El 28 de abril las autoridades confirmaron la captura de Alex Andela, más conocido como alias David o Mi Pez, jefe de la estructura Dagoberto Ramos del Bloque Occidental Jacobo Arenas, que hace parte de las disidencias del Estado Mayor Central al mando de “Iván Mordisco”.

Cabe recordar que esta facción criminal es señalada de perpetrar atentados en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, así como ataques en la vía Panamericana, el más reciente en el sector de Cajibío.

Alias Mi Pez asumió el liderazgo de este frente criminal tras la muerte de Wílmar Pazú Rivera “Cholinga”, y cuenta con una trayectoria de 20 años en la estructura armada, en la que ha ocupado varios cargos de mando.

El capturado tiene procesos judiciales por homicidio, concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo y delitos relacionados con drogas; mientras que la estructura Dagoberto Ramos es considerada una de las más ofensivas en el Cauca.

Los secretos de la caída de ‘Mi Pez’

Fuentes militares confirmaron a Infobae Colombia que Andela era buscado desde hace varios meses por miembros de la Dirección de Investigación Criminal Dijin, el Grupo de Operaciones Especiales Antiterroristas Grate y el Ejército Nacional, que desde junio del 2025 tenían como objetivo capturar al criminal que se movía entre los departamentos de Tolima, Huila, Cauca y Valle del Cauca.

Precisamente, esos desplazamientos, que los adelantaba para coordinar acciones criminales en contra de la fuerza pública y la población civil, dejaron en evidencia ciertos lugares que se convirtieron en pistas claves para los investigadores, que identificaron por completo los gustos, rutinas, y otros factores que provocaron la caída de “Mi Pez”.

“Los rastros comenzaron a ser empleados para construir por dónde y hacia dónde se movía. El seguimiento milimétrico de inteligencia de la Policía Nacional al círculo cercano del cabecilla, permitió también identificar sus hombres de confianza, enlaces financieros y los explosivistas más cercanos”, informó la fuente militar.

Durante la investigación se sumaron testimonios de desmovilizados que habían estado en los mismos campamentos que el cabecilla de las disidencias, que se encargaron de confirmar fracturas internas entre alias “Marlon” y “Mi Pez”, motivo por el que el segundo tenía menos protección durante sus últimos movimientos.

Sobre los problemas internos en el frente mencionado, se afirma que se tratarían de desacuerdos por la baja efectividad de los ataques perpetrados recientemente en Cali y Jamundí, en donde el grupo armado no logró causar el impacto que se tenía previsto y provocó discusiones entre los cabecillas mencionados.

“Se identifican disputas por el control de las finanzas ilícitas, que eran manejadas por alias Mi Pez, que presuntamente estaría omitiendo reportes a alias Marlon para obtener recursos para su interés personal, debilitando aún más la cadena de mando criminal”.

De acuerdo con las autoridades, “Mi Pez” habría adquirido propiedades y vehículos de carga en Popayán, Medellín, Cali y Buenaventura, que serían usados para beneficio personal, lo que habría sido descubierto recientemente al interior de las disidencias.

El último ataque terrorista que se registró en Cali, en el que fue atacado un bus con civiles, habría sido el factor por el que se terminó de quebrar la relación entre “Marlon” y “Mi Pez”, puesto que se presume que entre las víctimas civiles hay familiares y amigos de miembros de la estructura criminal que delinque en el suroccidente del país.

Por otra parte, se conoció que existe una fuerte presión por parte de “Marlon” sobre varios cabecillas de la estructura ante la desobediencia de algunos de ellos, incluyendo el atentado terrorista en Cajibío, por el que el Estado Mayor Central emitió un comunicado con el que pidió perdón a los afectados.

Según el reporte oficial, los hechos ocurrieron en el barrio San Fernando Occidental, en la localidad de Barrios Unidos, luego de que los asistentes a un funeral alertaran a las autoridades por la presencia extraña del sujeto, ya que no era participe de dicho evento religioso.

La Patrulla de Vigilancia respondió inmediatamente al llamado ciudadano. Tras observar la actitud evasiva del hombre, los uniformados realizaron un registro en el que hallaron un revólver sin documentación legal y cinco cédulas de ciudadanía en su poder, motivo por el cual fue llevado a un centro policial cercano.

El comandante de la estación de Policía de Barrios Unidos, teniente coronel Fabián Beltrán Moreno, confirmó que el detenido estaba siendo investigado, no solo por la portación ilegal de arma, sino por el posible origen irregular de las cédulas.

“Al llegar al lugar, los policías observaron a un ciudadano que intentó evadir el procedimiento, por lo que fue abordado de manera inmediata”, informó el oficial.

De acuerdo con el medio Semana, el hombre detenido presenta antecedentes por hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego, lo que llevó a su puesta a disposición de la justicia para responder por nuevos posibles delitos.

Los responsables del operativo no entregaron más detalles sobre la identidad completa del capturado ni el origen preciso de las cédulas, aunque indicaron que se darían a conocer nuevos resultados en las próximas horas.

El aprehendido quedó a disposición de las autoridades correspondientes. La Policía Nacional exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier incidente relacionado con la seguridad a través de la línea de emergencias 123.

La intervención, que generó alarma entre los asistentes al funeral, se suma a las estrategias de las autoridades para contener los delitos en la capital, en un contexto en que la percepción de inseguridad ciudadana ha alcanzado el 43%, según datos recientes del programa Bogotá Cómo Vamos 2025.

Entre enero y marzo de 2026 se reportaron 30.862 hurtos a personas en Bogotá, según datos recopilados por Noticias RCN. Aunque esta cifra representa un descenso respecto a periodos anteriores, persiste una alta incidencia de delitos, especialmente durante las noches de los viernes y madrugadas de los sábados, intervalos en que se concentra la mayor parte de crímenes.

Operativo contra la extorsión en Bogotá

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad de Bogotá reportó la captura en flagrancia de tres presuntos extorsionistas cuando exigían dinero a sus víctimas.

Las detenciones se llevaron a cabo tras denuncias ciudadanas y el monitoreo de cámaras, que permitieron identificar a los implicados en las localidades de Los Mártires, Ciudad Bolívar y Engativá.

Uno de los arrestos se produjo en Engativá, donde un ciudadano resultó afectado por amenazas y exigencias económicas. Luego de negarse a pagar, su vivienda fue objeto de daños materiales y el presunto responsable fue detenido al momento de recibir parte del dinero, informó la Secretaría.

Un caso similar ocurrió en Los Mártires: allí, una comerciante fue presionada por un hombre que simulaba integrar el grupo Unidad Valle del Cauca, exigiendo 35 millones de pesos con base en una supuesta deuda. Las investigaciones indicaron que el hijo de la víctima contactó al extorsionista.

Por otra parte, en Ciudad Bolívar, las autoridades ubicaron a alias Yuco o El Gemelo, acusado de solicitar pagos diarios a un cuidador de carros en un parqueadero. Se determinó que este capturado tenía antecedentes judiciales por tentativa de homicidio y tráfico de estupefacientes.

Las tres personas detenidas fueron puestas a disposición de la justicia por el delito de extorsión y uno de ellos quedó bajo medida de aseguramiento por decisión de un juez. De acuerdo con datos recopilados por la Secretaría Distrital de Seguridad, durante el 2026 han sido capturadas 52 personas por extorsión en la ciudad.

En una operación conjunta que subraya la gravedad de los delitos contra ciudadanos extranjeros y grupos vulnerables, el Ministerio Público (MP) ha dado un paso decisivo en el esclarecimiento del violento fallecimiento de la ciudadana norteamericana Susan Joanne Johnston, de 72 años.

A través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) y en estrecha coordinación con la Fuerza de Tarea de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), las autoridades hicieron efectiva la captura del abogado Carlos Mauricio Cálix Ponce. Al profesional del derecho se le supone responsable del delito de asesinato, en un caso que ha conmocionado a la comunidad de Roatán y al sector de residentes extranjeros en el país.

De acuerdo con el expediente investigativo, el trágico suceso tuvo lugar el pasado 27 de febrero del año en curso. La escena del crimen fue la propia residencia de Johnston, situada en el sector de Coco Road, una zona habitualmente tranquila de la isla de Roatán.

La investigación, dirigida técnica y jurídicamente por la Sección de Muertes de Personas Pertenecientes a Grupos Sociales Vulnerables de la FEDCV, ha revelado detalles escalofriantes sobre los últimos momentos de la víctima. Las pesquisas indican que Cálix Ponce no era un extraño para la fallecida; por el contrario, fungía como su abogado de confianza, lo que le habría permitido un acceso directo a la intimidad de su hogar.

Según los informes de la DPI, el sospechoso arribó a la vivienda aproximadamente a las 12:30 del mediodía. Lo que inició como una visita profesional o de rutina, derivó rápidamente en un episodio de violencia extrema.

Pruebas audiovisuales y hallazgo del cuerpo

Uno de los pilares fundamentales que sostiene la acusación contra el abogado es el rastreo y análisis de cámaras de video de seguridad. Los dispositivos, ubicados estratégicamente en la parte superior de una bodega de la propiedad, captaron evidencia sonora y visual determinante.

En las grabaciones se escucha una acalorada disputa entre el sospechoso y Johnston. Tras el intercambio verbal, el agresor habría atacado a la víctima de manera sorpresiva, infligiéndole múltiples golpes en distintas partes del cuerpo. El informe detalla que el atacante finalmente la sujetó del cuello, aplicándole una fuerza letal hasta causarle la muerte por estrangulamiento.

Fue hasta el 1 de marzo, dos días después del incidente, que las autoridades competentes realizaron el levantamiento cadavérico. El dictamen médico legal posterior confirmó la brutalidad del acto: el tiempo de muerte coincidía con la visita del abogado (de dos a tres días de evolución) y la causa de muerte se estableció científicamente como asfixia por estrangulación, catalogada como una muerte de naturaleza homicida.

A pesar de la contundencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público para sustentar la captura y el requerimiento fiscal, existe una interrogante que aún planea sobre el caso: el motivo.

Hasta el momento, los investigadores no han logrado determinar con exactitud qué impulsó a un profesional del derecho, que gozaba de la confianza de la víctima, a cometer presuntamente un acto de tal magnitud.

No se ha confirmado si el móvil fue de índole económica dada la relación profesional entre ambos, una disputa personal o algún otro factor desencadenante. Esta opacidad en el motivo principal es uno de los puntos que la defensa y la fiscalía deberán debatir en las etapas procesales venideras.

Por lo que, la FEDCV ha reiterado su compromiso de trabajar de forma rigurosa para garantizar que el asesinato de Susan Joanne Johnston no quede en la impunidad.

La captura de hombre identificado como Félix José Paulino Morel fue llevada a cabo en un edificio del reconocido sector turístico de El Laguito, donde el individuo se hospedaba. La acción de las autoridades fue liderada por oficiales de Migración Colombia, con apoyo de miembros de Interpol.

Las autoridades confirmaron la identidad del extranjero y verificaron la vigencia de la solicitud internacional antes de proceder con su detención, en seguimiento a los protocolos establecidos para estos casos.

Según información oficial, el ciudadano dominicano era un objetivo de las autoridades del país centroamericano, porque debía cumplir una condena pendiente.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, señaló que “este es el segundo caso detectado en la semana gracias al trabajo articulado y permanente de nuestros oficiales, que actúan con rigor y oportunidad frente a alertas internacionales”.

El detenido quedó a disposición de las autoridades competentes, a la espera de los trámites correspondientes para su judicialización y eventual extradición.

Este caso se suma a la captura de un ciudadano mexicano, capturado por autoridades colombianas en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, y era requerido mediante circular roja de la Interpol por el delito de pornografía infantil. El individuo intentaba ingresar a Colombia para escapar de las autoridades de su país de origen.

Otra captura importante por parte de las autoridades colombianas fue la de una mujer de 17 años que era buscada mediante circular roja de la Interpol en Argentina. Fue hallada en el barrio Rosales, en el norte de Bogotá, durante actividades de registro y control en la localidad.

La investigación del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 56 de Argentina indicó que la capturada suministraba sustancias tóxicas a hombres contactados mediante aplicaciones de citas, para luego robar dinero, documentos y objetos de valor mientras las víctimas se encontraban en estado de indefensión.

Capturan en Medellín a ciudadano dominicano buscado por Interpol por abuso de menores

En enero de 2026, un ciudadano de República Dominicana fue detenido en Medellín tras ser identificado como requerido internacionalmente con circular roja de Interpol por presuntos delitos sexuales cometidos contra un menor de edad.

La captura fue confirmada por voceros oficiales de la Policía Nacional, que realizaron el procedimiento en coordinación con Interpol y organismos judiciales internacionales.

El ciudadano, identificado como Jorge, tenía vigente una notificación roja de Interpol, el máximo mecanismo de búsqueda internacional para personas acusadas de delitos graves. La detención se logró mediante labores de verificación y cooperación entre las autoridades colombianas y extranjeras, que permitieron ubicar al individuo en la capital antioqueña, sin que se registraran incidentes durante el operativo.

“Este resultado refleja el compromiso institucional para evitar que personas con antecedentes por delitos sexuales utilicen el territorio colombiano como refugio o punto de evasión judicial, indicaron los portavoces de la institución. También afirmaron que la protección de niños, niñas y adolescentes es una prioridad absoluta para la Fuerza Pública.

Tras la captura, el ciudadano extranjero quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan los trámites judiciales para definir su situación jurídica y un posible proceso de extradición conforme a los tratados internacionales vigentes.

La Policía Nacional de Colombia anunció la detención de un hombre señalado como aliado de las organizaciones trasnacionales dedicadas al narcotráfico en el mundo.

Según el reporte entregado por el director general de la Policía Nacional, mayor general William Rincón, el sujeto fue detenido en zona rural del municipio de Donmatías, ubicado en el norte del departamento de Antioquia, en un operativo conjunto entre los uniformados de la institución colombiana y funcionarios de la Interpol.

El alto oficial destacó la labor de los policiales para dar con la ubicación y posterior detención de este sujeto que, de acuerdo con la investigación policial, era requerido por la Justicia de España, al ser socio cercano a la organización ilegal conocida como Clan de los Gallegos, facción del grupo trasnacional internacional Tren de Aragua y las mafias del continente europeo.

“En Donmatías, Antioquia, nuestra Policía Nacional de Colombia e Interpol lograron la retención de un requerido por las autoridades de España. Al parecer este hombre fungía como puente logístico entre el ‘Clan de los Gallegos’ (facción del Tren de Aragua) y mafias europeas”, escribió el general Rincón en su cuenta de X.

Adicional a ello, el director de la Policía colombiana destacó que el hoy detenido cuenta con más de 5 años de trayectoria criminal. “Sería el responsable de facilitar el envío de estupefacientes conectando redes transnacionales con organizaciones locales”, agregó.

Por ahora, el hombre, cuya identidad se mantiene reservada, será llevado ante las autoridades competentes para su correspondiente judicialización, aunque no se descarta que sea extraditado a España para afrontar su situación judicial.

“Con nuestro trabajo, su rastro de impunidad termina gracias al uso efectivo de la cooperación internacional. Somos la Policía de los colombianos”, concluyó el alto oficial.

Cayó alias Fito, narcotraficante que era buscado en 200 países

La detención del enlace clave entre las organizaciones criminales de Latinoamérica y las mafias europeas, se suma a la captura de Adolfo León Ospina Giraldo, conocido como alias Fito, el narcotraficante colombo-mexicano perseguido por la Interpol en 196 países.

El operativo se efectuó el 16 de abril de 2026, cuando las autoridades sorprendieron a este sujeto circulando por las calles de Cali (sur occidente de Colombia).

“Esta captura representa un resultado contundente contra el crimen organizado transnacional. Alias Fito era un eslabón estratégico en la cadena logística del narcotráfico, responsable de coordinar rutas y garantizar el movimiento de ingentes cantidades de droga. Con este golpe, afectamos directamente las capacidades operativas de estas organizaciones criminales”, explicó Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

Según la investigación, la organización liderada por Ospina Giraldo fue capaz de movilizar hasta 700 kilogramos de cocaína, haciendo uso de aeronaves ligeras y semisumergibles para evadir la detección de los organismos de seguridad internacional.

Los métodos de transporte empleaban rutas aéreas, marítimas y terrestres, con destino final en Centroamérica y México, lo que evidencia la sofisticación y adaptabilidad de la red frente a la presión de las agencias antidrogas latinoamericanas y estadounidenses.

Alias Fito era requerido por las autoridades judiciales de Estados Unidos por delitos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína, y por coordinar el envío de cargamentos ilícitos a gran escala, señaló el general Guillermo Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional de Colombia.

Además, el alto oficial recalcó que el hoy detenido mantenía alianzas con organizaciones criminales como la GAO Clan del Golfo y el Cártel de Sinaloa, consideradas —por su alcance y actividad— como las estructuras narcotraficantes más extensas de la región.

El expediente policial detalla que, entre 2009 y 2013, la participación de alias Fito tomó especial relevancia: organizó despachos aéreos de estupefacientes hacia Honduras, eludiendo controles fronterizos y expandiendo indirectamente el radio de acción de la organización a nuevos territorios.

La magnitud de la operación y el alcance transnacional de las alianzas bajo el mando de Ospina Giraldo convierten la captura en un acontecimiento de alto impacto para América Latina, que enfrenta así el desafío de prevenir la recomposición de los circuitos delictivos tras la caída de uno de sus principales articuladores.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron la captura en flagrancia de dos ciudadanos de nacionalidad mexicana que habrían hurtado un vehículo solicitado a través de una plataforma digital de transporte en la localidad de Barrios Unidos de Bogotá.

Según el reporte oficial, los hechos ocurrieron en el barrio San Fernando, en el noroccidente de la capital colombiana, en la que los dos extranjeros solicitaron el servicio como pasajeros.

Tras abordar el vehículo particular de color rojo, amenazaron al conductor utilizando un arma de fuego tipo traumática y lo agredieron antes de apropiarse del automóvil.

“Gracias a la ubicación del celular y la oportuna reacción de las patrullas de vigilancia, luego de 10 minutos de seguimiento se logró ubicar este automóvil a la altura de la carrera 51 con calle 71 (noroccidente de Bogotá)”, informó el teniente coronel Fabián Beltrán Moreno, comandante de la estación de Barrios Unidos.

En ese punto, los uniformados interceptaron y capturaron a los presuntos responsables, procediendo a la incautación del arma traumática y municiones que portaban.

“Durante el procedimiento fueron capturados en flagrancia los responsables de este hecho. Asimismo, se les halló en su poder un arma de fuego tipo traumática y munición”, añadió el oficial.

El arma y la munición hallados en poder de los detenidos se encuentran bajo análisis por parte de las autoridades. La captura fue en flagrancia y el vehículo fue devuelto a su propietario.

Frente a la identidad de los procesados, la Policía de Bogotá reveló que se trata de Gustavo Jiménez Díaz, de 24 años, nacido el 24 de mayo de 2001, y Alexander Reyes Millán, de 21 años, nacido el 2 de abril de 2005, ambos oriundos de Tizayuca, en el estado de Hidalgo (México), según informaron las autoridades a El Tiempo.

De acuerdo con los registros de la Policía Metropolitana de Bogotá, ambos son solteros, con estudios de secundaria finalizados y habitualmente se desempeñan como reposteros en su país. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la existencia de antecedentes judiciales.

Igualmente, el medio citado mencionó que los dos extranjeros ingresaron a Colombia con la justificación de turismo y tenían previsto regresar a México el 27 de abril.

El caso ahora está en manos de la Fiscalía General de la Nación, que avanza en la judicialización de los dos ciudadanos extranjeros por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Las pesquisas incluyen la verificación de posibles vínculos con otros hechos delictivos en Bogotá.

La recuperación del automóvil y la detención de los responsables minutos después del asalto recalcan la eficacia de los sistemas de respuesta inmediata implementados en la capital colombiana

Otros operativos contra la delincuencia en Bogotá

La localidad de Barrios Unidos ha sido escenario de una serie de robos bajo modalidades similares durante las últimas semanas.

Según información recopilada por Noticias RCN, el aumento en la frecuencia de estos delitos llevó recientemente a la Policía Metropolitana de Bogotá a implementar estrategias de patrullaje y reacción rápida, enfocándose en los corredores con mayor incidencia.

Incluso, el caso del hurto del vehículo particular en Barrios Unidos se suma al robo registrado en el barrio Abraham Lincoln de la localidad de Rafael Uribe Uribe (sur de Bogotá), también se recuperó un vehículo robado minutos antes.

En este caso, el despliegue del llamado Plan Candado culminó con la recuperación del automóvil y la detención de un presunto ladrón de 20 años de edad, con antecedentes por el delito de hurto, según informó el teniente coronel Luis Pardo, jefe de la Estación de Policía Rafael Uribe, en declaraciones citadas por Semana.

Adicionalmente, las autoridades resaltaron la combinación de tecnología de rastreo, respuesta policial inmediata y el sistema de denuncias ha permitido reducir el tiempo de reacción ante robos de vehículos vinculados a aplicaciones de transporte.

La captura de los ciudadanos mexicanos exhibe tanto la adaptabilidad de los grupos delictivos extranjeros en el área metropolitana como la capacidad de las fuerzas de seguridad locales para dar respuesta.

La reciente captura de Oscar Adonis en Honduras marcó un punto de inflexión en la investigación por el asesinato de la joven Katherine Mejía, conocida como “Kathy Mazorca” en redes, debido al nuevo testimonio del detenido que sugiere una compleja cadena de represalias como trasfondo del crimen.

La hipótesis de que el homicidio sería una venganza vinculada a hechos violentos previos, y no solo un acto aislado, ha llevado a las autoridades a replantear el enfoque de sus indagaciones, según el relato recogido.

De acuerdo con su versión, el propio Adonis fue utilizado como “anzuelo”; argumentó ante los investigadores que actuó tras ser secuestrado y coaccionado por un grupo armado, quienes le dieron dos opciones: facilitar el encuentro con Mejía o morir.

“Era una de dos: plata o plomo”, explicó el detenido, señalando el nivel de coacción que habría enfrentado esa noche.

El día de los hechos, Adonis y Mejía planeaban un paseo en motocicleta en el sector del barrio La Salomón Martínez, frente a la Escuela Rotario Número 1.

Adonis sostiene que fue interceptado antes de ver a la víctima y obligado, bajo amenaza directa, a trasladarla al lugar convenido por los secuestradores. La agresión final ocurrió entre las 20:30 y las 21:00, cerca del Hospital San Isidro en el sector Las Palmeras.

A diferencia de la versión oficial inicial, Adonis relató en su declaración que estuvo presente durante el crimen bajo amenaza de muerte y secuestrado previamente por quienes luego perpetraron el asesinato.

El informe señala que las autoridades mantienen la verificación de cada dato como prioridad y que existen otros dos detenidos en torno al caso. Un elemento singular que diferencia este episodio de otros de su tipo es el hallazgo accidental del cuerpo, realizado por niños que buscaban leña en una plantación de palma africana en las afueras de Tocoa, departamento de Colón.

El testigo que acompañó a los menores declaró: “Fuimos a ver y estaba degollada”, confirmando la brutalidad con la que fue ultimada Mejía y corroborando la modalidad apuntada en el relato de Adonis.

La narración de Oscar Adonis, presentada ante las autoridades, introduce la posibilidad de que el crimen sea la consecuencia de una serie de venganzas.

En su testimonio, Adonis nombró a los presuntos autores materiales: Jeffrey Hernández, Abigail y Melissa, quienes al parecer llevaron adelante el ataque directo contra Mejía.

Esta información se presenta como relevante para la identificación de la estructura interna del grupo y sus motivaciones, sometidas ahora a análisis por parte de investigadores forenses y judiciales.

Hasta el momento, continúan abiertas diversas líneas de investigación, y las fuentes reafirman que no se descartan futuras capturas relacionadas con la causa.

El asesinato de Katherine Mejía ha provocado conmoción pública tanto por la brutalidad del crimen como por la notoriedad de la víctima en plataformas digitales.

La aparición de posibles antecedentes de violencia y relaciones interpersonales conflictivas profundizó la atención social, y el caso se mantiene como uno de los episodios recientes más seguidos de la región, aguardando definiciones judiciales sobre la secuencia y motivación de los hechos.

La investigación permanece abierta, enfocada en establecer las responsabilidades de los implicados. El entorno de Mejía y los datos proporcionados por los testigos continúan bajo análisis, mientras la expectativa social persiste en torno al esclarecimiento definitivo del caso.

En una operación que ha sacudido a la comunidad de Santa Rosa de Copán, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) detuvo a cinco integrantes de una misma familia, acusados de formar parte de una red de abusos y explotación contra una niña de 13 años.

La captura, realizada en la noche de ayer, 10 de abril de 2026, se ejecutó tras la emisión de órdenes judiciales el pasado 2 de abril, resultado de una investigación que permitió identificar a los supuestos implicados. Entre los detenidos figuran el padrastro de la menor, la abuela y dos tías. Las acusaciones figuran por:

• Violación agravada continuada
• Explotación sexual de menores
• Omisión de los deberes de impedir el delito.

De acuerdo con información oficial, la menor habría sido víctima de abuso sistemático por parte de su padrastro, un hombre de 51 años, residente en la colonia Díaz Valenzuela. El Ministerio Público (MP) le atribuye el delito de violación agravada continuada, una figura penal que reconoce la existencia de un patrón de agresiones reiteradas.

La DPI detalló que un segundo detenido, un ciudadano de 74 años, enfrenta cargos de violación agravada. Las autoridades mantienen bajo vigilancia la relación de este sujeto con el núcleo familiar de la víctima.

En tanto, la abuela, de 55 años, y dos tías , fueron arrestadas por explotación sexual agravada de menores. Las pesquisas apuntan a que ambas habrían instrumentalizado a la niña para obtener beneficios, lo que agrava la pena al tratarse de ascendientes o parientes cercanos.

Una segunda tía, de 31 años, enfrenta cargos por omisión, una figura que sanciona a quienes, teniendo la obligación de proteger a un menor, no actúan para impedir el delito ni lo denuncian. “El silencio también es un crimen”, enfatizó un portavoz de la Policía Nacional de Honduras.

Marco legal, aislamiento de la víctima y proceso judicial

El Código Penal de Honduras (Decreto 130-2017) contempla sanciones severas para quienes atenten contra la integridad sexual de menores. El artículo 246 establece penas de 9 a 13 años de prisión para el delito de violación, que pueden incrementarse hasta 17 años o más en casos agravados, como ocurre cuando existe vínculo de parentesco o la víctima es menor de 14 años.

En cuanto a la explotación sexual agravada se castiga con entre 10 y 15 años de prisión, con aumentos si el autor es un familiar directo. La DPI subrayó que la intervención policial no solo buscó capturar a los presuntos responsables, sino también rescatar a la menor.

La niña fue puesta bajo resguardo de instituciones especializadas, donde recibe atención médica y psicológica. “El daño psicológico causado en estos casos suele ser profundo y de largo plazo”, explicó un psicólogo forense a los medios locales.

La audiencia inicial para los cuatro detenidos tendrá lugar en las próximas horas. El Ministerio Público solicitará la detención judicial para evitar riesgos de fuga o de presión sobre la víctima, dada la cercanía familiar. El proceso penal continuará con la recolección de pruebas y testimonios, en un esfuerzo por asegurar que los responsables enfrenten el peso de la ley.

La reacción social en Santa Rosa de Copán y en otras regiones del país ha sido de consternación. Organizaciones de protección infantil insisten en la necesidad de fortalecer los mecanismos de denuncia ciudadana y de protección a menores.

Un hombre de 34 años, conocido en el mundo criminal como alias Santiago, fue detenido por la Policía del Tolima en la Terminal de Transporte de Honda mientras se dirigía desde Manizales hacia Bogotá, con el fin de continuar evadiendo a la justicia, aunque en esta ocasión fue interceptado por los uniformados que evitaron que cumpliera su objetivo.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el capturado era requerido con una circular azul de Interpol, emitida por la Fiscalía 4 Seccional EDA de Manizales, además tenía una orden de captura vigente por el delito de fuga de presos en esa ciudad, lo que demuestra que tiene varias cuentas pendientes con las autoridades.

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Durante la audiencia virtual ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Honda, se dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra alias Santiago, con el fin de que continúe vinculado al proceso y sea judicializado oficialmente por los delitos de porte y venta de estupefacientes y fuga de presos.

De acuerdo con el reporte del coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía Tolima, que fue citado por los medios locales como El Nuevo Día, el hombre había logrado evadir a la justicia tras la desarticulación en noviembre de 2025 de la estructura dedicada al microtráfico denominada Green Box, en la que es señalado como uno de los principales expendedores.

El individuo, que había aceptado cargos por concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes y destinación ilícita de inmuebles, fue puesto a disposición de la autoridad competente, según explicó el comandante de la región, asegurando que el delincuente pagará por todos los delitos de los que se le acusa.

De acuerdo con la página de la Interpol, la circular azul es emitida para conseguir más información sobre la identidad de una persona, su paradero o sus actividades delictivas en relación con una investigación penal, por lo que se diferencia de la circular roja que busca localizar y detener a personas con miras a su enjuiciamiento o para cumplir condena.

Autoridades continúan su lucha contra el crimen en la región

Este no es el único operativo que se ha llevado a cabo en el departamento de Tolima, pues dos hombres identificados como “Pantera” y “Cúcuta” fueron capturados por la Policía tras el asesinato de un ciudadano en el barrio San Lorenzo, municipio de San Sebastián de Mariquita, de acuerdo con información de El Nuevo Día.

La intervención de los uniformados se llevó a cabo minutos después del crimen, cuando los sospechosos intentaron huir y fueron interceptados en la vereda El Rodeo, gracias a la activación de un plan candado que cerró las vías de escape.

En el momento de la detención, los uniformados incautaron munición de 9 milímetros, así como una granada de fragmentación, varios teléfonos celulares, placas y la motocicleta utilizada por los presuntos responsables, elementos que pasaron a disposición de la Fiscalía como material probatorio.

Tras las audiencias preliminares, el juez a cargo del proceso impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario a los capturados, que deberán responder por su presunta implicación en el hecho.

De acuerdo con El Nuevo Día, las autoridades continúan las investigaciones para identificar a los posibles autores intelectuales del fatal ataque y avanzar en el desmantelamiento de estructuras criminales que operan en la región.

Y es que los delincuentes no solo afectan la tranquilidad de los sectores, sino que acaban con la vida de personas que pueden llegar a ser inocentes, tal como ha ocurrido en otras situaciones similares, dejando desolación entre la comunidad.

Una mujer hondureña de 36 años fue arrestada en la colonia Miravalle, municipio de Nueva Arcadia, departamento de Copán, luego de que su esposo la denunciara por presunta violencia doméstica, en un caso que evidencia el enfoque creciente de las autoridades hacia la protección contra el maltrato familiar y subraya la coordinación institucional para combatir esta problemática, según informó la Policía Nacional.

El marco normativo se aplica tanto a violencia física como psicológica dentro del núcleo familiar, según lo establecido en el Código Penal. En 2024, el Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO) registró que 1.109 hombres denunciaron ser víctimas de violencia doméstica, señalando que el fenómeno atraviesa todos los géneros y demanda una atención especializada. Esta cifra representa uno de los indicadores que posicionan a la violencia intrafamiliar como uno de los principales desafíos de seguridad y justicia en el país.

De acuerdo con el relato proporcionado por la Policía Nacional, la detención ocurrió tras recibir una alerta vía Sistema Nacional de Emergencias 911 sobre un conflicto intrafamiliar en una vivienda local.

Los agentes se desplazaron al domicilio donde constataron los hechos y ejecutaron la captura de la sospechosa, quien fue puesta a disposición judicial para enfrentar el proceso correspondiente.

El subdirector de la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP-24), responsable del operativo, subrayó que la denuncia temprana constituye una herramienta fundamental para resguardar a las víctimas: “La intervención rápida puede salvar vidas y prevenir que los conflictos escalen a situaciones de mayor riesgo. La ciudadanía debe confiar en los mecanismos de protección y alertar ante cualquier incidente de violencia doméstica”, declaró el funcionario.

La tendencia reciente muestra un incremento en los casos en los que los denunciantes son hombres. Según estadísticas del Juzgado contra la Violencia Doméstica de Francisco Morazán, en años anteriores hubo 2.955 denuncias por maltrato familiar, de las cuales 412 fueron presentadas por hombres, de acuerdo con datos. Los registros de SIELHO para 2024 señalan que más de mil hombres denunciaron violencia doméstica, aunque la mayoría de los expedientes continúan correspondiendo a mujeres.

Antecedentes en otros departamentos

El caso de Nueva Arcadia no constituye un hecho aislado. Recientemente, agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria detuvieron a una joven de 25 años, oriunda de San Pedro Sula, en la aldea Naco, municipio de Quimistán, después de que su pareja la señalara por ejercer violencia reiterada, según la Unidad Metropolitana de Prevención #22 (UMEP-22).

El artículo 289 del Código Penal establece: “Cualquier acto de violencia física o psicológica ejercido sobre un cónyuge, una persona con la que se mantenga una unión de hecho reconocida, o quien haya tenido una relación estable análoga, incluso sin convivencia, será considerado maltrato familiar”.

Las sanciones comprenden penas de prisión, multas y medidas alternativas, en función de la gravedad del acto, conforme a lo indicado en la normativa vigente.

La respuesta institucional destaca la importancia de la denuncia oportuna a través de canales como el 911 y el acompañamiento constante a las víctimas, elementos que, resultan indispensables para romper el ciclo de violencia y construir comunidades seguras. “Es importante que la sociedad entienda que cualquier forma de violencia en el hogar es un delito. No solo se protege a la persona afectada, sino que se contribuye a una comunidad más segura y justa”, enfatizó un vocero policial.

La violencia intrafamiliar sigue siendo un problema persistente y de múltiples dimensiones en Honduras, tal como confirman los reportes del Ministerio Público. Las autoridades y defensores insisten en reforzar los mecanismos de protección, la labor educativa y los procesos judiciales para garantizar que los agresores enfrenten consecuencias y que las víctimas, sin importar su género o edad, reciban atención especializada.

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala reportó la captura del último integrante de la estructura criminal conocida como “Los Fósforos”, una organización sindicada de delitos graves como asesinato y hurto agravado. La detención se realizó la mañana del sábado 4 de abril durante un operativo de seguimiento y vigilancia llevado a cabo por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) en la zona 5 de Quetzaltenango.

El detenido fue identificado como Rodrigo “N”, de 28 años, quien era buscado por su presunta participación en diversos hechos ilícitos cometidos por el grupo criminal en varias zonas del municipio. La aprehensión de Rodrigo “N” representa el cierre de un proceso investigativo de más de un año contra la estructura, que mantenía presencia en las zonas 2, 6 y 11 de Quetzaltenango. Las autoridades señalaron que “Los Fósforos” están directamente vinculados con un homicidio registrado en un auto hotel de la zona 5, además de estar involucrados en múltiples robos y otros delitos.

En la detención, dos agentes de la DEIC escoltaron al capturado, quien vestía una chaqueta azul y pantalón oscuro, con las manos esposadas a la espalda. La aprehensión se realizó en las inmediaciones de una reja metálica y posteriormente el traslado se efectuó frente a las instalaciones del Organismo Judicial de Quetzaltenango, según muestran las imágenes divulgadas por la PNC en sus canales oficiales.

Antecedentes: desarticulación de “Los Fósforos” en 2025

La PNC confirmó que la captura de Rodrigo “N” completa la desarticulación de la estructura, ya que en marzo y mayo de 2025 se había logrado la detención de otros cuatro integrantes por los mismos delitos. Estos operativos, realizados el año pasado, permitieron identificar y capturar a los principales miembros de la banda, quienes enfrentan cargos por asesinato y hurto agravado. Las investigaciones revelaron que el grupo tenía como modus operandi el actuar en distintos puntos de Quetzaltenango, aprovechando la dispersión geográfica en las zonas 2, 6 y 11 para cometer robos y planear ataques selectivos.

Las autoridades consideran que con esta última detención se logra desmantelar por completo la estructura de “Los Fósforos”, que operaba con violencia y actuaba de manera coordinada para cometer ilícitos en el municipio. Los cuatro integrantes capturados el año pasado fueron puestos a disposición del sistema de justicia y actualmente enfrentan procesos por los delitos que se les imputan. No se han revelado sus identidades por motivos de investigación y seguridad.

La PNC de Guatemala reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y señaló que las acciones contra estructuras criminales continuarán en todo el país. Además, hizo un llamado a la población para denunciar cualquier actividad sospechosa y colaborar con las autoridades en la prevención de delitos.

La detención de Rodrigo “N” fue recibida como un avance en la lucha contra el crimen organizado en Quetzaltenango, una región que en los últimos años ha registrado un aumento en los hechos de violencia asociados a estructuras delictivas. El seguimiento a este caso se mantendrá en los próximos días conforme avancen las diligencias judiciales y se esclarezcan los hechos vinculados a la estructura criminal de “Los Fósforos”.

En la tarde del 4 de abril, las autoridades informaron que fue recapturado Alexander Díaz Alvarado, conocido en el mundo criminal como el “Monstruo de Anapoima”, que se se fugó en la madrugada del 3 de abril de la cárcel de máxima segurida de Jamundí, en el Valle del Cauca.

La Policía Nacional informó que la captura se registró en Ibagué, Tolima. Se desconoce si el individuo que está pagando una condena de 27 años de prisión por homicido será trasladado nuevamente a Jamundí.

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Antes de la fuga, Alvarado se encontraba en el Bloque 1, pabellón 3 del Complejo Penitenciario y Carcelario (Cojam) y los guardias del Inpec alertron sobre su escape tras el conteo que se realiza cada mañana en el centro carcelario.

El historial delictivo de Alvarado

Las autoridades han informaod que este sujeto es señalado como el responsable de varios crímenes de alta gravedad en Anapoima, Cundinamarca, siendo un caso de homicidio y violación por el que fue capturado en noviembre de 2023.

En el hecho citado, Alvarado asesinó a un hombre del municipio mediante asfixia y posterior a ello abusó sexualmente de la pareja de la víctima, a la que asesinó tras la violación.

Debido a la gravedad de los hechos, en la región fue noticia todo lo relacionado con el juicio en el que un juez decidió que el denominaod “Monstruo de Anapoima” debía purgar una condena de 27 años en un centro de reclusión.

Su traslado a la cárcel de Jamundí se registró debido a que las autoridades señalaron que Alvarado era un criminal peligroso que requiere especial protección. Cabe mencionar que este sujeto ha sido vinculado a asesinatos de adultos mayores en Anapoima debido al modus operandí que utilizó en el hecho mencionado, que es similar a los rasgos identificados en otros casos.

La fuga de Alexander Díaz Alvarado de la cárcel de máxima seguridad de Jamundí, generó una fuerte reacción de la Personería de Jamundí. Este organismo solicitó de manera urgente al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) el refuerzo inmediato de las medidas de seguridad en el penal.

La petición se centra en la preocupación por la vulnerabilidad demostrada por el establecimiento carcelario, que alberga a personas condenadas por delitos graves y de alto perfil.

La personería argumenta que la evasión de Díaz Alvarado, condenado por homicidio, hurto y acceso carnal violento, pone en riesgo la seguridad de la comunidad y evidencia deficiencias en los controles internos de la cárcel.

El organismo solicitó también una investigación exhaustiva sobre las condiciones que permitieron la fuga, pidiendo identificar posibles fallas administrativas o complicidades internas. Además, exigió una revisión de los protocolos de vigilancia, la dotación tecnológica y la capacitación del personal encargado de la custodia de los internos.

Entre las acciones solicitadas figura la instalación o actualización de cámaras de seguridad, la mejora en los sistemas de control de acceso y la aplicación estricta de revisiones periódicas en las zonas sensibles del penal. La personería insistió en la necesidad de garantizar condiciones que impidan futuras fugas y reiteró su llamado a proteger a la población de Jamundí, que se mantiene en alerta tras el incidente.

A pesar de que Alvarado fue recapturado el 4 de abril, la personería advirtió que la confianza ciudadana en el sistema penitenciario depende de respuestas rápidas y efectivas, subrayando la importancia de la transparencia en la investigación y la implementación de correctivos urgentes en la cárcel de Jamundí, además de responder las dudas sobre por qué un recluso logró salir del centro carcelario sin que ninguno de los guardias se diera cuenta de ello.

Un operativo conjunto entre la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol y la Fiscalía General de la Nación permitió la captura en Barranquilla de Armando Rafael Palma Moreno, conocido como alias Alambrito.

Este sujeto, según información oficial, sería el cabecilla de zona de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).

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El procedimiento representó un golpe estratégico para las estructuras criminales que operan en la región Caribe y fortalece las acciones estatales contra el crimen organizado, pero volvió a dejar en evidencia el uso de las redes sociales como forma de reclutar a jóvenes en sus filas

En este caso, “Alambrito” se ufanaba del dinero y el poder que ostentaba por medio de publicaciones que compartió desde un perfil en la red social TikTok (@armandopalma82).

La trayectoria criminal y el rol de “Alambrito” dentro de las Acsn

Alias Alambrito, con más de cuatro años de historial delictivo, se consolidó como el hombre de confianza de Nain Andres Perez Tonce alias Nain o “Bendito Menor”, máximo cabecilla de la subestructura criminal Javier Cáceres de la organización.

Según las autoridades, Palma Moreno fue comisionado por el mando central de las Acsn para establecer alianzas estratégicas con el grupo Los Costeños (liderada por Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor), con el fin de fortalecer el componente criminal y controlar rutas de narcotráfico en el Atlántico.

Durante el procedimiento de captura, fueron incautados tres equipos móviles (y de uno no se descarta que fuera el dispositivo usado para realizar las publicaciones desde el perfil de TikTok por parte de “Alambrito”) que serán sometidos a extracción forense de información, y una gorra con insignias alusivas al grupo armado.

La evidencia recogida podría aportar datos relevantes sobre las operaciones y alianzas de la organización.

Extorsión, homicidios y perfilamiento de víctimas

La Policía señaló en su informe que a Palma Moreno se le atribuye la coordinación de actividades de vigilancia y perfilamiento de comerciantes locales, facilitando extorsiones ejecutadas por alias Naín.

Además, se le vincula como autor intelectual y material del homicidio colectivo (masacre) de cinco personas, ocurrido el 31 de agosto de 2025 en el corregimiento de Punta de los Remedios.

Las autoridades destacan que su función dentro de la organización iba más allá de la logística y la seguridad, extendiéndose al ámbito digital y mediático.

Alias Alambrito, el ‘influencer’ criminal: propaganda y culto por TikTok

Alias Alambrito se ganó el apodo de “influencer” de las ACSN por su constante actividad en redes sociales, donde difundía contenido propagandístico de la organización.

Su estatus era tan relevante que incluso circulan canciones alusivas a su figura, resaltando su cercanía con los cabecillas y su poder dentro de la estructura criminal.

Tras su detención, se viralizó en YouTube la canción “El Corrido de Alambrito”, producida por StudiosMD Company.

La descripción del video da cuenta de la importancia en la red criminal del hoy detenido: “El tema se mueve entre la crudeza de la calle y el orgullo de quien ha enfrentado todo sin doblarse. ‘Alambrito’ no solo representa a una persona, sino a una forma de vivir: firme, directa, sin máscaras”.

El caso vuelve a poner en alerta a las autoridades a raíz de esta forma en la que algunas organizaciones criminales han adoptado estrategias de comunicación propias de los llamados “influencers”, buscando proyectar poder, reclutar jóvenes y reforzar su identidad a través de redes sociales y contenidos musicales.

Esta la letra de El Corrido de Alambrito:

Desde La Guajira salió el bendito,

con la gorra firme y el paso bonito

Las calles lo aclaman, las damas lo gritan,

su nombre resuena donde el sol palpita.

No es solo su cara ni su voz de mando,

es que tiene estilo, va siempre brillando.

Con cadena gruesa y mirada de acero,

Alambrito es fuego, es puro sendero.

Bendito Alambrito, el que manda en la zona,

las mujeres lo siguen, su fama emociona.

Con el menor bordado y Colombia en la frente,

es leyenda viva, es hombre valiente.

En cada esquina se escucha su nombre,

no hay quien lo iguale, no hay otro hombre.

Con rifle bordado y bandera en la gorra,

su paso es firme, su historia se forra.

Bendito Alambrito, el que manda en la zona,

las mujeres lo siguen, su fama emociona.

Con el menor bordado y Colombia en la frente,

es leyenda viva, es hombre valiente.

Y si algún día preguntan por él,

diles que es fuego, que es puro papel.

Que su corrido ya suena en el viento,

bendito Alambrito, orgullo del momento.

En una de las jornadas más tensas recientes del fútbol salvadoreño, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó este día 30 de marzo, la detención de ocho personas tras una riña entre aficionados de los clubes Águila y FAS a la salida de un partido de la Primera División disputado en San Miguel.

El episodio, que quedó registrado en video y circuló en redes sociales, mostró a seguidores del FAS arrojando piedras y atacando a hinchas del Águila y a conductores que transitaban por la zona.

Según informó la PNC, el enfrentamiento se produjo sobre la 4ª Calle Oriente y pasaje San Simón, en las inmediaciones del estadio Juan Francisco Barraza, en San Miguel, donde cientos de personas abandonaban el recinto tras la conclusión del encuentro. Entre los arrestados en el lugar figuran:

• Rafael Alejandro Hernández Martínez
• Jairo Neftalí García Blanco
• Esteven Armando Chicas Hernández
• David Alexander Bernabé Gálvez 
• Roberto Carlos Gálvez Ávila.

La policía detalló además que, poco después, realizó una segunda intervención sobre la carretera Panamericana, en el desvío a San Vicente, en Apastepeque. Allí capturó a otros tres sujetos identificados como: Rafael Eduardo Morataya Arce, Alejandro Josué Murillo Flores y Raúl Eduardo Hernández, quienes viajaban en un autobús vinculado a los hechos. Todos los detenidos serán remitidos a las autoridades por el delito de desórdenes públicos.

De acuerdo con la versión de las autoridades, la situación fue controlada de inmediato y se realizó un llamado a la población para evitar cualquier manifestación de violencia en eventos deportivos. “No se tolerará ningún tipo de violencia”, enfatizó la institución en un comunicado oficial recogido por varios medios locales.

En los videos difundidos, se observó a varios individuos armados con piedras y, según testigos citados en prensa, algunos portaban armas blancas, lo que generó temor entre los asistentes y vecinos.

Violencia recurrente entre barras y respuesta institucional en el fútbol salvadoreño

El episodio se inscribe dentro de una serie de incidentes que han marcado la rivalidad entre aficionados de FAS y Águila, dos de los equipos de mayor tradición en El Salvador. Los choques entre barras han sido frecuentes en partidos de alta convocatoria, y las autoridades han reforzado los llamados a la convivencia pacífica.

Recientemente, también se registraron disturbios protagonizados por hinchas del FAS dentro del estadio Cuscatlán, lo que evidencia un patrón persistente de violencia en torno a estos partidos.

En El Salvador, la legislación vigente contempla sanciones específicas para quienes alteren el orden público. El artículo 348 del Código Penal establece que “serán sancionados con prisión de uno a tres años quienes participen en desórdenes públicos que pongan en riesgo la seguridad de las personas o los bienes”.

Ante este panorama, la PNC ha reiterado que los operativos de seguridad en eventos deportivos han permitido reducir la violencia en los estadios, pero reconocen que las disputas entre grupos de aficionados siguen representando un desafío. Las autoridades insisten en que la prevención y la denuncia ciudadana resultan fundamentales para disuadir este tipo de conductas.

La reiteración de estos incidentes evidencia que los enfrentamientos entre seguidores de equipos rivales han sido una constante durante años en el fútbol salvadoreño. Los registros policiales y los reportes periodísticos de los últimos años muestran que estos sucesos no han dejado de provocar daños, heridos y detenciones, a pesar de los esfuerzos institucionales por erradicarlos.

El abogado Alejandro Carranza, que representa los intereses de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, cuestionó el actuar del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación por la manera como efectuó la captura del procesado, llevada a cabo el 29 de julio de 2023.

De acuerdo con el profesional en Derecho, el operativo de captura presuntamente fue irregular por varios motivos. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de que los funcionarios revisaron el celular de Laura Ojeda, la esposa de Nicolás Petro, que se encontraba en el momento de su detención.

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El otro está relacionado con el hecho de que los responsables de la diligencia filmaron la captura, pese a que el investigado se encontraba semidesnudo y su pareja, que estaba en estado de embarazo, estaba desnuda y cubierta por una cobija.

“¿Cómo abrieron ese celular? Tenía clave. Y la pregunta es: ¿Acaso llevaron al juez de garantías el derecho de Laura para garantizar que ella daba la clave sin haber sido filmada desnuda y humillada delante de esos investigadores del CTI?”, cuestionó Carranza en su intervención durante la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro Burgos, acusado como presunto responsable de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Carranza aseguró que no hubo ningún tipo de garantías en el proceso y señaló a los funcionarios del CTI que participaron en el operativo de captura de haber saciado supuestos “intereses morbosos” al filmar a la esposa de Nicolás Petro. Afirmó que “se probó la intencionalidad grabando todo”.

Sin embargo, el juez del caso interrumpió al abogado, advirtiendo que el término “morbosidad” no es aplicable al sistema penal acusatorio, por lo que solicitó a la defensa utilizar la terminología “adecuada”.

En consecuencia, el profesional en Derecho continuó su intervención indicando que los investigadores del CTI abusaron de sus funciones al ingresar al teléfono de Laura Ojeda. “¿Eso también fue voluntario, su señoría? ¿Eso también está cubierto por la entrega espontánea de una persona? Yo creo que no”, dijo.

Posteriormente, en su cuenta de X, el abogado también rechazó la filtración del video de la captura, que fue divulgado por los medios de comunicación. A su juicio, en ese sentido, la prensa falló en su ejercicio periodístico. “Mandan cáscara como dicen aquí en Barranquilla (sic)”, aseveró.

Así las cosas, aseguró que las personas involucradas en la captura presuntamente irregular de Nicolás Petro tendrán que dar explicaciones por posible abuso de autoridad.

“Los investigadores y todos sus cómplices responderán por esos hechos. Y me puedo hacer regañar una y otra vez, todo lo que hicieron ustedes con Burgos Víctor Forero y compañía fue un abuso de autoridad y un despropósito para el buen periodismo”, indicó.

En su momento, Laura Ojeda se pronunció sobre los hechos a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que advirtió que la manera como fue capturado su esposo fue innecesaria, teniendo en cuenta que siempre atendió los llamados de la Fiscalía en relación con el proceso penal. Calificó la diligencia como un “allanamiento” en el que, según detalló, también le fue vulnerada su dignidad.

Además, cuestionó la divulgación del video en la prensa, teniendo en cuenta que la grabación tenía “custodia exclusiva” de la Fiscalía.

“El video que hoy publicaron es prueba plena de que quisieron poner ropaje de legitimidad a un abuso contra nuestra dignidad (…). Grabarnos desnudos, en mi caso, con ocho meses de embarazo y revictimizarnos con la filtración del video, no es noticia, ni es justicia; esto es una infamia”, precisó Laura Ojeda.

En la grabación se observa cómo el joven cierra la puerta en la cara de dos agentes y argumenta: “Es propiedad privada”. Los policías, ante la negativa, lo empujan y el joven corre hacia el interior, siendo finalmente reducido por tres uniformados.

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Durante el forcejeo, el joven pide apoyo: “Tío, hey, tío”. Sin embargo, la respuesta sorprendió a muchos: “Ya, marica, tú te lo ganaste”, responde el familiar. El joven insiste: “Esto no se puede”, pero el tío repite: “Tú te lo ganaste, marica”.

La escena ha generado debate en redes sociales. Algunos usuarios comentaron: “Buen aporte del tío a la educación de su sobrino. Uno trabaja para ganar algo”. Otros respaldaron a los agentes: “Tan groseros con la policía, no respetan, qué tipo tan vulgar, bravo por la policía que se hagan respetar”. También surgieron análisis legales y bromas sobre la relación familiar.

La legislación colombiana establece un marco claro sobre los procedimientos de detención y la relación entre los ciudadanos y las autoridades policiales. Cuando la policía en Colombia procede a una captura, solo puede hacerlo si cuenta con una orden judicial emitida por una autoridad competente o si se presenta un caso de flagrancia, es decir, cuando alguien es sorprendido en el momento mismo de cometer un delito.

En estas circunstancias, la ley no permite que una persona impida la actuación policial. Si alguien intenta oponerse a una captura bajo estas condiciones, puede incurrir en el delito de violencia contra servidor público. Esta conducta puede derivar en procesos judiciales adicionales y sanciones penales, lo que hace recomendable evitar cualquier forma de resistencia física o verbal durante la intervención.

La Ley 1801 de 2016, conocida como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, regula de manera estricta el comportamiento de los ciudadanos frente a la autoridad. El Artículo 35, numeral 1, define claramente que el irrespeto, la desobediencia o la agresión contra agentes de policía son conductas sancionables y contrarias a la convivencia.

Entre los comportamientos prohibidos se encuentran insultar, incumplir órdenes legítimas, impedir procedimientos de identificación y agredir o lanzar objetos a los uniformados.

Las sanciones por estos actos pueden incluir multas tipo 3. En casos más graves, como cuando hay obstrucción de la función pública, la conducta puede dar lugar a capturas y procesos penales. Además de las sanciones económicas, la ley prevé medidas correctivas como acciones pedagógicas o la disolución de reuniones si el comportamiento afecta el orden público.

Además, existen situaciones específicas en las que la policía puede ingresar a una residencia sin una orden judicial. Estas excepciones incluyen casos en los que está en riesgo la vida de una persona, cuando ocurre un delito en flagrancia o cuando se requiere auxilio de manera urgente. En cualquier otra circunstancia, los agentes deben presentar la documentación correspondiente antes de ingresar a una vivienda.

Ante un procedimiento policial, es fundamental que la persona exija la identificación del agente y la presentación de la orden judicial, si corresponde. Este paso garantiza la transparencia del proceso y protege los derechos de quien está siendo intervenido. Tomar esta precaución es clave, ya que ayuda a evitar abusos de autoridad y permite verificar que el procedimiento se ajusta a la legalidad.

El derecho a documentar lo que ocurre durante una detención está amparado, siempre que la grabación no interfiera con el desarrollo del procedimiento. La grabación puede convertirse en una herramienta útil posteriormente, especialmente si surgen controversias sobre la actuación policial o si se requiere presentar una queja formal ante las autoridades.

Además, durante una detención, mantener la calma resulta crucial. Esta actitud ayuda a disminuir la tensión y facilita la comunicación con los agentes. Escuchar las instrucciones con atención y responder de manera respetuosa puede contribuir a que el procedimiento se desarrolle adecuadamente.

La Policía de Bolivia anunció la captura de cinco colombianos y dos ecuatorianos, señalados de pertenecer al grupo de seguridad de Sebastián Marset, narcotraficante uruguayo capturado el viernes 13 de marzo.

Según el reporte entregado por el ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, el operativo se desarrolló en Santa Cruz, ciudad en la que, según el funcionario local, estos sujetos preparaban atentados terroristas tras la detención y posterior extradición de Marset a Estados Unidos.

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El acceso a mensajes de celular permitió a la policía identificar la planificación de las represalias, que pretendían involucrar a “delincuentes expertos en explosivos” del extranjero, detalló el ministro boliviano.

Incluso, Oviedo precisó a los medios locales que uno de los arrestados es un exmilitar colombiano de 30 años, a quien identifican como líder del grupo.

Entre los elementos incautados a los detenidos se encontraban uniformes de corte militar, según detalló el funcionario ante la prensa.

Los sujetos fueron identificados como Kevin C., Luis E. E., Martino V. R., Daniel A. S., Sebastián D. H., Ed A. F. y José G. Á., quienes ya fueron trasladados a dependencias policiales para su correspondiente investigación.

Captura de Sebastián Marset y nexos en Colombia

El viernes 13 de marzo de 2026, las autoridades de Bolivia notificaron la captura de Sebastián Marset, señalado como líder de una organización internacional de tráfico de drogas.

Sobre él pesaban órdenes de captura de la justicia de Bolivia, Uruguay y Brasil, además de requerimientos de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), Europol e Interpol. Por este criminal de talla internacional, la DEA ofrecía hasta dos millones de dólares por información que permitiera su arresto.

El hoy encarcelado en Estados Unidos es acusado del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, mientras disfrutaba de su luna de miel en la isla de Barú (Cartagena de Indias, Colombia) junto a su esposa en 2022, Aunque el uruguayo ha negado su implicación, la justicia de Colombia ya condenó a siete personas por este crimen, que también derivó en detenciones en Venezuela y El Salvador.

Del mismo modo, Marset es vinculado con una red de empresas fachada y al menos una identidad falsa para replicar en Bogotá el esquema de presunto lavado de dinero que empleó en Paraguay.

Igualmente, Marset había sido señalado por el presidente Gustavo Petro como uno de los presuntos responsables de supuestos ataques en su contra. De hecho, el mandatario nacional se refirió a la captura del narco uruguayo.

“Este señor (Marset) me quería asesinar en el ejercicio de mi cargo como presidente de la República, era muy amigo de gentes de la Fiscalía de alto nivel que permitieron que se borrara su nombre de los expedientes del asesinato del fiscal paraguayo Pecci en Cartagena, Colombia”, manifestó Petro en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, el mandatario reiteró la responsabilidad de Marset en el crimen del fiscal Pecci, al considerar que “fue asesinado en su luna de miel y ante su mujer embarazada, como si la vendetta reviviera”.

Al final de su declaración, el jefe de Estado colombiano acusó a Marset de ser “miembro de la junta del narcotráfico en Dubai”.

Por si fuera poco, el mandatario agregó que él (Marset) “y sus socios son los grandes capos de la cocaína en Europa y Medio Oriente, además de ser poseedores de minas de esmeraldas en Colombia”.

Aunque Petro asoció en varias ocasiones a Marset con actividades criminales que implicarían atentados como el sufrido por el senador colombiano Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía de Colombia declaró a El País en 2025 que no existen pruebas concluyentes que sustenten esa conexión.

Durante el operativo, las fuerzas antidroga bolivianas publicaron fotografías mostrando la detención de cuatro personas, entre ellas una mujer y tres hombres. Así mismo, en medio de la operación policial, también fueron capturados dos colombianos, un venezolano y una ciudadana uruguaya, familiar directa del capo.

Todos los detalles se conocieron a través de la Plataforma por los Animales ALTO y del relato de una de las integrantes del grupo en Facebook, Corazón Animal Vegano, que señalaron con nombre propio al responsable de lanzar a un perro llamado Tony, de raza criolla, desde un piso 25.

El can, adoptado hace tres años, murió por el impacto. Tras la detención del presunto agresor, el miércoles 19 de marzo de 2026, las imágenes del arresto se viralizaron en redes sociales.

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“Hoy amanecemos con un caso bastante triste. Un perrito fue arrojado del piso veinticinco y murió. Se llamaba Tony y fue adoptado desde hace tres años, pero su familiar arrendó a una persona y esa persona le terminó quitando la vida. Y hoy se va a realizar, se va a realizar un homenaje y velación a Tony para honrar su vida y exigir justicia para que esa persona no termine libre y con impunidad”, inicia al comienzo de la grabación la ciudadana

Más adelante se argumenta que “la persona (hoy detenida) es un abogado y que posiblemente va a acudir a un caso que no estaba establemente bien mentalmente, que estaba drogado y las excusas que siempre dan para justificar el asesinato de un perrito, de un animal”, agregó la integrante del grupo activista por los derechos de los animales.

Por todo lo anterior, “exigimos justicia y que no quede impune el caso de Johan Esteban Velasco Posada, que está ya en la URI (Unidad de Reacción Inmediata) y está su familiar del perrito asesinado denunciando, pero que no quede libre, que realmente pague este delito y que no sea un caso más de asesinatos de los animales justificando trastornos o drogadicción”.

Por todo lo anterior, el miércoles 19 de marzo “a las siete p.m. en el conjunto Iconik 68 de esta dirección se realizará el homenaje y se exigirá justicia”, dijo en su momento la joven, que anexó la dirección del inmueble, ubicado en la localidad de Kennedy.

Asimismo, la plataforma ALTO dejó este mensaje apoyando el relato de la integrante del grupo Corazón Animal Vegano: “Pedimos justicia (...) Tonny vivía feliz con un familiar, pero arrendó la habitación y este sujeto se ensañó con él. Hagamos famoso a este criminal“.

Además, se mencionó en la misma publicación que el hoy detenido “durante 2 horas el tipo estuvo lanzando cosas y gritando, en su cuello tenía una cuerda de carnet del despacho judicial, ya que trabaja en los juzgados de Paloquemao”.

La respuesta oficial por parte de las autoridades luego de la captura

Luego de las llamadas de la comunidad, y la llegada de una ambulancia, unidades del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, y de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), se realizó la captura del señalado agresor y se hizo una inspección en el departamento. De allí uno de los hallazgos fue el cordón con las inscripciones del complejo judicial.

Asimismo, y en un comunicado de prensa que se reveló la tarde del mismo miércoles, la Alcaldía de Kennedy y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba): “De acuerdo con la información preliminar conocida por las autoridades, un ciudadano, presuntamente bajo los efectos de sustancias psicoactivas, habría arrojado al animal desde un balcón de una edificación, ocasionándole la muerte”.

En el mismo documento se precisó que “desde el momento en que se conoció la situación el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, IDPYBA, hizo presencia en el lugar para brindar acompañamiento técnico e institucional, en articulación con la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal – GELMA".

Por este caso, la Fiscalía fue asignada como la “autoridad competente”, menciona el comunicado, que también resaltó que el ente investigador “tiene a su cargo la investigación y el esclarecimiento de los hechos”

“Nuestro propósito es contribuir con el esclarecimiento de los hechos a la justicia y garantizar el acceso a la justicia para los animales víctimas de actos de violencia y de los ciudadanos maltratados”, destacó Antonio Hernández Llamas, director del Idpyba.

Al final de la misiva se reiteró que “los animales son seres sintientes y que toda conducta que atente contra su vida, integridad y bienestar resulta inadmisible y debe conducir al ordenamiento jurídico”.

De paso, se volvió a hacer el “llamado a la ciudadanía para continuar denunciando por los canales oficiales los casos de maltrato animal en la ciudad, invitando a fortalecer acciones de cuidado y formación de ambientes seguros, en respeto y bienestar animal”, finaliza el comunicado.

La Sala I del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, en Honduras ordenó prisión preventiva para Kleivin Emilson Orellana Guzmán, tras la revocación de una medida sustitutiva anterior por decisión de la Corte de Apelaciones de lo Penal.

El acusado, señalado como presunto cabecilla de la estructura criminal denominada La Kleivona, permanecerá privado de libertad mientras enfrenta el proceso judicial, en el marco de una investigación por el asesinato de un agente de la Policía Municipal de La Lima en enero de 2023 y nuevos cargos por asociación para delinquir

Las autoridades localizaron y capturaron a Orellana Guzmán el domingo pasado durante un operativo en la aldea La Protección, municipio de Choloma, departamento de Cortés. Su aprehensión era una de las prioridades para la Policía Nacional de Honduras, que había dispuesto 500 mil lempiras de recompensa a quien aportara información sobre su paradero.

En este despliegue, encabezado por la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), el Comando de Operaciones Especiales y otras fuerzas de seguridad comunitaria, se arrestó a tres personas y se incautó un arsenal: ocho armas largas de uso prohibido, aproximadamente 60 cargadores, diez chalecos antibalas, varios cascos balísticos y dos vehículos Rhino.

Con la resolución de este lunes, Orellana Guzmán será trasladado a la Penitenciaría Nacional de Támara, ubicada en las afueras de Tegucigalpa, donde quedará recluido mientras avanza el proceso judicial.

La investigación tiene su origen en el homicidio de Henry Jonathan Mejía Velásquez, agente de la Policía Municipal de La Lima, quien fue asesinado el 31 de enero de 2023 en Cortés. El tribunal aseguró que la causa está en fase avanzada, con la audiencia de proposición de medios de prueba programada para el 25 de marzo. En dicha instancia, el Ministerio Público y la defensa presentarán las pruebas que buscan incluir en el juicio oral y público.

Este proceso no es el único que pesa sobre el acusado. De acuerdo con fuentes judiciales, Orellana Guzmán figura también como imputado en una investigación por asociación para delinquir, donde se vincula a uno de sus hermanos.

En ese expediente independiente, ya se había dictado la medida de prisión preventiva, luego de que las autoridades consideraron suficientes los indicios de participación en actividades delictivas organizadas en la zona norte del país.

Durante el operativo que culminó con la detención de Orellana Guzmán, los agentes de la Policía Nacional fueron recibidos a disparos por presuntos miembros de la estructura investigada, lo que generó un enfrentamiento armado y la muerte de uno de los supuestos integrantes del grupo.

Las autoridades detallaron que la persona herida falleció posteriormente, y se realiza el proceso de identificación oficial.

En el procedimiento no solo hubo capturas. La policía reportó el decomiso de cuatro paquetes de una sustancia que podría ser cocaína, enviada a laboratorios para su análisis.

Tanto el arsenal como la presunta droga fueron atribuidos a la organización señalada, y los investigadores plantean hipótesis de delitos relacionados con el narcotráfico y la tenencia ilícita de armas.

La familia del detenido desmintió la versión oficial. La esposa de Orellana Guzmán, en declaraciones a medios de comunicación, aseguró que el fallecido en el enfrentamiento era José Will Orellana Guzmán, cuñado del acusado, cuyo cuerpo permanece en la morgue de San Pedro Sula. Explicó: “Llegaron a hacer una emboscada, me los desnudaron a los dos, a mi esposo y a Will. Los agarraron a quemarropa. Me le dispararon en la espalda a Willy y lo mataron lastimosamente”.

Afirmó también que la familia se dedica a labores agrícolas como parte de una empresa campesina y rechazó de forma tajante la existencia de un grupo criminal llamado La Kleivona. Señaló que el conflicto se origina por disputas de tierras entre cooperativas en la región de Los Bajos de Choloma. Tras su arresto, el propio Orellana Guzmán agregó: “Se trata de una persecución. Nosotros somos una empresa campesina, yo no quiero problemas”.

El vocero Ruy Barahona, de los Tribunales de Justicia de la zona norte, señaló que el acusado deberá someterse a las audiencias fijadas mientras persista la prisión preventiva. Las pesquisas seguirán su curso para precisar el alcance de las actividades de la presunta estructura La Kleivona y la implicación de otros posibles miembros. Las autoridades prevén que en las próximas semanas se definirán las responsabilidades penales de Orellana Guzmán y el futuro de la supuesta red delictiva investigada.

El hallazgo se produjo durante labores de registro y control desarrolladas por uniformados de la estación de Policía que opera en la terminal de transporte terrestre.

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El menor, de nacionalidad venezolana, fue interceptado cuando se encontraba solo y llevaba una maleta sospechosa. Los uniformados lo interrogaron y revisaron el contenido, donde hallaron 23 bolsas herméticas con marihuana, con un peso total de 11.500 gramos.

Según el testimonio del adolescente, él no iba a viajar con la maleta, sino que debía entregar la sustancia a una ciudadana que se disponía a viajar desde el terminal.

Voceros oficiales de la Policía afirmaron que la intervención permitió evitar la posible distribución de los más de 11 kilos de sustancia psicoactiva en otras ciudades del país.

El adolescente y la droga incautada quedaron a disposición de la autoridad competente, y el menor deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La institución reiteró su compromiso con el control del narcotráfico en los principales puntos de ingreso y salida de la capital, e hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie o aporte información que contribuya a la prevención y combate de delitos que afectan la seguridad y convivencia en Bogotá.

Autoridades encontraron 3000 dosis de marihuana que iban en “encomienda” por carretera, en Bolívar

De manera paralela, uniformados de la Policía Nacional decomisaron un cargamento de marihuana que era transportado como encomienda en un tractocamión por la Troncal de Occidente, en el departamento de Bolívar.

El operativo se realizó en la vía San Onofre – Cartagena, a la altura del kilómetro 62 de la Ruta 9005, cerca del peaje de Gambote.

Durante un control de rutina, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar detuvieron un vehículo de carga afiliado a una empresa transportadora que cubría la ruta Cali – Cartagena. El conductor, oriundo del municipio de Covarachía, Boyacá, llevaba varias encomiendas con destino a Cartagena.

Al inspeccionar la carga, los policías hallaron tres paquetes envueltos en plástico color beige. La sustancia contenida en el interior fue identificada, por sus características de olor, color y textura, como marihuana. El peso del alijo equivale a 3.055 dosis, las cuales fueron incautadas de inmediato.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló que los controles en los corredores viales se mantienen para prevenir el uso de las carreteras del departamento por parte de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Las autoridades aseguraron que estos operativos continuarán como parte de las acciones para reforzar la seguridad en la región.

Encontraron 3 toneladas de marihuana abandonada en un carro, en Aguachica

Más de 3.200 kilogramos de marihuana fueron incautados por la Policía Nacional en una operación realizada en zona rural de Aguachica, al sur del departamento de Cesar. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, se trata de uno de los decomisos más voluminosos de la última década en la región, según informó el coronel William Javier Morales Vargas, comandante policial del departamento.

El impacto de esta incautación fue resaltado por el jefe policial, que señaló que con la operación “más de tres millones de dosis de estupefacientes fueron retiradas del mercado ilegal, lo que representa un golpe directo a las finanzas de las estructuras dedicadas al narcotráfico”.

La droga, que se encontraba oculta en el interior de un vehículo tipo volqueta abandonado, estaba distribuida en 115 bultos e iba presuntamente con destino al sur de Bolívar, tras salir de la zona de Catatumbo, de acuerdo con la información recolectada por las autoridades durante el operativo.

Uno de los narcotraficantes más buscados del mundo fue capturado la madrugada de este viernes en una zona elegante y residencial de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.

Sebastián Marset, el uruguayo de 34 años acusado de liderar una de las mayores organizaciones criminales de la región, fue aprehendido por agentes de la Policía boliviana cuando dormía en una vivienda alquilada en el barrio Las Palmas, en las calles Río Urigaito y Las Salinas .

El operativo policial —en el que participaron agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (Utop)— se planificó con al menos tres meses de anticipación, pero fue en las últimas semanas cuando se intensificó la investigación. Para cercar al capo, el Ministerio de Gobierno dispuso el traslado de unidades especializadas de la Policía a la ciudad de Santa Cruz.

Según el relato del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, los agentes fueron trasladados a la capital cruceña “con absoluta reserva” y posteriormente fueron aislados para evitar filtraciones de la investigación. A este equipo especializado se lo alojó en una casa “a unos kilómetros” de la ciudad.

La operación, que fue calificada por el presidente Rodrigo Paz como “quirúrgica”, tenía dos objetivos: ingresar primero a la vivienda donde estaban los guardias de Marset y posteriormente a la que era la residencia del capo. A las 02:30 de este viernes inició el megaoperativo con el cierre de calles aledañas para evitar intentos de fuga.

“Tomamos la primera vivienda y la neutralizamos para que la seguridad de Marset no se traslade a la vivienda del narcotraficante”, explicó Oviedo. Posteriormente pasaron al segundo domicilio donde el uruguayo se encontraba “descansando”, solo y sin seguridad.

“Se lo ha detenido con las formalidades de trato humano”, afirmó el ministro. Oviedo reveló que Marset “guardó silencio todo el tiempo” y que la operación fue “muy corta, muy rápida y sin víctimas ni heridos”.

Según registros de cámaras de seguridad de la zona, Marset fue sacado de su domicilio encapuchado a las 5:09 de la madrugada y trasladado al aeropuerto internacional de Viru Viru, donde minutos antes había aterrizado un avión Beechcraft King Air 350C procedente de Lima, Perú.

El narcotraficante fue entregado a autoridades de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, quienes lo guiaron hasta la aeronave con las manos y los pies esposados. Según páginas especializadas en rastreo de vuelos, el avión voló a Lima y se presume que desde ahí partió hacia Estados Unidos.

“Se lo expulsó de manera inmediata porque nuestro sistema penitenciario es muy frágil”, justificó el ministro Oviedo y afirmó que su presencia en una cárcel boliviana hubiera producido caos y “asesinatos”.

Según datos de la Fiscalía General del Estado, en el operativo se produjo la captura de dos venezolanos, un colombiano y una uruguaya de apellido Marset, quien se presume que es media hermana del narcotraficante. Estas cuatro personas fueron trasladadas a celdas policiales para su imputación por los delitos vinculados al tráfico de armas y a la organización criminal.

En el lugar se encontraron múltiples dispositivos electrónicos, “armamento sofisticado” y dos vehículos, un Mercedes-Benz Clase G y una camioneta Toyota Hilux. Ambos “tenían un blindaje tipo 7, que es el más alto que se puede conseguir para una movilidad”, detalló el ministro Oviedo.

En paralelo se realizaron allanamientos en la zona residencial del Urubó y en la localidad de Warnes, distante a 35 kilómetros al norte de Santa Cruz de la Sierra. En ambos lugares se encontraron 11 avionetas, armas de grueso calibre, vehículos, tarjetas de crédito, documentos y diversos tipos de droga.

Según se difundió en los medios locales, la casa en la que vivía Marset era alquilada y hasta hace poco estaba en venta. En el letrero en el que se ofrecía el inmueble se detallaba que cuenta con siete habitaciones, cuatro salas, dos cocinas y garaje para cinco vehículos en una superficie de 900 metros cuadrados.

Marset se encontraba prófugo de la justicia desde julio de 2023, cuando logró escapar de un operativo policial en Santa Cruz, ciudad en la que vivió en los últimos años y que era su “centro de operaciones”, según autoridades del Gobierno boliviano.

“Sebastián Marset elige quedarse en Bolivia porque le dieron las condiciones”, afirmó en una entrevista la criminóloga Gabriela Reyes, quien considera que es importante ampliar las investigaciones para identificar la red de protección que tuvo el narcotraficante durante los últimos años. “Tenía protección policial, judicial y, como se ve, no llegó a la protección política”, afirmó.

Para la especialista y ex directora del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas, la detención del capo es solo “la punta del iceberg de algo mucho más profundo”.

El uruguayo es acusado de liderar una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de droga y era requerido por varios países. También se le acusa de estar implicado en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en 2022. En mayo de 2025, la DEA lo incluyó entre los fugitivos más buscados y en febrero de este año pasó a ocupar el tercer puesto en su lista de prioridades, tras confirmarse la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Voceros de la Policía confirmaron la captura de Pedro Enrique Ospino Cobo, conocido como alias Balacho, señalado de ser el jefe de sicarios de la organización criminal que lideraron “Kiko Gómez” y Marcos de Jesús Figueroa, conocido como “Marquitos”, dos líderes del narcotráfico del departamento de La Guajira.

Información preliminar indica que la detención se llevó a cabo en el corregimiento de San Pedro, jurisdicción de Barrancas, tras un operativo de inteligencia que incluyó la participación de unidades especializadas. Las acciones policiales se extendieron por varias semanas, de acuerdo con la información que conoció el medio local El Pulso Caribe.

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Portavoces de la Policía del departamento de La Guajira confirmaron a Infobae Colombia que los detalles del operativo y la ampliación del proceso judicial, así como pormenores relacionados con la más reciente actividad ilícita del capturado, se darán a conocer próximamente.

Sin embargo, documentos de la Corte Suprema de Justicia indican que la estructura a la que ha pertenecido “Balacho” por años consolidó su presencia en municipios del sur de La Guajira, aprovechando la cercanía con la frontera venezolana y las rutas hacia el mar Caribe, históricamente utilizadas para actividades ilícitas.

Reportes policiales de capturas previas de “Balacho” lo señalan por delitos como homicidio, narcotráfico, extorsión, secuestro, tortura, feminicidio y trata de personas.

De hecho, reportes de prensa de 2015 informan de una captura de Ospino Cobo, conocido en ese entonces como “el capo del contrabando de la gasolina”. Tres años después, en 2018, diarios locales informaron que había quedado libre.

En el procedimiento de captura, además de Ospino Cobo, fueron detenidas otras personas cuyas identidades y antecedentes son verificados para determinar su posible vinculación con la red criminal.

Los aprehendidos fueron trasladados a dependencias judiciales, donde se realizan audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, de acuerdo con la información preliminar.

Tras la captura, según información conocida por La Nueva Prensa, se estarían elevando denuncias que piden que “Balacho” sea trasladado a Bogotá, debido a que habitantes y líderes sociales advierten que la organización criminal, que se estima tiene más de 5.000 sicarios, intenta sobornar a miembros de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para conseguir la liberación del detenido, como habría ocurrido en ocasiones anteriores.

Tras la caída de la red principal derivada de la captura de “Marquitos”, en 2014, las autoridades monitorean los intentos de reorganización de la red criminal y el posible surgimiento de nuevas alianzas delictivas en la región.

Mientras tanto, las autoridades indican que la captura de Ospino Cobo puede aportar información relevante sobre movimientos recientes en los municipios del sur del departamento.

Posibles transferencias de dinero que habría hecho alias Balacho para evitar su captura

Los temores sobre pagos de “Balacho” a la justicia para evadir a las autoridades están fundados en hechos probados. Un documento de la Corte Suprema de Justicia que retrata parte del proceso judicial que resultó en la condena del exfiscal Primer Seccional de La Guajira Alcides Elías Pimiento Rosado, indica los contactos de “Balacho” con las autoridades.

Pimiento Rosado fue condenado luego de que “omitió sus deberes en ocho (8) indagaciones a su cargo, toda vez que no dispuso los actos de dirección y coordinación, ni la expedición de órdenes a policía judicial para el impulso de las investigaciones, tendientes a acreditar los hechos presuntamente delictivos y la identificación de los autores y/o partícipes con el fin de establecer si había lugar o no al ejercicio de la acción penal”, de acuerdo con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia.

En su historial delictivo se conocieron fragmentos de sus nexos con alias Balacho:

“El señor José Carlos García Cataño sostiene que el doctor Alcides Pimienta, fiscal 1o Seccional de Fonseca Guajira, le solicitó a Pedro Enrique Ospina Cobo, alias Balacho, la suma de diez millones de pesos ($10.000.000) para que no le llegara una orden de captura por una denuncia que le puso un policía, que además él lo borraba de allí de la Fiscalía para que no le aparecieran registros”, se lee.

En otro episodio consta que un capturado “dice que tiene conocimiento que Diego Parody llamaba a “Pirin” y a “Balacho” y a “Johan Amaya”, para suministrar información que el fiscal Alcides Pimienta tenía, así para ponerles en conocimiento la realización de allanamientos, si iban a salir órdenes de captura, y el Dr. Alcides hacía eso porque recibía dinero de ellos”.

Un hombre con cuatro deportaciones previas y quince antecedentes penales atacó a dos personas, entre ellos a un veterano de 83 años en el metro de Nueva York, reavivando el debate sobre las ciudades santuario y la seguridad en el transporte público.

La mañana del domingo 8 de marzo de 2026, la tranquilidad de la estación de Lexington Avenue y la calle 63, en pleno Upper East Side de Nueva York, se quebró de forma abrupta. Richard Williams, veterano de la Fuerza Aérea de 83 años, quedó gravemente herido tras ser empujado a las vías del metro por Bairón Posada Hernández, un ciudadano hondureño que acumulaba quince detenciones y había sido deportado en cuatro ocasiones por las autoridades estadounidenses.

El ataque ocurrió poco antes de las 10:30 a.m. El sistema de cámaras de la estación registró cómo Hernández seleccionó a sus víctimas. Primero empujó a Jhon Rodríguez, de 30 años, a las vías. Luego, avanzó hacia Williams, quien esperaba el tren.

El veterano cayó sobre los rieles y sufrió impacto en la cabeza y el torso. “No hubo pelea, no hubo gritos. Solo fue un acto de pura maldad”, declaró un testigo, según recogió Fox News Digital. La intervención de Rodríguez, pese a sus heridas, permitió que otros pasajeros socorrieran a Williams antes de la llegada del siguiente convoy.

La situación médica del veterano es crítica. Williams ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos con hemorragia cerebral, fracturas costales y una lesión en la columna. Su nieta afirmó a la prensa local: “Mi abuelo es un hombre que siempre dio todo por su país y su familia”. Los médicos mantienen un pronóstico reservado, dado el estado general y la edad del paciente.

Un historial marcado por deportaciones y reincidencia delictiva

El historial migratorio y penal del atacante ha generado indignación pública. De acuerdo con información confirmada por el DHS y ICE, el ciudadano hondureño cruzó la frontera estadounidense por primera vez en 2008.

Fue deportado ese año, pero regresó en 2012, acumulando nuevos delitos menores antes de ser expulsado nuevamente. En 2017, tras otro periodo de actividad criminal en la costa este, agentes federales lo detuvieron y procesaron su tercera deportación.

La cuarta expulsión se produjo en julio de 2020, en plena pandemia de COVID-19. Pese a estas medidas, el hondureño logró ingresar de nuevo a territorio estadounidense y establecerse en Nueva York. El sistema judicial y migratorio no activó alertas que impidieran sus sucesivos reingresos, un hecho vinculado a la normativa de ciudad santuario vigente en la ciudad, que limita la cooperación entre el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y las autoridades federales.

Debate sobre seguridad, migración y fallas en el sistema de justicia

El expediente criminal de Hernández incluye cargos por:

1. Asalto agravado
2. Violencia doméstica
3. Posesión de armas blancas
4. Obstrucción a la justicia
5. Posesión de sustancias controladas
6. Hurto y robo menor.

La acumulación de estos delitos no derivó en una expulsión definitiva ni en medidas preventivas efectivas.

El caso ha reactivado el debate sobre la seguridad en el transporte público y la efectividad de las políticas migratorias en grandes ciudades. No obstante, ICE presentó una orden de detención para asegurar la custodia del hondureño en caso de que prospere una eventual liberación bajo fianza.

Los fiscales buscan imputarlo por intento de asesinato en primer grado y asalto de odio contra una persona mayor, con el objetivo de lograr una condena de cadena perpetua. La intención es evitar que el sospechoso recupere la libertad y quede expuesto a nuevas lagunas del sistema.

El seguimiento judicial del caso de Bairón continuará en las próximas semanas, mientras persiste la atención sobre la situación de Richard Williams, quien permanece hospitalizado en estado crítico.

En el municipio de Regidor, en el sur de Bolívar, un hombre identificado como Amado Gonzáles Ruiz fue capturado en una estación de Policía mientras intentaba obtener un documento necesario para anexar a una hoja de vida.

El procedimiento, que parecía rutinario, derivó en la materialización de una orden judicial pendiente desde hacía años. Durante la diligencia, los uniformados solicitaron la identificación del ciudadano para cumplir con los protocolos habituales.

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Al verificar sus datos en el sistema, el dispositivo institucional detectó una alerta: Gonzales Ruiz tenía un requerimiento judicial vigente. La consulta, hecha a través del dispositivo PDA, fue el punto de inflexión que desencadenó la intervención de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía de Bolívar.

La confirmación de la identidad y la situación legal del hombre llegó poco después. Se estableció que Gonzales Ruiz, de 51 años y originario de Barranco de Loba, estaba condenado por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

La sentencia ascendía a 108 meses de prisión. Según los reportes oficiales, el individuo había logrado evadir la acción de la justicia durante aproximadamente 7 años.

Cuando se confirmó la vigencia de la orden judicial, los agentes procedieron a la captura en el mismo recinto policial, sin mediar mayor resistencia. De inmediato, se le informaron sus derechos, asegurando el respeto al debido proceso y a la dignidad del detenido.

El episodio deja en evidencia la importancia de las verificaciones permanentes que realizan las autoridades en las estaciones de Policía del departamento de Bolívar. Gracias a estos mecanismos, fue posible identificar y detener a una persona con antecedentes judiciales graves, sin que existiera una denuncia previa en ese momento.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó a El Universal la eficacia de estos controles y reiteró que la institución mantendrá la vigilancia activa para garantizar que quienes tienen deudas pendientes con la justicia comparezcan ante las autoridades.

“Nuestros policías realizan verificaciones constantes de antecedentes que permiten hacer efectivas órdenes judiciales pendientes. Seguiremos trabajando para que quienes tengan cuentas con la justicia respondan ante las autoridades y así garantizar la seguridad y convivencia en el departamento de Bolívar”, afirmó el oficial.

Gonzales Ruiz quedó a disposición de la autoridad judicial competente, quien ahora deberá hacer cumplir la condena previamente impuesta por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito de Valledupar. Según la institución policial, la orden en su contra tenía plena vigencia y la captura se llevó a cabo cumpliendo todos los protocolos legales.

La Policía recalcó que este tipo de procedimientos son parte de una estrategia más amplia para fortalecer la seguridad y garantizar que las decisiones judiciales sean ejecutadas en todo el territorio. Los controles de antecedentes no solo buscan la prevención del delito, sino también la materialización de órdenes judiciales que permanecen activas, aunque hayan pasado varios años desde la emisión de las sentencias.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer tras conocerse la noticia, alimentando el debate con comentarios escépticos y críticas abiertas. Una de las frases más replicadas fue: “Si supiera que tenía orden de captura no va así que no sean ilusos”, mostrando desconfianza hacia la versión oficial.

Otros usuarios eligieron la ironía para expresar su desacuerdo. Entre los mensajes se destacó: “Tenía muchas ganas de no trabajar”, haciendo referencia a que prefirió entregarse a las autoridades que completar su solicitud de trabajo.

Mientras que expresiones como “Se entregó sólito” circularon con tono sarcástico y burla por aparentemente ser despistado. Las críticas también apuntaron a la labor de revisión de antecedentes que realiza la policía: “Como siempre de sapos”.

La mañana del martes 11 de marzo de 2026 se confirmó por parte del Ejército Nacional de Colombia (mediante un comunicado) que Freddy Páez Anzola, conocido como alias Mosca, fue capturado en una operación conjunta con la Policía en la vereda Laureles, municipio de La Macarena, Meta.

Alias Mosca es señalado como experto en explosivos y miembro del Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura Jhon Linares, bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá o Calarcá Córdoba, uno de los principales objetivos de los Estados Unidos, y que días pidió acelerar su extradición.

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La operación se desarrolló como parte del Plan de Operaciones Ayacucho Plus, y la ejecutaron tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 1 y el Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.º 1, que emplearon capacidades de inteligencia y tareas de cerco y búsqueda para ubicar al hoy capturado.

Las autoridades destacaron que alias Mosca era uno de los hombres más cercanos a Calarcá, cabecilla de la estructura.

La información oficial indica que alias Mosca contaba con entrenamiento especializado como explosivista y habría participado durante más de diez años en la fabricación y uso de artefactos explosivos improvisados, señaló en declaraciones a medios el brigadier general Yor William Cotua Muñoz, comandante de las Fuerza de Tarea Omega.

El oficial agregó que Páez Anzola también esta inmerso en actividades de inteligencia delictiva, extorsión y reclutamiento ilícito de menores de edad.

Asimismo, la justicia colombiana lo requería por los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas y explosivos de uso restringido, según la orden de captura número 13 del 16 de octubre de 2023, emitida por la Fiscalía 162 de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, con sede en Florencia, Caquetá.

La zona de influencia de alias Mosca abarcaba áreas rurales de La Macarena, como las veredas Laureles y La Cristalina, y el corregimiento de Puerto Cachicamo, en San José del Guaviare.

Durante el operativo, las autoridades incautaron una pistola Pietro Beretta calibre 9 mm, tres escopetas calibre .22 mm y varios cartuchos.

Por todo lo anterior, desde el Ejército Nacional se calificó esta captura como un golpe estratégico para el Bloque Jorge Suárez Briceño, debilitando su capacidad operativa en Meta y Caquetá.

El hoy detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el proceso de judicialización.

Al final, el general Cotua resaltó que la institución reiteró su compromiso de proteger a las comunidades, líderes sociales y personas en proceso de reincorporación, mediante acciones orientadas a la estabilización y seguridad en la región.

Esa misma semana fue noticia un alto mando del Ejército relacionado por presuntos vínculos con ‘Calarcá’

El general Juan Miguel Huertas regresará a sus funciones como jefe del Comando de Personal en el Ejército Nacional de Colombia tras quedar sin efecto la suspensión temporal que le había impuesto la Procuraduría General de la Nación.

La medida se produce mientras sigue activa la investigación disciplinaria sobre sus presuntos vínculos con las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá, un proceso que podría aún tener repercusiones jurídicas y profesionales para el oficial.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó en rueda de prensa que la decisión respeta de manera estricta las normas y el debido proceso.

La Procuraduría consideró que el retorno de Huertas no interfiere la investigación

La Procuraduría General de la Nación determinó que la continuidad de Huertas en su cargo de jefe del Comando de Personal “no afecta o interrumpe o interfiere la investigación que se está desarrollando”.

Finalizado el periodo inicial de tres meses de suspensión preventiva, el Ministerio Público permitió el regreso efectivo del oficial, subrayando que se trató de una suspensión temporal y no de un retiro definitivo ni de un llamado a calificar servicios.

La investigación disciplinaria permanece en curso, centrada en examinar si existen elementos probatorios suficientes para abrir un pliego de cargos y dar paso a un juicio disciplinario. Las pesquisas incluyen la recolección de pruebas documentales y testimoniales que permitan esclarecer la supuesta conducta de Huertas.

El caso Huertas: acusaciones y defensa del general

Las acusaciones contra Juan Miguel Huertas surgieron a raíz de referencias encontradas en los computadores incautados a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, líder de una facción disidente de las Farc

Se señala al oficial por el supuesto suministro de códigos de frecuencia radial de la fuerza pública y por un posible respaldo a la creación de empresas de seguridad, lo que habría facilitado la legalización de armas con el fin de preparar a diferentes actores ante una eventual ruptura de los diálogos entre el Gobierno y grupos armados.

En un comunicado emitido tras la difusión pública del escándalo en noviembre de 2024, Huertas negó de manera enfática cualquier vínculo, colaboración o acuerdo con las disidencias de las FARC u otros grupos armados ilegales.

El general sostuvo: “Niego rotundamente cualquier vínculo, colaboración, acercamiento, acuerdo o relación con estructuras de las disidencias de las FARC, ni con ningún otro grupo armado organizado al margen de la ley”.

Adicional a lo anterior, el alto mando militar agregó: “Las afirmaciones divulgadas, supuestamente basadas en ‘archivos’ incautados a alias Calarcá, carecen de soporte verificable, no han sido validadas por autoridad competente y constituyen una fabricación malintencionada que busca afectar mi honor, mi nombre, mi integridad y mi trayectoria profesional”.

El militar consideró además que era “materialmente imposible que yo haya ofrecido ‘movilidad’ o ‘protección en retenes’ a personas vinculadas con actividades ilegales”, argumentando que, mientras se encontraba en retiro, no contaba con esquema de protección ni vehículo oficial.

La pesca de la medusa conocida como “bola de cañón” (Stomolophus spp.) está autorizada a lo largo de la línea costera panameña hasta el próximo 31 de diciembre, a distancias no mayores de cinco millas náuticas de la costa.

La “bola de cañón” pertenece al grupo de las Scyphozoa, especies que despiertan cada vez más el interés gastronómico, debido a que sus características son apropiadas para servir como alimento, además de que los scyphozoos comestibles suelen carecer de toxicidad, registra la literatura marítima.

Su alto consumo en ensaladas o sopas, entre otras exquisiteces, se da en países como Corea del Sur, Malasia, China, Japón, Singapur, Taiwán, Vietnam, Turquía y Rusia, entre otros, mientras que en América Latina el consumo se sitúa básicamente en Argentina, Ecuador, Nicaragua, Perú y México.

La medida de la Autoridad Marítima de Panamá detalla que la pesca está autorizada solo a 15 embarcaciones de pequeña escala o artesanal, con motores fuera de borda con un máximo de velocidad de 15 Hp (caballos de fuerza), que cuenten con sus respectivas licencias de pesca vigente.

Según la norma, establecida en la Gaceta Oficial No.30478 E, las mencionadas embarcaciones se deben limitar a capturar un total de 3,500 toneladas de desembarque anual de la medusa “bola de cañón”, que debe su nombre a su parecido con ese artefacto.

Una vez alcanzado el valor de la captura máxima permitida, se advierte que se cerrará la temporada de pesca durante este 2026, independientemente que no haya culminado su temporada de cierre.

Para la captura de la “bola de cañón” se utilizará el arte de pesca conocido como red de copo (red de bolso o cuchara), con una longitud de malla estirada de 10.16 centímetros (cuatro pulgadas) y armazón de 90 cm x 66 cm.

Solo se permitirán hasta tres pescadores por embarcación y un bolso, copo o cuchara por pescador.

Para el desembarco de la “bola de cañón” se autoriza a los puertos Panamá, Caimito y Vacamonte, aunque la autoridad aclara que podrá agregar o eliminar puertos, según la necesidad existente.

Los dueños de las embarcaciones dedicadas a este tipo de pesca deberán solicitar una autorización a la Autoridad Marítima de Panamá, e igualmente contar con la licencia vigente de pesca de pequeña embarcación o artesanal.

También se debe aportar un informe de inspección técnica de la embarcación, de los aparejos de pesca realizada por funcionarios de la entidad rectora de la pesca en el país.

Al referirse a las empresas autorizadas para el procesamiento, almacenamiento y comercialización de la medusa “bola de cañón” se informa que mensualmente deben presentar ante la Dirección General de Ordenamiento y Manejo Integral y ante la Dirección General de Investigación y Desarrollo de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) un informe de captura de medusas conforme a un formato previamente establecido.

Se insiste en que este documento debe contener la totalidad de las capturas realizadas, al igual que el procesamiento mensual efectuado y las exportaciones realizadas.

Desde la Cámara Nacional de Pesca y Acuicultura de Panamá, se dijo que en el país no se procesa la “bola de cañón”, aunque anteriormente había una empresa que lo hacía.

Panamá en 2025 exportó productos por un valor acumulado de $754.9 millones, lo que representa un aumento de $34.2 millones (4.7%) en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Comercio e Industrias.

Los productos del mar impulsaron este crecimiento, teniendo al camarón congelado como el principal producto exportado, con una participación del 12.5%, mientras que los datos del Sistema Armonizado reflejan que los pescados y crustáceos continuaron liderando con un 21.4% del total exportado, seguidos por frutas (12.8%), grasas y aceites (9.5%), fundición de hierro y acero (6.4%), alimentos preparados para animales (4.6%) y madera (4.5%).

Un juez de control de garantías ordenó prisión preventiva de una pareja radicada en el departamento del Meta (oriente de Colombia) tras ser capturada como presunta responsable de la muerte de su hija recién nacida en 2016.

Según la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, el crimen fue discriminatoria de género, es decir, estaría motivado por el hecho de que la bebé era mujer.

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Ambos enfrentan cargos de feminicidio agravado; no aceptaron los cargos y permanecen en centros carcelarios mientras avanza el proceso judicial.

Cronología del crimen

De acuerdo con información recopilada por Noticias Caracol, la víctima fue hallada sin vida en la habitación de un hospedaje en la vereda Cristalina del municipio de Puerto Gaitán el 27 de julio de 2016.

La Fiscalía General de la Nación realizó la investigación, y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y el Ejército Nacional ejecutaron las capturas en Bolívar (Valle del Cauca) y Puerto Gaitán (Meta). El proceso busca determinar el grado de responsabilidad de los implicados.

En las audiencias preliminares, se presentaron pruebas materiales que sustentan la imputación. Los padres deberán permanecer privados de la libertad mientras se aclaran los hechos.

La investigación del ente acusatorio, citado por los medios de comunicación, sostiene que los padres “habrían golpeado a la niña en varias ocasiones por haber nacido mujer”, lo que constituye un caso grave de violencia de género y maltrato infantil.

Así mismo, la Fiscalía detalló que la menor fue víctima de violencia continua dentro de su propio entorno familiar y que murió con poco más de un mes de vida.

En ese sentido, el juez de control de garantías aceptó la petición de la Fiscalía General de la Nación y decretó la medida de aseguramiento en centro carcelario para la madre y el padre de la menor de edad.

Rutas de denuncia y protección para víctimas en Colombia

El proceso judicial ha reavivado el análisis sobre los canales y mecanismos de denuncia en situaciones de maltrato infantil, violencia intrafamiliar o violencia de género.

Cualquier persona —sea víctima, familiar, vecina o testigo de una agresión— puede realizar la denuncia ante la Policía Nacional, las Comisarías de Familia o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). La ley colombiana impone la obligación de informar de forma inmediata estos hechos a las autoridades.

En casos de violencia intrafamiliar, la Comisaría puede dictar en cuestión de horas medidas de protección como la orden de alejamiento, retiro del agresor del hogar o protección policial. Si la situación constituye un delito, la Fiscalía inicia el proceso penal.

Para mujeres víctimas de violencia, existen rutas especializadas como la Línea 155 y la posibilidad de acudir a hospitales, donde el personal debe activar protocolos sanitarios y de protección específicos.

La confidencialidad y la posibilidad de realizar denuncias de manera anónima son garantías legales para quienes buscan protección y atención del Estado. Intervenir a tiempo es fundamental para evitar represalias y proteger a las posibles víctimas, mientras se activan los mecanismos institucionales.

Según datos recopilados por la Unicef, en Colombia, la violencia contra los menores experimentó un preocupante aumento del 31% en 2024.

La situación llevó a Unicef y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) a lanzar una campaña de concientización denominada Trátame al derecho, busca no solo sensibilizar a la población sobre la importancia de respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino también proporcionar herramientas pedagógicas a las familias.

María Cristina Rivera, vocera de Unicef, explicó que la iniciativa incluye un portal web con cuestionarios, talleres y materiales educativos para fomentar una crianza positiva.

“Esta campaña llega en un momento donde necesitamos dejarle saber a todo niño, niña o adolescente en Colombia, que es sujeto de derechos y que eso es importante. Por eso, y pensando también en darles la mano a todos esos padres de familia o cuidadores que deseen aprender, diseñamos un portal web en donde encontrarán todo tipo de cuestionarios, talleres y materiales con los que pueden acercarse a una crianza mucho más positiva”, afirmó Rivera en su momento.

En la tarde del 8 de marzo de 2026, durante los comicios legislativos en Colombia, la Fiscalía General de la Nación informó que fue capturado el candidato al senado Camilo Gómez Castro, vinculado al Partido de la U.

La fiscalía informó que tiene pruebas para asegurar que Gómez Castro tendría vínculos con la red criminal que es liderada por Diego Marín Buitrago “Papá Pitufo”.

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En los detalles sobre el caso, se informó que el aspirante al congreso tenía contactos con representantes de entidades del orden nacional y regional, uniformados de la policía y funcionarios de la fiscalía y la Polfa para que permitieran el ingreso al país de mercancía de contrabando.

Junto al político fueron detenidos José Luis Olaya Caicedo y Édgar Humberto Bacca Sánchez, dos exintegrantes de la Policía Nacional que habrían aprovechado sus contactos para identificar y perfilar uniformados de la Polfa que podrían colaborar para la red de Marín Buitrago.

En cuanto a Olaya Caicedo y Bacca Sánchez, se informó que uno de ellos tenía la labor de recoger dinero de comerciantes para entregarlo a los policías que permitían el ingreso del contrabando, mientras el otro tenía un rol enfocado en la entrada de contrabando por los puertos de Barranquilla y Cartagena. Ambos sujetos fueron imputados por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir agravado.

¿Quién es Camilo Gómez Castro?

En un perfil que realizó la oficina de prensa del candidato, describen a Gómez Castro como un líder social y servidor público que cuenta con más de 10 años de experiencia en diferentes entidades.

El candidato afirmaba que entre sus prioridades legislativas, en caso de ser elegido, estaría buscar el bienestar de los cuidadores de personas con discapacidad, mujeres rurales, miembros de la economía popular, además de empresarios y emprendedores

Camilo Gómez Castro trabajó con el presidente Gustavo Petro durante el paso del mandatario por la Alcaldía de Bogotá; allí cumplió funciones como director del Instituto para la Economía Social (Ipes).

El nacido en Bogotá es administrador público, tiene especializaciones en proyectos de desarrollo y estudió una maestría en dirección del desarrollo local en la Universidad Complutense de Madrid.

En informes de investigaciones que se han revelado, ya se había mencionado la presunta importancia de Gómez Castro al interior de la estructura criminal de “Papá Pitufo”, haciendo que se recordara su promesa de luchar contra las mafias que realizó en varias ocasiones.

Una de las declaraciones más recordadas del candidato al senado fue precisamente cuando fue vinculado al Ipes durante la administración Petro en la capital del país.

“Amparar a aquellas personas que son de condición vulnerable y que merecen toda la atención y prioridad por parte del Estado, contribuyendo así a los objetivos propuestos por la administración distrital”, fue el compromiso de Gómez en esa ocasión.

Luego de que se recordó que Gómez Castro trabajó con Gustavo Petro, el presidente de la República aseguró, en marzo de 2025, que el hoy capturado había sido designado como director del Ipes por gestión de Horacio Serpa.

“Que cómo llegó a la alcaldía, pues de la mano de Horacio Serpa. Y no creo que en esa época conociera al Pitufo, pero puedo equivocarme. Ni yo mismo en esa época conocía quién era el Pitufo; bien callado lo tenía la gran prensa, pero es costumbre de la prensa del mal y los poderosos, tratar de sindicar al que denuncia, porque no se puede permitir que alguien hable. Es el silencio el cómplice del crimen”, fueron las palabras del mandatario nacional en medio de la polémica.

Hasta el momento, el presidente Gustavo Petro ni el Partido de la U se han pronunciado tras la captura de Camilo Gómez Castro por parte de funcionarios del CTI.

De acuerdo con el reporte de voceros oficiales de la Policía Nacional de Colombia, “La Jota”, además de estar vinculado biológicamente con el jefe de las disidencias, sería una de sus unidades “de mayor confianza”.

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“La Policía Nacional logró la captura de alias La Jota, hermano de mayor confianza de alias Iván Mordisco. De acuerdo con las autoridades, alias La Jota sería el responsable de coordinar homicidios selectivos contra firmantes de paz, y estaría vinculado al asesinato de Ángel Cediel Ordóñez Sandoval, ocurrido el 17 de enero de 2026″, informó el director de la Policía Nacional de Colombia, el general William Oswaldo Rincón Zambrano.

Además, el general Rincón Zambrano informó que dentro de las atribuciones criminales, “La Jota” presuntamente se encargaba “del abastecimiento logístico, material de intendencia y equipos de alta tecnología para esta estructura criminal”.

El detenido responderá ante la justicia colombiana por los delitos de homicidio agravado, secuestro y porte ilegal de armas.

“Quien atenta contra la vida de un colombiano, atenta contra todo el país. Seguiremos trabajando con firmeza para que estos crímenes no queden en la impunidad”, dijo el director de la Policía.

Grupos armados estarían detrás de riesgos de fraude electoral y violencia en municipios

El riesgo de violencia electoral en Colombia ascendió en forma notable durante el periodo de vigencia de la política de Paz Total, con un salto de 319 municipios en 2022 a 376 en 2026, según cifras recogidas en el informe más reciente de la Misión de Observación Electoral (MOE).

Esta tendencia implica que actualmente el 34% de los municipios del país enfrenta algún nivel de amenaza que podría impactar el desarrollo de los comicios, un aumento del 17,9% respecto al ciclo anterior. La MOE indicó en su informe que 145 municipios permanecen bajo una amenaza calificada como “extrema”.

De los 376 municipios señalados, la distribución del riesgo es variable: 125 presentan riesgo medio, 106 alto y 145 se encuentran en peligro extremo. Los municipios en riesgo extremo se ubican en 23 departamentos, siendo Cauca y Antioquia las regiones con mayor saturación de alertas.

El informe de la MOE advirtió que el número de integrantes de grupos violentos, entre frentes armados y redes de apoyo, aumentó de 15.120 en 2022 a 27.121 en 2026, casi el doble en tan solo cuatro años.

Un análisis cruzado indicó que 185 municipios del país presentan riesgo consolidado, es decir, se encuentran afectados por factores simultáneos de violencia y potencial fraude electoral. Esta categoría abarca al 16% del total de municipios colombianos, incluyendo los corregimientos departamentales.

Entre los territorios bajo este riesgo, la mitad exacta —el 51%— está en condición extrema: 38 municipios en nivel medio, 53 en riesgo alto y 94 en riesgo extremo. Cauca y Antioquia agrupan la mayor cantidad de municipios en esta última categoría, con 21 y 20 respectivamente.

La vez que ‘Iván Mordisco’ amenazó con alterar las elecciones de 2026

Alias Iván Mordisco es considerado el guerrillero más buscado de Colombia. En noviembre de 2025,el líder de las disidencias de las Farc, advirtió sobre posibles afectaciones en las elecciones presidenciales de 2026 tras los bombardeos ordenados por el presidente Gustavo Petro contra su grupo armado, en el que murieron al menos 15 menores de edad reclutados por la fuerza, junto a integrantes de la organización armada.

Por medio de un video que difundió en redes sociales, en el que figuró rodeado de hombres armados en la selva, calificó los ataques aéreos ejecutados por el Gobierno como una “declaración de guerra”.

En la grabación, “Iván Mordisco” sostuvo: “Quisimos que el proceso electoral de 2026 tuviera los menores traumatismos posibles, pero ante la avanzada de sectores guerreristas no nos queda más que asumir una posición en defensa de los territorios”.

Gustavo Petro y autoridades del Ejecutivo reconocieron la muerte de menores de edad durante los ataques aéreos realizados desde agosto, situación que desató un escándalo político y llevó a que congresistas solicitaran la renuncia del ministro de Defensa.

“Las acciones de Petro son complacencia a los gringos sedientos de sangre de niños colombianos”, acusó “Iván Mordisco” en el video.

Además de los gastos habituales que tienen las personas que buscan emprender o montar un negocio, preocupa que en Colombia a diario se denuncian casos en los que comerciantes son víctimas de cobros extorsivos por parte de estructuras criminales.

En El Peñol, uno de los municipios más visitados en Antioquia, los comerciantes no se salvan de este tipo de actividad criminal; es por ello que es noticia un informe de la Policía Nacional en el que se confirmó la captura de dos extorsionistas en este lugar.

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De acuerdo con las autoridades, los individuos fueron capturados en flagrancia cuando estaban haciendo cobros extorsivos a comerciantes de la zona comercial del municipio. Al respecto, el comandante del Departamento de Policía de Antioquia, el coronel Luis Muñoz, indicó que estos sujetos exigían entre 700.000 y un millón de pesos por “seguridad” a las víctimas.

“El Gaula Antioquia logró la captura de dos personas en flagrancia que se dedicaban a los cobros extorsivos a comerciantes aquí en el municipio de El Peñol. Les exigían pagos entre 700.000 pesos y un millón de pesos”, declaró el uniformado.

Las exigencias económicas a comerciantes eran coordinadas por alias “Chicote”, que se encuentra recluido en la cárcel de Bellavista y recibió notificación por este delito en el marco de un proceso judicial. Así lo confirmó el comandante de la policía durante el balance en el que detalló que la coordinación de estos cobros partía desde el interior del centro penitenciario.

El operativo se realizó en conjunto entre la Policía Nacional y el Gaula. Según explicó la alcaldesa de El Peñol, Sandra Duque, las acciones buscan frenar el impacto de la extorsión sobre los comerciantes del municipio. “Se ha hecho un trabajo articulado con el Gaula de la Policía para minimizar el impacto de la extorsión que se viene presentando en el municipio de El Peñol contra nuestros comerciantes”, manifestó la mandataria.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para colaborar con las investigaciones, solicitando que no se acceda a las exigencias extorsivas y que se denuncien estos hechos. El coronel Muñoz subrayó: “Invitamos a todos a que denuncien oportunamente para actuar de manera directa contra quienes se dedican a la extorsión”.

La secretaria general y de Gobierno, Rosmira Murillo, reforzó la importancia de la denuncia al afirmar: “Reiteramos a toda la comunidad, en especial a nuestros comerciantes, que no accedan a la extorsión, que denuncien y confíen en las instituciones. Si nos facilitan la información, podremos adelantar operativos y actuar frente a este delito”.

Para facilitar el proceso de denuncia, las autoridades recordaron la disponibilidad de las líneas 123 y 165 del Gaula de la Policía Nacional, habilitadas para recibir información sobre casos de extorsión y permitir la intervención institucional.

La extorsión preocupa a los comerciantes en Antioquia

Durante el balance de seguridad de 2025, las autoridades en Antioquia informaron que la extorsión sigue afectando la seguridad ciudadana, puesto que durante 2025 las denuncias por este delito aumentaron 8.3%, pasando de 508 casos en 2024 a 550, según el Departamento de Policía de Antioquia. Este incremento revela la persistencia de grupos criminales y una mayor disposición de la ciudadanía a denunciar.

Las modalidades más frecuentes incluyen llamadas desde cárceles, en las que los delincuentes fingen pertenecer a grupos armados para presionar pagos. Otras formas son mensajes por redes sociales, WhatsApp o correos electrónicos con suplantación de identidad y amenazas, lo que incrementa el riesgo por la rapidez digital. También persisten los cobros y amenazas presenciales, especialmente a comerciantes y transportadores en zonas bajo control criminal.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, reconoció que existe subregistro debido al temor a represalias. Las autoridades insisten en denunciar y evitar pagos o entrega de información personal ante situaciones sospechosas.

En el kilómetro 176 de la carretera Ruta de Paz, en el cantón El Aceituno, municipio de Yoloaiquín, departamento de Morazán Sur, un vehículo tipo pick up se salió de la vía e impactó contra una vivienda, lo que dejó como saldo una mujer fallecida en el lugar y dos personas trasladadas al hospital.

Según informó la Policía Nacional Civil (PNC), el conductor del automotor, identificado como Wilbert Amaya Aguilar, de 47 años, perdió el control del vehículo la noche de ayer, 6 de marzo.

De acuerdo con el reporte de la PNC, al momento del impacto, una pareja de adultos mayores se encontraba dentro de la vivienda. La mujer, de 76 años, murió de inmediato, mientras que su esposo, de 88 años, fue trasladado en estado grave al hospital, donde posteriormente falleció por la gravedad de las lesiones. El conductor del pick up también resultó herido y fue ingresado a un centro asistencial, detalló la institución policial.

La Policía Nacional Civil señaló que agentes de la División de Tránsito se presentaron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y gestionar la circulación vehicular, que quedó restringida a un solo carril durante varias horas.

Según las declaraciones recogidas por la PNC, al aplicar la prueba de alcotest a Amaya Aguilar, el resultado arrojó 285 grados de alcohol en sangre, superando ampliamente el límite permitido por la legislación salvadoreña.

La PNC comunicó que el conductor será puesto a la orden de las autoridades por los delitos de homicidio culposo y conducción peligrosa. El Código Penal de El Salvador, en su artículo 147-E, tipifica como conducción peligrosa el hecho de manejar bajo los efectos del alcohol, estableciendo penas de prisión y suspensión de la licencia de conducir para quienes superen los niveles tolerados por la normativa vigente.

Operativos y sanciones recientes por conducción peligrosa

Además del caso de Wilbert Amaya Aguilar, quien presentó 285 mg/dL de alcohol en sangre, los cercos antidopaje han dejado otros arrestos significativos en las últimas semanas. En San Salvador, los operativos de fin de semana realizados en zonas como el Bulevar del Hipódromo y la Avenida Los Almendros han permitido interceptar conductores con niveles de alcohol que oscilan entre 110 y 150 mg/dL.

De acuerdo con el marco legal vigente en 2026, los conductores detenidos enfrentan sanciones como prisión de 2 a 5 años para particulares y hasta 10 o 15 años cuando hay víctimas mortales o se involucra transporte público. La normativa contempla:

• Suspensión inmediata de la licencia de conducir
• Decomiso del vehículo
• Obligatoriedad de asistir a cursos de reeducación para intentar recuperar la licencia una vez cumplida la sanción.

De acuerdo con datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial y el Viceministerio de Transporte (VMT), entre el 1 de enero y el 5 de marzo de 2026 se registraron 348 detenciones de conductores peligrosos en todo el país. Aunque la cifra es elevada, representa una reducción del 12% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 394 arrestos.

Las autoridades mantienen un promedio diario de 4 a 6 capturas por conducción bajo los efectos del alcohol. El perfil de los infractores se mantiene estable: entre el 93% y el 96% de los conductores detenidos por este delito son hombres, según los reportes oficiales.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, publicó en sus redes sociales un balance de las incautaciones de dinero, algunas presuntamente vinculadas a la compra y venta de votos, en plena época electoral en Colombia.

Solo en 2026, tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Militares de Colombia confirmaron la confiscación de 1.760 millones derivados de 14 procedimientos, con un resultado de 20 capturas, algunas en flagrancia y con órdenes de aseguramiento intramural, informó el jefe de la Defensa Nacional.

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Fuentes de Infobae Colombia suministraron datos sobre las acciones de las autoridades en medio de un despliegue intensivo de operativos para garantizar las libertades democráticas de los colombianos en la jornada electoral del 8 de marzo, y en los comicios presidenciales del 31 de mayo de 2026.

De estos casos, la menor suma en efectivo decomisada por las autoridades fue de 20 millones de pesos. Del total de casos, diez incautaciones se realizaron por medio de controles viales a vehículos en movimiento; mientras que otros cuatro sucedieron en acciones rutinarias de control.

Las autoridades hallaron grandes sumas en bolsos, fajas corporales y en folios con listas.

Varios de estos la apertura de procesos judiciales, así como la incautación de los carros, y elementos relacionados con campañas políticas, según la información suministrada a este medio.

Estos fueron los operativos

De acuerdo con la información de suministrada, el 3 de febrero de 2026, en el sector de Las Palmas, Barrancabermeja, fueron detenidas dos personas con 109,9 millones de pesos en efectivo y un arma de fuego.

Dos días después, el 5 de febrero, en Villavicencio, Meta, uniformados de la Policía incautaron 56,97 millones de pesos a un individuo que no pudo acreditar la procedencia del dinero. El implicado se movilizaba en un vehículo particular y el caso se catalogó solo como incautación.

El 11 de febrero, agentes en Buenaventura, Valle del Cauca, decomisaron 52 millones de pesos durante operativos de control en la ruta 25. En este caso no hubo capturas, solo la incautación del dinero.

Una semana después, el miércoles 18 de febrero, nuevamente en Buenaventura, se realizó la captura de una persona en un puesto de control sobre la ruta 25. Los uniformados incautaron 110 millones de pesos.

A los dos días, el 20 de febrero, en el municipio de Puerto Triunfo, Antioquia, uniformados capturaron a tres personas por presunto lavado de activos. Se les hallaron 243,5 millones de pesos ocultos en fajas corporales durante un control policial.

El mismo día, en Apartadó, Urabá, cuatro personas fueron detenidas con 150 millones de pesos ocultos en una camioneta particular.

A los ocho días, el sábado 28 de febrero, unidades de la Policía capturaron en flagrancia a tres personas que transportaban 100 millones de pesos en una lancha, en Mapiripán, Meta, el 28 de febrero. Una persona quedó detenida intramuralmente.

Incautaciones en marzo

El miércoles 4 de marzo se implementaron las acciones. Agentes en el municipio de Hatonuevo, La Guajira, capturaron a dos personas y decomisaron 145 millones de pesos ocultos en un vehículo remolcado por una grúa. Además, hallaron propaganda política de un candidato. La justicia declaró ilegales ambas libertades.

Paralelamente durante la misma jornada, en Montería, Córdoba, se reportó la captura de dos personas y la incautación de 434,7 millones de pesos transportados en un vehículo particular.

Ese día también fue detenida una persona en el aeropuerto internacional Camilo Daza de Cúcuta, cuando andaba con 26,9 millones de pesos en su bolso, junto a 3.037 stickers de propaganda política y cinco folios con listados de nombres y apellidos. El capturado fue presentado en audiencia.

Otro caso sucedió en San Onofre, Sucre, donde unidades de la Policía detuvieron a dos personas y decomisaron 28,35 millones de pesos que eran trasladados en una camioneta. Ambos capturados fueron llevados a audiencia.

En las horas de la mañana del jueves, 5 de marzo, en la vía que conecta Condoto y Quibdó, Chocó, fue capturada una persona con 20 millones de pesos ocultos en una camioneta particular. También se halló propaganda política. El detenido fue presentado en audiencia.

En la misma jornada, uniformados de la Policía realizaron la incautación de 71,46 millones de pesos en la vía Ibagué-Girardot, Tolima, transportados en un vehículo particular.

Al respecto de estos casos, el ministro Sánchez aseguró que las investigaciones penales continúan, frente a nuevos posibles casos relacionados con delitos electorales.

Desde el Consejo Nacional Electoral recordaron que la Ley 1864 de 2017 establece penas de prisión de cuatro a nueve años y multas que pueden ir desde 400 hasta 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quienes ofrezcan dinero o cualquier dádiva a cambio de votos.

La norma sanciona tanto a quienes buscan que los ciudadanos apoyen a un candidato, partido o corriente política, como a quienes incentivan el voto en blanco, la abstención o el sufragio en un sentido específico durante plebiscitos, referendos, consultas populares o procesos de revocatoria de mandato.“

Por su parte, la propaganda política está permitida hasta la media noche del viernes previo a la jornada electoral.

La pieza central del reclamo proviene de la concejal Heidy Sánchez Barreto, quien denunció que el joven fue interceptado el 3 de marzo cerca de las 9:40 a. m. justo después de salir de un gimnasio.

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El video, grabado por un testigo, muestra el instante en que los agentes cuestionan el contenido de un tarro que portaba el ciudadano. “¿Qué esto?”, pregunta uno de los uniformados, mostrando el recipiente con polvo blanco. “¡Eso es creatina!”, responde el joven con visible molestia.

La situación escaló rápidamente. Pese a que el ciudadano ofreció alternativas para identificarse, los policías procedieron a revisar sus pertenencias y, tras hallar el suplemento, catalogaron la creatina como una “sustancia rara”. Con ese argumento, anunciaron la detención de manera violenta, según el relato de la concejal.

Las imágenes difundidas por redes sociales muestran a dos patrulleros y al joven dentro de una panadería. Mientras se escucha: “¡Pero yo no hice nada, agente!”, grita el muchacho, a la vez que intenta explicar que vive cerca pero no portaba su cédula en ese momento.

Testigos y el propio video evidencian que los agentes empujaron al joven e hicieron uso de un taser en varias ocasiones. La grabación capta los gritos de dolor y los intentos de la víctima por zafarse. A la par, un amigo del afectado narra fuera de cámara: “Mire, el parcero está ahí y salía a tomarse su creatina. Mire cómo lo cogen”.

La intervención policial no terminó ahí. Más patrullas y agentes motorizados se sumaron al operativo, incrementando la fuerza empleada sin que, según los testigos, existiera peligro alguno.

De acuerdo con el testimonio recabado por la concejal Sánchez, luego de ser reducido, el joven fue trasladado al CAI Monteblanco. Allí, según la denuncia, la violencia continuó. “Donde continuaron las agresiones físicas y recibió amenazas, indicándole que ‘si lo volvían a ver’ ocurriría lo mismo”, expuso Sánchez.

El joven también reportó la “desaparición temporal” de su teléfono celular, el cual permaneció bajo custodia policial. “Solo después de mencionar que el dispositivo tenía ubicación activa, los agentes manifestaron que lo devolverían”, sentenció la concejal.

Durante toda la noche, el ciudadano permaneció bajo custodia. Finalmente, los uniformados lo liberaron cerca de las 5:00 a. m. del día siguiente, tras horas de tensión y temor por su integridad.

Este episodio ha encendido el debate sobre los protocolos de actuación policial y el desconocimiento de sustancias legales, como los suplementos deportivos. La indignación se multiplicó en redes sociales, donde usuarios cuestionan la preparación de los agentes y el uso desmedido de la fuerza.

En respuesta al escándalo, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó a El Espectador que el incidente ocurrió el 3 de marzo durante actividades de control en Usme.

Según el comunicado oficial: “Se solicita el registro a un ciudadano y la identificación; este increpa a los policías, se torna agresivo y no se identifica; posteriormente sale a correr. El ciudadano es conducido a un Centro de Traslado por Protección”.

Hasta el momento, la institución no ha entregado detalles sobre la investigación interna ni ha respondido a todas las preguntas planteadas por los medios.

Mientras la ciudadanía y las organizaciones defensoras de derechos humanos exigen claridad y sanciones si corresponde, la atención se centra en la respuesta que pueda dar la Policía Metropolitana en las próximas horas. El caso sigue abierto y en el centro de la controversia pública.

Un cargamento compuesto por 170 kilos de supuesta cocaína fue incautado este miércoles en el sector de Guasaule, en el sur de Honduras, una acción que representa un fuerte golpe para las estructuras del narcotráfico y refuerza el control sobre una de las rutas clave del tráfico ilícito de drogas hacia Norteamérica.

El decomiso, ejecutado en el marco del Plan Comunidades Seguras 2026, subraya no solo el impacto económico superior a 57 millones de lempiras, según estimaciones oficiales, sino también una intensificación de la vigilancia para prevenir la salida de cargamentos con destino a mercados internacionales, donde el valor de la droga puede multiplicarse considerablemente.

El cargamento fue descubierto en un vehículo detenido durante operativos de patrullaje y control en las inmediaciones del puesto fronterizo de Guasaule, una zona identificada por las autoridades como corredor estratégico del tráfico ilegal debido a su conectividad terrestre con Nicaragua y al constante flujo de transporte. En el procedimiento, agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos en cooperación con el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas inspeccionaron un vehículo tipo pick-up Toyota, modelo Xtra Cab V6, placa JAS 0219, detectando alteraciones en su estructura.

Durante la revisión, los funcionarios hallaron, ocultos en compartimientos falsos, los 170 paquetes, algunos debajo de la paila, otros en la llanta de repuesto, así como dentro del tanque de combustible, según informó la policía hondureña. El diseño de estos escondites pone de manifiesto el nivel de planificación y especialización con que operan las redes del crimen organizado en la región, capacitadas técnicamente para fabricar compartimientos capaces de evadir métodos policiales tradicionales de inspección.

Se observaron en algunos paquetes símbolos distintivos, como una estrella azul y el número 7, considerados por las autoridades como posibles identificadores de la procedencia o destino del cargamento dentro del flujo transnacional del narcotráfico en Centroamérica. Los investigadores analizan si estas marcas tienen vinculación con organizaciones criminales específicas que operan en la zona.

El conductor arrestado en flagrancia fue identificado por el Ministerio Público como Jonatan Josué Álvarez Almendárez, de 31 años, originario de Santa Ana de Yusguare en el mismo departamento de Choluteca. Inicialmente, la identidad del sospechoso se mantuvo confidencial, hasta que el Ministerio Público confirmó el nombre y dispuso la preparación de un requerimiento fiscal por la supuesta comisión del delito de tráfico agravado de drogas.

Álvarez Almendárez será presentado ante un tribunal competente, donde enfrentará cargos que, de acuerdo con la legislación hondureña, contemplan penas graves de prisión por delitos contra la salud pública. La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado, en coordinación con la Dirección Nacional de Servicios Fronterizos y la Dirección Policial Antidrogas, lidera el procedimiento de judicialización y análisis forense de la sustancia para confirmar científicamente su composición y pureza.

El vehículo y los paquetes fueron decomisados y asegurados como pruebas. Técnicos antinarcóticos realizarán los análisis de laboratorio que determinarán legalmente la sustancia y su nivel de pureza, requisito fundamental para la acusación formal.

Las autoridades destacaron el efecto de este decomiso, describiéndolo como “una afectación significativa a las finanzas de las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico”, al frustrar la salida de un volumen de droga con alto potencial de lucro para el crimen organizado si llegaba a mercados internacionales.

Puntos como Guasaule concentran la atención de las fuerzas de seguridad por la facilidad de camuflar cargamentos ilícitos entre el alto tránsito de transporte de carga y vehículos particulares vinculados al comercio legal entre Honduras y Nicaragua.

Luis Alfredo Acuña Vega, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignado al esquema de seguridad del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, fue detenido en Hatonuevo, La Guajira, por transportar $145 millones en efectivo y material de propaganda electoral.

El escolta quedó en libertad tras la decisión de un juez penal municipal con función de control de garantías.

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El abogado defensor de Luis Alfredo Acuña, Iván Cancino, afirmó que el juez de garantías no legalizó la detención, al determinar que no existían pruebas sobre el origen ilícito del dinero ni vínculos con una presunta compra de votos.

Según el abogado, “no se demostró ninguna ilegalidad” y el dinero le fue devuelto a Luis Alfredo Acuña Vega.

“Acaba de terminar la audiencia y se decreta ilegal la captura y devolver el dinero. La presunción de inocencia y el debido proceso no es algo ligero”, afirmó Cancino.

El abogado Iván Cancino, defensor de Luis Alfredo Acuña Vega, sostuvo en diálogo con Caracol Radio que su cliente no rindió versión alguna ante las autoridades tras su detención en Hatonuevo, La Guajira.

Cancino explicó que una de las reglas generales en sus defensas es guardar silencio, salvo excepciones, y que oficialmente el escolta no ha entregado declaración formal sobre los hechos.

Durante la entrevista, Cancino señaló que su defensa se centró en la supuesta violación de garantías procesales. El abogado manifestó que la captura se realizó sin presentar al aprehendido ante un juez durante casi treinta y tres horas, y que llevar dinero en efectivo o portar material de propaganda política no constituye delito en Colombia.

“Mi defensa fue clara: se violaron las garantías de mi cliente al capturarlo y mantenerlo casi treinta y tres horas privado de la libertad sin presentarlo ante un juez. Además, era imposible hablar de captura en flagrancia, porque ni tener publicidad política pedagógica ni portar dinero en efectivo es delito en Colombia”, aseveró Cancino.

Cancino mencionó que, según su perspectiva, el procedimiento policial presentó irregularidades, entre ellas la detención de un conductor de grúa que solo cumplía labores de remolque. El defensor expresó que la investigación mostró deficiencias en la actuación de las autoridades y consideró que existe una tendencia institucional a buscar resultados rápidos.

“Lo capturaron, supuestamente en flagrancia, por omisión de declaración de bienes, un delito que exige un sujeto activo calificado, condición que no cumplen ni el señor Acuña Vega ni el conductor de la grúa”, expresó a Caracol Radio.

En la misma intervención, Cancino señaló que de acuerdo con su análisis, la presunción de inocencia permanece vigente y que la investigación podrá continuar.

“Mi cliente es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ni siquiera lo imputaron. Ese detalle es importante. No tiene proceso porque no lo han imputado. Quedó en libertad, le devolvieron el dinero y no lo imputaron”, expresó Cancino a Caracol Radio.

Cancino también afirmó que no fue contratado formalmente para la defensa, sino que asumió el caso como un favor personal al secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, a quien el escolta estaba asignado.

Detalles de la captura

El director de la Policía Nacional, William Rincón, confirmó la captura del escolta, asegurando que el dinero estaría destinado a la supuesta compra de votos. El uniformado señaló que la captura se dio en la vía Distracción-Cuestecitas.

“En la vía Distracción – Cuestecitas (La Guajira), la Policía Nacional incautó $145 millones que, presuntamente, serían destinados a la compra de votos”, indicó Rincón.

Según el director de la Policía Nacional, los sobres estaban marcados con los nombres de dos municipios y un corregimiento. Rincón expresó que dos personas fueron capturados.

“El dinero fue hallado oculto en un vehículo en el que también se encontró propaganda política alusiva a un candidato al Senado. Los recursos estaban distribuidos en siete sobres, marcados con los nombres de dos municipios y un corregimiento, lo que evidenciaría una posible estructura para la comisión de delitos electorales. En el procedimiento fueron capturadas dos personas, quienes deberán responder ante las autoridades competentes”, aseveró.

El primer fin de semana de marzo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, encabezó un consejo de seguridad en Cartago, Valle del Cauca, en el que se habló sobre la lucha de la fuerza pública contra las estructuras criminales.

En la rueda de prensa, el ministro Sánchez ordenó que las autoridades debían enfocar su trabajo en debilitar y afectar la logística de los criminales en la región, principalmente de las estructuras Nueva Generación y Los Flacos, señalados de tener el control territorial de varias zonas de la región.

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Precisamente, el cabecilla de Los Flacos, identificado dentro del contexto criminal bajo el alias de Cakín, fue capturado en un operativo que se llevó a cabo en zona rural de Pereira, en Risaralda.

Las autoridades informaron que en límites con el norte del Valle del Cauca, uniformados de la Policía Nacional y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación detuvieron al peligroso criminal, que se escondía en una residencia de una zona exclusiva de la región.

“Cakín” es requerido por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y destinación ilícita de inmuebles. En la residencia tenía tres armas de fuego, municiones para las mismas, equipos de comunicación y droga sintética que sería para su consumo personal.

Además, en la investigación con la que se identificó la zona en la que estaba escondido, se identificó que el capturado estaba empleando estos narcóticos para obligar a mujeres que asistían a sus fiestas privadas a tener relaciones sexuales.

¿Quién es alias Cakín?

En el comunicado oficial, las autoridades mencionaron que “Cakín” es el líder visible de Los Flacos, había sido capturado en 2025, pero fue dejado en libertad por vencimiento de términos.

Desde entonces, el criminal se mantuvo al mando de la organización criminal, principalmente en el traslado de narcóticos por la región, extorsión de comerciantes y transportadores y también algunos homicidios registrados en los últimos meses.

Alias Cakín tiene antecedentes judiciales desde hace 17 años, pero fue mencionado en informes de inteligencia en 2011 cuando fue identificado como jefe sicarial de Los Rastrojos, en el norte del Valle del Cauca. “Este resultado operacional de la Policía Nacional cobra especial importancia, ya que en menos de 72 horas del anuncio, se comenzó a hacer efectivo ese compromiso del Gobierno nacional”.

En 2013 fue mencionado como uno de los líderes principales de La Cordillera, que se encargaba de cometer asesinatos ordenados por otras estructuras criminales en el Eje Cafetero.

También se le vinculó con el comercio ilegal de narcóticos en Pereira durante esa época, hasta que en 2019 se anunció que era el nuevo jefe de Los Flacos, puesto que el máximo cabecilla de esa estructura criminal había sido capturado y desde entonces está recluido en prisión.

En 2020 pasaría a coordinar el lavado de activos de las rentas ilegales de expendio de estupefacientes, a través de la actividad de préstamos a particulares denominada “gota a gota”.

En 2022 asumió la coordinación visible del total de las células criminales de Los Flacos hasta su captura en febrero de 2024 en Pereira. Había protagonizado las confrontaciones criminales contra la organización Nueva Generación, con la que compite por el control ilegal de los expendios de estupefacientes, fenómeno que ha provocado que aumente la violencia en el norte del Valle del Cauca.

Tras la captura de “Cakín”, las autoridades desplegaron componentes especiales de investigación judicial y criminal para fortalecer el dispositivo operacional desplegado en el norte del Valle del Cauca y el Eje Cafetero, todo esto ante una posible arremetida del grupo criminal tras la detención de su líder.

Luis Alfredo Acuña Vega, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignado al esquema de seguridad del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, fue capturado en Hatonuevo, La Guajira.

Acuña Vega se desplazaba con $145 millones en efectivo y con propaganda electoral a favor del candidato al Senado Daniel Restrepo, actual representante a la Cámara por el Partido Conservador, según informaron El Tiempo y Caracol Radio.

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De acuerdo con ambos medios, el escolta transitaba en una camioneta Toyota con siete sobres que contenían dinero en efectivo.

Augusto Rodríguez, director de la UNP, confirmó la captura a Caracol Radio, asegurando que desde Presidencia existe la orden para rastrear delitos electorales.

De hecho, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta oficial de X, en la que confirmó la orden a la Policía Nacional de capturar a lo que denominó “compradores de votos”.

“La policía nacional tiene orden del Presidente de la República de capturar a los compradores de votos y ponerlos a órdenes de la fiscalía por delitos contra el sufragio. La compra de votos permite que los criminales se adueñen del estado y de la ley en contra del pueblo”, señaló el jefe de Estado.

Rodríguez señaló al citado medio de comunicación que el vehículo donde se transportaba Luis Alfredo Acuña Vega no hace parte de la Unidad Nacional de Protección.

El director de la Policía Nacional, William Rincón, confirmó la captura del escolta, asegurando que el dinero estaría destinado a la supuesta compra de votos. El uniformado señaló que la captura se dio en la vía Distracción-Cuestecitas.

“En la vía Distracción – Cuestecitas (La Guajira), la Policía Nacional incautó $145 millones que, presuntamente, serían destinados a la compra de votos”, indicó Rincón.

Según el director de la Policía Nacional, los sobres estaban marcados con los nombres de dos municipios y un corregimiento. Rincón expresó que dos personas fueron capturados.

“El dinero fue hallado oculto en un vehículo en el que también se encontró propaganda política alusiva a un candidato al Senado. Los recursos estaban distribuidos en siete sobres, marcados con los nombres de dos municipios y un corregimiento, lo que evidenciaría una posible estructura para la comisión de delitos electorales. En el procedimiento fueron capturadas dos personas, quienes deberán responder ante las autoridades competentes”, aseveró.

Y agregó: “La Policía Nacional reitera su compromiso con la transparencia del proceso electoral y continuará desplegando todas sus capacidades institucionales para garantizar elecciones libres, seguras y en plena legalidad”.

Sanciones por delitos electorales en Colombia

En Colombia, los delitos electorales están tipificados en el Código Penal y regulados de manera específica por la Ley 1864 de 2017, que establece sanciones para quienes atenten contra la transparencia y legalidad del proceso electoral. Entre las conductas sancionadas se encuentran la perturbación de procesos electorales, el constreñimiento al sufragante, el fraude electoral, la compra y venta de votos, y la financiación ilícita de campañas.

Las penas varían según el delito cometido. Por ejemplo, la perturbación de elecciones manipulando el proceso puede implicar prisión de 4 a 9 años y multas de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la conducta se realiza mediante violencia, la pena puede aumentar hasta 12 años. El constreñimiento al sufragante, que consiste en presionar o amenazar a una persona para orientar su voto, también se sanciona con cárcel de 4 a 9 años y multas equivalentes.

La compra y venta de votos, así como el fraude en el ejercicio del voto, pueden recibir penas de prisión de 4 a 8 años y multas de hasta 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, la ley contempla sanciones más severas para los servidores públicos involucrados en este tipo de delitos, quienes pueden enfrentar agravantes y la inhabilidad para ejercer cargos públicos.

En un operativo liderado por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, fueron capturados dos hombres señalados de extorsionar a comerciantes y ciudadanos en el Parque Lleras, ubicado en el sector de El Poblado de Medellín.

Según el reporte oficial, la detención se produjo mientras los dos sujetos recibían 200 millones de pesos, parte de una suma total de 600 millones de pesos exigida bajo amenazas a un comerciante de la zona comercial de la capital del departamento de Antioquia.

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De acuerdo con la investigación policial, el vendedor había denunciado la situación ante las autoridades, donde recibió amenazas contra su vida, la de sus empleados y su negocio, por parte de cinco hombres que exigieron el dinero a cambio de permitirle continuar su actividad económica en el sector.

En el operativo, las autoridades incautaron dos motocicletas, utilizadas presuntamente para realizar estos cobros, junto a dos teléfonos celulares que serán sometidos a análisis forense para fortalecer el proceso judicial y determinar si existen más personas afectadas o redes vinculadas.

Los detenidos fueron identificados Emanuel Restrepo y Víctor Arias Jaramillo, quienes habían simulado ser integrantes del Clan del Golfo para reforzar las amenazas, según reveló el brigadier general Henry Yesi Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

“Utilizan esta marca criminal como es Clan del Golfo para sembrar terror, pánico en el comercio en general, y ese trabajo tan importante que hace nuestro Gaula, la Policía Nacional de todos los colombianos, evita que se haga el pago de más de seiscientos millones de pesos”, manifestó el alto oficial en declaraciones a los medios de comunicación.

Los dos capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de extorsión. Un juez les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

Las autoridades insisten en la necesidad de fortalecer la colaboración ciudadana, subrayando que la denuncia temprana es decisiva para activar planes antiextorsión. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá recordó las líneas disponibles para estos reportes, como el 165 del Gaula o el 123.

La extorsión en Medellín constituye hoy una de las principales amenazas para la integridad del tejido comercial y la seguridad ciudadana.

Las detenciones en un núcleo como el Parque Lleras, reconocido por su flujo turístico y comercial, representan un mensaje para los criminales y un alivio para los comerciantes y residentes. El impacto de la extorsión trasciende la afectación individual y socava la confianza en las instituciones, mina las inversiones, y limita el crecimiento local, según destacaron las autoridades.

Mafias europeas en el Parque Lleras

El alcalde Federico Gutiérrez había señalado en 2025 que diversas mafias europeas también tienen actividades en las inmediaciones del Parque Lleras, incrementando la presencia de estructuras criminales y complejizando el panorama de seguridad en este sector comercial y nocturno.

El mandatario local, en declaraciones a El Tiempo, había mencionado que la presencia de mafias internacionales, articuladas por un individuo conocido como ‘El Holandés’, ha convertido esta zona en un foco persistente de delitos graves, como trata de personas, explotación sexual y tráfico de drogas.

“Estamos enfrentando un problema que escaló a otro nivel. No se trata solo de estructuras locales. Hay mafias internacionales articuladas en el Parque Lleras. Por eso pedí, en el Consejo de Seguridad, que se concentren todos los esfuerzos para dar con el paradero de alias el Holandés y acabar de una vez por todas con estas organizaciones delictivas”, explicó el mandatario al citado medio de comunicación.

Aunque recientemente se intensificaron las operaciones policiales y se implementó una remodelación urbanística integral destinada a reforzar la seguridad, el Parque Lleras sigue marcado por la incidencia de explotación de menores.

Según información recopilada por el diario bogotano, el auge del turismo ha propiciado la expansión de redes criminales capaces de generar ingresos mensuales superiores a 180 millones de pesos mediante la explotación de menores y mujeres en situación vulnerable.

Las investigaciones determinaron que los menores —muchos procedentes de comunidades vulnerables como la Embera Katío— eran introducidos en la zona, acompañados por mujeres con quienes no existía ninguna relación de parentesco.

En algunos casos, los adultos vestían a los niños de manera intencionada para provocar respuestas emocionales entre los turistas. A lo largo del día, estas familias artificiales ocupaban los pasos peatonales de la calle 10, con menores de distintas edades, incluidos bebés de solo meses de vida.

Para maximizar sus ganancias, los miembros de la banda recurrían a una estrategia adicional: carteles en inglés, elaborados por los coordinadores del grupo, donde las mujeres decían ser recién llegadas al país y solicitaban ayuda para cubrir las necesidades básicas de sus hijos.

Cuando lograban captar la atención de los turistas, los guiaban a farmacias cercanas y especificaban los productos que debían comprarles, como leche en polvo y pañales. Los artículos, una vez recibidos, eran acumulados por las mujeres hasta alcanzar las metas diarias impuestas por la organización. Así, la red sostenía un flujo de recursos constante, principalmente en dólares y bienes de primera necesidad.

En horas de la mañana de este martes, la Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Luis Remberto Peña Ortiz, de 19 años, acusado de agredir a su madre y a su padrastro en Zacatecoluca, La Paz Este.

Según el reporte oficial difundido en redes sociales, el joven, en estado de ebriedad, amenazó de muerte a su madre y la atacó con un corvo, provocándole heridas en distintas partes del cuerpo.

Ante la gravedad de la situación, el padrastro intervino y también resultó lesionado en la cabeza. Ambos fueron trasladados a un hospital local, donde permanecen estables. Peña Ortiz será remitido a las instancias judiciales correspondientes, conforme a lo señalado por la PNC.

La agresión registrada en Zacatecoluca se suma a una serie de eventos recientes que reflejan el repunte de la violencia intrafamiliar en El Salvador. Por ejemplo, el 24 de febrero de 2026, en Sesori, San Miguel Norte, un hombre en estado de ebriedad disparó contra sus hijos, con saldo de un joven de 23 años fallecido y una menor herida que logró sobrevivir.

La PNC localizó al agresor, identificado como Héctor Mario Lara, quien murió tras enfrentarse a los agentes. Las autoridades indicaron que la menor se encuentra fuera de peligro tras recibir atención médica especializada.

Otra situación de alto impacto ocurrió el 18 de febrero de 2026 en Uluazapa, San Miguel, donde Ever Antonio Gómez Benítez agredió a su esposa e hijos. Durante el intento de huida, Gómez Benítez atacó a la policía con un arma blanca y perdió la vida cuando los agentes respondieron al ataque.

En el occidente del país, Samuel Asael Flores Acuña, de 23 años, fue arrestado en Teotepeque, La Libertad Costa, tras rociar gasolina y prender fuego a su padrastro tras presenciar una agresión contra su madre.

La víctima sufrió quemaduras graves. Sin embargo, Flores Acuña enfrenta cargos por intento de homicidio. Este caso ha sido destacado por la PNC y por organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes alertan sobre el riesgo de escalamiento de los conflictos familiares en contextos de violencia reiterada.

¿Qué es la violencia intrafamiliar y cómo está tipificada en El Salvador?

La violencia intrafamiliar se refiere a cualquier acción u omisión que cause daño físico, psicológico, sexual o patrimonial a los integrantes de una familia, ya sea dentro o fuera del hogar. Este tipo de violencia puede estar dirigida hacia cónyuges, hijos, padres, hermanos u otros parientes, y suele involucrar agresiones recurrentes que afectan la integridad y bienestar de las víctimas.

En El Salvador, la violencia intrafamiliar está regulada principalmente por la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y el Código Penal.

La ley salvadoreña reconoce la violencia intrafamiliar como un delito que puede manifestarse en distintas formas, incluyendo agresiones físicas, amenazas, maltrato psicológico, abuso sexual y violencia económica. Las sanciones varían según la gravedad del caso y pueden incluir medidas de protección, asistencia legal y penas de prisión para los agresores.

Además, el marco legal establece la obligación de las autoridades de brindar protección inmediata a las víctimas y de investigar diligentemente las denuncias.

De igual manera, la legislación promueve la atención integral, asesoría psicológica y acompañamiento social para quienes sufren este tipo de violencia. Las instituciones responsables, como la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, coordinan acciones para prevenir, detectar y sancionar los hechos de violencia en el ámbito familiar.

Tropas de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército Nacional lograron la captura de cinco integrantes del GAO-r Bloque Jorge Suárez Briceño, entre ellos el segundo cabecilla de la estructura Marco Aurelio Buendía, en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta.

La operación fue realizada en la vereda Nueva Colombia, tras la implementación de estrategias de inteligencia militar y acciones tácticas del Batallón de Despliegue Rápido N.º 31 y la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 11, según confirmó la Policía Nacional a través de un comunicado oficial.

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De acuerdo con la información difundida por la Fuerza de Tarea Omega, el operativo permitió interceptar a la comisión armada que, según las autoridades, tenía órdenes de reorganizar estructuras ilegales en el suroriente del país.

Entre los capturados figura alias Joiner o Yoiner, identificado como segundo cabecilla de la estructura Marco Aurelio Buendía, junto con alias Marlon, señalado como responsable financiero, y alias Yuri, que fungía como enfermera y pareja de alias Joiner.

Durante la operación militar se incautaron cinco fusiles, dos pistolas, munición de distintos calibres, equipos de comunicaciones y material de intendencia, así como elementos considerados estratégicos para las labores de inteligencia.

Según la Policía Nacional, este resultado debilitará la capacidad operativa de la organización, que ya había sufrido bajas durante enero del año en curso, tras la muerte de dos de sus integrantes, incluido alias La Gorda, jefe de seguridad del capturado en 2025 alias Pate Palo, cabecilla logística del GEO-r Estructura Raúl Reyes

Informes de inteligencia militar señalaron que alias Joiner o Yoiner acumula más de diez años de actividad delictiva en los departamentos de Meta y Guaviare, con antecedentes que incluyen homicidios selectivos, extorsiones a comerciantes, transportadores y ganaderos, así como la instalación de artefactos explosivos y ataques armados contra la fuerza pública.

Los delitos en los que estarían envueltos ‘Joiner’ y su equipo

Las autoridades le atribuyen la participación en el asesinato de un líder social en Puerto Rico, Meta, en 2022, además de coordinar acciones de hostigamiento y control de rutas para el tráfico de drogas.

En el transcurso de las investigaciones, la Policía Nacional identificó que los capturados también estarían relacionados con el reclutamiento de menores y el manejo de corredores estratégicos para el narcotráfico en la región.

Tras su aprehensión, tanto los detenidos como el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización y la formulación de cargos correspondientes.

La Fuerza de Tarea Omega destacó que este resultado afecta de manera significativa la estructura Marco Aurelio Buendía, subordinada a alias Pate Palo, y reafirmó el compromiso institucional con la seguridad y la protección de las comunidades en los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá a través de operaciones militares coordinadas e interinstitucionales.

Ejército incautó drones y arsenal de las disidencias en el departamento de Antioquia

Un operativo del Ejército Nacional en la vereda Cordillera de San Andrés de Cuerquia, al norte de Antioquia, resultó en la incautación de un arsenal que las disidencias de las Farc planeaban usar para ataques contra la población civil y la Fuerza Pública, según informó el teniente coronel Fredy Arboleda Jaramillo, a través de un comunicado.

La acción busca restringir la logística y las finanzas de los grupos armados ilegales presentes en Antioquia, cuyas operaciones han sido objeto de una intensificación en las labores militares y policiales en los últimos meses debido a la persistencia de amenazas sobre los habitantes y al uso de corredores estratégicos para el control territorial.

Durante la intervención, desarrollada por el Batallón de Infantería N.º 10 Coronel Atanasio Girardot, las tropas decomisaron un dron, 29 cartuchos calibre 5.56, cuatro radios de comunicación, dos artefactos explosivos improvisados, tres detonadores, cordón detonante y prendas de uso privativo de las fuerzas armadas. Todo el material quedó en manos de la Fiscalía para iniciar los procesos judiciales y definir conexiones con otros hechos criminales.

Entre los detenidos se encuentra alias Tuta, señalado como coordinador de la extracción y comercialización ilegal de combustible, actividad que generaba recursos millonarios para el grupo armado, informó la institución a través de un comunicado.

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Además, la segunda capturada fue una mujer, cuya identidad y alias no fueron revelados por las autoridades. En el registro gráfico del allanamiento y posterior detención, los dos sujetos estaban en el mismo domicilio.

De acuerdo con los voceros oficiales, las capturas se ejecutaron en el contexto de la operación Temis, puesta en marcha con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación.

Con previa investigación, las autoridades identificaron que la organización criminal sustraía combustible del poliducto Pozo Colorados Galán, uno de los puntos más afectados por este delito en la región.

Tras la comercialización ilegal del combustible, los recursos obtenidos eran destinados al sostenimiento de actividades terroristas y al fortalecimiento logístico de la estructura Juan Fernando Porras Martínez del ELN.

El director general de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, destacó la importancia de este golpe a las finanzas del ELN: “Esta operación representa un resultado estratégico en la lucha contra las economías ilícitas que financian a los grupos armados organizados. Este importante avance investigativo permitió afectar de manera directa las fuentes de financiación del ELN, debilitando su capacidad logística y operativa”.

Desde la institución comunicaron que tras la investigación se detectaron movimientos bancarios superiores a 1.300 millones de pesos, y que los capturados manejaban un patrimonio injustificado en bienes muebles e inmuebles.

En consecuencia, con las detenciones, el grupo armado dejará de percibir aproximadamente 200 millones de pesos mensuales en “impuestos” ilegales por la protección y autorización de esta actividad.

Los detalles de estos movimientos financieros también apuntan a que “Tuta” realizaba pagos a cabecillas que llegaban hasta los 770 millones de pesos y ofrecía hasta 15 millones de pesos para evitar capturas e incautaciones en zonas como Ocaña y Río de Oro, en el área limítrofe de los departamentos de Norte de Santander y Cesar, espectivamente

El brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental, anunció la continuación de este tipo de operaciones sostenidas, “con estricto apego a la ley, orientadas a desmantelar de manera estructural las redes de financiación que amenazan la seguridad y la estabilidad del territorio nacional, protegiendo los recursos naturales y el patrimonio económico del país”.

El departamento del Cesar está golpeado por el robo de hidrocarburos: autoridades responsabilizan al ELN

El 25 de febrero de 2026 la Policía Nacional informó que recuperó 9.000 galones de gasolina presuntamente sustraídos de un poliducto de Ecopetrol en el departamento del Cesar.

La operación representó un golpe a las estructuras financieras vinculadas al comercio clandestino de hidrocarburos y puso de manifiesto la logística avanzada utilizada en estas actividades ilícitas.

El valor estimado del combustible asciende a cerca de 140 millones de pesos, mientras que las máquinas y herramientas incautadas, utilizadas para almacenamiento y transporte, se valuaron en 40 millones de pesos.

Durante el procedimiento se incautaron seis motobombas, setenta recipientes plásticos conocidos como “dados”, cuatro canecas y cerca de 100 metros de manguera plástica. Estos elementos son considerados esenciales para la extracción y movilización ilegal de combustible.

Fuentes oficiales señalaron que el combustible incautado estaba destinado a redes de comercialización ilegal, asociadas al circuito denominado “pimpineo”, caracterizado por la venta informal de gasolina en pequeñas cantidades fuera del control formal.

La Policía Nacional indicó que la guerrilla del ELN estaría detrás de la comercialización ilegal del combustible, coordinando las operaciones y obteniendo beneficios económicos derivados de la venta clandestina.

Luis Alberto Ramírez Urdaneta, conocido con los alias de Risa o el Negro, fue capturado en flagrancia en zona rural de Monteria, en el departamento de Córdoba.

Según el reporte oficial, el hombre de nacionalidad venezolana, es señalado como presunto jefe de sicarios del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), a quien se le atribuye la coordinación de homicidios, secuestros y extorsiones que habrían afectado gravemente la seguridad de la región y las finanzas de la estructura criminal.

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Las labores de captura se concretaron en la vereda Tres Puertas, corregimiento San Isidro, mediante un operativo coordinado entre Gaula Militar Sinú, la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, el CTI de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.

Durante la detención en flagrancia, a Ramírez Urdaneta le fueron incautados un revólver calibre 38 milímetros, municiones, una motocicleta y un teléfono celular, evidencia que reforzó su vinculación inmediata a delitos graves.

El prontuario de Ramírez Urdaneta incluye una presunta participación en al menos 12 homicidios, entre ellos el asesinato de miembros de la fuerza pública, como un guardián del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y personal de la Policía Nacional, perpetrados en distintos momentos de los últimos años.

Además, las autoridades lo señalan como el responsable de centralizar y distribuir el arsenal de armas perteneciente al Clan del Golfo en la región, hecho que amplificaba su rol en la capacidad operativa y de intimidación del grupo armado.

La nacionalidad venezolana del detenido dificultó su identificación plena durante meses, lo que obligó a los organismos de inteligencia a construir con meticulosidad el caso judicial.

Según el comandante de la Décima Primera Brigada, brigadier general Óscar del Cristo Díaz Montiel, Ramírez Urdaneta habría dirigido directamente al menos a seis sicarios responsables de ejecutar homicidios selectivos, secuestros agravados, expendio de estupefacientes y cobros extorsivos en áreas urbanas y rurales de Montería.

“Este sujeto, al parecer, sería la persona que cometía los homicidios y direccionaba a los sicarios aquí en el área urbana y rural de Montería, en los corregimientos San Isidro, Santa Isabel, Guateque y otros. Este sujeto de 26 años y nacionalidad venezolana, llevaría 8 años delinquiendo (...) se le atribuye presunta participación en al menos 12 homicidios y tendría bajo su mando a 6 miembros de la organización, los cuales cumplían diferentes roles y funciones delictivas”, explicó el oficial.

Tras su captura, la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego. Posteriormente, un juez decretó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

La captura de alias Risa o El Negro neutralizó la operatividad de uno de los principales coordinadores de cobros extorsivos y homicidios del Clan del Golfo en el área metropolitana de Montería, debilitando sustancialmente las actividades delictivas y la estructura financiera del grupo.

Las autoridades afirmaron que continuarán ejecutando operaciones conjuntas con el objetivo de garantizar la seguridad de la población de Córdoba y restringir la capacidad coercitiva de las organizaciones criminales en la región.

Capturan a alias Camilo o Tuerto, cabecilla financiero del Clan del Golfo en Antioquia

La detención de ‘Risa’ o ‘El Negro’ se suman a otros operativos de las Fuerzas Militares para contrarrestar el accionar criminal del grupo armado.

Entre ellos, se destaca la captura de alias Camilo, también conocido como Tuerto, uno de los principales responsables del cobro de extorsiones y coordinador de actividades ilícitas en varias regiones del país, y que tenía tenía aproximadamente 20 años de trayectoria criminal y fungía como cabecilla financiero del Clan del Golfo.

La operación conjunta, desarrollada el 19 de febrero en el corregimiento San Miguel, municipio de Sonsón, Antioquia, contó con la participación del Gaula Militar Oriente de la Cuarta Brigada, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la inteligencia militar, alias Camilo era responsable directo del recaudo sistemático de extorsiones—práctica conocida como la “vacuna”—que afectaba a comerciantes, ganaderos y actores vinculados con actividades como la extracción ilegal de minerales y el hurto de combustible.

Su papel consistía en fortalecer las finanzas de la subestructura Gener Morales, así como mantener el control y la disciplina en los territorios bajo influencia del EGC.

“Con esta operación, se afecta de manera significativa la estructura Gener Morales del Clan del Golfo, debilitando sus capacidades financieras derivadas del cobro de extorsiones y otras economías ilícitas. Asimismo, se desestabiliza su estructura jerárquica e impacta en su mando criminal”, explicó el brigadier general Caicedo Bocanegra, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.

La Policía Nacional reveló que el peligroso delincuente tiene un historial criminal que comenzó hace más de siete años; además, en la actualidad sería el encargado de coordinar el envío de cargamentos de droga mediante narcolanchas desde Colombia y Venezuela hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

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Las autoridades tienen información que relacionaría a “Cucaracho” con el cobro de extorsiones y secuestros a comerciantes en el Caribe y lo acusan de dinamizar operaciones de lavado de activos para fortalecer las finanzas ilícitas de la organización criminal.

Durante el procedimiento fueron incautados cuatro teléfonos celulares y una tablet, elementos que serán inspeccionados para avanzar en los procesos de las investigaciones, identificar redes de apoyo logístico y avanzar en el desmantelamiento de la estructura criminal transnacional en Colombia.

Identificación de ‘Cucaracho’ se demoró varios meses

Fuentes de Infobae Colombia informaron detalles nuevos de la detención de Páez Cordero, que en los informes de investigación es mencionado como uno de los hombres de confianza en Latinoamérica de Héctor Rusthenford Guerrero Flores o “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua.

“Cucaracho” no solo era destacado en el Caribe colombiano, sino que se presume que habría sido designado como el encargado de fortalecer el poder financiero de la estructura criminal en toda la región.

“Fue designado por ”Niño Guerrero" como el principal cabecilla de narcotráfico en Suramérica con epicentro en Colombia".

El criminal capturado es considerado una ficha clave del narcotráfico transnacional, puesto que, además de los envíos de cocaína desde Colombia y Venezuela, lideraría operaciones de lavado de activos, compra de material bélico y ejecución de alianzas narcotraficantes para fortalecer la expansión del Tren de Aragua en Colombia.

Páez Cordero estaba prófugo de la justicia venezolana desde 2023, cuando apareció en un listado de los más buscados en países vinculados a Interpol.

Todo lo que se registró antes de la detención de “Cucaracho” se denominó Operación Damasco, que se mantuvo durante varios meses, en los que las autoridades identificaron los movimientos repetitivos que realizó el criminal en la región.

En el seguimiento que le hicieron al criminal internacional, identificaron la unidad residencial, ubicada en una zona exclusiva de Santa Marta, en la que “Cucaracho” tenía una de sus residencias en Colombia junto con una mujer, la misma que se encontraba en la vivienda en el momento en que las autoridades ingresaron para realizar la captura. Sin saberlo, Páez Cordero fue grabado disfrutando de las zonas comunes del lugar.

Tras confirmar la detención del criminal internacional, el director de la Policía Nacional, el general William Rincón, entregó un balance del operativo, en el que aseguró que están tras los pasos de más integrantes de la estructura transnacional que tiene presencia en Perú, Chile, Ecuador, Brasil, Bolivia y Argentina.

“Con la captura de alias Cucaracho, cabecilla internacional del Tren de Aragua, le asestamos un golpe estratégico al crimen transnacional. Este delincuente coordinaba rutas de narcotráfico hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa, además de dinamizar extorsiones, secuestros y lavado de activos en la región del Caribe. Este resultado, logrado en articulación con la Fiscalía General de la Nación y agencias internacionales como la DEA, demuestra que la cooperación global es determinante para cerrarles el paso a las organizaciones criminales que pretenden operar más allá de las fronteras”, declaró Rincón al respecto.

La Policía Nacional informó que el criminal es solicitado por Venezuela mediante circular roja de Interpol por tráfico de estupefacientes y psicotrópicos, asociación para delinquir, tráfico de armas y municiones y financiamiento al terrorismo.

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“Con la captura de alias Cucaracho, cabecilla internacional del Tren de Aragua, le asestamos un golpe estratégico al crimen transnacional. Este delincuente coordinaba rutas de narcotráfico hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa, además de dinamizar extorsiones, secuestros y lavado de activos en la región del Caribe. Este resultado, logrado en articulación con la Fiscalía General de la Nación y agencias internacionales como la DEA, demuestra que la cooperación global es determinante para cerrarles el paso a las organizaciones criminales que pretenden operar más allá de las fronteras”, declaró el director de la Policía Nacional, el general William Rincón, durante el balance del operativo.

El director de la institución aseguró que con estos operativos se busca dejar en claro que “Colombia no será refugio de criminales”.

Detalles del operativo

La Policía Nacional confirmó que el operativo fue ejecutado por unidades del Gaula, comandos jungla y agentes de la DEA en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Luego de identificar la zona en la que estaba el criminal, se realizó un allanamiento en una zona exclusiva de Santa Marta en la que se encontraba Jorge Luis Páez Cordero, conocido en el mundo criminal como “Cucaracho”.

Se presume que, al igual que tiene presencia el Tren de Aragua en la región, Páez se movía constantemente entre países de Latinoamérica para coordinar actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión, secuestro y terrorismo.

“Según las investigaciones, “Cucaracho” tendría más de siete años de trayectoria delincuencial y era el encargado de coordinar el envío de cargamentos de droga mediante narcolanchas desde Colombia y Venezuela hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa".

Las autoridades tienen información que relacionaría a “Cucaracho” con el cobro de extorsiones y secuestros a comerciantes en el Caribe; además, lo acusan de dinamizar operaciones de lavado de activos para fortalecer las finanzas ilícitas de la organización criminal.

Durante el procedimiento fueron incautados cuatro teléfonos celulares y una tablet, elementos que serán inspeccionados para avanzar en los procesos de las investigaciones, identificar redes de apoyo logístico y avanzar en el desmantelamiento de la estructura criminal transnacional en Colombia.

“Este resultado representa un golpe contundente al crimen organizado internacional, debilitando de manera directa la capacidad financiera y operativa del Tren de Aragua, estructura que ha expandido sus actividades criminales en múltiples países de la región. La acción coordinada entre las autoridades colombianas y sus aliados internacionales ratifica el compromiso del Estado colombiano de cerrar espacios al narcotráfico, la extorsión y el secuestro. Colombia no será refugio para delincuentes transnacionales que pretendan operar desde nuestro territorio”, es parte del comunicado divulgado por la Policía Nacional.

Cabe aclarar que no todos los integrantes del Tren de Aragua son de nacionalidad venezolana, puesto que en los años recientes ha permeado la delincuencia común de otros países. Un ejemplo de ello es que en un operativo reciente, registrado en el municipio de Soacha, Cundinamarca, las autoridades capturaron a un ciudadano colombiano debido a sus vínculos con el Tren de Aragua.

El operativo, realizado por la Policía Nacional, permitió la detención del individuo, que era requerido con fines de extradición por cargos relacionados con delitos de concierto para delinquir, tráfico de migrantes y trata de personas. La investigación señala que el capturado habría facilitado el ingreso ilegal de migrantes a territorio estadounidense, aprovechando conexiones con redes criminales internacionales. Tras su captura, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras se adelantan los trámites judiciales correspondientes a la solicitud de extradición.

Oficiales de Migración Colombia capturaron en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá a Denis Alimov, ciudadano ruso de 42 años que ingresó al país en un vuelo de Turkish Airlines y tenía como destino final la ciudad de Cartagena.

Alimov contaba con una notificación roja de Interpol y era buscado por las autoridades de Estados Unidos por cargos de presunta conspiración para secuestrar o asesinar personas en Europa, financiamiento de actos terroristas y provisión de apoyo material para actividades ilícitas de esta índole.

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La detención fue confirmada en las horas de la tarde del 24 de febrero de 2026 por Migración Colombia, luego de un operativo realizado por el Grupo de Control a Viajeros Especiales. Las autoridades interceptaron al extranjero antes de que atravesara Migración, para abordar su conexión nacional al Caribe.

Según la información oficial que emitieron voceros de la entidad, luego de ser detenido, Denis Alimov fue puesto a disposición de las autoridades nacionales que iniciarán el proceso de extradición para que comparezca ante el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York.

Los cargos que enfrenta podrían derivar en una condena de hasta cadena perpetua, según la estimación judicial que fue comunicada por Migración Colombia.

La directora general de esta entidad, Gloria Esperanza Arriero, especificó que la detección de estos casos se fortaleció con la coordinación internacional, que permite anticipar la localización de estos individuos requeridos por delitos graves y, en efecto, capturarlos sin que hagan mayores movimientos.

Según Arriero, estas personas suelen ser identificadas antes de que aterricen a sus destinos “mediante herramientas de información compartida que blindan la seguridad nacional e internacional, y aplican acciones oportunas sobre viajeros buscados por diferentes delitos”, expresó.

El historial delictivo de Denis Alimov

La acusación formal contra Alimov fue emitida el 18 de diciembre de 2025 por el tribunal estadounidense, que solicitó su extradición bajo cargos de conspiración, asesinato y secuestro en el extranjero, así como financiamiento de terrorismo.

Los pormenores de la investigación de las autoridades de Estados Unidos que fueron conocidos por las autoridades nacionales indicaron que, entre octubre de 2024 y marzo de 2025, el detenido habría planeado asesinar o secuestrar a dos personas de alto perfil público en Europa, con transferencias cercanas a los 60.000 dólares para la ejecución de la operación. Además, habría pactado un pago de hasta 1,5 millones de dólares por cada objetivo.

El informe oficial indicó que Alimov también está vinculado al suministro de información técnica y al reclutamiento de otros implicados en el plan. Uno de sus cómplices fue arrestado en marzo de 2025 en Nueva York.

Fuentes de Migración Colombia reiteraron que el procedimiento se ejecutó bajo protocolos de seguridad establecidos y que la información compartida por organismos internacionales permitió evitar el ingreso legítimo de Alimov al territorio nacional, en la terminal aérea.

Capturaron a dos hermanos colombianos señalados de homicidio en El Dorado

En menos de 24 horas, las autoridades también comunicaron que dos hermanos boyacenses, buscados por homicidio agravado, fueron capturados en el aeropuerto El Dorado de Bogotá tras intentar regresar a Colombia procedentes de São Paulo, Brasil.

Según las autoridades, los jóvenes habían sido seguidos por varios meses. Su detención fue posible mediante la alerta del Centro Estratégico Conjunto de Análisis Migratorio (Cecam), que permitió a los oficiales de Migración identificar y detener a los implicados apenas arribaron al país.

El hecho violento que motivó la orden de captura ocurrió la madrugada del 25 de diciembre de 2025 en la Torre 5 de un conjunto residencial del barrio Antonia Santos, en Tunja.

Una celebración familiar se transformó en tragedia cuando una discusión derivó en una agresión mortal con arma cortopunzante. La víctima, de veintinueve años, perdió la vida en medio de un ambiente de fiesta navideña.

“En un gran golpe de la @policiacolombia y la @policiabogota contra la criminalidad, fue capturado alias Mizón, cabecilla de Los Maracuchos. Este criminal estaba requerido por homicidio agravado, tortura y delitos relacionados con armas y estupefacientes”, escribió el burgomaestre.

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Agregó que “la estructura criminal a la que pertenece tiene incidencia en Los Mártires y Kennedy, donde habría delinquido durante varios años, consolidando una reputación que se convirtió en mito dentro del entorno criminal. Alias Mizón era administrador de bares, pagadiarios y puntos de expendio de estupefacientes vinculados a Los Maracuchos en Bogotá”.

La operación fue desarrollada el viernes 20 de febrero de 2026 por efectivos militares ecuatorianos, e incluyó un importante despliegue de seguridad que culminó durante la mañana del sábado 21 del mismo mes con el traslado del detenido en un helicóptero del Ejército hacia Tulcán, desde donde fue entregado a la Policía, Migración y autoridades penitenciarias de Colombia.

El nombre de “Mizón” apareció en la lista de los más buscados por la Interpol, que emitió una alerta de difusión azul para su localización y captura.

De acuerdo con información de las Fuerzas Armadas de Ecuador, Osorio era requerido por la justicia colombiana y es señalado como cabecilla del grupo de delincuencia común organizada Los Maracuchos, estructura desarticulada en 2024.

El reporte policial indicó que el detenido vestía un buzo negro, pantalón corto caqui y zapatos deportivos blancos al momento de la entrega en el puente internacional de Rumichaca. Las autoridades ecuatorianas aseguraron que existían indicios de que Osorio había huido de Colombia tras la caída de su organización para establecer vínculos con redes criminales transnacionales en la frontera.

El historial delictivo de alias Mizón

Registros de la Policía Nacional de Colombia integran un contundente historial sobre la trayectoria de 10 años de Osorio, como agente externo para otras organizaciones criminales, facilitando la expansión del Tren de Aragua en Bogotá.

La estructura delictiva, catalogada por Estados Unidos como grupo terrorista, utilizaba un hotel de la capital colombiana como centro de operaciones. Allí se planificaban delitos como la venta de estupefacientes, licor adulterado y prostitución, además de la ejecución de actos violentos y secuestros, según consta en informes judiciales obtenidos por el medio.

Entre los hechos documentados en el hotel, resalta el secuestro y asesinato de un joven identificado como Cristhian en 2023. En diciembre de 2025 la Fiscalía y el Gaula de Colombia ordenaron la extinción de dominio del inmueble y su clausura definitiva. El lugar contaba con una sala de telecomunicaciones adaptada para extorsionar y coordinar actividades ilícitas.

La expansión de las operaciones de alias Mizón abarcó ocho localidades de Bogotá, en las que se empleaban fachadas como sindicatos, discotecas y hoteles para dificultar la labor de las autoridades.

Investigaciones judiciales señalaron que, antes de asumir un rol de liderazgo criminal, Osorio trabajó como lavador de autos y luego incursionó en el microtráfico, escalando hasta convertirse en el principal enlace entre organizaciones extranjeras y grupos locales.

Las autoridades colombianas imputan a “Mizón” cargos por fraude procesal, amenazas, hurto calificado de automotores y violencia intrafamiliar. Entre 2023 y 2024, 41 integrantes del Tren de Aragua fueron detenidos, según datos de la Policía.

Además, varios concejales de Bogotá fueron amenazados por estructuras relacionadas con Osorio, quien consolidó su poder en medio de disputas armadas por el control territorial en la capital.

Tras su entrega en la frontera de Rumichaca, la justicia colombiana analiza el establecimiento penitenciario al que será trasladado mientras avanzan las investigaciones. El caso representa uno de los golpes más relevantes contra la delincuencia organizada en la región fronteriza.

Uniformados de la Policía Nacional de Colombia anunciaron la captura de Daniel Lasprilla, conocido como alias Danielito, presunto dinamizador del microtráfico en el municipio de El Cerrito, en el departamento del Valle del Cauca.

Según el reporte oficial, el sujeto fue detenido durante una diligencia de allanamiento y registro en zona urbana del municipio, que deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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En el lugar, que según la Policía Nacional de Colombia funcionaba como centro de almacenamiento, dosificación y distribución de estupefacientes, se logró también la incautación de 37 libras de marihuana hidropónica —equivalentes a 18.000 dosis—, valoradas en 300 millones de pesos.

De acuerdo con las investigaciones oficiales, alias Danielito contaba con más de once años de trayectoria criminal, donde no solo era buscado por el tráfico de estupefacientes en la zona, sino que estaba relacionado con homicidios ocurridos en 2025 y 2026.

“Esta persona estaría implicada en los homicidios de 2025, el 1 de diciembre, del señor Cristian Calero Rincón y el 31 de enero de 2026, del homicidio del señor Carlos Augusto Correa (...) Con esta captura se pone tras buen recaudo, gracias a la Fiscalía General de la Nación y a la información ciudadana y a nuestro equipo de policía judicial, esta captura tan importante en el municipio de Cerrito, Valle del Cauca”, manifestó la Brigadier General Sandra Liliana Rodríguez Castro comandante Departamento de Policía Valle del Cauca.

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar actos delictivos, por medio de las líneas telefónicas dispuestas para reportes con absoluta reserva.

“Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad de todos los vallecaucanos, especialmente de esta zona de nuestro departamento, y los invitamos nuevamente a los ciudadanos a denunciar e informar a las autoridades para poder seguir combatiendo este flagelo en el departamento”, indicó la oficial.

Por el momento, tanto el sujeto, como el material incautado, fue dejado a disposición de las autoridades competentes.

Incautan más de 300 kilos de marihuana en Caldas

La captura de alias Danielito se suma a otras acciones de la Policía Nacional para contrarrestar el accionar criminal de los grupos al margen de la ley en el territorio colombiano.

Entre ellos, se destaca la incautación de un cargamento de 380 kilos de marihuana en la vía Puente Libertad–Fresno, en el departamento de Caldas.

La operación, cuya magnitud quedó reflejada tanto en la cantidad de droga decomisada como en el impacto estimado en ingresos ilegales, fue posible gracias a los controles viales permanentes desplegados en corredores estratégicos por más de 5.000 miembros de la fuerza.

El hallazgo, efectuado durante una revisión rutinaria, desembocó en la detención de un hombre de 48 años, que conducía el camión en el que se transportaba el cargamento.

De acuerdo con el reporte oficial, los uniformados localizaron 332 paquetes de marihuana tipo “creepy”, distribuidos en 14 cajas ocultas en el vehículo. La droga fue interceptada antes de alcanzar su destino, evitando así su distribución en diferentes zonas del país y fortaleciendo las acciones institucionales contra el microtráfico y el crimen organizado.

“Continuaremos desplegando todas nuestras capacidades institucionales para combatir el tráfico de estupefacientes en las vías nacionales. Invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho sospechoso que permita anticiparnos al delito y seguir garantizando la seguridad y convivencia en el territorio”, confirmó el coronel Jair Alonso Parra Archilla, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía en Manizales, donde se realizarán los trámites para la judicialización correspondiente. La labor de la Policía Nacional se ha intensificado con la aplicación de controles estrictos tanto en corredores viales estratégicos como en áreas urbanas al interior del país.

Las acciones forman parte de una política sostenida para desarticular redes dedicadas al narcotráfico en todos sus niveles, desde rutas internacionales de envío de drogas como el caso de Putumayo, hasta la distribución local detectada en terminales de transporte.

Durante los procedimientos, el personal desplegado utiliza estrategias modernas de vigilancia y detección, incluidas la inspección asistida por tecnología y unidades caninas especializadas, reforzando la cooperación con la Fiscalía y el Ejército en intervenciones de mayor alcance.

Una operación de gran escala de la Guardia de Fronteras de Polonia logró la desarticulación de una red internacional que había captado y explotado a cientos de latinoamericanos —principalmente colombianos— mediante falsas ofertas de empleo, combinando trata de personas y blanqueo de capitales a través de un entramado de empresas fuera de la Unión Europea.

Según el reporte oficial, las víctimas arribaban al país europeo engañadas por promesas laborales legítimas y, una vez allí, eran sometidas a amenazas, violencia y condiciones irregulares, quedando bajo el control total de la organización criminal.

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El impacto de la operación revela la magnitud del esquema: hasta ahora, las autoridades han identificado a unas 50 personas víctimas directas de trata, aunque la investigación indica que podrían superar las 2.000, según los hallazgos preliminares difundidos por la Guardia de Fronteras y la Fiscalía de Polonia.

Las autoridades polacas hicieron especial hincapié en el riesgo creciente para migrantes latinoamericanos que buscan oportunidades laborales en Europa y pueden quedar atrapados por redes que aprovechan canales legales y grises para la captación y explotación.

Los organismos de control en Colombia y otros países de la región también han reactivado las alertas sobre el peligro de ofertas de trabajo no verificadas en destinos poco frecuentes y las consecuencias de caer en circuitos criminales transnacionales.

Detalles del operativo

Durante los allanamientos realizados en la región de Pomorskie (Polonia), la Guardia de Fronteras, junto con la Administración Nacional de Ingresos de Warmia y Mazury, incautaron efectivo, oro de inversión, piezas numismáticas y joyas por un monto cercano a 3,6 millones de zlotys (más de 3.000 millones de pesos colombianos).

En paralelo, fueron bloqueadas 28 cuentas bancarias en las que eposaban más de 3,8 millones de zlotys (cerca de 4.000 millones de pesos colombianos). Este movimiento financiero confirma el alcance del presunto esquema de blanqueo de capitales anclado en la explotación de migrantes vulnerables.

En total, el operativo incluyó 17 registros en domicilios y locales comerciales, además de la inspección de más de una docena de vehículos utilizados presuntamente para movilizar a las víctimas o a integrantes de la red. Entre los objetos confiscados se halló un objeto similar a un arma de fuego y pequeñas cantidades de droga.

Las investigaciones señalan que la organización criminal estaba integrada sobre todo por ciudadanos de Ucrania, Polonia y Uzbekistán y había empezado a ser rastreada desde 2024.

La estructura transnacional operaba mediante empresas registradas fuera de la Unión Europea, que les servían de fachada para captar a personas de países latinoamericanos, en su mayoría colombianos, con aparentes contratos legales como señuelo.

Como resultado de la operación, las fuerzas polacas detuvieron a ocho personas, de las cuales seis ingresaron a prisión preventiva por un periodo de tres meses. A los otros dos detenidos se les impusieron medidas de vigilancia policial, fianza inmobiliaria y la prohibición de abandonar el país.

El proceso penal permanece abierto y tanto la Fiscalía como la Guardia de Fronteras de Polonia subrayan que es probable que se produzcan nuevas detenciones y que se amplíen los cargos, a medida que se recolectan pruebas adicionales y se identifican nuevas víctimas

La magnitud del caso ha llevado a las autoridades colombianas a renovar las advertencias sobre el riesgo de aceptar ofertas laborales internacionales sin canales verificados.

En esta ocasión, la preocupación recae especialmente en la creciente vulnerabilidad de aquellos que buscan oportunidades fuera del país, pues podrían quedar atrapados en redes de explotación.

Ante el hallazgo y las cifras incautadas, la Administración Nacional de Ingresos de Warmia y Mazury resaltó que el operativo evidenció una actividad significativa de lavado de activos junto al tráfico de personas. La investigación, abierta desde 2024, busca desarticular por completo las distintas ramificaciones del grupo delincuencial.

Por el momento, la investigación en Polonia continúa mientras los procesos judiciales avanzan con los detenidos bajo medidas cautelares y ampliando la búsqueda de otras víctimas y posibles implicados.

Esta misión tenía como objetivo principal afectar a los cabecillas de una plataforma global dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, con nexos directos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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La acción, denominada Operación Imperio, se desarrolló en el marco de la Estrategia Institucional S2D y se considera un golpe de relevancia para la seguridad nacional e internacional, ya que los detenidos figuraban en la lista de los más buscados en 196 países.

Así fue la caída de ‘Katy’ y ‘César’

Entre los capturados figura César Pérez Serrano, conocido como “César”, identificado como el principal cabecilla de la estructura criminal. Pérez Serrano era requerido mediante notificación roja de Interpol por los delitos de asociación para delinquir, tráfico de estupefacientes y blanqueo de capitales.

Según los informes policiales, mantenía relaciones cercanas con estructuras del ELN que operan en la zona fronteriza de Arauca y Norte de Santander, facilitando corredores estratégicos para el envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

Desde Bucaramanga, “César” dirigía las operaciones logísticas y financieras de la red criminal, gestionando los recursos necesarios para la continuidad de las actividades ilícitas. Las autoridades señalan que sostenía un alto nivel de vida vinculado directamente a las rentas generadas por el narcotráfico.

Junto a él fue detenida Katiuska Pargas, alias Katy, solicitada en extradición por delitos de blanqueo de capitales. De acuerdo con la información oficial, “Katy” lideraba el componente financiero de la organización, encargándose del ocultamiento, administración y canalización de recursos ilícitos dentro del sistema financiero nacional.

Las autoridades consideraban la labor de “Katy” como fundamental para garantizar la continuidad y expansión de las actividades delictivas de la estructura, permitiendo la integración de fondos ilegales en circuitos económicos legales.

Durante la investigación previa y el trabajo de campo que adelantaron los uniformados de las unidades mencionadas, se identificaron los movimientos y alianzas de los cabecillas; de la misma forma, se documentó la manera en que la organización utilizaba la frontera entre Colombia y Venezuela para dinamizar sus actividades.

De acuerdo con las autoridades colombianas, esta plataforma criminal extendía su influencia más allá de las fronteras, articulando rutas internacionales para el tráfico de drogas y el lavado de dinero en Centroamérica y otras naciones de América del Sur.

Para las autoridades, la detención de “César” y “Katy” representa un golpe directo a las finanzas del narcotráfico y al debilitamiento de estructuras asociadas al ELN, consideradas prioritarias en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

“La acción coordinada entre la Policía Nacional, Ameripol e Interpol Venezuela refuerza la capacidad de las instituciones colombianas y regionales para impactar nodos críticos de redes criminales y contribuir a la protección de la seguridad nacional e internacional”, se lee en el comunicado oficial.

Autoridades en Colombia resaltaron la importancia de los criminales capturados, que han sido señalados de representar el cambio del organigrama criminal y el poder de las rutas del narcotráfico que se han registrado en los últimos años.

Las autoridades señalaron que la captura de “César” y “Katy” representa un avance en el desmantelamiento de redes transnacionales dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos conexos. La investigación permanecerá abierta para identificar a otros miembros de la organización y posibles vínculos con estructuras criminales en el exterior.

A finales de enero de 2026 se confirmó la muerte de José Gonzalo Sánchez Sánchez, conocido como alias Gonzalito, señalado como uno de los máximos cabecillas del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Según los reportes oficiales, el subversivo había fallecido por ahogamiento, luego de que su embarcación se volcara en el río Esmeraldas, zona rural del municipio de Tierralta, departamento de Córdoba.

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No obstante, se ha conocido que, antes del accidente fluvial que derivó en la muerte del líder del grupo armado, un integrante se habría contactado con las autoridades para brindar información que hubiera derivado en la captura del segundo al mando del Clan del Golfo.

En una comunicación revelada por Noticias Uno, se escucha a un agente de inteligencia de la Policía Nacional conversando con José Gregorio Demoya Hernández, alias Chirimoya (abatido en un operativo militar en abril de 2025), donde le advirtió sobre el subversivo que estaría detrás del plan contra la posible detención de “Gonzalito”.

“¿Quiere saber quién es el que iba a entregar al señor Gonzalito? (..) porque el man, teniendo el equipo, alcanzó a ir a donde el señor Gonzalito. Entonces, para que sepan, aquí lo tengo anotado”, expresó el uniformado infiltrado en la organización armada en la conversación telefónica revelada por el citado medio de comunicación.

El supuesto hombre que estaría detrás de la captura de Sánchez era alias El Paisa quien, según el agente de inteligencia, describió la estrategia que utilizaron para su reclutamiento en el Clan del Golfo y así obligarlo a convertirse en informante de las autoridades.

“Alias el Paisa, el man es de Medellín, es de mucha confianza del señor, y ahorita le vio un cargo importante. Y ese man están esperando para volverlo a contactar y ese man puede entregar un componente armado, una subestructura completa (...) a él le dijeron: ‘Yo sé que usted es alias el Paisa, yo sé que usted habla con Gonzalito, le tengo una orden de captura por esto’ y él dijo: ‘Listo. Está bien, hermano, no me perjudique. Yo trabajo’”, manifestó el agente.

Así mismo, indicó que el informante tenía en su poder un Power bank, una herramienta con la que estarían enviando la ubicación de ‘Gonzalito’. “A mí me mostraron la gráfica, no me la quisieron pasar. Todos los reportes que hice estaban así. En el momento que llegó y llegó donde el señor Gonzalito, sí, sí, y volvió y retornó. Pero el man lo iba a entregar. Y ese hijueputa lo tienes que pelar (sic). Ese sí te lo digo así”, expresó.

Incluso, reveló que, dentro del esquema de seguridad que tenía alias Gonzalito, el informante había intentado que uno de ellos lo traicionara.

“El señor Gonzalito tiene un anillo de seguridad de once personas. Entre esas personas hay tres hermanas que se llaman Isabela, Leidy y Camila. Van a acercársele a la familia, tratar de convencerla que como sea, que entreguen a este señor y que la saquen a la familia”, sostuvo.

El reemplazo de ‘Gonzalito’

La repentina muerte de alias Gonzalito deja abierta la incógnita sobre el relevo en la dirección de las operaciones del grupo y reconfigura el mapa interno de poder, especialmente en lo referente al control de las finanzas y la expansión territorial.

No obstante, días posteriores al fallecimiento de Jose Gonzalo Sánchez Sanchez, el 7 de febrero, la dirección estratégica del grupo, conocida como estado mayor conjunto, apareció en un video anunciando renovaciones clave en su cúpula.

En la grabación, se observó la inclusión de nuevos cabecillas, con prontuarios vinculados a acciones armadas y narcotráfico en distintos departamentos, lo que exhibe la vigencia operativa del grupo armado más numeroso del país, con cerca de 9.000 integrantes, según fuentes policiales citadas por El Colombiano.

Durante dicha aparición, Luis Armando Pérez Castañeda, alias Bruno o Jerónimo, se identificó como vocero político y confirmó la designación de Orosman Orlando Ostén Blanco, alias Rodrigo Flechas, como subcomandante.

Esta decisión desplazó su antiguo lugar como tercero en la línea de sucesión. Elkin Posada Casarrubia, alias El Cura o Joaquín, ascendió a la tercera posición de la jerarquía.

Tanto ‘Bruno’, ‘Rodrigo Flechas’ como ‘El Cura’ cuentan con suspensión de sus órdenes de captura dado su papel como gestores de paz en los diálogos con representantes del Gobierno colombiano en Doha, Catar.

Frente al primer subversivo, alias Rodrigo Flechas es reconocido como hombre de confianza de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, máximo jefe del EGC, quien ha desempeñado roles clave en Urabá antioqueño y coordina el tráfico de estupefacientes.

Su historial incluye desmovilización del Bloque Córdoba de las Autodefensas Unidas de Colombia en 2005 y una década en la clandestinidad, hasta ser identificado en 2019 como cabecilla de la subestructura Juan de Dios Úsuga, en Urabá. Hacia 2022 se le asignó la coordinación del narcotráfico, una de las áreas neurálgicas del grupo. En 2023 logró la promoción al Estado Mayor, extendiendo su control sobre zonas de Sucre colindantes con Córdoba, Bolívar y Antioquia, en particular en el corredor estratégico del Bajo Cauca.

En el caso de ‘Richard’, ocupa el cuarto lugar en la cúpula, tras haber dirigido el Bloque Central Urabá, integrado por más de 1.000 hombres. Este cabecilla abandonó las extintas Farc en 2012 para integrarse al Clan del Golfo. Se le atribuyen diversos atentados contra la Policía en el occidente de Antioquia, además de ataques a la empresa minera Continental Gold entre 2016 y 2018.

En cuanto a ’Flaco Monseñor’, su trayectoria al frente del frente Pablo Montalvo en Chocó registra antecedentes en disputas armadas, especialmente frente a las confrontaciones contra el ELN en la región, lo que consolidó su experiencia en combate.

Tropas del Ejército Nacional y la Policía de Nariño reportaron la detención de Luis Alberto Villota Rodríguez, conocido con el alias de Tito, considerado el tercero al mando del Frente Comuneros del Sur, facción que se separó del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Según el reporte entregado por la institución castrense a Blu Radio, la captura se produjo en el corregimiento de Corea de Remolinos, zona rural del municipio de Taminango (Nariño, sur occidente de Colombia).

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Este sujeto, según la información militar, cuenta con una circular azul de Interpol en su contra y enfrenta investigaciones por secuestro, abuso, tortura y el asesinato de la mujer Jenith Andrea Rodríguez, destacada líder juvenil del corregimiento de Madrigal, en el municipio de Policarpa.

Frente a este caso, las autoridades señalaron que se vincula a disputas dentro del entramado ilegal. Líderes sociales y comunidades de la región denunciaron que, según versiones iniciales, la joven habría sido asesinada por mantener una relación sentimental con un miembro del frente Franco Benavides, vinculado a disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Este contexto revela la presencia de conflictos internos que alcanzan a líderes comunitarios y generan preocupaciones sobre la protección de defensores de derechos humanos en la región.

Además, Villota Rodríguez hace parte del equipo negociador del frente guerrillero, que actualmente se encuentra en una mesa de negociación de paz con el Gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro.

La Fiscalía suspendió cualquier consideración de inmunidad, aunque este sujeto cuenta con su condición de gestor de paz, hecho que genera tensiones en los avances de diálogo con organizaciones al margen de la ley.

Tras su detención, el hombre fue trasladado directamente a las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) en Pasto, capital del departamento nariñense, mientras avanza con la judicialización correspondiente.

Las autoridades evaluarán su situación jurídica, mientras crecen los interrogantes sobre la continuidad de los diálogos de paz en los que participa el frente Comuneros del Sur ante la captura de uno de sus cabecillas autorizados. Desde la Consejería Comisionada de Paz no se ha conocido ningún pronunciamiento al respecto.

Gestores de paz de los Comuneros del Sur

Recientemente, se conoció un documento en la que el Ejecutivo extendió el permiso para que nueve cabecillas de los Comuneros del Sur mantuvieran su calidad como gestores de paz para avanzar en el proceso de paz que se desarrolla en el sur occidente colombiano, que estará vigente hasta el mes de agosto de 2026 .

Entre los nueve designados bajo esta figura, contemplada en la resolución 043 del 6 de febrero de 2026, se encuentra Luis Alberto Villota Rodríguez.

Además de alias Tito, la lista incluye a Ana Milena García Leiton, alias Sonia, condenada a 40 años de prisión por el secuestro de una familia en Jamundí, Valle del Cauca.

Del mismo modo, se encuentran Jaime Edilson Rodríguez Moreano, alias Yovany, vinculado a redes de narcotráfico en Ecuador; Ómar Robinson Vallejo España, acusado del homicidio de dos policías en Nariño; y Édgar Humberto Restrepo Benjumea, conocido como Mono Clinton, jefe del frente urbano del ELN.

Completan el grupo Diego Fernando García, Jesús Andrés Cabezas, Yumer Arley Guerrero Castilla y Carlos Jhon Cabrera Ruales. Todos participan en las mesas de negociación con los Comuneros del Sur, donde su función consiste en organizar el proceso y promover iniciativas humanitarias.

De acuerdo con las autoridades, algunos de los designados enfrentan procesos o condenas por secuestros, atentados y homicidios contra miembros de la fuerza pública, así como sospechas de vínculo activo con estructuras delictivas del ELN.

El documento oficial establece que los gestores de paz deben aportar su conocimiento y experiencia al proceso. “El Gobierno nacional podrá, en cualquier momento, retirar la designación como gestores de paz de que trata el artículo anterior y, en consecuencia, solicitar la reactivación de las medidas penales ordinarias”, se lee en el oficio.

La resolución gubernamental exige que todos los gestores de paz suscriban compromisos formales. Deben comparecer ante la justicia cuando sean citados, documentar su participación y cumplir condiciones excepcionales, temporales y territoriales, anotadas en los respectivos planes de trabajo.

Respecto al alcance de estos nombramientos, el presidente Gustavo Petro ha dejado claro que la figura de “gestores de paz” no constituye un indulto automático. Su intención es que quienes tengan poder en los territorios y conozcan la realidad armada contribuyan activamente a los procesos de diálogo y reconciliación, priorizando la construcción de paz en el periodo restante de su mandato.

La captura de Mario Roberto Flores, identificado también como Alexis Flores, por parte de las autoridades hondureñas ha desbloqueado un proceso judicial que puede llevarlo a comparecer ante la justicia de Estados Unidos por el secuestro, abuso sexual y asesinato de una niña de cinco años en el año 2000.

La audiencia inicial que analizará la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos ha sido programada para el 16 de marzo. En esa instancia judicial, un juez hondureño examinará la documentación remitida desde el país requirente y decidirá si el trámite avanza conforme a los tratados internacionales y las leyes nacionales. Si la extradición prospera, Mario Roberto Flores quedaría a disponibilidad del Tribunal Municipal de Filadelfia para dar inicio al proceso penal. Mientras tanto, las autoridades estadounidenses aguardan la decisión en Tegucigalpa.

El expediente señala que los delitos atribuidos al acusado se registraron el 29 de julio de 2000, día en que se denunció la desaparición de una menor. Cinco días después, el cuerpo de la víctima fue hallado envuelto en bolsas de plástico, con señales de violencia sexual confirmadas en el informe forense. Desde la comisión del crimen, se emitió una orden de captura que marcó la pauta para el desarrollo de la investigación durante más de dos décadas.

En 2017, el FBI incluyó a Flores en su lista de los diez fugitivos más buscados nacional e internacionalmente, consolidando así una búsqueda sostenida por agencias de diferentes jurisdicciones. La inclusión expuso su imagen y datos personales en plataformas de seguridad globales y fue acompañada por una recompensa de 250 mil dólares para quien aportara información conducente a su arrestO.

La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, a través de sus redes sociales, manifestó su agradecimiento a las autoridades hondureñas. El mensaje oficial subrayó la colaboración entre la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), el FBI y la Oficina de Asuntos Internacionales de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), dependiente del Departamento de Estado. Según la Embajada, el trabajo conjunto fortalece la seguridad tanto en Honduras como en Estados Unidos.

El arresto se concretó en una zona montañosa de Lempira, al occidente de Honduras. El operativo fue desplegado con el objetivo de ejecutar la orden de captura internacional. Hasta el momento, las autoridades no han precisado durante cuánto tiempo permaneció el acusado en territorio hondureño ni las circunstancias que facilitaron su ubicación. Tampoco se ha comunicado si Flores utilizaba otra identidad o si fue advertido previamente por las fuerzas de seguridad locale

Tras la detención, Flores quedó a disposición judicial, a la espera del desarrollo formal del proceso de extradición. Conforme a los procedimientos de Honduras, el juez de la causa verificará si la solicitud estadounidense cumple los requisitos legales y si los delitos imputados por Pensilvania encuentran equivalencia en el marco jurídico hondureño. El procedimiento podría escalar a instancias superiores antes de una eventual autorización de entrega definitiva.

Epal acusado será trasladado a Estados Unidos para ser juzgado bajo el sistema penal de ese país, específicamente en el estado de Pensilvania. El caso permaneció abierto por más de veinte años gracias a la cooperación internacional y la persistencia de la búsqueda.

La detención de Flores constituye un avance relevante en un expediente judicial que conmocionó a las autoridades de ambos países. A medida que se aproxime la audiencia de extradición, Honduras y Estados Unidos mantendrán estrecha vigilancia sobre los próximos pasos del proceso.

Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Carlos Eduardo Caro Herrera por el asesinato y desmembramiento de su jefe en un taller de carpintería en Sibaté, Cundinamarca.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la disputa entre ambos hombres comenzó por el pago incompleto de un trabajo contratado, desencadenando una secuencia de violencia extrema que terminó con el homicidio y el posterior abandono del cuerpo en una zona rural de Soacha.

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Según la investigación adelantada por el ente acusatorio, los hechos tuvieron lugar la madrugada del 17 de diciembre de 2025, donde revelaron que una discusión relacionada con la elaboración pendiente de unas puertas y el pago parcial de ese encargo fue el detonante.

La situación, que inició como una confrontación verbal, escaló rápidamente: el agresor atacó a la víctima con un objeto contundente y un cuchillo, según precisó la Fiscalía durante la imputación de cargos.

El ente acusador describió cómo, una vez perpetrado el crimen, Caro Herrera descuartizó a su jefe utilizando herramientas del propio taller.

Posteriormente, dispuso las extremidades inferiores en una bolsa y las transportó hasta la vereda Alto del Cabra, en Soacha, donde las abandonó. Durante las audiencias de medida de aseguramiento, el organismo judicial explicó que el procesado pretendía deshacerse de la evidencia y eludir la acción de la justicia.

El hallazgo de los restos ocurrió el 18 de diciembre, cuando las autoridades encontraron el cuerpo de la víctima atado, envuelto en una cobija y dentro de una bolsa plástica, según informó la Fiscalía. La escena provocó conmoción entre los vecinos y condujo a una operación de allanamiento a cargo de la Policía Nacional, que concluyó con la detención de Caro Herrera en la capital colombiana.

Durante la investigación del caso, la Fiscalía reveló que Caro Herrera también se apoderó de varios bienes de la víctima, incluidos una motocicleta, dinero en efectivo, un teléfono celular, un morral con herramientas y objetos personales. El ahora detenido habría vendido estos artículos en Bogotá tras abandonar los restos.

El proceso judicial avanzó de manera expedita porque Caro Herrera aceptó su responsabilidad por los delitos imputados fueron homicidio agravado y hurto calificado de forma libre y voluntaria ante el juez de control de garantías.

A prisión padre e hijos acusados del homicidio de un joven en Soacha

De otro lado, tres integrantes de una familia —un padre y sus dos hijos— permanecerán en una cárcel en Bogotá tras ser acusados por el homicidio de un joven en el municipio de Soacha (Cundinamarca), cometido durante una confrontación derivada de una deuda por servicios mecánicos de motocicleta.

La víctima, Santiago Torres de Ossa, de 19 años, falleció en abril de 2025 en su vivienda del conjunto residencial Terra Grande del municipio cercano a Bogotá.

Los informes de la Fiscalía revelan que John Jairo Medina Molina y sus hijos, Jhoan Esteban y Andrés Fabián Medina Sendales, acudieron directamente al domicilio de Torres de Ossa para reclamarle 60.000 pesos correspondientes a una reparación mecánica. La discusión inicial, marcada por intercambios verbales, escaló repentinamente a violencia física.

Los agresores, de acuerdo con el reporte oficial, emplearon armas cortopunzantes con las que infligieron heridas graves a la víctima en el brazo derecho y el pecho. Santiago Torres de Ossa fue trasladado al hospital, pero llegó sin signos vitales, confirmando su fallecimiento minutos después.

Durante la audiencia de imputación, los tres señalados no admitieron los cargos. Pese a ello, el juez de control de garantías dictó la medida de aseguramiento intramural al considerar válidos los elementos presentados por la Fiscalía para justificar su reclusión preventiva.

El fallo judicial tiene como telón de fondo la reiteración de la Fiscalía Seccional Cundinamarca sobre su compromiso para esclarecer el caso y garantizar justicia para la familia de la víctima. Las investigaciones, detallan los documentos oficiales, permitieron la identificación y captura de los presuntos responsables, quienes deberán responder por su actuación en el homicidio.

El medio especializado Insight Crime publicó un informe en el que destacó las principales capturas que se registraron en Latinoamérica durante 2025, mencionando a figuras del crimen organizado como “Fito”, líder de Los Choneros en Ecuador.

El especial incluyó la detención de Geovany Andrés Rojas, más conocido como “Araña”, uno de los líderes de los Comandos de la Frontera, grupo armado que negocia la paz con el Gobierno Petro en Colombia.

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En el documento recordaron que “Araña” fue capturado el 12 de febrero de 2025 tras una conferencia de prensa en el hotel Marriott de Bogotá, en donde se entregó un balance de la tercera ronda de negociaciones del grupo armado mencionado y el Gobierno nacional.

Los detalles de la captura de “Araña”

En primer lugar, se mencionó el escándalo nacional que se registró tras la captura del cabecilla de los Comandos de la Frontera, lo que fue cuestionado por los otros voceros de la estructura criminal, que afirmaron que el Gobierno Petro había prometido suspender las órdenes de arresto de los que hicieran parte de la mesa de negociación.

De manera oficial, se confirmó que la detención de Rojas se debió a la orden de captura con circular roja de la Interpol que solicitó Estados Unidos, lo que no es tenido en cuenta en la suspensión que habilitó el Estado colombiano en ese momento.

Respecto al historial delictivo de “Araña”, se destaca que fue parte de un grupo paramilitar hasta que decidió conformar una facción independiente con disidentes de las Farc-EP.

Los primeros informes sobre los Comandos de la Frontera se registraron en 2017; en estos se mencionó a “Araña” como máximo comandante tras la muerte de los otros cabecillas que tenía el grupo armado.

El escándalo que se mantiene en Colombia en torno a la extradición de “Araña”

A pesar de que una corte federal del Distrito Sur de California acusa a “Araña” de varios crímenes, como tráfico de cocaína y narcoterrorismo, y Estados Unidos ha pedido la extradición del criminal en más de una ocasión, el Gobierno Petro anunció que se suspendió este trámite para garantizar el aporte de Rojas en el proceso de paz.

El Gobierno nacional anunció que el cabecilla de los Comandos de la Frontera será entregado a las autoridades norteamericanas cuando deje de participar activamente en las negociaciones, y que esta decisión está amparada por la Ley 2272 de 2022, que regula las políticas de paz.

Cabe recordar que la norma mencionada exige garantías para que los que estén vinculados a un proceso de paz no sean sometidos a presuntas torturas, desaparición forzada ni penas inhumanas.

La decisión generó un fuerte debate político y jurídico sobre el alcance de la paz total y la coordinación entre instituciones del Estado. Se presentaron denuncias contra el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, por presunto abuso de autoridad al intentar frenar la captura. También surgieron críticas sobre la seguridad jurídica para quienes negocian con el Gobierno y la tensión entre los compromisos internacionales de Colombia y la política interna de paz.

Desde entonces, “Araña” se mantiene recluido en una prisión, mientras que el presidente Gustavo Petro se ha referido en diferentes ocasiones a la posibilidad de que termine siendo extraditado.

Otros criminales mencionados en el informe del medio citado fueron: Aler Samayoa Recinos “Chicharra” (México), Dritan Gjika “Tony” (Ecuador), Wilmer Chavarría Barré “Pipo” (Ecuador), José Adolfo Macías Villamar “Fito” (Ecuador) y Celso Gamboa Sánchez; este último es uno de los más mencionados en la región debido a que en su momento fue ministro de Seguridad en Costa Rica.

Las autoridades de Ecuador calificaron como un “objetivo de alto valor” la captura y posterior entrega a Colombia de Edisson Ferney Torres Bonilla, presunto integrante del grupo delincuencial Los de la Frontera.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, informó que Edisson Ferney Torres Bonilla tiene una orden de captura en Colombia por presunta desaparición forzada y hurto.

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“Capturado objetivo de alto valor colombiano. Edisson Ferney Torres Bonilla, identificado como miembro activo del grupo delictivo Los de la Frontera, tiene una orden de captura vigente en Colombia por desaparición forzada agravada y hurto calificado y agravado”, señaló el funcionario ecuatoriano a través de su cuenta de X.

Torres Bonilla fue localizado y detenido por la Policía Nacional de Ecuador en Tulcán, capital de Carchi, zona fronteriza con Colombia.

John Reimberg indicó que el presunto integrante de Los de la Frontera fue entregado en el puente internacional de Rumichaca, que conecta Ecuador con el departamento colombiano de Nariño.

“Este sujeto fue localizado y capturado por la Policía Nacional del Ecuador en Tulcán y fue entregado a las autoridades colombianas en el puente internacional Rumichaca para el proceso pertinente en ese país”, expresó John Reimberg.

El ministro del Interior de Ecuador señaló que “no hay escondite para ningún delincuente, venga de donde venga”, motivo por el cual expresó que seguirán trabajando para más capturas.

La reciente detención y entrega ocurren en el contexto de una disputa comercial entre Ecuador y Colombia. Este conflicto comenzó el 21 de enero, cuando el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, impuso un arancel del 30% a productos colombianos. Según Noboa, la medida respondió a la supuesta falta de cooperación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico en la zona limítrofe.

Como reacción, Colombia aplicó un arancel equivalente a más de medio centenar de productos ecuatorianos y, además, interrumpió el suministro eléctrico hacia Ecuador.

A modo de represalia, el Gobierno ecuatoriano incrementó la tarifa de transporte de petróleo para la estatal colombiana Ecopetrol, elevando el costo de 3 a 30 dólares por el uso de uno de los principales oleoductos.

El viernes, las cancilleres de Ecuador y Colombia, Gabriela Sommerfeld y Rosa Villavicencio, respectivamente, se reunieron en Quito junto a otros ministros. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, los aranceles se mantendrán vigentes hasta que ambos países alcancen un acuerdo sobre temas como la seguridad en la frontera.

“El encuentro contó con la participación de una amplia delegación colombiana integrada por el Ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez Suárez; los viceministros de Relaciones Exteriores, de Comercio, Industria y Turismo, de Justicia y del Derecho; así como altos funcionarios del Ministerio de Minas y Energía y de Ecopetrol”, informó la Cancillería de Colombia.

Uno de los ejes centrales de la reunión fue la seguridad en la zona de frontera, con especial énfasis en el fortalecimiento de la cooperación bilateral para enfrentar el crimen organizado transnacional. En este contexto, el ministro de Defensa de Colombia expuso las acciones que se vienen adelantando contra el narcotráfico, cuyos resultados han sido más contundentes que en años anteriores.

De igual forma, el ministro explicó que se ha priorizado la zona de frontera con el Ecuador aumentando las capacidades de la fuerza pública para ser más efectivos contra la producción, tráfico y comercialización de cocaína. Asimismo, el ministro enfatizó en la relevancia de contar con la cooperación de las autoridades del Ecuador para garantizar la seguridad fronteriza y lucha contra crimen transnacional con especial énfasis en el narcotráfico.

Desde 2024, Ecuador se encuentra bajo un estado de “conflicto armado interno”, declarado por Noboa para combatir a las organizaciones criminales, consideradas ahora como terroristas. Sin embargo, esta estrategia no se ha traducido en una reducción de la violencia, ya que en 2025 el país registró 9.216 homicidios, la cifra más alta hasta la fecha.

Más de 500 kilos de carne en mal estado fueron incautados por la Policía Antioquia en una vereda del municipio San Pedro de los Milagros, al norte del departamento, tras sorprender a tres hombres mientras manipulaban el producto presuntamente con el fin de adecuarlo y distribuirlo en carnicerías del Valle de Aburrá.

Según informó la Policía del departamento, el operativo se realizó luego de recibir alertas de la comunidad sobre movimientos sospechosos en la zona.

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La intervención estuvo a cargo del Grupo de Carabineros de la Policía, que halló a los implicados manipulando carne de res y cerdo fuera de las condiciones sanitarias necesarias para el consumo humano.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, ninguno de los detenidos pudo explicar el origen ni el destino final de la carne, lo que motivó la captura y la apertura de un proceso judicial por los delitos de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, conforme al artículo 372 del Código Penal.

Según el reporte, “las acciones de control que permitieron la incautación de 14 bovinos, 40 cerdos y la inmovilización de 1 vehículo en San Jerónimo, así como la captura de 3 personas por corrupción de alimentos y la incautación de 500 kg de carne bovina”.

Las autoridades precisaron que la carne decomisada quedó a disposición de los organismos competentes, que investigarán el tiempo que llevaba descompuesta y los productos utilizados para tratar de mejorar su aspecto antes de la venta.

La Policía adicionalmente advirtió la existencia de un mercado negro de cárnicos en el Valle de Aburrá, donde parte de estos productos podrían terminar en puntos de venta al público.

No es la primera vez que se presenta un caso similar en San Pedro de los Milagros. En febrero del 2025, se incautaron otras tres toneladas de carne sin cumplir con las normas sanitarias, almacenadas en condiciones precarias en una vivienda del municipio.

Ante estos hechos, las autoridades anunciaron que reforzarán los controles en carnicerías del área metropolitana para identificar posibles lotes irregulares.

Igualmente, se emitieron recomendaciones a la población para reducir el riesgo de adquirir productos cárnicos en mal estado. Entre ellas, se destaca la importancia de verificar que la carne presente un color brillante y uniforme —rojo para la de res, rosado para cerdo y blanco o rosado pálido para pollo—, textura firme y elástica, y un olor suave y fresco.

La presencia de aromas agrios, textura viscosa o exceso de líquido son señales de alerta para evitar su consumo.

La policía cerró un centro clandestino de carne ilegal en barrio San Benito de Bogotá

En agosto de 2025, las autoridades informaron el resultado de un operativo en el barrio San Benito, en el sur de Bogotá, que llevó al cierre de una vivienda de tres pisos que funcionaba como centro clandestino para el procesamiento y venta de carne ilegal en condiciones insalubres.

Durante la inspección, la Alcaldía Local de Tunjuelito, junto a la Secretaría Distrital de Ambiente, la Secretaría de Salud y la Policía Nacional, halló restos de animales y carne en avanzado estado de descomposición, además de grandes cantidades de sangre acumulada, todo almacenado sin ningún tipo de refrigeración ni saneamiento.

El hallazgo incluyó el descubrimiento de “mota”, un subproducto cárnico originado en curtiembres, que era distribuido en el mercado local para la elaboración de embutidos.

Las investigaciones preliminares concluyeron que la vivienda no contaba con licencia, control sanitario ni documentación legal, lo que derivó en el sellamiento inmediato del inmueble y la captura de cuatro personas, quienes podrían afrontar penas de entre 5 y 12 años de prisión conforme al artículo 372 del Código Penal.

Los residuos de sangre y desechos animales eran vertidos directamente al río Tunjuelito, lo que agrava la crisis ambiental e hídrica de la capital. Este material es utilizado en embutidos y otros productos de bajo costo que se comercializan en mercados informales y puestos callejeros, donde puede encontrarse por precios entre $900 y $1.500 la libra.

De acuerdo con autoridades sanitarias, la presencia de este producto, cuyo consumo está prohibido por los elevados riesgos de intoxicaciones e infecciones, responde a la alta demanda motivada por su bajo costo.

Este miércoles 4 de febrero de 2026 el empresario colombiano Alex Saab habría sido capturado en Venezuela.

Según información difunda por medios de comunicación, el empresario colombiano, que hace dos semanas se desempeñaba como ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela, habría sido capturado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela

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Caracol Radio confirmó la posible captura de Alex Saab a través de fuentes de inteligencia militar para confirmar la captura de Saab.

Según el citado medio de comunicación, Alex Saab presuntamente fue detenido durante una operación conjunta con el FBI realizada en Venezuela hacia las 2:30 a. m. de este miércoles 4 de febrero.

El empresario barranquillero, señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro, capturado el 3 de enero de 2026 por Estados Unidos, podría ser extraditado al país norteamericano.

Caracol Radio señaló que en el mismo operativo fue detenido el empresario Raúl Gorrín.

Sin embargo, el periodista Davirson Rojas Sánchez informó que Karen Méndez y Pedro Carvajalino, integrantes de Venezuela News, portal vinculado a Alex Saab, negaron que Saab se encuentre bajo detención.

Según Noticias Caracol, el Servicio Bolivariano de Inteligencia confirmó la captura de Álex Saab en Venezuela y mantiene su custodia.

El citado medio precisó que no se descarta la posibilidad de que el empresario sea extraditado a Estados Unidos. Saab, de nacionalidad colombiana, estuvo previamente privado de libertad por cargos de lavado de activos.

El detenido ha sido señalado por desarrollar actividades empresariales vinculadas al chavismo y es considerado uno de los principales operadores financieros cercanos al gobierno de Nicolás Maduro.

Las autoridades venezolanas no han ofrecido información oficial sobre la presunta detención de Alex Saab y Raúl Gorrín.

Quién es Alex Saab

La trayectoria de Alex Saab ha sido objeto de múltiples procesos legales en América y Europa, donde su nombre aparece vinculado a operaciones financieras y comerciales con entidades oficiales de Venezuela.

Alex Saab nació en Barranquilla, Colombia, en 1971. Desde mediados de la década de 2000, consolidó su posición como empresario mediante la creación de sociedades dedicadas a la exportación e importación.

De acuerdo con documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Saab se asoció con diversas entidades públicas venezolanas, principalmente en proyectos destinados a la construcción de viviendas sociales y la provisión de alimentos subsidiados a través del programa CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción).

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos determinó que Saab y su red establecieron contratos millonarios con el gobierno venezolano para la venta de productos, a menudo a precios inflados.

Estas operaciones incluyeron la utilización de empresas pantalla y movimientos financieros entre varias jurisdicciones, según los informes oficiales publicados en 2019 y 2021 por el organismo estadounidense.

Las actuaciones judiciales en ese país incluyeron el embargo de bienes y la emisión de una circular roja de Interpol. En mayo de 2024, un tribunal colombiano lo absolvió de esos cargos, pero la Fiscalía apeló la decisión.

En junio de 2020, Saab fue arrestado en Cabo Verde a petición de la justicia estadounidense, que lo acusó de canalizar más de 350 millones de dólares a cuentas en el extranjero, fondos relacionados con contratos públicos venezolanos. La extradición a Estados Unidos se concretó en octubre de 2021, donde enfrenta cargos federales por conspiración para lavado de dinero y fraude.

El gobierno de Joe Biden hizo un intercambio de presos con el régimen de Nicolás Maduro, hecho que fue criticado por diferentes sectores.

De acuerdo con la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Florida, Saab habría falsificado documentos y utilizado intermediarios para facilitar transferencias internacionales de fondos públicos.

La defensa de Saab ha sostenido ante distintas instancias judiciales que actuó como enviado especial del gobierno de Venezuela y que su detención violó disposiciones internacionales sobre inmunidad diplomática. El gobierno venezolano lo nombró representante ante la Unión Africana en 2020, argumento que no fue reconocido por las autoridades de Cabo Verde ni por los tribunales de Estados Unidos.

El ministro Sánchez calificó la detención de “Pitufo” o “Marquetalia” como un “golpe al narcoterrorismo” de la región, registrado en Puerto Asís, en el Putumayo.

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El jefe de la cartera de la defensa mencionó que “Pitufo” es mencionado en informes de inteligencia como cabecilla financiero del grupo criminal comandado por “Araña”, que ha sido noticia en Colombia por su rol como gestor de paz y posterior captura durante la actual administración.

De la misma forma, Pedro Sánchez aseguró que el resultado de la operación fue posible gracias al trabajo en conjunto entre las Fuerzas Militares con la DEA, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

En la publicación, el ministro de Defensa mencionó que con este resultado se sigue “demostrando la efectividad de la cooperación internacional contra el narcotráfico y el terrorismo”.

De la misma forma, mencionó que “Pitufo” tiene una orden de captura con circular roja emitida desde Estados Unidos, en donde se le culpa de los delitos de conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera

“Controlaba el cultivo, procesamiento y comercialización de cocaína, y coordinaba rutas del narcotráfico con carteles en Ecuador y Perú. Con una trayectoria criminal de más de 17 años, este sujeto tenía una alta capacidad para afectar la seguridad fronteriza y dinamizar las finanzas criminales”, escribió el ministro Sánchez.

Por último, mencionó que a este peligroso criminal se le atribuye la planeación de un atentado terrorista en el que fueron asesinados un suboficial y dos infantes de la marina en 2011. Por lo que la detención de “Pitufo” es un golpe que afecta directamente las economías ilícitas y debilita de manera significativa a las estructuras armadas ilegales.

¿Qué son los Comandos Frontera?

Los Comandos de la Frontera (CDF) son una organización armada ilegal que opera en el sur de Colombia, principalmente en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Amazonas y Nariño, zonas clave para el narcotráfico y otras economías ilícitas.

Este grupo surgió de la unión de disidencias de las FARC y estructuras como “La Constru”, tras la desmovilización de las Farc-EP. Su principal actividad es el control de cultivos de coca, laboratorios de procesamiento y rutas de tráfico de drogas hacia Ecuador, Brasil, México y Estados Unidos. También participan en minería ilegal y extorsión a la población local.

El liderazgo de los Comandos de la Frontera está a cargo de Giovanny Andrés Rojas, conocido como alias “Araña”. Aunque fue capturado en 2025 durante una negociación de paz y permanece en la cárcel La Picota de Bogotá, sigue identificado como el principal cabecilla. Estados Unidos ha solicitado su extradición por tráfico de estupefacientes, pero su proceso legal se encuentra en debate debido a su rol como negociador de paz.

Los Comandos de la Frontera ejercen un control territorial rígido en las zonas bajo su influencia. Imponen toques de queda, realizan retenes, cobran extorsiones y regulan la vida comunitaria, afectando a campesinos, indígenas y autoridades locales. También han sido señalados como responsables de amenazas y ataques a líderes sociales. La organización ha consolidado alianzas con otros grupos criminales en la región amazónica, lo que refuerza su capacidad de operar en varias fronteras y mantener una estructura armada de cientos de hombres bien armados y financiados por actividades ilícitas.

Un ciudadano extranjero, originario de Guyana y buscado en Argentina por intento de homicidio, fue capturado por las autoridades en un apartamento de renta corta en el centro de Medellín.

Según el reporte entregado por Migración Colombia, el hombre se había ocultado desde noviembre de 2025 en el barrio La Candelaria de la comuna 10 de la capital del departamento de Antioquia, hasta que fue ubicado y detenido en un operativo conjunto de Migración Colombia y uniformados de la Policía Nacional e Interpol.

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De acuerdo con la investigación, los hechos por los que está involucrado este sujeto ocurrieron el 31 de octubre de 2025 en Buenos Aires (Argentina), donde la víctima resultó gravemente herida en el ataque perpetrado por el ciudadano extranjero.

El implicado abandonó Argentina el 1 de noviembre y viajó inmediatamente a Medellín en un vuelo comercial, logrando ingresar a Colombia sin que las autoridades migratorias detectaran su estatus.

Durante aproximadamente tres meses, el prófugo permaneció en el mismo alojamiento de corta estancia en el centro de la ciudad.

No obstante, el 13 de enero de 2026, fecha en la que la justicia argentina emitió la circular roja de Interpol, comenzó formalmente el rastreo internacional. Este desarrollo fue decisivo para que las autoridades colombianas localizaran el inmueble donde se refugiaba.

La investigación avanzó mediante el Sistema de Información para el Registro de Extranjeros (SIRE) y la activación del sistema de alerta internacional. Así, Migración Colombia e Interpol identificaron el apartamento tipo Airbnb y ejecutaron la captura sin mayores incidentes.

El detenido fue puesto bajo custodia de Interpol, quedando a la espera del procedimiento de extradición al país sudamericano para que responda ante la justicia.

“El ciudadano fue puesto a disposición de Interpol. Migración Colombia profundizará sus controles en establecimientos de renta corta en el departamento de Antioquia y Medellín y su área metropolitana, y llevará a cabo los correspondientes procedimientos sancionatorios contra aquellos propietarios que no realicen de forma oportuna los registros de entrada y salida de turistas extranjeros”, declaró Paola Salazar, directora de la Regional Antioquia Chocó de Migración Colombia.

Por su parte, Gloria Esperanza Arriero, vocera de Migración Colombia consultada por El Colombiano, destacó la rapidez y efectividad de la coordinación internacional y del Grupo de Verificación Migratoria en Antioquia. Resaltó que el intercambio de información fue “determinante” para lograr la detención del fugitivo.

“Este caso demuestra cómo el trabajo articulado y el uso oportuno de la información internacional permiten cerrarles el paso a personas que intentan evadir la justicia cruzando fronteras”, manifestó.

Otros extranjeros detenidos en Medellín

Este operativo se suma a capturas recientes de otros extranjeros buscados con circular roja en la región.

Entre ellos, se destaca la detención de tres ciudadanos panameños —dos identificados como cabecillas y en la lista de los más buscados— y un italiano, todos detenidos en procedimientos realizados tanto en la capital antioqueña como en municipios cercanos.

Frente al caso del europeo, las autoridades revelaron que este sujeto fue identificado como Roberto Nastasi que, según versiones oficiales, era buscado por la justicia de Italia y estaría vinculado a una estructura mafiosa de alto perfil.

Según la investigación oficial, el hoy procesado era requerido por la justicia de Italia por asociación para delinquir con fines de tráfico internacional de sustancias estupefacientes, especialmente clorhidrato de cocaína en cantidades relevantes, agravando su situación judicial. Además, se conoció que staba vinculado a una estructura mafiosa de alto perfil y era el principal enlace entre el Clan del Golfo y mafias narcotraficantes en Italia.

Nastasi había tejido una doble vida residiendo en Guayaquil, Ecuador, con la fachada de empresario y mantenía desde hacía ocho años una relación sentimental en Medellín.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que estos resultados obedecen a una estrategia ampliada de control migratorio en la ciudad.

Las recientes capturas en Antioquia evidencian la efectividad de la cooperación internacional y la articulación de las autoridades colombianas en la lucha contra el crimen transnacional.

El trabajo conjunto entre organismos nacionales e internacionales refuerza la capacidad del país para identificar, ubicar y detener a personas buscadas por delitos graves en diferentes jurisdicciones, reafirmando el compromiso de Colombia con la justicia global.

En el video se observa a una madre, visiblemente alterada, golpeando con una especie de palo a su hijo adolescente, detenido poco antes por su presunta participación en un robo.

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Quienes presenciaron el momento aseguran que el impacto mayor no fue la detención en sí, sino la dura reacción materna. El adolescente, junto a su compañero y observado por los policías, que habrían grabado la escena, quedó expuesto no solo ante la autoridad, sino ante la mirada y el juicio implacable de su madre. “En mi casa no crie delincuentes”, se escuchó, mientras la mujer los gritaba.

Presuntos testigos relataron en los comentarios de redes sociales que la madre no buscó explicaciones ni intercedió ante la Policía; fue derecha hacia su hijo para exigirle cuentas, repitiendo una advertencia que, según ella misma, ya había dado en el pasado.

La reprimenda dejó al menor suplicando que la situación se detuviera. Prometió no volver a incurrir en ese tipo de conductas, pero la madre insistía en que ya había sido advertido y que debía afrontar las consecuencias de sus actos.

La grabación de la escena, que circula ampliamente en plataformas digitales, generó un debate entre los usuarios. Mientras un sector aplaudió la actitud firme de la madre y la consideró una muestra de responsabilidad frente a la delincuencia juvenil; otros expresaron su preocupación por el grado de violencia en la corrección y cuestionaron si ese tipo de castigos pueden tener efectos negativos en un menor.

Para otros usuarios, la exposición pública y la agresividad de la reprimenda pueden dejar huellas difíciles de superar en un adolescente. Plantearon que la vergüenza sufrida podría ser mayor que la sanción policial y advirtieron sobre la necesidad de buscar métodos de corrección más constructivos, que no recurran a la violencia física ni a la humillación ante terceros.

Diversas usuarias y usuarios defendieron a la madre implicada, asegurando que el acto partió de una preocupación genuina. Una internauta comentó: “Ella en realidad lo ama, es una buena madre, quiere su bien, no su mal”.

Con una mirada similar, otro usuario opinó: “Es por su bien, por lo que lo Ama lo hace, solo las Madres entienden”. La dimensión educativa también surgió en los comentarios, cuando alguien indicó: “Así sabrá que estudiar y trabajar son el camino, excelente señora”.

En contraste, otros usuarios expresaron rechazo ante el método utilizado. Uno de ellos expuso: “Cómo le puede pegar así”, y otro reflexionó acerca del daño a largo plazo, señalando: “Los golpes no corrigen, crean traumas, rencor y rebeldía”. El contenido visual del video dio pie a otra reacción: “El otro sintió todos los correazos en su espalda”, evidenciando el impacto físico mostrado. Entre las condenas, se leyó: “Ella deben darle igual, póngala presa”, y otro comentario finalizó con: “Faltó el otro”.

Las posturas enfrentadas reflejaron una grieta sobre los métodos de disciplina y protección en la crianza, con la violencia doméstica y la autoridad parental como puntos de debate primordiales entre la audiencia.

La escena, reproducida una y otra vez en nternet, generó reflexiones cruzadas sobre la responsabilidad en la crianza, la efectividad de los castigos y la exposición pública de los menores en situaciones de crisis.

El debate sigue abierto y, aunque las autoridades no han emitido declaraciones formales, el impacto de la escena parece haber superado el ámbito policial. Para muchos, la mayor sanción para el joven no fue enfrentar a la ley, sino haber sido reprendido en público por quien esperaba apoyo y comprensión.

En la detención de Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense ligado al tráfico de drogas y al Cártel de Sinaloa, sí participaron agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés). Así lo aseguró el medio estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) en una nota publicada el pasado miércoles 28 de enero, titulada “Una redada secreta del FBI atrapó a un presunto capo de la droga y sacudió las relaciones con México”.

Esta versión contradice a la de las autoridades mexicanas y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien aseguró que Wedding se había entregado de manera voluntaria en la Embajada de Estados Unidos en México.

Wedding llegó a convertirse en uno de los hombres más buscados por Estados Unidos por, presuntamente, dirigir una vasta red de tráfico de cocaína.

Según el diario estadounidense, miembros del Equipo de Rescate de Rehenes del FBI estuvieron involucrados en la detención del exatleta canadiense, quien cuenta con 44 años de edad, y que presuntamente estuvo varios años protegido por el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la información difundida por el WSJ, autoridades se pusieron en contacto co Wedding y, tras una intensa negociación, le recordaron que sus cómplices habían sido capturados y que millones de dólares de sus bienes habían sido confiscados. Finalmente, agentes del FBI lo esposaron y fue llevado a California, donde se declaró inocente ante un tribunal federal de 17 cargos por delitos graves, incluido homicidio.

La participación del FBI en la captura de Wedding se pretendía mantener en secreto, ya que las leyes mexicanas prohíben la presencia física de agentes extranjeros en operativos policiales en territorio nacional y la participación en detenciones o redadas, aseguró el medio. Sin embargo, el pasado viernes, Kash Patel, director del FBI hizo una publicación en su cuenta de la red social X, en la que dijo que la dependencia que encabeza había ejecutado con disciplina y profesionalismo, junto a sus socios mexicanos, para detener a Wedding y enfrentar a la justicia estadounidense.

Versiones contrarias de EEUU y México

Cabe destacar que, tras la captura del capo estadounidense, quien ha sido comparado con El Chapo Guzmán, quien fundó y fue líder del Cártel de Sinaloa, autoridades mexicanas dieron la versión de que se había entregado en la embajada de Estados Unidos en México, en la Ciudad de México. Incluso, el embajador de EEUU en México, Ronald Johnson respaldó esta versión.

Sin embargo, Pam Bondi, fiscal General de EEUU, en una publición en la red social X, señaló que bajo su dirección, agentes del Departamento de Justicia del FBI habían detenido a Ryan Wedding, miembro de la lista de los diez más buscados por el FBI.

Aseguró que esto había sido resultado directo del liderazgo de la ley y el orden del presuidente Donald Trump.

“Agradecemos a nuestro increíble embajador Ron Johnson y a las autoridades mexicanas por su apoyo en este caso”, dijo en su mensaje Bondi.

Sheinbaum niega que agentes del FBI operaran en captura de Wedding

Tras las versiones de que agentes estadounidenses participaron en la captura de Wedding, el pasado lunes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en su conferencia de prensa matutina, negó esta versión, e incluso presentó una imagen en la que se ve al canadiense afuera de la embajada de Estados Unidos en México, con lo que, dijo, se comprobaba que s ehabía entregado voluntariamente.

“¿Cuál es la mejor prueba de que se entregó? Pues una publicación que él mismo hizo, en la que dice: ‘A los medios y a mis seguidores, después de buscar un proceso de garantías para un proceso justo, he decidido voluntariamente entregarme a las autoridades’”, dijo Sheinbaum. La publicación fue posteada en una cuenta de Instagram.

Sin embargo, medios señalaron inconsistencias en la imagen, por ejemplo, que en la fotografía se ve a llamado Rey de la Cocaína de noche frente a la antigua Embajada de EEUU en la Ciudad de México, a unos pasos de Paseo de la Reforma, y no en la sede actual, localizada en la calle Presa Angostura 225, en la colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo, misma que fue inaugurada en noviembre de 2025. Otra más es que la cuenta de Instagram desde donde se publicó, difunde contenido con IA y no se comprobó su vínculo con Wedding.

Tras esto, el martes la presidenta Sheinbaum seguró que la fotografía que había presentado no había sido creada con Inteligencia Artificial, y que prueba de ello era que las redes sociales mostraban con un mensaje cuando algún contenido era creado de esa manera.

Sheinbaum reitera que no hubo operación conjunta

Este jueves, durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que tuvo una llamada con el presidente de Estados Unidos Donald Trump. En dicha llamada, aseguró, coincidieron que en el tema de seguridad ambos países van muy bien y avanzando mucho.

Dijo que en la llamada no se tocó el tema de la captura de Wedding y sobre los señalamientos del WSJ, y expuso que en la nota se señala que el Gabinete de Seguridad de México incautó algunos de los bienes del exatleta.

“Ahí dice claramente (...) porque una cosa es lo que dice el encabezado, pero en las primeras líneas, si ustedes lo leen, dice claramente en la nota lo que hemos venido diciendo (...) eso es muy importante para todos y también para el pueblo de México, nosotros nunca vamos a aceptar operaciones conjuntas, de Estados Unidos o de fuerzas federales de Estados Unidos, estatales, municipales, en nuestro territorio, colaboramos, ellos nos dan información, nosotros les damos información, pero las operaciones en nuestro territorio son de fuerzas mexicanas”, señaló.

Dijo que en la nota del Wall Street Journal queda muy claro cómo fue que se dio el proceso.

“Yo no voy a entrar en mayor discución con el titular del FBI, pero tiene que quedar muy claro que nosotros no aceptamos operaciones conjuntas, se lo decimos siempre al presidente Trump, y ellos han visto que vamos avanzando muy bien, hemos detenido en México, bueno uno se entregó, el canadiense, o sea, la Secretaría de Seguridad, la Defensa, la Marina, venían persiguiendo a ese objetivo, le incautaron vienes, hubo cateos, en fin, hasta que finalmente se entregó, pero se han detenido otros tres en México, por fuerzas mexicanas, de los 10 más buscados del FBI, en total son cuatro, de los 10 mpás buscados en todo el mundo del FBI”, aseguró la presidenta.

La Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el apoyo internacional del Servicio de Marshals de los Estados Unidos, anunciaron la captura de Gildardo de Jesús Taborda, que tenía una orden de detención por cargos de tráfico agravado de drogas.

Según el reporte oficial, este hombre fue detenido en Medellín, en cumplimiento con una orden emitida el 16 de diciembre de 2025 por la Corte Superior de Justicia del Callao (Perú).

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De acuerdo con la investigación, Taborda figura en los registros como presunto coordinador y responsable financiero de una organización criminal transnacional. El caso cobra relevancia en el contexto regional porque los vínculos de la red, calificada como transnacional, incluyen rutas de tráfico de estupefacientes entre Perú y México.

La organización empleaba un sistema ya identificado por diferentes autoridades de la región: el uso de personas —conocidas como “mulas” o “body packers”— para trasladar clorhidrato de cocaína.

Frente a ello, las autoridades peruanas identificaron en 2023 a dos mujeres en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima portando clorhidrato de cocaína adherido al cuerpo mediante fajas, lo que permitió determinar la existencia de una red criminal transnacional dedicada al tráfico ilícito de drogas.

Las indagaciones establecieron que Gildardo de Jesús Taborda presuntamente coordinaba los envíos y manejaba el componente financiero de la estructura criminal, incluyendo el pago de los lugares empleados para la preparación y adaptación de las personas que servían como correos humanos.

“La captura representa un importante golpe contra las estructuras del narcotráfico transnacional y reafirma el compromiso de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado, así como el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia judicial y policial”, señaló la institución policial en un comunicado.

Por el momento, el hombre fue dejado a disposición de las autoridades competentes, mientras avanza la solicitud del gobierno peruano para el proceso de extradición del hoy detenido.

Medellín como epicentro del narcotráfico

La capital del departamento de Antioquia enfrenta una compleja transformación como epicentro de operaciones de mafias extranjeras dedicadas al narcotráfico.

Según informes de inteligencia de la Policía Nacional revelados por Semana, esta situación ha originado un flujo considerable de dinero en efectivo, tanto en dólares como en pesos, lo que dificulta el rastreo financiero y alerta a las autoridades sobre el fortalecimiento del crimen transnacional en la ciudad.

Estas organizaciones internacionales han hecho de Medellín un punto clave para la planeación y concreción de negocios ilegales de gran envergadura.

Los datos obtenidos por el citado medio de comunicación muestran que la interacción no se limita al transporte de drogas, sino que abarca la conformación de alianzas entre peligrosos delincuentes extranjeros y grupos armados nacionales, así como redes de traficantes locales invisibles.

Estas estructuras permiten el suministro de cocaína pura hacia el exterior, con la promesa de pagos inmediatos y en efectivo.

En los últimos meses, las autoridades identificaron que las rutas preferidas para la exportación parten de Medellín hacia destinos en Europa y Norteamérica, utilizando principalmente lanchas rápidas y submarinos para minimizar el riesgo de incautaciones. Estos acuerdos involucran delincuentes originarios de países como Argentina, Perú, Brasil, México, España, Alemania, Francia e Italia.

La mayoría de los estupefacientes ofrecidos en la capital antioqueña serían producidos en el suroccidente de Colombia, lo que obliga a los traficantes a superar numerosos obstáculos para sacar la mercancía, incluyendo el pago de extorsiones o “vacunas” a disidencias, el ELN y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) también conocido como Clan del Golfo, según reveló Semana.

El impacto financiero de este comercio ilícito es notorio. Una tonelada de cocaína lista para exportación llega a valer 18.000 millones de pesos, aunque la cifra varía dependiendo de los riesgos y dificultades logísticas, según Semana.

La estructura de precios revela un margen de ganancia extremadamente alto: producir un kilo de clorhidrato de cocaína cuesta 528.000 pesos, según el Ejército Nacional citado por Semana, pero se vende en el mercado nacional por 4 millones de pesos, y su valor en Europa o Estados Unidos asciende hasta 200 millones de pesos por kilo.

El accionar de estas mafias ha sido corroborado con la captura de seis líderes de organizaciones extranjeras en Medellín y sus alrededores, todos con circular roja de Interpol y en proceso de extradición.

La discusión pública sobre el paseo millonario en Bogotá se reactivó tras hechos recientes que generaron conmoción y amplificación en redes sociales.

Las autoridades distritales señalaron que este delito continúa siendo objeto de investigación permanente y que, aunque en lo corrido de 2026 no se reporta un aumento estadístico significativo, sí existe una mayor preocupación ciudadana asociada a la percepción de inseguridad en determinados sectores de la capital.

El caso del profesor Neill Felipe Cubides, ocurrido en el norte de la ciudad, se convirtió en uno de los episodios que puso nuevamente el foco sobre esta modalidad delictiva.

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A partir de ese hecho, comenzaron a circular otros relatos que evidencian prácticas similares, lo que llevó a pronunciamientos oficiales sobre la forma en que operan estas estructuras y sobre los resultados obtenidos por las autoridades en los últimos años, según información divulgada por Semana.

Desde la Secretaría de Seguridad se explicó que el paseo millonario no es un fenómeno nuevo en Bogotá. De acuerdo con las autoridades, este tipo de delitos se presentan en la ciudad desde hace más de 30 años, con variaciones en los métodos utilizados por los delincuentes y en los lugares donde se concentran los casos. La recurrencia histórica ha llevado a ajustes en la estrategia institucional para enfrentar estas conductas.

Uno de los cambios señalados por el Distrito está relacionado con el enfoque judicial. En lugar de tratar estos hechos únicamente como hurtos, las investigaciones recientes los han encuadrado como secuestros, lo que modifica el alcance de los procesos penales y las penas aplicables. “Los hemos presentado ante la justicia, no con el rótulo de hurto agravado, sino con el de secuestro, en un cambio de cómo le damos tratamiento en Bogotá a este delito”, indicaron las autoridades distritales.

Como resultado de ese enfoque, en los últimos dos años se reportaron 30 capturas vinculadas a casos de paseo millonario y el desmantelamiento de cinco bandas que operaban en diferentes zonas de la ciudad. Las autoridades explicaron que estas acciones se derivan de investigaciones estructuradas que buscan identificar no solo a los autores directos, sino a toda la red involucrada.

Las pesquisas están a cargo del Gaula, que adelanta labores de análisis una vez recibe información o denuncias formales. Según se explicó, el procedimiento incluye la identificación de patrones de comportamiento, el seguimiento a los movimientos de los sospechosos y la recolección de elementos materiales probatorios que permitan sustentar los procesos judiciales.

“Es así como en estos dos últimos años no solo hemos capturado a estas personas, sino que les hemos quitado los automotores en los que cometen sus delitos e, incluso, hemos llegado a los lugares donde viven para recolectar más material probatorio”, señalaron desde la administración distrital al detallar el alcance de los operativos.

Las autoridades también hicieron referencia a los contextos en los que suelen ocurrir estos hechos. De acuerdo con la información entregada, los delincuentes aprovechan escenarios de alta concentración nocturna y situaciones en las que las víctimas presentan intoxicación por alcohol o disminución de la atención, factores que facilitan la ejecución del delito. “Nosotros seguimos luchando contra ese flagelo, pero yo también tengo que decir, y es que, a veces, los ciudadanos nos comportamos sin cuidado en el espacio público y el espacio público tiene riesgos (…)”, indicaron en declaraciones recogidas por Semana.

En paralelo, el Distrito informó que se han elevado solicitudes al Gobierno nacional para reforzar estrategias contra el tráfico de armas ilegales y la expansión del narcotráfico, fenómenos que, según las autoridades, inciden en distintas expresiones de criminalidad urbana, incluido el paseo millonario.

La administración distrital reiteró que la cooperación ciudadana resulta clave para el avance de las investigaciones. Las denuncias oportunas y el suministro de información permiten activar los protocolos del Gaula y articular acciones con la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Bogotá.

Un operativo de la Policía Nacional en el municipio de Sabaneta, al sur del Valle de Aburrá, permitió descubrir una infraestructura destinada a la falsificación de moneda nacional y extranjera, tras atender un reporte inicial que indicaba un presunto secuestro.

La intervención policial derivó en la captura en flagrancia de un hombre de 48 años y en la incautación de más de $80 millones falsos que, según las autoridades, estaban listos para ser puestos en circulación.

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La alerta se originó a través de una llamada a la línea de emergencias 123, en la que se advertía sobre una posible retención ilegal dentro de una vivienda del municipio. En respuesta, unidades de los cuadrantes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se desplazaron hasta el lugar para verificar la situación. Una vez en el sitio, los uniformados descartaron la existencia de un secuestro, pero identificaron elementos que apuntaban a otro tipo de actividad delictiva.

Durante la inspección del inmueble, los agentes encontraron un arma de fuego con sus respectivos proveedores y munición, así como diversos equipos y materiales que evidenciaban la existencia de un taller clandestino dedicado a la falsificación de billetes. El procedimiento permitió confirmar que el espacio era utilizado para la producción sistemática de dinero falso, tanto en pesos colombianos como en moneda extranjera.

El registro del lugar permitió a las autoridades incautar máquinas contadoras de billetes, equipos de luz ultravioleta, transformadores de voltaje y prensas manuales, elementos comúnmente asociados a la elaboración y verificación de papel moneda. De acuerdo con el reporte policial, esta infraestructura estaba organizada de manera funcional para simular características de seguridad presentes en los billetes legítimos.

El hallazgo principal correspondió a 1.300 rectángulos con características similares a billetes de $50.000 y otros 222 con rasgos semejantes a los de $100.000, lo que representa un monto superior a los $80 millones en proceso de falsificación.

Adicionalmente, en el lugar fueron encontrados 75 billetes de 100 dólares, equivalentes a unos 7.500 dólares, que también hacían parte del proceso de fabricación ilegal. Las autoridades indicaron que la presencia de moneda extranjera evidencia la intención de ampliar el alcance de la actividad delictiva más allá del circulante nacional.

El Brigadier General William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que la investigación preliminar permitió establecer que los responsables pretendían aprovechar el contexto actual del departamento. “Los delincuentes planeaban introducir este dinero falso durante eventos de alta concentración de personas, donde las transacciones son rápidas y muchas veces informales”, señaló el oficial.

El hallazgo se produce en medio de la llegada de miles de turistas a Antioquia, que se alojan en diferentes municipios del área metropolitana y otras subregiones del departamento. Este incremento en el flujo de visitantes coincide con la realización de actividades culturales y de entretenimiento de gran magnitud, entre ellas la gira de conciertos de Bad Bunny en Medellín, programada para el fin de semana del 24 de enero, que ha generado una alta ocupación hotelera y un aumento en la circulación de efectivo.

De acuerdo con la Policía, este tipo de escenarios suele ser utilizado por estructuras dedicadas a la falsificación para intentar introducir dinero fraudulento en la economía local, aprovechando la intensidad de las transacciones comerciales y la dificultad para verificar cada billete en contextos de alta demanda.

El hombre capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de tráfico, elaboración y tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda, contemplado en el Código Penal colombiano. Mientras avanza el proceso judicial y se define su situación legal, las autoridades continúan con las labores investigativas para establecer si existen más personas involucradas en esta actividad.

La Policía Nacional recordó que la falsificación de moneda constituye un delito que afecta directamente la confianza en el sistema económico y financiero del país, al generar perjuicios tanto a comerciantes como a ciudadanos. En ese sentido, la institución emitió una alerta preventiva dirigida a la comunidad y al sector comercial del Valle de Aburrá.

Las autoridades recomendaron extremar las medidas de verificación al recibir efectivo, especialmente durante jornadas de alta afluencia de público, y reiteraron la importancia de reportar cualquier irregularidad o sospecha a través de los canales oficiales de la Policía Nacional. Según las autoridades, la colaboración ciudadana resulta clave para prevenir la circulación de dinero falso y proteger el patrimonio de los habitantes de la región.

La detención de la presunta líder criminal conocida como “La Patrona” marcó un punto de inflexión reciente en la estrategia hondureña contra las redes de delincuencia organizada. Esta operación, calificada públicamente por las autoridades como un golpe directo a la estructura jerárquica de “La Banda del Cura”, cobra mayor significado por el momento crítico que vive el país, con sectores sociales y políticos exigiendo acciones frente al incremento de crímenes violentos atribuidos a organizaciones como esta.

De acuerdo con fuentes oficiales citadas por la Policía Nacional de Honduras, la captura se concretó en el Puesto de Control Fronterizo de Corinto, en el municipio de Omoa, departamento de Cortés. La mujer, de 37 años, fue aprehendida cuando intentaba abandonar el territorio nacional para escapar de la justicia. Al momento del arresto, agentes de la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos (FTDV), adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), intervinieron tras un proceso de vigilancia e inteligencia.

Según el informe policial, las investigaciones preliminares la señalan como pieza central en la cúpula directiva de “La Banda del Cura”. Además, se la vincula formalmente con la planificación y el mando en el asesinato del ciudadano hondureño-estadounidense Marco Tulio Moncada Torres, hecho ocurrido el 6 de noviembre de 2025 en la aldea Jutiquile, dentro del municipio de Catacamas, Olancho.

Las autoridades confirmaron que la detención ha motivado nuevas líneas de investigación orientadas a descubrir a otros posibles miembros de la red, así como a esclarecer conexiones con estructuras delictivas en el extranjero. “La Banda del Cura” figura en informes de inteligencia como una organización de carácter transnacional, con presencia documentada en Nicaragua, Guatemala y México. Las fuerzas de seguridad hondureñas consideran que este alcance fuera de las fronteras representa una amenaza para la seguridad interna, con delitos que abarcan asesinato selectivo, sicariato, extorsión y asociación para delinquir.

El departamento de Olancho, escenario del homicidio que se imputa a “La Patrona”, es catalogado por la autoridad como una de las zonas de mayor complejidad en materia de seguridad. La extensión territorial y la presencia de grupos armados ilegales dificultan el control estatal, generando condiciones propicias para que estructuras como “La Banda del Cura” perpetúen la violencia homicida. Según la información aportada por los investigadores de la DPI, la víctima fue atacada dentro de su domicilio, dato que refuerza la hipótesis de una ejecución planificada por encargo.

La detención de “La Patrona” se suma a una ofensiva sostenida contra esta organización. El 13 de diciembre de 2025, se realizó el arresto de cinco presuntos integrantes de la banda, quienes actualmente se encuentran bajo medidas de prisión preventiva. Estos sujetos figuran, según los informes de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, como sospechosos tanto en el caso Moncada Torres como en otros hechos violentos.

En el plano judicial, la mujer fue puesta a disposición de las autoridades competentes con estrictas medidas de seguridad. El proceso será instruido por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, que ha iniciado la recopilación de pruebas, testimonios y peritajes para fundamentar las imputaciones. Las autoridades no descartan que el avance en este caso aporte elementos para identificar a más integrantes y relaciones extraterritoriales de la organización.

La Policía Nacional de Honduras reiteró su voluntad de intensificar las acciones contra las bandas criminales, al considerar la captura de “La Patrona” un avance significativo en el debilitamiento de los mandos y las redes de apoyo logístico y financiero responsables de la ola de violencia en distintas regiones del país.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este 22 de enero la vinculación a proceso de Eric Antonio “N” por violación, tras reunir pruebas que acreditan su probable responsabilidad en hechos ocurridos el año 2018 en el municipio de Cuautitlán.

El caso de este sujeto cobró relevancia luego de que las autoridades lo detuvieran el pasado 17 de enero en el estado de Guerrero, por su presunta participación en el feminicidio de dos mujeres, su esposa y su suegra, perpetrado el 12 de enero de 2026.

Según reportes oficiales de la FGJEM, la expareja de Eric “N” inició una denuncia pendiente tras enterarse de su captura relacionada por el doble feminicidio.

Las autoridades detallaron que la víctima no había denunciado debido a que el ahora imputado la amenazó con quitarle la vida por tomar acciones legales.

Las fechas compartidas por la FGJEM no concuerdan, debido a que señalan que la víctima de violación denunció a Eric “N” el día 15 de enero de 2026 al enterarse de su detención, sin embargo, el hombre fue arrestado hasta el 17 de enero.

Investigación por violación en 2018

De acuerdo con la FGJEM, la investigación por violación inició tras la denuncia presentada por la víctima, quien fuera ex pareja sentimental de Eric Antonio “N”.

En su testimonio, la mujer relató que los hechos ocurrieron en un domicilio de Cuautitlán en 2018, pero no denunció antes por temor a represalias, ya que el supuesto agresor la habría amenazado con privarla de la vida si acudía a las autoridades.

El 15 de enero de este año, la víctima formalizó la denuncia al enterarse de la detención de Eric Antonio “N” por otro delito.

La FGJEM recabó pruebas suficientes para que la autoridad judicial determinara la posible responsabilidad del acusado en el delito de violación.

Acusación de feminicidio tras los hechos del 12 de enero

Eric Antonio “N” también enfrenta una investigación por el presunto feminicidio de su ex pareja y su ex suegra.

El doble homicidio ocurrió el 12 de enero de 2026 en Cuautitlán.

Según reportes, el hijo de Eric “N” presenció los hechos y brindó testimonio ante las autoridades, lo que permitió fortalecer la carpeta de investigación.

La detención se realizó el 17 de enero en el estado de Guerrero, en un operativo conjunto de la FGJEM, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Marina, la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR).

La orden de aprehensión fue obtenida por la FGJEM ante una autoridad judicial del Estado de México y cumplimentada con apoyo de fuerzas federales y estatales.

Proceso legal y situación actual del acusado

Actualmente, Eric Antonio “N” permanece en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, donde enfrenta cargos por violación y se mantiene bajo investigación por feminicidio.

La FGJEM señaló que el plazo para el cierre de la investigación complementaria es de dos meses, periodo en el que continuarán las indagatorias y la recopilación de pruebas.

Según reportes oficiales, la FGJEM continúa con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad penal de Eric Antonio “N” en los casos con los que se le relaciona.

Puntos más destacados del caso

• Eric Antonio “N” fue vinculado a proceso por violación por hechos ocurridos en 2018 en Cuautitlán.
• El sujeto también es investigado por el feminicidio de su ex pareja y ex suegra, ocurrido el 12 de enero de 2026.
• La denuncia por violación se retomó cuando la víctima supo de la detención del acusado.
• La detención de Eric Antonio “N” se realizó en Guerrero y posteriormente fue trasladado al Edomex.
• El acusado permanece recluido y las investigaciones siguen en curso.
• Las fechas entre la denuncia por violación y la detención no concuerdan.

Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Luis Argiro Cossio, conocido como alias Guajiro, señalado como presunto cabecilla de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Según la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, Cossio sería el responsable de la muerte de dos policías en ataques registrados durante abril y julio de 2025 en el suroeste del departamento de Antioquia.

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Así mismo, las autoridades identifican a Cossio como un líder criminal con trayectoria de aproximadamente diez años en actividades ilícitas, al frente de la mencionada subestructura en esta región del país.

Bajo su mando, el grupo ha protagonizado ataques contra integrantes de la Policía Nacional y disputas relacionadas con el control de territorios ligados al narcotráfico y la minería ilegal.

El primer ataque atribuido al hoy procesado ocurrió el 16 de abril de 2025, cuando, según el ente acusatorio, se activó un artefacto explosivo durante una procesión religiosa en la vereda El Concilio del municipio de Salgar (Antioquia).

El hecho, registrado en el contexto del “plan pistola” dirigido por el grupo armado contra la Policía, provocó la muerte del subintendente Nelson Humberto Cárdenas Carmona, quien tenía quince años de servicio, y dejó a otro uniformado herido.

Otro hecho relevante se produjo el 10 de julio del mismo año, en el corregimiento Santa Rita del municipio de Andes, también en Antioquia.

En esa ocasión, el patrullero Luis Carlos González Bejarano fue asesinado durante un ataque armado mientras patrullaba, y el patrullero Julio César Atencio Sánchez resultó herido y debió ser trasladado a un centro médico.

Según los reportes oficiales citados por medios locales, durante el año 2025 habrían muerto hasta tres policías y uno más habría resultado lesionado por la misma subestructura.

La operación que permitió la captura de alias Guajiro tuvo lugar en zona rural de Andes, en el suroeste antioqueño. La acción incluyó un enfrentamiento entre la Policía Nacional y miembros del Clan del Golfo, en el que dos agentes policiales resultaron heridos por una granada de fragmentación.

En el procedimiento fueron capturadas otras tres personas presuntamente vinculadas al grupo criminal, y se incautaron dos fusiles, una pistola, proveedores, munición de distintos calibres, radios de comunicación y otros equipos tecnológicos, según el reporte oficial.

Posteriormente, la Fiscalía imputó a Cossio los delitos de homicidio, concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones y explosivos de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas, así como tenencia de armas de fuego y accesorios. Durante la audiencia, el detenido no aceptó los cargos formulados en su contra.

Este avance judicial se enmarca en el fortalecimiento de los operativos de las autoridades contra estructuras criminales en el suroeste antioqueño, una zona de disputa por parte del Clan del Golfo para el tráfico de drogas y explotación minera ilícita.

Voceros institucionales señalaron que las investigaciones continúan con el objetivo de ubicar a otros miembros de la subestructura vinculados a estos ataques y reducir la capacidad operativa de la organización.

Con la detención de alias Guajiro, las autoridades aspiran a restringir la influencia del Clan del Golfo en una de las áreas de mayor rivalidad criminal en Antioquia, donde se mantiene el despliegue policial y militar para evitar la reorganización de la banda y un posible recrudecimiento de la violencia asociada al control de actividades ilícitas.

El Clan del Golfo es la mayor organización criminal dedicada al narcotráfico, minería ilegal y tráfico de migrantes en Colombia, con aproximadamente 9.000 integrantes, según registros oficiales.

La organización ilegal surgió de las antiguas autodefensas y mantiene su control en zonas estratégicas, incluyendo rutas como la selva del Darién en la frontera con Panamá.

Desde mediados de 2025, el Gobierno nacional sostiene diálogos en Catar con la cúpula de esta organización, con la intención de lograr un sometimiento a la justicia y la eventual desmovilización de sus miembros.

Tropas adscritas a la Brigada 23 del Ejército Nacional de Colombia anunciaron la detención de un hombre identificado como alias Caballo, señalado jefe del grupo armado ilegal Autodefensas Unidas de Nariño.

Según el reporte oficial, la detención se realizó en la ciudad de Ipiales, sur del departamento de Nariño, como parte de un operativo dirigido a desarticular actividades criminales en la región.

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Las autoridades militares recalcaron que la operación permite “disminuir y afectar su capacidad de recolección de las rentas ilícitas producto de la extorsión”.

Según la investigación recopilada por la institución castrense, este hombre sería el responsable de ordenar una serie de asesinatos, extorsionar y reclutar personas tanto en Colombia como en Ecuador.

Además, estaría detrás del desplazamiento forzado de aproximadamente 250 personas de sus hogares, especialmente en el corregimiento de Monopamba y la vereda El Verde, en el municipio de Puerres, por enfrentamientos con otros grupos delictivos.

“Alias Caballo era el encargado de ordenar asesinatos selectivos, extorsionar y reclutar personal para conformar la estructura criminal en Colombia y Ecuador”, explicó el Ejército en un comunicado.

En cuanto a los combates registrados, los registros oficiales señalan que se iniciaron en septiembre de 2025, con el desplazamiento masivo de 159 habitantes y el confinamiento de 557 personas en zonas rurales de Puerres.

Un mes después (octubre de 2025), funcionarios de la Gobernación de Nariño lograron acceder a las áreas afectadas, brindando acompañamiento y atención humanitaria a más de 240 familias de Monopamba.

Por el momento, alias Caballo fue dejado a disposición de las autoridades competentes para su correspondiente judicialización.

“Con este resultado se afecta contundentemente el accionar delictivo de este grupo, debilitando el mando y control de la comisión que pretendía expandirse en el suroriente del departamento; además se reduce su capacidad de recolección de las rentas ilícitas producto de la extorsión”, añadió la institución.

Capturan a alias Quevedo, cabecilla de Los Choneros AK47 de Ecuador

La detención de alias Caballo se suma a otras operaciones realizadas por las Fuerzas Militares para contrarrestar las acciones criminales de los grupos al margen de la ley en el territorio colombiano.

Ese es el caso de Jean Carlos Marcillo Bravo, conocido como alias Quevedo y señalado como líder del grupo Los Choneros AK47, que fue capturado en un operativo conjunto entre las autoridades de Colombia y Ecuador.

El operativo se adelantó en la zona rural de Chachagüí (Nariño), en el desarrollo de la Operación Binacional Zeus 2, resultado del trabajo articulado bajo el acuerdo binacional vigente entre ambos países.

“Colombia no es ni será territorio de refugio para delincuentes, ratificando la capacidad institucional del Estado colombiano y la cooperación binacional para perseguir, ubicar y poner a disposición de la justicia a quienes pretendan evadirla”, indicó el teniente coronel Jorge Andrés Mendoza Sierra, subcomandante del Departamento de Policía Nariño.

De acuerdo con los organismos de seguridad, Marcillo Bravo dirigía y coordinaba actividades criminales desde territorio colombiano, afectando distintas provincias ecuatorianas y siendo responsable directo de la logística transfronteriza, así como del abastecimiento de armamento.

Para eludir a las autoridades, empleaba mecanismos de ocultamiento como el alquiler temporal de fincas en zonas rurales. La Interpol lo requería a través de una circular azul por delitos de concierto para delinquir, hurto y extorsión.

El operativo concluyó con la entrega de Marcillo Bravo a las autoridades ecuatorianas tras los trámites migratorios correspondientes. La policía de Colombia calificó la detención como un avance estratégico en la lucha contra las organizaciones delictivas de alcance internacional.

Los Choneros AK47, organización relacionada con homicidios y masacres en Los Ríos, había sido objeto de seguimiento mediante investigaciones judiciales que permitieron determinar el ingreso irregular de alias Quevedo a Colombia en noviembre de 2025.

La estructura desmantelada está implicada en al menos 21 homicidios en la provincia de Los Ríos, en un contexto de disputas entre bandas por el control de economías ilegales, fenómeno que explicaría el 85% de las muertes violentas en Ecuador según las cifras oficiales.

La rápida coordinación entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional permitió la captura en flagrancia de dos integrantes del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, luego de que perpetraran un violento asalto armado contra trabajadores de un ingenio azucarero en zona rural del municipio de El Cerrito, en el departamento del Valle del Cauca.

Según el reporte oficial, el asalto se registró en la tarde del sábado 17 de enero, cuando cuatro trabajadores realizaban labores de control biológico en predios de caña y, al finalizar la jornada, fueron interceptados por dos sujetos armados, vestidos de negro, quienes portaban una subametralladora Mini Uzi y una escopeta.

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De acuerdo con la denuncia, los delincuentes obligaron a los ocupantes a descender del vehículo particular. Dos de ellos quedaron en el lugar, mientras los otros dos fueron forzados a subir al asiento trasero de la camioneta, donde debieron cubrirse la cabeza por orden de los atacantes.

“Durante el hecho, los sujetos manifestaron pertenecer al GAO ‘Dagoberto Ramos’, señalando que su objetivo era apoderarse del vehículo. Posteriormente, despojaron a las víctimas de dos teléfonos celulares, las obligaron a cubrirse la cabeza y emprendieron la huida con rumbo al corregimiento de Tienda Nueva”, declaró el coronel Pedro Pablo Astaiza Cerón, subcomandante de la policía del Valle.

La respuesta de las fuerzas de seguridad se activó con rapidez luego de la denuncia anónima recibida a través de redes de apoyo comunitarias.

El despliegue del denominado Plan Candado incluyó el cierre de corredores viales estratégicos, especialmente la ruta que conecta Florida (Valle del Cauca) y Miranda (Cauca). En este punto, efectivos ubicaron la camioneta sustraída e interceptaron a los responsables, que fueron capturados en el acto.

Según las primeras indagaciones, mencionadas por el oficial, el automotor presuntamente iba a ser utilizado por la organización armada en nuevas operaciones en el departamento del Cauca.

De forma paralela, el grupo Gaula localizó a los empleados afectados en la vía que une Pradera y Florida, garantizando su integridad física y su traslado a dependencias policiales para la formalización de la denuncia.

“El monitoreo mediante cámaras de reconocimiento facial y de placas, apoyadas en herramientas de inteligencia artificial, permitió reaccionar de manera inmediata y fortalecer la lucha contra el crimen”, aseguró Carlos Ardila, secretario de Seguridad y Convivencia de Palmira.

Tras estos acontecimientos, las fuerzas de seguridad mantienen la presencia permanente en los corredores rurales que comunican al Valle del Cauca con el norte del Cauca, reforzando los controles y patrullajes preventivos.

Tanto los detenidos como el material recuperado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras se intensifican los operativos orientados a proteger a los trabajadores rurales y a frenar acciones similares de grupos armados.

El coronel Pedro Ariel Leguizamón, comandante del Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, reafirmó el compromiso institucional.

“Su Ejército Nacional continúa con el fiel compromiso de garantizar los corredores seguros en articulación con Policía Nacional, Fiscalía y entes gubernamentales”, mencionó.

Roban camionetas de alta gama en la vía Panamericana

De otro lado, las autoridades siguen tras la pista de 15 hombres armados que hurtaron 17 camionetas de alta gama cuando estas eran transportadas en vehículos tipo niñeras en la vía Panamericana.

Los hechos se registraron en la tarde del jueves 15 de enero de 2026, en el municipio de Santander de Quilichao, al norte del departamento del Cauca, en un sector donde actúa la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, según el reporte de la Policía.

Los asaltantes actuaron durante el recorrido de los camiones que trasladaban vehículos de la marca Toyota desde Cartagena hacia la ciudad de Pasto, bloqueando el paso en el puente peatonal de la vía Panamericana e intimidando a los conductores.

Las fuerzas policiales señalaron que los transportadores fueron hallados ilesos y están bajo protección institucional. Los camiones que trasladaban las camionetas fueron recuperados, pero los 17 vehículos robados permanecen desaparecidos.

Habitantes del sector reportaron haber visto circular los camiones niñera hacia el corregimiento de Timba tras el hecho, lo que llevó al despliegue de personal de la Policía y el Ejército en esa área. Los vehículos entregados recientemente por ensambladoras tenían como destino final la capital de Nariño.

Las autoridades activaron un operativo conjunto con la Fuerza Aeroespacial y componentes de inteligencia, y estiman que los autos podrían encontrarse en una zona limítrofe con el Valle del Cauca.

La aprehensión se realizó en la zona rural de Chachagüí (Nariño), en el desarrollo de la Operación Binacional Zeus 2, resultado del trabajo articulado bajo el acuerdo binacional vigente entre ambos países.

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Entre las instituciones que participaron en el operativo se destaca la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional de Colombia, Migración Colombia y la Policía Judicial del Ecuador.

Así se ejecutó el operativo que logró la captura de alias Quevedo

El operativo, desarrollado durante dos diligencias de allanamiento y registro, logró ubicar a Marcillo Bravo, que se encontraba prófugo de la justicia ecuatoriana y era requerido mediante circular azul de Interpol por delitos de concierto para delinquir, hurto y extorsión.

De acuerdo con las autoridades, el presunto delincuente coordinaba y ordenaba actividades criminales desde territorio colombiano hacia distintas provincias ecuatorianas.

Las investigaciones judiciales permitieron establecer que alias Quevedo ingresó al país en noviembre de 2025, usando modalidades de ocultamiento como el alquiler temporal de fincas para evadir a las autoridades.

Alias Quevedo era considerado individuo de interés penal relevante y cabecilla principal de la organización, responsable de la logística transfronteriza y operaciones de alto impacto, además del abastecimiento de armamento.

De manera paralela, la Operación Zeus 2 se desarrolló simultáneamente en Colombia y Ecuador, permitiendo la desarticulación de Los Choneros. En Ecuador, se ejecutaron 21 allanamientos y se capturó a 15 personas, mientras que la detención de Marcillo Bravo en Colombia fue considerada uno de los resultados más relevantes del operativo, de acuerdo con las autoridades.

Una vez concluidos los trámites migratorios, Jean Carlos Marcillo Bravo fue entregado en buen estado de salud a las autoridades ecuatorianas, que materializaron la orden de captura vigente en su contra.

Finalmente, el teniente coronel Jorge Andrés Mendoza Sierra, subcomandante del Departamento de Policía Nariño, declaró a la prensa que este resultado “envía un mensaje claro y categórico: Colombia no es ni será territorio de refugio para delincuentes, ratificando la capacidad institucional del Estado colombiano y la cooperación binacional para perseguir, ubicar y poner a disposición de la justicia a quienes pretendan evadirla”.

La Policía Nacional calificó la captura como un golpe estratégico al crimen organizado transnacional, destacando la efectividad de la cooperación internacional y el compromiso institucional con la seguridad regional.

Detalles de las capturas en Ecuador

La operación ejecutada en Ecuador culminó con la detención de 15 personas, entre ellas un cabecilla de la estructura criminal, organización relacionada con homicidios y masacres en la provincia de Los Ríos, según informó el Ministerio del Interior de Ecuador.

El operativo fue encabezado por el ministro del Interior, John Reimberg, y el comandante general de la Policía, Pablo Dávila, tras seis meses de investigaciones y con el despliegue de 200 servidores policiales de unidades tácticas, Criminalística, la Fiscalía General del Estado.

En Ecuador, se realizaron 21 allanamientos que permitieron la detención de 15 integrantes del grupo, incluido alias Reni, segundo al mando después de alias Quevedo.

Las intervenciones se concentraron en las provincias de Guayas, Los Ríos, Carchi y Manabí, e incluyeron cuatro centros de rehabilitación social. Las autoridades vinculan a esta célula con al menos 21 homicidios en Los Ríos, en el contexto de la disputa entre bandas por economías criminales, un fenómeno que explicaría el 85% de las muertes violentas en el país. Todos los aprehendidos serán trasladados a la cárcel del Encuentro, considerada la más segura de ese país.

“Gente, vamos mi causa y yo para la calle. Guarden sus pertenencias que no le estamos devolviendo nada a nadie. Ya dije que guarde sus pertenencias porque no le estamos devolviendo nada a nadie. El hampa”, fueron las palabras del individuo de nacionalidad venezolana en la grabación mencionada.

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El 15 de enero, el mismo individuo volvió a ser noticia en Bogotá, pero en esta ocasión es porque, producto del video que fue tendencia, comenzó un operativo en el que participó Migración Colombia, la Secretaría de Seguridad del distrito y la Policía Nacional, que terminó con la captura del sujeto.

Así fue capturado el extranjero que fue viral en redes sociales

Migración Colombia informó que el operativo se llevó a cabo en el barrio Prado Veraniego, en la localidad de Suba, en donde el extranjero, cuya identidad no fue expuesta, intimidaba a ciudadanos y fue responsable de varios hurtos en la zona.

“Este ciudadano venezolano intimidaba a la comunidad y representaba un riesgo para la convivencia”, es parte del comunicado, en el que se mencionó que ha comenzado un proceso sancionatorio en contra del sujeto, que estaba en Colombia de manera irregular.

En el video compartido por Migración Colombia se observa que el extranjero fue capturado al interior de un establecimiento comercial, en donde se presume que laboraba el capturado. Hasta el momento no se ha confirmado si este sitio cumplía con todos los requisitos de ley o si sus propietarios sufrieron algún tipo de sanción.

La Secretaría de Bogotá también se pronunció al respecto, publicando un video en el que recordaron el motivo por el que el ciudadano extranjero fue tendencia en la ciudad.

“¿Recuerdan a este hombre que intimidaba por redes a la comunidad? Lo ubicamos en su trabajo y con Migración Colombia se estableció que está irregular en nuestro país desde el 2021″.

En otros detalles del operativo, se confirmó que el capturado tiene siete comparendos por porte de elementos cortopunzantes y consumo y porte de sustancias psicoactivas en espacio público, y que el proceso iniciado culminará con su expulsión del país.

En los comentarios de la publicación, internautas celebraron la captura del sujeto venezolano y pidieron que este tipo de operativos se lleven a cabo para terminar con la delincuencia común de la capital.

“Muy bien, pero no lo dejen suelto, porque en tres días lo veremos aquí; deben entregarlo a las autoridades de Venezuela”, “Tienen que hacer eso con todos los ladrones, esta ciudad no soporta más delincuentes en las calles” o “Vamos a ver si se sigue burlando de la gente, a cuántos no habrá robado este tipo en Bogotá”, fueron algunos de los comentarios registrados hasta el momento.

La inseguridad, uno de los problemas más graves de Bogotá en 2025

En 2025, Bogotá cerró el año con 85.400 casos de hurtos a personas, lo que representó una reducción del 12% frente a 2024. Los robos a mano armada sumaron 18.200 incidentes, con una baja del 14%. El hurto a comercios alcanzó los 7.800 reportes, mostrando una caída del 10%. En el caso de los robos a residencias, se registraron 4.300 denuncias, un descenso del 9%.

Las localidades con mayores reducciones fueron Kennedy, Suba y Engativá. El uso de cámaras de seguridad y una mayor presencia policial facilitaron la captura de 2.700 presuntos responsables de hurtos. Las autoridades atribuyeron estos resultados a operativos focalizados y campañas de prevención, aunque persisten retos en el transporte público.

A pesar de las cifras expuestas, con las que la Secretaría de Seguridad mencionó la reducción de los hurtos y crímenes de esa índole, la percepción de inseguridad en la capital sigue aumentando.

Uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en el departamento de Antioquia, reportó la detención de Yésica María Rico, alias La Sobrina, señalada líder del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo.

Según el reporte oficial, la captura se produjo en el corregimiento de La Tablaza, zona rural del municipio de La Estrella, cuando patrullas de vigilancia efectuaban labores de control a personas y vehículos.

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Durante el procedimiento, los uniformados le solicitaron los documentos y verificaron su identidad en la base de datos judicial, donde constataron que tenía una orden de captura vigente por concierto para delinquir con fines de homicidio, además de anotaciones judiciales por homicidio en 2024.

“De acuerdo con las investigaciones preliminares, la capturada haría parte de la subestructura Julio César Torres, organización criminal con injerencia delictiva en el municipio de Yarumal, norte del departamento de Antioquia”, señaló la institución en un comunicado.

El Brigadier General William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, agregó que la hoy detenida “contaba con una trayectoria criminal de más de nueve años”.

Por estos motivos, alias La Sobrina fue remitida a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y tras asistir a las audiencias preliminares, la mujer quedó bajo medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, mientras avanza la investigación en su contra.

La Policía Nacional ha reafirmado su compromiso con la seguridad ciudadana y mantiene sus operaciones de vigilancia y control destinadas a debilitar los grupos armados organizados.

Según el reporte institucional, continuarán las acciones para contrarrestar el accionar de estas estructuras que afectan la vida y la tranquilidad en la región.

La captura de alias La Sobrina forma parte de una estrategia más amplia de las autoridades que buscan neutralizar líderes y operadores clave dentro de las organizaciones criminales que delinquen en el país.

Cayó alias Amaury, “narco invisible” del Clan del Golfo

Entre otros operativos, se destaca la captura de Amaury Santacruz Rodríguez, conocido como alias Amaury, señalado como un narcotraficante invisible al servicio del Clan del Golfo, requerido por la Corte de Texas (EE. UU.) por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas.

La captura fue confirmada por el director de la Policía Nacional, general William Rincón, quien calificó el procedimiento como un golpe estructural al narcotráfico transnacional.

A través de sus redes sociales, el alto oficial destacó que alias “Amaury” operaba bajo un perfil extremadamente bajo, lo que le permitió durante años coordinar envíos de droga sin levantar sospechas.

“Alias ‘Amaury’ es un narcotraficante invisible al servicio del Clan del Golfo, responsable del envío de clorhidrato de cocaína hacia los Estados Unidos”, señaló el general Rincón.

Entre los métodos ilegales documentados, la subestructura exigía cuotas de hasta el 10% del valor de contratos públicos. En áreas rurales, el cobro se realizaba por cantidad de ganado o extensión cultivada, obligando a comerciantes, ganaderos, transportadores y contratistas a pagos periódicos bajo amenazas directas.

Este esquema delictivo impactó en municipios como Magangué, El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y zonas del Atlántico, generando un profundo desequilibrio económico y social de acuerdo con los reportes policiales.

Los datos de inteligencia atribuyen al ahora detenido el envío de al menos 2,5 toneladas de clorhidrato de cocaína, trazando rutas marítimas diseñadas por el Clan del Golfo para abastecer el mercado norteamericano. Las incautaciones más importantes vinculadas a la estructura logística de alias “Amaury” comprenden 1,2 toneladas de cocaína interceptadas en Panamá y otras 1,3 toneladas decomisadas en Costa Rica.

La operación ejecutada en Medellín no permitió divulgar mayores precisiones sobre el lugar exacto de la detención por motivos de seguridad. Tras el arresto, Santacruz Rodríguez fue trasladado a Bogotá, donde permanece bajo estricta custodia hasta que culminen los trámites correspondientes para su extradición.

De esta manera, el arresto del considerado “narco invisible” da cuenta de la persistencia de las estructuras criminales para eludir la acción estatal mediante perfiles bajos y sofisticados esquemas de operación, una realidad que las autoridades intentan frenar con acciones coordinadas nacionales e internacionales, conforme indiquen los registros policiales.

Un hombre que tenía detención domiciliaria fue capturado mientras asistía a un funeral que se llevó a cabo en el sector La Popa de Valledupar al ser sorprendido con un arma de fuego sin autorización. El hecho llamó la atención a nivel nacional por la inusual reacción del detenido, que no dudó en sacar su mejor sonrisa para la foto ante los agentes, hecho que se volvió rápidamente tendencia en redes sociales.

De acuerdo con el reporte oficial, la ceremonia de despedida de una familia fue interrumpida por la presencia de Fabián Bandera, identificado por la justicia como un sujeto que tenía el beneficio de detención domiciliaria y que violó la medida, pues salió a delinquir nuevamente. En su poder fue hallada un arma de fuego.

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El señalado criminal apareció entre los asistentes portando una pistola en la cintura, mostrando una actitud desacorde con el acto fúnebre. Uno de los presentes, al notar la conducta y el arma no dudó en contactar al número de emergencias 123. La Policía Nacional llegó al lugar pocos minutos después y procedió a inspeccionar la situación.

Durante la revisión, los uniformados confirmaron que el hombre que debía permanecer en su residencia estaba en el funeral y portaba un arma ilegal, lo que constituyó una infracción adicional para el registro, debido a que el sujeto ya contaba con antecedentes judiciales.

El momento más comentado ocurrió cuando el detenido, lejos de mostrar arrepentimiento o nerviosismo, recibió su arresto con una sonrisa. Su reacción despreocupada quedó registrada en fotografías y videos que circularon ampliamente por las redes sociales, sumando una nueva dimensión de viralidad al caso.

Ahora, Fabián Bandera enfrenta cargos por porte ilegal de armas y fuga de presos. Los registros judiciales indican que el señalado fue capturado el 6 de abril de 2025, y pese a tener el beneficio de casa por cárcel reincidió en conductas delictivas.

El impacto de este suceso en Valledupar no solo se quedó en el voz a voz, puesto que a través de las redes sociales algunos habitantes expresaron asombro e indignación por la actitud desafiante hacia la justicia, debido a que lo tomaron como una burla directa en contra de la autoridad. Mientras tanto, otros no dudaron en reírse del comportamiento del capturado.

Este caso ha dejado a la comunidad sorprendida, puesto que se mostró que los criminales no tienen respeto alguno por la autoridad, por lo que la comunidad pidió revaluar a qué tipo de personas le dan la medida de casa por cárcel.

Otra situación similar

Una mujer se convirtió en meme en las redes sociales tras ser capturada en Sabanalarga, Atlántico. Y es que, tras quedar en poder de las autoridades, la sospechosa sonrió y cambió de pose frente a la cámara durante la reseña policial, una actitud que fue interpretada como una posible burla hacia la autoridad, por lo que generó indignación entre los habitantes de la región.

A la mujer le encontraron una pistola marca Córdova y un revólver Llama Cassidy Especial. Cuando los agentes le solicitaron la documentación que acreditara la legalidad de las armas, la mujer respondió que no contaba con permiso de porte o tenencia por lo que fue vinculada al proceso de investigación de inmediato.

Entre los comentarios de los internautas se encuentran algunos como: “Capturada pero no amargada”, “Nos dio pose, nos dio sonrisa, nos dio noticias, se ganó la rifa de la moto”, “Al mal tiempo, buena cara”, “Presa sí, sencilla jamás, y no todos los días se toma foto con agentes de la Policía“ y ”Nos dio outfit, sonrisa y pose jajajaja jamás destruida".

Un operativo de alcance internacional culminó con la retención en Santa Marta de un ciudadano suizo considerado por las autoridades españolas como uno de los cabecillas de una red criminal transnacional dedicada al narcotráfico hacia Europa.

Según el reporte entregado por la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), este sujeto, identificado como Vik Ntominik Gioel, es requerido mediante Notificación Roja de Interpol por las autoridades judiciales del Reino de España.

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Este acusado enfrenta cargos por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, y su detención representa un paso en el operativo de extradición hacia territorio europeo.

Así mismo, la cooperación policial permitió cerrar el cerco sobre el sospechoso tras seis meses de seguimiento en Colombia que, según la investigación, permanecía oculto bajo identidades fraudulentas para eludir controles migratorios y policiales.

“Se estableció que este sujeto tendría documentos de identificación, Griegos, Españoles y Belgas además de utilizar documentación obtenida de manera irregular en Colombia, haciéndose pasar como ciudadano albanés con el nombre de XHUTI ZULUAGA Arsen, con el propósito de evadir controles migratorios y policiales”, indicó la Policía Nacional.

Dentro de la organización investigada, el papel atribuido a Gioel se orientaba a la coordinación logística, la administración de infraestructura y el acondicionamiento de laboratorios clandestinos de sustancias ilegales, que se encontraban en la zona de Albalat de Taronchers, al norte de la provincia de Valencia (España).

Desde ese enclave, según las pesquisas recogidas por las autoridades, se planificaban envíos de sustancias ilícitas con destino principal al mercado europeo, en especial a España.

“El retenido estaría vinculado como cabecilla de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de estupefacientes a gran escala, cumpliendo un rol relevante en la coordinación logística, infraestructura y acondicionamiento de laboratorios clandestinos para el procesamiento de cocaína y cannabis, específicamente en el sector de Albalat de Taronchers, Valencia (España)”, mencionaron las autoridades en un comunicado.

Por el momento, Gioel permanece bajo la custodia de las autoridades colombianas en Bogotá, mientras se desarrollan los trámites legales correspondientes a su posible extradición hacia España.

Exconcejal ecuatoriano fue detenido en Cúcuta

Además del ciudadano suizo detenido en Santa Marta, las autoridades colombianas reportaron la detención de Miguel Morocho Rodríguez, exconcejal del cantón Santo Domingo de los Tsáchilas (Ecuador).

Según el reporte oficial, el exdirigente político fue capturado el sábado 10 de enero de 2026 en Cúcuta, cuando intentaba cruzar la frontera hacia Venezuela por el puesto migratorio terrestre La Unidad-Puente Internacional Atanasio Girardot, en Villa del Rosario (Norte de Santander).

Las autoridades han señalado que este operativo, coordinado entre diferentes organismos de Ecuador, Colombia y con apoyo de Estados Unidos, envía un mensaje tajante sobre la imposibilidad de esquivar la justicia a través de fronteras.

“Gracias al intercambio de alertas entre la Subsecretaría de Migración de Ecuador y Migración Colombia, el trabajo del Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional de Ecuador y la cooperación con Estados Unidos, se dio con el paradero de este tipo”, informó John Reimberg, ministro del Interior de Ecuador en su cuenta de X.

La orden de detención contra Morocho estaba vigente desde septiembre de 2025, emitida por la Unidad Judicial Penal de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Los hechos que motivan el proceso se remontan al 5 de marzo de 2025, cuando Washington Guillermo Vasco Castro, expresidente de la cooperativa de transportes Zaracay, fue víctima de un ataque armado en la provincia ecuatoriana.

Morocho, junto con José Ignacio Peñafiel Plúa, enfrenta cargos por la supuesta responsabilidad en este atentado, por lo que ambos son investigados bajo el mismo expediente.

Las autoridades ecuatorianas aseguran que Morocho abandonó el país hacia Colombia un día antes de la emisión de la boleta de localización y captura. La activación de la alerta roja de Interpol permitió reforzar la búsqueda internacional y alertar a los controles migratorios.

Tras su arresto, Morocho permanece bajo custodia en territorio colombiano. Se encuentra a la espera de un proceso administrativo de expulsión, por el cual podría ser enviado a Ecuador para enfrentar los tribunales de ese país.

Las autoridades han reiterado que el procedimiento judicial continúa en curso y que se mantendrá la cooperación internacional para asegurar que Morocho responda por los hechos imputados.

En un operativo exitoso, el 10 de enero se registró la captura por parte de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de un ladrón de joyas que es requerido por las autoridades de Estados Unidos.

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Sobre este hecho, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que la detención se registró en la capital de Colombia, en donde, en apoyo de uniformados de la agencia de aplicación de la ley federal más antigua de Estados Unidos, identificaron y capturaron a Walter Rodrigo Fandiño Bonilla, que tiene procesos judiciales pendientes en la Florida desde 2023.

Capturado logró robarse más de $370 millones en joyas

La Policía Nacional informó que el ciudadano colombiano es solicitado por la Corte del Circuito Décimo Quinto del Condado de Palm Beach, en Florida, Estados Unidos, en donde se le acusa de los cargos de hurto calificado y agravado.

En Estados Unidos se afirma que Fandiño Bonilla participó de un robo en 2023 en el que los criminales lograron retirarse del lugar de los hechos con joyas avaluadas en más de 370 millones de pesos (alrededor de 100.000 dólares).

Aunque el crimen fue cometido en 2023, la orden de captura contra el colombiano se emitió en noviembre de 2025, desde ese momento, autoridades colombianas y de Estados Unidos buscaban al prófugo que fue detenido en Bogotá.

Uniformados que se encargaron de la investigación tuvieron problemas para identificar a Fandiño debido a que no tiene propiedades o bienes a su nombre en territorio nacional; además de que identificaron de que solía cambiar frecuentemente de residencia y número telefónico para evitar ser identificado con facilidad.

Cabe recordar que existe un protocolo de acciones coordinadas que deben ser cumplidas cuando autoridades colombianas cooperan con extranjeras para lograr identificar la ubicación de personas solicitadas por la justicia de otra nación.

En este caso, debido a que se cumplió con lo estipulado, Fandiño quedó a disposición de las autoridades de Colombia, mientras avanza el trámite para que su extradición sea solicitada y firmada.

¿A qué se expone el capturado en EE. UU.?

En Florida, el hurto mayor en primer grado se aplica a quienes sustraen bienes valorados en 100.000 dólares o más. Este delito se considera de primer grado, lo que implica que la persona acusada puede recibir una condena de hasta 30 años de prisión, junto con una multa que puede ascender a 10.000 dólares. A diferencia de otros delitos, la ley no establece una pena mínima obligatoria para este tipo de hurto, salvo que existan circunstancias agravantes.

Cuando el robo es calificado, es decir, si durante el hecho se utiliza un arma, se ejerce violencia o se ingresa a una vivienda habitada, como lo fue en ese caso, las penas pueden aumentar considerablemente; la legislación contempla la posibilidad de imponer sentencias mínimas obligatorias, como ocurre bajo la ley “10-20-Life”, que ordena al menos 10 años de prisión si se empleó un arma de fuego.

La condena final depende de varias circunstancias, entre ellas los antecedentes penales del acusado, la forma en que se cometió el delito y si hubo factores agravantes. Además, la reincidencia y la participación en delitos organizados también pueden influir en la severidad de la sentencia. Hasta el momento, la Alcaldía Mayor de Bogotá no se ha pronunciado sobre la captura del criminal internacional en la ciudad.

El 6 de enero de 2026, el exsenador y expresidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) Jorge Visbal Martelo fue capturado por las autoridades tras confirmarse su condena por concierto para delinquir agravado. Fue localizado en el kilómetro 46 de la vía Oriental, cerca del municipio de Ponedera, Atlántico.

Según reportó la Policía Nacional, el arresto se llevó a cabo luego de que uniformados detuvieran el vehículo particular en el que viajaba en un puesto de control ubicado en la vía. Al consultar su historial judicial del excongresista, detectaron la orden de captura vigente que había en su contra. Tras su aprehensión, fue puesto a disposición de las autoridades competentes y trasladado a Bogotá.

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En primera instancia, el expresidente de Fedegán fue condenado a nueve años de privación de la libertad. Esa pena quedó ratificada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que avaló en segunda instancia el fallo contra Visbal Martelo por sus nexos con jefes del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial Claudia López se pronunció al respecto a través de su cuenta de X, haciendo una crítica directa al abogado y también candidato Abelardo de la Espriella. En su publicación, desempolvó una entrevista que otorgó el profesional en Derecho a Noticias RCN en su momento, cuando fungía como defensor de Jorge Visbal.

Según indicó el abogado en ese entonces, su cliente no tuvo nexos ilícitos con los paramilitares. “Jamás hizo pacto alguno Jorge Visbal con los paramilitares. Actuó amparado por la ley. La ley le obligaba a esos acercamientos y además tuvo permiso de los gobiernos de turno”, precisó De la Espriella en conversación con el medio citado.

Sin embargo, los testimonios de los criminales desestimaban esas declaraciones. Pues, los ex jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Ernesto Báez aseguraron que el expresidente de Fedegán patrocinó a las AUC para que combatieran a las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (Farc-EP).

En la entrevista con el noticiero, De la Espriella indicó que el excongresista no fue cobijado con una medida de aseguramiento en centro carcelario porque logró demostrarse que su libertad no representaba ningún riesgo para la comunidad.

“Jorge Visbal sigue gozando de su libertad porque hemos logrado comprobar en el proceso que no representa un peligro para la sociedad y que puede enfrentarse a un juicio en libertad y que solamente le pueden quitar su libertad en caso de ser vencido en juicio”, señaló.

Claudia López relacionó este caso con la insistencia de De la Espriella en conseguir que Estados Unidos intervenga en Colombia; aseguró que está buscando la impunidad, que la conseguiría consiguiendo poder y respaldo norteamericano.

“Jorge Visbal, expresidente de Fedegan, a la cárcel por narco paramilitarismo. Por eso los defensores de la mafia han buscado intervención de Trump en Colombia. Saben que sin poder es insostenible su impunidad. Por eso están dispuestos a todo, a vendernos por un calao!”, aseveró la candidata presidencial en la red social.

También compartió una fotografía del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que aspira al Senado y cuya situación jurídica por presunta manipulación de testigos no ha sido resuelta, acompañado del ahora condenado Jorge Visbal.

Al igual que López, la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro reaccionó a la captura del expresidente de Fedegán, resaltando la cercanía que tuvo por miembros de la política tradicional colombiana, como Uribe.

“Capturado Jorge Visbal, otro de los “buenos muchachos”, condenado por ser aliado de los paramilitares. A esta Colombia de políticos y empresarios paramilitares no podemos regresar”, aseveró.

Debido a que es uno de los países de mayor importancia para las rutas de narcotráfico, es habitual que capos de otros países tengan personas de confianza establecidas en Colombia.

Este tipo de escenarios volvieron a quedar en evidencia en la tarde del 9 de enero, cuando la policía de Paraguay realizó una rueda de prensa para informar sobre la captura en Colombia de Néncer Alfonso Ramírez Lozano, la mano derecha de Reinaldo Cabaña, alias Cucho, que es mencionado como el “Pablo Escobar paraguayo”.

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En el pronunciamiento, el general Carlos Benítez, que es el comandante de la policía de Paraguay, destacó la importancia de Ramírez Lozano, al que desde hace siete años se le vinculó con la estructura criminal liderada por Cabaña.

El uniformado informó que, con ayuda de las autoridades colombianas, se capturó al criminal que estaba radicado en el municipio de Purificación, en el Tolima, en donde era conocido como “el Ganadero”.

Ramírez Lozano es mencionado en los informes como el jefe de la estructura de “Cucho”, y será procesado por los delitos de tráfico de drogas y lavado de activos.

Además de la cooperación entre las dos naciones, la captura de “el Ganadero” se registró gracias a que en su contra había una orden de captura con circular roja de la Interpol, lo que permitió que las autoridades de Colombia pudieran llevar a cabo el operativo.

Como balance del operativo, el ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, declaró que Ramírez Lozano era uno de los principales coordinadores del narcotráfico en América del Sur, logrando enviar grandes cantidades de drogas a Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Gracias a investigaciones adelantadas por las autoridades paraguayas, se descubrió que el capturado utilizaba una empresa importadora llamada Neos para blanquear el dinero producto del narcotráfico.

Funcionarios lograron descubrir que las sumas de dinero reportadas no coincidían con las remesas reportadas sobre los productos vendidos en el exterior, lo que llamó la atención de la policía de Paraguay.

Por último, la fiscal encargada del caso, Matilde Moreno, indicó que el Ministerio del Interior de Paraguay solicitará que Ramírez sea enviado a su país, puesto que no existen cargos en su contra en Colombia.

“Él no cuenta con causas en Colombia, lo cual facilitaría su extradición. Él está acusado en nuestro país por asociación criminal vinculada al narcotráfico y por lavado de dinero”, declaró Moreno.

¿Quién es el ‘Pablo Escobar paraguayo’?

Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, conocido como “Cucho”, es un empresario paraguayo vinculado al narcotráfico y lavado de dinero en ese país. Nacido en la ciudad de Pedro Juan Caballero, en la frontera entre Paraguay y Brasil, adquirió notoriedad pública tras su detención en 2018, durante un operativo antidrogas de gran repercusión en el país.

Las investigaciones judiciales lo identificaron como líder de una organización criminal que operaba en Alto Paraná, dedicada al tráfico internacional de cocaína, el lavado de activos y la adquisición de bienes de lujo como vehículos deportivos y propiedades.

Su figura ganó relevancia por su vida ostentosa y sus presuntos vínculos con funcionarios y políticos locales. Se lo apodó el “Pablo Escobar paraguayo” debido a la estructura de su red y sus prácticas de exhibición de riqueza, similares a las del narcotraficante colombiano.

Las autoridades incautaron grandes sumas de dinero, drogas y bienes durante los allanamientos a sus propiedades. Tras su detención, Cabaña enfrentó varios procesos judiciales y medidas cautelares que incluyeron su prisión preventiva y, posteriormente, arresto domiciliario bajo fianza. Su caso permanece abierto y continúa bajo seguimiento de la justicia paraguaya, marcando uno de los expedientes por narcotráfico más resonantes del país.

El jueves 8 de enero se conoció la captura de Jorge Visbal Martelo, exsenador de la República y expresidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), en cumplimiento de una orden judicial derivada de una condena en firme por el delito de concierto para delinquir agravado.

La aprehensión se registró tras una decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que confirmó, en segunda instancia, la pena de nueve años de prisión impuesta en su contra por su presunta relación con jefes de grupos paramilitares, en especial de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

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La detención se produjo el 6 de enero en el kilómetro 46 de la vía Oriental, a la altura del municipio de Ponedera, en el departamento del Atlántico. De acuerdo con la información de la Policía Nacional, Visbal Martelo se movilizaba en un vehículo particular cuando fue requerido por uniformados de la Policía que realizaban un puesto de control en la zona.

Al verificar sus antecedentes judiciales en el sistema, los agentes encontraron una orden de captura vigente para el cumplimiento de la condena, por lo que fue dejado inmediatamente a disposición de las autoridades y posteriormente trasladado a Bogotá.

Las autoridades confirmaron que la captura se realizó sin contratiempos. En una imagen de la captura divulgada por la Policía, Jorge Visbal Martelo aparece con un aspecto físico visiblemente distinto al de años anteriores, pues se le observa con una contextura más delgada y rasgos faciales más marcados, mientras es custodiado por uniformados durante el procedimiento policial.

Visbal Martelo, de 72 años, es administrador de empresas y oriundo del municipio de Corozal, en el departamento de Sucre. A lo largo de su trayectoria pública se desempeñó como dirigente del sector ganadero, fue presidente de Fedegán entre 1998 y 2005, y ocupó cargos diplomáticos como embajador de Colombia en Canadá entre 2004 y 2006, y en Perú entre 2010 y 2012. Además, fue senador de la República y miembro de la Comisión de Paz.

La captura se produce luego de que quedara en firme la condena que ya había sido confirmada en agosto de 2025 por la Corte Suprema de Justicia. En esa oportunidad, el alto tribunal ratificó la sentencia de nueve años de prisión proferida inicialmente por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá y confirmada posteriormente por el Tribunal Superior de Bogotá.

Visbal Martelo y los vínculos con grupos paramilitares

El 19 de agosto de 2025, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra Jorge Visbal Martelo por el delito de concierto para delinquir agravado. Según la investigación judicial, los hechos se habrían presentado entre 1998 y 2005, periodo en el que el exsenador ejercía la presidencia de Fedegán y, de manera simultánea, era integrante de la Comisión de Paz.

De acuerdo con lo establecido en la sentencia, Visbal Martelo habría asistido a reuniones con las Autodefensas Unidas de Colombia en varias fincas ubicadas en el departamento de Córdoba, identificadas como “La 7”, “La 21” y “La 53”. En estos encuentros, según el fallo, mostró afinidad con dicha organización armada ilegal y empatía con su entonces jefe, Carlos Castaño Gil, además de sugerir la expansión del grupo paramilitar hacia territorios con actividad ganadera que en ese momento presentaban presencia de grupos guerrilleros.

La decisión judicial también señala que el condenado habría financiado a las AUC mediante el pago de cuotas destinadas a su sostenimiento, a cambio de seguridad, y que hizo parte de su estructura política al integrar el denominado “Grupo de los Doce”, que asesoraba a Castaño Gil.

Para la Sala de Casación Penal, Visbal Martelo aprovechó su condición de miembro del Consejo Nacional de Paz para promocionar a las AUC hasta el momento de su desmovilización. No obstante, el alto tribunal precisó que su participación en acercamientos y diálogos con organizaciones armadas ilegales, como las Farc, el ELN y las propias AUC, contó en algunos casos con autorización del Gobierno nacional y, por sí sola, no generaba responsabilidad penal.

Según la Corte, dichas reuniones se realizaron “no en compañía de los demás miembros del Consejo, sino solo a fincas ubicadas en Tierralta, Córdoba, en donde era visto compartir con Carlos Castaño Gil, con quien, además, solía ingerir bebidas alcohólicas”. Asimismo, se indicó que acudía a los jefes paramilitares para solicitar su presencia en zonas ganaderas con fuerte predominio guerrillero.

La detención de Joaquín Guzmán Loera, conocido como "El Chapo" Guzmán hace exactamente 10 años, marcó una transformación en la estructura y operaciones del Cártel de Sinaloa.

Y es que la caída de uno de los dos máximos líderes de la organización desencadenó una reconfiguración con efectos que persisten hasta hoy en la dinámica interna y el alcance de la organización criminal.

Guerras, capturas, muertes y secuestros han sucedido a partir de que uno de los hombres más buscados del mundo fuera capturado en la ciudad de los Mochis, Sinaloa, junto con el líder de uno de sus principales brazos armados, Iván Gastélum Cruz, mejor conocido como “El Cholo Iván“.

Aquella operación donde los dos cayeron se le conoce como “Cisne Negro”, una clave utilizada por los agentes federales para camuflar las intenciones, las cuales dieron resultados y fueron confirmadas por el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, mediante su cuenta de Twitter.

“Misión cumplida: lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido”, se leía en la cuenta oficial del mandatario, sin saber lo que estaba por venir.

Cambios inmediatos en el Cártel de Sinaloa

Tras la captura de "El Chapo“ el El 8 de enero de 2016, el Cártel de Sinaloa experimentó ajustes en su liderazgo y estructura, los cuales fueron fueron adoptados por sus hijos.

Los hijos de Guzmán, identificados como Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López, conocidos como Los Chapitos, asumieron roles de mando.

Al mismo tiempo, Ismael Zambada García, alias El Mayo, reforzó su posición como histórico co-líder de la organización.

Sin embargo, la ausencia de Guzmán produjo tensiones entre las principales facciones internas.

Uno de los problemas de esos cambios habría sido que el Cártel de Sinaloa presuntamente se mantuvo funcional gracias a su modelo descentralizado y a la experiencia de sus operadores veteranos, lo que permitió conservar rutas de tráfico y alianzas estratégicas. Sin embargo, la redistribución de poder generó desconfianza y rivalidades, factores que se manifestaron en episodios de violencia y ajustes de cuentas.

Guerras internas tras la toma del poder de sus hijos

Luego de la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, los hijos del capo enfrentaron una de las crisis más profundas en la historia interna del Cártel de Sinaloa: la disputa con el grupo de Los Licenciados.

Este grupo, encabezado por Dámaso López Núñez, “El Licenciado”, antiguo operador y amigo cercano de “El Chapo Guzmán”, buscó tomar el control de la organización, lo que desencadenó una confrontación violenta.

Según reportes, la fractura se habría originado porque Dámaso López, quien gozaba de la confianza de “El Chapo”, fue desplazado por “Los Chapitos” en la toma de decisiones clave, especialmente en el manejo de rutas de tráfico y recursos.

La tensión alcanzó su punto máximo en 2017, cuando ambos bandos protagonizaron enfrentamientos armados en Culiacán y otras zonas estratégicas de Sinaloa y Baja California.

Durante este periodo, se registraron asesinatos selectivos y emboscadas contra miembros y familiares de ambos bandos.

La confrontación terminó debilitando significativamente a Los Licenciados. Dámaso López fue detenido en 2017, y su hijo, Dámaso López Serrano, “El Mini Lic”, se entregó a las autoridades estadounidenses.

Con la caída de este grupo, “Los Chapitos” consolidaron su control sobre la mayor parte del Cártel de Sinaloa, aunque las secuelas de la disputa habrían generado un ambiente de desconfianza y fragmentación que persiste hasta la actualidad.

Cambio de negocio, el mundo del fentanilo

Por otra parte, con la nueva estructura comandada por “Los Chapitos”, el Cártel de Sinaloa habría diversificado su negocio principal hacia el tráfico de fentanilo, un opioide sintético de alta potencia cuya demanda creció en Estados Unidos.

Según reportes realizados por Infobae México, el Cártel de Sinaloa se habría consolidado como productor y exportador de esta sustancia, lo que provocó una presión sin precedentes por parte de las autoridades estadounidenses y mexicanas.

De acuerdo con cifras de la DEA, en el 2023, el 76% las pastillas de fentanilo traficadas ilegalmente contenía dosis mortales en su composición, lo que habría generado presión en la organización hasta el punto de designarla como una entidad terrorista en EEUU.

Fragmentación con los Zambada tras el secuestro del Mayo

El 25 de julio de 2024, la detención y secuestro de Ismael El Mayo Zambada por parte de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” marcó un otro de quiebre en el Cártel de Sinaloa.

Según reportes, Zambada fue engañado bajo la promesa de una reunión de negociación, y trasladado a Estados Unidos, donde fue arrestado, acto señalado por expertos en la materia como algo increíble por el nivel de complejidad y las dudas que aún existen en torno al caso.

Al igual que en el caso de “El Chapo”, la captura de “El Mayo” Zambada abrió una etapa de fragmentación acelerada.

Su hijo, Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, asumió el mando de la facción conocida como "La Mayiza", quienes todavía continúan peleando contra “Los Chapitos” en busca del poder.

Este quiebre interno que ha generado escenarios de guerra prolongada podría derivar en la eventual disolución del cártel.

Al mismo tiempo, la violencia aumentó en Culiacán y otras regiones, mientras organizaciones rivales expandieron su control ante la incapacidad de una facción única para imponer autoridad.

A una década del operativo que puso fin al liderazgo de Joaquín Guzmán Loera al frente del Cártel de Sinaloa, la organización enfrenta el riesgo de perder el poder, marcando así el posible inicio del ocaso de un cártel que durante años definió la dinámica del narcotráfico en México y el continente.

La Policía Nacional informó la captura de alias Andrés Martínez, presunto cabecilla urbano del frente Manuel Cepeda Vargas, señalado de realizar inteligencia criminal contra instalaciones policiales en el municipio de Palmira, Valle del Cauca.

El operativo, ejecutado por la Seccional de Inteligencia Policial y personal del Distrito Especial de Policía Palmira, permitió su detención y judicialización, de acuerdo con el comunicado oficial.

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Las investigaciones señalaron, de acuerdo con un comunicado emitido por la Policía del departamento del Valle del Cauca, que “Andrés Martínez” tendría una trayectoria delictiva de más de 11 años y sería considerado el segundo cabecilla del referido frente urbano, con operaciones en jurisdicción de la Metropolitana de Cali y Palmira.

Según el reporte oficial, el capturado estaría vinculado a la coordinación de la instalación de una pancarta alusiva a las disidencias de las Farc, firmada como “Comandante Jacobo Arenas”, el 24 de julio de 2024 en la vía Cali–Palmira.

Además, habría gestionado la consecución de armas de fuego para la estructura criminal y mantenía presencia en los corregimientos El Guanabanal, La Dolores y Caucaseco, en Palmira.

Entre los hechos atribuidos a alias Andrés Martínez, el comunicado destacó la presunta orden de instalación de seis cilindros abandonados el 10 de junio de 2025, ubicados en ambos sentidos de la vía entre Palmira y Cali, lo que generó alarma y afectó la movilidad local.

Durante la captura, que se efectuó el 27 de mayo de 2024 en la ciudad de Cali, las autoridades incautaron dos banderas alusivas a las disidencias de las Farc, una motocicleta y un equipo de comunicación móvil.

La institución confirmó que el procedimiento se realizó bajo coordinación con las unidades de la Policía Nacional y el Distrito Especial de Policía Palmira.

El comunicado de la Policía del Valle del Cauca agregó que el detenido estaría presuntamente involucrado en varios hechos violentos, entre ellos un ataque registrado el 12 de enero de 2024 en el barrio Los Lagos, en Santiago de Cali.

Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento mientras avanzan las investigaciones para determinar su responsabilidad en otros delitos.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad ciudadana y la lucha contra los grupos armados ilegales, e invitaron a la comunidad a denunciar cualquier hecho que afecte la convivencia y la tranquilidad en el departamento.

Desarticulan a “Los Pupis”, grupo dedicado al microtráfico en Palmira

La Policía Nacional desarticuló, a mediados del mes de diciembre de 2026, al Grupo Delincuencial Común Organizado (Gdco) “Los Pupis” tras un operativo en Palmira, Valle del Cauca, que dejó la captura de tres de sus integrantes y la incautación de dinero, drogas sintéticas, marihuana exótica y vehículos utilizados para la distribución local de estupefacientes.

El procedimiento fue ejecutado por la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, que permitió cumplir tres órdenes judiciales por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Durante el operativo se incautaron dos teléfonos móviles, dos motocicletas, cien bolsas ziploc marcadas con emblemas del grupo, cincuenta bolsas para Tusi (2CB), dieciocho millones de pesos en efectivo y una gramera para pesar sustancias.

Según información oficial, la banda coordinaba la distribución de marihuana exótica y drogas sintéticas en parques, eventos y fiestas de Palmira. Las investigaciones indican que los estupefacientes eran transportados desde zonas montañosas del Cauca hasta puntos de venta definidos en la ciudad, lo que favorecía el crecimiento de problemas de seguridad y afectaba la salubridad pública.

La incautación de estos elementos y la captura de los integrantes del grupo representa un avance en la reducción del tráfico de drogas sintéticas y marihuana exótica en el Valle del Cauca.

“Con esta operación, se logra un impacto significativo contra la comercialización de drogas, contribuyendo a la reducción de hechos que ponen en riesgo la vida, la convivencia ciudadana y la salud pública”, detalló la seccional vallecaucana en su comunicado.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y enfrentarán cargos por concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes.

A partir de la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, y de Cilia Flores, su esposa, en una operación ejecutada por Estados Unidos durante la madrugada del 3 de enero de 2026, en cabeza del presidente Donald Trump, el debate político en Colombia tomó un giro marcado por los análisis de varios aspirantes presidenciales, que abordaron tanto la detención del dictador como el impacto que este hecho tiene en la relación bilateral entre Bogotá y Washington.

De hecho, las declaraciones de Trump incluyeron advertencias dirigidas a otros gobiernos de América Latina, como lo hizo directamente con Colombia, debido a la quebrada relación que tiene con Petro. El presidente norteamericano sostuvo que su administración retomó un rol central en la región y que Estados Unidos ejercerá liderazgo frente a lo que considera amenazas vinculadas al narcotráfico y a estructuras armadas.

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Ante este escenario político que mantiene la atención internacional, los distintos planteamientos de los aspirantes presidenciales, que esperan ser los siguientes en ocupar la casa de Nariño, se dieron a conocer durante unas entrevistas otorgadas a Noticias Caracol, espacio en el que cada candidato presentó su interpretación de la situación regional y de sus efectos sobre la política exterior de Colombia.

Juan Manuel Galán

Desde una perspectiva centrada en la seguridad fronteriza y en la relación con Venezuela, Juan Manuel Galán, líder del Nuevo Liberalismo y que está en la lista de la Gran Consulta por Colombia para elegir a un solo aspirante por la corriente de centro-derecha, planteó que el primer punto de análisis debía enfocarse en la dinámica territorial compartida.

En su intervención afirmó: “Lo primero es pensar en las relaciones transfronterizas”. A partir de esa idea, desarrolló una postura basada en el fortalecimiento de la presencia estatal en la frontera y en la definición de prioridades de seguridad, con énfasis en la protección de la población civil y en el desmantelamiento de estructuras armadas ilegales.

Galán profundizó su posición al señalar que la política exterior colombiana debía diferenciar entre relaciones binacionales y relaciones transfronterizas. En ese sentido sostuvo: “Colombia debe apoyar todos los esfuerzos por una transición democrática, una transición pacífica y una transición a través de elecciones libres y justas en Venezuela”.

David Luna

En una línea distinta, David Luna, exsenador de Cambio Radical y aspirante presidencial, calificó la captura del líder del régimen como un hecho relevante para la región. Durante su entrevista expresó: “Yo sí creo que es una buena noticia que el dictador Nicolás Maduro haya caído”.

El líder político centró su análisis en el impacto que, a su juicio, tendría este hecho sobre las dinámicas del narcotráfico y sobre las condiciones de seguridad en la frontera colombo-venezolana. También abordó el estado de las relaciones con Washington, al advertir sobre los riesgos económicos derivados de una crisis diplomática, especialmente para sectores exportadores colombianos.

Al referirse al debate internacional, Luna señaló: “Todo el mundo analiza la situación de Venezuela, pero nadie se ha tomado la tarea de preguntar a los venezolanos qué era lo que estaban sintiendo”. En ese sentido, propuso un acercamiento que tuviera en cuenta a la población venezolana.

Sobre la relación de Colombia con Estados Unidos, advirtió: “Yo sí espero que se entienda que estamos ad portas de un proceso electoral en Colombia, donde durante los meses de marzo y mayo se elegirá a un congreso y un nuevo presidente. Y espero que los elegidos, esperando, por supuesto, que por los ciudadanos pueda ser yo, se restablezca una diplomacia que construya, no que, no que destruya, que entienda que es dialogando cómo se pueden mejorar las relaciones entre los países. El proceso electoral colombiano hay que blindarlo, hay que protegerlo, hay que impulsarlo para que los colombianos no vean las armas inmersas en él, particularmente las del narcotráfico”.

Enrique Peñalosa

Enrique Peñalosa, dos veces exalcalde de Bogotá, centró su análisis en la situación interna venezolana y en sus repercusiones históricas para Colombia. En su declaración sostuvo: “Había una dictadura que estaba respaldada, no con los votos, sino con la fuerza de la policía, de los militares”. A partir de esa premisa, relacionó el respaldo estatal venezolano con la actividad de grupos armados ilegales en territorio colombiano.

El exalcalde vinculó al régimen venezolano con dinámicas de violencia en territorio colombiano, por lo que al respecto, afirmó: “Estos señores (...), agrediendo a Colombia. Estos señores han venido apoyando los grupos armados ilegales en Colombia, que le hacen un daño terrible a todo lo largo de la frontera con Venezuela, en la Serranía del Perijá, en el Catatumbo, en Arauca”. Según su lectura, ese respaldo incidió de manera directa en el deterioro de la seguridad en zonas fronterizas.

Peñalosa señaló que, desde su perspectiva, los hechos ocurridos resultaron favorables para el país. En ese punto expresó: “La realidad es que a Colombia, para Colombia y para la democracia, es bueno lo que ha pasado”. Al respecto indicó: “Es una dictadura que a las buenas era imposible cambiarla”.

El aspirante también hizo referencia a las críticas formuladas por el presidente Gustavo Petro y por el senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, frente a la intervención internacional: “Es absurdo que ahora vengamos a hacer una crítica, como hacen Cepeda y Petro, de la intervención internacional, porque más allá de las leguleyadas, la realidad es que, el pueblo venezolano era oprimido”.

Abelardo de la Espriella

En el desarrollo del análisis público, el turno correspondió al abogado y aspirante presidencial Abelardo de la Espriella, que señaló de manera abierta su respaldo a la operación realizada por Estados Unidos y expuso una lectura centrada en el carácter judicial de la acción y en sus implicaciones regionales. Desde el inicio de su intervención, el líder expresó una posición favorable frente a la captura de Nicolás Maduro y describió el hecho como el resultado de un proceso legal internacional.

“Yo estoy pletórico y feliz por la captura de uno de los delincuentes más peligrosos del mundo, el jefe del Cartel de los Soles, un narco-tirano que ha sojuzgado a su pueblo, que ha generado la diáspora de más de ocho millones de venezolanos, que ha secuestrado opositores que hoy todavía están detenidos”. En esa misma intervención, señaló que el régimen venezolano permitió la expansión de prácticas de corrupción y sostuvo: “Arruinó a un país con todas las riquezas del mundo y que ha permitido que la corrupción se haya tomado todos los estamentos”.

En su análisis, De la Espriella insistió en que la acción estadounidense no podía ser catalogada como una intervención militar de Estados Unidos: “Lo que ocurrió en Venezuela no es una invasión, como el petrismo quiere hacerlo ver. Es la captura de un delincuente internacional”. Añadió que el procedimiento respondió a una orden judicial y señaló: “Aquí se le dio cumplimiento a una orden judicial y se le dio captura a un delincuente internacional”.

Sobre la solución al conflicto entre Colombia y Venezuela, el abogado señaló: “No voy a venir a decir aquí que es que la relación se resuelve con los Estados Unidos si soy yo. No, todo el que no sea de izquierda y no tenga las ideas delirantes de Petro, que han sido un fracaso desde el punto de vista político, económico, cultural y social en todo el mundo, va a recomponer esas relaciones el mismo día de la posesión”.

Daniel Palacios

En el desarrollo de las reacciones frente a la situación en Venezuela, el exministro del Interior y aspirante presidencial Daniel Palacios expuso una postura centrada en la responsabilidad del Gobierno colombiano dentro del escenario diplomático y de seguridad regional. Durante su intervención, el precandidato señaló de manera reiterada al presidente Gustavo Petro como el principal responsable del deterioro de la relación con Estados Unidos y de una postura favorable hacia el régimen venezolano.

“Aquí el problema es un problema que se inventó Gustavo Petro, que se lo ha inventado por querer jugar a ser el líder universal, el líder del mundo mundial, metiéndose y cazando peleas, que son peleas ajenas”, señaló el líder.

En ese mismo contexto, sostuvo que la política exterior del actual Gobierno respondió a decisiones personales del mandatario y añadió: “Aquí lo que tenemos es un presidente que internamente defiende a los criminales e internacionalmente, pues se juega por una dictadura y por un narcotraficante que claramente está determinado”.

“El que ha tratado de deteriorar la relación con Estados Unidos ha sido directamente Gustavo Petro. No existe una razón para que Colombia y Estados Unidos estén en una situación de antagonismo”. En su análisis, también vinculó esta situación con la política de seguridad interna y afirmó: “Hay que recordar que aquí ha incrementado la producción de droga como nunca antes y que vemos un presidente que le ha dado la política del amor a los delincuentes”.

Santiago Botero

En otro momento del análisis, el aspirante presidencial Santiago Botero se refirió a los acontecimientos en Venezuela desde una perspectiva centrada en los intereses económicos de Estados Unidos y en las decisiones adoptadas por el expresidente Donald Trump. Durante su intervención, el líder planteó que la operación adelantada respondió a compromisos adquiridos durante la campaña presidencial en ese país.

“Yo creo que el presidente Trump demuestra claramente que es un presidente empresario, a diferencia de los presidentes políticos”, aseveró. En esa línea, sostuvo que las decisiones tomadas se relacionaron con objetivos económicos, “siento que es lo que hizo el presidente Trump, es cumplirle a los americanos lo que les dijo en campaña”.

En materia diplomática, el aspirante propuso un enfoque pragmático y sostuvo: “Si yo hubiera sido el presidente y el presidente Trump hace lo que hizo en Venezuela, pues yo como presidente de Colombia le hubiera dicho al presidente Trump: ‘Oiga, estamos los colombianos listos para ver cómo le ayudemos a usted a extraer ese petróleo’”. Según explicó, ese tipo de cooperación podría traducirse en beneficios económicos y sociales para Colombia.

Juan Fernando Cristo

Tras las palabras de Botero, intervino el exministro del Interior y aspirante presidencial Juan Fernando Cristo, que abordó la situación en Venezuela desde una perspectiva centrada en la prudencia diplomática y en los intereses estratégicos de Colombia. En su análisis, el líder resaltó la necesidad de una actuación institucional y alejada de confrontaciones públicas.

“Yo creo que es una coyuntura que exige demasiada prudencia, demasiada serenidad y diplomacia profesional, no diplomacia de micrófono ni diplomacia en las redes sociales”. En ese sentido, sostuvo que la decisión del gobierno norteamericano abrió un debate internacional que obliga a Colombia a reflexionar sobre su papel frente a Venezuela y señaló que una transición pacífica y democrática resulta “absolutamente crucial” para el país.

El aspirante explicó que cualquier escenario de conflicto interno en Venezuela podría generar efectos directos sobre Colombia. Al respecto indicó: “Cualquier situación que prenda la mecha en Venezuela, que genere conflictos internos, que genere enfrentamientos, puede generar al mismo tiempo una nueva oleada de migración hacia Colombia” y añadió que ello también podría afectar la seguridad en la frontera.

Sobre el rol internacional del país, Cristo sostuvo: “El liderazgo de Colombia en los escenarios multilaterales debe estar concentrado en que junto con Brasil, con México, con Chile” se impulse una transición ordenada en Venezuela. Así, señaló que a Colombia no le conviene un periodo prolongado de inestabilidad y resaltó la importancia de avanzar hacia elecciones con acompañamiento internacional.

Mauricio Cárdenas

El cierre de esta ronda de entrevistas en el medio en mención estuvo a cargo de Mauricio Cárdenas, candidato presidencial de la consulta de centro-derecha, que presentó una posición enfocada en la transición política venezolana y en las oportunidades económicas que, según expuso, se abren para Colombia.

“Lo celebro. Sin ambigüedad, me parece que fue una operación muy efectiva, hecha de manera quirúrgica y que le da una posibilidad a Venezuela que no tenía hace tres días”. En ese mismo sentido, señaló que este escenario genera expectativas entre la población venezolana y expresó que se trata de “un motivo de alegría también para todos los demócratas, para ocho millones de venezolanos que están por fuera del país”.

Cárdenas vinculó estos cambios con la necesidad de mejorar las condiciones de vida en Venezuela y sostuvo: “Todo esto al final del día es para, para que los venezolanos puedan vivir mejor”. A partir de esa premisa, planteó un rol activo de Colombia en la etapa de transición, “Colombia debe desde ya empezar a trabajar en esta transición para que Venezuela tenga más productos, más abastecimiento, más suministro de productos de primera necesidad”.

Al ser consultado sobre la relación con Estados Unidos y la postura expresada por Abelardo de la Espriella, que señaló que se solucionaba con un cambio de poder, Cárdenas marcó distancia y afirmó: “Creo que el doctor de la Espriella es un poco superficial en esa afirmación”. Reiteró que la normalización de las relaciones debe basarse en la legitimidad democrática y concluyó que “la relación plenamente restablecida es con el gobierno legítimo, insisto, basado en elecciones y en la voluntad del pueblo venezolano”.

La izquierda latinoamericana no tiene un problema de información.

Tiene un problema de honestidad intelectual.

Porque si algo quedó brutalmente expuesto con Venezuela es que los derechos humanos, para muchos, no son un principio: son un recurso retórico. Se usan cuando el victimario es ajeno y se archivan cuando el victimario es propio.

Ahí está la escena obscena: indignación eterna con las dictaduras del pasado —justificada, necesaria— y silencio cómplice frente a una dictadura viva, activa y feroz.

Venezuela.

No fue un presidente. Fue un impostor con poder armado.

No cayó un presidente democrático.

No fue derrocado un gobierno legítimo.

No hubo golpe.

Fue detenido el jefe de un régimen cívico-militar, sostenido por la fuerza, el fraude y el terror.

Hablar de “intervención” es una mentira deliberada. En Venezuela no había institucionalidad que defender. Había un poder usurpado, elecciones robadas, presos políticos, tortura sistemática y un éxodo de dimensiones bíblicas.

Ocho millones de personas huyeron de su país.

Ocho millones.

Eso no lo produce una “democracia imperfecta”.

Eso lo produce una dictadura.

El escándalo no es la detención. Es el silencio previo.

La hipocresía no empieza ahora. Empieza mucho antes.

Empieza cuando durante años no dijeron una palabra por:

• los opositores encarcelados

• los estudiantes reprimidos

• los periodistas perseguidos

• los militares que disparaban contra civiles

• los venezolanos caminando miles de kilómetros para sobrevivir

Ahí no había marchas.

Ahí no había comunicados.

Ahí no había indignación.

Pero hoy, cuando el responsable máximo es detenido, aparecen los defensores de la “soberanía”, el “diálogo” y la “paz”.

No es pacifismo.

Es cinismo.

El cuento del petróleo

Ahora se preocupan por el petróleo venezolano. Los mismos que jamás se preocuparon por los venezolanos.

Cuando Rusia y China manejaban el poder real del país, la soberanía no importaba.

Cuando se robaban elecciones, el diálogo no importaba.

Cuando se violaban derechos humanos, el respeto institucional no importaba.

Pero hoy, de golpe, todo eso es un drama.

No es preocupación por Venezuela.

Es duelo ideológico.

El festejo que los delata

Mientras millones de venezolanos en el mundo festejan el fin de quien los sometió durante años, acá se repudia la detención. No por amor a la democracia, sino por fidelidad a un relato que ya no resiste los hechos.

La izquierda que alguna vez dijo “Nunca Más” hoy practica el “depende”.

Depende de quién torture.

Depende de quién robe elecciones.

Depende de quién oprima.

Y cuando los principios dependen, dejan de ser principios.

El espejo final

La historia es cruel con los cómplices. No con los que se equivocan, sino con los que eligen callar cuando el verdugo les resulta simpático.

No se puede condenar a Videla y justificar a Maduro.

No se puede hablar de derechos humanos con excepciones.

No se puede defender al pueblo sólo cuando coincide con la ideología.

Esta vez, la careta se cayó.

Y lo que quedó a la vista no fue preocupación por Venezuela, sino nostalgia por una dictadura.

En la madrugada del 3 de enero, en Venezuela, se registró la captura del dictador Nicolás Maduro tras un ataque por parte de autoridades de Estados Unidos, que han provocado diferentes reacciones en el mundo.

Además de los calificativos a favor y en contra del operativo militar, a nivel global ha llamado la atención que, precisamente, un 3 de enero, pero de 1990, se había registrado una intervención similar en Panamá para capturar al dictador Manuel Antonio Noriega.

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En esa ocasión, en medio del ataque, el panameño decidió entregarse y de manera inmediata fue extraditado a Estados Unidos, en donde afrontó un juicio por varios crímenes, la mayoría por sus nexos con narcotraficantes de la época, la mayoría de Colombia.

En el caso de Nicolás Maduro, también será juzgado por su vínculo con estructuras criminales ligadas al envío de narcóticos a Estados Unidos, que hace parte de las similitudes entre la caída de dos dictaduras con una diferencia de 36 años.

Los capos terminaron exponiendo a los dictadores

En 1990, cuando se registró la captura de Noriega, fue clave la participación de Carlos Lehder, colombo-alemán que fundó el cartel de Medellín junto con otros capos, entre ellos Pablo Escobar.

Tras convertirse en el primer narcotraficante en ser extraditado a Estados Unidos, en 1987, Lehder fue condenado a dos cadenas perpetuas y todo parecía indicar que pasaría el resto de su vida en una celda; sin embargo, ese fue el motivo por el que el oriundo de Armenia decidió aceptar colaborar con las autoridades y revelas los secretos que tenía sobre Noriega.

En sus declaraciones, Lehder confirmó que los capos colombianos tenían negocios con Manuel Antonio Noriega, dictador de Panamá durante los 80, y que este convirtió al país centroamericano en una base clandestina por la que se sacaba la droga del Caribe

Gracias a la información entregada por Lehder, el dictador panameño fue capturado en 1989, condenado a 30 años de prisión en 1992 y estuvo en varias prisiones de Estados Unidos, Francia y su país natal, en donde falleció en 2017.

Más de 30 años después, Lehder recuperó su libertad y volvió a Colombia tras pasar un tiempo prolongado en Alemania, en su regreso habló para El Colombiano y confirmó que fue la persona que entregó a Noriega.

“Testificar contra Noriega fue mi boleto para recobrar la libertad”, reconoció el oriundo de Armenia, que aseguró que pidió permiso al líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar, para actuar en nombre propio y proteger acuerdos internos; sin embargo, familiares del antioqueño desmintieron esta versión.

Todos estos aspectos fueron recordados cuando comenzaron a ejecutarse las operaciones encubiertas en Venezuela, que fueron comandadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), puesto que se afirmó que se trataba de la misma estrategia que utilizó Estados Unidos antes de la caída de Noriega.

Además de presencia militar, la caída de Maduro también incluyó el testimonio de un capo, que en este caso fue Ovidio Guzmán, hijo del “Chapo” Guzmán, que en agosto de 2025 declaró ante un tribunal del país norteamericano.

Aunque no se ha conocido el testimonio específico que protagonizó el “chapito”, luego de que terminó la declaración, diferentes medios en Estados Unidos filtraron que el nombre de Nicolás Maduro fue uno de los más importantes que mencionó el criminal mexicano.

Desde ese momento, Donald Trump reafirmó su postura sobre la importancia del dictador venezolano en el tráfico de drogas en la región, asegurando que Maduro es el cabecilla del cartel de los Soles, siendo el motivo principal por el que se registró la operación militar que terminó con la captura del sudamericano en el inicio del 2026.

Además de la crisis migratoria que se ha registrado en la región, la situación política y económica de Venezuela ha provocado que el Tren de Aragua, una de las estructuras criminales más peligrosas del mundo, consolide su presencia en varios países de Latinoamérica.

En ese sentido, en noviembre de 2025 se registró la captura, en Bolívar, de “Munra”, considerado por las autoridades como el principal coordinador del narcotráfico, tráfico de armas y financiador de la organización delincuencial en Colombia.

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En el informe preliminar, las autoridades en Cartagena informaron que este peligroso criminal llevaba varios meses escondido en la ciudad, mientras que seguía los lineamientos de “Niño Guerrero”, principal cabecilla del Tren de Aragua.

“Esta captura responde a la articulación interinstitucional de la Policía Nacional de Colombia con agencias internacionales, desarrollando acciones operativas contundentes que permitan contener fenómenos criminales de carácter trasnacional“, fue parte del comunicado de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Los secretos de la caída de ‘Munra’

En un informe presentado por Testigo Directo se expusieron detalles inéditos de la detención de “Munra” en Colombia, que tenía una orden de captura de la Interpol en su contra.

En primer lugar, se expone que el nombre verdadero de este individuo es Héctor Asdrúbal García Zúñiga, nació el 12 de julio de 1989 y de acuerdo con la Interpol, en los últimos años estuvo en Brasil, Colombia y Perú.

En ese sentido, Alejandro Casaglia, experto en crimen organizado, indicó que “Munra” aparece en los informes de las autoridades en la región, puesto que se le menciona como uno de los cabecillas delegados por “Niño Guerrero” para delinquir en América del Sur.

El especialista indicó que la estructura transnacional ha adoptado ese modus operandi para tener líderes zonales, que se encargan de entregar balances sobre sus actos al principal cabecilla de la organización.

Sobre el operativo en el que cayó “Munra”, el medio citado informó que luego de varios meses de investigación, las autoridades identificaron que, tras la caída de uno de sus hombres de confianza, se descubrió que este permanecía escondido en un hotel de la Ciudad Amurallada.

En la mañana del 11 de noviembre se llevó a cabo el operativo, en el que “Munra” reconoció que estaba sorprendido de que hubieran identificado su ubicación.

Un agente que participó del operativo mencionó que identificaron que el criminal no tenía pareja, ni frecuentaba sitios nocturnos; además, de que en cada salida del hotel no pasaba más de 15 minutos en sitios públicos para no quedar al descubierto.

“No le gustaba salir, era una persona que le gustaba su privacidad y ponerse ante la lupa de la policía. Se escondía mucho de las autoridades”, mencionó el uniformado.

El agente indicó que se tiene claridad de que “Munra” lograba sumar hasta 150 millones de pesos entre las sumas que recibía de sus hombres, todo esto producto de la extorsión de comerciantes en la región.

De la misma forma, que a través de aplicaciones lograban extorsionar a comerciantes en Venezuela para que estos los “patrocinaran” en el exterior. Sobre sus tareas en Colombia, se conoció que “Munra” era el encargado de suministrar armamento a todas las células del Tren de Aragua en el país.

Por último, el uniformado indicó que están analizando los archivos del teléfono celular del capturado para identificar los alcances que tenía desde Cartagena, puesto que se estima que también tenía mando en las acciones criminales del Tren de Aragua en Perú y Brasil, solo siendo superado en voz de mando por “Niño guerrero”.

Luego de conocerse la resolución judicial que vinculó a ambos exministros con un supuesto direccionamiento indebido de contratos en el Instituto Nacional de Vías (Invias) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la fuerza pública actuó sobre Bonilla, que se hallaba físicamente en el recinto.

El despliegue policial dentro del tribunal transcurrió sin complicaciones.

Bonilla, visiblemente afectado, escuchó la lectura de sus derechos como procesado sin oponer resistencia y abandonó el edificio bajo custodia, tras ser notificado de la decisión.

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La defensa del exministro Ricardo Bonilla, a cargo del abogado, Mauricio Pava, puso en evidencia la integridad y el respeto al debido proceso tras la reciente decisión judicial que afecta a su cliente.

En diálogo con los medios de comunicación, el litigante defensor subrayó la importancia de los principios fundamentales en juego: “Para nosotros, como les he dicho, los abogados, la presunción de inocencia es tan importante como para ustedes, los periodistas, la libertad de expresión”, afirmó.

El letrado destacó que la defensa ha logrado demostrar ante la autoridad judicial la trayectoria intachable del exministro.

“Ella reconoció un trabajo que ha hecho la defensa de acreditar lo que es un hecho notorio, que el exministro es una persona sin antecedentes, que ha asumido con entereza y con integridad y con dignidad este trance tan difícil para cualquier ciudadano”, sostuvo Pava ante la prensa.

Al referirse a los próximos pasos procesales, insistió en que las diferencias jurídicas deben resolverse en el contexto institucional.

“Y ya cuando entramos a los tribunales, allí creemos que lo único que debe dominar la decisión y la discusión son los argumentos jurídicos, que cada uno de nosotros exige que se cumpla la ley, creo que la ley y gestionar nuestras diferencias en los tribunales es la manera como construimos la democracia”, explicó el abogado de Bonilla a los medios.

Consultado sobre el destino inmediato del exministro, el defensor precisó: “Yo le hice la pregunta a órdenes de quién quedaba, de la Policía Nacional, como ustedes lo oyeron, de la magistrada, y posteriormente, el Inpec debe definir también un sitio de reclusión y, bueno, ya vendrá todo el proceso que inició”, detalló el abogado a la prensa.

Respecto a la solicitud de un lugar específico de reclusión, el representante legal aclaró: “No, nosotros vamos a solicitar un sitio que se compase con su edad, con su situación de salud, que ustedes vieron acreditados, y eso es lo que haremos”, indicó el abogado de Bonilla a los medios. Finalmente, sobre la situación inmediata de Bonilla, el defensor informó: “En las instalaciones del búnker le tienen que hacer exámenes médicos, psicológicos... Es todo un procedimiento que establece la ley y él, lo han visto ustedes, ha asumido este trance con dignidad y con entereza”, concluyó el abogado ante la prensa.

El abogado de Ricardo Bonilla resaltó que el proceso judicial continúa y anticipó que solicitarán un lugar de detención acorde con la edad y condición de salud del exministro. La defensa enfatizó la importancia de respetar la presunción de inocencia y la resolución de las diferencias en el ámbito institucional, mientras el exministro cumple los procedimientos legales correspondientes tras la medida de aseguramiento.

Se conocen nuevos detalles de Zulma Guzmán Castro, la principal sospechosa del doble crimen de dos niñas bogotanas que fueron envenenadas con talio, al consumir unas frambuesas contaminadas con talio, en abril del 2025.

El reconocido medio inglés The Sun, en su portada y en primera plana, informó que la ciudadana colombiana requerida por la justicia no solo colombiana, sino británica, fue ubicada por las autoridades londinenses en el río Támesis, al parecer, en una situación de riesgo.

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La mujer apareció luego de que otra ciudadana inglesa la viera “en angustia”, en el cuerpo hídrico, y reportara el hecho a las autoridades.

“La acusada de doble asesinato Zulma Guzmán Castro fue encontrada en el agua cerca del puente Battersea, al oeste de Londres, en una dramática operación de rescate”, se lee en el portal periodístico británico, que conoció los reportes policiales.

La Policía colombiana, a su vez, confirmó esta versión y comunicó que “La Policía Nacional, a través de DIJIN -OCN INTERPOL y en coordinación con las autoridades del Reino Unido, REALIZARON LA UBICACIÓN POR NOTIFICACIÓN ROJA DE INTERPOL DE ZULMA GUZMÁN CASTRO, por el homicidio de 2 menores de edad en Bogotá, mediante envenenamiento con talio. Esta persona fue ubicada al oeste de Londres. Estamos atentos de lo que definan las autoridades de Londres, en materia de retención y captura posteriormente (sic)”.

Guzmán Castro fue localizada cerca del puente de Battersea, en el oeste de Londres, según reveló The Sun. Personal de emergencias realizó el rescate alrededor de las 7 a. m. (hora local) del 16 de diciembre de 2025, en una intervención también impulsada por el seguimiento internacional tras la alerta emitida a comienzos del mes de diciembre.

El rescate de Zulma Guzmán

De acuerdo con la narración oficial, “los equipos de rescate rastrearon el río con reflectores antes de encontrar a Castro”.

“Fue encontrada poco antes de las 7 de la mañana en el puente de Battersea. Un portavoz de la Policía Metropolitana de Londres declaró: ‘La policía recibió una llamada a las 6:45 a. m. del martes 16 de diciembre alertando de que había una mujer en peligro en el puente de Battersea”. se lee en la versión publicada por el medio internacional.

“La Unidad de Policía Marítima de la Policía Metropolitana rescató a una mujer de unos 50 años del agua a las 7:14 a. m. y la trasladó al hospital, donde se determinó que sus lesiones no revestían gravedad ni supondrían un cambio en su vida’”, constató The Sun en el informe policial.

Zulma Guzmán ya había sido vista en el Reino Unido

Por su parte, las autoridades británicas informaron al portal de noticias que si Guzmán Castro “está en condiciones de comparecer”, será oficialmente capturada para comparecer ante “el tribunal de magistrados de Westminster para una audiencia de extradición”.

Esto sería realizado “en el momento oportuno”, afirmaron las autoridades, sin detallar la fecha en la que Zulma Guzmán sería llevada a los estrados judiciales en Londres, antes de ser devuelta a Colombia.

“Mientras tanto, la notificación roja de Interpol para localizarla parece haber sido retirada”, conoció el diario inglés.

Y aunque la sospechosa ofreció una entrevista virtual al medio Focus Noticias y prefirió ocultar su localización, las autoridades británicas dieron a conocer que a principios de la tercera semana del mes de diciembre ya habían emitido una orden de captura en su contra, en línea con la notificación de la circular roja de la Interpol.

“Las autoridades colombianas han solicitado al Reino Unido su captura y se cree que el Tribunal de Magistrados de Westminster emitió una orden de detención a principios de esta semana (...) Se cree que Castro llegó al Reino Unido el 11 de noviembre y que la Agencia Nacional contra el Crimen la estaba buscando activamente”, consta en el reporte del diario británico.

Las víctimas, Inés de Bedout Graham, de 14 años, y Emilia Forero Uricoeche, de 13, murieron tras consumir unas Franuí, frambuesas cubiertas de chocolate, que, de acuerdo con la policía colombiana, fueron adulterados con talio, sustancia conocida como “el veneno de los venenos”.

Otra menor sobrevivió y permanece con en grave estado de salud en la Fundación Santa Fe de Bogotá. El hermano de una de las fallecidas, al parecer, el joven Martín De Bedout, también recibió atención médica hospitalaria y se encuentra sano y salvo, como conoció el programa Los Informantes.

La policía colombiana sostiene que el caso presuntamente está vinculado a una venganza personal. Según las autoridades, Guzmán Castro habría actuado motivada por la ruptura de una relación con el padre de una de las niñas, el reconocido empresario y economista Juan De Bedout.

Desde su salida de Colombia, la acusada transitó por Argentina, Brasil y España antes de establecerse en el Reino Unido.

Antonio Quintero Molina, conocido como alias Caleño o Cali, señalado cabecilla del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) también conocido como Clan del Golfo, fue capturado por las autoridades de Ecuador.

Así lo confirmó el ministro del Interior de ese país, John Reimberg, en la que detalló que este sujeto fue detenido en la provincia costera de Santa Elena, una de las regiones más afectadas por el crimen organizado.

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Según el funcionario ecuatoriano, la detención de este sujeto se produce en medio de la intensificación de la lucha contra los grupos armados y el crimen transnacional, impulsada por el Gobierno ecuatoriano, tras declarar en 2024 el “conflicto armado interno” para combatir la violencia y el narcotráfico.

Así mismo, el ministro Reimberg compartió un video en el que alias Caleño es entregado a la Policía colombiana en el puente internacional de Rumichaca (frontera entre Colombia y Ecuador) donde será indagado por la justicia del país sudamericano.

“Alias ‘Caleño’, del Clan del Golfo, fue entregado en el Puente Internacional de Rumichaca, gracias al excelente trabajo de la Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior de Ecuador a las autoridades de Colombia. Se acabó la fuga y la impunidad. No hay escondite, no hay frontera y no habrá perdón para el crimen. El que delinque, responde ante la ley”, escribió el ministro ecuatoriano en su cuenta de X.

Igualmente, el ministro del Interior detalló que Quintero Molina tenía una boleta de difusión azul de Interpol y antecedentes penales por asesinatos y asociación ilícita.

Además, era uno de los hombres más buscados en el departamento del Cauca (sur occidente de Colombia) donde se ofrecía una recompensa de más de 130.000 dólares (500 millones de pesos colombianos aprox.) por información que condujera a su paradero.

“Este tipo posee una boleta de difusión azul de Interpol y es presunto integrante del grupo armado Clan del Golfo, que tienen injerencia delictiva en algunos municipios de Colombia (...) en su historial delictivo se encuentran asesinatos y delito de asociación ilícita”, agregó Reimberg.

Alias Caleño o Cali había sido detenido el jueves 11 de diciembre de 2025 en un operativo conjunto entre la Policía ecuatoriana y funcionarios de la Subsecretaría de Migración en Santa Elena. Además, en la operación, también fueron capturados otras ocho personas de nacionalidad colombiana que, al parecer, serían integrantes del grupo armado mencionado.

Por el momento, Antonio Quintero Molina fue dejado a disposición de las autoridades competentes para su correspondiente judicialización.

Diálogos de Paz con el Clan del Golfo

La captura de alias Caleño o Cali se da luego de que se conocieran los primeros avances en la mesa socio jurídica para la finalización del conflicto entre el Gobierno colombiano y el Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia - EGC).

Desde Doha (Catar), sede de la mesa de conversaciones entre el Ejecutivo y el grupo armado, se han establecido varios puntos para avanzar en las negociaciones que pondrían derivar en la desmovilización de la organización ilegal y la finalización del conflicto armado en Colombia.

Entre las medidas adoptadas entre las partes, se destaca la creación de tres zonas de ubicación temporal (ZUT) para la llegada gradual de los desmovilizados a partir del 1 de marzo de 2026, bajo la supervisión de un mecanismo internacional.

Según el documento oficial, los puntos establecidos estarán en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), y Tierralta (Córdoba) en la que, un mes antes del arribo de los integrantes del EGC, se establecerán los protocolos operativos en materia de seguridad, logística, monitoreo, resolución de controversias y manejo de material de guerra.

Además, el acuerdo prevé la suspensión de órdenes de captura y extradición para los combatientes durante su tránsito hacia las ZUT, con el objetivo de ofrecer garantías jurídicas y humanas.

También, el Gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro, y el Clan del Golfo, establecieron un protocolo de comunicaciones donde se contemplan los procedimientos detallados para las declaraciones y mensajes conjuntos que emitirán ambas partes.

Uno de los puntos centrales de estos acuerdos es la elaboración de informes bimestrales por parte de la organización internacional, que serán compartidos con los grupos de trabajo y servirán como base para la divulgación conjunta de avances y retos.

Las actividades contempladas abarcan comunicados, manejo de redes sociales, entrega de imágenes, ruedas de prensa y publicaciones web, según informaron las partes.

Precisamente, en Medellín, un individuo conocido en la ciudad como “El Brother”, consolidó un negocio ilegal de venta de lotes que mantuvo durante cinco años, engañando a las autoridades al presentarse como un líder social.

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Esto quedó en evidencia luego de que en un operativo del que participó el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura del sujeto, que llegó a tomarse fotografías con el alcalde Federico Gutiérrez en eventos sociales de la capital antioqueña.

Este era el ‘modus operandi’ de “El Brother”

Los detalles del operativo fueron expuestos por el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, que en su cuenta de X destacó que las autoridades tenían identificado al criminal con anterioridad.

“Seguro creía que por posar de líder barrial o por tomarse fotos conmigo cada que yo iba a San Antonio de Prado, podía estar tranquilo, pues no. Ya lo teníamos identificado gracias a las denuncias de la comunidad”.

Gutiérrez reveló que durante los cinco años que se mantuvo como “líder social” en San Antonio de Prado, “El Brother” llegó a estafar a más de 30 familias a quienes les robó más de mil millones de pesos.

“No vamos a permitir que sigan lucrándose a costa de la gente más vulnerable. Alias “El Brother” fue capturado en un trabajo conjunto con la fiscalía y el Ejército Nacional. Gracias a ellos. Usaba su fachada de líder para engañar a 37 familias y robarles más de $1.240 millones con loteo ilegal en San Antonio de Prado”.

Por último, el mandatario local anticipó que se tienen identificadas a las personas que “lotean” en la capital antioqueña y el objetivo de las autoridades es capturarlas en corto plazo.

“Este es solo el inicio. La autoridad va con toda contra los delincuentes. Nuestro compromiso es cuidar la gente y sin duda el territorio y áreas de protección ambiental”, puntualizó el mandatario local.

En el balance del operativo, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, indicó que se ha identificado que “El Brother” participó en la invasión de más de un centenar de zonas protegidas para luego comercializar estos espacios como lotes.

“De acuerdo con la investigación, esta persona estuvo involucrado en la ocupación de más de 100 sitios de protección ambiental, afectando ecosistemas y poniendo en riesgo a personas vulnerables que fueron engañadas”.

De la misma forma, Villa indicó que este tipo de operativos no solo buscan proteger la propiedad privada y las zonas protegidas de la ciudad, sino también anticiparse al accionar delictivo de quienes buscan afectar a las comunidades.

Es por ello que desde la Alcaldía de Medellín piden a los ciudadanos a no dejarse engañar con promesas de lotes a bajo precio en zonas sospechosas, puesto que en la mayoría de los casos se trata de propiedad privada, de la que serán retirados en caso de intentar construir o radicarse.

Además de este tipo de operativos, el secretario de Seguridad anunció que durante diciembre aumentarán los operativos de registro y control por parte de la Policía Nacional y el Ejército Nacional en la ciudad.

De acuerdo con Villa, esto tiene como objetivo garantizar la seguridad de los residentes, comerciantes y visitantes de la capital antioqueña, que se ha convertido en uno de los sitios más visitados por extranjeros en el país. En los operativos mencionados se realizarán requisas preventivas, verificación de documentos de identificación, acciones de registro y control e Imposición de comparendos por incumplimiento de normas.

La Policía Metropolitana de Bogotá detuvo a cinco personas en la localidad de Tunjuelito tras una persecución que se inició luego del robo de una mezcladora de cemento en una obra en construcción.

El operativo, que forma parte de la estrategia Bogotá Camina Segura, culminó con la recuperación de la maquinaria y la incautación del vehículo utilizado en el delito, según informó la Policía de Bogotá.

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Durante el proceso judicial, se estableció que dos de los capturados cuentan con antecedentes por extorsión y lesiones personales, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de integrantes de una banda criminal activa en la zona, informó la Policía Metropolitana de Bogotá.

En el procedimiento, los uniformados lograron interceptar el automóvil en el que los sospechosos transportaban la mezcladora, tras identificar que el vehículo circulaba en circunstancias inusuales.

Al intentar detenerlo para su verificación, los ocupantes dispararon contra los agentes y emprendieron la huida, lo que desencadenó una persecución por varios corredores viales de Tunjuelito.

El mayor Ibrian Cuero Sandoval, comandante de la Estación de Policía de Tunjuelito, explicó: “Durante la fuga, los implicados abandonaron la mezcladora y continuaron su escape en el automóvil que habría sido utilizado para cometer este hecho.

El plan candado permitió cerrar las rutas de salida y asegurar la zona. Gracias a esta acción conjunta, el vehículo y los ocupantes fueron interceptados y detenerlos”, según declaraciones recogidas por la Policía de Bogotá.

Las cámaras de seguridad del sector registraron el momento en que los uniformados lograron interceptar el vehículo. Aunque los sujetos abandonaron la maquinaria y continuaron la fuga, el despliegue policial permitió su captura.

En el lugar se incautó el automóvil, se recuperó la mezcladora y se hallaron cartuchos calibre 9 mm, aunque no fue localizada el arma utilizada en el ataque a los uniformados. La Policía de Bogotá confirmó que ningún agente resultó herido durante el enfrentamiento.

Los cinco detenidos, junto con los elementos recuperados e incautados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación en la URI de Molinos para su judicialización.

Deberán responder por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y municiones. La Policía de Bogotá reiteró la importancia de la denuncia ciudadana a través de la Línea de Emergencias 123 para fortalecer la lucha contra el crimen en la capital.

Cayeron los ‘Yoker’: banda delictiva que atracaba bancos en Bogotá

Una operación conjunta entre la Policía de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación permitió la captura de siete integrantes y la imputación de dos más, todos presuntos miembros del Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Yoker’, responsables de al menos diecisiete robos a bancos en la capital colombiana.

La investigación, que se extendió durante ocho meses, no solo condujo a estas detenciones, sino que también impactó de manera directa las finanzas ilícitas de la organización, con un monto sustraído cercano a los 145 millones de pesos.

Según la información difundida por la Policía de Bogotá, estas acciones han contribuido a una reducción del 73% en el hurto a entidades financieras en lo que va de 2025, con once casos menos respecto al año anterior.

Entre los elementos incautados durante las cinco diligencias de allanamiento y registro realizadas en las localidades de Kennedy y Bosa, se encuentran ocho dispositivos móviles.

Las autoridades atribuyen a los capturados antecedentes por diversos delitos, lo que refuerza la hipótesis de su participación sistemática en actividades criminales. Los operativos se desarrollaron en respuesta a una serie de robos cometidos en diferentes zonas de la ciudad, incluyendo Usaquén, Mártires, Puente Aranda, San Cristóbal, Tunjuelito, Barrios Unidos, Rafael Uribe y Engativá.

La estructura del grupo ‘Yoker’ estaba claramente definida, con roles específicos como instalador, transportador, controlador y campanero. Antes de ejecutar los robos, los integrantes realizaban labores de vigilancia y reconocimiento para identificar los horarios y las medidas de seguridad de las entidades bancarias.

Posteriormente, ingresaban a los bancos y, mediante el uso de armas de fuego, intimidaban a usuarios y empleados para apoderarse del dinero en las cajas. Tras consumar los hurtos, huían en vehículos de servicio público, principalmente taxis, y automóviles de gama, siguiendo rutas previamente establecidas para dificultar la acción policial. Además, contaban con radios, motocicletas y celulares para coordinar sus movimientos.

La Policía de Bogotá, a través de su Seccional de Investigación Criminal, recopiló material probatorio que incluyó cotejos morfológicos y dactiloscópicos, reconocimientos fotográficos, entrevistas judiciales, elaboración de fotogramas y denuncias penales.

La expansión del Tren de Aragua por el mundo ha provocado que autoridades internacionales centren su atención en neutralizar a esta banda criminal, que se financia principalmente de la extorsión a comerciantes, el secuestro y el narcotráfico.

En un golpe estratégico contra las finanzas del Tren de Aragua, el director de la Policía Nacional de Colombia, brigadier William Rincón, informó que en un operativo junto con la Fiscalía General de la Nación y la Policía de Investigaciones de Chile, se concretó la desarticulación de una red de “brokers” en el país.

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Cabe mencionar que el término “brokers” se refiere a quien actúa como intermediario para mover dinero ilícito a través de sistemas financieros o comerciales. Usa sus contactos y conocimientos para ocultar el origen ilegal de los fondos. No gestiona directamente el dinero, pero conecta a quienes necesitan lavar activos con quienes ofrecen los servicios necesarios; es la persona que facilita que las operaciones sean difíciles de rastrear para las autoridades.

Detalles del operativo contra el Tren de Aragua

La Policía Nacional informó de la captura de Félix Alfredo y Félix Eduardo, que serían coordinadores del blanqueo de capitales de la estructura criminal.

Las autoridades indicaron que estos dos individuos tenían la labor de mover grandes cantidades de dinero mediante criptoactivos y plataformas digitales entre Bogotá, Cúcuta y Venezuela.

Bajo ese ‘modus operandi’ se consolidó un circuito financiero con el que el Tren de Aragua escondió millones que produjo mediante la extorsión y el secuestro en el continente.

En el comunicado se expuso que estos dos hombres lograban una rotación mensual de más de 20 millones de pesos desde la capital colombiana. “Seguimos golpeando las estructuras que sostienen el crimen organizado, porque 𝗦𝗼𝗺𝗼𝘀 𝗹𝗮 𝗣𝗼𝗹𝗶𝗰í𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗼𝘀“, resaltó el director de la Policía Nacional.

El crecimiento del Tren de Aragua en Latinoamérica

El Tren de Aragua es considerada la organización criminal transnacional más poderosa originada en Venezuela, puesto que ha consolidado su presencia en varios países de Latinoamérica durante los últimos años.

Tras su fundación en Aragua, se expandió rápidamente tras la crisis social, económica y política venezolana, así como a partir de las oleadas migratorias que siguieron.

Informes de Insight Crime han expuesto como el Tren de Aragua se ha centrado en ocupar espacios donde existen vacíos de poder institucional y vulnerabilidades sociales, logrando consolidarse en países como Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Brasil.

Su expansión también ha implicado la adaptación a lógicas delictivas locales, colaborando con mafias nacionales o estableciendo alianzas para operar rutas de narcotráfico, tráfico de personas, secuestro, extorsiones, contrabando y explotación sexual.

En países como Perú y Chile, el grupo ha sido vinculado con redes de trata de personas y explotación sexual en ciudades fronterizas y zonas urbanas, donde utiliza métodos violentos para controlar territorios y someter a víctimas.

En Colombia, el Tren de Aragua se ha insertado en mercados ilícitos relacionados con el tráfico de drogas y la minería ilegal, compitiendo con organizaciones históricamente establecidas y generando disputas que aumentaron los niveles de violencia. En Ecuador y Brasil, la banda ha sido acusada de operar secuestros, extorsiones y homicidios, además de influenciar cárceles y bandas criminales locales.

El accionar delictivo del Tren de Aragua se caracteriza por el uso sistemático de la violencia, la intimidación y la corrupción de funcionarios públicos. La capacidad de infiltrar sus estructuras en distintas ciudades y adaptar sus métodos a cada contexto le ha permitido consolidar redes complejas y transnacionales, desafiando a las autoridades y a los sistemas judiciales de la región.

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó la captura en flagrancia de un hombre de 33 años por el delito de violación a domicilio.

Según el reporte entregado por las autoridades, los hechos se presentaron en las primeras horas del sábado 6 de diciembre de 2025 en el sector de Polo Club (Norte de Bogotá) luego de que una ciudadana alertara a los uniformados sobre la presencia extraña de sujetos desconocidos.

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Posteriormente, la central de radio alertó a los agentes sobre la presencia de una persona sospechosa que ingresaba a un inmueble.

Incluso, en cámaras de seguridad de la vivienda se observa el momento en el que dos delincuentes inspeccionan la vivienda y, al percatarse de que no había rastro de las autoridades, uno de ellos decide trepar las rejas de seguridad e ingresa al inmueble.

Una vez el sujeto logra superar la barrera de seguridad, comenzó a inspeccionar la vivienda, mientras que su cómplice huyo del sitio con rumbo desconocido.

Posterior a ello, los policías accedieron a la vivienda y encontraron al sospechoso que, presuntamente, intentaba sustraer objetos del lugar.

“Mientras los uniformados de las zonas de atención adelantaban labores de patrullaje en el sector del Polo Club, fueron alertados por la central de radios de una persona sospechosa ingresando a un inmueble. De manera inmediata, se trasladaron al lugar y con previa autorización ingresan y encontraron a una persona que al parecer pretendía hurtar elementos de este lugar”, expresó mayor Carlos Padilla, comandante (e) Estación de Policía Barrios Unidos de Bogotá.

Durante la verificación del individuo, la Policía identificó que el sujeto ya acumulaba doce anotaciones por hurto. El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente y un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las autoridades destacaron que, como resultado de las acciones preventivas y operativas, se ha logrado la captura de más de 32.814 personas por diferentes delitos en Bogotá. “Seguimos invitando a la comunidad a seguir denunciando cualquier hecho delictivo a través de nuestras líneas de emergencia”, puntualizó el oficial.

Escolta de un policía y delincuentes se enfrentaron en Bogotá

El robo de una camioneta de alta gama perteneciente a la Dirección de Protección de la Policía Nacional en el barrio San Eusebio, en la localidad de Puente Aranda, ha intensificado la preocupación por la seguridad en esta zona de Bogotá.

El hecho, ocurrido alrededor de las 8:00 p.m. del 4 de diciembre de 2025, derivó en un enfrentamiento armado entre un escolta policial y tres delincuentes, y desencadenó una operación policial de gran escala para dar con los responsables, según informó el teniente coronel Sergio Bayona a medios locales.

En el intercambio de disparos, uno de los asaltantes resultó herido y fue capturado en el lugar, mientras que los otros dos lograron huir con el vehículo oficial. La Policía Metropolitana de Bogotá desplegó de inmediato un plan candado y equipos de investigación, revisando cámaras de seguridad y recolectando pruebas para esclarecer el caso.

“En este momento, la Policía Metropolitana de Bogotá ya tiene desplegadas todas sus capacidades investigativas, verificando cámaras, a ver de dónde podemos sacar elementos y materiales probatorios para ya finalizar bien esta investigación”, explicó el alto oficial.

El funcionario policial víctima del robo resultó ileso y únicamente utilizó su arma de dotación durante el enfrentamiento.

“El informado en este momento se encuentra fuera de peligro, no presenta ninguna lesión ni nada, solo hizo el uso de su arma de dotación”, afirmó el teniente coronel Bayona.

La localidad de Puente Aranda ha experimentado una alta incidencia de hurtos de vehículos en lo que va del año. No obstante, las autoridades destacan avances en la recuperación de automotores.

Según datos proporcionados por el teniente coronel Bayona, se han recuperado 37 vehículos y se han devuelto más de 74 a sus propietarios tras ser hurtados en flagrancia. Las labores de búsqueda permanecen activas, y la Policía espera ubicar la camioneta robada y capturar a los responsables.

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional de Colombia y unidades de Contrainteligencia de Venezuela, fue recapturado un hombre identificado como alias Wilson, considerado como segundo cabecilla militar del frente Iván Díaz de las disidencias de las Farc.

Según el reporte oficial, la operación se desarrolló en la localidad de San Antonio, municipio Bolívar del estado Táchira (Venezuela), lugar al que habría llegado tras permanecer prófugo de la justicia.

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De acuerdo con la investigación policial, alias Wilson desempeñaba funciones como operador logístico bajo las órdenes de alias Chifle, principal cabecilla de la estructura mencionada, y que está al servicio de Nestor Gregorio Vera Fernandez, alias Iván Mordisco, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc.

Adicionalmente, las autoridades le atribuyen una serie de ataques dirigidos tanto contra la población civil como contra la fuerza pública colombiana. Uno de ellos fue el asesinato de tres jóvenes en la vereda Puerto Triunfo, sector El Oasis, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta), ocurrido el 13 de diciembre de 2022.

También, la trayectoria delictiva de alias Wilson ha estado marcada por reiteradas capturas y evasiones. En 2023, las autoridades lo detuvieron en Puerto Gaitán (Meta, Colombia), pero consiguió escapar.

Posteriormente, en febrero de 2025, fue arrestado de nuevo tras su implicación en varios atentados contra comerciantes en la ciudad de Neiva (Huila), aunque volvió a fugarse poco después.

En aquel procedimiento, las fuerzas militares le incautaron dos armas de fuego, tres proveedores, cuarenta y ocho cartuchos calibre nueve milímetros, cerca de dos millones de pesos en efectivo, dos teléfonos celulares y documentos que evidencian actividades de extorsión.

Su desplazamiento reciente lo llevó desde el estado Barinas hasta Táchira, estado venezolano donde finalmente fue interceptado por las autoridades.

De acuerdo con un informe revelado por Cambio, ingresó a la estructura hace cuatro años como guerrillero raso y, tras un proceso de ascenso interno, fue designado en 2025 como uno de los cabecillas del frente.

Se le atribuyen responsabilidades en diversas actividades terroristas y delictivas ejecutadas por esta facción, así como una posible vinculación con atentados perpetrados mediante artefactos explosivos en la ciudad de Neiva durante 2024. Estos ataques habrían servido como mecanismo de presión para el cobro de extorsiones a comerciantes locales.

Tras la detención, se activaron los mecanismos de cooperación internacional. Las autoridades venezolanas establecieron contacto con Migración Colombia y la Policía del departamento Norte de Santander para coordinar la entrega del detenido, quien será puesto a disposición de la justicia colombiana para su procesamiento.

Este operativo constituye un nuevo golpe a las estructuras residuales de las Farc que operan en la frontera entre Colombia y Venezuela, y refuerza los esfuerzos conjuntos de ambos países en la lucha contra el crimen organizado que afecta a la región.

Cayó alias Richard, líder de las disidencias y autor de un ataque explosivo en Huila

La captura de alias Wilson se suma a otros operativos adelantados por la fuerza pública colombiana, con la que busca contrarrestar el accionar criminal de los grupos armados en el país.

Entre ellos, se destaca la detención de Ricardo Alfonso Guainas Guachetá, conocido como alias Richard, señalado líder de las disidencias de las Farc en el departamento de Huila.

La noticia fue confirmada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien recordó que este sujeto sería el presunto autor material del ataque con moto-bomba perpetrado en el municipio de La Plata (Huila), ocurrido el 17 de abril de 2025, hecho que dejó un saldo de dos víctimas mortales y una treintena de heridos.

Por este hecho, el jefe de cartera aseveró que existía una recompensa de hasta 300 millones de pesos por su ubicación, aunque recalcó que las investigaciones iniciales señalan que la autoría intelectual del ataque recaería en alias El Viejo y Carla, quienes habrían planeado la acción casi en simultáneo con otro atentado explosivo en Mondomo (Cauca), durante los días santos. En total, las acciones terroristas de esa semana dejaron cuatro fallecidos y al menos cincuenta heridos, según el balance oficial.

“Con esta captura, aseguran, se envía un mensaje de que ningún responsable de crímenes contra la vida quedará en la impunidad. A las familias de las víctimas y a toda la comunidad del Huila: no están solos. Seguimos avanzando y no descansaremos hasta garantizar justicia y seguridad”, expresó el funcionario.

Alias Richard fue dejado a disposición de las autoridades competentes para su correspondiente judicialización.

Uniformados de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional de Colombia lograron la captura en flagrancia de un hombre identificado con el alias de Fox, señalado de integrar la organización criminal La Inmaculada y de ejecutar cobros extorsivos a comerciantes y pobladores en el departamento del Valle del Cauca.

Según el reporte oficial, la detención se produjo en una zona urbana del municipio de Tuluá, cuando los agentes interceptaron al sospechoso en el momento exacto en que recibía el dinero exigido a una de sus víctimas.

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La comandante de la Policía en el Valle, general Sandra Liliana Rodríguez, aseveró que el hoy detenido utilizaba el nombre de la estructura criminal para intimidar a sus víctimas y presionarlas bajo amenazas directas contra ellas y sus familias.

“La investigación resalta que, basándose en el nombre de la Inmaculada, intimidaba a sus víctimas, especialmente mujeres, a quienes solicitaba una suma de tres millones de pesos, la cual ellas tenían que cancelarlas semanalmente con 200.000 pesos”, detalló la oficial.

De acuerdo con información revelada por el medio El País Cali, en el operativo, los uniformados se posicionaron en una vivienda cercana al punto acordado, desde donde mantuvieron vigilancia constante hasta que el sospechoso llegó para recoger el dinero.

La víctima, que era una ama de casa y que previamente había denunciado las amenazas ante las autoridades, entregó el primer abono del monto económico exigido por el presunto delincuente.

En el instante en que alias Fox tomó posesión del dinero, los policías actuaron de inmediato, saliendo de su sitio de vigilancia para reducir y capturar al hombre en flagrancia.

“A través de una de esas denuncias, de estas campañas de prevención que se vienen adelantando en el municipio, se recepciona la denuncia y, a través de un espacio controlado, se da la captura de este sujeto que tanto estaba extorsionando al municipio de Tuluá”, indicó la general Rodríguez.

Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular que habría sido utilizado para realizar las llamadas amenazantes, así como el dinero entregado por la víctima.

Tanto el detenido como el material incautado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá la investigación para determinar la responsabilidad penal del capturado, al ser acusado por el delito de extorsión.

Entre tanto, la Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncien cualquier hecho extorsivo que puedan atentar contra su seguridad.

“Los invitamos a todos, cuando sean víctimas de esas exigencias económicas, a través de llamadas telefónicas, a denunciar en la línea 165 del Gaula de la Policía Nacional”, concluyó.

La Inmaculada y una escuela para menores sicarios en el Valle

Pese a los esfuerzos de las autoridades para contrarrestar el accionar criminal de las bandas criminales en el sur occidente colombiano, persiste la preocupación ante el aumento de menores en las filas de las organizaciones locales.

Según información revelada por El Tiempo, el grupo criminal La Inmaculada ha extendido su influencia en barrios marginados y zonas rurales de Tuluá, captando a jóvenes vulnerables y sumergiéndolos en actividades delictivas.

Además, el grupo ilegal también estarían cooptando la atención de los menores de edad en otras ciudades del departamento, como Cali, Cartago y Jamundí.

En casos reportados por el diario bogotano, los menores son seducidos con promesas de pagos mensuales que oscilan entre tres y cinco millones de pesos, y que pueden superar los 15 o 20 millones de pesos cuando asumen tareas de mayor riesgo.

El proceso de integración a las bandas inicia con funciones de bajo perfil, como el microtráfico y la vigilancia, pero rápidamente los jóvenes son trasladados a zonas rurales apartadas, donde reciben entrenamiento en el manejo de armas de fuego, desde pistolas hasta miniuzis.

Estos métodos, según reveló El Tiempo, imitan los de escuelas de seguridad privada, lo que evidencia un nivel de organización y sistematicidad en el adoctrinamiento.

El control sobre los menores no se limita al ámbito físico. El consumo forzado de sustancias como la cocaína rosa (2CB o tusi) es una herramienta clave para someterlos y garantizar su obediencia. Esta droga, de alta capacidad adictiva, permite a las bandas mantener a los jóvenes bajo su dominio mientras los convierten en ejecutores de crímenes.

Agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia (Dijín) lograron la captura de Marlon Andrés Valencia Espinoza, conocido como alias Fénix, señalado líder de la organización criminal denominada Los Tiguerones, una de las bandas más peligrosas de Ecuador.

Según el reporte oficial, el hombre fue detenido una urbanización del municipio de La Estrella, en el departamento de Antioquia, en respuesta a una orden judicial emitida por las autoridades del vecino país.

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Durante el operativo, alias Fénix intentó eludir a las autoridades presentándose con una identidad falsa: se hacía pasar por Ezequiel David Angulos Reascos, de nacionalidad colombiana.

Esta estrategia le permitió permanecer oculto tanto de las autoridades colombianas como de las ecuatorianas, que lo buscaban por su historial delictivo.

Además, la institución mencionó que este sujeto había llegado al conjunto residencial en abril de 2025, aunque su presencia en Colombia se remonta a más de tres años.

También, las autoridades le incautaron un arma de fuego, 80 municiones y cuatro teléfonos celulares, elementos que refuerzan la gravedad de su actividad criminal.

Historial criminal

El historial de alias Fénix dentro de Los Tiguerones lo señala como uno de los principales responsables de delitos como extorsión, secuestro, sicariato, hurto y tráfico de estupefacientes en las provincias ecuatorianas de Guayas, Esmeraldas y Manta.

Incluso, se destaca que el sujeto se encontraba recluido en la cárcel Bellavista de Santo Domingo (Ecuador), lugar del que se fugó en mayo de 2022, donde tomó rumbo a territorio colombiano.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, declaró a los medios locales que este sujeto era considerado un objetivo prioritario debido a su historial delictivo, y recalcó que estaba cumpliendo una pena de 25 años de prisión en el centro penitenciario mencionado.

“Es requerido por la justicia ecuatoriana por una pena de encarcelamiento de 25 años por robo calificado, tentativa de asesinato e ingresar artículos prohibidos al centro penitenciario donde se encontraba recluido”, manifestó el funcionario a medios ecuatorianos.

Del mismo modo, Valencia Espinoza había asumido un rol aún más relevante en la organización tras la captura de alias Negro Willy, lo que incrementó su perfil dentro de Los Tiguerones.

Su vida en Colombia

De acuerdo con la investigación policial, citado por El Colombiano, su llegada a Colombia estuvo acompañada de una vida bajo múltiples fachadas: en algunos círculos se presentaba como comerciante de camarones y en otros como inversionista, lo que le permitió integrarse en diferentes entornos sociales y económicos.

Según detalló la institución al medio citado, alias Fénix realizaba gastos elevados en viajes a fincas del Eje Cafetero y de Antioquia, así como en la adquisición de vehículos de mediana y alta gama.

Además, existe la hipótesis de que coordinaba actividades logísticas con el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) conocido como Clan del Golfo, para facilitar negociaciones entre estructuras criminales de Colombia y Ecuador.

Igualmente, la Policía detalló que, durante su estadía en la región antioqueña, había entablado una relación sentimental con una colombiana, en la cual contrajo matrimonio y tienen un hijo de apenas un año de edad.

Además, en Pereira, donde residió inicialmente, tuvo otro hijo de dos años con una segunda pareja. Desde mediados del año pasado, decidió establecerse en Antioquia, donde continuó su vida bajo identidades falsas y mantuvo un perfil bajo.

Incluso, la Policía identificó pagos a médicos para que sus dos parejas en Colombia se sometieran a múltiples intervenciones estéticas.

Alias Fénix se convirtió en el quinto líder de bandas criminales de Ecuador que fue detenido o abatido en el departamento de Antioquia.

Por el momento, Marlon Andrés Valencia Espinoza permanece bajo custodia de las autoridades en Colombia, mientras se coordinan los trámites para su extradición a Ecuador, donde deberá enfrentar los procesos judiciales pendientes y cumplir la sentencia que le fue impuesta.

Las autoridades continúan investigando la presencia y las conexiones de estos cabecillas extranjeros en Colombia, mientras refuerzan los protocolos judiciales y de apoyo a las familias afectadas por estos hechos.

El informe periodístico de Noticias Caracol, en el que se menciona el posible vínculo entre el general del Ejército Nacional Miguel Huertas, el director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, y las disidencias al mando de alias Calarcá, sigue generando reacciones en el país.

La mayoría de ellas van ligadas a la captura de “Calarcá” en julio de 2024, cuando el disidente, en compañía de otros guerrilleros, se movilizaba en una caravana de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

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Debido a que había sido nombrado como gestor de paz por el Gobierno nacional, el comandante del Estado Mayor Central y los demás involucrados fueron liberados, a pesar de que en los vehículos de la UNP había personas a las que no les habían levantado la orden de captura y también se encontraron armas en las camionetas.

Escolta de la UNP narró cómo fue la captura y liberación de “Calarcá”

En diálogo con Infobae Colombia, uno de los escoltas que estaba en la caravana de la UNP en el momento en que los disidentes fueron detenidos en un retén militar en una vía de Antioquia, narró los detalles del hecho.

El primer recuerdo estuvo ligado a la detención, que tomó por sorpresa a los escoltas y disidentes, puesto que en pocos segundos pasaron a estar rodeados de militares armados.

“Nos íbamos transportando normal en la caravana, ya que veníamos de varios pueblos y habíamos salido de Bogotá de una reunión con el Gobierno nacional cuando de pronto una volqueta se nos atraviesa y sale gente del lado de la carretera y nos encañonan con fusiles y pistolas, ningún escolta trató de sacar armas, ya que el blindaje de los vehículos era nivel tres y no iba a soportar un ataque. Lo que hicimos fue que levantamos las manos y por el intercomunicador de uno de los vehículos, el líder de los escoltas les dijo que éramos de la UNP”.

Además de la detención, mencionó que tras ser liberados les ordenaron moverse a Bogotá bajo amenazas de ser despedidos por haber hablado con la prensa.

“Llamaron al director de la UNP y ese señor estaba desesperado. Nos llevaron a una instalación militar y ahí duramos hasta altas horas de la noche, después nos despacharon en los vehículos y nos enviaron para Bogotá donde nos iban a echar por las entrevistas que habíamos dado y porque la información se había filtrado por los medios de comunicación”.

El escolta indicó que durante el tiempo que hizo parte del esquema de seguridad que le otorgó la UNP a “Calarcá” para movilizarse y cumplir con citas dentro de las charlas de paz, los disidentes optaban por tener un comportamiento tranquilo y hablar lo menos posible con los hombres de protección.

“Esa gente, su comportamiento era normal, gastaban lo que eran los almuerzos, la comida, pero no hablaban mucho dentro de los vehículos de los temas de ellos. Ese día comenzaron a hacer llamadas, hasta al alto Gobierno”.

Al hablar de cómo se sintió el ambiente durante el tiempo que “Calarcá” estuvo detenido, el escolta aseguró que tenía un semblante de tranquilidad, puesto que cuando fueron detenidos hicieron llamadas a funcionarios del Gobierno nacional que les indicaron que todo estaría bien.

“Los disidentes estaban tranquilos, ellos sabían que no les iba a pasar nada porque hablaban con el mismo Gobierno, con el director de la entidad, hablaban con el Ministerio del interior, sabían que iban a salir pronto y así fue efectivamente. Ellos tenían su propio dinero, cargaban para pagar sus gastos en carreteras, peajes, habitaciones, entre otros”.

Por último, el escolta aseguró que no se registró ningún tipo de incumplimiento por parte del esquema de protección, puesto que entre sus obligaciones no está verificar los elementos personales que tiene un protegido.

“El arma nunca la vimos, la tenían bien camuflada. Luego de la liberación nos citaron a descargos, nos dieron una lavada (regaño) por la filtración de la información, que porque no habíamos informado que ellos llevaban armas, que llevaban dinero, que había gente en la camioneta que no era del esquema, pero eso es imposible saberlo. Uno no puede revisar a un protegido, no le va a revisar las maletas para saber qué lleva. Eso nos trajo bastantes problemas con la UNP”, puntualizó.

Un operativo en el barrio La Perla, del municipio de Sardinata, en Norte de Santander, terminó con la captura de Angelmiro Torres Silva, un hombre que se movilizaba en silla de ruedas y tenía en su poder una escopeta y cerca de tres kilogramos de base de coca.

De acuerdo con información divulgada por la policía del departamento y conocida por el diario cucuteño La Opinión, el procedimiento fue ejecutado por efectivos de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) de la Policía de Norte de Santander (Denor), adscritos al grupo de estupefacientes, con apoyo del Ejército.

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El informativo detalló que Torres Silva fue sorprendido durante un allanamiento con una escopeta de madera y aproximadamente 2.958 gramos de base de coca.

La diligencia fue autorizada por la Fiscalía 19 seccional de la estructura de apoyo EDA de Cúcuta. Las autoridades confirmaron que el detenido, además, cuenta con antecedentes por concierto para delinquir y habría formado parte de distintas bandas criminales de la zona.

Tras su detención, un juez municipal con funciones de control de garantías en Sardinata dictó medida de detención domiciliaria en su contra, dado que el capturado presenta una discapacidad física. El proceso judicial seguirá mientras permanece bajo custodia en su residencia.

Fuerzas Militares destruyeron laboratorio del ELN en Norte de Santander: decomisaron media tonelada de cocaína

Una operación conjunta de las Fuerzas Militares permitió la destrucción de un laboratorio del ELN en la vereda El Carrizal, Ocaña, con la incautación de 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína y grandes volúmenes de insumos, según fuentes oficiales.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, la acción representa una afectación directa a la estructura financiera ilícita del Frente Camilo Torres Restrepo, responsable del procesamiento y comercialización de drogas en la región.

El procedimiento, desarrollado el sábado 27 de septiembre, incluyó la coordinación de tropas del Ejército Nacional y la Policía Nacional en una zona estratégica para el narcotráfico en el noreste de Colombia.

Las unidades localizaron la instalación clandestina y confiscaron 317 galones de pasta base en proceso, 490 galones de insumos líquidos y 116 kilogramos de insumos sólidos. Según las autoridades, el golpe financiero para el ELN supera los $4.000 millones, debilitando un eslabón fundamental de su economía ilícita.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, valoró el impacto de la ofensiva estatal. “Un duro golpe a las finanzas del narcotráfico que alimenta la violencia en la región”, expresó el funcionario, en redes sociales.

Sánchez destacó el trabajo conjunto: “Cada operación de este tipo debilita las estructuras ilegales, libera territorios y devuelve tranquilidad a nuestras comunidades”.

En un mensaje dirigido a quienes persisten en actividades ilegales, el ministro subrayó la necesidad de abandonar el crimen. “El camino de la legalidad siempre será más fuerte y duradero que el de la violencia”, afirmó Sánchez, e instó a reconstruir vidas al margen del delito.

Además, reiteró la importancia de la denuncia ciudadana como clave en el combate contra el narcotráfico, recordando las líneas habilitadas para informar sobre estos delitos con absoluta reserva.

De forma paralela, el 25 de septiembre de 2025, tropas del Grupo de Caballería Mediano N° 5 General Hermógenes Maza y la Sijin Mecuc ejecutaron una segunda operación en San Cayetano (Norte de Santander).

Allí, las autoridades desmantelaron otro laboratorio del ELN y decomisaron 240 kilos de sustancias sólidas, más de mil galones de insumos líquidos, 100 kilos de insumos sólidos, 50 kilos de clorhidrato de cocaína y equipos industriales. El complejo pertenecía al Frente Urbano Carlos Germán Velazco Villamizar y que la organización dejaría de recibir cerca de mil millones de pesos por la producción de estupefacientes.

Las autoridades enfatizaron que estas acciones coordinadas refuerzan la presencia estatal, afectan el flujo de recursos hacia organizaciones armadas y buscan devolver condiciones de seguridad a las comunidades de Norte de Santander, una zona afectada históricamente por la violencia y el narcotráfico.

Precisamente, en un caso de esta índole, el director de la Policía Nacional, el brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano reveló que en Palmira, Valle del Cauca, se registró la detención de un ciudadano panameño que es requerido por las autoridades en España.

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El uniformado informó que la operación fue realizada en conjunto con agentes de la Interpol de Panama y España, que recibieron el respaldo de la Policía Nacional en el territorio nacional.

En el operativo se registró la captura de Mauro Rubén Fernández, que es conocido en su país como el “Gordo Mau”, en donde fue basquetbolista profesional durante varios años.

Medios locales informaron que en la región estaba implicado en una red criminal que se encargaba de enviar grandes cantidades de cocaína a Europa, principalmente a España.

Esto fue confirmado por el director de la Policía Nacional, que reveló que la organización delictiva utilizaba embarcaciones industriales para camuflar los narcóticos en rutas internacionales que en los registros indicaban que llevaban otro tipo de productos.

“El retenido encabezaba una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína, que utilizaba contenedores de naves industriales para su transporte”.

Después de confirmar la detención, se confirmó que las autoridades comenzaron a gestionar los trámites de la extradición para que Mauro Rubén Fernández sea puesto a disposición de los tribunales españoles.

Otros casos similares

En otros operativos en los que se registró la captura de una persona buscada por otros Gobiernos, la Policía Nacional informó sobre la detención de Jaime de Jesús Cortés Vergara, que es requerido por las autoridades del país europeo por el delito de tráfico de drogas.

En este caso, el ciudadano colombiano es acusado de pertenecer a una red dedicada al narcotráfico en la provincia de Toledo, por lo que tras ser capturado se comenzó con el proceso para su extradición.

Cabe mencionar que los puertos de España son utilizados regularmente por las estructuras criminales para llevar la droga que luego es comercializada en varias naciones de Europa, es por ello que Colombia ha colaborado en varios operativos con las autoridades de ese país.

Además, en Montería, Córdoba, fue arrestado John Jairo García Murillo, conocido en la región como el “Bendecido”, que es solicitado por la Corte del Distrito de Texas, que lo señala de tener vínculos con el Clan del Golfo.

En las investigaciones se afirma que Murillo ayuda a la estructura paramilitar en varios aspectos en una “modalidad de outsourcing” en el Urabá antioqueño, por lo que tras su arresto fue imputado por los cargos de concierto para delinquir y tráfico de drogas.

Las autoridades afirmaron que García Murillo era clave en la logística de los envíos de narcóticos hacia Centroamérica y Estados Unidos en embarcaciones tipo “go fast”.

Se cree que en estos envíos el Clan del Golfo lograba acumular ganancias por más de 30 millones de dólares al año, además, se reveló que en el operativo participó un equipo especializado de la DEA.

En Colombia, la Policía Nacional informó que este tipo de operaciones hacen parte de la ofensiva que busca debilitar las finanzas de las estructuras que tienen en el narcotráfico su principal fuente de ingresos. En 2025 se han registrado más de 100 capturas de criminales que tiene solicitudes internacionales por parte de la Interpol.

Un hombre identificado con el alias de Máscara, señalado como uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo en la región del Magdalena Medio, fue capturado en flagrancia.

Según el reporte oficial, la detención se produjo en zona rural del municipio de Puerto Wilches, en el departamento de Santander, en una operación conjunta de la Policía y el Ejército Nacional de Colombia.

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El procedimiento tuvo lugar en el kilómetro tres de la vía local, donde dos personas que se desplazaban en motocicleta intentaron eludir una orden de detención emitida por los uniformados.

Tras una breve persecución, los agentes lograron interceptar a los sospechosos y, durante el registro, encontraron en su poder seis cartuchos calibre 38 mm, así como la motocicleta en la que se movilizaban.

Durante las verificaciones posteriores, la Policía Nacional confirmó que alias Máscara tenía vigente una orden de captura por el delito de hurto calificado y agravado. Además, el detenido cuenta con antecedentes judiciales por desaparición forzada, hurto y abuso de confianza, lo que refuerza su perfil como actor relevante dentro de la estructura criminal.

El informe oficial indica que el capturado habría desarrollado una trayectoria delictiva de al menos cuatro años en una subestructura del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), con presencia en varios corregimientos de Puerto Wilches y en la región del Magdalena Medio colombiano.

Además, las autoridades mencionaron que este sujeto era responsable de coordinar actividades de narcotráfico, extorsión y control territorial en varios municipios de la región, además de ordenar acciones violentas contra la población civil y la fuerza pública.

Junto a él, fue arrestada una mujer de 31 años, a quien se le atribuye el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones.

Tanto los detenidos como el material incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y posteriormente fueron llevados ante un juez de control de garantías donde les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras continúa el proceso judicial en su contra.

Captura de alias Canoso, jefe de seguridad de ‘Chiquito Malo’

La captura y judicialización de alias Mascara se suma a otros operativos realizados por la fuerza pública, con el fin de contrarrestar el accionar criminal de los grupos armados en el territorio colombiano.

Entre los operativos destacados se contempla la captura de un hombre identificado como alias Canoso, considerado como el jefe de seguridad de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como Chiquito Malo, máximo cabecilla del Clan del Golfo.

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional, este sujeto, detenido en el municipio de Turbo (Antioquia), ejercía un papel central en la estructura delictiva, al coordinar tanto la protección del máximo líder como la operación de laboratorios de cocaína en la región del Urabá antioqueño.

En cuanto al operativo, las autoridades lograron irrumpir en el escondite donde se ocultaba el capturado, quien también era responsable de coordinar los laboratorios de droga bajo las órdenes directas de alias Chiquito Malo.

Las investigaciones señalan que alias Canoso habría tenido un papel determinante en la organización del paro armado que, entre el cinco y el diez de mayo de 2022, desencadenó una serie de ataques armados contra la Policía y el Ejército.

Estos hechos se produjeron como represalia por la extradición de alias Otoniel, antiguo líder del Clan del Golfo. Sobre Canoso pesan cargos por homicidio, extorsión, terrorismo, narcotráfico y concierto para delinquir agravado, lo que lo convierte en uno de los objetivos prioritarios de las autoridades.

El director de la Policía, brigadier general William Oswaldo Rincón, destacó la importancia de la captura. “La captura de alias Canoso, cabecilla de la subestructura Zuley Guerra del Clan del Golfo, demuestra que ningún criminal está por encima de la ley. Era hombre de confianza de alias Chiquito Malo y responsable de coordinar laboratorios de cocaína y ordenar el paro armado en Antioquia y Córdoba en 2022”, según lo expresó el alto oficial en su declaración pública.

En la mañana del domingo 23 de noviembre de 2025, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela reportó la detención de dos hombres, uno de nacionalidad colombiana y otro venezolano, tras realizar un aterrizaje de emergencia en territorio venezolano a bordo de una aeronave que partió desde Guyana.

Según el reporte oficial, los sujetos descendieron en una pista improvisada de la comunidad indígena de Kamarata, ubicada en el sector turístico Kavak, en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar (Venezuela), en la que fue interceptada por las autoridades del vecino país.

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Así mismo, la armada venezolana confirmó que Andrés Guillermo Carvajal Díaz, de nacionalidad colombiana, y Jesús Alberto Espinoza Arrizaga, venezolano, se identificaron como pilotos de la aeronave.

De acuerdo con el informe de las autoridades, ambos individuos volaba a baja altura y sin plan de vuelo autorizado por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac), lo que, según ellos, incurre en una violación a su soberanía.

“La Fanb efectuó la aprehensión de dos ciudadanos: Andrés Guillermo Carvajal Díaz, N° 93.295.872, Colombiano (piloto) y Jesús Alberto Espinoza Arrizaga, CIV-23.705.547, Venezolano (piloto) y la incautación e inutilización de una aeronave de ala fija, procedentes del territorio de GUYANA irrumpieron e invadieron flagrantemente y a vuelo bajo el espacio aéreo venezolano, violando la soberanía nacional”, informaron en un comunicado.

Del mismo modo, recalcaron que la aeronave modelo CESNA 210 con las siglas XB-NQJ cubiertas, carecía de transpondedor, instrumentos formales de geolocalización, matrículas visibles y equipos de comunicación, lo que, según la FANB, tenía como objetivo evitar la detección por los sistemas de radar venezolanos.

La institución militar detalló que la aeronave presentaba modificaciones en la puerta del copiloto, incluyendo un dispositivo para el lanzamiento de carga, así como tanques de combustible internos adicionales para ampliar su autonomía.

“Se presume que era un medio preparado y utilizado para el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”, agregaron.

Esta declaración oficial subraya la sospecha de que la aeronave estaba vinculada a actividades de tráfico ilícito de drogas, un fenómeno que ha generado preocupación en la región fronteriza.

Durante la operación, las autoridades venezolanas retuvieron diversos objetos considerados de interés criminalístico. Entre el material incautado figuran tres dispositivos GPS marca Garmin, un teléfono satelital Iridium modelo 9555N, 18.590.000 pesos colombianos, un teléfono celular iPhone 17 Pro Max color plata, un teléfono Xiaomi Redmi 14C azul metalizado, dos teléfonos Samsung (modelos SM-A165M/DS y Galaxy A07, ambos grises), y un radio VHF marca Icom.

La Fanb aseguró que los dos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, al igual que la aeronave y los elementos incautados por la institución militar del vecino país. “Venezuela territorio de paz”, concluyeron las autoridades en un comunicado.

Situación de colombianos detenidos en Venezuela

La reciente captura del ciudadano colombiano en el país sudamericano se da luego de que familiares de los connacionales que se encuentran privados de la libertad en Venezuela realizaran una protesta pacífica en el Puente Internacional Simón Bolívar (frontera entre Colombia y Venezuela) para exigir por el regreso de sus seres queridos.

Ante esta problemática, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia concretó un acuerdo con los allegados de los detenidos para fortalecer las gestiones orientadas a su liberación.

El encuentro, realizado el 20 de noviembre en Villa del Rosario (Norte de Santander), evidenció las preocupaciones de los familiares frente a las dificultades que enfrentan los detenidos, entre ellas la ausencia de comunicación durante meses o años, el deterioro de la salud física y mental, episodios de intimidación y la prohibición de recibir elementos esenciales para la supervivencia y la dignidad. Algunos testimonios recogidos en la reunión denunciaron incluso casos de tortura.

En el encuentro, los familiares insistieron en la necesidad de que el Estado colombiano mantenga y amplíe las gestiones humanitarias, subrayando que la falta de información sobre el estado de los detenidos y la imposibilidad de contacto directo han incrementado la angustia de las familias.

Todas estas preocupaciones fueron sistematizadas en una guía humanitaria, documento que servirá de base para la interlocución con las autoridades venezolanas y que será entregado formalmente al régimen de ese país.

El acuerdo firmado establece una ruta de seguimiento para reforzar las actuaciones del Estado colombiano. El viceministro Jaramillo Jassir asumió el compromiso de trasladar la guía humanitaria a las autoridades venezolanas y de continuar el monitoreo individual de cada caso.

Según el comunicado oficial, el funcionario se comprometió a “mantener todas las gestiones para garantizar la titularidad de derechos de los colombianos detenidos en Venezuela”.

El documento también recoge la petición de los familiares a la Cancillería de “adelantar y fortalecer todas las gestiones para lograr la liberación de los detenidos en cuestión que las familias califican como injustas y como secuestro, la entrega de esa información a las autoridades venezolanas, y la exigencia del respeto de mínimos humanitarios por parte de las autoridades carcelarias”.

La Fiscalía General de la Nación anunció que Frambier Adolfo Vásquez Aponte, conocido como “Veneco”, fue condenado a 18 años y seis meses de prisión, en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander.

Las investigaciones judiciales establecieron su culpabilidad en dos homicidios registrados en junio en la capital norsantandereana, uno de los cuales dejó también a una persona gravemente herida.

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El fallo se produjo luego de que el acusado aceptara, como parte de un preacuerdo, su participación directa en dos episodios sicariales.

La institución confirmó que un juez de conocimiento avaló la negociación judicial y dictó condena por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Así fueron los homicidios

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos presentada por el ente investigador, el primer ataque ocurrió sobre una vía pública de Cúcuta, cuando Vásquez Aponte descendió de una motocicleta y disparó, sin mediación, contra un ciudadano que perdió la vida de manera inmediata.

Más tarde, junto a otro implicado, atacó a nuevas víctimas en el interior de un centro comercial local, ocasionando la muerte de otra persona y lesiones graves a una tercera.

Las autoridades lograron la captura en flagrancia de Vásquez Aponte el cinco de junio, día en que la Policía Nacional lo interceptó movilizándose en motocicleta y portando el arma empleada en los hechos. Desde ese momento, el sentenciado se ha encontrado en reclusión preventiva.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la sentencia quedó ejecutoriada y el condenado cumplirá su pena en un centro carcelario, conforme al fallo judicial

Rafael Ricardo González, otro responsable del asesinato de Jaime Esteban Moreno fue capturado en Bogotá

La Fiscalía también informó que Ricardo Rafael González Castro, señalado como uno de los implicados en el mortal ataque a al estudiante universitario Jaime Esteban Moreno Jaramillo, en Bogotá, recibió medida de aseguramiento en centro carcelario.

La decisión la tomó una juez penal de control de garantías luego de que el procesado fuera capturado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Canapote en Cartagena, tras presentarse ante la autoridad.

Según la investigación, el 31 de octubre de 2025, González Castro habría perseguido a la víctima por una vía pública y le propinó una patada por la espalda.

“El procesado es señalado de propinar la patada que derribó a la víctima, dejándola en estado de indefensión”, detalló la Fiscalía. Ya en el suelo, Juan Carlos Suárez Ortiz –también bajo investigación–, continuó la agresión con golpes.

El estudiante, gravemente herido, fue trasladado a un centro asistencial en el que recibió diagnóstico de traumas severos en cara, cráneo y tórax, lesiones que posteriormente provocaron su muerte.

En la audiencia de imputación, la fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá acusó a González Castro del delito de homicidio agravado, aunque el procesado no aceptó el cargo.

Las autoridades mantienen la medida de aseguramiento mientras avanzan las investigaciones en torno a la muerte del joven universitario en la capital colombiana.

A la cárcel dos señalados de asesinato en Neiva, Huila

De manera paralela, la Fiscalía informó la captura de dos hombres identificados como John Edwar Quintero Bonilla y John Alexander Murcia Ramírez permanecerán bajo medida de aseguramiento en centro carcelario tras ser señalados como presuntos responsables del hurto y asesinato de un ciudadano en Neiva (Huila), según informó la Fiscalía General de la Nación.

El ente acusador explicó que ambos procesados fueron capturados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, tras recabarse los elementos materiales probatorios que permitieron su presentación ante un juez de control de garantías.

De acuerdo con la investigación, los hechos bajo examen ocurrieron el 30 de junio en un establecimiento ubicado en el barrio Arismendi Mora de la capital huilense, cuando los señalados arribaron al local y atacaron a un grupo de personas que compartía en familia.

Según expuso la Fiscalía, los agresores habrían hurtado mediante raponazo unas joyas y un celular a la víctima, y en medio del forcejeo, uno de los imputados habría disparado en repetidas ocasiones, provocando la muerte de la persona. Durante el mismo asalto violento otra persona resultó herida y fue atendida en un centro médico.

La Fiscalía estableció que los presuntos responsables huyeron del lugar en una motocicleta, apoderándose de bienes cuyo valor superaba los 20 millones de pesos. Las autoridades procedieron a su captura y presentación ante la justicia, asegurando la continuidad del proceso en su contra dentro de un centro carcelario mientras avanza la investigación.