El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, anunció que esta semana presentará un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para dar curso a una de sus propuestas electorales: eliminar la renta vitalicia que reciben los ex presidentes.

“Nos comprometimos a eliminar la renta vitalicia y ya tenemos el proyecto de ley que será presentado la próxima semana”, informó el jueves pasado a través de un video difundido en sus redes sociales.

Lara pidió a las fuerzas políticas que integran el Órgano Legislativo aprobar la norma para evitar que existan “privilegios para unos cuantos”. Según Lara, el Estado gasta “millones de bolivianos” en la renta asignada a seis ex presidentes “que no hacen nada”.

Actualmente cinco ex presidentes y dos vicepresidentes reciben una renta mensual que equivale a diez salarios mínimos, que juntos superan los 2,4 millones de bolivianos anuales (equivalentes a 354 mil dólares al tipo de cambio oficial). La norma que establece el pago establece que la renta se suspende temporalmente en caso de que el beneficiario perciba otra remuneración estatal.

Para el vicepresidente actual, algunos exmandatarios “han robado, le han hecho daño a Bolivia” y no merecen recibir el salario vitalicio.

El tema ha generado rechazo entre autoridades y analistas de opinión. Uno de los primeros en manifestarse en contra fue el exalcalde de La Paz y ahora diputado y presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, Juan Del Granado, quien abogó por mantener vigente la renta vitalicia porque dignifica el trabajo que realizaron los ex gobernantes.

“Yo me manifestaré públicamente y en el Parlamento, en su momento, por mantener esta asignación presupuestaria de reconocimiento a la labor que han prestado los exmandatarios en beneficio del país”, señaló en declaraciones a los medios locales. El diputado agregó que eliminar este pago “no resuelve nada” frente a la crisis económica que enfrenta el país.

Por otra parte, el analista político y exasesor de Carlos Mesa, Ricardo Paz, defendió que la renta es un “reconocimiento a la alta función desempeñada y a la necesidad de preservar la dignidad del cargo una vez concluido el mandato”.

Para el analista, la propuesta de eliminación de la renta vitalicia es popular en el discurso anti-privilegios, pero “representa un riesgo significativo de degradación de la dignidad del cargo y un aumento del riesgo moral (incentivo a la corrupción) en la más alta esfera del poder político” y sugirió mantenerla dentro del marco legal como una inversión en la estabilidad y la integridad de la democracia.

Actualmente los ex presidentes que reciben la renta son Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Jaime Paz Zamora (padre del presidente actual), Eduardo Rodríguez Veltzé y Guido Vildoso, además de los ex vicepresidentes Álvaro García Linera y Víctor Hugo Cárdenas. En los próximos meses también tendría que recibir el sueldo los exgobernantes Luis Arce y David Choquehuanca.

Evo Morales ha dejado de percibir la renta vitalicia debido al congelamiento de sus cuentas bancarias por la investigación que la Fiscalía sigue en su contra por el presunto delito de trata agravada de personas. En tanto, Jeanine Añez fue excluida de la renta durante la administración de Arce (2020-2025) que consideraba que su gestión fue producto de un “golpe de Estado”, una disposición que posiblemente será revisada durante la gestión del presidente Rodrigo Paz, quien ha reconocido públicamente la legitimidad de Añez en varias declaraciones públicas.

Hassenteufel nació en 1945 en la localidad de Ticucha, en la región sureña de Chuquisaca, y obtuvo su licenciatura en derecho, ciencias políticas y sociales en la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier (USFX) de ese mismo departamento, donde también cursó un doctorado en derecho.

El abogado fue auxiliar de juzgado, actuario y juez entre 1967 y 1970, para luego pasar al Ministerio Público como agente fiscal, cargo que desempeñó hasta 1973.

En 1993 fue magistrado de la entonces Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, que presidió entre 1999 y 2001, y entre 2001 y 2006 fue vocal y presidente de la entonces Corte Nacional Electoral, el actual Tribunal Supremo Electoral.

También fue parte del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), fue socio fundador de la organización no gubernamental Proagro y conformó el Estudio Jurídico Hassenteufel & Asociados hasta su designación en el TSE.

Hassenteufel fue uno de los seis vocales titulares elegidos por la Asamblea Legislativa en diciembre de 2019, tras la grave crisis social y política que derivó en la renuncia de Evo Morales (2006-2019) a la Presidencia.

Los anteriores vocales fueron detenidos y procesados en su momento, acusados de delitos electorales relacionados con un denunciado fraude a favor de Morales en las fallidas elecciones de 2019, aunque estos casos se extinguieron cuando el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) retornó al poder en 2020.

Así, el abogado ha sido parte del órgano electoral que organizó los comicios generales de 2020, celebrados con medidas de seguridad por la pandemia de la covid-19 y aún con tensiones por la crisis de 2019.

Además, presidió al TSE durante el accidentado camino para realizar las elecciones judiciales en 2024, que se efectuaron un año más tarde de lo previsto originalmente y de forma parcial por una sentencia constitucional que declaró desiertas las convocatorias a dos tribunales en algunas regiones del país.

En abril pasado fue elegido vicepresidente del TSE, pero como la Sala Plena del organismo no logró ponerse de acuerdo para elegir presidente, Hassenteufel ejerce ese puesto interinamente.

Bajo su liderazgo, el TSE organizó diversos encuentros "multipartidarios" con autoridades del Estado y representantes políticos para garantizar que se realicen las elecciones generales sin interferencias de ningún tipo, como ocurrió con los comicios judiciales.

Durante todo el proceso, distintos candidatos y políticos expresaron su confianza en el liderazgo de Hassenteufel para administrar estas elecciones, salvo Evo Morales y sus seguidores, quienes insistieron sin éxito en inscribir la candidatura del exmandatario pese a una disposición constitucional que le impide volver a postular.

Tras la votación del 17 de agosto, que transcurrió mayormente en calma, políticos como el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) destacaron el trabajo del TSE, con un "especial reconocimiento" a Hassenteufel, "cuyo liderazgo generó certidumbre".

La misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) mencionó en su informe preliminar que el abogado "logró preservar la independencia y la neutralidad" del TSE, pese a algunas dificultades.

También el candidato y expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) valoró en una entrevista con EFE "el papel" de Hassenteufel, quien "tiene un liderazgo, una credibilidad que es la más alta de cualquier persona en cualquier institución de Bolivia", a su juicio, por ser uno de los vocales elegidos durante la "transición constitucional" en 2019.

A Hassenteufel y al TSE les queda aún el reto de administrar el inédito balotaje entre Quiroga y el también opositor senador Rodrigo Paz Pereira el próximo 19 de octubre.

Gina Baldivieso

En la última gestión legislativa, que se conformó tras los comicios de 2020, el MAS obtuvo 21 de los 36 senadores, por encima de los 11 alcanzados por la opositora Comunidad Ciudadana (CC), que lidera el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), y de los 4 de la también alianza opositora Creemos, del suspendido gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Asimismo, desde 2020 el MAS dominó la Cámara de Diputados con la presencia de 75 asambleístas, casi el doble de los representantes de CC, que obtuvo 39 diputados, y por encima de los legisladores de Creemos que llegaron a 16.

Es decir que de los 96 asambleístas, entre diputados y senadores, que logró obtener el MAS en 2020, en estas elecciones solo alcanzó a tener un diputado que represente al partido oficialista en la Asamblea Legislativa.

Según la distribución de escaños con el conteo rápido de la empresa Ipsos Ciesmori, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), del senador opositor Rodrigo Paz Pereira, obtendrá 13 senadores; mientras que la alianza Libre, del expresidente Jorge 'Tuto' Quiroga, alcanzará 11 senadores.

La alianza Unidad, del empresario Samuel Doria Medina, tendrá 6 senadores y Autonomía para Bolivia -Súmate, del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, alcanzará la representación de un senador.

Hay espacios para cinco escaños más pero corresponden a los opositores, por lo que la presencia del MAS en la Cámara Alta es nula.

En la Cámara de Diputados, el MAS proyecta tener un solo legislador, según los resultados preliminares, algo que es considerado como una derrota luego de haber comandado varias legislaturas con mayoría absoluta.

En las elecciones generales de este domingo, los bolivianos eligieron presidente, vicepresidente, 36 senadores (cuatro por cada uno de los nueve departamentos), 130 diputados (60 plurinominales y 63 uninominales), 7 representantes de circunscripciones especiales indígena originario campesinas y 9 delegados ante organismos parlamentarios supraestatales.

Según el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), Paz Pereira quedó en primer lugar en los comicios al obtener el 32,14 % de votos válidos, tras computar el 95,41 % de las actas,mientras que Quiroga recibió el 26,81 % de los votos, por lo que se prevé una segunda vuelta entre ambos para el próximo 19 de octubre. EFE

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Doria Medina presentó este miércoles en La Paz a Lupo como su acompañante en el binomio presidenciable de la Alianza Unidad que lidera el empresario opositor y que agrupa a varios políticos que se sumaron al llamado Bloque de Unidad de la Oposición Democrática.

El empresario justificó su decisión en que su candidato a la Vicepresidencia debe ser una persona que ayude primero a salir pronto de la crisis económica en que está sumido el país y de la que responsabilizó al Gobierno de Luis Arce.

"Necesitamos una persona que tenga una gran vinculación con los organismos internacionales, porque nos han metido a un hueco tan profundo que no vamos a poder salir solamente con el esfuerzo propio. Vamos a necesitar el apoyo internacional, el crédito internacional para salir adelante hasta que nuestras exportaciones reaccionen", sostuvo.

También aseguró que esa persona es Lupo, quien también tiene "una capacidad infinita" de un diálogo con distintas corrientes políticas, algo que será necesario para "armar un objetivo común" en el Legislativo.

Doria Medina destacó que el exministro "tiene experiencia en haber resuelto siete crisis económicas" en la región y "tiene un conocimiento profundo de los organismos internacionales".

Por su parte, Lupo agradeció la oportunidad de pertenecer al binomio de esta alianza y prometió trabajar "en un plan integral para sacar al país de la crisis" en la que le ha "hundido" el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), para encaminar a Bolivia "en la ruta del progreso, el desarrollo y la prosperidad".

José Luis Lupo Flores es economista y fue ministro en cinco ocasiones durante las presidencias de Jaime Paz Zamora (1989-1993), Hugo Banzer (1997-2001) y Jorge Tuto Quiroga (2001-2002).

Entre 1994 y 1998 trabajó en la entonces Corporación Andina de Fomento, actual Banco de Desarrollo de América Latina CAF, y desde 2002 desempeñó distintos puestos en el BID, llegando a ser representante del organismo en países como Argentina, Brasil y Colombia y su gerente para el Cono Sur.

El bloque opositor fue presentado en diciembre pasado por los expresidentes Quiroga y Carlos Mesa (2003-2005), Doria Medina y por el gobernador suspendido de la región oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, encarcelado desde fines de 2022 por la crisis social y política de 2019 en el país.

La iniciativa, que luego sumó el apoyo de otros liderazgos, se presentó con la idea de tener una candidatura presidencial única de la oposición para enfrentar al MAS en los comicios de este año.

Para elegir a su candidato, el bloque realizó encuestas internas con las que no estuvo de acuerdo Quiroga, quien terminó desmarcándose de la iniciativa y será candidato por la alianza Libre.

En esta jornada comenzó el proceso de inscripción de candidaturas para las elecciones generales, a las que probablemente el oficialismo también concurra fragmentado por las diferencias entre el presidente Luis Arce, el exmandatario Evo Morales (2006-2019) y el titular del Senado, Andrónico Rodríguez. EFE

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"Ha muerto un hombre de gran coherencia intelectual y ética. Pepe Mujica fue un político distinto, hacía lo que decía, vivía como uno más, sin aspavientos, encarnó la sabiduría de lo sencillo", escribió Mesa en sus redes.

El exgobernante boliviano dijo además que Mujica "entendió y vivió la democracia después de experimentar la lucha armada. Descanse en paz".

Una de las últimas veces que Mesa vio a Mujica fue en 2015, en su calidad de delegado oficial por la causa marítima de Bolivia, cuando le regaló el libro del mar durante un foro internacional realizado en Guatemala, donde el expresidente boliviano dio a conocer detalles de la demanda marítima.

El expresidente uruguayo expresó siempre su respaldo a Bolivia en su demanda de acceso al mar.

Mujica falleció este martes en Montevideo a los 89 años, un año después de que le descubrieran un tumor maligno en el esófago.

Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo", indicó en su cuenta de X el actual mandatario del país suramericano, Yamandú Orsi.

Una de las principales figuras de la izquierda en Latinoamérica, Mujica fue parte de la guerrilla del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y estuvo preso cuatro veces. EFE

La Paz, 24 ene (EFE).- El expresidente de Bolivia Carlos Mesa (2003-2005) anunció este viernes que no será candidato en las elecciones generales previstas para agosto próximo y auguró que el próximo mandatario del país saldrá del bloque opositor del que forma parte junto a otros líderes.

"He decidido no presentarme como candidato a la presidencia del Estado y lo hago con plena convicción y con plena decisión porque creo que ese no es el rol que hoy me toca", señaló Mesa en un video difundido en sus redes sociales.

El también líder de la fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC) hizo un repaso por su medio siglo de trayectoria como historiador, periodista y político.

Además, valoró el "aporte significativo a la política boliviana" que, a su juicio, supuso la creación de CC porque mediante esa fuerza opositora se promovió la "renovación generacional", el "compromiso ético" y un "compromiso indisoluble con la democracia".

Mesa consideró que cumplió "una tarea importante en el escenario de la política boliviana" y que este año el país estará ante el "reto significativo" de "construir una Bolivia no solamente mejor, sino transformada", "un nuevo país para un nuevo momento histórico que lo requiere imprescindiblemente en medio de esta crisis".

El expresidente señaló que su tarea continuará "en la responsabilidad del liderazgo" de CC hasta la conclusión de la actual legislatura el 8 de noviembre de este año, cuando se prevé que tome juramento el nuevo Gobierno que se elija en las urnas en agosto.

También expresó su "más profundo respeto y adhesión" a la Unidad de la Oposición Democrática Boliviana, el bloque que conforma junto a otros líderes, de entre quienes confió en que "saldrá el próximo presidente de la nación para bien de Bolivia".

Carlos Mesa fue vicepresidente del país en la segunda gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y asumió la Presidencia tras su renuncia en medio de la revuelta social conocida como el "octubre negro".

En 2019 enfrentó a Evo Morales (2006-2019) en las elecciones generales celebradas en octubre, en las que el entonces presidente fue proclamado ganador inicialmente, pero que fueron anuladas después por las denuncias de un fraude electoral a su favor.

Las denuncias surgieron por la paralización de la transmisión de resultados preliminares por casi 24 horas y el posterior cambio de tendencia en la votación que descartó una segunda vuelta entre Morales y Mesa.

Esto desató protestas ciudadanas que terminaron en la renuncia de Morales el 10 de noviembre de 2019, después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) confirmase que hubo irregularidades en los comicios.

El oficialismo asegura que Morales fue víctima de un golpe de Estado, pero sus detractores rechazan esa acusación que fue llevada a estrados judiciales a instancias del MAS.

Mesa volvió a presentarse en los comicios de 2020, en los que ganó la presidencia el exministro de Economía de Morales, Luis Arce.

Tras años sin lograr unirse para las elecciones, en diciembre pasado nació la Unidad de la Oposición Democrática Boliviana, un bloque conformado por Mesa, el expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), el empresario Samuel Doria Medina y el gobernador suspendido de la región oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Ese bloque se comprometió a impulsar una candidatura opositora única para enfrentar en las urnas al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), hoy también dividido por el distanciamiento entre Arce y Morales.

Tras conocer la decisión de Mesa, Quiroga y Doria Medina destacaron su trayectoria y le expresaron su agradecimiento.

Quiroga sostuvo que Mesa fue el político que "liberó" a Bolivia "del autócrata", en alusión a la renuncia de Morales en 2019, mientras que Doria Medina señaló que el historiador es "uno de los más grandes bolivianos de su generación" y que "en adelante será el eje de esta unidad". EFE

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El líder de Comunidad Ciudadana (CC) y expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, ha anunciado este viernes que no será candidato en las próximas elecciones fijadas el 17 de agosto de 2025. "Creo que ese no es el rol que me toca", ha dicho.

"Nos toca a todos un reto significativo este 2025, construir una Bolivia mejor (...) En ese contexto, quiero comunicar que he decidido no presentarme como candidato", ha anunciado, remarcando que seguirá por el momento al frente de CC hasta el fin de esta legislatura en noviembre de 2025.

Mesa, que ocupó el cargo apenas un año y medio entre 2003 y 2005 tras la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada por la conocida como 'masacre de octubre', ha explicado a través de un vídeo en redes sociales que se trata de una "decisión razonada con sentido de Estado" y comprometida con Bolivia.

Asimismo, ha confiado en que la plataforma opositora de la que hace parte sabrá elegir al candidato que "será el próximo presidente de Bolivia". Dicho bloque está formado por otros viejos conocidos de la política del país, como el expresidente Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, o Luis Fernando Camacho.

El empresario y político opositor Samuel Doria Medina inscribió este viernes la alianza Unidad, con la que la gran mayoría de la disidencia competirá en las elecciones presidenciales del 17 de agosto.

“Hemos entrado en esta carrera para ganar y para darle al país lo que más necesita, que es el cambio”, dijo a las afueras de las oficinas del Tribunal Supremo Electoral, en la Paz, a donde acudió junto a sus aliados y decenas de simpatizantes.

“Habrá un Gobierno que cuide a todos los bolivianos, donde haya oportunidades, apoyo para los emprendedores, donde no haya presos políticos y donde se cuide al medio ambiente”, sumó el también líder del partido Unidad Nacional en un tono de plena confianza de que logrará hacerse con la conducción de Bolivia.

En ese sentido, Doria Medina aseguró que lleva semanas trabajando por reunir una propuesta que dé respuestas a las “demandas del pueblo boliviano”, que, entre otras, se centran en la escasez de divisas y combustibles, que dificultan tareas diarias de las personas y las operaciones de los comerciantes.

“Hemos trabajado mucho para lograr esta UNIDAD: comenzamos siendo cuatro líderes y, ahora, somos decenas de dirigentes con un plan común para resolver la crisis económica, trayendo dólares y combustibles al país en 100 días, y parando la inflación, que ya se ha convertido en el principal problema de las familias bolivianas”, mencionó.

El TSE estableció como plazo máximo para el registro de las alianzas electorales este viernes 18 de abril, con miras a que la inscripción de los candidatos se realice entre el 14 y el 19 de mayo.

Hasta hace pocos días, la oposición estaba concentrada en un único bloque que, sin embargo, se rompió la semana pasada cuando el ex presidente Jorge Tuto Quiroga se separó de los otros líderes: Doria Medina; el gobernador de la región de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; y el ex presidente Carlos Mesa.

En su lugar, Quiroga optó por presentar su candidatura de manera independiente, con la alianza Libre.

A raíz de ello, los restantes tres opositores conformaron el bloque Unidad, que está integrado, a su vez, por tres partidos políticos y más de 15 organizaciones ciudadanas de todo el país, incluidas Creemos y Comunidad Ciudadana.

Asimismo, la formación ya proclamó a Doris Medina como su candidato a la presidencia, al considerar que las encuestas lo mostraban como el “mejor posicionado” para el cargo.

En tanto la oposición se organiza, en el oficialismo, el Movimiento al Socialismo aún no ha dado a conocer a su elegido para enfrentar a Doris Medina y Quiroga. Se espera que el nombre se difunda el próximo 3 de mayo, con altas probabilidades de que sea el actual mandatario, Luis Arce.

Por su parte, Evo Morales, quien se distanció del MAS y rompió con el Frente para la Victoria, que se había mostrado abierto a respaldar su candidatura, sigue a la búsqueda de un partido que lo acepte en su deseo inconstitucional de volver a la presidencia.

Según dijo este domingo, “en este momento, tenemos cuatro partidos” que se han acercado; “por eso digo, con seguridad y firmeza, que no es un tema de sigla”.

(Con información de EFE)

El militar boliviano que en junio pasado comandó un alzamiento militar en La Paz acusó al Gobierno de Luis Arce de haber montado el operativo para ganar aceptación en medio de conflictos que atravesaba el país en ese momento.

El ex comandante general de las Fuerzas Armadas, Juan José Zúñiga manifestó que el Gobierno buscaba un enfrentamiento con la Policía y algunas organizaciones sociales con el objetivo de ”subir su popularidad y victimizarse”.

El militar está detenido en la cárcel de El Abra, en Cochabamba (centro) desde el 26 de junio de 2024, día en el que se produjo el operativo que la administración de Arce consideró un intento de golpe de Estado. El tema volvió a la primera línea informativa luego de que la semana pasada, el Ministerio de Gobierno (Seguridad) presentara un documental en el que señala la participación de civiles en el supuesto intento de derrocamiento.

Zúñiga señaló en una entrevista con un medio internacional que no conoce las personas que, según el documental, iban a formar parte del “gabinete civil” tras la caída de Arce y la instalación del nuevo Gobierno.

“Para nada hubo un intento de golpe de Estado. Yo cumplí una orden, los demás militares cumplieron una orden superior”, afirmó el militar y relató que en los días previos a la avanzada habló con el presidente Arce y miembros de un supuesto “círculo íntimo de decisión que está por encima de los ministros”.

Tras la difusión del documental, se emitieron cinco órdenes de aprehensión contra personas que estarían involucradas en el operativo militar y dos de ellas fueron enviadas a la cárcel con detención preventiva. De igual manera, se convocó a varios civiles a declarar en calidad de testigos entre los que se encuentran el pre candidato a la Presidencia Jaime Dunn, el analista económico Gonzalo Chávez y Édgar Villegas, un activista e ingeniero de sistemas que cobró notoriedad pública durante los conflictos post electorales de 2019, cuando denunció indicios de fraude en la votación nacional.

Para varios analistas y miembros de la oposición, las citaciones y detenciones son parte de una persecución política del Gobierno. “Es inaceptable esta campaña de desprestigio y amedrentamiento (...) Desde la oposición democrática exigimos que se detenga este plan y alertamos a la comunidad internacional sobre esta nueva acción autoritaria”, escribió el ex presidente Carlos Mesa.

Según el ministro de Justicia, César Siles, hay al menos 30 personas investigadas por este caso, entre militares y civiles. Además de Zúñiga, cuentan con detención preventiva el ex comandante de la Armada, Juan Arnez y el exjefe de la División Mecanizada del Ejército, Edison Irahola, además del activista Fernando Hamdan.

A raíz de la proyección del documental fueron enviados a prisión con detención preventiva el periodista retirado Bismarck Imaña y Mario Tankana, un coronel del Ejército en servicio pasivo. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo manifestó que enfrentarán distintos tipos penales por su participación “vital” en el supuesto intento de golpe de Estado y pidió que las demás personas implicadas en la investigación se presenten voluntariamente ante la Justicia para prestar su declaración.

“Me apena que usen mi caso para perseguir a gente totalmente inocente. Han mostrado un gabinete ministerial que nunca he conocido”, manifestó Zúñiga.

Crece en rechazo en Bolivia contra las detenciones de personas que supuestamente estarían involucradas con la toma militar del 26 de junio pasado, en la que el Gobierno de Luis Arce denunció un presunto intento de golpe de Estado.

En los últimos días cuatro personas han sido detenidas en Bolivia, luego de que el viernes el Ministerio de Gobierno difundiera un documental titulado “¿Qué pasó el 26J?“, en el que vincula a ex militares, analistas y abogados con la operación militar comandada por el entonces comandante General del Ejército, Juan José Zúñiga.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, reveló que la Fiscalía emitió cinco órdenes de aprehensión en el marco de las investigaciones y que cuatro de ellas fueron ya ejecutadas. Los aprehendidos fueron el abogado de la ex presidenta Jeanine Añez, Jorge Valda, el general en servicio pasivo, Marco Antonio Bracamonte, y Bismarck Imaña, un periodista retirado. Luego se detuvo a Mario Tankana, un coronel del Ejército en servicio pasivo, y el quinto acusado se habría dado a la fuga, según fuentes oficiales.

Tras las audiencias cautelares, Valda fue liberado y Bracamonte obtuvo medidas sustitutivas a la detención preventiva que incluyen el arraigo, presentarse ante Fiscalía cada 15 días y no mantener comunicación con las personas con las que supuestamente participaron el este hecho. En tanto, Imaña y Tankana fueron enviados a la cárcel de San Pedro, en La Paz, mientras continúan las investigaciones.

Los cuatro están acusados por los delitos de atentado contra el presidente y otros dignatarios de Estado y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado.

“Es inaceptable esta campaña de desprestigio y amedrentamiento y lo es también la detención irregular del abogado Jorge Valda. Desde la oposición democrática exigimos que se detenga este plan y alertamos a la comunidad internacional sobre esta nueva acción autoritaria”, escribió el ex presidente Carlos Mesa tras darse a conocer las detenciones.

De igual forma, la ex mandataria Jeanine Añez escribió en su cuenta de X, que la intención de los operativos es “distraer de la situación miserable en que se encuentra el país y la crisis que afecta a todos los bolivianos con un nuevo montaje, donde la élite masista se quiere hacer pasar por víctima en un relato montado para encarcelar opositores”. Añez, que se encuentra en prisión desde 2021 donde enfrenta una condena de diez y varios juicios, calificó la detención del abogado Valda con un “secuestro” y dijo que se produjo “bajo el mismo modus operandi del régimen con los presos políticos”.

Además de las cuatro personas que fueron puestas ante el Justicia el fin de semana, hay más de 30 personas que han sido implicadas en el hecho, entre ellas la diputada de oposición Luisa Nayar, el analista económico, Gonzalo Chávez y el abogado y analista político, Paul Coca.

“Indignado por el documental del gobierno que me vincula con un supuesto ‘golpe fallido’. Mis convicciones democráticas son profundas. Jamás participaría en semejante estupidez. Me preocupa esta cacería de brujas”, escribió Chávez tras conocer la mención que se hace de él en el documental presentado por el Gobierno.

El “golpe fallido”

Pasado el mediodía del 26 de junio del año pasado, un grupo de militares liderados por el entonces comandante de Ejército, general Juan José Zúñiga, tomaron la plaza Murillo con tanquetas y armas de grueso calibre e intentaron entrar por la fuerza al Palacio de Gobierno, donde se encontraba el jefe de Estado y su gabinete de ministros.

Los militares abandonaron el operativo luego de unas dos horas. Zúñiga fue detenido durante una transmisión en vivo, cuando daba una rueda de prensa, en la que implicó al presidente Arce de haber orquestado la avanzada para levantar la popularidad de su Gobierno.

Según el ministro de Justicia, César Siles, hay al menos 30 personas investigadas por este caso, entre militares y civiles. Además de Zúñiga, cuentan con detención preventiva el ex comandante de la Armada, Juan Arnez, y el exjefe de la División Mecanizada del Ejército, Edison Irahola, además del activista Fernando Hamdan.

Este miércoles se confirmó la ruptura de la alianza de opositores en Bolivia que apuntaba a elegir a un solo postulante para derrotar al oficialismo en las urnas. La salida del ex presidente Carlos Mesa (2002-2003), vocero y articulador del grupo, y el anuncio de las candidaturas del empresario Samuel Doria Medina y el ex mandatario Jorge Quiroga (2001-2002), prácticamente anulan las posibilidades del reencuentro.

“Hice todo lo que estuvo a mi alcance para articular y garantizar un desenlace que responda al desafío que la Patria nos impone en días tan duros. Al haberse quebrado la posibilidad de dicho acuerdo, carece de sentido mi presencia, de aquí en más en el seno del bloque”, manifestó Mesa a través de un comunicado en el que anunció su alejamiento del proyecto.

El bloque denominado Unidad de la Oposición Democrática Boliviana fue creado por los tres políticos y el ex líder cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en diciembre pasado con el objetivo de presentar una sola candidatura en las presidenciales del 17 de agosto y no dispersar el voto opositor, como ocurrió en elecciones anteriores. Posteriormente se sumaron el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, y la economista Amparo Ballivián.

El método de selección definido era la realización de encuestas. Sin embargo, faltando pocos días para que se lleven a cabo, Quiroga dijo que no participaría en éstas debido a que no estaban enmarcadas en la “legalidad”, alegando una cuestión jurídica que ha sido ampliamente rebatida por juristas, analistas políticos e incluso por vocales del Tribunal Supremo Electoral.

En ese marco, los seis integrantes del bloque se reunieron el martes para buscar acuerdos y evitar una ruptura pero no encontraron consensos. “Por diversas razones que no calificaré, se llegó a un punto muerto en la búsqueda de mecanismos adecuados y acuerdos para hacer realidad la selección tal como se había acordado”, indicó Mesa en el anuncio de su retiro del bloque.

Las encuestas previstas desde el inicio finalmente se realizaron y el empresario Doria Medina fue elegido como candidato de lo que queda del bloque de oposición, y cuenta con el respaldo de varios miembros de la bancada de Comunidad Ciudadana, la agrupación política que lidera Carlos Mesa.

Para el analista político Carlos Saavedra la implosión del bloque no es algo novedoso sino la “crónica de una separación anunciada” debido a que desde las elecciones de 2009 no han podido crear un frente de oposición unificado ni un proyecto de país.

Quienes siguen de cerca la política boliviana vieron venir este desenlace cuando al día siguiente de haber firmado el acuerdo, Quiroga dijo en una entrevista televisiva que su candidatura era “irreversible”. Desde entonces tanto él como Doria Medina hicieron campaña política por separado, en lo que algunos consideraron una disputa legítima por la candidatura opositora.

“El que más castigo está llevando en términos de opinión pública es Jorge Quiroga, pero (la ruptura) es atribuible a toda la oposición que en 20 años no ha podido construir un proyecto de poder alternativo”, sostiene Saavedra y agrega que “no basta con decir que soy antimasista para ganar una elección”.

En su visión, la ruptura del bloque beneficia al oficialismo porque vuelve a dispersar el voto en una elección que para muchos tiene el potencial de desplazar al MAS del poder, pero que se perfila competitiva y fragmentada. “La mayor funcionalidad a un proyecto hegemónico es no tener otro que pueda conquistar a la población”, apunta Saavedra.

La votación está prevista para el 17 de agosto y se renovarán los cargos de presidente, vicepresidente, senadores y diputados. Los candidatos deben inscribirse hasta el 19 de mayo.

El ex presidente de Bolivia, Carlos Mesa (2003-2005), anunció este miércoles su retiro de la Unidad de la Oposición Democrática Boliviana, el mayor bloque opositor de cara a las elecciones generales del 17 de agosto, tras el agravamiento de tensiones entre los precandidatos Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina, según informó a través de un comunicado en sus redes sociales.

Mesa afirmó que su salida se debe a la imposibilidad de alcanzar un acuerdo interno que permita definir una candidatura unitaria. “Hice todo lo que estuvo a mi alcance para articular y garantizar un desenlace que responda al desafío que la Patria nos impone en días tan duros. Al haberse quebrado la posibilidad de dicho acuerdo, carece de sentido mi presencia, de aquí en más en el seno del Bloque”, señaló el ex mandatario.

Las discrepancias entre Quiroga (2001-2002) y Doria Medina, empresarios y figuras políticas de larga trayectoria, se intensificaron en los últimos días tras el anuncio de Quiroga de que no reconocería los resultados de la encuesta interna organizada por el bloque opositor para definir a su candidato presidencial. Según Quiroga, el sondeo no estaba enmarcado “en la legalidad”.

En respuesta, Doria Medina sostuvo que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) autorizó la realización de encuestas internas, aunque con la restricción de no hacerlas públicas por restricciones legales. A pesar de ello, el bloque realizó la encuesta el fin de semana pasado como estaba previsto.

Frente a este panorama, los seis integrantes del bloque se reunieron el martes durante tres horas con el objetivo de evitar una ruptura. Sin embargo, de forma paralela, los portavoces de Quiroga anunciaron que el ex mandatario inscribiría su agrupación política, Alianza Libre, ante el TSE, sin esperar los resultados del sondeo.

En su carta, Mesa aseguró que la reunión concluyó en “un punto muerto en la búsqueda de mecanismos adecuados y acuerdos para hacer realidad la selección tal como se había acordado”.

“Es demasiado lo que está en juego. Confío en que quienes mantienen sus aspiraciones presidenciales, piensen con serenidad y en la significación vital que tiene la unidad para nuestros compatriotas”, sostuvo el también líder de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC).

Reiteró además su preocupación por el contexto nacional: “La dramática situación de Bolivia empeora día a día y requiere un cambio ético, político, social y económico que termine con un régimen que, por casi 20 años, nos ha llevado al desastre económico, la degradación de valores esenciales, la corrupción, el envilecimiento de nuestra sociedad, y la división entre bolivianos”.

La Unidad de la Oposición Democrática Boliviana se creó en diciembre de 2024 con el propósito de presentar una candidatura presidencial única frente al oficialismo del Movimiento al Socialismo (MAS), actualmente en el poder. Mesa recordó que el compromiso inicial del bloque era “garantizar un candidato de unidad respaldado por la unanimidad de sus miembros”.

En sus primeras etapas, el bloque estuvo compuesto por Doria Medina, Quiroga, Mesa y el gobernador suspendido de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Posteriormente se sumaron el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, y la economista Amparo Ballivián.

El retiro de Mesa pone en entredicho la viabilidad del bloque opositor a pocos meses de las elecciones, previstas para el 17 de agosto. Hasta el momento, ninguna de las otras figuras ha confirmado si mantendrán su participación en el mecanismo conjunto o seguirán la línea de Quiroga.

(Con información de EFE)

En medio de las tensiones entre opositores de Bolivia, el ex líder cívico de Bolivia, Luis Fernando Camacho, exhortó a la unidad de los políticos para derrotar al oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones presidenciales de agosto.

“Si Bolivia no acaba con el masismo, el masismo va a acabar con Bolivia, para eso hay que confiar en la unidad, es el único camino democrático para sacar a Bolivia de la crisis”, expresó Camacho en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El opositor hizo referencia a la crisis económica que enfrenta el país y aseguró que “es hora de apostar por un modelo de libre mercado que fomente la inversión, proteja la propiedad privada, dé garantías a la inversión y genere trabajo estable y sostenible”.

Camacho, que está recluido en la cárcel desde hace más de dos años por una investigación relacionada a los sucesos previos a la caída del gobierno de Evo Morales (2006-2019), atribuyó la crisis financiera del país a “la mala gestión, la corrupción y la persecución” de las gestiones del MAS.

Su mensaje en un momento de expectativa por quiénes serán candidatos para las elecciones presidenciales. En diciembre pasado, Camacho junto a los ex presidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, además del empresario Samuel Doria Medina, firmaron una alianza para elegir a un “candidato único” para derrotar en las urnas al MAS, sin dispersar el voto opositor.

Sin embargo, la semana pasada el grupo opositor se quebró luego de que el ex presidente Quiroga desistiera de participar en el método acordado para la elección del candidato: encuestas internas, bajo un argumento legal que ha sido rebatido por juristas y analistas políticos.

La unidad de la oposición es un reclamo de larga data en Bolivia. Desde 2005, cuando Morales ganó la elección por primera vez, el MAS ha sido imbatible en las urnas. Sus porcentajes de votación llegaron a superar el 65% y se vieron favorecidos por una oposición dispersa que repartió el voto opositor entre varias candidaturas.

Paradójicamente, algunos actores políticos que hoy proponen unidad, fueron los mismos que participaron en comicios anteriores de manera simultánea dividiendo el voto de la oposición pese a que las encuestas no los favorecían.

Estas elecciones están marcadas por la división del MAS tras la ruptura entre Evo Morales y Luis Arce, lo que reordena el campo político y plantea un escenario favorable para la oposición, aunque los analistas advierten que será una votación competitiva y fragmentada.

En ese contexto, varios actores políticos y organizaciones sociales se han manifestado para exigirle al “bloque de unidad” que no se rompa. La ex presidenta Jeanine Añez (2019-2020) pidió cumplir los acuerdos y mencionó que “la unidad es lo primero”. De igual forma, el movimiento ciudadano Ríos de Pie escribió un mensaje público a los políticos en el que les señala que “el futuro de la ciudadanía boliviana está en sus manos”.

En el mismo debate surgieron voces que apuntan la necesidad de crear una estrategia que vaya más allá de la elección del candidato y que sume adhesiones de sus antiguos adversarios. “Más importante que una candidatura única es una candidatura con las condiciones y con la capacidad estratégica de ocupar el centro político y seducir a ese electorado que votó una o varias veces por el MAS, que está cansado y desencantado, pero que no es un anti masista furibundo. Sin ese voto no se puede ganar la elección”, escribió el asesor político Ilya Fortún.

Este martes por la noche, los miembros de la alianza opositora tuvieron una reunión para decidir si dan continuidad a su proyecto político. Para hoy se tiene prevista una conferencia de prensa que informe sobre los nuevos acuerdos.

La unidad de la oposición en Bolivia naufragó a menos de cinco meses de las elecciones presidenciales. El ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002) abandonó el compromiso que había asumido en diciembre pasado con el ex presidente Carlos Mesa, el empresario Samuel Doria Medina y el ex líder cívico Luis Fernando Camacho, de elegir a un “candidato único” para derrotar al oficialismo, a través de una encuesta que debía realizarse este fin de semana.

Sin embargo, poco después de que se conocieran estudios de opinión que favorecían a Doria Medina como el favorito para representar la candidatura del bloque, Quiroga anunció que no participará en la encuesta para evitar sanciones del organismo electoral. Aunque manifestó que seguirá buscando la unidad porque están “condenados a consensuar una oposición democrática”, otros políticos que integran el grupo interpretaron su declaración como una salida.

“Hoy día, lamentamos que uno de los integrantes, con quien empezamos esta gran tarea, haya tomado la decisión de apartarse; pero el bloque de unidad sigue firme y seguirá fortaleciéndose en cuanto es un mandato de la gente”, lamentó Camacho a través de un mensaje en redes sociales y Doria Medina calificó la justificación como un “pretexto” para no ceder en sus intereses políticos. En tanto, el ex presidente Mesa pidió “poner los intereses de Bolivia por encima de cualquier consideración personal” y dijo que seguirá trabajando por mantener la unidad.

El argumento de Quiroga sobre las sanciones por la encuesta interna tiene que ver con el antecedente de suspensión de un candidato regional y la inhabilitación de su partido en 2015, por comentar un sondeo de opinión privado, algo que está prohibido por las leyes electorales.

Sin embargo, varios analistas apuntaron que la decisión de Quiroga es infundada porque la encuesta no tenía fines de difusión y todavía no hay candidatos inscritos, por lo que no existe sujeto de sanción.

“Cuando se acordó este mecanismo, todos estuvieron de acuerdo, inclusive Tuto. Se tenía muy claro este escenario y se tomaron todas las previsiones del caso para estar siempre dentro del marco de la ley”, manifestó Doria Medina.

Quienes siguen de cerca la política boliviana lo veían venir. Al día siguiente de haber firmado el compromiso, Quiroga desafío el pacto opositor al decir que su candidatura no se negociaría. “Yo soy candidato a presidente irreversiblemente. Voy con todo, voy con fuerza”, manifestó en una entrevista radial.

La unidad de la oposición es una larga demanda del antimasismo en Bolivia. Desde que Evo Morales llegó al poder en 2005, el voto opositor se dispersó entre varios candidatos fortaleciendo al Movimiento Al Socialismo. De hecho, Doria Medina y Quiroga participaron en elecciones previas sin lograr derrotar a Morales.

La analista política Susana Bejarano dijo que la ruptura del bloque favorecerá electoralmente a quien represente a la izquierda. “Lo cierto es que Doria Medina estaba mejor posicionado en las dos últimas encuestas que salieron, su techo de crecimiento es más alto y Tuto (Jorge Quiroga) no quiere exponerse a perder tan anticipadamente. No cumple su palabra”, manifestó y agregó que la dispersión del voto “es una gran noticia” para el bloque popular.

Una alianza y tres pre candidaturas

El grupo opositor conformado por los cuatro políticos definió realizar una encuesta para elegir al candidato único, la misma que estaba prevista realizarse este fin de semana y cuyos resultados se conocerían el 10 de abril.

Después de la creación de la alianza, se sumaron el rector de la universidad pública de Santa Cruz, Vicente Cuéllar, y la ex ministra Amparo Ballivián. Sin embargo, Mesa, Camacho y Cuéllar declinaron su candidatura por lo que solo la disputarían Quiroga, Doria Medina y Ballivián, siendo los dos primeros los más activos con campañas y los más favorecidos por las encuestas previas.

El Gobierno de Luis Arce en Bolivia minimizó un informe internacional que calificó como “arbitraria” la detención del líder opositor Luis Fernando Camacho y sugirió su liberación inmediata. El documento fue elaborado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y fue dado a conocer el viernes pasado.

“Bolivia no reconoce ni admite la opinión del Grupo de Trabajo por considerarlo sesgado, con información parcial y desactualizada, más aún cuando la misma opinión señala de forma expresa que ‘Cualquier punto de vista y opinión presentados son exclusivamente los del autor y no representan necesariamente los de la ONU”, señala el comunicado que difundió el Ministerio de Justicia a través de sus redes sociales.

Para la administración de Arce, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria es “una instancia de asesoramiento consultivo cuyas recomendaciones no tienen carácter vinculante, obligatorio ni pueden sustituir los procedimientos judiciales internos de los Estados".

Camacho está detenido en la cárcel de Chonchocoro, en la ciudad de El Alto, desde finales de 2022 en el marco de una investigación por los sucesos previos a la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre de 2019. Como presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, el líder político comandó protestas masivas que se articularon con las de otras regiones y provocaron la caída del gobernante, en medio de acusaciones de fraude electoral, luego de un motín policial y la “sugerencia” de dimisión del Alto Mando Militar.

Un año después, Camacho se presentó como candidato a la Presidencia y obtuvo el tercer lugar, lo que le permitió tener representación en el Legislativo a través de senadores y diputados. En marzo de 2021 fue elegido gobernador de Santa Cruz, cargo del que está actualmente suspendido debido a su situación jurídica.

Según el informe del Grupo de Trabajo de la ONU, publicado este viernes, el organismo determinó que la privación de libertad del político viola “el principio de igualdad de los seres humanos” y que estuvo motivada por “su opinión política”. De igual forma, sostienen que la detención del gobernador suspendido de Santa Cruz vulnera ocho artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y cinco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En ese contexto, los expertos señalan que corresponde su liberación inmediata, además de indemnización y otras formas de reparación conforme al derecho internacional. Por otro lado, instó al Gobierno de Bolivia a tomar las medidas necesarias para alinear la situación con las normativas internacionales, incluidas las establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Según los medios locales, el juicio que involucra al líder opositor se encuentra en la etapa de declaraciones testificales de cargo y este lunes 31 de marzo comienza la etapa testifical de descargo, por lo que en las próximas semanas se va a concluir el juicio oral público y contradictorio. El Gobierno boliviano señaló en el comunicado que esperará las resoluciones del Órgano Judicial en los procesos legales, en un acto de “respeto a la independencia de poderes”.

Tras el rechazo del Gobierno a las conclusiones de la ONU, el ex presidente Carlos Mesa (2003-2005) dijo que constituye”una nueva evidencia de la naturaleza de Luis Arce, que la justicia internacional debe condenar y sancionar" y agregó que el opositor “es víctima de una persecución política que empezó con su secuestro y encarcelamiento ilegal”.

"Quiero agradecer a los que me han proclamado como candidato a la presidencia, les agradezco y acepto ser candidato a la presidencia, y ser el próximo presidente que va a cambiar la historia de Bolivia", ha expresado este domingo en un encuentro multitudinario en Cochabamba, según recoge 'El Deber'.

Reyes Villa ha rechazado las afirmaciones de sus detractores, que le vinculan con el Movimiento al Socialismo (MAS), y ha reprochado que aquellos que le critican son los mismos que han "convivido" durante catorce años con el oficialismo.

"Yo he estado once años fuera del país (...) soy el único de la oposición del país, el resto ha convivido con ellos los catorce años, yo fui asfixiado, por eso soy la única esperanza que hay en las elecciones", se ha erigido.

Son varias las figuras que han mostrado interés en participar en las próximas elecciones, si bien hasta ahora solo Reyes Villa y el expresidente Jorge Tuto Quiroga han confirmado su candidatura. En el caso de este último, desafiando el pacto de unidad con otros opositores como Carlos Mesa, o Samuel Doria Medina.

Gabriel Romano Burgoa

La Paz, 31 dic (EFE).- Bolivia encara un 2025 electoral con liderazgos poco renovados en la oposición para competir contra el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), ya que varios de los posibles candidatos a la Presidencia pasan las dos décadas de presencia constante en la política ante la escasa aparición de rostros nuevos.

Los comicios presidenciales previstos para agosto de 2025 se distinguen por la división en el oficialista MAS, algo que para la oposición es una "oportunidad" para derrotar por primera vez en 20 años a ese partido.

El analista político Paul Coca dijo a EFE que "este es el mejor momento" para que la oposición "tenga una situación de victoria" ante el MAS a diferencia de otros escenarios previos.

La principal carta de la oposición es el bloque de unidad que buscan conformar los expresidentes Jorge 'Tuto' Quiroga (2001-2002) y Carlos Mesa (2003-2005), el empresario Samuel Doria Medina y el gobernador suspendido de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien cumple detención preventiva por los hechos de la crisis de 2019 que derivaron en la renuncia a la Presidencia de Evo Morales (2006-2019).

Aparte de este bloque se encuentran el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, el exdirigente cívico de Santa Cruz Branko Marinkovic, el pastor evangélico boliviano-coreano Chi Hyun Chung y otros líderes regionales que en los meses recientes anunciaron sus candidaturas.

En el año que llega se puede decretar la ruptura definitiva en el MAS, a raíz de que Evo Morales fuera apartado del liderazgo de ese partido tras casi tres décadas y la posibilidad de que lance su candidatura bajo otra sigla.

La postulación de Morales está condicionada por un dictamen constitucional que establece que la reelección en Bolivia es por "una única vez", sea esta continua o discontinua, aunque él sostiene que según la Carta Magna del país "está habilitado".

A esto se suma el fuerte distanciamiento entre el presidente del país, Luis Arce, y Morales debido a una pugna por el control del Ejecutivo y el MAS.

Las principales alternativas en el oficialismo y la oposición muestran a aspirantes al Gobierno que superan los 25 años de presencia en la política, puesto que ya fueron candidatos presidenciales o vicepresidenciales.

Coca afirmó que la ventaja de los liderazgos "tradicionales" está en que tienen el control sobre partidos, recursos y territorio, además de que la población los conoce, algo que las nuevas figuras no poseen.

Evo Morales es uno de los políticos más longevos, puesto que aparte de haber sido parlamentario a finales de la década de 1990 y principios de los 2000, participó en cinco elecciones presidenciales (2002, 2005, 2009, 2014 y la anulada en 2019) y ahora busca que se admita su participación en 2025.

En tanto que el presidente Arce fue ministro de Economía de Morales durante 12 de los casi 14 años de su Gobierno, y luego candidato presidencial por el MAS para las elecciones generales de 2020.

El gobernante por ahora no ha confirmado si buscará la reelección, aunque Morales cree que sí lo hará.

El bloque de oposición tiene también a figuras de larga data como el exjefe de Estado Quiroga, vicepresidente del Gobierno democrático del dictador Hugo Banzer entre 1997 y 2001, además de candidato a presidente en 2005, 2014 y 2020, aunque en esta última elección declinó su postulación.

Mesa fue vicepresidente en el segundo Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y después de una larga pausa política se presentó en los comicios frustrados de 2019 y luego en 2020 como principal contendiente del MAS.

El empresario Doria Medina fue candidato vicepresidencial del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en 1997 y presidencial en 2005, 2009 y 2014. En 2020 fue nuevamente candidato a la Vicepresidencia de la exmandataria interina Jeanine Áñez (2019-2020), hasta que esta se apartó de la contienda un mes antes de las elecciones.

Entre los considerados "candidatos nuevos" está el evangélico Hyun Chung, quien participó en los comicios de 2019 y 2020, además del recluido opositor Camacho, candidato presidencial en 2020. EFE

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La Paz, 30 dic (EFE).- El presidente de Bolivia, Luis Arce, expresó este lunes sus condolencia a la familia del expresidente de EE.UU Jimmy Carter (1976-1981), quien murió el domingo a los 100 años, y destacó su respeto a la "soberanía de los y pueblos y la resolución pacífica de los conflictos entre naciones".

"Desde el Estado Plurinacional de Bolivia expresamos nuestras condolencias a la familia del expresidente norteamericano James Carter. Una de las figuras de la Guerra Fría y quien lideró un breve período de distensión en la conflictividad política e intervencionismo de su país en la región. Premio Nobel de la Paz en 2002", fue parte del mensaje que el mandatario boliviano publicó en sus redes sociales.

La Cancillería boliviana también escribió un mensaje por el fallecimiento de Carter: "a nombre del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, expresa sus sentidas condolencias al pueblo y Gobierno de los Estados Unidos de América por el deceso del Premio Nobel de la Paz y expresidente, James Carter, promotor de la paz y del diálogo".

Los expresidentes bolivianos Carlos Mesa (2003-2005) y Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) por su parte destacaron el domingo el legado democrático de Carter, con mensajes en sus redes sociales.

Asimismo, el expresidente Evo Morales (2006-2019) manifestó sus condolencias a la familia de Carter y recordó sus "conversaciones y fundamentalmente su apoyo a nuestra causa marítima".

El expresidente estadounidense tomó relevancia en Bolivia cuando Morales siendo presidente buscó su respaldo para la demanda marítima que Bolivia presentó en 2013 contra Chile, y que finalizó con un dictamen de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en 2018.

Carter, ganador del Premio Nobel de la Paz en 2002 y el presidente 39 de EE.UU., se encontraba en su hogar en cuidados paliativos, llegó a votar en las pasadas elecciones, pero ya entonces se encontraba en tratamiento por una forma agresiva de cáncer de piel tipo melanoma, con tumores que se habían extendido al hígado y al cerebro.

El exmandatario, cuya figura como defensor de los valores humanos creció tras dejar el poder, falleció a los 100 años de edad en su domicilio de Plains (Georgia), lo que le convierte en el más longevo de los expresidentes de EE.UU. EFE

La Paz, 29 dic (EFE).- Los expresidentes bolivianos Carlos Mesa (2003-2005) y Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) destacaron el legado democrático del exmandatario estadounidense Jimmy Carter, quien falleció este domingo a los 100 años.

Mesa, quien también es historiador y periodista, señaló en la red social X que Carter "fue un hombre profundamente comprometido con la democracia, los DDHH y genuinamente interesado por América Latina".

En esa misma línea, Rodríguez Veltzé describió a Carter como "un auténtico demócrata, promotor de los DDHH y amigo de Latinoamérica", y también destacó que "abogó por aproximar las relaciones entre EEUU y Bolivia, sus pueblos y sus gobiernos".

El nombre de Carter tomó relevancia cuando en su Gobierno, el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) buscó su respaldo para la demanda marítima que Bolivia presentó en 2013 contra Chile, y que finalizó con un dictamen de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en 2018.

Jimmy Carter (1976-1981) y ganador del Premio Nobel de la Paz en 2002, murió este domingo a los 100 años en su hogar de Plains, Georgia (EE.UU.), rodeado de su familia , confirmó el Centro Carter en un comunicado.

Carter, el presidente 39 de EE.UU., quien se encontraba en su hogar en cuidados paliativos, llegó a votar en las pasadas elecciones, pero ya entonces se encontraba en tratamiento por una forma agresiva de cáncer de piel tipo melanoma, con tumores que se habían extendido al hígado y al cerebro.

De acuerdo con el Centro Carter, habrá ceremonias públicas, una en Atlanta y otra en la capital del país, Washington, seguidas de un entierro privado en Georgia.

Los arreglos finales para el funeral de estado del exmandatario, incluidos todos los eventos públicos y las rutas de la caravana, aún están pendientes.

En 2023 Carter ingresó a cuidados paliativos, optando por renunciar a más tratamientos para prolongar su vida y se mantuvo en su hogar de Plains, junto a su esposa, y desde allí la familia mantenía al tanto al público de su condición de salud.

La familia ha pedido que en lugar de flores se envíen donativos al Centro Carter, una organización de carácter netamente progresista. EFE

A propósito de la invitación que hizo el presidente de Bolivia Luis Arce a varios actores políticos para dialogar sobre “la estabilidad y la democracia” en medio de la aguda crisis de combustible que enfrenta el país, algunos políticos rechazaron la convocatoria y presentaron su propuesta para resolver el desabastecimiento de manera estructura.

El ex presidente Carlos Mesa (2003-2005) sugirió una estrategia para superar la crisis de desabastecimiento que pasa básicamente por cambiar la política de la subvención estatal y recortar los gastos en inversión pública.

A través de una carta, Mesa citó los tres puntos que considera más críticos: la inexistencia de dólares, el desabastecimiento crónico de hidrocarburos y la creciente inflación. En ese sentido, recomendó “reducir la ejecución de la estéril inversión pública; tomar una decisión inmediata sobre la subvención de hidrocarburos y encontrar mecanismos financieros multilaterales que le permitan una provisión de divisas para salvar al Estado y a la sociedad en su conjunto del “corralito” de dólares que nos está llevando al abismo”. El ex presidente también añadió que es importante liberar las exportaciones y garantizar la entrega de carburantes para la agroindustria.

“Tal como ha manejado hasta ahora la economía, estamos ante el riesgo de afrontar una situación política y social insostenible, que puede poner en cuestión la elección y la estabilidad del país”, señaló en la misiva dirigida al presidente Arce.

De igual forma, el gobernador suspendido Luis Fernando Camacho, que también lidera la fuerza opositora Creemos, sostuvo a través de sus redes sociales que es imperioso cambiar el modelo económico del Estado. “La crisis no se arregla con más créditos, sino con un cambio de modelo”, escribió desde el penal de Chonchocoro, en El Alto, donde está recluido desde finales de 2022 por acusaciones relacionadas a los sucesos previos a la renuncia de Evo Morales.

El político cruceño manifestó que el diálogo al que invitó el presidente este martes “no es para salvar Bolivia, sino para salvarse él”.

La cumbre convocada por el Gobierno se realiza la mañana de este martes en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz, a donde llegaron presidentes de otros órganos del Estado, líderes políticos y algunas de las personas que se perfilan como candidatos para las elecciones de agosto y que en la actualidad no tienen ninguna representación institucional, lo que provocó críticas sobre el objetivo del encuentro.

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, manifestó que es “fundamental promover reuniones urgentes entre el Ejecutivo, el Legislativo y las fuentes financiadoras para encontrar soluciones inmediatas a esta crisis” pero criticó que se hubiera citado a jueces de las altas cortes cuyos mandatos fenecieron y no fueron renovados por fallos judiciales que lo impidieron y también a “precandidatos para discutir temas electorales o políticos”.

Desde inicios de mes, Bolivia enfrenta una de las mayores crisis de desabastecimiento de diésel y gasolina con una dotación que apenas supera la mitad de la demanda, lo que provocó extensas filas de vehículos para llenar sus tanques.

En medio del creciente malestar, el Gobierno dispuso diez medidas para reducir el consumo y admitió que la escasez se debe a la falta de liquidez en dólares. La petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aceleró en los últimos días los despachos de diésel y gasolina y aseguró que en esta semana se llegaría al 80% de distribución.

Entre tanto, el presidente Luis Arce exige que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe créditos externos por 1.600 millones de dólares para aumentar el flujo de divisas en el país y calificó el retraso en la aprobación como un “boicot” contra su Gobierno. Varios analistas coinciden en que los créditos solo permitirán abastecer de combustible por algunos meses pero no resolverán el problema de fondo.

Los tiempos de espera para cargar combustible en Bolivia oscilan entre cuatro horas a más de 24, según un operativo realizado por la Defensoría del Pueblo el pasado fin de semana, en medio de uno de los periodos más agudos de desabastecimiento de diésel y gasolina que enfrenta el país.

El informe revela que la mayoría de la gente espera entre cuatro y diez horas en la fila, pero hay registros de espera superiores a una jornada. De hecho, existen testimonios de gente que esperó hasta 32 horas para abastecer sus tanques.

“En el 30% de las estaciones de servicio verificadas se esperaba entre cuatro a 10 horas; en el 26%, entre 11 a 24 horas; y en el 17%, más de 24 horas de espera para conseguir diésel”, informó el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en una conferencia de prensa este lunes.

La entidad visitó 88 estaciones de servicio en más de 20 ciudades y localidades intermedias, y constató que al momento de la verificación el 66% de los distribuidores no tenía diésel y el 38% no contaba con gasolina.

Hace más de un año que Bolivia atraviesa periodos de desabastecimiento de combustible debido a la baja producción local y la dependencia de las importaciones. Una de las crisis más agudas inició hace al menos tres semanas cuando el suministro bajó a la mitad de los volúmenes necesarios para cubrir la demanda local, lo que provocó extensas filas de vehículos para llenar sus tanques.

En medio del creciente malestar, el Gobierno dispuso diez medidas para reducir el consumo y admitió que la escasez se debe a la falta de liquidez en dólares. La petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos aceleró en los últimos días los despachos de diésel y gasolina y aseguró que en esta semana se llegaría al 80% de distribución.

El presidente Luis Arce exigió que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe créditos externos por 1.600 millones de dólares para aumentar el flujo de divisas en el país y superar la crisis de combustible, y calificó el retraso en la aprobación como un “boicot” contra su Gobierno. En respuesta, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, reveló que algunos créditos ya aprobados no han podido ser desembolsados en su totalidad por falta de ejecución.

En marco, el Gobierno convocó a los presidentes de los otros órganos del Estado, jefes de bancada y otros actores políticos a “un diálogo por la estabilidad y la democracia” que está previsto para este martes por la mañana.

“El objetivo de este encuentro es asegurar las condiciones políticas y materiales para que la democracia no sea amenazada para que el cronograma electoral no sea interrumpido y, por lo tanto, las formas de reproducción de la democracia no sean destruidas”, explicó la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.

La invitación fue rechazada por algunos convocados como el ex presidente Carlos Mesa, líder de la principal fuerza opositora en el Legislativo y Luis Fernando Camacho, líder de la bancada de Creemos porque consideran que la cita se convoca tarde, cuando hubo pedidos de diálogo que no fueron atendidos y que estará cargada de “retórica”.

En paralelo, el Gobierno invitó a políticos que se perfilan como candidatos para las elecciones de agosto y que no tienen en la actualidad ninguna representación institucional, lo que también provocó críticas sobre el objetivo del encuentro.

Mientras el Gobierno aumenta la dotación de combustible y busca consensos políticos ante la crisis, varios sectores anunciaron manifestaciones para reclamar soluciones estructurales que permitan regularizar el suministro de carburantes, recuperar la circulación de dólares en el mercado y estabilizar los precios de la canasta familiar.

La Paz, 24 dic (EFE).- El expresidente de Bolivia Carlos Mesa (2003-2005) y el empresario Samuel Doria Medina visitaron este martes en prisión al gobernador suspendido de la región oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para avanzar en la construcción del bloque opositor unitario para las elecciones generales de 2025.

"Este 24 de diciembre sostuvimos una grata reunión con Samuel Doria Medina y Luis Fernando Camacho en la que compartimos nuestra preocupación por este año que nos trajo una grave crisis económica, política y social, y que presagia un 2025 aún más difícil", escribió el expresidente Carlos Mesa en la red social X.

Tanto Mesa, que lidera la fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC), y Doria Medina informaron en sus redes sociales sobre la visita a Camacho en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el Altiplano de La Paz, donde el gobernador está recluido desde fines de 2022 investigado por la crisis social y política de 2019 en el país.

El también historiador agregó que "la unidad es la única esperanza para evitar que el MAS", el gubernamental Movimiento al Socialismo, "arrastre" a Bolivia "al abismo de la recesión, la miseria y el enfrentamiento".

"Invocamos a la esperanza, la resistencia y la firmeza para construir mejores días para nuestra querida Patria", añadió.

"El avance del bloque de unidad es nuestro regalo de Navidad al pueblo boliviano", escribió en la misma red social Doria Medina, quien acompañó su publicación con una fotografía suya y de Mesa en las puertas de la cárcel.

Mesa, Doria Medina, Camacho y el expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) presentaron la semana pasada un acuerdo para impulsar una candidatura presidencial "única" de la oposición para enfrentar al MAS en las elecciones de 2025.

Los opositores no especificaron el sistema para elegir al binomio presidencial de esta alianza, pero aseguraron que incluirán a todos los "liderazgos políticos" durante el proceso.

La alianza invitó a otros opositores a sumarse a la iniciativa, entre ellos el rector de la universidad estatal de Santa Cruz, Vicente Cuéllar, que ganó notoriedad durante las protestas en 2022 en esa región para exigir la realización del censo de población y vivienda, y el senador Rodrigo Paz Pereira, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993).

La iniciativa también ha sido criticada por otros opositores, como el alcalde de la ciudad central de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, que busca ser candidato presidencial nuevamente en 2025, tras haber postulado en 2002 y 2009.

Reyes Villa dijo a los medios la semana pasada que los líderes que impulsan el bloque de unidad deben unirse "al que va primero en las encuestas" y consideró que es él quien lidera la intención de voto para 2025.

El bloque también fue cuestionado por el presidente del país, Luis Arce, quien ha señalado en los últimos días que los próximos comicios serán "una contienda entre la derecha y la izquierda, entre el imperialismo y la patria", aunque también confía en que el MAS "derrotará" a la oposición.

Los opositores bolivianos no lograron unirse en ninguna de las elecciones anteriores para enfrentar en las urnas al MAS, hoy también dividido por la pelea entre las facciones leales al presidente Arce y al exmandatario Evo Morales (2006-2019). EFE

El ex líder cívico y gobernador suspendido de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, declinó su intención de postular a la Presidencia y ratificó su apoyo al “candidato único” que represente al bloque de unidad conformado también por los ex presidentes Carlos Mesa (2003-2005), Jorge Quiroga (2001-2002), el empresario Samuel Doria Medina, la ex ministra Amparo Ballivián y el rector universitario Vicente Cuéllar.

Camacho, que lidera a la fuerza opositora Creemos, publicó en sus redes sociales una carta en la que informa que no participará en la encuesta que prevé hacer la denominada “Unidad de la Oposición Democrática Boliviana” para elegir al candidato único que presentará ese bloque en los comicios presidenciales.

“No participaré como candidato en la encuesta que definirá al candidato único, ya que el momento que vivimos requiere de actos de desprendimiento que allanen el camino para que los bolivianos consigamos recuperar la libertad y la democracia que nos ha arrebatado la dictadura masista (del oficialista Movimiento al Socialismo)”, escribió desde la cárcel de Chonchocoro, en El Alto, donde está recluido desde finales de 2022 acusado por delitos relacionados los sucesos previos a la renuncia de Evo Morales en 2019.

El político aseguró que sigue formando parte de la alianza y que apoyará “sin ningún tipo de condicionamientos” a quien sea elegido como candidato de la alianza mediante una encuesta. Anteriormente, Mesa y Cuéllar también desistieron de participar en el sondeo y el segundo manifestó su apoyo al precandidato Doria Medina.

Quienes quedan en carrera dentro de este bloque son el expresidente Quiroga, el empresario Doria Medina y la exministra Ballivián. Sin embargo, los dos primeros se han mostrado más activos realizando actos de campaña en varias regiones del país y sellando alianzas públicas con actores y políticos locales.

Tras cuatro elecciones sin lograr unirse para tener chances de derrotar al Movimiento Al Socialismo (MAS), en diciembre pasado nació la Unidad de la Oposición Democrática Boliviana, con el objetivo de fortalecer a la oposición tradicional y lograr un solo candidato. Para algunos analistas, las actuaciones individuales de Quiroga y Doria Medina exponen la “fragilidad” del bloque opositor pero otros consideran que es una campaña interna legítima por lograr la candidatura del bloque.

Adicionalmente a este frente se perfilan otras candidaturas opositoras como la del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, o el pastor evangélico de origen coreano, Chi Hyung Chung, que participó en comicios anteriores y logró ubicarse en el tercer lugar con un discurso ultra conservador.

Las elecciones están previstas para el 17 de agosto. Según los tiempos electorales, las alianzas políticas tendrían que estar registradas en abril y las candidaturas en mayo, lo que apura las decisiones en el escenario político.

El MAS dividido

Desde que llegó por primera vez al Gobierno, el oficialista MAS ganó cinco elecciones presidenciales consecutivas (aunque la de 2019 fue anulada por indicios de fraude) y obtuvo votaciones sin precedentes en el país.

Sin embargo la llegada al poder de Luis Arce, ex ministro de Economía de Evo Morales, supuso un parteaguas en la historia del partido. Las disputas entre Morales y su antiguo delfín por el control del partido y la candidatura de este año, ha fracturado al MAS y lo ha divido entre arcistas y evistas.

El expresidente, a pesar de estar acorralado por procesos judiciales e dictámenes legales que imposibilitan su candidatura, ha sellado un alianza con el Frente Para la Victoria, un partido familiar envuelto en controversias e insiste en postularse a la Presidencia. En el otro bando, los aliados de Arce se quedaron con el control legal del MAS y el presidente se perfila como candidato, pese a que enfrenta la hora más baja de su Gobierno, marcado por la crisis financiera y de combustible que lo ha hecho desplomar en las encuestas.

Más allá de quiénes aparezcan en la papeleta, la división del MAS parece irreversible y posiblemente en agosto se realice la primera votación con dos candidatos que durante años representaron al mismo electorado.

El expresidente de Bolivia Jorge Tuto Quiroga ha presentado su candidatura para las elecciones de 2025 bajo las siglas de Libertad y República (Libre), prometiendo la privatización de empresas públicas, reformas a la Constitución y créditos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Quiroga, en calidad de vicepresidente, ocupó el cargo de presidente entre agosto de 2001 y 2002 por enfermedad del entonces mandatario, Hugo Banzer. Se trata de la primera candidatura de la oposición que se presenta para intentar desbancar al Movimiento al Socialismo (MAS) tras casi dos décadas de mandatos.

"A la gente hay que decirle toda la verdad y pedirle que apoye lo que debemos hacer", ha afirmado durante la presentación de su candidatura, en la que ha dicho contar con el apoyo de "varias agrupaciones, valiosos líderes regionales", así como del partido socialdemócrata Frente Revolucionario de Izquierda (FRI).

Con su presentación en solitario, Quiroga, quien ha manifestado estar "abierto a seguir conversando con otras estructuras y liderazgos", se ha apartado del principio de acuerdo para lanzar una candidatura unitaria de la oposición, en la que había otros habituales estos últimos años como el expresidente Carlos Mesa.

"Se acabó la farra, vamos a retornar al equilibrio fiscal para que la gente no sufra", ha dicho Quiroga, quien ha abogado por acordar con el FMI préstamos "con tasas bajas y a largo plazo para salvar la crisis" y la vuelta del dólar, según refleja la prensa boliviana.

Asimismo, ha propuesto privatizar las empresas estatales deficitarias y "una agresiva rebaja de impuestos" para "resucitar" la producción gasífera para "poder atraer inversiones que preserven el mercado de Brasil", tras perder el argentino, y una reforma de la Constitución con vistas a estar ya en vigor en 2026.

Mientras tanto, desde el oficialismo, enfrascado en luchas fratricidas, el ala afín a Evo Morales insiste en que el expresidente sea candidato, a pesar de su inhabilitación por partida doble del Tribunal Constitucional, que le despojó del liderato del MAS y de la posibilidad de presentarse a las elecciones al haber cumplido el cupo de dos periodos continuos o discontinuos.

La Paz, 17 dic (EFE).- El expresidente de Bolivia Jorge 'Tuto' Quiroga (2001-2002) anunció este martes su candidatura presidencial para las elecciones generales de 2025, después de apartarse de un acuerdo opositor que firmó con otros líderes para armar un bloque de unidad en esos comicios.

"Una vez en la vida, en un lugar en el mundo, en una circunstancia histórica, tenemos un instrumento en la mano para cambiar el destino de un país, renovar la esperanza y gritarle al mundo entero 'Bolivia libre' (...) juntos vamos a salvar a nuestra amada Bolivia", afirmó Quiroga al comenzar su discurso en un céntrico hotel de La Paz.

"Fuerza Bolivia, faltan pocos meses para que despidamos a esta lacra gubernamental", dijo el exmandatario en alusión al Gobierno de Luis Arce, del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).

Horas antes de que Quiroga anunciara su candidatura oficial, el expresidente opositor Carlos Mesa (2003-2005) reveló que en los últimos meses tuvo reuniones individuales y grupales con Quiroga, con el empresario y líder del partido Unidad nacional (UN), Samuel Doria Medina y con el gobernador suspendido de la región oirental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en prisión desde hace casi dos años por la crisis de 2019.

Según Mesa, "ese acuerdo inicial tenía como objetivo presentar un bloque de unidad" de la oposición e "incluso se firmó un documento que se iba a firmar en los próximos días".

La alianza política de Quiroga se denomina "Libre", pero el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) le puso la personalidad jurídica, partido que también amparó jurídicamente a Comunidad Ciudadana (CC), el principal bloque opositor que presentó a las elecciones de 2019 y 2020, del cual Mesa es el líder.

"Honrado por el apoyo de varias agrupaciones, de importantes líderes regionales, de un partido como el FRI, abiertos a seguir conversando con otras estructuras y liderazgos, hoy puedo anunciar que contamos con la estructura jurídica y territorial para formar una alianza política que se denominará 'Libre' y respaldará mi candidatura", anunció Quiroga.

Entre los aliados que participaron en el lanzamiento de la candidatura de Quiroga está el exgobernador de Santa Cruz y líder del partido Demócratas, Rubén Costas, y el exgobernador de la región de Beni, Ernesto Suárez, encarcelado en el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) por supuesto enriquecimiento ilícito.

El expresidente lanzó algunas propuestas en diferentes áreas que pretende ejecutar en caso de que llegue a la Presidencia de Bolivia, entre ellas afirmó que se necesita hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como un primer paso de "salvataje" económico.

"Debemos resucitar la producción gasífera con una agresiva rebaja de impuestos para nuevas exploraciones y poder atraer inversiones que preserven el mercado de Brasil", adelantó.

Mencionó que con el litio "pretende dejar atrás el país extractivista", pero además planteó que "la propiedad del litio, del gas, del hierro, de los servicios eléctricos y de telecomunicaciones sean realmente del pueblo" con la puesta en marcha de un fondo mutuo.

"Enfrentamos el desafío más grande en un momento determinante de nuestra historia. Les pido confianza, la honraré; otórguenme mandato, lo ejerceré; pido el apoyo de todos y les garantizo estabilidad, inversión, seguridad, prosperidad y libertad", prometió el exmandatario.

Quiroga fue vicepresidente del Gobierno democrático de Hugo Banzer (1997-2001) y en agosto de 2001 asumió la Presidencia de Bolivia tras la renuncia de Banzer por razones de enfermedad (cáncer de pulmón) y completó la gestión presidencial hasta agosto de 2002.

En diciembre de 2019, fue designado “delegado especial” del Gobierno interino de Jeanine Áñez (2019-2020) para denunciar ante la comunidad internacional violaciones de derechos humanos en el país durante la crisis política de ese año.EFE

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La Paz, 17 dic (EFE).- La candidatura del expresidente de Bolivia Jorge 'Tuto' Quiroga (2001-2002) a las elecciones generales de 2025, que se anunciará este martes, dejó en vilo un acuerdo que el político firmó con otros líderes de oposición para presentar un bloque de unidad en esos comicios, reveló el exmandatario Carlos Mesa (2003-2005).

Mesa explicó a los medios en La Paz que en los últimos meses tuvo reuniones individuales y grupales con Quiroga, con el empresario y líder del partido Unidad Nacional (UN) Samuel Doria Medina y con el gobernador suspendido de la región oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en prisión desde hace casi dos años por la crisis de 2019.

"Ese acuerdo inicial tenía como objetivo presentar un bloque de unidad no exclusivamente de cuatro personas representativas, sino abierto a cualquier tipo de adhesión de otros candidatos que estén dispuestos a sumarse a esa iniciativa", indicó el también líder de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC).

Según Mesa, "incluso se firmó un documento que se iba a presentar en los próximos días", en el que los políticos expresaban su disposición de "trabajar por la construcción de un bloque de unidad con una candidatura única" para las elecciones de 2025 "entendiendo que el bien mayor es el bien de Bolivia".

No obstante, en la víspera se conoció que Quiroga lanzará en esta jornada su candidatura y la sigla con la que concurrirá a esos comicios, además en alianza con el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), el partido que puso la personalidad jurídica para que las agrupaciones que integran CC se presenten a las elecciones de 2019 y 2020.

"De manera sorpresiva, después del acuerdo firmado con los líderes políticos a los que he mencionado, nos comunica el jefe del FRI que se da por rota la alianza" con CC porque el partido decidió ahora "apoyar a la candidatura del expresidente Quiroga", indicó Mesa.

El exmandatario sostuvo que su alianza con el FRI debía terminar el 8 de noviembre de 2025, cuando se prevé que tome juramento el nuevo Gobierno elegido en las elecciones generales, y aseguró que "en ningún momento" expresó su intención de romperla antes del tiempo acordado.

El también historiador confesó que le "sorprendió" la decisión de ese partido y también cuestionó por qué Quiroga "decide hacer una alianza con el FRI fuera del escenario" de unidad en el que se estaba trabajando.

Sin confirmar o descartar su propia candidatura, agregó que seguirá buscando la unidad opositora, "independientemente de lo que hagan los otros" y también reiteró que "la unidad es el único camino posible" para derrotar al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) en las urnas.

Mesa enfrentó al expresidente Evo Morales (2006-2019) en las fallidas elecciones de 2019, anuladas por las denuncias de un fraude a favor del entonces gobernante boliviano para evitar una segunda vuelta con el líder de CC.

El historiador se volvió a presentar en los comicios de 2020 en los que el MAS volvió al poder con Luis Arce y CC es actualmente la principal fuerza opositora con representación en el Parlamento nacional.

La oposición boliviana nunca ha logrado unirse para enfrentar electoralmente al MAS, hoy también dividido por la pelea entre las facciones leales al presidente Arce y a Evo Morales. EFE

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La Paz, 15 dic (EFE).- El expresidente de Bolivia Carlos Mesa (2003-2005) emitió su voto en las elecciones judiciales que se celebran este domingo en el país con críticas a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que prorrogaron su mandato y ordenaron que los comicios sean parciales en cinco de las nueve regiones bolivianas.

En declaraciones a los medios tras votar en el sur de La Paz, el también líder de la fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC) consideró que "no se ha seguido el camino adecuado" por las decisiones impuestas por el TCP.

"El Tribunal Constitucional ha impuesto unas reglas que rompen la legalidad de la forma de voto unitario, distinguiendo entre aquellos que pueden votar por el TCP en cuatro departamentos y otros que no pueden votar en cinco", cuestionó.

Para Mesa, "no es una elección ideal", por lo que expresó su temor de que el resultado legalice "no solamente a quienes sean genuina y legalmente elegidos por el voto popular, sino a aquellos autoprorrogados, sobre todo en el TCP".

"Esta elección es una transición simplemente, no va a cambiar en absoluto la esencia del proceso, ni los problemas estructurales que tiene la Justicia boliviana, que tiene que modificarse con una reforma constitucional", sostuvo.

El exmandatario mencionó que los problemas que hubo con las elecciones judiciales de 2011 y 2017 fueron "la militancia partidaria" de los jueces elegidos en esos comicios, los "niveles altísimos de corrupción y la falta de idoneidad profesional" que hicieron que la Justicia boliviana esté "peor que nunca".

Mesa confió que las autoridades elegidas en estos comicios sean imparciales y "correctas en su administración de Justicia", en especial en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Aunque también desahució lo que ocurra en el TCP porque cinco de los magistrados que prorrogaron su mandato "se han quedado, van a atornillarse en el cargo" y serán mayoría frente a los cuatro que sean elegidos en esta jornada, lo que, a su juicio, pone en riesgo las elecciones generales previstas para 2025.

La Constitución boliviana vigente desde 2009 establece la elección por voto popular de los magistrados de los principales tribunales del país, previamente seleccionados por el Legislativo, para un mandato de seis años.

Más de 7,3 millones de bolivianos concurren este domingo a las urnas para elegir a 19 de los 26 magistrados del TSJ, el TCP, el Tribunal Agroambiental (TA) y el Consejo de la Magistratura.

En las elecciones judiciales de 2011 y 2017 la mayoría de electores votó nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).

Debido a un fallo constitucional, en esta ocasión los comicios se realizan íntegramente solo en La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca, mientras que en Beni, Pando, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz no podrán elegir a los jueces del TCP y en los dos primeros departamentos tampoco votarán por los candidatos al TSJ.

El mandato de los jueces elegidos en 2017 debía terminar a principios de este año, pero en diciembre de 2023 el TCP decidió ampliarlo alegando que se buscaba evitar un "vacío de poder" a falta de las elecciones que no pudieron efectuarse ese año por problemas en el Legislativo y numerosas causas judiciales que frenaron varias veces el proceso.

La Paz, 15 dic (EFE).- El expresidente de Bolivia Carlos Mesa (2003-2005) emitió su voto en las elecciones judiciales que se celebran este domingo en el país con críticas a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que prorrogaron su mandato y ordenaron que los comicios sean parciales en cinco de las nueve regiones bolivianas.

En declaraciones a los medios tras votar en el sur de La Paz, el también líder de la fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC) consideró que "no se ha seguido el camino adecuado" por las decisiones impuestas por el TCP.

"El Tribunal Constitucional ha impuesto unas reglas que rompen la legalidad de la forma de voto unitario, distinguiendo entre aquellos que pueden votar por el TCP en cuatro departamentos y otros que no pueden votar en cinco", cuestionó.

Para Mesa, "no es una elección ideal", por lo que expresó su temor de que el resultado legalice "no solamente a quienes sean genuina y legalmente elegidos por el voto popular, sino a aquellos autoprorrogados, sobre todo en el TCP".

"Esta elección es una transición simplemente, no va a cambiar en absoluto la esencia del proceso, ni los problemas estructurales que tiene la Justicia boliviana, que tiene que modificarse con una reforma constitucional", sostuvo.

El exmandatario mencionó que los problemas que hubo con las elecciones judiciales de 2011 y 2017 fueron "la militancia partidaria" de los jueces elegidos en esos comicios, los "niveles altísimos de corrupción y la falta de idoneidad profesional" que hicieron que la Justicia boliviana esté "peor que nunca".

Mesa confió que las autoridades elegidas en estos comicios sean imparciales y "correctas en su administración de Justicia", en especial en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Aunque también desahució lo que ocurra en el TCP porque cinco de los magistrados que prorrogaron su mandato "se han quedado, van a atornillarse en el cargo" y serán mayoría frente a los cuatro que sean elegidos en esta jornada, lo que, a su juicio, pone en riesgo las elecciones generales previstas para 2025.

La Constitución boliviana vigente desde 2009 establece la elección por voto popular de los magistrados de los principales tribunales del país, previamente seleccionados por el Legislativo, para un mandato de seis años.

Más de 7,3 millones de bolivianos concurren este domingo a las urnas para elegir a 19 de los 26 magistrados del TSJ, el TCP, el Tribunal Agroambiental (TA) y el Consejo de la Magistratura.

En las elecciones judiciales de 2011 y 2017 la mayoría de electores votó nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).

Debido a un fallo constitucional, en esta ocasión los comicios se realizan íntegramente solo en La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca, mientras que en Beni, Pando, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz no podrán elegir a los jueces del TCP y en los dos primeros departamentos tampoco votarán por los candidatos al TSJ.

El mandato de los jueces elegidos en 2017 debía terminar a principios de este año, pero en diciembre de 2023 el TCP decidió ampliarlo alegando que se buscaba evitar un "vacío de poder" a falta de las elecciones que no pudieron efectuarse ese año por problemas en el Legislativo y numerosas causas judiciales que frenaron varias veces el proceso. EFE

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Mas de cien analistas y ex autoridades bolivianas presentaron este martes un manifiesto en el que piden al bloque de unidad opositor conformar un frente amplio que incluya a otros sectores de la sociedad civil con el objetivo de derrotar en las elecciones generales de agosto al Movimiento Al Socialismo (MAS), que está en el poder desde 2005 con excepción de un año (2019-2020).

El documento hace referencia a alianza conformada inicialmente por los ex presidentes Carlos Mesa (2003-2005) y Jorge Quiroga (2001-2002), el gobernador suspendido de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y el empresario y ex candidato Samuel Doria Medina a la que denominaron Unidad de la Oposición Democrática. A este bloque, presentado el 14 de diciembre de 2024, se sumaron luego los precandidatos Vicente Cuéllar y Amparo Ballivián con el objetivo de lograr una candidatura única de oposición para los comicios.

A pesar de la firma del acuerdo y los anuncios de buena voluntad, las tensiones entre algunos integrantes del bloque y las campañas individuales han generado incertidumbre sobre la factibilidad y coherencia de la unión opositora. En ese marco, los firmantes del manifiesto comparten su propuestas para lograr una alternativa política “de renovación, con amplia inclusión ciudadana y con capacidad de transformación estatal”.

En el primer punto, piden conformar un frente amplio con participación de organizaciones civiles de las zonas urbanas y rurales y garantizar instancias de deliberación participativas para la preselección de las candidaturas, la construcción del programa de Gobierno y la organización del control electoral.

En segundo lugar, piden al frente unitario elaborar un programa de medidas de corto plazo para resolver la crisis económica en Bolivia como la estabilización de la moneda, el desabastecimiento de combustible y la falta de divisas.

Finalmente sostienen que se debe lograr un compromiso mínimo que garantice “los más legítimos y prioritarios intereses de la gran mayoría de los bolivianos” y que incluya cuatro aspectos: la restitución de todas las instituciones democráticas, la prevención medioambiental en bosques y agua contaminada por la minería ilegal, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y la lucha frontal contra la corrupción y el narcotráfico.

“Estas formulaciones pueden parecer excesivas dada la progresiva desinstitucionalización del sistema político boliviano, pero son imprescindibles para la construcción de una verdadera opción democrática. De los procesos autoritarios no se sale con un simple cambio de gobierno”, señala al final el documento y advierte que para lograr una reforma del Estado es “imprescindible construir un instrumento político coherente y duradero”.

Entre las personalidades que firman la propuesta están la senadora Cecilia Requena, que presentó el documento ante los medios, el ex defensor del Pueblo Waldo Albarracín y el líder indígena Marcial Fabricano entre otras ex autoridades, analistas, escritores y líderes de opinión.

Elecciones presidenciales

El Tribunal Supremo Electoral fijó para el 17 de agosto las elecciones generales en las que se votará para elegir a las autoridades del Gobierno y de la Asamblea Legislativa, 36 senadores y 130 diputados, por cinco años.

Las organizaciones políticas tienen hasta el 18 de abril para inscribirse y los binomios hasta mayo. De momento, se perciben al menos seis frentes para la contienda electoral a la que por primera vez el oficialismo llega dividido.

Los analistas anticipan unas elecciones altamente fragmentadas y con más equilibrio en el Órgano Legislativo, por lo que el siguiente mandatario se verá obligado a pactar con las otras fuerzas políticas para lograr la gobernabilidad.

En medio de denuncias de sobornos y presiones del Gobierno para forzar su aprobación, la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados dio luz verde a un contrato para la producción de litio con una empresa china en el salar de Uyuni (suroeste).

La comisión había comenzado a debatir el proyecto la tarde del jueves con la presencia del ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, que defendió el contrato entre Yacimientos de Litio Bolivianos y la empresa Hong Kong CBC Investment Limited, explicó el alcance del proyecto y los beneficios que traerá para el país.

Tras horas de debate y un cuarto intermedio de varias horas, el proyecto de ley que valida el “Contrato de Servicios para la Producción de Carbonato de Litio en el Salar de Uyuni del departamento de Potosí” fue aprobado por mayoría absoluta (con cinco votos del oficialismo y tres de la oposición) en la madrugada del viernes.

Organizaciones de la sociedad civil y miembros de la oposición rechazaron la aprobación de este acuerdo porque lo consideran perjudicial para la economía del país. El ex presidente Carlos Mesa expresó en su cuenta de X su preocupación por el avance del proyecto que “contiene serios vicios de inconstitucionalidad, es ampliamente desfavorable a los intereses de nuestro país, entrega el control de un recurso estratégico y pone en riesgo la seguridad medioambiental”.

Según el diputado Miguel Roca, el principal cuestionamiento tiene que ver con la autonomía que tendrá la empresa china que según el acuerdo podrá decidir sobre compras, contrataciones y gastos sin un control efectivo del Estado boliviano. Adicionalmente los costos de inversión serán devueltos con una tasa de interés del 12%, superior a la de los créditos internacionales. “Los chinos deciden cuánto y en qué gastar, y luego los bolivianos tenemos que pagar el 100 % de lo que gasten ellos con el 12 % de interés y encima les vamos a tener que pagar el 17 % de su tecnología”, manifestó.

La aprobación del acuerdo también generó malestar en el Comité Cívico de Potosí, región donde está ubicado el salar de Uyuni, que rechazan recibir el 3% de las regalías que genere la explotación del litio, un monto que consideran insuficiente. El ex presidente de esa organización, Marco Pumari, llamó “vende patrias” a los legisladores que aprobaron la ley y convocó a la ciudadanía a salir a las calles para “defender” el litio de “manos de transnacionales, mediante contratos desleales y perjudiciales”.

En medio de las críticas al acuerdo también surgieron denuncias de irregularidades, restricciones de acceso y falta de transparencia en el proceso de votación, además de sobornos a los parlamentarios que aprobaron el contrato. El diputado Roca manifestó que la sesión fue reinstalada sin previo aviso para evitar el debate del proyecto y que hubo pagos de hasta 10.000 dólares por voto, una denuncia que fue rechaza por los legisladores que favorecieron el acuerdo y lo conminaron a demostrar con pruebas su acusación.

Ante las críticas, el oficialismo pidió que las observaciones se basen en cuestiones técnicas y “no políticas”, a la vez que defendió el contrato que considera que impulsará la explotación del recurso natural y que además atraerá inversión extranjera.

El Gobierno boliviano firmó en 2023 acuerdos para la implementación de la tecnología EDL de extracción directa con las compañías chinas CATL BRUNP & MOC (CBC) y Citic Guoan y en 2024 con la empresa rusa Uranium One Group para el diseño y construcción de plantas de carbonato de litio, esta última invertiría cerca de 970 millones de dólares y aún está pendiente de aprobación. Para que se ejecuten ambos proyectos, la Asamblea Legislativa debe aprobarlos.

Según YLB, Bolivia posee la primera reserva mundial de litio al haber pasado con 23 millones de toneladas.

La alianza de opositores bolivianos acordó realizar una encuesta para la selección del candidato a las elecciones generales de agosto. El bloque, integrado inicialmente por los ex presidentes Carlos Mesa (2005-2006) y Jorge Quiroga (2001-2002), el gobernador suspendido Luis Fernando Camacho y el empresario Samuel Doria Medina, definirá al “candidato único” del grupo a través de un estudio de opinión cuya fecha y metodología no ha sido explicada.

“Es un hecho objetivo, será a través de una encuesta que tenemos que definir la fecha de su realización (y) que tiene que ser concertada por todos, creíble, seria, coherente con la participación de los miembros del bloque de unidad”, manifestó ante los medios Mesa, vocero de la alianza.

El ex presidente también indicó que están trabajando para presentar algunas “demandas” al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para garantizar la transparencia de las elecciones generales, principalmente en la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el padrón electoral y la garantía de los servidores públicos.

Mesa señaló que el Órgano Electoral tiene que garantizar la aplicación del sistema de resultados preliminares de las elecciones, pese a que es una figura que no está contemplada en la legislación boliviana por lo que el TSE no está obligado a realizar.

En 2019, la transmisión rápida de resultados fue el detonante de las protestas y acusaciones de fraude, debido a su repentina suspensión cuando se perfilaba la segunda vuelta entre Evo Morales y Mesa. Cuando el sistema se reanudó, horas más tarde, los resultados mostraban que el líder cocalero ganaba en primera vuelta, lo que fue calificado por Mesa como “un fraude monumental”. En 2020 no hubo transmisión de resultados preliminares.

Oposición y candidatura única

En diciembre de 2024, los cuatro políticos firmaron un acuerdo de unidad para garantizar una candidatura única de la oposición y hacerle frente al Movimiento Al Socialismo (MAS), partido al que no han podido derrotar en las elecciones presidenciales desde 2005. Semanas después se sumaron al bloque los opositores Vicente Cuéllar y Amparo Ballivián, que también manifestaron su intención de postular a la Presidencia.

En todos los comicios que siguieron a la primera victoria del MAS (2009, 2014, 2019 y 2020), la oposición pedía “unidad” para derrotar a Evo Morales primero y Luis Arce después con un solo candidato, o al menos lograr un equilibro en el poder Legislativo donde el oficialismo llegó a tener dos tercios durante diez años.

La unidad nunca se concretó. Este año, si bien los miembros de la alianza han manifestado su intención de elegir un solo candidato, al menos dos están realizando campaña por separado y han cerrado alianzas con actores locales. El empresario y ex candidato Doria Medina visitó varias ciudades presentando su plan de gobierno y el ex presidente Quiroga se ocupó de firmar acuerdos con líderes regionales, lo que puede ser visto como una disputa legítima por la candidatura o simplemente la fragilidad del bloque.

Un día antes del anuncio de la alianza, el ex presidente Quiroga firmó un acuerdo con el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), partido político que en esta legislatura respalda a Mesa, y un día después dijo que su postulación era “irreversible”, sembrando dudas sobre la cohesión del bloque.

En tanto, el ex presidente Mesa ha asumido la vocería del grupo, se ha mostrado como el articulador de la oposición y ha declinado públicamente su intención de disputar la candidatura. Camacho, detenido en la cárcel de Chonchocoro, en El Alto, tiene menos posibilidades de despuntar y se ha limitado a promover la unidad a través de reuniones con sus aliados.

La analista Erika Brockmann considera que los miembros del bloque están “haciendo lo suyo para medir fuerzas mediante el método que se decida” y que aunque todo intento de agregación política es bueno, “les es falta administrar todos los códigos simbólicos de los cuales se ha apropiado el MAS para poder convocar al pueblo”.

Mientras las campañas corren y las alianzas se definen, el tiempo se va acortado. El TSE fijó el 18 de abril como plazo para inscribir las agrupaciones políticas que entrarán a la contienda.

El líder de Comunidad Ciudadana (CC) y ex presidente de Bolivia, Carlos Mesa, informó este viernes que no participará como candidato en las elecciones generales previstas para el 17 de agosto de 2025. A través de un video difundido en redes sociales, Mesa expresó que su decisión fue tomada “con sentido de Estado” y con el propósito de contribuir al bienestar del país. “Creo que ese no es el rol que me toca”, afirmó.

Mesa, quien gobernó Bolivia entre 2003 y 2005 tras la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada en el contexto de la denominada “masacre de octubre”, señaló que su trayectoria de 50 años en el ámbito político, histórico y periodístico lo llevó a reflexionar sobre su rol actual. “Hay momentos en la vida en que uno tiene que mirar atrás y analizar lo hecho en el camino y mirar también el horizonte de lo que nos toca hacer. Ese momento ha llegado para mí durante 50 años”, declaró.

“Medio siglo he estado estrechamente vinculado con Bolivia. Ha sido la razón de ser de mi vida (...) he tenido el privilegio de ser vicepresidente y presidente de la Nación y como líder político y creador de comunidad ciudadana”, afirmó.

El líder resaltó tres pilares fundamentales de su legado político: la renovación generacional, el compromiso ético y la defensa de la democracia. “En ese contexto, creo haber cumplido una tarea importante en el escenario de la política boliviana”, afirmó.

Por ello, “con plena convicción y con plena decisión”, informó que deja la candidatura “porque creo que ese no es el rol que hoy me toca.”

El ex mandatario aseguró que permanecerá al frente de Comunidad Ciudadana hasta la conclusión de la legislatura en noviembre de 2025, destacando que el bloque opositor, del que forma parte, cuenta con figuras capaces de asumir la presidencia en los próximos comicios. “Estoy seguro de que de entre ellos surgirá el próximo presidente de Bolivia”, subrayó.

Mesa también aludió a la importancia del año 2025, coincidente con el Bicentenario de Bolivia, como un momento crucial para transformar el país “positivamente en función de la unidad”.

La decisión de Mesa se produce en un contexto de incertidumbre política en Bolivia, con miras a unas elecciones que definirán el rumbo del país en los años venideros. “Esta decisión razonada, con sentido de Estado, es parte de mi compromiso de hoy y de siempre con el país con el que estaré comprometido pase lo que pase”, concluyó.

(Con información de Europa Press)

A siete meses de las elecciones presidenciales de Bolivia, el escenario electoral empieza a tomar forma con algunas singularidades históricas. En los últimos 20 años el Movimiento Al Socialismo (MAS) fue el partido hegemónico que batió récords de votación a nivel nacional con Evo Morales como candidato y logró tener el control casi absoluto del Poder Legislativo durante una década.

Sin embargo, la grieta interna del partido más numeroso del país modifica el escenario político y abre posibilidades para una oposición que ve en las horas bajas del MAS una oportunidad real de llegar al poder. “Es un proceso electoral marcado por el efecto ordenador y desordenador del MAS”, resume la analista política Erika Brockmann que observa que los efectos de la crisis del partido exceden sus propios límites.

Aunque ni las alianzas políticas ni las candidaturas se han inscrito para las elecciones que se celebrarán en agosto, hay quienes han manifestado su intención de postular a la Presidencia, presentaron propuestas de Gobierno y esbozan acuerdos de unidad. Con esos avances y anuncios, se perciben al menos seis frentes electorales para la próxima contienda.

Por un lado, está el MAS, ahora legalmente bajo el control del presidente Luis Arce y sus aliados, cuyas posibilidades dependen básicamente de la gestión económica de los próximos meses. Bolivia padece problemas financieros que empezaron a sentirse en las calles desde hace dos años y se profundizaron en los últimos meses con la agudización en la escasez de dólares, un mercado paralelo de divisas, el abastecimiento irregular de combustibles y un incremento sostenido de los precios que ha provocado manifestaciones de varios sectores en un laberinto del que el Gobierno de Arce no está pudiendo salir. “Si no resuelve (la crisis económica) no va tener ningún tipo de viabilidad política y el tiempo es cada vez más corto”, explica el analista político Carlos Saavedra.

En otro frente está la militancia de Evo Morales, que según los expertos tiene un voto duro de aproximadamente el 20% del electorado lo que le da una ventaja de partida sobre sus adversarios. Sin embargo, su postulación está en entredicho por desacuerdos en la interpretación de la Constitución Política del Estado y fallos judiciales que le impedirían inscribir su candidatura con otra sigla. Aunque el líder cocalero insiste en que será él quien se postule a la Presidencia, muchos ven que el sucesor natural de Morales es Andrónico Rodríguez, el joven presidente del Senado y dirigente cocalero con formación política que podría representar a la militancia evista con un perfil más conciliador.

El bloque opositor está aún más fragmentado que el MAS. Si bien hay un esbozo de unidad en la oposición tradicional, algunos de sus miembros no parecen muy dispuestos a ceder la postulación al que tenga más posibilidades. La alianza firmada inicialmente por los ex presidentes Carlos Mesa (2003-2005), Jorge Quiroga (2001-2002), el gobernador suspendido Luis Fernando Camacho y el empresario y varias veces candidato Samuel Doria Medina, al que se sumaron otros dos políticos en la última semana, nació con algunos tropezones: Quiroga le quitó a Mesa la sigla política que lo respaldaba y al día siguiente de firmar la “unidad” salió a decir que su candidatura es irreversible.

Adicionalmente, tanto Quiroga como Doria Medina hacen campaña proselitista por separado, lo que es a la vez una muestra de la fragilidad del bloque y de la disputa legítima por asumir la candidatura de la alianza a través de una metodología que no han explicado públicamente. ¿Lograrán un candidato único justo ahora que el MAS está en plena decadencia?, es la pregunta que muchos en Bolivia se hacen.

El cuarto frente que se percibe es uno de tendencia liberal que no tiene un candidato definido, pero en el que se debaten tres o cuatro nombres que plantean profundizar el libre mercado y la limitación progresiva del poder del Estado. Uno de los que podría encabezar esta propuesta es el ex líder cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic, que ha desatado una campaña de ataque frontal contra todo el mundo siguiendo algunas tendencias de la región.

Aunque el analista Saavedra considera que lo “lo ‘anti’ es un atractivo electoral potente” y que está de moda a nivel mundial, a Marinkovic le juega en contra su pasado: tiene un historial en política que le impediría presentarse como un outsider y algunos cuestionan su gestión como ministro del Gobierno interino de Jeanine Añez. Junto a él se discuten otros nombres -entre ellos los de los economistas Jaime Dunn o Antonio Saravia- que surgieron en el debate político a raíz de su participación en los medios y las redes sociales.

A pesar de que la propuesta liberal es bulliciosa, Brockmann no cree que vaya a prosperar electoralmente. “Sigue prevaleciendo una visión que sataniza el neoliberalismo en lo económico y que es muy resistente al cambio y las medidas de estabilización, por más que éstas signifiquen recuperar la normalidad”, afirma la analista.

El quinto frente que aparece en este escenario es el encabezado por el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, un político experimentado que ya disputó la Presidencia y al que muchos acusan de ser funcional al MAS: reclutó legisladores de la oposición, exacerbó la división en las bancadas opositoras y logró la anulación de un montón de juicios y acusaciones que tenía en contra, en un país en el que la Justicia nunca ha sido del todo independiente del poder político.

Reyes Villa, que no ha querido sumarse al bloque opositor tradicional en un intento por mostrarse diferente (y posiblemente por no poner en debate su postulación), tiene una votación importante en Cochabamba que es la tercera región con mayor número de electores, donde goza de las credenciales de una buena gestión municipal. La cuestión es si el intento de sus adversarios por mostrarlo como “pro masista” le suma o le resta: algunos analistas creen que la victoria electoral y la gobernabilidad de la siguiente gestión pasa por seducir, precisamente, a los masistas desencantados.

Finalmente las encuestas muestran que el médico conservador y pastor evangélico de origen asiático, Chi Hyung Chung, podría posesionarse como candidato. Chi participó en las últimas dos votaciones (las anuladas de 2019 y las de 2020) y salió en tercer y cuarto lugar, apelando a un voto antisistema y con posiciones antiprogresistas muy marcadas. “Él de alguna manera simboliza lo distinto y eso puede tener una atracción electoral de quienes aspiran un cambio”, sostiene Saavedra.

Aunque hay mujeres que tienen una aprobación visiblemente mayor que muchos precandidatos, no ocupan la primera línea de las intenciones electorales en los partidos en un país cuya política es, en los hechos, dominantemente masculina. Las senadoras Andrea Barrientos y Cecilia Requena y la diputada Luciana Campero son algunos nombres que los analistas rescatan por su destacado trabajo legislativo, al igual que el de la multifacética María Galindo, una pensadora y activista feminista que conecta como nadie con sectores jóvenes y populares, y que tiene un satisfactorio desempeño en las encuestas.

El calendario electoral empieza a correr en un ambiente de incertidumbre y desconfianza, caldeado por la crisis económica, las disputas políticas y los múltiples frentes de polarización. Las alianzas tienen que registrarse en abril y las candidaturas en junio, por lo que las fichas que compongan el tablero político tienen todavía algo de tiempo para acomodarse.

La oposición tradicional en Bolivia conformó un bloque de unidad al que este martes se sumaron formalmente dos actores políticos, con el objetivo de hacer frente al Movimiento Al Socialismo (MAS) con una candidatura única para las elecciones presidenciales de agosto.

El rector de la universidad pública de Santa Cruz, Vicente Cuéllar, y la precandidata Amparo Ballivián se sumaron a la alianza conformada por los ex presidentes Carlos Mesa (2003-2005), Jorge Quiroga (2001-2002), el gobernador suspendido Luis Fernando Camacho y el empresario y ex candidato presidencial, Samuel Doria Medina.

Inicialmente se informó que el ex alcalde de La Paz, Juan Del Granado, también se sumaría al bloque dentro de la alianza que hizo anteriormente con Cuéllar. Sin embargo, en contacto con Infobae, manifestó que “todavía no hay decisiones” aunque no descarta su participación. “No hay ninguna decisión de nuestra parte pero vemos con simpatía estos esfuerzos unitarios, es lo que puedo decir por el momento”, manifestó.

La primera en hacer pública la adhesión fue Ballivián que, en una entrevista a inicios de mes reveló la invitación. “Después de reflexionar con mi equipo y mi grupo político sobre los pros y los contras, tomé la decisión. Primero, quiero agradecer a Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Carlos Mesa y al representante de Camacho por esta invitación. He decidido aceptarla porque creo en la importancia de buscar un candidato único de oposición para enfrentar los desafíos que tenemos por delante”, comentó en una entrevista.

Los miembros del bloque no han explicado el método que utilizarán para elegir al candidato opositor de unidad, aunque de manera independiente al menos dos de ellos -Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina- lanzaron su propuesta de Gobierno previo a la conformación del bloque. Sin embargo, al anunciar la alianza el 18 de diciembre, el ex presidente Carlos Mesa dijo que se “comprometen a hacer realidad la unidad que garantice una sola candidatura de oposición” y que los líderes que integran el bloque deben estar dispuestos a renunciar a las aspiraciones individuales.

Aunque las candidaturas no han sido aún formalizadas, se perciben al menos cinco frentes que disputarán la Presidencia. Por un lado está el bloque de la oposición tradicional que tiene la intención de elegir a un candidato único para no dispersar el voto, un frente liberal cuya candidatura se debate entre tres o cuatro nombres, la candidatura del MAS liderado por los aliados del presidente Luis Arce, el evismo que ha confirmado su participación en los comicios a través de otra sigla y la postulación del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa que fue presentada a inicios de mes.

En las elecciones previas (2005, 2009, 2014 y 2020) el voto anti masista se fraccionó con al menos dos candidaturas y el MAS ganó con porcentajes que superaron el 50%, obteniendo incluso 2/3 en el parlamento en dos legislaturas consecutivas.

La votación está prevista para el 17 de agosto de este año por lo que el calendario electoral apura la decisión de candidaturas. Las alianzas se deben registrar en febrero y el nombre de los postulantes debe ser inscrito tres meses antes de la votación, según el calendario electoral.

Los nuevos integrantes

Amparo Ballivián es economista y tiene experiencia en la función pública, fue ministra de Vivienda y Servicios Básicos durante el segundo gobierno de Hugo Banzer y presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia en 1999.

Vicente Cuéllar es el rector de la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz. Ganó notoriedad pública durante los paros y bloqueos realizados en ese departamento en noviembre de 2022 en reclamo por la realización del Censo de Población y Vivienda.

El principal bloque de oposición política en Bolivia, conformado por los ex presidentes Carlos Mesa (2003-2005), Jorge Quiroga (2001-2002), el gobernador suspendido de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y el empresario Samuel Doria Medina, emitió un manifiesto de respaldo a Edmundo González y Maria Corina Machado en la víspera de la toma de posesión del dictador Nicolás Maduro, tras unas cuestionadas elecciones y en medio de una nueva ola de protestas y detenciones que le valieron la condena internacional.

En el pronunciamiento, los opositores respaldan a González Urrutia, quien fue el adversario electoral de Maduro en las elecciones del 28 de julio pasado, a quien reconocen como vencedor de votación. “Acompañamos al presidente electo Edmundo González, a la líder democrática María Corina Machado y a la gran mayoría de los venezolanos en su decisión de cambio y de rescate de la libertad y de la democracia”, señala el documento.

Los cuatro opositores bolivianos también hicieron “un llamado a todas las fuerzas del orden de ese país a acompañar la voluntad soberana de su pueblo para una transición” pacífica del poder.

“Ha llegado el tiempo de la libertad y la democracia”, finaliza el comunicado emitido por Mesa, Quiroga, Camacho y Doria Medina, que recientemente anunciaron una alianza política de cara a las elecciones generales de Bolivia que están previstas para agosto.

Maduro fue proclamado por el oficialista Consejo Nacional Electoral (CNE) como ganador de la elección presidencial, en una votación cuestionada por indicios de fraude y sin haber presentado los resultados desglosados. En tanto, la oposición ha presentado actas que acreditan la victoria de González Urritia, quien en la última semana ha visitado varios países de América Latina recabando el apoyo de la comunidad internacional. En Panamá, recibió la visita del ex presidente boliviano Jorge Quiroga.

El jueves, en la víspera de la investidura presidencial, hubo masivas protestas en Venezuela y el partido Vente Venezuela (VV) que la líder opositora María Corina Machado fue secuestrada y posteriormente liberada por la dictadura de Maduro, tras ser “violentamente interceptada” al salir de una concentración de simpatizantes en Caracas para reivindicar la victoria de González Urrutia.

Este viernes Venezuela enfrenta una de las jornadas más críticas de los últimos años, en la que Maduro intentará asumir el tercer mandato consecutivo como mientras González Urrutia, reconocido como mandatario electo por gran parte de la comunidad internacional, promete regresar al país tras su gira por América, con el objetivo de asumir formalmente el liderazgo del Ejecutivo.

Arce no acudirá al acto en la Asamblea Nacional

El presidente de Bolivia, Luis Arce, es uno de los pocos aliados que le queda a Maduro en la región. Sin embargo -y pese a haberlo felicitado públicamente por los resultados de las presidenciales- no asistirá a la toma de posesión.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, justificó su ausencia el martes argumentando que el primer mandatario tiene una “ajustada” agenda que cumplir en estos días y por la anunciada movilización de los sectores leales al ex mandatario Evo Morales (2006-2019). Una comitiva del Gobierno acudirá en su reemplazo.

En una rueda de prensa, Alcón evitó referirse a la crisis política en Venezuela ni a los problemas diplomáticos que el Gobierno de Maduro está teniendo con otros países. “Tenemos una posición y la mantenemos con todos los países, siempre en el marco de nuestro respeto, nosotros no vamos a hacer injerencia y toda posición oficial la vamos a hacer conocer a través de la Cancillería”, señaló ante los medios locales.

Asunción, 15 nov (EFE).- Un grupo de expresidentes latinoamericanos, entre ellos los bolivianos Jorge 'Tuto' Quiroga y Carlos Mesa, así como el ecuatoriano Jamil Mahuad, se darán cita el 28 y 29 de noviembre próximos en Asunción para dialogar sobre democracia, criminalidad y otros temas de la agenda regional, anunciaron este viernes los organizadores.

Los exgobernantes y expertos de la región han sido invitados a la segunda edición del Foro Latinoamericano de las Ideas (FLI), que tendrá como lema "Conectando el presente con el futuro de América Latina".

El director del Instituto de Desarrollo de Pensamiento Patria Soñada, José Altamirano, explicó a EFE que la intención del encuentro es proveer de "insumos calificados a quienes toman la decisión en políticas públicas" y defendió la importancia de contar con quienes han tenido "el privilegio de ser administradores de los Estados".

"Es de sensatos saber aprovechar las experiencias pasadas, porque ciertamente los errores, los yerros, siempre aleccionan más que los éxitos y no es posible que habiendo tenido dificultades en la gestión gubernativa, no aprendamos de ellos", agregó Altamirano, cuya institución colabora junto a la Misión Presidencial Latinoamericana -el organismo que reúne a los expresidentes- y la Fundación de Paz Global en la organización de esta cita.

Según los organizadores, han confirmado igualmente su asistencia los exmandatarios Vinicio Cerezo (Guatemala), Luis Lacalle Herrera (Uruguay), Eduardo Duhalde (Argentina), así como los paraguayos Juan Carlos Wasmosy (1993-1998), Raúl Cubas Grau (1998-1999), Luis González Macchi (1999 -2003), Nicanor Duarte Frutos (2003-2008) y Federico Franco (2012- 2013).

La agenda que analizarán durante esos dos días estará dividida en seis áreas, entre ellas la Revolución Verde, en la que discutirán sobre iniciativas como la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques (REDD+) y las energías renovables.

Otra de las temáticas será las "Fronteras Invisibles", relativa a aspectos como la lucha contra la criminalidad transnacional.

Los asistentes analizarán igualmente la educación 360º, la inteligencia digital, Democracia 4.0 y la integración estratégica y zonas económicas especiales.EFE

La Paz, 13 nov (EFE).- El principal partido de oposición en el Parlamento boliviano, Comunidad Ciudadana (CC), del expresidente Carlos Mesa (2003-2005) alertó este miércoles que las elecciones generales de 2025 están "en grave riesgo" tras la decisión del ente electoral de cumplir un fallo que anula los comicios judiciales en algunas regiones del país.

La alianza opositora se pronunció en un comunicado después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunciara en esta jornada que acatará un auto constitucional que ordena la continuidad parcial del proceso para la elección de magistrados de las altas cortes del país, prevista para el 15 de diciembre.

"Queremos advertir que, debido a la irresponsabilidad y la falta de coherencia de los representantes de los Órganos Judicial, Electoral y Ejecutivo, con la distorsión de las elecciones judiciales, la democracia se ha resquebrajado al extremo que la elección nacional de 2025 está en grave riesgo y la propia institucionalidad se desmorona", señaló CC.

También consideró que "la autocracia y la dictadura disfrazada están en plena acción" y criticó al órgano electoral por "someter su mandato constitucional y su propia responsabilidad a la voluntad y los planes políticos del Gobierno" de Luis Arce y de los miembros "autoprorrogados" del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

CC pidió "seriedad y coherencia" a los vocales del TSE, sobre todo después del respaldo dado por representantes y líderes políticos nacionales a la continuidad del proceso en una reunión realizada el lunes por iniciativa del mismo ente electoral.

"La resolución espuria de los miembros del Tribunal Constitucional es tan nefasta como la obediencia del Tribunal Electoral. El cambio de posición cuestiona su discurso de apego a la Constitución, cumplimiento del mandato popular, preclusión, separación de poderes e independencia", manifestó la fuerza opositora.

Además rechazó el "discurso engañoso" del Gobierno de Arce durante la reunión del lunes, con un "apoyo a una elección que en los hechos buscó defenestrar desde un principio", a la vez de haber garantizado "la prórroga ilegal de los magistrados del TCP".

La semana pasada, dos magistrados del Constitucional declararon desiertas las convocatorias para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos amazónicos de Beni y Pando, y para el TCP en ambas regiones y también en Santa Cruz, Cochabamba y Tarija.

El órgano electoral pidió al Constitucional una aclaración y enmienda de esa sentencia, respuesta que se conoció en esta jornada y que ratificó la decisión de que los comicios judiciales se realicen de forma parcial.

Inicialmente, el TSE anunció que iba a continuar con el proceso de forma íntegra y buscó apoyo del Legislativo, Ejecutivo y los partidos para esto, pero hace unas horas resolvió obedecer el fallo constitucional alegando que "no se han garantizado las condiciones necesarias para llevar adelante" las elecciones en todas las regiones.

La Constitución boliviana vigente desde 2009 establece la elección por voto popular de los magistrados de los principales tribunales del país, previamente seleccionados por el Legislativo, para un mandato de seis años.

En las elecciones judiciales de 2011 y 2017 la mayoría de electores votó nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).

El mandato de los elegidos en 2017 culminó a principios de 2024, pero como las elecciones en 2023 no prosperaron, en diciembre pasado los magistrados del TCP extendieron su propio mandato y el de los jueces de las otras cortes, alegando que así evitaban un "vacío de poder" hasta que se realicen nuevos comicios. EFE

Este sábado por la tarde, sus familiares, allegados y seguidores se reunieron en la catedral cruceña, donde tuvo lugar una misa y, a su término, se dio inicio a una caravana que recorrió desde el segundo anillo de la avenida Busch hasta el quinto anillo, lugar donde fue aprehendido en 2022.

Asimismo, en señal de apoyo, activistas de organizaciones de derechos humanos se reunieron con pancartas, carteles y banderas de Bolivia en las afueras del penal de Chonchocoro, Viacha, donde Camacho está detenido. “Libertad para Camacho” y “Respeto a los derechos humanos” eran algunas de las frases que se leían en los carteles.

Asimismo, Amparo Carvajal, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, visitó al opositor en la cárcel y aseguró que “aunque le han ofrecido todo para rendirse, él sostiene que la justicia y la verdad no se compran ni se venden”.

El diputado de Creemos, la alianza política creada por Camacho, Walthy Egüez, habló con medios locales en el marco de este aniversario y sostuvo que “es importante no dejar desapercibido el segundo año del secuestro del gobernador”. “En ese sentido, la población no quiere dejar que esto quede en el olvido, porque fue un golpe duro para la democracia en nuestro departamento”, aseguró.

Camacho es uno de los líderes cívicos que comandó las protestas post electorales de 2019 que derivaron en la renuncia de Evo Morales (2006 - 2019). Después de haber participado en las elecciones generales de 2020, en las que ocupó el tercer lugar con el 14% de los votos, se postuló a la Gobernación de Santa Cruz. Ganó la contienda el 7 de marzo de 2021 con el 55% de la votación.

Sin embargo, el 28 de diciembre de 2022 fue detenido en un operativo de la Policía que evadió los anillos de su equipo de seguridad. Su detención se realizó en el marco de la investigación del denominado caso Golpe de Estado I, en el que se lo investiga por los sucesos previos a la renuncia de Morales. Su detención provocó una serie de protestas en Santa Cruz, por una acción que sus seguidores califican como un “secuestro”.

Tras su arresto, Camacho fue trasladado hasta la ciudad de La Paz y detenido de manera preventiva en el penal de Chonchocoro (El Alto), desde donde enfrenta al menos cinco procesos penales.

Su detención forzó la sucesión de la principal figura de la Gobernación cruceña, que ahora está bajo el liderazgo de Mario Aguilera, y quebró algunas alianzas locales, limitando las acciones de la oposición regional. Si bien está alejando de la política institucional por su condición legal, y la división de su bancada ha mermado sus posibilidades de influir en las decisiones legislativas, Camacho no ha dejado de ser un actor clave a nivel nacional por lo que su figura representa en Santa Cruz.

En los últimos meses, los ex presidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga lo han visitado en la cárcel con el objetivo de formar un bloque de unidad en las elecciones presidenciales de 2025 para enfrentar al Movimiento Al Socialismo (MAS). La semana pasada, se conoció que los tres líderes políticos firmaron un pacto, junto al empresario Samuel Doria Medina, al que denominaron “Unidad de la Oposición Democrática”.

Camacho, que despuntó en la política nacional en 2019 mostrándose como un “outsider”, justificó su alianza con actores que llevan más de 20 años en la política como una necesidad para derrotar al MAS, que atraviesa su peor momento por la fragmentación interna entorno a los liderazgos de Evo Morales y Luis Arce.

“Solo unidos podemos enfrentar con éxito al masismo”, escribió en sus redes sociales y pidió no boicotear la alianza. “No caigamos en las críticas y las descalificaciones a la unidad (…) está claro que quienes descalifiquen la Unidad de la Oposición Democrática estarán favoreciendo la dispersión del voto que beneficiará al MAS”, agregó.

Al margen de su detención y de no haber podido contener la dispersión de su bancada legislativa, la figura de Camacho sigue siendo importante en Santa Cruz y ha sido clave para la articulación de la alianza opositora que necesita de esa región para llegar la Presidencia. Lo que pase en las próximas elecciones será clave para definir su futuro político y posiblemente legal, en un país donde la justicia está subordinada al poder de turno.

Gina Baldivieso

La Paz, 9 nov (EFE).- El expresidente de Bolivia Carlos Mesa (2003-2005) sostuvo en una entrevista con EFE que la imagen del exmandatario Evo Morales (2006-2019) está ahora "mucho peor" que cuando el también líder oficialista renunció a la Presidencia en 2019, en medio de una de las peores crisis que ha tenido el país en este siglo.

Consultado sobre cómo ve a Morales actualmente frente a cómo estaba el también líder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) hace cinco años, Mesa respondió que "mucho peor, si cabe, porque ya era muy malo cuando renunció a la Presidencia en 2019".

El asimismo historiador y periodista dialogó con EFE sobre la coyuntura boliviana cinco años después de la crisis social y política posterior a los comicios del 20 de octubre de 2019, en los que Morales fue proclamado ganador inicialmente, pero que fueron anulados después por las denuncias de un fraude electoral a su favor.

Las denuncias surgieron por la paralización de la transmisión de resultados preliminares por casi 24 horas y el posterior cambio de tendencia en la votación que descartó una segunda vuelta entre Morales y Mesa.

Esto desató protestas ciudadanas que terminaron en la renuncia de Morales el 10 de noviembre de 2019, después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) confirmase que hubo irregularidades en los comicios.

El oficialismo asegura que Morales fue víctima de un golpe de Estado, pero sus detractores rechazan esa acusación que fue llevada a estrados judiciales a instancias del MAS.

"Los hechos objetivos demuestran (...) que lo que hubo en 2019 fue un gigantesco fraude, en ningún momento un golpe de Estado", manifestó Mesa, líder de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC),.

El expresidente consideró que hoy Bolivia está en "un momento particularmente crítico" por el "declive permanente" de su economía y por la inestabilidad social y política.

Para Mesa, "el MAS es la enfermedad política" y "Morales y Arce son el virus de esa enfermedad".

"Morales, obsesionado con la Presidencia, está en un profundo debilitamiento porque sus acciones han demostrado que no tiene un interés en resolver la crisis económica del país, ni reclama por los derechos de los más pobres, ni de los más excluidos, sino reclama por sí mismo", sostuvo.

Añadió que Morales "reclama por su supuesto derecho inexistente a la reelección presidencial" y también para que "no se lo juzgue" por las acusaciones de trata de personas y estupro que afronta.

"El país se ha dado cuenta de que (Morales) quiere resolver sus problemas a título de defender el bien común, que ha hecho un perjuicio brutal de más de una veintena de días de bloqueos de carreteras con un daño severo a una economía ya muy golpeada por la ineficiencia del Gobierno del presidente Luis Arce", afirmó.

Esos bloqueos fueron realizados por los seguidores de Morales, en medio de la pugna interna en el oficialismo por el control del partido y la definición de su candidato para las elecciones generales de 2025.

Según Mesa, la crisis de 2019 se tradujo "en un resultado nefasto para el país, con un partido que trata de controlarlo todo y que lo está perdiendo todo".

También consideró que la "decadencia" del MAS comenzó en 2016, cuando Morales se negó a acatar el resultado del referendo que le negó una nueva candidatura, y "se expresó de manera brutal en 2019" por su insistencia en postular.

Ese declive oficialista coincide con "la evidencia" de que terminó la época de "vacas gordas" y que no hubo "ningún mérito" en la gestión de Arce como ministro de Economía de Morales, ni ahora como presidente, agregó.

Mesa lamentó que el último año de Gobierno de Arce coincida con el bicentenario de la independencia de Bolivia porque el país "merecería" tener una "mejor suerte".

Opinó que Arce tiene "tiempo de rectificar" y emprender "medidas estructurales de fondo para aliviar al país de la situación dramática que está viviendo, para reconocer que su modelo es un fracaso completo".

También señaló que las elecciones de 2025 suponen la "oportunidad de un nuevo proyecto histórico" que espera que se pueda construir desde la oposición, que "no puede cometer el error de ir dividida" a esos comicios. EFE

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El ex mandatario boliviano Jorge “Tuto” Quiroga aseguró este jueves que se presentará a las elecciones de 2025 de manera “irreversible”, a pesar del acuerdo de unidad firmado en la víspera con otros líderes de la oposición en el que se acordaba elegir a un candidato en los próximas fechas.

“Yo soy candidato a presidente irreversiblemente. Voy con todo, voy con fuerza”, dijo para Radio Activa Quiroga, que ya anunció el martes que se presentaba, un día antes de unirse con el resto de opositores para presentar un acuerdo que hablaba de “renunciar a aspiraciones personales en favor de un bien común”.

Quiroga -jefe de Estado boliviano entre 2000 y 2001- se mostró convencido de tener la oferta de “claridad” y “firmeza” que Bolivia necesita en estos momentos, sin cerrar ninguna puerta a todas aquellas fuerzas que quieran trabajar en torno a su candidatura.

Otro de los que estuvo presente este miércoles en esa puesta en escena de unidad de la oposición boliviana fue Samuel Doria Medina, que ha valorado como un “error” estas declaraciones de Quiroga. “Firmar un documento en la mañana y en la noche decir ‘no lo voy a cumplir’ es sepultarse políticamente”, dijo.

“La unidad es un proceso difícil, frágil. Ha sido una demanda de la sociedad, hay que cuidarla día a día”, afirmó en una entrevista para la cadena de televisión boliviana RTP. En ese sentido, pidió a la población que no vote a los ‘grinch’ que buscan “sabotear” este proceso.

Doria Medina ha recordado que el acuerdo no definía quién sería el candidato, sino el compromiso a apoyarle una vez fuera elegido, para lo cual se barajan diferentes fórmulas, ya sea por encuestas o elecciones primarias. “Lo importante es la voluntad de no dividir el voto”, afirmó.

El miércoles Quiroga, Doria Medina, Carlos Mesa y Efraín Suárez -en representación del encarcelado Luis Fernando Camacho- presentaron un acuerdo de unidad de cara a las elecciones de 2025 con el que esperan poder sacar del poder al Movimiento al Socialismo (MAS) tras casi dos décadas.

Las primeras grietas de este pacto de unidad comenzaron a aparecer con la alianza de Quiroga con el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) para impulsar su candidatura, rompiendo así su tradicional alianza con Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa.

La promesa de unidad en la oposición también se hizo en medio de una división en el MAS por el distanciamiento entre el ex mandatario Evo Morales y el presidente Luis Arce por diferencias en el manejo del Ejecutivo y del partido gobernante, situación que agudizó la crisis económica que atraviesa Bolivia por la falta de dólares y la escasez de combustible.

(Con información de EFE y EuropaPress)

Este miércoles, los expresidentes de Bolivia Carlos Mesa (2003-2005) y Jorge Quiroga (2001-2002) anunciaron la firma de un acuerdo de unidad con dos líderes de la oposición, el empresario Samuel Doria Medina y el gobernador suspendido Luis Fernando Camacho, para las elecciones presidenciales de 2025.

“Nos comprometemos a hacer realidad la unidad que garantice una sola candidatura de oposición”, mencionó Carlos Mesa y afirmó que los líderes de la denominada “Unidad de la Oposición Democrática” deben estar dispuestos a renunciar a las aspiraciones individuales.

El anuncio se dio un día después de que Jorge Quiroga, que se proclama liberal, anunciara su candidatura en alianza con el Frente Revolucionario de Izquierda, un partido fundado en 1978 que hasta ahora respaldaba a Mesa. Doria Medina también presentó hace algunos meses su propuesta de Gobierno y su intención de volver a ser candidato a la Presidencia. De momento, no han informado qué método utilizarán para elegir a la fórmula electoral.

El objetivo principal es el mismo que persiguen desde hace al menos 15 años: derrotar al Movimiento Al Socialismo (MAS) a través de una candidatura única de oposición que hasta ahora nunca han podido consolidar.

En las elecciones previas (2005, 2009, 2014 y 2020) el voto anti masista se fraccionó con al menos dos candidaturas y el MAS ganó con porcentajes que superaron el 50%, obteniendo incluso 2/3 en el parlamento en dos legislaturas consecutivas.

Esta elección se diferencia de las anteriores por la división dentro del MAS y la crisis económica que enfrenta el país, lo que marca un escenario que parecería favorable para la oposición. Sin embargo, el analista Carlos Saavedra considera que si bien la unión de los líderes los fortalece frente a su electorado no alcanza para ganar una elección.

“Evidentemente hay una pulsión muy grande de cambio en Bolivia pero no basta con la alianza de cuatro actores. El problema recurrente que ha tenido la oposición es que no ha entendido las transformaciones políticas y de orden simbólico que atravesaba el país”, explicó en entrevista con Infobae.

La alianza ha generado todo tipo de reacciones, algunas favorables como la de la ex presidenta Jeanine Añez que ha manifestado que “el compromiso por Bolivia es un horizonte cuyo camino requiere desprendimiento personal”, y otras negativas como la del ex líder cívico Branko Marinkovic que ha mencionó que “para cambiar Bolivia necesitamos unidad en las ideas y no solo la ambición de poder de unos cuantos fracasados”.

En otro lado del espectro político, el MAS aún no ha proclamado una candidatura oficial aunque todo apunta a que las dos facciones del partido buscarán posicionar a sus líderes, el presidente Luis Arce y Evo Morales, éste último inhabilitado para postularse por una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Arce, en un intento de mostrarse democrático y diferenciarse de su antiguo jefe y mentor, manifestó ayer en un evento del partido que “ya no hay más dedazos” para elegir candidatos y que “van a ser nuestras organizaciones sociales las que decidan el futuro político y orgánico de nuestro instrumento”.

Mientras el campo electoral se organiza, las encuestas todavía generan incertidumbre y muestran una fragmentación múltiple de los liderazgos de oposición frente a un MAS que, aunque está dividido, aún está lejos de agonizar.

El ex presidente boliviano Jorge “Tuto” Quiroga (2001-2002) oficializó este martes su candidatura presidencial para las elecciones generales de 2025, marcando su distanciamiento de un acuerdo opositor que buscaba presentar un bloque unitario en esos comicios.

“Una vez en la vida, en un lugar en el mundo, en una circunstancia histórica, tenemos un instrumento en la mano para cambiar el destino de un país”, afirmó Quiroga en un evento realizado en La Paz, al tiempo que añadió que “juntos vamos a salvar a nuestra amada Bolivia”.

En su discurso, Quiroga criticó al actual Gobierno de Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS).

“Fuerza Bolivia, faltan pocos meses para que despidamos a esta lacra gubernamental”, señaló.

Horas antes del anuncio de Quiroga, el ex presidente Carlos Mesa (2003-2005) reveló que había sostenido reuniones con Quiroga, Samuel Doria Medina, líder del partido Unidad Nacional (UN), y el encarcelado gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en busca de un acuerdo unitario de la oposición.

Según Mesa, las conversaciones incluso habían derivado en un documento conjunto que sería firmado en los próximos días. Sin embargo, el anuncio de Quiroga rompió con este intento de unidad.

Quiroga liderará la alianza política “Libre”, respaldada jurídicamente por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), el mismo partido que apoyó las candidaturas de Comunidad Ciudadana (CC) en las elecciones de 2019 y 2020.

“Honrado por el apoyo de varias agrupaciones, de importantes líderes regionales, de un partido como el FRI (...) hoy puedo anunciar que contamos con la estructura jurídica y territorial para formar una alianza política que se denominará ‘Libre’ y respaldará mi candidatura”, declaró Quiroga.

En el evento de lanzamiento estuvieron presentes aliados como Rubén Costas, ex gobernador de Santa Cruz y líder del partido Demócratas, y Ernesto Suárez, ex gobernador de Beni, quien enfrentó cárcel durante el Gobierno de Evo Morales por presunto enriquecimiento ilícito.

Quiroga presentó varias propuestas económicas y sociales que forman parte de su plan de gobierno y destacó la necesidad de acuerdos con organismos internacionales para enfrentar la crisis.

“Debemos resucitar la producción gasífera con una agresiva rebaja de impuestos para nuevas exploraciones y poder atraer inversiones que preserven el mercado de Brasil”, dijo sobre uno de los sectores estratégicos de Bolivia.

Respecto al litio, propuso un modelo que trascienda el extractivismo, garantizando que los recursos naturales sean manejados en “beneficio del pueblo” a través de un fondo mutuo.

“La propiedad del litio, del gas, del hierro, de los servicios eléctricos y de telecomunicaciones debe ser realmente del pueblo”, aseguró.

“Enfrentamos el desafío más grande en un momento determinante de nuestra historia. Les pido confianza, la honraré; otórguenme mandato, lo ejerceré; pido el apoyo de todos y les garantizo estabilidad, inversión, seguridad, prosperidad y libertad”, prometió.

Trayectoria política

Quiroga fue vicepresidente del Gobierno democrático de Hugo Banzer (1997-2001) y en agosto de 2001 asumió la Presidencia de Bolivia tras la renuncia de Banzer por razones de enfermedad (cáncer de pulmón) y completó la gestión presidencial hasta agosto de 2002.

En diciembre de 2019, fue designado “delegado especial” del Gobierno interino de Jeanine Áñez (2019-2020) para denunciar ante la comunidad internacional violaciones de derechos humanos en el país durante la crisis política de ese año.

Estudió ingeniería industrial en la Universidad de Texas A&M (Estados Unidos), donde se graduó con honores. Posteriormente, obtuvo una maestría en Administración de Empresas (MBA) en la Universidad de St. Edward’s, también en Estados Unidos.

Antes de dedicarse a la política, trabajó en el sector privado, incluyendo posiciones en empresas multinacionales como IBM.

Su gobierno se centró en estabilizar la economía y fortalecer relaciones internacionales. Sin embargo, su periodo fue breve y no estuvo exento de tensiones sociales, características de la política boliviana de esa época.

(Con información de EFE)

“Es la prueba de la infamia y de la persecución que la dictadura de Bolivia hace contra el ex Presidente, de la violación de los Derechos Humanos con jueces que son verdugos y títeres del régimen, y encubren los crímenes de (Evo) Morales, (Luis) Arce y los que controlan el país desde hace años”, comenzó diciendo Sánchez Berzaín durante su participación en el programa Que No Me Pierda, antes de sumar que el Gobierno impulsa estrategias de intimidación contra la disidencia como lo hacen los regímenes de Nicolás Maduro en Venezuela, Miguel Díaz-Canel en Cuba y Daniel Ortega en Nicaragua.

“Es una prueba fehaciente de que, hoy en día, Bolivia al igual que Cuba, Venezuela y Nicaragua aplica el mecanismo de terrorismo de Estado judicializado para perseguir a los opositores, a la gente cuya reputación quiere dañar y, además, utiliza todo esto como una cortina de humo para encubrir todo lo que está pasando en el país”, denunció a continuación.

La víspera, tras 20 años de investigaciones, la Justicia de Bolivia determinó que el ex Presidente, junto con los dos ex ministros Jorge Berindoague y Carlos Alberto Contreras, y el ex viceministro Carlos Alberto López fueron “autores de la comisión de delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica” tras haber aprobado contratos petroleros sin aval del Legislativo, y los condenó, por tanto, a seis años y tres meses de cárcel.

Todo el proceso se dio con los acusados en calidad de rebeldía, especialmente en el caso de Sánchez de Lozada quien, desde 2003, reside en Estados Unidos. Esto significa que, para cumplir con la sentencia impuesta, Washington debería aprobar el pedido de extradición que Bolivia ya ha realizado en el pasado, algo que aún no ha ocurrido y que Sánchez Berzaín ve poco probable.

“La narrativa que el régimen (de Luis Arce) está imponiendo es totalmente falsa. No es cierto que esos contratos no hayan tenido autorización legal”, aseguró con tono de confianza y, por el contrario, sumó que se trata de una “manipulación de la Justicia, que no es Justicia sino un grupo de títeres que persigue a inocentes y logran esto que llaman sentencia”.

De hecho, mencionó que durante el proceso judicial “se han violado todas las garantías”, entre ellas “la presunción de inocencia, el debido proceso legal, el principio de juez imparcial, el principio de que en ese proceso -estando declarado en rebeldía el acusado- no hay manera de que el juicio prosiga e, igualmente, prosiguió”. “Es una sentencia infame que se define como una disposición de autoridades incompetentes que, además, violan los Derechos Humanos y no tienen principio de aplicación (...) Esa sentencia no vale más que las que han dictado (...) los jueces de las dictaduras de Cuba y Venezuela”, sentenció.

El ex Ministro de Gobierno también se refirió a la situación de los ex mandatarios Jorge Tuto Quiroga y Carlos Mesa, quienes estuvieron involucrados en los contratos pero fueron excluidos del caso por una amnistía otorgada por Morales, y alertó que esto no es más que una “prueba de la relación de la alta traición a la patria de los opositores funcionales, que simulan estar haciendo oposición a un Gobierno del que son parte”. “Eso sirve simplemente para tratar de presentar a Bolivia como una democracia cuando, en realidad, es una dictadura”, continuó.

En ese sentido, opinó también sobre el presente del país, que no tiene gas, gasolina o dólares para pagar sus importaciones, ni excedentes para exportación, y responsabilizó de todo ello a Movimiento al Socialismo, que lidera “un narcoestado”.

“Estamos mirando un sistema de crimen organizado que no es política, donde el crimen se tapa con amnistía, y amnistía con amnistía se paga. Estamos camino a ser Cuba y Venezuela de la mano de estos opositores funcionales”, dijo.

La Paz, 7 nov (EFE).- La realización de las elecciones judiciales en Bolivia previstas para diciembre volvió a quedar en vilo después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declarara desiertas las elecciones de magistrados de esa corte y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en cinco de las nueve regiones del país.

Medios locales difundieron este jueves la parte resolutiva de un fallo del TCP que declara desiertas las convocatorias para el TSJ en los departamentos amazónicos de Beni y Pando, y para el Constitucional en ambas regiones y también en Santa Cruz, Cochabamba y Tarija.

La sentencia corresponde a dos expedientes abiertos ante acciones presentadas por dos postulantes que no llegaron a la fase final de la preselección en el Legislativo.

La realización de los comicios estuvo también en riesgo en octubre por los fallos de dos salas constitucionales de Beni y Pando, a instancias de candidatos inhabilitados, pero otro tribunal dispuso la continuidad del proceso electoral.

En esta oportunidad la sentencia sale de la máxima instancia constitucional boliviana.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) todavía no se ha pronunciado sobre las consecuencias que tendrá el fallo, aunque ese órgano ha alertado varias veces de que había numerosos amparos constitucionales que no estaban resueltos y que ponían en riesgo la realización de los comicios.

En la víspera, el vocal electoral Francisco Vargas ratificó en la red X su preocupación porque el TCP no se pronunció "aún sobre la revisión de los amparos constitucionales concernientes a las Elecciones Judiciales como se comprometió hace semanas".

"Reiteramos una vez más que el sistema democrático en Bolivia corre el riesgo de ser dañado si el proceso electoral sufre una suspensión o postergación", alertó.

En la misma red social, el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) calificó la decisión del TCP como "nuevo golpe a la democracia" que viola "los principios de separación de poderes".

"Asumiendo el rol de jueces y parte, los autoprorrogados deciden eliminar la elección del Tribunal Constitucional y cercenar la elección del Tribunal Supremo para prolongar indefinidamente su inconstitucional ejercicio de cargo, favorecer al MAS (el gubernamental Movimiento al Socialismo) en las elecciones de 2025, proteger la corrupción y perseguir opositores", criticó Mesa.

El también líder de la fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC) alertó de que este fallo "es devastador no solo para la justicia sino para la democracia y la institucionalidad, porque instala una dictadura masista abierta", en referencia al oficialisto Movimiento al Socialismo (MAS).

La Constitución boliviana vigente desde 2009 establece la elección por voto popular de los magistrados de los principales tribunales del país, previamente seleccionados por el Legislativo, para un mandato de seis años.

En las elecciones judiciales de 2011 y 2017 la mayoría de electores votó nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del MAS.

El mandato de los elegidos en 2017 culminó a principios de 2024, pero como las elecciones en 2023 no prosperaron, en diciembre pasado los magistrados del TCP extendieron su propio mandato y el de los jueces de las otras cortes, alegando que así evitaban un "vacío de poder" hasta que se realicen nuevos comicios.

Esto generó fuertes protestas de la oposición y de los seguidores del expresidente y líder oficialista Evo Morales (2006-2019), que a principios de año bloquearon caminos para exigir que se convocara a los comicios judiciales.

Hace tres semanas, los sectores afines a Morales anunciaron un amparo contra las elecciones judiciales al considerar que los pueblos indígenas no están debidamente representados en el proceso actual, pese a que los listados de candidatos se conocieron en agosto. EFE

El ex presidente boliviano Carlos Mesa se refirió este jueves a la crisis política que atraviesa el país, en particular a las disputas al interior del Movimiento al Socialismo, e instó a Evo Morales a desistir en su lucha por presidir el partido.

“Tiene que entender que su tiempo se acabó y que, además, tiene que responder a acusaciones que no son de carácter político, sino mucho más graves, de carácter moral, que tiene que ser juzgado, y que tiene que aceptar su enjuiciamiento y enfrentarlo con valentía, si la tiene todavía”, dijo el ex mandatario sobre la situación actual del cocalero, que es cada vez más complicada.

En el último tiempo, Morales fue denunciado ante la Justicia por estupro y trata de personas, acusado de fomentar los bloqueos de caminos en el país, impedido de ser candidato a la presidencia en las elecciones de 2025 y desplazado de la dirección del MAS, tras casi tres décadas en el cargo.

Mientras la causa en su contra avanza en los tribunales, con una inminente orden de aprehensión, lista para ejecutarse, y la tensión se mantiene latente entre el oficialismo y sus seguidores, el cocalero se quedó sin partido y sin candidatura. A comienzos de noviembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) reiteró que “ninguna autoridad electa que hubiera superado dos candidaturas anteriores podrá candidatearse y, menos, ejercer el cargo de Presidente”, lo que, por representar la situación de Morales, lo dejó automáticamente desplazado de la posibilidad de buscar una reelección.

A eso se sumó que, esta semana, el Tribunal Supremo Electoral ratificó la designación de Grover García -un afín a Luis Arce- al frente del partido, poniendo fin a la lucha que durante meses libró contra el gobernante y que acabó también perdiendo.

En este contexto, Mesa insistió, durante su participación en la segunda edición del Foro Latinoamericano de las Ideas (FLI), que “el futuro político de Evo Morales debería ser irse a su casa, porque no tiene derecho constitucional alguno a ser candidato”.

A continuación, cargó también contra los miembros que sí están vigentes dentro del masimso -especialmente a Arce y sus seguidores- y los responsabilizó por la “gravísima crisis macroeconómica, estructural, institucional, política y social” que atraviesa el país desde hace años.

En una definición metafórica de la situación de Bolivia, el político opositor sostuvo que “el MAS es una enfermedad muy grave que el país está enfrentando y el virus que lo expresa tiene dos caras: Luis Arce, por un lado, y Evo Morales, por el otro”. Es por ello que es fundamental que las fuerzas políticas se unan y trabajen en la construcción de “un proyecto alternativo”, agregó.

La oposición “puede ganar perfectamente” las elecciones presidenciales de 2025, siempre y cuando no llegue a esta instancia “fragmentada” y sin una “figura sólida”. “Su unidad es un imperativo, no una opción, porque no nos podemos dar el lujo, en un momento como este, de desaprovechar la oportunidad de caída brutal y evidente, ineluctable, del modelo económico y la división interna del MAS”, apuntó al respecto.

(Con información de EFE)

Una diputada boliviana de oposición solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de la ex presidenta Jeanine Añez; el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; y el ex líder cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, quienes están encarcelados por acusaciones vinculadas a la crisis política de 2019.

La diputada de Comunidad Ciudadana Luisa Nayar manifestó en conferencia de prensa que se decidió hacer la solicitud a la CIDH tras haber agotado todas las instancias internas. En su solicitud, la legisladora pide que se declare que el Estado boliviano violó las garantías establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos “particularmente en lo que respecta a la integridad personal, la libertad, la legalidad y el debido proceso”.

En segundo lugar se solicita que dicten medidas de protección disponiendo la liberación de los detenidos y se adopten de medidas para garantizar el respeto de los derechos humanos, el principio del juez natural, el debido proceso y la transparencia.

El pasado 3 de octubre, Nayar presentó una acción de libertad en Bolivia en favor de Áñez, Camacho y Pumari, con la intención de sentar un precedente legal que permita llevar el caso a instancias internacionales. “No nos vamos a cansar de exigir en todas las instancias que sean necesarias la liberación de los presos políticos que tenemos en el país”, sostuvo la diputada.

La ex mandataria y los dos cívicos a los que hace referencia Nayar enfrentan causas relacionadas a los sucesos post electorales que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019, en medio de acusaciones de fraude electoral y manifestaciones sociales que cobraron fuerza con un motín policial y con la sugerencia de la cúpula militar para que el jefe de Estado renuncie al cargo.

Camacho comandaba las protestas en Santa Cruz y Pumari en Potosí, que luego se extendieron por todo el país. Tras la renuncia de Morales, la entonces segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Añez, asumió la presidencia del Senado y luego de la del Estado en sesiones que no cumplieron con los procedimientos legales establecidos. Los tres fueron inicialmente acusados por los delitos de terrorismo, seducción de tropas y conspiración.

La ex presidenta fue detenida en marzo de 2021 y está recluida desde entonces en una cárcel de La Paz donde también cumple una sentencia de diez años por otro caso. Meses después, en diciembre de 2021, Pumari fue detenido y está encarcelado en el penal de Cantumarca en el departamento de b. Finalmente, Luis Fernando Camacho fue detenido por la Policía en diciembre de 2022 y cumple detención preventiva en el penal de Chonchocoro, en El Alto.

En septiembre, el ex ministro de Justicia, Iván Lima, reveló que uno de los juicios que enfrenta Añez se llevó por la vía ordinaria, y no a través de un juicio de responsabilidades, “por capricho” de Evo Morales, lo que avivó los reclamos sobre la situación jurídica de la ex presidenta.

Varios actores políticos pidieron en ese momento que fuera liberada de los cargos que enfrenta, entre ellos el ex mandatario Carlos Mesa que escribió: “La confesión de Iván Lima evidencia que los procesos que le siguen a la expresidenta Jeanine Añez son producto de un complot, carecen de fundamento y son simple persecución política”.

Según la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia de Bolivia, citada por el periódico El Deber, en el Gobierno de Luis Arce se registran más de 300 casos de persecución judicial por motivos políticos y cuentan con documentación detallada de la existencia de 172 presos políticos.

La Paz, 6 nov (EFE).- El oficialista Andrónico Rodríguez, del bloque afín al expresidente Evo Morales (2006-2019), fue reelecto este miércoles como presidente de la Cámara de Senadores para la gestión 2024-2025.

De los 36 votos contabilizados, 20 fueron a favor de Rodríguez, 14 en contra y dos emitieron voto nulo, luego de una votación por escrutinio y no nominal como pedían algunas senadoras de la oposición.

En la víspera Omar Yujra, del sector oficialista afín al mandatario Luis Arce, fue elegido presidente de la Cámara de Diputados en una caótica sesión, entre empujones e insultos entre los legisladores oficialistas.

La senadora Simona Quispe tomó el juramento a Rodríguez, quien asumió el cargo con el puño izquierdo en alto y después fue él quien hizo jurar a los cinco miembros de la nueva directiva en el Senado, entre oficialistas y opositores.

En la sesión en la Cámara de Senadores hubo un momento de tensión cuando las senadoras de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), Cecilia Requena y Andrea Barrientos, pidieron que la votación se caracterizara por la transparencia y propusieron que fuera nominal.

En el sufragio nominal cada legislador se identifica, vota de forma oral y luego da una breve explicación de su voto, según la norma legislativa vigente. Sin embargo, se decidió que el voto fuera por sufragio, es decir, cada emitió su voto y lo dejó en un sobre cerrado dentro de un ánfora.

"Es lamentable que los senadores y senadoras no hayan mostrado su voto, es lamentable los 30.000 bolivianos (unos 4.000 dólares) que se han ofrecido (por los votos), lo lamento y lo reprocho, así no se construye un país", denunció Barrientos al terminar la sesión legislativa.

A pedido de un senador, se puso a votación la reconsideración de la elección de la nueva directiva, sin embargo, no tuvo mayoría y finalmente fue rechazada.

Rodríguez, del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), asumió la presidencia de la Cámara de Senadores en 2020, forjó su carrera política en el Trópico de Cochabamba, bastión político y sindical de Morales, por lo que se lo considera muy allegado a él e, incluso, su eventual sucesor.

El pasado 26 de junio, cuando el Gobierno de Luis Arce denunció un "intento de golpe de Estado" tras la irrupción de militares en la sede del Ejecutivo, en La Paz, el entonces ministro de Justicia, Iván Lima, acusó a Rodríguez de ser parte de esa acción para forzar una sucesión ilegal de la presidencia.

La denuncia fue rechazada por Rodríguez, quien aseguró que no fue parte de "ningún plan".

La elección legislativa se da en medio de un bloqueo de carreteras que desde hace 23 días realizan en el centro del país un grupo de seguidores de Morales, para defender a su líder ante una posible orden de captura por un caso de trata de personas y estupro.

Luego de conocer la reelección de Rodríguez como presidente del Senado, el expresidente del país Carlos Mesa (2003-2005) afirmó que es "un desprecio" a la población en general y al sector productivo, que ah soportado 23 días de bloqueos de gente afín a Morales.

"Sobre todo es una burla a los policías y periodistas que fueron agredidos por las huestes de Morales y que seguramente no tendrán justicia. El MAS muestra nuevamente que para ellos, los intereses oscuros, la complicidad y la ambición por el poder están por encima de la dignidad del país, la economía y la justicia", publicó Mesa en su cuenta de X. EFE

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Santa Cruz (Bolivia), 29 oct (EFE).- Un enfrentamiento entre policías y seguidores del expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) dejó este martes más de una decena de agentes y periodistas heridos, durante un operativo para despejar los bloqueos que se mantienen en Mairana, una población de la región oriental de Santa Cruz.

Los policías llegaron esta madrugada hasta Mairana, a 133 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz sobre la carretera antigua hacia la región central de Cochabamba, para despejar la ruta y retomar el control de la unidad policial que en la víspera fue tomada por los leales a Morales.

Inicialmente, los agentes lograron liberar la carretera con el uso de gases lacrimógenos, pero los manifestantes se reagruparon y arremetieron contra los agentes con piedras y dinamita.

Durante el enfrentamiento, un agente fue rodeado por los manifestantes quienes lo golpearon hasta dejarlo tendido en el piso y con varias heridas en el cuerpo, según se vio en un video difundido por medios locales.

La Policía reportó en una publicación en sus redes sociales que hay trece agentes heridos que fueron trasladados a la ciudad de Santa Cruz, la mayoría de ellos con heridas producto de los golpes.

Tras ser rebasados, los agentes tuvieron que retroceder para regresar a Santa Cruz y durante la salida, varios periodistas fueron agredidos. Uno de los comunicadores de un canal de televisión local fue alcanzado por una piedra y resultó con una herida en la cabeza.

El expresidente boliviano Carlos Mesa (2003-2005) denunció que "los bloqueos generados por Morales y sus seguidores se están convirtiendo en uno de los conflictos más peligrosos para el trabajo de los periodistas" en el país.

Los seguidores de Morales mantienen un bloqueo indefinido de caminos hace 16 días para exigir que el Gobierno de Luis Arce retire los procesos judiciales por trata de personas y estupro contra el también líder del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).

Los sectores oficialistas afines a Morales consideran que esas investigaciones hacen parte de una persecución política para evitar que el exmandatario sea candidato presidencial en 2025.

Desde que se conoció sobre una posible orden de captura, el expresidente no ha salido del Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical.

Los pobladores de Mairana informaron que las personas que bloquean la vía no son de la región y pidieron que se vayan del lugar.

"Hay niños y personas mayores que sufren por los bloqueos, queremos que se vayan", dijo uno de los pobladores a los medios locales.

La vicepresidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Mavy Pedraza, refrendó la denuncia del poblador y señaló que ha sido un día "realmente conflictivo".

"Han trasladado personas de otros lugares; sabemos que han traído gente de Ivirgarzama (en el Trópico de Cochabamba) para bloquear en nombre de los derechos de Evo Morales. Hoy han arremetido contra nuestra gente", manifestó Pedraza en una conferencia de prensa.

Morales y Arce están distanciados desde finales de 2021 por una pugna por el control del MAS y el Ejecutivo boliviano. EFE

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Gabriel Romano Burgoa

La Paz, 29 oct (EFE).- El expresidente de Bolivia Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) dijo en una entrevista con EFE que el exmandatario y líder oficialista Evo Morales (2006-2019) busca retomar el poder mediante los bloqueos que realizan sus seguidores para conseguir "impunidad" ante la investigación judicial en su contra por trata de personas y estupro.

"¿Qué busca Evo Morales? Retomar el poder para tomar el control de los jueces, del órgano Electoral, que le den la sigla partidaria (del Movimiento al Socialismo - MAS) y le habiliten su candidatura", mencionó.

Morales pretende "tener el poder" para conseguir "impunidad" y eludir los procesos judiciales por estupro y trata de personas, agregó.

Morales, quien es líder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), denunció que el domingo en la madrugada el vehículo en el que se trasladaba recibió al menos 14 disparos y que su chófer resultó herido en la cabeza, por lo que acusó Arce de planificar ese operativo junto con dos de sus ministros para acabar con su vida.

Según Quiroga, lo que sucedió fue un ataque a la Policía para evadir un puesto antinarcóticos, consideró que tanto Arce como Morales "tienen la credibilidad absolutamente destrozada" y lo que hacen con sus declaraciones es "pulverizar la imagen del país".

El exgobernante lamentó que esto suceda mientras los sectores leales a Morales mantienen en pie los bloqueos de caminos desde hace tres semanas para exigir que se retiren los procesos judiciales por estupro y trata de personas contra Morales, la renuncia de Arce y el adelantamiento de las elecciones, situación que ha agudizado la escasez de dólares y de combustibles y la inflación.

Quiroga afirmó que esos pedidos no hacen más que confirmar lo que Morales dijo en septiembre, cuando comandó una marcha que recorrió 187 kilómetros hasta La Paz, respecto a que el titular del Senado, Andrónico Rodríguez, podría asumir la Presidencia del país si Arce y su vicepresidente, David Choquehuanca, "abandonan al pueblo".

Esto "deja a la gente sumida en una profunda vergüenza" y "nadie cree a ninguno de esos dos bandos (Morales y Arce)", añadió.

Además, dijo que las imágenes del supuesto atentado que fueron registradas por los colaboradores de Morales "parecen las de una serie de narcos de Netflix" o una zona como el Trópico de Cochabamba, bastión político de Morales, en la que son constantes los casos de narcotráfico.

Este lunes, el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, dijo que el vehículo en el que iba Morales buscó evitar un control antidrogas y en medio de esa situación atropellaron a un agente y le dispararon a los miembros de la Policía que este estaban en el lugar.

Para el expresidente Quiroga, la pelea entre Arce y Morales brinda una "gran oportunidad" para que los partidos de oposición, divididos desde que el MAS llegó al poder en 2006, consoliden "una gran unidad" hacia las elecciones del próximo año.

Esto podría generar "una mayoría que permita salvar la economía y rescatar la democracia de Bolivia".

"La gente ya se da cuenta que el MAS ahora es una minoría, estén juntos o divididos da lo mismo, son minoría y existe la oportunidad para un proyecto alternativo", añadió.

Las recientes visitas por separado de Quiroga y del expresidente Carlos Mesa (2003-2005) al líder opositor y gobernador suspendido Luis Fernando Camacho, recluido en una cárcel en el altiplano boliviano desde finales de 2022 por los hechos de la crisis política de 2019, se han visto como señales de que la oposición busca reagruparse.

A ellos se suma el empresario opositor Samuel Doria Medina, quien ya presentó un plan para solucionar la "crisis" de Bolivia y se abrió a la posibilidad de formar un bloque con Quiroga, Mesa y Camacho. EFE

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Cochabamba (Bolivia), 24 oct (EFE).- Comerciantes, productores agropecuarios y empresarios protestaron este jueves en la región boliviana de Cochabamba en contra de los bloqueos de carreteras que realizan desde hace once días los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) sobre todo en ese departamento central.

Una de las protestas más numerosas fue la de los comerciantes de mercados populares en la ciudad de Cochabamba, que decidieron cerrar sus puestos de venta y marchar hasta la plaza principal, donde están las sedes de la Gobernación y el Legislativo regionales y del Comando Departamental de la Policía.

Los manifestantes exigieron a las autoridades regionales que actúen en defensa de Cochabamba y a la Policía que desbloquee las carreteras, ya que la mayoría de los cortes de rutas se registran en ese departamento, con graves afectaciones a su economía.

"Desbloqueo, desbloqueo", "la Policía tiene que desbloquear", "basta de abusos", eran los reclamos de los comerciantes que incluso advirtieron con ir ellos mismos a levantar los cortes de rutas.

También hubo manifestaciones de artesanos, vendedores callejeros y sectores productivos como los avícolas, porcicultores, pequeños industriales y la patronal regional de Cochabamba, donde se calcula que las pérdidas económicas ascienden hasta el momento a 950 millones de bolivianos (unos 136,4 millones de dólares).

El reporte de transitabilidad de la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) muestra veinte puntos de bloqueos, de los que 16 están en distintas carreteras de Cochabamba, sobre todo en una de las troncales que conecta el oriente y el occidente del país.

También hay otros dos bloqueos en la región andina de Oruro, uno en Potosí y uno en la oriental Santa Cruz, cerca del límite con Cochabamba.

En la víspera, la Fiscalía boliviana reportó un "ataque con disparos" contra un grupo de policías que iban a despejar la carretera que une a Oruro y Potosí.

Los sectores oficialistas afines a Morales bloquean carreteras desde el 14 de octubre ante una posible orden de captura en su contra por un caso de trata de personas y estupro por la supuesta "violación" de una menor con la que habría tenido un hijo cuando era presidente del país.

También reclaman al Gobierno soluciones a la escasez de dólares y combustibles, y al encarecimiento de algunos alimentos, problemas que se agudizaron como consecuencia de los bloqueos.

Los grupos que bloquean consideran que la denuncia contra Morales es parte de una persecución política al también líder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) y recientemente amenazaron con que los bloqueos persistirán hasta lograr la renuncia del presidente Luis Arce.

Por su parte, el mandatario afirmó el martes que "no se puede pretender que con bloqueos se busquen candidaturas" y anunció que se despejarán las carreteras "gradualmente".

El expresidente Carlos Mesa (2003-2005) sostuvo en X que "los bloqueos masistas (de militantes del MAS), motivados por el afán de impunidad de Morales, y la inacción de Arce, están causando un desastre económico, social y humanitario en Cochabamba", que puede extenderse a otras regiones y "provocar caos y violencia fratricida".

"Ambos son responsables de los bloqueos y les exigimos que detengan el daño que le están haciendo al pueblo boliviano", agregó el también líder de la fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC).

El conflicto y la denuncia contra el exgobernante se dan en medio de la pugna interna entre Arce y Morales por el control del MAS y el Ejecutivo, y por la definición de la candidatura presidencial para 2025. EFE

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El ex presidente de Bolivia Carlos Mesa (2003-2005) dijo este jueves que el ex mandatario Evo Morales (2006-2019) “ha sobrepasado todos los límites”, después de que el también líder del oficialismo dijera en una entrevista que habrá “levantamientos” de indígenas y militares si es apresado.

“Evo Morales ha sobrepasado todos los límites de la tolerancia y la racionalidad al promover la violencia contra ciudadanos civiles, policías y periodistas en sus bloqueos, y sugerir que habrá levantamientos y golpe militar si se lo obliga a responder en la Justicia por los graves delitos de los que es acusado”, publicó Mesa en su cuenta de X.

El también líder de la fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC) consideró que el “afán” de Morales de “enfrentar a los bolivianos y su intención de destruir la economía, son un peligro para el país”.

Los afines a Morales bloquean vías, sobre todo en la región central de Cochabamba, desde hace 18 días para que se retiren los procesos judiciales contra el ex mandatario por trata y estupro, para exigir una la solución a la situación económica del país y por la defensa de la candidatura presidencial del líder oficialista para las elecciones de 2025.

Morales afirmó el miércoles que si lo detienen habrá un “levantamiento” contra Arce por parte de los movimientos indígenas y que se amotinarán policías y militares.

También en X, la ex presidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) calificó a Morales de “maleante y mafioso” por “poner como escudo humano a campesinos armados” en los puntos de bloqueo.

“Luis Arce tiene tanto miedo a Evo Morales y al Chapare (la zona central del Trópico de Cochabamba) que cada día se vuelve más cobarde y más irresponsable con el país”, escribió Áñez, que está encarcelada desde 2021 por la crisis social y política de 2019 en el país.

En la víspera, el presidente Arce señaló que los enfrentamientos ocurridos durante distintos intentos de desbloqueo de carreteras han dejado hasta el momento 70 heridos, 61 policías y nueve civiles, y que la medida de presión ha dejado pérdidas económicas que ascienden a 1.700 millones de dólares.

Arce también dio un ultimátum a los seguidores del ex gobernante y líder oficialista para que levanten los bloqueos y si persisten, advirtió con cumplir con sus “facultades constitucionales” para liberar las carreteras.

Por su parte, Morales acusó a Arce de lanzar “amenazas” contra sus seguidores movilizados y responsabilizó al gobernante por “cualquier acto de violencia” que ocurra en el país.

Arce y Morales están distanciados desde 2021 por diferencias en la administración del Estado que se profundizaron ante la necesidad de renovar la dirección nacional del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) y definir la candidatura oficialista para las elecciones de 2025.

(Con información de EFE)

Gabriel Romano Burgoa

La Paz, 20 oct (EFE).- Los principales líderes de la oposición en Bolivia han abierto el camino de una posible unificación, un proyecto tan repetitivo como esquivo, que les permita juntar fuerzas para vencer en las elecciones de 2025 al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) afectado por su división interna.

Las visitas por separado de los expresidentes Jorge 'Tuto' Quiroga (2001-2002) y Carlos Mesa (2003-2005) al líder opositor y gobernador suspendido de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, recluido en una cárcel del occidente de Bolivia desde finales de 2022 por los hechos de la crisis política de 2019, es una de las señales de la que la oposición busca reagruparse.

Ambos exmandatarios reconocieron que el motivo de ese encuentro con Camacho, cuya principal fortaleza política está en el departamento de Santa Cruz (oriente), la región más poblada del país, fue proyectar una "alternativa nacional" que rompa con la hegemonía de los casi 20 años del MAS, sin contar con el mandato interino de Jeanine Áñez (2019-2020).

A los tres líderes se suma el empresario opositor Samuel Doria Medina, quien hace unos día presentó un plan para solucionar la "crisis" de Bolivia, marcada por el incremento de precios, la escasez de dólares y la irregular provisión de combustibles.

El empresario se abrió a la posibilidad de formar un bloque con Quiroga, Mesa y Camacho además que planteó que el candidato presidencial sea quien tenga más respaldo de la población.

El MAS atraviesa por una pugna entre sus líderes, el expresidente Evo Morales (2006-2019) y el mandatario Luis Arce, distanciados desde finales de 2021 por diferencias en la forma de conducir el Ejecutivo y la urgencia de renovar la directiva del MAS para elegir un candidato presidencial.

"Este es el escenario más propicio que se ha presentado después de 19 años de Gobiernos del MAS para que la oposición gane en las próximas elecciones", dijo a EFE Carlos Alarcón, legislador del partido opositor Comunidad Ciudadana, liderado por Mesa.

Alarcón consideró que la unidad de la oposición debe pasar por los líderes principales (Mesa, Quiroga, Doria Medina y Camacho) debido a la experiencia que tienen en el Estado para que después se incluya a otros liderazgos.

Por su parte, Centa Rek, senadora de Creemos, partido que lidera Camacho, mencionó a EFE que "la oposición en Bolivia está muy debilitada" ya que "no existen partidos políticos activos" sino tan solo alianzas coyunturales y grupos políticos que participan en elecciones con siglas prestadas.

Consultada sobre una posible unificación de Mesa, Quiroga y Camacho, Rek advirtió que "todos los opositores penden de un hilo" por los procesos que afrontan o aquellos en los que son testigos, por lo que "en cualquier momento puede volverse personas que estén sindicadas".

La oposición, como el MAS, está dividida. De un lado, las facciones de Mesa, Quiroga, Doria Medina y Camacho se hacen llamar "verdadera oposición".

El otro lugar está ocupado por los "opositores funcionales" llamados así por ser cercanos al Gobierno de Arce, como el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, quien fue candidato presidencial en 2010; o el de Santa Cruz, Jhonny Fernández, que tienen proyectos políticos separados.

En la cola están los partidos históricos, pero debilitados, como el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que fue el más importante del anterior siglo, o el Partido Demócrata Cristiano (PDC) entre otros.

Para el politólogo Franklin Pareja, la oposición "no llevan una vida organiza capaz de construir un proyecto alternativo", lo que le obliga a "repetir el mismo libreto" de juntarse unos meses antes de una elección para competir ante el MAS sin una ideología propia y sin una estructura jerárquica, lo cual la vuelve "frágil".

Desde que el MAS ganó su primera vez una elección nacional en 2005, que significó la llegada de Morales a la Presidencia hubo cuatro comicios (2009, 2014, 2019 -anulada- y 2020). EFE

La Paz, 17 oct (EFE).- Opositores bolivianos calificaron este jueves de "infamia" y "venganza" el juicio contra la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) y el opositor gobernador suspendido de la región de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por sus roles en la crisis de 2019 que derivó en la renuncia del entonces mandatario Evo Morales (2006-2019).

"Hoy se escenifica una de las infamias de nuestra historia política, que muestra de manera descarnada la vileza del régimen masista (del gubernamental Movimiento al Socialismo - MAS) y la degradación del sistema judicial", escribió en la red social X el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), que lidera a la opositora Comunidad Ciudadana (CC).

Mesa cuestionó que "tres líderes políticos son sometidos a un juicio ilegal, inconstitucional e injusto por un delito inexistente para encubrir el monumental fraude electoral de Morales", el exvicepresidente Álvaro García Linera "y sus cómplices que continúan impunes".

También expresó su "solidaridad" con Áñez, Camacho y con el exlíder ciudadano de la región andina de Potosí Marco Pumari, a quienes se refirió como "perseguidos y presos políticos y víctimas de un régimen que viola la Constitución y los DDHH".

En la misma red social, el empresario opositor Samuel Doria Medina sostuvo que el juicio, que comenzó este jueves, "no es más que la venganza del MAS (oficialista Movimiento Al Socialismo) contra los líderes de la gran movilización que en 2019 detuvo el fraude electoral con el que este partido quería eternizarse en el poder".

"Constituye una violación a los derechos de expresión y organización de estos líderes y, por tanto, de todos los bolivianos. Camacho, Añez y Pumari son presos políticos y ahora se han convertido en imputados políticos", aseguró.

Para Doria Medina, el proceso "ilegal e ilegitimo se corregirá cuando la justicia deje de pertenecerle al MAS".

El caso 'golpe de Estado I', por el que se realiza la audiencia, se inició por una denuncia de una exdiputada del MAS sobre los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales en 2019.

El Gobierno de Luis Arce y el MAS sostienen que la salida de Morales de la Presidencia en 2019 fue por un golpe de Estado, mientras que sus detractores afirman que las protestas que derivaron en su renuncia fueron consecuencia de un fraude electoral a su favor en los fallidos comicios generales de ese año.

Áñez ya fue sentenciada por la Justicia boliviana en junio de 2022 a 10 años de cárcel por el caso llamado 'golpe de Estado II', acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión presidencial.

Camacho está acusado por haber liderado las protestas poselectorales contra Morales en 2019, cuando aún era presidente del Comité Cívico de Santa Cruz.

En su caso, la Fiscalía le imputó por "terrorismo" en calidad de autor y anticipó que pedirá una sanción de 20 años de cárcel, mientras que Áñez, Pumari y dos exjefes militares están acusados como "cómplices". EFE

Faltando 45 días para la celebración de las elecciones judiciales en Bolivia, dos fallos emitidos por tribunales departamentales pueden paralizar el proceso electoral con el que se deben renovar las altas magistraturas del Órgano Judicial. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha calificado estas acciones como un “golpe a la democracia”.

Los fallos de ambas salas constitucionales son el resultado de acciones judiciales presentadas por postulantes que no fueron seleccionados para la votación. Por un lado, la Sala Constitucional de Pando declaró “desierta” la convocatoria para elegir a los jueces al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras un amparo presentado por una candidata previamente excluida del proceso de selección. De igual manera, la Sala Constitucional Primera de Beni declaró “desiertas” la convocatoria de aspirantes al TSJ y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tras la denuncia de un postulante que afirma haber sido excluido a pesar de haber aprobado los exámenes.

El vicepresidente del Órgano Electoral, Francisco Vargas, manifestó que se trata de un “golpe a la democracia” y afirmó que nunca hubo un proceso electoral con tantas trabas. “No se dio seguridad jurídica al TSE, a los candidatos y a los electores”, manifestó Vargas en conferencia de prensa y añadió que las salas constitucionales se “extralimitaron” en sus decisiones pasando por encima a dos poderes del Estado.

En la audiencia celebrada en la Sala Constitucional del Beni, los jueces ordenaron devolver las listas de los candidatos judiciales al TSJ y al TCP a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que “puedan ser subsanadas respetando todos los parámetros establecidos en la presente resolución”, indica parte el fallo. Sobre la resolución emitida en Pando, el TSE no había recibido notificación oficial hasta el cierre de esta nota.

El investigador y ex presidente del TSE, José Luis Exeni, explicó a Infobae que todos los fallos de las salas constitucionales son revisables por el Tribunal Constitucional Plurinacional y que el Órgano Electoral puede presentar una medida cautelar que debe ser atendida de inmediato. “El TSE tiene que plantear esa medida cautelar y en ningún caso puede acatar la decisión (de las salas constitucionales). Un proceso no puede paralizarse, al TSE le corresponde preservar el derecho de la ciudadanía de elegir que es lo que se estaría violando en este caso”, manifestó.

El proceso electoral está convocado para el 1 de diciembre y 7,3 millones de personas están habilitadas para votar. El vocal Tahuichi Tahuichi informó que hasta la fecha se ejecutaron 55 millones de bolivianos, cerca de 7,8 millones de dólares al tipo de cambio oficial.

La decisión de las salas constitucionales ha provocado un fuerte rechazo debido a las postergaciones que ha sufrido el proceso electoral. Los magistrados actuales debían concluir funciones en 2023 pero extendieron arbitrariamente sus mandatos alegando que no podía haber acefalías en el poder judicial. Esta decisión ha causado tensiones políticas y protestas de la sociedad civil.

El ex presidente Carlos Mesa responsabilizó al Gobierno por esta maniobra judicial. “El gobierno de Arce secundado por jueces obsecuentes, acaba de perpetrar un nuevo golpe a la democracia, intentando otra vez anular las elecciones judiciales para que los `autoprorrogados´ sigan usurpando funciones y cometiendo ilegalidades. La democracia asediada sin freno”, escribió en su cuenta de X.

Por su parte, la senadora Andrea Barrientos publicó en su cuenta de X: “Los magistrados ‘autoprorrogados´ vuelven a paralizar las elecciones judiciales, burlándose de la voluntad popular y aferrándose al poder corrupto. Su desprecio por la democracia es evidente. ¡Basta de excusas! El pueblo exige un cambio real y la limpieza de este sistema podrido”.

Un camino lleno de obstáculos

En las elecciones judiciales se elige por voto popular 26 magistrados del Órgano Judicial, compuesto por el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Tribunal Constitucional Plurinacional, además del Consejo de la Magistratura. En todos los casos, se elige titulares y suplentes.

La votación debía haberse realizado el año pasado pero sufrió una serie de retrasos debido a que ningún partido de la Asamblea Legislativa Plurinacional cuenta con los dos tercios necesarios para aprobar la convocatoria ni la lista de candidatos. Cuando finalmente se logró convocar el proceso electoral, se presentó una seguidilla de recursos judiciales que demoraron aún más la realización del proceso.

Ese retraso derivó en la controvertida ´autoprórroga´ de los magistrados hasta la elección de nuevos jueces. Si bien la extensión de su mandato tuvo el respaldo del Gobierno de Luis Arce, abrió el debate sobre la legalidad de sus resoluciones, con las cuales entorpecieron el proceso de elección de nuevos magistrados, limitaron facultades de la Asamblea Legislativa e influyeron en el ordenamiento político nacional.

La oposición tradicional en Bolivia muestra intentos de unidad con miras a las elecciones presidenciales de 2025. En las últimas semanas, al menos dos líderes de la oposición visitaron a Luis Fernando Camacho en la cárcel de Chonchocoro en El Alto (La Paz), donde se encuentra recluido desde diciembre de 2022 por los conflictos previos a la renuncia de Evo Morales en 2019.

Los expresidentes Jorge Quiroga y Carlos Mesa visitaron por separado al líder cívico y gobernador electo de Santa Cruz. El 1 de diciembre, Quiroga entró al centro penitenciario con el objetivo de discutir la posibilidad de conformar una alianza política, según indicaron algunos medios locales. En una entrevista televisiva posterior al encuentro, el expresidente elogió al político cruceño y manifestó que se busca “la mayor unidad posible en el marco de la oposición”.

Una semana más tarde, lo visitó el expresidente Carlos Mesa, quien fue su adversario político en las elecciones presidenciales de 2020. Al salir de la cárcel, Mesa informó que ambos líderes abordaron temas de la coyuntura política, la posibilidad de unir las agendas de sus bancadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional y también acerca de la unidad de la oposición para las elecciones generales de 2025.

“La palabra unidad ha sido una palabra que hemos utilizado varias veces como una primera aproximación con Luis Fernando Camacho, para establecer la lógica de que la unidad no solo sea una palabra sino una posibilidad real”, manifestó Mesa.

Por su parte, el líder cívico señaló a través de su cuenta de X que una de las demandas de la población es la unidad de la posición y dijo que “hay que dar esos pasos para conformar una plataforma democrática, lo más amplia posible, que sea capaz de vencer en las urnas al autoritarismo masista”.

La creación de un frente único de la oposición es una demanda que parte de la población reclama desde hace varios años con el objetivo de alejar del poder al Movimiento Al Socialismo, que está en el Gobierno desde 2006 con interrupción de un año (219-2020). Sin embargo, desde la llegada de Evo Morales al poder, la creación de un frente único nunca ha podido concretarse.

En la última elección, tanto Luis Fernando Camacho como Carlos Mesa y Jorge Quiroga postularon a la Presidencia por separado. Ante el marginal apoyo que mostraban las encuestas, éste último declinó su candidatura faltando una semana para la votación. En tanto, Camacho, posiblemente apuntando más a lograr espacios en la Asamblea Legislativa que a la silla presidencial, participó en la elección y logró el tercer lugar con 14% de los votos, debajo de Carlos Mesa (28,8%) y el ganador Luis Arce (55%).

Para el analista político Carlos Saavedra, la posibilidad de un frente único es prácticamente imposible y observa hasta cuatro bloques de oposición. Sin embargo, lamenta que fuera del antimasismo no exista un proyecto de país. “La unidad por sí misma no es un elemento determinante en una estrategia electoral. Sirve para algunos segmentos que son muy politizados y que tienen una mirada muy antimasista. ¿Basta eso para ganar una elección? No, no basta. La tarea que tiene alguien que quiera ganar una elección es generar certezas en los centros electorales que no tienen militancia política”, manifestó en entrevista con Infobae.

El analista explica que por primera vez desde que el MAS llegó al poder, la oposición tiene una posibilidad real de lograr la presidencia a través del voto. “Esto no es por mérito de la oposición o por un proyecto alternativo que esté seduciendo a la oposición, sino por el demoronamiento moral político del MAS en su conjunto”, afirmó.

En ese contexto, observa que el desafío fuera de lograr la unidad de la oposición es generar una agenda que conecte con las necesidades de la gente.

Samuel Doria Medina presentó un plan para Bolivia

El empresario boliviano Samuel Doria Medina presentó el martes una propuesta para el país, centrada en la crisis económica y ambiental que atraviesa el país. Al finalizar su discurso, hizo un llamado a la unidad de los bolivianos para construir un país más justo y próspero.

Anteriormente informó que se había reunido también con Luis Fernando Camacho y otros líderes de la oposición y dijo que “todos coinciden en que habrá que ver el mecanismo más adecuado (para buscar la unidad) y es consultar a la gente. Se podrá hacer una encuesta, dos o tres”, afirmó el empresario citado por El Deber.

Doria Medina es uno de los políticos que más veces ha participado en elecciones. Postuló tres veces a la Presidencia (2006, 2009 y 2014) y dos veces a la Vicepresidencia (1997 y 2020), aunque la última vez renunció a la candidatura junto a su acompañante de fórmula, la entonces presidente Jeanine Añez. En su carrera política, ha liderado la oposición partidaria en la Asamblea Legislativa pero no ha logrado conquistar el voto para Órgano Ejecutivo.

La votación está prevista para el 17 de agosto de 2025, por lo que según el calendario electoral las candidaturas deberán definirse aproximadamente en abril.

La Paz, 26 sep (EFE).- La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) confirmó este jueves que el país andino ha dejado de enviar gas natural a Argentina y apunta a que todo excedente del hidrocarburo se dirija a Brasil con precios "igual de competitivos".

"Cualquier volumen que dejemos de enviar al mercado argentino ya tiene mercado asegurado en Brasil. Por lo tanto, para nosotros, como YPFB no hay ninguna diferencia", dijo a EFE el gerente de Contratos y Exportación de YPFB, Óscar Claros.

Bolivia detuvo las entregas obligatorias de gas a mediados de este mes, luego de casi 20 años.

Claros explicó que la entrega de volúmenes de gas debía extenderse por contrato a agosto y septiembre, con envíos de hasta 4 millones de metros cúbicos al día (mmcd), pero que desde el 20 de este mes "las nominaciones (de gas a Argentina) están prácticamente en cero".

El gerente de YPFB señaló que "era lógico" que ese país (Argentina) buscaría su "autouficiencia y autoabastecimiento" cuando hace una década Argentina anunció los hallazgos de gas en la región de Vaca Muerta.

Claros indicó que de los 33 mmcd de gas que Bolivia produce, 4 iban a Argentina y 15 a Brasil, por lo que ahora se enviarán al mercado brasileño entre 18 y 19 mmcd, mientras que el resto se mantendrá para el mercado interno.

"En términos de ingreso no va a haber una diferencia, porque toda producción exportable igual va a ir al mercado de exportación", aseguró.

El funcionario de YPFB explicó que el cese de la venta del gas boliviano a Argentina "está abriendo una nueva oportunidad" para que el país genere un nuevo ingreso "por agregación y transporte" del hidrocarburo.

"Todo el gas que Argentina tenga como excedente de exportación en el norte lo vamos a tomar, lo vamos a transportar por sistemas de gasoductos bolivianos y lo vamos a llevar también a Brasil", apuntó Claros.

El gerente precisó que Bolivia dará utilidad a los ductos "ociosos" de manera que se capte gas argentino que llegue a "complementar la producción boliviana" hacia Brasil.

"Es algo que no teníamos antes. Nunca hemos cobrado por dar un servicio de transporte o agregación de gas de terceros países y ahora sí lo vamos a hacer", agregó.

Ante esto, el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) aseguró que el cese de la venta de gas a Argentina es un fracaso y producto de la "desidia e ineptitud de los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce" a quienes señaló por hacer "fracasar" un proyecto millonario.

"Pocas veces un partido político (el Movimiento al Socialismo)  fue tan negativo para nuestra economía y dilapidó tanto las riquezas nacionales que administró", escribió Mesa en la red X.

El contrato de venta de gas boliviano a Argentina fue suscrito en 2006 por 20 años.

Entre 2006 y 2017 los volúmenes de gas a Argentina pasaron de 2 a 17 mmcd a lo que siguió un progresivo declive de los envíos del hidrocarburo que alcanzaron los 6 mmcd entre enero y julio de 2024, y a 4 mmcd en los dos últimos meses.

Bolivia captó 875 millones de dólares por la venta de gas en 2023 a Argentina, que junto a Brasil fueron en las últimas décadas los principales destinos del energético boliviano.

Desde hace varios años, el país atraviesa por el declive de producción de sus principales pozos, y varios sectores sociales señalan que la baja de exportación de gas, hasta hace poco el producto estrella boliviano, es la causa de la falta de dólares y una crisis económica en el país. EFE