. Lamento mucho todas las faltas de respeto que se han tenido”. Este momento fue grabado y difundido posteriormente en video por los grupos PSOE y Más Madrid de Collado Villalba a través de redes sociales, recibiendo una amplia difusión.

El PSOE del municipio consideró el hecho como un “acto de censura impropio” de una institución pública, especialmente durante una actividad orientada a celebrar la libertad, los derechos y la voz de las mujeres. Según denunció el partido socialista local, interrumpir un espectáculo en marcha por su contenido constituye una vulneración de la libertad de expresión y refleja un intento de silenciar propuestas artísticas. El comunicado del PSOE remarcó también la importancia de respetar el trabajo creativo y el derecho del público a asistir a representaciones que pueden invitar a la reflexión o al debate, subrayando que el valor de la cultura reside precisamente en su capacidad para incomodar o cuestionar.

La formación socialista advirtió que las instituciones públicas no deben servir de plataforma para criterios personales ni decidir de forma unilateral sobre el contenido que puede ofrecerse en actividades culturales. Dentro de su mensaje, reiteraron: “Nuestro municipio no es el cortijo de nadie”.

Más Madrid, por su parte, mostró una postura similar y reclamó la dimisión de la concejal. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, manifestó a través de ‘X’ que “la responsabilidad de representar a Villalba le queda muy grande” y calificó el episodio como un claro ejemplo de acto censurador. El grupo local de Más Madrid demandó el cese inmediato de Díaz Vaca y aseguró que continuará defendiendo una “cultura libre, feminista y democrática”, rechazando cualquier intento de retroceso en los derechos culturales y sociales.

Tras las numerosas críticas y solicitudes de dimisión, la concejal Noelia R. Díaz Vaca volvió a pronunciarse públicamente, reiterando su petición de disculpas y señalando que su objetivo nunca fue limitar ningún derecho, sino buscar la defensa de valores fundamentales. Díaz Vaca defendió su creencia en la libertad de expresión y subrayó que este principio democrático debe coexistir con el respeto a la dignidad personal, “especialmente cuando hablamos de la mujer y de su libertad”.

El incidente, según detalló el medio, ha generado un amplio debate tanto sobre los límites de la libertad de expresión como sobre el papel de las autoridades públicas en la programación cultural, dejando en el centro del debate la relación entre el ejercicio del cargo y el respeto por la pluralidad de opiniones en actividades financiadas y promovidas desde instituciones municipales.

Tras dejar la Presidencia de la República luego de ser censurado por el Parlamento, José Jerí ha retomado sus funciones como congresista y reaparecido en actividades oficiales vinculadas a su labor de representación. Su retorno al Legislativo se produce en un escenario político aún tensionado y a pocos días de que el gabinete Miralles solicite el voto de confianza ante el Pleno.

A través de sus redes sociales, Jerí informó que reinició su agenda parlamentaria con la semana de representación. De esta manera, el exmandatario, ahora nuevamente en su rol legislativo, retoma sus actividades tras una salida abrupta del Ejecutivo y en medio de un contexto marcado por enfrentamientos entre partidos políticos.

Semana de representación

En una de sus primeras actividades, Jerí detalló: “Inicié -ayer lunes- la semana de representación reuniéndome con los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Autoridad Nacional del Agua (SINATRANA) para escuchar sus principales demandas y evaluar alternativas que permitan fortalecer sus derechos laborales”.

La reunión con el SINATRANA marcó el inicio formal de su agenda tras su retorno al Congreso.

Además, el exjefe de Estado se pronunció sobre la situación climática que atraviesa el país. En ese marco, destacó el papel del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) en el monitoreo de lluvias y crecidas de ríos. En su publicación señaló:

“En medio de las intensas lluvias, crecidas de ríos y eventos extremos que vienen afectando diversas regiones del Perú, el SENAMHI cumple una función esencial: monitorear permanentemente las condiciones meteorológicas e hidrológicas, emitir alertas tempranas y brindar información técnica que permita a las autoridades actuar con anticipación”.

Aparición en un supermercado de Breña

Paralelamente a su retorno a las actividades oficiales, también ha retomado su rutina cotidiana, esta vez sin la presencia de su escolta. El domingo 22 de febrero, José Jerí fue visto en un supermercado ubicado en la avenida Brasil, en el distrito de Breña.

Vestía ropa informal, llevaba lentes oscuros y empujaba un carrito de compras. La escena ocurrió cerca del mediodía, apenas cinco días después de que el Parlamento oficializara su salida del poder. No se observó personal de seguridad ni comitiva que lo acompañara, a diferencia de lo que era habitual durante su etapa en el Ejecutivo.

Los cuestionamientos y la votación de censura

La salida de Jerí del Ejecutivo se produjo luego de que el Congreso de la República aprobara siete mociones de censura en su contra el 17 de febrero. Entre los principales cuestionamientos figuraron reuniones sostenidas con empresarios chinos que no habrían sido registradas de manera transparente en la agenda oficial, situación que generó pedidos de esclarecimiento y aumentó la presión política.

A ello se sumaron antecedentes previos a su llegada al Ejecutivo. Durante su etapa como congresista, fue vinculado con denuncias por presuntos cobros irregulares para favorecer proyectos desde la Comisión de Presupuesto que presidió, aunque no existen sentencias firmes en su contra. Asimismo, una acusación por violación sexual presentada en 2025 fue archivada por falta de pruebas, pero generó críticas desde distintos sectores.

Tras la admisión y acumulación de las siete mociones, el Pleno procedió a la votación final: 75 votos a favor de la censura, 24 en contra y 3 abstenciones.

Pablo Lescano es uno de los referentes indiscutidos de la música popular argentina y la figura central detrás del fenómeno de la cumbia villera. Líder, tecladista y cantante de Damas Gratis, una banda con más de 25 años en los escenarios.

En una charla distendida realizada en el ciclo Bajo el brillo, conducido por Erica Etter, el músico repasó su historia personal, su vínculo con la música y los desafíos de una carrera que marcó a varias generaciones. La entrevista, desarrollada en un ambiente íntimo, permitió conocer en profundidad tanto al artista como a la persona que existe detrás del escenario.

Primeros acordes y raíces familiares

Pablo Lescano creció en San Fernando, provincia de Buenos Aires, en una familia sencilla. Su papá trabajaba en una reconocida embotelladora de gaseosas y su mamá se dedicaba a las tareas del hogar.

En su casa no abundaba la música. No recuerda equipos de audio ni grandes discos girando. Su papá escuchaba a Fernando de Madariaga y su mamá era de gustos más bien reservados.

El vínculo musical se gestó en el entorno cercano: “Me levantaba de pibito y me iba para lo de mis abuelos. Ahí estaban mis tíos, que escuchaban cumbia”, dijo Lescano al final de una anécdota que resume su infancia.

Primeros encuentros con la música

El primer instrumento que atrapó la atención de Pablo fue un piano. “Toqué el pianito con un pibe del barrio. La mamá cobró una indemnización y se compró un piano”, contó Lescano.

En ese contexto, la música se volvió un juego colectivo: la familia y los amigos probaban el instrumento, buscando quién lograba sacar una melodía. Pablo fue quien encontró ese camino, al descubrir que tenía facilidad para reproducir melodías de oído.

A pesar de ese interés, su formación formal en música se limitó a un mes de clases con un profesor de guitarra. “Yo quería tocar el teclado, pero el tipo era profesor de guitarra. Me explicó lo básico sobre acordes, pero era muy técnico”, recordó Lescano.

La enseñanza que realmente lo marcó llegó de un guitarrista del grupo Oasis, banda de cumbia del barrio. Él le enseñó a sacar canciones de oído.

“Sobre esos tres deditos que conforman el fa mayor, la melodía va a estar ahí. Buscala por ahí”, le aconsejó ese mentor. Así, Pablo desarrolló la capacidad de reproducir melodías y letras por intuición, un rasgo que luego caracterizó su carrera.

La escuela y el debut con Amar Azul

El líder de Damas Gratis compartió con Erica Etter que, en plena adolescencia, ya participaba activamente en la música. Su debut en un escenario coincidió con la secundaria: “En el acto de fin de año toqué con la banda. Toqué con Amar Azul”, relató. En ese momento, Amar Azul aún no era un fenómeno popular, pero la experiencia dejó una marca imborrable en su joven trayectoria.

La presentación tuvo lugar entre banderas de ceremonia y la rutina escolar, pero el grupo logró hacer sonar la cumbia hasta altas horas. “Fue toda una secuencia, porque arrancamos a tocar cumbia y tuvimos que frenar porque estaba la bandera de ceremonia”, recordó Lescano.

La búsqueda de un sonido propio

Luego de su paso por Amar Azul, Pablo Lescano sintió la necesidad de desmarcarse de la cumbia romántica y crear un estilo vinculado a su experiencia barrial. “Me pasaba que era muy distinta la letra con lo que yo vivía en mi barrio”, comentó. Decidió armar un proyecto que reflejara su realidad, tanto en las letras como en la estética.

“Nos vestimos así porque así nos vestimos en el barrio. Es esto lo que cantamos, es esto lo que dice la letra y así hablamos”, explicó Lescano sobre la identidad de su nueva propuesta. El sello discográfico aportó el rótulo de “cumbia villera” para generar impacto, pero el impulso creativo fue genuino.

El sonido también fue parte de esa búsqueda. En el estudio, Pablo pidió un audio más plano y contundente, aunque el ingeniero le advirtió que no era lo habitual. “Vamos a crear un sonido distinto, si no somos igual que todos”, insistió Lescano.

Estigmatización y censura

El surgimiento de la llamada cumbia villera generó controversia. Así, Damas Gratis enfrentó episodios de censura por parte del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER). “Después de Flor de piedra salieron otros grupos que se pusieron más agresivos. Eso provocó que el COMFER tomara medidas y que cayeran todos en la volteada”, contó Lescano.

La censura impidió que Damas Gratis sonara en radios controladas por el organismo, pero la banda mantuvo su actividad en radios comunitarias y shows de barrio. “Seguía laburando en ese núcleo chiquitito que tenía, que era la bailanta. Nunca me soltó la mano”, expresó el músico.

La importancia del show en vivo

Uno de los valores que Pablo Lescano defendió a lo largo de su carrera fue la autenticidad del show en vivo. “Nosotros somos músicos. Por ahí no estudiamos en conservatorio, pero nos gusta tocar en vivo”, declaró.

Recordó que, antes de Damas Gratis, los grupos solían hacer playback en las presentaciones. Esa experiencia lo convenció de apostar por la música en directo.

La perseverancia y la vigencia en el tiempo, según Lescano, fueron claves para sostener su trayectoria y diferenciarse de otros grupos. “Defender la bandera de tocar en vivo, eso es lo que más me gusta”, afirmó.

Familia, vida personal y el equilibrio con la música

Lescano reconoció que la música ocupa alrededor del 80% de su vida. Sin embargo, encuentra espacios para la familia y los amigos. “El tiempo que me queda, lo pelea un rato la familia, un rato los amigos, un rato lo social”, explicó.

Contó que, tras las giras, disfruta cocinar y compartir momentos en casa, o relajarse en la isla, cerca del río. “Soy de la zona norte, soy de San Fernando”, reiteró. Ser “pobre de tiempo” es una de las sensaciones que identificó en la actualidad.

Sobre su rol de padre y la construcción de su imagen familiar, admitió que el exceso de trabajo a veces complejiza el equilibrio. “No corremos tanto como antes para llegar a los bailes. Se hace hasta donde se puede”, reflexionó.

El proceso creativo y la relación con la tecnología

Durante la pandemia y después de un accidente en moto, Lescano aprovechó los momentos de pausa para componer. “Cuando mi día a día lo permite, compongo. La pandemia fue un momento en el que hice un montón de canciones y melodías”, explicó.

Prefiere la composición artesanal, trabajando sobre el teclado y armando melodías de manera intuitiva. Respecto a la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en la música, fue tajante: “Soy totalmente ajeno. No quiero ni tocarlo. Dependo mucho de Tommy, mi hijo, que es el que me graba”.

Recordó con nostalgia la época de la grabación en cinta abierta y destacó el avance de la tecnología en el estudio. Sin embargo, sostuvo: “La IA no tengo ni la más remota idea. No hago canciones con eso”.

Colaboraciones y consejos para nuevas generaciones

Cabe destacar que Lescano realizó múltiples colaboraciones con artistas emergentes, como L-Gante y Bizarrap. Compartió su visión sobre la industria musical y aconsejó a los jóvenes no vender los másteres de sus canciones. “Aprendan que el fonograma se puede licenciar y que en un tiempo va a retornar a ustedes”, recomendó.

Sobre la sucesión en la cumbia, prefirió no opinar sobre colegas o artistas jóvenes. “Primero que toque cumbia; después, lo que quiera”, respondió cuando le preguntaron a quién le cedería la corona del género.

El fútbol, la cumbia y el público

Algunas frases y latiguillos de Pablo Lescano se volvieron parte del imaginario popular. “ATR, perro, cumbia, cajetea la piola, gato” surgió en una reunión con amigos. Otros latiguillos, como “Te quiero, pero soy un bardo”, nacieron en sus primeras composiciones.

La música de Damas Gratis se expandió a otros países a través de los futbolistas argentinos que emigraron. “Así se conoció Damas Gratis en México y Colombia”, señaló. Hoy, el grupo reúne a públicos diversos en shows que convocan a argentinos, colombianos, venezolanos, ecuatorianos, paraguayos y chilenos.

Al final de la charla, Lescano dejó un consejo para su versión más joven: “Hagan las cosas bien y a futuro no van a tener problemas”. Sobre el escenario y abajo de él, busca vivir con humildad y honestidad.

Su historia es la de un músico que construyó su camino entre el barrio, la familia y la pasión por la cumbia. Su recorrido muestra que la autenticidad y el trabajo constante pueden abrir puertas, incluso cuando el contexto es adverso.

José Jerí volvió a ser visto en público, esta vez lejos de la agenda oficial y de los actos protocolares. Perú 21 difundió una fotografía donde se ve al exmandatario en un supermercado de la avenida Brasil, en el distrito de Breña. La imagen fue captada el domingo 22 de febrero. Vestía ropa informal, llevaba lentes oscuros y empujaba un carrito de compras.

La escena ocurrió cerca del mediodía, apenas cinco días después de que el Parlamento oficializara su salida del poder. Sin seguridad visible ni comitiva, recorrió los pasillos como cualquier ciudadano. Algunos clientes lo observaron con sorpresa e incluso dudaron por momentos si se trataba realmente de él.

La imagen contrastó con su reciente rol al frente del Ejecutivo. Ya no había escoltas ni protocolo, sino una rutina doméstica que evidenció su retorno a la vida privada.

Actividad en Palacio de Gobierno

Mientras Jerí hacía compras, en Palacio de Gobierno el presidente José María Balcázar avanzaba en la selección de los integrantes de su próximo gabinete ministerial. La conformación del nuevo equipo se volvió una tarea clave tras la censura de Jerí y la crisis institucional que dejó su salida.

En ese contexto, creció la expectativa en los distintos sectores políticos sobre los nombres que asumirán los ministerios. Hasta el momento, lo único confirmado es que el economista Hernando de Soto aceptó dirigir el gabinete de transición.

La salida de Jerí abrió un nuevo capítulo en la crisis política y obligó tanto al Gobierno como al Parlamento a redefinir estrategias para enfrentar un escenario marcado por la tensión y la necesidad de recomponer alianzas.

Los cuestionamientos que llevaron a su censura

La salida de Jerí se produjo luego de que el Congreso de la República aprobara siete mociones de censura en su contra el 17 de febrero.

Entre los principales cuestionamientos estuvieron reuniones sostenidas con empresarios chinos que no habrían sido registradas de manera transparente en la agenda oficial. El tema generó pedidos de esclarecimiento y aumentó la presión política.

A ello se sumaron antecedentes previos a su llegada al Ejecutivo. Durante su etapa como congresista, fue vinculado con denuncias por presuntos cobros irregulares para favorecer proyectos desde la Comisión de Presupuesto que presidió, aunque sin sentencias firmes en su contra. Asimismo, una acusación por violación sexual presentada en 2025 fue archivada por falta de pruebas, pero generó críticas desde distintos sectores.

Reportes periodísticos también advirtieron sobre contrataciones en el Estado de mujeres que habrían sostenido reuniones nocturnas en Palacio, lo que motivó investigaciones por presuntos delitos contra la administración pública.

La votación que selló su salida

Tras la admisión y acumulación de las siete mociones, el Pleno del Congreso de la República procedió a la votación final. El resultado fue 75 votos a favor de la censura, 24 en contra y 3 abstenciones.

Cada moción fue debatida en sesión extraordinaria antes de la decisión definitiva. Con ese resultado, el Parlamento puso fin a la permanencia de Jerí en la Presidencia de la República, en medio de un escenario de alta confrontación política y a pocas semanas del inicio formal del proceso electoral.

Jerí, que llegó al cargo en octubre de 2025 tras la destitución de la entonces presidenta Dina Boluarte. El último martes 17 de febrero, el Congreso aprobó una moción de censura en su contra con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, lo que provocó el abandono inmediato de la presidencia. Su breve mandato, de apenas 130 días, se vio marcado por cuestionamientos políticos y escándalos que erosionaron su posición ante distintos bloques parlamentarios.

Censura y la crisis política

La moción de censura contra Jerí se presentó en medio de investigaciones preliminares por presuntas irregularidades relacionadas con reuniones no registradas con empresarios chinos y otros cuestionamientos sobre decisiones internas del Ejecutivo. Aunque Jerí negó la comisión de delitos y defendió su gestión en diversas entrevistas, esto no logró detener el avance de las acciones parlamentarias que finalmente culminaron con su salida.

La destitución de Jerí se enmarca en un contexto de profunda inestabilidad política en el país, donde al menos siete presidentes han dejado el poder antes de completar sus mandatos en los últimos diez años. La acción del Congreso, que utilizó la figura constitucional de censura para removerlo, refleja las tensiones entre los poderes del Estado y la fragmentación de las fuerzas políticas en el Parlamento.

“Cariño de la gente”

En su mensaje de despedida, Jerí sostuvo que aunque “no es sencillo resolver en meses lo que lleva décadas pendiente”, cada paso de su gestión se ejecutó “con convicción, responsabilidad y entrega”. También subrayó su compromiso con objetivos como garantizar procesos electorales limpios y transparentes, así como el fortalecimiento de la seguridad en el país. En ese sentido, aseguró que desde su nuevo rol legislativo seguirá trabajando “por el Perú que soñamos: un Perú seguro y digno para todos”.

Adicionalmente, Jerí manifestó su gratitud por el “cariño de la gente en cada calle y en cada región” que visitó durante su breve presidencia y reconoció la deuda de llegar a quienes no pudo visitar, un gesto con matices políticos en medio de un ambiente electoral ya marcado por la proximidad de las elecciones generales programadas para el 12 de abril de 2026.

La industria manufacturera de Perú registró un aporte de S/ 23.292 millones en impuestos internos durante 2025, lo que equivale a un incremento del 13,2% respecto al año anterior, de acuerdo con el Instituto de Desarrollo de la Industria y Sociedad (IDIS).

Este resultado reafirma el carácter estratégico del sector en la recaudación fiscal nacional, en un periodo marcado por la recuperación económica.

Recaudación industrial: crecimiento absoluto, ajuste en la participación relativa

El IDIS informó que, pese al crecimiento nominal en la recaudación, la participación de la manufactura en el total tributario descendió de 15,6% en 2024 a 14,5% en 2025.

Jesús Salazar Nishi, presidente del instituto, aclaró que este ajuste no responde a un desempeño desfavorable de la industria, sino al fuerte dinamismo de otros sectores.

“Mientras la manufactura creció 13,2%, la recaudación nacional avanzó 16,3%, impulsada por el salto de la Minería e Hidrocarburos, que incrementó su aporte en 35,6%”, explicó Salazar Nishi.

El también expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) subrayó que, aun así, la industria destinó cerca de S/ 3.000 millones adicionales en comparación a 2024.

Exportaciones industriales: avance sostenido y diversificación

En cuanto al comercio exterior, la manufactura no primaria alcanzó exportaciones por US$ 8.501 millones durante 2025, un aumento del 9,3% respecto al año previo.

El IDIS destacó la capacidad del sector para colocar productos con valor agregado en mercados internacionales, en medio de desafíos logísticos y de costos.

El avance estuvo guiado por el subsector de productos de cobre (con una expansión del 33% gracias a la demanda de conductores eléctricos y bienes especializados), seguido por papeles y químicos (8,7%) y textiles (5,8%), que recuperaron presencia en Estados Unidos.

Por el lado negativo, segmentos como molinería y panadería enfrentaron caídas del 0,5%, afectadas por la volatilidad en los precios globales de granos.

Según el IDIS, la manufactura no primaria representa actualmente el 36,2% de las exportaciones no tradicionales peruanas, consolidándose como el segundo bloque exportador detrás del agro.

Importaciones y modernización industrial: inversión en insumos y tecnología

El comportamiento de las importaciones en 2025 reflejó una apuesta de la industria por la modernización. La compra de insumos industriales alcanzó aproximadamente US$ 17.100 millones, equivalentes al 64,1% de todos los insumos importados.

A su vez, la adquisición de bienes de capital superó los US$ 10.500 millones (62,4% del total de maquinaria traída al país). Salazar Nishi resaltó que existe una relación directa entre el aumento del 40% en el PBI de bienes de capital y el equipamiento destinado a megaproyectos como la nueva industria naval.

Balanza comercial industrial: déficit estructural y concentración sectorial

El saldo comercial industrial de 2025 cerró con un déficit de US$ 12.127 millones. Este resultado refleja una reducción del déficit frente a años anteriores, impulsada por el mayor crecimiento de las exportaciones industriales frente a las importaciones, aunque la dependencia tecnológica externa persiste.

Solo tres subsectores lograron saldos positivos: alimentos (US$ 4.502 millones, impulsados por el agroindustrial), impresiones (US$ 21 millones) y maderas (US$ 17 millones), gracias a nichos de exportación específicos.

En contraste, metalmecánica concentró el mayor déficit (-US$ 10.544 millones), debido a la importación de maquinaria y bienes de capital para proyectos como el Metro 2 de Lima y el puerto de Chancay. El sector textil y confecciones amplió su déficit a US$ 749 millones, presionado por la entrada de prendas de bajo costo.

Salazar Nishi advirtió que el país está importando el “músculo” para sus grandes obras de infraestructura, lo que contribuye al crecimiento del PBI nacional, pero mantiene la dependencia tecnológica.

“Mientras no desarrollemos capacidades locales para proveer al menos una parte de esa tecnología, seguiremos siendo importadores netos de desarrollo industrial ajeno”, puntualizó el presidente del IDIS.

Proyecciones para 2026: menores tasas de crecimiento y desafíos preelectorales

Para 2026, el IDIS proyecta un crecimiento del PBI industrial de 1,8%. Este ritmo más moderado se atribuye al agotamiento del efecto estadístico tras el salto de la metalmecánica naval en 2025, cuando la construcción de buques y estructuras flotantes avanzó 777,9% y la reparación de equipos de transporte 167,9%, por proyectos con destino a EEUU, Indonesia y por la alianza entre el SIMA y Hyundai Heavy Industries.

Salazar Nishi prevé que la cautela propia de un año preelectoral podría retrasar inversiones privadas y limitar sectores vinculados al consumo. Para el presidente del IDIS, los principales motores de 2026 serán la integración del clúster naval con proveedores locales y la eficiencia logística que aportará el nuevo eje portuario de Chancay.

La incertidumbre política en Perú, que ha decantado en la censura de José Jerí como presidente del Congreso y presidenta interina de la República, ha llegado como corolario para un fuerte apetito por mecanismos de protección patrimonial y fideicomisos.

Este tipo de herramientas gana terreno en el país porque más personas, familias y empresas buscan resguardar su patrimonio ante un escenario donde la inestabilidad institucional y la desconfianza en el rumbo político se profundizan, de acuerdo con un análisis de TMF Group.

El antecedente: fuga de capitales y desconfianza en el sistema

Según la consultora especializada, la creciente crisis política y la inminencia de la primera vuelta presidencial, programada para el 12 de abril, han elevado la percepción de riesgo.

La incertidumbre sobre quién asumirá la presidencia interina y la falta de señales claras sobre la estabilidad futura, han impulsado a distintos actores a priorizar mecanismos de protección que no impliquen la salida de capitales del país, pero que sí los aíslen de la turbulencia política.

En ciclos electorales previos, como el de 2021, Perú fue escenario de una fuga de capitales significativa. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que las reservas internacionales cayeron en cerca de 9.000 millones de dólares.

Aunque parte de esos fondos permaneció en efectivo en los hogares, la tendencia reflejaba un clima de temor ante posibles medidas confiscatorias, reformas tributarias abruptas o amenazas a la propiedad privada, explica TMF Group.

Fideicomisos: ¿refugio ante la falta de certezas?

Históricamente, la salida de fondos a jurisdicciones offshore fue la vía preferida para quienes desconfiaban de la capacidad del Estado de garantizar reglas estables.

No obstante, Geraldo Arosemena, managing director de TMF Group para Perú y Bolivia, señala que hoy ese camino se ha vuelto menos atractivo: los altos costos legales, la presión de la fiscalización internacional y la complejidad operativa afectan la viabilidad de mantener activos en el extranjero, especialmente para quienes siguen operando en el mercado local.

En este contexto, el recurso a fideicomisos locales se ha vuelto recurrente. Según TMF Group, la principal razón detrás de su auge es el deseo de separar jurídicamente los activos del riesgo político y personal, asignando la administración a entidades fiduciarias independientes bajo el amparo de la legislación.

El atractivo, sostiene Arosemena, se potencia por la percepción de que el sistema político es incapaz de ofrecer certezas mínimas para la inversión y la tranquilidad patrimonial. Entre los beneficios más citados figuran:

• Protección patrimonial efectiva: los activos quedan fuera del alcance de eventuales medidas arbitrarias, litigios o embargos.
• Transparencia y control: las condiciones del fideicomiso se fijan desde el inicio y su cumplimiento está en manos de un tercero independiente, no sujeto a presiones políticas.
• Eficiencia operativa: mantener el capital en el país evita la pérdida de oportunidades de negocio y los costos de la deslocalización.
• Menor exposición a la fiscalización internacional: la estructura local reduce la complejidad y los riesgos de sanciones o reportes cruzados entre jurisdicciones.
• Flexibilidad: los fideicomisos pueden adaptarse a distintas necesidades, como protección de flujos, planificación sucesoria o garantías frente a terceros.

Un síntoma de desconfianza estructural

Finalmente, Arosemena advierte que el auge de los fideicomisos es, en el fondo, un síntoma también de desconfianza en el sistema político y jurídico peruano.

El hecho de que más empresarios y familias busquen blindar sus activos, no solo ante el proceso electoral sino como estrategia permanente, muestra cuán arraigada está la percepción de inestabilidad y la falta de confianza en que el país pueda ofrecer seguridad jurídica a mediano plazo.

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) experimentó dos jornadas contrastantes tras la censura de José Jerí como presidente del Congreso y, por sucesión, presidente interino de la República del Perú.

El martes 17 de febrero, día del relevo, el mercado local cerró con una baja de 1,4%, una caída que no respondió a la coyuntura política, sino al desempeño negativo de las principales empresas mineras.

Sin embargo, el panorama cambió el miércoles 18 y los principales indicadores bursátiles registraron una recuperación significativa, evidenciando que los inversionistas no reaccionaron con alarma ante el cambio de autoridades en el Legislativo y el Ejecutivo.

El mercado bursátil peruano recupera posiciones tras relevo presidencial

Según César Huiman, senior analyst de Renta4 SAB Perú, la jornada del martes se caracterizó por un cierre mixto, con “gran componente de perdedores y ganadores”, aunque el saldo general fue negativo debido al retroceso de empresas mineras clave como Southern, Volcan y Nexa, que bajaron más de 2%.

“El gran componente de la bolsa local es minería, que concentra casi el 50% del índice. Eso hace que cualquier retroceso grande de estas compañías afecte a la bolsa”, precisó el analista.

Al mismo tiempo, el sector financiero mostró resiliencia y los bancos cerraron en terreno positivo, una excepción a la tendencia habitual en episodios de incertidumbre política.

La Bolsa de Valores de Lima muestra señales de confianza, según Renta4 SAB

El propio Huiman enfatizó que el evento político en la víspera no tuvo impacto realmente relevante en la bolsa. “Prácticamente, el mercado ya está internalizando este tipo de comportamiento político, pero no te mueve en sí la economía en general”, dijo para Infobae Perú.

De acuerdo con el reporte de Renta4 SAB Perú, la caída del día 17 respondió sobre todo a factores externos, en particular la corrección global en los precios de los metales, y no a la censura de Jerí.

La sesión del miércoles 18 mostró una reversión clara en la tendencia. Según el analista de Renta4 SAB Perú, “Southern ya recuperó terreno, está rindiendo un 5% arriba, Buenaventura 3,7%, Volcan 2,5% y los bancos también 1,2%”.

El índice selectivo, que el martes cayó 1,4%, subió este día un 2,3%. La lectura de Huiman es que el mercado local “no tiene impacto de estos eventos políticos”. La bolsa peruana ha avanzado más de 20% en lo que va del año, impulsada por expectativas electorales favorables para los inversionistas.

El índice selectivo limeño sube 2,3% tras corrección política: lo que se viene

El contraste con episodios recientes es notorio. Huiman recordó que la última vez que un cambio de gobierno provocó una reacción abrupta se produjo tras la destitución de Pedro Castillo.

“No hay en este momento un candidato de perfil radical ni una figura de izquierda comparable a Castillo o Cerrón. El mercado mantiene un optimismo porque espera que las próximas elecciones den como resultado un presidente promercado”, sostuvo el analista.

De cara a las elecciones del 12 de abril -donde se definirá la primera vuelta presidencial-, el mercado anticipa posibles episodios de volatilidad, pero sin expectativas de movimientos bruscos como los de 2022.

Para el experto, la bolsa peruana podría tener un nuevo impulso de hasta 30% adicional si las encuestas confirman el triunfo de un candidato considerado favorable para el sector privado.

Pese a la situación, José Jerí abandonó el Palacio de Gobierno acompañado de sus ministros de Estado. Durante una reunión interna, se le observó sonriente, compartiendo palabras con su gabinete y, según imágenes compartidas por Canal N, incluso compartiendo algunos alimentos de manera informal, en un gesto que reflejaba tranquilidad en el expresidente.

Al salir, Jerí fue acompañado por sus ministros hasta la puerta del palacio, quienes lo despidieron entre aplausos mientras saludaba a los medios de comunicación y a la ciudadanía reunida en la Plaza de Armas. Finalmente, abordó un vehículo rodeado de efectivos de la Policía Nacional, quienes aseguraron su seguridad, y abandonó definitivamente el Palacio de Gobierno, mientras su gabinete permanecía observando desde la entrada tras su destitución.

José Jerí dejó Palacio de Gobierno en su camioneta

De acuerdo con imágenes difundidas por Canal N, el vehículo en el que se retiró el expresidente José Jerí llegó hasta un inmueble ubicado en la cuadra siete de la avenida Brasil, presuntamente su domicilio. Según el registro de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), el vehículo figura a nombre del propio exmandatario.

Curiosamente, el vehículo ingresó brevemente al edificio y luego salió con rumbo desconocido. En el lugar se mantiene un fuerte contingente policial, encargado de brindar seguridad al expresidente.

¿Quiénes son los candidatos para reemplazar a José Jerí?

Tras la destitución de José Jerí como presidente del Congreso, el Parlamento peruano se prepara para elegir un nuevo titular que asumirá también la jefatura del Estado de manera interina. Las bancadas inscribieron a cinco candidatos, entre quienes destacan figuras con trayectorias variadas y controversias previas. La votación para definir al sucesor tendrá lugar este miércoles a las 18:00 horas, en medio de un contexto marcado por la fragmentación política y la desconfianza ciudadana.

El Bloque Democrático postuló a Edgar Reymundo, sociólogo y abogado con experiencia como alcalde y congresista. Reymundo, quien encabezó la Superintendencia Nacional de Migraciones y lideró la Comisión de Cultura, enfrenta cuestionamientos por haber facilitado el estatus migratorio a un ciudadano mexicano vinculado al narcotráfico y por comunicaciones con un exoperador político. Por su parte, Héctor Acuña, actual integrante de bancadas de derecha y empresario, destaca por sus constantes cambios de grupo parlamentario y una deuda fiscal, aunque no tiene investigaciones penales abiertas. Acuña ya intentó liderar el Congreso en 2022 y su postulación vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la coherencia y los intereses empresariales en la política peruana.

Otra candidatura relevante es la de María del Carmen Alva, abogada y ex presidenta del Congreso. Alva, militante de Acción Popular, se hizo conocida por episodios polémicos durante su anterior gestión, como el jalón de brazo a una colega y presiones a otros parlamentarios, lo que generó rechazo público. En la lista figura también José María Balcázar, abogado y exjuez destituido por inconducta funcional grave, quien ha defendido posturas controversiales sobre temas de género en el Parlamento. El procedimiento de elección contempla que el ganador asuma inmediatamente la conducción del Legislativo y el Ejecutivo interino, a poco de las elecciones 2026.

Su escaño lo espera

José Jerí ha recuperado su escaño en el Congreso de la República de Perú de manera inmediata tras ser destituido como presidente interino mediante una moción de censura que contó con 75 votos a favor. Según explicó el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, Jerí nunca perdió su condición de parlamentario, ya que la Constitución y el reglamento del Congreso establecen que el cargo es irrenunciable; por lo tanto, al dejar la jefatura del Estado, retoma automáticamente sus funciones legislativas. Esta reincorporación lo habilita legalmente para participar con voz y voto en la sesión extraordinaria convocada para elegir a su sucesor.

La elección del nuevo presidente, programada para el 18 de febrero de 2026, se da en un contexto de alta tensión política y crisis de inseguridad, apenas 130 días después de que Jerí asumiera el mando. El Parlamento deberá elegir entre candidatos como José María Balcázar, Edgar Raymundo, Héctor Acuña y María del Carmen Alva para liderar el Congreso y, por sucesión constitucional, la Presidencia de la República. La salida de Jerí fue motivada por cuestionamientos sobre su falta de liderazgo frente a la criminalidad y por investigaciones fiscales en su contra por presunto tráfico de influencias.

A José Jerí podrían quedarle solo unas horas más en Palacio de Gobierno como presidente encargado del Perú luego de que el Congreso reuniera las firmas necesarias para forzar la convocatoria a una sesión extraordinaria en la que se analizará, como único punto de agenda, una moción de censura que podría retirarlo definitivamente del cargo y lo obligaría a retornar a sus funciones como parlamentario.

José Jerí está encargado de la Presidencia de la República y, debido a que su condición -en principio- sigue siendo la de presidente del Congreso, una censura sería suficiente para que deje ese cargo, vuelva a ser un parlamentario más y, en consecuencia, deje la presidencia del Perú.

La decisión se tomará este martes 17 de febrero a partir de las 10:00 a.m., cuando el Congreso está llamado a votar todas las mociones de censura que fueron presentadas por diferentes parlamentarios y se presentaron ante el Parlamento.

La cantidad de votos necesarios para aprobar la censura contra Jerí es variable, pues se necesita una mayoría simple tomando en cuenta la cantidad de congresistas presentes en la sesión. En caso de que la asistencia sea de 130 parlamentarios, la cantidad de votos necesarios sería de 66 votos a favor.

¿Cuál es la diferencia entre censura y vacancia?

La censura es una medida parlamentaria dirigida principalmente contra funcionarios que ocupan cargos de confianza, como el presidente del Congreso, y su aprobación implica el cese inmediato del cargo ocupado, sin restricciones para que el afectado continúe como parlamentario.

En cambio, la vacancia es un proceso constitucional que busca destituir al presidente de la República por causas establecidas, requiere un mayor número de votos y su efecto es la salida definitiva del cargo presidencial, sin posibilidad de reintegrarse al Congreso ni a funciones públicas inmediatas.

¿Qué pasa si no se aprueba la censura?

En caso de que la moción de censura sea aprobada en el pleno del Congreso, el actual titular del Legislativo, Fernando Rospigliosi, afirmó que “se deberá convocar a la elección de un nuevo presidente del Congreso, que se convertirá en presidente de la República” en reemplazo de José Jerí.

Sin embargo, en caso de que la moción de censura no sea apoyada por la cantidad suficiente de congresistas y se decida que Jerí siga siendo el presidente encargado de la República, esto no significa que el mandatario se habrá librado de los cuestionamientos que rodean su imagen por sus reuniones con empresarios chinos y las visitas nocturnas de mujeres que luego son contratadas por el Estado.}

En marzo, cuando se inicie la legislatura ordinaria, Jerí tendría que enfrentar una moción de vacancia en su contra por cuestionamientos similares, además de su actuación frente a la inseguridad ciudadana, que es criticada debido a que los estados de emergencia no serían efectivos al momento de enfrentar la ola de criminalidad en Lima Metropolitana.

En el caso de la vacancia, la cantidad de votos requerida para retirar a José Jerí de la presidencia es mucho mayor y deberá ser de dos tercios del número legal de congresistas: un total de 87 votos, según lo indica el artículo 113 de la Constitución. En cualquiera de las situaciones, el Congreso debe lograr acuerdos entre varias bancadas para lograr la cantidad de votos necesaria.

José Jerí asegura que debe ser vacado

En una entrevista con Panamericana, el mandatario sostuvo que, desde el punto de vista constitucional, el procedimiento que correspondería en su caso no sería la censura, sino la vacancia presidencial, aunque dejó claro que respetará la decisión que finalmente adopte el Parlamento.

“Mi origen es parlamentario, pero yo tomé juramento como presidente de la República y el procedimiento que corresponde constitucionalmente hablando y con todas las normas que devienen es un procedimiento de vacancia, pero finalmente será el Congreso el que tome una decisión en base a la Constitución, a las leyes, a los reglamentos”, manifestó, dejando entrever que considera que el debate debe centrarse en el respeto estricto a las normas y a la institucionalidad.

Según información difundida por Canal N, el lugar elegido es el auditorio principal del Edificio Faustino Sánchez Carrión, ubicado en la cuadra cuatro del Jirón Azángaro, en las inmediaciones del Parlamento y contiguo a la sede de la Defensoría del Pueblo. Este espacio forma parte del conjunto de edificios administrativos vinculados al Poder Legislativo.

El recinto tiene capacidad para aproximadamente 200 personas, lo que lo convierte en uno de los auditorios más amplios dentro de las instalaciones anexas al Legislativo. La amplitud del lugar es considerada clave para garantizar la asistencia de la mayoría de congresistas y permitir el desarrollo ordenado de la sesión extraordinaria.

Auditorio acondicionado

A diferencia del hemiciclo tradicional, el auditorio no dispone de escaños parlamentarios. Los legisladores estarán ubicados en asientos convencionales, lo que supone una disposición distinta a la habitual durante los debates legislativos. Esta característica obliga a realizar ajustes técnicos y de organización para asegurar que todos los participantes puedan intervenir y seguir la sesión con normalidad.

Según informó el citado medio, el área técnica viene realizando pruebas de sonido, micrófonos y equipos audiovisuales para evitar fallas durante el pleno. Estas verificaciones incluyen ensayos previos y evaluaciones del sistema de audio, considerando que el espacio no fue diseñado originalmente para sesiones parlamentarias formales.

Otro aspecto en evaluación es la ubicación de los medios de comunicación. Se analiza la posibilidad de instalar a los periodistas en un auditorio contiguo o permitir su ingreso al fondo del salón principal. También se contempla que la transmisión oficial de imágenes sea realizada únicamente mediante la señal institucional del Congreso.

Asistencia de congresistas

Las estimaciones indican que podría asistir el 90 % de los congresistas, es decir, poco más de un centenar de parlamentarios. La cifra refleja la expectativa de alta participación debido a la relevancia política de la votación, que definirá la continuidad o no del funcionario sometido a la moción.

La sesión corresponde a una moción de censura y no a un proceso de vacancia, lo que implica reglas y efectos distintos dentro del marco parlamentario. En este tipo de debate, el funcionario cuestionado puede ejercer su derecho a intervenir antes de la votación final, al igual que cualquier legislador que solicite el uso de la palabra.

Posibles escenarios tras la votación

El resultado de la sesión determinará el escenario político inmediato. Si la moción no alcanza los votos necesarios, el José Jerí continuará como presidente de la República, sin cambios en la estructura institucional.

En caso de aprobarse la censura, se prevé la convocatoria inmediata de instancias internas del Parlamento para iniciar el procedimiento de elección de un reemplazo. Este proceso incluiría la presentación de candidaturas por parte de las bancadas y la realización de una votación para definir a la nueva autoridad.

En su mensaje, el legislador señaló que los impulsores “cometieron varios errores” en la primera versión, pero que estos “han sido subsanados y acaban de presentar la moción en SIETE partes distintas (no es lo regular, pero se ha aceptado)”. Con ello, afirmó, el trámite quedó habilitado para su evaluación en el pleno.

Moción alcanza número mínimo de firmas

Rospigliosi precisó que la moción fue ingresada con 78 firmas, cifra que constituye el mínimo requerido para que pueda ser admitida y debatida. Según explicó, alcanzar ese número permitió activar el procedimiento parlamentario correspondiente y coordinar acciones con la Mesa Directiva.

El legislador indicó además que, tras cumplirse ese requisito, “se dispuso que se convoque a un pleno extraordinario para discutir la censura del presidente José Jerí”. La convocatoria fue oficializada poco después mediante una citación formal dirigida a los congresistas.

Convocatoria oficial al pleno

El Congreso de la República emitió la citación titulada “Sesión Extraordinaria del Pleno del Congreso”, en la que se establece que la reunión se realizará de manera presencial el martes 17 de febrero de 2026 a las 10:00 a. m. El documento precisa que la convocatoria se realiza “por disposición del señor Presidente encargado del Congreso de la República y de conformidad con el artículo 50 del Reglamento del Congreso”.

La sesión se llevará a cabo en el Edificio José Faustino Sánchez Carrión, donde los legisladores debatirán la moción de censura presentada contra el jefe de Estado. Con esta convocatoria, el proceso entra en su fase decisiva, en la que el pleno deberá evaluar los argumentos y votar si corresponde aprobar o rechazar la medida.

Siete mociones de censura contra José Jerí

El Congreso de la República debatirá un total de siete mociones de censura presentadas contra el titular del Parlamento, quien actualmente ejerce la Presidencia de la República por sucesión constitucional. Según la agenda oficial de la sesión extraordinaria del 17 de febrero de 2026, los pedidos fueron ingresados entre el 21 y el 27 de enero por legisladores de diversas bancadas y congresistas no agrupados.

Las iniciativas parlamentarias corresponden a las mociones numeradas 21240, 21241, 21247, 21251, 21256, 21257 y 21284, todas orientadas a que el pleno evalúe la permanencia del legislador en la presidencia del Legislativo. En varios de los documentos se solicita expresamente que el Congreso “censure al presidente del Congreso de la República” o al congresista en dicha condición, lo que implicaría su salida del cargo si prospera la votación.

Siete mociones de censura contra José Jerí by mcarrasco

Los fundamentos expuestos en los textos incluyen cuestionamientos a su idoneidad ética, política e institucional para continuar ejerciendo funciones, así como argumentos vinculados a la conducción del Parlamento en el actual contexto político. Una de las mociones señala que no contaría con “la idoneidad política e institucional necesaria para la conducción del Parlamento en el actual contexto de transición democrática”.

Asimismo, algunos pedidos plantean que, de aprobarse la censura, se declare la vacancia del cargo y que la presidencia sea asumida de inmediato por el vicepresidente correspondiente, conforme al Reglamento del Congreso y a las disposiciones constitucionales aplicables.

Las investigaciones realizadas por medios independientes y citadas por el Ministerio de Defensa británico señalan que Rusia ha prestado asistencia a Irán en el desarrollo de uno de los sistemas de control de Internet más avanzados implementados hasta la fecha. Este modelo hace uso de técnicas de inspección detallada de paquetes, lo que permite restringir aplicaciones, prohibir el uso de redes privadas virtuales (VPN) y monitorear a los organizadores de manifestaciones en tiempo real. A partir de este contexto, los servicios de Inteligencia del Reino Unido han informado que el gobierno ruso impulsa un proyecto de ley que otorgaría amplias facultades al Servicio Federal de Seguridad (FSB) sobre las redes de comunicación en el país, lo que profundizaría la censura estatal y replicaría sistemas de bloqueo utilizados en otras naciones.

Según reportó el Ministerio de Defensa del Reino Unido a través de un comunicado en redes sociales, la Duma rusa aprobó el 27 de enero una serie de enmiendas apoyadas por el Ejecutivo. Estas modificaciones legislativas están diseñadas para permitir al FSB bloquear servicios de Internet móviles y fijos, comunicaciones telefónicas y cualquier otro medio relacionado, siempre que las autoridades consideren que existe una amenaza contra la seguridad nacional. El medio británico detalló que la definición de “servicios de comunicaciones” en la legislación rusa abarca voz, texto, imágenes y datos transmitidos mediante radio, fibra óptica o cualquier infraestructura electromagnética, lo que le conferiría al FSB una capacidad de intervención amplia y sin precedentes en el sector de las telecomunicaciones del país.

El proyecto de ley estipula que los operadores de telefonía, tanto móviles como fijos, estarían obligados a suspender sus servicios de manera inmediata tras recibir una orden de bloqueo del FSB. Además, la propuesta legal garantiza a estos operadores inmunidad ante cualquier repercusión económica vinculada a tales apagones, según publicó el Ministerio de Defensa británico. Esto formalizaría y expandiría la autoridad del Estado para restringir el flujo de información y silenciar las comunicaciones en todo el territorio ruso.

De acuerdo con el comunicado, estas medidas legislativas forman parte de una tendencia de reforzamiento de los controles estatales en Rusia sobre la información y el acceso a las tecnologías digitales. Tal como consignó el Ministerio de Defensa británico, esta estrategia se ha intensificado desde el inicio de la ofensiva militar rusa a gran escala en Ucrania en 2022. Entre otras iniciativas recientes destacadas por el Ministerio, figuran nuevas directrices del presidente Vladimir Putin orientadas a limitar el uso de programas informáticos provenientes de países considerados “enemigos”, consolidando el cerco para evitar el ingreso de tecnologías extranjeras.

A esta acumulación de medidas regulatorias se suma el contexto internacional, donde Rusia amplía su influencia exportando tecnologías de censura y métodos de cierre de redes de comunicación a otros países. Según destacó el Ministerio de Defensa británico, este aumento del control estatal está directamente alineado con la política de Moscú de restringir la circulación de información y limitar el acceso a distintas plataformas digitales. Las investigaciones privadas citadas en el comunicado ponen de relieve la participación de Rusia en la creación de complejos sistemas de censura fuera de sus fronteras, como en el caso iraní, en el que las técnicas adoptadas dificultan el uso de herramientas para eludir los bloqueos de Internet y facilitan una vigilancia intensa de la actividad de los usuarios.

El medio británico concluyó que, de aprobarse en su totalidad, la nueva legislación formalizará el poder del FSB para ordenar la interrupción de diversos servicios digitales y limitar la actuación de operadores de comunicación, lo que supone reforzar una trayectoria de control estatal sobre los flujos de información internos. Estas acciones responden, según el Ministerio de Defensa británico, no solo a una lógica de seguridad interna, sino también a un interés en consolidar modelos de censura y exportar estos sistemas a otras regiones.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se pronunció sobre la cobertura de la nota roja y su relación con la percepción de inseguridad, luego de que sus declaraciones generaran reacciones entre medios de comunicación y analistas.

La mandataria aclaró que no solicitó acuerdos para limitar la difusión de información y rechazó versiones sobre un supuesto intento de censura o un “pacto de silencio” con la prensa.

Las precisiones se dieron un día después de que Brugada señalara que sería conveniente que los medios “le bajaran” a la nota roja, al considerar que este tipo de contenidos influye en la forma en que la ciudadanía percibe la seguridad en la capital.

Clara Brugada niega solicitud de acuerdos o control informativo

Durante un evento para la rehabilitación del embarcadero de Cuemanco, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que sus declaraciones sobre la cobertura mediática de la inseguridad fueron tergiversadas.

“Ni pacto de silencio ni censura”, afirmó, al subrayar que en ningún momento planteó acuerdos formales o informales para modificar la cobertura informativa.

Brugada sostuvo que en la Ciudad de México existen libertades plenas para el ejercicio periodístico y que “no hay censura ni persecución” contra los medios de comunicación.

Indicó que todos los periodistas presentes en su intervención previa pudieron constatar que no se habló de restricciones a la prensa.

Postura sobre medios, ética periodística y desinformación

La mandataria explicó que sus comentarios estuvieron relacionados con la función social del periodismo, la ética informativa y la relación entre medios y gobierno.

Reconoció que los medios de comunicación tienen una función histórica como críticos del poder político y señaló que esa labor “se respeta”.

No obstante, estableció un matiz al señalar que una cosa es la crítica y otra la difusión de información que, desde su perspectiva, no corresponde a lo expresado.

“Lo que no es legítimo es mentir o desinformar”, declaró, al justificar la necesidad de aclarar públicamente sus dichos.

Inseguridad en la CDMX: datos oficiales y percepción social

Las declaraciones de la jefa de Gobierno se produjeron en un contexto de contraste entre cifras oficiales y percepción ciudadana.

De acuerdo con datos del gobierno capitalino, los delitos de alto impacto han disminuido más de 50% desde 2019, como resultado de una estrategia de seguridad basada en atención a las causas, fortalecimiento policial, inteligencia, investigación y coordinación.

Sin embargo, la percepción de inseguridad se mantiene elevada. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, a finales de 2025 el 59.5% de la población adulta consideró inseguro vivir en la Ciudad de México, una cifra menor al 63.7% registrado en 2024, pero aún significativa.

Pese a la reducción de delitos registrada por las autoridades, la percepción de inseguridad sigue siendo alta

Brugada señaló que la diferencia entre la disminución de la incidencia delictiva y la percepción ciudadana responde a diversos factores.

Entre ellos, mencionó la manera en que la población se informa sobre temas de seguridad. De acuerdo con la ENSU, más del 60% de las personas obtiene información sobre inseguridad a través de noticieros de televisión.

“Una cosa es la percepción y otra la realidad”, expresó la mandataria, al señalar que la exposición constante a noticias sobre hechos violentos influye en la evaluación que la ciudadanía hace sobre la seguridad, aun cuando los indicadores oficiales muestren una tendencia a la baja.

Indicadores clave sobre seguridad en la capital:

• Percepción de inseguridad: 59.5% de la población adulta considera insegura la CDMX.
• Delitos de alto impacto: reducción superior al 50% desde 2019, según cifras oficiales.
• Principal fuente de información: más del 60% se informa sobre seguridad por televisión.
• Alcaldías con mayor percepción de inseguridad: Azcapotzalco, Magdalena Contreras y Milpa Alta.
• Alcaldía con menor percepción de inseguridad: Benito Juárez.

Las declaraciones de Clara Brugada se produjeron tras la controversia por sus comentarios sobre la nota roja y mantienen la atención sobre la relación entre cobertura informativa, percepción ciudadana y políticas de seguridad en la Ciudad de México.

Pavel Durov, fundador de Telegram, ha destacado los peligros que provocarían los controles de identidad requeridos para prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales en España, advirtiendo que esta medida puede derivar en que cada usuario quede plenamente identificado y que se facilite la recopilación masiva de datos. Según consignó el medio, Durov considera que lo que se empieza con los menores podría extenderse a todos los ciudadanos, abriendo la puerta al rastreo y a la erosión del anonimato en línea.

De acuerdo con la información publicada, Durov instó a la ciudadanía española a “luchar por sus derechos”, tras los anuncios realizados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, relacionados con la regulación de redes sociales y plataformas digitales. Las medidas anunciadas por el Ejecutivo incluyen la prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años y la implantación de nuevas disposiciones legales para obligar a las plataformas digitales y a sus responsables a retirar contenidos catalogados como “de odio e ilegales”. Sánchez también anunció que se prepara una reforma del Código Penal que permitiría establecer la responsabilidad penal directa de los directivos de las plataformas que no cumplan las órdenes de eliminación de contenidos ilícitos.

El fundador de Telegram expuso su preocupación ante estas propuestas y manifestó que “estas no son salvaguardas; son pasos hacia el control total. Hemos visto este guion antes –gobiernos utilizando la seguridad para censurar a sus críticos”, según informó el medio. Subrayó que, en el caso de Telegram, priorizan la privacidad y la libertad de los usuarios, haciendo uso de cifrado sin puertas traseras ni concesiones al exceso de control por parte de gobiernos.

Según reportó el medio, Durov explicó cómo las plataformas, para cumplir con la medida que prohíbe redes sociales a menores, necesitarían controles muy estrictos como la exigencia de documento nacional de identidad o de tecnologías de verificación biométrica. Advirtió sobre el riesgo de que esta vigilancia se convierta en la norma para todas las personas usuarias y no sólo para los menores, estableciendo así un precedente que, en su opinión, amenaza la protección del anonimato. Desde su perspectiva, esto tendería a sofocar los debates abiertos y la libre expresión digital en España.

Por otro lado, Durov declaró que las nuevas regulaciones conllevan riesgos adicionales, al señalar que los directivos de las plataformas digitales se enfrentarán a responsabilidades penales si no eliminan con rapidez los contenidos considerados ilegales, odiosos o perjudiciales. Bajo esa presión, indicó que las plataformas “borrarán cualquier cosa mínimamente controvertida para evitar riesgos, silenciando disidencias políticas, periodismo y opiniones cotidianas. Tu voz podría ser la siguiente si desafía el statu quo”, alertó el fundador de Telegram.

El medio detalló que Durov también puso atención sobre la manera en la que estas reformas podrían convertir en delito la difusión o amplificación de lo que se considere contenido perjudicial. Sostuvo que las autoridades gubernamentales podrían definir y controlar qué contenidos resultan aceptables, lo que llevaría, según sus palabras, a “enterrar opiniones opuestas y crear cámaras de eco controladas por el estado”. Remarcó que la exploración libre de ideas podría quedar sustituida por una propaganda seleccionada y filtrada por el poder estatal.

Respecto a la idea de que las plataformas tengan que monitorizar y reportar actividades relacionadas con la promoción de la división, Durov cuestionó que la interpretación amplia de conceptos como “odio” permitiría catalogar críticas dirigidas al gobierno como elementos divisivos. Alertó de que esto podría derivar en cierres de plataformas o en la imposición de multas como herramientas de control y represión de la oposición política en España, según informó el medio.

La represión ordenada por el régimen iraní para sofocar las protestas iniciadas el 28 de diciembre dejó miles de muertos y expuso el uso sistemático de fuerza letal contra la población civil, según organizaciones de derechos humanos y testimonios verificados por la BBC, en medio de un apagón casi total de internet y la prohibición a la prensa internacional de informar desde el país.

Las manifestaciones comenzaron en Teherán por el deterioro de las condiciones económicas y se expandieron rápidamente a otras ciudades, convirtiéndose en uno de los episodios más sangrientos de protesta antigubernamental desde la instauración de la República Islámica. A medida que crecía la movilización, las fuerzas de seguridad respondieron con munición real, escopetas de perdigones y detenciones masivas, de acuerdo con múltiples relatos de testigos presenciales.

Parisa, una mujer de 29 años residente en Teherán, afirmó que la magnitud de la violencia no tuvo precedentes para su generación.

“En protestas anteriores no conocía personalmente a nadie que hubiera muerto”, explicó en entrevista con la BBC. Según su testimonio, al menos 13 personas de su entorno fueron asesinadas desde el inicio de las manifestaciones. Una mujer de 26 años conocida suya murió, dijo, tras ser alcanzada por “una lluvia de balas en plena calle” cuando la represión se intensificó los días 8 y 9 de enero.

La joven relató que participó en una protesta pacífica en el norte de la capital, donde no se registraron enfrentamientos directos.

“No hubo violencia ni choques, pero aun así abrieron fuego contra la multitud”, sostuvo. Describió barrios enteros impregnados por el olor a pólvora tras los disparos.

Mehdi, de 24 años, también de Teherán, coincidió en que nunca había visto una respuesta similar por parte del régimen teocrático.

“Jamás presencié un despliegue así ni tantas muertes causadas por las fuerzas de seguridad”, señaló. Aseguró haber visto cómo manifestantes eran abatidos a corta distancia.

“Un joven cayó frente a mí tras recibir dos disparos. A otro lo atacaron desde una motocicleta y le dispararon al rostro”, relató.

La agencia estadounidense Human Rights Activists News Agency (Hrana) informó haber confirmado al menos 6.159 muertes desde el inicio de las protestas, entre ellas 5.804 manifestantes y 92 menores. Además, investiga miles de fallecimientos adicionales.

Otra organización, Iran Human Rights, con sede en Noruega, advirtió que el número final podría superar ampliamente esa cifra. El régimen iraní, en cambio, reconoció algo más de 3.100 muertes y atribuyeron la mayoría a enfrentamientos provocados por “alborotadores”.

La imposibilidad de verificar los hechos sobre el terreno complicó el acceso a información independiente. La mayoría de los medios internacionales, incluida la BBC, tiene prohibido operar dentro de Irán. Sin embargo, ese medio logró autenticar videos que muestran a agentes disparando munición real contra concentraciones de civiles.

Sahar, de 27 años, relató que siete personas de su entorno murieron durante la represión. Recordó que, al refugiarse en una vivienda tras el lanzamiento de gases lacrimógenos, uno de sus amigos fue alcanzado por un disparo en el cuello cuando se asomó por una ventana. Otro falleció desangrado luego de evitar acudir a un hospital por temor a ser detenido. Un tercero murió bajo custodia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

“Llamaron a su familia días después para decirles que fueran a retirar el cuerpo”, contó.

El uso extendido de armas de perdigones también dejó cientos de heridos con lesiones graves en ojos y rostro. Parham, de 27 años, afirmó que su amigo Sina recibió impactos en la frente y el ojo. En hospitales oftalmológicos, dijo, los heridos llegaban de manera constante.

La BBC tuvo acceso a documentos médicos que confirman la presencia de fragmentos metálicos en el cuerpo de varios manifestantes.

A estos episodios se sumaron denuncias sobre presiones a las familias para recuperar los cuerpos.

Testigos señalaron que las autoridades exigieron pagos elevados o la aceptación de que las víctimas fueran registradas como miembros de fuerzas progubernamentales.

Organizaciones de derechos humanos advirtieron que esta práctica busca castigar a los allegados y ocultar la verdadera dimensión de la masacre.

Irán atraviesa su segunda semana consecutiva bajo un bloqueo de internet, una medida impuesta por el régimen teocrático el pasado 8 de enero y que, según organizaciones de monitoreo y de derechos humanos, busca restringir el flujo de información y ocultar el alcance de la represión contra las protestas que sacudieron al país a comienzos de año. El corte mantiene a gran parte de la población sin acceso a la red global y con comunicaciones severamente limitadas.

La organización NetBlocks, que monitorea la conectividad a nivel mundial, informó que el país completó 14 días de apagón nacional.

“Irán ha estado bajo un bloqueo de internet a nivel nacional durante dos semanas completas”, señaló el grupo en la red social X. De acuerdo con sus mediciones, los niveles de conectividad “siguen prácticamente planos”, con apenas “un leve aumento en las redes autorizadas por el régimen”.

En los últimos días, algunos usuarios lograron conectarse de forma esporádica a servicios externos, aunque de manera limitada y sin continuidad. NetBlocks indicó que “unos pocos usuarios ahora pueden abrir túneles hacia el exterior”, sin detallar los métodos empleados, y sugirió que el régimen iraní estaría probando un sistema de conectividad basado en “listas blancas”, restringido a sitios y servicios previamente aprobados.

El bloqueo comenzó la noche del 8 de enero, cuando una ola de protestas se extendió por varias ciudades iraníes. Las manifestaciones, iniciadas semanas antes por comerciantes afectados por la depreciación del rial, derivaron rápidamente en consignas contra la República Islámica y alcanzaron su punto máximo los días 8 y 9 de enero, con una fuerte respuesta de las fuerzas de seguridad.

Esta semana, el régimen difundió por primera vez un balance oficial de víctimas. Según un comunicado de la Fundación de Mártires y Veteranos, 3.117 personas murieron durante las protestas. El organismo distinguió entre “mártires”, categoría que atribuyó a miembros de las fuerzas de seguridad y civiles ajenos a las protestas, y “alborotadores”, a quienes vinculó con Estados Unidos. Del total informado, 2.427 fueron clasificados como “mártires”.

Organizaciones de derechos humanos, sin embargo, cuestionan esas cifras y sostienen que la mayoría de las muertes se produjeron por disparos directos de las fuerzas de seguridad contra manifestantes. Algunas estimaciones elevan el número de fallecidos a varios miles más e incluso advierten que podría superar ampliamente los datos oficiales. Estos grupos denuncian que el apagón digital dificulta la recolección de pruebas y la verificación independiente de los hechos.

Desde el corte de internet, la población solo puede acceder a una red interna que ofrece servicios locales y medios de propaganda. Aplicaciones internacionales de mensajería y redes sociales, fundamentales para el comercio informal, quedaron fuera de servicio.

“Antes del corte de internet, mis ventas eran de unos 100 dólares al día”, relató Barbod, un comerciante de 39 años de Teherán que vendía café molido a través de Instagram.

“Dos semanas de desconexión me han costado 1.400 dólares”, explicó, y añadió que la situación lo afectó también en lo personal, por la incertidumbre sobre la continuidad de su negocio.

Casos similares se repiten en distintos sectores. Un empleado de un café del norte de Teherán señaló que los pedidos en línea, su principal fuente de ingresos, cayeron de forma abrupta. Aunque funcionan aplicaciones locales para encargos, los sistemas de pago presentan fallas. “Si las ventas no suben, los dueños podrían reducir el personal”, advirtió.

Medios estatales como la agencia IRNA reconocieron el impacto económico del apagón y citaron quejas de ciudadanos que describen negocios “al borde de la parálisis”, con cadenas de suministro interrumpidas y comunicaciones internacionales bloqueadas.

El régimen afirmó que el costo económico es menor de lo que parece y aseguró que algunas grandes empresas cuentan con acceso a internet global mediante direcciones IP fijas.

Pese a esas declaraciones, no hay una fecha clara para la restitución del servicio. El viceministro del Interior, Ali Akbar Pourjamshidian, admitió que “no está claro cuándo se restaurará el acceso”. A esto se suma la intermitencia del sistema GPS, que presenta errores de localización y complica el transporte en una capital de más de 13 millones de habitantes.

(Con información de EFE y AFP)

El régimen iraní admitió este miércoles que al menos 3.117 personas murieron durante las protestas que estallaron a finales de diciembre, pero activistas y organizaciones de derechos humanos advierten que la cifra real podría ser considerablemente más alta.

El anuncio, realizado por la Fundación de Veteranos y Mártires y transmitido por la televisión estatal, representa el primer reconocimiento oficial de la magnitud de la violencia, aunque los datos han sido rápidamente puestos en duda por observadores independientes.

El movimiento de protestas, impulsado inicialmente por el descontento económico, derivó en una ola nacional de huelgas y manifestaciones que desafió abiertamente a la teocracia instaurada tras la revolución de 1979.

Según el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Ali Akbar Pourjamshidian, 2.427 de los fallecidos son considerados “mártires”, tanto civiles como miembros de las fuerzas de seguridad. Otros 690, según la versión oficial, fueron catalogados como “terroristas, alborotadores y atacantes de instalaciones militares”.

Sin embargo, fuentes independientes insisten en que el régimen iraní tiene un largo historial de subestimar el impacto de la represión estatal. Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, advirtió que “todas las pruebas disponibles apuntan a que el verdadero número de muertos durante las protestas es mucho más alto”.

Según Amiry-Moghaddam, si se aplica el mismo patrón de ocultamiento que el régimen ha seguido en otros contextos, como las ejecuciones, el balance podría alcanzar o incluso superar las 25.000 víctimas fatales.

“Las evidencias que tenemos señalan de forma consistente la responsabilidad del Estado: los manifestantes fueron atacados con fuego real por parte de las fuerzas de seguridad y sus aliados, incluyendo el uso de ametralladoras pesadas”, declaró Amiry-Moghaddam.

La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, elevó el número de muertos verificados a 4.560, aunque reconoció que la cifra podría ser mucho mayor dada la dificultad para recopilar información en un país bajo un estricto apagón de internet.

El régimen iraní ha defendido la actuación de las fuerzas de seguridad, insistiendo en que los disturbios fueron provocados por “elementos terroristas” apoyados por Estados Unidos e Israel. Pero organizaciones como Amnistía Internacional han documentado el uso deliberado de munición real y disparos a los ojos de los manifestantes desde tejados y posiciones elevadas, así como la represión contra mujeres y menores. El grupo Hengaw, también con sede en Noruega, confirmó la muerte de al menos 42 mujeres a manos de las fuerzas estatales.

La falta de acceso a información independiente sigue siendo uno de los principales obstáculos para saber el alcance real de la represión. El grupo monitor Netblocks ha documentado más de 300 horas de apagón total de internet y telefonía desde el 8 de enero, lo que dificulta la comunicación tanto dentro como fuera del país. Videos que han logrado salir de Irán muestran morgues saturadas, cuerpos con heridas de bala y familiares intentando identificar a los muertos en condiciones caóticas.

Las protestas, que comenzaron por el alza del costo de vida y la crisis económica agravada por las sanciones internacionales, pronto se transformaron en un desafío frontal al liderazgo clerical. La respuesta del régimen fue desplegar fuerzas policiales y militares en las principales ciudades, cortar las comunicaciones y lanzar ataques directos contra los manifestantes.

“El mundo está observando”, advirtió Mahmood Amiry-Moghaddam, quien pidió a la comunidad internacional mecanismos para proteger a los civiles iraníes y sancionar a los responsables de la represión.

En paralelo, las tensiones con Estados Unidos han escalado. El canciller iraní Abbas Araqchi advirtió en un artículo en The Wall Street Journal que “si Irán es atacado, responderá con toda su fuerza”, mientras el presidente Donald Trump reiteró que cualquier agresión iraní recibirá una respuesta “fulminante”.

Mientras las autoridades iraníes intentan cerrar el capítulo de las protestas y responsabilizan a “enemigos externos”, la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos insisten en que la violencia estatal no puede quedar impune. El verdadero costo humano de la represión podría tardar semanas o meses en conocerse, pero ya supera cualquier episodio similar en las últimas décadas del país.

(Con información de AFP y EFE)

El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, acusó a Alianza para el Progreso y a Fuerza Popular —partidos con los que su bancada comparte la Mesa Directiva—, así como a Podemos Perú, de “salvar” al presidente interino José Jerí del escándalo denominado mediáticamente como ‘Chifagate’.

A través de sus redes sociales, el dirigente cuestionó el accionar de estas bancadas y sostuvo que no le sorprendía, ya que “solo confirma el verdadero Gobierno que salvaguarda al Estado de los ricos, aún violando la ley”.

Sin embargo, Perú Libre, que presentó una moción de vacancia contra Jerí Oré, no lo hizo por sus reuniones con el empresario chino Zhihua Yang, sino por la privatización de Petroperú, la Base Naval del Callao y el respaldo que el mandatario habría brindado a la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

En un primer comunicado del partido, el pronunciamiento inicia con los motivos por los cuales se impulsa la vacancia: “Privatización de Petroperú y la Base Naval del Callao, y la violación del derecho internacional”.

Recién en la última parte del documento se hace alusión al “escándalo por sus reuniones clandestinas”, siendo presidente de la República.

De hecho, de los 11 congresistas que conforman la bancada de Perú Libre, los únicos que firmaron la moción de censura fueron su vocero, Flavio Cruz, e Isaac Mita.

¿Qué decía el pronunciamiento de Perú Libre?

El pronunciamiento fue difundido el 20 de enero y lleva la firma de la vocería del grupo parlamentario.

De acuerdo con Perú Libre, la gestión de Jerí estaría marcada por una agenda “privatista” que pone en riesgo recursos estratégicos del Estado. Entre los principales cuestionamientos figura la supuesta privatización de Petroperú y de la base naval del Callao, considerada la principal instalación de la Marina de Guerra del Perú. Para la bancada, estas medidas comprometen la seguridad e integridad de la nación.

El documento también acusa al mandatario encargado de haber quebrantado normas del derecho internacional, al negar salvoconductos a asilados reconocidos y respaldar acciones que consideran una agresión contra Venezuela y Latinoamérica.

A estos señalamientos se suman los cuestionamientos por reuniones clandestinas mientras ejercía la Presidencia de la República, hechos que Perú Libre califica como incompatibles con la investidura del cargo

¿Qué congresistas sí apoyan la censura?

Primera moción de censura (impulsada por Ruth Luque)

Bloque Democrático Popular

• Ruth Luque Ibarra
• Susel Ana María Paredes Piqué
• Carlos Javier Zeballos Madariaga
• Sigrid Tesoro Bazán Narro

Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial

• Elías Marcial Varas Meléndez
• Hamlet Echeverría Rodríguez
• Wilson Rusbel Quispe Mamani
• Víctor Raúl Cutipa Ccama
• Roberto Helbert Sánchez Palomino

No Agrupados

• Flor Aidee Pablo Medina
• Yorel Kira Alcarraz Agüero
• Margot Palacios Huamán

Bancada Socialista

• Bernardo Jaime Quito Sarmiento
• Alex Randu Flores Ramírez
• Alfredo Pariona Sinche
• Pasión Neomías Dávila Atanacio
• Silvana Emperatriz Robles Araujo

Acción Popular

• Pedro Edwin Martínez Talavera

Avanza País – Partido de Integración Social

• Karol Ivett Paredes Fonseca

Perú Libre

• Flavio Cruz Mamani

Segunda moción de censura (impulsada por Elías Varas)

Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial

• Elías Marcial Varas Meléndez
• Wilson Rusbel Quispe Mamani
• Hamlet Echeverría Rodríguez
• Víctor Raúl Cutipa Ccama
• Roberto Helbert Sánchez Palomino

Bloque Democrático Popular

• Ruth Luque Ibarra
• Carlos Javier Zeballos Madariaga
• Sigrid Tesoro Bazán Narro
• Susel Ana María Paredes Piqué

Bancada Socialista

• Bernardo Jaime Quito Sarmiento
• Silvana Emperatriz Robles Araujo
• Alfredo Pariona Sinche
• Pasión Neomías Dávila Atanacio
• Alex Randu Flores Ramírez

No Agrupados

• Margot Palacios Huamán
• George Edward Málaga Trillo

Acción Popular

• Pedro Edwin Martínez Talavera

Perú Libre

• Flavio Cruz Mamani
• Isaac Mita Alanoca

¿Se terminó el pacto? El presidente interino, José Jerí, atraviesa la primera crisis de su corto gobierno de transición. La razón: una cena en un chifa, a altas horas de la noche, con el empresario chino Zhihua Yang. El escándalo, denominado mediáticamente como el “chifagate”, comenzó a golpear al Ejecutivo y, desde el Congreso, la mayoría de bancadas pide la salida de José Jerí.

Pedidos de censura, renuncia y moción de vacancia son algunas de las salidas que distintas fuerzas políticas plantean ante esta nueva crisis política. Para calmar el ambiente, el mandatario acudirá a la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde brindará explicaciones sobre su vínculo con el empresario chino y el motivo de las reuniones.

Hasta el momento, el único partido que no tiene una postura clara respecto a la permanencia de Jerí Oré es Fuerza Popular, una de las bancadas mayoritarias.

¿Cuáles son las posturas de las bancadas?

Para que prospere una eventual vacancia contra José Jerí se necesitan, por lo menos, más de 70 votos. En el caso de una censura, solo se requieren 66. Según la congresista Sigrid Bazán y los cálculos internos de las bancadas, hasta el momento la iniciativa cuenta con el respaldo de 52 parlamentarios.

Alianza para el Progreso emitió un comunicado pidiendo la renuncia de José Jerí. El grupo de César Acuña no solo dirigió sus críticas hacia el mandatario, sino que también apuntó contra su partido, Somos Perú, al que sindicó como “el responsable político” de la actual situación. APP no expresó nada concreto sobre si apoyará la censura o la vacancia; sin embargo, de respaldarlas, su bancada aportaría 17 votos.

Perú Libre, uno de los impulsores de una moción de vacancia, también respaldará las mociones de censura presentadas. Así lo informó su vocero, Flavio Cruz. El partido del lápiz cuenta con 11 votos.

Podemos Perú también se mostró a favor de la salida de Jerí. En su comunicado responsabilizó a los partidos que conforman la Mesa Directiva de la actual coyuntura. Esta bancada tiene 10 integrantes; si todos votan a favor, el conteo ya alcanzaría 39 votos.

Las bancadas de Bloque Democrático y la Bancada Socialista se adhieren también a la censura y, en conjunto, aportarían otros 10 votos.

Asimismo, cuatro congresistas no agrupados —Edward Málaga, Kira Alcarraz, Vivian Olivos y Flor Pablo— respaldarían la moción; de hecho, Alcarraz y Pablo ya firmaron el documento promovido por Ruth Luque.

Renovación Popular no se pronunció a favor ni de la vacancia ni de la censura, pero solicitó que se convoque a un Pleno extraordinario.

El largo proceso para la vacancia

Para que se someta a votación una eventual vacancia, primero deben cumplirse varios requisitos. En primer lugar, se necesitan 26 firmas para presentar la moción. Luego, se requieren 78 firmas para convocar a un Pleno extraordinario. Posteriormente, el Pleno debe debatir y admitir la moción; de ocurrir ello, José Jerí deberá presentarse para ejercer su defensa. Finalmente, se procede a la votación de la vacancia, para la cual se exige el respaldo de dos tercios del número legal de congresistas.

La dictadura de Cuba ha implementado un sistema de vigilancia digital caracterizado por la utilización de leyes punitivas, programas espía y mecanismos de intrusión tecnológica con el objetivo de “neutralizar el disenso”, según el Primer Informe Integral sobre la Vigilancia Digital en Cuba elaborado por la organización no gubernamental Prisoners Defenders. El documento, presentado este martes a través de una sesión telemática, detalla cómo este entramado ha generado un “tremendo nivel de autocensura” entre la población de la isla.

El informe, sustentado en 200 testimonios de víctimas tanto dentro como fuera del país, sostiene que el Estado cubano actúa bajo una lógica de “Big Brother”, dirigida a desarticular “redes sociales, cívicas y políticas independientes, como forma de sometimiento”. Durante la presentación del estudio, Javier Larrondo, presidente de la ONG, lamentó el impacto del sistema de cibervigilancia, señalando que “es tremendo el nivel de autocensura… (hay) terror en la población por publicar en redes o incluso hablar por WhatsApp”.

Entre los hallazgos principales, el 46,5% de los encuestados manifestó haber sufrido la intervención directa de sus comunicaciones en aplicaciones de mensajería, como WhatsApp. En muchos casos, las autoridades mencionaron el contenido de esas conversaciones durante interrogatorios o detenciones sin órdenes judiciales. El texto subraya que este fenómeno no responde a circunstancias técnicas puntuales, sino que constituye “un componente central de un modelo de control político”.

Prácticamente la totalidad de los encuestados (98,5%) reportó haber sido objeto de “sanciones o amenazas” vinculadas al contenido de sus comunicaciones digitales o publicaciones. La muestra incluye mayoritariamente activistas (51%), familiares de presos políticos (33,5%) y periodistas independientes (15%), de los cuales más del 80 % reside en Cuba.

El informe identifica diez patrones de vigilancia, entre los que se cuentan el “ciberpatrullaje” —observación sistemática de publicaciones y comunicaciones—, los cortes selectivos de internet y la “intrusión digital coercitiva”. Esta última implica forzar a las víctimas a desbloquear sus teléfonos sin orden judicial, práctica que afectó al 65,5% de los casos analizados. Tras obtener acceso, las autoridades no solo revisan la información, sino que también intervienen activamente comunicaciones privadas, una situación reportada por el 46,5% de los participantes. Además, el 49,5% detectó sesiones abiertas en sus cuentas desde ubicaciones desconocidas después de estos procedimientos.

El bloqueo selectivo del acceso a internet es otro de los mecanismos documentados, afectando al 77,5% de los consultados. Según el informe, estos cortes suelen coincidir con protestas u otras fechas consideradas sensibles, como el aniversario de las manifestaciones del 11 de julio de 2021.

“Estas prácticas eliminan cualquier expectativa razonable de privacidad. Este patrón demuestra que en Cuba las comunicaciones privadas no están protegidas. La vigilancia opera sin controles, sin autorización judicial y sin límites claros, vulnerando directamente el derecho a la privacidad, la intimidad y la libertad de expresión”, criticó Caren Herrera, directora jurídica de Prisoners Defenders, durante la presentación.

El documento también denuncia la “instrumentalización de la ley” mediante herramientas como el Decreto-Ley 370 y el nuevo Código Penal, que habilitan la imposición de multas elevadas y el decomiso de equipos por la difusión de información considerada contraria al “interés social”, un término que la ONG califica de “vago y discrecional”.

(Con información de EFE)

Más de veinticuatro horas después de que estallara el escándalo conocido como el “Chifagate”, el presidente interino José Jerí permanece en silencio y fuera de la escena pública. Desde los exteriores de Palacio de Gobierno, la imagen es la misma de las últimas horas: la comitiva presidencial se mantiene en los alrededores, lo que sugiere que el mandatario continúa dentro de la sede del Ejecutivo, pero sin ofrecer declaraciones ni dar señales de actividad oficial.

La ausencia de Jerí se produce luego de revelarse que sostuvo reuniones reservadas con empresarios chinos en al menos dos oportunidades, una de ellas en un local del Centro de Lima y otra dentro de Palacio, pese a que uno de los involucrados se encontraba bajo arresto domiciliario. Desde entonces, no ha habido pronunciamiento directo del jefe de Estado para aclarar los hechos ni responder a los cuestionamientos que se acumulan desde distintos frentes políticos.

Canales oficiales en silencio y agenda vacía

El hermetismo no solo se refleja en su silencio personal. Las plataformas oficiales del gobierno muestran una actividad mínima. La agenda presidencial aparece vacía, el registro de visitas no consigna reuniones con el mandatario y los canales habituales de comunicación institucional apenas han difundido información.

En redes sociales, donde Jerí solía mantener una presencia constante, no se registran publicaciones desde el 18 de enero. Tampoco hay mensajes en TikTok ni respuestas a periodistas, una práctica que había caracterizado sus primeros meses de gestión.

En este escenario, la única señal institucional fue el envío de oficios al Congreso y al Ministerio Público para manifestar la disposición del Ejecutivo a colaborar con las investigaciones. Fuera de ello, no se han anunciado actividades oficiales ni se ha informado sobre una eventual aparición pública del mandatario.

Defensa desde el gabinete y presión política creciente

En medio del vacío informativo, la defensa del presidente ha quedado en manos de algunos miembros del gabinete. El ministro de Defensa fue el primero en respaldar la conducta de Jerí y descartar irregularidades. Más tarde, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, sostuvo que el mandatario habría sido víctima de una maniobra política y que su falta de experiencia influyó en el manejo del caso. Sin embargo, el propio jefe del Gabinete evitó responder nuevas preguntas y limitó sus intervenciones ante la prensa.

La tensión política se incrementa conforme más agrupaciones retiran su respaldo. A ello se suma la expectativa por una censura impulsada por algunos sectores del Congreso, que de prosperar podría terminar con la salida de Jerí del gobierno.

¿Qué partidos políticos le retiraron el respaldo a José Jerí?

El escándalo que involucra al presidente interino José Jerí comenzó a generar un quiebre en el apoyo político que hasta hace pocos días sostenía su gestión. Diversas bancadas y líderes partidarios han tomado distancia del mandatario y, en algunos casos, han planteado abiertamente su salida del cargo.

Alianza para el Progreso, agrupación liderada por César Acuña, fue una de las primeras en pronunciarse. A través de un comunicado público, sostuvo que la magnitud de los hechos y el impacto causado en la institucionalidad democrática hacen insostenible la permanencia de Jerí en la presidencia. En el mismo documento, el partido responsabilizó políticamente a Somos Perú, organización a la que pertenece el mandatario, por la crisis desatada.

Las objeciones no solo provinieron de la oposición. Dentro de Somos Perú también surgieron voces críticas. El gobernador regional del Cusco, Warner Salcedo, cuestionó la reunión reservada que sostuvo el jefe de Estado y confirmó que la agrupación inició un proceso disciplinario interno. La dirigencia no descartó una sanción mayor, incluida una eventual expulsión, si se determinan responsabilidades.

En Perú Libre, otra de las fuerzas que forman parte de la Mesa Directiva, todavía no existe una posición institucional. Sin embargo, el congresista Segundo Montalvo se desmarcó de cualquier intento de encubrimiento y afirmó que ningún parlamentario debe proteger a quien incurre en conductas irregulares. Además, anunció que iniciará conversaciones con legisladores de distintas bancadas para reunir las firmas necesarias que respalden una moción de vacancia contra el mandatario.

Mientras tanto, Fuerza Popular mantiene una postura ambigua. Aunque el congresista Fernando Rospigliosi consideró que Jerí podría ser investigado una vez que concluya su mandato, la bancada aún no ha emitido un pronunciamiento oficial ni ha definido si respaldará alguna iniciativa en su contra.

José Jerí guarda silencio. Luego de que se difundiera un segundo video en el que aparece el mandatario visitando una tienda de Zhihua Yang en el Centro de Lima, algunos partidos del Congreso comenzaron a retirarle su respaldo.

Un sector minoritario del Parlamento inició la recolección de firmas para presentar una moción de censura. Uno de los impulsores de esta iniciativa, el congresista no agrupado Edward Málaga, indicó que el panorama es complejo, pues, debido al receso parlamentario, resulta difícil reunir la cantidad mínima de adhesiones.

A ello se suma que el presidente interino del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, debe convocar a un pleno extraordinario, una medida que, desde su punto de vista personal, consideró innecesaria.

La cercanía del proceso electoral hace aún más delicada la situación de Jerí y pone en duda su permanencia en el cargo, especialmente después de la entrevista al presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, en la que admite que no está capacitado para ejercer la Presidencia debido a su corta edad.

Hasta el momento, solo uno de los partidos que integran la Mesa Directiva y que cuentan con mayoría parlamentaria se ha pronunciado y ha pedido la salida de José Jerí: Alianza Para el Progreso.

¿Qué otros partidos le quitaron el respaldo a Jerí?

A través de un comunicado, el partido de César Acuña consideró que “ante la gravedad de los hechos” y el daño causado a la institucionalidad democrática, José Jerí debe dejar el cargo. En otro punto de su pronunciamiento, también señalaron que Somos Perú, el partido del mandatario, tiene “responsabilidad política” por lo ocurrido.

Desde las filas de Somos Perú, Jerí también enfrenta cuestionamientos. El gobernador regional del Cusco, Warner Salcedo, criticó la reunión clandestina del presidente y señaló que la organización ya inició un proceso disciplinario, sin descartar una posible expulsión.

En Perú Libre, otro de los partidos que integra la Mesa Directiva, no existe un pronunciamiento oficial. Sin embargo, Segundo Montalvo, militante de esa agrupación, afirmó que ningún congresista debe encubrir a una persona que “actúa como delincuente”. Además, anunció que comenzará a reunirse con legisladores de distintas bancadas para recabar firmas a favor de la moción de censura que presentó.

Cabe señalar que especialistas en derecho constitucional explicaron que, en el caso de Jerí, no corresponde una vacancia, ya que no fue un presidente electo.

La postura de Fuerza Popular aún no se define. Aunque Fernando Rospigliosi opinó que, a título personal, Jerí podría ser investigado cuando concluya su gobierno, la bancada no ha emitido hasta ahora ningún pronunciamiento oficial.

Candidatos piden salida de Jerí

Diversos candidatos presidenciales y al Senado intensificaron sus cuestionamientos contra el presidente interino José Jerí y coincidieron en exigir su censura o salida del cargo, tras los últimos episodios que han abierto cuestionamientos a su gestión.

Mario Vizcarra, candidato de Perú Primero, utilizó sus redes sociales para demandar la censura inmediata de la actual Mesa Directiva del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones que permitan conformar un gobierno transitorio hasta los comicios generales de 2026.

En su mensaje, el candidato presidencial cuestionó directamente al titular del Legislativo que hoy ocupa Palacio y sostuvo que la crisis no se resuelve con simples renuncias.

“El presidente del Congreso que ocupa Palacio se ha vuelto una máquina de mentiras que insulta la inteligencia de los peruanos. No basta con pedir renuncias: exigimos la censura inmediata de la Mesa Directiva. El Perú necesita elecciones limpias, no un títere en Palacio”.

En la misma línea se pronunció Mirtha Vásquez, candidata al Senado por Ahora Nación, quien responsabilizó al Parlamento por las presuntas irregularidades que rodean al actual gobierno. Para la ex primera ministra, la designación de Jerí es una muestra de la responsabilidad directa del Legislativo en la crisis política que atraviesa el país.

A su turno, el candidato presidencial Alfonso López Chau cuestionó la conducta del mandatario y consideró que las reuniones privadas atribuidas a Jerí son incompatibles con la investidura presidencial. Recordó, además, que incluso el presidente del Consejo de Ministros ha reconocido las limitaciones del actual gobierno para conducir el país.

Rafael Belaúnde, candidato de Libertad Popular, calificó como “inaceptable”, el encuentro de José Jerí con el empresario chino.

El mandatario afirmó: “Esta es una alocución, que fuera de la censura que ya tengo, también fue censurado. Es decir, censura bajo censura. Tengo que responder a una serie de avalanchas de ataques contra el decreto del salario mínimo vital”.

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Petro reiteró en su mensaje que, pese al incremento del salario mínimo vital, los precios de los alimentos en Colombia se mantienen estables, respondiendo así a críticas y cuestionamientos sobre el impacto económico de la reciente política salarial.

En su intervención a los colombianos, también se refirió a la declaración de emergencia económica y las recientes medidas fiscales implementadas por su administración, asegurando que dichas acciones contribuyeron a disminuir el déficit fiscal y a restablecer la confianza entre los mercados internacionales.

Además, respondió a los cuestionamientos derivados de la intervención estatal y de los decretos que establecieron impuestos dirigidos a los grandes patrimonios. Asimismo, sostuvo que la reacción favorable de los inversores extranjeros y la reducción de las tasas de interés evidencian los resultados positivos de la estrategia económica puesta en marcha por su Gobierno.

Luego, durante el primer Consejo de Ministros de 2026, convocado principalmente para abordar el problema del narcotráfico y revisar las políticas y acciones del Gobierno Nacional en la lucha contra este fenómeno, el jefe de Estado insistió en el supuesto veto de la entidad regulatoria de comunicaciones.

“Otra vez nos saludamos, porque acabó de hacer una alocución de media hora, me recortaron el tiempo, no sabía que había esa facultad legal, vamos de censura en censura; de tanto que nos han atacado por el decreto de emergencia económica y el salario vital, creo que tenía el pueblo el derecho, y sobretodo el Gobierno, de saber unos y de contar otros, cómo la experiencia comunicativa es contraria a la realidad”, reiteró el jefe de Estado.

Las limitaciones que la CRC impuso a las alocuciones oficiales de Petro

La controversia sobre la extensión y condiciones de las alocuciones presidenciales tiene su origen en la decisión adoptada en octubre de 2025 por la CRC, luego de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado concluyera que el presidente hizo un uso indebido y desproporcionado de sus intervenciones televisadas, vulnerando el derecho a la información.

Un día después de la sentencia, la CRC estableció una serie de disposiciones que restringen el tiempo y las condiciones bajo las cuales el presidente puede dirigirse directamente a la ciudadanía por medio de la televisión.

De acuerdo con la circular 164 de 2025 de la CRC, el jefe de Estado debe presentar una solicitud formal antes de cada alocución, especificando el tema urgente a tratar, la hora de inicio y la duración exacta de la intervención.

La autorización solo sería concedida si se acreditaba la existencia de una situación excepcional, como desastres naturales, calamidades públicas o graves alteraciones al orden público, según la disposición inicial.

Además, la solicitud debe incluir un guion o síntesis temática de la intervención, y todos los documentos requeridos deben entregarse al menos cuatro horas antes de la transmisión. Con ello, la CRC evaluaría si cada solicitud cumple con los criterios de excepcionalidad, urgencia, no recurrencia y delimitación temática.

En respuesta a estas regulaciones, el presidente Petro sostuvo en su momento que las medidas representan una forma de censura e incluso las calificó como un “intento de golpe de Estado”.

A pesar de su desacuerdo, el mandatario tuvo que limitar sus intervenciones a una por semana, con tiempo y tema definidos previamente, para que puedan ser transmitidas en vivo en los canales públicos, privados, regionales y comunitarios, conforme a los lineamientos de la CRC.

Venezuela recuperó el acceso a la red social X la noche del martes, después de más de un año de bloqueo ordenado por el depuesto dictador Nicolás Maduro tras su fraudulenta reelección en julio de 2024. El 9 de agosto de ese año, Maduro suspendió la plataforma, poco después de ser proclamado vencedor de las presidenciales ante denuncias de fraude y sin demostrar que el conteo de votos reflejaba esa decisión. Desde entonces, ministros, parlamentarios y organismos oficiales interrumpieron el uso de la aplicación, que se había convertido en el principal canal informativo del país, ante el aumento de la censura a medios y periodistas y la ausencia de información oficial. El acceso solo era posible mediante el uso de redes privadas virtuales (VPN).

Altos funcionarios del chavismo, entre ellos la presidenta interina Delcy Rodríguez y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, comunicaron el martes en la noche que retomaban el uso de X. Rodríguez publicó: “Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. ¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos!”. La presidenta interina asumió el poder y las riendas de la transición en Venezuela con el aval de los Estados Unidos, tras la captura de Maduro el 3 de enero, durante ataques de fuerzas norteamericanas ordenado por Donald Trump.

En la cuenta de X de Maduro, se difundió una fotografía junto a su esposa, Cilia Flores, acompañada del mensaje “Los queremos de vuelta”. Ambos son procesados en la justicia estadounidense por presuntos cargos de narcotráfico. En otra publicación, se muestra a Maduro, Rodríguez y Flores, con el mensaje “han transcurrido 11 días de su secuestro”.

El regreso de las autoridades venezolanas a la red coincidió con el levantamiento del bloqueo impuesto en agosto de 2024. En ese momento, Maduro acusó al propietario de X, el empresario sudafricano Elon Musk, de participar en un “golpe de Estado cibernético” en su contra. El 8 de agosto, Maduro había ordenado retirar la plataforma y dio un plazo de 10 días para que la empresa presentara “recaudos” ante las autoridades del país.

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, anunció su regreso a la plataforma con un saludo “a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado pendientes” del país. “Vamos a retomar esta vía para comunicarnos, pendientes. Nosotros venceremos”, afirmó.

Además, otros altos funcionarios venezolanos, como el canciller Yván Gil, han reactivado sus cuentas tras los ataques de Estados Unidos a Venezuela el pasado 3 de enero. El último mensaje de Maduro en X previo al bloqueo, publicado el 8 de agosto de 2024, pedía el fin de los planes en redes para “sembrar violencia, odio y de atacar a Venezuela desde el exterior”.

Este 14 de junio, entró en vigor en Puebla la que ha sido denominada “Ley Ciberasedio”, luego de que fuese publicada en el Periódico Oficial del Estado (POE), la cual reforma al Código Penal local, de tal forma que tipifica y sanciona conductas referentes al uso indebido de tecnologías de la información.

La iniciativa fue presentada el año pasado por José Luis García Parra, quien ahora funge como coordinador de gabinete en el gobierno poblano de Alejandro Armenta, y hasta apenas esta semana, pese a las críticas y observaciones de organizaciones, fue publicada por la LXII Legislatura del Congreso en sesión pública ordinaria.

Según los legisladores con esta Ley se pretende, “proteger de manera integral los derechos de los y las menores al garantizar un entorno digital seguro que respete y promueva derechos fundamentales como la protección contra la violencia, el acoso y la explotación en línea”.

En este decreto se contempla adicionar el artículo 480, que a la letra dice, “quien a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional”.

Con respecto a la sanción del delito de ciberacoso, la Ley dice que se le impondrá una pena que puede ir desde los once meses hasta tres años de prisión, así como una multa de 50 a 300 días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Es decir, un aproximado total de 30 mil pesos.

A quien cometa el delito de ciberacoso la en contra de menores de edad, la pena aumentará “desde una tercera parte de la pena mínima, hasta dos terceras partes de la pena máxima”.

Critican Ley Ciberacoso en Puebla

Previo a que el congreso de Puebla aprobara la “Ley Ciberacoso”, las organizaciones Artículo 19 y la Red de Periodistas de Puebla hicieron un llamado a los legisladores a rechazar el decreto que más tarde, aprobaron.

Ambas organizaciones indicaron que los delitos incorporados “incumplen principios de derechos humanos y libertad de expresión, violentan el principio de taxatividad en materia penal, y en su elaboración no han incorporado el expertise técnico de especialistas”.

Advirtieron que los delitos podrían perjudicar a la ciudadanía de manera arbitraria, de manera particular a personas periodistas y a medios de comunicación.

En redes sociales, internautas han mostrado su descontento en contra de lo aprobado por la LXII Legislatura del Congreso local e impulsado por el gobierno de Alejandro Armenta.

Los internautas aseguran que esta Ley fue aprobada en Fast Track, debido a los intereses del gobernador, ya que ha sido criticado de manera constante y bajo el anonimato de una cuenta en la red social X.

Tras los reclamos dirigidos a Cineplanet en redes sociales por la limitada exhibición de Uyariy, la cadena de cines amplió de manera parcial las funciones del documental en regiones del país. Inicialmente, solo se había programado una función en la ciudad de Juliaca, durante la tarde del jueves 8 de enero, situación que generó cuestionamientos por la falta de horarios accesibles y por la ausencia de funciones en otras ciudades.

El viernes 9 de enero, el panorama cambió parcialmente. Cineplanet abrió nuevas salas y amplió los horarios de exhibición en Puno, Cusco y Juliaca, atendiendo así una de las principales exigencias del público fuera de Lima. Sin embargo, la medida no incluyó a la capital ni a otras regiones donde también se había solicitado la proyección del documental.

La ausencia de Uyariy en Lima se mantiene

Pese a la ampliación de funciones en regiones, Uyariy continúa fuera de la cartelera de Cineplanet en Lima. Esta decisión contrasta con la expectativa inicial, ya que la película sí había sido programada previamente en algunas salas de la capital, aunque de manera limitada. En un inicio, solo se habían asignado funciones nocturnas en el cine de San Miguel.

Asimismo, el documental también había sido incluido en la programación de Arequipa y Cusco, antes de ser retirado de manera inesperada el mismo día de su estreno. Al cierre de este viernes 9 de enero, la situación se mantiene: Cineplanet amplió la exhibición en regiones del sur del país, pero no ha reincorporado la película en las salas limeñas.

Hasta el momento, la cadena no ha emitido ningún comunicado oficial explicando los motivos del retiro del documental de su cartelera inicial ni las razones por las que sigue sin proyectarse en Lima.

Otras cadenas sí proyectan Uyariy en la capital

Mientras Cineplanet mantiene la ausencia del documental en Lima, Uyariy puede verse en otras cadenas de cine de la capital. Cinemark proyecta la película en el Jockey Plaza, con funciones a las 2:05 p. m. y 7:40 p. m., y en Mallplaza Bellavista, a las 4:10 p. m. y 7:00 p. m.

En tanto, UVK San Martín ofrece funciones a las 2:40 p. m., 6:50 p. m. y 9:00 p. m., mientras que Cinépolis Larcomar mantiene una función a las 2:40 p. m. De esta manera, el documental sí cuenta con exhibición en la capital, aunque fuera del circuito de Cineplanet.

En regiones, además de Cineplanet, Uyariy se proyecta en Cinépolis Arequipa, con una función programada a las 9:30 p. m.

Pronunciamiento del director y productores del documental

Ante el retiro de la película y las condiciones de su exhibición, el director Javier Corcuera y los productores de Uyariy difundieron un comunicado en el que cuestionan el “maltrato” recibido por el documental. En el pronunciamiento, señalan que la película fue retirada a última hora de la cartelera en el sur del país y que se le asignaron horarios considerados inaccesibles en los cines de Lima.

En el texto, los realizadores solicitan a los cines comerciales que retomen la proyección del filme en el sur andino y que modifiquen las funciones en Lima para permitir la asistencia de espectadores. Asimismo, indican que este pedido se realiza por respeto a las víctimas de la represión ocurrida el 9 de enero de 2023 en Juliaca y en otros puntos del país, así como a sus familiares, al público y al cine peruano. Finalmente, advierten que, de no ser atendidas sus solicitudes, están evaluando el retiro de la película y comunicarán oportunamente las formas en que podrá verse Uyariy en todo el Perú.

El estreno de “Uyariy”, documental dirigido por Javier Corcuera sobre la masacre de Juliaca ocurrida el 9 de enero de 2023, generó fuertes acusaciones de censura contra la cadena Cineplanet. Horas antes del lanzamiento, la Asociación de Mártires y Víctimas del 09 de Enero de Juliaca y el equipo realizador denunciaron la exclusión del filme de la cartelera en diversas ciudades del sur y la imposición de horarios restrictivos en Lima. Para los afectados, esta decisión representa un intento deliberado de silenciar voces y relatos incómodos.

La Asociación de Mártires y Víctimas del 09 de Enero 2023 difundió un pronunciamiento exigiendo a la empresa encargada de la proyección que garantice la difusión del documental, considerado una pieza clave para reivindicar el derecho a la verdad y la justicia. “Denunciamos censura a nuestra verdad y el derecho a justicia y verdad”, señala el comunicado. Para los familiares, la decisión de retirar “Uyariy” de la cartelera y asignarle horarios inaccesibles constituye una nueva forma de atropello contra quienes buscan justicia desde hace tres años.

La asociación subrayó que la censura no solo afecta a las víctimas, sino que lesiona el derecho de la ciudadanía a conocer los hechos ocurridos durante una de las jornadas más trágicas de la historia reciente del Perú. “Basta de callar nuestras voces. Respeto a la democracia y respeto al pueblo peruano”, concluye el texto firmado en Juliaca.

Productores y director exigen respeto al público

La producción y el propio Javier Corcuera lamentaron el trato recibido por la película. Tras haber sido anunciada, “Uyariy” fue retirada a última hora de la cartelera en el sur andino y relegada a horarios poco accesibles en cines de Lima. “Solicitamos a los cines comerciales que retomen la proyección del filme en el sur andino y que modifiquen las funciones de Lima en horarios que permitan la asistencia de espectadores”, subraya el comunicado del equipo.

En conversación con Infobae Perú, los realizadores detallaron la compleja situación con la programación: el estreno nocturno previsto para el día del lanzamiento fue cancelado, y la película solo fue programada en horarios vespertinos poco convenientes, como las 14:40 en Larcomar. En otros cines, como UVK y Cineplanet de Juliaca, se repitió la misma programación restrictiva. Además, la película no obtuvo ninguna sala en Puno ni en Cusco, a pesar de haber sido anunciada en esas ciudades. El equipo ha publicado un comunicado en redes sociales, donde la conversación en torno al documental gira en torno a la percepción de un boicot y una exclusión deliberada.

Los productores enfatizaron que la situación representa una forma de censura encubierta, al restringir el acceso del público a un documental que aborda hechos de alta relevancia social. Advirtieron que, de no atenderse el reclamo, podrían retirar la película de la cartelera y buscar alternativas para asegurar su difusión en todo el país.

Un documental marcado por la memoria y la lucha

“Uyariy” llega a las salas en un contexto de alta tensión política y social. La película documenta la represión estatal del 9 de enero de 2023 en Juliaca, donde dieciocho civiles fueron asesinados en el marco de una serie de protestas que, en total, dejaron 49 muertos durante el gobierno de Dina Boluarte. Corcuera reconstruye la memoria a través de testimonios, música y relatos de familiares, en un esfuerzo por preservar la historia y exigir justicia para las víctimas.

En entrevista con Infobae Perú, Corcuera remarcó la importancia de registrar estos hechos desde la voz de los afectados y cuestionó la falta de apoyo institucional al cine documental en el país. Destacó el esfuerzo colectivo y el financiamiento independiente que permitieron llevar adelante el proyecto, señalando que era fundamental dejar constancia de lo ocurrido.

El director subrayó que el cine documental tiene la responsabilidad de preservar la memoria y evitar que hechos como la masacre de Juliaca se repitan. Para Corcuera, “Uyariy” es un viaje de memoria y un llamado a la reflexión sobre el país y la urgencia de evitar la repetición de la violencia.

Restricción de salas y horarios: denuncias en redes sociales

El malestar por la programación se multiplicó en redes sociales, donde numerosos usuarios denunciaron la limitada disponibilidad de horarios y salas para ver “Uyariy”. Inicialmente, se anunció que la película sería proyectada en Cineplanet de Juliaca, Puno, Cusco, Mallplaza Arequipa y en Lima, en Cineplanet San Miguel. Sin embargo, la programación oficial solo incluyó funciones en Juliaca para el 8 y 9 de enero, ambas a las 14:45 horas. Además, la portada del documental no aparece en la cartelera digital, reforzando la percepción de exclusión.

Frente a estas restricciones, los productores confirmaron que la película puede verse en otras cadenas como Cinemark Jockey Plaza, Cinemark Mallplaza Bellavista, UVK San Martín, Cinépolis Larcomar en Lima y Cinépolis en Arequipa, lo que permite que la ciudadanía acceda al filme a pesar de las limitaciones impuestas en ciertas salas.

Debate sobre libertad de expresión y acceso a la memoria

La controversia en torno a “Uyariy” ha reavivado el debate sobre los límites de la libertad de expresión y el acceso a la memoria histórica en el Perú. Diversos colectivos, periodistas y defensores de derechos humanos han manifestado su respaldo al documental, insistiendo en que el acceso a la verdad y la pluralidad de voces es esencial para la democracia.

La denuncia pública por censura, sumada al testimonio de las víctimas y la respuesta del sector cultural, plantea un desafío para las empresas exhibidoras y para el propio sistema democrático. La exigencia de respeto a la diversidad de relatos y a la voz de los afectados cobra más fuerza que nunca en un país donde la memoria y la justicia siguen siendo demandas abiertas.

El 10 de octubre de 2014, el régimen de Nicolás Maduro ordenó el bloqueo total de Infobae en Venezuela, marcando un hito en la escalada de censura contra los medios independientes. La medida fue ejecutada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) tras la publicación de imágenes vinculadas al asesinato del diputado oficialista Robert Serra. Esa censura, más de diez años después, aún continúa.

La decisión, anunciada públicamente por la entonces ministra de Comunicación e Información y hoy vicepresidenta, Delcy Rodríguez, se justificó bajo el argumento de “mancillar el honor” del parlamentario y su familia. El presidente de Conatel, William Castillo, afirmó que el medio había cometido “graves violaciones a las leyes venezolanas”, citando la publicación de fotografías “sin valor informativo” y acusando a Infobae de fomentar un clima de “guerra psicológica”.

La reacción de la dirección de Infobae fue inmediata. “Repudiamos la censura a la que somos sometidos y no vamos a aceptar que ningún gobierno nos diga qué fotos debemos publicar”, declaró Valeria Cavallo, directora del medio. Esta postura fue respaldada por agencias internacionales como Reuters, que reportaron el bloqueo y destacaron la gravedad de la censura digital en Venezuela.

Desde entonces, Infobae permaneció bloqueado por la dictadura de Maduro.

No fue un hecho aislado

La censura a Infobae no constituyó un hecho aislado. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder y, con mayor intensidad, bajo el mandato de Maduro, el cierre, bloqueo y hostigamiento a medios de comunicación se convirtieron en una política de Estado.

De acuerdo con reportes de distintas organizaciones no gubernamentales y datos del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), solo entre 2019 y 2020 se registraron más de 500 casos de violaciones a la libertad de expresión y acceso a la información pública, con al menos 200 medios de comunicación afectados por cierres, bloqueos o censura directa.

Entre las acciones implementadas se encuentran la prohibición de transmisiones de televisoras extranjeras, el retiro de programas de opinión y el bloqueo sistemático de portales digitales, incluida la propia web de Infobae.

El impacto sobre el ecosistema informativo venezolano resultó devastador. “El vacío en el dial es notorio”, afirmó el periodista Ángel Ramón Oliveros, señalando que la radio, tradicionalmente uno de los principales vínculos con la realidad, fue uno de los sectores más golpeados.

Entre 2017 y 2019, organizaciones como Espacio Público documentaron el cierre de más de 70 periódicos impresos y 54 emisoras de radio.

En 2025, el escenario se agravó: tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y la toma de posesión de Maduro en enero, se intensificaron la represión, la censura y la autocensura en los medios.

Durante la cobertura de procesos electorales recientes, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) documentó incidentes de hostigamiento, restricciones y vigilancia directa contra periodistas acreditados.

Medios locales detallaron casos en los que reporteros fueron impedidos de ingresar a centros de votación, obligados a borrar material gráfico o directamente excluidos del proceso de acreditación, reforzando un entorno mediático cerrado y opaco. “La arbitrariedad y la censura se han convertido en mecanismos sistemáticos de control durante las jornadas electorales”, advirtió el SNTP.

Detenciones por expresiones en redes sociales

La represión no se limitó a los espacios físicos. El monitoreo de Espacio Público reveló que en 2024 hubo 28 detenciones por expresiones en redes sociales y en 2025 se sumaron nuevos casos. Las plataformas digitales, frecuentemente bloqueadas o restringidas, se transformaron en uno de los pocos espacios disponibles para la difusión de información independiente.

La política de censura incluyó el bloqueo de plataformas internacionales como CNN en Español, BBC Mundo, Caracol Internacional y portales regionales, así como la salida forzada de empresas privadas de telecomunicaciones como DirecTV, entre otras. Los bloqueos digitales afectaron a más de 130 portales y 60 medios digitales, según datos del programa VE Sin Filtro.

Frente a este panorama, periodistas y reporteros venezolanos relataron con el paso de los años cómo la represión y el miedo condicionan su trabajo diario. “No es el periodismo que quisiera hacer, sino el que puedo, el que se me permite y me genera el menor riesgo posible”, explicó una reportera que prefirió no revelar su identidad por temor a represalias.

Otros detallaron el uso de seudónimos, la autocensura en temas sensibles y la adopción de medidas de seguridad digital para proteger su integridad y la de sus fuentes.

Tras el operativo llevado a cabo esta madrugada por Estados Unidos, que derivó en la salida de Nicolás Maduro del país, se prevé un escenario más favorable para el ejercicio del periodismo. Diversos actores locales e internacionales esperan una apertura hacia una mayor libertad de prensa y el fin de políticas de censura que marcaron los últimos años.

El debate público en torno al Sistema de Medios Públicos Rtvc volvió a intensificarse luego de un cruce de declaraciones entre su director, Hollman Morris, y el exconcejal de Bogotá Daniel Briceño, que actualmente aspira a una curul en la Cámara de Representantes por el partido Centro Democrático.

El intercambio se dio a través de la red social X y se enmarca en una controversia que incluye denuncias sobre presunta persecución a opositores y el uso indebido de información personal.

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La controversia se originó tras un mensaje de despedida de fin de año publicado por Morris, en el que se refirió al panorama político que, según él, enfrentará el país en los próximos meses, de cara a las elecciones legislativas y presidenciales. En su pronunciamiento, el director de Rtvc afirmó: “Vamos a tener unos seis meses muy complicados. Aquí se trata de fascismo o democracia... pero ahí vamos a estar, el Sistema de Medios Públicos, defendiendo la Constitución del 91, defendiendo la democracia y teniendo la claridad de que el fascismo no le puede ganar en este momento a lo que tanto hemos construído en Colombia millones y millones”.

Señalamientos de Briceño contra Rtvc

Tras ese mensaje, Daniel Briceño reaccionó desde su cuenta de X con fuertes acusaciones contra el sistema de medios públicos. En su publicación escribió: “Rtvc sí es fascismo, censuran, mandan a perseguir opositores, mienten, acosan mujeres, atacan a quien piensa distinto, crean falsas narrativas, solo hablan bien de Petro, despiden a quien no venera a su director (sic)”. El exconcejal no mencionó nombres adicionales en ese mensaje, pero dirigió sus críticas directamente a la entidad y a su dirección.

Briceño ha sido uno de los opositores más visibles de Rtvc y de la gestión de Hollman Morris, al que ha cuestionado en repetidas ocasiones por el enfoque informativo del medio público. Sus señalamientos más recientes se suman a una disputa previa que tomó relevancia nacional a comienzos de diciembre de 2025, cuando salieron a la luz unos audios que involucrarían a presuntos funcionarios del Sistema de Medios Públicos.

Audios y denuncias de presunta interceptación

La noticia tomó mayor relevancia el 3 de diciembre, cuando el periodista Santiago Ángel divulgó el material a través de sus redes sociales. En las grabaciones se escuchan conversaciones en las que se discutirían estrategias para acceder a información personal y contractual relacionada con la familia de un concejal de Bogotá, identificado públicamente por su postura crítica frente a la gestión de Rtvc.

El contenido del audio expone expresiones directas sobre la intención de obtener datos que podrían comprometer al cabildante. En uno de los fragmentos, uno de los interlocutores afirma: “Revuélquele la vida a ese malparido huevón con Jeison (sic), un hacker (...) y tiene la esposa con un poco de contratos (...) sí, claro”. En otro momento de la conversación se señala: “A mí no me gusta ir por lo bajo, pero si toca, toca”.

Aunque en los audios no se menciona de manera explícita el nombre del exconcejal afectado, Briceño aseguró que el contenido de las conversaciones lo llevó a suponer que se trataba de él, por lo que solicitó explicaciones formales al gerente general de RTVC, Hollman Morris.

A través de su cuenta de X, el exconcejal solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación que iniciaran investigaciones contra Rtvc y sus directivos por presuntas irregularidades en la obtención de información sobre opositores del Gobierno nacional.

Por su parte, Hollman Morris confirmó que las autoridades competentes ya habrían iniciado investigaciones sobre los hechos revelados. No obstante, expresó reparos frente al manejo mediático del caso y cuestionó que se utilice el episodio como argumento para desacreditar la labor informativa del sistema de medios públicos.

El juez federal Vernon S. Broderick prohibió que Imran Ahmed, quien dirige el Centro para la Lucha contra el Odio Digital, sea arrestado y expulsado temporalmente de territorio estadounidense mientras la justicia revisa su caso, medida que beneficia al activista británico y a su familia, que reside en Nueva York. Según informó la cadena BBC, esta decisión surge después de que el equipo legal de Ahmed presentara una demanda con el objetivo de frenar el proceso de deportación iniciado tras la aplicación de restricciones de visado por parte del gobierno de Donald Trump. El juez resolvió que Ahmed permanecerá en libertad y podrá quedarse con su esposa e hijo, ambos ciudadanos estadounidenses, hasta que se resuelva el fondo del litigio en los tribunales.

De acuerdo con lo publicado por la BBC, la administración estadounidense impuso en días recientes un veto de ingreso a cinco ciudadanos europeos, entre ellos Ahmed, por acusaciones relacionadas con su supuesta implicación en la promoción de mecanismos de censura en plataformas digitales norteamericanas. Además del activista británico, se encuentran en la lista el excomisario de Mercado Interior de la Unión Europea Thierry Breton, Clare Melford del Índice Global de Desinformación, y Anna-Lena von Hodenberg junto a Josephine Ballon, ambas integrantes de HateAid.

El Departamento de Estado argumentó, según los documentos oficiales consultados por la BBC, que estas personalidades y las organizaciones de la sociedad civil que representan habrían alentado, mediante esfuerzos percibidos como "radicales" y de “ONGs politizadas”, políticas restrictivas respecto a la libertad de expresión en redes digitales bajo la influencia de gobiernos extranjeros, lo que a juicio del Ejecutivo estadounidense podría provocar repercusiones negativas para la política exterior del país. En su declaración textual, la administración señaló que la permanencia de estos ciudadanos europeos tiene "consecuencias potencialmente graves para la política exterior del país".

La imposición de estas sanciones impulsadas por el gobierno de Donald Trump recibió una firme respuesta desde Europa. Según consignó la BBC, la Comisión Europea, así como varios gobiernos nacionales, manifestaron su desacuerdo y preocupación por las medidas adoptadas. Particularmente relevante resultó la reacción respecto al caso de Thierry Breton, quien cuenta con un historial destacado de participación en instituciones comunitarias. Francia y España figuran entre los Estados que rechazaron la decisión estadounidense, destacando el compromiso de los sancionados con la defensa de los derechos fundamentales y la lucha contra fenómenos como la desinformación y los discursos de odio.

El impacto diplomático de la medida se hizo sentir también en los posicionamientos públicos de organismos internacionales. Como publicó la BBC, diversos portavoces europeos recordaron que quienes recibieron sanciones forman parte de entidades cuya labor se centra en monitorear y combatir el contenido falso o dañino en Internet y redes sociales. Los Estados y la propia Comisión subrayaron la función de estas organizaciones en el contexto global actual, en el que crecen tanto la polarización política como la circulación de noticias engañosas a través de plataformas digitales de gran alcance.

Los documentos judiciales a los que tuvo acceso la BBC detallan el temor de Imran Ahmed, reflejado en la demanda presentada ante los tribunales, a una posible deportación inmediata y la separación forzada de su familia directa. El juez Broderick, encargado del caso en el distrito sur de Nueva York, consideró estos argumentos y concedió la protección solicitada mientras se desarrollan los análisis legales requeridos.

La decisión del tribunal estadounidense de suspender provisionalmente la expulsión de Ahmed reavivó el debate en torno a la cooperación transatlántica en materia de derechos digitales, así como las discrepancias entre Estados Unidos y Europa sobre la regulación del discurso en redes y el papel de la sociedad civil organizada. Tal como reportó la BBC y recogieron instituciones comunitarias, el conflicto revela diferencias de enfoque respecto a las fronteras entre la libertad de expresión y la prevención de abusos digitales.

A la espera de que avance el proceso judicial en Nueva York, el caso de Ahmed, así como los de los otros cuatro ciudadanos europeos sancionados, continúa generando reacciones y monitoreo internacional. Según la BBC, tanto sectores de la sociedad civil como diplomáticos de la Unión Europea siguen el proceso con atención, evaluando tanto sus posibles implicaciones jurídicas como el impacto en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Europa.

Thierry Breton, quien ha desempeñado un papel clave en la legislación digital europea, figura entre los individuos a quienes Estados Unidos impedirá ingresar al país por decisión de la Administración de Donald Trump. La restricción de visado también alcanzará a otros cuatro dirigentes vinculados a organizaciones no gubernamentales europeas. Según informó el medio original, esta determinación se anuncia tras acusaciones de Washington sobre presiones ejercidas hacia compañías tecnológicas estadounidenses y supuestos intentos de limitar la expresión de opiniones contrarias desde el extranjero.

De acuerdo con la información difundida, la subsecretaria de Estado para Diplomacia Pública, Sarah Rogers, confirmó que la medida afecta directamente a Breton, excomisario de Mercado Interior de la Unión Europea y considerado uno de los autores principales de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). Esta normativa, aprobada el año anterior, persigue frenar la difusión de contenidos ilegales en internet y establece sanciones para las empresas que no acaten sus directrices. Rogers explicó que la inclusión de Breton en la lista responde a sus intervenciones frente a empresas tecnológicas; en particular, a una carta enviada al propietario de la red social X, Elon Musk, en la que Breton recordaba los procedimientos legales en proceso por presuntos incumplimientos de la DSA en materia de lucha contra la desinformación y contenidos ilegales. Según detalló el medio, la misiva se publicó pocas horas antes de una entrevista en directo con Donald Trump, que entonces era candidato a la presidencia.

En el comunicado divulgado por Rogers en su cuenta de X, la funcionaria estadounidense argumentó que Breton "utilizó la DSA para amenazar" a Musk, al referirse de manera "ominosa" a los procedimientos legales en curso. Dicha intervención habría contribuido, desde la perspectiva de Washington, a presionar a las plataformas estadounidenses para censurar opiniones que contradecían la narrativa dominante, según reportó la fuente original.

Como respuesta al anuncio de las autoridades estadounidenses, Thierry Breton publicó un breve comentario en X cuestionando si "vuelve a soplar el viento del Macartismo", aludiendo a las campañas anticomunistas impulsadas por el senador Joseph McCarthy en la década de 1950. Además, Breton destacó que "el 90 por ciento del Parlamento Europeo - nuestro órgano elegido democráticamente - y los 27 Estados miembros votaron por unanimidad la DSA", y, dirigiéndose a sus "amigos estadounidenses", señaló que "la censura no está donde creéis".

El resto de las personas afectadas por la medida son Imran Ahmed, vinculado al Centro para la Lucha contra el Odio Digital; Clare Melford, del Índice Global de Desinformación; Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, ambas de la organización HateAid. Todas las entidades mencionadas se dedican a actividades vinculadas a la regulación del contenido digital y la defensa ante fenómenos como la desinformación en línea y el odio digital.

El Departamento de Estado argumentó, según recogió el medio, que estas figuras y las ONG a las que pertenecen han promovido lo que describe como "medidas represivas de censura" desde ámbitos estatales externos. Sostiene, en este contexto, que la presencia de estos activistas y líderes de organizaciones en territorio estadounidense podría tener "consecuencias potencialmente graves" en el ámbito de la política exterior del país.

Todo ello se traduce, según el comunicado de la Administración Trump reproducido por la fuente original, en la prohibición de entrada a territorio estadounidense para los cinco individuos mencionados. Asimismo, el Departamento de Estado indicó que están sujetos a "procedimientos de deportación" que dependen del Departamento de Seguridad Nacional.

En la explicación oficial, la actual política exterior de Estados Unidos bajo la línea "América Primero" rechaza de forma tajante lo que denomina "violaciones a la soberanía estadounidense". Según publicó el medio, la postura gubernamental sustenta que "la extralimitación extraterritorial de censores extranjeros que atacan la libertad de expresión estadounidense no es una excepción". El argumento central remite a la protección de la libre expresión y a la defensa de los intereses nacionales frente a presuntas injerencias externas que, desde el punto de vista de Washington, inciden en el debate interno estadounidense.

El presidente Gustavo Petro se quejó por el tiempo que se le otorgó para poder dar su alocución del 23 de diciembre de 2025. Pues, desde octubre del año en curso, sus intervenciones en la televisión están reguladas, por orden del Consejo de Estado.

En su discurso, durante el cual abordó temas centrales de interés nacional como la declaratoria de emergencia económica –que surgió tras el hundimiento de la ley de financiamiento (reforma tributaria)–, la mortalidad materna y de menores de un año, aseguró estar siendo censurado.

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“Este programa está bajo censura. Es el único presidente del mundo al que censuran. Y entonces no puedo hablar tanto del pasado, sino que tengo que hablar del futuro, y en hora y ya me estoy extendiendo bastante”, señaló el primer mandatario.

Tras hacer el comentario, explicó los motivos por los cuales, a su juicio, es necesario decretar una emergencia económica en el país, y presentó datos oficiales de las demás temáticas que tenía en su agenda.

¿Por qué regularos las intervenciones de Petro en la televisión?

En octubre de 2025, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, emitió una serie de requisitos que debe seguir el presidente Petro a como de lugar para poder dar sus alocuciones. Esto, debido a que la ciudadanía se quejó por lo extenso de sus intervenciones.

Estableció entonces las siguientes regulaciones para sus declaraciones televisadas:

• Debe responder a una justificación o razón suficiente, lo que implica que la solicitud debe corresponder a circunstancias urgentes.
• No puede ser recurrente, por ejemplo, en el mismo intervalo semanal.
• Debe ser limitada temática y temporalmente:
• • Temático: la solicitud que se presenta ante la CRC debe ser detallada temáticamente y no con una referencia genérica al asunto a tratar.
  • Temporal: la solicitud ante la CRC debe indicar la hora de inicio y de terminación de la alocución presidencial que, en todo caso, no podrá corresponder a un período irrazonable o notoriamente excesivo.

En ese sentido, con el fin de asegurar que la Presidencia y el mandatario se apeguen a lo establecido, el Consejo de Estado ordenó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) verificar el cumplimiento de todos los criterios cada vez que el jefe de Estado desee realizar una intervención o alocución en televisión.

“En caso de que los incumpla, impida su realización. Adicionalmente, se dispondrá que, tras cada alocución presidencial, realice un informe público en el que evalúe si su desarrollo se adecuó o no a los criterios de urgencia y excepcionalidad, como garantía del pluralismo informativo”, detalla la decisión del máximo juez de la administración pública.

En su momento, el primer mandatario rechazó la regulación establecida por el Consejo de Estado y la calificó como un tipo de censura, al impedirle expresarse como prefiera ante la ciudadanía a través de la televisión. Afirmó que sus derechos, consagrados en la Constitución Política de Colombia, estaban siendo vulnerados.

“Ojalá al Consejo de Estado no se le ocurra dejar su historia, que comenzó, en el caso mío, reivindicando la convención americana de derechos humanos, y tome la historia del consejo que dicta la censura en Colombia. Juramos que respetaríamos la constitución de 1991”, escribió Petro en su cuenta de X.

Posteriormente, la Sección Segunda del Consejo de Estado admitió una tutela para su estudio, a través de la cual un ciudadano alegó la presunta vulneración de sus derechos y garantías fundamentales a la libertad de expresión, información, participación política y pluralismo informativo, debido a las restricciones que impuso el Consejo a las alocuciones del presidente.

Además, solicitó que se aplicara una medida provisional que dejara sin efectos la decisión, mientras se evaluaba su acción de tutela.

El debate sobre la posible reincorporación de fotografías eliminadas de los archivos oficiales relacionados con Jeffrey Epstein ha puesto en primer plano la necesidad de equilibrar el acceso público a información relevante y la protección estricta de la privacidad de las víctimas. Según reportó Europa Press, las autoridades sostienen que la revisión actual de estos materiales sigue pautas legales recién adoptadas, impuestas tras la reciente promulgación de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein. Con este proceso bajo una vigilancia rigurosa, el Departamento de Justicia de Estados Unidos recalca que cualquier decisión respecto a la difusión de imágenes responde exclusivamente a obligaciones legales de confidencialidad y no a intereses políticos.

De acuerdo con Europa Press, el procedimiento se aceleró tras la supresión de quince fotografías vinculadas al expediente judicial de Epstein, lo que reavivó el debate sobre transparencia en casos de alto perfil. Entre las imágenes resguardadas figura una tomada en la oficina del empresario, con retratos del Papa Juan Pablo II y Bill Clinton, así como otra que exhibía el cajón de un escritorio con fotografías en las que Donald Trump posaba junto a mujeres en traje de baño. Europa Press señaló que estos hechos suscitaron inquietudes tanto en la sociedad civil como dentro del Congreso estadounidense, debido al interés en acceder a archivos que contienen menciones a figuras reconocidas de la política, la realeza y el entretenimiento.

El Departamento de Justicia manifestó que la exclusión temporal de estas imágenes respondió a peticiones formales de víctimas y de organizaciones que las representan legalmente, sin que mediara ninguna intervención o motivación de carácter político. Según consignó Europa Press, funcionarias federales subrayaron que la determinación de restringir materiales gráficos solamente atiende a la responsabilidad de amparar el anonimato y la seguridad de las personas afectadas, en estricto apego a los parámetros legales vigentes.

Todd Blanche, subjefe del Departamento de Justicia, fue consultado por la cadena NBC respecto al criterio aplicado para la censura o eliminación de archivos gráficos en este contexto. Blanche aclaró que la revisión se activó luego de que abogadas y agrupaciones defensoras de víctimas advirtieran sobre potenciales riesgos jurídicos y personales si ciertas imágenes permanecían accesibles al público sin ningún tipo de resguardo. Además, Blanche precisó, en declaraciones recogidas por Europa Press, que esta labor implica la participación de numerosos equipos legales enfocados en examinar cada página y fotografía, mientras se observa con rigor el nuevo marco normativo aprobado por el Congreso.

La Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, como informó Europa Press, ordena que la mayor parte de la información recopilada durante la investigación sea divulgada, aunque condicionada a la protección rigurosa de los datos considerados sensibles. En consecuencia, el Departamento de Justicia enfrenta el reto de asegurar la apertura documental y, al mismo tiempo, preservar la integridad y privacidad de las y los testigos, supervivientes y terceras personas no encausadas. Para ello, la ley faculta el uso de herramientas de edición gráfica antes de la publicación, entre las que se contempla cubrir áreas identificatorias en las fotografías y aplicar técnicas de edición digital que impidan la filtración accidental de datos personales.

Las autoridades federales enfatizaron, según Europa Press, que el ritmo de publicación de esta información depende de los procedimientos de revisión legal. La aplicación íntegra de los protocolos reviste centralidad en la política del Departamento de Justicia, merced a las exigencias de sectores del Congreso interesados en garantizar la máxima transparencia durante la gestión del escándalo y en la respuesta institucional a las demandas del público.

Frente a señalamientos sobre posibles retrasos o manejos orientados por consideraciones políticas, los responsables del proceso fueron directos en desvincular la censura de archivos a cualquier interés relacionado con personalidades públicas expuestas en las imágenes. Durante la mencionada entrevista televisiva, Blanche expresó: “La razón de que estemos todavía revisando documentación es sencillamente la protección de las víctimas”. Añadió que no existía motivo alguno para que los equipos legales discutieran sobre la figura de Donald Trump, puntualizando: “No tengo motivos para creer que los abogados que trabajan en este caso hablasen sobre el presidente Trump porque él no tiene nada que ver con los archivos de Epstein. No tuvo nada que ver con los terribles delitos que cometió el señor Epstein”. La cita, recogida por Europa Press, responde a la especulación sobre una posible motivación política en las decisiones de ocultamiento o publicación de imágenes.

La práctica de editar documentos y gráficos en archivos judiciales de gran notoriedad obedece, de acuerdo con Europa Press, a la necesidad de evitar la exposición pública de información cuyo contenido pueda generar daños a la privacidad o a la seguridad de testigos y víctimas. El Departamento de Justicia reiteró que si el examen legal determina que ciertas fotografías no representan un peligro para las personas incluidas bajo la protección de la ley, podrían volver a estar disponibles en el sitio institucional, aunque en algunos casos con partes cubiertas o distorsionadas para asegurar la confidencialidad.

El caso Epstein, según recuerdan los expedientes consultados por Europa Press, cobró notoriedad internacional después de la detención del empresario en julio de 2019, quien enfrentó acusaciones graves de abuso sexual y tráfico de menores. Tras su suicidio en agosto de ese año en un centro penitenciario de Nueva York, la investigación principal quedó sin resolverse, lo que elevó el interés público y legislativo sobre la publicación íntegra o parcial de los archivos relacionados.

Europa Press detalló que, entre los nombres que aparecen con asiduidad en los documentos, figuran el príncipe Andrés de Reino Unido, Bill Clinton y Donald Trump, todos ellos mencionados en el marco de relaciones sociales o personales con Epstein, y sujetos a las protecciones establecidas por la reciente ley respecto a terceras personas no imputadas.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, la política aplicada a estos materiales se mantiene firme frente a los lineamientos judiciales y no contempla influencias de carácter externo, incluidas las provenientes de agentes políticos, según insistió Europa Press en sus distintos despachos sobre el tema. Las disposiciones legislativas actuales requieren que cada imagen y documento pase por un riguroso examen legal antes de ser considerada para publicación. Estas tareas se desarrollan en ciclos continuos de revisión y el retorno progresivo de materiales previamente excluidos depende de los criterios técnicos y legales resultantes.

Decenas de equipos especializados integrados por abogados y técnicos concentran sus esfuerzos en analizar los archivos del caso Epstein, con el propósito de identificar riesgos y establecer las fórmulas adecuadas para difundir la información protegida de acuerdo con la nueva normativa. Europa Press subrayó que este proceso extenso de gestión, censura y edición de documentación y fotografías perdurará mientras esté en vigor la Ley de Transparencia, lo que reafirma el predominio de la privacidad y la confidencialidad de las víctimas en la estrategia de liberación controlada de los expedientes federales estadounidenses sobre Jeffrey Epstein.

La escritora e ilustradora Tessa Hulls, Premio Pulitzer de Biografía 2025 por su cómic Alimentar a los fantasmas, donde reconstruye la vida de tres generaciones de mujeres chinas marcadas por la persecución política, está convencida de que no volverá a China porque no le renovarán el visado.

En esta entrevista, Hulls (California, 1984) considera que con esta decisión de no darle un nuevo visado (el actual expira en 2026) “se repite en cierta manera la tragedia familiar que narra en el cómic”, un relato intergeneracional de su abuela Sun Yi, periodista perseguida por la revolución comunista china, su madre Rose y ella misma, con una vida marcada por la persecución política y el exilio.

Tessa Hulls dice que su novela gráfica está prohibida en China, pero acaba de salir una traducción al chino en Taiwán, por lo que siente “bastante curiosidad” por ver la acogida y cómo reaccionan los lectores a esta traducción. Y reconoce que durante los diez años que empleó en desenmarañar la historia familiar de su abuela y su madre, estuvo bajo el radar del gobierno chino porque aún no se había publicado el libro y no se sabía qué estaba haciendo.

De todas formas, no tiene intención de pedir más visados para viajar a China porque su madre era el puente que la conectaba con este país, pero “ahora tiene demencia y es bastante probable que no pueda viajar más. La conexión se ha roto”. La autora, que vive en EE.UU, reconoce que actualmente con la administración Trump “los escritores, historiadores y artistas están en una posición en la que ven al gobierno estadounidense declarar la guerra a su trabajo y a las historias que quieren contar”.

No obstante, admite, todavía se tiene la libertad de ser crítico con el gobierno y con lo que está sucediendo, aunque teme que su país, “poco a poco, entre en una dictadura” y equipara las políticas de Mao en China, en los años cincuenta o sesenta, con las de Donald Trump en la actualidad. En su opinión, lo que hacía Mao en su momento y ahora Trump es convertir “la educación en algo malo, y luego negar la ciencia. Son líderes que están contando unas realidades que contradicen los hechos y fuerzan unas agendas instaladas en el negacionismo”.

Pese a este clima, Hulls dice sentirse “muy estadounidense”; reconoce que muchos amigos están tomando la decisión de irse de EE.UU., pero ella quiere quedarse “y hacer que la situación mejore”. Admite que siente “decepción y miedo” por lo que está pasando, “pero sigue siendo su hogar”.

Hulls empleó diez años en elaborar ese libro, un proyecto que define como armar un rompecabezas donde cada pieza era un recuerdo enterrado, y reconoce que le ha afectado: “Ahora soy una persona más blanda, más emocional y el cambio más radical es que soy capaz de abrazar a mi madre”.

La autora cree que libros, como el suyo, ayudan a tender puentes, pero le preocupa la poca capacidad de las personas, en la actualidad, en centrarse y en buscar empatía. Sobre futuros planes de trabajo, afirma que se considera una artista multidisciplinar y con cada proyecto desarrolla una relación en la que se plantea cuál es el formato más adecuado. Y en el caso de Alimentar a los fantasmas, ya sabía que sería un cómic de 400 páginas, pero no siente que ahora tenga otras historias que encajen en ese mismo formato.

Asimismo comenta que seguirá trabajando en el cómic, pero no sola, porque se sintió “sumamente aislada frente a una historia que no podía cambiar”. Su intención es hacer algo más colaborativo. En este momento trabaja en un proyecto científico con secuoyas donde analiza su respuesta frente al cambio climático con biólogos marinos y los efectos de una ola de calor que mató a muchísimos pájaros.

Fuente: EFE

Más de 50 organizaciones vinculadas al aborto y a la comunidad LGTBIQ+ denunciaron la suspensión de sus cuentas en las redes sociales de Meta como Facebook, WhatsApp e Instagram.

Reportan el bloqueo de sus líneas telefónicas de atención sobre abortos y señalan que publicaciones con desnudez no explícita activan advertencias en las plataformas.

La ONG Repro Uncensored, dedicada al seguimiento de la censura digital contra movimientos relacionados con género, salud y justicia, afirmó haber registrado 210 casos de eliminación de cuentas y restricciones severas a estos grupos en 2025, frente a 81 incidentes en 2024.

“Durante este último año, especialmente tras la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos, hemos observado un aumento claro en la eliminación de cuentas, no solo en Estados Unidos, también a nivel internacional, como un efecto dominó”, afirmó Martha Dimitratou, directora ejecutiva de Repro Uncensored, a The Guardian.

Entre las organizaciones que señalan haber sido afectadas figura Women Help Women, una entidad sin fines de lucro registrada en Países Bajos que proporciona información sobre aborto a mujeres de diversos países, como Brasil, Filipinas y Polonia.

Según su directora ejecutiva, Kinga Jelinska, la organización recibe alrededor de 150.000 correos electrónicos anuales de mujeres que buscan apoyo.

Jelinska explicó que Women Help Women mantenía presencia en Facebook desde hace 11 años. Aunque su cuenta había sido suspendida en ocasiones anteriores, esta es la primera vez que sufren un bloqueo total.

“La prohibición puede resultar potencialmente mortal, ya que obliga a algunas mujeres a recurrir a fuentes de información menos fiables y más peligrosas”, advirtió Jelinska al medio mencionado.

En un mensaje del 13 de noviembre de 2025, Meta le informó al grupo que su página “no sigue nuestras Normas comunitarias sobre medicamentos recetados” y añadió: “Sabemos que esto es decepcionante, pero queremos mantener Facebook seguro y acogedor para todos”.

Jelinska calificó la explicación de Meta como “muy lacónica”, y destacó la falta de transparencia: “Simplemente la eliminaron. Eso es todo. Ni siquiera sabemos a qué publicación se refieren”.

Meta aseguró que ha restituido más de la mitad de las cuentas señaladas por Repro Uncensored, entre ellas la de Women Help Women, cuya eliminación atribuyó a un error. La empresa agregó que las cuentas que permanecen deshabilitadas fueron bloqueadas conforme a sus políticas, incluyendo la relacionada con explotación humana.

Qué ha respondido Meta

Ante esta situación, Meta rechazó que exista una tendencia creciente a la censura. La empresa afirmó:

“Todas las organizaciones e individuos en nuestras plataformas están sujetos al mismo conjunto de normas, y cualquier afirmación de que se aplican de forma diferente por afiliación o defensa de un grupo carece de fundamento”. Además, sostuvo que sus políticas sobre el contenido vinculado al aborto no han cambiado.

La compañía dirigirida por Mark Zuckerberg dijo: “Nuestras políticas y cumplimiento con respecto al contenido relacionado con medicamentos para el aborto no han cambiado: permitimos publicaciones y anuncios que promuevan servicios de atención médica como el aborto, así como debates y discusiones sobre ellos, siempre que cumplan con nuestras políticas”.

En la página de las normas de su comunidad, Meta señala que, en ciertos casos, elimina publicaciones con lenguaje ambiguo o implícito si el contexto permite identificar un incumplimiento de sus reglas.

En un correo electrónico al que accedió The Guardian, un consultor de Meta habría invitado a varias organizaciones de salud reproductiva a una reunión informativa en línea y a puertas cerradas para abordar “los desafíos que enfrentan con las políticas de moderación de contenido de Meta”.

Por otro lado, un empleado de Meta habría aconsejado de manera privada a una organización afectada que abandonara la plataforma y recurriera a listas de correo, advirtiendo que las prohibiciones podrían continuar. Meta aseguró no haber enviado este mensaje.

Nueve violaciones a la libertad de expresión se documentaron en Venezuela durante noviembre, según la organización no gubernamental Espacio Público. La ONG advirtió que el miedo a represalias ha provocado una disminución en el número de denuncias registradas, lo que dificulta la visibilización de la situación.

De acuerdo con el informe, la mayoría de los responsables identificados corresponden a instituciones estatales y a operadoras de telecomunicaciones privadas, una tendencia que se ha mantenido a lo largo de 2025.

Espacio Público detalló que las nueve violaciones registradas en noviembre estuvieron principalmente relacionadas con la censura y restricciones administrativas. La organización subrayó que el temor de las víctimas a sufrir represalias ha generado una baja en los reportes de detenciones arbitrarias, amenazas y cierres de medios de comunicación. Esta dinámica, según la ONG, limita la capacidad de documentar la magnitud real de los ataques contra la libertad de expresión en el país.

En su informe, la ONG identificó a las instituciones del Estado y a las empresas privadas de telecomunicaciones como los principales responsables de las violaciones. Espacio Público señaló que esta situación se ha repetido durante todo el año, consolidando un patrón de hostigamiento y control sobre el ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela.

Entre los casos emblemáticos del mes, la organización destacó la excarcelación de dos estudiantes de la Universidad Central de Venezuela y de tres documentalistas audiovisuales. Estas personas habían sido detenidas en octubre mientras grababan material para un documental en las inmediaciones de la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua.

El informe también incluyó la condena a 30 años de prisión impuesta a la médica Marggie Orozco por un tribunal del estado Táchira. Según Espacio Público, Orozco fue sentenciada por enviar un audio a través de WhatsApp en el que criticaba al régimen de Nicolás Maduro, presuntamente incitaba a la participación en las elecciones del 28 de julio de 2024 y expresaba su opinión sobre la situación del país.

La médica, de 65 años, permanece detenida desde el 5 de agosto de 2024 y residía en el barrio Cristóbal Colón, en el municipio Ayacucho del estado Táchira.

Otro hecho relevante señalado por la ONG fue el cierre de una emisora en el estado La Guaira el 26 de noviembre, tras una orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Espacio Público informó que cuatro funcionarios del organismo acudieron a las instalaciones, levantaron un acta de clausura y confiscaron equipos de transmisión, incluyendo enlace, consola, micrófonos y transmisores.

En el balance anual, Espacio Público reportó un total de 201 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela durante 2025. La organización reiteró que la mayoría de los responsables son instituciones estatales y operadoras de telecomunicaciones privadas, y que el temor a represalias ha reducido la cantidad de denuncias y registros de violaciones.

El ambiente de intimidación y autocensura ha dificultado la denuncia de detenciones arbitrarias, amenazas y cierres de medios, lo que contribuye a la persistencia de la vulneración de la libertad de expresión en el país.

El presidente Gustavo Petro negó categóricamente las acusaciones de censura en su Gobierno luego de que la representante Katherine Miranda, del Partido Verde, denunciara el bloqueo del portal sueco Expressen por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). La denuncia, que surgió después de que el mencionado portal publicara una investigación sobre la vida lujosa de la primera dama, Verónica Alcocer, provocó una fuerte controversia política.

Miranda, que presentó la denuncia, afirmó que el bloqueo del portal sueco había sido confirmado por el Ministerio de las TIC. Según la congresista, Expressen había estado disponible en Colombia hasta dos días después de la publicación de la investigación sobre Alcocer, tras lo cual el sitio se volvió inaccesible sin explicación.

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La investigación del medio sueco reveló detalles sobre los lujos de la primera dama de Colombia y los encuentros que ella sostenía con personas de la élite en Estocolmo, pese a que Alcocer se encuentra en la Lista Clinton junto a su esposo debido a presuntos vínculos con el narcotráfico.

En respuesta a las denuncias, el presidente Petro utilizó sus redes sociales para rechazar las acusaciones de censura. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Petro escribió: “Esto que dice @NoticiasRCN es mentira. Otra mentira más. El ministerio de TICs no ha bloqueado páginas de ningún periódico. Este gobierno no censura (sic)”.

Con estas palabras, el jefe de Estado descalificó la difusión que hizo el medio de comunicación a las denuncias de la representante Katherine Miranda y se refirió a ellas como “mentiras”, de la misma manera en la que calificó al portal nacional.

El presidente Petro reafirmó que su administración no censuraría a la prensa y destacó la libertad de expresión como un principio esencial. No obstante, su rotundo rechazo a las acusaciones no calmó las inquietudes de la congresista, quien insistió en que las pruebas del bloqueo de Expressen eran evidentes.

Detalles de las alertas que encendió Katherine Miranda

Por su parte, de acuerdo con la denuncia de la congresista Miranda —una poderosa aliada de Petro en 2022 y ahora una de sus mayores opositoras— se reveló que el Ministerio TIC, a través de un comunicado oficial, desmintió las acusaciones de censura. En el documento, la cartera explicó que “no ordena, no ejecuta y no tiene facultad legal para bloquear páginas web, medios de comunicación ni plataformas digitales, nacionales o extranjeras”.

Además, aclararon que la cartera “no tiene competencia para bloquear contenidos de internet” y que no ejercen funciones de policía, por lo que no pueden ordenar restricciones o bloqueos de dominios web. En cuanto a los juegos de azar, precisaron que esa es competencia exclusiva de Coljuegos.

Sin embargo, las explicaciones del ministerio no lograron calmar las inquietudes de Katherine Miranda y la congresista expresó en su video de denuncia que el bloqueo del portal Expressen debería ser investigado a fondo. “Si el bloqueo existía casi 15 días antes de la publicación, ¿cómo pudo estar disponible durante las investigaciones críticas y solo después quedar inaccesible?”, cuestionó. Según Miranda, esta situación pone en duda la transparencia del Gobierno frente a la libertad de expresión.

La representante también solicitó formalmente que la Procuraduría General de la Nación investigue el posible uso indebido de las facultades de bloqueo por parte del Gobierno: “En una democracia la prensa no se censura ni se persigue, y todos los colombianos tenemos derecho a acceder libremente a la información”.

“Es absolutamente grave que en este Gobierno se esté censurando a la prensa”, concluyó la legisladora en su video.

En cuanto al bloqueo del portal, el medio sueco ya no aparece restringido en Colombia, y varias de sus publicaciones sobre Verónica Alcocer continúan disponibles en Europa. La denuncia de Katherine Miranda ganó atención tanto a nivel nacional como internacional, especialmente por la gravedad de las acusaciones de censura a la prensa en la administración gubernamental.

La noche del 27 de noviembre de 1975 se vivió de una forma peculiar en varios cines de España. Hacía pocos días que Franco había muerto (su cadáver acababa de retirarse del Palacio Real después de varios días en los que podía visitarse), y toda la población del país, a caballo entre el temor y la esperanza, aguardaba los acontecimientos que habrían de definir el futuro del país. Esa noche, sin embargo, la expectativa cedió su lugar a las ganas de asistir al estreno de una película que llevaba años siendo comentada en el resto del mundo... salvo en España, donde La naranja mecánica se proyectó por primera vez para el público general.

La película de Stanley Kubrick, considerada hoy como una de las mejores de la historia del cine, llegaba ya con la etiqueta de símbolo universal de la transgresión y la polémica. Una fama que le había valido tanto su leyenda como censura, que se prolongaría durante cuatro años (la cinta de Kubrick se había estrenado en 1971) hasta que le dieron ese hueco en las salas “de arte y ensayo”: un reflejo más de la transformación que estaba a punto de iniciar la sociedad.

Al fin y al cabo, desde que la censura franquista bloqueó la llegada de La naranja mecánica, el filme se había convertido en el Santo Grial para cinéfilos y jóvenes ávidos de modernidad o simplemente atraídos por su aura de escándalo. La naranja mecánica había sido señalada en otros países como factor de desestabilización: en Reino Unido, tras un incremento de delitos juveniles y una estela de aireadas críticas y amenazas, Kubrick optó (asesorado por la policía) por retirar la película de circulación, que poco a poco fue vetándose o recibiendo la calificación X en distintos puntos de Europa.

Historia de una censura

En España, esta postura respecto a La naranja mecánica no hizo más que incrementar el deseo y el mito. El hecho de que los españoles se organizaran para cruzar la frontera los fines de semana, acudiendo a Perpiñán para sortear la censura nacional y ver películas vetadas, muestra la magnitud de la ansiedad cultural que rodeaba a la cinta. En este clima, el anuncio del estreno legal de La naranja mecánica en Madrid tenía componentes de evento generacional. El lugar elegido fue el cine Cid Campeador, una sala de significativo tamaño situada en el barrio de Salamanca, reconvertida en “sala especial” para poder proyectar el filme en su versión original subtitulada.

El ambiente aquella noche fue singular: aunque la sala superaba las mil butacas, la ley ordenó no vender más de ochocientas entradas por sesión, lo que dejó gran parte del espacio vacío pero permitió agrupar al público en unas pocas filas, creando una sensación de corte selecto e irrepetible. El eco de las largas colas se extendía por la ciudad, y los que finalmente accedieron a esa primera sesión lo hicieron con la conciencia de asistir a un hito cultural. En las semanas siguientes, otros cines de arte y ensayo replicaron el mismo esquema para satisfacer una demanda reprimida durante años.

Entre las singularidades del estreno destaca un episodio que solo puede entenderse en aquel momento de paradojas históricas: según relata la prensa de la época, tras la muerte del dictador y ya en la segunda semana de exhibición de la película, el No-Do dedicó un monográfico fúnebre a la vida de Franco, proyectado junto a la película de Kubrick. Mientras el noticiario mostraba imágenes del dictador acompañado por la Novena Sinfonía de Beethoven, la misma que se utilizaba en la película. La carcajada general del público al advertir la “catarsis beethoveniana” ilustró no solo el cambio de época, sino la ironía de las coincidencias.

Valladolid, una excepción a la regla

Hay que decir que La naranja mecánica ya se había proyectado en un cine español con anterioridad. La película de Kubrick se había podido ver en la Semana Internacional del Cine de Valladolid, tal y como se explica en el documental La naranja prohibida. No resultó una tarea fácil, ya que el propio Kubrick era reacio a que su película se viera en España, y solo cedió cuando se le prometió que la película solo se pasaría en la Universidad de Valladolid, a sabiendas de que no iba a ser así.

La censura franquista, en aquella ocasión, no solo no prohibió su proyección sino que además animó al festival a que se viera la película, ya que los festivales les servían para medir la reacción del público ante determinadas películas. “La naranja mecánica fue un éxito absoluto y Kubrick nunca se quejó de la mentira”, explican desde el propio festival en su página web. “Su filme no gustó a todo el mundo, pero el material gráfico de 1975 deja constancia de la larguísima cola de estudiantes a la espera de conseguir su entrada, principalmente porque en España, en aquel momento, bastaba que un filme o un libro estuvieran censurados para que levantaran una gran expectación.”

La librera rusa Lyubov Belyatskaya suspira mientras lamentaba el “clima de ansiedad generalizada” que se ha apoderado de su natal San Petersburgo en medio de la guerra en Ucrania. Alguna vez apodada la “ventana de Rusia a Europa”, la ciudad ha sido durante mucho tiempo la capital cultural del país, un semillero de pensamiento independiente, expresión artística y disidencia subterránea.

Pero a medida que las autoridades intensifican la represión, intentando erradicar cualquier señal, por pequeña o sutil que sea, de oposición pública al Kremlin o a la guerra, Belyatskaya dice que percibe que la ciudad se repliega sobre sí misma. “Ya no podemos escribir como antes, ni bromear sobre ciertas cosas”, lamenta. “Tanto nuestras palabras como nuestras acciones están severamente restringidas”.

El efecto se ve en los estantes de su librería —llamada Vse Svobodny o “Todos son libres”— en el centro de la ciudad. “Cada semana literalmente tenemos que retirar libros por una u otra razón”, dijo Belyatskaya.

Desde que lanzó su ofensiva en Ucrania en febrero de 2022, Rusia ha desplegado todo un arsenal legislativo para silenciar a cualquiera que critique la campaña. Quienes infringen la censura en tiempos de guerra se enfrentan a penas de prisión de hasta una década. Algunos autores —como el fallecido líder opositor Alexei Navalny— están completamente prohibidos.

Otros —aquellos que no son del agrado del Kremlin pero aún no han sido ilegalizados— deben venderse con una enorme etiqueta que los identifica como “agentes extranjeros”. El término de la era soviética se aplica a figuras como Lyudmila Ulitskaya y Boris Akunin, prolíficos escritores rusos ahora exiliados.

La represión en San Petersburgo —ciudad natal del presidente Vladimir Putin— tiene una resonancia particular. La capital de la era zarista ha estado durante décadas a la vanguardia del pensamiento libre y la disidencia.

El ganador del Premio Nobel Joseph Brodsky fue obligado a emigrar en 1972 tras años de persecución por su poesía inconformista. Fue desde San Petersburgo que surgió el himno de protesta rock “Cambios” —de Kino, liderado por Viktor Tsoi—, que encapsulaba la frustración contenida al final de la Unión Soviética. Y desde 2022, las leyendas del rock de la ciudad Boris Grebenshchikov y Yuri Shevchuk han criticado repetidamente la ofensiva en Ucrania.

“Aquí nos consideramos más libres, más liberados, menos subordinados al miedo, incluido el miedo a la represión”, dice el activista local de derechos humanos Dinar Idrisov. “En realidad, no creo que eso sea cierto”. Hay señales de que se están apretando las tuercas.

Recientemente, los habitantes se han visto sacudidos por el caso de Diana Loginova, una música callejera de 18 años que lleva un mes en la cárcel por actuaciones espontáneas de canciones contra la guerra. Conocida por su nombre artístico Naoko, ha sido condenada a tres penas cortas de prisión consecutivas —por alterar el orden público, desacreditar al ejército ruso y organizar una reunión multitudinaria.

“¿Procesar a alguien por una canción, en serio?” dice Serafim, un estudiante de música de 21 años que acudió al tribunal, junto a otros 20 jóvenes, para apoyar a Loginova en una reciente audiencia.

A pesar de la simpatía, algunos la criticaron por llamar la atención sobre la escena musical subterránea. “Sabían que estaban poniendo en peligro a todos”, después de que publicaron los videos online, dijo un cantante de la ciudad que habló bajo condición de anonimato. “Las autoridades nos ignoraban, pero ahora sé que mucha gente ha dejado de salir” a tocar, añadió.

Pavel, un cantante de 17 años, actuaba junto a uno de los canales de la ciudad. “Ahora hay una represión contra los músicos”, afirma, señalando que las autoridades han comenzado a poner obstáculos burocráticos para dificultar las actuaciones.

Platon Romanov, otro librero que dirige la tienda independiente Fahrenheit 451, dijo que no tiene sentido intentar protestar contra la situación actual. “Solo hay que entender en qué tiempos vivimos. Cantar canciones de músicos prohibidos en la calle. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Es inútil, y es obvio que vendrán y lo cerrarán”, comenta.

En tal clima, ¿cuáles son las perspectivas para una ciudad que se enorgullecía de su reputación como centro contracultural y bastión de la libertad artística? “Muchas, muchas personas, muchos artistas, poetas y músicos se han ido”, dice Romanov. “La vida ha cambiado significativamente”.

Fuente: AFP

[Fotos: Olga Maltseva/AFP]

El pedido, impulsado por Norma Yarrow, sostiene que Cerrón habría cometido “graves irregularidades” al dirigir el debate, pues no garantizó la neutralidad en la conducción ni hizo respetar el reglamento parlamentario.

El cuestionamiento central se concentra en que Raúl Noblecilla fue autorizado a ejercer la defensa de Chávez pese a estar inhabilitado por el Colegio de Abogados de Lima. Para los legisladores que respaldan la censura, esta omisión habría comprometido la validez del procedimiento parlamentario en un caso de alta relevancia política.

Moción no tiene firmas del fujimorismo

El documento fue firmado por parlamentarios como Patricia Chirinos, Norma Yarrow, José Cueto, Esdras Medina, Edward Málaga y Juan Carlos Lizarzaburu, entre otros. Como exige el reglamento interno, una moción de censura necesita un mínimo de 16 firmas para ser tramitada.

Sin embargo, llama la atención que ningún congresista de Fuerza Popular se haya sumado a la iniciativa de Yarrow, pese a que Patricia Juárez anunció durante el debate que evaluarían presentar una medida similar.

La molestia de la parlamentaria fujimorista se originó por los insultos que profirió Noblecilla durante su exposición, cuando se refirió a ese partido con adjetivos como “corruptos” y “asesinos”.

Cerrón Rojas intentó justificar su actitud ante Noblecilla y señaló que el Congreso es un “fuero comunicativo”, por lo que deben escucharse a todas las partes. Sin embargo, esta explicación no convenció a las bancadas de derecha.

El incidente en el Pleno

La presencia de Raúl Noblecilla en el Pleno dejó una jornada marcada por acusaciones, interrupciones y el anuncio de futuras mociones de censura. El abogado de Betssy Chávez asumió su defensa con un tono confrontacional que rápidamente desató la reacción de diversas bancadas.

Durante su intervención, Noblecilla arremetió contra los legisladores y Fuerza Popular, a quienes llamó “corruptos, asesinos y dictadores”. Luego profundizó en sus críticas al afirmar que ese partido nació de dos “asesinos”, en referencia a Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, y aseguró que el país aún arrastra esa “perversa herencia”. También acusó a “este Congreso” de atentar contra la institucionalidad democrática: “Este congreso es culpable, para mi teoría de defensa, del secuestro de la democracia”, dijo antes de cuestionar cómo se le podría exigir una defensa alineada al fujimorismo.

El ambiente se tensó aún más cuando Noblecilla interrumpió su propio alegato debido a las intervenciones de la congresista Norma Yarrow. “Dígale a la señora arquitecta que se calle, un calmante, por favor”, exclamó en tono irónico, provocando protestas desde los escaños de Renovación Popular.

Como consecuencia de estos hechos, Fuerza Popular anunció una moción de censura contra Waldemar Cerrón, mientras que Renovación Popular adelantó que respaldaría una medida similar, algo que finalmente concretó. En medio del caos, el congresista Edgar Reymundo pidió mantener el orden y garantizar el derecho a la defensa para evitar un proceso inválido.

La razón fue la exposición de Raúl Noblecilla, quien usó los minutos destinados a sus alegatos de defensa para insultar al Congreso, especialmente a las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular. Tras el incidente, Waldemar Cerrón, quien conducía el debate, intentó calmar los ánimos y minimizó los adjetivos del abogado.

“Ahora que tenemos la oportunidad, colegas, de decir todo lo que pensamos y todo lo que sentimos, porque estamos dando la palabra para desmentir, desvirtuar todo lo que ha mencionado este señor. Total, si eso no es cierto, como no es cierto, no tiene por qué afectarnos, colegas, y demostremos que este Congreso de la República es altamente comunicativo e inteligente”, expresó.

Waldemar Cerrón justifica su actitud frente a Raúl Noblecilla

Cerrón Rojas justificó su decisión de permitir que Noblecilla continuara hablando debido a las múltiples interrupciones a su exposición, algo que —según dijo— no refleja el espíritu del actual Congreso. Además, hizo un llamado de atención al señalar que varios parlamentarios estaban incurriendo en las mismas faltas que le reclamaban al abogado, al interrumpirlo mientras se excusaba.

“Esa actitud es la misma que tiene el señor aquí y nosotros criticamos eso (...) El colega o el defensor está haciendo uso de la palabra con una serie de ataques al Congreso de la República. Al momento que termina su participación y nosotros iniciamos nuestra defensa. Por favor... déjenme hablar. La comunicación es así, colegas. (...) Estamos en un tema comunicativo. Yo quiero que me escuchen lo siguiente: no se le ha dejado, no se ha dejado participar al señor, se ha interrumpido”, sentenció.

Cabe señalar que, cuando Noblecilla terminó su exposición, Waldemar Cerrón lo despidió con un: “de nada, camarada”.

El origen del conflicto en el Pleno

La participación de Raúl Noblecilla, lejos de centrarse únicamente en los argumentos jurídicos, derivó en una fuerte confrontación con diversas bancadas, especialmente con el fujimorismo.

Durante su intervención, Noblecilla lanzó duras acusaciones contra Fuerza Popular y los parlamentarios, a quienes calificó como “corruptos, asesinos y dictadores”. También afirmó que Fuerza Popular nació de dos “asesinos”, en referencia a Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, hoy encarcelado, y señaló que todos los peruanos deben cargar con esa “perversa herencia”.

Añadió que combate a “este Congreso”, al que acusó de haber secuestrado la democracia. “Este congreso es culpable, para mi teoría de defensa, del secuestro de la democracia, de los que impulsaron el arrasamiento de los pueblos del sur y que se cuentan niños muertos”, manifestó.

El incidente se agravó cuando Noblecilla interrumpió su alegato para dirigirse a Norma Yarrow con la frase: “Dígale a la señora arquitecta que se calle, un calmante, por favor”, comentario que incrementó la tensión en el hemiciclo.

Tras ello, el congresista Edgar Reymundo pidió mantener la calma y recordó que se debe permitir ejercer el derecho a la defensa, de lo contrario el proceso podría quedar invalidado. En contraste, parlamentarios cercanos a Pedro Castillo, como Wilson Quispe, defendieron al abogado y sostuvieron que sus palabras fueron un relato de los hechos. Además, recordaron que Castillo también fue víctima de calificativos despectivos por parte de algunos legisladores.

Unas 340 librerías han cerrado en Rusia en los últimos dos años, víctimas de una doble presión: el auge del comercio electrónico y la creciente represión política del Kremlin, que somete a los establecimientos a constantes inspecciones y multas por violar las nuevas leyes de censura, informaron este jueves medios rusos.

Entre 2024 y 2025 cerraron 338 librerías en ciudades rusas con más de 100.000 habitantes, una caída del 11,3% que redujo el total a 2.247 establecimientos en todo el país, según la Asociación de Distribuidores de Libros citada por el diario Védomosti. Aunque se abrieron 135 nuevos comercios en el mismo período, la tendencia marca un retroceso significativo para un país que antaño presumía de ser el que más leía en el mundo.

Moscú registró el mayor número de cierres con 51 establecimientos menos, dejando a la capital con apenas 185 librerías. La ciudad ocupa ahora el penúltimo lugar entre las 16 ciudades rusas con más de un millón de habitantes en cuanto a densidad de librerías, con una por cada 71.753 habitantes. En comparación, Kazán lidera el ranking con una librería por cada 25.091 residentes.

La disminución en Moscú se debe en gran medida al cierre de la cadena Knizhny Labirint (Laberinto de Libros), que operaba 32 establecimientos en la ciudad.

Una representante de la librería moscovita Biblio-Globus señaló que la principal dificultad que enfrentan estos comercios es la competencia con los mercados online, que se han convertido en el principal canal de distribución de libros impresos. Las cifras lo confirman: entre enero y agosto de 2025, el 57,8% de las ventas —65.900 millones de rublos o 818,47 millones de dólares— se realizaron a través de grandes cadenas de comercio en línea, mientras que las librerías físicas vendieron solo el 27%, unos 30.700 millones de rublos.

Represión política

Sin embargo, la represión política agrava la crisis. Las librerías independientes enfrentan constantes inspecciones y registros por parte de las autoridades rusas debido a las nuevas leyes de censura, según el medio independiente Meduza.

Ante la amenaza de multas o procesos judiciales, las librerías deben retirar libros considerados “indeseables” por “propaganda de relaciones sexuales no tradicionales y reasignación de género”, además de marcar debidamente los libros de autores declarados “agentes extranjeros”, a quienes se les prohíbe la actividad política, educativa y divulgativa.

Muchos escritores conocidos, entre ellos el novelista Dmitry Glukhovsky, han sido incluidos en la lista de agentes extranjeros de Rusia, que incluye a cientos de personas y entidades acusadas por las autoridades de llevar a cabo actividades subversivas con apoyo del extranjero. La designación es anterior a la guerra en Ucrania y se ha aplicado ampliamente a activistas, políticos, periodistas, ONG y otras personas que han entrado en conflicto con las autoridades.

La presión se intensificó este año con la entrada en vigor en septiembre de una ley que obliga a los libreros a etiquetar todos los libros de “agentes extranjeros” con advertencias. En una librería de San Petersburgo, los empleados dedican entre tres y cuatro turnos mensuales a colocar etiquetas y envolver estos libros en plástico transparente.

“Resulta que ahora tenemos que hacer un seguimiento no solo de las leyes relativas a los materiales impresos”, dijo Elena Neshcheret, gerente de la librería Vo Ves Golos en San Petersburgo, a Reuters en septiembre. “Tenemos que seguir, por así decirlo, todas las leyes en el ámbito cultural y algunas relativas al comercio. Y todo esto se ha complicado terriblemente”.

En agosto, la cadena BiblioGlobus ofreció rebajas de hasta el 50% en títulos en inglés de autores declarados “agentes extranjeros”, una medida de seguridad antes de que entrara en vigor la nueva regulación.

A lo largo de 2025, las autoridades rusas han lanzado varias campañas contra librerías por vender obras de “contenido extremista o indeseable”, imponiendo multas, declarando “agentes extranjeros” e incluso deteniendo a empleados de estas tiendas.

La Unión Rusa del Libro, un organismo del sector, ha advertido que los libros de agentes extranjeros representan un alto riesgo para los libreros y que pueden estar sujetos a inspecciones no programadas por parte de las autoridades.

Glukhovsky, el autor “agente extranjero” que fue condenado en ausencia en 2023 a ocho años de prisión por difundir información falsa sobre las fuerzas armadas rusas, declaró a Reuters que la última medida formaba parte de una campaña progresiva de las autoridades para silenciar la disidencia.

“El objetivo es aislar del ámbito público y de los medios de comunicación a todas las personas que critican la guerra, al propio Vladimir Putin o las políticas del Gobierno en cualquier asunto, y convertirlas en parias”, afirmó el escritor, que abandonó Rusia antes de la guerra.

(Con información de EFE y Reuters)

El primer ministro de la dictadura de Cuba, Manuel Marrero, acusó este jueves al medio digital no oficial El Toque de tráfico de divisas y evasión fiscal, en el contexto de un creciente enfrentamiento con la prensa independiente. La denuncia se realizó en redes sociales y siguió a la emisión, el miércoles por la noche, de un documental en la televisión estatal que acusa al medio —con sede en Miami— de recibir fondos de Estados Unidos y de buscar la desestabilización del país.

En medio de la campaña oficial contra El Toque, Marrero aseguró: “Se trata de un programa integral de guerra económica organizado, financiado y ejecutado directamente por el gobierno de EEUU”.

Las autoridades cubanas han intensificado las críticas contra El Toque, conocido por publicar diariamente la tasa de cambio del mercado informal, muy distinta a la establecida oficialmente por el régimen cubano y utilizada como referencia mayoritaria para operaciones monetarias en la isla. Según Marrero, la tasa de cambio informada por El Toque es “una farsa” y el resultado de “una burda manipulación”, declaraciones recogidas durante esta ofensiva mediática.

Mientras tanto, los medios del régimen enlazaron la acusación de Marrero con críticas al funcionamiento del propio sitio, al que señalaron de “mercenarismo”, “enriquecimiento ilícito”, “manipulación cambiaria” y de operar “en contra del bienestar del pueblo”. La controversia surge en un contexto en el que la tasa oficial, instaurada en 2022, es de 1 dólar estadounidense (USD) por 24 pesos cubanos (CUP) para entidades jurídicas y de 1 USD por 120 CUP para personas físicas, mientras que El Toque posicionó este jueves el cambio en 1 USD por 460 CUP.

La información publicada por El Toque se ha vuelto central en la vida cotidiana de los cubanos, ya que la mayoría de las transacciones informales en la isla toman como base la cotización de este medio.

La coexistencia de tres tasas de cambio provoca severas distorsiones en la economía local, dificultando la lucha contra la inflación, el descenso del poder adquisitivo, el proceso de dolarización, las carencias de productos básicos, el déficit y la descapitalización de los bancos estatales. Según expertos citados por EFE, esta situación sin precedentes convive con una crisis sistémica que afecta al país desde hace más de un lustro, sin señales claras de recuperación a corto o mediano plazo.

El régimen cubano ha anunciado en varias ocasiones, la última vez hacia finales de 2023, la intención de introducir reformas para corregir las distorsiones cambiarias. Entre ellas, la introducción de una tasa de cambio “flotante” para la segunda mitad de 2024. Sin embargo, hasta la fecha, ni el modelo ni la implementación han sido esclarecidos públicamente. Ante la escasez crónica de divisas, el Estado aceleró la dolarización parcial de la economía abriendo decenas de tiendas que sólo aceptan moneda extranjera y habilitando el cobro en divisas de diversos servicios estatales, prácticas justificadas por la necesidad de recapitalizar el país que importa el 80% de lo que consume.

Frente a los señalamientos, El Toque ha negado en múltiples ocasiones toda acusación oficial, argumentando que su tasa de referencia surge de un algoritmo que recopila anuncios de compraventa de divisas en foros y redes sociales, filtrando valores anómalos bajo supervisión del economista Pavel Vidal. Varios especialistas cubanos, consultados por EFE, admitieron la confiabilidad relativa del método, aunque reconocen que se basa en ofertas y no en transacciones reales, y utiliza la mediana como parámetro, no la moda.

La presión sobre El Toque ha resultado en campañas oficiales contra su personal e incluso provocó la emigración de una gran parte de sus periodistas, luego de ser interrogados por la Seguridad del Estado.

Este clima se ha visto reforzado por la reciente acusación de “espionaje” y “corrupción” contra Alejandro Gil, ex ministro de Economía cercano al presidente Miguel Díaz-Canel, reviviendo el debate sobre las purgas políticas al más alto nivel. Gil, de 61 años, permanece fuera de la vida pública. La reacción oficialista ha sido comparada con anteriores expulsiones repentinas de figuras clave dentro del Estado cubano, como las de Felipe Pérez Roque y Carlos Lage en 2009, o el fusilamiento del general Arnaldo Ochoa en 1989 tras un proceso judicial por narcotráfico, hechos que han marcado la historia política reciente del país.

(Con información de AFP y EFE)

Diversas voces políticas y sociales manifestaron su rechazo ya que las obras contienen mensajes antisemitas y una actitud de burla hacia la investidura presidencial y sus ministros, como así también hacia el judaísmo y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

El registro de mayor rango político pampeano, que se pronunció al respecto hasta el momento, fue desde el Poder Ejecutivo municipal de Santa Rosa, encabezado por el intendente Luciano di Nápoli. Fuentes de esta secretaría de Gobierno expresaron a Infobae que “el Poder Ejecutivo Municipal no interviene en la programación cultural ni en las decisiones de agenda de actividades del Concejo, que es autónomo y plenamente independiente en su organización”.

Y, puntualmente, con respecto a la muestra en la galería Alfredo Olivo agregaron que “Santa Rosa sostiene desde siempre valores de respeto, convivencia democrática y memoria activa y que toda expresión antisemita, discriminatoria o que pueda interpretarse como incitación al odio es contraria a esos principios y no representa en absoluto a la comunidad pampeana”, afirmaron y agregaron con vehemencia: “Ninguna autoridad del poder ejecutivo participó de la actividad”.

La controversia escaló cuando la concejala Fernanda Oddi, acompañada por su colega Marcelo Guerrero, ambos del PRO, intentaron impedir de manera definitiva la exhibición de las obras de Ibaceta en espacios públicos.

Y la concejala respondió a estas acusaciones a través de un video publicado en sus redes sociales, donde afirmó: ”Lo que intentamos es salvaguardar la integridad de las instituciones. Finalmente, a pesar de nuestro pedido y luego de haberla suspendido, la presidenta del Concejo Deliberante autorizó la muestra Caricaturas del desastre 2023-2025”, sostuvo.

Por otro lado, durante el acto de apertura, la viceintendenta Romina Montes de Oca (y titular del CDSR) defendió la exposición ante medios locales, destacando el poder del arte para provocar reflexión y conmoción social. “La obra de Sergio no relata solamente la realidad, sino que te interpela a la reflexión. Qué fuerte que un arte impacte más que la realidad misma. Qué fuerte que no te impacte una persona durmiendo en la calle, pero que sí impacte cuando se lo ve en una obra”.

El propio autor de la muestra, quien fuera director de Cultura de la Municipalidad de Santa Rosa (2019–2023) e integrante del colectivo Muralistas Políticxs Pampeanxs y actual miembro de la Red de Artistas Visuales de La Pampa, explicó el sentido de su trabajo. “Es una obra que habla de la lucha, de la resistencia, de la crítica a través de la ironía. Cuando pensamos en esta muestra, que es una decisión colectiva con los compañeros del Partido Comunista (PC), tiene que ver con una parte de la producción de los últimos dos años que subo a las redes”, subrayó sobre sus trabajos que también expuso en la sede partidaria pampeana.

No obstante, la polémica se reavivó cuando desde el entorno de Oddi se cuestionó la decisión de autorizar la muestra en la galería del Concejo Deliberante. En un mensaje difundido, se sostuvo: “Esto está pasando ahora en la galería Alfredo Olivo del Concejo Deliberante de Santa Rosa, autorizar una muestra como esta, donde no se respeta la investidura presidencial”.

El comunicado agregó: “Hay claras expresiones antisemitas, se burla del judaísmo y ridiculiza al presidente y ministros de la nación. Esto deja mal parado al municipio, al Concejo Deliberante y a los santarroseños en su totalidad”.

Por su parte, la reacción institucional no se hizo esperar. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) manifestó su repudio a través de sus redes sociales tras la inauguración de la muestra. En su declaración, la entidad expresó: “Expresamos nuestro enérgico repudio a la muestra presentada en el Concejo Deliberante de Santa Rosa, La Pampa, en la que se banaliza el Holocausto, faltándole el respeto e incitando al odio a la investidura presidencial y representación de Argentina e Israel”.

Además, la DAIA reafirmó su postura en favor de la convivencia y la educación, al señalar: “Reafirmamos nuestro compromiso con una sociedad donde la libertad de expresión conviva con la responsabilidad ética y el respeto al otro. Frente al odio, la respuesta debe ser más educación y más conciencia”, cerraron.

Las autoridades de China ordenaron la eliminación de Blued y Finka, las dos principales plataformas de redes sociales destinadas a la comunidad LGBTQ+ del país, de las tiendas móviles, confirmó un portavoz de Apple a la agencia AFP. Ambas aplicaciones son ampliamente populares entre millones de jóvenes en grandes ciudades como Beijing, Shanghái y Cantón, donde las oportunidades de socialización presencial para personas LGBTQ+ resultan limitadas por la legislación y la cultura dominante.

Lanzada en 2012 por el ex policía Ma Baoli, Blued se consolidó como la mayor aplicación gay de China y una de las más grandes del mundo, llegando a superar los 60 millones de usuarios globales según datos proporcionados por la propia empresa y recogidos por Reuters y la BBC. Inicialmente concebida como una plataforma de encuentros entre hombres homosexuales, Blued diversificó sus servicios para incluir funciones de educación sobre salud sexual y campañas de prevención del VIH, en coordinación con organismos públicos. Su internacionalización incluyó la expansión hacia países del sudeste asiático, América Latina y Europa, así como su debut en el Nasdaq en 2020, aunque posteriormente enfrentó mayores exigencias regulatorias y de privacidad en el mercado chino.

El funcionamiento de Blued, sin embargo, está sometido a la lógica de lo que diversos expertos y analistas han denominado “tolerancia controlada”: permite la interacción entre usuarios y la difusión de información sobre orientación sexual e identidad de género, siempre dentro de los límites estrictos de la censura estatal. La compañía ha debido eliminar contenidos calificados de “inapropiados” y restringir espacios de debate sobre derechos LGBTQ+, en cumplimiento con las exigencias del gobierno.

Finka, fundada en 2019, se distingue por captar a un público más joven y urbano mediante un entorno centrado en la interacción social y el entretenimiento digital. Adaptándose a las normas de censura, la plataforma evita referencias políticas o discursos explícitos de activismo por la diversidad sexual, priorizando una estrategia lúdica y estética acorde con las tendencias de las redes locales. Su crecimiento ha sido notorio dentro del mercado chino, pero, a diferencia de Blued, su presencia se mantiene casi exclusivamente en el ámbito nacional.

Ambas aplicaciones, propiedad actualmente de Newborn Town, desaparecieron de las tiendas móviles de Apple y Android tras una orden directa de la Administración del Ciberespacio de China (CAC), el principal órgano estatal encargado de regular el contenido en internet. Desde Apple informaron a AFP que la compañía “sigue las leyes en los países donde opera” y que la remoción fue una respuesta al mandato oficial. Aunque una versión reducida de Blued permanecía disponible, los usuarios notaron que las aplicaciones completas dejaron de estar accesibles para nuevas descargas, aunque quienes ya las tenían instaladas siguieron utilizándolas.

Las restricciones sobre Blued y Finka se producen en medio de una tendencia más amplia de retroceso en la visibilidad y derechos de las personas LGBTQ+ en China. Activistas y abogados, como Zhao Hu y Hu Zhijun de PFLAG China, advirtieron a AFP sobre el impacto negativo de estas medidas, señalando que disminuyen los pocos espacios seguros de socialización digital existentes para la comunidad y contribuyen a un clima de mayor aislamiento y vulnerabilidad. El contexto legal del país no reconoce las uniones entre personas del mismo sexo ni contempla protecciones específicas contra la discriminación, pese a que la homosexualidad dejó de ser delito en 1997 y fue eliminada de la lista de enfermedades mentales en 2001.

La eliminación de Blued y Finka de los canales oficiales refuerza el patrón de aislamiento progresivo que denuncian usuarios y colectivos, en un país donde los discursos oficiales, bajo el gobierno de Xi Jinping, han privilegiado los valores de la familia heterosexual y la natalidad, a menudo restringiendo iniciativas y foros de expresión para la diversidad sexual.

La pieza publicitaria, ubicada en una de las principales vías de acceso a la ciudad, contenía un mensaje dirigido a los líderes asistentes a la IV Cumbre Celac-UE, que se desarrolla en la capital del Magdalena del 7 al 10 de noviembre.

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La valla mostraba la frase: “Cada persona encarcelada por defender los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela representa una promesa incumplida de la democracia. ¿Hasta cuándo?”, acompañada de la imagen de un hombre tras las rejas y las banderas de los tres países. Según informó la organización, el propósito era recordar a los jefes de Estado y representantes de los países latinoamericanos y europeos la necesidad de debatir sobre la falta de libertades y las violaciones a los derechos humanos en esas naciones.

Sin embargo, la instalación fue desmontada menos de 24 horas después, por orden de la Alcaldía de Santa Marta, en cumplimiento de lo que, según las autoridades, eran directrices que prohíben la exhibición de mensajes “de contenido político” durante la cumbre.

Presunta vulneración a la libertad de expresión

De acuerdo con Raza e Igualdad, esta decisión constituye una vulneración directa del derecho a la libertad de expresión y un intento por silenciar las denuncias sobre la represión ejercida por los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. En un comunicado, la organización expresó que la medida “limita la posibilidad de denunciar las violaciones a los derechos humanos en un escenario que debería promover el diálogo democrático y la cooperación entre regiones”.

Por otra parte, subrayó que el mensaje de la valla no hacía alusión a partidos políticos ni a actores específicos, sino que tenía un carácter humanitario orientado a visibilizar la situación de cientos de personas encarceladas por motivos políticos en esos tres países.

“No se trataba de un mensaje partidista, sino de una manifestación legítima en defensa de los derechos humanos”, indicó la organización, señalando que este tipo de acciones envían un mensaje contradictorio en el contexto de una cumbre que, entre sus ejes temáticos, incluye precisamente el fortalecimiento de la democracia y la protección de los derechos fundamentales.

Raza e Igualdad recordó durante la IV Cumbre Celc-UE, los líderes discuten asuntos como la triple transición —energética, digital y ambiental—, la equidad de género, la seguridad alimentaria y la cooperación birregional. Sin embargo, destacó que estos temas se abordan mientras tres países de la región continúan enfrentando graves restricciones a las libertades civiles y persecución contra activistas, periodistas y opositores políticos.

De acuerdo con datos recopilados por organizaciones civiles, hasta finales de octubre de 2025 se registraban 749 personas presas políticas en Cuba, según Justicia 11J; 77 en Nicaragua, de acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas; y 875 en Venezuela, según el Foro Penal. Las cifras, señaló Raza e Igualdad, reflejan “la magnitud del cierre de los espacios democráticos en la región y la persistencia de graves violaciones a los derechos humanos”.

El Parlamento Europeo también se ha pronunciado sobre la situación en estos tres países. En una resolución reciente sobre la estrategia política de la Unión Europea para América Latina y el Caribe, el órgano legislativo europeo condenó el debilitamiento democrático en Cuba, Nicaragua y Venezuela, y los describió como algunos de los regímenes “más autoritarios del mundo”.

La resolución del Parlamento reafirma, además, la importancia de la cooperación birregional basada en el respeto a los derechos humanos, la institucionalidad y el Estado de Derecho, principios que —según Raza e Igualdad— deberían guiar los debates de la Cumbre Celac-UE en Santa Marta.

Por ello, desde la organización reiteraron su llamado a la comunidad internacional para mantener la atención sobre dicha situación en la región: “(...) para que se denuncien las violaciones a los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, y para que se garantice el restablecimiento de la democracia en estos países”.

Aunque la legisladora aclaró que no se busca censurar a toda la Mesa Directiva, sino únicamente al primer vicepresidente, algunos congresistas aún no tienen claro el panorama.

El parlamentario Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia, condenó el uso de recursos del Congreso en actividades proselitistas de Fuerza Popular, aunque consideró que se trata de un tema que debe resolverse por otras vías y no mediante una censura. Pese a la aclaración de Luque, Montoya se refirió a una posible censura de toda la Mesa Directiva.

“Está mal lo que se ha hecho, puede ser hasta delito, pero que se vea en ese nivel, administrativamente y penalmente, puede ser la sanción al responsable del pedido de la cámara. No tiene por qué censurarse a la mesa por eso”, señaló el parlamentario a Latina.

Por su parte, la congresista de Acción Popular, María del Carmen Alva, también opinó que el caso debe resolverse por la vía administrativa.“Entiendo que lo están resolviendo administrativamente, que el trabajador ya renunció. Creo que es un tema administrativo que no amerita los cambios de un presidente”, comentó.

A su turno, Alejandro Muñante, de Renovación Popular, adelantó que su bancada evaluará la propuesta. No obstante, consideró que quienes impulsan la moción aprovechan “el mínimo error para poder llevar a cabo su agenda política”.

Jaime Quito respalda la censura

El congresista Jaime Quito, de la Bancada Socialista, firmó la moción y advirtió que la situación podría agravarse en el futuro.

“Lo que vemos es que si el fujimorismo, estando bajo el mando del poder legislativo, si solamente empezando esta campaña están sacando una cámara, no sabemos qué puede ocurrir después”.

¿Por qué quieren censura a Fernando Rospigliosi?

El uso de una cámara del Congreso de la República durante el lanzamiento de campaña de Keiko Fujimori en Trujillo ha desatado una nueva controversia política. La congresista Ruth Luque presentó una moción de censura contra Fernando Rospigliosi, primer vicepresidente y encargado de la Presidencia del Parlamento, por considerar que el hecho compromete la imparcialidad del proceso electoral.

La legisladora sostuvo que no se puede pasar “por agua tibia” el uso de bienes públicos en actos partidarios y criticó que Rospigliosi no asuma responsabilidad política. “Fernando Rospigliosi, presidente interino del Congreso, pretende no asumir responsabilidades políticas y limpiarse las manos con la supuesta ‘renuncia’ de un trabajador, cuya dependencia en el Parlamento era en oficinas que dependen de su gestión”, escribió en su cuenta de X.

Renuncia de Daniel Luza

El funcionario señalado es Daniel Luza, miembro de la Oficina de Participación Ciudadana, liderada por Edwin Lévano Gamarra. Ambos mantienen vínculos con Fuerza Popular: Lévano figura como militante activo y Luza como aportante, según el Registro de Organizaciones Políticas.

Rospigliosi aseguró que, al conocerse el uso irregular de la cámara, se inició un procedimiento administrativo y el trabajador implicado presentó su renuncia. Sin embargo, el caso cobró mayor relevancia cuando Sol TV difundió el video del mitin, mostrando el equipo del Congreso entre los asistentes.

En sus descargos, Luza alegó que se llevó la cámara “por error”, al confundirla con la suya. Mientras tanto, Rospigliosi ironizó en redes sociales: “Sin duda, el uso irregular de una cámara del Congreso es el problema más importante del Perú”.

“Buenas tardes. ¿Me daría un ejemplar de ‘Lady C’?”. “Sírvase, aquí tiene tres chelines y seis peniques por ‘el libro’”. Frases elípticas como las que aludían al título de la obra sin hacerlo del todo explícito, o las que solo indicaban el precio exacto de la publicación por toda precisión de que querían “esa” novela tan en boga, eran las utilizadas por algunos compradores pudorosos en la Gran Bretaña de los 60 —contó un librero a la BBC— cuando un juicio de gran trascendencia, ganado por el sello editorial Penguin Books, catapultó las ventas del texto, a partir de entonces legalmente publicado, El amante de Lady Chatterley.

Mas la legalidad no esfumaba la vergüenza de estar pidiendo un título célebre por cotener escenas de sexo explícito y palabras que de solo pensarlas hacía sonrojar los refinados modales ingleses.

Publicada originalmente en 1928, en Florencia, Italia, donde vivía entonces, fue la última novela de David Herbert Lawrence —conocido como D. H. Lawrence—, antes de morir de tuberculosis en 1930. Lawrence era un autor británico ya conocido por sus obras consideradas controversiales: en sus tramas tejía su mirada crítica frente al avance vertiginoso de la industrialización y cargaba buenas dosis de erotismo y sexualidad que en general subvertían los mandatos y la moral tradicional que sentenciaba virginidad, fidelidad y matrimonio eterno. También daba lugar a lo que entonces resultaba increíble, impúdico, indecible: el deseo, el goce y el placer femenino.

Algunos de sus títulos anteriores como Hijos y amantes (1913), El arco iris (1915) y Mujeres enamoradas (1920) ya habían sido vetados y retirados del mercado. Pero El amante de Lady Chatterley sería quizás el más controvertido y el que adquirió mayor popularidad al convertirse en un éxito de ventas después de ser liberado de la censura en la tierra natal del autor aquel noviembre de 1960. También sería un ícono de la libertad de expresión y un síntoma de que en ese paisaje de posguerra —como escribió el pensador judeoalemán Walter Benjamin sobre los días posteriores a la Primera Guerra— “todo excepto las nubes había cambiado”.

La censura: ese viejo y conservador intento de reprimir ideas

El infame arte de prohibir libros —censurar algunos fragmentos, sacar de cuajo la totalidad de una obra de circulación, quemarlos en una pira— no es novedad. Desde que los textos tienen una tirada masiva Gobiernos conservadores y régimenes totalitarios que han intentado matar las ideas se han dado a la caza no solo de personas si no de las palabras detrás de ellas. Lo han sabido bien: esas son las verdaderas armas, la cantera de historias y pensamientos que nutren la riqueza cultural y también ideológica. Destruir o prohibir los libros era destruir la esencia de lo que detestaban.

Sucedió durante la Alemania nazi, el 10 de mayo de 1933 —el año que Hitler se hizo con el poder— cuando estudiantes, profesores e integrantes del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, bajo la dirección de la federación nazi de estudiantes, echaron al fuego, en un acto público, textos de autores que habían sido proscriptos por considerarse “peligrosos”.

La quema en la Plaza de la Ópera en Berlín y en otra veintena de ciudades universitarias, fue el hecho que coronó la “Acción contra el espíritu antialemán”, una campaña que había comenzado en marzo de 1933, con la que se dio inicio a la persecución de los escritores judíos, marxistas, pacifistas y otros opositores o que no se alineaban a las ideas del nazismo. A partir de ese momento, cualquier libro escrito por una persona judía o con pensamiento no afín al totalitarismo debió ser ocultado, enterrado o incluso quemado por sus propios dueños porque que los hallaran con ellos era una sentencia de muerte segura.

Durante la última dictadura cívico-militar, que tomó la Argentina entre 1976 y 1983, un mar de libros fueron prohibidos, secuestrados, sacados de circulación y también quemados. Forrar las tapas, enterrarlos u ocultarlos, al igual que durante el nazismo, eran las maneras en las que las personas trataban de salvarlos. Julio Cortázar, Rodolfo Walsh, Elsa Bornemann, Manuel Puig, Ricardo Piglia y la colección de libros infantiles del Centro Editor de América Latina eran algunos de los nombres y series condenadas a la hoguera. En su interior, las ideas de libertad, el pensamiento crítico, la sexualidad o cualquier historia que fuera un indicio de subversión a la moral occidental y cristiana de los represores con ínfulas de dioses, amos de la vida y la muerte, era motivo de sobra para su prohibición o para el castigo y la desaparición de quien los tuviera en su poder. Junto a las personas, los libros integraron listas negras, fueron perseguidos, secuestrados y destruidos.

La mayor quema de libros en esos años del terror se ejecutó el 30 de agosto de 1980, en un baldío de Sarandí, Provincia de Buenos Aires. Allí se redujeron a cenizas más de un millón y medio de obras y fascículos del Centro Editor de América Latina. Cuenta la leyenda que la hoguera ardió durante tres días.

La censura no solo sucede en totalitarismos. El año pasado algunos libros de autoras argentinas como Las aventuras de la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara, y Cometierra, de Dolores Reyes, incluidos como parte del material sugerido para los alumnos de los últimos años de la secundaria en la provincia de Buenos Aires —en un plan educativo que busca acercar y profundizar las prácticas de lectura— fueron el centro de una polémica y sufrieron un intento de censura por parte de sectores conservadores y voces del oficialismo. El pedido de exclusión de estos materiales —que puede leerse como parte de la batalla cultural explícitamente librada y motivada por el Gobierno actual— giraba alrededor del contenido: se esgrimía que incluían escenas de sexo y temas asociados a la violencia, inapropiados para los y las estudiantes. Sin embargo nunca se dijo nada sobre libros como El matadero, de Esteban Echeverría, por ejemplo, este texto fundacional de la literatura argentina regado de violencia, salpicado —más bien chorreado— de abusos y sangre, leído por generaciones y generaciones de estudiantes en las escuelas secundarias del país.

Lo único que consiguió aquel intento de censura, tal como ocurrió con El amante de Lady Chatterley, fue que las novelas adquirieran mayor popularidad de la que ya tenían, que se hicieran conocidas por personas que no las tenían en su radar, que fueran leídas en clubes de lectura y promocionadas masivamente, en señal de apoyo, en redes sociales y medios de comunicación. Traducida a 15 idiomas, Cometierra, por ejemplo, como la novela apasionada del escritor inglés en los 60, se volvió bestseller.

Alto voltaje sexual, la relación interclasista, el placer femenino, la industrialización desemedida: ¿qué escandalizó a la sociedad inglesa?

Quizás todo eso junto.

“La nuestra es esencialmente una época trágica, así que nos negamos a tomarla por lo trágico. El cataclismo se ha producido, estamos entre las ruinas, comenzamos a construir hábitats diminutos, a tener nuevas esperanzas insignificantes. Un trabajo no poco agobiante: no hay un camino suave hacia el futuro, pero le buscamos las vueltas o nos abrimos paso entre los obstáculos. Hay que seguir viviendo a pesar de todos los firmamentos que se hayan desplomado. Esta era, más o menos, la posición de Constance Chatterley. La guerra le había derrumbado el techo sobre la cabeza. Y ella se había dado cuenta de que hay que vivir y aprender”.

En sus líneas iniciales, en su primer capítulo, D. H. Lawrence brinda toda la información necesaria para conocer a los protagonistas de la historia y el contexto de posguerra —pos Primera Guerra— en el que se desarrolla. Historia que iba a levantar termómetros y horrorizar lords y ladys defensores de la moral. Y posteriormente circular en algunos países, por algunas décadas, en la clandestinidad.

Presenta a Constance Chatterley, quien “se había casado con Clifford Chatterley en 1917, durante una vuelta a casa con un mes de permiso”, pero en realidad habla, primero, de su marido: “Un mes duró la luna de miel. Luego él volvió a Flandes, para ser reexpedido a Inglaterra seis meses más tarde, más o menos en pedacitos. Constance, su mujer, tenía entonces veintitrés años, y él veintinueve”. (...) “Durante dos años estuvo en manos del médico. Luego le dieron de alta y pudo volver a la vida, con la mitad inferior de su cuerpo, de las caderas abajo, paralizada para siempre”. “Paralizado sin remedio, sabiendo que nunca podría tener hijos, Clifford había vuelto a su hogar en los sombríos Midlands para mantener vivo mientras pudiera el nombre de los Chatterley”. “Habiendo sufrido tanto, su capacidad de sufrimiento se había agotado en cierto modo. Permanecía ausente, luminoso y de buen humor, casi podría decirse chispeante, con su cara rubicunda y saludable y el empuje brillante de sus ojos azul pálido. Sus hombros eran anchos y fuertes, sus manos potentes. Vestía ropa cara y llevaba corbatas elegantes de Bond Street. Y, sin embargo, en su cara podía verse la mirada vigilante, la ligera ausencia de un paralítico”.

Entonces, en las primeras líneas, el lector, la lectora ya lo sabe: el marido de Constance, herido de guerra, estaba congelado de la cintura para abajo. Era feliz de haber sobrevivido, pero la batalla le había impreso una melancolía eterna. Y no podrían tener hijos.

Después habla de la joven Constance, lady Chatterley: “Rubicunda, de aspecto campesino, tenía el pelo castaño, un cuerpo fuerte y movimientos pausados, llenos de una energía poco frecuente. Era de ojos grandes y admirativos, con una voz dulce y suave; parecía recién salida de su pueblo natal. Nada de esto era cierto. Su padre era el anciano Sir Malcolm Reid, en tiempos muy conocido como miembro de la Real Academia de Pintura. Su madre había sido una de las cultas Fabianas de la floreciente época preRafaelista. Entre artistas y socialistas cultos, Constance y su hermana Hilda habían tenido lo que podría llamarse una educación estéticamente poco convencional. Las habían enviado a París, Florencia y Roma para respirar arte, y habían ido en la otra dirección, hacia La Haya y Berlín, a los grandes congresos socialistas, donde los oradores hablaban en todas las lenguas civilizadas sin que nadie se asombrara. Las dos chicas, por tanto, y desde edad muy temprana, no se sentían intimidadas ni por el arte ni por la política teórica. Era su ambiente natural. Eran al mismo tiempo cosmopolitas y provincianas, con el provincialismo cosmopolita del arte mezclado con las ideas sociales puras”.

Constance era culta, sabía de política, de arte, de filosofía y de algo que en la época en la que D. H. Lawrence escribió la novela de seguro escandalizaba aún más que las relaciones sexuales explícitas y el lenguaje soez: la libertad de las mujeres.

“Las habían enviado a Dresde a los quince años, para aprender música entre otras cosas. Y lo pasaron bien allí. Vivían libremente entre los estudiantes, discutían con los hombres sobre temas filosóficos, sociológicos y artísticos; eran como los hombres mismos: sólo que mejor, porque eran mujeres. Patearon los bosques con jóvenes robustos provistos de guitarras, ¡tling, tling! Cantaban las canciones de los Wandervógel, y eran libres. ¡Libres! La gran palabra. Al aire del mundo, en los bosques de la alborada, entre compañeros vitales y de magnífica voz, libres de hacer lo que quisieran y —sobre todo— de decir lo que les viniera en gana. Hablar era la categoría suprema: el apasionado intercambio de conversación. El amor era un acompañamiento menor”.

Las hermanas también habían tenido “sus aventuras amorosas”, aunque el autor cuenta que era algo más bien accesorio para ellas, que venía unido a lo verdaderamente estimulante: los debates, la libertad de pensamiento y los momentos que compartían con sus pares varones.

“Así que se habían regalado, cada una al joven con el que tenía las controversias más sutiles e íntimas. Las charlas, las discusiones, eran lo más importante; hacer el amor y las relaciones afectivas eran sólo una especie de reversión primitiva y un algo de anticlímax. Después, una se sentía menos enamorada del chico y un poco inclinada a odiarle, como si se hubiera entrometido en la vida privada y la libertad interior de una. Porque, desde luego, siendo chica, toda la dignidad y sentido de la vida de una consistía en el logro de una absoluta, perfecta, pura y noble libertad. ¿Qué otra cosa significaba la vida de una chica? Eliminar las viejas y sórdidas relaciones y ataduras. Y, por mucho que se sentimentalizara, este asunto del sexo era una de las relaciones y ataduras más antiguas y sórdidas. Los poetas que lo glorificaban eran hombres la mayoría. Las mujeres siempre habían sabido que había algo mejor, algo más elevado. Y ahora lo sabían con más certeza que nunca. La libertad hermosa y pura de una mujer era infinitamente más maravillosa que cualquier amor sexual. La única desgracia era que los hombres estuvieran tan retrasados en este asunto con respecto a las mujeres. Insistían en la cosa del sexo como perros”.

Estos pasajes, en apenas el comienzo del libro publicado en 1928. No extraña que a muchas sociedades les haya parecido inadmisible e ilegal.

La trama, entonces, continúa así:

Lord Chatterley, postrado en una silla de ruedas tras haber sido herido en la Primera Guerra Mundial, sin posibilidades de satisfacer sexualmente a su mujer ni de brindarle descendencia, le sugiere a Constance, desanimada ante el paisaje que le presentaba la vida, buscarse un amante para satisfacer sus deseos y tener un hijo. Lady Chatterley se ofusca, se ofende. Pero con el correr de los días esta idea va a ir prendiendo dentro de ella.

“Connie era consciente, sin embargo, de un creciente desasosiego. A causa de su falta de relación, una inquietud se iba apoderando de ella como una locura. Crispaba sus miembros aunque ella no quisiera moverlos, sacudía su espina dorsal cuando ella no quería incorporarse, sino que prefería descansar confortablemente. Se removía dentro de su cuerpo, en su vientre, en algún lado, hasta que se veía obligada a saltar al agua y nadar para librarse de ello. Hacía latir agitadamente su corazón sin motivo. Y estaba adelgazando.

Era simple inquietud. A veces salía corriendo a través del parque, abandonaba a Clifford y se tumbaba entre los helechos. Para escapar de la casa... Tenía que escapar de la casa y de todo el mundo. El bosque era su único refugio, su santuario”.

El primer hombre con el que inicia un coqueteo es Michaelis, un artista que está de visita un tiempo en lo de los Chatterley. Pero luego su marido le presenta a Oliver Mellors, el guardabosque de sus tierras. Y Constance es cautivada por su virilidad, por su rudeza, aunque rechaza su forma de hablar, sus modos ordinarios, su clase social. Pese a que el autor, Lawrence, resaltará de este trabajador rústico sus conocimientos literarios, de la lengua pura y de los usos y costumbres de la aristocracia.

Mellors, señor del bosque de la propiedad ajena, oscilaba entre dos mundos: el de los trabajadores, cuyo dialecto utilizaba naturalmente, y el de las élites acomodadas, con el que estaba familiarizado tras haber hecho carrera en el Ejército, aunque no le era propio.

Poco a poco, lady Chatterley bailará con él una danza de miradas tensas, de pieles erizadas. Y un hilo invisible entre ellos, a veces más cercano a la atracción, otras al rechazo, culminará por enredarlos en el suelo de una cabaña, refugio del guardabosques.

De cierto modo, en ambos extremos de la pirámide social, incómodos en los lugares que habitaban, ambos compartían una inmensa soledad que encuentra reparo en brazos del otro.

Allí comienza un intenso triángulo amoroso, tejido en un texo en el que el autor, a través de ese vínculo que representa algo que podría definirse como la justicia social del sexo, critíca las jerarquías de clase tan definidas e instaladas en la sociedad inglesa de la época, el derroche aristocrático y las carencias de los trabajadores. Y, no contento con describir los encuentros carnales de manera explícita, destaca la búsqueda del placer sexual e intelectual y la satisfacción de los deseos femeninos, algo que un siglo después todavía resulta complejo de contemplar y comprender.

Por si eso fuera poco para un libro de los años veinte, en El amante de Lady Chatterley D. H. Lawrence descarga su mirada contra una industrialización despiadada: “Esta es la historia. Una Inglaterra eliminando a la otra. Las minas habían llevado la riqueza a los palacios. Ahora estaban acabando con ellos como antes habían acabado con las casas de campo. La Inglaterra industrial acaba con la Inglaterra agrícola. Un significado elimina al otro. La nueva Inglaterra acaba con la vieja Inglaterra. Y la continuidad no es orgánica, sino mecánica. Perteneciendo Connie a las clases altas, se había aferrado a los restos de la vieja Inglaterra. Le había costado años darse cuenta de que estaba siendo anulada por aquella terrible Inglaterra nueva e implacable y que el proceso de destrucción continuaría hasta ser completo”.

A los ingleses de aquellas décadas les sobraban los motivos para escandalizarse y condenar el libro aunque, como un secreto a voces, muchos de ellos lo circularan y leyeran a escondidas.

De la censura a romper récords de ventas

Cuando terminó su novela, Lawrence publicó una primera edición en forma privada en Florencia, donde vivía en ese momento, y un año más tarde, en 1929, en Francia. Pero el runrún sobre su contenido no apto para todo público —en muchas jurisdicciones considerado ilegal por violar leyes contra el “conteido obsceno”— corrió como la pólvora por los países europeos, Estados Unidos, Australia y Japón, que no titubearon y lo prohibieron: la novela violaba las normas de buen comportamiento social.

Pero el público lo pedía. En algunos sitios, entonces, pusieron en las librerías una edición censurada a principios de la década del 30: “La presente versión omite, naturalmente, aquellos pasajes que, por su empleo de ciertas palabras anglosajonas de mal gusto y su descarado tratamiento de los aspectos físicos del amor, hicieron imposible la publicación de El amante de Lady Chatterley en este país en su forma original", aclaraba The New York Times en 1932.

“Un elogio del libertinaje y de la pornografía”, sentenciaban algunas críticas y lectores escandalizados, con ínfulas de dueños de la moral.

“Quiero que los hombres y las mujeres puedan pensar en el sexo con plenitud y honestidad”, “hacer que las relaciones sexuales [en la novela] fueran válidas y preciosas, en lugar de vergonzosas”, había dicho su autor respecto de esta historia. La que no llegó a ver convertida en bestseller: murió en 1930, enfermo de tuberculosis. De hecho, iban a pasar treinta años más para que fuera editada en Inglaterra y en España y para que su autor fuera reivindicado —póstumamente— como el artífice de una de las grandes obras de la literatura erótica.

Esto no sucedió sin escándalo en el medio.

Era 1959 cuando la editorial estadounidense Grove Press se lanzó a publicar una versión completa, sin censuras. El impacto no demoró: los titulares cubrieron el país donde todavía regían leyes severas contra el contenido obsceno. Fue entonces cuando el correo estatal interceptó las copias camino a las librerías y Grove Press puso una demanda judicial. El proceso escaló hasta el Tribunal Supremo que sentenció que el libro no era una obra obscena y, por lo tanto, podía venderse.

El fallo no solo liberó de la censura al amante de Lady Chatterley sino también a otros libros vetados hasta entonces, como Trópico de Cáncer, de Henry Miller, y Fanny Hill. Memorias de una cortesana, de John Cleland, y flexibilizó las leyes contra la obscenidad, anunciando un cambio de época y sentando un precedente en la defensa de la libertad de expresión.

Al año siguiente, en 1960, Reino Unido sería escenario de un hecho similar cuando la editorial Penguin Books decidió publicar la versión original de la novela. Eran tiempos en los que a escritores y editores británicos los inquietaba el volumen de libros que estaban siendo prohibidos por obscenidad. Por lo que, un poco a modo de respuesta, en 1959, el Parlamento había aprobado una nueva Ley de Publicaciones Obscenas que se adjudicaba la tarea de “proteger la literatura y reforzar la legislación sobre pornografía”. Esa norma brindaba algunas garantías para quien fuera señalado por publicar un “libro sucio”, ya que esgrimía que, si tenía valor literario, una obra podía publicarse aun si para el común de las personas resultaba provocadora o escandalosa.

Así las cosas, la británica Penguin Books tenía la decisión tomada: pondría a prueba la herramienta legal aggiornada. Antes de hacerlo le avisó al fiscal general.

Cuando el asesor legal de la Corona, Reginald Manningham-Buller, leyó los primeros cuatro capítulos de la novela le escribió al fiscal general: debía iniciar acciones legales contra Penguin. “Espero que consigas una condena”, dijo.

Así se iniciaba una contienda en los tribunales que, detrás de la censura de la novela, representaba un proceso más profundo: era un enfrentamiento entre los sectores conservadores, defensores del statu quo, y aquellos que impulsaban vientos de cambio.

Testigos expertos y más de una treintena de escritores participaron en el juicio a favor de la publicación de la obra, junto a algunos políticos destacados. En su contra, la parte acusadora esgrimió motivos como que el sexo descrito era pura pornografía, e interpelaba al jurado y al juez preguntándoles si lo dejarían en sus casas al alcance de sus hijos, y si permitirían que lo leyeran “sus esposas y criados”; además de señalar las palabras ordinarias de sus páginas.

Finalmente, el 2 de noviembre de 1960, tras seis días de juicio y tres horas de deliberación del jurado, la decisión fue unánime: Penguin Books fue declarada “no culpable” —el alegato de Krishna Menon, abogado de la editorial, se sigue estudiando en Oxford.​

Pese a los obstáculos —como que para su impresión Penguin debió contratar una nueva imprenta, ya que aquella con la que trabajaban usualmente se había negado a emitir el libro—, El amante de Lady Chatterley rompió sus ataduras de inmediato y estuvo disponible en las librerías donde los vendedores veían agotarse, una y otra vez, su stock.

Años después la historia se adaptaría al cine y a la televisión en diferentes países del mundo, para llegar a Netflix en 2022.

Como sucedió con Cometierra y su intento de censura, el juicio y el deseo de prohibición de una parte de la sociedad inglesa fueron la mejor publicidad para la obra de Lawrence: los 200.000 ejemplares de la primera tirada después de su legalización en Reino Unido fueron vendidos el mismo día de su publicación. Llegaría a vender tres millones de copias en tres meses. Y a convertirse en el segundo bestseller de la editorial, detrás de La Odisea.

Los resultados de ambos juicios, de uno y otro lado del océano, marcaron un punto de inflexión y cristalizaron los cambios que venían germinando luego de la Segunda Guerra: las ansias de un paisaje donde la libertad, principalmente en la cultura como símbolo y expresión de los deseos e intereses sociales, fuese cotidiana, permanente. Y posibilitara un espíritu soberano que los aires de la década iban a potenciar.

El debate se originó a partir del fallo del Juzgado 128 Penal Municipal de Bogotá, que resolvió una acción de tutela presentada por la familia del magistrado Gaona Cruz contra la productora de Noviembre, largometraje inspirado en los hechos del asalto al Palacio de Justicia, ocurrido el 6 de noviembre de 1985. La película, dirigida por Andi Baiz, reconstruye los acontecimientos del operativo del M-19 y las decisiones judiciales y militares de la época, bajo una narrativa de ficción basada en hechos reales.

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Según la demanda interpuesta por los familiares del magistrado, el filme incluía una línea de diálogo en la que se insinuaba una supuesta colaboración de Gaona con el grupo armado, así como representaciones visuales que, a juicio de la familia, vulneraban su memoria y lo mostraban de manera falsa e injuriosa.

El fallo judicial ordenó eliminar o modificar esas referencias, evitar el uso del nombre y rasgos identificables del magistrado y aclarar expresamente que se trata de una obra de ficción, con el objetivo de proteger su honra y buen nombre. La decisión también reiteró que, de acuerdo con la jurisprudencia vigente, los derechos a la dignidad, la honra y la memoria se extienden a las personas fallecidas y pueden ser reclamados por sus familiares directos. Esta medida generó amplio debate en medios y redes sociales, donde algunos sectores interpretaron la sentencia como un acto de censura artística.

Petro calificó la decisión como censura

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el tema a través de su cuenta de X, manifestando su desacuerdo con el fallo. El mandatario sostuvo que las decisiones judiciales que imponen limitaciones a la representación artística pueden interpretarse como una restricción a la libertad de expresión.

“Esto se llama censura. Muy lamentable que el arte y la libertad de expresión entre a censura. No he observado la película, a lo mejor tendré reparos, pero jamás censuraría, ni, y lo digo porque escuché sus clases, lo haría el magistrado Gaona”, escribió Petro en su publicación.

El presidente añadió que “en este siglo donde se crió tanta gente colombiana, hubo una contracultura de ultraderechas profunda, aniquiladora no solo de la vida física, sino del espíritu libre”, comentario que generó nuevas reacciones y amplió la discusión sobre el alcance de la libertad de expresión artística frente al respeto por las víctimas históricas.

La respuesta de la hija del magistrado: “En este fallo no hay censura”

Por su parte, Juliana Gaona Bejarano, hija del magistrado asesinado y abogada representante de la familia, se pronunció en defensa de la decisión judicial y de la memoria de su padre. En su comunicado, expresó que el fallo busca únicamente corregir una narrativa falsa difundida por la película, sin afectar los derechos de los realizadores a la libre creación.

“En un fallo reciente de tutela se protegió el derecho al buen nombre y la honra de Manuel Gaona Cruz, quien fue asesinado por el M-19, conforme a los hechos acreditados por investigaciones relacionadas con su crimen, la Comisión de la Verdad, establecida por la Corte Suprema de Justicia, y los testimonios históricos que han documentado con rigor lo ocurrido. La película Noviembre difundió una narrativa falsa e injuriosa, la cual presentaba a mi padre como colaborador del grupo armado que los secuestró durante 28 horas y, posteriormente, lo asesinó de forma atroz”, declaró Gaona Bejarano.

La abogada subrayó que “en este fallo no hay censura” y que la medida judicial “no cercena la libertad artística ni la libertad de expresión” y añadió que el propósito de la decisión fue proteger la memoria, la verdad y los derechos básicos de una persona que dedicó su vida a la justicia.

“La libertad de creación es un pilar de toda democracia, pero también tiene límites. No puede distorsionar hechos históricos, estigmatizar a las víctimas o afectar la reputación de quien defendió la justicia, amparándose en la ficción para alterar o confundir los hechos reales”, sostuvo.

El Juzgado 128 Penal Municipal reiteró en su decisión que las representaciones artísticas deben respetar los derechos fundamentales, incluso cuando se trate de obras de ficción. En el caso concreto de Noviembre, el despacho concluyó que la representación de Manuel Gaona Cruz fue “lesiva” y “sin respaldo probatorio”, lo que justificó la orden de corrección.

Gaona Bejarano insistió en que su familia ha intentado durante décadas preservar la dignidad de su padre y desmentir versiones que desvirtúan su papel como magistrado de la Corte Suprema. “En ningún momento los productores ni el director de la película sustentaron con pruebas o fundamentos jurídicos las afirmaciones que vulneran la figura de mi padre”, precisó.

Las denuncias de censura sumieron este lunes a un importante festival de teatro en Serbia en la confusión, en un contexto de creciente presión sobre la disidencia y protestas persistentes en el país.

Artistas señalan que el Festival Internacional de Teatro de Belgrado (BITEF), considerado durante años un espacio de libre expresión, se encuentra ahora bajo presión política, enfrentando una drástica reducción de fondos y cambios en su dirección artística.

En el más reciente episodio, el festival eliminó una obra del director suizo Milo Rau, lo que llevó a dos miembros del consejo artístico de BITEF —el director Milos Lolic y el dramaturgo Borisav Matic— a presentar su renuncia en señal de protesta.

Ambos declararon que consideran que la decisión tiene relación con la participación de Rau en el evento del año pasado.

El director suizo había criticado la propuesta de una mina de litio en Serbia, un proyecto promovido por el Estado que ha provocado una fuerte oposición en el país.

“Sin duda, es la acción más perjudicial contra la libertad artística que he experimentado en dos décadas como artista y curador”, expresó Rau. “Uno de los festivales más importantes de Europa está siendo desmantelado ante nuestros ojos, sin ninguna razón comprensible”.

Desde el inicio de las protestas antigubernamentales que agitan Serbia hace casi un año, creadores han denunciado una reacción cada vez más dura del gobierno contra voces disidentes.

Las protestas anticorrupción, detonadas por el colapso fatal de una marquesina en una estación de tren renovada en noviembre pasado, sumaron rápidamente apoyo popular, incluyendo a numerosos artistas.

A comienzos de este año, la nueva dirección del Teatro Nacional prohibió las declaraciones políticas en escena, lo que provocó protestas del elenco.

Algunos festivales de música también habrían retirado invitaciones a bandas que apoyaron abiertamente a estudiantes movilizados.

Rau tenía previsto presentar su obra El juicio Pelicot, sobre el caso de la francesa Gisele Pelicot, drogada y violada por su exmarido y decenas de desconocidos en un crimen que causó gran conmoción internacional.

El BITEF está programado para la segunda mitad de noviembre, aunque aún no se ha fijado una fecha definitiva.

Fuente: AFP

El cineasta iraní Jafar Panahi ha sido encarcelado, prohibido de viajar, puesto bajo arresto domiciliario y se le ha ordenado dejar de hacer películas durante 20 años. Sin embargo, Panahi ha seguido haciendo películas. Muchas de ellas figuran entre las más destacadas del siglo.

La mayoría consideraría eso como valentía. No así Panahi.

“Mi problema fue que me dijeron que no hiciera películas. Tenía que hacer películas. Es muy simple”, afirma Panahi. “Puedo venir y decir que hago cosas para las masas, mi gente, mi país. No, solo busco formas de hacer películas. “Busqué soluciones y las encontré.”

Desde que fue encarcelado por primera vez en 2009, Panahi ha encontrado algunas soluciones extraordinarias. Realizó Taxi (2015) principalmente dentro de un automóvil, él mismo como conductor. Esto no es una película (2011) la filmó en su sala, con un iPhone.

Para evadir a las autoridades, Panahi, de 65 años, ha tenido que dirigir escenas a distancia o cambiar de locación casi a diario. Su más reciente película, Fue solo un accidente, se rodó de manera clandestina en Irán después de una estancia de siete meses en prisión que terminó en 2023 cuando Panahi inició una huelga de hambre. Hizo la película, que se estrena en Estados Unidos esta semana, inspirado por los relatos de sus compañeros de celda.

De la prisión de Evin a Cannes

En Fue solo un accidente, un angustiado thriller de venganza, un ex prisionero identifica en Teherán al hombre que cree fue su interrogador abusivo en la cárcel. Sin embargo, como estuvo vendado durante los interrogatorios —igual que Panahi—, no está seguro. Con el hombre amordazado y atado en la parte trasera de su furgoneta, conduce hasta visitar a otros ex prisioneros y debaten qué hacer.

“Al final del día, yo era una persona especial allí”, dijo Panahi en una entrevista reciente en Manhattan, refiriéndose a su estancia en la prisión de Evin. “Había personas que hacían huelga de hambre durante 20 o 30 días y nadie se enteraba. Si yo no comía durante dos días, todo el mundo lo sabía.”

Panahi ha sido uno de los cineastas más reconocidos en el cine, pero ha estado ausente de la escena internacional por más de 15 años. Durante ese tiempo, festivales de cine han reservado a veces un asiento vacío con un cartel que dice “Jafar Panahi”.

Tras su liberación en 2023, la prohibición de viajar que pesaba sobre Panahi fue levantada. De todos modos, rodó “Fue solo un accidente” de forma clandestina, negándose a pedir la aprobación gubernamental para el guion. En una ocasión, durante una filmación nocturna en la que Panahi no estaba presente, la policía detuvo a parte del equipo.

Por primera vez en casi dos décadas, Panahi ha podido viajar con su película. En el Festival de Cannes en mayo, recibió la Palma de Oro. Al aceptar el premio, expresó: “Nadie debería atreverse a decirnos qué ropa usar, qué debemos o no debemos hacer. El cine es una sociedad”.

Reconocido en el extranjero, firmemente arraigado en Irán

En un contexto de crecientes preocupaciones por la censura en otros países, Panahi ha sido recibido como un héroe fuera de Irán. En el Festival de Cine de Nueva York, donde su llegada se retrasó por problemas de visado debido a la prohibición de viajes impuesta en junio a visitantes de 12 países, Martin Scorsese elogió a Panahi como uno de los cineastas más importantes de la actualidad.

Aun así, Panahi no se considera un héroe y no le gusta que lo etiqueten como cineasta político. Para él es más sencillo.

“En el cine, es común que la gente busque constantemente motivos para no trabajar”, afirma Panahi. “Yo seguía diciendo: Soy cineasta. Tengo que hacer películas. Y es mi derecho hacer películas.”

Panahi, como otros cineastas que trabajan bajo regímenes autoritarios, ha puesto a prueba las reglas del Oscar. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas exige que todas las nominaciones a Mejor Película Internacional sean enviadas por un país. Como era de esperarse, Irán no seleccionó “Fue solo un accidente”. En cambio, Francia eligió la película de Panahi —coproducida en ese país— como su candidata.

Sin embargo, Panahi preferiría que los gobiernos no intervinieran en el proceso.

“Si queremos enviar una película a Cannes o Venecia o a cualquier otro lugar, no hay problema”, dice. “Pero en cuanto se trata de los Oscar, tenemos que ir a suplicar a nuestros gobiernos.”

Panahi mantiene su decisión de no abandonar Irán. Afirma que ama su país y sabe que la vida de emigrante no es para él. Su amigo y compatriota, Mohammad Rasoulof, huyó dramáticamente de Irán a pie el año pasado para instalarse en Alemania y estrenar en Cannes La semilla de la higuera sagrada. Pero Panahi regresó a Irán al día siguiente de ganar la Palma.

“Hizo felices a muchas personas, pero también descontentó a las autoridades”, afirma Panahi. “Los funcionarios estatales repitieron el mismo discurso de siempre y nos calificaron de espías de la CIA y de Israel. Por otro lado, muchas personas, especialmente las familias de presos políticos y cineastas independientes, se alegraron mucho de mi regreso.”

Sin lecciones de moral

Tras la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, en 2022, estalló una ola de protestas contra las leyes que exigen el uso del hiyab en Irán y por el trato a las mujeres. Panahi estaba encarcelado durante las protestas, pero se sintió profundamente inspirado por ellas. Varias actrices de “Fue solo un accidente” aparecen en la película sin hiyab.

“No quiero dar lecciones de moral. Quiero generar preguntas”, dice Panahi. “Me interesa provocar ideas sobre qué ocurrirá en el futuro y hacer que la gente reflexione sobre si responderemos a la violencia con violencia.”

Panahi miró a través de una cámara por primera vez a los 10 años. Le fascinó la posibilidad de capturar la vida a su alrededor y ahorró para comprarse su primera cámara. Mientras algunos de sus amigos preferían fotografiar paisajes, él se inclinaba por las personas. “Me encontré fotografiando las calles”, recuerda.

Décadas después, nada ha cambiado para Panahi. “No he creado la oscuridad. La oscuridad está ahí, y el problema está en quienes la crearon”, señala Panahi. “Yo solo muestro la realidad.”

En el Festival de Cine de Nueva York, Panahi recordó algo que le dijo su padre cuando era niño, y que nunca ha olvidado: “No te está permitido inclinarte ante nadie más que Dios.”

Fuente: AP

El presidente Gustavo Petro cuestionó la decisión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) que impidió la transmisión de su alocución del 15 de octubre.

Según explicó el mandatario en una entrevista con Holman Morris, director de RTVC, la medida constituye un acto de “censura previa”, lo cual, a su juicio, está prohibido por la Constitución colombiana.

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“Un club determinado que no nombra el Gobierno determinando una censura previa, porque se atribuyó el derecho de ser ella lo que examina el contenido de los temas. La censura previa está prohibida en la Constitución Colombiana, no puede ser tomada por ningún organismo administrativo contra las funciones del Ejecutivo porque entonces le quita las funciones al Ejecutivo, y eso se llama golpe de Estado”, afirmó.

El jefe de Estado explicó que su intervención televisada tenía como objetivo abordar el tema del narcotráfico, la descertificación de Colombia y la violencia en el Caribe. “¿El tema narcotráfico y descertificación de Colombia no es un tema de relevancia inmediata? ¿No es de relevancia que los misiles en el Caribe están cayendo sobre lanchas colombianas, probablemente de pescadores? ¿El tema del robo de la salud no es de relevancia inmediata?”, cuestionó durante la entrevista, transmitida por los canales institucionales de RTVC.

En declaraciones recogidas por Portafolio, Petro señaló que con la decisión de la CRC “no están censurando sólo a mi persona, sino a 11 millones de ciudadanos y ciudadanas que me eligieron”. Según dijo, impedir la emisión de una alocución presidencial afecta el derecho a la información de los colombianos: “No se puede censurar un Jefe de Estado porque censuran a la mayoría de la sociedad colombiana. En la Constitución está el derecho a informarse y de manera veraz. El derecho a la verdad florece cuando hay múltiple información”.

El mandatario sostuvo que los concesionarios de la televisión privada actúan como opositores políticos desde sus plataformas, lo que, en su criterio, limita la pluralidad informativa. “Lo que está pasando es que la oposición —autora de la tutela y dueña de los concesionarios privados de la televisión— hace que la sociedad pierda el derecho de tener otra visión”, declaró.

Petro defendió que la alocución presidencial es un mecanismo legítimo de comunicación institucional que no debe estar supeditado a situaciones extraordinarias. “Una alocución es el derecho del presidente de la República, a través de todos los canales, independientemente de su denominación, de expresar una comunicación hacia la totalidad de la sociedad.

La alocución presidencial es un instrumento legítimo de comunicación institucional siempre que no se utilice con fines proselitistas”, afirmó. Añadió que “no se requiere un desastre natural para que haya urgencia: basta con que el mensaje tenga relevancia inmediata para la vida nacional o interés público”.

Durante la entrevista, el presidente también hizo referencia a los sectores que promovieron la tutela que dio origen al fallo de la CRC, señalando a la derecha política como responsable. “La derecha es la autora de la tutela porque son los dueños de los concesionarios de la televisión privada. Entonces, todos esos canales permanentemente hacen oposición y la sociedad pierde su visión. En otros países autoritarios, como en el país del norte, usualmente es el mandatario quien censura a sus críticos. Acá es al revés”, manifestó.

En su análisis, Petro amplió sus críticas hacia lo que llamó “la derecha mundial”, a la que acusó de aprovechar las dificultades de su Gobierno. “Toda la derecha está en un festín por un cese al fuego que parece estarse desbaratando y un intercambio de rehenes incompleto. Cuando comienza ese festín de la derecha mundial que tiene todo el poder del dinero y los medios, todo parece el paraíso. Me dicen ‘usted no pudo’, ¡es que los que pueden son los que están produciendo el genocidio!”, expresó.

El mandatario también abordó asuntos de política internacional, en particular las acciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien señaló de fomentar tensiones globales. “Trump amenaza a todo el mundo: palestinos, mexicanos, colombianos, venezolanos... Es un problema que tiene que resolver el pueblo de Estados Unidos”, indicó. Agregó que cada país debe asumir la resolución de sus propios conflictos: “La situación la debe resolver Estados Unidos, así como Venezuela debe resolver sus propios conflictos, Israel, Colombia, entre otros países”.

El pronunciamiento de Petro se dio en un contexto de creciente debate por el uso de las alocuciones presidenciales. Mientras la CRC argumenta que la decisión busca garantizar equilibrio informativo en los medios privados, el Gobierno insiste en que limitar este recurso vulnera el derecho del presidente a comunicarse directamente con la ciudadanía.

La controversia se suma a la discusión pública sobre el papel de los medios y la independencia de los organismos reguladores. Para el mandatario, los canales privados actúan como actores políticos y no como prestadores de un servicio público. “La censura no recae solo sobre mí, sino sobre una sociedad que pierde la posibilidad de contrastar visiones”, concluyó.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) emitieron pronunciamientos para aclarar su autonomía frente al Gobierno y la no participación del Ejecutivo en decisiones sobre contenidos audiovisuales, luego de cuestionamientos sobre posible censura hacia los medios.

El Ministerio TIC publicó un comunicado en el que desmintió cualquier participación en la Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales de la CRC. En el documento se señaló que “ni el Presidente de la República, ni la entidad participan ni tienen asiento en la Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales de la CRC. Los comisionados de esta Sesión son elegidos por mérito”, destacando la independencia administrativa, técnica y patrimonial del órgano regulador.

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La entidad explicó que la CRC funciona como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con independencia presupuestal y sin personería jurídica, y que no está sujeta a control jerárquico ni de tutela, según lo establecido por la ley.

Estructura de la CRC, según el Gobierno

El comunicado detalla la estructura de la Comisión, que se organiza en dos sesiones con competencias distintas:

• Sesión de Comisión de Comunicaciones: integrada por cuatro personas. Entre ellas, un Comisionado Experto que debería ser designado por el presidente, nombramiento que no se ha efectuado en el periodo actual; dos comisionados seleccionados mediante concurso público de méritos, sin intervención del Ejecutivo ni del Ministerio TIC; y este último o su delegado, quien participa con voz y voto pero sin potestad jerárquica ni de dirección sobre la Comisión. Esta sesión regula mercados de redes, telecomunicaciones, televisión por suscripción y servicios postales.
• Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales: compuesta por tres comisionados elegidos por operadores públicos regionales, la sociedad civil y el sector audiovisual, todos mediante concursos públicos. La selección se realiza por mérito, asegurando autonomía frente al Gobierno y el sector regulado, y la sesión se encarga de regulación de contenidos, protección de derechos de audiencias y pluralismo informativo.

Respuesta de la comisión ante la polémica

La controversia se originó el viernes 10 de octubre, tras la divulgación de una carta de Zoila Vargas Mesa, coordinadora Ejecutiva de la CRC, dirigida a operadores de televisión. La misiva solicitaba información sobre los contenidos periodísticos, incluyendo “cómo se eligen los contenidos informativos y noticiosos que se emiten, incluyendo los criterios de valoración en la selección de temas, fuentes y enfoques”, así como “soportes documentales de las reuniones, comités o consejos editoriales que den cuenta de esas decisiones”.

El requerimiento generó rechazo de periodistas, directores de medios y organizaciones defensoras de la libertad de prensa. Desde la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), su directora Sofía Jaramillo expresó que la carta “sí puede considerarse como censura indirecta”, argumentando que solicitar actas de comités editoriales “puede generar desconfianza, inhibir la deliberación interna y afectar la independencia de los medios”.

En respuesta, la CRC informó el miércoles 14 de octubre que retiró la solicitud y anunció la creación de un espacio de trabajo colaborativo, destinado a fortalecer la confianza entre la comisión y los medios, así como a promover estrategias conjuntas sobre pluralismo informativo.

Según la entidad, “a este ejercicio serán invitadas entidades interesadas, entre ellas la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, para que, si así lo estiman pertinente, participen como garantes del proceso, asegurando su desarrollo en un marco de transparencia, participación y construcción colectiva”.

La CRC aclaró que el requerimiento inicial no tenía fines punitivos. “Con esto no estamos pensando en hacer una investigación o una sanción”, precisó, y recalcó que los medios mantienen libertad de programación y de expresión. Además, reiteraron que “no tenemos ninguna injerencia del gobierno nacional en las decisiones que tomamos. No hemos hablado sobre el tema”.

Por último, la Comisión destacó que actuó dentro del marco de sus competencias legales y constitucionales con el objetivo de promover el pluralismo, la imparcialidad informativa y proteger los derechos de las audiencias.

El fallecimiento de Eduardo Ruiz, un joven de 32 años, durante la marcha del 15 de octubre, producto de una herida por impacto de bala, incrementó la crisis política que atraviesa el débil gobierno de José Jerí.

Pese a que desde el inicio de su gestión Jerí mantuvo una comunicación abierta con la prensa y el público a través de su cuenta en X, el descontento ciudadano hacia su administración continúa en aumento y ya se anuncian nuevas movilizaciones en todo el país.

Por otra parte, en el Congreso de la República, un sector de parlamentarios —en su mayoría de bancadas de izquierda— anunció la presentación de una moción de censura contra la Mesa Directiva. El congresista Jaime Quito, de la Bancada Socialista, informó que ya consiguió las firmas necesarias para formalizarla. Solo resta que el Pleno vote su admisión y posterior debate. Se requieren 66 votos a favor para aprobar una eventual censura que pondría en riesgo la continuidad del presidente José Jerí.

En caso de que la moción prospere, surge la duda sobre quién asumiría la presidencia de manera temporal. Uno de los nombres que ha empezado a sonar con fuerza es el del congresista Roberto Chiabra. Aunque se desvinculó hace tiempo de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), cuenta con el respaldo de algunos congresistas no agrupados.

¿Quiénes respaldarían a Roberto Chiabra?

Durante la votación por la destitución de Dina Boluarte, Chiabra ya había manifestado su disposición a asumir la presidencia de la Mesa Directiva.

“Lo asumo, porque lo más fácil es ponerse en balcón, ser un buen analista y un buen crítico. Lo difícil es asumir una responsabilidad. Yo ya la tuve. (...) No le saco el cuerpo”, declaró ante Caretas.

Incluso, según él mismo relató, consultó esta posibilidad con Javier Bedoya, secretario general del Partido Popular Cristiano (PPC), agrupación con la que mantiene una alianza política.

“Sí, conversamos con él y surgió esta posibilidad (...) pero era lo mejor que podía haberle pasado finalmente al país, que Roberto Chiabra asumiera la presidencia del Congreso y por ende la presidencia de la República”, señaló Bedoya en Canal N.

En aquel entonces, la censura a la Mesa Directiva no fue aprobada, pues solo 38 congresistas votaron a favor. Sin embargo, el panorama actual podría cambiar tras el trágico saldo de las manifestaciones, que dejó un muerto y más de 100 heridos.

El congresista Ed Málaga consideró que el Parlamento tiene responsabilidad política por haber elegido a Jerí pese a los graves cuestionamientos que ya enfrentaba. En esa misma línea, su colega Flor Pablo afirmó que Roberto Chiabra es quien podría asumir la presidencia en medio de la crisis. En entrevista con RPP, la parlamentaria indicó que se había alcanzado un consenso inicial entre 30 legisladores, y espera que más se sumen a la iniciativa.

Para Flor Pablo, Chiabra representa la figura más adecuada para liderar la transición, especialmente tras las decisiones controvertidas que tomó Jerí al conformar su gabinete.

“Había un mediano consenso en el Congreso con el señor Roberto Chiabra, que él además señaló que estaba de acuerdo y hubiera esperado que esa sea la fórmula, realmente. Porque tiene partido, porque tiene un mínimo de respaldo y eso es lo que necesitamos. Y no tiene, pues, denuncias por violación sexual, no es alguien que le han eliminado inmediatamente mil páginas entre pornografía y, y páginas de adultos. No, realmente han puesto al señor Jerí, que es alguien que nos aleja más a los políticos de la ciudadanía”, declaró.

El presidente Gustavo Petro, calificó la decisión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) como un acto de censura tras no autorizar la transmisión de su alocución presidencial por televisión abierta.

Petro expresó que su voz fue silenciada por las autoridades regulatorias de su propio país y convocó a juristas nacionales e internacionales a oponerse a esta medida.

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La acusación de censura

Tras darse a conocer la negativa de la CRC, Petro manifestó en sus redes sociales que “el presidente de la República de Colombia ha sido censurado en su propio país”. En su mensaje, el mandatario convocó a la comunidad jurídica para que lo acompañe en el rechazo a lo que considera una vulneración a su derecho a la palabra: “Invito a todos los juristas nacionales e internacionales que me quieran acompañar a romper la censura en Colombia”.

Para el presidente, la restricción representa algo más que una decisión administrativa. Petro afirmó que la medida se trata del “intento de las mafias de recuperar el poder”. En sus palabras, aseguró que existe un temor real ante “el avance del poder constituyente y popular en el país”.

El jefe de Estado también dirigió un mensaje directo a la audiencia colombiana, pidiendo que escuchen el mensaje que planeaba transmitir, ahora relegado a los canales digitales y públicos: “Invito a toda la audiencia de Colombia a escuchar lo que iba a decir y era mi derecho, en RTVC a las 7 pm”.

Petro enfatiza el uso de canales alternativos

Gustavo Petro recalcó que, ante la negativa oficial, recurrirá a las plataformas públicas de la Presidencia y RTVC para difundir su alocución este jueves 16 de octubre a las 19:00. El mandatario también dejó en firme que, ante la imposibilidad de hablar en cadena nacional, está dispuesto a acudir a espacios de encuentro directo: “Si el presidente no puede hablar por televisión entonces tendrá que hacerlo desde la plaza pública”.

En su reacción, Petro comunicó que la situación lleva la discusión más allá de lo institucional. El mandatario utilizó los canales oficiales digitales para reiterar su postura y explicar el contenido alternativo al que la ciudadanía podrá tener acceso. El anuncio fue acompañado por un llamado a sus seguidores, simpatizantes y ciudadanos interesados en los asuntos públicos, para que se mantengan atentos a las plataformas oficiales y conozcan su mensaje íntegro.

Argumentos del presidente sobre la decisión de la CRC

La petición de alocución presidencial fue radicada por la Presidencia el miércoles 15 de octubre, pero la CRC resolvió no autorizarla, aduciendo que no se cumplían requisitos de urgencia, excepcionalidad y delimitación temática. Para Petro, el fundamento de la decisión tiene profundas implicancias democráticas. Remarcó que su derecho a comunicarse por medios institucionales debe prevalecer, especialmente cuando se trata de asuntos que considera cruciales para la vida nacional.

El presidente conectó la negativa de la CRC con una tendencia que, según él, busca limitar el papel del Ejecutivo en el espacio mediático ante grandes debates nacionales. El mandatario expuso que se siente excluido del debate público a través de los medios tradicionales, lo que lo lleva a buscar canales alternativos para ejercer su función de jefe de Estado.

El llamado institucional y la perspectiva presidencial

Gustavo Petro aludió de forma reiterada a la presencia de intereses contrarios a la iniciativa política del gobierno. Habló de intentos coordinados para restringir la voz del Ejecutivo y frenar avances impulsados desde el actual mandato. Frente a este panorama, Petro reiteró que hará uso de todos los recursos disponibles para que su mensaje llegue a la ciudadanía, independientemente de obstáculos regulatorios o administrativos.

El mandatario insistió en la gravedad de que un presidente vea restringidos sus canales de interlocución directa ante el país. Según su comunicación, esto constituye una situación sin precedentes en la historia política reciente de Colombia.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) informó, el miércoles 14 de octubre, que retiró la solicitud enviada a los canales de televisión nacionales sobre la entrega de información interna relacionada con sus procesos editoriales.

En su lugar, anunció la creación de un espacio de trabajo colaborativo con el propósito de fortalecer la confianza entre el regulador y los medios de comunicación, y de promover estrategias conjuntas en materia de pluralismo informativo.

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De acuerdo con el comunicado oficial, “a este ejercicio serán invitadas entidades interesadas, entre ellas la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, para que, si así lo estiman pertinente, participen como garantes del proceso, asegurando su desarrollo en un marco de transparencia, participación y construcción colectiva”.

La entidad señaló que su intención inicial era conocer las buenas prácticas de los medios frente al pluralismo informativo, no realizar un proceso de control o sanción. “Con esto no estamos pensando en hacer una investigación o una sanción”, afirmó la CRC, aclarando que el requerimiento no tenía fines punitivos.

Preocupación institucional

Luego de la polémica, el procurador general, Gregorio Eljach, manifestó su rechazo a cualquier medida que pueda interpretarse como un intento de censura. “Quiero expresar mi rechazo a cualquier intento que se haya producido o se pueda producir de cercenar, de disminuir, de atacar un principio fundamental, inescindible en toda democracia como es la libertad de expresión y la libertad de prensa. No permitirá el procurador general de la Nación que se atente contra ese sagrado principio que encarna en la libertad”, afirmó el funcionario.

Eljach instó a las entidades del Estado a actuar con mesura y prudencia frente a decisiones que puedan afectar derechos constitucionales. “Desde acá invito a que las autoridades públicas se mesuren, se midan y reflexionen antes de producir decisiones que pueden quebrantar el orden ético, el orden jurídico y el orden moral de la Nación”, añadió el procurador, subrayando que “la libertad de expresión y la libertad de prensa son sagradas”.

Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, dirigió una carta a los comisionados Andrea Muñoz Gómez, Mauricio Vera Sánchez y Sadi Contreras Fuset, en la que manifestó su preocupación institucional por los requerimientos de información enviados a los medios.

En su comunicación, Marín Ortiz recordó que la Corte Constitucional ha reiterado en múltiples sentencias —entre ellas la C-488 de 1993, T-391 de 2007, T-219 de 2009, C-592 de 2012 y T-028 de 2022— que la libertad de prensa tiene un carácter reforzado dentro del orden constitucional y constituye un pilar esencial para la democracia. “Para la Corte, los riesgos derivados de una información inexacta o sesgada deben enfrentarse mediante la autorregulación ética y profesional de los propios medios, dentro de un marco jurídico respetuoso de los principios democráticos y de las garantías que protegen la independencia periodística”, señaló.

Aclaración de la CRC

En respuesta a las críticas sobre una presunta censura o intervención estatal, la CRC precisó que la solicitud de información no implicaba ninguna vulneración a la libertad de prensa. “El ejercicio que estamos haciendo es alimentar el conocimiento de la entidad, pero finalmente los medios de comunicación tienen libertad de programación y de expresión”, señalaron las voceras de la Comisión.

Asimismo, enfatizaron que no existe relación entre la solicitud y el Gobierno nacional. “No tenemos ninguna injerencia del gobierno nacional en las decisiones que tomamos. No hemos hablado sobre el tema”, aseguraron las comisionadas, tras los cuestionamientos que vincularon el requerimiento con directrices del Ejecutivo.

En su pronunciamiento, la CRC manifestó que actuó dentro del marco de sus competencias legales y constitucionales, con el fin de promover el pluralismo, la imparcialidad informativa y proteger los derechos de las audiencias; y concluyó su declaración afirmando: “La CRC da por concluido el requerimiento inicial e invita a los canales de televisión a participar activamente en el nuevo espacio de diálogo, con el propósito de construir, de manera conjunta, mecanismos que fortalezcan el pluralismo e imparcialidad informativa que garanticen un ecosistema mediático más diverso, transparente y comprometido con el derecho a la información en Colombia”.

El destacado cineasta iraní Nasser Taghvai, ampliamente conocido por su larga lucha contra la censura, murió a la edad de 84 años, dijo su esposa este martes.

“Nasser Taghvai, un artista que eligió la dificultad de vivir libremente, se ha ganado su liberación”, escribió su esposa, la actriz Marzieh Vafamehr, en Instagram.

Taghvai había nacido el 13 de julio de 1941 en la ciudad iraní de Abadan.

Saltó a la fama tras el estreno en 1972 de su primera película, Tranquility in the Presence of Others, un retrato crudo del conflicto entre la tradición y la modernidad en Irán.

A lo largo de su carrera, se hizo conocido por oponerse a la censura, tanto antes como después de la revolución islámica de 1979, que derrocó al sha de Irán, respaldado por Occidente.

En 2013, denunció la “terrible censura” de obras cinematográficas y literarias en su país y declaró que ya no haría películas debido al control estatal.

Dirigió seis películas, una serie de televisión y varios documentales a lo largo de su carrera.

Su serie satírica Mi tío Napoleón retrata la decadencia de un ex oficial del ejército imperial, consumido por la sospecha e incapaz de admitir que su tiempo había pasado.

Taghvai recibió numerosos premios cinematográficos nacionales e internacionales, incluido el Leopardo de Bronce en el Festival de Cine de Locarno en 1988 por su película Capitán Khorshid.

En 2002, recibió el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine Fajr, organizado por el Gobierno de Irán, pero se negó a aceptarlo.

Fuente: AFP.

Fotos: archivo.

El 9 de octubre de 2025, el Consejo de Estado impuso restricciones precisas al uso de las alocuciones presidenciales en Colombia, tras determinar que la práctica del jefe de Estado Gustavo Petro vulnera el derecho fundamental al acceso a la información. La decisión, adoptada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, bajo la ponencia del magistrado Alberto Montaña Plata, responde a una serie de tutelas interpuestas por ciudadanos que denunciaron el carácter excesivo y reiterado de estas intervenciones televisivas.

El tribunal estableció que las alocuciones presidenciales deben limitarse a situaciones de urgencia real, con una justificación clara y temáticas estrictamente definidas. Según el fallo, el presidente está obligado a anunciar la hora de inicio y de finalización de cada intervención, así como a informar de manera precisa el tema que se abordará. Estas medidas buscan impedir el uso de este canal institucional para fines políticos, la omisión de información relevante o la dilución del motivo real que justifique la transmisión.

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El Consejo de Estado fundamentó su decisión en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, especialmente en la Sentencia C-1172 de 2001, que declaró inconstitucional la posibilidad de que el presidente intervenga en televisión “sin ninguna limitación”. Dicha sentencia establece que las alocuciones deben ser personales, tratar asuntos urgentes de interés público y estar relacionadas con el ejercicio de las funciones presidenciales.

El tribunal subrayó que el uso reiterado y sin rigor temático de la alocución presidencial, con diecisiete intervenciones en pocos meses y una duración promedio de una hora, constituye un uso irrazonable y desproporcionado del servicio público de televisión, lo que vulnera el pluralismo informativo y el derecho a la información de los ciudadanos.

En palabras del tribunal, “el uso desmedido del servicio de televisión por parte del Presidente de la República, debido a la justificación temática de cada intervención, a su frecuencia, reiteración y duración de cada una de ellas, materializó un desconocimiento de la garantía del pluralismo informativo, subyacente del derecho a la información”.

Con respecto a la restricción del alto tribunal, el gobernante de los colombianos compartió la crítica de un usuario. El mensaje expresa inconformidad con la falta de acciones contra los medios de comunicación que, en su análisis, desinforman en el país.

Sumado a la opinión del internauta, el presidente Petro sostuvo, en sus redes sociales, que las decisiones del Consejo de Estado no están en línea con su historia, que ha destacado por reivindicar los derechos de los colombianos, más no censurarlos. Incluso, sostuvo que el rol del alto tribunal es proteger la Constitución Política de 1991, más no vulnerarla o ponerla en riesgo.

“Ojalá al consejo d estado no se le ocurra dejar su historia , que comenzó ,en el caso mío, reivindicando la convención americana de derechos humanos, y tome la historia del consejo que dicta la censura en Colombia. Juramos que respetaríamos la constitución de 1991 (sic)”, escribió en su cuenta de X.

Por su parte, la defensa del presidente, representada por la abogada Carolina Jiménez Bellicia, argumentó que el procedimiento seguido para las alocuciones se ajustaba a la facultad legal conferida por el artículo 32 de la Ley 182 de 1995, que autoriza al mandatario a utilizar los servicios de televisión en cualquier momento. La defensa sostuvo que no existía vulneración al derecho a la información y que los temas tratados eran de interés general. Además, señaló que los accionantes disponían de otros mecanismos judiciales para reclamar sus derechos y que la obligación estatal de divulgar asuntos públicos no excluye la garantía del pluralismo informativo en el territorio nacional.

Hay polémica en Colombia por un documento emitido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) en el que solicita información a los medios de comunicación sobre sus políticas internas, directrices y prácticas. Esto, con el fin de “evitar sesgos o favoritismos hacia personas, sectores o partidos políticos en la cobertura informativa”.

El expresidente Álvaro Uribe se pronunció al respecto en su cuenta de X, compartiendo una noticia sobre el tema e insinuando una presunta práctica de censura por parte del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro.

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“(En la libertad democrática se puede discrepar del periodista, del medio también, alegar con ellos, pero nunca censurar) ¿Intromisión en la prensa? Gobierno Petro pide a medios revelar políticas editoriales y genera alerta”, escribió el exmandatario en su cuenta de X.

El primer mandatario rechazó las insinuaciones del ex jefe de Estado, asegurando que no ha solicitado hacer una evaluación de las editoriales de los medios de comunicación. En consecuencia, advirtió al expresidente Uribe que, en caso de no rectificar lo escrito en su publicación, podría recurrir a acciones legales.

“Dije que no volvería a polemizar con condenados por respeto a la juez. ¿Pero cuando pedí examinar editoriales? Lo pregunto para que evite una denuncia de nuevo por calumnia, ¿puede rectificar esta calumnia? (sic)”, señaló.

El ex jefe de Estado respondió a las afirmaciones y cuestionamientos de Petro, asegurando que es mejor que se enfrente a otros políticos de talla mundial, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Tiene razón el Pte Petro, para qué va a discutir conmigo, él “merece” enemigos grandes como el Presidente Trump”, señaló.

¿Qué dice el requerimiento de la CRC?

El polémico documento por el cual se señala al Gobierno nacional de intentar censurar a la prensa colombiana precisa varias solicitudes de información a los medios:

1. Políticas internas, directrices o prácticas que aplica el medio para difundir información imparcial, objetiva y veraz.
2. Manuales, guías, reglamentos, procedimientos o protocolos editoriales vigentes.
3. Documento en el que se indique cómo se eligen los contenidos informativos y noticiosos que se emiten, con soportes documentales de consejos editoriales que den cuenta de la toma de esas decisiones.
4. Documento en el que se informe sobre las medidas implementadas para diferenciar los contenidos que constituyen información, opinión y publicidad.

“El incumplimiento de esta solicitud podrá dar lugar a la adopción de las medidas administrativas correspondientes, conforme a lo previsto en la ley”, aclara la carta de la comisión.

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) rechazó la solicitud de información por parte de la CRC a los medios, advirtiendo una posible extralimitación de su mandato y una presunta vulneración de la libertad de prensa y la reserva periodística. Asimismo, explicó que pedir datos relacionados con los mecanismos de decisión editorial que adopta cada medio sí afecta a la prensa y su trabajo.

“Constituyen una forma de censura indirecta. Primero, porque en esos espacios pueden discutirse temas amparados por la reserva de fuente, protegida constitucionalmente. Segundo, porque exigir su entrega afecta la autonomía editorial y genera un efecto inhibidor sobre la deliberación interna”, expuso la Flip en un comunicado.

CRC aclaró de qué se trata el requerimiento: negó querer sancionar a los medios

Luego de que se generara la controversia alrededor de la carta, la comisión se pronunció explicando el alcance que tiene el requerimiento. Según expuso, se trata de una petición que permitirá conocer el estado actual de la imparcialidad y el pluralismo informativo en Colombia.

Esta información permitirá establecer estrategias regulatorias orientadas a “promover un entorno mediático cada vez más transparente, diverso y respetuoso de los derechos de las audiencias”.

Así las cosas, aclaró que no pretende sancionar a la prensa o exigir información de carácter confidencial de los medios de comunicación. “Esta solicitud no corresponde a una actuación administrativa sancionatoria, sino a un ejercicio de carácter informativo y analítico desarrollado en el marco de sus competencias legales (…). No implica la entrega de documentación reservada o confidencial”, detalló.

El viernes 10 de octubre se desató una controversia nacional tras conocerse una carta enviada por la coordinadora Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Zoila Vargas Mesa, dirigida a diferentes medios de comunicación.

El documento pedía a los operadores de televisión entregar información detallada sobre sus contenidos periodísticos y noticiosos, lo que generó una amplia reacción en el gremio periodístico y en organizaciones defensoras de la libertad de prensa.

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La solicitud exigía a los medios explicar “cómo se eligen los contenidos informativos y noticiosos que se emiten, incluyendo los criterios de valoración en la selección de temas, fuentes y enfoques”, además de anexar “soportes documentales de las reuniones, comités o consejos editoriales que den cuenta de esas decisiones”.

En la carta, la CRC advertía que la falta de entrega de esta información podría acarrear “la adopción de medidas administrativas correspondientes, según lo previsto en la ley”.

“Sí puede considerarse como censura indirecta”: Flip

El requerimiento provocó rechazo entre periodistas, directores de medios y organizaciones de defensa de la libertad de prensa. Desde la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), su directora, Sofía Jaramillo, expresó preocupación por la solicitud y cuestionó su legalidad. “Pedir información interna sobre cómo se toman decisiones editoriales no solo es una extralimitación de sus funciones, sino que es una amenaza para la libertad de prensa”, señaló Jaramillo.

La directora de la Flip indicó que si bien la comisión tiene competencias para analizar el pluralismo informativo, sus funciones no incluyen acceder a decisiones internas de los medios. “(...) pedir documentos internos sobre cómo se toman decisiones editoriales excede completamente este propósito y toca aspectos protegidos por la Constitución, por el derecho a la libertad de expresión y por el derecho a la libertad de prensa”, enfatizó.

Para la Flip, la comunicación enviada por la CRC, “sí puede considerarse como censura indirecta”, ya que solicitar actas o relatorías de los comités editoriales podría generar efectos negativos sobre el ejercicio periodístico. Según Jaramillo, estas medidas “pueden generar desconfianza, inhibir la deliberación interna y afectar la independencia de los medios”.

La fundación advirtió además que los comités editoriales suelen tratar temas sensibles, por lo que exigir documentación de esas reuniones podría “afectar la protección de las fuentes”. En ese sentido, insistió en que existen mecanismos menos invasivos para promover el pluralismo y evaluar la diversidad informativa, sin comprometer la libertad de expresión y la autonomía de las salas de redacción.

La respuesta de la CRC

Ante la polémica, los comisionados de la CRC aclararon que la intención del requerimiento “no era afectar el trabajo periodístico ni imponer limitaciones a los medios de comunicación”, sino adelantar un ejercicio de recopilación de información sobre buenas prácticas en materia de pluralismo informativo.

La comisionada Andrea Muñoz Gómez explicó: “Lo que nosotros buscamos con esto es conocer específicamente cómo es el ecosistema mediático, cómo efectivamente están garantizando ese pluralismo y esa imparcialidad informativa y cómo se están protegiendo las audiencias”; y añadió que la iniciativa tenía fines pedagógicos y no implicaba injerencia en las líneas editoriales.

En el mismo sentido, la comisionada Lina María Duque del Vecchio afirmó: “Nosotros no estamos buscando generar ningún tipo de dificultad en el ejercicio del quehacer de los diferentes medios ni de los operadores cuando se trata de las competencias propias de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones”.

La CRC también aclaró que los medios no serán sancionados si deciden no entregar la información solicitada. “Si alguno de los medios considera que hay información reservada que no puede suministrar, es muy importante que nos diga qué tipo de información no nos suministra porque es confidencial”, puntualizó Muñoz Gómez.

Finalmente, la comisión reiteró que su propósito es promover buenas prácticas de comunicación, respetando el principio constitucional de libertad de prensa y expresión, y que los medios podrán decidir qué información comparten y cuál mantendrán en reserva.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) está en el ojo del huracán tras emitir una misiva a medios de comunicación en la que solicita la entrega de información detallada sobre sus consejos editoriales y criterios de selección de contenidos.

El pedido, conocido y viralizado en redes sociales, está abriendo un debate nacional sobre posible afectación a la autonomía periodística y la libertad de prensa.

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La carta fue inicialmente dada a conocer por la W Radio, pero dicho documento ya cuenta con pronunciamientos de entidades como la Fundación para la Libertad de Prensa.

La CRC envió una carta en la que solicita a los medios que informen cuáles son sus políticas internas, directrices y prácticas para garantizar imparcialidad, objetividad y veracidad en todas las emisiones informativas.

La comunicación exige, además, “soportes documentales de las reuniones, comités o consejos editoriales”, así como manuales, guías y reglamentos sobre la toma de decisiones editoriales.

Además, pide información sobre actividades de capacitación, mecanismos de autorregulación y detalles sobre la selección de temas, fuentes y enfoques.

Por medio de la emisora se conoció que el documento indicó que la autoridad invocó funciones de inspección y vigilancia atribuidas por ley, sin ofrecer argumentación específica sobre la motivación del requerimiento.

Esta carta fue publicada luego de que el Consejo de Estada ordenara tanto al presidente Petro como a la CRC que, a partir de la notificación, verifique el cumplimiento de criterios estrictos de urgencia, excepcionalidad, limitación temática y temporalidad en cada alocución presidencial que impida su realización si no se cumplen.

Además, la CRC deberá publicar un informe público dentro de los dos días siguientes a cada alocución, evaluando si se ajustó a los criterios de urgencia y excepcionalidad.

La CRC desmintió que era un acto administrativo, pese a que su carta advierte sanciones: “Es una invitación voluntaria”

En una rueda de prensa, la comisionada para asuntos audiovisuales, Andrea Muñoz, aclaró que como entidad, pueden “hacer requerimientos de información y está establecido en la ley. Obviamente, bajo ese criterio de requerimiento de información es que hicimos esa solicitud de información. Pero nosotros no estamos en este momento en un proceso de investigación y control frente a los operadores específicos porque estamos determinando que de pronto hay un incumplimiento”, dijo.

Aseguró que “no estamos en ninguna actuación administrativa específica como para establecer sanciones al respecto. Entonces, como eso está en ese ámbito de colaboración, pensamos que ese es el sentido que le tiene que dar a esta solicitud, y pues no ir más allá, porque nuestra intención no es, como mencioné, hacer un tipo de investigación y control en este momento sobre el tema, sino más bien promover ese ambiente de compartir información para que entre todos podamos construir ese ecosistema mediático que se merece el país en una situación tan coyuntural, tan complicada como la que se puede estar viviendo”, agregó.

El asunto es que eso no es lo que estipula la carta, cuya redacción literal está en esta nota. En el último punto se advierten sanciones en caso de que no se emitan respuestas por parte de los medios.

Incluso, en redes, usuarios también lo entendieron así. La abogada María Paola Lugo escribió: “Esto es un acto administrativo y no hay ninguna ”invitación voluntaria" ,al contrario amenazan y violan proceso administrativo es urgente que @PGN_COL intervenga ante este exabrupto q amenaza la libertad de expresión e información en el país y de ahí a al uso redes sociales".

A su vez, Muñoz agregó en la rueda de prensa que, “normalmente, lo que hacemos las autoridades administrativas es plantear una regla general en el ejercicio de esas competencias, porque efectivamente puede haber consecuencias, pero las consecuencias no siempre son sanciones, las consecuencias pueden ser reiteración de información".

Reacciones a la misiva de la CRC y la respuesta de Petro

Las reacciones que esta polémica carta, catalogada por algunos periodistas como “escandalosa”, ya se están viralizando en redes.

Incluso, ante las denuncias de posible censura, el presidente Petro contestó un mensaje sobre el tema en el que dijo que era una medida en los mismos términos en los que el Consejo de Estado falló para delimitar sus alocuciones presidenciales.

“Se dirige esa carta a actuar de acuerdo al fallo que un magistrado del Consejo de Estado expidió para censurarme. No sé me censurará solamente a mi, sino a toda la prensa que use el espectro electromagnético. Esa entidad ha rechazado mi delegado que envié constitucionalmente", escribió el jefe de Estado.

De hecho, en el país político ya hay pronunciamientos. Esteban Quintero, congresista del Centro Democrático escribió un contundente mensaje en redes.

“¡La libertad de prensa no se regula, se respeta! Lo que está haciendo la CRC es inaceptable. Pretender revisar los criterios editoriales y manuales internos de los medios de comunicación es un paso peligroso hacia la censura y el control ideológico. Colombia no puede permitir que desde el Estado se quiera vigilar o intimidar a la prensa. Esa no es la función de una Comisión de Regulación, y mucho menos en una democracia donde la libertad de expresión es un derecho fundamental", escribió.

Agregó que “como miembro de la @ComVISenado rechazo con total contundencia esta medida abusiva. Ni Petro ni nadie puede callar a los medios. La prensa libre es pilar de la democracia, y si el Gobierno cree que puede manipularla, se equivoca. Desde el Congreso seguiremos defendiendo la libertad, la institucionalidad y el derecho de los colombianos a informarse sin miedo ni censura”.

El precandidato presidencial Héctor Olimpo también se pronunció: “El lobo va asomando las orejas. Primero usaron los canales del Estado para propaganda, luego presionaron medios regionales y ahora, con la CRC, quieren meterse en las salas de redacción. Lo que hace el Gobierno de Petro con los medios es propio de un régimen totalitario”.

Lo que dice textualmente la polémica carta

Las reacciones no son para menos. El documento que fue compartido en redes, reza lo siguiente, antes de advertir medidas en caso de incumplimiento, bajo el requerimiento “de información en materia de contenidos periodísticos y noticiosos”.

Dice así la carta:

La Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, ejerce funciones de inspección, vigilancia y control que la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, le otorgó en relación con los contenidos audiovisuales. Con fundamento en ello y en lo dispuesto en los artículos 20 de la Constitución Política, 2 de la Ley 182 de 1995 y 10 de la Ley 680 de 2001, el cual establece:

Cuando algunos de los socios o accionistas de un operador privado de televisión, de un concesionario de espacios o contratista de canales regionales tengan intereses empresariales o familiares directos en una noticia que vaya a ser difundida, deberá advertir a los televidentes de la existencia de tales intereses.

En virtud de lo anterior, de manera atenta, solicitamos la siguiente información:

1. Políticas editoriales y acciones preventivas: informe cuáles son las políticas internas, directrices o prácticas que aplica el canal para garantizar que la información difundida en espacios periodísticos y noticiosos cumpla de manera simultánea, con los siguientes criterios:
2. 1. Imparcialidad: medidas para evitar sesgos y favoritismos hacia personas, sectores o partidos políticos en la cobertura informativa.
   2. Objetividad: procedimientos para asegurar la separación entre hechos y opiniones, así como la inclusión de diversas fuentes que permitan un análisis equilibrado.

2. Veracidad: mecanismos de verificación, contrastación de datos y control de calidad de la información antes de su emisión.

Adicionalmente, señale si se han adelantado actividades de capacitación para el personal, mecanismos de autorregulación, designación de veedores internos o externos, o cualquier otra acción preventiva que fortalezca el cumplimiento.

3. Documentos internos vigentes: manuales, guías, reglamentos, procedimientos o protocolos editoriales vigentes que orientan la producción y emisión de contenidos informativos.

4. Procesos de decisión editorial: describa cómo se eligen los contenidos informativos y noticiosos que se emiten, incluyendo los criterios de valoración en la selección de temas, fuentes y enfoques. Anexe soportes documentales de las reuniones, comités o consejos editoriales que den cuenta de estas decisiones.

5. Separación de información, opinión y publicidad: informe las medidas implementadas por el operador para garantizar la diferenciación entre información, opinión y publicidad en su programación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 680 de 2001.

La información solicitada deberá remitirse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la comunicación del presente requerimiento, al correo electrónico atencioncliente@crcom.gov.co, indicando en el asunto el radicado de esta comunicación sumado a «Requerimiento de información en materia de contenidos periodísticos y noticiosos».

El incumplimiento de esta solicitud podrá dar lugar a la adopción de las medidas administrativas correspondientes, conforme a lo previsto en la ley.

En Venezuela se registraron 175 violaciones a la libertad de expresión entre enero y agosto de este año, informó este lunes la ONG Espacio Público, que documentó, además, en septiembre ocho violaciones a este derecho en el país, entre ellos la “retención” del actor británico Michael Palin y su equipo.

“La censura y la intimidación fueron los hechos más recurrentes, cada uno con 28,57%, seguidos por las restricciones administrativas (13,71%) y el hostigamiento judicial (13,14%)”, explicó la organización en su boletín más reciente publicado en su página web.

También, dijo que la mayoría de los casos entre enero y agosto se registraron en Internet (56,84%).

“Además, se reportaron 24 detenciones, en su mayoría contra particulares (54,17%) y periodistas (33,33%)”, añadió.

En cuanto a los casos de septiembre, Espacio Público relató que milicianos “retuvieron” a Palin, cuanto intentaba grabar una estatua del fallecido presidente Hugo Chávez en Sabaneta, estado Barinas (oeste), como parte de la producción de su serie documental ‘Michael Palin in Venezuela’ para la cadena británica Channel 5.

“Durante la jornada de grabación, Palin y su equipo fueron interceptados con armas y retenidos por más de siete horas por el grupo armado”, que les confiscó “pasaportes, cámaras y otros equipos”, señaló la ONG.

Igualmente, indicó que el pasado 16 de septiembre fue detenido el activista Pedro Hernández, director de la ONG Campo, en el estado Yaracuy (oeste).

“Al día siguiente, cuatro familiares de Hernández (su esposa Natalia Álvarez, su hermano Daniel Hernández, su primo José Hernández y su padre Pedro Hernández Serrano), fueron interceptados y detenidos de manera arbitraria por sujetos encapuchados cuando buscaban información sobre el paradero” del activista, en las distintas comandancias de la PNB en Yaracuy, apuntó.

Espacio Público informó que el periodista Jesús Hermoso se “vio obligado a salir del país” tras recibir al menos “tres alertas sobre una presunta captura en su contra por su labor periodística para el portal El Pitazo”.

Hermoso anunció esta decisión en una publicación en su cuenta en la red social X.

Por otra parte, la ONG registró el cese parcial de las operaciones del medio digital El Martillo Venezuela debido a “la falta de financiamiento necesario para poder mantener a sus periodistas y colaboradores”.

En mayo pasado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) advirtió sobre el “sistemático deterioro” de las condiciones para el ejercicio del periodismo en el país, al conmemorarse el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

“La desaparición de los medios impresos, el cierre de cientos de estaciones de radio en los últimos años y el bloqueo de más de 60 medios de comunicación en internet, han reducido la pluralidad informativa en más de un 80 %”, sostuvo en esa oportunidad la gremial, que además abogó por la liberación de los periodistas “judicializados”.

Por otra parte, la organización Foro Penal cifró en 838 los presos políticos en Venezuela. En un reporte publicado en la red social X, que tiene como fecha de corte el 29 de septiembre, la ONG detalló que entre los detenidos hay 735 hombres y 103 mujeres. Además, indicó que 665 de los presos son militares y 173 civiles.

Según el listado, que incluye 834 adultos y cuatro adolescentes, en Venezuela hay 94 personas con nacionalidad extranjera presas por razones políticas.

La mayoría de los detenidos fueron capturados después de los comicios presidenciales de julio de 2024, en los que el ente electoral —controlado por el chavismo— proclamó como ganador al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, pese a las denuncias de fraude de la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

(Con información de EFE)

La Filmoteca Española ha recuperado para el público una de las obras más emblemáticas y controvertidas del cine nacional: El inquilino, dirigida por José Antonio Nieves Conde en 1957. Esta restauración, realizada por el Centro de Conservación y Restauración de Fondos Fílmicos Carlos Saura, se basa en la versión no censurada que el propio cineasta pudo reconstruir en 1993, más de tres décadas después de que la película sufriera la intervención directa de la censura franquista.

La historia de El inquilino es la de una familia madrileña, encabezada por Evaristo (Fernando Fernán Gómez) y Marta (María Rosa Delgado), que, junto a sus cuatro hijos, enfrenta el desalojo inminente de su vivienda debido a la demolición del edificio donde residen. La búsqueda desesperada de un nuevo hogar los lleva a solicitar ayuda a una agencia inmobiliaria, a un banquero y al promotor que ha adquirido el bloque, sin obtener respuesta. Solo los obreros encargados de la demolición les permiten permanecer en el último piso, el próximo en ser derribado. Mientras el edificio se desmorona, la familia debe encontrar una solución contrarreloj. La película forma parte además del ciclo que está realizando la Filmoteca en torno la vivienda, bajo el título Un planeta de inquilinos. El derecho a una vivienda digna.

El trasfondo de la obra es una crítica mordaz a la política de vivienda durante la dictadura de Francisco Franco. En palabras del propio Nieves Conde, “El primer problema que tuvo que resolver el equipo de producción fue cómo rodar las escenas del derribo de una casa real. Afortunadamente, se pudo resolver a través del Ayuntamiento. Numerosos grupos especulativos estaban brotando como hongos en torno a la construcción de las nuevas viviendas. La película no hizo más que reflejar lo que estaba sucediendo. Por eso El inquilino es, a su vez, un documental”. El director recurre a la parodia y al humor como herramientas para sortear la censura y denunciar la precariedad habitacional que asolaba las grandes ciudades españolas en los años cincuenta, agravada por el éxodo rural y la especulación inmobiliaria.

Un sainete de época

El uso del sainete, una forma teatral popular caracterizada por la sátira social, permitió a Nieves Conde y a otros cineastas de la época abordar temas incómodos para el régimen. Obras como Surcos (1951), también de Nieves Conde, Esa pareja feliz (1951) de Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga, o El pisito (1959) de Marco Ferreri e Isidoro M. Ferry, compartieron este enfoque crítico, retratando la escasez de viviendas dignas y la desigualdad social.

El retrato de Madrid en El inquilino es el de una ciudad tensionada por la falta de recursos y la indiferencia de las autoridades. La película ridiculiza el discurso oficial y la propaganda del régimen, así como los mensajes grandilocuentes de los políticos franquistas. El crítico Luis Deltell definió la obra como una “parodia de una España de proletarios”, subrayando su carácter subversivo. Esta crítica no pasó desapercibida para el entonces ministro de la Vivienda, José Luis Arrese, quien, sintiéndose aludido, impulsó el proceso de censura tras el estreno.

La relación de El inquilino con la censura franquista fue especialmente conflictiva. Tras su estreno en el Cine Rialto de Valencia el 24 de febrero de 1958, la película fue retirada de las salas y la productora se vio obligada a modificar varias escenas, incluido el desenlace, para adecuarse a las exigencias del régimen. Nieves Conde relató el impacto de esta intervención: “Todo se había desarrollado con buen ritmo. El rodaje, el montaje, la sonorización, el proceso de mezclas, el tiraje de copias, el trámite de la censura, el estreno. Y se estaba preparando el plan de rodaje para la siguiente película... ¡cuando todo saltó por los aires!... Una inesperada censura nos lanzó (como a Evaristo, el protagonista de la película) a la puñetera calle”. El director añadió: “La película fue censurada. Fue machacada, fue apaleada, fue cortada, fue alterada. Y entre tantas barbaridades se anularon escenas, se suprimió el final, y se tuvo que admitir su sustitución por otro más complaciente para poder salvar en parte la película”.

Una historia de luchas con final feliz

El proceso de censura se prolongó durante dos años, con enfrentamientos entre distintos ministerios y los intentos de Nieves Conde por revertir la situación. Finalmente, el Ministerio de Información impuso una serie de modificaciones, siendo la principal el cambio del final por uno más optimista, acorde con la imagen que el régimen quería proyectar. La versión censurada fue la que se exhibió finalmente, cinco años después del estreno original.

La situación cambió en 1993, cuando, gracias a las gestiones de Federico Vaquero, se localizó una copia de la película tal y como fue concebida inicialmente. Nieves Conde expresó su sorpresa: “Yo estaba convencido de que la película, tal y como se rodó, nunca sería más que un sueño. Pero la película no había desaparecido. Gracias a las gestiones efectuadas por Federico Vaquero se descubrió, tras más de treinta años, que había una copia del film tal y como había sido rodado”. Esta versión, considerada por el director como la original, fue completada con material adicional, incluyendo el tráiler, textos explicativos sobre el proceso de censura y escenas de la versión alterada.

La restauración llevada a cabo por la Filmoteca Española se ha basado en el negativo de la versión censurada, complementado con imágenes de la copia no censurada de 1993. El trabajo técnico ha consistido en eliminar o reducir al mínimo rayas, motas, marcas de empalmes y de proyección, tanto en imagen como en sonido. El inquilino se incorpora así al catálogo de restauraciones de la institución, junto a títulos de cineastas como Basilio Martín Patino, Carlos Saura, Iván Zulueta, Cecilia Bartolomé o Nadia Werba, con el objetivo de difundir y preservar el patrimonio cinematográfico español en festivales, instituciones y medios nacionales e internacionales.

El encuentro, presidido por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, había sido convocado tras el asesinato del secretario de Gobierno de Pradera.

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De acuerdo con el relato de López, los hechos representaron un episodio que puso en entredicho la libertad de expresión y el ejercicio del control político en escenarios oficiales.

Durante la sesión, López tomó la palabra para presentar indicadores sobre la creciente inseguridad en el Valle del Cauca. El congresista expuso que “del 2020 a hoy nosotros llevamos más de 13.100 homicidios”, y desglosó cifras anuales de asesinatos: más de 2.000 en cada uno de los años 2020, 2021, 2022: “Ya casi 1.700 en lo que va de 2025”, puntualizó.

Para el funcionario, estos números evidencian un deterioro persistente en la seguridad departamental y justifican la necesidad de respuestas más estrictas por parte de las autoridades.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reaccionó de manera inmediata tras la intervención del presidente de la Cámara y, de acuerdo con el testimonio de López, le exigió interrumpir su exposición.

“El ministro me mandó a callar, me dijo que ese no era el escenario para el proselitismo”, expresó López en su denuncia pública. El congresista sostuvo que su discurso no tenía fines políticos, sino que buscaba exigir soluciones reales ante la problemática de violencia: “Aquí lo que estamos haciendo es contar la verdad”.

El incidente alcanzó mayor nivel de controversia poco después, cuando, tal como relató López a través de su perfil oficial en X, el equipo de comunicaciones que lo acompañaba fue despojado de sus teléfonos por personal de la Gobernación del Valle del Cauca.

El representante detalló que sus colaboradores fueron obligados a borrar los videos grabados durante la sesión y, además, que su secretaria privada fue “empujada y obligada a retirarse del lugar” por integrantes del equipo de la gobernadora Dilian Francisca Toro.

“A mi asistente, a mi secretaria privada, la estrujaron el equipo de Dilian Francisca Toro”, relató el presidente de la Cámara en un video difundido en redes sociales.

López aseguró que estas restricciones incluyeron la prohibición de intervenir en la rueda de prensa oficial posterior al encuentro. El congresista afirmó que Pedro Sánchez habría permitido únicamente la participación de la gobernadora y los alcaldes, excluyéndolo como presidente de la Cámara.

“El ministro de Defensa dijo allí que yo no podía asistir a la rueda de prensa, que solamente estaba invitada la gobernadora y los alcaldes”, reiteró el parlamentario, que solo fue autorizado a aparecer en la fotografía protocolaria.

Durante su denuncia, el presidente de la Cámara subrayó que la dinámica del Consejo de Seguridad respondía más a un “comité de aplausos” que a un foro de debate constructivo sobre la crisis de violencia.

A juicio de López, la sesión careció de autocrítica y de propuestas efectivas para enfrentar fenómenos como homicidios, secuestros y extorsiones. “Los indicadores son alarmantes... pero pareciera que estuviéramos en un comité de aplausos”, insistió.

El conflicto político se acentuó cuando López cuestionó públicamente el manejo de los recursos de la sobretasa de seguridad en el departamento del Valle, una partida que según el legislador suma $56.000 millones de pesos destinados, entre otros, a la contratación de 340 personas con el título de “asesores de convivencia”.

El presidente de la Cámara pidió explicaciones claras a la gobernadora Dilian Francisca Toro acerca del destino de estos fondos y exigió transparencia en el uso de los recursos públicos.

“Gobernadora, no ha explicado la plata de la sobretasa de seguridad en qué la está invirtiendo, porque como vemos hasta ahora, solo politiquería contratando más de trescientas cuarenta personas en unos supuestos asesores de convivencia”, cuestionó López.

En el video publicado en X, López reiteró: “No pensaba hacer público lo sucedido hoy en el Consejo de Seguridad, pero al escuchar los relatos de mi equipo entendí que no podía quedarme callado. Fue un momento de profunda impotencia”.

Añadió que, tras la sesión, su equipo se retiró del lugar con la sensación de haber sido censurado y maltratado: “Al final del día nos quedamos con las manos vacías y lo más grave, el Valle del Cauca sin ningún norte en seguridad”.

Es de mencionar que, hasta el cierre de esta nota, ni el Ministerio de Defensa ni la Gobernación del Valle han emitido una respuesta oficial frente a las acusaciones de López.

El destino de Juan José Santiváñez se definirá entre este lunes y martes. Así lo anunció el presidente del Congreso, José Jerí, quien indicó que la Mesa Directiva y la Junta de Portavoces evaluarán la admisión de la moción de censura contra el ministro de Justicia.

Jerí explicó que existe una discrepancia técnica respecto a si es necesario que el ministro Santiváñez responda primero a un pliego interpelatorio antes de pasar directamente a una censura. Para resolver esta controversia, la Junta de Portavoces contará con el respaldo de la Oficialía Mayor, órgano técnico del Parlamento.

El titular del Legislativo adelantó que la decisión se tomará en base a criterios técnicos, pues representa la postura oficial de la institución y no de su partido, Somos Perú. “Hay dos posiciones, los que consideran, por un lado, que la censura es un proceso de control político que debe pasar directamente [al pleno] y, por otro lado, (los que dicen) que no ha habido un proceso de interpelación previo. Hay una doble interpelación. La Mesa Directiva en forma colegiada y con ayuda de la Oficialía Mayor tomará una decisión entre el lunes y el martes”, declaró a Canal N.

Bancadas que apoyan la censura contra Santiváñez

La moción de censura contra Santiváñez fue presentada por la congresista del Bloque Democrático Popular, Susel Paredes, quien también impulsó su salida del Ministerio del Interior. La parlamentaria inició la recolección de firmas apenas el funcionario asumió el cargo y, tras dialogar con otros colegas, el 23 de septiembre consiguió las adhesiones necesarias.

La iniciativa de Paredes cuenta con el respaldo de congresistas de Perú Libre, Renovación Popular, Bancada Socialista y Juntos por el Perú. En el caso de Somos Perú y Honor y Democracia, solo un representante de cada agrupación firmó el documento. También sumaron su apoyo dos congresistas de Podemos Perú y parlamentarios no agrupados.

En contraste, las bancadas con mayor representación, como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Acción Popular, no firmaron la censura. Dentro de Podemos Perú, solo Juan Burgos y Raúl Picón apoyaron la iniciativa, mientras que su colega Heidy Juárez pidió retirar su firma.

La postura de Juárez generó sorpresa, pues el 15 de septiembre, tras suscribir el documento, publicó en sus redes sociales un video acompañado de un mensaje. En esa ocasión calificó como “inaceptable” que Santiváñez, “quien ya ha sido censurado y con acciones cuestionadas, relacionadas al flagelo de la criminalidad que tanto nos golpea, continúe frente a una cartera tan importante como es el sector Justicia”. Luego agregó: “¡Renuncie señor Santiváñez o la censura será inminente!”.

Razones para la censura de Juan José Santiváñez

La moción de censura contra el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, presentada por la congresista Paredes Piqué, se basa en tres ejes principales: su historial político reciente, las investigaciones fiscales que enfrenta y las presuntas redes de poder con las que se le vincula.

El primer argumento recuerda que, en marzo, el Parlamento ya lo había retirado del cargo de ministro del Interior por su deficiente gestión frente a la inseguridad ciudadana. Según la legisladora, su regreso a una cartera clave como Justicia supone desconocer una sanción política previa y debilita la autoridad del Congreso como órgano de control sobre el Ejecutivo.

El segundo aspecto es aún más delicado: el propio ministro ha reconocido en documentos oficiales que afronta 12 investigaciones fiscales por delitos graves, entre ellos tráfico de influencias, lavado de activos, abuso de autoridad y encubrimiento personal. Para Paredes, que un funcionario en esa situación lidere el sector encargado de la política anticorrupción es una contradicción que afecta la credibilidad del Estado y su compromiso con la transparencia.

El tercer argumento apunta a presuntos vínculos con una red criminal dedicada al direccionamiento de contratos públicos, el favorecimiento en ascensos policiales y la protección de actividades ilegales, como la minería informal.

La decisión de cesar las operaciones del Centro para la Contrarrestación de la Manipulación e Interferencia de Información Extranjera (R/FIMI), efectuada el pasado 16 de abril bajo la orden del titular del Departamento de Estado, Marco Rubio, marca el cierre de uno de los principales mecanismos que durante los años recientes articulaban la respuesta de Estados Unidos a las campañas de manipulación informativa de origen extranjero. La medida anuncia el fin de los marcos y herramientas diseñados en pasadas administraciones para combatir la interferencia externa en los flujos informativos, y responde a un análisis oficial que identificó estos programas como vehículos de censura política, desplazados de su objetivo inicial de protección civil contra la propaganda.

Según informó el Departamento de Estado a través de un comunicado difundido este miércoles, todas las estructuras implementadas en la anterior administración para combatir la manipulación de información por parte de otros países quedaron suspendidas. El vocero adjunto de la institución, Tommy Pigott, señaló que la iniciativa se integra con el decreto ejecutivo del 20 de enero firmado por el presidente Donald Trump, enfocado al restablecimiento de la libertad de expresión y la eliminación de mecanismos de censura bajo supervisión federal. Pigott afirmó que Estados Unidos optará por enfrentar la propaganda maliciosa extranacional mediante el fortalecimiento del derecho al libre intercambio de ideas entre sus ciudadanos, sin recurrir a inconsistencias regulatorias que puedan utilizarse para la restricción de opiniones.

El medio detalló que el Centro de Participación Global (GEC), predecesor inmediato del R/FIMI, se encontraba encargado de dar respuesta a la desinformación generada por gobiernos extranjeros. Estas estructuras nacieron con la intención de salvaguardar a la sociedad estadounidense de narrativas hostiles, producidas y amplificadas desde fuera del país por agentes estatales. No obstante, la revisión oficial determinó que los instrumentos regulatorios implementados bajo estos marcos se transformaron eventualmente en herramientas de control, capaces de limitar la expresión política nacional.

El Departamento de Estado explicitó que esta redefinición de la política prioriza la libertad de expresión como estrategia de defensa frente a campañas de desinformación extranjeras. La institución manifestó que, en lugar de sistemas regulatorios, se impulsarán mecanismos que permitan a la ciudadanía acceder a información diversa y debatirla abiertamente. En palabras del comunicado, “a través de la libertad de expresión, Estados Unidos contrarrestará la propaganda maligna genuina de los adversarios que amenazan nuestra seguridad nacional, al tiempo que protegerá el derecho de los estadounidenses a intercambiar ideas”.

De acuerdo con lo informado, la disolución del R/FIMI representa la conclusión de un ciclo que inició con la creación del Centro de Participación Global, organismo que inicialmente orientaba sus esfuerzos en identificar y exponer operaciones de desinformación orquestadas por potencias extranjeras. La función de ambos entes estuvo marcada por el desarrollo de herramientas de monitoreo, diagnósticos de actividad hostil e intentos de respuesta institucional a las campañas que, según estimaciones oficiales, constituían riesgos para los procesos democráticos y la estabilidad interna.

El medio consignó que los cambios actuales responden también a críticas provenientes de distintos sectores sociales y políticos dentro del país, quienes pusieron en duda la proporcionalidad y la transparencia de los programas antidisinformación. Voces críticas plantearon que ciertos procedimientos resultaron excesivos en su alcance, abriendo espacios que podían ser utilizados para silenciar a sectores opositores bajo el pretexto de proteger la seguridad nacional. Como resultado, el rediseño de las políticas busca solucionar esas objeciones y reafirmar los principios fundacionales relativos a la libertad de expresión.

Según reportó el Departamento de Estado, la administración federal considera que la defensa ante amenazas informativas del exterior no debe recaer en filtros gubernamentales sobre el contenido que circula entre los ciudadanos, sino en la promoción de una cultura de diálogo libre y abierto. Esta directriz se alinea con el marco legal y las disposiciones constitucionales que rigen el intercambio de ideas en Estados Unidos. Los portavoces de la cartera diplomática apuntaron que, ante escenarios futuros de injerencia informativa, la respuesta estatal priorizará siempre la protección de derechos civiles antes que la implementación de controles regulatorios.

La reestructuración de los marcos institucionales para la gestión de la desinformación extranjera y la supresión del centro operativo encargado de esa tarea forman parte de un cambio de enfoque que prioriza soluciones basadas en mecanismos democráticos y libre participación. Así lo expone el Departamento de Estado en su declaración oficial, comprometiéndose a enfrentar la propaganda hostil con alternativas legales y fomentando la resiliencia social frente a narrativas externas adversas, todo bajo la premisa de respetar y garantizar el acceso de los estadounidenses a un entorno comunicativo abierto y sin censura.

El ministro del Interior, Carlos Malaver, respondió un pliego interpelatorio de 22 preguntas relacionadas con su capacidad para dirigir el sector, las estrategias de lucha contra la inseguridad ciudadana y también con las denuncias por abuso, falta de implementos y corrupción dentro de la Policía Nacional del Perú.

Tras su exposición, algunos congresistas expresaron su rechazo y cuestionaron las respuestas del ministro, mientras que otro grupo consideró que los problemas del sector Interior no podían resolverse en apenas tres meses de gestión.

La congresista Susel Paredes, de la bancada Bloque Democrático Popular, anunció que recolectará las firmas necesarias para presentar una moción de censura contra Malaver.

Sin embargo, señaló que su iniciativa será bloqueada por las organizaciones afines a la presidenta Dina Boluarte.“Ya sabemos quién va a firmar y quién no. Igual yo hago mis esfuerzos, porque soy representante del 98 % que desprecia a Dina Boluarte”, declaró para RPP.

Por su parte, el ministro aseguró que respetará la decisión que tomen los congresistas, pero continuará trabajando hasta que la mandataria le retire la confianza. Asimismo, afirmó que respondió las preguntas planteadas con total transparencia.

“Mientras tanto, uno tiene que estar enfocado en el principal problema que es la lucha contra la criminalidad, situación en la que estamos enfocados desde el Ministerio del Interior y la Policía Nacional”, señaló en entrevista con RPP.

¿Qué dijeron los congresistas durante el debate?

En el Congreso persisten las opiniones divididas respecto a la gestión del ministro del Interior, Carlos Malaver. Una de las bancadas más críticas con su exposición fue Renovación Popular.

Durante su intervención, la congresista Patricia Chirinos calificó a Malaver como un ministro incapaz y advirtió que Juan José Santiváñez es quien realmente continúa dirigiendo el sector Interior.

Por su parte, Diego Bazán, también de Renovación Popular, planteó la censura de Malaver y cuestionó a sus colegas por no respaldarlo: “Cuando maten a un congresista recién vamos a lamentarnos”, advirtió.

Incluso Fuerza Popular, agrupación que en múltiples interpelaciones respaldó a los ministros de Dina Boluarte, expresó cuestionamientos contra Malaver.

Arturo Alegría, uno de sus voceros, alertó sobre la poca eficiencia en la ejecución del presupuesto del Ministerio del Interior. Según detalló, hasta setiembre de este año solo se había gastado el 19 % del monto asignado, pese a que uno de los principales problemas de la Policía Nacional es la falta de chalecos antibalas para proteger a sus efectivos.

Desde Perú Libre, los congresistas también mostraron su disconformidad con las explicaciones del ministro. Aunque no plantearon abiertamente una censura, sí cuestionaron la política de lucha contra la inseguridad ciudadana. “La violencia por sicariato y crímenes en el Perú sigue sin control, no hay resultados de la Política de Seguridad Ciudadana”, señaló Isaac Mita.

En contraste, Malaver recibió respaldo de otros legisladores que pidieron mayor respeto hacia su gestión. Alfredo Azurín, de Somos Perú, destacó que conoce de cerca la forma de trabajo del ministro, ya que ambos fueron policías, y consideró que en solo tres meses no puede realizar cambios profundos en el sector. Por ello, exhortó a dejarlo trabajar.

En la misma línea, Edwín Martínez, recientemente expulsado de Acción Popular, pidió no priorizar intereses políticos y evitar una eventual censura contra Malaver.

Con un mensaje breve en redes sociales, el presidente Gustavo Petro afirmó que dará por terminado el contrato con Plural Comunicaciones, operador actual de Canal 1, y que abrirá una nueva licitación. Aunque el contrato sigue vigente y tiene respaldo legal, el anuncio generó confusión y críticas, ya que se trataría de una concesión a largo plazo aún en curso.

La controversia se desató cuando el mandatario escribió en su cuenta de X: “Llegó al final el contrato de canal 1, hay que proceder a la licitación, es la ley”. Sin embargo, el documento de concesión firmado entre el Estado y el consorcio se mantiene vigente hasta 2027, según los registros del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

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Aunque el contrato firmado entre el Estado y Plural Comunicaciones, actual operador del canal, tiene más años de vigencia, la orden presidencial causó alarma en la opinión pública y en el Congreso. La oposición se movilizó de inmediato para advertir sobre lo que consideran una violación al derecho a la libre empresa y una amenaza directa a la libertad de prensa.

Oposición acusa al presidente Petro de censura y expropiación

La congresista Katherine Miranda, exaliada política del jefe de Estado y perteneciente al Partido Verde, fue una de las primeras en rechazar el anuncio.

“Empezó la dictadura y expropiación de los medios de comunicación. El principal síntoma que de verdad vivimos en una democracia es la libertad de prensa, hoy la estamos perdiendo”, escribió en su cuenta oficial.

El concejal de Bogotá Daniel Briceño, reconocido opositor del Gobierno nacional, también reaccionó de forma contundente.

“Petro acaba de expropiar el Canal 1. De nada sirvió el show en la notaría”, escribió. El concejal hizo referencia a la firma simbólica que realizó Petro en campaña, cuando prometió que nunca expropiaría bienes privados.

Minutos después, Briceño reforzó su postura con otro mensaje: “Petro firmó en mármol y en una notaría que no iba a expropiar. Sin embargo, acaba de romper esa promesa al ordenar el fin del contrato del Canal 1 quien por ley tenía dicha concesión hasta 2027. Este es un precedente peligroso para el país, la justicia debe castigarlo”.

El representante a la Cámara Andrés Forero, del partido Centro Democrático, también alzó su voz: “Empezó la expropiación de los medios de comunicación por parte del gobierno de @petrogustavo”. Su declaración se suma a una cadena de mensajes publicados por figuras del uribismo, que ya consideran esta medida como una ruptura del orden institucional.

Incluso desde sectores periodísticos surgieron críticas fuertes, puesto que el periodista y escritor Daniel Samper Ospina afirmó en tono sarcástico: “¡Exprópiese! El #Chavetro lo hizo de nuevo. Está perdiendo la máscara”.

Su comentario hace alusión a la conocida frase del fallecido dictador venezolano Hugo Chávez, usada cuando tomaba posesión de propiedades privadas.

Además, el partido Centro Democrático, que lidera el expresidente Álvaro Uribe, reaccionó con dureza al anuncio del presidente Petro. A través de su cuenta en X, publicó un mensaje en el que advirtió que el Gobierno busca censurar a los medios críticos. Señaló que el intento de estatizar Canal 1, desconociendo un contrato vigente hasta 2037, representa “un ataque directo contra la prensa independiente” y que se pretende convertirla en “un altavoz del discurso ideológico y de odio”.

En su pronunciamiento, el partido comparó la decisión con prácticas de gobiernos autoritarios: “Así operan las dictaduras: callan a los medios, los estatizan y reemplazan la información libre por propaganda oficial”. Finalizó con una frase contundente: “La prensa libre no se toca. Colombia no aceptará mordazas ni censuras disfrazadas de legalidad”.

El gobierno de Nepal restauró este martes el acceso a las redes sociales, solo un día después de que miles de personas salieran a las calles para reclamar el levantamiento de la prohibición y exigir respuestas frente a la corrupción estatal. Las manifestaciones, que se concentraron en Katmandú y otras ciudades, terminaron con al menos 19 fallecidos y cerca de 400 heridos cuando la policía reprimió a los manifestantes.

La interrupción digital se implementó el viernes, cuando varias aplicaciones populares –incluyendo Facebook, YouTube e X– quedaron bloqueadas por decisión gubernamental, afectando a una población de casi 30 millones de personas. La medida se adoptó tras el veto a 26 plataformas no registradas, lo que avivó la indignación ciudadana y desencadenó protestas multitudinarias, sobre todo entre los jóvenes que dependen de estas herramientas para comunicarse, informarse o encarar actividades comerciales y laborales.

Ante la magnitud de la reacción en las calles, el gobierno informó la restitución de las plataformas y comunicó la apertura de una investigación sobre el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad durante la represión del lunes. La orden se emitió tras una reunión de emergencia del gabinete en la que el titular del Ministerio del Interior presentó su renuncia y el primer ministro KP Sharma Oli comunicó su pesar por las muertes.

“La administración no fue partidaria de restringir el uso de redes sociales y asegurará condiciones para su funcionamiento”, expresó el primer ministro. Anunció la creación de un comité de investigación para analizar lo ocurrido y prometió que habrá acceso pleno a las plataformas digitales.

La prohibición desencadenó una oleada de protestas en las principales ciudades del país, incluidas movilizaciones masivas en la capital. En Katmandú, los manifestantes superaron barreras y avanzaron hasta zonas restringidas próximas al Parlamento. El saldo, según los reportes, fue de 17 muertos en la capital y dos más en el distrito oriental de Sunsari.

La calle se llenó de jóvenes que, desde la noche previa, habían viralizado en TikTok imágenes comparando la vida austera de muchos ciudadanos con el estilo de vida de los hijos de altos funcionarios, exhibiendo artículos de lujo y viajes costosos. La aplicación no fue vetada, lo que permitió que los videos se multiplicaran, potenciando el descontento en un país donde el desempleo se ubica en torno al 10% y el ingreso promedio es de 1.447 dólares anuales, según cifras oficiales.

Varios hospitales en la capital trataron a decenas de los cerca de 400 heridos el lunes, incluido personal médico afectado por gases lacrimógenos utilizados en el operativo de dispersión.

“El gas lacrimógeno entró en la zona hospitalaria, dificultando el trabajo de los médicos”, aseguró Ranjana Nepal, responsable de información del principal hospital civil.

Testigos relataron que la atención se complicó por la saturación y la presencia de heridos graves en los pasillos, en medio de escenas que definieron como “perturbadoras”.

Las organizaciones de derechos humanos denunciaron que se utilizó munición real contra los manifestantes y reclamaron una investigación rápida e independiente para esclarecer responsabilidades y posibles excesos de las fuerzas de seguridad. La respuesta policial dejó además más de 100 agentes lesionados.

Además del tema de las redes, los manifestantes atribuyeron las protestas a la erosión de la confianza pública y a una situación económica desfavorable. Un editorial local resumió el malestar social afirmando: “No se trata solo de redes sociales, sino de confianza, corrupción y una generación que se niega a ser silenciada”. Jóvenes y sectores movilizados reclamaron mayor transparencia, libertad digital y soluciones frente a la desigualdad.

Nepal ha aplicado restricciones al acceso digital en el pasado. En julio de 2023, la mensajería Telegram fue bloqueada por supuestos fraudes y lavado de dinero, y TikTok permaneció nueve meses vetado hasta que la empresa aceptó cumplir regulaciones locales.

El gobierno garantizó que mantendrá el acceso irrestricto a internet y aseguró que las investigaciones por el accionar policial avanzarán hasta esclarecer los hechos que dieron origen a la represión y a la marcha atrás en la censura de redes.

(Con información AFP)

Con la asistencia legal de Elisa Carrió, diputados de la Coalición Cívica (CC) presentaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura para solicitar el juicio político del juez federal Alejandro Patricio Maraniello. Es el magistrado cuestionado por dictar una medida cautelar que establece la censura previa de la difusión de los audios que involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el marco de las sospechas de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La acusación es impulsada por la diputada nacional de la CC, Marcela Campagnoli, y el legislador porteño Hernán Reyes, con el patrocinio de Elisa Carrió, según anunció la fundadora de la agrupación en su cuenta personal de X.

La denuncia acusa al magistrado de mal desempeño y la posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. En el trámite ante el Consejo de la Magistratura se solicita la apertura del procedimiento de remoción, la suspensión en el cargo y la formulación de la acusación correspondiente, además de requerir su destitución.

En la previa al pedido de juicio político, Maraniello había sido duramente cuestionado por juristas, colegios de abogados y dirigentes de la oposición por prohibir la difusión de los audios presuntamente grabados en la Casa de Gobierno, donde aparece la voz de Karina Milei. La filtración se produjo en medio de la trama de presunta corrupción en la Andis, que expuso a través de conversaciones privadas su ex titular, el abogado Diego Spagnuolo.

Los argumentos de la Coalición Cívica

Entre los motivos para el pedido de juicio político, Elisa Carrió y los diputados Campagnoli y Reyes acusan como causales la restricción de la libertad de expresión y posible connivencia en la comisión de delitos:

1. Censura previa y restricción a la libertad de prensa

De acuerdo al posteo de redes sociales, el primer hecho involucra la actuación del juez en la prohibición la difusión de chats, fotos, audios y videos de Karina Milei en cualquier medio o red social. Según los denunciantes, esta decisión implica “lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa y en consecuencia, el avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública”.

2. Supuesta connivencia con el Poder Ejecutivo

Se señala una posible relación con el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, con el objetivo de encubrir procesos penales y disciplinarios abiertos contra Maraniello en el Consejo de la Magistratura y la justicia federal. Si se confirma esta vinculación, implicaría para los diputados una violación de la independencia judicial y de la división de poderes.

3. Asociación con una red de tráfico de influencias

La denuncia también indica la participación de Alejandro Patricio Maraniello como socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), que está involucrada en otra trama de corrupción.

“Dicha institución resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación. A tal punto, que cuenta con importantes “auspiciantes” incompatibles con el ejercicio de la magistratura y en particular, con el fuero al que pertenece Marianello, tal es el caso de los Laboratorios “HLB Pharma” y “Ramallo”“, señala la publicación de Carrió.

4. Denuncias por abuso moral, sexual y violencia de género

El juez acumula cinco denuncias ante el Consejo de la Magistratura por abuso moral, sexual y violencia de género, iniciadas por personal de su juzgado y presentadas también ante la Unidad de Bienestar Laboral dependiente de la Cámara Civil y Comercial Federal. A raíz de estas denuncias, fue incluido en el Registro Público de Denuncias Presentadas contra Magistrados y Magistradas vinculado a hechos de violencia de género.

5. Irregularidades en cartas de ciudadanía

De acuerdo con los denunciantes, la conducta de Maraniello revela un grave incumplimiento de sus deberes, en perjuicio de los intereses públicos y privados bajo su responsabilidad, y afecta la confianza pública en el Poder Judicial.

“Estamos frente a un magistrado que ha violado su deber de imparcialidad, ha ignorado deliberadamente el derecho vigente, ha abusado de su autoridad en perjuicio de subalternos y ha menoscabado con sus actos la confianza pública en la Justicia”, expresaron los denunciantes.

El Gobierno de Nepal anunció el jueves que bloqueará la mayoría de las plataformas de redes sociales, incluidas Facebook, X y YouTube, porque las empresas no han cumplido con la normativa que las obliga a registrarse ante el Gobierno.

El Ministerio de Comunicación y Tecnología de la Información ha dado instrucciones a la autoridad de telecomunicaciones para que desactive el acceso a las plataformas no registradas que operan en el país, incluidas Facebook, YouTube, X y LinkedIn, propiedad de Meta.

“Las plataformas de redes sociales no registradas se desactivarán a partir de hoy”, declaró el portavoz del ministerio, Gajendra Kumar Thakur. “Se reanudarán tan pronto como soliciten su registro”.

Las plataformas seguían disponibles en línea el jueves.

La semana pasada, una decisión del gabinete dio a las empresas siete días para registrarse en Nepal, establecer un punto de contacto, designar a un responsable residente para la gestión de reclamaciones y a un responsable de cumplimiento de la autorregulación.

La decisión se tomó tras una orden del Tribunal Supremo en septiembre del año pasado.

En 2023, el país aprobó una directiva que exigía a las plataformas de redes sociales registrarse y establecer una presencia local.

A pesar de varios avisos y esfuerzos, las principales plataformas no han solicitado el registro, según declaró el responsable de información del ministerio, Rabindra Prasad Poudel.

“Si una plataforma de redes sociales se utiliza en Nepal, debe estar regulada contra cualquier actividad ilegal o contenido no deseado”, afirmó Poudel.

Solo cinco, entre ellas TikTok y Viber, se han registrado formalmente y otras dos están en proceso de hacerlo.

El Gobierno de Nepal ha pedido a las empresas que designen una oficina de enlace o un punto de contacto en el país. Ha presentado un proyecto de ley en el Parlamento con el objetivo de garantizar que las plataformas sociales se gestionen de forma adecuada, responsable y transparente.

El proyecto de ley, que aún no se ha debatido en profundidad en el Parlamento, ha sido ampliamente criticado por considerarse una herramienta de censura y castigo para los opositores que expresan sus protestas en línea. Los grupos de derechos humanos lo han calificado de intento del Gobierno de coartar la libertad de expresión y violar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Las autoridades han afirmado que era necesario promulgar leyes para supervisar las redes sociales y garantizar que tanto los usuarios como los operadores sean responsables y rindan cuentas de lo que comparten y de lo que se publica o se dice en estas plataformas.

Las plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y X tienen millones de usuarios en Nepal con cuentas para entretenimiento, noticias y negocios.

Bholanath Dhungana, presidente de la ONG Digital Rights Nepal, afirmó que el cierre repentino muestra un enfoque “controlador” por parte del Gobierno.

“Esto afecta directamente a los derechos fundamentales de la ciudadanía”, señaló Dhungana a la AFP.

“No está mal regular las redes sociales, pero primero necesitamos contar con la infraestructura legal para hacerlo. Un cierre repentino como este es controlador”.

Nepal ha restringido el acceso a plataformas en línea populares en el pasado.

En julio se bloqueó el acceso a la aplicación de mensajería Telegram, alegando un aumento del fraude en línea y el lavado de dinero.

En agosto del año pasado, el gobierno levantó una prohibición de nueve meses sobre TikTok después de que la división de la plataforma en el sur de Asia aceptara cumplir con la normativa nepalí.

(Con información de AFP y AP)

Dos movidas simultáneas en el tablero judicial pero con la mirada puesta en un tercer casillero. El Gobierno impulsó un planteo para bloquear la difusión de audios al parecer de Karina Milei y presentó otro escrito sobre “espionaje”, ambos con proyección grave, a contramano de la Constitución. Quedó claro que la apuesta final es a neutralizar el caso Sapagnuolo y evitar estribaciones. Eso resume esta especie de plan de emergencia: correr el foco -político, social, mediático- y achicar el impacto de las grabaciones del ex funcionario que hablan de un mecanismo de corrupción. En esa línea, cruzó límites sensibles, dio un mensaje.

“Un disparate. Inaplicable, además de ser antes que nada un acto de censura previa”, resumió un prestigioso abogado con recorrido judicial y político, al descalificar el primer avance de la escalada oficialista: la medida cautelar resuelta por el juez Alejandro Maraniello, que prohíbe la difusión de audios atribuidos a Karina Milei. En medios judiciales porteños, consideran que esa medida difícilmente supere la prueba de la Cámara Federal Civil y Comercial.

La otra presentación impulsada por Olivos cayó en el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini. El fiscal Carlos Stornelli dio el primer paso en la causa, para pedir medidas de prueba. Aclaró que la investigación no podrá avanzar sobre las fuentes periodísticas, ni impulsar allanamientos contra periodistas. Eso fue, precisamente, lo que solicitó formalmente el texto motorizado por el ministerio de Seguridad. Patricia Bullrich fue una de las voces del oficialismo, que unificó más o menos su discurso para denunciar una actividad de espionaje ilegal, con ramificación mediática y objetivo de desestabilización.

En este caso, no sólo se apuntó a prohibir la difusión de audios que serían de Karina Milei, sino también las grabaciones de Diego Spagnuolo -corrido de la conducción de la Agencia Nacional de Discapacidad- sobre un mecanismo de corrupción con eje en la droguería Suizo Argentina. Después, comenzaron a circular sospechas sobre diversos contratos de la misma empresa en otros organismos del Estado, algo que ya era señalado en medios legislativos de la oposición.

Fuentes del oficialismo venían difundiendo que podría ser abierta una puerta para ir contra el caso Spagnuolo, en base a cuestionamientos sobre el origen del escándalo, es decir, las ruidosas grabaciones. Después, en realidad, ese camino fue iniciado por los dueños de la referida droguería. Solicitaron la “nulidad” de la causa a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi.

Neutralizar esa causa es prioritario. El tema, de todos modos, no podría ser reducido en el “plan” oficial a frenar la difusión de audios, muy difícil sino imposible en la práctica. Pesa también otra cuestión. Se trataría de centrar la atención en el origen oscuro de los audios: una práctica alarmante y repetida en la política local, con el agregado del descontrol que reinaría en pliegues de servicios de inteligencia. Eso mismo alimentó además la necesidad de una respuesta que saliera al cruce de las cuentas sobre batallas internas en el mileismo.

La combinación de tales factores y la evaluación sobre posibles costos en su propio público -no sólo en la perspectiva de la elección que viene-, sumado al efecto de especulaciones sobre batallas intestinas que circulan en los mercados terminaron precipitando la definición del plan político/judicial. Hubo reuniones que incluyeron al círculo más estrecho de Olivos y otros funcionarios. Karina Milei, Santiago Caputo, Guillermo Francos y, a veces, Bullrich.

Las dos movidas en el paño judicial provocaron reacciones rápidas y no únicamente políticas. Reconocidos juristas apuntaron contra la censura previa, que va a contramano de la Constitución Nacional y de pactos internacionales firmados por la Argentina. Los cuestionamientos más afirmados destacaron, además, el doble efecto negativo sobre la libertad de expresión y el derecho a la información. No se trata de una cuestión de privacidad, sino de audios que en el caso del área de discapacidad apuntan a sistemas de corrupción.

El cuadro es grave por sí mismo. Y no se reduce a la campaña, en tramo final para el desafío bonaerense del domingo que viene y en la perspectiva de los cincuenta días restantes hasta la elección del 26 de octubre. Incluye, en el primer renglón, las lecturas que circulan en medios empresariales y especialmente, los mercados.

El Gobierno viene acumulando pésimos resultados en el Congreso y cosecha malestar en el conjunto más que variado de los gobernadores. Lo que ocurre en esos dos planos, conectados, es atribuido en buena medida al modo de hacer política que domina al oficialismo, sobre todo luego del logro en la elección porteño, el único claro en la sucesión de diez elecciones locales que comenzó en abril.

Muchos de esos costos son autogenerados. La semana comenzó con el muy mal resultado de la elección correntina para el oficialismo nacional: cuarto lugar para LLA, después de que los operadores violetas dinamitaran la posibilidad de un entendimiento con el gobernador Gustavo Valdés, ganador de esa competencia y asociado a la movida de otros cinco jefes provinciales.

Pero además de resultados adversos, el Gobierno expuso la profundidad del impacto generado por el caso Spagnuolo, que pegó sobre la base del discurso mileista, la batalla contra la “casta”. Después de la parálisis inicial, aparecieron declaraciones de Lule Menem como involucrado, de Francos como vocero político, y de pocos legisladores. Parecía una respuesta básica, dosificada, una señal de estrategia. Después, se expuso en primera línea discursiva Javier Milei.

La necesidad de intentar un freno a la circulación de grabaciones por su repercusión -al punto de pretender forzar límites constitucionales- expone la magnitud del problema político. Y amplifica el sonido de los audios.

Las tres asociaciones que reúnen a los abogados de la ciudad rechazaron el fallo del juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, responsable de la prohibición sobre la difusión de supuestos audios vinculados a Karina Milei. Calificaron el hecho como “un claro supuesto de censura previa, abolida por la Constitución Nacional”. Y destacaron que “el periodismo cumple un rol esencial en ese proceso, que requiere plena vigencia del secreto profesional y de la confidencialidad de las fuentes informativas".

Lo hicieron a través de un comunicado difundido este martes que lleva la firma de Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Rosalía Silvestre, presidente del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, y Juan Pablo Zanetta, presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires.

La declaración conjunta titulada No a la censura señala textualmente:

“La resolución del juez Alejandro Maraniello que prohíbe la difusión por cualquier medio de audios atribuidos a la señora Karina Elizabeth Milei, hermana del presidente de la República y Secretaria General de la Presidencia, aunque presentada como provisoria y excepcional, configura un claro supuesto de censura previa, abolida por la Constitución Nacional en sus artículos 14 y 32, e incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 CN). Dichas normas garantizan uno de los pilares de nuestra democracia constitucional: la libertad de expresión".

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo de manera constante que la libertad de expresión ocupa un lugar preferente en el sistema republicano y que toda limitación debe ser de interpretación restrictiva. Así lo estableció en casos como “Cantos” (Fallos 310:508), “Servini de Cubría” (Fallos: 315:1493), y “Editorial Río Negro S.A. c/ Neuquén” (Fallos 316:1623), donde declaró inconstitucionales medidas cautelares que impedían publicaciones por configurar censura previa. A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció el carácter casi absoluto de la prohibición en el fallo “La última tentación de Cristo” (sentencia del 5/2/2001)“.

“La libertad de expresión protege no solo el derecho individual a emitir ideas, sino también el derecho colectivo a recibir información sobre asuntos de interés público. En este caso, además, no se trata de la difusión de aspectos estrictamente privados de la vida personal, sino de hechos vinculados a la vida pública y al funcionamiento institucional de la República. Justamente por involucrar asuntos de interés político y estatal, resulta inadmisible cualquier intento de silenciar o controlar preventivamente la información, pues ello priva a la sociedad del derecho a ser informada".

“El periodismo cumple un rol esencial en ese proceso, que requiere plena vigencia del secreto profesional y de la confidencialidad de las fuentes informativas. Sin esas garantías, la investigación periodística se vería severamente afectada y con ella el derecho de la ciudadanía a conocer hechos relevantes".

“Existen vías legales ulteriores —acciones de daños, derecho a réplica, rectificaciones— para tutelar derechos como el honor, la intimidad o bien la seguridad nacional. Imponer restricciones preventivas erosiona las garantías constitucionales y sienta un precedente regresivo en materia de libertades fundamentales".

“El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, el Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires y la Asociación de Abogados de Buenos Aires reafirman su compromiso indeclinable con la defensa irrestricta de la libertad de expresión y de prensa, en el convencimiento de que sin su plena vigencia no puede sostenerse el Estado de Derecho ni la vida democrática”.

La Constitución argentina en su art. 14 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el art. 13 es contundente: prohíbe toda clase de censura previa directa o indirecta como garantía de la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Esta garantía se refuerza cuando se trata de asuntos de interés público y funcionarios públicos. Por dicho motivo, no es viable ninguna clase de censura previa legislativa, administrativa o judicial. Solo proceden las responsabilidades ulteriores que puede generar lo expresado siempre que estén fijadas por ley y sean proporcionales. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte IDH desarrolló consolidados estándares en la materia que los jueces anteriores deben aplicar en sus sentencias cuando ejercen el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad interno judicial.

El expediente “Milei, Karina Elisabeth s/ medidas cautelares” (Expediente Nº 13.408/2025) que tramita ante la justicia en lo civil y comercial federal de la Ciudad de Buenos Aires no está disponible en el sitio de consultas de causas del Poder Judicial (https://scw.pjn.gov.ar/scw/home.seam?cid=403095), lo cual supone una manifiesta arbitrariedad en términos de acceso a la información pública por cuanto impide conocer el alcance de la demanda interpuesta. En dicho proceso se dictó una medida cautelar que ordenó el cese de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación anunciados el día 29 de agosto de 2025 y que fueron atribuidos a la Señora Karina Elizabeth Milei, a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web.

La medida cautelar dictada adelanta la cuestión de fondo de un proceso que no sabemos si fue iniciado (esto es: se trata de una medida cautelar innovativa no de una sentencia autosatisfactiva que resuelve el fondo de la cuestión sin un traslado previo), sin plazo (cuando el art. 5 de la ley 26.854 de medidas cautelares contra el Estado ordena para esta clase de procesos una duración de tres meses) y no tiene un sujeto pasivo directo que pueda presentarse y apelarla. Una cautelar eterna e inapelable.

Mucho más absurdo aún, es que se le ordena al ENACOM el cumplimiento de la misma cuando el art. 10 de la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual excluye de su competencia la intervención en los contenidos expresados en redes sociales.

En la misma línea de lo irrazonable, la Secretaría General de la Presidencia como parte del Poder Ejecutivo Nacional le pide a un juez federal que le ordene una serie de medidas al ENACOM que es un órgano del Poder Ejecutivo Nacional.

Una medida cautelar que restringe la libertad de expresión para que tenga plenos efectos debe ser debidamente notificada a un sujeto pasivo, de lo contrario, no tiene ninguna clase de eficacia procesal y cualquier periodista o persona puede difundir los contenidos que desee sin ninguna clase de inhibición judicial.

Una cautelar sin plazo y sin sujeto pasivo que impone la censura previa a la función periodística, afecta el pleno ejercicio de la libertad de expresión como un derecho colectivo y sostén fundamental del sistema democrático. Especialmente cuando le impide a la sociedad acceder a información pública relevante para debatir una cuestión de interés público de forma crítica y poder tomar una posición concreta sobre el tema.

El juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, responsable de la prohibición sobre la difusión de supuestos audios vinculados a Karina Milei, enfrenta actualmente nueve denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por presunto acoso sexual a empleadas de su juzgado. La notificación de los cargos a Maraniello ocurrió la semana pasada y cuenta con un plazo legal de veinte días para ejercer su defensa por escrito ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura.

La dimensión de las acusaciones contra Maraniello llevó a la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (Aefpjn) a solicitar desde septiembre de 2024 la presencia policial dentro del Juzgado para preservar la integridad física y psíquica de los empleados. La organización sindical celebró entonces “haber logrado la consigna policial en el horario laboral” y remarcó que el juez fue notificado conforme al artículo 11 del reglamento de la Comisión de Disciplina, encabezada por el abogado César Grau.

Los expedientes contra Maraniello abarcan desde abuso de poder hasta uso indebido de recursos públicos. Una de las denunciantes declaró haber sido abordada por el juez a menos de una semana de iniciar sus tareas en el organismo. La empleada argumentó que asistió a un encuentro con el magistrado fuera del horario laboral por temor a perder su empleo, y relató haber sido sometida a tocamientos y besos no consentidos. Señaló además que se vio obligada a mantener relaciones sexuales solo para terminar con la situación.

Otra empleada denunció haber recibido mensajes a través de redes sociales por parte de Maraniello, sumados a observaciones reiteradas sobre su vestimenta y maltrato laboral tras rechazar pedidos personales. Informó que los episodios incluyeron acercamientos físicos no deseados y comentarios persistentes fuera de lugar. Según pudo saber Infobae, la víctima comunicó que necesitó medicación para soportar el contexto laboral, mencionó episodios de depresión y pensamientos suicidas, y finalmente formalizó la denuncia ante la Unidad de Bienestar Laboral.

En estos casos, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres intervino para tomar declaración, aunque la denunciante aclaró que no pretendía instar acción penal. Según la fiscal Mariana Labozzetta, el hecho podría revestir delitos públicos debido a la condición de funcionario judicial de Maraniello. Por ese motivo, el expediente pasó a la órbita de la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli.

El proceso disciplinario continúa con la evaluación de pruebas y testimonios. Mientras tanto, la Comisión de Disciplina analiza si corresponde aplicar sanciones administrativas o eventualmente girar los casos a la Comisión de Acusación, que podría solicitar la remoción del juez.

De acuerdo a la documentación, las denuncias contra Maraniello incluyen acusaciones de abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados y violaciones al reglamento judicial. Varios expedientes fueron remitidos por la Cámara Contencioso Administrativa y la Oficina de Bienestar, aunque permanecen bajo reserva y no tienen difusión pública.

El gremio judicial remarcó que el avance de las entrevistas con empleados actuales y ex empleados ha permitido conocer “más y más casos”. En uno de los testimonios, la víctima describió su situación de vulnerabilidad, mencionando que era hija de un camionero y dependía del empleo como trabajadora interina para sostener sus estudios, siendo la primera universitaria de su familia.

La intervención de Maraniello en el escándalo de los audios de Karina Milei coincide con el avance de las causas en su contra. La filtración de los supuestos audios generó un operativo judicial del entorno presidencial para controlar la difusión.

Otra denuncia

El Gobierno presentó una denuncia judicial tras la difusión de audios grabados ilegalmente a Karina Milei en la Casa Rosada. La denuncia, presentada por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, sostiene que se trató de una “operación de inteligencia no institucional” orientada a desestabilizar al Ejecutivo y afectar el proceso electoral. Acusa de maniobra golpista y alude a la participación de sectores de la oposición. El expediente quedó en el Juzgado Federal N.º 10, a cargo de Julián Ercolini.

La acción judicial estuvo acompañada por una orden del juez Alejandro Marianello, quien dispuso que cesara inmediatamente la difusión de los audios. El fallo, favorable a Karina Milei, busca evitar nuevas filtraciones por considerar que podrían perjudicar intereses estatales sensibles. Además, el Gobierno solicitó el allanamiento de las oficinas del canal de streaming Carnaval, desde donde se difundieron los materiales, y apuntó a los responsables de su publicación y a allegados de la diputada Marcela Pagano.

Según la denuncia, la difusión se produce en un “momento estratégico”, coincidente con la etapa clave de la campaña para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y antes de los comicios nacionales. El Gobierno interpreta esta coincidencia como parte de una campaña de desinformación para influir en el electorado y denuncia que la utilización de los audios representa un hecho grave sin precedentes en la política argentina.

Fuentes del Ejecutivo reconocen preocupación interna por el impacto de la crisis, consideran que la revelación de los audios afectó la motivación de la militancia y resaltan el riesgo de que la crisis política se profundice si el oficialismo no logra un resultado favorable en los comicios próximos.

El oficialismo atribuye la filtración a una campaña deliberada para dañar su imagen y señala la coordinación de sectores opositores, en un contexto de incertidumbre económica y descoordinación interna que agrava la situación del Gobierno nacional.

Las escuelas públicas de la ciudad canadiense de Edmonton van a retirar de sus bibliotecas libros como El cuento de la criada (The Handmaid’s Tale), de la escritora y compatriota Margaret Atwood, por contener descripciones de “actos sexuales explícitos”. Además de la obra que potenció su fama mundial con una serie de seis temporadas, otros 200 libros serán eliminados de las bibliotecas escolares por la misma razón, según datos obtenidos este viernes por la radiotelevisión pública canadiense, CBC.

Atwood reaccionó a la censura de su libro con su humor característico y en las redes sociales señaló: “Hola niños. El cuento de la criada (el libro, no la serie) ha sido prohibido en Edmonton. ¡No lo lean, se les quemará el pelo! Tomen uno ahora antes de que quemen en público los libros”.

La eliminación de estos títulos, que será efectiva el 1 de octubre, es consecuencia de nuevas políticas adoptadas por el gobierno conservador de la provincia de Alberta, en el oeste de Canadá. La medida exime de forma expresa a los libros religiosos, como la Biblia, a pesar de que contengan descripciones de actos sexuales explícitos. La presidenta del consejo escolar público de Edmonton, Julie Kusiek, señaló en un comunicado que su organización se ha visto forzada a tomar la medida para cumplir con la normativa provincial. “Como resultado de la orden ministerial, diversos libros excelentes serán retirados”, afirmó.

En julio, el gobierno de Alberta anunció su decisión de catalogar los libros en las bibliotecas escolares sobre la base de la inclusión de descripciones de actos sexuales. La directiva estipula que el contenido explícito es el que detalla con claridad actos sexuales, como masturbación, penetración o eyaculación. Esos libros estarán prohibidos para todos los estudiantes, independientemente de su edad.

Los libros con contenido sexual no explícito, en los que el acto sexual no es descripto de forma detallada, solo estarán disponibles para los estudiantes de décimo grado (entre 15 y 16 años). Alberta, el centro petrolífero de Canadá y que contiene algunas de las mayores reservas de crudo del planeta, ha sido desde hace años el corazón del movimiento más conservador canadiense.

En la última década, en la que el gobierno federal ha estado en manos del Partido Liberal, la provincia ha liderado la oposición a políticas como la lucha contra el cambio climático, la vacunación contra el Covid o los derechos transgénero. Y en los últimos meses, el Gobierno provincial ha favorecido un movimiento separatista que amenaza con celebrar en 2026 un referendo para independizar la provincia del resto del país por razones económicas y políticas.

El martes, la primera ministra de Alberta, Danielle Smith, señaló que la provincia envía cada año a Ottawa entre 20 y 25 mil millones de dólares para ser transferidos a Quebec y otros territorios. “En los últimos 40 o 50 años se han llevado de esta provincia 600 mil millones de dólares. ¿No cree que podríamos tener más gasto social si esos 20-25 mil millones de dólares se quedaran aquí?”, afirmó Smith en un foro público.

Fuente: EFE

Barbara Eden, protagonista de la recordada serie Mi bella genio, fue la figura central en una extensa conversación en el Club Random Podcast, donde repasó sus más de sesenta años en la industria y reveló detalles inéditos de la comedia que la catapultó a la fama.

En el marco del 60º aniversario de la producción, la actriz reflexionó sobre el legado de la serie, la transformación de la televisión y los cambios sociales que presenció desde los años 50. La charla estuvo marcada por una mirada lúcida sobre el espectáculo y una profunda nostalgia por los inicios de su trayectoria.

Durante la entrevista, Eden rememoró los días de grabación de Mi bella genio, citando particularidades como el mítico vestuario de su personaje. “No podían mostrar el ombligo”, recordó la actriz, en alusión a la estricta censura televisiva.

Si bien el traje dejaba visible el abdomen, la producción exigía cubrir cualquier mínimo indicio de ombligo, lo que provocó debates e incluso artículos en la prensa especializada. “Un periodista venía al set solo para preguntar por mi ombligo”, contó Eden entre risas, remarcando cómo ese detalle se transformó en un tema nacional.

La actriz revivió anécdotas sobre la dinámica en el set y la relación con sus compañeros, especialmente con Larry Hagman, a quien consideró “un talento enorme y un hombre entrañable, aunque un poco excéntrico”. Entre los episodios más insólitos, relató la visita de un grupo de monjas al estudio y las bromas irreverentes de Hagman, que provocaron la prohibición de nuevas visitas de invitados.

Encuentros en Hollywood y Las Vegas: leyendas, rutinas y curiosidades

El paso de Eden por Hollywood y Las Vegas marcó varios de los momentos más destacados de su carrera. En el Club Random Podcast, recordó su experiencia junto a Elvis Presley en la película Flaming Star (1960).

“Era un caballero, muy directo y honesto”, afirmó, y relató conversaciones que mantuvo con el cantante sobre la vida en pareja y las dificultades de mantener una relación bajo los focos. Eden aludió al controvertido mánager del músico, el “Coronel” Parker, citando las palabras de Presley: “Si no fuera por él, no estaría aquí hoy”.

En Las Vegas, la actriz compartió escenario con figuras como George Burns y Shecky Greene, en jornadas de dos funciones diarias durante toda la semana. La rutina dejaba poco espacio para la vida personal y los camerinos solían ser solitarios.

Entre las historias más sorprendentes, Eden relató el fallecimiento de un espectador durante una de sus presentaciones: “Cubrieron al hombre con un mantel y siguieron con el show. Yo no me enteré hasta después”, narró. Esta experiencia, según la actriz, destaca tanto el profesionalismo como la extrañeza de un ambiente donde el espectáculo debía continuar.

Fama, encasillamiento y una televisión en transformación

A lo largo de la conversación, Eden se refirió al peso de la fama y el impacto de un personaje icónico como Jeannie. “Nunca me molestó ser identificada con ella. Me siento afortunada”, aseguró, aunque admitió que el éxito podía llevar al encasillamiento profesional.

Después de la serie, buscó papeles diversos, como en Harper Valley PTA, y se reinventó en el teatro y los espectáculos en vivo. “No pensaba en Jeannie, pero ella siempre estaba ahí”, confesó, reflejando la dificultad de desprenderse de una imagen tan potente para el público.

La actriz analizó los profundos cambios sociales y culturales que observó. Contrastó la censura de los años sesenta con la actualidad, donde la televisión y el cine presentan mayor permisividad. “Hoy se puede mostrar mucho más, incluso en canales básicos”, comentó Eden, aunque señaló que, en ocasiones, se corre el riesgo de caer en el exceso.

Recordó que la diversidad y la inclusión eran poco frecuentes cuando inició su carrera, mientras que —según sus palabras— en su entorno en San Francisco convivían naturalmente personas de distintas razas y orientaciones. “No pensábamos en eso, simplemente convivíamos”, relató. Mencionó a colegas como Paul Lynde y Rock Hudson, cuya orientación sexual era un secreto a voces en el ámbito privado, pero invisible para el público general. Celebró los avances en representación y apertura social logrados con el tiempo.

En cuanto a la prensa y los medios, Eden se mostró cauta: “Depende de qué prensa hablemos. Los tabloides exageran y dicen cosas que no deberían”, afirmó, aunque reconoció que también recibió un trato amable en ciertas ocasiones. Valoró la posibilidad de mantener una relación genuina con sus seguidores, quienes le escriben desde lugares tan lejanos como Moscú o China.

Sobre las redes sociales, admitió recibir ayuda para gestionar su presencia digital y expresó su preocupación por el impacto negativo de estas plataformas, sobre todo para jóvenes y personas mayores, afectados por acoso y estafas en línea.

Vitalidad y legado: el entusiasmo intacto de una estrella

La entrevista concluyó con un retrato de la vitalidad y entusiasmo que Eden continúa proyectando en el presente. Superados los noventa años, la actriz atribuyó su longevidad profesional al placer de trabajar y al constante contacto con el público.

“Disfruto salir, conversar y responder preguntas del público. Eso me mantiene activa y feliz”, expresó, reafirmando un vínculo inquebrantable con generaciones de admiradores en todo el mundo.

El primer ministro en funciones de los Países Bajos, Dick Schoof, y su gabinete superaron este miércoles una moción de censura en la Cámara de Representantes de La Haya, en un contexto de fuerte inestabilidad política nacional.

La iniciativa fue presentada tras la renuncia en bloque de cinco ministros, lo que reflejó la creciente tensión en el ejecutivo neerlandés y la falta de consenso en torno a políticas clave, según reportó la agencia Europa Press.

La moción de censura, impulsada por la formación izquierdista Denk, no consiguió el respaldo suficiente: solo dos partidos, que suman seis escaños de un total de 150, votaron a favor de forzar una salida anticipada del ejecutivo de Schoof.

La derrota de la moción ha permitido a Schoof y su equipo continuar en sus funciones provisionales, al menos hasta las próximas elecciones anticipadas pactadas para el 29 de octubre.

Pese al fracaso de la moción de censura, la consolidación de Schoof como líder del gobierno transitorio no disipó las tensiones. Además, líderes de distintas bancadas solicitaron de manera explícita que actúe con extrema cautela durante la campaña preelectoral.

“La base parlamentaria sobre la que se sustenta el gabinete se ha vuelto algo más frágil”, dijo el presidente de Países Bajos.

Consecuencias y desafíos para el gobierno en funciones

“Somos muy conscientes de que necesitamos el respaldo parlamentario si queremos conseguir resultados en el próximo periodo”, afirmó Schoof en la sesión previa a la votación, reflejando así la pauta que seguirá el gabinete en funciones de aquí a la elección general, según Bloomberg.

El estancamiento político en los Países Bajos se produce en un contexto regional marcado por la vulnerabilidad de varios gobiernos europeos. La inestabilidad neerlandesa coincide con un escenario crítico en Francia, donde el Ejecutivo afronta su propio riesgo de colapso.

Estas tensiones políticas complican, en conjunto, la capacidad de respuesta de la Unión Europea tanto ante conflictos externos como ante sus desafíos internos.

La renuncia de miembros clave del gabinete neerlandés y la reducción de la coalición parlamentaria añaden presión sobre los esfuerzos europeos para gestionar crisis globales.

Al abordar las divisiones internas surgidas a partir de la controversia sobre el endurecimiento de sanciones a Israel, la experiencia política neerlandesa resulta especialmente relevante en el contexto de la política internacional europea. La dimisión del ministro de Exteriores y su partido fue un detonante inmediato de la intervención parlamentaria, revelando la sensibilidad de cualquier ajuste en la postura exterior del país y el difícil equilibrio entre las cuestiones locales y los compromisos internacionales.

Próximos pasos: campaña y elecciones anticipadas

Tras la moción, la atención de la agenda política se centra en el proceso electoral anticipado, fijado para el 29 de octubre. Esto ha convertido a la campaña en el único horizonte capaz de canalizar la crisis institucional hacia una posible recomposición del mapa parlamentario neerlandés.

El debate parlamentario que acompañó la moción de censura estuvo marcado por intercambios directos entre los representantes de los 15 partidos en la cámara, evidenciando la fragmentación y la ausencia de mayorías claras.

Schoof reconoció la magnitud de la fractura bajo su liderazgo, declarando abiertamente que “no hay ganadores” tras la última ruptura de la coalición.

Además, prometió mantener un diálogo permanente con el Parlamento y ajustar el trabajo de su gabinete a la nueva realidad de minoría, en tanto el país se prepara para unas elecciones que decidirán si es posible reconstruir una mayoría más estable.

Mientras tanto, la expectativa generalizada en los Países Bajos es que el gobierno transitorio continúe limitando su agenda a los asuntos imprescindibles, sin aventurarse en reformas estructurales, hasta que se esclarezca la correlación de fuerzas que emerja de las urnas.

(Con información de Europa Press)

El 14 de febrero de 2015, el periodista Luis Antonio Peralta Cuéllar y su esposa salían de la sede de la emisora local de la que eran propietarios en El Doncello, Caquetá, cuando fueron atacados a tiros por un hombre que descendió de una motocicleta conducida por su cómplice. Ambos murieron a causa de las heridas.

En primera instancia, un juez determinó que el crimen estuvo motivado por la actividad periodística de Peralta, condenando al acusado a 58 años de prisión como autor del delito de homicidio agravado, entre otros. Sin embargo, en segunda instancia, el Tribunal Superior de Florencia consideró que no todo homicidio de un periodista tiene relación con su labor, retiró el agravante y lo condenó por homicidio simple, reduciendo sustancialmente la pena.

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La familia de las víctimas, inconforme con la decisión, presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, que ahora ha sentado un precedente de alto impacto en la protección judicial de la prensa en Colombia.

Perspectiva de censura: un enfoque judicial necesario

La Corte Suprema comenzó su análisis resaltando la importancia del derecho a la libertad de expresión y la protección reforzada del ejercicio periodístico, amparados tanto por el derecho nacional como por el derecho internacional. Recordó que Colombia ha sido objeto de múltiples condenas por parte de instancias internacionales debido a la violencia contra periodistas y la impunidad que rodea estos crímenes.

El alto tribunal advirtió que “los funcionarios judiciales tienen que reconocer el histórico y cíclico patrón criminal de ataques contra periodistas e incorporar la perspectiva de censura en sus decisiones”, lo que implica considerar cualquier tipo de presión directa o indirecta para silenciar su labor.

Al no contar con pruebas directas sobre el móvil del asesinato, la Sala acudió a la prueba indiciaria, aplicando la regla de experiencia según la cual, en Colombia, el periodismo de control social suele generar amenazas que buscan la autocensura y, ante la negativa del periodista a callar, se recurre a sicarios para atentar contra su vida. Este ciclo, señaló la Corte, se cierra casi siempre con un manto de impunidad para los determinadores.

La actividad periodística como causa de crímenes

La investigación reveló que Peralta Cuéllar dirigía un programa de control social en su emisora, donde denunciaba irregularidades de la administración local. Este trabajo lo colocaba en un riesgo extraordinario, que se agravó por antecedentes como un atentado con explosivos contra la emisora cuatro años antes y amenazas recibidas días antes del crimen, en plena época electoral.

La Corte concluyó que la negativa de Peralta a autocensurarse motivó a los interesados en silenciarlo a buscar un convenio ilícito para acabar con su vida. El prontuario del acusado evidenció vínculos con la delincuencia, y las circunstancias del hecho coincidieron con el modus operandi del sicariato.

El fallo destaca que no existía otra hipótesis razonable para explicar el homicidio y que la impunidad respecto a los determinadores cerraba el ciclo de violencia. De esta forma, la Corte ratificó que el procesado actuó “motivado por la actividad profesional que ejerció y por su oposición al poder político local y a la corrupción”.

Con esta sentencia, la Corte Suprema no solo revocó la decisión del Tribunal de Florencia, sino que envió un mensaje claro: los crímenes contra periodistas no pueden analizarse como homicidios comunes, sino como ataques a la libertad de prensa y a la democracia misma.

El fallo, que reafirma la condena por homicidio agravado, establece un precedente que obliga a jueces y fiscales a interpretar los casos de violencia contra periodistas desde la óptica de la censura y el contexto de riesgo en que ejercen su labor. Esto implica un cambio sustancial en la forma de investigar y juzgar estos hechos, con potencial para reducir la impunidad que ha caracterizado estos crímenes en Colombia.

La sentencia completa de la Corte Suprema de Justicia la puede leer en el siguiente enlace.

El abogado Julián Quintana, representante legal del expresidente Andrés Pastrana Arango, informó este jueves que la Fiscalía General de la Nación archivó una denuncia que interpuso el presidente Gustavo Petro.

Esta respondía a las afirmaciones públicas en las que Pastrana sostuvo que el actual Gobierno se habría “fusionado con el narcotráfico”.

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El ente acusador determinó que existe “atipicidad” en la conducta denunciada y cerró formalmente la investigación, según el documento oficial divulgado por el propio Quintana en su cuenta de la red social X.

El 28 de noviembre de 2023, Andrés Pastrana Arango utilizó su perfil en X para manifestar: “Su campaña y su Presidencia @petrogustavo no han sido otra cosa que la fusión del gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una farsa denominada paz total”.

Estas declaraciones motivaron al presidente Petro a presentar una denuncia penal por injuria y calumnia.

La Fiscalía explicó que ordenó conservar la publicación original de Pastrana en un DVD como evidencia, siguiendo procedimientos de policía judicial.

En el documento del ente acusador se detalla que la indagación buscaba establecer si existía una atribución falsa de delitos concretos que afectaran la honra y la integridad moral del jefe de Estado.

De acuerdo con el análisis jurídico contenido en la resolución de archivo, el despacho fiscal consideró que el contexto de la publicación de Pastrana encuentra sustento en información divulgada por diferentes medios de comunicación y en las declaraciones públicas realizadas por Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente, y su exesposa Day Vásquez.

Ambos señalaron que recursos no declarados y aportes provenientes del narcotráfico habrían ingresado a la campaña presidencial de Petro, antecedentes ampliamente divulgados por la prensa nacional.

“Debe señalarse que el contexto de la publicación realizada por el señor ANDRÉS PASTRANA ARANGO tiene sustento en la información difundida por varios medios de comunicación y declaraciones realizadas por el señor Nicolás Petro Burgos y Day Vásquez que fueron de conocimiento público y en las que informaron que a la campaña de Gustavo Francisco Petro Urrego ingresaron recursos no declarados y aportes del narcotráfico”, dice el documento emitido por la Fiscalía.

El documento cita la Sentencia C-417 de 2009 de la Corte Constitucional, en la que se abordan los derechos protegidos bajo los delitos de injuria y calumnia dentro del ordenamiento penal colombiano.

El análisis concluye que, aunque las expresiones fueron incómodas para el presidente Petro, no constituyeron una imputación clara, concreta o categórica de un delito específico contra su persona, elemento esencial según la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal para que proceda el delito de calumnia.

“La trascendencia penal que reclama el aquí querellante radica en haber vinculado su campaña con el narcotráfico, a pesar de ello, tales aseveraciones no hacen alusión específica y determinada, como lo exige el ingrediente normativo del artículo 221, a un delito en específico…”, señala el fallo de la Fiscalía. Asimismo, destacó que pasaron a considerarse manifestaciones “protegidas por la libertad de expresión en un estado democrático”.

Argumentos de la Fiscalía sobre el umbral de tolerancia pública

La resolución enfatiza que, en un sistema democrático, los funcionarios de alta exposición deben sostener mayor tolerancia frente a las críticas sociales.

“La Corte Constitucional ha sostenido que los funcionarios públicos, especialmente quienes ejercen la Presidencia, deben soportar un umbral de tolerancia mayor frente a críticas, opiniones severas o incluso expresiones ofensivas provenientes de la ciudadanía”, indica el comunicado de la Fiscalía.

De acuerdo con el documento oficial, entre el denunciante y el denunciado existe una pugna política que, según el órgano acusador, “debe ser resuelta en el ámbito público sin entrar al ámbito penal”.

La Fiscalía señaló que las expresiones de Pastrana se desarrollan en el derecho a cuestionar la administración pública, derecho reconocido para integrantes de partidos políticos de oposición como Nueva Fuerza Democrática, que preside el exmandatario.

No se evidenció ni una convocatoria explícita a la violencia ni alguna puesta en peligro real de la integridad del mandatario. Además, la resolución señala que la denuncia carece de “efectos de cosa juzgada”, lo que significa que, de surgir nuevos elementos probatorios y mientras no se haya extinguido la acción penal, la indagación podría reabrirse a futuro.

Tras conocerse la decisión, Andrés Pastrana Arango se pronunció también en su cuenta de X, afirmando: “La Fiscalía ha archivado, por atipicidad, la denuncia que Gustavo Petro interpuso en mí contra. Con esta decisión, la Fiscalía y la justicia han protegido el legítimo derecho a la libertad de expresión”.

Más adelante, el exmandatario recalcó: “La Fiscalía sienta un precedente contra la censura y contra los intentos del Presidente Petro de callar a la oposición. ¡Este es un triunfo de la libertad de opinión!”.

Cerró su declaración pública asegurando: “Seguiremos ejerciendo una férrea veeduría ciudadana para impedir que este gobierno entregue el país al narcotráfico”.

Por su parte, Julián Quintana, abogado defensor de Pastrana, publicó en sus redes sociales la resolución completa del ente acusador y reiteró que este archivo representa un blindaje institucional a la libertad de expresión en el marco político colombiano.

Quintana aseveró que “la Fiscalía reafirma los estándares de debate democrático y rechaza cualquier forma de censura”, una opinión que, según el jurista, refleja el sentir de la defensa respecto al caso.

La oposición brasileña anunció este jueves haber reunido las firmas necesarias para solicitar la apertura de un proceso de destitución contra el juez Alexandre de Moraes, quien dirige el juicio por el intento de golpe de Estado que habría sido liderado por el ex presidente Jair Bolsonaro.

Según fuentes parlamentarias, la moción de la oposición suma el respaldo de 41 senadores, cifra que supera la mitad de los 81 escaños del Senado brasileño, aunque la decisión de admitir la solicitud recae en el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, quien está respaldado tanto por los partidos que apoyan al presidente Luiz Inácio Lula da Silva como por los alineados con Jair Bolsonaro.

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex mandatario, calificó la presentación de la moción como una “victoria” para la oposición, resaltando la mayoría oficialista en la Cámara alta y la “conversación franca” que mantuvieron con Alcolumbre. Sin embargo, senadores oficialistas indicaron el miércoles que Alcolumbre probablemente no dará curso al trámite.

Incluso en caso de ser admitida, la moción de destitución enfrenta obstáculos significativos: para prosperar necesitaría el apoyo de al menos dos tercios del Senado, mientras que los aliados de Lula da Silva rechazan abiertamente la propuesta de destituir a De Moraes.

Con las firmas recabadas, los legisladores opositores finalizaron la protesta iniciada el martes que había bloqueado los trabajos tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional. La protesta y el boicot a la actividad legislativa surgieron en respuesta a la orden de arresto domiciliario impuesta el lunes por De Moraes contra Jair Bolsonaro por supuestamente violar medidas cautelares en el marco del juicio por el intento de golpe de Estado.

Además de buscar la destitución del magistrado del Tribunal Supremo Federal (STF), la oposición exige tramitar un proyecto de ley que promueva la amnistía a cientos de personas juzgadas por los asaltos a las sedes de los tres poderes, perpetrados el 8 de enero de 2023 por simpatizantes de Bolsonaro, una semana después de la investidura de Lula.

El “paquete de la paz” de la oposición incluye, además de la moción contra De Moraes, una enmienda para eliminar el fuero privilegiado, permitiendo que legisladores y expresidentes sean juzgados por tribunales de primera instancia en lugar del STF, como ocurre actualmente.

En respuesta al boicot, el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, programó una sesión remota para este jueves con el objetivo de garantizar la continuidad de la agenda legislativa y evitar nuevas paralizaciones. “No aceptaremos intimidaciones y el Parlamento no será rehén de acciones que busquen desestabilizar su funcionamiento”, expresó Alcolumbre en un comunicado.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, logró retomar el control del pleno tras más de 24 horas de bloqueo y convocó a una sesión rápida el miércoles por la noche, en la que pronunció un discurso sin votaciones. “La oposición tiene todo el derecho a manifestarse, pero todo debe hacerse respetando nuestro reglamento y la Constitución. No permitirá que actos de protestas anulen la voluntad del Pleno,” manifestó Motta ante los diputados.

El bloqueo del Congreso encabezado por los diputados del Partido Liberal (PL), cuyo líder es Jair Bolsonaro, incluyó la ocupación del plenario y la utilización de cintas en la boca como denuncia de lo que consideran censura a Bolsonaro, quien permanece impedido de comunicarse en redes sociales propias o ajenas por orden judicial.

La estrategia opositora fue replicada en el Senado, donde también se exigió la amnistía general para los condenados por el intento de golpe y la destitución de De Moraes.

Mientras ocurrían las protestas en el Congreso, los abogados de Bolsonaro presentaron un recurso ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para revocar su arresto domiciliario, alegando que las restricciones constituyen “censura” y que el ex presidente no controla la divulgación de mensajes por terceros. Bolsonaro cuenta con 70 años y desde el lunes permanece en su residencia en Brasilia con tobillera electrónica y limitaciones en el uso de teléfonos móviles. El juez De Moraes flexibilizó parcialmente las medidas, permitiendo que el ex mandatario reciba visitas de familiares próximos y de sus abogados.

Las sanciones impuestas por el Gobierno de Donald Trump contra De Moraes bajo la Ley Magnitsky, que permite aplicar medidas a extranjeros acusados de corrupción o de violar derechos humanos, han tensado aún más el escenario político. Trump también justificó la imposición de aranceles del 50% a productos brasileños en protesta por el proceso judicial contra Bolsonaro, su aliado político.

El proceso judicial contra Bolsonaro se desarrolla en un contexto de alta polarización política, con el ex presidente inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 2030 y enfrentando una posible condena de hasta 40 años de prisión si es declarado culpable por tramar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

La situación parlamentaria continúa siendo tensa, con la agenda legislativa supeditada a la superación del bloqueo opositor y al futuro de la moción presentada contra el juez del máximo tribunal del país.

(Con información de AFP, EFE y EP)

Las autoridades indias de Cachemira han prohibido 25 libros, incluyendo una obra de Arundhati Roy, ganadora del Premio Booker, alegando que los títulos “incitan al secesionismo” en la disputada región de mayoría musulmana.

La orden gubernamental acusa a los escritores de propagar “narrativas falsas” sobre Cachemira, “al tiempo que desempeñan un papel crucial en la desorientación de la juventud, la glorificación del terrorismo y la incitación a la violencia” contra el Estado indio.

Esta orden sigue a las emitidas en febrero, cuando las autoridades incautaron literatura islámica de librerías y hogares. Cachemira ha estado dividida entre India y Pakistán desde su independencia del dominio británico en 1947, y ambos reclaman la totalidad del territorio del Himalaya.

Grupos rebeldes han librado una insurgencia desde 1989 contra el dominio indio de Cachemira, exigiendo la independencia o su fusión con Pakistán. La orden se emitió el martes, sexto aniversario de la imposición del gobierno directo por parte de Nueva Delhi, aunque la prohibición tardó en ser difundida.

El clérigo jefe y líder separatista Mirwaiz Umar Farooq afirmó que la prohibición “solo expone las inseguridades y la limitada comprensión de quienes están detrás de tales acciones autoritarias”. “Prohibir libros de académicos e historiadores de renombre no borrará los hechos históricos ni el repertorio de recuerdos vividos del pueblo de Cachemira“, añadió Farooq.

En noviembre pasado, Cachemira eligió su primer gobierno desde que quedó bajo el control directo de Nueva Delhi, gracias al apoyo de los votantes a los partidos de la oposición para dirigir su asamblea regional.

El gobierno local tiene poderes limitados y el territorio continúa siendo gobernado por un administrador designado por Nueva Delhi.

La prohibición enumeraba 25 libros que “han sido identificados como propagadores de narrativas falsas y secesionistas”, incluyendo el libro de ensayos de Roy de 2020, Azadi: Libertad, Fascismo, Ficción.

Roy, de 63 años, es una de las autoras vivas más famosas de la India, pero sus escritos y activismo, incluyendo sus críticas al gobierno del primer ministro Narendra Modi, la han convertido en una figura polarizadora en su país.

Otros libros prohibidos incluyen títulos de académicos, entre ellos uno de los principales expertos constitucionales de la India, A.G. Noorani, y Sumantra Bose, profesora de ciencias políticas en la London School of Economics.

El historiador Siddiq Wahid afirmó que el edicto contraviene la Constitución, “que garantiza la libertad de expresión”.

“La lista de libros prohibidos incluye varios escritos y publicados por personas e instituciones cuya reputación depende de aportar pruebas, lógica y argumentos que sustenten las conclusiones a las que llegan”, declaró Wahid a AFP.

¿Eso ya cuenta para algo?

Fuente: AFP

Las autoridades indias han prohibido 25 libros en Cachemira que, según afirman, propagan “narrativas falsas” y “secesionismo” en la disputada región, donde los estrictos controles a la prensa se han intensificado en los últimos años.

La prohibición amenaza con penas de prisión a quienes vendan o posean obras de autores como la novelista y activista ganadora del premio Booker Arundhati Roy, la experta constitucional AG Noorani y destacados académicos e historiadores como Sumantra Bose, Christopher Snedden y Victoria Schofield.

Los libreros y sus propietarios podrían enfrentarse a prisión

La orden fue emitida el martes por el Departamento del Interior de la región, que está bajo el control directo del vicegobernador Manoj Sinha, el principal administrador de Nueva Delhi en Cachemira.

Sinha ejerce un poder sustancial en la región como representante del gobierno nacional, mientras que los funcionarios electos dirigen un gobierno en gran medida impotente que llegó al poder el año pasado después de las primeras elecciones locales desde que India despojó a la disputada región de su estatus especial en 2019.

La orden declaró los 25 libros “decomisados” según el nuevo código penal de la India de 2023, prohibiendo así su circulación, posesión y acceso en la región del Himalaya. Diversos elementos del código amenazan con penas de prisión de tres años, siete años o incluso cadena perpetua por delitos relacionados con medios decomisados, aunque aún no se ha condenado a nadie por estas medidas.

“Se ha determinado que los 25 libros identificados incitan al secesionismo y ponen en peligro la soberanía e integridad de la India”, declaró el Ministerio del Interior en su aviso. Añadió que dichos libros desempeñaron un papel crucial en la desorientación de la juventud, la glorificación del terrorismo y la incitación a la violencia contra el Estado indio.

La medida se tomó a raíz de “investigaciones e inteligencia creíble” sobre la “difusión sistémica de narrativas falsas y literatura secesionista” que “a menudo estaba disfrazada de comentarios históricos o políticos”, afirmó.

India está tomando medidas enérgicas contra la disidencia en Cachemira

India y Pakistán, rivales con armas nucleares, administran cada uno parte de Cachemira, pero ambos reclaman el territorio en su totalidad.

Los militantes de la parte de Cachemira controlada por la India han estado luchando contra el gobierno de Nueva Delhi desde 1989. Muchos musulmanes cachemires apoyan el objetivo de los rebeldes de unificar el territorio, ya sea bajo el gobierno paquistaní o como un país independiente.

India insiste en que la militancia cachemir es terrorismo patrocinado por Pakistán. Pakistán niega la acusación, y muchos cachemires la consideran una lucha legítima por la libertad. Decenas de miles de civiles, rebeldes y fuerzas gubernamentales han muerto en el conflicto.

Desde 2019, las autoridades han criminalizado cada vez más la disidencia y no han mostrado tolerancia hacia ninguna narrativa que cuestione la soberanía de la India sobre Cachemira.

En febrero, la policía allanó librerías y confiscó cientos de libros vinculados a una importante organización islámica de la región.

En 2011, la policía presentó cargos contra funcionarios de educación de Cachemira por un libro de texto para alumnos de primer grado que ilustraba la palabra “tirano” con un dibujo que se asemejaba a un policía. Un año antes, la policía arrestó a un profesor universitario acusado de someter a sus alumnos a un examen de inglés lleno de preguntas que atacaban la represión de las manifestaciones que desafiaban el dominio indio en la región.

En algunos casos, los acusados fueron liberados después del interrogatorio policial, pero la mayoría de estos casos han continuado en el notoriamente lento sistema judicial de la India.

Mirwaiz Umar Farooq, un líder clave de la resistencia en Cachemira, condenó la prohibición del libro.

“Prohibir libros de académicos e historiadores de renombre no borrará los hechos históricos ni el repertorio de recuerdos vividos por el pueblo de Cachemira”, declaró Mirwaiz. Cuestionó a las autoridades por organizar un festival del libro para mostrar su compromiso literario, pero prohibir algunos libros en el terreno.

“Esto solo expone las inseguridades y la limitada comprensión de quienes están detrás de tales acciones autoritarias, y la contradicción de albergar con orgullo el Festival del Libro en curso”.

India rara vez prohíbe libros, pero ha reforzado el control sobre los medios de comunicación

Prohibir libros no es algo común en India, pero las autoridades del Primer Ministro Narendra Modi han allanado cada vez más medios de comunicación independientes, encarcelado a periodistas y tratado de reescribir la historia en los libros de texto escolares y universitarios para promover la visión nacionalista hindú de su gobernante Partido Bharatiya Janata.

Mientras tanto, los programas de estudio relacionados con los gobernantes musulmanes mogoles que gobernaron gran parte de la India entre los siglos XVI y XIX han sido modificados o eliminados. El año pasado, un tribunal indio levantó la prohibición, vigente durante décadas, de “Los versos satánicos” de Salman Rushdie debido a la ausencia de una orden oficial que prohibiera el libro en 1988.

(con información de AP)

La experiencia de navegar por internet en Rusia se ha transformado en una rutina cada vez más limitada y vigilada. Plataformas como YouTube que no cargan, páginas de medios independientes que no se muestran o redes móviles que se interrumpen por horas ya no son fallos técnicos, sino manifestaciones concretas de una política deliberada del Kremlin.

El presidente Vladimir Putin instó al gobierno a “reprimir” los servicios de Internet extranjeros y ordenó a los funcionarios elaborar una lista de plataformas de estados “hostiles” que deberían ser restringidas.

Desde hace más de una década, el gobierno ruso ha desplegado una estrategia progresiva para someter el espacio digital a su control. A través de una combinación de legislación restrictiva, vigilancia masiva y presión sobre empresas tecnológicas, busca asegurar que el contenido disponible en línea se adecue a los lineamientos oficiales. Esta tendencia se intensificó tras las protestas de 2011-2012, cuando internet fue una herramienta clave para la organización ciudadana y la crítica al poder.

El objetivo es claro: construir una infraestructura digital que pueda ser aislada del resto del mundo. En paralelo, se han perfeccionado herramientas de inspección profunda de paquetes (DPI) y sistemas de censura selectiva, inspirados en el modelo chino del “Gran Cortafuegos”.

La guerra en Ucrania como punto de inflexión

La invasión a gran escala de Ucrania en 2022 aceleró este proceso. X, Facebook, Instagram, Signal y otros servicios quedaron bloqueados. También se intensificó la persecución del uso de redes privadas virtuales (VPN), las únicas herramientas capaces de sortear las restricciones.

El acceso a YouTube, plataforma utilizada tanto para el entretenimiento como para el activismo opositor —incluido el canal de Alexei Navalny—, fue limitado intencionalmente. Según el Kremlin, la interrupción se debió a la falta de mantenimiento de equipos por parte de Google, pero expertos en derechos digitales señalan que se trató de una acción deliberada.

Empresas como Cloudflare y proveedores occidentales de servicios de alojamiento web también han sido objeto de restricciones, forzando a muchos sitios rusos a trasladarse a servidores nacionales, donde la vigilancia y el control estatal son mayores.

Penalización de contenidos y nuevas amenazas

Una reciente legislación rusa amplía la criminalización de búsquedas en línea de materiales considerados “extremistas”. La definición es amplia e incluye desde contenidos LGBTQ+ hasta las memorias de Navalny. Aunque todavía es difícil rastrear búsquedas individuales a gran escala, los expertos advierten que unos pocos juicios bastan para sembrar el miedo.

El uso de WhatsApp, que tenía más de 97 millones de usuarios mensuales en abril, también está en la mira. Legisladores oficialistas amenazan con su posible bloqueo y promocionan MAX, una nueva aplicación de mensajería nacional creada por la red social VK. La aplicación, todavía en etapa beta, permite enviar mensajes, pagar servicios y acceder a trámites estatales, pero establece que los datos de los usuarios pueden ser compartidos con las autoridades.

Además, una nueva ley exige que MAX venga preinstalada en todos los smartphones vendidos en Rusia, mientras se incentiva a instituciones públicas y empresas a migrar sus comunicaciones a esta plataforma.

Consolidación de actores y alza de costos

El Estado también ha avanzado en consolidar el ecosistema técnico de la red. Aumentó drásticamente el costo de las licencias para proveedores de internet y concentra más de la mitad de las direcciones IP en siete grandes empresas, entre ellas Rostelecom, de propiedad estatal.

Según Human Rights Watch, estas medidas buscan sofocar la infraestructura independiente, y reflejan años de aprendizaje técnico y adaptación del gobierno ruso. La combinación de sanciones occidentales y la salida de empresas tecnológicas tras la invasión a Ucrania ha facilitado este proceso.

Hacia un aislamiento digital

Aunque Rusia aún no ha alcanzado el nivel de aislamiento digital de China, se acerca cada vez más. Las interrupciones puntuales de servicios como WhatsApp y Telegram durante el último julio podrían ser ensayos para bloqueos futuros.

El abogado y activista Sarkis Darbinyan advierte que el único modo de imponer aplicaciones como MAX será “cerrar y sofocar” toda alternativa extranjera. Sin embargo, recuerda que los hábitos de uso de internet no se transforman fácilmente: “Estos hábitos se adquirieron durante décadas, cuando internet era rápido y libre”.

Desde el punto de vista técnico, Roskomnadzor —el ente regulador estatal— ha logrado avances en la vigilancia y censura del tráfico digital, refinando métodos de inspección y estrangulamiento selectivo del contenido.

Una represión silenciosa pero eficaz

Expertos y organizaciones de derechos humanos califican el avance del Kremlin como una “muerte por mil cortes”. En lugar de un apagón abrupto, la estrategia de Moscú apunta a un control paulatino, multifacético y profundo. En ese camino, Rusia está construyendo una red paralela, cerrada al escrutinio externo, y sometida al poder estatal.

El resultado es un ecosistema digital en retroceso, donde el acceso a información libre se reduce progresivamente y donde las consecuencias por buscar, leer o compartir ciertos contenidos pueden ser graves. Un internet cada vez menos global y más ruso.

(Con información de AP)

El Juzgado Segundo Interino del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Campeche resolvió este miércoles declarar improcedente el recurso de revocación promovido por la defensa legal del medio informativo Tribuna. Esta decisión implica que el responsable de las redes sociales del medio deberá ser sometido a un censor judicial, en una medida que ha sido ampliamente cuestionada por vulnerar la libertad de expresión.

Según lo dispuesto por la jueza Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez, la empresa tiene un plazo de 48 horas para entregar los datos del responsable digital, quien quedará bajo supervisión previa por parte de una autoridad judicial. La medida forma parte de un paquete de acciones cautelares relacionadas con la “verificación de publicaciones” sobre la gobernadora Layda Sansores San Román, justo en la antesala de su Cuarto Informe de Gobierno, previsto para este viernes 1 de agosto.

Jorge González Valdez, periodista y exdirector de Tribuna durante más de tres décadas, denunció que esta decisión es una estrategia directa para manipular la información pública y frenar las críticas hacia la gestión de Sansores, acusada por diversos sectores de falta de resultados y prácticas autoritarias.

“Esta medida inédita busca controlar el contenido informativo en redes sociales y restringir el trabajo periodístico independiente en Campeche”, sostuvo el comunicador.

El pasado 16 de julio, la gobernadora Layda Sansores utilizó su programa oficial “Martes del Jaguar” para exigir que González Valdez fuera “muy cuidadoso” en lo que publica y dice. La jueza de control Ana Maribel de Atocha Huitz May ya había dictado entonces medidas cautelares contra el periodista, ordenándole abstenerse de hablar sobre la mandataria, y someter todos sus comentarios, opiniones y publicaciones a supervisión judicial.

Por su parte, Juan Pedro Alcudia Vásquez, titular de la Consejería Jurídica del gobierno estatal, defendió la resolución argumentando que las publicaciones de Tribuna supuestamente incitan al odio, promueven la misoginia y constituyen violencia digital contra la gobernadora.

“Estas medidas no buscan censurar la crítica legítima, sino frenar un discurso que, según el gobierno, ha cruzado la línea de la incitación a la violencia”, dijo Alcudia, quien responsabilizó al medio de no contar con controles adecuados para evitar agresiones en redes sociales.

Sin embargo, González Valdez replicó que se trata de un ataque institucional a la libertad de expresión y al periodismo crítico, pues la supuesta incitación al odio se atribuye a los comentarios que los ciudadanos publican en redes tras leer las notas de Tribuna, y no al contenido del medio en sí.

“La jueza cree que cuando la gente lee lo que publicamos y reacciona con críticas o insultos, eso ya es un delito. Es absurdo. No es la prensa quien incita, sino el descontento social el que se manifiesta”, sostuvo.

El caso ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y prensa libre, que advierten sobre un precedente grave de censura previa y judicialización del ejercicio periodístico en México, particularmente cuando se trata de cuestionar al poder político desde plataformas independientes.

La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, rompió el silencio este jueves 24 de julio tras la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEEG), que sancionó al creador de contenido Jesús Gabriel Castañeda Arellano, titular de la página Acapulco Trends.

A través de un mensaje en sus redes sociales, la alcaldesa aclaró que la denuncia que originó el proceso no tuvo como objetivo silenciar críticas o investigaciones periodísticas, sino frenar la normalización de expresiones misóginas, racistas y clasistas desde plataformas digitales.

“No se denunció a la página Acapulco Trends por mentir. Se le denunció por la constante emisión de comentarios misóginos y racistas en su espacio”, escribió López. “Eso NO es libertad de expresión. Es discriminación”.

La funcionaria enfatizó que el periodismo crítico es indispensable para la vida pública, pero consideró que no debe confundirse con agresiones personales basadas en el aspecto físico, el origen étnico o el género.

“Respeto profundamente la libertad de expresión. Respeto y valoro las expresiones ciudadanas. Respeto las propuestas y planteamientos. Respeto más aún los señalamientos y los reclamos. E incluso, a pesar de su banalidad, respeto los insultos”, aseveró.

Sin embargo, dijo estar convencida de que no se debe permitir “ensuciar la libertad de expresión” con palabras que promueven la discriminación, el racismo, el clasismo o la violencia de género.

Un fallo que abre debate: ¿crítica legítima o discurso de odio?

El fallo del TEEG, emitido en el expediente TEE/PES/052/2024, determinó que Castañeda Arellano incurrió en violencia política contra la edil de Acapulco.

Como sanción, se le impuso una multa de 22 mil pesos, la obligación de publicar durante 15 días consecutivos una disculpa pública en su portal digital, difundir el extracto de la sentencia por 30 días y asistir a cursos de sensibilización impartidos por instancias como el Conapred, la CNDH o el Instituto Nacional de las Mujeres. Además, será inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política en Razón de Género.

El procedimiento fue iniciado en noviembre de 2023 por publicaciones que, según el Tribunal, rebasaron los límites del debate público y constituyeron expresiones discriminatorias. La sentencia fue suscrita por la magistrada Evelyn Rodríguez Xinal y el secretario instructor Alejandro Ruíz Mendiola, quienes concluyeron que el contenido de Acapulco Trends “no está amparado por el derecho a la libertad de expresión ni por el ejercicio periodístico”.

No obstante, desde el entorno de Acapulco Trends se ha acusado censura. El propio Jesús Castañeda aseguró que nunca fue notificado del procedimiento de manera formal y que tuvo conocimiento del fallo a través de medios de comunicación. Sostiene que la sanción responde a las publicaciones que su portal difundió en 2023 sobre presuntos desvíos financieros por más de 800 millones de pesos y el manejo deficiente de la emergencia causada por el huracán Otis.

La presidenta municipal también hizo referencia al uso de medios vinculados a actores políticos —incluidos algunos de su propio partido— para atacarla de forma sistemática.

“Entiendo que, ante la incapacidad de algunos actores políticos por dar resultados, recurren al ataque de quienes ellos consideran sus adversarios”, escribió. “Los tiempos han cambiado y no entienden que esa estrategia absurda y ridícula se vuelve cada vez más evidente para la ciudadanía”.

En su mensaje, López subrayó que recorre a diario el territorio acapulqueño y escucha a la población directamente, sin filtros, y que no teme a la crítica.

Al momento, su publicación en Facebook suma más de 2 mil reacciones, la mayoría de “me divierte” y “me enoja”; así como más de mil comentarios.

Luego de la polémica que ha generado el la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF) en contra de la ciudadana Karla Estrella, por supuesta Violencia Política en Razón de Género hacia la diputada del Partido del Trabajo, Diana Karina Barreras, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, aseguró que existe una “campaña negra”.

En entrevista para medios de comunicación en el recinto legislativo, el morenista cuestionó por qué se le dio tanta relevancia, “¿Por qué se le dio tanta relevancia este tema? Por algunos, por una razón bien sencilla, por el despacho que llevó ese asunto”.

Relacionó la trascendencia del tema con algunas figuras públicas y políticas, “el despacho que llevó ese asunto se llama Consejo Nacional de Litigo Estratégico, es un despacho de Claudio X. González, la directora Mariana Calderón y se encuentra integrada por Gustavo De Hoyos, por Lía Limón y por otros destacados promotores de derecha".

El legislador trató de poner en duda el tema de la censura en casos como el de ‘Dato Protegido’: “aquí está la publicación de este despacho de los integrantes con sus nombres y ese despacho, patrocinado por Claudio X. González, tiene una campaña mediática porque lo que ellos buscan es generar y posicionar el tema de esta supuesta censura que no es tal”.

Con foto en mano, comentó: “aquí se encuentra la abogada Mariana Calderón, quien llevó este asunto, es quien ha estado insistiendo en este tema de la supuesta censura, que no es tal”.

El legislador se refirió a la reciente sentencia emitida por el Tribunal Electoral, negando que la ciudadana Karla Estrella deba disculparse en 30 ocasiones distintas. Explicó que la resolución especifica que la disculpa debe hacerse durante 30 días consecutivos, y no en 30 momentos diferentes, como se ha difundido. Según su declaración, el proceso ha sido presentado de esta manera con el objetivo de mantener el tema vigente y de revivirlo diariamente ante la opinión pública.

A pesar de que el caso llegó hasta la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum admitiendo que la resolución “es un exceso”; a partir de la tarde de este 24 de julio de 2025, el diputado morenista comenzó a publicar mensajes respecto al tema de ‘Dato Protegido’, sosteniendo que se trata de una campaña mediática, además ha brindado entrevistas a distintos medios para fijar postura en cuanto a la polémica.

En tanto, Karla Estrella ya fue inscrita al Registro Nacional de Personas Sancionadas y permanecerá hasta el 17 de enero de 2027 por haber escrito en su cuenta personal un mensaje que hacía referencia a un presunto caso de nepotismo, sin embargo, ante los juzgadores sus palabras constituyeron “violencia digital, mediática, psicológica, simbólica, análoga e interpósita persona” en contra de la legisladora.

La pintora estadounidense Amy Sherald, que saltó a la fama en 2018 por su retrato a la ex primera dama Michelle Obama, ha cancelado la muestra que tenía prevista en la National Portrait Gallery de Washington tras enterarse de que el museo pensaba retirar su cuadro de una Estatua de la Libertad transgénero para no provocar al presidente, Donald Trump.

“Amy Sherald: American Sublime”, que todavía aparece en la web de esa institución, estaba programada entre los próximos 19 de septiembre y 22 de febrero de 2026 y se anunciaba como la exhibición más completa de la artista hasta la fecha.

Sherald, según se dice en esa página, hubiera sido la primera artista negra contemporánea en protagonizar una exposición en solitario en la National Portrait Gallery, centro que concentra los retratos de figuras importantes para el país.

El artículo en el diario The New York Times que la pintora compartió en Instagram este jueves se hace eco de la carta que ella le mandó a Lonnie Bunch III, el secretario del complejo cultural Smithsonian, de la que depende ese museo.

“Acepté esta colaboración de buena fe, convencida de que la institución compartía el compromiso de presentar obras que reflejaran la realidad plena y compleja de la vida estadounidense. Desafortunadamente, ha quedado claro que las condiciones ya no permiten la integridad de la obra tal como fue concebida”, sostiene en esa misiva.

Su declaración añade que había sido informada de que en la National Portrait Gallery se había cuestionado que se mostrara al público el cuadro “Trans Forming Liberty”, protagonizado por una mujer transgénero negra, con pelo fucsia y flores en lugar de la antorcha.

La preocupación generada por dicha obra, según la artista, dio lugar a debates sobre la posibilidad de retirar ese cuadro de la muestra: “Es evidente que influyó el miedo institucional generado por un clima más amplio de hostilidad política hacia las personas trans”, añadió.

Desde su regreso a la Casa Blanca el pasado enero, Trump ha puesto en su punto de mira al colectivo LGTBIQ+ con medidas como la eliminación del reconocimiento legal de las personas no binarias al establecer que en EE.UU. solo existen “dos sexos”, la retirada de los pasaportes con género “X”, el veto a mujeres trans en deportes femeninos o la exclusión a las personas trans de las Fuerzas Armadas.

Según Sherald, el secretario del Smithsonian le propuso este pasado lunes reemplazar “Trans Forming Liberty” por un vídeo de gente reaccionando a la misma, una propuesta que dijo que le llevó a cancelar la exposición.

“El video habría abierto un debate sobre el valor de la visibilidad trans y me opuse a que eso formara parte de la narrativa de ‘American Sublime’”, dijo en la declaración difundida por The New York Times.

Ese mismo rotativo añade que el museo dice entender que Sherald cancele su exhibición, pero también se mostró “decepcionado” de no haber podido llegar a un acuerdo y de privar al público “de la oportunidad de experimentar” la retrospectiva prevista.

El pasado 30 de mayo Trump anunció el despido de Kim Sajet como directora de la National Portrait Gallery de Washington.

El líder republicano apuntó en su red social, Truth Social, que había tomado la decisión “por recomendación y petición de mucha gente” porque Sajet, nacida en Nigeria, es en su opinión “muy partidista y una firme defensora” de las políticas de diversidad, equidad e inclusión", algo calificado de “totalmente inapropiado para su cargo”.

Fuente: EFE

Más de una docena de editoriales independientes de Hong Kong, algunas de las cuales habían sido excluidas de una feria del libro organizada por el Gobierno, participaron el jueves en un festival literario independiente dedicado principalmente a libros sobre temas sociales.

Las autoridades han restringido las publicaciones permitidas en la Feria del Libro de Hong Kong, una de las más grandes de Asia, desde que Beijing impuso una ley de seguridad nacional en la ciudad en 2020.

El festival alternativo, celebrado en la librería Hunter Bookstore, promovió publicaciones que trataban temas como los grupos minoritarios, la comunidad LGBTQ y la gran brecha de riqueza de la ciudad.

“La mayor diferencia para nosotros (respecto a la feria organizada por el Gobierno) es que no tenemos censura”, declaró a los periodistas la propietaria de la librería, Leticia Wong.

Al menos dos editoriales presentes retiraron libros de sus stands en la Feria del Libro de Hong Kong del año pasado, después de que las autoridades afirmaran que contenían “contenido sensible”.

Entre los libros se encontraba una guía de viajes del periodista Allan Au, detenido en 2022 por presunta conspiración para publicar “material sedicioso”.

La solicitud de la editorial para participar en la feria del libro de este año fue rechazada sin explicación alguna.

“Sin censura”

Beijing impuso su ley de seguridad nacional en Hong Kong tras las enormes y, en ocasiones, violentas protestas a favor de la democracia de 2019, y los críticos afirman que la ley ha aplastado la otrora vibrante sociedad civil de la ciudad.

Una encuesta realizada a 19 editoriales independientes de Hong Kong publicada el domingo reveló que su libertad de expresión se había visto socavada por la ley de seguridad nacional, y que la mayoría dependía de librerías independientes para distribuir sus obras.

“Veo que el Gobierno es cada vez más selectivo con los expositores”, dijo Lee, un estudiante universitario de 22 años que se negó a dar su nombre completo por razones de seguridad.

La feria independiente de la librería Hunter ofrecía más opciones, añadió.

Leslie Ng, editora de Bbluesky, una editorial excluida de la Feria del Libro de Hong Kong de este año, dijo que el festival organizado por el Gobierno solía ser diverso y apoyar a las editoriales, pero que eso había cambiado.

Según él, el mayor reto al que se enfrentan ahora las editoriales es la falta de libertad de expresión.

“Siempre estamos pensando si vamos a infringir la ley o no” cuando editamos libros, declaró Ng a la AFP.

“La línea roja es muy difusa y tenemos mucho miedo porque no sabemos dónde está”.

Wong, de Hunter Bookstore, cree que su feria muestra el “panorama único” del mundo editorial de Hong Kong.

“Las ferias del libro no deberían estar censuradas, y las editoriales independientes merecen más atención”, afirmó.

“Los amantes de los libros y quienes se preocupan por la libertad de publicación, lectura y escritura deberían valorar este valor”.

Fuente: AFP.

Fotos: Peter Parks/ AFP.