La Asociación Colombiana del Transporte Terrestre Automotor Especial (Acoltés) manifestó de nuevo su oposición al reciente incremento del precio del diésel (ACPM) confirmado por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el cual será de $6.000, con incrementos semestrales de $2.000 hasta 2025 y con lo que a partir de septiembre el galón quedó en promedio nacional de $11.360.

Presuntamente, esta medida busca reducir el subsidio estatal que en la actualidad soporta el costo del combustible, lo que no solo es cuestionable, sino que tiene el potencial de causar graves repercusiones para la economía de las empresas de este sector.

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Dicho gremio informó que estuvo presente en más de diez mesas de trabajo con el Gobierno nacional, donde se presentaron diversas alternativas para contrarrestar el impacto económico del aumento en el precio del diésel, pero las peticiones de los gremios sobre el Precio Colombia, que contempla la eliminación de impuestos (el nacional y dos IVA) y toma como base el ingreso al productor y el ingreso al productor de biodiésel, no fueron atendidas.

Asimismo, se remitieron peticiones y comunicados al presidente de la República, Gustavo Petro, y Ministerio de Hacienda en varias ocasiones, con el propósito de alcanzar acuerdos y garantizar que las preocupaciones sean atendidas como es debido. Sin embargo, hasta la fecha no recibieron respuesta alguna.

Por eso, hicieron un llamado urgente al Gobierno nacional para que en verdad escuche al sector y, de manera conjunta, se puedan encontrar soluciones que minimicen el impacto económico y social que pone en eminente peligro la continuidad de estas empresas y, por ende, los servicios de transportar a la población más sensible del país: escolares, turistas, empresarios y usuarios de la salud (personas discapacitadas y/o con movilidad reducida, y pacientes no crónicos), por lo que es inminente el aumento en el precio del servicio de estos.

Ante esto, Acoltés envió una carta al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en la que se detallaron los problemas que se vendrán con el alza.

Mayor atención a la situación

En el documento, indican que las más de 2.300 empresas legalmente constituidas y debidamente habilitadas por el Ministerio de Transporte, que registran una cifra superior a las 100.000 unidades de capacidad transportadora global en el país, solicitan la mayor atención ante la delicada situación que se presenta con su parque automotor con combustible a gasolina (25.000 unidades), que en este último año soportó el incremento del 37,5% en el precio, sin poder trasladarlo al usuario de sus servicios y ese panorama se amplía con su anuncio de incremento al precio del diésel a partir del 1 de septiembre.

“Esto acabará de oscurecer el panorama de nuestro sector, que aún no se recupera de dos años de pandemia, y sin recibir apoyos estatales, se ha podido sostener en estos últimos años, pero que ya no resiste un aumento más en los costos de su estructura, en la cual es sabido y demostrado que el peso del combustible es del 37%”, indicó el gremio que tiene como presidente ejecutivo a Lupoani Sánchez Celemín.

Precisó que los automóviles, camionetas, camperos y vans, en un 25%, son a combustible diésel y el otro 75% consumen diésel.

Con relación a la propiedad de parque automotor, el gremio confirmó que el 87% es de un solo propietario, mayormente mujeres cabeza de familia, quienes ahora ven que su único patrimonio se pierde por la vida de uso del vehículo que cada día se agota y no hay un apoyo visible del Estado colombiano para sostenerlos en este negocio del servicio público de transporte especial, que se agrava en su sostenibilidad económica, si tiene que seguir asumiendo los elevados precios del combustible como sucede desde agosto de 2022.

Contratos frente a incremento de los combustibles

En la carta, Acoltés también expuso que es sabido que, en lo reglamentario, este servicio público se sostiene por el sistema de oferta y demanda, pero con contrataciones en tiempo definido, pero que un aumento desmedido los dejaría por fuera del mismo mercado, hoy agobiado por la informalidad e ilegalidad.

“Se ha tenido que soportar calladamente los incrementos en los precios del galón de gasolina de cerca de $9.180, en agosto de 2022, hasta el reciente en el mes de agosto de 2024, por encima de los $16.000. Es decir, a la fecha ha tenido un aumento del 37,5%, incrementos presentados aun cuando los contratos no se terminan y los contratantes no aceptan asumir dichos incrementos en las tarifas”, lamentó.

De esta forma, aseguró que el gran damnificado en este último año es el propietario del vehículo a gasolina, llámese persona natural o jurídica, ya que al final del proceso todos en el servicio público terminan perdiendo, si son los contratistas.

Razones para cerrar empresas

Además, confirmó que hay razones para que los propietarios de estas empresas decidan cerrar, ya que si no hay vehículos ni contratos no se pueden tener abiertas las puertas para seguir con las pérdidas y llegar a la quiebra, algo con lo que se amenaza la educación y este sector industrial.

También, alertó que habrá menos traslados de pacientes no crónicos, lo que puede llevar a un aumento en las muertes en casa, debido a la falta de acceso oportuno a servicios médicos, pues es entendido que a esos pacientes los transporta nuestro empresariado en todo el país. Asimismo, se verá afectada la movilidad de los empleados y de los turistas nacionales e internacionales, a quienes se les tendría que aumentar tarifas y eso llevaría a una reducción de la productividad y el ingreso por turismo en el país, un sector que el gobierno quiere promocionar ampliamente.

Acoltés anotó que en las diferentes mesas de trabajo y en comunicaciones enviadas a la Presidencia de la República, y a los Ministerios de Transporte, y de Minas y Energía, desde 2023, han sido directos y claros con el Gobierno nacional en el sentido de que cualquier aumento en el precio de estos combustibles afectan de manera directa la economía del país y de forma determinante la operación de las empresas, con la crisis real de los propietarios.

Según la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), el consumo per cápita de café en Colombia es de 2,8 kilogramos, una cantidad significativamente baja en comparación con otros países de la región. En Brasil, por ejemplo, el consumo alcanza los 5,8 kilogramos per cápita, mientras que en Costa Rica es de 4 kilogramos.

A esto se refirió el gerente de la FNC, Germán Bahamón Jaramillo, durante la conmemoración del Día Nacional del Café, en la que enfatizó la importancia de incrementar el consumo interno de café colombiano para honrar a las 552.000 familias cafeteras que cultivan este grano en 27 departamentos del país.

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Bahamón Jaramillo destacó el impacto social y económico del café, por lo que resaltó que los cultivadores son factor clave en la construcción de infraestructura y mejoras educativas en las zonas rurales.

En el ámbito internacional, la FNC tiene como objetivo expandir su mercado en China. El consumo de café colombiano en ese país creció 132% en el último año, lo que lo consolidó como el sexto mayor receptor de este producto.

Expansión a China y Brasil

La CEO de la marca Juan Valdez, Camila Escobar, detalló en una entrevista con Bloomberg Línea los planes de expansión para China y Brasil, mercados clave donde prevén abrir nuevas tiendas y realizar codificaciones en supermercados para el año 2025. Además, la estrategia de crecimiento incluye la apertura de aproximadamente 100 tiendas en 2024, principalmente en mercados donde ya tienen presencia como México, Estados Unidos y España, entre otros.

Además, la FNC destacó el rol de sus empresas asociadas, como Almacafé, Parque del Café, Buencafé, Procafecol y Cenicafé, en la transformación de la caficultura colombiana, enfocándose en aumentar la rentabilidad, calidad y la apertura de nuevos mercados.

Este impulso hacia el consumo interno e internacional del café colombiano refleja una estrategia integral para fortalecer la economía cafetera del país y posicionar a Colombia en el mapa global de productores de café de alta calidad.

Precio de una taza de tinto puede ser un ‘gasto hormiga’

En Colombia, consumir café durante la jornada laboral o después del almuerzo se convirtió en una rutina habitual entre los trabajadores. Sin embargo, este hábito, aparentemente inofensivo, puede representar un gasto significativo si se repite con frecuencia. Según cálculos recientes, el precio de una taza de café en 2024 puede variar entre $2.000 y $10.500 dependiendo de la ciudad y el lugar de consumo.

Si se toma como referencia un precio promedio de $5.370 por taza de café y se sume que una persona compra una taza diaria durante un mes con 30 días, el gasto mensual ascendería $161.100. Es importante considerar que este cálculo se basa en el consumo de una sola taza al día, por lo que el gasto podría aumentar si el consumo es mayor, lo que generaría un “gasto hormiga” en el presupuesto mensual, un término que los expertos utilizan para describir pequeños gastos recurrentes que, en conjunto, pueden desbalancear las finanzas personales.

En un escenario donde se consume más de una taza de café al día, el impacto financiero se agrava. Si se multiplica el gasto promedio de una taza diaria por dos, el gasto mensual sería de $322.200, lo que representa una parte considerable del ingreso mensual de un trabajador promedio en Colombia.

Según los especialistas, estos gastos que parecen pequeños pueden representar una carga significativa en el presupuesto mensual de los trabajadores. “Aunque una taza de café diariamente no parece costosa, a largo plazo, este gasto recurrente puede sumar una cantidad considerable de dinero, dificultando el ahorro y el manejo financiero”, explicó un analista económico.

Colombia enfrenta un potencial deterioro en su economía debido a las fuertes lluvias que generará el fenómeno de La Niña en el país, según estimaciones del Gobierno nacional. La situación podría desencadenar una serie de consecuencias como menor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), mayor inflación y una tasa de cambio más elevada.

El Gobierno destacó que un incremento significativo de las lluvias afectaría e manera negativa la producción y comercialización agropecuaria. Esto resultaría en una reducción de la oferta de productos y aumentaría los costos de transporte, lo que generará una presión inflacionaria.

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“La presencia de mayores lluvias resultaría en afectaciones negativas para la producción y comercialización agropecuaria del país”, se lee en un documento del Gobierno. La presión en los precios modificaría las proyecciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) previstas para 2024 y 2025, lo que las ubica en 5,3% y 3,2%, respectivamente.

Inflación alta

El Ministerio de Hacienda indica que la inflación podría cerrar el año en casi 6%, y en 2024 podría alcanzar el 4,1%. Esto impactaría de manera directa en los costos de los alimentos, con un alza de 3,7 puntos porcentuales (pp). Al respecto, la cartera insiste en que “los alimentos sentirían un fuerte golpe, al tener un alza de 3,7 puntos porcentuales”, lo que significaría un incremento general en los precios para los consumidores colombianos.

Ante esto, el Banco de la República tendría que responder a este incremento de la inflación con un aumento de su tasa de interés de intervención, que está en 11,25%, tras una reducción de 50 puntos básicos el 28 de junio. “El Banco de la República respondería con aumentos de su tasa de interés de intervención,” según las estimaciones del Ministerio de Hacienda. Este aumento en las tasas de interés sumaría más efectos negativos sobre el crecimiento económico del país.

El Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia no quedaría exento. De materializarse el fenómeno climático, el PIB registraría un deterioro de 0,12 puntos porcentuales (pp) respecto al escenario central. Para 2024, se proyectaba un aumento del 1,7%, pero con La Niña fuerte solo se alcanzaría el 1,58%. Entonces, 2025 sería aún más problemático, con una baja del crecimiento del 3 % al 2,6 % debido a las pérdidas en infraestructura causadas por las lluvias. “El crecimiento económico bajaría de 3 % a 2,6 %,” señaló el informe.

La tasa de cambio también sería afectada, según cálculos del Ministerio de Hacienda. Se estima que el dólar cerraría 2024 con un promedio anual de $3.999 frente a la proyección central de $3.997. En 2025, la tasa podría pasar de 4.179 a más de $4.200. “El dólar en Colombia también tendría su coletazo”, destaca el documento analizado.

Por qué sigue la volatilidad del dólar en Colombia

El profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario Henry Amorocho destacó tres factores clave que impulsaron el reciente aumento del precio del dólar.

Primero, la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) mantenga las tasas de interés sin cambios durante el resto del año. Segundo, el aumento en el precio del petróleo Brent, de referencia para Colombia, que el 28 de junio alcanzó los US82,99 ($346.777) por barril, lo que podría influir en el mercado en la semana siguiente. Tercero, las reformas en discusión en el Congreso de la República, que no cuentan con el respaldo del sector financiero, especialmente, la pensional y la laboral.

Amorocho señaló que estas reformas no gozan del apoyo necesario debido a la falta de análisis riguroso de su sostenibilidad financiera. “Existen algunos entendidos que nunca se han conjugado en el lenguaje de las iniciativas y de los acuerdos entre el sector privado”, indicó al resaltar la ausencia de consenso en estas políticas.

Crecimiento del PIB

En cuanto a la volatilidad del dólar, Amorocho aseguró que la tasa de crecimiento del PIB contrasta con el crecimiento registrado en el primer trimestre de 2024, que fue del 0,7%, apenas superior al 0,6% de diciembre de 2024. Esta situación refleja una ligera mejora de 0,1%, lo que el experto considera una “circunstancia positiva ante el pálido crecimiento” observado previamente. Esta mejora podría tener efectos estabilizadores en el mercado del dólar, situándolo por debajo de la Tasa Representativa del Mercado.

Además, el profesor mencionó que la posible intervención de la FED y su decisión de mantener las tasas podría influir de forma significativa en los mercados internacionales, incluyendo el valor del dólar en Colombia. La perspectiva de tasas altas en los Estados Unidos incentiva que los inversores mantengan su capital en dólares, reduciendo la oferta de la divisa en otros mercados.

A partir de 2025, volar a Colombia desde Europa será más caro si se decide viajar en cualquiera de las aerolíneas del grupo Lufthansa, compañía que comparte código con Avianca y es aliado de Star Alliance.

El incremento en las tarifas se debe a un nuevo recargo que el grupo aéreo alemán implementará para cubrir los costos asociados con el uso de combustibles de aviación sostenibles (SAF). Las medidas entrarán en vigor el 1 de enero de 2025 y afectarán todas las operaciones que partan de países de la Unión Europea (UE), así como de Reino Unido, Noruega y Suiza.

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“A partir del 1 de enero, Deutsche Lufthansa aplicará un suplemento que variará entre 1 y 72 euros (aproximadamente entre $4.383 y $337.502) por vuelo, dependiendo de la ruta y la tarifa seleccionada”, según informó el grupo de aerolíneas por medio de un comunicado oficial. Este aumento está directamente vinculado con la normativa de la UE que obligará a las aerolíneas a integrar al menos un 2% de SAF en su mezcla de combustibles para 2025, lo que elevará este porcentaje de manera progresiva hasta alcanzar el 70 % para 2050.

Exigencias reglamentarias

El grupo Lufthansa, que incluye aerolíneas como Eurowings, Austrian Airlines, Swiss y Brussels Airlines, informó que estos costos adicionales derivados de las regulaciones ambientales son insostenibles sin una reestructuración tarifaria. “El grupo de aerolíneas no podrá soportar por sí solo los costos adicionales cada vez mayores que se derivarán de las exigencias reglamentarias en los próximos años”, afirmó Lufthansa en su comunicado.

La medida no es exclusiva de Lufthansa. Otras grandes aerolíneas europeas, como Air France-KLM, ya comenzaron a aplicar recargos similares. En 2022, Air France-KLM añadió un suplemento de hasta 24 euros ($105.195) en los vuelos que partían desde Francia y Países Bajos. Los recargos se empezaron a generalizar en la industria aérea debido al alto costo de producción del SAF en comparación con los combustibles tradicionales.

Las exigencias de la UE forman parte de los esfuerzos por alcanzar cero emisiones netas de carbono en el sector aeronáutico para 2050. Este es un objetivo ambicioso al considerar que la aviación es una de las industrias más difíciles de descarbonizar. La normativa, que entrará en vigor en 2025, obligará a las aerolíneas a hacer importantes ajustes en sus operaciones y economía.

Para quiénes aplica la nueva tarifa

De acuerdo con el conglomerado aéreo, “la nueva tarifa aplicará para los vuelos comprados a partir del 26 de junio de 2024 y que salgan desde el 1 de enero de 2025″. Lufthansa resaltó que esta estructura tarifaria no solo refleja un compromiso con la sostenibilidad ambiental, sino también una necesidad económica frente a los desafíos que implica la transición hacia energías más limpias.

“El incremento en las tarifas es una respuesta directa a las exigencias medioambientales y un esfuerzo por mantener la viabilidad económica de las operaciones aeroespaciales”, agregó la misma al recordar que la aplicación de combustibles de aviación sostenibles es una de las mayores apuestas para la futura sostenibilidad de la industria, aunque la producción y el uso de estos combustibles son considerablemente más altos comparados con los combustibles tradicionales.

Dicho asunto llevó a un debate significativo dentro de la industria sobre cómo equilibrar estos costes adicionales con la necesidad de mantener billetes de avión competitivos y accesibles para los consumidores.

Con la entrada en vigor de estas nuevas tarifas, se espera que el costo de volar desde y hacia Europa experimente significativos cambios, por lo que afectará tanto a pasajeros frecuentes como a los que viajan de manera ocasional.