El enfrentamiento entre Sumar y el Banco de España ha escalado un nuevo peldaño. El portavoz de Economía del grupo parlamentario en el Congreso, Carlos Martín, ha advertido este martes de que llevará a la institución ante la Audiencia Nacional si no cumple la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a facilitar información sobre los beneficios obtenidos por las entidades financieras a través de los depósitos mantenidos en el Banco Central Europeo (BCE).

La advertencia se ha producido durante la comparecencia del gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, en la Comisión de Economía del Congreso, donde presentó el informe anual correspondiente a 2025.

La controversia se remonta a una petición de información realizada por Sumar cuando el organismo estaba presidido por Pablo Hernández de Cos. El grupo parlamentario solicitó conocer los ingresos obtenidos por los bancos gracias a las facilidades de depósito del BCE, al considerar que las entidades estaban obteniendo importantes beneficios simplemente por mantener allí sus fondos.

Sumar acusa al Banco de España de incumplir el Supremo

Aunque inicialmente el Banco de España rechazó proporcionar esos datos, el Tribunal Supremo terminó dando la razón a Sumar y obligó a la institución a facilitar la información requerida.

Sin embargo, Carlos Martín denunció que el organismo busca fórmulas para evitar una entrega efectiva de la documentación. Según explicó, el Banco de España pretende que los diputados consulten los datos en una sala habilitada en su sede, en lugar de remitir el documento solicitado.

“Esto no es cumplir la sentencia, es sustituir la entrega que ordena el Supremo por una exhibición tutelada”, afirmó Martín, quien advirtió de que, si la situación no cambia, Sumar iniciará un procedimiento por incumplimiento de sentencia ante la Audiencia Nacional.

Más de 20.000 millones en España

El portavoz económico de Sumar defendió que la información solicitada es fundamental para evaluar el impacto de determinadas políticas monetarias y financieras sobre la economía real.

Además, recordó la magnitud de las cantidades en juego. Según señaló, desde 2023 las facilidades de depósito del BCE han supuesto transferencias por valor de 332.000 millones de euros al conjunto de las entidades financieras de la eurozona.

En el caso de España, Martín cifró en 20.300 millones de euros los beneficios obtenidos por los bancos gracias a este mecanismo, una cantidad que considera de enorme relevancia pública y que justifica la exigencia de máxima transparencia.

Escrivá defiende la confidencialidad de los datos

Durante su intervención inicial, José Luis Escrivá evitó pronunciarse sobre la polémica. Sin embargo, tras la insistencia del diputado de Sumar, el gobernador acabó respondiendo y defendiendo la actuación del Banco de España.

Escrivá aseguró que la institución sí está cumpliendo la sentencia del Tribunal Supremo y que la información solicitada será accesible para los representantes públicos. No obstante, insistió en que debe hacerse bajo estrictos mecanismos de confidencialidad debido a la sensibilidad de los datos empresariales.

Según explicó, el procedimiento diseñado es similar al utilizado en las comisiones parlamentarias cuando se accede a documentación reservada, garantizando así la protección de información que calificó de “absolutamente sensible”.

Un nuevo choque por la transparencia

El gobernador también pidió a los diputados que hagan un uso “responsable” de la capacidad de acceso a información individualizada de las empresas.

“Invitamos a cualquier diputado que quiera conocer esa información a hacerlo. La tendrá disponible, ya sea en una hoja en su despacho o consultándola en el Banco de España bajo condiciones de máxima seguridad”, afirmó Escrivá.

Pese a estas explicaciones, el choque entre ambas partes sigue abierto. Mientras Sumar sostiene que la sentencia exige la entrega directa de los datos, el Banco de España considera que el acceso supervisado cumple plenamente con el mandato judicial. Una discrepancia que podría acabar resolviéndose en los tribunales.

Los europeos cada vez ahorran menos. Solo un 36% logra hacerlo de manera regular, un 60% reconoce que tiene ahorros para para cubrir tres meses de gastos y un 40% para cubrir seis meses o más, mientras que un 15% asegura no tener nada ahorrado, según un informe elaborado por la Asociación Europea de Planificación Financiera.

Otro dato relevante del informe es que un 36% de europeos está endeudado con hipotecas o préstamos y, si bien la mayoría puede gestionar bien su deuda -el 64% destina menos del 30% de sus ingresos a ella-, casi la mitad, un 49%, tuvo dificultades para devolverla el año pasado y un 21% tiene pagos atrasados.

La mayoría de los que consiguen ahorrar colocan ese dinero en depósitos a plazo fijo y en cuentas de ahorro. Por ello, y con el objetivo de incrementar la rentabilidad de ese capital, la Comisión Europea ha propuesto la creación de cuentas de ahorro con incentivos y exenciones fiscales.

En concreto, Bruselas ha presentado un proyecto sobre cuentas de ahorro e inversión inspirado en los ejemplos más exitosos de Europa y ha instado a todos los Estados miembros a aplicarlo de manera similar. Argumenta que si se diseñan adecuadamente, estas cuentas de ahorro pueden beneficiar “enormemente” a los ciudadanos, ya que les ofrecen un acceso más fácil a inversiones con rendimientos más atractivos para sus ahorros y les ayudan a acumular riqueza de forma más eficaz a lo largo del tiempo.

Maria Luís Albuquerque, comisaria europea de Servicios Financieros y de Unión de Ahorro e Inversión, considera que “para prepararse para sus grandes objetivos, los ciudadanos necesitan oportunidades para que sus ahorros rindan. Por eso, estamos creando un plan europeo para las cuentas de ahorro e inversión, diseñado para facilitar el acceso a las opciones de inversión”.

En esta línea, el comisario europeo responsable de fiscalidad, Wopke Hoekstra, ha incidido en que unos “interesantes” incentivos fiscales animarán a las ciudadanos a dedicar sus ahorros a inversiones de mayor rentabilidad, lo que “ayudará a encontrar capital para el crecimiento y a ser más competitivos”.

Estos incentivos beneficiarían a la mayoría de los ahorradores europeos, ya que según datos del informe de la Asociación Europea de Planificación Financiera, el 51% de ellos tiene colocado su dinero en cuentas de ahorro o en depósitos a plazo fijo. Mientras que un 22% opta por fondos mutualistas, acciones o fondos cotizados, el 10% invierte en criptoactivos y el 6% en propiedades inmobiliarias.

A los españoles les cuesta ahorrar

Al igual que a sus vecinos europeos, a los españoles también les cuesta ahorrar. Así, en el segundo trimestre del año, los hogares españoles situaron su tasa de ahorro -relación entre el ahorro personal y la renta disponible- en el 12,4% de su renta bruta disponible (RBD), una tasa cuatro décimas inferior a la registrada en el trimestre previo y una décima por encima de la del mismo periodo de 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta tasa es la menor desde el segundo trimestre de 2024 (12,3%) dentro de la serie ajustada.

Las familias españolas ahorraron 59.584 millones de euros entre abril y junio de este año, un 6,3% más que en el mismo periodo del año pasado, al tiempo que elevaron su gasto en consumo un 5,9%, hasta los 231.952 millones de euros, e incrementaron su inversión un 12,4%, hasta los 20.736 millones de euros. De esta forma, los hogares presentaron en el segundo trimestre una renta disponible de 291.103 millones de euros, un 6% más que en igual periodo de 2024.

El ahorro generado por los hogares fue suficiente para financiar la inversión que realizaron en el segundo trimestre del año, por lo que mostraron una capacidad de financiación de 38.463 millones de euros, cifra superior a la del mismo periodo de 2024 que alcanzó los 37.048 millones de euros.

Ahorro de 7.000 euros por hogar en 2024

Respecto al año pasado, los españoles ahorraron cerca de 7.000 euros por hogar, frente a los 5.800 de 2023. Así, la tasa de ahorro subió hasta el 13,6% de la renta bruta disponible, por encima del 12% de 2023.

Entre los factores que posibilitaron el incremento de la RBD destacó el “notable avance de la remuneración de los asalariados, con una subida del 7,7%, reflejo de la intensa creación de empleo en 2024, con un aumento del número de asalariados del 2,8%, y del dinamismo salarial que atestigua el aumento del 4,7% en la remuneración por trabajador”, señala Javier García Arenas, economista sénior de CaixaBank.

Otros componentes que también contribuyeron al avance de la renta fueron las prestaciones sociales percibidas, que aumentaron un 5,9% interanual, impulsadas por el incremento del número de pensionistas y la revalorización de las pensiones del 3,8%. A lo que se sumaron los ingresos de los autónomos y las rentas netas de la propiedad, gracias al aumento del cobro de dividendos y otras rentas de inversión en un entorno de tipos de interés elevados que estimularon a los ahorradores.

El dilema entre fabricar cañones o mantequilla formulado por el economista Paul A. Samuelson no ha sido tal para la Comisión Europea, que esta vez se ha decantado por la primera opción como recoge su nuevo Marco Financiero Plurianual para los próximos siete años, con el que busca reforzar la competitividad económica, la inversión en innovación y, sobre todo, quintuplicar el gasto en Defensa a costa de otras partidas como la dirigida a la Política Agraria Común (PAC).

Se trata de una primera propuesta que tiene que debatirse en el Parlamento Europeo y entre los 27 países de la UE y en la que los grandes damnificados son los agricultores europeos. Entre ellos los españoles, ya que España recibirá un 20% menos de fondos europeos para los programas de la Política Agraria Común (PAC) y fondos regionales de Cohesión en el presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2028-2034,

La partida total que recibirá España a partir de 2027 será de 88.100 millones de euros, de los cuales un grueso de 79.900 millones irá destinado a fondos agrícolas y pesqueros y programas regionales, aunque esta cifra supone un recorte del 20% respecto a los 100.000 millones del ejercicio anterior. Otros 3.000 millones están asignados a programas de migración, seguridad y asuntos de Interior y los 5.300 restantes, al fondo social para el clima.

Unos números que no convencen al secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, que durante su intervención en la reunión de ministros de Asuntos Generales de la UE celebrada este viernes en Bruselas ha señalado que “nuestra primera impresión es que quedan desvirtuados tanto el apoyo al desarrollo rural como a regiones menos desarrolladas, con el enorme coste territorial y político que ello puede conllevar”, recoge Europa Press.

Fondos “insuficientes”

La propuesta de la CE tampoco ha gustado nada al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que se ha mostrado “defraudado” por ella y ha anunciado que España y otros estados miembros se van a oponer “con absoluta firmeza” a ella. Cree que esta propuesta va en contra de lo que ha defendido “no solo el Gobierno de España, sino veinte Gobiernos de la Unión Europea de cara al futuro inmediato”.

Ha incidido en que “los fondos son insuficientes”, tras explicar que varios estados miembros habían enviado una carta a la CE diciéndole que hacían falta fondos suficientes y una estructura con un primer pilar de ayudas directas a los agricultores, como ha habido hasta ahora: “Se ha salvaguardado el pilar de las ayudas directas, pero ha desaparecido el del desarrollo rural, lo que nos parece un grave error”, ha sostenido el titular de Agricultura.

En su opinión, los cinco objetivos de la PAC que se incluían ya en el Tratado de Roma son los mismos que están en el actual tratado de funcionamiento de la UE, por lo que “están vigentes y hay que cumplirlos”. Tras recordar que ahora comienza “una negociación global” del presupuesto y su estructura por parte de todos los gobiernos, que puede durar entre 18 y 24 meses, ha asegurado que no se va a mover por “intereses partidarios, sino por los de España y su sector agrario y ganadero”.

Una propuesta que “degrada” a la PAC

Un colectivo al que tampoco han gustado los recortes ha sido a la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex), considera que la propuesta de presupuestos “degrada” a la PAC y no es consecuente con los objetivos planteados por la propia Comisión Europea relacionados con fomentar la seguridad alimentaria y el mercado único, según informa en un comunicado.

La federación cree que la inclusión del presupuesto destinado a la PAC en un fondo más amplio en el que se incluye también, entre otros, los fondos de cohesión suponen restar importancia a la Política Agraria Comunitaria y recursos para el sector agrario, lo que es contrario a conseguir una mayor soberanía alimentaria en la UE, “que es uno de los objetivos planteados por la propia CE”.

Por otro lado, ve que la gestión del nuevo fondo a través de planes nacionales y regionales que cada Estado miembro tendrá que elaborar, diluye la dimensión europea de la PAC y no es consecuente tampoco con otro de los objetivos planteados por Bruselas, que es reforzar el mercado único, ya que se amplía la capacidad de los Estados miembros para decidir el reparto del presupuesto, lo que llevará a más diferenciación en el mercado comunitario.

En el ámbito específico de las intervenciones sectoriales de frutas y hortalizas, ve “prioritario” que el presupuesto destinado a los programas operativos sea proporcional con su importancia y se incremente la intensidad de la ayuda, que ahora es sólo, en términos generales, del 4,1% del valor de la producción comercializada.

Un presupuesto “propio, suficiente y diferenciado”

También desde el sindicato CCOO han mostrado su disconformidad con la propuesta de la CE que consideran “inasumible”, ya que con él la PAC “queda muy tocada” y aparece totalmente diluida en el nuevo escenario del marco financiero plurianual, según informa en un comunicado.

Por ello demandan un presupuesto “propio, suficiente y diferenciado” para la PAC, que contribuya a la generación de empleo estable y de calidad en el sector agroalimentario y en el medio rural, y que se apoye en los dos pilares actuales.

CCOO denuncia que en este marco se apuesta más por invertir en la carrera armamentística que en preservar una política agraria común que genere empleo estable y de calidad en el sector agrario y en el medio rural europeo.

La decisión del Consejo de Ministros de autorizar la oferta pública de adquisición (opa) de BBVA sobre Banco Sabadell con la condición de que durante los tres próximos años las entidades mantengan personalidad jurídica independiente, un plazo que se podría ampliar dos años más, ha tenido partidarios, como sindicatos, trabajadores y el propio Sabadell, y detractores, con los directivos del banco vasco a la cabeza, a los que se han sumado organismos, entre ellos la Comisión Europea, y analistas de mercados como Antonio Castelo, especialista en Mercados de Renta Variable en iBroker Global Markets y profesor durante 17 años en el Máster en Mercados Financieros de la Escuela de Negocios San Pablo CEU, que en esta entrevista expone los motivos por los que considera que la intervención del Ejecutivo en la opa ha sido una “injerencia inaceptable”.

Pregunta: ¿Cómo valora la decisión del Gobierno de autorizar la oferta pública de adquisición (opa) de BBVA sobre Banco Sabadell con la condición de que durante los tres próximos años las entidades mantengan personalidad jurídica independiente y que este plazo pueda ampliarse otros dos años?

Respuesta: Se trata de una injerencia inaceptable en una operación entre dos entidades privadas y cuya única justificación es, se disfrace como se quiera disfrazar, mantener el apoyo político de sus socios de investidura catalanes. Personalmente, las condiciones de la opa lanzada por BBVA nunca me parecieron atractivas para los accionistas de Sabadell, pero desde el primer momento he mantenido la idea de que fueran precisamente los accionistas del banco catalán los que decidieran si la oferta les parecía atractiva o no.

P.: ¿La decisión del Gobierno era la que se preveía desde que BBVA lanzó la opa sobre Sabadell?

R.: Desde que BBVA anunció la operación, el 9 de mayo de 2024, el Gobierno ha manifestado su deseo de que la operación no saliera adelante. Se han buscado justificaciones diversas a su negativa como que aumentaría la concentración del sector bancario y que produciría un impacto negativo en la prestación de servicios bancarios y en el empleo… Ha intentado alargar todos los procesos buscando el desestimiento de BBVA.

Un “sinsentido” para ambos bancos

P.: Aún así, la oferta contó con la aprobación de los organismos implicados en el proceso

R.: Sí. El Gobierno ha tomado la decisión a pesar del visto bueno del Banco Central Europeo (BCE), de la Comisión Europea, que expresó su preocupación sobre posibles violaciones de los tratados de la UE argumentando que la intervención estatal podría distorsionar el mercado interno, y del fallo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el pasado 30 de abril, después de que BBVA aceptara unas condiciones leoninas impuestas. A pesar de todo ello, el Ministerio de Economía optó por elevar la opa al Consejo de Ministros, incluso después de someter la operación a un período de ‘consulta popular’ en la que pudo participar quién quiso, independientemente de que tuviera relación o no con la operación. La decisión de permitir la opa era incuestionable dada la normativa, también la de no modificar las condiciones impuestas por Competencia, pero la condición de prohibir la fusión de las dos entidades durante los próximos tres años, en caso de que los accionistas de Sabadell aprueben la operación, y con la probabilidad de una revisión posterior a dos años más, es un sinsentido para ambas entidades. ¿Qué sentido tiene lanzar una opa sin generar las sinergias de una fusión?

P.: ¿Cómo afectará la decisión del Consejo de Ministros a los dos bancos?

R.: Creo que les perjudica a los dos. Para BBVA, la gestión de dos entidades separadas durante tres años podría ser costosa y compleja, reduciendo obviamente los beneficios esperados de la adquisición. Para Banco Sabadell, aunque se preserva su identidad temporalmente, estará bajo el control de BBVA, lo que podría influir en su dirección estratégica. Esta situación, evidentemente, genera una incertidumbre muy elevada para los inversores de ambos bancos. Además, las tensiones con la UE podrían derivar en disputas legales, afectando la estabilidad regulatoria del sector. Sinceramente, creo que es perjudicial para ambas entidades y sobre todo para la credibilidad del mercado financiero español.

P.: ¿Qué repercusiones tendrá la medida sobre los trabajadores de ambos bancos y sus clientes?

R.: Los clientes y trabajadores pueden estar tranquilos por el momento, dadas las condiciones fijadas por la CNMC y aprobadas ahora por el Gobierno. En términos de competencia, la separación temporal podría preservar la diversidad en el sector bancario, beneficiando a consumidores y pequeñas y medianas empresas al mantener opciones de crédito y servicios. La prohibición de despidos es un beneficio claro para los trabajadores, alineándose con las preocupaciones expresadas por el Gobierno y socios como Sumar, que habían destacado el impacto negativo en el empleo.

P.: ¿Cree que con estas condiciones BBVA seguirá adelante con la opa?

R.: No lo sé… Desde luego, con las condiciones impuestas, creo que no debería de seguir adelante y, además, en BBVA tendrían que valorar seriamente acudir a los Tribunales, tanto en España como en Europa.

La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) junto con la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) y otras 24 organizaciones pertenecientes a la organización europea de consumidores (BEUC) han denunciado a Shein ante la Comisión Europea y las autoridades de protección de los consumidores por el uso de técnicas engañosas, también conocidas como ‘patrones oscuros’.

Estos patrones son técnicas manipulativas empleadas en el comercio online para presionar a las personas consumidoras a comprar más de lo previsto al tiempo que agudizan los problemas medioambientales y sociales causados por la industria de la moda rápida.

Las investigaciones realizadas por las organizaciones europeas de consumidores revelan cómo estas prácticas ilegales provocan gastos involuntarios y pérdidas económicas para los consumidores, incrementan la circulación de prendas de vestir inseguras en Europa y fomentan hábitos de sobreconsumo que impiden la transición hacia una economía circular.

La denuncia solicita a la Comisión Europea y a las autoridades de protección de los consumidores que pidan a Shein que deje de utilizar técnicas engañosas tales como jugar con las emociones de los consumidores mediante el ‘confirm-shaming’, que consiste en hacer sentir culpable a los usuarios si no aceptan determinadas opciones, con mensajes como “no quiero ahorrar dinero”, si no aceptan una compra con descuento.

Acabar con el ‘nagging’ y el ‘scroll’ infinito

Otra de las demandas es que acabe con el uso del scroll infinito que impide, entre otras cosas, revisar las cláusulas de condiciones entre ellas la política de cambios y devoluciones, y del ‘nagging’, que consiste en molestia persistente mediante mensajes o interrupciones con solicitudes para forzar al consumidor a aceptar o hacer algo. “Estas técnicas de patrones oscuros constituyen prácticas comerciales desleales, según la Directiva sobre prácticas comerciales desleales de la UE”, explica Asufin en un comunicado.

También piden que Shein aporte pruebas que demuestren que los mensajes de «pocas existencias» o los comentarios de otros clientes, que se muestran repetidamente a los consumidores, son auténticos y en caso de no serlo, solicitar que la plataforma de comercio electrónico deje de utilizar estas prácticas.

En el caso de que Shein no tome medidas correctoras, las asociaciones de consumidores instan a las autoridades a que intervenga para “prevenir el riesgo de graves perjuicios a los consumidores hasta que cumpla la legislación de la UE en materia de consumo”, señala el comunicado.

Según las investigaciones de las organizaciones de consumidores, los patrones oscuros en la moda rápida son un problema que afecta a todo el sector, por lo que también solicitan a las autoridades europeas que investiguen a otros comerciantes que utilizan prácticas desleales similares.