La Fiscalía de San Luis Potosí detuvo al profesor Concepción “N” por su probable responsabilidad en abuso sexual calificado contra alumnas menores de edad, luego de integrar cinco carpetas de investigación por denuncias de presuntos tocamientos dentro de un salón de clases ocurridos en 2023.

El imputado contaba con una orden de aprehensión otorgada por un juez de Control, después de que la Fiscalía reunió elementos para sustentar la solicitud judicial. Las indagatorias comenzaron a partir de denuncias presentadas por madres y padres de familia.

Las menores señalaron que el docente presuntamente realizó tocamientos inapropiados durante las clases. También refirieron que las jalaba de los brazos hacia él para pedirles besos en la mejilla.

La investigación se concentró en hechos ocurridos dentro de un plantel educativo, donde las alumnas habrían sido víctimas de las conductas denunciadas. La autoridad estatal mantuvo abiertas cinco indagatorias contra el profesor por los señalamientos.

La Policía de Investigación localizó y detuvo a Concepción “N” al norte de la ciudad de San Luis Potosí. Los agentes le informaron sus derechos al momento de ejecutar la orden judicial.

Concepción “N” quedó a disposición de un juez de Control

Tras su captura, el profesor fue trasladado al centro penitenciario de la delegación La Pila. Ahí quedó a disposición de la autoridad judicial mientras espera la celebración de su audiencia inicial.

En esa diligencia se determinará su situación jurídica ante las acusaciones que derivaron en la orden de aprehensión. El delito que se le atribuye es abuso sexual calificado contra personas menores de edad.

La Fiscalía de San Luis Potosí indicó que las investigaciones continuaban con una perspectiva de protección a la infancia. La institución sostuvo que busca garantizar justicia para las víctimas de los hechos denunciados.

Las cinco carpetas de investigación permanecían abiertas al momento de la detención, mientras la autoridad judicial asumía el caso del profesor señalado.

También detuvieron a Silvestre, presunto violador de menores

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), a través de la Unidad de Investigación y Litigación de la Sexta Delegación, obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Silvestre “N”, por su probable participación en los delitos de violación específica agravada en grado de tentativa, en agravio de una persona menor de edad, y lesiones agravadas, en perjuicio de otra víctima.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 16 de julio de 2026, en el interior de un domicilio ubicado en la localidad de Acayo, municipio de San Martín Chalchicuautla, donde presuntamente el imputado agredió físicamente a las víctimas.

Durante la continuación de la audiencia de vinculación a proceso y medida cautelar, el agente del Ministerio Público expuso los datos de prueba correspondientes, mientras que la defensa presentó argumentos en contra de la vinculación. Tras analizar los planteamientos, el Juez de Control resolvió vincular a proceso al imputado.

Asimismo, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante la audiencia, se contó con la asistencia de un intérprete de lengua náhuatl, a fin de garantizar el debido proceso.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí refrenda su compromiso de trabajar con probidad, profesionalismo y justicia a favor de las y los potosinos.

La Vocería de Seguridad del estado de Tamaulipas dio a conocer, por medio de redes sociales, que la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 450 elementos y dos helicópteros Black Hawk en Matamoros y la región.

Esto, como parte del reforzamiento de la seguridad y las acciones de vigilancia.

El despliegue, se informó, fortalecerá la presencia operativa y la coordinación interinstitucional para preservar la tranquilidad y seguridad de las familias tamaulipecas.

El reforzamiento de la seguridad en la zona se dio luego de que se presentaran una serie de hechos violentos y narcobloqueos por la captura de un objetivo prioritario de la región.

Se trata de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias “El Titán”, quien fue recapturado el 29 de octubre de 2026 en Matamoros, Tamaulipas, casi tres años después de su primera detención y más de dos años después de que un juez federal lo sacara del penal de máxima seguridad del Altiplano pese a que el gobierno ya lo vinculaba con homicidios, secuestros y tráfico de fentanilo.

La detención desencadenó narcobloqueos en tres municipios de Tamaulipas, el fallecimiento de una menor de edad y una alerta de seguridad del Consulado de Estados Unidos en Matamoros.

Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional lo interceptaron sobre la avenida Pedro Cárdenas a la altura de la Cruz Verde, cuando conducía una camioneta Lamborghini Urus de color azul.

Omar García Harfuch, secretario se Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó la operación a través de sus redes sociales, donde señaló que la acción fue resultado de trabajos de inteligencia militar de la Defensa. En el operativo se detuvo a una segunda persona de la que no se revelaron datos. También se aseguraron armas, cargadores, cartuchos, droga y el vehículo.

Los dos detenidos fueron trasladados por la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México y puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

“El Titán” es hijo de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”, identificado como sobrino de Osiel Cárdenas Guillén y líder de Los Ciclones y Los Escorpiones, facciones que emergieron tras la fragmentación del Cártel del Golfo.

Perfiles elaborados por el portal especializado Borderland Beat consignan que Axel Alfredo también operó bajo los alias “Titán 7” y “El Hijo Mayor”, y que encabezó el llamado “Grupo Titanes” tras la detención de su padre en febrero de 2022.

García Harfuch lo señaló como segundo al mando de Los Ciclones y lo vinculó con homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos, contrabando de armas desde ese país hacia México y robo de hidrocarburos, según consignó la Sedena en su comunicado.

También lo responsabilizó directamente de la agresión del 17 de mayo de 2026 contra elementos de la SSPC en el bulevar Manuel Cavazos Lerma, en la colonia La Encantada de Matamoros, en la que murió el agente del Servicio de Protección Federal, Marcelo Vázquez Vázquez, y resultaron heridos otros dos elementos. “No permitiremos que esta agresión quede impune”, escribió el funcionario tras confirmar la detención.

El padre de “El Titán” acumuló su propio historial judicial paralelo. “El Contador” fue detenido en la Ciudad de México en febrero de 2022, y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aprobó su entrega a Estados Unidos en diciembre de 2024, donde enfrenta cargos por conspiración para distribuir cocaína, lavado de dinero y asociación delictuosa.

Un mes antes de esa aprobación, en noviembre de 2024, un juez de control del Penal Federal del Altiplano ordenó su liberación. La Fiscalía General de la República calificó esa resolución como irregular y el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero anunció una carpeta de investigación contra el juez Gregorio Salazar Hernández. “El Contador” permanece prófugo.

Esta fue la segunda vez que las autoridades federales capturaban a “El Titán”. El 7 de mayo de 2023, personal del Ejército Mexicano en coordinación con la FEMDO y la Agencia de Investigación Criminal lo detuvo por primera vez, junto con Jesús Roberto Calderón Selvera, tras cateos a inmuebles vinculados al Cártel del Golfo en Matamoros.

La intervención, realizada el jueves 29 de octubre de 2026 en los municipios de El Bagre y Caucasia, dejó ocho capturados e incluyó la incautación de oro, platino y dinero en efectivo, según informó el mandatario a través de su cuenta de X.

La acción se dirigió contra una economía ilegal vinculada con la extracción no autorizada de minerales y el uso de maquinaria pesada cerca de fuentes hídricas. De acuerdo con la información presidencial, las autoridades incautaron 695 gramos de oro, 152 gramos de platino y más de $ 505 millones en efectivo. Además, inutilizaron tres excavadoras, valoradas en $ 1.200 millones, que presuntamente extraían minerales en las orillas del río Nechí.

“¡No vamos a permitir que los criminales sigan enriqueciéndose a costa de la destrucción de nuestros recursos naturales!”, afirmó el presidente De la Espriella. Además, añadió que los detenidos son investigados por los presuntos delitos de concierto para delinquir, daño a los recursos naturales y contaminación ambiental. La responsabilidad individual de los capturados deberá establecerse durante el proceso judicial.

La intervención dejó ocho capturados y tres excavadoras inutilizadas

El video divulgado con el anuncio muestra el ingreso de agentes de la Policía al lugar intervenido. También se ven los detenidos y los elementos hallados durante el procedimiento, entre ellos los metales preciosos y el dinero, que quedaron a disposición de las autoridades.

De la Espriella calificó la operación como un golpe a la capacidad financiera y logística de la organización. “¡Golpeamos sus finanzas y su maquinaria criminal!”, expresó al referirse a la inutilización de las excavadoras avaluadas en $1.200 millones, que, según el presidente, eran utilizadas para la explotación ilegal a orillas del río Nechí.

En este caso, las autoridades atribuyen a la estructura una actividad de minería ilegal sin las autorizaciones exigidas. La extracción de oro y platino bajo estas condiciones puede afectar el suelo, alterar los cauces y aumentar la presión sobre los ecosistemas próximos a los ríos.

El Bajo Cauca concentra actividad minera formal e ilícita

El Bajo Cauca antioqueño es una subregión donde la minería aurífera tiene relevancia económica histórica. Entre sus municipios se encuentran Tarazá, Cáceres, Caucasia, Nechí, El Bagre, Zaragoza y Valdivia. La presencia de oro ha convertido al territorio en un punto de interés para la minería formal y para estructuras que buscan obtener rentas de la explotación ilícita.

El río Nechí atraviesa parte de esa zona y ha sido escenario de intervenciones contra maquinaria empleada en la extracción de minerales. El miércoles 28 de octubre de 2026, un día antes del anuncio presidencial, el Ejército informó sobre otro procedimiento en la vereda La Esperanza, en Nechí. Allí intervino 12 unidades de producción minera y dejó fuera de servicio equipos e insumos valorados en más de $ 1.000 millones, según informó la entidad a través de su cuenta de X.

Ese procedimiento no corresponde necesariamente al caso de ‘Deep Gold’, aunque refleja la continuidad de las acciones oficiales contra la explotación ilícita de yacimientos mineros en la subregión. Las autoridades sostienen que estas intervenciones buscan reducir las fuentes de financiación de grupos criminales y contener el deterioro ambiental asociado a la actividad extractiva no autorizada.

“¡Se les acabó la guachafita!”, manifestó el presidente al cerrar su mensaje. De la Espriella aseguró que su Gobierno perseguirá las economías ilegales y llevará ante la justicia a quienes resulten responsables. El comunicado no precisa la extensión de los daños ambientales que se atribuirían a ‘Deep Gold’; ese aspecto dependerá de los informes técnicos y de las actuaciones judiciales posteriores.

La Dijín de la Policía Nacional capturó este jueves 29 de octubre en Barranquilla a Jorge Luis Alfonso López, conocido como “El Gatico”, apodo característico por ser el hijo de la fallecida empresaria del chance Enilce López Romero, conocida como “la Gata”.

Según información preliminar, detectives trasladados desde Bogotá realizaron la diligencia en una clínica del norte de la capital del Atlántico, en una causa por homicidio agravado y concierto para delinquir.

La pesquisa fue coordinada junto con la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, según indicaron fuentes consultadas por Infobae Colombia. Además, informaron a este medio de comunicación que el sujeto, al momento de su detención, habría sufrido una descompensación, por lo que fue atendido de manera inmediata.

El procedimiento tuvo lugar, al parecer, en el mismo centro asistencial donde Alfonso López fue objetivo de un atentado en mayo de 2024. En aquella ocasión, seis hombres disfrazados de guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ingresaron a Mediclínica, ubicado en la carrera 47 con calle 80 de la capital del Atlántico, y dispararon contra integrantes de su esquema de seguridad.

Los investigadores revisan la posibilidad de trasladar el proceso fuera de Barranquilla por presuntos favorecimientos judiciales al condenado en esa ciudad.

Motivo de su captura

De acuerdo con información revelada por El Tiempo, su detención está vinculada al asesinato de Guillermo León Montero Carpio, ocurrido el 11 de junio de 1997 en Sincelejo, Sucre.

Montero Carpio era presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) de Sucre y había sido candidato político en la región del Caribe colombiano.

Según la investigación del caso, sicarios lo asesinaron en el parqueadero de una empresa de chance de la capital colombiana. Durante la huida, los sicarios secuestraron a sus dos escoltas (un policía y un militar) utilizando el vehículo de la propia víctima, según el diario citado.

La Comisión de la Verdad había documentado que, según una investigación de la Fiscalía, la orden del homicidio fue atribuida al entonces jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño Gil, y que en 2011 se dictó medida de aseguramiento contra Alain de Jesús Uribe Valderrama como presunto responsable material.

La vinculación que ahora se indaga respecto de Alfonso López se relaciona con su presunto nexo con el escenario del crimen, de acuerdo con información recopilada por Semana.

El expediente está a cargo de una fiscalía especializada y se tramita bajo la Ley 600 de 2000, el sistema penal anterior, por lo que las autoridades deberán esclarecer el alcance de esa relación y establecer si existió responsabilidad penal.

Condenado por crimen de periodista

La detención ocurre por una investigación distinta a aquella que llevó a la condena de Jorge Luis Alfonso López por el homicidio agravado del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez y por concierto para delinquir.

El comunicador fue asesinado el 19 de febrero de 2005 en Magangué, Bolívar. De acuerdo con la investigación oficial, Prins Velásquez investigaba presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante la administración de López, entonces alcalde del municipio

La justicia declaró a López determinador del crimen y le impuso inicialmente una pena de 39 años, que después fue reducida a 29 años de prisión por el Tribunal Superior de Bogotá, en 2017. El caso se inscribió en un contexto de influencia paramilitar en Magangué y la región; la condena incluyó el delito de concierto para delinquir.

A finales de 2025, Jorge Luis Alfonso López recibió libertad condicional dentro de la condena por homicidio agravado y concierto para delinquir vinculada al asesinato de Rafael Prins.

La jueza Carmen Luisa Terán concluyó que había cumplido 229 meses y 18 días, al sumar el tiempo privado de la libertad y las redenciones obtenidas por trabajo y estudio.

“Conceder libertad condicional al señor Jorge Luis Alfonso López, identificado con cédula de ciudadanía de San Pedro, Sucre, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente proveído”, señaló Terán en la decisión. Por este hecho, la togada también es investigada por el beneficio que otorgó a “El Gatico”.

El exalcalde también fue designado facilitador de paz el 22 de diciembre de 2022, durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. El 2 de febrero de 2023, un juez ordenó su libertad al considerar ese nombramiento; sin embargo, el Gobierno sostuvo entonces que no había solicitado la excarcelación del hijo de Enilce López, empresaria del chance condenada.

Un hombre de 31 años fue detenido este miércoles en Siguatepeque, Honduras, por suponerlo responsable del delito de maltrato animal, luego de que agentes de la Policía Nacional encontraran restos de perros en el patio de su vivienda, donde también funcionaba un negocio de venta de comida.

Las autoridades investigan si existe alguna relación entre los restos hallados y los alimentos comercializados en el establecimiento.

La captura se ejecutó durante un allanamiento realizado después de que vecinos alertaran sobre fuertes olores a descomposición que provenían del inmueble. Las denuncias motivaron la intervención policial para inspeccionar el lugar y verificar las condiciones en las que se encontraban los animales.

Durante el operativo, los agentes localizaron osamentas de caninos y tres perros con vida que presentaban condiciones deplorables de salud, según el reporte de las autoridades.

Los hallazgos llevaron a los investigadores a examinar el posible origen de los restos y las actividades que se desarrollaban en el negocio de comida.

El caso tomó mayor relevancia ante las sospechas de que el detenido presuntamente utilizaba carne de perro para preparar tacos que luego eran vendidos al público.

Sin embargo, las autoridades aclararon que todavía deben determinar si los restos encontrados guardan relación con los alimentos que se comercializaban en el establecimiento.

«Queremos descartar o afirmar que la carne de estos caninos estaba siendo utilizada en esta venta de comida», explicó un funcionario policial al referirse a las diligencias que se desarrollan para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades también buscan esclarecer las condiciones en las que permanecían los tres perros encontrados con vida. El reporte policial indica que los animales estaban en un estado de salud deplorable, una situación que forma parte de las diligencias relacionadas con el presunto delito de maltrato animal.

La intervención policial se produjo después de que residentes de la zona reportaran fuertes olores a descomposición procedentes de la vivienda.

Las denuncias alertaron a las autoridades sobre una posible situación irregular en el inmueble, que además de servir como residencia al sospechoso albergaba un establecimiento de venta de comida.

A partir de esos avisos, los agentes realizaron el allanamiento y encontraron los restos de animales, así como a los tres perros que aún permanecían vivos. Los hallazgos ampliaron las líneas de investigación y llevaron a las autoridades a indagar tanto las condiciones de los caninos como el posible uso de los restos.

El caso también plantea interrogantes sobre las actividades que se realizaban en el establecimiento y las condiciones sanitarias en las que se preparaban los alimentos.

Sin embargo, cualquier conclusión sobre una eventual contaminación o sobre el origen de la carne comercializada deberá sustentarse en los resultados de las investigaciones, sin dar por confirmadas las sospechas iniciales.

Las autoridades no han informado, en los datos proporcionados sobre el caso, de resultados concluyentes que vinculen directamente los restos encontrados con los tacos vendidos en el lugar.

El hombre detenido tiene 31 años, es originario de Tegucigalpa y residía en Siguatepeque, donde se desarrolló el operativo policial. Tras su captura, fue remitido al Ministerio Público, señalado como presunto responsable del delito de maltrato animal.

En el hecho murió Ismael Rodríguez, hijo de 11 años del entonces director de la prisión Édgar Enrique Rodríguez Muñoz. El subdirector del penal falleció días más tarde mientras permanecía internado en una Unidad de Cuidados Intensivos.

Los procesados son Fabián Humberto Alvarado Galvis, conocido como alias El Mexicano, y Luis David Másmela Sabogal. La investigación estableció que los sospechosos habrían participado en más de 50 comunicaciones grupales para coordinar vigilancias, seguimientos y otros actos previos al atentado.

Según la Fiscalía, los involucrados usaron distintos perfiles en plataformas digitales para compartir mensajes, ubicaciones y fotografías de las víctimas.

Cómo ocurrió el ataque armado: lo que descubrió la Fiscalía

El día del atentado, el exdirector del establecimiento penitenciario viajaba con sus acompañantes en un vehículo particular por la carretera que comunica a Neiva con Rivera. Hombres armados interceptaron el automóvil y dispararon contra sus ocupantes.

La hipótesis de la Fiscalía indica que Alvarado Galvis y Másmela Sabogal habrían intervenido en el crimen. Este último, al parecer, conducía una motocicleta de alto cilindraje.

Tras el ataque, los agresores escaparon por la avenida Circunvalar en dirección al barrio Mansiones del Norte, en Neiva.

Parte de la información se recuperó de un celular que presuntamente pertenecía a alias El Mexicano, y que se habría extraviado durante otro hecho delictivo registrado ese mismo 13 de enero en una obra de construcción del barrio San Jorge, en Neiva. Los datos obtenidos del teléfono permitieron reconstruir parte de la secuencia del ataque.

Conforme al informe del ente de control, a ambos se les imputaron los delitos de homicidio, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todos con circunstancias de agravación punitiva.

Ninguno de los dos aceptó los cargos. Un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Por su parte, el reporte de la Fiscalía incluyó que Luis David Másmela Sabogal fue capturado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con apoyo de la Sijin de la Policía Nacional, en una vía pública del barrio Alfonso López, en la localidad de Usme, Bogotá.

En cuanto a alias El Mexicano, señalado por la Fiscalía como cabecilla de una organización delincuencial con presencia en Huila, fue notificado de la nueva imputación en el centro penitenciario donde permanece detenido desde el 23 de febrero por otro caso.

Tras el atentado, renunció el director de la cárcel de Neiva

A los pocos días del ataque armado, se conoció la carta de renuncia de Rodríguez Muñoz a la dirección de la cárcel.

El ecfuncionario comunicó su decisión en una carta dirigida a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). En el documento, atribuyó su salida a razones personales tras el ataque ocurrido en la vía que conecta a Neiva con Rivera, en Huila.

“Los hechos ocurridos el pasado 13 de enero marcaron de manera irreversible mi vida y la de mi familia”, escribió el funcionario en la carta, cuya existencia fue revelada inicialmente por El Espectador.

El director sostuvo que aquel día fue “fatídico” para su familia y señaló que esa situación lo llevó a apartarse de su cargo.

En su momento, un grupo especial integrado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional asumió las pesquisas para identificar a los responsables del atentado.

Las autoridades ofrecieron una recompensa de $50 millones por información que permita ubicar a los autores del ataque.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a una mujer señalada como responsable de morder a un oficial de tránsito en un brazo, cuando este intentaba retirarle la placa de su vehículo por estar estacionado en doble fila, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Los hechos se registraron durante la implementación de un dispositivo para recuperar vialidades sobre la avenida Eduardo Molina, en la colonia Del Parque. En ese operativo, un oficial de la Subsecretaría de Tránsito detectó el vehículo infraccionado y procedió a retirar la placa de circulación, conforme al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

Al momento del procedimiento, la conductora reaccionó con violencia y mordió al oficial en un brazo con el propósito de evitar la sanción. Elementos operativos que se encontraban en el lugar brindaron apoyo para controlar la agresión y asegurar a la mujer.

La detenida fue informada de sus derechos de ley antes de ser trasladada y quedó a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.

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Detienen a cinco civiles armados tras agresión en Concordia, Sinaloa

La noche de este 23 de octubre la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que fueron detenidos cinco civiles armados tras una agresión registrada en las inmediaciones del poblado Zavala, en el municipio de Concordia.

Personal del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa, la Policía Estatal Preventiva y el Ejército Mexicano participaron en el operativo y tres de los detenidos resultaron lesionados durante el enfrentamiento.

Según datos oficiales, durante acciones de prevención y seguridad en la zona, los elementos estatales y militares se percataron de la presencia de civiles armados. Al notar la presencia de la autoridad, los sujetos abrieron fuego en su contra. La agresión fue repelida de inmediato por los elementos de seguridad.

Tras el intercambio de disparos se desató una persecución entre la maleza. Una vez que la situación quedó controlada, las autoridades llevaron a cabo una inspección del área para determinar el saldo del operativo.

La revisión arrojó la detención de los cinco civiles. Junto con los detenidos, las autoridades aseguraron 5 fusiles tipo AK-47 calibre 7.62x39 milímetros, mil 150 cartuchos del mismo calibre y 30 cargadores. También se recuperaron 7 chalecos tácticos y 14 placas balísticas.

Los detenidos, el armamento y las municiones fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

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Mujer intenta ingresar 300 pastillas al Reclusorio Oriente de la CDMX y termina detenida

Una mujer de 33 años fue detenida cuando intentó ingresar una bolsa con 300 pastillas de color blanco al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en la alcaldía Iztapalapa. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó este 23 de octubre sobre el operativo, realizado por policías adscritas a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario durante una revisión de acceso al penal.

El centro penitenciario se localiza en la colonia San Lorenzo Tezonco, donde las custodias aplicaban filtros a las ciudadanas que acudían a visitar a personas privadas de la libertad. Durante ese proceso, el personal notó que la detenida llevaba oculta una bolsa de plástico a la altura del vientre, lo que generó la sospecha que derivó en una revisión más minuciosa.

En apego a los protocolos de actuación policial vigentes, las uniformadas abrieron la bolsa y confirmaron el contenido: 300 pastillas blancas. El hallazgo ocurrió antes de que la sustancia cruzara los filtros de ingreso al Reclusorio Oriente.

Las pastillas aseguradas presentaban características similares a las de una droga, sin embargo no especificaron la posible sospecha.

Las policías informaron a la mujer sus derechos constitucionales y la trasladaron, junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público correspondiente. La autoridad ministerial quedó encargada de establecer el tipo de sustancia incautada en el operativo.

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Encuentran sin vida a la niña de 12 años Ariana Scarlett tras el asesinato de su abuela en Chiapas

Su abuela, Mirian Cruz Alpuche, apareció muerta tras salir ambas de su vivienda para revisar una vaca en un rancho cercano, fue encontrada asesinada adentro de bolsas negras y debajo de una lona al lado de un río.

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Un detalle al pintar su camioneta detonó la identidad del Mando 20 del CJNG para ser detenido

Como resultado de una investigación de inteligencia que se extendió durante casi un año y que incluyó seguimiento de vehículos, geolocalización, inteligencia de señales y reconocimiento aéreo con drones. Lee más:

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Maru Campos acusó a líder de Morena de nexos con el narco: esto dijo Sheinbaum

La mandataria nacional dijo que la gobernadora de Chihuahua, quien pertenece al Partido Acción Nacional (PAN) le preguntó que cómo seguiría la relación entre ellas, a lo que la Presidenta le respondió “de manera institucional” que si tenía algún tema de Seguridad. podía hablar con el secretario de Seguridad, o si tenía algún otro tema institucional entre el gobierno federal y el estatal, se podía tratar con la Secretaría de Gobernación, que es manejada por Rosa Icela Rodríguez. Lee más en...

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Capturan a exalcaldesa de Chenalhó por presunto fraude por venta de casa

De acuerdo con la carpeta de investigación, Rosa “N” habría engañado a la víctima mediante una operación inmobiliaria simulada. La acusación se centra en la presunta venta de una propiedad que habría generado el perjuicio económico denunciado. Lee más en:

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Cae el “Mando 20″ del CJNG por atentado de coche bomba en Michoacán

Leopoldo David alias “Mando 20″, identificado en los informes también como “T-20”, fue detenido junto con dos persdonas y es señalado como presunto coordinador logístico y operativo de una célula del CJNG, con movilidad entre Colima y Jalisco. Las investigaciones lo vinculan con la planeación y ejecución del atentado del 6 de diciembre de 2025 en Coahuayana, Michoacán con un coche bomba que dejó seis muertos y 11 heridos. Lee más en:

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Se llegó al nivel más bajo de percepción de inseguridad en el país en los últimos 13 años: Harfuch

La encuesta, señaló el funcionario en su publicación, muestra avances importantes en lo que las personas observan y escuchan en sus comunidades:

• La población que reportó haber presenciado o escuchado robos o asaltos cerca de su vivienda se ubicó en 45.3%, el menor nivel desde 2013.
• La atestiguación de disparos frecuentes con armas disminuyó 16.7% respecto al cuarto trimestre de 2024.
• La percepción de inseguridad en las escuelas se redujo a 12.2%.

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Caen cinco que fingían ser policías para extorsionar con retenes falsos

Las investigaciones establecieron que los detenidos utilizaban uniformes, logotipos y códigos institucionales apócrifos para aparentar que pertenecían a una corporación oficial. Con esa estrategia instalaban falsos retenes en los que interceptaban a automovilistas y transportistas para robarles y extorsionarlos. Lee más en:

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Niña de 12 años fue raptada en Chiapas luego de que mataran a su abuela

El 19 de octubre, Ariana Scarlett Velázquez Cruz, de 12 años, salió de su casa en la ranchería Ribera Tanchichal, municipio de Ostuacán, Chiapas, junto con su abuela Mirian Cruz Alpuche para revisar una vaca en un rancho cercano. Nunca regresaron. Lee más en la nota:

/mexico/2026/10/23/fueron-a-ver-un-ganado-mataron-a-su-abuela-y-ella-sigue-sin-aparecer-el-caso-de-ariana-scarleth-nina-de-12-anos-desaparecida-en-ostuacan-chiapas/

Condenan José Ignacio Escorcia por feminicidio de Itzel Díaz en Edomex

La joven universitaria de 23 años fue asesinada y su cuerpo fue localizado con huellas de violencia en el interior de una cisterna de una vivienda particular en el municipio de Tepetlixpa, Estado de México. Lee más en la nota:

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Cambian delito de intento de feminicidio en grado de tentativa contra Octavio “N” por golpear a trabajadora de hotel

Pese al cambio en la imputación, el juzgador determinó vincularlo a proceso y mantener la prisión preventiva justificada. Lee más en la nota:

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Un hombre que fue capturado por su presunta participación en el asalto a una mujer en el sector de Rivera Hernández, en San Pedro Sula, resultó ser un prófugo de la justicia que tenía pendiente cumplir una condena de 121 años, un mes y diez días de prisión.

Las autoridades identificaron al sospechoso como Samuel Orlando Martínez Aguilar, quien había escapado de un centro penitenciario y permanecía fuera de prisión hasta su reciente detención.

El individuo fue arrestado el pasado viernes cerca de una posta policial, luego de ser señalado por el supuesto asalto contra una mujer.

Sin embargo, su identidad real no fue establecida de inmediato, debido a que durante su comparecencia ante los tribunales se habría identificado utilizando un nombre falso.

La situación cambió cuando el sospechoso fue ingresado al centro penitenciario y las autoridades verificaron sus datos personales mediante sus huellas dactilares y los registros del Registro Nacional de las Personas (RNP).

A partir de estas comprobaciones, se estableció que se trataba de Martínez Aguilar, quien tenía una alerta de fuga y una sentencia condenatoria pendiente de cumplir.

De acuerdo con la información judicial, el hombre había sido condenado a más de 121 años de prisión por delitos que incluyen violación, violación agravada y otros hechos criminales.

Las fuentes lo identifican como un violador serial, por lo que su localización y posterior detención permitieron establecer que se trataba de una persona que debía continuar cumpliendo su condena.

Según los antecedentes del caso, Martínez Aguilar se fugó el 20 de noviembre de 2022, cuando varios privados de libertad fueron trasladados a instalaciones utilizadas temporalmente para albergarlos, debido a las condiciones del centro penitenciario de El Progreso.

Desde entonces, permanecía prófugo hasta que fue detenido nuevamente en San Pedro Sula, esta vez por un caso relacionado con un supuesto asalto.

Tras su identificación, el imputado fue presentado ante los órganos jurisdiccionales para responder por los nuevos hechos que se le atribuyen. Durante la audiencia inicial, una jueza de Letras Penal dictó auto de formal procesamiento y prisión preventiva en su contra por suponerlo responsable de los delitos de robo con violencia e intimidación en su grado de ejecución de tentativa acabada y usurpación de nombre.

El primer señalamiento está relacionado con el supuesto asalto a la mujer en Rivera Hernández, mientras que el delito de usurpación de nombre corresponde a la presunta utilización de una identidad ajena durante el procedimiento judicial.

Las imputaciones deberán continuar su curso conforme a las etapas establecidas en el proceso penal.

La audiencia preliminar quedó programada para las 9:00 de la mañana del viernes 22 de enero de 2027, fecha en la que se prevé continuar con las diligencias judiciales relacionadas con los nuevos cargos. Mientras tanto, el imputado deberá permanecer bajo prisión preventiva.

Después de las resoluciones judiciales, Martínez Aguilar fue remitido al centro penitenciario de Támara, en el departamento de Francisco Morazán, donde permanecerá recluido mientras avanza el proceso por los delitos que se le atribuyen.

El caso vuelve a poner en evidencia la importancia de los mecanismos de identificación y verificación de antecedentes en los procedimientos judiciales y penitenciarios.

En esta ocasión, la comprobación de las huellas dactilares y los registros oficiales permitió establecer la verdadera identidad del detenido y confirmar que tenía una condena pendiente y una alerta por haberse fugado de prisión.

Las autoridades deberán continuar con las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades derivadas del nuevo caso, sin perjuicio de la condena que ya pesa sobre el imputado y de las resoluciones judiciales que se adopten en las etapas posteriores del proceso.

El presidente Abelardo de la Espriella informó que un hombre identificado como Juan Carlos Buriticá Suárez, de 21 años, fue capturado y enviado a prisión preventiva tras ser señalado de amenazar de muerte a su esposa, la primera dama Ana Lucía Pineda, y a sus hijos. Según el mandatario, las autoridades realizaron un allanamiento en la vivienda del sospechoso, donde encontraron una cantidad considerable de marihuana.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado indicó que la amenaza ocurrió el 18 de octubre de 2026, a las 10:12 a. m. La denuncia fue presentada ese mismo día, a las 12:23 p. m., y el procedimiento que permitió la captura se llevó a cabo en la noche del 19 de octubre.

De acuerdo con la información publicada por el mandatario, la Fiscalía imputó al capturado los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, contemplado en el artículo 376 del Código Penal, y amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, establecido en el artículo 188E.

De la Espriella señaló que el hombre recibió medida de aseguramiento privativa de la libertad y deberá responder ante la justicia por los hechos que se le atribuyen. En su pronunciamiento, el presidente rechazó las amenazas contra su familia y afirmó que este tipo de intimidaciones son inaceptables, independientemente de quiénes sean las víctimas.

“Como esposo, como padre y como presidente de la República, tengo absolutamente claro que las amenazas de muerte contra cualquier familia colombiana son intolerables”, escribió el mandatario en la publicación.

Además, sostuvo que la protección debe extenderse a todos los hogares del país y cerró su mensaje con una referencia a su proyecto de Gobierno: “En la Patria Milagro, los delincuentes deben temerle a la justicia, no los ciudadanos a los delincuentes”.

Fiscalía revisará dispositivos incautados para avanzar en la investigación

Durante la diligencia de registro y allanamiento realizada por la Policía Nacional en Pereira, Risaralda, las autoridades incautaron un computador y un teléfono celular que serán fundamentales para continuar las verificaciones sobre las amenazas. De acuerdo con la Fiscalía, los dispositivos contienen información relevante para establecer las circunstancias en las que se publicó el mensaje intimidatorio y avanzar en la identificación de los elementos relacionados con el caso.

La investigación se apoya en distintas labores técnicas que permitieron identificar al hombre señalado de realizar la publicación desde una cuenta anónima de Instagram. Según el organismo investigador y el mismo jefe de Estado, el contenido incluía señalamientos contra la vida y la integridad de la primera dama y su familia.

Tras conocer los hechos, la situación fue denunciada ante las autoridades y quedó en manos de la Fiscalía. Un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos Informáticos será el encargado de presentar al capturado ante un juez penal de control de garantías para imputarle el delito de amenaza agravada. La responsabilidad del detenido deberá establecerse durante el proceso judicial.

De acuerdo con información de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), durante el registro de la vivienda los investigadores recolectaron varios elementos que quedaron bajo cadena de custodia y serán incorporados al proceso. Entre ellos figuran un computador portátil, un teléfono celular y ocho bolsas plásticas herméticas con una sustancia vegetal que, por sus características, correspondería a marihuana. El material incautado tenía un peso bruto de 91,7 gramos.

El capturado y los elementos encontrados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Local Especializada contra los Delitos Informáticos de Bogotá, que continuará con las actuaciones correspondientes. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de los defensores de derechos humanos, los funcionarios públicos y la ciudadanía. También invitó a denunciar hechos delictivos a través de la línea de emergencia 123.

La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de un hombre señalado de enviar amenazas virtuales contra la primera dama, Ana Lucía Pineda, esposa del presidente Abelardo de la Espriella.

El procedimiento se realizó en Pereira, Risaralda, tras una investigación por mensajes publicados el 18 de octubre de 2026 desde una cuenta anónima de Instagram.

El detenido será presentado ante un juez penal de control de garantías. Un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos Informáticos le imputará el delito de amenaza agravada, de acuerdo con el comunicado oficial difundido el 20 de octubre de 2026.

La entidad indicó que las labores investigativas permitieron identificar al presunto autor de una publicación realizada desde un perfil localizado en esa ciudad.

El mensaje, según la Fiscalía, “contenía señalamientos en contra de la vida e integridad de la esposa del presidente de la República y su familia”.

Según la información oficial, la cuenta desde la que se emitió el mensaje era anónima. Tras conocerse la publicación, la situación fue denunciada ante la Fiscalía, que asumió el caso a través de su dependencia especializada en delitos informáticos.

En un par de días se logró la captura, que fue resultado de una diligencia de registro y allanamiento ejecutada por la Policía Nacional en un inmueble de la capital risaraldense.

En el lugar, las autoridades incautaron un computador y un celular que, según el ente investigador, contienen elementos de interés para las verificaciones en curso.

El caso seguirá ante la justicia con la audiencia de imputación, en la que un juez definirá la situación procesal del capturado.

Ana Lucía Pineda respondió a ‘Matador’ y pidió sanciones por los ataques contra mujeres

El 18 de octubre de 2026, la primera dama de la Nación, en entrevista con Semana, afirmó que los ataques atribuidos al caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como Matador, no la intimidan ni la detienen. También pidió que las conductas de hostigamiento contra mujeres tengan consecuencias ante la justicia.

Pineda cuestionó en el diálogo que se utilice a mujeres como blanco de ataques para ganar visibilidad. “Siento lástima por una persona que tenga que utilizar a una mujer para ser vista, para ser escuchada, para hacerse visible”, declaró.

La esposa del presidente sostuvo que esas expresiones no corresponden a una caricatura. “Eso ni nombre tiene. Pero sí debe merecer un castigo”, afirmó.

Pineda señaló que el caso debe dejar un precedente y advirtió que la ausencia de sanciones puede facilitar la repetición de este tipo de conductas. Según dijo, las autoridades judiciales deben investigar y castigar los casos de matoneo y hostigamiento contra mujeres.

“Alzo la voz por mí y por todas las mujeres que en algún momento se han sentido atacadas”, expresó. Además, invitó a quienes enfrenten situaciones similares a no dejarse intimidar y a acudir a las instancias de denuncia.

“No podemos permitir que él ni nadie nos ataque”, agregó la primera dama, quien resaltó el papel de las mujeres en sus hogares, espacios de trabajo y comunidades.

Durante la entrevista, Pineda sostuvo que parte de los ataques que ha recibido responde a sectores opositores al Gobierno de su esposo. Afirmó que buscan utilizarla como un instrumento para cuestionar al presidente.

La primera dama defendió las actividades que, según señaló, ha realizado en zonas afectadas por el terremoto. Mencionó la entrega de kits escolares, mercados, elementos para la noche y carpas, además del acompañamiento a familias damnificadas en municipios apartados.

“Ninguna mentira va a poder opacar el trabajo que mi esposo y yo hemos venido haciendo de manera correcta por los colombianos”, aseguró. Pineda añadió que su propósito ha sido apoyar a comunidades que atraviesan situaciones difíciles.

La investigación de la Policía Nacional le atribuye al menos siete víctimas, de acuerdo con las denuncias que recibió la institución.

El detenido, a quien las autoridades identificaron como “El Depredador del Humedal Juan Amarillo”, fue capturado en el municipio de Turbaco, Bolívar, luego de que permaneciera fuera de Bogotá durante cerca de dos meses, destacó la mañana del martes 20 de octubre de 2026 el teniente coronel Julio Botero, comandante de la estación de Policía Suba.

La orden judicial fue ejecutada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal de Bogotá y Cartagena, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, luego de que las pesquisas se extendieron durante un año.

Como parte del material probatorio se incluyó análisis de muestras por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal, interceptaciones telefónicas, inspecciones a los lugares de los hechos, entrevistas forenses, consultas en bases de datos, reconocimientos fotográficos, vigilancias y seguimientos.

Según el reporte oficial, las siete víctimas fueron vinculadas formalmente al caso mediante cotejos genéticos efectuados con apoyo de Medicina Legal.

Las autoridades señalan que intimidaba a las víctimas con armas de fuego

La Policía indicó que el hombre abordaba a mujeres entre los 18 y los 40 años, así como a adolescentes entre los 13 y los 17 años.

De acuerdo con la hipótesis que manejan las autoridades, el hoy detenido utilizaba armas de fuego para intimidarlas y obligarlas a ingresar a sectores apartados del humedal Juan Amarillo.

Una vez en las zonas boscosas, el capturado presuntamente cometía las agresiones sexuales y se apoderaba de objetos personales de las víctimas antes de escapar.

Los investigadores señalaron que ciertas características permitieron asociar los hechos. Entre ellas estaban el acento del señalado agresor y el uso recurrente de botas industriales durante los ataques.

Una enfermera denunció un ataque después de su jornada laboral

Uno de los casos que integra la investigación ocurrió el 25 de octubre de 2025. La víctima era una enfermera que regresaba a su vivienda después de terminar su jornada de trabajo.

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) el hombre la abordó de forma violenta y la amenazó con el revólver para que se fuera con él a la parte interna del humedal.

Antes de escapar, el presunto agresor usó una linterna de alta potencia contra el rostro de la mujer, lo que habría dificultado que ella lograra identificarlo.

Otro hecho involucró a una pareja que caminaba por la zona

La Policía también incluyó en el expediente un hecho ocurrido el 12 de diciembre de 2025. Una pareja caminaba por vía pública cuando fue interceptada por el ahora capturado y otra persona.

Según las autoridades, ambos obligaron a las víctimas a dirigirse hacia el humedal. Mientras el segundo implicado habría hurtado los objetos personales de la pareja, el hombre capturado presuntamente abusó sexualmente de la mujer.

Las autoridades señalaron que la capital colombiana registra 70 capturas por acceso carnal violento en 2026.

Además, desde la Mebog se detalló que durante 2026 se capturaron en flagrancia a 18 personas por el delito de acceso carnal violento, y se efectuaron otras 52 detenciones mediante orden judicial por esa misma conducta.

El caso del hombre capturado en Turbaco quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, que deberá continuar el proceso penal por los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado.

Al final, el teniente Botero le reiteró a la comunidad a aportar información que permita identificar a responsables de agresiones sexuales y otros delitos. Para esto, las denuncias pueden realizarse a través de la línea de emergencias 123 o en el Centro de Atención Inmediata (CAI) más cercano.

La captura fue realizada por unidades de la Policía Nacional en cumplimiento de una orden judicial vigente, informó el ente acusador en la jornada del 19 de octubre de 2026. Hawkins será presentado ante un juez de control de garantías por una fiscal del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.

Según la Fiscalía, la indagación se centra en hechos que habrían afectado a dos personas que tenían contratos con la Gobernación del archipiélago. A las víctimas presuntamente les exigieron en conjunto $3.000 millones para que pudieran mantener sus actividades comerciales y para evitar agresiones contra ellas o sus familiares.

Los elementos recopilados durante la investigación indican que Hawkins Sjorgreen habría buscado a integrantes de Las Salsas Mexicanas, un grupo delincuencial que, de acuerdo con las autoridades, está dedicado a intimidar a comerciantes para obtener dinero.

La hipótesis del ente judicial señala que los contactos con esa estructura habrían tenido como propósito ejercer presión sobre los contratistas. Las amenazas, según el comunicado oficial, buscaban condicionar la continuidad de sus negocios y generar temor por la seguridad de sus entornos familiares.

El delegado contra la Criminalidad Organizada, Raúl Humberto González Flechas, confirmó la actuación judicial contra el exmandatario: “En cumplimiento de una orden de captura solicitada por un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales, la Policía Nacional capturó en Barranquilla a Everth Julio Hawkins”.

González Flechas agregó que las pruebas reunidas hasta ahora apuntan a un posible nexo con la organización señalada: “Los elementos materiales probatorios indican que tendría vínculos con un grupo delincuencial denominado Las Salsas Mexicanas, dedicado a extorsionar a algunos comerciantes de la isla”.

Una familiar de una víctima habría sido retenida

El expediente documenta dos casos de personas afectadas, ambos relacionados con contratos suscritos con la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Uno de los episodios bajo investigación incluye la presunta retención de una familiar de una de las víctimas. De acuerdo con la información entregada por el ente acusador, esa situación habría sido utilizada para aumentar la presión y obtener el pago exigido.

La pesquisa está a cargo de una fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, dependencia que investiga delitos asociados a estructuras criminales y conductas que afectan la libertad individual, como el secuestro y la extorsión.

El proceso deberá avanzar en las audiencias judiciales correspondientes, donde la Fiscalía se encargará de exponer los elementos que sustentan su solicitud y la defensa de Hawkins podrá controvertir las imputaciones.

La Fiscalía imputará extorsión agravada y secuestro extorsivo

La audiencia ante un juez de control de garantías definirá inicialmente la legalidad de la detención. Luego, la Fiscalía formulará imputación contra el exgobernador por los delitos de extorsión agravada y secuestro extorsivo, conforme a lo anunciado en el comunicado.

En esa diligencia, el ente investigador deberá explicar la posible participación que le atribuye a Hawkins Sjorgreen y los hechos concretos que sustentan cada conducta. El exgobernador podrá aceptar o no los cargos.

Tras la imputación, la Fiscalía podrá solicitar una medida de aseguramiento, si considera que existen razones legales para ello. Corresponderá al juez valorar los argumentos de las partes y resolver si se requiere alguna restricción mientras continúa la investigación.

La autoridad judicial también tendrá que determinar el curso procesal del caso a partir de la información reunida sobre las dos presuntas víctimas, la exigencia económica reportada y el supuesto papel de integrantes de Las Salsas Mexicanas.

El eco de las sirenas en la madrugada del pasado 7 de octubre aún resuena con fuerza en las calles tranquilas de Ciudad Barrios, en San Miguel Norte. Lo que comenzó como un estallido de violencia desmedida en el interior de un hogar familiar terminó convertida en una escena de devastación: gritos en la penumbra, lesiones por arma blanca y las llamas devorando velozmente una vivienda que, hasta entonces, guardaba la rutina de una familia salvadoreña.

Aquella fatídica jornada dejó tras de sí un rastro de dolor inolvidable. Entre las víctimas se encontraba una mujer de 46 años, quien logró ser rescatada con vida del siniestro, pero con quemaduras graves que cubrían el 90 % de su superficie corporal. Trasladada de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), inició una silenciosa y desgarradora batalla contra la muerte.

Durante diez largos días, el personal médico intentó estabilizar su delicado estado mientras sus allegados esperaban un milagro en los pasillos del hospital. Sin embargo, en las primeras horas de la madrugada de este domingo, 18 de octubre, la Policía Nacional Civil (PNC) confirmó el desenlace más temido: la mujer no resistió la gravedad de las heridas y falleció.

El presunto responsable, José Gabriel Márquez López, de 55 años, fue capturado por las autoridades poco después de desencadenar la tragedia. Márquez López, señalado de haber atacado primero con un arma blanca a sus familiares, causándole la muerte a su propio sobrino, un menor de edad, para luego prender fuego al inmueble, enfrenta ahora una situación jurídica severamente agravada.

Con la confirmación de la muerte de la mujer, las autoridades informaron que la Fiscalía General de la República (FGR), le sumará formalmente un nuevo delito de homicidio a los cargos que ya pesaban en su contra.

La inimputabilidad por trastorno mental en la legislación penal salvadoreña

El caso ha reabierto un sensible debate en El Salvador sobre el impacto de la salud mental en los procesos judiciales. Cuando una persona comete un delito grave pero existen indicios de que padece un trastorno mental, la ley salvadoreña debe determinar si el acusado era realmente consciente de lo que hacía en el momento del ataque.

Según el Código Penal del país, para que alguien pueda ser juzgado y castigado como un criminal común, la ley exige que haya actuado con plena conciencia de que sus actos eran un delito. En su artículo 27, la legislación contempla la figura de la inimputabilidad.

Esto significa que una persona no puede ser considerada penalmente responsable si, debido a una enfermedad mental o una alteración grave de la conciencia, no tenía la capacidad de entender la gravedad de sus actos ni de controlar su comportamiento mientras cometía el hecho.

Sin embargo, que se mencione que el acusado tiene un problema psiquiátrico no significa que quedará libre automáticamente. Para que la justicia declare a alguien “inimputable”, el juez no se basa solo en testimonios: se debe someter al detenido a minuciosas evaluaciones psicológicas y psiquiátricas a cargo de los especialistas del Instituto de Medicina Legal (IML).

Si los exámenes médicos confirman que el agresor actuó sin ningún juicio ni conciencia, la ley no lo envía a una prisión convencional. En su lugar, el juez le impone una medida de seguridad, que suele ser el internamiento en un centro hospitalario o psiquiátrico bajo custodia policial.

Mientras el proceso legal avanza y se esperan los resultados de los peritajes psicológicos practicados a José Gabriel Márquez López, los habitantes de Ciudad Barrios intentan asimilar una tragedia que cobró dos vidas familiares.

Casi tres décadas después de uno de los casos criminales que más conmocionaron a Honduras, la Policía Nacional reportó la captura de un presunto integrante de la banda Los Bustillo, organización vinculada al secuestro y muerte de Ricardo Ernesto Maduro Andreu, hijo del expresidente hondureño Ricardo Maduro.

El detenido, de 72 años, es señalado por las autoridades de haber desempeñado funciones estratégicas dentro de la estructura delictiva, entre ellas conseguir vehículos y viviendas utilizadas para movilizar y mantener bajo custodia a las víctimas mientras se negociaban los rescates.

El comisario de la Policía Nacional, Edgar Sandoval, explicó que las investigaciones de inteligencia permitieron identificar al sospechoso y reunir indicios sobre su presunta participación en las actividades de la organización. El hombre enfrenta cargos por el delito de secuestro, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades.

Según Sandoval, aunque el sospechoso realizaba trabajos de albañilería, las pesquisas policiales apuntan a que habría mantenido un papel relevante dentro de la banda criminal.

“Era un eslabón bastante fuerte en la organización, ya que era el encargado de la movilización y del cuidado. Él se encargaba de conseguir los vehículos y las casas donde iban a estar las personas para luego pedir el rescate”, detalló el funcionario.

La captura se produjo durante un despliegue operativo ejecutado en el marco de la operación Escudo Seguro, como parte de las acciones policiales dirigidas a ubicar a personas señaladas por su presunta participación en delitos de alto impacto.

El caso que vuelve a colocar a la banda Los Bustillo en la atención pública se remonta a abril de 1997, cuando Ricardo Ernesto Maduro Andreu, de 25 años, fue secuestrado en San Pedro Sula, departamento de Cortés.

La víctima era hijo de Ricardo Maduro, quien años después ocuparía la Presidencia de Honduras entre 2002 y 2006.

El secuestro y posterior fallecimiento del joven empresario provocaron una profunda conmoción en la sociedad hondureña y se convirtieron en uno de los episodios criminales más recordados de aquella época.

El caso evidenció el impacto de las estructuras dedicadas al secuestro y la extorsión, que utilizaban la privación de libertad como mecanismo para exigir grandes cantidades de dinero a familiares de las víctimas.

De acuerdo con las autoridades policiales, las investigaciones posteriores vincularon a la banda Los Bustillo con este crimen y con otros secuestros cometidos en diferentes regiones del país.

Según los registros citados por los cuerpos de seguridad, la banda Los Bustillo operó entre 1990 y 2010 y estuvo implicada en múltiples secuestros a nivel nacional.

Su actividad criminal se extendió durante dos décadas, un período en el que las autoridades desarrollaron investigaciones y operativos para identificar a sus integrantes y llevarlos ante la justicia.

La organización habría contado con personas encargadas de distintas funciones, desde la movilización de las víctimas hasta la búsqueda de inmuebles para mantenerlas retenidas y facilitar las negociaciones de rescate.

El papel atribuido al detenido de 72 años coincide con esa distribución de tareas descrita por el comisario Sandoval, quien señaló que el sospechoso presuntamente conseguía vehículos y viviendas para el funcionamiento de la estructura.

Las autoridades indicaron que actualmente tres integrantes de la banda cumplen condenas en centros penitenciarios, mientras que otros miembros murieron durante operativos policiales.

Sin embargo, la captura del adulto mayor vuelve a poner sobre la mesa la persistencia de investigaciones relacionadas con crímenes cometidos hace décadas y los esfuerzos por localizar a personas que todavía podrían enfrentar procesos judiciales.

La Policía Nacional ejecutó la detención después de desarrollar labores de inteligencia y reunir elementos que, según sus investigadores, relacionan al sospechoso con el secuestro de Ricardo Ernesto Maduro Andreu.

La Policía Nacional de Honduras capturó a un joven señalado de ocupar una posición de liderazgo dentro de la estructura criminal Pandilla 18, en una operación que podría aportar nuevas pistas sobre los asesinatos de conductores que trabajan mediante aplicaciones de transporte privado en Tegucigalpa.

El detenido, de 18 años, es conocido con el alias de «El Renco» y es identificado por las autoridades como presunto jefe de sicarios de esa organización criminal.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ejecutaron su captura en la colonia Altos de la Divanna, en la capital hondureña, durante dos allanamientos realizados con apoyo de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE).

La información policial, señala que el sospechoso tenía una orden de captura pendiente por suponerlo responsable de los delitos de asesinato, robo de vehículo con violencia y asociación terrorista.

Las autoridades buscan establecer si el joven tuvo participación directa en diferentes hechos violentos registrados en la capital, especialmente aquellos que involucran a personas que ofrecen servicios de transporte a través de plataformas digitales.

La captura forma parte de las acciones de investigación dirigidas a identificar a los responsables de estos crímenes y determinar si existe una conexión entre los casos.

Uno de los hechos bajo investigación es el asesinato de una conductora de inDrive de 21 años, ocurrido en Tegucigalpa. La Policía analiza la posible vinculación de alias «El Renco» con este crimen, cuyas circunstancias todavía deben esclarecerse.

De acuerdo con las líneas investigativas, el hecho podría estar relacionado con el robo del vehículo de la víctima y el pago de extorsiones.

Sin embargo, estos posibles móviles no han sido confirmados de manera definitiva por las autoridades y deberán ser respaldados mediante las diligencias correspondientes.

Los investigadores buscan determinar si el sospechoso participó en la planificación o ejecución del homicidio, así como establecer si otras personas estuvieron involucradas.

El caso se suma a las preocupaciones por la seguridad de quienes trabajan mediante aplicaciones de transporte privado, una actividad que implica desplazamientos constantes por diferentes sectores de la ciudad y contacto con usuarios cuya identidad no siempre conocen previamente.

La investigación también pretende establecer si el crimen responde a un hecho aislado o si guarda relación con otras actividades delictivas atribuidas a integrantes de estructuras criminales que operan en la capital.

Además del asesinato de la joven conductora, la DPI trabaja para determinar si alias «El Renco» estaría relacionado con otros homicidios de personas que prestaban servicios de transporte mediante plataformas digitales.

Las autoridades consideran necesario analizar las circunstancias de cada caso, los posibles móviles y los indicios recopilados para establecer si existen conexiones entre los hechos.

Durante los dos allanamientos realizados en la colonia Altos de la Divanna, los agentes reportaron el hallazgo de armas de fuego y otros indicios que serán sometidos a los análisis correspondientes.

Los investigadores deberán determinar si las armas u otros elementos encontrados guardan relación con los homicidios bajo investigación o con los demás delitos que se atribuyen al detenido.

La Policía también mantiene abiertas las diligencias para identificar a posibles colaboradores y establecer si los hechos investigados fueron ejecutados por una misma estructura o por personas que actuaban de manera coordinada.

La eventual vinculación del sospechoso con otros crímenes dependerá de los resultados de las pesquisas y de las pruebas que puedan incorporarse a los expedientes judiciales.

Tras la captura, el caso deberá avanzar por las instancias judiciales correspondientes para que las autoridades competentes conozcan los señalamientos y determinen las medidas que procedan conforme a la ley.

La orden judicial que motivó la detención está relacionada con los delitos de asesinato, robo de vehículo con violencia y asociación terrorista.

Las mamás de dos adolescentes en conflicto con la ley, fueron capturadas en Guatemala cuando intentaron ingresar marihuana oculta en accesorios personales al Centro Especializado de Reinserción Juvenil Las Gaviotas.

La Policía Nacional Civil (PNC) identificó a las detenidas como Zulmy Judith Méndez Díaz, de 32 años, y Sandra Patricia Barillas del Cid, de 31 años, quienes pretendían entregar la sustancia a sus hijos privados de libertad.

Al ser interrogadas por los agentes, las madres argumentaron que la droga ayudaría a sus hijos a sobrellevar el encierro.

El hallazgo de la sustancia ilícita estuvo a cargo del personal de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), que realizaba las revisiones de rutina en el área de acceso para las visitas del centro ubicado en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala.

Las monitoras detectaron 12 envoltorios de marihuana ocultos en una almohada para el cuello y otros tres paquetes escondidos en una cola para sujetar el cabello.

Ante la irregularidad, las autoridades del recinto coordinaron con efectivos de la comisaría 13 de la PNC para proceder con la consignación de ambas mujeres ante los tribunales correspondientes.

Los adolescentes a quienes iba dirigida la sustancia tienen 13 y 16 años y cumplen una pena de cuatro años de prisión por el delito de asesinato.

Según los informes oficiales de los cuerpos de seguridad, los dos menores pertenecen a la pandilla Mara Salvatrucha.

Homicidio y extorsión concentran las causas de detención de adolescentes en Guatemala

En Guatemala, la SBS administra seis centros de privación de libertad para menores de edad, entre los que figuran las instalaciones de Las Gaviotas y el Centro Especializado de Reinserción.

Las estadísticas institucionales revelan que actualmente existen aproximadamente 474 jóvenes en conflicto con la ley penal bajo el resguardo del Estado.

De ese total, 235 son menores de 18 años, mientras que 239 corresponden a jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad mientras cumplían sus respectivas sanciones.

Las investigaciones y registros policiales señalan que los principales delitos por los que son remitidos los adolescentes al sistema de justicia juvenil son homicidio, extorsión, robo agravado, violación y lesiones graves.

Frente a este escenario, las autoridades estatales implementan programas de capacitación técnica y nivelación académica dentro de los centros con el propósito de ofrecer herramientas de reinserción social a la población juvenil reclusa al término de sus condenas.

Teléfonos celulares, drogas y armas blancas destacan entre los objetos decomisados en requisas

El intento de ingreso de narcóticos a los centros correccionales ocurre en medio de un intensificado plan de seguridad en los recintos carcelarios del país.

Durante los operativos e inspecciones periódicas que ejecutan las fuerzas combinadas de la PNC y el Sistema Penitenciario, los agentes incautan con frecuencia diversos artículos prohibidos dentro de los módulos.

De acuerdo con los registros del Ministerio de Gobernación, los objetos más decomisados son teléfonos celulares, tarjetas SIM, cargadores y routers para señal de internet, herramientas utilizadas para coordinar extorsiones y otros crímenes desde el interior de los penales.

Asimismo, las inspecciones en los centros penitenciarios guatemaltecos permiten la incautación de armas blancas punzocortantes, envoltorios de cocaína, crack y marihuana, así como bebidas alcohólicas, electrodomésticos no autorizados y dinero en efectivo.

Las autoridades han incrementado la vigilancia en las entradas a las prisiones para evitar que familiares y visitantes introduzcan estos ilícitos durante las jornadas de visita.

El 16 de julio de 2026 comenzó como una jornada de trabajo ordinaria para Yajaida Cuadro Méndez. Laboraba como mesera en la conocida cafetería y restaurante La Escalerita, ubicada en Sweetwater, Florida. Sin embargo, al finalizar su turno de trabajo en la noche, la rutina diaria dio un giro drástico hacia una experiencia traumatizante que la confrontó de frente con el miedo a perder la vida.

Al terminar su jornada laboral, Yajaida intentó solicitar un vehículo a través de una aplicación para regresar a su hogar en Miami Gardens. Sin embargo, el servicio de transporte demoró y el conductor asignado nunca llegó a la locación.

En ese instante de espera e incertidumbre, un cliente habitual del establecimiento notó las dificultades de la trabajadora y se ofreció voluntariamente a llevarla en su propio automóvil. Yajaida, confiando en la aparente familiaridad de la interacción diaria en la cafetería, no percibió riesgo alguno y aceptó el ofrecimiento.

El trayecto transcurrió de forma normal hasta que la actitud del conductor cambió drásticamente. El hombre, identificado posteriormente como Deglis Anthony Harkin, de 24 años y de nacionalidad nicaragüense, le hizo propuestas de índole sexual a Yajaida mientras se desplazaban.

Sorprendida por la situación, la víctima rechazó de inmediato la propuesta y le ofreció pagarle en dinero el valor correspondiente al viaje realizado. Ante la negativa de la víctima, el nicaragüense reaccionó violentamente. La sujetó violentamente por el cuello, intentó forzarla a darle un beso y comenzó a asfixiarla dentro del habitáculo.

Cuando la presión cedió por un instante, Yajaida abrió con rapidez la puerta del automóvil para intentar escapar. Al bajar, debido al estado de shock y a los nervios del momento, cayó de rodillas sobre la carretera. En ese instante, el sujeto descendió del vehículo, la embistió y se lanzó sobre ella en plena vía pública, comenzando una violenta golpiza a puño cerrado. La agresión física y el estrangulamiento le provocaron la pérdida del conocimiento, quedando tendida sobre el pavimento.

Arresto, cargos penales y consecuencias del caso

Tras recobrar el sentido y recuperarse del ataque, Yajaida interpuso una denuncia ante el Departamento de Policía de Miami Gardens. Las autoridades iniciaron una investigación que incluyó la recopilación de testimonios y la revisión de imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento, donde el sospechoso había quedado registrado la noche del incidente.

Luego de varias semanas de indagatorias e investigaciones, los oficiales ejecutaron el arresto de Deglis Anthony Harkin en el área de Miami Gardens. El hombre de 24 años enfrenta cargos graves de secuestro y agresión agravada por la tentativa de abuso sexual y las lesiones infligidas a la víctima.

Harkin permanece bajo custodia policial en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TJK) en el condado de Miami-Dade. Debido a su estatus migratorio como ciudadano nicaragüense, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) emitió una orden de retención migratoria sobre el detenido mientras se desarrollan las audiencias del proceso judicial.

Para Méndez, las secuelas físicas del ataque han sido acompañadas por un impacto emocional profundo. La víctima señaló para Univisión que padece de insomnio persistente y estrés postraumático a raíz del ataque vivido. Tras la traumática experiencia, asegura que la dolorosa lección que le deja este episodio es la importancia de no abordar vehículos particulares ni aceptar traslados de personas fuera de los canales formales y de confianza.

En horas de la madrugada de hoy, 8 de octubre, la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador, en una acción coordinada con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un operativo simultáneo en los departamentos de Ahuachapán, Usulután y La Paz.

El procedimiento tuvo como objetivo desarticular una compleja red transnacional dedicada al tráfico ilícito de cocaína, la cual utilizaba la franja costera e insular del territorio salvadoreño como corredor estratégico de tránsito marítimo.

Según los informes presentados por el ministerio público, la investigación contra esta organización criminal dio inicio en julio de 2024. Desde esa fecha hasta la actualidad, el trabajo articulado de inteligencia y vigilancia ha permitido asestar severos golpes financieros a la banda narco.

En relación con las personas detenidas, las autoridades confirmaron que el proceso judicial ya contaba con doce imputados que fueron capturados previamente en distintas fases de la investigación desarrollada desde el año pasado.

A este grupo se suman los sujetos que resultaron arrestados durante las intervenciones de esta madrugada, incrementando la cantidad de integrantes de la estructura que serán sometidos a los tribunales.

Entre los involucrados figuran pescadores artesanales y colaboradores de la franja costera, quienes utilizaban su conocimiento marítimo para facilitar logística, combustible y resguardo a los cargamentos de droga en puntos estratégicos de Ahuachapán, Usulután y La Paz.

Estos colaboradores locales abastecían a las tripulaciones de combustible, sistemas de posicionamiento global (GPS) y embarcaciones adicionales para evadir los patrullajes navales.

En total, las autoridades han incautado 1,917 kilogramos de cocaína, cuyo valor comercial en el mercado ilícito asciende a $48,193,380.00. De igual manera, se han decomisado seis embarcaciones que servían como transporte marítimo para el trasiego de la sustancia.

Todos los procesados responderán ante la justicia salvadoreña por la comisión de los delitos de:

• Tráfico ilícito
• Tráfico ilícito de carácter internacional
• Agrupaciones ilícitas.

El delito de tráfico de drogas en El Salvador

Debido a su ubicación geográfica en el istmo centroamericano y su amplia franja costera en el Océano Pacífico, El Salvador es frecuentemente utilizado por las redes de crimen organizado como un punto de reabastecimiento y acopio temporal para la droga que viaja desde el sur del continente americano hacia los mercados de América del Norte y Europa.

En el ordenamiento jurídico nacional, el marco normativo rector en esta materia es la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas. Esta ley sanciona severamente la tenencia, producción, almacenamiento, transporte y comercialización de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

El uso de las comunidades pesqueras por parte de los carteles internacionales representa una amenaza directa para la economía local y la seguridad costera.

Las organizaciones criminales aprovechan las necesidades socioeconómicas o el conocimiento geográfico de los pescadores para reclutarlos como proveedores de apoyo logístico en altamar, facilitando combustible, telefonía satelital, GPS y resguardo de cargamentos en las zonas de esteros e islas.

Ante este panorama, la FGR y la Fuerza Armada, a través de la Marina Nacional han intensificado los patrullajes en las 200 millas náuticas y en aguas interiores.

Los constantes decomisos a gran escala realizados en el Océano Pacífico demuestran la efectividad de los radares marinos, la inteligencia conjunta con agencias internacionales y los operativos de búsqueda y captura coordinados con la Policía Nacional Civil.

La interdicción de cargamentos millonarios busca debilitar la capacidad financiera de los grupos delictivos e impedir que las costas salvadoreñas funcionen como zonas de impunidad.

CBS News difundió primero el video de la detención; minutos después, el fiscal Bill Essayli publicó una versión más breve en su cuenta de X. El propio FBI distribuyó fotografías adicionales por sus canales oficiales.

Según la denuncia penal federal, Zhang, de 34 años y residente de Irvine, California, enfrenta un cargo por operar como agente de un gobierno extranjero sin notificar al fiscal general de Estados Unidos, tal como exige la ley federal. No estaba claro de inmediato si contaba con representación legal.

Como establece el principio de presunción de inocencia, Zhang es inocente hasta que un tribunal determine lo contrario más allá de toda duda razonable.

Wanying Zhang: qué muestran las imágenes del LAX

El material visual convirtió el caso en tendencia de inmediato. Essayli, primer asistente del fiscal federal para el Distrito Central de California, publicó en X un video en el que se ve a Zhang escoltada por agentes a través del aeropuerto. Poco después, el FBI difundió fotografías adicionales tomadas durante el operativo. Ambos registros mostraban a la mujer con la misma ropa que vestiría al día siguiente en su primera audiencia judicial: campera blanca con cierre, pantalón deportivo y zapatillas blancas.

Zhang compareció el lunes ante el juez federal Steve Kim en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el centro de Los Ángeles, con esposas en muñecas y tobillos. Solo habló para confirmar su nombre y que comprendía el cargo en su contra.

El magistrado reprogramó la audiencia de detención para el miércoles —para que Zhang pudiera contratar un abogado defensor privado— y la dejó bajo la custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. El mismo domingo del arresto, agentes federales también allanaron su domicilio en Irvine: una vecina del barrio dijo haber visto alrededor de diez agentes registrando la vivienda por la mañana.

Quién es Heather Zhang, la agente inmobiliaria del condado de Orange acusada de espiar para China

Zhang es una ciudadana estadounidense naturalizada que trabajaba como corredora de bienes raíces en una zona residencial de Irvine, en el condado de Orange. Además de los videos del arresto, el Departamento de Justicia incorporó a la denuncia penal fotografías de Zhang junto a un presunto funcionario del gobierno chino.

Según la declaración jurada del agente especial del FBI Kevin Holt, el vínculo con Beijing se remonta a un excompañero de estudios de la Universidad de Relaciones Internacionales de Beijing, con quien Zhang mantuvo contacto desde que ambos se graduaron, alrededor de 2014. Ese excompañero la habría presentado luego con otro funcionario del gobierno chino y ella estuvo en comunicación con ambos a lo largo de 2025.

Las imágenes y videos que el FBI presentó como prueba de la vigilancia en Seattle

El material visual no se limitó al aeropuerto. De acuerdo con la acusación, el 1 de septiembre de 2025 Zhang y otra persona —identificada solo como “Individuo 1”— aterrizaron en Seattle, alquilaron un Nissan Rogue negro en el mostrador de Hertz del aeropuerto internacional y condujeron hasta la residencia del objetivo. Las cámaras de seguridad del aeropuerto registraron ese momento, y esas imágenes también forman parte del expediente judicial.

La prueba más contundente la aportó la cámara de un vecino: el registro muestra a Zhang y a su acompañante llegando a la casa alrededor de las 4:50 p.m. y aguardando dentro del SUV. Cuando el objetivo y su familia —incluidos niños— llegaron cerca de las 6 p.m., la filmación capturó a ambos sosteniendo sus teléfonos “de una manera que indica que estaban tomando fotos y/o videos de la familia”, según consta en la declaración jurada de Holt presentada ante el tribunal.

Fuentes de las fuerzas de seguridad consultadas por CBS News y el Los Angeles Times identificaron al objetivo como Lai Ting-yu, hijo del presidente taiwanés Lai Ching-te, quien reside en el área metropolitana de Seattle y trabaja como ingeniero. El FBI también compartió en redes sociales un artículo del New York Post que lo nombraba. La denuncia federal, sin embargo, no identifica a las víctimas por su nombre.

El itinerario atribuido a Zhang y sus mensajes a funcionarios chinos por WeChat

Según la acusación, en junio de 2025 Zhang viajó desde el sur de California a China, donde se reunió con funcionarios de la República Popular China (RPC) y recibió instrucciones de realizar vigilancia en suelo estadounidense. El 29 de agosto de ese año, Zhang y el “Individuo 1” volaron desde el Aeropuerto John Wayne, en Orange, hasta Las Vegas. Tres días después tomaron un segundo vuelo hacia Seattle y, al despegar, la acusada le envió a un funcionario de la RPC un mensaje que decía “Boarding now” (estoy abordando), junto con una fotografía de su tarjeta de embarque.

Tras completar la vigilancia, Zhang le escribió al mismo funcionario por WeChat: “Lo vi, hombre joven, es el joven”. Cuando ese contacto le pidió unirse a una llamada de audio, respondió: “Estoy grabando en video”. También remitió las matrículas de los dos vehículos estacionados frente a la residencia. Registros de iCloud obtenidos mediante una orden judicial confirmaron el intercambio de fotos, videos e información de patentes entre Zhang y sus contactos en Beijing, de acuerdo con la declaración jurada.

Las autoridades interpretaron la reserva de último momento del vuelo y el uso breve del auto rentado como “métodos de oficio utilizados por oficiales de inteligencia extranjeros” para evitar ser detectados. La declaración jurada señala además que “la ubicación y las fotos de familiares cercanos de un alto funcionario taiwanés, incluidas fotos de sus hogares y autos, podrían ser útiles a la RPC si esta deseara obtener influencia sobre el presidente de Taiwán durante un eventual conflicto”.

El caso Wanying Zhang y la represión transnacional china en Estados Unidos

El arresto generó reacciones inmediatas en distintos frentes. “La acusación central aquí —que Zhang, por encargo de la República Popular China, vigiló encubiertamente a familiares de un alto funcionario de un gobierno extranjero en Estados Unidos— es profundamente preocupante”, afirmó el fiscal general adjunto para Seguridad Nacional, John A. Eisenberg, en el comunicado del Departamento de Justicia. Roman Rozhavsky, director adjunto de la División de Contrainteligencia y Espionaje del FBI, describió el caso como “una operación de vigilancia encubierta dirigida por el gobierno chino en suelo estadounidense” y advirtió que el arresto demuestra hasta dónde está dispuesto a llegar Beijing para “hacer avanzar sus objetivos”.

Desde Taipéi, la presidencia de Taiwán calificó lo ocurrido como “un caso típico de represión transnacional” —el término con que organismos internacionales denominan las acciones mediante las cuales un Estado hostiga o vigila a personas fuera de su jurisdicción— y agradeció a Washington por proteger a ciudadanos taiwaneses en el exterior.

El caso se inscribe en una serie de investigaciones similares. En febrero de 2026, Yaoning Sun, un hombre de California, fue condenado a cuatro años de prisión federal por haber vigilado el viaje de la entonces presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen al sur del estado en 2023, también por instrucción del gobierno chino, según informó el Washington Post.

Zhang enfrenta un único cargo por actuar como agente no registrada de un gobierno extranjero, infracción que podría implicar una pena máxima de 10 años de prisión federal en caso de condena. La investigación está a cargo de la Oficina de Campo del FBI en Los Ángeles, y la fiscalía recae en Amanda B. Elbogen y Colin S. Scott, del Distrito Central de California, junto con el asesor principal Scott M. Lara, de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones de la División de Seguridad Nacional.

La Policía Nacional capturó en Puerto Cortés, Cortés, a un hombre señalado preliminarmente de cometer abusos sexuales contra su hija y su sobrina, ambas menores de edad, según información proporcionada por las autoridades.

El detenido fue identificado como José Faustino Chirinos Cruz, quien habría utilizado amenazas de muerte contra integrantes de su propia familia para impedir que los hechos fueran denunciados. La captura se produjo luego de que una familiar de las menores alertara a las autoridades sobre la situación.

De acuerdo con la información preliminar, la denuncia permitió que los agentes policiales actuaran y localizaran al sospechoso, poniendo fin a un período de casi un año de presuntos abusos contra las niñas.

El caso se encuentra ahora en manos de las autoridades competentes, que deberán desarrollar las investigaciones correspondientes y presentar ante los tribunales los elementos recopilados para determinar la responsabilidad penal del acusado.

Como parte de las diligencias, las autoridades han iniciado la recolección de evidencias relacionadas con las denuncias presentadas por las menores.

Entre los elementos considerados se encuentran los dictámenes elaborados por especialistas de Medicina Forense, que permitirán establecer las condiciones físicas y psicológicas de las víctimas.

Las evaluaciones forenses forman parte de las pruebas que pueden ser incorporadas al proceso judicial para respaldar las investigaciones sobre los hechos denunciados.

Además, especialistas judiciales recurrieron a la Cámara Gesell para recibir el testimonio de las menores mediante una prueba anticipada. Este procedimiento permite que los niños y adolescentes víctimas o testigos de delitos brinden su declaración en un entorno especializado, con el objetivo de evitar una exposición innecesaria durante las diferentes etapas del proceso.

La utilización de este mecanismo busca proteger a las víctimas y reducir el riesgo de revictimización, especialmente cuando se trata de investigaciones relacionadas con delitos sexuales.

El Ministerio Público también se pronunció sobre el caso y destacó la importancia de brindar protección a los menores que son víctimas de delitos sexuales dentro del entorno familiar.

El portavoz del ente acusador, Elvis Guzmán, calificó como lamentables este tipo de situaciones y señaló la gravedad de escuchar los relatos de menores que han pasado por experiencias de violencia y abuso.

Guzmán aprovechó además para realizar un llamado preventivo a las madres y familiares, a quienes instó a permanecer atentos ante cualquier señal que pueda advertir que un menor está siendo víctima de agresiones.

“Este es un llamado a las madres, cuiden a sus hijas y no las dejen en manos de nadie”, expresó el portavoz del Ministerio Público.

La Fiscalía solicitará ante los tribunales de justicia de Puerto Cortés que se apliquen las medidas correspondientes contra el detenido, mientras avanza la investigación y se determina su situación jurídica.

El caso vuelve a poner atención sobre la necesidad de que las denuncias relacionadas con violencia sexual contra menores sean comunicadas oportunamente a las autoridades, especialmente cuando los presuntos agresores forman parte del círculo familiar de las víctimas.

Las autoridades deberán valorar los testimonios, dictámenes médicos, evaluaciones psicológicas y demás evidencias recopiladas durante la investigación antes de que un tribunal determine la responsabilidad penal del acusado.

Mientras continúa el proceso, las menores permanecen bajo mecanismos de protección y atención especializada, de acuerdo con las actuaciones que correspondan a las instituciones encargadas de garantizar sus derechos.

La captura de José Faustino Chirinos Cruz se suma a las investigaciones que las autoridades hondureñas desarrollan contra personas señaladas de delitos sexuales en perjuicio de menores de edad. Será el sistema de justicia el encargado de determinar, con base en las pruebas presentadas, la responsabilidad que corresponda conforme a la ley.

El sol apenas despuntaba sobre la capital nicaragüense este viernes 2 de octubre cuando las sirenas de patrullas y ambulancias rompieron la calma matutina en el sector de Loma Linda, en Managua. Lo que prometía ser el inicio de una jornada cotidiana se convirtió en un escenario de horror y desconsuelo.

En las inmediaciones del cementerio de la localidad, exactamente dos cuadras al norte y una al este, la violencia machista volvió a cobrar la vida de una mujer, dejando a una familia devastada y a toda una comunidad consternada.

La víctima mortal ha sido identificada como Meybol Palacios, de 39 años. Según las primeras informaciones recabadas en el lugar de los hechos, la joven murió la madrugada de este viernes tras ser atacada violentamente con un arma blanca, presuntamente a manos de su pareja sentimental.

El suceso ha conmocionado a los vecinos de la zona, quienes observaron con impotencia y dolor el despliegue de las autoridades policiales que acordonaron la escena del crimen en busca de evidencias para esclarecer los detalles exactos del ataque.

En el mismo hecho violento resultó gravemente herida Marjorie Palacios, hermana de la víctima. Llevada por el instinto y el amor fraternal, Marjorie intentó socorrer a Palacios en el preciso momento en que era agredida. Sin embargo, su intervención la convirtió rápidamente en un segundo blanco de la ferocidad del atacante. La joven terminó herida.

De acuerdo con versiones extraoficiales, Marjorie Palacios tuvo que tomar una decisión extrema para salvar su propia vida: fingió estar muerta para que el agresor cesara las estocadas en su contra. Solo de esta manera el atacante detuvo su furia, permitiendo que la joven sobreviviera para ser atendida posteriormente por personal de socorro y trasladada a un centro asistencial.

El historial del sospechoso y la rápida respuesta policial

De manera extraoficial se conoció que el presunto atacante ha sido identificado como Luis Alberto Cárdenas, de 42 años, quien mantenía una relación sentimental con la víctima. Uno de los elementos que ha causado mayor indignación en la comunidad es que Cárdenas, según los reportes preliminares, contaba con poco tiempo de haber salido de la cárcel antes de perpetrar esta letal agresión.

Tras el alerta de los pobladores, efectivos de la Policía Nacional se presentaron con rapidez al sector de Loma Linda para fijar la escena, recolectar evidencias y tomar declaraciones de los presentes.

Poco después, las autoridades confirmaron la detención del sospechoso, quien ya se encuentra bajo custodia policial a la espera de que se ejecuten los procedimientos legales correspondientes y se formalice la acusación por este aparente femicidio y la tentativa de homicidio en perjuicio de la hermana sobreviviente.

La sombra incesante de la violencia machista en Nicaragua

Este sangriento episodio vuelve a poner en el centro del debate público la grave problemática de la violencia de género que impacta al país. En lo que va de 2026, las cifras independientes reflejan una realidad desgarradora. Organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir habían contabilizado al menos 22 femicidios en territorio nicaragüense hasta finales de julio de 2026, a los que se suman diversos casos de mujeres nicaragüenses asesinadas en el extranjero.

Debido al extremo bloqueo de información y a las restricciones operativas que enfrentan los organismos independientes dentro de Nicaragua, no existen reportes estadísticos consolidados para los meses de agosto y septiembre de 2026. Mientras las autoridades continúan las investigaciones en el cementerio de Loma Linda para esclarecer cada detalle de esta tragedia, la familia Palacios enfrenta el duelo incalculable de haber perdido a una de sus hijas, al tiempo que clama por justicia y reza por la pronta recuperación física y psicológica de Marjorie.

Los detenidos fueron identificados como la subinspectora Belkis Lizeth Cruz Rodríguez y los agentes Geybin Gadriel Salgado Pérez, Kevin Dagoberto Castillo Zambrano y Carlos Iván Arteaga Ayestas, contra quienes se presentó un requerimiento fiscal por suponerlos responsables del delito.

La captura fue coordinada por la Sección contra el Delito de Secuestro y Operaciones Especiales de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), luego de que un juez competente librara las respectivas órdenes de captura tras conocer el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público el pasado 28 de septiembre.

¿Qué ocurrió con el menor?

De acuerdo con la investigación del ente acusador, los hechos se remontan al 30 de agosto de 2026, cuando los ahora imputados habrían ingresado a un inmueble y, mediante acciones de intimidación, sacaron del lugar a un menor de edad.

Según la información proporcionada por el Ministerio Público, los agentes habrían manifestado a los vecinos que trasladarían al joven al CORE 7, una instalación policial.

Sin embargo, las investigaciones establecieron que el menor no ingresó a ese centro policial. Después de ser sacado del inmueble, habría sido trasladado con rumbo desconocido, situación que generó preocupación entre sus familiares.

Ante la desaparición, los parientes de la víctima acudieron al Ministerio Público e interpusieron una denuncia formal para solicitar que se investigara el paradero del menor y se determinaran las circunstancias en las que había sido llevado del inmueble.

Las diligencias de investigación permitieron establecer nuevos elementos sobre el caso días después de la desaparición.

El 4 de septiembre, los familiares recibieron un mensaje en el que desconocidos exigían el pago de 600,000 lempiras a cambio de la liberación del menor.

La comunicación elevó la investigación a un escenario de presunto secuestro, mientras los familiares continuaban sin conocer el paradero de la víctima.

Según el Ministerio Público, en el mensaje también se habría advertido a los parientes que no proporcionaran información a las autoridades, una circunstancia que fue incorporada a las diligencias desarrolladas por los investigadores.

A partir de la denuncia y de la información obtenida durante la investigación, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado, a través de su sección especializada en secuestros y operaciones especiales, desarrolló diferentes diligencias para identificar a los responsables y determinar su posible participación en los hechos.

El caso tomó especial relevancia debido a que los cuatro señalados pertenecían a la Policía Nacional y estaban asignados a la Dirección Policial de Inteligencia.

La investigación permitió que el Ministerio Público presentara un requerimiento fiscal contra la subinspectora y los tres agentes, atribuyéndoles participación en el delito de secuestro agravado.

El ente acusador informó que la acusación está sustentada en prueba documental, evidencia técnica y científica, elementos que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Tras conocer el requerimiento fiscal presentado el 28 de septiembre, un juez competente emitió las órdenes de captura que permitieron ejecutar este miércoles la operación contra los cuatro elementos policiales.

Los detenidos deberán comparecer ante las autoridades judiciales para que se desarrolle el proceso correspondiente y se determine su situación jurídica.

El Ministerio Público no detalló en la información divulgada cuál es el estado actual del menor ni si ha sido localizado, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer completamente lo ocurrido desde el momento en que fue sacado del inmueble el 30 de agosto.

El alcalde de Ataco, Tolima, Héctor Fabio Muñoz, fue capturado en las horas de la mañana del martes, 29 de septiembre de 2026, por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, por motivo de una investigación por presuntas irregularidades en un contrato para la construcción de unidades sanitarias.

La información fue confirmada por la Fiscalía General de la Nación, que expresó que el operativo de captura también incluyó la detención del exalcalde del municipio, Miller Aldana.

El actual mandatario confirmó el procedimiento a través de un comunicado, en el que afirmó que deberá rendir declaración e indagatoria por un proceso contractual que se inició durante la administración anterior.

“Con total sorpresa, en las primeras horas de esta mañana, servidores de la Fiscalía General de la Nación se presentaron en mi residencia para notificarme sobre un procedimiento de captura en mi contra”, expresó Muñoz.

El alcalde señaló que la medida está relacionada con “un contrato de unidades sanitarias correspondiente a la administración anterior”.

Noticia en desarrollo...

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de Donald Antonio Ortiz Gutiérrez, a quien las autoridades salvadoreñas señalan como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado, encubrimiento y privación de libertad.

Según la publicación difundida por Villatoro en la red social X, la detención fue resultado de un trabajo de investigación realizado por la Policía Nacional Civil (PNC). El funcionario aseguró que Ortiz Gutiérrez también es señalado de haber asesinado a un agente de la institución policial en 2012, en Santa Ana.

“Ningún homicidio quedará en la impunidad. Todo aquel que le haya quitado la vida a otro salvadoreño tendrá que pagar por sus actos, tarde o temprano”, escribió Villatoro al comunicar la captura.

La imagen compartida por el ministro muestra al detenido de pie, sin camiseta y con un pantalón blanco, mientras permanece custodiado por dos agentes de la PNC que portan uniformes oscuros y armas largas. Los tres aparecen frente a una pared con el emblema de la institución policial.

El ministro afirmó que el detenido será puesto a disposición de las autoridades judiciales para que responda por los delitos que se le atribuyen. Hasta el momento, la publicación oficial no detalla la identidad de la víctima del homicidio ocurrido en 2012 ni las circunstancias específicas del caso.

Durante septiembre de 2026, la PNC y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública también han informado sobre otras capturas vinculadas con investigaciones por homicidio.

El 24 de septiembre, Villatoro reportó la detención de Anderson Alexis Deras Carpio, señalado como presunto responsable de asesinar a un hombre dentro de una vivienda en San Sebastián Salitrillo, Santa Ana. De acuerdo con el funcionario, Deras Carpio mantenía una relación sentimental con la víctima e intentó huir después del ataque, pero fue localizado en la misma zona mediante labores de inteligencia.

La captura ocurrió después de que las autoridades reportaran el hallazgo del cuerpo de un hombre dentro de una vivienda de la residencial Madrid, en Ciudad Real. La información divulgada por medios locales indicó que el cadáver se encontraba dentro de una maleta y tenía la cabeza cubierta con una bolsa plástica. Estos datos forman parte de las primeras diligencias del caso y deberán ser establecidos durante la investigación judicial.

Ese mismo 24 de septiembre, la PNC informó sobre la captura de Ismael Membreño Díaz, señalado como presunto responsable de un homicidio en Sensuntepeque, Cabañas. Según el reporte policial, el detenido habría atacado a una persona que se encontraba en aparente estado de ebriedad. La institución indicó que el hombre sería remitido por el delito de homicidio.

El 18 de septiembre, las autoridades comunicaron la captura de William Omar Lovo, de 40 años, acusado de matar con un arma blanca a una mujer de 30 años en Ciudad Barrios, San Miguel. La PNC señaló que ambos mantenían una relación de pareja y que el detenido enfrentaría cargos por homicidio agravado.

También durante septiembre fue detenido Melvin Moisés López Rubio, de 34 años, quien regresó al país tras ser deportado y era reclamado por la justicia por los delitos de homicidio simple y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego. La captura se produjo en el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, luego de que el sistema policial detectara una orden judicial vigente.

Hasta el momento, todos los detenidos son considerados presuntos responsables, mientras los tribunales determinan su situación legal.

Nueve personas provenientes de Colombia y República Dominicana fueron enviados a prisión preventiva en Roma (Italia), señalados de integrar una red transnacional dedicada al tráfico de cocaína desde Sudamérica.

El resultado fue producto de una investigación que comenzó por el secuestro y tortura que sufrió un ciudadano colombiano.

La orden de detención fue emitida por el juez de investigaciones preliminares del Tribunal de Roma, a pedido de la Dirección Distrital Antimafia. La medida fue ejecutada la mañana de jueves 24 de septiembre por la Brigada Móvil de Roma y los Carabinieri de Civitavecchia.

Los hoy detenidos deberán afrontar, según el grado de responsabilidad que les atribuyen las autoridades, cargos por asociación para el tráfico ilícito de estupefacientes con agravante transnacional, secuestro con fines de extorsión, robo y lesiones personales.

El secuestro de un colombiano abrió la investigación sobre la red

El caso que dio origen a las pesquisas ocurrió en la madrugada del 7 de junio de 2026, en el barrio de Casal Bertone, al este de la capital italiana.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, un ciudadano colombiano fue atraído hasta el lugar cerca de las 2:30 a. m. por una mujer vinculada con el grupo.

Una vez llegó al punto acordado, el connacional habría sido agredido, inmovilizado y obligado a subir a un automóvil. Los presuntos secuestradores lo llevaron primero a una vivienda del sector de Borghesiana y luego a un apartamento semisótano en Centocelle.

Allí habría permanecido retenido durante unas siete horas. Las autoridades sostienen que fue atado de manos y pies, amenazado con un arma de fuego y herido en varias ocasiones con armas cortopunzantes.

Durante el cautiverio, la víctima habría sido forzada a entregar 8.900 euros en efectivo, joyas de oro, un reloj de lujo y las llaves de su apartamento. Luego, según el reporte oficial, varios miembros del grupo se trasladaron hasta su vivienda para apoderarse de otros objetos y equipos informáticos.

Las cámaras de seguridad permitieron identificar a los presuntos implicados

La Policía y los Carabinieri reconstruyeron la secuencia del secuestro mediante el análisis de imágenes de cámaras de vigilancia urbana y de edificios residenciales.

Los registros permitieron seguir el recorrido de la víctima y los movimientos de quienes, de acuerdo con los investigadores, integraban el grupo que ejecutó la retención.

Ese trabajo derivó en una pesquisa más amplia sobre una organización que presuntamente importaba grandes cargamentos de cocaína desde Sudamérica para abastecer puntos de venta de drogas en Roma y la costa de Lacio.

Las autoridades también identificaron bases logísticas en Cerveteri, Ladispoli y Tarquinia como parte de las pesquisas previas.

La organización habría usado vehículos con compartimentos ocultos y mecanismos de apertura mecánicos o electrónicos para transportar los estupefacientes.

La comunicación interna del grupo, según la investigación, se realizaba a través de teléfonos inteligentes cifrados que contaban con sistemas para borrar información de forma remota.

Los recursos obtenidos por las actividades ilícitas habrían circulado mediante operaciones con criptomonedas.

Hallaron 24 kilos de hachís y cocaína en un apartamento de Roma

Como parte de las diligencias, los investigadores realizaron otras capturas e incautaciones de droga en carreteras de la zona.

También identificaron un laboratorio clandestino en el área rural de Sant’Agata del Bianco, en la provincia de Reggio Calabria, que presuntamente era utilizado para la refinación de estupefacientes.

En Roma, la investigación permitió ubicar un apartamento que, según las autoridades, funcionaba como sitio de almacenamiento. En ese lugar fueron incautados 24 kilogramos de hachís, además de cantidades de cocaína, sustancias sintéticas y otras drogas destinadas al mercado local.

Entre el material encontrado figuraba la llamada “cocaína rosa” o tusi, una mezcla de sustancias que suele comercializarse bajo ese nombre y cuya composición puede variar.

Los detalles que diero pie a la investigación de las autoridades en Italia

Desde inicios de junio, la Fiscalía Antimafia de Roma investigó a la red transnacional que introdujo cocaína en Europa con apoyo de contactos en Colombia, España, Países Bajos, Bélgica e Italia.

El expediente ubica a varios colombianos en tareas de coordinación, logística y administración dentro de la estructura, de acuerdo con un informe que publicó en ese entonces el diario El Tiempo.

Las autoridades italianas sostienen que la organización operaba desde al menos 2023 y contaba con una división de funciones para importar, transportar, almacenar, procesar y vender grandes cargamentos de cocaína en distintas zonas de Italia.

Según la investigación, un colaborador de justicia declaró en 2025 que la red podía mover alrededor de 800 kilos de cocaína al año hacia mercados europeos.

Los envíos llegaban principalmente a Italia y luego eran distribuidos en Roma, Milán, Bolonia, Nápoles, Cerveteri y Civitavecchia.

Pavel Guarín Morales, uno de los colombianos que figura entre los presuntos líderes de la red

Uno de los principales investigados es el colombiano Pavel Guarín Morales, a quien los fiscales identificaron con el alias de “el presidente”.

De acuerdo con el expediente, compartía la dirección del grupo con el dominicano Jefferson Luis Núñez Camacho.

La Fiscalía le atribuye a Guarín Morales los contactos con presuntos narcotraficantes ubicados en Colombia y España, además de la planificación de las rutas para llevar la droga hasta Europa.

Los agentes descubrieron que la organización evaluaba métodos como el uso de correos humanos y el traslado de cocaína en estado líquido, una modalidad que buscaba dificultar su detección en controles aeroportuarios y aduaneros.

En el expediente también aparece otro colombiano identificado como Ricardo Andrés Asprilla Tovar, quien habría participado en reuniones con miembros de la estructura, apoyado actividades de distribución y colaborado con el cobro de deudas relacionadas con el tráfico de drogas.

Una colombiana habría cumplido funciones logísticas y financieras

La Fiscalía incluyó en la causa a la colombiana Diana Marcela Guevara Mayor, a quien atribuye labores de apoyo logístico, administración de dinero y manejo de comunicaciones clandestinas desde el exterior.

En la indagación se describe a la presunta organización como un grupo asentado de manera permanente en Roma, integrado por ciudadanos italianos, colombianos y dominicanos. Cada integrante habría tenido tareas definidas en la adquisición, ingreso y comercialización de cargamentos.

Según los fiscales, los enlaces colombianos permitían mantener el vínculo con proveedores sudamericanos, coordinar entregas y organizar rutas para garantizar el abastecimiento de droga.

La Fiscalía indaga presuntos nexos con la Camorra y grupos de Calabria

El expediente menciona contactos de la organización con estructuras de la Camorra napolitana y con operadores relacionados con Calabria.

Uno de los episodios analizados se refiere a una supuesta operación por 10 kilogramos de cocaína.

De acuerdo con la declaración de un colaborador de justicia, el cargamento habría llegado a un grupo vinculado con la criminalidad organizada de Nápoles. Esa estructura habría simulado posteriormente un procedimiento policial para quedarse con la droga sin realizar el pago acordado.

Los investigadores también analizan los contactos de la red en Colombia, España, Bélgica y Países Bajos.

Además, un testimonio menciona a una mujer radicada en Holanda que habría tenido conexiones directas con narcotraficantes colombianos y una posición jerárquica dentro de la estructura.

Un operativo en Calabria permitió hallar un laboratorio clandestino

La causa tomó impulso en febrero de 2026, cuando las autoridades hallaron un laboratorio clandestino en Bianco, localidad de la región italiana de Calabria.

En el lugar encontraron prensas hidráulicas, moldes, hornos microondas, sustancias químicas, materiales de embalaje y otros equipos que presuntamente se utilizaban para procesar cocaína.

Durante el operativo fue detenido Núñez Camacho, señalado como uno de los responsables de la red.

Las autoridades incautaron más de 500 kilogramos de material vinculado con la producción de estupefacientes. La Fiscalía investiga ahora la extensión de los contactos de la organización en Colombia y busca identificar a los proveedores y facilitadores de las operaciones hacia Europa.

El proceso judicial contra Melvin Orlando Cevallos Umanzor, dirigente de colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre), avanzó luego de que el Ministerio Público presentara un requerimiento fiscal ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa.

La Fiscalía lo señala preliminarmente como presunto autor directo de los delitos de coacción y amenaza electoral por hechos registrados el 7 de julio de 2025 durante el proceso de contratación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

La acusación se relaciona con una protesta desarrollada mientras una comisión especial delegada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) se disponía a recibir las ofertas para implementar el sistema que sería utilizado durante las elecciones generales de noviembre de 2025.

Cevallos Umanzor es un dirigente vinculado al Partido Libertad y Refundación (Libre) con participación política dentro de esa organización. En las elecciones primarias de 2025 fue precandidato a la alcaldía del Distrito Central por el movimiento Esperanza Libre (MEL), una de las corrientes internas de Libre.

Su nombre también ha estado relacionado con actividades de los colectivos del partido oficialista y con protestas desarrolladas durante la actual administración.

La protesta durante la contratación

Según el comunicado del Ministerio Publico Los hechos investigados ocurrieron el 7 de julio de 2025, cuando se desarrollaba el procedimiento para recibir propuestas destinadas a la contratación del sistema TREP, previsto para transmitir los resultados electorales preliminares de las elecciones generales de noviembre de ese año.

Según la investigación de la Unidad Especial Contra los Delitos Electorales, Cevallos Umanzor habría dirigido a un grupo de simpatizantes que protestó contra los lineamientos establecidos para la adjudicación del sistema.

La Fiscalía sostiene que las acciones de esa jornada terminaron obstaculizando la recepción de las ofertas y afectando un procedimiento considerado parte de la organización del proceso electoral.

El Ministerio Público sostiene que los hechos investigados no se limitaron a una manifestación política, sino que tuvieron consecuencias sobre un procedimiento relacionado directamente con la organización de las elecciones.

De acuerdo con la acusación, las acciones atribuidas a Cevallos Umanzor habrían puesto en riesgo el desarrollo de un componente previsto para la jornada electoral y, por esa razón, fueron incorporadas dentro de una investigación por delitos de carácter electoral. La Fiscalía sostiene que existen elementos para atribuirle participación directa en los hechos.

¿Qué implica el requerimiento?

El requerimiento fiscal no equivale a una condena. La responsabilidad penal del acusado deberá determinarse durante el proceso judicial, a partir de los elementos de prueba que presente el Ministerio Público y los argumentos de la defensa.

El caso también podría colocar nuevamente bajo escrutinio las circunstancias que rodearon la contratación del TREP para las elecciones generales de 2025 y las disputas políticas que surgieron alrededor de ese procedimiento.

El requerimiento fue presentado más de un año después de los hechos que dieron origen a la investigación, ocurridos durante una etapa particularmente sensible de la preparación de las elecciones generales.

En aquel momento, el proceso para definir la implementación del sistema de transmisión de resultados formaba parte de las actividades desarrolladas por el CNE de cara a los comicios.

La Fiscalía, a través de su unidad especializada en delitos electorales, sostiene que las acciones investigadas interfirieron con ese procedimiento.

El Ministerio Público afirmó que continuará con la persecución de hechos que considere constitutivos de delitos contra el proceso electoral y señaló que su actuación busca proteger el desarrollo de los mecanismos democráticos y la soberanía del país.

El expediente contra Cevallos Umanzor queda en manos de la justicia hondureña, que deberá valorar los elementos presentados por la Fiscalía y resolver las actuaciones correspondientes.

Alias Téllez, Gordo y Jaider fueron capturados el 19 de septiembre de 2026 en Medellín, Antioquia, en una operación del Grupo de Operaciones Especiales Antiterroristas de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín). Las autoridades los señalan de integrar una estructura relacionada con la Compañía Héroes de Tarazá del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El principal detenido es alias Téllez, a quien la investigación identifica como dinamizador financiero y presunto enlace entre esa estructura del ELN y el Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) Estructura 36, una disidencia de las Farc asociada a alias Calarcá.

“Téllez” habría tenido la función de coordinar contactos y actividades entre ambas organizaciones en Antioquia. También sería un hombre cercano a alias Calarcá, señalado por las autoridades como uno de los jefes de la facción disidente con presencia en el norte y nordeste del departamento. Los tres hombres son requeridos por los delitos de terrorismo, rebelión y concierto para delinquir agravado.

La investigación apunta a una disputa por rentas ilegales en Antioquia

La presunta articulación entre la compañía Héroes de Tarazá y el frente 36 estaría relacionada con la disputa por el control territorial y las economías ilegales en varias subregiones de Antioquia.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se refirió al caso luego de las capturas y sostuvo que los grupos armados ilegales buscaban confrontar al Clan del Golfo.

“Se acabó la guachafita que tenía alias ‘Firu’ en La Picota. El presidente Abelardo atendió nuestra denuncia y dio la orden de aislar y trasladar a este cabecilla del frente 36 de las FARC de Calarcá, la estructura criminal que tanto protegió Petro (sic)”, afirmó el mandatario departamental en su cuenta en la red social X.

Y es que la estructura de alias Calarcá es relacionada por las autoridades con hechos de intimidación y control armado en municipios del norte y nordeste antioqueño. El 7 de septiembre de 2026 se conocieron amenazas contra los alcaldes de Santa Rosa de Osos, Carolina del Príncipe y Gómez Plata, atribuidas al frente 36.

El 12 de septiembre, la defensora del Pueblo, Iris Marín, denunció restricciones de movilidad y la conducta, además de desplazamientos forzados, que esa estructura habría impuesto en Anorí. La funcionaria indicó que la situación estaba advertida en la Alerta Temprana 023 de 2022 y en una nota de seguimiento emitida en julio de 2026.

“Gordo” y “Jaider” son investigados por ataques contra vehículos

Las autoridades señalaron a alias Gordo y “Jaider” de participar en la planeación y ejecución de acciones violentas contra el transporte en Antioquia. Entre los hechos bajo investigación figura la quema de buses en el sector de La Paulina, en el Bajo Cauca antioqueño.

También son investigados por la incineración de tractocamiones en vías del departamento. Hasta ahora, no se ha precisado el número de vehículos afectados, las fechas exactas de cada ataque ni la presunta intervención de cada capturado en esos hechos.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que los detenidos serían integrantes de la compañía Héroes de Tarazá del ELN y destacó el resultado de la operación de la Dijín. “Seguimos trabajando para proteger a la gente y enfrentar a quienes pretenden sembrar miedo y violencia en nuestro país. Uno a uno van cayendo”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Las capturas ocurrieron en una jornada de operaciones contra grupos armados en el departamento. Ese mismo 19 de septiembre, tropas de la Décima Primera Brigada del Ejército sostuvieron combates con integrantes del Clan del Golfo en la vereda Las Claritas, de El Bagre. La operación dejó un presunto integrante de esa organización muerto y cuatro capturados, según el balance oficial.

La investigación sobre alias Téllez, “Gordo” y “Jaider” busca establecer si existía una estructura de coordinación entre el ELN y el Frente 36 de las disidencias, cuál era su alcance territorial y qué papel habrían tenido los detenidos en la disputa por rentas ilegales y en los ataques contra vehículos en Antioquia.

Unidades de la Policía Nacional incautaron 1.380 kilos de presunta droga durante una diligencia desarrollada en un centro logístico del distrito de Arraiján, en Panamá Oeste.

El operativo se concretó luego de labores de inteligencia y seguimiento. La sustancia quedó bajo custodia de las autoridades, que continuarán con las investigaciones y las diligencias correspondientes.

La actuación en Arraiján fue uno de los procedimientos vinculados con las investigaciones por delitos relacionados con drogas desarrolladas en la provincia. Las autoridades no precisaron en el material disponible si hubo personas aprehendidas por ese decomiso.

En tanto, el decomiso de 5.529 paquetes con presunta sustancia ilícita y la captura de dos ciudadanos colombianos marcaron una operación ejecutada en aguas del sur de Punta Burica, en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí.

El procedimiento ocurrió durante la madrugada cuando las autoridades interceptaron una embarcación que navegaba con dos tripulantes y varios bultos, en medio de labores de patrullaje y control del tráfico marítimo ilícito.

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Chiriquí y el Servicio Nacional Aeronaval participaron en la diligencia que permitió asegurar los paquetes y detener a los dos ocupantes de la nave.

Las autoridades ubicaron la embarcación al sur de Punta Burica, una zona marítima situada frente al distrito de Barú.

Tras la revisión, los agentes encontraron los bultos con la presunta sustancia ilícita y trasladaron el caso a las instancias competentes.

La intervención formó parte de las acciones de vigilancia desplegadas contra las rutas usadas para el traslado de droga por mar.

La investigación deberá determinar el origen de la sustancia, el destino de la embarcación y la posible participación de otras personas.

Mientras, un colombiano de 52 años quedó bajo detención provisional en Panamá Oeste por su presunta vinculación con el cultivo de plantas destinadas a producir droga ilícita y la posesión ilícita de armas de fuego.

La medida se resolvió durante una audiencia de solicitudes múltiples. La Fiscalía pidió la legalización de la aprehensión, la formulación de cargos y la aplicación de una medida cautelar.

El Juzgado de Garantías admitió las peticiones tras considerar los riesgos procesales expuestos por el Ministerio Público. Entre ellos figuraron el peligro de fuga y el riesgo para la comunidad por la naturaleza de los hechos investigados.

El caso surgió a partir de un allanamiento realizado por la Sección de Atención Primaria de Arraiján, con apoyo de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional.

Durante esa diligencia, las autoridades encontraron 30 plantones de presunta sustancia ilícita en la residencia del imputado. También ubicaron una escopeta, 10 municiones calibre 12 y 34 municiones compatibles con armas calibre 9 mm.

La Fiscalía de Adolescentes de Chiriquí obtuvo la detención provisional de un adolescente de 17 años, imputado por su presunta relación con los delitos de comercialización de drogas y asociación ilícita para delinquir.

La decisión se tomó en una audiencia de control de garantías ante un Juzgado Penal de Adolescentes. La Fiscalía presentó elementos de convicción sobre la comisión del hecho y la posible participación del joven.

El tribunal legalizó la aprehensión, admitió la formulación de cargos y ordenó la medida cautelar por el término establecido en la ley. El expediente está relacionado con diligencias en el distrito de Bugaba.

Según el material presentado por las autoridades, durante el procedimiento judicial se ubicaron sustancias ilícitas y dinero autorizado en poder de la persona investigada. No se detalló la cantidad de droga ni el monto de efectivo asegurado.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció un nuevo golpe contra las estructuras criminales que delinquen en el territorio colombiano.

En una publicación de X, el mandatario confirmó el sometimiento a la justicia de Gildardo Quinchía Giraldo, conocido como alias Gildardo, señalado jefe de finanzas del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

De acuerdo con el reporte oficial, la entrega del líder guerrillero se produjo en Villavicencio (oriente de Colombia), en un operativo articulado entre la Fiscalía General de la Nación y la inteligencia policial.

“En Villavicencio, gracias al trabajo articulado de la Fiscalía y nuestra Inteligencia Policial, se logró el sometimiento a la justicia de Gildardo Quinchía Giraldo”, expresó el jefe de Estado en la red social.

En su pronunciamiento, De La Espriella lanzó un mensaje a integrantes y colaboradores del grupo armado: “El mensaje para los integrantes y colaboradores del ELN es claro: sométanse a la justicia. La presión del Estado seguirá aumentando. Vamos por sus cabecillas, sus estructuras, sus finanzas y sus redes de apoyo”.

Igualmente, el mandatario colombiano indicó que “en la Patria Milagro, al narcoterrorismo lo combatimos con inteligencia, autoridad y toda la fuerza legítima del Estado”.

Perfíl delictivo

Sobre Quinchía Giraldo pesan requerimientos judiciales por financiación del terrorismo, lavado de activos, concierto para delinquir agravado y enriquecimiento ilícito, de acuerdo con información oficial.

Informes de inteligencia citada por Semana sostienen que Quinchía Giraldo habría participado en la movilización y el lavado de más de $33.000 millones procedentes de actividades ilícitas asociadas al Frente de Guerra Oriental del ELN. Del mismo modo, las autoridades vincularon a este sujeto con otras acciones delictivas como el blanqueo de capitales.

Quinchía Giraldo fue identificado por las autoridades como primo y hombre de confianza de Gustavo Aníbal Giraldo Quinchia, también conocido con el alias de Pablito, integrante del Comando Central (Coce) del ELN. Su sometimiento a la justicia fue presentado por el Gobierno como un golpe al grupo armado porque era requerido por delitos ligados a la financiación del terrorismo.

Frente a este detalle, el presidente Abelardo de la Espriella recalcó que la cercanía de Quinchía Giraldo con alias ‘Pablito’ da valor a la información que pueda aportar sobre redes financieras, patrimoniales y de apoyo que sostienen al ELN. “Su cercanía con alias “Pablito” hace especialmente relevante la información que pueda entregar sobre las redes financieras, patrimoniales y de apoyo que sostienen al ELN”, indicó.

El expediente entra ahora en una etapa judicial enfocada en establecer el alcance de las pruebas y determinar si los señalamientos sobre la presunta red de recursos atribuida al procesado se sostienen ante la justicia. Mientras eso ocurre, el caso sigue bajo examen judicial y no equivale a una responsabilidad ya establecida.

Rescate de ocho personas secuestradas por el ELN

Además del sometimiento de alias Gildardo, el presidente Abelardo de la Espriella también confirmó el rescate de ocho personas secuestradas por el ELN en el Catatumbo, durante una operación en zona rural de Convención, Norte de Santander.

El operativo se concentró en las veredas La Bogotana y La Honduras, donde las fuerzas de seguridad ubicaron a los secuestrados mediante labores de inteligencia. La intervención reunió unidades militares, policiales, judiciales y organismos estadounidenses. Las víctimas recuperaron la libertad tras permanecer retenidas durante cerca de dos años.

“Hombres del GAULA fueron insertados sobre el punto objetivo y ejecutaron una acción rápida y contundente que permitió devolverles la libertad a estas ocho personas”, afirmó el mandatario.

Igualmente, De la Espriella reiteró el compromiso de las autoridades para perseguir a quienes secuestran, extorsionan y aterrorizan a la población hasta llevarlos ante la justicia. También felicitó a los militares, policías y agentes de inteligencia que participaron en la acción. “El secuestro no tiene ninguna justificación”, añadió.

La liberación permitió el primer contacto de al menos una de las víctimas con su familia. En una llamada divulgada por las autoridades, uno de los hombres rescatados le dijo a su madre: “Hola, mamá, me hacía mucha falta mamá”.

Por su parte, el coronel Fabio Ojeda, director del Gaula de la Policía Nacional, precisó que en el operativo participaron el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Fiscalía General de la Nación y el Comando Sur de Estados Unidos. “En las veredas La Bogotana y La Honduras logramos rescatar a ocho personas que permanecían secuestradas desde hacía casi dos años por el ELN”, declaró.

De acuerdo con las imágenes, el atacante se escondió detrás de dos árboles antes de sorprenderlo por la espalda y arrojarle la piedra. Tras el golpe, la víctima cayó al suelo, perdió el conocimiento durante unos segundos y fue despojada de su celular, su billetera y la bicicleta que estaba estacionada en el lugar.

Seis días después de la agresión, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció en sus redes sociales la captura del responsable del ataque contra el celador. Además, señaló que el delincuente había amenazado a otro ciudadano en el pasado.

“Capturado el salvaje que agredió a un vigilante en el barrio Modelia. Como resultado del trabajo coordinado entre el CTI de la Fiscalía y @SeguridadBOG, el hombre que el pasado 5 de septiembre agredió a un guarda de seguridad en Modelia, localidad de Fontibón, fue capturado. No solo sería el responsable de esa agresión, sino que también habría amenazado a otro ciudadano, por lo que actualmente tiene medida de aseguramiento”, escribió en su cuenta de X.

El mandatario local también señaló que el agresor quedó bajo la custodia de las autoridades, además de que se encuentra en audiencia de imputación de cargos en la que la Fiscalía General de la Nación pretende que sea juzgado por el delito de agresión.

“En este momento se adelanta la audiencia en la que la Fiscalía le imputará los hechos relacionados con la agresión contra el guarda de seguridad”, aseveró.

La versión de la ciudadanía

El presidente de la Junta de Acción Comunal de Modelia, Felipe Jiménez, dijo, en entrevista con El Tiempo, que esperan que las autoridades resuelvan con celeridad el caso y caiga todo el peso de la ley contra el capturado.

“Agradecemos la labor de la Policía y a todas las autoridades que estuvieron pendientes de dar con la del señalado de agredir al vigilante atacado, el señor Ricardo”, expuso.

El líder comunal pidió que este hecho no quede impune. “Y pedimos a las autoridades para que se haga justicia y así el caso no quede en la impunidad”.

Conforme a sus declaraciones a CityTV, el celador, que llevaba al menos 15 días trabajando en el sector, fue agredido en la tarde del sábado 5 de septiembre de 2026. “Llegó un delincuente por la espalda y atacó a un celador absolutamente indefenso ante la situación y, lastimosamente, se está debatiendo entre la vida y la muerte”, afirmó.

Jiménez agregó que el estado de salud del vigilante “sigue siendo bastante crítico” y que continúa recibiendo atención médica. “Está hospitalizado y sabemos que la familia está pasando por un momento muy doloroso y delicado”, sostuvo.

Vecinos del sector pidieron una ambulancia para trasladarlo a un centro médico y reclamaron refuerzos en la seguridad del barrio. “Sentimos que la inseguridad en el sector de Modelia cada vez es peor y, desafortunadamente, no vemos una respuesta por parte de la administración distrital”, dijo el vocero, que también pidió al alcalde mayor de Bogotá revisar la situación del sector y señaló que están a media cuadra de un CAI “y no nos prestan ningún tipo de servicio”.

Su pareja que prefirió mantener su identidad en el anonimato, relató en diálogo con Noticias RCN el calvario que atraviesa la familia: “Está en mal estado, no ha despertado, no ha estado consciente desde el momento de ese ataque. Tiene tres fracturas en el cráneo”, expresó.

Una ola de indignación y conmoción ha sacudido a la sociedad hondureña tras conocerse un atroz hecho de violencia infantil registrado en la capital. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ejecutaron la captura preventiva de Denis Josué Carvajal, señalado como el presunto responsable de haber agredido brutalmente, intentado estrangular y arrojado desde un muro a su propio sobrino, un menor de apenas cuatro años de edad identificado como David Emanuel Durón Rosales.

El sospechoso enfrenta cargos por la presunta comisión de los delitos de homicidio en grado de tentativa y maltrato familiar agravado. La pronta intervención de los agentes policiales se activó luego de que la desesperada madre de la víctima acudiera a los medios de comunicación para hacer una denuncia pública, visibilizando la gravedad del estado de salud de su pequeño y la falta de respuesta institucional inicial que experimentó al buscar auxilio legal.

De acuerdo con las declaraciones proporcionadas por la madre de la víctima, al medio hondureño HCH el trágico suceso ocurrió en las inmediaciones de la colonia El Hatillo, en Tegucigalpa. El menor se encontraba jugando tranquilamente en las cercanías de su vivienda junto a otros familiares cuando desapareció repentinamente de la vista de sus allegados.

Al percatarse de la ausencia del niño, la familia comenzó a indagar de inmediato. Los pequeños que jugaban con él alertaron que Denis Josué Carvajal, hermano paterno de la madre y, por ende, tío del niño se lo había llevado. Horas más tarde, el pequeño David Emanuel fue localizado en condiciones alarmantes con signos de estrangulamiento en el cuello y severas contusiones en su cuerpo.

Según el testimonio maternal, el agresor lanzó al pequeño desde un muro de gran altura, un obstáculo sumamente peligroso e inaccesible. Aunque existen sospechas de un posible intento de abuso sexual interrumpido, las autoridades continúan realizando las evaluaciones médico-forenses pertinentes para confirmar o descartar cualquier otra tipificación penal dentro de la investigación en curso.

Actualmente, el pequeño David Emanuel se debate entre la vida y la muerte. El menor permanece ingresado bajo pronóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), ubicado en el barrio La Granja de Tegucigalpa. Los informes médicos señalan que el niño requirió asistencia de oxígeno inmediato debido a las severas marcas de asfixia en su cuello y al trauma craneoencefálico sufrido por la caída.

Penas y tiempo en cárcel de ser encontrado culpable según la legislación de Honduras

De acuerdo con el Código Penal vigente en Honduras (Decreto No. 130-2017), si el imputado es hallado culpable por los delitos formulados por el Ministerio Público, enfrentaría una condena sumada que se determina de la siguiente manera:

• Homicidio en grado de tentativa: El delito de homicidio consumado contempla penas de prisión de entre 15 y 20 años. Al tratarse de un grado de tentativa, la legislación procesal hondureña aplica una reducción de la pena asignada en un tercio o un grado, fijando la condena para este delito en un rango aproximado de 10 a 13 años y 4 meses de prisión.
• Maltrato familiar agravado: En su modalidad básica, el maltrato familiar conlleva de 1 a 4 años de reclusión. No obstante, al concurrir agravantes específicas —como cometer la agresión contra un menor de edad o causar lesiones graves dentro del entorno familiar— la pena se incrementa hasta en un tercio, situando la condena en un rango estimado de 2 a 5 años de cárcel.

De confirmarse indicios o cargos adicionales derivados de las pericias médico-forenses (como tentativa de abuso sexual), el tiempo en la cárcel se incrementaría conforme a los tipos penales que sume la representación fiscal.

La víctima de 28 años fue identificada como Miguel Ángel Ríos Córdoba, quien murió tras recibir varias heridas con arma blanca durante un ataque que se desató en la vereda Santa Lucía, zona rural del municipio de Fusagasugá (Cundinamarca, y vecino a Bogotá).

De acuerdo con el reporte preliminar, el homicidio se produjo la noche del domingo 30 de agosto minutos antes de la medianoche, después de que dos personas le reclamaran a Ríos por el presunto maltrato al animal, misma situación que señalaron algunos testimonios recopilados por las autoridades.

Sin embargo, el caso cobró más notoriedad en portales, redes sociales y la prensa nacional debido a que se conoció un video de lo que habrían sido los últimos minutos con vida de Ríos, luego del salvaje ataque que recibió.

La reacción de dos personas derivó en un reclamo que pasó de lo verbal a lo físico, y las circunstancias son materia de investigación por parte de la Policía y la Fiscalía.

En medio de la riña, Ríos Córdoba fue lesionado en distintas partes del cuerpo con un arma cortopunzante. Por la gravedad de las heridas, cayó sobre la vía y murió antes de recibir atención médica.

Las autoridades buscan establecer qué ocurrió durante la confrontación, si hubo más personas presentes y cuál fue la participación de cada involucrado, debido a que en la grabación que se hizo desde una tienda se observa que en total son tres los agresores.

El caso quedó bajo investigación luego de que vecinos alertaran a las autoridades sobre la riña y el hombre herido, y como resultado de las labores desplegadas tras el homicidio, la Policía capturó en flagrancia a uno de los presuntos agresores.

El hoy detenido fue identificado de manera preliminar como S. Sanabria Páez.

La captura ocurrió en cercanías de la vereda donde se produjo el ataque, y el hombre quedó a disposición de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de Fusagasugá, que adelanta las actuaciones correspondientes por el delito de homicidio.

Al final del mensaje con el video que publicó el miércoles 2 de septiembre la plataforma por la defensa de los animales ALTO, se recordó que puede haber consecuencias legales por tomar la justicia por mano propia y se hizo la invitación a denunciar estos casos por los canales correspondientes.

“Si presenciamos un acto de maltrato debemos usar los mecanismos que la ley nos brinda para denunciar ante las autoridades para que los responsables respondan ante la justicia. No tomar la ‘justicia por mano propia’”, señaló el colectivo en su publicación vía X.

Tomar justicia por mano propia puede derivar en multas y procesos penales en Colombia

La captura de una persona sorprendida en flagrancia está permitida para los ciudadanos, pero las agresiones, castigos o actos de venganza contra un presunto delincuente pueden derivar en investigaciones por lesiones personales, tentativa de homicidio u homicidio.

La ley en Colombia establece que, después de la aprehensión, la persona debe ser entregada de inmediato a la Policía.

La advertencia cobra relevancia ante los videos que circulan en redes sociales (como ocurrió con la víctima del ataque en Fusagasugá), en los que grupos de ciudadanos golpean, amarran o retienen durante largos períodos a personas señaladas de cometer hurtos u otras conductas delictivas.

El aumento de la percepción de inseguridad ha llevado a que algunos ciudadanos intervengan directamente ante posibles delitos. Sin embargo, esa reacción tiene límites legales. La participación ciudadana puede consistir en retener a una persona sorprendida mientras comete un delito o inmediatamente después, pero no en imponer castigos físicos o decidir por cuenta propia una sanción.

Los particulares pueden capturar en caso de flagrancia

El Código de Procedimiento Penal, contenido en la Ley 906 de 2004, establece que “cualquier persona podrá capturar a quien sea sorprendido en flagrancia”.

La norma contempla que una persona puede intervenir si presencia la comisión de un delito o si existe una relación inmediata entre el hecho y la aprehensión. Sin embargo, el particular debe conducir al retenido “en el término de la distancia” ante una autoridad de Policía.

La Policía debe identificar a la persona, recibir un informe sobre las circunstancias de la aprehensión y dejarla a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Luego, la Fiscalía debe presentar al capturado ante un juez de control de garantías dentro de las 36 horas siguientes para revisar la legalidad del procedimiento y definir las solicitudes correspondientes. Ley 906 de 2004

La facultad de capturar en flagrancia no autoriza a golpear, herir, humillar, exhibir o mantener retenida a una persona más tiempo del necesario. El procedimiento debe limitarse a impedir la fuga y facilitar la entrega a las autoridades.

Las agresiones pueden dar lugar a delitos más graves

Cuando una persona golpea o lesiona a un presunto delincuente, puede enfrentar consecuencias penales que dependen de la gravedad de las heridas, los medios utilizados y las circunstancias de cada caso.

Si la agresión produce una lesión, la Fiscalía puede investigar delitos de lesiones personales. Si la víctima muere, el caso puede ser analizado como homicidio. También pueden existir investigaciones por tentativa de homicidio si se acredita que hubo intención de causar la muerte, pero esta no se produjo.

La responsabilidad no desaparece porque la persona agredida hubiera sido señalada de cometer un delito. La presunción de inocencia se mantiene hasta que exista una decisión judicial, y la determinación de responsabilidades corresponde a fiscales y jueces.

El ordenamiento penal colombiano también contempla la conducta de “ejercicio arbitrario de las propias razones”, que sanciona a quien, con el propósito de ejercer un supuesto derecho, decide imponer justicia por su cuenta en lugar de recurrir a la autoridad competente.

La legítima defensa exige una amenaza actual o inminente

La legítima defensa es distinta a la justicia por mano propia. Para que pueda ser reconocida, debe existir una agresión injusta, actual o inminente, y la respuesta debe ser necesaria y proporcional para proteger un derecho propio o ajeno.

Cuando la amenaza ya terminó, perseguir o atacar a la persona señalada puede dejar de ser una acción defensiva y convertirse en una conducta de retaliación. Ese análisis depende de las pruebas recogidas en cada proceso.

Por ejemplo, si una persona es víctima de un hurto y el presunto responsable ya se alejó o no representa una amenaza inmediata, una agresión posterior puede ser investigada por las autoridades. La condición de víctima de un delito previo no habilita automáticamente el uso de violencia contra quien huye o ya fue reducido.

Las circunstancias de tiempo, lugar, proporcionalidad, armas usadas y lesiones causadas son elementos que la Fiscalía y los jueces revisan para definir si existió legítima defensa o una conducta punible.

La Policía debe proteger la integridad del capturado

Una vez que una persona es detenida o entregada a la Policía, los uniformados tienen el deber de proteger su vida e integridad. Esa obligación aplica incluso cuando el ciudadano sea señalado de haber cometido un delito y exista indignación de la comunidad.

La autoridad no puede tolerar agresiones por parte de terceros ni aplicar sanciones físicas fuera de los procedimientos legales. El capturado debe ser puesto a disposición de la Fiscalía, que definirá si hay elementos para imputar cargos y solicitar medidas ante un juez.

Ante un hecho de inseguridad, la recomendación es reportar de inmediato la situación a la línea 123, solicitar apoyo policial, evitar confrontaciones que pongan en riesgo a otras personas y conservar información que pueda servir a la investigación, como videos, fotografías, placas de vehículos o datos sobre la ruta de escape.

Las autoridades confirmaron la captura de un hombre señalado de atacar en distintas ocasiones a residentes y transeúntes del barrio Santa Bárbara, en el norte de Bogotá.

Se trata de un individuo conocido como “el hombre de rastas”, que llegó a atemorizar a los ciudadanos entre las carreras 15 y la autopista Norte. De hecho, el reporte más reciente fue una agresión con un arma blanca a un adulto mayor, el 25 de agosto de 2026, en la avenida calle 127.

Un reporte conocido por El Tiempo indicó que la víctima caminaba con su hija hacia la estación de Transmilenio cuando, de acuerdo con el relato de la familiar, fue atacada sin mediar discusión por un hombre alto, moreno y con rastas.

El adulto mayor sufrió una herida en el pecho y recibió atención médica. Su hija afirmó que un Holter, dispositivo de monitoreo cardíaco que llevaba puesto, recibió parte de los impactos.

La Policía informó al medio que el primer procedimiento contra el hombre ocurrió el 15 de diciembre de 2025 en la calle 125 con carrera 19, luego de que presuntamente agrediera en el rostro a un ciudadano. El 30 de enero de 2026 fue detenido en la calle 140 con carrera 18, en el barrio Cedritos, por un caso en el que otro transeúnte resultó lesionado en el cuello.

La tercera captura se registró el 27 de febrero de 2026, en la calle 134 con carrera 19, por una agresión que afectó el oído izquierdo de una persona.

La institución también reportó una cuarta detención en la calle 122 con carrera 20 por lesiones con un objeto contundente, aunque la información entregada presenta una inconsistencia sobre la fecha de ese procedimiento, según informó el medio.

Los hechos relacionados por las autoridades se concentran entre las calles 122 y 140, en inmediaciones de las carreras 18, 19 y 20. La agresión denunciada por la familia ocurrió en esa misma zona, frente a la iglesia cristiana Confraternidad y cerca del centro comercial Unicentro.

Según la Policía, el hombre recuperó la libertad después de cada una de las cuatro capturas. No se conocen, hasta ahora, las decisiones judiciales que explican las condiciones en que recuperó la libertad en esos casos.

Sin embargo, se conoce que la agresión del 25 de agosto aún no tiene una atribución judicial formal. La familia de la víctima señaló al medio que ha tenido dificultades para instaurar la denuncia y pidió a las autoridades atender el caso ante el temor de que se registren nuevos ataques contra peatones en el sector.

Diez hombres simularon un operativo y golpearon a un adulto mayor en Engativá

Un grupo de al menos diez hombres encapuchados habría ingresado con engaños a una vivienda del barrio Tabora, en la localidad de Engativá, y golpeado a un adulto mayor.

Según la denuncia de sus familiares en redes sociales, los atacantes se presentaron como funcionarios de la Empresa de Acueducto y agentes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron cuando uno de los hombres, que llevaba prendas con logotipos alusivos a la empresa de servicios públicos, pidió acceso al inmueble bajo el argumento de realizar una supuesta visita técnica. Una vez dentro de la vivienda, el grupo atacó al hombre, quien sufrió lesiones en la cabeza y el rostro.

La familia indicó que la cantidad de personas que participó en la incursión y la violencia empleada generaron temor sobre un posible intento de secuestro. Esa hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades.

Los atacantes huyeron cuando llegaron allegados de la víctima. Uno de ellos se dirigió a un CAI cercano para pedir ayuda, mientras el adulto mayor recibió atención por las heridas que sufrió.

Los familiares solicitaron a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación investigar el caso, identificar a los responsables y revisar las cámaras de seguridad del sector.

El operativo policial se realizó en la Vía de Evitamiento, en el distrito de Santa Anita, permitió el rescate de un prestamista colombiano (bajo la modalidad de ‘gota a gota’) que había sido secuestrado por una banda de delincuentes de nacionalidad venezolana.

El incidente, que se transformó en un episodio de alta tensión en plena vía pública por la persecución, el cruce de disparos y a los delincuentes rodeados por los agentes, terminó con dos detenidos, pero el tercer implicado, al no ver escapatoria, tomó la decisión de quitarse la vida con el revólver que llevaba consigo.

El caso se reportó a las 11:20 de la mañana en el jirón Abedul, en el distrito de El Agustino, cuando sujetos armados interceptaron a José Armando Villada Castañeda (29 años) y lo subieron por la fuerza a un vehículo Toyota con lunas polarizadas, placa BPF-092.

Las primeras investigaciones señalan que la víctima se dedicaba a la modalidad de extorsión conocida como gota a gota, según confirmó el comandante general de la Policía, general Óscar Arriola.

Vecinos que presenciaron el secuestro alertaron de inmediato a las autoridades, lo que permitió la rápida intervención de agentes de la División de Inteligencia Contra la Criminalidad y de la División de Secuestros (Divise), ambas dependientes de la Dirincri (Dirección de Investigación Criminal), con apoyo de la Región Policial Lima Centro.

Los equipos analizaron cámaras de seguridad y rastrearon el vehículo hasta el peaje de Monterrico, en la Vía de Evitamiento, entre los distritos de Ate y La Molina, señaló un informe del portal Trome.

En ese punto, mientras el auto se encontraba en la cola para pagar en ventanilla, los detectives rodearon el vehículo y dieron la voz de alto.

“¡Al piso, carajo!” fue la orden con la que cercaron a los secuestradores, según relataron testigos.

El comandante Arriola detalló que los agentes esperaron el momento y la posición más adecuados para intervenir, lo que derivó en un enfrentamiento armado.

El cruce de disparos entre los uniformados y los malhechores causó momentos de pánico entre choferes, vendedores y trabajadores del peaje, que salieron a buscar refugio y resultaron ilesos.

Los detenidos fueron identificados como Israel Rodríguez Palacios (29), alias Chato, y Saúl Bernal Campos (23).

Por su parte, un tercer sujeto, conocido como alias Chino se suicidó de un disparo en la cabeza al verse atrapado por la Policía.

Según el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, por sus características físicas se presume que el fallecido también era venezolano, aunque su identidad definitiva será confirmada por Migraciones y archivos policiales.

Las autoridades indicaron que los secuestradores formarían parte de la banda Los Malditos del Pepeo, dedicada a la extorsión y el sicariato.

La hipótesis sobre el intento de secuestro del prestamista colombiano en Lima

El móvil principal del secuestro, según las primeras indagaciones, sería una disputa por el control de actividades ilícitas entre organizaciones de origen extranjero.

Los delincuentes exigían un rescate de 100.000 soles por la liberación de la víctima, a quien planeaban asesinar si no se concretaba el pago.

El caso no pasó inadvertido y volvió a poner sobre el tablero la presencia de redes delictivas extranjeras en la capital peruana (sobre todo de Colombia y Venezuela).

Tal fue la indignación por lo que sucedió, que luego de que los agentes se llevaron detenidos a los dos criminales, uno de los transeúntes grito: “¡Así tienen que terminar todos los delincuentes!”

La investigación continúa para determinar si existen más implicados y esclarecer los vínculos de la banda con otros delitos similares en la ciudad. Mientras tanto, Villada (que también resultó ileso tras la balacera) y se encuentra bajo custodia policial para rendir testimonio y colaborar con las pesquisas.

Las olas de calor, la sequía y la caída del nivel de ríos y acuíferos en Europa expusieron una de las tensiones más incómodas de la transición energética: producir combustibles renovables en un planeta donde el agua también empieza a escasear. Un estudio del Centro de Investigación de Jülich abordó esa cuestión con un modelado técnico-económico que evaluó si el metanol verde puede producirse en regiones con escasez hídrica mediante sistemas de captura directa del aire capaces de extraer a la vez dióxido de carbono y humedad, informó el portal especializado en ciencia y tecnología TechXplore.

El trabajo, publicado en la revista científica Nature Communications, analizó más de 20.000 regiones de 78 países que, según el modelo, enfrentarán al menos un estrés hídrico medio en 2050. En cerca del 97% de esas zonas, la atmósfera contendría suficiente agua a lo largo del año para cubrir toda la demanda del proceso productivo.

Henrik Wenzel, autor principal e investigador de análisis de sistemas en Jülich, explicó que muchas regiones con abundante sol y viento ofrecen condiciones favorables para producir combustibles verdes, pero suelen padecer falta de agua. El estudio forma parte del proyecto DryHy, que examina la producción de metanol renovable en áreas con escasez hídrica desde una perspectiva integral.

Extracción de CO₂ y agua del aire

El concepto se apoya en la captura directa de aire, conocida como DAC por sus siglas en inglés. En ese sistema, un material filtrante retiene dióxido de carbono y también absorbe humedad ambiental.

Lo que habitualmente se considera un efecto no deseado de esa captura se convierte aquí en una ventaja: el agua retenida entra en la producción de metanol junto con el CO₂. Los investigadores modelaron toda la cadena del proceso, desde la generación de electricidad renovable y la electrólisis hasta el almacenamiento de energía, el aprovechamiento del calor y la refrigeración sin consumo adicional de agua.

El estudio sostiene que, incluso en emplazamientos muy secos, la producción podría ser viable en principio. Para eso, la planta debería operar sobre todo en las horas más húmedas y almacenar agua de forma temporal.

Jann Weinand, jefe del departamento de escenarios integrados de Jülich, indicó que la falta de agua no tiene por qué excluir al metanol verde. También precisó que, para reducir costos, suele ser más importante disponer de un suministro abundante y lo más constante posible de electricidad renovable que contar con una humedad alta.

Viento y el sol, claves para reducir costos

Según el modelo, los lugares con buena combinación de energía eólica y solar resultan particularmente ventajosos. En las ubicaciones más favorables, los costos de producción proyectados para 2050 se sitúan en varios cientos de euros por tonelada, mientras que en las menos aptas pueden multiplicarse varias veces.

Ese cálculo se compara con un precio contractual europeo actual de algo menos de 1.000 euros por tonelada. La publicación aclara que se trata apenas de una foto del presente, porque los precios de mercado fluctúan con fuerza y el estudio estima costos futuros de producción, no valores comerciales inmediatos.

El trabajo añade que una baja en los costos tecnológicos y un aumento del precio del CO₂ podrían estrechar esa distancia con el tiempo. En las regiones con recursos eólicos y solares especialmente abundantes, el metanol verde podría acercarse así a los precios vigentes hoy.

Impacto climático local antes de expandirse

El proyecto DryHy también investiga qué efectos podría tener sobre el clima local la extracción masiva de vapor de agua de la atmósfera. El modelo actual examina de qué manera la temperatura y la humedad afectan a la planta, pero los investigadores buscan incorporar más adelante posibles efectos de retorno sobre la humedad ambiental, las nubes o las precipitaciones.

Thomas Schöb, jefe del equipo de transformación del sistema energético, advirtió que evitar el uso de agua dulce local no implica automáticamente que retirar agua del aire carezca de consecuencias en cualquier escala. Por eso, antes de construir plantas muy grandes, planteó que esa cuestión debería estudiarse para cada emplazamiento concreto.

El estudio remarca, además, que se trata de un análisis de modelización tecnoeconómica y no de una evaluación de fábricas en funcionamiento. Tampoco incorpora por completo diferencias regionales en financiación, costos laborales e infraestructura, ni posibles faltantes de materiales.

Wenzel subrayó que los resultados no ofrecen un diseño listo para aplicar en cualquier lugar. Lo que sí muestran, indicó, son las condiciones en las que el concepto resulta más prometedor y las preguntas técnicas y ambientales que todavía deben resolverse.

La detención fue ejecutada por agentes de la Oficina Central Nacional de INTERPOL, adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en Honduras durante controles en el área de Llegada Internacional.

La oficial Sheyla Corea, quien proporcionó detalles sobre el procedimiento, explicó que el ciudadano ingresó a Honduras en un vuelo procedente de Miami, Estados Unidos, y fue sometido a la verificación correspondiente en el sistema.

Durante la consulta se confirmó que mantenía una orden de captura pendiente y una alerta internacional, por lo que los agentes ejecutaron el requerimiento judicial. El detenido tiene residencia en Alabama, Estados Unidos, y cuenta con nacionalidad hondureña y estadounidense.

De acuerdo con la información proporcionada por la DPI, la orden de captura fue emitida el 29 de marzo de 2019 por los Juzgados de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción.

El requerimiento judicial lo señala por suponerlo responsable de los delitos de fraude, abuso de autoridad y dos delitos de falsificación de documentos públicos, en perjuicio de la Administración Pública y la Fe Pública del Estado de Honduras.

La notificación roja de INTERPOL permitió mantener activa la búsqueda internacional del ciudadano y facilitó su identificación cuando ingresó nuevamente al territorio hondureño.

Investigación relacionada con Patuca III

Las acusaciones están relacionadas con un proceso de contratación para el equipamiento de viviendas y oficinas ubicadas en el campamento de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en el Proyecto Hidroeléctrico Patuca III.

La investigación se enfocó en las compras efectuadas para equipar las instalaciones del proyecto hidroeléctrico. Durante la revisión de esas operaciones, las autoridades detectaron que determinados productos y materiales habrían sido adquiridos por montos superiores a los establecidos en el contrato.

“Las compras realizadas se encontraban sobrevaloradas respecto a lo establecido en el contrato”, explicó la oficial Sheyla Corea al referirse a uno de los elementos identificados durante las diligencias.

El caso a los tribunales

Por la naturaleza de los hechos investigados y su relación con recursos de la Administración Pública, el expediente fue conocido por los Juzgados de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción. La acusación incluye delitos relacionados tanto con el supuesto perjuicio económico como con el uso de documentación pública.

Las autoridades policiales aclararon que el detenido fue requerido en cumplimiento de una orden judicial y que será el órgano jurisdiccional competente el encargado de continuar con el proceso y determinar las responsabilidades que correspondan.

En este caso, el ciudadano llegó desde Estados Unidos y fue identificado mediante la consulta de los registros policiales antes de abandonar la terminal aérea.

La alerta internacional y la orden de captura permitieron a los agentes establecer que se trataba de una persona requerida desde hacía varios años por un proceso relacionado con presuntas irregularidades en un contrato vinculado al proyecto Patuca III.

Luego de confirmar el requerimiento, los funcionarios policiales detuvieron al ciudadano en las instalaciones del aeropuerto. Como establece el procedimiento, los agentes le comunicaron los derechos que le asisten como persona detenida antes de trasladarlo bajo custodia.

Un hombre de 25 años falleció tras ser atacado con arma blanca durante una discusión ocurrida en la colonia Tikal Sur, en el municipio de Apopa, San Salvador Oeste, el 24 de agosto, según reportó la Policía Nacional Civil (PNC).

El presunto responsable, José Abelino Amaya Amaya, de 30 años, fue capturado en una operación conjunta entre la PNC y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES). El incidente tuvo lugar en horas de la noche y, de acuerdo con la investigación policial, la víctima llegó a la vivienda del detenido y lo insultó a él y a su compañera de vida, quien anteriormente había sostenido una relación sentimental con el fallecido.

El reporte oficial señala que la confrontación verbal escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea, en la que Amaya Amaya habría utilizado un arma blanca para lesionar mortalmente al joven de 25 años. La PNC confirmó que el sospechoso será remitido a las autoridades judiciales para responder por el delito de homicidio.

Las autoridades explicaron que el móvil del crimen se relaciona con una disputa por celos. El caso ha generado consternación en la comunidad de Tikal Sur, un sector popular de Apopa, donde los vecinos alertaron a la policía tras escuchar la discusión y presenciar el desenlace violento.

Tendencia de homicidios en El Salvador: el contexto estadístico

El caso registrado la noche del 24 de agosto ocurre en un contexto en el que los homicidios han sido motivo de atención pública y monitoreo diario por parte de las autoridades salvadoreñas. Según el reporte estadístico diario de la PNC, el número de homicidios en El Salvador ha experimentado una reducción drástica en los últimos años.

El gráfico oficial de la PNC sobre el “Total de homicidios por día” para el mes de agosto, comparando los años 2018, 2025 y 2026, muestra una diferencia significativa en la incidencia de este delito.

En agosto de 2018, la cifra diaria de homicidios fluctuaba entre 5 y 20 casos, con picos que superaban 15 víctimas por jornada. Por contraste, en 2025 y 2026, la tendencia se mantiene notablemente baja, con días en los que no se registran homicidios y otros con uno o dos casos reportados.

Según la PNC, el promedio diario de homicidios en agosto de 2026 se mantiene por debajo de dos casos, una diferencia marcada frente a los registros del mismo mes en 2018.

El delito de homicidio en El Salvador: características y evolución

El delito de homicidio en el país obedece a distintos factores, entre ellos conflictos personales, violencia intrafamiliar, disputas por territorio, y hechos derivados de la delincuencia organizada. En el caso reportado en Apopa, la investigación apunta a un motivo estrictamente personal vinculado a celos y relaciones sentimentales previas, según el informe policial.

El Código Penal de El Salvador establece que el delito de homicidio simple contempla penas de entre 15 y 20 años de prisión para quienes sean declarados culpables. En los casos de homicidio agravado, las penas pueden elevarse hasta 50 años, y recientemente la Asamblea Legislativa aprobó la posibilidad de cadena perpetua para delitos como asesinato, violación y terrorismo, una medida que elimina la prohibición histórica de penas perpetuas en el país. Antes de esta reforma, la máxima condena era de 60 años.

El detenido fue identificado preliminarmente como Jeremías TJ Ávila Dilbert, originario de la zona donde fue capturado, según información divulgada por las autoridades. La detención se produjo luego de varias diligencias investigativas que permitieron a los agentes ubicarlo en el municipio de La Ceiba.

La captura representa el primer resultado público de las pesquisas por el asesinato de McNeil, quien fue ultimado a tiros el pasado lunes en Roatán, Islas de la Bahía. No obstante, la Policía Nacional ha advertido que las investigaciones continúan y que todavía se trabaja para identificar a otros posibles participantes, incluidos quienes pudieron haber intervenido en la planificación o ejecución del ataque.

Así ocurrió el crimen

De acuerdo con la información preliminar conocida tras el asesinato, McNeil regresaba de dejar a su hijo en la escuelacuando fue interceptado por sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

Tras resultar herido, el abogado salió de su automóvil en busca de ayuda, pero murió a pocos metros del vehículo debido a la gravedad de las heridas. El ataque ocurrió en las cercanías de la Departamental de Educación de Roatán, según los primeros reportes divulgados después del crimen.

El asesinato adquirió una dimensión especial luego de que se confirmara que McNeil era testigo protegido dentro de las investigaciones relacionadas con la desaparición de Angie Peña, joven que desapareció el 1 de enero de 2022 mientras se encontraba en Roatán.

El presidente Nasry Asfura confirmó públicamente la condición de testigo protegido de McNeil horas después del crimen y aseguró que la Policía estaba dando seguimiento al caso.

¿Qué sabía McNeil sobre Angie Peña?

El nombre de Dereck McNeil ya había aparecido dentro de la investigación por la desaparición de Angie Peña debido a la información que habría proporcionado a los operadores de justicia.

Durante la audiencia inicial celebrada en 2024 contra cuatro personas acusadas por la desaparición y presunta venta de la joven, el Ministerio Público presentó 29 medios de prueba, entre ellos declaraciones de dos testigos protegidos que fueron incorporadas como prueba anticipada.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, McNeil habría declarado que vio a Angie Peña y que tuvo conocimiento de una transacción relacionada con ella. En ese proceso fueron señalados los estadounidenses Harold Joseph Green, William James Murdock y Gary Lee Johnston, además del hondureño Ramón Gustavo Trejo Nájera.

McNeil, además de ejercer como abogado, era hijo de la reconocida abogada Claudette Ofelia McNeil James y anteriormente se había desempeñado como secretario del Juzgado de Paz de Letras de Islas de la Bahía.

Uno de los aspectos que ha generado mayor preocupación después del crimen es determinar cómo se conoció públicamente que McNeil era testigo protegido.

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, confirmó que las autoridades investigan una posible filtración de la identidad del abogado. Explicó que el Programa de Protección a Testigos es administrado por el Ministerio Público, no por la Policía Nacional, y que la legislación hondureña establece la obligación de mantener bajo estricta reserva la identidad de las personas incorporadas al programa.

Tras el asesinato comenzó a circular un audio atribuido a Dereck McNeil, en el que supuestamente el abogado habla sobre Angie Peña y personas relacionadas con la investigación.

Sin embargo, el ministro de Seguridad aclaró que las autoridades todavía no han confirmado oficialmente la autenticidad de la grabación.

Aunque la captura de Jeremías TJ Ávila Dilbert representa un avance en la investigación, las autoridades han dejado claro que el caso no está cerrado.

El asesinato de McNeil ha colocado nuevamente el caso de Angie Peña en el centro de la atención pública y ha abierto nuevas interrogantes sobre la seguridad de los testigos y colaboradores de la justicia.

Ahora, con un primer sospechoso capturado, la expectativa se concentra en que las investigaciones permitan establecer quién ordenó el crimen, quiénes participaron y si el asesinato estuvo relacionado con la información que McNeil conocía sobre la desaparición de la joven.

La última vez que los policías mexicanos se toparon con Joaquín El Chapo Guzmán pudo haber sido una historia más de cómo logró escapar, ya que hay que recordar que se fugó dos veces de penales y muchas más en operativos. Pero la última vez que capturaron a este líder del Cártel de Sinaloa en 2016 fue la última para él ya que no permitieron que los corrompieran a pesar de que les premetieron millones de pesos, autos y mansiones, además de amenazarlos con matar a sus familias y desatar una guerra sangrinta.

La mañana del 8 de enero de ese año, después de escapar por el drenaje en Los Mochis, el capo intentó comprar a los agentes que lo interceptaron y los amenazó con un rescate armado, pero quedó bajo custodia y después pasó el resto de su vida en prisión tras ser sentenciado en Estados Unidos a cadena perpetua.

La persecución se extendió varios kilómetros mientras los policías escuchaban por radiofrecuencia que 30 camionetas con hombres armados se acercaban a la zona. Los agentes pidieron refuerzos por teléfono para evitar que intervinieran sus comunicaciones y calcularon que no alcanzarían a llegar a su cuartel, por lo que optaron por ocultarse con los detenidos en un motel.

A las 9:08 de la mañana, Guzmán y Orso Iván Gastélum Cruz salieron de una coladera en el centro de la ciudad, cubiertos de agua y lodo. Gastélum llevaba un arma y ambos despojaron a conductores de un Jetta blanco y luego de un Focus rojo para despistar a la policía si el primer auto era informado como robado.

Los afectados avisaron al C-4. Uno de ellos describió a los agresores como “dos tipos en ropa interior”, en alusión al estado en que emergieron del sistema de drenaje tras huir del inmueble donde horas antes habían irrumpido fuerzas federales.

La fuga terminó en la carretera Los Mochis-Navojoa

Unos cuatro kilómetros después, sobre la carretera Los Mochis-Navojoa, dos agentes federales detectaron el Focus que circulaba a toda velocidad. Gastélum iba al volante y no obedeció la orden de detenerse, así que los policías le cerraron el paso.

Una versión indicó que Guzmán iba agachado en el asiento trasero. Cuando los obligaron a bajar, los agentes vieron que Gastélum tenía el arma en la mano, pero no alcanzó a disparar.

En ese momento, Guzmán preguntó si sabían quién era. Uno de los policías le respondió que sí, y poco después Gastélum les advirtió que un grupo armado venía a rescatar a su patrón y que los matarían si no los dejaban irse, pero la respuesta fue una orden para que guardara silencio.

Ese fue el punto central de la recaptura: los detenidos quedaron en la parte trasera de la patrulla y, durante el trayecto, Guzmán pidió ayuda para llegar a Chemoris y prometió arreglarles la vida para siempre a los agentes. Más tarde, sentado al borde de una cama, repitió el intento de soborno con ofrecimientos de empresas, casas, negocios y dinero.

Los propios policías reconocieron después ante sus superiores que tenían miedo. Uno de ellos recordó el homenaje rendido dos semanas antes al sobreviviente del ataque de mayo de 2015 contra un helicóptero Cougar, donde viajaban 18 policías federales y militares; nueve murieron, y ese recuerdo lo llevó a reflexionar a todos los policías y elementos de seguridad federal que los cártelñes habían matado, además de miles de civiles y la cifra negra de desaparecidos de 130 mil.

Los agentes escondieron a Guzmán en el motel Doux

La orden de los mandos fue tomarle una fotografía a Guzmán para validar la captura y confirmar su identidad. Esa imagen fue enviada al comisionado nacional de Seguridad Renato Sales, quien a su vez la remitió al secretario de Gobernación.

Para entonces ya había llegado una segunda patrulla con dos agentes más. El grupo buscó una zona segura y eligió el motel Doux, donde escondió las unidades en el garaje para que no fueran visibles desde la calle.

Los policías ocuparon la habitación 51, al fondo del inmueble, y también la 19, que conectaba con la azotea. Dos elementos subieron con armas largas y esperaron un posible ataque; incluso vieron pasar un helicóptero de la Marina y le hicieron señas, pero el piloto no los vio.

Los otros dos agentes permanecieron en la habitación 51 con Guzmán. A Gastélum lo dejaron esposado en una de las patrullas para concentrarse en la custodia del líder criminal, a quien volvieron a fotografiar para informar dónde lo tenían.

Pasaron otros 20 minutos antes de que llegaran marinos y soldados. Cuando entraron, uno de los mandos que ya había detenido a Guzmán en 2014 le dijo: “Se te acabaron tus vacaciones de seis meses”, y el capo respondió: “Sí, se me acabaron”.

El operativo Cisne Negro comenzó a las 4:00 y duró casi seis horas

La acción que desembocó en la tercera captura de Guzmán comenzó alrededor de las 4:00 de la mañana, cuando Fuerzas Especiales de la Semar irrumpieron en un inmueble de Los Mochis después de trabajos de inteligencia que ubicaron ahí a un integrante de alto nivel del Cártel de Sinaloa.

El operativo, llamado Cisne Negro, derivó en enfrentamientos con integrantes del grupo criminal. En esos intercambios murieron seis personas y cinco más fueron detenidas; además, la lluvia elevó el nivel del agua en los túneles de drenaje y esa condición obligó a Guzmán y a Gastélum a salir a la superficie.

La operación estuvo a cargo de Marco Antonio Ortega Siu, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina, y se prolongó cerca de seis horas. La captura final de Guzmán Loera y de “El Cholo Iván” ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana.

Gastélum también figuraba como un objetivo de alto nivel. El gobierno federal lo identificó como lugarteniente del Cártel de Sinaloa y jefe de esa organización en la zona norte del estado, en particular en Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado.

Hasta ese viernes por la mañana, era buscado por autoridades federales después de haberse fugado de un penal de Culiacán cuando se organizaba una fiesta en el interior. Ya había sido detenido en 2005 por elementos del Ejército en la colonia Lombardo Toledano, en Culiacán, y volvió a escapar del penal el 9 de agosto de 2009.

Su peso dentro de la organización creció después de la segunda fuga de Guzmán, en julio de 2015, del penal del Altiplano, en el Estado de México. Versiones oficiales lo ubicaron como participante en el traslado del capo, antecedente que reforzó su papel como hombre de confianza.

• Guzmán fue recapturado el 8 de enero de 2016 tras huir por el drenaje y ser interceptado en la carretera Los Mochis-Navojoa.
• Ya detenido, ofreció dinero, casas, empresas y negocios a los agentes, además de advertir que vendría un rescate armado.
• Los policías lo escondieron en el motel Doux hasta la llegada de Marina y Ejército; después, Guzmán fue sentenciado en Estados Unidos a cadena perpetua.

La segunda veda del camarón fue decretada en Panamá a partir del próximo 1 de septiembre al 11 de octubre de 2026, y constituye una medida de ordenamiento pesquero con implicaciones ecológicas, económicas y sociales para el país.

La medida establecida por la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) se toma en el marco de un plan anual de conservación de las especies marinas y de adaptación a un contexto ambiental marcado por la variabilidad climática y los efectos del fenómeno de El Niño.

Durante el período descrito se prohíbe la captura de camarones marinos de cualquier especie en todo el territorio nacional, tanto en el Caribe como en el Pacífico, y se establecen restricciones estrictas para el transporte, almacenamiento y comercialización del recurso, incluyendo la exigencia de salvoconductos especiales y certificados de inspección ocular para los establecimientos vinculados a la cadena de valor del camarón.

La veda, de acuerdo con la ARAP, busca permitir los procesos de reproducción y reclutamiento de las poblaciones de camarón, reducir la presión sobre un recurso sometido a pesca intensiva y mitigar los impactos acumulados de la pesca de arrastre y de las anomalías oceanográficas sobre los ecosistemas costeros y de fondo marino.

Al mismo tiempo, agrega que la medida genera ajustes significativos en la actividad económica del sector pesquero industrial y artesanal, en las plantas procesadoras, comercios y en las comunidades costeras, con efectos que van desde la temporal reducción de ingresos hasta la redefinición de patrones de esfuerzo pesquero, fiscalización y responsabilidad ambiental.

La captura de camarón ocupa un lugar central en la economía pesquera panameña, tanto por su valor comercial como por su relevancia social para las comunidades costeras que dependen de ella como fuente de empleo e ingresos.

Aunque las fuentes de información disponibles se concentran en la regulación reciente, la literatura técnica sobre pesquerías de camarón en la región centroamericana describe una actividad históricamente dominada por flotas industriales que utilizan artes de pesca de arrastre y por un conjunto de pescadores artesanales que explotan el recurso en zonas costeras y estuarinas, generando una presión significativa sobre las poblaciones de camarón blanco y café.

Estos camarones desempeñan además un papel ecológico clave como especies que conectan los flujos tróficos entre los fondos marinos, los estuarios y las cadenas alimentarias de peces, aves y otros invertebrados, de modo que su sobreexplotación puede alterar la estructura y funcionamiento de los ecosistemas costeros y de plataforma continental.

Desde el punto de vista económico, el camarón constituye uno de los principales productos de exportación de la pesca panameña, así como un componente esencial del mercado interno de productos del mar, con cadenas de procesamiento que abarcan plantas, centros de acopio, fincas de cultivo y comercios minoristas en todo el país.

La ARAP subraya que cada embarcación camaronera realiza inversiones significativas para iniciar faenas de pesca, por el orden promedio de $12 mil por barco, según declaraciones de armadores. Esto, añaden, refleja la intensidad de capital y la importancia financiera del sector.

Esta dependencia económica del camarón hace que cualquier decisión de cerrar la pesquería temporalmente, como la segunda veda de 2026, tenga repercusiones amplias sobre los ingresos de empresas y trabajadores, así como sobre los precios y la disponibilidad del producto en el mercado nacional.

No obstante, la entidad recuerda que el segundo período de veda del camarón se realiza con el propósito de darle oportunidad a la especie para reproducirse, garantizando así sostenibilidad de este importante recurso pesquero.

Po ello, la entidad informó que conjuntamente con el apoyo de otras instituciones, realizará las inspecciones y acciones de vigilancia y control respectivas.

En dicho período se prohíbe capturar camarón de mar, comercializar camarones de cualquier origen sin el debido Certificado de Inspección Ocular.

También estará prohibido transportar camarones de cualquier origen, sin el respectivo salvoconducto de veda del camarón, cuyo costo es de $5.00, expedido por la ARAP, y que incluye el transporte de nauplios y postlarvas.

Un grupo de 14 personas fue arrestado en diferentes puntos del territorio nacional como parte de una investigación sobre delitos financieros y blanqueo de capitales, y según la información oficial el perjuicio económico calculado asciende a $276 mil.

Las detenciones se produjeron por orden de la Procuraduría General de la Nación, que a través de la Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana coordinó la Operación Cenit junto a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional.

Durante los operativos, se informó que los fiscales realizaron allanamientos simultáneos en distintos lugares de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón.

En estos procedimientos, los equipos investigadores señalaron que recolectaron municiones, tarjetas de crédito y débito, documentación bancaria y equipos tecnológicos, además de otros objetos relevantes para el caso.

La investigación se originó tras el robo de un teléfono móvil el 14 de febrero de 2026 en el Parque Porras de la ciudad de Las Tablas, en la provincia de Los Santos.

La víctima denunció que, después del hurto, se efectuaron transacciones bancarias ilícitas desde su cuenta en banca en línea por el monto investigado.

En otro caso, en un operativo separado, en el sector de Cocobolo del corregimiento Arnulfo Arias, en el distrito de San Miguelito, agentes de la Policía Nacional decomisaron dos armas de fuego, diversas municiones, sustancias ilícitas y detuvieron a 12 personas para investigación.

Las autoridades también informaron el hallazgo de 110 municiones de diferentes calibres en otra acción policial. Las personas arrestadas fueron puestas a disposición de las autoridades para iniciar los trámites legales correspondientes.

En otro proceso judicial, el ciudadano Jorge Néstor Sánchez, conocido como “Comanche” y de 46 años, fue detenido provisionalmente por orden del juez de garantías Fermín Bonilla. Se lo investiga por su presunta relación con delitos de drogas y blanqueo de capitales. “Comache”, fue extraditado desde Colombia.

La fiscalía presentó cargos durante la audiencia, argumentando que existen elementos que vinculan a Sánchez con conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y lavado de dinero. Según el juez, la medida de detención era adecuada y proporcional, considerando la gravedad de los cargos y el riesgo de fuga.

La investigación sobre Sánchez forma parte de la llamada “Operación Jericó”, que comenzó en junio de 2023 y está relacionada con el posible tráfico de drogas hacia Costa Rica. El acusado fue extraditado desde Colombia antes de ser puesto a disposición judicial.

El diario La Prensa detalló que la Operación Jericó comenzó el 30 de junio de 2023, cuando el Ministerio Público descubrió la existencia de un grupo criminal que se dedicaba al tráfico internacional de drogas.

Este grupo, según la publicación, introducía la droga por la selva de Darién, vía terrestre, utilizando mochileros. Posteriormente, la droga era trasladada al distrito de San Miguelito, donde la escondían en vehículos con doble fondo y finalmente la transportaban a Costa Rica.

Talleres ubicados en San Miguelito se encargaban de camuflar la droga en los vehículos con doble fondo.

Agentes del Servicio Nacional de Fronteras, siempre de acuerdo a la publicación de La Prensa, se encargaban de dar seguridad a los cargamentos. Su participación con el grupo quedó al descubierto a través de intervenciones telefónicas, agrega.

Sánchez Rodríguez fue capturado en Medellín, Colombia, en enero de 2025, tras ser localizado en un sector exclusivo de esa ciudad utilizando una identidad falsa. El ciudadano era uno de los más buscados dentro de la Operación Jericó, por quien se ofrecía una recompensa de $30 mil.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de Tocumen, fue trasladado bajo un amplio dispositivo de seguridad por unidades de Interpol Panamá, la Dirección de Investigación Judicial y el Bloque de Búsqueda hacia la sede de la DIJ donde quedó a órdenes de las autoridades competentes, indicó la Policía.

De acuerdo con las investigaciones, alias “Comanche” es señalado como presunto cabecilla con vínculos con pandillas locales, entre ellas Pentágono y Los Galácticos, además de mantener conexiones con integrantes del Clan del Golfo.

Las autoridades lo vinculan con la coordinación del recibimiento de lanchas rápidas cargadas de cocaína procedentes de Colombia, que ingresaban por sectores de la Comarca Guna Yala, para posteriormente movilizar la droga hacia Costa Rica.

Asimismo, las investigaciones señalan que habría utilizado empresas fachada como mecanismo para el blanqueo de capitales, con el propósito de introducir al sistema económico recursos presuntamente provenientes de actividades ilícitas.

La Policía Nacional capturó el día de ayer, 14 de agosto en Puerto Cortés a Carlos Pérez Montes, señalado como presunto responsable del femicidio agravado y robo agravado contra Yorleni Melissa Argueta Alas, joven que fue secuestrada, asesinada y posteriormente calcinada en ese municipio del norte de Honduras, el pasado 4 de mayo.

La detención se produjo tras varios meses de investigaciones dirigidas por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y fue confirmada por autoridades policiales y familiares de la víctima, que desde mayo mantenían presión para evitar la impunidad en este caso.

Según lo informado por la Policía Nacional, la operación que llevó a la captura se realizó en la aldea La Posona, donde agentes de la DPI localizaron a Pérez Montes, de 28 años, residente en la misma comunidad. El sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para que se defina su situación legal, conforme al procedimiento establecido.

La captura de Carlos Pérez Montes representa un avance relevante en el esclarecimiento de los hechos, según reconocieron tanto la Policía como allegados de la joven.

El papá de Yorleni, Noé Pérez Ducayo, expresó a los medios locales su confianza en la labor de la DPI y en la evidencia recopilada durante el proceso: “Ahora estamos seguros que no es sospechoso, es el hechor. Y dándole gracias a la DPI por su trabajo que ha hecho, porque hizo un trabajo espectacular”. Pérez también detalló que la policía decomisó prendas de vestir y pertenencias de la víctima en poder del detenido, elementos que forman parte de la investigación.

El caso de Yorleni Melissa Argueta Alas generó una profunda conmoción en la comunidad local y a nivel nacional, motivando la intervención de medios, autoridades y colectivos de derechos humanos. La desaparición y muerte de la joven pusieron en evidencia la vulnerabilidad de las mujeres en el país y reavivaron los reclamos para que los feminicidios no queden impunes.

Investigación y presión social tras la desaparición de Yorleni Alas

La desaparición de Yorleni Alas y su hermana, ocurrida el 4 de mayo tras finalizar su jornada laboral, marcó el inicio de una intensa búsqueda y movilización social en Puerto Cortés. Familiares y organizaciones feministas colaboraron en labores de búsqueda, denuncia pública y presión a las autoridades, mientras la DPI desplegaba recursos para ubicar a las jóvenes y recopilar pruebas.

La hermana mayor sobrevivió a una agresión sexual y logró dar aviso a la familia. En los días siguientes, la comunidad pegó afiches y organizó plantones, en tanto la incertidumbre persistía sobre el paradero de la menor. El cuerpo de Yorleni fue localizado 10 días después en avanzado estado de descomposición, en un solar baldío, en avanzado estado de descomposición y calcinado, lo que obligó a realizar pruebas científicas para su identificación, proceso que finalizó el 23 de junio.

Durante la investigación, otro sospechoso fue capturado y puesto en libertad por falta de pruebas, lo que incrementó la presión social para esclarecer el caso. El padre de Yorleni, en declaraciones recogidas por La Tribuna, subrayó la importancia de no olvidar a las víctimas ni dejar de exigir justicia: “No dejemos impunes a nuestras familias que estén desaparecidas. Por favor, no le tengamos miedo a esas escorias. Lucharemos hasta lo último por tener al hechor preso”.

La DPI informó que la vestimenta y objetos personales de la joven fueron encontrados en poder del detenido, reforzando la acusación en su contra. El proceso judicial continúa, mientras familiares esperan una sentencia condenatoria y llaman a la sociedad a mantenerse vigilante.

Joaquín “El Chapo” Guzmán fue capturado tres veces tras escapar de las diferentes cárceles donde fue recluído, sin embargo la última vez pese a que intentó ofrecer millones a los policías que lo detuvieron, incluso amenazarlos con un baño de sangre, no surgió efecto ya que no contaba con la integridad de los uniformados, algo que no pudo comprar y que lo llevó a pasar su vida tras las rejas para siempre. Esta historia fue recreada y este 21 de agosto llegará a Netflix con el nombre de La captura, dirigida por Chava Cartas y producida por Draco Films, el reparto lo encabezan Alfonso Herrera en el papel de Arturo Carmona y Noé Hernández como Héctor Rosales.

La recaptura de Joaquín Guzmán Los Mochis ocurrió la mañana del 8 de enero de 2016 después de que el capo y Orso Iván Gastélum salieron por una coladera en el centro de la ciudad tras huir del operativo Cisne Negro; la fuga por el drenaje terminó cuando agentes de la entonces Policía Federal interceptaron el auto en el que escapaban y evitaron que un grupo armado los rescatara.

La persecución se extendió por varios kilómetros y se desarrolló mientras los policías escuchaban por radiofrecuencia que 30 camionetas con hombres armados se aproximaban a la zona. Los agentes pidieron refuerzos por teléfono para evitar que sus comunicaciones fueran intervenidas y decidieron ocultarse con los detenidos en un motel porque calcularon que no alcanzarían a llegar a su cuartel.

A las 9:08 de esa mañana, Guzmán y Gastélum emergieron del drenaje cubiertos de agua y lodo. El segundo llevaba un arma y ambos se apoderaron de un Jetta blanco, que abandonaron pocas cuadras después para cambiarse a un Focus rojo con la intención de despistar a la policía si el primer vehículo era reportado como robado.

Los conductores afectados avisaron al C-4. Uno de ellos describió a los agresores como “dos tipos en ropa interior”, una referencia al estado en que salieron del sistema de drenaje tras escapar del inmueble donde horas antes habían irrumpido fuerzas federales.

La fuga por el drenaje terminó en la carretera Los Mochis-Navojoa

Unos cuatro kilómetros más adelante, en la carretera Los Mochis-Navojoa, dos agentes federales detectaron el Focus que circulaba a toda velocidad. Gastélum iba al volante y no atendió la orden de detenerse, por lo que los policías tuvieron que cerrarle el paso.

Una versión indicó que Guzmán iba agachado en el asiento trasero. Cuando los obligaron a bajar, los agentes advirtieron que Gastélum traía el arma en la mano, pero no alcanzó a disparar.

En ese momento, Guzmán preguntó a los policías si sabían quién era. Uno de ellos respondió que sí, y poco después Gastélum les advirtió que un grupo armado venía a rescatar a su patrón y que los matarían si no los dejaban irse; la respuesta del agente fue una orden seca para que guardara silencio.

Los detenidos fueron subidos a la parte trasera de la patrulla. Durante el trayecto, Guzmán pidió ayuda para llegar a Chemoris y prometió arreglarles la vida para siempre a los agentes.

Los propios policías admitieron después ante sus superiores que tenían miedo. Uno de ellos recordó entonces el homenaje rendido dos semanas antes al sobreviviente del ataque de mayo de 2015 contra un helicóptero Cougar, hecho en el que viajaban 18 policías federales y militares; nueve de ellos murieron, ese recuerdo, dijo, le hizo pensar que no los dejarían solos.

La orden superior fue tomarle una fotografía a Guzmán para validar la captura y corroborar su identidad. Esa imagen fue enviada al comisionado nacional de Seguridad Renato Sales, quien a su vez la remitió al secretario de Gobernación.

Los agentes ocultaron a Guzmán en el motel Doux mientras llegaban refuerzos

Para entonces ya había llegado una segunda patrulla con dos agentes más. El grupo resolvió buscar una zona segura y eligió el motel Doux, donde escondieron las unidades en el garaje para que no fueran visibles desde la calle.

Tomaron la habitación 51, ubicada al fondo, y también la 19, que conectaba con la azotea. Dos policías subieron a ese punto con armas largas y esperaron un posible ataque; incluso vieron pasar un helicóptero de la Marina y le hicieron señas, pero el piloto no los vio.

Los otros dos elementos permanecieron en la habitación 51 con Guzmán. A Gastélum lo dejaron esposado en una de las patrullas para concentrarse en la custodia del líder criminal, al que volvieron a fotografiar para informar dónde lo tenían.

Sentado al borde de la cama, Guzmán observó a los agentes y trató de sobornarlos con empresas, casas, negocios y dinero. Más tarde llegaron seis agentes adicionales y el capo insistió en que lo rescatarían, que habría un regadero de sangre y que todavía podían ayudarlo a llegar a Chemoris.

Uno de los policías le ordenó callarse y pidió a sus compañeros que no hablaran con él. Pasaron otros 20 minutos antes de que arribaran marinos y soldados.

Cuando finalmente entraron los elementos de la Marina y del Ejército, uno de los mandos que ya lo había detenido en 2014 le dijo: “Se te acabaron tus vacaciones de seis meses”. Guzmán respondió: “Sí, se me acabaron”.

Orso Iván Gastélum era el hombre de confianza que acompañó a Guzmán

La captura también incluyó a Orso Iván Gastélum Cruz, conocido como “El Cholo Iván”, identificado por el gobierno federal como lugarteniente del Cártel de Sinaloa y jefe de esa organización en la zona norte del estado, con presencia particular en Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado.

Hasta ese viernes por la mañana, Gastélum era buscado por autoridades federales después de haberse fugado de un penal de Culiacán cuando se organizaba una fiesta en el interior. Ya había sido detenido por primera vez en 2005 por elementos del Ejército en la colonia Lombardo Toledano, en Culiacán, y volvió a escapar del penal el 9 de agosto de 2009.

Su peso dentro de la organización creció tras la segunda fuga de Guzmán, ocurrida en julio de 2015 en el penal del Altiplano, en el Estado de México. Versiones oficiales lo ubicaron como participante en el traslado del capo, un antecedente que reforzó su condición de hombre de confianza.

También fue señalado como la pieza encargada de contener la ofensiva de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapito Isidro”, líder del grupo de Los Beltrán Leyva y adversario de Guzmán en la zona norte de Sinaloa. En 2012 sostuvo además un enfrentamiento público con el general Antonio Gurrola Calzada, a quien acusó mediante mantas de haber matado a su supuesta novia María Susana Flores, “Mujer Sinaloa 2012”, quien fue privada de la vida en noviembre de 2014.

Horas antes de su arresto definitivo, Gastélum había logrado escapar del operativo desplegado en Los Mochis, donde murieron seis personas y cinco más fueron detenidas. La confirmación de su identidad llegó después de que las autoridades revisaron a los capturados.

El operativo Cisne Negro comenzó antes del amanecer y duró cerca de seis horas

La acción que culminó con la tercera y última captura de Guzmán empezó alrededor de las 4:00 de la mañana, cuando Fuerzas Especiales de la Semar irrumpieron en un inmueble de Los Mochis tras trabajos de inteligencia que ubicaron ahí a un integrante de alto nivel del Cártel de Sinaloa.

La operación, llamada Cisne Negro, derivó en enfrentamientos con integrantes del grupo criminal. En los intercambios se reportó que había tres hombres, uno abatido y dos mujeres; después, Guzmán y Gastélum lograron huir por los túneles de drenaje.

La lluvia registrada en la entidad elevó el nivel del agua en esas estructuras subterráneas. Esa condición los obligó a salir a la superficie y aceleró una secuencia que terminó con su detección en la carretera.

El operativo duró aproximadamente seis horas y estuvo a cargo de Marco Antonio Ortega Siu, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina. La captura final de Guzmán Loera y de “El Cholo Iván” ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana.

• Guzmán y Gastélum escaparon por el drenaje de Los Mochis, robaron dos autos y fueron interceptados en la carretera Los Mochis-Navojoa.
• Los agentes ocultaron al capo en el motel Doux mientras esperaban refuerzos ante la amenaza de 30 camionetas con hombres armados.
• “El Cholo Iván” era lugarteniente del Cártel de Sinaloa y hombre de confianza de Guzmán tras la fuga del Altiplano en 2015.

Elaine Escoe se declaró no culpable este lunes ante un tribunal federal del sur de Florida por su presunta participación en un fraude de USD 32 millones con programas de alivio por la pandemia, en un nuevo capítulo del caso que la llevó a integrar la lista de los fugitivos por fraude más buscados por el FBI antes de su captura en Jamaica.

La audiencia se celebró después de su extradición a Estados Unidos, ocurrida semanas atrás, y marcó el inicio formal de la nueva etapa judicial para la acusada.

Sun Sentinel informó que Escoe compareció ante la jueza magistrada Brandy Brentari Galler, renunció a la lectura formal de la acusación y pidió ser juzgada por un jurado. El trámite, de acuerdo con ese medio, duró cerca de siete minutos.

La mujer enfrenta cargos por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para lavar dinero, ocultamiento de lavado de dinero y lavado de dinero transaccional, dentro de un expediente federal que ya dejó condenas para otros involucrados.

Qué dice la acusación sobre el esquema de fraude

La acusación federal sostiene que Elaine Escoe formó parte de una maniobra para presentar solicitudes falsas por más de USD 32 millones a distintos programas creados para sostener empresas afectadas por la emergencia sanitaria.

Entre ellos figuran el Paycheck Protection Program, el Restaurant Revitalization Fund, el Shuttered Venue Operators Grant y el Economic Injury Disaster Loan.

De acuerdo con la reconstrucción publicada por Fox 5 DC, los investigadores atribuyen al grupo la presentación o asistencia en la presentación de pedidos fraudulentos sustentados en datos falsos sobre la existencia de empresas, sus nóminas salariales, ingresos y operaciones.

Para respaldar esas solicitudes, los acusadores afirman que se habrían utilizado declaraciones impositivas falsas, registros bancarios fabricados y otros documentos financieros adulterados.

Fox 5 DC precisó que una parte de las solicitudes estaba asociada a empresas manejadas por los propios acusados, mientras que otras se presentaban para terceros a cambio de retornos significativos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró, citado por ese medio, que algunos de esos pagos llegaron a “hasta el 50% del dinero obtenido” y que luego los fondos circularon entre los miembros de la red mediante maniobras de lavado.

La captura en Jamaica y el antecedente de la fuga

Antes de esta audiencia, el caso ya había adquirido visibilidad internacional por la fuga de la acusada.

Fox News informó semanas atrás que Elaine Escoe permaneció prófuga durante más de un año en Jamaica y que, durante ese período, habría utilizado el nombre falso de Harley Newman.

La reconstrucción publicada entonces señaló que el proceso judicial dio un giro en mayo de 2025, cuando la mujer no se presentó ante la justicia federal luego de ser imputada por delitos vinculados a fraude y lavado de dinero.

A partir de esa ausencia, se emitió una orden de arresto federal y el FBI la incorporó a su lista de “Most Wanted Fraudsters”, con una recompensa de hasta USD 150.000 por información que permitiera localizarla y obtener una condena.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI afirmaron que la investigación avanzó tras una pista sobre su paradero en Jamaica.

Fox News aseguró que el operativo incluyó cooperación entre autoridades jamaicanas y agencias estadounidenses, entre ellas el FBI, el U.S. Marshals Service y el Departamento de Estado. Ese procedimiento permitió su captura y posterior traslado al sur de Florida en julio.

Los otros condenados y el próximo paso del caso

El expediente ya tuvo definiciones para el resto de los acusados. Fox 5 DC informó que Alfred Davis, Cher Davis y Latoya Clark fueron declarados culpables por un jurado federal, mientras que James McGhow y Gino Jourdan se declararon culpables.

Ese medio añadió que Alfred Davis recibió una pena de 19 años y medio de prisión, Cher Davis fue condenada a 7 años, Clark a 5 años, y Jourdan y McGhow a 3 años cada uno.

Las autoridades federales consideran que Escoe era la última acusada pendiente en esta causa, una definición que ya había sido anticipada en coberturas previas sobre su extradición.

Ahora, tras la declaración de no culpabilidad presentada en el tribunal, el caso seguirá su curso en la justicia federal de Florida a la espera de que se fijen las próximas audiencias y la eventual fecha del juicio.

Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron a un adolescente presunto integrante del Barrio 18, conocido como “Fantasma”, y a su madre, Lesly “N”, por delitos asociados al tráfico de drogas y lavado de dinero.

El operativo se realizó en la colonia Entre Ríos, del municipio de Monjas, Jalapa, donde unidades especializadas de la Policía Nacional Civil (PNC) interceptaron a los implicados durante una intervención focalizada contra estructuras criminales.

El despliegue policial permitió ubicar a “Fantasma”, de 17 años, quien fue identificado como miembro activo del Barrio 18. Durante el registro, los agentes incautaron diez bolsas plásticas con polvo blanco con características similares a la cocaína, lo que motivó la remisión inmediata del menor a la instancia judicial correspondiente. Lo incautado coincide con los denominados “colmillos”, modalidad frecuente en el narcomenudeo local.

En el mismo procedimiento, las autoridades solicitaron la solvencia de la madre del adolescente, identificada como Lesly “N”, de 38 años.

Al constatar la identidad de la mujer, los oficiales verificaron que figuraba como requerida por un juzgado del departamento de Guatemala desde diciembre de 2021, bajo cargos por lavado de dinero y otros activos. El sistema de antecedentes policiales reveló además registros previos contra Lesly “N” por obstrucción extorsiva de tránsito y asociaciones ilícitas.

Vínculos familiares y antecedentes criminales

Las investigaciones preliminares de la PNC apuntan a que ambos capturados son originarios de Santa Catarina Pinula. El vínculo familiar y el historial delictivo de la madre refuerzan la hipótesis de una operación criminal conjunta. En este caso, la capturada ha sido señalada en casos previos por su presunta participación en actividades de encubrimiento y manejo de fondos derivados de extorsiones.

Según datos del Ministerio de Gobernación, el 45% de los familiares capturados junto a pandilleros están involucrados en operaciones de lavado de dinero, empleadas para blanquear recursos obtenidos de actividades ilícitas.

En el caso de “Fantasma”, su primo, alias “Guasón”, también figura entre los detenidos recientes por hechos armados en la región, lo que evidencia la operatividad familiar dentro de estas estructuras.

Estadísticas sobre narcomenudeo y capturas recientes

El narcomenudeo constituye uno de los principales motores económicos de las maras y pandillas en el país. ElPeriódico reportó que las capturas por tráfico de drogas al menudeo aumentaron un 15% respecto al año anterior. Además, el 22% de las remisiones de menores de edad por estos delitos involucran a integrantes del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha.

Durante 2026, la PNC ha decomisado más de 35,000 envoltorios de sustancias ilícitas —principalmente cocaína, crack y marihuana— en operativos urbanos y departamentales. Las cifras oficiales también reflejan que el 30% de las aprehensiones de familiares directos (madres, hermanos o parejas) corresponden a delitos de asociación ilícita y obstrucción extorsiva.

Proyecciones y operatividad de estructuras familiares

Especialistas en investigación antiextorsiones sostienen que el 25% de las estructuras criminales operan bajo esquemas de relevo familiar y protección logística en comunidades vulnerables. Según Prensa Libre, la tendencia a incorporar a miembros del núcleo familiar responde a estrategias de encubrimiento y continuidad operativa, dificultando el desmantelamiento total de estas redes.

La detención de “Fantasma” y su madre en Jalapa se suma a una serie de acciones coordinadas para debilitar las finanzas y la capacidad logística de las pandillas en Guatemala. Las autoridades mantienen bajo custodia a ambos implicados mientras continúan las investigaciones para identificar posibles ramificaciones de la estructura criminal.

Las fuerzas de seguridad guatemaltecas realizaron la captura de la presunta cabecilla de una estructura criminal dedicada a la estafa con visas falsas para trabajar en Estados Unidos.

Según informó la Policía Nacional Civil (PNC), el procedimiento se ejecutó con el apoyo de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y fiscales del Ministerio Público (MP).

El operativo se llevó a cabo en residenciales Agua Santa, en Boca del Monte, municipio de Villa Canales, del departamento de Guatemala en cumpliendo con una orden de aprehensión emitida el 10 de febrero de 2026 por un juzgado del departamento de Santa Rosa.

La detenida fue identificada como Wendy “N”, de 39 años, acusada de casos especiales de estafa.

Eran engañados

De acuerdo con las pesquisas oficiales, la investigación comenzó tras múltiples denuncias de víctimas engañadas por supuestas gestiones de documentación migratoria para Estados Unidos.

La estructura criminal tenía como principal zona de operación el municipio de Chiquimulilla, Santa Rosa, donde ofrecía la tramitación de visas laborales a cambio de grandes sumas de dinero.

Durante el allanamiento, los agentes incautaron tres pasaportes, dos teléfonos celulares, comprobantes de pago tipo vouchers, una libreta bancaria y documentos varios que pasarán a fortalecer el expediente fiscal.

Según detalló la PNC, el perjuicio económico acumulado por la red supera el millón de quetzales (USD 128.2 mil), afectando a decenas de ciudadanos que buscaban oportunidades laborales en el extranjero.

“La investigación se mantiene abierta y ya suman dos personas detenidas en conexión con este caso específico”, reportó la DEIC.

Las autoridades consideran que la detención de Wendy “N” representa un avance en la lucha contra el fraude migratorio en el país.

Antecedentes de fraudes similares y modus operandi

El caso reciente expone prácticas recurrentes en redes de estafadores que utilizan la promesa de visas laborales para Estados Unidos como gancho para captar víctimas.

Según antecedentes reportados por el Ministerio Público, estructuras similares han sido desarticuladas en el pasado mediante decenas de allanamientos.

En una de las investigaciones más amplias, se detectó una red que se hacía pasar por empresa legal y organizaba charlas informativas masivas para atraer interesados, acumulando cerca de 2 millones de quetzales (USD 256 mil) en pagos fraudulentos.

Otras organizaciones han empleado métodos digitales, simulando videollamadas con supuestos funcionarios estadounidenses para persuadir a los afectados y lograr que entreguen fuertes sumas de dinero bajo la promesa de una rápida adjudicación de visas.

Estas prácticas afectan principalmente a personas que buscan alternativas de migración segura y legal, pero terminan perdiendo sus ahorros en esquemas fraudulentos.

“La modalidad de engaño evoluciona y, en ocasiones, involucra actores transnacionales que utilizan documentos falsificados y plataformas digitales”, han repetido autoridades del MP en diferentes oportunidades.

Recomendaciones para evitar fraudes migratorios

Ante el incremento de denuncias, las autoridades nacionales e internacionales han reforzado las campañas de prevención y advierten a la población sobre los siguientes puntos clave:

• Todas las gestiones de visas estadounidenses deben realizarse de manera personal y los pagos de aranceles se efectúan únicamente a través de los mecanismos oficiales establecidos por la Embajada de Estados Unidos.
• Ninguna institución legítima solicita grandes sumas de dinero por adelantado ni depósitos en cuentas particulares.
• Se recomienda evitar intermediarios informales, como tramitadores empíricos, notarios sin respaldo o agencias que prometan una aprobación garantizada, ya que la decisión final siempre corresponde al consulado.

Las autoridades piden a la ciudadanía mantenerse informada y denunciar cualquier intento de estafa ante la Policía Nacional Civil o el Ministerio Público para contribuir a la erradicación de estas redes.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC), ejecutó este viernes una orden de captura contra un hombre señalado de participar en una red dedicada al tráfico ilícito de migrantes hacia Estados Unidos.

La captura se realizó en el barrio Laura Lanza, en el municipio de Concordia, departamento de Olancho, informó la Policía.

El detenido, de 45 años, es originario de San Pedro Sula, Cortés, y tenía su residencia en Concordia. Sobre él pesaba una orden de captura emitida el 16 de abril de 2026 por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Choluteca.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el sospechoso es requerido por el delito de tráfico ilegal de personas, en perjuicio de la libertad y seguridad de las personas.

Las investigaciones desarrolladas por la UTIC apuntan a que el detenido formaba parte de una estructura criminal dedicada al tráfico ilícito de migrantes, que habría afectado a unas 50 víctimas documentadas hasta el momento.

Según las pesquisas, la organización operaba mediante un esquema que le permitía obtener importantes cantidades de dinero a cambio de facilitar el traslado irregular de personas con destino a Estados Unidos.

Los cobros establecidos por la estructura criminal oscilaban entre 14 mil y 15 mil dólares por cada persona, de acuerdo con los investigadores.

Las autoridades señalan que el sospechoso también habría aceptado vehículos y bienes inmuebles como parte o totalidad del pago exigido a los migrantes o sus familiares.

Posteriormente, esos bienes eran registrados a nombre de terceras personas, una modalidad que, según la investigación, habría sido utilizada para ocultar el origen de los recursos y bienes obtenidos mediante las actividades ilícitas.

Dentro de las líneas de investigación, la Policía identificó que la estructura utilizaba puntos ciegos en las fronteras con el propósito de evadir los controles migratorios.

En ese esquema, el departamento de Olancho habría sido utilizado como una zona de alojamiento y tránsito antes de continuar con el recorrido de los migrantes.

La investigación también contempla la posible participación del detenido en actos de extorsión contra los propios migrantes durante el trayecto, por lo que las autoridades continúan recopilando elementos que permitan determinar el alcance de sus actividades.

Uno de los casos documentados por los investigadores se remonta a marzo de 2022, cuando el sospechoso presuntamente acordó trasladar de manera irregular a una persona hacia Estados Unidos.

Como parte del pago por el viaje, habría recibido un Honda Civic, modelo 2014, valorado en aproximadamente 290 mil lempiras.

Sin embargo, el intento de ingreso irregular a Estados Unidos no habría tenido éxito. La víctima fue posteriormente deportada, mientras que el ahora detenido se habría negado a realizar un nuevo intento de traslado.

Según las investigaciones, tampoco habría devuelto el vehículo que recibió como pago, ocasionando un perjuicio patrimonial al afectado.

Las autoridades consideran este caso como uno de los elementos que forman parte de la investigación contra la estructura señalada de dedicarse al tráfico de migrantes.

Tras concretarse la captura, el sospechoso fue puesto de manera inmediata a disposición del juzgado que emitió la orden de captura, donde deberá responder por los cargos que se le imputan.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan con el objetivo de determinar la participación de otras personas y establecer la dimensión de la estructura dedicada al tráfico ilegal de migrantes.

Será el sistema de justicia el encargado de determinar la responsabilidad penal del detenido conforme avance el proceso judicial.

El ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, aseguró que las autoridades mantienen una búsqueda intensiva para capturar al líder de la estructura criminal conocida como “El Diablo”, quien, según afirmó, permanece oculto en territorio hondureño pese a los constantes operativos desarrollados por las fuerzas de seguridad.

El funcionario sostuvo que la Policía Nacional ha reforzado las intervenciones en distintos puntos del país como parte de una estrategia orientada a debilitar a las organizaciones criminales que operan en zonas de alta incidencia delictiva.

En ese contexto, señaló que los recientes ataques armados contra patrullas policiales son una respuesta de estos grupos ante la presión que ejercen las autoridades.

Velásquez explicó que la estrategia de seguridad contempla operativos focalizados en sectores considerados prioritarios por los altos niveles de violencia y la presencia de estructuras criminales.

Según indicó, estas acciones han provocado una reacción violenta por parte de integrantes de bandas delictivas que buscan impedir el avance de las operaciones policiales.

Durante los últimos meses, diferentes patrullas de la Policía Nacional han sido atacadas a disparos mientras desarrollaban labores de vigilancia y persecución del delito.

Para el ministro, estos hechos evidencian que las organizaciones criminales han visto afectada su capacidad de operación debido a las intervenciones ejecutadas por las fuerzas de seguridad.

El titular de Seguridad informó que una fuerza especial de intervención mantiene operaciones permanentes en el norte del país, especialmente en San Pedro Sula, donde recientemente participó en la desarticulación de la banda conocida como “La Kleibona”, que operaba en el sector de los bajos de Choloma.

Asimismo, detalló que los operativos continúan en zonas como Chamelecón y Rivera Hernández, consideradas por las autoridades como puntos estratégicos debido a la actividad de grupos criminales vinculados con distintos delitos.

Respecto a la búsqueda de “El Diablo”, Velásquez confirmó que los equipos especializados continúan realizando incursiones en áreas montañosas donde se presume que el líder criminal ha permanecido oculto para evadir la acción de la justicia.

Según explicó, durante los operativos las autoridades han logrado localizar varios de los sitios que presuntamente eran utilizados por la estructura para esconderse. Sin embargo, reconoció que hasta el momento no ha sido posible concretar la captura del principal objetivo de la investigación.

“Todavía seguimos buscando a ‘El Diablo’. Está en el país y ya hicimos varios operativos en las montañas donde hemos descubierto los lugares donde se han estado escondiendo; sin embargo, aún no ha sido posible desarticular completamente esa estructura”, manifestó el ministro.

Velásquez también se refirió a la circulación de videos violentos en redes sociales, los cuales, según dijo, forman parte de una estrategia utilizada por algunas organizaciones criminales para generar temor entre la población.

El funcionario explicó que parte del material audiovisual corresponde a hechos reales, mientras que otras grabaciones habrían sido obtenidas de internet y reutilizadas como propaganda con el propósito de intimidar a la ciudadanía y proyectar una imagen de mayor poder por parte de estos grupos delictivos.

En relación con el triple homicidio ocurrido recientemente en La Ceiba, el ministro indicó que las investigaciones apuntan de forma preliminar a un posible conflicto relacionado con el tráfico de drogas. No obstante, evitó ofrecer mayores detalles para no afectar las diligencias que actualmente desarrolla el Ministerio Público.

Durante su comparecencia, Velásquez también presentó un balance de los resultados obtenidos por la estrategia de seguridad implementada durante los primeros 180 días del año.

De acuerdo con las cifras oficiales, Honduras registró una reducción del 6.8 % en la incidencia de homicidios, lo que permitió disminuir la tasa nacional hasta 26.2 muertes por cada 100 mil habitantes.

El ministro aseguró que la meta del Gobierno es reducir al menos dos puntos adicionales antes de que finalice el año. De alcanzarse ese objetivo, afirmó, el país registraría más de 200 homicidios menos en comparación con el mismo período anterior.

Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho” o “La Quiringua”, identificado por autoridades mexicanas y estadounidenses como líder del Cártel de Los Reyes, fue ingresado este martes al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 “El Altiplano”, en el Estado de México, luego de ser detenido el pasado sábado en Michoacán.

El traslado desde la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) al penal de máxima seguridad ocurrió bajo un fuerte dispositivo de seguridad, después de que el presunto líder criminal fuera puesto a disposición de las autoridades federales tras su captura en un operativo desplegado en el municipio de Los Reyes de Salgado.

Fernández Magallón fue detenido el 1 de agosto por elementos del Ejército Mexicano, con apoyo de la Guardia Nacional y otras instituciones de seguridad, en una operación que generó una reacción del grupo criminal al que presuntamente encabezaba, con bloqueos carreteros e incendios de vehículos en la región.

Tras el aseguramiento, integrantes del Cártel de Los Reyes realizaron bloqueos en distintos puntos de Michoacán, principalmente en los municipios de Los Reyes y Peribán, donde se reportó la quema de unidades, entre ellas un camión de pasajeros.

La captura fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que Fernández Magallón era considerado un objetivo prioritario por su presunta participación en actividades delictivas.

De acuerdo con autoridades mexicanas, “Poncho la Quiringua” contaba con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín. Durante su detención fue localizado junto con otras dos personas y se aseguraron armas, municiones y droga, según reportes oficiales.

“La Quiringua”, objetivo de Estados Unidos por narcotráfico

Fernández Magallón también era buscado por autoridades estadounidenses. El gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permitiera su captura, debido a una investigación relacionada con tráfico de drogas y delitos vinculados con armas de fuego.

El Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés) lo identificó como dirigente del Cártel de Los Reyes, una organización integrada a Cárteles Unidos, alianza criminal con presencia en Michoacán.

La investigación estadounidense contra esta estructura comenzó en 2019, luego de un accidente vehicular registrado en Knoxville, Tennessee, donde fue localizado un cargamento de metanfetamina. Posteriormente, un cateo en Georgia permitió asegurar más drogas, entre ellas metanfetamina, fentanilo y heroína.

Las autoridades de Estados Unidos señalaron que la investigación permitió rastrear el tráfico de sustancias hacia México y ubicar a Cárteles Unidos como una de las organizaciones responsables. En el caso de Fernández Magallón, lo relacionaron con el envío de drogas durante décadas y con el control de pistas de aterrizaje utilizadas para transportar cocaína desde Colombia hacia Michoacán.

En 2023, el Departamento de Justicia estadounidense presentó una acusación formal contra “La Quiringua” en el Distrito de Columbia por conspiración para importar drogas y delitos relacionados con armas de fuego.

Posteriormente, en 2025, Washington anunció sanciones contra integrantes de Cárteles Unidos y publicó recompensas por sus principales operadores. Entre ellos se encontraba Fernández Magallón, junto con Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, identificado como líder del Cártel de Tepalcatepec; Nicolás Sierra Santana, alias “El Gordo”; Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El R5”; y Edgar Orozco Cabadas, alias “El Kamoni”.

Señalado por ataques con drones contra fuerzas de seguridad

Además de los cargos por narcotráfico, autoridades mexicanas vincularon a Fernández Magallón con ataques contra fuerzas de seguridad mediante el uso de drones.

Según reportes oficiales, “Poncho la Quiringua” habría sido responsable de agresiones registradas contra elementos militares en Cotija, en enero de 2025, así como en Tingüindín y Jacona, en 2026.

La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que el Cártel de Los Reyes mantiene presencia en municipios como Cotija de la Paz, Tocumbo, Los Reyes de Salgado, Buenavista Tomatlán y Peribán, donde presuntamente realiza actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión, robo de vehículos y privación ilegal de la libertad.

La organización forma parte de Cárteles Unidos, una alianza de grupos criminales michoacanos creada para enfrentar la expansión de organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras su detención, el gobierno de Michoacán y autoridades estadounidenses destacaron el aseguramiento como un golpe contra la estructura criminal. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla calificó la captura como una acción contra un objetivo prioritario, mientras que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que el operativo representaba un avance en la cooperación de seguridad entre ambos países.

La PNC confirmó dos capturas durante la puesta en marcha del plan Anillo de Contención en el barrio El Gallito, en la zona 3 de la Ciudad de Guatemala.

Las detenciones se lograron con la verificación de órdenes judiciales vigentes, como parte de una estrategia para prevenir delitos y localizar ilícitos en sectores con alta incidencia criminal.

El despliegue no se limitó a ese barrio. De acuerdo con la información oficial, la operación comenzó desde tempranas horas del domingo 2 de agosto y abarcó también las colonias La Trinidad, Buena Vista, Santa Luisa, La Arenera, El Esfuerzo, Santa Isabela y Las Calaveras, con puestos fijos de control, recorridos preventivos y verificaciones.

Las dos detenciones ocurrieron a pocas horas de iniciado el plan. La primera fue la de Jhonatan “N”, de 30 años, requerido por un juzgado de Guatemala desde el 23 de marzo por lavado de dinero u otros activos; la segunda, la de Víctor “N”, de 36 años, buscado desde el 12 de mayo por un juzgado especializado en femicidio de Guatemala por un proceso relacionado con violencia contra la mujer, según informó la Policía Nacional Civil.

El operativo se extendió a varios sectores de la zona 3 capitalina

La captura de Jhonatan “N” estuvo a cargo de agentes de la comisaría 11 y de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, conocida como SGAIA. La aprehensión se realizó en El Gallito, uno de los puntos donde se concentró el dispositivo de seguridad.

En otro sector de la misma colonia fue detenido Víctor “N”. La PNC indicó que, tras verificar sus antecedentes, estableció que tenía una orden de captura activa por el proceso vinculado con violencia contra la mujer.

El bloque de seguridad incluye participación del Ejército de Guatemala junto con unidades policiales especializadas. La operación, según la versión oficial difundida por la agencia estatal, fue diseñada para reforzar la seguridad ciudadana mediante un aumento de la presencia policial en áreas consideradas de atención prioritaria.

Ese refuerzo se traduce en controles e inspecciones en puntos definidos de la capital. Según las autoridades policiales, la intención es mantener presencia constante en sectores estratégicos con el objetivo de ubicar a personas requeridas por la justicia y contrarrestar estructuras criminales.

Las actividades contaron con el apoyo de agentes K-9, entrenados para la detección de drogas, explosivos, armas y otros ilícitos.

El plan arrancó un día después de otra captura en el mismo barrio

El inicio del Anillo de Contención ocurrió un día después de otra detención en El Gallito. La PNC había capturado en ese mismo barrio a Christopher “N”, alias “El Gato”, señalado por las autoridades como presunto integrante del Barrio 18, pese a que el sector está controlado, principalmente por pandilleros de la Mara Salvatrucha.

El joven fue detenido cuando presuntamente se disponía a cometer un ataque armado. Las autoridades afirmaron que portaba una pistola con reporte de robo, municiones y un teléfono celular que sería analizado dentro de la investigación.

La explicación oficial sobre el alcance del plan apunta a una continuidad de los operativos más allá de esta jornada. La PNC aseguró que el Anillo de Contención seguirá en distintos puntos de la capital como parte de las acciones orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana y ejecutar órdenes judiciales pendientes.

Un amplio operativo de inteligencia ejecutado por las Fuerzas Armadas de Honduras en la zona fronteriza de El Amatillo culminó con la detención de un ciudadano salvadoreño señalado por las autoridades como presunto integrante de una estructura criminal que opera en la región centroamericana.

La captura se produjo durante acciones de vigilancia desarrolladas por efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta Lenca Sumpul y de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), unidades que mantienen presencia permanente en uno de los pasos fronterizos más importantes del país para reforzar la seguridad nacional y prevenir el ingreso de personas vinculadas al crimen organizado.

Según el informe oficial, el ciudadano fue requerido tras detectarse que había ingresado de manera irregular al territorio hondureño. Las verificaciones realizadas por los equipos de inteligencia permitieron establecer elementos que dieron paso a una investigación más detallada sobre su identidad y posibles antecedentes.

El detenido fue identificado como Henry Zalaya Umanzor, de 45 años, conocido con el alias de “El Gordo”, originario del municipio de Pasaquina, departamento de La Unión, en El Salvador.

De acuerdo con la información proporcionada por las Fuerzas Armadas, el ciudadano posee antecedentes penales en su país por los delitos de falsificación de documentos y robo agravado, registros que fueron confirmados durante el proceso de verificación de información realizado por las instituciones competentes.

Sospechas de vínculos con la Pandilla 18

Las investigaciones desarrolladas por los organismos de seguridad apuntan a que Zalaya Umanzor sería presunto miembro activo de la Pandilla 18, una organización criminal con presencia en distintos países de Centroamérica y señalada por las autoridades de la región por su presunta participación en diversos delitos.

Como parte del procedimiento de identificación, especialistas realizaron análisis periciales al detenido, que permitieron detectar que varios de los tatuajes visibles en su cuerpo habían sido alterados con nuevos diseños.

La hipótesis de los investigadores sostiene que los nuevos tatuajes fueron realizados para cubrir o disimular los símbolos que originalmente hacían referencia a la estructura criminal, una práctica que, de acuerdo con los cuerpos de seguridad, ha sido utilizada por presuntos integrantes de pandillas para dificultar su identificación durante operativos policiales o controles migratorios.

Mario Rivera portavoz de las Fuerzas Armadas dijo que " que los análisis técnicos permitieron identificar rastros de los diseños originales, lo que fortaleció las sospechas sobre la presunta pertenencia del detenido a la organización criminal".

El operativo en El Amatillo

El operativo fue resultado de labores de inteligencia desarrolladas durante varios días en el corredor fronterizo de El Amatillo, considerado uno de los principales puntos de conexión terrestre entre Honduras y El Salvador.

Las autoridades han reforzado la presencia militar y policial en esta zona debido al constante flujo de personas y mercancías que transitan diariamente entre ambos países, así como por el riesgo de que estructuras criminales intenten movilizar a sus integrantes utilizando rutas fronterizas.

Como parte de estas acciones se ejecutan inspecciones migratorias, patrullajes, controles vehiculares, verificación de identidad y análisis de información de inteligencia para detectar personas con órdenes de captura, antecedentes penales o posibles vínculos con organizaciones delictivas.

Las autoridades hondureñas informaron que el detenido registra antecedentes judiciales en El Salvador por los delitos de falsificación de documentos y robo agravado.

Aunque no se detalló la fecha en que ocurrieron esos procesos ni el estado actual de estos, la información fue incorporada al expediente elaborado durante el procedimiento realizado por las autoridades hondureñas.

Tras concluir las diligencias iniciales en el lugar de la detención, Zalaya Umanzor fue trasladado a las instalaciones de la Aduana de El Amatillo para desarrollar el procedimiento administrativo correspondiente por su ingreso irregular al territorio hondureño.

Posteriormente, conforme a los protocolos de coordinación existentes entre ambos países, el ciudadano fue entregado a las autoridades salvadoreñas, que asumirán las actuaciones legales que correspondan de acuerdo con su legislación.

Las autoridades destacaron que la cooperación regional ha permitido mejorar el intercambio de información sobre personas investigadas por presuntos vínculos con estructuras criminales, facilitando su identificación cuando intentan cruzar las fronteras centroamericanas.

Este sábado, Morena emitió un posicionamiento para aclarar la situación de Roldán Álvarez Ayala, hermano de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, luego de la detención de este último como presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

A través de un comunicado difundido por su Comité Ejecutivo Nacional, el partido afirmó que Ramón Ángel Álvarez Ayala nunca ha sido militante ni ha ocupado cargo alguno dentro de Morena, por lo que rechazó cualquier vínculo con el detenido.

En el mismo documento, el instituto político precisó que Roldán Álvarez Ayala sí formó parte de Morena, aunque informó que fue expulsado desde noviembre de 2025.

“Morena reitera que se distancia categóricamente y rechaza que el individuo ahora detenido sea o haya sido miembro del Partido, ya que no ha pertenecido ni ocupado ningún cargo dentro de nuestro movimiento”, señaló el partido al referirse a “El R1”.

Asimismo, sostuvo que en sus filas “no se encubre a nadie, no se tolera ninguna relación con el crimen organizado y no se solapan complicidades”, además de expresar su respaldo a las investigaciones para esclarecer el homicidio de Carlos Manzo y sancionar a todos los responsables.

El partido también recordó que, desde noviembre de 2022, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó públicamente la liberación de Ramón Ángel Álvarez Ayala y criticó las prácticas de impunidad que, dijo, persistían en el sistema judicial.

¿Quién es Roldán Álvarez Ayala?

Roldán Álvarez Ayala es un político michoacano que inició su trayectoria en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), instituto político con el que fue presidente municipal de Apatzingán. Posteriormente ocupó diversos cargos en la administración pública estatal antes de incorporarse a Morena.

De acuerdo con el propio partido, Roldán participó en la vida interna de Morena en Michoacán; sin embargo, no detalló qué cargo desempeñó dentro de su estructura. La dirigencia únicamente informó que fue expulsado de sus filas en noviembre de 2025.

Su nombre volvió a cobrar relevancia tras la captura de su hermano, Ramón Ángel Álvarez Ayala, debido a que ambos comparten parentesco, aunque Morena insistió en que la trayectoria política de Roldán no implica un vínculo institucional con las actividades ilícitas que las autoridades atribuyen a “El R1”.

¿De qué acusan a “El R1”?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) identifica a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, como presunto líder de “Los Rs”, una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las autoridades federales atribuyen a este grupo delitos como extorsión, homicidios y tráfico de drogas en distintas regiones de Michoacán, además de afectar a productores, empresarios y habitantes mediante el cobro de extorsiones.

Según la SSPC, “El R1” es señalado como presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que su captura fue resultado de varios meses de trabajos de inteligencia e investigación realizados por la dependencia, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y el Centro Nacional de Inteligencia.

Con esta detención, las autoridades informaron que ya suman 31 personas capturadas por su presunta relación con el homicidio del exalcalde de Uruapan.

La difusión de un video en redes sociales terminó con la captura de una mujer identificada como Tirsa Borjas, señalada de agredir y amenazar a su propia madre durante un episodio de violencia intrafamiliar ocurrido en el municipio de Teupasenti, departamento de El Paraíso.

Las imágenes, grabadas por una persona que se encontraba en la vivienda, comenzaron a circular rápidamente en distintas plataformas digitales y provocaron una ola de indignación entre los usuarios, quienes cuestionaron la forma en que la mujer se dirigía a una adulta mayor durante una acalorada discusión.

En la grabación se observa a Tirsa Borjas sosteniendo una faja mientras increpa a su madre y profiere una serie de insultos en su contra. Durante el altercado también golpea un sillón con el objeto, mientras continúa amenazando verbalmente a la mujer.

En el video se escucha a la ahora detenida gritar frases ofensivas contra su madre, en medio de una discusión cuya causa todavía no ha sido detallada por las autoridades. La secuencia muestra un ambiente de tensión dentro de la vivienda, mientras la adulta mayor permanece frente a su hija durante el enfrentamiento.

El material audiovisual también evidencia la presencia de un hombre que registra toda la escena con un teléfono celular.

De acuerdo con lo que se aprecia en la grabación, el hombre —quien presuntamente sería hijo de la mujer agredida— no interviene físicamente en la discusión y únicamente le pide a la adulta mayor que reaccione ante la actitud de su hija, recordándole que ella es su madre.

A medida que transcurren los segundos, la confrontación verbal aumenta de intensidad. La mujer continúa sosteniendo la faja mientras lanza amenazas e insultos, una conducta que posteriormente fue ampliamente criticada por usuarios de redes sociales tras hacerse públicas las imágenes.

La rápida difusión del video permitió que el caso llegara a conocimiento de las autoridades. Luego de analizar el contenido de la grabación, agentes de la Policía Nacional localizaron y procedieron con la detención de Tirsa Borjas, quien ahora deberá responder por los hechos que son investigados por las autoridades competentes.

Hasta el momento, la Policía no ha informado si la adulta mayor sufrió lesiones físicas durante el incidente o si únicamente fue víctima de agresiones verbales y amenazas. No obstante, las investigaciones continúan para establecer todas las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

El caso ha reavivado el debate sobre la violencia contra los adultos mayores, un problema que especialistas consideran muchas veces permanece oculto dentro del entorno familiar debido al temor de las víctimas a denunciar a sus propios familiares o a la dependencia económica y emocional que mantienen con ellos.

Las personas de la tercera edad son consideradas un grupo en condición de especial vulnerabilidad, por lo que las instituciones encargadas de la protección de sus derechos reiteran la importancia de denunciar cualquier forma de maltrato, ya sea físico, psicológico, verbal, patrimonial o por abandono.

El episodio ocurrido en Teupasenti se produce apenas unos días después de otro caso similar que también generó una fuerte reacción entre la población hondureña.

En el barrio Sierra Pina, de La Ceiba, departamento de Atlántida, otra mujer identificada como Yanira Quiroz fue detenida luego de que se viralizara un video en el que aparecía golpeando e insultando a su madre, también una adulta mayor.

Al igual que en el caso de Tirsa Borjas, las imágenes circularon ampliamente en redes sociales antes de que las autoridades intervinieran. La difusión del video provocó una ola de comentarios de rechazo y llevó a la Policía Nacionala ejecutar la captura de la sospechosa.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades legales en el caso de Tirsa Borjas. La investigación busca establecer el alcance de las agresiones registradas en el video y recopilar otros elementos de prueba que permitan esclarecer completamente lo ocurrido.

Lo que parecía ser un saco rojo abandonado entre la maleza terminó revelando uno de los crímenes más impactantes registrados en los últimos días en el departamento de Choluteca.

Habitantes de la comunidad de Sinaí, en el municipio de San Antonio de Flores, se acercaron al lugar por curiosidad, sin imaginar que en su interior se encontraba el cuerpo de un hombre desmembrado.

La víctima fue identificada como Olvin Ariel Aguilera, cuyos restos fueron encontrados dentro del saco con evidentes signos de violencia.

Tras el hallazgo, agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena para realizar las primeras diligencias, mientras personal de Medicina Forense efectuó el levantamiento cadavérico y trasladó el cuerpo para practicar la autopsia correspondiente.

El caso movilizó de inmediato a los equipos de investigación, que durante varios días recopilaron indicios y declaraciones de testigos para reconstruir las últimas horas de vida de la víctima. Como resultado de esas pesquisas, las autoridades lograron la captura de Orlin Joel Pavón Castro, señalado como el principal sospechoso del asesinato.

De acuerdo con la información brindada por la Policía, la principal hipótesis apunta a que el crimen habría sido motivado por celos.

El jefe regional de la Policía Nacional, comisionado José Anariba, explicó que el detenido creía que su compañera de hogar sostenía una relación sentimental con Olvin Ariel Aguilera, situación que presuntamente desencadenó el homicidio.

Sin embargo, el funcionario aclaró que esa versión todavía forma parte de las líneas de investigación y no representa una conclusión definitiva del caso.

Según indicó, algunos testigos han proporcionado declaraciones que contradicen la hipótesis inicial, por lo que los investigadores continúan analizando todas las evidencias antes de establecer el verdadero móvil del crimen.

Las autoridades señalaron que uno de los principales objetivos de la investigación es localizar a la compañera de hogar del detenido, quien desapareció del lugar de los hechos y hasta el momento no ha sido encontrada.

Para los investigadores, el testimonio de la mujer podría convertirse en una pieza clave para reconstruir lo ocurrido antes del asesinato. Su declaración permitiría confirmar o descartar la hipótesis de un crimen pasional, así como establecer cuál era la relación entre la víctima y el principal sospechoso.

Mientras tanto, Orlin Joel Pavón Castro ya enfrenta el proceso judicial correspondiente por su presunta participación en el homicidio.

Será durante las siguientes etapas del procedimiento cuando el Ministerio Público presente los elementos de prueba recopilados por los equipos de investigación para sustentar la acusación.

El hallazgo del cuerpo causó una profunda conmoción entre los habitantes de San Antonio de Flores, una comunidad donde hechos de esta naturaleza son poco frecuentes.

Vecinos manifestaron su sorpresa por la violencia con la que fue cometido el crimen y por la forma en que fueron encontrados los restos de la víctima.

Por ahora, la investigación sigue su curso mientras los equipos policiales y fiscales analizan pruebas científicas, entrevistas y otros indicios recopilados durante los últimos días.

Será el avance del proceso judicial el que determine si la hipótesis de los celos como móvil del asesinato se confirma o si las evidencias conducen a una explicación distinta.

La violencia con la que fue cometido el crimen y el hallazgo del cuerpo desmembrado dentro de un saco abandonado mantienen el caso en el centro de la atención pública, mientras las autoridades trabajan para esclarecer completamente lo sucedido y determinar todas las responsabilidades penales.

La tranquilidad de la comarca Wiwa, ubicada en la jurisdicción de Santa Rita, municipio de Mulukukú, se fracturó drásticamente el pasado sábado 25 de julio de 2026. Lo que prometía ser una jornada habitual de trabajo y convivencia familiar se transformó en una pesadilla de incertidumbre cuando el menor Elder F V, de tan solo 12 años de edad, desapareció sin dejar rastro aparente del seno de su hogar.

La alarma se encendió de inmediato entre sus familiares, dando inicio a una desesperada búsqueda que movilizó a toda la comunidad y a los cuerpos policiales de la región.

El trasfondo de esta desaparición revela un meticuloso esquema de engaño y manipulación. Días antes del suceso, un comerciante ambulante de productos farmacéuticos, medicamentos y perfumes, de 63 años de edad y conocido en los caminos rurales bajo el alias de “Santos el pastillero”, había comenzado a frecuentar la comarca.

El sujeto, identificado posteriormente como Pablo Roque Martínez Delgado, se labró paulatinamente la confianza de los habitantes locales y, en especial, de los padres de Elder.

Con palabras persuasivas y la promesa de una remuneración económica, Martínez Delgado solicitó el permiso formal de los progenitores para que el niño lo acompañara en sus recorridos diarios.

Argumentó que necesitaba la ayuda del menor para trasladar la mercancía, identificar las viviendas de los clientes en las zonas de difícil acceso y servir como guía local a cambio de un pago justo.

Convencidos por la aparente amabilidad del comerciante, los padres accedieron a la petición. Sin embargo, al caer la tarde de aquel sábado 25 de julio, la angustia se apoderó del hogar: el comerciante y el niño jamás regresaron. En un video que fue difundido en redes sociales se observa al menor y al sujeto en una tienda de la zona.

El operativo policial y la captura en Las Pavas

Tras la denuncia formal interpuesta por el padre del menor ante las autoridades del Triángulo Minero, la Policía Nacional activó un exhaustivo plan de búsqueda y rastreo que se extendió por varios municipios colindantes.

Durante más de 72 horas, los investigadores siguieron pistas clave proporcionadas por pobladores que afirmaban haber visto al mercader desplazándose hacia el departamento de Chontales.

La clave del operativo se consolidó la madrugada del martes 28 de julio de 2026. A través de información brindada por habitantes de la zona, quienes observaban con sospecha que un niño salía continuamente de una vivienda en la comarca Las Pavas para ser obligado a vender productos en las calles, la Policía logró fijar la ubicación exacta del sospechoso.

A las 6:00 de la mañana del 28 de julio, las fuerzas del orden ejecutaron la intervención, logrando rescatar sano y salvo al menor y haciendo efectiva la captura inmediata de Pablo Delgado.

La noticia de la ubicación del niño corrió como pólvora en la comarca Wiwa. Horas después de su liberación en El Ayote, el menor fue trasladado de regreso a su hogar en Mulukukú. El reencuentro estuvo cargado de profundas emociones: entre abrazos conmovedores, lágrimas de alivio, gritos de satisfacción y el sonido festivo de los claxones, familiares, amigos y vecinos salieron a las calles para darle la bienvenida al niño.

El infante volvió a los brazos de sus padres, no obstante, este trágico desenlace rescata una seria controversia sobre la cadena de responsabilidad: aunque la comunidad celebró el retorno del menor, diversos sectores señalan que los padres también comparten un grado de responsabilidad en los hechos, dado que fueron ellos quienes autorizaron inicialmente el permiso para que el niño de 12 años acompañara a un desconocido en actividades laborales ambulantes, exponiéndolo a un evidente riesgo.

Aunque el rescate trajo un respiro a la familia, el caso ha tomado un giro severo en el ámbito penal. Además de las imputaciones por rapto, detención ilegal y explotación laboral infantil, sobre Pablo Roque Martínez Delgado pesará una rigurosa investigación por presuntos delitos contra la libertad e integridad sexual en perjuicio del menor.

El menor está siendo sometido a las evaluaciones médicas, forenses y psicológicas correspondientes para determinar la veracidad y el alcance de los abusos presuntamente sufridos durante los días de su desaparición, elementos que serán incorporados al expediente acusatorio.

Un colombiano pedido en extradición fue detenido en el aeródromo de Puerto Lempira durante un operativo coordinado entre el Ministerio Público y unidades especializadas de la Policía Nacional.

El capturado es Fermín Alberto García Isaza y la solicitud fue emitida por autoridades judiciales de Colombia.

El detenido también utilizaba el nombre de Renán Pich Greham. Sobre él pesaba una solicitud de extradición emitida por las autoridades judiciales colombianas, aunque hasta el momento no se revelaron públicamente los delitos específicos por los que es requerido en ese país.

Según el portavoz de la Policía Nacional, el subcomisionado Wilber Mayes Ríos, equipos de inteligencia e investigación siguieron los movimientos del ciudadano colombiano hasta ubicarlo en la terminal aérea de Puerto Lempira, donde ejecutaron la orden de captura antes de que pudiera abandonar el territorio hondureño.

Antecedentes judiciales en Honduras

Las investigaciones revelan que García Isaza ya había sido procesado en Honduras. En 2016 fue capturado en el municipio de Sonaguera, departamento de Colón, por su presunta participación en el delito de lavado de activos.

De acuerdo con la información policial, ese expediente estaba relacionado con el decomiso de 211 kilogramos de droga, incautados en septiembre de 2015 durante una operación desarrollada por las autoridades hondureñas en el litoral atlántico.

Aunque enfrentó un proceso judicial por esos hechos, luego recuperó su libertad tras obtener beneficios penitenciarios derivados de su buen comportamiento mientras permaneció recluido, explicó el portavoz policial.

Tras su detención, García Isaza será puesto a disposición de un juez competente, que deberá conocer la solicitud de extradición y verificar que se cumplan los requisitos establecidos en la legislación hondureña y en los tratados internacionales suscritos por ambos países.

Durante este procedimiento, las autoridades judiciales analizarán la documentación enviada por Colombia antes de resolver si procede o no la entrega del requerido a las autoridades de ese país.

El proceso de extradición contempla varias etapas judiciales, incluidas audiencias en las que se garantiza el derecho a la defensa del solicitado antes de una resolución definitiva.

Capturas con fines de extradición en Honduras

Con este caso, las autoridades hondureñas contabilizan cinco personas capturadas con fines de extradición en lo que va del año, como parte de operaciones desarrolladas por cuerpos de investigación y unidades especializadas.

Las autoridades sostienen que este tipo de acciones continuará en coordinación con organismos nacionales e internacionales. Mientras tanto, García Isaza permanecerá bajo custodia a la espera de que el proceso judicial determine si será extraditado a Colombia para responder por los cargos que motivaron la solicitud presentada por ese país.

Las solicitudes de extradición se han convertido en una herramienta clave para impedir que personas requeridas por la justicia evadan procesos penales trasladándose a otros países.

Mientras avanza el trámite judicial correspondiente, las autoridades hondureñas reiteran que continuarán fortaleciendo el intercambio de información con organismos internacionales y ejecutando operativos para localizar a personas con órdenes de captura vigentes, como parte de las estrategias orientadas a enfrentar delitos de alto impacto y reforzar el Estado de derecho, siempre y cuando exista acuerdo de extradición entre países solicitantes.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California ejecutó este martes una orden de aprehensión contra Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de la Policía Municipal de Mexicali y exfiscal regional, por los delitos de desaparición forzada, robo de vehículo y asociación delictuosa.

El operativo se realizó en su domicilio de la colonia Los Arcos, en la capital del estado, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y fuerzas federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con los primeros reportes, la aprehensión se formalizó a las 9:20 horas de este martes, aunque el operativo en el domicilio del exfuncionario comenzó desde la noche anterior. Los hechos que se le imputan corresponden al expediente 02-2023-0034 y tienen como víctimas a José Ricardo Vindiola Domínguez y Cristian Alejandro García Mora.

La intervención se produjo tras varios meses de especulaciones sobre una posible detención del exfuncionario. Una transmisión en vivo realizada por uno de sus excolaboradores documentó el momento en que las autoridades llegaron al domicilio.

El video de Mendívil García horas antes de su detención

Antes de que la orden de aprehensión se cumplimentara, Mendívil García grabó un video en el que acusó que su arresto obedecía a una persecución política. El mensaje fue difundido a medios de comunicación y en él el exfuncionario señaló directamente a la fiscal de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, como responsable de cualquier cosa que le pudiera suceder.

“Soy un hombre de leyes, soy un hombre de justicia. Y aún cuando tenemos una Fiscalía General del Estado que no ha trabajado bajo los principios de buena fe, lealtad, congruencia, honor y ética, nosotros sí lo hemos hecho”, declaró en el video. Agregó que Andrade Ramírez no le perdona haberla llevado a un proceso judicial en 2011.

En el mismo mensaje, Mendívil García vinculó su detención con la coyuntura política que atraviesa Baja California. “Quiero decirles que esto no es algo circunstancial, es algo entramado, algo fabricado, algo planificado”, afirmó.

El exfuncionario hizo referencia a los audios filtrados en medios de comunicación que implican a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda en presuntas negociaciones con autoridades estadounidenses. “A mí me tocó ser la respuesta al quinto audio”, señaló al concluir su mensaje.

La trayectoria de Mendívil García antes de la captura

Mendívil García se desempeñó como fiscal regional de Mexicali hasta diciembre de 2021, durante la administración de Guillermo Ruiz Hernández. Al concluir ese cargo, asumió la dirección de la Policía Municipal de Mexicali durante dos años, en la administración de Norma Alicia Bustamante, función que ejerció hasta 2024.

Después de concluir su etapa en el servicio público, el exfuncionario asumió la presidencia de la Federación de Abogados de Baja California (FEDABO). Sin embargo, su arresto ocurrió dos años después de haber dejado la administración estatal.

Las autoridades le imputan desaparición forzada, asociación delictuosa y robo de vehículo, cargos derivados de hechos que afectan a dos personas, según el expediente judicial. El Registro Nacional de Detenciones reporta que la captura se realizó en el Fraccionamiento Los Arcos, en Mexicali.

Durante el mismo operativo, las autoridades capturaron a Luis Alfonso Jacobo, excomandante de la Policía Municipal. El juez también giró mandamientos judiciales contra Juan Carlos Jacquez y Christopher Núñez, señalados como implicados en la misma causa penal.

Hasta el cierre de esta edición, Mendívil García se encontraba en las instalaciones de la Fiscalía General de Baja California, según el parte oficial. El proceso judicial en su contra se suma a un contexto de alta tensión política en el estado, donde también fue detenido el exgobernador Ernesto Ruffo Appel.

Un sospechoso de 32 años, identificado como Herald Francisco Huete Vivas de nacionalidad nicaragüense y sin estatus legal en el país, fue arrestado por agentes de la Oficina de Investigación de Luisiana (LBI) tras una investigación sobre explotación infantil en línea, el pasado 23 de julio.

El operativo fue encabezado por la fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, en colaboración con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) y agencias federales como Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina de Detención y Remoción de ICE.

Las autoridades incautaron en la vivienda del sospechoso, ubicada en Bossier City, un total de 581 archivos con material explícito. Entre las evidencias figuran llamadas en vivo donde interactuaba con menores de edad.

Asimismo, las fuerzas del orden decomisaron una muñeca sexual infantil, la cual el acusado admitió haber comprado por internet y utilizado para fines sexuales. Huete Vivas enfrenta 582 cargos criminales:

1. Dos por producción de material de abuso sexual infantil
2. 579 por posesión del mismo y uno por importación y posesión de la muñeca.

El sujeto fue ingresado en el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad de Bossier, con una fianza fijada en $750.000.

Posibles condenas bajo la ley de EE. UU. y la viabilidad de una extradición o deportación

Bajo el marco jurídico del estado de Luisiana y las leyes federales de EE.UU., los delitos de producción y posesión de material de abuso sexual infantil, sumados al tráfico de artefactos obscenos relacionados con menores, se clasifican como delitos graves (felonies) con penas severas e acumulativas.

Cada uno de los 579 cargos por posesión de material de abuso sexual infantil puede acarrear penas que van de 5 a 20 años de prisión por cargo en el estado de Luisiana. Los cargos por producción de material explícito infantil conllevan sanciones sustancialmente mayores, con sentencias mínimas obligatorias de 10 a 25 años y un máximo de hasta 50 años de prisión.

Por su parte, la posesión o importación de una muñeca sexual infantil bajo la legislación estatal contempla penas adicionales de reclusión en penitenciarías estatales.

De ser hallado culpable en el juicio, el conjunto de los 582 cargos podría traducirse en una pena combinada equivalente a varias décadas o incluso cadena perpetua efectiva en una prisión de alta seguridad.

¿Procede la extradición o la deportación?

Existe una confusión frecuente entre los conceptos de extradición y deportación cuando se trata de un inmigrante indocumentado que comete un delito grave en suelo estadounidense:

1. La extradición no aplica habitualmente en este escenario: La extradición ocurre cuando un gobierno extranjero solicita formalmente la entrega de un individuo para juzgarlo por un delito cometido en su país de origen. En este caso, al haber cometido los crímenes dentro de la jurisdicción de Luisiana, los tribunales de Estados Unidos tienen jurisdicción prioritaria para procesar, juzgar y encarcelar al sospechoso.
2. Cumplimiento de la pena antes de la deportación: Las leyes de inmigración de EE.UU., (a través de la Ley de Inmigración y Nacionalidad) estipulan que los ciudadanos extranjeros que cometen delitos graves en territorio estadounidense deben cumplir primero su condena en el sistema penitenciario estatal o federal.
3. Proceso de Remoción (ICE Detainer): Las agencias migratorias (ICE) colocan una orden de detención (ICE detainer) sobre el acusado. Esto garantiza que, una vez que el sujeto complete la condena dictada por el juez en Luisiana o se le conceda algún beneficio de libertad condicional, no saldrá libre a las calles, sino que pasará de inmediato a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para su deportación definitiva a Nicaragua.

El reloj marcó la rutina del jueves 18 de junio cuando la tragedia irrumpió en el kilómetro 11 de la carretera a León. El pequeño Inmer Antonio Rivas López, conocido cariñosamente como «Colochito», caminaba junto con su madre, Melisa Julieth López Pastrán, de 33 años.

Melisa llevaba al menor tomado de la mano al momento de intentar cruzar la vía. En cuestión de segundos, la irrupción de la motocicleta color roja impactó violentamente contra la madre y el menor.

Lo que vino después profundizó el dolor de la familia: lejos de detener la marcha, llamar a los servicios de emergencia o socorrer a las víctimas que yacían sobre el pavimento, los dos ocupantes del vehículo ligero optaron por huir de la escena, abandonando el lugar. El niño falleció producto de las severas lesiones, dejando un vacío desgarrador y a una comunidad entera exigiendo respuestas.

Sin embargo, el tiempo suele diluir el impacto de las noticias cotidianas, la fuga de los dos ocupantes de la motocicleta llegó a su fin el día de ayer, 24 de julio, donde en un operativo de la Policía Nacional ejecutado en la comarca Buenos Aires, un caserío conocido como El Capulín en el municipio de Villa El Carmen, las autoridades lograron la captura de Carlos José Cruz, de 21 años señalado como presunto conductor de la moto, y de su acompañante, Samuel Osiel Gutiérrez Arriaza, también de 21 años.

La reconstrucción de la escena y la postura de los padres

Tras semanas de investigaciones, especialistas de la Policía Nacional y del Instituto de Ciencias Forenses desplegaron un equipo técnico en el lugar del accidente para llevar a cabo la reconstrucción dinámica de los hechos. La diligencia buscaba aportar pruebas científicas cruciales que sustenten la acusación en el proceso judicial que ahora inicia.

En el sitio estuvieron presentes Melissa e Inmer, los padres del niño. Volver al punto exacto donde su hijo de tres años dio sus últimos pasos no fue fácil, pero el arresto de los presuntos implicados trajo una pequeña dosis de alivio dentro de la pérdida.

«Nada de esto me va a devolver a mi hijo, pero me quita un peso de encima saber que ya fueron capturados. Ahora esperamos que se les aplique la pena máxima», expresó Melissa Pastrán visiblemente conmovida a los medios locales.

La madre también fue tajante al rechazar cualquier especulación sobre posibles arreglos extrajudiciales: «La sangre de mi hijo no está en venta. Lo único que queremos es que se haga justicia».

De ser hallados culpables: ¿Qué delitos y penas enfrentan bajo la ley nicaragüense?

Con la captura realizada, la causa queda en manos de las autoridades judiciales, quienes, bajo el principio del debido proceso y respetando la presunción de inocencia, deberán calificar las conductas cometidas para dictar sentencia en caso de comprobarse su culpabilidad.

De acuerdo con el Código Penal de Nicaragua (Ley 641), los delitos que se configuran en eventos de esta naturaleza comprenden:

El Artículo 141 del Código Penal tipifica el homicidio imprudente para quien cause la muerte a otra persona por violar las normas elementales de cuidado (como las leyes de tránsito).

• Pena: Prisión de 1 a 4 años.
• Si se demostrara que el conductor circulaba bajo los efectos del alcohol, drogas o sustancias psicotrópicas, la pena se eleva a un rango de 4 a 8 años de prisión.
• Inhabilitación: Conlleva además la privación del derecho a conducir vehículos automotores durante el tiempo de la condena.

Respecto al acompañante en la motocicleta, las autoridades judiciales determinarán su grado de participación o autoría. El caso de «Colochito» entra ahora a las salas de audiencia de Managua. Mientras la sociedad observa de cerca el actuar de la justicia penal, una familia intenta sobrellevar el dolor con la certeza de que los presuntos responsables ya están ante los tribunales.

Hernando Deluque, exgobernador de La Guajira y padre del congresista Alfredo Deluque, fue capturado en Riohacha por orden de la justicia, tras una decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que confirmó en segunda instancia el fallo de culpabilidad en su contra.

Deluque había sido declarado responsable de irregularidades en procesos de contratación durante su gestión como gobernador.

La captura se produjo luego de que la Sala Penal ratificara el fallo de la Sala de Primera Instancia, que ya lo había encontrado culpable por hechos relacionados con la administración de recursos públicos en el departamento.

Como uno de los antecedentes del caso, en junio de 2025 La Corte Suprema anuló la condena contra los exgobernadores de La Guajira Hernando David Deluque Freyle, Alejandro Magno Builes Suárez y Raúl Nicolás Fragozo Daza, y devolvió el expediente a la Sala Especial de Primera Instancia para que reevaluara el caso, una decisión que en su momento se llegó a señalar que podía desembocar en una absolución si concluía que no había base para una nueva sentencia ajustada a los términos de la acusación.

La revisión no solo dejó sin efecto el fallo emitido en octubre de 2024, sino que obligó a rehacer el análisis jurídico bajo un criterio preciso: determinar si la condena respetó el principio de congruencia procesal.

Un informe de W Radio en ese entonces precisó que la Sala Penal detectó una discordancia sustancial entre los hechos incluidos en la acusación y la conducta por la cual finalmente fueron condenados los exmandatarios. Ese punto fue decisivo para invalidar la sentencia.

Los tres habían sido condenados como coautores del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales dentro de un proceso adelantado por la Fiscalía General de la Nación. El caso se originó en presuntas irregularidades en la contratación de una vía en Riohacha.

La anulación se basó en una falla entre la acusación y la condena

De acuerdo con la información conocida por el mismo medio radial, los exgobernadores fueron acusados en principio de haber actuado de forma dolosa en la formulación y ejecución del contrato.

La sentencia, en cambio, se concentró en una supuesta omisión de sus deberes de control, una conducta distinta a la imputada desde el comienzo.

Para la Sala Penal, esa diferencia constituyó una vulneración del principio de congruencia penal. Ese principio exige que una persona solo pueda ser condenada por los hechos y delitos por los que fue formalmente acusada.

La Corte concluyó que la sentencia de la Sala Especial de Primera Instancia incurrió en ese momento en errores jurídicos al valorar los cargos y la conducta atribuida a los exfuncionarios. Por eso ordenó devolver el expediente para que se haga una nueva evaluación conforme al debido proceso.

La decisión reabrió por completo el examen del caso para Deluque Freyle, Builes Suárez y Fragozo Daza. Deluque participó como gobernador titular, mientras Builes y Fragozo lo hicieron como mandatarios encargados en distintos momentos del proceso contractual.

El fallo de 2024 había impuesto penas de prisión, multas e inhabilidades

La sentencia anulada fue emitida el 16 de octubre de 2024 por la Sala Especial de Primera Instancia con ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera.

Ese fallo sostuvo que los exfuncionarios “incurrieron en fraccionamiento irregular de contratos a través de la suscripción de los negocios jurídicos identificados con los números 158, 169, 181, 237 y 272 de 2002, con lo cual trasgredieron los principios de la contratación estatal de transparencia y selección objetiva”.

A Deluque Freyle se le había impuesto una pena de 9 años y 9 meses de prisión, una multa equivalente a 2.364,12 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilitación de 123 meses para ejercer derechos y funciones públicas.

En tanto que a Builes Suárez y Fragozo Daza se les había fijado una pena de 8 años y 4 meses de prisión, multa de 131,34 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno e inhabilitación por 105 meses.

El fallo también les había concedido el beneficio de prisión domiciliaria. En la parte resolutiva se había dispuesto: “En consecuencia, para el cumplimiento de la pena privativa de la libertad en su domicilio, deberán suscribir diligencia de compromiso, una vez adquiera firmeza esta sentencia, luego de lo cual se coordinará con el Inpec la vigilancia de la prisión domiciliaria”.

La Fiscalía de Tamaulipas imputó a Danna Yanina “N” por la muerte de Dafne Zapata Quintos y un juez le impuso prisión preventiva, por lo que permaneció internada en el CEDES de Altamira mientras seguía el proceso penal y se definirá si será vinculada a proceso a principios de la semana siguiente.

La audiencia inicial se prolongó por más de 13 horas en el Centro Integral de Justicia de Altamira. Comenzó alrededor de las 15:00 horas del jueves y concluyó a las 04:05 del viernes.

La imputada, de 18 años, rechazó al defensor de oficio al inicio de la diligencia y designó a un abogado particular, quien pidió tiempo para preparar la estrategia de defensa. Por ese cambio, la audiencia fue suspendida de manera momentánea y después continuó en privado.

La defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional de 72 horas. En ese lapso, la jueza debía valorar los datos de prueba presentados por ambas partes antes de resolver si existían elementos suficientes para vincularla o no a proceso.

La joven fue la primera detenida por la muerte de Dafne

Danna Yanina “N” se convirtió en la primera persona detenida dentro de la investigación por la muerte de Dafne Zapata Quintos, adolescente de 13 años que murió el 16 de julio dentro de la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en la colonia Primero de Mayo de Ciudad Madero.

La joven fue aprehendida el jueves 23 de julio de 2026, después de acudir voluntariamente a rendir declaración ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género. Al salir de la institución, agentes ministeriales ejecutaron la orden de aprehensión en su contra.

Después fue trasladada a instalaciones de la Fiscalía en Ciudad Madero y más tarde presentada ante la autoridad judicial en Altamira. Tras el cierre de la audiencia, fue llevada al Centro de Ejecución de Sanciones, donde quedó bajo resguardo mientras continuaba el proceso.

Las investigaciones señalaron que Danna Yanina “N” se desempeñaba como auxiliar e instructora en la academia militarizada. También trascendió que había sido alumna del plantel, donde cursó la preparatoria y acababa de concluir el bachillerato.

La investigación se centró en presuntas agresiones en la academia

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, Dafne habría muerto a consecuencia de las presuntas agresiones sufridas durante un campamento de verano en la academia, a la que se había incorporado apenas cuatro días antes de fallecer. El caso fue investigado bajo el protocolo de feminicidio desde el 17 de julio.

El certificado de defunción clasificó la muerte de la menor como homicidio y estableció como causa la asfixia por sumersión. Esa conclusión se volvió una de las bases centrales de la investigación abierta por las autoridades.

Fuentes cercanas al caso indicaron que las indagatorias siguieron en curso y que no se descartó la posible participación de más personas. Esa línea también coincidió con la exigencia de familiares y colectivos, que reclamaron sanciones para todos los involucrados en lo ocurrido dentro de la institución.

La continuación de la audiencia inicial quedó programada para el sábado 25 de julio. En esa etapa, la autoridad judicial revisaría los elementos reunidos por el Ministerio Público y los argumentos de la defensa.

La defensa sostuvo que la imputada también habría sido víctima

Al terminar la audiencia, los abogados defensores y el padre de la joven sostuvieron que Danna Yanina “N” era inocente. También afirmaron que existían elementos para demostrar que ella misma habría sido víctima de las circunstancias ocurridas dentro de la academia y adelantaron que buscarían acreditar esa postura durante el proceso.

La madre de Dafne, Alejandra Quintos, rechazó esa versión. En redes sociales aseguró: “Ella era mayor, 18 años. Ya no estudiaba ahí, solo le daban asilo y ella veía y participaba por voluntad propia ahí en la Academia Militarizada Doentiz”.

Quintos pidió que la joven fuera castigada con todo el peso de la ley, pero también exigió la detención de instructores y de todas las personas que habrían participado en el feminicidio de su hija. La muerte de la adolescente provocó indignación social y una amplia demanda de justicia en Tamaulipas y en otras partes del país.

Durante la detención, la imputada apareció con el rostro cubierto, la cabeza agachada, pantalón de entrenamiento azul marino, tenis negros y blusa del mismo color. Al ingresar al inmueble ministerial fue enviada al área médica para certificar su estado de salud, mientras en el exterior permanecían su padre y su abogado.

• La Fiscalía de Tamaulipas imputó a Danna Yanina “N” por feminicidio y una jueza le dictó prisión preventiva.
• La audiencia inicial duró más de 13 horas y la defensa pidió la ampliación del plazo constitucional de 72 horas.
• Dafne Zapata Quintos, de 13 años, murió el 16 de julio en la Academia Militarizada Marina Doenitz; la causa registrada fue asfixia por sumersión.

Juan Carlos N, alias “El Tío” o “El Armas”, presunto integrante de La Unión Tepito, fue detenido por elementos de la SSC en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, al contar con una orden de aprehensión vigente por su presunta participación en un homicidio cometido el 24 de mayo de 2024, de acuerdo con la autoridad.

La SSC informó que el hombre, de 43 años, fue capturado cerca de las 15:55 horas en la calle Florida, casi esquina con Manuel de la Peña y Peña, cuando personal de la Dirección General de Investigación de Delitos de Mayor Incidencia realizaba vigilancia y patrullajes en la zona.

Según el informe policial, al notar la presencia de los agentes, el detenido habría intentado ocultarse entre los puestos del área y presuntamente escondió entre sus pertenencias lo que parecía ser un arma de fuego. Ante esa conducta, los uniformados le realizaron una revisión preventiva.

Durante la inspección, los agentes aseguraron una pistola calibre .45, un cargador abastecido con tres cartuchos útiles y narcóticos, de acuerdo con lo reportado por la autoridad.

La SSC indicó que la orden de aprehensión estaba relacionada con la carpeta judicial 012/2526/2025-0A, por el delito de homicidio calificado en agravio de una persona identificada con las iniciales J.J.G.C. La autoridad también señaló que el caso se vinculaba con un hecho registrado en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

En el mismo reporte, la corporación indicó que, conforme a las investigaciones en curso, el detenido era considerado presunto integrante de un grupo delictivo con presencia en la alcaldía Cuauhtémoc, al que se le atribuían actividades como secuestro, extorsión, cobro de piso, homicidios y distribución de armas y narcóticos.

La autoridad precisó que esas imputaciones formaban parte de líneas de investigación y que debían ser acreditadas por la instancia ministerial y judicial correspondiente.

Tras la detención, el hombre fue informado de sus derechos y fue puesto a disposición del Ministerio Público, que definiría su situación jurídica y realizaría el trámite correspondiente para el cumplimiento de la orden de aprehensión.

• La SSC detuvo a Juan Carlos N de 43 años en la colonia Centro de Cuauhtémoc.
• Le aseguraron una pistola calibre .45 y tres cartuchos útiles, además de narcóticos.
• Contaba con una orden de aprehensión por un homicidio ocurrido el 24 de mayo de 2024, según la autoridad.

Caen dos más de la Unión con droga

Dos presuntos integrantes de “La Unión Tepito" fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México tras ser sorprendidos manipulando bolsitas de droga en la vía pública, en la alcaldía Venustiano Carranza. Los arrestados, de 19 y 30 años, tenían en su poder 152 dosis de aparente marihuana, cocaína y metanfetamina, además de dinero en efectivo.

El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas San Lázaro y Ferrocarril de Cintura, en la colonia Centro, mientras efectivos de la SSC realizaban labores de seguridad y prevención en la zona. Fue el comportamiento de los dos sujetos lo que alertó a los uniformados: los hombres manipulaban bolsitas de plástico del tipo utilizado habitualmente para la venta de estupefacientes.

Revisión preventiva y decomiso

Los policías se aproximaron a los sujetos y aplicaron el protocolo de actuación policial con una revisión preventiva. El resultado fue el aseguramiento de tres tipos distintos de sustancias ilícitas.

Les decomisaron 85 bolsitas de plástico con una hierba verde y seca similar a la marihuana, 26 envoltorios con una sustancia parecida a la cocaína y 41 dosis de un material cristalino con características similares a la metanfetamina.

En total, el operativo arrojó 152 dosis de aparente droga, lo que refuerza la hipótesis de que ambos sujetos se dedicaban al narcomenudeo en esa zona de la capital.

Presunto vínculo con célula delictiva de la zona centro

Tras el arresto, las autoridades realizaron un cruce de información que ubicó a los detenidos como presuntos integrantes de una célula delictiva generadora de violencia que opera principalmente en la zona centro de la Ciudad de México, según informó la SSC. Fuentes de seguridad identificaron al grupo como La Unión Tepito.

Los hechos se registraron en la autopista Sur, a la altura del sector conocido como Industriales, cuando el oficial detectó que la motocicleta circulaba con la placa alterada, en una posición que impedía su correcta identificación.

Al notificarle al conductor que sería sancionado y que el vehículo quedaría inmovilizado, las autoridades establecieron además que presuntamente prestaba un servicio informal de transporte mediante una plataforma digital.

No obstante, al momento de hacer efectivo el comparendo, el conductor reaccionó con violencia, forcejeó con el funcionario y lo lanzó al suelo en repetidas ocasiones. En una de las caídas, el agente quedó muy cerca de un camión que avanzaba por el corredor vial.

La agresión fue grabada por usuarios de la vía local que rápidamente fue difundida en las redes sociales. Las imágenes muestran parte del enfrentamiento antes de la intervención de otros uniformados y también de motociclistas que pasaban por el lugar.

Ante el llamado de los ciudadanos que transitaban por el lugar, uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá llegaron al sitio, capturaron al agresor y lo dejaron a disposición de las autoridades judiciales para el avance del proceso.

El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, explicó que la administración distrital pedirá a la Fiscalía revisar si la conducta también encaja en una tentativa de homicidio.

“Este, al intentar evadir su responsabilidad, la emprende contra nuestro agente y lo agrede físicamente en varias ocasiones, poniendo en riesgo su vida al arrojarlo cerca al paso de un camión que transitaba por el lugar”, manifestó el funcionario.

El hombre deberá responder, en principio, por el delito de violencia contra servidor público. Además, durante el procedimiento le impusieron los comparendos correspondientes a las infracciones detectadas y la motocicleta quedó inmovilizada.

Por último, Ruiz afirmó que este tipo de episodios no serán tolerados por las autoridades, y reiteró que los operativos de regulación y control continuarán en Medellín para exigir el cumplimiento de las normas de tránsito y preservar la seguridad vial en la ciudad.

“En el último año han sido capturados diez sujetos por hechos similares y cinco agresores han sido condenados. En Medellín, la autoridad se respeta”, puntualizó.

Otros casos de violencia contra agentes de tránsito en Medellín

Este no ha sido el primer hecho de violencia contra un agente de tránsito que se presenta en la capital antioqueña.

En abril de 2026, un agente de tránsito resultó herido tras ser arrollado por un conductor que intentó evadir un puesto de control en la Terminal del Norte de Medellín.

En el hecho, varios testigos intervinieron para impedir que el vehículo, de marca Nissan color negro, escapara del lugar, mientras cuatro compañeros del uniformado lograron detener al conductor pocos segundos después del impacto.

El momento quedó captado en un video que se difundió en las redes sociales. En las imágenes se escuchan voces que repiten “Ay Dios” y otras expresiones de angustia, además de comentarios sobre la llegada de la grúa para retirar el carro implicado.

La grabación también dejó oír la molestia de varias personas presentes por lo ocurrido. Algunos testigos dijeron que querían que “la grúa se lo lleve”, mientras otros aludían a que “algo fue bajado” del lugar, en referencia a la intervención del vehículo especializado que acudió tras la agresión.

La presencia policial elevó la tensión en la terminal. Mientras el agente era auxiliado, peatones y otros funcionarios seguían de cerca la retención del conductor involucrado.

Ambos hechos han vuelto a poner el foco sobre la seguridad de los funcionarios de movilidad en las ciudades del país y la reacción ciudadana frente a episodios de violencia vial.

De acuerdo con el Código Penal colombiano, el delito de violencia contra servidor público conlleva una pena privativa de la libertad que oscila entre los 4 y 8 años de prisión.

Una mujer fue capturada en flagrancia por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) luego de que presuntamente intentara sacar del municipio de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios, a un bebé de apenas cinco meses de nacido ocultándolo dentro de un maletín.

La intervención policial permitió rescatar al menor en buen estado de salud antes de que fuera trasladado fuera de la zona, mientras que la sospechosa quedó bajo custodia para enfrentar el proceso judicial correspondiente.

La detenida tiene 31 años, es ama de casa, originaria y residente de la comunidad de Laka, en el municipio de Puerto Lempira, y es investigada por la supuesta comisión del delito de privación ilegal de la libertad en su grado de ejecución de tentativa acabada, informó la Policía Nacional.

Según las investigaciones preliminares desarrolladas por la DPI, la mujer llegó durante la noche anterior a la vivienda de la abuela materna del bebé, donde solicitó alojamiento y permaneció en la casa junto a la familia.

No obstante, durante la madrugada, la madre del menor descubrió que su hijo ya no se encontraba en la cuna donde había sido acostado para dormir. Al mismo tiempo, constató que la mujer también había abandonado la vivienda sin informar su paradero.

Ante la desaparición del bebé, la madre acudió de inmediato a interponer la denuncia ante la Dirección Policial de Investigaciones, lo que permitió activar un operativo de búsqueda para localizar tanto al menor como a la sospechosa.

Tras recibir la alerta, equipos especializados de investigación de la DPI, con el apoyo de agentes de la Policía Preventiva, iniciaron una serie de diligencias en diferentes puntos de Puerto Lempira para establecer la ruta que habría tomado la mujer.

Las investigaciones condujeron a los agentes hasta un punto de embarque, donde la sospechosa presuntamente se preparaba para abordar una lancha con destino al municipio de Ahuas y posteriormente hacia La Ceiba, en el departamento de Atlántida.

Al identificar a la mujer, los funcionarios policiales procedieron a interceptar la embarcación antes de que iniciara su recorrido y le solicitaron descender para realizar una inspección de rutina a sus pertenencias.

Durante la revisión del equipaje, los investigadores localizaron al bebé oculto dentro de un maletín color negro, por lo que procedieron de inmediato a rescatarlo y ponerlo bajo resguardo.

La rápida intervención de los agentes permitió recuperar al menor sano y salvo, evitando que fuera trasladado fuera del municipio.

Posteriormente, el bebé fue entregado nuevamente a su madre, quien permaneció acompañando las diligencias policiales mientras se desarrollaba el procedimiento legal correspondiente.

La sospechosa fue arrestada en el lugar y trasladada bajo custodia policial para continuar con las investigaciones y la documentación del caso.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional, la mujer será puesta a disposición del Ministerio Público, institución que determinará las acciones legales a seguir y presentará el requerimiento fiscal correspondiente por el delito que se le imputa.

Las autoridades no han informado, hasta el momento, cuáles habrían sido los motivos que llevaron a la mujer a presuntamente intentar sustraer al menor ni si existía algún vínculo previo con la familia más allá de haber solicitado hospedaje la noche anterior.

La Dirección Policial de Investigaciones indicó que el caso continúa bajo investigación para esclarecer completamente las circunstancias en que ocurrió el hecho y determinar si existen otras personas involucradas.

El incidente ocurrió en la intersección de la avenida carrera 68 con calle 17 (según lo que mencionó la publicación del portal Colombia Oscura que se conoció el mismo viernes), en el suroccidente de la capital, cuando un hombre armado con un cuchillo sujetó por el cuello a una mujer y la retuvo durante varios minutos.

La escena que se viralizó en redes sociales causó angustia e incertidumbre entre los internautas al no conocerse de manera oficial el desenlace del caso.

La situación se desarrolló a plena luz del día y fue registrada por numerosos ciudadanos que, con sus teléfonos móviles, documentaron los momentos de máxima tensión.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo el agresor mantiene a la víctima bajo amenaza, mientras la lleva por la acera rodeado de una creciente multitud de transeúntes y curiosos, incluidos varios agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) que desplegó un operativo inmediato, tratando de persuadir al hombre para que liberara a la mujer y evitar una tragedia.

La víctima permaneció bajo el control del agresor mientras los uniformados, en medio de la presión de los testigos, intentaban entablar diálogo y contener al hombre armado.

Los uniformados mantuvieron una distancia prudente y buscaron apaciguar al atacante, quien se mostraba alterado y no cedía a las peticiones de soltar a la mujer, pero al final todo se resolvió de manera favorable y se logró la detención del criminal.

En declaraciones a Infobae Colombia, el teniente coronel Óscar Campaña, oficial de guarnición de la Mebog, dio detalles de lo sucedido: “Gracias a la oportuna reacción de nuestros uniformados logramos la captura de un hombre señalado de intentar hurtar a un transeúnte utilizando un arma cortopunzante en el barrio Puente Aranda”.

El vocero de la institución declaró que el hoy detenido fue un “habitante en condición de calle” que, “al notar la presencia policial, tomó a una mujer, pero la pronta acción de la patrulla permitió salvaguardar la integridad de la ciudadana y reducir al presunto delincuente”, añadió el coronel Campaña.

Sobre el estado de salud de la ciudadana, se detalló en el reporte oficial que “la mujer, de manera inmediata, fue trasladada con el fin de corroborar su estado de salud y no reviste ningún tipo de lesión”.

Mientras que “el presunto delincuente fue puesto a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de hurto”, cerró el oficial de la Mebog.

Capturan en Puente Aranda a dos hombres señalados de hurtar un vehículo: uno tenía brazalete del Inpec

En otro caso que se presentó el mismo viernes 17 de julio de 2026, la Policía Nacional reportó la captura en flagrancia de dos hombres implicados en el presunto hurto de un vehículo en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá.

El operativo se desarrolló en el sector de Sosiego, en la localidad de San Cristóbal, luego de que las autoridades activaran un plan candado que permitió interceptar la camioneta robada y detener a los sospechosos.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron un arma traumática tipo revólver con cuatro cartuchos y lograron la recuperación inmediata del automotor hurtado.

Al realizar el registro personal, los agentes identificaron que uno de los capturados portaba un brazalete electrónico del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), dispositivo utilizado para el control de personas en detención domiciliaria o bajo medidas judiciales alternativas.

De acuerdo con el comunicado oficial, el implicado ya había sido vinculado con antelación a hechos delictivos relacionados con hurtos bajo la misma modalidad.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los delitos de hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Según el reporte oficial, la detención se produjo en Cúcuta, tras una investigación de cerca de dos años adelantada por las autoridades.

De acuerdo con la investigación, el hombre mantenía un perfil bajo en esa ciudad mientras seguía dirigiendo actividades del grupo ilegal.

“Con la caída de este cabecilla, le devolvemos la tranquilidad al Magdalena Medio, al Catatumbo y al Sur de Bolívar. Este sujeto era el directo responsable del confinamiento de nuestros campesinos y del dolor de las familias que sufrieron el flagelo del secuestro y la extorsión”, señaló el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander.

Igualmente, el oficial mencionó que el hoy capturado tenía previsto desplazarse al departamento de Casanare para recibir instrucciones de alias Antonio Medina y continuar acciones criminales.

“Nuestro Grupo Gaula, inteligencia e investigación criminal detectaron que este peligroso cabecilla tenía la misión expansionista de trasladarse a la región Caribe (...) no vamos a permitir que las estructuras criminales sigan truncando el desarrollo y la paz de las regiones bajo el control de las economías ilegales”, añadió.

¿Quién es ‘Aldemar Ríos’?

Las autoridades le atribuyen más de 12 años de trayectoria criminal.

El detenido, de 37 años, habría coordinado un componente armado de entre 130 y 215 hombres y respondía directamente a alias Jhon Mechas, uno de los líderes de las disidencias en el oriente colombiano.

La Policía sostiene que también manejaba las finanzas y las operaciones armadas de los frentes 4, 24, 33 y 37 del Bloque Magdalena Medio.

“Es señalado de coordinar cinco estructuras criminales y de liderar una organización integrada por entre 130 y 215 presuntos integrantes”, explicó el general William Rincón, director de la Policía Nacional de Colombia en su cuenta de X.

Del mismo modo, las autoridades notificaron que este hombre usaba una fachada de comerciante para evitar ser detectado. Incluso, la investigación también lo señala como antiguo jefe de una estructura urbana en Barranquilla.

“Alias ‘Aldemar Ríos’ coordinaba la creación de un nuevo componente urbano denominado Frente ‘Martín Caballero’, con el macabro plan de ordenar y ejecutar atentados terroristas contra las estaciones y uniformados de la Fuerza Pública en la ciudad de Barranquilla”, mencionó el coronel Arévalo.

Según la Policía, en junio de 2025 fingió su muerte dentro de la organización para evadir la acción oficial, pero análisis técnicos y documentales, sumados a testimonios de más de 20 exintegrantes, permitieron establecer que seguía con vida y ubicarlo.

Acciones delictivas de ‘Aldemar Ríos’

Dentro de su expediente criminal, alias Aldemar Ríos aparece señalado como determinador del secuestro de un comerciante de oro, ocurrido el 3 de abril de 2022 en el sur del departamento de Bolívar. La víctima recuperó la libertad meses después, tras exigencias económicas dirigidas a su familia.

También es investigado por varios homicidios cometidos en San Pablo, Barrancabermeja y otros municipios del Magdalena Medio. Esos hechos, según las autoridades, están relacionados con la disputa entre las disidencias, el clan del Golfo y el ELN por el control de la minería ilegal de oro y plata en la Serranía de San Lucas.

La investigación le atribuye además hechos que derivaron en confinamientos y desplazamientos de comunidades en Santa Rosa del Sur, Arenal y Montecristo (Santander). Tras la captura, un juez declaró legal el procedimiento.

Tras la detención, un juez declaró legal el procedimiento. Las audiencias de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento por secuestro, concierto para delinquir agravado, homicidio y extorsión comenzarán en el transcurso de la segunda semana de julio.

“Con este resultado se afecta su presunta capacidad de coordinación territorial y de ejecución de actividades delictivas en las regiones del Magdalena Medio y Catatumbo”, concluyó el director de la Policía Nacional.

Según el reporte oficial, la detención se produjo en el barrio La Candelaria de Medellín, al ser señalado de abusar de dos menores de 9 y 10 años cuando quedaban bajo su cuidado.

La denuncia habría sido originada por la madre de las víctimas, lo que permitió abrir una investigación de seis meses y reunir pruebas para obtener la orden judicial, tras lo cual un juez le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad, mientras sigue el proceso penal.

Detalles de la investigación

Las autoridades sostienen que el capturado era tío de las dos niñas y que el caso ocurrió en un entorno de confianza familiar.

Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, enfatizó que la madre, cuando salía a trabajar, en ocasiones dejaba a las menores al cuidado de su hermano.

“La mamá, cuando salía a trabajar, algunas veces le pedía al tío que cuidara a las niñas. Y este degenerado lo que hacía era, luego de haberse ganado la confianza de sus sobrinitas, abusar de ellas”, indicó el funcionario en declaraciones a los medios de comunicación.

Así mismo, Villa aseguró que los vejámenes habían ocurrido en el primer semestre de 2025, en el sector de Villatina, donde residían las menores.

La investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación detalló que los abusos cometidos por el hoy procesado comenzaron con tocamientos y luego escalaron hasta el acceso carnal.

Por estos hechos, el hombre es requerido por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años agravado.

“Como resultado de una investigación rigurosa se presentaron todos los elementos materiales probatorios, que nos permitió obtener la orden de captura emitida por un juez de la República. Con la boleta, este agresor fue capturado”, afirmó el general Henry Bello, comandante de la Policía del Área Metropolitana a la prensa nacional.

Registro de casos en Medellín

El caso fue presentado dentro del balance de la estrategia policial de protección a la infancia y la adolescencia en la ciudad. Según datos recopilados por medios locales, en el primer semestre de 2026 las autoridades capturaron a 48 personas por delitos sexuales contra menores en Medellín.

Ese consolidado incluye conductas como actos sexuales con menores, acceso carnal abusivo, explotación sexual comercial y pornografía. “Más de 48 delincuentes depredadores sexuales capturados en la vigencia 2026 y lo más importante, el restablecimiento de derechos”, indicó el comandante policial.

Las autoridades también informaron que seis de los capturados este año son extranjeros, provenientes de países como Israel, México y Estados Unidos.

A ese balance se suma la inadmisión de 95 extranjeros por antecedentes o información asociada con explotación sexual de menores.

Además, las instituciones informaron acciones de restablecimiento de derechos para 1.166 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 68 recibieron atención por afectaciones a su integridad, libertad y formación sexual.

Recomendaciones a la ciudadanía

La denuncia de la madre de las dos menores de edad fue el punto de partida del caso y en el que las autoridades buscan reforzar ese mensaje.

En ese sentido, la Policía Nacional presentó la denuncia ciudadana como una herramienta para prevenir estos delitos, proteger a las víctimas y llevar a los responsables ante la justicia.

Igualmente, la Fiscalía General de la Nación señaló que las víctimas de violencia sexual tienen derecho a atención médica y psicológica inmediata, protección institucional y acompañamiento durante el proceso penal. A su vez, el ente acusatorio agregó que las comisarías y líneas de atención están habilitadas bajo protocolos de confidencialidad y protección a la víctima.

La insistencia oficial apunta a que el aviso temprano permita activar la atención institucional y evitar nuevas agresiones. Ese paso también facilita la protección integral de los menores y el avance de las investigaciones penales.

Un autodenominado tribunal en Donetsk condenó a Gilberto Ramos Arreguín a 14 años de prisión por participar en operaciones militares del lado de Ucrania, y ordenó que la pena se cumpliera bajo un régimen “estricto”, de acuerdo con autoridades judiciales de Rusia. El ciudadano mexicano fue identificado con 29 años y el fallo se emitió en la República Popular de Donetsk.

Sin embargo, este jueves la embajada de Ucrania en México aclaró que el tribunal de la región ocupada de Donetsk carece de soberanía, por lo que la pena de 14 años de prisión no tenía validez legal ante la comunidad internacional.

Decenas de mexicanos se han sumado a la lucha de Ucraniaante la invasión de Rusia, algunos han muerto y muchos otros siguen en la lucha, aquí puedes leer sus historias.

En la misma resolución, el tribunal dispuso la confiscación de 3,882,160 rublos y 50 kopeks a favor del Estado. Esa cantidad fue estimada como equivalente a casi 900 mil pesos mexicanos, según lo asentado en el comunicado oficial difundido por las autoridades.

El expediente judicial estableció que Ramos Arreguín se incorporó en marzo de 2022 al Batallón Sich de los Cárpatos, una unidad que fue presentada como parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El tribunal sostuvo que el mexicano se sumó después de recibir información sobre el reclutamiento de extranjeros para participar en la ofensiva contra fuerzas prorrusas.

Las autoridades señalaron que, tras integrarse, recibió entrenamiento militar y se le proporcionaron armas. También afirmaron que obtuvo una compensación económica por su participación en las operaciones, punto que fue usado para sostener la acusación vinculada a actividades de mercenarismo en el marco del conflicto.

En su comunicación pública, el tribunal indicó que Ramos Arreguín participó en combates contra personal de la República Popular de Donetsk hasta marzo de 2026. En esa narrativa oficial, la participación se extendió durante cuatro años e incluyó enfrentamientos en el contexto de la guerra.

El caso fue procesado sin la presencia del acusado y se desarrolló a puerta cerrada, según lo informado por las propias autoridades judiciales. El tribunal también indicó que la sentencia aún no había entrado en vigor al momento del anuncio.

El comunicado incluyó la tipificación legal aplicada y consignó que la condena correspondió a un delito previsto en la Parte 3 del Artículo 359 del Código Penal ruso. En ese mismo documento, el tribunal describió al sentenciado como “ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos” y precisó su año de nacimiento: 1997.

En un tramo del mensaje oficial, las autoridades aseguraron que el mexicano combatió de marzo de 2022 a marzo de 2026 como parte del “batallón terrorista Carpathian Sich”, al que señalaron como prohibido en Rusia. La declaración añadió que, por ese motivo, el “mercenario” recibió una compensación económica.

Hasta ese momento no se reportó un posicionamiento de autoridades mexicanas sobre el caso, ni se confirmó si Ramos Arreguín solicitó atención consular. El comunicado tampoco detalló su paradero ni ofreció información sobre una eventual detención previa o un proceso de entrega.

El proceso contra Ramos Arreguín fue presentado como parte de otros juicios en los que ciudadanos extranjeros fueron acusados de colaborar con Ucrania. Como antecedente, se mencionó que el Tribunal Supremo de la República Popular de Donetsk había condenado en rebeldía al ciudadano estadounidense Jordan Miller, de 21 años, a 13 años y medio de prisión en una colonia penal de máxima seguridad por luchar del lado de las fuerzas ucranianas como mercenario.

• Un tribunal en Donetsk condenó a Gilberto Ramos Arreguín a 14 años de prisión y ordenó que cumpliera la pena en régimen “estricto”.
• La sentencia incluyó la confiscación de 3,882,160 rublos y 50 kopeks a favor del Estado.
• El caso se juzgó en ausencia del acusado y a puerta cerrada; la resolución aún no había entrado en vigor al ser anunciada.

La Embajada de Ucrania en México rechazó la supuesta condena contra el mexicano Gilberto Ramos Arreguín y sostuvo que el tribunal de la región ocupada de Donetsk carece de soberanía, por lo que la pena de 14 años de prisión no tenía validez legal ante la comunidad internacional.

La representación diplomática fijó esa postura después de que el Tribunal Supremo de la autoproclamada República Popular de Donetsk anunció una sentencia dictada in absentia (en ausencia). Se usa comúnmente en contextos legales y académicos para describir un procedimiento o ceremonia que se lleva a cabo sin la presencia física de la persona involucrada, por lo que el mexicano Gilberto Ramos podría estar libre o escondido. También ordenó la confiscación de 3 millones 882 mil rublos, además del internamiento en un centro penal de régimen estricto.

Según el comunicado diplomático, la llamada República Popular de Donetsk fue descrita como una estructura creada, financiada y utilizada por la Federación de Rusia para sostener su guerra de agresión contra Ucrania. La embajada señaló que, de acuerdo con el derecho internacional, esos pseudoestados no tuvieron soberanía ni autoridad real y que sus supuestos órganos judiciales carecieron de competencias efectivas.

Ese fue el punto central de la respuesta ucraniana: para Kiev, la sentencia contra Gilberto Ramos Arreguín no tuvo fuerza jurídica y no pudo ser reconocida como un fallo válido. La embajada sostuvo que ninguna de las decisiones emitidas por esas entidades tuvo efecto legal vinculante.

El tribunal separatista procesó al mexicano en ausencia y a puerta cerrada

La condena fue anunciada contra Gilberto Ramos Arreguín, identificado por las propias autoridades como ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos y nacido en 1997. El proceso se llevó a cabo sin la presencia del acusado y a puerta cerrada, mientras que la propia resolución indicó que el fallo todavía no entraba en vigor al momento de su difusión.

La pena impuesta fue de 14 años de prisión en un centro penal de régimen estricto. Además, la resolución ordenó confiscar 3 millones 882 mil 160 rublos con 50 kopeks, cantidad que fue presentada como equivalente a casi 900 mil pesos mexicanos.

Las autoridades que emitieron el fallo sostuvieron que Ramos Arreguín se incorporó en marzo de 2022 al Batallón Sich de los Cárpatos, una unidad presentada como parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En esa versión, el mexicano se habría sumado después de conocer información sobre el reclutamiento de extranjeros para participar en operaciones militares contra fuerzas prorrusas.

El expediente judicial aseguró que, tras integrarse a esa unidad, recibió entrenamiento militar y armas. También afirmó que obtuvo una compensación económica por participar en los combates, elemento con el que se buscó sostener la acusación de mercenarismo en el marco del conflicto.

La tipificación legal aplicada correspondió a la parte 3 del artículo 359 del Código Penal ruso. En otro tramo del mensaje oficial, las autoridades separatistas describieron al batallón como una organización prohibida en Rusia y lo calificaron como “terrorista”.

Ucrania defendió el estatus de los voluntarios extranjeros

Frente a esa narrativa, la embajada sostuvo que Ucrania fue un Estado soberano, independiente y miembro fundador de la ONU, sometido a una agresión armada generalizada e injustificada por parte de Rusia. Bajo esa interpretación, señaló que los voluntarios extranjeros que se incorporaron oficialmente al servicio de las Fuerzas Armadas ucranianas actuaron como defensores legítimos de la soberanía del país.

Decenas de mexicanos se han sumado a la lucha de Ucrania ante la invasión de Rusia, algunos han muerto y muchos otros siguen en la lucha, aquí puedes leer sus historias.

La representación diplomática afirmó que todos los ciudadanos extranjeros integrados formalmente a esas fuerzas contaron con respaldo y protección total del Estado ucraniano. También calificó como cínico que el Kremlin intentara llamar “mercenarios” a militares que consideró legítimos.

En su comunicado, la embajada contrapuso esa acusación con el señalamiento de que Rusia utilizó a decenas de miles de mercenarios extranjeros provenientes de Corea del Norte, países africanos, Cuba y Asia Central. Agregó que quienes participaron en la agresión ilegal rusa y cometieron crímenes en territorio ucraniano serían juzgados ante la Corte Penal Internacional u otros tribunales internacionales legítimos, cuyas sentencias sí tendrían carácter vinculante y fuerza ejecutoria en todo el mundo.

La postura ucraniana también incluyó un mensaje político hacia la opinión pública mexicana. La embajada expresó preocupación por la reproducción de esa información y consideró que ese tipo de contenidos buscó erosionar las relaciones de amistad entre los pueblos de Ucrania y México.

El caso se inscribió en otros juicios contra extranjeros que combatieron del lado ucraniano

La versión difundida por las autoridades separatistas indicó que Ramos Arreguín participó en combates contra personal de la República Popular de Donetsk hasta marzo de 2026. Esa cronología le atribuyó una intervención de cuatro años dentro de la guerra.

Hasta el momento referido en el texto fuente, no hubo un posicionamiento de autoridades mexicanas sobre el caso. Tampoco se confirmó si el ciudadano mexicano solicitó atención consular, y la información disponible no detalló su paradero ni reportó una detención previa o un eventual proceso de entrega.

El expediente fue presentado como parte de una serie de juicios contra ciudadanos extranjeros acusados de colaborar con Ucrania. Como antecedente, se mencionó la condena en rebeldía impuesta al ciudadano estadounidense Jordan Miller, de 21 años, sentenciado a 13 años y medio de prisión en una colonia penal de máxima seguridad por luchar del lado de las fuerzas ucranianas bajo la misma acusación.

La embajada cerró su pronunciamiento con un agradecimiento a las personas que apoyaron la defensa ucraniana frente a la ocupación rusa. Señaló que esa solidaridad estuvo motivada por la justicia, la libertad y el respeto a la Carta de las Naciones Unidas.

• La Embajada de Ucrania en México rechazó la supuesta condena contra Gilberto Ramos Arreguín y afirmó que el tribunal de Donetsk careció de validez legal.
• El fallo anunciado impuso 14 años de prisión en régimen estricto y la confiscación de 3,882,160 rublos al ciudadano mexicano de 29 años.
• Hasta ese momento no hubo postura oficial de autoridades mexicanas ni confirmación sobre atención consular, detención previa o paradero del acusado.

Según el reporte oficial, el sujeto fue detenido en una zona comercial de Cali, en un operativo coordinado con las autoridades de Brasil, teniendo en cuenta que contaba con notificación roja de Interpol.

Los uniformados llegaron hasta un sector exclusivo de la capital del Valle del Cauca cuando el hombre trabajaba en actividades de construcción. Incluso, en el video difundido por la fuerza pública, se observa que, al momento del procedimiento, llevaba puesto el casco de trabajo.

De acuerdo con la investigación policial, el hoy capturado figuraba entre los más buscados por Interpol y por las autoridades del país sudamericano, al estar vinculado en una organización ilegal dedicada a los prestamos ilegales de dinero, conocido popularmente como “gota a gota”.

“El ciudadano requerido contaba con Notificación Roja de Interpol y es solicitado por la justicia brasileña por los delitos de usura y extorsión. Las investigaciones lo señalan como pieza articuladora de una red dedicada a la asfixia financiera y la presión a ciudadanos bajo la modalidad ilegal del ‘gota a gota’”, explicó la institución en un comunicado.

Del mismo modo, la Policía señaló que el resultado del procedimiento afecta las economías criminales vinculadas a estas redes y refuerza la acción conjunta frente a quienes intentan evadir requerimientos internacionales.

Por el momento, el sujeto fue dejado a disposición de las autoridades competentes para su correspondiente judicialización, y se evaluará la posibilidad de ser extraditado hacia Brasil para que responda por los delitos mencionados.

Otros integrantes detenidos

Además del sujeto capturado en Cali, la Policía Nacional de Colombia también entregó detalles sobre la detención de otras tres personas que también contaban con circular roja de Interpol y eran investigadas por las autoridades en España y Panamá.

Según el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el brigadier general Herbert Benavídez, dos de los detenidos son solicitados por el país europeo. Los sujetos fueron identificados como Cristian Steven P. T. y Ronal Steven T. C..

El primero es señalado por lesiones graves tras una agresión en Bilbao que dejó a la víctima con daños irreversibles. Benavídez detalló que esa captura se registró en la vía entre Cali y Buenaventura, a la altura del corregimiento El Vergel.

El segundo requerido por España fue retenido en el barrio Altos de Jordán, investigado por pertenencia a organización criminal y delitos contra la salud pública; las autoridades españolas lo vinculan con una estructura dedicada al tráfico internacional de cocaína y con hechos de mayo de 2024 en Mollina y Antequera.

El otro caso se presentó en el barrio Cañaveralejo de Cali, donde unidades policiales identificaron a un colombiano con circular roja emitida por Panamá por lesiones personales agravadas, estafa y asociación ilícita.

No obstante, el comandante policial indicó que, por disposiciones legales aplicables entre ambos países, “no fue posible materializar dicho procedimiento” y agregó que se trata de “un ciudadano nacido en Colombia”.

Detienen a pareja vinculada al ‘gota a gota’ en el Valle

Por otra parte, la Policía notificó la detención de una pareja dedicada al microtráfico y de integrar una red vinculada a préstamos ilegales en el sur occidente de Colombia.

Las acciones, realizadas por la seccional de Investigación Criminal (Sijín) y el Grupo de Operaciones Especiales (Goes), se desarrollaron en los barrios Coincer y Teatrino del municipio de Palmira, donde se investigaban actividades de comercialización de estupefacientes y almacenamiento de armas.

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron tres armas de fuego y dos kilogramos de estupefacientes, entre ellos, 625 gramos de marihuana, 1.152 gramos de clorhidrato de cocaína y 316 gramos de cocaína, respectivamente.

La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez, comandante del Departamento de Policía Valle del Cauca, reveló que las dos personas detenidas fueron identificadas con los alias de La Firma y Mayerly, que deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

“La captura de alias ‘La Firma’ y ‘Mayerly’ representa un avance significativo en la lucha contra los delitos que afectan la tranquilidad de los habitantes de El Cerrito. Estas acciones permiten debilitar estructuras dedicadas al tráfico de drogas y a la circulación ilegal de armas, factores que inciden directamente en la comisión de homicidios y otros delitos de alto impacto”, expresó la oficial.

Luego de que fueran llevados a las audiencias preliminares, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, acogiendo los elementos probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación.

Luego de que el pasado jueves 2 de julio se diera a conocer que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara formalmente a Juan José “Juanjo” Farías Mendoza, de 31 años, e Israel “Papo” Vega Farías, de 37 años, hijo y sobrino de Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo Farías, de traficar enormes cantidades de metanfetaminas a Estados Unidos y de apoyar a una organización terrorista extranjera, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dijo este viernes que ambas personas ya tienen orden de aprehensión en México.

Un gran jurado federal de Washington acusó a Juan José Farías Mendoza y a Israel Vega Farías, presuntos mandos de Cárteles Unidos, por narcotráfico, apoyo material a una organización terrorista extranjera y delitos con armas de fuego; si son declarados culpables, ambos enfrentan cadena perpetua como parte de una ofensiva del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra la estructura de mando del grupo asentado en Michoacán.

La acusación se presentó ayer en el Distrito de Columbia y alcanza a dos hombres originarios de Tepalcatepec, Michoacán: Farías Mendoza, de 31 años, y Vega Farías, de 37. De acuerdo con el Departamento de Justicia, al primero lo señalan como hijo y al segundo como sobrino de Juan José Farías Álvarez, alias “Abuelo”, identificado por las autoridades estadounidenses como el máximo líder del cártel.

El expediente los acusa de conspirar para fabricar y distribuir metanfetamina con la intención de importarla a Estados Unidos. También les imputan haber usado, portado y poseído armas de fuego, incluidas ametralladoras y artefactos explosivos, en relación con el presunto delito de narcotráfico.

Detención del hijo de “El Abuelo” y retención de militares para soltarlo

El 18 de abril de este año, durante un operativo en Tepalcatepec, presuntamente fue detenido Juan José Farías Mendoza Jr., hijo de “El Abuelo” Farías, considerado uno de los objetivos más buscados por autoridades de Estados Unidos.

Tras su captura, integrantes armados del cártel de Tepalcatepec reaccionaron de inmediato y retuvieron a dos elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, presuntamente como medida de presión para negociar la liberación del detenido.

Además, se reporta que los grupos criminales bloquearon las entradas y salidas del municipio, con el objetivo de impedir el ingreso de refuerzos y apoyo a las fuerzas especiales, generando un escenario de alta tensión en toda la zona. Medios locales acusaron que presuntamente pretendía abusar de dos jovencitas.

De acuerdo con reportes, luego de intensas negociaciones, las autoridades habrían liberado al hijo del capo, lo que derivó en que los civiles armados liberaran a los militares retenidos.

Asimismo, se señala que los elementos conocidos como “Murciélagos” habrían sido mantenidos en cautiverio dentro de la denominada “Base 40”, presuntamente identificada como un inmueble vinculado a “El Abuelo” Farías, y liberados tras concretarse el intercambio.

“El Abuelo” pasó de agricultor y ganadero a objetivo de alto nivel

Juan José Farías Álvarez nació en Tepalcatepec en una familia de 14 hermanos. Antes de aparecer en expedientes criminales, trabajó como agricultor, ganadero y comerciante de quesos.

Su historial delictivo documentado en el texto se remontó a 1988, cuando fue arrestado en Apatzingán por transportar 127 kilos de marihuana y 30 kilos de semilla de cannabis. En la década de 1990 fue ubicado dentro del Cártel del Milenio, y en los años 2000 autoridades federales lo asociaron con esa misma organización en Tierra Caliente.

A partir de 2013 fue identificado como una de las figuras visibles de las autodefensas surgidas en Michoacán frente a la violencia de los Caballeros Templarios. Con el tiempo, sus vínculos fueron descritos por reportes y alertas oficiales como parte de Cárteles Unidos o del llamado cártel de Tepalcatepec.

En 2009 autoridades mexicanas lo detuvieron en Buenavista Tomatlán en posesión de armas y sustancias ilegales. Años después, el 27 de mayo de 2018, elementos de Semar lo capturaron en Tepalcatepec por presuntos vínculos con el CJNG, portación de arma de fuego y homicidio doloso.

Esa detención provocó bloqueos y quema de vehículos en la región por parte de simpatizantes. Después, un juez federal ordenó su liberación al considerar irregular el procedimiento de captura y señalar inconsistencias.

La investigación de HSI conectó decomisos en Tennessee y Georgia con la estructura de Farías

El señalamiento por apoyo material a una organización terrorista extranjera se apoyó en la designación emitida el 20 de febrero de 2025, cuando el Departamento de Estado catalogó a Cárteles Unidos como Organización Terrorista Extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designado. La nueva acusación retomó esa clasificación para sustentar uno de los cargos más graves del expediente.

Estados Unidos también colocó bajo reflector a otros mandos. Ofreció hasta USD 10 millones por información que llevara al arresto y condena de Juan José Farías Álvarez; USD 5 millones por Nicolás Sierra Santana, alias “El Gordo”, y por Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho”; y USD 3 millones por Luis Enrique Barragán Chávez, alias “R5”, y Édgar Orozco Cabadas, alias “El Kamoni”.

De acuerdo con el texto, el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional, HSI, identificó a Farías Álvarez como actual líder de Cárteles Unidos. También describió a esa organización como una alianza de grupos menores que colaboraban en la adquisición, fabricación y distribución de metanfetamina, fentanilo y cocaína desde Michoacán hacia Estados Unidos.

La investigación de HSI sobre sus actividades de narcotráfico comenzó en 2019 en Knoxville, Tennessee. Un accidente automovilístico local permitió recuperar una cantidad considerable de metanfetamina y condujo después a una orden de cateo en Atlanta, Georgia, donde las autoridades hicieron un decomiso mayor de metanfetamina, además de pastillas de fentanilo y heroína.

A partir de ese seguimiento, HSI rastreó el tráfico de metanfetamina, cocaína, fentanilo y heroína hasta México y hasta Farías. Esa pesquisa derivó en una acusación formal presentada en enero de 2024 en el Distrito de Columbia por conspiración de drogas y delitos relacionados con armas de fuego.

La acusación fue hecha pública en julio de 2025 junto con el anuncio de sanciones del Departamento del Tesoro y la recompensa del Programa de Recompensas contra Narcóticos. El 14 de agosto de 2025, la Oficina del Departamento de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley amplió esa presión con recompensas contra los principales mandos vinculados con Cárteles Unidos.

• Juan José Farías Mendoza Jr. fue detenido en Tepalcatepec y su captura provocó bloqueos, la retención de dos militares y una presunta negociación para liberarlo.

• Estados Unidos acusó a Farías Mendoza y a Israel Vega Farías por narcotráfico, armas y apoyo material a una organización terrorista extranjera; ambos enfrentaban posible cadena perpetua.

• El Departamento de Estado ofreció hasta USD 10 millones por Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, a quien identificó como líder de Cárteles Unidos.

La madrugada del 1 de julio, la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) ejecutó dos registros en viviendas de la colonia Las Margaritas y colonia El Carmen, en el distrito de Zacatecoluca, que culminaron con la detención de Hilson de Jesús Carballo Alvarado y Yoselin Elizabeth Piche Ticas.

Ambos están acusados de presuntamente por el delito de hurto por medios informáticos, una pena que, según la FGR, afectó directamente a 60 clientes de una institución bancaria. Las autoridades incautaron tres teléfonos celulares que serán analizados para reforzar la investigación en curso.

De acuerdo con el reporte oficial del Ministerio Público, Carballo Alvarado se desempeñaba como empleado en la entidad financiera perjudicada. Aprovechaba su acceso al sistema interno para obtener los códigos generados por usuarios que solicitaban retiros sin tarjeta en los cajeros automáticos.

Esos códigos, destinados a proveer a los clientes una alternativa para disponer de su dinero, eran interceptados por el trabajador, quien los facilitaba a Yoselin Elizabeth Piche Ticas. Ella acudía personalmente a los cajeros para concretar los retiros antes de que los verdaderos titulares pudieran hacerlo.

La investigación, descrita por la FGR, confirma que los detenidos lograron sustraer fondos de forma reiterada y sin levantar sospechas inmediatas, hasta que el banco detectó patrones irregulares en las transacciones de los afectados. La colaboración entre empleados y terceros externos ha sido calificada como una de las amenazas más complejas para la seguridad bancaria en El Salvador.

La detención de Carballo Alvarado y Piche Ticas marca un avance en el desmantelamiento de redes de fraude informático que operan en el país. La FGR confirmó que los teléfonos celulares incautados serán sometidos a peritaje digital, con el propósito de identificar posibles nuevos implicados y esclarecer si existen otras víctimas entre los clientes del banco afectado.

El Ministerio Público no descarta la realización de más allanamientos ni la emisión de nuevas órdenes de captura en el marco de la misma investigación. La FGR reiteró que mantiene abiertas otras líneas sobre delitos similares y que trabaja en coordinación con el sector financiero para fortalecer la protección de los usuarios ante amenazas informáticas.

Marco legal: hurto por medios informáticos y penas asociadas

El hurto por medios informáticos está regulado en el artículo 13 de la Ley Especial Contra Delitos Cibernéticos y Conexos. Esta ley establece una pena de dos a cinco años de prisión para quien se apodere de bienes o valores, tangibles o intangibles, mediante la utilización de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para obtener un provecho económico.

La normativa contempla la posibilidad de que este delito se procese junto a otros ilícitos como el acceso indebido a sistemas, el fraude de comunicaciones y la agrupación ilícita. Según la Fiscalía, estas figuras suelen cruzarse en investigaciones relacionadas con fraudes bancarios, sobre todo en casos donde empleados facilitan información privilegiada a cómplices externos.

El combate a este tipo de delitos requiere una colaboración estrecha entre el sector financiero y las autoridades judiciales, así como la actualización permanente de los sistemas de seguridad interna de los bancos.

En los últimos años, la FGR ha detectado un aumento en la diversidad de fraudes informáticos que afectan a instituciones bancarias y a sus usuarios. Entre las modalidades más habituales figuran el phishing y las llamadas falsas, donde delincuentes se hacen pasar por empleados bancarios para obtener contraseñas y datos de acceso a la banca en línea.

Otra técnica recurrente es el sim swapping, que implica la clonación de chips telefónicos para interceptar códigos de verificación enviados por las entidades financieras.

La defensa de Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño, confirmó en entrevista con Infobae que la Corte Suprema de Justicia de Honduras podría resolver en tres días hábiles la solicitud de revisión de la orden de captura en su contra. Según su abogado Mario Cárdenas, el planteo busca permitir el regreso del exmandatario al país para presentarse ante la justicia sin ser detenido.

Cárdenas explicó que la petición ya está en manos del juez natural de la causa. “La presentación fue hecha ante el Poder Judicial y dirigida al juez natural de la causa”, afirmó en declaraciones a Infobae.

La defensa sostiene que existen bases legales suficientes para que la medida sea revisada o dejada sin efecto. También espera una respuesta antes de que comience el receso de vacaciones del Poder Judicial hondureño.

Posible regreso a Honduras

De acuerdo con la defensa, si la resolución es favorable, Hernández podría regresar a Honduras el 31 de julio, fecha que el equipo legal maneja como referencia para su reingreso y su eventual presentación ante la Justicia.

Cárdenas afirmó que la estrategia no busca eludir el proceso. “El eje de la petición es la voluntad de someterse al proceso judicial en curso”, sostuvo el abogado.

La defensa insiste en que el juez natural debe valorar la comparecencia voluntaria al revisar las medidas cautelares.

Según Cárdenas, la intención de Hernández de presentarse ante los tribunales hondureños debilita la necesidad de mantener restricciones. “La estrategia busca no solo la revocatoria de la orden de captura, sino también la suspensión de cualquier restricción migratoria que impida su ingreso al territorio hondureño”, agregó.

En su interpretación, el Código Procesal Penal hondureño obliga al juez a evaluar la conducta del imputado y su disposición a enfrentar el proceso. “Si se acredita la intención real de comparecer, la orden de captura pierde sustento jurídico”, sostuvo Cárdenas en su conversación con Infobae.

La decisión del juez natural

Hasta ahora, la Corte Suprema de Justicia no ha informado cuándo emitirá una resolución ni si convocará a una audiencia para analizar la solicitud presentada por la defensa.

El juez natural deberá determinar si los argumentos del equipo legal son suficientes para modificar o levantar la orden de captura, con base en factores como el riesgo de fuga, la voluntad de comparecencia y el estado del proceso judicial.

Cárdenas recordó que esta semana la Corte Suprema de Justicia de Honduras iniciará su periodo de vacaciones y se mantiene a la espera de la respuesta en las próximas horas, si es que el poder judicial no atiende la solicitud en tiempo y forma, lo que añade presión al calendario de resolución de la solicitud presentada por la defensa de Hernández Alvarado, que busca una respuesta antes del receso judicial.

En paralelo, el abogado del exmandatario aseguró que la comunicación con su representado ha sido constante y fluida, en el marco de la estrategia legal que se mantiene activa mientras se espera la decisión del juez natural sobre la orden de captura vigente.

El contexto judicial

Juan Orlando Hernández, que gobernó Honduras entre 2014 y 2022, enfrenta múltiples procesos judiciales vinculados a presuntos delitos de corrupción, lavado de activos y señalamientos por nexos con estructuras del narcotráfico.

Entre los expedientes mencionados en ese entramado judicial figura el denominado caso Pandora. Su situación también está marcada por órdenes de captura y restricciones migratorias que lo mantienen fuera del país mientras avanzan los procesos en su contra.

Un hondureño identificado como Junior Fernando Monge Gómez, de 27 años, fue capturado en España tras permanecer prófugo de la justicia hondureña, donde es investigado por su presunta participación en delitos relacionados con el narcotráfico y por su supuesto vínculo con una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína.

La detención fue ejecutada por agentes de la Guardia Civil de España, en coordinación con la Policía Internacional (Interpol), durante un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en el municipio de Santa Cruz de la Serós, en la provincia de Huesca, al noreste del país europeo.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el hondureño era buscado mediante una notificación roja de Interpol, luego de que tribunales nacionales emitieran una orden de captura por el presunto delito de tráfico de drogas.

Las investigaciones señalan que Monge Gómez abandonó Honduras para establecerse en España con el objetivo de evadir la acción de la justicia. Su localización fue posible gracias al intercambio de información de inteligencia entre la Policía Nacional de Honduras, la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), Interpol y las autoridades españolas.

La captura representa uno de los golpes más recientes contra una estructura criminal señalada de operar rutas del narcotráfico entre Honduras, Centroamérica y otros mercados internacionales, según las investigaciones desarrolladas por la DNPA.

De acuerdo con los informes policiales, Junior Monge es considerado uno de los principales líderes de la organización conocida como “Los Monges”, grupo investigado por las autoridades hondureñas por su presunta participación en el tráfico internacional de cocaína.

Las indagaciones sostienen que esta estructura utilizaba el corredor del litoral atlántico hondureño para movilizar cargamentos de droga con destino hacia Estados Unidos y Europa. Asimismo, las autoridades investigan posibles vínculos de la organización con redes criminales que operan en Guatemala y México.

La captura del sospechoso ocurre pocos días después de una serie de operativos ejecutados por la Dirección Nacional Policial Antidrogas contra la misma organización criminal, como parte de una estrategia para debilitar sus operaciones.

El pasado 22 de junio, agentes antidrogas capturaron a otros dos presuntos integrantes de “Los Monges” durante allanamientos realizados en la aldea El Caracol, municipio de Potrerillos, departamento de Cortés, donde también se recopilaron evidencias relacionadas con las investigaciones.

Además, en los últimos días, la DNPA informó sobre el aseguramiento de plantaciones de supuesta hoja de coca, viveros clandestinos y laboratorios rústicos que, según las pesquisas, estarían vinculados con estructuras dedicadas al procesamiento y tráfico de drogas en el norte del país.

Las autoridades consideran que estos operativos forman parte de una ofensiva para desarticular organizaciones dedicadas al narcotráfico y reducir su capacidad operativa, especialmente en zonas estratégicas utilizadas para el traslado de estupefacientes.

Tras la captura de Monge Gómez, las autoridades de Honduras y España iniciarán las gestiones correspondientes a través de las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol para coordinar el proceso de extradición hacia territorio hondureño.

Una vez concluidos los trámites legales y diplomáticos, el hondureño deberá ser trasladado al país para quedar a disposición de los órganos jurisdiccionales competentes y responder por los delitos que se le imputan.

La notificación roja de Interpol constituye uno de los principales mecanismos de cooperación policial internacional para localizar y detener a personas requeridas por la justicia, permitiendo la colaboración entre distintos países en casos de crimen organizado y delitos transnacionales.

Mientras avanza el proceso de extradición, las autoridades hondureñas mantienen abiertas las investigaciones relacionadas con la estructura “Los Monges”, con el objetivo de identificar a otros presuntos integrantes, desarticular sus redes de apoyo y fortalecer los procesos judiciales contra los implicados.

Un operativo conjunto entre autoridades federales y estatales permitió la captura de Óscar “N”, alias “El Pelón”, señalado como presunto jefe de una célula del cártel de Los Caballeros Templarios que operaba en el municipio de Uruapan y quien es investigado por su posible participación en diversos homicidios registrados en esa región de Michoacán.

La detención fue confirmada por la Fiscalía General del Estado (FGE), que informó que el presunto delincuente era objetivo prioritario dentro de diversas investigaciones relacionadas con asesinatos cometidos por integrantes de la organización criminal en distintas colonias de Uruapan, considerada la segunda ciudad con mayor relevancia económica de Michoacán, únicamente por detrás de Morelia.

La captura ocurrió la mañana de este viernes durante el cumplimiento de una orden de cateo en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Lago de Chapala y Lago de Cuitzeo, en la colonia Los Lagos. El despliegue contó con la participación de elementos de la Fiscalía estatal, Guardia Civil, Guardia Nacional y Ejército Mexicano.

Las fuerzas federales establecieron un amplio perímetro de seguridad en varias calles aledañas para prevenir una posible reacción armada por parte de integrantes de Los Caballeros Templarios, organización que mantiene presencia en la región y que desde hace años disputa el control territorial con otros grupos del crimen organizado.

Aseguran droga durante el cateo

Además de concretar la captura de “El Pelón”, las autoridades localizaron en el inmueble dos bolsas de plástico que contenían un total de 27 gramos de metanfetamina, así como diversos indicios que fueron asegurados e incorporados a la carpeta de investigación que integra la Fiscalía.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las diligencias correspondientes para determinar su situación jurídica y robustecer las investigaciones por los delitos que se le atribuyen.

De acuerdo con las autoridades ministeriales, Óscar “N” desempeñaba un papel estratégico dentro de la estructura criminal de Los Caballeros Templarios, particularmente en la coordinación de acciones contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización con la que mantiene una violenta disputa por el control de actividades ilícitas en Uruapan y municipios cercanos.

Uruapan, escenario de una intensa disputa criminal

La captura ocurre en un contexto de alta violencia derivada de la confrontación entre diversas organizaciones delictivas que buscan controlar una de las regiones más importantes del estado tanto por su actividad agrícola como por su ubicación estratégica para el trasiego de drogas.

Según información de las autoridades, Los Caballeros Templarios y el CJNG mantienen una lucha constante por el dominio de actividades como la producción y distribución de marihuana y metanfetamina, así como por el cobro de extorsiones a productores de aguacate, empresarios, comerciantes y transportistas.

El municipio de Uruapan ha sido identificado durante los últimos años como uno de los principales focos de violencia en Michoacán debido a la presencia simultánea de múltiples grupos criminales.

Además de Los Caballeros Templarios y el CJNG, las autoridades han detectado operaciones de al menos otras tres organizaciones delictivas: Los Viagras, Los Blancos de Troya y el grupo conocido como Cártel de Los Reyes, cuyos enfrentamientos han provocado episodios recurrentes de violencia, bloqueos carreteros, homicidios y ataques armados.

La fragmentación del crimen organizado en Michoacán ha incrementado las disputas por territorios estratégicos, particularmente aquellos relacionados con el tráfico de drogas y el control de economías legales mediante esquemas de extorsión.

La región de Uruapan también representa un punto clave para las organizaciones criminales debido a la importancia económica de la industria aguacatera, considerada una de las principales fuentes de ingresos del estado, situación que ha convertido a productores y empresarios del sector en objetivos frecuentes de grupos dedicados al cobro de cuotas.

Con la detención de “El Pelón”, las autoridades buscan debilitar la estructura operativa de Los Caballeros Templarios en uno de sus principales bastiones. Sin embargo, la presencia de diversas organizaciones criminales en la zona mantiene vigente el reto para las corporaciones de seguridad, que continúan desplegando operativos para contener la violencia y recuperar el control territorial en esta región de Michoacán.

Luego de que se conocieran declaraciones del ciudadano británico señalado por el feminicidio de la modelo cucuteña de 36 años, Natalia Villalba Angarita, la Fiscalía General de la Nación confirmó la captura del extranjero Foster Martinson en el Aeropuerto Internacional de Quito, a manos de uniformados de la Policía Nacional de Ecuador.

La detención se logró tras la activación de una notificación roja de Interpol y una orden de captura emitida por un fiscal de la Seccional Bogotá.

Según la información suministrada desde el ente investigador, Martinson es señalado como presunto responsable de la muerte de la ciudadana colombiana de 36 años, ocurrida el jueves 18 de junio de 2026, en un apartamento del edificio Morph, en el barrio Chicó, norte de Bogotá.

De acuerdo con los resultados de la investigación liderada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Martinson habría ingresado al inmueble donde se hallaba la víctima sola, la agredió físicamente hasta causarle la muerte y posteriormente manipuló el cuerpo para introducirlo en una maleta.

El comunicado oficial de la Fiscalía señaló que el sospechoso ejecutó maniobras para ocultar el crimen, alterar la escena y luego huyó del lugar.

Adicionalmente, se conoció que la Fiscalía ya inició los trámites para lograr la judicialización del extranjero en Colombia y su posterior extradición por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

La ubicación y posterior captura de Martinson resultaron de un trabajo articulado entre la Fiscalía, Migración Colombia, la Secretaría de Seguridad de Bogotá, Interpol Colombia y las autoridades ecuatorianas.

“En Bogotá, el que la hace la paga”: así reaccionó el alcalde Carlos Fernando Galán a la captura

En sus redes sociales, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció tras la notificación de la detención del ciudadano europeo: “Esta tarde una vez emitida la orden de captura por un Juez de la República y activada la circular roja para su captura internacional, el grupo de trabajo activó la operación para su detención, que fue completada de manera exitosa en el Aeropuerto Internacional de Quito gracias al esfuerzo de Interpol Ecuador”, dijo el jefe del Distrito.

Galán atribuyó los resultados a “la cooperación entre agencias de seguridad y justicia de los niveles nacional y local, así como la coordinación entre las Secretarías de Seguridad de las ciudades capitales de América Latina es una clave de éxito en la lucha contra el crimen. En Bogotá, el que la hace la paga”.

Por su parte, las autoridades británicas revelaron el historial delictivo del ciudadano británico de 46 años que llegó a la capital colombiana a comienzos de junio de 2026, tras evadir a las autoridades británicas y habría salido del país rumbo a Ecuador el 21 de junio, antes del hallazgo del cuerpo de Villalba en una maleta, en el baño del apartamento alquilado.

El expediente judicial indicó que el hombre fue condenado en 2023 en el Reino Unido a dos años y dos meses de prisión por acoso a su expareja, además de estar bajo una orden de alejamiento indefinida y medidas de vigilancia policial.

El británico debía informar regularmente a la policía sobre su domicilio y estaba restringido en el uso de dispositivos electrónicos.

No obstante, en declaraciones publicadas por el diario inglés The Sun, el hombre aseguró que no había matado a la víctima de 36 años, ya que en el momento en el que se supone que fue asesinada la modelo cucuteña, el hombre acudió a un bar irlandés en el norte de Bogotá para ver el partido Inglaterra-Croacia, que se transmitió en la noche del miércoles, 17 de junio de 2026.

La operación, caracterizada por el uso intensivo de tecnología de vanguardia, reafirma el compromiso de las fuerzas armadas con la seguridad nacional y la vigilancia estricta en los puntos más vulnerables de la línea divisoria con Haití. Entre los detenidos figuran:

• 19 hombres
• Ocho mujeres
• Tres menores de edad.

El éxito de este operativo terrestre y aéreo radicó en el despliegue estratégico de las unidades de drones pertenecientes a los batallones de infantería del Ejército. Los dispositivos tecnológicos de alta resolución detectaron movimiento inusual de personas que intentaban desplazarse de manera clandestina a través de terrenos de difícil acceso.

Específicamente, el avistamiento y posterior cerco militar se consolidó en las inmediaciones de propiedades rurales de la zona, las cuales suelen ser utilizadas por mafias locales como “puntos de espera” o centros de acopio temporales.

Gracias a las imágenes en tiempo real provistas por las aeronaves no tripuladas, las patrullas terrestres del ERD pudieron coordinar un despliegue rápido y de alta precisión, bloqueando de inmediato las rutas de escape potenciales hacia la maleza circundante.

Este tipo de tecnología aérea se ha convertido en una herramienta indispensable para contrarrestar las nuevas tácticas de evasión de los traficantes de personas, quienes buscan sortear constantemente los puestos de control militar fijos establecidos en las carreteras principales del noroeste del país.

Refuerzo de la seguridad y ofensiva contra el tráfico humano

Este importante golpe a los flujos migratorios irregulares en Dajabón no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de una macroestrategia de “tolerancia cero” instruida por los altos mandos militares y el Poder Ejecutivo dominicano. En las últimas semanas, la región noroeste que abarca provincias clave como Valverde, Montecristi y Dajabón, ha sido escenario de constantes operativos de inteligencia y patrullajes terrestres permanentes.

Las autoridades castrenses han advertido que el uso de propiedades rurales privadas por parte de redes delictivas está bajo la lupa de la inteligencia militar. La combinación de patrullaje a pie, retenes móviles y la vigilancia constante con drones continuará reforzándose de manera indefinida con el fin de asfixiar la logística de las organizaciones criminales que lucran con la migración irregular y desafían la soberanía nacional.

Todas las interdicciones ejecutadas por el Ejército dominicano se realizan en estricto cumplimiento del andamiaje jurídico del país. El principal soporte de estas acciones es la Ley General de Migración No. 285-04, la cual en su Artículo 121 faculta expresamente a las autoridades competentes, con el debido auxilio de las fuerzas armadas, a detener y procesar la salida del territorio nacional de todo ciudadano extranjero que se encuentre en condición de ilegalidad.

Asimismo, en los casos donde se identifica la complicidad de ciudadanos dominicanos en el transporte o resguardo de estas personas, se aplica con rigurosidad la Ley No. 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.

Dicha legislación tipifica estas conductas como delitos graves contra el Estado, conllevando penas severas que van desde los 10 hasta los 15 años de reclusión, además de multas económicas sustanciales, asegurando un castigo ejemplar para quienes promuevan la inestabilidad en la frontera.

Omar “N” fue detenido en Tulum, Quintana Roo, tras una orden de arresto activa emitida en Texas por agresión sexual contra una persona menor de edad, según confirmaron las autoridades el 25 de junio de 2026.

La captura fue el resultado de un operativo conjunto entre la Policía Estatal de Investigación de Quintana Roo y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, a través de su Unidad para la Atención de Delitos Transnacionales. Ambas corporaciones trabajaron con base en información confidencial que situó al sospechoso en territorio quintanarroense.

El operativo en la avenida Parque Tulum

De acuerdo con los primeros reportes, los agentes localizaron al ciudadano estadounidense sobre la avenida Parque Tulum. Allí lo interceptaron para una verificación de identidad de rutina.

Al momento del contacto, el hombre adoptó una actitud nerviosa, evasiva y titubeante. Esa conducta llevó a los elementos a profundizar la revisión de sus datos en los sistemas de seguridad.

La consulta en esas bases arrojó la existencia de una orden de aprehensión vigente, emitida por autoridades del estado de Texas. El documento lo señalaba como presunto responsable del delito de agresión sexual contra una persona menor de edad.

A raíz de las investigaciones, los oficiales solicitaron en reiteradas ocasiones que el hombre presentara una identificación. Al no hacerlo, los trabajos de inteligencia desplegados en el lugar confirmaron su ficha de búsqueda internacional.

Señalamientos adicionales y situación migratoria

Las fuentes de cooperación internacional también revelaron que Omar “N” enfrenta señalamientos por posesión de sustancias controladas en Estados Unidos. Ese cargo se suma a la acusación principal por la que era requerido en Texas.

Durante los trámites posteriores a su detención, las autoridades determinaron que el sospechoso no acreditó estancia legal en México. Por esa razón, fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) para los procedimientos administrativos correspondientes.

La coordinación detrás de la captura

Según las autoridades, la operación formó parte de la estrategia de colaboración interinstitucional e internacional impulsada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch. El objetivo de esa estrategia es localizar y capturar a personas requeridas por la justicia de otros países que se encuentren en territorio mexicano.

El caso ilustra el funcionamiento del mecanismo de rastreo transnacional: una corporación estatal recibe información, la valida con unidades federales especializadas y ejecuta la detención en coordinación. El resultado fue la captura de un individuo que, según las autoridades texanas, representaba un riesgo para menores de edad.

El camino hacia la extradición

Con Omar “N” ya bajo custodia migratoria, las autoridades mexicanas iniciaron las gestiones legales para definir su situación jurídica. El proceso contempla los trámites necesarios para su eventual extradición a Estados Unidos.

Una vez entregado a las autoridades estadounidenses, el detenido deberá responder ante la justicia de Texas por las acusaciones que motivaron la orden de arresto. La resolución de su caso dependerá del avance de esos procedimientos en el país vecino.

Tulum como destino de prófugos internacionales

La detención en uno de los destinos turísticos más visitados del Caribe mexicano pone de manifiesto un patrón documentado por las agencias de seguridad: personas requeridas por la justicia de otros países utilizan zonas de alta afluencia turística para pasar desapercibidas. La colaboración entre fuerzas locales, federales y organismos internacionales resultó determinante para dar con el paradero del sospechoso.

El detenido permanece a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan los trámites legales que determinarán su traslado a Estados Unidos.

En los próximos días, se espera que las autoridades ofrezcan detalles adicionales sobre el caso y el avance de los procedimientos legales. La información oficial permitirá conocer el rumbo de la investigación y el destino del detenido conforme avance su proceso judicial.

La captura de Alexander Antonio Pereira Castro, conocido como alias Alex Pereira, marcó un nuevo capítulo en la lucha contra el crimen organizado en el norte de Colombia.

La Policía Nacional informó la detención del señalado líder de la Oficina de la Costa Bolívar en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro (Antioquia), tras ser expulsado de Panamá. La operación involucró coordinación internacional y la verificación de documentos falsos, según reportó Caracol Radio.

El arresto de Alex Pereira, de 37 años y oriundo de Cartagena, responde a una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada. Además, enfrenta procesos judiciales por homicidio, lesiones personales, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. De acuerdo con la información recogida por Caracol Radio, su nombre figuraba en el Cartel de los Más Buscados de Cartagena, publicado por la Policía Nacional el 28 de abril de 2026, debido a su presunta implicación en una serie de homicidios y otros delitos graves.

La detención se produjo luego de que las autoridades migratorias de Panamá interceptaran al sospechoso el 16 de mayo, cuando intentaba salir hacia Puerto Rico. Durante el control migratorio en el puesto de Guabalá, provincia de Chiriquí, se constató que Pereira había ingresado de manera ilegal. Al revisar su pasaporte, se descubrió que los documentos eran falsos, lo que permitió confirmar su identidad real, buscada mediante circulares azul y roja de Interpol en 196 países.

El brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, explicó que la captura de Pereira es parte de una ofensiva coordinada contra las estructuras criminales que afectan la seguridad de la región. “La Policía Nacional ratifica su compromiso de continuar adelantando acciones contundentes contra las organizaciones delincuenciales que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana”, afirmó Peña Araque.

Las investigaciones apuntan a que Alex Pereira inició su carrera delictiva en 2015, integrando la subestructura Héroes del Caribe del Clan del Golfo. En 2023, habría fundado la organización conocida como “Oficina de la Costa Bolívar”, una estructura criminal que, según los reportes policiales, mantiene influencia en varios sectores de Cartagena. Bajo su presunto liderazgo, la organización habría ejercido extorsión a comerciantes y ofrecido servicios criminales externalizados para homicidios selectivos, colaborando con otras agrupaciones delincuenciales.

Según las autoridades, a Pereira se le atribuyen trece homicidios, cuatro tentativas de homicidio y una lesión personal a un menor de edad. La Policía también documentó dieciséis anotaciones judiciales en su contra por delitos como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego (2008, 2017, 2020 y 2022), hurto calificado (2009), hurto agravado (2010), homicidio (2014, 2019 y 2023), concierto para delinquir agravado con fines de homicidio (2020 y 2021), concierto para delinquir agravado con fines de extorsión (2023) y amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos (2025).

La captura de Pereira se produce en un contexto de intensificación de controles policiales en Bolívar ante la proximidad de las elecciones regionales, previstas para el domingo 21 de junio. Las autoridades han reforzado los operativos de seguridad para garantizar el desarrollo pacífico de los comicios. En ese sentido, la Policía Nacional exhorta a la ciudadanía a colaborar con las investigaciones y a suministrar información que facilite la identificación y detención de otros integrantes de estructuras criminales que operan en la región.

El operativo que condujo a la caída de Alex Pereira contó con la colaboración de organismos de seguridad internacionales y nacionales, reflejando el alcance de las redes delictivas y la necesidad de cooperación transfronteriza para combatirlas. La expulsión desde Panamá y la posterior notificación de la captura en territorio colombiano representan un ejemplo de la articulación entre países en la persecución de actores señalados por delitos graves.

Las autoridades consideran relevante la desarticulación de su estructura ante el impacto que ha tenido en la seguridad de Cartagena y sus alrededores. El caso continúa en investigación mientras avanzan los procesos judiciales por los distintos delitos que se le imputan. “Asimismo, invita a la comunidad a seguir suministrando información oportuna que permita la captura de los actores criminales que atentan contra la tranquilidad de los cartageneros”, afirmó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La reacción política en Colombia no se hizo esperar tras la detención del activista de izquierda Beto Coral en Arizona, Estados Unidos. Diversos referentes expresaron preocupación por las implicancias en materia de libertades civiles y el posible trasfondo político de la medida, mientras las autoridades estadounidenses no han emitido una versión oficial sobre los motivos de la captura.

El procedimiento fue ejecutado por la agencia federal HSI (Homeland Security Investigations), adscrita al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), el 16 de junio de 2026. Según informó el periodista Daniel Coronell, Coral fue arrestado mientras se encontraba con su hijo menor de edad. Se presume que el objetivo sería la deportación del activista, aunque los detalles concretos del proceso no han sido divulgados por las autoridades norteamericanas.

Tras conocerse la noticia, el senador y candidato presidencial Iván Cepeda manifestó su rechazo al arresto y sostuvo que, si la detención está vinculada a la actividad política de Coral, se trataría de una grave violación de libertades civiles.

Cepeda solicitó garantías para que el creador de contenido pueda ejercer su defensa y sea liberado de inmediato, señalando que la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege la libertad de expresión.

La detención de Beto Coral ha generado debate en Colombia porque el activista es conocido por su respaldo a Gustavo Petro y por sus críticas hacia figuras como Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y el presidente estadounidense Donald Trump.

Su papel como defensor de posiciones políticas en redes sociales lo ha puesto en el centro de la discusión sobre el alcance de la libertad de expresión y la presión sobre activistas en el exterior.

Reacción de Piter Albeiro a la captura

Uno de los contradictores de la izquierda en Colombia es el comediante y empresario Piter Albeiro, que constantemente se pronuncia en su cuenta de X ante las decisiones y diferentes comentarios que lanza el presidente Gustavo Petro en sus alocuciones en público.

Tras conocer el arresto de Coral en Arizona, el ganador de Masterchef Celebrity no dudó en pronunciarse sobre esta situación que ha generado debate en la izquierda y apuntó a que aquellos que han sido víctimas del creador de contenido se unan para que comparezca ante un juez.

“Todos los que hemos sido víctimas de ese señor debemos unirnos para que ahora que esté frente a un juez pueda notificarse de las denuncias por difamación que, huyendo, se ha negado a comparecer 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻“, escribió el humorista y celebró la situación con varios emojis de aplausos.

La polémica entre Piter Albeiro y Beto Coral no es reciente

Los enfrentamientos en redes sociales entre el comediante y empresario con el activista político Beto Coral no son recientes, pues desde 2024 se comenzaron a gestar los primeros post del también periodista contra Piter Albeiro.

De acuerdo con una publicación compartida por Coral en su cuenta de TikTok, había una situación polémica que salpicaba a Piter Albeiro y Carroloco: el lavado de activos.

En ese cruce intervino el presentador Camilo Pardo, que cuestionó la equivalencia entre lujo y delito mientras el nombre de Carroloco aparece ligado a una investigación por bienes y dinero supuestamente vinculados al Clan del Golfo.

El dato que empujó la discusión fue otro: Pardo sostuvo que en Estados Unidos acceder a un carro de lujo puede depender de la deuda y no de la compra directa, una diferencia que usó para discutir las acusaciones que circulan en redes sobre vehículos, lanchas y propiedades.

La polémica había escalado después de que Beto Coral difundiera un mensaje acompañado por un video sobre un aparente caso de lavado de activos, en referencia a los carros de lujo y lanchas que alquilaría el comediante. A partir de ahí, la conversación sumó a la tuitera “Marce, te quiero mucho” y giró hacia la reacción de Piter Albeiro frente a esos señalamientos.

Pardo habló sobre un mecanismo concreto para explicar su posición: dijo que en Estados Unidos los bancos pueden recuperar vehículos por GPS sin necesidad de una orden judicial, una comparación que presentó como contraste con Colombia. Sobre esa base, rechazó que la mera posesión o uso de bienes caros deba leerse como señal automática de dinero ilícito.

Asimismo, en mayo de 2026, Coral compartió una publicación en su cuenta de X en la que arremetía contra Piter Albeiro por, presuntamente, burlarse de los colombianos que fueron deportados por las autoridades migratorias y capturados por ICE, nuevamente recordándole su pasado en la cárcel.

“Ayer el exconvicto @PITERALBEIRO se burlaba de los colombianos capturados por ICE. Hoy se conoce la triste noticia de un colombiano que se suicidó en una cárcel, después de hacer múltiples llamados para poder hablar con su madre y pedir que mejoraran sus condiciones. Cuando personajes como este señor y muchos de sus seguidores entienden perfectamente por qué piensan como piensan y por qué apoyan al abogado de mafiosos Abelardo De La Espriella”, escribió.

Las autoridades colombianas reportaron la captura de Carlos Alberto Pérez, conocido como alias Calavera, señalado como el principal responsable de la adquisición y suministro de armas, municiones y materiales logísticos para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) también denominados como Los Pachenca.

De acuerdo con el reporte oficial, el operativo fue realizado el 13 de junio de 2026 en el municipio de Dibulla, en el departamento de La Guajira, efectuado por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional de Colombia.

Así mismo, la fuerza pública detalló que este sujeto cuenta con investigaciones por homicidios y otros delitos cometidos en la región Caribe colombiana.

Perfil de alias Calavera

Según la investigación oficial, alias Calavera fungía como el principal encargado de la consecución de material bélico y de intendencia para las Acsn, actual organización que mantiene conversaciones de paz con el Gobierno colombiano, en cabeza del presidente Gustavo Petro.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, indicó que el hoy procesado era el encargado de entablar nexos con redes criminales que hacen presencia en Venezuela para la obtención del material de guerra para dicho grupo al margen de la ley.

“Alias Calavera fungía como el principal encargado de la consecución de material bélico y de intendencia para la organización delincuencial; para ello, articulaba redes transfronterizas logrando adquirir armamento en los estados de Táchira y Zulia, en Venezuela”, declaró el oficial en atención a los medios de comunicación.

Incluso, mencionó que contaba con la confianza de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Nain o Bendito Menor, máximo cabecilla las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, lo que posicionó a “Calavera” como pieza estratégica en el fortalecimiento militar del grupo.

Las investigaciones señalan que bajo la coordinación de alias Calavera, fueron gestionados cerca de 25.000 cartuchos de diferentes calibres para abastecer a Los Pachenca. Parte de la munición habría tenido su origen en el presunto desvío de material de las Fuerzas Militares de Colombia, según reveló Caracol Radio.

Según las autoridades, la logística articulada por alias Calavera hacía posible el ingreso ilegal de armas a Colombia a través de pasos fronterizos ocultos y dotaba a las Acsn de los recursos para acciones criminales en la región Caribe.

El volumen de armas y municiones gestionadas por el detenido reforzó la presencia de los Pachenca en la disputa territorial en La Guajira y zonas aledañas, según información revelada por El Tiempo.

Por el momento, el hoy detenido será llevado ante las autoridades competentes, donde la Fiscalía General de la Nación le imputará los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, municiones y explosivos.

Para las autoridades, la detención de Carlos Alberto Pérez alias Calavera constituye un golpe estratégico que debilita sensiblemente la capacidad logística y operativa de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

La Policía Nacional resalta que la operación interrumpe la línea de abastecimiento de armamento y suministros esenciales para el grupo criminal. Así mismo, las investigaciones continúan, enfocadas en desarticular las otras redes criminales fortalecidas por el tráfico ilegal de armamento en la región.

La acción policial refuerza los esfuerzos institucionales para cortar los flujos de armas y debilitar las bases logísticas que han favorecido la expansión de organizaciones criminales en el norte de Colombia.

Cese al fuego de las Acsn

Es importante mencionar que, desde mayo de 2026, alias Naín o Bendito Menor había anunciado un cese al fuego total de las Acsn en el departamento de La Guajira (norte de Colombia), y expresó su disposición a abrir un diálogo directo con el presidente Gustavo Petro para buscar una salida negociada al conflicto en esa zona del norte de Colombia.

“La Guajira no aguanta más guerra. Entiendo el cansancio de mi pueblo. Por eso anuncio ante el Gobierno y ante mis paisanos un cese al fuego total en todo el departamento”, indicó el líder del grupo armado.

En respuesta a ello, el mandatario colombiano recibió con beneplácito la propuesta de Pérez Toncel, aunque mencionó una serie de condiciones para reanudar las conversaciones de paz, que habían sido suspendidas tras un paro armado efectuado en abril del año en curso.

“El frente Conquistadores ha propuesto entregar todas las rutas del narco y someter a sus extraditables a negociación con autoridades de EEUU en EEUU (sic)”, precisó el jefe de Estado en una publicación de X.

Los padres de Mateo Pérez Rueda, el periodista de 24 años que fue asesinado a manos de alias Chalá, comandante de las disidencias de las Farc, en el municipio de Briceño, Antioquia, pidieron justicia y una condena ejemplar para el ahora capturado como principal responsable del crimen.

Especialmente Gloria Rueda, madre del comunicador social, que expresó su reacción al enterarse de la detención de “Chalá”, uno de los más peligrosos sicarios al servicio del grupo armado.

“Nos acabamos de enterar”, informó la progenitora, que en entrevista con Semana, dirigió un mensaje a las autoridades judiciales del país: “Este es, apenas, un primer paso. Lo que pido es contundencia con la pena de ese señor (Víctor Chalá). Es una persona altamente peligrosa y no solamente lo hago por mi hijo, Mateo, sino por todas las otras víctimas de él. Es necesario que las autoridades tomen el caso en serio y que sea contundente la pena que vayan a imponerle. Eso es lo que pedimos en justicia”, declaró.

Personalmente, sobre la posibilidad de perdonar al responsable del crimen de su hijo, la mujer afirmó que “eso se lo dejo a Dios. Que lo perdone él. Sabe en su infinita misericordia qué es lo que debe hacer”. Incluso, comentó que no contempla siquiera la posibilidad de enfrentarse personalmente con el autor del asesinato de su hijo.

“Si lo tengo al frente, creo, no le diría nada. Lo de hablarle o mirarlo, no lo contemplo”, afirmó.

Rueda señaló que la captura de Chalá le genera cierta tranquilidad, aunque condicionada a que la justicia actúe con rigor. “Siempre y cuando se siga rigurosamente la contundencia de la pena. Así daría tranquilidad, pero uno no sabe qué camino tomará este caso. De pronto, nos sorprende, como nos han sorprendido tantas veces”, indicó.

Al referirse a cómo ha sobrellevado la ausencia de su hijo, la madre de Mateo Pérez destacó el apoyo familiar y la fe: “Es gracias a Dios y a la familia. Hemos estado muy unidos y nos hemos estado ayudando los unos a los otros. Y la fortaleza que hemos recibido de Dios porque a él nos hemos entregado desde el primer día”, compartió.

Por su lado, el padre del joven periodista aseguró que “no se sienten seguros ni tranquilos” como familia, sostuvo en diálogo con Noticias RCN. Allí mismo, Julián Pérez, hermano del comunicador, solicitó contundencia a las autoridades, en favor de la justicia y sus garantías como víctimas.

Mateo Pérez, de 25 años, era director del portal El Confidente y cursaba estudios de ciencias políticas en la Universidad Nacional. Fue asesinado mientras realizaba una investigación periodística en la zona rural de Briceño, Antioquia, donde cubría información sobre combates entre grupos armados.

Alias Chalá, figura clave de las disidencias en el departamento de Antioquia

La Policía capturó a Víctor Chalá la noche del viernes 12 de junio en Flandes, Tolima, durante un retén. Sobre él pesaban órdenes judiciales por delitos de terrorismo, extorsión, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas. Su intento de desplazarse hacia Caquetá terminó con su detención y la de otros cuatro integrantes de las disidencias.

Desde la Policía Nacional se comunicó que Jhon Edinson Chala Torrejano — su nombre de nacimiento— era cabecilla de comisión armada del GAO-r E-36, conocido como frente 36, y hombre de confianza del cuarto jefe de esta estructura, alias Primo Gay.

“Según las investigaciones, este criminal acumulaba una trayectoria de 10 años en el GAO-r, estando fuertemente vinculado al homicidio de firmantes del acuerdo de paz en 2024, además de haber fungido como cabecilla financiero encargado de extorsionar a los gremios cafetero, agrícola y ganadero en Huila y Tolima”, fue el reporte oficial de la institución.

En un esfuerzo continuo por erradicar las redes de explotación que amenazan a los sectores más vulnerables del país, la Fiscalía General de la República (FGR), en estricta coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un contundente operativo durante la madrugada de este día 12 de junio.

La intervención dejó como resultado la captura de Miguel Ángel Renderos Teo, un individuo acusado presuntamente de crear material de abuso sexual infantil, un delito que ha encendido las alarmas de las instituciones de seguridad pública debido al uso de entornos digitales para la victimización de menores.

De acuerdo con los reportes oficiales compartidos por las autoridades, la investigación en torno a Renderos Teo inició de forma expedita tras recibir un aviso ciudadano y alertas tecnológicas sobre sus actividades ilícitas.

La rápida movilización de los fiscales y agentes policiales no solo permitió la localización y detención del sospechoso, sino que también llevó a la identificación inmediata de dos víctimas menores de edad.

Durante el registro y allanamiento del inmueble donde operaba el imputado, los equipos tecnológicos incautaron tres teléfonos celulares. Según fuentes fiscales, estos dispositivos almacenan información crucial y serán sometidos a vaciados de información y peritajes científicos para ser presentados como evidencia irrefutable durante el proceso judicial.

Las dos menores rescatadas recibirán atención médica, psicológica y legal inmediata por parte del equipo multidisciplinario de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia (UAEMNA), garantizando el resguardo de su integridad y el inicio de su proceso de recuperación.

Renderos será puesto a la orden de los tribunales correspondientes en los próximos días, donde enfrentará cargos formales por los delitos de utilización de menores a través de las tecnologías, violación y agresión sexual, según detalló la institución.

El espejo de la justicia: La reciente condena de Neftalí Martínez

Este operativo de madrugada guarda una preocupante y directa similitud con otro caso de alto impacto resuelto recientemente por el sistema judicial salvadoreño. El pasado 5 de junio, la FGR logró una sentencia de 24 años de prisión en contra de Neftalí Esaú Martínez Escamilla, quien fue hallado culpable de agredir sexualmente de forma continuada a un menor de edad y registrar dichos abusos en formato audiovisual.

Al igual que en el caso de Renderos Teo, el hilo conductor que llevó a la detención de Martínez Escamilla fue una alerta temprana recibida por la Fiscalía. Las investigaciones ubicaron al agresor en el distrito de Mejicanos, en San Salvador Centro. Al momento del arresto, las autoridades rescataron a una víctima que, según los peritajes forenses y testimoniales, sufrió agresiones sexuales sistemáticas por parte de Martínez desde el año 2018 hasta el 2022.

Por lo que, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador impuso la pena máxima tras validar las pruebas de la FGR, que demostraron la comisión de los delitos de utilización de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad en pornografía a través de tecnologías de la información; adquisición o posesión de material pornográfico infantil, y agresión sexual en menor e incapaz en su modalidad continuada.

El panorama que reflejan estas capturas y condenas evidencia una evolución en las estrategias delictivas, donde los agresores recurren cada vez más a las herramientas digitales para cometer y difundir crímenes contra la infancia. En El Salvador, las reformas legales implementadas en los últimos años han endurecido severamente las penas para quienes utilicen las tecnologías de la información y comunicación (TIC) como vehículo para la explotación, posesión o comercialización de material de abuso infantil.

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Metropolitana Santiago de Cali, la agresora fue capturada después de lanzar a una guarda del sistema hacia el carril exclusivo en la estación Buitrera, en el sur de Cali, precisamente en el momento en el que los buses se encontraban en circulación.

El brutal acto de violencia quedó registrado en video y desató la indignación de la comunidad a través de las redes sociales, debido a que la mujer puso en riesgo la vida de la trabajadora y no mostró ningún tipo de arrepentimiento por hacerlo.

En la tarde del jueves, las autoridades confirmaron que la agresora quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por las lesiones ocasionadas a la trabajadora.

Reporte oficial de la Policía de Cali

A través de un comunicado, las autoridades informaron que una mujer de 25 años fue capturada en flagrancia por lesiones personales tras agredir y empujar a una guarda de seguridad del sistema MIO en Cali.

De acuerdo con la información recopilada por los uniformados y el señalamiento directo de la víctima, la discusión comenzó cuando la guarda exigió los requisitos para el ingreso de un canino: uso de bozal y presentación del carné de vacunación.

La Policía indicó que la usuaria golpeó en el rostro a la funcionaria y luego la empujó desde la plataforma hacia la vía exclusiva del articulado. El caso elevó a cinco las capturas registradas en lo corrido de 2026 por agresiones a guardas de seguridad en distintas estaciones de la ciudad, de acuerdo con la misma institución.

De acuerdo con lo informado por medios locales como El País, la ciudadana que resultó afectada por este episodio fue trasladada a un centro asistencial, en el que recibió varios días de incapacidad por los traumatismos.

Cabe mencionar que el artículo 146 del Código Nacional de la Policía Nacional contempla multas de $216.474 a $1.731.792, equivalentes a 4 a 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, para agresiones en sistemas de transporte.

Del mismo modo, se estima que las autoridades podrían imputar delitos en contra de la señalada responsable por la violencia contra servidor público, lesiones personales y hasta tentativa de homicidio, por lo que se está a la espera de los avances en el proceso judicial.

Alerta por casos de violencia dentro y fuera del sistema de transporte en Cali

El cuerpo de una persona fue hallado el lunes 25 de mayo de 2026 dentro de un costal abandonado cerca de una estación del MIO en el barrio La Rivera, en el norte de Cali, tras el aviso de residentes que detectaron un olor fuerte en la vía pública.

La Policía atribuyó el contexto de estos hechos a disputas criminales: “Vemos esa ola de violencia que se da en el marco de lo que tiene que ver con ajustes de cuentas entre estos grupos criminales, que aprovechan los fines de semana... De esos homicidios, el 46% de las víctimas tenían precisamente registros o anotaciones judiciales”, afirmó a Blu Radio el general Herbert Benavides, comandante de la Policía de Cali.

Según información preliminar, el hallazgo ocurrió en un separador vial de la calle 70, entre las carreras 1J y 1H, en inmediaciones de la estación del MIO del sector. Los transeúntes alertaron a las autoridades al notar el costal en ese punto.

Al lugar llegaron unidades de la Policía Metropolitana de Cali y personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía para acordonar la zona y realizar la inspección. El cadáver fue trasladado a Medicina Legal para exámenes forenses que permitan establecer la identidad y la causa de muerte.

Las autoridades indicaron que este sería el segundo caso de un cadáver encontrado en condiciones similares en menos de dos semanas en la ciudad. Las autoridades se encuentran analizando versiones preliminares sin confirmación oficial que señalan que el costal pudo haber sido abandonado por desconocidos que se movilizaban en un vehículo.

La noche de ayer 9 de junio parecía transcurrir con normalidad en las afueras de la ciudad de Masaya. Sin embargo, detrás de las paredes del Auto Hotel “Momentos Diferentes”, ubicado a escasos 70 metros al norte de la rotonda El Coyotepe, se gestaba una tragedia que hoy enluta a una familia nicaragüense y deja a un niño en la orfandad.

María Celeste Meza Valle, de 30 años, ingresó a ese lugar sin saber que sería el escenario de sus últimos minutos de vida, presuntamente a manos de su cónyuge, Walter Ramón Martínez Trujillo, de la misma edad.

El reloj marcaba aproximadamente las 08:30 de la noche cuando la pareja arribó al establecimiento a bordo de un taxi Toyota Yaris, color blanco, con placas M 12-654. Nadie en el motel sospechaba que, bajo la aparente tranquilidad de los clientes, se escondía un historial de conflictos personales y económicos que estaba a punto de estallar de la peor manera posible.

Minutos después de que la pareja se instalara en la habitación, la atmósfera del lugar cambió drásticamente. Los trabajadores y testigos del auto hotel se alertaron al escuchar gritos desgarradores de auxilio que provenían del cuarto. El instinto de protección hizo que el personal del establecimiento acudiera de inmediato a revisar qué sucedía, pero el escenario que encontraron al abrir la puerta fue devastador.

María Celeste yacía gravemente herida dentro del baño de la habitación, ensangrentada y luchando por su vida. Mientras el personal intentaba asimilar el horror de la escena, el presunto agresor, Walter Ramón Martínez Trujillo, ya había iniciado una precipitada huida.

Con la adrenalina del crimen y el desespero de evadir a la justicia, Martínez subió al taxi Toyota Yaris y aceleró a fondo. En su violento escape, impactó fuertemente contra una parte del portón principal del motel, destrozando la estructura antes de incorporarse a la carretera a toda velocidad.

Los empleados, en medio de la crisis, llamaron de urgencia a las autoridades policiales y a los cuerpos de socorro con la esperanza de salvar a la joven madre. Sin embargo, el daño ya estaba hecho; al llegar al lugar, los paramédicos solo pudieron confirmar que la víctima ya no presentaba signos vitales.

El “Plan Candado” y la captura en la madrugada

La respuesta de la Policía Nacional del departamento de Masaya fue inmediata. Tras recibir la denuncia y constatar la gravedad del femicidio, se activaron de urgencia los bloques operativos y los equipos especiales de investigación criminal. La consigna era clara: cerrar las vías de salida del departamento mediante un intenso “Plan Candado” para evitar que el sospechoso lograra refugiarse en otra zona del país.

El primer rastro del sospechoso apareció pocas horas después del crimen. Los agentes localizaron el taxi Toyota Yaris abandonado a la orilla de la carretera que conecta Tipitapa con Masaya, exactamente a unos cinco kilómetros de distancia del auto hotel. El vehículo presentaba los daños visibles del choque contra el portón, pero Martínez Trujillo ya no estaba en su interior; había continuado su escape a pie o buscando otro medio de transporte bajo la sombra de la noche.

A pesar de sus esfuerzos por ocultarse, el despliegue policial no cesó. Durante el transcurso de la madrugada, los equipos de búsqueda lograron ubicar el paradero de Walter Ramón Martínez Trujillo. El sospechoso fue capturado de forma inmediata y trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad hacia las celdas preventivas de la delegación policial de Masaya, donde permanece bajo estricta custodia.

Su trágica muerte deja ahora en la orfandad a un menor de edad, quien se convierte en la víctima colateral más vulnerable de este crimen. Fuentes extraoficiales han señalado que la relación entre María Celeste y Walter Ramón estaba severamente desgastada por constantes conflictos vinculados a asuntos económicos y problemas personales.

No obstante, corresponderá a los peritos y a los investigadores de la Policía Nacional determinar con exactitud los móviles del crimen mediante la recolección de evidencias físicas y testimoniales.

Un hombre fue acusado de abuso sexual en contra de dos menores de edad en Magangué (Bolívar), lo que generó rechazo en los habitantes del departamento que exigieron justicia y acompañamiento psicológico para las víctimas.

De acuerdo con el reporte oficial, el detenido es investigado por agredir carnalmente a sus sobrinas de 4 y 5 años, por lo que fue puesto a disposición de la justicia tras un operativo policial en el que se le comunicaron sus derechos y se le indicó que sería llevado a juicio.

El sujeto cayó en el barrio Centro de Magangué al ser señalado de aprovecharse de sus sobrinas, además de cometer actos sexuales en contra de su hijastra. El arresto se realizó por orden judicial y el caso está siendo tramitado por la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia y la Fiscalía General de la Nación.

El informe policial, difundido por medios locales como El Universal, indicó que el investigado utilizaba la relación familiar para acercarse a las niñas y someterlas a todo tipo de vejámenes sexuales.

Además, la investigación logró establecer que después de los abusos, el agresor las bañaba y cambiaba de ropa con la intención de eliminar cualquier rastro del ataque y no ser descubierto por las madres de las pequeñas.

Del mismo modo, las pesquisas determinaron que su hijastra habría sido víctima de actos lascivos y amenazas. Este patrón incluía coacción, lo que impedía que las menores pudieran denunciar lo sucedido por el miedo que tenían a su agresor.

El señalado abusador ya tenía antecedentes

El hombre quedó bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación, donde enfrenta un proceso por acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Sin embargo, la Policía de Bolívar confirmó que el agresor ya tenía una anotación judicial previa por delitos sexuales del mismo tipo.

Cabe mencionar que la captura fue realizada gracias a una orden emitida por el Juzgado Tercero Promiscuo municipal de Magangué, y se ejecutó en la carrera 4 con calle 16 del barrio Centro.

Ante la gravedad del caso, las autoridades recordaron que las instituciones sí realizan las respectivas intervenciones frente a los delitos cometidos contra niñas y adolescentes, por lo que pidieron a la comunidad que denuncie cualquier tipo de ataque para poder actuar rápidamente y rescatar a las víctimas.

Padre abusó sexualmente de sus hijas

Otra de las denuncias que causó indignación en el país está relacionada con un hombre de 33 años que fue capturado en Bogotá por abusar de sus dos hijas de 5 y 10 años durante cerca de 6 años, en un operativo conjunto de la Policía y la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso aprovechaba la ausencia de la madre para suministrar somníferos a las niñas y agredirlas de forma sistemática. También las habría amenazado de muerte y sometido a presiones y maltratos físicos para evitar que revelaran lo ocurrido.

Según la investigación, las menores ya mostraban conductas de riesgo y cambios de comportamiento, señales que alertaron a los profesionales de la salud y a los investigadores.

¿Cómo denunciar un caso de abuso sexual contra menores de edad?

Las autoridades recordaron la importancia de notificar cualquier caso de violencia sexual contra menores a lo largo y ancho del territorio nacional, con el fin de garantizar el bienestar de los niños y adolescentes.

Para este fin se encuentran disponibles la línea de emergencias 123 y el 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para orientación y acompañamiento.

El acceso a estos canales facilita la respuesta oportuna ante delitos sexuales y contribuye a la protección de las víctimas. Las instituciones insisten en que la colaboración ciudadana permite actuar rápidamente y fortalecer el cuidado de la infancia.

Oficiales de la SSC detienen a un hombre de 45 años en la alcaldía Venustiano Carranza tras identificarlo como el sujeto que aparece en un video donde presuntamente agrede a un adulto mayor. La corporación lo asegura en posesión de 20 bolsitas con aparente marihuana y dinero en efectivo, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

La detención se da luego de que el pasado 29 de mayo de 2026 se difunde en redes sociales un video en el que se observa a un hombre golpear a un ciudadano mientras caminaba por calles de la colonia La Michoacana, en Venustiano Carranza, según la SSC. A partir de esa denuncia, la dependencia activa labores de investigación e inteligencia en la zona para ubicar al posible responsable.

Como parte del seguimiento, los uniformados realizan entrevistas con vecinos, montan vigilancia y revisan registros de cámaras de videovigilancia para establecer la ruta de escape y el área de movilidad del individuo, además de obtener su media filiación, de acuerdo con la SSC. Con esa información, intensifican los recorridos en calles cercanas para localizar a alguien con las mismas características.

La SSC informa que durante los patrullajes en la colonia Janitzio, los policías detectan a un hombre que coincide con el perfil buscado. La dependencia señala que el sujeto muestra una conducta inusual mientras manipula bolsitas de plástico similares a las que suelen usarse para la venta de narcóticos.

El aseguramiento ocurre en la avenida Congreso de la Unión y la calle Diagonal, donde los agentes le marcan el alto ante el probable hecho delictivo, según la SSC. En apego a los protocolos de actuación policial, le practican una revisión precautoria.

En esa inspección, la SSC reporta el aseguramiento de una mochila tipo cangurera que contenía 20 bolsitas transparentes con aparente marihuana y dinero en efectivo. Con esos indicios, los policías concretan la detención y resguardan la presunta droga.

La corporación señala que al detenido se le comunican sus derechos de ley y es trasladado ante el agente del Ministerio Público, junto con lo asegurado. La autoridad ministerial determinará su situación legal y dará continuidad a la carpeta de investigación correspondiente, de acuerdo con la SSC.

• La SSC detiene a un hombre de 45 años ligado a un video de presunta agresión a un adulto mayor en Venustiano Carranza.
• El aseguramiento ocurre en Congreso de la Unión y Diagonal; le hallan 20 bolsitas con aparente marihuana y dinero en efectivo.
• El detenido queda a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación legal y la investigación.

Aumenta el número de ancianos, aumenta el abuso

Entre 2015 y 2030 se espera que en todos los países aumente sustancialmente el número ancianos, y en algunos casos, tristemente también aumentan los abusos de los que esta población es víctima.

A pesar de que sigue siendo uno de los tipos de violencia menos tratados en los estudios que se llevan a cabo y menos abordados en los planes de acción, el maltrato a los ancianos ha comenzado a ganar visibilidad. Es un problema social que merece la atención de la comunidad internacional ya que afecta la salud y los derechos humanos de millones de personas mayores en todo el mundo.

Por esta razón, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, con el fin de expresar de manera global la oposición a los abusos y los sufrimientos infligidos a algunas de nuestras generaciones mayores. (Fuente: ONU)

El maltrato hacia este sector daña también a la familia, a la sociedad y a las instituciones, pues el impacto negativo en su salud física y emocional es inmediato y su atención integral representa un costo económico considerable.

Las estadísticas sobre el maltrato en la vejez son datos alejados de la realidad, debido a que la mayoría de los adultos mayores que lo viven no lo denuncian. Esta situación tiene su origen en distintas razones:

• no aceptan que están siendo maltratados,
• tienen temor a las represalias; pues es el único familiar con el que cuentan,
• creen que es temporal,
• no quieren que su familiar o cuidador vaya a la cárcel,
• desconocen con qué autoridad deben dirigirse,
• o su condición física o cognitiva no les permiten realizar una denuncia.

La conjunción de estos aspectos hace de este tema un asunto complejo. Por fortuna las perspectivas de derechos humanos y de género se han sumado al estudio de este fenómeno favoreciendo su conocimiento y atención. Sumado a ello, el interés de las asociaciones civiles, las instituciones públicas y privadas que trabajan violencia (desde la teoría y la atención directa), han favorecido la generación de nuevas políticas públicas orientadas a combatirlo.

La detención se realizó el domingo 31 de mayo de 2026 en una institución educativa de la capital del Valle del Cauca, donde el implicado cumplía funciones como jurado de votación asignado por la Registraduría Nacional para las elecciones presidenciales.

Según el reporte oficial, el hombre ejercía como profesor de Ética y Valores, donde aprovechaba su rol de educador para cometer presuntos tocamientos indebidos y acoso sexual al interior del aula.

Según los reportes del proceso investigativo, los hechos denunciados ocurrieron en septiembre de 2025 dentro del salón de clases. La investigación sostiene que el señalado se valió de la cercanía con los estudiantes y de la posición de autoridad que tenía sobre ellos.

El indiciado trabajaba desde hacía seis años como profesor en el área de Ética y Valores en un establecimiento educativo de la ciudad.

“Nuestros funcionarios lograron establecer la presunta responsabilidad de esta persona quien, aprovechándose de su rol como docente del área de Ética y Valores, realizaba actos abusivos contra esta menor de edad”, mencionó el brigadier general Óscar Mauricio Rico Guzmán, director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional.

Al revisar los sistemas de información y las bases de datos de la Fiscalía General de la Nación, las autoridades constataron que el detenido tiene dos anotaciones vigentes por delitos de connotación sexual. Esa verificación hizo parte del análisis de antecedentes judiciales practicado luego de la captura.

“El victimario presuntamente, realizaba tocamientos, indebidos y acoso sexual a una menor de tan sólo nueve años de edad al interior del salón de clases. Se necesitaron cinco meses de investigación para la recolección de pruebas por lo que los otros funcionarios lograron establecer la presunta responsabilidad de este hombre”, afirmó el oficial.

Tras su captura, fue trasladado y puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para los trámites de legalización de captura, imputación de cargos y definición de su situación jurídica.

La Policía Nacional pidió a la ciudadanía utilizar los canales institucionales para denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad y los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Capturan a hombre que abusó de una niña indígena de cuatro años en Cali

De otro lado, la Policía Nacional reportó la captura de un hombre acusado por abuso sexual contra una menor de cuatro años, perteneciente a una comunidad indígena.

Los hechos ocurrieron el 28 de mayo, cuando la familia, desplazada y en condición de alta vulnerabilidad, se encontraba en la plazoleta de San Francisco, en el centro de Cali.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, citado por Noticias RCN, el presunto agresor se acercó con una oferta de ayuda económica y productos básicos. La mujer aceptó y se trasladó con el hombre y los niños en motocicleta hasta el barrio El Calvario, donde dejaron al hijo mayor en la vivienda donde residían de manera temporal.

El recorrido siguió hasta una tienda en el barrio Aranjuez, donde el hombre le entregó dinero a la madre y le pidió que entrara a hacer las compras, mientras él esperaba afuera con la niña. Fue en ese momento cuando escapó con la menor hacia el sector de Ladera, en el barrio Los Chorros, donde la llevó a una vivienda del sector, la retuvo y cometió el abuso sexual.

El caso fue detectado por el llanto persistente de la menor, que alertó a habitantes de la zona. Una llamada a la línea 123 permitió la intervención inmediata de las autoridades, que ya adelantaban la búsqueda tras la denuncia presentada por la madre, y logrando la captura del sujeto en flagrancia.

“La menor fue trasladada de manera inmediata a la clínica Valle de Lili, donde un equipo médico especializado activó la ruta de atención integral para el restablecimiento de sus derechos. Desafortunadamente, su pronóstico de salud es reservado”, declaró el general Herbert Benavides, comandante de la Policía de Cali en atención a los medios de comunicación.

Las autoridades confirmaron que el detenido tiene 28 años y antecedentes judiciales por acto sexual violento, lesiones personales e injuria por vías de hecho, según el texto fuente. Tras su captura, quedó vinculado a un proceso por secuestro y abuso sexual agravado.

En la jornada del 3 de junio de 2026, un juez de control de garantías envió a prisión a dos sujetos identificados como Felipe Manuel Ricardo Begambre y Camilo Andrés Manjarezz Parra, tras ser señalados de atentar contra la tranquilidad de los turistas en Cartagena, puesto que les exigían dinero bajo amenaza de muerte.

Según el reporte de la Fiscalía General de la Nación, el caso expuso una modalidad de extorsión dirigida contra extranjeros en la zona de Bocagrande, muy reconocida por la cantidad de personas que se alojan en el sector, debido a su cercanía a las playas y otros servicios turísticos.

Los hechos ocurrieron el 22 de mayo de 2026, en el momento en el que un ciudadano de Estados Unidos, de 67 años, y su compañera sentimental fueron abordados por varios hombres que los intimidaron con armas cortopunzantes.

La decisión judicial fue anunciada después de que una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de la Seccional Bolívar presentara los elementos materiales probatorios del caso, por lo que los dos procesados fueron imputados por extorsión agravada. Sin embargo, ninguno de ellos aceptó su responsabilidad en el delito.

Los delincuentes tenían identificados a los extranjeros

Los agresores les dijeron a las víctimas que debían entregar 750 dólares para evitar un ataque en contra de su integridad. Después los siguieron y, al día siguiente, les aseguraron que sabían dónde se hospedaban, por lo que les pidieron $1 millón en efectivo adicional para no asesinarlos.

La entrega del dinero fue pactada en inmediaciones de un hotel de Bocagrande, donde se llevó a cabo un operativo coordinado con el Gaula de la Policía Nacional que permitió capturar a los ahora procesados cuando recibían la suma exigida a los turistas que denunciaron lo que estaba ocurriendo.

Según información de la Policía Nacional, los dos hombres integraban una modalidad de extorsión por intimidación que tenía como blanco principal a turistas en playas y otros puntos concurridos de Cartagena. La institución indicó que los sospechosos se presentaban como integrantes del Clan del Golfo para presionar a sus víctimas.

Del mismo modo, se indicó que los atacantes llegaban a la playa, permanecían allí durante varias horas y observaban a distintas personas hasta elegir a quienes iban a abordar. Después, los intimidaban verbalmente y les exigían dinero a cambio de no atentar contra su integridad, convirtiéndose así en una de las redes de extorsión más peligrosas de la región.

La reconstrucción de los hechos, hecha por el diario local El Universal, confirmó que, tras la primera amenaza, los hombres recurrieron a su destreza en la ciudad para ubicar el lugar de alojamiento de las víctimas y formular una nueva exigencia económica.

La Policía Nacional sostuvo que la oportuna denuncia de los afectados permitió activar un “operativo relámpago” que desencadenó la captura para evitar que más turistas caigan en esta red.

Tras lo ocurrido, se pronunció el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, que afirmó: “Con estas acciones operativas, le cerramos el cerco a la delincuencia común, que busca generar temor en los ciudadanos, en especial en los sitios turísticos de la ciudad. La denuncia oportuna nos permite actuar con contundencia frente al delito y blindar en seguridad a todas las personas que confluyen en sitios de alta demanda turística en la ciudad”, según la información citada por el medio local.

Cabe mencionar que en los primeros meses de 2026, las autoridades capturaron a 34 personas por extorsión en la ciudad. De ese total, 24 fueron detenidas en flagrancia cuando pretendían reclamar dinero producto de exigencias ilegales, y otras 12 por orden judicial, de acuerdo con el balance oficial citado por la Policía Metropolitana de Cartagena.

La captura de Carlos Alexis Mencía, alias “Gato Negro”, representa el primer gran avance en las investigaciones de la masacre ocurrida en Rigores, Trujillo, donde fueron asesinadas 20 personas el pasado 21 de mayo.

El ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, confirmó este martes que el sospechoso fue detenido en la ciudad de La Ceiba mediante una operación coordinada por los cuerpos de seguridad del Estado, luego de varias semanas de seguimiento e investigaciones.

Según informó el funcionario, al momento de su captura, Mencía portaba armas de fuego e indumentaria de uso exclusivo relacionada con la Policía Nacional, elementos que han sido incorporados al expediente investigativo y que podrían aportar nuevas líneas de investigación sobre la estructura criminal detrás del ataque.

Las autoridades consideran a “Gato Negro” como el presunto autor intelectual de la matanza que dejó 20 personas fallecidas el pasado 21 de mayo en Rigores, una comunidad ubicada en la zona atlántica del país. El hecho provocó conmoción nacional debido a la cantidad de víctimas y a la violencia con que fue ejecutado.

De acuerdo con las primeras hipótesis manejadas por los investigadores, el crimen habría sido motivado por una venganza derivada de conflictos criminales que operan en la región.

El ministro Velásquez explicó que la acción habría sido ejecutada por un grupo de sicarios que actuó bajo planificación previa.

Por su parte, el director de la Dirección Policial de Investigaciones, Rolando Ponce, indicó que la captura constituye el primer arresto directamente relacionado con la masacre y que las investigaciones se encuentran en una fase avanzada.

El jefe policial detalló que las pesquisas apuntan a que el origen del conflicto estaría vinculado a disputas por el control del robo y comercialización ilegal del fruto de la palma africana, una actividad que genera importantes ingresos económicos en varias comunidades del departamento de Colón.

Según explicó Ponce, en la zona operan grupos criminales dedicados al hurto de la producción de palma africana, situación que durante los últimos años ha provocado enfrentamientos violentos entre bandas rivales y ha incrementado la inseguridad para los habitantes del sector.

Las autoridades sostienen que la estructura criminal detrás de estos hechos habría mantenido una disputa prolongada por el control de territorios y actividades ilícitas relacionadas con este rubro agrícola, considerado uno de los principales motores económicos de la región.

Como parte de las investigaciones, este mismo día equipos forenses realizaron exhumaciones de algunas de las víctimas de la masacre, diligencias que buscan fortalecer la recolección de evidencias y esclarecer completamente las circunstancias en que ocurrieron los asesinatos.

El ministro de Seguridad aseguró que el proceso investigativo continúa activo y que se esperan nuevas capturas en los próximos días.

Asimismo, reiteró que las fuerzas de seguridad mantienen operaciones en distintos puntos del litoral atlántico para ubicar a otros presuntos responsables.

“Las investigaciones están bien avanzadas y esperamos dar con la captura de otros involucrados”, manifestó el director de la DPI, quien destacó el trabajo de los equipos especializados encargados del caso.

La captura de Mencía es considerada por las autoridades como un avance significativo para llevar justicia a las familias de las víctimas y desarticular las estructuras criminales que operan en la región.

No obstante, los investigadores sostienen que aún quedan varios sospechosos por identificar y capturar.

Carlos Alexis Mencía será presentado ante los tribunales competentes en las próximas horas para responder por los delitos que le sean imputados conforme avance el proceso judicial.

Mientras tanto, los cuerpos de seguridad aseguran que continuarán desarrollando operativos y acciones de inteligencia para esclarecer por completo uno de los hechos más violentos registrados en Honduras durante el presente año.

Las imágenes causaron indignación entre la ciudadanía, así que la Policía Metropolitana de Bogotá tuvo que pronunciarse el 2 de junio confirmando que la intervención en contra del trabajador ambulante se realizó “debido al alto grado de exaltación”, así que “se hizo necesario hacer uso proporcional de la fuerza”.

En las imágenes, el joven aparece cantando en el sector en el momento en que los uniformados se acercan y, a los pocos segundos, se produce un forcejeo. El perro se muestra fiel a su amo y se mantiene cerca de él durante el procedimiento.

Los internautas se mostraron sorprendidos con la acción policial y resaltaron que el animal ladraba “como pidiendo ayuda”, mientras que varias personas presenciaban lo sucedido.

En las imágenes se aprecia que el músico pedía apoyo de la comunidad, mientras que su animal de compañía se mantenía cerca de él. En la escena se aprecia el momento en el que una mujer intentó intervenir para reclamar por la actuación de los agentes, pues consideraba que se estaba haciendo un uso desmedido de la fuerza.

La grabación de uno de los ciudadanos que registró lo sucedido se compartió a través de las plataformas digitales, lo que desató cuestionamientos sobre el presunto abuso policial, además de pedidos de explicaciones sobre lo ocurrido.

Ante el llamado de la ciudadanía, la Policía Metropolitana de Bogotá emitió un comunicado en el que aseguró que los hechos ocurrieron en la mañana del 27 de mayo de 2026 en la localidad de Suba, e indicaron que tuvieron que intervenir como respuesta a las quejas de la comunidad.

“Atendiendo los reiterativos llamados de los ciudadanos residentes del sector a la línea 123, por parte de las continuas afectaciones a la convivencia y seguridad ciudadana generadas por parte del comercio informal ubicado en ese lugar, fue necesaria la llegada de manera inmediata de una de nuestras patrullas al lugar donde se solicitó a un ciudadano retirarse del sitio”, indicó el reporte oficial entregado por el coronel Álvaro Mora, comandante operativo de reacción y control de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Del mismo modo, el vocero de la institución aclaró lo siguiente: “Esta persona con actitud agresiva hace caso omiso a la recomendación de la policía y debido al alto grado de exaltación, se hizo necesario hacer uso proporcional de la fuerza”

En el reporte, la Policía indicó que impuso “un comparendo en cumplimiento a la ley 1801 de 2016 por irrespeto a la autoridad y desacatar las recomendaciones de los uniformados de retirarse de ese lugar”.

El mismo comunicado agregó que la respuesta de las autoridades “se hace necesaria para proteger su vida e integridad, al igual que la de los uniformados, aplicar el medio de policía de traslado por protección”.

La fuerza pública cerró su explicación con un pedido a la ciudadanía: “Se hace un llamado a toda la comunidad a que trabaje de la mano con la Policía Nacional en pro de la convivencia y seguridad ciudadana”.

Ante el revuelo generado, a través de las redes sociales, una usuaria identificada como Pat Martínez, confirmó que el músico ya regresó a su casa y está con su mascota: “El joven gracias a Dios está libre, con marcas de las esposas en sus muñecas y su perrita milagrosamente llegó a su casa, él no sabe cómo. Es un muchacho tranquilo, canta y toca guitarra en esa zona desde hace tiempo. Nada justifica el maltrato que le dieron a él y a su perrita”.

Poco después, la cantante July Rodríguez la invitó a un casting para la agrupación femenina de salsa Hechiceras, donde fue seleccionada y empezó a ganar notoriedad. En esa etapa vivió un romance con el futbolista ‘Chemo’ Ruiz y más adelante mantuvo una amistad cercana con el locutor Edwin Sierra.

Sobre esa relación, Widausky relató: “Edwin (Sierra) me dio un plus diferente. Él me hizo más pública y la gente comenzó a conocerme más. Él se molestó mucho conmigo en un primer momento porque creyó que yo armé todo eso, pero luego se dio cuenta de que no y continuamos siendo amigos”.

La exposición de Widausky se tornó más compleja en 2015, cuando fue hallada en un taxi donde asesinaron a ‘Chino’ Saucedo, personaje vinculado al caso de Gerald Oropeza. Poco después, sufrió un atentado en su vivienda y solicitó protección policial. Frente a cámaras, expresó: “No entiendo por qué me buscan. No entiendo por qué me quieren lastimar si yo no sé nada”.

En 2017, volvió a la prensa por su relación con el delincuente Luis Fernando Moreno Senepo, quien fue asesinado en la bajada Almendariz. Imágenes halladas en el teléfono del criminal la mostraban junto a él y las investigaciones insinuaron que la relación sentimental habría motivado el crimen, aunque la modelo rechazó esas versiones.

En 2020, un reportaje de Magaly TV, la firme mostró a la modelo saliendo de un restaurante y entrando a un hotel con un político. Widausky denunció por difamación a Magaly Medina y, en 2026, la periodista fue sentenciada a prisión y al pago de una reparación civil en primera instancia, pero luego el proceso quedó archivado.

La modelo declaró a La República: “En el año 2020, la señora Magaly volvió a hacer una nota bastante denigrante hacia mi persona, donde me involucra en un segundo caso de un hecho sangriento, en el que yo no tuve absolutamente nada que ver. Luego, me denigró como mujer con un reportaje (...). A mí se me cerraron las puertas”.

Uno de los momentos más comentados ocurrió en octubre de 2025, cuando Widausky participó en el programa El valor de la verdad. Sentada en el sillón rojo, respondió veinte preguntas sobre su vida. Allí reveló que fue víctima de abuso sexual a los cuatro años por parte de un familiar, confesión que validó el polígrafo y que conmovió a la audiencia.

Admitió haber priorizado el dinero en sus relaciones y aceptado dinero a cambio de sexo, defendiendo su autonomía: “Es mi vida, es mi cuerpo”. También expuso vínculos con figuras polémicas como Gerald Oropeza y Edwin Sierra, y relató cercanía a situaciones violentas. Tras veinte respuestas validadas, optó por retirarse del programa y obtuvo S/25.000.

Nadeska capturada por la Interpol

El 26 de mayo de 2026, Nadeska Widausky fue detenida en Lima por agentes de Interpol tras emitirse una orden internacional de arresto desde Bélgica. El operativo, coordinado bajo una Notificación Roja, la señala por presuntos vínculos con redes de trata de personas y otros delitos. Hasta el momento, las autoridades europeas no han dado detalles sobre los siguientes pasos judiciales.

Su detención resultó sorpresiva para quienes seguían su actividad en redes sociales, ya que pocos días antes compartía publicaciones desde Arequipa. El caso volvió a reactivar sospechas sobre conexiones con el entorno de Gerald Oropeza y su historial en la farándula.

En el ámbito patrimonial, la Tercera Fiscalía de Extinción de Dominio de Lima logró recuperar un departamento y un estacionamiento a nombre de Widausky e Ítalo Farias en Jesús María, por un valor de US$ 255.157,60. Los bienes fueron adjudicados al Programa Nacional de Bienes Incautados tras relacionarse con lavado de activos, estafa y robo agravado. Los peritajes contables indicaron un déficit patrimonial de S/ 762.119,26 para la modelo y de S/ 4’356.760,00 para Farias, cifras que justificaron la extinción de dominio.

Nadeska Widausky recibió 9 meses de prisión preventiva

El Poder Judicial programó para este miércoles 27 de mayo a las 11:00 horas una audiencia virtual destinada a analizar la solicitud de extradición de Nadeska Widausky Gallo, requerida por la justicia de Bélgica.

El requerimiento internacional se fundamenta en investigaciones por supuestos delitos de trata de personas, proxenetismo y robo con violencia o amenazas. Durante la audiencia se revisaron los documentos enviados por el país solicitante y los procedimientos realizados tras la detención de la ciudadana peruana en Lima. Además, se pidió un plazo de 9 meses de prisión preventiva antes de ser extraditada a Bélgica para continuar las investigaciones.

Luego de una larga audiencia que se retomó por la tarde del miércoles 27, el 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima dictó nueve meses de detención preventiva con fines de extradición contra la modelo e influencer peruana Nadeska Widausky Gallo, acusada por la justicia de Bélgica de integrar una red criminal transnacional dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y proxenetismo.

Hasta el momento la influencer desconoce a qué centro penitenciario será trasladada por lo que se encuentra en la carceleta del INPE a la espera de su reclusión.

En una rápida intervención, funcionarios de la Policía Nacional de Honduras, a través de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), lograron la detención en flagrancia de un ciudadano de nacionalidad salvadoreña.

Al extranjero se le supone responsable del delito de violación en perjuicio de una joven hondureña de 21 años, en un hecho ocurrido en la zona occidental del país.

Según el informe de los cuerpos policiales y las declaraciones brindadas por el vocero de la institución, el incidente se registró aproximadamente a las 10:00 de la noche.

La víctima se encontraba en el desvío del municipio de Dulce Nombre con la intención de trasladarse hacia Santa Rosa de Copán. Al encontrarse en la carretera, la joven solicitó un “jalón” o “ride” al conductor de un vehículo de carga pesada que transitaba por la zona.

El reporte preliminar detalla que, tras abordar la pesada unidad, el conductor avanzó un par de metros y posteriormente estacionó el automotor a la orilla de la carretera. En ese momento, el sospechoso presuntamente comenzó a realizar actos indebidos. Acto seguido, habría sacado un arma blanca para amordazar, amenazar y someter a la víctima, obligándola a sostener relaciones sexuales contra su voluntad.

Una vez cometido el abuso, el agresor trasladó a la joven hasta la terminal de buses de Santa Rosa de Copán, donde la abandonó. Agentes policiales que realizaban patrullajes preventivos en la zona detectaron la situación y atendieron a la víctima de manera inmediata.

Tras brindarle el resguardo necesario, la trasladaron a las oficinas de la DPI, donde un equipo especializado le ofreció acompañamiento psicológico y asesoramiento legal para formalizar la denuncia correspondiente a través del Sistema Nacional de Emergencias 911.

Con la información recabada, los equipos de la Unidad Departamental de Investigación Criminal N°4 (UDIC-4) desplegaron labores de seguimiento y vigilancia. El sospechoso fue localizado y requerido frente a una gasolinera en el barrio Miraflores de la misma ciudad. Al momento del arresto, las autoridades decomisaron un vehículo tipo cabezal, color amarillo, cargado con harina, el cual procedía de San Pedro Sula y tenía como destino El Salvador.

Declaraciones de los involucrados

Al ser interrogado por medios locales, el detenido, un hombre de 48 años originario de El Salvador y residente en la colonia San Gabriel, negó las acusaciones argumentando su inocencia:

“Yo la dejé allí en la terminal y yo me parqueé más adelante. Si hubiera hecho algo malo, ¿cree que me hubiera quedado ahí?”, manifestó el conductor, confirmando que sí trasladó a la joven tras su petición.

Por su parte, el vocero policial enfatizó que el caso ya se encuentra en manos del Poder Judicial, órgano encargado de evaluar las pruebas. Ante los cuestionamientos de la prensa sobre los motivos por los cuales la joven se encontraba en la carretera a altas horas de la noche.

De ser encontrado culpable en un juicio oral y público, el ciudadano salvadoreño enfrentará severas sanciones penales. De acuerdo con el Código Penal vigente en Honduras, el delito de violación simple establece una pena abstracta que oscila entre los 9 y 12 años de prisión.

No obstante, la condena podría incrementarse si el Ministerio Público logra acreditar agravantes específicas durante el proceso. En este caso particular, el uso de un arma blanca para amordazar e intimidar a la víctima, así como la ejecución del acto en un lugar solitario y durante la noche (aprovechándose de la vulnerabilidad de la joven), facultan al juez para aplicar la pena en su tramo máximo, la cual podría alcanzar hasta los 15 años de reclusión.

Según el reporte entregado por las autoridades, entre los detenidos se encuentra un hombre identificado con el alias de Winny, señalado como cabecilla de comisión de la organización armada que opera en la Orinoquía colombiana.

La operación se ejecutó de forma simultánea en Meta, Cundinamarca y Tolima, con coordinación de la Policía, la Fiscalía y apoyo del Ejército.

Además de ‘Winny’, también fueron detenidos alias la Bichota, identificada como presunta cabecilla de las Redes de Apoyo a las Estructuras Residuales; y alias Vicente, a quien las autoridades señalan como explosivista de la organización.

Perfil criminal

De acuerdo con la investigación oficial, alias Winny es considerado como una pieza clave dentro de la red encargada de presionar y coordinar cobros extorsivos en esa región, con un recaudo que habría superado los $1.000 millones mensuales.

Informes de inteligencia militar citados por Blu Radio detallan que el capturado tenía la función de ejecutar actividades de terrorismo y suministrar información estratégica sobre las víctimas a la comisión de finanzas de la organización ilegal, con la que se definían exigencias económicas contra sectores productivos.

Los investigadores indicaron que el hombre mantenía cercanía directa con alias Iván Mordisco, quien lo habría delegado para intensificar la presión sobre campesinos, comerciantes, transportadores y ganaderos en los Llanos Orientales, con cobros bajo amenazas.

Las autoridades también señalaron que parte del dinero obtenido de forma ilegal habría sido usado para la compra de caballos de paso fino, motocicletas de alta gama y joyas.

Durante el procedimiento fueron incautados dos teléfonos celulares y tres tarjetas SIM, que serían usadas para coordinar acciones de la estructura.

La Policía Nacional también vincula a esta estructura con el ataque con cilindro bomba perpetrado en 2023 contra tropas del Ejército en el sector de La Loma, en Puerto Gaitán, Meta.

“Con este resultado operacional se logra un debilitamiento directo a las directrices de la estructura criminal bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, impactando principalmente con la fractura logística y financiera”, manifestó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol.

Tras las capturas, los tres cabecillas de las disidencias quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso judicial en su contra.

Capturan a ‘Esteban’, hombre de confianza de alias Calarcá

La detención de alias Winny, ‘La Bichota’ y ‘Vicente’ se suman a otras operaciones efectuadas por la fuerza pública para contrarrestar el accionar criminal de los grupos armados ilegales en el territorio colombiano.

Entre ellos, se destaca la captura de alias Esteban y alias Cristian Rubio, dos cabecillas del frente Joaquín González y hombres de confianza del jefe de una de las disidencias de las Farc, a cargo de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

De acuerdo con el reporte oficial, los sujetos fueron detenidos en la vereda El Paraíso, zona rural de Rovira (Tolima) tras combates con tropas del Batallón Jaime Rook de la Sexta Brigada del Ejército, en el que murió un integrante del grupo cuya identidad sigue sin identificarse.

Los informes de inteligencia le atribuyen a alias Esteban la imposición de cobros a comerciantes, ganaderos, caficultores, transportadores y familias campesinas en municipios como Rovira, Roncesvalles, San Antonio, Ortega, Ibagué y Cajamarca.

Según esos reportes, quienes no cumplían con las exigencias económicas recibían un plazo para pagar y, si no lo hacían, sus familias eran forzadas a abandonar las tierras.

A alias Esteban también se le atribuye el reclutamiento de menores mediante engaños y la coordinación de reuniones con Juntas de Acción Comunal para imponer normas de convivencia forzadas. Las autoridades sostienen que esa combinación de extorsión, intimidación territorial y coacción comunitaria fortalecía las finanzas y el control local de la estructura.

Ambos sujetos quedaron a disposición de las autoridades para su correspondiente judicialización.

Según el reporte oficial, la operación se realizó durante una diligencia de registro y allanamiento en el municipio de Corozal, en el departamento de Sucre, con participación de tropas de la Armada de Colombia y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación.

En el procedimiento, le fueron incautados más de 43 millones de pesos en efectivo. De acuerdo con las autoridades citadas por El Tiempo, ese dinero provenía de actividades ligadas a narcotráfico, extorsión, contrabando, minería ilegal y tráfico de armas en Bolívar, Córdoba y Sucre.

Perfil criminal de ‘Pluma Blanca’

La investigación establece que durante más de un año las autoridades siguieron los movimientos de Barrios Arrieta, en la que detallaron que este sujeto llevaba más de 15 años vinculado a actividades criminales orientadas a fortalecer las capacidades del ‘Clan del Golfo’ en el Caribe colombiano.

Incluso, revelaron que alias Pluma Blanca estaría infiltrándose al interior de la Fuerza Pública para obtener información reservada, traficar armamento y fortalecer corredores ilegales en los tres departamentos mencionados.

A su vez, las autoridades revelaron que este sujeto sería el encargado de perfilar y captar a varios integrantes activos y retirados de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el CTI. Según esa versión oficial, ofrecía dinero a cambio de información operacional y estratégica.

Esa actividad, según revelaron fuentes militares a El Tiempo, contaba con apoyo de alias Chirimoya, uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo, abatido el 5 de abril de 2025 en La Apartada, Córdoba.

Las pesquisas ubican además a alias Pluma Blanca en vínculos con alias Jefferson, cabecilla de la estructura Arístides Mesa Páez del EGC, en el sur de Bolívar.

Según la autoridad naval al diario bogotano, ese jefe habría solicitado armas de corto y largo alcance para sostener confrontaciones con otros grupos armados ilegales, en particular con el ELN, por el control de corredores hacia la subregión de Montes de María.

Según la Armada de Colombia, ese armamento era coordinado por grupos delincuenciales organizados asentados en la Alta Guajira y después enviado a integrantes de la subestructura Erlin Pino Duarte del Clan del Golfo.

Tras la captura, el detenido fue trasladado a Cartagena, donde continuará su judicialización por concierto para delinquir agravado, cohecho y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

Para la Armada de Colombia, la captura afecta de manera directa a la estructura Arístides Mesa Páez y a la subestructura Manuel José Gaitán del Clan del Golfo, al frenar las redes de infiltración institucional que ese grupo mantenía en el Caribe colombiano.

Capturan a alias Odín, cabecilla urbano del Clan del Golfo

La captura de alias Pluma Blanca se suma a otros operativos efectuados por la fuerza pública para contrarrestar el accionar criminal de los grupos armados en el territorio colombiano.

Entre ellos, se destaca la detención de alias Odín, señalado por el Ejército Nacional como cabecilla urbano del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño.

La detención se produjo en zona rural de San Pedro de Urabá (Antioquia) en un operativo de prevención contra la extorsión y el secuestro en el que participaron la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Gaula Militar.

Para las autoridades, el arresto impacta de forma directa el mapa criminal del Urabá porque alias Odín sería el encargado de orquestar las acciones delincuenciales de la estructura Fernando Oquendo Estrada del EGC.

“El capturado era requerido mediante orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, desplazamiento forzado, homicidio, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego”, confirmó la institución castrense.

La investigación detalla que este sujeto coordinaba el cobro de extorsiones y la ejecución de homicidios selectivos. Esos antecedentes hicieron que apareciera en informes militares como uno de los dinamizadores de crímenes en el departamento colombiano.

Las autoridades presumen que ‘Odín’ estaba vinculado al Clan del Golfo desde 2021, aunque su historial delictivo se remonta a varios años atrás. También se logró establecer su presunta participación como coordinador de actividades ilícitas en el municipio de Turbo, en Antioquia.

“Este resultado operacional refleja el compromiso del Comando Gaula de las Fuerzas Militares y demás autoridades en la lucha frontal contra el crimen organizado. Las capacidades institucionales continuarán enfocadas en contrarrestar las acciones de los grupos delincuenciales que afectan la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos en el Urabá antioqueño, especialmente en el municipio de San Pedro de Urabá”, se lee en el comunicado oficial.

Ambas detenciones se produjeron en medio de la discusión sobre las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) que el Gobierno nacional busca abrir para integrantes no extraditables de esa organización, un mecanismo pensado para facilitar su desmovilización y desarticulación durante las negociaciones de paz que se adelantarán en Qatar.

Tras los ataques perpetrados contra la fuerza pública en varias regiones, una de las preguntas más repetidas era sobre el conocimiento previo que tenían las estructuras armadas sobre los movimientos de las diferentes unidades de las Fuerzas Militares.

A pesar de ello, no es algo habitual que se encuentren fracturas al interior de las unidades militares, por lo que sorprendió el comunicado emitido por la Fiscalía Penal Militar y Policial el 19 de mayo con el que confirmó la captura de un soldado que habría estado colaborando con las disidencias de “Iván Mordisco”.

En el documento se informó que en el desarrollo de una investigación se encontraron pruebas que vinculan al uniformado, cuya identidad no fue revelada, con el grupo armado. El soldado estaba adscrito al Batallón de Despliegue Rápido 11 (Badra 11) y será acusado por su presunta participación en el delito de espionaje.

Detalles del caso

La detención se registró luego de que fue emitida una orden de captura por el Juzgado 1714 de Control de Garantías tras una solicitud de la Fiscalía, que identificó pruebas de las filtraciones de información sensible sobre operaciones militares que iban a ser ejecutadas en el suroccidente del país.

De acuerdo con el informe preliminar, la primera filtración se registró el 12 de febrero de 2026 cuando el soldado entregó información sobre las acciones de las Fuerzas Militares en El Plateado, municipio de Argelia, Cauca.

“Entre los datos entregados se incluían detalles de operativos y órdenes de trabajo, transmitidos mediante llamadas telefónicas y el envío de videos a través de la aplicación WhatsApp”.

Desde la Fiscalía Penal Militar y Policial informaron que durante la investigación fue escuchado el testimonio de un desmovilizado del frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central, que identificó mediante un reconocimiento fotográfico al soldado, al que describió como una fuente que suministró datos claves al grupo armado.

La entrega de información se habría registrado durante uno de los momentos de intervención de las Fuerzas Militares en el Cauca para recuperar zonas claves para el tráfico de estupefacientes por parte de los grupos armados y delicuenciales. “La Fiscalía General Penal Militar y Policial reafirma su compromiso firme con la legalidad, la protección de la información institucional y la lucha contra cualquier conducta que atente contra la seguridad y la integridad de las operaciones de la Fuerza Pública”, es como concluye el comunicado.

Cabe recordar que el delito de espionaje en Colombia, cuando es cometido por miembros de la fuerza pública, está tipificado en el Código Penal Militar en el artículo 120 cuando un uniformado revele, entregue, facilite o comunique, a persona no autorizada, documentos, información o datos que deban permanecer en reserva y que puedan afectar la seguridad y defensa nacional, incurre en el delito de espionaje.

De acuerdo con el artículo 120 del Código Penal Militar, por este delito se prevé una pena de prisión que puede oscilar entre 10 y 20 años, dependiendo de la gravedad de la información filtrada y el impacto en la seguridad nacional.

Si se demuestra que el acusado actuó con dolo y que la información entregada puso en riesgo operaciones militares, la pena puede ubicarse en el rango máximo de la escala. Además, el acusado puede enfrentar la destitución de la institución a la que esté adscrito y la inhabilidad para ejercer cargos públicos.

En estos casos, la Fiscalía Militar y Policial es la encargada de asumir todo lo relacionado con el proceso, entendiendo que el espionaje es considerado una de las conductas más graves contra la seguridad institucional y la integridad del Estado, afectando directamente la confianza y operatividad de las instituciones.

Mientras sigue la polémica por las Zonas de Ubicación Temporal que el Gobierno nacional busca abrir para los no extraditables del Clan del Golfo durante las negociaciones de paz que se adelantarán en Qatar, el Ejército Nacional confirmó la captura de alias Odin, cabecilla urbano del grupo armado en el Urabá antioqueño.

La detención se registró durante el desarrollo de actividades de prevención contra la extorsión y el secuestro en una misión en conjunto entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Gaula Militar.

La captura de “Odin”, que sería el encargado de orquestar todas las acciones delincuenciales de la estructura Fernando Oquendo Estrada del Clan del Golfo, impacta directamente el mapa criminal en el Urabá.

“El capturado era requerido mediante orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, desplazamiento forzado, homicidio, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego”, confirmó el Ejército Nacional.

Investigadores confirmaron que “Odin” se encargó de coordinar el cobro extorsivo y la ejecución de homicidios selectivos en municipios como San Pedro, haciendo que se le mencionara en informes militares como uno de los dinamizadores de crímenes en el departamento.

Se presume que estaba vinculado al Clan del Golfo desde 2021; sin embargo, tiene historial delictivo de varios años atrás. Se logró establecer su presunta participación como coordinador de actividades ilícitas en el municipio de Turbo en Antioquia, donde tendría bajo su mando a varios integrantes conocidos con los alias de “Miler”, “Camilo”, “Jhon”, “Gener”, “Grillo”, “Cazador”, “Alex” y “Taison”.

“Este resultado operacional refleja el compromiso del Comando Gaula de las Fuerzas Militares y demás autoridades en la lucha frontal contra el crimen organizado. Las capacidades institucionales continuarán enfocadas en contrarrestar las acciones de los grupos delincuenciales que afectan la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos en el Urabá antioqueño, especialmente en el municipio de San Pedro de Urabá”, se lee en el comunicado oficial.

El Clan del Golfo aceptó que solo ingresen no extraditables a Zonas de Ubicación Temporal

El 19 de mayo se confirmó que el Clan del Golfo aceptó que únicamente integrantes no extraditables ingresen a las Zonas de Ubicación Temporal que han sido propuestas antes del inicio de las negociaciones con el Gobierno nacional.

Luego de semanas de conversaciones para avanzar en un proceso de sometimiento colectivo a la justicia, el objetivo de estos lugares es facilitar la desmovilización y desarticulación del grupo armado.

Durante los diálogos, representantes del Gobierno y delegados del Clan del Golfo discutieron la posibilidad de establecer zonas específicas donde los miembros del grupo puedan concentrarse bajo supervisión estatal, mientras avanzan los procedimientos judiciales y de verificación. La condición impuesta por el Gobierno, y aceptada por el grupo, es que solo aquellos integrantes que no tengan órdenes de extradición pendientes sean autorizados a entrar en estas áreas, excluyendo a quienes enfrentan procesos internacionales, principalmente en Estados Unidos.

Esta medida busca garantizar que el proceso se realice bajo el marco de la justicia colombiana y evitar posibles conflictos diplomáticos o jurídicos derivados de la presencia de personas requeridas por otros países en dichas zonas, lo que incluye a los principales cabecillas del grupo armado que se autorreconoce como Ejército Gaitanista de Colombia y pide que las entidades del Estado los mencionen de esa forma.

El acuerdo también contempla la presencia de organismos de control y verificación, así como la implementación de condiciones de seguridad y vigilancia para evitar incidentes o fugas. Mientras tanto, continúa la revisión de listas entregadas por el Clan del Golfo, con el propósito de identificar a cada miembro y determinar su situación jurídica.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá anunció la captura de un ciudadano de nacionalidad francesa por la presunta agresión a un menor de edad en una sala de cine en un centro comercial de Medellín.

Así lo notificó el alcalde Federico Gutiérrez en su cuenta de X, en la cual manifestó que el extranjero fue detenido en una intervención conjunta de la Policía y los equipos de vigilancia privada del centro comercial ubicado en el sector de El Poblado.

Según el reporte oficial, el hecho concreto ocurrió cuando, concluyendo la función, un grupo de adolescentes comenzó a bailar en la sala; esto desató, según la denuncia, la molestia del hombre extranjero, que persiguió al grupo y alcanzó a uno de ellos.

Ante el llamado de alerta por parte del grupo de jóvenes, las autoridades actuaron oportunamente y detuvieron al ciudadano europeo, en la que se le imputó el delito de lesiones personales tras golpear en el rostro y otras partes del cuerpo al adolescente.

Versión de la madre del menor agredido

Estefanía Zuluaga, madre del menor de edad que fue agredido por el ciudadano extranjero, reveló detalles sobre el motivo del conflicto en la sala de cine de Medellín.

La mujer, en declaraciones a Blu Radio, señaló que su hijo, identificado como Simón, se encontraba con su grupo de amigos viendo la película Michael, una cinta que narra una parte de la historia de vida del fallecido cantante estadounidense Michael Jackson.

Tras confirmar que ellos se encontraban bailando algunas de las canciones del artista norteamericano, al finalizar la función, la madre denunció que el agresor insultó al grupo y luego persiguió a los menores, alcanzando únicamente a su hijo.

“A Simón, él le propinó varios golpes en la cara, en el oído. No fue suficiente para él, regresó otra vez y le dio patadas, y lo volvió a golpear en el rostro”, mencionó la mujer al medio citado.

Entre las consecuencias físicas, la víctima afronta también un notable impacto emocional, ya que, según la familia, “Simón está demasiado inestable, está en shock. Fue también un golpe emocional muy fuerte para él”, añadió.

Actualmente, avanzan las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra el hombre aprehendido, un proceso que involucra el acompañamiento de la familia de la víctima, quien formalizó la denuncia ante la Fiscalía General.

“Pusimos todo nuestro equipo jurídico a disposición de la familia y hacemos seguimiento directo con la Fiscalía y Migración Colombia para que este caso avance y no quede impune”, escribió el mandatario distrital en su cuenta de X.

De igual manera, Gutiérrez expresó sus sentimientos encontrados, al revelarse las causas de la golpiza por parte del extranjero al menor de edad. “Como padre de familia, este tipo de situaciones duelen e indignan. A los niños hay que cuidarlos, protegerlos y rodearlos siempre”, afirmó el alcalde paisa, agregando una fotografía del momento de la captura, donde respondió a cuestionamientos por no revelarse la identidad del presunto agresor.

No obstante, Estefanía Zuluaga llamó la atención sobre el riesgo de impunidad y la posibilidad de que el agresor quede en libertad pronto por la demora en las audiencias. “Él puede mañana coger un vuelo, irse, y todo esto quedó acá. Nosotros no estamos pidiendo garantías, estamos pidiendo que se proteja un menor, que se garantice que esta persona responda ante la justicia”, reclamó la madre.

Pese a la sugerencia de la progenitora de la menor, se conoció que el ciudadano francés fue dejado en libertad, a pesar de haber sido detenido en flagrancia por la Policía.

De acuerdo con información revelada por El Colombiano, la decisión se produjo bajo argumentación judicial de la Fiscalía, que consideró que los delitos atribuidos no permitían la imposición de medida de aseguramiento intramural.

El episodio ha generado indignación local y propició la intervención directa del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien anunció una solicitud formal ante Migración Colombia para la expulsión del extranjero del país.

“Este tipo, de acuerdo a lo que dice la ley, según la Fiscalía, no tendría mérito para solicitarle una medida preventiva, una medida de aseguramiento o medida intramural. Por dicha razón, así yo no esté de acuerdo, hay otras entidades que tienen esto en su competencia, ese tipo quedaría en libertad (...) Yo, desde el sentido común, no puedo estar de acuerdo con eso”, declaró el alcalde paisa en una rueda de prensa.

El suceso se enmarca en un contexto donde las autoridades de Medellín han reportado un aumento de incidentes protagonizados por extranjeros, incluidos disturbios, explotación sexual de menores y alteraciones del orden en espacios públicos durante este año.

Expulsan a ciudadano ruso-estadounidense vinculado a megafiestas en Medellín

Por otra parte, Migración Colombia reportó la expulsión de George Wolfe, ciudadano ruso-estadounidense de 40 años, señalado por su participación en fiestas que alteraron la convivencia en el sector de El Poblado de Medellín.

Según el reporte oficial, fue detectado en el aeropuerto de Palmira (Valle del Cauca) cuando intentaba abordar un vuelo hacia la capital antioqueña, pese a tener prohibido el ingreso al país durante diez años.

El expediente detalla que Wolfe ingresó por segunda vez a Colombia de manera supuestamente irregular, sin registro legal, a través del paso de Rumichaca (frontera entre Colombia y Ecuador) y se desplazó desde allí hasta Cali, eludiendo los controles migratorios previos.

“Este caso demuestra la capacidad de articulación y reacción entre las regionales Occidente y Antioquia-Chocó, que nos permitió detectar nuevamente a una persona que infringe de manera sistemática las normas migratorias”, recalcó Gloria Esperanza Arriero, directora nacional de Migración Colombia.

Esta es la segunda vez que el extranjero es inadmitido en Colombia, ya que en el mes de abril se le abrió un proceso administrativo donde se acreditaron múltiples infracciones reiteradas a las normas de convivencia y desobediencia a los acuerdos previos de salida voluntaria.

Este ciudadano había sido objeto de vigilancia por más de dos años. Las denuncias señalan que organizaba fiestas frecuentes con música a alto volumen y permitía el ingreso de personas supuestamente vinculadas a actividades de prostitución en el edificio Málaga, ubicado en la Comuna 14 de Medellín.

Vecinos reportaron comportamientos agresivos y situación de desorden continuado, lo que dio lugar a la apertura de un expediente con más de doce comparendos, diversos informes ciudadanos e intervenciones policiales documentadas.

“El Ruso pa fuera. Tras dos años de constantes desórdenes, afectaciones a la convivencia y múltiples denuncias ciudadanas, hemos logrado que se expulse del país el ciudadano extranjero George Laevsky Wolfe, quien residía en El Poblado”, expresó Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín en su cuenta de X.

Las fuerzas de seguridad hondureñas capturaron en las últimas horas a una mujer identificada como Jesús Arteaga, conocida con el alias de “La Chuy”, en el municipio de Marale, departamento de Francisco Morazán, por su supuesta vinculación con la estructura criminal denominada “Cártel del Diablo”.

La detención se ejecutó mediante un operativo desarrollado por agentes policiales y cuerpos de inteligencia como parte de las acciones encaminadas a desarticular una de las organizaciones criminales más perseguidas en Honduras y que, según las investigaciones, mantiene operaciones tanto en la zona norte como en el centro del país.

Con esta nueva captura, ya suman diez los integrantes detenidos en apenas 21 días, en una ofensiva de seguridad que ha dejado múltiples allanamientos, enfrentamientos armados y decomisos de drogas y armas en distintos sectores del territorio nacional.

De acuerdo con el informe preliminar brindado por las autoridades, “La Chuy” sería propietaria de un negocio de bebidas alcohólicas en Marale, establecimiento que presuntamente era utilizado como punto de reunión y coordinación de actividades ilícitas por miembros de la organización criminal.

Durante la operación, los agentes decomisaron varios envoltorios conteniendo supuesta droga, evidencia que será incorporada al expediente investigativo que ahora permanece en manos de las autoridades competentes.

La detenida será remitida ante los tribunales correspondientes para continuar el proceso judicial por los delitos que el Ministerio Público determine tras las investigaciones.

La captura de alias “La Chuy” ocurre en medio de una serie de operativos ejecutados en varios departamentos del país, principalmente en Yoro, Olancho, Francisco Morazán, Comayagua y Santa Bárbara, zonas donde las autoridades aseguran que el “Cártel del Diablo” mantiene fuerte presencia.

Las acciones de las fuerzas del orden también han provocado violentos enfrentamientos entre miembros de estructuras criminales rivales, hechos que recientemente derivaron en una masacre y en el repudiado asesinato de un pastor evangélico en la zona norte del país.

Las autoridades sostienen que esta organización delictiva se dedica al narcotráfico, extorsión, distribución de drogas, tráfico ilegal de armas, secuestros y lavado de activos, actividades que le habrían permitido expandir su influencia en distintas regiones de Honduras.

Según las líneas investigativas, el grupo utiliza áreas montañosas y cuevas naturales como escondites estratégicos para evadir los cercos policiales y militares desplegados por el Estado hondureño.

Alias “El Diablo” continúa prófugo

Durante varios meses, las investigaciones señalaron a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, como el máximo cabecilla de la estructura criminal.

Sin embargo, recientes investigaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) revelan que el verdadero líder sería Yonatan Levi Estrada Villanueva.

El director de la DPI, Rolando Ponce Canales, explicó que Esteban Ferrera funge como jefe operativo y rostro visible de la organización, mientras que Yonatan Estrada sería el encargado de dirigir estratégicamente las operaciones criminales y mantener alianzas con redes internacionales.

De acuerdo con las autoridades, Yonatan Estrada habría residido varios años en México, donde presuntamente estableció contactos con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que permitió fortalecer las capacidades operativas del grupo criminal hondureño.

Las investigaciones apuntan a que la organización mantiene nexos con estructuras delictivas transnacionales dedicadas al tráfico de drogas en Centroamérica, utilizando corredores clandestinos entre Honduras, Guatemala y El Salvador para movilizar cargamentos ilícitos.

Uno de los episodios más polémicos relacionados con esta estructura ocurrió el pasado 13 de marzo, cuando trascendió información sobre una supuesta masacre en Sulaco, Yoro, en la que habría muerto alias “El Diablo”.

En aquel momento circularon videos en redes sociales donde presuntos integrantes del cártel aseguraban que el cabecilla había sido asesinado e incluso decapitado por una banda rival.

No obstante, los organismos de inteligencia del Estado desmintieron la versión y concluyeron que todo se trató de una estrategia para despistar a las autoridades y facilitar la huida del líder criminal.

Actualmente, Esteban Ferrera continúa prófugo de la justicia y las autoridades mantienen una recompensa de 500 mil lempiras para quien proporcione información que conduzca a su captura.

Mientras tanto, los operativos continúan desarrollándose en diferentes sectores del país con el objetivo de debilitar las operaciones financieras y logísticas del denominado “Cártel del Diablo”, estructura que, según las autoridades, representa una amenaza creciente debido a sus conexiones internacionales y capacidad armada.

Dos delincuentes fueron capturados después de interceptar a una pareja y robarle más de $5 millones en la vía que conecta a Bucaramanga con el municipio de Matanza, en Santander. Los hechos ocurrieron en la jornada del jueves 14 de mayo de 2026 a plena luz del día, lo que tiene en alerta a los ciudadanos que se movilizan por el importante corredor vial.

Las autoridades informaron que el juez frente al caso dictó la medida de aseguramiento en contra de los detenidos, al considerarlos un peligro para la seguridad ciudadana, mientras avanza el proceso judicial en su contra y se determina la condena que deben pagar por este acto delictivo.

De acuerdo con la información difundida por el medio local Vanguardia, la rápida intervención de efectivos policiales permitió recuperar tres pulseras, así como $1.650.000 en efectivo, un teléfono celular y documentos personales pertenecientes a las víctimas y sus hijos, que fueron los objetos que los criminales se llevaron tras amenazar a los ciudadanos.

Los voceros del Departamento de Policía Santander indicaron que los dos capturados son jóvenes, de 22 y 24 años, que cuentan con anotaciones judiciales vigentes por el delito de porte ilegal de armas desde enero de 2026. Del mismo modo, se confirmó que tienen antecedentes por tráfico de estupefacientes y receptación.

El robo ocurrió en el kilómetro 18, vereda Jaboncillo, jurisdicción del municipio de Matanza, por lo que la comunidad que transita por esta zona pide incrementar la presencia policial para evitar nuevos ataques por parte de los criminales que pretenden afectar la tranquilidad de residentes y visitantes.

Cabe mencionar que la captura se produjo mientras los implicados intentaban huir de la zona, debido a que se llevó a cabo la implementación de un plan candado tras la denuncia y el resultado del operativo fue exitoso, según el reporte de las autoridades en diálogo con Vanguardia.

Después de que los criminales quedaran en poder de las autoridades, se conoció el pronunciamiento del comandante coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, que destacó el papel de la comunidad y la respuesta policial para recuperar los objetos perdidos.

“Logramos sacar de las calles a estos dos actores criminales que venían afectando la tranquilidad de los viajeros y residentes en la vía hacia Matanza. No son primerizos en el mundo delictivo; ambos registran procesos activos por porte ilegal de armas de este mismo año”, señaló.

Alerta por delitos en Santander

Dos hombres señalados como presuntos miembros del Tren de Aragua fueron identificados por la Fiscalía General de la Nación como sospechosos del secuestro extorsivo y tortura de un comerciante venezolano en Norte de Santander el 29 de abril de 2026.

Según el ente judicial, Edward Yesid Palencia Garavito y Javier Alexander Ortiz Amado habrían exigido $80 millones para liberar a la víctima, que fue privada de su libertad y sometida a actos que atentaron contra su integridad física mientras se encontraba retenida.

El reporte de la Fiscalía indicó que el comerciante fue inicialmente retenido en una propiedad del corregimiento de Urimaco (San Cayetano), y posteriormente trasladado a una vivienda del barrio 20 de Julio en Villa del Rosario, donde permaneció cautivo bajo la vigilancia y custodia de los acusados. El rescate se realizó mediante un operativo de unidades del Gaula de la Policía Nacional, que permitió liberar al comerciante.

Como resultado de los elementos materiales probatorios, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los dos hombres por los delitos de secuestro extorsivo agravado y tortura. Tras el proceso judicial, la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario fue aceptada por un juez penal de control de garantías.