Para muchas de las personas que participan en los equipos de CEAR CF, el fútbol representa algo más que un simple deporte, funcionando como un espacio de encuentro en el que se fomenta el aprendizaje y la pertenencia, aspectos fundamentales en su proceso de integración. Así lo subrayó Violeta Brull, integrante del equipo de Alianzas Corporativas de CEAR, al referirse a la relevancia que estas actividades tienen para quienes han llegado a España en condición de refugio. En ese contexto se inscribe la puesta en marcha de una serie de clínics formativos dedicados a personas refugiadas, organizados por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) junto a la Fundación LaLiga y con el apoyo de 'JD Sports', según detalló LaLiga en un comunicado de prensa.

Estos talleres itinerantes, impulsados bajo el lema 'Goles por Refugio', fueron organizados en diversas ciudades del país, entre ellas Madrid, Málaga, Valencia y Las Palmas de Gran Canaria, con el objetivo de potenciar tanto el desarrollo técnico de los participantes como la transmisión de los valores fundamentales asociados al fútbol. El medio LaLiga destacó que los clínics no solo abordan la instrucción deportiva, sino que también buscan fortalecer el sentido de compañerismo y pertenencia a través de experiencias prácticas, respondiendo así a la labor realizada por CEAR CF durante los últimos siete años para facilitar la inclusión social de las personas refugiadas mediante el deporte.

De acuerdo con la información divulgada por LaLiga, los participantes recibieron instrucción por parte de entrenadores especializados y utilizaron una metodología validada por la Fundación LaLiga, lo cual permitió ofrecer una experiencia de formación integral. Esta metodología combina la práctica deportiva con contenidos enfocados en la integración, el compromiso y el respeto, promoviendo el desarrollo tanto en el ámbito físico como personal.

La primera de las sesiones se llevó a cabo en Madrid el 24 de marzo, en el Centro Deportivo Municipal Las Cruces. Durante esta jornada, además del entrenamiento, se realizó una dinámica de sensibilización que aproximó a los asistentes a la realidad de las personas refugiadas y destacó el impacto del deporte en sus trayectorias vitales. Una monitora de la Fundación LaLiga lideró actividades orientadas a generar un ambiente de trabajo colaborativo y respeto entre los participantes. El evento también contó con la participación de representantes institucionales de las entidades organizadoras, quienes presenciaron el lanzamiento de la iniciativa.

Al día siguiente, el 25 de marzo, la experiencia se replicó de forma simultánea en otras tres ciudades: Málaga, Valencia y Las Palmas de Gran Canaria. Esta extensión territorial responde a la necesidad de facilitar la inclusión y el acceso al deporte a personas refugiadas repartidas por distintos puntos del país.

Según Olga de la Fuente, directora de la Fundación LaLiga, la intervención sociodeportiva diseñada para este colectivo se sustenta en la experiencia acumulada por las entidades colaboradoras, confirmando que el fútbol resulta una herramienta eficaz para superar barreras y fomentar la convivencia. De la Fuente señaló que el enfoque metodológico adoptado servirá para estrechar los lazos entre los asistentes y favorecer su proceso de integración social.

La iniciativa CEAR CF, resultado de la colaboración entre Fundación LaLiga y CEAR iniciada en 2019, ha posibilitado que más de trescientas personas participen en actividades relacionadas con la práctica deportiva y en iniciativas encaminadas al fortalecimiento de valores inclusivos, reportó LaLiga. La entidad organizadora resaltó que la intención de estas acciones es que el fútbol actúe como vector para la promoción de valores como solidaridad, convivencia, trabajo en equipo y diversidad, enfatizando que esta disciplina deportiva no conoce fronteras.

El enfoque transversal de los talleres considera tanto la mejora de la técnica deportiva como la transmisión de herramientas sociales necesarias para un mejor proceso de inclusión, según consignó LaLiga. El propósito de los organizadores es generar espacios seguros donde las personas refugiadas puedan compartir experiencias, desarrollar confianza y establecer relaciones en un contexto diferente al de sus rutinas habituales.

Dentro de las dinámicas implementadas, se incluyeron juegos y ejercicios destinados a establecer cooperación y confianza entre los participantes, buscando que estos logren no solo adquirir destrezas deportivas, sino también desarrollar capacidades para la convivencia y la integración. Los organizadores subrayaron que brindar estas oportunidades resulta esencial para que las personas refugiadas logren sentirse parte activa de la sociedad que las acoge.

Desde la puesta en marcha de CEAR CF, la alianza entre la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y la Fundación LaLiga ha incidido en la creación de programas que utilizan el fútbol como vehículo para mejorar la calidad de vida y las posibilidades de integración social de personas desplazadas, anunció LaLiga. El desarrollo continuado de estos clínics y talleres itinerantes pretende amplificar ese objetivo y expandir su alcance por más territorios de España.

Olga de la Fuente, directora de la Fundación LaLiga, señaló que la metodología aplicada en los nuevos talleres pretende reforzar la convivencia y la integración social de los participantes, centrando la atención en el fortalecimiento de los vínculos entre ellos. Según informó LaLiga a través de una nota de prensa, la implementación de estos clínics formativos busca ofrecer una experiencia educativa integral para personas refugiadas en España, combinando el aprendizaje de técnicas futbolísticas con la transmisión de valores de cooperación, respeto, compromiso e integración social.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), en colaboración con la Fundación LaLiga y el respaldo de la empresa JD Sports, ha organizado una serie de clínicas de formación denominadas 'Goles por Refugio', realizadas en diversas ciudades españolas como Madrid, Málaga, Valencia y Las Palmas de Gran Canaria. De acuerdo con lo publicado por LaLiga, los destinatarios principales de estas jornadas son las personas refugiadas que conforman los equipos CEAR CF, quienes participan desde hace siete años en este proyecto enfocado en facilitar su proceso de inclusión mediante el deporte.

El medio LaLiga detalló que el primer taller de este ciclo se llevó a cabo el 24 de marzo en el Centro Deportivo Municipal Las Cruces de Madrid. Durante esta jornada, se presentó una sesión orientada a sensibilizar sobre la situación de las personas refugiadas y el papel transformador del deporte en sus vidas. La actividad deportiva incluyó dinámicas dirigidas por una monitora de la Fundación LaLiga, generando contextos orientados a la cooperación y el respeto mutuo. La inauguración contó también con la presencia de representantes institucionales de las organizaciones impulsoras del proyecto.

Al día siguiente, el 25 de marzo, la iniciativa se replicó simultáneamente en Málaga, Valencia y Las Palmas de Gran Canaria, llevando el mismo formato de talleres prácticos a refugiados de estas localizaciones. Según consignó LaLiga, estos clínics están alineados con los estándares metodológicos de la Fundación LaLiga, asegurando la presencia de entrenadores expertos que facilitan el entrenamiento tanto deportivo como personal de los participantes.

La directora de la Fundación LaLiga explicó que este modelo sociodeportivo se fundamenta en la experiencia de trabajo con colectivos en situación vulnerable, demostrando la capacidad del fútbol para eliminar barreras y potenciar la inclusión social. “La metodología usada reforzará los vínculos entre los participantes, mejorando su convivencia y su integración en la sociedad”, afirmó De la Fuente, según recogió el comunicado del medio LaLiga.

Por otra parte, Violeta Brull, del área de Alianzas Corporativas de CEAR, remarcó ante LaLiga la relevancia de estas propuestas para personas migrantes y refugiadas. Brull manifestó que para muchos miembros del equipo CEAR CF, la práctica del fútbol representa una oportunidad de encuentro y adquisición de sentido de pertenencia, lo que contribuye directamente a su proceso de adaptación e inclusión en la sociedad de acogida.

El medio LaLiga reportó que desde el inicio de la colaboración entre la Fundación LaLiga y CEAR en 2019, más de 300 personas han participado en iniciativas deportivas vinculadas a la promoción de valores de inclusión, convivencia y cooperación. Estas actividades integran la filosofía de ambas entidades, que consideran el fútbol como una herramienta capaz de fomentar la solidaridad, la diversidad y el trabajo en equipo. “La filosofía es que el fútbol sea una poderosa herramienta para promover valores como la solidaridad, la inclusión, la convivencia, el trabajo en equipo o la diversidad. Porque el fútbol no entiende de fronteras”, afirmaron desde la organización de clubes, según informó LaLiga.

Las jornadas incluidas bajo el lema 'Goles por Refugio' pretenden complementar la labor que el CEAR CF desarrolla desde hace siete años, facilitando tanto la formación técnica en fútbol como el desarrollo personal de los refugiados en territorio español. Según publicó LaLiga, este formato práctico y participativo profundiza en los objetivos de integración y proporciona herramientas útiles tanto para el desempeño en el deporte como para el refuerzo de la cohesión y la convivencia en entornos sociales diversos.

El respaldo de entidades como JD Sports y la colaboración transversal entre CEAR y la Fundación LaLiga quedan reflejados en la continuidad y expansión de los programas sociodeportivos orientados a colectivos migrantes. La experiencia acumulada a lo largo de estos años ha contribuido a consolidar un modelo de intervención basado en la combinación de aprendizaje en valores y desarrollo técnico, tanto dentro como fuera del campo de juego, según destaca LaLiga en su información.

Tanto entrenadores especializados como representantes institucionales han reiterado la importancia de crear espacios de formación para personas refugiadas, subrayando la capacidad del fútbol para facilitar procesos de integración y favorecer la convivencia intercultural, conforme a lo comunicado por LaLiga en su informe sobre las clínicas celebradas en las distintas ciudades.

Varias organizaciones han advertido que numerosos migrantes buscan actualmente cómo obtener el certificado de antecedentes penales, requisito imprescindible para participar en el futuro proceso de regularización, a pesar de que este trámite aún no está operativo. El medio Europa Press reportó que tanto consulados como embajadas de varios países, entre ellos Argelia y Pakistán, han visto un aumento en la demanda de este documento. Estas gestiones se producen en medio de una creciente incertidumbre por la ausencia de detalles oficiales sobre cuándo y cómo funcionará el nuevo procedimiento.

El anuncio del Ejecutivo español sobre una regularización extraordinaria para migrantes ha generado inquietud y grandes expectativas entre la población migrante, según informó Europa Press. Ante la falta de información clara y normativa definitiva, han proliferado ofertas engañosas en redes sociales, donde personas prometen gestionar la inclusión en el proceso a cambio de dinero. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) alertó sobre estos intentos de estafa y subrayó que el trámite aún no está disponible oficialmente. Elena Muñoz, coordinadora del equipo jurídico de CEAR, señaló que la organización ha recibido numerosas consultas tanto de migrantes que ya acompañan como de nuevos solicitantes, quienes expresan dudas y expectativas desde el primer anuncio del Gobierno.

Representantes de Accem también informaron a Europa Press que han acogido una avalancha de preguntas sobre los requisitos y pasos a seguir para optar por la regularización. Las interrogantes más recurrentes giran en torno a cómo será el procedimiento, qué documentos serán necesarios, en qué momento estará habilitado y cómo obtener la documentación exigida desde los países de origen. Una de las preocupaciones frecuentes se relaciona con los costes, demoras y obstáculos para conseguir los certificados de antecedentes penales. Accem recomienda a quienes deseen participar que revisen la vigencia de sus documentos de identificación, como el pasaporte, y que inicien los trámites para renovar los que estén próximos a expirarse o vencidos. Además, sugieren empezar a solicitar ya los certificados criminales ante las autoridades competentes de sus países, pues ese requisito ha sido oficialmente anunciado por el Gobierno.

El volumen de consultas ha aumentado de manera significativa, según entidades como la Federación Sur Acoge, particularmente en Andalucía, donde las peticiones de información se han disparado tanto presencialmente como por teléfono o mediante cita previa. Muchas personas que llevan años en el país sin haber conseguido regularizar su situación han mostrado altas dosis de expectación, apuntó Europa Press con base en los testimonios de las organizaciones. En contraste, Galicia no ha experimentado una presión similar sobre sus oficinas de Extranjería ni sobre la Delegación del Gobierno, según fuentes de la Delegación recogidas por Europa Press, que describieron el contexto como “bastante tranquilo de momento”.

En Cantabria, representantes de Cantabria Acoge explicaron que reciben diariamente más de 50 solicitudes de orientación, aunque remarcaron que persiste una situación de “tensa espera”, ya que la normativa aún no se ha publicado y la decisión final sobre el proceso determinará la vida de muchos solicitantes. Por otro lado, la actuación de migrantes argelinos en Madrid y de personas pakistaníes en Barcelona muestra que el interés por adelantar la obtención de documentos necesarios trasciende regiones y nacionalidades, detalló Europa Press.

El Gobierno, a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pidió a quienes se verán afectados y a quienes los asisten que actúen con prudencia. El Ejecutivo subrayó que todavía no ha empezado el periodo para iniciar esta regularización. Según Europa Press, el texto inicial de la norma se encuentra hasta el viernes 6 de febrero abierto a consulta pública. Este mecanismo permite la participación ciudadana mediante comentarios y propuestas. Una vez finalizado ese plazo, el Ministerio recopilará y valorará las sugerencias recibidas y enviará el proyecto a distintas instituciones encargadas de emitir informes, entre ellas, el Consejo de Estado. El aval del Consejo será el último paso necesario para asegurar las mayores garantías jurídicas al Real Decreto, paso previo a su retorno al Consejo de Ministros. Solo entonces tendrá lugar la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), momento en el que se activará el período de solicitudes, que se prevé comience a inicios de abril.

Mientras tanto, la Secretaría de Estado de Migraciones reiteró a través de Europa Press la necesidad de que quienes tengan interés en este asunto accedan únicamente a los canales oficiales del Gobierno de España y a cuentas verificadas y páginas web institucionales, donde se actualizarán los detalles y novedades. Además, recalcó que el contenido del texto aún no es definitivo y que podría sufrir cambios tras la fase de consulta y las revisiones correspondientes.

Por otra parte, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) emitió este martes una aclaración sobre la postura de los ayuntamientos respecto al proceso. Según declaraciones recogidas por Europa Press, tanto ayuntamientos grandes como pequeños han sido objeto de múltiples consultas ciudadanas que no han podido responder, ya que las corporaciones locales aún no disponen de información sobre la regularización extraordinaria. La FEMP remite a los interesados a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, así como a canales telemáticos y oficinas de la Seguridad Social, instituciones previstas en los anuncios del Gobierno como puntos habilitados para la tramitación cuando el proceso se abra.

En una comparecencia de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno y titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, adelantó que se prevé la puesta en marcha de espacios específicos para la gestión del procedimiento, mencionando las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, trámites telemáticos y oficinas de la Seguridad Social como los lugares principales donde se podrá acceder al trámite.

En conclusión, según detalló Europa Press, mientras continúa la espera de la aprobación y publicación definitiva del real decreto, la incertidumbre empuja a numerosas personas migrantes a asesorarse y tratar de anticipar la preparación de los documentos necesarios. Ante riesgos como la proliferación de intentos de estafas, el consejo unánime de instituciones y organizaciones sociales es no iniciar ningún trámite con intermediarios que soliciten contraprestaciones económicas y, en cambio, seguir únicamente la información oficial.

Mónica López y Mauricio Valiente, directores de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), expresaron su preocupación por el aumento de rechazos en solicitudes de protección internacional en España, lo que podría provocar la devolución de personas expuestas a amenazas graves en sus países de origen. Según el informe “Más que cifras 2025” divulgado por CEAR y citado por Europa Press, la aplicación del nuevo Reglamento de Extranjería desde el 20 de mayo ha tenido un impacto directo en el descenso del número de personas que solicitan asilo y en el incremento de resoluciones denegatorias.

El reporte de CEAR detalla que durante el último año se presentaron 144.396 solicitudes de asilo, un 14% menos que el año anterior. Esta disminución rompe con la tendencia ascendente observada desde los últimos años, sólo previamente interrumpida por la pandemia. La organización atribuye esta caída tanto a la política de externalización de fronteras como a la aplicación del nuevo Reglamento de Extranjería. Según lo consignado por Europa Press, la nueva normativa penaliza especialmente a quienes ven sus solicitudes rechazadas, ya que el tiempo de estancia en España no se computa hasta que se resuelve de manera definitiva cada expediente. Esta situación deja a miles de personas en riesgo de pasar a la irregularidad administrativa, una circunstancia que CEAR considera especialmente preocupante.

El informe publicado por CEAR advierte que el efecto de la normativa se refleja claramente en el desplome del número de solicitudes procedentes de algunos países específicos. En el caso de Colombia, la caída fue del 64%; en los de Perú, del 66%; y en los de Senegal, del 57%, cifras recogidas por Europa Press a partir del análisis del informe. Al mismo tiempo, se detectó un aumento en las peticiones de quienes proceden de Venezuela, con un 29% más, y de Mali, donde el incremento llegó al 50%. CEAR atribuye este fenómeno a factores externos como las nuevas políticas migratorias impulsadas por el Gobierno de Estados Unidos y la intensificación del conflicto armado en Mali.

El análisis de CEAR señala también un récord histórico en el número de resoluciones de asilo tramitadas: 160.663 expedientes en todo el año, un hecho vinculado a la “automatización” en el proceso de respuesta. La organización advierte que este procedimiento podría afectar la calidad de la evaluación individual de cada caso, ya que “implica que no siempre se lleve a cabo un examen individualizado y en profundidad de cada solicitud”.

En cuanto al porcentaje de resoluciones favorables, el informe indica que solo el 11% de las solicitudes resultaron en una respuesta positiva, un descenso de más de siete puntos respecto al año anterior. CEAR subraya que este dato posiciona a España por debajo de la media europea, ya que se considera el porcentaje más bajo de toda la Unión Europea, según informó Europa Press.

Además, el número de personas en espera de una resolución sobre sus expedientes permanece elevado. El documento recoge que 218.731 personas viven pendientes de una “decisión clave para sus vidas”. Europa Press resalta que la cifra, aunque ligeramente menor que el año precedente, mantiene la presión sobre el sistema de protección internacional y las autoridades responsables.

CEAR también destaca el crecimiento significativo en la proporción de resoluciones negativas, que aumentaron casi un 77% y representan el 42,5% del total, lo que equivale a 68.321 expedientes. Además, las solicitudes archivadas superan el 10% del total analizado. Según recoge Europa Press, la irrupción de solicitantes de origen palestino, somalí y guineano se encuentra entre los cambios demográficos más relevantes. El informe relaciona el alza en la presencia de nacionales palestinos con la crisis provocada por el conflicto en Gaza, haciendo referencia explícita a la ruptura del frágil acuerdo de tregua de octubre y a las actuaciones militares de Israel.

En cuanto a la tasa de reconocimiento, Mali encabeza la lista con casi un 48% de resoluciones favorables y un porcentaje de reconocimiento superior al 99%. Le siguen Burkina Faso con un 97%, Somalia con un 93%, Nicaragua con un 85% y Palestina con un 76%.

El descenso en las llegadas a Canarias, que retrocedieron un 62%, es atribuido por CEAR a la consolidación de acuerdos de externalización de fronteras con países como Mauritania, Senegal y Marruecos. A pesar de ello, en el último tiempo se observaron nuevas rutas, con embarcaciones que zarpan desde el sur del continente africano. El informe resalta la presencia creciente de personas originarias de Guinea entre los solicitantes de asilo, asociando este fenómeno con el deterioro de los derechos humanos en ese país.

Por otra parte, según indica Europa Press, las llegadas a la ruta de Baleares crecieron un 24,5%. CEAR considera que este dato evidencia la consolidación de un recorrido alternativo, especialmente riesgoso y de larga duración, que puede extenderse hasta dos años desde países como Somalia.

Ante la entrada en vigor al Pacto de Migración y Asilo en junio, CEAR advierte que los cambios en los caminos migratorios reflejan que las personas en situación de huida buscarán opciones alternativas, que frecuentemente resultan más largas y peligrosas. La organización reitera la necesidad de habilitar vías legales y seguras para que quienes requieren protección internacional reciban el amparo correspondiente conforme al derecho internacional.

El informe también alude a la regularización extraordinaria de personas migrantes anunciada por el Gobierno de España, que CEAR identifica como una posible vía para mitigar la situación de irregularidad en la que han quedado miles de personas, incluidas muchas que cumplen los criterios de protección internacional.

Las cifras presentadas por CEAR y recogidas por Europa Press incluyen un análisis pormenorizado por nacionalidades, entre ellas Venezuela, Colombia, Perú, Senegal, Mali y Burkina Faso. El documento advierte que la automatización de las resoluciones plantea serias dudas sobre la capacidad de estudiar cada caso de manera individualizada, aspecto considerado clave para salvaguardar los derechos de quienes buscan protección.

Las declaraciones de Mónica López y Mauricio Valiente, que acompañan la difusión del informe, insisten en la preocupación por la posible devolución de solicitantes de asilo a sus países de origen sin un examen en profundidad de sus circunstancias particulares, situación que consideran puede poner en riesgo la seguridad y la integridad de personas vulnerables.

La estimación de UNICEF de que cerca de 147.000 menores vivían en España en situación irregular en 2019 refleja la dimensión social del anuncio del Gobierno sobre la regularización extraordinaria de migrantes. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, entidades sociales recibieron de manera positiva la noticia sobre el inicio de los trámites para esta regularización, aprobada mediante Real Decreto tras el acuerdo alcanzado entre PSOE y Podemos. Se prevé que esta medida beneficie a más de quinientas mil personas en todo el territorio nacional.

Según reportó Europa Press, organizaciones como Accem destacaron que la regularización representa un avance en la garantía del acceso y la igualdad de derechos, además de reforzar la protección de todas las personas residentes en España sin distinción de su estatus previo. Para Accem, la iniciativa está destinada a personas que ya forman parte de la sociedad española y cuyas contribuciones sociales y económicas no siempre encuentran reflejo en derechos reconocidos. El organismo subrayó que facilitar la salida de la irregularidad permitirá superar situaciones de vulnerabilidad o violaciones de derechos, a la vez que favorecerá la inclusión social y la visibilidad de quienes hasta ahora permanecían en la sombra.

Accem hizo especial énfasis en las implicancias laborales y económicas, remarcando que la regularización ayudará a transformar empleos informales en ocupaciones con derechos y obligaciones formales, lo que a su vez incrementará la cotización a la Seguridad Social y reforzará la economía nacional. Además, se mostró esperanzado en que el proceso administrativo se caracterice por su agilidad, fiabilidad y capacidad de responder de manera efectiva a las necesidades de los beneficiarios, aunque aguarda más información sobre los detalles del procedimiento.

Por otro lado, la directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mónica López, instó a desarrollar también mecanismos estructurales y regulares, y no solo excepcionales como el actual. A juicio de López, estos procedimientos ordinarios facilitarían que las personas migrantes pudieran trabajar y desarrollar su vida en igualdad de condiciones desde el primer día en el país, evitando periodos prolongados de irregularidad administrativa.

De acuerdo con Europa Press, López remarcó que estos cambios no solo benefician a la población migrante, sino también al conjunto de la sociedad, favoreciendo la integración de quienes residen y contribuyen económicamente. El director general de CEAR, Mauricio Valiente, expresó una valoración positiva sobre el anuncio del Ejecutivo, aunque recalcó que la entidad permanece atenta a las condiciones específicas y la tramitación que se establezca, con el objetivo de garantizar que la respuesta llegue de forma inmediata y adecuada a quienes cumplan los requisitos. Valiente resaltó que el reconocimiento rápido de la contribución de los migrantes a la riqueza y al desarrollo de España supone un acto de justicia, aunque insistió en la necesidad de que la normativa ordinaria contemple procedimientos de regularización permanente adaptados a la realidad migratoria del país. También sostuvo que la puesta en marcha de la regularización responde a una demanda sostenida de los movimientos sociales y representa una oportunidad acorde a las aspiraciones de la sociedad civil.

La perspectiva de infancia ha ocupado un lugar destacado en las declaraciones de organizaciones como Save the Children, que consideró la medida como un avance en la protección de niños, niñas y sus familias, enfatizando que la regularización permite salvar barreras de acceso a derechos y ofrecer mayor estabilidad. Unicef España prevé que la medida contribuirá a la integración social de menores y adultos en riesgo de exclusión o marginación. Según indicó la especialista en migraciones de UNICEF España, Sara Collantes, la irregularidad administrativa restringe el acceso a empleos formales, protección social y vivienda, además de limitar el acceso a la sanidad y exponer a las familias al riesgo de ser descubiertas y expulsadas pese a su arraigo en el país, situaciones que afectan directamente a la infancia.

Europa Press consignó que UNICEF recuerda las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, orientadas a que los Estados promuevan vías de regularización para las familias en situación irregular, con un impacto estimado de 147.000 niños y niñas afectados en España en 2019.

La Plataforma del Tercer Sector, que agrupa a cerca de 28.000 entidades, celebró el avance como un logro significativo en cuanto al reconocimiento de derechos de quienes han sufrido especial vulnerabilidad jurídica y social. Luciano Poyato, titular de la plataforma, valoró el papel del tejido social organizado y la labor conjunta que contribuyó a la consecución de la medida.

Redes de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE) compartieron una posición similar, al calificar la regularización como un acto de reconocimiento hacia personas migrantes que, pese a sus aportes sostenidos al desarrollo nacional, han permanecido en situación administrativa irregular. Estas organizaciones vincularon la medida con la responsabilidad política, ética y social, y reclamaron una España más inclusiva, en la que no existan personas relegadas a la invisibilidad o la marginación.

Respecto al marco jurídico, el grupo eclesial describió la regulación extraordinaria como un complemento necesario al Reglamento de Extranjería, que, pese a los avances, sigue presentando limitaciones y requiere modificaciones para responder a diversas situaciones. Este colectivo argumentó que la experiencia revela lagunas, especialmente sobre la acreditación de residencia o la empleabilidad de personas mayores, con discapacidad, en situación de sinhogarismo o con enfermedades crónicas. El Reglamento de Extranjería (RD 1155/2024), en vigor desde mayo de 2025, excluye a quienes no logran aportar la documentación requerida o tener contrato previo, así como a solicitantes de protección internacional cuya petición fue denegada y que después se ven atrapados en largos periodos de irregularidad. También se ven afectadas familias con menores, que aunque cumplen otros requisitos, pueden enlazar situaciones de irregularidad por obstáculos administrativos.

Organizaciones de Iglesia subrayaron que el anterior reglamento ha experimentado ajustes continuos y recordaron sus peticiones para que incluya una disposición transitoria que permita abordar regularizaciones extraordinarias, tal como se ha hecho en otras ocasiones. Desde su perspectiva, la modificación resulta esencial para no dejar fuera a personas en situación de especial vulnerabilidad, cuyas dificultades para reunir documentación o acceder a trámites limitan su incorporación al sistema regular.

Según Europa Press, la medida del Gobierno ha sumado consensos entre amplios sectores del tejido asociativo y organizaciones defensoras de los derechos humanos, que la consideran parte de un proceso hacia una sociedad donde la inclusión y el pleno acceso a derechos no dependa del estatus administrativo o de los obstáculos derivados de la burocracia o la rigidez de ciertas normativas.

La imposibilidad de mantener el contacto directo con sus familias agrava la situación de vulnerabilidad de miles de ciudadanos venezolanos asentados en España, según se desprende del testimonio recogido por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Esta organización ha señalado a Europa Press que, tras la reciente detención de Nicolás Maduro durante la intervención estadounidense catalogada como "agresión" contra Venezuela, numerosas familias enfrentan obstáculos sin precedentes para lograr la reunificación familiar, dado que han quedado suspendidos los vuelos y se han visto interrumpidas las comunicaciones administrativas habituales.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, el director general de CEAR, Mauricio Valiente, expresó que las recientes medidas restrictivas "han añadido dificultades notables a los trámites de reagrupación familiar", afectando tanto los procedimientos que se encontraban en curso como los que están pendientes de iniciar. Valiente explicó que los problemas para llevar a cabo estos procesos no se limitan a la cancelación de conexiones aéreas, sino que se observa un estancamiento significativo en las gestiones administrativas, algo que impacta directamente en la cotidianidad y el bienestar de las personas venezolanas residentes en España.

Ante este contexto, CEAR demandó al Gobierno español que adopte un enfoque "proactivo", instando a la habilitación de rutas alternativas —incluida la posibilidad de recurrir a terceros países— y a fortalecer el esfuerzo diplomático para asegurar que la tramitación de reagrupaciones familiares siga adelante y no quede paralizada por la crisis actual. Mauricio Valiente remarcó la importancia de que las autoridades faciliten al máximo las autorizaciones que siguen en trámite, planteando que esta actuación no constituiría un simple gesto humanitario, sino que representa una "obligación" conforme a los compromisos internacionales adquiridos por España.

La reacción de CEAR ante la intervención estadounidense en Venezuela incluyó el rechazo a cualquier forma de acción internacional que pueda contravenir las normas del derecho internacional, subrayando la necesidad de mantener la protección de los derechos de las personas afectadas por el conflicto. Siguiendo esta línea, Accem, otra organización dedicada al apoyo de personas refugiadas, manifestó la urgencia de fortalecer los mecanismos multilaterales de diálogo y cooperación internacional para contener la escalada de violencia. Accem defendió la idea de que la construcción de paz es esencial para cualquier desarrollo social, añadiendo que “la humanidad no debe admitir que los ataques armados sean la única vía de solución de conflictos”.

El mismo reporte de Europa Press recoge el llamado de World Vision, entidad centrada en la atención a la infancia vulnerable, quien solicitó asistencia internacional inmediata destinada tanto a los cinco millones de venezolanos que sufren hambre en el país como a los más de siete millones de personas refugiadas y desplazadas en América Latina. Joao Diniz, director regional para América Latina y el Caribe de World Vision, señaló que estas circunstancias afectan especialmente a los menores, quienes enfrentan mayores riesgos físicos y psicosociales en contextos de incertidumbre y crisis prolongada. Diniz hizo énfasis en la necesidad de asegurar “la protección psicosocial y física” de esta población, que ya soporta dificultades serias para acceder a servicios de salud, educación, nutrición y protección.

Europa Press también recogió la posición de la Fundación Madrina, entidad española que, durante los últimos años, ha dado acogida a madres y familias venezolanas que llegan huyendo de la corrupción, la inseguridad, la violencia y el deterioro de los sistemas de salud y protección materno-infantil en el país sudamericano. Desde esta organización se planteó la relevancia de que cualquier solución política en Venezuela priorice la resolución pacífica de los conflictos, el fortalecimiento institucional y el respeto a los derechos humanos. Además, la Fundación exigió que, en escenarios de eventual transición, se salvaguarde la protección de la infancia, las mujeres y las madres, así como el derecho de acceso universal y gratuito a servicios de salud, alimentación y educación.

La información aportada por Europa Press refuerza el diagnóstico sobre la magnitud de la crisis venezolana y sobre cómo sus repercusiones desbordan las fronteras, afectando especialmente a los procesos migratorios y la vida de quienes buscan reconstruir sus vidas en otros países. En este sentido, las ONG consultadas coinciden en demandar del Gobierno español medidas urgentes y flexibles para que las familias separadas puedan reencontrarse y, eventualmente, para que los ciudadanos venezolanos puedan elegir regresar en condiciones de libertad y seguridad cuando su país vuelva a ofrecer oportunidades para hacerlo.

Entre las solicitudes planteadas, distintas organizaciones consideran esencial que el Ejecutivo español coordine esfuerzos diplomáticos internacionales, colabore con agencias humanitarias y valore la reagrupación como un derecho fundamental en tiempos de crisis. Insisten también en que la protección de los más vulnerables, en particular las niñas y los niños, debe estar en el centro de las acciones adoptadas tanto a nivel nacional como internacional.

Europa Press enfatizó, a través de los diferentes actores sociales consultados, cómo la permanencia del conflicto y la inestabilidad institucional en Venezuela hiere a millones de personas que, además de enfrentar la separación forzada, encuentran trabas adicionales para acceder a atención médica, escolarización, alimentación y refugio seguro. Estas organizaciones reiteraron la urgencia de que España y la comunidad internacional profundicen las respuestas humanitarias y diplomáticas para evitar el agravamiento de la crisis, sosteniendo la integridad familiar y el respeto a los derechos de quienes buscan reconstruir sus vidas en el exterior.

Mauricio Valiente identificó como uno de los efectos inmediatos de la detención de Nicolás Maduro y la reciente acción de Estados Unidos hacia Venezuela la complejidad para acceder a los procedimientos administrativos habituales, lo que afecta de manera directa la posibilidad de familias venezolanas de reunirse con sus seres queridos residentes en España. Según informó Europa Press, Valiente, en calidad de director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), instó al Gobierno español a desplegar mecanismos ágiles que permitan garantizar el derecho a la reagrupación familiar, así como a simplificar los trámites pendientes correspondientes a esta situación.

El director general de CEAR explicó que la actual coyuntura política ha multiplicado los obstáculos para estas gestiones, ya que no solo ha provocado la interrupción de los vuelos entre ambos países, sino que también ha reducido de forma drástica las posibilidades de comunicación administrativa entre las familias y las autoridades, detalló Europa Press. Valiente argumentó que esto representa un impacto directo en la vida cotidiana de las personas de origen venezolano que residen en territorio español y esperan poder reunirse con sus familiares, enfatizando la necesidad de una intervención estatal proactiva.

En sus declaraciones recogidas por Europa Press, Valiente subrayó que deben establecerse alternativas a través de terceros países, junto a un esfuerzo adicional por parte de las autoridades diplomáticas, para tramitar correctamente los casos que actualmente se encuentran en riesgo. Para el representante de CEAR, “ningún tipo de situación en ningún país puede estar por encima del derecho internacional”, por lo que rechazó las acciones calificadas como “agresión” sufridas por Venezuela. Además, enfatizó que la facilitación de estos trámites pendientes constituye una obligación legal y no únicamente una respuesta de carácter humanitario.

Otras organizaciones internacionales han expresado preocupaciones similares y demandas paralelas, según puntualizó Europa Press. Accem, entidad dedicada a la atención de personas refugiadas, reclamó el fortalecimiento de la multilateralidad con el objetivo de prevenir una escalada de violencia, defendiendo que el fomento de la paz es el único camino para asegurar el bienestar y desarrollo social. Europa Press recogió la postura de Accem, que señala que una solución armada a los conflictos no puede aceptarse como única vía y advirtió del sufrimiento asociado a la propagación de la violencia, por lo cual insisten en la necesidad urgente de reforzar la cultura de paz.

En una perspectiva centrada en la infancia y los desplazados, World Vision hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que destine ayuda de emergencia dirigida tanto a las familias venezolanas que permanecen dentro del país como a quienes se encuentran refugiados o desplazados en naciones vecinas. Europa Press citó al director regional de World Vision para América Latina y el Caribe, Joao Diniz, quien precisó que dentro de Venezuela alrededor de cinco millones de personas experimentan inseguridad alimentaria, mientras que más de siete millones están en condición de refugio o desplazamiento. Diniz señaló que los más afectados en contextos de incertidumbre y crisis son los niños y niñas, por lo cual pidió garantías para su seguridad física y psicosocial.

Por su parte, la Fundación Madrina, según informó Europa Press, reiteró la importancia de optar por soluciones pacíficas y la consolidación de instituciones democráticas, reclamando respeto absoluto a los derechos humanos durante cualquier posible periodo de transición o cambio en Venezuela. Esta organización ha asistido a miles de madres, niños y familias venezolanas en España, quienes han escapado de su país a causa de la corrupción, la inseguridad y el deterioro de servicios esenciales como la sanidad y la protección materno-infantil. Fundación Madrina exigió que, ante cualquier proceso de transición hacia la democracia y las libertades fundamentales, se blinden los derechos de la infancia y de las mujeres, asegurando acceso universal y gratuito a servicios de salud, alimentación, seguridad y educación.

Además, Fundación Madrina expresó su expectativa de que Venezuela ofrezca lo antes posible condiciones que permitan un retorno libre, seguro y digno para quienes desean regresar a su país de origen, reportó Europa Press.

La serie de demandas y alertas emitidas por CEAR y las citadas organizaciones reflejan la compleja situación que atraviesan millones de venezolanos tanto en su país como en el exterior, con un impacto significativo en las posibilidades de reunificación familiar, acceso a derechos básicos y protección de la infancia en un escenario de crisis humanitaria y tensiones internacionales, según las informaciones difundidas por Europa Press.

La entrada del último grupo de personas reasentadas desde Costa Rica, formado por 37 nicaragüenses, ha permitido que España cierre el ejercicio 2025 del Plan Nacional de Reasentamiento con la cifra de 817 personas acogidas, según informó el medio original. Esta acción ha estado enmarcada en una estrategia coordinada que involucra a varios ministerios, así como a organizaciones humanitarias y entidades sociales, para brindar protección internacional a solicitantes principalmente provenientes de Siria y Nicaragua.

El medio fuente detalló que la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, recibió a este grupo en Madrid, subrayando el compromiso del Estado español en la protección internacional y en que la acogida va más allá del mero traslado, priorizando la integración real. Desde la aprobación del plan por parte del Consejo de Ministros el 23 de diciembre del año anterior, se ha dado respuesta a las prioridades establecidas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), destinando esfuerzos específicos a los colectivos identificados por el organismo como prioritarios.

A lo largo del año, se han realizado 22 traslados, mediante vuelos regulares y chárteres, desde los dos ejes principales de protección del plan: sirios y nicaragüenses. Según consignó el medio fuente, España acogió en 2025 a 364 personas de nacionalidad siria que residían en Beirut, Líbano, y a 453 personas de origen nicaragüense procedentes de Costa Rica. Esta cifra representa cerca del 70% de la meta fijada para el periodo. Los desplazamientos se organizaron adoptando enfoques individualizados y ajustándose a las características y necesidades específicas de cada caso.

El desarrollo del plan de reasentamiento implicó la colaboración de diversas instituciones y entidades. Según publicó el medio original, la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional —dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones— coordinó tanto la recepción en el aeropuerto, como la derivación de las personas reasentadas al Sistema Nacional de Acogida. La operación requirió de una labor conjunta con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y la Oficina de Asilo y Refugio.

Durante el proceso de llegada a España, participaron organismos como AENA, la Policía de Fronteras (CEFRONT), Policía Científica, Guardia Civil y Cruz Roja, además de organizaciones colaboradoras dentro del Sistema de Acogida y Protección Internacional: CEAR, CEPAIM, CRE, ACCEM y APIP-ACAM, entre otras. Todos estos actores sumaron esfuerzos para asegurar el cumplimiento de los estándares de protección y facilitar el acceso a recursos y servicios esenciales desde el primer momento.

De acuerdo con la información proporcionada por la fuente, el proceso comienza en los países de primer asilo, donde ACNUR España recopila y analiza los expedientes de quienes buscan protección internacional. Una vez identificadas las personas susceptibles de ser reasentadas, la Dirección General de Atención Humanitaria realiza misiones de selección en colaboración con las distintas agencias implicadas. El traslado a España sigue una planificación donde cada llegada representa no solo cifras, sino también trayectorias personales marcadas por la resistencia y la búsqueda de oportunidades de futuro, tal como expresó la secretaria de Estado.

El Sistema Nacional de Acogida, gestionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, asigna las plazas a partir de criterios que consideran los vínculos familiares, las vulnerabilidades y las particularidades de cada caso, con el objetivo de favorecer la integración. El itinerario diseñado propicia que las familias tengan condiciones adecuadas para desarrollar autonomía y facilitar la inserción social y económica en el país de destino.

El plan, ejecutado mediante las operaciones coordinadas entre organismos nacionales e internacionales, no solo respondió a las urgencias establecidas por ACNUR para Siria y Nicaragua, sino que también consolidó la presencia y el compromiso de España en la protección internacional y en la consolidación de rutas legales y seguras para personas en riesgo. La estructura de derivación, la colaboración entre instituciones y la atención especializada constituyeron los elementos centrales del programa durante 2025, según lo documentado por el medio original.

Claudina Suárez y sus hijas recibieron amenazas y sufrieron insultos de carácter racista tras mudarse a una vivienda de alquiler en Sevilla, según el testimonio recogido por CEAR. "Desde el día que llegamos a nuestra nueva vivienda, la gente a la que le alquilamos comenzó a pedirme que pagara de más. Luego ya no nos dejaban ni usar la lavadora y empezaron las amenazas y todos los insultos racistas. Y hasta los dirigían a mis hijas, diciéndonos que harían para deportarnos. La situación era terrible", narró Suárez. Esta situación se presentó en el marco de un aumento de denuncias por exclusión y discursos de odio que afectan a personas migrantes en España, como informó la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

De acuerdo con la organización, más de 130 personas han sido atendidas en los últimos diez meses por situaciones de discriminación relacionadas con racismo o xenofobia en diversos ámbitos. Así lo detalló CEAR con motivo del aniversario del asesinato de Lucrecia Pérez, ocurrido el 13 de noviembre de 1992 y considerado el primer crimen racista reconocido en España. La ONG explicó que el proyecto 'Alza la Voz contra el Racismo y la Xenofobia', implementado este año en Valencia, Sevilla y Madrid, ha brindado acompañamiento y asesoramiento integral tanto individual como grupal a quienes han atravesado episodios de exclusión por su origen o situación administrativa.

El medio reportó que las barreras para acceder a derechos esenciales afectaron principalmente el empadronamiento, la vivienda, el empleo, la sanidad y la apertura de cuentas bancarias. CEAR alertó también sobre la negativa de algunas entidades financieras a permitir el acceso al sistema bancario a personas en situación de vulnerabilidad, acción que contradice el derecho reconocido a disponer de una cuenta en el país.

En cuanto a la asistencia sanitaria, el empadronamiento se convirtió en un requisito excluyente. El medio recogió la experiencia de numerosas personas que, por no contar con este trámite o por tener una documentación distinta al DNI, quedaron fuera de la cobertura básica de salud. Lorena Valdes explicó que tras cambiar de centro de salud, su nueva doctora detectó su acento latino y se negó a revisar sus pruebas médicas, instándola a volver al trabajo a pesar de su mal estado. "Me mandó a trabajar con un estado de salud lamentable. Lo que hizo fue marginar todos los derechos que tengo como persona", relató Valdes. Tras acudir al servicio de CEAR en Madrid, recibió orientación sobre el proceso de reclamación y acompañamiento en una nueva cita médica.

La dificultad para empadronarse representa otra traba frecuente para la integración plena de las personas migrantes, según publicó CEAR. Jennifer Restrepo relató que esperó más de un año para lograr este trámite pues, aunque trabajaba regularmente, en la vivienda alquilada se negaban a autorizar el empadronamiento. La intervención de CEAR en Valencia fue clave para que el ayuntamiento aceptara reconocerla en el registro municipal, según su testimonio.

Al margen del acompañamiento ante situaciones de discriminación, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado destacó la formación de más de 500 personas migrantes a través de su proyecto 'Alza la Voz' en cuestiones de igualdad de trato y derechos fundamentales. El programa incluyó sesiones informativas sobre mecanismos de protección ante situaciones de odio, canales para interponer denuncias y asesoramiento continuado para la prevención de nuevas vulneraciones.

Los responsables de CEAR señalaron que "las personas migrantes siguen enfrentando graves obstáculos para empadronarse, lo que les impide acceder a derechos básicos". Junto a las restricciones en el acceso a una cuenta bancaria, situaciones de discriminación laboral y la exclusión sanitaria persistieron a lo largo de 2023. El servicio de la ONG, informaron, contempla una atención integral que abarca la información, asesoría, acompañamiento y seguimiento en todos los procesos de denuncia o recuperación de las víctimas.

La entidad mostró preocupación por el avance de políticas y discursos considerados contrarios a derechos, al asegurar que este fenómeno fomenta actitudes de odio y raciales, poniendo en entredicho las garantías básicas y propiciando un aumento de incidentes discriminatorios motivados por razones étnicas o raciales. Según consignó el medio, la organización animó a las personas migrantes a denunciar y visibilizar estas prácticas, indicando que "alzar la voz" es un paso fundamental para erradicar la impunidad y evitar que casos como el de Lucrecia Pérez se repitan.

El proyecto 'Alza la Voz', detalló CEAR, busca fortalecer tanto la respuesta individual como colectiva ante el racismo y la xenofobia, facilitando herramientas informativas y acompañamiento especializado. La intervención cuenta con actividades orientadas a la prevención y a la mejora de la convivencia, así como a la denuncia de delitos de odio y la reparación de las víctimas afectadas.

En el balance anual realizado por CEAR con motivo del aniversario del crimen de Lucrecia Pérez, la organización hizo especial hincapié en la necesidad de mantener la vigilancia social y reforzar los mecanismos de protección a la población migrante. El trabajo en ciudades como Valencia, Sevilla y Madrid expuso la persistencia de desafíos relacionados con la igualdad de trato y la prevención de la exclusión, al tiempo que reflejó la importancia de la articulación entre entidades, administración pública y sociedad civil para garantizar el acceso a derechos.

Entre las áreas más afectadas, según indicó la ONG, se cuentan el acceso a la sanidad, el registro municipal, el empleo y la vivienda —todos considerados elementos esenciales para la integración—. El servicio promovido por CEAR actúa tanto en la dimensión administrativa como en el acompañamiento jurídico y psicosocial de quienes sufren discriminación, ofreciendo también espacios de formación y sensibilización a la población migrante.

La entidad insistió en que la persistencia de obstáculos en el acceso a derechos, sumada a la creciente presencia de discursos de odio y políticas restrictivas, agrava la situación de exclusión para personas de origen extranjero en España. CEAR reiteró la importancia de mantener abiertos los canales de denuncia y de reforzar las acciones formativas que permitan tanto a quienes llegan al país como a la sociedad receptora identificar y rechazar conductas discriminatorias en todas sus formas.

España fue en 2024 el segundo país de la Unión Europea (UE) en recibir peticiones de asilo, con 167.366 solicitudes. Sin embargo, se sitúa nuevamente a la cola en cuanto a la tasa de reconocimiento, con un 18,5% de las resueltas favorablemente, casi 30 puntos menos que la media europea (46,6%).

Así lo pone de manifiesto la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en su Informe Anual sobre las personas refugiadas en España y Europa, presentado este lunes en rueda de prensa en el Consejo General de la Abogacía Española.

En concreto, CEAR precisa que el año pasado se alcanzaron un total de 167.366 de solicitudes de asilo en España. Esta cifra supone un 2,5% más que el año anterior y es la más alta desde que se tiene registro. La cifra global de desplazamiento forzado aumentó en 2024 hasta alcanzar los 122,6 millones de personas, según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Así, España pasó a ser el segundo país de la UE en número de solicitudes de protección internacional, solo por detrás de Alemania y seguida de Francia. Venezuela y Colombia registraron, como en el año anterior, el mayor número de solicitudes, mientras que Mali irrumpió como tercera nacionalidad de las personas solicitantes de asilo el año pasado.

En cuanto a la distribución territorial de las solicitudes, la Comunidad de Madrid (47.439), Andalucía (25.538) y Cataluña (17.488) se situaron a la cabeza, mientras que las solicitudes presentadas en Canarias descendieron ligeramente. Mientras, aumentaron levemente las solicitudes en Aragón (8.153), País Vasco (7.729) y Melilla. En cambio, las presentadas en Ceuta casi se duplicaron.

El principal lugar de presentación volvió a ser el territorio, con el 94% de las solicitudes. Ascendieron ligeramente el número de solicitudes presentadas en puestos fronterizos, principalmente en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, así como las presentadas en embajadas de España en el exterior.

Respecto al perfil del solicitante, mayoritariamente se trata de un hombre joven, que realiza su trayecto en solitario y que procede principalmente de América Central y del Sur, África del Norte y Occidental. Por lo tanto, se retoma la tendencia de los años anteriores a la pandemia del covid y se revierte la tendencia de grupos familiares extensos de los últimos dos años.

ESPAÑA, LEJOS DE LA MEDIA EUROPEA EN TASA DE RECONOCIMIENTO

Al mismo tiempo, el informe de la ONG señala que España fue también uno de los países de la UE que otorgó menos protección en 2024, con una tasa de reconocimiento del 18,5%, frente al 46,6% de la media europea.

En cuanto al número de solicitudes pendientes de resolución en primera instancia en la UE, a finales de 2024 quedaron sin resolver 1.241.660, un 8,5% más que en 2023. Se trata de las cifras más altas jamás registradas. Alemania siguió siendo el país con el mayor número de solicitudes pendientes (29% del total de la UE), seguida de España (21%), Italia (17%) y Francia (12%). Estos cuatro países de la UE concentraron en conjunto el 78% de todas las solicitudes pendientes en la UE a finales de 2024.

Por otro lado, CEAR muestra preocupación por el anuncio de la futura apertura este año de un nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Algeciras, con capacidad para unas 507 personas. Además, señala la "persistencia de obstáculos" en el acceso efectivo al derecho de asilo para las personas internadas.

La ONG también se refiere al nuevo Reglamento de Extranjería, que entró en vigor el pasado 20 de mayo, que "presenta luces y sombras". En este sentido, explica que, por un lado, "flexibiliza el arraigo para algunas personas en situación irregular, pero excluye del cómputo a quienes hayan visto sus solicitudes de asilo rechazadas, empujándoles a permanecer dos años en situación irregular".

Igualmente, se ha referido a la "imposibilidad" de conseguir una cita para formalizar la solicitud de asilo y los "largos tiempos de espera", que han denunciado que "siguieron dejando en un limbo jurídico a miles de personas".

Por ello, CEAR considera que la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de personas migrantes puede ser una "herramienta válida" para dar respuesta a las "situaciones de irregularidad" que quedan fuera del nuevo Reglamento.

En cuanto a las personas migrantes afectadas por las inundaciones provocadas por la dana a finales de 2024, la ONG señala que una de las "principales barreras" para acceder a las prestaciones ha sido la "dificultad" para cumplir con los requisitos exigidos, como la acreditación de residencia.

Respecto al Pacto europeo de Migración y Asilo, la ONG recalca que, a pesar de las múltiples demandas por parte de las organizaciones de la sociedad civil para lograr un pacto "con derechos", el resultado "no fue el esperado". "El acuerdo consolida un enfoque securitario basado en el control y externalización de fronteras para abordar la migración, planteando riesgos significativos en términos de protección y de derechos humanos", subraya.

"PREOCUPACIÓN" ANTE LA "iNSUFICIENTE" RESPUESTA POR LA GUERRA EN GAZA

En el acto de presentación del informe, el presidente de CEAR, Carlos Berzosa, ha mostrado "preocupación" por Gaza y por la respuesta "insuficiente" que se está dando a la guerra. "Me parece que es realmente algo que hay que luchar contra ello, no es un problema ideológico, simplemente es un problema de defensa de derechos humanos y defensa del derecho a la vida", ha asegurado.

El informe de la ONG también alude a las llegadas de personas migrantes por vía marítima, fundamentalmente en Canarias y Baleares. En el caso de esta última, apunta que se identificó una nueva ruta que une Somalia a estas islas, atravesando diversos países, incluido Argelia, en un recorrido que puede durar hasta dos años.

En este sentido, la directora general de CEAR, Mónica López, ha pedido tomar medidas "rápidas" ante el aumento de llegadas a Baleares, para que las personas que están arribando no queden en situación de calle. Igualmente, ha pedido estar "observante" este año sobre las solicitudes de protección internacional de personas de Venezuela. En esta línea, ha dicho que, según cifras del primer cuatrimestre de 2025, el aumento de estas puede deberse a la situación de EEUU.

Por su parte, el director general de CEAR, Mauricio Valiente, ha reclamado una nueva ley de asilo que garantice "vías legales y seguras", entre otras medidas. Para lograr la agilización de los procesos de asilo, ha solicitado medios para hacer frente al volumen de las solicitudes.

También ha hecho alusión a los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo. "Si el Ministerio de Inclusión, con el que colaboramos para mantener el sistema de acogida, establece con condiciones específicas que acojamos a estos menores, lo haremos con condiciones que garanticen su situación específica, no puede ser en los centros o en las mismas condiciones que el resto de las personas", ha destacado Valiente.

Finalmente, la activista salvadoreña, Alma Hernández, ha solicitado que se agilicen los procesos de asilo y que estos sean evaluados de acuerdo a los principios de derechos humanos. Según ha explicado, la ruta que tenían hasta este momento las personas del Salvador para poder emigrar y huir era Estados Unidos. Si bien, actualmente, ha indicado que esta no está "clara" debido a las políticas migratorias "racistas" de Donald Trump.

"Nos encontramos en una encrucijada histórica. Confiamos en que el Gobierno español tome el camino adecuado y descarte cualquier vía alternativa que suponga vulnerar derechos y abrazar las políticas inhumanas que se promulgan en otros países", concluyen desde CEAR.

Entrará en vigor el 20 de mayo, y establece que el tiempo que un extranjero que ha esperado en España a que su solicitud de asilo sea resuelta -y trabajando regularmente- no computará para después pedir un permiso de residencia por arraigo si su petición es denegada finalmente.

Esto significa que, a partir de ahora, tendrá que pensárselo bien a la hora de solicitar asilo en España, porque, en el caso de que no se le conceda -la respuesta puede tardar años- caerá en la irregularidad y deberá permanecer así al menos dos años hasta conseguir las documentación.

Esto ha generado un gran rechazo de entidades sociales. El cambio puede afectar a las más de 240.000 personas que actualmente esperan respuesta a la petición de asilo, y las ONG temen que genere una gran bolsa de irregularidad de extranjeros que ya estaban trabajando e integrados en España.

Siete organizaciones han recurrido esta parte de la norma en el Tribunal Supremo: la Asociación Pro Derechos Humanos de España y Coordinadora de Barrios por un lado, y Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes por otro.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones incorporó al reglamento una vía transitoria: durante un año, los solicitantes con el asilo denegado antes de que la norma entre en vigor pueden optar al arraigo tras haber estado en situación irregular seis meses, en lugar de los dos años que se exigen al grueso de migrantes.

Según dijeron a EFE varias entidades que asesoran jurídicamente a solicitantes de asilo, esto ha provocado que muchos peticionarios que trabajaban en España hayan desistido, cayendo en la irregularidad -y, en muchos casos, perdiendo su empleo- y diciendo 'adiós' a la posibilidad de ser reconocidos como refugiados.

Uno de ellos es Santiago (nombre ficticio), que llegó a España en 2022 tras huir de Colombia, donde nació, porque fue amenazado de muerte por la banda criminal El Mesa, la misma que había acabado con su padre cuando él tenía 10 años.

Pidió protección internacional en un aeropuerto español, y se la denegaron. Pero unas horas antes de tomar el vuelo que lo devolvería a su país, lo dejaron entrar en España por una medida cautelarísima de la Audiencia Nacional, gracias a un recurso con el apoyo de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado).

Desde entonces, ha trabajado en España esperando que su solicitud se resolviera, pero ahora, con la entrada en vigor del nuevo reglamento, ha renunciado por el temor de que sea finalmente rechazada, y dado que ya cumple con el tiempo exigido para solicitar un permiso de residencia por arraigo.

La abogada Patricia Fernández, de Coordinadora de Barrios, niega que exista un uso fraudulento o abusivo del derecho de asilo en España, cuando el país reconoce alguna figura de protección a más del 53 % de las personas que lo piden.

En su opinión, esta medida va a generar "una bolsa de personas en la irregularidad que no tiene ni pies ni cabeza", además de discriminar a los solicitantes de asilo.

Según Diana Castillo, responsable jurídica de Red Acoge, esta medida busca un "efecto disuasorio" para quienes piden protección en España.

Fuentes del Ministerio de Migraciones informaron a EFE que el Gobierno "está estudiando vías, dotadas de seguridad jurídica" para dar respuesta a personas que están en España y cuya solicitud de protección ha sido denegada. EFE

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Accem han rechazado las medidas antimigración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al considerar que asocian la "criminalidad" con los migrantes. La primera ha apostado por la movilización social y la segunda ha alertado del "riesgo" que suponen para los derechos fundamentales.

En este sentido, la directora general de CEAR, Mónica López, ha señalado en declaraciones a Europa Press que "ahora, más que nunca, es necesaria una movilización social por los derechos de las personas migrantes y por los derechos humanos en general".

Asimismo, ha alertado de que en Europa "la extrema derecha va teniendo más peso y más importancia en la Unión Europea" y que, por tanto, va a "intentar" importar este tipo de políticas. "Ahí creo que la sociedad civil y las personas que defendemos los derechos humanos y los derechos de las personas migrantes y refugiadas estaremos en el lugar que tenemos que estar", ha subrayado.

Precisamente, la Casa Blanca ha ordenado suspender los préstamos, subvenciones federales y otros programas de asistencia financiera y, entre las afectadas, se encuentran las ONG que dan servicios relacionados con migración.

En esta misma línea, López ha advertido de que el "problema" de esta decisión es que estas organizaciones, así como la Iglesia, la ciudadanía y el apoyo de las comunidades "son más necesarias que nunca". "Y, sinceramente, creo que será difícil salir adelante. Supongo que las ONG en Estados Unidos lo tendrán complicado para salir adelante sin fondos, pero yo estoy segura de que se van a acabar movilizando de todas maneras", ha asegurado.

Esta misma semana, Trump también ha pedido a los secretarios de Defensa y Seguridad Nacional que tomen "todas las medidas necesarias" para utilizar la base militar de Guantánamo como espacio para encerrar a migrantes irregulares mientras se organizan sus vuelos de repatriación.

En concreto, su objetivo es emplear este espacio para detener a "extranjeros criminales de alta prioridad" que estén "ilegalmente" en el país. El magnate ha asegurado en una declaración ante la prensa que Guantánamo tiene "30.000" camas para los "peores criminales extranjeros ilegales que amenazan al pueblo estadounidense".

La directora general de CEAR ha tachado esta medida de "aberración" en materia de derechos humanos y del derecho internacional. "Creo que como sociedad no podemos permitir que este tipo de políticas inhumanas e ilegales se normalicen. Y que al final los ciudadanos lo asumamos como algo normal, legal y hasta legítimo", ha indicado.

En el caso de esta medida concreta de emplear Guantánamo, ha recalcado que tiene un "elemento simbólico muy importante" porque ha sido una prisión militar en la que se ha internado a terroristas. En este sentido, ha dicho que equipara a estos últimos con personas que tienen el derecho a migrar.

"Al final, son medidas que buscan deshumanizar, criminalizar a las personas que simplemente tratan de tener un futuro mejor o que están huyendo de sus países por riesgo a perder su vida", ha concluido.

MEDIDAS QUE ASOCIAN LA CRIMINALIDAD CON LOS MIGRANTES

Por su parte, fuentes de Accem han indicado en declaraciones a Europa Press que las políticas antimigración de Trump asocian la criminalidad con las personas migrantes "simplemente por el hecho de estar en situación irregular". Además, han advertido de que pueden suponer un "riesgo" para los derechos fundamentales y los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas.

También han explicado que criminalizan a las entidades que ayudan a personas migrantes y refugiadas en Estados Unidos. "Se las criminaliza, se polariza la sociedad alrededor de ello, y esto tiene una repercusión negativa tanto para las personas que ayudan a estas entidades, que son necesarias para su integración social y para su estabilidad vital, pero también para los propios personas que trabajan en ella", han lamentado.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha avanzado este jueves que la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, se reunirá "próximamente" con las ONG que han recurrido de forma parcial el nuevo Reglamento de Extranjería, aprobado por el Gobierno el pasado 19 de noviembre.

"La Secretaría de Estado ya ha fijado una reunión en la que va a tener un encuentro con las diferentes ONG. Yo no conozco el contenido del recurso, pero me remito a esta reunión y ese encuentro que van a tener próximamente", ha asegurado la ministra en rueda de prensa en el Ministerio.

En concreto, las ONG Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes interpusieron el pasado 20 de enero un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo por la "incompatibilidad" entre el procedimiento de protección internacional y los arraigos, según informaron en un comunicado.

La alianza formada por estas cinco organizaciones especializadas en el acompañamiento social y jurídico de personas migrantes y refugiadas, tras un primer análisis del documento, valora que "la normativa establece una serie de mejoras importantes y fundamentales". Si bien, considera que hay "aspectos relevantes demandados por estas entidades a lo largo de todo el proceso que suponen un impacto negativo en los derechos de las personas solicitantes de protección internacional y que se han dejado atrás".

Entre ellas, consideran que hay suficientes fundamentos de derecho para impugnar la incompatibilidad entre el procedimiento de protección internacional y los arraigos. El actual Reglamento señala como concepto jurídico que el tiempo como solicitante de protección internacional no compute como tiempo de permanencia previa para solicitar una residencia por arraigo.

Esto significa, según las organizaciones, que si una persona migrante recibe una denegación a su solicitud de asilo deberá reiniciar su tiempo de permanencia previa --en situación irregular, en este caso-- para optar a un arraigo. El recurso se centra en esta incompatibilidad, que dejaría en situación administrativa irregular a cerca de la mitad de las personas solicitantes de asilo, y se convierte en un elemento que desincentiva el ejercicio del derecho al asilo, según han advertido las ONG.

José María Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria, 16 ene (EFE).- El joven camerunés Augustin Prince (Pouma, 2000) ni siquiera se había planteado emigrar cuando se vio cruzando la frontera de Nigeria con los gritos de su madre aún resonando en la cabeza: "¡Huye!". Con 16 años, atravesó cuatro países, perdió amigos en el desierto, se salvó de milagro de morir en el Estrecho y solo se sintió a salvo al pisar Tarifa.

"Yo solo buscaba un lugar seguro. En Nigeria no encontraba la paz. Tampoco en Níger ni en Argelia. En Marruecos, igual. Decidí quedarme en España cuando nos detuvo la Policía al llegar a Tarifa. En ese momento empecé a sentirme seguro", relata. "Ese momento" fue el 28 de octubre de 2017, el día que Salvamento Marítimo lo rescató.

Con cifras de récord en la Ruta Canaria, a la que sobrevivieron el año pasado casi 47.000 personas, uno de cada cinco migrantes que cruzaron irregularmente las fronteras de la UE en 2024, este joven camerunés se ha desplazado a Las Palmas de Gran Canaria para presentar en Casa África 'El viaje de Prince', el libro donde relata su historia, publicado por CEAR y Libros de las Malas Compañías.

En una entrevista con EFE, Prince deja claro que él no eligió emigrar. "Mucha gente piensa que todos salimos en busca de una vida mejor y no siempre es así. En mi caso no lo fue", explica.

Ni tenía destino en mente cuando abandonó Camerún, ni le movía la esperanza de abrirse un futuro en Europa que empuja al cayuco o la patera cada año a miles de jóvenes africanos. Él no emigró, huyó.

Y lo hizo tras una experiencia terrible, la de presenciar cómo cuatro hombres violaban a su madre en medio de los enfrentamientos entre comunidades francófonas y angloparlantes que estallaron en Camerún en 2016, una guerra que provocó medio millón de desplazados.

"Cuatro hombres entraron en nuestra casa y violaron a mi madre. Yo intenté salvarla, pero uno de ellos me cortó con una botella de cristal en la mano. Aquí tengo las cicatrices. Solo recuerdo a mi madre diciéndome: ¡Sal de aquí, sal de aquí!", rememora. Esa misma noche, se sumó a un grupo de personas que caminaban hacia la frontera de Nigeria huyendo de la violencia que se apoderó de Camerún.

Prince dio tumbos sin rumbo fijo durante casi un año. Aguantó unas semanas en Nigeria pendiente de poder hablar con Rosine, su madre, pero no tuvo noticias de ella. Cruzó a Níger, luego a Argelia y después a Marruecos, siempre esperando encontrar un lugar seguro.

"Sobrevivimos durmiendo en la calle, pidiendo dinero y robando. No me siento orgulloso, pero fue así", confiesa. Y por el camino, cayó en manos de los traficantes de personas, que le quitaron todo. Su peor experiencia fue atravesar el Sahara, donde Naciones Unidas calcula que han muerto, como mínimo, 6.578 migrantes desde 2014.

En su libro, Prince defiende que la gente suele quedarse con el drama de los naufragios en el mar, pero que el desierto es peor.

"En la patera te pueden salvar. Cruz Roja, por ejemplo. En el desierto nadie te va a salvar. Y muere mucha gente, mucha. Yo perdí a compañeros que se acostaron conmigo por la noche y al día siguiente ya no seguían con vida", explica.

"El coche que nos cogió a nosotros en Níger nos dejó en la mitad del desierto. No sabemos dónde se fueron, pero por suerte volvieron. Hay coches que no regresan. Y si no vuelven, ¿qué haces? No hay comida, no hay agua, no hay nada... y el frío que hace en el desierto de madrugada es insoportable. Muere mucha gente", subraya.

La ocasión de tomar una patera a Europa se presentó en Marruecos al poco de cruzar desde Argelia. Sustituyó a un compañero que no pudo pagar el precio de los pasadores y acabó hacinado con siete hombres más en una pequeña lancha inflable de apenas tres metros.

Salvamento grabó un vídeo al rescatarlos en el estrecho de Gibraltar que habla por sí solo: la lancha se llenaba de agua con cada ola, sus ocupantes llevaban una pierna por fuera porque no cabían y todos trataban de remar, ya que motor se había averiado.

A esa hora, Augustin ya había llegado a la conclusión de que más que jugarse la vida, se había "pagado la muerte".

¿Por qué embarcó en tales condiciones? "Todo ocurre de noche", contesta, "si hubiera sido por la mañana, yo no me subo a esa barca, pero de noche no sabía nada, no se veía. Me di cuenta al amanecer. A las 8.00 de la mañana de aquel día me hice muchas preguntas sobre por qué había arriesgado tanto la vida, por qué estaba ahí. Fue horrible. Me vi muerto. Estaba seguro de que me iba a morir".

Aunque desde que pisó tierra ya se sintió "en paz", las cosas no le fueron bien de inmediato: estuvo en un centro detención para extranjeros, sufrió pesadillas recurrentes que le hacían hablar en sueños y tuvo que batallar para demostrar que tenía 17 años, porque las autoridades no le reconocían como menor. Cuando lo logró, la dicha le duró poco: al cumplir 18, de nuevo a dormir en la calle.

La Fundación Raíces y la CEAR le ayudaron a encauzar su vida, formarse como cocinero y regularizar su situación por la vía del arraigo, ya que le denegaron el asilo. Hoy tiene trabajo e, incluso, ha podido permitirse volver a Camerún a ver a su familia.

Ahora, Prince intenta devolver lo que ha recibido explicando a jóvenes de Camerún los riesgos de emigrar de forma irregular a Europa y ofreciéndoles una alternativa laboral en su país. Para ello ha creado su propia fundación. Se llama Rosine, como su madre. EFE

(foto) (vídeo)

Salvador Ruiz

Málaga, 4 ene (EFE).- Quizás el sueño europeo de los jóvenes africanos no sea convertirse en héroe por una dana ni ser coronado rey mago, pero eso le ha ocurrido a un joven de 18 años de Guinea-Conakri que llegó en cayuco a España por una ruta migratoria de las más peligrosas.

Entró irregularmente en Canarias tras pasar por Senegal, solicitó asilo y está acogido por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) desde hace un año en Málaga, donde llevaba una vida normal hasta que salvó a una mujer del agua en plena dana y su hazaña saltó a redes sociales.

A partir de ahí Mansour Konte se convirtió en protagonista involuntario en los medios de comunicación nacionales, tuvo que atender entrevistas y entrar en los directos de las televisiones, al tiempo que le llegaban algunas ofertas de trabajo y felicitaciones de vecinos e instituciones.

Y en dos semanas su gesta dio paso a que desde el Ayuntamiento de Málaga lo eligieran, en reconocimiento a su solidaridad y entrega, para representar al rey Baltasar en la tradicional cabalgata de Reyes Magos de la ciudad, que además ya siempre será encarnado por una persona de raza negra.

Como es costumbre, un conocido diseñador se ha encargado de su traje, junto a los de Melchor y Gaspar, para poder sentarse -si el tiempo no lo impide- en el trono de la carroza este 5 de enero. Y ha tenido que acudir, incluso, a varias pruebas hasta ajustarse al detalle la vestimenta para el momento.

Muy educado, aunque parco en palabras, Mansour confiesa a EFE que todo eso está muy bien, pero él piensa en su futuro.

Igual que este joven en su día, la ruta migratoria canaria -una de las más peligrosas del mundo- la superaron durante el pasado año 46.843 personas, un 17,4 % más que en 2023.

Sin embargo, el colectivo 'Caminando Fronteras', que investiga desapariciones de migrantes en el mar de camino a España, ha revelado que, según su balance, 10.457 personas perdieron la vida en 2024 intentando llegar a las costas españolas, una media de casi 30 por día, la gran mayoría (9.757) en la ruta atlántica hacia Canarias.

En el agua se quedan algunos en su intento. Al agua no le temió Mansour aquel 13 de noviembre cuando golpeaba la dana en Málaga y para rescatar a Cristina se adentró en el ancho río en el que las fuertes lluvias convirtieron una calle de tres carriles. Ella se había quedado parada a la mitad sin poder avanzar.

Ante esta peligrosa situación, relataba a EFE, fue "muy rápido" hasta ella para tenderle su mano y así juntos continuar el recorrido, pero la mujer respondió llorando que no podía andar, por lo que optó por cargarla en brazos para sacarla de allí y que pudiera tranquilizarse.

Tras salvarla quiso seguir echando una mano y colaborar con otros vecinos en la limpieza de las casas donde había entrado el barro. Estaba entonces muy reciente la tragedia de Valencia. Él recuerda que en su país, cuando llueve mucho, las viviendas también se llenan de barro y salen a ayudar a quien lo necesita.

El mismo papel de Baltasar en Málaga lo desempeñó hace dos años alguien que también pasó lo suyo por el sueño europeo: Hady Coulibaly, un musulmán africano de Mali de 29 años que como migrante irregular saltó la valla fronteriza de Melilla y solicitó asilo y protección internacional.

Mansour se muestra contento e ilusionado por conocer la tradición de los Reyes Magos en primera persona y agradece que lo eligieran.

Para ir familiarizándose con el ambiente de esta celebración navideña, este mismo viernes ha participado de lleno en el pasacalles de la cabalgata de Reyes de su distrito, disfrazado de lo que esperan los niños que les entreguen él y los otros Magos: una caja de regalo.

Sus pajes acompañantes para la misión de Baltasar reúnen un perfil similar al suyo: Fallou, de Senegal y solicitante de asilo, y Blanche, de Costa de Marfil y trabajadora de CEAR.

Todavía estudia las ofertas laborales que recibió, la de más peso le llevaría hasta León -según explican desde su entorno- y a él, aunque con incertidumbre, le atrae. A todo esto, por el momento su situación de solicitante de asilo no ha cambiado. La magia no ha operado aún con él. EFE

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód: 22431188 y 22412418)

Un total de 797 migrantes han llegado a España de forma irregular desde el 1 de enero, de los que 657 lo han hecho a Canarias, 98 a Baleares y 42 a Murcia, según un recuento llevado a cabo por Europa Press.

Así, al archipiélago canario han arribado once embarcaciones en lo que va de 2025 --cuatro el 1 de enero, tres el día 2 y cuatro este viernes-- con dos fallecidos y 657 migrantes. Respecto a Baleares, han sido 98 migrantes los que han llegado a las islas este 2025. Todos ellos lo hicieron durante el primer día del año.

Por otro lado, la Guardia Civil ha interceptado durante la madrugada de este viernes a 42 inmigrantes irregulares llegados en patera a aguas de la Región de Murcia, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en un comunicado. Asimismo, han señalado que estas personas tienen nacionalidad argelina y se encuentran en buen estado tras ser atendidos por Cruz Roja.

En total, en 2024 han llegado a las costas españolas de forma irregular 63.970 inmigrantes, lo que supone un incremento del 12,5% más que el año anterior cuando arribaron 56.852 personas, según el balance del Ministerio del Interior presentado este jueves.

Actualmente, el récord de llegadas de migrantes de forma irregular se sitúa en el año 2018, con 64.298, 328 menos que 2024, siendo así 2024 el año donde han arribado más inmigrantes de manera irregular de los últimos cinco años. Por su parte, Canarias ha recibido en 2024 a 46.843 migrantes, superando 2023, con 39.910, e incluso a 2006, con la conocida 'crisis de los cayucos' (31.678).

A tenor de estos datos, el director general de CEAR, Mauricio Valiente, ha explicado en declaraciones a Europa Press que este número de llegadas a las costas españolas tienen que ver con el incremento del número de personas refugiadas en el mundo y, en concreto, en África. A su juicio, sería "difícil" que se incremente el número de personas refugiadas en el mundo y ello no tenga reflejo en España.

También ha señalado que existe un desplazamiento de los flujos migratorios que dependen de dónde se produzcan los conflictos, de la presión en el control migratorio, de actuaciones "brutales" como las de Libia, "con asesinatos directamente de personas migrantes". Si bien, ha añadido que "no significa que no puedan volver a cambiar".

Finalmente, Valiente ha destacado que se trata de un "número importante" de personas que "obliga a una atención por parte del estado de acogida" y que ello "no debería conllevar ningún desbordamiento". "Entendemos que, aún teniendo en cuenta las características concretas de las personas que llegan en patera o en cayuco, o en embarcaciones precarias, España puede perfectamente atender este número de personas", ha agregado.

Por su parte, desde la ONG Accem han reclamado que se analice la situación "desde un punto de vista sosegado y a largo plazo". "Consideramos que se debe llegar a acuerdos políticos al tiempo que defendemos los derechos humanos, la cultura de paz y las vías legales y seguras", han defendido.

También han afirmado que "la situación mundial está provocando desde hace tiempo un desplazamiento de personas desde sus países de origen, huyendo de conflictos bélicos como puede ser la guerra civil en Mali". Asimismo, han añadido que a estas situaciones en África subsahariana se unen la guerra en Ucrania y los conflictos en Oriente Medio.

Animales de granja, como gallinas o conejos para la infancia de países en conflicto, kits escolares para la infancia afectada por la dana en Valencia, una taza de café por los refugiados o una pulsera artesanal para apoyar a niños con cáncer son algunos de los regalos solidarios que se pueden adquirir esta Navidad, según las ONG.

"Hay regalos que transforman vidas, ya que ayudan a que muchos niños y niñas puedan tener una vida más digna, segura y saludable, gracias al acceso a la educación, la salud y el agua potable. Haciendo un regalo solidario cambiamos la vida de un niño o niña vulnerable", explica World Vision.

Así, propone realizar una donación a través de su web que se convertirá en "agua limpia, animales de granja, kits de apicultura, tarjetas sanitarias, apadrinamiento o un certificado de nacimiento".

También en la web de Educo se pueden encontrar 27 obsequios solidarios. Este año, se ofrecen también regalos específicos para los niños y niñas que han sufrido las consecuencias de la dana del pasado mes de octubre.

Por ejemplo, se pueden aportar 40 euros para que la infancia afectada participe en sesiones de apoyo psicosocial que les ayude a superar el trauma vivido por la catástrofe, mientras que con 60 euros se facilitará a las escuelas y entidades sociales materiales educativos (pizarras, juegos de mesa, mochilas, bolígrafos y rotuladores, etcétera).

Asimismo, Educo destaca que, por 25 euros, en India, una familia puede tener gallinas ponedoras de huevos que les aportan proteínas y que también les pueden generar ingresos si venden los excedentes; y en Nicaragua, con una ayuda de 39 euros, mujeres que viven en zonas rurales y que son víctimas de violencia de género recibirán un lechón para que puedan criar y vender, y así ser más independientes económicamente.

"Nuestra sociedad es una sociedad solidaria y, ahora que las navidades están cerca, es un buen momento para demostrarlo una vez más", ha explicado la directora de Marketing de la organización, Sarah Sobrón.

Por otro lado, CEAR ha lanzado un mercadillo online donde se puede encontrar regalos solidarios como libros, arte, moda y complementos, de empresas comprometidas con los derechos humanos, gracias a su colaboración con un porcentaje sobre las ventas de los productos que va al Fondo Solidario para el Refugio.

Bajo el lema 'Contigo somos refugio', las marcas participantes contribuyen en el trabajo de la organización en la acogida e inclusión de personas refugiadas y en la defensa integral de todos sus derechos.

LIBROS, ROPA Y JOYAS ARTESANALES

Los ciudadanos podrán encontrar desde pendientes sostenibles realizados por tecnología 3D de Dlolitalola; packs de calcetines de algodón orgánico inspirados en la naturaleza de Thearticbay, 'Libros para soñar' de Kalandraka o una taza en la que se puede leer 'A coffee for refugees' (un café por los refugiados) elaborada de manera artesanal por Retropot y vendida por Shareacoffeefor.

Por otra parte, la compañía española de calzado miMaO ha lanzado una colección de pulseras solidarias artesanales para ayudar a niños con cáncer. Con la compra de cada unidad, la firma contribuirá con una parte de las ventas a dos iniciativas en colaboración con la Fundación Aladina. Por un lado, se destinarán fondos para la entrega de juguetes a los niños durante la Navidad y, por otro, la donación apoyará la financiación de un campamento internacional donde, durante siete días, niños con cáncer podrán disfrutar de diversas actividades junto a sus hermanos y hermanas.

"Queremos echar una mano a los Reyes Magos estas Navidades, porque ningún niño debería perder la magia y la ilusión de estas fechas tan especiales. Nuestro objetivo es llevar sonrisas y esperanza a quienes más lo necesitan", ha explicado el CEO de miMaO, Rafael Muñoz.

Mientras, desde la Fundación Juan XXIII se elaboran cada año más de 120.000 cestas de Navidad preparadas por las personas que forman parte de su Centro Especial de Empleo. "Son mucho más que un simple obsequio navideño. Se trata de unas cestas que permiten fomentar, cada Navidad, la inclusión sociolaboral de muchas personas con discapacidad intelectual", han enfatizado.

Además, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo ha animado a la ciudadanía a visitar la página web 'Lesientabienatodoelmundo.org' para conocer el Comercio Justo y sus tiendas físicas y online, en las que se pueden encontrar dulces navideños como bombones, turrón o panettone, ropa, complementos, bisutería, juguetes, cosmética natural o decoración.

Según explican desde la coordinadora, las trabajadoras y trabajadores de Comercio Justo "cuentan con condiciones laborales dignas y salarios igualitarios que permiten cubrir las necesidades básicas" y, además, "en Comercio Justo se prohíbe la explotación laboral infantil y el trabajo forzoso". En España en 2023 las ventas de Comercio Justo superaron los 156 millones de euros.

Madrid, 18 nov (EFE).- España exige desde este lunes a los viajeros con pasaporte de Egipto que quieran hacer escala en el país que obtengan antes un visado de tránsito, una medida que, según denuncia la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, será un "obstáculo" para las personas que necesitan pedir asilo en España.

Esta medida ya ha sido adoptada en el último año para otros países como República Centroafricana, Sudán, Chad, Senegal o Kenia tras detectar que muchos ciudadanos de estos países viajaban en vuelos con otros destinos y aprovechaban la escala en España para pedir protección internacional.

Según ha denunciado CEAR este lunes en la red social X, se trata de una medida más de "externalización de fronteras" que imposibilitará que estas personas puedan llegar a España de forma legal y segura, entre ellas muchas coptas cristianas que sufren "graves amenazas" en su país.

Actualmente necesitan visado de tránsito para hacer escala en cualquier aeropuerto situado en el espacio Schengen los nacionales de Afganistán, Bangladesh, Eritrea, Etiopía, Ghana, Irán, Irak, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo, Somalia y Sri Lanka.

En el caso específico de España, hay que añadir los siguientes países: Burkina Faso, Camerún, Chad, Costa de Marfil, Cuba, Djibuti, Egipto, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haití, India, Kenia, Liberia, Mali, Mauritania, Palestina, República Centroafricana, República del Congo, Senegal, Sierra Leona, Siria, Sudán, Tayikistán, Togo, Turquía, Uzbekistán y Yemen. EFE

El actor senegalés Thimbo Samb, protagonista del cortometraje 'Los cayucos de Kayar', nominado en la próxima edición de los Premios Goya --que se celebrarán en Granada el 8 de febrero de 2025--, ha pedido "empatía" con los migrantes que llegan de forma irregular a España.

"Yo lo que pediría es amor, empatía, ponerse en el lugar de esta gente que está viniendo y que no escuchemos a esa gente que nos vende un discurso que no vale para nada y solo lo hacen para ganar votos", asegura Samb en una entrevista a Europa Press, al ser preguntado por los discursos de odio de una parte de la sociedad contra la migración.

En este sentido, señala que "hay una minoría" de la sociedad que está en contra de la migración irregular y matiza que "no todos los españoles piensan así", "ni todos los africanos piensan que todos los españoles son racistas". "Pero por supuesto que hay gente que no nos quiere aquí. Eso no significa que no vayamos a estar aquí. Créeme que vamos a seguir estando aquí porque la gran mayoría somos de aquí. Formamos parte de este país, amamos este país y, entonces, aquí estamos y aquí seguiremos", recalca.

Precisamente, Samb explica que el cortometraje comienza con la frase "esta es la historia de un meme" y cuenta que se refiere a tuit que puso un diputado de Vox, en el que se veía una playa repleta de cayucos. El mensaje apunta que decía que todos ellos iban hacia España para invadir a los españoles. "Se parecía muchísimo a la playa de mi pueblo. Entonces, decidimos partir a Senegal para desmentir este meme y para contar realmente cómo es mi pueblo y por qué utilizamos estos cayucos", asegura para añadir que las barcas las emplean para pescar.

Samb llegó a Tenerife de forma irregular el conocido como 'año de la crisis de los cayucos', en 2006, con 17 años. En el cortometraje, el joven le explica a su madre las diferentes situaciones por las que tuvo que pasar al llegar a España, como dormir en la calle o comer de la basura. "La gran mayoría de las personas inmigrantes que vivimos aquí, sufrimos y muchas veces preferimos no contarlo o preferimos tener un psicólogo aquí para contárselo y ya está para no hacer sufrir a nuestras familias. Nos lo comemos y lo llevamos por dentro y, por primera vez, contarle a mi madre lo que realmente he vivido en este país fue muy duro y muy incómodo, pero a la vez creo que también muy bonito porque a través de esa conversación me di cuenta de que mi madre es muy sabia", recuerda.

En esta misma línea, lamenta que es un referente y un ejemplo a seguir para jóvenes de muchos países de África por haber conseguido llegar a España. Por ello, expone que intenta explicar a las personas de su pueblo de los peligros de la Ruta Canaria. "Yo me dedico a informarles, a decirles que Thimbo ha estado durante tres meses durmiendo por la calle y buscando comida y que ha estado nueve años sin tener los papeles. Aún así, siempre lo que me dicen es, si tú puedes conseguirlo, nosotros también podemos conseguirlo. Y si tan duro es todo allí en España, pues, quédate aquí con nosotros y no vuelvas", apunta.

Igualmente, señala que en el documental aparece en una escena en la playa con unos jóvenes que desean poder llegar a España. Samb explica que se rodó en 2022 y que uno de ellos, posteriormente, murió al intentar cruzar el Atlántico. También cuenta que uno de sus mejores amigos desapareció en 2006, una semana antes de que él cogiese la patera que le llevó hasta Tenerife. "Y lo jodido es que hasta ahora sus padres no creen que ha muerto", asegura para añadir que siguen esperándole.

MÁS DE 70 PERSONAS QUE SALIERON EN 2023 DESDE KAYAR, DESAPARECIDAS

También detalla que el 9 de octubre del año pasado salió un cayuco desde su pueblo, Kayar, en el que viajaban más de 70 personas y que esta embarcación, hasta ahora, no ha aparecido. "Amigos muy cercanos y familias muy cercanos estaban en este cayuco y hasta ahora no aparece", ha lamentado.

Actualmente, Samb trabaja como actor y explica que cuando llegó a España empezó a hacer teatro en un grupo de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Más tarde, indica que ingresó a la Fundación Shakespeare de Valencia para cumplir su sueño.

'Los cayucos de Kayar' ha obtenido numerosos premios en festivales internacionales y nacionales, entre los que destacan el Premio al Mejor Cortometraje Documental en Cinehorizontes (Marsella) y en el Festival de Cine de Madrid FCM-PNR. Está escrito y dirigido por el madrileño Álvaro Hernández Blanco y es una producción de Orbe Cinema, De la Reina y Amma Productions que se rodó en Kayar, Senegal y Madrid.

Un total de 140.652 personas han pedido asilo en España entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2024, casi un 40% de ellas venezolanas, según datos publicados este martes por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Según estos datos, publicados en la red social 'X' y recogidos por Europa Press, el 69,2% de las solicitudes han sido presentadas por personas que huyen de países latinoamericanos. En este sentido, el 38,2% son de Venezuela, el 24,6% de Colombia, el 6,4% de Perú, el 6,3% de Mali y el 4,8% de Senegal.

Además, CEAR ha señalado que casi la mitad de las solicitudes tramitadas son denegadas y que el 15% de las personas son finalmente reconocidas como refugiadas. Además, ha apuntado que únicamente el 2,5% de las autorizaciones de residencia por razones humanitarias son concedidas a nacionalidades distintas de la venezolana.

En concreto, ha explicado que han sido denegadas 26.545 solicitudes, favorables 5.311 de estatuto de refugiado y 3.338 de protección subsidiaria, y concedidas por razones humanitarias 22.615.

En cuanto a los menores, la ONG ha indicado que las solicitudes de protección internacional de niños ascienden ya a 25.827 este año. "Cuando hablamos de personas refugiadas llegadas a España es necesario tener en mente que más del 18% de quienes huyen para salvar la vida son menores", ha recalcado.

Sevilla, 5 nov (EFE).- La quincuagésima octava edición de la Regata Sevilla-Betis, prueba de remo ocho con timonel que cada año se disputa en el río Guadalquivir entre dos botes en representación de los clubes de fútbol de la ciudad, se disputará el próximo sábado con el propósito de los verdiblancos de mantener su gran racha y el de los blanquirrojos de cortarla.

La embarcación bética absoluta masculina intentará lograr así su decimocuarto triunfo consecutivo para seguir reduciendo su desventaja con la sevillista en el palmarés general (30-27), mientras que, en féminas, intentará sumar la séptima seguida para aumentar la renta (15-19), según se destacó este martes durante la presentación de esta edición, que tuvo lugar en el Centro Especializado de Alto Rendimiento (CEAR) de la isla de La Cartuja, en Sevilla.

La regata, además, coincidirá este año con la celebración en la capital andaluza de la gala anual de la Federación Internacional de Remo, el denominado 'World Rowing Awards' (Premios Mundiales de Remo).

La Sevilla-Betis, organizada por la Federación Andaluza de Remo (FAR), completa un programa de los botes representativos de los dos clubes en tres categorías (absoluta -seis mil metros-, aspirantes y veteranos -quinientos metros-), tanto masculinas como femeninas.

En cuanto a los aspirantes, el Betis manda en categoría masculina (18-20) y hay tablas en la femenina, con sólo dos ediciones (1-1). En veteranos dominan los verdiblancos (7-21), aunque las sevillistas ganan en la categoría femenina tras dos ediciones (2-0).

En esta presentación se han dado a conocer las tripulaciones de ambos equipos y el Betis ha cumplido con el ritual de elegir calle en año par, por lo que optó por la de Sevilla para afrontar la curva de Chapina con teórica ventaja frente a su máximo rival, que saldrá por la orilla de Triana.

agr/jag

Madrid, 28 oct (EFE).- Oenegés en defensa de los derechos de los migrantes y de la salud, como Médicos del Mundo y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), han reclamado la mejora urgente de la atención sanitaria que se da a los migrantes que acoge España, tras la muerte hace una semana de un joven en un centro de Alcalá de Henares (Madrid).

En un comunicado, estas y otras entidades como Oxfam Intermon, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), la plataforma Regularización Ya y el Sindicato de Manteros de Madrid, se han referido así a la muerte del maliense Diallo Sissoko en el Centro de Emergencia, Acogida y Derivación (CAED) de la ciudad complutense.

También han recordado el fallecimiento en febrero de 2022 de otro maliense de 20 años en un centro de acogida en Tenerife; el hallazgo del cuerpo sin vida de otro joven en 2023 en El Hierro: y la muerte del marroquí Shad Karim, de 22 años, en un albergue en San Fernando de Henares (Madrid) el pasado mes de marzo.

Las oenegés han recordado que las personas que se ven forzadas a migrar a través de la ruta atlántica, considerada como una de las más peligrosas del mundo, lo hacen "en condiciones muy inseguras, soportando trayectos de incluso más de 10 días inmóviles, con escasos víveres y agua, expuestos a las inclemencias del tiempo y situaciones traumáticas".

Esta experiencia a menudo deriva en problemas de salud que pueden agravarse e incluso provocar la muerte, y para detectarlos y tratarlos son necesarios equipos sanitarios formados adecuadamente, que conozcan la patología específica vinculada a esas circunstancias y que cuenten con los medios adecuados, según el comunicado.

Para estas organizaciones, la atención únicamente cuando el paciente lo solicita no es suficiente debido a las barreras en la gestión del sistema de acogida, las "inequidades del sistema", el "racismo inherente", cuestiones culturales e idiomáticas y la situación de vulnerabilidad de los recién llegados.

Las entidades defienden que se realice una valoración individual de cada persona a su llegada y una reevaluación posterior, "asegurando un seguimiento médico estrecho mientras dure el periodo de acogida y garantizando el acceso de los pacientes a los servicios sanitarios".

Reclaman la redimensión estructural y organizacional de los medios sanitarios disponibles en los enclaves de llegadas habituales y en los municipios donde se ubican los centros de acogida para poder dar una respuesta realista a toda la población.

"Los medios sanitarios puestos a disposición por el Sistema Nacional de Salud se deberían corresponder a la complejidad de las necesidades sociosanitarias de esta población y no lo hacen", han denunciado.

También han apuntado la necesidad de contar con intérpretes y mediadores interculturales profesionales en todo el proceso, evitando, en lo posible, "un infradiagnóstico que pudiera ser fatal". EFE

Laura López

Madrid, 18 oct (EFE).- El Gobierno de Canarias valora establecer acuerdos con países como Marruecos o Senegal para derivarles la atención de los menores migrantes no acompañados procedentes de estos países que han llegado a las islas.

Su presidente, Fernando Clavijo, ha confirmado en los últimos días que estudia esta opción como alternativa ante la saturación de sus recursos -Canarias tutela a cerca de 6.000 jóvenes- y el bloqueo político actual sobre la reforma de la ley para que las comunidades autónomas compartan esta acogida.

Para ello, se ha apoyado en el artículo 35.2 de la ley de extranjería, que permite a las comunidades autónomas "establecer acuerdos con los países de origen dirigidos a procurar que la atención e integración social de los menores se realice en su entorno de procedencia".

"Tales acuerdos deberán asegurar debidamente la protección del interés de los menores y contemplarán mecanismos para un adecuado seguimiento por las comunidades autónomas de la situación de los mismos", añade ese artículo.

Según diversas expertas en derechos de la infancia y migración consultadas por EFE, aunque este instrumento está contemplado en la ley, su correcta aplicación exige un exhaustivo estudio caso por caso en función del interés superior del menor -para lo que son necesarios muchos medios técnicos y largos plazos- que habitualmente concluye que lo mejor para él es quedarse en España.

La directora de Incidencia Social y Política de Save The Children, Catalina Perazzo, explica que la Convención de los Derechos del Niño establece que, a priori, lo mejor para un niño es estar con su familia y por eso esta es la primera opción que hay que valorar cuando se atiende a un niño o adolescente que llega solo a España.

Pero para que llegue a producirse una repatriación ha de acreditarse que se trata de lo mejor para el joven, algo que no es sencillo.

Según explica la letrada Paloma García de Viedma, de la Fundación Raíces, en estos casos la Delegación del Gobierno tiene que recabar un informe de las autoridades del país de origen sobre la situación socioeconómica de la familia para comprobar que el joven va a ser bien atendido en el caso de su retorno.

Y es un procedimiento en el que el joven tiene derecho a ser escuchado, a tener un abogado y a recurrir ante un juez si no está de acuerdo con la decisión; lo que, en la práctica, lo convierte en un proceso "difícil" y lento.

Otra opción es repatriar al menor y ponerlo a disposición del sistema de protección del país en cuestión, pero, de nuevo, hay que justificar que esta decisión atiende su interés superior.

Hay que hacer una valoración de si el sistema de atención del país de origen cuenta con las garantías necesarias, como centros de protección adecuados o profesionales especializados que cuiden correctamente del joven.

"Lo más importante es que es caso a caso, valorando las circunstancias específicas de cada niño y cada niña, incluyendo escucharles, porque tú tienes que saber si ellos quieren volver o no", señala Perazzo.

En opinión de la coordinadora jurídica de CEAR, Elena Muñoz, conociendo la realidad de los sistemas de Marruecos y Senegal, es "difícil" que una valoración en función del interés superior del menor concluya que van a estar mejor en un centro de menores allí que en España.

Para este tipo de derivaciones serían útiles los acuerdos bilaterales con ciertos países, como ha referido Clavijo, pero siempre en el marco de la Convención de los Derechos del Niño y nunca de forma generalizada.

A este respecto, las voces consultadas recuerdan el caso de las devoluciones de menores en Ceuta en 2021, que se realizaron bajo el pretexto de un acuerdo firmado con Marruecos pero, según confirmó el Tribunal Supremo en enero de este año, fueron ilegales.

En cualquier caso, recalcan las expertas, esta vía no sería una solución rápida ni aplicable de forma masiva, como reclama Canarias para aliviar la actual saturación de sus recursos.

La última memoria de la Fiscalía General del Estado, relativa a 2023, hace referencia a un solo caso de repatriación de menores, tanto para volver con la familia como al sistema de protección del país de origen. Sobre 2022 recoge dos casos y en relación a 2021, ninguno.

En los últimos días, otras voces como el PP han puesto sobre la mesa la posibilidad de involucrar a otros países de la Unión Europea en la acogida de estos menores.

El llamado acogimiento transfronterizo está recogido en la ley de 2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia y en el reglamento europeo 2019/1111 pero, de nuevo, se debe aplicar bajo un análisis individualizado que tenga como resultado que esa opción es la mejor para el menor.

Por ejemplo, porque tiene familia u otras personas de referencia en ese otro Estado. Un proceso que, según las fuentes consultadas, no se ejecuta en prácticamente ningún caso y tampoco se podría realizar de forma masiva.

Otra herramienta que contempla el derecho internacional es el reasentamiento en un tercer país, pero esta es una medida de atención humanitaria pensada para personas refugiadas que están en otro país en conflicto o donde no se garantizan sus derechos con el fin de que sean protegidos en un lugar seguro.

En los últimos días ha sido objeto de polémica el modelo del Gobierno italiano de Georgia Meloni, que ha trasladado a 16 migrantes a centros construidos en Albania para gestionar allí sus solicitudes de asilo, una política vista con buenos ojos por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Según Elena Muñoz, "hay muchas dudas" sobre la legalidad de este modelo, que ha sido rechazado por el Gobierno central y el presidente canario, pero no así por el vicepresidente del Ejecutivo autonómico en las islas, Manuel Domínguez, del PP.

Las expertas consultadas coinciden en que modelo no se podría aplicar en ningún caso. Según García de Viedma, sería "una barbaridad" que va "en contra de todo" el marco legal que protege los derechos de la infancia. De hecho, incluso en el caso italiano, dos migrantes han sido devueltos a Italia al acreditarse que eran menores.

Para las voces consultadas, el mejor camino a seguir es la fórmula que persiguen desde hace meses el Gobierno central y el canario: establecer un mecanismo estable de acogida para los menores que llegan a un territorio como el archipiélago entre todas las comunidades autónomas.

En opinión de Catalina Perazzo, el número de jóvenes que se derivarían "no es inasumible" para el conjunto del país. "La pena es que parece que se ha vuelto una cuestión política", ha lamentado. EFE

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 22142004 y otros)

José María Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria, 18 oct (EFE).- El actor Thimbo Samb, todo un referente para la juventud de Senegal, acaba de enfrentarse a la experiencia de contarle a su madre que durmió en la calle durante semanas tras llegar en 2006 en cayuco a España, que comió de la basura, que lo detuvieron por ganarse la vida de mantero y, sobre todo, que se siente culpable por los que mueren siguiendo sus pasos.

"Hay tanto que no he contado a mi familia..." es una de las frases que atrapan al espectador en 'Cayucos de Kayar', un cortometraje documental candidato a los Goya en el que el realizador madrileño Álvaro Hernández Blanco y el propio Samb retratan desde las playas de la ciudad natal del actor en Senegal el drama cotidiano de la ruta canaria.

'Cayucos de Kayar' es un documental donde esas barcas tradicionales de África Occidental tan presentes en la conversación política en España solo salen filmadas en sus funciones originales de pesca, pero en el que se respira a través de las conversaciones de Thimbo Samb con su familia y con los chicos del pueblo esperanza, desarraigo y tragedia.

De hecho, algunos de los chicos que aparecen -se rodó en 2022- ya no están, se los tragó el Atlántico en cayucos rumbo a Canarias, o murieron de sed tras quedarse a la deriva y aparecer en Cabo Verde. Todos eran conocidos de Thimbo Samb; algunos, amigos muy queridos.

"Cuando me cruzo en Madrid o en Valencia con algún senegalés que me reconoce, a veces me dicen: 'He venido a España por ti'. Y eso me mata por dentro. Sé que es su forma de dar las gracias, pero me hace pensar a cuántas personas he inspirado para tomar el cayuco que nunca llegaron", reflexiona el actor en una entrevista con EFE.

Reconocido por su trabajo en el teatro o en series como 'Antidisturbios', de Rodrigo Sorogoyen, y por su permanente labor de activismo por los derechos de los migrantes, Samb se siente culpable.

Nunca ha recomendado a nadie que tome una patera o un cayuco, hace un permanente esfuerzo por disuadir a todo el que le pregunta. Pero la realidad es que pocos le hacen caso, ni siquiera su hermano, que se la jugó en un cayuco a El Hierro el año pasado.

En una escena del documental en la playa, Samb interpela a un grupo de adolescentes, muchos menores, sobre quién quiere irse a España en cayuco, pensando en hablarles sobre la realidad de la vida del emigrante, pero todos levantan la mano, y se ríen de él, de Thimbo, ese que fue pescador como ellos, pero "se ha vuelto blanco".

"Les entiendo perfectamente. Llevo años diciéndoles en redes que las cosas aquí no son como piensan y a veces acaban insultándome a mí, a mi madre o a mi abuela. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar a ese Thimbo que les dice que no vengan, con todo lo que he conseguido yo en este país. '¿Cómo es que tú nos dices que no vengamos? ¿Es así o lo dices por mala persona?', me preguntan".

Sin embargo, sabe que pronto verán el reverso: "La mayoría de la gente de Kayar que ya está en España me dice: te tendríamos que haber escuchado". Para él, la ecuación es sencilla: si Europa no negara el visado a los jóvenes de África que sueñan con prosperar, la gente no cogería un cayuco, tomaría un avión y, muchos, al ver la dureza de la vida que les espera, regresarían a casa "a los tres meses".

Pero después de exponer la vida, el orgullo y el patrimonio de la familia, se hace imposible regresar, confiesa en este documental Samb a su madre y sus hermanas, a quienes habla de todo lo que ha sufrido, del racismo que todavía soporta y de lo mucho que extraña a su mujer y a su hijo, que siguen en Kayar.

En wolof, su lengua materna, para explicar que la familia está bien, se dice que la familia está junta. "Esto me bloquea" porque "la mayor parte del año no estamos juntos", apunta Samb en la película.

Sin embargo, habla desde un amor declarado a España. "En este país volví a nacer", proclama, pues le dio la oportunidad de desarrollar su vocación cuando ya había tocado fondo, a través del grupo de teatro de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Esos destellos de arraigo y desarraigo son los que atrajeron a su historia a Álvaro Hernández, un realizador madrileño formado como documentalista en Los Ángeles, que ya había explorado esos mismos sentimientos entre Tijuana y California con la comunidad mexicana asentada en EEUU. Lo plasmó en el libro 'Migrantes' (Rialp, 2023).

"En Senegal hay mucha gente que se siente muy capaz de ir a más, de prosperar en la vida. Y no hablo en términos de tener una casa más o menos grande, sino de crecer. En Kayar no vi gente que pasara hambre. Quizás tenemos ese estereotipo de que vienen aquí porque en su país se mueren de hambre y no siempre es así", explica.

En su documental, rodado en una semana a cuatro manos (las suyas y las Thimbo Samb), hay otro personaje que sobrecoge: Boy Cayar. Es el campeón de lucha senegalesa de la comarca, el que tiene todos los récords, un tipo joven y fuerte admirado por todos, al que no le falta dinero ni patrimonio.

En la playa, Thimbo le pregunta: "¿Si ahora vieras una patera partir?". Boy Cayar, que lo ha intentado ya nueve veces, ni se lo piensa y replica, con la mirada en el horizonte: "Marcharía en ella con toda mi familia".

"En esa fecha, Boy Cayar tenía cinco hijos", subraya Hernández, "y nos respondió eso, de pura desesperación. Siendo un hombre con éxito y reputación, ¿sabes?. A mí eso es lo que me mató". EFE

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Madrid, 15 oct (EFE).- El Gobierno está "en contra" de la creación de centros fuera de las fronteras de la Unión Europea para derivar a los migrantes que acceden irregularmente a su territorio, como ha impulsado el Gobierno italiano de Georgia Meloni y ve con buenos ojos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Así se ha pronunciado este martes la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, al ser preguntada por la posición de Von der Leyen, que ha propuesto a los líderes de la UE explorar la idea de desarrollar "centros de retorno" de migrantes ilegales fuera de la UE, ya que considera que se podrían "extraer lecciones" de la experiencia que supone el acuerdo entre Italia y Albania.

Esta iniciativa ha centrado el debate en torno a la gestión migratoria este martes, junto a la polémica en torno a la posibilidad de que el Gobierno habilite el aeropuerto de Ciudad Real como un Centro de Acogida de Emergencia y Derivación (CAED) para migrantes que llegan a España en condiciones de vulnerabilidad.

Acerca de la creación de centros para migrantes más allá del territorio de la Unión Europea, Alegría ha recordado que el Gobierno ya ha manifestado su "posición en contra" y va a seguir defendiendo en Europa una aplicación "humanitaria y solidaria" del Pacto de Migración y Asilo.

Ha destacado que el Ejecutivo va a seguir trabajando en esa línea y en su apuesta por las vías de migración regulares y seguras y el trabajo con los países de origen y tránsito en contra de "las mafias que trafican con personas".

Sobre esta cuestión ha sido preguntado también el PP, pero esta formación no ha fijado posición sobre la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, de su misma familia política.

"No podemos pronunciarnos sobre algo que no está concretado, cuando se concrete valoraremos", ha dicho la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social, Ana Alós, en una rueda de prensa en Génova.

La formación ha vuelto a reprochar que el Gobierno no emplee la ayuda ofrecida por la Unión Europea para hacer frente a la llegada irregular de migrantes y Alós ha puesto como ejemplo la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, también se ha referido a la posibilidad que estudia el Gobierno de convertir el aeropuerto de Ciudad Real en un CAED para migrantes.

Ha lamentado que se haya creado una polémica, a su juicio, "absolutamente artificial e irreal" y ha enmarcado este estudio en la normalidad del trabajo llevado a cabo por el Gobierno, que valora "cientos" de emplazamientos para dar acogida a los migrantes y "aliviar las tensiones" en zonas de llegadas como Canarias.

De forma muy diferente se ha pronunciado el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, que ha dicho estar "en contra radicalmente" de este proyecto, que ha tachado de "un auténtico campo de concentración para migrantes".

El regidor ha apuntado que la maquinaria de la empresa pública Tragsa ya está trabajando en el aeródromo y realizan explanaciones donde supuestamente se instalarían los barracones en los que se acogería a los migrantes.

En términos parecidos se expresó ayer el Ejecutivo autonómico de Castilla-La Mancha, que calificó la idea de "una barbaridad".

La iniciativa también ha recibido duras críticas del PP, cuya vicesecretaria de Organización, Carmen Fúnez, ha lamentado hoy que el Gobierno pretenda utilizar el aeropuerto para "apilar barracones para hacinar a las personas".

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones gestiona actualmente cuatro CAED, centros pensados para una acogida por un corto periodo de tiempo antes de derivar a los migrantes a recursos más adecuados a sus necesidades.

Hay un dispositivo de este tipo en Cartagena, que se abrió en un antiguo hospital naval; en Mérida, en un centro que antes servía como albergue juvenil y en Alcalá de Henares y Carabanchel (Madrid), estos dos últimos antiguos acuartelamientos militares.

A estos centros de añaden otro tipo de recursos más flexibles, que se abren y cierran en diferentes infraestructuras -como hoteles y residencias de estudiantes o religiosas- en función de las necesidades.

Raquel Santos, directora de Programas de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), entidad que gestiona 1.009 plazas para prestar esta atención, ha explicado a EFE que, sin entrar a valorar la idoneidad de esta estructura por desconocer sus características, "Migraciones siempre atiende a unos estándares definidos y unos criterios mínimos que, hasta ahora, han garantizado una acogida adecuada".

En la misma línea que CEAR, otras entidades que participan en el sistema de atención humanitaria consultadas por EFE como Accem y CONVIVE Fundación Cepaim han preferido ser prudentes y no pronunciarse sobre la viabilidad del proyecto hasta tener más información al respecto.

Este martes también se ha conocido que el departamento que dirige Elma Saiz ha ofrecido a mandos militares ocupar puestos de dirección de algunos de los centros de acogida para migrantes que tiene desplegados.

Según han confirmado a EFE fuentes del Ministerio es "excepcional" que este tipo de plazas se cubran con personal militar, pero en algunos dispositivos se ha optado por esta medida como es el caso del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta, dirigido por el capitán de la Guardia Civil Antonio Jesús Bautista Fernández. EFE

Madrid, 7 oct (EFE).- Veinte ONG especializadas en migración han pedido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una implementación del pacto migratorio europeo que mejore la situación de la infancia migrante no acompañada.

Las oenegés -entre las que se encuentran CEAR, Accem, Amnistía Internacional, Red Acoge, Cruz Roja o el Servicio Jesuita a Migrantes- han informado así, en un comunicado conjunto, sobre la reunión mantenida hoy con el jefe del Ejecutivo y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Esta se ha producido en un momento de tensión política, después de que este fin de semana el PP haya suspendido las conversaciones que estaba manteniendo con el Ejecutivo sobre la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería para derivar a los menores migrantes desde zonas tensionadas como Canarias a otras comunidades.

En el encuentro, las entidades han señalado que la implementación en España del pacto europeo migratorio, acordado bajo la presidencia española del Consejo de la Unión Europea y aprobado por la Eurocámara el pasado mes de abril, "debería suponer una oportunidad para mejorar la situación de la infancia migrante no acompañada".

Y han destacado también la urgencia de "resolver la situación en la que viven miles de personas migradas" en España "sin derechos" al encontrarse en situación administrativa irregular.

Han trasladado al presidente del Gobierno su preocupación sobre algunos aspectos del pacto, como la introducción de nuevos controles "previos" a la entrada al territorio, los cambios en los procedimientos de asilo, los retornos acelerados en frontera, la reducción de garantías procedimentales y el riesgo de un uso excesivo de la detención.

Estas medidas, han denunciado, podrían suponer graves obstáculos para acceder al derecho de asilo y pondrían en riesgo los derechos humanos y el respeto del principio de no devolución, "lo que agravaría la ya enorme situación de vulnerabilidad que sufren muchas personas migrantes y refugiadas".

Para ello, han pedido al presidente del Gobierno que se comprometa a no extender el plazo constitucional de detención preventiva de 72 horas y a aplicar de forma preferente medidas que no sean privativas de libertad, además de garantizar la asistencia jurídica gratuita en toda las fases del procedimiento.

También piden que se garantice un análisis individualizado de las solicitudes de protección internacional y la adecuada atención sanitaria, el derecho a intérprete, a tener información y a ser escuchado.

Ven necesario contar con un sistema "preparado, dimensionado y con un enfoque estructural" para atender a las emergencias de manera adecuada y evitar derogaciones y excepciones de las normas de asilo, recogidas en el Reglamento de Crisis y Fuerza Mayor, que puede impedir en la práctica el acceso a la protección a las personas solicitantes de asilo y refugiadas.

"Es un momento clave para contribuir a una Europa que defienda los derechos humanos y que sea coherente con sus valores fundacionales", han señalado las entidades, que piden transformar los retos en oportunidades y servir de "ejemplo" para el resto de países.

Abogan por construir una política migratoria que ponga en el centro a las personas y a sus derechos, garantizando vías legales y seguras que "eviten las muertes en el mar". EFE

Madrid, 7 oct (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado a las veinte oenegés especializadas en migración con las que se ha reunido este lunes que el Ejecutivo trabaja para buscar un acuerdo con los grupos políticos que establezca una acogida vinculante de menores migrantes entre las comunidades.

En un comunicado, Presidencia del Gobierno ha informado así del encuentro de Sánchez con la veintena de entidades, entre las que se encuentra CEAR, Accem, Amnistía Internacional, Red Acoge, Cruz Roja o el Servicio Jesuita a Migrantes y en la que también ha participado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

La reunión ha tenido lugar esta mañana en medio de la tensión política derivada de la ruptura, por parte del PP, de las negociaciones que mantenía con el Ejecutivo para reformar el artículo 35 de la ley de extranjería con el objetivo de agilizar la derivación de menores migrantes no acompañados llegados a zonas tensionadas como Canarias o Ceuta a otras comunidades.

El Gobierno "busca un acuerdo con los grupos políticos para la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que permita agilizar el traslado de menores que llegan a Canarias y mejorar así su situación", ha señalado Presidencia, en su comunicado, sobre este asunto.

También ha destacado el trabajo del Ejecutivo en la reforma del reglamento de Extranjería para la mejora del sistema de arraigo.

En el encuentro, las partes han abordado la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, acordado bajo la presidencia española del Consejo de la Unión Europea y aprobado por la Eurocámara el pasado mes de abril.

Sobre este tema, Sánchez ha destacado que este "documento de mínimos" supone una oportunidad para impulsar programas de movilidad de trabajadores, generando vías legales y seguras para facilitar la contratación en origen.

En este sentido, ha subrayado la apuesta del Gobierno por crear nuevos acuerdos de movilidad laboral y ha recordado que este año impulsará el programa de Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen, promoviendo proyectos piloto con Mauritania, Gambia, Senegal y Guatemala.

España también trabaja junto al Banco Interamericano de Desarrollo para impulsar nuevos acuerdos con Honduras y El Salvador, han detallado en la nota.

Sánchez ha trasladado la voluntad del Ejecutivo de que España sea "un ejemplo en materia de política migratoria y de protección internacional en la UE, cumpliendo con los máximos estándares en la protección de los Derechos Humanos, y fortaleciendo nuestro sistema de acogida e integración de personas migrantes".

Ha remarcado la lucha del Ejecutivo contra los discursos de odio, especialmente los dirigidos a menores migrantes, y ha destacado que el Plan de Acción por la Democracia incluye una reforma legal para mejorar el sistema de rectificación de noticias falsas o abiertamente tendenciosas, la aprobación de una Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación y la creación de una nueva comisión en el Congreso de los Diputados sobre desinformación. EFE

Madrid, 7 oct (EFE).- El Ministerio del Interior ha deportado a otros 21 ciudadanos saharauis que habían solicitado protección internacional en el aeropuerto de Barajas y vieron denegada su petición, entre ellos 7 mujeres, un niño de un año y una niña de año y medio, según han informado a EFE fuentes jurídicas.

Quedan en las salas de asilo del aeropuerto al menos cuatro saharauis, de los cuales tres tienen previsto su retorno el próximo jueves, día 10, y uno está pendiente de su comparecencia ante el juez este lunes porque ha recurrido la denegación de su solicitud de protección.

El grupo de 21 solicitantes de asilo fueron trasladados a Marrakech este domingo en un vuelo comercial operado por Air Europa a las 23:50 horas.

Entre ellos están dos mujeres y un menor sobre los que el Defensor del Pueblo se pronunció el pasado viernes en una carta, en la que sugirió que se autorizase su entrada al territorio para que pudiesen completar su solicitud de reconocimiento del estatuto de apátrida, según han informado a EFE fuentes de CEAR, que ha asistido legalmente a estos solicitantes.

También otros dos activistas que habían intentado paralizar de urgencia su retorno por la vía judicial, pero un juzgado de Madrid rechazó las medidas cautelarísimas solicitadas este fin de semana al considerar que no se habían aportado indicios suficientes de la situación de persecución que denunciaban en Marruecos.

Además, fue devuelta en el grupo de anoche Rachida Amaador, de 32 años, según ha confirmado a EFE su abogada, María Vieyra.

Rachida relató a EFE que fue detenida y torturada por las autoridades marroquíes después de haber protestado por no poder visitar en la cárcel a su sobrino, Husein Bachir Amadour, un activista que llegó a España en patera en 2019 y fue devuelto a Marruecos, donde ahora cumple 12 años de prisión por el homicidio de un joven durante unos enfrentamientos entre facciones estudiantiles.

El pasado jueves, Interior deportó a un primer grupo de 16 solicitantes de asilo saharauis que estaban retenidos en Barajas, de los cuales al menos dos fueron detenidos por las autoridades marroquíes a su llegada. Según las fuentes jurídicas consultadas hoy, estos ya han sido puestos en libertad.

De este grupo, según han precisado, 8 están en Mauritania, ya que "tienen muy claro que no regresarán a territorio ocupado".

Este fin de semana, el Ministerio del Interior ha autorizado la entrada temporal en España a dos de los activistas saharauis que se encontraban en Barajas, al admitir a trámite su solicitud de protección internacional.

Fuentes de Interior consultadas por EFE han negado este lunes poder ofrecer datos sobre este asunto, aunque han recalcado que las denegaciones de las solicitudes de protección internacional se realizan "atendiendo a los criterios que establece la legislación". EFE

Madrid, 4 oct (EFE).- El Defensor del Pueblo ha sugerido al Ministerio del Interior que autorice la entrada a España de dos mujeres y un menor saharauis que están retenidos en el aeropuerto de Barajas, al serles denegada la protección internacional y que tienen programado su retorno a Marruecos el próximo domingo.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha compartido en la red social X una carta en la que Ángel Gabilondo atiende la petición de esta entidad social e informa de que se ha realizado una sugerencia en ese sentido a la Dirección General de Protección Internacional, dependiente del Ministerio del Interior.

Según han informado a EFE fuentes de la ONG, se trata de dos mujeres y un menor que llegaron a España el pasado 20 de septiembre y han recibido asistencia jurídica de CEAR. Los tres solicitaron protección internacional, que fue denegada, y el reconocimiento del estatuo de apátrida, que está en trámite.

En su misiva, el Defensor del Pueblo sugiere que se autorice la entrada al territorio español de los tres solicitantes, todos ellos originales del Sáhara Occidental, al haberse iniciado de oficio un procedimiento de reconocimiento del estatuto de apátrida en el puesto fronterizo de Barajas.

Todo ello con el fin de asegurar la continuación de este proceso "con plenas garantías", de conformidad con el Estatuto de Apátridas de 1954, su reglamento de 2001 y con una sentencia del Tribunal Supremo de 2020.

Según precisan la fuentes, estos tres solicitantes de asilo también cuentan con un informe favorable de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), que se pronunció en el mismo sentido.

Ayer Interior deportó a 16 de los 31 saharauis solicitantes de asilo que permanecían en el aeropuerto en un vuelo comercial con destino a Marrakech que salió a las 23:50 horas, según han informado fuentes jurídicas. EFE

(Actualiza NA5067 con declaraciones de Amnistía Internacional y el Servicio Jesuita a Migrantes)

Madrid, 4 oct (EFE).- Las entidades sociales CEAR, Amnistía Internacional, el Servicio Jesuita a Migrantes y Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía han pedido que el acuerdo anunciado para redactar una nueva ley de seguridad ciudadana, la llamada ley mordaza, de verdad suponga el fin de las devoluciones en caliente.

Las entidades han valorado así, en declaraciones a EFE, el acuerdo de PSOE, Sumar y EH Bildu anunciado ayer que, entre otras cosas, contempla una modificación de la ley de extranjería en lo relativo a las devoluciones en caliente, una disposición adicional que se incluyó en la ley de 2015.

Esta estableció que los ciudadanos extranjeros que sean detectados intentando cruzar irregularmente la frontera de Ceuta o Melilla podrán ser rechazados "a fin de impedir su entrada ilegal en España".

Según el texto propuesto ahora, seis meses después de la entrada en vigor de la nueva ley de seguridad ciudadana, se abordará la reforma de la ley de extranjería con una nueva disposición que "deberá reconocer y garantizar los derechos de las personas migrantes y asegurar que las solicitudes de asilo se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa de Derechos Humanos y protección internacional".

"En consecuencia -añade el texto acordado-, la certificación e identificación de las personas potencialmente solicitantes de asilo y la evaluación sobre su acceso a las solicitudes de protección internacional deberá realizarse en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos previamente al proceso de posible expulsión".

Sobre este aspecto, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha mostrado su deseo de que este cambio normativo suponga el fin real de estas prácticas que, recuerda, llevan denunciando "años" porque "vulneran el acceso a la protección internacional y el principio de no devolución" y los compromisos adquiridos por España en materia de derechos humanos y derecho de asilo.

"Es obligación de las autoridades españolas evaluar de manera individual las necesidades de protección de las personas que cruzan nuestras fronteras dándoles acceso al derecho a solicitar asilo y a todas las garantías establecidas en la legislación española, europea e internacional y estas devoluciones sumarias lo impiden", explica.

Por su parte, la portavoz de Interior de Amnistía Internacional, Virginia Álvarez, ha opinado que el acuerdo, dado a conocer ayer, se compromete a estudiar este aspecto de las devoluciones en caliente pero no concreta "qué garantías" se van a dar.

Ha cuestionado que la propuesta solo se refiera a los solicitantes de asilo cuando el derecho a tener las debidas garantías -como acceder a un abogado y una tutela judicial efectiva para, por ejemplo, recurrir la orden de retorno- corresponde a todos los migrantes, no solo a los que busquen protección internacional.

Para Amnistía Internacional, la mejor fórmula en este sentido sería retirar la disposición adicional que establece un régimen especial para Ceuta y Melilla o, en su defecto, que esta incluya "salvaguardas efectivas" para impedir que se vulneren los derechos de estas personas y el derecho internacional.

El responsable jurídico del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Javier Moreno, ha defendido la necesidad de establecer "reglas claras y respetuosas con los derechos humanos" sobre esta figura, que en ocasiones es usada en supuestos en los que no está previsto por ley, precisamente por las falta de garantías.

"La cultura de la devolución viene precisamente por una normativa que ha sido poco clara y que ha permitido en la práctica que se devuelva y que no se analice de manera individualizada y con el debido respeto a posibles solicitantes de protección internacional", ha denunciado.

Para el portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Diego Boza, "sería una buena medida que, mediante modificación de la ley de extranjería, se ponga fin definitivamente a esa práctica ilegal".

Sin embargo, ha matizado que "los términos que se han pactado son demasiado amplios": "teniendo en cuenta cómo ha sido el proceder de este Gobierno y de su ministro del Interior, (Fernando) Grande -Marlaska, nos quedan dudas respecto a si finalmente este acuerdo se va a implementar y en qué términos se haría", ha concluido. EFE

Madrid, 4 oct (EFE).- La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) espera que el acuerdo anunciado para redactar una nueva ley de seguridad ciudadana, la llamada ley mordaza, de verdad suponga el fin de las devoluciones en caliente, ya que estas son "ilegales" y niegan el derecho al asilo de los migrantes.

Fuentes de la entidad han valorado así, en declaraciones a EFE, el acuerdo de PSOE, Sumar y EH Bildu anunciado ayer que, entre otras cosas, contempla una modificación de la ley de extranjería en lo relativo a las devoluciones en caliente, una disposición adicional que se incluyó en la ley de 2015.

Esta estableció que los ciudadanos extranjeros que sean detectados intentando cruzar irregularmente la frontera de Ceuta o Melilla podrán ser rechazados "a fin de impedir su entrada ilegal en España".

Según el texto propuesto ahora, seis meses después de la entrada en vigor de la nueva ley de seguridad ciudadana se abordará la reforma de la ley de extranjería con una nueva disposición que "deberá reconocer y garantizar los derechos de las personas migrantes y asegurar que las solicitudes de asilo se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa de Derechos Humanos y protección internacional".

"En consecuencia -añade le texto acordado-, la certificación e identificación de las personas potencialmente solicitantes de asilo y la evaluación sobre su acceso a las solicitudes de protección internacional deberá realizarse en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos previamente al proceso de posible expulsión".

Sobre este aspecto, CEAR ha mostrado su deseo de que este cambio normativo suponga el fin real de estas prácticas que, recuerda, llevan denunciando "años" porque "vulneran el acceso a la protección internacional y el principio de no devolución" y los compromisos adquiridos por España en materia de derechos humanos y derecho de asilo.

"Es obligación de las autoridades españolas evaluar de manera individual las necesidades de protección de las personas que cruzan nuestras fronteras dándoles acceso al derecho a solicitar asilo y a todas las garantías establecidas en la legislación española, europea e internacional y estas devoluciones sumarias lo impiden", explica.

El portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Diego Boza, ha coincidido en que estas prácticas son ilegales y contrarias al derecho internacional, que establece que las personas que llegan a un país tienen derecho a solicitar asilo y pedir que se les reconozca la condición de refugiadas en caso de sufrir persecución en sus países de origen.

En su opinión, "sería una buena medida que, mediante modificación de la ley de extranjería, se ponga fin definitivamente a esa práctica ilegal".

Sin embargo, ha matizado que "los términos que se han pactado son demasiado amplios": "teniendo en cuenta cómo ha sido el proceder de este Gobierno y de su ministro del Interior, (Fernando) Grande -Marlaska, nos quedan dudas respecto a si finalmente este acuerdo se va a implementar y en qué términos se haría", ha concluido. EFE