Este sábado, Morena emitió un posicionamiento para aclarar la situación de Roldán Álvarez Ayala, hermano de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, luego de la detención de este último como presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

A través de un comunicado difundido por su Comité Ejecutivo Nacional, el partido afirmó que Ramón Ángel Álvarez Ayala nunca ha sido militante ni ha ocupado cargo alguno dentro de Morena, por lo que rechazó cualquier vínculo con el detenido.

En el mismo documento, el instituto político precisó que Roldán Álvarez Ayala sí formó parte de Morena, aunque informó que fue expulsado desde noviembre de 2025.

“Morena reitera que se distancia categóricamente y rechaza que el individuo ahora detenido sea o haya sido miembro del Partido, ya que no ha pertenecido ni ocupado ningún cargo dentro de nuestro movimiento”, señaló el partido al referirse a “El R1”.

Asimismo, sostuvo que en sus filas “no se encubre a nadie, no se tolera ninguna relación con el crimen organizado y no se solapan complicidades”, además de expresar su respaldo a las investigaciones para esclarecer el homicidio de Carlos Manzo y sancionar a todos los responsables.

El partido también recordó que, desde noviembre de 2022, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó públicamente la liberación de Ramón Ángel Álvarez Ayala y criticó las prácticas de impunidad que, dijo, persistían en el sistema judicial.

¿Quién es Roldán Álvarez Ayala?

Roldán Álvarez Ayala es un político michoacano que inició su trayectoria en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), instituto político con el que fue presidente municipal de Apatzingán. Posteriormente ocupó diversos cargos en la administración pública estatal antes de incorporarse a Morena.

De acuerdo con el propio partido, Roldán participó en la vida interna de Morena en Michoacán; sin embargo, no detalló qué cargo desempeñó dentro de su estructura. La dirigencia únicamente informó que fue expulsado de sus filas en noviembre de 2025.

Su nombre volvió a cobrar relevancia tras la captura de su hermano, Ramón Ángel Álvarez Ayala, debido a que ambos comparten parentesco, aunque Morena insistió en que la trayectoria política de Roldán no implica un vínculo institucional con las actividades ilícitas que las autoridades atribuyen a “El R1”.

¿De qué acusan a “El R1”?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) identifica a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, como presunto líder de “Los Rs”, una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las autoridades federales atribuyen a este grupo delitos como extorsión, homicidios y tráfico de drogas en distintas regiones de Michoacán, además de afectar a productores, empresarios y habitantes mediante el cobro de extorsiones.

Según la SSPC, “El R1” es señalado como presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que su captura fue resultado de varios meses de trabajos de inteligencia e investigación realizados por la dependencia, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y el Centro Nacional de Inteligencia.

Con esta detención, las autoridades informaron que ya suman 31 personas capturadas por su presunta relación con el homicidio del exalcalde de Uruapan.

La difusión de un video en redes sociales terminó con la captura de una mujer identificada como Tirsa Borjas, señalada de agredir y amenazar a su propia madre durante un episodio de violencia intrafamiliar ocurrido en el municipio de Teupasenti, departamento de El Paraíso.

Las imágenes, grabadas por una persona que se encontraba en la vivienda, comenzaron a circular rápidamente en distintas plataformas digitales y provocaron una ola de indignación entre los usuarios, quienes cuestionaron la forma en que la mujer se dirigía a una adulta mayor durante una acalorada discusión.

En la grabación se observa a Tirsa Borjas sosteniendo una faja mientras increpa a su madre y profiere una serie de insultos en su contra. Durante el altercado también golpea un sillón con el objeto, mientras continúa amenazando verbalmente a la mujer.

En el video se escucha a la ahora detenida gritar frases ofensivas contra su madre, en medio de una discusión cuya causa todavía no ha sido detallada por las autoridades. La secuencia muestra un ambiente de tensión dentro de la vivienda, mientras la adulta mayor permanece frente a su hija durante el enfrentamiento.

El material audiovisual también evidencia la presencia de un hombre que registra toda la escena con un teléfono celular.

De acuerdo con lo que se aprecia en la grabación, el hombre —quien presuntamente sería hijo de la mujer agredida— no interviene físicamente en la discusión y únicamente le pide a la adulta mayor que reaccione ante la actitud de su hija, recordándole que ella es su madre.

A medida que transcurren los segundos, la confrontación verbal aumenta de intensidad. La mujer continúa sosteniendo la faja mientras lanza amenazas e insultos, una conducta que posteriormente fue ampliamente criticada por usuarios de redes sociales tras hacerse públicas las imágenes.

La rápida difusión del video permitió que el caso llegara a conocimiento de las autoridades. Luego de analizar el contenido de la grabación, agentes de la Policía Nacional localizaron y procedieron con la detención de Tirsa Borjas, quien ahora deberá responder por los hechos que son investigados por las autoridades competentes.

Hasta el momento, la Policía no ha informado si la adulta mayor sufrió lesiones físicas durante el incidente o si únicamente fue víctima de agresiones verbales y amenazas. No obstante, las investigaciones continúan para establecer todas las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

El caso ha reavivado el debate sobre la violencia contra los adultos mayores, un problema que especialistas consideran muchas veces permanece oculto dentro del entorno familiar debido al temor de las víctimas a denunciar a sus propios familiares o a la dependencia económica y emocional que mantienen con ellos.

Las personas de la tercera edad son consideradas un grupo en condición de especial vulnerabilidad, por lo que las instituciones encargadas de la protección de sus derechos reiteran la importancia de denunciar cualquier forma de maltrato, ya sea físico, psicológico, verbal, patrimonial o por abandono.

El episodio ocurrido en Teupasenti se produce apenas unos días después de otro caso similar que también generó una fuerte reacción entre la población hondureña.

En el barrio Sierra Pina, de La Ceiba, departamento de Atlántida, otra mujer identificada como Yanira Quiroz fue detenida luego de que se viralizara un video en el que aparecía golpeando e insultando a su madre, también una adulta mayor.

Al igual que en el caso de Tirsa Borjas, las imágenes circularon ampliamente en redes sociales antes de que las autoridades intervinieran. La difusión del video provocó una ola de comentarios de rechazo y llevó a la Policía Nacionala ejecutar la captura de la sospechosa.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades legales en el caso de Tirsa Borjas. La investigación busca establecer el alcance de las agresiones registradas en el video y recopilar otros elementos de prueba que permitan esclarecer completamente lo ocurrido.

Lo que parecía ser un saco rojo abandonado entre la maleza terminó revelando uno de los crímenes más impactantes registrados en los últimos días en el departamento de Choluteca.

Habitantes de la comunidad de Sinaí, en el municipio de San Antonio de Flores, se acercaron al lugar por curiosidad, sin imaginar que en su interior se encontraba el cuerpo de un hombre desmembrado.

La víctima fue identificada como Olvin Ariel Aguilera, cuyos restos fueron encontrados dentro del saco con evidentes signos de violencia.

Tras el hallazgo, agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena para realizar las primeras diligencias, mientras personal de Medicina Forense efectuó el levantamiento cadavérico y trasladó el cuerpo para practicar la autopsia correspondiente.

El caso movilizó de inmediato a los equipos de investigación, que durante varios días recopilaron indicios y declaraciones de testigos para reconstruir las últimas horas de vida de la víctima. Como resultado de esas pesquisas, las autoridades lograron la captura de Orlin Joel Pavón Castro, señalado como el principal sospechoso del asesinato.

De acuerdo con la información brindada por la Policía, la principal hipótesis apunta a que el crimen habría sido motivado por celos.

El jefe regional de la Policía Nacional, comisionado José Anariba, explicó que el detenido creía que su compañera de hogar sostenía una relación sentimental con Olvin Ariel Aguilera, situación que presuntamente desencadenó el homicidio.

Sin embargo, el funcionario aclaró que esa versión todavía forma parte de las líneas de investigación y no representa una conclusión definitiva del caso.

Según indicó, algunos testigos han proporcionado declaraciones que contradicen la hipótesis inicial, por lo que los investigadores continúan analizando todas las evidencias antes de establecer el verdadero móvil del crimen.

Las autoridades señalaron que uno de los principales objetivos de la investigación es localizar a la compañera de hogar del detenido, quien desapareció del lugar de los hechos y hasta el momento no ha sido encontrada.

Para los investigadores, el testimonio de la mujer podría convertirse en una pieza clave para reconstruir lo ocurrido antes del asesinato. Su declaración permitiría confirmar o descartar la hipótesis de un crimen pasional, así como establecer cuál era la relación entre la víctima y el principal sospechoso.

Mientras tanto, Orlin Joel Pavón Castro ya enfrenta el proceso judicial correspondiente por su presunta participación en el homicidio.

Será durante las siguientes etapas del procedimiento cuando el Ministerio Público presente los elementos de prueba recopilados por los equipos de investigación para sustentar la acusación.

El hallazgo del cuerpo causó una profunda conmoción entre los habitantes de San Antonio de Flores, una comunidad donde hechos de esta naturaleza son poco frecuentes.

Vecinos manifestaron su sorpresa por la violencia con la que fue cometido el crimen y por la forma en que fueron encontrados los restos de la víctima.

Por ahora, la investigación sigue su curso mientras los equipos policiales y fiscales analizan pruebas científicas, entrevistas y otros indicios recopilados durante los últimos días.

Será el avance del proceso judicial el que determine si la hipótesis de los celos como móvil del asesinato se confirma o si las evidencias conducen a una explicación distinta.

La violencia con la que fue cometido el crimen y el hallazgo del cuerpo desmembrado dentro de un saco abandonado mantienen el caso en el centro de la atención pública, mientras las autoridades trabajan para esclarecer completamente lo sucedido y determinar todas las responsabilidades penales.

La tranquilidad de la comarca Wiwa, ubicada en la jurisdicción de Santa Rita, municipio de Mulukukú, se fracturó drásticamente el pasado sábado 25 de julio de 2026. Lo que prometía ser una jornada habitual de trabajo y convivencia familiar se transformó en una pesadilla de incertidumbre cuando el menor Elder F V, de tan solo 12 años de edad, desapareció sin dejar rastro aparente del seno de su hogar.

La alarma se encendió de inmediato entre sus familiares, dando inicio a una desesperada búsqueda que movilizó a toda la comunidad y a los cuerpos policiales de la región.

El trasfondo de esta desaparición revela un meticuloso esquema de engaño y manipulación. Días antes del suceso, un comerciante ambulante de productos farmacéuticos, medicamentos y perfumes, de 63 años de edad y conocido en los caminos rurales bajo el alias de “Santos el pastillero”, había comenzado a frecuentar la comarca.

El sujeto, identificado posteriormente como Pablo Roque Martínez Delgado, se labró paulatinamente la confianza de los habitantes locales y, en especial, de los padres de Elder.

Con palabras persuasivas y la promesa de una remuneración económica, Martínez Delgado solicitó el permiso formal de los progenitores para que el niño lo acompañara en sus recorridos diarios.

Argumentó que necesitaba la ayuda del menor para trasladar la mercancía, identificar las viviendas de los clientes en las zonas de difícil acceso y servir como guía local a cambio de un pago justo.

Convencidos por la aparente amabilidad del comerciante, los padres accedieron a la petición. Sin embargo, al caer la tarde de aquel sábado 25 de julio, la angustia se apoderó del hogar: el comerciante y el niño jamás regresaron. En un video que fue difundido en redes sociales se observa al menor y al sujeto en una tienda de la zona.

El operativo policial y la captura en Las Pavas

Tras la denuncia formal interpuesta por el padre del menor ante las autoridades del Triángulo Minero, la Policía Nacional activó un exhaustivo plan de búsqueda y rastreo que se extendió por varios municipios colindantes.

Durante más de 72 horas, los investigadores siguieron pistas clave proporcionadas por pobladores que afirmaban haber visto al mercader desplazándose hacia el departamento de Chontales.

La clave del operativo se consolidó la madrugada del martes 28 de julio de 2026. A través de información brindada por habitantes de la zona, quienes observaban con sospecha que un niño salía continuamente de una vivienda en la comarca Las Pavas para ser obligado a vender productos en las calles, la Policía logró fijar la ubicación exacta del sospechoso.

A las 6:00 de la mañana del 28 de julio, las fuerzas del orden ejecutaron la intervención, logrando rescatar sano y salvo al menor y haciendo efectiva la captura inmediata de Pablo Delgado.

La noticia de la ubicación del niño corrió como pólvora en la comarca Wiwa. Horas después de su liberación en El Ayote, el menor fue trasladado de regreso a su hogar en Mulukukú. El reencuentro estuvo cargado de profundas emociones: entre abrazos conmovedores, lágrimas de alivio, gritos de satisfacción y el sonido festivo de los claxones, familiares, amigos y vecinos salieron a las calles para darle la bienvenida al niño.

El infante volvió a los brazos de sus padres, no obstante, este trágico desenlace rescata una seria controversia sobre la cadena de responsabilidad: aunque la comunidad celebró el retorno del menor, diversos sectores señalan que los padres también comparten un grado de responsabilidad en los hechos, dado que fueron ellos quienes autorizaron inicialmente el permiso para que el niño de 12 años acompañara a un desconocido en actividades laborales ambulantes, exponiéndolo a un evidente riesgo.

Aunque el rescate trajo un respiro a la familia, el caso ha tomado un giro severo en el ámbito penal. Además de las imputaciones por rapto, detención ilegal y explotación laboral infantil, sobre Pablo Roque Martínez Delgado pesará una rigurosa investigación por presuntos delitos contra la libertad e integridad sexual en perjuicio del menor.

El menor está siendo sometido a las evaluaciones médicas, forenses y psicológicas correspondientes para determinar la veracidad y el alcance de los abusos presuntamente sufridos durante los días de su desaparición, elementos que serán incorporados al expediente acusatorio.

Un colombiano pedido en extradición fue detenido en el aeródromo de Puerto Lempira durante un operativo coordinado entre el Ministerio Público y unidades especializadas de la Policía Nacional.

El capturado es Fermín Alberto García Isaza y la solicitud fue emitida por autoridades judiciales de Colombia.

El detenido también utilizaba el nombre de Renán Pich Greham. Sobre él pesaba una solicitud de extradición emitida por las autoridades judiciales colombianas, aunque hasta el momento no se revelaron públicamente los delitos específicos por los que es requerido en ese país.

Según el portavoz de la Policía Nacional, el subcomisionado Wilber Mayes Ríos, equipos de inteligencia e investigación siguieron los movimientos del ciudadano colombiano hasta ubicarlo en la terminal aérea de Puerto Lempira, donde ejecutaron la orden de captura antes de que pudiera abandonar el territorio hondureño.

Antecedentes judiciales en Honduras

Las investigaciones revelan que García Isaza ya había sido procesado en Honduras. En 2016 fue capturado en el municipio de Sonaguera, departamento de Colón, por su presunta participación en el delito de lavado de activos.

De acuerdo con la información policial, ese expediente estaba relacionado con el decomiso de 211 kilogramos de droga, incautados en septiembre de 2015 durante una operación desarrollada por las autoridades hondureñas en el litoral atlántico.

Aunque enfrentó un proceso judicial por esos hechos, luego recuperó su libertad tras obtener beneficios penitenciarios derivados de su buen comportamiento mientras permaneció recluido, explicó el portavoz policial.

Tras su detención, García Isaza será puesto a disposición de un juez competente, que deberá conocer la solicitud de extradición y verificar que se cumplan los requisitos establecidos en la legislación hondureña y en los tratados internacionales suscritos por ambos países.

Durante este procedimiento, las autoridades judiciales analizarán la documentación enviada por Colombia antes de resolver si procede o no la entrega del requerido a las autoridades de ese país.

El proceso de extradición contempla varias etapas judiciales, incluidas audiencias en las que se garantiza el derecho a la defensa del solicitado antes de una resolución definitiva.

Capturas con fines de extradición en Honduras

Con este caso, las autoridades hondureñas contabilizan cinco personas capturadas con fines de extradición en lo que va del año, como parte de operaciones desarrolladas por cuerpos de investigación y unidades especializadas.

Las autoridades sostienen que este tipo de acciones continuará en coordinación con organismos nacionales e internacionales. Mientras tanto, García Isaza permanecerá bajo custodia a la espera de que el proceso judicial determine si será extraditado a Colombia para responder por los cargos que motivaron la solicitud presentada por ese país.

Las solicitudes de extradición se han convertido en una herramienta clave para impedir que personas requeridas por la justicia evadan procesos penales trasladándose a otros países.

Mientras avanza el trámite judicial correspondiente, las autoridades hondureñas reiteran que continuarán fortaleciendo el intercambio de información con organismos internacionales y ejecutando operativos para localizar a personas con órdenes de captura vigentes, como parte de las estrategias orientadas a enfrentar delitos de alto impacto y reforzar el Estado de derecho, siempre y cuando exista acuerdo de extradición entre países solicitantes.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California ejecutó este martes una orden de aprehensión contra Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de la Policía Municipal de Mexicali y exfiscal regional, por los delitos de desaparición forzada, robo de vehículo y asociación delictuosa.

El operativo se realizó en su domicilio de la colonia Los Arcos, en la capital del estado, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y fuerzas federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con los primeros reportes, la aprehensión se formalizó a las 9:20 horas de este martes, aunque el operativo en el domicilio del exfuncionario comenzó desde la noche anterior. Los hechos que se le imputan corresponden al expediente 02-2023-0034 y tienen como víctimas a José Ricardo Vindiola Domínguez y Cristian Alejandro García Mora.

La intervención se produjo tras varios meses de especulaciones sobre una posible detención del exfuncionario. Una transmisión en vivo realizada por uno de sus excolaboradores documentó el momento en que las autoridades llegaron al domicilio.

El video de Mendívil García horas antes de su detención

Antes de que la orden de aprehensión se cumplimentara, Mendívil García grabó un video en el que acusó que su arresto obedecía a una persecución política. El mensaje fue difundido a medios de comunicación y en él el exfuncionario señaló directamente a la fiscal de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, como responsable de cualquier cosa que le pudiera suceder.

“Soy un hombre de leyes, soy un hombre de justicia. Y aún cuando tenemos una Fiscalía General del Estado que no ha trabajado bajo los principios de buena fe, lealtad, congruencia, honor y ética, nosotros sí lo hemos hecho”, declaró en el video. Agregó que Andrade Ramírez no le perdona haberla llevado a un proceso judicial en 2011.

En el mismo mensaje, Mendívil García vinculó su detención con la coyuntura política que atraviesa Baja California. “Quiero decirles que esto no es algo circunstancial, es algo entramado, algo fabricado, algo planificado”, afirmó.

El exfuncionario hizo referencia a los audios filtrados en medios de comunicación que implican a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda en presuntas negociaciones con autoridades estadounidenses. “A mí me tocó ser la respuesta al quinto audio”, señaló al concluir su mensaje.

La trayectoria de Mendívil García antes de la captura

Mendívil García se desempeñó como fiscal regional de Mexicali hasta diciembre de 2021, durante la administración de Guillermo Ruiz Hernández. Al concluir ese cargo, asumió la dirección de la Policía Municipal de Mexicali durante dos años, en la administración de Norma Alicia Bustamante, función que ejerció hasta 2024.

Después de concluir su etapa en el servicio público, el exfuncionario asumió la presidencia de la Federación de Abogados de Baja California (FEDABO). Sin embargo, su arresto ocurrió dos años después de haber dejado la administración estatal.

Las autoridades le imputan desaparición forzada, asociación delictuosa y robo de vehículo, cargos derivados de hechos que afectan a dos personas, según el expediente judicial. El Registro Nacional de Detenciones reporta que la captura se realizó en el Fraccionamiento Los Arcos, en Mexicali.

Durante el mismo operativo, las autoridades capturaron a Luis Alfonso Jacobo, excomandante de la Policía Municipal. El juez también giró mandamientos judiciales contra Juan Carlos Jacquez y Christopher Núñez, señalados como implicados en la misma causa penal.

Hasta el cierre de esta edición, Mendívil García se encontraba en las instalaciones de la Fiscalía General de Baja California, según el parte oficial. El proceso judicial en su contra se suma a un contexto de alta tensión política en el estado, donde también fue detenido el exgobernador Ernesto Ruffo Appel.

Un sospechoso de 32 años, identificado como Herald Francisco Huete Vivas de nacionalidad nicaragüense y sin estatus legal en el país, fue arrestado por agentes de la Oficina de Investigación de Luisiana (LBI) tras una investigación sobre explotación infantil en línea, el pasado 23 de julio.

El operativo fue encabezado por la fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, en colaboración con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) y agencias federales como Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina de Detención y Remoción de ICE.

Las autoridades incautaron en la vivienda del sospechoso, ubicada en Bossier City, un total de 581 archivos con material explícito. Entre las evidencias figuran llamadas en vivo donde interactuaba con menores de edad.

Asimismo, las fuerzas del orden decomisaron una muñeca sexual infantil, la cual el acusado admitió haber comprado por internet y utilizado para fines sexuales. Huete Vivas enfrenta 582 cargos criminales:

1. Dos por producción de material de abuso sexual infantil
2. 579 por posesión del mismo y uno por importación y posesión de la muñeca.

El sujeto fue ingresado en el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad de Bossier, con una fianza fijada en $750.000.

Posibles condenas bajo la ley de EE. UU. y la viabilidad de una extradición o deportación

Bajo el marco jurídico del estado de Luisiana y las leyes federales de EE.UU., los delitos de producción y posesión de material de abuso sexual infantil, sumados al tráfico de artefactos obscenos relacionados con menores, se clasifican como delitos graves (felonies) con penas severas e acumulativas.

Cada uno de los 579 cargos por posesión de material de abuso sexual infantil puede acarrear penas que van de 5 a 20 años de prisión por cargo en el estado de Luisiana. Los cargos por producción de material explícito infantil conllevan sanciones sustancialmente mayores, con sentencias mínimas obligatorias de 10 a 25 años y un máximo de hasta 50 años de prisión.

Por su parte, la posesión o importación de una muñeca sexual infantil bajo la legislación estatal contempla penas adicionales de reclusión en penitenciarías estatales.

De ser hallado culpable en el juicio, el conjunto de los 582 cargos podría traducirse en una pena combinada equivalente a varias décadas o incluso cadena perpetua efectiva en una prisión de alta seguridad.

¿Procede la extradición o la deportación?

Existe una confusión frecuente entre los conceptos de extradición y deportación cuando se trata de un inmigrante indocumentado que comete un delito grave en suelo estadounidense:

1. La extradición no aplica habitualmente en este escenario: La extradición ocurre cuando un gobierno extranjero solicita formalmente la entrega de un individuo para juzgarlo por un delito cometido en su país de origen. En este caso, al haber cometido los crímenes dentro de la jurisdicción de Luisiana, los tribunales de Estados Unidos tienen jurisdicción prioritaria para procesar, juzgar y encarcelar al sospechoso.
2. Cumplimiento de la pena antes de la deportación: Las leyes de inmigración de EE.UU., (a través de la Ley de Inmigración y Nacionalidad) estipulan que los ciudadanos extranjeros que cometen delitos graves en territorio estadounidense deben cumplir primero su condena en el sistema penitenciario estatal o federal.
3. Proceso de Remoción (ICE Detainer): Las agencias migratorias (ICE) colocan una orden de detención (ICE detainer) sobre el acusado. Esto garantiza que, una vez que el sujeto complete la condena dictada por el juez en Luisiana o se le conceda algún beneficio de libertad condicional, no saldrá libre a las calles, sino que pasará de inmediato a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para su deportación definitiva a Nicaragua.

El reloj marcó la rutina del jueves 18 de junio cuando la tragedia irrumpió en el kilómetro 11 de la carretera a León. El pequeño Inmer Antonio Rivas López, conocido cariñosamente como «Colochito», caminaba junto con su madre, Melisa Julieth López Pastrán, de 33 años.

Melisa llevaba al menor tomado de la mano al momento de intentar cruzar la vía. En cuestión de segundos, la irrupción de la motocicleta color roja impactó violentamente contra la madre y el menor.

Lo que vino después profundizó el dolor de la familia: lejos de detener la marcha, llamar a los servicios de emergencia o socorrer a las víctimas que yacían sobre el pavimento, los dos ocupantes del vehículo ligero optaron por huir de la escena, abandonando el lugar. El niño falleció producto de las severas lesiones, dejando un vacío desgarrador y a una comunidad entera exigiendo respuestas.

Sin embargo, el tiempo suele diluir el impacto de las noticias cotidianas, la fuga de los dos ocupantes de la motocicleta llegó a su fin el día de ayer, 24 de julio, donde en un operativo de la Policía Nacional ejecutado en la comarca Buenos Aires, un caserío conocido como El Capulín en el municipio de Villa El Carmen, las autoridades lograron la captura de Carlos José Cruz, de 21 años señalado como presunto conductor de la moto, y de su acompañante, Samuel Osiel Gutiérrez Arriaza, también de 21 años.

La reconstrucción de la escena y la postura de los padres

Tras semanas de investigaciones, especialistas de la Policía Nacional y del Instituto de Ciencias Forenses desplegaron un equipo técnico en el lugar del accidente para llevar a cabo la reconstrucción dinámica de los hechos. La diligencia buscaba aportar pruebas científicas cruciales que sustenten la acusación en el proceso judicial que ahora inicia.

En el sitio estuvieron presentes Melissa e Inmer, los padres del niño. Volver al punto exacto donde su hijo de tres años dio sus últimos pasos no fue fácil, pero el arresto de los presuntos implicados trajo una pequeña dosis de alivio dentro de la pérdida.

«Nada de esto me va a devolver a mi hijo, pero me quita un peso de encima saber que ya fueron capturados. Ahora esperamos que se les aplique la pena máxima», expresó Melissa Pastrán visiblemente conmovida a los medios locales.

La madre también fue tajante al rechazar cualquier especulación sobre posibles arreglos extrajudiciales: «La sangre de mi hijo no está en venta. Lo único que queremos es que se haga justicia».

De ser hallados culpables: ¿Qué delitos y penas enfrentan bajo la ley nicaragüense?

Con la captura realizada, la causa queda en manos de las autoridades judiciales, quienes, bajo el principio del debido proceso y respetando la presunción de inocencia, deberán calificar las conductas cometidas para dictar sentencia en caso de comprobarse su culpabilidad.

De acuerdo con el Código Penal de Nicaragua (Ley 641), los delitos que se configuran en eventos de esta naturaleza comprenden:

El Artículo 141 del Código Penal tipifica el homicidio imprudente para quien cause la muerte a otra persona por violar las normas elementales de cuidado (como las leyes de tránsito).

• Pena: Prisión de 1 a 4 años.
• Si se demostrara que el conductor circulaba bajo los efectos del alcohol, drogas o sustancias psicotrópicas, la pena se eleva a un rango de 4 a 8 años de prisión.
• Inhabilitación: Conlleva además la privación del derecho a conducir vehículos automotores durante el tiempo de la condena.

Respecto al acompañante en la motocicleta, las autoridades judiciales determinarán su grado de participación o autoría. El caso de «Colochito» entra ahora a las salas de audiencia de Managua. Mientras la sociedad observa de cerca el actuar de la justicia penal, una familia intenta sobrellevar el dolor con la certeza de que los presuntos responsables ya están ante los tribunales.

Hernando Deluque, exgobernador de La Guajira y padre del congresista Alfredo Deluque, fue capturado en Riohacha por orden de la justicia, tras una decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que confirmó en segunda instancia el fallo de culpabilidad en su contra.

Deluque había sido declarado responsable de irregularidades en procesos de contratación durante su gestión como gobernador.

La captura se produjo luego de que la Sala Penal ratificara el fallo de la Sala de Primera Instancia, que ya lo había encontrado culpable por hechos relacionados con la administración de recursos públicos en el departamento.

Como uno de los antecedentes del caso, en junio de 2025 La Corte Suprema anuló la condena contra los exgobernadores de La Guajira Hernando David Deluque Freyle, Alejandro Magno Builes Suárez y Raúl Nicolás Fragozo Daza, y devolvió el expediente a la Sala Especial de Primera Instancia para que reevaluara el caso, una decisión que en su momento se llegó a señalar que podía desembocar en una absolución si concluía que no había base para una nueva sentencia ajustada a los términos de la acusación.

La revisión no solo dejó sin efecto el fallo emitido en octubre de 2024, sino que obligó a rehacer el análisis jurídico bajo un criterio preciso: determinar si la condena respetó el principio de congruencia procesal.

Un informe de W Radio en ese entonces precisó que la Sala Penal detectó una discordancia sustancial entre los hechos incluidos en la acusación y la conducta por la cual finalmente fueron condenados los exmandatarios. Ese punto fue decisivo para invalidar la sentencia.

Los tres habían sido condenados como coautores del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales dentro de un proceso adelantado por la Fiscalía General de la Nación. El caso se originó en presuntas irregularidades en la contratación de una vía en Riohacha.

La anulación se basó en una falla entre la acusación y la condena

De acuerdo con la información conocida por el mismo medio radial, los exgobernadores fueron acusados en principio de haber actuado de forma dolosa en la formulación y ejecución del contrato.

La sentencia, en cambio, se concentró en una supuesta omisión de sus deberes de control, una conducta distinta a la imputada desde el comienzo.

Para la Sala Penal, esa diferencia constituyó una vulneración del principio de congruencia penal. Ese principio exige que una persona solo pueda ser condenada por los hechos y delitos por los que fue formalmente acusada.

La Corte concluyó que la sentencia de la Sala Especial de Primera Instancia incurrió en ese momento en errores jurídicos al valorar los cargos y la conducta atribuida a los exfuncionarios. Por eso ordenó devolver el expediente para que se haga una nueva evaluación conforme al debido proceso.

La decisión reabrió por completo el examen del caso para Deluque Freyle, Builes Suárez y Fragozo Daza. Deluque participó como gobernador titular, mientras Builes y Fragozo lo hicieron como mandatarios encargados en distintos momentos del proceso contractual.

El fallo de 2024 había impuesto penas de prisión, multas e inhabilidades

La sentencia anulada fue emitida el 16 de octubre de 2024 por la Sala Especial de Primera Instancia con ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera.

Ese fallo sostuvo que los exfuncionarios “incurrieron en fraccionamiento irregular de contratos a través de la suscripción de los negocios jurídicos identificados con los números 158, 169, 181, 237 y 272 de 2002, con lo cual trasgredieron los principios de la contratación estatal de transparencia y selección objetiva”.

A Deluque Freyle se le había impuesto una pena de 9 años y 9 meses de prisión, una multa equivalente a 2.364,12 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilitación de 123 meses para ejercer derechos y funciones públicas.

En tanto que a Builes Suárez y Fragozo Daza se les había fijado una pena de 8 años y 4 meses de prisión, multa de 131,34 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno e inhabilitación por 105 meses.

El fallo también les había concedido el beneficio de prisión domiciliaria. En la parte resolutiva se había dispuesto: “En consecuencia, para el cumplimiento de la pena privativa de la libertad en su domicilio, deberán suscribir diligencia de compromiso, una vez adquiera firmeza esta sentencia, luego de lo cual se coordinará con el Inpec la vigilancia de la prisión domiciliaria”.

La Fiscalía de Tamaulipas imputó a Danna Yanina “N” por la muerte de Dafne Zapata Quintos y un juez le impuso prisión preventiva, por lo que permaneció internada en el CEDES de Altamira mientras seguía el proceso penal y se definirá si será vinculada a proceso a principios de la semana siguiente.

La audiencia inicial se prolongó por más de 13 horas en el Centro Integral de Justicia de Altamira. Comenzó alrededor de las 15:00 horas del jueves y concluyó a las 04:05 del viernes.

La imputada, de 18 años, rechazó al defensor de oficio al inicio de la diligencia y designó a un abogado particular, quien pidió tiempo para preparar la estrategia de defensa. Por ese cambio, la audiencia fue suspendida de manera momentánea y después continuó en privado.

La defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional de 72 horas. En ese lapso, la jueza debía valorar los datos de prueba presentados por ambas partes antes de resolver si existían elementos suficientes para vincularla o no a proceso.

La joven fue la primera detenida por la muerte de Dafne

Danna Yanina “N” se convirtió en la primera persona detenida dentro de la investigación por la muerte de Dafne Zapata Quintos, adolescente de 13 años que murió el 16 de julio dentro de la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en la colonia Primero de Mayo de Ciudad Madero.

La joven fue aprehendida el jueves 23 de julio de 2026, después de acudir voluntariamente a rendir declaración ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género. Al salir de la institución, agentes ministeriales ejecutaron la orden de aprehensión en su contra.

Después fue trasladada a instalaciones de la Fiscalía en Ciudad Madero y más tarde presentada ante la autoridad judicial en Altamira. Tras el cierre de la audiencia, fue llevada al Centro de Ejecución de Sanciones, donde quedó bajo resguardo mientras continuaba el proceso.

Las investigaciones señalaron que Danna Yanina “N” se desempeñaba como auxiliar e instructora en la academia militarizada. También trascendió que había sido alumna del plantel, donde cursó la preparatoria y acababa de concluir el bachillerato.

La investigación se centró en presuntas agresiones en la academia

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, Dafne habría muerto a consecuencia de las presuntas agresiones sufridas durante un campamento de verano en la academia, a la que se había incorporado apenas cuatro días antes de fallecer. El caso fue investigado bajo el protocolo de feminicidio desde el 17 de julio.

El certificado de defunción clasificó la muerte de la menor como homicidio y estableció como causa la asfixia por sumersión. Esa conclusión se volvió una de las bases centrales de la investigación abierta por las autoridades.

Fuentes cercanas al caso indicaron que las indagatorias siguieron en curso y que no se descartó la posible participación de más personas. Esa línea también coincidió con la exigencia de familiares y colectivos, que reclamaron sanciones para todos los involucrados en lo ocurrido dentro de la institución.

La continuación de la audiencia inicial quedó programada para el sábado 25 de julio. En esa etapa, la autoridad judicial revisaría los elementos reunidos por el Ministerio Público y los argumentos de la defensa.

La defensa sostuvo que la imputada también habría sido víctima

Al terminar la audiencia, los abogados defensores y el padre de la joven sostuvieron que Danna Yanina “N” era inocente. También afirmaron que existían elementos para demostrar que ella misma habría sido víctima de las circunstancias ocurridas dentro de la academia y adelantaron que buscarían acreditar esa postura durante el proceso.

La madre de Dafne, Alejandra Quintos, rechazó esa versión. En redes sociales aseguró: “Ella era mayor, 18 años. Ya no estudiaba ahí, solo le daban asilo y ella veía y participaba por voluntad propia ahí en la Academia Militarizada Doentiz”.

Quintos pidió que la joven fuera castigada con todo el peso de la ley, pero también exigió la detención de instructores y de todas las personas que habrían participado en el feminicidio de su hija. La muerte de la adolescente provocó indignación social y una amplia demanda de justicia en Tamaulipas y en otras partes del país.

Durante la detención, la imputada apareció con el rostro cubierto, la cabeza agachada, pantalón de entrenamiento azul marino, tenis negros y blusa del mismo color. Al ingresar al inmueble ministerial fue enviada al área médica para certificar su estado de salud, mientras en el exterior permanecían su padre y su abogado.

• La Fiscalía de Tamaulipas imputó a Danna Yanina “N” por feminicidio y una jueza le dictó prisión preventiva.
• La audiencia inicial duró más de 13 horas y la defensa pidió la ampliación del plazo constitucional de 72 horas.
• Dafne Zapata Quintos, de 13 años, murió el 16 de julio en la Academia Militarizada Marina Doenitz; la causa registrada fue asfixia por sumersión.

Juan Carlos N, alias “El Tío” o “El Armas”, presunto integrante de La Unión Tepito, fue detenido por elementos de la SSC en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, al contar con una orden de aprehensión vigente por su presunta participación en un homicidio cometido el 24 de mayo de 2024, de acuerdo con la autoridad.

La SSC informó que el hombre, de 43 años, fue capturado cerca de las 15:55 horas en la calle Florida, casi esquina con Manuel de la Peña y Peña, cuando personal de la Dirección General de Investigación de Delitos de Mayor Incidencia realizaba vigilancia y patrullajes en la zona.

Según el informe policial, al notar la presencia de los agentes, el detenido habría intentado ocultarse entre los puestos del área y presuntamente escondió entre sus pertenencias lo que parecía ser un arma de fuego. Ante esa conducta, los uniformados le realizaron una revisión preventiva.

Durante la inspección, los agentes aseguraron una pistola calibre .45, un cargador abastecido con tres cartuchos útiles y narcóticos, de acuerdo con lo reportado por la autoridad.

La SSC indicó que la orden de aprehensión estaba relacionada con la carpeta judicial 012/2526/2025-0A, por el delito de homicidio calificado en agravio de una persona identificada con las iniciales J.J.G.C. La autoridad también señaló que el caso se vinculaba con un hecho registrado en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

En el mismo reporte, la corporación indicó que, conforme a las investigaciones en curso, el detenido era considerado presunto integrante de un grupo delictivo con presencia en la alcaldía Cuauhtémoc, al que se le atribuían actividades como secuestro, extorsión, cobro de piso, homicidios y distribución de armas y narcóticos.

La autoridad precisó que esas imputaciones formaban parte de líneas de investigación y que debían ser acreditadas por la instancia ministerial y judicial correspondiente.

Tras la detención, el hombre fue informado de sus derechos y fue puesto a disposición del Ministerio Público, que definiría su situación jurídica y realizaría el trámite correspondiente para el cumplimiento de la orden de aprehensión.

• La SSC detuvo a Juan Carlos N de 43 años en la colonia Centro de Cuauhtémoc.
• Le aseguraron una pistola calibre .45 y tres cartuchos útiles, además de narcóticos.
• Contaba con una orden de aprehensión por un homicidio ocurrido el 24 de mayo de 2024, según la autoridad.

Caen dos más de la Unión con droga

Dos presuntos integrantes de “La Unión Tepito" fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México tras ser sorprendidos manipulando bolsitas de droga en la vía pública, en la alcaldía Venustiano Carranza. Los arrestados, de 19 y 30 años, tenían en su poder 152 dosis de aparente marihuana, cocaína y metanfetamina, además de dinero en efectivo.

El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas San Lázaro y Ferrocarril de Cintura, en la colonia Centro, mientras efectivos de la SSC realizaban labores de seguridad y prevención en la zona. Fue el comportamiento de los dos sujetos lo que alertó a los uniformados: los hombres manipulaban bolsitas de plástico del tipo utilizado habitualmente para la venta de estupefacientes.

Revisión preventiva y decomiso

Los policías se aproximaron a los sujetos y aplicaron el protocolo de actuación policial con una revisión preventiva. El resultado fue el aseguramiento de tres tipos distintos de sustancias ilícitas.

Les decomisaron 85 bolsitas de plástico con una hierba verde y seca similar a la marihuana, 26 envoltorios con una sustancia parecida a la cocaína y 41 dosis de un material cristalino con características similares a la metanfetamina.

En total, el operativo arrojó 152 dosis de aparente droga, lo que refuerza la hipótesis de que ambos sujetos se dedicaban al narcomenudeo en esa zona de la capital.

Presunto vínculo con célula delictiva de la zona centro

Tras el arresto, las autoridades realizaron un cruce de información que ubicó a los detenidos como presuntos integrantes de una célula delictiva generadora de violencia que opera principalmente en la zona centro de la Ciudad de México, según informó la SSC. Fuentes de seguridad identificaron al grupo como La Unión Tepito.

Los hechos se registraron en la autopista Sur, a la altura del sector conocido como Industriales, cuando el oficial detectó que la motocicleta circulaba con la placa alterada, en una posición que impedía su correcta identificación.

Al notificarle al conductor que sería sancionado y que el vehículo quedaría inmovilizado, las autoridades establecieron además que presuntamente prestaba un servicio informal de transporte mediante una plataforma digital.

No obstante, al momento de hacer efectivo el comparendo, el conductor reaccionó con violencia, forcejeó con el funcionario y lo lanzó al suelo en repetidas ocasiones. En una de las caídas, el agente quedó muy cerca de un camión que avanzaba por el corredor vial.

La agresión fue grabada por usuarios de la vía local que rápidamente fue difundida en las redes sociales. Las imágenes muestran parte del enfrentamiento antes de la intervención de otros uniformados y también de motociclistas que pasaban por el lugar.

Ante el llamado de los ciudadanos que transitaban por el lugar, uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá llegaron al sitio, capturaron al agresor y lo dejaron a disposición de las autoridades judiciales para el avance del proceso.

El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, explicó que la administración distrital pedirá a la Fiscalía revisar si la conducta también encaja en una tentativa de homicidio.

“Este, al intentar evadir su responsabilidad, la emprende contra nuestro agente y lo agrede físicamente en varias ocasiones, poniendo en riesgo su vida al arrojarlo cerca al paso de un camión que transitaba por el lugar”, manifestó el funcionario.

El hombre deberá responder, en principio, por el delito de violencia contra servidor público. Además, durante el procedimiento le impusieron los comparendos correspondientes a las infracciones detectadas y la motocicleta quedó inmovilizada.

Por último, Ruiz afirmó que este tipo de episodios no serán tolerados por las autoridades, y reiteró que los operativos de regulación y control continuarán en Medellín para exigir el cumplimiento de las normas de tránsito y preservar la seguridad vial en la ciudad.

“En el último año han sido capturados diez sujetos por hechos similares y cinco agresores han sido condenados. En Medellín, la autoridad se respeta”, puntualizó.

Otros casos de violencia contra agentes de tránsito en Medellín

Este no ha sido el primer hecho de violencia contra un agente de tránsito que se presenta en la capital antioqueña.

En abril de 2026, un agente de tránsito resultó herido tras ser arrollado por un conductor que intentó evadir un puesto de control en la Terminal del Norte de Medellín.

En el hecho, varios testigos intervinieron para impedir que el vehículo, de marca Nissan color negro, escapara del lugar, mientras cuatro compañeros del uniformado lograron detener al conductor pocos segundos después del impacto.

El momento quedó captado en un video que se difundió en las redes sociales. En las imágenes se escuchan voces que repiten “Ay Dios” y otras expresiones de angustia, además de comentarios sobre la llegada de la grúa para retirar el carro implicado.

La grabación también dejó oír la molestia de varias personas presentes por lo ocurrido. Algunos testigos dijeron que querían que “la grúa se lo lleve”, mientras otros aludían a que “algo fue bajado” del lugar, en referencia a la intervención del vehículo especializado que acudió tras la agresión.

La presencia policial elevó la tensión en la terminal. Mientras el agente era auxiliado, peatones y otros funcionarios seguían de cerca la retención del conductor involucrado.

Ambos hechos han vuelto a poner el foco sobre la seguridad de los funcionarios de movilidad en las ciudades del país y la reacción ciudadana frente a episodios de violencia vial.

De acuerdo con el Código Penal colombiano, el delito de violencia contra servidor público conlleva una pena privativa de la libertad que oscila entre los 4 y 8 años de prisión.

Una mujer fue capturada en flagrancia por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) luego de que presuntamente intentara sacar del municipio de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios, a un bebé de apenas cinco meses de nacido ocultándolo dentro de un maletín.

La intervención policial permitió rescatar al menor en buen estado de salud antes de que fuera trasladado fuera de la zona, mientras que la sospechosa quedó bajo custodia para enfrentar el proceso judicial correspondiente.

La detenida tiene 31 años, es ama de casa, originaria y residente de la comunidad de Laka, en el municipio de Puerto Lempira, y es investigada por la supuesta comisión del delito de privación ilegal de la libertad en su grado de ejecución de tentativa acabada, informó la Policía Nacional.

Según las investigaciones preliminares desarrolladas por la DPI, la mujer llegó durante la noche anterior a la vivienda de la abuela materna del bebé, donde solicitó alojamiento y permaneció en la casa junto a la familia.

No obstante, durante la madrugada, la madre del menor descubrió que su hijo ya no se encontraba en la cuna donde había sido acostado para dormir. Al mismo tiempo, constató que la mujer también había abandonado la vivienda sin informar su paradero.

Ante la desaparición del bebé, la madre acudió de inmediato a interponer la denuncia ante la Dirección Policial de Investigaciones, lo que permitió activar un operativo de búsqueda para localizar tanto al menor como a la sospechosa.

Tras recibir la alerta, equipos especializados de investigación de la DPI, con el apoyo de agentes de la Policía Preventiva, iniciaron una serie de diligencias en diferentes puntos de Puerto Lempira para establecer la ruta que habría tomado la mujer.

Las investigaciones condujeron a los agentes hasta un punto de embarque, donde la sospechosa presuntamente se preparaba para abordar una lancha con destino al municipio de Ahuas y posteriormente hacia La Ceiba, en el departamento de Atlántida.

Al identificar a la mujer, los funcionarios policiales procedieron a interceptar la embarcación antes de que iniciara su recorrido y le solicitaron descender para realizar una inspección de rutina a sus pertenencias.

Durante la revisión del equipaje, los investigadores localizaron al bebé oculto dentro de un maletín color negro, por lo que procedieron de inmediato a rescatarlo y ponerlo bajo resguardo.

La rápida intervención de los agentes permitió recuperar al menor sano y salvo, evitando que fuera trasladado fuera del municipio.

Posteriormente, el bebé fue entregado nuevamente a su madre, quien permaneció acompañando las diligencias policiales mientras se desarrollaba el procedimiento legal correspondiente.

La sospechosa fue arrestada en el lugar y trasladada bajo custodia policial para continuar con las investigaciones y la documentación del caso.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional, la mujer será puesta a disposición del Ministerio Público, institución que determinará las acciones legales a seguir y presentará el requerimiento fiscal correspondiente por el delito que se le imputa.

Las autoridades no han informado, hasta el momento, cuáles habrían sido los motivos que llevaron a la mujer a presuntamente intentar sustraer al menor ni si existía algún vínculo previo con la familia más allá de haber solicitado hospedaje la noche anterior.

La Dirección Policial de Investigaciones indicó que el caso continúa bajo investigación para esclarecer completamente las circunstancias en que ocurrió el hecho y determinar si existen otras personas involucradas.

El incidente ocurrió en la intersección de la avenida carrera 68 con calle 17 (según lo que mencionó la publicación del portal Colombia Oscura que se conoció el mismo viernes), en el suroccidente de la capital, cuando un hombre armado con un cuchillo sujetó por el cuello a una mujer y la retuvo durante varios minutos.

La escena que se viralizó en redes sociales causó angustia e incertidumbre entre los internautas al no conocerse de manera oficial el desenlace del caso.

La situación se desarrolló a plena luz del día y fue registrada por numerosos ciudadanos que, con sus teléfonos móviles, documentaron los momentos de máxima tensión.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo el agresor mantiene a la víctima bajo amenaza, mientras la lleva por la acera rodeado de una creciente multitud de transeúntes y curiosos, incluidos varios agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) que desplegó un operativo inmediato, tratando de persuadir al hombre para que liberara a la mujer y evitar una tragedia.

La víctima permaneció bajo el control del agresor mientras los uniformados, en medio de la presión de los testigos, intentaban entablar diálogo y contener al hombre armado.

Los uniformados mantuvieron una distancia prudente y buscaron apaciguar al atacante, quien se mostraba alterado y no cedía a las peticiones de soltar a la mujer, pero al final todo se resolvió de manera favorable y se logró la detención del criminal.

En declaraciones a Infobae Colombia, el teniente coronel Óscar Campaña, oficial de guarnición de la Mebog, dio detalles de lo sucedido: “Gracias a la oportuna reacción de nuestros uniformados logramos la captura de un hombre señalado de intentar hurtar a un transeúnte utilizando un arma cortopunzante en el barrio Puente Aranda”.

El vocero de la institución declaró que el hoy detenido fue un “habitante en condición de calle” que, “al notar la presencia policial, tomó a una mujer, pero la pronta acción de la patrulla permitió salvaguardar la integridad de la ciudadana y reducir al presunto delincuente”, añadió el coronel Campaña.

Sobre el estado de salud de la ciudadana, se detalló en el reporte oficial que “la mujer, de manera inmediata, fue trasladada con el fin de corroborar su estado de salud y no reviste ningún tipo de lesión”.

Mientras que “el presunto delincuente fue puesto a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de hurto”, cerró el oficial de la Mebog.

Capturan en Puente Aranda a dos hombres señalados de hurtar un vehículo: uno tenía brazalete del Inpec

En otro caso que se presentó el mismo viernes 17 de julio de 2026, la Policía Nacional reportó la captura en flagrancia de dos hombres implicados en el presunto hurto de un vehículo en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá.

El operativo se desarrolló en el sector de Sosiego, en la localidad de San Cristóbal, luego de que las autoridades activaran un plan candado que permitió interceptar la camioneta robada y detener a los sospechosos.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron un arma traumática tipo revólver con cuatro cartuchos y lograron la recuperación inmediata del automotor hurtado.

Al realizar el registro personal, los agentes identificaron que uno de los capturados portaba un brazalete electrónico del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), dispositivo utilizado para el control de personas en detención domiciliaria o bajo medidas judiciales alternativas.

De acuerdo con el comunicado oficial, el implicado ya había sido vinculado con antelación a hechos delictivos relacionados con hurtos bajo la misma modalidad.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los delitos de hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Según el reporte oficial, la detención se produjo en Cúcuta, tras una investigación de cerca de dos años adelantada por las autoridades.

De acuerdo con la investigación, el hombre mantenía un perfil bajo en esa ciudad mientras seguía dirigiendo actividades del grupo ilegal.

“Con la caída de este cabecilla, le devolvemos la tranquilidad al Magdalena Medio, al Catatumbo y al Sur de Bolívar. Este sujeto era el directo responsable del confinamiento de nuestros campesinos y del dolor de las familias que sufrieron el flagelo del secuestro y la extorsión”, señaló el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander.

Igualmente, el oficial mencionó que el hoy capturado tenía previsto desplazarse al departamento de Casanare para recibir instrucciones de alias Antonio Medina y continuar acciones criminales.

“Nuestro Grupo Gaula, inteligencia e investigación criminal detectaron que este peligroso cabecilla tenía la misión expansionista de trasladarse a la región Caribe (...) no vamos a permitir que las estructuras criminales sigan truncando el desarrollo y la paz de las regiones bajo el control de las economías ilegales”, añadió.

¿Quién es ‘Aldemar Ríos’?

Las autoridades le atribuyen más de 12 años de trayectoria criminal.

El detenido, de 37 años, habría coordinado un componente armado de entre 130 y 215 hombres y respondía directamente a alias Jhon Mechas, uno de los líderes de las disidencias en el oriente colombiano.

La Policía sostiene que también manejaba las finanzas y las operaciones armadas de los frentes 4, 24, 33 y 37 del Bloque Magdalena Medio.

“Es señalado de coordinar cinco estructuras criminales y de liderar una organización integrada por entre 130 y 215 presuntos integrantes”, explicó el general William Rincón, director de la Policía Nacional de Colombia en su cuenta de X.

Del mismo modo, las autoridades notificaron que este hombre usaba una fachada de comerciante para evitar ser detectado. Incluso, la investigación también lo señala como antiguo jefe de una estructura urbana en Barranquilla.

“Alias ‘Aldemar Ríos’ coordinaba la creación de un nuevo componente urbano denominado Frente ‘Martín Caballero’, con el macabro plan de ordenar y ejecutar atentados terroristas contra las estaciones y uniformados de la Fuerza Pública en la ciudad de Barranquilla”, mencionó el coronel Arévalo.

Según la Policía, en junio de 2025 fingió su muerte dentro de la organización para evadir la acción oficial, pero análisis técnicos y documentales, sumados a testimonios de más de 20 exintegrantes, permitieron establecer que seguía con vida y ubicarlo.

Acciones delictivas de ‘Aldemar Ríos’

Dentro de su expediente criminal, alias Aldemar Ríos aparece señalado como determinador del secuestro de un comerciante de oro, ocurrido el 3 de abril de 2022 en el sur del departamento de Bolívar. La víctima recuperó la libertad meses después, tras exigencias económicas dirigidas a su familia.

También es investigado por varios homicidios cometidos en San Pablo, Barrancabermeja y otros municipios del Magdalena Medio. Esos hechos, según las autoridades, están relacionados con la disputa entre las disidencias, el clan del Golfo y el ELN por el control de la minería ilegal de oro y plata en la Serranía de San Lucas.

La investigación le atribuye además hechos que derivaron en confinamientos y desplazamientos de comunidades en Santa Rosa del Sur, Arenal y Montecristo (Santander). Tras la captura, un juez declaró legal el procedimiento.

Tras la detención, un juez declaró legal el procedimiento. Las audiencias de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento por secuestro, concierto para delinquir agravado, homicidio y extorsión comenzarán en el transcurso de la segunda semana de julio.

“Con este resultado se afecta su presunta capacidad de coordinación territorial y de ejecución de actividades delictivas en las regiones del Magdalena Medio y Catatumbo”, concluyó el director de la Policía Nacional.

Según el reporte oficial, la detención se produjo en el barrio La Candelaria de Medellín, al ser señalado de abusar de dos menores de 9 y 10 años cuando quedaban bajo su cuidado.

La denuncia habría sido originada por la madre de las víctimas, lo que permitió abrir una investigación de seis meses y reunir pruebas para obtener la orden judicial, tras lo cual un juez le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad, mientras sigue el proceso penal.

Detalles de la investigación

Las autoridades sostienen que el capturado era tío de las dos niñas y que el caso ocurrió en un entorno de confianza familiar.

Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, enfatizó que la madre, cuando salía a trabajar, en ocasiones dejaba a las menores al cuidado de su hermano.

“La mamá, cuando salía a trabajar, algunas veces le pedía al tío que cuidara a las niñas. Y este degenerado lo que hacía era, luego de haberse ganado la confianza de sus sobrinitas, abusar de ellas”, indicó el funcionario en declaraciones a los medios de comunicación.

Así mismo, Villa aseguró que los vejámenes habían ocurrido en el primer semestre de 2025, en el sector de Villatina, donde residían las menores.

La investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación detalló que los abusos cometidos por el hoy procesado comenzaron con tocamientos y luego escalaron hasta el acceso carnal.

Por estos hechos, el hombre es requerido por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años agravado.

“Como resultado de una investigación rigurosa se presentaron todos los elementos materiales probatorios, que nos permitió obtener la orden de captura emitida por un juez de la República. Con la boleta, este agresor fue capturado”, afirmó el general Henry Bello, comandante de la Policía del Área Metropolitana a la prensa nacional.

Registro de casos en Medellín

El caso fue presentado dentro del balance de la estrategia policial de protección a la infancia y la adolescencia en la ciudad. Según datos recopilados por medios locales, en el primer semestre de 2026 las autoridades capturaron a 48 personas por delitos sexuales contra menores en Medellín.

Ese consolidado incluye conductas como actos sexuales con menores, acceso carnal abusivo, explotación sexual comercial y pornografía. “Más de 48 delincuentes depredadores sexuales capturados en la vigencia 2026 y lo más importante, el restablecimiento de derechos”, indicó el comandante policial.

Las autoridades también informaron que seis de los capturados este año son extranjeros, provenientes de países como Israel, México y Estados Unidos.

A ese balance se suma la inadmisión de 95 extranjeros por antecedentes o información asociada con explotación sexual de menores.

Además, las instituciones informaron acciones de restablecimiento de derechos para 1.166 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 68 recibieron atención por afectaciones a su integridad, libertad y formación sexual.

Recomendaciones a la ciudadanía

La denuncia de la madre de las dos menores de edad fue el punto de partida del caso y en el que las autoridades buscan reforzar ese mensaje.

En ese sentido, la Policía Nacional presentó la denuncia ciudadana como una herramienta para prevenir estos delitos, proteger a las víctimas y llevar a los responsables ante la justicia.

Igualmente, la Fiscalía General de la Nación señaló que las víctimas de violencia sexual tienen derecho a atención médica y psicológica inmediata, protección institucional y acompañamiento durante el proceso penal. A su vez, el ente acusatorio agregó que las comisarías y líneas de atención están habilitadas bajo protocolos de confidencialidad y protección a la víctima.

La insistencia oficial apunta a que el aviso temprano permita activar la atención institucional y evitar nuevas agresiones. Ese paso también facilita la protección integral de los menores y el avance de las investigaciones penales.

Un autodenominado tribunal en Donetsk condenó a Gilberto Ramos Arreguín a 14 años de prisión por participar en operaciones militares del lado de Ucrania, y ordenó que la pena se cumpliera bajo un régimen “estricto”, de acuerdo con autoridades judiciales de Rusia. El ciudadano mexicano fue identificado con 29 años y el fallo se emitió en la República Popular de Donetsk.

Sin embargo, este jueves la embajada de Ucrania en México aclaró que el tribunal de la región ocupada de Donetsk carece de soberanía, por lo que la pena de 14 años de prisión no tenía validez legal ante la comunidad internacional.

Decenas de mexicanos se han sumado a la lucha de Ucraniaante la invasión de Rusia, algunos han muerto y muchos otros siguen en la lucha, aquí puedes leer sus historias.

En la misma resolución, el tribunal dispuso la confiscación de 3,882,160 rublos y 50 kopeks a favor del Estado. Esa cantidad fue estimada como equivalente a casi 900 mil pesos mexicanos, según lo asentado en el comunicado oficial difundido por las autoridades.

El expediente judicial estableció que Ramos Arreguín se incorporó en marzo de 2022 al Batallón Sich de los Cárpatos, una unidad que fue presentada como parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El tribunal sostuvo que el mexicano se sumó después de recibir información sobre el reclutamiento de extranjeros para participar en la ofensiva contra fuerzas prorrusas.

Las autoridades señalaron que, tras integrarse, recibió entrenamiento militar y se le proporcionaron armas. También afirmaron que obtuvo una compensación económica por su participación en las operaciones, punto que fue usado para sostener la acusación vinculada a actividades de mercenarismo en el marco del conflicto.

En su comunicación pública, el tribunal indicó que Ramos Arreguín participó en combates contra personal de la República Popular de Donetsk hasta marzo de 2026. En esa narrativa oficial, la participación se extendió durante cuatro años e incluyó enfrentamientos en el contexto de la guerra.

El caso fue procesado sin la presencia del acusado y se desarrolló a puerta cerrada, según lo informado por las propias autoridades judiciales. El tribunal también indicó que la sentencia aún no había entrado en vigor al momento del anuncio.

El comunicado incluyó la tipificación legal aplicada y consignó que la condena correspondió a un delito previsto en la Parte 3 del Artículo 359 del Código Penal ruso. En ese mismo documento, el tribunal describió al sentenciado como “ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos” y precisó su año de nacimiento: 1997.

En un tramo del mensaje oficial, las autoridades aseguraron que el mexicano combatió de marzo de 2022 a marzo de 2026 como parte del “batallón terrorista Carpathian Sich”, al que señalaron como prohibido en Rusia. La declaración añadió que, por ese motivo, el “mercenario” recibió una compensación económica.

Hasta ese momento no se reportó un posicionamiento de autoridades mexicanas sobre el caso, ni se confirmó si Ramos Arreguín solicitó atención consular. El comunicado tampoco detalló su paradero ni ofreció información sobre una eventual detención previa o un proceso de entrega.

El proceso contra Ramos Arreguín fue presentado como parte de otros juicios en los que ciudadanos extranjeros fueron acusados de colaborar con Ucrania. Como antecedente, se mencionó que el Tribunal Supremo de la República Popular de Donetsk había condenado en rebeldía al ciudadano estadounidense Jordan Miller, de 21 años, a 13 años y medio de prisión en una colonia penal de máxima seguridad por luchar del lado de las fuerzas ucranianas como mercenario.

• Un tribunal en Donetsk condenó a Gilberto Ramos Arreguín a 14 años de prisión y ordenó que cumpliera la pena en régimen “estricto”.
• La sentencia incluyó la confiscación de 3,882,160 rublos y 50 kopeks a favor del Estado.
• El caso se juzgó en ausencia del acusado y a puerta cerrada; la resolución aún no había entrado en vigor al ser anunciada.

La Embajada de Ucrania en México rechazó la supuesta condena contra el mexicano Gilberto Ramos Arreguín y sostuvo que el tribunal de la región ocupada de Donetsk carece de soberanía, por lo que la pena de 14 años de prisión no tenía validez legal ante la comunidad internacional.

La representación diplomática fijó esa postura después de que el Tribunal Supremo de la autoproclamada República Popular de Donetsk anunció una sentencia dictada in absentia (en ausencia). Se usa comúnmente en contextos legales y académicos para describir un procedimiento o ceremonia que se lleva a cabo sin la presencia física de la persona involucrada, por lo que el mexicano Gilberto Ramos podría estar libre o escondido. También ordenó la confiscación de 3 millones 882 mil rublos, además del internamiento en un centro penal de régimen estricto.

Según el comunicado diplomático, la llamada República Popular de Donetsk fue descrita como una estructura creada, financiada y utilizada por la Federación de Rusia para sostener su guerra de agresión contra Ucrania. La embajada señaló que, de acuerdo con el derecho internacional, esos pseudoestados no tuvieron soberanía ni autoridad real y que sus supuestos órganos judiciales carecieron de competencias efectivas.

Ese fue el punto central de la respuesta ucraniana: para Kiev, la sentencia contra Gilberto Ramos Arreguín no tuvo fuerza jurídica y no pudo ser reconocida como un fallo válido. La embajada sostuvo que ninguna de las decisiones emitidas por esas entidades tuvo efecto legal vinculante.

El tribunal separatista procesó al mexicano en ausencia y a puerta cerrada

La condena fue anunciada contra Gilberto Ramos Arreguín, identificado por las propias autoridades como ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos y nacido en 1997. El proceso se llevó a cabo sin la presencia del acusado y a puerta cerrada, mientras que la propia resolución indicó que el fallo todavía no entraba en vigor al momento de su difusión.

La pena impuesta fue de 14 años de prisión en un centro penal de régimen estricto. Además, la resolución ordenó confiscar 3 millones 882 mil 160 rublos con 50 kopeks, cantidad que fue presentada como equivalente a casi 900 mil pesos mexicanos.

Las autoridades que emitieron el fallo sostuvieron que Ramos Arreguín se incorporó en marzo de 2022 al Batallón Sich de los Cárpatos, una unidad presentada como parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En esa versión, el mexicano se habría sumado después de conocer información sobre el reclutamiento de extranjeros para participar en operaciones militares contra fuerzas prorrusas.

El expediente judicial aseguró que, tras integrarse a esa unidad, recibió entrenamiento militar y armas. También afirmó que obtuvo una compensación económica por participar en los combates, elemento con el que se buscó sostener la acusación de mercenarismo en el marco del conflicto.

La tipificación legal aplicada correspondió a la parte 3 del artículo 359 del Código Penal ruso. En otro tramo del mensaje oficial, las autoridades separatistas describieron al batallón como una organización prohibida en Rusia y lo calificaron como “terrorista”.

Ucrania defendió el estatus de los voluntarios extranjeros

Frente a esa narrativa, la embajada sostuvo que Ucrania fue un Estado soberano, independiente y miembro fundador de la ONU, sometido a una agresión armada generalizada e injustificada por parte de Rusia. Bajo esa interpretación, señaló que los voluntarios extranjeros que se incorporaron oficialmente al servicio de las Fuerzas Armadas ucranianas actuaron como defensores legítimos de la soberanía del país.

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La representación diplomática afirmó que todos los ciudadanos extranjeros integrados formalmente a esas fuerzas contaron con respaldo y protección total del Estado ucraniano. También calificó como cínico que el Kremlin intentara llamar “mercenarios” a militares que consideró legítimos.

En su comunicado, la embajada contrapuso esa acusación con el señalamiento de que Rusia utilizó a decenas de miles de mercenarios extranjeros provenientes de Corea del Norte, países africanos, Cuba y Asia Central. Agregó que quienes participaron en la agresión ilegal rusa y cometieron crímenes en territorio ucraniano serían juzgados ante la Corte Penal Internacional u otros tribunales internacionales legítimos, cuyas sentencias sí tendrían carácter vinculante y fuerza ejecutoria en todo el mundo.

La postura ucraniana también incluyó un mensaje político hacia la opinión pública mexicana. La embajada expresó preocupación por la reproducción de esa información y consideró que ese tipo de contenidos buscó erosionar las relaciones de amistad entre los pueblos de Ucrania y México.

El caso se inscribió en otros juicios contra extranjeros que combatieron del lado ucraniano

La versión difundida por las autoridades separatistas indicó que Ramos Arreguín participó en combates contra personal de la República Popular de Donetsk hasta marzo de 2026. Esa cronología le atribuyó una intervención de cuatro años dentro de la guerra.

Hasta el momento referido en el texto fuente, no hubo un posicionamiento de autoridades mexicanas sobre el caso. Tampoco se confirmó si el ciudadano mexicano solicitó atención consular, y la información disponible no detalló su paradero ni reportó una detención previa o un eventual proceso de entrega.

El expediente fue presentado como parte de una serie de juicios contra ciudadanos extranjeros acusados de colaborar con Ucrania. Como antecedente, se mencionó la condena en rebeldía impuesta al ciudadano estadounidense Jordan Miller, de 21 años, sentenciado a 13 años y medio de prisión en una colonia penal de máxima seguridad por luchar del lado de las fuerzas ucranianas bajo la misma acusación.

La embajada cerró su pronunciamiento con un agradecimiento a las personas que apoyaron la defensa ucraniana frente a la ocupación rusa. Señaló que esa solidaridad estuvo motivada por la justicia, la libertad y el respeto a la Carta de las Naciones Unidas.

• La Embajada de Ucrania en México rechazó la supuesta condena contra Gilberto Ramos Arreguín y afirmó que el tribunal de Donetsk careció de validez legal.
• El fallo anunciado impuso 14 años de prisión en régimen estricto y la confiscación de 3,882,160 rublos al ciudadano mexicano de 29 años.
• Hasta ese momento no hubo postura oficial de autoridades mexicanas ni confirmación sobre atención consular, detención previa o paradero del acusado.

Según el reporte oficial, el sujeto fue detenido en una zona comercial de Cali, en un operativo coordinado con las autoridades de Brasil, teniendo en cuenta que contaba con notificación roja de Interpol.

Los uniformados llegaron hasta un sector exclusivo de la capital del Valle del Cauca cuando el hombre trabajaba en actividades de construcción. Incluso, en el video difundido por la fuerza pública, se observa que, al momento del procedimiento, llevaba puesto el casco de trabajo.

De acuerdo con la investigación policial, el hoy capturado figuraba entre los más buscados por Interpol y por las autoridades del país sudamericano, al estar vinculado en una organización ilegal dedicada a los prestamos ilegales de dinero, conocido popularmente como “gota a gota”.

“El ciudadano requerido contaba con Notificación Roja de Interpol y es solicitado por la justicia brasileña por los delitos de usura y extorsión. Las investigaciones lo señalan como pieza articuladora de una red dedicada a la asfixia financiera y la presión a ciudadanos bajo la modalidad ilegal del ‘gota a gota’”, explicó la institución en un comunicado.

Del mismo modo, la Policía señaló que el resultado del procedimiento afecta las economías criminales vinculadas a estas redes y refuerza la acción conjunta frente a quienes intentan evadir requerimientos internacionales.

Por el momento, el sujeto fue dejado a disposición de las autoridades competentes para su correspondiente judicialización, y se evaluará la posibilidad de ser extraditado hacia Brasil para que responda por los delitos mencionados.

Otros integrantes detenidos

Además del sujeto capturado en Cali, la Policía Nacional de Colombia también entregó detalles sobre la detención de otras tres personas que también contaban con circular roja de Interpol y eran investigadas por las autoridades en España y Panamá.

Según el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el brigadier general Herbert Benavídez, dos de los detenidos son solicitados por el país europeo. Los sujetos fueron identificados como Cristian Steven P. T. y Ronal Steven T. C..

El primero es señalado por lesiones graves tras una agresión en Bilbao que dejó a la víctima con daños irreversibles. Benavídez detalló que esa captura se registró en la vía entre Cali y Buenaventura, a la altura del corregimiento El Vergel.

El segundo requerido por España fue retenido en el barrio Altos de Jordán, investigado por pertenencia a organización criminal y delitos contra la salud pública; las autoridades españolas lo vinculan con una estructura dedicada al tráfico internacional de cocaína y con hechos de mayo de 2024 en Mollina y Antequera.

El otro caso se presentó en el barrio Cañaveralejo de Cali, donde unidades policiales identificaron a un colombiano con circular roja emitida por Panamá por lesiones personales agravadas, estafa y asociación ilícita.

No obstante, el comandante policial indicó que, por disposiciones legales aplicables entre ambos países, “no fue posible materializar dicho procedimiento” y agregó que se trata de “un ciudadano nacido en Colombia”.

Detienen a pareja vinculada al ‘gota a gota’ en el Valle

Por otra parte, la Policía notificó la detención de una pareja dedicada al microtráfico y de integrar una red vinculada a préstamos ilegales en el sur occidente de Colombia.

Las acciones, realizadas por la seccional de Investigación Criminal (Sijín) y el Grupo de Operaciones Especiales (Goes), se desarrollaron en los barrios Coincer y Teatrino del municipio de Palmira, donde se investigaban actividades de comercialización de estupefacientes y almacenamiento de armas.

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron tres armas de fuego y dos kilogramos de estupefacientes, entre ellos, 625 gramos de marihuana, 1.152 gramos de clorhidrato de cocaína y 316 gramos de cocaína, respectivamente.

La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez, comandante del Departamento de Policía Valle del Cauca, reveló que las dos personas detenidas fueron identificadas con los alias de La Firma y Mayerly, que deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

“La captura de alias ‘La Firma’ y ‘Mayerly’ representa un avance significativo en la lucha contra los delitos que afectan la tranquilidad de los habitantes de El Cerrito. Estas acciones permiten debilitar estructuras dedicadas al tráfico de drogas y a la circulación ilegal de armas, factores que inciden directamente en la comisión de homicidios y otros delitos de alto impacto”, expresó la oficial.

Luego de que fueran llevados a las audiencias preliminares, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, acogiendo los elementos probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación.

Luego de que el pasado jueves 2 de julio se diera a conocer que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara formalmente a Juan José “Juanjo” Farías Mendoza, de 31 años, e Israel “Papo” Vega Farías, de 37 años, hijo y sobrino de Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo Farías, de traficar enormes cantidades de metanfetaminas a Estados Unidos y de apoyar a una organización terrorista extranjera, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dijo este viernes que ambas personas ya tienen orden de aprehensión en México.

Un gran jurado federal de Washington acusó a Juan José Farías Mendoza y a Israel Vega Farías, presuntos mandos de Cárteles Unidos, por narcotráfico, apoyo material a una organización terrorista extranjera y delitos con armas de fuego; si son declarados culpables, ambos enfrentan cadena perpetua como parte de una ofensiva del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra la estructura de mando del grupo asentado en Michoacán.

La acusación se presentó ayer en el Distrito de Columbia y alcanza a dos hombres originarios de Tepalcatepec, Michoacán: Farías Mendoza, de 31 años, y Vega Farías, de 37. De acuerdo con el Departamento de Justicia, al primero lo señalan como hijo y al segundo como sobrino de Juan José Farías Álvarez, alias “Abuelo”, identificado por las autoridades estadounidenses como el máximo líder del cártel.

El expediente los acusa de conspirar para fabricar y distribuir metanfetamina con la intención de importarla a Estados Unidos. También les imputan haber usado, portado y poseído armas de fuego, incluidas ametralladoras y artefactos explosivos, en relación con el presunto delito de narcotráfico.

Detención del hijo de “El Abuelo” y retención de militares para soltarlo

El 18 de abril de este año, durante un operativo en Tepalcatepec, presuntamente fue detenido Juan José Farías Mendoza Jr., hijo de “El Abuelo” Farías, considerado uno de los objetivos más buscados por autoridades de Estados Unidos.

Tras su captura, integrantes armados del cártel de Tepalcatepec reaccionaron de inmediato y retuvieron a dos elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, presuntamente como medida de presión para negociar la liberación del detenido.

Además, se reporta que los grupos criminales bloquearon las entradas y salidas del municipio, con el objetivo de impedir el ingreso de refuerzos y apoyo a las fuerzas especiales, generando un escenario de alta tensión en toda la zona. Medios locales acusaron que presuntamente pretendía abusar de dos jovencitas.

De acuerdo con reportes, luego de intensas negociaciones, las autoridades habrían liberado al hijo del capo, lo que derivó en que los civiles armados liberaran a los militares retenidos.

Asimismo, se señala que los elementos conocidos como “Murciélagos” habrían sido mantenidos en cautiverio dentro de la denominada “Base 40”, presuntamente identificada como un inmueble vinculado a “El Abuelo” Farías, y liberados tras concretarse el intercambio.

“El Abuelo” pasó de agricultor y ganadero a objetivo de alto nivel

Juan José Farías Álvarez nació en Tepalcatepec en una familia de 14 hermanos. Antes de aparecer en expedientes criminales, trabajó como agricultor, ganadero y comerciante de quesos.

Su historial delictivo documentado en el texto se remontó a 1988, cuando fue arrestado en Apatzingán por transportar 127 kilos de marihuana y 30 kilos de semilla de cannabis. En la década de 1990 fue ubicado dentro del Cártel del Milenio, y en los años 2000 autoridades federales lo asociaron con esa misma organización en Tierra Caliente.

A partir de 2013 fue identificado como una de las figuras visibles de las autodefensas surgidas en Michoacán frente a la violencia de los Caballeros Templarios. Con el tiempo, sus vínculos fueron descritos por reportes y alertas oficiales como parte de Cárteles Unidos o del llamado cártel de Tepalcatepec.

En 2009 autoridades mexicanas lo detuvieron en Buenavista Tomatlán en posesión de armas y sustancias ilegales. Años después, el 27 de mayo de 2018, elementos de Semar lo capturaron en Tepalcatepec por presuntos vínculos con el CJNG, portación de arma de fuego y homicidio doloso.

Esa detención provocó bloqueos y quema de vehículos en la región por parte de simpatizantes. Después, un juez federal ordenó su liberación al considerar irregular el procedimiento de captura y señalar inconsistencias.

La investigación de HSI conectó decomisos en Tennessee y Georgia con la estructura de Farías

El señalamiento por apoyo material a una organización terrorista extranjera se apoyó en la designación emitida el 20 de febrero de 2025, cuando el Departamento de Estado catalogó a Cárteles Unidos como Organización Terrorista Extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designado. La nueva acusación retomó esa clasificación para sustentar uno de los cargos más graves del expediente.

Estados Unidos también colocó bajo reflector a otros mandos. Ofreció hasta USD 10 millones por información que llevara al arresto y condena de Juan José Farías Álvarez; USD 5 millones por Nicolás Sierra Santana, alias “El Gordo”, y por Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho”; y USD 3 millones por Luis Enrique Barragán Chávez, alias “R5”, y Édgar Orozco Cabadas, alias “El Kamoni”.

De acuerdo con el texto, el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional, HSI, identificó a Farías Álvarez como actual líder de Cárteles Unidos. También describió a esa organización como una alianza de grupos menores que colaboraban en la adquisición, fabricación y distribución de metanfetamina, fentanilo y cocaína desde Michoacán hacia Estados Unidos.

La investigación de HSI sobre sus actividades de narcotráfico comenzó en 2019 en Knoxville, Tennessee. Un accidente automovilístico local permitió recuperar una cantidad considerable de metanfetamina y condujo después a una orden de cateo en Atlanta, Georgia, donde las autoridades hicieron un decomiso mayor de metanfetamina, además de pastillas de fentanilo y heroína.

A partir de ese seguimiento, HSI rastreó el tráfico de metanfetamina, cocaína, fentanilo y heroína hasta México y hasta Farías. Esa pesquisa derivó en una acusación formal presentada en enero de 2024 en el Distrito de Columbia por conspiración de drogas y delitos relacionados con armas de fuego.

La acusación fue hecha pública en julio de 2025 junto con el anuncio de sanciones del Departamento del Tesoro y la recompensa del Programa de Recompensas contra Narcóticos. El 14 de agosto de 2025, la Oficina del Departamento de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley amplió esa presión con recompensas contra los principales mandos vinculados con Cárteles Unidos.

• Juan José Farías Mendoza Jr. fue detenido en Tepalcatepec y su captura provocó bloqueos, la retención de dos militares y una presunta negociación para liberarlo.

• Estados Unidos acusó a Farías Mendoza y a Israel Vega Farías por narcotráfico, armas y apoyo material a una organización terrorista extranjera; ambos enfrentaban posible cadena perpetua.

• El Departamento de Estado ofreció hasta USD 10 millones por Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, a quien identificó como líder de Cárteles Unidos.

La madrugada del 1 de julio, la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) ejecutó dos registros en viviendas de la colonia Las Margaritas y colonia El Carmen, en el distrito de Zacatecoluca, que culminaron con la detención de Hilson de Jesús Carballo Alvarado y Yoselin Elizabeth Piche Ticas.

Ambos están acusados de presuntamente por el delito de hurto por medios informáticos, una pena que, según la FGR, afectó directamente a 60 clientes de una institución bancaria. Las autoridades incautaron tres teléfonos celulares que serán analizados para reforzar la investigación en curso.

De acuerdo con el reporte oficial del Ministerio Público, Carballo Alvarado se desempeñaba como empleado en la entidad financiera perjudicada. Aprovechaba su acceso al sistema interno para obtener los códigos generados por usuarios que solicitaban retiros sin tarjeta en los cajeros automáticos.

Esos códigos, destinados a proveer a los clientes una alternativa para disponer de su dinero, eran interceptados por el trabajador, quien los facilitaba a Yoselin Elizabeth Piche Ticas. Ella acudía personalmente a los cajeros para concretar los retiros antes de que los verdaderos titulares pudieran hacerlo.

La investigación, descrita por la FGR, confirma que los detenidos lograron sustraer fondos de forma reiterada y sin levantar sospechas inmediatas, hasta que el banco detectó patrones irregulares en las transacciones de los afectados. La colaboración entre empleados y terceros externos ha sido calificada como una de las amenazas más complejas para la seguridad bancaria en El Salvador.

La detención de Carballo Alvarado y Piche Ticas marca un avance en el desmantelamiento de redes de fraude informático que operan en el país. La FGR confirmó que los teléfonos celulares incautados serán sometidos a peritaje digital, con el propósito de identificar posibles nuevos implicados y esclarecer si existen otras víctimas entre los clientes del banco afectado.

El Ministerio Público no descarta la realización de más allanamientos ni la emisión de nuevas órdenes de captura en el marco de la misma investigación. La FGR reiteró que mantiene abiertas otras líneas sobre delitos similares y que trabaja en coordinación con el sector financiero para fortalecer la protección de los usuarios ante amenazas informáticas.

Marco legal: hurto por medios informáticos y penas asociadas

El hurto por medios informáticos está regulado en el artículo 13 de la Ley Especial Contra Delitos Cibernéticos y Conexos. Esta ley establece una pena de dos a cinco años de prisión para quien se apodere de bienes o valores, tangibles o intangibles, mediante la utilización de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para obtener un provecho económico.

La normativa contempla la posibilidad de que este delito se procese junto a otros ilícitos como el acceso indebido a sistemas, el fraude de comunicaciones y la agrupación ilícita. Según la Fiscalía, estas figuras suelen cruzarse en investigaciones relacionadas con fraudes bancarios, sobre todo en casos donde empleados facilitan información privilegiada a cómplices externos.

El combate a este tipo de delitos requiere una colaboración estrecha entre el sector financiero y las autoridades judiciales, así como la actualización permanente de los sistemas de seguridad interna de los bancos.

En los últimos años, la FGR ha detectado un aumento en la diversidad de fraudes informáticos que afectan a instituciones bancarias y a sus usuarios. Entre las modalidades más habituales figuran el phishing y las llamadas falsas, donde delincuentes se hacen pasar por empleados bancarios para obtener contraseñas y datos de acceso a la banca en línea.

Otra técnica recurrente es el sim swapping, que implica la clonación de chips telefónicos para interceptar códigos de verificación enviados por las entidades financieras.

La defensa de Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño, confirmó en entrevista con Infobae que la Corte Suprema de Justicia de Honduras podría resolver en tres días hábiles la solicitud de revisión de la orden de captura en su contra. Según su abogado Mario Cárdenas, el planteo busca permitir el regreso del exmandatario al país para presentarse ante la justicia sin ser detenido.

Cárdenas explicó que la petición ya está en manos del juez natural de la causa. “La presentación fue hecha ante el Poder Judicial y dirigida al juez natural de la causa”, afirmó en declaraciones a Infobae.

La defensa sostiene que existen bases legales suficientes para que la medida sea revisada o dejada sin efecto. También espera una respuesta antes de que comience el receso de vacaciones del Poder Judicial hondureño.

Posible regreso a Honduras

De acuerdo con la defensa, si la resolución es favorable, Hernández podría regresar a Honduras el 31 de julio, fecha que el equipo legal maneja como referencia para su reingreso y su eventual presentación ante la Justicia.

Cárdenas afirmó que la estrategia no busca eludir el proceso. “El eje de la petición es la voluntad de someterse al proceso judicial en curso”, sostuvo el abogado.

La defensa insiste en que el juez natural debe valorar la comparecencia voluntaria al revisar las medidas cautelares.

Según Cárdenas, la intención de Hernández de presentarse ante los tribunales hondureños debilita la necesidad de mantener restricciones. “La estrategia busca no solo la revocatoria de la orden de captura, sino también la suspensión de cualquier restricción migratoria que impida su ingreso al territorio hondureño”, agregó.

En su interpretación, el Código Procesal Penal hondureño obliga al juez a evaluar la conducta del imputado y su disposición a enfrentar el proceso. “Si se acredita la intención real de comparecer, la orden de captura pierde sustento jurídico”, sostuvo Cárdenas en su conversación con Infobae.

La decisión del juez natural

Hasta ahora, la Corte Suprema de Justicia no ha informado cuándo emitirá una resolución ni si convocará a una audiencia para analizar la solicitud presentada por la defensa.

El juez natural deberá determinar si los argumentos del equipo legal son suficientes para modificar o levantar la orden de captura, con base en factores como el riesgo de fuga, la voluntad de comparecencia y el estado del proceso judicial.

Cárdenas recordó que esta semana la Corte Suprema de Justicia de Honduras iniciará su periodo de vacaciones y se mantiene a la espera de la respuesta en las próximas horas, si es que el poder judicial no atiende la solicitud en tiempo y forma, lo que añade presión al calendario de resolución de la solicitud presentada por la defensa de Hernández Alvarado, que busca una respuesta antes del receso judicial.

En paralelo, el abogado del exmandatario aseguró que la comunicación con su representado ha sido constante y fluida, en el marco de la estrategia legal que se mantiene activa mientras se espera la decisión del juez natural sobre la orden de captura vigente.

El contexto judicial

Juan Orlando Hernández, que gobernó Honduras entre 2014 y 2022, enfrenta múltiples procesos judiciales vinculados a presuntos delitos de corrupción, lavado de activos y señalamientos por nexos con estructuras del narcotráfico.

Entre los expedientes mencionados en ese entramado judicial figura el denominado caso Pandora. Su situación también está marcada por órdenes de captura y restricciones migratorias que lo mantienen fuera del país mientras avanzan los procesos en su contra.

Un hondureño identificado como Junior Fernando Monge Gómez, de 27 años, fue capturado en España tras permanecer prófugo de la justicia hondureña, donde es investigado por su presunta participación en delitos relacionados con el narcotráfico y por su supuesto vínculo con una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína.

La detención fue ejecutada por agentes de la Guardia Civil de España, en coordinación con la Policía Internacional (Interpol), durante un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en el municipio de Santa Cruz de la Serós, en la provincia de Huesca, al noreste del país europeo.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el hondureño era buscado mediante una notificación roja de Interpol, luego de que tribunales nacionales emitieran una orden de captura por el presunto delito de tráfico de drogas.

Las investigaciones señalan que Monge Gómez abandonó Honduras para establecerse en España con el objetivo de evadir la acción de la justicia. Su localización fue posible gracias al intercambio de información de inteligencia entre la Policía Nacional de Honduras, la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), Interpol y las autoridades españolas.

La captura representa uno de los golpes más recientes contra una estructura criminal señalada de operar rutas del narcotráfico entre Honduras, Centroamérica y otros mercados internacionales, según las investigaciones desarrolladas por la DNPA.

De acuerdo con los informes policiales, Junior Monge es considerado uno de los principales líderes de la organización conocida como “Los Monges”, grupo investigado por las autoridades hondureñas por su presunta participación en el tráfico internacional de cocaína.

Las indagaciones sostienen que esta estructura utilizaba el corredor del litoral atlántico hondureño para movilizar cargamentos de droga con destino hacia Estados Unidos y Europa. Asimismo, las autoridades investigan posibles vínculos de la organización con redes criminales que operan en Guatemala y México.

La captura del sospechoso ocurre pocos días después de una serie de operativos ejecutados por la Dirección Nacional Policial Antidrogas contra la misma organización criminal, como parte de una estrategia para debilitar sus operaciones.

El pasado 22 de junio, agentes antidrogas capturaron a otros dos presuntos integrantes de “Los Monges” durante allanamientos realizados en la aldea El Caracol, municipio de Potrerillos, departamento de Cortés, donde también se recopilaron evidencias relacionadas con las investigaciones.

Además, en los últimos días, la DNPA informó sobre el aseguramiento de plantaciones de supuesta hoja de coca, viveros clandestinos y laboratorios rústicos que, según las pesquisas, estarían vinculados con estructuras dedicadas al procesamiento y tráfico de drogas en el norte del país.

Las autoridades consideran que estos operativos forman parte de una ofensiva para desarticular organizaciones dedicadas al narcotráfico y reducir su capacidad operativa, especialmente en zonas estratégicas utilizadas para el traslado de estupefacientes.

Tras la captura de Monge Gómez, las autoridades de Honduras y España iniciarán las gestiones correspondientes a través de las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol para coordinar el proceso de extradición hacia territorio hondureño.

Una vez concluidos los trámites legales y diplomáticos, el hondureño deberá ser trasladado al país para quedar a disposición de los órganos jurisdiccionales competentes y responder por los delitos que se le imputan.

La notificación roja de Interpol constituye uno de los principales mecanismos de cooperación policial internacional para localizar y detener a personas requeridas por la justicia, permitiendo la colaboración entre distintos países en casos de crimen organizado y delitos transnacionales.

Mientras avanza el proceso de extradición, las autoridades hondureñas mantienen abiertas las investigaciones relacionadas con la estructura “Los Monges”, con el objetivo de identificar a otros presuntos integrantes, desarticular sus redes de apoyo y fortalecer los procesos judiciales contra los implicados.

Un operativo conjunto entre autoridades federales y estatales permitió la captura de Óscar “N”, alias “El Pelón”, señalado como presunto jefe de una célula del cártel de Los Caballeros Templarios que operaba en el municipio de Uruapan y quien es investigado por su posible participación en diversos homicidios registrados en esa región de Michoacán.

La detención fue confirmada por la Fiscalía General del Estado (FGE), que informó que el presunto delincuente era objetivo prioritario dentro de diversas investigaciones relacionadas con asesinatos cometidos por integrantes de la organización criminal en distintas colonias de Uruapan, considerada la segunda ciudad con mayor relevancia económica de Michoacán, únicamente por detrás de Morelia.

La captura ocurrió la mañana de este viernes durante el cumplimiento de una orden de cateo en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Lago de Chapala y Lago de Cuitzeo, en la colonia Los Lagos. El despliegue contó con la participación de elementos de la Fiscalía estatal, Guardia Civil, Guardia Nacional y Ejército Mexicano.

Las fuerzas federales establecieron un amplio perímetro de seguridad en varias calles aledañas para prevenir una posible reacción armada por parte de integrantes de Los Caballeros Templarios, organización que mantiene presencia en la región y que desde hace años disputa el control territorial con otros grupos del crimen organizado.

Aseguran droga durante el cateo

Además de concretar la captura de “El Pelón”, las autoridades localizaron en el inmueble dos bolsas de plástico que contenían un total de 27 gramos de metanfetamina, así como diversos indicios que fueron asegurados e incorporados a la carpeta de investigación que integra la Fiscalía.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las diligencias correspondientes para determinar su situación jurídica y robustecer las investigaciones por los delitos que se le atribuyen.

De acuerdo con las autoridades ministeriales, Óscar “N” desempeñaba un papel estratégico dentro de la estructura criminal de Los Caballeros Templarios, particularmente en la coordinación de acciones contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización con la que mantiene una violenta disputa por el control de actividades ilícitas en Uruapan y municipios cercanos.

Uruapan, escenario de una intensa disputa criminal

La captura ocurre en un contexto de alta violencia derivada de la confrontación entre diversas organizaciones delictivas que buscan controlar una de las regiones más importantes del estado tanto por su actividad agrícola como por su ubicación estratégica para el trasiego de drogas.

Según información de las autoridades, Los Caballeros Templarios y el CJNG mantienen una lucha constante por el dominio de actividades como la producción y distribución de marihuana y metanfetamina, así como por el cobro de extorsiones a productores de aguacate, empresarios, comerciantes y transportistas.

El municipio de Uruapan ha sido identificado durante los últimos años como uno de los principales focos de violencia en Michoacán debido a la presencia simultánea de múltiples grupos criminales.

Además de Los Caballeros Templarios y el CJNG, las autoridades han detectado operaciones de al menos otras tres organizaciones delictivas: Los Viagras, Los Blancos de Troya y el grupo conocido como Cártel de Los Reyes, cuyos enfrentamientos han provocado episodios recurrentes de violencia, bloqueos carreteros, homicidios y ataques armados.

La fragmentación del crimen organizado en Michoacán ha incrementado las disputas por territorios estratégicos, particularmente aquellos relacionados con el tráfico de drogas y el control de economías legales mediante esquemas de extorsión.

La región de Uruapan también representa un punto clave para las organizaciones criminales debido a la importancia económica de la industria aguacatera, considerada una de las principales fuentes de ingresos del estado, situación que ha convertido a productores y empresarios del sector en objetivos frecuentes de grupos dedicados al cobro de cuotas.

Con la detención de “El Pelón”, las autoridades buscan debilitar la estructura operativa de Los Caballeros Templarios en uno de sus principales bastiones. Sin embargo, la presencia de diversas organizaciones criminales en la zona mantiene vigente el reto para las corporaciones de seguridad, que continúan desplegando operativos para contener la violencia y recuperar el control territorial en esta región de Michoacán.

Luego de que se conocieran declaraciones del ciudadano británico señalado por el feminicidio de la modelo cucuteña de 36 años, Natalia Villalba Angarita, la Fiscalía General de la Nación confirmó la captura del extranjero Foster Martinson en el Aeropuerto Internacional de Quito, a manos de uniformados de la Policía Nacional de Ecuador.

La detención se logró tras la activación de una notificación roja de Interpol y una orden de captura emitida por un fiscal de la Seccional Bogotá.

Según la información suministrada desde el ente investigador, Martinson es señalado como presunto responsable de la muerte de la ciudadana colombiana de 36 años, ocurrida el jueves 18 de junio de 2026, en un apartamento del edificio Morph, en el barrio Chicó, norte de Bogotá.

De acuerdo con los resultados de la investigación liderada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Martinson habría ingresado al inmueble donde se hallaba la víctima sola, la agredió físicamente hasta causarle la muerte y posteriormente manipuló el cuerpo para introducirlo en una maleta.

El comunicado oficial de la Fiscalía señaló que el sospechoso ejecutó maniobras para ocultar el crimen, alterar la escena y luego huyó del lugar.

Adicionalmente, se conoció que la Fiscalía ya inició los trámites para lograr la judicialización del extranjero en Colombia y su posterior extradición por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

La ubicación y posterior captura de Martinson resultaron de un trabajo articulado entre la Fiscalía, Migración Colombia, la Secretaría de Seguridad de Bogotá, Interpol Colombia y las autoridades ecuatorianas.

“En Bogotá, el que la hace la paga”: así reaccionó el alcalde Carlos Fernando Galán a la captura

En sus redes sociales, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció tras la notificación de la detención del ciudadano europeo: “Esta tarde una vez emitida la orden de captura por un Juez de la República y activada la circular roja para su captura internacional, el grupo de trabajo activó la operación para su detención, que fue completada de manera exitosa en el Aeropuerto Internacional de Quito gracias al esfuerzo de Interpol Ecuador”, dijo el jefe del Distrito.

Galán atribuyó los resultados a “la cooperación entre agencias de seguridad y justicia de los niveles nacional y local, así como la coordinación entre las Secretarías de Seguridad de las ciudades capitales de América Latina es una clave de éxito en la lucha contra el crimen. En Bogotá, el que la hace la paga”.

Por su parte, las autoridades británicas revelaron el historial delictivo del ciudadano británico de 46 años que llegó a la capital colombiana a comienzos de junio de 2026, tras evadir a las autoridades británicas y habría salido del país rumbo a Ecuador el 21 de junio, antes del hallazgo del cuerpo de Villalba en una maleta, en el baño del apartamento alquilado.

El expediente judicial indicó que el hombre fue condenado en 2023 en el Reino Unido a dos años y dos meses de prisión por acoso a su expareja, además de estar bajo una orden de alejamiento indefinida y medidas de vigilancia policial.

El británico debía informar regularmente a la policía sobre su domicilio y estaba restringido en el uso de dispositivos electrónicos.

No obstante, en declaraciones publicadas por el diario inglés The Sun, el hombre aseguró que no había matado a la víctima de 36 años, ya que en el momento en el que se supone que fue asesinada la modelo cucuteña, el hombre acudió a un bar irlandés en el norte de Bogotá para ver el partido Inglaterra-Croacia, que se transmitió en la noche del miércoles, 17 de junio de 2026.

La operación, caracterizada por el uso intensivo de tecnología de vanguardia, reafirma el compromiso de las fuerzas armadas con la seguridad nacional y la vigilancia estricta en los puntos más vulnerables de la línea divisoria con Haití. Entre los detenidos figuran:

• 19 hombres
• Ocho mujeres
• Tres menores de edad.

El éxito de este operativo terrestre y aéreo radicó en el despliegue estratégico de las unidades de drones pertenecientes a los batallones de infantería del Ejército. Los dispositivos tecnológicos de alta resolución detectaron movimiento inusual de personas que intentaban desplazarse de manera clandestina a través de terrenos de difícil acceso.

Específicamente, el avistamiento y posterior cerco militar se consolidó en las inmediaciones de propiedades rurales de la zona, las cuales suelen ser utilizadas por mafias locales como “puntos de espera” o centros de acopio temporales.

Gracias a las imágenes en tiempo real provistas por las aeronaves no tripuladas, las patrullas terrestres del ERD pudieron coordinar un despliegue rápido y de alta precisión, bloqueando de inmediato las rutas de escape potenciales hacia la maleza circundante.

Este tipo de tecnología aérea se ha convertido en una herramienta indispensable para contrarrestar las nuevas tácticas de evasión de los traficantes de personas, quienes buscan sortear constantemente los puestos de control militar fijos establecidos en las carreteras principales del noroeste del país.

Refuerzo de la seguridad y ofensiva contra el tráfico humano

Este importante golpe a los flujos migratorios irregulares en Dajabón no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de una macroestrategia de “tolerancia cero” instruida por los altos mandos militares y el Poder Ejecutivo dominicano. En las últimas semanas, la región noroeste que abarca provincias clave como Valverde, Montecristi y Dajabón, ha sido escenario de constantes operativos de inteligencia y patrullajes terrestres permanentes.

Las autoridades castrenses han advertido que el uso de propiedades rurales privadas por parte de redes delictivas está bajo la lupa de la inteligencia militar. La combinación de patrullaje a pie, retenes móviles y la vigilancia constante con drones continuará reforzándose de manera indefinida con el fin de asfixiar la logística de las organizaciones criminales que lucran con la migración irregular y desafían la soberanía nacional.

Todas las interdicciones ejecutadas por el Ejército dominicano se realizan en estricto cumplimiento del andamiaje jurídico del país. El principal soporte de estas acciones es la Ley General de Migración No. 285-04, la cual en su Artículo 121 faculta expresamente a las autoridades competentes, con el debido auxilio de las fuerzas armadas, a detener y procesar la salida del territorio nacional de todo ciudadano extranjero que se encuentre en condición de ilegalidad.

Asimismo, en los casos donde se identifica la complicidad de ciudadanos dominicanos en el transporte o resguardo de estas personas, se aplica con rigurosidad la Ley No. 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.

Dicha legislación tipifica estas conductas como delitos graves contra el Estado, conllevando penas severas que van desde los 10 hasta los 15 años de reclusión, además de multas económicas sustanciales, asegurando un castigo ejemplar para quienes promuevan la inestabilidad en la frontera.

Omar “N” fue detenido en Tulum, Quintana Roo, tras una orden de arresto activa emitida en Texas por agresión sexual contra una persona menor de edad, según confirmaron las autoridades el 25 de junio de 2026.

La captura fue el resultado de un operativo conjunto entre la Policía Estatal de Investigación de Quintana Roo y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, a través de su Unidad para la Atención de Delitos Transnacionales. Ambas corporaciones trabajaron con base en información confidencial que situó al sospechoso en territorio quintanarroense.

El operativo en la avenida Parque Tulum

De acuerdo con los primeros reportes, los agentes localizaron al ciudadano estadounidense sobre la avenida Parque Tulum. Allí lo interceptaron para una verificación de identidad de rutina.

Al momento del contacto, el hombre adoptó una actitud nerviosa, evasiva y titubeante. Esa conducta llevó a los elementos a profundizar la revisión de sus datos en los sistemas de seguridad.

La consulta en esas bases arrojó la existencia de una orden de aprehensión vigente, emitida por autoridades del estado de Texas. El documento lo señalaba como presunto responsable del delito de agresión sexual contra una persona menor de edad.

A raíz de las investigaciones, los oficiales solicitaron en reiteradas ocasiones que el hombre presentara una identificación. Al no hacerlo, los trabajos de inteligencia desplegados en el lugar confirmaron su ficha de búsqueda internacional.

Señalamientos adicionales y situación migratoria

Las fuentes de cooperación internacional también revelaron que Omar “N” enfrenta señalamientos por posesión de sustancias controladas en Estados Unidos. Ese cargo se suma a la acusación principal por la que era requerido en Texas.

Durante los trámites posteriores a su detención, las autoridades determinaron que el sospechoso no acreditó estancia legal en México. Por esa razón, fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) para los procedimientos administrativos correspondientes.

La coordinación detrás de la captura

Según las autoridades, la operación formó parte de la estrategia de colaboración interinstitucional e internacional impulsada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch. El objetivo de esa estrategia es localizar y capturar a personas requeridas por la justicia de otros países que se encuentren en territorio mexicano.

El caso ilustra el funcionamiento del mecanismo de rastreo transnacional: una corporación estatal recibe información, la valida con unidades federales especializadas y ejecuta la detención en coordinación. El resultado fue la captura de un individuo que, según las autoridades texanas, representaba un riesgo para menores de edad.

El camino hacia la extradición

Con Omar “N” ya bajo custodia migratoria, las autoridades mexicanas iniciaron las gestiones legales para definir su situación jurídica. El proceso contempla los trámites necesarios para su eventual extradición a Estados Unidos.

Una vez entregado a las autoridades estadounidenses, el detenido deberá responder ante la justicia de Texas por las acusaciones que motivaron la orden de arresto. La resolución de su caso dependerá del avance de esos procedimientos en el país vecino.

Tulum como destino de prófugos internacionales

La detención en uno de los destinos turísticos más visitados del Caribe mexicano pone de manifiesto un patrón documentado por las agencias de seguridad: personas requeridas por la justicia de otros países utilizan zonas de alta afluencia turística para pasar desapercibidas. La colaboración entre fuerzas locales, federales y organismos internacionales resultó determinante para dar con el paradero del sospechoso.

El detenido permanece a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan los trámites legales que determinarán su traslado a Estados Unidos.

En los próximos días, se espera que las autoridades ofrezcan detalles adicionales sobre el caso y el avance de los procedimientos legales. La información oficial permitirá conocer el rumbo de la investigación y el destino del detenido conforme avance su proceso judicial.

La captura de Alexander Antonio Pereira Castro, conocido como alias Alex Pereira, marcó un nuevo capítulo en la lucha contra el crimen organizado en el norte de Colombia.

La Policía Nacional informó la detención del señalado líder de la Oficina de la Costa Bolívar en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro (Antioquia), tras ser expulsado de Panamá. La operación involucró coordinación internacional y la verificación de documentos falsos, según reportó Caracol Radio.

El arresto de Alex Pereira, de 37 años y oriundo de Cartagena, responde a una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada. Además, enfrenta procesos judiciales por homicidio, lesiones personales, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. De acuerdo con la información recogida por Caracol Radio, su nombre figuraba en el Cartel de los Más Buscados de Cartagena, publicado por la Policía Nacional el 28 de abril de 2026, debido a su presunta implicación en una serie de homicidios y otros delitos graves.

La detención se produjo luego de que las autoridades migratorias de Panamá interceptaran al sospechoso el 16 de mayo, cuando intentaba salir hacia Puerto Rico. Durante el control migratorio en el puesto de Guabalá, provincia de Chiriquí, se constató que Pereira había ingresado de manera ilegal. Al revisar su pasaporte, se descubrió que los documentos eran falsos, lo que permitió confirmar su identidad real, buscada mediante circulares azul y roja de Interpol en 196 países.

El brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, explicó que la captura de Pereira es parte de una ofensiva coordinada contra las estructuras criminales que afectan la seguridad de la región. “La Policía Nacional ratifica su compromiso de continuar adelantando acciones contundentes contra las organizaciones delincuenciales que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana”, afirmó Peña Araque.

Las investigaciones apuntan a que Alex Pereira inició su carrera delictiva en 2015, integrando la subestructura Héroes del Caribe del Clan del Golfo. En 2023, habría fundado la organización conocida como “Oficina de la Costa Bolívar”, una estructura criminal que, según los reportes policiales, mantiene influencia en varios sectores de Cartagena. Bajo su presunto liderazgo, la organización habría ejercido extorsión a comerciantes y ofrecido servicios criminales externalizados para homicidios selectivos, colaborando con otras agrupaciones delincuenciales.

Según las autoridades, a Pereira se le atribuyen trece homicidios, cuatro tentativas de homicidio y una lesión personal a un menor de edad. La Policía también documentó dieciséis anotaciones judiciales en su contra por delitos como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego (2008, 2017, 2020 y 2022), hurto calificado (2009), hurto agravado (2010), homicidio (2014, 2019 y 2023), concierto para delinquir agravado con fines de homicidio (2020 y 2021), concierto para delinquir agravado con fines de extorsión (2023) y amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos (2025).

La captura de Pereira se produce en un contexto de intensificación de controles policiales en Bolívar ante la proximidad de las elecciones regionales, previstas para el domingo 21 de junio. Las autoridades han reforzado los operativos de seguridad para garantizar el desarrollo pacífico de los comicios. En ese sentido, la Policía Nacional exhorta a la ciudadanía a colaborar con las investigaciones y a suministrar información que facilite la identificación y detención de otros integrantes de estructuras criminales que operan en la región.

El operativo que condujo a la caída de Alex Pereira contó con la colaboración de organismos de seguridad internacionales y nacionales, reflejando el alcance de las redes delictivas y la necesidad de cooperación transfronteriza para combatirlas. La expulsión desde Panamá y la posterior notificación de la captura en territorio colombiano representan un ejemplo de la articulación entre países en la persecución de actores señalados por delitos graves.

Las autoridades consideran relevante la desarticulación de su estructura ante el impacto que ha tenido en la seguridad de Cartagena y sus alrededores. El caso continúa en investigación mientras avanzan los procesos judiciales por los distintos delitos que se le imputan. “Asimismo, invita a la comunidad a seguir suministrando información oportuna que permita la captura de los actores criminales que atentan contra la tranquilidad de los cartageneros”, afirmó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La reacción política en Colombia no se hizo esperar tras la detención del activista de izquierda Beto Coral en Arizona, Estados Unidos. Diversos referentes expresaron preocupación por las implicancias en materia de libertades civiles y el posible trasfondo político de la medida, mientras las autoridades estadounidenses no han emitido una versión oficial sobre los motivos de la captura.

El procedimiento fue ejecutado por la agencia federal HSI (Homeland Security Investigations), adscrita al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), el 16 de junio de 2026. Según informó el periodista Daniel Coronell, Coral fue arrestado mientras se encontraba con su hijo menor de edad. Se presume que el objetivo sería la deportación del activista, aunque los detalles concretos del proceso no han sido divulgados por las autoridades norteamericanas.

Tras conocerse la noticia, el senador y candidato presidencial Iván Cepeda manifestó su rechazo al arresto y sostuvo que, si la detención está vinculada a la actividad política de Coral, se trataría de una grave violación de libertades civiles.

Cepeda solicitó garantías para que el creador de contenido pueda ejercer su defensa y sea liberado de inmediato, señalando que la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege la libertad de expresión.

La detención de Beto Coral ha generado debate en Colombia porque el activista es conocido por su respaldo a Gustavo Petro y por sus críticas hacia figuras como Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y el presidente estadounidense Donald Trump.

Su papel como defensor de posiciones políticas en redes sociales lo ha puesto en el centro de la discusión sobre el alcance de la libertad de expresión y la presión sobre activistas en el exterior.

Reacción de Piter Albeiro a la captura

Uno de los contradictores de la izquierda en Colombia es el comediante y empresario Piter Albeiro, que constantemente se pronuncia en su cuenta de X ante las decisiones y diferentes comentarios que lanza el presidente Gustavo Petro en sus alocuciones en público.

Tras conocer el arresto de Coral en Arizona, el ganador de Masterchef Celebrity no dudó en pronunciarse sobre esta situación que ha generado debate en la izquierda y apuntó a que aquellos que han sido víctimas del creador de contenido se unan para que comparezca ante un juez.

“Todos los que hemos sido víctimas de ese señor debemos unirnos para que ahora que esté frente a un juez pueda notificarse de las denuncias por difamación que, huyendo, se ha negado a comparecer 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻“, escribió el humorista y celebró la situación con varios emojis de aplausos.

La polémica entre Piter Albeiro y Beto Coral no es reciente

Los enfrentamientos en redes sociales entre el comediante y empresario con el activista político Beto Coral no son recientes, pues desde 2024 se comenzaron a gestar los primeros post del también periodista contra Piter Albeiro.

De acuerdo con una publicación compartida por Coral en su cuenta de TikTok, había una situación polémica que salpicaba a Piter Albeiro y Carroloco: el lavado de activos.

En ese cruce intervino el presentador Camilo Pardo, que cuestionó la equivalencia entre lujo y delito mientras el nombre de Carroloco aparece ligado a una investigación por bienes y dinero supuestamente vinculados al Clan del Golfo.

El dato que empujó la discusión fue otro: Pardo sostuvo que en Estados Unidos acceder a un carro de lujo puede depender de la deuda y no de la compra directa, una diferencia que usó para discutir las acusaciones que circulan en redes sobre vehículos, lanchas y propiedades.

La polémica había escalado después de que Beto Coral difundiera un mensaje acompañado por un video sobre un aparente caso de lavado de activos, en referencia a los carros de lujo y lanchas que alquilaría el comediante. A partir de ahí, la conversación sumó a la tuitera “Marce, te quiero mucho” y giró hacia la reacción de Piter Albeiro frente a esos señalamientos.

Pardo habló sobre un mecanismo concreto para explicar su posición: dijo que en Estados Unidos los bancos pueden recuperar vehículos por GPS sin necesidad de una orden judicial, una comparación que presentó como contraste con Colombia. Sobre esa base, rechazó que la mera posesión o uso de bienes caros deba leerse como señal automática de dinero ilícito.

Asimismo, en mayo de 2026, Coral compartió una publicación en su cuenta de X en la que arremetía contra Piter Albeiro por, presuntamente, burlarse de los colombianos que fueron deportados por las autoridades migratorias y capturados por ICE, nuevamente recordándole su pasado en la cárcel.

“Ayer el exconvicto @PITERALBEIRO se burlaba de los colombianos capturados por ICE. Hoy se conoce la triste noticia de un colombiano que se suicidó en una cárcel, después de hacer múltiples llamados para poder hablar con su madre y pedir que mejoraran sus condiciones. Cuando personajes como este señor y muchos de sus seguidores entienden perfectamente por qué piensan como piensan y por qué apoyan al abogado de mafiosos Abelardo De La Espriella”, escribió.

Las autoridades colombianas reportaron la captura de Carlos Alberto Pérez, conocido como alias Calavera, señalado como el principal responsable de la adquisición y suministro de armas, municiones y materiales logísticos para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) también denominados como Los Pachenca.

De acuerdo con el reporte oficial, el operativo fue realizado el 13 de junio de 2026 en el municipio de Dibulla, en el departamento de La Guajira, efectuado por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional de Colombia.

Así mismo, la fuerza pública detalló que este sujeto cuenta con investigaciones por homicidios y otros delitos cometidos en la región Caribe colombiana.

Perfil de alias Calavera

Según la investigación oficial, alias Calavera fungía como el principal encargado de la consecución de material bélico y de intendencia para las Acsn, actual organización que mantiene conversaciones de paz con el Gobierno colombiano, en cabeza del presidente Gustavo Petro.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, indicó que el hoy procesado era el encargado de entablar nexos con redes criminales que hacen presencia en Venezuela para la obtención del material de guerra para dicho grupo al margen de la ley.

“Alias Calavera fungía como el principal encargado de la consecución de material bélico y de intendencia para la organización delincuencial; para ello, articulaba redes transfronterizas logrando adquirir armamento en los estados de Táchira y Zulia, en Venezuela”, declaró el oficial en atención a los medios de comunicación.

Incluso, mencionó que contaba con la confianza de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Nain o Bendito Menor, máximo cabecilla las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, lo que posicionó a “Calavera” como pieza estratégica en el fortalecimiento militar del grupo.

Las investigaciones señalan que bajo la coordinación de alias Calavera, fueron gestionados cerca de 25.000 cartuchos de diferentes calibres para abastecer a Los Pachenca. Parte de la munición habría tenido su origen en el presunto desvío de material de las Fuerzas Militares de Colombia, según reveló Caracol Radio.

Según las autoridades, la logística articulada por alias Calavera hacía posible el ingreso ilegal de armas a Colombia a través de pasos fronterizos ocultos y dotaba a las Acsn de los recursos para acciones criminales en la región Caribe.

El volumen de armas y municiones gestionadas por el detenido reforzó la presencia de los Pachenca en la disputa territorial en La Guajira y zonas aledañas, según información revelada por El Tiempo.

Por el momento, el hoy detenido será llevado ante las autoridades competentes, donde la Fiscalía General de la Nación le imputará los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, municiones y explosivos.

Para las autoridades, la detención de Carlos Alberto Pérez alias Calavera constituye un golpe estratégico que debilita sensiblemente la capacidad logística y operativa de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

La Policía Nacional resalta que la operación interrumpe la línea de abastecimiento de armamento y suministros esenciales para el grupo criminal. Así mismo, las investigaciones continúan, enfocadas en desarticular las otras redes criminales fortalecidas por el tráfico ilegal de armamento en la región.

La acción policial refuerza los esfuerzos institucionales para cortar los flujos de armas y debilitar las bases logísticas que han favorecido la expansión de organizaciones criminales en el norte de Colombia.

Cese al fuego de las Acsn

Es importante mencionar que, desde mayo de 2026, alias Naín o Bendito Menor había anunciado un cese al fuego total de las Acsn en el departamento de La Guajira (norte de Colombia), y expresó su disposición a abrir un diálogo directo con el presidente Gustavo Petro para buscar una salida negociada al conflicto en esa zona del norte de Colombia.

“La Guajira no aguanta más guerra. Entiendo el cansancio de mi pueblo. Por eso anuncio ante el Gobierno y ante mis paisanos un cese al fuego total en todo el departamento”, indicó el líder del grupo armado.

En respuesta a ello, el mandatario colombiano recibió con beneplácito la propuesta de Pérez Toncel, aunque mencionó una serie de condiciones para reanudar las conversaciones de paz, que habían sido suspendidas tras un paro armado efectuado en abril del año en curso.

“El frente Conquistadores ha propuesto entregar todas las rutas del narco y someter a sus extraditables a negociación con autoridades de EEUU en EEUU (sic)”, precisó el jefe de Estado en una publicación de X.

Los padres de Mateo Pérez Rueda, el periodista de 24 años que fue asesinado a manos de alias Chalá, comandante de las disidencias de las Farc, en el municipio de Briceño, Antioquia, pidieron justicia y una condena ejemplar para el ahora capturado como principal responsable del crimen.

Especialmente Gloria Rueda, madre del comunicador social, que expresó su reacción al enterarse de la detención de “Chalá”, uno de los más peligrosos sicarios al servicio del grupo armado.

“Nos acabamos de enterar”, informó la progenitora, que en entrevista con Semana, dirigió un mensaje a las autoridades judiciales del país: “Este es, apenas, un primer paso. Lo que pido es contundencia con la pena de ese señor (Víctor Chalá). Es una persona altamente peligrosa y no solamente lo hago por mi hijo, Mateo, sino por todas las otras víctimas de él. Es necesario que las autoridades tomen el caso en serio y que sea contundente la pena que vayan a imponerle. Eso es lo que pedimos en justicia”, declaró.

Personalmente, sobre la posibilidad de perdonar al responsable del crimen de su hijo, la mujer afirmó que “eso se lo dejo a Dios. Que lo perdone él. Sabe en su infinita misericordia qué es lo que debe hacer”. Incluso, comentó que no contempla siquiera la posibilidad de enfrentarse personalmente con el autor del asesinato de su hijo.

“Si lo tengo al frente, creo, no le diría nada. Lo de hablarle o mirarlo, no lo contemplo”, afirmó.

Rueda señaló que la captura de Chalá le genera cierta tranquilidad, aunque condicionada a que la justicia actúe con rigor. “Siempre y cuando se siga rigurosamente la contundencia de la pena. Así daría tranquilidad, pero uno no sabe qué camino tomará este caso. De pronto, nos sorprende, como nos han sorprendido tantas veces”, indicó.

Al referirse a cómo ha sobrellevado la ausencia de su hijo, la madre de Mateo Pérez destacó el apoyo familiar y la fe: “Es gracias a Dios y a la familia. Hemos estado muy unidos y nos hemos estado ayudando los unos a los otros. Y la fortaleza que hemos recibido de Dios porque a él nos hemos entregado desde el primer día”, compartió.

Por su lado, el padre del joven periodista aseguró que “no se sienten seguros ni tranquilos” como familia, sostuvo en diálogo con Noticias RCN. Allí mismo, Julián Pérez, hermano del comunicador, solicitó contundencia a las autoridades, en favor de la justicia y sus garantías como víctimas.

Mateo Pérez, de 25 años, era director del portal El Confidente y cursaba estudios de ciencias políticas en la Universidad Nacional. Fue asesinado mientras realizaba una investigación periodística en la zona rural de Briceño, Antioquia, donde cubría información sobre combates entre grupos armados.

Alias Chalá, figura clave de las disidencias en el departamento de Antioquia

La Policía capturó a Víctor Chalá la noche del viernes 12 de junio en Flandes, Tolima, durante un retén. Sobre él pesaban órdenes judiciales por delitos de terrorismo, extorsión, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas. Su intento de desplazarse hacia Caquetá terminó con su detención y la de otros cuatro integrantes de las disidencias.

Desde la Policía Nacional se comunicó que Jhon Edinson Chala Torrejano — su nombre de nacimiento— era cabecilla de comisión armada del GAO-r E-36, conocido como frente 36, y hombre de confianza del cuarto jefe de esta estructura, alias Primo Gay.

“Según las investigaciones, este criminal acumulaba una trayectoria de 10 años en el GAO-r, estando fuertemente vinculado al homicidio de firmantes del acuerdo de paz en 2024, además de haber fungido como cabecilla financiero encargado de extorsionar a los gremios cafetero, agrícola y ganadero en Huila y Tolima”, fue el reporte oficial de la institución.

En un esfuerzo continuo por erradicar las redes de explotación que amenazan a los sectores más vulnerables del país, la Fiscalía General de la República (FGR), en estricta coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un contundente operativo durante la madrugada de este día 12 de junio.

La intervención dejó como resultado la captura de Miguel Ángel Renderos Teo, un individuo acusado presuntamente de crear material de abuso sexual infantil, un delito que ha encendido las alarmas de las instituciones de seguridad pública debido al uso de entornos digitales para la victimización de menores.

De acuerdo con los reportes oficiales compartidos por las autoridades, la investigación en torno a Renderos Teo inició de forma expedita tras recibir un aviso ciudadano y alertas tecnológicas sobre sus actividades ilícitas.

La rápida movilización de los fiscales y agentes policiales no solo permitió la localización y detención del sospechoso, sino que también llevó a la identificación inmediata de dos víctimas menores de edad.

Durante el registro y allanamiento del inmueble donde operaba el imputado, los equipos tecnológicos incautaron tres teléfonos celulares. Según fuentes fiscales, estos dispositivos almacenan información crucial y serán sometidos a vaciados de información y peritajes científicos para ser presentados como evidencia irrefutable durante el proceso judicial.

Las dos menores rescatadas recibirán atención médica, psicológica y legal inmediata por parte del equipo multidisciplinario de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia (UAEMNA), garantizando el resguardo de su integridad y el inicio de su proceso de recuperación.

Renderos será puesto a la orden de los tribunales correspondientes en los próximos días, donde enfrentará cargos formales por los delitos de utilización de menores a través de las tecnologías, violación y agresión sexual, según detalló la institución.

El espejo de la justicia: La reciente condena de Neftalí Martínez

Este operativo de madrugada guarda una preocupante y directa similitud con otro caso de alto impacto resuelto recientemente por el sistema judicial salvadoreño. El pasado 5 de junio, la FGR logró una sentencia de 24 años de prisión en contra de Neftalí Esaú Martínez Escamilla, quien fue hallado culpable de agredir sexualmente de forma continuada a un menor de edad y registrar dichos abusos en formato audiovisual.

Al igual que en el caso de Renderos Teo, el hilo conductor que llevó a la detención de Martínez Escamilla fue una alerta temprana recibida por la Fiscalía. Las investigaciones ubicaron al agresor en el distrito de Mejicanos, en San Salvador Centro. Al momento del arresto, las autoridades rescataron a una víctima que, según los peritajes forenses y testimoniales, sufrió agresiones sexuales sistemáticas por parte de Martínez desde el año 2018 hasta el 2022.

Por lo que, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador impuso la pena máxima tras validar las pruebas de la FGR, que demostraron la comisión de los delitos de utilización de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad en pornografía a través de tecnologías de la información; adquisición o posesión de material pornográfico infantil, y agresión sexual en menor e incapaz en su modalidad continuada.

El panorama que reflejan estas capturas y condenas evidencia una evolución en las estrategias delictivas, donde los agresores recurren cada vez más a las herramientas digitales para cometer y difundir crímenes contra la infancia. En El Salvador, las reformas legales implementadas en los últimos años han endurecido severamente las penas para quienes utilicen las tecnologías de la información y comunicación (TIC) como vehículo para la explotación, posesión o comercialización de material de abuso infantil.

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Metropolitana Santiago de Cali, la agresora fue capturada después de lanzar a una guarda del sistema hacia el carril exclusivo en la estación Buitrera, en el sur de Cali, precisamente en el momento en el que los buses se encontraban en circulación.

El brutal acto de violencia quedó registrado en video y desató la indignación de la comunidad a través de las redes sociales, debido a que la mujer puso en riesgo la vida de la trabajadora y no mostró ningún tipo de arrepentimiento por hacerlo.

En la tarde del jueves, las autoridades confirmaron que la agresora quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por las lesiones ocasionadas a la trabajadora.

Reporte oficial de la Policía de Cali

A través de un comunicado, las autoridades informaron que una mujer de 25 años fue capturada en flagrancia por lesiones personales tras agredir y empujar a una guarda de seguridad del sistema MIO en Cali.

De acuerdo con la información recopilada por los uniformados y el señalamiento directo de la víctima, la discusión comenzó cuando la guarda exigió los requisitos para el ingreso de un canino: uso de bozal y presentación del carné de vacunación.

La Policía indicó que la usuaria golpeó en el rostro a la funcionaria y luego la empujó desde la plataforma hacia la vía exclusiva del articulado. El caso elevó a cinco las capturas registradas en lo corrido de 2026 por agresiones a guardas de seguridad en distintas estaciones de la ciudad, de acuerdo con la misma institución.

De acuerdo con lo informado por medios locales como El País, la ciudadana que resultó afectada por este episodio fue trasladada a un centro asistencial, en el que recibió varios días de incapacidad por los traumatismos.

Cabe mencionar que el artículo 146 del Código Nacional de la Policía Nacional contempla multas de $216.474 a $1.731.792, equivalentes a 4 a 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, para agresiones en sistemas de transporte.

Del mismo modo, se estima que las autoridades podrían imputar delitos en contra de la señalada responsable por la violencia contra servidor público, lesiones personales y hasta tentativa de homicidio, por lo que se está a la espera de los avances en el proceso judicial.

Alerta por casos de violencia dentro y fuera del sistema de transporte en Cali

El cuerpo de una persona fue hallado el lunes 25 de mayo de 2026 dentro de un costal abandonado cerca de una estación del MIO en el barrio La Rivera, en el norte de Cali, tras el aviso de residentes que detectaron un olor fuerte en la vía pública.

La Policía atribuyó el contexto de estos hechos a disputas criminales: “Vemos esa ola de violencia que se da en el marco de lo que tiene que ver con ajustes de cuentas entre estos grupos criminales, que aprovechan los fines de semana... De esos homicidios, el 46% de las víctimas tenían precisamente registros o anotaciones judiciales”, afirmó a Blu Radio el general Herbert Benavides, comandante de la Policía de Cali.

Según información preliminar, el hallazgo ocurrió en un separador vial de la calle 70, entre las carreras 1J y 1H, en inmediaciones de la estación del MIO del sector. Los transeúntes alertaron a las autoridades al notar el costal en ese punto.

Al lugar llegaron unidades de la Policía Metropolitana de Cali y personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía para acordonar la zona y realizar la inspección. El cadáver fue trasladado a Medicina Legal para exámenes forenses que permitan establecer la identidad y la causa de muerte.

Las autoridades indicaron que este sería el segundo caso de un cadáver encontrado en condiciones similares en menos de dos semanas en la ciudad. Las autoridades se encuentran analizando versiones preliminares sin confirmación oficial que señalan que el costal pudo haber sido abandonado por desconocidos que se movilizaban en un vehículo.

La noche de ayer 9 de junio parecía transcurrir con normalidad en las afueras de la ciudad de Masaya. Sin embargo, detrás de las paredes del Auto Hotel “Momentos Diferentes”, ubicado a escasos 70 metros al norte de la rotonda El Coyotepe, se gestaba una tragedia que hoy enluta a una familia nicaragüense y deja a un niño en la orfandad.

María Celeste Meza Valle, de 30 años, ingresó a ese lugar sin saber que sería el escenario de sus últimos minutos de vida, presuntamente a manos de su cónyuge, Walter Ramón Martínez Trujillo, de la misma edad.

El reloj marcaba aproximadamente las 08:30 de la noche cuando la pareja arribó al establecimiento a bordo de un taxi Toyota Yaris, color blanco, con placas M 12-654. Nadie en el motel sospechaba que, bajo la aparente tranquilidad de los clientes, se escondía un historial de conflictos personales y económicos que estaba a punto de estallar de la peor manera posible.

Minutos después de que la pareja se instalara en la habitación, la atmósfera del lugar cambió drásticamente. Los trabajadores y testigos del auto hotel se alertaron al escuchar gritos desgarradores de auxilio que provenían del cuarto. El instinto de protección hizo que el personal del establecimiento acudiera de inmediato a revisar qué sucedía, pero el escenario que encontraron al abrir la puerta fue devastador.

María Celeste yacía gravemente herida dentro del baño de la habitación, ensangrentada y luchando por su vida. Mientras el personal intentaba asimilar el horror de la escena, el presunto agresor, Walter Ramón Martínez Trujillo, ya había iniciado una precipitada huida.

Con la adrenalina del crimen y el desespero de evadir a la justicia, Martínez subió al taxi Toyota Yaris y aceleró a fondo. En su violento escape, impactó fuertemente contra una parte del portón principal del motel, destrozando la estructura antes de incorporarse a la carretera a toda velocidad.

Los empleados, en medio de la crisis, llamaron de urgencia a las autoridades policiales y a los cuerpos de socorro con la esperanza de salvar a la joven madre. Sin embargo, el daño ya estaba hecho; al llegar al lugar, los paramédicos solo pudieron confirmar que la víctima ya no presentaba signos vitales.

El “Plan Candado” y la captura en la madrugada

La respuesta de la Policía Nacional del departamento de Masaya fue inmediata. Tras recibir la denuncia y constatar la gravedad del femicidio, se activaron de urgencia los bloques operativos y los equipos especiales de investigación criminal. La consigna era clara: cerrar las vías de salida del departamento mediante un intenso “Plan Candado” para evitar que el sospechoso lograra refugiarse en otra zona del país.

El primer rastro del sospechoso apareció pocas horas después del crimen. Los agentes localizaron el taxi Toyota Yaris abandonado a la orilla de la carretera que conecta Tipitapa con Masaya, exactamente a unos cinco kilómetros de distancia del auto hotel. El vehículo presentaba los daños visibles del choque contra el portón, pero Martínez Trujillo ya no estaba en su interior; había continuado su escape a pie o buscando otro medio de transporte bajo la sombra de la noche.

A pesar de sus esfuerzos por ocultarse, el despliegue policial no cesó. Durante el transcurso de la madrugada, los equipos de búsqueda lograron ubicar el paradero de Walter Ramón Martínez Trujillo. El sospechoso fue capturado de forma inmediata y trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad hacia las celdas preventivas de la delegación policial de Masaya, donde permanece bajo estricta custodia.

Su trágica muerte deja ahora en la orfandad a un menor de edad, quien se convierte en la víctima colateral más vulnerable de este crimen. Fuentes extraoficiales han señalado que la relación entre María Celeste y Walter Ramón estaba severamente desgastada por constantes conflictos vinculados a asuntos económicos y problemas personales.

No obstante, corresponderá a los peritos y a los investigadores de la Policía Nacional determinar con exactitud los móviles del crimen mediante la recolección de evidencias físicas y testimoniales.

Un hombre fue acusado de abuso sexual en contra de dos menores de edad en Magangué (Bolívar), lo que generó rechazo en los habitantes del departamento que exigieron justicia y acompañamiento psicológico para las víctimas.

De acuerdo con el reporte oficial, el detenido es investigado por agredir carnalmente a sus sobrinas de 4 y 5 años, por lo que fue puesto a disposición de la justicia tras un operativo policial en el que se le comunicaron sus derechos y se le indicó que sería llevado a juicio.

El sujeto cayó en el barrio Centro de Magangué al ser señalado de aprovecharse de sus sobrinas, además de cometer actos sexuales en contra de su hijastra. El arresto se realizó por orden judicial y el caso está siendo tramitado por la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia y la Fiscalía General de la Nación.

El informe policial, difundido por medios locales como El Universal, indicó que el investigado utilizaba la relación familiar para acercarse a las niñas y someterlas a todo tipo de vejámenes sexuales.

Además, la investigación logró establecer que después de los abusos, el agresor las bañaba y cambiaba de ropa con la intención de eliminar cualquier rastro del ataque y no ser descubierto por las madres de las pequeñas.

Del mismo modo, las pesquisas determinaron que su hijastra habría sido víctima de actos lascivos y amenazas. Este patrón incluía coacción, lo que impedía que las menores pudieran denunciar lo sucedido por el miedo que tenían a su agresor.

El señalado abusador ya tenía antecedentes

El hombre quedó bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación, donde enfrenta un proceso por acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Sin embargo, la Policía de Bolívar confirmó que el agresor ya tenía una anotación judicial previa por delitos sexuales del mismo tipo.

Cabe mencionar que la captura fue realizada gracias a una orden emitida por el Juzgado Tercero Promiscuo municipal de Magangué, y se ejecutó en la carrera 4 con calle 16 del barrio Centro.

Ante la gravedad del caso, las autoridades recordaron que las instituciones sí realizan las respectivas intervenciones frente a los delitos cometidos contra niñas y adolescentes, por lo que pidieron a la comunidad que denuncie cualquier tipo de ataque para poder actuar rápidamente y rescatar a las víctimas.

Padre abusó sexualmente de sus hijas

Otra de las denuncias que causó indignación en el país está relacionada con un hombre de 33 años que fue capturado en Bogotá por abusar de sus dos hijas de 5 y 10 años durante cerca de 6 años, en un operativo conjunto de la Policía y la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso aprovechaba la ausencia de la madre para suministrar somníferos a las niñas y agredirlas de forma sistemática. También las habría amenazado de muerte y sometido a presiones y maltratos físicos para evitar que revelaran lo ocurrido.

Según la investigación, las menores ya mostraban conductas de riesgo y cambios de comportamiento, señales que alertaron a los profesionales de la salud y a los investigadores.

¿Cómo denunciar un caso de abuso sexual contra menores de edad?

Las autoridades recordaron la importancia de notificar cualquier caso de violencia sexual contra menores a lo largo y ancho del territorio nacional, con el fin de garantizar el bienestar de los niños y adolescentes.

Para este fin se encuentran disponibles la línea de emergencias 123 y el 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para orientación y acompañamiento.

El acceso a estos canales facilita la respuesta oportuna ante delitos sexuales y contribuye a la protección de las víctimas. Las instituciones insisten en que la colaboración ciudadana permite actuar rápidamente y fortalecer el cuidado de la infancia.

Oficiales de la SSC detienen a un hombre de 45 años en la alcaldía Venustiano Carranza tras identificarlo como el sujeto que aparece en un video donde presuntamente agrede a un adulto mayor. La corporación lo asegura en posesión de 20 bolsitas con aparente marihuana y dinero en efectivo, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

La detención se da luego de que el pasado 29 de mayo de 2026 se difunde en redes sociales un video en el que se observa a un hombre golpear a un ciudadano mientras caminaba por calles de la colonia La Michoacana, en Venustiano Carranza, según la SSC. A partir de esa denuncia, la dependencia activa labores de investigación e inteligencia en la zona para ubicar al posible responsable.

Como parte del seguimiento, los uniformados realizan entrevistas con vecinos, montan vigilancia y revisan registros de cámaras de videovigilancia para establecer la ruta de escape y el área de movilidad del individuo, además de obtener su media filiación, de acuerdo con la SSC. Con esa información, intensifican los recorridos en calles cercanas para localizar a alguien con las mismas características.

La SSC informa que durante los patrullajes en la colonia Janitzio, los policías detectan a un hombre que coincide con el perfil buscado. La dependencia señala que el sujeto muestra una conducta inusual mientras manipula bolsitas de plástico similares a las que suelen usarse para la venta de narcóticos.

El aseguramiento ocurre en la avenida Congreso de la Unión y la calle Diagonal, donde los agentes le marcan el alto ante el probable hecho delictivo, según la SSC. En apego a los protocolos de actuación policial, le practican una revisión precautoria.

En esa inspección, la SSC reporta el aseguramiento de una mochila tipo cangurera que contenía 20 bolsitas transparentes con aparente marihuana y dinero en efectivo. Con esos indicios, los policías concretan la detención y resguardan la presunta droga.

La corporación señala que al detenido se le comunican sus derechos de ley y es trasladado ante el agente del Ministerio Público, junto con lo asegurado. La autoridad ministerial determinará su situación legal y dará continuidad a la carpeta de investigación correspondiente, de acuerdo con la SSC.

• La SSC detiene a un hombre de 45 años ligado a un video de presunta agresión a un adulto mayor en Venustiano Carranza.
• El aseguramiento ocurre en Congreso de la Unión y Diagonal; le hallan 20 bolsitas con aparente marihuana y dinero en efectivo.
• El detenido queda a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación legal y la investigación.

Aumenta el número de ancianos, aumenta el abuso

Entre 2015 y 2030 se espera que en todos los países aumente sustancialmente el número ancianos, y en algunos casos, tristemente también aumentan los abusos de los que esta población es víctima.

A pesar de que sigue siendo uno de los tipos de violencia menos tratados en los estudios que se llevan a cabo y menos abordados en los planes de acción, el maltrato a los ancianos ha comenzado a ganar visibilidad. Es un problema social que merece la atención de la comunidad internacional ya que afecta la salud y los derechos humanos de millones de personas mayores en todo el mundo.

Por esta razón, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, con el fin de expresar de manera global la oposición a los abusos y los sufrimientos infligidos a algunas de nuestras generaciones mayores. (Fuente: ONU)

El maltrato hacia este sector daña también a la familia, a la sociedad y a las instituciones, pues el impacto negativo en su salud física y emocional es inmediato y su atención integral representa un costo económico considerable.

Las estadísticas sobre el maltrato en la vejez son datos alejados de la realidad, debido a que la mayoría de los adultos mayores que lo viven no lo denuncian. Esta situación tiene su origen en distintas razones:

• no aceptan que están siendo maltratados,
• tienen temor a las represalias; pues es el único familiar con el que cuentan,
• creen que es temporal,
• no quieren que su familiar o cuidador vaya a la cárcel,
• desconocen con qué autoridad deben dirigirse,
• o su condición física o cognitiva no les permiten realizar una denuncia.

La conjunción de estos aspectos hace de este tema un asunto complejo. Por fortuna las perspectivas de derechos humanos y de género se han sumado al estudio de este fenómeno favoreciendo su conocimiento y atención. Sumado a ello, el interés de las asociaciones civiles, las instituciones públicas y privadas que trabajan violencia (desde la teoría y la atención directa), han favorecido la generación de nuevas políticas públicas orientadas a combatirlo.

La detención se realizó el domingo 31 de mayo de 2026 en una institución educativa de la capital del Valle del Cauca, donde el implicado cumplía funciones como jurado de votación asignado por la Registraduría Nacional para las elecciones presidenciales.

Según el reporte oficial, el hombre ejercía como profesor de Ética y Valores, donde aprovechaba su rol de educador para cometer presuntos tocamientos indebidos y acoso sexual al interior del aula.

Según los reportes del proceso investigativo, los hechos denunciados ocurrieron en septiembre de 2025 dentro del salón de clases. La investigación sostiene que el señalado se valió de la cercanía con los estudiantes y de la posición de autoridad que tenía sobre ellos.

El indiciado trabajaba desde hacía seis años como profesor en el área de Ética y Valores en un establecimiento educativo de la ciudad.

“Nuestros funcionarios lograron establecer la presunta responsabilidad de esta persona quien, aprovechándose de su rol como docente del área de Ética y Valores, realizaba actos abusivos contra esta menor de edad”, mencionó el brigadier general Óscar Mauricio Rico Guzmán, director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional.

Al revisar los sistemas de información y las bases de datos de la Fiscalía General de la Nación, las autoridades constataron que el detenido tiene dos anotaciones vigentes por delitos de connotación sexual. Esa verificación hizo parte del análisis de antecedentes judiciales practicado luego de la captura.

“El victimario presuntamente, realizaba tocamientos, indebidos y acoso sexual a una menor de tan sólo nueve años de edad al interior del salón de clases. Se necesitaron cinco meses de investigación para la recolección de pruebas por lo que los otros funcionarios lograron establecer la presunta responsabilidad de este hombre”, afirmó el oficial.

Tras su captura, fue trasladado y puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para los trámites de legalización de captura, imputación de cargos y definición de su situación jurídica.

La Policía Nacional pidió a la ciudadanía utilizar los canales institucionales para denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad y los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Capturan a hombre que abusó de una niña indígena de cuatro años en Cali

De otro lado, la Policía Nacional reportó la captura de un hombre acusado por abuso sexual contra una menor de cuatro años, perteneciente a una comunidad indígena.

Los hechos ocurrieron el 28 de mayo, cuando la familia, desplazada y en condición de alta vulnerabilidad, se encontraba en la plazoleta de San Francisco, en el centro de Cali.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, citado por Noticias RCN, el presunto agresor se acercó con una oferta de ayuda económica y productos básicos. La mujer aceptó y se trasladó con el hombre y los niños en motocicleta hasta el barrio El Calvario, donde dejaron al hijo mayor en la vivienda donde residían de manera temporal.

El recorrido siguió hasta una tienda en el barrio Aranjuez, donde el hombre le entregó dinero a la madre y le pidió que entrara a hacer las compras, mientras él esperaba afuera con la niña. Fue en ese momento cuando escapó con la menor hacia el sector de Ladera, en el barrio Los Chorros, donde la llevó a una vivienda del sector, la retuvo y cometió el abuso sexual.

El caso fue detectado por el llanto persistente de la menor, que alertó a habitantes de la zona. Una llamada a la línea 123 permitió la intervención inmediata de las autoridades, que ya adelantaban la búsqueda tras la denuncia presentada por la madre, y logrando la captura del sujeto en flagrancia.

“La menor fue trasladada de manera inmediata a la clínica Valle de Lili, donde un equipo médico especializado activó la ruta de atención integral para el restablecimiento de sus derechos. Desafortunadamente, su pronóstico de salud es reservado”, declaró el general Herbert Benavides, comandante de la Policía de Cali en atención a los medios de comunicación.

Las autoridades confirmaron que el detenido tiene 28 años y antecedentes judiciales por acto sexual violento, lesiones personales e injuria por vías de hecho, según el texto fuente. Tras su captura, quedó vinculado a un proceso por secuestro y abuso sexual agravado.

En la jornada del 3 de junio de 2026, un juez de control de garantías envió a prisión a dos sujetos identificados como Felipe Manuel Ricardo Begambre y Camilo Andrés Manjarezz Parra, tras ser señalados de atentar contra la tranquilidad de los turistas en Cartagena, puesto que les exigían dinero bajo amenaza de muerte.

Según el reporte de la Fiscalía General de la Nación, el caso expuso una modalidad de extorsión dirigida contra extranjeros en la zona de Bocagrande, muy reconocida por la cantidad de personas que se alojan en el sector, debido a su cercanía a las playas y otros servicios turísticos.

Los hechos ocurrieron el 22 de mayo de 2026, en el momento en el que un ciudadano de Estados Unidos, de 67 años, y su compañera sentimental fueron abordados por varios hombres que los intimidaron con armas cortopunzantes.

La decisión judicial fue anunciada después de que una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de la Seccional Bolívar presentara los elementos materiales probatorios del caso, por lo que los dos procesados fueron imputados por extorsión agravada. Sin embargo, ninguno de ellos aceptó su responsabilidad en el delito.

Los delincuentes tenían identificados a los extranjeros

Los agresores les dijeron a las víctimas que debían entregar 750 dólares para evitar un ataque en contra de su integridad. Después los siguieron y, al día siguiente, les aseguraron que sabían dónde se hospedaban, por lo que les pidieron $1 millón en efectivo adicional para no asesinarlos.

La entrega del dinero fue pactada en inmediaciones de un hotel de Bocagrande, donde se llevó a cabo un operativo coordinado con el Gaula de la Policía Nacional que permitió capturar a los ahora procesados cuando recibían la suma exigida a los turistas que denunciaron lo que estaba ocurriendo.

Según información de la Policía Nacional, los dos hombres integraban una modalidad de extorsión por intimidación que tenía como blanco principal a turistas en playas y otros puntos concurridos de Cartagena. La institución indicó que los sospechosos se presentaban como integrantes del Clan del Golfo para presionar a sus víctimas.

Del mismo modo, se indicó que los atacantes llegaban a la playa, permanecían allí durante varias horas y observaban a distintas personas hasta elegir a quienes iban a abordar. Después, los intimidaban verbalmente y les exigían dinero a cambio de no atentar contra su integridad, convirtiéndose así en una de las redes de extorsión más peligrosas de la región.

La reconstrucción de los hechos, hecha por el diario local El Universal, confirmó que, tras la primera amenaza, los hombres recurrieron a su destreza en la ciudad para ubicar el lugar de alojamiento de las víctimas y formular una nueva exigencia económica.

La Policía Nacional sostuvo que la oportuna denuncia de los afectados permitió activar un “operativo relámpago” que desencadenó la captura para evitar que más turistas caigan en esta red.

Tras lo ocurrido, se pronunció el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, que afirmó: “Con estas acciones operativas, le cerramos el cerco a la delincuencia común, que busca generar temor en los ciudadanos, en especial en los sitios turísticos de la ciudad. La denuncia oportuna nos permite actuar con contundencia frente al delito y blindar en seguridad a todas las personas que confluyen en sitios de alta demanda turística en la ciudad”, según la información citada por el medio local.

Cabe mencionar que en los primeros meses de 2026, las autoridades capturaron a 34 personas por extorsión en la ciudad. De ese total, 24 fueron detenidas en flagrancia cuando pretendían reclamar dinero producto de exigencias ilegales, y otras 12 por orden judicial, de acuerdo con el balance oficial citado por la Policía Metropolitana de Cartagena.

La captura de Carlos Alexis Mencía, alias “Gato Negro”, representa el primer gran avance en las investigaciones de la masacre ocurrida en Rigores, Trujillo, donde fueron asesinadas 20 personas el pasado 21 de mayo.

El ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, confirmó este martes que el sospechoso fue detenido en la ciudad de La Ceiba mediante una operación coordinada por los cuerpos de seguridad del Estado, luego de varias semanas de seguimiento e investigaciones.

Según informó el funcionario, al momento de su captura, Mencía portaba armas de fuego e indumentaria de uso exclusivo relacionada con la Policía Nacional, elementos que han sido incorporados al expediente investigativo y que podrían aportar nuevas líneas de investigación sobre la estructura criminal detrás del ataque.

Las autoridades consideran a “Gato Negro” como el presunto autor intelectual de la matanza que dejó 20 personas fallecidas el pasado 21 de mayo en Rigores, una comunidad ubicada en la zona atlántica del país. El hecho provocó conmoción nacional debido a la cantidad de víctimas y a la violencia con que fue ejecutado.

De acuerdo con las primeras hipótesis manejadas por los investigadores, el crimen habría sido motivado por una venganza derivada de conflictos criminales que operan en la región.

El ministro Velásquez explicó que la acción habría sido ejecutada por un grupo de sicarios que actuó bajo planificación previa.

Por su parte, el director de la Dirección Policial de Investigaciones, Rolando Ponce, indicó que la captura constituye el primer arresto directamente relacionado con la masacre y que las investigaciones se encuentran en una fase avanzada.

El jefe policial detalló que las pesquisas apuntan a que el origen del conflicto estaría vinculado a disputas por el control del robo y comercialización ilegal del fruto de la palma africana, una actividad que genera importantes ingresos económicos en varias comunidades del departamento de Colón.

Según explicó Ponce, en la zona operan grupos criminales dedicados al hurto de la producción de palma africana, situación que durante los últimos años ha provocado enfrentamientos violentos entre bandas rivales y ha incrementado la inseguridad para los habitantes del sector.

Las autoridades sostienen que la estructura criminal detrás de estos hechos habría mantenido una disputa prolongada por el control de territorios y actividades ilícitas relacionadas con este rubro agrícola, considerado uno de los principales motores económicos de la región.

Como parte de las investigaciones, este mismo día equipos forenses realizaron exhumaciones de algunas de las víctimas de la masacre, diligencias que buscan fortalecer la recolección de evidencias y esclarecer completamente las circunstancias en que ocurrieron los asesinatos.

El ministro de Seguridad aseguró que el proceso investigativo continúa activo y que se esperan nuevas capturas en los próximos días.

Asimismo, reiteró que las fuerzas de seguridad mantienen operaciones en distintos puntos del litoral atlántico para ubicar a otros presuntos responsables.

“Las investigaciones están bien avanzadas y esperamos dar con la captura de otros involucrados”, manifestó el director de la DPI, quien destacó el trabajo de los equipos especializados encargados del caso.

La captura de Mencía es considerada por las autoridades como un avance significativo para llevar justicia a las familias de las víctimas y desarticular las estructuras criminales que operan en la región.

No obstante, los investigadores sostienen que aún quedan varios sospechosos por identificar y capturar.

Carlos Alexis Mencía será presentado ante los tribunales competentes en las próximas horas para responder por los delitos que le sean imputados conforme avance el proceso judicial.

Mientras tanto, los cuerpos de seguridad aseguran que continuarán desarrollando operativos y acciones de inteligencia para esclarecer por completo uno de los hechos más violentos registrados en Honduras durante el presente año.

Las imágenes causaron indignación entre la ciudadanía, así que la Policía Metropolitana de Bogotá tuvo que pronunciarse el 2 de junio confirmando que la intervención en contra del trabajador ambulante se realizó “debido al alto grado de exaltación”, así que “se hizo necesario hacer uso proporcional de la fuerza”.

En las imágenes, el joven aparece cantando en el sector en el momento en que los uniformados se acercan y, a los pocos segundos, se produce un forcejeo. El perro se muestra fiel a su amo y se mantiene cerca de él durante el procedimiento.

Los internautas se mostraron sorprendidos con la acción policial y resaltaron que el animal ladraba “como pidiendo ayuda”, mientras que varias personas presenciaban lo sucedido.

En las imágenes se aprecia que el músico pedía apoyo de la comunidad, mientras que su animal de compañía se mantenía cerca de él. En la escena se aprecia el momento en el que una mujer intentó intervenir para reclamar por la actuación de los agentes, pues consideraba que se estaba haciendo un uso desmedido de la fuerza.

La grabación de uno de los ciudadanos que registró lo sucedido se compartió a través de las plataformas digitales, lo que desató cuestionamientos sobre el presunto abuso policial, además de pedidos de explicaciones sobre lo ocurrido.

Ante el llamado de la ciudadanía, la Policía Metropolitana de Bogotá emitió un comunicado en el que aseguró que los hechos ocurrieron en la mañana del 27 de mayo de 2026 en la localidad de Suba, e indicaron que tuvieron que intervenir como respuesta a las quejas de la comunidad.

“Atendiendo los reiterativos llamados de los ciudadanos residentes del sector a la línea 123, por parte de las continuas afectaciones a la convivencia y seguridad ciudadana generadas por parte del comercio informal ubicado en ese lugar, fue necesaria la llegada de manera inmediata de una de nuestras patrullas al lugar donde se solicitó a un ciudadano retirarse del sitio”, indicó el reporte oficial entregado por el coronel Álvaro Mora, comandante operativo de reacción y control de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Del mismo modo, el vocero de la institución aclaró lo siguiente: “Esta persona con actitud agresiva hace caso omiso a la recomendación de la policía y debido al alto grado de exaltación, se hizo necesario hacer uso proporcional de la fuerza”

En el reporte, la Policía indicó que impuso “un comparendo en cumplimiento a la ley 1801 de 2016 por irrespeto a la autoridad y desacatar las recomendaciones de los uniformados de retirarse de ese lugar”.

El mismo comunicado agregó que la respuesta de las autoridades “se hace necesaria para proteger su vida e integridad, al igual que la de los uniformados, aplicar el medio de policía de traslado por protección”.

La fuerza pública cerró su explicación con un pedido a la ciudadanía: “Se hace un llamado a toda la comunidad a que trabaje de la mano con la Policía Nacional en pro de la convivencia y seguridad ciudadana”.

Ante el revuelo generado, a través de las redes sociales, una usuaria identificada como Pat Martínez, confirmó que el músico ya regresó a su casa y está con su mascota: “El joven gracias a Dios está libre, con marcas de las esposas en sus muñecas y su perrita milagrosamente llegó a su casa, él no sabe cómo. Es un muchacho tranquilo, canta y toca guitarra en esa zona desde hace tiempo. Nada justifica el maltrato que le dieron a él y a su perrita”.

Poco después, la cantante July Rodríguez la invitó a un casting para la agrupación femenina de salsa Hechiceras, donde fue seleccionada y empezó a ganar notoriedad. En esa etapa vivió un romance con el futbolista ‘Chemo’ Ruiz y más adelante mantuvo una amistad cercana con el locutor Edwin Sierra.

Sobre esa relación, Widausky relató: “Edwin (Sierra) me dio un plus diferente. Él me hizo más pública y la gente comenzó a conocerme más. Él se molestó mucho conmigo en un primer momento porque creyó que yo armé todo eso, pero luego se dio cuenta de que no y continuamos siendo amigos”.

La exposición de Widausky se tornó más compleja en 2015, cuando fue hallada en un taxi donde asesinaron a ‘Chino’ Saucedo, personaje vinculado al caso de Gerald Oropeza. Poco después, sufrió un atentado en su vivienda y solicitó protección policial. Frente a cámaras, expresó: “No entiendo por qué me buscan. No entiendo por qué me quieren lastimar si yo no sé nada”.

En 2017, volvió a la prensa por su relación con el delincuente Luis Fernando Moreno Senepo, quien fue asesinado en la bajada Almendariz. Imágenes halladas en el teléfono del criminal la mostraban junto a él y las investigaciones insinuaron que la relación sentimental habría motivado el crimen, aunque la modelo rechazó esas versiones.

En 2020, un reportaje de Magaly TV, la firme mostró a la modelo saliendo de un restaurante y entrando a un hotel con un político. Widausky denunció por difamación a Magaly Medina y, en 2026, la periodista fue sentenciada a prisión y al pago de una reparación civil en primera instancia, pero luego el proceso quedó archivado.

La modelo declaró a La República: “En el año 2020, la señora Magaly volvió a hacer una nota bastante denigrante hacia mi persona, donde me involucra en un segundo caso de un hecho sangriento, en el que yo no tuve absolutamente nada que ver. Luego, me denigró como mujer con un reportaje (...). A mí se me cerraron las puertas”.

Uno de los momentos más comentados ocurrió en octubre de 2025, cuando Widausky participó en el programa El valor de la verdad. Sentada en el sillón rojo, respondió veinte preguntas sobre su vida. Allí reveló que fue víctima de abuso sexual a los cuatro años por parte de un familiar, confesión que validó el polígrafo y que conmovió a la audiencia.

Admitió haber priorizado el dinero en sus relaciones y aceptado dinero a cambio de sexo, defendiendo su autonomía: “Es mi vida, es mi cuerpo”. También expuso vínculos con figuras polémicas como Gerald Oropeza y Edwin Sierra, y relató cercanía a situaciones violentas. Tras veinte respuestas validadas, optó por retirarse del programa y obtuvo S/25.000.

Nadeska capturada por la Interpol

El 26 de mayo de 2026, Nadeska Widausky fue detenida en Lima por agentes de Interpol tras emitirse una orden internacional de arresto desde Bélgica. El operativo, coordinado bajo una Notificación Roja, la señala por presuntos vínculos con redes de trata de personas y otros delitos. Hasta el momento, las autoridades europeas no han dado detalles sobre los siguientes pasos judiciales.

Su detención resultó sorpresiva para quienes seguían su actividad en redes sociales, ya que pocos días antes compartía publicaciones desde Arequipa. El caso volvió a reactivar sospechas sobre conexiones con el entorno de Gerald Oropeza y su historial en la farándula.

En el ámbito patrimonial, la Tercera Fiscalía de Extinción de Dominio de Lima logró recuperar un departamento y un estacionamiento a nombre de Widausky e Ítalo Farias en Jesús María, por un valor de US$ 255.157,60. Los bienes fueron adjudicados al Programa Nacional de Bienes Incautados tras relacionarse con lavado de activos, estafa y robo agravado. Los peritajes contables indicaron un déficit patrimonial de S/ 762.119,26 para la modelo y de S/ 4’356.760,00 para Farias, cifras que justificaron la extinción de dominio.

Nadeska Widausky recibió 9 meses de prisión preventiva

El Poder Judicial programó para este miércoles 27 de mayo a las 11:00 horas una audiencia virtual destinada a analizar la solicitud de extradición de Nadeska Widausky Gallo, requerida por la justicia de Bélgica.

El requerimiento internacional se fundamenta en investigaciones por supuestos delitos de trata de personas, proxenetismo y robo con violencia o amenazas. Durante la audiencia se revisaron los documentos enviados por el país solicitante y los procedimientos realizados tras la detención de la ciudadana peruana en Lima. Además, se pidió un plazo de 9 meses de prisión preventiva antes de ser extraditada a Bélgica para continuar las investigaciones.

Luego de una larga audiencia que se retomó por la tarde del miércoles 27, el 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima dictó nueve meses de detención preventiva con fines de extradición contra la modelo e influencer peruana Nadeska Widausky Gallo, acusada por la justicia de Bélgica de integrar una red criminal transnacional dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y proxenetismo.

Hasta el momento la influencer desconoce a qué centro penitenciario será trasladada por lo que se encuentra en la carceleta del INPE a la espera de su reclusión.

En una rápida intervención, funcionarios de la Policía Nacional de Honduras, a través de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), lograron la detención en flagrancia de un ciudadano de nacionalidad salvadoreña.

Al extranjero se le supone responsable del delito de violación en perjuicio de una joven hondureña de 21 años, en un hecho ocurrido en la zona occidental del país.

Según el informe de los cuerpos policiales y las declaraciones brindadas por el vocero de la institución, el incidente se registró aproximadamente a las 10:00 de la noche.

La víctima se encontraba en el desvío del municipio de Dulce Nombre con la intención de trasladarse hacia Santa Rosa de Copán. Al encontrarse en la carretera, la joven solicitó un “jalón” o “ride” al conductor de un vehículo de carga pesada que transitaba por la zona.

El reporte preliminar detalla que, tras abordar la pesada unidad, el conductor avanzó un par de metros y posteriormente estacionó el automotor a la orilla de la carretera. En ese momento, el sospechoso presuntamente comenzó a realizar actos indebidos. Acto seguido, habría sacado un arma blanca para amordazar, amenazar y someter a la víctima, obligándola a sostener relaciones sexuales contra su voluntad.

Una vez cometido el abuso, el agresor trasladó a la joven hasta la terminal de buses de Santa Rosa de Copán, donde la abandonó. Agentes policiales que realizaban patrullajes preventivos en la zona detectaron la situación y atendieron a la víctima de manera inmediata.

Tras brindarle el resguardo necesario, la trasladaron a las oficinas de la DPI, donde un equipo especializado le ofreció acompañamiento psicológico y asesoramiento legal para formalizar la denuncia correspondiente a través del Sistema Nacional de Emergencias 911.

Con la información recabada, los equipos de la Unidad Departamental de Investigación Criminal N°4 (UDIC-4) desplegaron labores de seguimiento y vigilancia. El sospechoso fue localizado y requerido frente a una gasolinera en el barrio Miraflores de la misma ciudad. Al momento del arresto, las autoridades decomisaron un vehículo tipo cabezal, color amarillo, cargado con harina, el cual procedía de San Pedro Sula y tenía como destino El Salvador.

Declaraciones de los involucrados

Al ser interrogado por medios locales, el detenido, un hombre de 48 años originario de El Salvador y residente en la colonia San Gabriel, negó las acusaciones argumentando su inocencia:

“Yo la dejé allí en la terminal y yo me parqueé más adelante. Si hubiera hecho algo malo, ¿cree que me hubiera quedado ahí?”, manifestó el conductor, confirmando que sí trasladó a la joven tras su petición.

Por su parte, el vocero policial enfatizó que el caso ya se encuentra en manos del Poder Judicial, órgano encargado de evaluar las pruebas. Ante los cuestionamientos de la prensa sobre los motivos por los cuales la joven se encontraba en la carretera a altas horas de la noche.

De ser encontrado culpable en un juicio oral y público, el ciudadano salvadoreño enfrentará severas sanciones penales. De acuerdo con el Código Penal vigente en Honduras, el delito de violación simple establece una pena abstracta que oscila entre los 9 y 12 años de prisión.

No obstante, la condena podría incrementarse si el Ministerio Público logra acreditar agravantes específicas durante el proceso. En este caso particular, el uso de un arma blanca para amordazar e intimidar a la víctima, así como la ejecución del acto en un lugar solitario y durante la noche (aprovechándose de la vulnerabilidad de la joven), facultan al juez para aplicar la pena en su tramo máximo, la cual podría alcanzar hasta los 15 años de reclusión.

Según el reporte entregado por las autoridades, entre los detenidos se encuentra un hombre identificado con el alias de Winny, señalado como cabecilla de comisión de la organización armada que opera en la Orinoquía colombiana.

La operación se ejecutó de forma simultánea en Meta, Cundinamarca y Tolima, con coordinación de la Policía, la Fiscalía y apoyo del Ejército.

Además de ‘Winny’, también fueron detenidos alias la Bichota, identificada como presunta cabecilla de las Redes de Apoyo a las Estructuras Residuales; y alias Vicente, a quien las autoridades señalan como explosivista de la organización.

Perfil criminal

De acuerdo con la investigación oficial, alias Winny es considerado como una pieza clave dentro de la red encargada de presionar y coordinar cobros extorsivos en esa región, con un recaudo que habría superado los $1.000 millones mensuales.

Informes de inteligencia militar citados por Blu Radio detallan que el capturado tenía la función de ejecutar actividades de terrorismo y suministrar información estratégica sobre las víctimas a la comisión de finanzas de la organización ilegal, con la que se definían exigencias económicas contra sectores productivos.

Los investigadores indicaron que el hombre mantenía cercanía directa con alias Iván Mordisco, quien lo habría delegado para intensificar la presión sobre campesinos, comerciantes, transportadores y ganaderos en los Llanos Orientales, con cobros bajo amenazas.

Las autoridades también señalaron que parte del dinero obtenido de forma ilegal habría sido usado para la compra de caballos de paso fino, motocicletas de alta gama y joyas.

Durante el procedimiento fueron incautados dos teléfonos celulares y tres tarjetas SIM, que serían usadas para coordinar acciones de la estructura.

La Policía Nacional también vincula a esta estructura con el ataque con cilindro bomba perpetrado en 2023 contra tropas del Ejército en el sector de La Loma, en Puerto Gaitán, Meta.

“Con este resultado operacional se logra un debilitamiento directo a las directrices de la estructura criminal bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, impactando principalmente con la fractura logística y financiera”, manifestó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol.

Tras las capturas, los tres cabecillas de las disidencias quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso judicial en su contra.

Capturan a ‘Esteban’, hombre de confianza de alias Calarcá

La detención de alias Winny, ‘La Bichota’ y ‘Vicente’ se suman a otras operaciones efectuadas por la fuerza pública para contrarrestar el accionar criminal de los grupos armados ilegales en el territorio colombiano.

Entre ellos, se destaca la captura de alias Esteban y alias Cristian Rubio, dos cabecillas del frente Joaquín González y hombres de confianza del jefe de una de las disidencias de las Farc, a cargo de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

De acuerdo con el reporte oficial, los sujetos fueron detenidos en la vereda El Paraíso, zona rural de Rovira (Tolima) tras combates con tropas del Batallón Jaime Rook de la Sexta Brigada del Ejército, en el que murió un integrante del grupo cuya identidad sigue sin identificarse.

Los informes de inteligencia le atribuyen a alias Esteban la imposición de cobros a comerciantes, ganaderos, caficultores, transportadores y familias campesinas en municipios como Rovira, Roncesvalles, San Antonio, Ortega, Ibagué y Cajamarca.

Según esos reportes, quienes no cumplían con las exigencias económicas recibían un plazo para pagar y, si no lo hacían, sus familias eran forzadas a abandonar las tierras.

A alias Esteban también se le atribuye el reclutamiento de menores mediante engaños y la coordinación de reuniones con Juntas de Acción Comunal para imponer normas de convivencia forzadas. Las autoridades sostienen que esa combinación de extorsión, intimidación territorial y coacción comunitaria fortalecía las finanzas y el control local de la estructura.

Ambos sujetos quedaron a disposición de las autoridades para su correspondiente judicialización.

Según el reporte oficial, la operación se realizó durante una diligencia de registro y allanamiento en el municipio de Corozal, en el departamento de Sucre, con participación de tropas de la Armada de Colombia y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación.

En el procedimiento, le fueron incautados más de 43 millones de pesos en efectivo. De acuerdo con las autoridades citadas por El Tiempo, ese dinero provenía de actividades ligadas a narcotráfico, extorsión, contrabando, minería ilegal y tráfico de armas en Bolívar, Córdoba y Sucre.

Perfil criminal de ‘Pluma Blanca’

La investigación establece que durante más de un año las autoridades siguieron los movimientos de Barrios Arrieta, en la que detallaron que este sujeto llevaba más de 15 años vinculado a actividades criminales orientadas a fortalecer las capacidades del ‘Clan del Golfo’ en el Caribe colombiano.

Incluso, revelaron que alias Pluma Blanca estaría infiltrándose al interior de la Fuerza Pública para obtener información reservada, traficar armamento y fortalecer corredores ilegales en los tres departamentos mencionados.

A su vez, las autoridades revelaron que este sujeto sería el encargado de perfilar y captar a varios integrantes activos y retirados de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el CTI. Según esa versión oficial, ofrecía dinero a cambio de información operacional y estratégica.

Esa actividad, según revelaron fuentes militares a El Tiempo, contaba con apoyo de alias Chirimoya, uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo, abatido el 5 de abril de 2025 en La Apartada, Córdoba.

Las pesquisas ubican además a alias Pluma Blanca en vínculos con alias Jefferson, cabecilla de la estructura Arístides Mesa Páez del EGC, en el sur de Bolívar.

Según la autoridad naval al diario bogotano, ese jefe habría solicitado armas de corto y largo alcance para sostener confrontaciones con otros grupos armados ilegales, en particular con el ELN, por el control de corredores hacia la subregión de Montes de María.

Según la Armada de Colombia, ese armamento era coordinado por grupos delincuenciales organizados asentados en la Alta Guajira y después enviado a integrantes de la subestructura Erlin Pino Duarte del Clan del Golfo.

Tras la captura, el detenido fue trasladado a Cartagena, donde continuará su judicialización por concierto para delinquir agravado, cohecho y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

Para la Armada de Colombia, la captura afecta de manera directa a la estructura Arístides Mesa Páez y a la subestructura Manuel José Gaitán del Clan del Golfo, al frenar las redes de infiltración institucional que ese grupo mantenía en el Caribe colombiano.

Capturan a alias Odín, cabecilla urbano del Clan del Golfo

La captura de alias Pluma Blanca se suma a otros operativos efectuados por la fuerza pública para contrarrestar el accionar criminal de los grupos armados en el territorio colombiano.

Entre ellos, se destaca la detención de alias Odín, señalado por el Ejército Nacional como cabecilla urbano del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño.

La detención se produjo en zona rural de San Pedro de Urabá (Antioquia) en un operativo de prevención contra la extorsión y el secuestro en el que participaron la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Gaula Militar.

Para las autoridades, el arresto impacta de forma directa el mapa criminal del Urabá porque alias Odín sería el encargado de orquestar las acciones delincuenciales de la estructura Fernando Oquendo Estrada del EGC.

“El capturado era requerido mediante orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, desplazamiento forzado, homicidio, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego”, confirmó la institución castrense.

La investigación detalla que este sujeto coordinaba el cobro de extorsiones y la ejecución de homicidios selectivos. Esos antecedentes hicieron que apareciera en informes militares como uno de los dinamizadores de crímenes en el departamento colombiano.

Las autoridades presumen que ‘Odín’ estaba vinculado al Clan del Golfo desde 2021, aunque su historial delictivo se remonta a varios años atrás. También se logró establecer su presunta participación como coordinador de actividades ilícitas en el municipio de Turbo, en Antioquia.

“Este resultado operacional refleja el compromiso del Comando Gaula de las Fuerzas Militares y demás autoridades en la lucha frontal contra el crimen organizado. Las capacidades institucionales continuarán enfocadas en contrarrestar las acciones de los grupos delincuenciales que afectan la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos en el Urabá antioqueño, especialmente en el municipio de San Pedro de Urabá”, se lee en el comunicado oficial.

Ambas detenciones se produjeron en medio de la discusión sobre las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) que el Gobierno nacional busca abrir para integrantes no extraditables de esa organización, un mecanismo pensado para facilitar su desmovilización y desarticulación durante las negociaciones de paz que se adelantarán en Qatar.

Tras los ataques perpetrados contra la fuerza pública en varias regiones, una de las preguntas más repetidas era sobre el conocimiento previo que tenían las estructuras armadas sobre los movimientos de las diferentes unidades de las Fuerzas Militares.

A pesar de ello, no es algo habitual que se encuentren fracturas al interior de las unidades militares, por lo que sorprendió el comunicado emitido por la Fiscalía Penal Militar y Policial el 19 de mayo con el que confirmó la captura de un soldado que habría estado colaborando con las disidencias de “Iván Mordisco”.

En el documento se informó que en el desarrollo de una investigación se encontraron pruebas que vinculan al uniformado, cuya identidad no fue revelada, con el grupo armado. El soldado estaba adscrito al Batallón de Despliegue Rápido 11 (Badra 11) y será acusado por su presunta participación en el delito de espionaje.

Detalles del caso

La detención se registró luego de que fue emitida una orden de captura por el Juzgado 1714 de Control de Garantías tras una solicitud de la Fiscalía, que identificó pruebas de las filtraciones de información sensible sobre operaciones militares que iban a ser ejecutadas en el suroccidente del país.

De acuerdo con el informe preliminar, la primera filtración se registró el 12 de febrero de 2026 cuando el soldado entregó información sobre las acciones de las Fuerzas Militares en El Plateado, municipio de Argelia, Cauca.

“Entre los datos entregados se incluían detalles de operativos y órdenes de trabajo, transmitidos mediante llamadas telefónicas y el envío de videos a través de la aplicación WhatsApp”.

Desde la Fiscalía Penal Militar y Policial informaron que durante la investigación fue escuchado el testimonio de un desmovilizado del frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central, que identificó mediante un reconocimiento fotográfico al soldado, al que describió como una fuente que suministró datos claves al grupo armado.

La entrega de información se habría registrado durante uno de los momentos de intervención de las Fuerzas Militares en el Cauca para recuperar zonas claves para el tráfico de estupefacientes por parte de los grupos armados y delicuenciales. “La Fiscalía General Penal Militar y Policial reafirma su compromiso firme con la legalidad, la protección de la información institucional y la lucha contra cualquier conducta que atente contra la seguridad y la integridad de las operaciones de la Fuerza Pública”, es como concluye el comunicado.

Cabe recordar que el delito de espionaje en Colombia, cuando es cometido por miembros de la fuerza pública, está tipificado en el Código Penal Militar en el artículo 120 cuando un uniformado revele, entregue, facilite o comunique, a persona no autorizada, documentos, información o datos que deban permanecer en reserva y que puedan afectar la seguridad y defensa nacional, incurre en el delito de espionaje.

De acuerdo con el artículo 120 del Código Penal Militar, por este delito se prevé una pena de prisión que puede oscilar entre 10 y 20 años, dependiendo de la gravedad de la información filtrada y el impacto en la seguridad nacional.

Si se demuestra que el acusado actuó con dolo y que la información entregada puso en riesgo operaciones militares, la pena puede ubicarse en el rango máximo de la escala. Además, el acusado puede enfrentar la destitución de la institución a la que esté adscrito y la inhabilidad para ejercer cargos públicos.

En estos casos, la Fiscalía Militar y Policial es la encargada de asumir todo lo relacionado con el proceso, entendiendo que el espionaje es considerado una de las conductas más graves contra la seguridad institucional y la integridad del Estado, afectando directamente la confianza y operatividad de las instituciones.

Mientras sigue la polémica por las Zonas de Ubicación Temporal que el Gobierno nacional busca abrir para los no extraditables del Clan del Golfo durante las negociaciones de paz que se adelantarán en Qatar, el Ejército Nacional confirmó la captura de alias Odin, cabecilla urbano del grupo armado en el Urabá antioqueño.

La detención se registró durante el desarrollo de actividades de prevención contra la extorsión y el secuestro en una misión en conjunto entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Gaula Militar.

La captura de “Odin”, que sería el encargado de orquestar todas las acciones delincuenciales de la estructura Fernando Oquendo Estrada del Clan del Golfo, impacta directamente el mapa criminal en el Urabá.

“El capturado era requerido mediante orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, desplazamiento forzado, homicidio, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego”, confirmó el Ejército Nacional.

Investigadores confirmaron que “Odin” se encargó de coordinar el cobro extorsivo y la ejecución de homicidios selectivos en municipios como San Pedro, haciendo que se le mencionara en informes militares como uno de los dinamizadores de crímenes en el departamento.

Se presume que estaba vinculado al Clan del Golfo desde 2021; sin embargo, tiene historial delictivo de varios años atrás. Se logró establecer su presunta participación como coordinador de actividades ilícitas en el municipio de Turbo en Antioquia, donde tendría bajo su mando a varios integrantes conocidos con los alias de “Miler”, “Camilo”, “Jhon”, “Gener”, “Grillo”, “Cazador”, “Alex” y “Taison”.

“Este resultado operacional refleja el compromiso del Comando Gaula de las Fuerzas Militares y demás autoridades en la lucha frontal contra el crimen organizado. Las capacidades institucionales continuarán enfocadas en contrarrestar las acciones de los grupos delincuenciales que afectan la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos en el Urabá antioqueño, especialmente en el municipio de San Pedro de Urabá”, se lee en el comunicado oficial.

El Clan del Golfo aceptó que solo ingresen no extraditables a Zonas de Ubicación Temporal

El 19 de mayo se confirmó que el Clan del Golfo aceptó que únicamente integrantes no extraditables ingresen a las Zonas de Ubicación Temporal que han sido propuestas antes del inicio de las negociaciones con el Gobierno nacional.

Luego de semanas de conversaciones para avanzar en un proceso de sometimiento colectivo a la justicia, el objetivo de estos lugares es facilitar la desmovilización y desarticulación del grupo armado.

Durante los diálogos, representantes del Gobierno y delegados del Clan del Golfo discutieron la posibilidad de establecer zonas específicas donde los miembros del grupo puedan concentrarse bajo supervisión estatal, mientras avanzan los procedimientos judiciales y de verificación. La condición impuesta por el Gobierno, y aceptada por el grupo, es que solo aquellos integrantes que no tengan órdenes de extradición pendientes sean autorizados a entrar en estas áreas, excluyendo a quienes enfrentan procesos internacionales, principalmente en Estados Unidos.

Esta medida busca garantizar que el proceso se realice bajo el marco de la justicia colombiana y evitar posibles conflictos diplomáticos o jurídicos derivados de la presencia de personas requeridas por otros países en dichas zonas, lo que incluye a los principales cabecillas del grupo armado que se autorreconoce como Ejército Gaitanista de Colombia y pide que las entidades del Estado los mencionen de esa forma.

El acuerdo también contempla la presencia de organismos de control y verificación, así como la implementación de condiciones de seguridad y vigilancia para evitar incidentes o fugas. Mientras tanto, continúa la revisión de listas entregadas por el Clan del Golfo, con el propósito de identificar a cada miembro y determinar su situación jurídica.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá anunció la captura de un ciudadano de nacionalidad francesa por la presunta agresión a un menor de edad en una sala de cine en un centro comercial de Medellín.

Así lo notificó el alcalde Federico Gutiérrez en su cuenta de X, en la cual manifestó que el extranjero fue detenido en una intervención conjunta de la Policía y los equipos de vigilancia privada del centro comercial ubicado en el sector de El Poblado.

Según el reporte oficial, el hecho concreto ocurrió cuando, concluyendo la función, un grupo de adolescentes comenzó a bailar en la sala; esto desató, según la denuncia, la molestia del hombre extranjero, que persiguió al grupo y alcanzó a uno de ellos.

Ante el llamado de alerta por parte del grupo de jóvenes, las autoridades actuaron oportunamente y detuvieron al ciudadano europeo, en la que se le imputó el delito de lesiones personales tras golpear en el rostro y otras partes del cuerpo al adolescente.

Versión de la madre del menor agredido

Estefanía Zuluaga, madre del menor de edad que fue agredido por el ciudadano extranjero, reveló detalles sobre el motivo del conflicto en la sala de cine de Medellín.

La mujer, en declaraciones a Blu Radio, señaló que su hijo, identificado como Simón, se encontraba con su grupo de amigos viendo la película Michael, una cinta que narra una parte de la historia de vida del fallecido cantante estadounidense Michael Jackson.

Tras confirmar que ellos se encontraban bailando algunas de las canciones del artista norteamericano, al finalizar la función, la madre denunció que el agresor insultó al grupo y luego persiguió a los menores, alcanzando únicamente a su hijo.

“A Simón, él le propinó varios golpes en la cara, en el oído. No fue suficiente para él, regresó otra vez y le dio patadas, y lo volvió a golpear en el rostro”, mencionó la mujer al medio citado.

Entre las consecuencias físicas, la víctima afronta también un notable impacto emocional, ya que, según la familia, “Simón está demasiado inestable, está en shock. Fue también un golpe emocional muy fuerte para él”, añadió.

Actualmente, avanzan las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra el hombre aprehendido, un proceso que involucra el acompañamiento de la familia de la víctima, quien formalizó la denuncia ante la Fiscalía General.

“Pusimos todo nuestro equipo jurídico a disposición de la familia y hacemos seguimiento directo con la Fiscalía y Migración Colombia para que este caso avance y no quede impune”, escribió el mandatario distrital en su cuenta de X.

De igual manera, Gutiérrez expresó sus sentimientos encontrados, al revelarse las causas de la golpiza por parte del extranjero al menor de edad. “Como padre de familia, este tipo de situaciones duelen e indignan. A los niños hay que cuidarlos, protegerlos y rodearlos siempre”, afirmó el alcalde paisa, agregando una fotografía del momento de la captura, donde respondió a cuestionamientos por no revelarse la identidad del presunto agresor.

No obstante, Estefanía Zuluaga llamó la atención sobre el riesgo de impunidad y la posibilidad de que el agresor quede en libertad pronto por la demora en las audiencias. “Él puede mañana coger un vuelo, irse, y todo esto quedó acá. Nosotros no estamos pidiendo garantías, estamos pidiendo que se proteja un menor, que se garantice que esta persona responda ante la justicia”, reclamó la madre.

Pese a la sugerencia de la progenitora de la menor, se conoció que el ciudadano francés fue dejado en libertad, a pesar de haber sido detenido en flagrancia por la Policía.

De acuerdo con información revelada por El Colombiano, la decisión se produjo bajo argumentación judicial de la Fiscalía, que consideró que los delitos atribuidos no permitían la imposición de medida de aseguramiento intramural.

El episodio ha generado indignación local y propició la intervención directa del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien anunció una solicitud formal ante Migración Colombia para la expulsión del extranjero del país.

“Este tipo, de acuerdo a lo que dice la ley, según la Fiscalía, no tendría mérito para solicitarle una medida preventiva, una medida de aseguramiento o medida intramural. Por dicha razón, así yo no esté de acuerdo, hay otras entidades que tienen esto en su competencia, ese tipo quedaría en libertad (...) Yo, desde el sentido común, no puedo estar de acuerdo con eso”, declaró el alcalde paisa en una rueda de prensa.

El suceso se enmarca en un contexto donde las autoridades de Medellín han reportado un aumento de incidentes protagonizados por extranjeros, incluidos disturbios, explotación sexual de menores y alteraciones del orden en espacios públicos durante este año.

Expulsan a ciudadano ruso-estadounidense vinculado a megafiestas en Medellín

Por otra parte, Migración Colombia reportó la expulsión de George Wolfe, ciudadano ruso-estadounidense de 40 años, señalado por su participación en fiestas que alteraron la convivencia en el sector de El Poblado de Medellín.

Según el reporte oficial, fue detectado en el aeropuerto de Palmira (Valle del Cauca) cuando intentaba abordar un vuelo hacia la capital antioqueña, pese a tener prohibido el ingreso al país durante diez años.

El expediente detalla que Wolfe ingresó por segunda vez a Colombia de manera supuestamente irregular, sin registro legal, a través del paso de Rumichaca (frontera entre Colombia y Ecuador) y se desplazó desde allí hasta Cali, eludiendo los controles migratorios previos.

“Este caso demuestra la capacidad de articulación y reacción entre las regionales Occidente y Antioquia-Chocó, que nos permitió detectar nuevamente a una persona que infringe de manera sistemática las normas migratorias”, recalcó Gloria Esperanza Arriero, directora nacional de Migración Colombia.

Esta es la segunda vez que el extranjero es inadmitido en Colombia, ya que en el mes de abril se le abrió un proceso administrativo donde se acreditaron múltiples infracciones reiteradas a las normas de convivencia y desobediencia a los acuerdos previos de salida voluntaria.

Este ciudadano había sido objeto de vigilancia por más de dos años. Las denuncias señalan que organizaba fiestas frecuentes con música a alto volumen y permitía el ingreso de personas supuestamente vinculadas a actividades de prostitución en el edificio Málaga, ubicado en la Comuna 14 de Medellín.

Vecinos reportaron comportamientos agresivos y situación de desorden continuado, lo que dio lugar a la apertura de un expediente con más de doce comparendos, diversos informes ciudadanos e intervenciones policiales documentadas.

“El Ruso pa fuera. Tras dos años de constantes desórdenes, afectaciones a la convivencia y múltiples denuncias ciudadanas, hemos logrado que se expulse del país el ciudadano extranjero George Laevsky Wolfe, quien residía en El Poblado”, expresó Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín en su cuenta de X.

Las fuerzas de seguridad hondureñas capturaron en las últimas horas a una mujer identificada como Jesús Arteaga, conocida con el alias de “La Chuy”, en el municipio de Marale, departamento de Francisco Morazán, por su supuesta vinculación con la estructura criminal denominada “Cártel del Diablo”.

La detención se ejecutó mediante un operativo desarrollado por agentes policiales y cuerpos de inteligencia como parte de las acciones encaminadas a desarticular una de las organizaciones criminales más perseguidas en Honduras y que, según las investigaciones, mantiene operaciones tanto en la zona norte como en el centro del país.

Con esta nueva captura, ya suman diez los integrantes detenidos en apenas 21 días, en una ofensiva de seguridad que ha dejado múltiples allanamientos, enfrentamientos armados y decomisos de drogas y armas en distintos sectores del territorio nacional.

De acuerdo con el informe preliminar brindado por las autoridades, “La Chuy” sería propietaria de un negocio de bebidas alcohólicas en Marale, establecimiento que presuntamente era utilizado como punto de reunión y coordinación de actividades ilícitas por miembros de la organización criminal.

Durante la operación, los agentes decomisaron varios envoltorios conteniendo supuesta droga, evidencia que será incorporada al expediente investigativo que ahora permanece en manos de las autoridades competentes.

La detenida será remitida ante los tribunales correspondientes para continuar el proceso judicial por los delitos que el Ministerio Público determine tras las investigaciones.

La captura de alias “La Chuy” ocurre en medio de una serie de operativos ejecutados en varios departamentos del país, principalmente en Yoro, Olancho, Francisco Morazán, Comayagua y Santa Bárbara, zonas donde las autoridades aseguran que el “Cártel del Diablo” mantiene fuerte presencia.

Las acciones de las fuerzas del orden también han provocado violentos enfrentamientos entre miembros de estructuras criminales rivales, hechos que recientemente derivaron en una masacre y en el repudiado asesinato de un pastor evangélico en la zona norte del país.

Las autoridades sostienen que esta organización delictiva se dedica al narcotráfico, extorsión, distribución de drogas, tráfico ilegal de armas, secuestros y lavado de activos, actividades que le habrían permitido expandir su influencia en distintas regiones de Honduras.

Según las líneas investigativas, el grupo utiliza áreas montañosas y cuevas naturales como escondites estratégicos para evadir los cercos policiales y militares desplegados por el Estado hondureño.

Alias “El Diablo” continúa prófugo

Durante varios meses, las investigaciones señalaron a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, como el máximo cabecilla de la estructura criminal.

Sin embargo, recientes investigaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) revelan que el verdadero líder sería Yonatan Levi Estrada Villanueva.

El director de la DPI, Rolando Ponce Canales, explicó que Esteban Ferrera funge como jefe operativo y rostro visible de la organización, mientras que Yonatan Estrada sería el encargado de dirigir estratégicamente las operaciones criminales y mantener alianzas con redes internacionales.

De acuerdo con las autoridades, Yonatan Estrada habría residido varios años en México, donde presuntamente estableció contactos con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que permitió fortalecer las capacidades operativas del grupo criminal hondureño.

Las investigaciones apuntan a que la organización mantiene nexos con estructuras delictivas transnacionales dedicadas al tráfico de drogas en Centroamérica, utilizando corredores clandestinos entre Honduras, Guatemala y El Salvador para movilizar cargamentos ilícitos.

Uno de los episodios más polémicos relacionados con esta estructura ocurrió el pasado 13 de marzo, cuando trascendió información sobre una supuesta masacre en Sulaco, Yoro, en la que habría muerto alias “El Diablo”.

En aquel momento circularon videos en redes sociales donde presuntos integrantes del cártel aseguraban que el cabecilla había sido asesinado e incluso decapitado por una banda rival.

No obstante, los organismos de inteligencia del Estado desmintieron la versión y concluyeron que todo se trató de una estrategia para despistar a las autoridades y facilitar la huida del líder criminal.

Actualmente, Esteban Ferrera continúa prófugo de la justicia y las autoridades mantienen una recompensa de 500 mil lempiras para quien proporcione información que conduzca a su captura.

Mientras tanto, los operativos continúan desarrollándose en diferentes sectores del país con el objetivo de debilitar las operaciones financieras y logísticas del denominado “Cártel del Diablo”, estructura que, según las autoridades, representa una amenaza creciente debido a sus conexiones internacionales y capacidad armada.

Dos delincuentes fueron capturados después de interceptar a una pareja y robarle más de $5 millones en la vía que conecta a Bucaramanga con el municipio de Matanza, en Santander. Los hechos ocurrieron en la jornada del jueves 14 de mayo de 2026 a plena luz del día, lo que tiene en alerta a los ciudadanos que se movilizan por el importante corredor vial.

Las autoridades informaron que el juez frente al caso dictó la medida de aseguramiento en contra de los detenidos, al considerarlos un peligro para la seguridad ciudadana, mientras avanza el proceso judicial en su contra y se determina la condena que deben pagar por este acto delictivo.

De acuerdo con la información difundida por el medio local Vanguardia, la rápida intervención de efectivos policiales permitió recuperar tres pulseras, así como $1.650.000 en efectivo, un teléfono celular y documentos personales pertenecientes a las víctimas y sus hijos, que fueron los objetos que los criminales se llevaron tras amenazar a los ciudadanos.

Los voceros del Departamento de Policía Santander indicaron que los dos capturados son jóvenes, de 22 y 24 años, que cuentan con anotaciones judiciales vigentes por el delito de porte ilegal de armas desde enero de 2026. Del mismo modo, se confirmó que tienen antecedentes por tráfico de estupefacientes y receptación.

El robo ocurrió en el kilómetro 18, vereda Jaboncillo, jurisdicción del municipio de Matanza, por lo que la comunidad que transita por esta zona pide incrementar la presencia policial para evitar nuevos ataques por parte de los criminales que pretenden afectar la tranquilidad de residentes y visitantes.

Cabe mencionar que la captura se produjo mientras los implicados intentaban huir de la zona, debido a que se llevó a cabo la implementación de un plan candado tras la denuncia y el resultado del operativo fue exitoso, según el reporte de las autoridades en diálogo con Vanguardia.

Después de que los criminales quedaran en poder de las autoridades, se conoció el pronunciamiento del comandante coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, que destacó el papel de la comunidad y la respuesta policial para recuperar los objetos perdidos.

“Logramos sacar de las calles a estos dos actores criminales que venían afectando la tranquilidad de los viajeros y residentes en la vía hacia Matanza. No son primerizos en el mundo delictivo; ambos registran procesos activos por porte ilegal de armas de este mismo año”, señaló.

Alerta por delitos en Santander

Dos hombres señalados como presuntos miembros del Tren de Aragua fueron identificados por la Fiscalía General de la Nación como sospechosos del secuestro extorsivo y tortura de un comerciante venezolano en Norte de Santander el 29 de abril de 2026.

Según el ente judicial, Edward Yesid Palencia Garavito y Javier Alexander Ortiz Amado habrían exigido $80 millones para liberar a la víctima, que fue privada de su libertad y sometida a actos que atentaron contra su integridad física mientras se encontraba retenida.

El reporte de la Fiscalía indicó que el comerciante fue inicialmente retenido en una propiedad del corregimiento de Urimaco (San Cayetano), y posteriormente trasladado a una vivienda del barrio 20 de Julio en Villa del Rosario, donde permaneció cautivo bajo la vigilancia y custodia de los acusados. El rescate se realizó mediante un operativo de unidades del Gaula de la Policía Nacional, que permitió liberar al comerciante.

Como resultado de los elementos materiales probatorios, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los dos hombres por los delitos de secuestro extorsivo agravado y tortura. Tras el proceso judicial, la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario fue aceptada por un juez penal de control de garantías.

Un barco anclado frente a la costa este de los Emiratos Árabes Unidos ha sido incautado y se dirige hacia aguas iraníes, informó el jueves el ejército británico.

El centro de operaciones de comercio marítimo del Reino Unido informó haber recibido denuncias de que el buque fue tomado por personal no autorizado mientras estaba anclado a 38 millas náuticas (70 kilómetros, 44 millas) al noreste del puerto de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos, cerca del estrecho de Ormuz.

La incautación se produce mientras el presidente estadounidense Donald Trump se reunía con el líder chino Xi Jinping en una visita muy esperada a Pekín. Se prevé que las conversaciones entre ambos líderes se centren en la guerra con Irán, que ha perturbado gravemente el comercio de petróleo, gas y otros productos, y ha sacudido la economía mundial.

Esto ocurrió horas después de que Israel afirmara que el primer ministro Benjamin Netanyahu había visitado discretamente los Emiratos Árabes Unidos durante la guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán, aunque los Emiratos Árabes Unidos negaron rápidamente que se hubiera producido ninguna visita secreta.

La nación del Golfo normalizó sus relaciones con Israel en 2020. Irán ha criticado ese acuerdo y ha sugerido repetidamente a lo largo de los años que Israel mantiene una presencia militar y de inteligencia en los Emiratos Árabes Unidos.

Los líderes israelíes han realizado visitas ocasionales a los Emiratos Árabes Unidos en los últimos años tras la normalización de las relaciones.

La UKMTO no reveló el nombre del buque y declaró que está investigando el caso. Nadie se atribuyó de inmediato la responsabilidad de la incautación.

Fujairah es una importante terminal de exportación de petróleo y el principal puerto de los Emiratos Árabes Unidos fuera del Golfo Pérsico. Ha sido atacada repetidamente durante la guerra con Irán.

Irán ha incautado varios buques, entre ellos un petrolero identificado como Ocean Koi la semana pasada, alegando que intentaba interrumpir las exportaciones de petróleo y los intereses iraníes, según la agencia oficial de noticias IRNA. Según la agencia, el petrolero fue incautado en el Golfo de Omán y transportaba petróleo iraní cuando fue abordado y llevado a la costa sur de Irán.

Estados Unidos sancionó al Ocean Koi en febrero por formar parte de una “flota clandestina” que ha estado transportando petróleo iraní.

Tres israelíes resultaron heridos por un dron de Hezbollah

Un dron de Hezbollah explotó en territorio israelí, hiriendo a tres civiles, dos de ellos de gravedad, según informaron el ejército israelí y hospitales. Israel y Hezbollah han mantenido un intercambio de disparos casi constante a través de la frontera, a pesar del alto el fuego negociado por Estados Unidos el 17 de abril.

Hezbollah ha utilizado con frecuencia drones para atacar a las fuerzas israelíes en el sur del Líbano y al otro lado de la frontera, en el norte de Israel. La fuerza aérea israelí ha bombardeado diversas zonas del sur del Líbano.

Líbano e Israel tienen previsto celebrar otra ronda de conversaciones directas en Washington el jueves, mientras la administración Trump presiona para lograr un avance entre los dos países vecinos que se encuentran en estado de guerra desde la creación de Israel en 1948.

Las Naciones Unidas también han acusado a Hezbollah de ataques con drones cerca de sus fuerzas de paz en el sur del Líbano. El secretario general, António Guterres, envió un mensaje a ambas partes instándolas a respetar el alto el fuego y cesar todos los ataques, según declaró el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq.

El Ministerio de Salud del Líbano informó el miércoles que, desde el inicio de la guerra el 2 de marzo, 2.896 personas han muerto y 8.824 han resultado heridas. Dieciocho soldados israelíes y un contratista de defensa han muerto en el sur del Líbano.

(con información de AP)

El domingo por la noche, un operativo policial en la calle 160 bis entre 43 y 44, en la ciudad de La Plata, culminó con la detención de un hombre buscado por la justicia.

La intervención de los oficiales del Comando de Patrullas comenzó luego de que observaran a un individuo zamarreando a una mujer en la vía pública, en un aparente episodio de violencia de género. El hecho, registrado en una zona residencial, movilizó a las fuerzas de seguridad.

Los agentes policiales decidieron intervenir inmediatamente, priorizando la protección de la víctima y el esclarecimiento de la situación. Al intentar identificar al sospechoso, este proporcionó datos falsos sobre su identidad. La mujer que lo acompañaba, sin embargo, señaló que era su pareja y reveló el nombre verdadero del involucrado. Inmediatamente se dio a la fuga, iniciando una persecución que se extendió por varias viviendas cercanas.

Durante la huida, el individuo escaló muros de las casas vecinas e ingresó en distintos domicilios con el objetivo de evadir a los efectivos policiales. La persecución policial generó momentos de tensión tanto para los residentes como para los uniformados, quienes desplegaron un operativo cerrojo en la zona. Finalmente, el acusado fue reducido dentro de una propiedad privada y trasladado a la comisaría zonal para su identificación y detención.

De acuerdo a lo informado por el portal LaBuenaInfo, el hombre aprehendido fue identificado como G.B.C.L., de 51 años. Al efectuar la consulta de antecedentes, los oficiales constataron que sobre él pesaba un pedido de captura activa emitido por el Juzgado de Garantías N°2 de La Plata desde el 8 de octubre de 2025.

Esta solicitud judicial respondía a una causa caratulada como “tentativa de homicidio simple agravado por el uso de arma, tenencia de arma de fuego de uso civil, lesiones leves, sustracción, retención y ocultamiento de persona”.

Según la información policial que constató dicho medio, el detenido también registraba un pedido de paradero activo relacionado con otra causa por “amenazas agravadas”, bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de La Plata. La verificación del prontuario reforzó la decisión de mantenerlo bajo custodia y ponerlo a disposición de la justicia para los procedimientos correspondientes.

El operativo, que involucró a varias unidades del Comando de Patrullas, se desarrolló en el marco de los protocolos de actuación ante presuntos casos de violencia de género y detención de personas con requerimientos judiciales pendientes. El accionar policial fue seguido de cerca por vecinos, quienes se vieron sorprendidos por la presencia de patrulleros y uniformados recorriendo los techos y patios de las viviendas de la cuadra.

La investigación que condujo a la detención del agresor está vinculada con un hecho grave ocurrido el 26 de septiembre de 2025. En esa oportunidad, una mujer identificada como N.A.A. resultó baleada en el hombro izquierdo durante una discusión con el acusado. El episodio, que fue caratulado como tentativa de homicidio, derivó en la internación de la víctima y una intervención quirúrgica de urgencia.

De acuerdo con los registros judiciales, la víctima logró recuperarse tras la cirugía, aunque el hecho llevó a la apertura de una causa penal de alto impacto en la jurisdicción. El pedido de captura se mantuvo vigente desde entonces, intensificándose la búsqueda en las últimas semanas por parte de las fuerzas de seguridad locales.

La investigación en curso se centra en la reconstrucción de los hechos que derivaron en el pedido de captura, la evaluación de los antecedentes penales del detenido y la protección de posibles víctimas asociadas a los delitos investigados.

En lo que se considera uno de los golpes más contundentes contra el cibercrimen organizado en el sur de Florida en los últimos años, un juez federal en Miami sentenció esta semana al ciudadano nicaragüense Ernesto Ortega Padgett, de 41 años, a cumplir una pena de 15 años en una prisión federal.

Ortega Padgett fue identificado como el cerebro detrás de una sofisticada red internacional que logró sustraer más de 29 millones de dólares a través de esquemas de suplantación de identidad bancaria.

La historia criminal de Padgett no es nueva para las autoridades estadounidenses. Según documentos judiciales, el acusado ya había tenido encuentros con la ley que resultaron en su deportación de los Estados Unidos en el año 2020. Sin embargo, lejos de abandonar sus actividades ilícitas, su salida del país marcó el inicio de una expansión agresiva de sus operaciones desde el extranjero.

Operando desde fuera de las fronteras norteamericanas, Padgett logró coordinar una red de “mulas” y expertos en informática que atacaron sistemáticamente a instituciones financieras y empresas dentro de EE. UU.

Su captura final se produjo en Madrid, España, a través de una operación coordinada por la Interpol, tras la cual fue extraditado a Miami en junio de 2025 para enfrentar los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y transporte de propiedad robada.

Ingeniería social: El arma del delito

El éxito del esquema liderado por el nicaragüense radicaba en la ingeniería social. A diferencia de los hackers tradicionales que buscan vulnerabilidades en el código de un software, la red del nicaragüense explotaba la vulnerabilidad humana.

El proceso, conocido técnicamente como bank impersonation scheme, seguía un patrón riguroso:

1. Contacto Inicial: Los miembros de la red contactaban a empleados de empresas objetivo haciéndose pasar por oficiales de seguridad o representantes de soporte técnico de bancos legítimos.
2. Engaño Dirigido: Utilizando información previamente recolectada, convencían a las víctimas de que sus cuentas estaban en riesgo o necesitaban una “actualización de seguridad”.
3. Extracción de Credenciales: Mediante enlaces fraudulentos o instrucciones telefónicas, obtenían los códigos de acceso y tokens de autenticación de las cuentas bancarias corporativas.
4. Transferencias Relámpago: Una vez dentro del sistema, ejecutaban transferencias electrónicas masivas hacia cuentas puente controladas por la organización.

Uno de los mayores desafíos para el FBI y el Departamento de Justicia fue rastrear el destino de los 29.7 millones de dólares reportados como robados. El nicaragüense diseñó un sistema de lavado de dinero en múltiples capas para evitar la detección:

• Cuentas Mula: El dinero llegaba primero a cuentas abiertas por personas en EE. UU. (muchas veces bajo engaño o a cambio de una comisión) para luego ser fragmentado.
• Conversión a Criptomonedas: Gran parte del capital era convertido rápidamente a activos digitales. Esto permitía mover millones de dólares a través de fronteras en cuestión de minutos, fuera del sistema bancario Swift.
• Retiros en Efectivo: Otra parte del dinero era retirada físicamente por colaboradores en diversos países, borrando efectivamente el rastro digital.

El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida destacó que este caso demuestra la capacidad de las agencias de inteligencia para desmantelar redes que operan en la “sombra digital”.

Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó a Ortega el pago de restituciones millonarias a las víctimas, aunque las autoridades reconocen que recuperar la totalidad de los fondos convertidos a criptomonedas sigue siendo un reto técnico considerable. Tras cumplir su condena, el nicaragüense enfrentará tres años de libertad supervisada, aunque lo más probable es que sea deportado nuevamente de forma inmediata.

En una operación de alto impacto que se ha extendido por más de 10 días en las zonas montañosas de Honduras, la Policía Nacional ha logrado propinar golpes contundentes a la estructura criminal autodenominada “Cartel del Diablo”.

El día de ayer 7 de abril, agentes policiales interceptaron en una zona montañosa a Harold Alexander Hernández, apodado “El Descuartizador”.

Su alias no es casual; se le señala por su presunta participación en la muerte y decapitación de una mujer, un acto que ilustra el nivel de ferocidad del cartel. Junto a él fue capturado Selvin Nani Cerón Murillo, alias “Serrucho”, vinculado supuestamente al secuestro previo al homicidio del pastor Núñez.

A pesar de la gravedad de las acusaciones y de que las autoridades les decomisaron droga, indumentaria policial, municiones y armas de grueso calibre, ambos detenidos negaron su participación ante los medios locales.

Con rostros serios y tono de voz bajo, Hernández aseguró ser un simple trabajador de hacienda en Sulaco, mientras que Cerón Murillo afirmó vivir en la zona desde niño tras ser abandonado por su madre. Sin embargo, al ser consultado sobre su pertenencia al cartel, “Serrucho” respondió con un ambiguo: “Así dicen”.

A estas capturas se suma la de un tercer integrante fundamental: alias “Calolo”. Identificado por la Policía Nacional como uno de los sicarios más peligrosos de Honduras, “Calolo” habría estado directamente involucrado en la etapa del secuestro del pastor Núñez.

Su arresto en el municipio de Marale representa un avance sustancial, ya que se le considera un ejecutor clave dentro del engranaje de muerte de la organización. Por lo que, estas detenciones marcan un punto de inflexión en la lucha contra una banda que ha sembrado el terror en los departamentos de Yoro y Francisco Morazán.

Investigaciones preliminares de inteligencia policial sugieren que el “Cartel del Diablo” podría estar vinculado a más de 15 asesinatos recientes en el corredor entre Sulaco y Marale. Aunque el número oficial de víctimas bajo investigación continúa en ascenso, las autoridades presumen que la banda ha ejecutado sistemáticamente a residentes de la zona, pequeños agricultores y personas con influencia social para consolidar su control territorial.

Entre sus víctimas más recientes se encuentran:

• El pastor y cafetalero Óscar Núñez: Secuestrado y posteriormente ejecutado tras una exigencia de rescate de 5 millones de lempiras que su familia no pudo reunir.
• Una mujer (identidad protegida): Cuyo cuerpo fue hallado decapitado, un crimen atribuido directamente a la saña de alias “El Descuartizador”.
• Colaboradores y opositores locales: Se investiga la desaparición de al menos tres personas más en las últimas semanas que habrían tenido conflictos con la banda por tierras o actividades comerciales.

¿Qué es el Cartel del Diablo?

El “Cartel del Diablo” es una estructura criminal que ha mantenido bajo zozobra a los habitantes de Sulaco, Yoro, y municipios aledaños. Bajo el liderazgo de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, el grupo ha sido identificado como una red compacta de al menos 12 integrantes fijos y una red de colaboradores.

Su control territorial se basa en el sicariato y el terror. Según las investigaciones, la organización no solo se dedica al narcotráfico a escala local, sino que mantiene una “guerra sin tregua” contra las autoridades. El líder, “El Diablo”, resultó herido en un enfrentamiento reciente pero logró huir, presumiéndose que se oculta en la espesura de Marale, Francisco Morazán.

La saña con la que opera el Cartel del Diablo no es un caso aislado en el panorama nacional. Mientras las autoridades cercan a estos criminales, organizaciones internacionales como ACNUR han alzado la voz pidiendo apoyo urgente para los más de 400,000 desplazados internos en Honduras.

Muchas de estas familias huyen precisamente de zonas controladas por estructuras como esta, donde la negativa a colaborar o el simple hecho de poseer tierras productivas puede costar la vida. Las operaciones continúan activas para dar con el paradero del líder máximo de la estructura.

Un juez con funciones de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Krzysztof Pawel Osinski, ciudadano de nacionalidad de Polonia, tras ser descubierto con 4,7 kilogramos de cocaína ocultos en 12 rollos de papel de impresión en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, el hombre intentaba llevar el cargamento hacia Dubái (Emiratos Árabes Unidos), con escalas previstas en Panamá y México.

El operativo policial se había efectuado el 16 de abril de 2026, cuando agentes de la Policía Antinarcóticos detectaron el cargamento camuflado bajo un método que buscaba evadir los escáneres con una densidad similar a la del papel común, en el marco de una ofensiva intensificada para frenar la exportación de estupefacientes desde la capital colombiana hacia el exterior.

El valor del decomiso supera los 300.000 dólares (más de 1.500 millones de pesos colombianos) y, según la Policía Metropolitana, la droga representaba aproximadamente 12.000 dosis destinadas al mercado internacional.

Durante la inspección de rutina, los agentes detectaron un olor inusual en el equipaje del viajero, lo que motivó una revisión detallada y permitió hallar la sustancia camuflada dentro de los rollos, según precisó la Fiscalía.

“Lo incautado equivale a más de 12 mil dosis… un golpe que impacta directamente las finanzas de las redes criminales que operan estas rutas”, afirmó la Policía Metropolitana de Cartagena en su momento.

A pesar de no aceptar los cargos impuestos por la Fiscalía General de la Nación por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, el extranjero recibió una medida de aseguramiento intramural dictada por la justicia.

“Las modalidades son cada vez más creativas, pero la inteligencia policial está un paso adelante”, declaró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La captura de Osinski se inscribe en la estrategia denominada Cerco total, aplicada recientemente por las autoridades frente al fenómeno del tráfico internacional a través de Cartagena. Las cifras judiciales al primer trimestre de 2026 dan cuenta de 1.194 detenciones relacionadas con el tráfico de estupefacientes y la incautación de más de 546 kilos de sustancias alucinógenas, según datos difundidos por la Fiscalía General de la Nación.

Capturan a británico por ocultar cocaína en bolsas de leche en polvo

El arresto y condena del ciudadano polaco en Cartagena se suma a otros operativos efectuados por la fuerza pública contra el trafico de drogas en Colombia.

Entre ellos se destaca la detención de un ciudadano del Reino Unido que fue capturado en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, Valle del Cauca, cuando intentaba salir del país con cocaína oculta en bolsas que simulaban contener leche en polvo.

El caso se registró el 17 de abril, cuando Fahad Uddin Ahmed, un estudiante de 25 años, fue inspeccionado por los agentes de la Policía Nacional durante los controles rutinarios de la zona de embarque internacional.

Allí, los uniformados notaron irregularidades en el equipaje de mano del acusado y, tras una inspección técnica del contenido de los paquetes, detectaron que se trataba de cocaína y no leche en polvo, como sugería el empaque.

Después de confirmar la presencia de la sustancia ilícita, las autoridades incautaron la droga y detuvieron de inmediato a Ahmed, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la legislación colombiana, el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes puede acarrear severas penas de prisión y multas económicas.

Según la normatividad nacional, si la cantidad de cocaína incautada supera los 100 gramos, la ley establece penas de 128 a 360 meses de prisión, es decir, entre poco más de 10 años y hasta 30 años de cárcel, acompañadas de multas desde 1.334 hasta 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En situaciones donde el decomiso es menor o igual a 100 gramos de cocaína, la sanción implica entre 64 y 108 meses de prisión, que equivalen de cinco a nueve años, junto con multas de 2 a 150 salarios mínimos. Si la cantidad supera los 100 gramos pero no llega a los 2.000 gramos, la pena se ubica entre 96 y 144 meses (de ocho a doce años de prisión), y la multa puede ir de 124 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La captura de alias “El Alex” en Colombia marca un golpe relevante contra las redes del narcotráfico internacional, al tratarse de un presunto operador clave del Cártel de Sinaloa.

El detenido, identificado como Jorge Espinoza Peña, fue capturado con fines de extradición y deberá responder ante la justicia de Estados Unidos por delitos relacionados con tráfico de drogas y concierto para delinquir.

La operación fue ejecutada por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con apoyo del FBI, en el marco de acciones conjuntas contra el crimen organizado, citado por MSN.

De acuerdo con la información oficial, Espinoza Peña tenía una orden judicial vigente desde septiembre de 2025, emitida por la Corte Distrital del Distrito Este de Nueva York, lo que permitió activar su captura en territorio colombiano.

Las autoridades lo señalan como un eslabón estratégico dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa, con funciones relacionadas con la logística y el financiamiento de operaciones ilícitas, especialmente en el tráfico de fentanilo hacia mercados internacionales.

Este rol lo convertía en un objetivo prioritario para las agencias de seguridad, dado su nivel de influencia en la cadena de distribución de drogas sintéticas, una de las principales amenazas actuales en materia de salud pública y seguridad en Norteamérica.

Según las investigaciones, alias “El Alex” habría ingresado a Colombia a través del Aeropuerto Internacional El Dorado con el propósito de evadir controles en su lugar de origen, en Cosalá, Sinaloa, y establecer nuevas alianzas con estructuras criminales locales.

El objetivo de estos movimientos, de acuerdo con las autoridades, era fortalecer rutas de tráfico de drogas y ampliar la capacidad operativa del cartel en la región, consolidando una red transnacional con presencia en distintos países, citado por MSN.

Asimismo, se determinó que los recursos provenientes del tráfico de fentanilo eran reinvertidos en la expansión logística y financiera del grupo criminal, lo que facilitaba su sostenibilidad y crecimiento en mercados ilegales.

El teniente coronel Ferney Martín Romero, subdirector encargado de Investigación Criminal, destacó que esta captura representa un avance en la lucha contra el narcotráfico y evidencia la importancia de la cooperación internacional.

“El trabajo articulado entre agencias permite desarticular estructuras criminales que operan más allá de las fronteras y afectan la seguridad regional”, señaló el oficial, citado por MSN.

Las autoridades también subrayaron que este tipo de operaciones buscan impactar no solo a los eslabones visibles del narcotráfico, sino a sus redes de financiamiento y logística, que son fundamentales para su funcionamiento.

La captura de alias “El Alex” se suma a otros operativos recientes que han evidenciado la presencia de estructuras internacionales en Colombia, lo que refuerza la necesidad de mantener estrategias coordinadas entre países para enfrentar este fenómeno.

El proceso de extradición será clave en las próximas semanas, mientras se definen los trámites judiciales que permitan su traslado a Estados Unidos, donde enfrentará los cargos en su contra.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa el papel de Colombia dentro de las rutas del narcotráfico global y la creciente incidencia de drogas sintéticas como el fentanilo en los mercados ilegales internacionales.

El 28 de abril las autoridades confirmaron la captura de Alex Andela, más conocido como alias David o Mi Pez, jefe de la estructura Dagoberto Ramos del Bloque Occidental Jacobo Arenas, que hace parte de las disidencias del Estado Mayor Central al mando de “Iván Mordisco”.

Cabe recordar que esta facción criminal es señalada de perpetrar atentados en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, así como ataques en la vía Panamericana, el más reciente en el sector de Cajibío.

Alias Mi Pez asumió el liderazgo de este frente criminal tras la muerte de Wílmar Pazú Rivera “Cholinga”, y cuenta con una trayectoria de 20 años en la estructura armada, en la que ha ocupado varios cargos de mando.

El capturado tiene procesos judiciales por homicidio, concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo y delitos relacionados con drogas; mientras que la estructura Dagoberto Ramos es considerada una de las más ofensivas en el Cauca.

Los secretos de la caída de ‘Mi Pez’

Fuentes militares confirmaron a Infobae Colombia que Andela era buscado desde hace varios meses por miembros de la Dirección de Investigación Criminal Dijin, el Grupo de Operaciones Especiales Antiterroristas Grate y el Ejército Nacional, que desde junio del 2025 tenían como objetivo capturar al criminal que se movía entre los departamentos de Tolima, Huila, Cauca y Valle del Cauca.

Precisamente, esos desplazamientos, que los adelantaba para coordinar acciones criminales en contra de la fuerza pública y la población civil, dejaron en evidencia ciertos lugares que se convirtieron en pistas claves para los investigadores, que identificaron por completo los gustos, rutinas, y otros factores que provocaron la caída de “Mi Pez”.

“Los rastros comenzaron a ser empleados para construir por dónde y hacia dónde se movía. El seguimiento milimétrico de inteligencia de la Policía Nacional al círculo cercano del cabecilla, permitió también identificar sus hombres de confianza, enlaces financieros y los explosivistas más cercanos”, informó la fuente militar.

Durante la investigación se sumaron testimonios de desmovilizados que habían estado en los mismos campamentos que el cabecilla de las disidencias, que se encargaron de confirmar fracturas internas entre alias “Marlon” y “Mi Pez”, motivo por el que el segundo tenía menos protección durante sus últimos movimientos.

Sobre los problemas internos en el frente mencionado, se afirma que se tratarían de desacuerdos por la baja efectividad de los ataques perpetrados recientemente en Cali y Jamundí, en donde el grupo armado no logró causar el impacto que se tenía previsto y provocó discusiones entre los cabecillas mencionados.

“Se identifican disputas por el control de las finanzas ilícitas, que eran manejadas por alias Mi Pez, que presuntamente estaría omitiendo reportes a alias Marlon para obtener recursos para su interés personal, debilitando aún más la cadena de mando criminal”.

De acuerdo con las autoridades, “Mi Pez” habría adquirido propiedades y vehículos de carga en Popayán, Medellín, Cali y Buenaventura, que serían usados para beneficio personal, lo que habría sido descubierto recientemente al interior de las disidencias.

El último ataque terrorista que se registró en Cali, en el que fue atacado un bus con civiles, habría sido el factor por el que se terminó de quebrar la relación entre “Marlon” y “Mi Pez”, puesto que se presume que entre las víctimas civiles hay familiares y amigos de miembros de la estructura criminal que delinque en el suroccidente del país.

Por otra parte, se conoció que existe una fuerte presión por parte de “Marlon” sobre varios cabecillas de la estructura ante la desobediencia de algunos de ellos, incluyendo el atentado terrorista en Cajibío, por el que el Estado Mayor Central emitió un comunicado con el que pidió perdón a los afectados.

Según el reporte oficial, los hechos ocurrieron en el barrio San Fernando Occidental, en la localidad de Barrios Unidos, luego de que los asistentes a un funeral alertaran a las autoridades por la presencia extraña del sujeto, ya que no era participe de dicho evento religioso.

La Patrulla de Vigilancia respondió inmediatamente al llamado ciudadano. Tras observar la actitud evasiva del hombre, los uniformados realizaron un registro en el que hallaron un revólver sin documentación legal y cinco cédulas de ciudadanía en su poder, motivo por el cual fue llevado a un centro policial cercano.

El comandante de la estación de Policía de Barrios Unidos, teniente coronel Fabián Beltrán Moreno, confirmó que el detenido estaba siendo investigado, no solo por la portación ilegal de arma, sino por el posible origen irregular de las cédulas.

“Al llegar al lugar, los policías observaron a un ciudadano que intentó evadir el procedimiento, por lo que fue abordado de manera inmediata”, informó el oficial.

De acuerdo con el medio Semana, el hombre detenido presenta antecedentes por hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego, lo que llevó a su puesta a disposición de la justicia para responder por nuevos posibles delitos.

Los responsables del operativo no entregaron más detalles sobre la identidad completa del capturado ni el origen preciso de las cédulas, aunque indicaron que se darían a conocer nuevos resultados en las próximas horas.

El aprehendido quedó a disposición de las autoridades correspondientes. La Policía Nacional exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier incidente relacionado con la seguridad a través de la línea de emergencias 123.

La intervención, que generó alarma entre los asistentes al funeral, se suma a las estrategias de las autoridades para contener los delitos en la capital, en un contexto en que la percepción de inseguridad ciudadana ha alcanzado el 43%, según datos recientes del programa Bogotá Cómo Vamos 2025.

Entre enero y marzo de 2026 se reportaron 30.862 hurtos a personas en Bogotá, según datos recopilados por Noticias RCN. Aunque esta cifra representa un descenso respecto a periodos anteriores, persiste una alta incidencia de delitos, especialmente durante las noches de los viernes y madrugadas de los sábados, intervalos en que se concentra la mayor parte de crímenes.

Operativo contra la extorsión en Bogotá

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad de Bogotá reportó la captura en flagrancia de tres presuntos extorsionistas cuando exigían dinero a sus víctimas.

Las detenciones se llevaron a cabo tras denuncias ciudadanas y el monitoreo de cámaras, que permitieron identificar a los implicados en las localidades de Los Mártires, Ciudad Bolívar y Engativá.

Uno de los arrestos se produjo en Engativá, donde un ciudadano resultó afectado por amenazas y exigencias económicas. Luego de negarse a pagar, su vivienda fue objeto de daños materiales y el presunto responsable fue detenido al momento de recibir parte del dinero, informó la Secretaría.

Un caso similar ocurrió en Los Mártires: allí, una comerciante fue presionada por un hombre que simulaba integrar el grupo Unidad Valle del Cauca, exigiendo 35 millones de pesos con base en una supuesta deuda. Las investigaciones indicaron que el hijo de la víctima contactó al extorsionista.

Por otra parte, en Ciudad Bolívar, las autoridades ubicaron a alias Yuco o El Gemelo, acusado de solicitar pagos diarios a un cuidador de carros en un parqueadero. Se determinó que este capturado tenía antecedentes judiciales por tentativa de homicidio y tráfico de estupefacientes.

Las tres personas detenidas fueron puestas a disposición de la justicia por el delito de extorsión y uno de ellos quedó bajo medida de aseguramiento por decisión de un juez. De acuerdo con datos recopilados por la Secretaría Distrital de Seguridad, durante el 2026 han sido capturadas 52 personas por extorsión en la ciudad.

En una operación conjunta que subraya la gravedad de los delitos contra ciudadanos extranjeros y grupos vulnerables, el Ministerio Público (MP) ha dado un paso decisivo en el esclarecimiento del violento fallecimiento de la ciudadana norteamericana Susan Joanne Johnston, de 72 años.

A través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) y en estrecha coordinación con la Fuerza de Tarea de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), las autoridades hicieron efectiva la captura del abogado Carlos Mauricio Cálix Ponce. Al profesional del derecho se le supone responsable del delito de asesinato, en un caso que ha conmocionado a la comunidad de Roatán y al sector de residentes extranjeros en el país.

De acuerdo con el expediente investigativo, el trágico suceso tuvo lugar el pasado 27 de febrero del año en curso. La escena del crimen fue la propia residencia de Johnston, situada en el sector de Coco Road, una zona habitualmente tranquila de la isla de Roatán.

La investigación, dirigida técnica y jurídicamente por la Sección de Muertes de Personas Pertenecientes a Grupos Sociales Vulnerables de la FEDCV, ha revelado detalles escalofriantes sobre los últimos momentos de la víctima. Las pesquisas indican que Cálix Ponce no era un extraño para la fallecida; por el contrario, fungía como su abogado de confianza, lo que le habría permitido un acceso directo a la intimidad de su hogar.

Según los informes de la DPI, el sospechoso arribó a la vivienda aproximadamente a las 12:30 del mediodía. Lo que inició como una visita profesional o de rutina, derivó rápidamente en un episodio de violencia extrema.

Pruebas audiovisuales y hallazgo del cuerpo

Uno de los pilares fundamentales que sostiene la acusación contra el abogado es el rastreo y análisis de cámaras de video de seguridad. Los dispositivos, ubicados estratégicamente en la parte superior de una bodega de la propiedad, captaron evidencia sonora y visual determinante.

En las grabaciones se escucha una acalorada disputa entre el sospechoso y Johnston. Tras el intercambio verbal, el agresor habría atacado a la víctima de manera sorpresiva, infligiéndole múltiples golpes en distintas partes del cuerpo. El informe detalla que el atacante finalmente la sujetó del cuello, aplicándole una fuerza letal hasta causarle la muerte por estrangulamiento.

Fue hasta el 1 de marzo, dos días después del incidente, que las autoridades competentes realizaron el levantamiento cadavérico. El dictamen médico legal posterior confirmó la brutalidad del acto: el tiempo de muerte coincidía con la visita del abogado (de dos a tres días de evolución) y la causa de muerte se estableció científicamente como asfixia por estrangulación, catalogada como una muerte de naturaleza homicida.

A pesar de la contundencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público para sustentar la captura y el requerimiento fiscal, existe una interrogante que aún planea sobre el caso: el motivo.

Hasta el momento, los investigadores no han logrado determinar con exactitud qué impulsó a un profesional del derecho, que gozaba de la confianza de la víctima, a cometer presuntamente un acto de tal magnitud.

No se ha confirmado si el móvil fue de índole económica dada la relación profesional entre ambos, una disputa personal o algún otro factor desencadenante. Esta opacidad en el motivo principal es uno de los puntos que la defensa y la fiscalía deberán debatir en las etapas procesales venideras.

Por lo que, la FEDCV ha reiterado su compromiso de trabajar de forma rigurosa para garantizar que el asesinato de Susan Joanne Johnston no quede en la impunidad.

La captura de hombre identificado como Félix José Paulino Morel fue llevada a cabo en un edificio del reconocido sector turístico de El Laguito, donde el individuo se hospedaba. La acción de las autoridades fue liderada por oficiales de Migración Colombia, con apoyo de miembros de Interpol.

Las autoridades confirmaron la identidad del extranjero y verificaron la vigencia de la solicitud internacional antes de proceder con su detención, en seguimiento a los protocolos establecidos para estos casos.

Según información oficial, el ciudadano dominicano era un objetivo de las autoridades del país centroamericano, porque debía cumplir una condena pendiente.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, señaló que “este es el segundo caso detectado en la semana gracias al trabajo articulado y permanente de nuestros oficiales, que actúan con rigor y oportunidad frente a alertas internacionales”.

El detenido quedó a disposición de las autoridades competentes, a la espera de los trámites correspondientes para su judicialización y eventual extradición.

Este caso se suma a la captura de un ciudadano mexicano, capturado por autoridades colombianas en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, y era requerido mediante circular roja de la Interpol por el delito de pornografía infantil. El individuo intentaba ingresar a Colombia para escapar de las autoridades de su país de origen.

Otra captura importante por parte de las autoridades colombianas fue la de una mujer de 17 años que era buscada mediante circular roja de la Interpol en Argentina. Fue hallada en el barrio Rosales, en el norte de Bogotá, durante actividades de registro y control en la localidad.

La investigación del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 56 de Argentina indicó que la capturada suministraba sustancias tóxicas a hombres contactados mediante aplicaciones de citas, para luego robar dinero, documentos y objetos de valor mientras las víctimas se encontraban en estado de indefensión.

Capturan en Medellín a ciudadano dominicano buscado por Interpol por abuso de menores

En enero de 2026, un ciudadano de República Dominicana fue detenido en Medellín tras ser identificado como requerido internacionalmente con circular roja de Interpol por presuntos delitos sexuales cometidos contra un menor de edad.

La captura fue confirmada por voceros oficiales de la Policía Nacional, que realizaron el procedimiento en coordinación con Interpol y organismos judiciales internacionales.

El ciudadano, identificado como Jorge, tenía vigente una notificación roja de Interpol, el máximo mecanismo de búsqueda internacional para personas acusadas de delitos graves. La detención se logró mediante labores de verificación y cooperación entre las autoridades colombianas y extranjeras, que permitieron ubicar al individuo en la capital antioqueña, sin que se registraran incidentes durante el operativo.

“Este resultado refleja el compromiso institucional para evitar que personas con antecedentes por delitos sexuales utilicen el territorio colombiano como refugio o punto de evasión judicial, indicaron los portavoces de la institución. También afirmaron que la protección de niños, niñas y adolescentes es una prioridad absoluta para la Fuerza Pública.

Tras la captura, el ciudadano extranjero quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan los trámites judiciales para definir su situación jurídica y un posible proceso de extradición conforme a los tratados internacionales vigentes.

La Policía Nacional de Colombia anunció la detención de un hombre señalado como aliado de las organizaciones trasnacionales dedicadas al narcotráfico en el mundo.

Según el reporte entregado por el director general de la Policía Nacional, mayor general William Rincón, el sujeto fue detenido en zona rural del municipio de Donmatías, ubicado en el norte del departamento de Antioquia, en un operativo conjunto entre los uniformados de la institución colombiana y funcionarios de la Interpol.

El alto oficial destacó la labor de los policiales para dar con la ubicación y posterior detención de este sujeto que, de acuerdo con la investigación policial, era requerido por la Justicia de España, al ser socio cercano a la organización ilegal conocida como Clan de los Gallegos, facción del grupo trasnacional internacional Tren de Aragua y las mafias del continente europeo.

“En Donmatías, Antioquia, nuestra Policía Nacional de Colombia e Interpol lograron la retención de un requerido por las autoridades de España. Al parecer este hombre fungía como puente logístico entre el ‘Clan de los Gallegos’ (facción del Tren de Aragua) y mafias europeas”, escribió el general Rincón en su cuenta de X.

Adicional a ello, el director de la Policía colombiana destacó que el hoy detenido cuenta con más de 5 años de trayectoria criminal. “Sería el responsable de facilitar el envío de estupefacientes conectando redes transnacionales con organizaciones locales”, agregó.

Por ahora, el hombre, cuya identidad se mantiene reservada, será llevado ante las autoridades competentes para su correspondiente judicialización, aunque no se descarta que sea extraditado a España para afrontar su situación judicial.

“Con nuestro trabajo, su rastro de impunidad termina gracias al uso efectivo de la cooperación internacional. Somos la Policía de los colombianos”, concluyó el alto oficial.

Cayó alias Fito, narcotraficante que era buscado en 200 países

La detención del enlace clave entre las organizaciones criminales de Latinoamérica y las mafias europeas, se suma a la captura de Adolfo León Ospina Giraldo, conocido como alias Fito, el narcotraficante colombo-mexicano perseguido por la Interpol en 196 países.

El operativo se efectuó el 16 de abril de 2026, cuando las autoridades sorprendieron a este sujeto circulando por las calles de Cali (sur occidente de Colombia).

“Esta captura representa un resultado contundente contra el crimen organizado transnacional. Alias Fito era un eslabón estratégico en la cadena logística del narcotráfico, responsable de coordinar rutas y garantizar el movimiento de ingentes cantidades de droga. Con este golpe, afectamos directamente las capacidades operativas de estas organizaciones criminales”, explicó Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

Según la investigación, la organización liderada por Ospina Giraldo fue capaz de movilizar hasta 700 kilogramos de cocaína, haciendo uso de aeronaves ligeras y semisumergibles para evadir la detección de los organismos de seguridad internacional.

Los métodos de transporte empleaban rutas aéreas, marítimas y terrestres, con destino final en Centroamérica y México, lo que evidencia la sofisticación y adaptabilidad de la red frente a la presión de las agencias antidrogas latinoamericanas y estadounidenses.

Alias Fito era requerido por las autoridades judiciales de Estados Unidos por delitos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína, y por coordinar el envío de cargamentos ilícitos a gran escala, señaló el general Guillermo Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional de Colombia.

Además, el alto oficial recalcó que el hoy detenido mantenía alianzas con organizaciones criminales como la GAO Clan del Golfo y el Cártel de Sinaloa, consideradas —por su alcance y actividad— como las estructuras narcotraficantes más extensas de la región.

El expediente policial detalla que, entre 2009 y 2013, la participación de alias Fito tomó especial relevancia: organizó despachos aéreos de estupefacientes hacia Honduras, eludiendo controles fronterizos y expandiendo indirectamente el radio de acción de la organización a nuevos territorios.

La magnitud de la operación y el alcance transnacional de las alianzas bajo el mando de Ospina Giraldo convierten la captura en un acontecimiento de alto impacto para América Latina, que enfrenta así el desafío de prevenir la recomposición de los circuitos delictivos tras la caída de uno de sus principales articuladores.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron la captura en flagrancia de dos ciudadanos de nacionalidad mexicana que habrían hurtado un vehículo solicitado a través de una plataforma digital de transporte en la localidad de Barrios Unidos de Bogotá.

Según el reporte oficial, los hechos ocurrieron en el barrio San Fernando, en el noroccidente de la capital colombiana, en la que los dos extranjeros solicitaron el servicio como pasajeros.

Tras abordar el vehículo particular de color rojo, amenazaron al conductor utilizando un arma de fuego tipo traumática y lo agredieron antes de apropiarse del automóvil.

“Gracias a la ubicación del celular y la oportuna reacción de las patrullas de vigilancia, luego de 10 minutos de seguimiento se logró ubicar este automóvil a la altura de la carrera 51 con calle 71 (noroccidente de Bogotá)”, informó el teniente coronel Fabián Beltrán Moreno, comandante de la estación de Barrios Unidos.

En ese punto, los uniformados interceptaron y capturaron a los presuntos responsables, procediendo a la incautación del arma traumática y municiones que portaban.

“Durante el procedimiento fueron capturados en flagrancia los responsables de este hecho. Asimismo, se les halló en su poder un arma de fuego tipo traumática y munición”, añadió el oficial.

El arma y la munición hallados en poder de los detenidos se encuentran bajo análisis por parte de las autoridades. La captura fue en flagrancia y el vehículo fue devuelto a su propietario.

Frente a la identidad de los procesados, la Policía de Bogotá reveló que se trata de Gustavo Jiménez Díaz, de 24 años, nacido el 24 de mayo de 2001, y Alexander Reyes Millán, de 21 años, nacido el 2 de abril de 2005, ambos oriundos de Tizayuca, en el estado de Hidalgo (México), según informaron las autoridades a El Tiempo.

De acuerdo con los registros de la Policía Metropolitana de Bogotá, ambos son solteros, con estudios de secundaria finalizados y habitualmente se desempeñan como reposteros en su país. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la existencia de antecedentes judiciales.

Igualmente, el medio citado mencionó que los dos extranjeros ingresaron a Colombia con la justificación de turismo y tenían previsto regresar a México el 27 de abril.

El caso ahora está en manos de la Fiscalía General de la Nación, que avanza en la judicialización de los dos ciudadanos extranjeros por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Las pesquisas incluyen la verificación de posibles vínculos con otros hechos delictivos en Bogotá.

La recuperación del automóvil y la detención de los responsables minutos después del asalto recalcan la eficacia de los sistemas de respuesta inmediata implementados en la capital colombiana

Otros operativos contra la delincuencia en Bogotá

La localidad de Barrios Unidos ha sido escenario de una serie de robos bajo modalidades similares durante las últimas semanas.

Según información recopilada por Noticias RCN, el aumento en la frecuencia de estos delitos llevó recientemente a la Policía Metropolitana de Bogotá a implementar estrategias de patrullaje y reacción rápida, enfocándose en los corredores con mayor incidencia.

Incluso, el caso del hurto del vehículo particular en Barrios Unidos se suma al robo registrado en el barrio Abraham Lincoln de la localidad de Rafael Uribe Uribe (sur de Bogotá), también se recuperó un vehículo robado minutos antes.

En este caso, el despliegue del llamado Plan Candado culminó con la recuperación del automóvil y la detención de un presunto ladrón de 20 años de edad, con antecedentes por el delito de hurto, según informó el teniente coronel Luis Pardo, jefe de la Estación de Policía Rafael Uribe, en declaraciones citadas por Semana.

Adicionalmente, las autoridades resaltaron la combinación de tecnología de rastreo, respuesta policial inmediata y el sistema de denuncias ha permitido reducir el tiempo de reacción ante robos de vehículos vinculados a aplicaciones de transporte.

La captura de los ciudadanos mexicanos exhibe tanto la adaptabilidad de los grupos delictivos extranjeros en el área metropolitana como la capacidad de las fuerzas de seguridad locales para dar respuesta.

La reciente captura de Oscar Adonis en Honduras marcó un punto de inflexión en la investigación por el asesinato de la joven Katherine Mejía, conocida como “Kathy Mazorca” en redes, debido al nuevo testimonio del detenido que sugiere una compleja cadena de represalias como trasfondo del crimen.

La hipótesis de que el homicidio sería una venganza vinculada a hechos violentos previos, y no solo un acto aislado, ha llevado a las autoridades a replantear el enfoque de sus indagaciones, según el relato recogido.

De acuerdo con su versión, el propio Adonis fue utilizado como “anzuelo”; argumentó ante los investigadores que actuó tras ser secuestrado y coaccionado por un grupo armado, quienes le dieron dos opciones: facilitar el encuentro con Mejía o morir.

“Era una de dos: plata o plomo”, explicó el detenido, señalando el nivel de coacción que habría enfrentado esa noche.

El día de los hechos, Adonis y Mejía planeaban un paseo en motocicleta en el sector del barrio La Salomón Martínez, frente a la Escuela Rotario Número 1.

Adonis sostiene que fue interceptado antes de ver a la víctima y obligado, bajo amenaza directa, a trasladarla al lugar convenido por los secuestradores. La agresión final ocurrió entre las 20:30 y las 21:00, cerca del Hospital San Isidro en el sector Las Palmeras.

A diferencia de la versión oficial inicial, Adonis relató en su declaración que estuvo presente durante el crimen bajo amenaza de muerte y secuestrado previamente por quienes luego perpetraron el asesinato.

El informe señala que las autoridades mantienen la verificación de cada dato como prioridad y que existen otros dos detenidos en torno al caso. Un elemento singular que diferencia este episodio de otros de su tipo es el hallazgo accidental del cuerpo, realizado por niños que buscaban leña en una plantación de palma africana en las afueras de Tocoa, departamento de Colón.

El testigo que acompañó a los menores declaró: “Fuimos a ver y estaba degollada”, confirmando la brutalidad con la que fue ultimada Mejía y corroborando la modalidad apuntada en el relato de Adonis.

La narración de Oscar Adonis, presentada ante las autoridades, introduce la posibilidad de que el crimen sea la consecuencia de una serie de venganzas.

En su testimonio, Adonis nombró a los presuntos autores materiales: Jeffrey Hernández, Abigail y Melissa, quienes al parecer llevaron adelante el ataque directo contra Mejía.

Esta información se presenta como relevante para la identificación de la estructura interna del grupo y sus motivaciones, sometidas ahora a análisis por parte de investigadores forenses y judiciales.

Hasta el momento, continúan abiertas diversas líneas de investigación, y las fuentes reafirman que no se descartan futuras capturas relacionadas con la causa.

El asesinato de Katherine Mejía ha provocado conmoción pública tanto por la brutalidad del crimen como por la notoriedad de la víctima en plataformas digitales.

La aparición de posibles antecedentes de violencia y relaciones interpersonales conflictivas profundizó la atención social, y el caso se mantiene como uno de los episodios recientes más seguidos de la región, aguardando definiciones judiciales sobre la secuencia y motivación de los hechos.

La investigación permanece abierta, enfocada en establecer las responsabilidades de los implicados. El entorno de Mejía y los datos proporcionados por los testigos continúan bajo análisis, mientras la expectativa social persiste en torno al esclarecimiento definitivo del caso.

En una operación que ha sacudido a la comunidad de Santa Rosa de Copán, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) detuvo a cinco integrantes de una misma familia, acusados de formar parte de una red de abusos y explotación contra una niña de 13 años.

La captura, realizada en la noche de ayer, 10 de abril de 2026, se ejecutó tras la emisión de órdenes judiciales el pasado 2 de abril, resultado de una investigación que permitió identificar a los supuestos implicados. Entre los detenidos figuran el padrastro de la menor, la abuela y dos tías. Las acusaciones figuran por:

• Violación agravada continuada
• Explotación sexual de menores
• Omisión de los deberes de impedir el delito.

De acuerdo con información oficial, la menor habría sido víctima de abuso sistemático por parte de su padrastro, un hombre de 51 años, residente en la colonia Díaz Valenzuela. El Ministerio Público (MP) le atribuye el delito de violación agravada continuada, una figura penal que reconoce la existencia de un patrón de agresiones reiteradas.

La DPI detalló que un segundo detenido, un ciudadano de 74 años, enfrenta cargos de violación agravada. Las autoridades mantienen bajo vigilancia la relación de este sujeto con el núcleo familiar de la víctima.

En tanto, la abuela, de 55 años, y dos tías , fueron arrestadas por explotación sexual agravada de menores. Las pesquisas apuntan a que ambas habrían instrumentalizado a la niña para obtener beneficios, lo que agrava la pena al tratarse de ascendientes o parientes cercanos.

Una segunda tía, de 31 años, enfrenta cargos por omisión, una figura que sanciona a quienes, teniendo la obligación de proteger a un menor, no actúan para impedir el delito ni lo denuncian. “El silencio también es un crimen”, enfatizó un portavoz de la Policía Nacional de Honduras.

Marco legal, aislamiento de la víctima y proceso judicial

El Código Penal de Honduras (Decreto 130-2017) contempla sanciones severas para quienes atenten contra la integridad sexual de menores. El artículo 246 establece penas de 9 a 13 años de prisión para el delito de violación, que pueden incrementarse hasta 17 años o más en casos agravados, como ocurre cuando existe vínculo de parentesco o la víctima es menor de 14 años.

En cuanto a la explotación sexual agravada se castiga con entre 10 y 15 años de prisión, con aumentos si el autor es un familiar directo. La DPI subrayó que la intervención policial no solo buscó capturar a los presuntos responsables, sino también rescatar a la menor.

La niña fue puesta bajo resguardo de instituciones especializadas, donde recibe atención médica y psicológica. “El daño psicológico causado en estos casos suele ser profundo y de largo plazo”, explicó un psicólogo forense a los medios locales.

La audiencia inicial para los cuatro detenidos tendrá lugar en las próximas horas. El Ministerio Público solicitará la detención judicial para evitar riesgos de fuga o de presión sobre la víctima, dada la cercanía familiar. El proceso penal continuará con la recolección de pruebas y testimonios, en un esfuerzo por asegurar que los responsables enfrenten el peso de la ley.

La reacción social en Santa Rosa de Copán y en otras regiones del país ha sido de consternación. Organizaciones de protección infantil insisten en la necesidad de fortalecer los mecanismos de denuncia ciudadana y de protección a menores.

Un hombre de 34 años, conocido en el mundo criminal como alias Santiago, fue detenido por la Policía del Tolima en la Terminal de Transporte de Honda mientras se dirigía desde Manizales hacia Bogotá, con el fin de continuar evadiendo a la justicia, aunque en esta ocasión fue interceptado por los uniformados que evitaron que cumpliera su objetivo.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el capturado era requerido con una circular azul de Interpol, emitida por la Fiscalía 4 Seccional EDA de Manizales, además tenía una orden de captura vigente por el delito de fuga de presos en esa ciudad, lo que demuestra que tiene varias cuentas pendientes con las autoridades.

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Durante la audiencia virtual ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Honda, se dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra alias Santiago, con el fin de que continúe vinculado al proceso y sea judicializado oficialmente por los delitos de porte y venta de estupefacientes y fuga de presos.

De acuerdo con el reporte del coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía Tolima, que fue citado por los medios locales como El Nuevo Día, el hombre había logrado evadir a la justicia tras la desarticulación en noviembre de 2025 de la estructura dedicada al microtráfico denominada Green Box, en la que es señalado como uno de los principales expendedores.

El individuo, que había aceptado cargos por concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes y destinación ilícita de inmuebles, fue puesto a disposición de la autoridad competente, según explicó el comandante de la región, asegurando que el delincuente pagará por todos los delitos de los que se le acusa.

De acuerdo con la página de la Interpol, la circular azul es emitida para conseguir más información sobre la identidad de una persona, su paradero o sus actividades delictivas en relación con una investigación penal, por lo que se diferencia de la circular roja que busca localizar y detener a personas con miras a su enjuiciamiento o para cumplir condena.

Autoridades continúan su lucha contra el crimen en la región

Este no es el único operativo que se ha llevado a cabo en el departamento de Tolima, pues dos hombres identificados como “Pantera” y “Cúcuta” fueron capturados por la Policía tras el asesinato de un ciudadano en el barrio San Lorenzo, municipio de San Sebastián de Mariquita, de acuerdo con información de El Nuevo Día.

La intervención de los uniformados se llevó a cabo minutos después del crimen, cuando los sospechosos intentaron huir y fueron interceptados en la vereda El Rodeo, gracias a la activación de un plan candado que cerró las vías de escape.

En el momento de la detención, los uniformados incautaron munición de 9 milímetros, así como una granada de fragmentación, varios teléfonos celulares, placas y la motocicleta utilizada por los presuntos responsables, elementos que pasaron a disposición de la Fiscalía como material probatorio.

Tras las audiencias preliminares, el juez a cargo del proceso impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario a los capturados, que deberán responder por su presunta implicación en el hecho.

De acuerdo con El Nuevo Día, las autoridades continúan las investigaciones para identificar a los posibles autores intelectuales del fatal ataque y avanzar en el desmantelamiento de estructuras criminales que operan en la región.

Y es que los delincuentes no solo afectan la tranquilidad de los sectores, sino que acaban con la vida de personas que pueden llegar a ser inocentes, tal como ha ocurrido en otras situaciones similares, dejando desolación entre la comunidad.

Una mujer hondureña de 36 años fue arrestada en la colonia Miravalle, municipio de Nueva Arcadia, departamento de Copán, luego de que su esposo la denunciara por presunta violencia doméstica, en un caso que evidencia el enfoque creciente de las autoridades hacia la protección contra el maltrato familiar y subraya la coordinación institucional para combatir esta problemática, según informó la Policía Nacional.

El marco normativo se aplica tanto a violencia física como psicológica dentro del núcleo familiar, según lo establecido en el Código Penal. En 2024, el Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO) registró que 1.109 hombres denunciaron ser víctimas de violencia doméstica, señalando que el fenómeno atraviesa todos los géneros y demanda una atención especializada. Esta cifra representa uno de los indicadores que posicionan a la violencia intrafamiliar como uno de los principales desafíos de seguridad y justicia en el país.

De acuerdo con el relato proporcionado por la Policía Nacional, la detención ocurrió tras recibir una alerta vía Sistema Nacional de Emergencias 911 sobre un conflicto intrafamiliar en una vivienda local.

Los agentes se desplazaron al domicilio donde constataron los hechos y ejecutaron la captura de la sospechosa, quien fue puesta a disposición judicial para enfrentar el proceso correspondiente.

El subdirector de la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP-24), responsable del operativo, subrayó que la denuncia temprana constituye una herramienta fundamental para resguardar a las víctimas: “La intervención rápida puede salvar vidas y prevenir que los conflictos escalen a situaciones de mayor riesgo. La ciudadanía debe confiar en los mecanismos de protección y alertar ante cualquier incidente de violencia doméstica”, declaró el funcionario.

La tendencia reciente muestra un incremento en los casos en los que los denunciantes son hombres. Según estadísticas del Juzgado contra la Violencia Doméstica de Francisco Morazán, en años anteriores hubo 2.955 denuncias por maltrato familiar, de las cuales 412 fueron presentadas por hombres, de acuerdo con datos. Los registros de SIELHO para 2024 señalan que más de mil hombres denunciaron violencia doméstica, aunque la mayoría de los expedientes continúan correspondiendo a mujeres.

Antecedentes en otros departamentos

El caso de Nueva Arcadia no constituye un hecho aislado. Recientemente, agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria detuvieron a una joven de 25 años, oriunda de San Pedro Sula, en la aldea Naco, municipio de Quimistán, después de que su pareja la señalara por ejercer violencia reiterada, según la Unidad Metropolitana de Prevención #22 (UMEP-22).

El artículo 289 del Código Penal establece: “Cualquier acto de violencia física o psicológica ejercido sobre un cónyuge, una persona con la que se mantenga una unión de hecho reconocida, o quien haya tenido una relación estable análoga, incluso sin convivencia, será considerado maltrato familiar”.

Las sanciones comprenden penas de prisión, multas y medidas alternativas, en función de la gravedad del acto, conforme a lo indicado en la normativa vigente.

La respuesta institucional destaca la importancia de la denuncia oportuna a través de canales como el 911 y el acompañamiento constante a las víctimas, elementos que, resultan indispensables para romper el ciclo de violencia y construir comunidades seguras. “Es importante que la sociedad entienda que cualquier forma de violencia en el hogar es un delito. No solo se protege a la persona afectada, sino que se contribuye a una comunidad más segura y justa”, enfatizó un vocero policial.

La violencia intrafamiliar sigue siendo un problema persistente y de múltiples dimensiones en Honduras, tal como confirman los reportes del Ministerio Público. Las autoridades y defensores insisten en reforzar los mecanismos de protección, la labor educativa y los procesos judiciales para garantizar que los agresores enfrenten consecuencias y que las víctimas, sin importar su género o edad, reciban atención especializada.

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala reportó la captura del último integrante de la estructura criminal conocida como “Los Fósforos”, una organización sindicada de delitos graves como asesinato y hurto agravado. La detención se realizó la mañana del sábado 4 de abril durante un operativo de seguimiento y vigilancia llevado a cabo por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) en la zona 5 de Quetzaltenango.

El detenido fue identificado como Rodrigo “N”, de 28 años, quien era buscado por su presunta participación en diversos hechos ilícitos cometidos por el grupo criminal en varias zonas del municipio. La aprehensión de Rodrigo “N” representa el cierre de un proceso investigativo de más de un año contra la estructura, que mantenía presencia en las zonas 2, 6 y 11 de Quetzaltenango. Las autoridades señalaron que “Los Fósforos” están directamente vinculados con un homicidio registrado en un auto hotel de la zona 5, además de estar involucrados en múltiples robos y otros delitos.

En la detención, dos agentes de la DEIC escoltaron al capturado, quien vestía una chaqueta azul y pantalón oscuro, con las manos esposadas a la espalda. La aprehensión se realizó en las inmediaciones de una reja metálica y posteriormente el traslado se efectuó frente a las instalaciones del Organismo Judicial de Quetzaltenango, según muestran las imágenes divulgadas por la PNC en sus canales oficiales.

Antecedentes: desarticulación de “Los Fósforos” en 2025

La PNC confirmó que la captura de Rodrigo “N” completa la desarticulación de la estructura, ya que en marzo y mayo de 2025 se había logrado la detención de otros cuatro integrantes por los mismos delitos. Estos operativos, realizados el año pasado, permitieron identificar y capturar a los principales miembros de la banda, quienes enfrentan cargos por asesinato y hurto agravado. Las investigaciones revelaron que el grupo tenía como modus operandi el actuar en distintos puntos de Quetzaltenango, aprovechando la dispersión geográfica en las zonas 2, 6 y 11 para cometer robos y planear ataques selectivos.

Las autoridades consideran que con esta última detención se logra desmantelar por completo la estructura de “Los Fósforos”, que operaba con violencia y actuaba de manera coordinada para cometer ilícitos en el municipio. Los cuatro integrantes capturados el año pasado fueron puestos a disposición del sistema de justicia y actualmente enfrentan procesos por los delitos que se les imputan. No se han revelado sus identidades por motivos de investigación y seguridad.

La PNC de Guatemala reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y señaló que las acciones contra estructuras criminales continuarán en todo el país. Además, hizo un llamado a la población para denunciar cualquier actividad sospechosa y colaborar con las autoridades en la prevención de delitos.

La detención de Rodrigo “N” fue recibida como un avance en la lucha contra el crimen organizado en Quetzaltenango, una región que en los últimos años ha registrado un aumento en los hechos de violencia asociados a estructuras delictivas. El seguimiento a este caso se mantendrá en los próximos días conforme avancen las diligencias judiciales y se esclarezcan los hechos vinculados a la estructura criminal de “Los Fósforos”.

En la tarde del 4 de abril, las autoridades informaron que fue recapturado Alexander Díaz Alvarado, conocido en el mundo criminal como el “Monstruo de Anapoima”, que se se fugó en la madrugada del 3 de abril de la cárcel de máxima segurida de Jamundí, en el Valle del Cauca.

La Policía Nacional informó que la captura se registró en Ibagué, Tolima. Se desconoce si el individuo que está pagando una condena de 27 años de prisión por homicido será trasladado nuevamente a Jamundí.

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Antes de la fuga, Alvarado se encontraba en el Bloque 1, pabellón 3 del Complejo Penitenciario y Carcelario (Cojam) y los guardias del Inpec alertron sobre su escape tras el conteo que se realiza cada mañana en el centro carcelario.

El historial delictivo de Alvarado

Las autoridades han informaod que este sujeto es señalado como el responsable de varios crímenes de alta gravedad en Anapoima, Cundinamarca, siendo un caso de homicidio y violación por el que fue capturado en noviembre de 2023.

En el hecho citado, Alvarado asesinó a un hombre del municipio mediante asfixia y posterior a ello abusó sexualmente de la pareja de la víctima, a la que asesinó tras la violación.

Debido a la gravedad de los hechos, en la región fue noticia todo lo relacionado con el juicio en el que un juez decidió que el denominaod “Monstruo de Anapoima” debía purgar una condena de 27 años en un centro de reclusión.

Su traslado a la cárcel de Jamundí se registró debido a que las autoridades señalaron que Alvarado era un criminal peligroso que requiere especial protección. Cabe mencionar que este sujeto ha sido vinculado a asesinatos de adultos mayores en Anapoima debido al modus operandí que utilizó en el hecho mencionado, que es similar a los rasgos identificados en otros casos.

La fuga de Alexander Díaz Alvarado de la cárcel de máxima seguridad de Jamundí, generó una fuerte reacción de la Personería de Jamundí. Este organismo solicitó de manera urgente al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) el refuerzo inmediato de las medidas de seguridad en el penal.

La petición se centra en la preocupación por la vulnerabilidad demostrada por el establecimiento carcelario, que alberga a personas condenadas por delitos graves y de alto perfil.

La personería argumenta que la evasión de Díaz Alvarado, condenado por homicidio, hurto y acceso carnal violento, pone en riesgo la seguridad de la comunidad y evidencia deficiencias en los controles internos de la cárcel.

El organismo solicitó también una investigación exhaustiva sobre las condiciones que permitieron la fuga, pidiendo identificar posibles fallas administrativas o complicidades internas. Además, exigió una revisión de los protocolos de vigilancia, la dotación tecnológica y la capacitación del personal encargado de la custodia de los internos.

Entre las acciones solicitadas figura la instalación o actualización de cámaras de seguridad, la mejora en los sistemas de control de acceso y la aplicación estricta de revisiones periódicas en las zonas sensibles del penal. La personería insistió en la necesidad de garantizar condiciones que impidan futuras fugas y reiteró su llamado a proteger a la población de Jamundí, que se mantiene en alerta tras el incidente.

A pesar de que Alvarado fue recapturado el 4 de abril, la personería advirtió que la confianza ciudadana en el sistema penitenciario depende de respuestas rápidas y efectivas, subrayando la importancia de la transparencia en la investigación y la implementación de correctivos urgentes en la cárcel de Jamundí, además de responder las dudas sobre por qué un recluso logró salir del centro carcelario sin que ninguno de los guardias se diera cuenta de ello.

Un operativo conjunto entre la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol y la Fiscalía General de la Nación permitió la captura en Barranquilla de Armando Rafael Palma Moreno, conocido como alias Alambrito.

Este sujeto, según información oficial, sería el cabecilla de zona de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).

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El procedimiento representó un golpe estratégico para las estructuras criminales que operan en la región Caribe y fortalece las acciones estatales contra el crimen organizado, pero volvió a dejar en evidencia el uso de las redes sociales como forma de reclutar a jóvenes en sus filas

En este caso, “Alambrito” se ufanaba del dinero y el poder que ostentaba por medio de publicaciones que compartió desde un perfil en la red social TikTok (@armandopalma82).

La trayectoria criminal y el rol de “Alambrito” dentro de las Acsn

Alias Alambrito, con más de cuatro años de historial delictivo, se consolidó como el hombre de confianza de Nain Andres Perez Tonce alias Nain o “Bendito Menor”, máximo cabecilla de la subestructura criminal Javier Cáceres de la organización.

Según las autoridades, Palma Moreno fue comisionado por el mando central de las Acsn para establecer alianzas estratégicas con el grupo Los Costeños (liderada por Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor), con el fin de fortalecer el componente criminal y controlar rutas de narcotráfico en el Atlántico.

Durante el procedimiento de captura, fueron incautados tres equipos móviles (y de uno no se descarta que fuera el dispositivo usado para realizar las publicaciones desde el perfil de TikTok por parte de “Alambrito”) que serán sometidos a extracción forense de información, y una gorra con insignias alusivas al grupo armado.

La evidencia recogida podría aportar datos relevantes sobre las operaciones y alianzas de la organización.

Extorsión, homicidios y perfilamiento de víctimas

La Policía señaló en su informe que a Palma Moreno se le atribuye la coordinación de actividades de vigilancia y perfilamiento de comerciantes locales, facilitando extorsiones ejecutadas por alias Naín.

Además, se le vincula como autor intelectual y material del homicidio colectivo (masacre) de cinco personas, ocurrido el 31 de agosto de 2025 en el corregimiento de Punta de los Remedios.

Las autoridades destacan que su función dentro de la organización iba más allá de la logística y la seguridad, extendiéndose al ámbito digital y mediático.

Alias Alambrito, el ‘influencer’ criminal: propaganda y culto por TikTok

Alias Alambrito se ganó el apodo de “influencer” de las ACSN por su constante actividad en redes sociales, donde difundía contenido propagandístico de la organización.

Su estatus era tan relevante que incluso circulan canciones alusivas a su figura, resaltando su cercanía con los cabecillas y su poder dentro de la estructura criminal.

Tras su detención, se viralizó en YouTube la canción “El Corrido de Alambrito”, producida por StudiosMD Company.

La descripción del video da cuenta de la importancia en la red criminal del hoy detenido: “El tema se mueve entre la crudeza de la calle y el orgullo de quien ha enfrentado todo sin doblarse. ‘Alambrito’ no solo representa a una persona, sino a una forma de vivir: firme, directa, sin máscaras”.

El caso vuelve a poner en alerta a las autoridades a raíz de esta forma en la que algunas organizaciones criminales han adoptado estrategias de comunicación propias de los llamados “influencers”, buscando proyectar poder, reclutar jóvenes y reforzar su identidad a través de redes sociales y contenidos musicales.

Esta la letra de El Corrido de Alambrito:

Desde La Guajira salió el bendito,

con la gorra firme y el paso bonito

Las calles lo aclaman, las damas lo gritan,

su nombre resuena donde el sol palpita.

No es solo su cara ni su voz de mando,

es que tiene estilo, va siempre brillando.

Con cadena gruesa y mirada de acero,

Alambrito es fuego, es puro sendero.

Bendito Alambrito, el que manda en la zona,

las mujeres lo siguen, su fama emociona.

Con el menor bordado y Colombia en la frente,

es leyenda viva, es hombre valiente.

En cada esquina se escucha su nombre,

no hay quien lo iguale, no hay otro hombre.

Con rifle bordado y bandera en la gorra,

su paso es firme, su historia se forra.

Bendito Alambrito, el que manda en la zona,

las mujeres lo siguen, su fama emociona.

Con el menor bordado y Colombia en la frente,

es leyenda viva, es hombre valiente.

Y si algún día preguntan por él,

diles que es fuego, que es puro papel.

Que su corrido ya suena en el viento,

bendito Alambrito, orgullo del momento.

En una de las jornadas más tensas recientes del fútbol salvadoreño, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó este día 30 de marzo, la detención de ocho personas tras una riña entre aficionados de los clubes Águila y FAS a la salida de un partido de la Primera División disputado en San Miguel.

El episodio, que quedó registrado en video y circuló en redes sociales, mostró a seguidores del FAS arrojando piedras y atacando a hinchas del Águila y a conductores que transitaban por la zona.

Según informó la PNC, el enfrentamiento se produjo sobre la 4ª Calle Oriente y pasaje San Simón, en las inmediaciones del estadio Juan Francisco Barraza, en San Miguel, donde cientos de personas abandonaban el recinto tras la conclusión del encuentro. Entre los arrestados en el lugar figuran:

• Rafael Alejandro Hernández Martínez
• Jairo Neftalí García Blanco
• Esteven Armando Chicas Hernández
• David Alexander Bernabé Gálvez 
• Roberto Carlos Gálvez Ávila.

La policía detalló además que, poco después, realizó una segunda intervención sobre la carretera Panamericana, en el desvío a San Vicente, en Apastepeque. Allí capturó a otros tres sujetos identificados como: Rafael Eduardo Morataya Arce, Alejandro Josué Murillo Flores y Raúl Eduardo Hernández, quienes viajaban en un autobús vinculado a los hechos. Todos los detenidos serán remitidos a las autoridades por el delito de desórdenes públicos.

De acuerdo con la versión de las autoridades, la situación fue controlada de inmediato y se realizó un llamado a la población para evitar cualquier manifestación de violencia en eventos deportivos. “No se tolerará ningún tipo de violencia”, enfatizó la institución en un comunicado oficial recogido por varios medios locales.

En los videos difundidos, se observó a varios individuos armados con piedras y, según testigos citados en prensa, algunos portaban armas blancas, lo que generó temor entre los asistentes y vecinos.

Violencia recurrente entre barras y respuesta institucional en el fútbol salvadoreño

El episodio se inscribe dentro de una serie de incidentes que han marcado la rivalidad entre aficionados de FAS y Águila, dos de los equipos de mayor tradición en El Salvador. Los choques entre barras han sido frecuentes en partidos de alta convocatoria, y las autoridades han reforzado los llamados a la convivencia pacífica.

Recientemente, también se registraron disturbios protagonizados por hinchas del FAS dentro del estadio Cuscatlán, lo que evidencia un patrón persistente de violencia en torno a estos partidos.

En El Salvador, la legislación vigente contempla sanciones específicas para quienes alteren el orden público. El artículo 348 del Código Penal establece que “serán sancionados con prisión de uno a tres años quienes participen en desórdenes públicos que pongan en riesgo la seguridad de las personas o los bienes”.

Ante este panorama, la PNC ha reiterado que los operativos de seguridad en eventos deportivos han permitido reducir la violencia en los estadios, pero reconocen que las disputas entre grupos de aficionados siguen representando un desafío. Las autoridades insisten en que la prevención y la denuncia ciudadana resultan fundamentales para disuadir este tipo de conductas.

La reiteración de estos incidentes evidencia que los enfrentamientos entre seguidores de equipos rivales han sido una constante durante años en el fútbol salvadoreño. Los registros policiales y los reportes periodísticos de los últimos años muestran que estos sucesos no han dejado de provocar daños, heridos y detenciones, a pesar de los esfuerzos institucionales por erradicarlos.

El abogado Alejandro Carranza, que representa los intereses de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, cuestionó el actuar del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación por la manera como efectuó la captura del procesado, llevada a cabo el 29 de julio de 2023.

De acuerdo con el profesional en Derecho, el operativo de captura presuntamente fue irregular por varios motivos. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de que los funcionarios revisaron el celular de Laura Ojeda, la esposa de Nicolás Petro, que se encontraba en el momento de su detención.

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El otro está relacionado con el hecho de que los responsables de la diligencia filmaron la captura, pese a que el investigado se encontraba semidesnudo y su pareja, que estaba en estado de embarazo, estaba desnuda y cubierta por una cobija.

“¿Cómo abrieron ese celular? Tenía clave. Y la pregunta es: ¿Acaso llevaron al juez de garantías el derecho de Laura para garantizar que ella daba la clave sin haber sido filmada desnuda y humillada delante de esos investigadores del CTI?”, cuestionó Carranza en su intervención durante la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro Burgos, acusado como presunto responsable de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Carranza aseguró que no hubo ningún tipo de garantías en el proceso y señaló a los funcionarios del CTI que participaron en el operativo de captura de haber saciado supuestos “intereses morbosos” al filmar a la esposa de Nicolás Petro. Afirmó que “se probó la intencionalidad grabando todo”.

Sin embargo, el juez del caso interrumpió al abogado, advirtiendo que el término “morbosidad” no es aplicable al sistema penal acusatorio, por lo que solicitó a la defensa utilizar la terminología “adecuada”.

En consecuencia, el profesional en Derecho continuó su intervención indicando que los investigadores del CTI abusaron de sus funciones al ingresar al teléfono de Laura Ojeda. “¿Eso también fue voluntario, su señoría? ¿Eso también está cubierto por la entrega espontánea de una persona? Yo creo que no”, dijo.

Posteriormente, en su cuenta de X, el abogado también rechazó la filtración del video de la captura, que fue divulgado por los medios de comunicación. A su juicio, en ese sentido, la prensa falló en su ejercicio periodístico. “Mandan cáscara como dicen aquí en Barranquilla (sic)”, aseveró.

Así las cosas, aseguró que las personas involucradas en la captura presuntamente irregular de Nicolás Petro tendrán que dar explicaciones por posible abuso de autoridad.

“Los investigadores y todos sus cómplices responderán por esos hechos. Y me puedo hacer regañar una y otra vez, todo lo que hicieron ustedes con Burgos Víctor Forero y compañía fue un abuso de autoridad y un despropósito para el buen periodismo”, indicó.

En su momento, Laura Ojeda se pronunció sobre los hechos a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que advirtió que la manera como fue capturado su esposo fue innecesaria, teniendo en cuenta que siempre atendió los llamados de la Fiscalía en relación con el proceso penal. Calificó la diligencia como un “allanamiento” en el que, según detalló, también le fue vulnerada su dignidad.

Además, cuestionó la divulgación del video en la prensa, teniendo en cuenta que la grabación tenía “custodia exclusiva” de la Fiscalía.

“El video que hoy publicaron es prueba plena de que quisieron poner ropaje de legitimidad a un abuso contra nuestra dignidad (…). Grabarnos desnudos, en mi caso, con ocho meses de embarazo y revictimizarnos con la filtración del video, no es noticia, ni es justicia; esto es una infamia”, precisó Laura Ojeda.

En la grabación se observa cómo el joven cierra la puerta en la cara de dos agentes y argumenta: “Es propiedad privada”. Los policías, ante la negativa, lo empujan y el joven corre hacia el interior, siendo finalmente reducido por tres uniformados.

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Durante el forcejeo, el joven pide apoyo: “Tío, hey, tío”. Sin embargo, la respuesta sorprendió a muchos: “Ya, marica, tú te lo ganaste”, responde el familiar. El joven insiste: “Esto no se puede”, pero el tío repite: “Tú te lo ganaste, marica”.

La escena ha generado debate en redes sociales. Algunos usuarios comentaron: “Buen aporte del tío a la educación de su sobrino. Uno trabaja para ganar algo”. Otros respaldaron a los agentes: “Tan groseros con la policía, no respetan, qué tipo tan vulgar, bravo por la policía que se hagan respetar”. También surgieron análisis legales y bromas sobre la relación familiar.

La legislación colombiana establece un marco claro sobre los procedimientos de detención y la relación entre los ciudadanos y las autoridades policiales. Cuando la policía en Colombia procede a una captura, solo puede hacerlo si cuenta con una orden judicial emitida por una autoridad competente o si se presenta un caso de flagrancia, es decir, cuando alguien es sorprendido en el momento mismo de cometer un delito.

En estas circunstancias, la ley no permite que una persona impida la actuación policial. Si alguien intenta oponerse a una captura bajo estas condiciones, puede incurrir en el delito de violencia contra servidor público. Esta conducta puede derivar en procesos judiciales adicionales y sanciones penales, lo que hace recomendable evitar cualquier forma de resistencia física o verbal durante la intervención.

La Ley 1801 de 2016, conocida como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, regula de manera estricta el comportamiento de los ciudadanos frente a la autoridad. El Artículo 35, numeral 1, define claramente que el irrespeto, la desobediencia o la agresión contra agentes de policía son conductas sancionables y contrarias a la convivencia.

Entre los comportamientos prohibidos se encuentran insultar, incumplir órdenes legítimas, impedir procedimientos de identificación y agredir o lanzar objetos a los uniformados.

Las sanciones por estos actos pueden incluir multas tipo 3. En casos más graves, como cuando hay obstrucción de la función pública, la conducta puede dar lugar a capturas y procesos penales. Además de las sanciones económicas, la ley prevé medidas correctivas como acciones pedagógicas o la disolución de reuniones si el comportamiento afecta el orden público.

Además, existen situaciones específicas en las que la policía puede ingresar a una residencia sin una orden judicial. Estas excepciones incluyen casos en los que está en riesgo la vida de una persona, cuando ocurre un delito en flagrancia o cuando se requiere auxilio de manera urgente. En cualquier otra circunstancia, los agentes deben presentar la documentación correspondiente antes de ingresar a una vivienda.

Ante un procedimiento policial, es fundamental que la persona exija la identificación del agente y la presentación de la orden judicial, si corresponde. Este paso garantiza la transparencia del proceso y protege los derechos de quien está siendo intervenido. Tomar esta precaución es clave, ya que ayuda a evitar abusos de autoridad y permite verificar que el procedimiento se ajusta a la legalidad.

El derecho a documentar lo que ocurre durante una detención está amparado, siempre que la grabación no interfiera con el desarrollo del procedimiento. La grabación puede convertirse en una herramienta útil posteriormente, especialmente si surgen controversias sobre la actuación policial o si se requiere presentar una queja formal ante las autoridades.

Además, durante una detención, mantener la calma resulta crucial. Esta actitud ayuda a disminuir la tensión y facilita la comunicación con los agentes. Escuchar las instrucciones con atención y responder de manera respetuosa puede contribuir a que el procedimiento se desarrolle adecuadamente.

La Policía de Bolivia anunció la captura de cinco colombianos y dos ecuatorianos, señalados de pertenecer al grupo de seguridad de Sebastián Marset, narcotraficante uruguayo capturado el viernes 13 de marzo.

Según el reporte entregado por el ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, el operativo se desarrolló en Santa Cruz, ciudad en la que, según el funcionario local, estos sujetos preparaban atentados terroristas tras la detención y posterior extradición de Marset a Estados Unidos.

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El acceso a mensajes de celular permitió a la policía identificar la planificación de las represalias, que pretendían involucrar a “delincuentes expertos en explosivos” del extranjero, detalló el ministro boliviano.

Incluso, Oviedo precisó a los medios locales que uno de los arrestados es un exmilitar colombiano de 30 años, a quien identifican como líder del grupo.

Entre los elementos incautados a los detenidos se encontraban uniformes de corte militar, según detalló el funcionario ante la prensa.

Los sujetos fueron identificados como Kevin C., Luis E. E., Martino V. R., Daniel A. S., Sebastián D. H., Ed A. F. y José G. Á., quienes ya fueron trasladados a dependencias policiales para su correspondiente investigación.

Captura de Sebastián Marset y nexos en Colombia

El viernes 13 de marzo de 2026, las autoridades de Bolivia notificaron la captura de Sebastián Marset, señalado como líder de una organización internacional de tráfico de drogas.

Sobre él pesaban órdenes de captura de la justicia de Bolivia, Uruguay y Brasil, además de requerimientos de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), Europol e Interpol. Por este criminal de talla internacional, la DEA ofrecía hasta dos millones de dólares por información que permitiera su arresto.

El hoy encarcelado en Estados Unidos es acusado del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, mientras disfrutaba de su luna de miel en la isla de Barú (Cartagena de Indias, Colombia) junto a su esposa en 2022, Aunque el uruguayo ha negado su implicación, la justicia de Colombia ya condenó a siete personas por este crimen, que también derivó en detenciones en Venezuela y El Salvador.

Del mismo modo, Marset es vinculado con una red de empresas fachada y al menos una identidad falsa para replicar en Bogotá el esquema de presunto lavado de dinero que empleó en Paraguay.

Igualmente, Marset había sido señalado por el presidente Gustavo Petro como uno de los presuntos responsables de supuestos ataques en su contra. De hecho, el mandatario nacional se refirió a la captura del narco uruguayo.

“Este señor (Marset) me quería asesinar en el ejercicio de mi cargo como presidente de la República, era muy amigo de gentes de la Fiscalía de alto nivel que permitieron que se borrara su nombre de los expedientes del asesinato del fiscal paraguayo Pecci en Cartagena, Colombia”, manifestó Petro en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, el mandatario reiteró la responsabilidad de Marset en el crimen del fiscal Pecci, al considerar que “fue asesinado en su luna de miel y ante su mujer embarazada, como si la vendetta reviviera”.

Al final de su declaración, el jefe de Estado colombiano acusó a Marset de ser “miembro de la junta del narcotráfico en Dubai”.

Por si fuera poco, el mandatario agregó que él (Marset) “y sus socios son los grandes capos de la cocaína en Europa y Medio Oriente, además de ser poseedores de minas de esmeraldas en Colombia”.

Aunque Petro asoció en varias ocasiones a Marset con actividades criminales que implicarían atentados como el sufrido por el senador colombiano Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía de Colombia declaró a El País en 2025 que no existen pruebas concluyentes que sustenten esa conexión.

Durante el operativo, las fuerzas antidroga bolivianas publicaron fotografías mostrando la detención de cuatro personas, entre ellas una mujer y tres hombres. Así mismo, en medio de la operación policial, también fueron capturados dos colombianos, un venezolano y una ciudadana uruguaya, familiar directa del capo.

Todos los detalles se conocieron a través de la Plataforma por los Animales ALTO y del relato de una de las integrantes del grupo en Facebook, Corazón Animal Vegano, que señalaron con nombre propio al responsable de lanzar a un perro llamado Tony, de raza criolla, desde un piso 25.

El can, adoptado hace tres años, murió por el impacto. Tras la detención del presunto agresor, el miércoles 19 de marzo de 2026, las imágenes del arresto se viralizaron en redes sociales.

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“Hoy amanecemos con un caso bastante triste. Un perrito fue arrojado del piso veinticinco y murió. Se llamaba Tony y fue adoptado desde hace tres años, pero su familiar arrendó a una persona y esa persona le terminó quitando la vida. Y hoy se va a realizar, se va a realizar un homenaje y velación a Tony para honrar su vida y exigir justicia para que esa persona no termine libre y con impunidad”, inicia al comienzo de la grabación la ciudadana

Más adelante se argumenta que “la persona (hoy detenida) es un abogado y que posiblemente va a acudir a un caso que no estaba establemente bien mentalmente, que estaba drogado y las excusas que siempre dan para justificar el asesinato de un perrito, de un animal”, agregó la integrante del grupo activista por los derechos de los animales.

Por todo lo anterior, “exigimos justicia y que no quede impune el caso de Johan Esteban Velasco Posada, que está ya en la URI (Unidad de Reacción Inmediata) y está su familiar del perrito asesinado denunciando, pero que no quede libre, que realmente pague este delito y que no sea un caso más de asesinatos de los animales justificando trastornos o drogadicción”.

Por todo lo anterior, el miércoles 19 de marzo “a las siete p.m. en el conjunto Iconik 68 de esta dirección se realizará el homenaje y se exigirá justicia”, dijo en su momento la joven, que anexó la dirección del inmueble, ubicado en la localidad de Kennedy.

Asimismo, la plataforma ALTO dejó este mensaje apoyando el relato de la integrante del grupo Corazón Animal Vegano: “Pedimos justicia (...) Tonny vivía feliz con un familiar, pero arrendó la habitación y este sujeto se ensañó con él. Hagamos famoso a este criminal“.

Además, se mencionó en la misma publicación que el hoy detenido “durante 2 horas el tipo estuvo lanzando cosas y gritando, en su cuello tenía una cuerda de carnet del despacho judicial, ya que trabaja en los juzgados de Paloquemao”.

La respuesta oficial por parte de las autoridades luego de la captura

Luego de las llamadas de la comunidad, y la llegada de una ambulancia, unidades del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, y de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), se realizó la captura del señalado agresor y se hizo una inspección en el departamento. De allí uno de los hallazgos fue el cordón con las inscripciones del complejo judicial.

Asimismo, y en un comunicado de prensa que se reveló la tarde del mismo miércoles, la Alcaldía de Kennedy y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba): “De acuerdo con la información preliminar conocida por las autoridades, un ciudadano, presuntamente bajo los efectos de sustancias psicoactivas, habría arrojado al animal desde un balcón de una edificación, ocasionándole la muerte”.

En el mismo documento se precisó que “desde el momento en que se conoció la situación el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, IDPYBA, hizo presencia en el lugar para brindar acompañamiento técnico e institucional, en articulación con la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal – GELMA".

Por este caso, la Fiscalía fue asignada como la “autoridad competente”, menciona el comunicado, que también resaltó que el ente investigador “tiene a su cargo la investigación y el esclarecimiento de los hechos”

“Nuestro propósito es contribuir con el esclarecimiento de los hechos a la justicia y garantizar el acceso a la justicia para los animales víctimas de actos de violencia y de los ciudadanos maltratados”, destacó Antonio Hernández Llamas, director del Idpyba.

Al final de la misiva se reiteró que “los animales son seres sintientes y que toda conducta que atente contra su vida, integridad y bienestar resulta inadmisible y debe conducir al ordenamiento jurídico”.

De paso, se volvió a hacer el “llamado a la ciudadanía para continuar denunciando por los canales oficiales los casos de maltrato animal en la ciudad, invitando a fortalecer acciones de cuidado y formación de ambientes seguros, en respeto y bienestar animal”, finaliza el comunicado.

La Sala I del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, en Honduras ordenó prisión preventiva para Kleivin Emilson Orellana Guzmán, tras la revocación de una medida sustitutiva anterior por decisión de la Corte de Apelaciones de lo Penal.

El acusado, señalado como presunto cabecilla de la estructura criminal denominada La Kleivona, permanecerá privado de libertad mientras enfrenta el proceso judicial, en el marco de una investigación por el asesinato de un agente de la Policía Municipal de La Lima en enero de 2023 y nuevos cargos por asociación para delinquir

Las autoridades localizaron y capturaron a Orellana Guzmán el domingo pasado durante un operativo en la aldea La Protección, municipio de Choloma, departamento de Cortés. Su aprehensión era una de las prioridades para la Policía Nacional de Honduras, que había dispuesto 500 mil lempiras de recompensa a quien aportara información sobre su paradero.

En este despliegue, encabezado por la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), el Comando de Operaciones Especiales y otras fuerzas de seguridad comunitaria, se arrestó a tres personas y se incautó un arsenal: ocho armas largas de uso prohibido, aproximadamente 60 cargadores, diez chalecos antibalas, varios cascos balísticos y dos vehículos Rhino.

Con la resolución de este lunes, Orellana Guzmán será trasladado a la Penitenciaría Nacional de Támara, ubicada en las afueras de Tegucigalpa, donde quedará recluido mientras avanza el proceso judicial.

La investigación tiene su origen en el homicidio de Henry Jonathan Mejía Velásquez, agente de la Policía Municipal de La Lima, quien fue asesinado el 31 de enero de 2023 en Cortés. El tribunal aseguró que la causa está en fase avanzada, con la audiencia de proposición de medios de prueba programada para el 25 de marzo. En dicha instancia, el Ministerio Público y la defensa presentarán las pruebas que buscan incluir en el juicio oral y público.

Este proceso no es el único que pesa sobre el acusado. De acuerdo con fuentes judiciales, Orellana Guzmán figura también como imputado en una investigación por asociación para delinquir, donde se vincula a uno de sus hermanos.

En ese expediente independiente, ya se había dictado la medida de prisión preventiva, luego de que las autoridades consideraron suficientes los indicios de participación en actividades delictivas organizadas en la zona norte del país.

Durante el operativo que culminó con la detención de Orellana Guzmán, los agentes de la Policía Nacional fueron recibidos a disparos por presuntos miembros de la estructura investigada, lo que generó un enfrentamiento armado y la muerte de uno de los supuestos integrantes del grupo.

Las autoridades detallaron que la persona herida falleció posteriormente, y se realiza el proceso de identificación oficial.

En el procedimiento no solo hubo capturas. La policía reportó el decomiso de cuatro paquetes de una sustancia que podría ser cocaína, enviada a laboratorios para su análisis.

Tanto el arsenal como la presunta droga fueron atribuidos a la organización señalada, y los investigadores plantean hipótesis de delitos relacionados con el narcotráfico y la tenencia ilícita de armas.

La familia del detenido desmintió la versión oficial. La esposa de Orellana Guzmán, en declaraciones a medios de comunicación, aseguró que el fallecido en el enfrentamiento era José Will Orellana Guzmán, cuñado del acusado, cuyo cuerpo permanece en la morgue de San Pedro Sula. Explicó: “Llegaron a hacer una emboscada, me los desnudaron a los dos, a mi esposo y a Will. Los agarraron a quemarropa. Me le dispararon en la espalda a Willy y lo mataron lastimosamente”.

Afirmó también que la familia se dedica a labores agrícolas como parte de una empresa campesina y rechazó de forma tajante la existencia de un grupo criminal llamado La Kleivona. Señaló que el conflicto se origina por disputas de tierras entre cooperativas en la región de Los Bajos de Choloma. Tras su arresto, el propio Orellana Guzmán agregó: “Se trata de una persecución. Nosotros somos una empresa campesina, yo no quiero problemas”.

El vocero Ruy Barahona, de los Tribunales de Justicia de la zona norte, señaló que el acusado deberá someterse a las audiencias fijadas mientras persista la prisión preventiva. Las pesquisas seguirán su curso para precisar el alcance de las actividades de la presunta estructura La Kleivona y la implicación de otros posibles miembros. Las autoridades prevén que en las próximas semanas se definirán las responsabilidades penales de Orellana Guzmán y el futuro de la supuesta red delictiva investigada.

El hallazgo se produjo durante labores de registro y control desarrolladas por uniformados de la estación de Policía que opera en la terminal de transporte terrestre.

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El menor, de nacionalidad venezolana, fue interceptado cuando se encontraba solo y llevaba una maleta sospechosa. Los uniformados lo interrogaron y revisaron el contenido, donde hallaron 23 bolsas herméticas con marihuana, con un peso total de 11.500 gramos.

Según el testimonio del adolescente, él no iba a viajar con la maleta, sino que debía entregar la sustancia a una ciudadana que se disponía a viajar desde el terminal.

Voceros oficiales de la Policía afirmaron que la intervención permitió evitar la posible distribución de los más de 11 kilos de sustancia psicoactiva en otras ciudades del país.

El adolescente y la droga incautada quedaron a disposición de la autoridad competente, y el menor deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La institución reiteró su compromiso con el control del narcotráfico en los principales puntos de ingreso y salida de la capital, e hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie o aporte información que contribuya a la prevención y combate de delitos que afectan la seguridad y convivencia en Bogotá.

Autoridades encontraron 3000 dosis de marihuana que iban en “encomienda” por carretera, en Bolívar

De manera paralela, uniformados de la Policía Nacional decomisaron un cargamento de marihuana que era transportado como encomienda en un tractocamión por la Troncal de Occidente, en el departamento de Bolívar.

El operativo se realizó en la vía San Onofre – Cartagena, a la altura del kilómetro 62 de la Ruta 9005, cerca del peaje de Gambote.

Durante un control de rutina, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar detuvieron un vehículo de carga afiliado a una empresa transportadora que cubría la ruta Cali – Cartagena. El conductor, oriundo del municipio de Covarachía, Boyacá, llevaba varias encomiendas con destino a Cartagena.

Al inspeccionar la carga, los policías hallaron tres paquetes envueltos en plástico color beige. La sustancia contenida en el interior fue identificada, por sus características de olor, color y textura, como marihuana. El peso del alijo equivale a 3.055 dosis, las cuales fueron incautadas de inmediato.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló que los controles en los corredores viales se mantienen para prevenir el uso de las carreteras del departamento por parte de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Las autoridades aseguraron que estos operativos continuarán como parte de las acciones para reforzar la seguridad en la región.

Encontraron 3 toneladas de marihuana abandonada en un carro, en Aguachica

Más de 3.200 kilogramos de marihuana fueron incautados por la Policía Nacional en una operación realizada en zona rural de Aguachica, al sur del departamento de Cesar. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, se trata de uno de los decomisos más voluminosos de la última década en la región, según informó el coronel William Javier Morales Vargas, comandante policial del departamento.

El impacto de esta incautación fue resaltado por el jefe policial, que señaló que con la operación “más de tres millones de dosis de estupefacientes fueron retiradas del mercado ilegal, lo que representa un golpe directo a las finanzas de las estructuras dedicadas al narcotráfico”.

La droga, que se encontraba oculta en el interior de un vehículo tipo volqueta abandonado, estaba distribuida en 115 bultos e iba presuntamente con destino al sur de Bolívar, tras salir de la zona de Catatumbo, de acuerdo con la información recolectada por las autoridades durante el operativo.

Uno de los narcotraficantes más buscados del mundo fue capturado la madrugada de este viernes en una zona elegante y residencial de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.

Sebastián Marset, el uruguayo de 34 años acusado de liderar una de las mayores organizaciones criminales de la región, fue aprehendido por agentes de la Policía boliviana cuando dormía en una vivienda alquilada en el barrio Las Palmas, en las calles Río Urigaito y Las Salinas .

El operativo policial —en el que participaron agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (Utop)— se planificó con al menos tres meses de anticipación, pero fue en las últimas semanas cuando se intensificó la investigación. Para cercar al capo, el Ministerio de Gobierno dispuso el traslado de unidades especializadas de la Policía a la ciudad de Santa Cruz.

Según el relato del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, los agentes fueron trasladados a la capital cruceña “con absoluta reserva” y posteriormente fueron aislados para evitar filtraciones de la investigación. A este equipo especializado se lo alojó en una casa “a unos kilómetros” de la ciudad.

La operación, que fue calificada por el presidente Rodrigo Paz como “quirúrgica”, tenía dos objetivos: ingresar primero a la vivienda donde estaban los guardias de Marset y posteriormente a la que era la residencia del capo. A las 02:30 de este viernes inició el megaoperativo con el cierre de calles aledañas para evitar intentos de fuga.

“Tomamos la primera vivienda y la neutralizamos para que la seguridad de Marset no se traslade a la vivienda del narcotraficante”, explicó Oviedo. Posteriormente pasaron al segundo domicilio donde el uruguayo se encontraba “descansando”, solo y sin seguridad.

“Se lo ha detenido con las formalidades de trato humano”, afirmó el ministro. Oviedo reveló que Marset “guardó silencio todo el tiempo” y que la operación fue “muy corta, muy rápida y sin víctimas ni heridos”.

Según registros de cámaras de seguridad de la zona, Marset fue sacado de su domicilio encapuchado a las 5:09 de la madrugada y trasladado al aeropuerto internacional de Viru Viru, donde minutos antes había aterrizado un avión Beechcraft King Air 350C procedente de Lima, Perú.

El narcotraficante fue entregado a autoridades de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, quienes lo guiaron hasta la aeronave con las manos y los pies esposados. Según páginas especializadas en rastreo de vuelos, el avión voló a Lima y se presume que desde ahí partió hacia Estados Unidos.

“Se lo expulsó de manera inmediata porque nuestro sistema penitenciario es muy frágil”, justificó el ministro Oviedo y afirmó que su presencia en una cárcel boliviana hubiera producido caos y “asesinatos”.

Según datos de la Fiscalía General del Estado, en el operativo se produjo la captura de dos venezolanos, un colombiano y una uruguaya de apellido Marset, quien se presume que es media hermana del narcotraficante. Estas cuatro personas fueron trasladadas a celdas policiales para su imputación por los delitos vinculados al tráfico de armas y a la organización criminal.

En el lugar se encontraron múltiples dispositivos electrónicos, “armamento sofisticado” y dos vehículos, un Mercedes-Benz Clase G y una camioneta Toyota Hilux. Ambos “tenían un blindaje tipo 7, que es el más alto que se puede conseguir para una movilidad”, detalló el ministro Oviedo.

En paralelo se realizaron allanamientos en la zona residencial del Urubó y en la localidad de Warnes, distante a 35 kilómetros al norte de Santa Cruz de la Sierra. En ambos lugares se encontraron 11 avionetas, armas de grueso calibre, vehículos, tarjetas de crédito, documentos y diversos tipos de droga.

Según se difundió en los medios locales, la casa en la que vivía Marset era alquilada y hasta hace poco estaba en venta. En el letrero en el que se ofrecía el inmueble se detallaba que cuenta con siete habitaciones, cuatro salas, dos cocinas y garaje para cinco vehículos en una superficie de 900 metros cuadrados.

Marset se encontraba prófugo de la justicia desde julio de 2023, cuando logró escapar de un operativo policial en Santa Cruz, ciudad en la que vivió en los últimos años y que era su “centro de operaciones”, según autoridades del Gobierno boliviano.

“Sebastián Marset elige quedarse en Bolivia porque le dieron las condiciones”, afirmó en una entrevista la criminóloga Gabriela Reyes, quien considera que es importante ampliar las investigaciones para identificar la red de protección que tuvo el narcotraficante durante los últimos años. “Tenía protección policial, judicial y, como se ve, no llegó a la protección política”, afirmó.

Para la especialista y ex directora del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas, la detención del capo es solo “la punta del iceberg de algo mucho más profundo”.

El uruguayo es acusado de liderar una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de droga y era requerido por varios países. También se le acusa de estar implicado en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en 2022. En mayo de 2025, la DEA lo incluyó entre los fugitivos más buscados y en febrero de este año pasó a ocupar el tercer puesto en su lista de prioridades, tras confirmarse la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Voceros de la Policía confirmaron la captura de Pedro Enrique Ospino Cobo, conocido como alias Balacho, señalado de ser el jefe de sicarios de la organización criminal que lideraron “Kiko Gómez” y Marcos de Jesús Figueroa, conocido como “Marquitos”, dos líderes del narcotráfico del departamento de La Guajira.

Información preliminar indica que la detención se llevó a cabo en el corregimiento de San Pedro, jurisdicción de Barrancas, tras un operativo de inteligencia que incluyó la participación de unidades especializadas. Las acciones policiales se extendieron por varias semanas, de acuerdo con la información que conoció el medio local El Pulso Caribe.

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Portavoces de la Policía del departamento de La Guajira confirmaron a Infobae Colombia que los detalles del operativo y la ampliación del proceso judicial, así como pormenores relacionados con la más reciente actividad ilícita del capturado, se darán a conocer próximamente.

Sin embargo, documentos de la Corte Suprema de Justicia indican que la estructura a la que ha pertenecido “Balacho” por años consolidó su presencia en municipios del sur de La Guajira, aprovechando la cercanía con la frontera venezolana y las rutas hacia el mar Caribe, históricamente utilizadas para actividades ilícitas.

Reportes policiales de capturas previas de “Balacho” lo señalan por delitos como homicidio, narcotráfico, extorsión, secuestro, tortura, feminicidio y trata de personas.

De hecho, reportes de prensa de 2015 informan de una captura de Ospino Cobo, conocido en ese entonces como “el capo del contrabando de la gasolina”. Tres años después, en 2018, diarios locales informaron que había quedado libre.

En el procedimiento de captura, además de Ospino Cobo, fueron detenidas otras personas cuyas identidades y antecedentes son verificados para determinar su posible vinculación con la red criminal.

Los aprehendidos fueron trasladados a dependencias judiciales, donde se realizan audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, de acuerdo con la información preliminar.

Tras la captura, según información conocida por La Nueva Prensa, se estarían elevando denuncias que piden que “Balacho” sea trasladado a Bogotá, debido a que habitantes y líderes sociales advierten que la organización criminal, que se estima tiene más de 5.000 sicarios, intenta sobornar a miembros de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para conseguir la liberación del detenido, como habría ocurrido en ocasiones anteriores.

Tras la caída de la red principal derivada de la captura de “Marquitos”, en 2014, las autoridades monitorean los intentos de reorganización de la red criminal y el posible surgimiento de nuevas alianzas delictivas en la región.

Mientras tanto, las autoridades indican que la captura de Ospino Cobo puede aportar información relevante sobre movimientos recientes en los municipios del sur del departamento.

Posibles transferencias de dinero que habría hecho alias Balacho para evitar su captura

Los temores sobre pagos de “Balacho” a la justicia para evadir a las autoridades están fundados en hechos probados. Un documento de la Corte Suprema de Justicia que retrata parte del proceso judicial que resultó en la condena del exfiscal Primer Seccional de La Guajira Alcides Elías Pimiento Rosado, indica los contactos de “Balacho” con las autoridades.

Pimiento Rosado fue condenado luego de que “omitió sus deberes en ocho (8) indagaciones a su cargo, toda vez que no dispuso los actos de dirección y coordinación, ni la expedición de órdenes a policía judicial para el impulso de las investigaciones, tendientes a acreditar los hechos presuntamente delictivos y la identificación de los autores y/o partícipes con el fin de establecer si había lugar o no al ejercicio de la acción penal”, de acuerdo con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia.

En su historial delictivo se conocieron fragmentos de sus nexos con alias Balacho:

“El señor José Carlos García Cataño sostiene que el doctor Alcides Pimienta, fiscal 1o Seccional de Fonseca Guajira, le solicitó a Pedro Enrique Ospina Cobo, alias Balacho, la suma de diez millones de pesos ($10.000.000) para que no le llegara una orden de captura por una denuncia que le puso un policía, que además él lo borraba de allí de la Fiscalía para que no le aparecieran registros”, se lee.

En otro episodio consta que un capturado “dice que tiene conocimiento que Diego Parody llamaba a “Pirin” y a “Balacho” y a “Johan Amaya”, para suministrar información que el fiscal Alcides Pimienta tenía, así para ponerles en conocimiento la realización de allanamientos, si iban a salir órdenes de captura, y el Dr. Alcides hacía eso porque recibía dinero de ellos”.

Un hombre con cuatro deportaciones previas y quince antecedentes penales atacó a dos personas, entre ellos a un veterano de 83 años en el metro de Nueva York, reavivando el debate sobre las ciudades santuario y la seguridad en el transporte público.

La mañana del domingo 8 de marzo de 2026, la tranquilidad de la estación de Lexington Avenue y la calle 63, en pleno Upper East Side de Nueva York, se quebró de forma abrupta. Richard Williams, veterano de la Fuerza Aérea de 83 años, quedó gravemente herido tras ser empujado a las vías del metro por Bairón Posada Hernández, un ciudadano hondureño que acumulaba quince detenciones y había sido deportado en cuatro ocasiones por las autoridades estadounidenses.

El ataque ocurrió poco antes de las 10:30 a.m. El sistema de cámaras de la estación registró cómo Hernández seleccionó a sus víctimas. Primero empujó a Jhon Rodríguez, de 30 años, a las vías. Luego, avanzó hacia Williams, quien esperaba el tren.

El veterano cayó sobre los rieles y sufrió impacto en la cabeza y el torso. “No hubo pelea, no hubo gritos. Solo fue un acto de pura maldad”, declaró un testigo, según recogió Fox News Digital. La intervención de Rodríguez, pese a sus heridas, permitió que otros pasajeros socorrieran a Williams antes de la llegada del siguiente convoy.

La situación médica del veterano es crítica. Williams ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos con hemorragia cerebral, fracturas costales y una lesión en la columna. Su nieta afirmó a la prensa local: “Mi abuelo es un hombre que siempre dio todo por su país y su familia”. Los médicos mantienen un pronóstico reservado, dado el estado general y la edad del paciente.

Un historial marcado por deportaciones y reincidencia delictiva

El historial migratorio y penal del atacante ha generado indignación pública. De acuerdo con información confirmada por el DHS y ICE, el ciudadano hondureño cruzó la frontera estadounidense por primera vez en 2008.

Fue deportado ese año, pero regresó en 2012, acumulando nuevos delitos menores antes de ser expulsado nuevamente. En 2017, tras otro periodo de actividad criminal en la costa este, agentes federales lo detuvieron y procesaron su tercera deportación.

La cuarta expulsión se produjo en julio de 2020, en plena pandemia de COVID-19. Pese a estas medidas, el hondureño logró ingresar de nuevo a territorio estadounidense y establecerse en Nueva York. El sistema judicial y migratorio no activó alertas que impidieran sus sucesivos reingresos, un hecho vinculado a la normativa de ciudad santuario vigente en la ciudad, que limita la cooperación entre el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y las autoridades federales.

Debate sobre seguridad, migración y fallas en el sistema de justicia

El expediente criminal de Hernández incluye cargos por:

1. Asalto agravado
2. Violencia doméstica
3. Posesión de armas blancas
4. Obstrucción a la justicia
5. Posesión de sustancias controladas
6. Hurto y robo menor.

La acumulación de estos delitos no derivó en una expulsión definitiva ni en medidas preventivas efectivas.

El caso ha reactivado el debate sobre la seguridad en el transporte público y la efectividad de las políticas migratorias en grandes ciudades. No obstante, ICE presentó una orden de detención para asegurar la custodia del hondureño en caso de que prospere una eventual liberación bajo fianza.

Los fiscales buscan imputarlo por intento de asesinato en primer grado y asalto de odio contra una persona mayor, con el objetivo de lograr una condena de cadena perpetua. La intención es evitar que el sospechoso recupere la libertad y quede expuesto a nuevas lagunas del sistema.

El seguimiento judicial del caso de Bairón continuará en las próximas semanas, mientras persiste la atención sobre la situación de Richard Williams, quien permanece hospitalizado en estado crítico.

En el municipio de Regidor, en el sur de Bolívar, un hombre identificado como Amado Gonzáles Ruiz fue capturado en una estación de Policía mientras intentaba obtener un documento necesario para anexar a una hoja de vida.

El procedimiento, que parecía rutinario, derivó en la materialización de una orden judicial pendiente desde hacía años. Durante la diligencia, los uniformados solicitaron la identificación del ciudadano para cumplir con los protocolos habituales.

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Al verificar sus datos en el sistema, el dispositivo institucional detectó una alerta: Gonzales Ruiz tenía un requerimiento judicial vigente. La consulta, hecha a través del dispositivo PDA, fue el punto de inflexión que desencadenó la intervención de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía de Bolívar.

La confirmación de la identidad y la situación legal del hombre llegó poco después. Se estableció que Gonzales Ruiz, de 51 años y originario de Barranco de Loba, estaba condenado por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

La sentencia ascendía a 108 meses de prisión. Según los reportes oficiales, el individuo había logrado evadir la acción de la justicia durante aproximadamente 7 años.

Cuando se confirmó la vigencia de la orden judicial, los agentes procedieron a la captura en el mismo recinto policial, sin mediar mayor resistencia. De inmediato, se le informaron sus derechos, asegurando el respeto al debido proceso y a la dignidad del detenido.

El episodio deja en evidencia la importancia de las verificaciones permanentes que realizan las autoridades en las estaciones de Policía del departamento de Bolívar. Gracias a estos mecanismos, fue posible identificar y detener a una persona con antecedentes judiciales graves, sin que existiera una denuncia previa en ese momento.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó a El Universal la eficacia de estos controles y reiteró que la institución mantendrá la vigilancia activa para garantizar que quienes tienen deudas pendientes con la justicia comparezcan ante las autoridades.

“Nuestros policías realizan verificaciones constantes de antecedentes que permiten hacer efectivas órdenes judiciales pendientes. Seguiremos trabajando para que quienes tengan cuentas con la justicia respondan ante las autoridades y así garantizar la seguridad y convivencia en el departamento de Bolívar”, afirmó el oficial.

Gonzales Ruiz quedó a disposición de la autoridad judicial competente, quien ahora deberá hacer cumplir la condena previamente impuesta por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito de Valledupar. Según la institución policial, la orden en su contra tenía plena vigencia y la captura se llevó a cabo cumpliendo todos los protocolos legales.

La Policía recalcó que este tipo de procedimientos son parte de una estrategia más amplia para fortalecer la seguridad y garantizar que las decisiones judiciales sean ejecutadas en todo el territorio. Los controles de antecedentes no solo buscan la prevención del delito, sino también la materialización de órdenes judiciales que permanecen activas, aunque hayan pasado varios años desde la emisión de las sentencias.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer tras conocerse la noticia, alimentando el debate con comentarios escépticos y críticas abiertas. Una de las frases más replicadas fue: “Si supiera que tenía orden de captura no va así que no sean ilusos”, mostrando desconfianza hacia la versión oficial.

Otros usuarios eligieron la ironía para expresar su desacuerdo. Entre los mensajes se destacó: “Tenía muchas ganas de no trabajar”, haciendo referencia a que prefirió entregarse a las autoridades que completar su solicitud de trabajo.

Mientras que expresiones como “Se entregó sólito” circularon con tono sarcástico y burla por aparentemente ser despistado. Las críticas también apuntaron a la labor de revisión de antecedentes que realiza la policía: “Como siempre de sapos”.

La mañana del martes 11 de marzo de 2026 se confirmó por parte del Ejército Nacional de Colombia (mediante un comunicado) que Freddy Páez Anzola, conocido como alias Mosca, fue capturado en una operación conjunta con la Policía en la vereda Laureles, municipio de La Macarena, Meta.

Alias Mosca es señalado como experto en explosivos y miembro del Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura Jhon Linares, bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá o Calarcá Córdoba, uno de los principales objetivos de los Estados Unidos, y que días pidió acelerar su extradición.

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La operación se desarrolló como parte del Plan de Operaciones Ayacucho Plus, y la ejecutaron tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 1 y el Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.º 1, que emplearon capacidades de inteligencia y tareas de cerco y búsqueda para ubicar al hoy capturado.

Las autoridades destacaron que alias Mosca era uno de los hombres más cercanos a Calarcá, cabecilla de la estructura.

La información oficial indica que alias Mosca contaba con entrenamiento especializado como explosivista y habría participado durante más de diez años en la fabricación y uso de artefactos explosivos improvisados, señaló en declaraciones a medios el brigadier general Yor William Cotua Muñoz, comandante de las Fuerza de Tarea Omega.

El oficial agregó que Páez Anzola también esta inmerso en actividades de inteligencia delictiva, extorsión y reclutamiento ilícito de menores de edad.

Asimismo, la justicia colombiana lo requería por los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas y explosivos de uso restringido, según la orden de captura número 13 del 16 de octubre de 2023, emitida por la Fiscalía 162 de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, con sede en Florencia, Caquetá.

La zona de influencia de alias Mosca abarcaba áreas rurales de La Macarena, como las veredas Laureles y La Cristalina, y el corregimiento de Puerto Cachicamo, en San José del Guaviare.

Durante el operativo, las autoridades incautaron una pistola Pietro Beretta calibre 9 mm, tres escopetas calibre .22 mm y varios cartuchos.

Por todo lo anterior, desde el Ejército Nacional se calificó esta captura como un golpe estratégico para el Bloque Jorge Suárez Briceño, debilitando su capacidad operativa en Meta y Caquetá.

El hoy detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el proceso de judicialización.

Al final, el general Cotua resaltó que la institución reiteró su compromiso de proteger a las comunidades, líderes sociales y personas en proceso de reincorporación, mediante acciones orientadas a la estabilización y seguridad en la región.

Esa misma semana fue noticia un alto mando del Ejército relacionado por presuntos vínculos con ‘Calarcá’

El general Juan Miguel Huertas regresará a sus funciones como jefe del Comando de Personal en el Ejército Nacional de Colombia tras quedar sin efecto la suspensión temporal que le había impuesto la Procuraduría General de la Nación.

La medida se produce mientras sigue activa la investigación disciplinaria sobre sus presuntos vínculos con las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá, un proceso que podría aún tener repercusiones jurídicas y profesionales para el oficial.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó en rueda de prensa que la decisión respeta de manera estricta las normas y el debido proceso.

La Procuraduría consideró que el retorno de Huertas no interfiere la investigación

La Procuraduría General de la Nación determinó que la continuidad de Huertas en su cargo de jefe del Comando de Personal “no afecta o interrumpe o interfiere la investigación que se está desarrollando”.

Finalizado el periodo inicial de tres meses de suspensión preventiva, el Ministerio Público permitió el regreso efectivo del oficial, subrayando que se trató de una suspensión temporal y no de un retiro definitivo ni de un llamado a calificar servicios.

La investigación disciplinaria permanece en curso, centrada en examinar si existen elementos probatorios suficientes para abrir un pliego de cargos y dar paso a un juicio disciplinario. Las pesquisas incluyen la recolección de pruebas documentales y testimoniales que permitan esclarecer la supuesta conducta de Huertas.

El caso Huertas: acusaciones y defensa del general

Las acusaciones contra Juan Miguel Huertas surgieron a raíz de referencias encontradas en los computadores incautados a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, líder de una facción disidente de las Farc

Se señala al oficial por el supuesto suministro de códigos de frecuencia radial de la fuerza pública y por un posible respaldo a la creación de empresas de seguridad, lo que habría facilitado la legalización de armas con el fin de preparar a diferentes actores ante una eventual ruptura de los diálogos entre el Gobierno y grupos armados.

En un comunicado emitido tras la difusión pública del escándalo en noviembre de 2024, Huertas negó de manera enfática cualquier vínculo, colaboración o acuerdo con las disidencias de las FARC u otros grupos armados ilegales.

El general sostuvo: “Niego rotundamente cualquier vínculo, colaboración, acercamiento, acuerdo o relación con estructuras de las disidencias de las FARC, ni con ningún otro grupo armado organizado al margen de la ley”.

Adicional a lo anterior, el alto mando militar agregó: “Las afirmaciones divulgadas, supuestamente basadas en ‘archivos’ incautados a alias Calarcá, carecen de soporte verificable, no han sido validadas por autoridad competente y constituyen una fabricación malintencionada que busca afectar mi honor, mi nombre, mi integridad y mi trayectoria profesional”.

El militar consideró además que era “materialmente imposible que yo haya ofrecido ‘movilidad’ o ‘protección en retenes’ a personas vinculadas con actividades ilegales”, argumentando que, mientras se encontraba en retiro, no contaba con esquema de protección ni vehículo oficial.

La pesca de la medusa conocida como “bola de cañón” (Stomolophus spp.) está autorizada a lo largo de la línea costera panameña hasta el próximo 31 de diciembre, a distancias no mayores de cinco millas náuticas de la costa.

La “bola de cañón” pertenece al grupo de las Scyphozoa, especies que despiertan cada vez más el interés gastronómico, debido a que sus características son apropiadas para servir como alimento, además de que los scyphozoos comestibles suelen carecer de toxicidad, registra la literatura marítima.

Su alto consumo en ensaladas o sopas, entre otras exquisiteces, se da en países como Corea del Sur, Malasia, China, Japón, Singapur, Taiwán, Vietnam, Turquía y Rusia, entre otros, mientras que en América Latina el consumo se sitúa básicamente en Argentina, Ecuador, Nicaragua, Perú y México.

La medida de la Autoridad Marítima de Panamá detalla que la pesca está autorizada solo a 15 embarcaciones de pequeña escala o artesanal, con motores fuera de borda con un máximo de velocidad de 15 Hp (caballos de fuerza), que cuenten con sus respectivas licencias de pesca vigente.

Según la norma, establecida en la Gaceta Oficial No.30478 E, las mencionadas embarcaciones se deben limitar a capturar un total de 3,500 toneladas de desembarque anual de la medusa “bola de cañón”, que debe su nombre a su parecido con ese artefacto.

Una vez alcanzado el valor de la captura máxima permitida, se advierte que se cerrará la temporada de pesca durante este 2026, independientemente que no haya culminado su temporada de cierre.

Para la captura de la “bola de cañón” se utilizará el arte de pesca conocido como red de copo (red de bolso o cuchara), con una longitud de malla estirada de 10.16 centímetros (cuatro pulgadas) y armazón de 90 cm x 66 cm.

Solo se permitirán hasta tres pescadores por embarcación y un bolso, copo o cuchara por pescador.

Para el desembarco de la “bola de cañón” se autoriza a los puertos Panamá, Caimito y Vacamonte, aunque la autoridad aclara que podrá agregar o eliminar puertos, según la necesidad existente.

Los dueños de las embarcaciones dedicadas a este tipo de pesca deberán solicitar una autorización a la Autoridad Marítima de Panamá, e igualmente contar con la licencia vigente de pesca de pequeña embarcación o artesanal.

También se debe aportar un informe de inspección técnica de la embarcación, de los aparejos de pesca realizada por funcionarios de la entidad rectora de la pesca en el país.

Al referirse a las empresas autorizadas para el procesamiento, almacenamiento y comercialización de la medusa “bola de cañón” se informa que mensualmente deben presentar ante la Dirección General de Ordenamiento y Manejo Integral y ante la Dirección General de Investigación y Desarrollo de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) un informe de captura de medusas conforme a un formato previamente establecido.

Se insiste en que este documento debe contener la totalidad de las capturas realizadas, al igual que el procesamiento mensual efectuado y las exportaciones realizadas.

Desde la Cámara Nacional de Pesca y Acuicultura de Panamá, se dijo que en el país no se procesa la “bola de cañón”, aunque anteriormente había una empresa que lo hacía.

Panamá en 2025 exportó productos por un valor acumulado de $754.9 millones, lo que representa un aumento de $34.2 millones (4.7%) en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Comercio e Industrias.

Los productos del mar impulsaron este crecimiento, teniendo al camarón congelado como el principal producto exportado, con una participación del 12.5%, mientras que los datos del Sistema Armonizado reflejan que los pescados y crustáceos continuaron liderando con un 21.4% del total exportado, seguidos por frutas (12.8%), grasas y aceites (9.5%), fundición de hierro y acero (6.4%), alimentos preparados para animales (4.6%) y madera (4.5%).

Un juez de control de garantías ordenó prisión preventiva de una pareja radicada en el departamento del Meta (oriente de Colombia) tras ser capturada como presunta responsable de la muerte de su hija recién nacida en 2016.

Según la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, el crimen fue discriminatoria de género, es decir, estaría motivado por el hecho de que la bebé era mujer.

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Ambos enfrentan cargos de feminicidio agravado; no aceptaron los cargos y permanecen en centros carcelarios mientras avanza el proceso judicial.

Cronología del crimen

De acuerdo con información recopilada por Noticias Caracol, la víctima fue hallada sin vida en la habitación de un hospedaje en la vereda Cristalina del municipio de Puerto Gaitán el 27 de julio de 2016.

La Fiscalía General de la Nación realizó la investigación, y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y el Ejército Nacional ejecutaron las capturas en Bolívar (Valle del Cauca) y Puerto Gaitán (Meta). El proceso busca determinar el grado de responsabilidad de los implicados.

En las audiencias preliminares, se presentaron pruebas materiales que sustentan la imputación. Los padres deberán permanecer privados de la libertad mientras se aclaran los hechos.

La investigación del ente acusatorio, citado por los medios de comunicación, sostiene que los padres “habrían golpeado a la niña en varias ocasiones por haber nacido mujer”, lo que constituye un caso grave de violencia de género y maltrato infantil.

Así mismo, la Fiscalía detalló que la menor fue víctima de violencia continua dentro de su propio entorno familiar y que murió con poco más de un mes de vida.

En ese sentido, el juez de control de garantías aceptó la petición de la Fiscalía General de la Nación y decretó la medida de aseguramiento en centro carcelario para la madre y el padre de la menor de edad.

Rutas de denuncia y protección para víctimas en Colombia

El proceso judicial ha reavivado el análisis sobre los canales y mecanismos de denuncia en situaciones de maltrato infantil, violencia intrafamiliar o violencia de género.

Cualquier persona —sea víctima, familiar, vecina o testigo de una agresión— puede realizar la denuncia ante la Policía Nacional, las Comisarías de Familia o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). La ley colombiana impone la obligación de informar de forma inmediata estos hechos a las autoridades.

En casos de violencia intrafamiliar, la Comisaría puede dictar en cuestión de horas medidas de protección como la orden de alejamiento, retiro del agresor del hogar o protección policial. Si la situación constituye un delito, la Fiscalía inicia el proceso penal.

Para mujeres víctimas de violencia, existen rutas especializadas como la Línea 155 y la posibilidad de acudir a hospitales, donde el personal debe activar protocolos sanitarios y de protección específicos.

La confidencialidad y la posibilidad de realizar denuncias de manera anónima son garantías legales para quienes buscan protección y atención del Estado. Intervenir a tiempo es fundamental para evitar represalias y proteger a las posibles víctimas, mientras se activan los mecanismos institucionales.

Según datos recopilados por la Unicef, en Colombia, la violencia contra los menores experimentó un preocupante aumento del 31% en 2024.

La situación llevó a Unicef y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) a lanzar una campaña de concientización denominada Trátame al derecho, busca no solo sensibilizar a la población sobre la importancia de respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino también proporcionar herramientas pedagógicas a las familias.

María Cristina Rivera, vocera de Unicef, explicó que la iniciativa incluye un portal web con cuestionarios, talleres y materiales educativos para fomentar una crianza positiva.

“Esta campaña llega en un momento donde necesitamos dejarle saber a todo niño, niña o adolescente en Colombia, que es sujeto de derechos y que eso es importante. Por eso, y pensando también en darles la mano a todos esos padres de familia o cuidadores que deseen aprender, diseñamos un portal web en donde encontrarán todo tipo de cuestionarios, talleres y materiales con los que pueden acercarse a una crianza mucho más positiva”, afirmó Rivera en su momento.

En la tarde del 8 de marzo de 2026, durante los comicios legislativos en Colombia, la Fiscalía General de la Nación informó que fue capturado el candidato al senado Camilo Gómez Castro, vinculado al Partido de la U.

La fiscalía informó que tiene pruebas para asegurar que Gómez Castro tendría vínculos con la red criminal que es liderada por Diego Marín Buitrago “Papá Pitufo”.

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En los detalles sobre el caso, se informó que el aspirante al congreso tenía contactos con representantes de entidades del orden nacional y regional, uniformados de la policía y funcionarios de la fiscalía y la Polfa para que permitieran el ingreso al país de mercancía de contrabando.

Junto al político fueron detenidos José Luis Olaya Caicedo y Édgar Humberto Bacca Sánchez, dos exintegrantes de la Policía Nacional que habrían aprovechado sus contactos para identificar y perfilar uniformados de la Polfa que podrían colaborar para la red de Marín Buitrago.

En cuanto a Olaya Caicedo y Bacca Sánchez, se informó que uno de ellos tenía la labor de recoger dinero de comerciantes para entregarlo a los policías que permitían el ingreso del contrabando, mientras el otro tenía un rol enfocado en la entrada de contrabando por los puertos de Barranquilla y Cartagena. Ambos sujetos fueron imputados por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir agravado.

¿Quién es Camilo Gómez Castro?

En un perfil que realizó la oficina de prensa del candidato, describen a Gómez Castro como un líder social y servidor público que cuenta con más de 10 años de experiencia en diferentes entidades.

El candidato afirmaba que entre sus prioridades legislativas, en caso de ser elegido, estaría buscar el bienestar de los cuidadores de personas con discapacidad, mujeres rurales, miembros de la economía popular, además de empresarios y emprendedores

Camilo Gómez Castro trabajó con el presidente Gustavo Petro durante el paso del mandatario por la Alcaldía de Bogotá; allí cumplió funciones como director del Instituto para la Economía Social (Ipes).

El nacido en Bogotá es administrador público, tiene especializaciones en proyectos de desarrollo y estudió una maestría en dirección del desarrollo local en la Universidad Complutense de Madrid.

En informes de investigaciones que se han revelado, ya se había mencionado la presunta importancia de Gómez Castro al interior de la estructura criminal de “Papá Pitufo”, haciendo que se recordara su promesa de luchar contra las mafias que realizó en varias ocasiones.

Una de las declaraciones más recordadas del candidato al senado fue precisamente cuando fue vinculado al Ipes durante la administración Petro en la capital del país.

“Amparar a aquellas personas que son de condición vulnerable y que merecen toda la atención y prioridad por parte del Estado, contribuyendo así a los objetivos propuestos por la administración distrital”, fue el compromiso de Gómez en esa ocasión.

Luego de que se recordó que Gómez Castro trabajó con Gustavo Petro, el presidente de la República aseguró, en marzo de 2025, que el hoy capturado había sido designado como director del Ipes por gestión de Horacio Serpa.

“Que cómo llegó a la alcaldía, pues de la mano de Horacio Serpa. Y no creo que en esa época conociera al Pitufo, pero puedo equivocarme. Ni yo mismo en esa época conocía quién era el Pitufo; bien callado lo tenía la gran prensa, pero es costumbre de la prensa del mal y los poderosos, tratar de sindicar al que denuncia, porque no se puede permitir que alguien hable. Es el silencio el cómplice del crimen”, fueron las palabras del mandatario nacional en medio de la polémica.

Hasta el momento, el presidente Gustavo Petro ni el Partido de la U se han pronunciado tras la captura de Camilo Gómez Castro por parte de funcionarios del CTI.

De acuerdo con el reporte de voceros oficiales de la Policía Nacional de Colombia, “La Jota”, además de estar vinculado biológicamente con el jefe de las disidencias, sería una de sus unidades “de mayor confianza”.

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“La Policía Nacional logró la captura de alias La Jota, hermano de mayor confianza de alias Iván Mordisco. De acuerdo con las autoridades, alias La Jota sería el responsable de coordinar homicidios selectivos contra firmantes de paz, y estaría vinculado al asesinato de Ángel Cediel Ordóñez Sandoval, ocurrido el 17 de enero de 2026″, informó el director de la Policía Nacional de Colombia, el general William Oswaldo Rincón Zambrano.

Además, el general Rincón Zambrano informó que dentro de las atribuciones criminales, “La Jota” presuntamente se encargaba “del abastecimiento logístico, material de intendencia y equipos de alta tecnología para esta estructura criminal”.

El detenido responderá ante la justicia colombiana por los delitos de homicidio agravado, secuestro y porte ilegal de armas.

“Quien atenta contra la vida de un colombiano, atenta contra todo el país. Seguiremos trabajando con firmeza para que estos crímenes no queden en la impunidad”, dijo el director de la Policía.

Grupos armados estarían detrás de riesgos de fraude electoral y violencia en municipios

El riesgo de violencia electoral en Colombia ascendió en forma notable durante el periodo de vigencia de la política de Paz Total, con un salto de 319 municipios en 2022 a 376 en 2026, según cifras recogidas en el informe más reciente de la Misión de Observación Electoral (MOE).

Esta tendencia implica que actualmente el 34% de los municipios del país enfrenta algún nivel de amenaza que podría impactar el desarrollo de los comicios, un aumento del 17,9% respecto al ciclo anterior. La MOE indicó en su informe que 145 municipios permanecen bajo una amenaza calificada como “extrema”.

De los 376 municipios señalados, la distribución del riesgo es variable: 125 presentan riesgo medio, 106 alto y 145 se encuentran en peligro extremo. Los municipios en riesgo extremo se ubican en 23 departamentos, siendo Cauca y Antioquia las regiones con mayor saturación de alertas.

El informe de la MOE advirtió que el número de integrantes de grupos violentos, entre frentes armados y redes de apoyo, aumentó de 15.120 en 2022 a 27.121 en 2026, casi el doble en tan solo cuatro años.

Un análisis cruzado indicó que 185 municipios del país presentan riesgo consolidado, es decir, se encuentran afectados por factores simultáneos de violencia y potencial fraude electoral. Esta categoría abarca al 16% del total de municipios colombianos, incluyendo los corregimientos departamentales.

Entre los territorios bajo este riesgo, la mitad exacta —el 51%— está en condición extrema: 38 municipios en nivel medio, 53 en riesgo alto y 94 en riesgo extremo. Cauca y Antioquia agrupan la mayor cantidad de municipios en esta última categoría, con 21 y 20 respectivamente.

La vez que ‘Iván Mordisco’ amenazó con alterar las elecciones de 2026

Alias Iván Mordisco es considerado el guerrillero más buscado de Colombia. En noviembre de 2025,el líder de las disidencias de las Farc, advirtió sobre posibles afectaciones en las elecciones presidenciales de 2026 tras los bombardeos ordenados por el presidente Gustavo Petro contra su grupo armado, en el que murieron al menos 15 menores de edad reclutados por la fuerza, junto a integrantes de la organización armada.

Por medio de un video que difundió en redes sociales, en el que figuró rodeado de hombres armados en la selva, calificó los ataques aéreos ejecutados por el Gobierno como una “declaración de guerra”.

En la grabación, “Iván Mordisco” sostuvo: “Quisimos que el proceso electoral de 2026 tuviera los menores traumatismos posibles, pero ante la avanzada de sectores guerreristas no nos queda más que asumir una posición en defensa de los territorios”.

Gustavo Petro y autoridades del Ejecutivo reconocieron la muerte de menores de edad durante los ataques aéreos realizados desde agosto, situación que desató un escándalo político y llevó a que congresistas solicitaran la renuncia del ministro de Defensa.

“Las acciones de Petro son complacencia a los gringos sedientos de sangre de niños colombianos”, acusó “Iván Mordisco” en el video.

Además de los gastos habituales que tienen las personas que buscan emprender o montar un negocio, preocupa que en Colombia a diario se denuncian casos en los que comerciantes son víctimas de cobros extorsivos por parte de estructuras criminales.

En El Peñol, uno de los municipios más visitados en Antioquia, los comerciantes no se salvan de este tipo de actividad criminal; es por ello que es noticia un informe de la Policía Nacional en el que se confirmó la captura de dos extorsionistas en este lugar.

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De acuerdo con las autoridades, los individuos fueron capturados en flagrancia cuando estaban haciendo cobros extorsivos a comerciantes de la zona comercial del municipio. Al respecto, el comandante del Departamento de Policía de Antioquia, el coronel Luis Muñoz, indicó que estos sujetos exigían entre 700.000 y un millón de pesos por “seguridad” a las víctimas.

“El Gaula Antioquia logró la captura de dos personas en flagrancia que se dedicaban a los cobros extorsivos a comerciantes aquí en el municipio de El Peñol. Les exigían pagos entre 700.000 pesos y un millón de pesos”, declaró el uniformado.

Las exigencias económicas a comerciantes eran coordinadas por alias “Chicote”, que se encuentra recluido en la cárcel de Bellavista y recibió notificación por este delito en el marco de un proceso judicial. Así lo confirmó el comandante de la policía durante el balance en el que detalló que la coordinación de estos cobros partía desde el interior del centro penitenciario.

El operativo se realizó en conjunto entre la Policía Nacional y el Gaula. Según explicó la alcaldesa de El Peñol, Sandra Duque, las acciones buscan frenar el impacto de la extorsión sobre los comerciantes del municipio. “Se ha hecho un trabajo articulado con el Gaula de la Policía para minimizar el impacto de la extorsión que se viene presentando en el municipio de El Peñol contra nuestros comerciantes”, manifestó la mandataria.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para colaborar con las investigaciones, solicitando que no se acceda a las exigencias extorsivas y que se denuncien estos hechos. El coronel Muñoz subrayó: “Invitamos a todos a que denuncien oportunamente para actuar de manera directa contra quienes se dedican a la extorsión”.

La secretaria general y de Gobierno, Rosmira Murillo, reforzó la importancia de la denuncia al afirmar: “Reiteramos a toda la comunidad, en especial a nuestros comerciantes, que no accedan a la extorsión, que denuncien y confíen en las instituciones. Si nos facilitan la información, podremos adelantar operativos y actuar frente a este delito”.

Para facilitar el proceso de denuncia, las autoridades recordaron la disponibilidad de las líneas 123 y 165 del Gaula de la Policía Nacional, habilitadas para recibir información sobre casos de extorsión y permitir la intervención institucional.

La extorsión preocupa a los comerciantes en Antioquia

Durante el balance de seguridad de 2025, las autoridades en Antioquia informaron que la extorsión sigue afectando la seguridad ciudadana, puesto que durante 2025 las denuncias por este delito aumentaron 8.3%, pasando de 508 casos en 2024 a 550, según el Departamento de Policía de Antioquia. Este incremento revela la persistencia de grupos criminales y una mayor disposición de la ciudadanía a denunciar.

Las modalidades más frecuentes incluyen llamadas desde cárceles, en las que los delincuentes fingen pertenecer a grupos armados para presionar pagos. Otras formas son mensajes por redes sociales, WhatsApp o correos electrónicos con suplantación de identidad y amenazas, lo que incrementa el riesgo por la rapidez digital. También persisten los cobros y amenazas presenciales, especialmente a comerciantes y transportadores en zonas bajo control criminal.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, reconoció que existe subregistro debido al temor a represalias. Las autoridades insisten en denunciar y evitar pagos o entrega de información personal ante situaciones sospechosas.

En el kilómetro 176 de la carretera Ruta de Paz, en el cantón El Aceituno, municipio de Yoloaiquín, departamento de Morazán Sur, un vehículo tipo pick up se salió de la vía e impactó contra una vivienda, lo que dejó como saldo una mujer fallecida en el lugar y dos personas trasladadas al hospital.

Según informó la Policía Nacional Civil (PNC), el conductor del automotor, identificado como Wilbert Amaya Aguilar, de 47 años, perdió el control del vehículo la noche de ayer, 6 de marzo.

De acuerdo con el reporte de la PNC, al momento del impacto, una pareja de adultos mayores se encontraba dentro de la vivienda. La mujer, de 76 años, murió de inmediato, mientras que su esposo, de 88 años, fue trasladado en estado grave al hospital, donde posteriormente falleció por la gravedad de las lesiones. El conductor del pick up también resultó herido y fue ingresado a un centro asistencial, detalló la institución policial.

La Policía Nacional Civil señaló que agentes de la División de Tránsito se presentaron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y gestionar la circulación vehicular, que quedó restringida a un solo carril durante varias horas.

Según las declaraciones recogidas por la PNC, al aplicar la prueba de alcotest a Amaya Aguilar, el resultado arrojó 285 grados de alcohol en sangre, superando ampliamente el límite permitido por la legislación salvadoreña.

La PNC comunicó que el conductor será puesto a la orden de las autoridades por los delitos de homicidio culposo y conducción peligrosa. El Código Penal de El Salvador, en su artículo 147-E, tipifica como conducción peligrosa el hecho de manejar bajo los efectos del alcohol, estableciendo penas de prisión y suspensión de la licencia de conducir para quienes superen los niveles tolerados por la normativa vigente.

Operativos y sanciones recientes por conducción peligrosa

Además del caso de Wilbert Amaya Aguilar, quien presentó 285 mg/dL de alcohol en sangre, los cercos antidopaje han dejado otros arrestos significativos en las últimas semanas. En San Salvador, los operativos de fin de semana realizados en zonas como el Bulevar del Hipódromo y la Avenida Los Almendros han permitido interceptar conductores con niveles de alcohol que oscilan entre 110 y 150 mg/dL.

De acuerdo con el marco legal vigente en 2026, los conductores detenidos enfrentan sanciones como prisión de 2 a 5 años para particulares y hasta 10 o 15 años cuando hay víctimas mortales o se involucra transporte público. La normativa contempla:

• Suspensión inmediata de la licencia de conducir
• Decomiso del vehículo
• Obligatoriedad de asistir a cursos de reeducación para intentar recuperar la licencia una vez cumplida la sanción.

De acuerdo con datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial y el Viceministerio de Transporte (VMT), entre el 1 de enero y el 5 de marzo de 2026 se registraron 348 detenciones de conductores peligrosos en todo el país. Aunque la cifra es elevada, representa una reducción del 12% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 394 arrestos.

Las autoridades mantienen un promedio diario de 4 a 6 capturas por conducción bajo los efectos del alcohol. El perfil de los infractores se mantiene estable: entre el 93% y el 96% de los conductores detenidos por este delito son hombres, según los reportes oficiales.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, publicó en sus redes sociales un balance de las incautaciones de dinero, algunas presuntamente vinculadas a la compra y venta de votos, en plena época electoral en Colombia.

Solo en 2026, tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Militares de Colombia confirmaron la confiscación de 1.760 millones derivados de 14 procedimientos, con un resultado de 20 capturas, algunas en flagrancia y con órdenes de aseguramiento intramural, informó el jefe de la Defensa Nacional.

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Fuentes de Infobae Colombia suministraron datos sobre las acciones de las autoridades en medio de un despliegue intensivo de operativos para garantizar las libertades democráticas de los colombianos en la jornada electoral del 8 de marzo, y en los comicios presidenciales del 31 de mayo de 2026.

De estos casos, la menor suma en efectivo decomisada por las autoridades fue de 20 millones de pesos. Del total de casos, diez incautaciones se realizaron por medio de controles viales a vehículos en movimiento; mientras que otros cuatro sucedieron en acciones rutinarias de control.

Las autoridades hallaron grandes sumas en bolsos, fajas corporales y en folios con listas.

Varios de estos la apertura de procesos judiciales, así como la incautación de los carros, y elementos relacionados con campañas políticas, según la información suministrada a este medio.

Estos fueron los operativos

De acuerdo con la información de suministrada, el 3 de febrero de 2026, en el sector de Las Palmas, Barrancabermeja, fueron detenidas dos personas con 109,9 millones de pesos en efectivo y un arma de fuego.

Dos días después, el 5 de febrero, en Villavicencio, Meta, uniformados de la Policía incautaron 56,97 millones de pesos a un individuo que no pudo acreditar la procedencia del dinero. El implicado se movilizaba en un vehículo particular y el caso se catalogó solo como incautación.

El 11 de febrero, agentes en Buenaventura, Valle del Cauca, decomisaron 52 millones de pesos durante operativos de control en la ruta 25. En este caso no hubo capturas, solo la incautación del dinero.

Una semana después, el miércoles 18 de febrero, nuevamente en Buenaventura, se realizó la captura de una persona en un puesto de control sobre la ruta 25. Los uniformados incautaron 110 millones de pesos.

A los dos días, el 20 de febrero, en el municipio de Puerto Triunfo, Antioquia, uniformados capturaron a tres personas por presunto lavado de activos. Se les hallaron 243,5 millones de pesos ocultos en fajas corporales durante un control policial.

El mismo día, en Apartadó, Urabá, cuatro personas fueron detenidas con 150 millones de pesos ocultos en una camioneta particular.

A los ocho días, el sábado 28 de febrero, unidades de la Policía capturaron en flagrancia a tres personas que transportaban 100 millones de pesos en una lancha, en Mapiripán, Meta, el 28 de febrero. Una persona quedó detenida intramuralmente.

Incautaciones en marzo

El miércoles 4 de marzo se implementaron las acciones. Agentes en el municipio de Hatonuevo, La Guajira, capturaron a dos personas y decomisaron 145 millones de pesos ocultos en un vehículo remolcado por una grúa. Además, hallaron propaganda política de un candidato. La justicia declaró ilegales ambas libertades.

Paralelamente durante la misma jornada, en Montería, Córdoba, se reportó la captura de dos personas y la incautación de 434,7 millones de pesos transportados en un vehículo particular.

Ese día también fue detenida una persona en el aeropuerto internacional Camilo Daza de Cúcuta, cuando andaba con 26,9 millones de pesos en su bolso, junto a 3.037 stickers de propaganda política y cinco folios con listados de nombres y apellidos. El capturado fue presentado en audiencia.

Otro caso sucedió en San Onofre, Sucre, donde unidades de la Policía detuvieron a dos personas y decomisaron 28,35 millones de pesos que eran trasladados en una camioneta. Ambos capturados fueron llevados a audiencia.

En las horas de la mañana del jueves, 5 de marzo, en la vía que conecta Condoto y Quibdó, Chocó, fue capturada una persona con 20 millones de pesos ocultos en una camioneta particular. También se halló propaganda política. El detenido fue presentado en audiencia.

En la misma jornada, uniformados de la Policía realizaron la incautación de 71,46 millones de pesos en la vía Ibagué-Girardot, Tolima, transportados en un vehículo particular.

Al respecto de estos casos, el ministro Sánchez aseguró que las investigaciones penales continúan, frente a nuevos posibles casos relacionados con delitos electorales.

Desde el Consejo Nacional Electoral recordaron que la Ley 1864 de 2017 establece penas de prisión de cuatro a nueve años y multas que pueden ir desde 400 hasta 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quienes ofrezcan dinero o cualquier dádiva a cambio de votos.

La norma sanciona tanto a quienes buscan que los ciudadanos apoyen a un candidato, partido o corriente política, como a quienes incentivan el voto en blanco, la abstención o el sufragio en un sentido específico durante plebiscitos, referendos, consultas populares o procesos de revocatoria de mandato.“

Por su parte, la propaganda política está permitida hasta la media noche del viernes previo a la jornada electoral.

La pieza central del reclamo proviene de la concejal Heidy Sánchez Barreto, quien denunció que el joven fue interceptado el 3 de marzo cerca de las 9:40 a. m. justo después de salir de un gimnasio.

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El video, grabado por un testigo, muestra el instante en que los agentes cuestionan el contenido de un tarro que portaba el ciudadano. “¿Qué esto?”, pregunta uno de los uniformados, mostrando el recipiente con polvo blanco. “¡Eso es creatina!”, responde el joven con visible molestia.

La situación escaló rápidamente. Pese a que el ciudadano ofreció alternativas para identificarse, los policías procedieron a revisar sus pertenencias y, tras hallar el suplemento, catalogaron la creatina como una “sustancia rara”. Con ese argumento, anunciaron la detención de manera violenta, según el relato de la concejal.

Las imágenes difundidas por redes sociales muestran a dos patrulleros y al joven dentro de una panadería. Mientras se escucha: “¡Pero yo no hice nada, agente!”, grita el muchacho, a la vez que intenta explicar que vive cerca pero no portaba su cédula en ese momento.

Testigos y el propio video evidencian que los agentes empujaron al joven e hicieron uso de un taser en varias ocasiones. La grabación capta los gritos de dolor y los intentos de la víctima por zafarse. A la par, un amigo del afectado narra fuera de cámara: “Mire, el parcero está ahí y salía a tomarse su creatina. Mire cómo lo cogen”.

La intervención policial no terminó ahí. Más patrullas y agentes motorizados se sumaron al operativo, incrementando la fuerza empleada sin que, según los testigos, existiera peligro alguno.

De acuerdo con el testimonio recabado por la concejal Sánchez, luego de ser reducido, el joven fue trasladado al CAI Monteblanco. Allí, según la denuncia, la violencia continuó. “Donde continuaron las agresiones físicas y recibió amenazas, indicándole que ‘si lo volvían a ver’ ocurriría lo mismo”, expuso Sánchez.

El joven también reportó la “desaparición temporal” de su teléfono celular, el cual permaneció bajo custodia policial. “Solo después de mencionar que el dispositivo tenía ubicación activa, los agentes manifestaron que lo devolverían”, sentenció la concejal.

Durante toda la noche, el ciudadano permaneció bajo custodia. Finalmente, los uniformados lo liberaron cerca de las 5:00 a. m. del día siguiente, tras horas de tensión y temor por su integridad.

Este episodio ha encendido el debate sobre los protocolos de actuación policial y el desconocimiento de sustancias legales, como los suplementos deportivos. La indignación se multiplicó en redes sociales, donde usuarios cuestionan la preparación de los agentes y el uso desmedido de la fuerza.

En respuesta al escándalo, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó a El Espectador que el incidente ocurrió el 3 de marzo durante actividades de control en Usme.

Según el comunicado oficial: “Se solicita el registro a un ciudadano y la identificación; este increpa a los policías, se torna agresivo y no se identifica; posteriormente sale a correr. El ciudadano es conducido a un Centro de Traslado por Protección”.

Hasta el momento, la institución no ha entregado detalles sobre la investigación interna ni ha respondido a todas las preguntas planteadas por los medios.

Mientras la ciudadanía y las organizaciones defensoras de derechos humanos exigen claridad y sanciones si corresponde, la atención se centra en la respuesta que pueda dar la Policía Metropolitana en las próximas horas. El caso sigue abierto y en el centro de la controversia pública.

Un cargamento compuesto por 170 kilos de supuesta cocaína fue incautado este miércoles en el sector de Guasaule, en el sur de Honduras, una acción que representa un fuerte golpe para las estructuras del narcotráfico y refuerza el control sobre una de las rutas clave del tráfico ilícito de drogas hacia Norteamérica.

El decomiso, ejecutado en el marco del Plan Comunidades Seguras 2026, subraya no solo el impacto económico superior a 57 millones de lempiras, según estimaciones oficiales, sino también una intensificación de la vigilancia para prevenir la salida de cargamentos con destino a mercados internacionales, donde el valor de la droga puede multiplicarse considerablemente.

El cargamento fue descubierto en un vehículo detenido durante operativos de patrullaje y control en las inmediaciones del puesto fronterizo de Guasaule, una zona identificada por las autoridades como corredor estratégico del tráfico ilegal debido a su conectividad terrestre con Nicaragua y al constante flujo de transporte. En el procedimiento, agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos en cooperación con el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas inspeccionaron un vehículo tipo pick-up Toyota, modelo Xtra Cab V6, placa JAS 0219, detectando alteraciones en su estructura.

Durante la revisión, los funcionarios hallaron, ocultos en compartimientos falsos, los 170 paquetes, algunos debajo de la paila, otros en la llanta de repuesto, así como dentro del tanque de combustible, según informó la policía hondureña. El diseño de estos escondites pone de manifiesto el nivel de planificación y especialización con que operan las redes del crimen organizado en la región, capacitadas técnicamente para fabricar compartimientos capaces de evadir métodos policiales tradicionales de inspección.

Se observaron en algunos paquetes símbolos distintivos, como una estrella azul y el número 7, considerados por las autoridades como posibles identificadores de la procedencia o destino del cargamento dentro del flujo transnacional del narcotráfico en Centroamérica. Los investigadores analizan si estas marcas tienen vinculación con organizaciones criminales específicas que operan en la zona.

El conductor arrestado en flagrancia fue identificado por el Ministerio Público como Jonatan Josué Álvarez Almendárez, de 31 años, originario de Santa Ana de Yusguare en el mismo departamento de Choluteca. Inicialmente, la identidad del sospechoso se mantuvo confidencial, hasta que el Ministerio Público confirmó el nombre y dispuso la preparación de un requerimiento fiscal por la supuesta comisión del delito de tráfico agravado de drogas.

Álvarez Almendárez será presentado ante un tribunal competente, donde enfrentará cargos que, de acuerdo con la legislación hondureña, contemplan penas graves de prisión por delitos contra la salud pública. La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado, en coordinación con la Dirección Nacional de Servicios Fronterizos y la Dirección Policial Antidrogas, lidera el procedimiento de judicialización y análisis forense de la sustancia para confirmar científicamente su composición y pureza.

El vehículo y los paquetes fueron decomisados y asegurados como pruebas. Técnicos antinarcóticos realizarán los análisis de laboratorio que determinarán legalmente la sustancia y su nivel de pureza, requisito fundamental para la acusación formal.

Las autoridades destacaron el efecto de este decomiso, describiéndolo como “una afectación significativa a las finanzas de las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico”, al frustrar la salida de un volumen de droga con alto potencial de lucro para el crimen organizado si llegaba a mercados internacionales.

Puntos como Guasaule concentran la atención de las fuerzas de seguridad por la facilidad de camuflar cargamentos ilícitos entre el alto tránsito de transporte de carga y vehículos particulares vinculados al comercio legal entre Honduras y Nicaragua.

Luis Alfredo Acuña Vega, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignado al esquema de seguridad del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, fue detenido en Hatonuevo, La Guajira, por transportar $145 millones en efectivo y material de propaganda electoral.

El escolta quedó en libertad tras la decisión de un juez penal municipal con función de control de garantías.

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El abogado defensor de Luis Alfredo Acuña, Iván Cancino, afirmó que el juez de garantías no legalizó la detención, al determinar que no existían pruebas sobre el origen ilícito del dinero ni vínculos con una presunta compra de votos.

Según el abogado, “no se demostró ninguna ilegalidad” y el dinero le fue devuelto a Luis Alfredo Acuña Vega.

“Acaba de terminar la audiencia y se decreta ilegal la captura y devolver el dinero. La presunción de inocencia y el debido proceso no es algo ligero”, afirmó Cancino.

El abogado Iván Cancino, defensor de Luis Alfredo Acuña Vega, sostuvo en diálogo con Caracol Radio que su cliente no rindió versión alguna ante las autoridades tras su detención en Hatonuevo, La Guajira.

Cancino explicó que una de las reglas generales en sus defensas es guardar silencio, salvo excepciones, y que oficialmente el escolta no ha entregado declaración formal sobre los hechos.

Durante la entrevista, Cancino señaló que su defensa se centró en la supuesta violación de garantías procesales. El abogado manifestó que la captura se realizó sin presentar al aprehendido ante un juez durante casi treinta y tres horas, y que llevar dinero en efectivo o portar material de propaganda política no constituye delito en Colombia.

“Mi defensa fue clara: se violaron las garantías de mi cliente al capturarlo y mantenerlo casi treinta y tres horas privado de la libertad sin presentarlo ante un juez. Además, era imposible hablar de captura en flagrancia, porque ni tener publicidad política pedagógica ni portar dinero en efectivo es delito en Colombia”, aseveró Cancino.

Cancino mencionó que, según su perspectiva, el procedimiento policial presentó irregularidades, entre ellas la detención de un conductor de grúa que solo cumplía labores de remolque. El defensor expresó que la investigación mostró deficiencias en la actuación de las autoridades y consideró que existe una tendencia institucional a buscar resultados rápidos.

“Lo capturaron, supuestamente en flagrancia, por omisión de declaración de bienes, un delito que exige un sujeto activo calificado, condición que no cumplen ni el señor Acuña Vega ni el conductor de la grúa”, expresó a Caracol Radio.

En la misma intervención, Cancino señaló que de acuerdo con su análisis, la presunción de inocencia permanece vigente y que la investigación podrá continuar.

“Mi cliente es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ni siquiera lo imputaron. Ese detalle es importante. No tiene proceso porque no lo han imputado. Quedó en libertad, le devolvieron el dinero y no lo imputaron”, expresó Cancino a Caracol Radio.

Cancino también afirmó que no fue contratado formalmente para la defensa, sino que asumió el caso como un favor personal al secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, a quien el escolta estaba asignado.

Detalles de la captura

El director de la Policía Nacional, William Rincón, confirmó la captura del escolta, asegurando que el dinero estaría destinado a la supuesta compra de votos. El uniformado señaló que la captura se dio en la vía Distracción-Cuestecitas.

“En la vía Distracción – Cuestecitas (La Guajira), la Policía Nacional incautó $145 millones que, presuntamente, serían destinados a la compra de votos”, indicó Rincón.

Según el director de la Policía Nacional, los sobres estaban marcados con los nombres de dos municipios y un corregimiento. Rincón expresó que dos personas fueron capturados.

“El dinero fue hallado oculto en un vehículo en el que también se encontró propaganda política alusiva a un candidato al Senado. Los recursos estaban distribuidos en siete sobres, marcados con los nombres de dos municipios y un corregimiento, lo que evidenciaría una posible estructura para la comisión de delitos electorales. En el procedimiento fueron capturadas dos personas, quienes deberán responder ante las autoridades competentes”, aseveró.

El primer fin de semana de marzo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, encabezó un consejo de seguridad en Cartago, Valle del Cauca, en el que se habló sobre la lucha de la fuerza pública contra las estructuras criminales.

En la rueda de prensa, el ministro Sánchez ordenó que las autoridades debían enfocar su trabajo en debilitar y afectar la logística de los criminales en la región, principalmente de las estructuras Nueva Generación y Los Flacos, señalados de tener el control territorial de varias zonas de la región.

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Precisamente, el cabecilla de Los Flacos, identificado dentro del contexto criminal bajo el alias de Cakín, fue capturado en un operativo que se llevó a cabo en zona rural de Pereira, en Risaralda.

Las autoridades informaron que en límites con el norte del Valle del Cauca, uniformados de la Policía Nacional y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación detuvieron al peligroso criminal, que se escondía en una residencia de una zona exclusiva de la región.

“Cakín” es requerido por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y destinación ilícita de inmuebles. En la residencia tenía tres armas de fuego, municiones para las mismas, equipos de comunicación y droga sintética que sería para su consumo personal.

Además, en la investigación con la que se identificó la zona en la que estaba escondido, se identificó que el capturado estaba empleando estos narcóticos para obligar a mujeres que asistían a sus fiestas privadas a tener relaciones sexuales.

¿Quién es alias Cakín?

En el comunicado oficial, las autoridades mencionaron que “Cakín” es el líder visible de Los Flacos, había sido capturado en 2025, pero fue dejado en libertad por vencimiento de términos.

Desde entonces, el criminal se mantuvo al mando de la organización criminal, principalmente en el traslado de narcóticos por la región, extorsión de comerciantes y transportadores y también algunos homicidios registrados en los últimos meses.

Alias Cakín tiene antecedentes judiciales desde hace 17 años, pero fue mencionado en informes de inteligencia en 2011 cuando fue identificado como jefe sicarial de Los Rastrojos, en el norte del Valle del Cauca. “Este resultado operacional de la Policía Nacional cobra especial importancia, ya que en menos de 72 horas del anuncio, se comenzó a hacer efectivo ese compromiso del Gobierno nacional”.

En 2013 fue mencionado como uno de los líderes principales de La Cordillera, que se encargaba de cometer asesinatos ordenados por otras estructuras criminales en el Eje Cafetero.

También se le vinculó con el comercio ilegal de narcóticos en Pereira durante esa época, hasta que en 2019 se anunció que era el nuevo jefe de Los Flacos, puesto que el máximo cabecilla de esa estructura criminal había sido capturado y desde entonces está recluido en prisión.

En 2020 pasaría a coordinar el lavado de activos de las rentas ilegales de expendio de estupefacientes, a través de la actividad de préstamos a particulares denominada “gota a gota”.

En 2022 asumió la coordinación visible del total de las células criminales de Los Flacos hasta su captura en febrero de 2024 en Pereira. Había protagonizado las confrontaciones criminales contra la organización Nueva Generación, con la que compite por el control ilegal de los expendios de estupefacientes, fenómeno que ha provocado que aumente la violencia en el norte del Valle del Cauca.

Tras la captura de “Cakín”, las autoridades desplegaron componentes especiales de investigación judicial y criminal para fortalecer el dispositivo operacional desplegado en el norte del Valle del Cauca y el Eje Cafetero, todo esto ante una posible arremetida del grupo criminal tras la detención de su líder.

Luis Alfredo Acuña Vega, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignado al esquema de seguridad del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, fue capturado en Hatonuevo, La Guajira.

Acuña Vega se desplazaba con $145 millones en efectivo y con propaganda electoral a favor del candidato al Senado Daniel Restrepo, actual representante a la Cámara por el Partido Conservador, según informaron El Tiempo y Caracol Radio.

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De acuerdo con ambos medios, el escolta transitaba en una camioneta Toyota con siete sobres que contenían dinero en efectivo.

Augusto Rodríguez, director de la UNP, confirmó la captura a Caracol Radio, asegurando que desde Presidencia existe la orden para rastrear delitos electorales.

De hecho, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta oficial de X, en la que confirmó la orden a la Policía Nacional de capturar a lo que denominó “compradores de votos”.

“La policía nacional tiene orden del Presidente de la República de capturar a los compradores de votos y ponerlos a órdenes de la fiscalía por delitos contra el sufragio. La compra de votos permite que los criminales se adueñen del estado y de la ley en contra del pueblo”, señaló el jefe de Estado.

Rodríguez señaló al citado medio de comunicación que el vehículo donde se transportaba Luis Alfredo Acuña Vega no hace parte de la Unidad Nacional de Protección.

El director de la Policía Nacional, William Rincón, confirmó la captura del escolta, asegurando que el dinero estaría destinado a la supuesta compra de votos. El uniformado señaló que la captura se dio en la vía Distracción-Cuestecitas.

“En la vía Distracción – Cuestecitas (La Guajira), la Policía Nacional incautó $145 millones que, presuntamente, serían destinados a la compra de votos”, indicó Rincón.

Según el director de la Policía Nacional, los sobres estaban marcados con los nombres de dos municipios y un corregimiento. Rincón expresó que dos personas fueron capturados.

“El dinero fue hallado oculto en un vehículo en el que también se encontró propaganda política alusiva a un candidato al Senado. Los recursos estaban distribuidos en siete sobres, marcados con los nombres de dos municipios y un corregimiento, lo que evidenciaría una posible estructura para la comisión de delitos electorales. En el procedimiento fueron capturadas dos personas, quienes deberán responder ante las autoridades competentes”, aseveró.

Y agregó: “La Policía Nacional reitera su compromiso con la transparencia del proceso electoral y continuará desplegando todas sus capacidades institucionales para garantizar elecciones libres, seguras y en plena legalidad”.

Sanciones por delitos electorales en Colombia

En Colombia, los delitos electorales están tipificados en el Código Penal y regulados de manera específica por la Ley 1864 de 2017, que establece sanciones para quienes atenten contra la transparencia y legalidad del proceso electoral. Entre las conductas sancionadas se encuentran la perturbación de procesos electorales, el constreñimiento al sufragante, el fraude electoral, la compra y venta de votos, y la financiación ilícita de campañas.

Las penas varían según el delito cometido. Por ejemplo, la perturbación de elecciones manipulando el proceso puede implicar prisión de 4 a 9 años y multas de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la conducta se realiza mediante violencia, la pena puede aumentar hasta 12 años. El constreñimiento al sufragante, que consiste en presionar o amenazar a una persona para orientar su voto, también se sanciona con cárcel de 4 a 9 años y multas equivalentes.

La compra y venta de votos, así como el fraude en el ejercicio del voto, pueden recibir penas de prisión de 4 a 8 años y multas de hasta 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, la ley contempla sanciones más severas para los servidores públicos involucrados en este tipo de delitos, quienes pueden enfrentar agravantes y la inhabilidad para ejercer cargos públicos.

En un operativo liderado por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, fueron capturados dos hombres señalados de extorsionar a comerciantes y ciudadanos en el Parque Lleras, ubicado en el sector de El Poblado de Medellín.

Según el reporte oficial, la detención se produjo mientras los dos sujetos recibían 200 millones de pesos, parte de una suma total de 600 millones de pesos exigida bajo amenazas a un comerciante de la zona comercial de la capital del departamento de Antioquia.

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De acuerdo con la investigación policial, el vendedor había denunciado la situación ante las autoridades, donde recibió amenazas contra su vida, la de sus empleados y su negocio, por parte de cinco hombres que exigieron el dinero a cambio de permitirle continuar su actividad económica en el sector.

En el operativo, las autoridades incautaron dos motocicletas, utilizadas presuntamente para realizar estos cobros, junto a dos teléfonos celulares que serán sometidos a análisis forense para fortalecer el proceso judicial y determinar si existen más personas afectadas o redes vinculadas.

Los detenidos fueron identificados Emanuel Restrepo y Víctor Arias Jaramillo, quienes habían simulado ser integrantes del Clan del Golfo para reforzar las amenazas, según reveló el brigadier general Henry Yesi Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

“Utilizan esta marca criminal como es Clan del Golfo para sembrar terror, pánico en el comercio en general, y ese trabajo tan importante que hace nuestro Gaula, la Policía Nacional de todos los colombianos, evita que se haga el pago de más de seiscientos millones de pesos”, manifestó el alto oficial en declaraciones a los medios de comunicación.

Los dos capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de extorsión. Un juez les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

Las autoridades insisten en la necesidad de fortalecer la colaboración ciudadana, subrayando que la denuncia temprana es decisiva para activar planes antiextorsión. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá recordó las líneas disponibles para estos reportes, como el 165 del Gaula o el 123.

La extorsión en Medellín constituye hoy una de las principales amenazas para la integridad del tejido comercial y la seguridad ciudadana.

Las detenciones en un núcleo como el Parque Lleras, reconocido por su flujo turístico y comercial, representan un mensaje para los criminales y un alivio para los comerciantes y residentes. El impacto de la extorsión trasciende la afectación individual y socava la confianza en las instituciones, mina las inversiones, y limita el crecimiento local, según destacaron las autoridades.

Mafias europeas en el Parque Lleras

El alcalde Federico Gutiérrez había señalado en 2025 que diversas mafias europeas también tienen actividades en las inmediaciones del Parque Lleras, incrementando la presencia de estructuras criminales y complejizando el panorama de seguridad en este sector comercial y nocturno.

El mandatario local, en declaraciones a El Tiempo, había mencionado que la presencia de mafias internacionales, articuladas por un individuo conocido como ‘El Holandés’, ha convertido esta zona en un foco persistente de delitos graves, como trata de personas, explotación sexual y tráfico de drogas.

“Estamos enfrentando un problema que escaló a otro nivel. No se trata solo de estructuras locales. Hay mafias internacionales articuladas en el Parque Lleras. Por eso pedí, en el Consejo de Seguridad, que se concentren todos los esfuerzos para dar con el paradero de alias el Holandés y acabar de una vez por todas con estas organizaciones delictivas”, explicó el mandatario al citado medio de comunicación.

Aunque recientemente se intensificaron las operaciones policiales y se implementó una remodelación urbanística integral destinada a reforzar la seguridad, el Parque Lleras sigue marcado por la incidencia de explotación de menores.

Según información recopilada por el diario bogotano, el auge del turismo ha propiciado la expansión de redes criminales capaces de generar ingresos mensuales superiores a 180 millones de pesos mediante la explotación de menores y mujeres en situación vulnerable.

Las investigaciones determinaron que los menores —muchos procedentes de comunidades vulnerables como la Embera Katío— eran introducidos en la zona, acompañados por mujeres con quienes no existía ninguna relación de parentesco.

En algunos casos, los adultos vestían a los niños de manera intencionada para provocar respuestas emocionales entre los turistas. A lo largo del día, estas familias artificiales ocupaban los pasos peatonales de la calle 10, con menores de distintas edades, incluidos bebés de solo meses de vida.

Para maximizar sus ganancias, los miembros de la banda recurrían a una estrategia adicional: carteles en inglés, elaborados por los coordinadores del grupo, donde las mujeres decían ser recién llegadas al país y solicitaban ayuda para cubrir las necesidades básicas de sus hijos.

Cuando lograban captar la atención de los turistas, los guiaban a farmacias cercanas y especificaban los productos que debían comprarles, como leche en polvo y pañales. Los artículos, una vez recibidos, eran acumulados por las mujeres hasta alcanzar las metas diarias impuestas por la organización. Así, la red sostenía un flujo de recursos constante, principalmente en dólares y bienes de primera necesidad.

En horas de la mañana de este martes, la Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Luis Remberto Peña Ortiz, de 19 años, acusado de agredir a su madre y a su padrastro en Zacatecoluca, La Paz Este.

Según el reporte oficial difundido en redes sociales, el joven, en estado de ebriedad, amenazó de muerte a su madre y la atacó con un corvo, provocándole heridas en distintas partes del cuerpo.

Ante la gravedad de la situación, el padrastro intervino y también resultó lesionado en la cabeza. Ambos fueron trasladados a un hospital local, donde permanecen estables. Peña Ortiz será remitido a las instancias judiciales correspondientes, conforme a lo señalado por la PNC.

La agresión registrada en Zacatecoluca se suma a una serie de eventos recientes que reflejan el repunte de la violencia intrafamiliar en El Salvador. Por ejemplo, el 24 de febrero de 2026, en Sesori, San Miguel Norte, un hombre en estado de ebriedad disparó contra sus hijos, con saldo de un joven de 23 años fallecido y una menor herida que logró sobrevivir.

La PNC localizó al agresor, identificado como Héctor Mario Lara, quien murió tras enfrentarse a los agentes. Las autoridades indicaron que la menor se encuentra fuera de peligro tras recibir atención médica especializada.

Otra situación de alto impacto ocurrió el 18 de febrero de 2026 en Uluazapa, San Miguel, donde Ever Antonio Gómez Benítez agredió a su esposa e hijos. Durante el intento de huida, Gómez Benítez atacó a la policía con un arma blanca y perdió la vida cuando los agentes respondieron al ataque.

En el occidente del país, Samuel Asael Flores Acuña, de 23 años, fue arrestado en Teotepeque, La Libertad Costa, tras rociar gasolina y prender fuego a su padrastro tras presenciar una agresión contra su madre.

La víctima sufrió quemaduras graves. Sin embargo, Flores Acuña enfrenta cargos por intento de homicidio. Este caso ha sido destacado por la PNC y por organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes alertan sobre el riesgo de escalamiento de los conflictos familiares en contextos de violencia reiterada.

¿Qué es la violencia intrafamiliar y cómo está tipificada en El Salvador?

La violencia intrafamiliar se refiere a cualquier acción u omisión que cause daño físico, psicológico, sexual o patrimonial a los integrantes de una familia, ya sea dentro o fuera del hogar. Este tipo de violencia puede estar dirigida hacia cónyuges, hijos, padres, hermanos u otros parientes, y suele involucrar agresiones recurrentes que afectan la integridad y bienestar de las víctimas.

En El Salvador, la violencia intrafamiliar está regulada principalmente por la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y el Código Penal.

La ley salvadoreña reconoce la violencia intrafamiliar como un delito que puede manifestarse en distintas formas, incluyendo agresiones físicas, amenazas, maltrato psicológico, abuso sexual y violencia económica. Las sanciones varían según la gravedad del caso y pueden incluir medidas de protección, asistencia legal y penas de prisión para los agresores.

Además, el marco legal establece la obligación de las autoridades de brindar protección inmediata a las víctimas y de investigar diligentemente las denuncias.

De igual manera, la legislación promueve la atención integral, asesoría psicológica y acompañamiento social para quienes sufren este tipo de violencia. Las instituciones responsables, como la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, coordinan acciones para prevenir, detectar y sancionar los hechos de violencia en el ámbito familiar.

Tropas de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército Nacional lograron la captura de cinco integrantes del GAO-r Bloque Jorge Suárez Briceño, entre ellos el segundo cabecilla de la estructura Marco Aurelio Buendía, en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta.

La operación fue realizada en la vereda Nueva Colombia, tras la implementación de estrategias de inteligencia militar y acciones tácticas del Batallón de Despliegue Rápido N.º 31 y la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 11, según confirmó la Policía Nacional a través de un comunicado oficial.

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De acuerdo con la información difundida por la Fuerza de Tarea Omega, el operativo permitió interceptar a la comisión armada que, según las autoridades, tenía órdenes de reorganizar estructuras ilegales en el suroriente del país.

Entre los capturados figura alias Joiner o Yoiner, identificado como segundo cabecilla de la estructura Marco Aurelio Buendía, junto con alias Marlon, señalado como responsable financiero, y alias Yuri, que fungía como enfermera y pareja de alias Joiner.

Durante la operación militar se incautaron cinco fusiles, dos pistolas, munición de distintos calibres, equipos de comunicaciones y material de intendencia, así como elementos considerados estratégicos para las labores de inteligencia.

Según la Policía Nacional, este resultado debilitará la capacidad operativa de la organización, que ya había sufrido bajas durante enero del año en curso, tras la muerte de dos de sus integrantes, incluido alias La Gorda, jefe de seguridad del capturado en 2025 alias Pate Palo, cabecilla logística del GEO-r Estructura Raúl Reyes

Informes de inteligencia militar señalaron que alias Joiner o Yoiner acumula más de diez años de actividad delictiva en los departamentos de Meta y Guaviare, con antecedentes que incluyen homicidios selectivos, extorsiones a comerciantes, transportadores y ganaderos, así como la instalación de artefactos explosivos y ataques armados contra la fuerza pública.

Los delitos en los que estarían envueltos ‘Joiner’ y su equipo

Las autoridades le atribuyen la participación en el asesinato de un líder social en Puerto Rico, Meta, en 2022, además de coordinar acciones de hostigamiento y control de rutas para el tráfico de drogas.

En el transcurso de las investigaciones, la Policía Nacional identificó que los capturados también estarían relacionados con el reclutamiento de menores y el manejo de corredores estratégicos para el narcotráfico en la región.

Tras su aprehensión, tanto los detenidos como el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización y la formulación de cargos correspondientes.

La Fuerza de Tarea Omega destacó que este resultado afecta de manera significativa la estructura Marco Aurelio Buendía, subordinada a alias Pate Palo, y reafirmó el compromiso institucional con la seguridad y la protección de las comunidades en los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá a través de operaciones militares coordinadas e interinstitucionales.

Ejército incautó drones y arsenal de las disidencias en el departamento de Antioquia

Un operativo del Ejército Nacional en la vereda Cordillera de San Andrés de Cuerquia, al norte de Antioquia, resultó en la incautación de un arsenal que las disidencias de las Farc planeaban usar para ataques contra la población civil y la Fuerza Pública, según informó el teniente coronel Fredy Arboleda Jaramillo, a través de un comunicado.

La acción busca restringir la logística y las finanzas de los grupos armados ilegales presentes en Antioquia, cuyas operaciones han sido objeto de una intensificación en las labores militares y policiales en los últimos meses debido a la persistencia de amenazas sobre los habitantes y al uso de corredores estratégicos para el control territorial.

Durante la intervención, desarrollada por el Batallón de Infantería N.º 10 Coronel Atanasio Girardot, las tropas decomisaron un dron, 29 cartuchos calibre 5.56, cuatro radios de comunicación, dos artefactos explosivos improvisados, tres detonadores, cordón detonante y prendas de uso privativo de las fuerzas armadas. Todo el material quedó en manos de la Fiscalía para iniciar los procesos judiciales y definir conexiones con otros hechos criminales.

Entre los detenidos se encuentra alias Tuta, señalado como coordinador de la extracción y comercialización ilegal de combustible, actividad que generaba recursos millonarios para el grupo armado, informó la institución a través de un comunicado.

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Además, la segunda capturada fue una mujer, cuya identidad y alias no fueron revelados por las autoridades. En el registro gráfico del allanamiento y posterior detención, los dos sujetos estaban en el mismo domicilio.

De acuerdo con los voceros oficiales, las capturas se ejecutaron en el contexto de la operación Temis, puesta en marcha con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación.

Con previa investigación, las autoridades identificaron que la organización criminal sustraía combustible del poliducto Pozo Colorados Galán, uno de los puntos más afectados por este delito en la región.

Tras la comercialización ilegal del combustible, los recursos obtenidos eran destinados al sostenimiento de actividades terroristas y al fortalecimiento logístico de la estructura Juan Fernando Porras Martínez del ELN.

El director general de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, destacó la importancia de este golpe a las finanzas del ELN: “Esta operación representa un resultado estratégico en la lucha contra las economías ilícitas que financian a los grupos armados organizados. Este importante avance investigativo permitió afectar de manera directa las fuentes de financiación del ELN, debilitando su capacidad logística y operativa”.

Desde la institución comunicaron que tras la investigación se detectaron movimientos bancarios superiores a 1.300 millones de pesos, y que los capturados manejaban un patrimonio injustificado en bienes muebles e inmuebles.

En consecuencia, con las detenciones, el grupo armado dejará de percibir aproximadamente 200 millones de pesos mensuales en “impuestos” ilegales por la protección y autorización de esta actividad.

Los detalles de estos movimientos financieros también apuntan a que “Tuta” realizaba pagos a cabecillas que llegaban hasta los 770 millones de pesos y ofrecía hasta 15 millones de pesos para evitar capturas e incautaciones en zonas como Ocaña y Río de Oro, en el área limítrofe de los departamentos de Norte de Santander y Cesar, espectivamente

El brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental, anunció la continuación de este tipo de operaciones sostenidas, “con estricto apego a la ley, orientadas a desmantelar de manera estructural las redes de financiación que amenazan la seguridad y la estabilidad del territorio nacional, protegiendo los recursos naturales y el patrimonio económico del país”.

El departamento del Cesar está golpeado por el robo de hidrocarburos: autoridades responsabilizan al ELN

El 25 de febrero de 2026 la Policía Nacional informó que recuperó 9.000 galones de gasolina presuntamente sustraídos de un poliducto de Ecopetrol en el departamento del Cesar.

La operación representó un golpe a las estructuras financieras vinculadas al comercio clandestino de hidrocarburos y puso de manifiesto la logística avanzada utilizada en estas actividades ilícitas.

El valor estimado del combustible asciende a cerca de 140 millones de pesos, mientras que las máquinas y herramientas incautadas, utilizadas para almacenamiento y transporte, se valuaron en 40 millones de pesos.

Durante el procedimiento se incautaron seis motobombas, setenta recipientes plásticos conocidos como “dados”, cuatro canecas y cerca de 100 metros de manguera plástica. Estos elementos son considerados esenciales para la extracción y movilización ilegal de combustible.

Fuentes oficiales señalaron que el combustible incautado estaba destinado a redes de comercialización ilegal, asociadas al circuito denominado “pimpineo”, caracterizado por la venta informal de gasolina en pequeñas cantidades fuera del control formal.

La Policía Nacional indicó que la guerrilla del ELN estaría detrás de la comercialización ilegal del combustible, coordinando las operaciones y obteniendo beneficios económicos derivados de la venta clandestina.

Luis Alberto Ramírez Urdaneta, conocido con los alias de Risa o el Negro, fue capturado en flagrancia en zona rural de Monteria, en el departamento de Córdoba.

Según el reporte oficial, el hombre de nacionalidad venezolana, es señalado como presunto jefe de sicarios del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), a quien se le atribuye la coordinación de homicidios, secuestros y extorsiones que habrían afectado gravemente la seguridad de la región y las finanzas de la estructura criminal.

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Las labores de captura se concretaron en la vereda Tres Puertas, corregimiento San Isidro, mediante un operativo coordinado entre Gaula Militar Sinú, la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, el CTI de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.

Durante la detención en flagrancia, a Ramírez Urdaneta le fueron incautados un revólver calibre 38 milímetros, municiones, una motocicleta y un teléfono celular, evidencia que reforzó su vinculación inmediata a delitos graves.

El prontuario de Ramírez Urdaneta incluye una presunta participación en al menos 12 homicidios, entre ellos el asesinato de miembros de la fuerza pública, como un guardián del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y personal de la Policía Nacional, perpetrados en distintos momentos de los últimos años.

Además, las autoridades lo señalan como el responsable de centralizar y distribuir el arsenal de armas perteneciente al Clan del Golfo en la región, hecho que amplificaba su rol en la capacidad operativa y de intimidación del grupo armado.

La nacionalidad venezolana del detenido dificultó su identificación plena durante meses, lo que obligó a los organismos de inteligencia a construir con meticulosidad el caso judicial.

Según el comandante de la Décima Primera Brigada, brigadier general Óscar del Cristo Díaz Montiel, Ramírez Urdaneta habría dirigido directamente al menos a seis sicarios responsables de ejecutar homicidios selectivos, secuestros agravados, expendio de estupefacientes y cobros extorsivos en áreas urbanas y rurales de Montería.

“Este sujeto, al parecer, sería la persona que cometía los homicidios y direccionaba a los sicarios aquí en el área urbana y rural de Montería, en los corregimientos San Isidro, Santa Isabel, Guateque y otros. Este sujeto de 26 años y nacionalidad venezolana, llevaría 8 años delinquiendo (...) se le atribuye presunta participación en al menos 12 homicidios y tendría bajo su mando a 6 miembros de la organización, los cuales cumplían diferentes roles y funciones delictivas”, explicó el oficial.

Tras su captura, la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego. Posteriormente, un juez decretó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

La captura de alias Risa o El Negro neutralizó la operatividad de uno de los principales coordinadores de cobros extorsivos y homicidios del Clan del Golfo en el área metropolitana de Montería, debilitando sustancialmente las actividades delictivas y la estructura financiera del grupo.

Las autoridades afirmaron que continuarán ejecutando operaciones conjuntas con el objetivo de garantizar la seguridad de la población de Córdoba y restringir la capacidad coercitiva de las organizaciones criminales en la región.

Capturan a alias Camilo o Tuerto, cabecilla financiero del Clan del Golfo en Antioquia

La detención de ‘Risa’ o ‘El Negro’ se suman a otros operativos de las Fuerzas Militares para contrarrestar el accionar criminal del grupo armado.

Entre ellos, se destaca la captura de alias Camilo, también conocido como Tuerto, uno de los principales responsables del cobro de extorsiones y coordinador de actividades ilícitas en varias regiones del país, y que tenía tenía aproximadamente 20 años de trayectoria criminal y fungía como cabecilla financiero del Clan del Golfo.

La operación conjunta, desarrollada el 19 de febrero en el corregimiento San Miguel, municipio de Sonsón, Antioquia, contó con la participación del Gaula Militar Oriente de la Cuarta Brigada, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la inteligencia militar, alias Camilo era responsable directo del recaudo sistemático de extorsiones—práctica conocida como la “vacuna”—que afectaba a comerciantes, ganaderos y actores vinculados con actividades como la extracción ilegal de minerales y el hurto de combustible.

Su papel consistía en fortalecer las finanzas de la subestructura Gener Morales, así como mantener el control y la disciplina en los territorios bajo influencia del EGC.

“Con esta operación, se afecta de manera significativa la estructura Gener Morales del Clan del Golfo, debilitando sus capacidades financieras derivadas del cobro de extorsiones y otras economías ilícitas. Asimismo, se desestabiliza su estructura jerárquica e impacta en su mando criminal”, explicó el brigadier general Caicedo Bocanegra, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.

La Policía Nacional reveló que el peligroso delincuente tiene un historial criminal que comenzó hace más de siete años; además, en la actualidad sería el encargado de coordinar el envío de cargamentos de droga mediante narcolanchas desde Colombia y Venezuela hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

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Las autoridades tienen información que relacionaría a “Cucaracho” con el cobro de extorsiones y secuestros a comerciantes en el Caribe y lo acusan de dinamizar operaciones de lavado de activos para fortalecer las finanzas ilícitas de la organización criminal.

Durante el procedimiento fueron incautados cuatro teléfonos celulares y una tablet, elementos que serán inspeccionados para avanzar en los procesos de las investigaciones, identificar redes de apoyo logístico y avanzar en el desmantelamiento de la estructura criminal transnacional en Colombia.

Identificación de ‘Cucaracho’ se demoró varios meses

Fuentes de Infobae Colombia informaron detalles nuevos de la detención de Páez Cordero, que en los informes de investigación es mencionado como uno de los hombres de confianza en Latinoamérica de Héctor Rusthenford Guerrero Flores o “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua.

“Cucaracho” no solo era destacado en el Caribe colombiano, sino que se presume que habría sido designado como el encargado de fortalecer el poder financiero de la estructura criminal en toda la región.

“Fue designado por ”Niño Guerrero" como el principal cabecilla de narcotráfico en Suramérica con epicentro en Colombia".

El criminal capturado es considerado una ficha clave del narcotráfico transnacional, puesto que, además de los envíos de cocaína desde Colombia y Venezuela, lideraría operaciones de lavado de activos, compra de material bélico y ejecución de alianzas narcotraficantes para fortalecer la expansión del Tren de Aragua en Colombia.

Páez Cordero estaba prófugo de la justicia venezolana desde 2023, cuando apareció en un listado de los más buscados en países vinculados a Interpol.

Todo lo que se registró antes de la detención de “Cucaracho” se denominó Operación Damasco, que se mantuvo durante varios meses, en los que las autoridades identificaron los movimientos repetitivos que realizó el criminal en la región.

En el seguimiento que le hicieron al criminal internacional, identificaron la unidad residencial, ubicada en una zona exclusiva de Santa Marta, en la que “Cucaracho” tenía una de sus residencias en Colombia junto con una mujer, la misma que se encontraba en la vivienda en el momento en que las autoridades ingresaron para realizar la captura. Sin saberlo, Páez Cordero fue grabado disfrutando de las zonas comunes del lugar.

Tras confirmar la detención del criminal internacional, el director de la Policía Nacional, el general William Rincón, entregó un balance del operativo, en el que aseguró que están tras los pasos de más integrantes de la estructura transnacional que tiene presencia en Perú, Chile, Ecuador, Brasil, Bolivia y Argentina.

“Con la captura de alias Cucaracho, cabecilla internacional del Tren de Aragua, le asestamos un golpe estratégico al crimen transnacional. Este delincuente coordinaba rutas de narcotráfico hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa, además de dinamizar extorsiones, secuestros y lavado de activos en la región del Caribe. Este resultado, logrado en articulación con la Fiscalía General de la Nación y agencias internacionales como la DEA, demuestra que la cooperación global es determinante para cerrarles el paso a las organizaciones criminales que pretenden operar más allá de las fronteras”, declaró Rincón al respecto.

La Policía Nacional informó que el criminal es solicitado por Venezuela mediante circular roja de Interpol por tráfico de estupefacientes y psicotrópicos, asociación para delinquir, tráfico de armas y municiones y financiamiento al terrorismo.

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“Con la captura de alias Cucaracho, cabecilla internacional del Tren de Aragua, le asestamos un golpe estratégico al crimen transnacional. Este delincuente coordinaba rutas de narcotráfico hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa, además de dinamizar extorsiones, secuestros y lavado de activos en la región del Caribe. Este resultado, logrado en articulación con la Fiscalía General de la Nación y agencias internacionales como la DEA, demuestra que la cooperación global es determinante para cerrarles el paso a las organizaciones criminales que pretenden operar más allá de las fronteras”, declaró el director de la Policía Nacional, el general William Rincón, durante el balance del operativo.

El director de la institución aseguró que con estos operativos se busca dejar en claro que “Colombia no será refugio de criminales”.

Detalles del operativo

La Policía Nacional confirmó que el operativo fue ejecutado por unidades del Gaula, comandos jungla y agentes de la DEA en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Luego de identificar la zona en la que estaba el criminal, se realizó un allanamiento en una zona exclusiva de Santa Marta en la que se encontraba Jorge Luis Páez Cordero, conocido en el mundo criminal como “Cucaracho”.

Se presume que, al igual que tiene presencia el Tren de Aragua en la región, Páez se movía constantemente entre países de Latinoamérica para coordinar actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión, secuestro y terrorismo.

“Según las investigaciones, “Cucaracho” tendría más de siete años de trayectoria delincuencial y era el encargado de coordinar el envío de cargamentos de droga mediante narcolanchas desde Colombia y Venezuela hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa".

Las autoridades tienen información que relacionaría a “Cucaracho” con el cobro de extorsiones y secuestros a comerciantes en el Caribe; además, lo acusan de dinamizar operaciones de lavado de activos para fortalecer las finanzas ilícitas de la organización criminal.

Durante el procedimiento fueron incautados cuatro teléfonos celulares y una tablet, elementos que serán inspeccionados para avanzar en los procesos de las investigaciones, identificar redes de apoyo logístico y avanzar en el desmantelamiento de la estructura criminal transnacional en Colombia.

“Este resultado representa un golpe contundente al crimen organizado internacional, debilitando de manera directa la capacidad financiera y operativa del Tren de Aragua, estructura que ha expandido sus actividades criminales en múltiples países de la región. La acción coordinada entre las autoridades colombianas y sus aliados internacionales ratifica el compromiso del Estado colombiano de cerrar espacios al narcotráfico, la extorsión y el secuestro. Colombia no será refugio para delincuentes transnacionales que pretendan operar desde nuestro territorio”, es parte del comunicado divulgado por la Policía Nacional.

Cabe aclarar que no todos los integrantes del Tren de Aragua son de nacionalidad venezolana, puesto que en los años recientes ha permeado la delincuencia común de otros países. Un ejemplo de ello es que en un operativo reciente, registrado en el municipio de Soacha, Cundinamarca, las autoridades capturaron a un ciudadano colombiano debido a sus vínculos con el Tren de Aragua.

El operativo, realizado por la Policía Nacional, permitió la detención del individuo, que era requerido con fines de extradición por cargos relacionados con delitos de concierto para delinquir, tráfico de migrantes y trata de personas. La investigación señala que el capturado habría facilitado el ingreso ilegal de migrantes a territorio estadounidense, aprovechando conexiones con redes criminales internacionales. Tras su captura, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras se adelantan los trámites judiciales correspondientes a la solicitud de extradición.

Oficiales de Migración Colombia capturaron en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá a Denis Alimov, ciudadano ruso de 42 años que ingresó al país en un vuelo de Turkish Airlines y tenía como destino final la ciudad de Cartagena.

Alimov contaba con una notificación roja de Interpol y era buscado por las autoridades de Estados Unidos por cargos de presunta conspiración para secuestrar o asesinar personas en Europa, financiamiento de actos terroristas y provisión de apoyo material para actividades ilícitas de esta índole.

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La detención fue confirmada en las horas de la tarde del 24 de febrero de 2026 por Migración Colombia, luego de un operativo realizado por el Grupo de Control a Viajeros Especiales. Las autoridades interceptaron al extranjero antes de que atravesara Migración, para abordar su conexión nacional al Caribe.

Según la información oficial que emitieron voceros de la entidad, luego de ser detenido, Denis Alimov fue puesto a disposición de las autoridades nacionales que iniciarán el proceso de extradición para que comparezca ante el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York.

Los cargos que enfrenta podrían derivar en una condena de hasta cadena perpetua, según la estimación judicial que fue comunicada por Migración Colombia.

La directora general de esta entidad, Gloria Esperanza Arriero, especificó que la detección de estos casos se fortaleció con la coordinación internacional, que permite anticipar la localización de estos individuos requeridos por delitos graves y, en efecto, capturarlos sin que hagan mayores movimientos.

Según Arriero, estas personas suelen ser identificadas antes de que aterricen a sus destinos “mediante herramientas de información compartida que blindan la seguridad nacional e internacional, y aplican acciones oportunas sobre viajeros buscados por diferentes delitos”, expresó.

El historial delictivo de Denis Alimov

La acusación formal contra Alimov fue emitida el 18 de diciembre de 2025 por el tribunal estadounidense, que solicitó su extradición bajo cargos de conspiración, asesinato y secuestro en el extranjero, así como financiamiento de terrorismo.

Los pormenores de la investigación de las autoridades de Estados Unidos que fueron conocidos por las autoridades nacionales indicaron que, entre octubre de 2024 y marzo de 2025, el detenido habría planeado asesinar o secuestrar a dos personas de alto perfil público en Europa, con transferencias cercanas a los 60.000 dólares para la ejecución de la operación. Además, habría pactado un pago de hasta 1,5 millones de dólares por cada objetivo.

El informe oficial indicó que Alimov también está vinculado al suministro de información técnica y al reclutamiento de otros implicados en el plan. Uno de sus cómplices fue arrestado en marzo de 2025 en Nueva York.

Fuentes de Migración Colombia reiteraron que el procedimiento se ejecutó bajo protocolos de seguridad establecidos y que la información compartida por organismos internacionales permitió evitar el ingreso legítimo de Alimov al territorio nacional, en la terminal aérea.

Capturaron a dos hermanos colombianos señalados de homicidio en El Dorado

En menos de 24 horas, las autoridades también comunicaron que dos hermanos boyacenses, buscados por homicidio agravado, fueron capturados en el aeropuerto El Dorado de Bogotá tras intentar regresar a Colombia procedentes de São Paulo, Brasil.

Según las autoridades, los jóvenes habían sido seguidos por varios meses. Su detención fue posible mediante la alerta del Centro Estratégico Conjunto de Análisis Migratorio (Cecam), que permitió a los oficiales de Migración identificar y detener a los implicados apenas arribaron al país.

El hecho violento que motivó la orden de captura ocurrió la madrugada del 25 de diciembre de 2025 en la Torre 5 de un conjunto residencial del barrio Antonia Santos, en Tunja.

Una celebración familiar se transformó en tragedia cuando una discusión derivó en una agresión mortal con arma cortopunzante. La víctima, de veintinueve años, perdió la vida en medio de un ambiente de fiesta navideña.