En medio de la crisis económica que enfrenta Bolivia y tras la posesión del nuevo Gobierno, representantes de los sectores agroindustriales del país insisten en la aprobación de normas para mejorar las condiciones del rubro y “fortalecer el desarrollo productivo”.

Las propuestas, en las que se incluyen tres proyectos de ley y cuatro decretos, tienen que ver con la conversión de pequeñas a medianas propiedades agrícolas, la liberación de las exportaciones, la aprobación de semillas transgénicas y más beneficios tributarios, entre otros puntos.

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, instó a que la aprobación de las normas sea “lo antes posible” y señaló que tiene prevista una reunión con el equipo del presidente Rodrigo Paz, cuyo gabinete integran dos antiguos representantes del lobby empresarial y agroindustrial de Santa Cruz, la principal región productiva del país.

Esta mañana, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, sugirió la inminente aprobación de algunos de los proyectos planteados por el sector agropecuario. En una conferencia de prensa, en la que anunció la eliminación de cuatro impuestos y reformas al Presupuesto General del Estado, Espinoza adelantó que se eliminarán los cupos a las exportaciones. “Es una medida que tenemos descontada y que se va a tomar”, afirmó.

El ministro agregó que se está trabajando en diez propuestas legislativas y que hay “una serie de procesos administrativos y técnicos que seguir”, pero que en los próximos días se harán anuncios.

En los últimos años, el sector agroindustrial ha intensificado sus gestiones para que el Ejecutivo y el Legislativo aprueben normas alineadas con sus intereses y con su visión de impulso a la producción.

En ese marco, durante la campaña electoral organizaron un foro con candidatos presidenciales —al que no fue invitado Rodrigo Paz, que no aparecía como favorito en las encuestas— para presentar sus demandas. Posteriormente sostuvieron un encuentro con legisladores electos de Santa Cruz en el que suscribieron un ‘pacto por la democracia y la gobernabilidad’ orientado a respaldar su agenda sectorial.

Mientras la agenda agropecuaria parece avanzar en el Ejecutivo, han surgido inquietudes sobre el contenido de los proyectos normativos.

Para la diputada Cecilia Requena, las propuestas de leyes y decretos serían defendibles en la medida en la que respondan al bien común. Sin embargo, considera que hay asuntos vinculados al aumento de la deforestación y el uso de transgénicos que no están claros y que merecen ser discutidos.

“Hay espacio para el debate en las demandas del sector, pero se presentan como demandas que deben ser prácticamente obedecidas y rápidamente, sin debate público”, señaló en diálogo con Infobae.

Si bien considera que no se puede perjudicar el desarrollo de un sector importante para la economía boliviana, ve necesario “encontrar un equilibrio y plantear soluciones realistas” que protejan derechos y cumplan con consideraciones ambientales. “Creo que hay salidas inteligentes a estas cosas y las podemos encontrar en plazos inclusive cortos, se puede hacer. La peor salida es eludir el debate y generar una imposición, no me parece adecuado y no es el mejor camino en términos democráticos”, afirmó.

El analista y consultor en comunicación política, Carlos Saavedra, considera que la lógica del Gobierno a favor de los intereses agroempresariales está motivada por la necesidad de obtención inmediata de divisas. “Buscan que los sectores traigan divisas, pero eso debería ser parte de la negociación: si les doy seguridad jurídica, dejen de poner la plata afuera, tráiganla acá”.

En Bolivia el sector agroindustrial goza de beneficios que están fuera de la discusión actual, como la subvención del diésel, la exención de los aranceles para la importación de maquinaria agrícola y un régimen tributario irrisorio: pagan entre 0,40 y 19 dólares anuales por hectárea, al tipo de cambio oficial, según la última actualización del Régimen Agropecuario Unificado (RAU).

La agricultura en Bolivia se centra en cultivos como soya, caña de azúcar, sorgo, maíz y papa, con el departamento de Santa Cruz como principal polo productivo. Aunque el sector ha expandido su volumen en los últimos años, enfrenta dificultades crecientes por sequías recurrentes, escasez de diésel subvencionado y variaciones climáticas que afectan el rendimiento.

A estos desafíos se suman los costos ambientales del modelo, entre ellos la deforestación y la presión sobre los ecosistemas, factores que plantean tensiones entre el crecimiento productivo y la sostenibilidad.

“El país está entregando sus tierras y el sector está dinamizando la economía, todo es encomiable pero normalmente en otros países los sectores que tienen una economía dinámica suelen contribuir con impuestos razonables y es un debate que se debería abrir especialmente ahora que hay una necesidad tan grande en Bolivia”, apuntó Requena.

En este escenario marcado por urgencias económicas y expectativas cruzadas, el avance de las propuestas agroindustriales pone a prueba la capacidad del nuevo Gobierno para equilibrar intereses sectoriales con el bienestar colectivo. El desafío será sostener un debate abierto y garantizar que cualquier cambio normativo responda no solo a la coyuntura, sino al interés público en el mediano y largo plazo.

En su primera semana como presidente electo de Bolivia, el senador Rodrigo Paz Pereira recibió una avalancha de demandas de diversos sectores económicos y sociales, como gremiales, transportistas, agropecuarios, jubilados y representantes de la industria farmacéutica.

Las organizaciones coinciden en solicitar reuniones con el mandatario electo para dar cumplimiento a promesas de campaña y plantear soluciones a los problemas económicos del país que se han agudizado en los últimos meses.

Uno de los pedidos transversales es la provisión de combustible, que en los últimos dos años ha sido irregular con periodos prolongados de desabastecimiento, lo que generó perjuicios en sectores estratégicos y filas interminables de vehículos en las estaciones de servicio.

Afectados directamente por la falta de diésel y gasolina en el país, los sindicatos de choferes le dieron un ultimátum al futuro presidente. “Vamos a esperar aproximadamente entre 10 y 15 días. Esperamos que cumplan el compromiso que han hecho y que el tema del diésel y la gasolina se solucione al día siguiente”, manifestó el dirigente del Transporte Pesado Nacional e Internacional, Pedro Quispe.

Su reclamo tiene que ver con declaraciones en las que Paz aseguró el suministro de combustible desde el día de su posesión. El presidente electo informó que cuenta con el apoyo de “países amigos” y que los próximos días hará un anuncio para explicar la logística y los detalles del proceso de importación. “De que va a haber, va a haber”, garantizó.

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) también se sumó a este pedido y planteó la eliminación de cupos de exportaciones, mejoras en la seguridad jurídica y la autorización del uso de “biotecnología”, que básicamente consiste en la aprobación de nuevas semillas transgénicas.

Tras felicitar a Paz, el presidente de la entidad, Klaus Frerking, advirtió que los productores serán “fieles observadores” del cumplimiento de las promesas electorales y lo invitó a una reunión “para coordinar las acciones inmediatas que el país necesita y reactivar el aparato productivo que está en terapia intensiva”.

Por otro lado, los jubilados anticiparon que presentarán una demanda para mejorar los beneficios de la Renta Dignidad y ajustar las pensiones a la inflación. Este pedido está relacionado con la promesa que hizo el vicepresidente electo, Edmand Lara, quien ofreció multiplicar por seis el monto de un bono para la tercera edad pero luego bajó su oferta inicial a más de la mitad.

También la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana, los exportadores y los representantes del sector gremial, que agrupa principalmente a comerciantes informales, solicitaron reuniones para presentar sus demandas sectoriales.

La victoria del senador Paz marca un giro en la política boliviana con el país entrando en una nueva fase de gestión tras casi 20 años de dominio del Movimiento Al Socialismo (MAS). Su mandato arranca en un ambiente de expectativas elevadas, pero también de realidades complejas por la profunda crisis económica que atraviesa el país.

Bolivia entró en recesión por primera vez en 40 años, principalmente a raíz del derrumbe de la industria de los hidrocarburos que era el motor de su economía. La crisis se traduce en una persistente escasez de combustibles, el aumento sostenido de los precios y en la falta de dólares, que ha provocado el surgimiento de un mercado paralelo de divisas donde la moneda norteamericana está en alza.

En ese contexto, al que se suman debilidades institucionales y una Asamblea Legislativa fragmentada y sin mayorías, la capacidad del próximo gobierno para articular acuerdos políticos y con los sectores económicos y sociales, será clave para generar la estabilidad política que respalde los inevitables ajustes económicos. El desafío ya empezó.

La agudización de la escasez de diésel en Bolivia ha puesto en riesgo las operaciones del sector agropecuario y del transporte internacional. Este martes, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) declaró que el desabastecimiento amenaza la zafra cañera y la siembra de más de dos millones de hectáreas para la campaña de verano, lo que ha sumido a los productores en una situación de “desesperación total”.

“Estamos en emergencia, hay una desesperación total en el sector agropecuario y del sector productivo nacional. Estamos en medio de la zafra cañera y estamos entrando a la siembra de dos millones de hectáreas para la siembra de verano y no hay diésel”, manifestó Rodrigo Suárez, segundo vicepresidente de la CAO, en entrevista con el canal Red Uno.

Según la entidad, el país enfrenta el riesgo de disminuir la producción y abastecimiento de alimentos en los próximos meses.

En paralelo, la representante del Transporte Internacional de Pasajeros, Beatriz Patón, denunció que las operaciones de su sector se redujeron en un 70 %, en una época en que se inicia la temporada alta de turismo. Informó que antes se efectuaban hasta seis salidas diarias hacia países vecinos pero hoy realizan dos o tres por día.

Esta situación ha provocado la reaparición de largas filas de buses y camiones en las estaciones de servicio de varias ciudades del país. La semana pasada, la Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicio de Combustibles de Santa Cruz (Asosur) se declaró en estado de emergencia debido a la insuficiente provisión de diésel por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

A través de un pronunciamiento, indicaron que los surtidores enfrentan “periodos prolongados” de desabastecimiento y una “significativa y recurrente disminución” en las entregas de diésel oil, diésel oil+ y diésel ULS+.

El gerente de Comercialización de YPFB, Ramiro Echalar, admitió que la estatal petrolera enfrentó dificultades en la provisión de diésel desde el 21 de agosto, debido a problemas en la asignación de recursos económicos. Sin embargo, señaló que los desembolsos para pagar a los proveedores se regularizaron, por lo que esperan normalizar los despachos en los próximos días.

Los bolivianos atraviesan desde hace más de dos años periodos de escasez de combustible, principalmente de diésel, debido a la baja producción local y las crecientes dificultades de importación. El país compra cerca del 90% del diésel y el 56% de la gasolina necesarios para cubrir la demanda interna y lo vende a un precio subvencionado.

Por semana, se requieren más de 60 millones de dólares para importar carburantes. Según datos del Banco Central de Bolivia (BCB) hasta agosto se destinó 1.282 millones de dólares para combustible, mientras que YPFB exportó gas natural por un valor de 628 millones de dólares.

Esta situación ha sido uno de los detonantes de la crisis económica actual que ha generado escasez de dólares y el surgimiento de un mercado paralelo de divisas, donde la moneda norteamericana se cotiza a más del doble del tipo de cambio oficial. El problema cambiario se tradujo en el encarecimiento del costo de vida y el aumento de la inflación, que en lo que va del año duplica la expectativa del Gobierno para todo 2025.

En ese contexto, los bolivianos elegirán a un nuevo presidente en el balotaje del próximo 19 de octubre. Rodrigo Paz o Jorge Quiroga heredarán un país con desafíos económicos estructurales, que exigen respuestas rápidas y coordinadas.

Un estudio científico publicado en la revista Scientific Reports reveló que las poblaciones actuales de la costa norte del Perú conservan linajes genéticos maternos que se remontan a más de 6,000 años. El hallazgo se basa en el análisis de ADN mitocondrial (mtDNA) y del cromosoma Y de habitantes de Tumbes, Piura, Lambayeque y Cao, y fue realizado por un equipo internacional liderado por la Universidad de Zúrich en colaboración con la Universidad de San Martín de Porres.

El estudio, titulado ‘Human population history on the North Coast of Peru from Y chromosomes and mitogenomes’, utilizó muestras genéticas de 147 personas y las comparó con secuencias antiguas extraídas de restos humanos hallados en sitios arqueológicos como La Galgada, El Brujo y Huaca Prieta, en el norte del país.

Los resultados revelan que los haplogrupos maternos actuales de la región —principalmente de los tipos A, B, C y D— coinciden con linajes hallados en individuos prehispánicos que vivieron entre 4,000 y 6,000 años antes del presente, confirmando una sorprendente continuidad genética en la zona costera norte, incluso tras la expansión del Imperio Inca y la posterior llegada de los colonizadores españoles.

Los investigadores identificaron secuencias mitocondriales idénticas entre personas de hoy y restos arqueológicos de alto valor cultural. Por ejemplo, un individuo del sitio de La Galgada (Kotosh), con una datación de aproximadamente 4,000 años, comparte una secuencia genética con 14 personas actuales de Piura, Tumbes y Lambayeque. Otro caso conecta un individuo de Huaca Prieta (c. 935 años antes del presente) con habitantes de Cao, en la región La Libertad.

Coincidencias genéticas entre comunidades actuales y momias Moche y Sicán

Además de los linajes maternos, el estudio analizó perfiles del cromosoma Y en 76 varones, encontrando similitudes con individuos del pasado asociados a las culturas Moche, Sicán y Chimú. En particular, los perfiles de Lambayeque mostraron cercanía con individuos enterrados en el complejo arqueológico El Brujo, asociado a elites mochicas.

Los autores del estudio destacan que esta continuidad genética no solo es resultado de un aislamiento, sino de una alta diversidad intrapoblacional. Es decir, las comunidades costeras no eran cerradas, sino que interactuaban activamente con regiones vecinas como los Andes, la Amazonía y el actual sur de Ecuador. Estas relaciones explicarían la riqueza genética y la presencia de haplotipos compartidos entre distintas regiones del norte peruano.

En el caso de Tumbes, se detectaron vínculos genéticos con grupos quechuas y aymaras del sur andino, lo que sugiere desplazamientos históricos o contactos sostenidos entre las tierras altas y bajas, incluso antes de la expansión incaica. Mientras tanto, las muestras de Cao se mostraron como las más diversas y al mismo tiempo las más distintas respecto a las otras tres poblaciones costeras, lo que podría indicar un flujo genético diferente o más amplio en esa zona.

Un nuevo aporte para reconstruir la historia del norte peruano

El estudio ofrece evidencia genética que complementa la arqueología y la lingüística en la reconstrucción de la historia prehispánica del norte del Perú. Aunque la zona ha sido ampliamente investigada en términos arqueológicos, los estudios genéticos eran escasos hasta ahora. La investigación permite inferir que, pese a los procesos de conquista, migración forzada (como el mitmaq incaico) o disolución de lenguas indígenas, las raíces biológicas de las poblaciones costeras del norte del país han perdurado durante milenios.

Los linajes maternos identificados permanecen activos en las poblaciones contemporáneas, lo que indica que no hubo reemplazo total de grupos humanos, sino una persistencia poblacional a lo largo del tiempo. Este tipo de evidencia también abre nuevas posibilidades para investigaciones futuras, tanto en genética como en historia y antropología.

Los investigadores destacaron que estas coincidencias no significan que los actuales habitantes sean descendientes directos de personajes históricos o elites antiguas, sino que sus linajes genéticos han permanecido en la región por generaciones, formando parte de un entramado demográfico más amplio y continuo.

Washington, 31 ene (EFE).- El Congreso de Estados Unidos ha prohibido a sus empleados el uso de DeepSeek, el sistema chino de Inteligencia Artificial (IA), informó este viernes Axios.

Según el medio estadounidense, el Congreso ha tenido dificultades para sortear los desafíos administrativos y de seguridad que plantea el rápido avance de la tecnología de la IA.

"En este momento, DeepSeek está siendo revisado por el CAO (Oficina administrativa del Congreso) y actualmente no está autorizado para su uso oficial en la Cámara", dijo el Director Administrativo de la Cámara de Representantes en una advertencia a sus empleados a la que ha tenido acceso Axios.

En ese aviso se advertía de que hay constancia de la existencia de "actores" que "ya están utilizando DeepSeek para distribuir software malicioso e infectar dispositivos".

"Para mitigar estos riesgos, la Cámara ha tomado medidas de seguridad para restringir la funcionalidad de DeepSeek en todos los dispositivos emitidos" por la institución, agrega la nota, que subraya que "se prohíbe a los empleados instalar DeepSeek en cualquier teléfono, computadora o tableta oficial".

Esta no es la primera vez que las autoridades administrativas del Congreso han restringido el uso de un producto de IA a sus empleados.

En 2023, el Congreso estableció límites al uso de ChatGPT, indicando a sus departamentos que solo podían usar la versión premium de este chatbot creado por la estadounidense OpenAI para determinadas tareas, recuerda Axios.

DeepSeek ha provocado un importante revuelo en el sector mundial de la IA tras el lanzamiento de su modelo V3, de cuyo desarrollo se afirma que únicamente duró dos meses y costó menos de 6 millones de dólares.

El pasado 20 de enero publicó su última versión, denominada R1. EFE

Nairobi, 24 mar (EFE).- Los líderes de la Comunidad de África Oriental (EAC) y la Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC) designaron este lunes, durante una nueva cumbre conjunta, a cinco expresidentes africanos como "facilitadores" en el conflicto del este de la República Democrática del Congo (RDC), con el objetivo de “acelerar el proceso de paz”.

“La cumbre decidió acelerar el proceso de paz mediante el nombramiento de un grupo ampliado de cinco facilitadores: los expresidentes Uhuru Kenyatta (Kenia), Olusegun Obasanjo (Nigeria), Kgalema Motlanthe (Sudáfrica), Sahle-Work Zewde (Etiopía) y Catherine Samba-Panza (República Centroafricana)”, anunció el presidente de Kenia, William Ruto, en su cuenta de la red social X.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la EAC y la SADC, bloques regionales que agrupan a 8 y 16 países, respectivamente, reafirmaron así mismo su respaldo a la resolución adoptada en la cumbre anterior, celebrada el 8 de febrero en Dar es Salam, la capital económica de Tanzania, donde abogaron por una "solución diplomática" al conflicto de la RDC.

Así mismo, los mandatarios africanos adoptaron el informe presentado por los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores de ambos bloques, tras su encuentro del pasado 17 de marzo en Harare, la capital de Zimbabue, según la resolución aprobada en la cumbre.

En dicha reunión, los ministros acordaron “revitalizar” los esfuerzos colectivos a favor de la paz y establecer con carácter “urgente” una hoja de ruta conjunta que incluyera las intervenciones políticas y militares “necesarias” para enfrentar la situación humanitaria y de seguridad en la RDC.

La cumbre virtual estuvo copresidida por Ruto, cuyo país preside la EAC, y por el presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, quien también encabeza la SADC.

Igualmente, participaron los presidentes de la RDC, Félix Tshisekedi; Ruanda, Paul Kagame; Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; Tanzania, Samia Suluhu Hassan; Uganda, Yoweri Museveni; Zambia, Hakainde Hichilema; Burundi, Evariste Ndayishimiye; Malaui, Lazarus Chakwera; y Madagascar, Andry Rajoelina.

También hicieron parte, en representación de sus jefes de Estado, el primer ministro de Somalia, Hamza Abdi Barre, y los ministros de Asuntos Exteriores y de otras carteras de Angola y Sudán del Sur.

El nombramiento de estos cinco facilitadores se produce después de que Angola, hasta ahora mediador de la Unión Africana (UA) en el conflicto, anunciara este lunes su retiro de esta función, tras asumir la presidencia temporal del bloque africano.

El pasado 18 de marzo, los presidentes de la RDC y Ruanda, Félix Tshisekedi y Paul Kagame, respectivamente, se reunieron en Catar, donde analizaron el conflicto -avivado desde el pasado enero por la ofensiva del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), que cuenta con apoyo ruandés- y donde reafirmaron su compromiso con un alto el fuego "inmediato e incondicional".

El M23, apoyado por Ruanda -según la ONU y países como EE.UU., Alemania y Francia-, controla numerosos territorios en el este de la RDC, incluidas las capitales de las provincias de Kivu del Norte, Goma; y Kivu del Sur, Bukavu; fronterizas con Ruanda y ricas en minerales como el oro o el coltán, fundamentales para la industria tecnológica y en la fabricación de teléfonos móviles.

Desde que el conflicto se intensificó en enero, más de 850.000 personas han sido desplazadas solo en Kivu del Sur, según el Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef).

Además, los enfrentamientos que estallaron en Goma y sus alrededores dejaron más de 8.500 muertos en enero, según detalló, a finales de febrero, el ministro congoleño de Salud Pública, Samuel Roger Kamba.

La actividad armada del M23, un grupo formado principalmente por tutsis que sufrieron el genocidio ruandés de 1994, se reanudó en Kivu del Norte en noviembre de 2021 con ataques relámpago contra el Ejército congoleño.

Desde entonces, ha avanzado por varios frentes, lo que ha elevado los temores a una posible guerra regional.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto protagonizado por milicias rebeldes y el Ejército, a pesar de la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco).

Los empresarios agroindustriales de Bolivia exigieron cambios estructurales en la política de Estado, luego de que el presidente Luis Arce hiciera ajustes en su gabinete de ministros.

Tras la posesión de Zenón Mamani como nuevo ministro de Desarrollo Productivo, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) manifestó que lo que se requieren son ajustes en la política económica del país y no simplemente la renovación de autoridades.

“Necesitamos no sólo cambios de nombre, necesitamos cambios de políticas que estén acordes a los problemas que tiene el sector”, manifestó el presidente de la CAO, Klaus Frerking en una rueda de prensa.

El cambio de ministro en Desarrollo Productivo coincide con una serie de protestas por dos disposiciones recientes que han generado polémica. Por un lado, el veto temporal a las exportaciones de carne de res hasta garantizar el abastecimiento interno a “precios justos”, que entró en vigencia el 5 de febrero y, por otro, una disposición del Presupuesto General del Estado (PGE) que autoriza los decomisos de productos alimenticios cuando se evidencie agio o especulación, una medida que los comerciantes y productores consideran que puede ser utilizada de manera arbitraria para atentar contra la propiedad privada.

El ejecutivo de la CAO manifestó que está dispuesto a dialogar y trabajar con el nuevo ministro, aunque descartó negociaciones sobre la disposición de los decomisos y exigen su abrogación. “Tenemos que tener certidumbre y seguridad jurídica para toda la cadena productiva que hace rodar la economía del país”, expresó Frerking.

En los últimos tres meses, la administración de Arce suspendió temporalmente las exportaciones de dos productos. A mediados de diciembre fue el aceite refinado de soya, que se vetó durante diez días hasta que el precio en el mercado interno se regularizó. Actualmente se prohibió la exportación de carne de res pero a nueve días de la disposición, no ha habido variación en precio. Según las cifras que reporta la prensa local, el kilo de la carne subió en un año de 41 bolivianos (5,80 dólares) a 60 (8,57 dólares).

Adicionalmente en diciembre se intervino ingenios arroceros donde se estaba acopiando ilegalmente el producto, lo que ha generado malestar entre los productores. “Decomisaron el arroz y obligaron a vender, ¿qué seguridad jurídica es esa?”, cuestionó el dirigente de la CAO y agregó que “el comerciante tiene que decidir cuánto quiere comprar, cuánto almacenar y en qué momento vender”.

Sin embargo, el Gobierno defiende sus medidas para evitar que los precios de la canasta básica se disparen y proteger la economía de las familias. Adicionalmente a los problemas de la inflación, la administración de Arce atribuye a la venta ilegal en las fronteras y a la especulación de los comerciantes el alza en los precios.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en enero de este año se registró una inflación de 1,95%, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor, la más alta de los últimos 17 años. Humberto Arandia, director del INE, atribuyó el incremento a cinco productos específicos: la carne de res, de pollo, el tomate, el transporte público y el material escolar.

Bolivia cerró el 2024 con una inflación acumulada del 9,97%, la más alta desde 2008. En las calles se percibe en el incremento continuo de los precios, la falta de dólares desde hace casi dos años y los periodos de escasez de combustible, que están llevando a los bolivianos a una situación de crisis que difícilmente podrán revertir en el corto plazo.

Varios sectores en Bolivia preparan manifestaciones para exigir que el Gobierno atienda sus pedidos. Gremiales, transportistas y organizaciones afines al ex presidente Evo Morales anunciaron marchas y reuniones para definir acciones para reclamar el cumplimiento de sus demandas sectoriales.

Los seguidores de Morales anunciaron una marcha que partirá el 10 de enero de la localidad orureña de Patacamaya hacia La Paz, un recorrido de 98 kilométros, que estiman que durará entre tres o cuatro días.

La denominada “Gran Marcha por la Vida” fue decidida en una reunión en el Trópico de Cochabamba y su principal reclamo es la liberación de las personas que fueron detenidas en manifestaciones anteriores.

Según los allegados a Morales, al menos 90 personas fueron detenidas durante los bloqueos realizados entre octubre y noviembre de 2024, entre ellas los dirigentes Humberto Claros y Ramiro Cucho, que fueron llevados a La Paz acusados de liderar las movilizaciones que paralizaron una parte del país por 23 días.

Reynaldo Ezequiel, dirigente del “evismo”, informó a la prensa local que el líder cocalero no participará en la marcha, pero la apoyará “moralmente”. El ex presidente está atrincherado en la región cocalera del país desde hace tres meses ante el riesgo de aprehensión que enfrenta, por la investigación que lo acusa de los delitos de estupro y trata de personas.

Tres días después del inicio de esa marcha, se prevé otra en la sede de Gobierno. Los gremiales de El Alto, la populosa ciudad colindante con La Paz, anunciaron una marcha el 13 de enero hacia el centro paceño en rechazo a una disposición del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 -que entró en vigencia por decreto y sin aval del Órgano Legislativo- que establece controles y decomiso de productos alimenticios a los comerciantes, en el caso de que se evidencie el encarecimiento o desabastecimiento de los productos en los mercados.

“Entendemos que todo ha subido, pero no es porque los gremiales o productores lo que queremos subir, sino es porque el tema del dólar (que) no ha solucionado el Gobierno, que sigue mintiendo que está a 6,96 bolivianos, pero está a más 12″, manifestó un dirigente del sector gremial al canal Unitel, en relación al tipo de cambio oficial frente a la cotización del mercado paralelo.

La protesta también exigirá un aumento en el abastecimiento de combustible, luego de que en 2024 hubieron periodos de escasez -cada vez más frecuentes y prolongados- de diésel y gasolina.

La disposición del PGE también ha causado malestar en gremiales de Santa Cruz que tendrán un encuentro el 8 de enero para definir acciones. De igual manera, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) manifestó que la medida atenta contra el sector productivo y el privado en general, porque promueve la intervención de unidades productivas.

En 2024, el Gobierno asumió medidas contra el desabastecimiento y el alza de precios del aceite refinado de soya y el arroz, vetando las exportaciones temporalmente e interviniendo ingenios arroceros para garantizar la oferta en el mercado a precios justos.

El presidente de la CAO, José Luis Farah, señaló que los controles establecidos en el PGE tendrán un efecto contrario porque van a generar especulación e incertidumbre entre los productores y comercializadores.

A estos anuncios, se sumaron los transportistas bolivianos que si bien no han definido acciones tienen previsto realizar encuentros departamentales en los próximos días.

“No podemos seguir sufriendo este año como el pasado”, manifestó Juan Yujra, dirigente del sector, refiriéndose a la falta de carburantes que ha afectado al transporte pesado en los últimos meses.

Los dirigentes no descartaron realizar movilizaciones para presionar al gobierno a revisar las medidas que habrían afectado su trabajo. Más allá de la falta de diésel que experimentaron el año pasado, exigen soluciones a la escasez de dólares y encarecimiento de repuestos que afectan al sector.

“Ya estamos cansados y por ello vamos a realizar un ampliado nacional para definir los pasos seguir”, manifestó Héctor Mercado, presidente de la Cámara de Transporte de Bolivia citado por El Deber.

Otro caso que mantiene la tensión en Bolivia es la posible aprehensión de Evo Morales por la investigación de estupro y trata de personas. En el Trópico de Cochabamba, sus seguidores han reforzado su seguridad mientras aguardan las disposiciones de la Justicia que ha fijado su audiencia de medidas cautelares para el 14 de enero.

Daniela Romero

La Paz, 14 nov (EFE).- A la escasez de combustible que afecta a la población de Bolivia desde hace meses y a la actual situación de desesperación en varios sectores se suma hoy la incertidumbre ya que si el Gobierno de Luis Arce no reacciona de manera inmediata en el abastecimiento de diésel y gasolina la crisis se agravará en 2025, alertó a EFE el exministro de Hidrocarburos y analista Álvaro Ríos.

"No queremos pasar haciendo filas en los surtidores como ahora, nos vamos a empobrecer. Esas medidas se tienen que tomar ya, cada día que pasa son millones de millones (de dólares) de pérdidas económicas de todos los bolivianos", afirmó el experto.

Por ello, el exministro planteó que el Gobierno tiene que ver "cómo vamos a resolver y cómo vamos a conseguir los 3.700 millones de dólares que necesitamos en el 2025 para comprar combustible".

La escasez de combustible es un problema que se mantiene hace meses en Bolivia, agravado estas últimas semanas debido a los bloqueos de carreteras que realizaron seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) durante 24 días, principalmente en el centro del país, en protesta por, entre otros, las investigaciones judiciales en su contra.

Los bloqueos de rutas se levantaron hace más de una semana, pero la situación por la falta de combustible se agudiza en todo el país, en especial en Santa Cruz, la mayor región de Bolivia, donde el sector productivo está paralizado y teme por la siembra correspondiente a la campaña de verano.

La Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) alertó que la soberanía alimentaria del país está en riesgo debido a la falta de diésel que impide realizar trabajos de cosecha y de transporte de alimentos a otras regiones, siendo que el 70 % de la producción en Santa Cruz es para abastecer al resto de Bolivia.

Por su parte, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) informó que para la campaña de verano el sector productivo requiere de 295 millones de litros de diésel, que representa el 13 % del total del consumo del combustible en el país.

Los representantes de la CAO exigieron al Gobierno que tome medidas urgentes para entregar diésel, de lo contrario la cosecha para este año será nula y habrá escasez de alimentos.

El sector de transporte pesado también está en emergencia, pues los camiones que deben recorrer distancias entre región y región llevando alimentos u otros productos no lo pueden hacer por falta de diésel y permanecen parados en largas filas cerca de las estaciones de servicio a la espera del combustible.

"Yo soy transportista y productor en Río Abajo, desde hace 10 días que estoy en busca de diésel. Nos mandan de un surtidor a otro y no encontramos diésel. Por eso estamos haciendo un bloqueo hasta que llegue el diésel", dijo a EFE Ismael Fernández, un conductor que acompañaba a otros en un bloqueo de camiones en una calle céntrica de La Paz.

Otro transportista, Francisco Salas, contó que dejó de trabajar hace una semana por la falta de combustible y que no puede conseguirlo ni en la región andina de Oruro "porque tampoco hay diésel. Es una injusticia que nos dejen así, sin trabajo y sin poder dar a las familias el pan del día a día".

Mientras el transporte interdepartamental redujo las frecuencias de viajes desde La Paz, Cochabamba y Santa Cruz hacia otras regiones del país, el transporte internacional está a punto de declararse en quiebra porque los viajes a los países vecinos "disminuyeron considerablemente".

 La Asociación Nacional de Surtidores Comercializadores Privados de Hidrocarburos (Asosur), por su parte, se declaró en "estado de emergencia nacional" y denunció que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) distribuye el combustible con más frecuencia a los surtidores estatales que a las estaciones de servicio privadas.

Arce aprobó en la víspera un decreto que autoriza a sectores privados la importación y comercialización en el mercado interno de diésel y gasolinas por un año, a la espera de que esta medida alivie la situación mientras se toman otras acciones.

También, el presidente prometió normalizar el abastecimiento de combustible en todo el país en 10 días. EFE

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Desde hace más de dos semanas que las filas para cargar combustible en Bolivia parecen interminables. Tras varios meses de periodos de escasez, principalmente de diésel, el desabastecimiento se agudizó y afectó también a la gasolina. El Gobierno atribuye el problema a los bloqueos realizados por seguidores de Evo Morales (entre el 14 de octubre y el 6 de noviembre) y asegura que está trabajando para normalizar el suministro.

Varios sectores se declararon en emergencia. El vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, alertó que si no se concreta la siembra de verano en las próximas semanas por falta de diésel, se pone en riesgo la seguridad alimentaria del país en 2025.

“Sin diésel, no hay comida para el 2025″, manifestó Frerking en declaraciones al canal Unitel. El empresario advirtió que si hasta el 30 de diciembre no logran sembrar, el 90% de las casi 2 millones de hectáreas que siembra Santa Cruz “va a estar en riesgo la seguridad alimentaria del país para el próximo año”.

Los empresarios de Santa Cruz habían pedido al Gobierno que se autorice la libre importación y comercialización de carburantes. “Está claro que, en los últimos meses, el Estado no ha tenido la capacidad de darle certidumbre en el tema de combustible”, manifestó Jean Pierre Antelo, presidente de la Cámara de Industria y Comercio (Cainco), en una conferencia de prensa.

El Estado boliviano importa y subsidia los combustibles en el país. Según datos oficiales, compra en el exterior el 86% del diésel y el 56% de la gasolina que necesita para abastecer el mercado interno y la vende a un precio menor, lo que constituye uno de los mayores gastos públicos.

Desde hace más de un año que se producen periodos de escasez, principalmente de diésel, pero nunca fueron tan prolongados como esta vez. El Gobierno sostiene que los bloqueos del evismo afectaron la logística de distribución, pero éstos fueron levantados el hace cinco días y las filas se mantienen. Expertos ven que el problema de distribución es circunstancial, y que el desabastecimiento se debe a la baja producción local y la falta de dólares para la importación, por lo que no auguran soluciones inmediatas.

La administración de Luis Arce está dando largas a la normalización del suministro. La anterior semana, el ministro de Hidrocarburos afirmó que este fin de semana se regularizaría el abastecimiento y el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos dijo que hasta este lunes las filas iban a estar en “cero”, pero la realidad es otra: desde la madrugada hay filas interminables en prácticamente todas las estaciones de servicio. Arce, en un acto conmemorativo en Potosí este domingo, amplió los plazos que dieron sus funcionarios y dijo que “en diez días” a partir del miércoles, estaría resuelto el problema.

“Estamos previendo que en 10 días, a partir del miércoles que empieza el cómputo, vamos a resolver este tema de la falta de provisión de combustibles y también el tema de la disminución de los precios de la canasta familiar”, afirmó el jefe de Estado.

El líder opositor Luis Fernando Camacho ha criticado este mensaje a través de un mensaje en su cuenta de X. “Ante la indignación de la gente, la respuesta del gobierno de Arce, lamentablemente, es solo un mensaje demagógico. La crisis que Evo y Arce provocaron en 20 años de despilfarro, corrupción y mala gestión, ¿lo van a solucionar ahora y en 10 días?”, cuestionó.

La falta de carburante ha provocado malestar en la población porque ha disparado los precios de algunos productos y servicios. En Santa Cruz y La Paz, usuarios del transporte público denuncian que los choferes han subido deliberadamente en 50% el precio del pasaje bajo el argumento de que pasan muchas horas esperando en las estaciones de servicio y que hay menos buses que están operando. “El transporte también es el pueblo”, decía un letrero en uno de los buses cruceños que justificaba el alza del pasaje.

Mientras algunos sectores suben sus precios, otros se declaran en emergencia ante la imposibilidad de operar y la población se adapta como puede al nuevo escenario, en un ambiente de incertidumbre y pesimismo sobre el futuro económico del país, según datos de encuestas recientes.

La escasez de combustible en Bolivia amenaza a varios sectores del país. Este jueves, al menos seis rubros productivos se declararon en emergencia debido a la falta de gasolina y diésel. Ante la preocupación por falta de soluciones a la crisis de abastecimiento, el presidente de la Cámara de Industria y Comercio (Cainco) de Santa Cruz, Jean Pierre Antelo, pidió que se autorice la libre importación y comercialización de carburantes.

“La solución inmediata debe pasar por la liberación irrestricta de la importación y comercialización de combustible en el país. Está claro que, en los últimos meses, el Estado no ha tenido la capacidad de darle certidumbre en el tema de combustible”, manifestó Antelo en conferencia de prensa.

Bolivia atraviesa periodos de escasez de combustible, principalmente diésel, desde hace más de un año pero en las últimas dos semanas el problema se agudizó y afectó también la provisión de gasolina. El Gobierno de Luis Arce atribuye el desabastecimiento a los bloqueos que realizaron seguidores de Evo Morales durante 23 días y que alteraron la logística de distribución al dejar cisternas varadas en las carreteras.

Sin embargo, existen problemas estructurales que dificultan el abastecimiento. La baja producción local y las crecientes complicaciones de importación por falta de divisas, no permiten visualizar una solución a corto plazo. A esto se suma la venta ilegal de combustible en las fronteras debido a que, al ser subvencionado, su precio es comparativamente más bajo que en los países vecinos.

El líder los empresarios manifestó que hubo “una serie de malas decisiones de larga data” que afectaron el abastecimiento y que “la actual pugna política que ha empeorado la situación”. Antelo advirtió que si no se resuelve con prontitud este problema, puede haber una crisis alimentaria porque hay sectores productivos que no pueden operar la maquinaria agrícola.

El presidente Luis Arce se reunirá este fin de semana con agropecuarios de Santa Cruz para abordar los efectos económicos de los bloqueos y escuchar sus demandas. Sin embargo, Antelo exige más acciones y menos diálogo. “Dialogar sobre la situación sin acciones concretas es una pérdida de tiempo; las personas que están haciendo fila para conseguir gasolina y diésel no necesitan más explicaciones, sino soluciones reales”, aseveró.

Sectores productivos -de leche, caña, soya, arroz y otros- han advertido que sus industrias están en riesgo. La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) manifestó que el desabastecimiento de combustibles “es insostenible” y que puede generar escasez de alimentos.

La Asociación de Surtidores de Combustible de Santa Cruz (Asosur) informó que hace seis meses que se empezó a limitar el suministro y que actualmente reciben menos de la mitad. Susy Dorado, representante del sector, manifestó que pasaron de recibir 35.000 litros de gasolina a 10.000, con lo que no abastecen la demanda de la población. En relación al diésel, reveló que han estaciones de servicio del área rural que no han recibido un litro en más de diez días.

Bolivia importa el 86% del diésel y el 56% de la gasolina que necesita para el mercado interno, lo que representa uno de los mayores gastos públicos. El presidente explicó en agosto el origen de la crisis económica y energética y la atribuyó a una mala gestión de hidrocarburos en el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), del que él mismo fue ministro de Economía.

Hace un par de días, el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, anunció que tras el levantamiento de los bloqueos el fin de semana se regularizará la dotación de gasolina y diésel. A un día del plazo, la situación no parece estar cerca a normalizarse: este viernes por la madrugada en Santa Cruz de la Sierra se registraban filas de hasta 200 vehículos frente a estaciones de servicio vacías que esperaban incluso por más de 12 horas la llegada de las cisternas.