El Departamento del Tesoro de Estados Unidos presentó el jueves una propuesta normativa para ampliar el control sobre inversiones en China, Rusia, Cuba, Irán y Corea del Norte, entre otros países, pero excluyó a Venezuela al considerar que el régimen del ex dictador venezolano Nicolás Maduro “ya no existe”.

La iniciativa reglamenta la Ley Integral de Seguridad Nacional en materia de Inversiones en el Extranjero de 2025, conocida como COINS Act, que el Congreso aprobó en diciembre. La norma obliga a empresas y particulares a informar al Tesoro sobre determinados planes de inversión fuera de Estados Unidos.

La legislación amplió el alcance de un programa que al comienzo se enfocaba solo en China. Además de sumar países considerados de preocupación, incorporó la biotecnología a los sectores sujetos a restricciones y facultó al Tesoro a añadir otras áreas.

La COINS Act incluía a Venezuela bajo la fórmula “bajo el régimen de Nicolás Maduro”. El Departamento del Tesoro sostuvo que la exclusión responde a que la dictadura de Maduro ya no está en funciones y que la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no entra en esa definición. No obstante, el organismo indicó que la propuesta podría alcanzar ciertas inversiones en entidades venezolanas, sin precisar cuáles serían los casos incluidos.

El nuevo esquema no prohíbe toda inversión en los países señalados. El Tesoro busca concentrar los controles sobre operaciones destinadas a entidades vinculadas con tecnologías de doble uso, que puedan beneficiar programas militares, sistemas estatales de vigilancia o países donde se registran abusos contra los derechos humanos.

La propuesta incorpora la biotecnología a cinco áreas previstas en la ley: semiconductores avanzados y microelectrónica; sistemas de inteligencia artificial; tecnologías de información cuántica; computación de alto rendimiento y supercomputación; y sistemas hipersónicos.

El Tesoro advirtió que algunas biotecnologías avanzadas pueden representar un riesgo para la seguridad nacional, entre ellas las relacionadas con la proliferación de armas biológicas, las interfaces cerebro-computadora y la seguridad de las cadenas de suministro de Estados Unidos. La reglamentación no abarca los eventuales acuerdos de licencias entre farmacéuticas estadounidenses y China, según indicó un funcionario del Tesoro. Esa exclusión responde a una demanda de compañías del sector, entre ellas Pfizer.

EEUU quita sanciones al titular del Parlamento venezolano

El Departamento del Tesoro anunció el miércoles de la semana pasada el levantamiento de las sanciones contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La decisión fue adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que retiró al dirigente venezolano de su lista de personas sancionadas. La notificación alcanza las inscripciones de Jorge Rodríguez como “Rodríguez Gómez, Jorge Jesús”, “Rodríguez, Jorge”, “Rodríguez Gómez, Jorge J.” y otras formas de identificación que aparecían bajo el programa de sanciones de Venezuela.

El levantamiento de las restricciones se produjo en el marco de las nuevas relaciones entre Washington y Caracas. El Tesoro estadounidense no detalló las razones de la decisión ni comunicó si la medida forma parte de una revisión más amplia de la política de sanciones hacia Caracas.

La Casa Blanca ya había tomado la decisión en abril de levantar las sanciones contra Delcy Rodríguez, quien ocupaba el segundo lugar en la estructura de poder de Maduro antes de asumir la presidencia encargada. Los hermanos Rodríguez estaban sancionados desde septiembre de 2018, durante el primer mandato del presidente estadounidense Donald Trump.

(Con información de Reuters)

“Yo saludo y reconozco el esfuerzo de las partes que están sentadas en esta mesa de diálogo para avanzar en el ámbito de las garantías políticas para todos”, sostuvo Rodríguez al término de la reunión.

La televisora estatal VTV difundió imágenes del encuentro en el palacio presidencial, al que también asistió Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria, titular de la Asamblea Nacional y jefe de la representación chavista en las conversaciones.

El encuentro ocurrió un día después de que la administración venezolana y la delegación opositora ratificaran su intención de convocar elecciones en Venezuela. El compromiso surgió al cierre de la tercera ronda de negociaciones, que transcurrió durante una semana en Caracas con auspicio de Estados Unidos.

El Departamento de Estado estadounidense también respaldó el resultado de las conversaciones. El proceso “sigue fortaleciendo las instituciones democráticas, ampliando las libertades políticas y sentando las bases para elecciones libres, justas y creíbles”, señaló la dependencia en un comunicado difundido el jueves.

Al finalizar la ronda, las partes acordaron revisar normas que limitan la participación política y que mantienen inhabilitados para cargos de elección popular a decenas de dirigentes opositores. Entre ellos figura la Nobel de la Paz y líder opositora María Corina Machado, quien permanece exiliada en Panamá. La dirigente denunció que el gobierno interino impide su regreso a Venezuela.

El miércoles pasado, la jefa de la oposición en la mesa de diálogo sostuvo que la “gran demanda” de Venezuela es que se celebren unas elecciones presidenciales y mencionó que podrían realizarse en 2027 tras afirmar que tiene la voluntad para que se concreten.

La oposición al Gobierno chavista realizó protestas en todo el país

Miles de personas se movilizaron el jueves en Caracas y otros estados de Venezuela para reclamar elecciones presidenciales en 2027 y respaldar una transición democrática con María Corina Machado en la Presidencia.

La convocatoria reunió a dirigentes de diversas facciones de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), activistas de derechos humanos y referentes de Vente Venezuela (VV), el partido de Machado.

Desde un punto del oeste de Caracas, los manifestantes marcharon con la consigna “Elecciones ya” hasta una plaza de la ciudad, donde se realizó una concentración.

Machado, líder opositora y premio Nobel de la Paz 2025, se refirió a la jornada en su cuenta de X. “Somos un pueblo decidido a ser libre. Y sí, esto es lo que hay: apenas una muestra de todo lo que viene. Estamos decididos a avanzar hasta conquistar nuestra Libertad”, escribió.

El ex diputado Piero Maroun afirmó ante los asistentes: “Muy pronto tendremos elecciones presidenciales y a María Corina en la Presidencia”.

El activista de VV Carlos Fernández aludió a las elecciones presidenciales de 2024, cuyo triunfo la oposición atribuye a Edmundo González Urrutia. El ente electoral, bajo control del chavismo, proclamó ganador a Nicolás Maduro sin publicar los resultados detallados.

“A pesar de la persecución, la tortura y el exilio, ustedes fueron testigos de eso: le dimos una pela (derrota aplastante) ese día y llevamos a la Presidencia a Edmundo González”, manifestó Fernández.

El dirigente también anticipó que la oposición buscará desplazar por medio del voto a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo después de que Estados Unidos capturara a Maduro en Caracas en enero.

“Vamos a organizarnos porque en 2027 vamos a tener elecciones presidenciales (...). Delcy, haz tus maletas porque en 2027 vas para afuera”, aseguró el activista de Vente Venezuela.

(Con información de AFP)

Miles de venezolanos marcharon este jueves en Caracas y otras ciudades del país para exigir elecciones presidenciales antes de 2027, en la primera protesta opositora de alcance nacional en casi dos años. La manifestación, convocada por el partido Vente Venezuela de la líder opositora María Corina Machado, se desarrolló con una presencia notablemente escasa de las fuerzas de seguridad.

La concentración partió desde un punto del oeste de la capital y avanzó al grito de “Elecciones ya” hasta congregarse en una plaza de la ciudad. Participaron dirigentes de varias facciones de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora, junto con activistas de derechos humanos y militantes de Vente Venezuela (VV). La protesta se replicó en Valencia, Maracay, San Cristóbal y Maracaibo.

El gobernante Partido Socialista organizó su propia marcha, convocada para avanzar desde la céntrica Plaza Venezuela hacia un punto cercano al palacio presidencial con el objetivo formal de conmemorar el mes de concienciación sobre el cáncer de mama. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, conocido por sus vínculos con los servicios de seguridad, apareció en la televisión estatal participando en esa movilización.

Ante la coincidencia de ambas marchas, los simpatizantes de la oposición trasladaron su protesta a un lugar cercano. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en Caracas en enero pasado, envió un mensaje a los participantes de la marcha oficialista a través de una llamada que divulgó la televisora estatal.

La jornada ocurre en un contexto donde tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como Rodríguez han afirmado que en Venezuela habrá elecciones, aunque ninguno de los dos ha fijado todavía una fecha concreta, ni para los comicios legislativos ni para el proceso presidencial. Machado ha señalado que los comicios deben celebrarse antes de julio de 2027.

Para algunos manifestantes, la escasa presencia policial resultó un signo alentador. “Veo esto y me siento feliz porque yo sé que se puede lograr el cambio”, dijo Leosmary Hernández, una estudiante de cosmetología de 18 años, en Maracay. “He pasado tantas cosas malas, tantos problemas con el dólar, dificultades para estudiar. Tengo unas grandes expectativas para mi país, por nuestra próxima gobernadora, presidenta María Corina”, agregó.

En Valencia, a unos 150 kilómetros al sur de Caracas, María Débora Marín, de 57 años y dueña de una tienda de ropa, rechazó las versiones de que las elecciones podrían celebrarse recién dentro de dos años: “Queremos elecciones presidenciales ya, que se haga un cronograma ya. No vamos a esperar hasta 2028”, dijo. “Lo que queremos es avanzar, salir ya de esta pesadilla”, agregó.

La incertidumbre también se refleja en quienes evalúan dejar el país. Rayeska Puesme, de 18 años y recién graduada, dijo sentirse en “un limbo” y señaló que ha considerado emigrar ante la falta de oportunidades. “Estados Unidos sacó un gran problema, que fue Maduro, pero falta el resto”, afirmó. “Siento en mi corazón que las cosas van a cambiar, pero no veo cuándo”, dijo.

La marcha también reclamó el regreso al país de Machado, quien permanece fuera de Venezuela desde diciembre pasado y ha intentado volver sin lograrlo, según denunció su equipo de comunicaciones. El 8 de octubre, VV exigió que su líder pueda regresar sin la inhabilitación política que pesa en su contra, sanción que le impidió competir en las presidenciales de 2024 pese a haber ganado las primarias opositoras del año anterior.

El reclamo callejero se produce mientras el chavismo y un sector de la oposición mantienen un diálogo respaldado por Estados Unidos que, tras tres ciclos de conversaciones, todavía no ha logrado acuerdos concretos sobre la celebración de elecciones. Las negociaciones buscan reestructurar el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral para garantizar condiciones de equidad en futuros comicios, y celebraron su última sesión este mes, aunque los cambios podrían demorar bastante tiempo.

La jefa de la delegación opositora en ese diálogo, la ex diputada Dinorah Figuera, manifestó el miércoles que la “gran demanda” de Venezuela es la celebración de elecciones presidenciales, que ha planteado para 2027, y aseguró tener voluntad para concretarlo. Rodríguez tenía previsto reunirse con Figuera en el palacio de gobierno, según mostraron imágenes de la televisora estatal con la llegada de la dirigente opositora a la sede oficial.

Ni Machado ni González Urrutia participan directamente en esas negociaciones, aunque ambos han expresado su deseo de que las conversaciones logren un “cronograma electoral presidencial oportuno”. Machado ha señalado que no obstaculizará el avance del proceso pese a mantenerse al margen de la mesa de diálogo.

El chavismo y un sector de la oposición venezolana prevén cerrar este miércoles la tercera ronda de diálogo sobre garantías políticas y civiles para un eventual proceso electoral, dentro de la transición que promueve Estados Unidos tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro en enero.

Las conversaciones comenzaron el miércoles pasado y se centraron en el respeto de los derechos civiles y en la renovación de instituciones señaladas por su cercanía con el Gobierno liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Hasta ahora no trascendieron los eventuales acuerdos de esta nueva etapa de contactos, de acuerdo con fuentes vinculadas a las negociaciones.

La representación opositora mantuvo reuniones durante la última semana con distintos sectores, entre ellos organizaciones no gubernamentales locales que reclaman garantías para los derechos fundamentales, que, según sus denuncias, sufrieron vulneraciones durante años.

Los delegados también se reunieron el fin de semana con representantes del Colegio de Abogados de Caracas. En ese encuentro revisaron propuestas para “abrir caminos de transformación del sistema de justicia”, un ámbito que forma parte de las reformas acordadas entre ese sector opositor y el chavismo.

Del diálogo no participan María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia, ambos referentes de la oposición venezolana. Estados Unidos impulsa el proceso como parte de su plan de transición en Venezuela, después de la captura de Maduro durante una operación militar en Caracas.

Las delegaciones celebraron dos rondas previas, en agosto y septiembre, con discusiones sobre una reforma judicial. Entre los asuntos planteados figura la renovación total del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuestionado por sectores opositores por su vínculo con el Gobierno. La agenda también incluyó el desbloqueo del oro venezolano retenido en Inglaterra, la eliminación de restricciones sobre portales web —varios de ellos dedicados a noticias— y medidas vinculadas con la libertad de expresión.

El 9 de octubre, la dirigente opositora Dinorah Figuera, quien encabeza la delegación en las conversaciones, se reunió en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Durante ese encuentro, Rubio la instó “a continuar avanzando en materia de libertades políticas y reforma electoral”. El funcionario estadounidense destacó el “valiente liderazgo” de Figuera en las negociaciones y celebró “los progresos tangibles alcanzados” durante las dos primeras rondas.

Por su parte, la ONG Foro Penal reclamó el martes que la renovación del TSJ incluya cambios de fondo en el sistema judicial, como la modificación o eliminación de leyes y el desmantelamiento del “aparato represivo” que, a su juicio, persiste en el país.

El pronunciamiento ocurrió mientras el Parlamento, bajo control del chavismo, avanza con el proceso para designar a los integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales, órgano que evaluará y preseleccionará a los próximos magistrados del TSJ.

El director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, advirtió que la renovación del máximo tribunal no será suficiente si no alcanza al resto de la estructura judicial. “De nada sirve tener unos jueces impolutos, perfectos, honestos, capaces en el Tribunal Supremo de Justicia si de allí hacia abajo seguimos manteniendo el aparato represivo en las manos y sobre de los hombros de las mismas personas”, afirmó.

Durante un evento en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, en Caracas, Himiob sostuvo que la justicia venezolana actuó con eficacia contra quienes cuestionan al poder, pero no respondió a las demandas de la población. “Sumamente eficiente para que los poderosos persigan a quienes no están de acuerdo con ellos”, expresó al describir el funcionamiento del sistema.

El dirigente planteó una reconstrucción “desde sus mismas bases” y consideró necesario que el nuevo TSJ quede “integrado por personas en las que la ciudadanía confíe”. Además, pidió una reforma del Código Penal, al que definió como “anacrónico” y como una norma que “no sirve a las necesidades de la población” y sumó el pedido de revisar o derogar leyes que, según señaló, sirvieron como mecanismos de persecución política.

El director presidente de la organización, Alfredo Romero, aseguró que el Poder Judicial todavía forma parte de la estructura represiva. “Los jueces y fiscales en el país han servido no solo para encubrir, hacerse no solo cómplices, sino actores directos de la persecución política de disidentes”, afirmó.

La Asamblea Nacional abrió la selección de 12 representantes de la sociedad civil que integrarán el Comité de Postulaciones Judiciales junto con 11 diputados. Ese cuerpo tendrá a su cargo la revisión de los aspirantes a las vacantes del máximo tribunal.

El actual TSJ está integrado por jueces cuestionados por la oposición, que los acusa de actuar en favor del chavismo y de haber validado el proclamado triunfo de Maduro en las presidenciales de 2024, en un proceso marcado por denuncias de fraude electoral.

(Con información de EFE)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó este lunes a las autoridades de Centro Caribe Sports la documentación necesaria para que Caracas sea evaluada como sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2030.

El acto se realizó en el palacio presidencial de Miraflores, donde Rodríguez recibió al presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía, responsable de conducir el proceso que definirá la ciudad anfitriona de la competencia regional.

“Hemos completado el proceso para postular a Venezuela como sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2030”, afirmó la mandataria durante una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, según informó la agencia EFE.

Rodríguez sostuvo que Caracas será la ciudad propuesta por el país y expresó su expectativa ante la definición de la candidatura. “Tengo fe en Dios, que vamos a tener esos juegos. La sede será Caracas”, señaló.

Este año la sede fue Santo Domingo, en República Dominicana, donde los atletas de Venezuela ganaron más de 200 medallas en diferentes disciplinas deportivas.

Revisión interna antes de la decisión final sobre la sede

La entrega de los documentos abre una etapa de análisis interno dentro de Centro Caribe Sports, organismo que reúne a los comités olímpicos nacionales de la región y organiza los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Mejía explicó que la entidad deberá validar los documentos recibidos antes de elevarlos al resto de los ejecutivos y a la asamblea de la organización. Esa instancia tendrá la decisión final sobre la sede de la edición de 2030.

El dirigente afirmó que la postulación venezolana contó con reuniones previas entre representantes del Comité Olímpico Venezolano (COV), el Ministerio de Deporte, la Cancillería y la alcaldía de Caracas, encabezada por Carmen Meléndez.

“Le prometemos el mayor de los tinos y de los juicios en la evaluación”, dijo Mejía tras recibir la documentación. El presidente de Centro Caribe Sports añadió que, durante su visita, observó una ciudad que consideró preparada para asumir una cita de esas características.

Rodríguez afirmó que el propósito de la candidatura es mostrar la capacidad del país para organizar eventos internacionales, así como su recuperación frente a las dificultades que atravesó en los últimos años.

Caracas como sede: la segunda vez, Maracaibo fue la última en 1998

De ser elegida, Caracas albergaría los Juegos Centroamericanos y del Caribe por segunda vez. La capital venezolana fue sede de la competencia en 1959, una edición que reunió a delegaciones de distintos países de la región.

La otra experiencia venezolana como anfitrión se produjo en 1998, cuando Maracaibo recibió el torneo. Aquella fue, hasta ahora, la última ocasión en la que el país organizó los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La candidatura de Caracas tuvo un paso previo en agosto, cuando la presidenta del COV, María Soto, presentó formalmente ante Centro Caribe Sports la solicitud para que la capital venezolana fuera considerada como anfitriona de la edición de 2030.

La eventual designación supondría el regreso del certamen a Venezuela tras 32 años, desde los Juegos disputados en Maracaibo. El proceso de evaluación continuará con la revisión de los requisitos técnicos, administrativos y organizativos presentados por las autoridades venezolanas.

El partido Vente Venezuela, que lidera la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, convocó una movilización nacional para el jueves 22 de octubre con tres exigencias: un cronograma electoral que fije presidenciales en 2027, el regreso seguro de su líder y la liberación de los presos políticos. La concentración en Caracas será a las 16h en Plaza Venezuela, frente a la torre Polar, y habrá marchas simultáneas en las demás ciudades del país.

Carlos Fernández, dirigente juvenil de Vente Venezuela, presentó la convocatoria este lunes en una rueda de prensa y la calificó de “una movilización histórica para nosotros”. Los organizadores aspiran a sumar a trabajadores, docentes, jóvenes y agrupaciones que no integran la coalición opositora. Machado pidió participar en familia y con la bandera nacional.

La fecha no es casual. El 22 de octubre se cumplen tres años de las primarias de 2023, en las que Machado obtuvo una amplia victoria y quedó designada para enfrentar al oficialismo en las presidenciales del año siguiente.

Aquellos comicios, celebrados el 28 de julio de 2024, siguen siendo el origen del conflicto: el organismo electoral proclamó vencedor de manera fraudulenta a Nicolás Maduro, y la oposición presentó actas que daban el triunfo a Edmundo González Urrutia.

Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025 para recibir el Nobel en Oslo y no ha podido regresar. Su equipo denuncia al menos 7 intentos frustrados, los 3 últimos desde Panamá a fines de septiembre. González Urrutia vive exiliado desde 2024.

El escenario político cambió el 3 de enero, cuando fuerzas de Estados Unidos capturaron a Maduro en Caracas. Por orden del Tribunal Supremo de Justicia, Delcy Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta, asumió como presidenta encargada y juró el cargo el 5 de enero. Desde entonces, la transición avanza bajo la presión de Washington.

Parte de esa transición se negocia en una mesa de diálogo instalada formalmente el 6 de agosto en Caracas, con el aval de Estados Unidos, entre el Gobierno interino y un sector opositor encabezado por Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015. La tercera ronda arrancó el 14 de octubre y se centra en las garantías políticas y civiles para unas elecciones. Ni Machado ni González Urrutia participan.

Las dos primeras rondas avanzaron en la selección de magistrados del Tribunal Supremo y en la reforma del Consejo Nacional Electoral. El domingo, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora, presentó un Gran Acuerdo Nacional que ratifica el liderazgo de Machado y González Urrutia y reitera la necesidad de una transición basada en negociaciones y elecciones libres. La marcha del jueves es la primera prueba pública de esa unidad.

El reclamo sobre los presos políticos llega con una cifra a la baja, pero todavía alta. La ONG Foro Penal contabilizaba 322 al 5 de octubre, frente a 526 a comienzos de marzo, tras la ley de amnistía aprobada el 19 de febrero, que dejó fuera a 174 militares procesados por rebelión. El Gobierno niega que existan detenidos por motivos políticos y sostiene que todos cometieron delitos.

El chavismo también ocupará las calles ese día. Diosdado Cabello, secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ministro de Interior y Justicia, convocó una marcha de mujeres en Caracas por el mes de lucha contra el cáncer de mama, sin precisar el recorrido.

Ya había ocurrido algo similar el 13 de octubre, cuando el oficialismo marchó en el oeste de la capital el mismo día en que trabajadores de la salud protestaban por sus salarios. La Policía Nacional Bolivariana les cerró el paso hacia el palacio de Miraflores, y el sindicalista Mauro Zambrano criticó la convocatoria paralela.

La respuesta de la calle el jueves será la primera medición pública del respaldo a Machado desde que la oposición unificada la ratificó como líder. Llegará con la tercera ronda de negociación en curso y sin una fecha electoral acordada, el punto que separa a quienes dialogan de quienes marchan.

Estados Unidos reactivó el Destacamento de Seguridad del Cuerpo de Marines en su embajada en Venezuela durante una ceremonia celebrada en Caracas, con la participación del comandante del Cuerpo de Marines estadounidense, el general Eric M. Smith, y del encargado de Negocios de Washington para el país, John Barrett.

La medida restableció el protocolo de seguridad que Estados Unidos aplica de forma habitual en sus representaciones diplomáticas y devolvió a la sede en Caracas la presencia de los Marine Security Guards, encargados de resguardar las instalaciones y al personal de las embajadas estadounidenses.

La representación diplomática comunicó la reactivación y la ubicó dentro del proceso de acercamiento entre ambos gobiernos, luego de la reapertura de la embajada en marzo. La sede estadounidense permaneció sin operar durante siete años, hasta que retomó sus actividades consulares y diplomáticas este año.

En su mensaje, la embajada afirmó que el Departamento de Estado y el Cuerpo de Marines “mantienen una alianza histórica de seguridad en nuestras instalaciones en todo el mundo”. También definió el regreso del destacamento como “otro paso para fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela e impulsar el plan de tres fases” promovido por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio.

La comunicación no precisó la cantidad de marines destinados a Caracas ni detalló las tareas concretas que asumirán dentro de la sede diplomática. Tampoco informó sobre modificaciones en el funcionamiento de los servicios consulares ni sobre nuevos despliegues de personal estadounidense en otras zonas de Venezuela.

El destacamento volvió a operar después de que Washington y Caracas restablecieron sus vínculos diplomáticos. La nueva etapa comenzó tras la captura de Nicolás Maduro en enero durante una intervención militar estadounidense. Desde entonces, Delcy Rodríguez quedó al frente de la presidencia interina venezolana.

El Departamento de Estado recurre a esos destacamentos para custodiar edificios diplomáticos, áreas con información sensible y zonas de acceso restringido. Su restablecimiento en Venezuela formalizó la estructura de seguridad que acompaña la normalización de las operaciones de la embajada.

Eric M. Smith asistió a la ceremonia como comandante del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. El general de cuatro estrellas ocupa ese cargo desde septiembre de 2023, cuando se convirtió en el 39.º jefe de esa fuerza militar. Como parte de sus funciones, integra el Estado Mayor Conjunto, organismo que asesora al presidente y al secretario de Defensa en asuntos militares.

Antes de asumir el mando del Cuerpo de Marines, Smith ejerció como asistente del comandante entre 2021 y 2023. También dirigió la III Fuerza Expedicionaria de Marines, con sede en Japón, y la 1.ª División de Marines. Ingresó al servicio militar en 1987 tras graduarse en la Universidad Texas A&M.

Su presencia en Caracas dio respaldo institucional a la ceremonia de reactivación del destacamento, que contó además con Barrett, representante diplomático estadounidense en Venezuela. La embajada presentó el acto como parte de la cooperación entre el Departamento de Estado y el Cuerpo de Marines en materia de protección de sus instalaciones.

(Con información de AFP)

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció este miércoles que los consulados de Chile en las ciudades de Caracas y Puerto Ordaz, en Venezuela, reiniciarán sus funciones, de manera parcial, a partir del lunes 19 de octubre.

A partir de la mencionada fecha, se iniciará la entrega de pasaportes a los chilenos residentes en Venezuela y se habilitará el agendamiento de trámites.

Posteriormente, a partir del lunes 26 de octubre, se podrán tramitar documentos de identidad como pasaportes y cédulas; actos notariales, como autorizaciones de viaje, poderes, mandatos, escrituras públicas, declaraciones juradas y cartas de poder; e inscripciones consulares, como nacimientos, defunciones, matrimonios y uniones civiles.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez, destacó que la apertura de los dos consulados será muy útil para los chilenos que residen en Venezuela.

“Esta es una muy buena noticia. Esta apertura de consulados permitirá dar protección y servicios a los más de 25.000 chilenos que residen en Venezuela. Estamos haciendo realidad un compromiso que asumimos con los chilenos”, señaló.

“Este es, además, un paso concreto más en la hoja de ruta hacia la normalización plena de las relaciones entre Chile y Venezuela”, agregó el canciller.

El quiebre diplomático

Las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela se rompieron tras las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio de 2024, cuando Nicolás Maduro fue declarado ganador en un proceso cuestionado internacionalmente y el presidente de Chile, Gabriel Boric, se negó a reconocer los resultados sin una verificación transparente.

Al día siguiente, el gobierno venezolano ordenó la expulsión de la misión diplomática chilena en Caracas y el retiro del personal diplomático venezolano en Santiago, y en enero de 2025, Venezuela exigió además el cese de los servicios y el cierre de los consulados de Chile en Caracas y Puerto Ordaz.

Asimismo, Latam Airlines, la mayor aerolínea de América Latina, anunció que volverá a operar vuelos directos entre Santiago y Caracas desde el 3 de enero de 2027. La ruta tendrá cuatro frecuencias semanales y conectará nuevamente las capitales de Chile y Venezuela tras casi tres años de suspensión. La empresa proyecta trasladar a más de 50.000 pasajeros durante el primer año de la nueva operación comercial.

El Gobierno chavista de Venezuela y representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 iniciaron este miércoles la tercera ronda de diálogo para una transición política en el país, pocas horas después de que Washington levantara las sanciones económicas contra Jorge Rodríguez, jefe negociador y presidente del actual Parlamento.

La reunión comenzó a las 15:00 (hora local) del viernes en el Hotel Meliá Caracas, del centro de Caracas, con Rodríguez al frente de la delegación oficialista y Dinorah Figuera como representante de la oposición.

El Departamento del Tesoro estadounidense retiró antes las medidas que pesaban desde 2018 sobre el hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La decisión coincidió con la apertura de un ciclo de conversaciones que abordará el calendario electoral, la participación de las fuerzas políticas y la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Un funcionario del Departamento de Estado indicó a la agencia AFP, bajo condición de anonimato, que el encuentro se concentrará en “el proceso político, en elecciones, en la participación de los distintos partidos políticos” y otros asuntos vinculados con la transición.

La agenda también incluye “ultimar el proceso de selección del Tribunal Supremo (TSJ)”, de acuerdo con una ficha técnica difundida días atrás por el Departamento de Estado. La renovación del máximo tribunal, cuestionado por sus fallos favorables al chavismo, figura entre los acuerdos alcanzados en las dos rondas previas.

Las partes también pactaron cooperación para recuperar las reservas de oro venezolano que permanecen congeladas en la entidad bancaria de Londres, el Banco de Inglaterra. En paralelo, las autoridades liberaron a un grupo de presos políticos y desbloquearon portales de noticias que permanecían censurados desde hacía años, aunque cientos de detenidos por los mismos motivos continúan en prisión.

Según fuentes consultadas por la agencia EFE, el diálogo de los representantes se prolongará durante varios días. Sin embargo, aún no se conoce la fecha exacta del cierre de las conversaciones. Anteriormente, los encuentros finalizaron con resultados concretos.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó el viernes pasado que Figuera cuenta con “apoyo total” de Washington. La delegación opositora busca que las conversaciones deriven en una fecha definida para las elecciones presidenciales. En septiembre, Delcy Rodríguez prometió ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que “en Venezuela habrá elecciones”, aunque no precisó cuándo se celebrarán.

El jefe de la diplomacia estadounidense precisó que el objetivo de Estados Unidos va más allá de la celebración de comicios: “Esta es la mejor oportunidad que Venezuela ha tenido en casi una generación, no solo de tener elecciones libres y justas, sino de dejar una democracia duradera para las futuras generaciones”. A su vez, el funcionario subrayó que el apoyo de Washington al proceso que lidera Figuera proviene de “los más altos niveles” del gobierno de Donald Trump.

El partido de María Corina Machado, líder opositora y premio Nobel de la Paz, reclama una convocatoria electoral próxima y exige que se levante de inmediato la inhabilitación política que le impidió competir por la Presidencia en 2024. El pedido tomó nuevo impulso después de que la ex magistrada del TSJ Bárbara César Siero declarara la semana pasada a la AFP que en 2023 la obligaron a firmar la inhabilitación de Machado tras la detención de sus hermanos y de su cuñada. Machado permanece exiliada en Panamá e intenta regresar a Venezuela. La dirigente sostiene que el gobierno interino de Rodríguez impide su retorno.

Las negociaciones comenzaron en agosto con el aval de Washington, ocho meses después de la captura del ex dictador Nicolás Maduro durante un operativo militar de Estados Unidos.

(Con información de EFE y AFP)

Ita Airways restablecerá el 30 de marzo de 2027 un vuelo directo entre Roma y Caracas, una conexión que operará tres veces por semana tras más de una década sin servicios regulares entre ambas ciudades.

La ruta unirá el aeropuerto de Roma Fiumicino, el principal de Italia, con Caracas los martes, jueves y domingos. La compañía italiana suspendida Alitalia dejó de volar a la capital venezolana en 2015, en medio de la deuda acumulada por el régimen del ex dictador Nicolás Maduro.

Ita Airways surgió en 2021 tras la refundación de la aerolínea estatal italiana junto con la compañía alemana Lufthansa, a partir de los activos de Alitalia. La nueva conexión apunta a reforzar los vínculos entre Italia y Venezuela en el mercado latinoamericano.

“El lanzamiento es resultado de un proceso desarrollado en estrecha colaboración con las autoridades competentes y con el valioso apoyo de la red diplomática, incluida la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Italia”, indicó la empresa en un comunicado. La aerolínea sostuvo que ese contacto institucional “ha contribuido a crear las condiciones necesarias para restablecer una conexión aérea directa y estratégica entre ambos países”.

El acuerdo quedó formalizado en un memorando de entendimiento suscrito por el director ejecutivo de Ita Airways, Joer Eberhart, y la embajadora de Venezuela en Italia, Maria Elena Uzzo Giannattasio.

“Roma y Caracas vuelven a estar conectadas mediante un vuelo directo: un servicio que va más allá de su dimensión comercial, acercando a personas, familias y empresas, y renovando el vínculo histórico entre Italia y Venezuela”, celebró Eberhart.

La compañía afirmó que la ruta fortalecerá la conectividad de Italia con Venezuela, impulsará los intercambios económicos y comerciales y respaldará las actividades de las empresas italianas que operan en el país sudamericano.

Por su parte, Caribbean Airlines reanudará el 31 de octubre los vuelos comerciales de pasajeros entre Trinidad y Tobago y Caracas, más de un año después de suspender la ruta por preocupaciones de seguridad vinculadas con Venezuela.

La aerolínea informó que ya puso a la venta los pasajes para el primer servicio entre el aeropuerto de Piarco, en Trinidad y Tobago, y la capital venezolana. La compañía no precisó la frecuencia que tendrá la operación. “La ruta restablecerá la conectividad aérea directa entre nuestros países vecinos y facilitará los viajes de negocios y el turismo”, señaló la aerolínea en un comunicado.

Antes de la suspensión, la empresa operaba un vuelo semanal de ida y vuelta los sábados. Los servicios correspondían a los vuelos BW 300 y BW 301, con destino al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas. La compañía trinitense canceló esas operaciones en septiembre de 2025. La medida afectó los vuelos programados para los días 6, 13, 20 y 27 de ese mes.

Caribbean Airlines no comunicó entonces las razones específicas de la interrupción. Una nota interna dirigida a su tripulación indicó que la decisión respondió a una “evaluación exhaustiva de riesgos” y a una “decisión comercial proactiva” para reducir esas amenazas.

La suspensión coincidió con un aumento de las tensiones en el Caribe, en particular entre Estados Unidos y Venezuela. La Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense alertó entonces sobre un incremento de la actividad militar y de las interferencias en los sistemas de navegación satelital en la región. El escenario también afectó el vínculo entre Trinidad y Tobago y Venezuela. Caracas cuestionó la cooperación en seguridad entre Puerto España y Washington, que incluyó la visita del buque USS Gravely al país caribeño en octubre de 2025.

En los últimos meses, ambos gobiernos retomaron el contacto. La presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, y la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, se reunieron en septiembre al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde expresaron su aprecio mutuo.

(Con información de EFE)

El mayor del Ejército Marvin Rafael Cequera Mendoza fue detenido el 22 de noviembre de 2025 en Maracay por una comisión del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) de Caracas, según ha señalado su esposa, María Chiquinquirá Tubíñez Colmenárez. La familia afirma que el procedimiento se realizó sin una orden judicial previa.

Tubíñez sostiene que durante la primera semana el oficial estuvo en desaparición forzada. Agrega que Cequera permaneció cerca de cuatro meses en la sede del CONAS de Quinta Crespo, en Caracas, donde habría sido golpeado, torturado y amenazado, según el testimonio familiar.

La esposa asegura que acudió a la sede del organismo y recibió confirmación de que el militar estaba allí, pero no pudo verlo durante dos meses. Posteriormente, las visitas se habrían realizado a través de un vidrio.

El 17 de marzo de 2026, Cequera fue trasladado al Centro de Procesados Militares de Ramo Verde, donde, según Tubíñez, le contó los presuntos maltratos sufridos. La familia afirma que la audiencia preliminar se celebró nueve meses después de la detención.

Señalamientos de la investigación

Cequera estaba adscrito a la Dirección de Armas y Explosivos (DAEX) en Carabobo y era segundo comandante de la dependencia de Puerto Cabello. También impartía cursos de explosivos para la División de Almacenamiento y Control de Químicos y Explosivos de la Región Central (DIACOQUERCE).

El oficial fue acusado de sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de delitos contra la seguridad de la institución. “El mayor fue detectado vendiendo municiones, explosivos y piezas de armas”, dijo una fuente militar en conversación con Infobae.

Además, asegura que el Grupo Antiextorsión y Secuestro detectó números telefónicos, conversaciones y supuestas órdenes directas del coronel Oswaldo Flores Rojas, entonces director del DAEX en Puerto Cabello. Según esa fuente, “las instrucciones habrían sido emitidas por el general de división Jesús Antonio Carrera Mora cuando dirigía el DAEX”.

En la investigación supuestamente aparecieron indicios “de negocios con armas, municiones, explosivos y chatarra; venta de portes de armas; acreditaciones de civiles como funcionarios; e inspecciones presuntamente falsas a empresas estatales y compañías pirotécnicas”, dijo la fuente.

También sostiene que Cequera señaló al coronel Flores Rojas, contra quien se libró una orden de aprehensión y quien habría sido acusado de desobediencia en calidad de encubridor.

La versión familiar

La explicación de la familia y abogado de Cequera es que el Mayor fue vinculado al caso por una llamada telefónica y por la supuesta sustracción de material estratégico de la sede del DAEX en Puerto Cabello. Aseguran que se realizaron al menos tres inspecciones técnicas en los depósitos y que los inventarios no presentaron novedades.

Su defensa señaló que la Corte Marcial de Caracas infringió los derechos y garantías constitucionales establecidos en los Artículos: 26, 49, 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos: 12 y 6 del Código Orgánico Procesal Penal.

El caso, identificado con el número CJPM-TM1C-421-2025, cursa ante el Tribunal Militar Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, a cargo del teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana Mickel Enrique Amézquita Pión. La Fiscalía Tercera Militar, dirigida por el capitán de la GNB Elber Jesús Montero Mendoza, interviene en la causa.

La audiencia de imputación formal se realizó el 29 de noviembre de 2025 ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control, según la información suministrada por la defensa.

El 9 de diciembre de 2025, María Chiquinquirá Tubíñez Colmenárez designó a los abogados de su esposo ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los tribunales penales militares. La defensa denuncian que transcurrió un mes antes de que pudiera juramentarse.Según los abogados, el tribunal autorizó que acudieran al centro de reclusión para obtener la nota marginal, el sello y las huellas del imputado en el escrito de designación. Sin embargo, un funcionario del CONAS, el Sargento Mayor Hernández Meza, se negó a ejecutar esa instrucción y sostuvo que el tribunal debía ordenar formalmente el traslado del detenido.

Los defensores fueron juramentados el 6 de enero de 2026, después de presentar solicitudes y un amparo constitucional ante la Corte Marcial. Desde ese momento pidieron copias certificadas del expediente para proponer diligencias durante el lapso legal de investigación, pero aseguran que el Tribunal Primero negó reiteradamente la entrega, incluido el acto conclusivo de la Fiscalía.

Amparo sin respuesta

El 20 de enero de 2026, la defensa interpuso una acción de amparo constitucional ante la Corte Marcial Penal Militar del Área Metropolitana de Caracas contra el tribunal de control. Alegó vulneraciones del derecho a la defensa, la tutela judicial efectiva y el debido proceso.

Los abogados presentaron una solicitud de celeridad procesal el 27 de enero e insistieron el 10 de febrero, pero afirman que no obtuvieron respuesta. Sostienen que la falta de pronunciamiento permitió el vencimiento de los lapsos de investigación y les impidió conocer oportunamente las actuaciones.

La defensa considera vulnerados los artículos 26, 49, 51, 257, 334 y 7 de la Constitución venezolana, así como los artículos 6 y 12 del Código Orgánico Procesal Penal. Hasta la información disponible en este texto, no consta una respuesta oficial del tribunal, la Fiscalía Militar, el CONAS ni las autoridades señaladas frente a estas denuncias.

María Chiquinquirá Tubíñez Colmenárez le dijo a Infobae que el Tcnel. Maikel Amezquita Pion, Juez militar primero de Control del circuito judicial Penal Militar de Caracas y el Capitan Elber Montero, Fiscal Militar Tercero de Caracas, “desde el inicio del proceso, en noviembre 2025, no han permitido el derecho a la defensa de mi esposo”.

Finalmente sostuvo que “los abogados han realizado todas las solicitudes de copias certificadas, del expediente y del escrito acusatorio, y no les ha sido entregado”. El 13 de agosto 2026 su esposo fue pasado a juicio sin tener claridad de qué sustenta la acusación realizada contra él.

La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos en Venezuela, registró 322 personas detenidas por motivos políticos, entre ellos 31 extranjeros o personas con doble nacionalidad. Los familiares denuncian esta situación y exigen diariamente la liberación de todos ellos.

Según un boletín difundido este viernes con datos hasta el 5 de octubre, la organización señaló que 308 detenidos son hombres y 14 son mujeres, todos mayores de edad. Del total, 182 son civiles y 140 militares. Foro Penal también informó que desconoce el paradero de uno de los encarcelados.

Entre otros datos aportados por la ONG, desde 2014, registraron 19.253 detenciones por motivos políticos en el país caribeño. La organización resaltó que logró asistir a más de 14.000 personas excarceladas.

El jueves, familiares y activistas de la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos acudieron al Palacio de Justicia de Caracas para entregar una petición al presidente del Circuito Judicial de la capital, John Parody. El documento reclama medidas administrativas y coordinación institucional para reducir el retardo procesal y acelerar las audiencias de los detenidos.

Cabe recordar que el Gobierno chavista de la presidenta encargada Delcy Rodríguez impulsó un proceso de excarcelaciones desde enero, tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro por Estados Unidos. Sin embargo, las excarcelaciones son a cuentagotas desde el pasado 3 de enero.

En febrero, el Parlamento aprobó una Ley de Amnistía que varias organizaciones no gubernamentales consideran excluyente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que la norma mantiene limitaciones para militares y exmilitares privados de libertad por motivos políticos. El Ejecutivo venezolano niega la existencia de presos políticos y sostiene que los detenidos enfrentan causas por delitos comunes, mientras que organizaciones de derechos humanos y partidos opositores rechazan esa versión.

En paralelo al reporte, más de 100 representantes de la sociedad civil de Venezuela se postularon para formar parte del Comité de Postulaciones Judiciales, órgano que evaluará y preseleccionará a los aspirantes a nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El diputado opositor Luis Florido informó el viernes que el número de inscripciones podría extender el plazo para revisar las candidaturas de los 12 representantes de la sociedad civil que integrarán el comité. “Nos tomaremos quizá unos días más de lo que estaba previsto”, afirmó Florido en un audio difundido por el Grupo Parlamentario Libertad en la red social X. El legislador no precisó si se modificará el cronograma establecido.

Tras el cierre de las postulaciones, comenzará la revisión de los candidatos. Los 12 representantes elegidos se sumarán a 11 diputados para conformar el Comité de Postulaciones Judiciales. La instancia elaborará una lista de aspirantes a magistrados del TSJ y la remitirá al Parlamento, que tendrá la decisión final sobre las designaciones.

El 1 de septiembre, el Parlamento aprobó una reforma que elevó de 11 a 12 el número de integrantes de la sociedad civil en el comité. La modificación respondió a un acuerdo con un sector opositor que mantiene un diálogo con el chavismo y buscó incorporar mecanismos para la elección de los nuevos jueces.

La oposición acusa al actual Tribunal Supremo de Justicia de actuar en favor del chavismo y de haber validado la proclamación de Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales de 2024, en medio de denuncias de fraude electoral.

(Con información de EFE)

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela exigió que la líder opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado pueda volver al país sin la inhabilitación política que le impide ejercer cargos públicos, tras la denuncia de una ex magistrada que afirmó haber sufrido presiones para firmar resoluciones contra dirigentes opositores.

Vente Venezuela recordó que la Contraloría General impuso a Machado una sanción de un año en 2015, que le impidió competir en las elecciones parlamentarias. En 2023, después de su victoria en las primarias opositoras, el organismo anunció una nueva inhabilitación por 15 años.

La organización afirmó que la segunda medida se dictó “sin un procedimiento mínimamente respetuoso de las garantías elementales del debido proceso y que nunca fue notificada formalmente”. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) confirmó la sanción en enero de 2024, antes de las presidenciales de julio de ese año. Cabe recordar que la dirigente se encuentra fuera de Venezuela desde diciembre de 2025.

El pronunciamiento de Vente Venezuela siguió a las declaraciones de la ex jueza Bárbara César Siero, quien afirmó que fue coaccionada para suscribir varias decisiones sobre inhabilitaciones políticas, incluida la que afectó a Machado. César Siero declaró que el 15 de diciembre de 2023, cuando Machado presentó ante el TSJ un recurso contra la sanción de la Contraloría, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar detuvieron a sus dos hermanos y a su cuñada.

“A partir de ahí, mis tres familiares fueron usados para coaccionarme como magistrada y vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del TSJ, ya que era competente para decidir sobre el destino político de los candidatos”, afirmó la ex jueza en un video y una carta que difundió en sus redes sociales. Según su relato, el entonces fiscal general, Tarek William Saab, vinculó el 22 de enero de 2024 a sus familiares con la operación Brazalete Blanco, un supuesto plan de magnicidio contra el ex dictador venezolano Nicolás Maduro.

“Se trató de una narrativa construida para criminalizarlos y presionarme, por ser competente para conocer de las demandas de carácter político y a la vez enviar un mensaje subliminal a los jueces e integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, sostuvo César Siero.

La exmagistrada indicó que su hermano Guillermo Henry César Siero y su cuñada, Diana Desirée Victoria Justo, recibieron excarcelaciones con medidas cautelares en junio. El pasado jueves, un tribunal condenó a ambos y a Guillermo Enrique César Siero a penas de entre tres y 12 años de prisión por conspiración política y encubrimiento.

El pedido de Vente Venezuela también surge luego de que regresara a Venezuela Claudia Macero, la jefa de comunicaciones de Machado, el pasado 27 de septiembre. Su regreso ocurrió tras haber salido del país durante el primer semestre de 2025, luego de permanecer asilada con otros dirigentes en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas.

“Vuelvo a Venezuela para darme confianza a mí y para darle confianza a otros (...) es el momento de volver. Yo estoy aquí abriendo camino como me lo abrieron a mí otros”, declaró Macero ante medios en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que presta servicio a Caracas.

Macero permaneció en la sede diplomática desde marzo de 2024 para evitar su arresto, tras acusaciones de supuesta conspiración y traición a la patria. La dirigente es la segunda de un grupo de cinco opositores cercanos a Machado que volvió a Venezuela desde mayo, cuando salieron del país en una operación liderada por Estados Unidos.

(Con información de EFE)

“Anuncio que el 1 de noviembre arranca la Navidad, porque yo sé que la Navidad también activa mucha actividad económica, pero principalmente activa la felicidad de los venezolanos y de las venezolanas”, justificó Rodríguez durante la instalación de la 82 asamblea anual de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras). El acto se transmitió a través del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En 2025, Maduro comunicó el inicio anticipado de la Navidad durante el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe. Ese operativo concluyó el 3 de enero con su captura y la de su esposa, Cilia Flores, después de un operación militar en Caracas y otras zonas cercanas.

El anuncio de Rodríguez se dio en paralelo a la acusación de la Justicia estadounidense contra Maduro y Flores por conspiración para cometer torturas. La Fiscalía sostuvo que ambos llevaron adelante una estrategia de “represión y torturas” para conservar el poder. La denuncia incluye presuntas torturas contra opositores, militares y otras personas detenidas, entre ellas tres ciudadanos estadounidenses. El nuevo expediente se suma a los cargos por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de armas destructoras y conspiración para poseer ese tipo de armamento. Maduro y Flores enfrentan esos procesos ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.

En contraposición a la felicidad que intenta generar la presidenta encargada con el adelantamiento de la Navidad, las protestas contra los racionamientos eléctricos en Venezuela se extendieron en barrios y carreteras del país. Los manifestantes exigieron el restablecimiento del servicio con cacerolazos, bloqueos y quema de neumáticos. Los cortes, que en algunas zonas duran entre siete y 12 horas diarias, coinciden con un aumento de la demanda de energía.

“¡Queremos luz!, ¡Queremos luz!”, gritan los vecinos durante concentraciones nocturnas en distintos estados. A comienzos de semana, una protesta bloqueó la autopista que conecta el oeste del país con Caracas, donde los manifestantes prendieron fuego a troncos y neumáticos. La medida provocó una fila de vehículos de varios kilómetros. En Táchira, en la región andina, vecinos cerraron el martes una carretera tras cuatro días sin suministro eléctrico.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, cuestionó las acciones de los manifestantes y afirmó que la quema de neumáticos no aporta soluciones al sistema eléctrico. “Ese no es el camino. Yo no he visto quemar un caucho incorpora ni siquiera 10 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional”, declaró el jueves.

La capital venezolana no está sometida a racionamientos programados, aunque enfrenta fluctuaciones constantes de voltaje. En Caracas crece el temor a una nueva interrupción nacional del suministro, como la que afectó al país en 2019.

En el oeste venezolano, los cortes de luz de tres o cuatro horas diarias eran habituales desde hacía años. Ahora, residentes y comerciantes denuncian interrupciones más prolongadas, en un contexto marcado por problemas de inversión, corrupción y gestión en el sector eléctrico.

“Las personas andan malhumoradas, andan molestas, andan estresadas. Se les nota en la cara el descontento que hay”, afirmó Daiwuin Terán, dueño de un comercio de víveres en Maracaibo, capital del estado Zulia, en diálogo con la agencia AFP. El comerciante, de 49 años, advirtió sobre el impacto social de los apagones. “No sé a qué están jugando con la luz porque el problema de la luz puede ser el estallido que ellos no quieren”, agregó.

La situación afecta también a zonas industriales como Guacara, en el estado Carabobo, a 160 kilómetros de Caracas. “Esto es un agotamiento catastrófico”, sostuvo Alexander Montesuma, cocinero de una escuela de la localidad.

Jaqueline Jiménez, vecina de Montesuma, relató que los cortes alteraron la conservación de alimentos. “Aquí la luz no se iba. Y ahora es cada ratico tres y hasta cuatro veces, que ya no podemos comprar carne ni pollo porque todo eso se está dañando”, señaló.

El consumo eléctrico aumentó durante las últimas semanas por las altas temperaturas. Rodríguez indicó que la demanda alcanzó a finales de septiembre 16.400 megavatios, el mayor nivel desde 2017. Expertos citados en el reporte estiman que el país genera en promedio cerca de 12.000 megavatios.

“Estamos cansados, estamos hartos”, gritó una manifestante en Maracaibo. En otras protestas, los carteles mostraron mensajes como “Basta de apagones”, “No a los apagones” y “¿Cómo se educa a un país que no duerme?”.

Los cortes afectan actividades comerciales y tratamientos médicos. Alexander Ramírez, un panadero de 44 años, pidió respuestas ante la necesidad de trasladar los hornos entre locales con electricidad para poder elaborar pan. Isaac Antonio Bracho, paciente renal de 73 años, contó que los apagones nocturnos dificultan su descanso antes de las sesiones de diálisis. “Estamos mal, estamos mal, mal”, dijo el militar retirado desde Maracaibo.

(Con información de AFP)

Latam Airlines, la mayor aerolínea de América Latina, anunció que volverá a operar vuelos directos entre Santiago y Caracas desde el 3 de enero de 2027. La ruta tendrá cuatro frecuencias semanales y conectará nuevamente las capitales de Chile y Venezuela tras casi tres años de suspensión.

Los servicios se realizarán los lunes, miércoles, viernes y domingos en aviones Airbus A320neo. El trayecto tendrá una duración estimada de seis horas y cuarenta minutos, según informó la compañía en un comunicado.

La empresa proyecta trasladar a más de 50.000 pasajeros durante el primer año de la nueva operación comercial.

Latam amplía sus conexiones de Venezuela con Sudamérica

La ruta se incorporará a los vuelos que la compañía ya opera entre Caracas y Bogotá. Latam reanudó ese servicio en febrero, inicialmente con cuatro frecuencias por semana, y desde septiembre pasó a ofrecer una conexión diaria.

“Estamos fortaleciendo la conectividad de Venezuela con nuestros principales hubs en Sudamérica. A la operación que ya conecta Caracas con Bogotá se suma ahora la ruta directa con Santiago, lo que amplía las alternativas de viaje para nuestros pasajeros y refuerza la integración de Venezuela con la red de Latam”, indicó Juan José Tohá, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Latam Airlines Group.

Los vuelos entre Bogotá y Caracas habían sido suspendidos a finales de noviembre de 2025, después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) recomendara extremar las precauciones al sobrevolar territorio venezolano.

Esa advertencia derivó en restricciones aplicadas por las autoridades de Venezuela.

La conexión con Chile había sido suspendida en 2024

El itinerario entre Santiago y Caracas dejó de operar en 2024, cuando el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela anunció, sin precisar los motivos, la suspensión de “las operaciones aerocomerciales de transporte de pasajeros desde y hacia la República de Chile”.

La medida se produjo después de un discurso del entonces presidente chileno, Gabriel Boric (2022-2026), ante la Asamblea General de la ONU. Allí calificó de dictadura al régimen venezolano, encabezado por Nicolás Maduro, actualmente preso en Estados Unidos, y cuestionó los resultados electorales de julio de ese año.

Las declaraciones profundizaron la ruptura diplomática entre Chile y Venezuela. Maduro ordenó entonces retirar al personal diplomático venezolano en Chile y dispuso la salida de los funcionarios chilenos de Caracas.

Antes de esa suspensión, Latam ya había interrumpido sus operaciones entre ambos países entre 2016 y 2023, debido al complejo escenario macroeconómico que atravesaba Venezuela.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) analiza instalar una oficina en Venezuela, aunque el Gobierno chavista, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, no solicitó hasta el momento un programa del organismo ni otra forma de financiamiento. “Cualquier financiamiento que pudiera otorgarse sería únicamente a solicitud de las autoridades”, sostuvo la vocera del FMI, Julie Kozack.

La portavoz destacó que la directora gerente de la entidad, Kristalina Georgieva, se reunió con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas de la semana pasada. El encuentro abordó el restablecimiento de las relaciones entre la institución y el país, que abandonó el organismo en 2007.

El organismo prestamista analiza con las autoridades de Venezuela la apertura de una sede en el país caribeño para restablecer la cooperación técnica, aunque aún no definieron las modalidades ni el calendario. “El Fondo y las autoridades venezolanas están considerando establecer una presencia local en Venezuela para facilitar esta cooperación técnica y el desarrollo de capacidades.”, afirmó Kozack.

Entre los sectores definidos figuran las estadísticas macroeconómicas, las operaciones monetarias y cambiarias, la gestión de tesorería y la administración tributaria. Un equipo técnico del FMI viajó a Caracas entre fines de agosto y comienzos de septiembre para debatir las prioridades de desarrollo de capacidades y el suministro de datos. Esa misión se produjo después de otra visita del director del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Chalk.

El FMI no realiza su revisión anual estándar de la economía del país —conocida como la consulta del Artículo IV— desde 2004.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez se reunió en Nueva York con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el FMI y el Banco Mundial, como parte de la reanudación de los vínculos con esos organismos tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro en enero.

Las reuniones tuvieron lugar en la sede de la misión permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas. La televisión estatal venezolana sostuvo que los encuentros reflejan la “progresiva normalización de la relaciones” entre Caracas y los organismos multilaterales.

Georgieva calificó de productiva su reunión con Rodríguez y señaló que dialogaron sobre “la recuperación y reconstrucción” venezolana tras el doble terremoto del 24 de junio. “Celebramos los avances en el diálogo renovado y reafirmamos la disposición del FMI para apoyar al país mediante el desarrollo de capacidades y el asesoramiento en materia de políticas”, escribió la directora del Fondo en X.

El titular del BID, Ilan Goldfajn, afirmó que mantuvo una “buena reunión” con Rodríguez y recordó que “Venezuela es un importante miembro fundador” del banco”.

El FMI y el Banco Mundial anunciaron el 16 de abril la reanudación de sus relaciones con el Gobierno venezolano. Después de ese cambio, Venezuela recuperó el acceso a recursos vinculados al Fondo para apoyar la recuperación posterior a los terremotos de junio.

Delcy Rodríguez afirmó que las reuniones con organismos financieros internacionales apuntaron a “impulsar nuevas etapas de relacionamiento con el sistema financiero internacional y garantizar trabajo conjunto en beneficio del pueblo venezolano”. “El futuro de Venezuela se construye con alianzas, trabajo y la voluntad firme de seguir avanzando y generando oportunidades para nuestra nación”, expresó la mandataria.

El Fondo abrió su primera oficina local en un país miembro en 1956 en Paraguay, seguida de Bolivia y Haití ese mismo año. La asistencia técnica es una forma clave de apoyo no financiero que el fondo ofrece a sus miembros para fortalecer instituciones como los bancos centrales y las agencias estadísticas.

(Con información de Reuters y EFE)

El diplomático venezolano Aldo Perfetto Alexandrow fue liberado este jueves después de permanecer aproximadamente un año y medio detenido en Venezuela, desde su arresto el 21 de marzo de 2025. El funcionario, que ocupaba el cargo de segundo secretario de la embajada venezolana en México, estaba recluido en El Peñón, un módulo de alta seguridad utilizado por los organismos de inteligencia militar en Caracas. Tras su liberación fue difundida una fotografía tomada en las inmediaciones del centro de detención.

Perfetto Alexandrow había regresado a Venezuela procedente de México en el marco de sus funciones diplomáticas. Según los antecedentes del caso, viajaba con una valija diplomática cuando agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) abordaron el avión después de su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Una fuente vinculada al caso relató que los funcionarios ingresaron a la aeronave antes de que el diplomático pudiera desembarcar y lo esposaron en su asiento.

La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece garantías para los agentes diplomáticos frente a las autoridades del Estado receptor y determina que las valijas diplomáticas no deben ser abiertas ni retenidas. Sin embargo, el propio tratado establece que la inmunidad frente a la jurisdicción del Estado receptor no significa que un diplomático quede exento de la jurisdicción del Estado que lo envía.

Antes de que Perfetto Alexandrow fuera interceptado en Maiquetía, otros cuatro integrantes de la representación venezolana en México ya habían sido detenidos. Benedicto Alvarado, Yaimara Giménez, Gustavo Sánchez y Jairo Ramírez fueron arrestados el 1 de marzo de 2025 y trasladados primero a instalaciones militares en Venezuela antes de terminar recluidos en El Peñón, en Caracas.

El expediente abierto contra el grupo giró en torno a un presunto faltante de 6 millones de dólares atribuido al cobro irregular de servicios migratorios y consulares. Las autoridades sostuvieron que algunos de esos trámites habían sido abonados en criptomonedas y que esos pagos no habían quedado debidamente registrados. Los cuatro funcionarios y Perfetto Alexandrow habían trabajado bajo la conducción de Francisco Arias Cárdenas, quien dejó la embajada venezolana en México en noviembre de 2024.

El cambio de conducción de la embajada marcó el contexto en el que comenzaron los desplazamientos del personal. Stella Lugo asumió como nueva representante venezolana en México a fines de 2024, en reemplazo de Arias Cárdenas, y posteriormente se produjeron cambios en el equipo de funcionarios y trabajadores de la sede. Entre los empleados apartados estaban personas que habían trabajado directamente con el anterior embajador.

Arias Cárdenas ocupa un lugar particular dentro de la historia política venezolana. Fue uno de los militares que participaron en el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, encabezado por Hugo Chávez, y posteriormente desarrolló una extensa carrera política. Fue gobernador del estado Zulia y años después asumió la embajada venezolana en México, cargo que ejerció entre 2019 y 2024.

La trayectoria de Perfetto Alexandrow era diferente. Se trata de un diplomático de carrera, con experiencia en asuntos económicos, negociaciones internacionales y organismos multilaterales. Antes de su paso por México había desarrollado funciones relacionadas con la representación venezolana ante organismos internacionales.

Su formación también estuvo vinculada con asuntos de desarrollo internacional. El Rotary Peace Center de Carolina del Norte señala que cursó una maestría en Política de Desarrollo Internacional en Duke University y lo presenta como diplomático venezolano con experiencia en asuntos económicos y multilaterales.

Durante los primeros días posteriores a su arresto, familiares y personas vinculadas con el diplomático denunciaron que desconocían su paradero. Transcurrieron más de dos semanas antes de que se conociera públicamente dónde se encontraba.

Hasta el momento no fueron informados públicamente todos los detalles sobre las condiciones de su excarcelación ni sobre el estado definitivo del proceso judicial relacionado con las acusaciones que dieron origen a su arresto.

Al menos 927 personas fueron acusadas en Venezuela por “incitación al odio” desde 2017, cuando entró en vigencia una ley que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió reformar esta semana ante el Parlamento controlado por el chavismo. Según la organización no gubernamental Foro Penal, seis de los acusados permanecen detenidos y 638 cumplen medidas restrictivas de libertad.

El vicepresidente de la entidad, Gonzalo Himiob, indicó que el delito suele aparecer junto a imputaciones por terrorismo y asociación. “La mayoría de las veces” la acusación de incitación al odio fue presentada con esos otros cargos, explicó Himiob.

La Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia prevé penas de entre 10 y 20 años de prisión para quienes “fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia”, además de otras sanciones. El texto fue impulsado en 2017 por el ex dictador Nicolás Maduro.

Organizaciones sociales y sectores opositores cuestionaron la norma y la incluyeron dentro del marco jurídico utilizado contra periodistas, defensores de derechos humanos y críticos del chavismo. Rodríguez sostuvo el martes que mantiene su respaldo a los principios de la ley, aunque reconoció deficiencias en su aplicación. La dirigente afirmó que la norma “lamentablemente fue mal aplicada” y que existió “un uso abusivo” de sus disposiciones.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la creación de una comisión especial integrada por 11 diputados, que redactará el proyecto de reforma. En febrero, el legislador oficialista ya había reconocido un uso inadecuado de la legislación y planteó la posibilidad de modificarla.

Ante esta situación, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) reclamó en X que los procesos abiertos bajo esa legislación sean “revisados y cerrados”. La organización afirmó que esas causas “solo han servido para criminalizar la expresión”. “Es una norma contraria a los estándares sobre discursos de odio”, agregó el sindicato. Diversas organizaciones exigen la derogación de la ley y alertan sobre la amplitud de su redacción, que, según sostienen, permite interpretaciones discrecionales para acusar y sancionar comentarios u opiniones.

El pedido de reforma surgió después de que el Gobierno y un sector de la oposición concluyeran el segundo ciclo de diálogo respaldado por Estados Unidos para una transición política en Venezuela. También coincidió con una visita de Human Rights Watch (HRW), la primera de la organización al país desde 2008. HRW pidió modificar o derogar las leyes que “han permitido las violaciones de derechos humanos”, entre ellas la Ley Contra el Odio.

Por su parte, Plataforma Unitaria Democrática (PUD) exigió el miércoles la derogación inmediata de la ley contra el odio y rechazó la propuesta de, Delcy Rodríguez, para reformar la norma. “Pretender reformar una ley inconstitucional que ha sido utilizada para perseguir, criminalizar y encarcelar a ciudadanos inocentes es un despropósito”, sostuvo la principal coalición opositora venezolana en un comunicado.

La alianza, que respalda a la líder opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, afirmó que la legislación formó parte del marco jurídico utilizado para restringir libertades y perseguir a quienes disienten del chavismo. “Durante años, este instrumento ha formado parte del marco represivo empleado para silenciar la disidencia y restringir libertades fundamentales”, señaló la PUD.

El bloque opositor consideró que el país no requiere una modificación de la norma, sino el desmontaje de las disposiciones legales que, según denunció, permitieron el uso del aparato estatal contra ciudadanos por sus opiniones o posiciones políticas.

“La libertad de expresión, el derecho a informar, la libertad de pensamiento y la participación política no pueden estar sometidos al temor de sanciones arbitrarias o persecución. No se reforma la represión: se desmonta”, expresó.

La PUD sostuvo que la derogación de la ley debe constituir “un paso concreto” para recuperar las libertades civiles y políticas, el Estado de derecho y las garantías democráticas.

(Con información de EFE)

Representantes de petroleras internacionales expresaron el martes en Caracas su disposición a ampliar operaciones en Venezuela, pese al deterioro de la infraestructura y a los problemas operativos que enfrenta la industria, durante la Cumbre Internacional de Petróleo y Gas de Venezuela (VIOGS 2026).

El encuentro reunió a directivos de Repsol, Siemens, Hunt Oil, Maurel & Prom y la firma catarí UCC Oil and Gas Holding, además de empresas de servicios de distintos países. La presencia empresarial se produjo en medio de la apertura del sector petrolero al capital privado impulsada por la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, bajo supervisión de Estados Unidos.

“Toda Venezuela es una tremenda oportunidad para nosotros y para nuestros planes de crecimiento, y por eso estamos aquí”, afirmó Erik Keskula, director ejecutivo de Exploración y Producción de UCC Oil and Gas Holding, durante el foro.

UCC mantiene conversaciones para entrar en nuevas áreas de petróleo y gas en el país. La compañía, junto con BP y XRG, una unidad de la empresa estatal emiratí ADNOC, recibió en agosto una licencia de largo plazo para desarrollar el proyecto gasífero Loran, en aguas venezolanas cercanas a Trinidad y Tobago.

La empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), que acordó en agosto un plan para operar 17 campos venezolanos con reservas probadas estimadas en 65.000 millones de barriles, no participó del encuentro. La Casa Blanca calificó aquel convenio como el mayor acuerdo petrolero de la historia.

Michael García, jefe adjunto de misión de la embajada de Estados Unidos en Venezuela, afirmó: “Hemos trabajado con el gobierno interino para reabrir las puertas a empresas estadounidenses e internacionales de renombre para comercializar petróleo venezolano”. La producción petrolera venezolana ronda 1,2 millones de barriles diarios, lejos de los más de tres millones que el país extraía hace dos décadas. La industria arrastra años de falta de inversión y mantenimiento, problemas de gestión en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y el impacto de las sanciones internacionales.

La crisis eléctrica también atravesó las intervenciones del foro. Durante la jornada se registraron dos interrupciones del servicio.

“Debemos entender cuáles son las debilidades institucionales y luego las debilidades de infraestructura, pero podemos abordar esos problemas con bastante rapidez”, señaló Hunter Hunt, director ejecutivo de Hunt Energy Holdings. “Cuando los gobiernos anfitriones adoptan el mismo enfoque, ayuda a comenzar a abordar esas deficiencias muy rápidamente (...) lo estamos viendo aquí en días”, agregó.

La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) firmó el pasado sábado 20 de septiembre un memorando de entendimiento con TotalEnergies E&P New Ventures para una “cooperación estratégica en materia de hidrocarburos”, según informó la televisora pública venezolana, VTV.

El acuerdo fue suscrito en Caracas por el presidente de Pdvsa, Héctor Obregón, y el vicepresidente senior para las Américas de TotalEnergies, Javier Rielo. La ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, y otros directivos de la petrolera francesa asistieron al acto.

En abril, TotalEnergies afirmó que estaba “a punto de firmar algunos contratos comerciales con Venezuela”, después de que la empresa “avanzó en las negociaciones”. El director financiero de la compañía, Jean-Pierre Sbraire, explicó entonces que la firma trabajaba en un “esquema de comercialización” vinculado con los envíos de crudo venezolano hacia la costa estadounidense del golfo de México. “Parte” del petróleo pesado que TotalEnergies compre a Pdvsa podría llegar a la refinería de Port Arthur, cerca de Houston, que cuenta con capacidad para procesar unos 238.000 barriles diarios.

(Con información de EFE)

El ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Rolando Alcalá, anunció un plan para incorporar 1.300 megavatios al sistema eléctrico nacional durante el último trimestre de 2026, con el objetivo de reducir los apagones que se intensificaron en las últimas semanas. El funcionario indicó que una unidad de Planta Centro, el principal complejo de generación para el centro-oeste del país, entrará en servicio “en los próximos días” y aportará 600 megavatios a esa zona.

Alcalá informó que incorporarán siete unidades con una capacidad total de 500 megavatios para Zulia, uno de los estados más afectados por las fallas eléctricas. El resto de la generación prevista provendrá de unidades ubicadas en otras regiones del país. “Se dispondrán de otras unidades a nivel nacional que, en un total significan 1.300 megavatios en este último trimestre del 2026, que servirán para lograr más estabilidad, más continuidad y menos interrupciones en el servicio de energía eléctrica a nivel general”, afirmó en un video difundido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en Telegram.

El anuncio se produjo mientras distintas regiones registran protestas casi diarias por interrupciones del suministro que, según los reclamos de los usuarios, pueden prolongarse hasta 16 horas. El ministro atribuyó el aumento de la demanda al “repunte de la actividad económica”, a las altas temperaturas vinculadas con el fenómeno de El Niño y a los terremotos de junio, que, según sostuvo, retrasaron los trabajos de recuperación de la red eléctrica.

Distintos voceros gubernamentales también atribuyeron las fallas a las sanciones internacionales, al considerar que limitaron la compra de repuestos. La oposición y expertos, en cambio, responsabilizan a la corrupción y a la falta de mantenimiento de una crisis que se extiende desde hace más de una década.

Alcalá afirmó que el país contó este año con acceso a “repuestos y piezas originales de los principales fabricantes del mundo”. El presidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Juan Fernández, informó que el Gobierno ejecuta obras de transmisión, entre ellas la ampliación de una subestación de Planta Centro mediante un autotransformador. El equipo, cuya puesta en marcha se prevé para finales de noviembre, permitirá enviar energía hacia la región andina, otra de las áreas que enfrenta cortes frecuentes.

Fernández agregó que Corpoelec realiza tareas de mantenimiento diario y avanza en un programa de fuentes alternativas. Entre los proyectos mencionó el parque solar de Machango, en Zulia, que las autoridades esperan poner en servicio en 2027. El Gobierno encargado también expresó confianza en una reforma de la ley del servicio eléctrico, que prevé la participación de los sectores público y privado. Las autoridades recordaron convenios firmados con General Electric, Siemens e Impsa.

La crisis eléctrica en Venezuela se extendió a nuevas regiones del país, con interrupciones diarias que afectan al 99% de los hogares en Zulia, al 98% en los Andes y al 82% en Caracas, según datos expuestos por el analista Efraín Rincón, de la firma Consultores 21.

“La crisis eléctrica ha empeorado de manera significativa, uno tenía la idea de que la gran víctima de esto es el Zulia y resulta que ahora se han sumado otras regiones del país”, afirmó Rincón durante una rueda de prensa en Maracaibo a principios de septiembre. “Los datos dicen que el 99% de los hogares (zulianos) se ven afectados por interrupciones del servicio eléctrico al día (...) en (la región de) Los Andes estamos más o menos en ese porcentaje, 98%, y en la capital (Caracas) hay un 82%. De tal suerte que el problema energético se ‘deszulianizó’ y empieza ahora a nacionalizarse”, señaló.

En el sur de Maracaibo, la estudiante de Psicología Isamar González, de 18 años, relató que convive con los apagones desde su infancia y que utiliza linternas para estudiar. “Yo siento en realidad que no ha habido ningún cambio. Creo que ha habido momentos peores, como cuando nos quitaron la luz una semana en (2019...) Y creo que ahorita se tiene que aprender a sobrevivir con esto”, dijo en diálogo con EFE.

La joven aseguró que el servicio falla “todos los días”. Los cortes también agravan la situación de personas enfermas, entre ellas pacientes oncológicos y personas con autismo, según vecinos de la comunidad de Santa Clara.

(Con información de EFE)

La Cancillería de República Dominicana avanza en el restablecimiento de los servicios del Consulado General en Caracas, Venezuela, una medida que permitirá a dominicanos y extranjeros realizar nuevamente sus gestiones en Venezuela sin trasladarse a Colombia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, conocido como Mirex, anunció este martes que la fecha oficial de apertura se comunicará por sus canales institucionales.

El anuncio expuesto en el portal web de la Cancillería, explica que la reapertura ocurre tras el acuerdo alcanzado en agosto para iniciar una normalización gradual de las relaciones diplomáticas y consulares entre ambos países. La ruptura se produjo el 29 de julio de 2024, cuando Caracas exigió el retiro inmediato de los representantes de siete naciones, entre ellas República Dominicana, por cuestionar los resultados de las elecciones presidenciales venezolanas.

Este anuncio se produce después de que Venezuela y la República Dominicana acordaran iniciar un “proceso de normalización gradual” de sus relaciones diplomáticas y consulares el pasado mes de agosto, de acuerdo con EFE.

El Consejo Nacional Electoral venezolano declaró ganador a Nicolás Maduro con 51,2% de los votos, mientras la oposición sostuvo que contaba con 73% de los sufragios, según El Día, diario dominicano. Las tensiones diplomáticas derivaron en el cierre del consulado dominicano en Caracas ese mismo mes.

Los trámites pendientes en Bogotá

Los servicios consulares volverán a estar disponibles en Venezuela cuando la sede entre en funcionamiento, y los nuevos trámites podrán iniciarse directamente en Caracas. La medida busca reducir los desplazamientos de los usuarios y facilitar el acceso a gestiones administrativas para los residentes dominicanos y los extranjeros que requieran atención consular.

Sin embargo, los expedientes ya iniciados en Colombia no serán transferidos a la nueva sede. Quienes tengan documentos depositados o citas programadas deberán completar el procedimiento en Bogotá, precisó la Cancillería.

El consulado de Caracas había concentrado parte de su atención en la capital colombiana desde su cierre. La restitución de sus servicios forma parte del proceso bilateral iniciado meses después de la crisis diplomática, informó Diario Libre, medio dominicano.

Héctor Pastor Vásquez Frías, designado cónsul general

El presidente Luis Abinader designó a Héctor Pastor Vásquez Frías como cónsul general de República Dominicana en Caracas mediante el decreto 351-26, emitido el lunes 8 de junio. La disposición ordenó remitir la medida al Mirex, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Administración Pública y las demás instituciones correspondientes para su ejecución, según medios locales.

Abinader también señaló que su Gobierno evaluaba restablecer plenamente las relaciones con Venezuela. Consultado este mes en Nueva York sobre la presencia de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en la Organización de las Naciones Unidas, respondió: “No tengo comentarios, cada país es independiente y puede hacer lo que desee”.

El mandatario agregó que la reapertura consular estaba vinculada con la presencia de ciudadanos de ambos países: “Lo estamos estudiando, ya abrimos un consulado por la cantidad de venezolanos y dominicanos que hay en cada uno de nuestros países”, declaró a El Nuevo País, medio venezolano.

Las manifestaciones se extendieron por regiones tan diversas como Zulia, Falcón, Lara, Barinas, Apure, Mérida, Bolívar, Guárico, Carabobo, Miranda y La Guaira. Los participantes llevaron banderas venezolanas y utilizaron prendas vinculadas a distintas organizaciones opositoras. En algunos puntos se escucharon consignas como “María vente, aquí está tu gente” y “¡Libertad!”, mientras las caravanas recorrían las principales avenidas.

Machado salió clandestinamente de Venezuela a finales de 2025 para viajar a Oslo y recibir el Premio Nobel de la Paz. Actualmente se encuentra en Panamá y el sábado afirmó: “Yo voy a regresar muy pronto a mi país”.

En el mismo mensaje pidió mantener la presión para avanzar hacia un proceso electoral en el que puedan participar libremente los venezolanos, incluidos quienes viven en el exterior.

La declaración se produjo después de que su equipo denunciara varios intentos frustrados de retorno. Según esa versión, Machado habría intentado ingresar a Venezuela en tres oportunidades durante la semana pasada y, de acuerdo con sus colaboradores, ya serían al menos siete los intentos que no pudieron concretarse. El régimen venezolano, por su parte, ha negado que exista una orden para impedir su regreso.

En Barinas, estado natal de Hugo Chávez, la concentración reunió a simpatizantes, dirigentes políticos, gremios y trabajadores que se desplazaron hasta las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral. Allí, además de reclamar por Machado, los manifestantes pidieron que se establezca un calendario oficial para las próximas elecciones presidenciales.

“Vamos a luchar para que llegue la próxima presidenta de Venezuela, María Corina Machado. La estamos esperando”, expresó el trabajador Leandro González durante la jornada.

En Miranda, las caravanas atravesaron Los Teques con banderas y carteles que reclamaban un “cronograma electoral claro” y elecciones presidenciales en 2027. La convocatoria opositora había establecido precisamente esos tres puntos —el retorno seguro de Machado, un calendario electoral y elecciones presidenciales— como ejes de la movilización nacional.

Zulia concentró además otro de los episodios de la jornada. En Maracaibo, la movilización coincidió con reclamos por los prolongados cortes de electricidad que afectan a la región. La maestra Yajaira Barrios pidió que Machado vuelva al país: “Que venga de inmediato, ella no tiene que pedirle permiso a nadie, ella es venezolana”.

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa vinculó el regreso de Machado con la posibilidad de canalizar el descontento ciudadano hacia un proceso electoral. “Este pueblo está sumamente molesto y esa molestia puede ser canalizada hacia un proceso electoral democrático por María Corina Machado”, sostuvo.

La jornada terminó además con una denuncia de Vente Venezuela sobre la detención de Fernando Torrealba, integrante de la organización en Zulia. Según la agrupación, funcionarios de la Guardia Nacional lo interceptaron mientras participaba en la caravana de Maracaibo y posteriormente se desconocía su paradero. El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela reclamó información inmediata sobre su situación y su liberación.

La movilización nacional se produjo después de varios días de protestas y en un contexto de negociaciones políticas sobre el futuro de Venezuela. Para los organizadores, el regreso de Machado quedó situado en el centro de las demandas opositoras junto con la definición de las condiciones y fechas para una futura elección presidencial.

El Gobierno chavista de Venezuela aseguró que el puerto de La Guaira recuperó entre 96% y 97% de sus operaciones, tres meses después del doble terremoto del 24 de junio que afectó con mayor dureza a ese estado. El ministro de Transporte, Francisco Garcés, afirmó que las actividades marítimas están “casi en su totalidad recuperadas”, aunque persisten sectores de la infraestructura portuaria que requieren un plan de rehabilitación de mayor alcance.

El funcionario indicó que los sismos causaron daños en el puerto de La Guaira, sin precisar las áreas afectadas ni el cronograma de las obras pendientes.

Garcés también se refirió al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, principal terminal aérea que sirve a Caracas, y señaló que una de sus pistas ya fue reparada, mientras que otra registró daños de mayor magnitud y demandará más tiempo de trabajos. “El aeropuerto de Maiquetía concentra un poco más del 70% de las operaciones nacionales e internacionales”, sostuvo el ministro.

La terminal retomó actividades el 1 de septiembre mediante instalaciones temporales, después de que los terremotos afectaran sus áreas principales. Al menos 19 aerolíneas, de las cuales 11 son internacionales, operan desde esas terminales provisionales.

Entre las compañías que mantienen vuelos figuran Air Europa, Iberia, Plus Ultra, TAP, American Airlines, Copa Airlines, Avianca y LATAM Colombia. Las instalaciones temporales cuentan con capacidad total para 2.168 personas. De ese número, 720 plazas corresponden al sector de salidas internacionales y 496 al área de llegadas.

“Más que una infraestructura, este espacio representa una profunda reconexión con el mundo y con lo nuestro: el reencuentro con nuestras raíces, la unión de las familias y la certeza de que la puerta de Venezuela sigue abierta al porvenir”, sostuvo el Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía antes de su reapertura.

No obstante, pese a los anuncios de la administración chavista liderada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, Amnistía Internacional denunció falta de transparencia de las autoridades venezolanas, tres meses después del doble terremoto del 24 de junio, y reclamó que la recuperación se base en los derechos humanos y la dignidad de las víctimas.

“A tres meses de estos eventos, queda una deuda hacia las personas damnificadas que debe saldarse enfocando la recuperación en sus derechos humanos y en su dignidad”, afirmó la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Ana Piquer, en un comunicado.

La organización entrevistó a 21 personas afectadas en Caracas y La Guaira, la zona con mayores daños. Los testimonios señalaron un “escaso acompañamiento institucional” y falta de información sobre los mecanismos para localizar familiares desaparecidos o acceder a ayudas estatales.

Todos los entrevistados indicaron que la respuesta de las autoridades fue “tardía y poco coordinada” y sostuvieron que, pese al despliegue de policías, militares y organismos de inteligencia, las tareas se enfocaron en la vigilancia y el control territorial, en lugar de priorizar la búsqueda y localización de personas.

La organización advirtió que las autoridades no publicaron una cifra nacional actualizada de desaparecidos. El Gobierno chavista informó el 24 de agosto un balance de 6.509 muertes, mientras que el gobernador de La Guaira mencionó una estimación de 7.265 fallecidos. Iniciativas ciudadanas recopilaron más de 41.000 reportes de personas cuyo paradero se desconoce, aunque Amnistía señaló que esos registros pueden incluir errores y duplicaciones.

Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, golpearon el norte de Venezuela el 24 de junio y provocaron daños en casi 60.000 viviendas. Amnistía Internacional pidió establecer un registro único de víctimas, garantizar información pública actualizada y asegurar asistencia, atención médica, apoyo psicológico y acceso a vivienda para los damnificados.

(Con información de EFE)

El Gobierno chavista, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y un sector de la oposición, respaldado por Estados Unidos, instalaron una mesa técnica para revisar asuntos vinculados con la libertad de expresión y el derecho a la información, dentro del segundo ciclo de diálogo político, que se extenderá hasta el miércoles 23 de septiembre.

Las partes anunciaron la decisión en un comunicado conjunto, en el que precisaron que la instancia “iniciará un proceso de consulta, garantías y verificación de los avances en esta materia con los actores involucrados y la comunidad en general para este segundo ciclo de trabajo”.

La mesa quedó conformada un día después del inicio de las reuniones entre representantes del chavismo, encabezados por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y una delegación opositora liderada por la exdiputada Dinorah Figuera. El proceso, impulsado por Estados Unidos, comenzó en agosto.

Los participantes también celebraron el levantamiento de las restricciones sobre diversos portales digitales. La medida entró en vigor el jueves, en coincidencia con el inicio de esta etapa de conversaciones y luego de una recomendación del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, creado en enero por Delcy Rodríguez.

El comunicado añadió que las delegaciones crearon una comisión paritaria de seguimiento, que tendrá la tarea de “velar por el cumplimiento continuo de los acuerdos y compromisos establecidos”.

Las conversaciones se desarrollan en el hotel Gran Meliá Caracas, donde tuvo lugar el primer ciclo. En esa instancia, las partes acordaron la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el desbloqueo de las reservas de oro retenidas en Inglaterra, destinadas a atender a las víctimas del terremoto de junio.

La delegación opositora informó el viernes el inicio formal del “procedimiento para la designación de todos los magistrados” del TSJ, una medida que describió como “un paso fundamental en la transformación del sistema de justicia”. Las partes prevén mantener ambos asuntos en la agenda de esta nueva ronda. Según el Financial Times, los negociadores también se aproximan a un acuerdo para transferir las reservas de oro del Banco de Inglaterra, valoradas en USD 4.000 millones, a la Reserva Federal del Banco de Nueva York.

La presidenta encargada se reunió este viernes con el encargado de negocios británico en Caracas, Colin Dick, a quien agradeció “su disposición y acompañamiento en este proceso de reanudación de las relaciones diplomáticas”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá el martes 22 de septiembre en Nueva York con la presidenta encargada de Venezuela en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El encuentro será el primer cara a cara entre Trump y Rodríguez y marcará la reunión de mayor nivel entre Washington y Caracas en más de una década. La última conversación directa entre líderes de ambos países tuvo lugar en abril de 2015, durante una cumbre celebrada en Panamá. En aquella ocasión, el entonces presidente estadounidense, Barack Obama, mantuvo un breve intercambio con el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

HRW reclamó la liberación de todos los presos políticos en Venezuela

La Fiscalía de Venezuela recibió este viernes a una delegación de Human Rights Watch (HRW) para revisar asuntos vinculados con los derechos humanos, durante la primera visita oficial de la organización a Caracas en 18 años. El fiscal general, Larry Devoe, se reunió en la sede principal del Ministerio Público con el subdirector ejecutivo de Human Rights Watch, Federico Borello, y la directora para las Américas de la entidad, Juanita Goebertus.

El Ministerio Público informó que “ambas partes abordaron temas de interés común en materia de derechos humanos”, sin precisar los asuntos tratados ni los compromisos alcanzados. La reunión también incluyó un intercambio sobre la reforma del sistema de justicia que propuso Delcy Rodríguez dentro del “nuevo momento político” que atraviesa el país tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

HRW concluyó este viernes su visita a Venezuela, la primera de carácter oficial desde 2008. La organización consideró que existe una “pausa” en la represión que, según afirmó, el país atravesó durante los últimos 27 años. La entidad reclamó al Gobierno de Rodríguez reformas estructurales y la liberación de todos los presos políticos.

“Sabemos que se han liberado más de 900 personas, presos políticos, pero que quedan cientos más presos”, subrayó Borello al remarcar que es necesaria una excarcelación “total e incondicional” de detenidos por motivos políticos.

(Con información de EFE)

El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática recomendó el miércoles por la noche a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, adoptar medidas para favorecer la libertad de expresión y mejorar las condiciones para el ejercicio del periodismo, entre ellas la eliminación de las restricciones contra los dominios web de medios de comunicación.

La recomendación surgió después de un proceso de consultas con distintos sectores de los medios de comunicación, entre ellos medios nacionales, públicos, privados, alternativos e influenciadores, según un comunicado oficial difundido por Oliver Blanco, viceministro primero de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Venezuela.

El organismo explicó que las consultas tuvieron como objetivo favorecer un ambiente de “mayor y mejor comunicación, transparencia, diversidad y pluralismo”. Entre las medidas propuestas a Rodríguez figura “eliminar restricciones contra dominios de medios de comunicación”, además de promover la libre expresión dentro de un marco de respeto y responsabilidad.

El programa también planteó que estas medidas contribuyan a generar un “clima de encuentro entre venezolanos”, como parte de un proceso orientado a fortalecer la convivencia democrática.

La recomendación se produjo después de que 38 medios, 63 organizaciones de la sociedad civil y 164 individualidades presentaran un manifiesto en el que reclamaron el levantamiento de los bloqueos digitales y la eliminación de las restricciones contra sitios web.

Las organizaciones también reclamaron cambios en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y un marco institucional que garantice el ejercicio de la libertad de expresión.

De acuerdo con VE sin Filtro, programa de la ONG venezolana Conexión Segura y Libre dedicado al monitoreo y la denuncia de la censura digital y las restricciones al acceso a internet en Venezuela, más de 200 dominios continúan bloqueados en el país, entre ellos el de Infobae.

El día que comenzó la censura del régimen chavista a Infobae

El 10 de octubre de 2014, el régimen de Nicolás Maduro ordenó el bloqueo total de Infobae en Venezuela, tras la publicación de imágenes vinculadas al asesinato del diputado oficialista Robert Serra. La medida fue ejecutada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y, más de diez años después, la censura sobre el medio continúa.

La decisión fue justificada bajo el argumento de “mancillar el honor” del parlamentario y su familia. El entonces presidente de Conatel, William Castillo, afirmó que el medio había cometido “graves violaciones a las leyes venezolanas” y cuestionó la publicación de fotografías que, según sostuvo, eran “sin valor informativo”. También acusó a Infobae de fomentar un clima de “guerra psicológica”.

La dirección de Infobae reaccionó ante la medida. “Repudiamos la censura a la que somos sometidos y no vamos a aceptar que ningún gobierno nos diga qué fotos debemos publicar”, declaró Valeria Cavallo, directora del medio. La postura fue respaldada por agencias internacionales como Reuters, que reportaron el bloqueo y la censura digital en Venezuela.

Desde entonces, Infobae permaneció bloqueado por el régimen Chavista.

La censura contra Infobae no constituyó un hecho aislado. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder y, con mayor intensidad, durante el mandato de Maduro, se registraron cierres, bloqueos y medidas contra medios de comunicación.

De acuerdo con reportes de distintas organizaciones no gubernamentales y datos del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), solo entre 2019 y 2020 se registraron más de 500 casos de violaciones a la libertad de expresión y al acceso a la información pública, con al menos 200 medios de comunicación afectados por cierres, bloqueos o censura directa.

Entre las acciones registradas se encuentran la prohibición de transmisiones de televisoras extranjeras, el retiro de programas de opinión y el bloqueo sistemático de portales digitales, incluida la web de Infobae.

El impacto también alcanzó a la radio y a la prensa escrita. “El vacío en el dial es notorio”, afirmó el periodista Ángel Ramón Oliveros, al referirse a la situación de la radio, uno de los principales vínculos con la realidad informativa del país.

Entre 2017 y 2019, organizaciones como Espacio Público documentaron el cierre de más de 70 periódicos impresos y 54 emisoras de radio. En 2025, el escenario se agravó después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y de la toma de posesión de Maduro en enero. En ese período, se intensificaron las denuncias sobre represión, censura y autocensura en los medios.

La decisión del ex ministro venezolano Alex Saab, señalado como presunto testaferro del depuesto dictador Nicolás Maduro, de declararse culpable el martes de lavado de dinero en Estados Unidos y alcanzar un acuerdo de cooperación con la Fiscalía abre interrogantes sobre el posible impacto de su testimonio en el caso contra el ex gobernante, aunque el acuerdo no lo menciona.

Estas son las claves del acuerdo de Saab, ex ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela entre 2024 y 2026, con el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos, que no nombra a Maduro, recluido en Nueva York acusado de narcotráfico, pero sí menciona a “altos funcionarios del Gobierno venezolano” en 2015, cuando era líder del país sudamericano.

La declaratoria de culpabilidad

El empresario de 54 años, nacido en Colombia, se declaró culpable del cargo de conspiración para lavado de dinero en la corte federal del Distrito Sur de Florida, donde primero se había presentado como “no culpable” el 24 de julio tras ser deportado el 16 de mayo desde Venezuela por el gobierno interino de Delcy Rodríguez.

En su declaratoria, Saab reconoció que en 2015, cuando Maduro era presidente, organizó con “altos funcionarios del Gobierno” un “esquema ilegal” con “sobornos” y “pagos ilegales” del programa público venezolano Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), con transferencias de dinero al sur de Florida.

La incógnita de otros coacusados y otros cómplices

El ex ministro menciona como presuntos cómplices al chavista José Gregorio Vielma Mora, quien entonces era gobernador de Táchira, y a los colombianos Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano.

Pero también señala a “co-acusado 1” y “co-acusado 3”, dos sospechosos que la Fiscalía no identificó de manera pública, además de asegurar que “acordó lavar dinero y cometer fraude” con “altos miembros del Gobierno de Venezuela”.

¿Qué ofrece Saab a EEUU?

A cambio, Saab accedió a “cooperar plenamente” con el DOJ con “la aportación de información y testimonio veraces y completos, y la entrega de documentos, registros y otras pruebas” en “cualquier juicio o proceso” judicial que pida el Gobierno.

“Asimismo, el procesado acuerda que no protegerá a ninguna persona o entidad mediante información falsa u omisión, que no implicará falsamente a ninguna persona o entidad, y que no cometerá ningún otro delito”, establece el pacto.

Además, el empresario aceptó entregar 195 millones de dólares, propiedades y bienes derivados de los crímenes a la Fiscalía, que fijó un plazo de catorce días para que revele todos los activos relacionados con los delitos.

Las promesas de EEUU a Saab

Por estas condiciones, el Gobierno estadounidense aceptó pedir una sentencia menor para el ex ministro venezolano, quien podría afrontar una pena máxima de 20 años en prisión y una multa de 500.000 dólares, según el acuerdo de 12 páginas.

Pero el DOJ advirtió de que se “reserva el derecho de evaluar la naturaleza y el alcance de la cooperación del procesado”, así como la “calidad e importancia” de la información para las investigaciones pertinentes.

Las posibles implicaciones para Maduro

Este proceso cobra relevancia porque ocurre después de la llegada de Maduro en enero a Nueva York, donde afronta cargos por “narcoterrorismo”, narcotráfico y posesión de armas.

Aunque el acuerdo divulgado no menciona al gobernante depuesto por EEUU, el opositor venezolano Carlos Paparoni, ex diputado y dirigente del partido Primero Justicia, considera que “la importancia de esto es abrir el proceso de colaboración de Alex Saab con las autoridades” estadounidenses.

“Si bien todo el mundo está pensando en este momento en la cooperación de Saab en el caso de Nicolás Maduro, creo que la relevancia es que Saab tiene el secreto y la traza de dinero de muchísimos casos abiertos en EEUU y de miles de casos más que pueden terminar siendo abiertos”, dijo a EFE tras acudir a la audiencia.

(Con información de EFE)

El diplomático francés Gilles Bertrand llegó este lunes a Caracas para asumir como nuevo embajador de la Unión Europea (UE) ante Venezuela, en una jornada que también marcó el nombramiento del venezolano Raúl LiCausi como embajador de Caracas ante Bruselas, en un movimiento que refleja el proceso de recomposición de las relaciones bilaterales entre el país sudamericano y el bloque europeo.

Bertrand fue recibido por Nelson Totesaut, director general para Europa del Ministerio para Relaciones Exteriores, y por el encargado de negocios de la UE en la capital venezolana, Pierre-Henri Helleputte.

El diplomático llega tras haber ejercido como embajador de la UE ante Colombia entre 2021 y 2025, y en su primera comunicación desde suelo venezolano expresó: “Venezuela. Nuevo país, nuevos desafíos, ¡mismo entusiasmo!”, en un mensaje publicado en X. Sustituye en el cargo a la española María Antonia Calvo Puerta.

LiCausi pasa de viceministro a embajador ante la UE

En paralelo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció a través de Telegram la designación de LiCausi, hasta ahora viceministro de Relaciones Exteriores para el Caribe.

El nuevo embajador ante la UE es egresado de la Escuela de Estudios Internacionales y posgraduado en Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), y en su trayectoria se destaca su paso como presidente de PDV-Caribe S.A., filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Para cubrir su lugar en el Viceministerio del Caribe, Rodríguez designó a Carlos Amador Pérez, mientras que Eduardo Ramírez quedó al frente del Viceministerio para Asia y Oceanía.

Además, Radamés Gómez fue nombrado viceministro de Geopolítica de los Hidrocarburos y Andrea Gabriela Corao asumirá la presidencia de la Agencia de Promoción de Exportaciones de Venezuela (Venexporta), organismo que depende del Ministerio de Exteriores y Comercio Internacional.

Los cambios apuntan a fortalecer la proyección internacional de Venezuela

Rodríguez sostuvo que los nombramientos en “áreas estratégicas” buscan “fortalecer la proyección internacional, comercial y energética de Venezuela” y agregó: “En esta etapa avanzamos con mayor articulación, presencia internacional y nuevas oportunidades para Venezuela”.

La mandataria encargada llegó al poder tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero pasado. Desde entonces, su gestión se ha caracterizado por la recomposición de vínculos con la Casa Blanca y otras instituciones internacionales. El intercambio de embajadores con la UE, concretado este lunes, se inscribe en ese proceso.

El bloque europeo, por su parte, señaló que el objetivo de la nueva misión diplomática es “propiciar el entendimiento mutuo y profundizar la cooperación bilateral bajo un esquema de respeto a la soberanía”, según informó la Cancillería venezolana.

En una entrevista con el canal estatal Venezolana de Televisión, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, indicó que ingenieros evalúan la recuperación de 56 escuelas entre el grupo de 87 centros que tienen daños estructurales tras los terremotos.

Rodríguez anticipó que, de no poderse reparar algunos centros educativos, se dará paso a “una demolición controlada y habrá que construir nuevas escuelas”, y aseguró que para ello existe un plan.

“No pasa solo por construir escuelas donde se cayeron, hay familias que se están mudando a nuevos urbanismos. Eso va a ameritar la ampliación de la oferta que tenemos”, subrayó Rodríguez, quien informó sobre la incorporación de un simulacro sísmico como parte del proceso pedagógico en las escuelas.

Según el Gobierno, más de 1.000 escuelas, de un total de 27.000 en todo el país, sufrieron daños por los terremotos, 11 de ellas colapsadas.

Más de 86.000 alumnos fueron reubicados

Además, más de 86.000 niños fueron reubicados en distintas escuelas en Caracas y varios estados de Venezuela para el nuevo año académico, que comenzó este lunes, tras las afectaciones en centros educativos por los devastadores terremotos de junio, informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El pasado jueves, la Federación de Maestros denunció que la mayoría de los centros escolares está afectada por problemas de servicios básicos y estructurales que se vieron agravados tras los sismos, por lo que exigió una evaluación técnica.

“Han sido relocalizados para que todos vayan a las clases”, dijo la mandataria en un colegio en Caracas, donde recordó a los niños y adolescentes que fallecieron por el doble terremoto, que dejó más de 6.500 muertos.

Según su equipo de prensa, el plan de “rezonificación” benefició a un total de 86.031 estudiantes en la capital venezolana y en los estados La Guaira (el más afectado), Miranda, Carabobo, Aragua y Yaracuy.

Durante la actividad, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez indicó que 11 escuelas se desplomaron y que poco más de 1.010 tuvieron afectaciones, de las cuales “muchas ya han sido rehabilitadas y otras están ya en proceso de recuperación”, sin detallar estas cifras.

La líder chavista aseguró que más de seis millones de niños y adolescentes vuelven a clases, tras la incorporación de más de 75.000 nuevos estudiantes, por lo que expresó que el “objetivo estratégico” es garantizar una “máxima y plena escolaridad” y evitar la deserción.

En otro acto, el gobernador de La Guaira (norte, aledaña a Caracas), el chavista José Alejandro Terán, declaró a la prensa que abrieron sus puertas un total de 239 planteles educativos y que todavía “hay muchos por reparar”.

En ese sentido, señaló que 34 centros educativos “sufrieron daños muy graves y están siendo sometidos a estrictos y profundos estudios técnicos”.

Alrededor de las 7:00 hora local (11:00 GMT), cuando comienza usualmente la jornada educativa en el país, la agencia de noticias EFE constató en un recorrido la ausencia de niños y adolescentes en varias zonas de La Guaira. Algunos padres acudieron a escuelas para la inscripción de sus hijos, que se realiza esta semana.

Varios grupos de familiares de presos políticos exigieron este viernes en Caracas que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordene nuevas liberaciones y responda por denuncias de violaciones de derechos humanos que permanecieron sin investigación.

La concentración se realizó en la plaza O’Leary, en el centro de Caracas, a pocos metros del Palacio de Miraflores. Los familiares desplegaron pancartas con reclamos por la libertad de los detenidos y por la atención médica de quienes atravesaron situaciones críticas dentro de los centros de reclusión.

La protesta formó parte de la tercera etapa de la “Ruta de las respuestas pendientes”, una iniciativa que recorrió organismos públicos durante la semana. Los participantes acudieron antes a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público para plantear sus denuncias y solicitar actuaciones sobre los casos que presentaron.

La movilización no pudo avanzar hasta la sede presidencial, una zona donde las manifestaciones disidentes enfrentaron restricciones y presencia policial. Sin embargo, representantes del Despacho de la Presidencia recibieron a una delegación de tres mujeres del Comité por la Libertad de los Presos Políticos Venezolanos (Clippve)

Las representantes entregaron un escrito que reunió denuncias registradas por familiares de personas encarceladas por motivos políticos. El documento reclamó investigaciones sobre presuntas vulneraciones de derechos humanos y solicitó la libertad inmediata de los detenidos que continuaban bajo custodia estatal.

Andreína Baduel, integrante de Clippve, afirmó que más de 400 familias aguardaban el regreso de sus parientes. La organización registró, además, 37 presos políticos en condición crítica de salud, por lo que pidió atención médica urgente.

Baduel sostuvo que el Gobierno debe dar explicaciones sobre el ritmo de las excarcelaciones anunciadas desde enero. También cuestionó que la administración de Rodríguez avanzara en nuevos acuerdos vinculados al petróleo mientras numerosos detenidos permanecen en prisión.

La activista es hermana de Josnars Baduel, detenido por motivos políticos, e hija de Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa durante el gobierno de Hugo Chávez, quien murió bajo custodia estatal. Durante la protesta, pidió que las autoridades respondieran a las denuncias de las familias y atendieran los casos pendientes.

Tras la entrega del documento, Hiowanka Ávila, familiar de un detenido en Rodeo 1, relató que las representantes fueron atendidas durante pocos minutos detrás de un vidrio. Según explicó, recorrieron varias dependencias antes de llegar al lugar donde funcionarios recibieron sus planteamientos.

Ávila dijo que la experiencia le recordó las dificultades que enfrentó durante las visitas a su hermano en el centro penitenciario. También afirmó que los funcionarios no mostraron disposición para revisar los expedientes de los presos políticos ni para responder a los reclamos de sus allegados.

El caso de Rodeo 1 ocupó parte de los reclamos de la jornada. A comienzos de septiembre, familiares denunciaron traslados de varios detenidos desde ese penal sin información suficiente sobre su destino, sus condiciones de reclusión o su situación judicial.

Los grupos que participaron de la movilización señalaron que entre los presos políticos figuraron dirigentes opositores, estudiantes, periodistas, activistas, militares y ciudadanos. Los familiares denunciaron arrestos sin garantías de debido proceso, falta de pruebas y dificultades para conocer el estado de los detenidos.

Organizaciones no gubernamentales cuestionaron el alcance de esa norma porque una parte importante de los beneficiados se encontraba bajo medidas de libertad restringida y no en prisión. El recuento de Foro Penal, organización venezolana de defensa de derechos humanos, situó en 328 la cifra de presos políticos que permanecían detenidos en el país.

Las organizaciones de familiares advirtieron que esos registros cambiaron por nuevas detenciones, liberaciones parciales y traslados entre cárceles. La protesta de este viernes buscó mantener visibles los casos que, según sostuvieron, no recibieron respuestas institucionales.

(Con información de EFE)

Cilia Flores, esposa del ex dictador venezolano Nicolás Maduro, solicitó a un tribunal federal de Nueva York que se le permita esperar su juicio por narcotráfico bajo arresto domiciliario en lugar de continuar detenida en una prisión de Brooklyn. Sus abogados presentaron el pedido el miércoles ante el juez Alvin K. Hellerstein, con el argumento de que una afección cardíaca que padece desde hace años se agravó desde su ingreso al centro de detención.

Según el escrito judicial, firmado por los defensores Mark Donnelly y Andrés Sánchez, Flores convivía con un “prolapso de la válvula mitral” antes de su arresto y recibía un tratamiento mensual con inyecciones que no ha podido continuar durante su reclusión. En su lugar, el equipo médico del penal le prescribió aspirina infantil, una estatina, diltiazem y nitroglicerina para los episodios de dolor en el pecho.

“Merece la oportunidad de esperar su juicio en confinamiento domiciliario”, escribieron los abogados, quienes detallaron que su clienta perdió más de once kilos, sufrió la pérdida de dos molares y presenta reflujo y gastritis persistentes desde enero. La defensa añadió que médicos recomendaron realizarle un cateterismo cardíaco, procedimiento que podría derivar en intervenciones adicionales y que, según argumentan, requiere un entorno de recuperación distinto al que ofrece una cárcel federal.

El documento también hace referencia a un episodio de salud ocurrido el 29 de julio que, de acuerdo con los propios abogados, “aparentemente” pudo tratarse de un infarto leve, aunque este punto no cuenta con confirmación médica oficial.

La defensa propuso un esquema de detención alternativa: una residencia privada dentro del distrito judicial de Manhattan, custodiada por guardias armados durante las 24 horas, con visitas restringidas a las personas autorizadas por la corte y la fiscalía, líneas telefónicas intervenidas y monitoreo por video. Flores ofreció además asumir los costos del traslado y entregar su pasaporte como garantía adicional para permanecer bajo custodia estadounidense.

Los abogados subrayaron que el personal del centro de detención “ha sido extremadamente respetuoso” con la pareja y que Flores “no cuestiona que ha recibido una atención excelente” por parte de los profesionales médicos que la atendieron tanto en la prisión como en el hospital. Sin embargo, insistieron en que “un centro de detención carece de las condiciones necesarias” para una recuperación adecuada tras eventuales procedimientos cardíacos.

Bajo sello el historial médico de Flores

Paralelamente, el juez Hellerstein aceptó una petición complementaria de la defensa para mantener bajo sello el historial médico de Flores presentado como respaldo del pedido de arresto domiciliario. En su resolución, el magistrado sostuvo que “los tribunales de este circuito autorizan regularmente la presentación de historiales médicos bajo sello”, al considerar que prevalece el interés de la acusada en proteger la privacidad de esa información sobre la presunción de acceso público a los expedientes judiciales.

La fiscalía federal de Manhattan no ha presentado aún una respuesta formal a la solicitud y un portavoz de esa oficina declinó hacer comentarios. El juez tampoco se ha pronunciado sobre el pedido.

Flores, de 69 años, y Maduro, de 63, permanecen detenidos desde el 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses los capturaron en un operativo nocturno en su residencia de Caracas y los trasladaron a Nueva York. Ambos se declararon no culpables de los cargos que los acusan de integrar una conspiración para introducir cocaína en territorio estadounidense.

Las defensas de ambos acusados presentaron además mociones separadas para desestimar la causa, basadas en un reclamo de inmunidad soberana por sus cargos como jefe de Estado y primera dama al momento del arresto. Una audiencia para escuchar los argumentos sobre esas mociones está prevista para el 17 de noviembre, mientras que el inicio del juicio quedó fijado para el 1 de junio de 2027.

Venezuela prevé recuperar de forma parcial el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía durante el primer semestre de 2027, después de los daños estructurales que sufrió por los terremotos del 24 de junio. El aeropuerto reanudó sus actividades el 1 de septiembre mediante terminales temporales, luego de que los sismos provocaran graves daños en las instalaciones principales. El desastre dejó más de 6.500 muertos.

El ministro de Transporte, Francisco Garcés, informó en diálogo con la televisión estatal venezolana: “Durante el primer semestre del año próximo esperamos ya recuperar alguna parte del aeropuerto”. Garcés explicó que la recuperación de la principal terminal aérea del país requerirá obras que demandarán varios meses. “Todavía este año no estará en servicio ni siquiera de forma parcial”, señaló.

Una de las pistas del aeropuerto, situado en la región de La Guaira, resultó afectada por el paso de la falla sísmica, indicó el ministro. No obstante, precisó que esa infraestructura fue reparada por completo y que “está operando de manera adecuada”.

Las terminales temporales permitieron restablecer el 49% de las operaciones nacionales y el 46% de los vuelos internacionales que operaban antes de los terremotos, según Garcés. El Gobierno chavista aspira a superar el 60% de la actividad aérea durante este año, mientras los vuelos restantes continuarán en aeropuertos alternativos, más distantes de Caracas.

“Vamos a ir generando las condiciones para aumentar estas capacidades para llegar, prontamente, a 40 % en un par de meses y posteriormente a finales, principios de años, poder llegar hasta el 60 %”, añadió el funcionario.

Un total de 19 aerolíneas, de las cuales 11 son internacionales, opera en las terminales habilitadas. Entre ellas figuran las españolas Air Europa, Iberia y Plus Ultra; la portuguesa TAP; la estadounidense American Airlines; la panameña Copa Airlines; la colombiana Avianca y LATAM Colombia, filial de la chilena LATAM Airlines.

En ese sentido, Garcés informó además que el ingreso de contenedores a Venezuela aumentó 8% y que el volumen de carga atendido creció 10% frente al año pasado. El funcionario destacó la operatividad del Puerto de La Guaira, una de las principales terminales marítimas del país.

Las instalaciones temporales tienen capacidad para 2.168 personas. De ese total, 720 lugares corresponden al área de salidas internacionales y 496 al sector de llegadas, según la Agencia Venezolana de Noticias.

Garcés sostuvo que el aeropuerto estará “mucho mejor” tras las obras y anticipó una mayor conectividad internacional, ante el interés de varias aerolíneas extranjeras por operar en Venezuela.

El ministro estimó la semana pasada que el proceso de check-in en las terminales temporales del aeropuerto de Maiquetía demorará unos 30 minutos y recomendó a los pasajeros llegar con dos horas de anticipación para vuelos nacionales y con tres horas para los internacionales.

Garcés formuló la recomendación ante la reanudación gradual de las operaciones en el aeropuerto internacional.

La Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela y la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo informaron a la agencia EFE que al menos 14 aerolíneas retomarán sus operaciones en Maiquetía durante las tres primeras semanas de septiembre.

El Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) indicó que las instalaciones temporales dispondrán de climatización, conexión wifi, áreas de espera, máquinas expendedoras, baños, servicio médico, estaciones de carga y rampas para pasajeros con movilidad reducida.

(Con información de EFE)

La oposición venezolana denunció un apagón en al menos tres regiones en el oeste del país, en cuya capital, Caracas, hubo un fuerte bajón de luz.

El partido Vente Venezuela (VV), de la líder opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado, alertó en la red social X del corte de electricidad en los estados Mérida, Barinas y Táchira, este último fronterizo con Colombia.

El equipo de VV en Barinas expresó que se sigue “sufriendo la destrucción del sistema eléctrico nacional que comenzó (Hugo) Chávez, lo siguió (Nicolás) Maduro y continúa con Delcy (Rodríguez)”, la presidenta encargada de Venezuela.

“Ellos siempre representaron oscuridad y esto solo acabará cuando este régimen salga de Miraflores (sede del Ejecutivo)”, agregó la organización en un mensaje compartido por Machado.

El ex diputado Juan Pablo Guanipa, aliado de la premio Nobel, denunció también “un nuevo apagón en varias zonas del país, tras un fuerte bajón”.

“El sistema eléctrico fue desguazado por este régimen sin importarle el padecimiento de millones de venezolanos. Ningún plan de inversión funcionará mientras los corruptos sigan en el poder. Si queremos futuro tenemos que sacar a Delcy y a su combo. Y eso va. ¡Viva Venezuela libre!”, escribió en X.

El partido Primero Justicia exigió “respuestas inmediatas por parte del Estado ante este nuevo colapso” del sistema eléctrico “ocasionado por la falta de mantenimiento y la corrupción”.

El pasado viernes, la mandataria, quien lleva ocho meses en el cargo, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, denunció que el sistema eléctrico está siendo saboteado y manipulado, según dijo, en protesta por los recientes acuerdos petroleros, entre ellos el anunciado con Washington para explotar una quinta parte de las reservas venezolanas, las mayores del mundo.

No obstante, expertos y la oposición aseguran que el estado actual del sistema eléctrico, con fallas en casi todo el país, es el resultado, principalmente, de la corrupción y la falta de mantenimiento.

El Gobierno firmó la semana pasada un acuerdo con las petroleras estadounidense Chevron y la italiana Eni en presencia del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

También fue suscrito un convenio con la estadounidense General Electric (GE) Vernova para fortalecer el sistema eléctrico y recuperar la infraestructura de la industria petrolera.

En junio, el Gobierno venezolano firmó un memorando de entendimiento en materia de electricidad con representantes de GE Vernova, mientras que en abril Rodríguez dijo que estaban en negociaciones con Siemens.

El Gobierno de Venezuela firmó el viernes un contrato con la empresa estadounidense Miyamoto International para retirar, en una primera etapa, tres millones de toneladas métricas de escombros tras el doble terremoto del 24 de junio.

El acuerdo fue suscrito en Caracas por el ministro de Obras Públicas, Juan Ramírez, y el fundador de la firma, el ingeniero estructural Kit Miyamoto. Del acto participaron la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett.

El Ministerio de Comunicación venezolano indicó que el convenio contempla el intercambio de conocimientos técnicos, el refuerzo de los estándares de construcción y la aplicación de protocolos para la prevención de desastres y la protección de la población.

Miyamoto, que también se dedica a la gestión de riesgos de desastres, permaneció en Venezuela desde los sismos para monitorear las condiciones, aportar evaluaciones de ingeniería y compartir recursos de respuesta. “Estamos combinando las capacidades con el sector privado”, afirmó Miyamoto a la cadena estatal Venezolana de Televisión. “Es parte de nuestra meta: trabajar conjuntamente con la población venezolana”, agregó.

Ramírez destacó la alianza con una compañía de experiencia internacional en infraestructura, terremotos y acciones posteriores a desastres. El ministro sostuvo que la cooperación con Estados Unidos contribuirá a los trabajos de “reconstrucción total” del estado La Guaira, el más afectado por los temblores.

El último balance oficial, difundido el 24 de agosto, indicó que el doble terremoto dejó 6.509 muertos, 14.239 viviendas con daños moderados y 11.001 casas con afectaciones graves.

La organización no gubernamental TECHO lanzó una campaña para construir 700 viviendas de emergencia destinadas a familias afectadas por los terremotos en Venezuela y Colombia. La entidad, que tiene presencia en 18 países de América Latina, ya levantó 25 viviendas de emergencia en el estado venezolano de La Guaira, una de las zonas afectadas por los sismos.

En paralelo a la rúbrica, Delcy Rodríguez celebró la firma de un nuevo contrato petrolero con la empresa colombiana GeoPark para explotar durante 25 años el campo de crudo pesado Bare, ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco.

El convenio se firmó en el Palacio de Miraflores entre el vicepresidente ejecutivo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Jovanny Martínez, y Jaime Gilinski, presidente del Grupo Gilinski y accionista mayoritario de GeoPark.

Rodríguez, que asumió la conducción del Ejecutivo tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro en enero, enmarcó el acuerdo en los convenios internacionales que el Gobierno impulsa después de la negociación alcanzada la semana pasada con Estados Unidos.

“Estamos marcando no solamente el futuro de Venezuela, sino el aporte que Venezuela le va a dar al mundo, al hemisferio, a la seguridad energética internacional, al equilibrio de la economía mundial”, afirmó durante un acto con trabajadores del sector petrolero transmitido por Venezolana de Televisión.

La mandataria celebró que una empresa colombiana participe en el plan oficial de recuperación de la industria petrolera. “Me emociona mucho que sea una empresa de Colombia que se sume también a ese plan de recuperación de nuestra industria petrolera para incremento de la producción en beneficio del pueblo”, declaró.

El campo Bare cuenta con unos 1.100 pozos y produce cerca de 11.000 barriles diarios, según un comunicado del Grupo Gilinski. La empresa estima que el potencial máximo del yacimiento se ubica entre 85.000 y 95.000 barriles diarios.

“GeoPark cuenta con la experiencia técnica comprobada para elevar de manera responsable el factor de recobro del campo Bare y con la solidez financiera necesaria para asumir la totalidad de la inversión de capital que este proyecto requiere”, declaró Gilinski tras la firma.

(Con información de EFE)

Venezuela a la hora de empezar una “transición” que comprenda temas institucionales no puede prescindir de la última institucionalidad con mandato constitucional democrático vigente, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia juramentados en el 2017 por la Asamblea Nacional democrática, los desesperados intentos por eliminar su vigencia institucional son absolutamente patéticos y extremadamente peligrosos para la institucionalidad del país. Venezuela enfrenta una oportunidad institucional limitada para iniciar un proceso ordenado de estabilización democrática y restauración del Estado de derecho, un proceso que será naturalmente difícil y permanente torpedeado por aquellos que hicieron del ejercicio del poder la violación de la Constitución y por aquellos que lo ven como una oportunidad de sacar ventajas políticas.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, designados constitucionalmente en julio de 2017, mantienen mandatos constitucionales válidos de doce años y constituyen la única estructura judicial derivada de un proceso de nombramiento democráticamente legítimo y constitucionalmente válido por lo cual resulta absurdo que actores políticos ilegítimos como los que representan a la dictadura y actores políticos cuyos mandatos constitucionales caducaron hace 5 años, quienes solamente pueden esgrimir que al impedido no le corre termino, pero que no representan una expresión reciente de la ciudadanía se atribuyan el poder de caducar estos mandatos constitucionales. No tienen ese poder. No se los otorga la constitución ni las leyes de la República Bolivariana de Venezuela.

En un mundo de imperativos categóricos para el sistema político venezolano la restitución progresiva del Tribunal Supremo de Justicia proporciona un mecanismo institucional inmediato para fortalecer la seguridad jurídica, restaurar la independencia judicial, supervisar la reorganización electoral y contribuir a reconstruir la confianza nacional e internacional necesaria para la recuperación y reconstrucción económica de Venezuela.

El marco que propone una transición gradual, constitucional y supervisada legalmente, orientada a restaurar la gobernanza democrática, la separación de poderes y las condiciones necesarias para futuras elecciones libres, competitivas y verificables internacionalmente, debe empezar por el más pleno respeto constitucional y no por violaciones burdas de negociadores cuya unica legitimidad futura es lograr recuerdos que se basen estrictamente en principios y valores de la democracia y la constitución.

Ese primer paso lleva a retomar la continuidad constitucional y a la reinstitucionalización del Poder Judicial, cualquier idea de transición tiene que ser respetuosa de ello. Sería una ilegalidad grave que debe tener consecuencias civiles y políticas para aquellos que tengan la falta de criterio o la capacidad de dolo como para hacer eso.

La transición democrática de Venezuela debe fundamentarse en el principio de continuidad constitucional, entendido como la preservación y restauración de las instituciones legalmente constituidas bajo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, designados constitucionalmente en julio de 2017, constituyen la única autoridad judicial derivada de un proceso de designación acorde con los principios constitucionales y democráticos de Venezuela.

Su progresiva reincorporación representa una condición indispensable para:

• Restablecer la independencia judicial;
• Garantizar la supremacía constitucional;
• Restablecer la seguridad jurídica;
• Fortalecer la protección de los derechos fundamentales; y
• Brindar confianza institucional a la ciudadanía, los inversionistas nacionales y los agentes económicos internacionales.

Los nombramientos constitucionales realizados en julio de 2017, cuyos mandatos se extienden hasta 2029, crean una oportunidad institucional limitada para restaurar la legitimidad judicial, fortalecer la independencia del poder judicial y evitar nuevas controversias respecto a la composición del máximo tribunal del país. El restablecimiento de un poder judicial independiente es igualmente esencial para la protección de los derechos de propiedad, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la recuperación económica de Venezuela.

No puede haber un marco para la estabilización democrática que sea contrario a la constitución.

La estabilización democrática requiere una secuencia de medidas institucionales destinadas a restablecer el funcionamiento normal del Estado y durante esta fase se debe tener especialmente en cuenta que cualquier autoridad ejecutiva transitoria solamente podrá ejercer las facultades expresamente previstas en la Constitución para una autoridad ejecutiva transitoria, cualquier otra cosa constituye una grave ilegalidad.

Asimismo, se debe prever que el Tribunal Supremo de Justicia reanude progresivamente sus funciones constitucionales, respetando los juramentos constitucionales a los magistrados respecto a quienes ya hemos hecho referencia.

En otras dinamicas de normalización constitucional se deberán designar autoridades electorales independientes y técnicamente cualificadas y se debe acelerar el proceso para la convocatoria de elecciones presidenciales y parlamentarias en condiciones genuinamente democráticas; y los procesos electorales estarán sujetos a supervisión judicial y observación internacional.

El restablecimiento de una Asamblea Nacional legítimamente elegida permitirá posteriormente el nombramiento definitivo de autoridades constitucionales permanentes y la normalización de los mecanismos ordinarios de gobernanza democrática.

La reconstitución provisional de las instituciones públicas será estrictamente temporal y se regirá por los principios de legalidad, responsabilidad institucional, proporcionalidad y rendición de cuentas.

El restablecimiento del Estado de derecho requiere una reforma institucional del sistema de justicia limitada y conforme a la constitución, es decir respetando estructuras y funciones constitucionales, así como de los mandatos constitucionales expresados ut supra.

Durante el período de transición es necesario que se implementen mecanismos de revisión institucional para examinar la responsabilidad individual en relación con violaciones graves de los derechos humanos, la des-instrumentalización política del sistema de justicia.

La normalización democrática requiere de trabajos de cooperación judicial internacional para enfrentar las estructuras del crimen organizado.

Para apoyar este proceso, se propone la creación de mecanismos temporales y consultivos que realice una evaluación judicial respecto al funcionamiento de todos los niveles de la judicatura.

Tambien asumir la responsabilidad de elaborar recomendaciones sobre evaluación institucional, independencia judicial y fortalecimiento del sistema de judicial, lo cual requiere una profunda auditoría interna de la judicatura y que sea funcional a la reinstitucionalización Judicial y la reafirmación y recreación del Estado de Derecho.

Todos estos trabajos resultarán fundamentales para promover la modernización judicial, la recuperación de la capacidad institucional y la consolidación del Estado de Derecho.

La supervisión de la transparencia electoral y la confianza es esencial para una responsabilidad democrática insoslayable que consiste en supervisar técnicamente la reorganización del sistema electoral y fortalecer la confianza, tanto nacional como internacional, en futuros procesos electorales libres, transparentes y verificables.

Todos estos trabajos deberán ser transversales, por la tanto la responsabilidad constitucional de los magistrados legítimos del Tribunal Supremo de Justicia, para lo cual serán fundamentales las consultas con representantes del ámbito académico, asociaciones profesionales, organizaciones de la sociedad civil y expertos independientes de reconocido prestigio. Paralelamente, Venezuela implementará mecanismos de justicia transicional compatibles con la constitución y el derecho internacional de los derechos humanos, orientados a la verdad, la reparación a las víctimas y las garantías de no repetición.

Los magistrados legítimos del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela han reafirmado su voluntad de contribuir, dentro del ámbito de su autoridad constitucional, a la restauración democrática, la independencia judicial, la estabilidad institucional y la seguridad jurídica necesarias para la recuperación económica del país.

Las autoridades constitucionales que respaldan este marco expresan asimismo su voluntad de cooperar con la comunidad internacional, incluyendo a los Estados Unidos de América, en iniciativas técnicas, institucionales y humanitarias que contribuyan a una transición democrática ordenada y sostenible. Es decir, para alcanzar una transición que signifique el retorno a la constitucionalidad del país y no un transición que transite por la marginalidad externa de la misma.

Esto quiere decir que los resultados de las negociaciones tripartitas deben ser una propuesta constitucional e institucional destinada a facilitar la estabilización democrática, restaurar el Estado de derecho y apoyar la reconstrucción institucional de Venezuela.

Antonio Marval, Presidente del TSJ

Luis Almagro, Director Observatorio Democracia de CASLA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Venezuela aún no reúne las condiciones para celebrar elecciones, varios meses después de la captura del ex dictador Nicolás Maduro y la imposición de un gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.

“No creo que estén preparados todavía”, declaró Trump ante periodistas en la Casa Blanca, aunque inmediatamente dejó abierta la posibilidad de que los comicios se realicen en un plazo cercano: “Pero pronto. Esperamos poder hacerlo pronto”.

El mandatario estadounidense sostuvo que la transición es todavía reciente y que el país necesita atravesar una etapa previa antes de acudir nuevamente a las urnas.

Según su descripción, Estados Unidos considera que primero debe consolidarse el nuevo escenario político surgido después de la caída del régimen de Maduro.

Trump aseguró además que Rodríguez comparte el objetivo de realizar elecciones, pese a que todavía no existe una fecha anunciada para los comicios.

“Delcy lo quiere, pero todavía no están preparados”, afirmó. El presidente estadounidense también elogió a la dirigente chavista al señalar que está haciendo “un trabajo muy, muy bueno” y que “es muy respetada”.

La relación entre Washington y Caracas cambió sustancialmente desde enero, cuando Estados Unidos capturó y depuso a Maduro. Desde entonces, la Administración Trump restableció los vínculos diplomáticos con Venezuela y comenzó a trabajar directamente con Rodríguez.

El mandatario estadounidense vinculó esa nueva relación con una estrategia más amplia para transformar las condiciones económicas venezolanas. “Los sacamos de una dictadura y nos llevamos muy bien con el Gobierno”, sostuvo Trump.

El líder republicano también utilizó sus declaraciones para referirse a la evolución política de América Latina. Aseguró que el continente atraviesa un desplazamiento hacia gobiernos más próximos a Washington. “Nuestro continente realmente está resultando muy distinto de lo que era. Han pasado de la izquierda a la derecha. Todos están yendo hacia la derecha”, dijo.

Sostuvo que su influencia también ha tenido efectos electorales en la región y afirmó que ayudó a candidatos que posteriormente llegaron al poder. “Ayudé a ganar elecciones a muchas personas”, aseguró al referirse a su relación con distintos dirigentes latinoamericanos.

Sus declaraciones se produjeron el mismo día en que Estados Unidos y Venezuela profundizaron su cooperación energética. Empresas internacionales formalizaron nuevos acuerdos para ampliar la extracción de crudo y recuperar infraestructura vinculada al sistema eléctrico. El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, participó en Caracas de la ceremonia junto a Delcy Rodríguez.

Chevron anunció que proyecta invertir más de 7.000 millones de dólares durante los próximos cinco años y que pretende duplicar su producción venezolana hasta aproximadamente 600.000 barriles diarios. La italiana Eni también suscribió acuerdos con Caracas para ampliar su participación en el sector petrolero.

Wright calificó la jornada como “un día histórico en la transformación de Venezuela” y aseguró que la política de Trump hacia el país busca “traer la paz, la libertad, la oportunidad y la prosperidad al pueblo venezolano”. El funcionario agregó que Washington pretende avanzar rápidamente: “Estamos tratando de ir a la velocidad de la luz”.

El secretario de Energía presentó además al sector energético como una herramienta para modificar la situación económica del país. “El catalizador para transformar Venezuela es la energía”, afirmó.

Ofensiva contra Irán

En paralelo, Trump se refirió a la situación militar con Irán y aseguró que Estados Unidos conserva la capacidad de volver a atacar en cualquier momento. Sus declaraciones se produjeron después de una nueva serie de bombardeos estadounidenses sobre territorio iraní, que dejaron al menos 19 muertos.

“Anoche destruimos mucho más que su radar. Fue un ataque muy contundente”, afirmó Trump ante periodistas en la Oficina Oval. El presidente agregó una advertencia directa:

“Estamos preparados para lanzar otro en cualquier momento que queramos”.

Trump insistió en que su objetivo principal es que Irán no pueda desarrollar un arma nuclear “en cuanto esto termine”, en referencia a la guerra. “Lo cual no creo que tarde mucho más. No sé cuánto más podrán aguantar, pero, sea lo que sea, no importa”, añadió sobre el plazo que maneja sobre su ofensiva en Irán.

Las exportaciones petroleras de Venezuela se mantuvieron en torno a 1,17 millones de barriles por día en agosto, ya que el aumento de los envíos a India y Europa compensó la caída de los despachos hacia Estados Unidos, de acuerdo con documentos y datos de seguimiento de buques conocidos el martes.

Estados Unidos siguió como principal destino del crudo venezolano, aunque sus compras bajaron a unos 553.000 barriles diarios, frente al récord de 786.000 barriles por día alcanzado en julio.

Los envíos hacia India subieron 66% en comparación con el mes anterior, hasta 297.000 barriles diarios. Las exportaciones a Europa, a su vez, casi se triplicaron y llegaron a cerca de 260.000 barriles por día.

El incremento de los tiempos de espera y de la cantidad de tanqueros pendientes de carga afectó las operaciones durante agosto. El estado de las terminales de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y los problemas de calidad del crudo provocaron demoras en los embarques. Un apagón a finales de julio también retrasó las cargas. La interrupción afectó las plantas mejoradoras de crudo y las estaciones de mezcla de PDVSA, según uno de los documentos.

Las comercializadoras Vitol y Trafigura mantuvieron prácticamente estable su volumen conjunto de exportación, con unos 597.000 barriles diarios, frente a 604.000 barriles por día en julio. En cambio, los despachos de la petrolera estadounidense Chevron bajaron de 293.000 a 286.000 barriles diarios.

Venezuela importó unos 166.000 barriles diarios de combustibles en agosto, más del doble de los 81.000 barriles diarios registrados el mes anterior. La mayor parte correspondió a nafta estadounidense, utilizada para diluir la producción de crudo extrapesado.

Las exportaciones podrían modificarse en las próximas semanas por el traslado de decenas de proyectos petroleros a nuevas condiciones contractuales. El esquema permite a los socios de PDVSA firmar contratos de suministro y comercializar de forma independiente su parte de la producción.

También se prevé que un acuerdo de producción petrolera anunciado recientemente, que involucra a Caracas, Washington y la productora estadounidense NABEP, eleve los flujos de crudo venezolano hacia Estados Unidos.

Por su parte, Chevron negocia la operación de dos campos petroleros en la Faja del Orinoco, en el estado venezolano de Carabobo, como parte del impulso del presidente estadounidense Donald Trump para elevar la producción de crudo del país sudamericano.

La petrolera estadounidense busca derechos sobre yacimientos de crudo pesado con reservas de miles de millones de barriles, según personas al tanto de las conversaciones citadas por Bloomberg. Los campos se encuentran cerca de otro gran yacimiento que Chevron explota a través de PetroIndependencia, su empresa conjunta con PDVSA.

Las negociaciones transcurren en paralelo a un rediseño del control de Estados Unidos sobre la industria petrolera venezolana, siete meses después de la captura del ex dictador Nicolás Maduro en una operación militar.

La Casa Blanca difundió el lunes los primeros detalles públicos de un acuerdo anunciado la semana pasada y el documento señaló que North American Blue Energy Partners (NABEP) recibió concesiones por 100 años sobre 17 yacimientos petroleros de Venezuela. El Departamento de Estado de Estados Unidos obtuvo el derecho de adquirir un 20% garantizado de la producción a precio de costo y la primera opción de compra sobre el 80% restante a precios de mercado.

Washington también tendrá poder de veto sobre la designación de cualquier integrante del directorio de NABEP. La mayoría de los miembros deberá tener nacionalidad estadounidense, de acuerdo con la hoja informativa de la Casa Blanca.

Trump presentó el acuerdo como una vía para reforzar la seguridad energética estadounidense. Durante un acto en el Despacho Oval, afirmó que utilizaría ese petróleo para reponer las reservas estratégicas de emergencia de Estados Unidos y aseguró: “Todo viene a Estados Unidos para las refinerías”.

(Con información de Reuters y Bloomberg)

El doble terremoto que golpeó Venezuela el 24 de junio dejó más de 6.000 muertos y cerca de 16.000 heridos, pero además abrió un frente político y estructural en torno a los complejos habitacionales construidos al calor de los acuerdos del chavismo con China, especialmente en La Guaira, el punto más castigado por el desastre.

En ese estado costero, donde se concentró la mayor cantidad de víctimas y derrumbes, varios edificios construidos bajo convenios con el régimen de Beijing quedaron convertidos en montañas de escombros. El colapso de esas estructuras puso bajo la lupa contratos firmados por el régimen venezolano con empresas chinas para levantar viviendas e infraestructura con financiamiento externo atado a la relación bilateral entre ambas autocracias. En la mayoría de los casos las autoridades venezolanas ni siquiera tenían acceso a planos y supervisión.

Los dos sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, ocurrieron con menos de un minuto de diferencia y golpearon con fuerza la franja norte del país. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el movimiento principal cerca de Catia La Mar, en La Guaira, a una profundidad superficial de 10 kilómetros.

Desde las primeras horas posteriores al desastre, se advirtió que La Guaira figuraba entre las zonas más afectadas y que el balance inicial ni siquiera incorporaba todavía la dimensión completa de lo ocurrido allí. Con el correr de los días, la magnitud del daño quedó más clara. Miles de familias resultaron afectadas en ese estado y la destrucción de viviendas fue una de las escenas más extendidas.

Complejos de vivienda social, en el centro de las sospechas

La tragedia no solo dejó una crisis humanitaria. También disparó preguntas sobre la calidad de las construcciones levantadas durante años bajo programas estatales de vivienda. Reuters describió cómo partes de un desarrollo habitacional de 1.100 unidades en La Guaira quedaron arrasadas por los sismos y recogió el pedido de ingenieros para que el gobierno auditara de inmediato otros complejos todavía en pie.

Ese mismo artículo sostuvo que varios desarrollos fueron construidos con rapidez por una mezcla de agencias estatales y contratistas de China, Turquía y Bielorrusia, bajo supervisión militar y con escasa divulgación pública de los detalles contractuales. El punto más delicado es que, alrededor de esas obras, ya existían antecedentes de denuncias por opacidad, controles débiles y cláusulas de confidencialidad. El terremoto volvió a colocar esos cuestionamientos en el centro del debate. Sobre todo los relacionados con empresas chinas, que responden al régimen de Xi Jinping. Algunos de esos contratos, incluso, fueron tramitados a través de los BRICS por pedido del chavismo.

El vínculo entre China y Venezuela en materia de infraestructura y vivienda se consolidó durante la dictadura de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, a través de un sistema de deuda y cooperación respaldado por exportaciones de crudo. El principal instrumento fue el Fondo Conjunto Chino-Venezolano, conocido como Fondo Chino, creado para financiar proyectos de infraestructura, industria, transporte y vivienda, según documentación relevada por Transparencia Venezuela.

Ese informe ubica a Citic Construction Co. Ltd. entre las firmas que participaron en proyectos de vivienda y registra también la presencia de China CAMC Engineering Co., Ltd. en negocios con el Estado venezolano. Otra base documental, compilada por Vendata, enumera convenios de construcción de viviendas entre organismos públicos venezolanos, Citic Construction y entidades financieras chinas, además de acuerdos enmarcados en el Fondo Conjunto.

La arquitectura financiera de esos convenios fue una de las marcas de la alianza entre el chavismo y Beijing. A cambio de petróleo a precio irrisorio, Caracas accedía a créditos para obras públicas que a menudo quedaban en manos de empresas del país acreedor. Las obras quedaban bajo absoluto control de las empresas promocionadas por el régimen chino y ninguna autoridad civil venezolana tenía acceso para el control de las obras. Tampoco las aprobaciones finales pasaron por registros públicos.

La opacidad en torno a esos acuerdos no apareció después del terremoto. Una investigación de Armando.info señaló que el esquema de cooperación con China derivó en contratos favorables para compañías como Citic Construction y CAMC Engineering, y citó un acuerdo de 2005 para la construcción de 20.000 viviendas que incluía condiciones de confidencialidad sobre información financiera, comercial y documental del contratista.

El mismo trabajo describió al Fondo Chino como un mecanismo que terminó soportando al menos 50.000 millones de dólares en financiamiento ligado al petróleo venezolano, la compra de bienes chinos y la contratación de sus empresas para infraestructura, vivienda y sistema eléctrico.

Por su parte, otro informe sobre Citic recuerda que el Ministerio de Vivienda y Hábitat firmó contratos con esa compañía para levantar viviendas en Venezuela y menciona denuncias sobre sobreprecios y corrupción en torno a esas obras.

Las fuentes consultadas por Infobae muestran un patrón amplio: proyectos de vivienda financiados por mecanismos opacos, contratos con empresas chinas, antecedentes de confidencialidad y denuncias sobre debilidad en los controles públicos.

En distintos países de América Latina, la relación con el régimen de Xi Jinping combinó financiamiento, obras de infraestructura y baja transparencia. El caso de Venezuela volvió a exponer que, cuando un desastre natural golpea sobre construcciones levantadas sin suficiente escrutinio, las consecuencias pueden medirse en miles de muertos y ciudades enteras reducidas a escombros. ¿Continuará la región permitiendo estos abusos por parte de China?

La tragedia

El 24 de junio pasado, dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el norte de Venezuela con unos 30 segundos de diferencia. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el primer movimiento cerca de Yumare, en el estado Yaracuy, y el segundo frente a la costa de La Guaira, al oeste de Catia La Mar. Ambos tuvieron una profundidad aproximada de 10 kilómetros, una condición que amplificó la intensidad de las sacudidas en zonas pobladas.

Los daños se concentraron en La Guaira, donde se registraron derrumbes de edificios, y en Caracas, que sufrió cortes de electricidad, afectaciones en inmuebles y dificultades en la circulación. También hubo impactos en Yaracuy y otras áreas del centro-norte del país. Las autoridades informaron inicialmente al menos 32 muertos y más de 700 heridos, aunque el balance no incluía entonces todos los reportes procedentes de La Guaira, una de las zonas más afectadas y donde el drama aún persiste. El recuento final sería de 6.509 muertos y 1.579 desaparecidos.

La principal terminal aérea de Venezuela, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, tiene previsto recuperar este martes 1 de septiembre los vuelos comerciales nacionales e internacionales, después de permanecer cerrado durante más de dos meses por los daños provocados por los terremotos del 24 de junio. La reapertura se realizará mediante terminales provisionales instaladas mientras continúa el proceso de recuperación de las estructuras afectadas.

El Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM), organismo encargado de la terminal situada en La Guaira, confirmó que los espacios habilitados para recibir pasajeros ya se encuentran preparados. Las instalaciones fueron concebidas como “estructuras modulares metálicas” y estarán conectadas con las zonas de operación mediante autobuses.

El dispositivo contempla una capacidad total de 2.168 personas. De ese volumen, 720 corresponden al sector destinado a las salidas internacionales y 496 al área de llegadas internacionales. El complejo contará además con climatización, conexión wifi, áreas de espera, baños, máquinas expendedoras, atención médica, puntos para cargar dispositivos y rampas destinadas a personas con movilidad reducida.

Las autoridades aeroportuarias recomendaron a los pasajeros adoptar nuevos márgenes de tiempo para sus desplazamientos. Quienes tengan vuelos domésticos deberán llegar con al menos dos horas de anticipación, mientras que para los servicios internacionales se solicita una llegada tres horas antes. También se pidió completar previamente el registro de embarque y verificar con la compañía aérea o la agencia de viajes el aeropuerto desde el que partirá cada servicio.

El retorno de los vuelos será gradual y no todas las aerolíneas recuperarán de inmediato la programación que tenían antes del terremoto. Air Europa volverá a conectar directamente España con Caracas desde este martes, con cinco frecuencias semanales: martes, jueves, viernes, sábado y domingo.

Iberia, en cambio, retomará la ruta el jueves 3 de septiembre. Su programación inicial será de tres vuelos por semana, los lunes, jueves y domingos, frente a las cuatro o cinco frecuencias semanales que mantenía antes del cierre.

Plus Ultra mantendrá temporalmente parte de su operación en Valencia. De acuerdo con su programación, los vuelos desde el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena continuarán hasta el 27 de septiembre, mientras que Caracas comenzará a recibir una frecuencia semanal a partir del 8 de septiembre, los martes.

Otras compañías internacionales también han comunicado su regreso a Maiquetía, entre ellas Copa Airlines, de Panamá, y Avianca y LATAM Airlines Colombia. Durante la clausura del principal aeropuerto venezolano, varias rutas fueron trasladadas a Valencia, ubicada a unos 172 kilómetros por carretera de Caracas, mientras otras operaciones fueron llevadas hasta Barcelona, a unos 313 kilómetros de la capital.

El cierre se produjo después del doble terremoto del 24 de junio, con magnitudes de 7,2 y 7,5, que golpeó especialmente al estado costero de La Guaira. Maiquetía suspendió entonces sus operaciones de pasajeros y comenzó un proceso de rehabilitación. El 5 de agosto se produjo un primer avance con la recuperación de los vuelos de carga.

El IAIM sostuvo que la reapertura comercial fue posible mediante trabajos ejecutados bajo “altos estándares de calidad y últimas tecnologías”. El aeropuerto había anunciado el 25 de agosto que el regreso de los vuelos de pasajeros se concretaría el 1 de septiembre.

La recuperación de la conectividad aérea coincide con la reactivación de otras actividades logísticas en La Guaira. El chavismo informó que los procesos de importación, recepción de mercancías y gestión aduanera del puerto avanzan de manera “progresiva, rápida y sostenida”. El superintendente tributario Román Maniglia señaló que se está acelerando la gestión de cargas de importación y exportación para reactivar el comercio nacional e internacional.

También se habilitarán espacios de estacionamiento para permanencias cortas y prolongadas. El esquema provisional busca sostener la atención de viajeros mientras avanzan las labores de recuperación de la terminal afectada por los sismos registrados en junio.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció a última hora del sábado que el acuerdo petrolero con Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años y establece como objetivo una producción superior a 1,5 millones de barriles diarios. A su vez, precisó que, partiendo de un precio de referencia de 65 dólares por barril, Venezuela podría recibir 209.335 millones de dólares en virtud del convenio.

“Nuestra meta va más allá con la firma de otros importantes acuerdos que incluyen a grandes empresas como Chevron, Repsol, Eni, Shell, BP, entre otros. Queremos ser una potencia energética”, afirmó Rodríguez en un mensaje transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

“Por cada barril producido y vendido (a un promedio de 65 dólares por barril), cerca de 19 dólares ingresarán directamente a nuestro país”, indicó.

El proyecto contempla el desarrollo de ocho bloques verdes en la Faja Petrolífera del Orinoco, con regalías mínimas del 16% e impuesto sobre la renta del 34%, lo que, según la mandataria, permitirá impulsar la recuperación económica nacional. Ante la impaciencia de parte de la sociedad por conocer los detalles del pacto, señaló que “Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos”, y defendió que “en este acuerdo cada parte aporta aquello que puede hacer mejor”. Washington dará capital, tecnología y capacidad operativa para “adelantar la recuperación de una industria estratégica golpeada por las sanciones”, remarcó.

El viernes, luego del anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre el entendimiento, Rodríguez calificó al acuerdo como “histórico” y agradeció al jefe de Estado y al secretario de Estado estadounidenses, por “su disposición en el desarrollo” de una alianza que describió como “un hito histórico en las relaciones bilaterales”.

En un comunicado, la líder del Gobierno chavista confirmó que el acuerdo petrolero permitirá incrementar considerablemente la producción de petróleo con la participación de operadores privados. En ese sentido, detalló que el convenio prevé el desarrollo de 17 campos estratégicos con un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo, una inversión superior a 100.000 millones de dólares y más de 209.000 millones de dólares en tributos para el Estado venezolano.

La mandataria subrayó que el acuerdo fue posible gracias al “fortalecimiento de la relación” entre Caracas y Washington, que reanudaron formalmente sus vínculos diplomáticos en marzo tras siete años de ruptura. Rodríguez aseguró que este convenio tendrá un “impacto significativo en el renacimiento” de Venezuela y facilitará un “importante flujo de inversiones destinado a la recuperación y reconstrucción de infraestructura estratégica para el desarrollo” del sector hidrocarburos.

“Estas inversiones contribuirán no solo a la recuperación y modernización de nuestra industria, sino también al crecimiento económico de nuestro país, a la seguridad energética de nuestro hemisferio y a un mayor equilibrio en los mercados internacionales”, afirmó Rodríguez.

Según Trump, quien anunció el entendimiento vía Truth Social, duplicará las reservas petroleras estadounidenses. “¡Estados Unidos de América acaba de cerrar un acuerdo con Venezuela: el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial!”, declaró Trump en su red social, al asegurar que la operación otorga el “control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela”.

Trump afirmó que la “histórica transacción más que duplica las reservas petroleras de Estados Unidos, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo”.

El inquilino de la Casa Blanca describió el acuerdo como una “alianza con el sector privado”, negociada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, “en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela”, Delcy Rodríguez. Rubio, por su parte, calificó el acuerdo como “una gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano”.

Un funcionario estadounidense informó a la cadena CBS que el acuerdo alcanzado entre Caracas y Washington contempla el otorgamiento de una concesión de 100 años a una empresa conjunta privada. Según la fuente, EEUU controlará el 55% de esta compañía, tanto en la participación accionaria como en la capacidad de obtener petróleo del proyecto a precio de costo. A su vez, describió a la empresa conjunta como la segunda mayor propietaria corporativa de reservas probadas de petróleo del mundo, aunque no reveló el nombre específico de la firma.

(Con información de EFE)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este viernes el logro de un acuerdo petrolero “histórico” con Estados Unidos y destacó la colaboración directa del presidente estadounidense Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio. Rodríguez expresó su “alta gratitud” hacia ambos funcionarios por la disposición mostrada en el desarrollo de la alianza, la cual definió como “un hito histórico en las relaciones bilaterales”, según precisó en un comunicado.

El convenio, anunciado previamente por Trump, contempla el incremento considerable de la producción petrolera venezolana mediante la participación de operadores privados. Rodríguez detalló que el acuerdo abarca el desarrollo de 17 campos estratégicos con un potencial comprobado de 65.000 millones de barriles de petróleo, una inversión estimada en más de 100.000 millones de dólares y aportes fiscales proyectados en 209.000 millones de dólares para las arcas venezolanas.

La líder del Gobierno chavista subrayó que el acuerdo fue posible tras el “fortalecimiento de la relación” entre Caracas y Washington, luego de que ambos países reanudaran formalmente sus vínculos diplomáticos en marzo, tras siete años de ruptura. Rodríguez anticipó que el convenio tendrá un “impacto significativo en el renacimiento” de Venezuela y permitirá el ingreso de inversiones orientadas a la recuperación y modernización de la infraestructura estratégica del sector hidrocarburos.

“Estas inversiones contribuirán no solo a la recuperación y modernización de nuestra industria, sino también al crecimiento económico de nuestro país, a la seguridad energética de nuestro hemisferio y a un mayor equilibrio en los mercados internacionales”, afirmó Rodríguez.

La presidenta encargada, quien había ejercido previamente como vice del ex dictador Nicolás Maduro, señaló como objetivo avanzar hacia la consolidación de Venezuela como “potencia energética productora”, poniendo las reservas al servicio del desarrollo nacional, la generación de empleo y el bienestar de la población. “Venezuela consolida así una nueva etapa de recuperación, crecimiento, producción, seguridad y prosperidad para nuestro pueblo”, declaró. Según datos oficiales, la producción petrolera venezolana alcanzó 1,23 millones de barriles diarios, el nivel más alto desde febrero de 2019.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos anunció el viernes el acuerdo y lo calificó la operación como “el mayor acuerdo petrolero en la historia” y aseguró que permitirá al país norteamericano duplicar sus reservas de crudo como mínimo, según información difundida por medios estadounidenses y confirmada por la administración interina venezolana.

Venezuela, que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, abrió sus sectores petrolero y minero a la inversión extranjera bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras el derrocamiento de Maduro y en coordinación con Washington.

La transacción fue negociada por Marco Rubio y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en asociación con empresas privadas, informó Trump en su plataforma Truth Social. El mandatario estadounidense afirmó que “esta transacción fortalecerá enormemente la relación, ya en expansión, entre Venezuela y Estados Unidos”. Rubio, por su parte, subrayó que la política exterior impulsada por Trump está generando “reservas estables y petróleo a bajo costo” para Estados Unidos, lo que contribuirá a reducir los precios internos de la gasolina, en un contexto de alta sensibilidad social de cara a las próximas elecciones legislativas.

El acuerdo se produce en medio del conflicto armado con Irán, que lleva seis meses y alteró el suministro global de petróleo. Según el sitio de noticias Axios, las negociaciones incluyeron más de una docena de campos petroleros productivos con 90.000 millones de barriles de reservas, alrededor de un tercio del total venezolano. El acuerdo contempla que las empresas privadas, entre ellas firmas estadounidenses, desarrollen los campos y transfieran mayores ingresos petroleros a Venezuela, como parte de una estructura de participación accionaria.

Actualmente, la reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos se encuentra en su nivel más bajo en cuatro décadas, de acuerdo con la misma fuente. Trump instó a las empresas estadounidenses a invertir en Venezuela, aunque persisten las dudas por el estado de la infraestructura local y el pasado de expropiaciones de activos a inversionistas extranjeros. Chevron, la única petrolera estadounidense que continuaba operando en Venezuela tras la salida de Maduro, aumentó su producción diaria a 280.000 barriles y proyecta incrementarla un 50% hacia fines de 2028.

(Con información de EFE y AFP)

Avianca y Copa Airlines reanudan vuelos a Caracas desde el 1 de septiembre, dos meses después de que un doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 dejara al menos 6.509 muertos en Venezuela y causara graves daños al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el principal del país.

El “doblete sísmico” del 24 de junio —dos sismos registrados con apenas 39 segundos de diferencia en el litoral Caribe venezolano— obligó a múltiples aerolíneas a suspender sus operaciones hacia el país. La reapertura del aeropuerto de Maiquetía para vuelos comerciales, programada para el 1 de septiembre en terminales temporales, abre paso a la recuperación de la conectividad aérea internacional hacia la capital venezolana.

La aerolínea colombiana Avianca anunció el viernes la reanudación de sus vuelos diarios entre Bogotá y Caracas a partir del martes 1 de septiembre. “Tras una evaluación integral de las condiciones operativas y de seguridad realizada en coordinación con las autoridades, desde este 1 de septiembre la aerolínea retoma los vuelos diarios entre la capital de Colombia y la capital de Venezuela”, señaló la compañía en un comunicado.

De forma simultánea, Avianca inauguró una nueva ruta entre Bogotá y Maracaibo, que se suma a la ya existente entre Bogotá y Valencia. Con estas tres conexiones, la aerolínea ofrecerá más de 7.500 sillas semanales entre ambos países, operadas con aviones Airbus A320 con capacidad para 180 pasajeros.

La aerolínea panameña Copa Airlines también anunció la reactivación de su ruta entre Ciudad de Panamá y Maiquetía a partir del 1 de septiembre, con un vuelo diario. Con este regreso, la compañía alcanzará 29 frecuencias semanales entre Panamá y Venezuela, cubriendo la totalidad de sus destinos en el país: Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto y Barcelona.

Un día después del doble sismo, Copa había reanudado los vuelos hacia Valencia, Barquisimeto y Barcelona, pero mantuvo suspendida la ruta a Caracas por el estado del aeropuerto de Maiquetía. Roberto Pulido, gerente general de Copa Airlines en Venezuela, destacó que Caracas “es una ruta que operamos desde hace casi 29 años y que, hasta antes de los sismos, la cubríamos con tres vuelos diarios”.

Pulido calificó la frecuencia recuperada de “muy significativa”, al restablecer la conectividad internacional para los pasajeros de la capital y las zonas aledañas. Mientras la actividad en Maiquetía se reactiva por completo, Copa mantendrá dos vuelos diarios desde y hacia Valencia para ofrecer alternativas adicionales a la población del centro del país.

La administración de la presidenta encargada Delcy Rodríguez reubicará a los estudiantes de 91 escuelas dañadas por los terremotos del 24 de junio para el inicio del ciclo escolar 2026-2027, según anunció el martes el ministro de Educación, Héctor Rodríguez.

Según el detalle oficial proporcionado por el funcionario, 11 de esas escuelas colapsaron y el resto presenta daños estructurales. Cada alumno de los centros afectados será asignado al colegio más cercano a su lugar de residencia para el próximo 14 de septiembre, fecha de inicio del nuevo año académico.

“Cada estudiante será reubicado en el colegio más cercano a su espacio de hábitat”, precisó Rodríguez. Los sismos impactaron a cerca de 900 de las 27.000 escuelas en el país, aunque la mayoría de los establecimientos sufrió daños menores, según datos oficiales.

El ministro informó que 12 de los 67 refugios temporales instalados en escuelas ya fueron desalojados, como parte de un plan para trasladar a los damnificados a campamentos unifamiliares o brindarles viviendas nuevas.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, comunicó que se construyen campamentos unifamiliares y viviendas transitorias para liberar el resto de las escuelas utilizadas como refugio. De acuerdo con el diputado, se encuentran en marcha 3.000 viviendas transitorias en una zona entre Caracas y La Guaira, la región más afectada por los terremotos, que dejaron al menos 6.509 personas fallecidas. Además, en Catia La Mar, una localidad de La Guaira, se edifican otras 3.000 viviendas para los afectados.

Por su parte, Delcy Rodríguez sancionó el martes una ley destinada a impulsar la construcción de viviendas y eliminar obstáculos en el proceso, a la vez que reiteró su compromiso de entregar viviendas mensualmente a los afectados y alcanzar 4.000 unidades antes de fin de año. Hasta la fecha, el Gobierno chavista reportó la adjudicación de 335 viviendas nuevas y la recuperación de 1.001 casas dañadas.

El pasado 5 de agosto, la organización Fe y Alegría advirtió que el acceso a la educación de 18.727 jóvenes está en riesgo si no se reparan los 31 espacios críticos de su red escolar antes del inicio del período académico, por lo que solicitó el apoyo de la comunidad nacional e internacional.

Dos meses después de los terremotos, La Guaira muestra un panorama marcado por la precariedad y la resistencia en los campamentos donde centenares de familias permanecen bajo carpas donadas, entre escombros y maquinaria que remueve los restos de edificaciones.

El pasado sábado, un fuerte aguacero afectó los campamentos de Caracas y La Guaira, dejando pérdidas materiales. “Tuvimos pérdida de colchones, de cuestiones así, de efectos personales”, describió Germán Machado, habitante del campamento César Nieves en Catia La Mar. Relató que el episodio generó angustia entre los damnificados, quienes aún enfrentan el trauma del terremoto.

La “Escuela Urimare”, que opera bajo carpas, también resultó dañada por el temporal. “La lluvia fue muy fuerte y bueno, los dos toldos principales se partieron y se cayó la lona y perdimos muchos materiales muy apreciados, porque cada granito que hay acá son traídos por ángeles muy especiales que Dios manda. Y bueno, lloré mucho”, expresó Jazmín Urimare Ramírez, maestra oncológica fundadora de la escuela.

El agua acumulada alcanzó varios centímetros y afectó materiales donados, como libros, cuadernos y pupitres de madera. Pese al calor, el piso de la carpa permanecía húmedo días después, mientras voluntarios trataban de salvar lo posible y esperaban tablas para construir una tarima que proteja las pertenencias ante nuevas lluvias.

Los rastros de barro continuaban visibles en distintas zonas de Catia La Mar, arrastrados por la corriente desde los cerros cercanos. “Esto fue un colapso total, esto fue horrible. Tanto los truenos, la gente con mucho miedo, los niños llorando”, relató Ramírez, quien solicitó ayuda para reponer los materiales que permiten a más de 70 niños seguir con sus clases.

(Con información de EFE)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó el martes una ley para impulsar la construcción de viviendas tras los terremotos que el 24 de junio provocaron la muerte de más de 6.500 personas y dejaron alrededor de 17.900 sin hogar.

Durante una transmisión por Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez subrayó: “Esta ley va a buscar promover, construir, más viviendas. Quitar cualquier tipo de traba, de limitación, de dificultad, de complejidad y que nosotros podamos garantizar mayor disponibilidad de viviendas”.

La mandataria encargada especificó que su administración completó más de 61.000 inspecciones de edificaciones para evaluar los daños ocasionados por los sismos, con 11.000 construcciones catalogadas en alto riesgo.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, señaló que en la zona de Catia La Mar, ubicada en el estado de La Guaira, se encuentran en marcha las obras para 3.000 viviendas nuevas, en la región considerada como la más afectada por los terremotos de hace dos meses.

El viernes pasado, el Parlamento controlado por el chavismo aprobó la Ley de Promoción y Protección para la Construcción de Viviendas, una norma que busca facilitar la edificación de nuevos hogares y salvaguardar los derechos de constructores y compradores. La legislación contiene 40 artículos que regulan contratos, ventas, responsabilidades y fiscalizaciones a cargo del Ministerio de Vivienda y Hábitat.

La nueva ley dispone la creación obligatoria de un fideicomiso por parte de las empresas constructoras y exige detallar en los contratos tanto las características de las viviendas como el cronograma de ejecución. Se establecen multas de hasta 54.000 veces el valor de la moneda local en casos de retrasos documentales, infracciones o desacato a medidas preventivas, según el tipo de cambio vigente.

El pasado 14 de julio, Jorge Rodríguez calculó en 25.000 el número de viviendas necesarias para quienes perdieron su hogar durante los terremotos que alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter el 24 de junio.

En julio, Delcy Rodríguez prometió entregas mensuales de viviendas para damnificados y alcanzar las 4.000 unidades para diciembre. Hasta el momento, el Gobierno chavista reportó la entrega de 335 viviendas nuevas y la recuperación de 1.001 casas dañadas por los sismos.

En paralelo, la organización no gubernamental Techo, con presencia en 18 países de América Latina, finalizó la construcción de las primeras diecisiete viviendas en Venezuela destinadas a damnificados por los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5. Las viviendas, según informó Techo, miden 18 metros cuadrados y se construyeron con madera prensada o fibrocemento, una mezcla de cemento, agua y fibras.

La ONG explicó en un comunicado que las viviendas se levantaron en comunidades de El Junquito, en Caracas, y Guaracarumbo, en La Guaira, región identificada como la más golpeada por los sismos. Más de 120 voluntarios locales participaron en los trabajos junto a otros veinte voluntarios y trabajadores procedentes de México, Colombia y Chile, detalló la organización.

Techo precisó que mantiene operaciones ininterrumpidas en Venezuela desde hace 15 años y que activó un plan de respuesta humanitaria el mismo 24 de junio para evaluar daños y establecer prioridades en las zonas más perjudicadas.

La organización anunció que ya planifica nuevas fases de construcción en comunidades de Falcón y Yaracuy, en el oeste del país, y en Carabobo, Aragua y Miranda, situadas al norte. Para financiar estos proyectos, la ONG continúa su campaña de recaudación de fondos.

En declaraciones a la agencia EFE en julio, Juan José Ayarza, directivo global de la entidad, adelantó que el objetivo es construir al menos 200 viviendas para afectados por el doble sismo, que, según cifras oficiales, dejó alrededor de 17.900 personas sin hogar y más de 6.500 fallecidos.

(Con información de EFE)

El Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) anunció este martes que el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, el principal de Venezuela y puerta de entrada a Caracas, retomará las operaciones de vuelos comerciales el próximo 1 de septiembre. El organismo pidió a los pasajeros contactar directamente con sus aerolíneas para confirmar la reprogramación de sus vuelos, mientras continúan los trabajos de recuperación del edificio principal, cerrado desde el 24 de junio por los efectos del doble terremoto que sacudió el país.

Maiquetía cerró por los daños causados por dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5, con epicentro entre los estados Yaracuy y La Guaira, que devastaron buena parte del centro-norte del país. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ordenó la suspensión de operaciones esa misma tarde y varias aerolíneas trasladaron sus vuelos a los aeropuertos de Valencia, a 172 kilómetros de Caracas, y de Barcelona, a 313 kilómetros. La cifra oficial de fallecidos ha subido de forma escalonada desde los 235 confirmados en el primer parte hasta los 6.509 del balance más reciente.

Según el IAIM, la reapertura contará con dos terminales de salida y dos de llegada, para vuelos nacionales e internacionales, dotadas de climatización, wifi, servicio médico, estaciones de carga y rampas para personas con movilidad reducida. La terminal internacional de salidas tendrá 4.300 metros cuadrados, 4 puertas de embarque y capacidad para 780 personas. El instituto describió las instalaciones como “estructuras modulares metálicas” y precisó que el traslado hasta la rampa se hará en autobuses.

El anuncio llega después de que la fecha inicialmente filtrada, el 24 de agosto, se pospusiera por fallas detectadas en los simulacros realizados en las carpas provisionales de las terminales nacional e internacional. Marisela de Loaiza, presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV), había señalado que las aerolíneas no tenían comunicación oficial sobre el reinicio y que se requiere al menos una semana de antelación para reprogramar pasajeros. El sector prevé que la primera fase cubra entre el 30% y el 35% de la capacidad previa, con ocho vuelos diarios.

El Banco Mundial estimó en USD 19.600 millones los daños físicos directos de los terremotos y advirtió de que una reconstrucción lenta afectaría la recuperación económica del país durante la próxima década. Para financiar parte de esa reconstrucción, la Corporación Andina de Fomento (CAF) anunció un fondo multidonante de hasta USD 200 millones, dirigido a canalizar aportes de gobiernos, organismos multilaterales, empresas privadas y fundaciones. Rodríguez había anunciado además una alianza internacional para recuperar la terminal, sin detallar qué actores la integran.

Maiquetía, ubicado en el estado La Guaira, la región más golpeada por los sismos, retomó el 5 de agosto sus operaciones de aviación de carga como primer paso hacia una reapertura gradual. La reactivación completa del edificio principal, cuya fecha no ha sido precisada, dependerá de la evaluación estructural en curso, mientras el país continúa sumando ayuda internacional para la remoción de escombros y la atención a las más de 73.000 personas que han recibido asistencia hospitalaria desde junio.

La reapertura por fases de Maiquetía, aun en estructuras temporales, marcará el primer contacto directo de Venezuela con el tráfico aéreo internacional de pasajeros desde el terremoto, en un momento en que el país busca sostener la conectividad que sus principales rutas comerciales perdieron durante dos meses. El ritmo de esa recuperación, condicionado por los resultados de las pruebas técnicas pendientes, será determinante para calibrar cuánto tardará el aeropuerto en recobrar su capacidad operativa previa a los sismos.

El activista venezolano Javier Tarazona, presidente de la ONG Fundaredes, propuso en Caracas una nueva ley de amnistía para liberar a todos los presos políticos en Venezuela y la creación de un fondo nacional de reparación para resarcir a los detenidos y a sus familias. Presentó la iniciativa este martes, tras el aplazamiento de su audiencia de juicio en el Palacio de Justicia.

La propuesta apareció en medio del debate abierto por las excarcelaciones anunciadas por el Gobierno interino y por las críticas de antiguos detenidos y organizaciones de derechos humanos sobre el alcance real de esas medidas. En sus primeros despachos sobre la jornada, Tarazona sostuvo que la normativa aprobada en febrero dejó fuera a numerosas víctimas de la persecución política y no resolvió la situación de quienes continúan encarcelados por motivos políticos.

Tarazona declaró que en el país existen miles de afectados por el proceso político de los últimos años que no recibieron asistencia ni reparación. Su planteo incluyó un nuevo texto legislativo que garantice la libertad plena de todos los presos políticos, sin exclusiones, y un mecanismo estatal que cubra parte de los costos y daños que afrontaron los detenidos y sus allegados.

El dirigente permaneció preso durante más de cuatro años y recuperó la libertad condicional en febrero de este año. Un mes después, le negaron el beneficio de la ley de amnistía que el Parlamento de mayoría chavista aprobó en ese mismo período. Esa negativa se convirtió en uno de los puntos centrales de su cuestionamiento a la legislación vigente, que a su juicio no alcanzó para cerrar los casos de persecución política.

En su exposición pública, el activista señaló que el fondo nacional de reparación debería atender gastos y pérdidas acumulados durante los años de reclusión. Entre esos problemas mencionó los traslados prolongados que muchas familias debieron asumir para asistir a tribunales o visitar cárceles, además de otras consecuencias económicas y personales derivadas de las detenciones.

La discusión sobre la reparación sumó además la voz del exdiputado opositor Williams Dávila, quien también estuvo preso por razones políticas y recibió la amnistía en marzo. Dávila sostuvo que el Estado tiene una obligación jurídica y moral de reparar a quienes padecieron persecución y encarcelamiento. Afirmó que ese proceso no debía limitarse a una compensación económica, sino abarcar la restitución de la dignidad y de los proyectos de vida afectados por el encierro.

“No se trata de una simple compensación económica, sino de un proceso de restitución integral de la dignidad de la persona humana y al mismo tiempo, del rescate de los proyectos de vida que han sido destruidos por este encarcelamiento”, afirmó.

La cifra oficial difundida por el Gobierno interino indicó que 1.046 venezolanos fueron liberados desde enero de 2026, aunque ese saldo quedó bajo revisión pública por la falta de listados completos y por las diferencias entre los registros oficiales y los elaborados por organizaciones no gubernamentales. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, comunicó ese número en la víspera de los nuevos reclamos de activistas y expresos políticos.

En paralelo, un grupo de antiguos presos políticos pidió a Rodríguez que autorizara a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a verificar las listas de excarcelados desde enero. La solicitud surgió ante las dudas sobre la identificación precisa de los liberados, después de que el Gobierno interino informara ese total de 1.046 personas excarceladas tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Carlos Julio Rojas, integrante de la Red de Expresos Políticos por la Democracia, declaró que el proceso de liberaciones pareció funcionar de manera irregular y sin información pública suficiente. Según explicó, el Ejecutivo anunció en enero que convocaría al alto comisionado Volker Türk para revisar los listados, pero esa verificación todavía no se concretó. Rojas agregó que ese incumplimiento pudo confirmarse en una reunión celebrada el viernes pasado con representantes de la oficina de la ONU en Caracas.

La nota difundida por la red de expresos políticos precisó que en ese encuentro participaron también Williams Dávila, el director del portal Punto de Corte, Nicmer Evans, y otros activistas, entre ellos José Riera, Nathan Ali Barillas Ramírez, Ángel Godoy y Félix Perdomo. El grupo reclamó además que la oficina del Alto Comisionado intervenga en las negociaciones entre el chavismo y la oposición y que se cree una comisión mixta con acceso a centros penitenciarios.

La Red de Expresos Políticos por la Democracia, integrada por cerca de un centenar de antiguos detenidos, presentó una agenda de reparación más amplia. El esquema incluyó la eliminación de antecedentes penales y medidas contra la estigmatización financiera que, según denunciaron, afectó a víctimas de arrestos por razones políticas por medio del bloqueo de cuentas bancarias y otras restricciones.

Dávila enumeró en ese marco una serie de mecanismos de restitución que, a su entender, deberían formar parte de una política estatal integral. Entre ellos mencionó el reconocimiento formal de las víctimas, indemnizaciones por los daños ocasionados, recuperación de bienes, atención psicológica y médica, reintegración familiar y pensiones especiales. Ese planteo coincidió con la exigencia de Tarazona de avanzar hacia una reparación que exceda el anuncio de libertades condicionadas o parciales.

Mientras el Gobierno defendió su saldo de liberaciones, las cifras independientes mostraron otra dimensión del proceso. Hasta junio, la ONG Foro Penal había verificado la liberación de 894 presos políticos desde enero. A mediados de agosto, cuando el Ejecutivo anunció la excarcelación de 131 personas, la organización pudo confirmar 81 casos y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) contabilizó 105.

(Con información de EFE)

Un pastor evangélico colombiano, identificado como Omilfer Peña Muñoz, fue capturado en Caracas por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) tras evadir la justicia de Colombia, donde enfrenta una condena de casi 17 años de prisión por abuso sexual contra su hija de 14 años.

Peña Muñoz, proveniente de Neiva, departamento de Huila, huyó de Colombia después de ser sentenciado por los delitos cometidos y se ocultaba en Venezuela utilizando documentos falsificados.

El hombre fue localizado la noche del viernes 21 de agosto, cuando agentes de la unidad Contrabandas Criminales de la PNB realizaban un operativo de seguridad en la parroquia Coche, en Caracas, pero solo hasta el lunes 24 de agosto su foto circuló de forma masiva a través de redes sociales.

Durante la inspección, los funcionarios observaron al sujeto desplazándose en motocicleta y, al requerirle identificación, presentó una cédula venezolana a nombre de Jorge Luis De Lima Hernández. Los agentes detectaron alteraciones en la fotografía y la firma del documento, ante lo cual el hombre reconoció que era falso y que su intención era utilizarlo para obtener otros documentos venezolanos.

Peña Muñoz quedó a disposición del Ministerio Público venezolano por la presunta falsificación y forjamiento de documentos. En las próximas semanas, se espera que las autoridades de Colombia y Venezuela, con el apoyo de Interpol, coordinen su entrega para que el capturado responda ante la justicia colombiana y cumpla la condena impuesta por los delitos cometidos contra su hija.

Los detalles de la condena en contra del pastor evangélico Omilfer Peña Muñoz: la confesión de su hija

A mediados de diciembre de 2021 se conoció que el pastor Omilfer Peña Muñoz, en ese entonces líder de una iglesia cristiana en Neiva, Huila, fue condenado a 203 meses de prisión (cerca de 17 años) por haber abusado sexualmente de su hija durante más de tres años.

El caso, que conmocionó a la comunidad, reveló detalles alarmantes sobre la conducta del acusado y el proceso judicial que siguió a la denuncia.

Según el expediente, los hechos ocurrieron entre 2011 y 2014, cuando la menor, oriunda de Caquetá, pasaba temporadas de vacaciones en la casa del pastor en el barrio La Rioja de Neiva. En su denuncia, la joven relató que el abuso comenzó cuando “empezó a hablarle de los novios, a decirle que la iba a besar, (…) pero que su ‘cosita’ no la podía tocar nadie más, solo él. La empezó a tocar y la llevó a la cama”.

La víctima, que en ese entonces era menor de 14 años, declaró ante las autoridades: “Siempre que terminaba de abusarme oraba a Dios para pedir perdón”. El abuso se repitió durante las visitas familiares a Neiva, donde Peña Muñoz residía con su esposa y dos hijos.

El caso salió a la luz cuando la niña comenzó a mostrar comportamientos extraños que alertaron a su abuela.

La menor al final se atrevió a contar los vejámenes sufridos a manos de su padre. La denuncia fue presentada en 2016 y, tras varios años de proceso judicial, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Neiva emitió sentencia condenatoria el 9 de diciembre de 2021.

El fallo judicial determinó que Peña Muñoz es “autor de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo, en concurso heterogéneo con actos sexuales con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo sucesivo”.

Además de la pena de prisión, el pastor fue inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas y no podrá acceder a la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni a la prisión domiciliaria.

Por ese entonces, la familia de la víctima calificó la sanción como insuficiente. Yeimi Diaz, madre de la joven, expresó en diálogo con el portal La Gaceta que “la condena muy mínima”.

“Es que es su propia sangre, cometió incesto, fue una situación tan terrible. A mi parecer, muy poquitos años”, dijo en esa ocasión Diaz, y que para ese momento no tenía conocimiento del paradero de Peña Muñoz, puesto que ya no se encontraba en Neiva.

La madre también hizo un llamado al sistema judicial, y expresó: “Lo único que uno le pide al Tribunal de Justicia es que realmente se haga justicia, porque, así como le hicieron a mi hija, puede haber muchos niños más”. Producto de los vejámenes la joven víctima recibió tratamiento psiquiátrico para superar las secuelas de los abusos sufridos.

Lo que más generó repudio en la sociedad huilense fue que la sentencia fue apelada por el abogado del pastor ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva.

Familiares de presos políticos protestaron el lunes en Caracas para exigir al gobierno interino de Venezuela que publique la lista completa de los excarcelados y acelere las liberaciones prometidas hace diez días, en medio de las negociaciones con la oposición auspiciadas por Estados Unidos.

“Dijeron que iban a liberar 131 presos políticos, no fueron liberados. Exigimos que publiquen la lista de los presos políticos que están liberando, exigimos la libertad inmediata de todos los presos políticos”, afirmó Mayra Morales, una de las decenas de manifestantes reunidos en el centro de la capital venezolana.

Morales reclama la excarcelación de su hermano, condenado por su participación en el caso Gedeón, nombre con el que se conoció una fallida incursión marítima que, según la versión oficial, buscaba forzar la salida del país de Nicolás Maduro. La manifestante calificó de “cuentagotas” el goteo de liberaciones registrado hasta ahora.

El 14 de agosto, el gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció la excarcelación de 131 presos políticos como parte de una amnistía aprobada en febrero, meses después de que un operativo militar estadounidense capturara a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. La ley surgió tras semanas de presión de familiares, que llegaron a realizar huelgas de hambre frente a instituciones públicas.

La organización no gubernamental Foro Penal, que verifica de manera independiente cada caso, había confirmado 81 excarcelaciones hasta el 17 de agosto, muy por debajo de la cifra anunciada por las autoridades. La entidad ha insistido en que solo divulga balances corroborados directamente y que el proceso de verificación continúa. Entre los primeros liberados figuró Emirlendris Benítez, detenida desde 2018 y cuyo delicado estado de salud había sido señalado en reiteradas ocasiones por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Me parece que ha sido muy, muy, muy, muy lento. No es transparente, porque hablan de unos números que no son reales”, dijo María Altagracia Vásquez, quien espera la salida de su hermano de prisión.

El gobierno interino sostiene que, desde la captura de Maduro, ha excarcelado a 1.046 presos políticos, una cifra que las organizaciones de derechos humanos no han podido corroborar de forma independiente. Foro Penal había reportado el 10 de agosto que aún permanecían detenidas 391 personas por motivos políticos.

Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en el diálogo con el gobierno interino, sostuvo tras la primera ronda de negociaciones que un país en transición democrática no puede mantener presos políticos.

Los manifestantes marcharon después hacia el Ministerio del Interior, Justicia y Paz, y señalaron a su titular, Diosdado Cabello, como un obstáculo para las liberaciones. Cabello, figura histórica del chavismo, permanece en el cargo pese a estar acusado en Estados Unidos por presunto narcotráfico y ser objeto de una recompensa de USD 25 millones ofrecida por Washington. Una barrera policial con vallas metálicas impidió el paso de la marcha hacia la sede del ministerio.

“Los presos políticos no son negociación” y “Delcy libera, la familia los espera” fueron algunas de las consignas coreadas durante la protesta, en la que los asistentes vistieron camisetas blancas y portaron pancartas con los nombres de sus familiares detenidos.

El grupo entregó además un documento ante el Ministerio Público en el que reclama la liberación de 300 presos políticos que, según sus registros, continúan bajo custodia del Estado pese a los anuncios oficiales.

La brecha entre la cifra que maneja el Gobierno y la que logran verificar los organismos independientes se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción del proceso de reconciliación que negocian Caracas y la oposición.

En Caracas, reportaron la desaparición de una mujer y su hijo, quienes fueron arrastrados luego de que un curso de agua se desbordara. Los equipos de rescate trabajan para determinar su paradero y ampliar las áreas de rastreo en los sectores afectados por la crecida.

Otro operativo se desarrolla en Guaicaipuro, municipio del estado Miranda cercano a la capital. Allí, una familia viajaba en un automóvil cuando el vehículo terminó dentro de una quebrada debido al incremento del caudal. La hija fue localizada con vida y trasladada a un centro médico, mientras los cuerpos de emergencia continúan buscando a sus padres.

El alcalde de Guaicaipuro, Farith Fraija, informó que las precipitaciones se prolongaron durante más de cuatro horas y ocasionaron daños en al menos 36 viviendas. Las autoridades locales también desplegaron cuadrillas para atender las consecuencias de las inundaciones y retirar materiales acumulados por el agua.

En Aragua, la emergencia se concentra en el municipio José Félix Ribas. Dos personas que se encontraban dentro de un vehículo siguen sin ser localizadas después de que una fuerte corriente lo arrastrara. Los equipos de rescate mantienen las labores en el área para intentar encontrar a los ocupantes.

Las lluvias también provocaron una situación crítica en la autopista Valle-Coche, una de las principales vías de Caracas. Entre 60 y 70 vehículos quedaron atrapados después del desbordamiento de un río. El jefe de Gobierno de la capital, Nahum Fernández, señaló que alrededor de 20 personas resultaron lesionadas durante el episodio.

En sectores como La Vega, el agua ingresó en viviendas y comercios. Durante la jornada del domingo, residentes retiraban barro, residuos y otros materiales que quedaron dentro de los inmuebles después de la crecida de una quebrada. La acumulación de sedimentos también afectó calles y espacios comerciales.

Una vecina describió la intensidad del temporal al señalar: “Teníamos años que no veíamos tanta cantidad de agua así”. Otra persona residente en la zona explicó que las inundaciones se repiten durante los episodios de lluvias fuertes y afirmó que la quebrada puede llegar a transportar vehículos cuando aumenta su caudal.

La emergencia fue atribuida al paso de la onda tropical número 40. La jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, ordenó activar los mecanismos de Protección Civil para responder a las zonas afectadas y advirtió sobre los efectos de la emergencia climática.

Las autoridades mantienen las labores de atención mientras continúan las búsquedas de las personas desaparecidas. El episodio se produce mientras Venezuela afronta además las consecuencias de los terremotos registrados el 24 de junio, que dejaron miles de víctimas y graves daños materiales, aumentando la presión sobre los servicios de emergencia y asistencia.

Inundaciones en el Metro de Caracas

La acumulación de agua también interrumpió la normalidad del transporte público en Caracas. Las estaciones Mercado y La Rinconada del Metro de Caracas volvieron a registrar inundaciones durante el temporal.

Imágenes difundidas por usuarios mostraron el ingreso del agua al interior de las instalaciones y grandes volúmenes de líquido descendiendo por las escaleras, que quedaron convertidas temporalmente en canales de desagüe.

Pese a las afectaciones ocasionadas por las precipitaciones, el Metro de Caracas comunicó que este domingo 23 de agosto mantendría sus operaciones comerciales en sus sistemas subterráneo y superficial. Los servicios por cable, en cambio, permanecerán fuera de funcionamiento debido a trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo.

El organismo pidió a los usuarios permanecer atentos a las indicaciones de los trabajadores durante sus desplazamiento.

El sistema ferroviario que conecta Caracas con los Valles del Tuy también mantuvo su programación. El Instituto de Ferrocarriles del Estado informó que las cuatro estaciones de esa línea operarían este domingo con normalidad y llamó a los pasajeros a seguir las instrucciones de seguridad emitidas por el personal.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) pidió al Gobierno chavista, liderado por la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez, ampliar la cooperación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en las cárceles del país, con énfasis en prisiones donde “existan denuncias de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

A través de un comunicado difundido el sábado en su cuenta de X, la ONG solicitó incluir los penales El Rodeo I, Fuerte Guaicaipuro y Yare, ubicados en el estado Miranda, señalando que no se tiene constancia de la presencia del CICR en esos recintos.

CLIPP argumentó que estos centros son prioritarios tras afirmar que “familiares de personas recluidas en estos centros denunciaron aislamiento, restricciones de comunicación, deficiencias en alimentación y atención médica, así como episodios de violencia y malos tratos”. La ONG pidió que se garanticen “condiciones necesarias para que el CICR pueda realizar entrevistas privadas con las personas detenidas y dar seguimiento a los casos conforme a su metodología”.

La organización también solicitó habilitar mecanismos de comunicación directa entre el CICR y las familias “para aportar información sobre torturas, aislamiento, enfermedades graves y otras situaciones que requieran atención humanitaria”.

El martes pasado, el Gobierno venezolano anunció una agenda de cooperación con el CICR en materia penitenciaria que, según el Ministerio para el Servicio Penitenciario, se orienta al intercambio de experiencias y la identificación de áreas de interés común. Entre las acciones previstas se incluyen encuentros con autoridades, visitas a centros penitenciarios y la revisión de temas como salud, educación, actividades productivas, contacto familiar y condiciones de vida de las personas privadas de libertad. Las actividades concluirán con un encuentro bilateral para compartir “principales consideraciones e identificar posibles líneas de trabajo conjunto”, informó la cartera.

Por su parte, la organización Realidad Helicoide denunció la existencia de 49 centros de tortura en Venezuela donde permanecen recluidos más de 300 presos políticos. Según el informe difundido por la ONG, “los registros actuales confirman la presencia de presos políticos en 49 centros activos, desde cárceles de máxima seguridad hasta comandancias policiales regionales”. La entidad toma su nombre del centro que fue considerado el mayor sitio de torturas del país hasta su cierre, ordenado por Rodríguez.

El reporte indica que la mayor concentración de detenidos se encuentra en la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda, con 107 personas. El viernes 21 de agosto, familiares de presos políticos cumplían 224 días de vigilia frente a ese penal, noche en la que denunciaron que sus parientes sufren tratos crueles e inhumanos.

El CLIPP sumó que, tras los terremotos del 24 de junio, aumentaron las denuncias sobre la situación en Rodeo I. “Familiares reportan golpes, disparos con perdigones, uso de gas lacrimógeno, personas heridas sin atención médica, restricciones al contacto familiar, suspensión de la paquetería y el regreso forzado de los detenidos a celdas con presuntos daños estructurales”, detalló el comité.

Amnistía Internacional y familiares de presos políticos exigieron una “atención médica oportuna” en las cárceles, al advertir que las condiciones actuales pueden afectar o agravar la salud de los reclusos. Los allegados denunciaron demoras en las evaluaciones médicas, falta de exámenes y dificultades para acceder a especialistas en casos de afecciones específicas.

Andreína Baduel, hermana de Josnars Baduel —detenido en 2020— e hija del exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, quien falleció en prisión en 2021, afirmó: “Hay un patrón que es la falta de atención médica oportuna. Otro patrón es que subestiman las dolencias o requerimientos que van manifestando los presos políticos”. En una transmisión impulsada por Amnistía Internacional, Baduel señaló que las condiciones de reclusión “no se ajustan a los estándares internacionales, por lo cual el que no entra enfermo se va enfermando en la cárcel porque no recibe atención médica especializada y oportuna”.

Diego Casanova, activista del CLIPP, indicó que han identificado “patrones” en los centros de detención venezolanos, como “torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, además de la “restricción o demora en la atención médica”. Casanova agregó que persisten dificultades como “el ingreso regular de medicamentos, la ausencia de tratamientos acordes y oportunos, la interrupción de terapias, falta de seguimiento y problemas para cumplir dietas o cuidados específicos” requeridos por algunos detenidos.

(Con información de EFE)

Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora respalda por Estados Unidos en el diálogo con el Gobierno chavista, agradeció el viernes a la Unión Europea (UE) por su respaldo al proceso de negociación y destacó que este apoyo contribuye a fortalecer la “esperanza y la confianza” con la que cada vez más venezolanos acompañan la búsqueda de acuerdos en el camino hacia una democracia plena en el país caribeño.

La presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015 señaló que la comunidad internacional vuelve a enfocar su atención en Venezuela como “una nación con potencial para avanzar hacia una democracia sólida, estable y con visión de futuro”.

Figuera afirmó en la red X: “Cada día se suman nuevas voces a la convicción de que es a través del diálogo, de las decisiones adoptadas en el marco de los mecanismos democráticos, como deben dirimirse nuestras diferencias, colocando siempre por encima de cualquier interés particular el interés superior de la república”.

Medios locales reportaron que la UE expresó su respaldo a “todos los esfuerzos” dirigidos a un proceso de democratización a través del diálogo entre la delegación opositora, liderada por Figuera, y el Gobierno chavista, encabezado en las negociaciones por el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez.

La semana pasada, el chavismo y este sector opositor cerraron el primer ciclo de negociaciones con dos acuerdos principales: la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), aumentando de 20 a 32 el número de magistrados tras una reforma legal, y la recuperación de activos venezolanos depositados en el Banco de Inglaterra para atender a las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio. Ambas partes acordaron establecer mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría para asegurar el uso eficiente de esos recursos.

El proceso de diálogo, respaldado también por Estados Unidos, no cuenta con la participación de los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Washington ha manifestado su “satisfacción” por el inicio de las conversaciones, señalando que “contribuye significativamente al plan de tres fases” planteado por Estados Unidos para una transición hacia elecciones democráticas en Venezuela.

En paralelo, catorce ONG solicitaron la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), actualmente controlado por funcionarios afines al chavismo, antes de diciembre, en el marco del diálogo entre el Gobierno y la oposición promovido por Estados Unidos.

En un comunicado, las organizaciones señalaron que la conformación de una nueva directiva del organismo electoral y de un nuevo TSJ serían “resultados concretos” de la negociación y podrían concretarse “en los próximos meses”. Las ONG afirmaron: “No existen razones transparentes, técnicas ni legales que justifiquen su dilación hasta diciembre”.

Las entidades recordaron que los procedimientos legales vigentes permiten renovar el CNE en un plazo cercano a los dos meses y propusieron octubre como una fecha factible, siempre que exista voluntad política.

Entre las ONG que firmaron el comunicado se destacan Provea, el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, la Red Electoral Ciudadana, Transparencia Venezuela, Unión Afirmativa y Voto Joven.

El grupo destacó que la mesa de negociación debe producir resultados tempranos, creíbles y genuinos, ya que el tema electoral “ocupa un lugar central en las expectativas ciudadanas”. Advirtieron que postergar la renovación del CNE podría profundizar la percepción de incertidumbre y reforzar la excepcionalidad institucional, mientras que activar la agenda electoral y judicial puede convertirse en un factor de credibilidad y confianza para la población.

(Con información de EFE)

Venezuela realizó este miércoles un simulacro de preparación para evaluar los terminales provisionales instalados en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, principal terminal aéreo que sirve a Caracas y que resultó gravemente dañado tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio en el norte del país.

El ejercicio de este miércoles permitió probar áreas que habilitarán al aeropuerto para operar al 40% de su capacidad previa. La presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo en enero tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro por intervención de Estados Unidos, anunció un plan para reabrir el aeropuerto lo antes posible.

Estados Unidos brindó temporalmente asistencia técnica y logística a las operaciones aéreas venezolanas tras los terremotos. Según la administración del aeropuerto, actualmente se dispone de dos terminales provisionales de salidas y dos de llegadas, todos instalados en grandes carpas fuera de los edificios dañados. Los vuelos de carga se reanudaron el 5 de agosto, aunque todavía no hay fecha prevista para la reactivación de los vuelos de pasajeros.

El estado de La Guaira fue el más afectado por los terremotos, que dejaron un saldo de más de 6.400 víctimas fatales y destruyeron decenas de edificios. La infraestructura del aeropuerto resultó comprometida, incluidas las pistas principales, lo que restringió sus operaciones a vuelos humanitarios durante varias semanas.

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar reanudó sus operaciones de carga internacional tras permanecer inactivo desde el 24 de junio. El primer vuelo recibido procedió de Panamá, según informó el Ministerio de Transporte a través de X. La cartera había anunciado la reapertura paulatina del aeropuerto para “garantizar la reanudación progresiva de los servicios”.

El Simón Bolívar, ubicado en el estado de La Guaira, sufrió daños en la infraestructura de la pista y la terminal como consecuencia de los sismos. Desde entonces, varias aerolíneas trasladaron sus operaciones a la ciudad de Valencia, capital del estado Carabobo, a 172 kilómetros de Caracas.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, comunicó el pasado 6 de julio que el país proyecta retomar pronto algunos vuelos comerciales en una pista paralela del aeropuerto, aunque no precisó la fecha de reinicio. Dos días antes, Rodríguez también había anunciado la creación de una alianza internacional para la recuperación de la terminal, sin detallar los actores implicados.

El 29 de junio, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) propuso restablecer lo antes posible la operatividad regular de la terminal aérea, incluso mediante infraestructura temporal, y ofreció asistencia técnica al Gobierno venezolano para ese objetivo.

El 6 de julio, Rodríguez anunció una alianza internacional para la recuperación de la terminal aérea de Maiquetía, aunque no brindó detalles sobre el plan, que según sus declaraciones estaría listo esta semana.

Nuevo temblor en La Guaira

Un terremoto de magnitud 4 sacudió la madrugada del martes al estado costero, sin que se reportaran daños, informó Rodríguez a través de Telegram. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) localizó el epicentro a 10 kilómetros al noroeste de La Guaira y a una profundidad de 10 kilómetros.

Rodríguez señaló que tras el movimiento telúrico se activó el Sistema de Protección para realizar “el monitoreo y seguimiento correspondiente”. “Hasta este momento, no tenemos reportes de afectaciones de ningún tipo”, afirmó la mandataria, quien agregó que las autoridades permanecen “atentos y trabajando para garantizar la seguridad de todos”.

El sismo, registrado a las 3:07 hora local (07:07 GMT), también se percibió en varias zonas de Caracas. La Guaira, estado ubicado frente al mar Caribe y sede del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, resultó profundamente afectado por los terremotos. De acuerdo con un informe presentado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, el número de fallecidos a causa de aquellos terremotos ascendió a 6.438.

(Con información de AFP)

Venezuela firmó el martes un contrato con la empresa estadounidense Hunt Oil para el desarrollo de los campos de petróleo y gas Caro y Carisito en el este del país, según informó la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao. La funcionaria, quien lidera una delegación oficial en Estados Unidos, explicó en comunicación con el canal estatal Venezolana de Televisión que el acuerdo estableció un modelo de participación productiva para impulsar y recuperar la producción en ambas áreas.

Henao destacó que Hunt Oil es “una empresa de reconocida trayectoria” y que aportará recursos para “apuntar a la recuperación de producción” en esos campos petroleros. Además, la ministra anunció una alianza con la transnacional tecnológica SLB (antes Schlumberger) para llevar a cabo un “estudio integrado de yacimiento” en territorio venezolano.

Los acuerdos fueron suscritos en la ciudad de Houston, donde la delegación venezolana cuenta con la presencia del viceministro de Geopolítica, Eduardo Ramírez; el vicepresidente ejecutivo de la estatal PDVSA, Jovanny Martínez; y el encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos, Johan Álvarez. La comitiva también participó en un foro junto al subsecretario de Energía estadounidense, Kyle Haustveit.

El pasado junio, Venezuela y SLB firmaron en Caracas un memorando de entendimiento para explorar oportunidades de cooperación en servicios petroleros y de gas con tecnología de vanguardia.

La producción de crudo venezolano alcanzó en julio un promedio de 1.200.000 barriles por día (bpd), lo que representa un aumento del 1,09% respecto a junio, en un periodo afectado por dos terremotos en la zona norte del país que causaron al menos 6.438 muertos. Según cifras oficiales, la producción nacional subió un 29,8% desde los 924.000 bpd de enero, tras la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro en la capital del país caribeño.

Desde ese momento, Venezuela abrió su economía a la inversión extranjera en sectores estratégicos como el petrolero, el minero y el eléctrico, en el marco de una colaboración con Washington. El presidente estadounidense Donald Trump calificó recientemente la relación entre ambos países como “excelente”.

El Parlamento de Venezuela, bajo control del oficialismo, aprobó en enero una reforma de la ley de hidrocarburos impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el objetivo de incentivar la inversión extranjera en el sector. Analistas interpretaron esta medida como un desmantelamiento del legado de Hugo Chávez (1999-2013).

En materia interna, el producto interno bruto (PIB) de Venezuela registró un crecimiento del 7,14% en el segundo trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, impulsado principalmente por un incremento del 9,1% en la actividad petrolera, de acuerdo con cifras oficiales difundidas este martes. El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la actividad no petrolera experimentó un avance del 5,79% durante el mismo rango de meses. Las actividades financieras y de seguros lideraron el avance, con un crecimiento del 26,26%, seguidas de la construcción, que aumentó un 16,11%.

A pesar de la recuperación económica, sindicatos y trabajadores de distintos sectores advirtieron que la crisis salarial persiste en el país. El salario mínimo y la pensión equivalen actualmente a unos 16 centavos de dólar al mes según la tasa oficial, mientras que el costo de la canasta alimentaria para una familia de cinco personas supera los 700 dólares, según estimaciones independientes.

(Con información de EFE)

Aerolíneas Argentinas volvió a sobrevolar Venezuela desde el sábado 15 en horas de la mañana, una habilitación que restituye el uso del corredor Maiquetía para planificar sus rutas e impacta de manera directa en sus vuelos al Caribe y a Estados Unidos, después de una restricción vigente desde marzo de 2024.

La reanudación impacta en la operación diaria de la compañía: la empresa podrá volver a utilizar esa traza en entre 12 y 14 vuelos semanales a Miami, entre cuatro y cinco a Aruba y entre cinco y siete a Punta Cana. El desvío obligado por otros espacios aéreos y hacia el Atlántico elevaba los costos, sobre todo por combustible, con pérdidas periódicas de miles de dólares.

El regreso ya había empezado a verse en el seguimiento de trayectos de los últimos días y luego fue comunicado oficialmente a los pilotos de la empresa. El primer caso detectado fue el vuelo AR1328, con destino a Punta Cana que retomó la ruta directa redujo el tiempo de viaje en alrededor de media hora.

La autorización revierte una prohibición que regía desde marzo de 2024

La restricción había sido impuesta por la dictadura venezolana de Nicolás Maduro como represalia por el decomiso y traslado a Estados Unidos del avión venezolano-iraní de Emtrasur, retenido en Ezeiza desde junio de 2022.

La aeronave fue inmovilizada durante el gobierno de Alberto Fernández y Javier Milei autorizó en febrero de 2024 a la Justicia y al FBI de Estados Unidos a llevársela.

La medida alcanzó no solo a los servicios de Aerolíneas Argentinas hacia Punta Cana, Aruba y Miami, sino a todos los aviones con matrícula argentina. Esa limitación obligaba a rodear el espacio aéreo de Venezuela y complicaba especialmente rutas que, por geografía, dependen de un corredor más directo hacia el norte del continente.

Fuentes del Gobierno atribuyeron el destrabe a las gestiones del canciller Pablo Quirno con el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Venezuela, Félix Plasencia, que asumió en julio de 2026. La publicación agregó que el funcionario argentino ya había tenido contactos previos con el antecesor de Plasencia, Yván Gil, durante la asistencia militar y consular enviada tras los terremotos de junio en ese país.

La reanudación de los sobrevuelos se inscribe, además, en una lenta recomposición del vínculo bilateral por la vía política en conversaciones directas con el gobierno encabezado interinamente por Delcy Rodríguez.

Las dos embajadas permanecen cerradas desde agosto de 2024, cuando el gobierno de Nicolás Maduro expulsó a los diplomáticos argentinos de Caracas después de que Milei desconociera el resultado de las elecciones presidenciales venezolanas.

El cambio operativo reabre la discusión sobre un eventual regreso a Caracas

Por ahora, la autorización se limita al uso del espacio aéreo y no implica el retorno de vuelos directos entre Buenos Aires y Caracas. Aerolíneas Argentinas no vuela a la capital venezolana desde agosto de 2017, cuando canceló de forma permanente esa ruta por la crisis sociopolítica y económica del país y por razones de seguridad.

En el repaso publicado por el blog aéreo Sir Chandler, el servicio a Caracas había operado hasta 2014 con Airbus 340. Después pasó al 737-800, primero en la ruta Ezeiza-Caracas-La Habana y, tras la eliminación de la escala cubana a fines de 2016, en una operación triangular con Bogotá de una o dos frecuencias semanales. Hacia fines de 2017, la compañía dejó de volar allí.

El cambio de corredor aéreo también puede modificar la asignación de aviones en algunas rutas. En el blog se señaló que la nueva traza permite volar a Punta Cana con Boeing 737 MAX, un dato con consecuencias operativas y comerciales para servicios que antes debían absorber mayor tiempo de vuelo por el rodeo.

Antes de este acuerdo, la Cancillería argentina había elevado notas formales de reclamo a Caracas y llevó el caso ante la Organización de Aviación Civil Internacional, la agencia de las Naciones Unidas con sede en Montreal.

La cifra de fallecidos por los dos terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio aumentó a 6.438, según el balance presentado este lunes por el titular del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez. El registro supone 137 muertes adicionales frente al informe anterior, mientras se mantienen las tareas de remoción de estructuras dañadas y la recuperación de cuerpos que todavía permanecen bajo los escombros.

Los movimientos telúricos, de magnitud 7,2 y 7,5, golpearon principalmente al estado costero de La Guaira, donde la destrucción de edificaciones dejó una parte de la población sin vivienda. A casi dos meses del desastre, familiares y voluntarios continúan participando en la búsqueda de víctimas. El chavismo, sin embargo, no ha informado cuántas personas permanecen oficialmente desaparecidas.

El nuevo balance también muestra la dimensión de los daños sobre la infraestructura residencial. Hasta ahora fueron inspeccionadas 59.109 viviendas. De ese total, 34.680 fueron consideradas aptas para ser ocupadas, mientras que otras 13.733 presentan restricciones y 10.696 fueron clasificadas como construcciones de alto riesgo.

En paralelo, 86.358 personas recibieron atención médica después de los terremotos. La emergencia sanitaria no terminó con el rescate de los sobrevivientes: entre quienes lograron salir de los edificios colapsados hay personas que requieren intervenciones quirúrgicas, rehabilitación y dispositivos para recuperar parte de su movilidad.

Uno de esos casos es el de Dennis Castillo, una deportista de 17 años que permaneció durante 28 horas atrapada bajo los restos de su edificio en La Guaira. Una viga comprimió su pierna izquierda y, después del rescate, los médicos determinaron que era necesario amputarla para evitar consecuencias mortales.

Su padre, Deinnis Castillo, relató el momento en que logró encontrarla entre los restos de la estructura. “En lo que me despierto, estoy atrapado entre los pasamanos de la escalera (...) Y en medio de eso yo dije ¡mi hija!”, contó.

La adolescente practicaba distintas disciplinas deportivas desde los 10 años y busca volver a entrenar. Para ello necesita una prótesis adecuada, un desafío que comparten numerosos sobrevivientes. La Fundación Dos Santos calcula que al menos 200 personas sufrieron amputaciones como consecuencia de los terremotos y que cerca de la mitad son menores de edad.

El costo de las prótesis constituye otro obstáculo para las familias. Los dispositivos pueden oscilar entre 3.500 y 30.000 dólares, dependiendo de sus características. Las destinadas a deportistas pueden incorporar sistemas hidráulicos y requieren una adaptación específica.

Mientras continúa la asistencia, el régimen informó que fueron entregadas 335 viviendas y mantienen el objetivo de alcanzar 4.000 unidades antes de finalizar el año. En los lugares donde permanecen damnificados, las condiciones también se han complicado por las lluvias. Algunas precipitaciones registradas en Caracas destruyeron carpas utilizadas como refugio temporal.

La reconstrucción enfrenta además una dimensión económica considerable. El Banco Mundial calculó en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos provocados por los sismos y advirtió que una recuperación lenta podría afectar el desempeño económico venezolano durante los próximos diez años.

Hasta este lunes, las labores de limpieza habían permitido retirar 528.222,30 toneladas de escombros, una tarea que continúa mientras se evalúan inmuebles y se intenta localizar a posibles víctimas.

Como parte de la respuesta social, un canal de televisión privado anunció para el 17 de octubre un teletón destinado a recaudar fondos para las comunidades afectadas. La jornada combinará televisión y radio en una programación especial e incluirá la participación del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela.

Un grupo de venezolanos se concentró este miércoles en Caracas para reclamar información sobre las conversaciones que mantienen representantes del chavismo y un sector de la oposición, un proceso que se desarrolla bajo reserva desde el pasado 6 de agosto y que busca establecer condiciones para una eventual transición política en Venezuela.

La protesta se produjo mientras las delegaciones encabezadas por Jorge Rodríguez, titular del Parlamento, y Dinorah Figuera, presidenta la Asamblea Nacional de mayoría opositora elegida en 2015, se disponían a cerrar la primera etapa de las negociaciones. Durante seis días, los encuentros se realizaron sin acceso público a los detalles de los asuntos discutidos ni a los posibles acuerdos alcanzados.

Con banderas venezolanas, los manifestantes reclamaron la presencia de Figuera y exigieron conocer qué está negociando la oposición. “Qué salga Dinorah”, corearon frente al lugar donde esperaban obtener respuestas sobre el proceso.

El reclamo también estuvo vinculado con demandas sociales y humanitarias. Luis Antonio Correa, un vigilante de 54 años que participó en la concentración, pidió que los dirigentes que negocian escuchen directamente las exigencias de quienes atraviesan la crisis dentro del país. “Queremos escuchar el diálogo de ella (...) nosotros la queremos aquí afuera”, afirmó.

Correa enumeró además algunas de las principales preocupaciones de los manifestantes: la situación de los detenidos por motivos políticos, los bajos ingresos y las dificultades económicas que persisten después del cambio de régimen ocurrido en enero. “Queremos que suelten a los presos políticos, (que aumenten) el salario de nosotros (...), y que nos ayuden a resolver este problema”, reclamó.

La falta de información sobre las conversaciones alimentó cuestionamientos dentro del propio espacio opositor. Figuera mantuvo durante los últimos días reuniones con representantes de familiares de presos políticos, jubilados y trabajadores de medios de comunicación. Según lo informado por personas vinculadas al proceso, esos encuentros tuvieron como objetivo trasladar las demandas recibidas a la mesa de negociación.

Las conversaciones cuentan con participación estadounidense en calidad de respaldo y mediación. Cuando las delegaciones enfrentan asuntos considerados especialmente delicados, se establece contacto con representantes de Washington para facilitar las discusiones. El proceso se desarrolla además mientras la administración de Donald Trump mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución política venezolana.

Uno de los puntos centrales planteados por la oposición es la modificación de las instituciones encargadas de garantizar el funcionamiento del Estado de derecho. Entre sus propuestas figura la renovación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, organismo cuestionado por su actuación en el proceso que validó la fraudulenta reelección de Nicolás Maduro en 2024.

La reforma judicial también está relacionada con otras demandas. La oposición busca eliminar disposiciones legales utilizadas durante los últimos años para procesar a dirigentes y activistas, entre ellas normas vinculadas con delitos de odio y terrorismo.

El futuro electoral constituye otro de los asuntos pendientes. La propuesta opositora contempla que cualquier nuevo cronograma de elecciones sea definido después de una renovación del Consejo Nacional Electoral, dentro de un proceso más amplio de cambios institucionales.

Aunque Figuera enfrenta cuestionamientos de sectores que ponen en duda su representación, quienes participan del diálogo sostienen que la mesa reconoce a María Corina Machado como principal referente de la oposición. La dirigente permanece fuera de Venezuela y no forma parte directamente de las conversaciones, aunque ha manifestado que no se opondrá al proceso.

“María Corina Machado es la líder de la oposición venezolana (...) es la voz que los venezolanos identifican como su propia voz”, sostuvo una persona cercana a las negociaciones.

La primera ronda de conversaciones concluye este miércoles mientras persiste la presión de sectores de la sociedad venezolana para que el proceso abandone el secretismo y muestre resultados verificables sobre derechos políticos, condiciones económicas y garantías para una futura competencia electoral.

La situación de los presos políticos en Venezuela integrará la agenda de diálogo entre el Gobierno chavista y la oposición, bajo la mediación de Estados Unidos, según confirmó la jefa negociadora opositora, Dinorah Figuera. La mesa de negociaciones, que busca facilitar una transición democrática en el país, se desarrolla en Caracas desde el 6 de agosto y finalizará este miércoles, siete meses después de la captura del ex dictador Nicolás Maduro durante una operación estadounidense.

El proceso incluye la revisión del estado de los detenidos por motivos políticos, un asunto que la delegación opositora encabezada por Figuera llevó de manera explícita a la mesa. “Sostuvimos un encuentro con ex presos y familiares de presos políticos quienes me consignaron una comunicación que llevaremos a la mesa”, publicó en X, junto a una imagen con personas excarceladas en los últimos meses. Y agregó: “Estamos en este proceso para lograr una Venezuela democrática y libre”.

Figuera mantuvo también reuniones con representantes de sectores como jubilados y el sindicato de prensa, a fin de escuchar sus demandas en este ciclo de negociaciones, que se suma a instancias previas realizadas durante el régimen del Maduro entre 2013 y 2026.

La ronda de diálogo tiene lugar sin la participación de María Corina Machado, líder opositora y Premio Nobel de la Paz. Las conversaciones se desarrollan sin acceso de la prensa.

Organizaciones como Foro Penal cifran en 382 los presos políticos en Venezuela. Entre las voces de familiares, Andreína Baduel, hija del general Raúl Isaías Baduel —fallecido en prisión en 2021—, expresó a AFP sus expectativas: “Que no sea un instrumento más que use el régimen como tantos que ha habido durante años para prolongar el dolor, para revictimizarnos, para ganar tiempo y perpetuarse en el poder”. Su hermano Josnars Adolfo Baduel recibió en 2024 una condena de 30 años acusado de traición a la patria y terrorismo.

Rosario Pacheco, madre de Robert Villamarín Pacheco —detenido desde 2023 por supuesta participación en un atentado con drones contra Maduro—, consideró que la liberación de presos políticos y la revisión de causas judiciales “debe ser una condición transversal en las mesas de negociación política”.

La mesa de diálogo cuenta con la conducción de Jorge Rodríguez desde la parte del Gobierno chavista, presidente del Parlamento y hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y de Figuera, representante de la bancada opositora que obtuvo la mayoría legislativa en 2015.

El Gobierno de Estados Unidos celebró la apertura del proceso y, definió su hoja de ruta en tres fases para la recuperación del país caribeño: “estabilización, recuperación económica y reconciliación política”.

La Defensoría del Pueblo de Venezuela anunció que este miércoles instalará una mesa técnica junto a la ONG Alianza para la Libertad de los Presos Políticos con el objetivo de profundizar la revisión y el seguimiento individual de los casos presentados por la organización. La convocatoria responde a las demandas de activistas que solicitaron la mediación y actuación de la institución en lo relativo a la atención médica, la celeridad procesal, las condiciones de detención y el respeto a la dignidad humana, según una nota de prensa oficial.

La ONG informó que entregó la lista completa de presos políticos y se acordó la conformación de la mesa técnica el 12 de agosto, que contará también con la participación de familiares. Durante el encuentro, la organización planteó la necesidad de revisar la situación jurídica de los detenidos, cifra que asciende a 382 casos. El Gobierno chavista sostiene que las detenciones se produjeron por la comisión de delitos, una postura que rechazan los partidos políticos opositores.

La defensora del pueblo, Eglée González Lobato, afirmó que su despacho mantiene una “política de puertas abiertas” y continuará recibiendo y atendiendo las peticiones de familiares, organizaciones sociales y distintos sectores de la sociedad conforme a sus competencias constitucionales. “Ratificamos la disposición a examinar cada situación de manera individualizada y a realizar las gestiones institucionales que correspondan, dentro del ámbito de nuestras competencias, para contribuir a la protección efectiva de los derechos humanos y al debido proceso”, declaró González Lobato.

(Con información de AFP y EFE)

El Gobierno de transición de Venezuela inspeccionó 51.124 edificaciones después del doble terremoto del 24 de junio, una revisión técnica que permitió clasificar inmuebles seguros, en observación y con alto riesgo, mientras continúan la reparación de viviendas y la atención a miles de damnificados.

El ministro de Transporte, Francisco Garcés, quien también dirige la comisión presidencial encargada de evaluar la habitabilidad de las infraestructuras, informó que el 58% de los inmuebles revisados recibió etiqueta verde, condición que autoriza su ocupación. Otro 23% quedó bajo etiqueta amarilla, categoría que exige alerta y nuevas revisiones, mientras el 18% fue marcado con etiqueta roja por el nivel de peligro detectado.

El operativo contó con 3.071 inspectores, desplegados para examinar edificios en distintas zonas del país tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5. La tarea buscó determinar qué estructuras podían seguir en uso, cuáles requerían controles adicionales y cuáles debían quedar desocupadas.

La emergencia también golpeó al sector habitacional. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó el jueves que las autoridades ya repararon más de 13.000 viviendas afectadas por el desastre. El último balance oficial elevó a 41.624 la cantidad de hogares perjudicados.

Dentro de ese plan de respuesta, Rodríguez afirmó que en una semana reciente el programa oficial benefició a más de 2.000 personas, entre familias que recibieron una vivienda y otras que pudieron regresar a sus casas tras obras de recuperación. La funcionaria presentó ese balance durante un encuentro con juntas de condominio del municipio Sucre de Caracas, una de las zonas alcanzadas por el impacto del terremoto.

El Ejecutivo también puso en marcha un esquema de financiamiento para facilitar soluciones habitacionales. La banca pública y privada otorgará créditos para la compra de viviendas, con un subsidio estatal de 80% para inmuebles de hasta USD 70.000. Para propiedades con valores superiores a esa cifra y de hasta USD 100.000, la ayuda oficial cubrirá 50% del costo.

Esa política aparece como una alternativa para familias que perdieron su vivienda o que todavía no pueden volver a ocuparla por daños estructurales. A la vez, el Parlamento venezolano aprobó una nueva ley de arrendamiento con el objetivo de estimular el mercado inmobiliario después de los sismos y ampliar las opciones de acceso a una vivienda.

La recuperación también alcanzó instalaciones estratégicas. A 45 días del desastre, continúan las obras en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal terminal aérea del país. Rodríguez señaló que el Gobierno trabaja en la apertura de un “aeropuerto temporal”, aunque no precisó una fecha para su habilitación.

Según el balance oficial citado en la información disponible, el doble terremoto dejó más de 6.000 muertos y más de 16.000 heridos, además de decenas de miles de viviendas afectadas. A ese cuadro se sumó la estimación del Banco Mundial, que calculó en USD 19.600 millones los daños físicos directos causados por los sismos. El organismo advirtió que una reconstrucción lenta podría afectar la recuperación económica del país durante la próxima década.

(Con información de EFE)

Activistas de derechos humanos y familiares de presos políticos pidieron el viernes, en la sede de la Cancillería en Caracas, que se permita el ingreso de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a Venezuela con el objetivo de analizar las presuntas violaciones del Gobierno chavista a las normas que protegen la dignidad de las personas.

Andreína Baduel, representante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP), entregó un documento en el que pidió también la autorización para que la Cruz Roja Internacional pueda acceder a las cárceles del país y verificar las condiciones de detención. “Queremos que la Cruz Roja y la CIDH puedan constatar las violaciones de derechos humanos a las que están sometidos los presos políticos”, afirmó Baduel a los medios presentes.

Baduel, hija del ex ministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, quien murió como preso político en 2021, solicitó además el ingreso de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU. En ese sentido, subrayó que este equipo de Naciones Unidas solicitó visitar Venezuela para “constatar la situación de violaciones de derechos humanos y no se lo han permitido”.

El documento presentado por el CLIPP incluyó cinco solicitudes, entre las que destaca que la Cancillería formalice la invitación y facilite los protocolos para la visita de la CIDH, así como la cooperación con la misión independiente de la ONU. Además, pide que el Comité Internacional de la Cruz Roja obtenga autorización para acceder regularmente a los centros de detención y evaluar condiciones de “salubridad, integridad física, nutrición y asistencia médica” de las personas privadas de libertad.

Finalmente, el texto reclama establecer un mecanismo de comunicación directa entre el CLIPP y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela para informar a organismos internacionales sobre “muertes bajo custodia y desapariciones forzadas que aún no han sido esclarecidas”.

La organización no gubernamental solicitó a su vez a la Cancillería de Venezuela que “asuma un rol activo” en la implementación de la Ley de Amnistía, la cual establece un período de 27 años desde 1999, año en que el chavismo accedió al poder. Sin embargo, la ONG advirtió que la norma solo contempla la amnistía para personas relacionadas con 13 hechos ocurridos en igual número de años, lo que deja fuera otros períodos y casos vinculados a operaciones militares y delitos adicionales.

En paralelo, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) reportó que al menos 51 presos comunes murieron en Venezuela entre abril y julio de 2026, según el conteo publicado el viernes. El pasado martes, el OVP detalló que algunos de los fallecidos “padecían enfermedades prevenibles o tratables, entre ellas tuberculosis, deshidratación severa, diarreas agudas y otras patologías que difícilmente habrían terminado con sus vidas si hubiesen recibido atención médica adecuada”.

La organización Foro Penal, referente en la defensa de presos políticos en Venezuela, informó este miércoles que 382 personas continúan encarceladas por motivos políticos en el país. Entre los detenidos, cuatro casos fueron reportados recientemente, aunque la ONG no ofreció detalles sobre estas situaciones.

Según el balance difundido por Foro Penal en X, con corte al 3 de agosto, 356 hombres y 26 mujeres permanecen privados de libertad, de los cuales 222 son civiles y 160 militares. El informe señala que se desconoce el paradero de una persona.

El reporte precisa que 40 de los detenidos son extranjeros. Además, el balance indica que 158 personas cumplen condena, mientras 224 esperan sentencia en procesos judiciales relacionados con causas políticas.

(Con información de EFE)

El Gobierno venezolano y una delegación opositora celebraron este viernes en Caracas la segunda reunión del primer ciclo de diálogo sobre la transición política del país, en un proceso que excluye a las figuras opositoras María Corina Machado y Edmundo González Urrutia y que cuenta con el respaldo explícito de Washington.

El encuentro se desarrolló en un hotel de la capital venezolana con acceso restringido para la prensa: solo se permitió el ingreso de fotógrafos, sin que ninguna de las partes ofreciera explicaciones sobre esa limitación, al igual que ocurrió en la sesión inaugural del jueves.

Las conversaciones están encabezadas por el chavista Jorge Rodríguez, jefe negociador del Gobierno y hermano de la mandataria Delcy Rodríguez, y por la exdiputada opositora Dinorah Figuera, quien defiende la continuidad del Parlamento elegido en 2015 y viajó desde España a Venezuela el miércoles para participar en el proceso. Ambas delegaciones suscribieron, en un comunicado conjunto difundido en redes sociales, principios de respeto a la soberanía nacional, negociación de buena fe y búsqueda de una solución política, pacífica, democrática y constitucional.

También acordaron igualdad política en la mesa, cumplimiento verificable de compromisos y protección de los derechos humanos y políticos “de todas las fuerzas”. Las partes fijaron el 12 de agosto como fecha límite para este primer ciclo, cuya metodología y agenda temática quedaron definidas en la reunión inaugural celebrada en la base aérea La Carlota, en Caracas.

La delegación opositora está integrada, además de Figuera, por los exdiputados Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus, Sergio Vergara y Desiree Barboza. El chavismo está representado por la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán; el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante; y los diputados América Pérez, Génesis Garvett y Jorge Arreaza.

El Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su apoyo al proceso mediante un comunicado en el que calificó el inicio de las negociaciones como “una oportunidad única” para alcanzar resultados concretos. La administración del presidente Donald Trump señaló que las conversaciones forman parte de un plan de tres fases orientado a lograr una transición hacia elecciones democráticas en Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero.

Washington sostuvo que el proceso puede contribuir a ampliar las libertades políticas, atender las necesidades de la población afectada por el doble terremoto y construir “un futuro más estable y próspero para el pueblo venezolano”. “Instamos a todas las partes interesadas a apoyar este esfuerzo para lograr resultados tangibles para los venezolanos”, concluye el comunicado.

Los gobiernos de Chile y Venezuela oficializaron el jueves la reanudación de sus relaciones consulares, interrumpidas desde 2024 debido a las tensiones entre el entonces presidente chileno Gabriel Boric y el ex dictador venezolano Nicolás Maduro.

La formalización se concretó en una reunión en Caracas entre el director general de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior, Hernán Núñez, y el viceministro venezolano para América Latina, Mauricio Rodríguez. Durante el encuentro, ambos funcionarios intercambiaron notas diplomáticas verbales que formalizaron el restablecimiento de las relaciones consulares.

El ministro de Exteriores chileno, Francisco Pérez Mackenna, destacó que este paso “permitirá asegurar la protección y servicios para los ciudadanos de ambos países y el inicio de una nueva etapa, a través de un diálogo constructivo, para avanzar en temas que nos interesa profundizar, a favor del bienestar de nuestros pueblos y de la región”. Según datos del propio Pérez Mackenna, actualmente residen en Chile cerca de 700.000 venezolanos, mientras que unos 25.000 chilenos viven en Venezuela.

Las relaciones consulares bilaterales quedaron restauradas “de manera oficial”, lo que marca el inicio de una “normalización progresiva” de los lazos tras dos años de ruptura. De acuerdo con la prensa local, existen más de 75.000 órdenes de expulsión pendientes, de las cuales más de la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos.

La ruptura de relaciones entre ambos países, ocurrida en 2024, provocó el retiro del personal diplomático venezolano en Chile y la salida de los funcionarios chilenos de Caracas, medida dispuesta por el entonces líder del régimen de Venezuela, actualmente detenido en Estados Unidos. Esta situación afectó a cientos de miles de ciudadanos venezolanos en Chile y dificultó los mecanismos de cooperación y seguridad bilateral. Según cifras oficiales, en territorio chileno residen más de 700.000 venezolanos, mientras que en Venezuela viven alrededor de 25.000 chilenos.

El pasado 30 de julio, el presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció la reactivación de relaciones consulares con Venezuela, el “comienzo de una nueva etapa” para la “normalización progresiva” del vínculo bilateral.

“A partir de hoy, Chile y Venezuela comienzan una nueva etapa, que nos va a permitir avanzar en tremendos desafíos que tenemos como países en un mismo continente. Desafíos que hablan de seguridad, de migración y de desarrollo económico”, señaló el mandatario, en un breve punto de prensa desde La Moneda.

El jefe de Estado chileno agradeció el trabajo “metódico” de los equipos diplomáticos de ambos países y valoró la “disposición” de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para avanzar en el diseño conjunto.

“En una primera etapa, ambos países han acordado reactivar las relaciones consulares, como paso inicial hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales y con el propósito de asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos países hermanos”, detalló la Cancillería chilena a través de un comunicado ese mismo día.

El organismo agregó que “esta iniciativa conjunta se sustenta en los históricos lazos de amistad y solidaridad latinoamericana que han unido a Chile y Venezuela desde sus orígenes como Repúblicas e inspiran sus esfuerzos conjuntos en favor del desarrollo y bienestar de nuestros pueblos y de nuestra región”.

Kast reiteró en múltiples ocasiones que el restablecimiento de las relaciones bilaterales con Venezuela es “esencial” para su plan de expulsión de inmigrantes irregulares en vuelos hacia Caracas, una de sus principales promesas de campaña.

(Con información de EFE)

Representantes del chavismo y la delegación de la Asamblea Nacional de Venezuela electa en 2015 dieron este miércoles el primer paso formal del nuevo proceso de diálogo político en Caracas al instalar la plenaria de negociaciones, aprobar el mecanismo de funcionamiento de las conversaciones y ratificar la agenda que orientará las discusiones en los próximos días.

El encuentro concluyó con un comunicado conjunto, en el que ambas partes informaron que acordaron la metodología de trabajo, los ciclos de negociación y los principios que servirán de base para el proceso.

Según el documento, las delegaciones permanecerán en sesión permanente durante el primer ciclo de conversaciones hasta el 12 de agosto. Al finalizar esa etapa se evaluará la continuidad de la plenaria, tomando en cuenta el desarrollo de los trabajos y los resultados alcanzados.

Uno de los principales avances de la jornada fue la adopción de un marco de principios compartidos que, de acuerdo con el comunicado, deberá orientar toda la negociación. Entre ellos figuran la negociación de buena fe, la búsqueda de beneficios para Venezuela, una solución política, pacífica, democrática y constitucional, así como el reconocimiento y respeto mutuo entre las partes.

El texto también incorpora compromisos sobre igualdad política y trato paritario en la mesa de negociación, el cumplimiento verificable de los acuerdos que se alcancen y la protección tanto de los derechos humanos como de los derechos políticos de todas las fuerzas participantes.

Asimismo, las delegaciones señalaron que informarán de manera oportuna a la población sobre los avances que se produzcan durante las conversaciones, con el propósito de mantener seguimiento público del desarrollo del proceso.

La presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015, Dinorah Figuera, calificó la instalación de la mesa como el inicio de una nueva etapa política.

“Hoy instalamos el proceso que marcará la ruta hacia la Democracia y la reinstitucionalización de Venezuela entre diputados de la Asamblea Nacional 2015 y representantes del gobierno interino”, afirmó en un mensaje publicado en la red social X.

La dirigente agregó que “estamos trabajando firmemente por la libertad y la democracia para los venezolanos”, al referirse al comienzo formal de las conversaciones.

La instalación del diálogo se produjo casi una semana después de la fecha inicialmente prevista para su inicio y siete semanas después del encuentro celebrado en Caracas entre Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, reunión que abrió el camino para la conformación de esta mesa de negociación.

El proceso cuenta con el acompañamiento de Estados Unidos, que ha respaldado públicamente la iniciativa. Tras conocerse el inicio de las conversaciones, el Departamento de Estado sostuvo que el diálogo constituye “una oportunidad única” para atender necesidades urgentes del país.

“Aplaudimos los esfuerzos para atender las necesidades urgentes de los afectados por los terremotos del 24 de junio, ampliar las libertades políticas y promover un futuro más estable y próspero para el pueblo venezolano”, expresó Washington en un comunicado.

La dependencia estadounidense también reiteró que mantiene su respaldo al proceso liderado por actores venezolanos, al considerar que forma parte del plan de estabilización, recuperación económica, reconciliación política y transición pacífica impulsado tras los acontecimientos ocurridos a comienzos de este año.

El sábado, Jorge Rodríguez y Figuera sostuvieron una conversación telefónica en la que definieron los asuntos prioritarios que serían incorporados a la agenda. Entre ellos figuran la atención a las víctimas de los terremotos del 24 de junio, el fortalecimiento de la democracia y la restitución de derechos y garantías políticas.

El nuevo diálogo se desarrolla siete meses después de la intervención militar estadounidense del 3 de enero que derivó en la captura del ex dictador Nicolás Maduro y abrió un nuevo escenario político en Venezuela. Aunque la líder opositora María Corina Machado anunció que no participará directamente en las negociaciones, manifestó que no obstaculizará los acuerdos que representen avances concretos para la transición democrática.

El primer encuentro dejó establecidos los mecanismos de trabajo y un conjunto de principios compartidos que servirán de base para las siguientes rondas de conversaciones previstas en Caracas.

La ex diputada opositora Dinorah Figuera llegó el miércoles a Venezuela procedente de España para participar en la primera ronda de negociaciones con el chavismo, un proceso respaldado por Estados Unidos que busca avanzar hacia una transición política y una reforma institucional. La dirigente arribó al Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui, en el estado Anzoátegui, junto a una comisión de ex diputados de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y posteriormente se trasladó a Caracas para el inicio de la agenda de conversaciones.

El proceso comenzó formalmente después de una llamada telefónica que Figuera y el presidente de la Asamblea Nacional y jefe negociador del Gobierno, Jorge Rodríguez, mantuvieron el pasado sábado para anunciar el inicio de las conversaciones en la capital venezolana.

La mesa de diálogo se instaló siete meses después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos en Caracas. Desde entonces, Delcy Rodríguez ejerce como presidenta encargada del país.

A su llegada al aeropuerto, Figuera afirmó que la prioridad inmediata de la comisión será atender las consecuencias de los sismos registrados el pasado 24 de junio, una tragedia que, según las cifras oficiales citadas, dejó más de 6.000 fallecidos, 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda.

“Esto va a tener una agenda prioritaria que va a significar el reconocimiento de la zona, el impacto de lo que fue esta tragedia, de cómo se va a acompañar a las víctimas de esta situación y qué estamos comprometidos a brindar”, declaró la dirigente al medio El Diario.

Figuera también explicó que la agenda de negociación incluirá reformas institucionales consideradas fundamentales para el proceso político.

Entre ellas mencionó la recomposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) para convertirlo en un organismo “creíble y confiable”, la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la “garantía de tener unos derechos políticos y civiles garantizados”.

En declaraciones a Televen, sostuvo que el proceso requerirá varios meses de trabajo antes de presentar resultados concretos. “Atentos a lo que es en esta semana la apertura oficial de este proceso de diálogo que busca la reinstitucionalización de la democracia”, expresó al llegar al país.

La dirigente agregó que el cronograma prevé la presentación formal del trabajo realizado hacia finales de este año. “Hasta diciembre de 2026” se presentará “formalmente todo el producto” del proceso, señaló.

Asimismo, agradeció al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por el respaldo brindado para la construcción de la agenda de trabajo que orienta las conversaciones.

De acuerdo con la información disponible, el Departamento de Estado de Estados Unidos encomendó a Figuera la conducción del diálogo con el chavismo tras la captura de Maduro, con el objetivo de facilitar un proceso de transición política.

Figuera encabezó la Asamblea Nacional elegida en 2015, un Parlamento reconocido por Washington como legítimo y cuya continuidad continúa defendiendo, pese a que el gobierno de Maduro desconoció sus funciones.

La delegación opositora está integrada además por los ex diputados Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara.

Por parte del Gobierno participan el presidente del Parlamento y jefe negociador Jorge Rodríguez, la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán; el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante; y los diputados América Pérez, Génesis Garvett y Jorge Arreaza.

Las conversaciones se desarrollan sin la participación de la líder opositora María Corina Machado ni del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia. Ambos manifestaron previamente que esperan que este acercamiento conduzca a la celebración de elecciones presidenciales, aunque no forman parte de la mesa instalada en Caracas.

Por su parte, el ministro de Interior y jefe del partido oficialista, Diosdado Cabello, dio la bienvenida a la delegación opositora y rechazó que el proceso represente una rendición del chavismo. “Nosotros los recibimos, esperamos que vengan dispuestos a conversar, que vengan dispuestos a incorporarse, a seguir trabajando por este país”, afirmó durante su programa semanal transmitido por la televisión estatal.

Cabello también subrayó que el Ejecutivo no intervino en la conformación de la representación opositora. “El gobierno interino no tuvo injerencia en la selección de la gente que estará representando a la oposición”, sostuvo.

El inicio de las negociaciones abre una nueva etapa de contactos políticos entre ambas partes con una agenda que contempla la atención de la emergencia provocada por los sismos, la reforma de instituciones del Estado y la definición de un cronograma de trabajo que, según Figuera, concluirá con la presentación de propuestas formales en diciembre de 2026.

(Con información de AFP y EFE)

Venezuela avanza en la reparación de casi 4.000 viviendas en La Guaira, el estado más afectado por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio. El gobernador regional, Alejandro Terán, señaló que se están “rehabilitando 3.938 viviendas en todo el estado que han sido calificadas, dentro de las inspecciones de habitabilidad, con el color amarillo (daños leves)”.

En ese sentido, el mandatario, en diálogo con al canal estatal Venezolana de Televisión, remarcó que dichas viviendas “no sufrieron daños estructurales, sino daños en la mampostería”. El gobernador señaló que la administración regional asiste “a más de 12.000 familias” en 28 campamentos transitorios habilitados para los miles de damnificados que dejaron los sismos.

Tras los terremotos, el Gobierno chavista, liderado por le presidenta encargada Delcy Rodríguez implementó un sistema de marcaje por colores para las edificaciones: verde para viviendas seguras, amarillo para alerta y revisión, y rojo para zonas de alto riesgo y prohibidas.

De acuerdo con datos presentados el lunes por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, al menos 43.679 viviendas fueron evaluadas tras los terremotos. Del total de 41.624 viviendas afectadas, 25.325 fueron clasificadas como habitables (verde), 9.866 tienen restricciones (amarillo) y 6.433 se consideran en alto riesgo (rojo).

El Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos y advirtió que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica de Venezuela durante la próxima década.

Terán también informó que hay al menos 1.579 personas continúan desaparecidas: “De la información que nos suministran directamente los familiares, nos da que hay 1.579 personas desaparecidas”. El gobernador explicó que parte de las personas reportadas como fallecidas podrían figurar en el listado de desaparecidos, ya que “aún no han sido certificados por nuestros organismos forenses del Senamecf (Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses) para poder legalmente darle el estatus de fallecido”.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió la semana pasada a una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para abordar, entre otros temas, el uso de reservas internacionales en el plan de recuperación y reconstrucción. Según el equipo de prensa de Rodríguez, las conversaciones incluyeron “el intercambio de opiniones sobre las perspectivas macroeconómicas, las prioridades de política económica”, la asistencia técnica para fortalecer capacidades institucionales y “el uso de reservas internacionales para el financiamiento” del plan Venezuela Renace.

Rodríguez anunció el 17 de julio el acceso a USD 346 millones del FMI, fondos que prometió destinar a la reconstrucción. Se trata de activos del tramo de reserva de Venezuela en el FMI, disponibles de inmediato para atender necesidades humanitarias urgentes vinculadas al desastre, según explicó el propio Fondo.

En la reunión participaron el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk, el jefe de misión en Venezuela, Álvaro Piris, y funcionarios venezolanos como los vicepresidentes de Economía y de Gobierno Digital, Calixto Ortega y Anabel Pereira, y el presidente del Banco Central, Luis Pérez. La prensa oficial venezolana destacó que este encuentro da “continuidad al diálogo constructivo establecido en los últimos meses”.

Está previsto que la delegación del FMI se reúna con otras altas autoridades del equipo económico y diversas instituciones públicas, en un contexto que “refleja la progresiva normalización de la relación entre Venezuela y el Fondo Monetario Internacional y forma parte de un proceso más amplio de vinculación con la comunidad financiera internacional”, según la nota de Prensa Presidencial.

El FMI y Venezuela reanudaron sus relaciones en abril, tras una suspensión que se mantenía desde 2019. Desde entonces, los contactos fueron regulares y orientados a completar los procedimientos técnicos para que el país pueda, en el futuro, volver a acceder a instrumentos financieros del organismo internacional.

(Con información de EFE)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó este lunes 87 nuevas viviendas a familias afectadas por el doble terremoto del 24 de junio, que dejó miles de damnificados, con especial impacto en el estado de La Guaira. Durante el acto, realizado en Ciudad Tiuna, en Caracas, la dirigente ratificó el compromiso de ampliar el plan habitacional y aseguró que antes de finalizar el año el Gobierno entregará al menos 4.000 viviendas adicionales.

Según informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), del total de las viviendas entregadas, 58 corresponden a apartamentos de cuatro habitaciones y 29 a unidades de dos habitaciones, destinadas a familias que perdieron sus hogares como consecuencia del desastre.

Durante la actividad, Delcy Rodríguez estuvo acompañada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y otras autoridades nacionales. Allí reiteró la meta fijada por el Ejecutivo para los próximos meses y afirmó: “De aquí a finales de año, estaremos entregando por lo menos 4.000 viviendas para 4.000 familias. Eso sin contar lo que vamos a hacer y construir nuevo”.

La mandataria también informó que el Gobierno prepara nuevos terrenos para ampliar el programa habitacional destinado a los damnificados. En ese sentido, sostuvo que existe coordinación entre las distintas instancias del Estado para acelerar las soluciones habitacionales.

“Todos puedan tener su vivienda”, expresó Rodríguez al referirse al trabajo conjunto entre autoridades nacionales y locales para responder a las necesidades de las familias afectadas por el sismo.

Además del programa de construcción de viviendas, la presidenta encargada se refirió a las medidas orientadas a impulsar el mercado inmobiliario. En ese contexto, estimó que alrededor de 400.000 viviendas serán incorporadas al mercado de alquiler tras la aprobación, el pasado viernes, de una nueva ley de arrendamiento sancionada por el Parlamento.

La iniciativa forma parte de un conjunto de medidas que el Gobierno anunció durante las últimas semanas para facilitar el acceso a una vivienda. Entre ellas figura un esquema de financiamiento que combinará subsidios estatales con créditos otorgados por la banca pública y privada.

La semana pasada, Delcy Rodríguez informó que las entidades financieras concederán créditos para la compra de viviendas bajo un sistema escalonado de subsidios.

De acuerdo con el mecanismo anunciado, las viviendas con un valor de hasta 70.000 dólares recibirán un subsidio estatal equivalente al 80% de su precio. El 20% restante será financiado mediante un crédito con un plazo de 25 años, que deberá cancelar el beneficiario.

En el caso de las viviendas cuyo valor supere los 70.000 dólares y alcance hasta 100.000 dólares, el Gobierno cubrirá el 50% del costo, mientras que el porcentaje restante también será financiado mediante un crédito a 25 años.

El plan habitacional forma parte de la respuesta oficial tras el doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio y que provocó graves daños en infraestructura, viviendas y edificios públicos.

El jueves pasado, Jorge Rodríguez informó que comenzó la construcción de 1.875 viviendas destinadas a familias afectadas por el desastre natural. En esa oportunidad precisó que el último balance oficial contabilizó 17.907 personas sin hogar.

Semanas antes, el presidente del Parlamento había señalado que las estimaciones preliminares indicaban la necesidad de construir 25.000 viviendas para atender a todas las familias perjudicadas por los terremotos.

El proceso de entrega de casas comenzó el 20 de julio, cuando el Gobierno adjudicó las primeras 240 viviendas a familias damnificadas por el movimiento telúrico.

Según el último balance oficial, difundido el 24 de julio, el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 dejó 856 edificios afectados, de los cuales 190 colapsaron, además de 23.811 personas que permanecen en campamentos transitorios a la espera de una solución habitacional definitiva.

A la dimensión social de la emergencia se suma el impacto económico. El Banco Mundial estimó que los daños físicos ocasionados por los dos terremotos ascienden a 19.600 millones de dólares, una cifra que refleja la magnitud de la reconstrucción que afronta el país.

(Con información de EFE)

La principal central hidroeléctrica de Venezuela fue sometida a una evaluación técnica por parte de especialistas del Departamento de Energía de Estados Unidos con el objetivo de determinar el estado de sus equipos y establecer las acciones necesarias para modernizar el Sistema Eléctrico Nacional. La inspección se llevó a cabo en la represa de Gurí, instalación que genera aproximadamente el 60% de la electricidad consumida en el país y que constituye el eje del suministro eléctrico venezolano.

El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, informó que la revisión fue realizada el domingo con el respaldo del Departamento de Estado y en coordinación con el Ministerio de Energía Eléctrica y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

A través de un mensaje publicado por la Embajada estadounidense, Barrett explicó que el equipo técnico elaboró una evaluación especializada sobre las condiciones de la central hidroeléctrica. “El equipo técnico realizó un diagnóstico técnico que contribuirá a definir una ruta para la modernización del Sistema Eléctrico Nacional”, señaló el diplomático.

La representación estadounidense añadió que ese trabajo forma parte de la estrategia de recuperación impulsada por Washington para Venezuela.

“Este trabajo apoya la recuperación económica de Venezuela en el marco del plan de tres fases” promovido por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, indicó el comunicado.

Aunque las autoridades estadounidenses no divulgaron los resultados específicos del diagnóstico ni detallaron las fallas detectadas durante la inspección, la embajada difundió imágenes de los especialistas recorriendo las instalaciones de la central hidroeléctrica.

La revisión se produce en un momento en el que el sistema eléctrico venezolano enfrenta un proceso de reconstrucción tras años de deterioro de su infraestructura y después de los daños ocasionados por el terremoto del pasado 24 de junio, que afectó parte de las redes de transmisión y algunas instalaciones de generación.

La hidroeléctrica Simón Bolívar, conocida como Gurí y ubicada sobre el río Caroní, en el estado Bolívar, es la mayor planta generadora de electricidad del país. Debido a que abastece cerca de seis de cada diez megavatios que consume Venezuela, cualquier programa de recuperación del sector eléctrico depende en gran medida de su capacidad operativa.

La evaluación estadounidense se suma a otras iniciativas dirigidas a incrementar la generación eléctrica. En junio, la designada del chavismo, Delcy Rodríguez, firmó acuerdos con empresas internacionales para rehabilitar parte de la infraestructura energética.

Uno de esos convenios fue suscrito con General Electric, dentro de un programa orientado a recuperar capacidad de generación. Según explicó Rodríguez en ese momento, el objetivo es incorporar 1.000 megavatios durante los primeros 24 meses de ejecución y superar los 5.000 megavatios recuperados en un plazo de cuatro años.

Además, anunció un nuevo plan para reforzar el sistema eléctrico mediante la incorporación de 4.800 megavatios adicionales antes de finalizar el año. De acuerdo con sus declaraciones, esa capacidad provendrá tanto de la recuperación de plantas termoeléctricas como de los contratos firmados con compañías como GE Vernova e IMPSA.

Durante una reunión transmitida por el canal Venezolana de Televisión, Rodríguez también llamó a la población a reducir el consumo de electricidad y agua debido a los efectos del fenómeno climático denominado “Súperniño”, que podría disminuir la disponibilidad de recursos hídricos para la generación hidroeléctrica.

Delcy Rodríguez informó igualmente que el doble terremoto registrado en junio ocasionó daños en torres de transmisión, líneas eléctricas y en la planta termoeléctrica Termocarabobo, que aportaba 600 megavatios al sistema. Según precisó, ya fueron restituidos 300 megavatios y el resto de la capacidad será recuperado durante las próximas semanas.

En paralelo a estos trabajos, Estados Unidos mantiene su programa de cooperación técnica con Venezuela para impulsar la rehabilitación de la infraestructura energética. El diagnóstico realizado en Gurí constituye uno de los primeros estudios especializados efectuados por expertos estadounidenses sobre la principal fuente de generación eléctrica del país y servirá como base para definir las inversiones y las obras necesarias para su modernización.

Tras más de siete meses en el exilio, la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado se refirió al diálogo postergado entre el Gobierno chavista y la oposición de Venezuela en pos de una transición política en el país caribeño y aseguró que para ser sostenible el proyecto debe considerarse la participación de los ciudadanos y no únicamente acuerdos entre dirigentes políticos.

En ese sentido, la referente remarcó, en una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, que la transición debe incluir la excarcelación de los presos políticos, el regreso de los exiliados, la recuperación de la libertad de prensa y la definición de un cronograma electoral.

“Queremos ver todos los presos políticos, civiles y militares en sus casas. Queremos ver a todos los medios de comunicación libremente diciendo la verdad, sin miedo a que te vengan a censurar otra vez. Queremos ver a todos los centros, los centros de tortura desmontados y los órganos represivos desmantelados. No hay excusa, no hay más tiempo que darles. Queremos ver un cronograma de elecciones presidenciales, parlamentarias y regionales ya sobre la mesa, de manera que sea la voz de la gente la que se expresa. Eso es la transición”, afirmó.

Ante esta necesidad, Machado aseguró que tanto ella como el dirigente Edmundo González Urrutia presentaron una propuesta alternativa para la transición política en Venezuela, pero esa opción no fue adoptada por quienes lideran la actual negociación. “Nosotros habíamos hecho un planteamiento (…) y se optó por otro. Entonces, quienes lo promueven, quienes participan en él, son quienes deben darle respuestas al país“, afirmó la dirigente opositora y agregó: ”Nosotros, como dijimos, novamos a obstaculizar”.

Durante el diálogo con el comunicador, la líder opositora insistió en que el mandato surgido del proceso electoral del 28 de julio de 2024 continúa vigente, de la mano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro en enero por parte de Estados Unidos, y subrayó la necesidad de terminarlo. “Ganamos (la oposición) y aún no se ha cobrado ese mandato. Eso es lo que falta por concluir“, remarcó Machado. Respecto a su relación con Estados Unidos, Machado indicó que el presidente de EEUU Donald Trump tiene su número telefónico y la ha llamado cuando quiso hablar con ella, además de expresar que tiene una “excelente relación” con funcionarios de EEUU.

La opositora aseguró que los venezolanos saben que esa jornada electoral no fue una elección más sino “un momento de encuentro y de renacimiento de la nación”. Relató que miles de ciudadanos defendieron el voto, resguardaron actas y “arriesgaron su vida”. La dirigente destacó: “Demostramos al mundo lo que con organización, trabajo, inteligencia, disciplina y amor somos capaces de hacer”.

Por otra parte, Machado subrayó que el regreso a su país sigue pendiente, pero definió como reto principal “cumplir el mandato del 28 de julio”. “Yo voy a regresar a Venezuela. Eso es un paso, pero el reto es ese. Y construir un país que está vuelto añicos, sin una sola institución de pie. Ese es el gran reto”. Consultada sobre los riesgos de prolongar la expectativa de su retorno, se refirió a los terremotos de hace poco más de un mes en Venezuela y reconoció: “Los costos personales son altísimos. El 24 de junio nos cambió para siempre. Ese día se rompió algo y en lo más profundo de nuestra alma quedó grabado. El dolor de no poder estar en ese momento en Venezuela es algo que yo tendré toda mi vida”.

Sobre el impacto del reciente terremoto, Machado resaltó: “Los terremotos fueron mucho más que una catástrofe natural para los venezolanos. Revolvió todo y enterró mucho también. Desnudó, expuso un país que seguimos en duelo, un duelo por muchas cosas, por mucho de lo que se evidenció allí. Lo más importante que se evidenció es frente a la ausencia del Estado, el surgimiento del ciudadano, del pueblo unido”.

Por último, consultada sobre los temores personales por su vuelta al país caribeño, Machado aseguró: “Lo único que yo tengo, y eso siempre me lo decía mi papá: ‘Lo que tú tienes es tu palabra’. Y sobre esa base se construye la confianza. Y eso es lo más valioso. Y es lo que yo le dejo a mis hijos. Todo lo demás viene y va. Pero tu palabra es el resultado de toda una vida en la cual vives momentos tremendamente difíciles, donde tienes desafíos morales y donde te cuestionas qué es lo correcto”.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió el miércoles a una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para discutir, entre otros temas, el uso de reservas internacionales en el marco del plan de recuperación y reconstrucción tras los terremotos del 24 de junio.

Anteriormente, Rodríguez confirmó el pasado 17 de julio el acceso a 346 millones de dólares del FMI, fondos que serán destinados a la recuperación del país. Se trata de activos pertenecientes al tramo de reserva de Venezuela en el organismo multilateral, de disposición inmediata para atender necesidades humanitarias urgentes asociadas a desastres, según explicó el FMI.

En esta ocasión, según el equipo de prensa presidencial, el encuentro abordó “el intercambio de opiniones sobre las perspectivas macroeconómicas, las prioridades de política económica”, la asistencia técnica para el fortalecimiento institucional y “el uso de reservas internacionales para el financiamiento” del programa Venezuela Renace, diseñado para la reconstrucción tras los sismos.

En la reunión participaron el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk, y el jefe de misión en Venezuela, Álvaro Piris, junto a altos funcionarios venezolanos como los vicepresidentes de Economía y Gobierno Digital, Calixto Ortega y Anabel Pereira, y el presidente del Banco Central, Luis Pérez.

La cita representa “continuidad al diálogo constructivo establecido en los últimos meses”, según la nota oficial. La delegación del FMI prevé mantener encuentros con “altas autoridades del equipo económico y otras instituciones públicas”, lo que refleja “la progresiva normalización de la relación entre Venezuela y el Fondo Monetario Internacional y forma parte de un proceso más amplio de vinculación con la comunidad financiera internacional”, añadió Prensa Presidencial.

El FMI y Venezuela retomaron sus relaciones en abril, tras una suspensión que se extendía desde 2019 impuesta por el ex dictador Nicolás Maduro. Tras la captura del líder del régimen venezolano, los contactos entre el organismo y el Gobierno interino de Rodríguez han sido regulares, con el objetivo de completar procedimientos técnicos que permitan el eventual acceso del país a nuevos instrumentos financieros del Fondo.

Delcy Rodríguez informó el lunes pasado que se inspeccionaron más de 30.000 viviendas tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 registrado el 24 de junio, que dejó 190 inmuebles colapsados según el último balance oficial. Durante el despliegue de brigadas populares en Caracas para el plan de habitabilidad “Venezuela Renace”, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria detalló que las viviendas se han clasificado en categorías de color amarillo, verde y rojo.

“Ya más de 30.000 viviendas han sido inspeccionadas y de ellas se ha clasificado en amarillo, en verde, rojo”, indicó Rodríguez. Precisó que, mediante este programa, se están “interviniendo activamente más de 12.000 viviendas que fueron clasificadas con el color amarillo, por no tener fallas estructurales”. Añadió que las estructuras catalogadas en rojo “están en evaluación de qué proceso se debe aplicar para su arreglo”.

Por su parte, el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) comunicó el último sábado que logró inspeccionar más de 8.000 estructuras después de los terremotos, con el propósito de evaluar la habitabilidad, identificar fallas críticas y ofrecer recomendaciones a comunidades y autoridades para mitigar vulnerabilidades. Según el CIV, más del 70 % de las edificaciones inspeccionadas fueron clasificadas como habitables, mientras que alrededor del 25 % quedó bajo la categoría de “habitabilidad con precaución” o “no habitable”.

Rafael Argotti, integrante de la Junta Directiva Nacional del CIV, detalló que las revisiones continuarán en las “zonas que presentan mayor densidad poblacional y estructuras de mayor antigüedad dentro de la capital”.

El doble terremoto registrado en junio dejó más de 5.500 muertos, al menos 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda, según cifras oficiales. El Banco Mundial estima los daños físicos directos en 19.600 millones de dólares.

(Con información de EFE)

Las detenciones arbitrarias, las restricciones al derecho a la defensa, los procesos judiciales prolongados y el uso extendido de la prisión preventiva forman parte de un patrón que distintos organismos internacionales de derechos humanos han denunciado reiteradamente en Venezuela respecto de presos políticos y personas detenidas por motivos de conciencia. Eso es, precisamente, lo que la defensa del abogado José Ignacio Moreno Suárez afirma que ocurrió con él. Detenido desde junio de 2023 tras representar en Venezuela a la minera Gold Reserve Inc., sostiene que su caso acumula presuntas violaciones al debido proceso y que la acusación terminó criminalizando el ejercicio de su actividad profesional como abogado.

Moreno Suárez permanece recluido desde el 4 de junio de 2023 en el Centro Penitenciario Judicial El Rodeo I. La Fiscalía lo acusa de traición a la patria, conspiración con gobierno extranjero y asociación para delinquir, cargos relacionados con su labor como representante legal en Venezuela de la minera Gold Reserve Inc., que mantiene un litigio internacional contra el Estado venezolano por el proyecto aurífero Brisas-Cristinas.

Sin embargo, para el abogado constitucionalista José Loreto Carpio, integrante de su defensa, las principales irregularidades no radican únicamente en la acusación, sino en la forma en que se desarrolló todo el proceso.

Una detención ilegal

El expediente indica que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) abordaron a Moreno Suárez mientras almorzaba en un restaurante de Caracas y le solicitaron que los acompañara para una entrevista. Horas después quedó privado de libertad. Para Loreto, ese relato evidencia una primera irregularidad.

“La Constitución exige que una persona solo pueda ser detenida mediante una orden judicial o en flagrancia. A José Ignacio no lo capturaron cometiendo un delito; lo abordaron mientras estaba comiendo”, afirmó en entrevista con Infobae.

La defensa sostiene que el acta policial tampoco menciona una orden de captura emitida por un tribunal, por lo que considera que el procedimiento no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por la legislación venezolana para una detención inmediata.

Restricciones al derecho a la defensa

Según Loreto, tras su detención Moreno Suárez permaneció alrededor de 45 días sin poder reunirse con abogados de confianza, mientras la investigación avanzó con un defensor público.

Durante ese período, sostiene la defensa, tampoco tuvo acceso al expediente ni a las pruebas utilizadas por la Fiscalía. “Nunca vio el expediente, nunca tuvo abogados de confianza y nunca estuvo ante un juez”, resumió.

Cuando finalmente el equipo defensor pudo entrevistarlo, más de cuatro meses después del arresto, las restricciones continuaban. De acuerdo con Loreto, durante las visitas no se permitía ingresar documentos, papel, lápiz ni otros materiales para preparar la estrategia jurídica, lo que, a su juicio, afectó el derecho a una defensa efectiva.

La prisión preventiva supera el plazo legal

El principal argumento jurídico de la defensa se centra en la duración de la prisión preventiva. Loreto sostiene que el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establece un límite de dos años para esta medida, salvo una prórroga excepcional debidamente fundamentada.

“Ya solo por ese hecho no habría ninguna otra cosa que decir para sostener que la medida que pesa sobre Nacho es arbitraria y claramente ilegal”, afirmó.

La defensa solicitó el decaimiento de la medida privativa de libertad al considerar vencido el plazo legal, pero el tribunal rechazó la petición al sostener que las circunstancias que motivaron la detención no habían cambiado. Esa decisión fue apelada.

“Cuando lo metiste preso no tenía un día detenido; hoy tiene más de tres años esperando un juicio. Ese es precisamente el elemento que cambió”, sostuvo Loreto.

Cuestionamientos sobre las pruebas

La defensa también cuestiona el origen de la investigación y los elementos probatorios incorporados al expediente.

Según la acusación, la identificación de Moreno Suárez surgió a partir de la declaración de otro detenido que colaboró con las autoridades. Posteriormente se incorporaron como evidencias una gorra con el logotipo de Gold Reserve, una copia del laudo arbitral del litigio internacional y un supuesto correo electrónico enviado a una periodista.

Loreto asegura que la defensa nunca pudo acceder a ese correo electrónico pese a haberlo solicitado en reiteradas oportunidades.

“El fundamento oficial de la prisión termina siendo una gorra, un documento arbitral de acceso público y un correo electrónico que nunca hemos podido examinar”, afirmó.

La criminalización del ejercicio profesional

Para la defensa, el aspecto más delicado del expediente es que la acusación sostiene que Moreno Suárez realizó actuaciones destinadas a favorecer la posición internacional de Gold Reserve Inc. dentro del arbitraje contra Venezuela. Según Loreto, esa afirmación implica criminalizar el ejercicio de la profesión de abogado.

“Lo que dicen es que José Ignacio Moreno estaba haciendo todo lo posible por beneficiar a su cliente. Es decir, por ejercer su profesión”, señaló.

El abogado considera que esa interpretación genera incertidumbre para quienes representan a empresas nacionales o extranjeras en litigios contra el Estado venezolano.

Un caso que trasciende la causa penal

Para la defensa, la combinación de una detención que considera irregular, las limitaciones al derecho de defensa, un proceso que continúa sin fecha de juicio y una prisión preventiva que, según sostiene, excede los plazos previstos por la ley convierte el expediente en un ejemplo de las deficiencias del sistema judicial venezolano en causas de alta sensibilidad política.

Mientras la apelación continúa sin resolverse y el juicio aún no ha sido convocado, Moreno Suárez permanece recluido en El Rodeo I. Más de tres años después de su arresto, el debate jurídico ya no se limita a los delitos que le atribuye la Fiscalía, sino también a si el proceso ha respetado las garantías previstas en la legislación venezolana y en los estándares internacionales para toda persona sometida a un proceso penal.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el martes que la banca pública y privada otorgará créditos para la compra de viviendas a las personas que perdieron sus hogares por los terremotos del pasado 24 de junio. Las viviendas de hasta 70.000 dólares recibirán un subsidio estatal del 80%, mientras que el 20% restante será financiado a 25 años mediante un crédito para los afectados.

A su vez, detalló que para los inmuebles valorados entre 70.000 y 100.000 dólares, el Estado subsidiará el 50% y el resto también se pagará en cuotas a 25 años.

“Ya está lista la banca, tanto pública como privada, para dar créditos de compra de vivienda en el mercado secundario”, informó Rodríguez en un video difundido en sus redes sociales. “Estaremos muy atentos y vigilantes de los precios en el mercado inmobiliario. En esta circunstancia no hay espacio alguno para la especulación”, advirtió la funcionaria.

Rodríguez aseguró que quienes perdieron sus apartamentos conservarán sus derechos sobre el terreno y contarán con apoyo estatal para la reconstrucción. “He solicitado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el establecimiento de una jurisdicción especial que atienda los asuntos civiles vinculados con la propiedad y la identidad de las personas”, precisó.

El Banco Mundial estimó el jueves pasado en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos causados por los terremotos y advirtió que una reconstrucción lenta podría limitar la recuperación económica de Venezuela durante la próxima década.

Delcy Rodríguez había anunciado que el Gobierno chavista entregará 4.000 viviendas antes de diciembre a familias afectadas por los terremotos y que el plan de reconstrucción permitirá superar las 10.000 viviendas en 2027. Durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) desde Fuerte Tiuna, en Caracas, la presidenta encargada confirmó que las adjudicaciones se realizarán de manera mensual hasta fin de año. “De aquí, mes de julio, al mes de diciembre estaremos entregando 4.000 viviendas. La entrega será mensual”, afirmó.

La funcionaria explicó que el programa contempla tanto nuevas construcciones como la recuperación de edificios inconclusos. “Y también vamos a incorporar nuevas viviendas que se van a construir y ya el Estado mayor está en la revisión de los suelos”, sostuvo.

El objetivo para el próximo año prevé superar las entregas de 2026. “Vamos a ir mucho más allá para que el año que viene ya tengamos, alcancemos una cifra superior a las 10.000 viviendas que se recuperan de edificios que no habían sido culminados. También debemos sumar el mercado secundario”, indicó la presidenta encargada. Detalló que la meta anual incluye la recuperación de edificios que no habían sido culminados.

Las primeras viviendas entregadas forman parte de dos edificios del programa Gran Misión Vivienda Venezuela, construidos por la empresa estatal china CITIC en el complejo militar Fuerte Tiuna. Según Rodríguez, más de 240 familias recibieron apartamentos “completamente equipados”, aunque no precisó el número exacto de unidades adjudicadas.

El doble sismo dejó al menos 5.546 muertos, 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda, según el balance oficial publicado el 24 de julio. Las cifras no han sido actualizadas desde entonces. Además, 856 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron, según datos oficiales.

(Con información de EFE)

El Gobierno de Venezuela convocó el martes al embajador de Irán en Caracas, Ali Chegini, para entregarle una nota de protesta por “expresiones despectivas e impropias” sobre las instituciones y autoridades venezolanas, según informó la Cancillería de Venezuela. El comunicado, difundido a través del canal oficial de Telegram, no especifica cuáles fueron las declaraciones que motivaron la protesta ni quién las realizó.

En la nota, la cartera exigió “el cese de toda alusión o comparación que menoscabe la dignidad, la soberanía, la institucionalidad o el buen nombre de Venezuela”. La Cancillería subrayó que la posición venezolana sobre las relaciones internacionales se basa en el respeto recíproco, la igualdad soberana, la no injerencia en los asuntos internos y los principios del derecho internacional.

Las relaciones entre Teherán y Caracas fueron estrechas desde la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013), sustentadas en su oposición común a Estados Unidos. El régimen iraní se consolidó como uno de los principales aliados del régimen del ex dictador Nicolás Maduro, especialmente en 2020, cuando la escasez de gasolina llevó a Venezuela a adquirir combustible iraní.

Tras la captura de Maduro en Caracas el pasado 3 de enero y su posterior traslado a Nueva York, el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y Estados Unidos acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas y consulares, interrumpidas desde principios de 2019.

Un enfriamiento en las relaciones entre Caracas y Teherán podría representar un punto de inflexión para dos países petroleros que han mantenido una alianza estrecha desde el inicio del mandato de Hugo Chávez en 1999. El líder venezolano, hostil al llamado “imperio yanqui” y con un discurso antiimperialista, impulsó la cercanía con Irán a partir de la oposición compartida a Estados Unidos.

Más allá de la afinidad ideológica, Venezuela e Irán firmaron numerosos acuerdos en las últimas tres décadas en áreas como energía, minería, salud y educación. Durante la crisis económica venezolana de 2020, Irán suministró 1,5 millones de barriles de gasolina ante la imposibilidad de Caracas de refinar su propio crudo.

En 2025, el régimen iraní envió más de dos millones de vacunas contra la poliomielitis y la hepatitis, en un contexto donde Venezuela afrontaba dificultades para conseguir medicamentos debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos.

En agosto de 2020, Estados Unidos rechazó la intensificación de la cooperación entre los regímenes de Venezuela e Irán, tras la denuncia del entonces presidente de Colombia, Iván Duque, sobre la intención de la administración de Maduro de adquirir misiles de corto y mediano alcance a través de Teherán.

El entonces secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, expresó: “No sorprende que el régimen ilegítimo de Maduro busque en Irán armas mortales. Esto es exactamente por lo que estamos restaurando todas las sanciones de la ONU contra Irán, incluido el embargo de armas. Aplicaremos plenamente esas sanciones”.

Maduro respondió a los dichos de Duque y aseguró que no descartaba la compra de armamento de guerra a su aliado: “Venezuela no tiene prohibición de comprar lo que necesite (...) y si Irán tiene posibilidades de vendernos una bala o un misil, y nosotros tenemos posibilidades de comprarlo, ¡buena idea, Iván Duque!, aprobado, lo voy a hacer, lo vamos a hacer entonces, vamos a ver, hay que estudiarlo”.

“Qué buena idea, hablar con Irán y ver qué misiles tienen de corto, mediano y largo alcance y si está en nuestras posibilidades, dado las grandes relaciones que tenemos con Irán, comprar baterías misilísticas para reforzar la defensa aérea, antiaérea y terrestre”, sostuvo Maduro.

(Con información de EFE y AFP)

Cientos de venezolanos se movilizaron este martes en Caracas para exigir la convocatoria de elecciones libres y reclamar el regreso al país de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. La manifestación, organizada por el partido Vente Venezuela, coincidió con el segundo aniversario de las elecciones presidenciales de 2024 y se convirtió en la primera concentración convocada por esa organización en la capital durante este año. Los asistentes insistieron en que el país necesita un nuevo proceso electoral con garantías y rechazaron que se mantenga el impedimento para que Machado pueda regresar a territorio venezolano.

La protesta reunió a simpatizantes provenientes de distintos sectores del municipio Libertador y de localidades del vecino estado Miranda. Vestidos mayoritariamente con prendas azules, color identificado con Vente Venezuela, los participantes recorrieron las calles con pancartas y consignas dirigidas a reclamar una salida electoral a la crisis política.

“María Corina, vente, tu pueblo está presente” y “Pongan la fecha, nosotros ponemos los votos”, fueron las consignas más repetidas durante la jornada de protesta.

El acto también estuvo marcado por referencias al contexto político abierto tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero de este año. Diversos sectores opositores y organizaciones de la sociedad civil sostienen que el período constitucional del actual régimen interino ya expiró, por lo que consideran indispensable convocar una elección presidencial.

Durante la movilización, dirigentes de Vente Venezuela reiteraron que cualquier transición política debe comenzar con una consulta popular.

“Si queremos una transición, tenemos que ir a una elección”, expresó el vocero del partido, Henry Alviárez.

“Cuando fijen la fecha de elección allí comienza la transición”, añadió.

Los participantes también aprovecharon la marcha para pedir el regreso de Machado, quien permanece fuera del país desde finales del año pasado. La dirigente anunció semanas atrás su intención de volver a Venezuela, pero posteriormente denunció que la cúpula chavista le impidió ingresar al cerrar el espacio aéreo. Pese a ello, reiteró recientemente su decisión de regresar.

En un mensaje difundido en video con motivo de la movilización, Machado aseguró: “El 28 de julio nos dimos un mandato y lo vamos a cumplir. Levántate Venezuela. La transición viene y es con la gente, por la gente y con nuestras propias manos”.

Los asistentes expresaron que consideran indispensable la presencia de la dirigente en el país. Alexis José Castellano, trabajador de la construcción de 54 años, sostuvo durante la concentración: “María, tienes que venir, el pueblo te está esperando, el pueblo quiere que tú estés”.

La misma petición fue compartida por Yosy Peña, una docente de 50 años que participó en la marcha. “Primeramente el regreso de nuestra líder, María Corina Machado, porque ella es venezolana y ella tiene que estar aquí en su país”, afirmó. Luego agregó: “Lo que queremos los venezolanos es libertad, queremos elecciones libres”.

La movilización también incluyó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de los terremotos registrados el pasado 24 de junio, así como la interpretación del himno nacional. Desde la tarima instalada para el acto, los organizadores insistieron en que continuarán con las actividades de organización ciudadana y mantendrán las asambleas convocadas en los municipios del país para respaldar la exigencia de un proceso electoral.

Las protestas se desarrollan pocos días antes del inicio de un proceso de diálogo político anunciado para el 1 de agosto, impulsado por un grupo de la Asamblea Nacional electa en 2015 y por representantes del régimen chavista. Aunque Machado no forma parte de esas conversaciones, ha manifestado que no buscará obstaculizarlas.

Entre algunos manifestantes, sin embargo, prevaleció el escepticismo sobre la efectividad de ese mecanismo.

“Ya no creemos en diálogos, creemos en acciones”, denunció el abogado José Fuenmayor, al tiempo que insistió en que la prioridad debe ser la convocatoria de unas elecciones con garantías democráticas y el respeto a la voluntad de los ciudadanos.

Más de 8.000 estructuras fueron evaluadas en Caracas por el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) tras los terremotos ocurridos el 24 de junio, con el propósito de determinar su habitabilidad, identificar fallas críticas y emitir recomendaciones a comunidades y autoridades locales para reducir riesgos. Según un comunicado del CIV, más del 70% de los edificios inspeccionados fueron considerados habitables y cerca del 25% se clasificaron bajo “habitabilidad con precaución” o “no habitable”.

“Hemos tenido la presencia de unos 6.000 colegas en las zonas afectadas, prestando un servicio voluntario y totalmente gratuito para darle tranquilidad a la población”, indicó Rafael Argotti, integrante de la Junta Directiva Nacional del CIV, citado en texto. Argotti precisó que las inspecciones continuarán en las zonas de mayor densidad poblacional y en estructuras más antiguas de la capital.

El informe añade que “se estiman 12.000 inspecciones globales mediante el esfuerzo conjunto entre el CIV, las alcaldías, universidades, Cuerpo de Bomberos y Protección Civil”.

El viernes se cumplió un mes del doble sismo que impactó principalmente la zona norte de Venezuela y que, de acuerdo con cifras oficiales, provocó al menos 5.546 muertes, 16.740 personas heridas y 17.907 sin viviendas. Además, el desastre dejó 856 edificios afectados y 190 colapsados. El Banco Mundial calculó el jueves pasado que los daños físicos directos ocasionados por los terremotos alcanzan los 19.600 millones de dólares. El organismo advirtió que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica de Venezuela durante la próxima década.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que el Gobierno chavista avanza en un “plan maestro” para la reconstrucción nacional, tras cumplirse un mes del doble terremoto.

“Ustedes saben que estamos trabajando en un plan maestro para Venezuela, para La Guaira (...) que permita la recuperación integral, en infraestructura, en viviendas”, afirmó Rodríguez durante una cadena de oración en La Guaira, el estado más afectado, transmitida por el canal estatal VTV.

La funcionaria explicó que la reconstrucción debe contemplar tanto la infraestructura como el aspecto humano, e incluyó la educación y el empleo dentro de los ejes prioritarios. Rodríguez solicitó a la población “no perder la fe” frente a la magnitud de la emergencia.

En paralelo, un grupo de 39 organizaciones no gubernamentales exigió a las autoridades que la información sobre los planes de reconstrucción sea publicada de forma periódica, accesible y verificable. Las ONG solicitaron además incluir criterios de priorización, cronogramas, presupuestos y mecanismos de rendición de cuentas, de acuerdo con un comunicado difundido por Laboratorio de Paz.

Expertos continúan calculando el monto necesario para la reconstrucción, aunque las estimaciones preliminares sitúan el costo en más de USD 12.000 millones, cifra equivalente al 10,9 % del producto interno bruto (PIB) de Venezuela.

La conectividad del cable submarino responsable de suministrar internet a Venezuela se encuentra restablecida en su totalidad, confirmó Maria Claudia Rey, presidenta de Cirion Technologies en el Clúster Norte, durante una entrevista exclusiva con Infobae. La reparación concluyó tras el doble sismo de magnitud 7,5 que impactó al país el 24 de junio de 2026 y que, según la ejecutiva, provocó la ruptura de la fibra óptica a unos 1.800 metros de la estación de aterrizaje en La Guaira.

“Hoy, en este momento, tenemos el cien por ciento de nuestra operación restituida. Nuestro cable submarino finalizó su reparación y ya se restableció la conexión a todos nuestros clientes”, afirmó Rey. De acuerdo con la presidenta de Cirion Technologies, el servicio mantiene un nivel de disponibilidad del 99,9%, un estándar que el cable acumulaba durante los 20 años previos sin registrar un solo corte.

El proceso de restablecimiento implicó el traslado de un buque especializado, gestión de permisos, adquisición de insumos y compensaciones por el servicio interrumpido. El costo total de la operación ronda los 4 millones de dólares, precisó Rey.

(Con información de EFE)

El balance de víctimas por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió la zona norte de Venezuela hace un mes ascendió el viernes a 5.546 muertos, tras sumarse 148 fallecimientos, según informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El número de heridos se mantiene en 16.740 y 17.907 personas perdieron sus viviendas, de acuerdo al balance publicado por el legislador.

Actualmente, 23.811 personas permanecen en 107 campamentos transitorios, 476 más que el miércoles, mientras las autoridades atendieron a 128.324 familias afectadas. El desastre dejó 856 edificios dañados y 190 colapsados, y se contabilizan 1.500 réplicas desde el doble sismo ocurrido el 24 de junio.

El lunes, más de 240 familias recibieron las primeras viviendas entregadas por el Gobierno chavista en un acto encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el titular del Parlamento en el complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas informó este viernes que asistió a más de 100.000 personas afectadas por los terremotos y prevé, con la financiación adecuada, alcanzar a medio millón en los próximos dos meses. La organización detalló que en las primeras 72 horas tras los sismos desplegó diagnósticos en más de ocho comunidades de siete estados, lo que permitió orientar la respuesta en coordinación con la administración local y socios humanitarios.

El PMA adaptó su ayuda según las necesidades de cada familia, al distribuir comidas calientes en albergues y comedores comunitarios, raciones listas para consumir para desplazados, canastas de alimentos para hogares con capacidad de cocinar y cupones electrónicos prepagados en zonas donde los mercados siguen operativos. El organismo señaló que requiere USD 80 millones para sostener y expandir la asistencia en Venezuela y llegar a más de 500.000 personas en los próximos dos meses.

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que el Gobierno desarrolla un “plan maestro” para la reconstrucción del país, a un mes del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que dejó más de 5.500 fallecidos.

“Ustedes saben que estamos trabajando en un plan maestro para Venezuela, para La Guaira (...) que permita la recuperación integral, en infraestructura, en viviendas”, afirmó Rodríguez durante una cadena de oración transmitida por el canal estatal VTV desde el estado más afectado por los sismos. La funcionaria agregó que la reconstrucción debe contemplar también el aspecto humano, con énfasis en educación y trabajo, e instó a la población a mantener la fe ante la adversidad.

Un grupo de 39 organizaciones no gubernamentales (ONG) exigió este viernes la publicación periódica, accesible y verificable de información completa sobre los planes de reconstrucción en Venezuela. Las ONG solicitaron que se incluyan los criterios de priorización, los cronogramas, los presupuestos y los mecanismos de rendición de cuentas, según un comunicado divulgado por Laboratorio de Paz en su página web.

Especialistas continúan calculando el monto necesario para la reconstrucción tras los devastadores terremotos ocurridos hace un mes, pero estiman que el costo superará los 12.000 millones de dólares, cifra equivalente al 10,9 % del producto interno bruto (PIB) del país.

Venezuela conmemoró el viernes un mes del devastador doble terremoto que afectó la zona norte del país con la celebración de misas y la revisión de planes de crédito destinados a familias que sufrieron daños graves en sus viviendas. Las actividades se desarrollaron como parte de las acciones de apoyo a los afectados tras el sismo.

(Con información de EFE)

En la Universidad Central de Venezuela (UCV) -la principal del país ubicada en Caracas,- cientos de personas se concentraron para celebrar una misa en honor a los muertos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, entre ellos 48 integrantes de la casa de estudios. De acuerdo al último balance oficial de viernes, murieron 5.546 personas, 16.740 sufrieron heridas y cerca de 18.000 personas quedaron sin vivienda.

Eduardo Enrique Soto, sacerdote de la Parroquia Universitaria de la UCV, comentó a la agencia EFE que la ceremonia religiosa también sirvió para agradecer el trabajo de estudiantes, voluntarios y rescatistas que ayudaron a los más afectados por el desastre. Para el sacerdote, la tragedia debe servir como una oportunidad para dejar de lado las diferencias ideológicas.

Igualmente, en el sector La Lucha de la parroquia Urimare del estado La Guaira, el más afectado por los sismos, los vecinos se reunieron para rezar un rosario en honor a los fallecidos de la zona. En esa región, murieron nueve personas, por lo que decidieron hacer un homenaje. “Solo les pido que me den fuerza, a mi hija mayor, que me de muchísima fuerza, mi primo, mi tío, que nos den fuerzas para seguir avanzando, seguir soportando esto, seguir aguantando este gran dolor que dejó todo”, expresó Jesús Velásquez, residente del sector, quien perdió a sus familiares en la tragedia.

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró el viernes que su Gobierno trabaja en un “plan maestro” para la reconstrucción de Venezuela. Asimismo, dijo que la reconstrucción tiene que ir también por el lado humano, en educación y en trabajo, al tiempo que pidió a los venezolanos no perder la fe.

En ese sentido, el Banco Central de Venezuela (BCV) informó que se reunió con representantes de la banca nacional para evaluar estrategias en torno a la reconstrucción de las zonas afectadas. Las autoridades, de acuerdo a una nota de prensa, evaluaron un programa crediticio para avanzar en la atención a las familias afectadas por el doble terremoto, con financiamiento para reparar edificaciones que se otorgarán a condominios y personas naturales, así como acceso a recursos para comprar una casa, en aquellos casos donde hubo pérdida total. Asimismo, sostuvo que todas las medidas se están diseñando para no causar impacto en la masa monetaria, toda vez que se implementarán sobre la base de recursos en divisas.

Expertos siguen calculando el monto preciso para la reconstrucción tras los devastadores terremotos de hace un mes, pero se estima que superará los USD 12.000 millones, equivalentes al 10,9 % del producto interno bruto (PIB).

El economista Asdrúbal Oliveros señaló a EFE que la reconstrucción requerirá entre 12.000 millones y 15.000 millones de dólares, lo que considera una cifra “muy significativa” para una nación con un PIB alrededor de los 110.000 millones.

Por otra parte, un grupo de 39 ONG exigió este viernes que se publique de manera periódica, accesible y verificable información completa sobre los planes de reconstrucción en el país suramericano. Las ONG también pidieron incluir los criterios de priorización, cronogramas, presupuestos y mecanismos de rendición de cuentas, de acuerdo a un comunicado publicado por Laboratorio de Paz en su página web.

Un mes después del doble terremoto, habitantes de Caracas y La Guaira siguen sintiendo miedo y nervios, mientras se mantienen a la expectativa en cuanto a los planes de reconstrucción y reparaciones de daños en infraestructuras.

Tibisay Farías salió a dar una vuelta con su familia para calmar los nervios, según señaló a EFE, porque el pasado 24 de junio, cuando ocurrió el doble terremoto, era festivo nacional en Venezuela, igual que este viernes, cuando se conmemora el natalicio del Libertador Simón Bolívar.

Entretanto, una joven comerciante que no quiso identificarse, señaló a EFE que se siente rara un mes después del doble terremoto que dejó daños en el techo de su negocio, incluyendo temas eléctricos, de agua potable y de un muro que cayó.

Igualmente, Mervin Tera, un peluquero de 44 años y residente del sector La Lucha en La Guaira, dijo que todavía hay miedo y nervios sobre el doble terremoto, por lo que algunos de sus vecinos todavía prefieren dormir en tiendas de campaña a la afueras de sus casas.

(Con información EFE)

En Los Silos, el sector portuario de La Guaira convertido en morgue improvisada, los cuerpos que siguen llegando casi un mes después de los terremotos son, en palabras de Andreas Spaett, “muy difíciles de mirar”. Ahí, en ese punto del puerto donde las familias acuden a reconocer a sus muertos, Médicos Sin Fronteras no instaló una clínica móvil. Instaló psicólogos: tres, que atienden tanto a quienes buscan a un familiar como al personal que manipula los cuerpos. “Es un lugar horrible”, dice Spaett, “pero es parte de este terrible desastre que estamos viviendo aquí.”

Esa escena resume, a su juicio, el punto en el que se encuentra Venezuela a un mes del doble terremoto que sacudió su litoral central el 24 de junio: la fase de rescate quedó atrás, pero la del duelo recién empieza. Spaett, jefe de misión de la organización humanitaria en el país, describe en una entrevista telefónica con Infobae a una población que “va perdiendo un poco la esperanza” mientras el trauma inicial muta en algo más difícil de tratar. “El trauma que sufrieron se está convirtiendo también en un trauma para el futuro”, resume.

La esperanza que se apaga

Miles de personas siguen viviendo bajo carpas frente a los edificios colapsados, dice Spaett, muchas de ellas todavía a la espera de recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Lo que cambió en las últimas semanas, explica, no es tanto la magnitud de la necesidad como el tipo de pregunta que empieza a formularse esa gente. “Qué es lo que va a deparar el futuro para esta gente que perdió todo: familiares, amigos, sus casas, su perspectiva”, plantea.

En La Guaira, esa pregunta tiene además un componente económico. La zona vivía en gran medida del turismo, y Spaett no ve un regreso cercano de esa actividad. “Era una zona de alto turismo, entonces es muy difícil pensar que el turismo va a volver pronto a esta zona. Va a tomar muchos años”, dice, y remarca que para buena parte de la población local esa era, directamente, su forma de subsistencia.

Aprender a nombrar el trauma

La salud mental, dice Spaett, se convirtió en “uno de los pilares” de la respuesta de MSF, aunque no fue el primer frente. En los días posteriores al sismo, cuando la organización era la única presencia humanitaria internacional en el país, el foco estuvo en sostener hospitales desbordados. Solo después el trabajo se trasladó a la calle, donde miles de personas seguían —y siguen— acampando.

Desde hace tres semanas, los equipos de MSF recorren distintos puntos de La Guaira y Caracas con clínicas móviles, entre ellas un despliegue en Naiguatá, una zona que había quedado relativamente al margen de la asistencia. Ahí, junto a las consultas médicas, hay sesiones individuales y grupales de apoyo psicológico y un trabajo que Spaett describe como básico pero necesario: enseñarle a la gente a reconocer lo que le está pasando. “Las personas llegan y nos dicen: ‘Me siento mal, no puedo dormir, tengo dolor de cabeza, dolor de espalda’: tratamos de educar un poco a la gente para que pueda identificar que estos son efectos del trauma que sufrieron”, explica.

Lo que ve el equipo, dice, va más allá de la angustia esperable tras una catástrofe. “Vemos gente que está deprimida, gente que tiene pensamientos suicidas en algunos casos. Uno pierde a sus seres queridos, a sus niños, a su mujer, pierde su casa, pierde todo, y está frente a los escombros de su vivienda anterior sin ver una salida”, describe.

Son cuadros, aclara, que no se resuelven en una sola sesión: requieren seguimiento en el tiempo, algo que MSF empezó a coordinar con el Ministerio de Salud y otras organizaciones para no dejar esos casos sin continuidad en los próximos meses.

Una coordinación que “toma tiempo”

Spaett habla de una coordinación con las autoridades venezolanas que “se está desarrollando poco a poco”. El Ministerio de Salud avanza en la instalación de campamentos transitorios, mientras crece el número de organizaciones nacionales e internacionales que se suman a la respuesta, un escenario que no siempre resulta ordenado. “Con tantos actores, cada uno quiere contribuir y encontrar su espacio, y no siempre es fácil tener todo bien estructurado”, reconoce. “Toma tiempo, y va a tomar todavía tiempo hasta que todo esté bien organizado y estructurado”.

En el terreno hospitalario, MSF terminó apoyando a nueve centros de salud entre La Guaira y Caracas. Ninguno colapsó por completo, dice, pero varios sufrieron daños que obligaron a reducir camas disponibles.

En el Hospital Vargas, el primero que asistió la organización en La Guaira, persiste un problema con las tuberías que MSF intenta resolver con sus propios ingenieros de agua y saneamiento —parte de un trabajo más amplio de tratamiento y cloración de agua que, según Spaett, hasta ahora logró evitar un salto en los casos de diarrea, uno de los indicadores que la organización vigila de cerca para anticipar brotes epidémicos en los campamentos.

Lo que no entra en las estadísticas

Spaett evita ponerle fecha de cierre a la emergencia. Calcula que la fase más aguda podría extenderse “un par de meses más —dos, tres, cuatro—”, pero advierte que el acompañamiento a los sobrevivientes va a durar bastante más: hay pacientes con politraumatismos que van a necesitar sucesivas cirugías y procesos de rehabilitación. “Son cosas que, para mí, van a durar más allá de este año”, dice.

Lo que más lo golpeó en estas semanas, sin embargo, tiene que ver con cómo reacciona la propia gente. “Una de las cosas que más me impresionó en estas cuatro semanas es la solidaridad del pueblo venezolano: cómo se apoyan los unos a los otros me parece impresionante”, dice Spaett, y menciona en particular a sus propios colegas venezolanos de MSF: varios perdieron su casa en el terremoto y, aun así, después de un horario laboral que en estos meses es largo, se organizan para juntar ropa y comida para otros afectados.

Hacia el final de la entrevista, Spaett recuerda a un chico de la comunidad que se le acercó semanas atrás solo para agradecerle el trabajo de MSF. Le contó algo que a Spaett todavía lo conmueve. “Sabes, Andreas, en el 99, en las grandes inundaciones, yo perdí a mi papá, y ahora, en el terremoto, perdí a mi mamá”, le dijo. “Pienso que ese no es un caso único, que mucha gente tiene historias parecidas”, reflexiona Spaett.

Sobre lo que necesita Venezuela de acá en adelante, Spaett no tiene dudas de que pasa, en buena medida, por sostener esa reconstrucción con recursos externos. “El país venezolano ya se encontraba en una situación de crisis política y económica, y responder a una emergencia de este tamaño no es fácil para un país que ya estaba golpeado antes”, dice. Por eso insiste en que la comunidad internacional mantenga el apoyo económico más allá de que las imágenes del terremoto dejen de ocupar titulares. La reconstrucción, recuerda, recién empieza.

El partido se podrá ver por ESPN Colombia en su canal dos y por la plataforma de streaming Disney Plus, a partir de las 7:00 p. m. La serie ya la comenzó ganando el equipo colombiano por 2-0 en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, con gol de Hugo Rodallega, y ahora deberá mantener la ventaja en condición de visita para seguir con vida en un torneo que le trae buenos recuerdos, fue campeón de la Copa Sudamericana en su edición de 2015, y es el único en Colombia que ha levantado ese trofeo.

Así fue el partido de ida

Desde el pitazo inicial, el conjunto cardenal tomó la iniciativa del partido. Apenas en los primeros minutos adelantó sus líneas, inclinó la cancha sobre el arco defendido por Frankarlos Benítez y buscó imponer condiciones a partir de la presión alta. Caracas, por su parte, mostró dificultades para salir jugando y durante los primeros compases prácticamente no logró cruzar la mitad del campo con peligro.

Aunque Santa Fe dominaba la posesión, el equipo bogotano encontró algunos inconvenientes para romper el bloque defensivo venezolano. Apostó con frecuencia al juego aéreo y a los centros al área, debido a que las asociaciones por el centro terminaban perdiéndose en el último cuarto de cancha. Mientras tanto, Caracas se limitó a cerrar espacios, especialmente por el sector izquierdo, donde Omar Fernández era uno de los jugadores más insistentes del ataque local.

Tras la pausa de hidratación sobre el minuto 22, el compromiso ganó intensidad. Santa Fe empezó a encontrar mejores conexiones entre Omar Fernández y Hugo Rodallega, generando llegadas más claras sobre la portería rival. Esa insistencia tuvo recompensa al minuto 30, cuando Nahuel Bustos asistió a Hugo Rodallega y el experimentado delantero sacó un potente remate desde fuera del área que venció al arquero venezolano con un disparo ajustado al palo derecho para establecer el 1-0.

Con la ventaja, el equipo dirigido por Jorge Bava mantuvo la presión durante el resto de la primera mitad. Rodallega continuó siendo el referente ofensivo, moviéndose constantemente para abrir espacios y complicar a la defensa visitante. Caracas no encontró respuestas y se fue al descanso abajo en el marcador tras un primer tiempo dominado por los cardenales.

La segunda parte del partido

En la segunda parte, Santa Fe salió nuevamente decidido a buscar el segundo tanto que le diera mayor tranquilidad. Durante los primeros minutos volvió a presionar en campo contrario, aunque poco a poco Caracas adelantó sus líneas y comenzó a tener más posesión del balón. Michael Covea protagonizó una de las aproximaciones más claras del conjunto venezolano con un remate que pasó cerca del palo derecho del arco defendido por Andrés Mosquera.

Sin embargo, el dominio visitante fue pasajero. Santa Fe volvió a recuperar el control del mediocampo y, aunque administró la ventaja con mayor calma, nunca dejó de buscar el arco rival. El técnico realizó varias modificaciones para refrescar el equipo, dando ingreso a Maximiliano Lovera, Jhojan Torres, Cristian Mafla y Alexis Zapata.

En los minutos finales, Jáder Obrian estuvo cerca de ampliar la diferencia con un potente remate que pasó muy cerca del poste izquierdo. Caracas también movió su banco buscando una reacción, pero nunca logró poner en verdadero riesgo el resultado.

La sentencia llegó al minuto 84. Apenas unos segundos después de ingresar al terreno de juego, el uruguayo Franco Fagúndez apareció dentro del área para conectar un centro de Cristian Mafla y, con un toque sutil al palo izquierdo, decretó el 2-0 definitivo. El volante necesitó menos de diez segundos en cancha para marcar y liquidar el compromiso.

La historia de Cashea reúne migración, innovación tecnológica y una apuesta contundente por la economía de consumo en Venezuela. En 2026, la empresa de soluciones de financiamiento digital anunció una recaudación de USD 100 millones de capital global, un hito que la posicionó como referencia del ecosistema emprendedor latinoamericano y la convirtió en una de las compañías tecnológicas más relevantes de la región. El CEO de la firma, Pedro Vallenilla, detalló en diálogo con Infobae la génesis del proyecto, el rol de la comunidad argentina y los desafíos de operar en un país que experimentó el colapso casi total de su sistema crediticio.

El nacimiento de Cashea tuvo lugar en 2022, cuando un grupo de emprendedores venezolanos y argentinos decidió lanzar una plataforma orientada a reconstruir el acceso al crédito en Venezuela. “En el 2022, lanzamos Cashea. Le debo mucho a Argentina, porque vine buscando aprender de lo mejor de Latinoamérica y terminé encontrando un país con un ecosistema de tecnología y emprendimiento muy potente”, contó Vallenilla. El CEO reside en Buenos Aires desde 2021 y, junto a su equipo, logró conectar talento de distintas nacionalidades para diseñar un producto pensado para el mercado venezolano.

La empresa surgió como respuesta a la desaparición casi total del crédito al consumo en Venezuela, tras años de hiperinflación y restricciones bancarias. “Después de la hiperinflación, las tarjetas de crédito en Venezuela desaparecieron. Más de 10 millones de tarjetas dejaron de existir y el 99% del crédito de consumo se esfumó”, explicó el directivo durante la entrevista. El proyecto tomó como modelo las plataformas de tipo “buy now, pay later”, pero adaptadas a las necesidades y particularidades del contexto venezolano.

Cashea desarrolló un sistema en el que los propios comercios financian las compras de los usuarios contra su inventario, mientras la empresa brinda garantías y gestión del riesgo. “Nacimos como una plataforma tecnológica que habilita a los comercios a prestar. Son los comercios quienes prestan contra su inventario y Cashea funciona como un seguro que cubre al comerciante si el usuario deja de pagar”, detalló Vallenilla. Este modelo permitió escalar sin requerir grandes sumas de capital al inicio y alcanzar rentabilidad en 2024. Más adelante, con el crecimiento de la operación, la empresa comenzó a adquirir esas obligaciones para dar liquidez a los comercios.

El equipo fundador está compuesto por cuatro socios de orígenes diversos: Pedro Vallenilla (CEO), Nicolás Curat (CTO), Ramón Lange Fernández (COO) y Arnoldo Gabaldón (CFO). Vallenilla y Curat son familiares y se conocen desde la infancia, mientras que los otros socios se sumaron tras conocerse en ámbitos universitarios y profesionales. Curat, argentino-venezolano, aportó experiencia desde la Universidad Austral y en el ecosistema tecnológico local. Lange Fernández venía de trabajar siete años en Rappi y Gabaldón sumó experiencia internacional tras estudiar en Stanford y Harvard y liderar una fintech en México y Colombia.

Desde Buenos Aires, Cashea montó un hub tecnológico y de producto, con más de 125 empleados argentinos de un total de mil personas en la compañía. “Somos más de ciento veinticinco personas en Argentina trabajando para Venezuela. Mucho del talento que necesitábamos no lo pudimos encontrar en Venezuela por la diáspora. Buscamos a los mejores, estén donde estén”, relató el CEO. La estructura de Cashea incluye colaboradores en catorce países, entre ellos México, Estados Unidos e Inglaterra, y la dirección del desarrollo de producto y tecnología recae sobre el equipo en Buenos Aires.

El vínculo con la comunidad emprendedora argentina resultó decisivo para el crecimiento de Cashea. La empresa se integró en el ecosistema de Endeavor, participó del programa Scaleup en 2024 y un año después ingresó como miembro global de la organización. “Siempre escuché sobre el valor del ecosistema de Endeavor. Mandamos un correo en frío diciendo: somos un grupo de argentinos y venezolanos trabajando para Venezuela desde Argentina”, recordó Vallenilla. Endeavor no solo ofreció mentoría sino que también se sumó como inversor institucional en la última ronda de financiamiento.

La operación de Cashea se centra en Venezuela, donde la plataforma ya suma más de 10 millones de cuentas y una red de 40.000 comercios afiliados. “Hoy, más del cincuenta por ciento de la población del país utiliza Cashea. Atendemos desde compras cotidianas hasta la adquisición de electrodomésticos, motocicletas o computadoras”, precisó el CEO. El ticket promedio de transacción es de 70 dólares, y la aplicación permite comprar online o en tiendas físicas mediante pagos iniciales y cuotas sin interés.

La app de Cashea, completamente digital, habilita al usuario a realizar compras en miles de puntos de venta mediante un sistema de códigos QR y pagos en bolívares al tipo de cambio del día, aunque los compromisos están indexados al dólar. Según los datos de la empresa, la plataforma procesó más de 110 millones de transacciones y alcanzó un volumen mensual de 650 millones de dólares a fines de 2025.

El modelo de Cashea se construyó sobre la premisa de restaurar la confianza entre comercios y consumidores en un entorno donde el crédito tradicional dejó de existir. “Nuestra obsesión es construir una herramienta para todos los venezolanos, llegar al setenta o setenta y cinco por ciento de la población adulta en los próximos dos años y convertirnos en su opción preferida para todas las compras”, indicó Vallenilla en la conversación con Infobae.

El financiamiento internacional obtenido en 2026 incluyó una Serie A de 40 millones de dólares, liderada por Spice Expeditions, y una Serie B de 60 millones de dólares encabezada por FinSight Ventures, con la participación de fondos universitarios de Estados Unidos, firmas de venture capital globales y otros inversores latinoamericanos. El 100% de estos recursos se destinará a Venezuela, con el objetivo de continuar expandiendo el acceso al crédito y lanzar nuevas soluciones para consumidores y comercios.

El CEO remarcó el impacto de la migración y la conexión entre países para el éxito del proyecto. “Me fui de Venezuela para aprender de lo mejor de Latinoamérica y del mundo. Lo que nunca imaginé es que el mundo nos iba a acompañar para la reconstrucción de Venezuela”, expresó. Además, subrayó que la compañía reúne a colaboradores de quince nacionalidades que dedican sus esfuerzos a crear soluciones tecnológicas para el mercado venezolano.

La relación de Cashea con Argentina atraviesa toda la historia de la compañía, desde la formación del equipo hasta el desarrollo de producto y la integración en redes de apoyo emprendedor. “Argentina fue el país donde incubamos y desarrollamos la compañía, siempre con el foco en construir y trabajar para Venezuela”, relató Vallenilla. La decisión de radicar parte del equipo en Buenos Aires respondió a la búsqueda de talento y al deseo de integrar aprendizajes de otras experiencias latinoamericanas, especialmente en un país reconocido por su tradición de empresas tecnológicas y unicornios.

El impacto de Cashea en el consumo venezolano se refleja en el uso cotidiano del término “cashear”, que ya forma parte del lenguaje popular para describir compras posibles gracias a la plataforma. El objetivo de la empresa es seguir innovando con nuevos productos y servicios orientados tanto a consumidores como a comercios. “Este financiamiento nos da la capacidad y la responsabilidad de ir más allá de nuestro producto central de cuotas sin interés, construyendo nuevas formas para que los venezolanos paguen, ahorren y compren, y nuevas herramientas para los negocios que los atienden”, afirmó el CEO.

Cashea se consolidó como una herramienta clave para el comercio diario en Venezuela, en un contexto donde el crédito tradicional desapareció y el acceso a financiamiento se volvió un bien escaso. La empresa apuesta a crecer hasta convertirse en una organización de 10.000 millones de dólares de ingresos, con la mira puesta en el mercado venezolano antes de pensar en una expansión regional. “Creemos que hay mucho por hacer todavía en Venezuela. Nuestro compromiso es construir aquí”, concluyó Vallenilla.

Save the Children alertó sobre los riesgos que enfrentan las mujeres embarazadas en Venezuela a un mes del doble terremoto que azotó el norte del país, donde se calcula que 4.000 mujeres darán a luz en las próximas semanas y alrededor de 130 bebés nacen cada día.

En un comunicado, la organización subrayó la urgencia de garantizar acceso a atención sanitaria, alimentos nutritivos y refugio seguro para miles de embarazadas y madres de recién nacidos en un escenario de emergencia provocado por los sismos del 24 de junio. Según estimaciones de Naciones Unidas, más de 36.000 mujeres embarazadas resultaron afectadas por los terremotos, de las cuales 4.000 darán a luz durante el próximo mes.

“Los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieron el país el 24 de junio, destruyendo y dañando decenas de instalaciones sanitarias e interrumpiendo servicios esenciales de salud materna e infantil”, advirtió Save the Children. En ese contexto, médicos y especialistas también se vieron afectados y figuran entre las víctimas mortales.

En La Guaira, el principal hospital de maternidad permanece cerrado, por lo que los casos complejos deben ser derivados a Caracas. Muchas familias que perdieron sus hogares viven ahora en refugios temporales con acceso limitado a atención prenatal, alimentación adecuada, agua potable y saneamiento. La ONG advirtió que el estrés y la ansiedad elevados durante el embarazo pueden aumentar el riesgo de parto prematuro, aborto espontáneo o afectar el desarrollo cerebral e inmunitario del bebé.

Save the Children también señaló que el acceso restringido a alimentos nutritivos, las donaciones no controladas de leche de fórmula y la reducción de los controles prenatales incrementan el riesgo de desnutrición infantil, parto prematuro y bajo peso al nacer.

Frente a esta situación, la organización hizo un llamado a gobiernos, donantes y entidades humanitarias internacionales para asegurar que las embarazadas y lactantes afectadas por los sismos reciban atención prenatal, asistencia al parto, cuidado posnatal, apoyo especializado en alimentación, refugio seguro, agua potable, saneamiento y suministros esenciales para recién nacidos, tanto en el corto como en el mediano plazo.

La ONG Plan International advirtió también sobre las secuelas físicas y mentales que enfrentan los menores damnificados por el doble terremoto que golpeó Venezuela. Entre los síntomas más frecuentes figuran dolores de cabeza, dificultad para dormir y nerviosismo, asociados al estrés postraumático.

Yesica Serrano, asesora regional de Protección de la Niñez en Acción Humanitaria de Plan International, subrayó en un comunicado: “Estar conscientes de estas señales y actuar sobre ellas, junto con la atención médica, es tan urgente como reconstruir un techo”.

De acuerdo con datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), 107 campamentos transitorios albergan actualmente a más de 23.800 personas, cerca del 86% de su capacidad total. Más de 17.900 personas siguen sin vivienda.

Plan International destacó que las condiciones inadecuadas de vivienda, la acumulación de escombros y los cambios en la dinámica familiar agravan el impacto emocional en la niñez y sus familias. La organización señaló que las molestias físicas sin causa aparente y las señales de estrés postraumático aumentan, junto con una sensación persistente de inseguridad, insomnio, sobresaltos y miedo acumulado.

Serrano enfatizó que la emergencia exige atención psicológica. “Cuando pasa el impacto inmediato del terremoto, el efecto no desaparece, se queda con niñas, niños y adolescentes, tanto en el cuerpo como en la mente. Un dolor de cabeza, un dolor de estómago, dificultad para dormir o miedo a los ruidos fuertes pueden ser señales de angustia que la niñez no logra expresar con palabras”, afirmó.

(Con información de Europa Press y EFE)

Representantes de Amnistía Internacional, Provea y otros colectivos denunciaron en rueda de prensa que el Gobierno chavista no ofreció una respuesta adecuada para evacuar a los presos políticos afectados por los temblores. Andreína Baduel, activista y portavoz del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), afirmó: “Tras esos sismos debemos decir con responsabilidad que no hubo respuesta oportuna del Estado venezolano para la evacuación de los presos políticos”.

Baduel detalló que en centros penitenciarios como la cárcel militar de Ramo Verde y Rodeo I, ambas en las afueras de la capital venezolana, las evacuaciones se demoraron. “Duraron 50 minutos sin ser evacuados” tras el doble sismo, declaró la activista, quien solicitó la liberación de su hermano Josnars Baduel. Según cifras de la ONG Foro Penal, aún 372 personas permanecen detenidas por motivos políticos en el país.

Los terremotos causaron graves daños en la infraestructura penitenciaria. En una torre de la cárcel Ramo Verde, “el piso 5 sufrió graves afectaciones” y los detenidos “han sido obligados a permanecer en las celdas porque los amenazan con traslados a otras cárceles”, denunció Baduel.

Durante la conferencia, familiares de presos políticos exhibieron pancartas con mensajes como “Protección humanitaria” y “Proteger la vida es una obligación”, en reclamo de mejores condiciones y el cese de malos tratos.

Oscar Murillo, coordinador de Provea, remarcó que la crisis humanitaria no debe interrumpir la lucha por derechos fundamentales. “La crisis hoy agravada por los terremotos no puede abrir un paréntesis en la lucha por la libertad y la democracia”, declaró. “Es un llamado de la historia para hacer las cosas bien”, agregó.

Además, solicitaron a las autoridades de Venezuela permitir una inspección independiente de la infraestructura carcelaria. En el comunicado conjunto, Provea, Defiende Venezuela, Cofavic, Justicia Encuentro y Perdón, Caleidoscopio Humano, Un Mundo Sin Mordaza, Voces de la Memoria, Foro Penal, Civilis, Acceso a la Justicia y Cepaz reclamaron: “Exigimos al Estado venezolano (...) permitir la evaluación técnica independiente y transparente de la infraestructura de los centros de reclusión que pudieran haber resultado afectados por los recientes eventos sísmicos”.

El documento, presentado durante la rueda de prensa dedicada a exigir la liberación de los detenidos por razones políticas, también pide el ingreso “inmediato” de organismos internacionales de derechos humanos y asistencia humanitaria, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la ONU y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.

Las organizaciones requirieron, además, el “acceso regular” de familiares y abogados a las cárceles, junto con una atención médica “oportuna” y la publicación de información “pública y transparente”, en respuesta a las denuncias por suspensión de visitas.

El objetivo de estas demandas es asegurar la verificación de las condiciones de reclusión y el estado de salud de los internos.

Durante la lectura del comunicado, la directora de Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, expresó: “La emergencia humanitaria que vive Venezuela no puede utilizarse para relegar la agenda de derechos humanos. Por el contrario, confirma que la protección de la vida depende del restablecimiento de las garantías constitucionales, del funcionamiento de las instituciones y del respeto irrestricto a los derechos fundamentales”.

En el plano político, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en enero. La mandataria desplegó en febrero una ley de amnistía dirigida a liberar a cientos de detenidos, aunque especialistas cuestionan la medida por considerarla limitada.

(Con información de AFP y EFE)

El balance oficial de víctimas por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió el norte de Venezuela el pasado 24 de junio ascendió este miércoles a 5.398 fallecidos, después de que las autoridades incorporaran 52 nuevas muertes respecto al reporte anterior. El Gobierno mantuvo en 16.740 la cifra de heridos y actualizó los datos sobre personas desplazadas, refugios temporales y daños materiales, mientras el país entra en una etapa enfocada en la asistencia humanitaria y la reconstrucción.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, difundió el nuevo balance a través de su canal de Telegram. El informe oficial también señala que 23.335 personas permanecen alojadas en 107 campamentos transitorios, lo que representa 213 más que en el reporte del martes. El funcionario informó además que 128.324 familias recibieron asistencia por parte de las autoridades desde el inicio de la emergencia.

En relación con la situación habitacional, el balance presenta diferencias respecto a reportes anteriores. El informe de este miércoles indica que 17.907 personas perdieron sus viviendas, después de que el martes la cifra oficial descendiera a 17.265. Las autoridades no ofrecieron una explicación sobre ese cambio.

El reporte también actualizó el impacto del desastre sobre la infraestructura. Según los datos oficiales, los terremotos dejaron 856 edificios afectados y 190 colapsados en distintas zonas del país, con especial impacto en Caracas y el estado La Guaira, donde se registraron los mayores daños.

Desde el doble sismo del 24 de junio, las autoridades contabilizaron 1.463 réplicas, es decir, 58 más que en el balance previo. Entre ellas figura un movimiento de magnitud 3,9, registrado el 10 de julio, con epicentro a 10 kilómetros al noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira.

Las tareas de rescate permitieron extraer con vida a 6.462 personas atrapadas entre los escombros desde el inicio de la emergencia. Con el paso de las semanas, las operaciones de búsqueda dieron lugar a una fase centrada en la remoción de escombros, la asistencia a los damnificados y los trabajos de reconstrucción.

En el plano financiero, el Fondo Monetario Internacional (FMI) desbloqueó para Venezuela 346 millones de dólares, recursos que forman parte de las reservas del país en el organismo multilateral y que servirán para apoyar las labores posteriores al desastre.

Como parte del plan de recuperación, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió entregar 4.000 viviendas a los afectados antes de finalizar este año y otras 10.000 durante 2027.

La Asamblea Nacional aprobó además reformas legales destinadas a acelerar la construcción de nuevos urbanismos y facilitar la compra de viviendas en el mercado secundario. Paralelamente, el Ejecutivo puso en marcha un censo biométrico para determinar el déficit habitacional provocado por los terremotos.

El lunes, más de 240 familias recibieron las primeras viviendas entregadas por el Gobierno para personas afectadas por el desastre. El acto se realizó en el complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas, con la participación de Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez.

Las autoridades continúan sin publicar un registro oficial de personas desaparecidas. Sin embargo, la iniciativa ciudadana ‘Desaparecidos Terremoto Venezuela’, creada para reportar casos de personas cuyo paradero aún se desconoce, registra más de 29.000 personas que no pudieron ser localizadas tras los sismos.

Además, según cifras no confirmadas que recibió la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) durante junio, el número de desaparecidos podría alcanzar las 50.000 personas.

(Con información de EFE y AFP)

El equipo dirigido por Pablo Repetto llegó a esta instancia después de finalizar en el tercer lugar del grupo E de la Copa Libertadores, resultado que le permitió continuar su participación internacional en la Sudamericana. Enfrente tendrá a un Caracas que logró quedarse con el segundo puesto de su grupo, por encima de Racing de Argentina, y que buscará dar el golpe en Bogotá para definir la serie con ventaja en territorio venezolano.

Santa Fe quiere aprovechar la localía

Aunque el inicio de la fase de grupos de la Libertadores estuvo lejos de ser ideal, con dos derrotas y un empate en las tres primeras jornadas, Santa Fe logró reaccionar en el tramo final del grupo. Los cardenales consiguieron dos victorias consecutivas, incluida una en condición de visitante, que les permitieron asegurar el tercer puesto y mantenerse con vida en el plano continental.

Ahora, el objetivo es claro: construir una diferencia importante en El Campín antes del compromiso de vuelta en Caracas. El sorteo fue favorable para el conjunto capitalino, que enfrentará a un rival competitivo, pero sin el peso de otros equipos que también disputan esta fase previa a los octavos de final.

Además, el equipo bogotano llega con buenos antecedentes recientes. En sus últimos cinco partidos registra dos victorias internacionales, un contundente 4-0 sobre América de Cali en la Liga BetPlay, un empate frente a Junior y una eliminación por penales ante ese mismo rival en el torneo colombiano.

Caracas llega con argumentos

El conjunto venezolano no avanzó por casualidad. Su clasificación se cimentó en una sólida campaña en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, especialmente por no haber perdido ninguno de sus dos compromisos frente a Racing de Argentina, además de sumar los seis puntos posibles ante Independiente Petrolero.

Sin embargo, también mostró algunas debilidades. Perdió como local ante Botafogo y no pudo vencer al equipo brasileño en ninguno de los dos enfrentamientos. Aun así, logró cinco puntos de nueve posibles como visitante, un registro que demuestra que puede competir lejos de casa y que representa una advertencia para Santa Fe.

La estrategia de Caracas en Bogotá será determinante. El equipo venezolano intentará salir con un resultado que le permita definir la clasificación en su estadio, mientras que los dirigidos por Repetto buscarán imponer condiciones desde los primeros minutos.

Hora y dónde ver Santa Fe vs. Caracas

El compromiso entre Independiente Santa Fe y Caracas se disputará este jueves 23 de julio de 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Para quienes no asistirán al estadio, lo podrán seguir por el canal de televisión de ESPN y Disney+ Premium

El ganador de la serie avanzará a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, instancia en la que ya espera River Plate.

Posibles alineaciones

Santa Fe formaría con Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Víctor Moreno, Emmanuel Olivera y Jeison Angulo; Yilmar Velásquez, Daniel Torres y Alexis Zapata; Hugo Rodallega, Nahuel Bustos y Ómar Frasica.

Por su parte, Caracas alinearía a Frankarlos Benítez; Eduardo Ferreira, Jesús Quintero, Luis Mago, Jesús Yendis; Christian Larotonda, Irving Gudiño, Wilfred Correa, Michael Covea; Robert Hernández y José Rondón.

La terna arbitral estará encabezada por Guillermo Guerrero como juez central, acompañado por Christian Lescano y Ricardo Baren como asistentes. Augusto Aragón será el cuarto árbitro, mientras que Franklin Congo estará a cargo del VAR y Gabriel González será el AVAR.

Decenas de familiares de presos políticos se concentraron el martes en la Universidad Central de Venezuela para solicitar al Gobierno Chavista la “liberación masiva” de los detenidos y rechazar que el proceso ocurra “a cuentagotas”. Activistas de la Alianza por la libertad, colectivo que lleva más de 40 días manifestándose frente a la Embajada de Estados Unidos en Caracas, desplegaron una pancarta con el mensaje “Libertad para todos los presos políticos” y sostuvieron fotografías de sus familiares.

“Sabemos que se viene un proceso de transición y un proceso democrático a partir del 1 de agosto con una mesa de diálogo entre la Asamblea Nacional de 2015 y la actual. Queremos que en esa mesa de negociación estemos reflejados”, expresó Gabriela Álvarez, quien reiteró la demanda de inclusión y solicitó el apoyo de Estados Unidos para la liberación de los presos políticos, cifra que según la ONG Foro Penal asciende a 372 personas.

Entre los manifestantes se encontraba Magaly Sánchez, de 56 años, quien viajó desde Monagas a Caracas para visitar a su hijo Félix Aguilera, detenido desde 2024 y a quien considera “injustamente detenido”. Sánchez contó que pagó 40 dólares para trasladarse junto a su nieta.

Yamile Vidal, hermana del ex alcalde del municipio Independencia en Anzoátegui, Carlos Vidal, pidió su liberación y aseguró que fue víctima de una “componenda política”. El ex mandatario municipal fue detenido en 2022 y acusado de encabezar una red dedicada al desvío y venta ilegal de gasolina, según informó en ese momento el entonces ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, actualmente también arrestado.

Los familiares realizaron numerosas protestas y pernoctaron en diferentes cárceles tras el anuncio de excarcelaciones masivas y la aprobación de una ley de amnistía en febrero. Este instrumento contempla un período de 27 años, desde 1999, pero limita la concesión a personas vinculadas con 13 hechos ocurridos en 13 años distintos, dejando fuera otros casos, especialmente los relacionados con operaciones militares, corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

Sin embargo, la ley de amnistía fue presentada en enero por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro en Caracas por parte de Estados Unidos, y hasta este 22 de julio el Gobierno chavista no cumplió con su promesa.

Por su parte, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió el sábado pasado una evaluación técnica independiente de la infraestructura de la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda, tras el doble terremoto del 24 de junio. La organización denunció en la red social X que las autoridades no establecieron protocolos preventivos ni permitido el acceso de organismos independientes para verificar el estado del penal y las condiciones de reclusión.

Según el Comité, los presos políticos permanecen en un área común interna bajo vigilancia estricta, y reclaman no quedar atrapados en celdas consideradas inseguras ante posibles nuevos sismos. La ONG advirtió que persisten amenazas y temor a que funcionarios vuelvan a emplear la fuerza del Grupo de Respuesta Inmediata de Custodios (GRIC) u otro grupo violento para obligar a los detenidos a permanecer en celdas cuya seguridad estructural no ha sido verificada.

El Comité solicitó el cese de amenazas, represalias y criminalización contra las víctimas, sus familiares y las organizaciones que denuncian la situación de los presos políticos, e instó a permitir el ingreso de organismos nacionales e internacionales independientes.

“La responsabilidad política de prevenir nuevas violaciones recae directamente sobre Delcy Rodríguez, como autoridad interina del Ejecutivo. El Estado conoce el riesgo y está obligado a actuar”, subrayó la organización.

(Con información de EFE)

El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió la zona norte de Venezuela hace casi un mes ascendió a 5.346, tras la suma de 68 decesos reportados el martes por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El número de heridos se mantiene en 16.740 y se contabilizan 17.907 personas sin vivienda, de acuerdo con el balance difundido por el titular del Parlamento.

Actualmente, 23.122 personas permanecen en 107 campamentos transitorios y 128.324 familias recibieron atención por parte de las autoridades. El desastre dejó 856 edificios afectados y 190 colapsados. Desde el doble sismo del 24 de junio, se registraron 1.405 réplicas.

El lunes, el Gobierno entregó las primeras viviendas a más de 240 familias afectadas, en un acto encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Además, las autoridades convocaron el martes a familiares de víctimas a la toma voluntaria de muestras de ADN para identificar a los fallecidos, especialmente en morgues de La Guaira y Bello Monte, Caracas, según un comunicado del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses y el Ministerio de Interior.

El Gobierno chavista remarcó que el objetivo es “lograr la identificación de las víctimas mediante comparaciones científicas de perfiles genéticos y brindar certeza y paz a las familias”. Las personas deberán acudir a la sede del Senamecf en Bello Monte, Caracas, entre lunes y sábado, de 8.30 a 18.00 hora local, para la realización de las pruebas de ADN, según informaron el Senamecf y el Ministerio de Interior.

Las autoridades no ofrecieron cifras oficiales de desaparecidos. La iniciativa ciudadana ‘Desparecidos Terremoto Venezuela’ registra 29.500 personas en paradero desconocido tras los terremotos. Cifras no confirmadas recibidas por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas estiman que el número de desaparecidos podría alcanzar los 50.000.

En La Guaira, identificada como la zona cero del doble sismo, rescatistas y voluntarios mantienen las labores de búsqueda para localizar los cuerpos de las personas fallecidas que aún permanecen bajo los escombros de los edificios derrumbados. El Ministerio de Salud venezolano anunció también el martes un intenso despliegue de fumigación y control sanitario en varias parroquias de La Guaira. Las acciones incluyeron fumigación, rociamiento, desinfección y desratización para frenar la proliferación de mosquitos y otros vectores tras las recientes contingencias ambientales.

El operativo contó con cuadrillas de fumigadores e inspectores de salud, organizados para cubrir estratégicamente los sectores abordados y mitigar los riesgos epidemiológicos en la zona, según informó la cartera en un comunicado. La jornada se concentró especialmente en las parroquias Caraballeda, La Guaira y Macuto.

En paralelo, Delcy Rodríguez agradeció el martes a la delegación de auxilio y asistencia humanitaria de Israel por las operaciones de apoyo realizadas en el país tras el doble terremoto del 24 de junio. Según una nota de Prensa Presidencial, Rodríguez sostuvo una reunión con la delegación israelí, que concluyó sus labores en territorio venezolano.

El equipo de Israel, con respaldo de la comunidad judía venezolana, incluyó ingenieros civiles cuya labor se centró en la evaluación de estructuras colapsadas, el diagnóstico de vulnerabilidad en edificaciones y el diseño de planes de contingencia urgentes para la gestión de la emergencia.

Rodríguez ya se había reunido con este grupo hace dos semanas, en un encuentro donde también participaron otras delegaciones internacionales para coordinar la remoción de escombros. En esa ocasión estuvo presente Elad Edri, alto oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel, quien brindó asesoramiento sobre el manejo de residuos.

(Con información de EFE)

En la previa del encuentro, el delantero argentino Nahuel Bustos analizó al rival y aseguró que el cuerpo técnico ya identificó los aspectos que deberán controlar durante los 90 minutos. Para el atacante, Caracas cambiará su propuesta respecto a la que suele mostrar en condición de local.

“Sabemos que Caracas, de visitante, trabaja los partidos de una manera diferente. Creemos que va a apostar por el contragolpe y por eso nosotros estamos preparando el partido para atacarlos por las bandas y tener la posesión de la pelota”, explicó Bustos, en atención a medios de comunicación.

Caracas juega a defenderse y hacer contraataques

El delantero también señaló que el equipo conoce el planteamiento que podría utilizar el conjunto venezolano y que la clave estará en mantener la calma para imponer su idea de juego. “Sabemos cuál puede ser el planteamiento de ellos, pero tenemos que estar tranquilos, manejar el partido y salir a buscar el resultado. Es algo que hemos trabajado durante estas semanas”, afirmó.

Además, hizo énfasis en el principal aspecto que deberán controlar para evitar sorpresas durante el compromiso. “Debemos cuidarnos de las transiciones que puedan generar a partir de errores nuestros. Los jugadores de ataque tenemos que asegurar mejor la pelota para no darles espacios”, comentó.

La pretemporada de Independiente Santa Fe

Bustos también se refirió al trabajo realizado por el plantel durante la preparación para el segundo semestre. Según explicó, las semanas de entrenamiento permitieron corregir varios aspectos y llegar en buenas condiciones al inicio de la competencia oficial.

“Tuvimos una muy buena pretemporada, con mucho trabajo. El equipo asimiló muy bien todo lo que se hizo y los partidos amistosos nos sirvieron para corregir errores”, aseguró el atacante, quien considera que ahora el reto será trasladar ese rendimiento a los partidos oficiales.

El delantero destacó que el grupo llega con confianza al debut internacional. “Estamos tranquilos porque trabajamos muy bien durante estos 25 días. Ahora lo importante es transmitir todo eso dentro del campo”, señaló.

¿Cómo se siente Nahuel Bustos jugando con Hugo Rodallega al tiempo?

Sobre su posición dentro del campo, explicó que se siente cómodo compartiendo el frente de ataque con Hugo Rodallega. “Había jugado como único nueve o como extremo, pero ahora me está tocando hacerlo junto a Hugo. Nos complementamos muy bien y eso es algo que beneficia al equipo”, afirmó.

Finalmente, Bustos destacó el ambiente que se vive dentro del grupo y aprovechó para enviar un mensaje a la afición cardenal. “Mis compañeros y todo el equipo están muy bien. Llegamos de la mejor manera y a la gente solo queda agradecerle porque siempre está con nosotros. Esperamos devolverles esa alegría con un buen resultado”, concluyó.

Hora y dónde ver Santa Fe vs. Caracas

El encuentro comenzará a las 7:30 p. m. de Colombia, Perú y Ecuador; 8:30 p. m. de Chile; y 9:30 p. m. de Argentina y Uruguay. La transmisión para Sudamérica estará disponible a través del Plan Premium de Disney+.

Ambos equipos volverán a la competencia oficial después de casi dos meses de inactividad. Curiosamente, los dos jugaron su último partido el pasado 27 de mayo. Santa Fe cerró la fase de grupos de la Copa Libertadores con un triunfo 1-0 sobre Peñarol en Montevideo, mientras que Caracas terminó su participación en la Copa Sudamericana con una derrota 3-1 frente a Botafogo.

El antecedente más reciente entre ambos clubes se remonta al 23 de septiembre de 2010, también por la Copa Sudamericana. En aquella ocasión, el compromiso disputado en el Estadio Olímpico de Caracas terminó igualado sin goles.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el lunes que su Gobierno entregará 4.000 viviendas antes de diciembre para las familias afectadas por los terremotos del 24 de junio y que el plan de reconstrucción permitirá superar las 10.000 viviendas en 2027. La mandataria encabezó la entrega de los primeros apartamentos a más de 240 familias que perdieron sus hogares tras los sismos, mientras el balance oficial elevó a 5.278 la cifra de fallecidos y a casi 17.000 la de personas lesionadas.

Durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) desde Fuerte Tiuna, en Caracas, Rodríguez confirmó que las adjudicaciones se realizarán todos los meses hasta fin de año. “De aquí, mes de julio, al mes de diciembre estaremos entregando 4.000 viviendas. La entrega será mensual”, afirmó la presidenta encargada.

La mandataria también explicó que el programa incluirá nuevas construcciones y la recuperación de edificios que quedaron inconclusos. “Y también vamos a incorporar nuevas viviendas que se van a construir y ya el Estado mayor está en la revisión de los suelos”, sostuvo.

Rodríguez anticipó además que el objetivo para el próximo año superará ampliamente las entregas previstas para 2026. “Vamos a ir mucho más allá para que el año que viene ya tengamos, alcancemos una cifra superior a las 10.000 viviendas que se recuperan de edificios que no habían sido culminados. También debemos sumar el mercado secundario”, expresó. En otra intervención, precisó que esa meta incluirá la recuperación de “edificios que no habían sido culminados”.

Las primeras viviendas entregadas corresponden a dos edificios del programa Gran Misión Vivienda Venezuela, construidos por la empresa estatal china CITIC dentro del complejo militar Fuerte Tiuna. Rodríguez informó que más de 240 familias recibieron apartamentos “completamente equipados”, aunque no precisó el número exacto de unidades habitacionales adjudicadas.

“Hoy más de 240 familias están recibiendo una vivienda, una vivienda completamente equipada”, afirmó la mandataria durante el acto oficial. Posteriormente recorrió algunos de los apartamentos junto con las familias beneficiadas, según mostró la transmisión de VTV.

Rodríguez también envió un mensaje a las personas que permanecen en refugios temporales tras perder sus viviendas. “Quienes están en campamentos transitorios deben tener la certeza de que pronto van a tener un hogar, pronto van a tener una vivienda”, declaró.

Las cifras oficiales indican que 23.587 personas permanecen en 107 campamentos transitorios distribuidos entre Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira, este último el más afectado por los terremotos. En otra estimación oficial, más de 20.000 personas continúan sin hogar y permanecen en campamentos instalados en estadios, plazas y aceras.

Los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio y provocaron graves daños, especialmente en el estado costero de La Guaira, considerado la zona cero del desastre. De acuerdo con los balances oficiales, más de 850 edificios sufrieron daños estructurales y 190 colapsaron completamente.

El Gobierno calcula que el país necesitará inicialmente 25.000 viviendas para atender a todas las familias que perdieron sus hogares. Las autoridades consideran que esa cifra puede aumentar a medida que avance la inspección de inmuebles que permanecen en pie, pero presentan daños que impiden su ocupación.

Con ese objetivo, las autoridades iniciaron recientemente un censo biométrico en los campamentos transitorios para determinar con precisión la cantidad de viviendas necesarias y planificar la reubicación definitiva de las familias afectadas.

La semana pasada, la ministra de Hábitat y Vivienda, Paola Posani, informó sobre una reunión con representantes de empresas constructoras para acelerar la construcción de cuatro edificios residenciales en Fuerte Tiuna. El proyecto contempla 342 apartamentos, además de áreas recreativas y estacionamientos.

La televisión estatal también mostró imágenes de edificios inconclusos dentro del complejo residencial de Fuerte Tiuna, donde continúan los trabajos para recuperar nuevas unidades habitacionales destinadas a los damnificados.

Mientras avanza el plan de reconstrucción, las autoridades mantienen la asistencia para las familias alojadas en los refugios temporales. El Gobierno evita informar una cifra oficial de personas desaparecidas tras los terremotos. La ONU estimó que ese número podría alcanzar las 50.000, mientras otras proyecciones sitúan la cifra cerca de 10.000.

(Con información de AFP y EFE)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el país accedió a 346 millones de dólares de sus propios recursos en el Fondo Monetario Internacional (FMI) para apuntalar tareas de reconstrucción tras los dos terremotos del 24 de junio, los cuales provocaron más de 5.000 muertes y elevados daños materiales en la región de La Guaira y zonas cercanas a la capital Caracas.

En un comunicado difundido este viernes, Rodríguez precisó que estos fondos permitirán “apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura, servicios públicos esenciales, entre otros requerimientos”. Según la funcionaria, el acceso a estos recursos constituye una medida clave para enfrentar la emergencia humanitaria derivada del desastre natural.

Rodríguez agradeció el respaldo de la directora del FMI, Kristalina Georgieva, y destacó el trabajo conjunto con instituciones internacionales que, según remarcó, posibilitaron el desembolso. “Seguiremos trabajando sin descanso para proteger a nuestro pueblo y avanzar en la recuperación del país”, afirmó la presidenta encargada.

El pasado 8 de julio, Rodríguez había adelantado la gestión de una llamada con Georgieva para destrabar “recursos bloqueados de Venezuela” en el organismo internacional. En esa ocasión, la dirigente venezolana insistió en la demanda de levantar las sanciones y liberar activos que, sostuvo, resultan necesarios para la reconstrucción.

Durante una conferencia de prensa el 9 de julio, la portavoz del FMI, Julie Kozack, explicó que Georgieva y Rodríguez conversaron sobre “el uso del tramo de reserva de Venezuela en el FMI, el cual constituye una fuente de liquidez importante y de fácil acceso que puede movilizarse rápidamente”. Kozack recalcó que el tramo de reserva difiere de los Derechos Especiales de Giro (DEG) retenidos por el organismo, valorados en unos 4.500 millones de dólares, lo que eleva el total de activos disponibles a casi 5.000 millones de dólares.

La vocera subrayó que los activos del tramo de reserva pueden emplearse de inmediato para “ayudar a atender las necesidades humanitarias urgentes derivadas del desastre” y precisó que “es el recurso que Venezuela indicó querer utilizar”.

El vínculo entre Venezuela y el FMI había estado suspendido desde 2019. Las relaciones se reanudaron en abril, con intercambios regulares destinados a completar procedimientos técnicos que permitan, a futuro, el acceso del país a instrumentos financieros del organismo. En paralelo, Rodríguez notificó el envío de una carta al rey británico Carlos III donde solicita la liberación del oro venezolano “retenido” en el Banco de Inglaterra.

Más de tres semanas después del doble sismo que golpeó a Venezuela, las autoridades elevaron a 5.069 la cifra oficial de fallecidos, consolidando este episodio como uno de los más mortales en la historia reciente del país y entre los más letales de América Latina en los últimos años. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció el nuevo balance este viernes y confirmó que el número de heridos se mantiene en 16.740.

El 24 de junio, dos movimientos sísmicos de magnitudes 7,2 y 7,5 afectaron al menos a siete estados venezolanos en un intervalo muy corto. Las consecuencias inmediatas incluyeron el derrumbe de edificios, la destrucción de infraestructura esencial y la interrupción de servicios como el agua y la electricidad. La Guaira, el estado costero vecino a Caracas, concentró la mayor devastación, con comunidades enteras que perdieron sus hogares y medios de subsistencia.

Según datos oficiales, 17.907 personas permanecen sin hogar y se encuentran en refugios improvisados, incluyendo escuelas, estadios y parques, mientras que otras 21.235 han sido ubicadas en 107 campamentos transitorios. El impacto directo del desastre alcanzó a 128.324 familias, que recibieron asistencia durante las semanas posteriores, detalló la autoridad legislativa.

Durante las operaciones de rescate, los equipos lograron extraer con vida a más de 6.400 personas de entre los escombros, aunque la emergencia dejó al menos 300 cuerpos sin identificar, según cifras entregadas a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y a organismos humanitarios.

El Gobierno chavista de Venezuela no publicó listas oficiales de desaparecidos. No obstante, sectores de la oposición estiman alrededor de 30.000 personas no localizadas, dato que mantiene la preocupación entre los familiares y allegados de los afectados.

(Con información de EFE)

La organización Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) pidió el viernes una investigación independiente sobre las denuncias de torturas contra presos políticos en la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda, tras una reunión con el ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García. Según la ONG, el funcionario minimizó los hechos reportados y el encuentro estuvo marcado por la negación de las denuncias y la descalificación de víctimas y organizaciones acompañantes.

El comité calificó como grave que en lugar de ofrecer garantías y protección a las víctimas, se transmitieran mensajes que desalientan las denuncias y desacreditan la documentación independiente.

En un comunicado publicado en la red social X, la organización sostuvo que la respuesta institucional confirma un patrón en el que la prioridad de las autoridades no es investigar ni proteger a las víctimas, sino cuestionar la credibilidad de quienes denuncian y trasladar la responsabilidad a familiares y defensores de derechos humanos.

CLIPPVE exigió que la investigación cuente con la participación de mecanismos internacionales competentes y pidió la destitución del ministro y de todos los funcionarios responsables por incumplir su deber de protección y revictimizar a familiares. Además, solicitó el ingreso inmediato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Cruz Roja Internacional a los centros de reclusión para realizar una evaluación independiente de las condiciones de detención.

La semana pasada, la organización denunció que detenidos en Rodeo I fueron golpeados, heridos con perdigones y asfixiados con gas lacrimógeno para obligarlos a regresar a sus celdas tras permanecer días en el patio luego de los terremotos del 24 de junio.

Familiares de los presos políticos señalaron a EFE que las autoridades los abandonaron tras los terremotos, lo que se refleja en el deterioro de la alimentación y la falta de atención a estructuras dañadas. Hasta el momento, el Ejecutivo venezolano no presentó un balance oficial sobre la situación de los detenidos y las cárceles tras los sismos, que ya dejan más de 5.000 muertos.

El jueves pasado, un grupo de familiares de presos políticos reclamó que la liberación de los detenidos sea el primer punto en la agenda del diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición, previsto para comenzar el 1 de agosto.

“Es fundamental que en esa mesa de diálogo se presente el punto número uno como la libertad de todos los presos políticos, porque no podemos tener un país libre con presos políticos tras las rejas”, manifestó Mayra Morales, hermana del preso político Ricardo Fonseca, en nombre de la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos durante una rueda de prensa.

El grupo acampa desde el 7 de junio frente a la Embajada de Estados Unidos en Caracas, a la espera de una intervención diplomática que facilite la excarcelación de sus allegados. Ahora, solicitan que la cuestión figure como prioridad en las negociaciones entre el actual Parlamento, dominado por el chavismo, y representantes de la oposición encabezados por la ex diputada Dinorah Figuera, defensora de la continuidad de la Asamblea Nacional electa en 2015.

Jessica Castro, familiar de Gustavo Hernández, pidió a Figuera que “escuche directamente a todos los familiares que nos encontramos acá y en cada uno de los centros de reclusión, que reabra los casos y que sean escuchados”.

Según lo anunciado el martes por las partes involucradas y con el respaldo de Estados Unidos, el diálogo previsto para el 1 de agosto abordará temas relacionados con el fortalecimiento de la democracia en el país, que atraviesa una emergencia por los terremotos del 24 de junio.

(Con información de EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves que documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) revelan que los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela diseñaron un plan para manipular electrónicamente los resultados electorales entre 2004 y 2020.

“Existía un complot específico para favorecer enormemente al corrupto régimen de Venezuela”, declaró Trump en un discurso transmitido en horario estelar desde la Casa Blanca, centrado en advertir sobre supuestas vulnerabilidades del sistema electoral estadounidense.

La declaración se fundamenta en documentos publicados por la Casa Blanca, que incluyen un análisis de la CIA fechado el 29 de junio, basado en información de inteligencia recopilada durante casi veinte años. El informe sostiene que Venezuela tenía “probablemente cierta capacidad” para manipular sistemas de votación electrónica dentro de su territorio, incluidos los sistemas de la empresa británica Smartmatic, de la que Estados Unidos se desvinculó en 2007.

Antes de las elecciones de 2012, los servicios de inteligencia al mando de Chávez habrían coordinado con el Consejo Nacional Electoral (CNE) y Smartmatic para “manipular resultados electorales usando máquinas de votación preprogramadas”, según el análisis de la CIA.

Smartmatic suspendió sus operaciones en Venezuela en 2018, tras acusar públicamente al régimen de Nicolás Maduro de “inflar la participación electoral en más de un millón de votos” durante las legislativas de 2017, señala el informe. El documento cita fuentes no identificadas que apuntan a un plan, en septiembre de 2020, para manipular las elecciones a la Asamblea Nacional mediante el reemplazo de votos legítimos por otros manipulados a través de máquinas virtuales.

La captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante un operativo de Estados Unidos en Caracas y tres regiones aledañas el 3 de enero de este año marcó un giro en la historia reciente del país caribeño, que continúa afrontando una prolongada crisis política, económica y social. Tras esta acción, la nación sudamericana enfrenta una catástrofe nacional por los terremotos que dejó más de 4.900 muertos y más de 12.000 heridos.

La magnitud de la catástrofe representa un desafío para la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro, y para Estados Unidos, considerado ahora un aliado estratégico de la nueva administración venezolana. El país se encuentra en la etapa de recuperación prevista en el plan delineado por la administración de Donald Trump para Venezuela.

En medio de este panorama, la Asamblea Nacional de Venezuela electa en 2015 confirmó la puesta en marcha de una hoja de ruta consensuada con el chavismo actual orientada a fortalecer el sistema electoral, las instituciones democráticas y las garantías para la participación política.

La agenda de trabajo comenzará el 1 de agosto y forma parte de un plan diseñado para impulsar la recuperación institucional del país. El anuncio fue realizado a través de un comunicado difundido por la presidenta del Parlamento de 2015, Dinorah Figuera, quien precisó que esta nueva etapa se sustentará en una agenda política y técnica con objetivos concretos dirigidos a avanzar hacia la recuperación democrática en Venezuela.

“En mi condición de presidente de la Asamblea Nacional (2015) asumo el compromiso y la voluntad política de impulsar una hoja de ruta técnica y política bilateral, sustentada en una agenda de trabajo con objetivos y hitos concretos, que permita abordar los temas fundamentales para consolidar el camino hacia la recuperación de la democracia en Venezuela”, publicó Figuera en su cuenta de X.

La Asamblea Nacional de 2015 reiteró su compromiso de implementar la hoja de ruta mediante un trabajo técnico e institucional y expresó su agradecimiento al Gobierno de Estados Unidos por el apoyo brindado durante los terremotos y por el acompañamiento a las iniciativas destinadas al fortalecimiento de la institucionalidad democrática. El comunicado recibió el respaldo del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien lo compartió en su cuenta oficial de X poco después de su publicación.

(Con información de EFE)

La cifra de muertos por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 4.930, según el más reciente balance oficial difundido este miércoles por el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. La actualización representa 101 muertes más que las reportadas el día anterior y confirma que la emergencia humanitaria continúa tres semanas después de los sismos que devastaron principalmente el estado costero de La Guaira.

Rodríguez informó a través de su cuenta de Telegram que el número de personas lesionadas se mantiene en 16.740, mientras que 17.907 habitantes continúan sin vivienda como consecuencia de la destrucción provocada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, ocurridos con apenas un minuto de diferencia.

Las tareas de búsqueda siguen activas en las zonas más afectadas. Equipos de rescate, junto con familiares de personas desaparecidas, continúan removiendo escombros de edificios colapsados en La Guaira con la esperanza de encontrar víctimas que permanecen atrapadas desde el día del desastre.

El nuevo reporte oficial también señala que 20.857 personas permanecen alojadas en 106 campamentos transitorios habilitados para atender a la población desplazada. La cifra de refugios disminuyó en uno respecto al balance anterior, aunque la cantidad de personas albergadas continúa siendo elevada.

Desde que ocurrió el doble terremoto, se han registrado 1.308 réplicas, una secuencia sísmica que mantiene la preocupación entre los habitantes de la región. La última réplica percibida tuvo una magnitud de 3,9 y se produjo el viernes pasado cerca de Naiguatá, en el estado La Guaira.

El impacto sobre la infraestructura también sigue siendo considerable. El balance oficial reporta 856 edificios con daños y 190 inmuebles completamente colapsados.

Ante la pérdida masiva de viviendas, el régimen chavista inició un censo biométrico para determinar cuántas casas deberán construirse para reubicar a las familias afectadas. Estiman que podrían requerirse alrededor de 25.000 viviendas para atender la demanda generada por la catástrofe.

Jorge Rodríguez anunció además que la designada del chavismo, Delcy Rodríguez, entregará las primeras 200 viviendas destinadas a damnificados durante esta semana, como parte del plan oficial de reconstrucción.

En paralelo a las tareas de recuperación, el régimen y un sector de la oposición encabezado por la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, acordaron desarrollar un plan de trabajo conjunto que comenzará el 1 de agosto. De acuerdo con las autoridades, esa iniciativa buscará el “fortalecimiento de la democracia” y la coordinación de acciones para enfrentar las consecuencias del doble terremoto.

Mientras continúan las labores de asistencia, Venezuela recibió el miércoles 42 toneladas de ayuda humanitaria procedentes de Madrid para apoyar a las familias afectadas por la emergencia.

El Ministerio de Relaciones y Comercio Exterior informó que el cargamento arribó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que permanece cerrado para vuelos comerciales debido a los trabajos de reparación por los daños ocasionados por los sismos.

Según el organismo, la ayuda incluye plantas eléctricas, hidrolimpiadoras, kits sanitarios, carpas estructurales, módulos sanitarios portátiles y estaciones colectivas para el lavado de manos, materiales destinados a reforzar la atención en los refugios temporales.

Los insumos serán trasladados a uno de los campamentos administrados por la Cruz Roja en el estadio Jorge Luis García Carneiro, en La Guaira, donde permanecen alojadas parte de las familias que perdieron sus viviendas.

De acuerdo con la distribución oficial de los refugios, La Guaira concentra 28 campamentos con 10.497 personas, mientras que Caracas alberga 40 centros temporales con 7.978 damnificados.

Los estados Miranda y Aragua cuentan con 28 y 10 campamentos, respectivamente, que en conjunto reciben a más de 2.300 personas desplazadas por uno de los desastres naturales más graves registrados en Venezuela en las últimas décadas.

(Con información de Europa Press)

La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela trasladó su sesión ordinaria a un centro de exposiciones en Caracas después de que el Palacio Federal Legislativo sufriera daños estructurales por el doble terremoto registrado semanas atrás, según informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

El funcionario explicó al inicio de la sesión, transmitida por el canal estatal ANTV, que la cúpula del edificio, recientemente restaurada, resultó afectada durante los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona norte del país.

Rodríguez precisó que la cúpula del Parlamento en el centro de Caracas experimentó “daños importantes” y que actualmente se ejecutan las reparaciones necesarias. “La sede del Palacio Federal Legislativo sufrió algunos daños, incluyendo la cúpula (...) que acababa de ser restaurada por parte de la administración de la junta directiva de la Asamblea Nacional”, afirmó el presidente del Legislativo.

El diputado señaló que, por ahora, no existen “suficientes condiciones de seguridad” para que los parlamentarios trabajen en la sede tradicional, motivo por el cual las sesiones se trasladaron temporalmente a una sala de convenciones ubicada en La Carlota, en el este de la ciudad.

El doble terremoto del 24 de junio impactó a siete estados del norte de Venezuela, con consecuencias graves especialmente en La Guaira, declarada zona de desastre tras los acontecimientos. Las autoridades informaron de 4.734 fallecidos, 16.740 heridos y 17.907 personas sin vivienda como resultado de los movimientos telúricos.

El mismo martes, los integrantes del Parlamento aprobaron, en primer debate, un proyecto de reforma legal que busca acelerar la construcción de unas 25.000 viviendas tras el doble terremoto del 24 de junio, según estimaciones del Gobierno chavista. El primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, explicó durante la sesión transmitida por Venezolana de Televisión que la iniciativa apunta a promover edificaciones con un enfoque adaptado “a los nuevos tiempos”.

Infante detalló que la reforma de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria busca ofrecer mejores condiciones para el sector privado, al asegurar seguridad jurídica y capacidad de financiamiento para avanzar en un “proceso agresivo” de construcción habitacional. El legislador señaló que el proyecto, que aún debe superar un segundo debate para su aprobación definitiva, plantea la eliminación del esquema de precio rígido que impedía absorber variaciones en los costos de materiales e insumos, lo que permitirá a las partes pactar mecanismos de estabilización de deudas conforme al mercado.

La modificación legal también aborda el límite máximo de 24 meses para culminar las obras, considerado restrictivo por el sector, y prevé incentivos para que la banca pública y privada otorgue créditos para proyectos inmobiliarios, eliminando riesgos regulatorios “desproporcionados”.

Durante la discusión parlamentaria, la diputada opositora Alejandra Rodríguez valoró la reforma como una oportunidad para actualizar el marco legal, señalando que debe buscarse un equilibrio entre el derecho a la vivienda, la protección de la propiedad privada, la seguridad jurídica y el estímulo a la inversión responsable. Rodríguez subrayó la importancia de que, durante la consulta pública, sean considerados los aportes de propietarios, arrendatarios, cámaras inmobiliarias y gremios de la construcción.

“Un marco legal sólido solo puede construirse a partir del diálogo y la participación amplia de manera que las distintas visiones y experiencias queden reflejadas en ese documento definitivo”, afirmó Rodríguez.

Cabe recordar que el sábado pasado el titular del Parlamento estimó en 25.000 las viviendas necesarias para asistir a los damnificados por los terremotos. Además, anunció el inicio de un censo biométrico en los campamentos transitorios de Caracas y los estados Miranda y La Guaira con el objetivo de precisar cuántas viviendas serán requeridas.

(Con información de EFE)

Venezuela suma 4.734 muertos por el doble terremoto del 24 de junio, casi tres semanas después de que dos sismos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 devastaran el norte del país. La cifra incorpora 173 nuevos fallecimientos respecto al balance anterior, según informó Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano, a través de su cuenta de Telegram.

El número de heridos se mantiene en 16.740, aunque Rodríguez precisó que la mayoría ya recibió el alta médica. Las personas que quedaron sin vivienda ascienden a 17.907, mientras que 20.903 se encuentran distribuidas en 107 campamentos transitorios habilitados en Caracas y estados aledaños.

Las autoridades venezolanas han evitado pronunciarse sobre desaparecidos. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que esa cifra podría alcanzar los 50.000, en lo que organismos internacionales consideran uno de los peores terremotos registrados en América Latina.

El doble sismo afectó más de 800 edificios, de los cuales 190 colapsaron. El estado costero La Guaira, vecino de la capital y zona de mayor impacto, concentra la mayor parte de los damnificados, quienes se instalaron en estadios, canchas, plazas e incluso aceras, donde voluntarios brindan atención médica y distribuyen alimentos.

Desde el 24 de junio se han registrado 1.275 réplicas. La más reciente de magnitud perceptible ocurrió el viernes, cuando un sismo de 3,9 se produjo a 10 kilómetros al noreste de Naiguatá, en La Guaira, provocando pánico y evacuaciones preventivas en edificios.

El Gobierno informó haber atendido a 128.324 familias y a 33.652 pacientes, sin especificar las condiciones ni los plazos de esa asistencia. Decenas de personas continúan buscando restos de familiares entre los escombros, mientras retroexcavadoras avanzan en las labores de remoción.

Las autoridades iniciaron el fin de semana un censo biométrico para cuantificar las necesidades habitacionales, estimadas en unas 25.000 unidades. Rodríguez anunció el sábado que la jefa de Estado, Delcy Rodríguez, entregaría las primeras 200 viviendas durante esta semana.

En paralelo, el Gobierno y un grupo opositor encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera suscribieron un plan de trabajo que arrancará el 1 de agosto, orientado al “fortalecimiento de la democracia” y a enfrentar “las consecuencias del doblete sísmico”.

Alessandra Izaguirre tiene 18 años y lleva dos semanas preparando comida para voluntarios en Doral, Florida. La casa de su abuela en Caracas sobrevivió por poco a los terremotos del 24 de junio de 2026, y eso fue suficiente para que cruzara la puerta del almacén de Global Empowerment Mission y no se fuera.

“Ver a mi abuela y a toda esa gente afectada me hizo sentir que tenía que hacer algo, aunque fuera desde Estados Unidos”, dijo Izaguirre a AP. Su historia es la de miles.

Desde el día del desastre, una cadena de voluntarios, donantes y organizaciones se movilizó desde Florida hacia Venezuela con una velocidad y una escala que, según quienes la vivieron, no tiene precedentes.

Un almacén en Doral convertido en centro de operaciones

Doral no fue elegida al azar. Aproximadamente la mitad de su población es de origen venezolano, y eso convirtió a esta ciudad del área de Miami en el epicentro natural de la respuesta.

Cada día, cientos de voluntarios llegan a los tres almacenes de GEM para clasificar suministros, armar paquetes individuales y prepararlos para los vuelos diarios a Caracas. Hasta ahora, casi un millón de libras —unas 454.000 toneladas— de insumos partieron desde allí hacia los almacenes que la organización arrendó recientemente en la capital venezolana.

Michael Capponi, fundador y presidente de GEM, no es nuevo en esto. Durante años intentó llevar ayuda humanitaria a Venezuela y se encontró con puertas cerradas. Ahora la dinámica es otra.

“Aterrizamos un avión privado, lo descargan soldados estadounidenses, va en un camión que nosotros pagamos y a un almacén que controlamos por completo. No pasa por las manos del gobierno venezolano”, precisó Capponi a AP.

Lo que dejaron los terremotos

Los dos sismos golpearon con 39 segundos de diferencia. Según cifras de las autoridades venezolanas reportadas por AP:

• Magnitudes de 7.2 y 7.5, el 24 de junio de 2026.
• Al menos 4.500 muertos, con miles de desaparecidos.
• 190 edificios destruidos y más de 850 dañados.
• 17.000 personas desplazadas.
• Infraestructura de agua potable, electricidad y saneamiento severamente afectada.

La destrucción fue tan extensa que algunos donantes dudaron al principio de que la ayuda pudiera llegar sin ser robada o desviada. Cuando GEM completó su primera distribución exitosa, esas dudas cedieron y el movimiento creció más de lo que Capponi había visto en décadas de trabajo humanitario.

La ayuda llega de todas partes

El esfuerzo desbordó las fronteras de Florida. Dos hermanos manejaron un camión U-Haul desde Canadá. Un grupo llegó desde México. Camiones con suministros rodaron desde Nevada, Texas y California.

Empresas como Goya, Walmart y Amazon aportaron insumos; equipos deportivos profesionales donaron fondos. Pero Capponi insiste en que el grueso de la ayuda sigue siendo obra de personas comunes.

“Van al Walmart con su tarjeta de crédito, compran 15 latas de comida y las traen en una bolsa de supermercado”, dijo. “No suena a mucho, pero cuando son 2.000 personas… es una cantidad enorme de ayuda.”

Las filas para entregar donaciones en GEM llegaron a ser tan largas que la policía tuvo que controlar el tráfico. Billy Richardson, director de logística en Estados Unidos, contó a AP que muchos voluntarios tomaron vacaciones del trabajo para cumplir turnos en los almacenes. “Casi tenemos que echarlos al final del día”, dijo.

Mariela Vila, puertorriqueña de 25 años, llegó porque recuerda lo que sintió cuando el huracán María azotó su isla en 2017. “La comunidad latina se unió para ayudar a Puerto Rico, y eso me hizo sentir muy bien”, indicó a la agencia de noticias. “Así que sentí la necesidad de ayudar a Venezuela”, sostuvo.

El papel de Estados Unidos y las preguntas sin respuesta

Es el Departamento de Estado el que facilita los envíos con el gobierno venezolano y hace posible que GEM opere en el país. El sábado anterior, Marines estadounidenses desembarcaron en una playa venezolana con una embarcación anfibia y entregaron paquetes de GEM a 2.000 personas en fila.

Un portavoz del Departamento de Estado indicó a AP que la alianza con GEM aprovecha “la diáspora venezolano-americana y los socios privados que quieren donar”. El gobierno de Estados Unidos aportó más de USD 386 millones en respuesta al terremoto, al margen de los ingresos petroleros venezolanos que Washington controla.

Esos fondos petroleros son, precisamente, el punto de tensión. Laura Cristina Dib, directora del programa Venezuela en el Washington Office on Latin America, planteó la pregunta que muchos se hacen: “Hay muchas preguntas de transparencia que persisten sobre el uso de ese fondo, en un momento en que los venezolanos realmente necesitan que ese dinero se use para su protección”.

John M. Barrett, encargado de negocios de EE.UU. para Venezuela, respondió la semana pasada que el gobierno interino ha sido “completamente cumplidor en cuanto a nuestras solicitudes para avanzar en esta masiva respuesta humanitaria” y que los ingresos del petróleo venezolano, bajo control del Departamento del Tesoro, están disponibles para los esfuerzos de recuperación.

Los paquetes que viajan 1.300 millas

En Maiquetía, ciudad costera de Venezuela, Yoniel Reyes abrió la semana pasada un paquete sellado en Doral. Adentro encontró comidas instantáneas, botellas de agua, conservas, polvo de hidratación y un kit de higiene.

“Nunca imaginé que recibiría ayuda de Estados Unidos”, comentó Reyes a AP desde su carpa. “Los venezolanos estamos agradecidos, muy agradecidos.”

A 2.100 kilómetros de distancia, en un almacén de Doral, Alessandra Izaguirre seguía preparando el próximo envío.

El número de víctimas mortales por el doble terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio volvió a aumentar. La cúpula chavista informó este lunes que el saldo de fallecidos llegó a 4.561, es decir, 71 más que en el reporte anterior. El titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dio a conocer la nueva cifra, mientras se mantienen las operaciones de asistencia en las zonas afectadas.

De acuerdo con el balance oficial, la cantidad de personas lesionadas permanece en 16.740, mientras que 17.907 habitantes continúan sin vivienda como consecuencia del colapso o los daños sufridos por miles de edificaciones. La actualización también indicó que 128.324 familias han recibido algún tipo de asistencia desde el inicio de la emergencia.

El régimen venezolano señaló además que 20.231 personas siguen alojadas en 107 refugios temporales, instalados principalmente en centros educativos de Caracas y de los estados Miranda y La Guaira. Este último concentra la mayor parte de la devastación provocada por el movimiento telúrico.

Como parte de la respuesta oficial, el chavismo dijo que inició durante el fin de semana un censo biométrico con el objetivo de determinar cuántas viviendas deberán construirse para atender a las familias que perdieron sus hogares. La estimación preliminar apunta a una necesidad cercana a 25.000 viviendas.

Jorge Rodríguez anunció además que la jefa del régimen, Delcy Rodríguez, entregará las primeras 200 casas durante esta semana, aunque no precisó el lugar donde serán adjudicadas ni el cronograma de las siguientes entregas.

La actividad sísmica tampoco ha cesado desde el desastre. Según las cifras oficiales, se han registrado 1.254 réplicas desde el 24 de junio. Una de las más recientes ocurrió el viernes, cuando un temblor de magnitud 3,9 se produjo a unos diez kilómetros al noreste de Naiguatá, en La Guaira. El movimiento provocó nuevas evacuaciones preventivas y momentos de tensión entre la población.

Mientras continúa la emergencia nacional, las inspecciones técnicas avanzan en Caracas. En el municipio Chacao, una de las zonas más afectadas de la capital, las autoridades locales informaron que el doble terremoto dejó 68 fallecidos, además del colapso de tres edificios y decenas de estructuras con distintos niveles de daño.

El alcalde Gustavo Duque explicó que las evaluaciones realizadas por especialistas permitieron identificar 46 edificios inhabitables, cuyos accesos fueron marcados con etiquetas rojas debido al riesgo estructural. Otros 157 inmuebles fueron clasificados con riesgo moderado y recibieron señalización amarilla.

"Por su situación sísmica, Chacao fue el municipio más afectado o por lo menos en nuestros estudios es el que demuestra mayor afectación“, afirmó Duque al presentar el balance de las inspecciones.

El alcalde también indicó que buena parte de las edificaciones con daños moderados fueron construidas antes del terremoto de 1967, cuando la normativa antisísmica vigente todavía no existía. En contraste, señaló que los edificios levantados con posterioridad incorporan requisitos estructurales diseñados para resistir este tipo de eventos.

En paralelo a las cifras oficiales, las labores de búsqueda continúan entre los escombros de La Guaira con el apoyo de voluntarios y equipos nacionales e internacionales. Uno de ellos es Miguel Báez, un comerciante de 32 años que desde el primer día participa en las tareas para intentar encontrar a su madre, su hermano y su sobrina, desaparecidos tras el derrumbe de un complejo residencial en Caraballeda.

"Yo quiero estar acá hasta lo último“, dijo Báez, quien explicó que su objetivo es conocer el destino de sus familiares o recuperar sus restos para darles sepultura. Tras varios días de operaciones, reconoció que perdió la esperanza de encontrarlos con vida.

Durante las labores ha presenciado escenas difíciles. "Estás tratando de luchar, exponerte, rescatar, y en eso te encuentras con personas fallecidas“, relató. También recordó el momento en que una réplica sorprendió al grupo mientras avanzaba por el interior de una estructura inestable. ”Tuvimos que salir porque si no, bueno... Dios nos guardó“, expresó.

La búsqueda continúa en medio de nuevas réplicas, maquinaria pesada y condiciones que siguen dificultando el trabajo de rescatistas y voluntarios en las áreas más devastadas del país.

Familiares de personas atrapadas bajo los escombros en La Guaira, el estado más afectado por los recientes terremotos en Venezuela, denunciaron el viernes que autoridades militares del Gobierno chavista impiden el ingreso de maquinaria para buscar a sus seres queridos, tanto vivos como fallecidos.

“No se nos ha permitido, con la maquinaria en mano, la maquinaria humana y la maquinaria técnica. No se nos ha permitido ingresar al edificio Celtamar en búsqueda de nuestros familiares”, declaró Eva Belkrin, quien busca a sus dos hijas, más de dos semanas después de los sismos.

Belkrin responsabilizó a funcionarios de la Fuerza Armada venezolana por impedir el acceso de equipos necesarios para remover escombros y exigió que se permita a los familiares trabajar en las tareas de búsqueda. “Exigimos, por favor, nos dejen trabajar. La Fuerza Armada nacional no nos ha dejado trabajar. Los funcionarios responsables de este edificio no nos dejan trabajar”, afirmó ante los medios.

”Que alguien se apiade, que nos dejen trabajar. Por favor“, exigió la mujer, que se encontraba el viernes en La Guaira junto a otros familiares, en diálogo con la agencia EFE.

En paralelo al reclamo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que su administración iniciará este sábado un censo biométrico dirigido a las miles de personas que quedaron sin vivienda tras los terremotos ocurridos el 24 de junio.

“Estaremos realizando en los campamentos transitorios, en atención a un cronograma progresivo, el registro único de vivienda para conocer a detalle la situación de cada una de las personas”, indicó en una transmisión por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). El registro se efectuará mediante un sistema de lector de huella, señaló la funcionaria, aunque no precisó detalles adicionales sobre el proceso.

Rodríguez también anunció en la semana la convocatoria a empresas nacionales y extranjeras para una construcción “agresiva y rápida” de viviendas tras los terremotos que dejaron más de 4.000 personas muertas y más de 16.740 heridos. En una transmisión por Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez afirmó que equipos de expertos en suelo y subsuelo ya trabajan en la localización de los espacios donde se proyecta edificar nuevas viviendas y ciudades antisísmicas.

En ese sentido, adelantó que próximamente presentará el cronograma del plan de ejecución de estas construcciones. Según el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, el plan del Gobierno chavista, con apoyo de la ONU, contempla la importación de viviendas prefabricadas para atender la emergencia habitacional provocada por el doble terremoto. Fletcher indicó que la ONU ya está recaudando fondos para implementar el programa, especialmente en zonas altamente afectadas como Playa Grande.

Fletcher consideró necesario flexibilizar las sanciones sobre Venezuela para no obstaculizar la llegada de ayuda y los planes de recuperación tras la catástrofe. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó preliminarmente en 6.700 millones de dólares los daños físicos directos.

El Gobierno venezolano reportó 190 edificios colapsados, principalmente en la región de La Guaira, vecina a Caracas. Rodríguez también informó de conversaciones con países como Estados Unidos y Brasil, así como con organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial para acelerar el proceso de recuperación. Entre las medidas anunciadas figura la creación de un fondo inicial equivalente a doscientos millones de dólares y de una cuenta en el CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe destinada a recibir donaciones internacionales.

(Con información de EFE)

Allí, junto a decenas de voluntarios argentinos, participa de una de las tareas más duras que dejó el doble sismo del pasado 24 de junio: recuperar los cuerpos de las víctimas de un edificio de 14 pisos que colapsó cuando, entre otras actividades, se desarrollaba una fiesta infantil.

El panorama que describe es devastador. Con el correr de los días, las posibilidades de encontrar sobrevivientes prácticamente desaparecieron. Ahora, el objetivo es devolver los cuerpos a sus familias. “Había madres abrazadas a sus bebés”, resumió Chalá.

La organización, que tiene catorce filiales en la Argentina, está compuesta por socorristas voluntarios que ofrecen asistencia humanitaria en el mundo, “sin distinción de política, etnia, género o credo”. En este momento, más de 60 voluntarios argentinos se encuentran trabajando en el lugar, entre vecinos de La Plata, Puerto Madryn, Trelew y Buenos Aires.

El lugar en donde se encuentra emplazado el equipo ahora es el complejo de edificios OPP 25, ubicado en La Guaira. De acuerdo con la ONG, la torre tenía 14 pisos con 16 departamentos en cada uno.

Además, dentro había un mercado, una peluquería y hasta un salón de fiestas: al momento del derrumbe, estaba transcurriendo una fiesta infantil.

“Hay que hacerlo. Asumimos ese compromiso, asumimos el hecho de arriesgarnos para sacar gente con vida de los escombros“, sostuvo Chalá en declaraciones a Infobae. Para el presidente de la ONG, la misión en Venezuela se suma a una larga lista que incluye desastres humanitarios en Ucrania, Sudán del Sur, Haití y Libia.

Durante los primeros días, los mismos vecinos sacaron personas con vida del complejo residencial, pero a medida que pasan las horas, esa posibilidad disminuye para los rescatistas. Hasta el momento, no lograron encontrar personas con vida y se limitan a buscar cuerpos. Llevan cerca de 70.

La situación es especialmente difícil ya que se cree que las víctimas están ubicadas en los pisos inferiores y la galería del OPP 25: “No hay chances de que los demás estén vivos”.

Según relató Chalá, lograron recuperar familias enteras de los escombros. Los socorristas de CEPA -que llegaron al país caribeño desde un vuelo de Solidaire, piloteado por Enrique Piñeyro- no tienen fecha de regreso definida para la Argentina.

“Esta etapa es tan importante como la primera porque las familias están con nosotros, conocemos sus historias, conocemos a quien buscamos, al hijo, a la esposa, a la madre”, lamentó el presidente de la organización, que incluye médicos, enfermeros, psicólogos y socorristas en su equipo. Y cerró: “Significa que ellos puedan cerrar su duelo, su luto”.

“Estar en presencia de la muerte”

Christian Luccisano llegó a La Guaira el pasado viernes por la noche y desde entonces pasa entre 10 y 14 horas por día trabajando entre los escombros del complejo OPP 25. Es coordinador de operaciones logísticas de CEPA, aunque fuera de la ONG se desempeña como tripulante de cabina de Aerolíneas Argentinas.

Su vínculo con Venezuela es también personal. “Estoy casado con una venezolana que conocí en La Guaira trabajando. Me movilizó el pueblo venezolano y me metí en la coordinación”, explicó sobre las razones que lo llevaron a realizar su primera misión humanitaria.

“La tarea de todos acá es venir a poner manos en los escombros y recuperar personas vivas, pero desde el momento que llegamos hasta hoy fue devolver cuerpos a los familiares”, contó. Aún así, asegura que le gustaría permanecer una semana más colaborando en el operativo.

Para Luccisano, cada jornada representa un “subibaja de emociones”: la satisfacción de ayudar a las familias convive con el impacto de enfrentarse a escenas extremas. “Ayer me quebré por ver imágenes muy duras. Ves quién vivía en cada lugar, si había músicos, si había niños. Es estar en presencia de la muerte y la descomposición”. Según relató, la situación fue tan fuerte que debió permanecer dos horas fuera de servicio.

El trabajo se vuelve especialmente complejo durante la noche, cuando la falta de visibilidad y el riesgo de nuevos derrumbes obligan a extremar las precauciones. “Es un trabajo riesgoso por las estructuras que colapsan, la violencia que puede generar en la zona, aunque eso no pasó. Es difícil respirar entre las estructuras”, señaló.

Mientras los socorristas avanzan entre los restos de hormigón, los familiares permanecen a pocos metros. “Se quedan toda la noche sacando piedrita por piedrita”, explicó Luccisano. Los vecinos de la zona, agregó, suelen acercarles agua y comida como gesto de agradecimiento.

“Las esperanzas de encontrar gente con vida se fueron desvaneciendo, hoy son mínimas. Nunca descartamos un milagro pero por las temperaturas, el nivel de aplastamiento, son muy mínimas”, concluyó.

La misión humanitaria salvadoreña ha ampliado su respuesta en Venezuela con la instalación y puesta en funcionamiento de un hospital de campaña en Catia La Mar, estado La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio. Con la llegada de más de 300 especialistas, rescatistas y personal médico, El Salvador se consolidó como uno de los primeros países en enviar una misión de este alcance tras la catástrofe, desplegando equipos de alta especialización y recursos materiales para socorrer a la población venezolana.

El contingente salvadoreño, compuesto por la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) y la Unidad Humanitaria de Rescate (UHR), se ha enfocado en la habilitación progresiva del hospital de campaña, cuyas consultas y servicios médicos temporales buscan responder a la sobrecarga de los centros de salud locales. El proceso incluyó el montaje de estructuras de soporte, la instalación de mobiliario específico y la organización de espacios para garantizar una atención digna y segura a los afectados. La coordinación con las autoridades locales ha permitido que las operaciones se desarrollen de manera fluida y en armonía con las necesidades de la emergencia.

Según datos oficiales, el hospital de campaña forma parte de una estrategia integral que contempla la entrega de insumos médicos, medicamentos, alimentos y artículos de primera necesidad, así como la atención directa en salud física y mental. Hasta la fecha, la misión reporta la realización de 322 atenciones médicas, incluidas 273 consultas generales, 22 curaciones y 27 asistencias para el manejo de enfermedades crónicas. Además, se han distribuido 481 mil medicamentos e insumos a seis hospitales: José María Vargas, Universitario de Caracas, Dr. Miguel Pérez Carreño, Dr. Domingo Luciani, Militar Dr. Carlos Arvelo y Dr. Rafael Medina Jiménez.

La operación salvadoreña no solo prioriza el auxilio físico, sino también el apoyo emocional. Equipos de psicólogos han desplegado jornadas de atención para la niñez venezolana, promoviendo la convivencia, el juego y el bienestar emocional a través de actividades recreativas y creativas en espacios como el Complejo Educativo República de Panamá. Estas acciones buscan mitigar el impacto psicológico de la emergencia y ofrecer lugares seguros donde los niños puedan expresarse y recuperarse de la experiencia traumática de los terremotos.

En paralelo, la Unidad de Salud Ambiental verifica la calidad del agua potable en el Club de Golf y Yate Caraballeda, uno de los principales puntos de refugio, para prevenir enfermedades y proteger la salud de las personas albergadas en el lugar. La remoción de escombros y la búsqueda de víctimas continúan en edificaciones colapsadas, como el edificio Miramar, donde los rescatistas mantienen labores ininterrumpidas utilizando maquinaria y perros especializados en búsqueda y rescate.

Desde su llegada, la misión salvadoreña ha logrado rescatar a nueve personas con vida, así como a cuatro perros atrapados bajo los escombros. En total, el equipo ha realizado 40 intervenciones en las ciudades de Caraballeda y Catia La Mar, las más afectadas por los sismos. El despliegue logístico incluyó el envío de 155 toneladas de suministros y siete vuelos de aviones para garantizar la llegada de recursos y personal.

Los terremotos del 24 de junio, de magnitud superior a 6 grados, sacudieron la región central de Venezuela, provocando colapsos estructurales, cortes de servicios básicos y una emergencia sanitaria que ha puesto a prueba la capacidad de respuesta local. El estado La Guaira, particularmente Catia La Mar y Caraballeda, registra graves daños en edificaciones, deslizamientos de tierra y una alta demanda de atención médica y humanitaria.

En este contexto, la presencia del hospital de campaña salvadoreño representa un refuerzo clave para la red hospitalaria venezolana y un ejemplo de solidaridad internacional. El compromiso de los equipos de El Salvador, reflejado en el profesionalismo, la disciplina y la vocación de servicio de sus integrantes, contribuye a aliviar la crisis y a ofrecer nuevas oportunidades de recuperación a las comunidades afectadas por los terremotos.

La demanda de asistencia humanitaria aumentó en las zonas más afectadas por los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio, mientras la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó un llamado para recaudar cerca de 300 millones de dólares destinados a asistir a 1,3 millones de personas y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que la emergencia sanitaria “está lejos de haber terminado”.

En el estado de La Guaira, donde se concentró la mayor parte de la destrucción, miles de personas acudieron a cocinas móviles, clínicas temporales y hospitales de campaña instalados por organizaciones no gubernamentales y agencias internacionales. La asistencia alcanza tanto a quienes perdieron sus viviendas como a personas que, pese a conservar sus hogares, necesitan atención médica o medicamentos.

El jefe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, explicó que las necesidades de la población cambiaron con el paso de las semanas. “Está claro en los lugares donde se encuentran los desplazados que, especialmente después de dos semanas, la gente llega porque no pudo recibir otros tratamientos. Ya no llegan solo con fracturas, llegan con esas necesidades de salud de largo plazo. Es vital que estemos allí para ellos”, afirmó.

Los equipos médicos que trabajan en la comunidad de Catia La Mar reportaron un aumento de enfermedades cutáneas, casos de diarrea y solicitudes de medicamentos para tratar enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. Los profesionales atribuyen parte de estos problemas al hacinamiento y a las deficientes condiciones de acceso al agua potable y al saneamiento, dificultades que ya afectaban a numerosas comunidades antes de los terremotos.

Irma Echarri, de 67 años, acudió a una unidad médica móvil con las cajas vacías de las gotas para los ojos y del analgésico que utiliza habitualmente con la esperanza de recibir nuevos medicamentos. También buscó atención por un dolor persistente en la nariz que apareció después de los sismos. “Me duele mucho. Me duele porque me duele”, expresó mientras esperaba atención médica.

Aunque su vivienda no sufrió daños, muchos de sus vecinos permanecen en refugios temporales o pasan las noches al aire libre. Según cifras oficiales, los terremotos provocaron el colapso de 190 edificios y daños en otros 856.

El Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez estimó que cerca de 18.000 personas quedaron sin vivienda. Los desplazados ocupan escuelas, plazas, parques, aceras y otros espacios públicos mientras continúan las tareas de asistencia.

De acuerdo con la última actualización oficial difundida el jueves, los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, registrados con apenas 39 segundos de diferencia, dejaron hasta el momento 3.811 muertos, 16.740 heridos y más de 17.900 personas sin hogar.

Entre los desplazados también se encuentra Zulbey Reyes, de 41 años, quien perdió su empleo como niñera tras el desastre. La mujer acudió a una clínica administrada por la organización venezolana Paluz junto con el Comité Internacional de Rescate debido a un fuerte dolor en el pecho.

“Pensé que era mi corazón el que estaba enfermo. Pero es un nervio que se inflamó después de los gritos de aquel día”, relató tras recibir atención médica y medicamentos.

El representante de la Organización Panamericana de la Salud en Venezuela, Armando Denegri, informó que “el 50% de los profesionales de la salud de La Guaira resultó directamente afectado” por los terremotos. “Algunos desaparecieron, algunos murieron y otros sufrieron graves consecuencias de la crisis, con impacto también sobre sus familias”, señaló, sin ofrecer más detalles.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres estimó que los daños físicos directos en viviendas e infraestructura ascienden a unos 37.000 millones de dólares.

Por su parte, la OPS aseguró que la respuesta sanitaria entró en una etapa decisiva. El organismo informó que movilizó hasta ahora 9 millones de dólares de los 24 millones que necesita para atender la emergencia.

“La respuesta está entrando ahora en una nueva fase igualmente crítica, centrada en la estabilización, la continuidad de la atención y la recuperación temprana”, indicó la organización.

El director de la OPS, Jarbas Barbosa, advirtió que “la emergencia sanitaria está lejos de haber terminado” y señaló que las prioridades continúan enfocadas en salvar vidas, mantener el funcionamiento de los servicios esenciales de salud y prevenir nuevos riesgos sanitarios.

El director de Emergencias de la OPS, Ciro Ugarte, subrayó la urgencia del financiamiento internacional. “Ese pedido es de extrema urgencia. No es para rehabilitación, es para respuesta y recuperación de los servicios esenciales”, afirmó.

Actualmente operan en Venezuela dos equipos médicos internacionales de emergencia y la OPS envió seis toneladas métricas de insumos médicos desde su centro logístico en Panamá. Además, el organismo precisó que parte de los recursos provienen de su fondo para desastres, del Fondo de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, de Naciones Unidas, de la Unión Europea y de aportes comprometidos por Canadá y España.

Barbosa explicó que los principales riesgos posteriores a una catástrofe de esta magnitud se relacionan con las interrupciones en la atención sanitaria, el hacinamiento, el acceso limitado al agua potable, la vacunación y el impacto psicológico sobre la población y el personal médico.

Fletcher también destacó el cambio en la relación entre el Gobierno venezolano y las organizaciones humanitarias, que durante los últimos años enfrentaron restricciones y acusaciones oficiales.

“Cuando existe una crisis de esta magnitud, la gente deja la política a un lado y puede concentrarse en salvar la mayor cantidad posible de vidas. Eso es lo que veo hasta ahora en esta respuesta”, sostuvo.

(Con información de AP y EFE)

15 días después de la catástrofe en Venezuela, la familia de la nicaragüense Reyna Isabel Balladares Chavarría mantiene la esperanza tras recibir una llamada que asegura que fue rescatada con vida junto a su esposo, el venezolano Carlos Gutiérrez Olivares, luego de los terremotos que devastaron Venezuela el 24 de junio de 2026.

Una llamada de un rescatista colombiano, recibida el 2 de julio, reavivó la ilusión de ambas familias, quienes desde entonces no han dejado de buscar a la pareja desaparecida.

Según relató Noeli Mogollón, sobrina de Carlos Gutiérrez Olivares, el rescatista colombiano aseguró que recuerda haberlos encontrado entre los escombros en el estado de La Guaira, zona donde se concentró la mayor destrucción.

“Él nos dijo que sí, que efectivamente ese día, él había rescatado a las dos personas”, afirmó Mogollón en declaraciones a Confidencial 30.

La familiar detalló que, tras compartir una fotografía de la pareja, el rescatista confirmó su identidad y explicó que su labor consistía en trasladar a los sobrevivientes a hospitales de la zona. “Nosotros pasamos el día siguiente buscándolos en todos los hospitales que estaban recibiendo a las personas del terremoto”, agregó Mogollón.

Desde ese momento, los familiares han recorrido hospitales en Caracas y La Guaira, además de publicar mensajes en redes sociales para intentar obtener información sobre el paradero de Balladares Chavarría y Gutiérrez Olivares.

Hasta la fecha, no han hallado ningún rastro de la pareja, lo que mantiene la incertidumbre y el desasosiego entre sus allegados.

Solo en Caracas hay 20 centros asistenciales recibiendo víctimas del desastre.

La búsqueda se ha transformado en una carrera contra el tiempo. Una hermana de Balladares Chavarría viajó desde Nicaragua a Venezuela el 3 de julio para sumarse a los recorridos por hospitales, la morgue y refugios.

Alfonso, sobrino político de la nicaragüense, explicó que el viaje fue posible gracias a una colecta de más de $2,000 impulsada por amigos y ciudadanos que conocieron el caso a través de redes sociales.

A pesar de los esfuerzos, la familia no ha logrado obtener información ni confirma una fecha de regreso a Nicaragua. “No tenemos ningún tipo de información hasta el día de hoy”, afirmó Alfonso.

Los familiares permanecen atentos a los mensajes que llegan a un grupo de WhatsApp creado para quienes buscan a residentes de las Residencias Auro, en Caraballeda, el edificio donde la pareja se encontraba durante el sismo.

Cada pista que surge obliga a la familia a trasladarse a un nuevo hospital o centro de atención, aunque al llegar suelen descubrir que la pareja no figura en los registros. Según la versión del rescatista colombiano, Reyna Isabel Balladares Chavarría habría sido llevada a un hospital distinto del asignado a su esposo, lo que dificulta aún más la verificación.

“Nos tienen de hospital en hospital y no hemos podido verificar nada”, expresó Mogollón. “Cuando vamos al hospital nos dicen que no está su nombre, que hay que revisar otro QR, o sea, otra página y ellos en esa página no salen”, explicó.

La ausencia de un sistema unificado para registrar a los sobrevivientes y fallecidos ha complicado la búsqueda de miles de personas. Según la sobrina de Gutiérrez Olivares, en varios hospitales los nombres de los pacientes fueron escritos a mano y muchos centros solo han registrado de forma parcial a las personas atendidas tras los terremotos.

“Todo lo anotan en un papel. A veces anotan los nombres mal”, señaló. La situación de la nicaragüense es aún más compleja debido a que no posee documentos venezolanos. “Me dijeron que la buscara con cédula, pero ella no es de Venezuela, ¿cómo la busco?”, cuestionó Mogollón.

La tragedia ha impactado a dos familias. Los allegados de Carlos Gutiérrez Olivares también buscan información sobre otros parientes desaparecidos durante el terremoto, entre ellos su hermana menor, Marlene Olivares, su esposo, Jimmy Silva, y su hijo, Santiago Silva.

La desaparición de varias personas de una misma familia ha incrementado la preocupación. “Mi abuela vive con incertidumbre, y está llora y llora, porque la persona que quedó atrapada con su hijo Carlos es otra hija de ella. Carlos es su hijo mayor y Marlene, que es la menor”, relató Mogollón.

La pareja llegó a Venezuela desde España el 13 de junio, donde reside habitualmente. “Mi tío Carlos tenía años de no venir a Venezuela, esta era la segunda vez y lo agarra esto (el terremoto). La única que lo pudo ver fue su mamá, mi abuela y su hermana que vive allí en La Guaira”, añadió Mogollón.

La familia aún intenta determinar si todos permanecían en el edificio al momento del colapso o si alguno logró salir antes del derrumbe. Incluso rastrearon el teléfono de Carlos Gutiérrez Olivares, cuya señal apareció en dos lugares distintos tras el sismo, lo que ha generado más dudas.

El ambiente en la zona del desastre ha sido descrito como caótico. Alfonso, familiar de la nicaragüense, indicó que la maquinaria pesada opera pocas horas antes de trasladarse a otros edificios, lo que dificulta la remoción de escombros.

“Hay demasiado desorden. La maquinaria llega dos o tres horas y después se va para otro lugar, atienden por momentos, pero la mayor parte del tiempo eso está desatendido. Incluso, en ese grupo han puesto que para que lleguen máquinas a remover escombros tienen que pagar”, señaló.

Estados Unidos destinó más de USD 386 millones en ayuda humanitaria para los afectados por los terremotos en Venezuela, según informó el Departamento de Estado. La asistencia se dirigió a quienes resultaron damnificados por los sismos ocurridos hace dos semanas en ese país sudamericano.

La ayuda canalizada incluye atención médica de emergencia, alimentos, agua potable, saneamiento, refugios temporales, protección y apoyo logístico, gestionada a través de entidades como la Cruz Roja, UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

De acuerdo con el Departamento de Estado, la administración de Donald Trump gestionó la entrega de más de 400 toneladas métricas de suministros de emergencia, entre los que se distribuyeron kits de refugio, higiene, lonas, cubos y equipos de cocina, lo que permitió alcanzar a cerca de 70.000 personas afectadas.

Como parte de la operación, Washington anunció la implementación de un puente aéreo humanitario entre Estados Unidos y Venezuela, coordinado por el Departamento de Estado junto a la organización Airlink y la empresa Amazon. Según la información oficial, este mecanismo permitirá el traslado semanal de suministros desde Miami hasta Maiquetía, sin costo para las organizaciones humanitarias.

La respuesta estadounidense incluyó, además, el despliegue de equipos de búsqueda y rescate urbano. En total, más de 2.400 efectivos de 60 equipos internacionales de 29 países y cerca de 200 perros especializados participaron hasta el momento en las labores tras los seísmos. Los equipos estadounidenses enviados desde Virginia, California y Florida regresaron a sus bases tras completar su misión, aunque el Departamento de Estado confirmó que aún mantiene personal en terreno para asegurar la continuidad de la entrega de asistencia.

El balance oficial cifra en 3.685 los fallecidos y 16.740 los heridos a consecuencia de los dos sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, que golpearon Venezuela el 24 de junio.

El Gobierno de Estados Unidos calificó la entrega de ayuda a Venezuela como “confiable y rápida”. El encargado de negocios de EE.UU. en Caracas, John Barrett, declaró en comunicación con el comandante del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos (SOUTHCOM), Francis Donovan, que “estoy muy orgulloso de esta red y estoy muy orgulloso de informar que estamos viendo una entrega confiable, rápida, que ha estado llegando con más de 310 millones de dólares gastados hasta la fecha”.

Barrett abordó versiones difundidas en redes sociales que atribuyen al Ejército venezolano y al Gobierno de Rodríguez obstáculos en la distribución de asistencia humanitaria.

El mismo miércoles, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que los países que donaron ayuda humanitaria tras los terremotos del 24 de junio pueden rastrear el destino de sus aportes mediante una plataforma tecnológica desarrollada para la distribución de suministros a los damnificados. Durante una visita a un centro de acopio que concentra 2.000 toneladas de ayuda de 28 países, precisó que la información sobre la entrega y uso de la asistencia internacional queda registrada en este sistema. “Cada país va a poder saber en qué se está usando su ayuda”, sostuvo.

Según la funcionaria, Protección Civil participa en la organización y reparto de la ayuda en los campamentos, a fin de atender a la población afectada. “Venezuela no se cansa de agradecer a los países, a los Gobiernos del mundo, que han brindado una mano de solidaridad en momentos de mucho dolor y sufrimiento para nuestro pueblo”, subrayó Rodríguez.

(Con información de EFE)

Al menos 146 venezolanos deportados en el vuelo 164 llegaron al aeropuerto de Maiquetía el 24 de junio de 2026, horas antes de que dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieran el centro-norte del país. Las autoridades venezolanas los trasladaron al hotel Santuario La Llanada, en La Guaira, el estado más afectado. El edificio colapsó durante los sismos.

A más de dos semanas de los terremotos de 2026 en Venezuela, las familias de los deportados siguen sin saber cuántos sobrevivieron, cuántos murieron y cuántos permanecen entre los desaparecidos del hotel Santuario La Llanada, en La Guaira.

El balance oficial de los sismos, actualizado al 8 de julio, supera los 3.000 muertos y los 16.000 heridos, pero el régimen venezolano no ha publicado cifras específicas sobre los pasajeros del vuelo 164.

La última llamada y el silencio que siguió

Ángel Jesús Romero Audivet, de 31 años, de doble nacionalidad venezolana y colombiana, residía en Atlanta antes de ser deportado. Al aterrizar en Maiquetía, llamó a su familia para avisar que lo trasladarían al hotel. Fue su último contacto.

Su hermana, Glina Melissa Ospino Audivet, describió la situación al diario estadounidense El Nuevo Herald: “Nunca más volvimos a saber nada de él. No sabemos si está vivo y, si lo está, dónde se encuentra. O si murió, porque tampoco aparece su cuerpo”.

La familia lleva días recorriendo hospitales y morgues de La Guaira y Caracas. Nadie les da una respuesta.

Jhonattan Lamus, de 40 años, nacido en San Cristóbal y residente en Nueva Jersey antes de su deportación, hizo su última llamada entre las 16 y las 16.10 del 24 de junio para confirmar que había llegado al hotel. Su familia tampoco ha vuelto a tener noticias desde entonces.

Sin listas, sin acceso, sin respuestas

El obstáculo central que enfrentan las familias de los deportados venezolanos es la ausencia de cualquier lista oficial: de pasajeros, de sobrevivientes, de heridos o de fallecidos.

Adela Yelitza Osuna, prima de Lamus, lo denunció a El Nuevo Herald: “En ninguna parte hay listas. Estados Unidos no suministra la lista de los que mandaron para acá. Tampoco existe una lista de los que llegaron al hotel, de los que rescataron, de los heridos. No hay nada”.

Cuando los familiares intentaron acercarse al hotel, se encontraron con un “bloqueo total” del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Los funcionarios, armados con fusiles, les impidieron el paso sin ofrecer explicación alguna.

Osuna señaló que, a diferencia de otros edificios colapsados en La Guaira, en el Santuario La Llanada no los dejaron entrar. “Ya no nos queda ningún otro lugar donde buscar. Pensamos que sigue debajo de los escombros”, dijo.

El hotel blindado y las preguntas sin respuesta

Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), viajó a las zonas devastadas para documentar la situación humanitaria. El único lugar al que no pudo acceder fue el hotel Santuario La Llanada.

Al intentar acercarse, encontró un cordón de agentes del SEBIN vestidos de negro y armados que le ordenaron retirarse y no le permitieron tomar fotografías. Los funcionarios alegaron que cumplían órdenes y que era una medida de seguridad, sin dar más detalles.

Jiménez formuló a El Nuevo Herald la pregunta de activistas y familiares: “¿Por qué un vuelo de deportación tiene que ser recibido por la policía política?” Señaló que en otros países de América Latina esa función la cumplen autoridades civiles con acompañamiento de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Semanas después de los sismos, el SEBIN reveló que 33 de sus agentes quedaron atrapados en el colapso del hotel, lo que llevó al organismo a tomar el control de las labores de rescate. Esa fue la justificación oficial.

La presión de los activistas y el muro oficial

Patricia Andrade, directora de Venezuelan Awareness Foundation, recurrió a las redes sociales de Mervin Maldonado, director de la Misión Gran Vuelta a la Patria, al no encontrar ningún canal oficial de contacto del programa. Exigió la lista de fallecidos, sobrevivientes y desaparecidos. Un funcionario respondió para negar el acceso, con el argumento de que la organización no era familiar de las víctimas. Los números telefónicos que facilitó nunca fueron atendidos, y algunos familiares denunciaron que los bloquearon tras insistir.

El SEBIN mostró finalmente a algunas familias una lista de personas rescatadas. Ni Lamus ni Romero Audivet figuran en ella. Según un sobreviviente del vuelo que habló con El Nuevo Herald, entre 35 y 42 personas lograron salir con vida, pero la cifra no pudo verificarse de forma independiente.

El Nuevo Herald solicitó entrevistas con el director del SEBIN, mayor general Alexis Rodríguez Cabello, y con Maldonado. Ninguno respondió.