El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, informó que continúa manteniendo reuniones con inversionistas estadounidenses con el objetivo de crear alianzas con el Gobierno venezolano liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Barrett señaló que la semana pasada sostuvo encuentros con representantes de la energética ExxonMobil y de la cadena de dispositivos y servicios médicos Medtronic.

“Esta última semana seguí reuniéndome con inversores y líderes empresariales estadounidenses para recoger sus opiniones mientras construimos un entorno estable y competitivo”, expresó Barrett, según la cuenta de X de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela.

El diplomático destacó que “estas alianzas son el motor del plan de tres fases” de la Casa Blanca para Venezuela: estabilización, recuperación y transición. “Y (son) la clave de nuestra prosperidad compartida”, añadió.

Luego de la detención del ex dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en una operación militar, las relaciones entre Caracas y Washington cambiaron, en un contexto en que el presidente Donald Trump manifestó interés en el petróleo y el oro venezolano. Ambos países anunciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas, la reactivación de la conexión aérea suspendida desde hace siete años y la firma de acuerdos energéticos con participación de Chevron y ExxonMobil.

Desde su llegada a Venezuela el 23 de abril, en reemplazo de Laura Dogu, Barrett mantuvo reuniones con representantes del sector energético tanto nacionales como extranjeros, con el objetivo de evaluar y crear condiciones para nuevas inversiones. Luego de la llegada de Barrett a Caracas, la presidenta encargada Delcy Rodríguez manifestó su intención de continuar la agenda de trabajo con Estados Unidos.

Barret se reunió con autoridades del Ministerio de Energía venezolano para abordar mejoras en el servicio eléctrico, afectado por una crisis prolongada.

La Embajada estadounidense informó el domingo que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) trabaja para conectar más ciudades de Venezuela con Estados Unidos, tras finalizar una evaluación en dos aeropuertos del país suramericano.

El encargado de negocios de EEUU instó a finales de abril a los miembros de la Cámara Petrolera de Venezuela a aprovechar lo que calificó como una “oportunidad histórica”, tras la apertura del sector energético venezolano y el fin de varias regulaciones impuestas por Washington. “Juntos, estamos construyendo una nueva Venezuela, profundamente ligada a nuestra región”, expresó.

El diplomático afirmó que el sector privado, incluida la inversión estadounidense, representa el “motor de la transformación de Venezuela en un centro energético mundial, y un pilar esencial para la estabilización y la recuperación económica”.

Por otra parte, Barrett que las empresas privadas estadounidenses y venezolanas se encuentran listas para impulsar la fase de recuperación económica en Venezuela. La declaración tuvo lugar tras una reunión con la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (Venamcham).

“Nuestra prioridad: un entorno empresarial de alto nivel y preparado para la inversión”, señaló. Además, indicó que su primer encuentro con Venamcham confirma la disposición de los empresarios de ambos países para avanzar en esta etapa, aunque no ofreció detalles adicionales sobre los temas tratados en la reunión.

Dentro de su carrera diplomática, previamente a su llegada a Venezuela, Barrett se desempeñó como encargado de negocios en Guatemala desde enero de 2026 y como ministro consejero en la Embajada de Estados Unidos en Panamá desde mayo de 2023.

(Con información de EFE)

Los ex funcionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina, considerados los presos políticos más antiguos de Venezuela, fueron liberados el martes tras 23 años detenidos.

La liberación, confirmada por la ONG Foro Penal, se concretó horas después de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de 300 personas esta semana, incluidos los tres ex policías, quienes fueron arrestados el 19 de abril de 2003 por hechos vinculados al fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002.

Bolívar, Rovaín y Molina fueron condenados a 30 años de prisión por homicidio calificado frustrado en complicidad, tras ser acusados de disparar contra civiles durante los sucesos del 11 de abril de 2002.

Ese día, una marcha opositora se dirigió al Palacio de Miraflores en medio de una huelga empresarial y protestas ciudadanas, generando enfrentamientos armados en Puente Llaguno, en el centro de Caracas, que dejaron al menos 19 muertos y decenas de heridos.

Los ex policías fueron recluidos en la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara, el penal ubicado en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, destinado tanto a reclusos comunes como a presos políticos.

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, expresó vía X que no solo son tres ex policias que nunca debieron estar presos, sino que también existió el padecimiento de familiares durante 23 años por crueldad, persecución y tortura del régimen chavista.

“Tres Policías Metropolitanos a quienes el régimen secuestró en el año 2003. Los tres estarán en nuestros libros de historia como los héroes que son. Todo mi cariño y mi admiración a sus familias, quienes resistieron por tantos años y no dejaron de luchar ni un día”, agregó la ex diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela.

A su vez, instó al gobierno de transición venezolano a liberar a todos los presos políticos que aún sufren maltratos y violaciones a los derechos humanos en diversas prisiones del país. “¡Que sean todos!”, finalizó en su comunicado.

Ni la Amnistía de 2007 ni la de 2026 incluyeron a los agentes de Caracas condenados por los hechos del 11 de abril de 2002. María Bolívar, tía del agente Erasmo José Bolívar, explicó a Infobae el 6 de marzo pasado que, de los once policías sentenciados, solo tres—su sobrino, Héctor José Rovaín y Luis Enrique Molina Cerrada—aún estaban en prisión.

Bolívar subrayó que “no fueron condenados por homicidio intencional”, sino por “homicidio calificado frustrado en grado de complicidad correspectiva”, lo que debería haberlos habilitado para acceder a beneficios sustitutivos que permitirían su salida de la cárcel, derechos que, aseguró, les fueron sistemáticamente negados.

“Si no van a recibir amnistía, al menos que les otorguen los beneficios contemplados en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), medidas que están todas vencidas”, reclamó semanas atrás.

El titular de la Asamblea Nacional de Venezuela explicó que algunas de las personas que serán liberadas esta semana estuvieron “incursas en hechos y en delitos demostrados pero, por ser menores de edad o mayores de 70 años, o portadores de una patología”, serán beneficiadas. También se contempla la liberación de “mujeres embarazadas o lactantes”.

Durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, el diputado informó que las liberaciones comenzaron el lunes con la excarcelación de una adolescente de 16 años y de Merys Torres de Sequea, de 71 años, madre del capitán Antonio Sequea, condenado a 24 años de prisión por su participación en un supuesto ataque marítimo fallido contra el régimen de Nicolás Maduro en 2020.

El anuncio se da tres meses después de la aprobación de la amnistía y en medio de exigencias de ONG y partidos opositores por una investigación independiente sobre la muerte bajo custodia del Estado de Víctor Hugo Quero Navas, de la que el Gobierno informó el 7 de mayo tras 16 meses de denuncias de su desaparición.

Además, la decisión del Gobierno venezolano se produce una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que su Gobierno buscará asegurar la liberación de todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela.

(Con información de EFE)

El titular de la Asamblea Nacional de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, aseguró este martes que 300 presos políticos serán excarcelados antes del final de la semana como parte de la ley de amnistía.

El anuncio se produce en medio de las presiones internacionales sobre Caracas y tras nuevas liberaciones confirmadas en las últimas horas por organizaciones de derechos humanos.

“Entre el día de ayer (lunes) y este viernes 300 personas serán puestas en libertad”, afirmó Jorge Rodríguez durante una declaración frente al Parlamento venezolano.

El dirigente chavista sostuvo que algunas de las personas beneficiadas están acusadas de delitos, mientras que otras fueron consideradas para medidas especiales debido a su edad o estado de salud.

“Se está cumpliendo más allá de la ley de amnistía con un proceso de darle beneficios a esas personas”, agregó Rodríguez, quien también pidió que el gesto sea reconocido. “No le estamos pidiendo nada a nadie (...). Solamente que sepan apreciar el gesto”, declaró.

La medida forma parte de la ley de amnistía, que abarca hechos registrados durante los 27 años de régimen chavista, aunque excluye casos vinculados con presuntos intentos de golpe de Estado y acusaciones de magnicidio denunciadas por el oficialismo.

Según explicó Jorge Rodríguez, entre los primeros beneficiados aparecen antiguos funcionarios de la Policía Metropolitana relacionados con los acontecimientos de abril de 2002, cuando Hugo Chávez fue apartado brevemente del poder. También mencionó la liberación de una adolescente de 16 años y de una mujer mayor de 70 años que abandonaron prisión el lunes.

En paralelo, un grupo de 16 detenidos acusados en causas vinculadas con la industria petrolera venezolana recuperó la libertad este martes. Los casos estarían relacionados con investigaciones abiertas entre 2024 y 2025 sobre operaciones de PDVSA.

Las cifras sobre el alcance real de la amnistía continúan generando diferencias. Mientras el régimen de Delcy Rodríguez asegura que más de 8.000 personas fueron beneficiadas por la normativa, organizaciones independientes sostienen que gran parte de esos casos corresponden a personas que ya estaban bajo libertad condicional y únicamente recibieron libertad plena.

Lo que dijo Foro Penal

La ONG Foro Penal confirmó este martes la excarcelación de al menos trece presos políticos que permanecían detenidos en la cárcel de Yare II, en el estado Miranda. Alfredo Romero, director presidente de la organización, informó a través de redes sociales que hasta el mediodía habían logrado verificar esas liberaciones bajo medidas cautelares.

De acuerdo con información difundida por medios locales y organizaciones de derechos humanos, varios de los liberados son trabajadores de PDVSA arrestados entre 2024 y 2025 durante investigaciones relacionadas con un buque petrolero en altamar.

El Foro Penal y otras organizaciones también confirmaron la liberación de Samantha, una adolescente de 16 años detenida en noviembre de 2025 por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). La joven fue arrestada al llegar a su vivienda después de asistir a clases.

La ONG Cecodap explicó que la adolescente había sido excluida inicialmente de la amnistía.

“Samantha es hermana de un militar disidente. Su familia ha sido perseguida y siguen privados de libertad su tío, su hermana mayor y un primo”, señaló la organización en una publicación en X.

Otra de las personas liberadas fue Merys Torres de Sequea, madre del capitán Antonio Sequea, condenado por participar en la denominada “Operación Gedeón”, el fallido intento de incursión marítima contra la dictadura de Maduro ocurrido en 2020.

Las nuevas excarcelaciones se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara el pasado 12 de mayo que su administración trabajará para lograr la liberación de todos los presos políticos en Venezuela.

“Vamos a sacarlos a todos”, declaró Trump.

(Con información de EFE y AFP)

La madre del preso político venezolano Víctor Hugo Quero Navas murió el domingo en Caracas, pocos días después de que el Gobierno de transición de Venezuela confirmara oficialmente que su hijo falleció bajo custodia del estado chavista en julio de 2025, tras más de un año de denuncias sobre su desaparición.

Carmen Teresa Navas se convirtió en una figura visible entre familiares de presos políticos en Venezuela luego de recorrer cárceles e instituciones públicas para exigir información sobre el paradero de su hijo, detenido en enero de 2025 en Caracas.

La periodista Maryorin Méndez informó en X que Navas murió este domingo a las 19:00 (hora local). La abogada Stefania Migliorini, integrante de la ONG Foro Penal, confirmó también el fallecimiento y señaló que no se conocía de inmediato la causa de la muerte.

El ex diputado opositor Juan Pablo Guanipa expresó sus condolencias a la familia y afirmó: “Por un año se burlaron cínicamente del dolor de una madre que buscaba a su hijo en las cárceles de la dictadura”.

El opositor Richard Blanco sostuvo que Navas “convirtió su amor y su dolor en una lucha incansable” y agregó: “Hoy, después de tanta batalla, descansa junto a su hijo”.

El partido Vente Venezuela, liderado por la líder opositora María Corina Machado, señaló que Carmen Navas fue víctima de la “crueldad más pura del régimen”. “No solo asesinaron a su hijo, Víctor Hugo Quero, sino que la obligaron a buscarlo durante meses sabiendo que ya estaba muerto”, indicó la organización política en un comunicado difundido en redes sociales.

Machado también lamentó el fallecimiento de Navas y escribió en X: “No murió solo una madre; se apagó una mujer que convirtió el dolor en coraje y la desesperación en denuncia”. La dirigente añadió que la voz de Navas representó “la de miles de madres que buscan a sus hijos desaparecidos o encarcelados”.

La semana pasada, el Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, luego de 16 meses de denuncias públicas impulsadas por su madre sobre la desaparición del detenido.

Según el comunicado oficial, Quero permaneció recluido en la cárcel El Rodeo I desde el 3 de enero de 2025. El ministerio afirmó que el preso político fue trasladado el 15 de julio de ese año a un hospital tras presentar “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”.

El Gobierno de transición de Venezolano aseguró que Quero murió el 24 de julio de 2025 por “insuficiencia respiratoria aguda secundaria tromboembolismo pulmonar”. La revelación oficial provocó cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos, activistas y dirigentes opositores, quienes criticaron que las autoridades informaran la muerte casi diez meses después.

La Fiscalía venezolana, encabezada por el abogado vinculado al chavismo Larry Davoe, anunció una investigación penal sobre el caso, medida que recibió respaldo del Parlamento venezolano. Sin embargo, ONG de derechos humanos reclamaron una pesquisa independiente y con acompañamiento internacional.

Foro Penal denunció durante meses que las autoridades penitenciarias respondían a Carmen Navas que desconocían el paradero de su hijo. Organizaciones de derechos humanos describieron el caso como una “desaparición forzada”.

A comienzos de mayo, funcionarios penitenciarios informaron finalmente a la familia sobre la muerte de Quero. Después de conocer la noticia, Carmen Navas visitó la tumba de su hijo y pidió la exhumación de los restos para confirmar la identidad del cuerpo.

Posteriormente organizó un pequeño funeral religioso en Caracas. Durante la ceremonia, realizada el viernes pasado, Navas dijo entre lágrimas: “Que Dios me dé fuerza”.

Esa fue su última aparición pública.

Edilda Zambrano, amiga cercana de la familia, recordó la búsqueda que emprendió Carmen Navas durante más de un año para conocer el destino de su hijo. “Era una mujer maravillosa... una mujer valiente, persistente en todo momento”, declaró.

Familiares y allegados señalaron que Navas postergó la atención de sus propios problemas de salud mientras buscaba respuestas sobre Víctor Quero.

El caso ocurrió en medio de una crisis política y judicial que mantiene denuncias permanentes de organizaciones internacionales sobre detenciones arbitrarias y presos políticos en Venezuela.

La muerte de Quero salió a la luz pública durante una iniciativa de amnistía impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez en febrero, después de la captura en Caracas del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

(Con información de agencias)

A dieciséis años del último espectáculo en vivo de Gustavo Cerati en Venezuela, Chloe Bello compartió una emotiva fotografía y un mensaje dedicados al músico argentino. La modelo rememoró la relación que los unió y el desenlace marcado por el accidente cerebrovascular que cambió sus vidas.

La imagen de ambos, abrazados y sonrientes a bordo de una embarcación, fue acompañada por unas palabras de la exmodelo: “Así nos recuerdo todos los días... Pasan los años y cada día te extraño un poco más. En mi corazón por siempre amor”.

Hace pocos días, en una entrevista en el stream de Que alguien le avise, por La Casa, Chloe Bello repasó la intensidad de su vínculo, los planes de boda frustrados y el peso emocional de aquella tragedia que selló la historia de la pareja con Gustavo Cerati, marcada por una diferencia de edad de 28 años. “Él me correteó cuatro años”, relató la modelo sobre el largo cortejo del músico, a quien finalmente accedió a acompañar cuando ella tenía 22 años. La relación avanzó rápidamente y la convivencia comenzó apenas dos semanas después de formalizar el romance.

Los planes y la historia de amor inconclusa entre Cerati y Bello

La pareja vivió una relación intensa y breve, similar en su dramatismo, según las palabras de Bello, a una historia de “Romeo y Julieta”. En solo “cuatro o cinco meses”, la vida juntos se consolidó. “Romántica, no pudo haber sido más romántica. La verdad es que me ponen los pelos de punta”, describió Bello.

Los proyectos de futuro estaban definidos: planearon casarse en Marruecos y la ceremonia estaba prevista para solo dos semanas después del accidente cerebrovascular de Cerati. “Sí, tengo el vestido en casa, todo”, confesó la modelo, quien aún conserva la prenda como símbolo de una ilusión interrumpida. Entre los recuerdos que todavía guarda figuran cartas escritas a mano por el músico, testimonios de un afecto que permanece intacto pese al paso del tiempo.

Tras la tragedia, Bello optó por el recogimiento. “Yo me mantuve muy privada al respecto con todo esto”, recordó. La juventud, reconoció, hizo aún más duro atravesar el duelo: “Era muy chica, fue muy delicado el tema, pero realmente lo que tuve que sufrir por eso fue fatal”. En la actualidad, no descarta compartir su historia más adelante.

El último concierto de Gustavo Cerati y la noche que lo cambió todo

El 15 de mayo de 2010, Gustavo Cerati ofreció su último recital en el Poliedro de Caracas como parte de la gira “Fuerza Natural”. Apareció vestido de blanco y abrió la noche con el tema homónimo, arropado por su banda, entre quienes se encontraban Richard Coleman, Fernando Samalea, Fernando Nalé, Leandro Fresco, Gonzalo Córdoba y Anita Álvarez de Toledo.

Durante el espectáculo, se escucharon composiciones recientes como “Magia”, “Deja vú” y “Tracción a sangre”, alternadas con clásicos de su trayectoria. En un momento íntimo, Cerati interpretó a solas “A merced”, y luego estrenó guitarra durante “Trátame suavemente”. El clima en el recinto fluctuaba entre la solemnidad y la euforia del público venezolano.

El punto de inflexión llegó con “Lago en el cielo”. Antes de la canción, el artista expresó: “Un lago en el cielo para todos… acá que estamos bien alto. Gracias, Caracas”. El solo de guitarra duró más de lo habitual y estuvo cargado de emoción, dejando una impresión indeleble entre músicos y asistentes.

Finalizado el concierto, Cerati se despidió con un gesto al corazón y “Hasta la próxima, chau”. Minutos más tarde, ya en el backstage, Adrián Taverna, su sonidista, notó el deterioro en su estado; el músico caminó tambaleante hasta recostarse en un sillón, donde comenzó el cuadro neurológico. El traslado de urgencia al Centro Médico La Trinidad confirmó el diagnóstico: infarto extenso en el hemisferio cerebral izquierdo y daño en el tronco encefálico.

Pese a una reacción inicial favorable, Cerati sufrió una recaída el 17 de mayo y fue operado al día siguiente, sin posibilidad de revertir el daño. Fue trasladado a Buenos Aires el 7 de junio, donde permaneció en coma durante más de 1.500 días. El 4 de septiembre de 2014 falleció, noticia que conmocionó a toda América Latina.

La huella indeleble de Cerati en la memoria colectiva

En cada aniversario, la figura de Cerati recibe homenajes de familiares, seguidores y artistas. Laura Cerati, hermana del músico, compartió en redes una imagen en blanco y negro, sumando apenas el apodo “Gus” y el símbolo de la eternidad, como testimonio de la memoria persistente.

Canciones como “Lago en el cielo” siguen presentes en la vida cotidiana de los fanáticos. La permanencia de Cerati se vive tanto en los recuerdos personales como en rituales colectivos: murales, mensajes y homenajes reafirman el vínculo con su legado. “Sufrí muchísimo, obviamente mucho, eh, nada, delirios, básicamente”, confesó Chloe Bello, haciendo visible la profundidad de la herida.

El eco de la última noche caraqueña sigue vigente entre músicos, familiares y el público, tejendo una red emocional que atraviesa generaciones.

La despedida en Caracas dejó una conexión intangible entre el artista, su historia y quienes mantienen su recuerdo vivo, cruzando las fronteras del tiempo y la distancia.

El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, se reunió con el ministro venezolano de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, para abordar la reconstrucción de la red eléctrica del país.

Según informó la Embajada estadounidense en Caracas, Barrett indicó que el plan de tres fases de la administración del presidente Donald Trump para Venezuela prioriza la restauración de “un suministro de energía confiable" mediante "la experiencia, la inversión y la colaboración" de Washington.

La sede diplomática compartió una fotografía del encuentro, sin detallar el contenido de la conversación ni los pasos concretos para la reconstrucción del sistema. La reunión se produce en un contexto de denuncias reiteradas en redes sociales sobre prolongados cortes de luz en distintas regiones del país.

Este jueves, el diputado opositor Henrique Capriles informó en la red social X sobre “fuertes fluctuaciones eléctricas” en Caracas, Miranda, Carabobo, Anzoátegui y Táchira. Capriles señaló que “diariamente ciudades enteras pasan entre seis y ocho horas sin luz, comercios paralizados, fábricas detenidas, equipos dañados y miles de venezolanos viendo cómo trabajar”.

Añadió que sin electricidad no hay producción, empleo, inversión ni calidad de vida, y preguntó por el plan para revertir la situación del sector eléctrico.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, evaluó el viernes pasado junto a los gobernadores la operatividad del sistema eléctrico nacional, un día después de que las autoridades informaran sobre un “hito en la demanda” del servicio.

De acuerdo con el equipo de prensa presidencial, se revisaron los avances en las labores de mantenimiento preventivo y correctivo en las principales plantas generadoras, así como el despliegue nacional de equipos de Corpoelec. El Gobierno venezolano anunció recientemente “maniobras” de estabilización y protección del sistema para garantizar el equilibrio del servicio, tras alcanzar una cifra récord de 15.579 megavatios, la más alta en nueve años.

El Ejecutivo atribuyó el aumento de la demanda a las “altas temperaturas” y al “crecimiento económico”, mientras que líderes opositores han señalado durante años la corrupción y la falta de mantenimiento como causas de la crisis.

El encuentro se enmarcó en el proceso de “estabilización y optimización de los servicios públicos”, informó la prensa estatal. Venezolana de Televisión (VTV) transmitió imágenes de la videoconferencia y, aunque no se revelaron detalles de lo discutido, afirmó que el objetivo es recuperar el sistema eléctrico, para lo cual “se están realizando importantes inversiones estratégicas en infraestructura”, según declaraciones del Gobierno.

VTV señaló que los sectores industriales, académicos y científicos están convocados a participar en el plan de recuperación y transformación del sector eléctrico.

El partido opositor Un Nuevo Tiempo (UNT) responsabilizó al “desgobierno” por la crisis del sistema eléctrico, señalando que “miles de ciudadanos” en al menos doce estados sufren racionamientos y apagones diarios que los obligan a permanecer horas sin electricidad. “El sistema eléctrico venezolano atraviesa una crisis producto de años de ineficiencia, corrupción y abandono. Un desgobierno que ha llevado al país al caos y a una de las peores emergencias humanitarias de nuestra historia”, manifestó UNT en X.

Por su parte, el dirigente opositor Edmundo González Urrutia propuso utilizar el dinero bloqueado de Venezuela en el extranjero, bajo supervisión de Estados Unidos, para financiar la recuperación del sector eléctrico.

En abril, Rodríguez informó sobre negociaciones con Siemens y General Electric para atender la crisis eléctrica en el estado Zulia, en la frontera con Colombia.

(Con información de EFE)

La producción manufacturera privada de Venezuela creció un 9,9% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2025. Para ello, el sector utilizó un 48,4% de su capacidad instalada, frente al 45,8% del mismo lapso del año anterior.

Según informó este miércoles la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), el repunte estuvo marcado por reformas y una apertura a la inversión privada y extranjera impulsadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Las cifras fueron presentadas en conferencia de prensa por el presidente de la confederación, Tito López, quien proyectó un crecimiento del 13,6% para este año, con la expectativa de incorporación de empresas extranjeras y grandes inversiones, incluso en el sector eléctrico.

En enero, la manufactura aumentó un 0,5%; en febrero, un 3,4%; y en marzo, la expansión llegó al 23,9%. La producción de las grandes industrias subió un 13,5% y la de las medianas, un 4,5%, mientras que las pequeñas empresas registraron una caída del 6,2%.

Los sectores con mayor crecimiento fueron fundición de metales y productos metálicos (53,2%) y autopartes (46,1%). Los rubros de alimentos y madera y papel aumentaron un 15,5% cada uno. Por el contrario, la fabricación de maquinaria, equipo eléctrico y óptica cayó un 20,5% y textil y calzado retrocedió un 11,4%.

López precisó que en los primeros tres meses del año se registraron 48 cortes no programados del servicio eléctrico, un 5% más que en el mismo periodo de 2025. De 480 horas laborables en el trimestre, las empresas reportaron un promedio de 127 sin suministro eléctrico.

Entre los factores que afectaron la actividad manufacturera, Conindustria identificó el entorno macroeconómico —inflación y devaluación—, la brecha cambiaria, los altos tributos, la escasez de divisas, la baja demanda nacional y el limitado acceso a financiamiento. Solo el 27,3% de los industriales obtuvo financiamiento el año pasado, principalmente de la banca nacional, mientras un 34% accedió a apoyo de instituciones financieras internacionales.

En materia internacional, el comercio entre Estados Unidos y Venezuela creció un 22,7% en los primeros tres meses de 2026. El intercambio bilateral alcanzó los USD 3.290 millones en el primer trimestre del año, frente a los 2.680 millones registrados en el mismo periodo de 2025, según la Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Estadounidense.

Las exportaciones venezolanas a Estados Unidos sumaron USD 1.800 millones, de los cuales el 96,5% correspondió a ventas de petróleo crudo, según datos de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos.

Washington y Caracas restablecieron relaciones diplomáticas en marzo, tras el derrocamiento de Maduro el 3 de enero durante una operación de fuerzas especiales estadounidenses en Caracas. El presidente estadounidense, Donald Trump, apoyó la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada e incentivó una oleada de inversiones en el sector energético venezolano.

Rodríguez, una vez en el cargo, eliminó el control estatal sobre el sector petrolero para atraer capital extranjero. Estados Unidos relajó varias sanciones a la industria petrolera venezolana y otorgó licencias a empresas internacionales para operar en el país. Varias compañías petroleras estadounidenses firmaron acuerdos con el Estado venezolano, que también liberalizó su código minero.

En el marco del fortalecimiento de las relaciones bilaterales, la ministra de Transporte de Venezuela, Jacqueline Faría, y el encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, mantuvieron el lunes una reunión para avanzar en la ampliación de la conectividad aérea entre ambos países, reanudada oficialmente en abril tras siete años de suspensión, así como en el refuerzo de las exportaciones de energía.

(Con información de EFE)

“Bono no es salario”, gritaban los docentes ante la sede ministerial en el centro de la capital, con pancartas donde se leían mensajes como: “Cansado de hacer magia con mi sueldo”.

El salario mínimo mensual en Venezuela se mantiene en 130 bolívares desde 2022, cifra que entonces equivalía a treinta dólares. La inflación acumulada en lo que va de 2026 llegó al 90%, devaluando el salario mínimo a 27 centavos de dólar actualmente. Para compensar esta pérdida, el Gobierno implementa bonificaciones, que el pasado 30 de abril fueron incrementadas a 240 dólares.

“Aumenten los salarios o seguimos en la calle, no queremos bonos”, reclamaba otro grupo de manifestantes, perteneciente a un sector que ha sufrido especialmente en la última década, después de haber sido uno de los mejor remunerados junto al área de salud y seguridad.

Los profesores presentaron un documento al ministerio donde solicitaron el aumento salarial y el pago de otro bono que, según afirman, solo se ha otorgado a ciertos sectores.

El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), José Gregorio Alfonso, señaló que “ninguna de las bonificaciones son salarios”, ya que no se reflejan en los beneficios laborales como vacaciones, liquidaciones o el cálculo de prestaciones sociales.

“Sin salario están destruyendo el valor de nuestro trabajo”, agregó Alfonso, advirtiendo que, de no haber incrementos, la protesta podría desembocar en una paralización de las actividades universitarias.

El secretario de contrato y conflicto de la Federación de Sindicatos de la Educación Superior de Venezuela, José Pérez, denunció que el Gobierno mantiene “muchas deudas” con el sector universitario y que, si el salario mínimo continúa en 130 bolívares, el pago vacacional de este año sería de apenas dos dólares.

De acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, una familia de cinco personas necesita más de 600 dólares para cubrir los gastos básicos de alimentación en Venezuela.

Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), más de la mitad de la población venezolana vivió durante 2025 en condiciones de “pobreza multidimensional”, medida a partir de aspectos como ingresos, empleo, vivienda, servicios, educación y salud.

El comercio entre Estados Unidos y Venezuela creció un 22,7% en los tres meses posteriores a la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. Las relaciones bilaterales entre Caracas y Washington regresaron a su estatus diplomático y la administración del presidente Donald Trump amplió su vínculo comercial con el país caribeño.

El intercambio bilateral alcanzó los USD 3.290 millones en el primer trimestre del año, frente a los 2.680 millones registrados en el mismo periodo de 2025, según informó la Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Estadounidense.

Las exportaciones de Venezuela a Estados Unidos sumaron USD 1.800 millones de dólares, de los cuales el 96,5% correspondió a ventas de petróleo crudo, según cifras de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos.

Washington y Caracas restablecieron relaciones diplomáticas en marzo, tras el derrocamiento de Maduro el 3 de enero durante una operación de fuerzas especiales estadounidenses en la capital venezolana. El presidente estadounidense, Donald Trump, respaldó a la presidenta encargada Delcy Rodríguez para asumir el liderazgo del país e incentivó una oleada de inversiones sobre el sector energético venezolano.

Rodríguez, tras asumir el cargo, dispuso el fin del control estatal sobre el sector petrolero para atraer capital extranjero. Estados Unidos, por su parte, relajó varias sanciones sobre la industria petrolera venezolana y concedió licencias a empresas extranjeras para operar en el país. Varias compañías petroleras estadounidenses firmaron acuerdos con el Estado venezolano, que también liberalizó su código minero.

El café se posicionó como el segundo producto de exportación más relevante de Venezuela a Estados Unidos. Entre los principales productos importados desde Estados Unidos figuran cereales, equipos eléctricos y alimentos para animales.

En el marco del desarrollo de las relaciones bilaterales, la ministra de Transporte de Venezuela, Jacqueline Faría, y el encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, mantuvieron el lunes una reunión para avanzar en la ampliación de la conectividad aérea entre ambos países, reanudada oficialmente en abril tras siete años de suspensión, así como en el fortalecimiento de las exportaciones de energía.

Faría informó en redes sociales que durante el encuentro se definieron “puntos críticos” para la hoja de ruta conjunta, que incluyen la “elevación de la categoría de aeropuertos y aerolíneas”, lo que permitiría habilitar más frecuencias y destinos hacia Estados Unidos y otros países. A su vez, dialogaron sobre la posible adquisición de nuevas unidades de autobuses y el contacto directo con proveedores estadounidenses para la compra de repuestos especializados.

“Estamos enfocados en la modernización de nuestros muelles y el sistema de dragado en los puertos nacionales. Queremos fortalecer nuestras capacidades para un intercambio ágil y seguro de carga y servicio postal”, señaló la ministra. Subrayó la importancia de levantar las sanciones y contar con mayor libertad en las licencias para avanzar hacia una “eficiencia total”.

“Venezuela está lista para trabajar, pero necesitamos suministros confiables y el acceso soberano a repuestos originales para nuestro sistema Metro y la flota de autobuses adquiridos por el Gobierno nacional”, añadió Faría.

Por su parte, Barrett calificó la reunión como “productiva” y destacó el abordaje de la “ampliación de las exportaciones de energía”. El diplomático señaló que el progreso económico actual sienta bases para avanzar en el plan de tres fases del presidente estadounidense, Donald Trump, orientado a la estabilización, recuperación y transición económica en Venezuela.

El pasado 30 de abril, el primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela, operado por American Airlines, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, cerca de Caracas, tras siete años de suspensión. Faría anticipó que esperan recibir más de 100.000 pasajeros con la nueva ruta y transformar a Venezuela en un “eje de conexión” regional.

(Con información de AFP y EFE)

Un grupo de diputados de la oposición en Venezuela afirmó el martes que la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, ocurrida hace diez meses y notificada el jueves pasado, refleja un sistema de justicia que “no genera confianza” y evidencia el “deterioro” institucional.

La muerte del preso político, quien estuvo recluido en la cárcel El Rodeo I a unos 30 km. de Caracas, ”es la muestra y el reflejo de un sistema judicial que se ha convertido en un laberinto para todos los venezolanos y que no genera confianza”, manifestó Stalin González, jefe del grupo parlamentario Libertad, en una nota de prensa.

La fracción, que también integra el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, respaldó los pedidos de una investigación “seria y transparente” realizados por organizaciones y sectores de la sociedad civil.

En ese marco, González sostuvo que el caso abre la posibilidad de discutir una reforma “profunda” del sistema judicial venezolano, superando el actual debate sobre la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que el Parlamento modificó para ampliar de 20 a 32 el número de magistrados de la alta corte.

“Mucho se ha hablado estos días sobre la reforma judicial, pero este tema va mucho más allá del número de magistrados. Estamos hablando de fiscales, defensores públicos, alguaciles, secretarios y jueces. Hay que discutir cuál es el verdadero estado de la carrera judicial en Venezuela”, señaló González.

El pasado jueves, el Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, luego de 16 meses de denuncias por parte de su madre, Carmen Navas, sobre la desaparición del detenido.

La cartera estatal detalló que Quero permaneció recluido en la cárcel El Rodeo I desde el 3 de enero de 2025 y fue trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”. De acuerdo con el comunicado oficial, falleció casi diez días después por “insuficiencia respiratoria aguda secundaria tromboembolismo pulmonar”.

Decenas de ONG, partidos políticos y activistas criticaron que el Estado informara sobre la muerte del preso político diez meses después. La Fiscalía, dirigida por Larry Davoe, anunció el inicio de una investigación penal, medida que cuenta con el aval del Parlamento. No obstante, las ONG exigieron que la investigación sea independiente y cuente con asistencia internacional.

En paralelo a los reclamos, la Asamblea Nacional de Venezuela, con mayoría chavista, aprobó el martes la reforma al TSJ, la cual obtuvo sanción unánime durante un nuevo proceso para designar jueces y cubrir vacantes por “renuncias y jubilaciones”.

La modificación también reorganiza la estructura interna de la corte suprema. La Sala Constitucional pasará de cinco a siete magistrados, mientras que las salas Electoral, Penal, Social, Civil y Político-Administrativa quedarán integradas por cinco miembros cada una, en lugar de tres.

Fuera del Parlamento, el abogado y analista Alí Daniels cuestionó la reforma. “El problema no es tener 20 o 32 magistrados”, sostuvo. “El problema es que tenemos que tener jueces que se atrevan a dictar una sentencia en contra de los intereses del poder Ejecutivo”, añadió.

Durante el debate, el diputado Luis Florido afirmó: “Parte del problema que tiene el sistema de justicia en Venezuela tiene que ver con la politización de la justicia”.

El oficialismo defendió la reforma como parte de un proceso de “transformación” del sistema judicial venezolano. No obstante, sectores disidentes y especialistas advirtieron que el principal problema radica en la falta de independencia de los tribunales respecto al poder político.

El diputado Nicolás Maduro Guerra indicó que el Parlamento recibió más de mil escritos en respaldo a la modificación legal. “Esta reforma puntual permite abrir en este nuevo momento político el compás para que el Tribunal Supremo surja de un gran acuerdo nacional”, afirmó durante la sesión parlamentaria.

(Con información de EFE)

La reanudación de los vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela representa un hecho central en la recuperación de los lazos diplomáticos y comerciales entre ambos países.

La aerolínea United Airlines anunció que volverá a operar la ruta entre el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas a partir del 11 de agosto, después de una suspensión que se extendió por casi nueves años.

Según informó el Wall Street Journal, el restablecimiento de esta conexión coincide con la reactivación, el pasado 30 de abril, de los vuelos de American Airlines entre Miami y la capital venezolana, lo que llevó a la compañía a sumar una segunda frecuencia diaria en mayo.

El contexto político de este regreso está marcado por el cambio de escenario en Caracas, tras la captura y destitución de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense a comienzos de 2026.

De acuerdo con Military.com, luego de esa acción, el presidente Donald Trump anunció la reapertura del espacio aéreo y la inminente normalización diplomática.

El Departamento de Estado, sin embargo, mantuvo la alerta de viaje en su nivel más alto para Venezuela, advirtiendo sobre riesgos de criminalidad, secuestro y deficiencias sanitarias.

La Administración Federal de Aviación (FAA) recomendó a las tripulaciones extremar precauciones en el espacio aéreo venezolano por la persistencia de actividades militares.

El restablecimiento diplomático se formalizó en marzo de 2026, dos meses después de la operación que capturó a Maduro, tras siete años de ruptura en las relaciones bilaterales, según detalló la agencia EFE.

Durante ese periodo, las sanciones y la suspensión de vuelos comerciales y de carga —dispuesta en mayo de 2019 por el Departamento de Transporte de EE.UU. bajo el primer mandato de Trump— respondieron al reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino y al aislamiento del régimen chavista.

Los protagonistas del regreso: declaraciones, flota y rol de Houston como hub estratégico

La reanudación de los vuelos directos fue impulsada por la gestión del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) y la voluntad expresada por ejecutivos de las aerolíneas.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, celebró el regreso de United Airlines y destacó que “el primer vuelo de United a Venezuela en ocho años marca otro avance emocionante en la relación entre nuestros países”.

Duffy remarcó, en declaraciones recogidas por el Wall Street Journal y el propio DOT, que el vuelo será “crítico para trasladar a trabajadores del sector energético mientras Estados Unidos y Venezuela colaboran para expandir la producción y generar nuevas oportunidades económicas”.

Por su parte, Patrick Quayle, vicepresidente de Planificación de United, afirmó en un comunicado citado por la agencia EFE que la compañía “celebra la oportunidad de reanudar el servicio gracias al liderazgo y el apoyo del Departamento de Transporte y del Gobierno de Estados Unidos”.

Quayle subrayó que el regreso a Caracas refuerza a Houston como principal hub de entrada a la región y permitirá fortalecer los lazos culturales y económicos entre ambos países.

El DOT confirmó que la ruta Houston-Caracas se operará con un Boeing 737 MAX 8, sumando un detalle técnico relevante sobre la flota empleada en este hito.

El subsecretario de Transporte, Ryan McCormack, representó a la institución en el vuelo inaugural de American Airlines entre Miami y Caracas, el primero de una aerolínea estadounidense en más de siete años.

“La vuelta de United a Venezuela ampliará las oportunidades de negocios en la región y ayudará a que las familias puedan reencontrarse”, aseguró McCormack.

Regulaciones, contexto de seguridad y perspectivas para la conectividad bilateral

El regreso de los vuelos directos ocurre en un escenario regulatorio que sigue siendo dinámico. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revocó la prohibición de vuelos comerciales y de carga hacia Venezuela el 15 de abril de 2026, según la firma legal internacional Fragomen.

No obstante, los permisos para operar rutas directas son provisionales y dependen de la evolución política y de seguridad en el país sudamericano. El DHS recomienda a viajeros y aerolíneas revisar periódicamente las alertas y regulaciones vigentes.

La decisión de suspender los vuelos en 2019 se fundamentó en preocupaciones de seguridad y se dio en un contexto de crisis diplomática y sanciones. Con la actual reapertura, el DOT y las aerolíneas enfatizan que la cooperación energética y la apertura de nuevas rutas buscan generar beneficios económicos y sociales.

El vuelo de United, junto al incremento de frecuencias de American Airlines, simboliza una etapa de mayor conectividad y una expectativa de crecimiento en los intercambios comerciales, turísticos y familiares entre Estados Unidos y Venezuela.

La historia de United Airlines en Venezuela abarca más de dos décadas de operaciones interrumpidas en 2017 por las condiciones políticas y de seguridad. El regreso de la compañía y la reanudación del tráfico aéreo bilateral se produce bajo una nueva realidad política, resultado del cambio de gobierno en Caracas y la reanudación de relaciones diplomáticas.

Como expresó el secretario Duffy al Wall Street Journal, la conectividad aérea será esencial para “fortalecer los intercambios económicos y energéticos” y para consolidar el nuevo vínculo entre ambos países.

La líder del partido Vente Venezuela hizo un llamado a “los Gobiernos democráticos, a los funcionarios públicos, a las organizaciones internacionales y a toda persona con conciencia que exijan la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela y el desmantelamiento de los centros de tortura del régimen, antes de que un solo venezolano inocente más muera bajo custodia del Estado”.

“Para Víctor Hugo y para Carmen ya fue demasiado tarde”, expresó con enojo y angustia la dirigente opositora, quien reclamó justicia para ambos. Machado sostuvo que aún hay cientos de presos políticos en las prisiones venezolanas y que sus familias desconocen si “están vivos, siendo torturados, muriendo o ya muertos”.

La ex diputada relató que Carmen Navas “pasó 16 meses buscando desesperadamente a su hijo”, un vendedor ambulante de ropa en Caracas, tras ser “detenido arbitrariamente por el régimen el 1 de enero de 2025”.

Machado denunció que Quero Navas fue víctima de desaparición forzada, encarcelamiento sin debido proceso, tortura y muerte bajo custodia estatal, además de haber sido enterrado sin informar a la familia y con el fallecimiento oculto a su madre durante más de nueve meses.

La líder opositora afirmó que “obligaron a Carmen a vivir esta búsqueda agonizante”, calificando la situación como una “decisión deliberada para torturar psicológicamente a una madre anciana” y responsabilizó al régimen venezolano y a los funcionarios penitenciarios que actúan bajo la autoridad y mando de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Machado añadió que, como “un acto final de cinismo y crueldad”, recientemente le fue negada la amnistía a Víctor Hugo Quero Navas “sabiendo ya que estaba muerto”.

El Ministerio del Servicio Penitenciario venezolano confirmó el jueves la muerte de Quero Navas, detallando que permanecía recluido en la cárcel El Rodeo I, cercana a Caracas, desde el 3 de enero de 2025 y que fue trasladado a un hospital el 15 de julio de ese año por “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”. Según el comunicado, Quero falleció casi diez días después por “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”.

Tras la noticia, Machado escribió vía X que “la crueldad no tiene límites” en su país de origen y consideró el caso como “un crimen de lesa humanidad ejecutado con impunidad absoluta”. “Es el horror sistemático contra una nación que exige justicia”, señaló sobre la representación del caso que conmocionó a Venezuela.

Las organizaciones venezolanas Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y Provea informaron este viernes que 27 personas detenidas por motivos políticos han fallecido bajo custodia del Estado desde 2014, incluyendo a Víctor Quero Navas.

Ambas ONG publicaron vía Instagram una lista con los nombres y fechas de fallecimiento de estos presos políticos, donde figura también Raúl Isaías Baduel, ex ministro de Defensa de Hugo Chávez, fallecido en prisión en 2021 tras doce años detenido.

De acuerdo con los registros de Provea y JEP, el año con mayor cantidad de muertes bajo custodia estatal fue 2024, con cinco casos, seguido de 2019 y 2025, ambos con cuatro fallecimientos.

“Estas 27 muertes evidencian la vulnerabilidad de ciudadanos cuando no existen instituciones capaces de afrontar los abusos de poder. En Venezuela urge un proceso genuino de reinstitucionalización que ponga la garantía de los derechos humanos en el centro”, señalaron las organizaciones.

(Con información de EFE)

El cuerpo del preso político Víctor Hugo Quero Navas fue exhumado el viernes por autoridades venezolanas, luego de que el Gobierno reconociera el jueves su muerte hace nueve meses y la Fiscalía ordenara una investigación para dar con los responsables del silencio estatal.

“La exhumación se está produciendo el día de hoy. Entiendo que está la madre, Carmen Navas, y hay alguien que la está acompañando en ese momento”, declaró a la agencia EFE la coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tinedo.

El procedimiento se realizó en un cementerio del sureste de Caracas con la presencia de patrullas del Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas (CICPC), que inició una investigación en marzo tras enterarse del caso por redes sociales, según información oficial.

La ONG JEP expresó preocupación por la independencia del proceso: “Esa es una comisión que debería haber estado integrada por investigadores independientes, de ser posible internacionales. Lamentablemente ya iniciaron la investigación de esta forma y lo que seguiremos es exigiendo que esta investigación conduzca a la verdad y el establecimiento de las responsabilidades”.

El medio constató que, posteriormente, los restos de Quero Navas fueron trasladados en una carroza fúnebre, escoltada por una caravana de funcionarios del CICPC y de la Defensoría del Pueblo. El cortejo arribó pasadas las 18:00 hora local (22:00 GMT) a otro cementerio en el sureste de Caracas, donde la prensa no tuvo acceso.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) condenó que Carmen Navas, de más de 80 años, se haya visto obligada a reconocer a su hijo en circunstancias que estremecen al país y evidencian la crueldad de un sistema capaz de desaparecer personas, ocultar información a las familias y silenciar durante meses la verdad sobre una muerte.

Víctor Hugo Quero Navas permanecía detenido desde el 1 enero de 2025. Según la ONG Foro Penal, el “motivo aparente” de su arresto estaba vinculado a su pasado institucional, ya que “supuestamente” prestó servicio militar en 2023. Su madre denunció durante meses la detención y desaparición forzada, pero la confirmación oficial de la muerte llegó recién el jueves pasado por parte del Ministerio del Servicio Penitenciario.

El organismo estatal informó mediante un comunicado que Quero estuvo recluido en la cárcel El Rodeo I, cercana a Caracas, desde el 3 de enero de 2025 y fue trasladado a un hospital el 15 de julio de ese mismo año tras presentar “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”. El preso político falleció casi diez días después por “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”.

La JEP, junto a la ONG Provea, informó que 27 personas detenidas por motivos políticos murieron bajo custodia estatal desde 2014, incluyendo a Víctor Quero Navas. De acuerdo con los registros de Provea y JEP, el año con mayor cantidad de muertes bajo custodia estatal fue 2024, con cinco casos, seguido de 2019 y 2025, ambos con cuatro decesos.

Ambas ONG publicaron una lista con los nombres y fechas de fallecimiento de estos presos políticos, donde figura también la muerte de Raúl Isaías Baduel, ex ministro de Defensa de Hugo Chávez, en prisión en 2021 tras 12 años detenido.

“Estas 27 muertes evidencian la vulnerabilidad de ciudadanos cuando no existen instituciones capaces de afrontar los abusos de poder. En Venezuela urge un proceso genuino de reinstitucionalización que ponga la garantía de los derechos humanos en el centro”, señalaron las organizaciones.

(Con información de EFE)

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, responsabilizó este jueves a la administración venezolana por la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, a quien acusó de haber sido “desaparecido, torturado y asesinado” bajo custodia de oficiales del Servicio Penitenciario.

La líder del partido Vente Venezuela denunció a través de su cuenta en X que “la crueldad no tiene límites” en su país de origen y consideró el caso como “un crimen de lesa humanidad ejecutado con impunidad absoluta”.

Machado destacó que, Carmen Teresa Navas, madre de Quero, recorrió cárceles en una búsqueda sin respuestas. “Durante 16 meses, la señora Carmen, su madre, fue de cárcel en cárcel en una búsqueda desesperada. La respuesta fue la burla y el silencio hasta hoy: le informan que su hijo yace en una tumba desde hace 9 meses”, escribió.

La dirigente subrayó que la familia del detenido recién el jueves supo que Quero “yace en una tumba desde hace 9 meses”, luego de que el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP) admitiera que el fallecimiento ocurrió en julio de 2025 mientras permanecía bajo custodia del chavismo.

María Corina Machado afirmó que el caso refleja “el horror sistemático contra una nación que exige justicia” y sostuvo: “No nos detendremos hasta que haya justicia y libertad en Venezuela”. El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, calificó la muerte de Quero como “un asesinato generado por cuerpos represores en El Rodeo I”, descartando que se tratara de un fallecimiento común.

Por su parte, el dirigente opositor Edmundo González Urrutia sostuvo en X que lo ocurrido con Quero “se llama desaparición forzada seguida de ejecución administrativa del olvido”.

Al enterarse del fallecimiento, el político exiliado agregó: “No hay protocolo ni explicación que justifique el sufrimiento de la señora Carmen Teresa ni de ninguna familia venezolana que hoy sigue buscando a sus desaparecidos”.

El malestar social de las organizaciones que luchan por la liberación de todos los presos políticos en Venezuela también se hizo notar. Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de la ONG Provea, afirmó que la Fiscalía debe investigar al ministro penitenciario Julio García Zerpa, al ex fiscal general Tarek William Saab y al ex defensor del pueblo Alfredo Ruiz.

El presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, señaló en X que la madre de Quero acudió “muchas veces” a El Rodeo I y “negaban su paradero”, por lo que calificó como “indignante” la situación.

El Gobierno venezolano, a cargo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, reconoció el jueves la muerte del preso político, 9 meses después del fallecimiento y tras más de un año de denuncias de desaparición forzada por parte de su familia, según informó el Ministerio de Servicios Penitenciarios.

Quero, de 51 años, permanecía fuera del alcance de la amnistía impulsada por Rodríguez, de acuerdo con su defensa. Durante el tiempo que Quero estuvo arrestado, su madre, Carmen Navas, lo buscó sin descanso y nunca pudo verlo.

El jueves, autoridades del Ministerio de Servicios Penitenciarios trasladaron a Navas, de 81 años, al Parque Memorial Jardín La Puerta en Caracas, donde supuestamente fue enterrado su hijo. Tras colocar flores sobre el lugar señalado como tumba de Quero, la madre solicitó la realización de una prueba de ADN para confirmar la identidad del cuerpo.

El Ministerio de Servicios Penitenciarios indicó que Quero murió el 24 de julio de 2025 cerca de la medianoche “por insuficiencia respiratoria”, luego de haber sido trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo en Caracas, tras presentar “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”.

El Ministerio Público de Venezuela anunció el jueves la apertura de una investigación penal por la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, después de que el régimen confirmara que el preso político falleció hace casi un año tras varios meses de denuncias familiares sobre su desaparición.

El Ministerio Público informó en un comunicado difundido en redes sociales que la Fiscalía 80 Nacional, con competencia en protección de derechos humanos, está a cargo de las diligencias. A su vez, comunicó que ordenó “con prontitud la exhumación del cadáver” de Quero, procedimiento que estará a cargo de un equipo forense adscrito a la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal, “de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal”.

“Para el desarrollo de esta investigación ha sido comisionada la Fiscalía 80 Nacional con competencia en protección de derechos humanos, con el objeto de realizar todas las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos, de manera oportuna e imparcial”, precisó el organismo.

El anuncio se produce en un contexto de reclamos de organizaciones no gubernamentales, partidos políticos y la Defensoría del Pueblo por una investigación exhaustiva e independiente sobre el fallecimiento del detenido durante la dictadura liderada por el ex autócrata Nicolás Maduro en Venezuela.

La Defensoría del Pueblo sostuvo: “Es imperioso que los organismos competentes ordenen una investigación exhaustiva, independiente y transparente que permita esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades correspondientes y garantizar justicia”.

La entidad también remarcó que este hecho “evidencia la urgente necesidad de impulsar reformas profundas orientadas a erradicar los abusos, la impunidad y las debilidades institucionales que persisten en el país”. La muerte de Quero Navas reabrió el debate sobre las condiciones de reclusión de los presos políticos, el respeto a los derechos humanos y la situación del sistema judicial, que la presidenta encargada Delcy Rodríguez prometió reformar.

La confirmación oficial de la muerte Quero bajo custodia estatal reactivó reclamos y protestas en el país caribeño por parte de organizaciones no gubernamentales, partidos políticos y activistas. El gobierno a cargo de Rodríguez informó el jueves que el aprehendido falleció en un hospital nueve meses atrás.

Diversas ONG y partidos señalaron que urge una revisión de las condiciones carcelarias y la actuación de las autoridades judiciales, mientras familiares de detenidos reiteraron su preocupación por los casos de desapariciones y falta de información sobre el paradero de personas bajo custodia.

Víctor Hugo Quero Navas, de 51 años, permanecía detenido desde enero de 2025, según la ONG Foro Penal, por su supuesto pasado militar vinculando su arresto a su servicio en 2023.

El Ministerio Público informó mediante un comunicado que Quero estuvo recluido en la cárcel El Rodeo I, en las afueras de Caracas, desde el 3 de enero de 2025 y fue trasladado a un hospital el 15 de julio acusando “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”. El texto oficial señaló que Quero murió casi diez días después por “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”.

Las autoridades penitenciarias afirmaron que el detenido “no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal”. Sin embargo, organizaciones y dirigentes políticos rechazaron esta versión. Justicia, Encuentro y Perdón indicó vía X que el “supuesto desconocimiento de los vínculos familiares” de Quero “carece de sustento documental” y aseguró que Carmen Navas realizó “múltiples diligencias” ante la Fiscalía y Defensoría del Pueblo.

El presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, señaló en X que la madre de Quero acudió “muchas veces” a El Rodeo I y “negaban su paradero”, calificando la situación como “indignante”.

Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de la ONG Provea, afirmó que la Fiscalía debe investigar al ministro penitenciario Julio García Zerpa, al ex fiscal general Tarek William Saab y al ex defensor del pueblo Alfredo Ruiz.

El dirigente opositor Edmundo González Urrutia sostuvo en X que lo ocurrido con Quero “se llama desaparición forzada seguida de ejecución administrativa del olvido” y agregó: “No hay protocolo ni explicación que justifique el sufrimiento de la señora Carmen Teresa ni de ninguna familia venezolana que hoy sigue buscando a sus desaparecidos”.

El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, encabezado por María Corina Machado, manifestó que la muerte del preso político “no es un fallecimiento común”, sino “un asesinato generado por cuerpos represores en El Rodeo I”.

De acuerdo con el registro de Foro Penal hasta diciembre pasado, 17 presos políticos murieron en custodia estatal desde 2014. Actualmente, la organización contabiliza 454 presos políticos en Venezuela, pese a la aprobación de una ley de amnistía en febrero como parte del nuevo momento político impulsado por la presidenta encargada del país.

(Con información de AFP y EFE)

El hotel J.W. Marriott de Caracas se convirtió en el principal punto de operaciones políticas, diplomáticas y económicas tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro y el desembarco de delegaciones extranjeras interesadas en el futuro del país.

En sus instalaciones se concentran funcionarios estadounidenses, inversores y analistas que participan de la reconfiguración de Venezuela, en un contexto marcado por el fin del aislamiento y el inicio de negociaciones clave.

Ubicado en una zona financiera que perdió dinamismo en los últimos años, el edificio de 17 pisos alberga ahora una actividad inusual. En su interior, ejecutivos del sector energético, financistas y diplomáticos mantienen reuniones constantes, mientras equipos vinculados al gobierno de Estados Unidos operan desde allí. Según describe The New York Times, el hotel se transformó en un espacio donde “es evidente que no es un hotel cualquiera”, debido a la presencia de grupos de estadounidenses que supervisan los movimientos en el lugar.

La transformación del Marriott responde, en parte, a que el último piso funciona como sede provisoria de la embajada estadounidense.

El complejo diplomático oficial, ubicado a pocos kilómetros, permanece en proceso de reacondicionamiento tras haber sido abandonado en 2019 cuando Caracas rompió relaciones con Washington. Mientras tanto, el personal diplomático trabaja en oficinas improvisadas dentro del hotel.

En ese nivel, restringido al público, se instalaron espacios de trabajo para funcionarios y salas de reuniones adaptadas. De acuerdo con The New York Times, allí “el Departamento de Estado ha instalado su embajada provisional en varias suites”, donde los empleados operan en condiciones limitadas mientras avanzan las gestiones políticas y económicas.

Entre los funcionarios instalados en el edificio se encuentra John Barrett, quien encabeza la misión diplomática en esta etapa inicial. Desde espacios adaptados dentro del hotel, el enviado mantiene reuniones con empresarios y representantes internacionales en un salón acondicionado como sala de conferencias, en medio de los esfuerzos por restablecer la presencia formal de Washington en el país.

La presencia estadounidense no se limita a lo institucional. Empresarios, especialmente del sector petrolero, comenzaron a llegar a Caracas para evaluar oportunidades tras el cambio de escenario.

Conversaciones sobre activos energéticos, deuda y posibles inversiones se repiten en distintos espacios del hotel. En ese entorno, las negociaciones se desarrollan de forma discreta.

“Es sin duda donde está la acción”, afirmó el empresario venezolano Ricardo Cusanno, quien participó en reuniones con delegaciones extranjeras, en declaraciones a The New York Times.

La concentración de actividad en el hotel también es reflejo de las limitaciones operativas actuales. El personal diplomático tiene restricciones para desplazarse fuera de la zona inmediata. Según el reporte, esto implica que intentan comprender la realidad de un país extenso con movimientos limitados dentro de la capital.

En el exterior del edificio, vehículos destinados al uso de la delegación estadounidense permanecen disponibles para traslados puntuales. Mientras tanto, dentro del hotel, decenas de funcionarios y asesores se alojan de forma temporal, a la espera de establecer una presencia permanente en la ciudad.

El flujo constante de visitantes incluye también analistas de riesgo, operadores financieros y representantes de distintos sectores económicos. Las conversaciones abarcan desde el valor de bonos en default hasta la reactivación de industrias clave.

En paralelo, funcionarios buscan definir el marco institucional que regirá la transición.

Sin embargo, el protagonismo del Marriott contrasta con la situación general del país. El acceso a este tipo de espacios sigue siendo limitado para la mayoría de la población, que aún no percibe cambios concretos en su vida cotidiana. La reactivación económica se encuentra en una etapa inicial y depende de acuerdos en desarrollo.

Jorge Barragán, asesor en riesgo político, sintetizó ese contraste al señalar que “gran parte de la transformación esperada se está guiando desde el Marriott”, según consignó The New York Times. La frase refleja cómo, en esta etapa, las decisiones clave se concentran en un entorno reducido mientras el país atraviesa la crisis de los servicios básicos.

El edificio, que antes funcionaba como un hotel corporativo más, pasó a ser un nodo central en la redefinición del poder en Venezuela. Allí convergen intereses diplomáticos, económicos y estratégicos en un momento en que el país busca reinsertarse en el escenario internacional tras años de aislamiento.

Estados Unidos anunció el martes la concesión de una licencia que autoriza a distintas entidades legales a asesorar a las autoridades encargadas de Venezuela, a la petrolera estatal PDVSA y a sus subsidiarias en procesos de reestructuración de deuda.

La licencia general 58, emitida por el Departamento del Tesoro estadounidense, exime temporalmente de sanciones a bufetes de abogados, consultorías y asesorías financieras para que puedan dialogar con las autoridades del país caribeño y preparar el terreno para una futura reestructuración de pasivos.

Los servicios autorizados incluyen la “evaluación, el desarrollo o la preparación de opciones de reestructuración de la deuda, propuestas y materiales de apoyo relacionados”.

No obstante, el documento oficial aclara que, por el momento, continúan sancionadas las operaciones de reestructuración, renegociación, transferencia o quita de deuda con Caracas y PDVSA.

La medida se produce 20 días después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciara el restablecimiento de relaciones con las autoridades venezolanas. Tanto el FMI como acreedores soberanos y bancos comerciales aún no tienen autorización de Washington para ejecutar operaciones relacionadas con la reestructuración de la deuda pública venezolana sin riesgo de sanciones.

El lunes pasado, Washington extendió la protección sobre la refinería Citgo, filial de PDVSA en territorio estadounidense, frente a las reclamaciones de sus acreedores. El Departamento del Tesoro, a cargo del secretario Scott Bessent, emitió una nueva licencia general, que sustituye a la anterior de marzo, y autoriza desde el 19 de junio ciertas transacciones relacionadas con un bono de deuda de PDVSA, aunque mantiene restricciones que impiden a los tenedores ejecutar garantías sobre Citgo.

El bono, emitido en 2016 por hasta USD 7.100 millones, tiene como garantía el 50,1% de las acciones de Citgo, cuya sede se encuentra en Houston, Texas. Venezuela dejó de pagar esa deuda en 2019 y, desde entonces, los acreedores intentaron tomar el control de la refinería para recuperar su inversión.

En 2025, un juez de Nueva York confirmó la validez de los bonos y ordenó a PDVSA el pago de USD 2.860 millones. No obstante, el Gobierno estadounidense bloqueó en reiteradas ocasiones la ejecución de la garantía, con el objetivo de proteger este activo estratégico mientras continúan las disputas legales.

Por otra parte, en otra gran noticia para el sector venezolano, la petrolera francesa TotalEnergies confirmó la semana pasada que está próxima a firmar un acuerdo con PDVSA, para comercializar crudo y exportarlo a una de sus refinerías en Texas.

“Hemos avanzado en las negociaciones y estamos a punto de firmar algunos contratos comerciales con Venezuela”, afirmó Jean Pierre Sbraire, director financiero de TotalEnergies. Sbraire explicó que la empresa desarrolla un esquema de comercialización enfocado en los flujos desde Venezuela hacia la costa del golfo de México, en el sur de Estados Unidos.

Parte del crudo pesado adquirido a PDVSA se destinará a la refinería de Port Arthur, ubicada a las afueras de Houston, que posee una capacidad de procesamiento de unos 238.000 barriles diarios.

El anuncio del acuerdo entre TotalEnergies y PDVSA se produce semanas después de que la estadounidense Chevron firmara un convenio con la petrolera venezolana para ampliar la producción en el país sudamericano.

Tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas durante una operación militar de Estados Unidos, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada con el respaldo de Washington. Desde entonces, la administración de Donald Trump levantó de forma gradual las sanciones económicas impuestas a Venezuela, mientras Caracas aprobó medidas de apertura al sector privado, especialmente en la industria petrolera.

En ese sentido, el vicepresidente de la Cámara Petrolera de Venezuela (CVP), Álvaro Pérez Díaz, afirmó que actualmente existen “pocas restricciones para trabajar” en el mercado petrolero venezolano, tras las licencias concedidas por Estados Unidos.

“Las licencias han ido dando permisos, han ido variando y toda la industria que está alrededor del petróleo pues se va moviendo en condición a cómo estas han ido cambiando, pero estamos trabajando y en este momento hay pocas restricciones para trabajar”, señaló Pérez Díaz.

(Con información de EFE)

La mayoría de la gente ya no presta atención, pero hay que detenerse y mirar lo que pasó en Venezuela. Nicolás Maduro fue sacado de Caracas por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026. Hoy es 3 de mayo. Cuatro meses. En ese tiempo se han liberado alrededor de 700 prisioneros políticos, Delcy Rodríguez ha purgado a casi la mitad del gabinete original de Maduro, los partidarios de María Corina Machado se organizan en público por primera vez en años, y el petróleo venezolano vuelve a fluir bajo un esquema de custodia administrado por el Tesoro de Estados Unidos.

Este último punto merece subrayarse. Estados Unidos no está tomando el petróleo venezolano. Está administrando los ingresos para que un país con corrupción endémica y estado de derecho colapsado no los vuelva a destruir.

“Lo que cayó en Caracas el 3 de enero es el último bastión operativo del proyecto bolivariano que intentó capturar el cono sur”.

Donald Trump hizo algo que ningún presidente demócrata se habría atrevido a hacer y que ningún presidente republicano anterior hizo cuando tuvo la oportunidad. George W. Bush no lo hizo cuando Hugo Chávez consolidaba el régimen. Barack Obama trató a Venezuela como un problema de relaciones públicas. Joe Biden negoció licencias petroleras con Maduro a cambio de promesas electorales que nunca se cumplieron. Trump lo sacó. Y el resultado no fue caos. No fue otro Irak. No fue una insurgencia generalizada en Caracas. Fue Delcy Rodríguez negociando por teléfono con Washington la liberación de prisioneros mientras el Tesoro estadounidense descifra cómo desbloquear los pagos a contratistas de PDVSA.

Para quienes vivimos la región desde adentro esto tiene un peso particular. El chavismo financió al kirchnerismo durante una década. El eje Caracas-La Habana-Buenos Aires no fue metáfora periodística sino arquitectura política con flujos de dinero reales. Las valijas de Antonini Wilson no fueron ficción. Lo que cayó en Caracas el 3 de enero es el último bastión operativo del proyecto bolivariano que intentó capturar el cono sur. Cuba está en colapso terminal. Nicaragua es un cascarón represivo sin ideología viva. Bolivia perdió al MAS. Y ahora Venezuela tiene una transición administrada con Machado moviéndose en el espacio público y cientos de presos políticos volviendo a sus casas.

El detalle del petróleo merece atención porque revela cómo está pensando Trump la política exterior en su segundo mandato. No es ocupación. No es nation-building wilsoniano. Es custodia. Cinco grandes petroleras tienen exenciones de las sanciones estadounidenses que les permiten vender el crudo que bombean y quedarse con su parte de las ganancias antes de remitir el resto al Tesoro de Estados Unidos. Las demás empresas, incluida PDVSA, mandan todos los ingresos directamente al Tesoro, que supervisa cada desembolso con verificaciones de cumplimiento. Es lento. Es burocrático. Los contratistas se quejan de los retrasos en los pagos. Algunas empresas reportan que han dejado de bombear esperando que se procese el papeleo. Pero en un país donde durante dos décadas los ingresos petroleros financiaron narcotráfico, represión política y exportación de la revolución bolivariana, un esquema de custodia con supervisión externa es exactamente la solución de segundo mejor que la situación requiere. La alternativa que defendía la izquierda internacional era dejar que Maduro siguiera robando para que no subieran los precios de la nafta en California.

Hay riesgos reales en lo que viene. Delcy Rodríguez no es santa. Fue vicepresidenta durante los años más oscuros de la represión, conoce íntimamente los mecanismos de tortura del SEBIN, supervisó el aparato de inteligencia que persiguió a la disidencia, y está bajo investigación de la DEA por narcotráfico desde 2018. No es la transición que Machado y los venezolanos merecen después de todo lo que sufrieron. Pero es la transición que existe y que está produciendo resultados verificables medidos en libertades concretas y vidas humanas saliendo de prisión. La pregunta que importa hoy no es si Delcy es la presidenta ideal. Es si el régimen que reprimió, torturó, robó elecciones y vació al país todavía existe como fuerza operativa. La respuesta es que no.

“Cuatro meses atrás eran imposibles. Hoy son rutina”.

Trump removió a Maduro y la prensa internacional dedicó tres días al titular antes de pasar a otra cosa. Si lo hubiera hecho un presidente demócrata habría documentales en HBO el año próximo y libros de historia celebratorios dentro de cinco. Como lo hizo Trump, se intenta enterrar el episodio. Pero los hechos quedan. Y los hechos dicen que la intervención funcionó.

La ruta no solo acorta distancias al eliminar escalas para los viajeros, sino que también consolida el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, focalizadas ahora en facilitar el flujo de capitales hacia los sectores minero y energético venezolanos.

La empresa informó que ofrecerá un vuelo sin escalas, operado por su subsidiaria Envoy, con aeronave Embraer 175, tras obtener las aprobaciones necesarias de ambos gobiernos.

Precios y condiciones del nuevo vuelo directo

Los precios iniciales para los vuelos entre las dos ciudades superan los USD 2.700 para boletos de ida y vuelta en las primeras fechas habilitadas a finales de abril, según consultas en el sistema de American Airlines realizadas y reportadas por el medio local NBC Miami.

Para mayo, las tarifas presentan una moderación, ubicándose entre USD 1.000 y USD 1.800. En la plataforma Trip.com se identificaron tarifas de ida desde USD 310 y de ida y vuelta desde USD 910 en fechas específicas de mayo y junio.

De acuerdo a lo publicado por el sitio especializado Aviacionline, el nuevo itinerario contempla una salida diaria desde Miami a las 10:16, con arribo a Caracas a las 13:36. El vuelo de retorno parte a las 14:40 desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y aterriza en Miami a las 18:13. El avión Embraer 175 destinado a esta ruta ofrece cabina premium y servicios como wifi gratuito y tomas de corriente en los asientos.

Así fue el primer vuelo directo de American Airlines entre Miami y Caracas en más de siete años

El vuelo AA935 tocó pista en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar a las 13:16 locales, donde fue recibido por autoridades aeroportuarias y empleados de la empresa en un ambiente festivo que incluyó el tradicional arco de agua y decoraciones con los colores de la bandera estadounidense.

El retorno de la aerolínea se produce menos de dos meses después del restablecimiento formal de relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington.

La reapertura del enlace directo responde tanto a la autorización del Departamento de Transporte de Estados Unidos como a la demanda de viajeros venezolanos y estadounidenses que, desde 2019, se vieron forzados a realizar escalas en terceros países, como República Dominicana o Cúcuta, para conectar ambas naciones.

Experiencias y reacciones de los pasajeros

El impacto de la reanudación se reflejó en testimonios de los propios pasajeros. Oscar Fuentes, quien viaja regularmente a Houston, expresó su alivio: “Me estoy ahorrando mucho estrés y cansancio”.

Lilibeth Torres, otra pasajera, relató: “Estoy muy emocionada porque anteriormente me ha tocado viajar por Cúcuta y agarrar siempre vuelos con escala. Estoy muy agradecida de que se estén abriendo nuevas puertas otra vez aquí en Venezuela”.

El vuelo AA935 tocó pista en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar a las 13:16 horas locales, donde fue recibido por autoridades aeroportuarias y empleados de la empresa en un ambiente festivo que incluyó el tradicional arco de agua y decoraciones con los colores de la bandera estadounidense.

El retorno de la aerolínea se produce menos de dos meses después del restablecimiento formal de relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington. La reapertura del enlace directo responde tanto a la autorización del Departamento de Transporte de Estados Unidos como a la demanda de viajeros venezolanos y estadounidenses que, desde 2019, se vieron forzados a realizar escalas en terceros países para conectar ambas naciones.

Con este vuelo, el trayecto entre Caracas y Miami vuelve a ser de aproximadamente cuatro horas, eliminando las prolongadas y costosas rutas alternativas que durante años condicionaron los viajes familiares, de negocios y turísticos.

El arribo fue celebrado en la terminal con globos rojos, azules y blancos y la presencia de altos directivos de American Airlines. Entre los pasajeros del vuelo inaugural se encontraba Jarrod Agen, director del Consejo Nacional de Dominio Energético de Estados Unidos, quien tiene previsto mantener reuniones con ejecutivos de los sectores energético y minero venezolanos como parte de la nueva etapa de cooperación bilateral.

El impacto de la reanudación se vio reflejado en testimonios de los propios pasajeros. Oscar Fuentes, quien viaja regularmente a Houston, expresó su alivio: “Me estoy ahorrando mucho estrés y cansancio”, dijo al recordar los trayectos con escalas en República Dominicana.

Lilibeth Torres, otra pasajera, relató: “Estoy muy emocionada porque anteriormente me ha tocado viajar por Cúcuta y agarrar siempre vuelos con escala. Estoy muy agradecida de que se estén abriendo nuevas puertas otra vez aquí en Venezuela”.

La suspensión de vuelos directos, decretada en 2019 por razones de seguridad y crisis política, había dejado a Venezuela sin conexiones regulares con aerolíneas estadounidenses.

Delta y United Airlines, las últimas en operar antes de la salida de American, se retiraron en 2017.

“Venezuela vuelve a conectarse al comercio global”

Durante la llegada del vuelo inaugural, el encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, calificó el aterrizaje de American Airlines como “un hito histórico” y destacó la importancia económica y humana de la reconexión entre ambos países.

“Estamos siendo testigos de la reconstrucción de nuestros lazos económicos, la reapertura de Venezuela al comercio global y la reconexión de nuestras personas, de nuestra gente, en los países”, señaló Barrett desde el aeropuerto de Maiquetía.

El diplomático subrayó que el restablecimiento del enlace aéreo directo es resultado del plan de tres fases —estabilización, recuperación y transición— impulsado por la administración estadounidense tras el restablecimiento de relaciones.

“Hoy enviamos otra señal clara al mercado mundial de que Venezuela puede estar abierta a los negocios”, puntualizó Barrett, y remarcó que la conectividad aérea directa con Estados Unidos es clave para la integración económica y la reactivación de los flujos comerciales y turísticos.

La llegada de American Airlines a Caracas no solo reduce tiempos y costos de viaje, sino que marca el inicio de una etapa de mayor apertura para Venezuela. Según estimaciones oficiales, la ruta podría movilizar más de 100.000 pasajeros al año y reposicionar al país como un punto estratégico de conexión en la región. El nuevo vuelo directo simboliza, además, un paso firme en el restablecimiento de vínculos bilaterales tras años de aislamiento y restricciones.

(Con información de EFE y AFP)

La captura de Erika María Guadalupe “N” en Venezuela por el presunto feminicidio de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza asesinada en la Ciudad de México, representa un avance en el caso que conmociona al país y mantiene una fuerte presión social para esclarecer los hechos y lograr justicia.

La detención pone punto final a casi dos semanas de búsqueda internacional, durante las cuales la principal sospechosa habría salido del país un día después de cometer el crimen, hecho que genera cuestionamientos sobre posibles omisiones en la reacción inicial y la efectividad de los protocolos de emergencia.

Erika María se escondía en una exclusiva zona de departamentos en la urbanización El Cigarral, ubicada en el municipio El Hatillo, en Caracas, que había adquirido a través de la plataforma digital Airbnb, según detallaron medios locales.

La operación fue llevada a cabo por Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en coordinación con la Interpol y la Fiscalía de México.

Para evitar que la sospechosa escapara, autoridades venezolanas la arrestaron inicialmente por desacato a la autoridad, figura que permitió su retención hasta recibir la documentación necesaria para proceder por feminicidio, dijo el periodista venezolano Norberto Mazza a Nmás. Herrera habría intentado resistirse a la detención, negando los hechos y argumentando que las autoridades extranjeras carecían de jurisdicción sobre su caso

Erika Herrera habría huido de México un día después del asesinato

La ahora detenida Erika Herrera salió de Ensenada, Baja California, el 11 de abril y recorrió 2 mil 826 kilómetros hasta la Ciudad de México, donde arribó el 15 de abril, día en el que ocurrió el asesinato de Carolina Flores en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo. En una grabación previa, la propia Herrera relató: “Veníamos en carro... salimos desde el sábado”, detallando que hicieron paradas antes de llegar al departamento de su nuera.

Los reportes de la investigación señalan que, tras los hechos, Herrera cruzó la frontera y salió del país el 16 de abril, apenas un día después del asesinato. Mazza agrega que Herrera habría ingresado a Venezuela vía Panamá ese mismo día, lo que permitió que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) solicitara la activación de la ficha roja de Interpol y notificara a las autoridades venezolanas sobre su postura de búsqueda internacional.

El asesinato, las pruebas y las dudas sobre la reacción de la familia

La agresión ocurrió el 15 de abril dentro del departamento que Flores compartía con su esposo Alejandro Sánchez y su bebé de ocho meses. El ataque con arma de fuego quedó parcialmente registrado por una cámara de seguridad en el área de cunero, que captó los minutos previos y posteriores al crimen. Se observa que Carolina Flores y su suegra platican en la sala mientras dos perros juegan. Momentos después, la víctima va a otra habitación a petición de Herrera, quien la sigue. Fuera de cámara se escuchan múltiples detonaciones.

La necropsia reveló que Carolina recibió varios disparos disparos, presuntamente seis de ellos en la cabeza y seis en el tórax. Tras los hechos, Erika Herrera dejó el arma en la cocina, tomó sus maletas y salió en taxi. Su hijo no intervino y la denuncia formal del crimen se realizó hasta el día siguiente, lo que ha desencadenado críticas sobre la respuesta familiar y sobre las posibles omisiones antes de la llegada de las autoridades.

Testimonios recogidos por el entorno familiar y social de Flores señalan un historial de malos tratos y tensiones crecientes con su suegra: “La suegra la menospreciaba, la atacaba y siempre tenía problemáticas hacia Carolina”. La relación se volvió insostenible tras el embarazo de Carolina y su mudanza a la Ciudad de México.

Durante el enfrentamiento posterior al asesinato, Alejandro Sánchez increpó a su madre: “¿Qué hiciste, mamá?”. Herrera respondió: “Nada, me hizo enojar… tú eres mío, ella no”.

Investigación internacional, ficha roja y extradición en curso

Luego del asesinato, la FGJCDMX y la Fiscalía General de la República (FGR) activaron mecanismos de cooperación internacional para dar con el paradero de Herrera. Fue hasta el 29 de abril cuando Interpol emitió la ficha roja que formalmente autorizó su captura.

Actualmente, Erika María Guadalupe “N” permanece bajo custodia de Interpol en Venezuela, a la espera de que se concrete el trámite de extradición solicitado por el gobierno mexicano. El proceso puede extenderse en función de los acuerdos bilaterales y los procedimientos legales entre ambos países, aunque la solicitud ya está en marcha.

La FGJCDMX mantiene abierta la investigación bajo el protocolo de feminicidio y analiza todas las circunstancias, incluidos antecedentes de conflicto y posibles omisiones en la reacción inmediata al crimen. El caso ha generado una profunda indignación social por la violencia ejercida en presencia de una menor y por el historial de hostigamiento previo, lo que suma presión al proceso judicial y a la actuación de las autoridades.

La figura de Carolina Flores, la exigencia de justicia y la dimensión social del caso

Carolina Flores Gómez, de 27 años, era reconocida por su participación en certámenes de belleza, su actividad en redes sociales y su vida como madre reciente. Su asesinato a balazos, en medio de su círculo familiar y bajo circunstancias documentadas en video, acentuó el reclamo nacional contra la violencia de género y la ineficacia institucional para prevenir y erradicar los feminicidios.

El caso evidencia, una vez más, el peligro al interior de los espacios familiares y las fracturas en los sistemas de protección y respuesta ante la violencia. La presión pública ha sido determinante para mantener el foco sobre las investigaciones y acelerar la cooperación internacional.

Con la detención de Erika Herrera, las autoridades mexicanas avanzan en un asunto que concentró la atención mediática y social, aunque el desenlace judicial y la sanción aún están por definirse, en espera de la extradición y del desarrollo del proceso legal.

• Erika María Guadalupe “N” fue detenida en Venezuela por la ficha roja de Interpol y es acusada del feminicidio de su nuera, la exreina de belleza Carolina Flores Gómez.
• La víctima recibió doce disparos y fue asesinada en su departamento de Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, en presencia de su esposo y su hija de ocho meses.
• La presunta responsable huyó del país apenas un día después del crimen, lo que generó dudas sobre la reacción familiar y puso a prueba los mecanismos de cooperación internacional para su localización y extradición.

El director del Consejo Nacional de Dominio Energético de Estados Unidos, Jarrod Agen, viajará este jueves a Venezuela junto a una comitiva para mantener reuniones con ejecutivos de los sectores energético y minero, así como con funcionarios de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

En el marco de la reanudación de relaciones bilaterales tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, la subsecretaria de Prensa de la Casa Blanca señaló que “Estados Unidos y Venezuela están restaurando su asociación, reconstruyendo los lazos económicos y facilitando inversiones sin precedentes que beneficiarán tanto al pueblo estadounidense como al venezolano.

Los acuerdos contemplados del viaje incluirán memorandos de entendimiento sobre proyectos en petróleo, oro, aluminio y posiblemente carbón, aunque no se prevé un aumento inmediato de la producción. El objetivo es abrir nuevas vías de inversión y comercio a mediano y largo plazo.

Este acercamiento ocurre luego de las visitas de alto nivel realizadas en febrero y marzo, cuando el secretario del Interior, Doug Burgum, y el secretario de Energía, Chris Wright, mantuvieron reuniones en Caracas para discutir posibles acuerdos en petróleo y minería.

En una conferencia realizada este miércoles en Washington, el subsecretario interino de energía, Alex Fitzsimmons, señaló que la producción petrolera venezolana “ya comenzó a aumentar”, aunque resaltó la necesidad de más reformas.

“Están viendo los beneficios de esto, pero somos conscientes de que se trata de un proyecto a largo plazo para reconstruir la infraestructura de la red eléctrica del país, establecer reglas claras, una industria moderna y procesos de licitación competitivos, así como toda la gobernanza que lo sustenta”, manifestó.

En paralelo al acercamiento diplomático, este jueves está prevista la reanudación de la ruta aérea directa entre Miami y Caracas, operada por American Airlines, tras casi siete años de suspensión. Fuentes del Gobierno estadounidense confirmaron a EFE que algunos funcionarios viajarán en este vuelo.

Por su parte, el nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, afirmó el martes que tanto compañías estadounidenses como venezolanas se encuentran listas para dinamizar la economía venezolana, en el marco de una etapa orientada a superar años de recesión y aislamiento internacional.

Barrett, que asumió funciones la semana pasada, hizo estas declaraciones después de reunirse con la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria. “Nuestra prioridad: un entorno empresarial de alto nivel y preparado para la inversión”, subrayó Barrett.

El diplomático destacó que su primer encuentro con representantes del sector privado de ambos países confirmó el interés y la disposición para iniciar una nueva fase de cooperación económica.

Barrett precisó que los esfuerzos de su gestión están alineados con el plan de tres fases impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que prioriza la estabilización, la recuperación y la transición en Venezuela hacia una democracia plena. “Seguimos implementando las tres fases, en especial, la recuperación económica”, expresó en una grabación difundida en redes sociales.

El encargado de negocios resaltó la importancia del sector privado como eje central en la estrategia de reconstrucción nacional. “La inversión de Estados Unidos es el motor de la transformación de Venezuela en un centro energético mundial, y un pilar esencial para la estabilización y la recuperación económica”, señaló durante una reunión con la Cámara Petrolera de Venezuela.

Barrett instó a los empresarios a aprovechar la “oportunidad histórica” que representa la reapertura de relaciones diplomáticas y comerciales y la flexibilización de restricciones en el sector energético venezolano.

(Con información de EFE)

Después de casi siete años de suspensión, la empresa American Airlines retoma este jueves la ruta directa entre Caracas y Miami, lo cual marca un hito en la reanudación de los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Venezuela.

El reinicio de dicha actividad comercial elimina la necesidad de escalas para los viajeros y simboliza un nuevo gesto del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, actualmente centradas en facilitar inversiones en los sectores minero y energético venezolanos.

El primer vuelo partirá la tarde del jueves desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, que sirve a Caracas, y regresará el viernes desde Miami. A partir de mayo, la aerolínea ofrecerá dos vuelos diarios, operados por Envoy, subsidiaria de American Airlines, con aeronaves Embraer 175 de menos de 100 plazas.

American Airlines formaliza así su regreso casi exactamente siete años después de suspender operaciones en el país, en coincidencia con la ruptura de relaciones diplomáticas de antaños, cuando el ex dictador venezolano Nicolás Maduro lideraba el país.

La reanudación de vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela facilitará el traslado de funcionarios y delegaciones tras la reapertura de embajadas y ofrecerá mayor confianza a los viajeros estadounidenses. La reactivación coincide con la aprobación en Venezuela de leyes que incentivan la inversión extranjera en sectores estratégicos como hidrocarburos y minería, áreas de interés para la administración estadounidense.

“Es una oportunidad importantísima de apertura del mercado y de la conectividad, porque es una apuesta de confianza hacia el destino”, afirmó a la agencia EFE la presidenta de la Asociación Venezolana de Viajes y Turismo (Avavit), Vicky Herrera. El país enfrentó dificultades en el sector aéreo durante más de una década por las deudas estatales con aerolíneas internacionales, producto del control de cambio que comenzó a flexibilizarse en los últimos años.

Herrera señaló que esta nueva conexión impactará la competitividad de otras rutas, como las que hacían escala en Colombia, Panamá o República Dominicana. “Ya lo estamos viendo en temas de precios”, añadió, al mencionar que aerolíneas como Copa, que mantuvo operaciones en Venezuela durante la crisis, ofrece vuelos por 700 u 800 dólares, mientras que American Airlines fijó los boletos para los primeros viajes por encima de los 1.000 dólares.

La reanudación de la ruta directa entre ambas ciudades relevantes representa un alivio para la diáspora venezolana en Estados Unidos. Para los venezolanos residentes en Miami, donde se concentra la mayor comunidad de estos inmigrantes en el país, el regreso de los vuelos directos pone fin a años de separación familiar marcados por el dolor y los altos costos de viajar mediante terceros países.

Con alrededor de un millón de venezolanos en Estados Unidos, la comunidad celebró que, por primera vez en años, las nuevas generaciones nacidas en territorio estadounidense podrán viajar con sus familias para conocer sus orígenes.

Pese al entusiasmo, la reanudación de vuelos presenta desafíos, como la necesidad de tramitar pasaportes vigentes o salvoconductos para quienes tienen documentos vencidos, en un contexto en el que Venezuela avanza en la recuperación de su presencia diplomática y consular en Estados Unidos.

American Airlines, que inició operaciones en Venezuela en 1987, suspendió sus vuelos en marzo de 2019 tras la prohibición de la administración de Donald Trump a las aerolíneas estadounidenses de operar hacia el país, en el marco de un paquete de sanciones. Fue la última compañía estadounidense en interrumpir sus operaciones, después de que United y Delta lo hicieran en 2017.

La reanudación de vuelos se produce en el contexto de la captura Maduro por estadounidenses en enero pasado y el ascenso de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, hechos que abrieron paso a la normalización de los vínculos bilaterales con EEUU.

(Con información de la agencia EFE)

Tras reunirse con la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria, Barrett enfatizó: “Nuestra prioridad: un entorno empresarial de alto nivel y preparado para la inversión”.

Barrett, quien asumió funciones en Venezuela la semana pasada, destacó que su primer encuentro con representantes del sector privado de ambos países confirmó el interés y la disposición para poner en marcha una nueva fase de cooperación económica.

El diplomático señaló que todos los esfuerzos de su gestión están alineados con el plan de tres fases impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que prioriza la estabilización, la recuperación y la transición en Venezuela.

“Seguimos implementando las tres fases, en especial, la recuperación económica”, expresó Barrett en una grabación difundida en redes sociales.

El diplomático subrayó la importancia del sector privado como eje central en la estrategia de reconstrucción nacional.

“La inversión de Estados Unidos es el motor de la transformación de Venezuela en un centro energético mundial, y un pilar esencial para la estabilización y la recuperación económica”, indicó durante una reunión con la Cámara Petrolera de Venezuela.

Barrett instó a los empresarios a aprovechar lo que calificó como una “oportunidad histórica” surgida tras la reapertura de relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países y la flexibilización de restricciones en el sector energético venezolano.

La llegada de Barrett a Caracas marca un nuevo capítulo en la relación bilateral, tras siete años de interrupción diplomática. Sustituyó a Laura Dogu, quien fue designada a finales de enero para liderar la reapertura de la misión diplomática estadounidense. Desde su arribo, Barrett ha reiterado la disposición de Washington para apoyar el relanzamiento económico y ha agradecido la recepción de la sociedad venezolana.

Entretanto, la jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, manifestó su interés en mantener y ampliar la agenda de trabajo con Estados Unidos.

Rodríguez ha establecido líneas de cooperación con la administración Trump en sectores clave como hidrocarburos y minería, relegando la definición de un calendario electoral a un lugar secundario. El titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, declaró a inicios de marzo que no es “perentorio” fijar fecha para nuevas elecciones.

El restablecimiento de relaciones y la apertura del sector energético han movilizado a diversos actores internacionales, que buscan aprovechar el potencial petrolero y gasífero de Venezuela. Barrett subrayó que estas iniciativas contribuirán a la creación de empleo y al crecimiento sostenible, siempre bajo la premisa de un entorno transparente y competitivo.

Cooperación entre ENI y PDVSA

La petrolera italiana Eni formalizó un nuevo acuerdo con el Ministerio de Petróleo y la estatal venezolana PDVSA para reactivar un proyecto de crudo pesado en la Faja del Orinoco.

Eni, que opera en Venezuela desde 1998, mantiene una asociación en el proyecto Junín 5, que cuenta con reservas certificadas de unos 35.000 millones de barriles de petróleo. También colabora con PDVSA en Petrosucre, dedicado a la producción de crudo en aguas someras, y con la española Repsol en el desarrollo del yacimiento de gas Cardón IV, relanzado recientemente para ampliar la oferta energética venezolana.

El plan de inversiones de Eni en el país será definido antes de fin de año y destacó la importancia estratégica de la apuesta italiana.

“Esta es una de las inversiones más significativas en nuestro país en tiempos recientes”, afirmó Delcy Rodríguez tras la firma. En 2025, la producción de Eni en Venezuela alcanzó los 64.000 barriles equivalentes de petróleo diarios, consolidando su presencia como actor clave en la reactivación del sector energético nacional.

(Con información de EFE y Reuters)

El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, instó este lunes a los miembros de la Cámara Petrolera de Venezuela a aprovechar lo que definió como una “oportunidad histórica”, luego del restablecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países y del acuerdo para la apertura del sector energético venezolano.

“Juntos, estamos construyendo una nueva Venezuela, profundamente ligada a nuestra región”, afirmó Barrett, según la cuenta oficial en X de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela.

El diplomático sostuvo además que el sector privado, incluida la inversión estadounidense, constituye el “motor de la transformación de Venezuela en un centro energético mundial, y un pilar esencial para la estabilización y la recuperación económica”.

Las declaraciones se producen en medio del proceso de normalización diplomática entre Caracas y Washington, restablecido en marzo, después de siete años de relaciones rotas desde 2019. La llegada de Barrett a la capital venezolana el pasado jueves marcó una nueva etapa en esa agenda bilateral.

Barrett reemplazó a la diplomática Laura Dogu, quien fue designada a finales de enero como encargada de negocios para reabrir la misión diplomática estadounidense en Venezuela. Según la información oficial de Estados Unidos, el funcionario se desempeñó como encargado de negocios en Guatemala desde enero de 2026, luego de ejercer como ministro consejero en la Embajada de Estados Unidos en Panamá desde mayo de 2023.

Tras su llegada, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó su expectativa de continuar la agenda de trabajo conjunta con Estados Unidos. Rodríguez asumió como mandataria encargada luego de la captura de Nicolás Maduro y, desde entonces, colaboró con la administración del presidente Donald Trump en la conformación de una alianza estratégica que incluye las áreas de hidrocarburos y minería, entre otros sectores.

En ese contexto, Barrett insistió en la necesidad de “seguir implementando” el plan de tres fases impulsado por Trump para Venezuela.

La presidenta encargada recibió el viernes al diplomático estadounidense en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, en una reunión que se enmarcó en el proceso de normalización de las relaciones bilaterales.

Del encuentro participaron también el canciller Yván Gil, el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, y el vicepresidente de Economía y Finanzas, Calixto Ortega.

Según informó Venezolana de Televisión (VTV), la reunión tuvo como objetivo consolidar una asociación productiva y estratégica a largo plazo, con énfasis en el beneficio mutuo y en la resolución de asuntos pendientes entre Caracas y Washington.

La televisora estatal transmitió imágenes del encuentro y señaló que, con este recibimiento, Rodríguez reafirmó su voluntad de establecer relaciones de cooperación, hermandad y desarrollo con Estados Unidos.

Por su parte, desde la cuenta en X de la embajada estadounidense en Caracas, Barrett remarcó la necesidad de “seguir implementando el plan de tres fases” de la administración Trump para Venezuela: estabilización, recuperación y transición.

Según la sede diplomática, el objetivo de la misión consiste en “obtener resultados que beneficien tanto a los estadounidenses como a los venezolanos”.

La agenda oficial del viernes también incluyó una reunión entre Rodríguez y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien visitó Miraflores horas antes del encuentro con Barrett. Ambos mandatarios anunciaron un plan conjunto para combatir las economías ilegales en la frontera común, con medidas coordinadas contra el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas.

(Con información de EFE)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó la noche del domingo a la isla caribeña de Barbados en su segunda visita internacional desde que asumió el cargo, en el marco de una agenda oficial prevista para este lunes.

El canal oficial Venezolana de Televisión (VTV) mostró imágenes de la llegada de Rodríguez al aeropuerto internacional Grantley Adams, en Barbados, un pequeño país de habla inglesa ubicado en el sureste del mar Caribe. Según las imágenes difundidas por la señal estatal, autoridades de la isla, que forma parte de la Commonwealth, recibieron a la mandataria con honores.

La visita constituye el segundo viaje internacional de Rodríguez desde que asumió la presidencia interina de Venezuela. El pasado 9 de abril, la funcionaria había visitado la isla de Granada en lo que fue su primera salida oficial al exterior tras asumir el cargo.

Rodríguez quedó al frente del Gobierno luego del derrocamiento del dictador Nicolás Maduro, quien fue Aen enero por fuerzas estadounidenses.

La televisión estatal venezolana informó que la mandataria cumplirá este lunes “una agenda de trabajo estratégica”. También señaló que la visita ocurre en medio de “expectativas de cooperación y desarrollo”, aunque no ofreció detalles sobre las actividades previstas ni sobre los temas que abordará con las autoridades locales.

Barbados cuenta con una población de poco menos de 300.000 habitantes y es reconocida por sus playas y por su actividad como puerto de cruceros en el Caribe. Durante su reciente viaje a Granada, Rodríguez afirmó que las partes actualizaron la “hoja de ruta” de los convenios suscritos en 2025 entre las autoridades de esa isla y Maduro. El ex líder chavista se encuentra actualmente procesado por narcotráfico en Estados Unidos.

Los dos viajes internacionales de Rodríguez se produjeron después de que Estados Unidos levantara las sanciones en su contra el pasado 1 de abril. La mandataria gobierna, además, bajo fuertes presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirma estar a cargo de Venezuela y de la venta de su petróleo luego de la caída de Maduro.

El encargado de negocios de EEUU insistió en la necesidad de “seguir implementando” el plan de tres fases de Trump en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela recibió el viernes al nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, en el marco del proceso de normalización de las relaciones bilaterales, restablecidas en marzo tras estar rotas desde 2019.

En la reunión participaron también el canciller Yván Gil, el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, y el vicepresidente de Economía y Finanzas, Calixto Ortega.

Según Venezolana de Televisión (VTV), el encuentro apuntó a consolidar una asociación productiva y estratégica a largo plazo, con énfasis en el beneficio mutuo y en la resolución de asuntos pendientes entre el régimen de Caracas y Washington. VTV transmitió imágenes de la reunión y subrayó que, con este recibimiento, Rodríguez reafirma su voluntad de establecer relaciones de cooperación, hermandad y desarrollo con Estados Unidos.

Desde la cuenta en X de la embajada estadounidense en Caracas, Barrett señaló la necesidad de “seguir implementando el plan de tres fases” de la administración del presidente Donald Trump para Venezuela: estabilización, recuperación y transición. El objetivo de la misión, según la sede diplomática es “obtener resultados que beneficien tanto a los estadounidenses como a los venezolanos”.

(Con información de EFE)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió el viernes al nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, en el marco del proceso de normalización de las relaciones bilaterales, restablecidas en marzo tras estar rotas desde 2019, dos meses después de la captura del ex dictador Nicolás Maduro por Estados Unidos.

En la reunión participaron también el canciller Yván Gil, el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, y el vicepresidente de Economía y Finanzas, Calixto Ortega.

Según Venezolana de Televisión (VTV), el encuentro apuntó a consolidar una asociación productiva y estratégica a largo plazo, con énfasis en el beneficio mutuo y en la resolución de asuntos pendientes entre el régimen de Caracas y Washington. VTV transmitió imágenes de la reunión y subrayó que, con este recibimiento, Rodríguez reafirma su voluntad de establecer relaciones de cooperación, hermandad y desarrollo con Estados Unidos.

Desde la cuenta en X de la embajada estadounidense en Caracas, Barrett señaló la necesidad de “seguir implementando el plan de tres fases” de la administración del presidente Donald Trump para Venezuela: estabilización, recuperación y transición. El objetivo de la misión, según la sede diplomática es “obtener resultados que beneficien tanto a los estadounidenses como a los venezolanos”.

La cita se realizó en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, donde más temprano Rodríguez había recibido al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Ambos mandatarios anunciaron un plan conjunto para combatir las economías ilegales en la frontera, con medidas coordinadas contra el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas.

John Barrett, nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, informó el jueves que ya se encuentra en el país, donde reemplaza a la diplomática Laura Dogu, designada a finales de enero para reabrir la misión diplomática tras siete años de relaciones interrumpidas.

Delcy Rodríguez quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro, expresó en un acto oficial el jueves su interés en “poder continuar la agenda de trabajo” con Estados Unidos. Rodríguez reiteró su llamado a que la cooperación entre Caracas y Washington resulte beneficiosa para ambas naciones y reconoció que, pese a los avances logrados, aún queda trabajo por hacer para eliminar todas las sanciones contra Venezuela.

Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora, reiteró a Estados Unidos su disposición a colaborar en favor de una transición democrática, tras dar la bienvenida a Barrett como nuevo representante diplomático en Caracas.

Desde la salida del poder de Maduro, Rodríguez colabora estrechamente con Washington en la conformación de una alianza estratégica que abarca sectores como hidrocarburos y minería, entre otras áreas.

Delcy Rodríguez dialogó con Gustavo Petro sobre

Tras la reunión entre el presidente de Colombia y la presidenta encargada de Venezuela, ambos mandatarios ofrecieron una declaración conjunta sobre los temas tratados en Caracas.

Rodríguez calificó como “un hecho antinatural” el cierre fronterizo y destacó que la reapertura ha favorecido la reactivación comercial y la movilidad entre poblaciones acostumbradas al intercambio. “Era un hecho antinatural mantener cerrada nuestra frontera, en unas poblaciones acostumbradas al intercambio comercial, unas poblaciones acostumbradas a una movilidad intensa, y que sin ninguna duda significaba la violación a sus derechos humanos”, afirmó. También informó que discutieron la sustitución de importaciones y la conveniencia de fortalecer el comercio bilateral en lugar de buscar productos en otros mercados.

Por su parte, Petro señaló que se abordó la problemática del crimen organizado en la frontera y la necesidad de un esfuerzo conjunto para enfrentar las mafias que controlan actividades ilegales como la trata de personas, el narcotráfico y el comercio ilegal de oro. El presidente colombiano precisó que se buscará una “liberación de los pueblos” fronterizos mediante acciones militares, policiales y sociales coordinadas entre ambos países.

(Con información de EFE)

Este viaje, el primero de un jefe de Estado extranjero al país después de la caída del anterior gobierno, se produce mientras el ejecutivo interino encabezado por Delcy Rodríguez promueve una reconfiguración profunda del aparato político, con repercusiones de alcance continental.

La coyuntura adquiere particular relevancia por el número de funcionarios desplazados por la nueva administración. Solo en los últimos meses, Delcy Rodríguez ha reemplazado a diecisiete ministros y ordenado la detención de tres empresarios ligados al chavismo.

Según fuentes oficiales, Petro y Rodríguez se reunirán con una agenda política, en la cual tocarán temas sobre seguridad fronteriza, migración y cooperación energética entre ambos países, Colombia y Venezuela.

Esta depuración en la cúpula civil y militar, que ocurre bajo la supervisión de la administración de Donald Trump en Estados Unidos, refuerza una etapa de inestabilidad controlada y búsqueda de legitimidad internacional.

La designación de Rodríguez como presidenta encargada y la subsecuente reestructuración institucional han colocado a Venezuela bajo la observación de gobiernos y organismos internacionales.

En este contexto, la visita de Gustavo Petro no solo representa el primer contacto a nivel presidencial con el nuevo gobierno venezolano, sino que también posiciona a Colombia como interlocutor estratégico en el proceso de transición.

La reunión, que se desarrollará el viernes, tiene como eje central el restablecimiento del diálogo bilateral, con especial atención a temas de seguridad en la frontera, migración y cooperación energética.

La purga institucional y sus efectos inmediatos

Desde el inicio del gobierno provisional, Rodríguez ha desplegado una ofensiva orientada a desmontar las estructuras centrales del chavismo. Entre las medidas más destacadas se encuentra el arresto de tres empresarios en los que recaía buena parte de la arquitectura económica del régimen anterior, y la renovación del gabinete que abarca a diecisiete carteras ministeriales.

Esta ofensiva política busca consolidar el poder del ejecutivo interino ante los ojos de la comunidad internacional y abrir espacio para nuevas alianzas, como la que se pretende con Colombia.

La detención de Nicolás Maduro en enero por fuerzas estadounidenses marcó el punto de inflexión. Desde entonces, Caracas enfrenta un proceso de redefinición institucional sin precedentes recientes

El carácter inédito de la transición y la rapidez de los cambios han generado incertidumbre entre los sectores tradicionales del poder y en las filas armadas.

La presencia de Gustavo Petro en Caracas tiene el objetivo de ratificar el compromiso colombiano con la estabilidad en la región andina y su disposición para colaborar en la normalización institucional venezolana.

En palabras del comunicado oficial difundido en la red social X, la reunión constituye “un gesto de apoyo a la transición liderada por Delcy Rodríguez”. El mandatario colombiano asume así un papel de mediador en un proceso de recomposición política con potencial de afectar el equilibrio geopolítico en Sudamérica.

La reunión también es significativa por la historia de fluctuaciones en las relaciones entre Bogotá y Caracas, las cuales registraron importantes tensiones durante los últimos años del mandato de Maduro. Esta nueva etapa plantea interrogantes sobre la viabilidad de una cooperación fronteriza efectiva, la gestión común de la migración y los proyectos de integración energética.

El viaje consolida a Colombia como actor clave en la transición política venezolana y abre un canal diplomático fundamental en un contexto de rápida transformación institucional, de acuerdo con la mediática e internacional.

Este es su itinerario oficial

Como parte del programa de la jornada, las delegaciones de Colombia y Venezuela firmarán el acta final de la III Comisión de Vecindad e Integración, en la que participarán los cancilleres de ambos Estados, un hecho que apunta al refuerzo de los compromisos en materia de control territorial y coordinación en seguridad.

El cronograma, difundido por el despacho del mandatario, establece una reunión privada entre los presidentes en el Palacio de Miraflores para definir estrategias conjuntas ante los desafíos que afectan la estabilidad de la frontera común, seguida por un encuentro ampliado con las respectivas delegaciones.

Además, el evento contempla intervenciones oficiales de los mandatarios, la emisión de declaraciones presidenciales y la divulgación de una comunicación para medios sobre los principales avances alcanzados en el fortalecimiento de la cooperación bilateral.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tiene previsto recibir este viernes al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la que será la primera visita oficial de un jefe de Estado a Caracas tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero.

Petro anunció su viaje durante un foro de líderes de izquierda en España, en el cual destacó que “el 24 de abril voy a ir a Caracas”. El mandatario colombiano explicó la decisión al señalar: “Si Mahoma no viene a mí, yo voy”, en referencia a la falta de respuesta a su invitación previa a Rodríguez.

Una reunión entre ambos líderes estaba prevista para marzo en la frontera colombiana, pero fue cancelada por razones de seguridad. Posteriormente, una delegación colombiana de alto nivel viajó a Caracas para abordar temas de seguridad y energía.

El mandatario colombiano indicó que la coordinación en inteligencia militar será el tema central de su encuentro con Rodríguez. Petro afirmó que existe una “orden desde hace tiempo” para trabajar de manera conjunta con la policía y las fuerzas militares venezolanas.

El jueves, los cancilleres de Venezuela y Colombia se reunieron en Caracas para tratar asuntos fronterizos, consulares, de seguridad y defensa, con la intención de continuar las discusiones este viernes.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.200 kilómetros, donde operan grupos armados que disputan el control de actividades relacionadas con el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.

Entre los temas pendientes en la agenda bilateral figuran un acuerdo para la exportación de gas venezolano a Colombia y la reactivación de un proyecto de interconexión eléctrica.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros que va desde el mar Caribe hasta la Amazonía, una región donde operan grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), además de bandas vinculadas al narcotráfico y el contrabando.

Por este motivo, el presidente colombiano Gustavo Petro anunció que su visita a Caracas será de un solo día y estará acompañado por una delegación “más bien militar, policial” para abordar con Rodríguez el tema de la seguridad en la frontera, especialmente en el Catatumbo.

El Catatumbo es una región selvática con la segunda mayor extensión de cultivos de coca en Colombia y uno de los epicentros de la violencia armada, el cual abarca parte del departamento de Norte de Santander, limítrofe con el estado venezolano de Táchira.

En esta zona, el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC mantienen disputas territoriales y, según las autoridades, cruzan la frontera con frecuencia.

“Entonces, si vamos, Catatumbo es un tema a hablar con la presidente Delcy”, expresó Petro durante un consejo de ministros. El mandatario subrayó que la seguridad fronteriza y un plan conjunto serán los temas principales a tratar, y reconoció que estos esfuerzos han enfrentado intentos de sabotaje, por lo que insistió en la necesidad de mayor coordinación entre ambos gobiernos.

Petro señaló que el fortalecimiento de la inteligencia binacional será clave para evitar que las operaciones militares contra los grupos armados ilegales en la frontera terminen afectando a la población civil.

“Si no hay inteligencia, las bombas caen donde no es; si la inteligencia es la que guía los disparos, si los disparos se dan sin inteligencia, terminan matando a la gente, como ya ha pasado en Colombia”, advirtió.

(Con información de EFE)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, manifestó el jueves su expectativa de continuar la agenda de trabajo con Estados Unidos tras la llegada del nuevo encargado de Negocios estadounidense en Caracas, John Barrett. “Nosotros esperamos poder continuar (con) una agenda de trabajo que debe estar basada en el respeto. Le damos la bienvenida”, declaró.

Durante un acto en el estado Lara, en el marco de la peregrinación de trece días que convocó para exigir el levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos, Rodríguez, quien asumió la presidencia tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro en enero por parte de EE.UU., insistió en que la cooperación entre Caracas y Washington debe ser beneficiosa para ambos pueblos.

En ese sentido, reconoció avances en las relaciones bilaterales, aunque subrayó que aún falta trabajo para eliminar “todas las sanciones” contra Venezuela.

A lo largo de su intervención, Rodríguez llamó a la reflexión sobre los momentos difíciles vividos, refiriéndose a la operación militar estadounidense del 3 de enero de 2026, y señaló que, tras esos hechos, el régimen venezolano apostó por el diálogo diplomático para resolver las diferencias.

Barrett afirmó tras su llegada a Caracas que la relación entre ambos países será determinante para el futuro del hemisferio, en el contexto de la reciente reanudación de relaciones diplomáticas y los acercamientos entre la presidenta encargada y el presidente estadounidense Donald Trump.

“La relación entre los Estados Unidos y Venezuela va a definir el futuro de nuestro hemisferio”, declaró Barrett en un video publicado en X por la Embajada estadounidense en Caracas.

Barrett subrayó que su misión en Venezuela es dar continuidad al plan de tres fases delineado por Trump tras la captura de Nicolás Maduro: estabilización, recuperación y transición. “El presidente Trump y el secretario (Marco) Rubio tienen una visión clara para la prosperidad de nuestra región y estoy aquí para seguir implementando su plan de tres fases para Venezuela”, remarcó.

El diplomático, que anteriormente se desempeñó como encargado de negocios en Guatemala, reemplaza a Laura Dogu, designada a finales de enero para reabrir la misión diplomática tras siete años de ruptura. Dogu había anunciado su salida el 15 de abril, agradeciendo a Trump y a Rubio su confianza.

Dogy regresará a su puesto como asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Caine, mientras el personal diplomático en Caracas continuará impulsando el plan durante “esta nueva etapa de las relaciones” bilaterales.

Desde el lado de la oposición al régimen venezolano, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición de Venezuela, manifestó a Estados Unidos su disposición a colaborar en favor de la transición democrática en el país, tras dar la bienvenida al nuevo encargado de negocios Barrett.

“Reiteramos nuestra disposición a profundizar el trabajo conjunto en favor de una transición democrática en nuestro país”, expresó la PUD en su cuenta de X.

La coalición sostuvo que la alianza política trazó una hoja de ruta alineada con el plan de tres fases impulsado por el Gobierno de Estados Unidos —estabilización, recuperación y transición— que, a su juicio, apunta al restablecimiento de la democracia en Venezuela.

La coalición opositora presentó recientemente una hoja de ruta para la realización de “elecciones libres” en Venezuela, que contempla la designación de nuevas autoridades electorales. Sin embargo, las autoridades del régimen relegaron el tema electoral a un segundo plano, dando prioridad a asuntos económicos. En marzo pasado, el presidente del Parlamento y hermano de la presidenta, Jorge Rodríguez, afirmó que no era urgente definir una fecha para la celebración de comicios.

(Con información de EFE)

Con Nicolás Maduro Moros en el poder, comenzó a crecer una lista de personas desaparecidas tras ser detenidas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Se trata de dirigentes políticos, empresarios y militares de quienes, años después, no hay rastro conocido.

En esa larga cadena de denuncias por desapariciones forzadas vinculadas al sistema carcelario, aparecen casos en los que las familias aseguran no haber recibido nunca una llamada, un mensaje, ni siquiera a través de algún excarcelado o custodio, y mucho menos una comunicación de autoridades policiales o judiciales.

La llamada revolución bolivariana, impulsada por Hugo Rafael Chávez y un grupo de comandantes que alcanzó el poder en 1998 con un discurso de humanismo, y que ahora representa en el interinato Delcy Eloína Rodríguez Gómez, enfrenta hoy señalamientos por casos de desaparecidos que ni siquiera son mencionados oficialmente.

Los nombres de Alcedo Mora y de los hermanos Vergel figuran entre los primeros reportes de desaparición en manos de cuerpos de seguridad. A Hugo Enrique Marino Salas se lo llevó la Dgcim del aeropuerto de Maiquetía, el 20 de abril de 2019.

La familia del teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos mantiene la esperanza de encontrarlo desde que el general Vladimir Padrino López aseguró que había sido degradado y expulsado, junto a otros 32 militares, en el patio del Fuerte Tiuna. Y Carmen Teresa Navas recorre cárceles desde enero 2025 en busca de su hijo, Víctor Hugo Quero Navas.

Mientras algunas familias no se cansan de buscar y otras sostienen reclamos de justicia durante años, la historia ofrece paralelos: en Argentina, las Madres de la Plaza de Mayo, con su pañoleta blanca, hicieron visible desde los años setenta la exigencia de saber dónde estaban los desaparecidos de la dictadura de Jorge Rafael Videla. También hay madres buscadoras en contextos de guerra y violencia, como en Siria y Colombia, con desaparecidos atribuidos a guerrillas y paramilitares.

En México, la crisis de desapariciones ligada al narcotráfico dio origen a colectivos de búsqueda con alta exposición pública, reactivada tras hallazgos como el del llamado “rancho del horror” de Teuchitlán.

Casi ocho años

La familia del teniente coronel (Ej) Juan Antonio Hurtado Campos asegura no tener noticias de él desde el 4 de septiembre de 2018, cuando el jefe de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la DGCIM, teniente coronel (GNB) Alexander Enrique Granko Arteaga, lo sacó del Palacio de Miraflores.

Han pasado siete años y siete meses entre la angustia y la expectativa de sus seres queridos, quienes mantienen la esperanza de que el oficial esté recluido, sin registro público, en alguna de las cárceles del país, atrapado entre traslados y expedientes.

Dora Hurtado, hermana del militar, recuerda que Juan Antonio estaba de vacaciones cuando ocurrió el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro Moros el 4 de agosto de 2018. Meses antes, añade, había regresado de Rusia tras cumplir una comisión de trabajo.

La única referencia institucional conocida por la familia llegó el 24 de enero de 2024, cuando el entonces ministro de la Defensa, GJ (Ej) Vladimir Padrino López, informó en un comunicado que el día anterior habían sido degradados y expulsados de la Fuerza Armada 33 militares, entre activos y retirados.

Padrino los señaló como “implicados en conspiraciones mediante la planificación de acciones criminales y terroristas para atentar contra el sistema de gobierno legítimamente constituido, las autoridades e instituciones del Estado y el pueblo venezolano”.

En la lista figuraba Hurtado Campos, un nombre del que durante seis años no había trascendido información pública. Sus familiares interpretaron la mención como una señal de vida: el texto precisaba que el 23 de enero, a las 10:30, en el Patio de Honor del Ministerio para la Defensa, en Fuerte Tiuna (Caracas), “se llevó a cabo el acto de Degradación y Expulsión” de los 33 militares.

Sin embargo, desde enero de 2024 la familia afirma no haber vuelto a ver su nombre en documentos oficiales ni a escuchar a funcionarios referirse al caso. También aseguran que no han recibido llamadas y que ninguno de los excarcelados les ha dicho haberlo visto.

El sargento primero (Ej) Gustavo Enrique Graterol Torrealba, quien integró durante nueve años la Guardia de Honor Presidencial (GHP), es el único que dice haber presenciado la detención. Según su versión, Hurtado Campos estaba de servicio en Miraflores cuando se lo llevó una comisión de la Dgcim el 4 de septiembre de 2018.

Se lo llevaron del aeropuerto

Han pasado siete años y Beatriz Salas no ha cesado de reclamar al régimen venezolano por el paradero de su hijo Hugo Enrique Marino Salas, un buzo profesional, economista e ingeniero italo-venezolano desaparecido el 20 de abril 2019.

Lo único claro del hecho es que Hugo Marino viajó desde Miami y llegó al aeropuerto internacional Simón Bolívar, de Maiquetía, Venezuela donde fue abordado por presuntos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Desde entonces desapareció.

Marino, quien dirigía la empresa Sistemas Electrónicos Acuáticos (SEA), especializada en rescates marítimos, desaparece cuando investigaba el siniestro aéreo en el que falleció el hijo del ministro Miguel Pérez Abad.

Elizabeth Márquez y Daniel, esposa e hijo de Marino, así como su madre Beatriz Salas, se pronunciaron a través de un video, al cumplirse siete años de su desaparición.

“Por lo menos díganme qué hicieron con Hugo. ¿Dónde lo tienen?”, dijo la madre del submarinista desaparecido, quien solicitó al Fiscal General, Larry Daniel Devoe Márquez y a la Defensora del Pueblo, Egleé González Lobato, que el Estado les dé razón de qué pasó con Hugo Marino.

Batería y los Vergel

Luis Alcedo Mora Márquez mejor conocido como Batería, era un dirigente social que pertenecía a Ruptura, y desaparece el 27 de febrero 2015, cuando supuestamente fue detenido al salir de una reunión que sostuvo en la Gobernación de Mérida con el entonces secretario general de Gobierno, Luis Martínez, donde denunció el contrabando de combustible.

Alcedo Mora había comentado a su familia y amigos que tenía información de una orden de captura en su contra por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

Familiares y amigos de Batería han sostenido, en conversaciones con Infobae, que Alcedo estaba denunciando el tráfico de gasolina desde el Estado Mérida hacia la frontera con Colombia y que habría recibido amenazas por parte de gente relacionada con el expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Rafael Darío Ramírez Carreño, para que no siguiera hablando del tema.

El día que Mora desaparece se conmemoraba cinco años de la Masacre de Onia y 26 del Caracazo. Dos días después también desaparecen los hermanos Eliécer y Jesús Esneider Vergel Prado, quienes eran desplazados colombianos y en varias ocasiones realizaban trabajos con Alcedo Mora.

Dany Vergel, hermana de los Vergel desaparecidos, dice que a Jesús Esneider se lo llevaron, de la finca donde trabajaba. “Fue en una camioneta del Sebin, el 2 de marzo 2015”. A Eliécer lo habrían detenido en el Terminal de Pasajeros. “Nunca más los volvimos a ver”.

Una sobrina del luchador social, Johana Rojas Mora relató años después que ese 27 de febrero la esposa de su tío Alcedo “recibió un mensaje muy extraño que daba cuenta de que estaba en un sitio contra su voluntad: dijo algo así como ‘rodilla en suelo’, expresión que Batería jamás había utilizado”, la llamada se cortó y nunca más volvieron a saber de él. Tampoco de sus amigos los hermanos Vergel.

El atroz silencio

Víctor Hugo Quero Navas, de 51 años y comerciante, fue detenido el 1 de enero de 2025, en el centro de Caracas, por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Los testigos de la detención dijeron que los funcionarios se lo llevaron sin mostrar orden judicial.

Carmen Tersa Navas, madre de Víctor Quero ha acudido a diversos organismos e instituciones estatales, incluyendo el Ministerio Público, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Defensoría del Pueblo y a las instalaciones carcelarias.

No ha obtenido respuesta alguna sobre el paradero de su hijo. Lo que sí ha recibido son maltratos, intimidación y negativas reiteradas a brindar información oficial.

El 23 de octubre de 2025, una funcionaria de la Defensoría del Pueblo, acudió al Ministerio Público donde fue informada de la existencia de un expediente contra Víctor Quero y que se encontraba recluido en el centro penitenciario El Rodeo I, imputado por traición a la patria, conspiración y terrorismo.

El 7 de abril 2026, el Secretario de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se negó a recibir un recurso de hábeas corpus alegando que “eran las instrucciones superiores”.

Varias personas, incluyendo personas excarceladas del mismo centro donde estuvo Quero Navas, aseguran que en noviembre lo vieron en condiciones de salud críticas, presentando deterioro físico y sin acceso a atención médica. Creen que falleció bajo custodia estatal el 11 de noviembre de 2025 por falta de tratamiento médico para la tuberculosis.

Exigiendo respuestas al Estado

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió una solicitud de medidas cautelares presentada por la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia para proteger los derechos de Víctor Hugo Quero Navas, detenido en Venezuela el 1 de enero de 2025.

El 18 de abril 2026, la CIDH aprobó las medidas cautelares para Carmen Teresa Navas y su hijo Víctor Hugo Quero Navas; el documento lo suscriben los vicepresidentes Andrea Pochak y José Luis Caballero Ochoa, así como Gloria Monique de Mees, Riyad Insanally y Marion Bethel.

La familia de Quero Navas afirma que, desde su detención perdió contacto con él y desconoce su paradero oficial, estado de salud, condiciones de reclusión y situación jurídica.

La petición también alerta sobre presuntas intimidaciones por parte de funcionarios estatales contra su madre, Carmen Teresa Navas de 82 años. La CIDH consideró que Navas y su hijo se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, al estimar que sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud están en riesgo de sufrir un daño irreparable.

La Comisión pidió a Venezuela protegerlo, tanto su vida como integridad personal; confirmar la ubicación y circunstancias de detención; garantizar condiciones compatibles con estándares internacionales: comunicación con familiares y defensa, acceso al expediente, información sobre cargos y presentación ante tribunal.

Instó a Venezuela a implementar medidas para que Carmen Teresa Navas pueda continuar con la defensa de los derechos de su hijo sin ser objeto de amenazas, hostigamientos, intimidaciones u otros hechos de violencia.

El Estado venezolano no ha respondido.

La aerolínea venezolana Laser anunció que ofrecerá vuelos directos entre Caracas y Miami a partir del 1 de mayo, tras la aprobación del Departamento de Transporte de Estados Unidos para reanudar los servicios con aeropuertos venezolanos.

Mediante su cuenta de Instagram, Laser comunicó que reiniciará los vuelos directos en alianza con la aerolínea estadounidense Global X.

El itinerario contempla una frecuencia diaria entre Miami y Caracas en ambos sentidos.

La compañía detalló que la ruta se cubrirá con un avión Airbus A320 con capacidad para 150 pasajeros, aunque no especificó los precios de los boletos.

Con este anuncio, Laser se suma a Copa Airlines y American Airlines, aerolíneas que ya han anunciado la reactivación de la ruta.

American Airlines inició el lunes la venta de boletos para vuelos desde el 30 de abril, con precios superiores a 1.000 dólares por trayecto.

Esta aerolínea estadounidense es la primera en reanudar vuelos directos entre ambos países, suspendidos desde 2019 por decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, durante su primer mandato.

La autorización para retomar los vuelos se dio después de que el Departamento de Transporte de Estados Unidos aprobara en marzo la reanudación de servicios a los aeropuertos de Maiquetía (Caracas) y Maracaibo (capital de Zulia), así como tras inspecciones realizadas por la Administración de Seguridad en el Transporte en Caracas.

Este año, el propio Trump levantó el veto tras la captura de Nicolás Maduro por militares estadounidenses el 3 de enero y la asunción de la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

En marzo, el Departamento de Estado de EEUU redujo la alerta de viaje para Venezuela del nivel 4 (máximo riesgo) al nivel 3, recomendando a los estadounidenses “reconsiderar viajar” debido a “crimen, secuestro, terrorismo y una infraestructura de salud deficiente”.

El sector petrolero venezolano recibió un nuevo impulso

En otro orden, el sector petrolero venezolano recibió un nuevo impulso con la llegada de la empresa brasileña Alvorada Heavy Industries Ltda, que decidió expandir sus operaciones en el país tras los recientes gestos de flexibilización de sanciones estadounidenses.

La apuesta de la compañía se inscribe en un contexto de expectativa regional por la posible recuperación de la industria petrolera venezolana, duramente golpeada en la última década.

Alvorada Heavy Industries Ltda, surgida en 2023 y respaldada por Galapagos Capital, una firma de inversiones fundada por un ex socio de Banco BTG Pactual SA, ya comenzó a incrementar la producción en tres bloques ubicados en el extremo noreste de la Faja Petrolífera del Orinoco.

La empresa produce actualmente alrededor de 4.000 barriles diarios en Venezuela y proyecta alcanzar los 20.000 barriles diarios en dos años, según confirmó su presidente, Paulo Buzanelli, quien se encuentra en Caracas.

La reapertura de la ruta aérea entre Miami y Caracas por parte de American Airlines marca el regreso de un enlace crucial que estuvo suspendido por casi siete años debido a restricciones y razones de seguridad, impulsando la expectativa de una reactivación en las conexiones aéreas entre Estados Unidos y Venezuela a partir del próximo 30 de abril, según lo informado por Telemundo 51.

Debido a esto, la compañía anunció que ofrecerá un vuelo diario sin escalas, con operaciones a cargo de la subsidiaria Envoy utilizando aeronaves Embraer 175, tras obtener las aprobaciones necesarias de ambos gobiernos.

Los precios iniciales para los vuelos entre las dos ciudades se sitúan en niveles considerablemente elevados en comparación con otras rutas regionales. Según consultas en el sistema de American Airlines realizadas y reportadas por NBC Miami, los boletos de ida y vuelta para las primeras fechas habilitadas, a finales de abril, superan los USD 2.700.

Para mayo, las tarifas presentan una moderación, ubicándose entre USD 1.000 y USD 1.800, mientras que en algunas plataformas como Trip.com se identificaron tarifas de ida desde USD 310 y de ida y vuelta desde USD 910 en fechas específicas de mayo y junio.

Tarifas, comparación con otras rutas y cronograma de reinicio

Al comparar con destinos similares de la región, destaca la diferencia de costo: los vuelos entre Miami y Bogotá se mantienen alrededor de los USD 300 en las mismas fechas, como reportaron Telemundo 51 y NBC Miami. En la clase Business Flexible para la ruta Miami-Caracas, la tarifa publicada asciende a USD 3.349, según datos de Trip.

La reanudación del servicio fue confirmada el 9 de abril, cuando American Airlines comunicó que esperaba la finalización de aprobaciones gubernamentales y verificaciones de seguridad. En ese anuncio, la aerolínea estadounidense precisó sus intenciones de restablecer el vuelo diario sin escalas entre ambos países “tan pronto como el 30 de abril”.

De acuerdo a lo publicado por Aviacionline, el nuevo itinerario contempla una salida diaria desde Miami a las 10:16 horas, con arribo a Caracas a las 13:36, y el vuelo de retorno parte a las 14:40 desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, para aterrizar en Miami a las 18:13. El avión Embraer 175 destinado a esta ruta ofrece cabina premium y servicios como wifi gratuito y tomas de corriente en los asientos.

Declaraciones oficiales y respaldo institucional

El vicepresidente ejecutivo de American Eagle, Bienes Raíces Corporativos y Asuntos Gubernamentales, Nate Gatten aseguró: “American fue la primera aerolínea en anunciar planes para retomar el servicio a Venezuela, y nos alienta el progreso que hemos logrado con ambos gobiernos”.

Gatten también reconoció los aportes del secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, y del secretario de Estado, Marco Rubio, elogiando el trabajo conjunto que hizo posible la reapertura de esta conexión aérea.

Por su parte, el director comercial de la compañía, Nat Pieper, subrayó, en declaraciones difundidas por Telemundo 51, el peso histórico de esta ruta en la malla de American: “El centro de conexiones de American en Miami es la principal puerta de entrada de Estados Unidos hacia América Latina, y nuestro servicio a Venezuela es una parte clave de nuestra historia y de nuestro futuro”. Pieper añadió que el compromiso de American Airlines de conectar a Estados Unidos y Venezuela ya supera los 30 años.

Antecedentes con proyección de la conexión aérea

American Airlines comenzó a operar en Venezuela en 1987 y mantuvo sus vuelos hasta 2019, año en que se suspendió la ruta. Actualmente, la compañía es la aerolínea con mayor cantidad de destinos directos entre Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe, con una red diaria que supera los 6.000 vuelos en todo el mundo, tal como subrayó Aviacionline.

La reapertura del enlace Miami-Caracas apunta a facilitar nuevas oportunidades de comercio y a reforzar los vínculos familiares, tras varios años de aislamiento aéreo directo entre ambos países.

American Airlines abrió este domingo la venta de pasajes para su vuelo diario entre Miami y Caracas, previsto para arrancar el 30 de abril, con tarifas que superan los 1.000 dólares. Si bien desde el sábado algunas agencias de viajes venezolanas ya reflejaban el itinerario en sus sistemas, la aerolínea habilitó la venta directa a partir del mediodía. Los boletos marcan el primer enlace aéreo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela en más de seis años.

La ruta será operada por Envoy Air, filial regional del grupo, con aeronaves Embraer 175 de 76 asientos: 12 en clase Business y 64 en Economy. El vuelo saldrá de Miami a las 10:15 de la mañana y llegará al aeropuerto de Maiquetía a la 1:35 de la tarde, hora local. El trayecto de regreso partirá a las 2:40 y aterrizará en Miami a las 6:13. La duración estimada es de tres horas y veinte minutos en cada sentido, con leve variación por vientos.

La apertura comercial no se produce en el vacío. En enero de 2019, la administración de Donald Trump prohibió los vuelos de aerolíneas estadounidenses a Venezuela como parte del endurecimiento de sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. American, que operaba en el país desde 1987 y era la mayor aerolínea estadounidense allí, suspendió entonces sus operaciones. La compañía ya había acumulado pérdidas de 600 millones de dólares en 2016 por fondos inmovilizados en bolívares.

El escenario cambió de forma abrupta a comienzos de este año. El 3 de enero, fuerzas militares estadounidenses capturaron a Maduro, lo que desencadenó un rápido reajuste en las relaciones entre Washington y Caracas. En enero, el secretario de Transporte, Sean Duffy, levantó la orden que vetaba los vuelos comerciales, y el 4 de marzo el Departamento de Transporte otorgó a American la autorización para operar la ruta, con vigencia de dos años. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) realizó además una inspección en Maiquetía para verificar los procedimientos de seguridad, paso previo indispensable para habilitar el servicio.

American no regresa sola. Latam Airlines reactivó la conexión Bogotá-Caracas, y Wingo y Avianca reanudaron vuelos desde Colombia. Sin embargo, la ruta desde Miami tiene un peso específico mayor: Florida alberga a unos 474.000 venezolanos, según datos del Pew Research Center de 2024, la mayor concentración de esa diáspora en territorio estadounidense. El director comercial de la aerolínea, Nat Pieper, definió el servicio a Venezuela como “una parte fundamental” de la historia y el futuro de la empresa, según informó Reuters.

La decisión de arrancar con un avión regional de 76 plazas refleja cautela ante un mercado que lleva años fuera del circuito. La Administración Federal de Aviación (FAA) mantiene a Venezuela en Categoría 2, lo que impide a las aerolíneas venezolanas operar hacia suelo estadounidense, mientras el Departamento de Estado alerta a los viajeros sobre riesgos de crimen y secuestro. La autorización también contempla extender el servicio a Maracaibo en el futuro.

El regreso de American cierra un ciclo de aislamiento aéreo de más de seis años, pero abre interrogantes sobre la sostenibilidad del servicio. La reconstrucción de la infraestructura bancaria y operativa en Venezuela sigue siendo un requisito de fondo antes de escalar frecuencias o aeronaves. El billete de más de 1.000 dólares refleja tanto la demanda reprimida de una diáspora que lleva años viajando con escalas como la incertidumbre que todavía rodea a Venezuela.

La ONG Provea reclamó el viernes la fijación de un salario mínimo digno en Venezuela, al que el actual, equivalente a 27 centavos de dólar al mes según el tipo de cambio oficial, representa una situación de “pobreza extrema”.

La organización recordó que el Banco Mundial define el umbral de pobreza internacional en tres dólares diarios para países de bajos ingresos, mientras que en Venezuela el ingreso mínimo mensual está por debajo de esa cifra.

Provea también advirtió que el salario mínimo, base para prestaciones y otros pagos laborales, continúa estancado en 130 bolívares desde hace cuatro años, cuando equivalía a unos 30 dólares mensuales, pero la inflación lo devaluó de manera drástica.

En los últimos años, la política salarial del régimen se concentró en el pago de dos bonificaciones para los trabajadores públicos, que no inciden en prestaciones ni beneficios laborales, y que suman 190 dólares: uno de 40 dólares por concepto de alimentación y otro de 150 dólares denominado “ingreso de guerra económica”, ambos depositados en bolívares al tipo de cambio oficial.

Según la ONG Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), en marzo una familia requirió 692,32 dólares para cubrir la canasta básica de alimentos, un incremento del 7,24% respecto al mes anterior, cuando el costo era de 645,6 dólares. El cálculo se basa en una familia tipo de cinco integrantes.

En este contexto, sindicatos y trabajadores marcharon en Caracas en las últimas semanas para exigir aumentos salariales y mejoras laborales. La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, anunció que se realizará un aumento “responsable” el próximo 1 de mayo, aunque no precisó si se tratará de un incremento al salario mínimo o a las bonificaciones de los trabajadores del sector público.

Por su parte, la Federación Venezolana de Maestros (FVM) convocó al sector educativo a una jornada nacional de asambleas de trabajadores el 22 de abril para exigir un sueldo “justo, suficiente y digno”, tras más de cuatro años sin incrementos del salario mínimo, que actualmente equivale a unos 27 centavos de dólar mensuales.

“Nuestra profesión y nuestra dignidad no pueden seguir esperando. Es momento de alzar la voz por la educación del país”, expresó la FVM en un comunicado.

La jornada buscará discutir la “crítica realidad” derivada del estancamiento salarial, mientras el costo de vida sigue en aumento y las autoridades “se niegan a reunirse con los legítimos representantes de los trabajadores”, según la convocatoria. La federación señaló que las autoridades educativas y laborales “no dan respuesta a las peticiones y demandas del magisterio”, sin dejar de lado la discusión inmediata de la convención colectiva.

La FVM denunció además la suspensión de salarios sin el debido proceso, el acoso laboral contra docentes y señaló que “muchos son presionados, amenazados o intimidados por ejercer su derecho a reclamar mejoras salariales, participar en protestas, denunciar irregularidades o exigir el respeto a sus derechos laborales”. Entre las prácticas mencionadas figuran amenazas de sanciones, cambios arbitrarios de funciones, apertura de procesos administrativos sin justificación y suspensión de salarios, lo que genera un clima de temor y persecución en el sistema educativo.

Distintos sectores laborales han retomado las protestas en este nuevo contexto que atraviesa Venezuela desde la captura del ex dictador Nicolás Maduro en Caracas por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero. El jueves, trabajadores entregaron una carta a la Embajada de EE.UU. en Caracas solicitando su mediación ante el Gobierno venezolano para mejoras salariales, la liberación de presos políticos y la convocatoria a elecciones presidenciales.

(Con información de EFE)

El Fondo Monetario Internacional anunció este jueves que retoma formalmente los vínculos institucionales con Venezuela, suspendidos desde 2019 por disputas sobre el reconocimiento del gobierno.

La directora gerente, Kristalina Georgieva, comunicó que el organismo vuelve a interactuar oficialmente con el país sudamericano bajo la administración encabezada por la jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez.

La decisión de retomar el vínculo fue adoptada luego de que la mayoría de los miembros del FMI se manifestaran a favor de reconocer a Rodríguez como interlocutora.

“El FMI está tratando ahora con el Gobierno de Venezuela, bajo la administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez”, declaró Georgieva en un comunicado.

El restablecimiento de la relación llega en el marco de las Reuniones de Primavera que el FMI y el Banco Mundial celebran en Washington esta semana.

El Fondo explicó que la medida se ajusta a la práctica institucional del organismo en situaciones de reconocimiento de gobiernos, y señaló que Venezuela sigue siendo miembro pleno desde 1946.

Con este giro, el FMI podrá volver a recopilar formalmente datos económicos sobre Venezuela y evaluar la situación macroeconómica del país, algo que no ocurría desde 2004.

La última vez que el organismo publicó un informe completo sobre la economía venezolana fue hace dos décadas, lo que había limitado el acceso a información financiera clave tanto para los mercados internacionales como para los potenciales acreedores.

Esta nueva etapa abre la puerta a que Caracas inicie el proceso para solicitar asistencia financiera y técnica al organismo multilateral, siempre que cumpla con los requisitos y protocolos habituales.

Inversionistas y analistas del mercado han interpretado este paso como una señal positiva para el proceso de reestructuración de la deuda venezolana, que podría requerir un nuevo programa de financiamiento respaldado por el FMI para considerar sostenible cualquier esquema de pagos.

La reanudación de relaciones llega en un contexto en el que Venezuela intenta normalizar sus lazos diplomáticos y económicos con Estados Unidos. Desde la intervención militar que terminó con la captura de Maduro, el régimen chavista ha aceptado las condiciones económicas y petroleras propuestas por la administración de Donald Trump para avanzar en la reactivación de exportaciones de hidrocarburos y atraer inversión extranjera.

Paralelamente, el Banco Mundial siguió los pasos del FMI y restableció también las relaciones con el régimen de Rodríguez, lo que podría facilitar nuevas líneas de crédito y apoyo para proyectos de desarrollo e infraestructura.

Las autoridades venezolanas han señalado en reiteradas ocasiones que el acceso a financiamiento multilateral es esencial para hacer frente a las profundas dificultades económicas que enfrenta el país, agravadas por años de recesión, hiperinflación y sanciones internacionales.

El vínculo entre Venezuela y el FMI se había roto en marzo de 2019, cuando el Fondo decidió reconocer a la oposición —entonces con control parlamentario— como el gobierno legítimo en medio de la crisis política. Con el nuevo escenario, el organismo retoma el diálogo con la administración instalada en Caracas, lo que supone un paso clave para la reinserción de Venezuela en los circuitos multilaterales y el acceso a información técnica y financiera de referencia global.

El FMI recordó en su comunicación que la decisión está guiada por la voluntad mayoritaria de sus miembros y alineada con la práctica de larga data del organismo en situaciones de reconocimiento de gobiernos.

La directora gerente Georgieva formalizó el anuncio desde la sede central del Fondo en Washington, en un movimiento que podría marcar el inicio de una nueva etapa para la economía venezolana y su relación con los organismos internacionales.

(Con información de EFE, AFP y Reuters)

Sindicatos y empleados públicos venezolanos entregaron este jueves una carta a la Embajada de Estados Unidos en Caracas para pedir la mediación de Washington ante el régimen chavista y exigir mejoras salariales, la liberación de presos políticos y la convocatoria a elecciones presidenciales.

La protesta reunió a centenares de trabajadores en una plaza de la capital, donde los representantes sindicales explicaron que la movilización responde al estancamiento de sus ingresos y a la falta de respuesta oficial tras años de reclamos.

“Solicitamos un aumento real de salarios, la liberación de todos los presos políticos y unas elecciones libres y democráticas”, detalló el secretario general del sindicato de la Cancillería, José Patines.

Agregó que la comisión encargada de entregar la misiva fue la única autorizada para acercarse a la sede diplomática, ya que la presencia de presuntos infiltrados generó temores de sabotaje y altercados.

“El salario mínimo está congelado desde hace cuatro años y es el más bajo de la región. No hay ningún país en Sudamérica con una remuneración tan baja”, reclamó el dirigente sindical.

Actualmente, el salario mínimo mensual se mantiene en 130 bolívares, equivalentes a menos de 20 centavos de dólar al tipo de cambio oficial, mientras la mayoría de los empleados públicos sobrevive con bonos variables que rondan los 160 dólares al mes, sin impacto en prestaciones ni beneficios laborales.

Los manifestantes criticaron la posición de Delcy Rodríguez, jefa del régimen chavista, quien asumió el poder en enero tras la captura de Nicolás Maduro y anunció un posible aumento salarial para el 1 de mayo, sin precisar montos ni condiciones.

“A Delcy Rodríguez no la eligió nadie. Es urgente convocar a elecciones libres y justas”, enfatizó Patines. Los trabajadores insistieron en la necesidad de una transición democrática y en la recuperación de las instituciones como condición esencial para superar la crisis.

El documento entregado a la Embajada de Estados Unidos también solicita que los fondos venezolanos bloqueados por sanciones sean liberados únicamente si se garantiza su uso en pensiones, salarios, infraestructura educativa, hospitales y servicios públicos esenciales.

“No queremos excusas de sanciones ni que nos digan que no hay dinero. Los trabajadores no somos responsables de los desvíos. Pedimos que esos recursos se destinen a lo que realmente importa”, recalcó uno de los voceros del sector educativo.

La situación económica de los trabajadores venezolanos se ha deteriorado hasta niveles críticos. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, un empleado promedio del sector privado percibía alrededor de 237 dólares mensuales en 2025, mientras que la canasta básica de alimentos supera los 500 dólares. Esta brecha ha obligado a muchos a buscar empleos adicionales o recurrir a la economía informal para compensar la pérdida de poder adquisitivo.

A pesar de los anuncios oficiales, las protestas laborales han sido constantes. El pasado 30 de abril, cientos de empleados intentaron marchar hasta el palacio presidencial de Miraflores, pero fueron reprimidos por la Policía Nacional Bolivariana antes de alcanzar su objetivo.

Los sindicalistas advirtieron que la represión no frenará los reclamos y anunciaron nuevas movilizaciones para exigir respuestas concretas a sus demandas.

Desde la caída de Nicolás Maduro, la administración estadounidense ha declarado que buscará garantizar que los ingresos por exportaciones de petróleo y minerales venezolanos beneficien directamente a la población y no sean utilizados para perpetuar el control político.

El secretario de Estado Marco Rubio reiteró que cualquier flexibilización de sanciones estará condicionada a la supervisión internacional y a la asignación de fondos para salud, educación y salarios.

La presión social persiste y los trabajadores venezolanos insisten en que solo una transición legítima y la recuperación de la institucionalidad permitirán una mejora real en sus condiciones de vida.

“No vamos a dejar de luchar hasta que nuestros derechos sean respetados y tengamos un futuro digno en nuestro propio país”, concluyó Patines al cierre de la protesta.

(Con información de EFE y The Associated Press)

La Encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu, anunció el cierre de su etapa diplomática en Venezuela, resaltando su agradecimiento a los funcionarios de mayor rango y anticipando la llegada de un nuevo representante.

"Mi asignación temporal en Caracas está llegando a su fin, y regresaré a mi puesto anterior como Asesora de Política Exterior del Jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos“, declaró al comunicar el relevo en la oficina diplomática.

Durante su despedida, Dogu agradeció la confianza depositada por los altos funcionarios de Estados Unidos.

"Estoy profundamente agradecida con el presidente Trump y el secretario Rubio por confiarme la tarea de liderar la implementación de su plan aquí en Venezuela, y de representar a los Estados Unidos durante este momento, mientras construimos una relación sólida entre nuestros dos países“, expresó la encargada.

Al referirse a la próxima etapa para la legación diplomática en Caracas, la funcionaria anticipó el nombre de su sucesor.

"Me complace anunciar que John Barrett llegará próximamente a Venezuela para desempeñarse como el próximo Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas“, resaltó en el anuncio de transición, agregando que el equipo local permanecerá enfocado en los objetivos bilaterales definidos.

En la última parte de su mensaje, Dogu puntualizó la directriz central de la gestión estadounidense.

"El equipo en Caracas continuará avanzando el plan de tres fases del Presidente y del Secretario durante esta nueva etapa de las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela, en beneficio del pueblo estadounidense y del pueblo venezolano“, afirmó al detallar la hoja de ruta para la embajada.

En el comunicado publicado en la cuenta en X de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, Dogu aseguró que su “asignación temporal en Caracas está llegando a su fin” y que Barrett, actual encargado de negocios en Guatemala, llegará “próximamente” al país para ocupar su puesto.

Dogu, quien dijo que regresará a su puesto de asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU, el general Dan Caine, aseguró que el equipo en Caracas “continuará avanzando el plan de tres fases” de Trump y Rubio para Venezuela (estabilización, recuperación y transición) durante “esta nueva etapa de las relaciones” bilaterales.

El martes, un portavoz del Departamento de Estado había dicho a EFE que Dogu, nombrada encargada de negocios tres semanas después de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, sigue al frente de la embajada en Caracas, luego de que varios medios de Guatemala aseguraran que Barrett la sustituiría.

Este diplomático asumió sus funciones como encargado de negocios en Guatemala en enero de 2026, tras haber sido ministro consejero en la Embajada de EEUU en Panamá desde mayo de 2023, según el país norteamericano.

También ocupó los cargos de consejero para Asuntos Económicos en la embajada en Perú y de cónsul general en la ciudad brasileña de Recife.

EEUU y Venezuela acordaron formalmente el pasado 5 de marzo restablecer lazos diplomáticos como un contundente paso en el marco de cooperación establecido entre Washington y Caracas después de que el Gobierno de Trump capturara a Maduro.

Ambos países habían roto relaciones en 2019, cuando el Gobierno de Trump, en su primer mandato, reconoció al opositor Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional, como mandatario encargado del país suramericano.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, apoyó el martes la labor del Fondo Monetario Internacional (FMI) para reincorporar a Venezuela y avanzar hacia una “economía normal”.

“El FMI está trabajando para reincorporar a Venezuela y que parezca una economía normal”, afirmó Bessent durante un foro celebrado en el marco de las reuniones de primavera del organismo financiero mundial en Washington.

El funcionario del presidente estadounidense Donald Trump también destacó el papel del Banco Mundial y señaló que su “liderazgo” resulta relevante “en términos de energía y de desbloquear recursos y estabilidad para los países más pobres”. Sobre Venezuela, el secretario del Tesoro aseguró que la nación caribeña “está volviendo a una buena trayectoria”.

En paralelo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el levantamiento de las sanciones contra el Banco Central de Venezuela y otras tres instituciones bancarias públicas, en una medida orientada a reactivar las relaciones financieras y comerciales entre ambos países tras años de restricciones.

La disposición, formalizada bajo la Licencia General 57 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), autorizó todas las operaciones bancarias y servicios financieros con el Banco Central, el Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro.

La autorización se extiende a cualquier entidad en la que estos bancos tengan una participación igual o superior al 50%, así como a empleados actuales del régimen venezolano que no figuren en la lista de personas sancionadas por la OFAC. El pasado 1 de abril, Estados Unidos eliminó de la lista de sancionados a la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El documento firmado por el director de la OFAC, Bradley T. Smith, estableció que las operaciones permitidas abarcan transacciones bancarias tradicionales, pagos electrónicos, transferencias móviles, servicios de nómina y pagos de salarios, pensiones o beneficios laborales. También se autorizó el uso de plataformas digitales, billeteras electrónicas y la contratación de seguros, inversiones o instrumentos financieros vinculados a estas entidades, así como servicios de prevención de fraude, autenticación y ciberseguridad.

El BCV había sido sancionado en abril de 2019, lo que dejó al sistema financiero venezolano prácticamente aislado del circuito bancario internacional durante casi siete años.

Esta flexibilización se produce en el marco de un proceso de distensión iniciado tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro en enero. Desde entonces, Washington aceleró la la revisión de sanciones, especialmente en sectores estratégicos como energía y finanzas, con el objetivo de incentivar reformas estructurales y la apertura a la inversión extranjera en el país caribeño.

El Tesoro aclaró que la licencia no implica el desbloqueo de bienes previamente congelados bajo otras disposiciones ni exime a los beneficiarios del cumplimiento de otras leyes estadounidenses, como la Ley de Secreto Bancario o las regulaciones del FinCEN sobre delitos financieros.

En este contexto, Rodríguez se reunió el martes en el Palacio de Miraflores con una delegación del Departamento de Energía estadounidense encabezada por el subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos y Energía Geotérmica, Kyle Haustveit.

Durante el encuentro, la presidenta encargada reclamó directamente al mandatario Donald Trump el levantamiento de las sanciones impuestas contra Venezuela. La cita constituye el tercer contacto de alto nivel entre Caracas y Washington en menos de tres meses, en el marco del acercamiento bilateral.

Rodríguez centró su mensaje en la necesidad de seguridad jurídica para los inversores. “Un inversionista requiere mayor seguridad jurídica. Una licencia no brinda la seguridad jurídica en la proyección del tiempo, porque está sujeta a temporalidad”, sostuvo la mandataria, según imágenes difundidas por el canal estatal VTV. En la reunión participó también la encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu, junto con otras autoridades de ambos países.

(Con información de EFE)

“Esto nos obliga a redoblar esfuerzo porque es evidente que quieren ellos seguir acabando con la vida de los nuestros. Próximamente vamos a anunciar una agenda”, declaró la activista Andreína Baduel durante una vigilia realizada en las afueras del penal.

Decenas de allegados se congregaron en la entrada de la prisión, donde se mantienen con pernoctas y vigilias permanentes desde hace más de 90 días, para reclamar la liberación de los detenidos.

El grupo encendió velas formando las palabras “SOS Rodeo I”, portó pancartas en demanda de liberación y algunos manifestantes se vistieron de amarillo y usaron capuchas, en alusión a la forma en que los presos son trasladados de sus celdas a la zona de visitas.

Baduel relató que la protesta inició el miércoles por la tarde, cuando los presos políticos extranjeros salieron al patio para tomar sol y se negaron a regresar a sus celdas como protesta por sus condiciones. Según la activista, los custodios respondieron con golpes, amenazas con armas de fuego y el uso de gas pimienta y gas lacrimógeno, lo que provocó que varios detenidos, incluido su hermano Josnars, tuvieran que ser llevados a la enfermería.

“Sé que él está muy mal porque además él había sido torturado en el Helicoide y eso le dejó una afección pulmonar crónica, y evidentemente toda la noche expuesto a tortura y a gases lacrimógenos, pues su organismo colapsó”, afirmó Baduel sobre el estado de salud de su hermano.

Hiowanka Ávila, hermana del detenido Henryberth Rivas, denunció ante la prensa que los reclusos en El Rodeo I sufren continuos maltratos y condiciones precarias de reclusión. “Están encerrados 23 horas (al día) en sus celdas con una letrina que emite gases”, afirmó Ávila, quien añadió que muchos detenidos presentan enfermedades en la piel, otitis, afecciones gastrointestinales y patologías pulmonares.

Ávila señaló que los presos extranjeros no tienen permitido comunicarse con sus familiares ni con sus embajadas, restricciones que en ocasiones también se aplican a los venezolanos. “Los familiares no vamos a dejar de estar acá hasta que nos entreguen a nuestros familiares”, insistió.

Por su parte, el Ministerio Público de Venezuela aseguró el viernes que verificó el cumplimiento de “procedimientos y protocolos de rigor” en la cárcel El Rodeo I.

“Se pudo constatar la aplicación de los procedimientos y protocolos de rigor durante los hechos (...), conforme a las normas que rigen el uso progresivo y diferenciado de la fuerza y el respeto de los derechos humanos”, indicó la Fiscalía en un comunicado difundido en la red social Instagram.

Un equipo de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos realizó el viernes una visita de supervisión en la cárcel El Rodeo I. Durante la inspección, se revisaron las grabaciones de seguridad correspondientes al día de la protesta, “iniciada por algunos privados extranjeros”, y se efectuaron “entrevistas individualizadas” con algunos detenidos, según indicó el texto oficial.

El Rodeo I fue el lugar de reclusión del gendarme argentino Nahuel Gallo, liberado en marzo, quien describió ese penal como un “lugar de tortura psicológica”. También estuvo detenido allí el ciudadano francés Julien Février, liberado esta semana tras 15 meses de detención.

(Con información de EFE)

Alfredo Romero, presidente de la ONG Foro Penal, informó que Ort Betancourt, estudiante y dirigente juvenil municipal del partido Primero Justicia, fue detenido durante las protestas realizadas el jueves en el centro de Caracas.

Hasta el momento, se desconoce el paradero de Betancourt, quien tiene 21 años y participó de las manifestaciones que fueron reprimidas por la Policía Nacional Bolivariana con gases lacrimógenos y tácticas de choque, en las cuales se exigió un aumento de salarios frente al avance sostenido de la inflación en Venezuela.

El salario mínimo oficial en Venezuela se mantiene en 130 bolívares mensuales, monto equivalente a menos de 30 centavos de dólar según la cotización oficial. Aunque el ingreso total puede alcanzar los 150 dólares con bonificaciones estatales, esas sumas son variables y no inciden en prestaciones ni jubilaciones. La canasta básica familiar supera los 600 dólares mensuales, de acuerdo con estimaciones de consultoras privadas.

La movilización, que inició en Plaza Venezuela con destino al palacio presidencial de Miraflores, fue interceptada por fuerzas de seguridad en varios puntos del centro de la capital venezolana, lo cual provocó escenas de caos y tensión durante la jornada.

Cerca de 2.000 trabajadores, representantes sindicales, estudiantes y gremios se congregaron desde la mañana para reclamar un incremento real del salario mínimo, congelado desde hace dos años. La protesta tuvo lugar después del anuncio de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien el miércoles prometió un “aumento responsable” para el 1 de mayo, sin detallar cifras ni mejoras en los beneficios laborales.

Los manifestantes rechazaron la propuesta oficial, al considerar que solo contempla bonos y no impacta en prestaciones ni derechos adquiridos. “Basta ya del engaño, del aumento de los salarios. Quieren poner como salario un aumento de los bonos que da el gobierno. Eso es totalmente inaudito”, expresó Mauricio Ramos, jubilado presente en la marcha.

La situación se agravó cuando los manifestantes intentaron avanzar hacia la sede del Ejecutivo. A la altura de la plaza El Venezolano y en las inmediaciones de la Avenida Urdaneta, los cuerpos antimotines desplegaron cordones de seguridad y utilizaron gas pimienta y bombas lacrimógenas para frenar el avance.

Foro Penal también informó el jueves que la cifra de detenidos por motivos políticos se ubica en 485. Romero afirmó en X que la ley de amnistía “está sirviendo más que para agilizar la libertad de presos políticos, como un embudo para ralentizar o paralizar la libertad de muchos”.

Entre los detenidos de forma arbitraria se encuentran 440 hombres y 45 mujeres. A su vez, los detalles del reporte señalaron que hay 298 civiles y 187 militares tras las rejas. Del total de los presos políticos, hay 1 adolescente entre 14 y 17 años de edad.

Hasta el jueves de la semana pasad, la ONG registraba 490 personas detenidas por causas políticas en el país, incluyendo 44 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad.

A su vez, el titular de la organización que lucha por los derechos de los presos políticos en Venezuela, informó que los familiares de los detenidos por el régimen continúan “muy angustiados por la situación en la cárcel Rodeo I”. “Hay mucha incertidumbre. Nos comentan que ha habido gritos de forma continua”, detalló el abogado.

(Con información de AFP)

La movilización, que partió desde Plaza Venezuela con destino al palacio presidencial de Miraflores, fue interceptada por fuerzas de seguridad en varios puntos del centro de Caracas, generando escenas de caos y tensión durante toda la jornada.

Cerca de 2.000 trabajadores, representantes sindicales, estudiantes y gremios profesionales se congregaron desde la mañana para reclamar un incremento real del salario mínimo, congelado desde hace dos años.

La protesta se desarrolló tras el anuncio de la jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, quien este miércoles prometió un “aumento responsable” para el 1 de mayo, aunque sin detallar cifras ni mejoras en los beneficios laborales.

Los manifestantes rechazaron la propuesta oficial al considerar que solo se limitaba a bonos y no impactaba en prestaciones ni derechos adquiridos.

“Basta ya del engaño, del aumento de los salarios. Quieren poner como salario un aumento de los bonos que da el gobierno. Eso es totalmente inaudito”, denunció Mauricio Ramos, un jubilado presente en la marcha.

La situación se agravó cuando la columna de manifestantes intentó avanzar hacia la sede del Ejecutivo. A la altura de la plaza El Venezolano y en las inmediaciones de la Avenida Urdaneta, los cuerpos antimotines desplegaron cordones y utilizaron gas pimienta y bombas lacrimógenas para frenar el avance.

“Vean cómo nos están reprimiendo, no nos dejan avanzar”, gritaban los asistentes mientras la presión policial se intensificaba. En algunos tramos, los manifestantes lograron romper los cercos y avanzar algunos metros, superando a los efectivos en sus intentos de bloquear la movilización.

La protesta fue convocada por organizaciones sindicales y gremiales que denuncian la pérdida del poder adquisitivo y la precarización acelerada de los salarios en el sector público.

Actualmente, el salario mínimo oficial permanece en 130 bolívares mensuales, equivalentes a menos de 30 centavos de dólar según la cotización oficial. Aunque el ingreso total puede alcanzar los 150 dólares con bonificaciones estatales, esas sumas son variables y no inciden en prestaciones ni jubilaciones, mientras que la canasta básica familiar supera los 600 dólares mensuales según estimaciones de consultoras privadas.

Las fuerzas de seguridad no solo actuaron contra los manifestantes, sino también contra periodistas y fotógrafos que intentaron cubrir la represión y documentar los hechos. Hubo reportes de bloqueos y maniobras para impedir la labor informativa en la zona central de Caracas, en medio de una fuerte presencia de unidades antimotines y vehículos blindados.

Pese a la violencia policial, los manifestantes mantuvieron la presión en las calles y no se retiraron del casco central durante varias horas. Los organizadores reiteraron su rechazo al esquema de bonificaciones y exigieron un salario base suficiente, el respeto a los derechos contemplados en las contrataciones colectivas y el fin de la persecución a los líderes sindicales.

“Ella (Delcy Rodríguez) habló de un salario responsable. Todos sabemos que el 1 de mayo hay aumento. ¿Tenía que dar una declaración para decir eso? Tú lo que tienes que recibir a todos los trabajadores”, reclamó José Patines, miembro de la Coalición Sindical.

La jornada estuvo marcada por el despliegue de piquetes de la Policía Nacional Bolivariana en los principales accesos al centro y por la persistencia de los trabajadores en sostener su reclamo frente a un contexto de crisis salarial y represión.

La movilización de este jueves es la cuarta protesta nacional por salarios en lo que va del año y la primera que intenta llegar hasta las inmediaciones del palacio presidencial en Caracas.

Mientras grupos afines al chavismo también se movilizaban en la ciudad en respaldo a la “paz” y la gestión oficial, la represión y el bloqueo a la marcha sindical reflejaron la tensión social y la falta de avances concretos en la política salarial, en un país donde la inflación interanual supera el 600% y la precarización laboral se profundiza.

(Con información de EFE y AFP)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles una serie de medidas para dinamizar la economía, con la revisión del modelo chavista, la promesa de un diálogo laboral, un aumento salarial y reformas tributarias y del mercado inmobiliario. La mandataria, que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, pidió corregir “errores del pasado” y evitar su repetición.

“Nuestro objetivo inmediato, mediano y a largo plazo, es recuperar sostenida y paulatinamente el ingreso de los trabajadores mediante el crecimiento productivo tanto en el área de los hidrocarburos como de la minería que generan ingreso inmediatos”, afirmó Rodríguez en un mensaje al país de casi media hora, cuya transmisión registró una interrupción por un bajón de luz. En ese contexto, anunció un incremento salarial “responsable” a partir del 1 de mayo, sin precisar el porcentaje ni el alcance de la medida.

El salario mínimo mensual en Venezuela se mantiene congelado desde marzo de 2022, cuando equivalía a 30 dólares, y actualmente ronda los 27 centavos según el tipo de cambio oficial, en un contexto de inflación crónica y devaluación. Rodríguez confirmó que en marzo se elevó de 160 a 190 dólares una bonificación mensual para trabajadores públicos, pagada en bolívares a la tasa oficial y sin impacto en beneficios laborales, tras una operación de venta de fueloil en medio de la apertura petrolera y contactos con Washington.

La mandataria también informó la instalación de una comisión para el “diálogo laboral”, en medio de protestas de trabajadores que reclaman mejoras salariales. Los anuncios se produjeron en la víspera de una marcha convocada por sindicatos hacia la sede del Ejecutivo en Caracas, con el objetivo de exigir respuestas a sus demandas.

En paralelo, Rodríguez ordenó la creación de otra comisión para la evaluación “estratégica” de los activos del país, con participación del Estado, el sector privado y trabajadores, aunque aclaró que el proceso no incluirá a la industria de hidrocarburos. Tampoco detalló funciones ni plazos de trabajo de este organismo.

La presidenta encargada reiteró que, en caso de concretarse “la recuperación de los activos” de Venezuela “bloqueados en el extranjero” en el marco de sanciones internacionales, esos recursos se destinarán “inmediatamente a garantizar el incremento del salario y a la rehabilitación de la infraestructura básica”, como electricidad, agua, vialidad, escuelas y hospitales.

Rodríguez también impulsó reformas en el mercado inmobiliario y firmó la ley de aceleración de trámites aprobada por el Parlamento semanas atrás. Además, anunció la creación de un consejo nacional de economía para diseñar un nuevo modelo tributario. “Espero que de este consejo nacional de economía pueda salir un nuevo modelo tributario de consenso entre todos los sectores económicos del país”, señaló.

En ese marco, pidió que el nuevo esquema impositivo sea más eficiente y promueva el uso de plataformas tecnológicas para llevar a Venezuela a un “nivel superior”, sin ofrecer detalles adicionales. Diversos gremios empresariales han advertido sobre la carga fiscal que enfrentan las empresas formales, que destinan en promedio cerca del 80% de sus utilidades al pago de tributos.

(Con información de EFE)

Cuando el ministro del Interior, Diosdado Cabello se refirió, en marzo 2025, a la Operación Relámpago del Catatumbo, denunció a alcaldes y dirigentes políticos, con énfasis en María Corina Machado y Juan Pablo Guanipa, pero ocultó mencionar que a los militares detenidos, entre ellos al GD Vidal José Francisco Coraspe, cuyo superior en la REDI Oriente era el hoy comandante general de la Guardia Nacional, MG Juan Sulbarán.

Francisco Coraspe, de doble nacionalidad por su padre español, permaneció desaparecido durante meses, mientras según el relato de su familia su vivienda fue allanada, sus propiedades sustraídas y el oficial sometido a torturas. Hened Abou Kheir de Francisco, esposa del general aseguró, en conversación con Infobae, que su marido “no hacía más que defender la revolución, los valores de las Fuerzas Armadas; su único defecto fue creer en su trabajo y en las personas que lo rodeaban”.

De acuerdo con su versión, Francisco Coraspe fue convocado a una reunión de generales en Caracas. “Era para capturarlo y ahí empezaron a violentar la ley”, dijo, al precisar que el oficial se encontraba en una casa del Fuerte Tiuna.

“Él me llama a las 10:44 de la noche y me dice que lo fueron a buscar porque la reunión ya no sería el sábado sino el viernes 6 de septiembre de 2024 y que será con el MG Iván Rafael Hernández Dala. Desde entonces lo desaparecieron. Mi esposo estuvo cuatro meses y medio bajo torturas”, afirmó.

Según el relato, Coraspe fue detenido el 7 de septiembre 2024. Infobae hizo pública la detención el 13 de octubre 2024 y la audiencia preliminar se celebró el 3 de diciembre de 2024. Aunque han transcurrido 19 meses desde su detención, sostiene su esposa, al general no se le han permitido visitas, ni siquiera de ella.

El 24 de enero de 2025 fue trasladado al módulo 1 del Internado Judicial Yare 3. Dijo haberse enterado, por detenidos excarcelados, de que su esposo “se encuentra en una celda aislada sin derecho a recibir sol, comida y agua, solo la que ellos le puedan suministrar”. También denunció que fue golpeado y maltratado verbal y físicamente, luego de que otro recluso le pasara alimentos.La amnistía le fue negada, afirmó su esposa, quien sostuvo que Coraspe no se declarará culpable “de algo que no cometió”, y cuestionó que se le atribuyan delitos “atroces”, como el tráfico de estupefacientes. “Nuestros carros son de hace varios años. No tenemos absolutamente nada de lujo”, aseguró.

Sobre el silencio que mantuvo la familia durante meses, De Francisco lo atribuyó a presiones, incluso de un diputado. “Pidió bajarle dos y lo hicimos; me cerraron la boca; culparon a mi esposo de una droga que encontraron en el Zulia, cuando mi esposo tiene años que no va para el Zulia”, afirmó.

En el expediente vinculado a la Operación Relámpago del Catatumbo también figuran, además del GD Vidal José Francisco Coraspe, el empresario camaronero Enrique José Rondón, y Luis Miguel Velásquez Rosal, Wladimir Horario Molina Castellanos y Luis Alejandro Herrera Ramírez. Al general le imputan los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas (modalidad transporte), asociación para delinquir, interferencia de la seguridad operacional y de la aviación civil, posesión ilícita de arma de fuego y tráfico ilícito de municiones.

La causa la lleva la juez Giuliana Nicole Genesi Peñaloza, del Tribunal Quincuagésimo (50º) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. La fiscal Rosalba Hernández fue destituida y privada de libertad por corrupción, por lo que el caso lo lleva otro fiscal de apellido Rojas.

El caso

Funcionarios de la DGCIM informaron que el 15 de julio de 2024 obtuvieron datos de inteligencia sobre una presunta red dedicada al tráfico de drogas, en la que estarían involucrados militares activos y retirados de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). De acuerdo con el organismo, durante las investigaciones fue detenida una persona cuya identidad no fue revelada, bajo el argumento de la “reserva de las actuaciones”. Este individuo, según la versión oficial, habría decidido colaborar con las autoridades en calidad de delator.

La DGCIM aseguró además que, al revisar el teléfono móvil del informante, se localizaron mensajes de texto y contactos telefónicos vinculados con pistas clandestinas, mapas y supuestos montos cobrados por el negocio del narcotráfico. Entre los contactos hallados figuran dos alias: “Mickey”, a quien los investigadores identifican como Luis Miguel Velásquez Rosal, y “Pancho Villa”, que presuntamente correspondería al general de División (GNB) Vidal José Francisco Coraspe.

Con una orden emitida por el Juzgado Vigésimo Primero (21) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, funcionarios de la Dirección Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas (DEIPC), adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) realizaron, el 9 de septiembre 2024, un allanamiento en la vivienda del general Francisco Coraspe, en la urbanización Residencias G/J Justo Briceño Otralora.

De acuerdo con la versión policial, durante el procedimiento se habría encontrado diez granadas de distintos tipos, así como tres cajas que contenían 58 cartuchos de diversos calibres sin percutir.

Como oficial activo de la Fuerza Armada, el general Francisco está autorizado a estar armado, pero la Fiscalía lo acusa de posesión ilícita de arma de fuego, porque la DGCIM dice que, cuando iban al allanamiento en su vivienda, el 6 de septiembre 2024, incautó en un vehículo del general, una pistola Smith & Wesson, Modelo 910. Y en la parte trasera de la vivienda, supuestamente encontraron ocultos los 58 cartuchos sin percutir.

Les quitaron todo

Hened Abou Kheir de Francisco, esposa del general Vidal José Francisco Coraspe le dijo a Infobae que su esposo ha sido torturado de manera vil y su familia perseguida. “Me robaron todo, me dejaron prácticamente en la calle, se llevaron desde la ropa interior hasta los álbumes con las fotos de mis hijos desde que nacieron, el de mi matrimonio, el de 15 años de mi hija, todo se lo llevaron”.

Asegura que desde que su esposo fue detenido, el 7 de septiembre 2024, no ha podido verlo, no ha tenido derecho a visitas y apenas recientemente le han permitido llamadas telefónicas de un par de minutos.

La señora de Francisco asevera que no tenían lujos, “pero en el segundo allanamiento se llevaron todo lo que teníamos de patrimonio en el matrimonio de más de 30 años. Tenemos dos hijos. Me quitaron el sueldo de él, así como los beneficios de la Fuerza Armada, incluyendo el médico”.

Hace años, relata, el presidente Hugo Chávez accedió a que cuarenta familias militares compraran unas casas en Fuerte Tiuna “porque eran terrenos no aptos como vivienda en guarnición, pues pasaba una laguna por debajo. Después que Chávez muere derogaron el documento que lo autorizaba, no nos reconocieron nada y quedamos estafados”.

Narra que a los oficiales retirados, incluso generales, los sacaban esposados de sus casas en Fuerte Tiuna. “A mi esposo, por estar activo, lo protegía el beneficio de vivienda en guarnición, pero lo enviaban de servicio fuera de Caracas. Todas las semanas llegaba una carta de desalojo, pero yo vivía ahí con mis hijos que eran menores de edad”.

Según Hened de Francisco, la razón para detenerlo fue después de las elecciones del 28 de julio 2024. Su hija, que estudia becada en Argentina, “le dice a su papá que una excompañera de bachillerato y otros muchachos, algunos incluso menores de edad, estaban siendo torturados”, y le pide que intervenga”.

El general Vidal Francisco llama a sus subalternos y les ordena presentarse. “Por ahí empezó la cacería contra él, porque no me explico cómo lo acusan de esos delitos atroces”.

Funcionarios y testigos

Los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) que aparecen en el caso, son: los agentes Frender Solorzano, José Pacheco, Wendy Raquel Carrero Varela, Daniel Armando Sufia Facendo; capitán Yordi Celestino García Pérez, SM3 Andrés Manuel Serrada Guzmán, adscritos al área de informática forense de la Dgcim.

También el Primer Teniente Eduardo Padrón Chirivella, Ptte. Ángel Humberto Echeverría Bermúdez; SM3 Álvaro Luis Condes, SM2 Kevin Rojas Hidalgo, S1 César Enrique Sánchez Zambrano y S2 Adrián Carrera Blanco adscritos a la Unidad Criminalística de la Dgcim.Por otra parte, José Bastidas, adscrito a la División de Inteligencia Antidrogas de la Fiscalía; y TTE. Humberto Espinoza Castillo y SM1 Romero Montero Evelio, adscritos a la Unidad Regional de Inteligencia Antidroga (URIA) del Zulia.

Entre los testigos aparecen funcionarios de la Dgcim, así como personas identificadas solo con un nombre sin apellidos: Marianela, Giovanni, Jonathan, Alexander, Luis, entre otros.

La incineraron

La narrativa de la DGCIM, en la que se basó el Ministerio Público, es que el alto oficial se valía de su cargo, como director regional de Medios Terrestres de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI), cuyo jefe era el reciente nombrado Comandante General de la Guardia Nacional, MG Juan Ernesto Sulbarán Quintero.La defensa de Francisco Coraspe ha refutado los cargos que le imputan de controlar la “movilización de tropas y suministrar información a la estructura delictiva” del narcotráfico a cambio de altas sumas de dinero, porque eso no aparece demostrado en las actas procesales ni en los análisis a los equipos telefónicos.

La Fiscalía basa la imputación contra el general Francisco en un operativo ocurrido el 12 de octubre 2024, un mes después de estar detenido, en el marco de la Operación Escudo Bolivariano Mara, donde se habría incautado, en los municipios Catatumbo y Jesús María Semprún del Zulia, 500 kilos de cocaína, gracias a la información obtenida del teléfono de Wladimir Horacio Molina Castellanos.

Lo insólito es que la supuesta droga, sin notificación al Tribunal, fue incinerada con mil doscientos litros de combustible y, según la defensa, el oficial solo es mencionado por su cargo y jerarquía pero sin los hechos que lo relacionen.La acusación fiscal dice que los imputados interfirieron ilícitamente en la seguridad operacional aeronáutica porque “valiéndose de sus cargos y funciones hacían uso de pistas clandestinas en el Zulia, para que despegaran aeronaves cargadas de sustancias ilícitas, sin tener ningún tipo de permisología por parte del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC)”.

En el teléfono de Velásquez Rosal, habría videos con aeronaves despegando de pistas clandestinas, rústicas o de tierras, además de “múltiples coordenadas y rutas aéreas usadas por esta Organización”.

Cabello y El Catatumbo

El 22 de enero 2025, el ministro del Interior Diosdado Cabello Rondón, teniente retirado del Ejército, vistiendo uniforme militar, llegó hasta un refugio en Casigua El Cubo, Catatumbo, estado Zulia, donde se encontraban desplazados colombianos se refugiaron por el enfrentamiento entre las guerrillas disidencias de las FARC y el ELN.

Tres meses después, el 22 de marzo 2025, desde Caracas y en rueda de prensa Cabello denuncia un supuesto golpe al narcotráfico en el marco de la Operación Relámpago del Catatumbo, asegurando que se detectaron tres caletas de cocaína. Como lo ha hecho consecutivamente, vinculó a los dirigentes opositores María Corina Machado y Juan Pablo Guanipa, así como al excomisario Iván Simonovis, con un empresario camaronero José Enrique Rincón detenido en Colombia.Aseguró Cabello que, para el operativo, en el que supuestamente se decomisaron casi 10 toneladas de cocaína de alta pureza, fueron determinantes investigaciones e interrogatorios a alcaldes y miembros de cuerpos policiales locales.

La narrativa del ministro del Interior es que había un complot orquestado desde Colombia, financiado por los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque para atacar la revolución bolivariana, en el que estarían involucrados los alcaldes del chavismo Danilo Añez Polanco, Alberto de Jesús Sobalvarro Durán y Jorge Nava Paz, así como los de Oposición: Nervis Sarcos, Fernando Loaiza Chacón y Rafael Arturo Ramírez Colina. Todos acusado de “narcotráfico, conspiración, tráfico de armas y corrupción”, dijo Cabello.

Un total de 490 personas permanecen detenidas por motivos políticos en Venezuela, entre ellas 44 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad, según informó el jueves la ONG Foro Penal, mientras avanza a cuentagotas el proceso de amnistía en el país.

La organización, que lidera la defensa de los presos políticos, detalló que 303 de los detenidos son civiles y 187 militares, de acuerdo a una publicación en la red social X. El registro señala que 445 son hombres y 45 mujeres, y que entre el total hay un menor de edad de entre 14 y 17 años. Solo 165 de los detenidos han recibido una condena en juicio.

Foro Penal indicó además que más de 11.000 personas en Venezuela siguen sujetas a medidas restrictivas de libertad, como prohibición de salida del país, declaración a medios o presentación periódica ante los tribunales. “Desde 2014, se han registrado 19.079 detenciones políticas en Venezuela”, subrayó Foro Penal.

El pasado 26 de marzo, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, informó que 8.146 personas recibieron libertad plena en el marco de la Ley de Amnistía promulgada en febrero.

El diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión que da seguimiento a la norma, indicó que de los beneficiados, 310 estaban encarcelados y 7.836 tenían libertad restringida con medidas cautelares. Hasta esa fecha, la comisión legislativa había recibido 11.559 solicitudes válidas que cumplen con los parámetros establecidos por la ley.

La Ley de Amnistía contempla un periodo de 27 años, desde 1999, pero solo aplica a personas vinculadas con 13 “hechos” ocurridos en 13 años distintos, excluyendo el resto del periodo y casos relacionados con operaciones militares y delitos como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

Más de un mes después de su promulgación, las autoridades venezolanas no publicaron el listado de amnistiados, pese a la solicitud pública del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk.

Por su parte, la principal coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), contabilizó 758 liberaciones de presos políticos en el país, según un registro iniciado a principios de año tras el anuncio oficial de excarcelaciones y actualizado luego de la aprobación de la Ley de Amnistía en febrero.

A través de X, la PUD precisó que la cifra corresponde a los casos verificados hasta las 13:15 hora local (17:15 GMT) del pasado martes. En su comunicado, exigió liberaciones masivas, rápidas, públicas y transparentes que “garanticen la libertad de todos los presos políticos”. “A más de 1 mes y medio de aprobada la amnistía, Venezuela clama unida por la libertad inmediata de todos”, expresó el bloque opositor.

La PUD no desglosó la cifra, a diferencia de las ONG que suelen distinguir entre liberaciones con medidas cautelares —en las que los detenidos salen de prisión pero continúan sujetos a procesos judiciales o restricciones— y casos de libertad plena, cuando la persona queda exenta de cargos y sin limitaciones judiciales. Tampoco especificó cuántos de estos presos políticos fueron amnistiados ni brindó detalles sobre las condiciones de salida de prisión.

El pedido de los familiares de presos políticos

Con velas y algunos vistiendo túnicas moradas, familiares de presos políticos y activistas de Venezuela realizaron en la noche del miércoles un viacrucis en las afueras del Rodeo I, una cárcel ubicada cerca de Caracas.

Unas treinta personas participaron en la caminata, encabezadas por una mujer que portaba una figura de Jesucristo y un hombre con una cruz a cuestas. Acompañados por canciones religiosas interpretadas en guitarra, los asistentes recorrieron las catorce estaciones del viacrucis, rezando o leyendo mensajes como: “las familias mantienen viva la esperanza de libertad y paz para Venezuela”.

El recorrido inició en el campamento que las familias instalaron junto al penal luego de que, en enero y tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas por parte de Estados Unidos, las autoridades anunciaran la liberación de un “número importante” de personas, a lo que se sumó en febrero una amnistía.

La marcha concluyó en un cerro cercano a la prisión, punto desde el cual los familiares han logrado comunicarse a gritos con los detenidos, debido al escaso régimen de visitas, limitado a 15 minutos semanales a través de un vidrio. En ese lugar, varios presos respondieron gritando “libertad”.

(Con información de EFE)

El empresario Wilmer Ruperti, magnate petrolero, reapareció luego de pasar más de una semana bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas.

“Esta noche hermosa, full de estrellas… acompañado de Manuelita Sáenz, Simón Bolívar y mi amado Francisco de Miranda, ese soy yo”, expresa el empresario en redes sociales.

El mensaje se publicó junto con un video de archivo del año 2015, en el que defiende la existencia de empresarios con sentido humanista y resalta la importancia de líderes “dedicados y con sentimientos”.

La detención de Ruperti se produjo después de que asistiera por voluntad propia a una reunión en la sede del Sebin. Hasta el momento, los tribunales no han informado sobre la existencia de cargos formales en su contra. El caso permanece envuelto en misterio, sin declaraciones oficiales por parte de las autoridades judiciales ni del propio aparato de inteligencia, lo que ha generado especulaciones en sectores económicos y políticos del país.

De acuerdo con información divulgada por medios locales y reportes internacionales, Ruperti forjó su fortuna a través de actividades de transporte y comercialización de petróleo, consolidando una relación cercana con Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).

Su papel durante el paro petrolero entre 2002 y 2003 resultó determinante para el gobierno de Hugo Chávez. En ese contexto, el empresario facilitó el transporte de combustible, lo que permitió sostener la operatividad del país en medio de una crisis que paralizó la principal fuente de ingresos de Venezuela.

Esta colaboración le abrió a Ruperti la puerta a contratos estratégicos con el Estado durante dos décadas. A partir de ese momento, su figura quedó ligada a la élite empresarial vinculada al sector energético venezolano, obteniendo relevancia en el entramado económico del país. “El acceso a contratos con Pdvsa marcó un antes y un después en la carrera de Ruperti”, reseñó el medio español en un análisis reciente.

En los últimos años, la figura de Wilmer Ruperti no ha estado exenta de controversias. Diversas investigaciones periodísticas y judiciales han puesto bajo la lupa sus operaciones comerciales, especialmente aquellas relacionadas con el cumplimiento de sanciones internacionales y actividades consideradas opacas en el circuito petrolero global. Según reportó la agencia Reuters, las autoridades estadounidenses han seguido de cerca los negocios de empresarios venezolanos vinculados a la exportación de crudo, en el marco de las sanciones impuestas al gobierno de Caracas.

El silencio de las autoridades venezolanas en torno al caso de Ruperti ha alimentado interrogantes sobre posibles implicaciones políticas o económicas. Voces del sector empresarial y expertos en derecho venezolano han señalado que la falta de información oficial dificulta el análisis objetivo de la situación y proyecta incertidumbre sobre el futuro de empresarios con vínculos estatales.

Ruperti alude a las dificultades del país y defiende el papel de quienes buscan contribuir desde el sector privado. “Se necesitan líderes con sentimientos”, manifestó, evocando su visión de un empresariado comprometido con la sociedad venezolana. La publicación fue interpretada por sus seguidores como un intento de reafirmar su posición en un contexto marcado por la opacidad institucional.

De acuerdo con reportes del portal venezolano Efecto Cocuyo, la reaparición de Ruperti en redes sociales constituye el primer contacto directo con la opinión pública desde su detención, sin que hasta el momento se hayan aclarado las causas de su arresto ni se haya informado sobre su estado procesal.

El caso sigue abierto ante la ausencia de información oficial y la expectativa de posibles movimientos en la justicia venezolana, mientras sectores de la economía y la política observan con atención los próximos pasos del empresario.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició este miércoles su discurso televisado al país y destacó la colaboración con Venezuela en producción y venta de petróleo crudo, país al que calificó como un “verdadero socio”.

“Ahora estamos trabajando codo con codo con Venezuela, somos —en el sentido más estricto de la palabra— socios en una empresa conjunta”, afirmó Trump en el discurso nocturno, el cual también utilizó para detallar la operación “Furia Épica” en Medio Oriente.

El mandatario subrayó el nuevo vínculo de Washington y Caracas tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro, bajo el régimen liderado por Delcy Rodríguez: “Nos estamos entendiendo de maravilla en lo que respecta a la producción y venta de masivas cantidades de petróleo y gas, las segundas mayores reservas de la Tierra, solo por detrás de las de los Estados Unidos”.

Trump subrayó que Estados Unidos es “totalmente independiente de Medio Oriente” en materia energética, pero aun así mantuvo su presencia en la región para brindar apoyo a los países del Golfo en medio de la guerra contra el régimen iraní.

“No tendríamos por qué estar allí”, señaló respecto a las operaciones en Irán, conflicto en el cual Teherán cerró por la fuerza el estrecho de Ormuz y poner en crisis la economía global.

El presidente estadounidense resaltó en varias ocasiones los avances alcanzados con Venezuela, país con el que se estableció un marco legal para que empresas estadounidenses puedan participar en la comercialización del petróleo venezolano.

No obstante, el Departamento del Tesoro estadounidense mantiene bajo control los ingresos por la venta de crudo venezolano, que son depositados en cuentas supervisadas por autoridades estadounidenses.

Trump pronunció estas declaraciones el mismo día en que su administración levantó las sanciones impuestas a Delcy Rodríguez.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró a Rodríguez de la lista de individuos sancionados, donde había sido incluida en septiembre de 2018, durante el primer mandato de Trump.

La medida representa el último paso en el proceso de deshielo entre Washington y Caracas, tras la captura en enero del ex dictador Nicolás Maduro, quien enfrenta un juicio por narcotráfico y otros cargos en Nueva York.

El pasado lunes, Estados Unidos reanudó oficialmente las operaciones de su embajada en Caracas, después de que ambos gobiernos restablecieran relaciones diplomáticas, interrumpidas desde 2019.

Rodríguez solicitó el miércoles que su exclusión de la lista de sancionados por parte de Washington sea el primer paso para el levantamiento total de las restricciones impuestas a Venezuela, en el contexto del deshielo diplomático y la reapertura de relaciones formales entre Caracas y Estados Unidos.

Rodríguez se pronunció tras la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de eliminar su nombre del registro de individuos sancionados.

“Confiamos en que este avance permita el levantamiento de las sanciones vigentes sobre nuestro país, que permita edificar y garantizar una agenda de cooperación binacional efectiva en beneficio de nuestros pueblos”, expresó Rodríguez en redes sociales.

Rodríguez calificó la decisión del gobierno de Trump como “un paso en la dirección de la normalización y fortalecimiento de las relaciones”.

En su mensaje, instó a avanzar hacia “la construcción de una Venezuela próspera para todos”, reiterando su llamado al levantamiento de las sanciones sectoriales y personales que aún pesan sobre funcionarios y segmentos estratégicos de la economía venezolana.

La presidenta encargad intenta semana a semana mostrar una imagen de pragmatismo y disposición al diálogo con Washington, promoviendo además una amnistía política limitada y la renovación de figuras clave en la administración pública.

(Con información de EFE)

La jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, pidió este miércoles que la exclusión de su nombre de la lista de sancionados por parte de Washington sea el primer paso hacia el levantamiento absoluto de las restricciones impuestas a Venezuela, en medio del deshielo diplomático y la reapertura de relaciones formales entre Caracas y Estados Unidos.

Rodríguez se pronunció luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro eliminara su nombre del registro de individuos sancionados, donde figuraba desde 2018, época en la que ocupaba altos cargos en la dictadura de Nicolás Maduro.

“Confiamos en que este avance permita el levantamiento de las sanciones vigentes sobre nuestro país, que permita edificar y garantizar una agenda de cooperación binacional efectiva en beneficio de nuestros pueblos”, expresó Rodríguez a través de un mensaje en redes sociales.

El gesto de Washington se produce apenas días después de la reanudación de operaciones en la embajada estadounidense en Caracas, una señal de acercamiento tras siete años de ruptura diplomática.

Rodríguez, que asumió el cargo tras la detención y extradición de Nicolás Maduro a comienzos de año, calificó la decisión del gobierno de Donald Trump como “un paso en la dirección de la normalización y fortalecimiento de las relaciones”.

En su mensaje, instó a avanzar hacia “la construcción de una Venezuela próspera para todos”, reiterando su llamado al levantamiento de las sanciones sectoriales y personales que aún pesan sobre funcionarios y segmentos estratégicos de la economía venezolana.

La exclusión de Rodríguez de la lista de sancionados coincide con la visita a Washington de una delegación venezolana, encabezada por el encargado de negocios Félix Plasencia, para formalizar la restitución de la embajada venezolana en Estados Unidos. La sede diplomática había permanecido bajo custodia del Departamento de Estado desde 2023, tras el agravamiento de la crisis política en Caracas y la expulsión de representantes oficiales.

El cambio de postura de Washington hacia Caracas ha involucrado, en paralelo, la revisión del régimen de sanciones sobre la economía venezolana, en especial aquellas que afectan la industria petrolera y gasífera.

Desde la captura de Maduro y la llegada de Rodríguez al poder, el gobierno estadounidense ha flexibilizado restricciones en el sector energético, permitiendo a empresas internacionales explorar nuevas oportunidades de inversión en el país sudamericano. No obstante, el Departamento del Tesoro mantiene bajo control los ingresos por la venta de crudo venezolano, que son depositados en cuentas supervisadas por autoridades estadounidenses.

El viraje en la política económica de Venezuela ha estado acompañado por reformas que buscan atraer capital extranjero y revitalizar los sectores productivos más afectados por años de desinversión, sanciones y descontrol estatal.

La administración de Rodríguez ha avanzado en la promulgación de una nueva ley de hidrocarburos que reduce la intervención estatal y abre la puerta a la participación de empresas privadas, en línea con exigencias históricas de inversionistas y del propio gobierno de Estados Unidos.

Rodríguez ha intentado mostrar una imagen de pragmatismo y disposición al diálogo, promoviendo además una amnistía política limitada y la renovación de figuras clave en la administración pública y el aparato de seguridad. Washington, por su parte, ha condicionado cualquier levantamiento adicional de sanciones al avance real en materia de derechos humanos y garantías democráticas.

El trasfondo de este acercamiento es la estrategia de “máxima presión” que la Casa Blanca ha sostenido durante años sobre Caracas, bajo el argumento de que Venezuela representa una amenaza a la seguridad regional por sus vínculos con actores hostiles como Rusia, China e Irán.

La administración de Trump mantiene la supervisión sobre el flujo de divisas y la exportación de hidrocarburos de Venezuela como herramientas clave para incidir en la política interna del país caribeño.

A pesar de los gestos de distensión, la normalización plena de relaciones dependerá de la capacidad de Caracas para cumplir con los compromisos asumidos frente a Washington y de la voluntad política de avanzar en la apertura económica y el respeto a las libertades políticas.

(Con información de EFE y AFP)

El bolívar, moneda oficial de Venezuela, perdió un 36,4% de su valor frente al dólar estadounidense durante el primer trimestre de 2026 en el mercado oficial, donde la divisa norteamericana cerró el período en 473,87 bolívares, según datos del Banco Central de Venezuela (BCV).

En los primeros tres meses del año, el precio oficial del dólar subió un 57,2%, pasando de 301,37 bolívares el 2 de enero a la cotización actual, lo que, de acuerdo con especialistas, se traduce en un aumento de los bienes y servicios, la mayoría fijados en dólares.

El incremento en el valor del dólar provocó una caída del poder adquisitivo de los salarios pagados en bolívares, especialmente para los trabajadores del sector público, cuyo salario mínimo equivale actualmente a 27 centavos de dólar al mes.

El BCV informó que Venezuela acumuló una inflación del 51,9% en los dos primeros meses de 2026, tras registrar un alza de precios del 14,6% en febrero y del 32,6% en enero. El país suma once meses consecutivos con tasas de inflación de dos dígitos, siendo enero el mes con el mayor aumento en tres años.

La semana pasada, trabajadores y estudiantes universitarios realizaron nuevas movilizaciones para exigir mejoras salariales y anunciaron una marcha en Caracas el 9 de abril hacia la sede del Ejecutivo, en manos de la presidenta encargada Delcy Rodríguez desde la captura de Nicolás Maduro en enero por fuerzas estadounidenses.

En los últimos años, el régimen venezolano enfocó su política salarial en el pago de dos bonificaciones para empleados públicos, que no inciden en beneficios laborales y suman 160 dólares, abonados en bolívares a la tasa oficial.

La presidenta encargada informó recientemente sobre la entrada de 300 millones de dólares a un fondo destinado a la “protección social” de los trabajadores, provenientes de una “venta extraordinaria” de fueloil, en el contexto de mayores acercamientos con Estados Unidos y una flexibilización de sanciones.

El riesgo país de Venezuela registró una fuerte caída de más de 3.800 puntos básicos tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas el 3 enero de 2026 y su posterior traslado a Estados Unidos. El escenario reflejó la reacción del mercado ante los acontecimientos políticos y anticipó una posible reestructuración de la deuda venezolana.

El bolívar cerró 2025 con una devaluación del 82,7% frente al dólar estadounidense en el mercado oficial, marcando una brecha significativa respecto a la tasa paralela. Al término de la última jornada laborable del año, el tipo de cambio oficial se ubicó en 301,37 bolívares por dólar, frente a los 52,02 bolívares registrados al inicio del año.

En el mercado paralelo, el dólar superó los 560 bolívares, lo que amplió la diferencia entre ambas tasas de cambio. El dólar oficial, determinado diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV), sirve de referencia para la fijación de precios de bienes y servicios en el país. La disparidad entre la tasa oficial y el valor del mercado paralelo genera incertidumbre y afecta la economía cotidiana de la población.

Estados Unidos levantó nuevas sanciones al sector minero de Venezuela

Washington anunció un nuevo levantamiento de sanciones contra Venezuela para facilitar la explotación de los recursos mineros del país, con especial foco en el oro. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro emitió el viernes tres licencias que autorizan transacciones vinculadas al comercio de minerales.

Venezuela posee importantes reservas de oro, diamantes, bauxita, coltán y tierras raras, estas últimas empleadas en la producción de computadoras y teléfonos móviles. La actividad minera se desarrolla principalmente en el Arco Minero, una extensión de 112.000 kilómetros cuadrados donde operan grupos armados, guerrillas y bandas organizadas.

A comienzos de marzo, el Parlamento venezolano dio su primer aval a una nueva ley de minería orientada a una mayor apertura al capital extranjero, en el contexto de la renovada relación bilateral tras la caída de Nicolás Maduro

Sin embargo, la Asamblea Nacional aprobó 55 de los 130 artículos del proyecto de ley el jueves y postergó para la próxima semana la aprobación completa del instrumento jurídico.

(Con información de EFE)

Después de la liberación de cientos de presos políticos en Venezuela y la promulgación de una ley de amnistía bajo la presidencia encargada de Delcy Rodríguez, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, destacó la necesidad de encaminar al país hacia la celebración de elecciones libres y justas. De acuerdo con Fox News, Rubio insistió en la importancia de mantener la paciencia de cara a asegurar la transición política completa y subrayó los avances experimentados en los últimos tres meses tras la detención de Nicolás Maduro.

Durante una entrevista difundida por Fox News, Rubio describió como “extraordinario” lo conseguido en Venezuela en ese periodo. El secretario de Estado remarcó que el proceso de cambio iniciado tras la captura de Maduro sigue vigente y detalló los tres ejes principales del plan de la Casa Blanca: estabilización, recuperación y transición. Según consignó Fox News, Rubio comentó que la fase de estabilización ya se completó, logrando prevenir migraciones masivas, enfrentamientos armados internos y disturbios sociales.

El funcionario estadounidense informó que Venezuela actualmente atraviesa una etapa de recuperación. En este contexto, Rubio enfatizó, según Fox News, que el repunte económico no solo está beneficiando al país sudamericano, sino que también genera impactos positivos para Estados Unidos, especialmente debido al aporte del petróleo venezolano en las refinerías estadounidenses. Agregó que los recursos generados por las operaciones petroleras están siendo depositados en cuentas bancarias controladas por el Tesoro de Estados Unidos, con el objetivo de asegurar que el dinero beneficie efectivamente al pueblo venezolano.

Al hacer referencia a la liberación de presos políticos, Rubio relacionó estas acciones con la ley de amnistía implementada por el gobierno interino de Delcy Rodríguez. La nueva legislación facilita la liberación de personas encarceladas por delitos cometidos desde 1999, medida vista como parte del proceso para restaurar derechos y libertades en el país, según detalló Fox News.

En relación con los próximos pasos del proceso de transición, Rubio sostuvo la necesidad de que Venezuela concrete la fase final prevista: la convocatoria y organización de elecciones libres y justas. El secretario de Estado insistió, según reportó Fox News, en que ese será el verdadero punto de inflexión en el camino hacia la normalización democrática.

Fox News también reportó una reunión reciente entre Rubio y la dirigente opositora venezolana María Corina Machado. Ella calificó el encuentro como “excelente” y expresó, a través de mensajes difundidos en redes sociales, que el secretario de Estado mantiene su compromiso con los valores democráticos y el bienestar de los venezolanos. Machado resaltó que “se acerca el día en que reuniremos a nuestras familias en Venezuela”, manifestando optimismo respecto a los avances y compartiendo una fotografía junto a Rubio.

Según recordó el medio estadounidense, a comienzos de marzo María Corina Machado hizo pública su intención de regresar a Venezuela en un corto plazo. Planteó el objetivo de contribuir a la construcción de un acuerdo nacional de consensos y prepararse para la contienda electoral en aras de una eventual victoria de la oposición. Hasta la fecha, las autoridades encabezadas por Delcy Rodríguez no han anunciado aún una fecha o cronograma específico para las elecciones.

En declaraciones recogidas por Fox News, la presidenta encargada Delcy Rodríguez advirtió que Machado deberá enfrentar a la justicia por “haber pedido una intervención militar”. Esta advertencia se suma a la tensión política pendiente sobre el regreso de líderes opositores y la apertura del escenario electoral.

Las fases del plan de Estados Unidos, según el secretario de Estado, han buscado responder a la crisis prolongada en Venezuela a través de estabilidad social, recuperación económica y restauración democrática. Fox News puntualizó que algunos de los resultados inmediatos de esta hoja de ruta ya se observan en la economía y en la liberación de detenidos por causas políticas, mientras los actores políticos mantienen la expectativa sobre la definición de un proceso electoral.

La reciente petición de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la necesidad de transparencia e independencia en la selección de los nuevos altos cargos en el Estado venezolano provocó una respuesta inmediata desde el gobierno de Venezuela. Según informó Europa Press, el ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, consideró desacertadas las palabras del secretario general de la OEA, Albert Ramdin, y subrayó la soberanía nacional y el derecho de autodeterminación del pueblo venezolano ante dicha solicitud.

La declaración de Gil, citada por Europa Press, rechazó que la OEA se pronunciara acerca de los procedimientos internos del país sudamericano. El ministro enfatizó que Venezuela ya no integra ese organismo, y detalló que “La Organización de Estados Americanos carece de toda competencia para pronunciarse sobre asuntos internos de Venezuela, país que no forma parte de dicho organismo. Resulta, por tanto, profundamente disonante que un funcionario de esa instancia pretenda opinar sobre procesos que corresponden exclusivamente al pueblo venezolano y a su orden constitucional”. A través de un comunicado difundido en redes sociales, Gil incluyó una mención crítica a gestiones pasadas de la Secretaría General de la OEA. “Sorprende, que el actual secretario general, pretenda hoy invocar el nefasto legado de su antecesor Luis Almagro”, manifestó el titular de Exteriores.

Albert Ramdin, quien anteriormente ocupó el cargo de ministro de Exteriores de Surinam, emitió su mensaje en la misma plataforma digital dirigiéndose a las nuevas autoridades venezolanas, encabezadas desde enero por Delcy Rodríguez. En su mensaje, reportó Europa Press, Ramdin instó a que “deben garantizar que los procesos de designación del fiscal general de la República y del defensor del pueblo cumplan con los estándares mínimos de transparencia, mérito y participación ciudadana”. El secretario general de la OEA sostuvo que la elección de autoridades con independencia creíble ante todos los sectores sociales podría constituir un avance relevante para la reconciliación nacional y propiciar una transición democrática. Ramdin aseguró en esa comunicación la disposición de la Secretaría General de la OEA para “apoyar a Venezuela en la atención de sus desafíos institucionales”, consignó Europa Press.

Los cambios en la estructura del gobierno venezolano se sucedieron durante las últimas semanas, detalló Europa Press. Entre los nombramientos destacados figura la designación de la abogada Ariannys Viviana Seijó Noguera como nueva Fiscal General. Según la información publicada, Seijó Noguera anteriormente ejerció como consultora jurídica de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y, previamente, como asesora externa de la Procuraduría General de la República.

En relación a la Defensoría del Pueblo, desde finales de febrero ocupa el cargo Tarek William Saab, exfiscal general del país. De acuerdo con Europa Press, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales cuestionaron su nombramiento, señalando su presunto involucramiento en acciones de represión contra manifestantes posteriores a las elecciones presidenciales de julio de 2024. Este señalamiento se produce en un contexto de renovaciones gubernamentales impulsadas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en el que cargos clave han ido siendo reasignados o ocupados por nuevos funcionarios.

El intercambio de declaraciones entre la cancillería venezolana y la OEA refleja la tensión persistente respecto al grado de influencia que organismos internacionales pueden o no ejercer sobre los procesos políticos y administrativos internos de Venezuela. Según Europa Press, la postura del gobierno de Nicolás Maduro, transmitida por Yván Gil, insiste en mantener la autodeterminación y rechaza cualquier intervención externa sobre el nombramiento de autoridades públicas. Al mismo tiempo, actores internacionales y organizaciones de la sociedad civil continúan observando de cerca la evolución de estos cargos, señalando la importancia de procesos transparentes y participativos.

Dogu puntualizó que la reactivación de la sede diplomática es solo el primer paso de una hoja de ruta definida por la administración Trump, que contempla tres fases para la reconstrucción política, económica e institucional de Venezuela.

“La reapertura es solo el inicio, falta mucho por hacer mientras seguimos ejecutando el plan de tres fases de la Administración Trump”, remarcó Dogu en un mensaje publicado en redes sociales.

La diplomática detalló que el trabajo inmediato se centrará en fortalecer la relación con empresarios, actores políticos y la sociedad civil venezolana.

Entre las prioridades, la embajada buscará crear puentes entre compañías de ambos países y establecer canales formales de diálogo con todos los sectores políticos y organizaciones independientes.

La estrategia delineada por la administración Trump establece una primera fase enfocada en la estabilización económica, con énfasis en la recuperación del sector petrolero y la generación de condiciones para el retorno de inversores extranjeros.

La segunda etapa prevé el ingreso de capital internacional y la reactivación productiva en sectores clave, mientras que la tercera fase plantea una transición política destinada a consolidar un gobierno estable y democrático.

Dogu subrayó que la implementación de este programa “demanda tiempo, cooperación y el compromiso de todas las partes” y que los desafíos estructurales del país solo podrán superarse con un trabajo coordinado y gradual.

La embajada, además, prevé abrir oportunidades laborales y está acondicionando sus instalaciones para, en una etapa posterior, ofrecer servicios consulares de forma plena.

El equipo diplomático estadounidense indicó que la sede funcionará como canal de reconstrucción de la confianza bilateral y como plataforma para promover nuevas oportunidades de diálogo. Funcionarios norteamericanos recalcaron que la interlocución política y social abarcará a sectores oficialistas, de la oposición y de la sociedad civil.

De forma paralela, la embajada venezolana en Washington fue entregada a una delegación oficial enviada por Caracas, en el marco del restablecimiento de relaciones.

El viceministro Oliver Blanco informó sobre reuniones con funcionarios estadounidenses orientadas a “explorar oportunidades de fortalecimiento” en el vínculo bilateral.

Tras el cambio de régimen en Caracas, con la salida del narcodictador Nicolás Maduro y la asunción de Delcy Rodríguez como jefa del chavismo, Estados Unidos comenzó a levantar de manera gradual sanciones sobre el sector petrolero venezolano.

El Departamento del Tesoro autorizó transacciones para facilitar la reapertura de la embajada venezolana en Washington y el acceso a recursos financieros, impulsando la reactivación económica.

En el Congreso, el secretario de Estado Marco Rubio explicó que las tres fases del plan pueden solaparse, y que la prioridad es construir las bases de una transición política que garantice estabilidad y democracia.

“La reanudación de las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas es un hito clave en la implementación del plan de tres fases del presidente para Venezuela y fortalecerá nuestra capacidad de interactuar directamente con el gobierno interino venezolano, la sociedad civil y el sector privado”, expresó el Departamento de Estado en un comunicado.

La administración estadounidense mantiene la vigilancia sobre los ingresos de la venta de petróleo venezolano, asegurando que los fondos sean utilizados para la reconstrucción institucional. Además, Washington sostiene una flotilla en el Caribe para combatir el tráfico ilícito y reforzar la seguridad regional.

El proceso de restablecimiento diplomático ocurre en medio de reformas políticas en Caracas, la liberación de presos políticos y cambios en el sector energético. Laura Dogu reiteró que “falta mucho por hacer” e invitó a todos los sectores venezolanos a sumarse a un esfuerzo conjunto para consolidar una transición ordenada y sostenible.

(Con información de EFE)

Laura Dogu asumió la responsabilidad de liderar la delegación diplomática estadounidense en Caracas como encargada de negocios, con la tarea de reactivar el edificio de la Embajada y restablecer tanto el personal diplomático como los servicios consulares para la ciudadanía. Según consignó Bloomberg, la reanudación de la actividad diplomática de Estados Unidos en Venezuela se formalizó este lunes tras siete años de distanciamiento, marcando un cambio en la política bilateral luego de la detención de Nicolás Maduro en enero de este año y el izamiento reciente de la bandera estadounidense en la capital venezolana.

El Departamento de Estado, citado por Bloomberg, detalló en un memorándum que esta normalización incrementará la posibilidad de contacto directo con el gobierno interino venezolano, representantes de la sociedad civil y el sector privado. Las recientes visitas de funcionarios norteamericanos al Palacio de Miraflores reflejan un mayor intercambio institucional entre ambos países, mientras se aguarda la disposición de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para responder a las exigencias planteadas por la administración de Donald Trump.

Dogu, la funcionaria seleccionada por la Casa Blanca para encabezar la misión diplomática, recibió la instrucción de restaurar con urgencia la operatividad de la embajada, de acuerdo con el memorándum revelado por Bloomberg. Esta acción coincide con el levantamiento parcial de sanciones estadounidenses por parte de la administración Trump, permitiendo el arribo y funcionamiento de las delegaciones diplomáticas venezolanas en territorio estadounidense.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, declaró a Bloomberg que la reactivación de la misión en Caracas constituye un avance dentro del plan de tres fases definido por la Casa Blanca: estabilización, recuperación económica y reconciliación política en Venezuela. Estas medidas buscan restaurar la normalidad diplomática y facilitar nuevos canales de negociación y cooperación.

Tras el arresto de Nicolás Maduro, quien permanece detenido en Nueva York donde enfrenta un proceso judicial por cargos de narcotráfico, Delcy Rodríguez intensificó las reformas internas con el objetivo de satisfacer las condiciones impuestas por Washington, reportó el medio estadounidense. Entre estas acciones destaca la apertura del sector petrolero venezolano a la inversión extranjera, la promulgación de una amnistía y una reorganización del gabinete, incluyendo el relevo de Vladimir Padrino al frente del Ministerio de Defensa, una posición que mantuvo durante una década.

La comunicación entre ambas capitales incluyó el envío de una delegación venezolana a Washington por parte de Rodríguez, según publicó Bloomberg. Estas gestiones bilaterales acompañan los intentos de equilibrar la estabilidad del gobierno interino y responder a los intereses estratégicos de la administración estadounidense, que ha señalado en varias ocasiones la importancia de la cooperación para su agenda interna y regional.

Trump ha manifestado públicamente su satisfacción con la evolución de la política hacia Venezuela, según detalló Bloomberg, subrayando los beneficios económicos obtenidos mientras señala una mejoría de la situación en el país sudamericano bajo la supervisión de los nuevos acuerdos. El control de las Fuerzas Armadas figura entre las áreas de mayor atención en la reciente reorganización realizada por Rodríguez, con el propósito de consolidar la posición del gobierno interino y prevenir posibles focos de insurgencia.

La reapertura de la embajada de Estados Unidos en Venezuela representa un capítulo significativo en el panorama diplomático latinoamericano, al restablecer el diálogo directo y regularizar funciones consulares que permanecieron suspendidas desde la ruptura formal de relaciones entre los dos países. Conforme destacó Bloomberg, la aplicación del plan de fases estadounidenses dependerá tanto de la continuación de las reformas en Venezuela como del desarrollo de los procesos políticos y judiciales que involucran a las figuras clave del antiguo gobierno.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este lunes la reanudación de operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, cerrada desde 2019. “Hoy, retomamos formalmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, lo que marca un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela”, señaló la Oficina del Portavoz en su comunicado oficial.

Desde marzo de 2019, la labor diplomática con Venezuela se realizaba “a través de la Unidad de Asuntos de Venezuela (VAU), la oficina diplomática provisional del Gobierno de Estados Unidos en Venezuela, ubicada en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia”, según el texto difundido.

En enero, la embajadora Laura F. Dogu llegó a Caracas “para liderar las gestiones del gobierno estadounidense en Venezuela como encargada de negocios”. El documento añade que “el equipo de la embajadora Dogu está restaurando el edificio de la cancillería de la Embajada de Estados Unidos en Caracas para preparar el regreso del personal lo antes posible y la eventual reanudación de los servicios consulares”.

La reanudación de operaciones en la sede diplomática es, para el Departamento de Estado, “un hito clave en la implementación del plan de tres fases del presidente (Donald Trump) para Venezuela y fortalecerá nuestra capacidad de interactuar directamente con el gobierno interino venezolano, la sociedad civil y el sector privado”.

A mediados del mes de marzo, la Embajada de Estados Unidos en Caracas izó la bandera norteamericana nuevamente tras siete años. El acto tuvo lugar días después de que Trump anunciara el reestablecimiento de las relaciones entre ambos países.

El Departamento de Estado señaló entonces que el restablecimiento de los vínculos diplomáticos y consulares respondió directamente a la operación militar que derivó en el cambio de gobierno, y que ambos equipos acordaron acelerar el retorno de las delegaciones y avanzar hacia la reapertura de instituciones consulares.

Las nuevas conversaciones bilaterales han permitido acuerdos para reabrir consulados y aumentar la cooperación en áreas estratégicas. La hoja de ruta contempla tres fases: estabilización política, recuperación económica y transición democrática. La Casa Blanca y el Palacio de Miraflores, a cargo de la presidenta interina Delcy Rodríguez, firmaron compromisos para reformar las instituciones, incentivar el comercio y proteger las inversiones extranjeras, con énfasis en el sector energético.

La agenda bilateral incluye también asuntos de derechos humanos, garantías para inversores internacionales y la prioridad de los sectores de energía y fertilizantes. El anuncio de la flexibilización de algunas restricciones estadounidenses ha permitido que empresas del país reciban licencias para operar en el sector petrolero y petroquímico venezolano. En las últimas jornadas, se otorgaron tres licencias nuevas centradas en productos petroquímicos y precursores de fertilizantes.

El Gobierno de Venezuela retomó el control de sus sedes diplomáticas en Estados Unidos, según informaron este sábado funcionarios enviados por la presidenta encargada Delcy Rodríguez en una visita oficial a Washington.

El encargado de negocios de Venezuela para EEUU, Felix Plasencia, expresó que su gobierno “recuperó” los edificios consulares venezolanos y que estos serán “rehabilitados” para ponerlos al servicio de “todos los venezolanos”.

La publicación vía X, en la cual se anunció las reaperturas de las sedes diplomáticas, incluyó imágenes de Plasencia, acompañado por el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, y otros funcionarios venezolanos en el edificio de la residencia del embajador de Venezuela en EEUU.

Washington asumió en 2023 el control temporal de la embajada y los edificios consulares venezolanos tras la disolución del “gobierno interino” liderado por el opositor Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconocía como presidente legítimo de Venezuela. El Departamento de Estado estadounidense aún no confirmó oficialmente el traspaso.

La reapertura de la embajada y las sedes consulares facilitaría gestiones a los cerca de un millón de migrantes venezolanos residentes en EEUU, permitiéndoles, entre otros trámites, obtener o renovar pasaportes.

El anuncio se produjo días después de que la administración de Donald Trump flexibilizara las sanciones impuestas a Venezuela para facilitar la reapertura de la embajada, en el marco del restablecimiento de relaciones bilaterales.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que elimina ciertas restricciones sobre las misiones de Venezuela en Estados Unidos y sobre las representaciones del país caribeño ante organismos internacionales con sede en territorio estadounidense.

Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero en Caracas, la administración de Trump y el gobierno interino de Delcy Rodríguez acercaron posiciones. A principios de marzo, ambos países restablecieron formalmente las relaciones diplomáticas, interrumpidas desde 2019.

En aquella ocasión, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó, a través de un comunicado oficial, que Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela acordaron restablecer las relaciones diplomáticas y consulares. El texto señaló que esta decisión busca facilitar “los esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela”.

La hoja de ruta definida por Washington contempla tres fases: estabilización, recuperación y transición democrática.

La embajada estadounidense reabrió en Caracas tras años de cierre, mientras que Venezuela designó a Félix Plasencia como representante diplomático ante Estados Unidos. La encargada de negocios Laura Dogu llegó a finales de enero a Caracas para reiniciar la misión diplomática norteamericana en el país sudamericano.

Dogu mantuvo esta semana en Caracas una reunión con una delegación de inversionistas y empresas estadounidenses interesadas en explorar oportunidades en el país. Se trata del primer encuentro de este tipo desde que Washington y Caracas restablecieron el vínculo diplomático a comienzos de marzo.

La misión diplomática estadounidense informó del encuentro a través de sus redes sociales. La funcionaria destacó que la reunión le permitió conocer las oportunidades que ofrece Venezuela en el actual contexto político y económico.

“El sector privado de Estados Unidos desempeñará un papel fundamental en la construcción de una Venezuela estable y próspera”, señaló la diplomática. Añadió que la misión norteamericana está orientada a respaldar el crecimiento de la inversión en el país, aunque no precisó detalles sobre las empresas participantes ni los sectores abordados.

El encuentro coincidió con la promesa de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien aseguró ante un foro de inversión global en Miami que su gobierno aprobará leyes para garantizar el retorno del capital extranjero “indistintamente de alternancias políticas”.

Washington anunció un nuevo levantamiento de sanciones contra Venezuela, esta vez para facilitar la explotación de los recursos mineros del país, especialmente el oro.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro publicó el viernes tres licencias que permiten transacciones relacionadas con el comercio de minerales.

Venezuela cuenta con importantes reservas de oro, diamantes, bauxita, coltán y tierras raras, estas últimas utilizadas en la producción de computadoras y celulares. La actividad minera se concentra principalmente en el Arco Minero, una zona de 112.000 kilómetros cuadrados donde operan grupos armados, guerrillas y bandas organizadas.

A principios de marzo, el Parlamento venezolano dio su primer aval a una nueva ley de minería que promueve una mayor apertura al capital extranjero, en el marco de la renovada relación bilateral tras la caída de Maduro. Sin embargo, la Asamblea Nacional aprobó 55 de los 130 artículos del proyecto de la ley el jueves y pospuso para la próxima semana la aprobación el instrumento jurídico.

Durante una sesión ordinaria transmitida por el canal de la Asamblea Nacional en YouTube, el Legislativo, controlado por el chavismo, decidió posponer la discusión tras una sugerencia del diputado Orlando Camacho, del Movimiento Somos Venezuela.

“Revisando todo lo que se ha avanzado hoy y en vista de que aún tenemos temas que abordar (...) para que esta ley quede robusta, tal cual nos pidió la presidenta encargada (Delcy Rodríguez), solicito que se difiera para una próxima sesión el seguimiento de esta ley”, expresó Camacho.

Entre los artículos leídos destacó el 36, que establece que el Estado, “por razones de interés público y carácter estratégico, se podrá reservar la actividad primaria de la minería de minerales radioactivos, así como su aprovechamiento, beneficio y comercialización de sus productos y subproductos”.

Por otra parte, el artículo 37 señaló que el Banco Central de Venezuela tiene el “derecho preferente” para la compra de oro obtenido como resultado de cualquier actividad minera en el país, oro que debe ser ofertado a través del Ministerio de Minas.

Desde la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero, Washington reabrió la puerta a inversiones extranjeras en los sectores de petróleo, gas y minería.

Estados Unidos trasladó recientemente 100 millones de dólares en oro desde Venezuela, recursos que serán destinados a inversiones industriales, según informó el secretario de Interior estadounidense, Doug Burgum.

Durante el foro energético CERAWeek en Texas, Burgum —quien visitó Venezuela a principios de mes junto a ejecutivos petroleros— aseguró haber regresado con el oro físico por valor de 100 millones de dólares. “No se había producido ningún envío de metales preciosos entre Venezuela y Estados Unidos en más de 20 años”, señaló ante ejecutivos energéticos.

El funcionario estuvo el 4 de marzo en Caracas, donde mantuvo más de 10 horas de reuniones con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, actuando como intermediario con empresarios petroleros y mineros interesados en iniciar operaciones en el país sudamericano.

Burgum calificó la industria minera venezolana como “colapsada” y reducida a explotaciones artesanales “controladas por pandillas”, aunque indicó que encontró un compromiso gubernamental para modernizar el sector y facilitar condiciones para negocios bilaterales.

(Con información de AFP)

El juez Alvin Hellerstein solicitó al fiscal adjunto Kyle Wirshba investigar si Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, pueden recurrir a fondos alternativos para cubrir los gastos legales que enfrenta el mandatario venezolano en el proceso penal por narcotráfico. Esta solicitud surgió luego de que la Corte Federal de Manhattan evaluase la imposibilidad de Maduro para financiar su defensa debido al bloqueo de sus cuentas por parte del Gobierno de Estados Unidos. En ese contexto, el juez mencionó que, si existieran recursos, estos probablemente se encontrarían sujetos a decomiso o afectarían las sanciones vigentes. Sobre esta base, Hellerstein resolvió no retirar los cargos contra el presidente venezolano, manteniendo activo el proceso judicial abierto tras el arresto de Maduro en Caracas a principios de enero de 2026, según consignó CNN.

La segunda audiencia del juicio, realizada este jueves, estuvo marcada por el intento de la defensa de Maduro de desestimar los cargos alegando que las restricciones financieras, originadas por las sanciones estadounidenses, imposibilitan sufragar los costes del litigio. El magistrado fue tajante: "No voy a desestimar el caso", resolución que mantuvo el foco en las acusaciones de narcotráfico que pesan sobre Maduro.

De acuerdo con lo publicado por CNN, durante la sesión judicial quedó claro que el Gobierno de Venezuela también tiene prohibido hacerse cargo de los gastos, lo que añade dificultad a la situación financiera de la defensa. Hellerstein abrió la posibilidad de que el tribunal consulte a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro para examinar si es factible autorizar una exención de las sanciones que permita a Maduro acceder a fondos para costear su defensa, aunque reconoció que cualquier recurso identificado probablemente estaría bajo sospecha de ser objeto de incautación o seguiría sujeto a medidas restrictivas.

Por su parte, el fiscal Wirshba manifestó dudas sobre la capacidad del tribunal para ordenar a la OFAC levantar sanciones. En palabras transmitidas por CNN, el fiscal argumentó que la vía adecuada sería que Maduro presentara una acción civil para impugnar específicamente las sanciones, en lugar de buscar una solución desde el propio proceso penal. Este punto dejó en claro que existe un debate sobre las competencias del tribunal para intervenir ante el régimen de sanciones impuesto.

Las restricciones financieras derivadas de las sanciones estadounidenses han tenido un impacto directo en la estrategia de defensa de Maduro, quien se halla detenido en Estados Unidos desde la operación de captura en Caracas, calificada como histórica. El arresto activó de inmediato el proceso penal en Manhattan, que ahora avanza con el obstáculo de la financiación de la defensa legal.

La postura del juez Hellerstein y la petición de indagar sobre otras fuentes de financiamiento podrían tener repercusiones en futuros litigios en los que las sanciones internacionales impidan el pago de asesoría legal. CNN destacó que la respuesta del tribunal marca un precedente sobre la relación entre sanciones financieras en procesos de alta relevancia política y la administración de justicia en Estados Unidos.

La imposibilidad de cubrir los gastos legales influye tanto en la defensa de los acusados como en las garantías procesales dentro del sistema judicial estadounidense, cuestión sobre la cual la corte federal de Manhattan deberá seguir pronunciándose mientras el caso continúe su curso.

En una intervención en la Casa Blanca, Donald Trump sugirió públicamente la posibilidad de presentarse como candidato presidencial en Venezuela tras finalizar su mandato en Estados Unidos, y mencionó de forma sarcástica un hipotético enfrentamiento electoral contra Delcy Rodríguez. Con estas declaraciones, el mandatario puso de manifiesto el impacto de la colaboración existente entre Washington y Caracas, que, según él, ha supuesto beneficios económicos cuantiosos para ambas partes. Al mismo tiempo, afirmó que la relación bilateral se encuentra en un momento de fuerte expansión.

Según publicó el medio de comunicación, el presidente estadounidense defendió este jueves la colaboración mantenida con Venezuela, refiriéndose a la dinámica establecida entre ambos países como una "empresa conjunta". De acuerdo con Trump, el resultado de esta cooperación ha significado la obtención de miles de millones de dólares para Estados Unidos, en paralelo a la mejora de las condiciones para el país latinoamericano. “En Venezuela nos ha ido muy bien trabajando con el país. Desde luego, hemos obtenido miles y miles de millones de dólares y, por cierto, Venezuela está ahora mismo mejor que nunca en la historia de su país”, afirmó durante una reunión mantenida en la Casa Blanca con otras autoridades.

El mandatario estadounidense comparó la gestión actual con Venezuela con el funcionamiento de una entidad compartida, remarcando que tanto el gobierno de Estados Unidos como el de Venezuela han compartido beneficios económicos. Trump declaró que la asociación permitió recuperar en múltiples ocasiones el coste vinculado a la acción militar en el país sudamericano. Según expuso el presidente, esta relación ha resultado rentable para ambas naciones, subrayando que “hemos ganado mucho dinero y ellos han ganado mucho dinero. Hemos cubierto el coste de esa acción militar muchas, muchas veces”.

Durante su intervención, Trump repasó que el vínculo establecido entre ambos países se encuentra en una fase inicial y, en sus palabras, “solo está empezando”. Además, insistió en catalogar de “increíble” la relación con Caracas, dejando entrever el potencial futuro de la cooperación entre las dos administraciones.

En un comentario con tono irónico, el mandatario también hizo referencia a su percepción de la popularidad en territorio venezolano. Al respecto, señaló ante los presentes: “Puede que me presente contra Delcy, es una opción. No, en serio, les caigo bien en Venezuela”, recogió el medio. Estas palabras llegaron tras aludir a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como potencial adversaria en el escenario político del país sudamericano.

A lo largo de su discurso, el presidente estadounidense insistió en los beneficios obtenidos y en la amplitud del acuerdo bilateral con el país sudamericano. Tal como consignó el medio, el mandatario recalcó que la cooperación no se encuentra cerca de agotarse y auguró el desarrollo de proyectos conjuntos que podrían reforzar la relación. La mención a la “empresa conjunta” refuerza la imagen de un proceso colaborativo de alcance económico considerable, con implicaciones relevantes para el contexto regional.

Las declaraciones de Trump se desarrollaron en un momento en que la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela constituía un elemento permanente en la relación hemisférica. Según los fragmentos recogidos por el medio, la administración estadounidense ha procurado transmitir una posición de fortaleza en su cooperación con Caracas, al mismo tiempo que remarca los logros económicos obtenidos, tanto a nivel interno como en el escenario internacional.

El presidente estadounidense optó por enmarcar la relación bilateral como un éxito, poniendo énfasis tanto en los resultados financieros como en la proyección de posibles colaboraciones futuras. La reiteración de que Venezuela “está mejor que nunca en la historia de su país” fue presentada como una consecuencia directa del acercamiento bilateral y de la política impulsada por la Casa Blanca, según subrayó el propio Trump durante la comparecencia.

El medio reportó que las palabras del mandatario suscitaron preguntas sobre la naturaleza precisa de los acuerdos económicos entre ambos gobiernos, el modo en que estos han contribuido a los resultados señalados, así como las implicancias de una colaboración bilateral caracterizada como “empresa conjunta”. Además, el mandatario concluyó que las acciones conjuntas han generado una recuperación significativa de los costes invertidos por Washington, lo que, en el análisis de la administración, dota de sostenibilidad al enfoque mantenido hacia el país sudamericano.

Las aseveraciones de Trump proporcionaron un retrato del estado actual y el rumbo previsto para la relación entre Estados Unidos y Venezuela, conforme a sus declaraciones durante el acto celebrado en la Casa Blanca y según los detalles difundidos por el medio de comunicación responsable de la cobertura.

El Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos de Venezuela destacó que el sector petrolero, gasífero y petroquímico genera el 74 por ciento de las exportaciones del país en la última década, subrayando la importancia económica de los hidrocarburos para la nación, según consignó el comunicado oficial. A raíz de declaraciones recientes de la dirigente opositora María Corina Machado, el Gobierno venezolano expresó un rechazo contundente a la propuesta de privatización del sector energético nacional, tal como informó el medio de comunicación.

De acuerdo con la información publicada, Machado presentó en Estados Unidos un plan energético dirigido a empresarios estadounidenses. Durante su intervención, propuso que el Estado venezolano deje de ejercer control sobre el sector energético, para abrir paso a una privatización total, en la que el Ejecutivo asuma exclusivamente tareas de regulación, incentive la inversión de largo plazo y supervise la transparencia en las operaciones. Machado afirmó ante los asistentes: “El Estado venezolano se quitará de en medio y allanará el camino para dar las condiciones necesarias para que el sector sea totalmente privado”, detalló el comunicado.

En respuesta a estas declaraciones, la cartera de Hidrocarburos, a través de un comunicado difundido este miércoles, acusó a una “vocera del extremismo venezolano” de pretender ofrecer la industria energética al capital privado internacional, como si fuera de su propiedad y asumiendo una representación institucional “de la que carece”, según reportó el medio. Sin mencionar el nombre de Machado en el texto del comunicado, el Gobierno le atribuyó además la solicitud de sanciones, agresiones e intervención contra Venezuela en el pasado, así como el liderazgo de acciones que “enlutaron a cientos de familias venezolanas”, declarando que estas posturas constituyen una actitud “antinacional” e “ilegal”.

Tal como indicó el Ministerio de Hidrocarburos, la industria de los hidrocarburos constituye “el patrimonio irrenunciable de todo el pueblo venezolano”. Destacó que el carácter intransferible de la propiedad sobre el sector está garantizado por la Constitución Nacional. El comunicado enfatizó además las “importantes alianzas” que el sector petrolero, gasífero y petroquímico ha firmado con empresas de varios países, con el objetivo de promover proyectos de inversión que contribuyan a la recuperación de la producción y al desarrollo económico del país.

El cruce de declaraciones entre el Gobierno y la opositora tiene lugar durante una semana en la que también se oficializaron contactos entre representantes de Estados Unidos y el sector privado internacional. Según informó la fuente, Laura Dogu, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, participó en un encuentro con inversores estadounidenses y reafirmó que “el sector privado” de su país desempeñará “un papel fundamental en la construcción de una Venezuela estable y próspera”. Dogu remarcó: “Estamos aquí para apoyar el crecimiento de la inversión estadounidense”, según publicó la propia Embajada en redes sociales.

El Ministerio atribuyó a la dirigente opositora una acción considerada como “demagógica e ilegal”, reiterando que la industria energética no puede ofrecerse por tratarse de un recurso nacional protegido constitucionalmente. Sostuvo además que la propuesta opositora implica desconocer el mandato legal que impide la transferencia de propiedad sobre los recursos energéticos y pretender alterar el papel protagónico del Estado en el sector.

La propuesta presentada por María Corina Machado, así como la reacción oficial del Gobierno de Nicolás Maduro y la participación de representantes diplomáticos estadounidenses, marcan un nuevo episodio en el debate sobre el futuro del sector energético de Venezuela. El conflicto entre las visiones de apertura total del mercado y el mantenimiento de la titularidad estatal sobre los hidrocarburos encuentra un escenario internacional con intereses contrapuestos y una economía interna que depende en gran medida de la estabilidad y la rentabilidad de este sector, informó el medio.

Estados Unidos trasladó recientemente 100 millones de dólares en oro desde Venezuela, fondos que serán destinados a inversiones industriales, según informó el secretario de Interior estadounidense, Doug Burgum.

Durante el foro energético CERAWeek en Texas, Burgum—quien visitó a principios de mes Venezuela junto a ejecutivos petroleros—aseguró haber regresado a su país con el oro físico valorado en 100 millones de dólares.

“No se había producido ningún envío de metales preciosos entre Venezuela y Estados Unidos en más de 20 años”, afirmó Burgum ante ejecutivos energéticos en la conferencia.

El funcionario estuvo el 4 de marzo en Caracas, donde mantuvo más de 10 horas de reuniones con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, actuando como intermediario con empresarios petroleros y mineros interesados en iniciar operaciones en el país sudamericano.

Burgum calificó la industria minera venezolana como “colapsada” y reducida a explotaciones artesanales “controladas por pandillas”, pero sostuvo que encontró un compromiso gubernamental para modernizar el sector y generar condiciones para negocios bilaterales.

El martes, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, intervino en el CERAWeek, donde ofreció a los principales ejecutivos petroleros de Estados Unidos un plan energético que minimiza la intervención estatal para garantizar inversiones en Venezuela.

Ante este escenario, Delcy Rodríguez expresó el miércoles su confianza en que el Parlamento, controlado por el chavismo, aprobará esta semana la nueva ley de minas, actualmente en segunda discusión, una medida que podría incentivar la inversión privada y extranjera en el sector.

Durante un encuentro con inversionistas transmitido por VTV, la presidenta encargada de Venezuela señaló que la nueva normativa impulsará avances en “estándares y protocolos internacionales” para la inversión, los modelos de negocio en minería y contemplará una flexibilización fiscal.

A su vez, afirmó que se trata de un “buen momento” para invertir en el país caribeño y ofreció a los empresarios “garantías y seguridad jurídica y política”, así como “estabilidad y tranquilidad” para el desarrollo de las inversiones.

La semana pasada, el Parlamento pospuso la segunda discusión necesaria para la aprobación del proyecto de ley, y está previsto que los diputados retomen el debate. De obtener aprobación legislativa, la iniciativa reemplazaría a la ley de minas vigente desde 1999, sancionada por el entonces presidente Hugo Chávez mediante decreto tras recibir poderes especiales del Legislativo.

En paralelo, la encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, mantuvo esta semana en Caracas una reunión con una delegación de inversionistas y empresas estadounidenses interesadas en explorar oportunidades en Venezuela, en el primer encuentro de este tipo desde el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas a comienzos de marzo.

La misión diplomática informó del encuentro a través de sus redes sociales. Dogu afirmó que la reunión le permitió conocer las oportunidades que ofrece Venezuela en el contexto político y económico actual. “El sector privado de Estados Unidos desempeñará un papel fundamental en la construcción de una Venezuela estable y próspera”, señaló la diplomática, quien agregó que la misión busca respaldar el crecimiento de la inversión en el país. No se informó sobre las empresas participantes ni los sectores discutidos.

El encuentro coincidió con la intervención de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un foro de inversión global en Miami, donde prometió la aprobación de leyes que garanticen el retorno del capital extranjero “indistintamente de alternancias políticas”.

Una delegación de diplomáticos venezolanos viajará a Washington esta semana para iniciar el proceso de normalización de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, suspendidas desde 2019. El grupo está conformado por funcionarios designados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes asumirán la restitución de servicios consulares, atención administrativa y coordinación de trámites con el Departamento de Estado.

(Con información de EFE)

El acompañamiento a las personas de origen gallego residentes en Venezuela se articula a través de iniciativas como la Oficina Social y el Centro de Día de la Hermandad Gallega de Venezuela, cuya gestión conjunta con la Xunta de Galicia facilita el acceso a ayuda social, la prestación de apoyo personalizado y la vinculación con la comunidad. Según informó la Xunta, durante su visita institucional a Caracas, el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, evaluó el funcionamiento de estos espacios, considerados referencias fundamentales para la diáspora gallega en el país. La agenda incluyó encuentros con representantes de centros gallegos locales para examinar el presente y los desafíos principales que afrontan estas entidades.

De acuerdo con la información entregada por la Xunta, González situó en primer plano el papel de los colectivos gallegos en Venezuela como canales imprescindibles para garantizar la llegada eficaz de las diferentes líneas de apoyo social promovidas por el Gobierno autonómico. El conselleiro puntualizó que, a través de la Oficina Social gestionada en Caracas, la Hermandad Gallega y la Xunta articulan una amplia oferta de servicios de asesoramiento individualizado, apoyo en la tramitación de ayudas y atención a necesidades esenciales de las familias y personas más vulnerables de la colectividad.

Tal como reportó la Xunta, la visita de González también comprendió el Centro de Día, espacio dedicado especialmente a la atención diaria de personas mayores de la comunidad gallega. Este punto, según la Xunta, cumple una función de apoyo y acompañamiento cotidiano que, en palabras del conselleiro, contribuye a combatir la soledad no deseada y refuerza el bienestar físico y emocional de los usuarios. El centro, apoyado financieramente por el Gobierno gallego, forma parte de los recursos articulados para sostener la dignidad y la calidad de vida de quienes integran la colectividad en Venezuela.

La interacción del titular de Emprego, Comercio e Emigración con los responsables de distintos centros gallegos en Venezuela permitió identificar necesidades prioritarias y explorar nuevas fórmulas de colaboración, detalló la Xunta. González, según consignó el organismo, remarcó la importancia del modelo de cooperación institucional que sostiene la actividad de estas entidades y defendió la continuidad del respaldo tanto a las actividades culturales y comunitarias como a la labor social desempeñada en favor de la colectividad gallega.

En el plano cultural, la Xunta destacó que estos centros mantienen “un papel clave en la difusión de la cultura y de la identidad gallega al otro lado de nuestras fronteras”. La proyección de tradiciones, valores y manifestaciones culturales de Galicia desde Venezuela configura una parte relevante de la estrategia gallega de internacionalización y vinculación con la diáspora.

La agenda del conselleiro, según informó la Xunta, incluye un desplazamiento posterior a Ecuador, donde participará en el encuentro internacional ‘El futuro de la migración laboral y la movilidad de talento en América Latina’, convocado por el Gobierno ecuatoriano y el Banco Mundial en Quito. En ese foro, José González compartirá la experiencia gallega en la captación de talento exterior en reuniones que reunirán a responsables institucionales, organizaciones multilaterales y expertos de Europa, España y América Latina, quienes debatirán sobre los retos y oportunidades relacionados con la movilidad laboral global.

La Xunta puntualizó que la labor de los centros gallegos de Venezuela se enmarca en la Estratexia Galicia Retorna, que establece puntos de apoyo para quienes consideran regresar a Galicia. Los procesos de retorno encuentran en estas organizaciones una puerta de entrada y asesoramiento inicial, multiplicando las opciones de reintegración de quienes migraron y de sus descendientes.

La actividad institucional desarrollada en Caracas refuerza el compromiso del Gobierno gallego con la continuidad del apoyo humanitario, social y cultural a los ciudadanos de origen gallego que, a pesar de la distancia, mantienen un nexo activo con Galicia por medio de las redes asociativas y la cooperación con las autoridades autonómicas. Según detalló la Xunta, el fortalecimiento de estas relaciones constituye un canal primario para la cobertura de demandas y necesidades emergentes de la colectividad en el extranjero, así como para la preservación del vínculo identitario con la tierra de origen.

Una delegación de diplomáticos venezolanos viajará a Washington esta semana para iniciar el proceso de normalización de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, rotas desde 2019.

El grupo está integrado por funcionarios designados por el Ministerio de Relaciones Exteriores que asumirán la restitución de servicios consulares, atención administrativa y coordinación de trámites con el Departamento de Estado.

La comitiva tiene como objetivo instalar la representación diplomática venezolana en la capital estadounidense, reactivar la expedición de pasaportes, documentos de viaje y legalizaciones, y restablecer la atención a la comunidad venezolana residente en Estados Unidos.

“Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogo diplomático, político, entre nuestros Gobiernos”, dijo la jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez.

El viaje coincide con la entrada en vigor de la Licencia General 53, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

La licencia habilita a instituciones bancarias y proveedores estadounidenses a ofrecer servicios a las misiones diplomáticas venezolanas, permitiendo la apertura de cuentas corrientes, procesamiento de transferencias, pago de nóminas y adquisición de servicios básicos para la operatividad de la embajada y los consulados.

El documento establece que ciertas transacciones, anteriormente restringidas, quedan habilitadas siempre que estén vinculadas al desempeño de funciones oficiales o al uso personal de los funcionarios acreditados.

“Todas las transacciones […] relacionadas con la provisión de bienes o servicios en los Estados Unidos a las misiones […] están autorizadas”, señala la disposición, bajo condiciones específicas.

Entre los límites fijados, se excluyen operaciones vinculadas a bienes inmuebles y cualquier actividad que no cumpla con la legislación vigente. Asimismo, se autoriza a las instituciones financieras estadounidenses a gestionar cuentas, facilitar créditos y procesar transferencias para estas misiones, siempre dentro del marco permitido por la normativa.

Este esquema apunta a garantizar que las representaciones diplomáticas puedan cubrir necesidades operativas básicas, como servicios, suministros y gastos cotidianos, en un entorno aún condicionado por las sanciones. También contempla la posibilidad de que los funcionarios y sus familias accedan a bienes y servicios para uso personal, sin fines comerciales.

El inicio de esta nueva etapa coincide con gestiones de Caracas para solicitar el levantamiento de las medidas restrictivas. Durante el mismo anuncio, se reiteró el pedido a Washington para eliminar las sanciones económicas, con el argumento de que afectan el desarrollo de la economía venezolana y la llegada de inversiones.

“Le hemos pedido al presidente Trump para los inversionistas, no solamente para Venezuela, que no haya sanciones contra Venezuela, contra su economía”, subrayó Delcy Rodríguez durante un encuentro con inversionistas transmitido por el canal de propaganda Venezolana de Televisión.

El proceso de acercamiento se desarrolla en un contexto complejo, atravesado por causas judiciales en Estados Unidos contra el narcodictador venezolano Nicolás Maduro, detenido en enero y a la espera de juicio en Nueva York.

Maduro enfrenta múltiples cargos, entre ellos conspiración para narcotráfico y posesión de armamento, mientras que su esposa, Cilia Flores también está imputada en causas vinculadas.

A pesar de este escenario, el restablecimiento de relaciones y el envío de una delegación diplomática marcan un giro en la dinámica bilateral. La presencia de representantes en Washington será clave para definir los próximos pasos del vínculo, en una fase inicial centrada en la reactivación del diálogo y la coordinación institucional entre ambos países.

(Con información de EFE)

La presencia de la bandera estadounidense en la Embajada de Caracas, luego de siete años de ausencia, antecede la visita de una delegación oficial de Venezuela a Washington para dar inicio a una etapa de diálogo y redefinir los términos de la relación bilateral. Según lo informado por el medio que publicó la noticia, Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, comunicó la decisión del gobierno venezolano en un encuentro con inversores y empresarios nacionales.

De acuerdo con la información recogida por la fuente, Rodríguez anunció este martes el envío de altos funcionarios venezolanos a Estados Unidos dentro de la presente semana. El objetivo de la delegación consiste en formalizar una nueva fase de negociaciones diplomáticas, tras los recientes cambios en la relación entre Venezuela y Estados Unidos ocurridos después del arresto del mandatario Nicolás Maduro a comienzos de enero. Durante su intervención en Caracas, Rodríguez declaró que “quiero que de mi parte y en nombre del Gobierno de Venezuela ratifiquen y se lleven la idea cierta de que esta es nuestra disposición”, en referencia a la voluntad del ejecutivo para entablar el acercamiento.

A lo largo de su mensaje, Rodríguez hizo énfasis en la oportunidad que representa para el país esta reapertura de canales diplomáticos, mencionando específicamente el interés en atraer inversiones extranjeras y asociadas al sector petrolero. Según divulgó la fuente, la funcionaria subrayó que quienes consideran invertir en Venezuela contarán con garantías institucionales y con estabilidad: “Quienes piensen que es un buen momento y que Venezuela es un buen lugar para invertir, sepan que tienen garantías, que tienen seguridad jurídica, que tienen seguridad política, estabilidad y tranquilidad para que sus inversiones puedan desarrollarse ampliamente”, aseguró Rodríguez.

El contexto de la visita incluye la vigencia de las sanciones de Estados Unidos sobre la economía venezolana, medida que el gobierno de Rodríguez insiste en que debe ser suprimida para facilitar la recuperación de los diferentes sectores productivos del país. Tal como especificó la fuente, la propia Rodríguez reiteró que resulta imprescindible que cesen las restricciones económicas y que sean revisadas de cara al relanzamiento de acuerdos energéticos esenciales. Entre esos acuerdos figura la reciente reactivación de los vínculos con la compañía petrolera estadounidense Chevron, que ya ha iniciado operaciones en territorio venezolano tras la flexibilización parcial de ciertas medidas.

La fuente detalló que la reciente presencia de la delegación diplomática venezolana en los Estados Unidos busca sentar las bases de una normalización progresiva de las relaciones bilaterales. El restablecimiento de la representación diplomática norteamericana en Venezuela y la apertura a la negociación constituyen señales del cambio de clima entre ambos países. No obstante, la resolución de temas fundamentales, incluyendo el levantamiento de sanciones y la cooperación energética, depende de la evolución de las conversaciones y de los términos a los que ambas partes puedan llegar.

Según publicó el medio de origen, Delcy Rodríguez puso de manifiesto que las decisiones en torno a la política venezolana hacia Estados Unidos mantienen un carácter estratégico, especialmente al considerar el actual contexto político en el país norteamericano. La funcionaria reconoció que una parte de la normalización de relaciones podría depender de las concesiones que Venezuela esté dispuesta a realizar frente al liderazgo de Donald Trump y su influencia en la política exterior estadounidense.

La apertura de estas negociaciones coincide con intentos del gobierno venezolano de mostrar confianza y estabilidad a potenciales inversionistas internacionales y nacionales. La fuente destacó que, pese a la continuidad de ciertas sanciones y a los condicionamientos vinculados al proceso político de Venezuela, existen entendimientos en sectores clave, como el petrolero, que podrían constituir la base para acuerdos a más largo plazo. El restablecimiento formal de comunicaciones diplomáticas se presenta como una herramienta para canalizar los intereses mutuos y reducir las tensiones previas.

La cobertura publicada por la fuente reflejó que la posibilidad de normalización y los acuerdos comerciales resultantes tienen implicaciones directas en la economía venezolana y en sectores estratégicos como el energético. Rodríguez, según consignó el medio, utilizó el encuentro con grupos empresariales para garantizar que el Estado venezolano ofrece marcos legales adecuados y condiciones políticas para la inversión, reforzando la narrativa de confianza que intenta posicionar ante actores internacionales y nacionales.

La delegación venezolana fue convocada según esta perspectiva para establecer contactos directos con autoridades en Washington en una coyuntura que el ejecutivo venezolano describe como favorable para la reapertura de relaciones. La agenda contempla la búsqueda de compromisos en torno a los flujos comerciales, la cooperación en materia energética y la superación de disputas derivadas de la política de sanciones de las últimas administraciones estadounidenses.

La visita a Washington representa, según el reporte difundido por la fuente, una instancia de diálogo y negociación que podría definir el futuro de las relaciones entre ambos gobiernos y abrir nuevas perspectivas para el desarrollo empresarial en Venezuela, siempre condicionado al curso de las tratativas y al contexto político y económico de ambos países.

La inclusión de registros telefónicos, análisis detallados de ubicación de teléfonos móviles y conversaciones interceptadas permitió a la Fiscalía General de Colombia identificar a los máximos responsables del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Esta evidencia, sumada a los testimonios directos de los involucrados, condujo a que la Fiscalía emitiera órdenes de arresto contra los principales líderes de la disidencia armada Segunda Marquetalia, según informó la revista Semana.

La decisión judicial, comunicada tras una serie de investigaciones, se fundamentó especialmente en las declaraciones de Simeón Pérez Marroquín, alias "El Viejo", quien ya recibió una condena de 22 años de prisión por coordinar el crimen. Pérez Marroquín, a través de su testimonio, introdujo nuevos elementos que señalan al liderazgo de las FARC-EP Segunda Marquetalia como instigadores del asesinato, detalló la publicación Semana. Entre los señalados figura el líder del grupo, Luciano Marín Arango, conocido como "Iván Márquez", que actualmente, según la Fiscalía, reside en Caracas, la capital de Venezuela. La autoridad colombiana ofrece una recompensa de 5.000 millones de pesos colombianos (1,6 millones de euros) a quien aporte información que conduzca a su captura.

Según la información divulgada por Semana, las órdenes de arresto también alcanzan a Gener García, llamado "Jhon 40", y a José Sierra Sabogal, alias "Zarco Aldinever". La acusación sobre este último resulta relevante ya que, hasta ahora, había circulado la versión de que "Zarco Aldinever" había muerto en combate en la frontera entre Colombia y Venezuela durante agosto de 2025, enfrentamiento en el que habría participado la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La nueva orden de detención desmiente la versión difundida por las autoridades colombianas, estableciendo que el señalado sigue activo y relacionado con el asesinato.

La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, explicó en una rueda de prensa que las pruebas recabadas incluyen no sólo los interrogatorios a responsables directos del atentado, sino también un conjunto de registros de llamadas, geolocalizaciones y conversaciones interceptadas que ubican de manera precisa a los sospechosos en sitios y momentos determinantes para la organización y ejecución del crimen, reportó el medio Caracol Radio. La Fiscalía sostiene que el crimen se planificó con el objetivo de incidir sobre las instituciones democráticas y desestabilizar los procesos políticos en el país.

El hecho que motivó estas acciones judiciales fue el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido en agosto de 2025, como consecuencia de las heridas sufridas dos meses antes. Uribe recibió un disparo efectuado por un joven de 15 años y, tras permanecer hospitalizado, perdió la vida. Semana consignó que el país experimentó una profunda conmoción, pues el atentado recordaba momentos de alta violencia política vividos en las décadas de los 80 y 90, época caracterizada por ataques sistemáticos contra dirigentes y candidatos.

La condena a Simeón Pérez Marroquín se suma a las penas impuestas contra otros participantes del complot. Carlos Mora González y Katherine Martínez fueron sentenciados a 21 años de prisión debido a su implicación en el homicidio, según publicó la revista Semana. En las primeras etapas de la investigación, hasta nueve personas fueron detenidas por las autoridades, en relación con su participación en la planificación y ejecución del atentado.

Al exponer los motivos detrás del asesinato, la fiscal Luz Adriana Camargo reiteró que los implicados buscaron afectar el funcionamiento del sistema político del país y atentar contra la democracia mediante este magnicidio. La Fiscalía, con el soporte de testimonios, tecnología y el cruce de múltiples fuentes de información, avanza en la judicialización de los líderes de la Segunda Marquetalia, detalló Semana, mientras mantiene la recompensa para quienes faciliten la captura de los principales responsables.

Según informó la Xunta, el titular autonómico, acompañado por el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez, y el embajador de España en Venezuela, Álvaro Albacete, sostuvo una reunión de trabajo enfocada en el análisis de las necesidades de la comunidad gallega en Venezuela. Durante este encuentro, los representantes gallegos subrayaron la importancia de la colaboración "clave" entre el gobierno autonómico y la Embajada de España para asegurar una atención próxima, eficaz y coordinada a los gallegos residentes en el país.

El medio oficial informó que José González destacó que más de 12.700 personas gallegas en Venezuela ya accedieron desde el año 2018 a ayudas económicas individuales facilitadas por la Xunta. El plazo para solicitar las prestaciones permanecerá abierto hasta el 6 de abril, posibilitando la continuidad en el acceso a estos recursos. El conselleiro señaló la relevancia de estas ayudas para cubrir necesidades básicas de subsistencia y atención sociosanitaria ante escenarios de carencia y dificultades. González añadió que la Xunta mantiene una línea de ayudas específica para situaciones de emergencia social, dirigida principalmente a personas que atraviesan circunstancias de especial vulnerabilidad.

Tal como publicó la fuente oficial, además del refuerzo en los programas de apoyo económico, la visita del conselleiro abarca sesiones de trabajo y encuentros con representantes y responsables de las principales entidades gallegas en Venezuela. Entre las actividades programadas figura un recorrido por la Oficina Social y el Centro de Día de la Hermandad Gallega de Venezuela, donde el funcionario analizará de primera mano el funcionamiento de las instalaciones y los mecanismos de asistencia desplegados en favor de los gallegos residentes.

Asimismo, José González tiene previsto asistir al estreno del documental titulado “Un pasaje de ida y de vuelta. Venezolanos y gallegos”, que se realizará en el Teatro Rosalía de Castro de la capital venezolana. Esta producción aborda las experiencias vitales compartidas a lo largo del tiempo por la comunidad gallega y venezolana, según consignó el medio gallego, y representa otra vía de reconocimiento y visibilización del papel de la diáspora en la historia reciente de ambos territorios.

La Xunta sostiene, de acuerdo con la información difundida, que el refuerzo de la estrategia institucional en Venezuela persigue mitigar los efectos de la compleja coyuntura que enfrenta actualmente la colectividad gallega, marcada por retos en materia política y social. Este compromiso, recalcan las autoridades autonómicas, se manifiesta a través del perfeccionamiento de los procedimientos de acompañamiento social, la intensificación de la colaboración diplomática y una supervisión directa de las iniciativas de emergencia y las ayudas económicas implementadas desde Galicia.

Durante su intervención, González dejó constancia de que la atención a la diáspora gallega constituye una prioridad para el actual periodo de gestión, con especial énfasis en aquellos países en los que persiste un entorno desafiante para los ciudadanos españoles residentes. Según reportó la Xunta, el propósito de la misión oficial incluye el seguimiento de solicitudes y casos particulares, la actualización de los mecanismos administrativos transfronterizos, así como la consolidación de un canal permanente de interlocución entre la administración gallega y las organizaciones representativas de la emigración en Venezuela.

La jornada de visitas y reuniones, recalcó la Xunta, responde también a la necesidad de evaluaciones periódicas en el país, a fin de reajustar los recursos y las soluciones según la evolución de las demandas detectadas entre los gallegos residentes. Además, la administración autonómica recuerda que los programas económicos individuales y la atención de emergencia social han resultado claves en la cobertura de necesidades esenciales y la protección sociosanitaria durante los últimos años.

Por otra parte, los voceros oficiales reiteraron el planteamiento de mantener abiertas las vías de comunicación entre la Xunta y la colectividad gallega en Venezuela, canalizando las inquietudes, propuestas y requerimientos específicos a través de los órganos y entidades sociales presentes en el país. Esta estrategia, indicaron, permitirá una respuesta más ágil y ajustada a las realidades que experimenta la diáspora, mejorando el acceso a recursos, servicios y acompañamiento institucional.

Rafael David Prieto Martínez asumió la jefatura del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela en sustitución de Domingo Antonio Hernández Lárez, quien había sido sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Este nombramiento se produce en un contexto de renovación significativa en el alto mando militar, justo después de la salida de Vladimir Padrino como ministro de Defensa, un cargo que mantuvo durante casi una década. Según informó el medio, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, oficializó esta serie de cambios estratégicos dentro de la estructura militar venezolana mediante un comunicado difundido a través de la plataforma Telegram.

De acuerdo con el reporte, la mandataria interina explicó que los nuevos responsables castrenses “acompañarán al ministro del Poder Popular para la Defensa, Gustavo González López, con el firme compromiso y lealtad patriota de garantizar la soberanía, la paz, estabilidad e integridad territorial de la República”. Según publicó la fuente, Gustavo González López, quien asumió la cartera de Defensa tras la remoción de Padrino, cuenta con un historial de destacadas posiciones en estructuras clave del Estado, tales como la comandancia de la Guardia de Honor Presidencial, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

El medio detalló que la presidenta encargada también anunció la designación de Jesús Rafael Villamizar Gómez como segundo comandante estratégico operacional de la FANB, otorgándole un papel relevante en la conducción de la fuerza. Dilio Guillermo Rodríguez fue elegido como inspector general del mismo cuerpo y Rubén Darío Belzares como comandante general del Ejército Bolivariano. Otras áreas sensibles dentro de la jerarquía militar también recibieron nuevos líderes: Jorge Alejandro Agüero Montes tomará la comandancia general de la Armada Bolivariana; Royman Antonio Hernández Briceño estará al frente de la Aviación Militar; Juan Ernesto Sulbarán Quintero se encargará de la Guardia Nacional; y Nayade Solovenly Lockiby Belmontes dirigirá la Milicia Nacional.

El cambio en la dirección militar resultó solo una de las medidas ejecutadas por la presidenta interina en el marco de una reestructuración más amplia del gabinete, ocurrida un día después de la destitución del histórico ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Según publicó el medio, Rodríguez también impulsó la renovación de los titulares de Educación Universitaria, Cultura, Trabajo, Transporte, Energía Eléctrica y Vivienda. Esta cadena de nombramientos refleja la amplitud de la transformación impulsada en el Ejecutivo venezolano bajo la dirección actual.

Tal como consignó la fuente, la relevancia de González López en la nueva etapa del Ministerio de Defensa se ve marcada por sus antecedentes al frente de organismos con responsabilidades centrales en materia de seguridad y protección presidencial, así como en inteligencia militar y civil. La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), organismos que estuvieron bajo su dirección en anteriores periodos, han sido objeto de señalamientos por parte de la Organización de las Naciones Unidas, que los ha vinculado a presuntos crímenes de lesa humanidad.

La sustitución en el Comando Estratégico Operacional representa otro foco de interés debido a la situación del anterior jefe, Domingo Antonio Hernández Lárez, quien, de acuerdo con el medio, fue sancionado por entidades internacionales, un dato que añade un componente de presión y contexto político a los cambios en curso. El panorama se enmarca en un momento de elevada tensión institucional y política en Venezuela, donde la estabilidad de los cuadros militares tiende a jugar un papel determinante para la administración gobernante.

La decisión de restructurar el alto mando militar fue comunicada oficialmente por Delcy Rodríguez, y en su mensaje subrayó la necesidad de garantizar la integridad de la República frente a cualquier desafío, así como la vigilancia permanente sobre el territorio nacional. La presencia de figuras con experiencia en inteligencia y seguridad dentro del nuevo esquema militar ha sido interpretada, según el medio, como una acción orientada a reforzar el control y la cohesión interna dentro de las fuerzas armadas en medio de la coyuntura política del país.

Los cambios anunciados también reflejan la intención de la presidenta encargada de rodearse de colaboradores cercanos en posiciones estratégicas dentro del aparato de defensa y seguridad, lo que se traduce en una modificación relevante en el mapa de poder venezolano, detalló la fuente. La estrategia oficialista parece orientarse a la consolidación institucional en un contexto de incertidumbre política y fuertes presiones tanto internas como externas.

La actualización publicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos destaca un cambio en la clasificación de riesgo para ciertas áreas dentro de Venezuela, señalando la frontera con Colombia y varios estados —Amazonas, Apure, Aragua, Bolívar, Guárico y Táchira— como regiones donde el peligro derivado de la delincuencia, secuestros y actividades terroristas se mantiene elevado y sugiere evitar los desplazamientos a estos lugares. Esta decisión aparece reflejada en el nuevo aviso oficial dirigido a los ciudadanos estadounidenses interesados en viajar al país sudamericano, según reportó el medio que cubrió la información.

El medio detalló que la reducción al nivel tres en la alerta para viajar a Venezuela se relaciona con la eliminación de indicadores de riesgo como la “detención injustificada”, una categoría que previamente pesaba para mantener la advertencia en un umbral superior. El Departamento de Estado vinculó la actualización de la advertencia a cambios en las operaciones de su propia embajada en Venezuela, la cual permanece cerrada desde el año 2019. De acuerdo con el aviso oficial, continúan en uso los servicios de la Unidad de Asuntos de Venezuela en Bogotá, Colombia, hasta que se retomen completamente las funciones diplomáticas regulares en Caracas.

El reciente anuncio se encuadra en contexto de relaciones diplomáticas intervenidas entre Washington y Caracas. Tras el operativo militar realizado el 3 de enero por parte del Ejército estadounidense sobre la capital venezolana, que concluyó con la captura del entonces presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, ambos permanecen bajo custodia en una prisión en Nueva York. Según consignó la prensa estadounidense, desde este suceso se percibe una paulatina modificación en el vínculo bilateral entre ambos países.

De acuerdo con la información revelada por el Departamento de Estado, si bien se han suprimido del aviso varios riesgos como “disturbios” y otras categorías no especificadas, persiste un llamado a extremar precauciones en zonas específicas, dada la persistencia de delitos violentos y actividades ilícitas de alto impacto. El organismo diplomático estadounidense ha solicitado a sus ciudadanos abstenerse de visitar los estados mencionados, por su exposición a contextos de inseguridad vinculados a organizaciones delictivas y amenazas de grupos armados ilegales presentes en áreas fronterizas.

El medio también informó que el itinerario de actualización de los avisos de viaje para Venezuela forma parte de un monitoreo regular de los factores de seguridad en la región, evaluando tanto la naturaleza de los riesgos como la capacidad de protección y asistencia para ciudadanos estadounidenses en territorio venezolano. Tras el cierre de la Embajada estadounidense en Caracas en 2019, la representación diplomática se mantiene a través de recursos instalados en la capital colombiana.

Entre las áreas donde el Departamento de Estado advierte un riesgo mayor figuran zonas tradicionalmente complejas por factores geográficos y sociales, en las que la incidencia de delitos como el secuestro y la presencia de organizaciones irregulares motivan un aumento de las precauciones. La frontera colombo-venezolana y los estados amazónicos siguen registrados como los puntos de mayor cuidado, según las autoridades estadounidenses.

El nivel de alerta de viaje, ahora fijado en tres, indica que el Departamento de Estado aún recomienda reconsiderar cualquier plan de visita al país, pese a la eliminación del riesgo por “detención injustificada” y “disturbios”, indicando que aún subsisten factores suficientes para mantener restricciones. Los ciudadanos estadounidenses interesados en viajar siguen dependiendo de los mecanismos de asistencia consular ubicados fuera del territorio venezolano, gestionados desde Bogotá, hasta que la Embajada de Estados Unidos restablezca sus operaciones en Caracas, detalló el aviso oficial.

El ajuste de la advertencia de viaje coincide con una serie de acontecimientos que han modificado la relación entre ambos gobiernos, escenario que podría influir en futuras decisiones diplomáticas y operativas, conforme evolucione el contexto de seguridad y la posibilidad de normalizar la presencia diplomática completa en Venezuela, según destacó la información publicada por el propio Departamento de Estado.

Después de la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, ocurrida a principios de enero durante una operación militar estadounidense en Caracas, la estructura de poder en Venezuela ha experimentado cambios profundos. La mandataria interina, Delcy Rodríguez, anunció una reorganización de su gabinete con el nombramiento de siete nuevos ministros en áreas clave, según reportó el medio de comunicación. Estas decisiones surgen tras la destitución de Vladimir Padrino del Ministerio de Defensa, cargo en el que permaneció más de diez años.

El medio informó que Delcy Rodríguez confirmó los relevos ministeriales por medio de un mensaje en Telegram, explicando que la gestión busca fortalecer la capacidad de administración en plena crisis nacional. Entre los principales nombramientos destaca el del general Gustavo González, anterior director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar —puesto que asumió el 6 de enero—, como el nuevo jefe de la cartera de Defensa. Este cambio se produjo apenas días después del asalto estadounidense en la capital venezolana que resultó en la aprehensión de Maduro y su círculo más cercano, según consignó la fuente.

De acuerdo con la publicación, el gobierno interino designó nuevas autoridades en seis ministerios adicionales. Al Ministerio de Trabajo llegará Carlos Alexis Castillo, magistrado de la Sala de lo Social, para sustituir a Eduardo Piñate. La diputada Jacqueline Faría encabezará la cartera de Transporte, en reemplazo de Aníbal Coronado. Según detalló la fuente, Ana María Sanjuán, profesora, psicóloga social y analista política, asumirá el Ministerio de Educación Universitaria ocupando el puesto que ocupaba Ricardo Sánchez.

La administración interina también estableció relevos en Cultura, Energía Eléctrica y Vivienda. Raúl Cazal, según informó el medio citado, dirigirá la cartera de Cultura tras la salida de Ernesto Villegas, quien renunció a su puesto y a su militancia en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Para la Energía Eléctrica, el nuevo responsable será el ingeniero Rolando Alcalá, mientras que Jorge Márquez Monsalve quedará a cargo del Ministerio para Hábitat y Vivienda con la tarea de dar continuidad a las políticas públicas en materia de acceso a la vivienda, según expuso la presidenta encargada.

El medio consignó que los cambios en el Ejecutivo incluyen también responsabilidades para figuras de perfil nacional. Así, el exfiscal general Tarek William Saab liderará la denominada “Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida”, destinada a promover la música, el canto, los ritmos y bailes tradicionales, así como a rescatar y difundir valores culturales y patrimoniales de la nación.

Por otra parte, Henry Navas Rumbos será el nuevo comandante de la Guardia de Honor Presidencial con el objetivo de garantizar la protección de Delcy Rodríguez, la seguridad nacional y la estabilidad de las instituciones, según informó la plataforma. Además, Germán Gómez Lárez ocupará el cargo de director general de Contrainteligencia Militar, sustituyendo en esa responsabilidad a González, y Juan José Ramírez, ministro de Obras Públicas y Servicios, sumará la vicepresidencia sectorial del mismo ministerio, conforme precisó la fuente.

Desde la captura y traslado de Nicolás Maduro en la operación militar internacional el 3 de enero, Delcy Rodríguez asumió de manera interina la jefatura del Ejecutivo, poniendo en marcha nuevas estrategias de gestión. Según publicó el medio, una de sus primeras medidas ha sido el acercamiento diplomático con Estados Unidos, que incluye la autorización de ventas de petróleo venezolano a ese país. Al mismo tiempo, dio inicio a un proceso de excarcelación de personas encarceladas, que abarca tanto a ciudadanos nacionales como a extranjeros.

Los recientes nombramientos y la reconfiguración del gabinete, tal como publicó la fuente original, representan una serie de ajustes con el objetivo de responder a la actual situación política, social y económica por la que atraviesa Venezuela tras el cambio en la titularidad del Gobierno.

El general Gustavo González, quien dirigía la Dirección General de Contrainteligencia Militar desde comienzos de enero, ha sido designado como ministro de Defensa de Venezuela en reemplazo de Vladimir Padrino, figura central del aparato militar durante más de una década. Según informó la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la decisión se produce días después de la captura del presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores tras un ataque estadounidense sobre Caracas, según detalló el medio de comunicación.

La mandataria venezolana anunció a través de Telegram el nombramiento de González y el final del periodo de Padrino. De acuerdo con la información publicada, Rodríguez expresó su agradecimiento a Padrino por su dedicación, lealtad y rol preeminente en la defensa nacional desde octubre de 2014. En palabras de Rodríguez, “por su entrega, su lealtad a la patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país”. Sin ofrecer información específica sobre las futuras funciones de Padrino, la presidenta encargada manifestó su confianza en que cumplirá con igual compromiso y honor sus próximos retos.

El ascenso de González al Ministerio de Defensa ocurre en un momento excepcional de crisis institucional, pocos días luego del operativo militar atribuido a Estados Unidos que desencadenó la detención de los máximos responsables del poder ejecutivo venezolano. El medio de comunicación reportó que González asumió la jefatura de la Contrainteligencia Militar el 6 de enero, en el contexto de este nuevo escenario político y de seguridad nacional.

Antes de este nombramiento, Gustavo González desempeñó cargos en organismos clave del Estado venezolano. Tal como lo consignó la fuente, previamente había dirigido el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y también ejerció como ministro del Interior, Justicia y Paz, lo que refuerza su perfil dentro de las estructuras de seguridad e inteligencia del país.

Vladimir Padrino, reemplazado en un momento de máxima tensión, había ocupado la titularidad de Defensa desde hace casi diez años, constituyéndose en una figura de referencia en el control del estamento militar venezolano, según publicó el medio. Su salida marca un quiebre en la continuidad de la dirección castrense y evidencia las repercusiones inmediatas del operativo internacional que removió a los principales líderes del Ejecutivo.

El nuevo escenario genera un reajuste en las fuerzas armadas venezolanas y redirige el liderazgo hacia figuras vinculadas históricamente con tareas de inteligencia y control interno. Según detalló la fuente, la transición se produce sin información adicional sobre los próximos pasos de Padrino, aunque desde la administración nacional insisten en resaltar su desempeño pasado y auguran nuevos desafíos para el general saliente en ámbitos aún no especificados.

La designación de González refuerza una estrategia orientada a consolidar la disciplina y la vigilancia interna en momentos de profundo cambio institucional. Con una extensa carrera en áreas de inteligencia, el general asume el control de la defensa nacional en una coyuntura marcada por la captura de los líderes del Poder Ejecutivo y la intervención externa, según destacó el medio.

Los cambios al frente de instituciones estratégicas como el Ministerio de Defensa y la Dirección de Contrainteligencia Militar han adquirido un significado especial en un contexto de alta volatilidad y redefinición de equilibrios de poder, mientras las autoridades interinas buscan estabilizar los resortes militares y de seguridad del Estado, difundió el medio de comunicación.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, manifestó su reconocimiento a los jugadores de la selección nacional tras la victoria frente a Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol, resultado que otorgó a Venezuela su primer campeonato en la historia de esa competición, según informó Europa Press. Rodríguez expresó su agradecimiento y felicitación tanto en un mensaje difundido por redes sociales como en un vídeo en el que destaca la felicidad generalizada que el triunfo provocó entre la población. Este logro motivó la declaración de una jornada no laborable para celebrar lo que denominó como “Día de Júbilo Nacional”.

De acuerdo con Europa Press, el decreto establece este miércoles como día festivo en todo el país, exceptuando a quienes trabajan en servicios esenciales. Rodríguez especificó que la medida busca que la juventud se movilice a lugares públicos como plazas, parques y canchas, en un ambiente de conmemoración para compartir la alegría por el título conseguido. Con la frase “Venezuela triunfa unida”, la mandataria vinculó el éxito deportivo con una reafirmación de identidad y cohesión nacional.

Durante su intervención, Rodríguez sostuvo: “Por primera vez somos campeones del Clásico Mundial de Béisbol. Este triunfo es la victoria de la pasión, el talento y la unión que nos caracteriza como venezolanos. Un logro que quedará para siempre en el corazón de nuestro país. ¡Viva Venezuela!”. El mensaje subraya la importancia simbólica de la conquista para la memoria colectiva venezolana y la significación del deporte en el contexto social actual.

La victoria se concretó en Miami, donde el equipo de Venezuela se impuso a Estados Unidos por 3-2, resultado que, según publicó Europa Press, permitió a la selección venezolana adjudicarse el trofeo del torneo internacional por primera vez. El partido reunió a aficionados venezolanos en distintas ciudades del país y del extranjero, generando muestras de júbilo que, según declaraciones de Rodríguez, “han hecho que la población esté de verdad demasiado feliz”. La mandataria subrayó el vínculo entre la victoria deportiva y el orgullo nacional, afirmando: “Quiero, en nombre de nuestro pueblo, del Gobierno de Venezuela, agradecer y abrazar a cada uno de nuestros jugadores”.

En su mensaje, referenciado por Europa Press, Rodríguez también resaltó el espíritu deportivo expresado por la afición y el equipo, citando: “Como decimos nosotros: honor al vencido y gloria al bravo pueblo de Venezuela. Adelante, muchachos. Ustedes representan cada cielo, cada mar, cada tierra de esta hermosa patria de nuestro libertador Simón Bolívar. ¡Felicitaciones!”. Estas palabras resaltan la identificación de la selección con el territorio venezolano y su historia.

El contexto político añade otras capas al anuncio. Según consignó Europa Press, Rodríguez asumió la presidencia encargada de Venezuela a raíz de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en una operación impulsada por Estados Unidos a principios de enero. Esta intervención dejó más de un centenar de muertos y trasladó a Maduro, junto a su esposa, a Nueva York para ser juzgados según cargos de “narcoterrorismo”. Frente a esta coyuntura, la Constitución venezolana dispuso que la vicepresidenta ocupara el gobierno de manera interina.

La gestión de Rodríguez durante el periodo de transición ha coincidido con una fase de acercamiento diplomático entre Venezuela y Estados Unidos. Europa Press detalló que el mandatario estadounidense, Donald Trump, valoró positivamente la labor de la presidenta encargada, agradeciéndole la facilitación de la exportación de “millones” de barriles de petróleo venezolano a territorio estadounidense. Esta evolución en las relaciones bilaterales se presenta en paralelo al ambiente de fiesta nacional propiciado por la obtención del campeonato de béisbol.

El impacto de la victoria en el torneo internacional se reflejó en la declaración oficial de la jornada festiva, que Europa Press describió como una invitación al esparcimiento público colectivo. El gobierno busca que la población, en especial la juventud, ocupe espacios abiertos para conmemorar un episodio inédito en la trayectoria deportiva nacional. La postulación de la unidad como elemento central del discurso oficial se presenta tanto como causa como consecuencia del triunfo, destacando el papel del deporte como factor de cohesión en situaciones sociales complejas.

La relevancia social de este evento deportivo también se percibe en las expresiones institucionales de gratitud hacia los integrantes del equipo. El gobierno, representado por Delcy Rodríguez, trasladó el agradecimiento de la ciudadanía y remarcó el simbolismo de la victoria en la configuración de la identidad venezolana, según el reporte de Europa Press. La jornada festiva decretada se incorpora al calendario nacional guiada por la excepcionalidad de la conquista y el impacto significativo de la selección para el ánimo de la población.

Europa Press informó además que el llamado a la celebración excluye a los sectores dedicados a mantener los servicios esenciales, garantizando así la continuidad de actividades básicas. La medida se focaliza en propiciar un ambiente de algarabía y esparcimiento como manifestación de reconocimiento colectivo a los representantes deportivos nacionales y como reafirmación del espíritu de unidad popular tras el resultado en el Clásico Mundial de Béisbol.

Durante las celebraciones por el campeonato de béisbol alcanzado por Venezuela, miles de personas se congregaron en espacios públicos tras el llamado del gobierno a participar activamente en la conmemoración nacional. Tal como publicó Europa Press, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la declaración de un día festivo no laborable para este miércoles, medida de la que quedan exceptuados los trabajadores vinculados a servicios esenciales. Rodríguez instruyó a los jóvenes venezolanos a salir a plazas, parques y canchas para unirse a los festejos en todo el territorio nacional, remarcando la importancia de la cohesión social y el sentido de identidad frente a este logro deportivo.

Según informó Europa Press, Venezuela venció por primera vez a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol, torneo que tuvo lugar en Miami. El resultado final, con marcador de 3-2 a favor de Venezuela, permitió que el país sudamericano obtuviera su primer título en la historia del certamen. Rodríguez utilizó sus redes sociales para destacar el valor simbólico de este triunfo, mencionando que “Venezuela triunfa unida” y catalogando el logro como una expresión de la pasión, el talento y la unión características del pueblo venezolano. Asimismo, la mandataria publicó un video en el que manifestó el agradecimiento del gobierno a los jugadores y resaltó la felicidad y el orgullo compartido por la ciudadanía.

La autoridad nacional transmitió un mensaje dirigido tanto a los deportistas como a la población, donde subrayó: “Quiero, en nombre de nuestro pueblo, del Gobierno de Venezuela, agradecer y abrazar a cada uno de nuestros jugadores”. Añadió la expresión: “honor al vencido y gloria al bravo pueblo de Venezuela”, en alusión al espíritu deportivo y a la relevancia del triunfo para la identidad nacional, y felicitó al equipo con la frase: “Adelante, muchachos. Ustedes representan cada cielo, cada mar, cada tierra de esta hermosa patria de nuestro libertador Simón Bolívar”.

De acuerdo con Europa Press, el inédito título conquistado por la selección venezolana generó manifestaciones espontáneas de júbilo, con ciudadanos ocupando plazas y parques para celebrar el resultado. La mandataria insistió en la invitación a la juventud venezolana, remarcando el carácter integrador que el deporte puede ejercer sobre la comunidad.

Europa Press también reportó que la situación política de Venezuela sigue marcada por la transición provocada por una operación de Estados Unidos a comienzos de enero, la cual ocasionó la detención del expresidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos de “narcoterrorismo”. Desde entonces, Delcy Rodríguez ha asumido el cargo de presidenta encargada, conforme a lo establecido por la Constitución. Su periodo interino ha coincidido con mejoras en las relaciones bilaterales, lo que llevó incluso al presidente estadounidense, Donald Trump, a reconocer públicamente su gestión, en especial por facilitar la exportación de millones de barriles de petróleo hacia Estados Unidos.

Según consignó Europa Press, la decisión de declarar la jornada como no laborable, excluyendo servicios esenciales, tuvo como objetivo permitir la más amplia participación en las celebraciones, transmitiendo a la población un mensaje de unidad tras varios años de tensiones políticas y sociales. Los mensajes oficiales del gobierno destacaron que la victoria permanecerá grabada en la memoria colectiva nacional como símbolo de resiliencia y capacidad de superación.

El medio europeo detalló que, en el contexto de la celebración, la comunidad venezolana se expresó con diversas muestras de alegría, y que líderes locales y regionales se sumaron a los actos conmemorativos. El campeonato se interpretó también como una ocasión para fortalecer el lazo entre la sociedad y las nuevas autoridades, en un escenario de transición e incertidumbre política, donde el deporte se transformó en catalizador para el entendimiento y el entusiasmo social.

Diversos mensajes de figuras públicas y ciudadanos circularon en redes sociales y espacios físicos durante la jornada, reforzando el sentimiento de pertenencia y la relevancia del triunfo conseguido en el torneo disputado en Miami. Numerosos asistentes a los actos mencionaban el impacto positivo de esta victoria en el ánimo colectivo, mientras funcionarios gubernamentales reiteraban el llamado a mantener la concordia y el espíritu de unidad.

En las declaraciones recogidas por Europa Press, la presidenta encargada subrayó la trascendencia del título para el futuro del país, destacando el papel de la juventud como protagonista tanto en la conmemoración como en las próximas etapas para Venezuela. La jornada festiva sirvió también para promover valores asociados al trabajo en equipo y al esfuerzo colectivo, elementos resaltados por las autoridades como motores del éxito deportivo y social alcanzado.

Durante la rueda de prensa celebrada en el Parlamento venezolano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sugirió de manera metafórica al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, presenciar la final del Clásico Mundial de Béisbol entre Venezuela y Estados Unidos, donde señaló el triunfo del equipo venezolano como un hecho histórico para el país. De inmediato, presentó su reacción a las declaraciones de Turk sobre la liberación de reclusos, acusando al funcionario de ser un “enemigo de Venezuela” y de buscar el perjuicio de la nación sudamericana. En el evento estuvieron también presentes figuras como José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno español, que participó en un acto dedicado a la ley de amnistía, y Delcy Rodríguez, presidenta encargada, quien decretó el 18 de marzo como día festivo tras la victoria deportiva.

Según publicó el medio, la controversia surgió debido a la intervención de Volker Turk en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, realizada el lunes previo. En esa ocasión, Turk solicitó a las autoridades venezolanas que hicieran público el listado completo de presos políticos liberados tras la reciente aprobación de la Ley de Amnistía impulsada por Delcy Rodríguez. La oficina del Alto Comisionado de la ONU ha confirmado la excarcelación de 950 personas hasta la fecha, según detalló el medio.

En cuanto a las expresiones de Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional señaló textualmente: “Por las últimas declaraciones que dio, ese señor es un enemigo de Venezuela. Ese señor no quiere a Venezuela. El señor quiere que a Venezuela le vaya mal”, palabras reportadas por el medio de referencia. Esta afirmación tuvo lugar luego de las solicitudes de transparencia y la advertencia emitida por Turk acerca de la existencia de preocupaciones sistemáticas y estructurales relacionadas con los derechos humanos en el país caribeño. Según informó el medio, dichas preocupaciones han estado presentes en los pronunciamientos del Alto Comisionado durante las sesiones del órgano internacional.

La operación estadounidense en Caracas del pasado 3 de enero, que finalizó con la detención y captura del entonces presidente Nicolás Maduro, también fue abordada en la sesión del Consejo de Derechos Humanos. En este contexto, Turk pidió explicaciones acerca de los avances concretos respecto a la situación de los derechos y garantías de las personas privadas de libertad tras la aplicación de la ley de amnistía. De acuerdo con el medio, la relevancia de este asunto radica en la demanda de la ONU para el esclarecimiento y la supervisión sobre la cantidad y nombres de los excarcelados.

En el marco de estos acontecimientos, la celebración por la histórica victoria de la selección venezolana de béisbol fue destacada por Delcy Rodríguez, quien decidió establecer el 18 de marzo como día de asueto nacional “para que la juventud salga a las plazas, a los parques y a las canchas a festejar”, según consignó el medio. La jornada deportiva se integró como una metáfora utilizada por Jorge Rodríguez para referirse a la crítica internacional y para proyectar una imagen de fortaleza nacional, información recogida por la misma fuente.

El encuentro en el Parlamento, que contó con la presencia de Rodríguez Zapatero, se enmarcó dentro de un acto relacionado con la ley de amnistía, según reportó el medio. Diferentes voces, tanto nacionales como internacionales, han seguido de cerca los acontecimientos vinculados con la situación de los derechos humanos, la permanencia de personas detenidas y los recientes procesos políticos en Venezuela. La insistencia de la ONU en la publicación de los listados y en la supervisión de los procesos de liberación refleja un escenario de monitoreo internacional, mencionó el medio de comunicación.

El medio también detalló que la existencia de inquietudes por parte del Alto Comisionado ha mantenido la tensión diplomática, marcando la postura crítica del organismo internacional ante la evolución de la crisis política venezolana. Las declaraciones de Turk enfatizaron la importancia de atender las preocupaciones estructurales en materia de derechos humanos, aspecto que fue respondido en duros términos por la autoridad legislativa venezolana. La repercusión de la jornada se extendió tanto en el ámbito político como en la esfera social y deportiva, con diferentes sectores atentos a la evolución del tema.

Edmundo González expuso la preocupación por la persistencia de detenciones arbitrarias, denuncias de torturas y limitaciones al espacio cívico en Venezuela tras la publicación del más reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El dirigente opositor, quien participó como candidato en las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024, sostuvo que estos hechos demuestran la continuidad de problemas estructurales en el país. A través de sus declaraciones recogidas por varios medios internacionales, González consideró que el documento de la ONU confirma que la crisis venezolana no se reduce a momentos puntuales, sino que responde a profundas deficiencias en el entramado estatal e institucional.

Según detalló la agencia Europa Press, González abordó los principales puntos del informe, que llama a la "liberación inmediata y sin condiciones de todos los detenidos arbitrariamente", así como a la necesidad de ampliar el espacio cívico y proteger a quienes conforman la sociedad civil. Además, González indicó que el texto publicado por el Alto Comisionado solicita "reformas profundas en materia de justicia y seguridad, el acceso efectivo a derechos básicos y una ruta de justicia transicional con verdad, reparación y garantías de no repetición".

El mismo informe, tal como consignó Europa Press, exhorta a las autoridades venezolanas, lideradas interinamente por Delcy Rodríguez tras la aprobación de la Ley de Amnistía, a divulgar públicamente la lista de los presos políticos liberados. Hasta la fecha, la oficina del Alto Comisionado ha verificado la liberación de 950 personas, aunque la comunidad internacional insiste en la necesidad de transparencia y de una rendición de cuentas más rigurosa respecto a esas excarcelaciones. Según González, "hay liberaciones, sí, la mayoría con condiciones, en realidad son excarcelaciones. Además persisten las detenciones arbitrarias, denuncias graves de tortura y el espacio cívico restringido. ¡No hay garantías de cambio!".

El dirigente opositor subrayó que el documento difundido por Naciones Unidas representa un llamado a la cooperación plena con los organismos internacionales encargados de monitorear la situación del país. Al referirse a este aspecto, González precisó que el texto insta al gobierno venezolano a colaborar con los mecanismos internacionales, en particular con la Misión de Determinación de los Hechos, que continúa documentando y registrando actos que constituyen graves violaciones de derechos humanos y responsabilidades legales de alto nivel en Venezuela. "Sin cambios reales, la crisis seguirá reproduciéndose," sentenció González, según recogió Europa Press.

En el ámbito de los recursos naturales, la ONU instó a que todas las reformas económicas que involucran los sectores del petróleo, el gas y los minerales críticos deben salvaguardar la soberanía de la población venezolana sobre estos bienes estratégicos. El informe enfatizó la importancia de que el diseño e implementación de políticas económicas y de reformas estructurales no desatiendan los derechos y los intereses fundamentales de la sociedad.

La presencia de Edmundo González en el escenario internacional cobró particular notoriedad a partir de septiembre de 2024, cuando abandonó Caracas, la capital venezolana, tras pasar más de un mes bajo resguardo en las dependencias diplomáticas de Países Bajos. Ese traslado se efectuó en un avión proporcionado por las Fuerzas Aéreas españolas, de acuerdo con la agencia Europa Press. Desde entonces, González reside en España, condición que refleja la situación de exilio que atraviesan varios dirigentes opositores venezolanos luego de enfrentar presiones y persecución política.

El debate sobre la situación de los derechos fundamentales en Venezuela continúa presente en la agenda internacional, con reiteradas solicitudes de reforma institucional y de apertura democrática. Tanto el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas como las posturas expresadas por González coinciden en la urgencia de establecer mecanismos de justicia transicional que incluyan verdad, reparación para las víctimas y garantías que eviten la repetición de las violaciones documentadas. Según lo publicado por Europa Press, el monitoreo internacional y las recomendaciones de reforma estructural se consideran elementos centrales para que el país pueda garantizar justicia y reparación, así como avanzar hacia una sociedad en la que los derechos sean respetados sistemáticamente.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, declaró que Rusia se mantiene en comunicación frecuente con las autoridades de Cuba para analizar posibles vías de apoyo frente a las dificultades energéticas y humanitarias agravadas en la isla por el embargo impuesto por Estados Unidos. Según informó la agencia rusa de noticias Interfax, Peskov indicó que en el actual contexto Rusia reitera su voluntad de brindar asistencia a la nación caribeña, subrayando además la independencia y soberanía de Cuba en medio de la crisis.

De acuerdo con lo publicado por la agencia Interfax, el vocero resaltó que las autoridades rusas consideran a Cuba un país que enfrenta serias dificultades económicas debido a las restricciones estadounidenses, vigentes desde hace cerca de setenta años. Peskov remarcó que la situación en la isla se ha visto agravada por restricciones energéticas recientes, lo que ha provocado interrupciones en el suministro, apagones y un deterioro de las condiciones humanitarias.

El medio Interfax detalló las palabras de Peskov: “Cuba es una nación independiente y soberana que se enfrenta a grandes penurias económicas a causa de un asfixiante embargo”. A la vez, el portavoz añadió que Moscú mantiene “contactos constantes con los amigos cubanos” para explorar formas de contrarrestar la actual situación de emergencia, haciendo hincapié en la disposición rusa para apoyar con todos los mecanismos posibles ante los desafíos que enfrenta la isla.

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitiera declaraciones en las que lanzó amenazas hacia el gobierno cubano —incluyendo la expresión “Será un honor tomar Cuba"—, el Kremlin optó por no valorar dichas declaraciones públicamente, según reportó la agencia Interfax. Las amenazas estadounidenses se han manifestado en un contexto de creciente presión diplomática y económica, con anuncios recientes sobre posibles sanciones adicionales a países que ayuden a Cuba a sortear su actual déficit de combustible.

En declaraciones recogidas por Interfax, Peskov explicó que “están surgiendo importantes problemas humanitarios, así que desde Rusia estamos dispuestos a brindar toda la ayuda posible, por supuesto. Estamos trabajando en todas estas cuestiones con nuestros interlocutores cubanos”. Esta declaración se produce en medio de informes sobre la reducción de los envíos de petróleo venezolano hacia Cuba, consecuencia del arresto del presidente Nicolás Maduro en Caracas, efectuado a principios de enero en una operación estadounidense sin precedentes.

El pasado viernes, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmó que su gobierno había sostenido conversaciones con funcionarios de Estados Unidos, y señaló con preocupación que Cuba llevaba tres meses sin recibir combustible, lo que ha agudizado los problemas energéticos en la isla. De acuerdo con Interfax, la crisis energética ha provocado no solo interrupciones en el abastecimiento de energía sino también una extensión de los apagones a diversas regiones del país.

El suministro de petróleo a Cuba ha disminuido estos meses de forma significativa tras la detención de Maduro, lo que representa una reducción en el tradicional apoyo venezolano, base esencial para el abastecimiento energético cubano durante años. Esta interrupción registró impactos directos sobre el sistema eléctrico nacional y en la prestación continua de servicios básicos, situación que se vio agravada cuando Trump anunció nuevas amenazas de sanciones contra Estados y compañías que intentasen suplir el déficit energético de la isla.

El gobierno ruso, según reiteró el vocero del Kremlin, planea mantener consultas regulares con el ejecutivo cubano para evaluar de forma conjunta las acciones que se puedan adoptar ante el escenario actual. Interfax reportó que Moscú apuesta por una cooperación reforzada que permita aliviar las consecuencias de la crisis, mostrando plena disposición a trabajar con La Habana en la búsqueda de soluciones paliativas.

Según el medio Interfax, ni Rusia ni las autoridades cubanas detallaron en las últimas horas los mecanismos concretos de ayuda que podrían implementarse. El diálogo entre ambos países, sin embargo, persiste en un tono de colaboración, superando el peso de las amenazas estadounidenses que, según palabras de Peskov, no cambian la posición de Moscú respecto a la soberanía cubana.

La situación mantiene a la isla en un estado de vulnerabilidad creciente, con implicaciones directas en el día a día de la población, que enfrenta frecuentes cortes de energía y limitaciones derivadas del embargo extendido y la reducción del apoyo venezolano. De acuerdo con la información recogida por Interfax, la crisis humanitaria y energética continúa en desarrollo, mientras Moscú enfatiza su postura de respaldo y disposición para colaborar con el gobierno cubano dentro del marco internacional existente.

Durante una reunión con el gabinete de Educación, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, mencionó la existencia de mecanismos legales como la ley de amnistía y el 'Programa de convivencia democrática y paz', con el objetivo de promover la coexistencia desde la diversidad y el antagonismo, para que el país recupere la normalidad tanto en su dinámica interna como en el plano internacional. En este marco, Rodríguez reafirmó el compromiso de su administración de abrir un espacio democrático que permita el encuentro y el disentir entre los diferentes sectores de la sociedad venezolana. El énfasis de la mandataria consistió en asegurar que todas las voces, sin excepción, serán tenidas en cuenta en el proceso de diálogo nacional, buscando facilitar la recuperación de la vida cotidiana y la prosperidad del país.

De acuerdo con la información proporcionada por la agencia Europa Press, Rodríguez cuestionó de manera pública un intento de paralización del transporte en Caracas. La jefa del Ejecutivo venezolano expresó que este tipo de acciones afectan el derecho a la libre movilidad, e hizo un llamamiento directo a la ciudadanía para que continúen con sus labores diarias y permitan que quienes desean trabajar lo hagan sin impedimentos. Según detalló Europa Press, la mandataria consideró inadecuada la actitud de aquellos sectores que promovieron el paro del transporte, subrayando que el país necesita que todos participen de manera productiva en la vida nacional.

Rodríguez también se refirió al papel de actores externos en la situación, lamentando la activación de sectores considerados extremistas desde el extranjero, supuestamente mediante comunicaciones telefónicas. Según manifestó, estos intentos de influenciar la situación interna afectan la estabilidad y obstaculizan el proceso de búsqueda de convivencia. Su discurso incluyó una invitación a dejar que Venezuela trabaje y se desarrolle en favor del bienestar colectivo, contextualizando la coyuntura dentro de un esfuerzo más amplio por consolidar la paz y la convivencia democrática.

El ministro de Transportes, Aníbal Coronado, amplió información sobre la respuesta institucional ante el intento de paralización reportado en la capital, según recogió la cadena Globovisión y citó Europa Press. Coronado declaró que los responsables del paro no lograron su objetivo, debido al despliegue de operativos especiales encargados de atenuar el impacto de la protesta. Explicó que diversas unidades de transporte, incluidos Metrobuses, Sitsa, jeeps, servicios de automóviles y la policía de Caracas, se coordinaron para garantizar la movilidad de los usuarios y que pudieran acceder a sus lugares de trabajo y otros destinos programados.

El ministro consideró que la articulación institucional permitió asegurar el funcionamiento regular del transporte durante la jornada, por lo que calificó de "fracaso" el intento de paralización. Coronado también instó a quienes promovieron el paro a sumarse a las mesas de diálogo convocadas por el Ejecutivo, invitándolos a participar en el proceso de escucha planteado desde el programa de convivencia democrática señalado por Rodríguez.

La estrategia planteada por el gobierno interino se orienta a mantener el flujo normal de actividades laborales y a fomentar el diálogo nacional como vía para resolver diferencias y atender las aspiraciones de los distintos sectores sociales. Según reportó Europa Press, tanto la presidenta encargada como el ministro de Transportes destacaron la importancia de un abordaje participativo e inclusivo, encuadrado en un marco de legalidad y respeto a los derechos ciudadanos.

El abordaje de la crisis de movilidad en Caracas se contextualiza dentro del esfuerzo institucional por dotar al país de herramientas que fortalezcan la paz social y permitan superar tensiones derivadas de conflictos entre los distintos actores sociales y políticos. Tanto Rodríguez como Coronado subrayaron el interés de la administración bolivariana en garantizar la prosperidad y la estabilidad, solicitando la colaboración de todos los sectores para reanudar el curso habitual de la vida en la capital. El respaldo a la ley de amnistía y al programa de convivencia busca propiciar un escenario en el que la diversidad y el desacuerdo puedan gestionarse dentro de las garantías de un espacio democrático, detalló Europa Press.

El jefe de la diplomacia venezolana, Yván Gil, sostuvo que resulta inviable mantener una colaboración técnica seria con la oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mientras persistan percepciones que, según Caracas, son tendenciosas y afectan la objetividad del organismo. De acuerdo con la agencia Europa Press, Gil expresó que solo se facilitará la cooperación con quienes lleguen “con respeto” y sin sesgos en sus análisis sobre Venezuela, subrayando que la prioridad del país es la paz y la convivencia.

Gil realizó estas declaraciones en respuesta a un pronunciamiento del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien en la misma jornada pidió a las autoridades venezolanas la liberación de todos los presos que permanecen en las cárceles del país. Según publicó Europa Press, el ministro venezolano cuestionó la “narrativa parcializada” por parte de la oficina internacional sobre la situación en Venezuela. En un mensaje difundido en redes sociales, Gil señaló que Turk incurre en “acusaciones infundadas” y obvia el impacto que generan las medidas coercitivas unilaterales en los derechos sociales y económicos de la población venezolana.

El ministro de Asuntos Exteriores consideró que las actuaciones del Alto Comisionado convierten a la oficina de Derechos Humanos de la ONU en una “caja de resonancia de falsedades”, dificultando, a juicio del Gobierno de Venezuela, cualquier cooperación institucional significativa. Según detalló Europa Press, Gil denunció lo que describió como un “sesgo inmoral” hacia Venezuela por parte de Turk, reiterando el planteamiento de que las críticas internacionales no consideran las consecuencias de las sanciones económicas.

La intervención de Volker Turk ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se centró, entre otros temas, en solicitar la publicación de la lista completa de personas liberadas tras la aprobación de una Ley de Amnistía impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. De acuerdo con los datos que expuso Turk y que recopiló la oficina internacional, hasta el momento se ha confirmado la liberación de 950 personas, aunque permanece sin claridad el número total de presos políticos que aún siguen bajo custodia.

Turk mencionó “preocupaciones sistemáticas y estructurales” en el ámbito de los derechos humanos en Venezuela, y citó informes sobre torturas, malos tratos contra detenidos y precariedad en las condiciones de vida derivada de salarios que no cubren las necesidades básicas. Este panorama, según consignó Europa Press con base en la exposición del Alto Comisionado, mantiene la atención de la comunidad internacional sobre el país caribeño.

En su discurso, Turk también instó a las autoridades venezolanas a garantizar que las reformas económicas en marcha, incluidas las relativas a los sectores del petróleo, gas y minerales, respeten la soberanía del país en la gestión de sus recursos naturales. El medio Europa Press informó que estas demandas se suman a la lista de recomendaciones formuladas desde la ONU y otras entidades internacionales en relación a la gestión interna del Estado venezolano y la protección de los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

El contexto de estas declaraciones se encuentra marcado por la reciente operación liderada por el Ejército de Estados Unidos en Caracas el 3 de enero, acción tras la cual se produjo la detención y captura del entonces presidente Nicolás Maduro, según detalló Europa Press. La situación política y judicial en Venezuela continúa siendo objeto de escrutinio global, mientras organismos internacionales reclaman información sobre la aplicación de amnistías y la situación de los derechos humanos en el país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano reiteró, según reportó Europa Press, que cualquier acercamiento al país deberá orientarse bajo el respeto y la colaboración genuina, rechazando intervenciones u observaciones que se consideran fundamentadas en perspectivas “parcializadas” o “infundadas”. Mientras persiste el intercambio de posiciones entre Caracas y los organismos internacionales, la situación de los derechos humanos, las reformas económicas y las condiciones de los detenidos en centros penitenciarios se mantienen en el centro del debate entre las autoridades venezolanas y la oficina del Alto Comisionado de la ONU.

El presidente de Estados Unidos expresó su reconocimiento hacia la labor de la dirigente venezolana Delcy Rodríguez en el sector petrolero, al asegurar que “se están sacando millones, literalmente millones de barriles de petróleo”, al tiempo que mencionó el comienzo de una fase de cooperación entre Caracas y la administración estadounidense tras la captura de Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores. Esta operación militar, ocurrida dos meses atrás, causó más de cien muertes y significó un giro en las relaciones políticas entre ambos países, según informó el medio.

De acuerdo con la publicación recogida por la agencia de noticias, Donald Trump utilizó sus redes sociales durante la noche del lunes para analizar la victoria de la selección venezolana de béisbol ante Italia en la semifinal del Clásico Mundial, destacando el marcador de 4-2. En ese mensaje, expresó que “Venezuela ha derrotado a Italia esta noche, 4-2, en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol. Van realmente bien”, al mismo tiempo que indicó cambios positivos recientes en Venezuela y lanzó la pregunta sobre “a qué se debe esta magia”.

El mandatario estadounidense, según consignó la fuente, invitó de manera retórica a sus seguidores a respaldar la “estatalidad número 51”, insinuando la posibilidad de integrar a Venezuela como el quincuagésimo primer estado del país norteamericano. Este planteamiento se presentó en el marco de su análisis de los acontecimientos deportivos y políticos recientes relacionados con Venezuela.

El medio detalló que Trump elogió el manejo de los recursos naturales venezolanos bajo la gestión de Delcy Rodríguez y vinculó la producción petrolera con los resultados favorables en la coyuntura actual de Venezuela. De igual forma, situó la propuesta sobre la anexión en el contexto de un cambio en la relación bilateral, marcado por la intervención militar de Estados Unidos y la posterior cooperación entre Caracas y Washington.

Según publicó la fuente, esta discusión se produce después de una intervención en la que fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro y a Cilia Flores. Esta operación militar tuvo como consecuencia más de un centenar de víctimas mortales y derivó en el inicio de una colaboración institucional con la Administración Trump, alterando el panorama político interno de Venezuela y su vinculación con Estados Unidos.

Las declaraciones del presidente provocaron reacciones en redes sociales y en medios de comunicación debido a la mención explícita de una anexión formal de Venezuela, algo sin precedentes recientes en el discurso político estadounidense respecto a América Latina. El medio señaló que Trump utilizó el triunfo deportivo venezolano como punto de partida para exponer su reflexión acerca de la situación política y económica del país sudamericano, subrayando el “trabajo realmente bueno” de la nueva dirigencia y los cambios que, según su perspectiva, están ocurriendo en Caracas.

La sugerencia de estatalidad para Venezuela se añade al clima de tensiones y redefiniciones diplomáticas surgidas tras la operación militar que desplazó a las anteriores autoridades venezolanas. Según consignó el medio, las repercusiones internas y externas de esta propuesta permanecen sujetas a un amplio debate en la opinión pública y en los círculos gubernamentales internacionales.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, indicó que la colaboración militar con Venezuela estará basada en el intercambio de información y acciones coordinadas en paralelo, sin implicar operaciones conjuntas bajo un solo mando. Según detalló Caracol Radio y como consignó la agencia Europa Press, Sánchez precisó que se tratará de “operaciones espejo”, en las que cada país ejecutará sus propios despliegues en territorio nacional, asegurando que los esfuerzos estén articulados para enfrentar organizaciones criminales que operan a lo largo de los más de 2.200 kilómetros de frontera compartida.

De acuerdo con información publicada por Europa Press, Sánchez descartó la posibilidad de operativos militares conjuntos, aclarando que “una operación conjunta se caracteriza porque tiene unidad de mando, y aquí no hay una única unidad de mando, es cada nación haciendo operaciones, pero comunicándose para articular esfuerzos”. Según explicó el ministro, la prioridad será mejorar la efectividad contra las redes ilícitas mediante la cooperación en inteligencia y la sincronización de estrategias entre Bogotá y Caracas.

El medio Europa Press informó que durante la conversación en Caracol Radio, Sánchez subrayó el objetivo de evitar que los criminales se aprovechen de los vacíos de coordinación entre las dos naciones. Expresó que la meta es impedir que los grupos ilegales sientan que pueden trasladarse fácilmente de un lado a otro de la frontera para evadir las acciones de las autoridades. Con esta modalidad, Colombia y Venezuela planean aumentar la presión contra las organizaciones delictivas sin vulnerar la soberanía de cada país o fusionar a sus fuerzas bajo una dirección unificada.

Estas medidas de seguridad forman parte de una serie de acuerdos sellados recientemente en Caracas por autoridades de ambos países en los ámbitos de comercio, energía y defensa. Según consignó Europa Press, el anuncio del fortalecimiento de la cooperación llegó tras la cancelación de una reunión prevista entre los presidentes Gustavo Petro y Delcy Rodríguez, la cual estaba pautada para celebrarse poco después de la detención de Nicolás Maduro a principios de enero en Caracas.

Mientras tanto, los jefes de Estado de ambos países han fijado el 23 y 24 de abril como nueva fecha para su encuentro, el cual tendrá lugar en la ciudad venezolana de Maracaibo. Europa Press detalló que el encuentro reciente sobre seguridad y defensa, encabezado por Sánchez, fue calificado como “productivo, respetuoso, pero también franco”. Durante la discusión se enfatizó la necesidad de colaboración internacional frente a desafíos globales como la lucha contra el tráfico de drogas.

El titular de Defensa colombiano advirtió que si ambas naciones no actúan de manera coordinada, se abrirán espacios para que los grupos criminales operen con mayor libertad. “Si no actuamos los dos países unidos, como lo estamos haciendo con las demás naciones, pues le dejamos un espacio de maniobra a los grupos criminales”, citó Europa Press sobre las palabras del ministro. Sánchez instó a que los esfuerzos regionales, aunque realizados de manera independiente, mantengan canales claros de comunicación y cooperación.

La situación en la frontera colombo-venezolana ha constituido un desafío continuo para ambos estados debido a la actividad de grupos criminales dedicados al narcotráfico y otras economías ilícitas, según explicó Europa Press. Las autoridades buscan reforzar su respuesta sin comprometer el control nacional sobre las acciones armadas, apostando por la coordinación informativa y la sincronización operativa.

El acuerdo militar constituye una parte del renovado acercamiento entre Colombia y Venezuela, luego de varios años de tensiones políticas y diplomáticas. Los recientes entendimientos intentan sentar bases para una mayor estabilidad regional y la reducción del impacto de las redes ilegales en la zona limítrofe, indicando un cambio en la estrategia bilateral de seguridad, detalló el medio Europa Press.

El desarrollo de una iniciativa para la doble nacionalidad entre Colombia y Venezuela figura como uno de los puntos destacados de la nueva agenda bilateral. El presidente colombiano, Gustavo Petro, explicó que este mecanismo permitiría que ciudadanos de ambos países accedan a plenos derechos en cada territorio, sobre la base del reconocimiento de que la zona fronteriza pertenece a sus habitantes y es clave para fortalecer la integración. A partir de este planteamiento, el mandatario vinculó la propuesta con el proceso de acercamiento regional y la búsqueda de soluciones a problemáticas comunes.

Según informó Caracol Radio y otros medios regionales, después de una reunión en el Palacio de Miraflores en Caracas, Gustavo Petro anunció que tanto Colombia como Venezuela presentarán oficialmente su solicitud para integrarse al Mercosur como miembros plenos. Petro declaró a través de sus redes sociales que pedirán “que se levante la moratoria para que entre Venezuela al Mercosur como miembro pleno y nosotros, como Colombia, haremos solicitud de entrada como miembro pleno (derecho) al Mercosur”. Esta decisión proviene de la llamada “supremamente exitosa reunión binacional” que se realizó recientemente entre delegaciones de ambos países.

Tal como publicó Caracol Radio, durante el encuentro de alto nivel se definieron compromisos para fortalecer la cooperación en materia de seguridad fronteriza. Autoridades de ambos países coincidieron en la necesidad de coordinar esfuerzos para enfrentar el narcotráfico en la zona limítrofe. En la agenda inmediata figura una reunión específica de la zona binacional, programada para el 23 y 24 de abril en Maracaibo, Venezuela, donde se abordarán asuntos energéticos y otros temas de la agenda bilateral.

La ministra colombiana de Exteriores, Rosalía Landa Villavicencio, resaltó que el acercamiento entre los dos gobiernos confirma un espíritu de integración y promoción de la paz en la región. “Nada ni nadie nos podrá separar como pueblos hermanos”, aseguró la funcionaria, quien también mencionó que los avances buscan facilitar la libre circulación y el desarrollo de proyectos económicos y sociales conjuntos.

Colaboración entre Venezuela y Colombia en la zona de frontera

El encuentro celebrado en Caracas permitió a los equipos de seguridad y defensa de ambos países diseñar dos líneas estratégicas de acción, según detalló el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, a través de sus cuentas en redes sociales. La primera consiste en el intercambio permanente de información sobre amenazas en la zona de frontera. La segunda estrategia se basa en la coordinación de “operaciones espejo” dirigidas a desmontar el narcotráfico, la minería ilegal y las redes criminales asociadas a estos delitos.

Pedro Sánchez escribió que “la criminalidad transnacional utiliza las fronteras como corredores para el narcotráfico y otras economías ilícitas, por lo que la cooperación entre Estados es clave para cerrarle esos espacios”. El ministro insistió en que durante la reunión, los representantes de ambos países acordaron que “la amenaza no son las naciones, sino el crimen organizado transnacional”, que afecta la vida y el bienestar de las comunidades fronterizas. Sánchez sentenció: “El mensaje es claro: cuando las naciones cooperan, los criminales pierden. Cero tolerancia con los cárteles del narcotráfico y la violencia”.

El presidente Petro hizo alusión a que este nuevo marco de cooperación binacional se traducirá en una “actividad coordinada íntegramente” orientada a expulsar a los grupos armados y organizaciones delictivas de la frontera, fortaleciendo la seguridad y el desarrollo en la zona. Según consignó Caracol Radio, el presidente colombiano afirmó que la región fronteriza representa uno de los pilares centrales para la integración real de las repúblicas de Colombia y Venezuela.

Este proceso de acercamiento bilateral ocurre después de la cancelación de un encuentro entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, que se iba a realizar originalmente en la frontera común el viernes pasado. No obstante, el diálogo siguió a nivel de delegaciones y permitió la suscripción de nuevos compromisos en materia de integración, seguridad y derechos ciudadanos.

Las solicitudes de ingreso pleno al Mercosur por parte de Colombia y Venezuela se presentan en un escenario de reactivación de las relaciones bilaterales, con un enfoque en la integración regional y el desarrollo conjunto de políticas de seguridad y economía. Las autoridades de ambos países han enfatizado que la mayor colaboración ayudará a abordar los desafíos fronterizos, potenciar la cooperación militar y avanzar en mecanismos que faciliten proyectos sociales y económicos para las poblaciones de la región.

El caso de Perkins Rocha, abogado y exrepresentante del Comando con Venezuela durante el proceso electoral del 28 de julio de 2024, permanece en el centro del debate sobre la aplicación de la Ley de Amnistía en Venezuela. Según informó Europa Press, María Corina Machado, líder opositora venezolana, denunció que Rocha continúa en arresto domiciliario y porta un grillete electrónico en el tobillo, a pesar de las solicitudes y los argumentos en favor de concederle la amnistía. Machado argumentó que “el régimen lo secuestró durante 17 meses por la potencia y precisión de su palabra. Por decir y defender la verdad”, y exigió su liberación plena junto con la de todos los prisioneros por motivos políticos.

La aplicación selectiva de la Ley de Amnistía se ha convertido en motivo de controversia y ha generado denuncias de represión por parte de la oposición. De acuerdo con Europa Press, Machado advirtió que negar el beneficio de la amnistía a algunos detenidos constituye un acto de represión. En palabras de Machado, “negar la amnistía selectivamente es represión. El régimen encabezado por Delcy Rodríguez pretende prolongar el terror para quebrar la moral de quienes luchan por la democracia y la libertad en Venezuela, que ya están tan cerca”.

Machado sostuvo que el gobierno, con la presidenta Delcy Rodríguez al frente, busca utilizar la justicia de manera selectiva como mecanismo de control y demostración de poder sobre la disidencia. Según publicó Europa Press, Machado añadió: “El régimen cree que a través de su ‘justicia’ selectiva demuestra que tiene poder y control. Los venezolanos sabemos que en realidad ellos temen a una nación que ha decidido ser libre”.

La dirigente opositora insistió en que esta estrategia estatal no conseguirá el objetivo que persigue. Machado expresó que Venezuela ha avanzado significativamente en su lucha política y que hoy, frente a cada nuevo abuso, lejos de paralizarse, aumenta la convicción de que el proceso hacia la libertad es irreversible. La líder opositora recalcó: “No podrán” porque “Venezuela decidió ser libre”.

La situación de Perkins Rocha se ha presentado como representativa de aquellos casos que, a criterio de organizaciones y actores opositores, demuestran la arbitrariedad en la aplicación de la Ley de Amnistía. Según consignó Europa Press, Machado subrayó la necesidad no solo de excarcelar sino de liberar plenamente a Rocha y al resto de los denominados presos políticos: “Perkins Rocha y todos los presos políticos deben estar plenamente libres. No excarcelados, no judicializados: ¡Libres!”.

La ONG Foro Penal proporcionó datos sobre la magnitud de las libertades concedidas tras la aprobación de la amnistía. De acuerdo con dicho organismo, citado por Europa Press, desde el anuncio oficial de excarcelaciones el 8 de enero de 2026 se han contado un total de 690 liberaciones de presos políticos en el país. Sin embargo, la organización, en voz de su presidente Alfredo Romero, ha denunciado que la negativa a conceder la amnistía a Rocha constituye “una grave violación de los derechos humanos”, según recogió Europa Press.

En contraste, las autoridades venezolanas afirman haber otorgado la “libertad plena” a más de 7.365 personas desde la promulgación de la Ley de Amnistía el 20 de febrero, legislación que permite la excarcelación de individuos condenados o procesados por delitos ocurridos desde 1999. Según publicó Europa Press, hasta la fecha el gobierno ha recibido 1.557 solicitudes formales para la aplicación de dicha ley.

La Ley de Amnistía contempla trece eventos específicos, según el artículo 8 del texto normativo, como criterios para la elegibilidad de la medida. Entre estos eventos se encuentran el golpe de Estado de abril de 2002 contra el expresidente Hugo Chávez, el paro petrolero entre 2002 y 2003, el referéndum revocatorio de 2004 contra Chávez y varias protestas antigubernamentales ocurridas en 2007, 2013, 2017 y 2024, de acuerdo con la información divulgada por el Gobierno de Venezuela y reportada por Europa Press.

La existencia de discrepancias entre el número de beneficiarios y los casos que siguen pendientes de resolución ha contribuido a profundizar el debate sobre la imparcialidad y alcance real de la amnistía. Europa Press detalló que, mientras el gobierno destaca el impacto positivo de la liberación de miles de personas, tanto movimientos de derechos humanos como sectores de la oposición denuncian la persistencia de criterios restrictivos y la continuidad de represalias contra líderes y activistas opositores.

En su balance, María Corina Machado manifestó que cada nueva violación de derechos representa no una derrota sino un incentivo para la movilización y la lucha en Venezuela, reafirmando su exigencia de libertad plena y sin condiciones para todos los detenidos por motivos políticos. La situación ilustra el ambiente político y judicial tras la aprobación de la Ley de Amnistía y anticipa nuevos desafíos en el entorno de los derechos fundamentales y la justicia en el país, de acuerdo con la información presentada por Europa Press.

De acuerdo con la información difundida por Foro Penal, la última semana mostró una serie de decisiones judiciales que negaron la aplicación de la amnistía a personas que, según la organización, cumplen con los criterios exigidos por la ley. Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la entidad, expresó que los jueces que se oponen a la excarcelación de estas personas “están desconociendo la ley y además la orden (que es una orden, no una 'sugerencia') que les dio la AN el 19 de febrero de 2026”. Esta situación ocurre a pesar de los anuncios oficiales sobre los avances en el proceso de liberación de detenidos en el contexto de la ley de amnistía.

El presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, confirmó en sus redes sociales que desde el 8 de enero de 2026 se han registrado 690 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela. Según lo publicado por la organización, este proceso responde al anuncio formal realizado por parte de las autoridades venezolanas en esa fecha, cuando se hizo público el comienzo de las liberaciones en el marco de una nueva legislación.

Según informó Foro Penal, la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional el 20 de febrero de 2026 establece la posibilidad de otorgar la libertad a personas condenadas por delitos, o bajo proceso penal, por hechos que ocurrieron desde el año 1999. De acuerdo con el Gobierno de Venezuela, hasta el momento han ingresado 1.557 solicitudes de amnistía relacionadas con esta disposición. El Ejecutivo también calcula que la amnistía ha posibilitado la “libertad plena” para más de 7.365 personas desde su entrada en vigor.

La norma jurídica se aplica a trece eventos identificados en el artículo 8 del texto. Entre estos, se incluyen episodios como el golpe de Estado ocurrido en abril de 2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez, el paro petrolero entre 2002 y 2003, el referéndum revocatorio contra Chávez en 2004 y una serie de manifestaciones antigubernamentales desarrolladas en años siguientes: 2007, 2013, 2017 y 2024. De acuerdo con el Gobierno venezolano, estos hechos constituyen el listado principal de causas beneficiadas por la medida de excarcelación.

El medio que detalló la información expone que, pese a la cifra de liberaciones y al avance en la aplicación de la amnistía, existen denuncias sobre la falta de cumplimiento por algunos jueces encargados de ejecutar la ley. Tal como resaltó Himiob, la orden de la Asamblea Nacional a favor de la amnistía ha sido desatendida en casos donde los beneficiarios cumplen de forma clara los criterios exigidos.

A pesar del volumen de solicitudes y de las cifras divulgadas por las autoridades, el seguimiento realizado por Foro Penal muestra que persisten casos de personas que reúnen los requisitos legales, pero que no han alcanzado la libertad debido a decisiones judiciales que, según la ONG, “indiscutiblemente” contradicen la normativa y la disposición oficial.

Las cifras oficiales y la información publicada por Foro Penal reflejan un proceso en evolución en torno a la aplicación de la ley de amnistía y las excarcelaciones en Venezuela. El seguimiento realizado por organizaciones civiles y las declaraciones de sus representantes permiten evidenciar tanto el alcance del proceso como los desafíos derivados de su cumplimiento en los ámbitos judicial y administrativo.

El izamiento de la bandera de Estados Unidos en el edificio diplomático en Caracas, realizado exactamente siete años después de su última retirada, ha sido interpretado como un símbolo del inicio de una fase inédita en la relación bilateral. Tal como publicó el medio fuente, la jefa de la misión diplomática estadounidense en Venezuela, Laura F. Dogu, informó por redes sociales que ella y su equipo protagonizaron este acto en la mañana del 14 de marzo de 2026. De este modo, el equipo diplomático estadounidense izó de nuevo el emblema nacional, replicando la significativa fecha del retiro oficial registrado en 2019 y abriendo un capítulo de acercamiento tras largos periodos de distanciamiento, tensiones y restricciones entre ambos gobiernos.

Según informó la fuente, Dogu declaró: “En la mañana del 14 de marzo de 2019, la bandera estadounidense fue arriada por última vez en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Esta mañana, 14 de marzo de 2026, a la misma hora, mi equipo y yo izamos la bandera de los Estados Unidos—exactamente siete años después de haber sido retirada”. La funcionaria también enfatizó: “Ha comenzado una nueva era para las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela”, subrayando el compromiso con el país sudamericano con la afirmación: “seguimos con Venezuela”.

El medio detalló que este gesto diplomático se produce en un contexto en el que Washington modificó diversas políticas restrictivas aplicadas en los últimos años sobre Venezuela. En ese sentido, las autoridades estadounidenses emitieron recientemente distintas licencias que permiten a compañías de ese país reanudar la explotación, comercialización e inversión en el sector petrolero venezolano. Estas nuevas disposiciones contemplan también la autorización del suministro de materiales necesarios para la industria de hidrocarburos venezolana, evidenciando un giro en la agenda bilateral y facilitando la reactivación de la colaboración empresarial.

Como reportó la fuente, la reanudación de actividades diplomáticas y comerciales está estrechamente vinculada a los acontecimientos ocurridos a inicios de año, cuando el entonces presidente Nicolás Maduro fue capturado durante una operación militar estadounidense en la capital venezolana. Este hecho alteró de manera decisiva el panorama político y sentó las bases para la revisión de las sanciones internacionales y de las relaciones diplomáticas, que permanecían congeladas desde 2019 tras el retiro del personal de la embajada estadounidense en Caracas.

En el marco de este restablecimiento, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró el viernes el pedido de eliminación de las sanciones internacionales que afectan a la economía nacional. Según consignó el medio, Rodríguez insistió en que la normalización plena del intercambio de recursos energéticos solo será posible con el levantamiento completo de tales medidas, plataforma que considera imprescindible para la recuperación económica del país.

El medio fuente también recordó que la última ocasión en que la bandera estadounidense flameó en el local diplomático de Caracas ocurrió el 14 de marzo de 2019, cuando las crecientes tensiones entre ambas capitales llevaron al cierre efectivo de la legación. Desde entonces, el intercambio diplomático y comercial estuvo marcado por restricciones severas, afectando tanto los canales formales de comunicación como los movimientos económicos de inversión y suministro energético.

La secuencia de acontecimientos recientes, desde el operativo militar para capturar a Maduro hasta la flexibilización de licencias comerciales y el retorno del personal diplomático a la embajada, configura un ciclo de apertura después de varios años de hostilidad y aislamiento diplomático. La izada del emblema nacional estadounidense en Caracas ha sido interpretada, según el medio fuente, como un indicador visible del comienzo de negociaciones y entendimientos que podrían modificar sustancialmente la agenda bilateral, especialmente en sectores clave como el petrolero.

Los permisos renovados para empresas estadounidenses abarcan tanto la exploración como la exportación y comercio de crudo, sumando el apoyo logístico mediante el suministro de insumos especializados. Según publicó el medio, esta dinámica responde a la voluntad política de reactivar la cooperación, aunque sigue condicionada por el desenlace de las gestiones en las instancias internacionales referidas a las sanciones.

El desarrollo de estos hechos devuelve a la primera línea el debate sobre la interdependencia energética global, el peso de las sanciones múltiples y las posibilidades de reintegración de Venezuela a los mercados internacionales. De acuerdo con el análisis presentado por la fuente, la reanudación de la presencia estadounidense en su edificio diplomático en Caracas puede entenderse como el primer paso concreto en la búsqueda de normalizar relaciones tras años de tensiones institucionales y económicas.

La agenda energética encabezó las prioridades definidas durante una serie de reuniones bilaterales entre representantes de alto rango de Colombia y Venezuela. Según informó el medio, la mesa de energía ratificó la alianza estratégica entre la estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA) y su homóloga colombiana Ecopetrol, la cual se enfocará en asegurar el suministro de gas venezolano hacia Colombia. Este acuerdo se concretó en Caracas, en el Palacio de Miraflores, en medio de un marco de colaboración que involucró también a sectores eléctrico y petroquímico, con la presencia de funcionarios y especialistas de ambas naciones.

La jornada de trabajo fue liderada por Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, quien estuvo acompañada por los responsables de Exteriores, Defensa, Comercio y Energía de ambas partes. Según publicó el medio, la agenda incluyó cuatro mesas previas antes de la reunión principal, en las que se trataron temas centrales como integración energética, seguridad fronteriza y dinamización del comercio bilateral.

El fortalecimiento de la relación fronteriza ocupó un lugar destacado en la agenda. Según detalló el medio, los ministros de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, y de Venezuela, Vladimir Padrino, coordinaron nuevas estrategias para la gestión de los más de 2.200 kilómetros que comparten ambos países. Esta coordinación busca implementar medidas efectivas de seguridad y gestión conjunta de la frontera, una de las más dinámicas y complejas de la región.

En materia diplomática, los cancilleres Rosa Villavicencio de Colombia e Yván Gil de Venezuela revisaron una hoja de ruta orientada a priorizar la hermandad y la convivencia pacífica. De acuerdo con las autoridades venezolanas citadas por el medio, se establecieron compromisos para diseñar protocolos de colaboración institucional que aseguren estabilidad y respeto recíproco, en un contexto de esfuerzos por superar tensiones previas.

El sector comercio recibió especial atención, según consignó el medio, con la evaluación de nuevas iniciativas para incrementar el intercambio comercial entre ambos países. Los equipos técnicos abordaron además proyectos orientados al impulso del flujo turístico durante el año, como parte de las acciones para reactivar la integración económica y facilitar el tránsito de personas y mercancías.

La importancia de estos acuerdos se destaca por haberse concretado pese a la suspensión, anunciada por Bogotá y Caracas, del encuentro presencial entre Delcy Rodríguez y el presidente colombiano Gustavo Petro, programado para este viernes en el Puente Internacional Atanasio Girardot 'Tienditas', en la frontera colombo-venezolana. Según reportó el medio, la cancelación obedeció a "motivos de fuerza mayor", alterando lo que habría sido el primer encuentro en la frontera de los máximos responsables de ambos gobiernos desde la detención de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

El medio detalló además que las conversaciones principales abordaron el desafío de garantizar el flujo estable y seguro de hidrocarburos, planteando un calendario de acciones conjuntas. A la reunión asistieron sectores vinculados a la energía, la petroquímica y la electricidad para establecer mecanismos que permitan mantener la continuidad en el suministro y minimizar riesgos en la cadena de hidrocarburos.

Otros temas tratados incluyeron la cooperación en mecanismos aduaneros, la gestión del tránsito en los pasos fronterizos y la coordinación sanitaria frente a riesgos epidemiológicos, todos ellos esenciales para facilitar el restablecimiento y fortalecimiento de la relación bilateral. El medio reportó que los funcionarios coincidieron en la necesidad de cimentar la institucionalidad conjunta para que los logros en materia energética y comercial se traduzcan en beneficios concretos para las poblaciones de ambos países.

En el contexto de estos encuentros, el énfasis en la diplomacia fue sostenido por ambos gobiernos. Tal como publicó el medio, las partes destacaron la disposición a continuar el diálogo político y a mantener canales abiertos para resolver cualquier diferencia surgida en el proceso de integración. Los acuerdos alcanzados apuntan a revitalizar la cooperación histórica entre Colombia y Venezuela a través de proyectos concretos y estrategias de seguridad compartida, con la expectativa de generar mayor estabilidad regional.

Durante la reunión con las máximas autoridades del Partido Comunista, el Estado y el Gobierno, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó que colaboraciones con Estados Unidos podrían impulsar acciones conjuntas en pro de la seguridad y paz tanto nacional como regional. El mandatario subrayó que cualquier acercamiento debe respetar la soberanía y autodeterminación de ambas naciones, así como ofrecer posibilidades de enfrentar amenazas comunes. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, estos contactos bilaterales se producen en un momento de gran tensión, después de repetidas amenazas por parte del presidente estadounidense Donald Trump hacia la isla.

Según informó Europa Press, Díaz-Canel confirmó que en fechas recientes representantes oficiales cubanos mantuvieron conversaciones con funcionarios del gobierno estadounidense. El propósito central fue hallar, mediante el diálogo, alternativas viables para resolver las disputas existentes entre los dos países. El presidente cubano explicó que durante estos contactos se buscó identificar los principales desafíos, avanzar en la búsqueda de soluciones y evaluar la disposición de ambas partes para implementar acciones concretas que beneficien a Cuba y a Estados Unidos.

El medio Europa Press detalló también que Díaz-Canel indicó enfáticamente la necesidad de que todo intercambio se base en igualdad, respeto mutuo y adhesión al Derecho Internacional. El jefe de Estado precisó que cualquier proceso negociador debe resguardar el derecho de cada país a mantener su sistema político y garantizar la soberanía nacional. Todo esto fue señalado tras un contexto en el que la administración estadounidense ha optado por posturas marcadamente hostiles hacia la isla caribeña.

En las últimas semanas, Donald Trump intensificó la presión sobre Cuba. El presidente de Estados Unidos afirmó que “Cuba caerá” y sugirió a los dirigentes cubanos considerar un cambio siguiendo el modelo político venezolano, planteando incluso la posibilidad de intervenir “de manera amistosa”. Según consignó Europa Press, estas amenazas se producen mientras la isla afronta una creciente crisis energética por la reducción del suministro de petróleo venezolano. Esta merma en la llegada de crudo se agudizó tras la detención de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, a inicios de enero en el marco de un operativo liderado por las fuerzas armadas de ese país.

Europa Press reportó que la Casa Blanca anunció posibles sanciones económicas contra cualquier nación que colabore para cubrir el déficit de abastecimiento energético cubano. Esta situación ha complicado aún más el panorama económico y social en la isla, afectando actividades clave y limitando servicios fundamentales. Al referirse al contexto de estas dificultades, Díaz-Canel recalcó ante los principales órganos de dirección política cubana la importancia de un diálogo franco y directo con Estados Unidos para explorar salidas constructivas.

El líder cubano reiteró su disposición a mantener abiertos los canales de comunicación con el Ejecutivo estadounidense, remarcando que el respeto a la dignidad nacional es fundamental para cualquier entendimiento futuro. Según publicó Europa Press, el enfoque cubano se ha guiado por el principio de reciprocidad, procurando un acercamiento sustentado en normas internacionales reconocidas. Díaz-Canel manifestó también su interés en realizar esfuerzos conjuntos frente a las amenazas que afectan la estabilidad de ambos territorios y la seguridad en la región del Caribe.

Estos acercamientos bilaterales incorporan explícitamente la defensa de la autodeterminación y el reconocimiento al marco político y social de Cuba, elementos que el Gobierno isleño considera centrales para la construcción de una vía pacífica de resolución. Con el telón de fondo de los recientes pronunciamientos de Washington y la agudización de la crisis energética en el país, las conversaciones entre funcionarios de ambos gobiernos adquieren una dimensión adicional para el futuro de las relaciones entre La Habana y Washington, según señala el reporte de Europa Press.

“En la mañana del 14 de marzo de 2019, la bandera estadounidense fue arriada por última vez en la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Esta mañana, 14 de marzo de 2026, a la misma hora, mi equipo y yo izamos la bandera de los Estados Unidos—exactamente siete años después de haber sido retirada", señaló la embajadora Laura Dogu a través de las redes sociales de la casa diplomática.

Y aseveró: “Ha comenzado una nueva era para las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela”.

El retorno de la bandera responde al cambio de gobierno tras la captura de Nicolás Maduro durante un operativo militar dirigido por Washington el 3 de enero de 2026. Con la asunción de la presidenta interina Delcy Rodríguez, ambos países reactivaron los lazos diplomáticos y acordaron iniciar una hoja de ruta para la recuperación económica, la estabilización institucional y la transición democrática en Venezuela.

A primeras horas del 14 de marzo, el edificio de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas fue escenario del izado oficial. El evento simbolizó el regreso estadounidense y el impulso a una agenda bilateral tras siete años de ruptura, resaltando la relevancia geopolítica de Caracas para la región.

Las nuevas conversaciones han impulsado acuerdos para reabrir consulados y aumentar la cooperación en áreas estratégicas. La nueva hoja de ruta acordada contempla tres fases principales: estabilización política, recuperación económica y transición democrática. Washington y Delcy Rodríguez suscribieron compromisos para reformar las instituciones, incentivar el comercio y proteger las inversiones extranjeras, especialmente de origen estadounidense.

De acuerdo con el Departamento de Estado, el restablecimiento de los vínculos diplomáticos y consulares es resultado directo de la operación militar que derivó en la captura de Maduro y el cambio de gobierno. Ambos equipos acordaron acelerar el retorno de las delegaciones y avanzar hacia la apertura de instituciones consulares.

El diálogo bilateral integra también asuntos de derechos humanos y garantías para el regreso de inversores internacionales. Las autoridades estadounidenses han dado prioridad a los sectores de energía y fertilizantes, buscando impulsar la economía venezolana y fortalecer la presencia norteamericana en industrias clave.

Como presidenta interina, Delcy Rodríguez puso en marcha reformas económicas profundas. Cedió el control del sector petrolero a empresas privadas y modificó la ley de hidrocarburos, lo que facilitó la apertura a nuevas inversiones y acuerdos internacionales.

El viernes, durante una reunión diplomática con representantes colombianos, Rodríguez pidió a Washington el levantamiento de las sanciones: “Las medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo de Venezuela afectan a los pueblos de nuestra América Latina. Tiene un impacto también en la economía de Colombia, en la economía de Venezuela y nuestros pueblos”.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump flexibilizó parte de las restricciones, permitiendo actividades comerciales clave para empresas estadounidenses, sobre todo en el sector petrolero. En las últimas jornadas, se otorgaron tres licencias nuevas centradas en productos petroquímicos y precursores de fertilizantes, dirigidas a la estabilización y al comercio regional.

La reactivación de las exportaciones de petróleo y gas licuado de petróleo (GLP) se posiciona como uno de los ejes centrales de la recuperación económica.

La frontera colombo-venezolana continúa siendo área de relevancia bilateral, marcada por episodios de tensión y colaboración. La presidenta interina tenía previsto un encuentro con Gustavo Petro, presidente de Colombia, que fue cancelado de común acuerdo por motivos de seguridad surgidos en la zona limítrofe. En su lugar, una misión colombiana dialogó en Caracas con el canciller venezolano Yván Gil.

En la agenda sobresalieron la cooperación en seguridad y la lucha antidrogas. “Han surgido importantes acuerdos, importantes rutas de trabajo que vamos a acelerarlas en las próximas semanas”, expresó Gil al término de la reunión. Se acordó una próxima cita en Maracaibo para el 23 de abril.

Rodríguez además instó a Colombia a intensificar el intercambio de inteligencia, dada la presencia de grupos armados en la frontera, incluido el Ejército de Liberación Nacional, con 60 años de actividad. El control de la zona es relevante para detener el flujo de estupefacientes hacia el norte y salvaguardar los intereses de ambas naciones.

Como resultado destacado, Rodríguez anunció el inicio de la exportación formal de gas licuado de petróleo a Colombia, documentándose el cruce de camiones cisterna por el Puente Simón Bolívar. También se planteó la reactivación de un gasoducto entre ambos países y el interés de Venezuela en adquirir energía eléctrica colombiana para fortalecer su industria.

La bandera izada en Caracas refleja no solo el regreso diplomático de Estados Unidos, sino también el reto compartido de impulsar la estabilidad, reactivar la economía y facilitar avances en la reconciliación política venezolana.

El Tribunal Penal Internacional otorgó un plazo de tres meses al Gobierno venezolano para presentar argumentos adicionales en el caso conocido como 'Venezuela II', después de concluir que no existen pruebas suficientes para vincular las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos con crímenes de lesa humanidad. Según consignó la Fiscalía del TPI, la evidencia presentada por Caracas no establece una relación causal ni intenciones criminales en la aplicación de estas medidas, por lo que ha decidido no abrir una investigación como solicitaba el gobierno de Venezuela desde febrero de 2020.

Tal como reportó la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional y publicó el medio, Venezuela había denunciado que “medidas coercitivas ilegales adoptadas de manera unilateral” por parte de Estados Unidos, vigentes desde 2014, supuestamente favorecieron la comisión de delitos graves como asesinatos, exterminio, deportaciones, persecuciones y otros actos considerados inhumanos. No obstante, el TPI concluyó que las autoridades venezolanas no han entregado suficientes elementos que permitan sostener la tesis de que las sanciones estadounidenses hayan ocasionado crímenes de lesa humanidad ligados directamente a su imposición.

De acuerdo con lo detallado por el Tribunal Penal Internacional, la notificación oficial ya fue enviada a Caracas, e incluye la apertura del plazo de noventa días para que el gobierno venezolano pueda presentar alegaciones adicionales relativas a este expediente. La Fiscalía del TPI aclaró explícitamente que sus conclusiones y su decisión se aplican solo al proceso identificado como 'Venezuela II'. Además, precisó que esta determinación no afecta la investigación denominada 'Venezuela I', la cual involucra presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos dentro del país desde 2014 y continúa su curso de manera independiente y según la Fiscalía “avanza a buen ritmo”.

El medio informó que la postura de la Fiscalía del TPI se fundamenta en la insuficiencia de pruebas aportadas que demuestren una relación entre las sanciones económicas y la perpetración deliberada de crímenes graves en Venezuela. Las autoridades internacionales subrayaron que no se ha establecido ni causalidad ni intencionalidad por parte de Estados Unidos en la supuesta comisión de los delitos denunciados por el ejecutivo venezolano.

Según la información publicada, Venezuela había remitido la petición de inicio de este expediente en febrero de 2020, en el contexto de un contexto nacional e internacional marcado por la entrada en vigor de sanciones estadounidenses dirigidas a restringir las capacidades financieras y operativas del Gobierno de Nicolás Maduro. El argumento del Estado venezolano apuntaba a que tales sanciones impactaron negativamente en la población y constituyeron actos sistemáticos definidos por derecho internacional como crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el TPI descartó que tales afirmaciones hayan podido ser respaldadas con evidencia suficiente en el marco jurídico internacional.

La Fiscalía matizó que las investigaciones sobre presuntos crímenes dentro de Venezuela consignadas en el caso 'Venezuela I' continúan de manera separada y no se ven afectadas por la decisión tomada sobre 'Venezuela II'. El medio detalló que, según el TPI, este proceso está relacionado con hechos distintos, centrados en la posible responsabilidad por hechos ocurridos en el territorio venezolano relacionados con la represión a la oposición y otros posibles delitos graves.

El tribunal estableció que el procedimiento permite a Venezuela un periodo de noventa días para presentar nuevas evidencias o argumentos que respalden su posición, periodo tras el cual la Fiscalía del TPI evaluará si existe algún elemento nuevo que modifique la decisión de no abrir investigación respecto a las sanciones estadounidenses.

En conclusión, la resolución de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional subraya, de acuerdo con lo consignado por el propio organismo y replicado por los medios internacionales, la evaluación realizada sobre los hechos alegados por Venezuela, centrados en los efectos de las sanciones de Estados Unidos y la responsabilidad internacional asociada. La autoridad judicial internacional delimita claramente el alcance de su decisión en el caso 'Venezuela II', mientras mantiene abierta la investigación sobre hechos internos en el país en el caso paralelo 'Venezuela I', lo que evidencia la complejidad y el alcance de las actuaciones en curso dentro del sistema penal internacional respecto a Venezuela.

La mandataria venezolana Delcy Rodríguez remarcó que existen conversaciones constantes y relaciones diplomáticas con Estados Unidos, destacando que ambos países mantienen intercambios comerciales, entre ellos la venta de petróleo y oro venezolano así como la compra de medicinas y equipamiento médico. Según informó el medio, Rodríguez sostuvo que la posibilidad de adquirir insumos esenciales permite fortalecer el sistema de salud en Venezuela, en un contexto donde el acceso a recursos es considerado clave para la recuperación nacional.

Durante una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Miraflores, en Caracas, Delcy Rodríguez expresó satisfacción ante lo que definió como reconocimiento por parte del Gobierno estadounidense liderado por Donald Trump, subrayando que tal respaldo constituye "el reconocimiento a un país y que ese país pueda recuperar su vida, pueda respirar en materia de servicios, salud, educación". De acuerdo con lo consignado por el medio, la jefa de Estado interina vinculó este apoyo internacional a la posibilidad de avanzar en un proceso de reordenamiento institucional y normalización de la vida nacional.

El reconocimiento internacional mencionado por Rodríguez se produce tras la conformación de su gobierno consecuencia de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Según detalló la propia mandataria, no se trata de un apoyo a individuos ni a gobiernos en particular, sino a la nación venezolana en su conjunto. "No es el reconocimiento a una persona o a un Gobierno, es el reconocimiento a un país", afirmó. Esta aclaración, de acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio, busca enfatizar la idea de que la prioridad es recuperar la calidad de vida y los servicios esenciales para la población.

La presidenta encargada señaló la importancia de aprovechar el nuevo contexto diplomático y comercial para avanzar con unidad nacional. "Ese reconocimiento lo aceptamos con humildad, con modestia, para que podamos seguir avanzando con unidad nacional", declaró la mandataria, según publicó la misma fuente. También insistió en la necesidad de que la nueva etapa sea entendida como una oportunidad para la articulación de todas las fuerzas políticas y sociales, dejando de lado intereses particulares en favor de una campaña orientada a la salud política, social y económica del país. "No es un tema de un partido; la campaña debe ser una campaña por Venezuela, por la salud de Venezuela, por la salud política, social, económica, y aquí todas las organizaciones van a tener cabida", aseveró Rodríguez, según reportó el medio.

A finales de la semana anterior, Donald Trump confirmó públicamente el reconocimiento de la administración interina de Venezuela, después de que ambas partes convinieran restablecer los canales diplomáticos y consulares. Según relató el medio, esta decisión llegó acompañada de un acuerdo calificado como "histórico" sobre el oro venezolano por el propio Trump. La administración del presidente estadounidense se manifestó así en favor de una normalización de las relaciones bilaterales, lo que constituye un giro en la política internacional previa y un escenario de posibilidades para nuevos acuerdos.

Tal como destacó el medio, Rodríguez hizo un llamado a que todas las organizaciones políticas y sociales participen en el proceso de reconstrucción, subrayando que no se trata de protagonismos individuales sino de sumar esfuerzos para enfrentar los desafíos comunes. La mandataria afirmó además que las conversaciones y entendimientos alcanzados permitirán que la población venezolana acceda nuevamente a insumos críticos y a servicios elementales, contribuyendo al fortalecimiento del sistema de salud y a la recuperación de la vida cotidiana.

El restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Venezuela y Estados Unidos representa para el nuevo gobierno interino un marco de cooperación relevante para el futuro inmediato. La posibilidad de exportar petróleo y oro a Estados Unidos y de acceder a equipos médicos y otros bienes considerados esenciales fue presentada por Rodríguez como una vía para aliviar los problemas estructurales del país y avanzar hacia la recuperación de la institucionalidad y los servicios.

La rueda de prensa, recogida por el medio, sirvió a Rodríguez para recalcar la necesidad de “unidad nacional” en el proceso por venir, invitando a organizaciones de distintos sectores a colaborar en lo que describió como una etapa de reorganización, caracterizada por la reconstrucción social, política y económica del país tras el nuevo escenario diplomático alcanzado.

Un grupo de activistas de derechos humanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil se reunió frente a la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en Caracas para exigir el desbloqueo de alrededor de 200 sitios web restringidos en Venezuela.

La protesta coincidió con el Día Mundial contra la Censura en Internet e incluyó demandas al gobierno interino para restituir la libertad de acceso a la información digital.

El grupo entregó a las autoridades de Conatel un documento formal solicitando el levantamiento de las restricciones, reclamando que la censura digital vulnera el derecho constitucional a la información.

La protesta busca que el nuevo director de Conatel adopte medidas para garantizar el acceso libre y plural a la información, en un contexto donde, según el Colegio Nacional de Periodistas, más de 400 medios han cerrado en las últimas tres décadas.

La manifestación se realizó pocos días después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciara un proceso de amnistía para excarcelar presos políticos, tras la reciente captura del ex dictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Andrés Azpurua, director de Venezuela Sin Filtro, explicó que unos 60 portales de noticias, incluyendo la mayoría de los medios venezolanos y varias plataformas internacionales, permanecen restringidos.

Azpurua participó en la movilización y entregó a las autoridades de Conatel un documento formal con la exigencia de levantar las restricciones y restituir derechos en el entorno digital.

Oscar Murillo, coordinador de la ONG Provea, consideró que la censura digital se ha consolidado como una política de Estado. En declaraciones a AFP, afirmó que el objetivo de las organizaciones es lograr el levantamiento de todas las restricciones y el retorno de la señal de emisoras radiales privadas. Según Murillo, la meta es reconstruir un “tejido comunicacional abierto” para revertir años de censura en el país.

En la protesta participaron representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). Marcos Ruiz, dirigente del gremio, solicitó a la junta directiva de Conatel el cese inmediato de las restricciones de acceso a sitios de internet, demanda respaldada también por Serrano y otros líderes sociales.

Ruiz subrayó que el bloqueo afecta portales informativos, medios independientes y redes sociales, lo que constituye un obstáculo para el ejercicio periodístico y el derecho ciudadano a informarse.

La represión de la libertad de expresión ha motivado el cierre de más de 400 medios de comunicación en Venezuela en las últimas tres décadas, según datos del Colegio Nacional de Periodistas. El cierre de espacios digitales, junto con las restricciones a la radio y la televisión, ha incrementado la vulnerabilidad informativa de la población.

Entre 2017 y 2019, diversas organizaciones registraron el cierre masivo de medios en Venezuela, con más de 70 periódicos impresos y 54 emisoras de radio que dejaron de operar.

(Con información de AFP)

La aerolínea Copa Airlines anunció la reactivación de una frecuencia nocturna en la ruta Panamá-Caracas, una decisión que amplía la oferta de horarios y fortalece las conexiones internacionales a través del Hub de las Américas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Con este ajuste operativo, la compañía avanza en la recuperación progresiva de la capacidad aérea que mantenía en la capital venezolana antes de las restricciones que afectaron el tráfico entre ambos países desde julio de 2024, cuando la conectividad aérea bilateral se vio interrumpida en medio de tensiones diplomáticas y políticas.

El nuevo itinerario comenzará a operar a partir del 16 de marzo, con el vuelo CM330 que saldrá desde Panamá a las 10:36 p.m. y llegará a Caracas a las 2:00 a.m.. El regreso se realizará mediante el vuelo CM331, que despegará de Caracas a las 6:35 a.m. y aterrizará en Panamá a las 8:04 a.m..

Inicialmente, la frecuencia funcionará cinco días a la semana —lunes, martes, miércoles, jueves y sábado—, con la previsión de alcanzar operación diaria a partir del 1 de junio de 2026, mientras que las frecuencias diurnas CM223 y CM224 continuarán operando en sus horarios habituales.

“Estamos muy complacidos de retomar nuestros vuelos nocturnos y seguir ampliando la oferta desde y hacia Caracas. Este crecimiento nos permite brindar a los venezolanos más alternativas de horarios y mejores opciones de conexión hacia destinos internacionales”, afirmó Roberto Pulido, gerente general de Copa Airlines en Venezuela.

En un comunicado publicado en las redes sociales de la empresa, el ejecutivo señaló que el ajuste responde al crecimiento de la demanda de viajes y al compromiso de la aerolínea de fortalecer la conectividad aérea del país con el resto del continente.

La nueva frecuencia busca optimizar los itinerarios de conexión de pasajeros que viajan desde Venezuela hacia otros destinos del continente a través del Hub de las Américas®, considerado uno de los centros de conexión más importantes de América Latina.

Desde Panamá, la red de la aerolínea ofrece conexiones a más de 85 destinos en el continente, con más de 375 vuelos diarios que enlazan ciudades de Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, consolidando a la capital panameña como punto estratégico de tránsito aéreo regional.

Actualmente, Copa Airlines mantiene 19 frecuencias semanales entre Caracas y Panamá, además de siete vuelos semanales desde Maracaibo, lo que refuerza su presencia en uno de los mercados más relevantes para la aerolínea en América Latina.

Con 29 años de operación en Venezuela, la empresa ha mantenido una presencia sostenida en el país, facilitando la movilidad de pasajeros, los viajes corporativos y el flujo de conexiones internacionales entre Venezuela y el resto del continente.

La conectividad aérea entre Panamá y Venezuela atravesó un periodo de suspensión casi total luego de la crisis diplomática registrada en julio de 2024.

El 30 de julio de ese año, el gobierno venezolano anunció la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con Panamá tras las críticas del presidente panameño José Raúl Mulino al proceso electoral venezolano que proclamó la victoria de Nicolás Maduro, hoy detenido en Estados Unidos.

Como consecuencia de ese conflicto político, Venezuela suspendió los vuelos internacionales directos con Panamá, lo que paralizó temporalmente la operación de varias aerolíneas en esa ruta.

Tras casi diez meses de interrupción, los vuelos entre ambos países comenzaron a restablecerse gradualmente en mayo de 2025, cuando las autoridades aeronáuticas autorizaron nuevamente las operaciones comerciales entre Panamá y Venezuela.

La aerolínea Copa Airlines confirmó entonces el reinicio de sus vuelos a partir del 27 de mayo de 2025, inicialmente con una frecuencia diaria, que posteriormente se incrementó conforme avanzó la recuperación del tráfico aéreo entre ambos países.

Desde ese momento, la aerolínea ha ido incrementando progresivamente su operación en Venezuela, uno de sus principales mercados en la región, recuperando rutas y horarios que se mantenían antes de la suspensión.

El restablecimiento gradual de las operaciones permitió nuevamente conectar a pasajeros venezolanos con la red internacional de Copa Airlines, facilitando el acceso a destinos en Estados Unidos, México, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica.

Con la incorporación de esta frecuencia nocturna, la compañía busca seguir ampliando la capacidad de transporte entre Caracas y Panamá, consolidando el papel del Hub de las Américas® como plataforma de conectividad regional.

En un comunicado divulgado el miércoles a través de su cuenta de X, la PUD sostuvo que el gobierno busca consolidar mecanismos que garanticen “lealtad al poder y subordinación a un aparato represivo que, durante años, ha actuado con total impunidad”. Según el texto difundido por EFE, los opositores afirman que la independencia institucional resulta esencial para recuperar la confianza ciudadana en el Estado y para asegurar el efectivo acceso a la justicia, así como la realización de investigaciones imparciales sobre posibles abusos de poder.

La PUD, que agrupa al grueso de la oposición venezolana, considera que el fiscal general desempeña una función central en la protección del debido proceso y en la reconstrucción del Estado de derecho. El comunicado subraya que la elección de las nuevas autoridades no debe responder a pactos políticos orientados a preservar cuotas de poder ni perpetuar lo que describen como “subordinación” de las instituciones al gobierno. Según lo reportado por EFE, la coalición opositora insiste en que la autonomía de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo constituye una base imprescindible para cualquier avance hacia la democracia y la institucionalidad.

El 25 de febrero, Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, funcionarios cercanos al gobierno, presentaron su dimisión como fiscal general y defensor del pueblo, respectivamente. Esta decisión se produjo luego de la promulgación de la Ley de Amnistía para presos políticos, que abarca 13 casos específicos ocurridos entre 1999 y 2026. Tras las renuncias, Saab asumió temporalmente la Defensoría del Pueblo, mientras que Larry Devoe, abogado también identificado con el oficialismo, quedó como fiscal general encargado, según detalló la agencia EFE.

La legislación venezolana establece que la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General conforman el Consejo Moral Republicano, órgano que integra el denominado Poder Ciudadano y que, de acuerdo con la Constitución, debe estar representado por “diversos sectores de la sociedad”. EFE informó que la Asamblea Nacional, actualmente bajo control del chavismo, habilitó a partir del 2 de marzo un proceso de postulaciones para seleccionar los nuevos titulares de estos organismos. Aunque el plazo original terminaba el lunes siguiente, el Parlamento resolvió extenderlo hasta el viernes 13 de marzo a las 10:00, hora local (14:00 GMT), de acuerdo con la agencia de noticias.

Entre los requisitos para aspirar a los cargos de fiscal general o defensor del pueblo, la ley exige que los candidatos sean ciudadanos venezolanos por nacimiento y carezcan de cualquier otra nacionalidad. Además, deben presentar una declaración formal en la que conste la ausencia de militancia político-partidista y aportar una serie de documentos adicionales requeridos para el proceso de selección, tal como informó EFE.

La PUD sostuvo en su declaración que la independencia real de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo es “una condición indispensable para cualquier proceso real de democratización”, según recogió EFE. La coalición opositora advierte que la confianza en las instituciones depende de la imparcialidad y autonomía de las autoridades que las conducen y denuncia que el actual proceso de selección podría perpetuar prácticas opacas que, en su opinión, han deteriorado la institucionalidad venezolana en los últimos años.

El contexto que rodea la selección de nuevos titulares se produce tras la reciente captura del presidente Nicolás Maduro en Estados Unidos el pasado enero, un episodio que, según la coalición opositora citada por EFE, refuerza la necesidad de fortalecer mecanismos institucionales capaces de garantizar el control y la fiscalización adecuados sobre el poder público. Para la PUD, resulta especialmente relevante fortalecer la figura del fiscal general como “pieza fundamental” en la defensa del debido proceso y en la tarea de transparentar la administración pública.

El debate sobre la designación de autoridades judiciales y de control mantiene el foco sobre la transparencia y la legalidad de los procedimientos institucionales en Venezuela. Según la información divulgada por EFE, la oposición insta a que la integración del Consejo Moral Republicano sea resultado de un proceso abierto, representativo y apegado a los preceptos constitucionales, en lugar de acuerdos políticos que garanticen intereses de una sola facción.

El procedimiento abierto para postulaciones, supervisado por la Asamblea Nacional, incorpora filtros legales diseñados para evitar que los aspirantes mantengan vínculos partidistas, como remarcó EFE. No obstante, la designación de interinos vinculados al oficialismo y la postergación del plazo para la recepción de candidatos generan escepticismo en el ámbito opositor sobre la transparencia y pluralidad reales en la composición del Consejo Moral Republicano.

La agencia EFE reportó que, pese al marco legal que regula la elección de los titulares de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, diversos sectores de la sociedad venezolana consideran que la actual coyuntura política condiciona el proceso. Por tal motivo, organizaciones de la sociedad civil, activistas y actores opositores continúan manifestando preocupación sobre las garantías institucionales y la posibilidad de avanzar hacia un Estado de derecho con autonomía efectiva de los poderes públicos.

En la perspectiva de la PUD, la designación de las nuevas autoridades constituye una oportunidad para revertir prácticas que, según su denuncia, han debilitado la confianza ciudadana y las bases democráticas en el país. El comunicado insiste en el llamado a la independencia institucional y advierte sobre las implicaciones que tendría una selección “opaca” en la vigencia del Estado de derecho y la capacidad de investigación frente a posibles violaciones de derechos humanos y abusos de poder, conforme a lo reportado por EFE.

Con la prórroga del proceso de postulaciones y la atención centrada en el desarrollo de las próximas semanas, el desenlace de esta controversia definirá el futuro inmediato de organismos clave del aparato de justicia y control en Venezuela, sujetando el escrutinio nacional e internacional sobre la legitimidad y la independencia en la administración pública del país, según la cobertura continuada de EFE.

El Ministerio de Interior y Justicia precisó en una publicación en la red social Instagram que, de las 134 personas repatriadas en este vuelo, 91 eran hombres, 30 mujeres y 13 menores de edad. Estas cifras se suman a los más de 20.000 venezolanos que, de acuerdo con datos oficiales citados por la agencia EFE, han regresado al país mediante el mecanismo de vuelos de repatriación desde febrero de 2025.

El vuelo reportado constituye el número 120 ejecutado bajo el acuerdo bilateral en materia migratoria entre Caracas y Washington, firmado en enero del año anterior. Este entendimiento, según consignó EFE, ha continuado operando incluso en medio de episodios de tensión diplomática vinculados con la presencia naval militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

Tras el aterrizaje, el Ministerio de Interior y Justicia explicó que los recién llegados recibieron atención médica en las instalaciones aeroportuarias antes de ser acompañados hasta sus respectivos domicilios por organismos de seguridad y asistencia social. La cartera resaltó el despliegue de personal para garantizar un retorno seguro y ordenado de los migrantes tras completar el proceso sanitario y administrativo.

De acuerdo con la cobertura de EFE, la repatriación de ciudadanos venezolanos desde Estados Unidos se mantiene activa y supervisada por las autoridades competentes de ambos países, bajo el paraguas de acuerdos migratorios orientados a permitir el regreso voluntario de quienes han decidido retornar a Venezuela. Las cifras revelan una participación sostenida en estos vuelos a lo largo del último año, fortalecida por la cooperación entre los gobiernos de Caracas y Washington, a pesar del contexto de relaciones bilaterales complejas.

El aeropuerto de Maiquetía ha constituido el principal acceso para estas operaciones, centralizando la llegada de los vuelos de repatriación organizados desde distintos puntos de Estados Unidos, aunque Miami figura como el lugar frecuente de partida de estas rutas. Las instancias de seguridad venezolanas han coordinado cada traslado, priorizando la atención sanitaria e integración familiar en el proceso de recepción de los migrantes, según detalló el Ministerio de Interior y Justicia a través de sus canales oficiales y como reportó EFE.

Dirigentes sindicales y estudiantiles han convocado una gran protesta laboral para este jueves en Caracas, con el objetivo de exigir ante el Parlamento el aumento del salario mínimo y de las pensiones, congeladas desde 2022 y actualmente equivalentes a apenas 30 centavos de dólar al mes, según informó la agencia de noticias EFE.

La movilización reúne a sindicatos y gremios educativos que reclaman, además del incremento de salarios y pensiones, la dignificación de las becas estudiantiles. Los convocantes denuncian el deterioro del poder adquisitivo y buscan presionar al Gobierno nacional ante una grave crisis de ingresos y servicios, con demandas específicas por parte de trabajadores y estudiantes afectados por la falta de ajustes salariales.

La convocatoria fue anunciada este martes por representantes de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), el Sindicato de Trabajadores de la UCV y portavoces estudiantiles.

José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, llamó a los universitarios a protestar con “espíritu pacífico y combativo” y a “reivindicar” los derechos laborales en todo el país.

El recorrido partirá desde la sede de la Defensoría del Pueblo, en el oeste de la capital, y culminará en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo.

Exigencias de sindicatos y estudiantes ante la crisis salarial

Entre las demandas centrales, los organizadores reclaman un aumento de salarios, la actualización de las pensiones y la dignificación de las becas estudiantiles. Señalan que la escala de remuneraciones en la administración pública permanece sin cambios desde hace cuatro años, lo que afecta a miles de trabajadores y pensionistas.

Eduardo Sánchez, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la UCV, adelantó que entregarán a la Asamblea Nacional un documento con las exigencias gremiales. Subrayó ante los medios: “Esta es una movilización del salario y de las becas, para proteger las prestaciones sociales”, según declaraciones recogidas por organizaciones estudiantiles.

Por su parte, Octavio González, representante estudiantil ante el Consejo Universitario, remarcó la urgencia de que las becas tengan un valor adecuado y permitan cubrir al menos las necesidades básicas de los estudiantes.

Rechazo a la política de bonificaciones del Gobierno

Los organizadores expresaron también su rechazo a la política de bonificaciones implementada por el Gobierno, basada en pagos complementarios no incorporados al salario. Afonso calificó de “absolutamente inaceptable” este sistema, al considerar que no repercute en beneficios ni prestaciones sociales para los empleados públicos.

Actualmente, la política oficial contempla dos bonificaciones: una para alimentación de USD 40 y otra denominada “ingreso de guerra económica” de USD 120, depositadas en bolívares a la tasa oficial, sumando un total de USD 160. Sin embargo, estos conceptos no forman parte del salario mínimo ni afectan el cálculo de prestaciones.

Participación del magisterio y denuncias sobre infraestructura educativa

La protesta cuenta con el respaldo de varios gremios, entre ellos las ocho federaciones del magisterio, que han convocado a todos sus miembros a sumarse a la marcha. Los docentes también exigen la restitución de beneficios laborales suspendidos y denuncian el “deterioro” de la infraestructura escolar.

Los sindicatos subrayan que la crisis no solo afecta los ingresos, sino también el funcionamiento cotidiano de escuelas y universidades, lo que añade presión al Gobierno ante la inminente movilización.

El salario mínimo venezolano permanece sin ajuste desde marzo de 2022, cuando equivalía a unos 30 dólares. Actualmente, por efecto de la devaluación, ese monto se reduce a solo 30 centavos de dólar al mes. Esto agudiza la precariedad entre trabajadores y estudiantes, consolidando el escenario de protesta nacional.

Tal como publicó EFE, la sesión parlamentaria está programada para las 17:00, hora local (21:00 GMT). Hasta el momento, no se ha difundido públicamente el contenido preciso de la nueva normativa, aunque trascendió que buscaría reemplazar la legislación vigente, implementada en su momento por decreto presidencial tras la aprobación de poderes especiales por parte del Legislativo. La eventual aprobación de la ley depende de dos debates en la Asamblea Nacional: un primer intercambio que marcará el inicio del proceso y una segunda discusión que abordará cada apartado específico de la norma antes de su entrada en vigor.

El marco legal actual data del año 1999, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez promulgó la norma correspondiente con autorización especial del Parlamento. En la actualidad, la reforma de esa ley cobra protagonismo luego de la reciente concesión por parte del Departamento del Tesoro estadounidense de la llamada licencia general 51. Según detalló EFE, esta licencia permite a empresas de Estados Unidos desarrollar actividades comerciales concretas relacionadas con el oro venezolano, incluida la compra, el transporte y la reventa del mineral, incluso en transacciones donde estén involucrados el Estado venezolano o la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven). Además, la autorización habilita servicios logísticos, aseguradoras y operadores de transporte que participen en el comercio y distribución de ese recurso.

Previamente, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, había anunciado que el cuerpo legislativo ya revisaba desde hace semanas la Ley de Minas, argumentando la urgencia de una apertura legal que facilitara la llegada de inversiones extranjeras, siguiendo el precedente de la Ley de Hidrocarburos que reconfiguró el panorama del sector petrolero venezolano. Según informó EFE, la expectativa es que la nueva normativa estimule la llegada de capital extranjero e incentive procesos de modernización e internacionalización en la industria del oro.

La nueva orientación legal y administrativa ha generado diversas reacciones, tanto dentro como fuera de las fronteras venezolanas. La organización no gubernamental SOS Orinoco, en un comunicado recogido por EFE, sostuvo que la licencia recién otorgada “mantiene el ecocidio y blanquea la riqueza criminal” que, según la entidad, predomina en áreas selváticas de la Amazonía venezolana, localizadas en los estados Amazonas y Bolívar, además de Delta Amacuro, en el noreste del país. La ONG argumentó que la comercialización del oro extraído de estas regiones requiere “planes de debida diligencia de la cadena de suministro” por parte de Estados Unidos. No obstante, SOS Orinoco sostuvo que no existe manera de supervisar con eficacia las operaciones internas de Minerven ni las actividades en las Áreas Protegidas remotas del sur del territorio venezolano, donde —según remarcó la ONG— toda minería está prohibida por la ley nacional.

El impacto de la decisión estadounidense se aprecia en el contexto de una serie de sanciones impuestas previamente contra la actividad minera y la comercialización de oro en Venezuela, medidas que buscaban limitar el acceso del gobierno a recursos estratégicos e ingresos en divisas. La reciente flexibilización de esas restricciones, reportó EFE, representa un posible cambio para el sector aurífero, afectando tanto la economía nacional como los compromisos internacionales en materia ambiental y de derechos humanos.

EFE consignó que la reforma legislativa podría alterar el ambiente de inversión en Venezuela debido a la nueva posibilidad de participación extranjera. El texto indica que el país podría experimentar un aumento en el flujo de capitales y en la capacidad extractiva, aunque persisten cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión y protección ambiental, especialmente en regiones donde la normativa prohíbe explotaciones mineras.

La licencia general 51 destaca como un instrumento que abre el acceso a nuevos mercados para el oro venezolano y mejora la capacidad de actores privados internacionales y nacionales para operar en el sector, según informaron fuentes citadas por EFE. Sin embargo, las preocupaciones ambientales y el seguimiento de la legalidad en la explotación continúan siendo focos de atención tanto para la sociedad civil venezolana como para la comunidad internacional.

El proceso de reforma exige, según las normas legislativas del país, una segunda discusión en el Parlamento, espacio en el cual los diputados debatirán artículo por artículo los componentes de la nueva ley. Hasta entonces, la ley minera de 1999 prosigue en vigor, aunque su alcance y estructura podrían transformarse en breve si el Legislativo aprueba el proyecto, de acuerdo con lo reportado por EFE.

El proceso de acercamiento entre Washington y Caracas contempla una serie de objetivos concretos que involucran la recuperación de la economía venezolana y la promoción del diálogo político, factores mencionados en el comunicado oficial difundido por el Departamento de Estado estadounidense. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares entre ambos países marca un giro tras varios años de tensiones, según detalló el medio fuente.

El comunicado emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos indica que ambas partes han acordado reanudar los lazos diplomáticos y consulares, con el propósito de favorecer la estabilidad regional y respaldar la recuperación económica en Venezuela. Según publicó la fuente inicial, este entendimiento fue formalizado el jueves. El texto explica que la nueva fase de cooperación busca fomentar también la reconciliación política en el país sudamericano, como parte de una estrategia más amplia en materia internacional y regional.

Las autoridades interinas de Venezuela, en coordinación con el gobierno de Estados Unidos, participan activamente en el diseño de este proceso, según consignó el medio fuente. El anuncio se produce en un contexto de mayor apertura en la política exterior estadounidense hacia Venezuela, influida en buena medida por factores energéticos clave. Tal como publicó la fuente, el actual presidente Donald Trump impulsa un programa orientado a revitalizar la industria petrolera venezolana, mientras empresas estadounidenses ya han establecido acuerdos para la comercialización de hidrocarburos originarios de ese país.

Según informó el medio de origen, la decisión de reiniciar la relación oficial responde a la necesidad de aprovechar las oportunidades económicas vinculadas al sector energético, en particular ante la relevancia de los recursos petroleros venezolanos para el mercado estadounidense. Esta tendencia de apertura ha facilitado la reanudación del comercio de hidrocarburos, en un escenario donde las sanciones y el distanciamiento diplomático han afectado previamente la dinámica bilateral.

De acuerdo con la información consignada por la fuente consultada, la reanudación de los nexos institucionales busca ofrecer un canal de comunicación directo para abordar temas de interés mutuo y generar condiciones más propicias para la estabilidad política y económica en Venezuela. La declaración oficial hace hincapié en que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas ayudará a superar desacuerdos previos, facilitando el trabajo conjunto en áreas como la seguridad, el comercio y el desarrollo político.

El contexto internacional en que se produce el anuncio incluye cambios en la percepción estadounidense sobre el rol de Venezuela dentro del sistema regional y mundial de suministro energético. El medio origen indicó que Estados Unidos, al reiniciar su vínculo con Caracas, intenta asegurar fuentes alternativas de petróleo, diversificando sus socios energéticos frente a desafíos globales.

La reconciliación política en Venezuela, señalada como uno de los ejes fundamentales por el Departamento de Estado, será objeto de atención durante la nueva etapa diplomática. El acuerdo prevé que los canales diplomáticos restablecidos permitan atender tensiones internas e impulsar el diálogo entre instituciones venezolanas, lo que podría contribuir a un clima político más dialogante.

El restablecimiento formal de embajadas y consulados representa una herramienta esencial para la atención de ciudadanos y la reanudación de servicios consulares habituales, de acuerdo con lo publicado por la fuente citada. Este avance permitirá gestionar visados, documentación, y otros trámites que durante los años de distanciamiento resultaron más complejos.

Según reportó el medio fuente, los próximos meses estarán marcados por la definición de equipos diplomáticos y la coordinación de agendas bilaterales, enfocadas en temas comerciales, migratorios y de cooperación internacional. Estas prioridades reflejan la visión compartida de ambas partes sobre la importancia de un marco institucional renovado que beneficie tanto a la población venezolana como a la estadounidense.

La restauración del diálogo y la actividad diplomática directa podría influir en el conjunto de relaciones internacionales de Venezuela, al reintegrar al país en espacios de concertación y negociación con actores globales, según señaló la fuente original. Las autoridades estadounidenses destacaron la disposición a sostener contactos permanentes que permitan avanzar en los objetivos consignados en el comunicado oficial y fortalecer la interlocución bilateral tras años de desencuentros diplomáticos.

Según el comunicado oficial difundido por la oficina de Edmundo González, el dirigente opositor venezolano valoró las numerosas muestras de apoyo y solidaridad enviadas desde Venezuela y el extranjero durante los últimos días. El mensaje indicó que González se mantiene bajo observación médica, en estado estable y recuperándose tras un procedimiento quirúrgico de cadera. La nota de prensa también precisó que el ex candidato presidencial agradeció la preocupación expresada y confirmó que, a medida que evolucione su recuperación bajo supervisión profesional, retomará sus actividades públicas de manera escalonada.

De acuerdo con la oficina de González, la intervención quirúrgica se desarrolló de acuerdo a lo proyectado por el equipo médico. El pronunciamiento del entorno del político enfatizó que la operación finalizó “con éxito” tras haberse visto obligado anteriormente a suspender temporalmente su agenda debido a problemas de salud relacionados con la cadera. Tal como informó su equipo, la dolencia lo llevó a dejar en pausa su programa de actividades, lo que generó inquietud entre simpatizantes y aliados políticos dentro y fuera del país.

El medio especializado consignó que la recuperación de González continuará bajo estrictas indicaciones médicas, y que la información sobre la evolución del excandidato se comunicará de forma permanente a la ciudadanía. De acuerdo con el comunicado, la situación de salud del líder opositor se monitorea de cerca para garantizar su bienestar durante el postoperatorio y definir en qué momento podrá reincorporarse a sus labores habituales.

González, que fue candidato en las elecciones presidenciales de Venezuela previstas para el 28 de julio de 2024, permanece alejado del país desde septiembre de ese año, tras abandonar la capital en un vuelo de las Fuerzas Aéreas españolas. Según consignó la oficina del dirigente, su salida de Venezuela estuvo motivada por el periodo en el que permaneció resguardado durante más de un mes en dependencias diplomáticas del Reino de los Países Bajos en Caracas. Posteriormente, recaló en España, donde reside actualmente en calidad de exiliado político.

Los antecedentes aportados por la oficina muestran que la hospitalización y el procedimiento quirúrgico se gestionaron en este contexto de exilio. Según indicó el entorno de González, la intención es retomar gradualmente la actividad pública y política en la medida que lo permita su recuperación física. La oficina refrendó que se emitirán informes periódicos para mantener actualizada a la opinión pública respecto a cualquier novedad sobre la salud del dirigente.

Voceros de la oficina de González recalcaron en el documento que el opositor mantuvo una actitud positiva ante la intervención y se mostró agradecido ante los gestos de apoyo de colegas, seguidores y ciudadanos del exterior que lo acompañaron durante este episodio. El comunicado enfatizó que el respaldo internacional y local resultó relevante en días marcados por la atención a su estado de salud.

La operación y posterior recuperación se producen en un contexto complejo para la oposición venezolana y en el marco del proceso electoral del país. González, identificado por su participación en la contienda como figura de oposición, ha sostenido un papel visible pese a las circunstancias adversas que enfrenta en el exilio. Según publicó la oficina de prensa del dirigente, el monitoreo de su condición se mantendrá como prioridad hasta que las autoridades médicas autoricen la reanudación progresiva de sus actividades públicas.

Venezuela y Estados Unidos reafirmaron este miércoles su voluntad de avanzar en “el desarrollo estratégico” de sus recursos, según declaró la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras reunirse en Caracas con el secretario de Interior estadounidense, Doug Burgum.

“Reafirmamos nuestra voluntad de avanzar en una cooperación basada en el respeto mutuo y en el desarrollo estratégico de nuestros recursos para el beneficio de ambos pueblos”, expresó Rodríguez en sus redes sociales.

El encuentro con la delegación estadounidense, encabezada también por el presidente del Consejo Nacional de Dominio Energético, estuvo orientado a fortalecer el intercambio bilateral en materia energética y minera.

Rodríguez anunció que su equipo económico presentará en los próximos días al Parlamento una ampliación de la Ley de Minas, en la cual solicitará una reforma rápida para mostrar al mundo “las oportunidades de inversión y desarrollo” del sector en el país caribeño. El presidente del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez, ratificó que el Poder Legislativo trabaja en el fortalecimiento del marco legal venezolano y que se debatirá una reforma de la Ley de Minas para facilitar la inversión nacional y extranjera en la explotación sustentable.

Desde Miraflores, Burgum destacó que las oportunidades para la colaboración y la sinergia entre ambos países “no tienen límites”. Señaló que lo acompañan en su visita representantes de unas dos docenas de grandes empresas estadounidenses del sector, muchas de las cuales tuvieron operaciones previas en Venezuela.

La delegación de Estados Unidos transmitió a ejecutivos mineros y comerciantes de metales reunidos en Venezuela la intención de colaborar para aprovechar la riqueza mineral de Venezuela.

“El potencial de los recursos aquí es enorme”, declaró el miércoles el secretario del Interior de EE. UU., Doug Burgum, durante la reunión con líderes empresariales en el piso 17 de un hotel en el centro de Caracas, según fuentes allegadas a Bloomberg. “Trabajando juntos, podemos crear las condiciones económicas adecuadas para que el capital, la tecnología y el talento fluyan en colaboración”.

En el encuentro participaron unas dos docenas de ejecutivos de empresas como Peabody Energy Corp., Hartree Partners, Trafigura y otras compañías del sector minero y de materias primas.

Venezuela cuenta con extensas reservas de carbón, oro, diamantes, bauxita, cobre y coltán, este último fundamental para la obtención de tantalio y niobio, minerales estratégicos en la industria tecnológica y energética.

Estas riquezas representan una oportunidad clave para la administración Trump, que busca reducir la dependencia estadounidense de China en el suministro de insumos críticos. En este contexto, el gobierno estadounidense promovió la adquisición de participaciones en empresas mineras y ha estudiado mecanismos para asegurar precios mínimos, como respuesta a interrupciones pasadas en la cadena de suministros derivadas de disputas comerciales con Beijing.

Burgum, también titular del Consejo Nacional de Dominio Energético, subrayó que la reciente crisis en Medio Oriente ha puesto en evidencia la fragilidad de los suministros energéticos y la urgencia de diversificar las cadenas de abastecimiento. “Con los acontecimientos de la última semana, creo que todos reconocemos aún más la importancia de diversificarse. Venezuela ya era atractiva, pero ahora lo es aún más”, afirmó.

El respaldo de Trump

“Delcy Rodríguez, que es la presidenta de Venezuela, está haciendo un gran trabajo y trabaja muy bien con los representantes estadounidenses”, señaló el presidente estadounidense Donald Trump vía Truth Social.

En ese sentido, destacó la transición que se está llevando a cabo en Venezuela a cargo de Rodríguez y evaluado bajo la supervisión de la encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu. “El petróleo está empezando a fluir y la profesionalidad y dedicación entre ambos países es algo muy agradable de ver”, agregó Trump en su comunicado.

(Con información de Bloomberg y EFE)

El Departamento de Transporte de Estados Unidos aprobó este miércoles la solicitud de American Airlines para reanudar vuelos directos desde Miami hacia las ciudades venezolanas de Caracas y Maracaibo. La ruta será operada por Envoy Air, filial regional de la compañía.

El permiso, que tiene una vigencia de dos años, representa el regreso de la aerolínea estadounidense al país sudamericano por primera vez desde 2019.

La reactivación del servicio se produce luego de que el gobierno estadounidense levantara, en enero, las restricciones que impedían a sus aerolíneas volar a Venezuela.

La decisión fue impulsada tras un pedido del presidente estadounidense Donald Trump al secretario de Transporte, Sean Duffy, durante una conversación con la jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez. En esa ocasión, Trump solicitó revertir la orden que desde 2019 bloqueaba los vuelos comerciales entre ambos países.

American Airlines, que comenzó a operar en Venezuela en 1987, suspendió sus vuelos tras la imposición de la prohibición. Antes de la suspensión, era la principal aerolínea estadounidense en el país, con una amplia presencia que facilitaba el tráfico de pasajeros y el intercambio comercial entre Estados Unidos y Venezuela. Con el restablecimiento de la ruta Miami-Caracas-Maracaibo, la compañía busca recuperar su posición en el mercado y ofrecer una alternativa para viajes de negocios, turismo y misiones humanitarias.

Inspecciones de seguridad

Fuentes del sector aeronáutico confirmaron que la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos realizó una inspección en Caracas la semana pasada para evaluar y verificar los procedimientos de seguridad en el aeropuerto, un paso necesario para reiniciar las operaciones. El Departamento de Transporte enfatizó que la autorización otorgada a Envoy Air estará vigente durante dos años, aunque la empresa aún no ha anunciado la fecha exacta del primer vuelo.

La reapertura de la conexión aérea se produce dos meses después de la intervención militar estadounidense que resultó en la captura del narcodictador Nicolás Maduro y el inicio de una nueva etapa de relaciones bilaterales, con énfasis en la cooperación energética y la inversión extranjera. Durante su último discurso sobre el Estado de la Unión, Trump calificó a Venezuela como un “nuevo amigo y socio” y elogió la colaboración con Delcy Rodríguez.

A pesar del restablecimiento de los vuelos, el Departamento de Estado mantiene a Venezuela en su lista de países “a los que no se recomienda viajar” para ciudadanos estadounidenses, debido a preocupaciones sobre la seguridad y la inestabilidad regional.

Normalización aérea y nuevas rutas en la región

En paralelo a la reanudación de las frecuencias de American Airlines, otras compañías internacionales también han retomado sus operaciones hacia y desde Venezuela. Latam Airlines reabrió esta semana la ruta Bogotá-Caracas, inicialmente con cuatro vuelos semanales y con planes de ofrecer un servicio diario a partir de abril, según confirmó la empresa. La directora ejecutiva de Latam Airlines Colombia, Erika Zarante, afirmó que la ampliación de la operación es una muestra de confianza en la recuperación del mercado venezolano.

El restablecimiento de rutas aéreas ha sido una tendencia creciente en las últimas semanas, con aerolíneas como Wingo y Avianca reanudando servicios entre Colombia y Venezuela. Estas iniciativas forman parte de un proceso de normalización de la conectividad regional, tras años de restricciones y suspensiones motivadas por factores políticos y de seguridad.

La reactivación de los vuelos directos entre Miami, Caracas y Maracaibo marca un paso significativo en la reapertura del espacio aéreo venezolano y en el restablecimiento de las relaciones comerciales y humanas entre Venezuela y Estados Unidos. El regreso de American Airlines al país sudamericano podría facilitar el flujo de pasajeros y mercancías, así como contribuir a la revitalización del sector turístico y empresarial en ambos destinos.

(Con información de Reuters, AFP y EFE)

Doug Burgum, secretario de Interior de Estados Unidos, mantuvo un encuentro en Caracas con Delcy Rodríguez, quien ocupa el cargo de presidenta encargada de Venezuela. Esta reunión, centrada en la cooperación en la industria minera y la gestión de cadenas de suministro de minerales críticos, representa uno de los esfuerzos recientes para reforzar la interlocución directa entre los dos gobiernos. Según consignó la Embajada de Estados Unidos en Venezuela a través de sus canales oficiales, durante la visita Burgum también tiene previsto mantener reuniones con autoridades venezolanas interinas y representantes de empresas estadounidenses y venezolanas para tratar asuntos sectoriales.

De acuerdo con lo publicado por la agencia de noticias y el registro realizado en redes sociales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo pública su valoración sobre el desempeño de Delcy Rodríguez. "Delcy Rodríguez, que es la presidenta de Venezuela, está haciendo un gran trabajo y trabaja muy bien con los representantes estadounidenses. El petróleo está empezando a fluir y la profesionalidad y dedicación entre ambos países es algo muy agradable de ver", aseguró Trump, remarcando el incremento en el flujo petrolero como uno de los resultados más visibles tras los recientes cambios en la relación bilateral.

Tal como reportó la fuente original, los contactos de alto nivel entre Caracas y Washington marcan un giro después de que Estados Unidos llevó a cabo una intervención militar en Venezuela, durante la cual resultó capturado el entonces presidente Nicolás Maduro. Desde ese momento, Washington ha implementado una serie de medidas dirigidas a flexibilizar ciertas restricciones económicas que habían sido impuestas sobre el gobierno venezolano, con especial atención al levantamiento progresivo de sanciones que afectaban la actividad petrolera.

Rodríguez, en su papel de presidenta encargada, solicitó de manera pública el fin de las sanciones estadounidenses y la eliminación del bloqueo que pesa sobre los sectores clave de la economía venezolana. Esta petición, recogida en declaraciones recientes y reproducida por medios internacionales, surge en un contexto de renovado diálogo institucional y negociaciones orientadas a restablecer la cooperación bilateral. Los temas energéticos y mineros han quedado en el centro de la agenda de trabajo según detalló el medio.

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela adelantó que el secretario Burgum desarrollará durante su estancia un programa de encuentros tanto con miembros del gobierno interino como con actores del sector privado. El objetivo de estas reuniones apunta a robustecer las relaciones comerciales en áreas estratégicas, especialmente relacionadas con reservas minerales de importancia global y la exportación e importación de productos derivados del petróleo y el gas.

El medio original señaló que el intercambio entre ambas delegaciones implica también conversaciones sobre estrategias comunes frente a desafíos de seguridad, desarrollo tecnológico en el sector minero y definiciones normativas para garantizar el flujo constante de bienes y materias primas. Tanto Caracas como Washington evalúan los resultados de las mesas de trabajo bilaterales como una señal de continuidad en el proceso de acercamiento diplomático, poniendo especial énfasis en la necesidad de lograr acuerdos sostenibles a largo plazo.

Entre tanto, las declaraciones de Trump fueron seguidas de repercusiones en foros políticos y empresariales de ambos países, donde se debate la posibilidad de una aceleración en la normalización de relaciones y el levantamiento de restricciones. La reapertura parcial del sector petrolero representa, en este sentido, uno de los elementos destacados de la actualidad del vínculo entre Venezuela y Estados Unidos, como subrayó el medio citado.

El intercambio institucional entre Caracas y Washington, según las fuentes diplomáticas reproducidas por la prensa internacional, continúa desarrollándose bajo la observación de la comunidad internacional, mientras organismos multilaterales siguen el curso de estas negociaciones e incipientes cambios en la política exterior de ambos países.

Durante su intervención tras ser liberado, Nahuel Gallo centró su relato en la situación de los extranjeros presos en la cárcel venezolana El Rodeo I. Según explicó el gendarme argentino, al menos 24 personas de distintas nacionalidades permanecen privadas de la libertad en ese penal a la espera de una resolución de su situación judicial. Gallo destacó la falta de atención y el aislamiento al que están sometidos estos detenidos, y pidió la intervención urgente de organismos internacionales y medios de comunicación, según consignó el medio que recogió sus declaraciones.

De acuerdo con lo publicado, Gallo, cabo primero recientemente liberado de Venezuela tras su detención en diciembre de 2024, denunció ante la prensa argentina las condiciones en El Rodeo I, describiéndolas como “tortura psicológica”. Durante la comparecencia, Gallo estuvo acompañado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el canciller Pablo Quirno; y el director nacional de la Gendarmería, Claudio Brilloni, quienes brindaron apoyo institucional y aseguraron que continúa en servicio activo y bajo asistencia. El medio informó que Gallo relató que, “hasta el último día”, sintió que su situación era la de una “ficha de cambio”, sugiriendo que su detención tenía fines políticos y diplomáticos.

Respecto a las condiciones de reclusión, el cabo primero afirmó: “El Rodeo I no es un lugar muy bueno. Es un lugar de bastante tortura psicológica y no muy grato para contarlo en estos momentos”. Gallo mencionó la dificultad que supone relatar en detalle lo vivido en el penal y evitó ampliar sobre las “atrocidades” presenciadas, manifestando que aún no se siente preparado para hacerlo y que su prioridad ahora es su recuperación, aunque aclaró que se encuentra “bien de salud”.

Durante la rueda de prensa, Gallo también alertó sobre el contexto internacional que rodea la situación de El Rodeo I. El gendarme resaltó que Venezuela atraviesa lo que describió como una “supuesta transición” y que la presencia de extranjeros refleja no solo detenciones por causas políticas, sino también conflictos internacionales latentes, mencionando en particular tensiones con Irán. Según publicó el medio, Gallo remarcó que los extranjeros presos esperan ser liberados, e insistió en la necesidad urgente de visibilizar la situación ante la comunidad internacional.

Tal como detalló el medio, Gallo afirmó que los detenidos extranjeros en El Rodeo I se encuentran sin posibilidad de recibir visitas ni realizar llamadas. Describió la incomunicación como una de las mayores dificultades experimentadas en prisión: “No es fácil estar incomunicado, no es fácil haber perdido la libertad injustamente, no es fácil que te acusen de delitos”. Aportó que, durante su reclusión, mantuvo contacto con varios presos venezolanos que le brindaron ayuda y contención, subrayando que no se sentirá verdaderamente en libertad hasta que todos los presos políticos sean liberados.

La denuncia presentada por Gallo también incluyó un llamado a la comunidad internacional y a las organizaciones no gubernamentales: “Quiero pedirle, solicitarle a los medios internacionales, a las ONG, a todas las organizaciones internacionales que no se olviden del Rodeo I y todos los centros penales que hay en Venezuela porque no solamente el Rodeo I tiene presos políticos. No podemos mirar para otro lado”.

El medio reportó que Claudio Brilloni, jefe de la Gendarmería Nacional, garantizó la continuidad de Gallo en su función y confirmó que tanto el funcionario como su familia reciben acompañamiento psicológico y asistencia institucional. Brilloni añadió que la Gendarmería prestó apoyo a la familia del gendarme desde el comienzo de su detención.

El contexto de la detención de Gallo, tal como informó la fuente, se remonta a diciembre de 2024. El gendarme fue arrestado cuando intentaba cruzar la frontera Colombia-Venezuela con el objetivo declarado de reunirse con su esposa venezolana y su hija. Las autoridades venezolanas rechazaron el relato ofrecido por Gallo y acusaron al argentino de estar vinculado a una conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro. El medio agregó que, según la versión difundida desde Caracas, los cargos incluyeron supuestos vínculos con el terrorismo y conspiración, en un momento de alta tensión política en Venezuela tras el ataque de Estados Unidos a la capital venezolana, sucedido en enero y que dejó varias decenas de fallecidos.

Finalmente, la situación experimentada por Gallo sirvió como punto de partida para subrayar el pedido de intervención urgente por parte de la comunidad internacional. El gendarme insistió en la necesidad de no olvidar la situación de los presos políticos en Venezuela, no solo en El Rodeo I. Solicitó, además, la atención de los medios y de las organizaciones responsables de la defensa de los derechos humanos para que estos casos no permanezcan invisibilizados.

El Secretario de Interior de Estados Unidos y presidente del Consejo Nacional de Energía, Doug Burgum, llegó este martes a Caracas para reunirse con autoridades interinas y representantes de empresas estadounidenses y venezolanas. El funcionario, bajo el liderazgo de Donald Trump, encabeza una delegación que busca fortalecer la cooperación energética y promover cadenas de suministro seguras para minerales críticos, según un comunicado de la embajada estadounidense.

La visita de Burgum ocurre en medio del avance para el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Washignton y Caracas, tras el derrocamiento del ex dictador, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. Desde entonces, los vínculos entre Estados Unidos y el régimen venezolano, ahora encabezado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, han comenzado a normalizarse, con especial énfasis en los sectores económico y energético.

Desde la destitución de Maduro, el régimen de Rodríguez ha impulsado reformas para abrir el sector petrolero a la inversión extranjera. La vicepresidenta calificó la coyuntura como “un nuevo momento político”, recibiendo en Caracas a funcionarios estadounidenses como parte de las negociaciones.

Las autoridades venezolanas anunciaron este martes que se han suscrito nuevos contratos de suministro de petróleo y derivados para su comercialización en Estados Unidos. Según informó la estatal PDVSA, estos acuerdos mantienen la relación histórica entre ambos países y refuerzan el compromiso venezolano con la estabilidad del mercado energético internacional. Así mismo, PDVSA reiteró su pedido de levantamiento de las sanciones que afectan a la industria de hidrocarburos, argumentando que una industria libre de restricciones permitiría incrementar la producción y fortalecer el comercio exterior.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió licencias especiales que flexibilizan las restricciones para la operación de petroleras internacionales en Venezuela. Cinco empresas, incluida la española Repsol, recibieron autorización para exportar crudo bajo condiciones estrictas de reporte y supervisión. Los nuevos contratos de PDVSA con comercializadoras internacionales buscan garantizar el suministro de crudo venezolano a refinerías estadounidenses y europeas, en respuesta a la caída de los envíos a Asia, especialmente a China, cuyo volumen se redujo 67% en febrero respecto al mes anterior.

Las ventas directas de petróleo venezolano a Estados Unidos aumentaron 32% en febrero, alcanzando aproximadamente 375.000 barriles diarios. En el mismo periodo, los envíos a Europa también crecieron, con España como principal destino y Repsol liderando las compras. Las casas comerciales Trafigura y Vitol, junto con Chevron, gestionan la mayor parte de los embarques venezolanos bajo autorizaciones de Washington.

Durante su discurso del Estado de la Unión la semana pasada, Donald Trump destacó la llegada de 80 millones de barriles de crudo venezolano a Estados Unidos, calificando a Venezuela como “nuevo amigo y socio” en materia energética. Los acuerdos alcanzados prevén también el desbloqueo de activos venezolanos en el extranjero y la compra de equipos médicos con fondos liberados por los convenios.