El titular del Ministerio del Interior (Mininter), César Astudillo, deberá responder este jueves 17 de septiembre ante el Pleno de la Cámara de Diputados, en una sesión parlamentaria de interpelación que pondrá bajo examen las decisiones de su despacho frente a la inseguridad ciudadana. La citación está prevista para las 10 de la mañana y tendrá una duración de dos horas, según el acuerdo adoptado por la Junta de Portavoces.

La Junta, presidida por Oscar Reto Otero, acordó que el tiempo se repartirá de manera proporcional entre los seis grupos parlamentarios y que no habrá minutos adicionales. La decisión define el marco de una jornada en la que el ministro deberá exponer respuestas sobre políticas, recursos, coordinación estatal y resultados operativos. El documento aprobado contiene 27 interrogantes que serán desarrollados durante el debate parlamentario.

Seguridad ciudadana concentra el pliego interpelatorio

El primer bloque se centra en las medidas adoptadas desde el inicio de la gestión para contener la extorsión, el sicariato y los homicidios agravados. Los diputados pedirán precisiones sobre sistemas de evaluación de estrategias, el presupuesto destinado a programas de seguridad y el trabajo conjunto con otras entidades. También se consultará por la participación de juntas vecinales, campañas y la protección de defensores de derechos humanos.

Entre los puntos incluidos figuran los acuerdos internacionales que aplica el sector para enfrentar al crimen organizado transnacional y los avances de las investigaciones por secuestros y desapariciones.

El cuestionario solicita, además, cifras sobre patrulleros y motorizados de la Policía Nacional del Perú (PNP), las unidades inoperativas y las medidas previstas para retirarlas. Otro apartado menciona los asesinatos de defensores ambientales y el caso del líder ashéninka Américo Pascual Tumisha asesinado.

Una de las preguntas solicita que Astudillo explique cuál es su relación con la empresaria Susana Liliana Saldaña Ramos, candidata a la Alcaldía de La Victoria por Renovación Popular, mencionada en una investigación policial por cobro de cupos en Gamarra. El pliego no formula una acusación contra el ministro en ese punto, sino que requiere una respuesta sobre ese vínculo. Las interrogantes serán leídas antes de la intervención.

Cuatro preguntas se refieren a la continuidad de Óscar Arriola

El segundo tema agrupa cuatro preguntas sobre Manuel Óscar Arriola, entonces comandante general de la PNP. Los legisladores demandan que el ministro sustente por qué lo mantuvo en el cargo, si lo considera idóneo y qué alternativa jurídica existía para disponer su cese.

El documento alude a cuestionamientos por el manejo presupuestal, la búsqueda de Vladimir Cerrón y las investigaciones penales consignadas contra el mando policial en el pliego interpelatorio.

El tercer eje aborda el nombramiento de Magali Ella Meza Mundaca como directora general de Recursos Humanos del Ministerio del Interior. Las preguntas piden identificar quién recomendó su designación y consultan por las investigaciones fiscales que figuran en el documento.

A la vez, la Cámara solicitará explicaciones sobre las garantías de independencia de la PNP en pesquisas complejas, en especial las vinculadas con figuras políticas o personas cercanas al Gobierno.

El último bloque se enfoca en las credenciales del ministro y en su paso del Parlamento al Ejecutivo, que el documento describe como “ilógico e incongruente”.

Las 27 preguntas

PRIMER TEMA:

SEGURIDAD CIUDADANA Y MEDIDAS EFECTIVAS CONTRA LA CRIMINALIDAD.

1. ¿Qué medidas concretas ha implementado desde el inicio de su gestión para reducir los índices de criminalidad, especialmente, extorsión, sicariato y homicidios agravados?
2. ¿Qué mecanismos de evaluación y control se están aplicando para medir la efectividad de las estrategias implementadas?
3. ¿Cómo se está coordinando con otras instituciones del Estado para asegurar una respuesta integral y efectiva frente a la inseguridad?
4. ¿Cuánto del presupuesto asignado al Ministerio del Interior en el presente año se ha destinado específicamente a programas y acciones de seguridad ciudadana?
5. ¿Cómo se está promoviendo la participación de las juntas vecinales y otros actores comunitarios en la prevención del crimen?
6. ¿Qué campañas de sensibilización y educación se están llevando a cabo para informar y proteger a la población contra la delincuencia? ¿Qué Plan de Trabajo y qué acciones ha implementado para dar protección a los vecinos ante el aumento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana?
7. ¿Cuáles son las medidas internas que está realizando la PNP en el marco del Mecanismo Intersectorial de Derechos Humanos, para afianzar labores de prevención y protección de los defensores de derechos humanos dada las cifras de víctimas de líderes indígenas y líderes sindicales asesinados por las mafias ilegales?
8. ¿Qué acuerdos o convenios internacionales están vigentes y viene aplicando su sector, para enfrentar el crimen organizado transnacional?
9. (El número 9 no figura en el texto original del documento).
10. ¿Cuáles han sido los resultados tangibles hasta la fecha en términos de reducción de la criminalidad y mejora de la seguridad pública, especialmente en extorsión, homicidio y crimen organizado?
11. ¿Con cuántos patrulleros y motorizados cuenta la Policía Nacional del Perú para el patrullaje?, ¿cuántos de estos vehículos se encuentran inoperativos?, y, ¿qué plan tiene para dar de baja los vehículos inoperativos?
12. ¿Ha contemplado alguna medida efectiva para dar de baja a vehículos inoperativos al 100 % con antigüedad mayor a 15 años, que se encuentran en las comisarías y unidades especiales?
13. Durante su gestión ¿Cuáles son los resultados de las investigaciones policiales sobre los casos de secuestros y desapariciones?, y, ¿qué porcentaje de casos de secuestros y desapariciones se resuelven?
14. ¿Ya se ha identificado, ubicado y capturado a los responsables de los asesinatos de más de sesenta defensores ambientales asesinados desde el 2012 y especialmente del último asesinato del líder indígena Américo Pascual Tumisha líder Ashéninka, Exjefe de la comunidad nativa Onconashari que fue atacado durante un patrullaje al sorprender a mafiosos extrayendo aceite de copaiba en su territorio?
15. Cuál es su relación con la empresaria Susana Liliana Saldaña Ramos candidata a la Alcaldía de la Victoria por Renovación Popular quien ha sido mencionada en una investigación policial en un caso por cobro de cupos (caso Los Pulpos de la Victoria) en el emporio de Gamarra.

SEGUNDO TEMA:

CESE EN EL CARGO AL COMANDANTE GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, MANUEL OSCAR ARRIOLA, INVESTIGADO POR CORRUPCIÓN Y QUE TIENE ESE ALTO CARGO DURANTE TRES GOBIERNOS CONSECUTIVOS.

1. ¿Por qué motivo mantiene en el cargo al Comandante General de la Policía Nacional del Perú Manuel Oscar ARRIOLA, quien ha perdido totalmente el liderazgo sobre los miembros de la PNP, la confianza del propio gobierno de turno y de la población?
2. ¿Cree usted que el Comandante General de la Policía Nacional del Perú Manuel Oscar ARRIOLA es una persona idónea para comandar la Policía Nacional del Perú?, habiendo demostrado su ineptitud para lograr ubicar y capturar al prófugo Vladimir Cerrón, ineptitud en el manejo de presupuesto para la compra de equipamiento y modernización de la PNP y además de tener investigaciones de índole penal.
3. ¿Cuál es la salida jurídica que tiene su despacho para cesar en el cargo al Comandante General de la Policía Nacional del Perú Manuel Oscar ARRIOLA?
4. ¿Porque no se le ha separado temporalmente del cargo al Comandante General de la Policía Nacional del Perú Manuel Oscar ARRIOLA, por su ineptitud en el manejo del presupuesto público en gastos para la logística y operatividad policial causando agravio a la institución policial, no habiendo ejecutado gran parte del presupuesto para la modernización de la Policía, habiendo devuelto dicho dinero al Ministerio de Economía para ser usado en el Fenómeno del Niño?

TERCER TEMA:

NOMBRAMIENTO DE UNA INVESTIGADA POR CORRUPCIÓN EN EL GOBIERNO DE JOSÉ ENRIQUE JERÍ ORÉ.

1. ¿Reconoce usted haber nombrado a la ciudadana Magali Ella Meza Mundaca como Directora General de Recursos Humanos del Ministerio del Interior, quien cuenta con investigaciones fiscales pendientes entre ellas la investigación seguida en su contra y otros por corrupción de funcionarios cuando era Jefa de Recursos Humanos del MINEDU donde fue sindicada como responsable de contrataciones irregulares, investigación donde la Fiscalía Anticorrupción del Centro conjuntamente con la DIRCOCOR-PNP allanó 25 inmuebles en Lima, Callao y Huánuco entre ellos su domicilio de esta funcionaria?
2. ¿Quién la recomendó para el cargo de directora general de Recursos Humanos del Ministerio del Interior a la investigada Magali Ella Meza Mundaca?
3. ¿Cómo garantiza usted, como ministro del Interior, la independencia y autonomía de la Policía Nacional del Perú en la realización de investigaciones complejas, especialmente aquellas que involucran a figuras políticas o a personas cercanas al gobierno?
4. ¿Cómo se asegura que las investigaciones en curso, especialmente aquellas de alta complejidad, no sean interrumpidas o manipuladas por influencias políticas?

CUARTO TEMA:

SOBRE LAS CREDENCIALES PARA SER MINISTRO DEL INTERIOR

1. Dada las cifras de asesinatos y heridos productos de la extorsión y el sicariato, que ahora también cobran relevancia en el ámbito de la construcción y el transporte, poniendo en peligro a toda la ciudadanía, ¿usted considera que viene cumpliendo un rol significativo para luchar contra el hampa y el crimen organizado?
2. ¿Considera que, al asumir la cartera de ministro del Interior, siendo usted parlamentario, resulta “ilógico e incongruente” su designación como ministro, ya que rompe la separación de poderes y convierte su rol de fiscalizador en juez y parte?
3. ¿Es verdad que usted, Señor ministro General EP (r) César Astudillo Salcedo, ha decidido rodearse de ex colegas del instituto castrense en el Ministerio del Interior, colocando en posiciones clave (Secretaría General, la Dirección de Inteligencia y la Dirección de Gobierno de Interior) a oficiales del ejército en retiro de extrema confianza, con los que ha trabajado en su prolongada carrera?
4. Usted considera que, como Oficial del Ejército, ¿está preparado para asumir una cartera tan sensible como la del Interior, donde no tiene la especialización que requiere el cargo y desconoce totalmente la función policial?

Juan Carlos Distéfano murió de noche, mientras dormía —fue hace menos de dos meses, tenía 92 años— acompañado por Griselda Gambaro, su esposa y compañera desde que se casaron hace mucho, mucho tiempo: 1955. Ella falleció ayer. Las muertes de los dos artistas —él escultor, ella escritora y dramaturga—, separadas por menos de dos meses, cerraron una vida compartida entre la creación, el exilio, la familia y una misma forma de mirar el mundo. Una verdadera historia de amor.

Se conocieron en la década del cincuenta. Ella había empezado a escribir relatos; él se abría paso en las artes visuales. Se casaron en 1955 y, años después, construyeron una casa modesta en Don Bosco, en el sur del conurbano bonaerense. La indemnización que Gambaro recibió tras dejar su empleo en el Club Independiente y el dinero de sus primeros premios literarios ayudaron a acelerar esa obra. Ahí criaron a sus hijos, Andrea y Lucas, mientras cada uno encontraba su propio lenguaje artístico.

En aquellos años reunieron ahorros para viajar a Italia, un destino que Distéfano quería conocer por sus museos. Partieron con la intención de instalarse allí, pero regresaron a los cinco meses. La nostalgia por la Argentina modificó el plan.

La relación incluyó una conversación artística constante, aunque no siempre explícita. Distéfano leía los textos de Gambaro antes de que circularan. En una entrevista de 2015 con La Nación, la dramaturga lo incluyó entre sus primeros lectores, junto con una amiga y uno de sus hijos. También evocó con humor una pieza temprana sobre Vincent van Gogh que les había leído a amigos y que su marido todavía recordaba para burlarse de algunas escenas. Después de esa experiencia, Gambaro dejó de intentar escribir teatro durante un tiempo. Su regreso llegó con Las paredes, en 1963, una obra que todavía se representa.

La intervención de Distéfano fue más allá de la intimidad de la lectura. El escultor hizo llegar a Roberto Villanueva el libreto y la versión teatral de El desatino. Ese gesto ayudó a que el texto se encaminara hacia una puesta en el Instituto Di Tella.

Cuando le preguntaron qué los unía después de casi seis décadas de matrimonio, Gambaro respondió: “No es que hablemos mucho de arte, es la manera de ver las cosas lo que importa”. También recordó la disciplina de la juventud: ambos tenían trabajos para sostenerse y dedicaban el tiempo libre a sus obras.

Volvamos atrás. En abril de 1977, la dictadura prohibió Ganarse la muerte, la novela que Gambaro había publicado el año anterior. El decreto presidencial calificó el libro como contrario a la familia, la moral, el ser humano y la sociedad. La medida incluyó la clausura por 30 días del sello que la publicó: Ediciones de la Flor. Ese mismo año, la familia se exilió en Barcelona.

Distéfano recordó después que la acusación de atacar a la familia les resultaba irónica, porque la suya era “absolutamente tradicional”. Pero el contexto que rodeó la partida estaba marcado por el temor: amigos secuestrados, cuerpos hallados en la zona donde vivían y tiroteos nocturnos en Don Bosco. Volvieron a la Argentina en 1980.

“Desenterramos los libros que habíamos escondido y tratamos de comenzar de nuevo”, contó ella. El regreso ocurrió todavía bajo la dictadura, en una vida cotidiana que el escultor describió como una normalidad atravesada por el autoritarismo.

En los recuerdos de Mercedes Pérez Bergliaffa, publicados tras la muerte de Distéfano, la pareja aparece lejos de las ceremonias institucionales. Llegaban a la casa de Lucas, su hijo, con fuentes de comida, panes y libros. Gambaro reía y, según la autora, los ojos de Distéfano se iluminaban.

La misma crónica registra a Gambaro haciendo bromas en una cocina sin muebles y a Distéfano atento a la ubicación de un reloj para que pudiera verse desde todos los ambientes. Son escenas domésticas de una pareja que compartió la crianza, amistades, casas en construcción y el trabajo de cada día.

El 24 de julio de este año, Gambaro cumplió 98 años. Al día siguiente, Distéfano murió mientras dormía, con ella a su lado y con sus hijos cerca. Como si hubiera estado esperando aquel festejo, para no arruinarlo con una tristeza. Ella falleció 52 días después. Ambas vitalidades estaban encadenadas. Juntos construyeron una obra decisiva para la cultura argentina, pero sobre todo protagonizaron una historia de amor que atravesó más de 70 años.

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y organizaciones aliadas instaron al presidente Abelardo de la Espriella a adoptar medidas concretas para proteger el ejercicio periodístico y garantizar el acceso de la ciudadanía a información independiente.

El pronunciamiento que se conoció el miércoles 9 de septiembre de 2026, se reveló cuando se cumple poco más de un mes desde el inicio de su Gobierno y en medio de cuestionamientos por decisiones oficiales y denuncias sobre presiones a espacios de opinión.

La organización sostuvo que el nuevo Ejecutivo debe pasar de las declaraciones públicas a políticas que puedan ser evaluadas.

“El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella debe traducir su compromiso público con la libertad de prensa en garantías reales y verificables”, señaló la Fundación en el documento.

Asimismo, desde la Fip se vinculó la defensa del periodismo con la protección de derechos humanos, al exponer que las condiciones de seguridad de periodistas tienen una incidencia directa en el derecho de la población a recibir información libre y sin interferencias.

La ONG advirtió que el escenario actual parte de un deterioro registrado en los últimos años y mostró su preocupación por medidas adoptadas durante las primeras semanas de la nueva administración. “La seguridad de quienes ejercen el periodismo es una garantía de derechos humanos: protege su vida y garantiza el derecho de la ciudadanía a acceder a información libre e independiente”, añade el comunicado.

La FLIP registró 2.003 agresiones contra 870 periodistas en cuatro años

El documento oficial por parte de la Flip incluyó cifras sobre la situación de la prensa en Colombia.

De acuerdo con los registros de la Fundación, durante los últimos cuatro años ocurrieron 2.003 ataques contra 870 periodistas en los 32 departamentos del país, entre ellos 10 asesinatos.

La organización indicó que, en promedio, un periodista recibió amenazas cada dos días en Colombia. También documentó 226 episodios de estigmatización provenientes del poder público durante ese período (administración de Gustavo Petro en su mayoría).

La FLIP puntualizó además que los riesgos son mayores en áreas afectadas por el conflicto armado. Algunos casos en concreto son Norte de Santander, Arauca, Putumayo, Nariño, Cauca y sectores del norte de Antioquia como territorios donde la violencia ha impactado con fuerza a comunicadores y medios locales.

Teniendo en cuenta lo anterior, el documento recordó el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en el norte de Antioquia (Briceño) y el del periodista y corresponsal de la FLIP Cristian Herrera en Cúcuta (Norte de Santander).

“Estas violencias sumadas a la instrumentalización de la prensa, un incremento de amenazas, desplazamientos y exilios, han profundizado la autocensura y el silenciamiento en los territorios”, advirtió la Fundación en el comunicado.

La suspensión de emisoras y la Directiva Presidencial 01 generaron alertas

Entre los asuntos que motivaron el pronunciamiento, la organización mencionó la suspensión de la programación informativa de las 20 emisoras de paz creadas a partir del Acuerdo de 2016, y ejecutadas durante la administración Petro.

Según la FLIP, la medida se produjo el 18 de agosto sin aviso previo. Sumado a esto, el 7 de septiembre, 16 de esas estaciones regresaron al aire bajo el nombre de Emisoras de la Reconciliación, mientras que las ubicadas en Buenaventura, Agustín Codazzi, Riosucio y Tierralta continuaban suspendidas, de acuerdo con el comunicado.

La Fundación también cuestionó la Directiva Presidencial 01 de 2026, expedida el 3 de septiembre. Esa disposición centralizó la comunicación oficial del Gobierno y estableció que los funcionarios requieren autorización previa de la Presidencia antes de conceder entrevistas o formular declaraciones públicas.

Desde la ONG se sostuvo que, en su versión inicial, el texto incluía directrices que contemplaban la entrega de entrevistas e información a medios o periodistas “amigos”. Dicha coordinación de vocerías estatales, según la Flip, no debe derivar en barreras discrecionales para acceder a datos de interés público

El documento pidió que la aplicación de la directiva se base en criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios. “La coordinación y unificación de vocerías no se puede convertir en un criterio de autorización”, afirmó.

La organización pidió investigar denuncias de presión sobre medios

La Flip se refirió además a denuncias públicas sobre presiones a espacios de opinión crítica y a salidas de periodistas de medios de comunicación, y consideró que estos hechos deben ser examinados por sus posibles vínculos con el poder político y por su impacto sobre el pluralismo informativo.

No obstante, también se señaló que se han silenciado voces críticas de mujeres periodistas, humoristas y caricaturistas.

“El Gobierno debe abstenerse de cualquier presión directa o indirecta que busque condicionar las decisiones editoriales o excluir del debate público a quienes cuestionan su gestión”, planteó la Fundación, que señaló que estas prácticas podrían constituir censura indirecta.

Entre sus solicitudes, la Flip pidió al presidente de la Espriella rechazar públicamente la estigmatización contra la prensa y transmitir esa instrucción a los funcionarios de su administración, incluso frente a coberturas o contenidos críticos.

Otro de los puntos que se menciona tener como prioridad para Dela Espriella es solicitar que se esclarezcan las denuncias sobre presiones oficiales en medios de alcance nacional y que se respete la independencia editorial, sin usar recursos políticos, económicos o institucionales para condicionar publicaciones o castigar líneas informativas.

La Flip propuso reactivar la política de protección a periodistas

El comunicado incluyó tres medidas relacionadas con la seguridad de periodistas. La primera consiste en retomar y formalizar la política pública de garantías para la labor periodística, una iniciativa presentada por el Ministerio del Interior en 2023 con participación de comunicadores y organizaciones nacionales e internacionales.

La Flip pidió fortalecer la respuesta de las entidades de protección ante las demoras denunciadas en la implementación de medidas. En particular, propuso priorizar mecanismos colectivos y preventivos frente a una atención centrada en la reacción posterior a los hechos de riesgo.

Por último, reclamó una coordinación más estrecha entre la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y las autoridades territoriales.

Al fina, desde la organización se recordó que se invitó al presidente Abelardo de la Espriella a una reunión para discutir estas propuestas y otros asuntos relacionados con la protección de periodistas en el país.

VE Sin Filtro -ONG venezolana que defiende los derechos digitales- denunció que más de 200 dominios siguen bloqueados en Venezuela, pese a que la presidenta encargada Delcy Rodríguez dice que el país atraviesa un “nuevo momento político” y que se ha comprometido a respetar la libertad de expresión.

Infobae es víctima de esa censura: el 10 de octubre de 2014, el régimen de Nicolás Maduro ordenó el bloqueo total de Infobae en Venezuela. La medida fue ejecutada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) tras la publicación de imágenes vinculadas al asesinato del diputado oficialista Robert Serra. Esa censura aún continúa.

“El gobierno censura arbitrariamente medios de comunicación, organizaciones de Derechos Humanos, redes sociales y herramientas digitales”, señala VE Sin Filtro. Esta inquietud se planteó ante el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática que instaló la mandataria interina a pocos días de sustituir a Nicolás Maduro. Hasta la fecha, no han hecho absolutamente nada para corregir esta desviación.

Detallan que “de los 202 dominios bloqueados, 92 corresponden a 65 medios de comunicación. Las operadoras utilizan técnicas de censura sobre DNS, HTTP/HTTPS e IP para impedir el acceso, y las restricciones varían según el proveedor”.

Control

VE Sin Filtro explica que atender este reclamo no requiere de ningún trámite extraordinario. “La censura puede terminar ya. Conatel puede ordenar a los proveedores de Internet el cese de los bloqueos, sin esperar una reforma legal. Solo hace falta voluntad política”, acotan.

“Exigimos el desbloqueo inmediato y garantías de que ninguna restricción futura sea impuesta ilegal o arbitrariamente. Cualquier bloqueo debe ser excepcional, estar sujeto a control judicial y cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, apuntan los expertos.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) al frente de 38 medios de comunicación, 63 agrupaciones de la sociedad civil y 164 individualidades, presentó el “Manifiesto por la libertad de expresión en Venezuela”, donde demandan levantar los bloqueos digitales y avanzar en una serie de transformaciones institucionales para eliminar las restricciones.

“Conatel debe dejar de ser un instrumento de control y censura, y funcionar como un organismo técnico y autónomo, con una administración del espectro transparente y auditable”, reclaman en el texto.

Delcy Rodríguez nombró como director de Conatel a Enrique José Quintana Sifontes en sustitución del mayor general Jorge Márquez, hombre de confianza del depuesto Nicolás Maduro. Aunque la remoción de Márquez generó expectativas de cambios en el organismo, la censura digital continúa.

Rosario Murillo atacó esta semana a los periodistas independientes de Nicaragua en el Día Internacional del Periodista, al calificarlos de “ciegos, sordos, mudos e insensatos” y acusarlos de realizar una “estúpida labor de estúpidos”, en un país donde la persecución contra la prensa ha empujado al exilio a 310 trabajadores de medios desde 2018 y ha dejado al menos 60 medios cerrados, confiscados o destruidos.

La ofensiva verbal coincidió con nuevas cifras sobre el deterioro de la libertad de prensa. La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia documentó entre abril y junio de 2026 al menos 24 agresiones contra periodistas y medios independientes: 21 agresiones verbales, escritas y digitales, dos casos de desplazamiento forzado y un caso de abuso del poder estatal.

Según 100% Noticias, durante ese mismo periodo dos periodistas abandonaron el país por acoso policial y temor a ser detenidos. Con esos casos, aumentó a 310 la cantidad de periodistas y trabajadores de medios obligados al exilio desde 2018.

Murillo lanzó sus descalificaciones durante una intervención pública en la que mezcló referencias a acciones de su Gobierno con ataques a los comunicadores que informan desde Nicaragua y desde el exilio sobre abusos de poder, violaciones de derechos humanos y corrupción. También acusó a los periodistas de abusar de la tecnología y de pretender “llenarnos de bocas sucias, terrorismo virtual”, dentro de lo que describió como una “sistemática faena, sistemática y malvada faena”.

Después elevó el tono y afirmó: “Estúpida labor de estúpidos, que no siendo nicaragüenses desconocen el alma nuestra”.

El ataque coincidió con nuevas denuncias sobre censura y exilio forzado

El mismo día, el Colectivo Nicaragua Nunca Más destacó la resistencia de los periodistas nicaragüenses que siguen informando dentro y fuera del país pese a uno de los contextos más adversos para la libertad de prensa en las Américas. La organización, con sede en Costa Rica, señaló que ejercer el periodismo independiente en Nicaragua implica censura, vigilancia, amenazas, hostigamiento, cierre y confiscación de medios, persecución contra familiares y riesgo permanente de detención o desplazamiento forzado.

La respuesta a la pregunta central del caso es directa: los periodistas independientes en Nicaragua enfrentan insultos desde la cúpula del poder, persecución estatal dentro del país y hostigamiento más allá de las fronteras. El cuadro descrito por las organizaciones incluye desde agresiones verbales hasta exilio, confiscación de medios y alertas de riesgo para la vida de comunicadores refugiados en Costa Rica.

Murillo también se refirió a los periodistas desterrados y desnacionalizados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. “Y menos cuando la estupidez, la estulticia, la imbecilidad, perdonen la palabra, se usan para ganar chelines, chelines que son de mal agüero para los que los recogen”, dijo.

En el inicio de su intervención sostuvo que en Nicaragua “no criamos cuervos” y que “no nos sacarán los ojos”. Luego añadió: “De verdad se lo decimos: los que ya no son nicaragüenses, y en realidad nunca lo fueron, viven en la ansiedad y el miedo de su propia vaguedad, de su propia intrascendencia y, de hecho, de su inexistencia. Eso les da ansiedad, eso les da miedo”.

La presión sobre la prensa nicaragüense también se extiende a Costa Rica

El Colectivo Nicaragua Nunca Más expresó una preocupación especial por la situación de periodistas nicaragüenses refugiados o exiliados en Costa Rica. La organización aseguró que al menos siete comunicadores reportaron vigilancia, seguimientos cerca de sus viviendas, amenazas en redes sociales, exposición de información personal, intimidaciones en espacios públicos, fotografías de sus vehículos y llamadas desde números desconocidos.

Algunos, agregó la organización, fueron alertados por autoridades costarricenses sobre riesgos graves para su vida e integridad. Uno de los casos documentados obligó a una periodista a abandonar de manera urgente Costa Rica por razones de seguridad.

El colectivo advirtió además que representantes del régimen usan redes sociales para alentar ataques contra periodistas exiliados. También pidió a las naciones democráticas exigir el cese inmediato de la persecución, vigilancia, criminalización y hostigamiento contra periodistas, comunicadores y trabajadores de medios, y reclamó a Costa Rica y a otros países receptores de exiliados que refuercen los mecanismos de prevención, investigación y protección frente a posibles actos de represión transnacional.

Desde 2018, la dictadura ha destruido, confiscado o cerrado al menos 60 medios de comunicación. En 2026 se registró el cierre de Radio Stereo Romance, de Jinotepe, después de 31 años de transmisión, junto con la confiscación de sus equipos por parte de Telcor.

Ese caso se sumó a las confiscaciones y cierres de medios como LA PRENSA, Confidencial y 100% Noticias, cuyas redacciones se vieron obligadas a reconstruirse desde el exilio y a depender de redes de fuentes que permanecen dentro de Nicaragua bajo riesgo constante.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que seis periodistas y trabajadores de la prensa siguen enfrentando procesos judiciales en Venezuela, incluido Carlos Correa, quien opta al cargo de Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Tras recordar que “decenas más permanecen en el exilio, algunos también judicializados o bajo amenaza”, el SNTP exige “el cierre de las causas y el levantamiento de las medidas restrictivas” que afectan a los profesionales de la comunicación.

Reputado activista por la libertad de expresión y director de la ONG Espacio Público, Correa estuvo detenido del 7 al 16 de enero de 2025 en la cárcel de El Helicoide, identificado como un centro de torturas recientemente clausurado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

El periodista estuvo en condición de “desaparición forzada”, sometido al aislamiento y sin posibilidad de hablar con sus abogados. El SNTP apunta que Correa acumula 604 días judicializado por el régimen chavista.

Distintos organismos defensores de Derechos Humanos han insistido en lo siguiente: La excarcelación no significa libertad plena. El gobierno interino de Rodríguez promulgó una Ley de Amnistía y ha sacado de prisión a centenares de presos políticos; sin embargo, ya en la calle los beneficiarios continúan sufriendo limitaciones como arresto domiciliario, presentación periódica ante los tribunales y prohibición de salida del país.

El Comité por la Liberación de los Presos Políticos señaló que tiene “documentados al menos 400 casos de personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos”, de los cuales “37 presentan patologías graves que requieren atención médica sostenida”.

Manifiesto

Otro de los afectados es Rory Branker, editor de la página La Patilla. “No conforme con haberme desaparecido forzosamente por siete meses, encarcelado arbitrariamente, torturado, sometido al escarnio público en televisión nacional, calumniado, vilipendiado y demorado mi liberación por un año entero tras el forjamiento de un expediente, me han hecho saber que no han terminado conmigo”, escribió Branker en sus redes al informar que los tribunales le habían negado la amnistía.

Al frente de 38 medios, 63 organizaciones de la sociedad civil y 164 individualidades, el SNTP publicó esta semana el “Manifiesto por la restitución de la libertad de expresión”, que entre otras cosas demanda libertad plena y fin de la persecución contra los trabajadores de la prensa. En el texto reclaman desde el cierre de los procesos judiciales hasta la devolución de pasaportes anulados a comunicadores.

El Gobierno de México publicó este 28 de agosto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los “Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias”, emitidos por el Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) mediante acuerdo unánime emitido el miércoles.

La norma cierra un proceso que duró semanas y generó críticas de medios, organizaciones civiles y legisladores de oposición, quienes advirtieron riesgos de censura en el proyecto original.

La consulta pública que precedió a la publicación reunió 8,889 participaciones -una de las más grandes en materia de regulación de medios en el país- y derivó en ajustes al texto. Más del 80 por ciento de los comentarios recibidos se expresó en contra del proyecto inicial.

La CRT aprueba el texto por unanimidad tras ajustes derivados de la consulta

El Pleno de la CRT aprobó los lineamientos en su Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria. La comisionada presidenta Norma Solano Rodríguez firmó el acuerdo junto con los comisionados Ledénika Mackensie Méndez González, María de las Mercedes Olivares Tresgallo, Adán Salazar Garibay y Tania Villa Trápala.

En el artículo sobre veracidad, la CRT ajustó el texto a la literalidad del artículo 6° constitucional. La norma obliga a los concesionarios a adoptar medidas para preservar la pluralidad y veracidad de la información con base en sus propios códigos de ética, no en criterios externos. Solano aclaró que la comisión no tiene facultad para revisar contenidos ni para determinar qué noticias deben retirarse del aire.

En materia de sanciones, el texto definitivo remite al artículo 295 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que fija multas de 0.01% hasta 1% de los ingresos acumulables del concesionario por no contar con mecanismos de defensa, no nombrar defensor de audiencias o no emitir un código de ética.

Semanas de polémica marcaron el camino al DOF

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) fue la primera en alertar, el 28 de julio, que el proyecto original permitiría a la autoridad determinar cuándo una información es falsa o está fuera de contexto, y que las multas y la posibilidad de que la CRT revisara resoluciones de las defensorías generaban riesgos para la libertad editorial.

Organizaciones como Artículo 19 y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad señalaron que los lineamientos originales otorgaban a la CRT facultades no previstas en la ley. Human Rights Watch advirtió, el 25 de agosto, que el mecanismo abría la puerta a la censura al permitir que la comisión revirtiera fallos de los defensores de audiencias.

Tras la aprobación del texto ajustado, el presidente de la CIRT, José Antonio García Herrera, respaldó el resultado y lo calificó como un equilibrio entre regulación, libertad editorial y viabilidad económica de la industria.

Qué establece la norma publicada en el DOF

Los lineamientos son de observancia obligatoria para concesionarias de televisión abierta, radio, televisión y audio de paga, así como programadoras. Entran en vigor 30 días naturales después de su publicación, es decir, a finales de septiembre.

Cada concesionaria debe contar con un código de ética que incluya criterios editoriales para el tratamiento de información noticiosa, mecanismos para nombrar a la persona defensora de audiencias y procedimientos para atender quejas. Las concesionarias de uso social comunitaria, indígena y afromexicana tienen un plazo de 180 días hábiles para presentar la inscripción de su código.

La persona defensora recibirá, registrará y dará seguimiento a las quejas de las audiencias. Tiene un plazo máximo de 20 días hábiles para resolverlas. Si el medio no atiende la recomendación, la audiencia puede solicitar la intervención de la CRT, que exhortará al concesionario y, de no obtener respuesta, iniciará el procedimiento sancionatorio.

En Cuba, la expresión “2+2=5” se usa como metáfora de una disputa por la realidad: remite a 1984, la novela que George Orwell publicó en 1949, y hoy funciona como ironía política entre personas críticas del régimen porque condensa una idea precisa: cuando el poder logra imponer una falsedad evidente, también puede moldear la percepción de lo verdadero.

La frase no alude a matemáticas ni a una creencia literal. Se utiliza para señalar la distancia entre lo que una parte de la población dice vivir en la vida cotidiana y la versión oficial de determinados acontecimientos.

En la novela, el protagonista Winston Smith es presionado para aceptar que dos más dos son cinco, aunque sabe que el resultado es cuatro. La escena resume uno de los núcleos del libro: el intento de un régimen totalitario por controlar no solo lo que las personas dicen, sino también lo que pueden considerar cierto.

Orwell convirtió la fórmula en un símbolo de la manipulación de la verdad

Orwell escribió 1984 después de haber vivido hechos como la Guerra Civil Española y de observar de cerca el peso de la propaganda política sobre la información. De esa experiencia surgió también el concepto de “doblepensar”: la capacidad de aceptar al mismo tiempo dos ideas contradictorias porque el poder así lo exige.

Por eso “2+2=5” terminó convertida en una fórmula más amplia que una cita literaria. La frase expresa que los hechos pueden quedar subordinados a la verdad que una autoridad consigue instalar en la sociedad.

El símbolo adquirió una carga histórica asociada a los regímenes totalitarios del siglo XX y a sus mecanismos de propaganda. Su fuerza proviene de la sencillez: una operación elemental alterada para exhibir cómo la mentira puede presentarse como norma.

En la isla la consigna ganó fuerza con redes sociales, memes y periodismo independiente

En el contexto cubano, la expresión circula entre creadores de contenido, periodistas, opositores y otras voces críticas del gobierno. Suele aparecer como sarcasmo cuando alguien considera que las autoridades describen una situación de un modo, mientras la población afirma estar viviendo otra cosa.

Esa apropiación también se explica por una historia más larga de control de la información en la isla.

Después de la Revolución de 1959, el Estado cubano construyó un sistema de medios altamente centralizado, mientras las voces independientes enfrentaron durante décadas fuertes restricciones.

La llegada de internet y, más tarde, de las redes sociales alteró esa relación. A partir de entonces, los cubanos empezaron a mostrar directamente desde sus teléfonos escenas y situaciones que podían contrastarse con el discurso oficial.

Ahí reside parte de la potencia de “2+2=5” como meme o consigna. Es una frase corta, reconocible y con una carga literaria que permite resumir un conflicto mayor: la convivencia de dos versiones de un mismo país, la que emite el poder y la que los ciudadanos intentan mostrar por su cuenta.

La fórmula tiene incluso antecedentes anteriores a Orwell. En 1931, dentro de la cultura soviética ya circulaban expresiones vinculadas con la aceptación de absurdos impuestos por la ideología, aunque fue el autor británico quien convirtió “2+2=5” en uno de los símbolos literarios más reconocibles de la manipulación de la verdad.

La reciente suspensión de un debate sobre derechos humanos en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires —cristalizada tras evidentes presiones de la embajada de la República Popular China— expone en toda su dimensión cómo opera el Sharp Power. Un evento convocado para reflexionar de manera abierta sobre regímenes autoritarios y abusos de poder, fue cancelado bajo el pretexto de supuestas trabas administrativas. Este episodio no solo enciende luces de alerta sobre los límites del disenso y los costos de denunciar las violaciones a los derechos humanos frente a la agenda de Beijing, sino que expone con claridad cómo el Sharp Power opera mediante la penetración, la coacción sutil y el condicionamiento directo de las agendas públicas locales.

El incidente porteño no es un hecho aislado ni una simple anécdota de pasillo diplomático; encaja milimétricamente en una matriz de influencia global sistemáticamente medida y documentada por organizaciones internacionales. Informes de referencia como el China Index—que evalúa la injerencia de Pekín en más de un centenar de países a través de múltiples indicadores— ubican a la Argentina en una zona de alta exposición, registrando puntajes que superan holgadamente el 60% de influencia china en áreas tan sensibles como la política exterior, el ecosistema académico y la conectividad tecnológica. Estos datos reflejan que la penetración del gigante asiático excede largamente el plano comercial.

A menudo se confía en que el pragmatismo económico y la firma de acuerdos bastan para ordenar la política exterior, pero esa mirada superficial suele descuidar la letra chica de problemas complejos vinculados a la seguridad nacional y la autonomía estratégica. Esta realidad pone una señal de alerta, en especial para los países de menor peso relativo, donde la asimetría de poder se traduce en subordinación o censura. Además, en nuestra discusión pública existe un curioso reflejo condicionado: se activa una aguda sensibilidad para denunciar la menor señal de injerencia occidental, pero se opta por el silencio, la amnesia o la complicidad frente a la penetración de regímenes autoritarios.

La facilidad con la que la agenda autocrática logra vetar temas incómodos demuestra que la soberanía de una nación no solo se erosiona mediante contratos opacos, sino también cuando se cede ante estas herramientas de presión sistemática que buscan debilitar los cimientos del debate democrático.

Dra. Constanza Mazzina

Directora de la licenciatura en ciencias políticas de Ucema

Las cartas se apilaron sobre la mesa de El Espacio 23, el centro de arte de Miami donde Luis Manuel Otero Alcántara reside como artista desde que llegó exiliado a la ciudad estadounidense.

Eran más de 27,000 mensajes reunidos por Amnistía Internacional, remitidos desde distintos rincones del mundo durante los cinco años que el artista cubano pasó en prisión en Cuba.

Ninguna de esas cartas alcanzó sus manos tras los barrotes, pero el acto de entrega reconfiguró lo que, para Otero Alcántara, fue una corriente de energía silenciosa y permanente.

El evento, titulado “Cartas de libertad y solidaridad”, reunió a activistas, artistas y amigos el martes en Miami. Allí, Astrid Valencia, directora adjunta de Investigaciones para las Américas de Amnistía Internacional, le entregó el paquete junto a dos colegas de la organización.

El propio Otero Alcántara leyó una carta de respuesta, fechada el 22 de agosto. “A pesar de no tener las cartas en físico, en ese momento de angustia, la energía y el amor de todos y todas me alcanzó detrás de los barrotes. Y fueron el alimento para el latir de mi corazón y mantener la fe en que un futuro mejor es posible”, escribió. Después añadió, ante el público: “Les doy gracias a todos por tanto amor, me salvaron la vida”.

La campaña global que cruzó el Atlántico

Las cartas y postales entregadas a Otero Alcántara surgieron de la campaña anual “Escribe por los Derechos” de Amnistía Internacional, que cada año selecciona una decena de personas o causas que consideran urgentes y que requieren solidaridad global. En 2022, cuando el artista cumplía condena en la isla, la organización lo eligió como uno de esos “casos” y lo declaró preso de conciencia.

“Una carta puede parecer algo pequeño, un gesto sencillo, pero cuando una persona está injustamente encarcelada, una carta puede significar mucho más que una hoja de papel”, afirmó Astrid Valencia.

Ella destacó que “cada carta representa a una persona que decidió reafirmar la dignidad, que decidió negarse a aceptar la injusticia como algo normal”. El acto no fue solo una devolución material, sino una reafirmación de comunidad más allá de fronteras.

En prisión: memoria y resistencia

Otero Alcántara compartió cómo, entre los presos, las cartas se convierten en objetos de valor. “En la cárcel los presos guardan durante años las cartas y las releen una y otra vez. Regalar una foto, regalar una carta, escribir algo a mano significaba una reafirmación de preocupación del otro por el otro”, relató. Ese gesto, en sus palabras, era “un pacto de amistad en un lugar donde nadie es amigo de nadie”.

La resistencia artística fue también su refugio. Otero confesó que, durante su encierro, si no podía sacar sus obras, sentía que tampoco lograría salir él mismo. “Yo estaba convencido literalmente que si no salían las obras, yo no salía”, aseguró. Como no podía extraer físicamente sus dibujos, los describía por teléfono a amigos artistas fuera de la prisión, que los interpretaban y materializaban. Ese ejercicio de comunicación fue, según dijo, la verdadera obra.

Un dibujo como símbolo y la puerta hacia la libertad

Como agradecimiento, el artista regaló a Amnistía Internacional un dibujo de una puerta, realizado en prisión. Explicó que era una de las formas que encontró para buscar la salida: “Son luz dentro de la oscuridad”, afirmó, refiriéndose tanto al dibujo como al apoyo recibido.

Movimiento San Isidro, censura y la condición del exilio

Otero Alcántara es cofundador del Movimiento San Isidro, un colectivo de artistas e intelectuales que desde 2018 se posicionó contra la censura cultural en Cuba. Tras su excarcelación, arribó a Miami el 18 de julio, forzado a dejar la isla como condición para su liberación.

Óscar Maydon, el cantante de corridos tumbados con más vetos acumulados en los últimos 18 meses, no se presentará en la Feria Nacional de Zacatecas tras una decisión del gobierno estatal que lo señala por apología del delito.

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó este jueves que el Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA) aceptó retirar al artista de su cartelera 2026. Su presentación estaba programada para el 14 de septiembre en el Teatro del Pueblo.

Qué determinó la Mesa Estatal de Construcción de Paz

La cancelación fue resultado de un análisis del repertorio de Maydon por parte de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, órgano que desde este año funge como filtro para los espectáculos públicos en el estado.

“Se decidió que era un artista que tenía contenido que impulsaba la apología del delito, por lo que se solicitó al patronato la cancelación y que se sustituyera por otro artista”, declaró Reyes Mugüerza, según NTR Zacatecas.

El funcionario precisó que el gobierno estatal busca “espectáculos que fomenten la convivencia y ayuden a Zacatecas a reforzar el tejido social, evitando la presentación de artistas que hagan apología del delito o que hagan mención de grupos delictivos”.

El caso Conriquez, un día antes

La cancelación de Maydon se produjo 24 horas después de que el mismo gobierno confirmara la baja de Luis R. Conriquez de la Feria Nacional de Fresnillo (FENAFRE), donde tenía fecha el 28 de agosto.

En ese caso, la Mesa de Paz fundamentó su decisión en canciones concretas del repertorio de Conriquez: “JGL”, cuyo título alude a las iniciales de Joaquín Guzmán Loera, y “El 27 o El Perris”, vinculada a un presunto integrante de Los Chapitos.

El gobierno de Zacatecas acordó aportar recursos extraordinarios para cubrir la penalización por incumplimiento de contrato y financiar la contratación de un sustituto para la fecha vacante.

Los límites del mecanismo oficial

Reyes Mugüerza reconoció que los lineamientos de la Mesa Estatal no constituyen leyes obligatorias ni son vinculantes para los municipios: su aplicación depende de la voluntad política de cada ayuntamiento.

El funcionario admitió, además, que en el caso de la FENAZA solo una parte del cartel fue sometida a revisión previa, debido a los tiempos de las licitaciones. Maydon quedó fuera de ese primer filtro.

Un historial de vetos que se extiende desde 2025

La cancelación en Zacatecas es la más reciente de una serie de restricciones que Óscar Maydon acumula desde principios del año pasado.

En febrero de 2025, su concierto en el Palenque de la Feria de Aguascalientes fue cancelado tras la aparición de narcomantas atribuidas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con amenazas directas en su contra. El artista negó entonces cualquier vínculo con el crimen organizado y afirmó que la cancelación fue “por el bien de todos”.

Dos meses después, en abril de 2025, autoridades estadounidenses le negaron la visa de trabajo, en el marco de la política de la administración de Donald Trump para frenar la popularidad de los narcocorridos en Estados Unidos, según informó la creadora de contenido Chamonic en Instagram. Ese mismo mes, el gobierno de Jalpan de Serra, Querétaro, inició un procedimiento administrativo en su contra tras su presentación en la Feria Jalpan por presunta apología del delito.

Sin respuesta pública del artista

Hasta el cierre de esta nota, Óscar Maydon no había emitido ningún pronunciamiento sobre su exclusión de la FENAZA 2026.

Quién es Óscar Maydon

Óscar René Maydon Mesa nació el 20 de septiembre de 1999 en Mexicali, Baja California. Inició su carrera en julio de 2020 con el tema “De la Nació”, publicado a través de G24 Records, lo que atrajo la atención de Jimmy Humilde y le abrió las puertas del sello Rancho Humilde, uno de los más influyentes en la escena de los corridos tumbados.

En 2022 lanzó su álbum debut, GXLE , y en diciembre de 2023 publicó su segundo disco de estudio, Distorsión, con colaboraciones de Natanael Cano y Gabito Ballesteros, entre otros.

Su ascenso al mercado anglosajón llegó en enero de 2023, cuando “Fin de Semana”, grabada junto a Junior H, debutó en el puesto 86 del Billboard Hot 100, su primera entrada en ese listado. Posteriormente, “Tu Boda”, en colaboración con Fuerza Regida, alcanzó el número uno en el Hot Latin Songs de Billboard.

Horas después de que el dirigente diera a conocer la acción legal emprendida, el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, cerró filas con la presidenta Claudia Sheinbaum y descartó entrar en lo que llamó “litigios de micrófono”.

La bancada morenista dejó constancia de que no validará “agendas personales diseñadas para generar tráfico digital”, en referencia directa a las declaraciones de Moreno Cárdenas.

Alito lleva a México ante la ONU

Ante el secretario general de la ONU, António Guterres, Moreno Cárdenas expuso una serie de acusaciones contra la administración federal. Señaló que el gobierno publica listas de críticos, periodistas, medios de comunicación y ciudadanos que considera “incómodos” por ejercer su libertad de expresión.

El senador priista enumeró las violaciones que documentó en su denuncia:

• Incumplimiento de compromisos internacionales establecidos en la Carta de la ONU, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención de Palermo.
• Censura y persecución política a opositores, así como intentos por controlar qué información reciben los mexicanos.
• Obligación de entregar datos biométricos para registrar líneas telefónicas.
• Crisis de desaparición forzada de personas.
• Colusión de autoridades de Morena con cárteles del crimen organizado.
• Captura de órganos electorales, en particular del Instituto Nacional Electoral (INE).
• Destrucción del sistema democrático y judicial del Estado mexicano.

A su estilo, Moreno Cárdenas aseguró que el PRI dará batalla “dentro y fuera de México”, ante las instancias que el también senador del tricolor considere necesarias, finalizó su mensaje reiterando que “no vamos a guardar silencio mientras quieren someter al país, aunque eso moleste, incomode o haga enfurecer al régimen”.

“Hechos y resultados”, dice Morena

El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado emitió un comunicado en el que expresó “respaldo total y decidido” a Sheinbaum frente a los ataques que, según el texto, buscan “notoriedad a costa del conflicto y el sensacionalismo”. La bancada acusó a sus críticos de anteponer “el espectáculo político al debate sustantivo”.

El bloque oficialista presentó tres ejes de gestión como contrapeso a las acusaciones: reducción de delitos de alto impacto y avances en la estrategia de pacificación nacional; consolidación y ampliación de la política social para garantizar derechos a millones de familias; e indicadores macroeconómicos sólidos con atracción de inversión y fortalecimiento del mercado interno.

PRI vuelve a presentar denuncia ante los reflectores internacionales

Alito Moreno vuelve a aplicar la estrategia legal por la que ha sido señalado por Morena como “traidor a la patria”, por varias semanas se ha mantenido al centro del debate por la denuncia interpuesta ante el Departamento de Estado de Estados Unidos tras el fallo del INE en su contra, quien lo exhortó a borrar publicaciones donde llama a Morena “narcopartido”.

Moreno Cárdenas enmarcó la acción de hoy ante la ONU como parte de una ofensiva que continuará “ante todas las instancias que sean necesarias”.

La bancada morenista, por su parte, cerró su comunicado con un llamado a “concentrar el debate público en el contraste de ideas, propuestas e indicadores que eleven la calidad de la vida democrática”.

Los señalamientos centrales

De acuerdo con el mensaje difundido por Moreno, la denuncia sostiene que el Estado mexicano estaría incumpliendo la Carta de la ONU, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de Palermo. Entre los puntos que expuso se encuentran:

• La presunta integración y publicación de listas de críticos, periodistas, medios y ciudadanos señalados por ejercer su libertad de expresión.
• Denuncias de censura y persecución política contra opositores.
• Cuestionamientos sobre la obligatoriedad de entregar datos biométricos para el registro de líneas telefónicas.
• La crisis de desaparición forzada de personas en el país.
• Señalamientos de colusión entre autoridades emanadas de Morena y cárteles del crimen organizado, así como la que describió como “captura” de órganos electorales, en particular del INE.

Estas afirmaciones corresponden a la versión expuesta por el propio Moreno y no fueron corroboradas de manera independiente ante la ONU al momento de esta nota.

Un antecedente reciente en Washington

La denuncia ante la ONU se suma a una acción previa del dirigente priista: apenas el 10 de agosto, Moreno había presentado una denuncia ante el Departamento de Estado de Estados Unidos contra tres consejeros del INE —Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga—, luego de que el organismo electoral le ordenara retirar publicaciones en las que calificaba a Morena como “narcopartido”. En esa ocasión, el senador solicitó que la actuación de los funcionarios fuera revisada bajo la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, y citó como precedente la sanción impuesta en 2025 al juez brasileño Alexandre de Moraes. En aquel momento, Moreno ya había adelantado que llevaría el caso ante la ONU, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La postura del PRI

En su mensaje de este jueves, Moreno reiteró que su partido “va a dar la batalla dentro y fuera de México” y afirmó que continuará recurriendo a las instancias internacionales que considere necesarias. “No vamos a guardar silencio mientras quieren someter al país”, escribió, y añadió que el PRI “siempre defenderá la democracia, los derechos y las libertades de todas y todos los mexicanos”.

El canciller Roberto Velasco, a través de un articulo de opinión en The Wall Street Journal, aseguró que la prensa mexicana sigue manteniendo su libertad bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, tras los señalamientos publicados por la columnista Mary O’Grady días atrás en ese mismo medio.

“México vive el momento más libre y democrático de su historia. Durante la mayor parte de un siglo, un solo partido controló el espectro radioeléctrico y gobernó para unos cuantos, mientras que los periodistas rara vez tenían acceso al presidente”, declaró.

Recordó que día con día, la mandataria mexicana responde todas las dudas y cuestionamientos de las y los periodistas, no solo durante La Mañanera del Pueblo, también en eventos realizados en diversas regiones del país.

El funcionario respondió a los comentarios de Mary O’Grady y rechazó que los medios nacionales estén silenciados. “Determinar si un gobierno está censurando a su prensa no es una cuestión de retórica. Es una cuestión de evidencia, y los hechos contradicen su afirmación”.

Canciller defiende los lineamientos de los derechos de las audiencias

Asimismo, señaló que una de las dos cadenas de televisión más grandes de México mantienen una línea editorial abiertamente crítica hacia este gobierno, y su concesión permanece intacta, así como la libertad de expresión de los comunicadores.

“Los académicos citados por la señora O’Grady tienen libertad para publicar sus opiniones en México, en una revista cuya línea editorial también ha sido crítica del gobierno”, resaltó el líder de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En cuanto a los lineamientos de los derechos de las audiencias, afirmó que corresponden a un beneficio para los radioescuchas y televidentes mexicanos, donde su cumplimiento, en primera instancia, recae en un defensor de las audiencias designado por cada cadena de comunicación y que no se extenderán a la prensa escrita.

“El Congreso mexicano legisló este marco y nuestra Suprema Corte determinó que los derechos de las audiencias tienen precedencia sobre los intereses comerciales de los concesionarios”, indicó.

Wall Street Journal acusa a Sheinbaum de dar “luz verde a la censura”

El reciente anteproyecto de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que exige a radiodifusoras y televisoras adoptar códigos de ética y mecanismos de atención a quejas, ha desatado una fuerte polémica.

La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta críticas luego de que The Wall Street Journal calificara la medida como un impulso a la censura, al permitir que una agencia del gobierno determine la veracidad del periodismo. Diversos sectores, incluidos periodistas y empresarios, han expresado inquietudes por el posible impacto en la libertad de expresión.

Durante conferencias públicas, la jefa de Estado negó que los nuevos lineamientos busquen silenciar a los medios. Explicó que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión participó en la elaboración del proyecto y que el objetivo es proteger los derechos de las audiencias, no restringir contenidos. Sin embargo, el tema se intensificó cuando la consejera jurídica de la Presidencia presentó un análisis que identificó a medios y periodistas influyentes en redes sociales, lo que fue visto por críticos como una práctica intimidatoria.

La consulta pública sobre estas reglas concluye el 21 de agosto, sin una versión definitiva aún aprobada. Organizaciones como Artículo 19 alertan sobre el potencial riesgo para la prensa, señalando el contexto de violencia y hostilidad hacia comunicadores en México.

La propuesta de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias pretende establecer un marco claro para regular los contenidos, la publicidad y los canales de denuncia en la radio y la televisión mexicanas.

El objetivo es garantizar que la información transmitida responda a estándares de calidad y transparencia, además de facilitar quejas cuando los derechos de los oyentes y televidentes sean vulnerados.

A pesar de esto, el Dr. Luis Miguel Martínez Cervantes, académico de la Universidad Iberoamericana, advirtió que la iniciativa aún deja zonas grises que podrían traducirse en riesgos para la libertad de expresión, así como falta de criterios definidos para distinguir entre noticias y opinión, lo que podría derivar en interpretaciones arbitrarias por parte de las autoridades.

Aunque ordenar el ecosistema mediático es indispensable, cualquier medida debe cuidar de no devenir en censura o limitar la autonomía editorial de los medios de comunicación. El desafío principal reside en encontrar un equilibrio entre la protección del público y el respeto a la libertad de prensa.

Dilemas en la clasificación de contenidos e información falsa

Uno de los puntos más complejos de la iniciativa es precisar cómo distinguir entre información y opinión, un reto que, según el especialista, ha sido recurrente incluso en ejercicios de monitoreo académico.

La propuesta plantea la prohibición de difundir contenido falso o descontextualizado, pero no especifica los mecanismos para identificar violaciones. Derivado de esto, se señaló que ni siquiera sistemas avanzados de vigilancia logran siempre diferenciar estas situaciones, lo que podría dejar a los medios en una posición vulnerable ante sanciones.

En este contexto, la preocupación central es que la falta de definiciones precisas pueda desembocar en decisiones injustificadas por parte de la autoridad, creando el riesgo de que se utilicen los lineamientos como herramienta de censura más que de defensa de los derechos de las audiencias.

Publicidad y transparencia en los mensajes

Otra área crítica identificada en la propuesta es la delimitación entre contenido editorial y publicidad. Para Martínez Cervantes, las fronteras entre ambos no siempre resultan evidentes: una presentadora usando una marca visible o la aparición de un logotipo en pantalla pueden interpretarse como “emplazamiento de producto”, aunque no exista un acuerdo comercial.

Ante esto, se recomienda incorporar ejemplos claros que permitan identificar cuándo una mención constituye publicidad y cuándo es una referencia periodística, editorial o incidental. Además, de que no basta con etiquetar un contenido como publicitario, sino que se requiere una evaluación minuciosa respaldada por criterios objetivos.

Este enfoque busca evitar que los medios sean sancionados por omisiones involuntarias y garantiza transparencia tanto para las empresas como para el público.

Derechos de la infancia, accesibilidad y educación mediática

El proyecto también aborda la protección de audiencias vulnerables, como la niñez y las personas con discapacidad, por lo que, se sugiere recuperar un catálogo detallado de derechos para distintos grupos etarios y establecer prohibiciones específicas respecto a la propaganda dirigida a menores, especialmente en temas relacionados con violencia, explotación de la inexperiencia, mensajes subliminales o acoso.

En cuanto a la accesibilidad, el académico recomendó mantener estándares técnicos rigurosos para subtitulaje y lengua de señas, garantizando así la inclusión de las personas con discapacidad.

Asimismo, la alfabetización mediática debe ser un eje transversal en la iniciativa, mediante campañas periódicas que permitan a la audiencia identificar los distintos tipos de contenidos y conocer las vías para presentar quejas, siempre con materiales adaptados para niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad.

Miguel Alfonso Meza, activista y fundador de la plataforma Narcopolíticos, denunció que sus principales cuentas en redes sociales fueron atacadas e inhabilitadas durante la última semana, un episodio que atribuyó a una presunta operación coordinada y financiada por actores políticos vinculados con Morena.

De acuerdo con el activista, el ataque afectó sus cuentas de Facebook, Instagram, WhatsApp y X, plataformas que utilizaba para difundir los contenidos de Narcopolíticos. Meza sostuvo que la ofensiva fue de mayor alcance que episodios anteriores y que tuvo como objetivo impedir la continuidad de su trabajo.

El fundador de la plataforma afirmó que, ante lo ocurrido, contrató una investigación privada para identificar a quienes estarían detrás de los ataques. Según los resultados que le fueron entregados, los presuntos responsables serían un hacker identificado con las iniciales EBU, una dirigente local de Morena, identificada como AAC, y un dirigente nacional del partido, cuyas iniciales son AMH.

Meza no hizo públicos los nombres completos de las personas a las que señala ni presentó públicamente los elementos de la investigación privada que, según su versión, permitió identificarlas.

Meza afirma que enfrenta su tercer intento de censura

El activista aseguró que el episodio representa el “tercer intento de censura” que ha enfrentado “durante el actual régimen”.

Como antecedente, recordó que previamente recibió órdenes para disculparse y “borrar publicaciones sobre la abogada de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, después electa como jueza” —refiriéndose a Silvia Rocío Delgado—.

Meza sostuvo que, después de abordar ese tema en sus redes sociales, su cuenta de Instagram fue eliminada. El episodio generó una disputa pública en torno a las publicaciones que había realizado sobre la entonces candidata al Poder Judicial.

Ahora, señaló, el ataque tuvo una dimensión mayor debido a que alcanzó prácticamente la totalidad de sus canales de comunicación digital.

“Este es el tercer intento de censura”, sostuvo el fundador de Narcopolíticos al referirse a los episodios que, desde su perspectiva, han buscado frenar la difusión de sus investigaciones.

Anuncia denuncia ante la FGR

Meza informó que actualmente existe una investigación activa por parte de las plataformas digitales para determinar las causas por las que sus cuentas fueron inhabilitadas y establecer si se trató de una acción coordinada.

El fundador de Narcopolíticos manifestó su confianza en que sus cuentas serán recuperadas y en que las investigaciones permitirán confirmar quiénes estuvieron detrás de los ataques.

Además, anunció que en los próximos días presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los presuntos responsables.

La denuncia, adelantó, buscará que las autoridades investiguen el ataque y determinen si existió participación de terceros en la inhabilitación simultánea de sus cuentas.

Meza aseguró que no abandonará el proyecto Narcopolíticos y sostuvo que los intentos por impedir la difusión de sus contenidos tendrán el efecto contrario al buscado.

El activista concluyó que cada intento por silenciar su trabajo fortalecerá su decisión de continuar con las investigaciones y publicaciones de la plataforma.

El antecedente con la exabogada de ‘El Chapo’

El conflicto más reciente de Meza con sus publicaciones se remonta al proceso de elección judicial en Chihuahua, cuando cuestionó el perfil de Silvia Rocío Delgado, exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán. En un primer momento, autoridades electorales consideraron que sus señalamientos constituían violencia política de género y ordenaron retirar contenidos, ofrecer una disculpa pública y otras medidas.

Sin embargo, en abril de 2026, la Sala Regional Guadalajara del TEPJF revocó esas sanciones al concluir que las publicaciones de Meza estaban relacionadas con la trayectoria profesional y la idoneidad de Delgado para ocupar un cargo judicial, no con su condición de mujer. El tribunal consideró que los señalamientos se encontraban dentro del debate público y los límites de la libertad de expresión.

El fallo dejó sin efecto las medidas impuestas previamente contra el activista y se convirtió en un antecedente relevante para Meza, quien ahora sostiene que el ataque contra sus redes sociales constituye un nuevo intento por impedir la difusión de sus investigaciones.

En su conferencia matutina de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó la controversia sobre la cancelación de visas por parte de Estados Unidos y la polémica exposición de una ‘lista de periodistas’. Respecto a la medida estadounidense que involucra a Andrés Manuel López Beltrán, la mandataria exigió a Washington presentar pruebas si pretende procesar algún delito.

Rechazó que haber exhibido a comunicadores en la mañanera haya detonado agresiones en su contra, argumentando que ella también es víctima de ataques en redes sociales y asegurando que jamás se buscó estigmatizarlos como “malos periodistas”.

Concluye la conferencia de prensa

La presidenta solicitó a la Fiscalía General de la República que brinde información acerca del almirante Fernando Farías ; asimismo, señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) participa en el proceso.

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La presidenta criticó a la oposición mexicana por ir a Estados Unidos a quejarse y a realizar denuncias contra mexicanos. Cuestionó: “¿Qué diferencia hay entre eso y los conservadores del siglo XIX que pensaban que nadie podía gobernar México mejor que un extranjero y que iban a denunciar con Napoleón III para que Francia nos invadiera? ‘Qué diferencia hay? Yo no veo ninguna; la única diferencia son los 200 años de distancia".

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La presidenta sostuvo que en Tamaulipas no se ha hecho fracking, sino la perforación de pozos de Contepec, y señaló que Pemex ha hecho resarcimiento de daños, pero “en caso de que se necesiten más”, se aumentarán medidas.

Sheinbaum desestima agresiones en redes sociales a periodistas nombrados por Luisa María Alcalde Luján

La jefa de Estado sostuvo que los periodistas nombrados en la llamada “lista de periodistas” que expuso la consejera jurídica, Luis María Alcalde Luján, cuando explicó la red de amplificación de noticias falsas, cuando la prensa mexicana le señaló que estos comunicadores ya enfrentan las consecuencias, Sheinbaum negó que haya daños; le dijeron que hay agresiones en redes sociales, y dijo:

“Yo también recibo muchas agresiones en redes sociales, también los compañeros que están a favor de muchas políticas que hace el gobierno reciben cantidad de agresiones en redes sociales, es parte del problema de las redes sociales, pero nunca se planteó una lista de que estos son los malos periodistas, ni nada”, explicó.

“No hay listas”: Sheinbaum insiste en que su administración explicó el origen de las tendencias

La presidenta volvió a defender la explicación que dio la consejera jurídica, Luisa María Alcalde Luján: “Dijo cómo una noticia, por ejemplo de estos periodistas, se amplifica para generar una tendencia de opinión. Y hay múltiples casos de los que podemos hablar, muchísimos ‘narcogobiernos’, toda esta tendencia que se genera a partir de una nota que se genera a partir de una nota que a lo mejor no es la propia nota per se, parte de la red, pero lo utilizan para generar noticias falsas y amplificar notas”.

Señaló que no siempre participan los periodistas, sin embargo, “deja la nota ahí sin que él mismo o el medio de comunicación no genere la réplica”, afirmó que no hay censura. Defendió a Luján Alcalde, pues “ella no planteó esta lista como malos periodistas”.

/mexico/2026/08/18/sheinbaum-ve-malentendido-en-listas-de-luisa-alcalde-si-causo-problemas-que-ya-no-se-digan-estos-nombres/

Sheinbaum reiteró que el retiro de una visa no tiene por qué “representar una investigación de la Fiscalía (...) ellos —autoridades estadounidenses— están manejando la revocación de las visas como un asunto político”.

“La visa no define a un mexicano”: Sheinbaum responde a EEUU por el caso de Andy López Beltrán

“La visa no define a un mexicano o a una mexicana, si Estados Unidos decide quitar una visa, es una decisión de Estados Unidos. Si hay un delito que perseguir a una persona y hay pruebas, porque esto es indispensable, porque hay cantidad de casos donde nosotros hemos pedido detenciones en EEUU, particularmente doble nacionalidad, y no proceden, porque no nos han solicitado pruebas”.

La presidenta no se ha comunicado con el hijo del expresidente, Andrés Manuel López Beltrán. Informó que su administración no tiene pruebas de que el exsecretario de Morena esté vinculado a delitos.

/mexico/2026/08/18/sheinbaum-niega-que-andy-lopez-beltran-estuviera-en-el-radar-por-huachicol-y-afirma-que-mexico-no-ha-pedido-informacion-a-eeuu-sobre-retiro-de-visas/

La mandataria señaló que los centros de datos son requeridos para la inteligencia artificial, pero “no necesariamente para el crecimiento de México”, apuntó que el país no tiene porque ser el “centro de datos de otros lugares del munedo, porque requiere mucho consumo de agua”.

Aceptó que estos lugares sí generan crecimiento económico, pero generan poco empleo.

Claudia Sheinbaum negó que los señalamientos de la oposición acerca de que la visa de Andrés Manuel López Beltrán haya sido revocada por estar relacionado con el huachicol fiscal: “No tiene que ver con otros temas de injerencia en las decisiones de México, porque hay otros delincuentes o presuntos delincuentes donde no hay problema o otras personas políticamente expuestas, como les llaman ellos, donde al revés, les abren las puertas”.

Subrayó que la oposición usa argumentos de este tipo para intentar “atraer a la gente” por su falta de proyecto nacional.

Sheinbaum solicitó a la Fiscalía General de la República “que prepare” datos sobre las acciones que ha hecho el gobierno de México para combatir el huachicol fiscal para presentarlo al pueblo.

La jefa del Ejecutivo explicó que el Departamento de Estado de Estados Unidos es la autoridad encargada de atender las solicitudes de visa, así como la revocación de este documento, y “no es un asunto de estado, o de la relación de los estados, sino de la relación del individuo que solicita una visa, a menos que sea una visa diplomática o visa solicitada por el gobierno”.

Sheinbaum señaló que no ha solicitado información sobre las visas revocadas a funcionarios políticos mexicanos.

Sheinbaum rechaza calificar a padres como “hiperhuevones” y llama a atender el cuidado infantil como tema social

La presidenta se negó a calificar a los padres como “hiperhuevones”, esto luego de ser cuestionada por la prensa mexicana acerca de la responsabilidad que tienen los padres de familia en el cuidado de las niñas, niños y adolescentes, la jefa del Ejecutivo dijo:

“No estoy de acuerdo, cada familia tiene una problemática distinta, cada mamá tiene una problemática distinta, pero en México nos caracteriza algo que es el cuidado, el amor, el reconocimiento de la familia, por supuesto que habrá mamás que sean. Tengan más atención a sus hijos que otras, mucho depende también de las características de la mamá, pero no me parece que caracterizar a los papás o mamás de esta manera resuelva un problema, en todo caso, tiene que haber más información y apoyo”, dijo Sheinbaum.

Indicó que el cuidado es una situación social, que se tiene que “atender conjuntamente”.

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Estados sin IMSS-Bienestar reportan menor aumento en consultas, advierte Sheinbaum

Claudia Sheinbaum destacó la atención médica que brinda el IMSS-Bienestar, señalando que las gráficas muestran que los ocho estados que no están adscritos a esta institución no tienen crecimientos en consultas médicas.

“Si se hubieran quedado todos los Estados con sus propios sistemas de salud, no hubiera crecido el número de consultas como existe el IMSS-Bienestar y se está atendiendo mejor, creció 50% el número de consultas en los 24 estados (...) los Estados que no tienen IMSS-Bienestar solamente aumentaron el 20% en consultas médicas”, explicó Sheinbaum.

La presidenta destacó que durante su administración se han contratado a especialistas, la apertura de centros de salud y hospitales, indicando que al final de 2026, serán 39 hospitales, incluyendo los que inició a construir el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum dijo que el número de consultas dadas en el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar: “Ya llegamos a 101 millones de consultas, eso quiere decir que en vez de irse (la ciudadanía) al privado, pues se están yendo al sistema público”.

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, presentó los resultados que han tenido de manera general el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar. Entre enero y julio de 2022 y el mismo periodo de 2026, las consultas de especialidad en el IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar aumentan 60%, al pasar de 19,761,024 a 31,718,713. En el caso de las consultas generales, el incremento es de 28%, de 78,956,979 a 101,233,444 en ese mismo lapso.

En cirugías, las tres instituciones reportan un aumento del 30% en el año 2026.

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Inicia la conferencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informa que en su conferencia de prensa de hoy presentará los resultados de las tres instituciones de salud pública en México.

El régimen que conduce con mano férrea Xi Jinping continúa expandiéndose fuera de sus fronteras. Los ciudadanos chinos que escapan del régimen para rehacer sus vidas fuera de esas murallas ideológicas y represivas continúan padeciendo sus leyes. Mucho más a partir de la reciente Ley de Reunificación Étnica, un decreto que homogeniza el pensamiento.

Ese decreto genera preocupación sobre todo en los países más cercanos a China, donde más se siente la mano represora del régimen.

Días atrás fueron el presidente y el canciller de Taiwán, Lai Ching-te y Lin Chia-lung, quienes colocaron a la nueva ley china sobre “unidad étnica” en el centro de la agenda de la isla y la presentaron como algo más que una norma interna de Beijing: se trata de un instrumento con alcance extraterritorial que, según advirtieron, amenaza no sólo la soberanía taiwanesa, sino la libertad de expresión y el orden jurídico de otros países.

En el décimo Ketagalan Forum, el presidente sostuvo que la isla no aceptará “la infiltración del frente unido ni el terror rojo” y que responderá con más cooperación internacional, defensa y resiliencia. Lin, por su parte, afirmó que la ley china para promover la unidad y el progreso étnicos fue promulgada el 1 de julio y que ya ha dado lugar a “casos preocupantes”.

La advertencia no quedó solo en manos del gobierno taiwanés. Gen Nakatani, copresidente de la Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC, por sus siglas en inglés), dijo en Taipéi que esa represión “se ha institucionalizado bajo forma de ley” y sostuvo que uno de los artículos de la norma habilita a China a reclamar jurisdicción penal sobre organizaciones e individuos fuera de sus fronteras, incluso por expresiones realizadas en Tokio, en Taiwán o cualquier nación del globo.

En la apertura del foro, Lai agradeció a IPAC por haber condenado la ley y afirmó que su país “se mantendrá firme” junto a quienes defienden la democracia global y el Estado de derecho. El presidente señaló que la norma “infringe la soberanía de Taiwán” y “persigue religiones y grupos minoritarios”, pero agregó que su alcance va más lejos por el uso de formas de represión transnacional.

En ese punto, el mandatario describió un efecto político concreto. Dijo que la legislación “impone censura política en todas partes del mundo” y genera un “efecto amedrentador” que, a su juicio, toda la comunidad tecnológica debería condenar y rechazar.

Lin retomó esa línea y la amplió con una formulación más jurídica. Según el canciller, la norma ofrece “un pretexto legal” para exportar coerción autoritaria y habilita a los organismos de seguridad chinos a aplicar interpretaciones arbitrarias. Añadió que “cualquier organización o individuo de cualquier país” podría ser objeto de medidas si sus palabras o actos resultan inaceptables para China.

El ministro también vinculó esta ley con un cambio de método por parte de Beijing. Señaló que China pasó de tácticas legales previas, como la llamada ley antisecesión y la presión militar, a “nuevos tipos de agresión híbrida” basados en identidad nacional impuesta, control ideológico y silenciamiento de voces en comunidades en el exterior.

Lai inscribió la discusión en una narrativa política de largo plazo. Recordó que hace 30 años los taiwaneses participaron en su primera elección presidencial directa pese a las amenazas de misiles de China, y dijo que aquel voto comunicó al mundo que el futuro de la isla sería decidido por su propia población.

Durante el Ketagalan Forum, Lin reforzó esa idea con otra secuencia histórica. Señaló que este año coinciden la décima edición del foro y el trigésimo aniversario de aquella elección, además de los 39 años transcurridos desde el fin de la ley marcial en 1987, un período que, remarcó, ya supera la duración de los 38 años de ese régimen instaurado en 1949.

El canciller utilizó esos hitos para sostener que la democracia taiwanesa no es una formulación abstracta, sino la base sobre la que la isla construye confianza, cooperación exterior y estabilidad regional.

La trayectoria del foro también fue presentada como una señal del cambio en el entorno estratégico. Lin dijo que, en nueve años, la plataforma recibió a 188 invitados internacionales de 30 países, y que su foco evolucionó desde la geoestrategia de Asia-Pacífico y la seguridad marítima tradicional hacia la defensa colectiva en el Indo-Pacífico y la respuesta a la guerra híbrida y las incursiones en zona gris.

Represión transfronteriza como un problema de seguridad nacional

Nakatani afirmó que el término “represión transfronteriza” recién comenzó a instalarse en la conversación internacional, aunque quienes fueron expulsados de sus países y siguieron militando por sus causas la padecen “desde hace muchos años”. Recordó que en 2024, durante una cumbre de IPAC en Taipéi, el grupo ya había logrado colocar el asunto como una cuestión central de seguridad nacional y no como un tema limitado a los derechos humanos.

Su argumento principal fue que abordar cada episodio de manera aislada lleva a un “callejón sin salida”. Dijo que la interferencia extranjera, la coerción económica y los ciberataques no deben leerse como fenómenos separados, sino como partes organizadas de una estrategia integral.

Para ilustrarlo, apeló a su experiencia como exministro de Defensa. Explicó que cuando el espacio aéreo de un país es violado, los radares lo detectan y los cazas despegan, pero cuando una persona en territorio nacional es reducida al silencio por miedo a una potencia extranjera “no existe ninguna alarma” que suene de manera visible, aunque la soberanía y los derechos humanos estén siendo vulnerados.

Esa definición llevó a Nakatani a pedir un cambio de enfoque. Sostuvo que la represión encubierta del Partido Comunista Chino no debe verse como un mero exceso policial, sino como una parte del ejercicio de influencia exterior, y reclamó una estrategia integrada con intercambio de información, cooperación diplomática, contramedidas económicas y redes de protección transfronterizas.

Detenciones y presiones sobre diásporas

Nakatani fue más allá y aportó además ejemplos concretos para describir el problema. Dijo que, desde la promulgación de la ley antiespionaje china, al menos 17 personas de conciencia fueron detenidas, y añadió que el año pasado empleados de empresas en sus cincuenta y sesenta años, dedicados durante décadas a los vínculos económicos entre Japón y China, recibieron condenas de tres años y seis meses de prisión.

Según su relato, ni los implicados, ni sus familias, ni el gobierno japonés fueron informados de qué conducta específica se les imputaba. Para el dirigente de IPAC, esa opacidad implica que “cualquiera puede ser arrestado”.

También aseguró haber escuchado como legislador testimonios de personas originarias de Xinjiang, Tíbet o Hong Kong residentes en Japón que fueron fotografiadas al asistir a reuniones y luego presionadas a través de familiares que permanecen en sus lugares de origen. A partir de esos casos, afirmó que Japón debe ser un país donde quienes buscan refugio puedan hablar “sin temor alguno”.

Nakatani mencionó además un episodio reciente en Taiwán. Dijo que hace apenas unas semanas el periodista japonés Jaisuta Akiyuki fue atacado al terminar una conferencia, aunque aclaró que la investigación seguía en curso y que no podía hacer afirmaciones categóricas sobre ese hecho.

Más defensa, cooperación y apuesta tecnológica

Frente a ese escenario, Lai dijo que la posición taiwanesa es clara: no observará pasivamente cómo China intenta extender su alcance sobre la isla “o cualquier otra nación o región libre”. El presidente prometió construir sistemas más sólidos para prevenir, contrarrestar y protegerse de esas amenazas, además de profundizar la cooperación con aliados y socios.

La respuesta oficial incluyó también un plano militar y social. Taiwán seguirá mejorando su defensa nacional y desarrollando una resiliencia de “toda la sociedad”, con apoyo de la cooperación internacional, para preservar la paz y la estabilidad en el estrecho y en el Indo-Pacífico.

En paralelo, presentó la competencia tecnológica como parte de la misma estrategia. Afirmó que Taiwán impulsa aplicaciones de IA en todos los sectores y concentra sus esfuerzos en tres tecnologías: fotónica de silicio, computación cuántica y robótica. Dijo además que la isla busca ser algo más que un centro de infraestructura para inteligencia artificial y que aprovechará su experiencia en semiconductores y tecnologías de la información y la comunicación para fortalecer cadenas de suministro de largo alcance con socios democráticos.

Lin encuadró ese movimiento dentro de la diplomacia taiwanesa de los últimos dos años. Remarcó que Taipéi avanzó en una diplomacia basada en valores y en una política integrada, con cooperación en seguridad, economía, tecnología y principios democráticos junto a Estados Unidos, Japón y miembros de la Unión Europea.

X: @TotiPI

A través de un video difundido en redes sociales, explicó lo que significan estas garantías y respondió a algunos de los principales cuestionamientos que han surgido durante la consulta pública.

Citlalli Hernández responde a los mitos sobre derechos de las audiencias

“Hay muchos mitos circulando sobre los derechos de las audiencias”, señaló Hernández al presentar su explicación.

La funcionaria sostuvo que las disposiciones no establecen mecanismos para decidir qué pueden publicar los medios, sino obligaciones destinadas a garantizar que las personas sepan qué tipo de contenido están consumiendo.

Entre las medidas que destacó se encuentran la creación de un código de ética, la designación de una persona defensora de las audiencias y la diferenciación clara entre información, opinión y publicidad.

Hernández insistió en que estas disposiciones no representan una revisión gubernamental de contenidos.

En su explicación, ningún medio recibirá instrucciones sobre qué publicar o qué temas puede abordar.

¿Qué buscan proteger los nuevos lineamientos de la CRT?

La discusión se desarrolla en el marco de la consulta pública abierta por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), cuyo plazo concluye el 21 de agosto.

La propuesta deriva de disposiciones legales que reconocen los derechos de las audiencias y buscan establecer mecanismos para hacerlos efectivos.

Entre las principales garantías contempladas se encuentran:

• Recibir contenidos plurales y diversos.
• Diferenciar información, opinión y publicidad.
• Ejercer el derecho de réplica.
• Presentar quejas cuando se consideren vulnerados los derechos de las audiencias.
• Contar con mecanismos de accesibilidad para personas con discapacidad.
• Recibir contenidos que respeten los derechos humanos y la no discriminación.

La propuesta contempla que las concesionarias de radio y televisión cuenten con códigos de ética y defensores de las audiencias, quienes recibirían y analizarían las inconformidades.

Derechos de las audiencias: un debate que viene desde 2013

Citlalli Hernández recordó que estos derechos no fueron creados por el actual gobierno. Su origen se encuentra en la reforma constitucional de 2013, cuando fueron incorporados al marco jurídico mexicano.

La funcionaria también cuestionó a quienes actualmente relacionan las nuevas reglas con una estrategia de censura, al señalar que algunos actores políticos que hoy critican el proyecto participaron en la aprobación de aquella reforma.

El argumento del gobierno es que los lineamientos buscan desarrollar un derecho previamente reconocido y establecer procedimientos para que las audiencias puedan exigir su cumplimiento.

Gobierno y oposición chocan por libertad de expresión

La postura oficial contrasta con las advertencias de organizaciones empresariales, especialistas, periodistas y partidos de oposición. Los críticos consideran que conceptos como “información falsa” o “descontextualizada” pueden resultar ambiguos y generar un margen de interpretación para la autoridad.

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) ha advertido sobre posibles riesgos de discrecionalidad, mientras que sectores de la oposición han señalado que las sanciones económicas y las atribuciones de la CRT podrían afectar la libertad editorial.

El debate también ocurre en un contexto de preocupación por las condiciones en que trabajan los periodistas en México, lo que ha elevado la sensibilidad frente a cualquier regulación que pueda incidir sobre los contenidos informativos.

Consulta pública definirá el rumbo de la regulación

Hernández rechazó que los lineamientos impidan la crítica, la investigación periodística o el cuestionamiento al poder.

Afirmó que cumplir reglas de transparencia y ofrecer mecanismos de defensa a las audiencias no equivale a censurar.

La funcionaria destacó además que el proyecto permanece abierto a observaciones y propuestas de ciudadanos, medios, especialistas y organizaciones antes de que se determine su versión definitiva.

“En el fondo, este debate no se trata de hablar entre libertad y censura”, planteó Hernández, al considerar que también debe discutirse la responsabilidad de los medios frente a quienes reciben sus contenidos.

Mientras el gobierno defiende la regulación como una herramienta para fortalecer el derecho a la información, sus críticos exigen mayor precisión para evitar interpretaciones que puedan afectar la libertad de expresión.

La consulta concluirá el 21 de agosto y será uno de los momentos clave para determinar si las disposiciones mantienen su redacción actual o incorporan cambios derivados de las observaciones recibidas.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, advirtió que los señalamientos y registros difundidos desde el Gobierno federal contra periodistas y voces críticas pueden derivar en hostigamiento a la prensa, luego de que la Consejería Jurídica de la Presidencia presentó nombres vinculados con una presunta red de amplificación de contenidos contrarios a la Cuarta Transformación.

Durante un encuentro con medios, el legislador cuestionó la manera en que desde el poder público se identifican a quienes mantienen posiciones críticas y sostuvo que algunos integrantes de la prensa ya han reportado situaciones de acoso después de aparecer en este tipo de registros.

Rubén Moreira cuestiona señalamientos contra periodistas

Moreira consideró que la exposición pública de periodistas dentro de esquemas elaborados por instituciones gubernamentales puede generar consecuencias que trasciendan el debate político.

Su advertencia ocurre en medio de la polémica por la presentación realizada por la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, durante el espacio denominado “Derecho de Réplica”.

El priista también se refirió al caso de Andy López Beltrán y la revocación de su visa estadounidense.

Sobre la carta que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador dirigió a Donald Trump, Moreira cuestionó el tono del documento y criticó que se haya convertido un trámite migratorio en un asunto de confrontación política.

No obstante, el punto que ha generado mayor preocupación entre organizaciones defensoras de la prensa es la identificación de comunicadores dentro de análisis oficiales sobre la conversación digital.

Artículo 19 denuncia riesgo para la libertad de expresión

La organización Artículo 19 condenó la presentación de nombres de periodistas y opositores y alertó que este tipo de ejercicios pueden contribuir a estigmatizar a la prensa y provocar efectos de autocensura.

La asociación señaló que el Estado no debería utilizar sus recursos y capacidades institucionales para seleccionar, clasificar y exhibir a periodistas debido al carácter crítico de sus contenidos.

También cuestionó que las autoridades presenten una supuesta operación digital sin explicar de manera suficiente la metodología ni proporcionar elementos técnicos que permitan comprobar sus conclusiones.

Entre los principales riesgos señalados se encuentran:

• Hostigamiento e intimidación contra periodistas.
• Ataques y amenazas mediante redes sociales.
• Estigmatización de medios y comunicadores críticos.
• Generación de condiciones que favorezcan la autocensura.
• Uso de recursos públicos para monitorear la conversación digital.

Luisa Alcalde niega haber creado una “lista negra”

Alcalde rechazó que el Gobierno federal haya elaborado una “lista negra” y explicó que el ejercicio busca mostrar cómo determinados contenidos son retomados y amplificados en internet.

Según su explicación, aparecer en el análisis no significa que una persona participe directamente en una operación coordinada ni que financie cuentas automatizadas.

La funcionaria sostuvo que existen redes compuestas por bots y cuentas anónimas capaces de impulsar contenidos hasta generar la impresión de que una conversación tiene un respaldo orgánico.

El objetivo, afirmó, es explicar cómo funcionan estas dinámicas digitales.

La polémica surgió porque en la presentación aparecieron nombres de periodistas, medios, analistas y actores políticos dentro de las representaciones utilizadas para explicar ese supuesto ecosistema.

Sheinbaum rechaza que exista censura contra la prensa

La presidenta Claudia Sheinbaum también negó que exista una “lista negra” y defendió el ejercicio presentado por Alcalde. Aseguró que su administración no ha censurado a periodistas y sostuvo que actualmente existe libertad de expresión.

La mandataria explicó que el propósito de “Derecho de Réplica” es responder a información que el Gobierno considera falsa o incompleta, además de mostrar cómo circulan determinadas narrativas en redes sociales.

Sheinbaum afirmó que en sus conferencias participan medios de distintas tendencias y rechazó que su administración busque impedir las críticas.

El debate se centra así en la diferencia entre una operación artificial en internet y el trabajo periodístico que eventualmente puede ser retomado por actores políticos o cuentas automatizadas.

En este contexto, la advertencia de Rubén Moreira cobra relevancia: la identificación de comunicadores desde instituciones públicas podría generar un ambiente de presión sobre la prensa.

La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una ola de cuestionamientos por los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), el organismo que sustituyó al extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones.

La columnista Mary Anastasia O’Grady, en un artículo de opinión publicado por The Wall Street Journal, sostuvo que la iniciativa “da luz verde a la censura” al convertir a una agencia gubernamental en árbitro de la veracidad periodística, según el diario estadounidense. La autora afirmó que periodistas, escritores, intelectuales y empresarios mexicanos han expresado alarma por la medida.

¿Qué dicen los lineamientos, según la CRT?

• La consulta pública sobre el proyecto se realiza del 27 de julio al 21 de agosto de 2026, de acuerdo con información difundida por la propia Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
• El documento exige a las concesionarias de radio y televisión contar con un código de ética, una defensoría de las audiencias y mecanismos para recibir quejas ciudadanas.
• Según details reportados por El Imparcial, la ley vigente contempla multas de entre 0.01% y 1% de los ingresos acumulables por incumplir esas obligaciones administrativas —no por el contenido editorial en sí.
• Las plataformas digitales, hasta el momento, no forman parte directa de estos lineamientos, que se limitan a concesionarios de radio y televisión.

La postura de la presidenta

Sheinbaum ha rechazado en reiteradas ocasiones que la medida busque silenciar a los medios. “¿Hay censura? No hay censura”, afirmó durante su conferencia matutina del 4 de agosto.

La mandataria explicó que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) participó en la elaboración del anteproyecto y, según sus declaraciones citadas por Infobae, estuvo de acuerdo con el texto antes de que surgieran las críticas públicas. El 4 de agosto también reconoció que los lineamientos “deben aclararse” ante las inconformidades expresadas por concesionarios y especialistas, de acuerdo con el semanario Zeta Tijuana.

Para el 11 de agosto, la propia CIRT emitió un comunicado en el que —según reportó Infobae— reconoció avances en el proceso de consulta y descartó que la postura de la CRT obedezca a fines de censura.

La controversia por la “lista” de periodistas

El episodio que ha generado mayor tensión ocurrió el 12 de agosto, cuando la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentó durante el segmento “Derecho de Réplica” un análisis denominado “Anatomía de un ecosistema de amplificación digital”, basado —según explicó— en un monitoreo de siete meses que identificó más de 560 mil cuentas consideradas presuntos bots.

En la presentación aparecieron nombres de periodistas y comunicadores como Carlos Loret de Mola, Joaquín López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Denise Dresser, Adela Micha y Carmen Aristegui, además de medios como El Universal, Reforma, Latinus y Aristegui Noticias, de acuerdo con la reconstrucción publicada por Infobae y Expansión Política.

Alcalde negó que se tratara de una “lista negra” y aseguró que el ejercicio constituyó únicamente un análisis técnico sobre patrones de difusión en redes sociales. Sin embargo, la exposición provocó reacciones de rechazo entre periodistas y figuras políticas de oposición, entre ellas el senador Alejandro Moreno, quien advirtió que el gobierno “tiene que aguantar vara” frente al escrutinio público.

Usuarios en redes sociales recuperaron además un video de 2021 en el que la propia Sheinbaum, entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, calificaba la elaboración de listas de este tipo como una práctica “del macartismo y el nazismo”, según recogió el diario Proceso.

El contexto de violencia contra la prensa

De acuerdo con datos de la organización Artículo 19, citados por el medio ApartadoMex, se han documentado 14 periodistas asesinados durante la actual administración hasta el 16 de julio de 2026, cifra que se suma a los 47 casos registrados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La organización advirtió que señalamientos públicos como el de Alcalde podrían alimentar hostilidad hacia la prensa crítica, aunque el gobierno ha negado que exista una intención de persecución.

Lo que sigue

El proceso de consulta pública sobre los lineamientos concluyó formalmente el 21 de agosto, fecha a partir de la cual la CRT deberá analizar las observaciones recibidas antes de emitir la versión definitiva del documento. Hasta el momento, no existe una versión final aprobada, por lo que las disposiciones sobre sanciones y su aplicación específica permanecen sujetas a cambios.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, encendió la discusión pública esta semana tras exhibir, durante el programa “Derecho de Réplica” del miércoles 12 de agosto, un listado de periodistas, medios de comunicación y políticos que —según explicó— formarían parte de un presunto “ecosistema digital” dedicado a amplificar mensajes críticos contra la Cuarta Transformación.

¿Qué mostró Luisa María Alcalde?

De acuerdo con la reconstrucción de El Universal y Proceso, la funcionaria expuso nombres como Carlos Loret de Mola, Leticia Robles de la Rosa, Luis Cárdenas, Lourdes Mendoza, Héctor de Mauleón, Adela Micha y Denise Dresser, además de medios como El Universal, ADN 40, Latinus, Reforma y Aristegui Noticias. También incluyó organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y a figuras de oposición como Alito Moreno, Lilly Téllez, Vicente Fox y Felipe Calderón.

El análisis se sustentó en un monitoreo de siete meses —de enero a agosto de 2026— que habría identificado más de 560 mil cuentas consideradas posibles bots.

Tras la ola de críticas, Alcalde publicó un video en el que negó que se tratara de una “lista negra” y sostuvo, según LatinUS, que se trató únicamente de un análisis técnico sobre cómo se amplifican contenidos en redes sociales, sin que la aparición de un periodista implique señalarlo como parte de una operación coordinada.

La comparación que reactivó el debate

La controversia cobró fuerza cuando usuarios en redes sociales recuperaron un video de 2021 en el que la entonces jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, afirmaba que hacer listas de este tipo era una práctica propia “del macartismo y el nazismo”, según recogió Proceso. El contraste entre esas declaraciones y el listado presentado por su consejera jurídica alimentó las críticas de comunicadores y organizaciones como Somos México, que —de acuerdo con Récord— pidió no convertir la respuesta gubernamental a la crítica en una herramienta de estigmatización.

El viernes, un encontronazo en vivo entre Alcalde y el periodista Joaquín López-Dóriga —quien cuestionó la inclusión de su nombre en el esquema— profundizó la tensión.

El precedente de 2019: la lista de AMLO

Este no sería el primer episodio de este tipo dentro del movimiento. En mayo de 2019, el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador difundió, a través de la mañanera, una lista de 36 comunicadores que habrían recibido contratos de publicidad oficial durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por un monto conjunto de mil 81 millones 715 mil pesos, de acuerdo con la reconstrucción publicada por Expansión Política.

Según ese recuento, encabezado por López-Dóriga con 251 millones 482 mil pesos, la lista también incluyó a comunicadores como Ricardo Rocha, quien —de acuerdo con El Universal— acudió a la mañanera a reclamar directamente a López Obrador por la forma en que se presentó su nombre.

El propio AMLO volvió a exhibir montos y presuntos ingresos de periodistas en distintos momentos de su gobierno:

• En 2022, presentó cifras sobre los supuestos ingresos anuales de Carlos Loret de Mola, que —según dijo entonces sin mostrar comprobantes— superarían los 35 millones de pesos, de acuerdo con El Universal.
• En julio de 2023, exhibió en la mañanera lo que calificó como pagos recibidos por comunicadores en sexenios anteriores, como parte de su respuesta a críticas relacionadas con la seguridad de Xóchitl Gálvez, según Proceso.
• En agosto de 2024, difundió supuestos sueldos de Jorge Ramos, León Krauze, Ciro Gómez Leyva y López-Dóriga, exponiendo cifras que, de acuerdo con El Universal, no fueron acompañadas de documentación pública.

Un patrón que persiste bajo el escrutinio público

El caso de Luisa María Alcalde llega en un contexto donde organizaciones defensoras de la libertad de prensa han señalado, en episodios previos con AMLO, que exhibir cifras o vínculos de periodistas desde el poder —sin pruebas verificables— podría representar un riesgo para el ejercicio del periodismo crítico, aunque el gobierno ha insistido en que se trata de ejercicios de transparencia y rendición de cuentas sobre el gasto público.

Hasta el momento, la Presidencia no ha anunciado si el “análisis de ecosistemas digitales” presentado por Alcalde tendrá continuidad en próximas ediciones de “Derecho de Réplica”.

Lo que dijo Sheinbaum en 2021

El video muestra la respuesta de la entonces mandataria capitalina a un señalamiento del empresario Claudio X. González, quien había llamado a documentar a personajes políticos vinculados a Morena. Ante ello, Sheinbaum afirmó:

• “¿Quién hace listas? El macartismo, el nazismo. Ellos son los que hacían listas.”
• Agregó que su movimiento no elabora listas, sino que “abre el debate” con respeto a la libertad de expresión.

El material corresponde a esa fecha y no a un episodio reciente, aunque su recirculación lo presenta sin ese contexto temporal.

El video muestra el tuit en pantalla

En el video se observa a Sheinbaum mostrando en su celular el hilo de tres publicaciones que escribió el 24 de octubre de 2021, cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México. En el primer tuit, la hoy presidenta distinguió entre abrir un debate público y elaborar listas con “amenazas implícitas”, a las que calificó como una característica del fascismo, al tiempo que defendió que en la Cuarta Transformación existe libertad de expresión, de manifestación y de reunión, y que no se encarcela a periodistas. En la segunda publicación, sostuvo que su movimiento no interviene para cometer fraude electoral, no paga campañas de difamación ni espía a sus adversarios. Cerró el hilo señalando que “esa es la diferencia entre prácticas democráticas y prácticas fascistas”, acompañado del hashtag #SomosMasDe30MillonesEnLaLista.

La presentación de Alcalde en la mañanera

Un día antes de que el video volviera a circular, Alcalde expuso en la conferencia presidencial un esquema de categorías sobre cuentas y medios en X, entre ellas:

• C1 – Medios y comentaristas, descrita como el bloque que “origina y legitima el mensaje” a través de investigaciones, noticias y opinión. Incluye medios como El Universal, Reforma y Latinus, y a comentaristas como Carlos Loret de Mola, Denise Dresser y Ciro Gómez Leyva, entre otros.
• C2 – Figuras públicas y emisores políticos, cuya función es “retomar, respaldar y politizar” el mensaje, produciendo acusaciones, interpretaciones y consignas. En esta lista aparecen, entre otros, Claudio X. González, Felipe Calderón, Margarita Zavala, Ricardo Anaya, Xóchitl Gálvez, Ricardo Salinas Pliego y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
• C3 – Cuentas de ataque (bloque anónimo), cuya función, según la presentación, es “reempaquetar y distribuir” el mensaje mediante edición, editorialización y exageración de contenidos.

En la exposición, Alcalde detalló patrones de comportamiento de cuentas anónimas específicas —como fechas de creación, cambios de nombre de usuario y porcentaje de publicaciones dedicadas al ataque directo— para argumentar que se trata de perfiles coordinados.

El contraste entre ambos momentos

La coincidencia temporal entre la resurrección del video de 2021 y la presentación de Alcalde generó comparaciones en redes sociales entre el discurso que la propia Sheinbaum sostuvo entonces sobre la elaboración de listas y el ejercicio de clasificación de cuentas y medios que su gobierno realizó esta semana.

Hasta el momento, ni la Presidencia ni Sheinbaum se han referido públicamente a esta comparación entre ambos episodios.

Lo que se sabe hasta ahora

• El video de 2021 corresponde a declaraciones hechas por Sheinbaum como jefa de gobierno de la CDMX, no a un pronunciamiento reciente.
• La frase original se dio en respuesta a un llamado de Claudio X. González a documentar perfiles afines a Morena.
• Un día antes de la recirculación del clip, Alcalde presentó en la mañanera una clasificación de medios, comentaristas y cuentas anónimas de X.
• La comparación entre ambos hechos ha sido señalada en redes sociales, sin que exista hasta ahora una respuesta oficial al respecto.

La banda colombiana de metal Gaias Pendulum no podrá realizar su concierto en Managua, capital de Nicaragua, tras la decisión del régimen de Daniel Ortega de denegar el ingreso al país a los músicos y su equipo, pese a que contaban con visas aprobadas y permisos de permanencia. La noticia fue difundida este miércoles a través de un comunicado de la banda y confirmada por los promotores, según reportó la agencia EFE.

La presentación de Gaias Pendulum estaba programada para el próximo 14 de agosto en el evento “Nocturnia Nicaragua”, en un bar y restaurante de la capital que suele recibir a la comunidad metalera local. La gira de la agrupación también contempla conciertos en Guatemala y El Salvador, países que los han recibido durante más de una década sin inconvenientes, de acuerdo con el mensaje difundido por la propia banda.

En el comunicado, Gaias Pendulum subrayó que “esta decisión obedece exclusivamente a motivos de carácter gubernamental y migratorio, ajenos por completo a la voluntad de la agrupación y su equipo de trabajo: a pesar de contar con nuestras visas debidamente aprobadas, con 60 días de permanencia autorizada en el país, no se nos está permitiendo el ingreso a Nicaragua”. Además, la banda remarcó que “no se trata de una decisión artística ni contractual: son circunstancias externas que no le competen ni son responsabilidad de Gaias Pendulum”.

Por su parte, la empresa promotora SoNica Conciertos Nicaragua y C.A. informó que “por motivos ajenos a la banda y a la producción, Gaias Pendulum no podría presentarse el viernes en Managua” y aseguró que trabaja en la búsqueda de una nueva fecha para concretar el show junto a la agrupación colombiana.

El contexto de censura cultural en Nicaragua

Hasta el momento, la Dirección de Migración y Extranjería de Nicaragua no ha emitido explicaciones sobre las causas detrás de la medida. Esta falta de transparencia coincide con un contexto nacional marcado por restricciones crecientes a la libertad de expresión y censura de eventos culturales.

Nicaragua atraviesa desde 2018 una crisis política, caracterizada por el cierre de medios independientes, la expulsión de periodistas extranjeros y la cancelación de espectáculos o actividades percibidas como críticas o no alineadas con el discurso oficial. Reportes de Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han advertido sobre patrones de censura, represión y control sobre la sociedad civil y la cultura. En los últimos años, decenas de artistas, intelectuales y agrupaciones han visto restringido su acceso al país o han sufrido cancelaciones de eventos por decisiones administrativas sin justificación pública.

La reacción de Gaias Pendulum

Según EFE, Gaias Pendulum manifestó que la cancelación resulta especialmente dolorosa “porque se trataba de nuestra primera visita a Managua, un encuentro que llevábamos tiempo esperando junto a un público nicaragüense que nos escribió con enorme entusiasmo, y que compartiríamos escenario con otras agrupaciones”. La banda reiteró su intención de mantener lazos con sus seguidores en Centroamérica y expresó la esperanza de poder concretar la visita en el futuro.

El impacto en la escena cultural nicaragüense

La negativa al ingreso de Gaias Pendulum se suma a una serie de incidentes recientes que han impactado el panorama musical y cultural de Nicaragua, donde la autorización de eventos y el libre tránsito de artistas internacionales han quedado sujetos a controles más estrictos.

Para la comunidad metalera local y para los seguidores de la banda en la región, el episodio se da en un entorno restrictivo para la cultura independiente, en línea con la tendencia de censura informativa y limitaciones a la libertad artística que diversos medios y organismos han venido registrando desde el inicio de la crisis sociopolítica nicaragüense.

¿Qué pasó en el hecho original?

De acuerdo con una nota publicada por Proceso el día del incidente, el episodio ocurrió durante la clausura de la 35 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en el Salón de Tesorería del Palacio Nacional, horas después de que Peña Nieto firmara el decreto de promulgación de la reforma energética.

Un hombre que se identificó inicialmente como Daniel Vázquez Aguilar —y que después las autoridades identificaron como Daniel Michel Blázquez Aguilar— se levantó desde el área de prensa y cuestionó al mandatario: “¿Por qué no nos pidió la opinión para la reforma energética?”. Según el reporte, el hombre también advirtió: “Voy a derrotar a tu gobierno, voy a ser Presidente”.

Elementos del Estado Mayor Presidencial lo retiraron del salón. La Secretaría de Gobernación confirmó el mismo día, mediante un comunicado oficial, que se activó el protocolo de seguridad, que la persona se identificó con una cartilla del Servicio Militar Nacional y que se le practicó un examen médico que no reportó lesiones. El entonces subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Ricardo García Cervantes, señaló a la prensa que constató que el joven no fue agredido.

¿Qué pasó en el hecho original?

De acuerdo con una nota publicada por Proceso el día del incidente y otra de Sopitas firmada por Francisco Alanís, el episodio ocurrió el 20 de diciembre de 2013 durante la 35 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el Palacio Nacional, horas después de que Peña Nieto firmara el decreto de promulgación de la reforma energética.

Un joven identificado como Daniel Vázquez Aguilar aprovechó una pausa en el discurso del mandatario para ponerse de pie desde la zona de prensa y reclamarle no haber consultado al pueblo sobre la reforma energética. Peña Nieto guardó silencio unos segundos, y los aplausos de integrantes de su gabinete opacaron los gritos del joven, quien insistió en su protesta y sostuvo que estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión.

Elementos del Estado Mayor Presidencial lo rodearon y lo sacaron del salón. Al ser retirado, el joven advirtió: “¡Voy a derrotar tu gobierno, voy a ser presidente!”.

La Secretaría de Gobernación confirmó el mismo día, mediante un comunicado oficial, que se activó el protocolo de seguridad y que el hombre se identificó con una cartilla del Servicio Militar Nacional. Según el comunicado, el sujeto declaró que había ingresado al recinto diciendo ser reportero, y posteriormente se le practicó un examen médico que no reportó lesiones. El entonces subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Ricardo García Cervantes, señaló a la prensa que constató que el joven no fue agredido.

Aquí tienes el párrafo mucho más nutrido, con las voces de la oposición y la respuesta del gobierno:

El contexto en el que resurge

El video reaparece mientras el gobierno federal mantiene abierta, hasta el 21 de agosto, una consulta pública sobre los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) en materia de derechos de las audiencias. La discusión ha escalado hasta la Comisión Permanente del Congreso, donde legisladores de oposición han endurecido sus señalamientos contra la propuesta. El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, acusó que los lineamientos buscan “silenciar a los periodistas y silenciar a la oposición”, mientras que el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, advirtió que “el país se dirige hacia un escenario de censura” y señaló que el rechazo no se limita a los partidos, sino que también involucra a especialistas y representantes de la industria. Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, adelantó que exigirán se incluya un derecho de réplica dentro de “La Mañanera del Pueblo”, al considerarla un espacio desde el que se ataca a la oposición.

Desde el gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado en reiteradas ocasiones que la regulación implique censura. El 30 de julio, sostuvo en su conferencia matutina: “¿Cómo vamos a querer censurar? Si hubiéramos querido censurar, ya lo hubiéramos hecho, porque están los instrumentos, incluso la interpretación legal”. Días después, acusó a la oposición de sostener una “campaña de mentiras” y defendió que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) participó en la elaboración de la ley de la que derivan los lineamientos y estuvo de acuerdo con el texto aprobado por el Congreso, aunque la propia CIRT ha señalado que el anteproyecto contiene disposiciones ambiguas que podrían dar margen a la discrecionalidad gubernamental. La mandataria ha insistido en que la consulta pública —abierta a audiencias, concesionarios, academia y organizaciones civiles— permite modificar el proyecto antes de su entrada en vigor, y que el objetivo es que la ciudadanía cuente con mecanismos para inconformarse ante los propios medios, sin que el gobierno pueda sancionar contenidos.

A principios de la década de 1930, los dibujos animados era un arte incipiente que en los cines jugaban como “aperitivo” antes de la proyección de las películas protagonizadas por actores de carne y hueso. Eran de corta duración, con argumentos más bien simples y repetitivos, y había dos estudios que competían en su producción. Uno de ellos, que hoy es un gigante del cine, era Disney; el otro, hoy olvidado, se llamaba Fleischer Studios. Tenían una rivalidad que marchaba por caminos diferentes: mientras desde California, Disney incursionaba en los cuentos de hadas que pronto se convertirían en la marca registrada de su obra, en su sede de Nueva York, Fleischer creaba un mundo urbano sórdido y a menudo peligroso para sus personajes. En esa puja de estudios, en 1930 Max Fleischer se anotó la primera – y quizás la única – victoria sobre Walt Disney: lograr que un personaje de dibujos animados se convirtiera en una estrella de tal magnitud que el público iba al cine exclusivamente para verla: Betty Boop.

La imagen que hoy perdura de Betty Boop es la de una flapper, una chica a la moda de la era del jazz, con un escueto vestido sin breteles, una liga asomando por encima de la rodilla y grandes aros, pero no nació así. En su primer dibujo animado, Dizzy dishes, estrenado el 9 de agosto de 1930, apareció como un caniche francés antropomórfico de actitud sensual, con el que Fleischer buscaba parodiar a las actrices de la época. Era apenas un personaje secundario de la séptima entrega de la serie Talkartoon, la novia de su protagonista, el perro antropomorfo Bimbo. En aquel momento se dijo que para crear a Betty, los artistas de Fleischer se habían inspirado en la actriz Clara Bow, famosa por su trabajo en películas mudas durante la década de los ’20, pero en realidad es una caricatura de la cantante y actriz Helen Kane, que se había hecho popular en la cultura flapper por el uso de la frase “boop-oop-a-doop” en estilo scat - un tipo de improvisación vocal, generalmente con palabras y sílabas sin sentido – en su interpretación de la canción That’s My Weakness Now. El personaje tenía largas orejas caídas de perro y una voz chillona al cantar, muy parecida a la de Kane.

Betty Boop conservó esa imagen antropomorfa en diez cortos animados hasta que su éxito animó a Max Fleischer a convertirla en estrella, ya con forma humana. Sus orejas de perro se transformaron en aros circulares y la nariz oscura, en una pequeña y delicada. A diferencia de su contemporánea Minnie Mouse, Betty ya no era una simple acompañante, sino la protagonista de su propio espectáculo. “Betty tiene dos protagonistas masculinos en cada película. Cuando eso le sucede a la mayoría de las estrellas femeninas, se sienten halagadas. Pero Betty Boop da por sentado que Bimbo y Koko servirán de telón de fondo para su talento en cada producción. Betty tiene, además otro motivo de fama. Es la única estrella de cine que usa menos ropa que Jean Harlow”, se puede leer en una crítica del personaje publicada por The New Herald en 1932.

Inocente y sensual

En los guiones de las diferentes entregas, Betty aparecía como un personaje consciente de su atractivo sexual, que solía utilizar a su favor sin perder del todo su inocencia. “El señor Fleischer le dio un rostro de muñeca con esos ojos de niña, pero también una figura madura con curvas sensuales y una languidez de tocador en su andar”, la describe un artículo de Film Daily, también en 1932.

Eso se convertía a veces en una desventaja para ella, porque los hombres la acosaban constantemente y buscaban tener encuentros sexuales que ella no deseaba. En Boop-Oop-a-Doop, un corto de 1932 cuyo nombre hace referencia a la frase característica de Betty, encarna a una artista de circo que vuelve a su camarín después de su actuación y se topa con su jefe que la está esperando para abusar de ella. Finalmente escapa con la ayuda de Koko El Payaso y canta: “No pudo quitarme mi boop-oop-a-doop”, refiriéndose de manera inequívoca a su virginidad. En el dibujo animado She Wronged Him Right, de 1934, se la muestra los ojos llorosos diciéndole a su casero que no puede pagar la hipoteca. “Pagame o casate conmigo”, le exige el hombre y luego, en un aparte dirigido exclusivamente al público, agrega: “Ahora la tengo en mi poder”. En Chess-nuts, un rey la llevaba a una habitación con intenciones directas, pero Betty lograba nuevamente salir airosa de la situación.

Aunque Betty solía escapar, este tipo de tramas dependían del entretenimiento derivado de la persecución de una mujer por un hombre. “La idea es que en esa época resultaba intrínsecamente gracioso que las mujeres de dibujos animados fueran agredidas o perseguidas. En ese sentido, Betty es un personaje más desarrollado que otros personajes femeninos de la época, pero su desarrollo no es necesariamente positivo. Es estupendo que sea un personaje real, pero es un personaje problemático”, la describe la historiadora de los medios del MIT Heather Hendershot.

Dos años antes que Disney, que estrenó su largometraje animado Blancanieves en 1937, Fleischer utilizó a Betty como personaje del cuento en un corto de siete minutos que incluye imágenes surrealistas como el rostro de la reina malvada transformándose en huevos fritos en una sartén; un tocón de árbol peleando con los coprotagonistas de Betty, el perro Bimbo y su amigo Koko el Payaso, y a Betty dentro un ataúd de hielo, cargado montaña abajo por los siete enanos en esquís. A mitad del corto, la leyenda del jazz Cab Calloway, un musicalizador habitual en los dibujos animados de Betty Boop) interpreta un tema espeluznante, encarnado primero por Koko y luego por un fantasma.

Para 1934, Betty Boop ya era una estrella que brillaba más fuerte que las demás en el universo de la animación, pero también una fuente de problemas para Fleischer Studios. Ese año Helen Kane demandó a los estudios por plagiar su apariencia, su voz y su estilo. Hubo una batalla legal de la cual Fleischer pudo salir airoso porque presentó evidencias que demostraba que ese estilo ya había sido utilizado por otras cantantes antes que Kane.

Acosada por la censura

Otro problema para Betty fue la entrada en vigor del Código Hays para las películas animadas en 1935, que describía y ponía límites a cómo abordar temas como el sexo, el baile, las drogas, la vulgaridad y el crimen. “No se permiten besos excesivos ni lujuriosos, ni abrazos lascivos, ni posturas ni gestos sugerentes”, estipulaba, mientras que en cuanto al vestuario prohibía la “exposición indecente o inapropiada”.

Para evitar la censura, hubo que cambiar las características del personaje y la trama de sus películas. Betty Boop se convirtió en una mujer de más edad – el personaje inicial era una adolescente de inaceptables 16 años -, más alta y prudente, con vestidos que iban más debajo de las rodillas para hacer desaparecer la liga que hasta entonces era su marca registrada. “Los estudios Fleischer habían renovado a su estrella. Ha perdido la mayor parte de sus rizos, las joyas y las curvas. Se viste de forma más recatada; ya sabes, por la censura”, se puede leer en un artículo del Central New Jersey Home News.

Así, las historias de Betty dejaron de ser emocionantes, extravagantes y peligrosas para convertirse en domésticas y recatadas. Koko el Payaso fue reemplazado por el excéntrico inventor Grampy, Bimbo fue sustituido por Pudgy, un cachorro. En lugar de eludir pretendientes no deseados, Betty se dedicaba ahora a bañar a un Pudgy poco cooperativo, o trabajar en un hotel donde no daba abasto para atender a los clientes.

Fue el principio del fin para Betty Boop. Ese personaje correcto y decoroso dejó de atrapar al público, a lo que se sumó la aparición de otra estrella de Fleischer Studios, menos problemática y muy exitosa: Popeye, el marino. En 1939, el estudio fue vendido a Paramount y cesó la producción de Betty Boop. Pareció haber llegado el final de la carrera breve e intensa del primer personaje de animación reconocido como ícono femenino. Pasarían años para que se produjera su resurrección.

La tele, el cine y el musical

Betty Boop fue redescubierta por una nueva generación de espectadores en 1955, cuando Paramount vendió la mayoría de sus cortos anteriores a la década de 1950 a una distribuidora de televisión y sus cortos llegaron a la pantalla chica estadounidense en las señales de U.M.&M. T.V. Corp. y más tarde de National Telefilm Associates (NTA). Poco después los cortos llegaron a la Argentina, donde se convirtieron también en un éxito entre el público infantil.

Los tiempos habían cambiado, el Código Hays ya no existía y en esa vuelta Betty recuperó sus orígenes para convertirse en un ícono del incipiente movimiento contracultural de la década de los ’60. Ivy Films unió varios cortos en una película de 1974 llamada The Betty Boop Scandals en 1974 y, más tarde, la NTA lanzó otra película recopilatoria, Hurray for Betty Boop. Por esos años, Betty reapareció también a través de productos de merchandising, cuyas vestimentas fueron cambiando con el correr de tiempo conservando la sensualidad del personaje original. En 1985 fue la protagonista de un especial de televisión de la cadena CBS titulado The Romance of Betty Boop. Tres años después volvió a la pantalla grande con una breve pero impactante aparición en la película ganadora del Oscar ¿Quién engañó a Roger Rabbit?

En 2025, el personaje creado por Max Fleischer volvió a los primeros planos en un género en el que hasta entonces nunca había incursionado, el teatro, y nada menos de en el Broadhurst Theatre de Broadway, con ¡Boop! El Musical, con música de David Foster, letras de Susan Birkenhead y libreto de Bob Martin. Fue nominado a 11 premios Drama Desk, la mayor cantidad de cualquier producción de 2025, de los cuales ganó tres, y a tres premios Tony. El musical incluye referencias y guiños para los fanáticos de la animación reconocerán, a la vez que introduce sutilmente detalles de la historia de Betty a los nuevos seguidores.

Más humana que nunca, al principio del musical, Betty se niega a hablar de sus orígenes como una caniche francesa antropomórfica con las orejas caídas en aquel corto de siete minutos estrenado el 9 de agosto de 1930. Cuando le sacan el tema, simplemente responde: “Fue hace mucho tiempo. No me gusta hablar de eso”.

Gloria Trevi obtuvo un fallo a su favor del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) contra la editorial Penguin Random House, responsable del libro Todo a la luz, por el uso de fotografías de la cantante sin su autorización.

El IMPI ordenó suspender la comercialización de la obra mientras mantenga imágenes de Trevi sin su consentimiento. La publicación, editada bajo el sello Grijalbo y escrita por la activista Karla de la Cuesta, solo podrá volver al mercado si la editorial retira las fotografías cuestionadas o consigue la autorización expresa de la artista.

Además de la suspensión, el instituto impuso a Penguin Random House una multa de aproximadamente 540 mil pesos —equivalente a 5 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA)— por la infracción prevista en el artículo 231, fracción II, inciso d) de la Ley Federal del Derecho de Autor. La resolución advierte que la sanción podría incrementarse si la conducta infractora continuara.

El libro y su origen

Todo a la luz. El caso que según ella México dejó en la oscuridad fue publicado en 2024 por Grijalbo. En sus 256 páginas, De la Cuesta —abogada y activista que se presenta como una de las víctimas del productor musical Sergio Andrade— describe manipulación, tortura, esclavitud y abusos presuntamente cometidos contra más de 40 adolescentes y jóvenes dentro del llamado clan Andrade.

Para la obra, la autora afirma haber tenido acceso al expediente judicial completo del caso, descrito como de casi una tonelada de fojas. El libro aborda el escándalo que involucró a Andrade, a Trevi y a Mary Boquitas, y que derivó en procesos judiciales que concluyeron con la absolución de las dos últimas, confirmada por el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación.

El proceso legal: etapas y resoluciones

El litigio arrancó formalmente en 2024, cuando los representantes legales de Trevi solicitaron al IMPI medidas provisionales contra Penguin Random House por el uso de la imagen de la artista en la portada y en la campaña de promoción del libro.

Desde el inicio, la editorial y De la Cuesta sostuvieron que la cantante buscaba censurar la publicación. Trevi, por su parte, sostuvo que su objetivo era defender sus derechos de imagen, sin intención de impedir la libertad de expresión.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México desechó el amparo promovido por De la Cuesta y Penguin Random House contra esa medida provisional, y determinó que no existió censura previa por parte de la cantante. El mismo tribunal impuso a la editorial una multa superior a 500 mil pesos por haber continuado distribuyendo el libro a pesar de que la medida provisional ya lo prohibía.

La resolución del IMPI, emitida días después, acreditó la infracción en materia de comercio por el uso no autorizado de la imagen de Trevi. El organismo otorgó a Penguin Random House un plazo de 15 días hábiles para cumplir con lo ordenado y dispuso la publicación de la resolución en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Juristas piden una revisión del caso

El fallo del IMPI encierra una contradicción que especialistas en derecho consideran problemática. Durante el proceso, el propio instituto había reconocido que el libro abordaba asuntos de interés público y que De la Cuesta actuaba como víctima y defensora de derechos humanos; con ese argumento, había levantado las restricciones iniciales sobre la venta de la obra.

La resolución final falló en sentido contrario sin explicar con claridad por qué cambió de postura dentro del mismo expediente. Para los juristas citados en el análisis del procedimiento I.M.C. 1477/2024, una autoridad del Estado no puede resolver un caso de una forma y luego hacerlo de otra sin dar razones sólidas, ya que eso afecta la seguridad jurídica: la certeza de que las reglas no cambian a mitad del proceso.

La preocupación va más allá de este caso. Si el criterio se consolida, cualquier periodista, escritor o documentalista que use el nombre o la imagen de una figura pública en la portada o promoción de una investigación podría enfrentar un procedimiento administrativo similar.

La sola posibilidad de multas y meses de litigio, advierten los especialistas, puede desalentar la publicación de obras sobre asuntos que la sociedad tiene derecho a conocer, aun cuando esas obras estén protegidas por la Constitución.

La distinción que marcó el fallo

Uno de los puntos que más debate generó fue si la resolución equivalía a prohibir el contenido del libro. El IMPI aclaró que el procedimiento no se concentró en lo que la obra narra, sino en si la imagen de Trevi fue utilizada sin autorización en un contexto de explotación comercial.

Según la resolución, la editorial no pudo demostrar que contara con el consentimiento de la artista para ese uso. El fallo no impide que el libro circule con otro diseño; la restricción aplica exclusivamente mientras mantenga el material gráfico cuestionado.

La reacción de Karla de la Cuesta

A través de un video publicado en su canal de YouTube, De la Cuesta expresó su desacuerdo con la resolución, aunque aclaró que Todo a la luz no señala a Trevi como culpable de delito alguno.

“Dicen que Gloria fue absuelta y sí, nosotros jamás en el libro hemos dicho que sigue presa o que fue condenada, es más, ni siquiera hemos dicho que es culpable”, afirmó la autora.

La agenda de Gloria Trevi en 2026

Mientras avanza en el frente legal, la artista mantiene una extensa actividad sobre los escenarios. En los primeros meses del año completó la gira La Fiesta, con fechas en el Auditorio Nacional de Ciudad de México en enero y febrero, en Puebla y en el BMO Stadium de Los Ángeles, California.

En mayo se presentó en el festival Tecate Emblema, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana, y continuó con el Glow Tour en ciudades como Chihuahua, Morelia y Guadalajara.

Para la segunda mitad del año, la cantante tiene programado su Celebration Tour, que arranca el 25 de septiembre en el Polideportivo Alexis Argüello de Nicaragua y continúa el 26 en el Parque de la Industria de Guatemala. En octubre recorrerá Panamá —Arena Roberto Durán, el día 2— y Costa Rica —Parque Viva, los días 3 y 4—.

El recorrido también contempla una fecha europea: 24 de agosto en el Auditorio Starlite de Marbella, España. En México, la gira cierra con presentaciones en Tijuana el 10 de octubre, en el Auditorio Nacional el 24 de octubre y en Mérida el 11 de diciembre.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció una reunión con los representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) con el objetivo de analizar los lineamentos de los derechos de las audiencias.

“El día de hoy va a haber varias reuniones, no solo con la cámara, sino con otros grupos. Entonces, vamos a esperar la próxima semana a que haya una conclusión o esta misma semana, a lo mejor y mañana se da, y si no, la próxima semana, de cuáles serían los lineamientos finales. Y a partir de ahí, pues puede seguir el debate sin problema”, declaró durante su conferencia matutina de este 6 de agosto en Palacio Nacional.

Asimismo, recordó que esta iniciativa, que tiene el objetivo de garantizar el derecho de las audiencias, ya había sido reconocida por el CIRT tras una votación referente a la ley.

Sobre los cuestionamientos de algunos medios de comunicación acerca de la censura de esta medida, aseguró que la prensa ha perdido credibilidad a lo largo de los años, lo cual no es responsabilidad del Gobierno, sino de ellos mismos al no contar con un código de ética que sea público, así como un defensor de las audiencias que reciba quejas.

Por otro lado, mencionó que en las redes sociales también existe una gran cantidad de noticias falsas, las cuales han ido en aumento con la implementación de la inteligencia artificial en estas plataformas, por lo que las autoridades están interesadas en una regulación en materia de seguridad, educación y salud que proteja a los niños, niñas y jóvenes de las adicciones a los teléfonos móviles.

CIRT acepta condiciones de los lineamientos de los derechos de las audiencias

La jefa de Estado manifestó el pasado 4 de agosto en la mañanera del pueblo que el CIRT estuvo de acuerdo con los Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias, rechazando que estas normas representen un mecanismo de censura, ya que buscan fortalecer los derechos de los oyentes y televidentes, manteniendo la autorregulación dentro de los medios.

Explicó que el nuevo modelo exige a los concesionarios publicar un código de ética, designar a un defensor de las audiencias y habilitar canales para recibir quejas ciudadanas. Aclaró que el Gobierno no interviene en la designación de los defensores ni en el contenido editorial, y que solo habría sanciones administrativas si los medios incumplen con estas tres obligaciones, no por el contenido que transmiten.

El debate sobre la normativa continúa abierta, ya que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones inició una consulta pública para recibir observaciones de concesionarios, expertos y ciudadanos. Aunque existen opiniones encontradas, la mandataria reiteró que el objetivo es garantizar transparencia, fortalecer la rendición de cuentas y proteger los derechos de las audiencias sin restringir la libertad de expresión.

Pautas para medios de comunicación

Hace unos días, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde presentó los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias emitidos por autoridades para el proceso de consulta pública.

La funcionaria indicó los puntos más relevantes del proceso, el cual tendrá una duración de20 días que abarcará desde el 27 de julio hasta el 21 de agosto, por medio de su sitio web: portal.crt.gob.mx/consultapublica

Puntos clave de la aplicación

• Se definen cuáles son los derechos de las audiencias y las responsabilidades de los medios.
• Se obliga a los medios a contar con un Código de Ética y a designar personas defensoras de las audiencias.
• Contemplan mecanismos de protección para las audiencias a través de quejas.

Estos son los derechos de las audiencias establecidos en la ley

• Recibir información veraz y oportuna

No difundir información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual.

• Distinguir entre información noticiosa y opinión

Garantizar la distinción entre noticia y opinión por medio de menciones, mensajes en pantalla, cortinillas o plecas.

• Distinguir entre publicidad y contenido

Asegurar la diferencia entre publicidad y contenido a través de menciones, mensajes en pantalla o plecas.

• Derecho de réplica

Permitir que las personas soliciten al medio corregir información falsa o inexacta que afecte su imagen.

• Audiencias con Discapacidad

Contar con servicios de Accesibilidad a personas con debilidad auditiva y contar con representaciones visuales respetuosas e inclusivas

En un mensaje difundido en redes sociales, Maru Campos sostuvo que la comisión encargada de aplicar ese mecanismo dependería directamente del Ejecutivo Federal y que sus integrantes serían propuestos por la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Con esa estructura, dijo, el gobierno sería “juez y parte” al definir qué es verdad, qué es mentira y a quién castigar.

Campos enmarcó su crítica en lo que describió como un proceso de polarización política durante los últimos ocho años. Afirmó que desde el poder se etiqueta como “traidor a la patria” a quien piensa distinto y que existe una conferencia diaria dedicada a señalar como mentirosos a quienes critican al gobierno.

Maru Campos afirma que la propuesta permitiría sancionar y quitar concesiones

La gobernadora planteó que la discusión no se limita a los derechos de las audiencias, sino al control del flujo informativo. Según su exposición, la autoridad no solo podría multar o sancionar, sino también decidir a qué medio quitarle la concesión.

En ese contexto, cuestionó que el mismo poder que emite mensajes desde Palacio Nacional sea el que determine la diferencia entre información, opinión y mentira. “¿Y ahora, ellos van a decidir qué es información y qué es opinión? ¿Es en serio?”, expresó.

La mandataria también lanzó preguntas sobre casos y temas que, en su argumento, exhiben contradicciones entre el discurso oficial y la realidad. Mencionó señalamientos sobre corrupción dentro de Morena, la relación con Estados Unidos, la revisión anual del T-MEC y la estrategia de seguridad.

Sobre ese último punto, afirmó que el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga a varios gobernadores de Morena. A partir de ello, preguntó si las afirmaciones oficiales sobre resultados en seguridad deben entenderse como opinión, información o “mentira oficial”.

La gobernadora cuestiona quién regula la mañanera y el derecho de réplica

Campos también puso el foco en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum. Preguntó quién regula ese espacio y quién otorga el derecho de réplica cuando, dijo, ahí se acusa, se expone y se sentencia a ciudadanos o gobernantes con recursos públicos.

Para la gobernadora, el Estado no debe responder con más control sobre lo que se dice en un país donde ejercer el periodismo sigue siendo una actividad de alto riesgo. Aseguró que decenas de periodistas han sido asesinados durante los gobiernos de Morena y sostuvo que la respuesta tendría que ser más libertad, más protección y más justicia.

En su posicionamiento, advirtió que la reforma no protegería a las audiencias, sino al gobierno. Añadió que la medida amenazaría la libertad de expresión de locutores, escritores, editorialistas, reporteros, medios e informadores.

La mandataria de Chihuahua también preguntó si, después de los medios, el siguiente paso sería actuar contra quienes opinen distinto en redes sociales o en la calle. Con ello, presentó el debate como una posible ampliación del control estatal más allá del sistema de comunicación tradicional.

Hacia el cierre de su mensaje, Campos sostuvo que la democracia no se defiende diciéndole a la población qué es verdad y qué es mentira, sino garantizando que muchas voces puedan expresarse, incluso cuando incomoden. Señaló que ese principio constituye “el corazón del Estado de derecho”.

La gobernadora afirmó además que en México hubo una lucha de décadas para dejar atrás una etapa de gobierno “omnipresente y censurador”. Desde esa premisa, llamó a frenar lo que describió como un “proyecto autoritario” del Gobierno Federal y convocó a defender la prensa libre, la libertad de expresión y “el presente y el futuro de todo México”.

La diputada presidenta citó cifras recientes que muestran el riesgo real que enfrentan los comunicadores en México, por ejemplo, las documentas por Reporteros Sin Fronteras que ha registrado siete periodistas asesinados durante 2026; o Artículo 19 que ha reportado 639 agresiones contra la prensa solo en 2024, lo que equivale a una cada 14 horas.

Ante la propuesta presidencial, López Rabadán sostuvo que, en vez de proteger a periodistas, desde el poder se insiste en su estigmatización, una situación que ha sido denunciada por la sociedad civil desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

López Rabadán denuncia riesgos para la libertad de prensa

López Rabadán lamentó que desde el poder se descalifique de manera permanente a quienes investigan, cuestionan o publican información incómoda. Consideró que un periodismo fuerte, libre y objetivo es indispensable para la sociedad, por lo que advirtió que “es muy peligroso que desde el poder se genere una campaña contra los periodistas, contra los medios de comunicación y, en general, contra la libertad de expresión”.

Alertó que se promueven lineamientos que pueden limitar la libertad de expresión y señaló que el contexto actual está marcado por el debilitamiento de los mecanismos de transparencia: “Es necesario garantizar que los periodistas y los medios de comunicación puedan tener libertad de trabajar. En este país donde lamentablemente la profesión de periodista se vuelve altamente riesgosa, no puede estar además violentado desde el poder público”.

En varios estados, añadió, se impulsan medidas para registrar o clasificar quién puede ser considerado periodista, en contradicción con el criterio amplio de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Las consecuencias de limitar el periodismo

López Rabadán sostuvo que excluir arbitrariamente a comunicadores de los mecanismos de protección puede convertirse en una forma de control sobre la libertad de expresión: “Restringir la calidad de periodistas o estigmatizar a las personas por hacer periodismo, sin lugar a dudas, hoy es un tema altamente preocupante para nuestra Nación”.

La diputada subrayó que la libertad de expresión rara vez se cancela de un solo golpe, sino que se debilita gradualmente a través de descalificaciones, procedimientos administrativos, amenazas de sanción, acoso judicial y reglas ambiguas que generan incertidumbre:

“En un país donde numerosos actos de corrupción, abusos e irregularidades han salido a la luz gracias a las investigaciones periodísticas, no podemos permitir el menor intento de intimidar o desacreditar a quienes investigan y publican información de interés nacional”.

Recalcó que el Estado debe usar todas sus capacidades para proteger la libertad de expresión, garantizar la transparencia, prevenir agresiones y combatir la impunidad. Insistió en que ningún gobierno democrático combate a la prensa; al contrario, debe garantizar que periodistas puedan investigar y publicar con plena libertad.

Esto dice el gobierno sobre la propuesta polémica sobre la libertad de expresión

El pasado 4 de agosto, la mandataria mexicana aseguró que el derecho de las audiencias es un principio constitucional, no un mecanismo de censura. Claudia Sheinbaum afirmó que el artículo 6 de la Constitución establece el derecho al acceso a información plural y oportuna y que los lineamientos buscan garantizar ese derecho, no limitarlo.

Entre las medidas propuestas destacan:

• En televisión, cuando un contenido sea comercial, debe indicarse de forma visible con el símbolo “P”. Al final de cada programa deberá mostrarse que incluyó espacios comercializados o patrocinados.
• En radio, debe anunciarse verbalmente y de forma clara que se trata de publicidad.
• En contenidos noticiosos, se deberán identificar con claridad opiniones e información, usando plecas, cortinillas o elementos sonoros, según el medio.

Sheinbaum ha asegurado que quienes critican la propuesta lo hacen porque no están de acuerdo con el gobierno y porque buscan mantener privilegios del pasado, pese a los riesgos señalados por el propio gremio periodístico.

La consulta pública de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias acumula 1,404 comentarios de 1,324 participantes únicos, con una mayoría que rechaza la propuesta y una minoría activa que la defiende. La plataforma permanece abierta hasta el 21 de agosto.

De acuerdo con un análisis publicado el 4 de agosto por el periodista Ignacio Gómez Villaseñor en su cuenta de X, el 71% de los primeros 1,127 comentarios recibidos se pronunció en contra de los lineamientos, el 25% los respaldó, el 2.5% apoyó la intención pero advirtió riesgos, y el 1.5% no reflejó una postura clara. Gómez Villaseñor precisó que todos los comentarios están vinculados a nombre, apellido y correo electrónico, aunque aclaró que no puede descartarse algún caso de suplantación de identidad.

¿Qué propone la CRT y por qué genera debate?

Los lineamientos, presentados el 28 de julio por la consejera jurídica del Ejecutivo Luisa María Alcalde junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, obligan a los concesionarios de radio y televisión a publicar un código de ética, designar un defensor de las audiencias, distinguir entre noticias y opiniones mediante cortinillas o plecas, garantizar el derecho de réplica y no difundir información falsa o descontextualizada. Las sanciones por incumplimiento pueden llegar hasta el 1% de los ingresos anuales del concesionario.

El artículo 2 del documento prohíbe expresamente cualquier forma de censura previa. Sheinbaum insistió en que las sanciones no se aplicarían por contenidos periodísticos, sino únicamente por no publicar el código de ética, no nombrar un defensor de audiencias o no habilitar mecanismos de queja, según reportó Zeta Tijuana.

Los lineamientos aplican a concesionarios de televisión abierta, radio, televisión y audio de paga, así como a programadoras. No alcanzan a medios digitales ni prensa escrita.

“Autocensura”, “juez y parte” y “ley mordaza”: los argumentos en contra

La preocupación más repetida entre quienes se oponen es que la CRT —dependiente del Ejecutivo— concentre la facultad de definir qué información es veraz. Eduardo Muñoz Zúñiga lo planteó en su comentario: “Cuando el regulador puede decidir si la distinción entre información y opinión fue suficiente, abrir procedimientos y eventualmente sancionar, aparece un efecto inhibidor: los medios empiezan a autocensurarse para evitar conflictos con el gobierno.”

Yves Ortiz Blanco señaló una asimetría que varios participantes repitieron: el mismo gobierno que exige información veraz a los medios reserva información pública por años bajo las leyes de transparencia y mantiene un espacio diario de comunicación oficial sin las mismas obligaciones que pretende imponer a los concesionarios.

Daniel Orozco Rocha argumentó que la medida contraviene estándares internacionales: “La vulneración de la libertad de expresión contraviene los estándares de la CIDH, los cuales prohíben controles previos o interferencias indirectas en la línea editorial de los medios.”

Otros cuestionaron el diseño mismo de la consulta. Edgar Velasco Flores escribió que la plataforma no ofrece un apartado para seleccionar explícitamente el desacuerdo: “Eso no es consultar, es manipular.”

“Ya basta de mentiras”: los argumentos a favor

Quienes respaldan los lineamientos también dejaron argumentos detallados. Bruno Verduzco Saldaña pidió leer el documento antes de opinar y defendió el esquema: “Se trata de crear los mecanismos que las audiencias requerimos para ejercer nuestros derechos. Si los concesionarios consideran que las sanciones son excesivas, que participen en la consulta y propongan ajustes, en lugar de descalificar los derechos del público.”

Armando Martínez Leal respaldó la propuesta pero pidió ampliarla: “Los derechos de las audiencias son fundamentales para modificar la relación entre los medios y las audiencias. La reglamentación debe incluir a la prensa escrita y medios digitales.”

César Manuel López Hernández escribió: “El hecho de que se diferencie una nota y una opinión hace que la gente tenga una amplitud de certeza de lo que escucha y observa. Si una televisora está transmitiendo la verdad, no tiene por qué preocuparse.”

La CIRT pide corregir ambigüedades; la JUFED advierte riesgo democrático

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), que agrupa a 1,200 estaciones, reconoció que la intención de la CRT no es censurar, pero pidió corregir ambigüedades antes de la versión definitiva, de acuerdo con lypmultimedios.tv. La cámara objetó en particular la multa de hasta el 1% de los ingresos por cada supuesta falta informativa, cuando la legislación vigente solo contempla sanciones por no designar defensor de audiencias y por no emitir códigos de ética.

La Asociación Nacional de Juzgadoras y Juzgadores de Distrito (JUFED) advirtió que los controles estatales sobre líneas editoriales representan “un riesgo desmedido para el Estado Constitucional de Derecho”, según Zeta Tijuana. Sheinbaum reconoció el 4 de agosto que la propuesta requiere aclaraciones, aunque descartó que su propósito sea censurar a los medios.

La versión definitiva de los lineamientos se emitirá después del cierre de la consulta, el 21 de agosto, sin fecha estipulada de entrada en vigor.

Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), acusó que el gobierno federal realiza un proceso de censura que afecta la libertad de expresión de todos los mexicanos, a través de diversas acciones como la desaparición de instituciones de transparencia hasta los lineamientos para los derechos de las audiencias.

En un video publicado en su cuenta personal de X, el líder panista advirtió que Morena pretende decidir qué información es verdadera y qué es falsa, lo que representa, según su señalamiento, un riesgo directo para la sociedad y los medios de comunicación.

Romero alertó que, bajo el argumento de combatir la desinformación, el gobierno busca facultades para determinar los límites del debate público, por lo que considera que esta estrategia atenta no solo contra la pluralidad, sino contra el derecho básico de cualquier ciudadano a expresarse y cuestionar al poder.

“Hoy Morena no quiere callar a la oposición. Hoy te quiere callar a ti. Sí, a ti. Porque cuando un gobierno quiere decidir qué puedes decir, qué puedes publicar y qué puedes pensar, aquí ya no estamos hablando de política, estamos hablando de tu libertad”, afirmó en el video.

El líder del PAN enmarcó su advertencia en una serie de acciones recientes que, a su juicio, forman parte de un mismo trayecto hacia el control informativo.

Recordó la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) como un golpe a los contrapesos democráticos.

Según Romero, la eliminación de este organismo significó el fin de garantías para la transparencia gubernamental.

Agregó que la intervención sobre el Poder Judicial y el debilitamiento de otras instituciones autónomas han dejado a la población sin mecanismos seguros para exigir rendición de cuentas.

“Primero destruyeron los organismos autónomos, entre otros el INAI, que nos aseguraba la transparencia gubernamental. Adiós. Después destruyeron al Poder Judicial y todos ya estamos en manos de jueces de la Corte”, señaló.

Para Romero, estos antecedentes abren la puerta a medidas más severas en materia de comunicación y control de contenidos.

Extensión de la regulación a redes sociales y antecedentes estatales

El dirigente panista advirtió que la regulación impulsada por el gobierno, cuyo objeto inicial son la radio y la televisión, puede alcanzar también a las plataformas digitales y redes sociales.

Como ejemplo, citó el caso de Puebla, donde se legisló para convertir en delito cualquier publicación en redes si una autoridad se considera ofendida.

“La propia presidenta ya planteó revisar si este modelo puede extenderse a medios y a plataformas digitales, o sea, a las redes sociales.

“Y que no digan que estamos exagerando, porque esto ya sucedió en Puebla, gobernado por Morena, en donde hicieron un delito cualquier publicación que hagas en una red si alguna autoridad se sentía ofendida”, agregó.

En este sentido, Romero instó a la ciudadanía a informarse y revisar estos antecedentes, alertando sobre los riesgos de replicar este tipo de medidas a nivel federal.

Contradicción en las reglas del gobierno

Romero Herrera señaló la contradicción que, a su juicio, existe entre las exigencias que el gobierno plantea para los medios y la ausencia de regulación en sus propios canales oficiales.

Enfatizó que la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, conocida como ‘La Mañanera’, carece de reglas claras y permite la difusión de información sin verificación ni derecho de réplica.

“Quieren imponer reglas a la radio, a la televisión y mañana te aseguro que también a las plataformas digitales, pero se niegan a ponerle reglas al espacio de comunicación más poderoso del país, que por supuesto son las mañaneras de la presidenta”, comentó.

Criticó que desde ese espacio se emiten posturas políticas, acusaciones y descalificaciones, sin que exista mecanismo para que quienes sean señalados ejerzan su derecho de réplica o se corrijan datos erróneos.

Buscará regular ‘La Mañanera’ de Sheinbaum

Ante este panorama, Romero informó que el PAN presentará una iniciativa para que las conferencias matutinas del Ejecutivo federal cuenten con reglas claras, verificación de datos y respeto al derecho de réplica.

Consideró que, si el gobierno federal insiste en proteger los derechos de las audiencias, debe aplicar los mismos criterios a sus espacios oficiales.

“En Acción Nacional presentaremos una iniciativa para que las conferencias mañaneras también tengan sus reglas claras, que tenga información verificable, respeto al derecho de réplica y la misma obligación de rendir cuentas que hoy nos quieren imponer a todos los demás”, dijo.

El dirigente subrayó que la transparencia y el acceso a información verificada deben ser obligación de todos los actores públicos, incluidas las autoridades.

Romero concluyó su mensaje con un llamado a la ciudadanía para no permitir la instauración de un sistema de censura y defender la libertad de expresión como un derecho inalienable. Reiteró que la libertad de opinar, publicar y debatir no puede depender de la voluntad del gobierno.

“La libertad de expresión no es un permiso que te entrega el Gobierno, es un derecho de los mexicanos. Y un gobierno que quiere decidir qué es verdad y castigar a quien lo contradiga, no está protegiendo la democracia, está construyendo una dictadura”, enfatizó.

Aseguró que el PAN seguirá defendiendo este derecho y convocó a la sociedad a sumarse a la causa.

Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica del Ejecutivo Federal de México, explicó de nueva cuenta los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, que actualmente están en consulta pública, tras los señalamientos de censura, sanciones a la prensa e irregularidades para publicidad.

En la connferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la funcionaria federal calificó las críticas como una campaña de desinformación y recalcó que los lineamientos, emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), aún no se han publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Es decir, se pueden modificar al concluir la consulta pública, por lo que reprochó que se acuse al gobierno de buscar censurar a los medios de comunicación, lo cual consideró “una falsa narrativa”.

“Inició esta campaña primero, pretendiendo establecer una falsa narrativa de que se trataban de lineamientos que lo que buscaban era censurar. Y también una narrativa muy alejada de la realidad que establecen que lo que se pretende es que sea el Estado el que determine como última palabra qué es verdad, qué no es verdad, que pueda callar voces, que pueda limitar opiniones. Nada de esto está establecido en los lineamientos”, aseveró en Palacio Nacional.

Aclara Lineamientos sobre Derechos de las Audiencias

• Sanciones

Alcalde Luján aseguró que “en ningún caso” se señalan sanciones contra los contenidos ni de que el Estado sea quien determine “qué es verdad”.

Afirmó que de acuerdo con los lineamientos “son los propios medios de comunicación los que tienen la obligación de emitir códigos de ética”, en los cuales se establecerán los mecanismos para que los medios de comunicación granticen la veracidad de la información.

“Es decir, que sea información verificada, que no sea información falsa. ¿Por qué? Porque todas las audiencias tenemos el derecho de recibir información veraz, plural, certera, verificada. No noticias falsas.

“¿Quién va a determinar cómo se va a garantizar eso? El propio medio de comunicación, no el Estado. El Estado no va a evaluar si es verdad o no es verdad. Serán los medios de comunicación, a través de sus códigos de ética, los que establezcan cómo van a garantizar que esa información sea veraz", puntualizó.

No obstante, señaló que la comisión sólo interviene y sanciona por incumplir las siguientes obligaciones:

• No emitir Código de Ética.
• No nombrar defensor de las audiencias.
• No poner a disposición de las audiencias mecanismos de defensa.

“Si yo como audiencia, como ciudadano, como radioescucha o televidente, ubico que se me está violentando mi derecho, ¿a quién acudo? ¿Dónde presento una queja? ¿Quién me escucha del otro lado? Bueno, pues es este defensor de audiencia.

“Pareciera que el defensor de audiencia lo va a señalar el Estado. No, es el propio medio de comunicación, la propia concesionaria, la que determina y nombra a quien será su defensor de audiencias. Ellos mismos nombran a esta persona que será el que reciba las quejas de la ciudadanía”, agregó.

• Publicidad

En el apartado de publicidad, Alcalde Luján sostiene que las audiencias tienen derecho a diferenciar entre contenidos noticiosos y espacios pagados.

Aseguró que el objetivo es evitar que se presente como información objetiva lo que en realidad es un mensaje comercial.

En televisión abierta y de paga, señala que los lineamientos establecen que, cuando existan “espacios comercializados” dentro de un contenido, deberá mencionarse y mostrarse una P de publicidad.

Detalló que este símbolo se incluye al inicio y al final del espacio comercializado. Además, al final de cada contenido se deberá mostrar en pantalla que el programa contó con espacios comercializados y/o patrocinados.

Para radio, indicó que los espacios comercializados dentro del contenido deben expresarse “de forma clara y previa”, para que la audiencia sepa desde el inicio que se trata de una inserción pagada.

• Opinión e información

Alcalde Luján también abordó la distinción entre opinión e información. Rechazó que los lineamientos obliguen a interrumpir constantemente un programa para aclarar qué es opinión y qué es noticia, y sostiene que la medida se limita a identificadores al inicio y al final.

En televisión abierta y de paga, mencionó que en programas noticiosos debe incluirse una pleca, cortinilla o mensaje en pantalla que permita identificar cuando la persona conductora expresa “de forma indistinta” opiniones y mensajes noticiosos, incorporado al inicio y al final del programa.

Para contenidos de opinión, señaló que la identificación también debe mostrarse al inicio y al cierre.

En radio, agregó, se aplican criterios para que la audiencia sepa si escucha un espacio noticioso, uno de opinión o una mezcla de ambos.

Al cierre, Alcalde Luján afirmó que los lineamientos “están muy alejados de una intención de censura” y que, por el contrario, buscan proteger el artículo 6 constitucional al dar herramientas para que las audiencias reciban información “veraz” y no sean engañadas.

Durante la conferencia, Claudia Sheinbaum Pardo firmó un decreto de transparencia que modifica la Ley General de Transparencia y busca que las instituciones públicas publiquen información actualizada mensualmente en la Plataforma Nacional de Transparencia. La presidenta también enfatizó que en “La Mañanera del Pueblo” existe el derecho de réplica y aseguró el compromiso de su gobierno con la libertad de expresión, aclarando que los lineamientos para los derechos de las audiencias no implican censura ni sanciones por contenido.

Concluye la conferencia de prensa

La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno tiene abiertas investigaciones en contra de servidores públicos que fueron omisos ante la aplicación de multas, sanciones y verificaciones durante la existencia del INAI, hecho que destacó como insólito.

Raquel Buenrostro informa que la denuncia que hizo la Femexfut contra el desaparecido Instituto Nacional de Transparencia, por intento de extorsión, está siendo analizada.

“Hacen alusión a funcionarios que los extorsionaron, pero no se señalan; como dicen los abuelos, no se señalan nombres, no se señalan formas, no nos están aportando elementos. De hecho, recientemente nosotros retomamos y dimos continuidad de seguimiento a todos los procesos que nos dejaron abiertos en el INAI”.

De acuerdo con la funcionaria, recientemente se sancionó al INAI por incumplir en el manejo de datos personales.

Buenrostro pide a Femexfut que comparta más información acerca de esta denuncia, “porque en los expedientes no viene nada”.

Actos de campañas anticipadas: Sheinbaum señala al INE como el único regulador

Tras ser cuestionada por la prensa acerca de su opinión a que distintos funcionarios políticos presuntamente han iniciado con campañas políticas antes de los tiempos establecidos por la ley, ante esto la mandataria dijo:

“Que lo determine el INE y el Tribunal, así de sencillo, nosotros siempre vamos a cumplir con la ley, y si hay alguien que pide a la Fiscalía que se investigue al gabinete de seguridad, cuando hay un tema, se investiga”, sostuvo. Asimismo, la mandataria dijo que nadie debe hacer actos anticipados de campaña, pero, subrayó que eso no le corresponde a la presidenta.

/mexico/2026/08/04/ine-debe-determinar-si-hay-actos-anticipados-de-campana-sheinbaum-se-deslinda-de-acusaciones-a-morena/

La cancelación de las visas de los gobernadores “es un asunto personal de cada quien”, consideró Claudia Sheinbaum. “Si hay pruebas, se procede”, dijo la mandataria sobre las presuntas acusaciones a los funcionarios cuya visa fue revocada.

/mexico/2026/08/04/retiro-de-visas-de-eeuu-a-politicos-mexicanos-es-un-asunto-personal-de-los-funcionarios-dice-sheinbaum-debe-haber-pruebas/

Respecto a la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de ordenar el decomiso de 15 millones de dólares a Ismael “El Mayo” Zambada tras su detención, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que la Fiscalía de la República explique lo que significa la entrega de este dinero.

“Vamos a hacer todo lo que sea benéfico para México, si hay incautación de bienes a cualquier narcotraficante, vamos a solicitar que sea entregado”.

El IMSS y el ISSSTE van a regular todas las estancias infantiles en México, de acuerdo con la presidenta.

Son mil que se van a tener al final de este sexenio.

Pensiones doradas en México “ya no existen”, afirma Luisa María Alcalde

La consejera jurídica afirma que en el país ningún servidor público puede obtener más dinero que la presidenta. “Las pensiones doradas ya no existen en nuestro país, porque ya nadie tiene un millón de pesos mensuales, a veces por cargos que habían tenido 2, 3, 4 meses”_

De acuerdo con la funcionaria, el gobierno de México se ha ahorrado alrededor de 5 millones de pesos.

La presidenta pidió que la gobernadora de Guanajuato hable con Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación. “Las escuelas militarizadas: primero, está mal seguir utilizando escuelas militarizadas porque no tienen nada que ver con el Ejército o la Marina (...,) como ya lo explicó el general secretario, que no tienen nada que ver con ellos. (...) Segundo, el tema de la disciplina, los límites para las niñas y para los niños tiene que estar en el marco en donde no hay abuso y no hay violencia contra la niñez”.

Sheinbaum asegura que en la Mañanera existe derecho de réplica

La jefa del Ejecutivo afirma que en su conferencia La Mañanera del Pueblo es un espacio de réplica: “Estoy segura de que lo que estoy diciendo aquí va a ser comentario de todo el día, pues es una réplica que están haciendo desde los medios, desde las redes. Este espacio tiene derecho de réplica. Lo que no quieren es que el gobierno pueda replicarle a los medios”.

“No estamos limitando nada”: Sheinbaum sobre lineamientos de los derechos de las audiencias

La presidenta afirma que su gobierno está comprometido con la libertad de expresión, esto en relación a las críticas de censura tras la consulta de los lineamientos de los derechos de las audiencias.

“¿Se puede multar por algún contenido de lo que dice algún medio? No, ¿Se puede censuar? No, eso no dicen los lineamientos, lo que dice es: “Publica tu código de ética, nombra a tu defensor de las audiencias y establece el mecanismo de la ciudadanía”, dijo Sheinbaum.

/mexico/2026/08/04/es-mejor-la-regulacion-que-la-censura-sheinbaum-justifica-lineamientos-sobre-derechos-de-las-audiencias/

Sheinbaum recuerda video de periodistas debatiendo la regulación de medios de comunicación

“Desde entonces se discute qué hacer para que la audiencia, para que el pueblo, para quien escucha la ciudadanía, tenga un criterio, decir qué es verdad y qué es falso, qué es opinión y qué es noticia”, explicó Shienbaum.

/mexico/2026/08/04/sheinbaum-recuerda-declaracion-de-sergio-sarmiento-contra-los-medios-tras-acusar-al-gobierno-de-censura-hay-mucha-hipocresia/

Medios de comunicación: “los responsables” de defender a las audiencias y regular su contenido

María Luisa Alcalde Luján, consejera jurídica, explica que los Lineamientos de regulación para los derechos de las audiencias, y señala que no incluyen sanciones por contenidos, subraya que cada medio de comunicación desarrollará su propio código de ética; asimismo, también nombrarán a un defensor de las audiencias.

El gobierno de México intervendrá en esta situación “cuando no publique mi código de ética, no nombre a mi defensor de audiencias o no tenga un mecanismo eficaz para que la ciudadanía pueda presentar estas quejas; en estos casos, claro que la autoridad tendría que decirle al medio que está incumpliendo con esta ley”, explicó Luján.

Sheinbaum firma decreto de transparencia de información para instituciones públicas en México

Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, explicó que este decreto incluirá modificaciones a la Ley General de Transparencia.

El objetivo es impulsar que todas las instituciones publiquen información más allá de las obligaciones legales. De acuerdo con la funcionaria, la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) tendrá información actualizada por mes.

El decreto fue firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

/mexico/2026/08/04/sheinbaum-emite-decreto-para-fortalecer-plataforma-de-transparencia-del-gobierno-y-alista-iniciativa-tras-desaparecer-al-inai/

Entrega de incentivos económicos para productores de maíz en Sonora

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza de manera remota la entrega de incentivos económicos a productores agrícolas de maíz en Sinaloa junto a la gobernadora interina Yeraldine Bonilla y Columba, titular de la Secretaría de Alimentos del Bienestar. Los beneficiarios serán 26 800 productores de maíz que reciben los incentivos para 3.5 millones de toneladas, cuya suma es de 4566 millones de pesos.

La presidenta informa que logró un acuerdo con productores, distribuidores de fertilizantes, de agroquímicos y semillas, así como con las empresas y gobiernos estatales para brindar un apoyo, para comprar “un poco más alto el precio” del maíz respecto al costo comercial.

El fragmento del extinto CNI

De acuerdo con lo expuesto en la mañanera, el video corresponde a un debate transmitido originalmente por el extinto canal CNI, antecesor de lo que hoy es ADN 40, en el que participaban un Sergio Sarmiento y un Ciro Gómez Leyva más jóvenes. En ese intercambio, Sarmiento afirmaba que los medios “muchas veces mentimos, a veces adrede y a veces por otro tipo de razones”, mientras ambos periodistas discutían qué mecanismo debía existir para que las audiencias pudieran cuestionar a los propios medios.

Sheinbaum utilizó ese antecedente para argumentar que el derecho de las audiencias —hoy blanco de críticas por parte de comunicadores como Sarmiento— responde a una demanda planteada por los propios periodistas desde hace más de 20 años, y no a una iniciativa inventada por su administración.

“Hay mucha hipocresía”, dice Sheinbaum

La presidenta calificó de hipócrita la postura de Sarmiento, a quien vinculó con un artículo de opinión publicado el 3 de agosto bajo el título “El narcopartido”. Según explicó la mandataria, el columnista sostiene en ese texto que la 4T mantiene vínculos con el narcotráfico, citando como ejemplo que Andrés Manuel López Obrador saludó en una ocasión a la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Badiraguato. En su columna, Sarmiento cuestiona cómo olvidar que AMLO defendió a El Chapo ante autoridades de Estados Unidos y saludó a su madre en Badiraguato, señalamiento que Sheinbaum calificó como una prueba insuficiente.

La mandataria también reprochó al periodista sus críticas a los programas sociales del gobierno federal, argumentando que, pese a cuestionarlos públicamente, ha acudido personalmente a tramitar apoyos como la tarjeta de bienestar.

Puntos centrales del señalamiento presidencial:

• Sarmiento reconoció públicamente, hace 26 años, que los medios mienten “deliberadamente”.
• Hoy acusa de censura al esquema de derechos de audiencias.
• Escribió un artículo vinculando al gobierno con el narcotráfico.
• Ha criticado los programas sociales pese a haber solicitado apoyos gubernamentales.

“Hay cintura, no hay censura”

Sheinbaum insistió en que los lineamientos en consulta pública, a cargo de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), no facultan al Estado para sancionar el contenido informativo de ningún medio. Explicó que las únicas causales de multa serían no publicar un código de ética, no nombrar a un defensor de audiencias o no establecer un mecanismo de quejas ciudadanas.

La presidenta subrayó que la ley que dio origen a estos lineamientos fue aprobada con acuerdo de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), por lo que consideró contradictorio que ahora se hable de censura. “Hay cintura, no hay censura”, expresó, al tiempo que reconoció que el texto de los lineamientos puede ajustarse durante el periodo de consulta pública, vigente según reportes hasta el 21 de agosto.

Jorge Romero Herrera, líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), anunció que desde su bancada impulsarán una iniciativa para regular el derecho de réplica en la conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, esto ante los lineamientos que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones planea emitir en materia de derechos de audiencias.

Romero sostuvo en entrevista con Azucena Uresti que, si se exige distinguir entre hechos y opiniones en los medios de comunicación, el mismo estándar debe aplicarse a los espacios oficiales del Gobierno. Consideró que la exposición y el impacto de la conferencia presidencial superan a cualquier otro foro, por lo que reclama igualdad de condiciones para la réplica de los opositores al partido oficialista.

El dirigente manifestó que el blanquiazul está dispuesto a recurrir a todas las instancias legales para impedir lo que perciben como una amenaza a la libre expresión y la pluralidad democrática. Romero Herrera concluyó que el PAN se mantendrá vigilante y no perderá tiempo en defender a quienes buscan roles de representación, en un escenario político que, a su entender, se ha vuelto desigual por el uso de recursos estatales y la intervención desde el poder.

Debate sobre los derechos de las audiencias y la libertad de expresión

Jorge Romero se sumó a la preocupación de la Arquidiócesis Primada de México, que consideró los lineamientos de regulación a las audiencias como un riesgo para la libertad de expresión. La Iglesia católica advirtió que “ninguna autoridad puede impedir anticipadamente que una persona exprese sus ideas”.

El líder panista acusó al gobierno federal de querer instaurar un “Ministerio de la Verdad”, en referencia a la posibilidad de que una comisión oficial determine qué información es veraz o no. El dirigente llamó a la ciudadanía a resistir cualquier intento de censura, advirtiendo que el precedente de la reforma penal en Puebla, denominada como ley censura (que tipificaba el delito de ciberasedio y que fue declarada como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalida su aplicación) podría extenderse a nivel nacional.

Asimismo, Romero Herrera recordó que hace un mes el Instituto Politécnico Electoral (INE) ordenó al PAN retirar un mensaje en el que se acusaba a Morena de ser un “narcopatido”. El PAN impugnó la decisión ante el Tribunal Electoral, que finalmente les permitió la reposición del material. Por lo que, según el dirigente, este episodio ejemplifica el riesgo de que instancias gubernamentales puedan decidir qué opiniones se permiten o no en la arena pública.

Sobre la actuación del INE, el panista afirmó que su partido cuida estrictamente la legalidad en sus acciones, evitando actos anticipados de campaña. Explicó que solo se configura una campaña política anticipada si el aspirante pide explícitamente el voto o declara su intención de ser candidato, lo que, asegura, no ha ocurrido en este proceso.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado que su intención no es censurar, a sus opositores les ha subrayado todas las expresiones que hacen en redes sociales o en los microfónos de medios de comunicación. Simultáneamente, el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alito Moreno, tiene prohibido llamar “narcopartido” a Morena por determinación del INE.

El senador Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum de utilizar los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias para controlar la información que circula en radio y televisión, en lugar de proteger a la ciudadanía como se ha planteado oficialmente.

A través de su cuenta en X, “Alito” Moreno compartió una columna de opinión publicada en eje central, en la que advirtió que detrás del discurso de defensa al público se esconde una intención de censura hacia periodistas y medios críticos del gobierno.

Reglas “ambiguas” para actuar con discrecionalidad, acusa

Según el legislador priista, el problema central de los lineamientos radica en su ambigüedad, ya que —de acuerdo con su interpretación— permitirían a la autoridad decidir de forma discrecional qué contenidos califican como “verdaderos” o “descontextualizados”.

Moreno señaló que esta facultad recaería en la figura del defensor de las audiencias, a quien describió como un funcionario que, en los hechos, respondería a los intereses del gobierno en turno más que a la ciudadanía.

• El priista habló de una posible discrecionalidad en la aplicación de las reglas.
• Cuestionó la definición de qué se considera información verdadera o falsa.
• Puso en duda la independencia de la figura del defensor de las audiencias.

Multas de hasta 1% de los ingresos, en la mira

Otro de los puntos que el senador destacó fue el esquema de sanciones económicas contemplado en los lineamientos, que podrían alcanzar hasta el 1% de los ingresos de los medios de comunicación.

Para Moreno, este mecanismo no busca ordenar el ecosistema informativo, sino inhibir el trabajo periodístico de quienes investiguen o cuestionen al gobierno federal.

En su columna, el dirigente priista retomó además una postura de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), organismo que ha señalado que otorgar ese nivel de discrecionalidad a la autoridad podría resultar inconstitucional y representar un riesgo para la libertad de expresión.

Compara la medida con regímenes autoritarios

El presidente nacional del PRI extendió su crítica más allá del plano nacional al establecer comparaciones con casos internacionales. Mencionó los ejemplos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, países donde, según su narrativa, el control de contenidos comenzó bajo el argumento de la “responsabilidad social” antes de derivar en el cierre de espacios a la prensa independiente.

También citó el caso de Hungría, bajo el gobierno de Viktor Orbán, como ejemplo de un país donde los órganos reguladores habrían sido utilizados, de acuerdo con su lectura, para debilitar el periodismo crítico.

Asimismo, el senador aludió al atentado contra Charlie Hebdo en 2015 como parte del debate global en torno a la libertad de expresión, argumentando que ese principio no debe ceder ante intentos de imponer una “verdad única”.

PRI se compromete a “no permitir” la medida

En su publicación en X, Moreno afirmó que su partido “no va a permitir” que Morena “destruya los cimientos de nuestra democracia” ni que se silencie a medios y ciudadanos mediante lo que calificó como chantajes, sanciones económicas y persecución política.

El mensaje fue acompañado de un cartel con una frase más amplia, en la que el legislador sostuvo que el gobierno de Morena “le huye a la crítica” porque, según su percepción, se trata de un gobierno débil, cuyo discurso y proyecto se estarían derrumbando.

Moreno cerró su postura señalando que, “gracias a los gobiernos del PRI”, México es hoy un país de leyes, derechos y libertades, y afirmó que su partido no se doblegará ante lo que denominó una “mordaza oficial”.

La postura de Sheinbaum y la CRT: “no hay censura, ni la habrá”

Frente a las acusaciones de la oposición, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) —el organismo que sustituyó al extinto IFT— han rechazado categóricamente que los lineamientos busquen censurar a los medios. En su conferencia matutina, la mandataria calificó las acusaciones como “absolutamente falso. No hay censura, ni va a haber censura”, y explicó que el defensor de las audiencias será, más que un filtro, “un lugar donde te puedes quejar”, designado por las propias empresas concesionarias.

En la misma línea, la presidenta de la CRT, Norma Solano Rodríguez, sostuvo en entrevista radiofónica que “no hay censura, eso es categórico; la libertad de expresión se respeta y se armoniza con el derecho de las personas que está previsto en nuestra Constitución”. Solano subrayó que los códigos de ética y criterios editoriales seguirán siendo definidos por los propios medios de comunicación, y que la defensoría de audiencias únicamente fungirá como intermediario ante inconformidades del público.

El gobierno ha insistido, además, en que los lineamientos aún no entran en vigor: se someten a consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto de 2026, periodo en el que concesionarios, académicos y organizaciones civiles pueden presentar observaciones antes de que se publique la versión definitiva.

Morena defendió este 2 de agosto los lineamientos sobre audiencias y sostuvo que no implican censura, sino el desarrollo de derechos ya previstos en la Constitución y la ley, en medio de un debate abierto porque organizaciones de medios advierten que la propuesta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) podría afectar la libertad de expresión y rebasar las facultades del regulador.

En un comunicado, Morena afirmó que en los últimos días actores políticos y mediáticos construyeron una versión falsa sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias al presentarlos como un intento de silenciar voces. El partido señaló que el objetivo es garantizar que la población reciba información plural, transparente, oportuna y veraz.

La consulta pública sobre el anteproyecto permanece abierta hasta el 21 de agosto. El documento plantea nuevas obligaciones para concesionarios de radio y televisión, entre ellas publicar un Código de Ética, designar un Defensor de las Audiencias, diferenciar información, opinión y publicidad, atender quejas, garantizar el derecho de réplica, establecer medidas de accesibilidad y prever sanciones económicas por incumplimientos.

Morena sostiene que la propuesta actúa después de la difusión y a partir de quejas

El punto central de la defensa del partido es que la autoridad no revisará previamente transmisiones ni contenidos. Morena aseguró que cualquier procedimiento sólo puede iniciar después de la difusión de un material y a partir de una queja concreta.

Ese argumento busca responder a la principal crítica de la industria: el riesgo de censura previa. La Alianza de Medios Mx expresó preocupación porque algunos alcances del proyecto podrían generar afectaciones a la libertad de expresión y exceder lo que la ley permite a la CRT.

La agrupación, que reúne a más de 100 empresas y líderes periodísticos, pidió que la consulta pública se desarrolle mediante un debate abierto, transparente, plural y sustentado, y no sólo por medio del envío de observaciones por correo electrónico. También solicitó mecanismos que fortalezcan la vigilancia y la autonomía de las resoluciones de la Comisión.

Carlos Arrendondo Sibaja, presidente pro tempore de la alianza, señaló que los derechos de las audiencias tienen la misma relevancia constitucional que la libertad de expresión y que ambos deben coexistir sin que uno limite al otro.

Añadió que desde la incorporación de esos derechos a la Constitución en 2013, México no ha consolidado un equilibrio entre la protección de las audiencias y el ejercicio de la libertad de expresión en medios concesionados.

Morena enmarcó su postura en una crítica al periodo neoliberal. En su comunicado afirmó que en esos años se normalizaron la propaganda disfrazada de noticia, los contenidos pagados sin identificación, la información falsa o sesgada y la manipulación de hechos para proteger intereses particulares.

El partido también sostuvo que la discusión de fondo no es la imposición de una verdad oficial, sino evitar que la mentira, la manipulación y la publicidad encubierta se presenten como información periodística. Bajo esa lógica, afirmó que los derechos de las audiencias protegen al pueblo de México, mientras la libertad de expresión protege a quienes comunican.

Disputa se concentra en las facultades de la CRT y en la autonomía de los medios

La crítica más específica contra el anteproyecto se concentra en las atribuciones que asumiría la CRT. La Alianza de Medios Mx indicó que algunos apartados permitirían a la Comisión intervenir en procedimientos relacionados con réplicas ciudadanas, imponer sanciones en ciertos casos o interpretar cuándo un contenido corresponde a información o a opinión.

Junto con especialistas, la organización coincidió que han advertido posibles excesos frente al marco jurídico vigente. También respaldó la postura de la (Cámara de la Industria de Radio y Televisión) CIRT, que ha señalado que algunos apartados del documento podrían abrir espacios de discrecionalidad en la aplicación de la norma.

Otro punto de fricción está en la elaboración de los Códigos de Ética y en la designación del Defensor de las Audiencias. La alianza consideró que ambas tareas deben seguir como atribuciones exclusivas de los propios medios de comunicación y advirtió que una intervención del Estado en esas figuras podría propiciar injerencias indebidas.

Morena recordó en su posicionamiento que en 2017 una contrarreforma impulsada por el PAN y respaldada por fuerzas del antiguo régimen debilitó los derechos de las audiencias. El partido agregó que en 2022 la SCJN invalidó ese decreto.

Para el partido, la apertura de la consulta pública prueba que no existe imposición. En su comunicado sostuvo que audiencias, concesionarios, radios comunitarias, academia, organizaciones civiles y ciudadanía pueden presentar observaciones antes de que se emitan los lineamientos definitivos.

Jorge Romero, presidente nacional del PAN advirtió este 2 de agosto que un eventual control del gobierno sobre las redes sociales sería, a su juicio, parte de una ruta autoritaria de Morena para concentrar poder, silenciar críticas y controlar la conversación pública en México.

En un comunicado, el dirigente nacional del PAN sostuvo que la regulación de delitos digitales no debe convertirse en una vía para censurar opiniones, retirar contenidos críticos ni perseguir a quienes cuestionan al poder.

El PAN vinculó ese señalamiento con lo que describió como una secuencia política más amplia: ataques a organismos autónomos, debilitamiento del Poder Judicial y descalificaciones cotidianas contra periodistas y opositores desde la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Su argumento central fue que permitir a la autoridad definir de manera unilateral qué información es verdadera, falsa o inconveniente abriría la puerta a un uso político y discrecional de la ley.

“Una cosa es proteger a las personas frente a fraudes, violencia y delitos digitales, y otra muy distinta darle al gobierno la facultad de decidir qué puede publicarse, qué debe eliminarse y quién tiene derecho a ser escuchado”, afirmó Romero Herrera en el boletín difundido por el PAN.

Romero acusa que la regulación digital podría usarse para censurar críticas

En el documento, el dirigente partidista reconoció que en el entorno digital existen riesgos y delitos que deben atenderse, en particular los que afectan a niñas, niños y adolescentes. Aun así, planteó que ninguna regulación puede usarse para censurar opiniones ni para retirar contenidos por su tono crítico hacia el gobierno.

El panista sostuvo que el intento de controlar redes sociales “no es un hecho aislado”, sino una acción más dentro de una ruta para concentrar el poder, debilitar contrapesos y reducir espacios desde los cuales la ciudadanía puede cuestionar al gobierno. En esa misma línea, afirmó que la censura sería una pieza adicional de un proyecto con el que, dijo, Morena buscaría completar una dictadura.

“Primero atacaron a los organismos autónomos, después debilitaron al Poder Judicial, todos los días desacreditan a periodistas y opositores desde la mañanera y ahora pretenden controlar lo que los mexicanos dicen en las redes sociales”, señaló.

Luego añadió: “La censura es una pieza más del proyecto de Morena para completar una dictadura en la que el gobierno decida qué se puede decir, quién puede expresarse y cuál debe ser la única versión de la realidad”.

Romero también sostuvo que el gobierno “no puede ser juez y parte”. Según su postura, no debe imponer su propia versión de los hechos y después usar el aparato del Estado para desacreditar, perseguir o silenciar a quienes piensan distinto.

El PAN señala la mañanera de Claudia Sheinbaum como ejemplo de descalificación sin réplica

Como ejemplo de ese ejercicio de poder, el dirigente mencionó la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Afirmó que desde ese espacio se desacredita a periodistas, ciudadanos y opositores con información presentada por el propio gobierno, sin condiciones equivalentes para que las personas señaladas ejerzan su derecho de réplica.

“La mañanera se ha convertido en un tribunal político sin derecho de réplica. Desde el poder se acusa, se descalifica y se pretende imponer una verdad oficial. Ese no es el comportamiento de un gobierno democrático que respeta las libertades”, expresó.

El líder de Acción Nacional dijo además que México comenzaría a recorrer una ruta parecida a la de países donde, según su descripción, primero se desacreditó a la prensa, después se controlaron los medios y las redes sociales, y al final se limitó el derecho de la ciudadanía a expresarse.

En su planteamiento, la pérdida de la libertad de expresión no ocurre de un día para otro, sino cuando se normaliza la descalificación, se castiga la crítica y el gobierno pretende decidir qué pueden decir las personas y qué información tienen derecho a conocer.

Al cierre del comunicado, Romero reiteró que su partido defenderá la libertad de expresión, el derecho a la información y el acceso libre a las plataformas digitales. También ofreció respaldo a periodistas, creadores de contenido y ciudadanos para cuestionar al poder sin miedo a represalias.

“México no necesita un gobierno que controle las redes sociales ni una autoridad que determine cuál es la única verdad permitida. La democracia necesita ciudadanos libres, instituciones fuertes y voces que puedan cuestionar al poder. El PAN estará siempre del lado de esas libertades”, concluyó.

En su mensaje, el funcionario exhibió el documento con la solicitud; el priista aseguró que la molestia del partido oficialista radica fundamentalmente en dos acciones suyas:

• Oposición a la censura mediática: Su rechazo a un reglamento que, según sus palabras, busca evitar que los medios de comunicación “digan la verdad” y pretende censurar a periodistas, comunicadores y empresarios de la radio y la televisión.
• Defensa de Alejandro Moreno: Su protesta contra una resolución del instituto que censura las declaraciones de Alejandro Moreno Cárdenas, líder opositor.

Amparo constitucional y desafío al INE

Moreira envió un mensaje directo a los integrantes del INE y a los miembros de Morena, advirtiéndoles que sus expresiones están protegidas por la ley.

“Mis dichos están amparados en el artículo 61 de la Constitución General de la República y también en resoluciones de cortes internacionales y de organismos internacionales. Los hago en ejercicio de mis atribuciones, representando a mis electores”.

El legislador dejó en claro que no se dejará intimidar, negando la existencia de “complots” y afirmando que continuará expresando sus inconformidades en pleno ejercicio de sus obligaciones y derechos constitucionales.

Acusaciones de autoritarismo y los miedos de Morena rumbo a 2027

El coordinador del PRI no escatimó en adjetivos contra Morena, calificándolos de “farsantes” y “estalinistas”. Atribuyó esta “andanada de censura” a los malos resultados del gobierno y al temor electoral.

Según Moreira, el partido en oficialista está fracasando en materia de seguridad, economía, salud, educación y relaciones internacionales, lo que les ha provocado “un enorme miedo de perder en el 27 (elecciones del 2027)”.

El diputado lanzó una alerta a la ciudadanía para que reflexione sobre estos actos, pues advirtió que la censura que hoy intentan aplicar contra políticos opositores, mañana podrían ejercerla contra cualquier ciudadano.

También, aseguró que Morena es un partido que “nos lleva a la dictadura”, describiéndolo como una “pandilla de fanáticos” y de personas deshonestas que buscan perpetuarse en el poder.

“Defendamos la libertad, viva la libertad y me voy a defender. Mis redes seguirán siendo un espacio de libertad”, concluyó el legislador, anunciando que procedería a contestar el recurso legal en su contra.

Estas declaraciones surgen bajo el contexto donde el INE prohibió al líder nacional del Tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, llamar “narcopartido” a Morena, como parte de esta medida, el organismo ordenó retirar de sus redes sociales publicaciones donde utilice esa palabra para dirigirse al partido guinda. Ante esto, Moreno Cárdenas hizo un llamado a los partidos opositores a aliarse para competir en las elecciones 2027 y adelantó que impugnará la resolución.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró la decisión del iNE, durante su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo, del pasado 30 de julio.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los recientes lineamientos en materia de derechos de las audiencias no representan sanciones para periodistas ni implican censura los contenidos, por lo que mantuvo su postura de que el objetivo es fortalecer el acceso a la información y proteger el derecho de las audiencias, sin afectar la labor informativa de los comunicadores.

Durante su conferencia de prensa matutina de este viernes 31 de julio, la mandataria reiteró que su gobierno no busca censurar al regular los lineamientos para el derecho de las audiencias, por el contrario, las medidas propuestas están enfocadas en el cumplimiento de obligaciones administrativas, como la designación de defensores de las audiencias en las empresas de radio y televisión.

“De ninguna manera tiene que ver con un comunicador, con sancionar a un comunicador o sancionar por el contenido de la comunicación. Por eso no tiene nada que ver con censura, sino sencillamente con el derecho de las audiencias al derecho a la información”, declaró la mandataria.

Sheinbaum respondió a cuestionamientos sobre la posibilidad de que los recientes lineamientos derivados de la Ley de Telecomunicaciones puedan vulnerar la seguridad de los periodistas. Enfatizó que la regulación no implica ningún tipo de censura ni sanción sobre el trabajo periodístico o el contenido informativo.

Sheinbaum precisó que las sanciones contempladas en los lineamientos solo aplican para el caso de que las empresas de radio y televisión no nombren un defensor de las audiencias, figura obligatoria establecida en la norma. “Las sanciones no tienen nada que ver con el contenido de la comunicación, sino sobre las acciones que tienen que llevar a cabo, como el nombramiento de un defensor de las audiencias. Esto tiene que quedar claro”, explicó la presidenta.

La mandataria subrayó que el proceso se realiza de forma transparente y abierta: “Por fortuna, está abierto a consulta pública, que es la manera en que opera la Comisión para que puedan hacerse estas especificaciones”.

Consulta pública y debate por los derechos de las audiencias

El Gobierno de México abrió formalmente una consulta pública para recibir opiniones sobre los lineamientos propuestos en materia de derechos de las audiencias. Los principales puntos de la normativa exigen que las empresas de radio y televisión designen a una figura responsable de velar por los derechos de sus públicos, así como la posibilidad de establecer sanciones en caso de incumplimiento administrativo.

Diversos actores del sector, como la Alianza de Medios MX, han manifestado inquietudes sobre posibles riesgos de afectación a la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, alertando sobre la importancia de que los lineamientos no sean utilizados para limitar la labor de los medios.

Ante estos señalamientos, el Gobierno de México reiteró, en diferentes espacios, que la regulación en discusión no pretende censurar a comunicadores ni restringir el contenido informativo, sino garantizar el derecho de las audiencias a recibir información veraz y oportuna.

Las autoridades rusas incluyeron este jueves a Pável Dúrov, el fundador del servicio de mensajería Telegram, en el registro de extremistas y terroristas tras ser declarado la víspera en busca y captura.

Dúrov, de 41 años y nacido en San Petersburgo, apareció hoy en la lista que gestiona Rosfinmonitoring, el supervisor financiero ruso. La inclusión supone para el afectado la congelación automática de sus activos en territorio ruso, además de impedirle presentarse a elecciones, entre otras restricciones.

Posible cadena perpetua por “cooperación con el terrorismo”

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) declaró el miércoles en busca y captura a Dúrov, que reside en el extranjero, por “cooperación con el terrorismo”.

“No eliminó numerosos canales, chats y bots de la aplicación utilizados activamente por las agencias de inteligencia ucranianas, organizaciones extremistas y terroristas para organizar y coordinar sabotajes y atentados terroristas, asesinatos en masa y fraude cibernético en Rusia”, denunció el organismo de seguridad.

El FSB acusó además a los servicios de inteligencia ucranianos de usar un popular chatbot de citas dentro de Telegram, conocido como Daivinchik o Leo-Dating, con 13,6 millones de usuarios mensuales, para atraer y reclutar rusos con fines de sabotaje y terrorismo, y aseguró que 46 usuarios de esa aplicación, de entre 12 y 22 años, fueron detenidos en distintos puntos del país durante el último año por agredir a agentes de la ley, incendios intencionales y otros delitos. De ser condenado, Dúrov podría enfrentar hasta cadena perpetua.

El antecedente en Francia

Las acusaciones tuvieron lugar justo después de que el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, criticara a Telegram por el escaso interés mostrado en su diálogo con las autoridades rusas. Los juristas consultados por los medios oficiales creen que Moscú podría solicitar la extradición del empresario, quien ya fue detenido en Francia en agosto de 2024 durante cuatro días, acusado de que su plataforma era utilizada para actividades ilícitas como el narcotráfico y la distribución de material de abuso sexual infantil, y liberado bajo una fianza de 5 millones de euros.

En su momento, el presidente ruso, Vladímir Putin, calificó de “selectiva” la actuación francesa, al argumentar que numerosos países, incluida Rusia, habían expresado preocupaciones similares sobre el uso de Telegram, y que “todas las plataformas de este tipo son culpables de ello”.

Dúrov llamó a la resistencia digital cuando las autoridades rusas comenzaron a bloquear hace unos meses las redes sociales por no eliminar contenidos prohibidos —también WhatsApp— y ralentizar internet en todo el país con la excusa de las amenazas de drones ucranianos. Respondió a las acusaciones del FSB publicando una imagen de sí mismo haciendo un gesto obsceno con el dedo medio en la cuenta oficial de Telegram en X.

Control de internet de cara a las elecciones

El endurecimiento de las medidas adoptadas por las fuerzas de seguridad para el control sobre internet es uno de los motivos del desplome en los sondeos de la popularidad del presidente ruso, en momentos en que el Kremlin se prepara para las elecciones parlamentarias de septiembre, en medio de un creciente cansancio social por la guerra en Ucrania, que ya lleva cuatro años, y sus consecuencias económicas.

Telegram, plataforma fundada en 2013 por Dúrov y su hermano Nikolái, cuenta con más de mil millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo y ha sido bloqueada en países como Irán y multada por gobiernos occidentales.

Nacido en Leningrado —hoy San Petersburgo— y con ciudadanía también en Francia, los Emiratos Árabes Unidos y San Cristóbal y Nieves, Dúrov fundó en 2006, junto a su hermano, VKontakte, la mayor red social de Rusia, de la que terminó siendo desplazado tras las protestas antigubernamentales de 2011 y 2012. Según Forbes, su patrimonio asciende a 6.600 millones de dólares.

El Gobierno de México abrió una consulta pública para definir los lineamientos que regularán los contenidos de radio y televisión, una propuesta que ha encendido el debate entre autoridades, concesionarios y organizaciones de defensa de la libertad de expresión. El proyecto obligaría a los medios electrónicos a distinguir entre noticias, opiniones y publicidad, designar un defensor de las audiencias y adoptar un código de ética, además de prever multas para quienes incumplan las nuevas reglas.

El anteproyecto se publica en un momento en que las agresiones contra la prensa en México registran cifras récord. El informe “Estructuras del silencio” de Artículo 19, publicado en mayo de 2026, documentó 451 agresiones contra periodistas durante 2025, una cada 19 horas. Los casos de abuso del poder público pasaron de 114 en 2024 a 153 en 2025, un alza de 7.3%, y en el 73.9% de esos procesos quien los promovió fue un funcionario público o candidato de partido.

Es en ese escenario donde el gobierno de Claudia Sheinbaum presenta una regulación que, según sus promotores, busca proteger a las audiencias, pero que para sus críticos abre la puerta a que el Estado decida qué se puede y qué no se puede decir en radio y televisión. Estas son las seis claves para entender el debate.

1. Una batalla de décadas

Los derechos de las audiencias no son una invención del gobierno de Claudia Sheinbaum. Su historia en México arranca en 2013, cuando se incorporaron al artículo 6 de la Constitución como garantía para quienes reciben contenidos de radio y televisión. Un año después, en 2014, la Ley Federal de Telecomunicaciones los desarrolló con mayor precisión.

En 2017, una contrarreforma impulsada por el PAN los eliminó de la legislación secundaria. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró en 2022 que esa contrarreforma era inconstitucional y representaba un retroceso. Fue hasta julio de 2025 que el Congreso aprobó una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que los recuperó y los amplió.

Esa ley ordenó a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) emitir lineamientos para hacer exigibles esos derechos. La CRT sustituyó al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que era un órgano autónomo constitucional cuyas decisiones no dependían del Ejecutivo. A diferencia del IFT, la CRT está adscrita a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que depende del gobierno federal.

Es ese organismo el que elaboró los lineamientos, el que recibirá las observaciones de la consulta y el que, en última instancia, podrá sancionar a los medios que no cumplan.

El anteproyecto fue publicado el 24 de julio y la consejera jurídica de la Presidencia Luisa María Alcalde lo presentó en la conferencia mañanera del 28 de julio.

2. Qué le exige concretamente la regulación a radio y televisión

Los lineamientos aplican a concesionarios de televisión abierta, radio, televisión y audio de paga, y empresas programadoras, tanto comerciales como públicas y sociales. La prensa escrita, los portales digitales y las redes sociales quedan fuera, por ahora.

Las obligaciones son concretas. Cada medio debe publicar un código de ética que incluya sus criterios editoriales, los mecanismos para designar a su defensor de audiencias y el procedimiento para recibir quejas.

Debe nombrar al menos una persona defensora de las audiencias, que actúe con imparcialidad e independencia y sin conflictos de interés. En el caso de radios y televisoras comunitarias, indígenas o afromexicanas, esa persona debe provenir de la misma comunidad.

Los medios también deben distinguir con claridad —mediante plecas, cortinillas o mensajes en pantalla— cuándo transmiten una noticia, cuándo una opinión y cuándo publicidad.

Deben garantizar el derecho de réplica cuando alguien considere que se difundió información falsa o inexacta sobre su persona. Y, finalmente, deben incorporar medidas de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva.

3. Cómo funciona el mecanismo de quejas, paso a paso

El proceso tiene tres escalones y está diseñado, en teoría, para privilegiar la autorregulación antes que la sanción. Cualquier persona puede presentar una queja ante la defensoría del propio medio. La defensoría solicita un informe al concesionario, analiza si hubo una vulneración a los derechos de las audiencias y emite una recomendación en un plazo máximo de 20 días.

Si el medio ignora esa recomendación, el caso sube a la CRT. La Comisión puede intervenir y, en casos que califique como extremos, imponer sanciones económicas. Las multas van del 0.01% al 1% de los ingresos anuales del concesionario. Para una estación grande, el 1% puede representar una cifra millonaria.

Sheinbaum insistió en que las multas son “la última instancia” y que el objetivo real es la autorregulación. “Desde mi perspectiva, no se trata de multar, no es estar multando el objetivo. Es en realidad un proceso de autorregulación del medio, porque el medio nombra a su propio regulador o defensor de audiencias”, dijo la presidenta en su conferencia mañanera.

En esa misma conferencia resumió el propósito de los lineamientos en una frase: el objetivo es “que no haya mentiras” en los medios de comunicación.

4. La pregunta que nadie ha respondido: ¿quién decide qué es mentira?

Los lineamientos obligan a los medios a no difundir “información falsa, descontextualizada o histórica presentada como actual”. Esa frase es el centro del debate.

El gobierno no ha explicado con precisión quién determina cuándo una información cumple esa definición ni bajo qué criterios.

La abogada Mariana Calderón Arámburu, experta en derecho electoral y derechos humanos, advirtió en entrevista con Expansión Política que los lineamientos dejan en manos de la autoridad decidir dónde termina la noticia y dónde comienza la opinión.

Señaló que en la práctica periodística cotidiana los hechos suelen ir acompañados de contexto, análisis e interpretación, y que separar ambos elementos de forma absoluta resulta imposible.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de Artículo 19, fue más directa en sus declaraciones: “Lo que es preocupante es que se esté intentando justificar esta intervención en el flujo informativo, en el trabajo de las líneas editoriales, como si fuera derecho de las audiencias, porque esto no beneficia a las audiencias.”

Irene Levy, fundadora de Observatel, organización civil que estudia la evolución de las telecomunicaciones, sostuvo ante ese mismo medio que el proyecto excede la función regulatoria al crear facultades, procedimientos, sujetos obligados y consecuencias sancionatorias que no están contemplados en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

5. Quiénes se oponen, qué argumentan y por qué las objeciones van más allá de la política

Las críticas no vienen únicamente de la oposición partidista. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, que agrupa a más de 1,200 estaciones afiliadas, respaldó el objetivo de proteger audiencias pero presentó un comunicado con objeciones técnicas puntuales.

La CIRT advierte que los lineamientos son ambiguos y dan margen a la discrecionalidad del gobierno, que el proyecto permite a la autoridad definir qué es información falsa o descontextualizada, que el defensor de audiencias quedaría subordinado a la CRT mediante un “recurso de inconformidad” que permitiría al gobierno revisar todas sus decisiones, que las sanciones son desproporcionadas respecto a lo que la ley autoriza, y que la posibilidad de presentar quejas anónimas puede convertirse en un mecanismo de presión contra comunicadores y periodistas a través de denuncias falsas o coordinadas.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) emitió un comunicado el 28 de julio en el que sostuvo que la propuesta vulnera directamente el artículo 6 constitucional.

“Someter la labor informativa a criterios burocráticos e interpretaciones discrecionales del gobierno no solo desincentiva el periodismo de investigación y fomenta la autocensura, sino que transgrede la neutralidad institucional, debilitando el equilibrio de poderes y convirtiendo a la regulación informativa en un instrumento de fiscalización y control político”, señaló la asociación en su documento.

Desde la oposición, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, acusó que los lineamientos pueden derivar incluso en suspensiones precautorias de transmisiones y que el gobierno pretende decidir qué información puede considerarse falsa o fuera de contexto.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, pidió que la consulta garantice que la protección de audiencias no se convierta en un mecanismo para limitar la libertad editorial. López Rabadán planteó además una pregunta que el gobierno no ha respondido: los lineamientos deberán establecer con claridad bajo qué criterio se clasifican las conferencias mañaneras cuando son transmitidas por medios públicos, si son noticia, opinión o publicidad gubernamental, y cuáles serán las reglas aplicables a esos espacios.

El diputado de Morena, Ricardo Monreal, salió en defensa de la presidenta y sostuvo que solicitar veracidad a los medios no representa censura.

Afirmó que Sheinbaum enfrenta “una embestida mediática impresionante” todos los días en redes sociales, plataformas y medios de comunicación, y que es “de las presidentas más atacadas en la historia de México”. Reconoció, sin embargo, que aún no conoce el contenido final de los lineamientos. “Aún no los conocemos, no se han concluido”, dijo en conferencia de prensa.

6. El debate que viene: prensa escrita, plataformas digitales y las mañaneras

Sheinbaum abrió una puerta que generó alarma adicional. Durante la presentación de los lineamientos señaló que en el futuro podría analizarse si la regulación debe extenderse a la prensa escrita y a las plataformas digitales.

“Tendría, en todo caso, que revisarse si es necesario o no, o las plataformas también no están en esta regulación, y que son temas que están también a discusión de la sociedad”, dijo la mandataria.

El relator especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU Leopoldo Maldonado advirtió en julio, antes de que se publicaran los lineamientos, que las agresiones contra periodistas en México “se han diversificado”: siguen los asesinatos —siete en el primer semestre de 2026—, pero creció el hostigamiento público, la descalificación y el acoso judicial. México acumula 178 periodistas asesinados desde el año 2000, según datos de esa organización.

La consulta pública cierra el 21 de agosto de 2026. Ciudadanos, concesionarios, académicos y organizaciones civiles pueden presentar observaciones en el portal portal.crt.gob.mx/consultapublica.

No hay fecha establecida para la entrada en vigor de la versión definitiva de los lineamientos.

En medio de la ola de críticas del PRI y otros sectores de oposición, el diputado de Morena, Arturo Ávila, salió a defender los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias y aseguró que las acusaciones de censura forman parte de una “narrativa” construida en contra del movimiento.

“¿Quién podría estar en contra de la información falsa?”

Ávila cuestionó de forma directa a quienes se oponen a los lineamientos, al preguntar quién podría estar en desacuerdo con no difundir información falsa. Señaló que entre los críticos están el PRI, el PAN y algunos medios de comunicación, a quienes acusó de intentar “construir una narrativa” contraria al gobierno.

Distinguir noticia, opinión y publicidad

El legislador defendió punto por punto el contenido de los lineamientos:

• La obligación de distinguir entre noticia y opinión mediante plecas o menciones en pantalla, práctica que —dijo— ya realizan los periódicos en sus secciones editoriales.
• La separación entre publicidad y contenido, para evitar que la publicidad pagada se presente como información editorial.
• Medidas de accesibilidad para personas con discapacidad visual o auditiva, mediante representaciones visuales y otros recursos.

Para Ávila, ninguno de estos puntos representa una restricción a la libertad de expresión, sino una ampliación de los derechos de las audiencias.

“No hay censura”: la defensa de la autorregulación

El diputado insistió en que “no hay censura” y explicó que el mecanismo previsto es de autorregulación: cada medio de comunicación deberá designar a su propio defensor de la audiencia, quien será el primer punto de contacto para recibir quejas.

De acuerdo con Ávila, este defensor —elegido por el propio medio— será quien determine si existió una noticia falsa, si una opinión se presentó como tal, o si corresponde un derecho de réplica. En ese caso, el defensor emitirá una recomendación al medio, que deberá corregir conforme a lo que marca la ley.

Ávila explicó que únicamente si el medio no corrige después de la recomendación, el caso avanzaría a un proceso administrativo.

El contraste con las críticas de oposición

La postura de Ávila contrasta con la de dirigentes del PRI, como Alejandro Moreno y Rubén Moreira, quienes calificaron los lineamientos como una amenaza a la libertad de expresión y advirtieron sobre una posible concentración de facultades en manos de una autoridad administrativa.

Mientras la oposición insiste en que el proyecto abre la puerta a que el gobierno determine qué contenidos son falsos o incorrectos, la bancada de Morena sostiene que el mecanismo respeta la autorregulación de los medios y que la intervención estatal solo ocurriría ante un incumplimiento comprobado.

La discusión sobre los lineamientos continúa, con posiciones marcadamente opuestas entre el oficialismo y los partidos de oposición sobre sus alcances reales.

Ciudad de México, 29 de julio de 2026.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se pronunció en contra de los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, al considerar que la propuesta otorga facultades excesivas a una autoridad administrativa y representa, según el partido, un riesgo para la libertad de expresión en el país.

“No se pide ni se negocia”: Alejandro Moreno

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno (@alitomorenoc), calificó la libertad de expresión como un derecho que “no se pide y no se negocia”. A través de sus redes sociales, el líder priista llamó a no permitir que se censure a los medios de comunicación y acusó al gobierno de Morena de buscar controlar la conversación pública.

Moreira: “Morena va por la dictadura”

Por su parte, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, difundió un pronunciamiento en el que advirtió que la discusión sobre los lineamientos “no puede reducirse a un asunto administrativo”, pues modifica el equilibrio entre el Estado, los medios y la ciudadanía.

Entre los puntos que el legislador señaló como preocupantes:

• La posibilidad de que una autoridad administrativa determine qué contenidos son “falsos” o “descontextualizados”.
• La transformación de los códigos de ética de los medios, actualmente de autorregulación, en instrumentos sujetos a sanción estatal.
• El debilitamiento de la independencia de las defensorías de las audiencias.
• La creación de mecanismos para que una autoridad revise las decisiones de dichas defensorías.
• Sanciones que, a su juicio, resultarían desproporcionadas.

Moreira sostuvo que estas medidas abren la pregunta de quién decidirá finalmente qué información puede difundirse, y advirtió que los procedimientos de queja podrían usarse como mecanismo de presión contra periodistas.

Un mensaje también en video

El PRI acompañó su postura con un video en el que se advierte que el país se encuentra “al borde de la dictadura” y se afirma que el gobierno busca regular lo que se difunde en radio, televisión y redes sociales, bajo el argumento de proteger a las audiencias. El material también señala presuntas presiones contra concesionarios y periodistas mediante multas o cancelación de concesiones.

Contexto de la disputa

El pronunciamiento se suma a una serie de críticas de la oposición hacia las políticas del gobierno federal en materia de comunicación y medios. El PRI ha calificado en repetidas ocasiones al gobierno de Morena de autoritario, mientras que el oficialismo ha defendido sus propuestas regulatorias como mecanismos para proteger los derechos de las audiencias frente a la desinformación.

Hasta el momento, el gobierno federal no ha respondido públicamente a las declaraciones más recientes del PRI sobre este tema. La discusión sobre los lineamientos continúa en el debate público, con posiciones encontradas entre el oficialismo y los partidos de oposición.

Rusia anunció este miércoles que busca la detención del fundador de Telegram, Pável Dúrov, sobre la base de acusaciones de “complicidad con el terrorismo”, alegando que permitió que la plataforma fuera utilizada para el reclutamiento por parte de los servicios de seguridad de Ucrania.

Dúrov, nacido en Rusia, es un empresario tecnológico serial que vive fuera del país desde hace años y posee pasaportes francés y de los Emiratos Árabes Unidos. Ha chocado con frecuencia con las autoridades rusas a medida que Moscú endureció su control sobre internet.

Su mensajería Telegram es una de las principales plataformas de comunicación del país, y las autoridades han intentado en reiteradas ocasiones bloquear el acceso o frenar su éxito, en un intento por presionar a Dúrov para que entregue datos de usuarios o empujar a los rusos a usar una alternativa estatal sin cifrado.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) informó que había iniciado un proceso de búsqueda internacional contra Dúrov, quien también es el director ejecutivo de Telegram. “Se emitió un aviso de búsqueda internacional... para el jefe de la administración de Telegram, P. Dúrov”, indicó en un comunicado. No estaba claro qué tipo de notificación de búsqueda había emitido Rusia ni si otros países u organismos de aplicación de la ley la aceptarían o cumplirían con ella.

La guerra en las redes sociales

Moscú suele acusar a sus enemigos políticos de apoyar el “terrorismo” o el “extremismo”, incluidos aquellos que abandonaron el país. El FSB alegó que Telegram había sido utilizado como plataforma de reclutamiento para los servicios de seguridad ucranianos que buscaban coaccionar a ciudadanos rusos para cometer actos de sabotaje, y que Dúrov no había eliminado “información prohibida”. Rusia y Ucrania se han acusado mutuamente de usar redes sociales para reclutar personas que los apoyen en la guerra que ya lleva cuatro años y medio.

Dúrov, de 41 años, vive en Francia, donde también ha enfrentado problemas legales por acusaciones relacionadas con la difusión de contenido ilegal en Telegram.

Nacido en San Petersburgo —la ciudad natal del presidente Vladímir Putin—, Dúrov fundó VKontakte, una red social ampliamente conocida como “el Facebook ruso”. Fue prácticamente expulsado de la compañía cuando esta quedó bajo presión de las autoridades a mediados de la década de 2010, y fundó Telegram, una plataforma de redes sociales y mensajería privada.

Telegram se convirtió rápidamente en uno de los servicios online más usados en Rusia y logró frustrar con facilidad un intento de años por parte de las autoridades de internet de Moscú para bloquear el acceso dentro del país. Dúrov no realizó comentarios inmediatos sobre las acusaciones del FSB.

Este año, la red social VKontakte —hoy controlada por el Estado y conocida como VK— ha estado impulsando la mensajería respaldada por el gobierno, Max, instando a los rusos a abandonar Telegram y WhatsApp. Dúrov ha criticado esa plataforma calificándola de “una aplicación controlada por el Estado, construida para la vigilancia y la censura política”.

“Nosotros creemos que es mejor promover y concientizar. Si prohíbes, de todas maneras se va a seguir escuchando”, sostuvo la mandataria.

Durante la conferencia matutina de este jueves, la mandataria respondió a una pregunta sobre las medidas que diversos estados y municipios han adoptado para impedir la presentación pública de artistas cuyas canciones hacen referencia al crimen organizado, la violencia, el consumo de drogas o la misoginia. En ese contexto, explicó que esas decisiones corresponden a las autoridades locales y no forman parte de una política impulsada por el gobierno federal.

La titular del Ejecutivo federal sostuvo que, aunque respeta las facultades de las entidades para decidir sobre espectáculos públicos, la estrategia de su administración busca privilegiar la prevención mediante la educación y la promoción de valores, especialmente entre niñas, niños y jóvenes.

Cada estado puede decidir si prohíbe conciertos con apología al delito

Sheinbaum reiteró que las prohibiciones aprobadas en algunas entidades del país se refieren principalmente a la realización de conciertos o presentaciones públicas de grupos musicales que interpretan canciones con apología al delito.

En ese sentido, señaló que la educación representa una herramienta más efectiva para generar cambios culturales y sociales que una prohibición expresa. Agregó que corresponde a las familias, las escuelas y las instituciones contribuir a que las nuevas generaciones desarrollen un pensamiento crítico frente a los mensajes que promueven la violencia.

No obstante, reconoció que cada entidad federativa cuenta con autonomía para establecer sus propias disposiciones legales, por lo que los gobiernos estatales pueden emitir reglamentos o decretos para restringir este tipo de espectáculos dentro de su territorio.

Salud de las infancias, excepción a la regla

Durante su respuesta, Claudia Sheinbaum también explicó que existen situaciones en las que el Estado sí debe establecer límites mediante regulaciones, particularmente cuando se trata de proteger la salud de la población.

Como ejemplo, mencionó la prohibición de vender y consumir comida chatarra y dulces dentro de las escuelas, una medida impulsada por el gobierno federal para disminuir enfermedades como la diabetes, la hipertensión y otros problemas asociados con la mala alimentación infantil.

“Hay otros temas en donde sí ponemos límites. Por ejemplo, el consumo de dulces en las escuelas, porque es un daño muy grave a la salud”, enfatizó.

La mandataria señaló que fuera del entorno escolar corresponde a madres y padres de familia decidir sobre la alimentación de sus hijos; sin embargo, sostuvo que el Estado tiene la obligación de proteger la salud de niñas y niños en los espacios educativos.

Asimismo, indicó que otro tema que actualmente se encuentra en discusión es la posible regulación del uso de teléfonos celulares y redes sociales dentro de las escuelas. Consideró que se trata de un debate pertinente debido al impacto que estas herramientas pueden tener en el desarrollo y bienestar de los estudiantes.

Con estos ejemplos, la presidenta buscó diferenciar aquellas políticas públicas que buscan prevenir riesgos directos para la salud o el desarrollo de la infancia de aquellas relacionadas con el consumo de contenidos culturales o musicales, donde su gobierno considera más adecuada una estrategia basada en la educación.

CDMX también prohíbe narcocorridos

Aunque el Gobierno de México no contempla una prohibición nacional, la Ciudad de México forma parte de las entidades que han endurecido las restricciones contra la apología del delito en espacios públicos.

En mayo de este año, el Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad una reforma para prohibir la interpretación o difusión de contenidos que hagan apología del delito durante espectáculos públicos y en planteles educativos. La modificación incluyó cambios a la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.

Con esta reforma, ya no podrán autorizarse conciertos, festivales, ferias, palenques ni otros eventos masivos organizados en espacios públicos donde se promueva o glorifique a grupos delictivos o se exalte la violencia como una forma de vida. Además, las autoridades educativas deberán evitar la difusión de contenidos que normalicen el crimen organizado dentro de las escuelas.

Los legisladores que impulsaron la iniciativa señalaron que el objetivo no es censurar expresiones artísticas, sino evitar que los espacios públicos financiados o regulados por el Estado sirvan para difundir mensajes que promuevan la violencia.

La medida se suma a acciones similares implementadas en otras entidades del país, donde las autoridades locales han optado por restringir las presentaciones de artistas vinculados con los narcocorridos, mientras el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum mantiene una postura basada en la educación y la concientización antes que en una prohibición de alcance nacional.

La editora y productora Maritza Aristizábal publicó una columna de opinión en La República con un enfoque que molestó al presidente Gustavo Petro. En el texto, la columnista aseguró que, ahora que se acerca el cambio de Gobierno (7 de agosto de 2026), se debe optar por “silenciar” al saliente mandatario, sin que eso implique una censura.

“Es hora de “silenciar” a Petro. No censurarlo: ignorarlo. Bajarle el volumen a teorías, conspiraciones y paranoias. Durante 4 años fue escuchado y validado como presidente”, aseveró.

El presidente Petro reaccionó a la columna de Aristizábal a través de una larga publicación que hizo en su cuenta de X. En ella, aseguró que en su trayectoria política han aparecido personas que buscan silenciarlo e impedir que sus declaraciones sean tenidas en cuenta.

De acuerdo con el jefe de Estado, siendo senador de la República y presidente, se ha dedicado a denunciar irregularidades y tomar decisiones que han incomodado a algunos. Por eso, “quieren que desaparezca”.

“Siempre me han querido callar y censurar porque temen mi palabra sea escrita sea hablada. Así fue cuando hice los debates de Banpacífico y la urbanización en Guaymaral, miren lo que pasa hoy con la desvalorización de costosas propiedades en Chía y norte de Bogotá. Fue así cuando hice el debate del narcoparamilitarismo y la toma de la cúpula de la fiscalía de Luis Camilo Osorio”, precisó.

Según el jefe de Estado, el ex fiscal General de la Nación no fue hallado responsable de ningún crimen, pero, según testimonios de algunos paramilitares, funcionarios del ente acusador y del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) habrían estado involucrados en varios asesinatos. Afirmó que una de las personas a las que buscaban matar era él.

“Uno de los asesinables era yo y No me fui a tomar whisky con Castaño sino a defender mi vida y retarlo a la paz, el que los asesoró y muy mal, fueron otros entre ellos Abelardo y Lucio (sic)”, indicó.

De igual manera, recordó que, cuando fue congresista, denunció la existencia de una alianza entre los narcoparamilitares y algunos políticos regionales, que también financiaron sus campañas con dineros del tráfico de estupefacientes. Según detalló, todas las personas a las que denunció fueron privadas de la libertad, es decir, el 35% del Senado. “Me dijeron hasta payaso y me buscaron para asesinarme”, afirmó.

En su momento, también denunció interceptaciones que se hicieron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que tomaron decisiones sobre la situación jurídica de los congresistas que tenían nexos con el paramilitarismo. Junto con los togados, las comunicaciones del presidente Petro también fueron interceptadas de manera ilegal, a través del escolta del DAS que le había sido asignado.

“Seguían a mis hijos de 8 y 9 años de edad y a mi padre y esposa, y mi familia tuvo que desperdigarse por el mundo”, detalló.

Así las cosas, el primer mandatario advirtió que, con el cambio de administración, la cual será asumida por el presidente electo Abelardo de la Espriella, se buscaría adelantar una investigación en su contra y extraditarlo. El objetivo no sería precisamente que responda por presuntas actividades ilícitas; pretenderían silenciarlo. “Ahora sus herederos quieren que me extraditen para callarme. Cómo los vampiros no aguantan la luz de la verdad”, señaló.

Sobre su Gobierno, aseguró que siendo mandatario se atrevió a “cambiar muchas cosas” para favorecer a la ciudadanía, logrando que al menos siete millones de personas salieran de la pobreza y de la pobreza extrema, así como la reducción del hambre y la mejora en la calidad de vida de la población. También abrió universidades gratuitas y Colombia siguió creciendo a nivel de turismo.

Desde la perspectiva de Petro, la nueva administración no estaría interesada en brindar garantías a la ciudadanía. “Han regresado al poder pero usando lo peor de la sociedad colombiana con tal de no elevar salarios ni pagar pensiones y seguir haciendo negocios sobre el pueblo y con el dinero público, entonces quieren desaparecerme de la historia”, señaló.

Cuando se pierde la capacidad de establecer el debate, la autocrítica, o se vulneran los derechos de unos por la ideología de otros, se está frente a un sistema autoritario incompatible con la democracia. La Fundación MANADA (Madres de Niñas/os y Adolescentes con Disforia de Género Acelerada) representa a cientos de familias que padecen o padecieron las consecuencias de contenidos perturbadores e inapropiados en el marco de la ESI y peor aún, abordajes faltos de ética, de prudencia y cuidado ante niños y adolescentes que se auto perciben trans, infinidad de familias avasalladas por docentes e instituciones que traicionaron la confianza que depositamos a la hora de elegirlos para la instrucción escolar de nuestro mayor desvelo, nuestros hijos.

Podemos contar por decenas los casos de familias a las que un colegio “olvidó”, como si fuera un detalle menor, comunicarles que su hija o hijo, había solicitado que lo refieran con un nombre de fantasía y los padres se dieron por anoticiados con la llegada del boletín con un nombre ficticio, o que le permitan a una nena de 9 años, utilizar el baño de varones, o que en un quinto grado aparecieran penes de madera del tamaño de un varón adulto y de esa clase salieran las nenas descompuestas y asustadas, y un nene con una severa discapacidad motriz al que nadie tuvo el reparo de retirar del aula para que no se sintiera mortificado, y la lista continúa.

¿Amerita esto que se derogue la ESI? No, desde ya que no, entendemos que la educación sexual es necesaria, que inclusive antes de la ley era un tema que se brindaba en la escuela como parte fundamental del cuidado de la vida. Pero no se puede negar, que, en muchos casos, demasiados, se la contaminó con una ideología que no solo carece de sustento científico, como el hecho de desconocer que se nace solo mujer o varón, sino que es utilizada como bandera político partidaria, grave error: a las escuelas de todo el país concurren niños, no un botín político.

No existe bajeza mayor que la de utilizar a la niñez, la vejez, la salud o la pobreza como trampolín electoralista. Cuando un funcionario público tiene la sensatez, después de haber profundizado en las falencias de una ley vigente, de proponer corregirlas desde el debate, a partir de la escucha de la sociedad civil y de los mismos docentes que en su mayoría se ven obligados a aplicar —incluso contra su criterio— el material que les llega desde las distintas secretarías de educación, está haciendo su trabajo más allá de su opinión personal.

Nos alarman no solo como ciudadanos, también como padres, las amenazas y la censura que recibió una funcionaria del Gobierno de la Ciudad por parte de varios legisladores; nos preguntamos: si una funcionaria es víctima de esta barbarie, ¿qué nos espera a los ciudadanos de a pie? ¿Volvimos a los años 70 y nadie nos avisó? ¿O la dictadura woke se está instalando en el siguiente nivel y en breve tendremos iguales leyes que en Canadá?: marche preso por no permitir que hormonen o mutilen a una hija menor de edad, marche preso por decir que solo existen dos sexos, macho y hembra, de la especie humana. Describir una realidad biológica no es discurso de odio, en tal caso, sí lo es decirle a un niño o a un adolescente que nació siendo un error de la naturaleza, pero que no se preocupe, en 8 cirugías y 40 años de hormonas va a sentirse mejor y que quien opine lo contario no lo ama tal y como es. ¿En serio?, ¿de verdad estamos en este punto?

Señores legisladores, sus amenazas por carta documento, redes sociales y bancas, no solo son una vergüenza para la democracia que tanto nos costó a los argentinos, sino que, a través de sus actitudes de censura a la libertad de expresión, nos hacen revivir temores y traumas de un pasado al que nadie quiere volver, ¿o ustedes sí?

El libro Todo a la Luz, de la autora Karla de la Cuesta, podrá seguir distribuyéndose y comercializándose en México luego de que el Poder Judicial Federal confirmó el levantamiento definitivo de las medidas que restringían su publicación.

De acuerdo con la información difundida por la autora y la editorial Penguin Random House Mondadori, el sobreseimiento del amparo en revisión R.A. 145/2026 mantiene vigente la resolución que dejó sin efectos las medidas cautelares que impedían la circulación de la obra, por lo que el libro continuará disponible para el público.

La resolución mantiene la libre circulación del libro

La resolución judicial representa la conclusión del litigio relacionado con la publicación de Todo a la Luz y confirma que las restricciones impuestas previamente ya no tienen efectos legales.

Según el comunicado, el caso enfrentó a Karla de la Cuesta y a la editorial contra acciones promovidas para impedir la publicación del libro mediante medidas de carácter preventivo. Sin embargo, la determinación del Poder Judicial mantiene firme el criterio adoptado previamente en favor de la libertad de expresión y de publicación.

Libertad de expresión frente a intentos de censura previa

Las partes que difundieron la información sostuvieron que la resolución constituye un precedente en materia de libertad de expresión, al considerar improcedentes las restricciones previas para impedir la circulación de una obra editorial.

Asimismo, indicaron que el sobreseimiento del juicio de amparo deja firme el levantamiento de las medidas cautelares que habían sido decretadas durante el proceso, por lo que no existe impedimento legal para que el libro continúe distribuyéndose en librerías y otros canales de venta en el país.

Qué implica el sobreseimiento del amparo

En términos prácticos, la decisión judicial no modifica la situación actual de la publicación, sino que confirma que las medidas que buscaban frenar su circulación permanecen sin efectos.

La autora Karla de la Cuesta sostuvo que la resolución representa la conclusión de una batalla jurídica emprendida para defender el derecho a publicar la obra, mientras que la editorial reiteró que continuará con la distribución del libro conforme a la legislación vigente.

Editorial y Karla de la Cuesta mantienen la publicación

En el comunicado también se afirma que el fallo del Poder Judicial Federal privilegia la libertad de expresión frente a los intentos de censura previa, principio reconocido tanto por la Constitución mexicana como por diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

Las partes involucradas sostuvieron que la decisión reafirma que las restricciones preventivas para impedir la difusión de una publicación constituyen una medida excepcional y que, en este caso, las condiciones legales no justificaban mantener vigente la prohibición de circulación.

El libro seguirá disponible en México

Con ello, Todo a la Luz permanecerá disponible en el mercado editorial mexicano mientras no exista una resolución judicial que determine lo contrario en algún procedimiento distinto.

El pronunciamiento difundido por Karla de la Cuesta y Penguin Random House Mondadori concluye que la resolución confirma el estado jurídico definitivo del litigio respecto de las medidas cautelares, al mantenerse el levantamiento de las restricciones que impedían la publicación y distribución del libro, permitiendo así su libre circulación en todo el territorio nacional.

Mañana, 2 de julio, y hasta el 6 de septiembre, la muestra Ai Weiwei Button Up! abre en Aviva Studios de Manchester. Son obras de gran formato sobre guerra, censura, exilio y globalización.

La más importante, la instalación Eight-Nation Alliance Flags, reúne cuatro millones de botones comprados por el artista a A Brown & Co, una fábrica de botones de Croydon que cerró en 2019. Son 30 toneladas enviadas a China, donde se cosieron las banderas de los ocho países que invadieron el norte de China en 1900: Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Alemania, Japón, Rusia, Italia y el Imperio austrohúngaro.

A priori, impactante, pero la lectura que hace Laura Freeman en The New York Times sostiene que el despliegue monumental no logra traducirse en una experiencia emocional a la misma escala.

El título de la muestra juega con dos ideas. Alude a la necesidad de mantener la boca cerrada cuando cualquier palabra puede volverse en contra de quien habla y remite también a las piezas suspendidas en el espacio, colgadas desde lo alto como paños de gran escala.

Al ingresar al recinto aparece Teahouse, una instalación impregnada con aroma de té. La invitación a “venir a tomar una taza de té”, explica la crítica citada por el diario, funciona en China como una fórmula ambigua: puede ser cortesía, pero también la frase con la que la policía convoca a una persona a un interrogatorio.

Esa obra cambia de sentido cuando el visitante lee los textos que la acompañan. Allí se recountan la detención del artista y años de vigilancia policial intrusiva, un contexto que vuelve inquietante una escena inicialmente apacible.

Freeman describe la exhibición como una muestra “grande” en un espacio “grande” con temas también “grandes”: guerra, comercio, imperio, globalización, revolución cultural e industrial, verdad, justicia, censura, oficio y exilio. Para la crítica, esa amplitud temática termina por diluir parte de la fuerza de las piezas.

La otra obra que la crítica identifica como principal es un gran bote inflable repleto de figuras hechas con el mismo PVC de la embarcación. Ai Weiwei, que estuvo en Lesbos observando la llegada de embarcaciones, incluso algunas vacías tras muertes en el mar, plantea allí su rechazo a la crisis de refugiados.

La objeción de la reseña es que esa escultura reduce vidas humanas a la uniformidad visual de los chalecos salvavidas. El resultado, según la publicación, es una exposición “extrañamente fría”, con momentos de humanidad que no alcanzan a compensar la vaguedad que aparece cuando la obra aumenta de escala.

La crítica recuerda un antecedente del artista en Tate Modern: las semillas de girasol de porcelana modeladas y pintadas a mano, donde cada unidad permitía imaginar una historia individual. Frente a ese recuerdo, Button Up! le parece menos eficaz para conectar lo masivo con la experiencia personal.

También menciona un muro de ladrillos de Lego dispuesto para representar un arsenal histórico de bombas. Su tamaño impresiona, pero no conmueve, y esa elección material, añade, entra en tensión con la defensa del trabajo manual y artesanal que suele atravesar la producción del artista.

Entre las piezas que examina figura además una pila de jarrones de chinoiserie que narra los horrores de la guerra moderna en el lenguaje azul y blanco de la porcelana tradicional china. La reseña concede que la obra es ingeniosa, engañosa y bella.

Pero la valoración cambia con una araña de cristal de Murano construida con ramas y portavelas convertidos en un osario. En ese caso, el diario entiende que la pieza se acerca más a una escenografía efectista que a una forma de elaboración plástica del horror.

El recorrido está acompañado por extensos textos explicativos junto a cada obra. Para Freeman, esa necesidad de exposición verbal resulta persuasiva, pero también sugiere que las piezas no siempre consiguen hablar por sí mismas. La reseña publicada por The New York Times califica la muestra con dos estrellas sobre cinco. Ai Weiwei: Button Up! permanecerá en Manchester hasta el 6 de septiembre.

El Juzgado 47 Penal Municipal de Medellín falló que la suspensión de la presentación del libro “El M-19: De la guerra a la política” en la Biblioteca Pública Piloto constituyó un acto de censura y una vulneración de los derechos fundamentales a la libertad de expresión, acceso a la información y participación política.

El 21 de abril de 2026, la biblioteca de Medellín tenía previsto realizar la presentación de obra del académico Jaime Rafael Nieto López. El evento contaba con la participación de panelistas invitados y la organización de la Editorial Desde Abajo.

Horas antes del lanzamiento, el alcalde Federico Gutiérrez hizo pública en su cuenta oficial de X la decisión de cancelar la actividad, afirmando que en Medellín “nunca tendrá espacio la apología al terrorismo” y señalando que el evento tenía un “carácter evidentemente político”.

La cancelación se justificó por parte de la administración local bajo la Ley de Garantías, argumentando la supuesta existencia de proselitismo electoral. Sin embargo, según el juzgado, no se demostró que la actividad promoviera campaña política ni favoreciera a algún candidato. Además, el juez subrayó que las autoridades no presentaron pruebas objetivas que respaldaran su interpretación.

La tutela y el fallo judicial

El ciudadano Santiago Alarcón Serna interpuso una acción de tutela ante la suspensión del evento, al considerar que se trató de un acto de censura que afectó tanto a los asistentes como al autor, los panelistas y la editorial. En el fallo de 33 páginas, la jueza (e) Victoria Elena Buelvas Álvarez concluyó que la Alcaldía de Medellín y la Biblioteca Pública Piloto actuaron de manera desproporcionada y vulneraron derechos fundamentales.

El juzgado analizó los argumentos presentados por las entidades accionadas, que defendieron su decisión apelando a la neutralidad institucional durante el calendario electoral y a la interpretación sobre el contenido del libro y la simbología utilizada. La jueza determinó que esas consideraciones fueron insuficientes y basadas en valoraciones subjetivas, no en hechos comprobados.

“Dicha conducta configuró un acto de censura al utilizar su posición de poder para ordenar la cancelación o impedir el normal desarrollo de un evento en el que se difundían ideas de interés público”, señala la decisión judicial según una cita de El Colombiano.

El fallo enfatiza que la Constitución colombiana prohíbe la censura previa, recordando la obligación de las autoridades de garantizar el ejercicio de derechos fundamentales.

Realización del evento y afectaciones

Pese a la orden de suspensión, la presentación del libro sí se llevó a cabo el mismo día, gracias a la iniciativa de los asistentes. No obstante, la actividad se realizó sin el apoyo logístico de la administración y bajo presencia policial. El juzgado aclaró que el hecho de que el evento finalmente ocurriera no elimina la vulneración de derechos, ya que la actuación oficial alteró el desarrollo normal de la actividad y restringió el ejercicio de libertades constitucionales.

El despacho también señaló que el alcalde Federico Gutiérrez, al emitir su declaración y ordenar la cancelación, no solo ejerció su libertad de expresión, sino que lo hizo desde su posición como máxima autoridad administrativa, lo que produjo efectos directos sobre el evento público.

Órdenes de reparación y difusión institucional

Como medida de reparación, el juzgado ordenó a la Alcaldía de Medellín y a la Biblioteca Pública Piloto emitir, en un plazo de 48 horas tras la notificación del fallo, una comunicación oficial en la que reconozcan que sus actuaciones vulneraron los derechos fundamentales del accionante, del autor Jaime Rafael Nieto López, de los panelistas Fredy Alexander Chaverra Colorado y José Miguel Sánchez, y de la Editorial Desde Abajo.

El comunicado deberá reafirmar el compromiso institucional con la libertad de expresión, la pluralidad de ideas y la prohibición de la censura, y difundirse por los mismos canales institucionales utilizados para divulgar la cancelación del evento. El juzgado no ordenó la realización de una nueva presentación oficial, ya que la actividad se efectuó en la fecha prevista, aunque sin apoyo administrativo.

Vivimos un tiempo en el que se ha cultivado una sensibilidad que se ofende por todo. Una época que confunde el argumento con el insulto y el disenso con la ofensa irreductible.

El agravio funciona como un escudo que vuelve indiscutible al que lo porta: si me ofendés, ya no tengo que responderte, me basta con sentirme herido y cancelarte, apagarte el micrófono y refunfuñar entre dientes.

Silenciar a un compañero que está denunciando la injusta detención de CFK en virtud de una sentencia amañada y atravesada por nulidades insanables, sintetiza un estado de situación sobre la que debemos reflexionar seriamente, en razón de nuestra propia historia atravesada por tantas injusticias: bombardeos, golpes, fusilamientos, cárceles, desapariciones, proscripciones y exilios.

Podemos discutir todo, pero hay un piso común que debemos respetar: la solidaridad con quien paga con su propio cuerpo el rencor descomedido de un poder ciego que no le perdona al peronismo haber nacido para traer dignidad a nuestra Patria.

Cada vez que se apaga una voz, no se comete apenas una descortesía: se repite un patrón demasiado conocido. Los peronistas sabemos lo que es la censura: vaya el recuerdo del decreto 4161 de 1956 que prohibía nombrar a Perón o a Evita. ¿Acaso apagando micrófonos queremos silenciar el justo reclamo por la inocencia de Cristina?

Apagar el micrófono no es ejercer una convicción ni defender nada. Es la confesión lisa y llana de que no hay nada para decir sino para silenciar. El que tiene razones, contesta. El que no las tiene, censura.

No es saludable que el gobernador enfrente las políticas de ahogo financiero a la provincia, de desindustrialización y pérdida de empleo, mientras en el senado provincial se tejen acuerdos con los representantes de esa misma política entreguista. Esa doble vara se traduce en una política de tirar la piedra, esconder la mano, victimizarse y hacer de eso una bandera.

Sobre la victimización como método y la responsabilidad como respuesta

La política se ha vuelto el escenario que hizo de la susceptibilidad un método. Y de la victimización, una carrera.

La faz agonal de la política es la etapa del debate, de la acumulación, de la disputa de representación, del despliegue de la voluntad de poder como mecanismo de acceso a la legitimidad democrática. El peronismo siempre cultivó el debate interno: franco, áspero, frontal. Un debate atravesado por verdades dichas con convicción y no mediante lamentos impostados.

Allí residió siempre la vitalidad de un movimiento tumultuoso, lleno de vida, que se nutría justamente de las miradas provenientes de múltiples vertientes que sin embargo confluían en un mismo cauce. Lo diverso no agraviaba, enriquecía. El matiz no sofocaba, ampliaba las bases propias y permitía síntesis más abarcadoras.

Pero los tiempos han cambiado. El progresismo de las almas sensibles cultivó la cultura de la ofensa fácil. Freud lo explicó hace un siglo: lo llamó el narcisismo de las pequeñas diferencias. Es esa pulsión por la cual los que más se parecen son los que más necesitan diferenciarse, porque en la mínima diferencia que los distingue cada uno funda su pequeña identidad ofendida. Hermanos que levantan la mano contra su propio hermano: es una historia tan antigua como la Biblia y tan trágica como la incomprensión humana.

La consecuencia es la fragmentación. Porque una sociedad que se ofende por todo es una sociedad que se rompe en pedazos cada vez más chicos. La hipersensibilidad no construye comunidad: la pulveriza.

A eso lo llamamos tribalización. Es el proceso por el cual las grandes identidades que nos contenían a todos -el pueblo, la nación, la idea de un destino común- se quiebran en tribus minúsculas, cada una encerrada en su propia herida, cada una hablándole solo a los suyos. Donde antes había un nosotros amplio, capaz de contener la diferencia, ahora hay mil pequeños nosotros enfrentados, que ya no se reconocen entre sí.

Necesitamos trascender la propia facción para asumir la responsabilidad de ponernos al frente del conjunto. Eso es lo que pedimos. Nada más y nada menos. Lo que hay en el medio es mero ruido, anécdotas olvidables que no deben escandalizar a nadie, fricciones propias del verdadero debate: al peronismo no se lo ordena desde la PARTE, no se lo sintetiza desde la facción, no se lo conduce desde el olvido al prójimo y no se lo domestica desde la ingratitud disfrazada de herida autopercibida.

A un pueblo se lo dirige desde la respuesta y desde la responsabilidad. Eso es tener cuero para la conducción. Si no se comprende eso, no se comprende nada.

A través de sus redes sociales, Cepeda rechazó de manera categórica esos señalamientos y aseguró que nunca ha promovido acciones contra periodistas por el ejercicio de su labor.

La reacción del senador se produjo luego de que Gallo, en un pronunciamiento realizado en su programa, relatara una serie de episodios que, según dijo, marcaron el deterioro de su relación con Cepeda. El periodista afirmó que decidió hacer pública esa situación después de haber guardado silencio durante varias semanas.

Cepeda rechazó las acusaciones y anunció una entrevista

En su publicación, Iván Cepeda negó haber intentado censurar o intimidar a periodistas y respondió directamente a las afirmaciones realizadas por Gallo.

“QUE QUEDE CLARO: YO NO CENSURO. Jamás pediría que se despida a un periodista por ejercer su derecho a la opinión y a la libertad de expresión. Desmiento categóricamente que eso haya sucedido con el periodista Iván Gallo. Y para demostrarlo hoy convinimos una entrevista que le concederé el próximo lunes”, escribió el senador.

Con ese mensaje, Cepeda rechazó la versión presentada por el comunicador y anunció que ambos sostendrán una entrevista en la que abordarán públicamente el tema.

Las declaraciones del congresista surgieron después de que Gallo, visiblemente molesto durante su intervención, cuestionara el comportamiento del dirigente político, pese a haber respaldado públicamente su candidatura presidencial y al proyecto político del Pacto Histórico.

Según el periodista, fue el propio Cepeda quien se comunicó con el medio en el que trabaja para solicitar que fuera desvinculado. “Llamaste a un medio en el que trabajaba para pedir mi cabeza. Y yo me tuve que tragar tres semanas sin decir que tú habías pedido mi cabeza”, afirmó Gallo.

El periodista comparó esa supuesta actuación con las acciones judiciales que, durante la campaña, promovió el hoy presidente electo Abelardo de la Espriella.

Los cuestionamientos del periodista a la estrategia de campaña

Durante su intervención, Gallo también cuestionó la estrategia adoptada por Cepeda durante la campaña presidencial. Recordó que el entonces candidato decidió no asistir a debates ni conceder entrevistas a diferentes medios de comunicación, argumentando que no existían garantías y que existían sesgos en el proceso electoral.

Frente a esa explicación, el periodista aseguró que esa narrativa no correspondía a lo que, según dijo, conoció durante su cercanía con el equipo de campaña. “Dijiste que es que los medios hegemónicos no te querían hacer campaña. La narrativa tuya al principio fue decir que los medios te estaban censurando, y eso es mentira, me consta, porque fui puente muchas veces entre tú y los medios (...) nos dejaste expuestos al fascismo totalmente por tu purismo intelectual y comunista”, sostuvo Gallo.

El comunicador manifestó que mantuvo una relación cercana con Cepeda durante varios años y señaló que decidió romper lo que describió como un pacto de silencio para revelar lo que, según él, ocurrió durante la campaña presidencial.

Gallo habló de una presunta persecución contra periodistas

En el mismo pronunciamiento, Gallo afirmó que existió una presunta campaña de persecución y censura coordinada, según él, por el entonces candidato presidencial contra periodistas críticos. De acuerdo con su versión, mientras otros dirigentes políticos acudían a mecanismos judiciales, Cepeda optaba por contactar directamente a propietarios de medios de comunicación.

“La diferencia entre Abelardo y tú es que él manda tutelas y tú llamas a los dueños para intimidar”, aseguró Gallo, sosteniendo que conoció otros casos en los que, según afirmó, Cepeda habría actuado de manera similar frente a periodistas e investigadores.

En la parte final de su intervención, el periodista insistió en que su decisión de respaldar la candidatura de Cepeda fue producto de una convicción política y no de intereses personales.

“No busco réditos políticos, como le dijiste a mi jefe. Yo lo que buscaba era que ganaras, y por eso muchas veces expuse mi prestigio como periodista, que lo tengo para hacerte campaña a ti. Y la respuesta fue llamar a que me echaran. Eso, señor Cepeda, confirma que lo que dicen de ti es cierto: eres puro ‘estalinismo’”, concluyó.

La diputada de Morena, Gabriela Jiménez Godoy, busca impulsar una iniciativa para que fotografías y videos generados con inteligencia artificial lleven marca de agua obligatoria, con el fin de distinguir el contenido sintético del real.

La propuesta se suma a un conjunto de iniciativas legislativas que buscan establecer un marco regulatorio para la IA en México, en un momento en que la presidenta Claudia Sheinbaum ha llamado a abrir un debate nacional sobre el tema y otros países de Europa, Asia y Estados Unidos ya cuentan con regulaciones vigentes.

Marca de agua obligatoria para contenido generado con IA

El eje de la iniciativa de Jiménez Godoy es la identificación visual del contenido sintético. “Queremos que cuando una fotografía o un video haya sido hecho con Inteligencia Artificial, tenga una marca de agua, para que podamos distinguir lo que es real de lo que no es real”, señaló la legisladora.

La diputada subrayó que la IA ya se usa para falsificar videos, audios, fotos y documentos, lo que convierte la identificación en una medida de protección a los usuarios. Aclaró que la regulación no afecta la libertad de expresión: “para todos sería mucho más benéfico poder saber cuándo algo sí es real de cuando algo no lo es”.

La propuesta también contempla que los usuarios sean notificados cuando la IA intervenga en decisiones que afecten su vida. Los sectores que la legisladora menciona como prioritarios son:

• Salud: médicos que usen IA para diagnósticos o recetas deben notificarlo al paciente.
• Derecho: abogados que redacten demandas con apoyo de IA.
• Impartición de justicia: jueces, ministros y magistrados que utilicen la herramienta para elaborar sentencias.

Morena busca garantiza supervisión humana en uso de IA

Jiménez Godoy dejó en claro que el objetivo no es limitar el uso de la tecnología. “El objetivo no es frenar la Inteligencia Artificial. Sabemos que ya forma parte de nuestra vida, forma parte de nuestro día a día. Todos la utilizamos porque también hace más eficiente y más rápido nuestro trabajo, nuestro análisis. Pero siempre es importante que se asegure que la última vista sea humana”, dijo ante representantes de medios de comunicación.

La legisladora reconoció que la IA es una herramienta de uso cotidiano en distintas profesiones y que su eficiencia es real. El punto de la iniciativa, precisó, es que cuando una persona pueda ser afectada en su vida por el uso de IA, tenga que ser notificada.

Jiménez Godoy indicó que más legisladoras y legisladores han planteado iniciativas en la misma dirección, dado que la IA ya tiene un marco regulatorio en Estados Unidos y en países de Europa y Asia.

Estas son cinco claves de la reforma que busca regular la IA

• Marca de agua obligatoria para fotos y videos generados con IA, para distinguir contenido sintético del real.
• Respuesta a falsificaciones en curso: la IA ya se usa para falsificar videos, audios y documentos.
• Notificación al usuario cuando la IA intervenga en decisiones que lo afecten, con foco en salud, derecho e impartición de justicia.
• Supervisión humana como principio: la última decisión siempre debe recaer en una persona.
• Parte de un debate mayor: la propuesta se suma a otras iniciativas para regular la IA en México, en línea con marcos ya vigentes en EU, Europa y Asia.

Tras el llamativo entendimiento del miércoles pasado entre los titulares de La Libertad Avanza (LLA) y el kirchnerismo en el Senado, Patricia Bullrich y José Mayans, respectivamente, más la posterior queja de aliados, la ex ministra de Seguridad se vio forzada a solicitar una nueva reunión de Labor Parlamentaria para las 18 de hoy, donde se volverán a discutir el orden y términos de la sesión del jueves. El conflicto principal es cómo se encarará una potencial activación de un pedido de interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Así, los líderes de las diferentes bancadas -oficialismo, UCR, PRO, Provincias Unidas y silvestres provinciales, si es que el kirchnerismo se ausenta- volverán a verse las caras en las oficinas de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, quien comandará el encuentro junto a otras autoridades del Cuerpo. Se estima que, en caso de presentarse, el formoseño lanzará una furia más allá de que, a esta altura, al cristinismo le conviene dejar en el foco principal de los medios a Adorni, quien se convirtió en un tapón de toda la gestión mileísta, que no puede aprovechar una sola buena noticia por la vigente crisis política.

¿Por qué se llegó a esta instancia? Como contó Infobae el reciente fin de semana y en Labor Parlamentaria del último miércoles, Bullrich se juntó con dialoguistas para definir el día de la sesión -25- y, por esa vía, anticiparse al ya instalado requerimiento de Mayans para votar una interpelación a Adorni que implicaría, a los siete días, la asistencia del jefe de Gabinete al recinto -de sobrevivir, también daría un informe de gestión el 2 de julio- y una potencial moción de “censura”. No sorprendió el apuro de la ex candidata a presidenta del PRO para dar por liquidado al funcionario, aunque se demoró tanto esa cumbre que, mientras otros aguardaban en la oficina de Villarruel, el convite no finalizaba. Tras minutos de incertidumbre, uno de los participantes cantó “humo blanco”.

Ya en Labor, el punto principal y conocido tanto por Bullrich y el resto de presentes era si lo impulsado por el formoseño precisaba, al ser un proyecto de resolución no dictaminado, los dos tercios para que fuese habilitado en una sesión que, al final, se pospuso. Parecía más que claro el asunto -y validado por el reglamento- y hasta había sido charlado durante horas. No ocurrió. La reinterpretación de la ex ministra fue acompañada por Mayans, ante una pasividad extrema entre los oficialistas sentados en esa mesa. De hecho, la senadora tuvo que improvisar una mini cumbre con otros compañeros de bloque que objetaron este punto.

¿Cuál es el problema de la reinterpretación del artículo 101 de la Constitución? Si bien el pleno es soberano y la decisión final, de ser avalada, no podría ser objetada, lo cierto es que el precedente tendrá una magnitud negativa descomunal. Aquí coincidieron varios despachos consultados por este medio. Por caso, desde uno se oyó: “Es una torpeza lo que están haciendo. Si llegamos a ese punto, a partir de allí, cualquiera podrá reclamar eso. Otros jefes de Gabinete de otros gobiernos fueron igual de impresentables que Adorni, pero si tengo que ser realista por el país en el que vivo, algo así te dejaría a las puertas de lo que hace el Congreso peruano con sus presidentes y funcionarios. Un nivel de irresponsabilidad absoluta”.

En otro, reconocieron: “Es simple. Al kirchnerismo le sirve mantener en la parrilla a Adorni, más allá de que se quieran colgar la medalla de ser los primeros en reventarlo. Si es una máquina de malas noticias. Ojo, también es útil para el resto. No queremos ser los que tapemos con diarios al jefe de Gabinete. Pero parece será eso, ya que el Ejecutivo lo defiende sin cesar. El asunto es tan grave que la unanimidad ya no se acerca sólo en los propios que sugieren, por lo bajo, un paso al costado, sino también en el Congreso y, sobre todo, en la sociedad. Ahí está lo más delicado: pega en la base social por la vara que dijeron tener en cuanto a transparencia en la función pública. No hay grieta. Un verdadero papelón”.

Un detalle del pedido de Mayans que pasó desapercibido. En la iniciativa de resolución, habla de moción de “censura”. Esto es muy distinto a una remoción, ya que sería una especie de apercibimiento y nada más. Ambas necesitan mayoría absoluta del Cuerpo, 37 voluntades. Por supuesto que nadie cree que ocurra lo primero, sino lo segundo, que luego deberá ser refrendado por Diputados, con -al menos- 129 adhesiones.

En caso de volver hacia atrás, una discusión en el recinto sobre la habilitación por dos tercios ayudaría a ganar más tiempo a LLA y a dejar a Adorni vigente, como “prefiere” el kirchnerismo. La tarea no será sencilla: como contó días atrás Infobae, requerirá tener sentados a sus 21 soldados y convencer a tres o cuatro ajenos -en principio, según quienes marquen el presente esa jornada- para llegar a 24 o 25. Así, trabaría un intento opositor. Sin embargo, el embrollo continuará. Por ende, para avanzar, será obligatorio que se junte la comisión de Asuntos Constitucionales. La preside el oficialista Agustín Coto (Tierra del Fuego), que mandó al cajón la reforma política para que los friendly no separen Ficha Limpia.

A pesar de que a las 10:00 a. m. del viernes 19 de junio se volvió a subir el video por parte de los comediante, 20 minutos antes el presidente Gustavo Petro se refirió a lo que pasó y desde su cuenta de X reaccionó y compartió el video que difundió Sánchez explicando lo sucedido.

“‘Por la Ventana’ fue censurado anoche”, inicia el mensaje por parte del jefe de Estado.

Sobre el cómo se habría originado los problemas de los perfiles del programa, el mandatario precisó que las personas detrás de esta acción “ofrecen dinero por redes para denunciar masivamente una cuenta que no les gusta hasta que el algoritmo les va reduciendo al alcance, luego las penaliza y finalmente las bloquea”.

El episodio con Iván Cepeda de Por la ventana fue retirado en plena transmisión en vivo la noche del jueves 19 de junio y la cuenta en X del programa fue intervenida, un hecho que el candidato presidencial del Pacto Histórico vinculó con una “estrategia sistemática de ataques digitales” a solo dos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia.

Cepeda reaccionó al igual que Petro la mañana del viernes. El candidato precisó también que “este hecho no es aislado: hace parte de una estrategia sistemática de ataques digitales y campaña sucia contra nuestro proyecto político en estas elecciones”.

Durante el estreno en vivo del capítulo 126 había 60.000 personas conectadas, según explicó Sánchez en una video que compartió en su cuenta de Instagram la misma madrugada del viernes.

El comediante dijo que el video “desapareció” cuando faltaban entre 10 y 15 minutos para terminar la emisión.

El material había sido publicado en el canal de YouTube Sancocho Trifásico y, de acuerdo con lo que explicó Culotauro en una (historia) story, también fue comprometida la cuenta en X del programa @porlaventanap.

“Al parecer se me metieron a la cuenta de Sancocho directamente y bajaron el video de Cepeda. Ahorita justamente apenas pasó, lo que hice fue cambiar contraseñas y estoy viendo si bajaron algo más”, explicó Díaz.

Sánchez añadió desde su cuenta @dejemequieto que los responsables también “estaban ocultando otros videos” y realizando “más cosas en el canal”, aunque dijo que parte de esas acciones se pudieron corregir después de cambiar las claves y recuperar el control de la cuenta.

En una publicación del jueves 18 de junio en la cuenta de Instagram @porlaventanap, Sánchez, Díaz y Quintero explicaron que habían invitado a los dos aspirantes presidenciales.

El mensaje aludía a Abelardo de la Espriella, del Movimiento de Salvación Nacional - Defensores de la Patria, y precisaba que “solo uno aceptó subirse al carro del pueblo”.

El episodio 126 tuvo como invitado a Cepeda, mientras que el episodio 125 había contado con la participación del presidente Gustavo Petro, y según el relato de Culotauro, los demás videos del canal permanecieron intactos pese a la intervención.

A pesar de que el video volvió a ser publicado por los comediantes en la plataforma de videos, Culotauro afirmó en otra publicación que hizo en Instagram el mismo viernes: “Los chistes nos darán todo; lo bueno y lo que no entendemos tan bien”.

Al final, desde el programa se anunció el respaldo a la candidatura de Cepeda, mientras que en otro de los mensajes que se publicaron el mismo día, los comediantes utilizaron una frase que se hizo icónica en cadenas de mensajes de Whatsapp, y que se supo que fue una imitación por parte del comediante Juanda Caribe del presidente Petro: “Los noto asustados”.

El 11 de julio de 1790, el Papa Pío VI firmó en Roma un documento que, sin saberlo, iba a cambiar la historia de América del Sur. Le concedía a un joven estudiante rioplatense radicado en España el permiso para leer todos los libros prohibidos por la Iglesia Católica. El beneficiario era Manuel Belgrano. Los libros que leyó después fueron, en buena medida, inspiración para el programa de la Revolución de Mayo. La paradoja es tan bella como potente.

Para entender la magnitud del permiso hay que entender primero qué era el “Index librorum prohibitorum”. Creado en 1515 bajo el Papa León X y consolidado en su forma universal en 1564 por el Concilio de Trento, fue durante más de cuatro siglos el instrumento oficial de censura intelectual de la Iglesia Católica. En su última edición, publicada en 1948, contenía aproximadamente 4.000 títulos censurados por herejía, inmoralidad, ideas políticas peligrosas o simplemente por predicar libertad, igualdad y justicia — conceptos que los monarcas católicos habían logrado incluir entre los criterios de prohibición. Leer esos libros sin permiso no era una travesura: era un pecado grave, perseguido por la Inquisición.

El joven que pidió permiso

En 1790, Manuel Belgrano tenía veintiún años y llevaba tres estudiando en España. Había ido a estudiar leyes, pero se había apasionado por la economía, que aún no existía como disciplina formal (era presidente de la Academia de Derecho Romano, Práctica Forense y Economía Política en la Real Universidad de Salamanca). Un joven brillante, formado, católico. Y con una curiosidad intelectual que las restricciones del Index le resultaban insuficientes para contener.

Entonces hizo lo que correspondía: pidió permiso. Redactó en latín una nota dirigida al Sumo Pontífice. Con humildad, con respeto, con los argumentos precisos: “Manuel Belgrano, humilde postulante, a Vuestra Santidad expone que él mismo, después de haber estudiado la carrera de Letras, se dedicó al Derecho Civil, en el que obtuvo el grado de Bachiller, y a otras Facultades, siendo al Presente Presidente de la Academia de Derecho Romano, Práctica Forense y Economía Política en la Real Universidad de Salamanca. Por lo cual, para tranquilidad de su conciencia y aumento de su erudición, a Vuestra Santidad suplica le conceda permiso para leer y retener libros prohibidos en la regla más amplia.” No pedía un permiso acotado. Pedía la regla más amplia. Y el Papa se lo dio.

La Secretaría Pontificia notificó a Belgrano el 11 de julio de 1790. La resolución fue generosa, casi sin límites: “Nuestro Beatísimo Padre, Pontífice Pío VI, en la Audiencia del 11 de julio de 1790, el Santo Padre concedió bondadosamente al postulante la Licencia y Facultad pedida de leer y retener, durante su vida, todos y cuales quiera libros de autores condenados y aun de herejes, de cualquier manera, que estuvieren prohibidos, custodiando, sin embargo, los dichos libros para que no pasen a manos de otros. Se exceptúan los de pronósticos astrológicos que contienen supersticiones y los que exprofeso tratan asuntos obscenos.”

Le permitía leer todo, incluso los de herejes. Las únicas excepciones fueron la astrología y lo obsceno. Belgrano le escribió entusiasmado a su padre: “he tenido el gran gusto de conseguir licencia de ver y tener en mi poder libros prohibidos de cualquier prohibición”.

El joven (futuro Prócer) no desperdició el permiso. En agosto de ese mismo año le contaba a su madre que tenía entre manos el Espíritu de las Leyes de Montesquieu — “el Inmortal Montesquieu”, lo llamaba — y que planeaba leer a continuación a Voltaire. Eran exactamente los autores que el Index prohibía con mayor celo: los arquitectos intelectuales de la Revolución Francesa, los que ponían en el centro al individuo, a la razón, a la libertad, a la ley por encima del rey. Los que combatían al monopolio y al mercantilismo, como Quesnay y Adam Smith. Sin quererlo, estaba ahí el programa de la Revolución de Mayo.

Hay algo fascinante en esta secuencia de hechos. La Iglesia Católica construyó durante cuatro siglos un aparato monumental de censura intelectual precisamente para evitar que las ideas de la ilustración y revolucionarias se propagaran entre los fieles. El Index existía, en parte, para que nadie leyera a Montesquieu ni a Voltaire. Y sin embargo, fue una autorización firmada por el propio Papa la que abrió esa biblioteca prohibida al hombre que se convertiría en el primer gran liberal del Río de la Plata.

Roma le dio permiso a Belgrano para aumentar su erudición. Belgrano aumentó su conocimiento y, con esa erudición, contribuyó a demoler el orden colonial que Roma, entre otros, sostenía. La historia tiene ese tipo de hermosas ironías.

Quince años después de que las autoridades chinas detuvieran a Ai Weiwei, el artista recreará su encierro en una performance de 24 horas que se presentará el 3 de julio en Manchester, una obra con la que volverá sobre un episodio que, según planteó, ya no pertenece solo a su biografía sino a una realidad política más amplia.

La puesta, titulada Sewing a Button, marcará además la primera vez que Aviva Studios permanezca abierto toda la noche. Las entradas de dos horas costarán 28,50 libras, equivalentes a USD 39, y el pase completo para toda la performance tendrá un valor de 69,50 libras, o USD 93.

Factory International, la organización artística con sede en ese espacio de Manchester, presentará la obra junto a la próxima exposición del artista. En un comunicado, el director de la institución, Low Kee Hong, afirmó que el trabajo “aportará nuevas perspectivas y escenas de su tiempo en prisión que no están documentadas en ningún otro lugar”.

Ai explicó al medio que decidió abordar ahora ese período con mayor profundidad porque el problema, a su juicio, excede su experiencia personal. “Expresarse de esta manera ya no es solo un asunto mío, porque el daño infligido a los individuos o entre naciones se ha vuelto tan extendido”, sostuvo en un intercambio por correo electrónico.

En esa misma respuesta, añadió: “Lo que experimenté ya no es solo mi propia historia; es la realidad del mundo en el que todos vivimos hoy”. También citó como ejemplo que “el hecho de que Estados Unidos haya podido secuestrar al presidente de Venezuela y llevarlo a suelo estadounidense es prueba suficiente de que esas prácticas ilegales prevalecen en diversas esferas políticas”.

Desde las 17:00 del 3 de julio, Ai ingresará en una réplica de la celda en la que permaneció detenido, de 25,92 metros cuadrados, construida por la firma internacional de arquitectura Hawkins\Brown. Dentro de ese espacio dormirá, comerá, hará ejercicio, escribirá, se lavará y será interrogado sobre cuestiones personales, políticas y filosóficas.

Esos interrogatorios estarán a cargo de cuatro periodistas y presentadores: el británico Nihal Arthanayake, la escritora irlandesa Emma Dabiri, el autor británico Lemn Sissay y la periodista singapurense Zing Tsjeng. Otros nueve actores interpretarán a guardias militares y médicos.

La música estará a cargo del dúo electrónico Space Afrika, con base en Manchester y Berlín, que creará el paisaje sonoro del espectáculo y realizará una sesión de mezcla en vivo durante la ejecución. El público también encontrará otras actividades paralelas durante Sewing a Button, entre ellas una casa de té tradicional china abierta durante 24 horas.

Quienes no asistan en persona podrán seguir la transmisión de las imágenes de circuito cerrado de televisión en vivo a través del sitio web de Factory International. También habrá proyecciones previstas en el Australian Center for the Moving Image, en Melbourne; en el centro ARTHAUS, en Buenos Aires; y en Piccadilly Circus, en Londres, a través de la plataforma de arte digital CIRCA, del artista británico Josef O’Connor.

La detención de Ai en 2011 coronó tensiones que venían de mucho antes. Según relató la publicación, su familia había sido exiliada por las autoridades chinas en 1957, poco después de su nacimiento.

El artista pasó 81 días en prisión por acusaciones de evasión fiscal sin que se presentaran cargos formales. De acuerdo con el medio, muchos consideraron que sus problemas judiciales estaban más ligados a sus críticas al gobierno, entre ellas Dropping a Han Dynasty Urn de 1995 y su investigación de un año sobre las víctimas infantiles del terremoto de Sichuan de 2008.

Aunque las condiciones de su liberación le exigían guardar silencio, Ai ya había trabajado antes sobre ese episodio. Entre esas obras figuran el diorama en seis partes S.A.C.R.E.D. de 2011 a 2013 y el videoclip de su canción “Dumbass”, de 2013.

Sewing a Button será, no obstante, la primera vez que afronte ese material en persona y en tiempo real. Ai vive fuera de China desde que las autoridades le devolvieron el pasaporte en 2015, y recién en enero regresó al país por primera vez en una década.

La crisis política vigente en el Congreso por las tropelías del jefe de Gabinete, el ya indefendible Manuel Adorni, terminaron de ratificar el mega tapón generalizado sobre toda la gestión de Javier Milei -ni un solo logro de la Casa Rosada queda encima del escándalo actual- y una agonía que, por ahora, se estiraría. En el Senado, la radiografía de las horas más álgidas de la semana que finaliza destapó una insólita jugada en la que coincidieron los titulares del oficialismo y kirchnerismo, Patricia Bullrich y José Mayans, respectivamente, que dejará un muy riesgoso antecedente a futuro para cualquier persona que se encuentre al comando de la administración central.

Que Bullrich sea la única política que aprovechó rápido las penurias del Gobierno -al que dice defender- es más que conocido. Nadie del arco opositor le sacó tanto jugo como ella. Un puñado de supuestas pinceladas republicanas le dieron primeras planas. No obstante, la estrategia de jugar siempre al fleje -y que, sin temor, algunas pelotas piquen fuera del mismo- le jugó una mala pasada durante la reunión de Labor Parlamentaria del miércoles pasado. Allí, la sacó del estadio. Para comprender esto, es imprescindible realizar una cronología de cómo se inició y finalizó dicha jornada.

La ex ministra de Seguridad comenzó el día con una imagen subida a la red X para celebrar la primera victoria de la Argentina en el mundial de fútbol. Todos desean un cuarto campeonato. Sin embargo, la experimentada política salió con una camiseta y un tres generado con los dedos del medio de su mano izquierda. Curioso. Por la mañana, diversas bancadas se reían de la picardía de la legisladora, siempre bien acompañada en los pasillos por un grupo de personas que supera, en varias ocasiones, los cinco empleados que dice tener en su oficina, según la web oficial de la Cámara alta.

Previo a Labor Parlamentaria, Bullrich se reunió con aliados para definir si la sesión sería al día siguiente o el jueves 25. Y, por esa vía, anticiparse al ya instalado pedido de Mayans para votar una interpelación a Adorni que implicaría, a los siete días, la asistencia del jefe de Gabinete al recinto y una potencial moción de “censura”. No sorprendió su apuro para dar por liquidado al funcionario, aunque se demoró tanto esa cumbre que, mientras otros aguardaban en la oficina de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, el convite no finalizaba. Tras minutos de incertidumbre, uno de los participantes cantó “humo blanco”.

Ya en Labor, el punto principal y conocido tanto por Bullrich y el resto de presentes era si lo impulsado por el formoseño precisaba, al ser un proyecto de resolución no dictaminado, los dos tercios para que fuese habilitado en una sesión que, al final, se pospuso. Parecía más que claro el asunto -y validado por el reglamento- y hasta había sido charlado durante horas. No ocurrió. De manera llamativa, la reinterpretación de la ex ministra fue acompañada por Mayans, ante una pasividad extrema entre los oficialistas sentados en esa mesa. De hecho, la senadora hasta tuvo que improvisar una mini cumbre con otros compañeros de bloque que objetaron este punto. Es decir, los muy pocos que jugaron a favor de Balcarce 50. A esta altura, una situación delirante.

¿Cuál es el problema de la reinterpretación del artículo 101? Si bien el pleno es soberano y la decisión final, de ser avalada, no podría ser objetada, lo cierto es que el precedente que dejará marcado tendrá una magnitud negativa descomunal. Aquí coincidieron varios despachos consultados por Infobae. Por caso, desde uno se oyó: “Es una torpeza lo que están haciendo. Si llegamos a ese punto, a partir de allí, cualquiera podrá reclamar eso. Otros jefes de Gabinete de otros gobiernos fueron igual de impresentables que Adorni, pero si tengo que ser realista por el país en el que vivo, algo así te dejaría a las puertas de lo que hace el Congreso peruano con sus presidentes y funcionarios. Un nivel de irresponsabilidad absoluta”.

En otro, reconocieron: “Es simple. Al kirchnerismo le sirve mantener en la parrilla a Adorni, más allá de que se quieran colgar la medalla de ser los primeros en reventarlo. Si es una máquina de malas noticias. Ojo, también es útil para el resto. No queremos ser los que tapemos con diarios al jefe de Gabinete. Pero parece será eso, ya que el Ejecutivo lo defiende sin cesar. El asunto es tan grave que la unanimidad ya no se acerca sólo en los propios que sugieren, por lo bajo, un paso al costado, sino también en el Congreso y, sobre todo, en la sociedad. Ahí está lo más delicado: pega en la base social por la vara que dijeron tener en cuanto a transparencia en la función pública. No hay grieta. Un verdadero papelón”.

Un detalle del pedido de Mayans que pasó desapercibido. En la iniciativa de resolución, habla de moción de “censura”. Esto es muy distinto a una remoción, ya que sería una especie de apercibimiento y nada más. Ambas necesitan mayoría absoluta del Cuerpo, 37 voluntades. Por supuesto que nadie cree que ocurra lo primero, sino lo segundo, que luego deberá ser refrendado por Diputados. El resultado parece cantado y lo que muchos desean saber, de acá hasta el 2 de julio, es qué pirueta harán los estrategas de la Casa Rosada ante una eventual eyección de Adorni, bajo la premisa de ganar aún en la derrota. Allí abundaría la libertad de opinión, el odio al periodismo y acusaciones de golpismo. Sería una jungla de operaciones. Como los meses de penuria de 2024 y 2025. Esta receta fue copiada a la perfección por Bullrich. Se la comieron, de manera olímpica, el propio Gobierno y sus diseñadores. La gran pregunta es si hay más soldados o generales en tándem con ella.

Durante la noche del jueves, apareció un indicio de racionalidad. Se convocaría a una nueva reunión de Labor Parlamentaria para pasado mañana para analizar, una vez más, la interpretación del artículo 101 de la Constitución. Hay dialoguistas a los que no le cierra en absoluto la idea de Bullrich. Entonces, ya no logra contener a su bancada -que votó de tres formas distintas un simple pliego judicial agitado por ella-, no convence suficiente a aliados -que le despluman todos los proyectos que impulsa Balcarce 50- y lima la otrora confianza que había en el corazón del mileísmo. Ganar aún en la derrota, o perder aún en la victoria. O todos contentos, como cuando se consumó la Labor del miércoles último. No todo es lo que parece.

En caso de volver hacia atrás en los próximos días, una discusión en el recinto sobre la habilitación por dos tercios ayudaría a ganar más tiempo a La Libertad Avanza y a dejar a Adorni en la parrilla, como “prefiere” el kirchnerismo. La tarea no será sencilla: como contó días atrás este medio, requerirá tener sentados a sus 21 soldados y convencer a tres o cuatro ajenos -en principio, según quienes estén presentes- para llegar a 24 o 25. Así, bloquearía cualquier intento opositor. El embrollo continuará. Por ende, para avanzar, será obligatorio que se junte la comisión de Asuntos Constitucionales. La preside el oficialista Agustín Coto (Tierra del Fuego), que mandó al cajón la reforma política para que los friendly no separen Ficha Limpia. En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, colecta álbumes de fotos con gobernadores para sostener, como sea, el supuesto interés del Gobierno en la iniciativa libertaria.

Un proyecto de ley para impedir la publicación de calumnias e injurias en medios digitales y redes sociales desató una intensa polémica en la política de Tucumán. Desde la oposición libertaria provincial advirtieron que la propuesta restringe la libertad de expresión y alertaron por posibles usos arbitrarios, mientras que el gobernador Osvaldo Jaldo tomó distancia de la iniciativa y anticipó que la vetará, en caso de aprobarse y no modificarse.

Con la autoría del legislador peronista Gerónimo Vargas Aignasse, que pertenece al bloque de Jaldo, el texto propone una medida cautelar para la violencia digital, que habilita una “tutela judicial inmediata destinada a disponer la cesación urgente del daño provocado por publicaciones digitales que constituyan en forma manifiesta, inequívoca y acreditada calumnias o injurias”.

La decisión de qué contenido se mantiene, se elimina o se desindexa de una plataforma queda a cargo de un juez penal provincial. Deberá definirlo en un plazo máximo de seis horas, sin contar con la réplica del autor del contenido o al medio involucrado.

El alcance del instrumento judicial es bastante amplio. Aplica a cualquier tipo de “contenidos difundidos en redes sociales, plataformas digitales, portales web, diarios digitales, servicios de mensajería de difusión masiva y cualquier medio tecnológico de comunicación pública en línea", señala en su artículo 2.

La discusión fue tomando calor en los últimos días luego de que el texto fuera aprobado en comisión en la Legislatura de Tucumán. Sin embargo, el gobernador Osvaldo Jaldo tomó distancia de la iniciativa impulsada por el diputado peronista y aclaró que se trata de un “proyecto de un legislador provincial, como muchos otros de diferentes temas y de otros legisladores”.

“Es una iniciativa que está muy lejos de plasmarse, si así lo deciden los legisladores en el recinto. Si se llegara a aprobar, no hay duda que en el Poder Ejecutivo -que tengo el honor de conducir y habrá que estudiarlo como sale en definitiva-, tal cual está, va camino al veto. Esa es mi posición”, sostuvo Jaldo en diálogo con Infobae.

En tanto, La Libertad Avanza Tucumán compartió un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” y se declaró en estado de alerta.

“Recordamos que en la República Argentina los poderes del Estado son independientes. Si una persona considera que ha sido afectada por una publicación, cuenta con las herramientas legales correspondientes para recurrir ante la Justicia. Pretender que el Poder Legislativo intervenga para condicionar u obligar el accionar del Poder Judicial constituye un hecho de enorme gravedad institucional”, señala el documento.

“La libertad de expresión es un valor fundamental de toda sociedad democrática y republicana -continúa-. Cualquier intento de restringirla, limitarla o generar mecanismos de censura representa un avance preocupante contra derechos y garantías esenciales de los ciudadanos”.

La postura oficial de LLA fue compartida por el principal referente del partido en Tucumán, el ex ministro del Interior Lisandro Catalán, y la diputada nacional Soledad Molinuevo, quien insistió en sus redes sociales que la iniciativa “viola garantías constitucionales y habilita abusos arbitrarios”. “La libertad de expresión no se negocia. Es un derecho esencial y cualquier mecanismo de censura debe ser frenado de inmediato”, remarcó.

El legislador opositor Walter Berarducci (Compromiso Tucumán) también criticó el proyecto oficial y sostuvo que, en caso de aprobarse, convertirá al juez en “un órgano de control de contenidos”.

“El juez penal pasa a decidir qué contenido puede circular y cuál debe eliminarse, función ajena a la jurisdicción penal. Este mecanismo sólo busca censurar los contenidos sin debate previo, algo que atenta directamente contra la democracia, ya que ésta se defiende con más opinión pública, más debate y no con más silencio”, dijo Berarducci a La Gaceta.

El debate legislativo y los últimos cambios

Para que el proyecto avance, requiere de la aprobación de 49 legisladores. El último dictamen, de hace un mes, contó con el aval del autor y los legisladores Sara Assan, José Macome -libertario-, Christian Rodríguez y María Carolina Vargas Aignasse.

La norma introdujo cambios respecto de la versión original, aunque mantuvo su estructura central. Lo más importante fue la incorporación de la exclusión de los funcionarios públicos de este mecanismo, tras las críticas que había recibido la iniciativa. Explícitamente, quedó establecido que no podrán acceder a este procedimiento quienes hayan sido elegidos mediante voto popular ni los funcionarios de los tres poderes del Estado, hasta el rango de director.

Otro punto fue la eliminación del artículo que establecía una vigencia inicial de diez días para la medida cautelar, aunque se mantiene el proceso sumarísimo. Además, incorpora un “candado normativo” que obliga a los jueces a rechazar cualquier pedido cuando exista una duda razonable sobre si el contenido denunciado constituye una opinión, una crítica o información de interés público.

Ante el revuelo generado, Vargas Aignasse volvió a defender el proyecto legislativo en redes sociales y advirtió que quien diga “que es para proteger políticos, está faltando a la verdad”.

"La ley protege a los ciudadanos comunes frente a las calumnias, injurias y campañas de difamación que hoy se viralizan en minutos y pueden destruir reputaciones, familias y hasta poner en riesgo la salud mental de las personas“, advirtió el dirigente peronista. Y agrega: “No es censura. Es poner un límite a la mentira deliberada y al hostigamiento digital”.

En paralelo, con una postura similar a la de Jaldo, desde el entorno del vicegobernador Miguel Acevedo dejaron trascender que no se acompañará ningún proyecto que limite la libertad de prensa ni el ejercicio periodístico.

“El proyecto todavía no está en el orden del día y no está previsto que se trate. Ha generado mucho ruido”, reconoció Aignasse a Infobae. Y volvió a insistir que “se deja afuera de utilizar esta medida cautelar urgente a quien tenga un cargo público”. “Lo que se busca es que se mantenga el objeto de este proyecto, que es que regular la violencia de los particulares en general por los temas que son de público conocimiento y día a día vemos en redes sociales”, concluyó.

En la a menudo volátil intersección entre el arte y la política en Rusia, Alexander Sokurov destaca. Reconocido cineasta y figura habitual del cine de autor en Occidente, suele cuestionar públicamente al presidente Vladimir Putin sobre diversas cuestiones polémicas, incluida la represión gubernamental. Aun así este año, la Bienal de Venecia lo excluyó como orador tras las protestas de un grupo de artistas rusos exiliados que lo señalaron como ejemplo de disidencia oficialmente permitida, circulando sin obstáculos en Rusia mientras los verdaderos críticos eran encarcelados o forzados al exilio.

“En muchos sentidos, su destino es el de un solitario talentoso”, dice Anton Dolin, destacado crítico de cine ruso en el exilio. “Eso explica tanto el culto a su alrededor como la hostilidad hacia él. Por un lado, sus películas están prohibidas en Rusia”, agrega. “Por otro, sigue siendo muy respetado y continúa participando en consejos e instituciones estatales.”

La reunión de diciembre de 2025 del Consejo Presidencial para la Sociedad Civil y los Derechos Humanos volvió a poner el foco en el cineasta, de 74 años. Putin nombró al director para este consejo en 2018, y Sokurov aprovechó la reunión anual con el presidente para criticar las políticas gubernamentales represivas. Fue una postura inusual para un organismo consultivo de 50 miembros, dominado por figuras proguerra y otros simpatizantes del Kremlin. Allí, calificó la estricta censura al arte como peor actualmente que en la época soviética; describió el ritual de etiquetar a los críticos del gobierno como “agentes extranjeros” como humillante; y cuestionó que se priorizara a los hijos de veteranos de la guerra en Ucrania para las ya limitadas plazas gratuitas en prestigiosas universidades estatales.

No era la primera vez que ocurría algo así. En una reunión similar en 2021, por ejemplo, Putin, visiblemente molesto, rechazó su sugerencia de permitir que las repúblicas minoritarias pudieran abandonar libremente la Federación Rusa.

En una entrevista, Sokurov —un hombre corpulento, de aspecto afable y cabello blanco, que camina con bastón— reconoció que la mayoría de las personas no podría decir esas cosas sin consecuencias. Pero su relación con el presidente se remonta a décadas, cuando Putin era funcionario en San Petersburgo y el cineasta le pidió que salvara del olvido el estudio de cine de la era soviética.

Esta vez, el presidente evitó en gran medida responder, y sugirió que discutieran los temas en persona, una reunión que aún no ha ocurrido. Sokurov señaló que siente una responsabilidad especial de hacer comentarios públicos, sobre todo para asegurar que las nuevas generaciones de rusos hereden un país habitable. “A veces la gente me dice que soy un tonto, que no debería decir estas cosas, que es una locura, que no tiene sentido”, repitió, durante un festival de cine ruso en París el pasado marzo, donde presentó trabajos de sus estudiantes y su último filme, Director’s Diary, un documental de cinco horas que entrelaza noticieros históricos con entradas de sus diarios de 1957 a 1990.

“Mi interés es puramente público, puramente sobre la vida”, dijo. “Estoy rodeado de personas reales, no de algún gobierno ni círculo de élite. Soy simplemente un cineasta de clase trabajadora.” Sokurov afirmó que sus críticas suelen ser ignoradas. Prepara estas intervenciones cuidadosamente, escribiendo el guion como si fuera una escena de película, para no olvidar ningún punto. “Para mí, es muy estresante: hablar en público, enfrentar represalias, empeorar mi propia situación”, dijo. Aun así, afirmó que no puede callar.

Alexander Sokurov nació el 14 de junio de 1951 en un pueblo cerca del lago Baikal, en Siberia. Su padre, militar, obligó a la familia a una infancia itinerante para él y su hermana mayor. Así describió a su padre, un condecorado infante de la Segunda Guerra Mundial, como “temperamental y de voluntad fuerte”. Su madre conocía de memoria óperas rusas e italianas, aunque sus padres no consideraban el arte como una profesión.

Atribuye a la radio, en particular a los programas soviéticos de música clásica y teatro, el haberle abierto los ojos al mundo más allá de los confines militares de su infancia. “Fue mi maestra y mi mentora”, dijo. Sus impulsos contrarios surgieron en la universidad. Propuso una tesis sobre el zar Nicolás II, pero le dijeron que el tema era tabú. En protesta, eligió un tema poco conocido: las relaciones económicas entre la Unión Soviética y Chile. Quería probar su capacidad para mantener una protesta hasta el final.

Un trabajo universitario improvisado, produciendo tanto obras de teatro como eventos deportivos en directo para una televisión local, lo llevó finalmente al cine. De joven, reconocía que las películas soviéticas constituían “un cuerpo de trabajo creativo serio, vasto y muy motivado”, pero no le atraía la profesión. “Nunca me gustaron las películas, y tampoco soy fanático ahora”, afirmó. “Soy lector.” Su independencia le trajo problemas. El director de Lenfilm, el centro de producción cinematográfica de Leningrado (hoy San Petersburgo), lo denunció por actitud “antisoviética”. Fue interrogado y puesto bajo vigilancia. Su carrera parecía condenada, contó. Pero entonces el líder soviético Mijaíl Gorbachov introdujo el concepto de “perestroika”, apertura para la sociedad. Poco después colapsó la URSS.

En 2002, Sokurov dirigió El arca rusa, un viaje surrealista por 300 años de historia rusa que atrajo a una audiencia global. En la película, un narrador anónimo recorre los laberínticos pasillos del Museo Hermitage de San Petersburgo, encontrándose con figuras famosas como Catalina la Grande. Filmar los 95 minutos en una sola toma continua fue considerado un hito.

El diálogo incluía críticas a Rusia. Por ejemplo, el narrador, al admirar copias de obras de Rafael, decía: “Los rusos son tan talentosos copiando. ¿Por qué? Porque no tienen ideas propias. Sus autoridades no quieren que las tengan.”

Las películas de Sokurov son muy variadas y no encajan fácilmente en categorías como drama o comedia. A menudo son experimentales y, cuando hay trama, rara vez es lineal. “Es un gurú del cine de autor: muy independiente, profundamente original y ampliamente respetado”, dice el crítico Dolin. “En Rusia, se le admira más como autoridad moral y por su obra que por ser realmente visto.”

En 2011, su película Fausto ganó el primer premio en el Festival de Venecia. El filme formaba parte de una tetralogía que exploraba, entre otros, el legado de Lenin, Hitler y el emperador Hirohito.

Para explorar la vida de Lenin, recurrió al escritor disidente Alexander Solzhenitsyn. “La primera impresión que me dio Sokurov fue una rara combinación de masculinidad y ternura”, cuenta Natalia D. Solzhenitsyna, viuda del escritor, en respuestas por correo electrónico. Esa impresión, afirmó, perdura. “Respeto profundamente su disposición a hablar abiertamente con las autoridades sobre las carencias de nuestra vida, aunque me duela que eso le exija tanta fortaleza”, agregó.

Tras fracasar en conseguir financiamiento público o privado para Fausto, pidió ayuda a Putin. El presidente, ex agente secreto en Alemania, se mostró interesado y ayudó a reunir los 10 millones de euros necesarios. El cineasta sigue impresionado por la atención al detalle.

Algunas de sus películas han sido prohibidas en Rusia, como la reciente Fairytale, en blanco y negro, en la que utilizó imágenes de archivo para animar a Stalin, Mussolini, Hitler y Churchill juntos en el más allá.

En tiempos soviéticos, las autoridades al menos explicaban por qué prohibían una película, dijo. La carta denegando la licencia para Fairytale citaba la “ley federal” sin especificar cuál. A principios de este año, el Festival Internacional de Cine de Moscú le informó que recibiría un prestigioso premio a la trayectoria, contó. El aviso llegó tras su último intercambio público con el presidente Putin. Pero, relató, el galardón fue cancelado abruptamente en vísperas de la ceremonia. Numerosos teatros de San Petersburgo rechazaron también hacerle un homenaje por su 75º cumpleaños.

En mayo, en la Bienal de Venecia, Sokurov iba a ser orador destacado en un seminario sobre disidencia. Luego, un grupo de figuras culturales italianas y destacados artistas rusos exiliados publicó una carta abierta criticándolo como ejemplo de “disidencia segura” bajo aprobación del Kremlin. El festival anunció inesperadamente que Sokurov no estaría disponible. Él niega haberse retirado.

En última instancia, Sokurov afirma que el miedo impide a la mayoría expresar sus opiniones. Pero siente la obligación de intentar que el gobierno escuche la disidencia. Aunque a veces lamente las consecuencias, considera que el poderoso Estado ruso debe escuchar voces diferentes. Por esa razón, dice, nunca elegirá el exilio. “Estoy sentado en este bote, y si empieza a hundirse, me hundiré con él”, concluyó.

Fuente: The New York Times

[Fotos: Dmitry Kostyukov / The New York Times]

Tras horas de tensión, el oficialismo y bloques aliados del Senado lograron posponer esta tarde la sesión pensada para mañana, en medio de pedidos para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. No cambia en casi nada la situación: el jueves 25 se aprobaría dicho mecanismo para convocar al funcionario de cara al 2 de julio, donde primero deberá lidiar con eso -y una potencial moción de censura, si no satisface a la oposición- antes del informe que se tiene agendado para esa fecha.

La resolución del asunto tuvo dos instancias. Pasadas las 16, la jefa libertaria, Patricia Bullrich, se juntó en las oficinas centrales de la Unión Cívica Radical (UCR) junto a bancadas aliadas para llevar una postura unificada a la reunión de Labor Parlamentaria de las 18, que se realizó en el despacho de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

En medio de diversas opiniones y una senadora que se fue ofuscada del encuentro, se arribó a un entendimiento sobre el final del convite, mientras otros legisladores ya aguardaban al resto de líderes de bloque, en Labor Parlamentaria. Al borde de la desprolijidad. Allí, oficialismo y dialoguistas se impusieron ante un kirchnerismo que, antes de la cumbre, deslizaba que bajaría igual al recinto en las próximas horas. Una especie de auto convocatoria. Con el entendimiento y el sendero definido, el cristinismo bajó las armas.

La interpelación de un jefe de Gabinete y la moción de censura precisarán en el recinto una mayoría absoluta del Cuerpo. Es decir, 37 voluntades. A esta altura queda más que claro que el número parece blindado. Por eso se relegó el informe del jefe de Gabinete. Asistirá a la Cámara alta, pero para enfrentar desde el inicio un complejo ida y vuelta con la oposición y, en caso de no surfear esa ola, una moción de censura el mismo 2 de julio. El primer paso tendrá que concretarse la semana próxima, algo que se da por descontado.

Por otra parte, Bullrich aprovechará esta ventana para ver si consigue, de cara al jueves 25, cerrar el demorado proyecto sobre propiedad privada que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Los aliados ya le desplumaron la iniciativa y reclaman más cambios. Grueso error de la porteña haber apurado un dictamen en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales; y Legislación General.

Que Adorni no ejecute primero su informe de gestión no podrá convertirse en motivo de queja para la Casa Rosada: el funcionario anunció días atrás, en una red social, que asistiría el 2 de julio. Para ello, tendría que haber enviado la conformidad y predisposición al Senado, con bloques que lo esperan desde mayo último. Recién anoche lo hizo y hartó a dialoguistas, que no pretenden gastar energía en ayudar al mileísta.

De cara al jueves 25, lo que aún no quedaba visible era la forma de habilitar la discusión de la interpelación para el 2/7. Al no contar con un dictamen, es un paso clave y necesitaría dos tercios. Tras lo pactado en Labor, esto no representaría un problema ni habrá jugadas por atrás para salvar a Adorni: se haría una interpretación operativa del artículo 101 de la Constitución y se aprobaría una moción por mayoría absoluta, sin paso previo. A fin de cuentas, el recinto es soberano y tiene la potestad final sobre sus decisiones.

En la sesión de la semana que viene quedó en fila -más no en el acta de Labor, lo que deja dudas- la ley “Hojarasca”, otro reclamo de Sturzenegger. Tras horas y la falta de un puñado de firmas, el oficialismo obtuvo el dictamen de mayoría y la iniciativa quedó lista para ser sancionada. Diputados la aprobó en mayo pasado.

El presidente Gustavo Petro señaló a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de haberlo censurado al impedir que hiciera una alocución que se transmitiría por televisión. De acuerdo con el jefe de Estado, el tema central de su pronunciamiento es la reducción de la pobreza durante su administración.

“La CRC me ha CENSURADO, para ellos la reducción histórica de pobreza en Colombia, no es importante, no les importa”, escribió el primer mandatario en su cuenta de X.

En consecuencia, informó que a las 7:00 p. m. compartirá a través de sus redes sociales la alocución que tenía preparada para hacer en vivo. “Haremos pública la alocución que nos han censurado”, indicó.

No es la primera vez que el presidente informa sobre la negativa de la CRC de permitir la transmisión de sus alocuciones. En octubre de 2025 pasó una situación similar y el mandatario volvió a afirmar que se trató de un caso de censura.

En esa ocasión, pidió a los abogados de Colombia y del exterior respaldarlo. “El presidente de la República de Colombia ha sido censurado en su propio país. Invito a todos los juristas nacionales e internacionales que me quieran acompañar a romper la censura en Colombia. Es el intento de las mafias de recuperar el poder”, indicó.

En ese momento, recurrió a Rtvc, el sistema de medios públicos, para dar a conocer la alocución que no se le permitió transmitir. Además, aseguró que iría a la plaza pública a pronunciarse, ante la imposibilidad de dirigirse al país a través de la televisión. “Si el presidente no puede hablar por televisión entonces tendrá que hacerlo desde la plaza pública”, aseveró.

Los criterios que debe cumplir el presidente para hacer una alocución

En septiembre de 2025, el Consejo de Estado resolvió una acción de tutela presentada contra el primer mandatario por la vulneración del derecho fundamental a la información con las transmisiones de sus alocuciones a través de canales públicos y privados de televisión.

“La dinámica con la cual se han utilizado las interrupciones de la parrilla de los distintos canales de televisión, bajo la figura de la alocución presidencial, no acompasa con lo que constitucional, legal y jurisprudencialmente se ha entendido por urgente”, precisó en su momento la Sección Tercera del Consejo de Estado.

En consecuencia, estableció límites al jefe de Estado para poder hacer sus alocuciones en televisión. Ordenó a la Presidencia explicar por qué es urgente hacer una alocución, detallar el tiempo que tardará, “no podrá corresponder a un período irrazonable o notoriamente excesivo”, y los temas específicos que abordará. De igual manera, aclaró que los pronunciamientos no pueden ser recurrentes.

La Presidencia también debe presentar una solicitud a la CRC para poder hacer las transmisiones.

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión del máximo juez de la administración pública en una publicación en X. En ella, calificó las limitaciones a sus alocuciones como un acto de censura.

“Ojalá al Consejo de Estado no se le ocurra dejar su historia, que comenzó, en el caso mío, reivindicando la convención americana de derechos humanos, y tome la historia del consejo que dicta la censura en Colombia. Juramos que respetaríamos la constitución de 1991 (sic)”, señaló.

En noviembre de 2025, el presidente presentó una acción de tutela para revocar la providencia del Consejo de Estado. Su apoderado, el abogado Alejandro Carranza, argumentó en el documento que se debía estudiar si, por medio de una tutela, es correcto erigir un filtro administrativo sobre la palabra presidencial, “con capacidad de encender o apagar en tiempo real la comunicación del jefe de Estado”.

Sin embargo, en segunda instancia se confirmó la providencia y se mantuvieron los requisitos para que Gustavo Petro haga sus alocuciones.

Miércoles 27 de mayo. En una humilde localidad del estado Miranda, región centro-norte de Venezuela, un reportero narra que los guardaespaldas del gobernador chavista Elio Serrano intentaron arrebatarle su teléfono y lo empujaron para evitar que le hiciera unas preguntas al funcionario, reseñó en sus redes el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

Ese mismo día en Monagas, en el oriente venezolano, policías amenazaron y obligaron a borrar material periodístico a las afueras de un hospital. Mientras arremetía contra el equipo de prensa, una funcionaria le dijo a la comunicadora Ninoska Cova que sabía donde vivía.

Aunque tras la captura de Nicolás Maduro ha bajado la represión en Venezuela, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Caracas señala que en los primeros cinco meses de 2026 se registraron 97 agresiones contra los trabajadores de los medios de comunicación.

“La cifra representa un preocupante incremento en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron 72 casos”, destacó el CNP, cuyo secretario general, Edgar Cárdenas, sostuvo que en el país “pasamos de una política de incidentes a una censura estructural caracterizada por detenciones arbitrarias, impedimentos de cobertura y el preocupante fenómeno de las deportaciones de corresponsales extranjeros”.

En este periodo el gremio periodístico reportó 18 detenciones arbitrarias, 16 impedimentos de cobertura, 15 deportaciones de corresponsales extranjeros, 12 ataques directos, 12 eliminaciones de material grabado, diez hostigamientos, ocho intimidaciones y el cierre de cuatro emisoras de radio.

El régimen chavista tampoco ha levantado el bloqueo contra decenas de medios digitales, incluido Infobae. El veto continúa, pese a que el gremio solicitó la revisión de esta medida ante la Comisión para la Paz y la Convivencia Democrática, instancia creada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

A medias

En el marco de la Ley de Amnistía promulgada por Rodríguez, decenas de periodistas han sido excarcelados. Sin embargo, el CNP denuncia que seis reporteros siguen enfrentando medidas que atentan contra su derecho al trabajo.

“Estos profesionales enfrentan severas medidas cautelares restrictivas, como regímenes de presentación judicial, prohibición de salida del país y limitaciones para declarar a los medios o ejercer su oficio, manteniéndose en un estado de indefensión legal latente”, explican.

Entre quienes no han podido conseguir su libertad plena figura el periodista Rory Branker, a quien le negaron la petición de amnistía. “No conformes con haberme desaparecido forzosamente por siete meses, encarcelado arbitrariamente, torturado, sometido al escarnio público en televisión nacional, calumniado, vilipendiado y demorado mi liberación por un año entero tras el forjamiento de un expediente, me han hecho saber que no han terminado conmigo”, escribió Branker en sus redes sociales.

El CNP alerta que la administración de Delcy Rodríguez mantiene vigentes la Ley contra el Odio y la Ley Simón Bolívar, cuya derogación ha sido exigida por los defensores de Derechos Humanos al indicar que solo han servido para imponer la censura y perseguir a la disidencia.

“Son normas ambiguas que se utilizan deliberadamente para criminalizar la opinión, judicializar el pensamiento crítico y forzar a los medios a la autocensura por temor a sanciones penales o administrativas desproporcionadas”, cuestionó Cárdenas.

Anais es conductora de televisión, cantautora, modelo y locutora venezolana radicada en la Argentina desde 2017. Nacida en San Antonio de los Altos, alcanzó popularidad tras consagrarse como Chica HTV 2015, el certamen del canal musical latinoamericano que la llevó a convertirse en una de sus principales figuras.

A lo largo de su carrera trabajó en televisión, radio y coberturas internacionales como el Festival de Viña del Mar, los Premios Heat y los Latin Grammy. En Buenos Aires se consolidó como una de las voces de Urbana Play, donde actualmente integra el programa Olvidate de Todo junto a Diego Poggi. En paralelo, en 2024 debutó como cantante y compositora con temas de pop latino de su autoría.

En una conversación abierta y sincera, repasó su historia de migración, la fortaleza del pueblo venezolano y la vida que reconstruyó en Argentina.

—Venís de Venezuela, pero vivís hace mucho en Argentina y se te escucha tan fuerte, tan aplomada... ¿Fue un proceso que viviste o es parte de tu personalidad?

—Creo que fue un proceso de irnos construyendo y siento que le ha pasado un poco enteramente al pueblo venezolano. Toda esta experiencia y el testimonio que pude compartir hace un tiempo atrás, me pasó de darme cuenta de lo duro que era cuando lo fui a resumir en radio. O sea, cuando lo estás atravesando y lo estás viviendo, es distinto. El pueblo venezolano tiene algo muy lindo que es una resiliencia de hierro. El venezolano tiene una cosa como: “Bueno, pa’lante es pa’llá, vamos”. Solucionamos y seguimos adelante. Pero después cuando te paras es como una persona que sale de una relación violenta y abusiva, que capaz tres años más tarde, cuando empieza a contarle a una amiga lo que le pasó, dice: “Epa, era muchísimo, era un montón lo que yo vivía, fue un montón lo que yo toleré, lo que viví”. Siento que un poco los venezolanos nos pasa eso mirando hacia atrás, como que en el proceso tratamos de resolver, de avanzar y de salir de las situaciones oscuras. Al venezolano no le gusta quedarse en la tristeza, en la nostalgia, en los sentimientos más oscuros y trata de alguna manera siempre de encontrar el vaso medio lleno.

—Llegaste a Argentina hace nueve años. Contame cómo fue el momento que decidiste emigrar.

—Yo tengo una realidad muy privilegiada frente a muchos otros venezolanos porque yo me vine con el trabajo de mis sueños. O sea, salí del país con un sueño hermoso. Yo gané un reality show en 2015 para ser conductora de televisión en una empresa internacional que era WarnerMedia y se llamaba Chica HTV. Era para ser la conductora de un canal de música por un año. Y cuando finalizaba mi año tenía que venir otro Chica HTV. Pero, ¿qué pasa? HTV era esta empresa que tenía la sede principal en Argentina y no querían volver a hacer el concurso porque había una situación complicada en Venezuela. En ese momento yo estaba finalizando mi año y tenía ganas de trabajar en otro país, por supuesto, buscando otro tipo de espectáculo. En Venezuela empezó a existir una censura muy grande en el país, en los medios de comunicación y tenías que hablar únicamente como estar en Alicia, en el País de las Maravillas. Cuando en realidad afuera estaban pasando cosas tremendas. Entonces, yo no me identificaba con la televisión en Venezuela en ese momento y dije: “Me voy a Buenos Aires que me encanta, o quizás puedo explorar en Bogotá”. Estaba tratando de buscar un horizonte. Y cuando me entero de que no se iba a hacer el concurso, lo llamo a mi jefe y le digo: “No entiendo, ¿se hace o no se hace?”. Y él me dice: “No se va a hacer, pero queremos seguir trabajando con vos”. Y en ese instante, cuando me dice eso, viviendo él en Argentina, yo le digo por teléfono: “¿Y si yo me mudo a Buenos Aires?”. Ni lo pensé. Vi una luz y avancé. Y él se queda pensando y me dice: “Yo no te puedo ofrecer nada más que tu trabajo. No te puedo trasladar, no te puedo ofrecer vivienda”. Y yo le dije: “No necesito nada más. Yo necesito mi trabajo”. Salí de mi cuarto, viviendo todavía con mi mamá, y le dije: “Mamá, me mudo para Buenos Aires”.

—¡¿Y qué te dijo tu madre en ese momento?!

—Que estaba loca (risas). En principio no me tomó muy en serio, después se dio cuenta que sí y empezó toda una movida familiar para solucionar entre todos la situación, como hemos hecho siempre, ¿no? Dónde iba a llegar, a dónde va a vivir... Esa es otra historia también muy bonita, porque yo llego aquí a la casa de unos amigos de mi familia, argentinos, que son muy espectaculares y que fíjate qué loca la historia latinoamericana y cómo se va uniendo. En la década del 70, en la dictadura argentina, existieron dos personas en nuestra vida que eran torturados en la ESMA y que después de muchas torturas son liberados, los montan en un avión y los mandan a Venezuela. Ellos se conocen dentro de la ESMA, se enamoran. Eran Raúl y Lula. A Lula la encierran en ese momento con sus tres hijas chiquitas y se van a Venezuela con las tres nenas, ellos dos y lo que tenían puesto. Cuando llegan a mi pueblo, les dicen: “Vayan a buscar a Pedro Antonio Piñarua, que quizás les puede dar una mano”. Ese hombre era mi abuelo. Y él ahí él los recibe en la casa y empiezan a construir una historia distinta.

—Y ahora vos llegabas a la casa de ellos...

—A la casa de la hija de ellos, de la hija del medio.

—Se me pone la piel de gallina. El famoso hilo rojo, pero en todos vínculos.

—Yo creo que uno a veces no sabe cómo van a volver las cosas que uno hace por alguien. Eso que hicieron mi abuelo y mi abuela por Raúl y por Lula, no sabían qué iba a volver a mí. Uno no dimensiona hasta dónde puede llegar esas vueltas mágicas de la vida para devolverte una bendición que, en algún momento, tú le otorgaste desde el corazón a otra persona.

—¿Y qué pasó cuando llegaste efectivamente a Buenos Aires?

—Yo llegué aquí con 22 años y cumplí 23. Al principio fue como una peli. Yo llegué la primera semana, a la casa de Elvira. Ella estaba en Venezuela, entonces llegué sola a la casa. Tenía un departamento divino. Yo no tenía que pagar alquiler, tenía mis ahorros en ese momento trabajando en televisión. Por eso te digo que era una realidad muy privilegiada. Se suponía que tenía tres meses para vivir en la casa de Elvi, pero al mes ella me dice que estaban teniendo un problema de salud importante con un miembro de su familia y que necesitaban el departamento. Y que necesitaba el departamento en una semana. Era una situación de extrema necesidad y yo en una semana, sin tener todavía mis papeles, con carta precaria, que es lo que te dan antes de tener el DNI, tenía que alquilar algo que es muy difícil sin papeles. En ese momento yo estaba también acomodando todo el tema para que en mi trabajo me pudieran pagar acá después de que me pagaban allá. Estaba en una situación de papeles complicada para salir a alquilar sola. Y me tenía que ir en una semana. Y yo dije: “Bueno, no sé cómo, cómo lo voy a solucionar”. Ahí apareció un amigo y me dice: “Hay un señor que está buscando una host para su restaurante, para invitar a la gente a pasar adentro”. Era para estar en la puerta. Yo tenía mi trabajo en la tarde de la tele y fui a hablar con él y le dije: “Mire, yo necesito este trabajo sí o sí, porque tengo que pagar un alquiler por adelantado”. ¿Qué pasa? Yo conseguí un alquiler temporario, pero esos alquileres temporarios te piden seis meses por adelantado. Y conocí a este señor, que siempre me da mucho pesar que no recuerdo su nombre, pero cuando voy a contarle mi situación, él me pagó los seis meses por adelantado. Y ese señor no sabe lo que hizo con mi vida. Él me pagó los seis meses por adelantado. Yo fui, alquilé mi departamento, donde después pude recibir a mi hermano y yo todos los días a trabajar en ese restaurante, a repartir volantes en la puerta con una sonrisa en la cara y con una emoción... Me acuerdo que tuve muchos conflictos con mis compañeras de trabajo, que trabajaban adentro del restaurante. Decían que yo era una mujer muy falsa porque nadie era feliz repartiendo volantes. Y yo decía: “Qué loco es juzgar sin conocer la historia de la gente”, ¿no? Sí puedo ser muy feliz repartiendo volantes porque este señor hizo algo por mí que no tenía por qué hacerlo. No me conocía, pude haberme ido al día siguiente y robarle la plata. Yo creo mucho en Dios, en la oración y en pedirle que guíe mi camino.

—Dijiste: “Traje a mi hermano”. ¿Tuviste intención de mudar a toda la familia?

—Ese era el plan. Nosotros somos muy unidos con mi hermano y con mi mamá; y los dos sabíamos que el primero que se fuera se iba a llevar al otro. Eso era tácito.

—Es algo que atravesó a toda una generación en Venezuela, ¿no? Esto de “el primero que se va...”

—Se lleva al resto. En el mejor de los casos, porque hay gente que tiene 10 años sin ver a su familia. Por eso te digo que siempre lo marco: “Mi realidad está lejos de ser la realidad más perjudicada por la situación en Venezuela”. Todo lo contrario. Nosotros vivimos cosas todas muy duras, pero yo tengo un privilegio de tener a toda mi familia conmigo hoy en Argentina.

—¿Lograste traerlos a todos?

—Entre todos lo logramos. Primero traje a mi hermano. Ahí empezamos a ahorrar entre los dos y pudimos traer a mi mamá, a mi papá, mi padrastro, que es Rubencho. Y después... Mi mamá ha trabajado siempre y nos dejaba en la casa de mi abuela todo el día. A la tarde venía y nos buscaba. Y mi abuela siempre le ha gustado la leche condensada y pararse a la mitad de la noche a servirse una tacita de leche condensada. Cuando yo me enteré que mi abuela no se estaba pudiendo comprar su leche condensada... No te estoy hablando de necesidades básicas, te estoy hablando de un lujo en ese sentido.

—Es increíble igual cómo normalizamos y naturalizamos ciertos infiernos y decimos que un lujo que una abuela pueda tomar una tacita de leche condensada.

—Cuando yo me enteré de eso, dije: “Me voy a buscar a mi abuela”. O sea, nosotros no podemos haber vivido lo que vivimos en nuestra infancia con una mujer que dio su vida por nosotros y ahora estar en Palermo tomando una copa de vino y ella no se puede parar a comerse una cuchara de leche condensada. Te lo cuento y me dan ganas de llorar. Mi abuela tiene pánico a los aviones y me dijo: “Yo no me subo a un avión si Anais no me viene a buscar”. Y eso significaba ahorrar también mi boleto, con todo lo dificil que era. Y por eso te digo que Dios ha sido muy bueno conmigo. En ese momento apareció un casting en Space para ser la Tiburona de…

—¡Lo has hecho todo, querida! A vos nadie te puede decir que no: entre la Tiburona y los volantes.

—Sí, sí sí (risas). Y a todo esto, paralelamente, seguía trabajando en el canal. Yo ahí ya era conductora de un canal de música y aparece la Tiburona Space, que era una persona con una cabeza mecánica de tiburón y me decían: “¿Para qué vas a hacer el casting?”. Y les dije: “Déjeme hacer el casting”. Finamente, el pago entero de la Tiburona Space fue para los boletos. Me fui a Venezuela a buscarla y me la traje para acá.

—¿Sigue viva tu abuela?

—Sí, mi abuela vive gracias a Dios. Y entendió que lo mejor que nos pudo haber pasado fue venirnos a este país. Uno de mis primos tiene una hija, que es también mi ahijada, Ciela, y es hipoacúsica. Tiene un problema de audición, disminución auditiva. Y cuando nosotros empezamos a averiguar para ponerle los auriculares, nos habían contado que en Argentina existía el único instituto que enseña a los niños sordos a decodificar el sonido con sus auriculares. Entonces, Ciela llegó aquí muy chiquitita, con 3 años, y empezó a estudiar en el Instituto y hoy Ciela habla y escucha. Fue bueno para todos.

—Yo cada vez que viajo, cuando estoy llegando a Ezeiza, digo: “No hay nada mejor que estar en casa”. ¿Se puede, después de algunos años, encontrar esa sensación de hogar en un nuevo país?

—Total. ¿Pero sabés qué me pasa? Cuando llego a Ezeiza siento que llego a mi casa, que llego a mi hogar. Se puede. Yo creo que tiene mucho que ver con los lazos que haces. Migrar no es para todo el mundo, es muy difícil. No es un cuento de hadas. Hay gente que le cuesta mucho integrarse. Argentina es una bendición para todos nosotros. La cantidad de cosas que viven otros venezolanos viviendo en otros países de Latinoamérica no tienen nada que ver con Argentina. O sea, la xenofobia que se presenta en otros países es muy dura. En Argentina, jamás. El argentino te tiende la mano de verdad. Yo siento la generosidad de entender que son un país hecho a base de migraciones. Pero además el argentino quiere ser bueno en las cosas que hace. El argentino quiere tratarte bien, que tú lo recuerdes como su mejor anfitrión.

—Vos, en ese video que se hizo tan viral, decías algo impactante que es esto de tener que borrar los mensajes del teléfono y la persecución que viven en Venezuela. ¿Cómo es vivir con esa realidad de estar en alerta todo el tiempo?

—Fue muy duro. Es muy duro, porque esto sigue ocurriendo hoy. Hay una censura muy salvaje en Venezuela que, gracias a las redes sociales, ellos no han podido controlar del todo. Pero cuando ese video se hace muy viral, a mí me empiezan incluso a llamar de muchos medios y yo no quise dar una sola nota más en ese contexto, porque Rubencho, mi papá, mi padrastro, estaba todavía en Venezuela.

—Él es periodista, ¿no?

—Sí, fue periodista muchos años, hoy ya no se dedica al periodismo. Él estaba en Venezuela en ese momento y yo jamás pensé que el video iba a tener el alcance que tuvo. Y yo ahí decía su nombre. Y a mí me agarró un pánico y un llanto en mi casa de preguntarme por qué hice esto, por qué estoy arriesgando a mi familia, que además fue una cosa que me nació hacerla, que la sentí un poco como responsabilidad siendo una venezolana que está trabajando en un medio muy importante de comunicación en Argentina. El día después de que capturaran a Maduro no puedo sentarme a hacer Olvídate toda la noche como que así no pasa nada. O sea, yo sentía una responsabilidad, pero después fue como: ¿por qué fui tan allá? ¿Por qué dije el nombre?

—Y hoy, con el diario del lunes, ¿por qué sentís que lo hiciste?

—Yo siento que fue como una data que tenía en el espíritu que necesitaba salir y que yo nunca la había contado. Yo en estos casi 10 años en este país jamás había contado nada de nuestra historia, porque tampoco quise construir mi carrera a base de lástima ni, ni aprovecharme de la situación del país para tener más difusión, nunca quise hacer eso. Pero ahí lo sentí necesario decir.

—Se percibía en tu voz una especie de grito de libertad.

—Y también de hartazgo. El mundo le ha dicho al venezolano cómo comportarse. Y le ha dicho: “Tienen que salir a luchar más, tienen que salir a la calle, tienen que hacer esto. No, pero tienen que ir a elecciones. Pero ¿cómo no lo sacan?“. Hemos hecho de todo. O sea, ¿hasta cuándo nos van a seguir mandando a hacer cosas? Y el día que lo sacan y nos ponemos contentos, nos mandan a ponernos tristes.

—Sí, a cuestionar si estaba bien o estaba mal. La soberanía...

—Claro.

—¿Sentís que el mundo fue muy hipócrita con Venezuela? Me refiero a esto de estar pidiendo ayuda a gritos y cuando finalmente hay una intervención, aparece que el dedo acusador.

—Un poco. Ahí la soberanía se hace un concepto intocable, ¿no? Cuando nosotros no vivimos en soberanía hace tantos años y además la soberanía se come, se alimenta de la gente. Es durísimo. Yo puedo llegar a entender, en ciertos aspectos, porque hay noticias que obviamente hacen muchísimo más ruido que otras. Y si tú no estás tan empapado de la situación en Venezuela y de repente te enteras de que sacaron al presidente, es fuerte. Esta situación viene desde hace años. Pero yo creo que igual hay gente que no conocía tanto la historia. A mí mucha gente me daba las gracias por ese video, me decían: “No tenía ni la más pálida idea de que esto pasaba”. Yo de verdad creo que es una situación que, si no tienes un venezolano cerca o no tienes alguna vena curiosa que te invite a ver noticias, a enterarte un poquito más, solamente sabes que hay un gobierno de izquierda, que hay un montón de gente que no lo quiere, que es más corrupto que otra cosa. Pero entender que es un gobierno tan asesino, te permite entender un poco el sentir venezolano. Si no lo conoces, se presta un poco para esto. Están sacando a un presidente a la fuerza. Obviamente que nadie quería que el final fuera ese. ¿Y quién nos llevó ahí? ¿De quién es la culpa? ¿Nuestra? ¿Que celebremos que lo capturen de esa manera? ¿O es culpa de un régimen que hizo todo mal durante casi 30 años?

—Imagino que al alzar la voz también recibiste muchos comentarios, algunos de apoyo y otros de crítica.

—Sí, ese fin de semana fui muy atacada yo y todos los venezolanos que publicamos algo en redes sociales estando fuera del país sobre lo que había pasado. Me molestaba mucho esa indolencia, ¿no?Esa falta de empatía y esa autoridad que tienen hoy las redes sociales. Y creo que esto pasa en todos los aspectos, no solamente en lo que tiene que ver con lo político y en mi caso con lo de Venezuela. Yo siento que en las redes sociales está esta necesidad de ser mejor que el otro, ¿no? O sea, el comentario y el hate te permite ponerte en un lugar de superioridad y de corregir al otro desde un lugar de absoluta ignorancia. Y somos todos seres humanos y hay una persona del otro lado que tiene una realidad que no conoces. La cantidad de veces que me mandaron a devolverme y todavía me siguen mandando a que me devuelva. No me voy a devolver. Amo este país con todo mi ser. Amo Argentina con todo mi ser. Argentina me dio a mí y a mi familia el renacer más bello que hubiésemos podido soñar.

—O sea que no te imaginás el día de mañana en una Venezuela distinta, renacida y con paz.

—No, pero sí me imagino algo que no se lo conté absolutamente a nadie, pero el otro día tuve el sueño de concebir a mis hijos en Venezuela. Irme de vacaciones con mi esposo, mostrarle Venezuela. El otro día veía imágenes, lloraba y pensaba en eso: ¿mira si yo puedo concebir a mis hijos en Venezuela? Yo crecí en un pueblo precioso que se llama San Antonio de los Altos y me gustaría ir contándole. En definitiva el venezolano, es la energía, más allá del lugar. Es lo que me respondo a mí misma cuando tengo ese miedo. Es ir al lugar donde yo construí mi personalidad, donde yo construí la energía con la que siempre quise vivir. Es el doble de amor. Yo tengo dos casas, tengo dos países. En el nombre de Dios pronto voy a tener mi ciudadanía argentina y la voy a llevar con absoluto orgullo, porque en este país me gradué, en este país me casé, en este país seguramente voy a tener mis hijos y trato de devolverle con mucho trabajo y mucha responsabilidad todo lo que me ha dado.

Una historia de amor inesperada: del WhatsApp a una vida juntos en Argentina

—Contame cómo nació esta historia de amor con tu marido, porque dijiste: “En este país me casé”. ¿Él es argentino?

—Él es argentinísimo (risas). Súper argentino. Lo conocí trabajando en este canal hermoso que me dio tanto, en HTV. Yo era conductora y productora del canal y él era productor de otro canal de música, de Quiero, y yo siempre hacía notas y nos cruzábamos todos los medios. En algún momento me cruzo con un compañero y yo necesitaba un cargador. Teníamos una nota con un artista colombiano y después me iba a hacer una nota Lali y me estaba por apagar el teléfono y me dice: “Yo no tengo, pero mi productor sí”. Y yo le dije: “Tú nunca vienes con productor”. Y me dice: “No, es que siempre se queda afuera hablando por teléfono”. Lo llama para que me traiga el cargador y él entra.

—Y lo viste y dijiste...

—¿Quién es ese hombre?

—Aparte viste que los argentinos tienen como esta cosita.

—Sí, mi marido es todo cool y él tiene como una cosa... Es supercanchero, es divino. Él entró en ese momento, pero el detalle es que yo tenía pareja. Era un drama total. Yo tenía pareja, una pareja de la que me quería separar y mi mamá me decía: “¿Cuándo te vas a separar? Vas a encontrar al amor de tu vida y te va a encontrar diciéndole: ‘Tengo novio’”. Dicho y hecho (risas). Ella me dijo: “Te va a pasar, te vas a encontrar al amor de tu vida y vas a estar con otra persona”. En ese momento lo conocí, hablamos de trabajo y me pidió mi número para un puesto. Supuestamente para un proyecto de música...

—Que nunca se hizo.

—Sí, mentira. Nunca se lo voy a creer. Pero en el momento me fascinó. Él me empezó a reaccionar cosas en Instagram y yo dejé de responderle, porque dije: “Bueno, necesito solucionar esta situación”. Esto fue más o menos en octubre, noviembre, yo me separo en diciembre y en febrero, le digo a mi hermano: “No tengo a nadie, no tengo a nadie con quien hablar”. Me dice: “¿Cómo no vas a tener a nadie con quien hablar? Revisa tu WhatsApp”. Y empiezo a buscar contactos y bajó hasta la S, mi marido se llama Santiago.

—¡Tuviste que scrollear hasta la S! Fue como un Tinder de WhatsApp. Te digo que es una buena técnica.

—En ese momento empecé a buscar en el listado de WhatsApp, lo encuentro y digo: “¡Ay! Él me había encantado”. Y me daba vergüenza mandarle un mensaje de la nada. Y dije: “Le voy a mandar un mensaje como que si es un mensaje equivocado” (risas). Como que si es paa otro Santi. Y le mandé: “Hola, Santi. ¿Sabrás a qué hora nos buscan el domingo?”. Y él, ni lerdo ni perezoso, me contestó: “Che, Ani, no sé qué posibilidades hay de que te hayas equivocado de Santi, pero yo el domingo salgo a las 10. Si quieres te busco y vamos al teatro”. Y le dije: “Jaja, sí, pero contame más”. Como que sí, me equivoqué, pero vamos al teatro. Y ahí salimos por primera vez y estamos juntos desde ese día. No nos separamos nunca más.

—¿Pasó cuánto tiempo?

—De esa primera salida a hoy, estamos a seis años y un par de meses.

—Enseguida dijiste: “¿Es él?”

—Sí. De hecho, desde que teníamos cuatro meses juntos, yo me refiero a él como mi marido. Él no tuvo miedo a nada conmigo. Yo me acuerdo que decía en mi relación anterior, cuando estaba con una persona que era un muy buen hombre, pero era bastante más frío, me acuerdo que yo le decía a una amiga: “Yo no me quiero morir sin que me dediquen canciones, sin que me sorprendan”.

—¡Un romántico!

—“Yo quiero un romántico como yo”, le decía. Y mi amiga argentina, me decía: “Estás buscando en el país equivocado. Aquí no lo vas a encontrar. Aquí no hay tanto romántico”.

—Acá hay más chamuyeros, más cancheros.

—Claro, es otra cosa. Y yo le dije: “Si yo estoy en este país, esa persona también está en este país, porque yo no puedo ser la única que le gusta el romance y todo eso". Bueno, apareció mi marido, casi que me hace una película y me propuso matrimonio en la sala de un cine.

—Es espectacular lo que me contás.

—O sea, él es la persona que hace mis sueños posibles. Él es esa herramienta que me mandó Dios para que nosotros construyamos la vida que queremos y que sea realidad y no solo un sueño en mi cabeza.

—Qué lindo. Es un lindo ejemplo de amor, que no pasa siempre.

—Y yo creo que hay algo muy raro y que es como un engaño en el que caímos con las películas y con las historias de amor que nos vendieron en las telenovelas, que uno cree que el amor es intensidad loca. Y yo creo que el amor es paz. El amor es paz y tranquilidad. Es una persona que le otorga paz a tu caos. La vida es muy complicada. Si la persona no te hace la vida más fácil emocionalmente hablando, no es amor, es otra cosa. Y por eso a veces la gente sale de relaciones súper tóxicas y encuentra otra y dice: “Bueno, pero yo no voy a amar nunca como amé a aquella persona”. No lo amabas.

—Te elevaba el cortisol, que es diferente (risas).

—Exactamente.

—Si hoy pudieses tomarte un té o un mate con la Anais que llegó hace nueve años a la Argentina, atravesada por el miedo, la convicción, las ganas y el desarraigo, ¿qué le dirías desde la mujer que sos hoy?

—Le hablaría de un inmenso orgullo por ella y le agradecería por haber tomado esas decisiones. Lo hiciste con dudas, con miedo y lo hiciste igual. Le daría un abrazo inmenso. Trataría de quitarle un poco el miedo, pero creo que es difícil. A mí mi carrera siempre me dio mucho miedo. Mi sueño más grande siempre ha sido la música y me tardé casi 30 años en ejercerlo. Le diría que hay un mundo más bonito detrás del miedo y que tiene las capacidades, que sí las tiene, que no dude tanto. Que confíe un poquito más. Eso le diría.

La periodista y escritora Lydia Cacho afirmó que vive en un “exilio forzado” porque las personas y grupos que denunció por presuntas redes de trata de personas y protección política “necesitan verla muerta”. Este fin de semana, en la Ciudad de México, la autora sostuvo que las amenazas en su contra continúan mientras en el país “persiste una estructura de narcopolítica y censura” que, dijo, también involucra a sectores ligados a la actual izquierda gobernante.

La escritora regresó temporalmente al país para presentar “Un halcón bajo mi ventana”, su libro más reciente, y durante una entrevista con Carmen Aristegui aprovechó el espacio para lanzar una crítica directa contra figuras políticas y movimientos que, según sostuvo, abandonaron las causas democráticas que antes defendían. “¿Qué pasó con esa izquierda que ahora de repente está aliada a la censura?”, cuestionó durante la conversación.

Cacho señaló que, tras la publicación de “Los demonios del Edén”, hace dos décadas, comenzaron las persecuciones oficiales en su contra por exhibir presuntas redes internacionales de explotación sexual infantil protegidas tanto por actores políticos como por grupos criminales. Según explicó, en esas estructuras participaron gobernadores, senadores, mandos policiacos, fiscales y funcionarios encargados de procurar justicia.

Ataques directos en su contra

La periodista recordó que, tras años de litigio y protección a víctimas, el empresario Jean Succar Kuri recibió una sentencia de 113 años de prisión. Sin embargo, aseguró que las represalias derivaron en tortura, encarcelamiento, amenazas de muerte y ataques directos contra ella.

Entre esos episodios mencionó el atentado ocurrido en 2019, cuando hombres armados ingresaron a su domicilio, asesinaron a sus mascotas y robaron archivos periodísticos. Según relató, especialistas de Interpol y personal de seguridad le recomendaron abandonar México para preservar su vida mientras continuaban las investigaciones contra el exgobernador de Puebla Mario Marín y otros implicados.

Cacho acusa vínculos entre antiguos priistas y sectores de Morena

Durante la entrevista, Cacho reveló que acababa de ser notificada sobre el rechazo de un amparo promovido por Mario Marín y Adolfo Karam, quienes buscaban liberarse del proceso judicial relacionado con el caso.

La autora aseguró que volverá a declarar ahora que se encuentra en México y sostuvo que las amenazas no provienen únicamente de personajes del pasado priista, sino también de actores ligados al actual poder político.

Según dijo, parte de las personas involucradas migraron políticamente del PRI a Morena y actualmente mantienen posiciones de influencia dentro del gobierno poblano y otras estructuras de poder.

La escritora también rechazó confiar su seguridad al Estado mexicano. Recordó que elementos de la Guardia Nacional estaban asignados a su protección cuando ocurrieron ataques en su contra, aunque afirmó que los agentes abandonaron el lugar durante los atentados.

“La narcopolítica ya gobierna”: la advertencia de Lydia Cacho

En el tramo más político de la conversación, Cacho afirmó que desde hace más de 15 años distintas voces advirtieron sobre el crecimiento de la narcopolítica en México. Según explicó, el fenómeno dejó de limitarse al financiamiento ilegal de campañas y evolucionó hacia una infiltración directa de grupos criminales en estructuras gubernamentales.

La periodista sostuvo que organizaciones delictivas han conseguido controlar economías locales, imponer dinámicas de miedo en comunidades enteras e influir en decisiones políticas. También afirmó que algunos grupos criminales operan con características similares a organizaciones terroristas, aunque aclaró que no comparte la postura del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre México.

Cacho agregó que la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta el desafío de romper con sectores de Morena que, según dijo, buscan mantener silencio frente a esos problemas. De no hacerlo, advirtió, podría aumentar la presión de Estados Unidos sobre México y sobre organizaciones civiles.

La escritora nicaragüense exiliada Gioconda Belli afirmó el miércoles que el Gobierno censuró la publicación de su última novela en su país natal porque “tiene miedo” de escuchar la verdad.

Belli, una de las voces literarias más influyentes de América Latina, dijo que los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo temen las voces que exponen su traición a la revolución sandinista de izquierda que derrocó al régimen de derecha de Anastasio Somoza, respaldado por Estados Unidos, en 1979.

Belli formó parte de los primeros gobiernos de Ortega, entonces un ícono de la guerrilla sandinista, pero desde entonces Estados Unidos ha tildado a su gobierno de dictadura, acusándolo de hacerse con el poder absoluto mediante una reforma constitucional y de aplastar la disidencia.

Belli, que vive en España después de que el Gobierno le retirara la nacionalidad nicaragüense en 2023, explora el tema de la traición en su novela Un silencio lleno de susurros.

La escritora conversó con esta agencia en Panamá, donde asiste al festival literario Centroamérica Cuenta.

—¿Cómo ve la evolución de la literatura centroamericana?

—Por un lado, sigue siendo muy dinámica, pero por otro, creo que ha sufrido mucho debido al contexto político que estamos viviendo en Centroamérica.

En cierto modo, ese sufrimiento es precisamente lo que da origen a la literatura. Es una región que, sin duda, ha soportado grandes sacrificios. Pero al mismo tiempo, incluso bajo las dictaduras más crueles, ha logrado producir literatura de calidad.

—¿Qué papel puede desempeñar la literatura en este contexto?

—La literatura es un activo tremendo para Centroamérica. Le da visibilidad a la región y crea sueños, promesas y posibilidades. La literatura no puede derrocar un régimen autoritario por sí sola, pero puede animar a la gente a reflexionar sobre las tendencias autoritarias y lo que eso puede significar para sus propias vidas.

—Así es como puede surgir la censura.

—El poder siempre ha temido la palabra escrita y, sobre todo, la palabra escrita que dice la verdad. Dante fue exiliado, Víctor Hugo fue exiliado. La palabra escrita te obliga a pensar, y una conciencia más aguda es uno de los elementos esenciales necesarios para lograr el cambio.

No vamos a terminar con ninguna con poesía. Sin embargo, si un poema te lleva a un estado de comprensión, de conciencia y, sobre todo, de aspiración, entonces empiezas a pensar en una vida diferente, quieres vivir de otra manera.

—¿Por qué cree que censuraron su novela?

—Porque adoptamos una postura crítica. Como surgimos de las filas del sandinismo, sabemos cuáles eran los objetivos originales del sandinismo y no podemos tolerar lo que han hecho con él, cómo lo han degradado y manipulado.

Saben que tenemos la capacidad, la autoridad moral y la experiencia necesarias para desenmascarar y sacar a la luz exactamente lo que están haciendo. Nos tienen miedo.

—Has dicho que este libro busca exorcizar la estructura de poder en Nicaragua.

—Es una novela sobre la relación entre una madre y una hija, pero también es una novela sobre la desilusión. La madre, tras haber dedicado toda su vida a la revolución, se queda con la sensación aplastante de que su sueño ha sido traicionado.

—En Corea del Norte, las películas de Corea del Sur siguen logrando entrar al país a pesar de la censura.

—Hoy en día tenemos formas de comunicarnos. He enviado un PDF de mi libro a mis amigos y les he pedido que lo distribuyan. No pueden controlarlo todo, por mucho que quieran. Ya han perdido esa batalla.

—¿Existe la autocensura en la región?

—Que otros me censuren es una cosa, pero yo no me autocensuro. Creo que uno de mis roles, como persona perjudicada por este régimen y que ahora vive en el exilio, es alzar la voz en nombre de quienes no tienen voz, para hablar de lo que está pasando.

Hay tanta gente viviendo en el exilio que huyó sin tener absolutamente nada a su nombre. Yo tengo un nombre, una obra, pero hay personas que se han quedado sin trabajo, a las que se les ha quitado la pensión y que se encuentran en un estado de total abandono.

—¿Ve alguna posibilidad inmediata de poder regresar a casa?

—No lo veo inminente, pero podría estar equivocada, y ahí es donde residen mis esperanzas. Nunca se sabe lo que depara el futuro. Sí veo el final a la vista. Tanto Ortega como Murillo se están embriagando de poder y están haciendo cosas imprudentes. Tienen mucho miedo, más miedo que nosotros. Creo que se están desgastando considerablemente.

—¿Qué extrañas de Nicaragua?

—Me llena de gran tristeza pensar que he perdido mi hogar, un lugar que amaba profundamente porque me sentía como un guardiana del paisaje. Ver el lago, los volcanes, la vegetación, las flores, extraño todo eso.

—Alguna vez imaginó que esto sucedería cuando formaba parte del movimiento sandinista?

—Nunca, jamás imaginé que esto pudiera suceder. Han cometido los actos más despreciables y vengativos contra las mismas personas que lo arriesgaron todo por la revolución.

Fuente: AFP.

Fotos: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni (archivo); EFE/ Bienvenido Velasco; EFE/ Zipi Aragon (archivo); EFE/ Juan Carlos Hidalgo.

Con raíces en la Unión Soviética y en la KGB, la propaganda y la manipulación informativa han sido pilares de algunos de los sistemas políticos más rígidos. En ese marco, la adopción acelerada de tecnologías digitales se ha convertido, por su propia naturaleza, en una herramienta funcional a la influencia política, la invocación de la seguridad nacional y la administración de la narrativa pública.

En las últimas horas, diversas fuentes de inteligencia analizan la posibilidad de un atentado contra el líder ruso e incluso escenarios de desestabilización interna. Más allá de esas hipótesis, lo verificable es que desde mayo de 2026 Rusia ha intensificado las restricciones sobre la conectividad móvil en Moscú y otras regiones, en particular durante eventos sensibles como el Día de la Victoria. Si bien estas medidas se justifican formalmente en razones de seguridad —entre ellas la amenaza de ataques con drones ucranianos— su impacto cotidiano revela algo más profundo. La interrupción de servicios afecta pagos digitales, operaciones bancarias, transporte, navegación y comunicación básica, al tiempo que dificulta el uso de aplicaciones de mensajería como Telegram.

Vladimir Putin ha sostenido la necesidad de reforzar estos controles tras más de cuatro años de conflicto desde la invasión a Ucrania en 2022. Ambos países se encuentran inmersos en una guerra de drones sin precedentes, en la que dispositivos de largo alcance impactan tanto en centros de mando como en infraestructuras críticas, especialmente en el sector energético. En ese contexto, Ucrania ha logrado alcanzar objetivos en territorio ruso —incluso en zonas industriales como Kirishi— mientras que Moscú informó haber interceptado centenares de drones en una sola noche.

Las preocupaciones del entorno presidencial se han intensificado desde que ataques ucranianos lograron aproximarse a instalaciones sensibles, incluyendo el propio Kremlin y residencias vinculadas al mandatario. En paralelo, Rusia cuenta con la capacidad técnica de aislarse de la red global mediante el desarrollo de Runet, un sistema que el país viene probando desde hace años bajo el argumento de protegerse de interferencias externas.

Lo que en sus inicios se presentaba como una medida preventiva, comienza a consolidarse en 2026 como un instrumento de control interno. La progresiva implementación de este modelo no sólo permite regular el acceso a la información, sino también condicionar la formación de la opinión pública e incluso facilitar mecanismos de vigilancia. En este sentido, la hiperconectividad contemporánea se convierte en una fuente constante de datos, particularmente valiosa para regímenes con vocación de control.

Las restricciones se concentran en grandes centros urbanos como San Petersburgo, donde se registran cortes prolongados en determinadas zonas. Sin embargo, no se trata de un apagón uniforme, sino de un esquema selectivo que habilita únicamente plataformas incluidas en listas aprobadas por el gobierno. Esta lógica impacta de lleno en la vida cotidiana. Comercios y ciudadanos enfrentan dificultades para realizar transacciones, muchas de las cuales solo pueden concretarse en efectivo, mientras que tareas básicas como utilizar un GPS se vuelven inciertas.

En la práctica, esto se configura como un control estatal sobre las telecomunicaciones. El Servicio Federal de Seguridad dispone de facultades para ordenar interrupciones del servicio, respaldado por un marco legal que obliga a los operadores a acatar estas decisiones sin necesidad de fundamentaciones específicas. Frente a este escenario, los ciudadanos apelan a alternativas informales, como redes wifi públicas en cafeterías o cadenas gastronómicas, aunque la principal estrategia consiste en el uso de VPN. Aun así, estas herramientas también comienzan a ser bloqueadas con creciente rapidez.

Este esquema dista de ser novedoso, aunque su consolidación actual evidencia una tendencia más amplia hacia un modelo digital cerrado y centralizado. Se trata de una arquitectura que busca institucionalizar una “internet soberana”, en línea con el camino recorrido por China, cuyo sistema de control sobre el ciberespacio se ha convertido en referencia para otros regímenes.

Gabriel Zurdo es especialista en ciberseguridad, riesgo tecnológico y negocios.

Jacob Mchangama advierte en Libertad de expresión. Una historia global desde Sócrates hasta las redes sociales (Ladera Norte) que la libertad de expresión enfrenta ataques renovados en el siglo XXI debido al auge de la tecnología digital, que ha intensificado tanto el acceso a la información como la propagación de falsedades y discursos de odio, fenómeno que, según su análisis, coloca a las democracias liberales ante el dilema de defender sus valores fundamentales o sacrificar parte de ellos para combatir amenazas percibidas.

En su libro sobre la historia y los desafíos actuales de la libertad de palabra, Mchangama plantea que las restricciones planteadas hoy por los gobiernos retoman argumentos antiguos —la mentira y la amenaza a la estabilidad— utilizados durante siglos para justificar la censura y que, lejos de ser soluciones eficaces, pueden debilitar las bases mismas de las sociedades abiertas.

Un punto central que distingue el trabajo de Mchangama es el análisis de la llamada “falacia de Weimar”. Esta interpretación sostiene que el ascenso del nazismo en el siglo XX fue consecuencia de una supuesta permisividad de la República de Weimar frente a los extremistas, argumento que suele utilizarse en la actualidad para justificar nuevas políticas de censura.

Sin embargo, el autor documenta que en realidad existían numerosas restricciones, e incluso que las leyes diseñadas para ilegalizar medios ultraderechistas permitieron a los nazis victimizarse y perseguir con mayor eficacia a sus críticos.

Los datos y ejemplos reunidos por Mchangama conforman una panorámica global que trasciende la visión eurocéntrica habitual. El autor examina debates y episodios significativos desde la Grecia clásica hasta la era digital, pasando por el mundo islámico, Asia y Escandinavia. Destaca figuras como Mill, Spinoza o Constant, sin dejar de señalar la función histórica de censores y liberticidas, así como el ciclo invariable de pánico político que acompaña a cada innovación tecnológica relacionada con la comunicación.

Uno de los ejes narrativos del libro es la tensión entre dos conceptos originados en Grecia: parresía, la libertad de hablar para todos, y isegoría, asimilada posteriormente por la cultura romana pero convertida en privilegio elitista. Esta distinción entre enfoques igualitarios y restricciones jerárquicas recorre toda la historia del fenómeno.

A lo largo de la obra, el autor enfatiza que la persecución de la irreverencia política y religiosa precede, evoluciona y a veces se entrelaza con las campañas más recientes contra el “discurso del odio”. El análisis concede menor espacio a la censura sobre el arte y la literatura, privilegiando en cambio los conflictos originados por la sátira y la crítica política.

Ejemplos notables son la censura al feminismo, a las minorías y los choques derivados del imperialismo europeo, así como “las guerras culturales del presente”, desde el movimiento contemporáneo de la cancelación hasta las restricciones promovidas en bibliotecas de Estados Unidos por organizaciones como Moms for Liberty.

La “maldición de Milton”, otro concepto señalado en el relato, se refiere a la paradoja según la cual quienes abogan firmemente por la libertad de palabra tienden, tras experimentar sus consecuencias, a demandar posteriormente restricciones, ejemplo que vincula a personajes tan disímiles como el poeta inglés, Catalina la Grande o recientes directivos de plataformas digitales.

El siglo XXI introduce la mayor disrupción tecnológica desde la invención de la imprenta, con la aparición de internet, redes sociales y, más recientemente, la inteligencia artificial. Estas herramientas han multiplicado la circulación de ideas, pero también el temor de las élites políticas y sociales ante el potencial dañino de los bulos y discursos extremistas. La aspiración de controlar estos riesgos choca, según Mchangama, con las advertencias históricas acerca del peligro de regular en exceso la palabra pública.

En uno de sus pasajes más citados, Mchangama resume el dilema contemporáneo: “Las democracias liberales deben aceptar que, en la Ciudad Digital, no es posible proteger eficazmente a los ciudadanos y a las instituciones de la propaganda hostil, el contenido que incita al odio o los bulos sin comprometer los valores liberales e igualitarios de la propia democracia”.

El libro enfatiza que la eficacia de la libertad de expresión como motor de los valores democráticos es insustituible. La obra no esquiva vacíos —regímenes autoritarios del siglo XX como el franquismo aparecen apenas mencionados— pero aporta una de las miradas más amplias y documentadas sobre el tránsito de la censura religiosa, el control político y los actuales desafíos del discurso libre en el mundo global.

La embajada de China en Argentina, conducida por Wang Wei, presionó a la Universidad de Belgrano para impedir la presentación de un libro sobre el régimen de Beijing prevista para el pasado 29 de abril. La actividad, llamada “China: la seducción comunicacional para normalizar a un régimen”, tenía como objetivo, además, la ponencia de dos paneles de profesionales y expertos en política internacional ante estudiantes e invitados especiales. La coacción diplomática resultó eficaz: la jornada académica, finalmente, fue cancelada.

La actividad estaba organizada por la Fundación Friedrich Naumann, el Center for the Study of Contemporary Open Sociaties (CESCOS), el International Republican Institute, la propia universidad y la Oficina Cultural y Comercial de Taiwán en Buenos Aires. Los promotores esperaban alrededor de 150 estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de esa prestigiosa casa de altos estudios de Buenos Aires.

El viernes 24 de abril, por la mañana, la embajada de China comenzó con sus advertencias: se comunicaron telefónicamente con decanos, directores y docentes de diferentes carreras amenazándolos con cortar todo vínculo con la universidad si los paneles anunciados eran finalmente presentados. Horas después, la presión aumentó. Tres diplomáticos se presentaron en la sede de la calle Zabala para protestar y exigir la cancelación del evento. Los funcionarios del régimen fueron más allá y dieron aviso de que ese tipo de actividades podría dañar las relaciones diplomáticas entre ambos países... y las propias.

Las autoridades universitarias consideraron prudente acceder a las exigencias de los enviados diplomáticos y así se lo comunicaron al resto de los organizadores. En un principio, habían acordado con la embajada cancelar por completo el acto. Sin embargo, según pudo reconstruir Infobae, la casa de estudios intenta por estas horas una maniobra intermedia: reprogramar la actividad para junio, sin promoción y exceptuando de cualquier comunicación el auspicio de la Oficina Cultural y Comercial de Taiwán.

Los organizadores habían comprometido a diferentes oradores para esa jornada académica. Entre ellos figuraban: Pablo Dons, reconocido académico y director de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de esa casa de estudios; Pedro Isern, director Ejecutivo de CESCOS; Juan Battaleme (UCEMA), Ricardo Ferrer Picado (UNLP), Fernando Pedrosa (UBA), Delfina Milder y Roberto Iglesias, cuyo libro no pudo ser presentado.

La opinión de los censurados

Para Isern -quien además es profesor en la Universidad ORT de Uruguay y en UCEMA- la situación se repite cada vez más y tiende a naturalizarse: “Dado que creemos, erróneamente, que estamos lejos, asumimos que no hay ni habrá desafíos políticos e institucionales serios ante la creciente integración comercial y financiera con China. Ante esta errónea percepción de la evolución de la geopolítica reciente, creemos que este permanente ejercicio de presiones y extorsiones del régimen chino, a través de sus embajadas y simpatizantes alrededor del mundo, es un pequeño costo a pagar frente a grandes oportunidades materiales”.

Por su parte, desde la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, su director para la región, Hans-Dieter Holtzmann dijo que observa con “preocupación el avance de prácticas sistemáticas de presión e intimidación impulsadas por regímenes autoritarios en ámbitos académicos, políticos y culturales. América Latina no está al margen de estas prácticas”.

“Las sociedades abiertas se sostienen sobre principios fundamentales: la libertad académica, la libertad de expresión y el derecho a debatir ideas sin presiones externas. Cuando actores estatales intentan condicionar qué temas pueden discutirse, qué voces pueden ser divulgadas, o qué perspectivas pueden ser escuchadas, estamos frente a mecanismos de influencia incompatibles con los valores liberales y democráticos”, señaló a Infobae.

Roberto Iglesias, el autor del libro finalmente censurado, también se refirió a la cancelación del evento: “Mi libro trata principalmente de lo que llamo la ‘seducción comunicacional’ de los medios globales chinos para presentarse como un país normal, el soft power a través de una muy cuidada y amable propaganda positiva donde nunca hay problemas ni críticas y se oculta el tema central: una autocracia sin libertades y con violaciones de derechos humanos. Aquí estamos ante una acción que es la otra cara de la moneda, un acto de hard power o sharp power“.

“China no se limita a dar su versión de las cosas sino que pretende tener un control total sobre la narrativa sobre cualquier cosa que se diga de ella en los medios mundiales. Las presiones a gobiernos y a medios a través de embajadas y otras instancias son en ese sentido relativamente comunes. La lógica de presionar para cancelar un panel es un paso más en esa dirección del control narrativo, además de ser una evidente interferencia en otro país para coartar la libertad de expresión”, subrayó Iglesias.

Aún no hay fecha prevista para la reprogramación de la presentación del libro y de los paneles, aunque se cree que sería finalmente para los primeros días de junio.

X: @TotiPI

México se mantuvo en 2025 como el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina, de acuerdo con el informe Estructuras del Silencio: censura, opacidad y vigilancia, elaborado por la organización Artículo 19. El documento advierte que “informar sigue implicando riesgos extremos para periodistas y medios”, en un contexto marcado por violencia letal, impunidad y el uso de mecanismos institucionales de presión.

Durante ese año, la organización documentó siete asesinatos de periodistas, una desaparición y 451 agresiones, lo que coloca al país en el primer lugar regional en violencia letal contra la prensa. En conjunto con Guatemala y Honduras, sumaron 12 homicidios de comunicadores, lo que evidencia una crisis extendida en Centroamérica y México.

Un patrón sostenido de violencia e impunidad

El informe subraya que las agresiones no son hechos aislados, sino parte de un patrón estructural. De las 451 agresiones registradas, 199 correspondieron a “ambiente hostil” (44.12%), 151 a abuso del poder público (33.48%) y 53 a violencia física y ataques directos (11.75%).

Las amenazas continúan como uno de los mecanismos más frecuentes, con 112 casos documentados, lo que implica que en México cada cuatro días un periodista es amenazado. A esto se suman 65 casos de estigmatización, de los cuales el 60% provinieron de autoridades o actores políticos.

El informe advierte que estos discursos “no constituyen expresiones neutrales” y, en contextos de violencia, pueden convertirse en detonantes que faciliten agresiones.

Violencia letal y fallas estructurales

Desde el año 2000, al menos 176 periodistas han sido asesinados en México por posibles vínculos con su labor, mientras que 32 permanecen desaparecidos. Tan solo en 2025 también se registraron ocho intentos de asesinato.

La organización denuncia una “impunidad estructural”, señalando que en la mayoría de los casos las investigaciones no consideran la labor periodística como línea principal y presentan fallas graves, incluyendo prácticas de revictimización.

El uso del Estado como mecanismo de presión

El informe también identifica el uso del aparato institucional como una forma de censura. Durante 2025, 67 periodistas y medios enfrentaron procesos legales: 29 electorales, 17 penales, 13 civiles y ocho administrativos.

En 49 casos (73.13%), estas acciones fueron promovidas por funcionarios o actores políticos, lo que, según el documento, convierte al sistema de justicia en una herramienta para inhibir el ejercicio periodístico. “El objetivo no es necesariamente ganar, sino castigar mediante el proceso”, advierte.

Censura, opacidad y control de la información

El documento también alerta sobre obstáculos en el acceso a la información. Se detectó un patrón de respuestas incompletas, inexistentes o injustificadas en solicitudes oficiales:

• 32% de respuestas fueron incompletas
• 53.3% indicaron inexistencia de información
• 84% de los encuestados identificaron prácticas reiteradas

Además, el organismo señala que la instancia “Transparencia para el Pueblo” desechó cerca del 99.6% de los recursos de revisión en sus primeros meses, lo que refleja una priorización administrativa por encima del análisis de fondo.

En el ámbito digital, se documentaron 17 casos de censura en línea, mediante eliminación o restricción de contenidos periodísticos, en un entorno caracterizado por opacidad y baja trazabilidad.

Focos rojos y desplazamiento forzado

A nivel territorial, Ciudad de México, Puebla y Veracruz concentraron el mayor número de agresiones, con 84, 39 y 34 casos respectivamente.

En contraste, en entidades con menor registro como Sinaloa, el informe advierte posibles escenarios de autocensura.

Asimismo, se documentaron al menos dos casos de desplazamiento forzado interno de periodistas en Michoacán, lo que implica ruptura de vida personal, pérdidas económicas y afectaciones psicológicas.

En medio del endurecimiento de medidas contra los narcocorridos en México, Los Tigres del Norte ajustaron su estrategia y trazaron una gira 2026 que deja fuera a entidades con restricciones activas. La decisión no solo impacta su calendario, también marca una postura frente a la creciente censura en el género regional.

Fechas del tour Los Tigres del Mundo

El recorrido, anunciado en sus cuentas oficiales, incluye fechas en ciudades de México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. Sin embargo, destaca la ausencia de plazas donde autoridades han prohibido la interpretación de corridos en espectáculos públicos, con solo una excepción.

En territorio mexicano, su agenda contempla paradas en Puebla, Ciudad de México y Santiago (Nuevo León), ciudades sin leyes restrictivas.

Tijuana, ciudad que en 2023 prohibió oficialmente la interpretación y difusión de narcocorridos y música que haga apología del delito en espectáculos públicos, es la única localidad donde la agrupación modificará su repertorio.

El Estado contra la apología del delito

El movimiento ocurre en un contexto de presión institucional tras polémicas recientes en conciertos de música regional. Para evitar conflictos legales, la agrupación liderada por Jorge Hernández optó por una redefinición conceptual de su repertorio.

“Creo que le vamos a tener que cambiar la palabra corrido. Vamos a tener que decir historias, para no meternos en problemas”, declaró el cantante en entrevista con El País, al referirse al nuevo escenario que enfrenta el género.

La decisión busca mantener vigente su propuesta sin confrontar directamente las regulaciones locales. Hernández defendió el origen del corrido como una forma de narración social.

“En los inicios, el corrido mexicano se inicia como una prensa, para dar una información de lo que está pasando”.

Bajo esa lógica, insistió en que su música se construye desde una intención informativa: “Nosotros hemos cantado ese corrido, con una letra que no ofenda a nadie, que diga la verdad. Como un periodista, que narra, escribe y pone las cosas que sucedieron en palabras que la gente puede entender”.

El ajuste llega mientras autoridades estatales refuerzan medidas contra canciones que hacen referencia al crimen organizado.

La discusión escaló a nivel federal, donde la presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado una postura distinta. “Mi posición es que no debe prohibirse, sino promover otra música”, declaró, al tiempo que reconoció el rechazo social hacia contenidos que hacen apología de la violencia.

En ese entorno, Los Tigres del Norte optaron por una vía pragmática: modificar el discurso sin alterar el fondo de su propuesta. Incluso, Hernández dejó claro que cuentan con repertorio suficiente para adaptarse a cualquier escenario. “Nosotros tenemos canciones que, si pidieran que no cantáramos corridos, podemos salir con todo sin cantarlos. Pero creo que no sería la solución”.

La gira 2026 refleja esa transición. Más que una simple agenda de conciertos, funciona como una respuesta directa a un contexto donde la música regional enfrenta nuevas reglas, presiones políticas y un debate creciente sobre sus límites.

Aunque la presidenta encargada Delcy Rodríguez habla de un “nuevo momento político” y de los cambios en la dirección de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), más de 200 sitios web, incluidos al menos 65 medios de comunicación, permanecen bloqueados en el país.

“Venezuela enfrenta una violación a los derechos digitales que es más que eso, es una política de Estado para censurar y restringir distintas libertades”, denunciaron el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y las organizaciones Conexión Segura y Libre y Noticias Sin Filtro.

En la lista de afectados figuran medios locales e internacionales como Infobae. “Reivindicamos que la verdad necesita canales seguros. No hay libertad de prensa sin derechos digitales protegidos, medios independientes y periodismo”, enfatizó el SNTP.

Silencio

Aprovechando el mensaje de apertura expresado por la mandataria interina, tanto el SNTP como la organización VE sin Filtro presentaron ante Conatel y el recién creado Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, las solicitudes para que se levantaran las restricciones que pesan sobre el espacio digital venezolano.

Sin embargo, hasta la fecha no han recibido respuesta. “En Venezuela se han acumulado durante más de una década bloqueos administrativos, discrecionales y sin transparencia, que han afectado a medios de comunicación, plataformas digitales, herramientas de comunicación y servicios diseñados para evadir la censura”, señala VE sin Filtro.

Medio X

Diez días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el 13 de enero, Delcy Rodríguez y la cúpula chavista volvieron a la red X.

“Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica”, escribió la presidenta encargada. Su último mensaje en esa plataforma databa de agosto de 2024, mes en el que Maduro la bloqueó tras acusarla de promover un golpe de Estado “cibernético”.

“¡Fuera X! ¡Fuera Elon Musk!”, bramó Maduro, quien por esas fechas también llamó a su militancia a dejar de usar Whatsapp, bajo el argumento de que esa aplicación era utilizada para “espiar” a sus usuarios. En agosto de 2024 el régimen chavista enfrentaba protestas por el resultado de las elecciones del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó vencedor a Maduro sin presentar las actas de escrutinio.

A pesar de que Rodríguez y las instituciones del gobierno reactivaron su presencia en X, los venezolanos no tienen acceso a esta red salvo que utilicen un VPN. “La mayoría de estas restricciones fueron impuestas por vía administrativa, sin control judicial ni transparencia, por lo que pueden ser levantadas de la misma manera”, sostiene VE sin Filtro.

La ONG advierte que “estos bloqueos afectan de forma directa el acceso a la información, la libertad de expresión y la posibilidad de participación en la vida pública”, y subraya que “el acceso a internet sin restricciones indebidas es una condición necesaria para la transparencia institucional, la deliberación democrática y la gobernabilidad”.

La ONG venezolana Espacio Público informó que, entre enero y abril de este año, documentó 29 detenciones de periodistas o comunicadores por parte del régimen, lo que representa el 65% de todos los arrestos registrados en 2025, cuando se reportaron 44 casos.

“La mayoría de detenciones fueron de corta duración, efectivamente, pero se dieron en el contexto de movilizaciones de calle, cobertura de manifestaciones”, explicó Marysabel Rodríguez, socióloga y miembro de la organización, durante la presentación del informe anual en Caracas.

Del total de detenidos, 22 son periodistas, seis son comunicadores particulares (infociudadanos o activistas) y uno es trabajador público. Rodríguez detalló que seis de los arrestados fueron acusados por el delito de incitación al odio y cuatro de ellos detenidos por expresiones publicadas en medios digitales.

En el primer cuatrimestre, Espacio Público registró 91 violaciones a la libertad de expresión, una disminución del 16% respecto al mismo período de 2025. Sin embargo, la integrante de la ONG advirtió que el descenso en la cantidad de denuncias es bajo, pero “la violencia en torno a los casos es mayor”.

La organización identificó hasta abril patrones de intimidación, censura y hostigamiento judicial, similares a los documentados en 2025.

“En 2026 seguimos viendo procesos judiciales y detenciones (...) qué lo diferencia de 2024, 2025, que en principio pareciera que las detenciones no se extienden tanto en el tiempo. Es decir, volvemos un poco a la lógica de detenciones de corta duración, que si recuerdan fue como iniciaron las limitaciones al trabajo periodístico y al ejercicio en general de la libertad de expresión”, señaló Rodríguez.

Agregó que la “persecución judicial” persiste y no hay señales de que esta tendencia se revierta, pese a la promulgación de la Ley de Amnistía en febrero y el proceso de excarcelaciones de presos políticos, incluidos periodistas, iniciado en enero.

En Venezuela se registraron 238 violaciones a la libertad de expresión durante el año pasado, según el informe anual de la ONG. Este número representa una reducción del 62% respecto a 2024, cuando se documentaron 619 casos.

La intimidación fue el tipo de violación más frecuente en 2025, con un 33,1% de los casos, seguida de la censura (26,4%), hostigamiento judicial (14,7%), restricción administrativa (13%), hostigamiento verbal (6,7%) e intimidación física (5,8%).

En cuanto a las víctimas, periodistas y trabajadores de la prensa encabezaron la lista con un 34%, seguidos de particulares (infociudadanos o activistas) (21,7%), medios de comunicación (13,1%), ciudadanía en general (11,6%), páginas o plataformas web (9,3%), camarógrafos (3,8%), ONG (3%), reporteros gráficos (1,5%) y trabajadores públicos (1,5%).

Entre los responsables de estas violaciones, la ONG identificó a instituciones del Estado (43,6%), cuerpos de seguridad (29,6%), operadoras privadas (15,1%), funcionarios (7,5%), grupos violentos (1,7%) y desconocidos (1%).

“Simplemente el hecho de compartir información de interés público puede ser causa de algún proceso de amenaza, intimidación o de tensión”, señaló Rodríguez durante la presentación del informe.

El reporte también documentó el cierre de siete emisoras de radio en 2025 en los estados Bolívar, Portuguesa, Lara y Sucre, lo que, según la organización, agrava la situación del ecosistema mediático en el país.

Ante este panorama, el director de Espacio Público, Carlos Correa, exigió la derogación de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, utilizada, según la ONG, para criminalizar de manera sistemática.

(Con información de EFE)

El presidente de la República, Gustavo Petro, recibió una sanción de alrededor de 15 salarios mínimos el lunes 27 de abril de 2026 por desacatar un fallo judicial que le ordenaba retractarse de acusaciones públicas contra Jaime Miguel González Montaño, exdirector de la EPS Coosalud, según determinó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La sentencia del Tribunal exigió que el mandatario presentara excusas públicas y se retractara, utilizando la red social X y una alocución presidencial. El documento formal estableció que el procedimiento buscaba salvaguardar “el amparo de los derechos fundamentales, al buen nombre y debido proceso por las razones ya expuestas”. El plazo fijado fue de cinco días desde la notificación, de acuerdo con la providencia.

Durante su declaración televisiva, Petro afirmó que le es posible “criticar los fallos”, pero que tiene la obligación de “obedecerlos, que es diferente”. El primer mandatario insistió en que no está censurado para expresar su opinión.

En el mismo mensaje, cuestionó que “el juez en vez de investigar al que usó millones de recursos públicos para garantizar préstamos para él y sus empresas particulares, estaría haciendo una presunta vergüenza con la salud pública de Colombia”.

Las afirmaciones del presidente habían comenzado semanas atrás en su cuenta oficial de X, donde señaló: “El señor exgerente es un corrupto y los miembros de la junta directiva deben ser procesados por la Fiscalía”. Petro sostuvo que una auditoría forense determinó que se garantizó un préstamo a empresas vinculadas a la gerencia por más de $200.000.000.000 con respaldo de fondos públicos.

En otro mensaje en la red social, Petro denunció: “Se robaron la plata de Coosalud, que nació en Cartagena como una cooperativa de verdad, propiedad de sus dueños. Tenemos que hacer algo, pero desplazaron a los dueños por ser cooperativistas, tras cometer el error de nombrar como gerente a un señor que es un bandido (sic)”.

Petro ordenó quitar licencias a las “peores EPS”

Daniel Quintero, recién nombrado superintendente de Salud, hizo pública una denuncia de presuntos sobornos de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para girar los recursos de atención en salud.

El exalcalde de Medellín mostró un mensaje donde se leía: “Te escribo porque mis tíos tienen la IPS más grande en salud mental en Latinoamérica. Nos gustaría conversar contigo; hemos tenido problemas con los pagos y estaríamos en la disposición de dar un porcentaje sobre las facturas”.

El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció una serie de medidas orientadas a frenar la corrupción en el sistema de salud de Colombia, denunciando que la gestión heredada de gobiernos anteriores mantiene esquemas que permiten la continuidad de sobornos y especulación con medicamentos.

Según su criterio, “si se quita licencia de salud a los peores. Si las EPS se vuelven gestoras, dejan de hacer trámites”.

A la par, puntualizó que la entidad pública Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) asumirá un papel central en el proceso, gestionando de manera directa la entrega y pago de medicamentos en farmacias, sean grandes o pequeñas, para evitar manipulación y sabotaje.

”ADRES paga en cualquier farmacia las medicinas que los enfermos lleven a la estructura irregular identificada con anterioridad; persiste incluso tras los recientes relevos administrativos. Los interventores hacen lo mismo que hacían los otros privados, que es mantener la estructura de corrupción y recibir coimas”, expuso.

En su análisis, Petro detalló que, tras la intervención estatal en varias EPS y otros organismos sanitarios, persisten irregularidades debido al uso de listas confeccionadas bajo anteriores administraciones, en las que grupos de interés como el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) retendrían influencia sobre los nombramientos. Refiriéndose a episodios ocurridos con la presidencia de la empresa multilatina colombiana Interconexión Eléctrica S.A. (ISA).

“Un juez obliga a que cojamos es la lista de Duque para escoger el presidente de ISA, amigos suyos, GEA otra vez. Aquí pasa lo mismo”, subrayó el mandatario.

Una cosa es la Puerta del Sol en Madrid y otra muy distinta una oficina pública en Valle de la Pascua, estado Guárico, una calurosa y humilde ciudad enclavada en los llanos venezolanos, a unos 270 kilómetros de Caracas.

El funcionario Juan Luis Guédez está pagando esa diferencia con su libertad. De acuerdo con la ONG Espacio Público, en el escritorio de Guédez en el Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (IPASME), encontraron un escrito que replicaba el grito racista que el cantante Carlos Baute y algunos individuos levantaron en el centro de la capital española el sábado 18 de abril, en el marco de la multitudinaria concentración de venezolanos con María Corina Machado.

“Fuera mona”, decía el malhadado papel. Una trabajadora de “servicios generales” se percató del detalle y denunció a su colega ante la directora de la institución, que acusó a su subalterno por “incitación al odio”. Acto seguido, policías con armas largas llegaron al despacho y se llevaron a Guédez, en medio de las protestas de sus compañeros que exigían la presencia de un fiscal y reclamaban la libertad del detenido.

Al final, la historia no pasó a mayores, sobre todo si se toma en cuenta que en Venezuela existen alrededor de 500 presos políticos y que ha habido personas condenadas a 15 y 30 años de prisión por un tuit o un audio de Whatsapp. Guédez fue dejado en libertad este domingo 26 de abril, aunque con una medida cautelar de presentación ante tribunales.

Los empleados del IPASME celebraron su excarcelación, mientras argüían que el polémico escrito no estaba firmado por nadie, razón por la cual estimaban injusto atribuírselo a Guédez. “Reiteramos que la Ley contra el Odio debe ser derogada porque no protege a los ciudadanos, sino que castiga, condena y judicializa”, manifestó Espacio Público.

En la mira

La ONG Derechos Humanos Llanos Venezuela (Fundehullan) dio seguimiento al caso, destacando que el “delito” de Guédez fue “disentir”. “La judicialización de la opinión y el uso de la Ley contra el Odio para perseguir trabajadores vulnera la Constitución”, cuestionó Fundehullan, tras detallar que el funcionario “fue llevado por cuerpos de seguridad sin orden judicial” y después de “ser coaccionado en su trabajo”.

La mayoría de las organizaciones de la sociedad civil venezolana demandan a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la inmediata derogación de la llamada Ley contra el Odio, aprobada en noviembre de 2017 por una Asamblea Nacional Constituyente que el chavismo instaló para eliminar al Parlamento de mayoría opositora.

“La Ley contra el Odio establece penas de hasta 20 años de prisión por expresiones ambiguamente definidas, sanciones para medios, incluso posibles cierres, generando autocensura sistemática. Decenas de personas han sido detenidas o investigadas por publicaciones, opiniones o comentarios”, señaló recientemente la ONG Transparencia Venezuela, incluyendo este texto en una lista de nueve normas que, a su juicio, deben ser derogadas para facilitar una transición a la democracia en el país.

Como se sabe, el chavismo no se distingue por su tolerancia. En 2018 encarcelaron a dos bomberos por comparar a Nicolás Maduro con un burro y tras el ataque de Estados Unidos del 3 de enero, otros tantos fueron detenidos bajo la acusación de estar celebrando la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores.

El Colegio Nacional de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y agrupaciones defensoras de la libertad de expresión repetidamente alzan sus voces abogando por la eliminación de un instrumento jurídico que no solo “criminaliza la opinión y la crítica”, sino que plantea la prohibición y anulación de partidos políticos “si sus actividades o discursos son considerados como promoción del odio o la intolerancia”.

La presentación de la obra El M-19, de la guerra a la política, escrita por Jaime Rafael Nieto López y que iba a contar con la participación del politólogo Freddy Chaverra y el profesor universitario José Miguel Sánchez, estaba programada para las 5:00 p. m. del 21 de abril de 2026 en el hall central de la Biblioteca Pública Piloto, en Medellín Antioquia, con entrada libre.

Pero, horas antes del evento, el alcalde Federico Gutiérrez anunció su suspensión y argumentó que “el M-19 no fue un ‘relato romántico’: fue un grupo armado terrorista que dejó víctimas, dolor y muerte en Colombia”. Gutiérrez hizo referencia al Holocausto del Palacio de Justicia como uno de los episodios más recordados de la organización, según publicó en su cuenta de X.

El funcionario también fundamentó su decisión en la protección de la memoria de las víctimas del conflicto armado y en la restricción que la Ley de Garantías impone sobre eventos con contenido político en espacios públicos durante periodos electorales.

En medio de la polémica, la Biblioteca Nacional y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas rechazaron la decisión de la Alcaldía de Medellín en una carta dirigida a la opinión pública.

“Las bibliotecas son y deben ser escenarios de participación de la palabra viva, del diálogo intercultural y de la pluralidad de puntos de vista. En las bibliotecas habitan ideas, voces y lecturas que no admiten censuras ni discriminación; cualquier intento de silenciamiento o eliminación constituye una amenaza a la democracia y a las libertades individuales”, puntualiza el comunicado.

La infraestructura cultural y el principal depósito de la memoria colectiva del país coinciden en que estos eventos son posibles conforme a lo establecido en la Ley 1379 de 2010: “Las bibliotecas son espacios que prestan servicios al público en general, por lo que están a disposición de todos los miembros de la comunidad por igual, sin distinción de origen étnico, nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma, discapacidad, condición económica y laboral o nivel de instrucción. Su misión es la promoción del acceso democrático al conocimiento, la información y la cultura, y por esto mismo son esenciales para el ejercicio pleno de la libertad de expresión”.

En efecto, resaltaron que las bibliotecas públicas en Colombia se conciben como espacios, servicios y bienes públicos que existen para formar ciudadanos críticos.“Desde la coordinación de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas —que hoy reúne 1.568 bibliotecas en el país—, hacemos un llamado firme a su defensa y al respeto irrestricto del derecho ciudadano a la libre expresión y al libre acceso al conocimiento”.

Del mismo modo, reconocieron el papel que la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, que “se ha desempeñado por más de 70 años como referente cultural y bibliotecario para el país, y cuyo liderazgo sigue vigente en el marco de las políticas de lectura y bibliotecas de la ciudad, en cabeza de su director y del equipo de trabajo que lo acompaña”.

La respuesta de Petro a la cancelación del evento

El presidente de la República, Gustavo Petro, rechazó la medida impuesta por el alcalde Federico Gutiérrez, señalando que la Alcaldía de Medellín está cometiendo actos de censura y lo comparó con prácticas medievales.

“Señor Fico, el M19 después de hacer la paz, es un movimiento legal con personería jurídica. Lo que hace usted es una censura a un libro. El que censura libros termina quemándolos en hoguera y después termina quemando seres humanos en hogueras. No censure, deje que los espíritus y el pensamiento sean libres (sic)”, escribió en su cuenta de X.

A su vez, aprovechó la coyuntura para resaltar los logros de su administración a nivel cultural, citando la apertura de bibliotecas y centros educativos.

“He logrado crear más de 300 bibliotecas rurales y he logrado el mayor presupuesto al ministerio de cultura de la historia. Jamás censuraría un libro en tantos centenares de bibliotecas que hemos abierto. Quiero Colombianas y colombianos libres y libre pensadores(sic)”, expuso Petro.

Ilich López, tercer vicepresidente de la Mesa Directiva, fue uno de los parlamentarios que impulsa esta medida, al igual que la bancada de Renovación Popular. Y aunque sus ministros y el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, desconocieron las disposiciones de Balcázar y la compra ya se realizó, no se descarta que, de recolectarse las firmas, se presente y admita la moción.

En declaraciones a los medios de comunicación, Rospigliosi señaló que, de acuerdo con lo establecido por el reglamento del Congreso, si se presenta la moción de censura, debe dársele trámite.

Rospigliosi recordó que,cuando se presentó la censura contra José Jerí el Congreso estaba en receso, pero ahora solo se encuentra en semana de representación, por lo que el próximo lunes retomará sus actividades habituales.

“Ahora el Parlamento está en funcionamiento, así es que si hay las firmas necesarias para una moción, se le dará trámite como corresponde y se llevará al voto como corresponde. En esta semana estamos en semana de representación, pero la próxima semana, funcionan las comisiones y habrá pleno como es usual”, destacó.

Rospigliosi desautoriza a Balcázar

En las mismas declaraciones, el congresista fujimorista confirmó que el Ministerio de Economía ya había desembolsado el dinero para la compra.

Aunque evitó responder de dónde o quién le había confirmado esta información y se limitó a decir: “fuentes fidedignas”.

El parlamentario también reiteró sus críticas hacia Balcázar, a quien ya había acusado de ocasionar una crisis política. Sin embargo, una vez superado el impasse, lamentó la salida de los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores.

“El presidente ha dado varias versiones, como sabemos, ha estado sometido a muchas presiones, pero finalmente el Estado peruano está honrando su compromiso, y eso es lo más importante en mi opinión. Así es que la situación política, eh, se ha complicado con la renuncia de los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores, lo cual es una lástima”.

¿Cuál fue el problema con los aviones F-16?

La crisis en torno a la compra de los aviones F-16 expone una fractura evidente dentro del Poder Ejecutivo. El detonante fue el anuncio del presidente José María Balcázar, quien comunicó públicamente la suspensión del proceso de firma del contrato, pese a que este ya se encontraba en una fase avanzada de negociación.

De acuerdo con versiones de exfuncionarios, el acuerdo estaba listo para concretarse el viernes 17 de abril. Sin embargo, el mandatario optó por postergar la decisión y trasladar la responsabilidad al siguiente gobierno, lo que implicaba frenar una operación considerada estratégica para la defensa nacional. Esta postura no solo sorprendió dentro del gabinete, sino que también generó dudas sobre la coherencia en la conducción del Ejecutivo.

La situación se agravó cuando trascendió que, tras el anuncio presidencial, se habrían bloqueado los recursos destinados al primer desembolso del contrato. Esta medida evidenciaba un intento de detener formalmente la operación. No obstante, días después surgió una versión completamente distinta desde el propio entorno gubernamental.

El exministro de Defensa Carlos Díaz afirmó que el contrato ya había sido firmado el lunes 20 de abril, y que dicha decisión fue comunicada directamente al presidente y al titular de la Presidencia del Consejo de Ministros. Esta revelación dejó al descubierto un escenario de descoordinación interna, donde decisiones clave se habrían tomado sin un alineamiento claro con la máxima autoridad del país.

Todo inició el viernes 17 de abril, cuando, a través de un medio de televisión, Balcázar anunció que la compra de los aviones quedaba suspendida, ya que debía ser revisada por el próximo gobierno. Tres días después, el lunes 20, reiteró estas declaraciones en diferentes entrevistas.

Sin embargo, ese mismo día, el entonces ministro de Defensa, Carlos Díaz, ya había autorizado la firma del contrato de compra. El presidente Balcázar estaba al tanto de esta situación y, por motivos que hasta el momento se desconocen, continuó afirmando que la operación estaba suspendida.

Las renuncias de ministros y bloqueos desde el MEF

El 22 de abril, el Ejecutivo se vio sacudido por la renuncia de dos ministros clave del gabinete. Carlos Díaz dejó el Ministerio de Defensa, aunque, casi al mismo tiempo, Palacio de Gobierno emitió un comunicado informando el fin de su designación. Posteriormente, Hugo de Zela también renunció al cargo y acusó al presidente Balcázar de haberle mentido al país.

Durante una conferencia de prensa, ambos exministros desmintieron al mandatario y revelaron que la firma del contrato se realizó el lunes. Díaz explicó que el cierre del acuerdo se dio conforme a ley, ya que la decisión fue tomada meses antes y solo se estaba cumpliendo con el cronograma. Además, defendió su postura y señaló que no recibió ninguna comunicación oficial para suspender la compra.

Sin embargo, pese a que el compromiso ya estaba cerrado, advirtieron que se había bloqueado el desembolso del dinero para realizar el primer pago. En otras palabras, el mandatario habría ordenado al Ministerio de Economía y Finanzas no ejecutar el pago correspondiente.

Congreso responde a Balcázar

Tras las revelaciones de los exministros Díaz y De Zela, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, criticó a Balcázar y lo acusó de generar una nueva crisis política, en medio del proceso electoral que aún atraviesa el país.

Rospigliosi señaló que Balcázar ya había sido advertido en varias oportunidades y que, sin duda, sus acciones traerían consecuencias “graves” para el país. En paralelo, algunos congresistas comenzaron a preparar una moción de censura.

Mientras Rospigliosi declaraba a la prensa, Balcázar emitió un breve mensaje a la nación, en el que aseguró no haber participado en las negociaciones y ratificó su intención de que la compra de los aviones sea evaluada por el próximo gobierno. Hasta ese momento, el contrato estaba firmado, pero no se había ejecutado el pago.

Anuncio de Rospigliosi y comunicado del MEF

Mientras todo esto ocurría, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, se encontraba reunido con el embajador de Estados Unidos en Palacio de Gobierno, sin la presencia de Balcázar.

Es probable que el resultado de este encuentro haya sido el comunicado que la Presidencia del Consejo de Ministros emitió alrededor de las 4:00 de la tarde, confirmando que el Perú honraba sus compromisos internacionales en relación con la compra de los aviones F-16.

Sin embargo, un hecho que llamó la atención es que, antes de que se difundiera dicho comunicado, Rospigliosi ya había declarado a los medios que una “fuente fidedigna” le confirmó que el Ministerio de Economía y Finanzas había desembolsado el dinero.

La pregunta es cómo el presidente interino del Parlamento accede a información de carácter de Estado antes que la propia PCM y, además, en contradicción con lo señalado previamente por Balcázar en su mensaje a la nación.

Tras estos acontecimientos, el mandatario no volvió a pronunciarse ni a aparecer públicamente hasta que tomó juramento a su nuevo ministro de Defensa.

El Gobierno de Irán criticó este miércoles el apagón del internet global que mantiene a casi toda la población desconectada desde hace 54 días, en una admisión de los límites de su propio control sobre las comunicaciones, un ámbito que está bajo la órbita del poderoso Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

“Debe evitarse cualquier forma de restricción o discriminación en el acceso a Internet”, afirmó esta mañana el vicepresidente primero de Irán, Mohamad Reza Aref, en un encuentro con el ministro de Comunicaciones, Satar Hashemi.

Aref sostuvo en sus declaraciones que un “internet por niveles y con un mecanismo de segregación del acceso son incompatibles con el enfoque del Gobierno orientado a la justicia” y consideró que la conexión a la red es “una de las necesidades básicas de la población y debe ser reconocido como un derecho público para todos los ciudadanos”.

Las declaraciones del vicepresidente se producen en el día 54 de la desconexión del país del internet global por el comienzo de la guerra con Estados Unidos e Israel, con el 99 % de la población sin acceso a las redes, y solo un pequeño grupo de políticos, periodistas y negocios con conexiones.

Poder limitado del Gobierno

Si el Gobierno se opone aparentemente al bloqueo de internet entonces ¿por qué continúa cerrado?

El Ejecutivo y el presidente del país tienen un poder limitado en la República Islámica, algo que admitió el actual mandatario Masud Pezeshkian durante la campaña de las elecciones de 2024, cuando reconoció que no podía indultar a presos políticos.

Y es que la Constitución iraní otorga bastos poderes al líder supremo Mojtaba Khamenei, a quien no se ha visto en público ni escuchado desde su nombramiento el 8 de marzo, y quien tiene la potestad de definir las políticas generales de la República Islámica y la designación de altos cargos clave.

Pero también tiene mucho poder el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el órgano más importante del país donde se sientan el presidente, los ministros de Exteriores e Interior, los presidentes del Parlamento y el Poder Judicial, dos representantes del líder supremo, el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria y del Ejército regular.

La Constitución iraní establece que este consejo determina las políticas de defensa y seguridad del país, dentro del marco de las políticas generales establecidas por el líder supremo.

Al secretario de este órgano, quien lo gestiona en el día a día, lo nombra el presidente, cargo que ocupa ahora el conservador y ex guardia revolucionario Mohamad Bager Zolgadr, nombrado recientemente tras el asesinato en la guerra de su antecesor Alí Larijani.

Así, el Gobierno es uno más de los varios centros de poder que se sientan en este consejo, como aclaró en las elecciones presidenciales de 2024 el entonces ministro de Información y Tecnologías de Comunicación, Issa Zarepour, en medio de un debate sobre la censura de internet en el país persa.

“Aquellos que llaman a la eliminación del bloqueo de internet deben reconocer que esas decisiones se toman a menudo en reuniones donde el consenso del Gobierno no se alinea con la opinión mayoritaria”, dijo Zarepour en respuesta a una promesa electoral para acabar con la censura de las redes sociales.

El propio Pezeshkian vino a reconocer esa limitación del Ejecutivo cuando se produjo un corte de internet de varios días por las protestas antigubernamentales en enero.

“Dada la necesidad de facilitar las actividades de los negocios en Internet y de reducir las restricciones en las comunicaciones recomendé al señor Ali Larijani que se levanten lo antes posible las limitaciones sobre Internet”, dijo en referencia al anterior secretario de Consejo Supremo.

La gestión del internet causa polémica en Irán desde hace años por la censura de numerosas aplicaciones extranjeras como Instagram, Whatsapp o X, entre otras, aunque los usuarios sortean estas prohibiciones con el uso de VPNs.

Además, algunos usuarios tienen lo que se conoce como “tarjetas blancas” con acceso a internet sin censura y que en tiempo de corte de las conexiones siguen funcionando.

Entre estos privilegiados usuarios se encuentran altos cargos políticos y periodistas, lo que causa malestar entre la población.

(Con información de EFE)

La policía rusa registró este martes la sede de Eksmo, la mayor editorial del país, y detuvo a su director general en el marco de un caso penal por presunta difusión de “literatura LGTBI”, en la última ofensiva del Kremlin contra contenidos que considera contrarios a los “valores tradicionales”.

“Actualmente se encuentra detenido para ser interrogado”, confirmó un portavoz policial a la agencia Interfax, precisando que la detención del director de Eksmo está vinculada a la distribución de literatura sobre homosexualidad. La agencia estatal TASS, citando una fuente anónima de las fuerzas de seguridad, indicó que el registro se realizó “como parte de un caso penal sobre la distribución de literatura LGTBI”. Otros medios y canales de redes sociales cercanos a las autoridades confirmaron la operación.

El canal REN TV informó que los dirigentes de Eksmo habrían desarrollado un plan para “distribuir literatura LGTBI entre menores”.

Eksmo, fundada en 1991, es la editorial líder del mercado ruso tanto en literatura infantil como para adultos, y forma parte del grupo Eksmo-AST. La detención de su director representa la acción más contundente hasta ahora contra una empresa del sector editorial ruso.

Presión creciente sobre el mundo editorial

El operativo de este martes no es un hecho aislado. En mayo del año pasado, las autoridades rusas lanzaron una campaña contra varias editoriales por “propaganda LGTBI u otros contenidos prohibidos”, durante la cual varios empleados de la editorial Popcorn Books fueron detenidos y colocados bajo arresto domiciliario. En enero de este año, Popcorn Books anunció su cierre definitivo.

Entre los libros vetados en aquella ocasión figuraba la novela Un verano en el campamento, de Katerina Silvánova y Elena Malísova, que narra una relación homosexual entre un adolescente ruso y uno ucraniano. El libro había sido uno de los más vendidos en Rusia en 2022.

El año pasado, más de diez empleados de Eksmo fueron detenidos en una investigación similar, después de que las autoridades dijeran haber detectado “propaganda LGTBI” en varios libros publicados por una filial del grupo.

La presión sobre el sector editorial va más allá de la cuestión LGTBI. El propio presidente de Eksmo-AST, Oleg Novikov, advirtió el 14 de abril que la mitad de las colecciones de las bibliotecas rusas corren el riesgo de ser confiscadas si se aplica de forma estricta la ley sobre “agentes extranjeros” y organizaciones “indeseables”.

Según Novikov, las dificultades afectan no solo a libros de autores designados como agentes extranjeros, sino también a publicaciones en cuya elaboración participaron personas que escribieron anotaciones o realizaron la maquetación, así como obras editadas con el apoyo de fundaciones posteriormente declaradas “indeseables”, entre ellas algunas que financiaron “una cantidad considerable de literatura clásica y regional rusa en las décadas de 1990 y 2000”.

El marco legal detrás de la represión

La ofensiva contra las editoriales se enmarca en una política más amplia de restricción de derechos que Rusia ha acelerado desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022. En noviembre de 2023, el Tribunal Supremo ruso declaró extremista al “movimiento LGTBI” en su conjunto, lo que permite aplicar la legislación antiterrorista a cualquier expresión de identidad o activismo relacionado.

En los últimos años, las autoridades rusas han registrado clubes y bares LGTBI y detenido a sus propietarios. Los tribunales dictan multas y penas de prisión para personas que exhiben “símbolos” LGTBI, como ropa, joyas o la bandera del arcoíris.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el pasado 14 de abril la invalidez de la denominada por el Partido Acción Nacional (PAN) como “Ley Mordaza”, una norma promovida por el gobernador de Puebla Alejandro Armenta y presentada en el Congreso local por el diputado José Luis García Parra de Morena. La Corte determinó que la ley es ambigua y representa un riesgo para la libertad de expresión, según un comunicado del PAN difundido este 15 de abril.

Según el PAN, la decisión de la SCJN confirma que la llamada “Ley Mordaza” no protegía a las personas, sino que pretendía criminalizar la crítica y el disenso frente al poder.

El artículo 480 del Código Penal de Puebla, invalidado por la Corte, “carecía de claridad jurídica, permitía interpretaciones discrecionales y vulneraba derechos fundamentales”, informó el PAN.

En el comunicado se destacó que a pesar de advertencias jurídicas, opiniones ciudadanas y parámetros constitucionales, el gobierno de Alejandro Armenta y su mayoría legislativa impulsaron una reforma “apresurada, deficiente y peligrosa”, con la intención de controlar la conversación pública y limitar la crítica.

Acción Nacional reconoció a sus legisladoras, legisladores y a miembros de la sociedad civil, así como periodistas y especialistas, por haber acompañado la defensa de las libertades frente a lo que describe como un intento de regresión autoritaria.

La declaración, compartida en las redes sociales oficiales del PAN, sostiene que la invalidez de la reforma significa un triunfo para la ciudadanía y quienes defendieron la Constitución, y reitera su compromiso de seguir apoyando a la patria, familia y libertad ante cualquier intento de censura.

Suprema Corte desechó ley de ciberasedio por una mala definición del término

La SCJN declaró inconstitucional el delito de ciberasedio en Puebla el pasado 14 de abril, tras concluir que su redacción permite interpretaciones ambiguas y vulnera principios básicos como la certeza jurídica y la legalidad, dejando sin efecto inmediato todas las carpetas de investigación y sentencias vigentes por ese delito.

Con esta resolución, el Congreso local deberá revisar el artículo 480 del Código Penal estatal y formular una nueva norma que cumpla con los parámetros fijados por el máximo tribunal federal.

La determinación de la SCJN tiene efectos retroactivos: de acuerdo con el criterio aprobado por mayoría, todas las investigaciones abiertas bajo el delito de ciberasedio ya no podrán continuar. Los procesos judiciales vigentes se cancelan y las sanciones impuestas quedan sin validez.

En el artículo 480 se tenían contempladas penas que iban aproximadamente de 11 meses a tres años de prisión, acompañadas de multas económicas. Esta figura jurídica había sido incorporada en 2025 para sancionar conductas persistentes de insulto, agravio u ofensa cometidas usando tecnologías digitales y redes sociales.

El dictamen de la SCJN surgió tras analizar la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En sesión plenaria, la mayoría de ministras y ministros respaldó el proyecto formulado por el juez Giovanni Azael Figueroa Mejía, quien argumenta que la norma es incompatible con el principio de taxatividad penal, el cual exige que los delitos estén definidos clara y específicamente.

Agentes de seguridad enmascarados registraron este jueves las oficinas del diario independiente Nóvaya Gazeta en Moscú, en un nuevo golpe contra la prensa libre en Rusia que se produce el mismo día en que el Tribunal Supremo declaró extremista a la organización de derechos humanos Memorial.

El propio periódico informó del allanamiento a través de sus redes sociales. “Aproximadamente a las 12:00 del mediodía, agentes de seguridad enmascarados llegaron a la redacción e iniciaron un registro”, indicó el rotativo, que precisó que sus abogados no podían acceder al edificio, donde se encontraban varios empleados. Un periodista de la AFP en Moscú vio dos camionetas del Comité de Investigación de Rusia estacionadas frente a la redacción y a varios miembros del personal retenidos en el vestíbulo.

Horas después del allanamiento, el Ministerio del Interior publicó un comunicado que atribuyó las diligencias a un caso penal por uso ilegal de datos personales, supuestamente empleados para elaborar “materiales con contenido negativo”. El diario no había recibido notificación previa alguna.

Nóvaya Gazeta fue durante años el principal medio de comunicación independiente de Rusia, reconocido por sus investigaciones sobre violaciones de derechos humanos y su cobertura crítica del poder. Fue fundado en 1993 por Dmitri Murátov y sus colegas con el apoyo del último líder soviético, Mikhail Gorbachov, quien donó parte del dinero de su propio Nobel de la Paz de 1990 para comprar los primeros ordenadores de la redacción.

En 2021, Murátov recibió el Premio Nobel de la Paz por sus “esfuerzos para proteger la libertad de expresión” al frente del diario. Varios de sus periodistas fueron asesinados en circunstancias que en general se atribuyeron a represalias. Entre ellos, Anna Politkovskaya, quien investigó durante años los abusos del ejército ruso en Chechenia y fue hallada muerta en su edificio en 2006, el día del cumpleaños del presidente Vladimir Putin.

La historia reciente del diario refleja la asfixia progresiva de la prensa independiente en Rusia. Tras la invasión de Ucrania en febrero de 2022, Nóvaya Gazeta suspendió temporalmente su actividad ante la aprobación de una ley que castiga con hasta 15 años de cárcel la difusión de “información falsa” sobre el Ejército ruso. Retomó su publicación días después, pero de forma muy reducida y limitada a temas que no rozaran la censura militar. En septiembre de ese año, las autoridades revocaron sus licencias de medios impresos y digitales y bloquearon su sitio web. Pese a ello, el diario continuó operando de manera precaria desde su sede en Moscú, donde mantuvo personal y actividad residual. En septiembre de 2023, Murátov renunció a la dirección tras ser declarado “agente extranjero” por las autoridades rusas y fue reemplazado por un nuevo editor.

Tras la suspensión de actividades en Rusia, un grupo de ex periodistas del diario fundó Nóvaya Gazeta Europe con sede en Letonia, con una redacción independiente compuesta por periodistas que habían abandonado el país. La nueva publicación fue declarada organización “indeseable” por Rusia en junio de 2023, lo que convirtió en delito cualquier forma de cooperación con ella dentro del territorio ruso.

El registro a Nóvaya Gazeta se produjo el mismo día en que el Tribunal Supremo de Rusia declaró extremista a Memorial, la organización de derechos humanos galardonada con el Nobel de la Paz en 2022. El fallo convierte en delito penal cualquier forma de colaboración con el grupo, que durante décadas documentó los crímenes del Gulag soviético y hoy contabiliza más de 1.000 presos políticos en el país. Ambas acciones, ocurridas en la misma jornada, reflejan la intensificación de la represión contra la sociedad civil rusa en el contexto de la guerra en Ucrania.

La tarde de este viernes 27 de marzo, la diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros, denunció a través de un video que su cuenta de Instagram fue suspendida tras exponer irregularidades y privilegios de legisladores de Morena. La legisladora señaló que la suspensión no corresponde a una falla administrativa, sino a una acción política dirigida contra quienes critican los abusos del partido en el poder.

Señalamiento de una campaña coordinada

Ballesteros afirmó que el bloqueo de su perfil no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia que, según su perspectiva, busca limitar la libertad de expresión de voces críticas en México. Aseguró que la plataforma ha suspendido recientemente cuentas de otras personas dedicadas a denunciar actos de corrupción y opacidad.

“En todo México, en las últimas semanas, esta plataforma ha estado suspendiendo cuentas de personas que estamos luchando por los derechos de todos los demás y que estamos denunciando los abusos del régimen”, puntualizó la diputada.

La legisladora sostuvo que las acciones recientes en redes sociales coinciden con denuncias sobre:

• Ausencia de diputados de Morena en el Congreso
• Exposición de privilegios de los legisladores frente a la realidad laboral en el país
• Reportes constantes sobre el incumplimiento del mandato popular

“Estas granjas de Morena no es la primera vez que se están enfrentando ante la gente que está tratando de hacer una contención de sus abusos en el poder”, advirtió la diputada.

Suspensión afecta capacidad de informar

Durante su pronunciamiento, Ballesteros mencionó el caso de Miguel Meza, quien administra una cuenta enfocada en el seguimiento de narcopolíticos mexicanos. Según la diputada, Meza también sufrió la suspensión de su perfil después de publicar investigaciones sobre redes de criminalidad y vínculos con actores políticos.

“Hace unos días le suspendieron también la cuenta a Miguel Meza, de narcopolíticos, por estar trabajando, denunciar a los narcopolíticos mexicanos”, destacó.

La diputada alertó que estas suspensiones afectan la capacidad de informar y documentar hechos relevantes para la ciudadanía. Rechazó que el cierre de cuentas derive de un error técnico y planteó que se trata de una represalia ante la difusión de críticas y exigencias de transparencia.

Suspensión llevará a tomar acciones legales

Ballesteros sostuvo que llevará el caso por las vías legales y los canales oficiales de Instagram para reactivar su cuenta. Anunció que no limitará la demanda a su situación personal, sino que buscará representar a todas las personas afectadas por medidas similares. “No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Si te han cancelado tu cuenta de Instagram, contáctame aquí, porque vamos a empezar también a hacer una acción colectiva”, señaló.

Entre los temas que, según la diputada, han motivado represalias digitales se encuentran:

• Denuncias sobre la revocación de mandato y cuestionamientos al desempeño de la presidenta
• Informes sobre la crisis ambiental en el Golfo de México, tras un derrame de petróleo que abarca más de seiscientos treinta kilómetros
• Acusaciones sobre violaciones a derechos y falta de cumplimiento con el mandato popular

El mensaje concluyó con un llamado a la defensa de la libertad de expresión y a la organización ciudadana frente a las presiones políticas en el entorno digital.

En su cuenta de X, la diputada informó que su cuenta fue desbloqueada, sin mayor información por parte de Instagram:

“No tenemos aún mayor información. La razón por la que se suspenden cuentas es por denuncia masiva de usuarios. Me han contactado más de 35 activistas, críticos de régimen, cuyas cuentas han sido suspendidas también. Lo que queda claro es que se están invirtiendo cantidades millonarias en granjas que hacen este trabajo sucio”.

Un tribunal ruso prohibió el jueves el documental ganador de un Oscar Mr Nobody Against Putin en varias plataformas de streaming, alegando que promovía “actitudes negativas” hacia el Gobierno ruso y la guerra en Ucrania.

La película documenta las clases de propaganda a favor de la guerra impartidas en una escuela de la región rusa de Cheliábinsk, que utilizó material filmado en secreto durante dos años y sacado de contrabando del país por el camarógrafo de la escuela.

El Consejo de Derechos Humanos de Rusia, designado por el Kremlin, presentó una queja contra la película la semana pasada, argumentando que “se utilizaron imágenes de menores sin obtener el consentimiento de sus padres”.

En una sentencia dictada el jueves, un tribunal de la región de Cheliábinsk declaró que la película promovía el “terrorismo” y “actitudes negativas hacia el actual Gobierno”, según informó el medio de comunicación independiente ruso Sotavision.

El tribunal también objetó que la película mostrara una bandera “blanca-azul-blanca”, un símbolo que algunos miembros de la oposición rusa utilizan para protestar contra la guerra en Ucrania, pero que está prohibido en Rusia por considerarse “extremista”.

El tribunal prohibió la película —que ganó el Oscar al mejor documental a principios de este mes— en tres plataformas de streaming rusas, informó Sotavision, que publicó una grabación de audio del juez hablando en el tribunal.

Se trata de la primera medida conocida de recurrir a los tribunales para restringir el acceso a la película —cuyas copias piratas están ampliamente disponibles en Internet— dentro de Rusia.

Desde que lanzó su ofensiva militar a gran escala contra Ucrania hace cuatro años, el Kremlin ha reprimido la oposición a la guerra.

Las autoridades han tratado de recabar apoyos para la guerra de Ucrania en el sistema educativo, modificando los planes de estudios para promover la versión del Kremlin sobre la ofensiva.

El protagonista de la película, Pavel Talankin, huyó de Rusia en 2024.

Fuente: AFP.

Fotos: Reuters/ Mike Blake y archivo.

Un incidente descrito por las organizaciones civiles implicó a un inspector municipal de Haifa que, durante una cobertura informativa, habría amenazado a un periodista diciéndole que se quitaría el uniforme para agredirlo físicamente. Esta situación se enmarca dentro de una serie de denuncias presentadas por entidades defensoras de los derechos árabes en Israel, que solicitan medidas legales ante lo que consideran episodios persistentes de hostigamiento y restricciones hacia la prensa en la ciudad. Según consignó el medio original, tres organizaciones no gubernamentales con actividades centradas en la protección de los derechos de la población árabe en Israel presentaron este lunes una demanda formal ante el Tribunal de Asuntos Administrativos del Distrito de Haifa, exigiendo el cese inmediato de la interferencia por parte de inspectores municipales en las labores periodísticas de comunicadores árabes.

De acuerdo con la información difundida por las organizaciones, los incidentes reportados se han intensificado desde el comienzo del conflicto armado actual, el 28 de febrero de 2026, fecha que coincide con el inicio de las hostilidades entre Israel, Estados Unidos e Irán. Según la demanda, las autoridades municipales habrían adoptado una actitud de presión contra estos profesionales, con intimidaciones que van desde amenazas de imponer multas y confiscación o daño al equipo periodístico, hasta amagos de detención y coacción física. Las ONG han registrado casos en los que se alega que inspectores municipales emiten advertencias infundadas sobre la exigencia de un “permiso municipal” para transmitir en vivo o grabar imágenes, pese a que, según lo recopilado por estas entidades, la Policía local ha reiterado en varias ocasiones que no existe ninguna normativa que prohiba realizar este tipo de coberturas siempre que se cumpla con la legislación vigente en materia de censura.

El medio informó que la abogada Hadil Abú Salí, representante de Adalah —el Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel— ha encabezado la presentación judicial actuando además en nombre del Centro Mossawa y de I’lam, el Centro Árabe para la Libertad de Prensa, el Desarrollo y la Investigación. El comunicado de Adalah enfatiza que la solicitud judicial presentada busca que el municipio de Haifa se abstenga de pasar los límites de sus competencias interfiriendo en la labor informativa, especialmente durante transmisiones en directo y filmaciones. Esta demanda se apoya en la declaración de la Policía de que las transmisiones solo están sujetas a las normas generales de censura a la prensa que rigen para todos los medios, por lo que el accionar de los inspectores carecería de justificación legal.

Según publicó la abogada Abú Salí tras la demanda, los hechos relatados por las tres ONG formarían parte de un patrón de persecución sistemática que afecta a quienes, durante situaciones de conflicto, se ubican fuera del consenso predominante en la sociedad israelí. Abú Salí considera que el municipio local incurre en prácticas discriminatorias y arbitrarias al intentar controlar a los comunicadores, sin que tenga competencias para hacerlo, extendiendo conductas de represión que también se reflejan en actos dirigidos contra manifestantes, artistas y espacios culturales. “Ahora, este abuso de poder se ha extendido a periodistas árabes en un intento de imponer censura ilegal”, detalló la abogada en su alegato judicial y citado por el medio.

Por su parte, el director del Centro Mossawa, Jafar Fará, instó durante la presentación a que el alcalde de Haifa ponga fin a lo que considera una “instrumentalización política del personal municipal” en contra de los periodistas árabes. Fará también criticó lo que describió como políticas municipales discriminatorias hacia la población árabe en general. El directivo denunció que las autoridades están empleando la unidad Oz, originalmente creada y financiada mediante un nuevo impuesto a los habitantes locales para combatir la delincuencia, para perseguir fines políticos. Entre los ejemplos aportados, mencionó la retirada de carteles escritos en idioma árabe en la vía pública, en lugar de implementar acciones para enfrentar la criminalidad que afecta a la ciudad. El portavoz manifestó su preocupación por la actitud de ciertos funcionarios municipales que, en sus palabras recogidas por el medio, “parece que algunos dentro del municipio se creen el gobernador militar de Haifa”.

La demanda presentada se apoya en una serie de quejas documentadas desde el inicio de la actual guerra, que incluyen testimonios de periodistas que aseguran haber recibido amenazas directas al intentar realizar su labor informativa en Haifa. Otras situaciones señaladas involucran intentos de limitar la cobertura mediática, influyendo negativamente en el acceso a la información para la comunidad local y planteando interrogantes sobre el respeto a los derechos fundamentales y la libertad de prensa en contextos de excepcionalidad bélica. Según reportó la abogada de Adalah, la represión de la protesta y la censura a expresiones culturales y mediáticas traduce un clima de presión institucional que trasciende los casos individuales documentados, repercutiendo de manera generalizada sobre sectores de la sociedad árabe en Israel.

El medio detalló que la Policía de Haifa, citada en la demanda, ha reiterado que los profesionales de la información solo deben respetar las restricciones comunes de censura y no necesitan permisos adicionales para la transmisión o grabación, contrastando con los fundamentos esgrimidos por la administración municipal para justificar las intervenciones. Tanto Adalah como las restantes ONG insisten en que los actos denunciados constituyen una práctica de discriminación en momentos de especial tensión social y política, solicitando al tribunal una respuesta judicial inmediata que garantice la libertad de prensa y el ejercicio pleno de los derechos de los periodistas árabes en el espacio público haifano.

Las organizaciones firmantes han sostenido ante la justicia que estas acciones se enmarcan en una discriminación sistemática y han subrayado la importancia de garantizar estándares igualitarios en el trato de comunicadores, independientemente de su origen étnico o afinidad política. La judicialización de este conflicto marca un nuevo episodio en las tensiones entre las ONG defensoras de derechos humanos y el gobierno local de Haifa, profundizando el debate sobre los mecanismos de control, la transparencia en las actuaciones públicas y la vigencia de la libertad de prensa en escenarios de conflicto armado, de acuerdo a lo expuesto en la documentación presentada ante las autoridades judiciales y reproducida por el medio.

La reciente desclasificación y publicación de archivos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) del período 1973-1983 reveló detalles operativos hasta ahora desconocidos del organismo en una época marcada a fuego y sangre por la violencia estatal y la resistencia de grupos armados. En ese contexto, un documento Estrictamente Secreto y Confidencial (ESC) de 1982 trajo a la luz los métodos utilizados para censurar libros y películas durante la última dictadura militar.

La Resolución “ESC” N° 72/82 de la SIDE, fechada el 31 de enero de 1982, estableció la readecuación de la estructura y la modificación de las “normas de asesoramiento ideológico” que la central de inteligencia le proporcionaba a la Aduana, que tenía la última palabra para la ejecución de la censura.

Había sido en 1973, durante la última presidencia de Juan Domingo Perón, que se le asignó a la Aduana “la responsabilidad de control de todo tipo de literatura cuya finalidad fuese la difusión de ideologías contrarias a los principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional a los efectos de su prohibición de ingreso al país”.

En ese mismo momento, se le asignó “a la Secretaría de Inteligencia de Estado la función de asesoramiento técnico mediante el análisis de contenido ideológico de las publicaciones a fin de que la Aduana determine el encuadramiento correspondiente a las prohibiciones sobre circulación”.

Tras varias adecuaciones y modificaciones en los procedimientos previos que de momento no fueron dados a conocer, en las últimas horas se reveló el documento de 1982 ya mencionado que brinda los detalles precisos de cómo se ejercía la censura de los materiales.

El trabajo era llevado a cabo por la División Asesoría Literaria, dependiente de la Dirección Comunicación Social, inmersa a su vez en el Departamento Medios de Comunicación Social. La tarea era la de analizar el contenido del material remitido por la Administración Nacional de Aduanas, así como integrar el Consejo Honorario del Ente de Calificación Cinematográfico, “emitiendo opinión sobre aspectos que pueden atentar contra la Seguridad Nacional”. Además, se debía “mantener actualizada la biblioteca ideológica” de la SIDE.

Para el estudio de las publicaciones había un sistema establecido con un sinfín de precisiones y formularios elaborados a tal fin. Se había armado también un Esquema de Caracterización Ideológica, que definía “sintéticamente los aspectos más significativos de las corrientes ideológicas seleccionadas para el fin propuesto”.

Esas ideologías estaban divididas en tres grandes ejes:

• El marxismo-leninismo, incluyendo la versión ortodoxa (Moscú) y las restantes subvariantes (castrismo, maoísmo, trotskismo, stanilismo, etc.).
• Los regímenes o doctrinas que, como el anarquismo, el nazismo, o el fascismo sustentan la utilización de la violencia, la abolición de libertades, etc.
• Las corrientes progresistas católicas (Tercermundismo).

A partir del análisis del material, los encargados de realizarlo debían emitir su juicio, cuyo resultado sería:

• No aparecen evidencias de que se trate de difundir con finalidad propagandística ideologías objetables.
• Difunde con finalidad propagandística la ideología: marxista-leninista, o cualquiera de sus variantes (ortodoxa-trotskista-stalinista-castrista-chinoísta, tercermundista, etc.); anarquista; o nazi-fascista.

Los formularios utilizados contaban con espacios a llenar con datos de los autores, las editoriales y las imprentas, así como de los dueños de las mismas.

En cuanto a las obras, había que diferenciar sus temáticas y los públicos a los que se dirigían. De autores, editoriales e imprentas, se marcaban sus antecedentes. Podía no haberlos, pero si los había, debía detallarse si eran “favorables” o “desfavorables” y redactar una síntesis.

Luego, se efectuaba el análisis ideológico. Una vez reseñado el tema de la obra literaria o cinematográfica, se marcaba con un sí o un no si la misma poseía “contenido ideológico”. El siguiente paso era indicar “referencias conceptuales en relación al Esquema de Caracterización Ideológica”.

Mediante cuadros para marcar las opciones correctas, había que señalar a cuál ideología de las ya diferenciadas anteriormente pertenecía el material. En un siguiente esquema, lo que se especificaba era a cuál variante de cada una de esas ideologías adherían y si el contenido era de naturaleza “científico-pedagógica”, “propagandística” o “crítica”.

“Se expresará en un breve juicio fundado, resultante de la conjunción de los aspectos formales, antecedentes y análisis de contenido del presente formulario, a fin de fundamentar el término de evaluación a proponer”, se indicaba en el instructivo con respecto a cómo redactar la conclusión del informe.

En un segundo apéndice, se detallan, ideología por ideología, características de cada una de las ideologías a perseguir, con las concepciones generales de cada una respecto de los conceptos de “economía”, “propiedad privada”, “familia”, “justicia”, “educación”, “política”, “estado”, “bien común”, “autoridad-poder”, “concepción de Dios”, “relación hombre-Dios”, “diálogo personal”.

Incluso, al final de las descripciones, había una aclaración: “Esta caracterización del Progresismo-Católico no será utilizada dentro de los términos de difusión. Cuando exista inequívoca similitud con el marxismo, se la conceptuará en esta ideología”.

El servicio de análisis de los materiales era entendido por el Gobierno como un “asesoramiento técnico en materia ideológica” de la SIDE a la Administración Nacional de Aduanas, tal como se puede leer en una resolución del organismo de inteligencia del 4 de febrero de 1982. En la misma, por ejemplo, a menos de una semana de la resolución anterior y sus correspondientes instructivos, fue que se incluyó directamente al tercermundismo dentro de las ideologías marxistas.

Marisú Hernández tenía 21 años el 28 de enero de 1977. Ese día le cerraron la librería en la que trabajaba toda la familia. Fue un año entero la clausura, hasta diciembre. Libros subversivos, dijeron. A la Librería Hernández la fundaron Damián Carlos Hernández y Emilce García en 1956. Trabajaban ahí sus tres hijas; Marisú es la más chica. Primero estuvo en Corrientes 1580 y en 1973 se mudaron adonde está hoy. Aquel día del 77 los militares se llevaron 7800 libros. Dos meses después volvieron por más.

Fue una denuncia anónima. Los milicos volvieron porque se enteraron que la librería tenía un depósito lleno de estantes. Cuando entraron no podían creer la cantidad de libros. Libros subversivos. “Este año decidimos exhibirlos de frente, en un sector especial donde la gente los pueda ver. Y en otra mesa pusimos todos los libros sobre derechos humanos, juicios, desaparecidos, madres, abuelas, nietos. Los vamos rotando por la cantidad de material que se ha editado del 83 a esta parte”, cuenta Marisú.

Marx, Lenin, Mao, Trotski, Perón, Evita, Ho Chi Minh, Marcuse, Sartre, Fidel Castro, David Viñas, Spilimbergo, Kautsky, Gregorio Selser, David Rapaport, Noé Jitrik, Bernard Dort son algunos de los tantos nombres que figuran entre los libros prohibidos.

Las cosas no volvieron a ser igual. Ese día se llevaron a Eduardo Mora, cuñado de Marisú, y lo largaron en seis meses. Sus padres, los fundadores de la librería, se exiliaron en Uruguay. “Lo ocurrido hace 49 años en la librería y 50 años en todo el país fue una cosa planeada: no solamente desaparecieron gente, robaron niños, mataron y secuestraron, también fueron hacia la cultura, hacia la educación, hacia la formación de la gente. Esto también le pasó a editoriales como Centro Editor y a librerías como Trilce”.

Hernández, que está cumpliendo setenta años, es una librería que, en palabras de Marisú, “siempre tuvo una línea, una conducta, una posición”: “Por más que tenemos material plural, siempre nos dedicamos más temas como historia, política, sociología, psicología, educación. La gente que viene a esta librería en parte saben a qué vienen, qué quieren, qué buscan. Contar la historia de la librería ha movilizado a mucha gente que estuvo acá, o que compraba acá, incluso muchos se enteraron así”.

Marisú Hernández salva vidas y lee libros, ¿o salva libros y lee vidas? Todas las mañanas está en la gran librería familiar —trabajan ahí sus hermanas, su hija, sus sobrinos—, patrimonio nacional, en Corrientes 1436, y algunas tardes atiende pacientes en su consultorio: es médica clínica. Hasta 2001 fue al revés: se dedicaba fundamentalmente a la medicina y cuando podía iba a la librería. Pero la balanza pesó más de un lado. Hoy sigue con los pies en los dos charcos: salva vidas y lee libros, ¿o salva libros y lee vidas?

“Otras librerías tendrán otra impronta, pero nosotros, a pesar de lo que nos pasó, no modificamos una línea, una conducta, una postura”, dice la librera y piensa cómo esa historia y este nuevo aniversario del golpe de Estado tensiona con el presente y hace ecos con las políticas de Javier Milei y La Libertad Avanza. “Lo que está haciendo este gobierno desde que tomó el poder es tratar sacar todo lo que sea cultura. Es bien sabido todo lo que ha hecho con cantantes, con películas, con desfinanciar el cine”.

“Esto lo dijo en lo personal: este gobierno tiene una actitud muy similar a lo que ocurrió antes. Sabemos bajo qué gobierno estamos actualmente”, sostiene.

Marisú sigue creyendo en los libros. Pero reconoce que es un artefacto a destiempo. “La mayor potencia del libro fue en los años setenta cuando la gente joven y no tan joven sabían que la única manera de poder entender un montón de cosas era leyendo. Para mí el libro tiene un lugar preponderante ahora, que es para formarse, y lo va a tener siempre. Me refiero al libro en papel, no a leer en la computadora. Uno puede salir del apuro con un e-book, pero al libro no lo van a reemplazar... El libro es irreemplazable”.

(Fotos: Adrián Escandar)

Telegram, una de las aplicaciones de mensajería más populares y utilizadas en Rusia, atraviesa una de sus crisis más graves. Desde el 16 de marzo de 2026, miles de usuarios en Moscú, San Petersburgo y otras regiones han reportado fallos en la plataforma.

La app no se abre, los mensajes no se envían y el acceso a fotos y videos está bloqueado. La razón es el endurecimiento de la censura digital por parte del gobierno ruso, que ha comenzado a bloquear Telegram de manera sistemática, adelantándose a la campaña prevista para abril próximo.

El trasfondo de estos cortes va mucho más allá de simples caídas técnicas. La decisión de bloquear Telegram y restringir el acceso a internet móvil y fijo en varias ciudades forma parte de una estrategia más amplia de control y censura estatal.

Las autoridades rusas exigen que Telegram localice en el país los servidores que almacenan los datos de los usuarios, lo que supondría un riesgo para la privacidad y la seguridad digital de millones de personas.

Por qué en Rusia hay censura de Telegram

En los últimos meses, el Kremlin ha intensificado su presión sobre plataformas extranjeras. Tras el bloqueo de WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, FaceTime, Snapchat, X (Twitter) y Signal, Telegram se convirtió en el último bastión de comunicación cifrada y libre para millones de rusos.

Al perder acceso a estas aplicaciones, la ciudadanía ha recurrido a Telegram no solo para mensajes personales, también para informarse, coordinar actividades, organizar ayuda voluntaria y debatir sobre el conflicto en Ucrania.

Sin embargo, la nueva ley firmada por Vladimir Putin, que otorga al Servicio Federal de Seguridad la potestad de ordenar el bloqueo de internet móvil y fijo, ha permitido implementar restricciones sin precedentes.

Desde el 3 de marzo de 2026, los residentes de Moscú sufrieron interrupciones masivas en internet móvil, llamadas y mensajes de texto, afectando incluso los servicios WiFi en la Duma Estatal.

Cuáles son las consecuencias sociales de la censura de Telegram

La caída de Telegram y el corte de internet han tenido un efecto inmediato en la vida cotidiana y en la economía digital. Según medios locales, la venta de walkie-talkies y pagers ha aumentado, así como la demanda de otros elementos clásicos. Usuarios y analistas describen una “vuelta al pasado” digital, donde la conectividad deja de ser un derecho garantizado y se convierte en un bien escaso.

El diario Izvestia graficó la situación con una portada satírica: ciudadanos de Moscú caminando con ladrillos en vez de teléfonos, desconectados y preocupados por la pérdida de acceso. Para muchos, la imposibilidad de pagar facturas en línea, coordinar trabajo remoto o comunicarse con familiares y amigos representa mucho más que una molestia: es un ataque directo a la libertad de expresión y a la vida moderna.

Por qué desean bloquear Telegram en Rusia

Las autoridades rusas acusan a Telegram de negarse a colaborar con la localización de servidores, de no combatir el fraude ni impedir el uso de la plataforma por parte de criminales o terroristas.

Pavel Durov, fundador de la aplicación, sostiene que la verdadera motivación detrás de los bloqueos es la censura y el deseo del gobierno de forzar a la población a utilizar servicios controlados por el Estado, diseñados para la vigilancia y el control político.

Según expertos citados por medios como Kommersant y Meduza, las restricciones ya no pueden eludirse fácilmente ni con herramientas como VPN, ya que el gobierno ha implementado “listas blancas” de sitios permitidos y bloqueado la mayoría de servicios de anonimato.

La caída de Telegram y el endurecimiento de la censura digital marcan una nueva etapa en la lucha por la libertad de expresión en Rusia. Con el país cada vez más aislado de la infraestructura global de internet, la ciudadanía enfrenta el desafío de adaptarse a un entorno donde la información está controlada y la conectividad depende del arbitrio estatal.

El presidente Gustavo Petro lanzó una serie de críticas contra la Procuraduría tras la solicitud que hizo el organismo para tumbar el convenio entre el Gobierno colombiano y Portugal para la producción de pasaportes, según información publicada por Semana. El mandatario aseguró que la actuación del Ministerio Público podría tener implicaciones políticas en medio del contexto electoral.

El pronunciamiento del jefe de Estado se produjo a través de varios mensajes publicados en su cuenta de X, donde cuestionó la decisión de la Procuraduría de pedir al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anule el acuerdo firmado por el Gobierno para la elaboración de los documentos.

En uno de los mensajes, Petro afirmó que el Ministerio Público estaría interviniendo de manera indebida en el proceso electoral, según ese medio de comunicación.

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“Esto es plegarse al interés particular. Thomas Greg and Sons va por un acuerdo con un candidato. Si tumba el contrato de pasaportes es porque el acuerdo se realiza. Mal hace la Procuraduría al meterse en las elecciones presidenciales”, expresó Petro, citado por Semana.

El mandatario también hizo referencia a la empresa Thomas Greg and Sons, compañía que durante años ha estado vinculada a la producción de pasaportes en el país.

Según lo manifestado por el presidente, la intención del Gobierno es evitar que el contrato vuelva a manos de esa empresa.

“Sé la reacción que estará esto, pero la idea de censurarme es para permitir que tomen el contrato de pasaportes y la empresa beneficiaria: Thomas Greg buscará devolver el favor en el escrutinio. Pasaportes no vuelven a Thomas Greg and Sons, así vuelvan los tiempos de Ordóñez (sic)”, señaló Petro en otra publicación.

Las críticas del presidente también surgieron después de que la Procuraduría solicitara que el mandatario se abstuviera de hablar sobre un supuesto fraude electoral sin presentar pruebas.

Frente a esa petición, el jefe de Estado cuestionó nuevamente al organismo de control.

“¿Sin pruebas? ¿Está dispuesto a censurar al presidente de nuevo? He hablado de desacato de la Registraduría a la sentencia del Consejo de Estado del 2018 que obliga a tener un software del Estado”, afirmó Petro en uno de sus mensajes.

El mandatario sostuvo que actualmente el proceso de preconteo y escrutinio electoral está tercerizado.

Según indicó, el software utilizado en el sistema electoral no pertenece directamente a la Registraduría Nacional.

“Hoy han tercerizado el preconteo y escrutinio privado y no es la Registraduría dueña del software. No permite auditarlo”, escribió el presidente.

En sus mensajes también señaló que, si no es posible auditar el sistema informático, no existiría transparencia en los procesos electorales.

“Si no se permite auditarlo, no hay transparencia electoral, hay opacidad en los algoritmos”, manifestó.

El mandatario añadió que durante los escrutinios se han detectado irregularidades en algunos formularios electorales diligenciados por jurados.

Por ello, pidió a los movimientos políticos que presenten sus denuncias ante las autoridades judiciales correspondientes.

“Les solicito a los movimientos que tengan sus demandas por falsedad en los formularios allegarlos al Tribunal de Cundinamarca como pruebas de fraude de jurados”, escribió.

Finalmente, el presidente reiteró su postura frente a la controversia por el contrato de pasaportes y advirtió que no permitirá que el acuerdo vuelva a manos de la empresa que anteriormente tenía el servicio.

“Los señores de Thomas Greg and Sons, que no sueñen con censurar al presidente”, concluyó Petro en sus publicaciones.

El presidente de la República, Gustavo Petro, respondió públicamente a la demanda que cursa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con la que se busca que rectifique y se abstenga de insistir en la posibilidad de un fraude electoral en el país. En su pronunciamiento, el mandatario cuestionó el sistema informático utilizado en los procesos electorales y sostuvo que existen problemas de transparencia relacionados con el software y con la actuación de jurados de votación.

La demanda fue presentada por el abogado Ramiro Bejarano, que considera que las afirmaciones del presidente sobre posibles irregularidades en el sistema electoral afectan derechos colectivos relacionados con la moralidad administrativa, la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones democráticas. En ese proceso judicial también se solicitó una medida cautelar para que el mandatario se abstenga de poner en duda la transparencia del sistema electoral sin pruebas.

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Frente a este proceso, el presidente respondió con un mensaje en el que cuestionó la posibilidad de que se le limite su pronunciamiento sobre el tema. “¿Sin pruebas? ¿Están dispuestos a censurar al presidente de nuevo?”, expresó el mandatario en su publicación.

Cuestionamientos al software electoral

En su pronunciamiento, el jefe de Estado afirmó que ha planteado previamente la existencia de un desacato frente a decisiones judiciales relacionadas con el sistema informático de los procesos electorales. En ese sentido, mencionó una sentencia del Consejo de Estado emitida en 2018.

“He hablado de desacato de la registraduría a la sentencia del Consejo de estado del 2018 que obliga a tener un software del estado. Hoy han tercerizados el preconteo y escrutinio privado y no es la registraduría dueña del software. No permite auditarlo”, afirmó el mandatario.

En el mismo mensaje, el presidente sostuvo que la imposibilidad de auditar el software afectaría la transparencia del proceso electoral. “Si no se permite auditarlo no hay transparencia electoral hay opacidad en los algoritmos”, señaló.

Además, mencionó situaciones relacionadas con la actuación de jurados de votación durante el proceso electoral. “Y hoy hay una clara demostración de fraudes de jurados que se descubren en los escrutinios allí donde es posible abrir de nuevo las bolsas de votos”, indicó. El mandatario también hizo un llamado a los movimientos políticos para que presenten ante la justicia las denuncias que consideren pertinentes sobre irregularidades en formularios electorales. “Le solicito a los movimientos que tengan sus demandas por falsedad en los formularios allegarlos al tribunal de Cundinamarca como pruebas de fraude de jurados”, agregó.

Finalmente, en su pronunciamiento mencionó a la empresa contratista del sistema electoral: “Los señores de Thomas Greg and sons que no sueñen con censurar al presidente”, expresó en referencia a la compañía Thomas Greg & Sons.

En la acción presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el abogado Ramiro Bejarano sostiene que el discurso sobre un posible fraude electoral ha sido desmentido por distintas entidades y observadores internacionales.

Entre ellas se menciona a la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que recientemente se pronunció sobre el proceso electoral colombiano. Según el demandante, la insistencia en esa narrativa “lacera profundamente los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa, la seguridad jurídica y la transparencia del proceso electoral, así como la confianza legítima en las instituciones democráticas”.

La demanda, admitida en octubre de 2025, solicita que se adopte una medida cautelar que ordene al presidente abstenerse de poner en tela de juicio, sin pruebas, la transparencia del sistema electoral. La solicitud se presentó en el contexto de las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas.

El 5 de marzo, el tribunal anunció que estudiará la solicitud de la medida cautelar y citó a una audiencia pública para escuchar los argumentos de las partes involucradas. En ese escenario participarán representantes de la Presidencia, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), el Consejo Nacional Electoral de Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Procuraduría General de la Nación.

La Procuraduría solicitó que se acceda a las pretensiones que buscan la adopción de la medida cautelar. Mientras tanto, el tribunal señaló que la función pública electoral implica una serie de actividades que se desarrollan antes, durante y después de los comicios, las cuales forman parte del servicio público administrativo relacionado con la organización electoral.

En su decisión, el tribunal indicó que, aunque las elecciones se celebraron el pasado 8 de marzo, el proceso electoral incluye etapas posteriores que aún deben surtirse. Por esa razón, consideró pertinente evaluar la solicitud de la medida cautelar planteada en la demanda.

Según la instancia judicial, “la eventual adopción de una medida cautelar tendrá sentido y guardará relación con la protección del derecho colectivo a la función pública electoral (confiabilidad del sistema electoral), en atención a las demás etapas electorales que deben surtirse en 2026”.

En la audiencia pública se analizarán los argumentos presentados por las partes que buscan que los jueces ordenen la “cesación inmediata” de las actividades que, según la demanda, podrían afectar el servicio público administrativo de la función electoral.

Un informe regional sobre libertad de expresión volvió a poner a Colombia bajo observación. La más reciente medición del Índice Chapultepec, elaborada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), concluyó que el país permanece en la categoría de naciones “En Restricción”, con un puntaje de 45,37 sobre 100.

El estudio evalúa la situación de la libertad de prensa en 23 países de América. Para esta edición, que analizó el periodo comprendido entre el 2 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025, participaron 195 jueces especializados en la materia. El promedio regional fue de 47,10 puntos, el más bajo desde que se publica el índice.

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En el caso colombiano, el documento indica que el país subió ligeramente en la clasificación general: pasó del puesto 14 al 12 y aumentó su puntaje en 5,03 puntos frente al año anterior, cuando registró 40,34. Sin embargo, la medición aclara que ese avance no representa un cambio estructural en las condiciones de la libertad de prensa.

Uno de los aspectos que más peso tuvo en la evaluación es el rol de las instituciones del Estado. Según el documento, el entorno estatal que más influye en situaciones desfavorables para la libertad de expresión es el poder Ejecutivo. Los jueces que participaron en la medición atribuyeron esa incidencia a la administración del presidente Gustavo Petro, a la que calificaron con una influencia “moderada”.

“Los jueces atribuyen al poder Ejecutivo la mayor incidencia institucional en situaciones desfavorables a la libertad de prensa, con una influencia moderada por parte de la administración de Gustavo Petro”, dice el informe.

El índice analiza tres grandes dimensiones para medir la libertad de expresión. En la primera, denominada “Ciudadanía informada y libre de expresarse”, que revisa si existen condiciones para que la información circule libremente y la población pueda opinar sin restricciones, Colombia obtuvo 12,83 puntos de un máximo de 30.

La segunda dimensión mide las acciones del Estado frente a la violencia contra periodistas y medios de comunicación. En este punto el país recibió su calificación más baja: 13,37 puntos de 40 posibles.

La tercera categoría evalúa el control sobre los medios y el ejercicio del periodismo. Allí Colombia alcanzó 19,17 puntos de 30, un resultado superior al de las otras áreas analizadas.

Además de la actuación del gobierno, el informe menciona otros factores que influyen en el entorno para los periodistas. Entre ellos destaca la presencia de grupos armados ilegales en distintas regiones del país.

“El principal enemigo de la libre empresa periodística y del ejercicio de los comunicadores sociales en Colombia sigue siendo la presencia de grupos irregulares”, indica el documento.

Según la SIP, la situación se ha vuelto más compleja por la fragmentación del conflicto armado y la aparición de nuevas disidencias de las antiguas FARC y estructuras del ELN.

Durante el periodo analizado también se registraron ataques contra comunicadores. El informe menciona el asesinato de los periodistas Diómedes Farid Manrique y Óscar Gómez Agudelo en enero de 2025. Ambos murieron tras ser atacados por sicarios.

El documento sostiene que la falta de prevención y la impunidad en estos casos influyen en la calificación del país. “La incapacidad del Estado para prevenir estos decesos, así como la impunidad en los delitos, también tiene un impacto en el barómetro”, señala el reporte.

El texto también registra el atentado sufrido por el periodista Gustavo Chica Álvarez en julio de 2025, del cual sobrevivió. El informe incluye algunos hechos que considera avances institucionales. Entre ellos menciona una decisión de la Corte Suprema de Justicia que reconoce que los crímenes contra periodistas deben investigarse como ataques a la democracia.

También destaca dos fallos judiciales —las sentencias T-230 y T-149— que ordenaron garantizar el acceso de la prensa a sedes públicas y a los perfiles digitales de funcionarios.

Sin embargo, la SIP advierte que el uso de denuncias penales contra periodistas continúa siendo una práctica presente en el país. Según el informe, ese tipo de procesos judiciales ha sido utilizado “para silenciar voces críticas”.

Durante la jornada conmemorativa del 8 de marzo en Collado Villalba, la concejal de Mujer, Noelia R. Díaz Vaca, interrumpió la representación del monólogo ‘Ser Mujer’ en la Casa de la Cultura. Según reportó el medio, la edil del Partido Popular argumentó que el contenido suponía “una falta de respeto”, decisión que generó la inmediata reacción de los grupos de la oposición, quienes calificaron el hecho como un acto de censura y pidieron su cese.

De acuerdo con la información publicada, la obra interrumpida formaba parte de la programación oficial de actividades municipales por el Día Internacional de la Mujer. La intervención de Díaz Vaca se efectuó mientras la función seguía en curso, alegando supuestas faltas de respeto en el contenido de la actuación. Tras el incidente, la concejal ofreció disculpas públicas a través de la red social ‘X’, donde expresó: “Lamento lo ocurrido durante la representación teatral y pido disculpas por la forma en la que se desarrollaron los hechos. Mi reacción no fue la adecuada y soy consciente de que, como representante público, debo actuar siempre desde la serenidad y el respeto”.

El pasado sábado, el espectáculo fue detenido cuando la concejal subió al escenario y proclamó: “Discúlpenme pero esta obra de teatro y este teatro acaba aquí. Lamento mucho todas las faltas de respeto que se han tenido”. Este momento fue grabado y difundido posteriormente en video por los grupos PSOE y Más Madrid de Collado Villalba a través de redes sociales, recibiendo una amplia difusión.

El PSOE del municipio consideró el hecho como un “acto de censura impropio” de una institución pública, especialmente durante una actividad orientada a celebrar la libertad, los derechos y la voz de las mujeres. Según denunció el partido socialista local, interrumpir un espectáculo en marcha por su contenido constituye una vulneración de la libertad de expresión y refleja un intento de silenciar propuestas artísticas. El comunicado del PSOE remarcó también la importancia de respetar el trabajo creativo y el derecho del público a asistir a representaciones que pueden invitar a la reflexión o al debate, subrayando que el valor de la cultura reside precisamente en su capacidad para incomodar o cuestionar.

La formación socialista advirtió que las instituciones públicas no deben servir de plataforma para criterios personales ni decidir de forma unilateral sobre el contenido que puede ofrecerse en actividades culturales. Dentro de su mensaje, reiteraron: “Nuestro municipio no es el cortijo de nadie”.

Más Madrid, por su parte, mostró una postura similar y reclamó la dimisión de la concejal. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, manifestó a través de ‘X’ que “la responsabilidad de representar a Villalba le queda muy grande” y calificó el episodio como un claro ejemplo de acto censurador. El grupo local de Más Madrid demandó el cese inmediato de Díaz Vaca y aseguró que continuará defendiendo una “cultura libre, feminista y democrática”, rechazando cualquier intento de retroceso en los derechos culturales y sociales.

Tras las numerosas críticas y solicitudes de dimisión, la concejal Noelia R. Díaz Vaca volvió a pronunciarse públicamente, reiterando su petición de disculpas y señalando que su objetivo nunca fue limitar ningún derecho, sino buscar la defensa de valores fundamentales. Díaz Vaca defendió su creencia en la libertad de expresión y subrayó que este principio democrático debe coexistir con el respeto a la dignidad personal, “especialmente cuando hablamos de la mujer y de su libertad”.

El incidente, según detalló el medio, ha generado un amplio debate tanto sobre los límites de la libertad de expresión como sobre el papel de las autoridades públicas en la programación cultural, dejando en el centro del debate la relación entre el ejercicio del cargo y el respeto por la pluralidad de opiniones en actividades financiadas y promovidas desde instituciones municipales.

Tras dejar la Presidencia de la República luego de ser censurado por el Parlamento, José Jerí ha retomado sus funciones como congresista y reaparecido en actividades oficiales vinculadas a su labor de representación. Su retorno al Legislativo se produce en un escenario político aún tensionado y a pocos días de que el gabinete Miralles solicite el voto de confianza ante el Pleno.

A través de sus redes sociales, Jerí informó que reinició su agenda parlamentaria con la semana de representación. De esta manera, el exmandatario, ahora nuevamente en su rol legislativo, retoma sus actividades tras una salida abrupta del Ejecutivo y en medio de un contexto marcado por enfrentamientos entre partidos políticos.

Semana de representación

En una de sus primeras actividades, Jerí detalló: “Inicié -ayer lunes- la semana de representación reuniéndome con los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Autoridad Nacional del Agua (SINATRANA) para escuchar sus principales demandas y evaluar alternativas que permitan fortalecer sus derechos laborales”.

La reunión con el SINATRANA marcó el inicio formal de su agenda tras su retorno al Congreso.

Además, el exjefe de Estado se pronunció sobre la situación climática que atraviesa el país. En ese marco, destacó el papel del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) en el monitoreo de lluvias y crecidas de ríos. En su publicación señaló:

“En medio de las intensas lluvias, crecidas de ríos y eventos extremos que vienen afectando diversas regiones del Perú, el SENAMHI cumple una función esencial: monitorear permanentemente las condiciones meteorológicas e hidrológicas, emitir alertas tempranas y brindar información técnica que permita a las autoridades actuar con anticipación”.

Aparición en un supermercado de Breña

Paralelamente a su retorno a las actividades oficiales, también ha retomado su rutina cotidiana, esta vez sin la presencia de su escolta. El domingo 22 de febrero, José Jerí fue visto en un supermercado ubicado en la avenida Brasil, en el distrito de Breña.

Vestía ropa informal, llevaba lentes oscuros y empujaba un carrito de compras. La escena ocurrió cerca del mediodía, apenas cinco días después de que el Parlamento oficializara su salida del poder. No se observó personal de seguridad ni comitiva que lo acompañara, a diferencia de lo que era habitual durante su etapa en el Ejecutivo.

Los cuestionamientos y la votación de censura

La salida de Jerí del Ejecutivo se produjo luego de que el Congreso de la República aprobara siete mociones de censura en su contra el 17 de febrero. Entre los principales cuestionamientos figuraron reuniones sostenidas con empresarios chinos que no habrían sido registradas de manera transparente en la agenda oficial, situación que generó pedidos de esclarecimiento y aumentó la presión política.

A ello se sumaron antecedentes previos a su llegada al Ejecutivo. Durante su etapa como congresista, fue vinculado con denuncias por presuntos cobros irregulares para favorecer proyectos desde la Comisión de Presupuesto que presidió, aunque no existen sentencias firmes en su contra. Asimismo, una acusación por violación sexual presentada en 2025 fue archivada por falta de pruebas, pero generó críticas desde distintos sectores.

Tras la admisión y acumulación de las siete mociones, el Pleno procedió a la votación final: 75 votos a favor de la censura, 24 en contra y 3 abstenciones.

Pablo Lescano es uno de los referentes indiscutidos de la música popular argentina y la figura central detrás del fenómeno de la cumbia villera. Líder, tecladista y cantante de Damas Gratis, una banda con más de 25 años en los escenarios.

En una charla distendida realizada en el ciclo Bajo el brillo, conducido por Erica Etter, el músico repasó su historia personal, su vínculo con la música y los desafíos de una carrera que marcó a varias generaciones. La entrevista, desarrollada en un ambiente íntimo, permitió conocer en profundidad tanto al artista como a la persona que existe detrás del escenario.

Primeros acordes y raíces familiares

Pablo Lescano creció en San Fernando, provincia de Buenos Aires, en una familia sencilla. Su papá trabajaba en una reconocida embotelladora de gaseosas y su mamá se dedicaba a las tareas del hogar.

En su casa no abundaba la música. No recuerda equipos de audio ni grandes discos girando. Su papá escuchaba a Fernando de Madariaga y su mamá era de gustos más bien reservados.

El vínculo musical se gestó en el entorno cercano: “Me levantaba de pibito y me iba para lo de mis abuelos. Ahí estaban mis tíos, que escuchaban cumbia”, dijo Lescano al final de una anécdota que resume su infancia.

Primeros encuentros con la música

El primer instrumento que atrapó la atención de Pablo fue un piano. “Toqué el pianito con un pibe del barrio. La mamá cobró una indemnización y se compró un piano”, contó Lescano.

En ese contexto, la música se volvió un juego colectivo: la familia y los amigos probaban el instrumento, buscando quién lograba sacar una melodía. Pablo fue quien encontró ese camino, al descubrir que tenía facilidad para reproducir melodías de oído.

A pesar de ese interés, su formación formal en música se limitó a un mes de clases con un profesor de guitarra. “Yo quería tocar el teclado, pero el tipo era profesor de guitarra. Me explicó lo básico sobre acordes, pero era muy técnico”, recordó Lescano.

La enseñanza que realmente lo marcó llegó de un guitarrista del grupo Oasis, banda de cumbia del barrio. Él le enseñó a sacar canciones de oído.

“Sobre esos tres deditos que conforman el fa mayor, la melodía va a estar ahí. Buscala por ahí”, le aconsejó ese mentor. Así, Pablo desarrolló la capacidad de reproducir melodías y letras por intuición, un rasgo que luego caracterizó su carrera.

La escuela y el debut con Amar Azul

El líder de Damas Gratis compartió con Erica Etter que, en plena adolescencia, ya participaba activamente en la música. Su debut en un escenario coincidió con la secundaria: “En el acto de fin de año toqué con la banda. Toqué con Amar Azul”, relató. En ese momento, Amar Azul aún no era un fenómeno popular, pero la experiencia dejó una marca imborrable en su joven trayectoria.

La presentación tuvo lugar entre banderas de ceremonia y la rutina escolar, pero el grupo logró hacer sonar la cumbia hasta altas horas. “Fue toda una secuencia, porque arrancamos a tocar cumbia y tuvimos que frenar porque estaba la bandera de ceremonia”, recordó Lescano.

La búsqueda de un sonido propio

Luego de su paso por Amar Azul, Pablo Lescano sintió la necesidad de desmarcarse de la cumbia romántica y crear un estilo vinculado a su experiencia barrial. “Me pasaba que era muy distinta la letra con lo que yo vivía en mi barrio”, comentó. Decidió armar un proyecto que reflejara su realidad, tanto en las letras como en la estética.

“Nos vestimos así porque así nos vestimos en el barrio. Es esto lo que cantamos, es esto lo que dice la letra y así hablamos”, explicó Lescano sobre la identidad de su nueva propuesta. El sello discográfico aportó el rótulo de “cumbia villera” para generar impacto, pero el impulso creativo fue genuino.

El sonido también fue parte de esa búsqueda. En el estudio, Pablo pidió un audio más plano y contundente, aunque el ingeniero le advirtió que no era lo habitual. “Vamos a crear un sonido distinto, si no somos igual que todos”, insistió Lescano.

Estigmatización y censura

El surgimiento de la llamada cumbia villera generó controversia. Así, Damas Gratis enfrentó episodios de censura por parte del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER). “Después de Flor de piedra salieron otros grupos que se pusieron más agresivos. Eso provocó que el COMFER tomara medidas y que cayeran todos en la volteada”, contó Lescano.

La censura impidió que Damas Gratis sonara en radios controladas por el organismo, pero la banda mantuvo su actividad en radios comunitarias y shows de barrio. “Seguía laburando en ese núcleo chiquitito que tenía, que era la bailanta. Nunca me soltó la mano”, expresó el músico.

La importancia del show en vivo

Uno de los valores que Pablo Lescano defendió a lo largo de su carrera fue la autenticidad del show en vivo. “Nosotros somos músicos. Por ahí no estudiamos en conservatorio, pero nos gusta tocar en vivo”, declaró.

Recordó que, antes de Damas Gratis, los grupos solían hacer playback en las presentaciones. Esa experiencia lo convenció de apostar por la música en directo.

La perseverancia y la vigencia en el tiempo, según Lescano, fueron claves para sostener su trayectoria y diferenciarse de otros grupos. “Defender la bandera de tocar en vivo, eso es lo que más me gusta”, afirmó.

Familia, vida personal y el equilibrio con la música

Lescano reconoció que la música ocupa alrededor del 80% de su vida. Sin embargo, encuentra espacios para la familia y los amigos. “El tiempo que me queda, lo pelea un rato la familia, un rato los amigos, un rato lo social”, explicó.

Contó que, tras las giras, disfruta cocinar y compartir momentos en casa, o relajarse en la isla, cerca del río. “Soy de la zona norte, soy de San Fernando”, reiteró. Ser “pobre de tiempo” es una de las sensaciones que identificó en la actualidad.

Sobre su rol de padre y la construcción de su imagen familiar, admitió que el exceso de trabajo a veces complejiza el equilibrio. “No corremos tanto como antes para llegar a los bailes. Se hace hasta donde se puede”, reflexionó.

El proceso creativo y la relación con la tecnología

Durante la pandemia y después de un accidente en moto, Lescano aprovechó los momentos de pausa para componer. “Cuando mi día a día lo permite, compongo. La pandemia fue un momento en el que hice un montón de canciones y melodías”, explicó.

Prefiere la composición artesanal, trabajando sobre el teclado y armando melodías de manera intuitiva. Respecto a la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en la música, fue tajante: “Soy totalmente ajeno. No quiero ni tocarlo. Dependo mucho de Tommy, mi hijo, que es el que me graba”.

Recordó con nostalgia la época de la grabación en cinta abierta y destacó el avance de la tecnología en el estudio. Sin embargo, sostuvo: “La IA no tengo ni la más remota idea. No hago canciones con eso”.

Colaboraciones y consejos para nuevas generaciones

Cabe destacar que Lescano realizó múltiples colaboraciones con artistas emergentes, como L-Gante y Bizarrap. Compartió su visión sobre la industria musical y aconsejó a los jóvenes no vender los másteres de sus canciones. “Aprendan que el fonograma se puede licenciar y que en un tiempo va a retornar a ustedes”, recomendó.

Sobre la sucesión en la cumbia, prefirió no opinar sobre colegas o artistas jóvenes. “Primero que toque cumbia; después, lo que quiera”, respondió cuando le preguntaron a quién le cedería la corona del género.

El fútbol, la cumbia y el público

Algunas frases y latiguillos de Pablo Lescano se volvieron parte del imaginario popular. “ATR, perro, cumbia, cajetea la piola, gato” surgió en una reunión con amigos. Otros latiguillos, como “Te quiero, pero soy un bardo”, nacieron en sus primeras composiciones.

La música de Damas Gratis se expandió a otros países a través de los futbolistas argentinos que emigraron. “Así se conoció Damas Gratis en México y Colombia”, señaló. Hoy, el grupo reúne a públicos diversos en shows que convocan a argentinos, colombianos, venezolanos, ecuatorianos, paraguayos y chilenos.

Al final de la charla, Lescano dejó un consejo para su versión más joven: “Hagan las cosas bien y a futuro no van a tener problemas”. Sobre el escenario y abajo de él, busca vivir con humildad y honestidad.

Su historia es la de un músico que construyó su camino entre el barrio, la familia y la pasión por la cumbia. Su recorrido muestra que la autenticidad y el trabajo constante pueden abrir puertas, incluso cuando el contexto es adverso.

José Jerí volvió a ser visto en público, esta vez lejos de la agenda oficial y de los actos protocolares. Perú 21 difundió una fotografía donde se ve al exmandatario en un supermercado de la avenida Brasil, en el distrito de Breña. La imagen fue captada el domingo 22 de febrero. Vestía ropa informal, llevaba lentes oscuros y empujaba un carrito de compras.

La escena ocurrió cerca del mediodía, apenas cinco días después de que el Parlamento oficializara su salida del poder. Sin seguridad visible ni comitiva, recorrió los pasillos como cualquier ciudadano. Algunos clientes lo observaron con sorpresa e incluso dudaron por momentos si se trataba realmente de él.

La imagen contrastó con su reciente rol al frente del Ejecutivo. Ya no había escoltas ni protocolo, sino una rutina doméstica que evidenció su retorno a la vida privada.

Actividad en Palacio de Gobierno

Mientras Jerí hacía compras, en Palacio de Gobierno el presidente José María Balcázar avanzaba en la selección de los integrantes de su próximo gabinete ministerial. La conformación del nuevo equipo se volvió una tarea clave tras la censura de Jerí y la crisis institucional que dejó su salida.

En ese contexto, creció la expectativa en los distintos sectores políticos sobre los nombres que asumirán los ministerios. Hasta el momento, lo único confirmado es que el economista Hernando de Soto aceptó dirigir el gabinete de transición.

La salida de Jerí abrió un nuevo capítulo en la crisis política y obligó tanto al Gobierno como al Parlamento a redefinir estrategias para enfrentar un escenario marcado por la tensión y la necesidad de recomponer alianzas.

Los cuestionamientos que llevaron a su censura

La salida de Jerí se produjo luego de que el Congreso de la República aprobara siete mociones de censura en su contra el 17 de febrero.

Entre los principales cuestionamientos estuvieron reuniones sostenidas con empresarios chinos que no habrían sido registradas de manera transparente en la agenda oficial. El tema generó pedidos de esclarecimiento y aumentó la presión política.

A ello se sumaron antecedentes previos a su llegada al Ejecutivo. Durante su etapa como congresista, fue vinculado con denuncias por presuntos cobros irregulares para favorecer proyectos desde la Comisión de Presupuesto que presidió, aunque sin sentencias firmes en su contra. Asimismo, una acusación por violación sexual presentada en 2025 fue archivada por falta de pruebas, pero generó críticas desde distintos sectores.

Reportes periodísticos también advirtieron sobre contrataciones en el Estado de mujeres que habrían sostenido reuniones nocturnas en Palacio, lo que motivó investigaciones por presuntos delitos contra la administración pública.

La votación que selló su salida

Tras la admisión y acumulación de las siete mociones, el Pleno del Congreso de la República procedió a la votación final. El resultado fue 75 votos a favor de la censura, 24 en contra y 3 abstenciones.

Cada moción fue debatida en sesión extraordinaria antes de la decisión definitiva. Con ese resultado, el Parlamento puso fin a la permanencia de Jerí en la Presidencia de la República, en medio de un escenario de alta confrontación política y a pocas semanas del inicio formal del proceso electoral.

Jerí, que llegó al cargo en octubre de 2025 tras la destitución de la entonces presidenta Dina Boluarte. El último martes 17 de febrero, el Congreso aprobó una moción de censura en su contra con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, lo que provocó el abandono inmediato de la presidencia. Su breve mandato, de apenas 130 días, se vio marcado por cuestionamientos políticos y escándalos que erosionaron su posición ante distintos bloques parlamentarios.

Censura y la crisis política

La moción de censura contra Jerí se presentó en medio de investigaciones preliminares por presuntas irregularidades relacionadas con reuniones no registradas con empresarios chinos y otros cuestionamientos sobre decisiones internas del Ejecutivo. Aunque Jerí negó la comisión de delitos y defendió su gestión en diversas entrevistas, esto no logró detener el avance de las acciones parlamentarias que finalmente culminaron con su salida.

La destitución de Jerí se enmarca en un contexto de profunda inestabilidad política en el país, donde al menos siete presidentes han dejado el poder antes de completar sus mandatos en los últimos diez años. La acción del Congreso, que utilizó la figura constitucional de censura para removerlo, refleja las tensiones entre los poderes del Estado y la fragmentación de las fuerzas políticas en el Parlamento.

“Cariño de la gente”

En su mensaje de despedida, Jerí sostuvo que aunque “no es sencillo resolver en meses lo que lleva décadas pendiente”, cada paso de su gestión se ejecutó “con convicción, responsabilidad y entrega”. También subrayó su compromiso con objetivos como garantizar procesos electorales limpios y transparentes, así como el fortalecimiento de la seguridad en el país. En ese sentido, aseguró que desde su nuevo rol legislativo seguirá trabajando “por el Perú que soñamos: un Perú seguro y digno para todos”.

Adicionalmente, Jerí manifestó su gratitud por el “cariño de la gente en cada calle y en cada región” que visitó durante su breve presidencia y reconoció la deuda de llegar a quienes no pudo visitar, un gesto con matices políticos en medio de un ambiente electoral ya marcado por la proximidad de las elecciones generales programadas para el 12 de abril de 2026.

La industria manufacturera de Perú registró un aporte de S/ 23.292 millones en impuestos internos durante 2025, lo que equivale a un incremento del 13,2% respecto al año anterior, de acuerdo con el Instituto de Desarrollo de la Industria y Sociedad (IDIS).

Este resultado reafirma el carácter estratégico del sector en la recaudación fiscal nacional, en un periodo marcado por la recuperación económica.

Recaudación industrial: crecimiento absoluto, ajuste en la participación relativa

El IDIS informó que, pese al crecimiento nominal en la recaudación, la participación de la manufactura en el total tributario descendió de 15,6% en 2024 a 14,5% en 2025.

Jesús Salazar Nishi, presidente del instituto, aclaró que este ajuste no responde a un desempeño desfavorable de la industria, sino al fuerte dinamismo de otros sectores.

“Mientras la manufactura creció 13,2%, la recaudación nacional avanzó 16,3%, impulsada por el salto de la Minería e Hidrocarburos, que incrementó su aporte en 35,6%”, explicó Salazar Nishi.

El también expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) subrayó que, aun así, la industria destinó cerca de S/ 3.000 millones adicionales en comparación a 2024.

Exportaciones industriales: avance sostenido y diversificación

En cuanto al comercio exterior, la manufactura no primaria alcanzó exportaciones por US$ 8.501 millones durante 2025, un aumento del 9,3% respecto al año previo.

El IDIS destacó la capacidad del sector para colocar productos con valor agregado en mercados internacionales, en medio de desafíos logísticos y de costos.

El avance estuvo guiado por el subsector de productos de cobre (con una expansión del 33% gracias a la demanda de conductores eléctricos y bienes especializados), seguido por papeles y químicos (8,7%) y textiles (5,8%), que recuperaron presencia en Estados Unidos.

Por el lado negativo, segmentos como molinería y panadería enfrentaron caídas del 0,5%, afectadas por la volatilidad en los precios globales de granos.

Según el IDIS, la manufactura no primaria representa actualmente el 36,2% de las exportaciones no tradicionales peruanas, consolidándose como el segundo bloque exportador detrás del agro.

Importaciones y modernización industrial: inversión en insumos y tecnología

El comportamiento de las importaciones en 2025 reflejó una apuesta de la industria por la modernización. La compra de insumos industriales alcanzó aproximadamente US$ 17.100 millones, equivalentes al 64,1% de todos los insumos importados.

A su vez, la adquisición de bienes de capital superó los US$ 10.500 millones (62,4% del total de maquinaria traída al país). Salazar Nishi resaltó que existe una relación directa entre el aumento del 40% en el PBI de bienes de capital y el equipamiento destinado a megaproyectos como la nueva industria naval.

Balanza comercial industrial: déficit estructural y concentración sectorial

El saldo comercial industrial de 2025 cerró con un déficit de US$ 12.127 millones. Este resultado refleja una reducción del déficit frente a años anteriores, impulsada por el mayor crecimiento de las exportaciones industriales frente a las importaciones, aunque la dependencia tecnológica externa persiste.

Solo tres subsectores lograron saldos positivos: alimentos (US$ 4.502 millones, impulsados por el agroindustrial), impresiones (US$ 21 millones) y maderas (US$ 17 millones), gracias a nichos de exportación específicos.

En contraste, metalmecánica concentró el mayor déficit (-US$ 10.544 millones), debido a la importación de maquinaria y bienes de capital para proyectos como el Metro 2 de Lima y el puerto de Chancay. El sector textil y confecciones amplió su déficit a US$ 749 millones, presionado por la entrada de prendas de bajo costo.

Salazar Nishi advirtió que el país está importando el “músculo” para sus grandes obras de infraestructura, lo que contribuye al crecimiento del PBI nacional, pero mantiene la dependencia tecnológica.

“Mientras no desarrollemos capacidades locales para proveer al menos una parte de esa tecnología, seguiremos siendo importadores netos de desarrollo industrial ajeno”, puntualizó el presidente del IDIS.

Proyecciones para 2026: menores tasas de crecimiento y desafíos preelectorales

Para 2026, el IDIS proyecta un crecimiento del PBI industrial de 1,8%. Este ritmo más moderado se atribuye al agotamiento del efecto estadístico tras el salto de la metalmecánica naval en 2025, cuando la construcción de buques y estructuras flotantes avanzó 777,9% y la reparación de equipos de transporte 167,9%, por proyectos con destino a EEUU, Indonesia y por la alianza entre el SIMA y Hyundai Heavy Industries.

Salazar Nishi prevé que la cautela propia de un año preelectoral podría retrasar inversiones privadas y limitar sectores vinculados al consumo. Para el presidente del IDIS, los principales motores de 2026 serán la integración del clúster naval con proveedores locales y la eficiencia logística que aportará el nuevo eje portuario de Chancay.

La incertidumbre política en Perú, que ha decantado en la censura de José Jerí como presidente del Congreso y presidenta interina de la República, ha llegado como corolario para un fuerte apetito por mecanismos de protección patrimonial y fideicomisos.

Este tipo de herramientas gana terreno en el país porque más personas, familias y empresas buscan resguardar su patrimonio ante un escenario donde la inestabilidad institucional y la desconfianza en el rumbo político se profundizan, de acuerdo con un análisis de TMF Group.

El antecedente: fuga de capitales y desconfianza en el sistema

Según la consultora especializada, la creciente crisis política y la inminencia de la primera vuelta presidencial, programada para el 12 de abril, han elevado la percepción de riesgo.

La incertidumbre sobre quién asumirá la presidencia interina y la falta de señales claras sobre la estabilidad futura, han impulsado a distintos actores a priorizar mecanismos de protección que no impliquen la salida de capitales del país, pero que sí los aíslen de la turbulencia política.

En ciclos electorales previos, como el de 2021, Perú fue escenario de una fuga de capitales significativa. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que las reservas internacionales cayeron en cerca de 9.000 millones de dólares.

Aunque parte de esos fondos permaneció en efectivo en los hogares, la tendencia reflejaba un clima de temor ante posibles medidas confiscatorias, reformas tributarias abruptas o amenazas a la propiedad privada, explica TMF Group.

Fideicomisos: ¿refugio ante la falta de certezas?

Históricamente, la salida de fondos a jurisdicciones offshore fue la vía preferida para quienes desconfiaban de la capacidad del Estado de garantizar reglas estables.

No obstante, Geraldo Arosemena, managing director de TMF Group para Perú y Bolivia, señala que hoy ese camino se ha vuelto menos atractivo: los altos costos legales, la presión de la fiscalización internacional y la complejidad operativa afectan la viabilidad de mantener activos en el extranjero, especialmente para quienes siguen operando en el mercado local.

En este contexto, el recurso a fideicomisos locales se ha vuelto recurrente. Según TMF Group, la principal razón detrás de su auge es el deseo de separar jurídicamente los activos del riesgo político y personal, asignando la administración a entidades fiduciarias independientes bajo el amparo de la legislación.

El atractivo, sostiene Arosemena, se potencia por la percepción de que el sistema político es incapaz de ofrecer certezas mínimas para la inversión y la tranquilidad patrimonial. Entre los beneficios más citados figuran:

• Protección patrimonial efectiva: los activos quedan fuera del alcance de eventuales medidas arbitrarias, litigios o embargos.
• Transparencia y control: las condiciones del fideicomiso se fijan desde el inicio y su cumplimiento está en manos de un tercero independiente, no sujeto a presiones políticas.
• Eficiencia operativa: mantener el capital en el país evita la pérdida de oportunidades de negocio y los costos de la deslocalización.
• Menor exposición a la fiscalización internacional: la estructura local reduce la complejidad y los riesgos de sanciones o reportes cruzados entre jurisdicciones.
• Flexibilidad: los fideicomisos pueden adaptarse a distintas necesidades, como protección de flujos, planificación sucesoria o garantías frente a terceros.

Un síntoma de desconfianza estructural

Finalmente, Arosemena advierte que el auge de los fideicomisos es, en el fondo, un síntoma también de desconfianza en el sistema político y jurídico peruano.

El hecho de que más empresarios y familias busquen blindar sus activos, no solo ante el proceso electoral sino como estrategia permanente, muestra cuán arraigada está la percepción de inestabilidad y la falta de confianza en que el país pueda ofrecer seguridad jurídica a mediano plazo.