A falta de un mes para las elecciones del Congreso en Colombia, el partido Oxígeno enfrenta una crisis política, por cuenta de la disputa entre Ingrid Betancourt, fundadora y directora de la colectividad, y Sofía Gaviria Correa, quien era la cabeza de lista del movimiento político en el Senado, pero que presentó su carta de renuncia de caracter irrevocable ante las autoridades electorales.

La excandidata, en cartas dirigidas al presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, y al registrador Nacional, Hernán Penagos, fundamentó su decisión en que hubo presunta falta de garantías democráticas internas y “situaciones de persecución” contra posiciones políticas divergentes.

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“Por medio de la presente me permito comunicar formalmente mi renuncia irrevocable a la candidatura al Senado de la República inscrita por el Partido Oxígeno para el proceso electoral correspondiente”, se lee en el documento revelado por Caracol Radio W.

Al explicar su salida, Gaviria Correa destacó la carencia de espacios de deliberación genuina y cuestionó algunas prácticas que, según ella, aumentarían la polarización en el país.

“Esta decisión obedece a razones de carácter político y personal relacionadas con la falta de garantías democráticas internas, ausencia de espacios reales de deliberación, situaciones de persecución frente a posturas críticas, falta de independencia en la toma de decisiones, ausencia de una causa programática clara y prácticas que no reflejan la institucionalidad que debe caracterizar a un partido político”, indicó Sofía Gaviria.

Por último, la excandidata solicitó de manera formal a ambas entidades que realicen los trámites necesarios para dejar sin efecto su inscripción.

“En consecuencia, solicito que se sirvan realizar las anotaciones y trámites administrativos correspondientes para efectos de dejar sin efecto mi inscripción como candidato”, concluyó.

Otros argumentos de Sofía Gaviria

Tras conocerse las cartas enviadas al CNE y la Registraduría, Sofía Gaviria Correa dio más detalles sobre su salida de la lista al Senado del partido Oxígeno.

En un comunicado a la opinión pública, la excandidata señaló que su decisión no obedece a razones personales ni con fines electorales, sino a varios desacuerdos con la dirección de la colectividad.

Entre esos desacuerdos, expuestos por Gaviria Correa, se encuentra la construcción de una lista que integrara tanto a profesionales como a las víctimas del conflicto armado.

“Nuestro propósito era construir una lista con perfiles técnicos, éticos y plurales: voces de víctimas como las integrantes de la Corporación Rosa Blanca, representadas por Sara Morales y Daisy Guanaro; referentes en vivienda, salud, empresa y cultura; personas comprometidas con una política seria y con soluciones estructurales para Colombia. Lamentablemente, ese espíritu no encontró respaldo en la conducción del partido”, declaró Gaviria.

Así mismo, Gaviria Correa advirtió que se trata de una crisis ética, no ideológica y recalcó que el país enfrenta una profunda crisis de representación. “No podemos denunciar las distorsiones del sistema si dentro de los partidos no existen reglas democráticas claras ni coherencia entre el discurso y la práctica”, manifestó.

Para la excandidata, su renuncia tiene un amplio valor significativo frente a sus principios. “Mi renuncia no es una retirada; es una reafirmación de principios. Siempre he sostenido que prefiero perder una curul antes que perder mi coherencia”, comentó.

No obstante, en diálogo con Caracol Radio W, Sofía Gaviria Correa recalcó que hubo ciertas diferencias con Ingrid Betancourt, y manifestó que se presentaron escenarios donde, según la excongresista, se evidenciaría la manipulación de la excandidata presidencial para las listas al Congreso.

“No estaba de acuerdo en cosas sustanciales como que, en un país que necesita unidad, iniciar una campaña con la selección Antipetro. Yo no soy anti anti ninguna persona, sino anti los hechos, los criminales, la corrupción, la pobreza, la marginación, la discriminación, anti impunidad”, indicó a la cadena radial.

También, criticó la utilización de símbolos para la campaña electoral como la camiseta de la Selección Colombia y el logo de una reconocida marca de gaseosa.

“Yo les decía que no se puede ser tan pueril de utilizar estos símbolos que pertenecen a todos los colombianos porque es inadecuado y las campañas como se hacen, uno tiene que tener la ética presente en todo momento. (Frente a la utilización del logo de Colombiana de Postobón) yo tuve que mandarles un mensaje de excusas (a la Organización Ardila Lule), una persona que fue compañero mío en el Senado le pidió al partido que pidiera excusas, no se hizo. Y todo ha sido una sumatoria de de una construcción que no que no cumple los requisitos de ética”, precisó.

Además, calificó la actitud de Ingrid Betancourt como “una persona muy inteligente, pero su personalidad autoritaria, su egoísmo y su desconexión con el país ya lo han dicho todo” y pidió a los colombianos para que no voten por la lista del partido Oxígeno en las elecciones del 8 de marzo.

“Yo no recomiendo votar por la lista de Oxígeno, ese partido no me representa por su manera antidemocrática de hacer las cosas”, concluyó Gaviria.

Respuesta de Ingrid Betancourt

Por su parte, la excandidata presidencial y hoy aspirante al Senado, Ingrid Betancourt, señaló que, a pesar de la salida de Gaviria y de otros candidatos de la lista, su partido seguirá con su estrategia que le permita obtener los votos necesarios para tener representación en el legislativo.

“Nuestro partido está más firme que nunca y el hecho de que unos cuantos que no estaban comprometidos con la causa se hayan retirado nos causa tranquilidad y satisfacción”, indicó.

Incluso, Betancourt afirmó que “la batalla que estamos dando hoy en Oxígeno no es para tibios y mucho menos para los que no están a la altura de este momento histórico”.

En diálogo con Noticias RCN, la candidata al Senado recalcó que, más alla de las diferencias políticas, hubo momentos que, según ella, generaron la salida de Sofía Gaviria.

“Ella tiene un carácter difícil. Tuvimos problemas, por ejemplo, de comportamiento de ella en situaciones públicas: entra al Congreso, se salta los protocolos de seguridad, un policía viene y le reclama y ella se sale de cause (...) es un gran alivio el retiro de Sofía”, puntualizó.

El miércoles 14 de enero de 2026 se conoció la renuncia de Angie Rodríguez a la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

En su anuncio, la funcionaria confirmó que asumirá la gerencia del Fondo Adaptación. Su hoja de vida ya figura en el Portal de Aspirantes de la Presidencia para ese cargo.

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Horas después del anuncio se conoció la carta de renuncia de Rodríguez, en la que denunció “amenazas y ataques sistemáticos”. La carta fue dirigida al presidente Gustavo Petro

“Como usted lo sabe, he sido víctima de constantes amenazas y de ataques sistemáticos, premeditados, infundados y de conducta realizadas de forma directa o a través de terceros en el ámbito público y privado que basada en elementos de género, me causaron daño y sufrimiento como mujer y funcionaría del alto gobierno”, señaló Rodríguez.

Indicó en la misiva que su hijo está fuera del país debido a las amenazas que ella y su familia han recibido.

Para Rodríguez, esto dio “como resultado menoscabar, restringir, impedir, desestimular, dificultar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de mis derechos políticos en el marco del ejercicio de la función pública; esto, orquestado intencionalmente desde los últimos meses, hechos que ya están en conocimiento de las autoridades competentes”.

En el documento, la funcionaria reiteró que, tras una “extensa conversación” con el mandatario colombiano, asumirá como gerente en propiedad del Fondo de Adaptación.

Rodríguez señaló que la publicación de los decretos de su renuncia y nombramiento fueron publicados el 14 de enero de 2026, con el propósito, según ella, evitar un vacío jurídico.

Asimismo, expresó que durante su administración en el Departamento Administrativo de la Residencia de la República, “abrió las puertas de Palacio a quienes nunca se les había tenido en cuenta”.

La funcionaria ocupó la dirección encargada del Dapre desde el 5 de febrero de 2025, luego de la salida de Jorge Rojas. Durante ese tiempo, enfatizó la importancia de la transparencia y la protección de los recursos públicos. Su trayectoria abarca cargos en el Ministerio de Salud y el Senado, además de estudios en administración pública y especializaciones en gestión estatal.

Rodríguez asumió la gerencia del Fondo de Adaptación después de desempeñarse como gerente encargada. En ese periodo, presentó informes en los que expuso la existencia de fondos significativos sin ejecutar, proyectos sin finalizar, riesgos de pérdida de presupuesto y decisiones administrativas que han sido objeto de cuestionamientos.

Horas después de la renuncia de Angie Rodríguez al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), su hoja de vida apareció en el Portal de Aspirantes de la Presidencia para el cargo de gerente del Fondo Adaptación.

Según la información difundida en el Portal de Aspirantes de la Presidencia, la hoja de vida de Rodríguez ya se encuentra publicada oficialmente, donde se detalla el cargo y la entidad a la que se postula.

Como gerente encargada, la funcionaria formuló el 11 de diciembre de 2025 una serie de advertencias sobre la administración de Carlos Carrillo al frente del Fondo de Adaptación, advertencias que fueron refutadas por el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Rodríguez indicó que bajo la dirección de Carrillo se estructuraron y contrataron diversos proyectos clave que no registraron avances en su ejecución y presentaron presuntas señales de falta de transparencia.

“La Oficina de Control Interno envía unas alertas que, en su momento, fueron omitidas. Ausencia del concepto de Minciencias para el tipo de contratación requerido por el Fondo de Adaptación; contratación directa para un solo oferente; y ausencia de documentación asociada a la presentación del proponente”, expresó la ahora exdirectora del Dapre.

En la mañana del viernes 24 de octubre, Eduardo Montealegre Lynett presentó su renuncia al cargo de ministro de Justicia. La decisión se dio un día después de haber anunciado un proyecto de ley para convocar la tan polémica asamblea constituyente.

La dimisión, sin embargo, no quedó en silencio: minutos después de hacerse pública, Montealegre difundió una carta en la que formuló señalamientos directos contra diferentes instituciones del Estado y figuras políticas, lo que originó fuertes reacciones y el anuncio de una denuncia disciplinaria en su contra.

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El documento, hecho público en sus redes sociales, contiene acusaciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el Tribunal Superior de Bogotá, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el procurador general.

“Así el Ministro haya presentado su renuncia, su efecto no es inmediato; sigue siendo servidor público. Voy a presentar denuncia ante la Procuraduría General de la Nación para que inicie las actuaciones disciplinarias. No es posible que un funcionario ataque vilmente a la justicia y tilde de ‘criminal de guerra y corrupto’ a un presidente absuelto por la justicia”, escribió un representante a la Cámara en su cuenta de X, anunciando la primera acción formal en contra del exministro.

Las acusaciones de Montealegre

En la carta, Eduardo Montealegre inicia expresando su “profunda indignación por el prevaricato en que incurrió el Tribunal Superior de Bogotá al absolver un criminal de guerra, un corrupto: Álvaro Uribe Vélez”. A lo largo del documento, el exministro atribuye a diversos sectores del Estado y del sistema judicial haber convalidado lo que considera una decisión injusta.

Montealegre señala además al “establecimiento de Colombia” y a “un premio nobel de la paz servil ante él, pusilánime” como parte de lo que califica como una estructura que protege la impunidad. Según el texto, su renuncia obedece a la necesidad de “recuperar la libertad para actuar como víctima del expresidente Uribe”, a quien acusa de promover “una violencia sistemática contra el pueblo humilde y trabajador”.

En otro apartado, Montealegre advierte que acudirá a instancias internacionales. “Acudiré a los tribunales internacionales para clamar por el fin de su impunidad”, afirmó en la carta. También anticipa que, a su juicio, “la Corte Suprema, cooptada por el verdugo de la justicia que en el pasado la ultrajó y doblegó, lo absolverá”.

El texto contiene además cuestionamientos a la Fiscalía General de la Nación, de la que asegura que “no actuará para sancionar los delitos de lesa humanidad del Aro y la Granja realizados por Uribe, ni las vinculaciones de él y su familia con el paramilitarismo”. En uno de los pasajes más fuertes, el exministro escribió: “Uribe es el amo de la justicia, y ella, como esclava, se inclina sumisa ante su inmenso poder. Yo no lo haré”.

Montealegre también hace referencia al procurador general, a quien describe como “un funcionario oscuro, aliado del abogado mafia, perteneciente a la clase política más corrupta de Colombia”, y asegura que ese respaldo proviene “de sectores del Pacto Histórico que dicen impulsar la transparencia”.

Posibles consecuencias legales

El contenido del documento generó reacciones inmediatas en el ámbito jurídico y político. El abogado penalista Iván Cancino, a través de su cuenta en X, advirtió que la carta no puede considerarse una expresión privada, dado que fue suscrita por Montealegre en su calidad de ministro de Justicia. “La carta que presenta el ministro de justicia la hace aún como servidor público! Debe tener consecuencias. Contiene afirmaciones que pueden ser tanto injuriosas como calumnias”, escribió.

El Código Penal colombiano establece que los delitos de injuria y calumnia pueden ser investigados cuando un servidor público, en ejercicio de sus funciones, realiza declaraciones que atenten contra el honor o buen nombre de otra persona. Además, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que los funcionarios tienen límites más estrictos en el uso de la libertad de expresión, pues sus pronunciamientos pueden tener consecuencias institucionales.

En ese contexto, el contenido del documento del exministro podría dar lugar tanto a sanciones penales como disciplinarias. La eventual denuncia disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación buscaría determinar si Montealegre vulneró los principios de imparcialidad y respeto institucional exigidos a los servidores públicos. De comprobarse una falta, el exministro podría enfrentar sanciones que incluyen la suspensión o inhabilidad para ejercer cargos públicos.

En la mañana del viernes 24 de octubre, Eduardo Montealegre Lynett presentó su renuncia al cargo de ministro de Justicia. La decisión fue comunicada un día después de que Montealegre anunciara un proyecto de ley para convocar a una asamblea constituyente.

Minutos después de conocerse su salida, el exministro hizo pública la carta en la que expuso las razones de su retiro y formuló acusaciones contra diferentes actores políticos y judiciales.

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En el texto, Montealegre señala directamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, al Tribunal Superior de Bogotá, a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía General de la Nación y al procurador general, a quienes responsabiliza de actos de impunidad y de favorecer presuntos delitos de lesa humanidad.

El abogado penalista Iván Cancino reaccionó públicamente al contenido de la carta mediante un mensaje difundido en su cuenta de X. Cancino subrayó que Montealegre firmó la carta en ejercicio de sus funciones y con el uso del cargo de ministro de Justicia, por lo que sus afirmaciones no pueden ser consideradas simples opiniones personales, sino declaraciones oficiales de un funcionario en ejercicio.

En ese sentido, se refirió a lo que las normas del Código Penal establecen sobre las diferencias entre la libertad de expresión y los límites legales cuando se ataca la honra o el buen nombre de una persona. En su mensaje, señaló: “La carta que presenta el ministro de justicia la hace aún como servidor público ! Debe tener consecuencias . Contiene afirmaciones que pueden ser tanto injuriosas como calumnias”.

Según la legislación colombiana, los tipos penales de injuria y calumnia se configuran cuando se ofende la dignidad de alguien con expresiones deshonrosas (injuria) o cuando se atribuye falsamente a una persona la comisión de un delito (calumnia). En este caso, indicó, el contenido de la carta de Montealegre podría incluir afirmaciones que encuadrarían en ambos escenarios, pues son acusaciones que no han sido probadas.

Además, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el ejercicio de la libertad de expresión por parte de funcionarios públicos tiene límites más estrictos, dado que sus pronunciamientos pueden generar repercusiones institucionales. Por ello, cualquiera que en sus funciones haga acusaciones sin sustento legal podría responder no solo en el ámbito penal, sino también en el disciplinario, en caso de que se determine que sus palabras lesionan derechos fundamentales o comprometen la imagen de las instituciones del Estado.

Detalles de la carta de renuncia de Montealegre

En su carta, el ahora exministro de Justicia inicia expresando “profunda indignación por el prevaricato en que incurrió el Tribunal Superior de Bogotá al absolver un criminal de guerra, un corrupto: Álvaro Uribe Vélez”. Enseguida acusa al “establecimiento de Colombia” y a “un premio nobel de la paz servil ante él, pusilánime”, de avalar lo que califica como un acto ilícito.

Montealegre asegura que su retiro del Gobierno obedece a la necesidad de recuperar la libertad para actuar como víctima del expresidente Uribe, al que atribuye una “violencia sistemática contra el pueblo humilde y trabajador”.

En el documento manifiesta su intención de “acudir a los tribunales internacionales para clamar por el fin de su impunidad” y anticipa que, a su juicio, “la Corte Suprema, cooptada por el verdugo de la justicia que en el pasado la ultrajó y doblegó, lo absolverá”.

Además, Montealegre extiende sus señalamientos a la Fiscalía General de la Nación, de la que dice que “no actuará para sancionar los delitos de lesa humanidad del Aro y la Granja realizados por Uribe, ni las vinculaciones de él y su familia con el paramilitarismo”. En otro pasaje afirma: “Uribe es el amo de la justicia, y ella, como esclava, se inclina sumisa ante su inmenso poder. Yo no lo haré”.

El documento también hace alusión al procurador general, a quien describe como “un funcionario oscuro, aliado del abogado mafia, perteneciente a la clase política más corrupta de Colombia”, y advierte que ese respaldo proviene “de sectores del Pacto Histórico que dicen impulsar la transparencia”.

La vicepresidenta de la junta directiva de Ecopetrol, Mónica de Greiff, decidió finalmente mantenerse en su cargo tras haber considerado renunciar.

Esta determinación fue comunicada el 26 de junio de 2025 mediante un comunicado oficial de Ecopetrol, poniendo fin a semanas de incertidumbre en el sector energético.

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Previamente, se había difundido un facsímil de la carta de renuncia que De Greiff presentó, pero luego retiró.

La posible salida de la directiva generó una ola de especulaciones en el ámbito empresarial colombiano.

La incertidumbre aumentó cuando se conoció la existencia de la carta de renuncia, sin que Ecopetrol la confirmara ni notificara ante la Superintendencia Financiera. Finalmente, De Greiff optó por continuar en la junta, evitando así una crisis de gobernabilidad en la compañía.

La renuncia, que nunca se formalizó, coincidió con un periodo de alta tensión interna en Ecopetrol, caracterizado por cuestionamientos a la gestión del presidente de la empresa, Ricardo Roa, y al contrato millonario con la firma Covington & Burling LLP.

Roa, cercano al presidente Gustavo Petro, ha sido señalado por presuntas irregularidades durante la campaña presidencial.

En su carta de renuncia, Mónica de Greiff elogia la gestión de Ricardo Roa, a quien describe como poseedor de un “liderazgo inspirador” y un fuerte compromiso con la transición energética y la sostenibilidad: “Me retiro con gratitud, admiración y el deseo sincero de que Ecopetrol continúe consolidándose como una empresa energética integral, sostenible y al servicio de todos los colombianos”.

Estas declaraciones reflejan tanto su aprecio por el trabajo realizado como su preocupación por el rumbo que podría tomar la empresa en el futuro inmediato.

La renuncia de Mónica de Greiff a Ecopetrol estuvo motivada por la polémica en torno a un contrato millonario con firma extranjera

La vicepresidenta de la junta directiva de Ecopetrol, Mónica de Greiff, consideró renunciar a su cargo como consecuencia de la crisis interna generada por un contrato adicional firmado con la firma estadounidense Covington & Burling LLP, cuyo valor ascendió a 5.8 millones de dólares y desató una fuerte controversia en la petrolera estatal.

El contrato, conocido técnicamente como otrosí, fue suscrito el 31 de diciembre de 2024 y amplió significativamente el alcance y la cuantía de un acuerdo previo firmado en agosto de ese año por 875.000 dólares.

Covington & Burling LLP fue contratada para brindar asesoría legal internacional a Ecopetrol, especialmente para enfrentar investigaciones y acusaciones contra el presidente de la compañía, Ricardo Roa, señalado por presuntas irregularidades durante la campaña presidencial de Gustavo Petro y cuestionado por su gestión.

La controversia surgió por el monto inusual del contrato adicional, que multiplicó casi por siete la inversión en asesoría externa, y por la falta de claridad en su aprobación.

El presidente de la junta directiva, Guillermo García Realpe, declaró públicamente que el acuerdo no había sido avalado formalmente por la junta y lo calificó como “grave y abusivo”.

Sin embargo, documentos internos filtrados indican que el contrato sí contaba con la aprobación del órgano directivo, lo que generó desconcierto y desconfianza tanto dentro como fuera de la empresa.

Esta situación expuso deficiencias en los procesos de toma de decisiones y control interno de Ecopetrol, aumentando la crisis política y empresarial que afecta a la compañía y poniendo en riesgo la confianza de los inversionistas y la estabilidad de la gestión.

En respuesta a la gravedad del asunto, el presidente Gustavo Petro convocó a una reunión de emergencia con los miembros de la junta designados por el Gobierno para evaluar el futuro de la petrolera y discutir medidas para restablecer la gobernabilidad y transparencia.

La polémica motivó que varios miembros de la junta, incluida Mónica de Greiff, valoraran la renuncia en señal de protesta o por el desgaste generado.

Sin embargo, De Greiff decidió finalmente mantenerse en su cargo, aunque la crisis dejó al descubierto profundas tensiones internas y desafíos estructurales.

El contrato con Covington & Burling LLP fue suspendido temporalmente mientras se realizan investigaciones internas para determinar responsabilidades y la legalidad del proceso.

Ángela María Buitrago presentó su renuncia al cargo de ministra de Justicia y del Derecho en Colombia, marcando así un nuevo cambio en el gabinete del presidente Gustavo Petro.

La decisión, que será efectiva a partir del 1 de junio de 2025, convierte a Buitrago en la tercera persona que deja esa cartera durante el actual Gobierno.

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En una carta fechada el 12 de abril y dirigida al mandatario, Buitrago explicó que su salida obedece a una “profunda reflexión personal y profesional”.

En el documento, denunció intentos de injerencia en el Ministerio que, según afirmó, han puesto en riesgo los principios de independencia y transparencia que guiaron su gestión.

“Mis actuaciones no dependen de influencias, ni amenazas, persuasiones, ni interferencias o intereses políticos”, escribió, subrayando que su actuar se ha basado siempre en el derecho y la equidad.

La exministra sostuvo que prefiere mantenerse fiel a sus principios y dar un paso al costado antes que comprometer su integridad.

Durante su tiempo en el cargo, Buitrago impulsó iniciativas como Entornos Seguros, Redes Justas, Casas de Justicia y políticas orientadas a la defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad.

No obstante, reconoció que los recortes presupuestales limitaron el alcance de muchos de estos programas. Pese a las dificultades, expresó su orgullo por el trabajo realizado junto a un equipo que describió como “comprometido, leal y honesto”.

En su carta de renuncia, Buitrago agradeció la oportunidad de haber liderado el Ministerio de Justicia y resaltó su contribución al fortalecimiento del Estado de Derecho, la defensa de los derechos humanos y la modernización del sistema de justicia en Colombia.

Asimismo, ofreció su colaboración para garantizar una transición ordenada y expresó su deseo de que los esfuerzos del presidente Petro por alcanzar la paz en el país se materialicen.

Ángela María Buitrago señala presiones de Benedetti antes de su renuncia

Tras la viralización de su carta en redes sociales, la ministra habló con Caracol Radio y reveló que algunas de las presiones externas que recibió provinieron del ministro del Interior, Armando Benedetti, y de la directora del Dapre, Angie Rodríguez.

Según su testimonio, ambos le habrían solicitado el despido de una persona específica de la Unidad de Servicios Penitenciarios.

“Armando Benedetti me llama y me dice que por orden del presidente hay que sacarlo”, relató la exministra durante una entrevista con Noticias Caracol.

Además, señaló que también hubo intentos por remover de su cargo a Alexander Rivera, director de Política de Drogas y Actividades Relacionadas, a quien describió como una persona técnica y profesional, y cuyo trabajo respaldó públicamente.

Según relató, su último contacto con el presidente Gustavo Petro fue en un helicóptero en Acacías, donde le expresó su deseo de continuar al frente del Ministerio “sin presiones”, en un contexto que calificó como complejo. Sin embargo, no hubo oportunidad para profundizar la conversación.

El ministro Armando Benedetti rechazó tajantemente cualquier vinculación con la renuncia de la exministra de Justicia y negó haber ejercido presiones para cambios en el Ministerio o en la Unidad de Servicios Penitenciarios.

En una entrevista con Blu Radio, Benedetti aseguró que las versiones que apuntan a una supuesta influencia suya en la salida de Buitrago son infundadas. “Le juro que no tuve nada que ver con eso”, afirmó.

Cuestionado directamente sobre si había llamado a la ministra para presionarla en algún cargo o contrato en la Unidad de Servicios Penitenciarios, Benedetti fue categórico: “No he hecho ninguna llamada para mover presos ni contratos”.

Respecto a la acusación implícita sobre si su cuota política, Angie Rodríguez, intervino para sacar a alguien del Ministerio o para interferir en la cartera de Justicia, Benedetti también negó cualquier participación: “No he tenido injerencia ni yo ni Angie Rodríguez en ese sentido”.

Ya había rumores sobre la “desgastada” relación entre Buitrago y Petro

La renuncia de Buitrago no ocurre en un vacío. Desde marzo de 2025, medios nacionales como W Radio venían informando sobre un creciente deterioro en la relación entre la ministra y el presidente Gustavo Petro, motivado por profundas diferencias sobre la política de paz total.

Según reportes de esa emisora, las tensiones se centraban en el marco jurídico que el Gobierno pretende implementar para facilitar la desmovilización de grupos armados ilegales.

Mientras Petro ha defendido la necesidad de ofrecer garantías legales más flexibles, distintas al sometimiento tradicional a la justicia, Buitrago se habría opuesto a ese enfoque, argumentando que podría debilitar la legalidad y la integridad del sistema judicial.

La controversia se hizo visible públicamente el 10 de marzo, cuando la ministra, durante un consejo de ministros televisado, manifestó su intención de replantear esa política.

Desde entonces, el liderazgo sobre este tema pasó en la práctica a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien asumió un rol más protagónico pese a que, según diversas fuentes, el diseño jurídico de la paz debería estar en manos del Ejecutivo.

En este contexto, y con versiones sobre posibles cambios en el gabinete, el nombre de Héctor Carvajal ya había sido mencionado como posible reemplazo en el Ministerio de Justicia, reforzando la lectura de que la renuncia de Buitrago también responde a una crisis política interna que venía gestándose desde hace meses.

La renuncia de Ángela María Buitrago también generó reacciones en distintos sectores del espectro político y mediático.

Una de las más críticas fue la de la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila, quien en sus redes sociales arremetió contra el Gobierno, calificándolo como “impresentable, corrupto, autoritario y politiquero”.

Dávila afirmó que “lo malo es que cuando ella aceptó ser ministra ya se sabía que este es un Gobierno impresentable” y agregó que “nadie sensato quisiera pertenecer a semejante esperpento”, en referencia a lo que describió como un gabinete lleno de “personajes oscuros y turbios”.

Roy Barreras renunció el martes 29 de abril de 2025 como embajador de Colombia en Reino Unido. Así lo confirmó en una carta dirigida a Laura Sarabia, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia.

Sin embargo, este miércoles 30 de abril de 2025 se filtró la carta que envió el exsenador de la República y ahora exembajador al presidente Gustavo Petro, donde le agradeció la oportunidad. La misiva fue compartida por el medio de comunicación Noticias RCN.

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Barreras expresó que su renuncia se debe por termas personas y políticos, motivo por el cual expresó que su salida como embajador de Colombia en Reino Unido es irrevocable.

“Por medio de la presente quiero agradecerle la oportunidad brindada de servirle al país en la misión diplomática de Reino Unido. Por razones personales y políticas que espero poder compartirle personalmente me permito presentar mi renuncia irrevocable al cargo de Embajador de Colombia ante el Reino Unido e Irlanda del Norte que he venido desempeñando en el Ministerio de Relaciones Exteriores, con efecto a partir del día 20 de mayo del 2025, conforme a lo establecido en las normas vigentes”, se lee en la misiva compartida por el citado medio.

Roy Barreas confirmó que está dispuesto a colaborar con el proceso de empalme que el presidente Petro designe o la ministra Laura Sarabia así lo considere.

“Agradezco profundamente la confianza depositada en mí y el respaldo recibido durante el tiempo que ejercí mis funciones. Quedo atento a colaborar en el proceso de empalme con quien usted designe”, puntualizó la misiva.

Qué dice la carta enviada a Laura Sarabia

A través de una carta dirigida a la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, Roy Barreras comunicó que su salida del cargo será efectiva a partir del 20 de mayo de 2025.

“Por medio de la presente me permito presentar ante la señora Canciller y ante el señor Presidente mi renuncia irrevocable al cargo de Embajador de Colombia ante el Reino Unido e Irlanda del Norte que he venido desempeñando en el Ministerio de Relaciones Exteriores, con efecto a partir del día 20 de mayo del 2025, conforme a lo establecido en las normas vigentes”, se lee en la misiva.

En su misiva, Roy Barreras expresó su agradecimiento por la confianza recibida durante su tiempo en el cargo y destacó el respaldo institucional que recibió a lo largo de su gestión.

“Agradezco profundamente la confianza depositada en mí y el respaldo recibido durante el tiempo que ejercí mis funciones”, indicó el embajador en la carta.

Asimismo, Barreras manifestó su disposición a colaborar en el proceso de empalme con la persona que se designe para ocupar su puesto, asegurando que permanecerá atento a asistir en la transición.

El embajador Barreras, que ha desempeñado este rol en Londres, también expresó que su renuncia se ajusta a las disposiciones legales y reglamentarias establecidas para este tipo de decisiones.

De acuerdo con Cambio, la renuncia de Roy Berreras estaría motivada por una posible candidatura presidencial en 2026; sin embargo, no fue confirmado por el diplomático ni por fuentes cercanas al citado medio.

Roy Barreras fue una figura clave del Pacto Histórico en el Congreso de la República; sin embargo, tuvo que salir de la presidencia del Senado por doble militancia, luego de un fallo del Consejo de Estado.

Los hechos ocurrieron en 2020, cuando el Partido de La U tomó la decisión de expulsar a Barreras. Tiempo después, el líder político terminó vinculado al Pacto Histórico, donde fue precandidato presidencial, pero luego lanzó su candidatura al Congreso por lista cerrada.

El 3 de agosto de 2023, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto que confirmó la llegada de Roy Barreras a la embajada de Colombia en Reino Unido. El diplomático llegó en reemplazo de Álvaro Gómez Jaramillo, diplomático del expresidente Iván Duque.

El ministro de Educación, Daniel Rojas, negó categóricamente cualquier intención de abandonar su cargo, desmintiendo así las especulaciones que surgieron tras el Consejo de Ministros del pasado martes 4 de febrero.

Desde Bucaramanga, donde asistió a la inauguración del Complejo Científico para la Investigación de las Ciencias de la Salud de la Universidad Industrial de Santander (UIS), el funcionario afirmó que no tiene planes de dimitir y calificó los rumores como infundados.

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“Jamás, el martes no pasó nada, no está dentro de las posibilidades”, declaró Rojas. Estas afirmaciones se dieron en un contexto de creciente especulación sobre tensiones internas en el gabinete presidencial, las cuales habrían sido detonadas por el desarrollo del mencionado Consejo de Ministros.

Las versiones sobre una posible renuncia comenzaron a circular luego de que se conocieran supuestos desacuerdos entre los miembros del gabinete durante la reunión. Sin embargo, el ministro minimizó la relevancia de estos rumores y describió el encuentro como un espacio habitual de discusión dentro del Gobierno.

Rojas explicó que estos consejos son escenarios donde los jefes de las diferentes carteras expresan sus puntos de vista sobre los temas que afectan al país. “Lo que pasó el martes en el Consejo de Ministros es una fotografía de que los jefes de las diferentes carteras se expresan sobre lo que ocurre en el país”, señaló el funcionario.

Además, enfatizó que los debates internos no deben interpretarse como señales de crisis, sino como parte del ejercicio democrático que caracteriza a la administración de Gustavo Petro.

La llegada tarde del ministro de Educación

Uno de los factores que avivó las especulaciones sobre la supuesta renuncia de Rojas fue su llegada tardía a la reunión del martes 4 de febrero, hecho que se transmitió en vivo por televisión nacional y generó un momento de tensión con el presidente.

El mandatario, al notar su ingreso, comentó de manera irónica: “¡Ve! Llegó el ministro de Educación, bravo”. Luego agregó que ya habían abordado temas del sector educativo y sugirió que los demás ministros pusieran al tanto a Rojas sobre lo discutido.

El comentario del presidente captó de inmediato la atención de la opinión pública. En respuesta, el ministro pidió disculpas y explicó que su retraso se debió a reuniones previas con autoridades locales y académicas, destinadas a avanzar en proyectos educativos en zonas vulnerables del país.

“Excúsenme la tardanza, pero por la juventud guajira y cesarense, valía la pena”, escribió posteriormente en su cuenta de X, justificando su demora por la importancia de los acuerdos alcanzados.

Rojas detalló que había sostenido reuniones con el gobernador de La Guajira, el rector de la Universidad de La Guajira y varios alcaldes de municipios como San Juan del Cesar, Becerril y La Jagua de Ibirico.

El objetivo de estos encuentros era concretar iniciativas para mejorar la oferta de educación superior en regiones como Nazareth, Uribia y Manaure, en La Guajira, así como en el corredor minero del Cesar. Según el ministro, estas reuniones forman parte de un esfuerzo por cerrar las brechas en el acceso a la educación en territorios históricamente marginados.

Petro casi deja en visto a Rojas

Durante su intervención en el Consejo de Ministros, Rojas enfatizó que en su cartera no existen “agendas paralelas” y pidió al presidente que le prestara atención mientras exponía sus argumentos.

También reafirmó su compromiso con el proyecto gubernamental, destacando su lealtad hacia Petro y su administración. “Voy a ser leal a usted, a este gobierno y a este proyecto que se proyecta a largo plazo, desde donde esté y desde donde usted indique, señor presidente”, aseguró el ministro.

El Consejo de Ministros, transmitido en vivo en horario de máxima audiencia, permitió a los ciudadanos observar de cerca las dinámicas internas del gobierno de Petro.

Según reportaron distintos medios, este formato inédito generó un amplio debate en redes sociales y espacios de opinión. No solo se discutieron los temas abordados, sino también los momentos de tensión que se vivieron durante la sesión.

Ricardo Bonilla González dejó de ser, oficialmente, el ministro de Hacienda el miércoles 4 de diciembre de 2024, luego de que a través de sus redes sociales el presidente de la República, Gustavo Petro, le pidiera que dejara su cargo y él, en cumplimiento a esta instrucción, radicara la misiva con la que dejará el cargo luego de un año, siete meses y tres días. Una reacción en cadena que causaron las más recientes actuaciones del funcionario, en relación con su labor en el Ejecutivo.

Bonilla, que antes de dejar el cargo remitió a la Fiscalía General de la Nación una denuncia que salpica al hijo adoptivo del primer mandatario, Nicolás Alcocer Petro, por presunta injerencia en la construcción de la hidroeléctrica de Urrá, en un caso en el que también estaría involucrado Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, agradeció la oportunidad brindada por el jefe de Estado; pese a que su desvinculación comenzara a gestarse por petición del gobernante en su cuenta de X.

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El exfuncionario reafirmó las declaraciones que había dado a la prensa en la víspera, cuando le preguntaron si seguirá o no en el Gobierno y cuál sería su respuesta ante las graves acusaciones en su contra, pues fue acusado por su propia exasesora, María Alejandra Benavides, como el determinador de la compra de votos de los congresistas miembros del Comité Interparlamentario de Crédito Público (Cicp), con contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

“Me permito presentar renuncia irrevocable al cargo de Ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia. Dije siempre que respeto el trabajo de la Fiscalía y que no usaría mi cargo en el gabinete para defenderme”, expresó Bonilla al inicio de su intervención, con la que, a renglón seguido, explicó sus logros al frente de esta dependencia, en la que reemplazó a José Antonio Ocampo; el primer ministro de Hacienda en el actual Gobierno.

Los motivos por los que Ricardo Bonilla renunció al Ministerio de Hacienda

En su misiva, que según pudo conocer Infobae Colombia estaba preparada desde el fin de semana anterior, tras conocerse los audios que comprometían al ministro en el escándalo de corrupción al interior de la Ungrd, con la presunta entrega de jugosos contratos a un grupo de cinco congresistas y un exmiembro de la corporación legislativa, a cambio de aprobar en la Cicp millonarios préstamos del Ejecutivo, Bonilla dejó en claro que empezará su defensa.

“Considero que ha llegado la hora de asumir con mi equipo jurídico mi defensa como ciudadano, desprovisto de mi condición de funcionario público, para concentrarme en el proceso y evitar cualquier daño al devenir del gobierno en su agenda pública”, expresó el funcionario, con lo que su proceso pasará a la Fiscalía General de la Nación, al perder su fuero constitucional.

De acuerdo con Bonilla, los episodios en mención, para él, dejan -más allá que líos de tipo penal, pues es señalado por ser el principal responsable del direccionamiento de contratos por más de $92.000 millones en Cotorra (Córdoba), Carmen de Bolívar (Bolívar) y Saravena (Arauca), a un grupo de parlamentarios: son ellos Juan Pablo Gallo, Liliana Bittar, Karen Manrique, Julián Peinado y Wadith Manzur, y el exrepresentante Juan Diego Muñoz, investigado por la Corte Suprema.

“Estos duros episodios dejan lecciones sobre el diseño institucional de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Las permanentes dilaciones en el otorgamiento de conceptos, no vinculantes, se prestan a maniobras que dejan al ministro de turno en aprietos”, declaró el saliente ministro, que con ello reiteró aquella frase con la que empezó a responder por el escándalo, relacionada con que él “cometía errores, pero no delitos”.

Según el exfuncionario, se irá con la “frente en alto”, confiado, según él, “en convencer a mis investigadores que no compré silencios, ni votos de congresistas, ni cupos indicativos, ni cometí delito alguno en provecho personal”. Aunque en su contra se han conocido, además de la declaración de Benavides, la del exdirector de la Ungrd Olmedo López, y su ex subdirector Sneyder Pinilla: que señalaron cómo Bonilla habría presionado para la pronta adjudicación de los contratos en mención.

Ricardo Bonilla sacó pecho por su labor al frente del Ministerio de Hacienda

En su breve balance de la gestión, Bonilla rescató que las finanzas del país “gozan de buena salud” y, desde su perspectiva, la estabilidad fiscal se mantiene “a pesar de las circunstancias internas y externas que nos correspondió afrontar”. Al final de su misiva, el ya exministro reiteró su deseo de que el actual Gobierno continúe con el plan propuesto y, de esta manera, fortalezca su intención de crear un país “con más inclusión y menos desigualdad”.

“Hago votos porque su Gobierno del Cambio, en la recta final de su mandato, consolide el inicio de una Colombia nueva con más inclusión y menos desigualdad. Con mi perenne agradecimiento y aprecio, cordial saludo”, puntualizó exfuncionario en mención.

Esta es la carta con la que Ricardo Bonilla presentó renuncia a su cargo como ministro de Hacienda:

Juvenal Díaz, gobernador de Santander, solicitó este viernes 6 de septiembre la renuncia protocolaria de todo su gabinete con el objetivo de “realizar una evaluación de desempeño en cada uno de los cargos”.

Pese a la medida, aclaró que esto “no significa que se vayan a aceptar en su totalidad” todas las renuncias presentadas.

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En una carta dirigida a secretarios, asesores de despacho, jefes de oficina, directores, el director de Intersantander, los gerentes de la lotería de Santander y el gerente del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander (Idesan), el gobernador Díaz justificó su decisión amparándose en las facultades conferidas por la Constitución Política y la ley, relacionadas con la dirección y coordinación de la acción administrativa del departamento.

En la misiva, se establece que todos ellos ocupan cargos de libre nombramiento y remoción, por lo que se les solicita la presentación de sus cartas de renuncia.

En la carta se puede leer: “Me permito solicitarles la presentación de sus cartas de renuncia”. El gobernador subraya que esta solicitud se enmarca en el ejercicio de sus facultades legales y constitucionales.

El plazo máximo para la entrega de estas renuncias, según el comunicado, es hasta las 6:00 p. m. del viernes 6 de septiembre, y los funcionarios pueden hacerlo en el despacho del gobernador o a través de correo.

El gobernador en su cuenta de X publicó los motivos por los cuales realizó la petición de las cartas de renuncia de su gabinete, alegando que busca “iniciar un proceso de evaluación con cada una de las secretarías”.

Díaz detalló que la evaluación tiene varios propósitos fundamentales. Primero, se solicitará a cada funcionario que califique la gestión de su secretaría, un paso para garantizar que los líderes administrativos comprenden y están alineados con los objetivos estratégicos de la administración.

El siguiente aspecto de este proceso de evaluación es que cada funcionario deberá indicar cuáles son los principales logros y fallos en su área de responsabilidad. Según Díaz, esta práctica permitirá tener una visión clara y objetiva sobre el desempeño de cada secretaría.

El tercer objetivo de la evaluación es determinar en qué aspectos específicos debe mejorar cada secretaría. Díaz ha enfatizado que esta etapa no solo busca señalar debilidades, sino que también pretende establecer un plan de acción concreto para abordar estos puntos de mejora y, así, optimizar la eficiencia operativa.

Finalmente, se espera que este proceso sirva para ratificar el compromiso de todos los funcionarios con las políticas establecidas por la administración actual.

El plan de desarrollo que quiere implementar Díaz en su mandato

El gobierno de Santander presentó su plan de desarrollo para los próximos cuatro años, destinando 8,5 billones de pesos a áreas clave como seguridad, prosperidad y sostenibilidad.

El plan de desarrollo, que cuenta con 169 iniciativas lideradas por el general retirado Juvenal Díaz, fue radicada en la Asamblea de Santander.

Según el detalle ofrecido por el plan, reiterado en un comunicado oficial, el 84% de la inversión estará dedicada a la seguridad multifuncional, con un presupuesto de $7.1 billones, mientras que el 13% se destinará al eje de prosperidad y el 3% restante a sostenibilidad.

Díaz subrayó la necesidad de invertir en seguridad para desestabilizar a los grupos armados y combatir las finanzas ilícitas.

Desglosando más el presupuesto asignado a la seguridad, el documento especifica la distribución de $4.8 billones para educación a nivel gubernamental y territorial, casi $1.000 millones destinados a salud, $506 millones para vivienda y desarrollo territorial, y $8.300 millones para incentivar el empleo.

Respecto al eje de prosperidad, se realizará la transformación del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander (Idesan). Este instituto será el canal de recursos tanto para alcaldes como para la ciudadanía general. Además, se anunció la reactivación de la producción de licores regionales, que se prevé generará anualmente $30.000 millones en utilidades.