Sajid Emilio Quintero Navidad, alias “El Nito”, ha admitido su culpabilidad ante una corte federal en el Distrito de Columbia, Estados Unidos, por participar en una red de narcotráfico que envió grandes cantidades de cocaína a territorio estadounidense y por operaciones de lavado de dinero vinculadas con el Cártel de los Beltrán Leyva. Durante la audiencia, el acusado, identificado como uno de los operadores más cercanos a esa organización criminal, reconoció haber coordinado el traslado de cargamentos desde Sudamérica y conspirado para distribuir droga en suelo estadounidense. Además, aceptó que se realizaron sobornos a funcionarios mexicanos para facilitar estas actividades ilícitas. La declaración de culpabilidad se realizó el 5 de febrero de 2026 ante la jueza Jia M. Cobb y coloca a “El Nito” frente a una posible condena que podría ir desde largos años de prisión hasta cadena perpetua, dependiendo de la sentencia que determine el tribunal estadounidense.

“El Nito” formó parte de las operaciones del Cártel de los Beltrán Leyva, donde tuvo un rol estratégico en la logística del trasiego de cocaína hacia los Estados Unidos, incluyendo rutas terrestres y métodos de coordinación con socios criminales en Sudamérica. Su colaboración con las autoridades al declararse culpable podría influir en la reducción de su pena o en acuerdos judiciales adicionales, aunque esto dependerá de las negociaciones entre fiscales y defensa.

El legado criminal de Caro Quintero, “El Narco de Narcos”

Además de la figura de “El Nito”, la justicia estadounidense enfrenta otro caso emblemático: Rafael Caro Quintero, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, conocido como “El Narco de Narcos”. Su trayectoria criminal se remonta a la década de 1960, cuando comenzó a cultivar marihuana y terminó consolidando una de las organizaciones más influyentes del narcotráfico en México, vinculando posteriormente rutas de transporte hacia Estados Unidos e incluso asociación con otros grupos delincuenciales.

Caro Quintero fue entregado por México a autoridades estadounidenses en febrero de 2025 y enfrenta múltiples cargos en la Corte Federal de Brooklyn, incluidos crimen organizado, tráfico de cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina, así como el uso de armas de fuego en actividades delictivas. Aunque la Fiscalía de los Estados Unidos consideró en algún momento solicitar la pena de muerte, finalmente desistió de hacerlo, lo que abre espacio a otras estrategias legales dentro del proceso en su contra.

Su caso ha atraído atención internacional no solo por la historia delictiva del capo, sino por las condiciones de su encarcelamiento y la complejidad del proceso judicial que enfrenta en territorio estadounidense, marcando un capítulo significativo en la lucha contra el crimen transnacional.

Claves en el juicio de Caro Quintero

El proceso judicial de Rafael Caro Quintero ha estado marcado por varias audiencias en las que se han debatido aspectos como su aislamiento en prisión y el alcance de los cargos que enfrenta. En una audiencia celebrada el 18 de septiembre de 2025, su defensa solicitó modificar o eliminar las estrictas Medidas Administrativas Especiales (SAM’s) que, según argumentan, afectan negativamente su salud mental debido al aislamiento prolongado. Estas medidas fueron impuestas para minimizar su capacidad de comunicarse con el exterior y limitar posibles intentos de coordinar actividades criminales desde prisión.

La Fiscalía, por su parte, sostiene que mantener estas restricciones es crucial dada su trayectoria y el riesgo que representaría permitir contactos con integrantes de organizaciones delictivas. Aunque ya se descartó pedir la pena de muerte, el juicio sigue siendo de los más mediáticos y complejos relacionados con líderes del narcotráfico mexicano en Estados Unidos, con potencial de cadena perpetua si se le encuentra culpable tras el juicio.

José Rodolfo Villarreal Hernández, conocido como El Gato, exagente de la Policía Federal y presunto sicario del cártel de los Beltrán Leyva, enfrenta en Estados Unidos cargos que podrían llevarlo a la pena de muerte, tras ser acusado del asesinato del abogado Juan Jesús Guerrero Chapa, conocido como El Abogado del Narco, ocurrido en Texas en 2013.

Las autoridades estadounidenses señalaron que Villarreal Hernández es elegible para la pena capital debido a los delitos que se le imputan, entre ellos asesinato a sueldo, acoso interestatal y actividades criminales organizadas.

Asimismo, tras su expulsión de México a Estados Unidos, se había anunciado que la audiencia de El Gato estaría programada para el próximo 29 de octubre en Fort Worth, donde se definirá su destino legal.

El asesinato del “Abogado del Narco”

De acuerdo con las investigaciones del FBI, El Gato habría ordenado el asesinato de Juan Jesús Guerrero Chapa el 22 de mayo de 2013 en Southlake, Texas.

Guerrero Chapa, quien había sido abogado de figuras del narcotráfico como Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo, fue atacado a balazos mientras permanecía dentro de su vehículo en el centro comercial Town Square.

El homicidio, según la acusación, fue un acto de venganza personal, ya que Guerrero Chapa estaría relacionado con la muerte del padre de Villarreal en 2011.

Tras el crimen, Villarreal Hernández permaneció prófugo durante casi una década. En octubre de 2020, el FBI lo incorporó a su lista de los diez fugitivos más buscados, ofreciendo una recompensa de hasta un millón de dólares por información que condujera a su captura.

Durante ese tiempo, se le atribuyeron al menos diez homicidios en México, además de su participación en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Historia, captura y extradición de “El Gato”

Nacido el 16 de enero de 1978, José Rodolfo Villarreal inició su carrera como agente de la Policía Federal en Sonora, donde adquirió conocimientos tácticos y de inteligencia, sin embargo, abandonó la corporación para integrarse al cártel de los Beltrán Leyva, en el que escaló rápidamente posiciones hasta convertirse en jefe de plaza en Monterrey, con base en el municipio de San Pedro Garza García.

Su ascenso lo colocó como un personaje clave dentro de la estructura criminal, fungiendo como enlace entre células del cártel y otros grupos delictivos, incluidos Los Zetas. Su papel en las pugnas internas tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, en 2009, consolidó su reputación como uno de los operadores más violentos y estratégicos del grupo.

La fuga de Villarreal terminó el 7 de enero de 2023, cuando fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México durante un operativo conjunto entre la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República (FGR).

Aunque inicialmente logró frenar temporalmente su extradición mediante una suspensión judicial, finalmente fue entregado a las autoridades estadounidenses este año, junto con el también narcotraficante Rafael Caro Quintero.

Ahora, con los cargos por asesinato a sueldo y su historial criminal, El Gato podría convertirse en uno de los pocos narcotraficantes mexicanos en enfrentar la pena de muerte en Estados Unidos, una decisión que se tomará en las próximas semanas.

Este jueves CIBanco retiró la demanda presentada en contra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tras la emisión de órdenes en contra de esta institución financiera y otras en las que también se incluye a Intercam y Vector Casa de Bolsa por riesgo de lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo.

Fue el periodista Arturo Ángel quien reveló el documento enviado ante la Corte Federal en Washington, en el que un grupo de abogados distintos a los que realizaron la demanda y autorizados por los administradores provisionales del banco, expresan su deseo de desistir la acción legal.

Esta decisión, según expresan, se tomó derivada de la ampliación del plazo por parte del Departamento del Tesoro para emitir sanciones en contra de las tres instituciones financieras, la cual fija como fecha hasta el próximo 20 de octubre de 2025.

“CIBanco presenta este aviso de desestimación voluntaria a la luz de la orden emitida por la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los EE. UU. (“FinCEN”) el 19 de agosto de 2025, que modifica la orden de FinCEN del 25 de junio de 2025 que prohíbe ciertas transmisiones de fondos que involucran a CIBanco", se lee en el documento.

En la demanda presentada el pasado 17 de agosto, CIBanco acusaba al Departamento del Tesoro de imponer sanciones altamente restrictivas, no avisarles de manera previa ni permitirles la réplica antes de emitir la orden.

Además, el banco afirmó que esta medida pone en riesgo de quedar varados más de 40 mil millones de dólares en activos que administra en fideicomisos para beneficiarios estadounidenses, entre los que se incluyen fondos de pensiones, entre otros.

Sin embargo, con la extensión del plazo por parte de los Estados Unidos este 19 de agosto, los administradores provisionales del banco decidieron retirar la demanda de manera voluntaria.

“(…) el Administrador Provisional del Demandante designó y ordenó al abogado que suscribe la presentación de este aviso de disolución voluntaria en nombre de CIBanco", concluye el documento.

Infobae México consultó a CIBanco pero hasta el momento no ha emitido una postura al respecto de la desestimación de la demanda.

Cabe señalar que el Departamento del Tesoro detalló que la prórroga es un reflejo de las medidas continuas adoptadas por el Gobierno de México para abordar las preocupaciones planteadas en las órdenes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).

El mismo día la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que tras un proceso de evaluación de alternativas con miembros del sector bancario nacional, se determinó transferir la división fiduciaria de CIBanco a Banco Multiva S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva, para asegurar la continuidad de los contratos existentes, así como la protección de los fideicomisos y sus beneficiarios.

El despacho jurídico y fiscal vinculado al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y su padre, Samuel Orlando García Mascorro, experimentó un crecimiento financiero sin precedentes tras la llegada del mandatario al poder, mientras investigaciones oficiales y periodísticas apuntan a presuntos desvíos de recursos públicos y operaciones de lavado de dinero con conexiones al Cártel de los Beltrán Leyva.

Según documentó la revista Proceso en septiembre de 2024, en 2015 la Firma Jurídica y Fiscal Abogados (FJFA), sociedad civil en la que figuran como socios el entonces incipiente político Samuel García y su padre, reportó ingresos modestos, apenas un millón 923 mil pesos.

Ese mismo año, García Sepúlveda inició su carrera política al obtener una curul en el Congreso local de Nuevo León, la trayectoria política del actual gobernador de Movimiento Ciudadano coincidió con un crecimiento exponencial en los ingresos del despacho familiar y la creación de una segunda sociedad civil, GMA Firma Jurídica Fiscal.

Entre ambas, acumularon más de 2 mil 400 millones de pesos en ingresos entre 2016 y 2023, de acuerdo con la investigación de Proceso basada en expedientes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJNL).

Detrás de Samuel García

De acuerdo con el semanario mexicano, el salto en la facturación de los despachos resulta especialmente notorio a partir de octubre de 2021, cuando Samuel asumió la gubernatura, en este periodo la FGJNL identificó 427 millones 843 mil pesos recibidos por los despachos, señalados como presuntos desvíos provenientes del gobierno estatal.

“La evolución de los ingresos de FJFA fue exigua en 2016, ejercicio fiscal en el que apenas ingresó cuatro millones 100 mil pesos. Para 2017 los ingresos fueron por 59 millones 906 mil pesos y en 2018, año en que García Sepúlveda contendió y ganó un escaño en el Senado, la facturación del despacho que tiene con su padre cerró el año con casi 70 millones de pesos”, escribió la revista.

Otra investigación, del medio especializado Código Magenta, reveló que el entramado financiero no se limita a los despachos familiares, Consultoría Lefinco, un despacho de asesoría fiscal vinculado al gobernador, aparece como pieza clave en una red de lavado de dinero que involucra a la facción del Cártel de los Beltrán Leyva que opera en San Pedro Garza García.

Según el expediente, la Consultoría Lefinco había blanqueado al menos 21 millones de pesos para dicha organización criminal.

El socio fundador de Consultoría Lefinco, Marcelo Flores Serna, mantiene lazos familiares y políticos de alto nivel, es hermano de Miguel Flores Serna, ex jefe de la Oficina del gobernador y actual coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local.

Autoridades de inteligencia estatal y federal detallan que José Rodolfo Villarreal Hernández, alias ‘El Gato’, y Norberto Valencia González, alias ‘El Socialitos’, diseñaron dos estructuras de lavado de dinero mediante siete empresas fachada, estas empresas procesaban ganancias derivadas del cobro de piso y el tráfico de drogas, simulando pagos bajo el esquema de asimilados a salario.

La investigación periodística destaca que una de las estructuras operadas por estos personajes incluye a Suministro MYR, la segunda empresa proveedora de contratos estatales del gobierno de Samuel García.

Suministro MYR ha recibido miles de millones de pesos en contratos estatales y trianguló 209 millones de pesos a Firma Jurídica y Fiscal Abogados, el despacho familiar del gobernador.

Además, Suministro MYR pagó 9.6 millones de pesos a Consultoría Lefinco, según datos del Sistema de Administración Tributaria (SAT), el despacho también recibió al menos 5 millones de pesos de una estructura similar operada por miembros de la organización liderada por los hermanos Beltrán.

“Si la tesis de la fiscalía es correcta, el gobernador Samuel García estaría obligado a aclarar por qué su administración ha entregado más de mil millones de pesos a una compañía bajo investigación por nexos con la estructura criminal del Cártel de los Beltrán Leyva”, menciona Rodrigo Carbajal para Código Magenta.

Las empresas que nunca existieron

La red de empresas fachada identificada por las autoridades incluye a Ferrara Consultores, Segurivic, Construcciones y Proyectos Cobalto, Constructora ZVA y MFI Servicios y Asesoría. Los registros del SAT muestran que Consultoría Lefinco transfirió posteriormente 16 millones de pesos a MFI Servicios y Asesoría, empresa señalada por la Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas como vehículo de blanqueo de dinero para los Beltrán Leyva durante años.

En relación con este tema, Proceso subraya que la Fiscalía General de Justicia del Estado estima que, en total, Consultoría Lefinco ha blanqueado alrededor de 14 mil 230 millones de pesos. El análisis de la evolución financiera de los despachos vinculados a Samuel García y su entorno revela un patrón de crecimiento acelerado que, según las dos investigaciones, coincide con el ascenso político del mandatario.

La creación de nuevas sociedades civiles, la obtención de contratos estatales por montos millonarios y la triangulación de recursos a través de empresas fachada forman parte de un esquema que involucra tanto presuntos desvíos de recursos públicos como operaciones de lavado de dinero con nexos al crimen organizado.

Samuel García responde: “No tengo nada que ocultar”

Tras los señalamientos de presunta triangulación de recursos y enriquecimiento ilícito difundidos por medios como Proceso y El Norte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, rompió el silencio. El 2 de septiembre, a través de sus redes sociales, publicó un mensaje directo: “Desde que estoy en política se han dicho muchas cosas falsas sobre mi. Se han metido con mi familia, no les ha importado el daño que puedan causar con mentiras tan delicadas como las que hoy publica Proceso. Yo no voy a caer en provocaciones, allá ellos y su conciencia”.

Con un tono firme, García subrayó su postura sobre las acusaciones: “Como a mi mis padres me enseñaron valores y a conducirme con ética, honestidad y responsabilidad, no tengo nada que ocultar. Todo lo que tengo, personalmente y hasta lo que es de las empresas de mi familia, es totalmente público y se puede consultar en mi declaración patrimonial”.

En su mensaje, también reiteró que continuará enfocado en su gestión: “No importan las mentiras que dicen y seguirán diciendo, yo estoy concentrado en trabajar por Nuevo León, porque aun nos falta mucho por hacer”.

Por su parte, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador abordó el tema en su conferencia del 4 de septiembre de 2024, aseguró que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no ha recibido denuncias sobre movimientos financieros irregulares vinculados a García Sepúlveda.

“De haber alguna anomalía de este tipo, el director del SAT me habría informado”, expresó. Además, sugirió que los ataques podrían tener motivaciones partidistas, atribuyendo la campaña en su contra a una posible estrategia de desestabilización impulsada por el PRI y el PAN.

Nuevas denuncias y blindaje legal para familiares

El escenario legal para el gobernador de Nuevo León, se torna cada vez más complejo. La tarde del martes 28 de enero de 2025, la Diputación Permanente del Congreso local dio entrada a siete juicios políticos adicionales en su contra.

Las acusaciones están relacionadas con presuntos delitos electorales cometidos durante los comicios del pasado 2 de junio, lo que motivó al mandatario a promover nuevos amparos con el propósito de extender protección judicial a su núcleo familiar.

De acuerdo con la información presentada, seis de estas denuncias señalan a García por el presunto desvío de recursos públicos para beneficiar a aspirantes de Movimiento Ciudadano, entre ellos Jorge Álvarez Máynez, Luis Donaldo Colosio Riojas y Mariana Rodríguez Cantú.

También se le acusa de vulnerar los principios de imparcialidad que debe observar un servidor público durante procesos electorales.

La séptima denuncia, radicada en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), argumenta que el gobernador omitió publicar diversos decretos avalados por el Congreso estatal en el Periódico Oficial del Estado, contraviniendo sus obligaciones legales.

Con estos nuevos procesos, el ex aspirante presidencial suma 19 procedimientos vigentes, lo que podría abrir la puerta a un juicio político, un día después, el 29 de enero, trascendió que García tramitó 12 amparos destinados a proteger legalmente a miembros de su entorno cercano, padres, hermanos, esposa, suegros y cuñados, en un contexto de creciente presión desde los partidos opositores.

A su vez, el caso del juicio político promovido desde agosto de 2024 continúa en manos de la Suprema Corte. Aunque estaba programado como primer punto en la sesión del 14 de mayo, la discusión fue aplazada a petición del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien estuvo ausente, por lo que el tema permanece en espera dentro del máximo tribunal del país.

Tras la reciente acción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres entidades financieras mexicanas, resurgió la atención sobre Norberto Valencia González, conocido como “El Socialitos”. Su nombre vuelve al centro del radar internacional por su papel en la red financiera del Cártel de los Beltrán Leyva, grupo criminal que dominó buena parte del tráfico de drogas durante los años 2000.

Según informes oficiales, Norberto no solo facilitaba operaciones de lavado, sino que también articulaba mecanismos para mover capitales ilícitos desde empresas fachada establecidas en ciudades clave del norte del país. Su perfil técnico y bajo perfil lo convirtieron en un operador valioso para la estructura del cártel.

Autoridades mexicanas lo señalaron como el responsable de sostener una red de blanqueo que operaba con cobertura empresarial, lo que dificultaba su detección. Su eventual captura y extradición reflejan la presión internacional por desmontar los vínculos entre el crimen organizado y el sistema financiero.

“Socialitos”, el operador que operó desde San Pedro hasta Chicago

En marzo de 2018, “El Socialitos” fue blanco de un ataque armado en un centro comercial de Monterrey, Nuevo León, presuntamente relacionado con la disputa por un negocio de facturación falsa. Según información de la agencia EFE, el conflicto habría surgido en torno a una empresa dedicada a la expedición y compraventa de comprobantes fiscales por servicios inexistentes, usados para evadir impuestos.

Cinco años después, en septiembre de 2023, fuerzas especiales de la Secretaría de Marina (SEMAR) detuvieron a Norberto en una exclusiva zona residencial del condado de Sayavedra, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Las autoridades federales le imputaron delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. En ese entonces, se le acusó de haber lavado hasta mil millones de pesos a través de cinco empresas fachada localizadas en San Pedro Garza García y Monterrey, vinculadas con el Cártel de los Beltrán Leyva.

La orden de aprehensión fue emitida por el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Procesal Penal Acusatorio con sede en el Reclusorio Norte. Su arresto ocurrió poco después de la captura de José Rodolfo Villarreal, alias “El Gato”, otro operador financiero del mismo grupo criminal. Norberto fue trasladado al Reclusorio Norte, donde un juez federal le informó que el gobierno de Estados Unidos había solicitado su detención provisional con fines de extradición.

En febrero de 2025, fue entregado a las autoridades estadounidenses junto a otros 28 capos, como parte de la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya en Chicago, compareció ante el juez David Weisman del Distrito Norte de Illinois.

De acuerdo con el Chicago Tribune, se declaró no culpable de los cargos relacionados con narcotráfico y permanecerá bajo custodia mientras se define su solicitud de fianza, representado por el abogado Michael Leonard, especialista en derecho penal federal con más de tres décadas de experiencia, según detalló el periodista Jason Meisner.

Debido a su presunta participación en el trasiego de drogas, enfrenta una posible condena de cadena perpetua, el mismo día, otros dos miembros de la red de lavado del cártel, “El Gato” y Rodolfo López Ibarra, alias “Nito”, también fueron extraditados a Estados Unidos.

Hasta ahora, el registro de quien fuera el último operador financiero de la temida organización de los Beltrán Leyva no aparece en el registro de la Oficina Federal de Prisiones (FBOP, por sus siglas en inglés).

La vida criminal de Juan José Esparragoza Monzón, conocido como “El Negro” o “El Azulito”, no sólo estuvo marcada por su papel como operador financiero del Cártel de Sinaloa (CS), sino también por las alianzas familiares que tejió en el mundo del narcotráfico.

Hijo de Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, considerado por las autoridades como uno de los cofundadores del CS junto a Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, “El Negro” fue detenido el 23 de enero de 2016 y figuraba entre los 122 objetivos prioritarios del gobierno federal.

Pero más allá de sus operaciones criminales, su historia está atravesada por un vínculo familiar con una organización que fue aliada y después enemiga de los sinaloenses, el Cártel de los Beltrán Leyva.

Su matrimonio con Gloria Beltrán Leyva, miembro de esa poderosa familia criminal, representó un lazo de sangre entre dos estructuras que compartían rutas, enemigos y traiciones. La unión, sin embargo, fue malinterpretada por agencias como el FBI, que asumieron que esos enlaces garantizaban lealtad absoluta.

La historia detrás de la alianza de los Beltrán Leyva y el hijo de El Azul

La unión matrimonial entre Gloria y Juan José Esparragoza Monzón por un tiempo, simbolizó la aparente cohesión entre el Cártel de Sinaloa y el de los Beltrán Leyva.

De acuerdo con la declaración ministerial de Albino Quintero Meraz, líder de la célula principal del cartel de Juárez que encabezaba Amado Carrillo Fuentes “El señor de los cielos, citada por la periodista Anabel Hernández en su libro Los Señores del Narco (2010), el enlace religioso se celebró en 1995, en una iglesia de Querétaro, y reunió a miembros de las familias Esparragoza, Beltrán y Guzmán.

Gloria, la más joven del clan Beltrán Leyva, ha sido señalada en informes de inteligencia como parte activa en las operaciones financieras y logísticas de la organización criminal encabezada por sus hermanos.

Sin embargo, la Anabel Hernández documenta que esta clase de alianzas familiares no garantizaban estabilidad. “El FBI suponía que esas relaciones de sangre entre los narcotraficantes mexicanos se concretaban para quitarle espacio a la posibilidad de una traición. Supuestamente generaban fidelidad. Se equivocaron”, escribe.

Y es que en enero de 2008, tras la captura de Alfredo Beltrán Leyva, alias “El Mochomo”, la aparente lealtad entre cárteles colapsó, los Beltrán acusaron directamente a Joaquín “El Chapo” Guzmán de haberlo delatado, lo que desató un quiebre irreversible entre ambos grupos.

Desde entonces, la ruptura se tradujo en una escalada de violencia sin precedentes, los hermanos Beltrán Leyva, convencidos de que los millonarios sobornos a funcionarios de alto nivel, entre ellos el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, no bastaron para evitar traiciones internas, rompieron con el Cártel de Sinaloa y sellaron una alianza con Los Zetas.

La guerra desatada dejó una estela de muertes, entre ellas la de Édgar Guzmán Beltrán, hijo de “El Chapo”, y episodios brutales como la masacre en Concordia, Sinaloa, en 2012. El caso evidenció que en el mundo del narco, ni la sangre ni los pactos matrimoniales son sinónimos de lealtad duradera.

El 24 de abril de 1999, la playa del Hyatt Regency, en Acapulco, se transformó en el escenario de un desfile de alta costura que reunió a cerca de 600 invitados, entre ellos diplomáticos, empresarios, celebridades, miembros de la alta sociedad mexicana, además del líder del Cártel Beltrán Leyva.

Mientras la atención se centraba en la pasarela y en la presencia de figuras internacionales como el barón y heredero estadounidense de origen italiano Enrico Di Portanova, el verdadero protagonista de la noche, Héctor Beltrán Leyva, conocido como “El H”, observaba desde la discreción del bar del hotel.

Según el libro Los Señores del Narco (2012) de la periodista Anabel Hernández, “si esa noche de puro glamur se hubiera sabido públicamente que el generoso ‘ingeniero’, tan preocupado por los enfermos de sida, era en realidad el audaz y sanguinario narcotraficante Héctor Beltrán Leyva, El H… junto con su hermano Arturo, El Barbas, el barón Di Portanova y demás invitados habrían terminado en la PGR rindiendo su declaración ministerial o en las listas de sospechosos de la DEA”.

Una noche de lujo y oscuros secretos

La obra de Anabel Hernández detalla que la organización estuvo a cargo de un “desconocido empresario mexicano Alonso Rivera Muñoz y su encantadora esposa Clara Elena Laborin Archuleta”, quienes en realidad ocultaban la verdadera identidad de Héctor y su esposa Clara Elena Laborín Archueta, conocida como “La Señora”.

El evento, que originalmente se planeó en el Fuerte de San Diego, cambió de sede a último momento y se presentó como una gala benéfica para la Fundación Mexicana de Lucha contra el Sida.

La velada contó con la presencia de figuras como el embajador de Francia en México, Bruno Delaye, el empresario Moisés Saba Masri, propietario del hotel, la directora de eventos de moda Beatriz Calles y la reconocida modelo Montserrat Olivier, quien fue la imagen del evento y posó para una fotografía que se imprimió en las invitaciones.

El barón Enrico Di Portanova, acompañado de su esposa la baronesa Sandra Di Portanova, aportó un aire de realeza y sofisticación a la noche. Según el libro, “la sola aparición del barón Di Portanova daba una categoría superior a la gala de moda de aquel día”.

La organización del desfile tenía un trasfondo que iba más allá de la filantropía. Clara Elena buscaba promocionar el lujoso spa Debanhy que estaba construyendo en Acapulco, para el cual ya había contratado a un masajista búlgaro.

Días antes del evento, junto con el diseñador de moda mexicano Armando Mafud, ofreció un cóctel en el restaurante La Gran Casona en la Ciudad de México para dar a conocer los detalles del acontecimiento.

El libro describe que “de todos los actores que acudieron al evento sin duda él (Héctor Beltrán Leyva) fue el más histrión”. Su presencia pasó inadvertida para los asistentes, quienes desconocían que el supuesto filántropo era uno de los líderes del Cártel de los Beltrán Leyva, una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México.

La infiltración de los Beltrán Leyva en la vida social y cultural de Acapulco no fue un hecho aislado. El clan, originario de Badiraguato, Sinaloa, logró insertarse en todos los niveles de la sociedad mexicana, desde la política y la seguridad pública hasta la farándula y la alta sociedad.

“Tuvieron la capacidad de infiltrarse en todas las esferas de la sociedad mexicana: la política, la seguridad pública, la justicia, la farándula y la socialité. Ésa es la verdadera capacidad de los narcotraficantes mexicanos, filtrarse en todos los escollos tan destructivamente como la humedad”, afirma Anabel Hernández.

Las redes del “H”

El evento, presentado como una gala benéfica, tenía como objetivo oficial recaudar fondos para la lucha contra el sida. El presidente de la fundación, Guillermo Francisco Ocaña Predal, era amigo personal del “ingeniero” Rivera Muñoz y su esposa, sin embargo, la verdadera motivación de los patrocinadores era consolidar su presencia en la vida social de Acapulco y promover sus negocios, utilizando la filantropía como fachada.

La capacidad de los Beltrán Leyva para engañar a la élite social y política de México quedó demostrada en esa noche, nadie sospechó que el generoso anfitrión era en realidad uno de los narcotraficantes más buscados del país. “Vomitarían si conocieran los macabros rituales que se afirma realiza ahora El H a sus muertos, esclavizado por la Santería”, expuso la periodista.

El desfile de moda en el Hyatt Regency no sólo fue un escaparate de alta costura, sino también una muestra de la habilidad de los narcotraficantes para camuflarse entre la élite y manipular los escenarios sociales a su favor.

La presencia de figuras internacionales y nacionales, la cobertura mediática y la aparente filantropía sirvieron de cortina de humo para los verdaderos intereses de los organizadores. “El clan de los Beltrán Leyva ha sido uno de los más temerarios, innovadores y atroces en la historia del narcotráfico en México”, explica Anabel.

En el marco de una nueva estrategia de seguridad nacional, el gobierno de Estados Unidos inició los debidos procesos judiciales contra siete personas acusadas de narcoterrorismo, un cargo inusualmente utilizado en este tipo de casos.

Esta acción surge tras la emisión de la Orden Ejecutiva 14157, firmada por el presidente estadounidense el 20 de febrero de 2025, la cual designa a seis cárteles mexicanos y dos pandillas sudamericanas como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).

Los primeros siete acusados bajo esta nueva política son dos colombianos, tres mexicanos y dos ciudadanos estadounidenses. Según el Departamento de Justicia (DOJ), se les imputa por tráfico de drogas, armas y petróleo, así como por brindar apoyo material a organizaciones consideradas terroristas, entre ellas el Cártel de Sinaloa, el CJNG y grupos como la Mara Salvatrucha y el Tren de Aragua.

Primeros tres mexicanos con carpeta de investigación abierta bajo la etiqueta “narco terrorism”

En mayo, la Fiscalía de Texas presentó cargos por narcoterrorismo contra dos miembros del Cártel de los Beltrán Leyva: Pedro Inzunza Noriega y su hijo Pedro Inzunza Coronel. Se les vincula con una vasta red de producción y tráfico de fentanilo.

La investigación se intensificó a causa de que las autoridades mexicanas incautaron más de 1.6 toneladas de fentanilo en Sinaloa, el decomiso más grande a nivel mundial hasta ese momento. Ambos se encuentran prófugos, presuntamente en Los Mochis, Sinaloa.

Otra acusada es María del Rosario Navarro Sánchez, de 39 años, detenida en Jalisco. Se le atribuye haber intentado suministrar equipamiento armamentístico al CJNG y operar una red de mensajeros para el tráfico de metanfetaminas hacia Texas y tráfico de personas migrantes.

Estadounidenses bajo la mira por presuntos nexos con cárteles mexicanos

Los estadounidenses Maxwell Sterling Jensen y James Lael Jensen enfrentan cargos por conspirar para brindar apoyo al CJNG a través de una empresa fachada, Arroyo Terminals, en Texas.

La firma supuestamente facilitó operaciones financieras ilegales relacionadas con contrabando de petróleo crudo. El caso ha sido catalogado como “complejo” por la fiscalía federal debido al volumen de pruebas.

Dichas acusaciones reflejan un cambio sustancial en la política estadounidense de combate al crimen organizado transnacional, al vincular directamente a los cárteles con el terrorismo.

De acuerdo con el sitio oficial del Departamento de Justicia, el uso del término “narcoterrorismo” busca aplicar sanciones más severas y ampliar el margen legal para perseguir a individuos y redes que operan en varios países y que representan una amenaza directa a la seguridad nacional de EEUU.

Primer acusado de narco terrorismo ya investigado en EEUU

Uno de los primeros casos presentados ocurrió en marzo de 2025, en la Corte del Distrito Sur de California, contra Geovany Andrés Rojas, alias La Araña, presunto líder de los Comandos de Frontera.

De acuerdo con la acusación, Rojas coordinó el envío de cocaína desde Colombia y Ecuador hacia Estados Unidos, y se le señala por haber proporcionado recursos económicos a organizaciones involucradas en actividades terroristas.

Estas acciones forman parte de la iniciativa Operation Take Back America, que busca desmantelar organizaciones criminales transnacionales y proteger a las comunidades estadounidenses del crimen violento.

Norberto Valencia González, alias Socialitos, se declaró no culpable de participar en actividades de narcotráfico en Estados Unidos (EEUU), país al que fue entregado el pasado 27 de febrero.

Según reportes de Chicago Tribune, Socialitos se presentó en una audiencia en la Corte de Chicago, Illinois, y se presentó ante el juez de distrito David Weisman.

Luego de declararse no culpable, se le ordenó permanecer bajo custodia a la espera de una “solicitud de fianza”. Asimismo, el periodista Jason Meisner dio a conocer que su abogado es Michael Leonard, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en asuntos penales federales y estatales.

Socialitos es identificado como un operador financiero del cártel de los Beltrán Leyva. Mediante cinco empresas, este sujeto se dedicaba a lavar el dinero obtenido del tráfico de drogas.

Su detención se llevó a cabo en septiembre de 2023 en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México (Edomex). Fuerzas especiales de la Secretaría de Marina (Semar) lo ubicaron en un fraccionamiento del condado de Savayedra.

En su momento se informó que las autoridades le cumplimentaron una orden de aprehensión por delitos contra la salud, operaciones de recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

Se detalló que a través de cinco empresas supuestamente fachada y ubicas en San Pedro Garza García, Nuevo León, Socialitos lavaba las ganancias generadas por el tráfico de drogas.

Tras su detención, fue trasladado al Reclusorio Norte, donde un juez federal le notificó que Estados Unidos había solicitado su detención provisional con fines de extradición.

En un movimiento inesperado, Socialitos fue entregado a las autoridades estadounidenses el pasado 27 de febrero, cuando otros 28 narcotraficantes también fueron trasladados al país vecino.

Debido a su presunta implicación en el trasiego de sustancias ilícitas, Socialitos era requerido en Chicago. Debido a los cargos que enfrenta en el Distrito Norte de Illinois, puede recibir una pena máxima de cadena perpetua.

Además de Socialitos, otros dos operadores del Cártel de los Beltrán Leyva fueron entregados a EEUU el 27 de febrero. Se trata de José Adolfo Villarreal Hernández, alias Gato, y Rodolfo López Ibarra, alias Nito.

A casi tres meses del estallido de la violencia en Culiacán, capital y centro de Sinaloa, autoridades federales de seguridad han trasladado los operativos a municipios del norte de la entidad donde opera el Cártel de los Beltrán Leyva, situación que prende las alarmas de los habitantes ante una posible escalada de violencia en esa zona del estado.

El 9 de septiembre, las facciones de Los Chapitos y de La Mayiza del Cártel de Sinaloa se declararon la guerra por el control de la organización criminal ante el secuestro y entrega a las autoridades estadounidenses de Ismael El Mayo Zambada García, cofundador y líder del Cártel de Pacífico, por parte de Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán.

Desde entonces los enfrentamientos se desarrollaron en la capital, aunque poco a poco se extendieron a los municipios de Eldorado, Navolato, Cosalá, San Ignacio, La Concordia y Mazatlán, ubicados en el centro y sur de la entidad.

El martes 3 de diciembre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre el decomiso de más de una tonelada de fentanilo, considerada la mayor en la historia del país, misma que se llevó a cabo en los municipios de Guasave y Ahome.

El operativo resultó en la detención de dos cabecillas del cártel de los Beltrán Leyva, los cuales fueron identificados como Elier Jassiel Esquerra Félix y Javier Alonso Vázquez Sánchez, alias Tito, sujetos vinculados a Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, uno de los líderes de la organización criminal que opera en la zona de la entidad.

El operativo fue una acción conjunta del Gabinete de Seguridad de México, que incluye a la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR).

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, destacó en la plataforma X que estas acciones continuarán hasta que la violencia en el estado de Sinaloa disminuya. El funcionario federal se encuentra en la entidad coordinando los operativos de seguridad desde el 3 de diciembre, esto luego de que se registrara la explosión de un vehículo que fue atacado con un petardo desde un dron.

“El mejor apoyo que podemos dar es el que estamos haciendo ahora, que es que el titular de la SSPC está en Sinaloa para fortalecer la estrategia de seguridad. Ese es el mejor apoyo que se puede dar, está coordinando las tareas de todas las fuerzas federales y estatales y va a dar resultados. El se va a reunir con empresarios”, declaró este 6 de diciembre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Para el periodista Marcos Vizacarra, reportero de la Revista Espejo, llama la atención que los operativos realizados por las autoridades federales se hayan realizado en la zona norte del estado, ya que no se habían reportado brotes de violencia con anterioridad.

“Posiblemente estemos viendo el inicio de un ciclo de violencia en el norte de Sinaloa, en territorios donde, insisto, no había mayor problemática como sí estaba ocurriendo en el centro y sur”, apuntó el reportero en una entrevista para el periodista Julio Astilleros.

Vizacarra recordó que un análisis de Insightcrime refiere que cada vez que se dan operativos como el ocurrido en Guasave y Ahome el 3 de diciembre, existe un incremento de violencia en las zonas por parte de los grupos criminales.

Pese a lo señalado por el reportero de la Revista Espejo, hay otras voces que ven de buena manera el accionar de las autoridades federales.

El activista y defensor de Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa, consideró que las autoridades buscan cortar la racha de violencia en la zona norte de la entidad.

“En la zona norte ha iniciado la situación de violencia y creo que la autoridad busca cortar esa racha antes de que se complique más. Me parece bien esa actitud temprana frente a una situación que no ha tomado los vuelos de Culiacán”, comentó a Infobae México Loza Ochoa con más de 50 años como activista.

“Espero que en todo momento se observen de manera puntual los derechos humanos en las acciones policiales y de las fuerzas armadas”, acotó.

En 2008 ocurrió una de las rupturas entre jefes criminales de mayor envergadura en la historia reciente del país. La separación del clan Beltrán Leyva respecto al Cártel de Sinaloa ocasionó una oleada de violencia que, para ese entonces, no tenía precedentes. No obstante, las tensiones eran perceptibles desde años anteriores.

De acuerdo con información recogida por el periodista José Reveles en su libro El cártel incómodo, los máximos líderes del grupo criminal en ese entonces —Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán e Ismael ‘El Mayo’ Zambada— subestimaron la influencia que tenía en la época la célula encabezada por Alfredo Beltrán Leyva, alias ‘El Mochomo’, y sus hermanos.

Para el año 2005, ‘El Mochomo’ ya se había consolidado como uno de los traficantes de heroína de mayor relevancia. Acorde con la investigación de Reveles, su poder y ambición generó en aquel tiempo una serie de rupturas con la cúpula del cártel, especialmente con Adán Salazar Zamorano, alias ‘Don Adán’, uno de los hombres de mayor confianza del ‘Chapo’.

“[’Don Adán’] estaba siendo atacado por otros miembros insubordinados del propio cártel y la pugna amenazaba con colapsar por parálisis el flujo de la droga de México hacia Estados Unidos por los rumbos de Sásabe, Navojoa, las sierras de Álamos y San Bernardo, al igual que otros de esos caminos como Agua Prieta y Naco”, señala el periodista.

Presumiblemente, los traficantes reclutados por Salazar Zamorano habrían sido alentados por Alfredo Beltrán para hacer negocios por su propia cuenta, aprovechando el conocimiento que tenían para traficar droga en la frontera de Sonora con Arizona.

En ese contexto, los líderes del cártel llegaron a la conclusión de que era “necesario castigar y quitar del camino al ‘Mochomo’”, quien insistió en repetidas ocasiones con apoderarse de la ruta para el trasiego de narcóticos.

Según cita Reveles, el plan de los jefes del grupo criminal no contemplaba la muerte del ‘Mochomo’, pues reconocían que eso desataría una violenta confrontación. Su alternativa, aparentemente, era entregarlo a las autoridades, lo cual resultaba complicado debido a la extensa red de influencias que los Beltrán Leyva habían logrado consolidar.

En un intento por disciplinar al ‘Mochomo’, los líderes del Cártel de Sinaloa le enviaron múltiples mensajes. El más violento llegó en octubre de 2005.

El día 22 de aquel mes, una avioneta sobrevoló varios ranchos de la comunidad de Masiaca, en el municipio de Navojoa, Sonora. Desde la aeronave fueron arrojados los cuerpos de cuatro personas ejecutadas.

Posteriormente se confirmó que uno de los cuerpos era de Raúl Enríquez Parra, alias ‘El Nueve’, líder de la célula criminal de Los Números y operador de Alfredo Beltrán Leyva. Las otras tres víctimas fueron identificadas como Rosario Parra Valenzuela, Alfonso García Fernández y Héctor Alonso Ahumada Martínez. Todos presentaban el tiro de gracia, así como huellas de tortura.

Según reportes de El Universal, los cuerpos portaban varias credenciales, lo que pudo haber sido una técnica de los agresores para que no hubiera dudas respecto a sus identidades.

La agrupación de Los Números, conocidos también como Los Güeritos, fue la principal sospechosa de la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota, quien trabajaba para El Imparcial.

Alfredo Jiménez desapareció el 2 de abril de 2005, cuando tenía 25 años de edad, y nunca se supo más de él. Meses antes, en enero, publicó una radiografía que evidenciaba las actividades criminales de “Los Tres Caballeros”, como bautizó a los Beltrán Leyva.

El 31 de octubre de 2009, el panista Mauricio Fernández Garza se preparaba para asumir la Presidencia Municipal de San Pedro Garza García. Era la segunda vez que llegaba a dicho cargo.

Durante su toma de protesta, como suelen hacerlo los munícipes, habló sobre los proyectos que pondría en marcha a lo largo de su administración, pero el discurso fue interrumpido por una polémica declaración.

“El tema de drogas lo confrontaremos frontalmente y cualquier lugar que se tenga noticia de su venta será combatido por este gobierno municipal [...] Ahorita me acaban de informar que ‘El Negro’ Saldaña, quien aparentemente es el que está pidiendo mi cabeza, hoy amaneció muerto en el Distrito Federal y era el cabeza de los secuestros en San Pedro Garza García. Aquí lo van a entender por las buenas o por las malas”, dijo desde el púlpito.

Sus palabras causaron revuelo debido a que confirmó el asesinato de Héctor ‘El Negro’ Saldaña Perales varias horas antes de que las autoridades capitalinas lo dieran a conocer.

Agentes de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) localizaron en la delegación Miguel Hidalgo una camioneta con los cuerpos de cuatro hombres señalados como miembros del cártel de los Beltrán Leyva: ‘El Negro’, su hermano Alan Saldaña, el medio hermano de ambos Carlos Saldaña Rodríguez y César Rodríguez.

Para el momento en que fueron hallados ya tenían entre 48 y 72 horas de haber sido asesinados, según información de la unidad de Homicidios de la Procuraduría. Sin embargo, su localización fue informada oficialmente cuatro horas después de las declaraciones del alcalde Fernández, mientras que los datos sobre su identidad fueron difundidos hasta el día siguiente.

Por si fuera poco, en una entrevista con Carlos Puig para W Radio, el entonces fiscal de Homicidios de la PGJDF, Joel Alfredo Díaz Escobar, reconoció que las familias de ‘El Negro’ y compañía se enteraron de los fallecimientos desde la noche del 30 de octubre, incluso antes del discurso de Mauricio Fernández.

En declaraciones posteriores, Fernández Garza explicó que tuvo conocimiento de los homicidios gracias a un grupo de servicios de inteligencia e incluso expuso que el gobernador de Nuevo León en ese momento, Rodrigo Medina, estaba enterado.

No obstante, el mandatario se deslindó de dicha versión y aclaró días después que únicamente reconoció saber de la existencia del presunto jefe criminal. “Yo le dije que estábamos nosotros a la expectativa, porque teníamos cierta información de su actuación dentro del municipio, aunque no había habido una denuncia formalmente interpuesta [contra ‘El Negro’]”, aseveró Medina de la Cruz, de acuerdo con Proceso.

En 2014 el medio Excelsior dio a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) había iniciado una investigación por supuestos nexos de Mauricio Fernández con los Beltrán Leyva, pues se presumía que pagaba millonarias sumas de dinero a cambio de información e incluso habría establecido un pacto para permitir sus operaciones con la condición de que impidieran la irrupción de otros grupos criminales. Sin embargo, hasta el momento de la presente publicación, no hay claridad sobre el rumbo que tomaron las indagatorias.