Durante años, Costa Rica ha sido presentada como uno de los países con mayor estabilidad económica de América Latina. Sin embargo, detrás de las cifras de crecimiento, inversión extranjera y reducción de la inflación, emerge una realidad distinta para miles de familias: vivir en el país es cada vez más caro.

El fenómeno no es solo una percepción ciudadana. Diversos estudios internacionales ubican a Costa Rica entre las economías con el costo de vida más elevado de la región, especialmente cuando se analizan rubros esenciales como vivienda, alimentos, servicios públicos y productos farmacéuticos.

La propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reconoce que, pese al sólido crecimiento económico del país, persisten importantes desafíos relacionados con la desigualdad, la informalidad laboral y el acceso de los hogares a mejores condiciones de vida. El organismo advierte que una parte importante de la población no ha logrado beneficiarse plenamente del crecimiento económico registrado en los últimos años.

Uno de los principales golpes al bolsillo proviene de la vivienda

Mientras en ciudades de países como Colombia o México todavía es posible encontrar apartamentos de una habitación por el equivalente a entre 300 y 500 dólares mensuales en zonas urbanas intermedias, en la Gran Área Metropolitana de Costa Rica los alquileres de características similares frecuentemente superan los 700 dólares y pueden acercarse a los 1.000 dólares en sectores de alta demanda.

El auge de proyectos inmobiliarios dirigidos a extranjeros, nómadas digitales y segmentos de alto poder adquisitivo ha incrementado la presión sobre los precios del mercado residencial, dificultando el acceso a opciones asequibles para la clase media costarricense.

La alimentación tampoco escapa al fenómeno

Productos básicos como leche, huevos, carnes, frutas y vegetales suelen presentar precios superiores a los observados en supermercados de países vecinos como Panamá, Guatemala o Colombia. Diversos análisis atribuyen esta diferencia a factores como la carga tributaria, costos logísticos, regulaciones, menor competencia en algunos mercados y elevados costos de producción nacional.

El caso de los medicamentos es otro ejemplo recurrente

Diversos estudios regionales han señalado que fármacos de uso común pueden costar considerablemente más en Costa Rica que en otros mercados latinoamericanos. Analgésicos, antihipertensivos, tratamientos para colesterol o medicamentos para enfermedades crónicas presentan diferencias importantes respecto a países como México o Colombia, donde existe una mayor competencia entre laboratorios y cadenas farmacéuticas.

Los gastos en salud privada también representan un desafío para quienes no logran obtener oportunamente una cita en el sistema público, obligando a miles de personas a destinar una parte creciente de sus ingresos a consultas médicas y compra de medicamentos.

Paradójicamente, Costa Rica también figura entre los países con salarios mínimos más altos de América Latina.

Sin embargo, especialistas advierten que analizar únicamente el ingreso puede resultar engañoso si no se considera el poder adquisitivo.

Un trabajador puede recibir un salario superior al promedio regional, pero si debe destinar una proporción mucho mayor de sus ingresos al alquiler, alimentación, transporte y servicios públicos, su capacidad real de consumo termina siendo similar —o incluso inferior— a la de otros países con salarios nominalmente más bajos.

El transporte constituye otro gasto significativo

Aunque el precio internacional del petróleo ha mostrado fluctuaciones, los combustibles en Costa Rica continúan ubicándose entre los más caros de Centroamérica debido a impuestos, costos de distribución y estructura del mercado energético.

A ello se suma el creciente costo de los servicios básicos. Electricidad, agua, internet y telefonía representan una proporción importante del presupuesto familiar, especialmente para hogares de ingresos medios y bajos.

Los datos macroeconómicos parecen contar una historia distinta.

Costa Rica mantiene uno de los mayores niveles de inversión extranjera de la región, un crecimiento económico superior al promedio latinoamericano y una inflación relativamente controlada. Sin embargo, economistas advierten que estos indicadores no siempre reflejan la experiencia cotidiana de las familias.

La brecha entre el desempeño económico del país y la percepción ciudadana se explica porque el crecimiento se concentra principalmente en sectores altamente productivos —como dispositivos médicos, servicios empresariales y zonas francas— cuyos beneficios no necesariamente llegan al resto de la economía.

Mientras tanto, trabajadores del comercio, construcción, servicios, pequeñas empresas y economía informal enfrentan un escenario donde cada aumento en el costo del alquiler, la alimentación o las medicinas reduce aún más su capacidad de ahorro.

El resultado es una paradoja cada vez más evidente: Costa Rica continúa consolidándose como una economía de ingreso alto y atractiva para la inversión internacional, pero al mismo tiempo se convierte en uno de los países más costosos para vivir en América Latina, donde el desafío ya no consiste únicamente en encontrar empleo, sino en que el salario alcance para cubrir las necesidades básicas de cada mes.

La Asociación Colombiana del Transporte Terrestre Automotor Especial (Acoltés) manifestó de nuevo su oposición al reciente incremento del precio del diésel (ACPM) confirmado por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el cual será de $6.000, con incrementos semestrales de $2.000 hasta 2025 y con lo que a partir de septiembre el galón quedó en promedio nacional de $11.360.

Presuntamente, esta medida busca reducir el subsidio estatal que en la actualidad soporta el costo del combustible, lo que no solo es cuestionable, sino que tiene el potencial de causar graves repercusiones para la economía de las empresas de este sector.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Dicho gremio informó que estuvo presente en más de diez mesas de trabajo con el Gobierno nacional, donde se presentaron diversas alternativas para contrarrestar el impacto económico del aumento en el precio del diésel, pero las peticiones de los gremios sobre el Precio Colombia, que contempla la eliminación de impuestos (el nacional y dos IVA) y toma como base el ingreso al productor y el ingreso al productor de biodiésel, no fueron atendidas.

Asimismo, se remitieron peticiones y comunicados al presidente de la República, Gustavo Petro, y Ministerio de Hacienda en varias ocasiones, con el propósito de alcanzar acuerdos y garantizar que las preocupaciones sean atendidas como es debido. Sin embargo, hasta la fecha no recibieron respuesta alguna.

Por eso, hicieron un llamado urgente al Gobierno nacional para que en verdad escuche al sector y, de manera conjunta, se puedan encontrar soluciones que minimicen el impacto económico y social que pone en eminente peligro la continuidad de estas empresas y, por ende, los servicios de transportar a la población más sensible del país: escolares, turistas, empresarios y usuarios de la salud (personas discapacitadas y/o con movilidad reducida, y pacientes no crónicos), por lo que es inminente el aumento en el precio del servicio de estos.

Ante esto, Acoltés envió una carta al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en la que se detallaron los problemas que se vendrán con el alza.

Mayor atención a la situación

En el documento, indican que las más de 2.300 empresas legalmente constituidas y debidamente habilitadas por el Ministerio de Transporte, que registran una cifra superior a las 100.000 unidades de capacidad transportadora global en el país, solicitan la mayor atención ante la delicada situación que se presenta con su parque automotor con combustible a gasolina (25.000 unidades), que en este último año soportó el incremento del 37,5% en el precio, sin poder trasladarlo al usuario de sus servicios y ese panorama se amplía con su anuncio de incremento al precio del diésel a partir del 1 de septiembre.

“Esto acabará de oscurecer el panorama de nuestro sector, que aún no se recupera de dos años de pandemia, y sin recibir apoyos estatales, se ha podido sostener en estos últimos años, pero que ya no resiste un aumento más en los costos de su estructura, en la cual es sabido y demostrado que el peso del combustible es del 37%”, indicó el gremio que tiene como presidente ejecutivo a Lupoani Sánchez Celemín.

Precisó que los automóviles, camionetas, camperos y vans, en un 25%, son a combustible diésel y el otro 75% consumen diésel.

Con relación a la propiedad de parque automotor, el gremio confirmó que el 87% es de un solo propietario, mayormente mujeres cabeza de familia, quienes ahora ven que su único patrimonio se pierde por la vida de uso del vehículo que cada día se agota y no hay un apoyo visible del Estado colombiano para sostenerlos en este negocio del servicio público de transporte especial, que se agrava en su sostenibilidad económica, si tiene que seguir asumiendo los elevados precios del combustible como sucede desde agosto de 2022.

Contratos frente a incremento de los combustibles

En la carta, Acoltés también expuso que es sabido que, en lo reglamentario, este servicio público se sostiene por el sistema de oferta y demanda, pero con contrataciones en tiempo definido, pero que un aumento desmedido los dejaría por fuera del mismo mercado, hoy agobiado por la informalidad e ilegalidad.

“Se ha tenido que soportar calladamente los incrementos en los precios del galón de gasolina de cerca de $9.180, en agosto de 2022, hasta el reciente en el mes de agosto de 2024, por encima de los $16.000. Es decir, a la fecha ha tenido un aumento del 37,5%, incrementos presentados aun cuando los contratos no se terminan y los contratantes no aceptan asumir dichos incrementos en las tarifas”, lamentó.

De esta forma, aseguró que el gran damnificado en este último año es el propietario del vehículo a gasolina, llámese persona natural o jurídica, ya que al final del proceso todos en el servicio público terminan perdiendo, si son los contratistas.

Razones para cerrar empresas

Además, confirmó que hay razones para que los propietarios de estas empresas decidan cerrar, ya que si no hay vehículos ni contratos no se pueden tener abiertas las puertas para seguir con las pérdidas y llegar a la quiebra, algo con lo que se amenaza la educación y este sector industrial.

También, alertó que habrá menos traslados de pacientes no crónicos, lo que puede llevar a un aumento en las muertes en casa, debido a la falta de acceso oportuno a servicios médicos, pues es entendido que a esos pacientes los transporta nuestro empresariado en todo el país. Asimismo, se verá afectada la movilidad de los empleados y de los turistas nacionales e internacionales, a quienes se les tendría que aumentar tarifas y eso llevaría a una reducción de la productividad y el ingreso por turismo en el país, un sector que el gobierno quiere promocionar ampliamente.

Acoltés anotó que en las diferentes mesas de trabajo y en comunicaciones enviadas a la Presidencia de la República, y a los Ministerios de Transporte, y de Minas y Energía, desde 2023, han sido directos y claros con el Gobierno nacional en el sentido de que cualquier aumento en el precio de estos combustibles afectan de manera directa la economía del país y de forma determinante la operación de las empresas, con la crisis real de los propietarios.