Collien Fernandes dijo que su esposo había publicado imágenes sexuales ultrafalsas de ella. El relato, rebatido por su esposo, provocó indignación, protestas y debates parlamentarios en Alemania.

Durante años, Collien Fernandes, actriz y personalidad de la televisión alemana, se preguntó quién se hacía pasar por ella en internet y difundía imágenes pornográficas que, según se afirmaba falsamente, eran de ella.

Fernandes lideró campañas para que se impusieran restricciones más estrictas a las imágenes ultrafalsas o "deepfake", filmó un documental sobre el tema y presentó una denuncia ante la policía alemana por su experiencia.

Ahora, Fernandes ha declarado que hace dos años encontró al autor, o al menos a uno de ellos: su esposo, Christian Ulmen, del que se separó el año pasado.

En publicaciones en las redes sociales y en una entrevista concedida a la revista alemana Der Spiegel, Fernandes dijo que Ulmen había abierto en secreto cuentas en internet en su nombre y las utilizó para publicar imágenes pornográficas e iniciar aventuras en línea con hombres que creían estar hablando con ella.

El abogado de Ulmen dijo en una declaración pública que el reportaje de Der Spiegel era "ilegal por varias razones", y añadió que contenía "hechos falsos" basados en un "relato unilateral". El abogado no respondió a una solicitud de más comentarios.

Las acusaciones han conmocionado a Alemania, donde la pareja había sido durante mucho tiempo una de las más destacadas de la industria del entretenimiento nacional.

El caso de Fernandes se ha comparado con el de Gisèle Pelicot, una francesa que testificó públicamente ante un tribunal contra su exesposo y decenas de hombres que la habían violado mientras estaba drogada.

¿Quién es Collien Fernandes?

Fernandes, de 44 años, es una figura constante del cine y la televisión alemanes desde hace décadas. Ha aparecido regularmente en pantalla como actriz, como presentadora y panelista en programas de juegos y tertulias, y como presentadora de documentales informativos.

En 2011 se casó con Ulmen, que ahora tiene 50 años y también es actor. Durante más de una década, fueron considerados una de las parejas de oro de Alemania y aparecieron juntos en anuncios y en un programa cómico de larga duración.

En una promoción de una farmacia virtual, la pareja aparecía en la cama hablando de problemas digestivos. En otro anuncio para un canal de televisión, aparecían junto a jugadores de la selección alemana de fútbol.

¿Cuáles son las acusaciones de Fernandes?

Fernandes dijo que Ulmen se hizo pasar por ella en internet durante más de una década y envió cientos de imágenes falsas e iniciando relaciones en línea con 30 hombres.

En algunos casos, dijo Fernandes, esas relaciones incluían sexo telefónico en el que el agresor utilizaba audio generado con computadoras para imitar su voz.

Los abusos continuaron, dijo en una publicación de Instagram, incluso mientras rodaba un documental en dos partes en 2024 sobre el abuso relacionado con imágenes ultrafalsas, en el que hablaba de su propia experiencia.

Según Fernandes, Ulmen le confesó en 2024 que era su abusador secreto, después de que ella denunciara los abusos a la policía. Aparte de la declaración emitida a través de su abogado, Ulmen no ha respondido públicamente.

¿Cómo ha respondido Alemania?

En medio de un clamor nacional, Stefanie Hubig, ministra de Justicia de Alemania, ha anunciado que está acelerando los esfuerzos para criminalizar explícitamente la producción y distribución de imágenes ultrafalsas sexualizadas y otros materiales abusivos en línea.

El Parlamento también celebró un debate no planificado sobre los ataques en línea a mujeres y niñas. Lena Gumnior, legisladora del Partido Verde, de centroizquierda, quien lleva tiempo haciendo campaña a favor de una legislación más estricta, dijo en el debate que los políticos no habían hecho lo suficiente para prevenir los abusos. "Millones de mujeres tienen que hacer frente por sí solas a sus experiencias de violencia", dijo.

Manifestantes de varias ciudades, entre ellas Berlín, también se hicieron eco de las peticiones de Fernandes de restricciones más estrictas.

Fernandes dijo que había presentado una nueva denuncia penal contra su esposo en España, donde la pareja vivía desde hacía años. Creía que las autoridades españolas serían más eficaces que sus homólogas alemanas, porque, según dijo en una entrevista, allí los derechos de las mujeres son más fuertes.

Christopher F. Schuetze es reportero de The New York Times en Berlín y cubre temas de política, sociedad y cultura en Alemania, Austria y Suiza.

El juez que supervisa el caso contra Mangione dijo que la evidencia en la que se basaban dos de los cargos más graves, uno de los cuales lo acusaba de asesinato en primer grado, era "legalmente insuficiente".

El martes se desestimaron los cargos por terrorismo presentados en el estado de Nueva York contra Luigi Mangione, acusado del homicidio del director ejecutivo de UnitedHealthcare el año pasado, incluido un cargo de asesinato en primer grado que podría haberlo dejado en prisión el resto de su vida.

El juez que supervisa el caso, Gregory Carro, dijo que la evidencia en la que se basaban los cargos le parecía "legalmente insuficiente". Mangione, de 27 años, también enfrenta cargos federales, y en Nueva York sigue acusado de asesinato en segundo grado, por el que enfrenta una pena que va de 25 años a cadena perpetua, entre otros nueve cargos. Esos casos seguirán adelante, aunque no se han fijado fechas de juicio.

Al acusar a Mangione de terrorismo, la fiscalía de Manhattan pareció reconocer el profundo efecto de un asesinato que conmocionó a la sociedad estadounidense y desencadenó una oleada de apoyo a un acusado que protestaba contra el sistema de salud del país. Pero la decisión del juez significa que, aunque en última instancia se demuestre que Mangione es un asesino, el sistema judicial de Nueva York no tendrá nada que decir sobre las implicaciones más amplias de sus actos.

La decisión del juez Carro es un golpe para el fiscal del distrito, Alvin Bragg. Bragg había argumentado que la acusación de terrorismo estaba justificada porque Mangione había atacado al director ejecutivo, Brian Thompson, en la capital mundial de los medios de comunicación, Midtown Manhattan, al comienzo de una mañana ajetreada, con la esperanza de crear un espectáculo que contribuyera a difundir su mensaje.

Bragg describió el acto como "un asesinato espantoso, bien planeado y dirigido, que pretendía causar conmoción, atención e intimidación".

Los abogados de Mangione, encabezados por una exfiscala, Karen Friedman Agnifilo, habían argumentado que la fiscalía "amplió el estatuto de terrorismo de Nueva York mucho más allá de su intención legislativa y de su definición natural y legal". Aplicar el estatuto en el caso de Mangione "trivializaría y redefiniría" la definición de terrorismo, dijeron.

La ley de Nueva York exige que los fiscales que presenten cargos de terrorismo contra un acusado demuestren que esa persona intentó intimidar a una población civil o influir en políticas o en la conducta del gobierno. El juez Carro dijo que los fiscales no habían demostrado que Mangione intentara ninguna de estas dos cosas.

En un comunicado, una portavoz de la oficina de Bragg, Danielle Filson, señaló que la oficina no apelaría.

"Respetamos la decisión del tribunal y seguiremos adelante con los nueve cargos restantes, incluido el de asesinato en segundo grado", dijo.

James McGuire, exfiscal de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, quien también fue juez de tribunal de apelación, dijo el martes que la acusación de terrorismo había sido "una extralimitación" por parte de los fiscales. McGuire dijo que la orden del juez estaba "sólida y minuciosamente razonada".

"No se revocaría si la fiscalía apelara", dijo.

La próxima audiencia judicial está prevista para el 1 de diciembre, días antes de que Mangione comparezca también ante un tribunal federal.

El asesinato de Thompson en diciembre fue parte de una racha de actos de violencia de alto nivel que han asolado la vida pública estadounidense en los últimos años. El presidente Donald Trump sufrió dos intentos de asesinato durante la campaña del año pasado, y una legisladora estatal demócrata de Minnesota, Melissa Hortman, y su marido, fueron asesinados en su casa en junio.

La decisión del juez de retirar algunos de los cargos contra Mangione se produjo en medio de la tensa conversación nacional que se ha dado tras al asesinato de la semana pasada de Charlie Kirk, un destacado activista conservador, y a la creciente preocupación por los atacantes armados solitarios aparentemente motivados por lo que consumen en internet.

Mangione, con sus numerosos seguidores y su fama inmediata en internet, se convirtió rápidamente en un símbolo de esa mentalidad justiciera, incluso cuando se declaró inocente.

Tras el asesinato de Thompson hubo una persecución que abarcó varios estados, y la detención de Mangione atrajo la atención de todo el país. Su caso avivó la ira contra el sistema de salud estadounidense, en su mayoría privado, y sus comparecencias ante el tribunal han atraído a cientos de simpatizantes, con algunos abarrotando los pasillos y otros protestando en el exterior.

Mangione ha recibido una avalancha de correspondencia en la cárcel federal de Brooklyn donde está recluido, y sus abogados han creado un sitio web para compartir información sobre su caso. En una página de recaudación de fondos creada en beneficio de su defensa legal figuraban donativos por un total aproximado de 1,5 millones de dólares hasta el martes.

El apoyo a Mangione era evidente el martes dentro del juzgado. Un espectador llevaba una camiseta de una pizzería de Brooklyn llamada Luigi's; otro, una camiseta que decía "LIBEREN A LUIGI".

Mangione se enfrenta a acusaciones en dos estados y en tres tribunales. Los cargos federales contra él incluyen una acusación por la que los fiscales han dicho que planean solicitar la pena de muerte. También enfrenta cargos en Pensilvania, donde fue capturado.

Mientras que algunos estados definen el asesinato en primer grado como un homicidio premeditado, Nueva York exige una circunstancia agravante adicional, una de las cuales es el terrorismo. Otras son la tortura y el asesinato de un testigo o de un agente de la ley.

La fiscalía había acusado también a Mangione de homicidio en segundo grado en apoyo del terrorismo, uno de los cargos que se retiraron, y de otro cargo de homicidio en segundo grado. También enfrenta cargos por posesión de armas.

De haber sido declarado culpable de los cargos estatales más elevados, Mangione se habría enfrentado a una pena de cadena perpetua sin libertad condicional.

"Terrorismo" es un término complicado en el contexto jurídico. Los fiscales han utilizado las leyes estatales sobre terrorismo con poca frecuencia y los jueces se han mostrado escépticos cuando han sido aplicadas.

Aunque los fiscales basaron varios argumentos sobre la intención terrorista en los escritos de Mangione, el juez Carro dijo que las palabras de Mangione parecían desmentir esos argumentos.

El propio Mangione explicó que su objetivo era difundir un "mensaje" y "ganarse el apoyo de la opinión pública" sobre "todo lo que está mal en nuestro sistema de salud", un objetivo que el juez Carro consideró que quedaba fuera de los límites de lo que exigía la ley. Mangione incluso comparó su caso con el de Ted Kaczynski, el Unabomber, de quien dijo que era un "terrorista, lo peor que puede ser una persona".

El juez Carro reconoció que la caracterización que hizo Mangione de su propia conducta no necesariamente zanjaba la cuestión, pero escribió que "cuando no hay otras evidencias de intención terrorista, los escritos no aportan esa evidencia".

El 4 de diciembre, Thompson, de 50 años, entraba en un hotel Hilton de la calle West 54th para prepararse para una reunión del día de los inversores de UnitedHealthcare, cuando fue asesinado a tiros. Los fiscales dijeron que Mangione había llegado al exterior del hotel aproximadamente una hora antes y había esperado hasta que Thompson se dirigió a la entrada del hotel. Entonces Mangione se acercó al ejecutivo por detrás, levantó una pistola de 9 milímetros impresa en 3D equipada con un silenciador y le disparó, dijeron los fiscales.

La policía inició una persecución por toda la ciudad para encontrar al atacante, quien huyó en lo que dijeron que era una bicicleta eléctrica. Los investigadores difundieron imágenes de vigilancia del sospechoso, incluida una en la que aparecía sonriendo y que fue tomada en la recepción de un hostal del Upper West Side, donde la policía dijo que se había alojado.

Las autoridades también siguieron la pista del atacante cuando se desplazó desde el lugar del asesinato a una terminal de autobuses y luego a la estación de la calle 190th, en el barrio de Washington Heights, donde, según dijo la policía, tomó un tren de la línea A hacia la estación de Pensilvania.

Días después, Mangione fue detenido en un McDonald's en Altoona, Pensilvania, mientras comía papas hash brown y miraba su computadora portátil. Un cliente comentó a un amigo que Mangione se parecía a la persona de las fotos que había publicado la policía. Un empleado que lo oyó llamó a la policía.

La policía dijo que habían encontrado a Mangione con una pistola, munición, documentos de identidad falsos y lo que dijeron que era un manifiesto manuscrito de 262 palabras en el que parecía asumir la responsabilidad del asesinato.

Las leyes antiterroristas de Nueva York se aprobaron en los días posteriores al 11 de septiembre de 2001, cuando Estados Unidos se tambaleaba tras los peores atentados de este tipo de su historia. La primera persona condenada en virtud de estas leyes fue Edgar Morales, miembro de una banda acusado de un tiroteo en 2002 en el que murió una niña de 10 años. En 2012, el Tribunal Estatal de Apelaciones anuló esa condena, al afirmar que la actividad de las bandas no era un acto de terrorismo.

Más recientemente, Abdullah el Faisal, un clérigo de origen jamaicano, fue condenado el año pasado en Manhattan por apoyo al terrorismo, luego de que los fiscales lo presentaran como un yihadista que había apoyado al ISIS.

Y en Buffalo, Payton Gendron, un hombre blanco que mató a 10 personas negras en una matanza racista en un supermercado en mayo de 2022, se convirtió en la primera persona del estado condenada por terrorismo interno motivado por el odio, que conlleva una pena de cadena perpetua sin libertad condicional.

Mangione ha evitado ahora un destino similar. Sus partidarios se habían reunido en el exterior del tribunal durante días antes de la audiencia del martes, algunos durmiendo en tiendas de campaña, y se contaban por decenas cuando comenzó la audiencia. Cuando se enteraron de la decisión del juez, gritaron de júbilo.

Hurubie Meko es periodista del Times y cubre la justicia penal en Nueva York, con énfasis en la fiscalía de distrito de Manhattan y las cortes penales estatales de Manhattan.

Jonah E. Bromwich cubre la justicia penal en la región de Nueva York para el Times. Se enfoca en la influencia política y su efecto sobre el Estado de derecho en las cortes federales y estatales de la zona.

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Una jueza dictó el lunes el fallo contra el exmandatario colombiano, acusado de sobornar a exparamilitares para que se retractaran de testimonios que lo perjudicaban.

Álvaro Uribe, expresidente conservador de Colombia que moldeó más que nadie la política del país en los últimos 25 años, fue declarado culpable el lunes de fraude procesal y soborno en actuación penal. Es la primera condena penal importante de un exmandatario colombiano.

Uribe fue acusado de trabajar con un abogado para intentar sobornar a exparamilitares para que se retractaran de un testimonio que lo perjudicaba. Los exparamilitares habían dicho que Uribe, de 73 años, había fundado y financiado un grupo paramilitar en la década de 1990, durante el largo y sangriento conflicto interno del país.

Es probable que el fallo, dictado por la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, divida aún más a la nación, que lleva mucho tiempo debatiendo el legado del papel de Uribe en el conflicto. Como presidente de 2002 a 2010, lanzó una agresiva campaña militar contra los grupos rebeldes de izquierda del país, lo que logró una debilitación significativa del grupo más grande y proporcionó cierto grado de seguridad que la nación no había visto en años.

Pero sus detractores afirman que las tácticas de su gobierno condujeron a violaciones de derechos humanos contra civiles y lo acusaron de apoyar a grupos paramilitares de derecha, por lo que, según sostienen, debe rendir cuentas.

El caso se ha prolongado durante 13 tumultuosos años. Uribe ha declarado que apelará una decisión que vaya en su contra, un proceso que podría durar años y que probablemente acabe en la Corte Suprema

Este mes calificó el caso en su contra de "proceso judicial injusto". Había argumentado que algunos jueces estaban predispuestos en su contra y que intervinieron ilegalmente su teléfono como parte de la investigación, pero la jueza Heredia consideró que las intervenciones electrónicas eran legales.

Algunos juristas y críticos de Uribe han dicho que el proceso es una prueba de que el sistema judicial colombiano está trabajando para que las personas poderosas rindan cuentas, tras años en los que figuras políticas han escapado a la justicia. Entre ellos se encuentra Francisco Bernate, especialista en derecho penal de la Universidad del Rosario en Bogotá, quien dijo que el juicio demostraba la fortaleza del sistema jurídico colombiano.

"Es una justicia independiente, es una justicia que no actúa con cálculos políticos", afirmó Bernate. "Obviamente el expresidente Uribe es una figura política, quizá la más importante de este siglo en Colombia y por supuesto que hace sus lecturas políticas, pero la realidad es que este es un caso jurídico estrictamente jurídico".

Pero los partidarios de Uribe, incluidos algunos republicanos de Estados Unidos, han dicho que el sistema está siendo utilizado como arma contra el exdirigente conservador.

El secretario de Estado, Marco Rubio, también criticó el fallo en X.

"El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender a su patria", escribió. "El uso del poder judicial colombiano como arma en su contra por parte de jueces radicales ha sentado ahora un precedente preocupante".

El gobierno del presidente Donald Trump impuso recientemente un arancel del 50 por ciento a todas las importaciones procedentes de Brasil, en parte como represalia por lo que ha calificado de "cacería de brujas" contra otro exdirigente conservador, el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, quien se enfrenta a un juicio por intento de golpe de Estado.

Aunque Uribe tiene aliados en Washington, no tiene la misma relación estrecha con Trump que Bolsonaro.

Genevieve Glatsky es una reportera del Times radicada en Bogotá.

Julie Turkewitz es la jefa del buró de los Andes, radicada en Bogotá, Colombia. Cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú.

A Kilmar Armando Abrego Garcia lo obligaron a pasar la noche arrodillado, le negaron el acceso al baño y lo confinaron en una celda superpoblada con luces brillantes y sin ventanas, dicen sus abogados.

Kilmar Armando Abrego Garcia, el hombre de Maryland que fue expulsado erróneamente a El Salvador en marzo, fue golpeado, privado de sueño y torturado psicológicamente durante los casi tres meses que pasó bajo custodia salvadoreña, según los documentos judiciales presentados el miércoles por la noche por sus abogados.

Los documentos, presentados ante el Tribunal Federal de Distrito de Maryland, detallan una letanía de horrores que, según los abogados de Abrego Garcia, este sufrió mientras estuvo recluido en el llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo o Cecot, una de las prisiones más tristemente célebres de El Salvador.

Sus abogados dijeron que a él y a otros 20 hombres salvadoreños que fueron deportados a la prisión desde Estados Unidos el 15 de marzo, en una ocasión les hicieron pasar la noche arrodillados "y los guardias golpeaban a quien se caía de cansancio".

Durante el tiempo que pasó allí, dijeron los abogados, a Abrego Garcia "se le negó el acceso al baño y se ensució encima". A él y a otros presos los confinaron en literas metálicas sin colchones en una celda superpoblada que no tenía ventanas, pero estaba equipada con luces brillantes que permanecían encendidas las 24 horas del día.

Cuando Abrego Garcia llegó por primera vez a la prisión, sostuvieron sus abogados, fue recibido por un funcionario que le dijo: "Bienvenido al Cecot. El que entra aquí no sale".

Dos semanas después, añadieron los abogados, había perdido casi 14 kilos.

Los documentos judiciales ofrecen una visión sorprendente de las condiciones en las que estuvo recluido Abrego Garcia. Aunque su descripción coincide con lo que se sabe sobre la prisión y el trato a los detenidos, los más de 200 venezolanos que fueron enviados al Cecot en el mismo grupo de vuelos ese día fueron colocados en un bloque de celdas distinto, lo que no deja claro si estaban sometidos a condiciones diferentes.

Los documentos se presentaron a la jueza Paula Xinis, quien había emitido la orden inicial en abril en la que ordenaba al gobierno de Donald Trump que "facilitara" la liberación de Abrego Garcia de El Salvador. Los documentos incluían una versión revisada de la demanda original que los abogados presentaron en marzo solicitando su devolución de la custodia salvadoreña. Le pidieron a Xinis que liberara inmediatamente a su cliente de la custodia en Estados Unidos.

Abrego Garcia se encuentra actualmente bajo custodia de las autoridades federales en Nashville después de que el gobierno de Trump, en un movimiento sorprendente, lo trajera de vuelta de El Salvador el mes pasado tras semanas de decir que no le era posible hacerlo. Pero el Departamento de Justicia declaró que lo había devuelto por un motivo concreto: para ser juzgado por una acusación federal que lo señala de haber participado en una conspiración de un año de duración para contrabandear migrantes indocumentados como miembro de la violenta pandilla callejera MS-13.

Los nuevos documentos presentados por sus abogados parecían socavar las acusaciones de que era miembro de la MS-13, así como un señalamiento concreto hecho por el propio presidente Trump de que sus tatuajes indicaban que pertenecía a la pandilla.

Los documentos afirmaban que los funcionarios de prisiones salvadoreños reconocieron que Abrego Garcia "no estaba afiliado a ninguna pandilla" y reconocieron que sus tatuajes "no estaban relacionados con las pandillas", llegando incluso a decirle en un momento dado: "Tus tatuajes están bien".

Una portavoz del presidente de El Salvador no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Casi desde el momento en que Abrego Garcia regresó a suelo estadounidense, ha habido incertidumbre sobre lo que podría ocurrirle a continuación.

Sigue sin estar claro si permanecerá en prisión por sus cargos penales mientras el caso avanza en los tribunales o si quedará en libertad bajo fianza y, en su lugar, será puesto bajo custodia de inmigración como migrante indocumentado. También es posible que vuelva a ser expulsado del país, solo unas semanas después de que el gobierno de Trump lo trajera de vuelta.

Junto con su demanda revisada, los abogados de Abrego Garcia presentaron otros documentos el miércoles por la noche, reiterando su petición a Xinis de que emita una nueva orden que prohíba efectivamente que lo expulsen del país hasta nuevo aviso.

Más tarde, el miércoles por la noche, se esperaba que el Departamento de Justicia pidiera al juez federal de su causa penal que revocara la decisión de otra jueza que permitía su puesta en libertad y lo mantuviera encerrado por la acusación formal mientras espera el juicio.

Gran parte de la confusión ha surgido de las declaraciones ambiguas --e incluso contradictorias-- del gobierno de Trump y de lo que parecen ser opiniones enfrentadas del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional sobre cómo llevar el caso.

A principios del mes pasado, las cosas parecían algo más claras.

La fiscala general Pam Bondi anunció en una conferencia de prensa el 6 de junio que Abrego Garcia había sido devuelto a Estados Unidos para enfrentarse a cargos de contrabando de migrantes en el Tribunal Federal de Distrito de Nashville. Insistió en que solo sería expulsado una vez concluida su causa penal.

"Una vez cumplida su condena", dijo Bondi, "prevemos que será devuelto a su país de origen, El Salvador".

Pero la semana pasada, un abogado del Departamento de Justicia introdujo un nuevo giro. Durante una audiencia celebrada en Maryland, el abogado Jonathan Guynn le dijo a Xinis que el gobierno tenía previsto expulsar de nuevo a Abrego Garcia, esta vez no a El Salvador, sino a un tercer país del cual no se dio el nombre.

Aunque Guynn dejó claro que "no había planes inminentes" de expulsar a Abrego Garcia, otros funcionarios de Trump trataron inmediatamente de aclarar sus comentarios. En cierto modo, los esfuerzos de estos solo enturbiaron aún más las aguas.

Primero, una portavoz de la Casa Blanca publicó un mensaje en las redes sociales en el que calificaba de "bulos" las declaraciones de Guynn. Después, un funcionario del gobierno, repitiendo lo que Bondi había dicho en su conferencia de prensa, afirmó que el Departamento de Justicia seguía planeando enjuiciar a Abrego Garcia antes de deportarlo de nuevo.

Todo esto dejó lo bastante perplejos a los abogados que llevaban la causa penal de Abrego Garcia como para que formularan una petición inusual a una jueza federal de Tennessee. Aunque la jueza, Barbara D. Holmes, ya había decidido que su cliente debía ser liberado de la custodia penal y entregado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), le pidieron que retrasara su puesta en libertad al menos dos semanas, preocupados por la posibilidad de que, si se producía el traslado, el DHS volviera a deportarlo pronto.

El Departamento de Justicia accedió a la petición. Pero en un escrito presentado a Holmes, el Departamento pareció dejar abierta la posibilidad de aquello que dijo que no ocurriría: que el DHS podría, de hecho, expulsar de nuevo a Abrego Garcia.

"La fiscalía tiene la intención de llevar este caso hasta su resolución", le dijeron a la jueza los abogados del departamento. "Sin embargo, como ya se declaró ante este tribunal el 25 de junio de 2025, el DHS seguirá y deberá seguir su propio proceso, la normativa pertinente, el esquema estatutario federal vigente y la jurisprudencia adecuada en la tramitación de los futuros procedimientos de inmigración del acusado y su posible expulsión".

En los próximos días se celebrarán dos audiencias --una en Maryland y otra en Tennessee-- que ayudarán a determinar qué ocurrirá con Abrego Garcia.

La primera está prevista para el lunes ante Xinis, quien considerará, entre otras cosas, la solicitud de la nueva orden para mantener a Abrego Garcia en Estados Unidos. Dicha orden, de concederse, llegaría meses después de su decisión original, dictada en abril, en la que ordenaba al gobierno de Trump que lo trajera de vuelta del extranjero.

La segunda audiencia está prevista para el 16 de julio ante el juez Waverly Crenshaw Jr., el juez de distrito que lleva la causa penal. Se espera que Crenshaw reconsidere la decisión de Holmes de liberar a Abrego Garcia de la custodia penal. También podría pronunciarse sobre la cuestión de la expulsión.

Hasta entonces, Abrego Garcia seguirá en manos de los carceleros federales de Tennessee, colocado allí por sus abogados para protegerlo.

Annie Correal colaboró con la reportería.

Alan Feuer cubre extremismo y violencia política para el Times, centrándose en los casos penales relacionados con el ataque del 6 de enero al Capitolio y contra el expresidente Donald Trump.

Annie Correal colaboró con la reportería.

Bangkok, 1 may (EFE).- El exmarido de la acusada en Australia de matar a tres personas al servirles setas venenosas durante una comida familiar en 2023 declaró este jueves que no acudió al almuerzo porque se sentía "incómodo" y que la relación con su expareja se había vuelto cada vez más tensa.

Simon Patterson declaró hoy como el primer testigo en el juicio contra Erin Patterson, acusada de tres delitos de asesinato y uno por tentativa de asesinato al envenenar a sus exsuegros Gail y Don Patterson, así como a la hermana y cuñado de Gail, Heather y el pastor Ian Wilkinson.

Simon dijo en el tribunal de localidad de Morwell, en el estado de Victoria, que en la noche del 28 de julio de 2023, un día antes del almuerzo familiar, le envió un mensaje a Erin donde le informaba que no acudiría a la comida.

"Lo siento, me siento muy incómodo de acudir a la comida (...) Pero podemos hablar sobre tu salud y sus implicaciones en otro momento", dijo Simon a su expareja, de quien se había separado amistosamente en 2015.

A lo que unos cinco minutos después Erin respondió que estaba "decepcionada" tras haber pasado "muchas horas" preparando el almuerzo porque quería que fuera una "comida especial", leyó el exmarido durante su declaración recogida por el cadena pública australiana ABC.

La acusada había reunido a los invitados para contar que padecía cáncer, enfermedad que a posterior se demostró no había sido diagnosticada, según los argumentos iniciales de la fiscalía presentados la víspera.

La mujer, de 50 años, sirvió a sus invitados durante aquel almuerzo Wellington individuales, compuestos por un trozo de carne cubierto de champiñones y envuelto en hojaldre, con puré de patatas y judías verdes.

La fiscalía sostiene que la acusada usó setas venenosas en el horneado que sirvió el 29 de julio de 2023 en la localidad rural de Leongatha, a 135 kilómetros al sureste de Melbourne .

Por su parte, Erin Patterson insiste en su inocencia y su defensa afirmó este miércoles que las muertes fueron un "terrible accidente".

Don y Gail Patterson, de 70 años, fallecieron, al igual que Heather Wilkinson, de 66 años, entre el 4 y el 5 de agosto tras sentirse gravemente enfermos después de la comida, mientras que Ian Wilkinson logró sobrevivir tras varias semanas hospitalizado.

La Policía abrió entonces una investigación al sospechar de una "intoxicación alimentaria" que derivó en el arresto y acusación contra Patterson en noviembre de 2023.

Antes de la apertura del juicio, la Fiscalía retiró el martes otros tres cargos contra la acusada por el intento de asesinato de su exmarido. Esas acusaciones estaban vinculadas a supuestos intentos de envenenamiento en años anteriores.

Los informes de toxicología sugieren que las víctimas fueron intoxicadas tras consumir la mortífera amanita phalloides, también conocida como oronja verde, uno de los hongos más letales, cuyas toxinas afectan los riñones y el hígado.

Mangione, LuigiBondi, Pamela JMurders, Attempted Murders and HomicidesCapital PunishmentAttorneys GeneralThompson, Brian (1974-2024)

La fiscala general, Pam Bondi, dijo que la decisión de solicitar la pena de muerte para Mangione, quien está acusado de asesinar a un ejecutivo de seguros, se ajusta a una orden ejecutiva del presidente Trump.

La fiscala general Pam Bondi anunció el martes que pediría la pena de muerte para Luigi Mangione, quien fue acusado de asesinar al ejecutivo de UnitedHealthcare Brian Thompson frente a un hotel del centro de Manhattan el pasado diciembre.

Bondi dijo que su decisión se produjo tras una "cuidadosa consideración" y que estaba en línea con la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que ordenaba al Departamento de Justicia reanudar el uso de las solicitudes de pena de muerte, después de que el presidente Joe Biden declarara una moratoria sobre dicha pena para la mayoría de los delincuentes federales en 2021.

La medida, ampliamente esperada, representó la intersección de la agenda antidelincuencia de Trump con un caso de homicidio que acaparó titulares: el descarado asesinato en público de un ejecutivo del sector sanitario de 50 años, a quien Mangione fijó como objetivo porque lo consideraba un símbolo de la cruel avaricia corporativa, según los fiscales.

"El asesinato de Brian Thompson por Luigi Mangione --un hombre inocente y padre de dos niños pequeños-- fue un asesinato premeditado y a sangre fría que conmocionó a Estados Unidos", dijo Bondi en un comunicado.

Bondi ordenó a Matthew Podolsky, fiscal federal en funciones de Manhattan, que solicitara la pena de muerte. Nicholas Biase, portavoz de la fiscalía, que ha llevado el caso federal de Mangione, declinó hacer comentarios el martes.

No está claro si el departamento, bajo la dirección de Bondi, ha solicitado antes el uso de la pena de muerte, pero la petición de que se aplique si Mangione es declarado culpable es una de las primeras.

Es probable que el departamento anuncie otras solicitudes de pena de muerte mientras lleva a cabo una revisión de los casos en los que sería apropiado hacerlo, según un funcionario con conocimiento de la situación.

Los fiscales federales de Manhattan presentaron cargos de homicidio contra Mangione, residente de Towson, Maryland, el 14 de diciembre. En la denuncia se le acusaba de planear "meticulosamente" el asesinato. Los investigadores dijeron que siguió los movimientos de Thompson y vigiló su hotel en los días anteriores al asesinato, después de registrarse en un hostal del Upper West Side utilizando una identificación falsa.

La fiscalía de Manhattan acusó a Mangione de homicidio en primer grado ese mismo mes. Se enfrenta a la posibilidad de cadena perpetua sin libertad condicional por esos cargos.

Mangione, de 26 años, fue detenido en un McDonald's de Altoona, Pensilvania, cinco días después de que un hombre armado y encapuchado que coincidía con su descripción abordara a Thompson en la acera cuando este se dirigía a primera hora de la mañana a una conferencia de inversores en el New York Hilton Midtown.

Se declaró inocente en ambos casos.

En una orden ejecutiva emitida en su primer día en el cargo, Trump ordenó al departamento que solicitara la pena de muerte para "crímenes de una gravedad que exija su uso", sin tener en cuenta "otros factores".

La orden incluía dos ejemplos que no parecen corresponder directamente a los delitos de los que se acusa a Mangione: el asesinato de un agente del orden y un delito capital cometido por un migrante indocumentado.

La denuncia penal federal contra Mangione incluía un cargo de uso de arma de fuego para cometer asesinato, que conllevaba una posible pena máxima de muerte, junto con dos cargos de acoso y un delito con arma de fuego.

Benjamin Weiser colaboró con la reportería desde Nueva York.

Glenn Thrush cubre el Departamento de Justicia y también ha escrito sobre la violencia armada, los derechos civiles y las condiciones en las cárceles y prisiones del país. Más de Glenn Thrush

Benjamin Weiser colaboró con la reportería desde Nueva York.

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La petición de George Gascón, fiscal del condado de Los Ángeles, podría llevar a los hermanos a salir de prisión, décadas después de ser condenados por asesinar a sus padres.

El fiscal del condado de Los Ángeles informó el jueves que solicitará una nueva sentencia para Lyle y Erik Menendez, quienes mataron a sus padres en 1989. Ese paso podría generar que los hermanos salgan de prisión.

El fiscal del condado, George Gascón, anunció su decisión en una rueda de prensa en Los Ángeles.

Durante su primer juicio televisado a principios de la década de 1990, los hermanos dijeron que su padre había abusado sexualmente de ellos y que habían temido por sus vidas. En aquel momento, sus afirmaciones fueron recibidas con escepticismo generalizado, pero ahora Gascón las considera lo suficientemente creíbles como para justificar su reconsideración por el tribunal.

La decisión de la fiscalía que originalmente llevó el caso de solicitar una nueva sentencia podría allanar el camino para que los hermanos, que actualmente cumplen cadena perpetua sin libertad condicional en una prisión cercana a San Diego, queden en libertad. Pero aunque la recomendación del fiscal tendrá peso, en última instancia será un juez quien decida el futuro de los hermanos.

El caso volvió a llamar la atención este año después de que Netflix estrenara un docudrama sobre él, y más tarde un documental en el que los hermanos hablaban largo y tendido del caso en entrevistas en prisión.

La inusual solicitud de una nueva sentencia llega en un momento político urgente para Gascón, un demócrata que está luchando por ganar la reelección contra un aspirante conservador que se presenta como independiente en el condado de tendencia izquierdista.

Laurie L. Levenson, profesora de derecho penal en la Facultad de Derecho Loyola en Los Ángeles, quien analizó con frecuencia el caso Menendez para los medios de comunicación en la década de 1990, dijo que "la pregunta más interesante para Gascón" es "por qué se dio prioridad a este caso en este momento".

Los asesinatos atrajeron la atención del país en 1989 por su naturaleza escabrosa y el entorno opulento en el que se cometieron. El juicio inicial de los hermanos a principios de la década de 1990 fue uno de los primeros en ser televisado a una audiencia nacional, precursor del juicio por asesinato de OJ Simpson en 1995, también en el condado de Los Ángeles.

Los hermanos Menendez tuvieron jurados distintos en su primer juicio, y un juez declaró el juicio nulo después de que ambos jurados no llegaran a un veredicto unánime, tras semanas de deliberaciones. Cuando los hermanos fueron juzgados de nuevo --esta vez sin la presencia de cámaras de televisión--, ambos fueron declarados culpables en 1996 y condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Erik Menendez tenía 18 años y su hermano Lyle 21 en el momento de los asesinatos.

En el juicio, los fiscales presentaron a los hermanos como asesinos impenitentes que mataron a sus padres con escopetas para apoderarse de los bienes de la familia, valorados en aquel momento en 14 millones de dólares (equivalente a unos 32 millones de dólares en 2024). Los gastos compulsivos de los hermanos en los meses entre los asesinatos y su detención, entre los que compraron un coche Porsche, un reloj Rolex y un restaurante en Princeton, Nueva Jersey, se presentaron como prueba para apoyar esa teoría.

El equipo de defensa de los hermanos argumentó que su padre, José Menendez, había abusado sexualmente de ellos y que su madre, Kitty Menendez, lo sabía. Los abogados dijeron que los hermanos mataron a sus padres porque temían por sus vidas. Los hermanos habían confrontado a sus padres por los abusos, dijeron los abogados, y temían que sus padres los mataran para evitar que los secretos de la familia se hicieran públicos.

Gascón anunció a principios de este mes que su oficina estaba revisando el caso. "Es importante reconocer que tanto hombres como mujeres pueden ser víctimas de abusos sexuales", dijo.

Mark Geragos, abogado de los hermanos, dijo en ese momento: "Si fueran las hermanas Menendez, no estarían detenidas. Hemos evolucionado. Ya es hora".

Durante el primer juicio, que terminó en juicio nulo en 1994, se admitieron pruebas que apoyaban la afirmación de los hermanos de que habían sufrido abusos. Pero en el segundo juicio, el juez excluyó gran parte de esas pruebas --y lo que en su momento algunos juristas calificaron de "excusa de los abusos" de los hermanos-- y estos fueron condenados.

"Si el caso de Lyle y Erik se juzgara hoy, con los conocimientos que tenemos sobre los malos tratos y el trastorno de estrés postraumático, no me cabe duda de que su condena habría sido muy diferente", dijo Anamaria Baralt, prima de los hermanos, en una reciente rueda de prensa organizada por la familia.

En los últimos años, han salido a la luz nuevas pruebas. Una carta escrita por Erik Menendez meses antes de los asesinatos, en la que describía los abusos sexuales a un primo, fue sacada a la luz por Robert Rand, un periodista que ha cubierto el caso durante años y ha escrito un libro sobre él. Además, una serie documental de 2023 del servicio de emisión en continuo Peacock denunció que José, un acaudalado ejecutivo musical, había abusado sexualmente de Roy Roselló, de un miembro de la banda Menudo.

Los hermanos, su equipo jurídico y su familia extendida creen que si las pruebas y testimonios sobre los abusos se hubieran admitido en el segundo juicio, se habrían considerado un atenuante, y los hermanos habrían sido declarados culpables de homicidio preterintencional en lugar de asesinato en primer grado.

Nery Ynclan, una de las periodistas cuya labor impulsó la serie de Peacock, Menendez + Menudo: Boys Betrayed, dijo que los abogados advirtieron durante años que no había que hacerse demasiadas ilusiones sobre la posibilidad de que los hermanos fueran liberados algún día.

"Hoy se ha obtenido una victoria para Lyle, Erik y Roy", dijo, "tres hombres que encontraron una forma de procesar el dolor de sus horrendas infancias ayudando a otros a lidiar con sus traumas".

Los hermanos Menendez han recibido un enorme apoyo en las redes sociales, donde jóvenes que no habían nacido en la época de los asesinatos han exigido su puesta en libertad.

Muchos familiares de los hermanos se han puesto de su lado, pero la familia no está totalmente unida. Milton Andersen, hermano de Kitty, cree que sus sobrinos deberían seguir en prisión. En una declaración reciente, Andersen, de 90 años, dijo que había contratado a un abogado para oponerse a la liberación de los hermanos.

"Andersen sentía realmente que su voz no era escuchada", dijo Kathy Cady, abogada que representa a Andersen pro bono. "Esencialmente, lo que quiere es asegurarse de que se le mantiene al día y de que no tiene que enterarse de las cosas por los medios de comunicación".

La petición de nueva sentencia del fiscal del distrito incluye varias cartas en las que se elogia a los hermanos por su trabajo en prisión como auxiliares de cuidados paliativos para ayudar a reclusos enfermos; por dirigir reuniones de Alcohólicos Anónimos y grupos de meditación para reclusos; y por completar cursos universitarios. En el paquete hay dos cartas de funcionarios de prisiones a favor de la nueva condena y la puesta en libertad de los hermanos.

Victor H. Cortes, funcionario del centro penitenciario Richard J. Donovan, donde están encarcelados los hermanos, escribió una carta en apoyo de Lyle Menendez que forma parte de la petición de nueva condena.

"Es extremadamente raro encontrar a alguien que, a pesar de enfrentarse a una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, se haya dedicado al crecimiento personal, a la mejora de sus compañeros y a la estabilidad general del entorno penitenciario", escribió Cortes.

Tim Arango es corresponsal que cubre noticias nacionales. Está radicado en Los Ángeles. Más de Tim Arango

Matt Stevens escribe sobre arte y cultura para el Times. Más de Matt Stevens