El comercio exterior argentino quedó paralizado este lunes. La actividad portuaria amaneció sin actividad, y un buque destinado al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) quedó detenido fuera del muelle sin poder ingresar. Todo ocurrió tras el cese de tareas por tiempo indeterminado de los prácticos, pilotos y baqueanos —los profesionales que guían a los barcos durante las maniobras de ingreso y salida en ríos, canales y puertos— de todo el país.

El reclamo, en rechazo al Decreto 690/2026 firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger busca desregular el servicio de practicaje y pilotaje. Según fuentes vinculadas al sector consultadas por Infobae, el comercio exterior quedó “totalmente paralizado” por la decisión de los prácticos de no prestar servicios a ningún barco que ingrese, egrese o transite por puertos argentinos. “Toda la carga de granos, de combustible y otras mercaderías está detenida en los puertos. La situación se agravará hora tras hora”, advirtieron.

El impacto del cese de actividades no se limita al comercio exterior. La Cámara Argentina de Energía (CADE) informó que las operaciones portuarias de todas sus empresas asociadas se encuentran interrumpidas por la indisponibilidad de prácticos, lo que genera riesgo de dificultades en el abastecimiento de combustible. La medida afecta los muelles de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo y Santa Cruz, a través de los cuales opera la distribución de nafta, gasoil y fuel oil a todo el país, y se extiende a Caleta Córdova, en Chubut, terminal desde la cual se traslada crudo hacia las distintas refinerías.

Según revelaron fuentes del sector a Infobae, no hay ningún buque tanque operando en este momento y son 12 los barcos que están frenados en los puertos a la espera de los servicios.

Según pudo saber este medio, representantes del Ministerio de Seguridad y de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia se comunicaron con las autoridades del sector para manifestar la intención de abrir una mesa de trabajo. Los prácticos respondieron con una condición: la suspensión o derogación del Decreto 690/2026 antes de cualquier negociación. “Para que exista un diálogo real y sincero, es imprescindible que ambas partes podamos sentarnos en igualdad de condiciones”, señalaron en un comunicado interno. La CADE, por su parte, indicó que trabaja con las autoridades para avanzar en una solución que permita restablecer el funcionamiento normal de los puertos.

La protesta frenó maniobras en Rosario y dejó un buque fondeado

La respuesta del sector fue inmediata apenas comenzó a regir la nueva normativa. Los profesionales alcanzados por la reforma resolvieron dejar de prestar servicios por tiempo indeterminado en un boicot destinado a impedir la aplicación del decreto.

Entre las operaciones suspendidas aparece una vinculada al buque de transporte pesado White Marlin, cuya participación resulta necesaria para tareas asociadas al proyecto Vaca Muerta Oil Sur, el oleoducto que construye un consorcio integrado por YPF, Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Tecpetrol, que conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro desde Allen hasta Punta Colorada a lo largo de casi 600 kilómetros. La obra supera el 75% de avance y para mediados de 2027 se proyecta una capacidad de transporte en torno a los 390.000 barriles por día, lo que llevaría las exportaciones de energía de ese año por encima de los USD 18.500 millones.

Según fuentes con conocimiento del tema consultadas por este medio, la embarcación permaneció fondeada fuera del puerto al no contar con un práctico para ingresar, lo que demoró el inicio de trabajos previstos para el tendido de infraestructura submarina.

En respuesta, la Prefectura Naval Argentina (PNA) comenzó a distribuir intimaciones individuales a los profesionales habilitados para que retomen de inmediato la prestación. El argumento oficial es que el practicaje constituye un servicio público regulado por la Ley de Navegación y que su interrupción puede derivar en denuncias penales y sumarios administrativos.

El Centro de Navegación (CNAV), la cámara que agrupa a las agencias marítimas responsables del movimiento de más del 80% de las cargas del comercio exterior argentino, formalizó su alarma ante la ANPYN y la PNA mediante una nota firmada por su presidente, Julio Delfino, a la que accedió Infobae. Según el documento, al momento de su presentación se registraban al menos 140 buques pendientes de confirmación del servicio de practicaje y pilotaje, una cifra que, advirtió la entidad, crecerá con el correr de las horas por la incorporación de embarcaciones pautadas para ingresar y salir de la Vía Navegable Troncal.

El CNAV alertó además que varias operaciones ya programadas en puertos argentinos fueron redireccionadas al puerto de Montevideo y a puertos del sur de Brasil, con pérdida de transbordos que habían sido repatriados al país tras años de gestión público-privada. Los puertos de La Plata, Dock Sud, Buenos Aires, Zárate-Campana, Quequén y Bahía Blanca figuran entre los afectados.

La entidad advirtió sobre “pérdidas millonarias en divisas” por incumplimiento de contratos, lucro cesante y extracostos para toda la cadena logística, con riesgo de que plantas productivas agoten su capacidad de almacenamiento. La situación, señaló el CNAV, daña también la reputación del país como destino confiable para la actividad marítimo-portuaria.

Fuentes del sector sostienen que los prácticos justifican la medida en que el decreto pone en riesgo la seguridad de la navegación. Esas mismas voces señalan que ninguna otra área del Estado impulsó hasta ahora una instancia de negociación y reclaman una mesa de diálogo entre el Gobierno, los prácticos, los usuarios y las agencias marítimas.

El Gobierno asegura que la reforma busca bajar costos

El decreto firmado por Milei y Sturzenegger forma parte de la estrategia oficial para reducir el llamado “costo argentino” mediante la eliminación de regulaciones que, según la visión del Ejecutivo, restringen la competencia y encarecen la actividad económica. La norma reemplaza un régimen vigente desde 1991.

La nueva reglamentación crea un registro abierto de prácticos habilitados administrado por la PNA, permite que los usuarios contraten libremente a los prestadores, elimina restricciones para el ingreso de nuevos profesionales y dispone que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) fije tarifas máximas. También obliga a publicar los precios para favorecer la competencia.

El esquema elimina la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de práctico durante un mismo recorrido, flexibiliza las condiciones para el traslado de estos profesionales y amplía los casos en los que determinados buques quedan exceptuados de contratar el servicio obligatorio. La reforma incorpora mecanismos para garantizar la continuidad de la actividad en situaciones excepcionales.

“La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”, sostuvo Sturzenegger al anunciar los cambios. El ministro afirmó que el sistema anterior había levantado barreras de ingreso para nuevos prestadores, con lo que redujo la competencia y elevó los costos logísticos del comercio exterior.

Cayó el ingreso de divisas del agro en julio

La paralización portuaria se produce el mismo día en que se conocieron los datos de liquidación de divisas del sector agroindustrial. Según informaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas, las empresas del sector liquidaron USD 2.918 millones en julio, un monto 3% inferior al de junio y 28% por debajo del mismo mes de 2025. En el acumulado del año, el sector lleva USD 16.297 millones, un descenso del 16% frente al mismo período del año anterior.

Las entidades atribuyeron la caída interanual a un efecto de base: en julio de 2025 había vencido el Decreto 38/2025, que establecía una reducción temporal de retenciones y había impulsado ventas al exterior y registración de contratos por encima del promedio histórico para ese mes, con liquidaciones que rozaron los USD 7.000 millones en septiembre de ese año. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyecta una liquidación total de USD 34.897 millones para 2026, estimación que ya incorpora un recorte de alrededor de 1.200 millones respecto de la proyección de mayo. Milei ratificó hace dos semanas, en el discurso de apertura de la Sociedad Rural Argentina, que el cronograma de reducción de retenciones sigue en pie y que serán la minería y la energía los sectores que habilitarán ese alivio fiscal.

Casi todos tenemos la misma foto en algún cajón. Un hombre joven bajando de un barco en Buenos Aires, con una valija de cartón y un apellido que todavía no sabía pronunciarse acá. No traía capital en el sentido en que hoy usamos la palabra: traía dos brazos, un oficio y, con suerte, unos ahorros cosidos en el forro del saco. Llegaba a un país casi vacío que le ofrecía algo que el suyo le negaba: la posibilidad de ser dueño de la tierra que iba a trabajar.

Esa oferta no fue un gesto de generosidad improvisada. Estaba escrita. El artículo 20 tiene una claridad que hoy incomoda: los extranjeros gozan “de todos los derechos civiles del ciudadano” y pueden “poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos”. Es una equiparación lisa y llana, sin cupos ni graduaciones. Y el artículo 25 le prohíbe al Gobierno federal “restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno” la entrada de los extranjeros que vengan “a labrar la tierra”. Un régimen que les fija un techo de hectáreas y un cupo sobre el territorio da vuelta ese diseño: convierte en cuota lo que la Constitución escribió como derecho.

Hay un pudor contemporáneo que se emociona con el inmigrante que vino a laburar y desconfía del capital que viene a invertir, como si fueran dos especies morales distintas. Alberdi no hacía esa distinción: para él la Argentina carecía de las dos cosas a la vez y las dos llegaban en la misma persona. Sin una inmigración “inteligente y trabajadora”, escribió, “los metales ricos se quedarán siglos y siglos en las entrañas de la tierra”. El inmigrante era capital extranjero.

Hay un pudor contemporáneo que se emociona con el inmigrante que vino a laburar y desconfía del capital que viene a invertir, como si fueran dos especies morales distintas

Hoy el paquete llega desagregado. A veces viene una familia; a veces, un fondo que financia un sistema de riego o una forestación que recién rinde a los quince años. Cuesta explicar por qué los bisabuelos piamonteses que compraron veinte hectáreas en Santa Fe merecen nuestra gratitud y quien hoy pone dólares en un cultivo bajo riego en San Juan merece nuestra sospecha. Hay, eso sí, una diferencia honesta que conviene decir en voz alta: los bisabuelos se quedaron, y el fondo puede girar sus utilidades afuera. Es verdad. Pero lo que se gira es la utilidad, nunca el activo: la forestación queda plantada donde está, la gente que trabaja en ella vive en el pueblo de al lado y el impuesto se paga en la provincia.

La ley vigente impone dos restricciones distintas, y sobran las dos. Una es un cupo colectivo: los extranjeros no pueden tener en conjunto más del quince por ciento de la tierra rural del país. La otra es un techo individual: ningún titular extranjero puede superar las mil hectáreas en la zona núcleo. Es la segunda la que mantiene al capital afuera.

Mil hectáreas es un campo. No es un proyecto. Una forestación de escala industrial necesita decenas de miles de hectáreas para sostener un ciclo de corte que empieza a rendir recién a los quince años; la agricultura bajo riego en zonas áridas solo amortiza la infraestructura sobre superficies grandes; en la meseta patagónica la receptividad del suelo es tan baja que una unidad productiva viable se mide también en decenas de miles. En todos esos casos la escala es la condición misma de que la actividad exista. Con ese techo el inversor externo no invierte menos: no entra. La cuenta no le cierra desde el primer día, así que ni se sienta a hacerla.

Los números no la muestran: la tierra rural en manos extranjeras ronda el 5 o 6 por ciento del total, contra un tope legal del 15 que en más de diez años de vigencia nunca se alcanzó

Se dirá que se viene la extranjerización. Los números no la muestran: la tierra rural en manos extranjeras ronda el 5 o 6 por ciento del total, contra un tope legal del 15 que en más de diez años de vigencia nunca se alcanzó. Se responderá que el número es bajo precisamente porque la ley lo contuvo. La cronología dice otra cosa: el Registro Nacional de Tierras Rurales fue creado por esa misma ley, empezó a funcionar a mediados de 2012 y entregó su primer relevamiento en 2013. La primera medición que existió es posterior a la norma, y lo que midió fue el stock que ya estaba ahí: un siglo y medio de compras hechas sin que existiera ningún cupo. Ese porcentaje es la foto de lo que la ley encontró al llegar. Y si lo que contuvo no fue el cupo colectivo sino el techo de mil hectáreas, entonces “el límite funcionó” y “el límite ahuyentó inversiones” son la misma frase: uno la dice con orgullo y el otro con preocupación, pero los dos hablan del capital que no vino.

Queda la objeción de la soberanía, que descansa en una confusión: se usan “dominio” y “soberanía” como si fueran la misma cosa, y son categorías de órdenes distintos. Ya el derecho romano separaba el dominium del imperium. El dominio es una relación de derecho privado entre una persona y una cosa; existe porque el ordenamiento argentino lo reconoce, se prueba con una escritura inscripta en un registro argentino y se defiende ante jueces argentinos. La soberanía, en cambio, es la condición de que ninguna otra autoridad pueda desplazar a la nuestra.

Pensemos qué pasa el día después de la compra. El nuevo dueño descubre que el ordenamiento territorial de la provincia le dice qué puede hacer con cada hectárea; que si hay bosque nativo manda la ley de bosques; que a su gente la rige el convenio argentino; y que si el Estado necesita esa tierra para una obra pública se la expropia mediando ley e indemnización previa, porque el artículo 17 sigue ahí. Y descubre algo que suele omitirse: que no compró el agua ni lo que hay debajo. El artículo 124 reserva a las provincias el dominio originario de los recursos naturales de su territorio. Compró la superficie, y heredó entera la autoridad que ya pesaba sobre el campo. El proyecto en discusión agrega, además, una restricción que la ley vigente no tiene: prohíbe la compra por Estados extranjeros y condiciona la de las empresas que ellos controlen.

La objeción de la soberanía descansa en una confusión: se usan “dominio” y “soberanía” como si fueran la misma cosa, y son categorías de órdenes distintos

Por eso “vender la tierra es vender la patria” es, técnicamente, un error. La jurisdicción nunca estuvo en el patrimonio del vendedor, y nadie puede transferir lo que no tiene. El territorio se pierde por tratado o por la fuerza, nunca por una compraventa.

La apuesta de 1853 fue que a un país vacío se lo llena abriendo la propiedad, no condicionándola al lugar de nacimiento. “Todo argentino cuya familia llegó en barco desciende de alguien que, el día que pisó el puerto, era exactamente aquello que hoy se quiere mantener afuera.” No le pedimos certificado de arraigo: le dimos el artículo 20 y lo dejamos entrar. Esa apuesta construyó la Argentina que después nos dio de comer. No la abandonamos por una discusión seria de soberanía (la soberanía nunca estuvo en juego): la abandonamos por miedo. Y el miedo, en materia de inversión, se paga en campos que no se plantan, en pueblos que no crecen y en trabajo que no existe.

No tenemos que proteger la tierra de los que quieren venir a trabajarla. Nunca tuvimos que hacerlo.

El autor es secretario de Desregulación del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado

Los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) se reunieron en la ciudad cordobesa de San Francisco en el marco de una nueva cumbre de gobernadores de la Región Centro. Allí, hubo un fuerte reclamo para que los derechos a la exportaciones agropecuarias se vayan reduciendo hasta su eliminación.

El objetivo del encuentro fue dejar inaugurada la sede permanente del bloque regional y que Córdoba pase a Entre Ríos la presidencia pro témpore.

El planteo contra el cobro de las retenciones fue uno de los focos de las resoluciones conjuntas de la Región, que concentra el mayor volumen de producción agropecuaria, y también el núcleo de los discursos de los mandatarios.

Uno de los documentos firmados por Llaryora; Pullaro y Frigerio solicita de manera formal al Gobierno la reducción hasta la eliminación definitiva de las retenciones a las exportaciones agropecuarias.

“Entendemos que no es un proceso fácil y no puede resolverse de un día para el otro. Pero con muchísima convicción exigimos un cronograma concreto de reducciones sistemáticas”, señaló Frigerio en su discurso.

El más enfático, sin embargo, fue el Gobernador de Córdoba. “Las malditas retenciones nos cercenan año a año de posibilidades de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, aseveró Llaryora.

Luego, se quejó del daño que este impuesto causó a los pueblos del interior. “Nuestros empresarios, pymes y productores no están en la timba financiera. No se la llevan a las Islas Caymán. La ponen en la producción, el empleo y el crecimiento”, consignó.

Asimismo, se quejó de las asimetrías que generan los derechos de exportación entre provincias. “Mientras algunas tienen regalías (por sus recursos naturales) nosotros le estamos poniendo el pecho a la Argentina. Pero no es inagotable. Hay que igualar las condiciones. Es necesario que nos saquen el pie de la cabeza”, planteó.

Más adelante, consignó que los tres mandatarios coinciden en que las retenciones “son un impuesto confiscatorio que nos está sacando la posibilidad de crecer y tener trabajo”.

Cuestión de recursos

Pullaro, por su parte, aseveró que las provincias del Centro “no venimos a pedir, a solicitar o a demandarle al Gobierno. Mostramos lo que somos los santafesinos, cordobeses y entrerrianos. Somos la región más productiva de la Argentina”.

Además, consignó que los tres estados provinciales aportaron al Tesoro nacional el 30 % más de lo que retornó de la Nación a la región.

Por último, puntualizó: “Hay una manera diferente de hacer las cosas, de mirar lo público y de salir adelante”.

Frigerio, en tanto, aseguró: “Tenemos sobre nuestras espaldas la enorme responsabilidad de gobernar bien nuestras provincias y ser el faro para que el país sepa dónde ir”. Argentina debe encaminarse “hacia la cultura del trabajo y del mérito” que representa la Región Centro, estimó.

“Hoy somos tres amigos gobernando las provincias. Pero no sabemos qué pasará en el futuro”, confesó. De inmediato, reclamó por la “institucionalización de los procesos de decisión”.

“Siempre se habla de federalismo. Pero nos hemos quedado cortos en términos de desarrollo real”, agregó. El crecimiento argentino “dependerá de la capacidad de las provincias para construir políticas públicas que generen soluciones para la gente”, acotó.

En otro tramo, reseñó: “Necesitamos que al Gobierno le vaya bien. Pero el Gobierno también necesita que a las provincias le vaya bien porque es en el territorio donde se definen los bienes y servicios que determinan la calidad de vida de nuestra gente”. Entre ellos, citó la salud, la educación, la seguridad, la justicia y la infraestructura.

“La infraestructura vial y energética son otros desafíos que tenemos”, precisó. “Solo nosotros sabemos lo relevante que es. Muchas veces desde Buenos Aires no se dan cuenta de la importancia de tener las rutas en condiciones”, acotó.

Otros pedidos puntuales

Dentro de los planteos a la Casa Rosada contenidos en las decisiones conjuntas, destacó el reclamo para que el Consejo de Control de la Hidrovía se ponga en funcionamiento. Entre Ríos y Santa Fe, que son ribereñas al río Paraná, reclamaron efectiva participación. Y solicitaron la incorporación de Córdoba.

Asimismo, las tres provincias crearon un Consejo de Vigilancia para controlar el ingreso a la región de alimentos importados. La medida se tomó ante la apertura de importación sin necesidad de que se cumpla la normativa nacional.

Pormenores

La actividad oficial comenzó a las 12:30. Pero una hora y media antes, los mandatarios mantuvieron un cónclave a solas. El lugar de la reunión fue la Tecnoteca, frente a la sede del Municipio de San Francisco. Las mesas los estaban esperando con facturas y café.

Puertas afuera, funcionarios de las tres provincias hicieron sala. Se lo vio, por caso, a Manuel Calvo, el nuevo jefe de Gabinete cordobés. Además, estuvieron la exvice santafesina y actual diputada nacional, Gisela Scaglia y el ministro de Gobierno de Entre Ríos, Manuel Troncoso. Ignacio Lamothe, titular del CFI (Consejo Federal de Inversiones), también fue de la partida.

Al terminar la charla, los gobernadores intercambiaron regalos institucionales y se sacaron la foto oficial de la cumbre en la terraza de la Tecnoteca. De inmediato, partieron al Superdomo, donde se concretó la cumbre y se hicieron los discursos.

Llaryora fue más local que nunca. San Francisco es su ciudad. La gobernó dos veces antes de dar el salto a Córdoba capital y de allí a la Gobernación. Damián Bernarte es el actual mandatario local.

La presión tributaria efectiva del estado nacional proyectada para 2026 se ubicaría en el nivel más bajo desde 2006, según un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Respecto de 2023, último año del gobierno anterior, la reducción equivale a 1,8 puntos porcentuales del PBI, un descenso del 8% que consolida uno de los objetivos centrales del programa económico de Javier Milei y del acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La llegada a Buenos Aires de la titular del organismo, Kristalina Georgieva, prevista para este lunes 27 de julio, convierte ese número en el telón de fondo de una visita clave.

El informe, elaborado por el economista Nadín Argañaraz, director del Iaraf, toma como punto de partida la carga impositiva de 2023 y la contrasta con las estimaciones para el año en curso. El resultado es una presión tributaria total de 20,8% del PBI para 2026, frente al 22,6% de 2023. Seis tributos presentarían mermas de recaudación, dos permanecerían sin cambios y solo dos registrarían alzas.

Los derechos de exportación —las retenciones que el campo reclama eliminar— son el eje del análisis. La comparación directa entre 2023 y 2026 muestra una baja de 0,15 puntos porcentuales del PBI en ese rubro, pero esa lectura está distorsionada: 2023 fue un año de sequía severa que deprimió los volúmenes exportados y, con ellos, la recaudación por retenciones. Entonces, para dimensionar el cambio real, el Iaraf propone comparar 2026 con 2022, el año previo a la sequía.

Desde esa base, los impuestos al comercio exterior en conjunto retrocederían del 3,19% del PBI al 1,34%, esto es 1,85 puntos porcentuales menos. De esa baja, el 70% fue por la reducción de los derechos de exportación, un alivio de 1,34 puntos del PBI entre ambos años.

La eliminación del Impuesto PAIS fue otro factor de peso. Pasó de representar el 0,79% del PBI en 2023 a cero en 2026, porque fue eliminado. Junto con la baja en retenciones, explica la mayor parte de la contracción en la presión sobre el comercio exterior, que reduce a la mitad su participación dentro del sistema tributario total: del 13,1% en 2022 al 6,6% en 2026.

El estudio desagregó la baja total de recaudación entre 2022 y 2026. Los derechos de exportación liderarían el ranking con el 36% de la caída, seguidos por Ganancias (33%), el Impuesto PAIS (11%), Bienes Personales (7%), Impuestos Internos (6%), IVA (5%) y Derechos de importación y tasa estadística (2%). El impuesto al Cheque permanece prácticamente sin variaciones, mientras que otros dos tributos compensan parte de esa baja: el Impuesto a los Combustibles, con un aporte adicional de 0,37 puntos del PBI, y los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, con 0,19 puntos. La suma de ambos, 0,56 puntos del PBI, amortigua pero no revierte la tendencia descendente del conjunto.

La visita del FMI

La reducción de la carga fiscal y la eliminación del déficit son metas compartidas por el gobierno de Milei y el FMI, y forman parte del acuerdo de USD 20.000 millones suscripto en 2025. La visita de Georgieva programada para esta semana —que incluye reuniones con Milei, con el ministro de Economía Luis Caputo y con el titular del Banco Central, Santiago Bausili, además de una recorrida por Vaca Muerta— llega en un momento en que el gobierno reporta superávit primario, aunque analistas advierten sobre la sostenibilidad de ese resultado. La meta acordada con el FMI para 2026 es un superávit primario de 1,4% del PBI.

El debate sobre el futuro de las retenciones se agudizó este domingo en la apertura de la Exposición Rural de Palermo. El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, reclamó que los derechos de exportación “dejen de existir, por ley y para siempre”, y recordó que desde 2002 el Estado recaudó unos USD 215.000 millones por ese concepto. Milei respondió con un esquema gradual: la quita definitiva de retenciones, afirmó, se financiará con el crecimiento de los sectores energético y minero. "Las retenciones son una aberración que nunca debió haber existido“, sostuvo el mandatario ante productores y dirigentes rurales.

El plan oficial ya tiene costos fiscales estimados: USD 32 millones en 2026, USD 415 millones en 2027 y USD 1.224 millones en 2028. En soja, el principal cultivo de exportación del país, la alícuota descenderá un cuarto de punto porcentual por mes durante 2027, desde el 23,75% hasta el 21%, para luego bajar medio punto mensual a lo largo de 2028.

La cosecha 2025-2026, con una superficie sembrada récord de 40 millones de hectáreas y más de 164 millones de toneladas de granos proyectadas, muestra que el sector produce a plena capacidad. El análisis del Iaraf refleja que, aun en ese escenario, la carga tributaria sobre sus exportaciones sigue en proceso de reducción, aunque todavía lejos del punto cero que el campo reclama.

El campo argentino llegó al tradicional acto de apertura de la Exposición Rural de Palermo con el reclamo histórico intacto —la eliminación total de las retenciones— y se fue sin el anuncio que esperaba. Pero las principales entidades del sector celebraron el discurso del presidente Javier Milei con una valoración que excede lo tributario: el reconocimiento explícito al agro como motor de la economía y, sobre todo, la ratificación del equilibrio fiscal como condición innegociable antes de avanzar en cualquier quita impositiva.

El tono lo marcó Milei desde el arranque. “Ustedes son los que desde que Argentina es Argentina tiran para adelante el carro del país y por eso, sin duda, merecen ser llamados héroes", afirmó ante productores y dirigentes rurales en el predio de Palermo, en un acto que se realizó un domingo —en lugar del tradicional sábado— por cuestiones de agenda presidencial. El mandatario llegó pasadas las 11 acompañado por su hermana, Karina Milei, secretaria General de la Presidencia.

El discurso de casi 40 minutos no incluyó anuncios de nuevas bajas de derechos de exportación, algo que ya había anticipado el ministro de Economía, Luis Caputo, durante su visita al predio el jueves de la semana pasada. “Los anuncios ya se hicieron en su momento, así que no hay que esperar ningún anuncio en particular. En la medida que el superávit económico dé más margen, podremos seguir bajando”, había dicho Caputo el jueves, en referencia al esquema escalonado de reducción de retenciones anunciado en mayo.

Ese plan prevé un costo fiscal de USD 32 millones en 2026, USD 415 millones en 2027 y USD 1.224 millones en 2028, con bajas mensuales que alcanzan a todos los cultivos desde el año próximo. En soja -el principal producto de exportación argentino-, la alícuota descenderá un cuarto de punto porcentual por mes a lo largo de 2027, desde 23,75% hasta 21%, para luego bajar medio punto mensual durante 2028.

El argumento de la energía y la minería

El pasaje del discurso que más resonó en el sector fue la respuesta de Milei al reclamo del presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, quien minutos antes había pedido que los derechos de exportación “dejen de existir, por ley y para siempre” y recordó que desde 2002 el Estado recaudó unos USD 215.000 millones por ese concepto. La respuesta presidencial fue una ecuación: el crecimiento de los sectores energético y minero financiará la eliminación definitiva de las retenciones.

“Las retenciones son una aberración que nunca debió haber existido. Entendemos que eliminarlas es una obsesión para nuestro Gobierno y hemos dado muchos avances en esa dirección. No le sirve a nadie que las eliminemos para sacar rédito político en las elecciones y después el modelo reviente, como ha pasado en otros gobiernos”, afirmó Milei. Y precisó: “El crecimiento de esos sectores, que antes no producían nada, es lo que financiará la quita de retenciones y el verdadero empoderamiento de un campo pujante en las próximas décadas”.

La lógica oficial es que la pérdida de recaudación que implica avanzar hacia la quita total de derechos de exportación pueda compensarse con los ingresos provenientes del despegue exportador del petróleo, el gas y la minería —sectores que hoy generan divisas crecientes y que, a diferencia del agro, no cargan con retenciones de la misma magnitud.

Pino y el equilibrio entre el reclamo y el reconocimiento

El discurso de Pino combinó la exigencia con el reconocimiento. El titular de la SRA enumeró los logros de la gestión Milei —reducción de la inflación, equilibrio fiscal, estabilidad cambiaria, baja del riesgo país— y cuantificó en unos USD 6.000 millones la suma que el campo no pagó en retenciones durante el mandato actual, dinero que, según dijo, se reinvirtió “en genética, pasturas, maquinaria y otros tipos de mejoras”. Pero la demanda de fondo no cedió: “Las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre”.

Sin embargo, Pino también apuntó contra los impuestos provinciales y las tasas municipales, en línea con el discurso económico oficial. Acusó a las provincias de crear “aduanas internas, prohibidas por la misma Constitución Nacional” mediante el cobro de gravámenes por el traslado de mercadería entre distritos, y reclamó el fin del “manejo arbitrario del impuesto a los ingresos brutos” y de las tasas viales “que no se traducen en obras”.

Sobre las limitaciones en materia de infraestructura, dijo que el atraso en caminos rurales, trenes, puertos y obras de prevención de inundaciones —mencionó en particular la cuenca del río Salado— forma parte del “famoso costo argentino” que daña la competitividad del sector. Milei respondió a ese punto con dos anuncios concretos: la privatización del Belgrano Cargas y la adjudicación de la hidrovía, presentados como herramientas para reducir los costos logísticos del agro.

Mismo rumbo, más velocidad

La recepción del discurso presidencial entre las principales entidades del sector fue positiva. Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC —la cámara de las empresas agroexportadoras que representa alrededor del 50% de las exportaciones argentinas—, destacó que Milei “ratificó el camino a través de las negociaciones de apertura de mercados y las nuevas inversiones portuarias y de industrialización de soja y girasol”. Para Idígoras, la adjudicación de la vía navegable troncal y la próxima licitación del Belgrano Cargas son “los motores de las exportaciones del país” y generarán “más producción, más empleo y más exportaciones”.

Desde Coninagro, su presidente Lucas Magnano valoró que Milei haya puesto el foco en la certidumbre y la hoja de ruta a largo plazo, algo que considera indispensable para un sector cuyas actividades “exceden los períodos presidenciales”. Magnano reconoció que el escenario ideal hubiera sido la quita total de retenciones, pero entendió los límites del Gobierno: “Ha dado hasta donde puede sin comprometer el equilibrio fiscal, que es una de las variables innegociables”, afirmó, y agregó que ese camino “me parece correcto”.

Esa última frase sintetiza el estado de ánimo del sector tras la Rural: el campo sigue sin las retenciones cero que reclama desde hace décadas, pero encuentra en el superávit fiscal —una conquista que el propio agro siempre exigió como condición de sustentabilidad macroeconómica— una razón para acompañar el ritmo gradual que propone el Gobierno. La cosecha 2025-2026, con una superficie sembrada récord de 40 millones de hectáreas y más de 164 millones de toneladas de granos, muestra que el sector produce a máxima capacidad incluso con “una mano atada a la espalda”, como dijo el propio Milei.

La Exposición Rural de Palermo vivió este domingo uno de sus momentos más esperados con la presencia del presidente Javier Milei, quien encabezó el acto de inauguración oficial de la muestra agropecuaria más importante del país. La ceremonia tuvo una particularidad: se realizó un domingo, cuando históricamente suele desarrollarse los sábados.

El jefe de Estado llegó minutos antes de las 11 acompañado por su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

En el predio fue recibido por el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino. También se encontraban en el lugar el jefe de Gabinete Diego Santilli y los ministros de Economía, Luis Caputo, de Capital Humano, Sandra Pettovello, de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. En palco se encontraban la senadora Patricia Bullrich, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros funcionarios y legisladores.

En el inicio de su discurso, Milei resaltó la importancia del sector en la economía del país y aseguró que se viene “un campo radicalmente distinto al que conocimos”.

“Ustedes son los que desde que Argentina es Argentina tiran para adelante el carro del país y por eso, sin duda, merecen ser llamados héroes”, resaltó en el comienzo.

Milei hizo un largo repaso de todas las medidas que tomó desde que asumió la Presidencia para mejorar la rentabilidad del sector, entre las que mencionó la baja de aranceles para insumos y maquinarias, la apertura de mercados y la reducción y quita de retenciones.

Milei subrayó que su gobierno trabaja para remover las trabas históricas impuestas al agro, al declarar: “nuestra única labor en todo esto es sacarles la bota del cuello tan pronto como sea posible”.

“Ustedes son los que desde que Argentina es Argentina tiran para adelante el carro del país y por eso, sin duda, merecen ser llamados héroes.” Subrayó la importancia de la agricultura y la ganadería como “los dos grandes fuentes de la riqueza nacional” y remarcó: “El campo no es un sector más de la economía. El campo es, en el sentido más literal, el origen de la civilización”.

Recordó que se eliminó “el cepo cambiario, el robo más grande que sufrió el mercado, dado que lo obligaba a vender a un tipo de cambio inferior al de mercado”. Precisó que la quita del cepo permitió mejorar la rentabilidad del sector: “solo por la baja de retenciones, la relación entre nuestros precios en Rosario y los de Chicago mejoró hasta un diecinueve por ciento en el maíz y un doce por ciento en la soja.”

El mandatario puntualizó que, aunque “el campo batió todos estos récords mientras todavía carga con el peso de las retenciones”, su gestión avanza para eliminarlas completamente: “en diciembre de 2023 estaban atados de cuerpo entero y hoy vamos camino a terminar de liberarlos por completo”. Remarcó que “todo lo que mencioné fue el resultado de sacarle de encima al campo una por una las capas de estatismo que le habían puesto durante cien años.”

De manera autónoma, en 2025 el campo argentino logró una cosecha récord con más de 164 millones de toneladas de granos y un crecimiento del 30 % respecto al promedio de las últimas diez campañas, según el discurso de Milei. Las exportaciones agroindustriales también alcanzaron cifras históricas, superando los USD 52.000 millones y llegando a más de 150 mercados internacionales.

El presidente reivindicó el aporte del campo en la generación de empleo y valor: “el sector agroindustrial explica cerca de un cuarto del empleo formal de todo el país”. Detalló que detrás de cada productor “hay veterinarios, molineros, ingenieros, biotecnólogos, gomeros, genetistas, almaceneros, aceiteros, forrajeros y playeros de estación de servicio”.

Milei recalcó: “por eso también quiero ser claro: ustedes son los protagonistas de este cambio.” Afirmó que “la transición se está consolidando y cada nuevo paso que da el sector es más rápido que el anterior.” El presidente sintetizó su política para el agro al decir: “todo lo que acabo de enumerar lo lograron con una mano atada a la espalda”.

“El crecimiento de esos sectores que antes no producían nada es lo que financiará la quita de retenciones y el verdadero empoderamiento del campo pujante en las próximas décadas”, manifestó.

Afirmó que “Argentina despertó finalmente de un siglo de letargo y el mundo nos está observando”. El mandatario señaló que “están quienes quieren tomarnos de ejemplo y están quienes quieren defender el status quo con uñas y dientes”. Según Milei, “el triunfo del modelo liberal en Argentina puede cambiar el rumbo de muchos países, y los enemigos de la libertad, desperdigados por el globo, no pueden darse el lujo de perder los privilegios que edificaron durante décadas”.

Además, advirtió: “No es casualidad que en los últimos días hayamos visto una campaña mediática internacional intentarnos bajar el precio con cualquier tipo de mentira para demonizar nuestro sentir patriótico”. El presidente sostuvo que “hoy está más claro que nunca que existen quienes buscan que la Argentina no encuentre su destino de grandeza”, pero aseguró: “No le vamos a dar el gusto. Vamos a hacer a la Argentina grande nuevamente”.

Por su parte, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, manifestó previamente, que las retenciones deben eliminarse por ley de forma definitiva. Pino destacó el crecimiento de la actividad agrícola y ganadera, subrayó que el campo aportó más de 83.000 millones de dólares a la economía nacional en el último año. Remarcó que, desde 2002, los gobiernos aplicaron un régimen confiscatorio a través de las retenciones, y señaló que durante la actual gestión disminuyó ese monto, permitiendo que el sector reinvirtiera en mejoras productivas.

Pino reconoció logros de la administración de Javier Milei, mencionó la reducción de la inflación, la mejora del equilibrio fiscal y la apertura de mercados. Advirtió, sin embargo, sobre la carga que representan los impuestos provinciales y las tasas municipales para los productores, y reclamó suprimir prácticas como el manejo arbitrario del impuesto a los ingresos brutos y las aduanas internas entre provincias. Finalizó pidiendo confianza en el campo y resaltó su capacidad para generar empleo y reactivar la economía del país.

El cambio de fecha de la ceremonia respondió a la agenda internacional del mandatario, que estuvo ayer en Brasil para participar del lanzamiento de campaña presidencial de Flávio Bolsonaro. De esta manera, el cierre de la tradicional exposición quedó programado para el 26 de julio, una jornada en la que el Gobierno buscó reforzar su vínculo con uno de los sectores que más respaldó sus políticas económicas desde el inicio de la gestión.

La participación presidencial llegó en un contexto favorable para varias actividades del agro, especialmente para la ganadería, que atraviesa un período de buenos precios y elevada demanda. Al mismo tiempo, persisten reclamos históricos relacionados con la carga impositiva, los costos logísticos y el acceso al crédito.

Las expectativas sobre posibles anuncios se moderaron luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, relativizara la posibilidad de presentar medidas de gran impacto.

Tal como había anunciado el cronograma previsto, el acto arrancó a las 11, dos horas después de que el predio abriera sus puertas. El ingreso del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín inició la ceremonia, a la que luego se sumó el presidente Milei. Tras la entonación del Himno Nacional, una proyección audiovisual recordando los 160 años de la Rural. Los discursos de Pino y Milei precedieron el desfile de campeones y maquinaria agrícola, con el que concluyó la jornada.

El primer semestre de 2026 dejó un dato sin antecedentes en el comercio exterior argentino: las exportaciones de bienes totalizaron USD 49.454 millones, un 24,4% más que en igual período del año anterior, con un superávit de USD 13.923 millones. Pero detrás del número récord hay una transformación más profunda que el volumen, y es el mapa de qué exporta Argentina y desde dónde lo hace. Este cambio más en los últimos dos años, que en la década y media anterior.

Neuquén, Catamarca, Jujuy, Salta y San Juan -provincias que hace 15 años aportaban una fracción marginal al total exportado- concentran hoy una porción creciente de las divisas que ingresan al país.

Según el Intercambio Comercial Argentino (ICA) que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la región patagónica exportó USD 8.783 millones en el primer semestre de 2026, y el Noroeste argentino (NOA) sumó otros USD 3.203 millones. Juntas, más Cuyo con USD 2.517 millones, esas tres regiones aportaron casi USD 14.500 millones, el 29,3% del total nacional.

De esta forma, si se contrastan esos números con los datos de comercio exterior de 2010, cuando la soja y sus derivados explicaban más de dos tercios de las exportaciones, esas provincias eran casi invisibles en la estadística de ICA.

Provincias que hace 15 años aportaban una fracción marginal al total exportado- concentran hoy una porción creciente de las divisas que ingresan al país

La región pampeana, sin embargo, sigue siendo el principal aportante de dólares al país, con USD 32.698 millones en el semestre. Santa Fe sumó USD 9.237 millones -casi todo en manufacturas de origen agropecuario- y la provincia de Buenos Aires otros USD 15.748 millones. Pero su peso relativo se redujo. Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) y los productos primarios (PP) sumados representan hoy el 57,5% del total exportado. En el período 2016-2020, ese par rozaba el 70 por ciento.

La energía recuperó una participación que no tenía desde 2006

El rubro de mayor crecimiento en el semestre fue combustibles y energía (CyE), con una suba del 42,5% interanual y una participación del 15,4% sobre el total exportado.

El dato tiene una dimensión histórica: en el primer semestre de 2006, CyE representaba el 17,1% de las exportaciones. En los años siguientes el sector cayó sin pausa. De hecho, entre 2016 y 2020, cuando el país era importado neto de energía, ese rubro llegó a representar apenas 4% del total exportado.

En este escenario, Neuquén es el epicentro de ese regreso. Según el Indec, la provincia exportó USD 4.283 millones en el primer semestre, de los cuales USD 4.205 millones correspondieron a combustibles y energía. Es decir, casi la totalidad de su aporte al comercio exterior proviene de Vaca Muerta. Solo en junio, Neuquén exportó USD 819 millones.

El salto en el valor de CyE, no obstante, combina dos factores de distinto peso. Por un lado, por el conflicto en Medio Oriente, el precio del petróleo crudo subió 47,8% interanual en junio, lo que explica una parte sustancial del incremento en dólares.

El volumen exportado de CyE, en cambio, cayó 11,7% en ese mes. El crecimiento del semestre acumulado -donde las cantidades exportadas de CyE subieron 24,9%- muestra que la expansión productiva también existe, pero que el precio amplifica el resultado.

Minería: de sector marginal a uno de cada diez dólares exportados

Si la energía recuperó terreno perdido, la minería directamente reescribió su lugar en la economía exportadora argentina. En 2025, el sector cerró con ventas externas por USD 6.075 millones, equivalentes al 6,9% del total nacional y un 31% más que en 2024, según la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).

El salto de las exportaciones mineras se apoya en: oro, plata y litio

La proyección para 2026, elaborada por CAEM estima que el sector superará los USD 9.000 millones, lo que representaría más del 10% de las exportaciones totales del país -o, dicho de otra forma, USD 1 de cada USD 10 que Argentina vende al exterior-.

Ese salto se apoya en tres metales con dinámicas distintas. El oro exportó USD 4.094 millones en 2025, un 30% más que el año anterior, y la proyección para 2026 es de USD 5.129 millones (25 por ciento).

La plata sumó USD 785 millones en 2025 y podría llegar a USD 1.172 millones este año (aumenta 49%). En ambos casos, el crecimiento en valor no proviene de mayor extracción sino de precios internacionales en niveles máximos. “Si los precios regresaran a los niveles de 2022, ninguna mina de oro y plata podría sostener sus operaciones en Argentina a causa de los altos costos actuales”, advirtió Roberto Cacciola, presidente de la CAEM, durante una presentación ante el sector en mayo.

El litio tiene una lógica diferente. Las exportaciones del mineral pasaron de USD 911 millones en 2025 a una proyección de USD 2.559 millones para 2026, un salto del 181% que se explica tanto por precios más altos como por una expansión real de la producción: la CAEM estima que Argentina producirá 172.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) este año, 48% más que en 2025, por mayor utilización de capacidad instalada en Salar Olaroz, Mina Fénix y Cauchari-Olaroz. Ya en el primer cuatrimestre de 2026, las exportaciones de litio crecieron 137,8% interanual en valor, según datos del Ministerio de Economía.

El carbonato de litio ya figura entre los diez principales productos exportados por Argentina

El ICA de junio confirma que el carbonato de litio ya figura entre los diez principales productos exportados por Argentina. Y el mapa provincial del Indec muestra desde dónde sale:

• Jujuy exportó USD 941 millones en el semestre, con USD 549 millones en manufacturas de origen industrial -categoría que incluye el litio procesado-.
• Catamarca aportó USD 391 millones, de los cuales USD 371 millones corresponden al mismo rubro.
• Salta sumó USD 958 millones, con USD 503 millones en MOI minero.
• San Juan exportó USD 1.283 millones, con USD 1.151 millones en MOI -casi en su totalidad oro y plata de Veladero y otros yacimientos-.

Las provincias de Catamarca, Santa Cruz, San Juan, Jujuy y Salta concentran entre 44% y 93% de su actividad económica en la minería, según cifras de la CAEM.

El agro, ancla inamovible con menor peso relativo

La transformación de la canasta exportadora no desplazó al agro: lo relativizó. Las MOA lideraron el semestre con USD 15.819 millones y una participación del 32%, mientras los productos primarios sumaron USD 12.631 millones (25,5 por ciento).

El complejo sojero exportó USD 8.844 millones en el período, con la harina y pellets de soja y el aceite de soja en bruto entre los tres productos más vendidos al exterior. El maíz en grano ocupó el segundo lugar del ranking general, con USD 639 millones solo en junio.

La suma de MOA y PP -que durante años representó dos tercios del total exportado- hoy equivale al 57,5%. Esa reducción de diez puntos porcentuales no responde a una caída del agro, sino al crecimiento más acelerado de los otros sectores.

Santa Fe exportó USD 9.237 millones en el semestre, casi todo en MOA, y sigue siendo la segunda provincia exportadora del país. El complejo agroindustrial del Gran Rosario no retrocedió; el resto del país avanzó.

La Mesa de Enlace y las principales cámaras de la industria frigorífica emitieron un documento conjunto en el que rechazaron cualquier modificación al esquema de financiamiento obligatorio del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

La carta, que cuenta con la firma de las entidades más importantes del campo argentino, llegó luego de que trascendiera un anteproyecto del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que propone convertir en voluntarios los aportes que hoy pagan productores y frigoríficos por cada animal que va a faena. En lo que va de 2026, el organismo recaudó más de $8.000 millones.

El organismo fue creado por la Ley 25.507, sancionada en 2002, meses después de la crisis de la aftosa que golpeó al sector durante el gobierno de Fernando de la Rúa.

El escrito lleva las firmas de los presidentes de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace —Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA)— junto a las de las principales cámaras del sector cárnico: el Consorcio de Exportadores de Carne (ABC), la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (Cadif), la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra), la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (Fifra) y la Unión de la Industria Cárnica Argentina (Unica). El documento expresa el “firme respaldo al IPCVA” y ratifica “su rol fundamental como herramienta estratégica para el desarrollo y posicionamiento de la cadena bovina argentina”.

El anteproyecto en cuestión forma parte de la Ley de Desregulación que impulsa el ministro Federico Sturzenegger y aún no ingresó al Congreso. El artículo 37 del borrador establece “la finalización, a partir del 1° de octubre de 2027, de las contribuciones obligatorias con destino al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina” e instruye al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca a “cesar la aplicación, percepción, retención y/o recaudación” de esos aportes. Desde la cartera de Sturzenegger no confirmaron el contenido del texto.

El tema sobrevoló un almuerzo celebrado ayer en el predio de la Exposición Rural de Palermo, al que asistieron el propio Sturzenegger, el canciller Pablo Quirno y dirigentes de la SRA.

El financiamiento actual del IPCVA se sustenta en aportes privados de productores y frigoríficos. Los primeros pagan el equivalente al 0,07% del valor índice de res vacuna en plaza de faena —hoy $1.185 por cabeza—, mientras que la industria abona un 0,03% de ese valor, es decir, $535 por animal. En la práctica, el costo equivale a unos 250 gramos de carne por bovino faenado, según graficaron las entidades en su documento.

Los firmantes sostienen que “es fundamental mantener el actual esquema de pago obligatorio para sostener el funcionamiento virtuoso del IPCVA, tal como sucede con los institutos de promoción de los principales países productores de carne del mundo, como Australia, Reino Unido, Estados Unidos o Uruguay“. Además, señalan que entre el 3% y el 5% del presupuesto anual del Instituto se destina al Senasa, y que su labor fue “clave para consolidar acuerdos comerciales, abrir nuevos mercados internacionales y posicionar la marca ‘Carne Argentina’ como un producto premium a nivel global”.

El presidente del IPCVA, Georges Breitschmitt, calificó la propuesta de aportes voluntarios como “algo que no es superador” y advirtió que implementarla sería “lo mismo que decir cerremos el Instituto”.

La propuesta de Sturzenegger

La controversia no es nueva. La Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA), que estima aportar alrededor del 14% del total recaudado por el fondo, viene reclamando desde hace tiempo la eliminación de la obligatoriedad y le hizo llegar sus reparos a Sturzenegger en cartas formales. También algunas entidades del interior se mostraron disconformes con el esquema, y cuestionaron la aplicación concreta de los fondos. Esa presión interna del sector fue la que, según fuentes del sector, terminó por activar el análisis en el Ministerio de Desregulación.

El anteproyecto propone reemplazar el artículo 14 de la Ley 25.507 por un “Fondo de Promoción de Carne Vacuna Argentina” que se nutriría de contribuciones voluntarias, donaciones, herencias, legados, contraprestaciones por asistencia técnica y rentas propias del fondo. Las contribuciones obligatorias continuarían vigentes hasta el 30 de abril de 2027 bajo el régimen actual, y los importes recaudados con posterioridad a esa fecha deberían devolverse dentro de los 60 días, salvo que el aportante manifieste su voluntad de convertirlos en un aporte voluntario.

La eliminación de Coviar, el antecedente más cercano

El caso del IPCVA no es el primero en el que el Gobierno avanza sobre aportes sectoriales obligatorios. En mayo pasado, el Ministerio de Desregulación eliminó las contribuciones compulsivas que bodegas y productores pagaban a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) desde 2004. Sturzenegger calificó en ese momento ese esquema como una “aberración” y estimó que, entre 2004 y 2025, el sector había aportado USD 300 millones “para financiar resultados que nunca llegaron”. Esa medida dividió al sector vitivinícola: mientras cámaras como Bodegas de Argentina la celebraron, otros actores advirtieron sobre el vacío institucional que podría generar.

Las escapadas rurales y las visitas a granjas con animales ganan espacio entre quienes buscan bienestar y equilibrio al reconectar con el tiempo, el silencio y la tierra, según expertos y estudios citados por la revista de moda Vogue.

En medio de la presión urbana, el retorno al campo y al contacto directo con la naturaleza ofrece una alternativa para quienes desean apartarse, aunque sea por unos días, del ruido, las notificaciones y el ritmo acelerado de la ciudad.

Las actividades en el entorno rural, como recoger huevos, alimentar gallinas, cepillar caballos o presenciar el ordeño de vacas, permiten recuperar la atención plena y el sentido del “aquí y ahora”.

De acuerdo con Vogue, estas tareas, aunque simples, exigen constancia y fomentan una responsabilidad directa. El vínculo con los animales introduce una dinámica de reciprocidad y respeto, donde el cuidado diario genera beneficios para quienes participan.

La vida rural se presenta como refugio frente a la prisa y el consumo acelerado, permitiendo experimentar una forma de bienestar menos mediada por la tecnología. Según el análisis, al alejarse de la lógica urbana, se facilita la recuperación de hábitos saludables y se promueve un descanso mental profundo.

Vogue destaca que el contacto cercano con los animales es clave en la mejora del bienestar emocional y la salud mental. Las tareas cotidianas —como alimentar a los animales, participar en la producción de alimentos o ayudar en labores agrícolas— ayudan a reforzar la empatía, la comprensión de los ciclos naturales y el valor del trabajo manual.

Esta conexión directa estimula la atención, la paciencia y la satisfacción personal, cualidades que suelen verse opacadas por las rutinas urbanas.

El caso de Isabella Rossellini

Citando el ejemplo de Isabella Rossellini, actriz y directora, el medio ilustra cómo la alternancia entre la vida profesional y la ruralidad puede modificar la vida cotidiana. Rossellini, también licenciada en etología, hizo de la vida agrícola una parte central de su proyecto personal.

Según Vogue, la convivencia diaria con animales y el entorno natural transforma la percepción del tiempo y la relación con uno mismo. La actriz resalta que el aprendizaje y la observación de los comportamientos animales no solo aportan conocimiento, sino también una satisfacción vital ligada al cuidado y la constancia.

Cómo se adapta la hospitalidad rural

El análisis señala que la hospitalidad rural contemporánea combina tradición y diseño, pero mantiene la sencillez como eje central. Los alojamientos suelen integrarse con el paisaje y proponen rutinas que giran en torno a la naturaleza, el trabajo manual y la alimentación con productos frescos. Vogue indica que esta oferta responde a una demanda de autenticidad, donde la experiencia supera al consumo y el contacto humano prima sobre la sofisticación.

El contacto con la tierra y los animales también se asocia con la recuperación de valores perdidos en el entorno urbano. Según el medio, quienes participan en estas escapadas descubren el valor de los gestos manuales, la importancia de la paciencia y la satisfacción de ver resultados concretos, como la elaboración de un queso o la cosecha de un fruto.

Estas prácticas ayudan a restablecer el equilibrio emocional y a reducir el estrés, ya que invitan a aceptar ritmos más lentos y a valorar el proceso tanto como el resultado.

Vogue concluye que tocar la tierra, convivir con animales y aceptar un ritmo pausado se consolidó como una alternativa real para quienes buscan salir de la lógica de la ciudad.

El artículo sostiene que estas escapadas rurales no se asocian al lujo ni a la exclusividad, sino a una pausa para restablecer el vínculo con la naturaleza y adoptar un bienestar más simple y sostenible. Las experiencias ofrecen beneficios emocionales, fomentan hábitos saludables y enriquecen la vida diaria.

Las exportaciones argentinas de bienes acumularon USD 49.454 millones en el primer semestre de 2026, con un incremento interanual de 24,4% respecto al mismo período del año anterior, según el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El saldo comercial del período fue positivo en USD 13.923 millones, más del quíntuple de los USD 2.762 millones registrados en igual lapso de 2025.

El resultado de junio también fue positivo. Solo durante el sexto mes del año, las exportaciones alcanzaron USD 9.055 millones —un alza de 24,5% interanual—, lo que elevó el intercambio comercial total del mes a USD 15.916 millones, el mayor nivel desde agosto de 2022. En tanto, las importaciones del período enero-junio sumaron USD 35.531 millones, con una caída de 3,9% frente al mismo lapso del año previo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró los datos en su cuenta de X: “Las exportaciones fueron récord histórico en junio y también en el primer semestre del año”. El funcionario subrayó que tres de los cuatro grandes rubros de exportación —combustibles y energía, manufacturas de origen industrial y productos primarios— alcanzaron en el semestre el mayor valor de toda la serie histórica.

Combustibles, industria y agro, los tres motores del alza

El motor del crecimiento exportador en el semestre fueron los combustibles y la energía (CyE), que avanzaron 42,5% interanual hasta acumular USD 7.619 millones. El impulso provino principalmente del petróleo crudo: los despachos de aceites crudos de petróleo crecieron 47,7% en el período, con ingresos por USD 4.693 millones. En junio, el rubro anotó una suba de 31,1%, con precios que escalaron 47,8% respecto al mismo mes de 2025, catapultados por el conflicto armado en Medio Oriente. En este contexto, la balanza energética del primer semestre acumuló un saldo positivo de USD 5.076 millones, frente a los USD 3.139 millones del mismo período del año anterior.

Las manufacturas de origen industrial (MOI) avanzaron 27,5% en el acumulado semestral, con ventas por USD 13.385 millones. Los subrubros que más traccionaron en junio fueron productos químicos y conexos, y metales comunes y sus manufacturas. Las cantidades exportadas crecieron 8,3% y los precios, 17,8%, lo que reflejó una mejora simultánea en volumen y valor.

Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) sumaron USD 15.819 millones en el semestre —el rubro con mayor participación, con 32% del total exportado— y registraron una suba de 15,1% interanual. En junio, el avance fue de 31,6%, impulsado por grasas y aceites, residuos y desperdicios de la industria alimentaria, y carnes y sus preparados. Los tres productos líderes de exportación en el acumulado fueron los aceites crudos de petróleo (9,5% del total), el maíz en grano (8,4%) y la harina y pellets de extracción del aceite de soja (8,4%).

Los productos primarios (PP) crecieron 24,4% en el semestre, con USD 12.631 millones, aunque en junio el avance fue más moderado: 3,6% interanual. El subrubro que más aportó en el mes fue minerales metalíferos, escorias y cenizas, con USD 64 millones adicionales.

En este escenario, el alza en los precios de exportación —9% en el semestre— superó al incremento de los precios de importación, que fue de 6,1%, lo que generó una ganancia en los términos del intercambio de USD 1.232 millones. El índice de cantidades exportadas creció 14,2%, con los productos primarios y los combustibles como principales motores de volumen: 27,1% y 24,9%, respectivamente.

Respecto al destino de las exportaciones argentinas, Brasil fue el principal destino en el semestre, con 12,6% del total, seguido por China y Estados Unidos, con 9,9% y 9,8% respectivamente. Del lado de las importaciones, China encabezó el origen de las compras con 22,5%, seguida por Brasil con 21,5 por ciento.

En el noreste de Luisiana, la guerra entre Estados Unidos e Irán generó una crisis energética mundial que repercute de manera directa en el agro local. Según reportó CBS News, el precio del combustible Jet-A, indispensable para la aviación agrícola, se disparó de USD 2,46 a USD 4,11 por galón entre febrero y mayo.

Reed Keahey, piloto agrícola en Columbia, relató que debió pagar más de USD 30.000 por una sola carga de combustible, mientras el galón cotizaba a USD 3,18 la semana pasada y seguía en ascenso.

Las consecuencias no se limitan al combustible. David y Theresa Guererro, productores de maíz, explicaron que su presupuesto para urea, el fertilizante nitrogenado más utilizado, quedó sobrepasado por un extra de hasta USD 130.000. “Está cerca, muy cerca”, reconoció David Guererro al ser consultado sobre la viabilidad de su explotación.

El American Farm Bureau Federation indicó que las quiebras agrícolas aumentaron un 46% respecto a 2024, un dato que refleja la magnitud de la crisis.

Crisis logística y escasez global de insumos clave

El trasfondo de esta situación radica en la interrupción del comercio por el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo y casi la mitad de las exportaciones mundiales de fertilizantes nitrogenados, tal y como analizó Reuters.

Durante los meses más críticos del conflicto, cientos de barcos quedaron varados y las plantas procesadoras de fertilizantes en la región suspendieron actividades, lo que generó un aumento global de precios y demoras en la entrega.

Un informe de la UN Trade and Development recogido por Reuters señaló que antes de la guerra, un tercio del fertilizante mundial transitaba esa vía. La escasez elevó los precios de la urea y del gas natural, principal insumo de los fertilizantes nitrogenados, afectando directamente a los productores estadounidenses en pleno ciclo de siembra.

Desde el US Department of Agriculture (USDA), la secretaria Brooke Rollins anunció un plan de USD 500 millones para ampliar la producción nacional de fertilizantes, reconociendo que la guerra con Irán y los problemas de comercio internacional aceleraron la necesidad de invertir en plantas locales y reducir la dependencia del Golfo.

Cinco datos clave que agravan la crisis agrícola en EE.UU.

La crisis por los costos energéticos y de insumos deja huellas medibles en la actividad rural. Estos datos ayudan a entender la dimensión real del desafío:

• El consumo de diésel agrícola marcó su punto más alto en cuatro años, según la EIA, por la necesidad extra de operar maquinaria ante los retrasos logísticos.
• El costo de transportar granos por el río Misisipi subió un 38% en junio, informó Bloomberg, impulsado por el encarecimiento de la energía.
• Las importaciones de fertilizante nitrogenado desde el Golfo Pérsico cayeron un 57% en solo tres meses, según el USDA, lo que limitó la oferta interna.
• Un 32% de los productores del cinturón del maíz pospuso inversiones en maquinaria, reportó la National Corn Growers Association, para priorizar la compra de insumos básicos.
• La rentabilidad agrícola promedio cayó a 3,2% anual, el nivel más bajo en más de una década, de acuerdo con la Oficina de Análisis Económico de EE.UU.

Estos indicadores muestran que el impacto va mucho más allá de los precios en el campo y golpea toda la cadena productiva.

Un futuro incierto y márgenes cada vez más estrechos

La combinación de altos costos energéticos, demoras logísticas y baja rentabilidad llevó a muchos agricultores a una situación límite.

Keahey subrayó que la cadena de supervivencia se mantiene frágil: “Si los agricultores no están en el negocio, entonces yo no estoy en el negocio”, aseguró a CBS News.

Las proyecciones de la industria apuntan a que el retorno a la normalidad en la producción y distribución de fertilizantes podría llevar meses, e incluso años, tras los daños y cierres en el Golfo.

La situación en Luisiana se replica en otras regiones agrícolas de Estados Unidos, donde el impacto de la guerra con Irán, sumado al encarecimiento global de la energía y los insumos, pone a prueba la resiliencia de uno de los sectores más estratégicos de la economía nacional.

El Parlamento Europeo le dio una buena noticia al agro argentino: finalmente rechazó los cambios que la Comisión Europea había propuesto para el Reglamento 807 y frenó, al menos por ahora, una norma que hubiera impedido al biodiésel de soja argentino ingresar al mercado europeo como energía renovable. De hecho, la decisión preserva un negocio de alrededor de USD 350 millones anuales para el país.

Se trata de una regulación que el agro local seguía intensamente desde principios de año, justo cuando se concretó la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Ahora, luego de esta novedad, la Argentina podrá seguir exportando al principal —y prácticamente único— mercado de ese producto.

“Ahora la CE deberá reescribir el reglamento y seguir los lineamientos del Parlamento que coinciden con la postura de Ciara. Es una gran noticia. Una exitosa gestión público privada de Argentina“, resaltó en un comunicado el presidente de la cámara que engloba a aceiteras y grandes agroexportadores (Ciara-CEC), Gustavo Idigoras. Así, señaló: “La Argentina podrá seguir exportando biodiésel de soja a la UE y se trabajará con la CE en una redacción del reglamento que reconozca la situación del área sembrada de soja y sus criterios de sustentabilidad”.

La relevancia de esa definición se explica por la dependencia casi total del mercado europeo. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), entre 2018 y 2025 la Unión Europea (UE) absorbió en promedio el 97% de las exportaciones argentinas de biodiésel, y el año pasado concentró el 100% de esos envíos, con ingresos por USD 322 millones. A su vez, en sus mejores registros, durante 2022 y 2023, aportó unos USD 1500 millones y USD 1800 millones, respectivamente.

La soja evitó una clasificación que podía dejar al biodiésel fuera del mercado europeo

La norma cuestionada había sido puesta en consulta pública por la Comisión Europea y proponía revisar qué materias primas debían ser consideradas de alto riesgo por el llamado cambio indirecto en el uso del suelo, conocido como iLUC. Ese criterio parte de la idea de que una mayor demanda global de cultivos para producir energía puede empujar de manera indirecta la expansión de la frontera agrícola en otras regiones, con efectos sobre bosques y ecosistemas naturales, lo que derivaría en deforestación.

Dentro de ese esquema, la soja había quedado incluida entre los cultivos de “alto riesgo”. Si esa regla avanzaba en los términos del borrador, hacia 2030 el biodiésel argentino, elaborado mayormente a partir de soja, no habría podido ingresar al mercado europeo dentro de los objetivos de energías renovables del bloque.

La consecuencia práctica era directa: el producto local quedaba fuera del sistema. Para la agroindustria argentina, la votación del Parlamento despejó ese escenario y permitió que la oleaginosa local quede excluida de esa categorización como materia prima para biocombustibles, lo que preserva la continuidad de las exportaciones mientras se trabaja con la Comisión en una nueva redacción que reconozca el área sembrada de soja y sus criterios de sustentabilidad.

Un sector cada vez más expuesto

El biodiésel es un negocio de fuerte dependencia externa. Entre 2008 y 2022, cerca del 65% de la producción argentina se destinó a exportaciones, aunque esa participación fue retrocediendo a medida que distintos mercados cerraron o limitaron el acceso al producto local y otros países desarrollaron producción propia.

Esa proporción cayó a alrededor del 33% de la producción total en 2023 y 2024, y en 2025 bajó al 28%, el nivel más bajo desde la creación de la industria.

La exposición al mercado europeo también se agrava por otras barreras. La UE aplica aranceles de entre 25% y 33% al biodiésel importado, mientras impulsa subsidios e incentivos fiscales para sus propios productores en el marco de la transición energética. Ese esquema, aun cuando no funciona como un impuesto directo adicional, obliga a los exportadores a vender con fuertes descuentos o a buscar compradores fuera del sistema de créditos regulatorios europeo. En los hechos, eso reduce todavía más la competitividad del biodiésel argentino frente al producido dentro del bloque.

La mayor parte de la producción nacional se concentra en el polo agroindustrial del Gran Rosario. Solo Santa Fe explicó el 58% del total nacional en 2025, con una infraestructura de procesamiento y exportación muy ligada al complejo sojero. En este sentido, muchas plantas surgieron alrededor de 2010 para abastecer a Estados Unidos, Europa y países de la región como Perú.

La legislación argentina, en cambio, reservó el abastecimiento del corte obligatorio a pequeñas y medianas empresas, mientras que las grandes agroexportadoras orientaron su producción al exterior, una estructura que dejó al sector especialmente vulnerable a cambios regulatorios en otros mercados.

Ese patrón se repitió a lo largo de los años: primero se restringió el acceso al biodiésel argentino en Estados Unidos, después en Perú y más tarde en la UE, que fue sumando limitaciones progresivas. El rechazo del Parlamento Europeo al cambio propuesto para el Reglamento 807 evitó que esa secuencia terminara por cerrar el último destino central para las exportaciones argentinas de biodiésel.

Hay instituciones que trascienden el paso del tiempo porque saben adaptarse a los cambios sin renunciar a los principios que les dieron origen. La Sociedad Rural Argentina cumple 160 años con esa convicción: seguir contribuyendo al desarrollo del país desde la producción, la innovación y el compromiso con el bien común.

A lo largo de su historia, la entidad acompañó la transformación del agro argentino promoviendo la incorporación de tecnología, la mejora genética y la innovación productiva, al tiempo que defendió valores esenciales para el crecimiento de cualquier nación: la propiedad privada, la libertad de producir, la seguridad jurídica y el respeto por las instituciones.

Este aniversario no invita únicamente a mirar el camino recorrido. Nos interpela, sobre todo, a pensar en el futuro.

Cuando la producción crece, crecen también el empleo, las exportaciones, la inversión y las oportunidades para el desarrollo federal

La Argentina tiene una oportunidad excepcional en un mundo que demanda cada vez más alimentos, energía y conocimiento. Contamos con recursos naturales de enorme valor, pero también con productores, empresarios, científicos y trabajadores capaces de innovar, invertir y competir al más alto nivel. Ese potencial necesita un entorno que lo acompañe con estabilidad macroeconómica, previsibilidad y reglas claras que alienten la inversión y el desarrollo.

El agro ha demostrado, incluso en contextos adversos, una extraordinaria capacidad de adaptación. Gracias a la incorporación permanente de tecnología y conocimiento, la agroindustria argentina es hoy uno de los sectores más dinámicos y competitivos de nuestra economía. Biotecnología, agricultura de precisión, inteligencia artificial, genética y digitalización forman parte de una transformación que fortalece la productividad y consolida un modelo cada vez más sostenible.

El desafío que tenemos por delante es aprovechar plenamente esa capacidad. Cuando la producción crece, crecen también el empleo, las exportaciones, la inversión y las oportunidades para el desarrollo federal. Por eso resulta indispensable superar visiones que enfrentan sectores que, en realidad, se complementan. Campo e industria forman parte de una misma cadena de valor. Producción y sostenibilidad son objetivos inseparables. El Estado y el sector privado deben construir, juntos, las condiciones para que la Argentina pueda desplegar todo su potencial.

Argentina tiene una oportunidad excepcional en un mundo que demanda cada vez más alimentos, energía y conocimiento.

La Sociedad Rural Argentina seguirá trabajando con ese propósito. Lo hará, como desde hace 160 años, defendiendo principios, promoviendo el diálogo y representando a quienes todos los días invierten, producen y generan valor en todo el país.

Celebrar este aniversario es honrar una historia, pero también renovar un compromiso. Porque las instituciones perduran cuando son capaces de proyectarse hacia el futuro sin perder de vista su razón de ser.

Ese ha sido el espíritu de la Sociedad Rural Argentina durante estos 160 años. Y ese seguirá siendo su compromiso con una Argentina que encuentre en la producción, la libertad y el trabajo el camino hacia un desarrollo sostenido e inclusivo.

El autor es presidente de la Sociedad Rural Argentina

El presidente de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO), Luis Treminio, informó que El Salvador ya completó la siembra de arroz en el cien por ciento de la superficie proyectada durante la temporada actual. De acuerdo con los reportes de la organización, el avance en el cultivo de maíz es del setenta y cinco por ciento, mientras que el frijol alcanza el veinte por ciento.

Treminio detalló que la mayoría de los productores “comenzaron a sembrar de los últimos días de mayo, la primera semana y segunda semana de junio”.

Explicó que esta decisión respondió a las recomendaciones técnicas de la gremial, ya que durante los meses de abril y principios de mayo hubo una marcada escasez de lluvias y la tierra se mantuvo caliente, lo que dificultaba la germinación de las semillas.

“Actualmente, está sembrado en el país el setenta y cinco por ciento de la producción de maíz, el veinte por ciento de la producción de frijol y el cien por ciento de la producción del arroz”, precisó.

Según Treminio, esta estrategia permitió que los cultivos aprovecharan las lluvias que se presentaron a finales de mayo y durante junio, lo que favoreció la germinación y el desarrollo inicial de las plantas. A pesar de ello, indicó que se registró un periodo de sequía de siete días, que generó cierto nivel de estrés en las plantas. Sin embargo, consideró que el impacto fue menor porque “entre más pequeña esté, menos le afecta la sequía, menos le afecta los temporales”.

La canícula y los riesgos climáticos

Sobre la canícula prevista para la temporada, Treminio manifestó que no espera consecuencias graves para los cultivos. “Una planta de maíz puede soportar entre doce y quince días sin agua”, afirmó.

Expresó confianza en que, aunque las proyecciones puedan verse afectadas en alguna medida, la producción nacional podrá sostenerse. “Creemos nosotros que la canícula que se ha anunciado no nos va a afectar mucho”, aseguró durante la entrevista en Radio YSUCA.

El dirigente de CAMPO destacó que quienes sembraron anticipadamente en abril o a principios de mayo perdieron sus cultivos debido a la falta de lluvias. Por el contrario, quienes esperaron a la llegada de las precipitaciones de finales de mayo y junio lograron mejores resultados. “El tiempo no les ha dado la razón a los que sembraron anticipadamente, muchos de los productos que se sembraron finales de abril, inicios de mayo, se perdieron porque mayo prácticamente no llovió”, afirmó.

Treminio remarcó la importancia de adaptar el calendario de siembra a la información técnica y a las condiciones meteorológicas actuales para evitar pérdidas y mejorar el rendimiento.

Rendimientos y desafíos para los productores

El dirigente de CAMPO advirtió que el rendimiento promedio de maíz ha mostrado una tendencia descendente en los últimos años. “Hace cuatro años, el promedio de producción de maíz era cincuenta quintales por manzana. Después bajamos a cuarenta y cuatro. Actualmente estamos en cuarenta y dos”, detalló. Atribuyó esta disminución principalmente al cambio climático y al alto costo de los insumos agrícolas, factores que dificultan que los productores puedan aplicar una fertilización adecuada. “Los productores no abonan lo suficiente por el costo y al final, porque si ellos supieran que iban a recuperar la inversión, hicieran todo lo necesario para garantizar que hubiera buena producción”, explicó.

Treminio agregó que los precios de venta al productor suelen bajar durante la época de cosecha, lo que desincentiva la inversión en tecnología y mejores prácticas agrícolas. Relató que “a partir de noviembre comienza a bajar el maíz y se mantiene un precio bajo hasta más o menos enero o la segunda quincena de febrero y después, a partir de marzo, comienza a subir”. Explicó que los comerciantes compran el producto cuando está barato, lo almacenan y luego controlan el mercado, generando un ciclo de precios desfavorables para los agricultores.

El presidente de CAMPO insistió en la necesidad de diseñar políticas públicas que faciliten el acceso a insumos, financiamiento y asistencia técnica, además de la urgencia de adaptar los sistemas productivos a los retos que impone el cambio climático. Consideró fundamental que las decisiones sobre el calendario de siembra se tomen con base en información técnica y no en rutinas tradicionales, para evitar pérdidas y mejorar el rendimiento de los cultivos.

El dirigente de CAMPO reiteró que la situación actual de los granos básicos en El Salvador es el resultado de factores climáticos adversos, altos costos de producción y falta de apoyo estructural a los pequeños y medianos productores. A su juicio, solo mediante políticas integrales y el fortalecimiento del sector se podrá revertir la tendencia a la baja en los rendimientos y garantizar la seguridad alimentaria del país.

Una semana después de solicitar la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) por el atraso en el pago de sueldos a sus 600 empleados directos, la empresa de maquinaria agrícola cordobesa Metalfor despidió a 35 trabajadores de su planta de Noetinger. Los trabajadores se habían retirado con autorización antes de hora para ver el partido de la selección argentina frente a Egipto.

Los 35 telegramas de desvinculación llegaron mientras los operarios seguían el encuentro.

La planta de Noetinger, localidad ubicada en el departamento Unión, en el este de Córdoba, contaba con 146 operarios al momento de producirse los despidos. Los trabajadores recibieron mensajes en los que se les solicitaba que concurrieran a las oficinas de correo para retirar los telegramas correspondientes.

Según testimonios del personal que publicó el medio local La Voz, existía la convicción de que el PPC —el mecanismo legal que habilita el diálogo tripartito entre empresa, sindicato y Estado— garantizaba la estabilidad de los puestos mientras se resolvía la situación ante la Cámara de Trabajo. Desde la empresa no hubo respuesta a las consultas periodísticas hasta el cierre de esta nota.

Eduardo Borri, presidente y accionista de la empresa, no respondió de manera rápida el llamado de este medio.

Una crisis financiera que se aceleró en meses

El deterioro de Metalfor no fue repentino, pero sí se agudizó en el último año. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la compañía mantiene deudas con 23 entidades bancarias por unos $52.000 millones. De ese total, aproximadamente $22.000 millones se ubican en categorías de seguimiento especial hasta alto riesgo de insolvencia (Situaciones 2 a 4). Además, la firma registra 558 cheques rechazados por $5.348 millones, de los cuales abonó apenas el 11 por ciento.

La trayectoria crediticia refleja la velocidad del deterioro: Metalfor se mantuvo en Situación 1 —la de menor riesgo— hasta mayo de 2025, pasó a Situación 2 entre agosto y noviembre de ese año, y alcanzó la Situación 3 entre marzo y abril de 2026.

Ese deterioro financiero tiene correlato directo en la producción. La empresa opera al 50% de su capacidad instalada en sus dos plantas de Marcos Juárez —ciudad cabecera en el sudeste provincial y sede central de la compañía— y en una tercera ubicada en el estado brasileño de Paraná. En el primer trimestre de 2026, las ventas cayeron casi a la mitad respecto al mismo período del año anterior: 56 unidades frente a 116. La producción acompañó esa tendencia, con 38 máquinas fabricadas contra 86 en la comparación interanual.

El PPC y la baja de ventas del sector

El Procedimiento Preventivo de Crisis fue dictado oficialmente por el Ministerio de Trabajo de Córdoba el 2 de julio. El mecanismo habilita a empresas que acrediten un estado económico adverso a aliviar sus costos laborales mediante la renegociación de convenios colectivos, la aplicación de suspensiones o, en última instancia, la desvinculación de personal. Las partes tienen plazo hasta el 15 de julio para alcanzar un acuerdo.

El contexto de mercado, en tanto, no ofrece señales de alivio a corto plazo. Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras en junio de 2026 totalizaron 480 unidades, una baja del 5,1% interanual respecto a las 506 registradas en junio de 2025. La comparación mensual es más pronunciada: una caída del 32,4% frente a las 710 unidades patentadas en mayo. El acumulado de los primeros seis meses del año alcanzó 3.303 unidades, un 1,9% por debajo de las 3.367 del mismo período de 2025.

El derrumbe de mayo ya había encendido señales de alerta: ese mes, los patentamientos del sector habían registrado una caída del 16,8% interanual. La tendencia sostenida a la baja comprime aún más el margen de maniobra de fabricantes como Metalfor, que compiten en un mercado con menor demanda y con costos financieros en escalada.

El préstamo de USD 50 millones que no alcanzó

La situación resulta más llamativa si se considera que, a fines de 2025, Metalfor se convirtió en la primera empresa argentina en recibir financiamiento de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) —el banco de desarrollo del gobierno de Estados Unidos— tras más de seis años de interrupción. El préstamo fue de USD 50 millones, a ocho años de plazo con dos de gracia.

Según pudo saber Infobae en febrero de 2026, ese crédito se enmarcó en la reactivación del vínculo financiero entre Washington y Buenos Aires tras el acuerdo comercial bilateral, y fue presentado como una señal del retorno de Argentina al radar de inversión de organismos estatales estadounidenses. “El caso de Metalfor no es aislado. Hay al menos otras dos empresas que están transitando el mismo proceso con la DFC, incluso con montos superiores a los USD 50 millones. Ambos expedientes están muy avanzados, con visitas presenciales de ejecutivos del organismo en las plantas de las empresas”, explicó en ese momento una fuente al tanto de las conversaciones.

El préstamo no logró revertir la espiral de deterioro. Con la fecha límite del 15 de julio para cerrar un acuerdo con la UOM y 35 trabajadores ya desvinculados, el futuro de los restantes 600 empleados directos de la firma depende del resultado de esas negociaciones.

Molinos Agro, la empresa agroindustrial de la familia Pérez Companc anunció este miércoles una inversión de más de USD 500 millones para construir y operar una nueva planta de molienda de soja en Timbúes, Santa Fe. La iniciativa, que se hará en sociedad con la Asociación de Cooperativas Argentinas Cooperativa Limitada (ACA), elevará en un 50% la capacidad de procesamiento de la empresa y deja en suspenso su plan propio de USD 800 millones en el mismo distrito.

La nueva planta tendrá una capacidad de 15.000 toneladas diarias. Molinos Agro operará inicialmente el 65% —unas 10.000 toneladas por día—, volumen que se sumará a las 20.000 toneladas que la compañía ya procesa en su planta de San Lorenzo, también en territorio santafesino.

La empresa informó el acuerdo ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y A3 Mercados. La decisión de avanzar en terrenos de ACA y no en los propios tiene una lógica operativa: el predio de la cooperativa ya cuenta con puerto sobre el río Paraná, instalaciones de descarga de materia prima y servicios centrales, una base que permite capturar sinergias económicas y logísticas frente a la alternativa de desarrollar desde cero un complejo propio.

Otro plan

La alianza reemplaza por ahora el plan de expansión que la firma de la familia Pérez Companc había trazado sobre sus propios terrenos en la misma localidad. En mayo, Infobae informó que la compañía había obtenido autorización comunal para avanzar con un complejo portuario y de molienda de USD 800 millones sobre un predio de más de 150 hectáreas.

Ese proyecto contemplaba tres líneas de molienda con capacidad para procesar 45.000 toneladas diarias, un sistema de acopio para hasta un millón de toneladas de granos, dos muelles para buques Panamax y Neopanamax, otro para barcazas y una central de cogeneración eléctrica de 55 MW. La decisión de inversión todavía no era definitiva, aunque ya contaba con el marco legal y la aprobación comunal. En un documento difundido por la empresa, la definición actual es que los terrenos propios de Timbúes “quedan disponibles para futuras expansiones y/o destinos”.

La empresa prevé que la planta conjunta con ACA sea la Etapa 1 de un plan maestro con un plazo de construcción de aproximadamente tres años. Si las condiciones económicas, financieras y agronómicas acompañan, el predio podría sumar nuevas líneas de crushing, un segundo muelle sobre el Paraná, más capacidad de almacenamiento, ampliación de la playa de camiones y un segundo módulo de plataformas volcables.

Mayor oferta de soja y demanda global de harinas y aceites

Molinos Agro explicó que el proyecto se sustenta en factores normativos, comerciales y estratégicos. Entre ellos, el anuncio del Gobierno nacional de una baja progresiva en los derechos de exportación de la soja y sus subproductos a partir de enero de 2027, una medida que la compañía estima impulsará la superficie sembrada y la oferta disponible para industrializar.

La empresa también apoyó su decisión en la evolución de la demanda internacional: crece de manera sostenida la producción de proteínas de cerdo, pollos y pescados, al tiempo que aumenta el consumo de aceite tanto para alimentación humana como para la elaboración de biocombustibles renovables.

La asociación agrega además una dimensión de abastecimiento de largo plazo. ACA tiene 100 años de historia, 60 centros de desarrollo cooperativo distribuidos en varias provincias y comercializa 26 millones de toneladas anuales entre cereales y oleaginosas, una red que amplía el origen de materia prima para Molinos Agro. La compañía facturó USD 2.660 millones en el ejercicio fiscal que cerró el 31 de marzo de 2025 y embarca el 4% del comercio mundial de harina y aceite de soja desde el Puerto San Benito, según los datos a los que accedió Infobae.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) recortó su proyección de liquidación de divisas del agro para 2026 hasta los USD 34.897 millones, unos USD 1.200 millones por debajo de la estimación que la misma entidad había publicado en mayo, cuando la cifra trepaba a USD 36.111 millones. La revisión a la baja responde exclusivamente a la caída en los precios internacionales de los productos de exportación del sector, ya que los volúmenes proyectados no registraron cambios y se espera una cosecha récord para la plaza local.

El nuevo número se ubica levemente por debajo de los USD 36.164 millones que el agro liquidó en 2025, al computar tanto lo operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC) como lo canalizado a través del mercado de Contado con Liquidación. El ajuste representa un giro respecto del optimismo de mayo, cuando la BCR había elevado su previsión en USD 800 millones frente a abril, impulsada por una mayor producción esperada de soja y maíz y por mejores cotizaciones en los mercados globales.

El informe del GEA-BCR, firmado por los economistas Rodríguez Zurro y Julio Calzada, precisó que las hojas de balance de granos y derivados no presentaron modificaciones en los volúmenes a exportar respecto del mes anterior. El factor detrás del recorte fue, por lo tanto, la presión bajista sobre las cotizaciones de los principales productos del complejo agroexportador.

En el acumulado hasta junio, el agro liquidó un estimado de USD 15.768 millones, un 14% por debajo de los USD 18.303 millones del mismo período de 2025. La BCR atribuyó esa brecha a dos distorsiones del año anterior: la reducción temporaria de derechos de exportación vigente durante el primer semestre de 2025, que adelantó ventas y elevó artificialmente la base de comparación, y la eliminación temporaria de retenciones de septiembre de 2025, que concentró ingresos en ese mes y deprimió las liquidaciones en los meses siguientes, con un efecto que se extendió hasta los primeros meses de este año.

La entidad rosarina señaló que entre abril y mayo de 2026 esa distorsión se habría disipado. El sector agroexportador acumuló ocho meses consecutivos de reducción de la deuda comercial por anticipos y prefinanciaciones de exportaciones, dato que publica el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en su informe mensual del mercado de cambios.

Para la BCR, ese indicador sugiere que el efecto de adelantamiento derivado del régimen de septiembre ya se diluyó y que el flujo de divisas de la cosecha 2025/26 al MLC se sostiene por encima del promedio del último lustro.

Los datos de junio, publicados la semana pasada por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), aportaron una señal de estabilización. El sector liquidó USD 3.007 millones en ese mes, un 12% más que en mayo, aunque un 18% por debajo de igual mes del año anterior. El acumulado de CIARA-CEC al cierre de junio alcanzó USD 13.378 millones, con una caída del 13% frente al mismo período de 2025.

Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, describió el desempeño como “un año normal en términos históricos”. “El inicio de la cosecha de soja entre mayo y junio está ratificando que vamos a tener un año estable y bastante estandarizado en cuanto a ingreso anualizado de divisas en todos los meses”, sostuvo. Idígoras descartó que haya condiciones excepcionales que puedan alterar ese ritmo y reiteró que las diferencias con 2025 obedecen a los precios internacionales y al programa excepcional de divisas de octubre pasado.

La proyección de CIARA-CEC para el total del año se ubica en USD 35.375 millones, algo por encima de los USD 34.897 millones de la BCR, pero ambas estimaciones convergen en un escenario de ingreso de divisas inferior al de 2025. La baja escalonada de retenciones anunciada a principios de junio —que alcanza al trigo, la cebada, el maíz, el sorgo, el girasol y, en forma gradual a partir de 2027, a la soja— aparece como el principal factor que podría modificar ese panorama en los próximos meses.

Cómo será el nuevo cronograma de baja de retenciones

A comienzos de junio, el presidente Javier Milei anunció en el acto de la Bolsa de Cereales una baja de los derechos de exportación del trigo y la cebada, que pasaron del 7,5% al 5,5%. Además, confirmó que desde enero de 2027, y condicionado a los resultados de la recaudación, el Gobierno reducirá entre 0,25 y 0,5 puntos porcentuales por mes las retenciones a la soja. “Será de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos”, declaró el mandatario.

El sector recibió el anuncio con expectativas. Las entidades agroindustriales vienen reclamando desde hace tiempo la eliminación total de las retenciones, compromiso que Milei había asumido al llegar al Gobierno. Tras algunos pasos en esa dirección durante 2025, la caída de la recaudación en términos reales llevó al Ejecutivo a priorizar el objetivo de déficit cero y la reducción de la inflación, lo que frenó cualquier medida con costo fiscal hasta este nuevo anuncio.

El impacto presupuestario de la medida fue cuantificado por distintas instituciones. La BCR estimó que el costo fiscal de la baja para la campaña en curso alcanza los USD 29 millones. Para 2027, la Fundación Mediterránea proyectó una menor recaudación de entre USD 390 y USD 690 millones, equivalente a entre el 0,06% y el 0,10% del PBI. “El costo luce manejable si se sostiene el orden fiscal y parte se compensa con mayor actividad económica”, señaló el informe de esa entidad.

La interna entre las dos facciones que se enfrentarán para dirigir la Sociedad Rural Argentina (SRA) suma un nuevo capítulo. Esta vez, la lista opositora, Renovación con Unidad, que encabeza el actual vicepresidente Marcos Pereda Born, lanzó su ataque más frontal hasta el momento contra la conducción de la entidad más antigua del campo argentino, hoy liderada por Nicolás Pino.

En los últimos días, la lista de Pereda emitió un comunicado en el que desmonta la versión oficial sobre el fracaso del sistema de registros genealógicos, un sistema tecnológico malogrado que implicó un costo superior a USD 3 millones y profundizó la disputa por la conducción de la entidad. Pino, por su parte, le adjudicó la responsabilidad a Pereda; mientras que este último señaló que el presidente de la entidad no puede ser ajeno a la situación.

Ahora, la denuncia del bando de Pereda señala a tres directivos como responsables del desastre; entre ellos, Nicolás Pino, Raúl Etchebehere -director de Registros genealógicos- y el tesorero de la entidad, Ángel Rossi.

No es la primera vez que las partes discuten por los registros genealógicos. Poco menos de dos semanas atrás, el oficialismo ya había enviado una carta a los socios para explicar el colapso del proyecto de digitalización de los registros de razas animales, cuyo costo escaló de USD 900.000 a USD 4.500.000 en tres años sin que el sistema llegara a funcionar correctamente. En ese mensaje, el oficialismo atribuyó el origen del problema a la firma del contrato por parte del gerente general Fernando Mosquera con la empresa Mobile Computing S.A., pese a las advertencias del Estudio Cassagne, asesor legal externo de la entidad.

Renovación con Unidad rechazó esa explicación. El comunicado señala que Mosquera era “el Gerente General de la SRA, es decir un empleado designado y contratado por Nicolás Pino con aprobación de la Comisión Directiva", y que el gerente solo puede suscribir documentos si cuenta con poderes otorgados por la institución y siguiendo instrucciones de sus superiores. Desde esa lógica, la lista opositora pregunta: si el gerente firmó sin poder suficiente y en contradicción con los asesores legales, ¿por qué el presidente validó ese contrato en lugar de invalidarlo de inmediato?

“Resulta muy extraño que si el Gerente General hubiera firmado sin tener poder otorgado y en contradicción con lo indicado por los asesores legales de la SRA, el Presidente haya dado validez a ese contrato y no lo haya invalidado inmediatamente. Además de que hubiera debido tomar medidas disciplinarias por el uso indebido de la firma social”, dice el texto. Y remata: “Más extraño aún es que estos hechos hayan sido comunicados a los asociados tres años después de haberse firmado el contrato.”

Por su parte, del lado de Pino, publicaron un escrito titulado “La situación del área de Sistemas de la SRA y la responsabilidad del actual vicepresidente, Marcos Pereda Born”, en el que revela que “la actual gestión ha dispuesto todas las medidas de evaluación, ordenamiento y remediación necesarias con el objeto de corregir los desvíos detectados, atender las incidencias identificadas y resguardar la adecuada prestación de los servicios a nuestros socios”.

Y sostiene: “Resultan absolutamente falsas las manifestaciones formuladas por Marcos Pereda Born, quien ha sido un partícipe necesario y responsable, tanto por el nivel de conocimiento que tuvo de todo el proceso como por las responsabilidades inherentes a su función y por el aval y respaldo —directos e indirectos— brindados a las personas que ocuparon posiciones clave durante las gestiones con el proveedor, seleccionado y recomendado por ese mismo equipo".

La multa del tesorero

El segundo frente que se abrió en los últimos días involucra directamente a Rossi, ganadero y uno de los nombres más destacados de la lista Presencia Federal que encabeza Pino. Según denunció la cuenta de X Campo Patria, la empresa Establecimientos La Negra S.A., de su propiedad, recibió en noviembre de 2023 una multa automática por inscribir 39 animales fuera de término. La sobretasa, generada por el sistema informático de la SRA sin margen de discrecionalidad, quedó integrada en la Factura 52 del 16 de noviembre de 2023. La firma abonó el monto mediante cinco cheques electrónicos escalonados a 30, 60, 90, 120 y 150 días.

Dos meses después, el 22 de enero de 2024, la SRA recibió una “solicitud” —cuyo origen no queda registrado en la documentación interna, según la denuncia— para emitir notas de crédito, reducir la sobretasa ya cobrada y devolver tres de los cinco cheques. La entidad aceptó el pedido y recalculó el monto. El resultado: una reducción del 61% sobre la multa original. “Por cada $100 de multa que el sistema informático había aplicado de forma justa, la entidad le perdonó $61 a la empresa de su Tesorero”, publicó la cuenta anónima Campo Patria.

Rossi respondió públicamente que el beneficio no fue exclusivo para su empresa, sino que alcanzó a varios socios afectados por una multa mal aplicada. Desde el sector opositor, la pregunta que circula ahora es otra: ¿quién ordenó perdonar una deuda que al resto se le exige?

Según comentaron a Infobae fuentes del oficialismo, Rossi no es el único beneficiado de esta situación, a la vez que se trata de un error de cálculos por parte del sistema tecnológico que se utiliza en la entidad. En este escenario, hay también un dato que complica el relato opositor: Pereda, quien integra la Comisión Directiva como vicepresidente desde 2021, tampoco denunció el caso en el momento en que se produjo, según consignó el medio especializado Bichos de Campo.

El escenario electoral

La disputa se desarrolla a menos de dos meses de las elecciones internas previstas para el 9 de septiembre, en las que Pino buscará un cuarto mandato consecutivo al frente de la SRA con la lista Presencia Federal —con Carlos Odriozola como compañero de fórmula— frente a Renovación con Unidad, que postula a Pereda junto a Santos Zuberbühler. La Expo Rural de Palermo, que se realizará entre el 16 y el 26 de julio y contará con la presencia del presidente Javier Milei en el acto inaugural, será el primer gran escenario público donde ambos espacios se medirán ante los socios.

Un hecho trágico provocó la conmoción en una pequeña localidad al oeste de la provincia de Santa Fe después de que un ex jefe comunal fuera hallado muerto tras ser embestido por un toro en su campo. La víctima fue identificada como Adrián Alberto Alassia, quien actualmente se desempañaba como tesorero.

Según informaron medios locales, Alassia estaba en su campo de la pequeña comuna de Egusquiza, dentro del departamento Castellanos, que cuenta con una población de 526 habitantes y está a 30 kilómetros de Rafaela, cuando fue atacado por un toro. Debido a la gravedad de sus heridas, murió en el acto.

Alassia era una figura ampliamente conocida en Egusquiza por su trayectoria tanto en el ámbito político como en el productivo. Además de haberse desempeñado como presidente comunal, integraba la gestión local encabezada por María Florencia Celis en el cargo de tesorero, y desarrollaba en paralelo su actividad como productor agropecuario. La noticia de su muerte generó un fuerte impacto en la pequeña localidad del departamento Castellanos, donde su figura estaba estrechamente ligada a la vida institucional y rural de la comunidad.

Tras conocerse el fallecimiento, Celis firmó la Resolución Comunal N° 01/2026 mediante la cual decretó 48 horas de duelo comunal a partir de este martes 30 de junio. La medida también dispuso la suspensión de todas las actividades oficiales previstas durante ese período, en señal de respeto hacia la familia del fallecido y en homenaje a su trayectoria.

A través de un comunicado oficial, la comisión comunal expresó su pesar y acompañó a los allegados de Alassia. “Con profundo pesar despedimos a Adrián Alberto Alassia, ex presidente comunal y actual tesorero de esta gestión. Acompañamos a su familia y amigos en este difícil momento”, señalaron desde la administración local.

En el cierre del comunicado, Celis y el conjunto de la administración local convocaron a la comunidad a sumarse al duelo: “La Sra. presidente, María Florencia Celis y toda la familia comunal acompaña con profundo respeto a la familia del Sr. Adrián Alberto Alassia, amigos y compañeros de las instituciones a las que pertenecía. Nos unimos en solidaridad y convocamos a toda la comunidad a compartir este sentimiento de duelo, ofreciendo consuelo y apoyo en este difícil momento”.

Amenazó a su exnovia y a su exsuegra, les robó una camioneta y chocó contra un camión: murió y mató a dos hombres

El último fin de semana, un joven de 18 años agredió y amenazó de muerte a su exnovia y a su exsuegra, de inmediato les robó una camioneta y escapó. Durante el trayecto de su huida, cuando se dirigía por la Ruta Costera N° 2 en la provincia de Misiones, chocó con gran violencia contra un camión que permanecía detenido por un desperfecto mecánico. El muchacho murió lo mismo que otros dos hombres que revisaban el vehículo de carga.

De acuerdo con la reconstrucción que logró hacer la Policía de Misiones, la secuencia de hechos arrancó cerca de las 5 de la madrugada de este sábado en la localidad de Campo Viera. Allí, el joven identificado como Jonas Cristian Chiluk presuntamente atacó con un arma blanca a su expareja, también de 18 años, y a la madre de la joven, con quienes mantuvo una discusión que derivó en amenazas de muerte.

Tras el episodio, Chiluk sustrajo una Toyota Hilux doble cabina de color bordó que estaba estacionada con la llave colocada y escapó por la Ruta Nacional 14. Durante la huida, publicó estados en WhatsApp en los que se lo veía al volante del vehículo y expresaba intenciones de quitarse la vida.

Aproximadamente a las 6 de la mañana, la misma camioneta apareció en una estación de servicio de la localidad de Leandro N. Alem: el conductor cargó combustible y se retiró sin pagar. El análisis de las cámaras de seguridad del lugar permitió a la Policía de Misiones confirmar que el vehículo era el mismo denunciado como robado en Campo Viera, lo que, una vez más, activó las actuaciones correspondientes.

Dos horas y media después, alrededor de las 8:30, la Toyota Hilux embistió a toda velocidad a un camión Iveco con acoplado cargado con raleo de pino que permanecía detenido sobre la calzada de la Ruta Costera Nº 2, a la altura del kilómetro 18, en el distrito de Tres Capones. En ese momento, tres hombres realizaban tareas de reparación del rodado sobre la misma cinta asfáltica.

El choque fue devastador. Chiluk murió en el lugar, al igual que Alan Emanuel Moreira, de 18 años, uno de los hombres que trabajaba en la reparación del camión. Un tercer hombre, Referson Yovany Moreira, de 22 años, fue trasladado en estado grave al Hospital de Apóstoles, donde falleció horas más tarde a causa de las lesiones sufridas.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, celebró el avance de sectores como la energía, la minería y la economía del conocimiento como nuevos aportantes de divisas a la economía argentina y lo definió como “un alivio” para el campo, históricamente el principal generador de exportaciones del país. Lo hizo en la conferencia de prensa de lanzamiento de la 138° Exposición Rural de Palermo, que se realizará entre el 16 y el 26 de julio en el predio de La Rural ubicado en el barrio porteño de Palermo.

“Ahora vamos a tener otros brazos. Estos sectores se están moviendo y seguramente van a colaborar para que el peso no nos caiga siempre a nosotros”, afirmó Pino a Infobae, en el marco de los festejos por el 160° aniversario de la institución, la entidad gremial agropecuaria más antigua de la Argentina.

El dirigente precisó que, junto al viceministro de Economía, José Luis Daza, se trabaja para organizar en el marco de la Expo Rural un encuentro empresario que busca reunir a representantes del sector petrolero, minero, energético y de la economía del conocimiento con el agro. La iniciativa busca visibilizar la contribución creciente de esas industrias a la balanza comercial, una función que el campo sostuvo históricamente en soledad. “El campo siempre mostró que es el sector que siempre la balanza comercial es positiva con respecto a otros sectores. Está bueno que seamos más los que ponemos”, señaló Pino.

En este sentido, por primera vez en la historia, la edición 2026 de la tradicional Exposición tendrá a la petrolera de mayoría estatal, YPF, como auspiciante principal.

Durante la conferencia de prensa, Pino confirmó la presencia del presidente Javier Milei, quien había asegurado su participación en el acto de apertura minutos antes del comienzo de su discurso. Sin embargo reveló que, por segunda vez en la historia, la ceremonia deberá correrse de fecha para adaptarse a la agenda oficial.

Así, Pino deslizó que, en lugar del tradicional sábado 25 de julio por la mañana, el acto inaugural se realizará el domingo 26, último día de la muestra. El ejecutivo anticipó que Milei podría llegar con anuncios: “Seguramente algún anuncio va a traer”, dijo, y aclaró que la SRA presiona en particular por infraestructura, ya que, respecto a las retenciones, el presidente de la entidad insistió que el sector necesita el “0% lo antes posible”, pero valoró que el anuncio de la baja paulatina de los derechos de exportación hasta 2028, “van por el buen camino”.

Exportaciones de carne récord

Pino destacó, además, el crecimiento de las exportaciones de carne vacuna hacia Estados Unidos. Hasta fines de 2025, la Argentina contaba con un cupo histórico de 20.000 toneladas anuales hacia ese destino; el acuerdo bilateral firmado en febrero habilitó un cupo adicional de 80.000 toneladas para 2026, distribuido en trimestres. El dirigente anticipó que el cupo correspondiente para este trimestre ya quedará cubierto: “Es tanta la posibilidad que hay y la demanda que es firme, que en septiembre ya va a estar cubierto”, afirmó.

Ese dinamismo coincide con los últimos datos que oficializó este martes la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Según difundió el organismo oficial, entre enero y mayo de 2026, las exportaciones de carne vacuna crecieron 46% en valor respecto al mismo período del año anterior, con ingresos de USD 1.765 millones , y 11% en volumen, con 332.207 toneladas equivalentes res con hueso.

El ministro de Economía, Luis Caputo, replicó los datos en sus redes sociales y comentó: “Seguimos trabajando para fomentar el crecimiento del sector ganadero argentino”. El salto más pronunciado, resaltó el titular del Palacio de Hacienda, se dio en el mercado estadounidense, con 42.776 toneladas exportadas —un alza del 151% en volumen y del 204% en valor, por 355 millones de dólares—, lo que consolidó a Estados Unidos como el segundo destino en importancia. China, por su parte, mantuvo el liderazgo con el 53,7% del volumen, con 123.047 toneladas peso producto y sin variaciones respecto del año pasado.

Sobre el impacto que ese ritmo exportador puede tener en la oferta interna, Pino reconoció a Infobae que el proceso “va a costar”. Recordó que la fuerte sequía de las campañas 2022/23 golpeó el stock del rodeo y los ciclos reproductivos del ganado no admiten aceleración artificial. Las condiciones actuales —sin trabas a la exportación y con demanda mundial sostenida— apuntan en la dirección correcta, dijo, aunque la recuperación exige tiempo biológico y financiación.

Sigue la interna en la SRA

En paralelo al lanzamiento de la exposición, Pino confirmó que su espacio interno, Presencia Federal, presentará su lista ante la Comisión Directiva de la SRA para buscar su aprobación formal. El dirigente aspira a un cuarto mandato consecutivo al frente de la entidad, con Carlos Odriozola, actual coordinador de la Comisión de Carnes, como compañero de fórmula.

Las elecciones internas están previstas para el 9 de septiembre, aunque la interna con la lista opositora, Renovación con Unidad, encabezada por el vicepresidente Marcos Pereda Born, lleva ya varios meses de tensiones.

Por un lado, Pereda Born, descendiente de la familia Bunge y Born, mantiene una postura crítica respecto a la gestión de Pino, cuestiona la posibilidad de que busque un cuarto mandato y señala supuestas incompatibilidades estatutarias para esa aspiración; Pino, por su parte, con más de tres décadas de militancia en la SRA, representa la defensa de la estabilidad institucional y el diálogo con la administración de Javier Milei, a la vez que defiende que su postulación está acorde al estatuto.

La paritaria aceitera entra este lunes en su instancia decisiva. Agroexportadores y sindicatos del sector retomarán hoy las negociaciones salariales en la Secretaría de Trabajo de la Nación tras casi 15 horas de diálogo que el jueves terminaron sin acuerdo firmado, con puntos pendientes y ambas partes al límite del agotamiento.

La reunión se produce después de que el jueves venciera la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Capital Humano sin que las partes lograran firmar un acuerdo. Tras casi 15 horas de negociación, los equipos llegaron a un punto de agotamiento sin resolver las diferencias pendientes. Con todo, empresarios y gremios acordaron de manera voluntaria continuar el diálogo este lunes alrededor de las 13:30, lo que en la práctica equivale a una extensión informal del proceso —conocida en el ámbito laboral como “conciliación voluntaria”— que mantiene la paz social entre ambas partes sin que ninguna haya firmado nada al respecto.

Los gremios que participan de la negociación son el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina(FTCIODyARA), que, juntos, representan a un total de entre 10.000 y 12.000 trabajadores rurales.

El escenario que se abre es de incertidumbre: no hay acuerdo firmado, pero tampoco convocatoria a huelga. Las fuentes consultadas advierten que el resultado de la reunión del lunes es impredecible: se registraron avances, aunque insuficientes para rubricar un entendimiento. La posibilidad de que las plantas del principal polo agroexportador del país retomen medidas de fuerza depende de lo que ocurra hoy en esa mesa.

El nudo del conflicto es el mismo desde el inicio de las negociaciones. Ciara-CEC propone actualizar los salarios mes a mes según el Índice de Precios al Consumidor del Indec, con el argumento de que esa fórmula garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo. Los gremios, en cambio, exigen un aumento del 20% retroactivo a mayo y rechazan que la indexación por inflación sea suficiente para recomponer lo perdido. Según los sindicatos, la canasta básica que garantiza la reproducción del salario se ubica en $2.802.754, cifra que el básico inicial del sector —de $2.344.000— no alcanza.

La disputa también incluye una pelea de cifras. Mientras Ciara-CEC sostiene que el salario promedio ponderado del trabajador aceitero alcanza los $4,8 millones mensuales, el secretario general del SOEA de San Lorenzo, Daniel Succi, señaló que ese número no refleja la realidad de la mayoría: el básico inicial está en $2.344.000 y el tope de supervisores ronda los $3,5 millones. Los gremios también recordaron que las patronales recibieron un beneficio de USD 3.740 millones por la reducción de los derechos de exportación, y que los salarios representan apenas el 3,3% de las exportaciones del sector.

Desde el bloque empresario, un comunicado de Ciara insistió en que la propuesta de indexación al IPC “es la única viable para defender los salarios aceiteros” y advirtió sobre el costo concreto de un paro: $160.000 por trabajador por día, lo que en una semana acumularía $960.000 por empleado. La cámara llegó incluso a apelar directamente a los trabajadores de base para que presionaran a sus dirigentes sindicales a firmar la oferta.

El conflicto tiene su origen en fines de mayo, cuando ambos gremios declararon un paro por tiempo indeterminado en todas las plantas del país tras la oferta empresaria de un incremento del 0% para ese mes. El Ministerio de Capital Humano intervino con la conciliación obligatoria, que detuvo las medidas de fuerza y habilitó la negociación formal. Desde entonces, las partes se reunieron en al menos seis oportunidades en la Secretaría de Trabajo sin lograr un acuerdo.

El sector arrastra además tensiones previas: semanas antes del paro del 27 de mayo, transportistas autoconvocados de la provincia de Buenos Aires habían paralizado las terminales portuarias de Bahía Blanca y Necochea en reclamo de un aumento en el flete, con pérdidas estimadas en al menos USD 450 millones para el complejo agroexportador.

Mientras el consumo de carne vacuna toca su piso más bajo en dos décadas, una alternativa empieza a ganar peso en el mercado. Se trata de la carne de búfalo, una proteína entre un 15% y un 20% más económica que la vacuna, más magra y con un perfil nutricional que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) respaldó con estudios propios.

El búfalo tiene una ventaja productiva que lo distingue del ganado bovino: puede alimentarse de pasturas bajo el agua. Prospera en campos inundables que la ganadería vacuna descarta, lo que convierte tierras consideradas marginales en zonas aptas para la producción de proteína de alto valor.

Según un estudio del INTA, la carne de búfalo tiene 45% menos calorías que la vacuna, 88% menos grasa total, 90% menos grasas saturadas y 47% menos colesterol, con 11% más de proteínas, 50% más de hierro y 17% más de vitamina B12. Sebastián Cunzolo, investigador del Instituto Tecnología de Alimentos del INTA Castelar, agregó que el análisis también mostró un perfil de grasas más favorable para la salud del corazón, con menor riesgo de formación de placas en las arterias y de coágulos en la sangre.

El target natural del producto son personas con colesterol alto o con hábitos de alimentación más cuidados, aunque los productores aclaran que la idea no es reemplazar a la carne vacuna sino ocupar un espacio propio. La meta del sector es alcanzar entre el 5% y el 7% del consumo anual de proteína en la Argentina en un plazo de entre cinco y 10 años.

Una particularidad visual distingue al producto en la carnicería: la grasa del búfalo es blanca, no amarilla. El animal convierte todo el betacaroteno de su dieta en vitamina A, a diferencia del bovino, que almacena parte de ese pigmento en la grasa. Los cortes, sin embargo, son idénticos a los vacunos —lomo, entraña, ojo de bife— y se comercializan al vacío, igual que la carne de vaca. La única diferencia en la cocina es que, al ser más magra, requiere menos tiempo de cocción.

Actualmente, en la Argentina se faenan entre 50.000 y 60.000 cabezas de búfalo por año. El rodeo nacional ya supera las 200.000 cabezas distribuidas en 20 de las 23 provincias —solo está ausente en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego— y el Noreste Argentino concentra el 86% del stock. Corrientes lidera con entre el 45% y el 47% del total, seguida por Formosa con el 21%-22% y Chaco con el 15%.

La carne de búfalo es muy consumida en Brasil, Venezuela, Egipto e India, mercados donde su consumo forma parte de la dieta habitual. La Argentina, en tanto, cuenta con una cuota de exportación —conocida como Cuota Hilton— para este producto, pero no la completa. El potencial exportador del sector está, por ahora, subutilizado.

Dónde se consigue

La Compañía Federal de Alimentos, lanzó este mes Buar, su propia marca de carne de búfalo que apunta a llevar estos cortes a cadenas de supermercados, tiendas especializadas y plataformas de delivery en todo el país. Por ahora se consigue en la carnicería TF Carnes, en el barrio porteño de Barrio Norte.

Gonzalo Muruaga, CEO de la compañía, describió al producto como “la carne del futuro”, en línea con una demanda creciente de alimentos con menor impacto ambiental y mejor perfil sanitario.

El respaldo científico del INTA surge de un estudio realizado sobre animales de entre 24 y 30 meses de edad, criados en el Delta del Paraná bajo pasturas naturales, faenados en condiciones comerciales estándares y procesados sin agregado de sal ni aditivos con sodio.

El establecimiento La Filiberta, con más de 20 años en el sector, es uno de los proveedores que abastece esa cadena productiva con animales criados en los humedales del Río Paraná, sin hormonas de crecimiento ni encierre en base a granos.

El consumo de carne vacuna, en mínimos históricos

El consumo per cápita de carne vacuna cayó a 47,5 kilos por año en mayo, su nivel más bajo en 20 años, con una retracción de 6,1% interanual y 3,1 kilos menos por habitante respecto al mismo mes de 2025. En términos generales, el consumo aparente bajó 11,1% anual y alcanzó 855.750 toneladas res con hueso en los primeros cinco meses del año, con una absorción doméstica 106.710 toneladas menor a la del mismo período del año pasado, según la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra).

La entidad atribuyó la caída a la pérdida de poder adquisitivo de las familias frente a precios que, medidos en términos interanuales, acumulan una suba del 57,9%, muy por encima de la inflación general del 33,2%. Un kilo de asado equivale hoy a 3,8 kilos de pollo, un 20,8% más que en el mismo período de 2025, según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). La relación con el cerdo también se amplió: con un kilo de asado se compran 2,02 kilos de pechito, un 35% más que el año anterior.

Un operativo realizado en un campo de la localidad de La Criolla, departamento Concordia, en la provincia de Entre Ríos, expuso una presunta situación de trata de personas con fines de explotación laboral que sacudió a la comunidad y encendió las alarmas sobre las condiciones en que se desarrolla parte del trabajo rural en la región.

El procedimiento, impulsado por una denuncia anónima, fue coordinado por la División Unidad Operativa Federal Concordia de la Policía Federal Argentina bajo la supervisión de la Fiscalía Federal de Concordia y con la intervención del Juzgado Federal local.

Según la información publicada por el medio local ElOnce, la investigación se inició a partir del reporte de presuntas irregularidades laborales y habitacionales en el predio. Según los datos reunidos por los investigadores, los trabajadores vivían en condiciones de extrema vulnerabilidad, residiendo en estructuras precarias sin terminar y con acceso deficiente a servicios esenciales. Las primeras inspecciones permitieron constatar que las edificaciones carecían de puertas, ventanas y sistemas de calefacción, una situación incompatible con cualquier estándar de alojamiento digno.

La gravedad de los hallazgos llevó a las autoridades a profundizar la pesquisa. Los elementos recolectados en las tareas preliminares fueron incorporados a la causa, que busca determinar si los hechos investigados pueden ser tipificados como delitos de trata con fines de explotación laboral. La Fiscalía Federal avanzó con el pedido de allanamiento para asegurar pruebas materiales y documentales que permitan esclarecer la situación de las personas involucradas en el caso.

Durante el relevamiento, se constató que las personas vivían expuestas a condiciones ambientales adversas y sin los resguardos mínimos para garantizar su integridad. La descripción de los espacios habitacionales y el estado general de las instalaciones fueron considerados por los agentes intervinientes como “incompatibles con la dignidad humana”, según se informó oficialmente tras el operativo.

Los elementos recogidos durante la inspección fueron incorporados al expediente judicial. El estado de las viviendas fue evaluado como un indicio relevante para determinar la existencia de una posible explotación laboral, en tanto configura una vulneración de derechos básicos establecidos por la normativa argentina y los tratados internacionales suscritos por el país.

Otro aspecto central de la pesquisa fue la revisión de la situación registral de los trabajadores. Los empleados del campo no se encontraban formalmente registrados, lo que suponía la ausencia de cobertura social, aportes previsionales y el acceso a derechos laborales previstos por la legislación vigente. Esta falta de formalización constituye uno de los principales indicadores de vulnerabilidad y facilita la existencia de situaciones de explotación.

En el marco del procedimiento judicial, la Justicia Federal dispuso el secuestro de documentación laboral y otros elementos de interés para el expediente. Las pruebas recolectadas serán analizadas para determinar las responsabilidades de los propietarios o encargados del establecimiento y establecer si existieron conductas que encuadren en la figura penal de trata de personas.

Las medidas adoptadas por la Fiscalía Federal de Concordia buscan garantizar la protección de los trabajadores y el efectivo cumplimiento de los derechos laborales. El avance de la investigación permitirá esclarecer si, además de las condiciones habitacionales, existieron otras formas de vulneración, como jornadas excesivas, salarios por debajo de lo establecido o retención de documentos personales.

La causa judicial continúa en etapa de instrucción y los investigadores analizan los elementos recabados para determinar el grado de responsabilidad de los involucrados.

La paritaria aceitera volvió a cerrarse sin acuerdo este martes. La audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo a pedido de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro Exportador de Cereales (CEC) terminó sin resultados, luego de que los gremios aceiteros rechazaran la propuesta empresaria de actualizar los salarios mes a mes según el índice de precios al consumidor del Indec.

Semanas atrás, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) lanzaron un paro en todas las plantas del pais, medida ante la que el Ministerio de Capital Humano reaccionó casi de forma inmediata con una conculiación obligatoria que vence este jueves 18 de junio.

Frente a la falta de acuerdo paritario el bloque empresario advirtió que cada semana de paro le costaría a cada trabajador hasta $960.000 en salario no percibido.

Según el comunicado que difundió por CIARA-CEC este martes tras la reunión, la industria llegó a la mesa dispuesta a firmar en ese mismo acto el compromiso de ajustar los salarios todos los meses según el reporte del Indec, sin excepción. “La industria confirmó que está dispuesta a firmar hoy mismo que todos los meses incrementará los salarios con el reporte mensual del Indec y de esa manera no perder poder adquisitivo. Pero no obtuvo voluntad de negociar de parte de los sindicatos”, señala el texto.

La oferta empresaria se apoya en los números acumulados desde enero: Ciara-CEC asegura haber anticipado aumentos del 13,8%, mientras que la inflación del mismo período llegó al 14,7%, una brecha de menos de un punto porcentual. Desde noviembre de 2023, el salario aceitero acumuló un alza del 361%, frente al 299% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y al 304% del tipo de cambio en ese lapso. Las cámaras sostienen que su propuesta “es la única viable para defender los salarios aceiteros”.

Los gremios, en cambio, reclaman un aumento del 20% retroactivo a mayo y rechazan que la indexación por IPC sea suficiente para recomponer el poder adquisitivo. El secretario general del SOEA de San Lorenzo, Daniel Succi, había anticipado antes de la reunión que las bases estaban dispuestas a dar pelea: “Siempre tenemos ganas de negociar y siempre que sea conveniente para el trabajador vamos a ver cómo se hace”, afirmó en declaraciones radiales. Los sindicatos también cuestionaron las cifras salariales que difunde el sector empresario: mientras CIARA-CEC sostiene que el promedio ponderado del trabajador aceitero alcanza los $4,8 millones mensuales, Succi señaló que el básico inicial es de $2.344.000 y el tope de supervisores ronda los 3.500.000 pesos.

Frente a la posibilidad de un nuevo paro, Ciara-CEC volvió a insistir en el costo concreto para los propios trabajadores: cada día de paralización representa una pérdida de $160.000 por empleado, lo que en una semana laboral completa acumularía $960.000 por trabajador.

El origen del conflicto

El conflicto tuvo su detonante a fines de mayo, cuando ambos sindicatos declararon un paro por tiempo indeterminado en todas las plantas del país tras la oferta empresaria de un incremento del 0% para ese mes. El Ministerio de Capital Humano intervino de inmediato con la conciliación obligatoria, que detuvo las medidas de fuerza y habilitó la negociación formal.

Según anticipó CIARA en su comunicado, es probable que la Secretaría de Trabajo extienda la conciliación una semana más, hasta el 25 de junio. De confirmarse esa extensión, las plantas del principal polo agroexportador del país seguirían activas mientras continúa la negociación. Los gremios, por su parte, quedarían habilitados para retomar las medidas de fuerza si no hay acuerdo al vencimiento del nuevo plazo.

El sector arrastra tensiones desde antes del paro del 27 de mayo. Semanas atrás, transportistas autoconvocados de la provincia de Buenos Aires habían paralizado las terminales portuarias de Bahía Blanca y Necochea en plena cosecha gruesa, en reclamo de un aumento del 15% en el flete, consecuencia del alza del gasoil efecto de la guerra de Medio Oriente. Esa medida, según las cámaras empresariales, generó pérdidas estimadas en al menos USD 450 millones y afectó el cumplimiento de contratos internacionales.

El PJ Federal, que se presentó el 1 de mayo en Parque Norte e impulsó un debate sobre el plan económico que debe tener el peronismo si vuelve a ser gobierno, sumó un segundo acto para consolidar la propuesta y dar cuenta, hacia el interior del país, que el espacio, sin candidato nacional, tiene los brazos abiertos para recibir propuestas y nombres propios.

En Concepción del Uruguay, Entre Ríos, el esquema que lideran Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Federico Achával, le hizo un guiño al campo, al ponerlo en el vértice de las prioridades que debe tener la actualización del programa económico del peronismo. Un sector que ha vivido momentos de mucha tensión con el PJ durante los gobiernos de Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

“Debemos aprender de los errores del pasado. Las restricciones sobre el trigo y la carne no bajaron el precio al consumidor y dañaron a dos producciones centrales de la economía nacional”, indicaron los federales en el documento emitido este lunes, bajo el título “Programa Federal por la Competitividad Agropecuaria”, en el cierre del acto central. Fue, claro está, un mensaje sobre las decisiones del pasado que tuvieron el sello K.

El peronismo federal quiere cerrar la grieta que existe con el campo desde el 2008 a esta parte. Con altibajos, pero con tensiones sistemáticas, el PJ ha tenido una relación marcada por las descalificaciones y los reproches con el sector agropecuario. Entre las heridas que este espacio considera que hay que suturar está el vínculo con los productores y sus representantes institucionales y políticos, que tiempo atrás confluyeron en lo que fue llamada la Mesa de Enlace.

La idea que manifiestan tiene que ver con “dejar atrás las miradas que conciben al sector agroindustrial únicamente como una fuente de recursos para resolver desequilibrios coyunturales” y “plantear la necesidad de consolidarlo como un motor estratégico del desarrollo nacional”, según expresó uno de los dirigentes presentes a este medio.

“La Argentina necesita dejar de pensar a la agroindustria como una fuente extraordinaria de recursos para cubrir desequilibrios coyunturales y empezar a verla como una palanca estratégica para el desarrollo nacional. El equilibrio fiscal se alcanzará potenciando su crecimiento”, explicaron los federales, dándole mayor volumen al debate de la fuerza política respecto al plan económico que debe tener el justicialismo si logra volver al poder.

En el documento final, enumeraron ocho propuestas para mejorar las condiciones del sector agropecuario. Se refirieron a una reforma integral impositiva; una nueva ley de semillas; la modificación en la ley de riego; una modernización de rutas, puertos, caminos rurales y ferrocarriles para tener una mejor logística de conectividad; darle mayor impulso a las economías regionales; el fortalecimiento de organismos técnicos; incentivos y financiación para renovar la maquinaria agrícola; y mayor capacitación y formalidad en el trabajo rural.

“La política para el sector agropecuario y agroindustrial debe estar firmemente orientada a generar mayor producción de todas y cada una de las cadenas productivas, de la soja al girasol, de las peras al limón, de las nueces a las almendras, de la carne bovina a la aviar, de las semillas de última generación a la producción orgánica”, expresaron los dirigentes en el documento.

Al igual que en el encuentro en Parque Norte, uno de los presentes más destacados fue el co-secretario general de la CGT, Christian Jerónimo. También acompañaron el diputado mendocino Emir Félix; el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso; el legislador puntano Ernesto “Pipi” Alí; el diputado nacional y ex gobernador entrerriano Gustavo Bordet; los legisladores santafesinos Roberto Mirabella y Marcelo Lewandowski; la diputada porteña Kely Olmos y el diputado jujeño Guillermo Snopek.

En la lista aparecen también el senador nacional por San Luis Fernando Salino; la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera; el secretario de Integración Territorial del Gobierno de Córdoba, Nadir Nifuri, que fue enviado por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; el diputado misionero Alberto Arrúa, la legisladora correntina Celeste Ascúa y varios dirigentes de Chaco como Josefina Gonzalez, Javier Martínez, Marcela Duarte y Judith Gómez.

En el grupo que estuvo arriba del escenario hubo también varios intendentes y legisladores del peronismo entrerriano como Isa Castagnino, Gustavo Bastian, Adriana Meza Torres, Adrián Fuertes, Rosario Romero, Lorena Arrozogaray, Martín Oliva, Adán Bahl, Marianela Marclay, José Lauritto, Juan José Bahillo, Enrique Cresto, Ricardo Bravo

En el PJ federal consideran que con la propuesta de debate que hicieron en Parque Norte, un mes y medio atrás, abrieron una discusión que no estaba instalada en el peronismo. La principal tiene que ver con la importancia del equilibrio fiscal en el plan económico. El kirchnerismo dio su mirada pública y puso sobre la mesa otra postura. Lo más importante de ese movimiento fue desempolvar los prejuicios y las miradas ideologizadas para empezar a discutirlas con tiempo y de cara a la gente.

Durante su discurso, Tolosa Paz consideró que “las decisiones del peronismo que viene se deben tomar en función de representar y reflejar a la Argentina federal” y remarcó que el espacio que representa tiene la voluntad de profundizar el debate sobre “los principios de orden económico, equilibrio fiscal y equilibrio social con la gente adentro”. En ese sentido, agregó: “No hay economía que funcione con la gente pasándola mal”.

A su turno, Juan Manuel Olmos aseguró: “Nosotros pensamos una Argentina productiva, donde el trabajo sea el eje central de la organización económica y de la vida de los argentinos”. En su presentación, hizo una referencia a la ex presidenta de la Nación y su condena. “Creen que con una condena injusta contra Cristina van a silenciar al peronismo, pero nuestra historia demuestra que vamos a levantarnos y volver a ser gobierno en la Argentina en 2027″, sentenció.

La aparición de Cristina Kirchner en un par de discursos fue uno de los cambios que hubo en los mensajes de la jornada. En Parque Norte nadie la había nombrado. Parece ser una señal de cercanía, lo que no implica poner su causa política y penal en el principal lugar de la agenda política.

Por su parte, Guillermo Michel dio un mensaje de futuro electoral. “Lo que está en juego en esta elección no es únicamente un programa económico, sino el modelo social que queremos para nuestro país”, afirmó. Además, planteó que el desafío de la fuerza política en su conjunto es construir una alternativa amplia y convocante: “Tenemos que trabajar pensando cómo ampliar el peronismo y representar a la mayoría de los argentinos. El futuro de este país le pertenece al peronismo”.

Uno de los discursos más potentes del acto fue el del mendocino Emir Félix. “No podemos caer en la trampa de quedar presos de las internas y los candidatos. Tenemos que abrazar a todos. Los peronistas tenemos que estar cerca, entender lo que sucede y tener propuestas claras, para construir un andamio que pueda elevar a nuestros candidatos”, precisó.

Además, autocrítica mediante, consideró: “Tenemos que readaptar las ideas a la nueva realidad de la Argentina. Tenemos que recalcular lo que hemos venido planteando. No podemos ir hacia un 2027 con una foto vieja de lo que sucedió anteriormente en la Argentina. Hay una realidad nueva. Hay que entender cuál es la realidad en cada rincón e interpretarla”

El PJ Federal propuso, en primera instancia, debatir sobre la importancia del equilibrio fiscal en un eventual gobierno peronista. Ayer sumó a esa agenda de debate el vínculo político y productivo con el campo, y las reformas que deberían realizarse para que el sector tenga una mejora en sus condiciones productivas y de conectividad. Temas centrales de un programa económico que debe ser debatido hacia el interior del peronismo. Porque, en el fondo, la intención principal es construir una alianza en unidad con todos las ramas internas, para poder ser competitivos en el 2027.

La Unión Europea excluyó a Brasil de su listado de compliance regulatorio para importaciones de carne vacuna a partir del 3 de septiembre de 2026, una medida que abre una ventana de exportación para la Argentina en uno de los mercados de mayor valor del mundo. La decisión, confirmada por el bloque esta semana, se origina en irregularidades sanitarias: Brasil declaró que no utiliza estimuladores de crecimiento en su ganadería, pero los controles europeos detectaron residuos de esas sustancias en la carne exportada.

“Brasil está diciendo que no utiliza estimuladores de crecimiento y sí los usa. Pero no solo los usa, sino que además los deja de usar mucho tiempo después de lo que debería hacerlo, y entonces quedan rastros en la carne”, dijo a Infobae Miguel Schiariti, titular de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra).

La posición argentina en ese punto es diametralmente opuesta: el uso de antibióticos como promotores de crecimiento en animales destinados al consumo está prohibido en el país, lo que le otorga una ventaja sanitaria concreta frente a las exigencias del mercado europeo.

Según datos del Ministerio de Agricultura del país vecino relevados por el portal brasileño O Globo, la Unión Europea es el cuarto principal destino de su carne vacuna, con 129.000 toneladas anuales por un total de USD 1.090 millones. Las estimaciones del sector elevan el impacto total de la sanción a USD 1.800 millones.

La exclusión, sin embargo, no es definitiva. El país vecino tiene plazo hasta el 3 de septiembre para rectificar las observaciones de Bruselas y ser rehabilitado. En el ínterin, los compradores europeos aumentarán sus compras al país sudamericano para cubrirse antes de que la medida entre en vigor, lo que podría amortiguar parcialmente el impacto sobre la oferta disponible en ese mercado.

El consultor ganadero Víctor Tonelli relativizó el efecto directo sobre la Cuota Hilton, el cupo de carne enfriada de alta calidad que la UE otorga a países seleccionados, como la Argentina: “No veo que modifique el negocio local con la UE porque poseemos el 55% del total de la Cuota Hilton, pero seguramente pondrá más avidez a los europeos”. Tonelli también marcó una diferencia estructural entre los dos competidores: "Brasil compite en volumen, pero no en calidad".

La asimetría de escala entre ambos países es pronunciada. Brasil cuenta con un rodeo de aproximadamente 150 millones de cabezas; la Argentina, por su parte, cuenta con entre 53 y 55 millones. Uruguay, otro exportador de la región, tiene apenas 3 millones, lo que lo deja sin capacidad para cubrir el espacio que eventualmente dejaría el gigante vecino. “La pasada a Uruguay no sería tan relevante; Uruguay no tiene stock”, señaló Schiariti.

El impacto sobre las exportaciones argentinas podría ser sustancial. En los últimos tres meses, las ventas externas de carne vacuna crecieron casi 40% en dólares, según datos que maneja el sector. Schiariti proyectó que, si Brasil no resuelve rápidamente su situación ante la UE, “las exportaciones de carne del segundo semestre van a ser realmente espectaculares”.

A su vez, el escenario se potencia aún más por la entrada en vigor del acuerdo UE-Mercosur, que habilitó un cupo adicional de 500.000 toneladas de carne desde el bloque regional hacia Europa, y por la mayor demanda de Estados Unidos, donde una sequía en el norte del país redujo la oferta local de carne magra para hamburguesas y llevó a ampliar las compras a Argentina, Brasil e India.

Schiariti advirtió, no obstante, que el escenario tiene condicionantes. El conflicto en el estrecho de Ormuz encareció el petróleo y, con él, los costos de flete y logística. “El famoso estrecho nos tiene locos”, dijo. A eso se suma la variable climática: la Argentina perdió casi 500.000 terneros en 2023 por la fuerte sequía de aquel año que se extendió por más de cuatro meses, y en 2024 y 2025 sufrió inundaciones sobre 3 y 5 millones de hectáreas respectivamente. “Este año daría la sensación de que las condiciones van a ser mejores, pero vemos qué pasa”, señaló.

Los precios se estabilizan en el mercado interno

El contexto exportador contrasta con la dinámica del mercado local. Según el último informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), el precio promedio del kilo de carne vacuna registró en mayo de 2026 una variación de apenas 0,1% respecto al mes anterior, con un precio promedio de $18.569 por kilo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La variación interanual, en tanto, acumula 57,9%, muy por encima de la inflación general (33,2%). En Córdoba, por ejemplo, el promedio mensual fue negativo en un 0,5%. El consumidor, que ya absorbió subas acumuladas de esa magnitud, dejó de convalidar nuevos aumentos.

Esa presión sobre el bolsillo se refleja también en la relación entre proteínas. Un kilo de asado equivale hoy a 3,8 kilos de pollo, un 20,8% más que en el mismo período de 2025, según el IPCVA. La relación asado/cerdo también se amplió: con un kilo de asado se compran 2,02 kilos de pechito de cerdo, 35% más que el año anterior.

Al mismo tiempo, según el último estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las exportaciones acumularon hasta abril un volumen 10% superior al registrado en igual período del año anterior, lo que implica, según la entidad, “una menor disponibilidad de carne para el consumo interno” con un recorte cercano al 12% interanual en el primer cuatrimestre. Pese a esa contracción de la oferta, los precios en los mostradores no registraron aumentos en los últimos dos meses y, medidos en términos reales, muestran una caída frente a la inflación minorista.

La producción del sector también muestra señales de contracción. En mayo de 2026, la faena total fue de aproximadamente 1,001 millones de cabezas, un 11,3% menos que en mayo de 2025, según el informe mensual del Consorcio ABC. La producción de carne bovina alcanzó las 239.800 toneladas res con hueso, con una caída interanual de 8,5%. En el acumulado enero-mayo, la producción sumó 1,167 millones de toneladas, un 7,3% por debajo del mismo período del año anterior.

El conflicto salarial entre los gremios aceiteros y las empresas agroexportadoras suma un nuevo capítulo. Con el vencimiento de la conciliación obligatoria previsto para este jueves 18 de junio, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro Exportador de Cereales (CEC) pidieron a la Secretaría de Trabajo que convoque a ambos sindicatos del sector a una mesa de negociación para este martes, en lo que las cámaras califican como el primer “intento real” de diálogo paritario desde que se inició el conflicto.

A días del vencimiento del plazo que dictó Capital Humano de forma casi instantánea luego del anuncio de paro de los gremios aceiteros, CIARA-CEC difundió un nuevo comunicado en el que sostiene que su posición es sólida desde el punto de vista numérico.

En el escrito que envió este fin de semana, las entidades aseguraron que ya anticiparon aumentos del 13,8% desde enero, mientras que la inflación acumulada en el mismo período llegó al 14,7%, una diferencia de menos de un punto porcentual. A partir del mes próximo, proponen actualizar los salarios según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC, el mismo mecanismo que rige en otros sectores de la economía formal.

El origen del conflicto se remonta a los últimos días de mayo, cuando el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) lanzaron un paro por tiempo indeterminado en todas las plantas del país.

El detonante fue la propuesta empresaria de un incremento del 0% para mayo, seguido de ajustes atados a la inflación a partir de junio, que los gremios rechazaron de plano y calificaron de “vergonzosa”. En ese momento, el Ministerio de Capital Humano intervino de inmediato con la conciliación obligatoria, que frenó las medidas de fuerza y devolvió el conflicto a la mesa de diálogo.

“Nuestra propuesta es clara: ya anticipamos aumentos salariales por un 13,8% desde enero y recién ahora la inflación consolidada llegó al 14,7%. Este mes la diferencia es menor al 1%, por lo que a partir del próximo mes se irá actualizando el salario en base al índice de inflación del Indec como se hace todos los años”, sostiene el comunicado de CIARA-CEC.

A su vez, la entidad puso en perspectiva el nivel salarial del sector: el salario promedio ponderado del trabajador aceitero alcanza los $4,8 millones mensuales, muy por encima del promedio del empleo privado registrado, que ronda $1,4 millones. La categoría inicial del convenio arranca en $2,34 millones, un 67% por encima del piso del sector privado formal, mientras que en las categorías superiores la brecha trepa al 117%. Desde noviembre de 2023, el salario aceitero acumuló un alza del 361%, frente al 299% del IPC y al 304% del tipo de cambio en el mismo período.

Frente a esos números, CIARA-CEC rechazó el planteo gremial y advirtió que un nuevo paro tendría un costo directo para los propios trabajadores. Cada día de paralización implica una pérdida de $160.000 por empleado; en una semana laboral completa, esa caída acumulada ascendería a $960.000 por trabajador. Las cámaras apuntan además a lo que definen como motivaciones extrasalariales: en el comunicado señalaron que algunos dirigentes gremiales “miran sus ambiciones políticas y la caja de recaudación de los aportes sindicales y solidarios que suman millones de dólares”.

Los sindicatos, por su parte, argumentaron que el pedido de aumento —que en la última instancia previa a la conciliación ascendía al 20%— responde a necesidades concretas. El SOEA y la FTCIODyARA citaron datos del propio INDEC para sostener que la canasta básica que garantiza la reproducción del salario se ubica en $2.802.754, y recordaron que las patronales recibieron un beneficio adicional de USD 3.740 millones por la reducción de los derechos de exportación. “Los salarios representan apenas un 3,3% de las exportaciones del sector”, subrayaron los gremios en su momento.

Desde noviembre de 2023, el salario de los aceiteros acumuló un alza del 361%, frente al 299% del IPC y al 304% del tipo de cambio en el mismo período. De hecho, según un informe de la Secretaría de Trabajo publicado en mayo, los aceiteros fueron uno de los tres únicos gremios del país —junto con encargados de edificio y transporte automotor— que lograron mantener el poder adquisitivo de sus trabajadores frente a una tendencia generalizada de pérdida salarial real.

Conflictos salariales afectan las exportaciones agroindustriales

El conflicto aceitero se produce en un contexto de tensiones previas en la cadena agroindustrial. Semanas antes del paro del 27 de mayo, transportistas autoconvocados de la provincia de Buenos Aires habían paralizado las terminales portuarias de Bahía Blanca y Necochea en plena cosecha gruesa, en reclamo de un aumento del 15% en el flete ante la suba de costos operativos por el precio del combustible.

Esa medida de fuerza, según CIARA-CEC, hizo colapsar las operaciones de comercio exterior en esos puertos. De hecho, las entidades difundieron que esta situación les provocó pérdidas estimadas en al menos USD 450 millones, a la vez que afectó el cumplimiento de contratos internacionales y deterioró la competitividad nacional.

Bajo esa premisa, Taurus y Champion Power Equipment participaron de Agroactiva 2026 con una propuesta que reunió maquinaria agrícola, equipos para construcción y soluciones energéticas. Desde el stand 300F, ambas compañías presentaron novedades destinadas a productores agropecuarios, contratistas, municipios y empresas vinculadas a distintas actividades productivas.

Nuevos equipos para el trabajo en el campo

Con más de 70 años de trayectoria como empresa familiar ligada al agro, la construcción y la industria, Taurus exhibió una de las muestras más amplias de los últimos años, con foco en equipos orientados a mejorar el rendimiento de las operaciones diarias.

Entre los lanzamientos más destacados apareció una estercolera de sólidos de origen europeo con capacidad de 18 metros cúbicos y sistema de distribución mediante sinfines. El equipo fue desarrollado para realizar una aplicación uniforme de fertilizantes orgánicos, una práctica que adquiere cada vez más relevancia dentro de los sistemas productivos agrícolas y ganaderos.

Además, la compañía mostró un manipulador telescópico con capacidad para 3,5 toneladas y una altura de trabajo de siete metros. Se trata de un modelo que incorpora prestaciones presentes en equipos de mayor porte, como dirección integral, desplazamiento tipo cangrejo y múltiples configuraciones operativas, características que amplían sus posibilidades de uso en tareas rurales, logísticas y de construcción.

La exhibición también incluyó la línea italiana de cisternas estercoleras para líquidos, un producto que Taurus comercializa en el país desde hace más de tres décadas y que se consolidó como una referencia dentro del segmento.

Asimismo, los visitantes pudieron descubrir la gama completa de equipos de la marca, integrada por tractores agrícolas, palas cargadoras, retroexcavadoras, manipuladores telescópicos y maquinaria para movimiento de materiales, además de soluciones destinadas al manejo de efluentes y actividades ganaderas.

“Seguimos apostando al crecimiento del sector productivo argentino, acercando tecnologías que permitan trabajar con mayor eficiencia, productividad y rentabilidad. Agroactiva es el ámbito ideal para encontrarnos con nuestros clientes y mostrar las últimas innovaciones que estamos incorporando al mercado”, señaló Ángel Rivero, titular de Taurus.

Soluciones energéticas para distintos entornos productivos

Dentro del mismo espacio, Champion Power Equipment presentó una amplia variedad de productos vinculados a la generación de energía y al equipamiento motorizado. La marca estadounidense mostró una línea integral de grupos electrógenos que abarca equipos residenciales, industriales y soluciones adaptadas a diferentes necesidades operativas.

Entre las alternativas disponibles sobresalieron los modelos que funcionan con gas natural y GLP, además de los sistemas Dual Fuel y Tri Fuel, capaces de operar con distintos tipos de combustible según la disponibilidad energética de cada usuario.

La posibilidad de utilizar nafta, gas de garrafa o gas natural brinda mayor flexibilidad y autonomía, especialmente en actividades donde la continuidad del suministro eléctrico resulta clave para el desarrollo de las tareas. Asimismo, la organización presentó grupos electrógenos inverter y una amplia gama de herramientas destinadas a trabajos profesionales y mantenimiento de espacios verdes.

Equipamiento para mantenimiento y uso profesional

La exhibición incluyó chipeadoras, quebradores de troncos, rotocultivadores, motosierras, hidrolavadoras industriales, motoguadañas, malacates y sopladoras de hojas, entre otros productos.

La propuesta buscó cubrir necesidades vinculadas tanto al sector agropecuario como a municipios, empresas constructoras y prestadores de servicios. Según la compañía, uno de los diferenciales de la marca es la combinación de tecnología, confiabilidad y una competitiva relación precio-producto, factores que impulsaron su crecimiento en distintos mercados.

“Tenemos un producto de calidad altísima que ofrece soluciones energéticas para que los productores puedan trabajar sin interrupciones por cortes de luz. Tenemos una muy buena relación con los clientes y las devoluciones que nos hacen son muy positivas", afirmó Wenceslao Agnese, gerente comercial de Champion.

Una propuesta integral para el sector productivo

La presencia conjunta de Taurus y Champion en Agroactiva reflejó una tendencia cada vez más marcada dentro del agro argentino: la búsqueda de soluciones integrales capaces de combinar maquinaria, tecnología y energía en una misma propuesta.

A través de nuevos equipos para el trabajo rural, herramientas para la construcción y sistemas de generación eléctrica, ambas compañías aprovecharon la exposición para mostrar cómo la innovación continúa ganando espacio dentro de las actividades productivas.

La presentación de estas novedades apuntó a responder a las necesidades actuales de productores y empresas, en un contexto donde la eficiencia y la continuidad operativa se vuelven factores determinantes para la competitividad.

En ese contexto, Ecosol aprovechó la exposición para presentar una instalación completamente operativa que demostró, en condiciones reales, el estado actual de la tecnología fotovoltaica aplicada a distintos sectores productivos.

La empresa, con más de 25 años de trayectoria en la distribución mayorista de equipos de energía solar, no solo exhibió productos: también demostró la capacidad técnica de su equipo montando, en apenas tres días, una estructura con estándares de instalación permanente.

Una instalación que funcionó como si fuera definitiva

El stand de Ecosol en la muestra estuvo en funcionamiento real durante todo el evento. La pieza central fue una cochera solar para seis autos con una capacidad de generación de 27 kW de potencia. El mismo produjo electricidad y contempló, a la vez, la infraestructura necesaria para la carga de ese tipo de rodados, una tecnología cuya demanda crece en paralelo con la expansión de la movilidad eléctrica en la Argentina.

Además, el espacio incluyó un rack solar de 5 kW con baterías e inversores que operaron de manera continua durante toda la exposición. La instalación, que fue desmontada al cierre de Agroactiva, respondió a los mismos estándares constructivos que se aplican en proyectos permanentes.

Dos problemas concretos, una respuesta tecnológica

Detrás de esta propuesta hay un diagnóstico preciso sobre la situación energética del país. “Apuntamos a resolver dos de las grandes problemáticas actuales, que son el corte de suministro y las grandes tarifas de energía“, señaló Iannone.

Para eso, la empresa comercializa e instala soluciones llave en mano que abarcan paneles solares, inversores, sistemas de almacenamiento con baterías de litio y estructuras para instalaciones, acompañando al cliente desde el diseño hasta la puesta en marcha.

Del agro a la industria: un portafolio para distintas escalas

El campo es uno de los sectores con mayor potencial para la adopción de tecnología fotovoltaica, dado que combina alta demanda energética, superficies disponibles para instalaciones y, en muchos casos, acceso limitado o costoso a la red eléctrica convencional.

Un ejemplo concreto son los sistemas de riego. Actualmente, la irrigación artificial representa solo una pequeña parte de la producción agropecuaria argentina, pero quienes la incorporaron lograron aumentar significativamente su productividad y reducir la dependencia de las condiciones climáticas. Las soluciones solares permiten alimentar estos equipos de manera sustentable y económicamente eficiente, lo que favorece su expansión y mejora los rendimientos de los cultivos.

Ecosol trabaja con productores, pero también con industrias, comercios y hogares, adaptando sus soluciones a las necesidades de cada cliente. La empresa distribuye las principales marcas mundiales del sector y actúa como intermediario mayorista, lo que le permite ofrecer equipos con respaldo oficial de fabricante.

“Las expectativas son seguir afianzándonos en el rubro de la energía solar y acompañar a nuestros clientes en el cambio de matriz energética”, resumió Iannone.

25 años de trayectoria en un mercado en expansión

Fundada hace un cuarto de siglo, Ecosol es una de las empresas argentinas con mayor recorrido en el segmento de energía solar. Esa experiencia acumulada se traduce en un conocimiento técnico que la compañía pone a disposición de sus clientes a través del soporte especializado que acompaña cada proyecto.

La participación en este tipo de exposiciones forma parte de una estrategia de visibilidad orientada a mostrar tecnología en funcionamiento, más allá de los catálogos y las presentaciones comerciales. “Que una instalación de veintisiete kilowatts haya generado energía en tiempo real durante los días de la exposición es, en sí mismo, un argumento técnico difícil de rebatir”, afirmó Iannone.

Para productores, industriales y particulares interesados en dar el paso hacia la generación propia, el recorrido por el stand de la compañía en Agroactiva ofreció la posibilidad de interactuar directamente con los equipos, consultar con técnicos especializados y evaluar alternativas concretas para reducir costos energéticos o ganar autonomía frente a eventuales cortes de suministro.

Un ejemplo de esto es la participación de Ford Argentina como sponsor oficial de Agroactiva. Del 3 al 6 de junio, la compañía presentó su portfolio de productos y servicios en Armstrong, Santa Fe, con propuestas orientadas al trabajo, la conectividad y la experiencia de sus clientes.

En un espacio especialmente diseñado para la feria, la marca exhibió las principales novedades de su gama de vehículos, con foco en las necesidades de productores agropecuarios, empresas y usuarios comerciales.

La propuesta incluyó desde pick-ups y SUV hasta soluciones de posventa y herramientas digitales. La presencia de la marca del óvalo también contempló actividades interactivas para el público, pruebas de manejo y beneficios exclusivos para usuarios de la Ford App.

Nuevas versiones para ampliar la oferta de trabajo

Uno de los anuncios centrales de la participación de la marca fue la incorporación de siete nuevas versiones de Ford Ranger, presentadas dentro del área exclusiva de Ford Pro, la división enfocada en clientes comerciales y flotas.

“Nuestra presencia en este lugar tiene que ver con la relación histórica que tenemos con el cliente de campo. Además, celebramos”, afirmó Tomás Labourt, gerente de Producto de la compañía en la Argentina.

El ejecutivo también destacó el valor estratégico que tiene la pick-up fabricada en la planta de Pacheco: “Este año celebramos 30 años de la fabricación de Ford Ranger en la Argentina”.

Las nuevas configuraciones incluyeron las variantes RANGER XL AT cabina doble (4x2 y 4x4), chasis 4x4 manual y XL cabina simple manual (4x2 y 4x4), disponibles con distintas alternativas de tracción. La ampliación buscó responder a diferentes necesidades operativas vinculadas con el trabajo diario, el transporte de cargas y las actividades productivas.

La exhibición también incorporó la Transit Van L2H3 AT, una opción destinada al segmento comercial que combina capacidad de transporte, equipamiento tecnológico y sistemas de seguridad.

Experiencias de manejo y exhibición completa

La automotriz también presentó la totalidad de su oferta de pick-ups, integrada por la nueva generación de Ranger, Maverick Tremor, Ranger Raptor y F-150 Raptor. A esta propuesta se suma la Everest, una SUV de siete asientos que comparte plataforma y capacidades con la Ranger.

Los visitantes tuvieron la posibilidad de conocer estos modelos de cerca y participar de pruebas dinámicas en el Off-Road Campus, una pista especialmente diseñada para demostrar las capacidades de los vehículos en distintos tipos de terrenos.

Dentro de esta experiencia participaron modelos como Ranger XL AT, Ranger Limited+, Ranger Raptor, Maverick Tremor, Everest, Bronco Sport, Bronco V6, F-150 Raptor y F-150 Tremor.

Los usuarios registrados en Ford App contaron además con el beneficio de acceso prioritario a las pruebas de manejo mediante el sistema FastPass, que permitió reducir los tiempos de espera durante la muestra.

Servicios, mantenimiento y beneficios exclusivos

La propuesta de Ford en Agroactiva se completó con un sector dedicado a la posventa, donde los clientes pudieron acceder al Servicio Móvil de mantenimiento. Técnicos especializados realizaron tareas preventivas con herramientas y repuestos originales, sin necesidad de solicitar turno previamente.

La compañía también ofreció promociones especiales, alternativas de financiación y asesoramiento personalizado para los asistentes que visitaron la feria con sus vehículos.

Por otro lado, Tienda Ford, la plataforma oficial de comercio electrónico de la marca, dispuso de un espacio dentro del stand para brindar información sobre accesorios y repuestos, además de promociones exclusivas para los asistentes.

A través de estas iniciativas, Ford buscó acercar soluciones integrales para acompañar las actividades productivas del campo, con el fin de combinar vehículos, servicios y herramientas digitales en un mismo espacio.

El campo afectado fue “Peñi Hué”, ubicado a la altura del kilómetro 35 de la Ruta Nacional 152. Allí, durante la jornada del sábado, desconocidos ingresaron al predio, avanzaron unos 400 metros desde la traza de la ruta y mataron a balazos a una yegua criolla de pedigrí que estaba preñada.

El animal, manso y de sangre pura, era utilizado habitualmente por la familia para paseos. Los delincuentes lo faenaron para extraerle únicamente dos lomos y un matambre, y abandonaron el resto del cuerpo en el potrero, de acuerdo con la información de El Diario de La Pampa.

Sin que la policía lograra identificar a los responsables del primer ataque, la pesadilla se reanudó el lunes por la mañana. Al recorrer el campo para revisar el estado de la hacienda, el hombre descubrió que habían vuelto a atacar: esta vez, la víctima había sido una vaca que apareció muerta y faenada con el mismo procedimiento.

Desde la Comisaría Departamental de General Acha confirmaron que el productor amplió la denuncia original y precisaron que las sospechas apuntan a los mismos autores, dado que el vacuno presentaba impactos de bala con características idénticas a las halladas en la yegua el sábado.

Agobiado ante la reiteración de los hechos y la falta de respuestas, el productor tomó una decisión que no pasó desapercibida. Cargó parte de los restos del vacuno, se trasladó hasta el centro de General Acha y entró al palacio municipal.

Como se puede ver en el video que encabeza la nota, el hombre ingresó al hall principal, habló con la recepcionista y luego avanzó hasta otro sector de oficinas, donde depositó parte de la carne a modo de protesta y pidió ser atendido por el jefe comunal, Abel Sabarots. Toda la secuencia quedó registrada.

“Esto es hambre. ¿Dónde está el hambre? Quiero que me diga, mi intendente, dónde está el hambre. Qué tanta politiquería barata... Porque los pelotudos pagamos las guías para que todo este circo funcione. Esta vaca estaba preñada y la mataron ayer. Así que quiero hablar con el intendente”, se lo escucha decir en el video.

La causa quedó caratulada como abigeato agravado y fue puesta en manos de la fiscalía local, que coordina rastrillajes y cruces de cámaras en los accesos a la localidad para intentar identificar a los sospechosos, según La Arena.

De acuerdo con lo publicado por El Diario de La Pampa, en el sector rural del bajo banquina de la Ruta 152 trabajaron peritos de la Policía de La Pampa para realizar las diligencias correspondientes.

Tres hombres mataron y faenaron un guanaco en el lago Nahuel Huapi

La Justicia federal de Neuquén avaló la suspensión de juicio a prueba para tres hombres imputados por la caza furtiva de un guanaco en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Para evitar recibir una condena penal, deberán cumplir varias condiciones, entre ellas abonar en total seis millones de pesos.

El hecho se remonta al 8 de octubre de 2025, cuando un comisario retirado de la Policía de Neuquén alertó al personal del parque tras observar una camioneta con varias personas faenando ejemplares de guanaco cerca de la Ruta Provincial Nº63, en el paraje El Chenque, dentro de la jurisdicción del parque, en el departamento de Los Lagos.

Según el reporte difundido por el sitio de comunicación del MPF, la intervención de guardaparques y policías permitió ubicar una camioneta Chevrolet S10 negra, donde se hallaron tres hombres y restos recientes del animal, protegido por la Ley N°22.351 de Parques Nacionales y la Resolución HD N°65/1981.

Durante el operativo se incautaron cortes de carne fresca de guanaco encontrados tanto en mochilas como en la caja del vehículo, junto con dos lomos, dos paletas con cuero, varios cuchillos y una vaina servida calibre .223. El arma utilizada no apareció, ya que una cuarta persona habría escapado antes de la llegada del personal. La camioneta quedó secuestrada por orden judicial.

Conforme al acuerdo, los acusados admitieron su responsabilidad por el delito de caza furtiva de fauna silvestre, tipificado en el artículo 25, segundo párrafo, de la Ley N°22.421 de Conservación de la Fauna.

Entre las obligaciones asumidas, cada uno de los imputados deberá donar dos millones de pesos (seis millones en total) en tres cuotas consecutivas a la Fundación Civil Ñacurutú - Red de rescate y atención de fauna silvestre, que desarrolla tareas en San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura y zonas cercanas, además de colaborar con el Refugio Aluminé en Neuquén.

En ese escenario, Mercedes-Benz Camiones y Buses participó de una nueva edición de Agroactiva con una propuesta orientada a acercar herramientas para el sector. La compañía aprovechó uno de los principales encuentros de la actividad para exhibir soluciones vinculadas con movilidad, servicios y formación profesional.

La muestra realizada en Armstrong, Santa Fe, volvió a posicionarse como un espacio estratégico para la generación de oportunidades comerciales y el intercambio entre fabricantes, productores y transportistas. Allí, la marca presentó una oferta que integró vehículos, soluciones de posventa, alternativas de financiamiento y programas de capacitación.

Un porfolio diseñado para distintas necesidades

En el stand, Mercedes-Benz Camiones y Buses exhibió una renovación parte de su propuesta para el mercado argentino. La iniciativa incluyó tanto unidades destinadas al transporte de cargas como herramientas orientadas a acompañar el ciclo completo de operación de cada cliente.

“Le pusimos mucho esfuerzo a nuestro stand, con nuestra gama renovada. No solo en cuanto a camiones, también en productos y servicios de la posventa. Esto que le llamamos visión 360, donde acompañamos a nuestros clientes desde que adquieren una unidad hasta que necesitan renovarla”, señaló Roberto Faist, gerente de Marketing y Producto de Mercedes-Benz Camiones.

La compañía exhibió distintos modelos desarrollados para cubrir diversas aplicaciones vinculadas al movimiento de mercaderías. La oferta incluyó alternativas destinadas tanto al transporte regional como a tareas de mayor exigencia operativa.

Entre las unidades presentes se destacó la línea Axor. Reconocida por su trayectoria en el universo de los extrapesados, esta familia de productos fue exhibida en configuraciones adaptadas a diferentes necesidades logísticas. “Este vehículo que presentamos nuevamente en el mercado es muy apto para el campo. Se trata de una unidad muy versátil y eficiente”, destacó Faist.

Asimismo, el Atego tuvo una presencia destacada dentro del stand. Orientado al segmento semipesado. Su configuración apunta a actividades que requieren versatilidad y rendimiento para recorridos vinculados con la producción agroindustrial.

Por otra parte, el Arocs representó la propuesta más robusta del espacio. Diseñado para aplicaciones severas, combina capacidad de trabajo con características pensadas para enfrentar terrenos complejos y condiciones exigentes.

Tecnología aplicada a la capacitación

Uno de los principales atractivos para los visitantes fue el simulador de TruckTraining. La herramienta forma parte de los programas de formación impulsados por Mercedes-Benz Camiones y Buses para fortalecer las capacidades de los conductores.

El sistema incorpora tecnología envolvente de tres pantallas y permite recrear distintas situaciones de manejo. Además de una modalidad recreativa, ofrece evaluaciones específicas relacionadas con tiempos de reacción y precisión en maniobras.

Posventa y soluciones financieras para el agro

La propuesta exhibida en Agroactiva incluyó además una amplia oferta de posventa. El objetivo fue mostrar soluciones capaces de acompañar cada etapa de utilización de las unidades.

Dentro del stand se presentaron repuestos genuinos junto con componentes remanufacturados producidos en la planta REMAN. Esta instalación se destaca por ser la primera y única de su tipo en el país.

Además, la compañía puso en valor el funcionamiento de su Centro Logístico de Autopartes y Repuestos ubicado en el Centro Industrial Zárate. Desde allí se abastece a la red de concesionarios mediante un esquema diseñado para garantizar disponibilidad y rapidez en las entregas.

A su vez, se difundieron beneficios especiales para usuarios de camiones Axor. Las promociones incluyeron ventajas vinculadas con contratos de mantenimiento y herramientas de gestión de flotas.

Entre las herramientas disponibles se destacó el leasing, una modalidad que permite financiar la totalidad del vehículo y acceder a beneficios asociados a su estructura impositiva y financiera. También se presentó MyCredit, la plataforma digital desarrollada para agilizar la gestión de créditos. El sistema permite realizar solicitudes y obtener una preaprobación de manera inmediata.

Con su participación en Agroactiva 2026, Mercedes-Benz Camiones y Buses reflejó su estrategia integral que combina camiones, capacitación, servicios, repuestos y herramientas financieras.

En ese escenario, Valtra eligió compartir sus avances más recientes en materia de eficiencia, conectividad y gestión inteligente, con lanzamientos que buscan marcar el ritmo de la próxima campaña. En esa línea, exhibió su portfolio de soluciones en tractores, pulverización y agricultura de precisión.

“Estamos presentes con novedades como la generación A5, evolución de la A4, tanto en su versión estándar como high-tech. Es un tractor orientado a la línea media de potencia, con mayor versatilidad, nuevo diseño, menor consumo respecto al modelo anterior y mayor capacidad en el levante hidráulico”, señaló Emiliano Ferrari, director de Ventas de Valtra y Fendt para Hispanoamérica.

Nuevas soluciones para el agro: tecnología aplicada y conectividad

La edición 2026 de Agroactiva fue el escenario para el lanzamiento de una nueva generación de tractores de Valtra. Estos equipos suman avances en eficiencia, confort operativo y capacidades digitales, orientados a optimizar las tareas diarias y la gestión en el campo.

Dentro de las innovaciones, la propuesta tecnológica incluye herramientas basadas en inteligencia artificial y conectividad. Entre ellas se destacan el sistema Talking Tractor y la plataforma FarmENGAGE, dos desarrollos que amplían la interacción entre el productor y la maquinaria.

“A través de una plataforma digital que integra todos los equipos del campo y facilita la conectividad entre ellos, ponemos información a disposición de quienes toman decisiones para ajustar sus labores diarias y hacerlas más eficientes”, explicó Ferrari.

Estas innovaciones, presentadas previamente en Agritechnica 2025 y en Agrishow 2026, representan el liderazgo de Valtra en el campo de la agricultura digital en Sudamérica.

Inteligencia artificial aplicada al trabajo diario

Uno de los diferenciales del nuevo portfolio de Valtra es la integración de soluciones basadas en inteligencia artificial, que permiten una gestión más eficiente de la maquinaria. “La IA permite una conectividad directa entre el operador y el equipo. Mejora la accesibilidad y posibilita la interacción oral, brindando información al usuario mientras opera el tractor”, indicó Ferrari.

El objetivo de la marca es reducir la brecha entre las capacidades de los equipos y el uso real que hace el productor. Mediante la incorporación de nuevas tecnologías, busca facilitar la toma de decisiones y mejorar la eficiencia de cada tarea en el campo.

Asesoramiento y soporte: el rol de los concesionarios

El espacio de Valtra en Agroactiva 2026 contó con el respaldo de su red de concesionarios y especialistas técnicos. Los visitantes pudieron obtener asesoramiento personalizado y conocer detalles sobre el funcionamiento de las herramientas digitales y el servicio postventa.

La plataforma de agricultura de precisión sigue siendo clave en la estrategia de la marca, integrando soluciones que permiten optimizar la gestión de los recursos y la productividad en el campo.

El desafío de la eficiencia y la mirada al futuro

Con una trayectoria consolidada en la Argentina, Valtra forma parte del grupo AGCO y opera una planta industrial en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, desde donde fabrica y ensambla equipos adaptados a las condiciones del campo local. La marca combina experiencia global y desarrollo local, ofreciendo tractores reconocidos por su robustez, eficiencia y confiabilidad.

El contexto actual del sector agropecuario requiere soluciones que ayuden a los productores a mejorar la eficiencia y reducir el consumo. “En el campo, se observa un productor receptivo a las innovaciones que Valtra presenta. El objetivo es reducir la brecha entre las capacidades del equipo y el uso real que hace el productor”, aseguró Ferrari.

La presencia en Agroactiva 2026 reforzó el compromiso de Valtra con el desarrollo del agro argentino, apostando a la innovación continua y a la construcción de relaciones de largo plazo con quienes trabajan en el campo.

“Es un paso para empezar a resolver y a reactivar las inversiones del sector. No es la solución en sí misma”, señaló Alfredo Paseyro, director ejecutivo de la ASA, en declaraciones a Infobae en Vivo. La entidad nuclea a la mayoría de las empresas que trabajan en el mejoramiento genético vegetal en el país.

Paseyro explicó que el esquema no modifica lo que el sector privado ya viene realizando desde hace más de una década. “Hoy al productor no le cambia nada, porque lo que establece esta resolución es lo mismo que viene haciendo el sector privado hace más de 10 años”, afirmó el directivo. Lo que sí cambia, subrayó, es que la norma otorga un marco legal formal al proceso y abre la puerta a reactivar inversiones en mejoramiento genético que se perdieron por falta de previsibilidad.

Paseyro precisó que el retraso afecta a las llamadas semillas autógamas —aquellas que, a diferencia de los híbridos como el maíz, pueden ser reproducidas por el productor sin necesidad de comprar nuevas cada campaña—. En esas especies, la ausencia de protección intelectual desincentivó la inversión privada en nuevas variedades.

El resultado de esta situación es visible en los datos: Brasil registró 330 variedades de soja el año pasado, frente a solo 23 en Argentina, según citó Sturzenegger este lunes en su cuenta de X al momento de la oficialización de la medida.

En tanto, el directivo de la ASA señaló que la adopción del sistema de contratos entre privados avanzó en soja, pero que quedan pendientes otras especies como el trigo. “Hay un gran porcentaje de productores que adhirieron a ese programa y viene mejorando, pero tenemos que mejorar la adopción en otras especies”, indicó. La resolución, precisó, no resuelve de manera inmediata esa brecha, pero genera las condiciones para que el sector privado retome inversiones que durante años migraron hacia Brasil, Estados Unidos, Canadá y países europeos.

De qué se trata la nueva normativa

La norma, firmada por el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y el presidente del Instituto Nacional de Semillas (INASE), Martín Famulari, fue impulsada desde el Ministerio de Desregulación a cargo de Sturzenegger, quien la calificó como “una gran reforma estructural” que permitirá a Argentina acercarse a la frontera tecnológica en producción agrícola.

El ministro ilustró el problema con un dato concreto en su cuenta de X: una hectárea de algodón en el Chaco rinde unos 600 kilogramos de fibra, mientras que en Brasil los rindes superan los 1.800 kilogramos, una brecha que atribuyó directamente a la falta de protección de los derechos de propiedad sobre las semillas.

El mecanismo que establece la resolución funciona a partir de la toma de muestras en el primer punto de entrega de granos, en establecimientos registrados en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA). Los análisis, realizados con métodos reconocidos por el INASE —entre ellos escáneres e inteligencia artificial—, son procesados por cámaras arbitrales o entidades privadas habilitadas, que luego remiten los resultados al titular de la variedad registrada y al productor. Si se detecta una irregularidad, las partes disponen de un plazo de negociación directa; solo si no hay acuerdo interviene el INASE como instancia de resolución.

Ley de Semillas

No se trata, no obstante, de la implementación de la Ley de Semillas, un debate de larga data en el sector agroindustrial local que volvió a cobrar fuerza tras el acuerdo comercial que la Argentina firmó en febrero con Estados Unidos. Según ese entendimiento, el país debería avanzar hacia los estándares de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, conocidos como UPOV 91.

Esta última es una normativa internacional que refuerza la protección de la propiedad intelectual sobre las variedades vegetales. En la práctica, cambia las reglas del negocio de la genética agrícola: las empresas semilleras sostienen que sin protección de la innovación no hay incentivos para invertir en genética, mientras que buena parte de los productores teme que una normativa más estricta limite prácticas históricas del agro argentino y eleve los costos de producción.

El sistema genera además un incentivo a la multiplicación informal: un productor puede adquirir una variedad, verificar su rendimiento y luego reservar parte del grano para sembrarlo durante varias temporadas sin volver a pagar por esa tecnología. La Mesa de Enlace, Coninagro y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa ya adelantaron públicamente que no respaldarán una normativa en esa línea, mientras el INASE aún tiene pendiente la definición de los protocolos de toma de muestras para cultivos como el algodón.

La exposición, que se desarrolla en Armstrong, provincia de Santa Fe, reúne a miles de visitantes, fabricantes, concesionarios y referentes del campo. En ese contexto, la entidad brinda herramientas orientadas a facilitar la incorporación de tecnología, maquinaria y bienes de capital.

Cabe destacar que BNA arribó a esta edición luego de haber alcanzado durante 2025 un récord histórico de financiamiento al sector agroindustrial, con desembolsos equivalentes a USD 6.500 millones. Además, una de cada tres máquinas agrícolas de fabricación nacional comercializadas durante ese año fue financiada por este banco.

“Hace dos años que somos el main sponsor de Agroactiva, una muestra que tiene más de 1.100 expositores, y venimos con una oferta agresiva para poder seguir captando a nuestros socios estratégicos, que son los productores agropecuarios", afirmó Gastón Álvarez, gerente general de la entidad.

Créditos para inversión y compra de maquinaria

Entre las propuestas que presenta el banco durante la exposición, resalta una línea de financiamiento para la adquisición de equipos con condiciones especialmente competitivas.

“La principal oferta es en dólares a tasa cero y cinco años para la compra de maquinaria agrícola. Y también tenemos diferentes tipos de tasas de acuerdo con la provincia donde el productor esté radicado: empiezan en el 12% y terminan en el 18%”, explicó Álvarez.

Asimismo, el ejecutivo remarcó el cambio de escenario que atraviesa el sector en materia financiera: “Si pensábamos en una Argentina hace tres años que en la Agroactiva del 2026 íbamos a estar lanzando tasa cero a cinco años, decíamos que estábamos locos”.

La propuesta comercial del banco también incluye acuerdos con fabricantes, concesionarias y gobiernos provinciales para ampliar el acceso al crédito y mejorar las condiciones de financiamiento para la compra de maquinaria, insumos y otros bienes destinados a la producción.

Presencia federal y liderazgo financiero

Álvarez remarcó también que el acompañamiento al agro forma parte de una política sostenida de presencia territorial y apoyo a las economías regionales. “Decimos que en cada rincón del país están la iglesia, la intendencia, la plaza y el Banco Nación”.

Pero más allá de eso, el entrevistado aseguró que el BNA hoy es el primer banco argentino porque cuenta con el 20% del volumen de negocios de las entidades financieras a nivel nacional y, fundamentalmente, porque brinda una oferta agresiva para acompañar el crecimiento del campo.

Un sector que demanda inversión de largo plazo

Según el vocero, la demanda actual de financiamiento refleja un momento de fuerte dinamismo para la actividad agropecuaria, con productores enfocados en expandir sus capacidades productivas y concretar nuevos proyectos.

“Encontramos una Argentina con productores que demandan nuevas asistencias, fundamentalmente para lo que es inversión. No buscan lo que es corto plazo o una refinanciación: quieren crédito a largo plazo para poder afrontar esos proyectos, esos sueños que tienen”, reveló Álvarez.

La intensa actividad que se observa durante la muestra también es interpretada como una señal positiva para el sector. “Vemos un clima de negocios extraordinario en la muestra y con una gran cantidad de gente en todos los stands. Acá es donde se ve el corazón de la Argentina", concluyó.

Con una oferta enfocada en el financiamiento productivo, el crédito de largo plazo y la incorporación de tecnología y maquinaria, el Banco Nación busca consolidar en Agroactiva 2026 su papel como uno de los principales aliados financieros del agro argentino.

La Argentina registró niveles récord en exportaciones de carne porcina y huevos durante el primer cuatrimestre de 2026. El crecimiento en los envíos al exterior se da en un contexto de fuerte demanda internacional de proteínas animales, normalización de las liquidaciones tras la unificación cambiaria y la entrada en vigencia del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

En el primer cuatrimestre del año, consignó la cartera que dirige Sergio Iraeta, las exportaciones de la cadena porcina crecieron 161% interanual en valor, hasta alcanzar los USD 6 millones. En tanto, en volumen, el avance fue de 78%, con un total de 5.137 toneladas exportadas.

Los principales destinos de la carne de cerdo, chacinados, productos y subproductos comestibles y no comestibles argentinos fueron Costa de Marfil, China, Filipinas, Congo, Uruguay, Brasil, Hong Kong, Georgia y Paraguay. El organismo oficial agregó que ya son 54 los mercados abiertos para la producción porcina, a la vez que continúa la gestión para ampliar ese número.

Récord en exportación de huevos

La Secretaría de Agricultura también informó que las exportaciones de ovoproductos subieron 28,5% en valor en el primer cuatrimestre de 2026, hasta USD 10,8 millones. En volumen, las ventas llegaron a 1.312 toneladas, un 8% más que en el mismo período del año pasado.

Los principales destinos fueron Dinamarca, Japón, Chile, Austria y Macedonia del Norte. El resto de las colocaciones se distribuyó entre Suecia, Rusia, Arabia Saudita, Costa Rica, Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador y México. Entre los productos exportados en 2026 se destacaron huevo entero, yema y albúmina en polvo, destinados a la industria alimenticia de mayonesas, panificados, budines, pastas y helados.

La producción de huevos en el país se distribuye principalmente en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Salta.

El acuerdo con Europa

Este incremento en las exportaciones tiene un precedente clave: el sector logró, a pocos días de oficializado el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, cubrir todo el cupo asignado al bloque sudamericano para todo el periodo.

Este hecho se dio luego de que los exportadores de miel agotaran el primer cupo sin aranceles durante las primeras horas de vigencia del acuerdo. Esta situación inspiró a los mayores empresarios del país, quienes destacaron la iniciativa en diferentes apariciones públicas y resaltaban el diferencial argentino: “Hay que aprender de ellos. Hay que primerear”, comentaban.

Mientras el acuerdo entró en vigor el 1 de mayo pasado, dos días mas tarde, salió desde Concordia el primer cargamento argentino hacia Alemania, con 20.986 kilogramos adquiridos por Langnese Honig GmbH & Co.. Antes del nuevo acuerdo, la miel argentina enfrentaba un arancel del 17,3 por ciento.

El régimen para ese producto prevé cupos crecientes: entre mayo y diciembre de 2026 se asignaron 5.000 toneladas libres de arancel, de las cuales 1.400 ya se exportaron en la primera etapa. Desde el 1° de julio estarán disponibles dos nuevos cupos de 1.800 toneladas cada uno; para 2027 el límite anual subirá a 15.000 toneladas y en 2031 llegará a 45.000 toneladas, según el texto fuente.

Días después, Argentina y Uruguay agotaron el cupo de 6.667 toneladas de arroz asignado al Mercosur para exportar a la Unión Europea en 2026, de acuerdo con el texto fuente. Argentina abarcó casi el 40% del beneficio arancelario y Uruguay tomó el 63 por ciento.

De acuerdo con el INDEC, en 2025 las exportaciones argentinas a la Unión Europea sumaron USD 8.486 millones y las importaciones llegaron a USD 10.478 millones, con una participación de 9,7% en las ventas externas y de 13,8% en las compras.

Según un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario, en el primer trimestre de 2026 la participación de la Unión Europea en las exportaciones argentinas fue de 9,3%, un mínimo en décadas que podría empezar a revertirse con la entrada en vigor del acuerdo. En tanto, el comercio con el bloque representó menos del 10% de las exportaciones en 2025, lejos del casi 32% registrado en 1991.

Entre los bienes exportados hacia ese mercado figuran harina de soja, biodiésel, minerales de plata, carne bovina y maní, según el texto fuente. Los principales destinos son Países Bajos, Alemania, España, Italia e Irlanda, aunque el liderazgo neerlandés se explica por el peso del Puerto de Rotterdam como puerta de entrada para mercadería que luego sigue hacia otros mercados europeos.

El gobierno del Estado de México anunció un apoyo complementario de 300 pesos por tonelada de maíz para las y los productores que comercialicen su cosecha a través del programa Alimentación para el Bienestar, con el objetivo de fortalecer la economía del campo mexiquense y garantizar mejores ingresos para quienes se dedican a esta actividad.

La medida fue dada a conocer por la Secretaría del Campo (SeCampo), encabezada por María Eugenia Rojano Valdés, quien destacó que esta estrategia forma parte de las acciones impulsadas por el gobierno estatal para respaldar a las familias productoras de la entidad.

Con este incentivo estatal, sumado al precio de garantía establecido por el Gobierno de México, las y los agricultores podrán recibir un total de 7 mil 500 pesos por tonelada de maíz durante 2026.

Productores de maíz recibirán hasta 7 mil 500 pesos por tonelada

La titular de la SeCampo explicó que, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y Alimentación para el Bienestar, se determinó que el precio de garantía para este año será de 7 mil 200 pesos por tonelada.

A esta cantidad se añadirán 300 pesos por tonelada aportados por el Gobierno del Estado de México, lo que permitirá elevar el ingreso de los productores hasta los 7 mil 500 pesos por tonelada comercializada.

Rojano Valdés señaló que este esquema busca incentivar la producción agrícola, brindar mayor certidumbre a los campesinos y fortalecer la autosuficiencia alimentaria en la entidad.

Más de 22 mil toneladas de maíz fueron apoyadas en 2025

La funcionaria recordó que durante el año pasado el programa benefició a cerca de mil 411 productores mexiquenses, quienes lograron acopiar más de 22 mil toneladas de maíz.

Como resultado de este esfuerzo, el gobierno estatal destinó aproximadamente 22 millones de pesos en apoyos complementarios, equivalentes a mil pesos por tonelada, lo que representó un importante respaldo para el sector agrícola.

La experiencia obtenida permitió consolidar el programa y mantener el compromiso de seguir fortaleciendo la comercialización del grano en beneficio de las comunidades rurales.

De manera paralela, la Secretaría del Campo puso en marcha este año el programa piloto Promaíz Edomex en 27 municipios de la entidad.

A través de esta iniciativa, los productores de maíz híbrido reciben apoyos de 5 mil pesos por hectárea, mientras que quienes cultivan maíz nativo pueden acceder a incentivos de hasta 6 mil pesos por hectárea.

Además, el programa contempla recursos para la reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo agrícola, con el propósito de mejorar la productividad en las unidades de producción y reducir costos operativos.

Las autoridades estatales consideran que estos apoyos permitirán incrementar el rendimiento de los cultivos y fortalecer la competitividad del campo mexiquense.

Mujeres productoras tendrán prioridad en caso de insuficiencia presupuestal

Durante la presentación de los programas, la secretaria María Eugenia Rojano destacó que las mujeres productoras tendrán prioridad en caso de que los recursos disponibles comiencen a agotarse.

“Tenemos algunas prioridades. En caso de que los recursos comiencen a agotarse, daremos preferencia a las mujeres productoras, quienes además de las múltiples responsabilidades que desempeñan, continúan contribuyendo al desarrollo de nuestro campo”, expresó.

La funcionaria subrayó que esta medida busca reconocer el papel fundamental de las mujeres en las actividades agrícolas y en el desarrollo económico de las zonas rurales.

Brindan asesoría sobre programas para productores mexiquenses

Como parte de las acciones de difusión y acompañamiento, autoridades estatales y federales realizaron una reunión informativa con productores de maíz de la región centro del Estado de México.

Durante el encuentro se resolvieron dudas relacionadas con el programa PROMAÍZ EDOMEX y el Programa Complementario al Precio de Garantía del Maíz del Estado de México (COPREGME) 2026.

En la reunión participaron representantes de la SADER y de Alimentación para el Bienestar, quienes reiteraron su compromiso de trabajar de manera coordinada para fortalecer la producción de maíz y mejorar las condiciones económicas de las familias campesinas en la entidad.

El Gran Rosario fue en 2025 el mayor complejo portuario granario del mundo con 75,7 millones de toneladas embarcadas de granos, harinas y aceites. Ese volumen colocó a la Argentina en el tercer lugar entre los exportadores globales de commodities agrícolas en la campaña 2024/25, solo detrás de Brasil y Estados Unidos.

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el complejo, ubicado en el sur santafesino, representó el 75% de todos los productos agroindustriales despachados desde puertos argentinos. El segundo lugar correspondió a Bahía Blanca, con el 13%. Con una extensión de 70 kilómetros sobre la ribera del río Paraná, entre Timbúes y Arroyo Seco, el Gran Rosario abarca 30 terminales portuarias, de las cuales 18 despachan productos agroindustriales que representan casi uno de cada tres dólares que ingresan al país por exportaciones de bienes.

De esta forma, el año pasado, la Argentina exportó 97,5 millones de toneladas de commodities agrícolas en la campaña 2024/25. Brasil encabezó el ranking con 174,2 millones de toneladas y Estados Unidos ocupó el segundo puesto con 170,6 millones de toneladas, consignó la BCR.

Tal como resalta el informe, solo con los embarques salidos del Gran Rosario durante 2025, el país logró superar en volumen despachado al resto de los exportadores fuera de aquel trío. Por eso la comparación central del relevamiento se concentra en puertos de Argentina, Brasil y Estados Unidos.

El nodo agroexportador santafesino recuperó así el primer puesto mundial después de varios años en los que la menor producción agrícola lo había relegado. En 2023, año de la sequía histórica, había caído incluso al tercer lugar.

Ranking completo

La región del Up-River Paraná totalizó 75.657.255 toneladas de oleaginosas, cereales y subproductos. Detrás quedaron Nueva Orleans, en Estados Unidos, con 74.835.792 toneladas, y Santos, en Brasil, con 59.999.048 toneladas.

Ese podio fue seguido por Belém, en Brasil, con 32.248.371 toneladas; Columbia-Snake, en Estados Unidos, con 31.065.697; y Paranaguá, en Brasil, con 26.875.376 toneladas. Luego aparecieron Irf Sao Luis con 18.675.265, Rio Grande con 17.176.268, Salvador con 12.998.937, Bahía Blanca con 12.991.920, Seattle con 12.304.149 y Sao Francisco do Sul con 9.348.872.

La ventaja de Rosario

La singularidad del Gran Rosario no radica solo en el volumen embarcado. En esa zona los buques remontan el Paraná para cargar en el corazón productivo, en lugar de que los granos recorran el trayecto final hasta puertos marítimos.

La carga llega desde campos ubicados a más de 1000 kilómetros, se procesa en la región y luego se embarca hacia más de 150 países por la Vía Navegable Troncal de la Hidrovía, que desemboca en el Río de la Plata y de allí al océano Atlántico.

La logística argentina de granos y subproductos a granel se organiza en dos grandes áreas portuarias: el sur de la provincia de Buenos Aires, con Necochea/Quequén y Bahía Blanca, y la zona del Gran Rosario, sobre 70 kilómetros de costa del Paraná. En este polo operan terminales que despachan granos, aceites y subproductos a todo el mundo.

Soja, maíz y trigo explicaron el liderazgo del nodo santafesino

En el complejo soja, el Gran Rosario embarcó 40.914.950 toneladas en 2025. Ese desempeño lo ubicó segundo entre los nodos exportadores de ese complejo, por detrás de Santos y por encima de Nueva Orleans.

El aumento estuvo asociado a una buena oferta exportable de soja y al contexto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que impulsó los despachos de poroto durante la segunda mitad del año pasado. A eso se sumaron los embarques habituales de aceite y harina de soja, que incluye al principal producto de exportación de la economía argentina. En el año previo, la región había embarcado 35 millones de toneladas del complejo.

En maíz, el Up-River despachó 22.840.853 toneladas y quedó como el segundo nodo global, solo detrás de Nueva Orleans. El informe de la BCR señala que Ucrania, cuarto exportador mundial del cereal, vendió al exterior menos toneladas que las que salieron desde el Gran Rosario.

En trigo, el sistema Columbia-Snake de Estados Unidos lideró con 11.957.154 toneladas y el Gran Rosario quedó segundo con 8.789.962 toneladas. El relevamiento aclara que en este complejo algunas zonas portuarias de Rusia, Ucrania o Australia podrían haber superado a la región argentina, y que algo similar podría ocurrir con otros cereales y otras oleaginosas.

La primera posición mundial de Rosario surgió de la suma de los principales complejos y de la diversificación de productos exportados. Brasil, con puertos como Santos, Belém y Paranaguá, mostró una participación más fragmentada, mientras que los complejos estadounidenses registraron altos volúmenes en algunos rubros, pero sin superar el total consolidado del nodo argentino.

El instituto explicó que junto con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la Federación Panamericana de Lechería (FEPALE) y el Consorcio Lechero de Chile trabajan con productores, técnicos e instituciones para implementar el proyecto llamado 'Desarrollo de una agenda regional para una lechería sostenible'.

La iniciativa que ya se implementa en Costa Rica, República Dominicana y Uruguay, busca fortalecer al sector lechero de la región, mediante una metodología común que permita evaluar, monitorear y demostrar mejoras continuas en sostenibilidad.

Según detalló el IICA, en cada país se promueve la participación de los actores del sector en mención, que contribuyen en la elaboración de un primer perfil de sostenibilidad basado en la realidad local. Esto permite identificar brechas, reconocer avances y orientar acciones concretas.

"Estamos avanzando en la construcción de una hoja de ruta basada en evidencia, que integra información del sector y el conocimiento de productores y técnicos para orientar decisiones alineadas con criterios internacionales de sostenibilidad", afirmó en un comunicado la especialista del IICA en Costa Rica, Sacha Trelles.

La metodología corresponde al Marco de la Sostenibilidad Lechera, una plataforma global que facilita la alineación de actores del sector y permite medir y reportar avances de manera consistente, basada en criterios comparables entre países.

"Contar con un marco común facilita demostrar los avances del sector y fortalecer el posicionamiento de América Latina y el Caribe en el contexto internacional", dijo el secretario general de FEPALE, Ariel Londinsky.

El IICA afirmó que a través de este enfoque, los tres países no solo fortalecen sus capacidades internas, sino que generan conocimiento que puede ser compartido en el ámbito regional, lo que contribuiría a la construcción de una visión común para el desarrollo sostenible del sector.

Entre los resultados esperados del proyecto destacan la elaboración de reportes técnicos nacionales, el desarrollo de hojas de ruta consensuadas y la visibilidad de los progresos alcanzados para consolidar una base de información y cooperación que facilite un análisis más profundo de la sostenibilidad en la producción lechera.

El sector agroindustrial enfrenta un escenario inédito: Brasil superó a la Argentina en exportaciones de harina de soja durante el primer cuatrimestre de 2026, según datos oficiales de ambos países. El volumen exportado por Brasil alcanzó 7,7 millones de toneladas, mientras que la Argentina despachó 7,5 millones, una diferencia que pone en jaque el histórico liderazgo argentino en este mercado estratégico.

Considerando el promedio 2019-2024, la harina de soja aportó más del 13% de las exportaciones totales del país y concentró más del 50% de los envíos del complejo sojero nacional. En la campaña anterior, los ingresos anuales superaron los USD 10.500 millones, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Este producto llegó a representar más del 17% del comercio exterior argentino en períodos como 2014-2016. Este escenario abre el interrogante sobre si se trata de una coyuntura puntual o de un cambio estructural con consecuencias profundas para la economía.

De acuerdo con el análisis del especialista Javier Preciado Patiño, la brecha entre ambos países se redujo de 21 millones de toneladas hace diez años a 2,5 millones proyectadas para 2026-2027, según registros del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Estados Unidos también intensifica su presencia, con una tasa de crecimiento en la molienda que iguala la de Brasil y supera a la de la Argentina.

La producción local muestra signos de estancamiento. En el sector, fuentes consultadas señalaron que en 2016 se proyectaba alcanzar 65 millones de toneladas de soja producidas en la Argentina, pero el número actual ronda los 50 millones, incluso sumando la importación desde Paraguay como única vía para compensar la caída nacional.

Según datos de la BCR, durante los primeros años de este siglo Europa era el destino por excelencia de la harina y pellets de soja, concentrando en promedio 54% del total exportado en la primera década de 2000. El segundo lugar lo ocupaba el continente asiático, siendo destino del 30% de las exportaciones en el mismo período. Cerraban el total África y América, continentes con participaciones del 10% y 6% respectivamente.

Finalizada la primera década de los 2000, mientras la Argentina seguía creciendo en su producción de soja, -logró en 2016 el máximo nivel exportador de harina de soja-, el volumen exportado de este subproducto a Europa tocó su máximo de casi 2,6 millones de toneladas en la campaña 2013/2014, marcando desde entonces una tendencia descendente hasta ubicarse en 1,4 millones de toneladas en la cosecha 2023/24.

En ese marco, los países de Asia comenzaron a ampliar sus compras y ganar participación en los embarques argentinos de harina de soja. Para el fin de la década del 2010, ya promediaban el 45% de los despachos. Mientras tanto, el Viejo Continente pasaba a concentrar el 35% del total exportado, 19 puntos menos que la década pasada.

De esta forma, la harina de soja argentina se exportó a más 68 países en la campaña 23/24. “Con 193 países miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU), podemos afirmar que la harina de soja argentina nos vinculó comercialmente con más de un tercio del mundo, superando el 35% de los países del planeta”, sostiene la BCR.

La pérdida de competitividad de la harina de soja argentina, comentan en el sector, responde a una variedad de factores. La superficie sembrada se redujo en 3 millones de hectáreas, mientras que las retenciones del 24% para el poroto y del 22,5% para el aceite y la harina dificultaron la viabilidad del cultivo en regiones alejadas de los puertos o con rendimientos bajos. Además, la utilización generalizada de semilla “bolsa blanca” limita la adopción de genética certificada, un avance que en Brasil permitió mejoras sostenidas en la productividad por hectárea.

La competencia de Brasil y Estados Unidos

El estancamiento argentino contrasta con el impulso de Brasil y Estados Unidos, donde las políticas de fomento a los biocombustibles empujan la demanda de crushing y generan excedentes exportables de harina.

Brasil sostiene una estrategia de diversificación de mercados y fortalecimiento de la demanda interna, anticipando una posible baja en las compras de soja por parte de China. “Brasil sabe perfectamente que tiene hoy una gran dependencia de China como comprador de poroto de soja, que la demanda china va a ir cayendo en los próximos años por una cantidad de factores”, explicó Preciado Patiño.

Indonesia, en tanto, se consolida como el principal destino de la harina brasileña, mientras la Argentina pierde posiciones también frente a Estados Unidos, que avanza sobre mercados clave como Vietnam.

Soluciones posibles

La competitividad del complejo sojero local depende de tres factores que, según Preciado Patiño, requieren atención inmediata: la modernización de la logística fluvial a través de la hidrovía, la ampliación del corte de biodiésel al 15% y una ley de semillas que promueva la innovación genética y el acceso a nuevas tecnologías. El especialista advirtió sobre la necesidad de acelerar la reducción de los derechos de exportación para evitar una pérdida mayor de competitividad respecto a los dos principales competidores.

Hay, sin embargo, algunos avances en materia regulatoria para frenar esta tendencia. Por un lado, la semana pasada el Gobierno anunció un esquema paulatino de rebaja de retenciones. Por el otro, en el marco del acuerdo de cooperación económica que la Argentina firmó con Estados Unidos en febrero de este año contempla definiciones clave acerca de la implementación de la Ley de Propiedad intelectual.

Por último, en materia de biocombustibles, la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, confirmó que el Gobierno está dispuesto a iniciar el debate parlamentario sobre el proyecto de ley para aumentar el corte de biocombustibles en los combustibles fósiles y avanzar hacia una mayor apertura del mercado. La propuesta, elaborada por la Secretaría de Energía que encabeza María Tettamanti, fue presentada en la Cámara baja por Bullrich y otros senadores libertarios.

La iniciativa, que surge en un contexto de alza internacional del petróleo por el conflicto en Medio Oriente, propone subir el corte obligatorio de biodiésel del 7,5% al 10% y el de bioetanol del 12% al 15% en el plazo de un año, con la posibilidad de incrementos adicionales a discreción de la Secretaría de Energía. El texto incorpora la habilitación de motores Flex Fuel y crea un sistema electrónico para la comercialización del producto.

La actividad agropecuaria registró una caída mensual del 2,6% en abril, afectada principalmente por las demoras en la cosecha y dificultades logísticas derivadas de las abundantes lluvias, según el último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). A pesar de este descenso puntual, el sector, que proyecta una cosecha récord para este periodo, permanece en valores históricamente elevados, ubicándose 16,5% por encima del nivel alcanzado en abril del año pasado.

El retroceso mensual se explicó por complicaciones climáticas que demoraron las tareas en los campos y dificultaron el traslado de mercadería a los puertos. Según la BCR, ocho de las 12 series relevadas mostraron caídas mensuales, con los mayores descensos en el avance de labores agrícolas y en las exportaciones de los principales complejos agropecuarios. El informe destaca que la cosecha de soja fue la más afectada, con un progreso de apenas 17 puntos porcentuales, el menor avance registrado para abril desde el inicio de la serie.

En el sector ganadero, la faena bovina descendió 1,8%, acumulando nueve meses consecutivos a la baja. También se registraron disminuciones en la faena aviar y porcina, así como en la producción de leche. Las exportaciones agroindustriales retrocedieron 3,4% respecto a marzo, en un escenario marcado por el paro de transportistas y las persistentes lluvias.

El análisis interanual evidencia un desempeño sólido del sector, con una tasa de variación de 16,5% respecto al año anterior. En este caso, 10 de las 12 series que componen el índice se ubicaron por encima del nivel de abril de 2025, con la producción primaria avanzando 22,4% interanual, impulsada por la mayor cosecha de girasol del siglo y una cosecha récord de maíz. Solo la faena de bovinos (11,9%) y aviar (3,2%) presentaron caídas frente al mismo mes del año pasado, mientras que crecieron la faena de porcinos (9,9%), la molienda de cebada (13,6%), la de girasol (27,5%), la de soja (2,9%), la de trigo (0,3%), la producción de biodiesel (17,5%), de bioetanol (4,6%) y de leche (2,4%).

Milei anunció la eliminación progresiva de las retenciones

En paralelo, la semana pasada, en el marco de una campaña que promete resultados históricos, Javier Milei sorprendió al sector con el anuncio de una reducción de las retenciones al trigo y la cebada del 7,5% al 5,5% a partir de junio. La medida, celebrada por los productores, llega en plena definición de siembra y podría aportar mayor previsibilidad al sector.

La BCR estimó el costo fiscal de la medida en USD 29 millones para la campaña en curso, mientras que un informe de la Fundación Mediterránea calcula que la menor recaudación anual en 2027 rondaría entre USD 390 y USD 690 millones.

Desde el sector industrial, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras, sostuvo que la baja de retenciones representa “una clara señal de la decisión del Gobierno de ir cumpliendo con su objetivo de bajar paulatina y progresivamente los derechos de exportación”. Destacó la publicación de un cronograma para la reducción de retenciones y consideró que establece condiciones claras para la comercialización y exportación durante todo 2026, 2027 y 2028.

El contexto de la medida se da en medio de un fuerte encarecimiento de insumos clave para la siembra, como los combustibles y fertilizantes, impulsados por el conflicto armado en Medio Oriente. Según la BCR, la relación urea/trigo alcanzó el valor más alto de la historia.

El efecto inmediato sobre los márgenes agrícolas se refleja en el precio que puede convalidar la demanda: en el caso del trigo, la BCR estimó que la medida elevaría la capacidad teórica de pago entre 2,2% y 2,3%, con una mejora de hasta USD 4,9 por tonelada.

La baja de retenciones se conoció mientras la agroindustria exhibe un gran momento en el frente externo. Según el Consejo Agroindustrial Argentino, entre enero y abril de 2026 las exportaciones agroindustriales sumaron USD 16.804 millones, un 16,2% más que en igual periodo del año pasado, con un ingreso adicional de USD 2.337 millones. En abril, el sector exportó USD 4.542 millones, USD 650 millones más que en el mismo mes de 2025.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, los seis principales cultivos alcanzaron 163,2 millones de toneladas, 21,25% más que en el ciclo anterior, lo que refuerza las expectativas de un año récord para el agro argentino.

En un año que promete ser histórico para el campo, Javier Milei sorprendió al sector agropecuario con un anuncio inesperado. Durante el aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires adelantó que el Gobierno bajaría las retenciones al trigo y la cebada del 7,5% al 5,5% desde junio.

La medida, que fue bien recibida por el sector, llega en plena definición de siembra y podría otorgar mayor previsibilidad a los productores. De cara a la campaña en curso, la medida tendrá un costo fiscal que la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó en USD 29 millones. En tanto, en el cálculo anual, una estimación de la Fundación Mediterránea ubica la menor recaudación de 2027 entre USD 390 y USD 690 millones, equivalente a entre 0,06% y 0,10% del PIB. “El costo luce manejable si se sostiene el orden fiscal y parte se compensa con mayor actividad económica”, resalta el informe.

Ese impacto sobre las cuentas públicas surge de un universo ya acotado de exportaciones pendientes, una de las principales críticas del sector sobre el timing del anuncio. La Dirección de Información y Estudios Económicos de la BCR precisó que en trigo resta vender 5,3 millones de toneladas de las 19 millones estimadas del ciclo y en cebada quedan 500.000 toneladas de la variedad cervecera y 200.000 toneladas de la forrajera. Igualmente, “el anuncio de menores DEX para trigo y cebada ofrece alivio a los márgenes agrícolas, apuntalando decisiones de siembra e inversión de cara a la nueva campaña”, sostuvo la entidad.

El presidente de la Cámara de Aceiteros (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras, valoró la baja de retenciones como “una clara señal de la decisión del Gobierno de ir cumpliendo con su objetivo de bajar paulatina y progresivamente los derechos de exportación”. Destacó la publicación de un cronograma para la reducción de retenciones, un reclamo histórico del sector, y consideró que “disipa cualquier incertidumbre en el mercado de granos, tanto en materia de decisiones de siembra como de comercialización y exportación, porque establece durante todo 2026, 2027 y 2028 las condiciones de los derechos de exportación”, señaló el ejecutivo a Infobae.

Con esos saldos remanentes y tomando los precios FOB promedio de junio a noviembre de este año, el costo fiscal asciende a USD 26,2 millones para el trigo y a USD 3,3 millones para la cebada, de acuerdo con el mismo informe. Si la rebaja impulsara mayores ventas externas y las exportaciones trigueras 2025/26 subieran a 20 millones de toneladas, ese costo se reduciría a USD 12,7 millones para ese cereal.

La decisión oficial llega en un contexto de fuerte encarecimiento de insumos para la siembra de granos. Según la Dirección de Información y Estudios Económicos, la suba de combustibles y fertilizantes tras el conflicto armado en Medio Oriente llevó la relación urea/trigo al valor más alto de la historia.

Gustavo Idígoras valoró la baja de retenciones anunciada por el Gobierno y detallada por el ministro de Economía como “una clara señal de la decisión del Gobierno de ir cumpliendo con su objetivo de ir bajando paulatina y progresivamente los derechos de exportación”. Destacó la publicación de un cronograma para la reducción de retenciones, un reclamo histórico del sector, y consideró que “disipa cualquier incertidumbre en el mercado de granos, tanto en materia de decisiones de siembra como de comercialización y exportación, porque establece durante todo el 2026, 2027 y 2028 las condiciones de los derechos de exportación”. “Celebramos esta medida, esta decisión y seguramente en estos días estaremos intercambiando ideas y opiniones con el Ministerio de Economía para que el decreto esté redactado de tal manera que se pueda entender correctamente por el mercado”, señaló Idígoras.

La rebaja mejora la capacidad de pago y busca sostener la siembra

El efecto más inmediato de la baja de derechos de exportación aparece en el precio que puede convalidar la demanda. Según la BCR, en el caso del trigo la medida elevaría la capacidad teórica de pago entre 2,2% y 2,3% según la posición comercial, con una mejora de entre USD 4,8 y USD 4,9 dólares por tonelada en el FAS teórico.

Ese alivio llega cuando la campaña ya empezó. Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, al 21 de mayo la siembra de trigo avanzaba sobre el 3% del área de intención y la de cebada sobre el 6%; en este último cultivo, casi el 92% de la producción se concentra en la provincia de Buenos Aires.

En trigo, la implantación muestra una distribución más amplia. Según la SAGyP, el norte argentino y la provincia de Entre Ríos encabezaban el avance de labores, con una cobertura promedio del 30% de la superficie a implantar.

La presión de costos había deteriorado la rentabilidad esperada aún en zonas relativamente cercanas a los puertos. A precios actuales, fertilizantes y fletes explicaban juntos el 54% de los costos de producción del trigo para un campo modelo ubicado a 150 kilómetros del puerto de Rosario, según estimaciones de GEA-BCR.

Con esa estructura de costos, el margen neto en campo propio quedaba en USD 94 por hectárea y se convertía en una pérdida de USD 103 por hectárea en campo alquilado, de acuerdo con GEA-BCR. El costo del flete, además, crece a medida que la producción se aleja de los núcleos de consumo.

El Gobierno vinculó la medida con una cosecha récord y anticipó cambios para la soja

Milei también confirmó que desde enero de 2027, y de forma paulatina, las retenciones a la soja bajarán entre 0,25% y 0,5% por mes (actualmente en 24%). “Será de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos”, declaró.

El Presidente agregó que también bajarán retenciones para la industria automotriz, la petroquímica y maquinarias. Desde el sector hubo una recepción favorable, en un escenario en el que las entidades vienen reclamando la eliminación total de esos tributos.

En la industria sostienen que un esquema de retenciones en descenso, incentivaría a los productores a postergar la venta de soja a la espera de alícuotas sucesivamente menores. Ese comportamiento podría impactar el ritmo de liquidación y el flujo de divisas por las ventas externas del principal complejo exportador del país. Un efecto opuesto al registrado en septiembre de 2025, cuando el cupo de USD 7.000 millones con retenciones cero que dispuesto el Gobierno se agotó en solo tres días por la aceleración de ventas ante una ventana fiscal temporal, en un contexto de alta demanda de dólares previo a las elecciones legislativas.

El trasfondo fiscal ayuda a explicar por qué el Gobierno había frenado medidas de mayor costo en los últimos meses, pese a los repetidos pedidos del campo. En los últimos meses, la recaudación cayó con fuerza en términos reales y la administración mantiene como prioridad el déficit cero y la desaceleración de la inflación.

Las exportaciones agroindustriales crecieron 16,2% en el primer cuatrimestre

La baja de retenciones se conoció mientras la agroindustria exhibe una mejora en el frente externo. Según el informe mensual de exportaciones por complejos presentado por el Consejo Agroindustrial Argentino, entre enero y abril de 2026 las exportaciones agroindustriales alcanzaron USD 16.804 millones, un alza de 16,2% frente al mismo período de 2025.

Ese incremento equivale a un ingreso adicional de USD 2.337 millones para el país en lo que va del año, según el CAA. Solo en abril de 2026, el sector registró despachos por USD 4.542 millones, USD 650 millones más que en abril del año anterior.

El mismo informe ubicó a los complejos de girasol, trigo y carne más cuero vacuno entre los de mayor aporte al crecimiento neto de divisas. En términos de dinamismo relativo, los mayores avances porcentuales correspondieron a porcino, girasol y legumbres, mientras que soja, manisero y avícola mostraron variaciones negativas o menor impulso.

En paralelo, el Gobierno vinculó su anuncio con el buen desempeño productivo de la campaña agrícola 2025/2026. De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca difundidos por el ministro de Economía Luis Caputo en su cuenta de X, los seis principales cultivos sumaron 163,2 millones de toneladas, 21,25% más que en el ciclo anterior.

Según esos datos oficiales, la soja produjo 49,9 millones de toneladas con un rendimiento promedio de 30,6 quintales por hectárea, mientras que el maíz alcanzó 70 millones de toneladas, el mayor volumen en dos décadas, con 72 quintales por hectárea. El trigo aportó 27,9 millones de toneladas, máximo histórico de la serie estadística nacional; la cebada sumó 5,6 millones, el girasol 7,4 millones y el sorgo 2,4 millones de toneladas.

El Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizará el 11° Encuentro con la Tierra el próximo domingo 24 de mayo, una jornada dedicada a la divulgación científica, la cultura y la reflexión sobre el cuidado del suelo y el futuro ambiental.

Bajo el lema “Cuidar el suelo y cultivar el futuro”, el evento busca resaltar la labor de las mujeres en el campo y la importancia de preservar los recursos del planeta. Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público, con sedes principales en el Museo de Geología, el quiosco Morisco y la Alameda de Santa María la Ribera.

Ricardo Barragán Manzo, director del Instituto de Geología, explicó que esta efeméride impulsada por la UNESCO subraya el papel de las mujeres en los sistemas agroalimentarios y la relevancia de su aporte para el desarrollo sostenible.

“Generaremos conciencia a través de divulgar la importancia de cuidarlo porque hay estadísticas alarmantes acerca de su degradación”, señaló, destacando la colaboración con la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM y la alcaldía donde se ubica el museo.

El programa, que cada año reúne a miles de asistentes de todas las edades, ofrece talleres, conferencias y actividades culturales para fortalecer el vínculo entre la sociedad y la comunidad científica, promover el pensamiento crítico y la conciencia ambiental.

Programación: conferencias, música y actividades para todos

Las actividades darán inicio a las 10:00 horas con la inauguración y la presentación musical de la Escuela de Mariachi Ollin Yoliztli Garibaldi frente al Museo de Geología.

A lo largo del día, los asistentes podrán disfrutar de diversas conferencias y charlas, entre las que destacan la participación de Miguel Alcubierre, del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, con la charla “Más rápido que la luz”, y la presentación del fotógrafo Sergio Tapiro con “Tierra de volcanes”.

El evento ofrecerá conversatorios sobre temas como el papel del suelo en la vida urbana, la cadena alimentaria y la agricultura del futuro, con la intervención de destacadas investigadoras e investigadores.

El componente cultural será clave, con la participación del grupo coral “Voces de la Tierra”, la Big Band Jazz Kids, el grupo de rock “El sótano de Hortensia”, la orquesta de salsa “Xolo Orquesta”, y la compañía de danza folclórica Tochtli. Los asistentes también podrán disfrutar de música folclórica con Son de Roca y propuestas escénicas como Los Monómanos (títeres).

El programa contempla talleres y actividades para toda la familia, con espacios para la reflexión sobre el cambio climático, la gestión del agua, la formación de volcanes y los saberes indígenas sobre el suelo y la agricultura. La jornada concluirá alrededor de las 19:45 horas, después de la clausura oficial del evento.

El 11° Encuentro con la Tierra es una oportunidad para acercarse a la ciencia, la cultura y la defensa ambiental, en uno de los recintos más emblemáticos de la UNAM y la Ciudad de México. Para asistir, solo es necesario acudir al Museo de Geología y la Alameda de Santa María la Ribera desde las 10:00 de la mañana y sumarse a las actividades que estarán disponibles para todo público, sin costo alguno.

Consulta horarios y el programa completo en este link: encuentrotierra.geologia.unam.mx/

La Argentina y Uruguay agotaron el cupo de 6.667 toneladas de arroz asignado al Mercosur para exportar a la Unión Europea en 2026. Argentina abarcó casi el 40% del beneficio arancelario, mientras que Uruguay tomó el 63%. Además, el país ya había agotado los cupos asignados para la miel y los huevos.

La confirmación llegó este martes desde el Departamento de Operaciones de Comercio Exterior del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva informó que "ya no se aceptarán nuevas solicitudes de licencias de exportación con preferencia arancelaria porque el contingente quedó agotado antes de lo previsto".

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado celebró el agotamiento del cupo de arroz con un mensaje que publicó en X. “¿También nos llevamos la cuota del arroz? ¿Las exportaciones industriales suben 40%? Argentina sólidamente en un proceso de crecimiento liderado por las exportaciones. Bienvenidos a una nueva Argentina. Gracias presidente Javier Milei por mostrar que la libertad es el camino. VLLC!”, escribió en la red social.

Por su parte, el presidente uruguayo Yamandú Orsi destacó que su país se quedó con el 63% del total de la cuota anual de arroz con preferencias arancelarias asignada por Europa: “Hoy podemos gritar un gol”, publicó el primer mandatario en su cuenta de X.

La noticia, no obstante, generó malestar en sectores productivos de Brasil, que observan una mayor presencia argentina en segmentos agroindustriales del mercado europeo. En el país vecino aluden este avance a una combinación de competitividad, apertura comercial y cumplimiento sanitario.

Ese dato aparece pocos días después de otro revés para Brasil en su vínculo comercial con Europa. La Unión Europea excluyó recientemente a Brasil de las exportaciones de carne y productos animales hacia el bloque por incumplimientos ligados al uso de antibióticos y a fallas en los controles sanitarios, mientras que la Argentina fue autorizada por ajustarse a los estándares exigidos.

El arroz se suma a la miel y los huevos

La Argentina ya agotó también la cuota para exportar huevos al bloque europeo, a solo 15 días de la entrada en vigencia del acuerdo. El ministro de Economía Luis Caputo informó en X que las ventas a la Unión Europea alcanzaron las 333 toneladas y que se trató de huevos provenientes de granjas de Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires, procesados antes de su distribución en Europa.

Antes de eso, una empresa entrerriana había consumido en pocas horas la cuota libre de arancel para miel asignada al Mercosur para 2026. Según contó Federico Sturzenegger, el primer envío salió el 3 de mayo desde Concordia hacia Alemania con 20.986 kilogramos, adquiridos por la importadora alemana Langnese Honig GmbH & Co. Hasta la entrada en vigor del acuerdo la miel argentina pagaba un arancel de 17,3 por ciento.

Un acuerdo de 780 millones de personas

La relación comercial con Europa explica la relevancia de estos cupos. De acuerdo con el INDEC, en 2025 las exportaciones argentinas a la Unión Europea sumaron USD 8.486 millones y las importaciones llegaron a USD 10.478 millones, con una participación de 9,7% en las ventas externas y de 13,8% en las compras.

Según un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en el primer trimestre de 2026 la participación de la Unión Europea en las exportaciones argentinas fue de 9,3%, un mínimo en décadas que podría comenzar a revertirse con la entrada en vigor del acuerdo. El texto fuente añade que el comercio con el bloque representó menos del 10% de las exportaciones en 2025, lejos del casi 32% registrado en 1991.

El acuerdo consolidó un área de libre comercio entre 31 países, 27 de la Unión Europea y cuatro del Mercosur, con 780 millones de personas y el 20% del PBI global. También señala que el 99% de las exportaciones del Mercosur ingresa al esquema con beneficios: el 74% ya quedó libre de aranceles desde el 1 de mayo, el 18% los reducirá de manera progresiva en 10 años, el 7,8% entra con preferencias fijas o cuotas y solo el 0,3% queda fuera.

Entre los bienes exportados figuran harina de soja, biodiésel, minerales de plata, carne bovina y maní, según el texto fuente. Los principales destinos son Países Bajos, Alemania, España, Italia e Irlanda, aunque el primer lugar neerlandés se explica por el peso del Puerto de Rotterdam como puerta de entrada para mercadería que luego sigue hacia otros mercados europeos.

Productores rurales del municipio de Baradero avanzan en una demanda judicial contra la administración local por haber utilizado más de $1.500 millones recaudados por la tasa vial para fines ajenos al mantenimiento de la red de caminos rurales. También reclaman que la justicia obligue a destinar esos fondos específicamente al sistema vial, en un momento en el que la necesidad de infraestructura se volvió uno de los problemas más críticos del interior productivo.

La denuncia, presentada por la Sociedad Rural de Baradero, expone la controversia en torno a la tasa vial y reflota la tensión entre los municipios y los productores rurales respecto a la legitimidad del cobro y el destino de los recursos. El vicepresidente de la Sociedad Rural de Baradero, Pablo Roller, dijo al medio especializado Bichos de Campo que la red vial funciona como un “servicio público esencial”, sin el cual la movilidad, el acceso a la educación y la seguridad de los habitantes rurales se encuentra comprometida.

También señalaron que, en siete años, menos de 200 kilómetros de los 600 que conforman la red vial rural del distrito recibieron tareas de mantenimiento o reparación

En la presentación judicial, Roller detalló que fue a partir del acceso a información oficial, logrado tras un amparo iniciado en junio de 2025, que pudieron constatar el desvío de fondos. De acuerdo con el análisis de la entidad, en los últimos tres años y medio solo se utilizó hasta 40% de lo recaudado en red vial para el destino original.

Roller aseguró que, en experiencias anteriores, el 25% de la recaudación del tributo había permitido no solo mantener sino mejorar la infraestructura vial mediante cambio de alcantarillas y obras de alteo. En este sentido, señaló que el problema excede lo productivo y afecta la vida cotidiana: “Los chicos no pueden ir al colegio, si tenés un problema de salud no podés salir del campo y si tenés un problema serio de seguridad tampoco puede llegar la policía”.

Un fallo judicial emitido en abril por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás había ordenado al municipio de Baradero, que actualmente lidera Esteban Sanzio, a informar sobre el destino de los fondos vinculados a la tasa vial, cuya recaudación anual asciende a $1.000 millones, según lo establecido en el expediente. Además, tal como consta en el fallo de los jueces Damián Cebey y Marcelo Schreginger, el municipio había negado información solicitada inicialmente por la Sociedad Rural, lo que obligó a los productores a recurrir a la vía judicial.

El reclamo se sitúa en el centro de una problemática estructural. Baradero cuenta con una red vial rural de 600 kilómetros, de los cuales “en los últimos siete años, no se han reparado ni mantenido siquiera 200 kilómetros”, aseguró Pablo Roller en declaraciones a Bichos de Campo. El dirigente resaltó que, además de la tasa vial, el municipio recibe aportes de la provincia de Buenos Aires por el impuesto inmobiliario rural, lo que incrementa el malestar ante la evidencia de la falta de inversión en infraestructura.

El antecedente clave

El caso de Baradero no es aislado. Diversos municipios de la provincia de Buenos Aires enfrentan reclamos similares impulsados por productores agropecuarios, quienes exigen transparencia en el uso y asignación de los recursos provenientes de la tasa vial a través de mecanismos judiciales de acceso a la información pública. En localidades como Azul, General Alvarado, Necochea y Henderson también se presentaron pedidos de información y la justicia concedió fallos a favor de los productores para garantizar su derecho a conocer el destino de los fondos recaudados.

De hecho, recientemente, el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen sentó un precedente significativo: ordenó que el municipio de Daireaux devuelva a los productores rurales las sumas percibidas por la tasa vial al comprobarse deficiencias graves en el mantenimiento de caminos y la reasignación de recursos hacia gastos ajenos al sistema vial. La sentencia, derivada de una demanda de cuatro productores y empresas del partido bonaerense, declaró nula la aplicación de la tasa para algunos contribuyentes y ordenó la devolución de lo abonado, mientras que en otros casos dispuso descuentos proporcionales.

El informe de ingeniería precisó que solo el 4% de la red vial de Daireaux se encontraba en estado “muy bueno”, a pesar de que el municipio disponía de recursos para que el 70% cumpliera condiciones óptimas. Además, se determinó que, en 2022, el 22,95% de la obligación fiscal por tasa vial fue desviado a otros fines, proporción que para 2023 se incrementó hasta 27,88%. La contabilidad confirmó que gran parte de la recaudación del tributo se destinó a rentas generales y no a obras de mantenimiento, lo que vulnera el principio de afectación específica.

En medio de la crisis que enfrenta el campo michoacano por el aumento de costos, la inseguridad y la caída en la rentabilidad agrícola, el Gobierno de México anunció la condonación y reestructuración de deudas para miles de productores del estado mediante el programa “Volver a Crecer”.

La estrategia, impulsada por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) como liquidador de la Financiera Nacional para el Desarrollo (FND), beneficiará a 2 mil 800 personas en Michoacán, entre ellas 860 mujeres productoras y mil 940 pequeños productores que obtendrán la liberación total de sus adeudos.

El anuncio fue presentado por la directora general del INDEP, Mónica Fernández Balboa, durante una conferencia encabezada por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

La funcionaria señaló que el objetivo es brindar una nueva oportunidad a productores que quedaron atrapados en créditos considerados impagables y que perdieron capacidad productiva debido a las dificultades económicas del sector.

Crisis del campo en Michoacán presiona a productores de maíz, limón y aguacate

La medida federal llega en un contexto de creciente inconformidad entre agricultores y ganaderos de Michoacán, uno de los principales estados agrícolas del país y líder nacional en la producción de aguacate, zarzamora, limón y fresa.

En los últimos meses, productores han denunciado una combinación de factores que ha golpeado severamente al campo: incremento en el precio de fertilizantes y combustibles, bajos precios de compra para cultivos como maíz y limón, problemas climáticos y extorsiones ligadas al crimen organizado.

Hace apenas unas semanas, integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo advirtieron sobre posibles bloqueos carreteros en autopistas del occidente del país debido a la falta de apoyos suficientes y a la inseguridad en carreteras.

Los agricultores señalaron que los costos de producción continúan superando las ganancias obtenidas por las cosechas, situación que ha generado pérdidas económicas y protestas constantes.

Además, algunas huertas de aguacate enfrentan restricciones para exportar a Estados Unidos debido a observaciones ambientales relacionadas con deforestación y cambio de uso de suelo.

Mujeres productoras y pequeños agricultores recibirán apoyo financiero

El programa “Volver a Crecer” contempla dos esquemas de apoyo para productores del estado.

El primero consiste en la cancelación total de adeudos y la entrega de beneficios como:

• Carta de finiquito de crédito.
• Cancelación de acciones legales.
• Liberación de garantías.
• Actualización positiva en buró de crédito.
• Posibilidad de acceder nuevamente a financiamiento.

A la par, se implementará un segundo esquema de reestructuración financiera dirigido a productores con deudas más elevadas.

En este apartado se beneficiará a 250 mujeres productoras y mil 592 pequeños productores con adeudos que van desde los 248 mil hasta los 10 millones de pesos.

El esquema contempla un descuento del 30 por ciento del monto total y la reestructuración del 70 por ciento restante en pagos de 12, 24 o 36 meses.

Fernández Balboa aseguró que el programa busca recuperar la estabilidad económica de quienes perdieron capacidad productiva tras años de dificultades financieras.

Municipios agrícolas concentran la mayor cantidad de beneficiarios

El gobierno federal informó que el programa tendrá presencia en 86 de los 113 municipios de Michoacán.

Entre las regiones con mayor número de beneficiarios destacan:

• Los Reyes, con 321 beneficiarios.
• Zitácuaro, con 321 beneficiarios.
• Tuzantla, con 255 beneficiarios.
• José Sixto Verduzco, con 170 beneficiarios.
• Arteaga, con 167 beneficiarios.

Estas zonas forman parte de regiones agrícolas estratégicas para el estado, principalmente en la producción de aguacate, berries, cítricos y granos.

Municipios como Uruapan, Tancítaro, Zamora y Apatzingán concentran gran parte de la actividad agroexportadora de Michoacán, considerada clave para la economía estatal y nacional.

Gobierno de Claudia Sheinbaum busca aliviar presión social en el campo

Durante la presentación del programa, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla calificó la estrategia como “un acto de justicia social” para productores que durante años solicitaron apoyo ante la imposibilidad de liquidar sus créditos.

El mandatario invitó a los interesados a acudir a las oficinas habilitadas en Morelia, Lázaro Cárdenas y Zamora para recibir información personalizada y comenzar sus trámites.

La implementación del programa ocurre después de meses de movilizaciones agrícolas en distintos estados del país, donde organizaciones campesinas han exigido mejores precios de garantía, subsidios y mayores apoyos para enfrentar la crisis del sector agropecuario.

El gobierno de Santa Fe, junto a la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) anunció la creación de un fideicomiso para financiar el mantenimiento y la mejora de las rutas agrícolas que conectan con los principales puertos del Gran Rosario, por donde circula la mayor parte de las exportaciones agroindustriales argentinas.

Este mecanismo, diseñado en colaboración con los intendentes de ciudades portuarias, busca transferir el costo del desgaste vial a quienes generan esa presión logística: productores, acopiadores y exportadores.

De concretarse, la medida implicará un nuevo peaje variable por tonelada transportada, lo que elevaría el costo del transporte en aproximadamente USD 1,5 por camión. Dado que todos los recursos se destinarán exclusivamente a obras viales, los municipios ya no tendrían la potestad de cobrar tasas propias. El anuncio, que recibió tanto halagos como detractores, surge en el contexto de una actividad agroexportadora récord y una proyección de ingreso de divisas históricas para el sector.

Luego de varios días de lluvia que complicaron la actividad del sector, el corredor agroindustrial del Gran Rosario está recibiendo alrededor de 6.000 camiones diarios repletos de granos para su posterior exportación. En el inicio de la campaña gruesa, el estado de las rutas fue el principal punto de debate del campo, ya que los caminos de tierra y la infraestructura existente no alcanza para garantizar una entrega eficiente de los granos.

Las estimaciones para la campaña 2025/26 apuntan a una cosecha de 158 millones de toneladas, un 14% más que en el ciclo anterior, según proyectó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Con estos números, la entidad espera que la liquidación de divisas del agro alcance en 2026 los USD 35.375 millones. Se trata de una previsión que supera en alrededor de USD 850 millones la estimación anterior de la entidad, que había sido de USD 34.530 millones, y anticipa un flujo de dólares sostenido para el año agrícola.

La BCR también estima que entre abril y diciembre de 2026 ingresarían USD 29.600 millones por exportaciones agroindustriales. El peso de esta dinámica se evidencia especialmente en periodo de cosecha, cuando entran alrededor de dos millones de camiones a los puertos santafesinos, un factor que incrementa de forma sustancial el deterioro de rutas y accesos, y exige un mantenimiento de alta intensidad que excede al de la red vial convencional.

Estos datos permiten entender la magnitud de la iniciativa: la infraestructura vial se encuentra ante una exigencia inédita, motivada por campañas agrícolas con rendimientos excepcionales y una demanda global que, según destaca la BCR, puede favorecer a la Argentina al hallarse lejos de los principales focos de conflicto internacional.

Un nuevo modelo de financiamiento y las tensiones en el sector agropecuario

El esquema en desarrollo no plantea un sistema de peaje tradicional, sino una tarifa variable calculada de acuerdo al peso transportado por cada camión. Esto busca reconocer que el tránsito de carga pesada genera un daño extraordinario sobre la infraestructura, que requiere inversiones constantes para su reparación y mejora. Hasta ahora, cada municipio portuario aplicaba una tasa vial propia para financiar los servicios de mantenimiento. Para muchos intendentes, esos ingresos superaban lo recibido por coparticipación. La nueva propuesta unifica el criterio de cobro en toda la región, elimina la dispersión normativa y centraliza todo lo recaudado en el fideicomiso, que se destinará únicamente a obras.

Fuentes oficiales aclararon que el sector privado va a administrar el fideicomiso que va realizar las obras en los accesos a los puertos. “El gobierno provincial no cobra ni administra los recursos. El fideicomiso estará integrado por productores, cerealeras, transportistas, municipios y provincia”, explicaron.

La medida, cuya existencia fue confirmada pero aún no fue formalmente firmada, generó fuertes críticas entre los productores. En un comunicado, la Sociedad Rural Argentina (SRA) reconoció la relevancia estratégica de contar con una infraestructura eficiente y sostenible, especialmente en nodos clave para la exportación agroindustrial.

La Sociedad Rural enfatizó la importancia de que los productores participen activamente en el diseño y la toma de decisiones sobre políticas que afectan a su actividad, y advirtió: “La implementación de una nueva tasa sobre el transporte de cargas implicaría, en los hechos, un aumento adicional de los costos logísticos que recaerá directa o indirectamente sobre los productores agropecuarios, en un contexto ya marcado por una elevada presión impositiva”.

El comunicado añadió que el financiamiento de la infraestructura productiva debe formar parte de una estrategia integral, donde los Estados nacional y provincial asuman su responsabilidad en la provisión de bienes públicos esenciales.

El sector viene de una interna cruda. Por el conflicto en Medio Oriente, un grupo de transportistas autoconvocados realizó bloqueos en los puertos de Neuquén y Bahía Blanca en reclamo de un aumento tarifario ante la escalada de costos operativos, especialmente del combustible. Una de las posturas más replicadas por productores y acopiadores era que el monto que reciben por la venta de granos no llega a recuperar el aumento en los costos operativos que le demanda su propia actividad.

En tanto, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas confirmó a Infobae que apoya la medida.

El plan del gobierno de Santa Fe establece que la totalidad de los fondos vinculados a la tasa se dirija exclusiva y directamente al fideicomiso vial y a la ejecución de obras de acondicionamiento y mantenimiento en los accesos a los puertos. De este modo, busca resolver el histórico déficit de la infraestructura y garantizar la competitividad frente al aumento sostenido del tránsito logístico.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el artículo 80, tercer párrafo, de la Ley Agraria, al excluir a personas en concubinato del derecho preferente de adquisición —conocido como derecho de tanto— sobre tierras ejidales.

Con esta decisión, la Corte otorgó un amparo a una mujer que demostró más de 50 años de vida en común con el propietario de la tierra y ordenó al tribunal agrario reconocer el derecho de tanto en su favor, según informó la SCJN este 30 de abril tras la resolución del Amparo Directo en Revisión 6598/2025.

El máximo tribunal estableció que el concubinato, al igual que el matrimonio, debe ser considerado una forma de familia protegida en materia agraria, bajo los principios de igualdad y no discriminación.

De acuerdo con la SCJN, hasta ahora solo la cónyuge y los hijos e hijas tenían acceso a este derecho en la venta de parcelas ejidales, dejando fuera a las concubinas o concubinos, pese a acreditar convivencia duradera.

El caso que motivó el fallo comenzó cuando la hija y la concubina del vendedor de una parcela impugnaron su venta, alegando no haber sido notificadas de su derecho preferente. El tribunal determinó que la hija sí recibió notificación y fue excluida legalmente la concubina. La Corte exige ahora que tanto cónyuges como concubinos accedan bajo iguales condiciones al derecho de tanto.

Pobladores del Lago de Texcoco podrían acceder a apoyos sociales luego de que la zona fuera declarada como Área Natural Protegida

El Pleno de la SCJN validó que el Lago de Texcoco permaneciera como Área Natural Protegida. Con esta resolución, la Corte también ordenó analizar la entrega de apoyos económicos, como estímulos fiscales y compensaciones, a los habitantes que resulten afectados por las restricciones impuestas.

Dicho fallo responde al Amparo en Revisión 530/2025, tras el análisis de las consecuencias de limitar actividades productivas en la zona para preservar los ecosistemas.

La sentencia de la SCJN obliga a las autoridades a emitir un pronunciamiento explícito sobre los mecanismos de compensación previstos en el artículo 45 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De acuerdo con lo establecido, estas medidas buscan equilibrar la protección ambiental y los derechos económicos de las personas propietarias o usuarias de la tierra, cuyas actividades podrían verse restringidas a partir del decreto federal.

Suprema Corte falla en contra del IMSS y establece que en casos contra el estado el afectado debe comprobar la relación del gobierno con el daño

El pleno de la SCJN validó el pasado 29 de abril los artículos 18 y 22 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Estos preceptos obligan a quienes reclaman daños atribuibles a la administración pública a presentar primero su demanda ante la autoridad señalada como responsable, en este caso el IMSS, antes de acudir a otras instancias.

La Corte resolvió así los Amparos en Revisión 15 y 75 de 2026, ambos relacionados con solicitudes de indemnización por daño derivado de atención médica en hospitales del IMSS.

Según el pleno, corresponde a la persona afectada probar tanto la existencia del daño como su relación directa con la actividad administrativa estatal. Por su parte, el Estado debe demostrar que actuó conforme a derecho o que la afectación se debió a causas externas.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) atraviesa una crisis institucional sin precedentes tras la denuncia pública de un fracaso tecnológico que implicó un costo superior a USD 3 millones y profundizó la disputa por la conducción de la entidad. El conflicto se desató cuando salieron a la luz graves fallas en la digitalización de los registros genealógicos de razas animales, lo que derivó en acusaciones cruzadas entre el presidente Nicolás Pino y el vicepresidente Marcos Pereda, justo cuando se acercan las elecciones internas previstas para el 9 de septiembre.

La tensión creció en los últimos días, luego de que la SRA, tras la ruptura pública entre sus principales autoridades, ordenara una auditoría externa para determinar el alcance de las irregularidades. La conducción encabezada por Pino acusa a la empresa Mobile Computing SA, responsable del sistema, de negarse a someterse a la revisión, mientras que parte del equipo técnico designado por Gustavo Papini (ex director general del Correo Argentino y asesor de Pereda) renunció durante el proceso. Actualmente, la entidad está en una instancia de mediación judicial.

Según la documentación presentada por la dirección actual, el proyecto de modernización tecnológica debía extenderse por nueve meses a partir de junio de 2023, pero se prolongó durante dos años debido a demoras y renegociaciones, con un costo final que superó los USD 3 millones.

En un comunicado al que accedió Infobae, la SRA admite: “Lamentablemente, en forma inmediata, se detectan numerosos errores y fallas de funcionamiento, desarrollos no realizados, entregas parciales y limitaciones no informadas que impidieron la utilización normal del sistema”. La situación se agravó cuando, a mediados de 2024, Mobile Computing SA fue transferida a Grid Dynamics, lo que sumó incertidumbre técnica. Además, la auditoría interna advirtió que el área liderada por Papini y Pereda no atendió advertencias legales del Estudio Cassagne, asesor de la entidad. Desde el bando de Pereda alegan que el ejecutivo no influyó en la decisión ni en la elección del proveedor.

En este contexto, este lunes un grupo de cabañeros de la SRA pidió formalmente a Pino la realización de una auditoría forense específica por el desmanejo de los registros, evidenciando un fuerte malestar hacia el presidente por la falta de respuestas y controles.

Desde la oposición, Pereda sostiene que “hubo mala administración y falta de controles”, y reclama acceso total a la documentación y comunicaciones internas, además de exigir una auditoría forense independiente. Su espacio, Renovación con Unidad, también denuncia que la gestión de Pino utilizó recursos institucionales con fines políticos y en operaciones de desprestigio en medio de la campaña electoral.

La interna se profundizó con la oficialización de la candidatura presidencial de Pereda, quien había compartido la conducción con Pino desde 2021 y ahora denuncia el colapso del sistema digital que originalmente ambos promovieron. En marzo, en Expoagro, Pereda lanzó su propio espacio junto a Santos Zuberbühler, referente de otro sector interno que exige renovación en la SRA. Según pudo saber Infobae, Pereda lleva tiempo apartado de las decisiones de la Comisión Directiva por el cierre de los espacios de discusión, lo que alimentó la interna y la ruptura definitiva hace casi dos años.

Pereda Born, descendiente de la familia Bunge y Born y presidente del Grupo Bermejo, se posiciona como referente de un sector más combativo y crítico ante el Gobierno nacional. Pino, con más de tres décadas de militancia en la SRA, representa la defensa de la estabilidad institucional y el diálogo con la administración de Javier Milei.

El quiebre de la alianza Pino-Pereda

El trasfondo de la disputa está en el quiebre de la alianza que los llevó al liderazgo en 2021, tras iniciativas de modernización como el traslado de la sede histórica y la introducción del voto electrónico. Las diferencias se ampliaron en la segunda mitad del mandato, también debido a las políticas del presidente Javier Milei. Mientras Pino apostó por una relación dialogante con el Ejecutivo, Pereda expresó las críticas de sectores opuestos a las retenciones sobre las exportaciones agropecuarias.

Surge además la controversia sobre los límites a la reelección. Un grupo de 120 socios objetó la posible reelección de Pino para un cuarto mandato, invocando la reforma estatutaria impulsada por él mismo en marzo de 2023, que fijó el tope en tres mandatos consecutivos.

Sin embargo, según la conducción actual, este límite solo aplica a partir de la aprobación formal ante la Inspección General de Justicia, el 20 de julio de 2023. Bajo este criterio, el período 2024-2026 sería el primer mandato de Pino bajo la nueva norma. En una carta, los socios críticos advirtieron que autorizar una nueva postulación implicaría un “retroceso institucional y una contradicción ética” y que “las reglas pierden toda legitimidad cuando quienes las impulsan deciden no cumplirlas”.

En paralelo, la SRA reafirma su rol como principal organización de grandes productores rurales y terratenientes de Argentina, con 3.900 socios y una historia institucional ligada a apellidos como Martínez de Hoz, Anchorena, Miguens, Blaquier, Frers y Etchevehere. Fundada en 1866, la entidad pertenece al Grupo de los Seis, que nuclea a los actores económicos más poderosos del país: bancos nacionales (Adeba), la industria (UIA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara de la Construcción (Camarco) y la Cámara Argentina del Comercio (CAC).

La situación electoral mantiene la expectativa. Aunque Pereda ya formalizó su candidatura a la presidencia, Pino sostiene en redes sociales que aún evalúa su postulación, postergando el anuncio definitivo. Estas definiciones marcarán el escenario competitivo de septiembre y determinarán el futuro institucional de la Sociedad Rural Argentina para sus socios y el sector agroindustrial.

El dinamismo de la demanda internacional y la reconfiguración de los mercados por la guerra en Medio Oriente impulsaron a niveles históricos las exportaciones de granos argentinos en el primer cuatrimestre de 2026. Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el país alcanzaría un envío récord de 40 millones de toneladas, un incremento del 11% frente a la marca previa.

El crecimiento del volumen exportado responde a la confluencia de factores climáticos adversos en otras regiones productoras y a la demanda europea, acentuada por las disrupciones comerciales provocadas por el conflicto bélico que incluye a EEUU, Irán e Israel. El campo argentino logró ocupar así una posición estratégica que le permite capitalizar la ventana internacional abierta por la falta de oferta en Ucrania, la Unión Europea y Turquía.

Cabe resaltar que la Unión Europea representa el mercado más exigente del mercado global. El bloque impone barreras fitosanitarias y estándares de calidad que actúan como un estricto filtro de ingreso, especialmente tras la implementación del “Pacto Verde” que exige trazabilidad total y certificaciones de baja huella de carbono.

Maíz y girasol, dueños del récord exportador

El protagonismo de la campaña 2025/26 corresponde al maíz, cuyas exportaciones marcan un récord por segundo mes consecutivo. Entre marzo y abril, los embarques programados superarán los 10,3 millones de toneladas, un 54% más que el mismo período del año anterior y 3,7 millones por encima del promedio de los últimos cinco años, precisó la BCR. Esta tendencia posiciona a la Argentina como uno de los principales proveedores mundiales, incluso antes de la plena incorporación al mercado global de la “safrinha” brasileña.

El impacto concreto en la balanza comercial se refleja en la proyección de liquidación de divisas que, según la BCR, podría alcanzar los USD 35.375 millones en 2026, lo que equivale a un aumento de USD 850 millones respecto al cálculo previo. Solo entre abril y diciembre, se anticipan ingresos por USD 29.600 millones derivados de las exportaciones agroindustriales. Esta proyección muestra un aporte clave del sector agrícola al flujo de dólares, con el tipo de cambio mayorista en torno a los $1.400 en el último mes.

La performance del girasol sobresale dentro del panorama. El ciclo 2025/26 alcanza una cosecha récord estimada en 7,3 millones de toneladas, un 30,4% superior a la anterior, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP). Ya cosecharon 6,98 millones y, solo en el primer cuatrimestre, las exportaciones de semilla en bruto se acercan al millón de toneladas, una modalidad poco habitual frente a los tradicionales subproductos industriales.

La Comisión Europea informó, además, que la Argentina suministró el 30,6% de las importaciones de semilla de girasol de la Unión Europea, en contraste con apenas un 1% en 2025, y el 54% de la harina de girasol, más del doble respecto al año anterior.

Los principales destinos son Bulgaria y Rumania. Bulgaria, afectada por alteraciones climáticas, debió importar hasta 400.000 toneladas de semilla argentina para suplir la escasez local. Rumania, sin urgencias de abastecimiento, optó por 100.000 toneladas para aprovechar la relación costo-beneficio del girasol argentino ante precios récord del aceite en Europa, señaló la BCR.

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), las semillas argentinas concentran el 13% de la producción global, el mayor porcentaje en cinco años. Además, el precio FOB (en origen) promedio del aceite de girasol alcanzó USD 1.300 por tonelada entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, frente a los USD 1.100 en el periodo anterior.

Perspectivas para el agro argentino

En el mercado interno, la comercialización de maíz avanza sobre 23,7 millones de toneladas —el 35 % de la cosecha prevista— y la superficie sembrada fue elevada a 11,2 millones de hectáreas por la SAGyP, con una producción total de 67,6 millones. El precio, en torno a $260.000 por tonelada, refleja la presión de la cosecha y una reciente recuperación tras registrar mínimos en marzo. En el plano internacional, la oferta secundaria se contrae: Estados Unidos ya comprometió el 87% de su programa exportador y Ucrania opera por debajo de su potencial, mientras el FOB argentino subió más de USD 15 por tonelada desde inicios del año, aseguró la BCR en su análisis sectorial.

En este contexto, las perspectivas de mayores ingresos y desafíos futuros también aparecen en el horizonte. La BCR proyectó que si el gobierno eliminara las retenciones a la exportación de productos agropecuarios a partir de 2028, las exportaciones del complejo podrían ascender a 183 millones de toneladas, con un valor estimado de USD 50.000 millones en la próxima década. El informe afirma que, en tal escenario, el Estado recuperaría lo resignado por la menor recaudación en apenas cuatro años, debido al aumento de otros tributos asociados al crecimiento del sector.

Rizobacter, una compañía de Bioceres Corp, puso en marcha un nuevo proceso de reestructuración de deuda por USD 42 millones. La firma de microbiología busca extender plazos y ajustar condiciones para ordenar sus compromisos financieros y evitar un incumplimiento, en medio de la incertidumbre generada por la reciente quiebra de Bioceres S.A., la firma de biotecnología agropecuaria fundada en 2001 por un grupo de productores de Rosario y considerada el germen del actual holding que cotiza en Wall Street.

Según informó la empresa a la Comisión Nacional de Valores (CNV), en el caso de no alcanzar un acuerdo que cuente con la adhesión mínima del 70% en cada clase involucrada, Rizobacter advirtió sobre un “riesgo grave e inmediato de default”.

El documento detalla que aquellos tenedores de obligaciones negociables que no participen del canje pueden enfrentarse a una reestructuración forzosa, con condiciones potencialmente menos favorables que las previstas en la propuesta voluntaria. La empresa también advirtió que si no puede acceder a divisas, los acreedores podrían recibir bonos soberanos en lugar de efectivo.

La oferta vigente, que representa una nueva etapa en el proceso de optimización financiera de la empresa, contempla que los tenedores de las ON puedan entregar sus títulos actuales y recibir a cambio nuevas Obligaciones Negociables Serie XI, estructuradas en tres clases, con vencimiento el 3 de septiembre de 2029 y una tasa de interés anual del 9%. Los participantes voluntarios recibirán como incentivo un pago inicial equivalente al 20% del capital el próximo 28 de junio, siempre que se cumplan todas las condiciones detalladas en la operación.

El antecedente: reestructuración previa y crisis en el grupo Bioceres

Semanas antes de esta nueva oferta, Rizobacter ya había logrado la adhesión de más del 76% de los tenedores de la Serie VIII Clase B, correspondiente a aproximadamente USD 3,8 millones, lo que permitió implementar un cronograma de pagos que incluyó un adelanto del 20% del saldo y el resto hasta septiembre de 2028. Este hito, informado a la CNV, sirvió de base para la estrategia actual y proporcionó previsibilidad en un contexto que permanece adverso para la corporación nacida en Rosario.

Fundada en 1977 por Ricardo Yapur en Pergamino, Rizobacter es ahora controlada mayoritariamente por Bioceres Crop Solutions (BIOX), que en 2016 adquirió el 50,01% de sus acciones.

En los últimos años, el conglomerado atravesó una transformación internacional, expandiéndose a más de 25 países y realizando adquisiciones estratégicas como la de ProFarm Group por USD 243 millones. Sin embargo, la estructura corporativa—con Bioceres Group Limited en el Reino Unido, Bioceres SA en Argentina y Bioceres Crop Solutions (BIOX) en el Nasdaq—se volvió insostenible ante una sucesión de crisis, comenzando con la sequía de 2022 y la caída de los precios internacionales.

En 2025 se decretó la quiebra de Bioceres S.A. en Santa Fe, en medio de enfrentamientos directivos y denuncias cruzadas. El ex CEO Federico Trucco, ahora al frente de BIOX, y el empresario uruguayo Juan Sartori, quien tomó el control de la compañía tras ingresar en 2025, mantienen posturas antagónicas sobre la responsabilidad de la crisis. Desde el entorno de Sartori acusan a la gestión anterior de producir un “profundo deterioro económico y financiero”, cuantificando pérdidas en USD 180 millones para el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2025, un número significativamente superior a los USD 130,3 millones del ciclo precedente.

Entre las decisiones más controvertidas, destaca la desconsolidación deliberada del control sobre BIOX, que habría significado para Bioceres S.A. la pérdida de casi USD 350 millones en patrimonio neto, según la versión de los allegados a Sartori. Por su parte, fuentes del lado de Trucco afirman que nunca existió voluntad de pago real bajo la nueva administración y que el objetivo era incrementar la posición accionaria sobre BIOX, cuyo valor se desplomó desde USD 7 a finales de julio hasta los USD 0,62 por acción en la actualidad, tras una serie de ventas de emergencia realizadas por Sartori.

ProFarm Group, comprada en 2022, finalmente fue transferida a acreedores estadounidenses luego de la ejecución de garantías por USD 55 millones, permitiendo al fondo Jasper Lake quedarse con la empresa por alrededor de USD 15 millones.

Impacto operativo y disputas judiciales tras la crisis de Bioceres

En paralelo al proceso de reestructuración, Rizobacter continúa negociando con bancos e inversores para profundizar su estrategia de estabilización financiera en un ambiente marcado por la crisis del conglomerado. Fuentes ligadas a las negociaciones consultadas por Infobae advirtieron que el futuro de Bioceres sigue siendo incierto y condicionado a la evolución de las demandas de acreedores.

El entorno judicial se encuentra caliente tras la salida de Trucco del directorio de Bioceres S.A. y su enfrentamiento con Sartori. Trucco prepara una denuncia penal vinculada a la asamblea en la que fue removido y a las decisiones administrativas adoptadas durante el proceso de quiebra. En tanto, la administración liderada por Sartori detalla que el cierre fue inevitable ante “la imposibilidad objetiva de atender obligaciones exigibles”, según argumentaron en el último comunicado.

La disputa tuvo efectos directos en los mercados financieros: Moolec, la controlante actual de Bioceres S.A. y propiedad de Sartori, reportó un ahorro de USD 95 millones ante la SEC debido a la quiebra, y la acción de BIOX se desplomó casi un 90% desde el ingreso del empresario uruguayo como accionista.

Pampa Energía, la compañía de Marcelo Mindlin, presentará un nuevo proyecto en el marco del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de Fértil Pampa, un proyecto que demandará alrededor de USD 2.400 millones para la producir fertilizantes en el Polo Industrial de Bahía Blanca.

La iniciativa, que tiene el objetivo de transformar el gas natural de Vaca Muerta en 2,1 millones de toneladas anuales de urea a partir de 2030, apunta a sustituir importaciones, fortalecer el agro nacional y abastecer la creciente demanda regional, según pudo saber Infobae.

El proyecto, que podría contar con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y negocia una línea de crédito con la Corporación Financiera Internacional (CFI), organismo del Banco Mundial. Según un informe que publicó la propia CFI, el complejo industrial aprovechará su cercanía a gasoductos, líneas de transmisión de alta tensión, infraestructura de captación de agua y un puerto de aguas profundas que facilitará tanto la exportación como la distribución nacional.

En este sentido, la propuesta contempla un impacto directo en las cuentas externas argentinas: se estima que el complejo generará USD 890 millones anuales en divisas desde el inicio de operaciones, con el 60% de la producción orientada a exportaciones, principalmente a Brasil, nación con un fuerte déficit de urea.

Actualmente, el mercado argentino depende en gran parte de importaciones, ya que la única productora local es Profertil, ubicada también en Bahía Blanca, y cuya propiedad pasó recientemente mayoritariamente a Adecoagro y en un 10% a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

Según pudo saber Infobae, Fértil Pampa S.A.U., propiedad total de Pampa Energía, generará 3.500 puestos de trabajo durante la fase de construcción y 300 empleos fijos en la etapa operativa. Según pudo saber este medio, la empresa busca industrializar recursos, generar divisas y desarrollar proveedores locales, aunque el éxito de la iniciativa dependerá de la estabilidad macroeconómica y la competitividad de los precios energéticos.

El desafío energético y la infraestructura clave

El crecimiento de la producción de gas de Vaca Muerta es un pilar del plan, ya que se prevé un fuerte incremento de la oferta en la próxima década. En 2025, Pampa Energía alcanzó un récord de 17,6 millones de metros cúbicos diarios y proyecta elevar esa cifra en 10 millones de metros cúbicos adicionales en los próximos tres años. Esta condición coloca a la compañía en una posición estratégica: podrá abastecer directamente a la planta de Fértil Pampa, aprovechando el gas excedente de la cuenca neuquina como principal insumo.

El proyecto implica, además, la instalación de una planta que fabricará amoníaco y dióxido de carbono, materias primas indispensables para la producción de urea. El gas natural llegará a través de un gasoducto exclusivo, la electricidad se tomará del Sistema Interconectado Nacional (SADI) y se empleará agua de mar desalinizada en las operaciones.

El anuncio de Fértil Pampa coincide con un entorno internacional marcado por la inestabilidad. En las últimas semanas, el precio internacional de la urea registró subas del 40% al 57%, con valores FOB que pasaron de alrededor de USD 685 a USD 755 por tonelada a raíz del conflicto en Medio Oriente. El 35% de la urea importada por Argentina transita por el Estrecho de Ormuz, zona afectada por bloqueos y recortes de producción, situación que impacta de lleno en los costos de la agricultura local.

La demanda interna de este fertilizante es relevante: la urea es uno de los insumos agrícolas más utilizados en la Argentina. La nueva planta permitirá reducir la dependencia externa y blindar la economía rural frente a las fluctuaciones internacionales.

RIGI: otro megadesembolso en la agenda

La estrategia de Pampa Energía en torno al RIGI trasciende la planta de urea. Según anunció el ministro de Economía Luis Caputo en marzo, la compañía tiene en carpeta otra inversión en el yacimiento Rincón de Aranda, Neuquén, donde planea destinar USD 4.500 millones al desarrollo de petróleo, construcción de nuevas plantas de tratamiento, oleoductos y gasoductos. Esta expansión prevé perforar “más de 100 pozos adicionales” y extender el pico de extracción del campo.

En julio, la empresa de Marcelo Mindlin, quien también acaba de quedar al mando -junto a fondos internacionales- de la cementera Loma Negra, ya había registrado un primer pedido de adhesión al régimen, vinculado a obras de infraestructura para el bloque. Esta inversión inicial fue estimada en USD 426 millones e involucra la construcción de una planta de tratamiento, oleoductos, gasoductos, instalaciones de almacenamiento y estaciones de bombeo para conectar el yacimiento con los sistemas de transporte principales, como el gasoducto Perito Moreno y el oleoducto Vaca Muerta Sur.

La provincia de Santa Fe enfrenta una de las crisis hídricas más severas de la última década tras las lluvias extraordinarias ocurridas en la primera quincena de abril de 2026. Las tormentas provocaron inundaciones generalizadas y afectaron gravemente la producción ganadera, la infraestructura vial y el acceso a servicios esenciales en las localidades de 9 de Julio, Vera y General Obligado.

Según difundió la Sociedad Rural de Vera, el impacto de este fenómeno “amenaza la continuidad de la principal actividad económica de la región” y profundiza la vulnerabilidad social en una de las zonas más extensas de Santa Fe, con un territorio que abarca más de 22.000 kilómetros cuadrados.

En menos de una semana se registraron precipitaciones “de carácter extraordinario”, que alcanzaron valores entre los 150 milímetros y más de 230 mm en lapsos inferiores a 48 horas, con acumulados puntuales que superan ampliamente los promedios históricos mensuales. Puntualmente, la localidad de Fortín Olmos registró hasta 230 milímetros en solo dos días, mientras se detectaron acumulados de hasta 350 milímetros en sitios puntuales de la región.

En tanto, el Departamento Vera, el más extenso de la provincia de Santa Fe, recibió lluvias excepcionales, con acumulados que triplicaron la media mensual. El fenómeno dejó la totalidad de los suelos saturados, lo que desencadenó inundaciones, anegamientos persistentes y la interrupción sostenida de servicios vitales y productivos.

El Departamento Vera tiene un stock bovino calculado en 700.000 cabezas, valor que lo posiciona como uno de los núcleos ganaderos centrales del país. El anegamiento de campos y la contaminación de aguadas comprometieron la alimentación y la salud de los animales, con reportes de “deterioro en la condición corporal de los rodeos, dificultades en la alimentación y suplementación, riesgos sanitarios y restricciones operativas que comprometen la continuidad de los sistemas productivos”. Dirigentes locales advierten sobre la pérdida de animales ante la imposibilidad de acceder a zonas seguras y la dificultad para realizar controles sanitarios y movimientos de hacienda.

Colapso en servicios

La infraestructura rural se encuentra “en estado de intransitabilidad generalizada, dificultando el acceso a los establecimientos productivos, el traslado de hacienda, la provisión de insumos básicos y la circulación de servicios esenciales, generando aislamiento en amplias zonas rurales”, señala el documento difundido por la entidad.

El reporte más grave señala interrupciones de hasta 16 horas continuas en el suministro de energía eléctrica en parajes y establecimientos productivos. Esto afecta la operatividad de bombas de agua, sistemas de electrificación rural y la conservación de medicamentos e insumos veterinarios. La inoperancia de la red vial perjudica directamente el funcionamiento de la cadena productiva y la seguridad alimentaria de la región.

En cuanto al plano educativo, la suspensión de clases por tiempo indefinido perjudicó a niños y adolescentes rurales que no pueden asistir a los establecimientos, alterando el calendario escolar y restringiendo el acceso a comedores y a servicios complementarios de nutrición, conforme detalla el pedido institucional de emergencia presentado por las entidades rurales al gobierno provincial y nacional.

La ganadería bajo amenaza en un contexto mundial desafiante

El contratiempo climático en el campo argentino ocurre en coincidencia con un escenario internacional de ajustes en la producción y el comercio de carne vacuna. Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, realizado en base a datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en 2026 la producción mundial de carne vacuna experimentará su primera caída en cinco años, descendiendo un 1% hasta 61,6 millones de toneladas, un recorte de 685.000 toneladas respecto de 2025.

El documento subraya que China y Brasil encabezan los recortes: el gigante sudamericano reduciría su producción un 2%, a 12,4 millones de toneladas, aunque retendría su lugar como principal exportador mundial, con 4,275 millones de toneladas.

Por su parte, Australia prevé un descenso del 1% en su producción, alcanzando 2,9 millones de toneladas, pero sostiene su posición como segundo exportador global, con 2,16 millones de toneladas. Al mismo tiempo, la demanda internacional también se ajusta: el USDA anticipa que las importaciones globales de carne vacuna pasarán de 12,01 a 11,68 millones de toneladas, una disminución del 2,6%. China, en particular, reducirá sus compras externas a 3,2 millones de toneladas, el nivel más bajo desde 2020.

Estos cambios estructurales en el mercado tienen implicancias directas para exportadores tradicionales como Argentina. Según la BCR, mientras Brasil y Australia deben administrar cuotas reducidas en China, Argentina no enfrenta estas limitaciones y podría beneficiarse de una demanda creciente de Estados Unidos y Europa, donde se pronostica un alza del 6% en el mercado estadounidense, con importaciones que alcanzarían los 2,626 millones de toneladas. En la Unión Europea, la reducción de aranceles gracias al acuerdo Mercosur y la posición dominante en la Cuota Hilton fortalecen el escenario exportador argentino.

Luego de más de dos semanas del bloqueo de transportistas autoconvocados en el acceso a Puerto Quequén, en la provincia de Buenos Aires, la operatoria agroexportadora permanece detenida. La Cámara de Puertos Privados Comerciales denunció que, pese a los acuerdos tarifarios alcanzados por la mayoría del sector, un grupo minoritario mantiene la interrupción de la circulación de granos. Esta situación ya provocó pérdidas estimadas en al menos USD 450 millones, afectando el cumplimiento de contratos internacionales y deteriorando la competitividad nacional.

La entidad informó que, en los últimos días, 22 embarcaciones quedaron a la espera en Bahía Blanca y nueve en Quequén, lo que equivale a entre 700.000 y 1,5 millones de toneladas de granos sin posibilidad de embarque. Esta situación no solo perjudica a exportadores, sino que compromete a productores, cooperativas, acopios e industrias, por tratarse de la temporada alta de cosecha, cuando está en juego la salida de los productos primarios y los flujos de capitales vinculados.

El conflicto se originó el 7 de abril con el inicio de un paro total por parte de transportistas de granos, principalmente de las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Exigían una actualización tarifaria ante la suba del combustible derivada del conflicto internacional en Medio Oriente. Aunque las cámaras más representativas del sector arribaron a un acuerdo unos días después, un núcleo reducido de autoconvocados mantuvo bloqueos en rutas y accesos, especialmente sobre Quequén.

La crisis logística y sus implicancias económicas

A lo largo de más de dos semanas, la persistencia de los reclamos convirtió a ese enclave bonaerense en el principal foco de la crisis. Organizaciones como la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro Exportador de Cereales (Ciara-CEC) advirtieron que la interrupción del flujo exportador agrava el deterioro financiero y logístico.

“Los barcos no están viniendo a cargar a la Argentina, por lo que el daño económico para toda la cadena de valor cerealera y oleaginosa es inmenso, y está afectando también al país”, expuso en un comunicado Ciara-CEC.

El origen de la protesta de los transportistas tiene como trasfondo el fuerte incremento de los costos operativos. Según la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeaac), el gasoil aumentó un 24,7% en marzo y registró un 48% de incremento interanual. El combustible representa cerca del 35% del costo total de un camión, lo que generó que los transportistas reclamaran un aumento del 15% en la tarifa frente a una oferta de 10% por parte de los acopiadores.

En este contexto, los valores de referencia para el transporte de granos alcanzan hoy los $25.389 por tonelada para trayectos de 100 km y superan los $148.000 en viajes de 1.500 km. Los transportistas sostienen que la tarifa reconocida no cubre el alza de los costos, y advierten que la brecha entre precio real y costos hace inviable la actividad en muchos casos.

Costos de la parálisis e impacto sectorial

La detención de la logística tiene implicancias especialmente costosas. Cada buque parado genera un sobrecosto diario aproximado de USD 50.000 al que se adiciona el almacenaje transitorio de granos en origen, estimado en USD 5 por tonelada en silobolsas.

Sin embargo, las consecuencias trascienden el daño económico inmediato. La paralización de Bahía Blanca y Necochea, donde ocho muelles permanecen sin actividad, afecta la imagen de la Argentina como origen confiable de productos agrícolas. Con una cosecha estimada en 158 millones de toneladas para la campaña en curso, exportadores y cámaras empresariales advirtieron que los retrasos generan incumplimientos contractuales y pueden derivar en pérdidas futuras en la inserción internacional del sector.

Actualmente, el sector agroindustrial proyecta para 2026 una liquidación de divisas cercana a los USD 35.375 millones. El bloqueo sobre Quequén y la tensión entre transportistas y acopiadores pondrá bajo presión el flujo de divisas proyectado para marzo.

En respuesta a este panorama, la Cámara de Puertos Privados Comerciales exigió la intervención urgente de autoridades nacionales, provinciales, municipales y judiciales para restablecer el orden y eliminar prácticas coercitivas detectadas entre los bloqueadores. Parte de estas acciones fueron denunciadas ante la Justicia por involucrar amenazas físicas contra choferes que intentaron trabajar durante el paro.

A pesar de los acuerdos logrados en otros puertos, Quequén continúa paralizado, con más de 20 accesos estratégicos bloqueados y una disputa tarifaria aún sin solución, en pleno momento crítico para el sector exportador argentino.

En medio de una campaña de girasol que promete ser la mayor del siglo XXI, el campo insistió en la necesidad de llevar a cero las retenciones del sector.

De hecho, la Asociación Argentina de Girasol (Asagir) advirtió que, mientras el Estado recauda apenas USD 90 millones anuales por esa vía —el 2% del total de retenciones— el tributo limita la expansión de un negocio que atraviesa un momento de demanda excepcional: la caída en la producción de Ucrania y Rusia, que concentran más del 60% del mercado mundial, abrió una ventana de oportunidad que la Argentina, por ahora, no termina de aprovechar.

Jorge Ingaramo, presidente de Asagir, remarcó que el objetivo es “duplicar las exportaciones en el complejo de girasol, sobre todo en aceite. Pasar de USD 2.400 millones a USD 4.800 millones no es chiste”. En ese sentido, instó a considerar el girasol como una economía regional y recordó: “Muchachos del Estado, no se preocupen. El año pasado con el 4,5% de retenciones, la recaudación fue de USD 90 millones. Es el 2% de la recaudación de retenciones de exportaciones”.

La noticia cobra relevancia ya que el girasol es uno de los complejos que explica el fuerte crecimiento proyectado para el agro argentino en 2026. En medio de una cosecha récord, impulsada por condiciones climáticas más favorables, el sector prevé un ingreso de USD 35.375 millones al Mercado Libre de Cambios (MULC) durante el año, según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). La escalada del conflicto en Medio Oriente, en particular en el Estrecho de Ormuz, es uno de los factores que incidieron en la dinámica exportadora. El aumento en los costos de transporte internacional, sin embargo, atenúa el efecto positivo de la mayor producción sobre los ingresos por exportaciones, según el análisis de la BCR.

Ramiro Costa, economista de la Bolsa de Cereales, aseguró que un derecho de exportación del 0% al girasol aumentaría la siembra y la adopción tecnológica. Según su análisis, en el marco del Congreso Argentino de Girasol, si la baja fiscal se concreta, la tasa de crecimiento de la producción de girasol “pasaría de 6% a 20% anual”. A esto se suma el contexto internacional: Costa señaló que el aceite de girasol muestra una tasa de crecimiento proyectada del 26%, frente al 20% del resto de los aceites, una diferencia que posiciona al cultivo como el “gran ganador de los últimos años”.

La BCR proyecta que los Derechos de Exportación (DEX) generarán en 2026 cerca de USD 4.650 millones, una cifra similar a la del año previo. El complejo sojero seguirá encabezando los aportes, con USD 3.420 millones, aunque en descenso interanual por la menor producción. El maíz mostraría un incremento relevante en la recaudación, con USD 720 millones (30% más que el año pasado), mientras que el trigo sumaría USD 300 millones (21% de aumento). En el caso del girasol, se prevé una recaudación de USD 115 millones, lo que representa un crecimiento de casi 60%, impulsado por el mayor volumen exportado.

La nueva campaña marcaría un récord de producción y exportaciones de girasol

El departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) actualizó en su informe de marzo que la cosecha argentina de girasol alcanzaría 7 millones de toneladas, lo que representa un incremento interanual del 25,2%. Este sería uno de los mejores resultados de las últimas campañas. Las proyecciones locales, como la de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), aunque más conservadoras —6,2 millones de toneladas—, también anticipan potenciales rindes superiores a los promedios históricos en varias provincias productivas.

En lo que respecta a exportaciones, Emilce Terré, economista e investigadora de la BCR, sostuvo que la campaña 25/26 “será la mayor del siglo XXI”, con un récord estimado de 1,1 millón de toneladas de semilla, casi 2 millones de toneladas de aceite y 1,9 millones de pellets. Este volumen totaliza un ingreso de más de USD 3.000 millones, que se dividirán en USD 500 millones por semillas, aproximadamente USD 2.500 millones por aceites y USD 260 millones por subproductos como pellets y harina.

En enero, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) relevó que las exportaciones del complejo girasol aportaron USD 210,1 millones, lo que implicó un salto interanual del 173,2%. En términos globales, según el USDA, la Argentina aporta el 13,8% de las exportaciones mundiales de aceite de girasol: “Exportará casi una de cada siete toneladas de aceite de girasol que se comercializan en el mundo”, precisó el informe de la cartera americana.

El contexto histórico y la transformación del girasol

En la campaña 2001/02, la Argentina dominaba el 60% del mercado mundial de aceite de girasol, según la BCR. El liderazgo se perdió en los siguientes 20 años cuando Ucrania y Rusia expandieron su área sembrada, tecnificaron sus procesos y fortalecieron la industrialización, desplazando a la Argentina en el comercio global. Actualmente, entre ambos países concentran más del 60% del mercado.

La menor inversión, el arraigo de modelos productivos menos sofisticados y la vigencia de derechos de exportación restaron incentivos al girasol argentino, que además sufrió pérdida de terreno frente a cultivos como la soja y el maíz, favorecidos por mejores paquetes tecnológicos y rentabilidad durante el auge de los precios internacionales de commodities. Esto redujo sostenidamente la superficie sembrada con girasol y, por ende, la participación argentina en el negocio global.

Estas condiciones estructurales explican la discusión actual sobre la necesidad de actualizar la Ley de Semillas, un reclamo central del sector agroindustrial para cerrar la brecha de rendimientos por hectárea frente a los competidores de Europa, Estados Unidos y Brasil. Mientras parte del agro se resiste a aumentar las regulaciones, la mayoría de los actores reconocen que una actualización normativa permitiría recuperar competitividad.

Federico Albrecht, de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, vinculó las rebajas fiscales al impacto directo en el desarrollo económico regional. En el marco del congreso del girasol organizado por Asagir, remarcó que transformar el grano en productos como expeller, aceite, carne o leche “multiplica los ingresos” y genera encadenamientos productivos concretos que “transforman áreas de producción en lugares de desarrollo”. Albrecht definió el agregado de valor en origen como una “decisión estratégica para desarrollar los territorios”.

El crecimiento de la oferta argentina aparece como un factor relevante para el equilibrio global del mercado, dado que, según el USDA, la relación entre stocks y consumo mundial de aceite de girasol ronda el 13,5%, reflejando una oferta ajustada frente a la demanda. Este escenario, marcado por la volatilidad en la región del Mar Negro, le otorga al país una oportunidad singular para fortalecer su presencia internacional y recuperar su protagonismo exportador.

El déficit de granos básicos en El Salvador amenaza con profundizarse en el ciclo agrícola 2026-2027, mientras el sector atraviesa una incertidumbre inédita por el retraso del invierno y el envejecimiento de quienes trabajan la tierra.

Desde la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios CAMPO, la advertencia es directa: si no se ajustan las fechas de siembra ni se resuelven los problemas estructurales del agro, el país podría pasar de la dependencia de importaciones a una auténtica escasez de alimentos en los próximos años.

Luis Treminio, presidente de CAMPO, señaló este lunes en entrevista con la radio YSUCA que la siembra debe realizarse en la segunda semana de junio, momento en que el invierno ya se ha instalado y el suelo cuenta con la humedad indispensable para una germinación adecuada.

Su posición difiere de las recomendaciones de otras organizaciones, que proponen iniciar la siembra en abril. Según Treminio, anticiparse supone exponer los cultivos a altas temperaturas y a un riesgo elevado de estrés hídrico.

La postergación de la siembra responde a criterios técnicos y a los anuncios del Ministerio del Medio Ambiente sobre la demora en el inicio de las lluvias este año.

Para el dirigente gremial ajustar el calendario agrícola busca proteger los rendimientos y evitar mayores pérdidas económicas a los pequeños productores, quienes ya enfrentan aumentos constantes en los costos.

Déficit de producción y dependencia de importaciones

Las proyecciones sobre los granos básicos para 2026 prevén un alza leve respecto al ciclo anterior. En 2025, la cosecha cerró en 19.2 millones de quintales, con el maíz como cultivo principal, y le siguieron el frijol, sorgo y arroz. No obstante, el consumo anual nacional llega a 25 millones de quintales, lo que genera una diferencia de aproximadamente seis millones, cubierta mediante importaciones, indicó Treminio.

La distancia entre la producción y el consumo nacionales confirma la imposibilidad de alcanzar la autosuficiencia alimentaria, advirtió. Esta dependencia de compras externas genera incertidumbre respecto al abastecimiento, especialmente si los países exportadores implementan restricciones o aranceles que limiten o encarezcan el acceso a los alimentos básicos.

En resumen, la producción local de granos básicos no cubre la demanda interna y obliga a El Salvador a importar buena parte de sus alimentos esenciales.

Esta realidad incrementa la vulnerabilidad del sistema alimentario ante fluctuaciones en el mercado internacional o ante cambios en las políticas de los países proveedores.

Envejecimiento del sector y falta de relevo generacional

Además, de acuerdo al dirigente gremial, el sector agrícola salvadoreño encara una crisis en lo demográfico y en lo económico. La edad promedio entre los productores llegó a 66 años, cifra que revela el abandono del campo por parte de los jóvenes, quienes buscan mejores oportunidades en las ciudades o fuera del país. La baja rentabilidad y la frecuencia de las pérdidas económicas desalientan la llegada de nuevas generaciones al agro.

Treminio advirtió que, si la tendencia se mantiene, en apenas cuatro años muchos agricultores que hoy superan los setenta años dejarán de trabajar sus parcelas. La producción está quedando en manos de personas mayores y mujeres, situación que compromete la continuidad agrícola y eleva el riesgo de un déficit aún mayor.

Inseguridad alimentaria en el oriente y cifras actuales

El oriente salvadoreño, área del corredor seco, registra los mayores índices de inseguridad alimentaria. Casi todo el territorio nacional, con escasas excepciones en Metapán y San Isidro, enfrenta sequías prolongadas y costos elevados en la producción agrícola.

Durante el último año, más de 60,000 personas se sumaron a quienes padecen inseguridad alimentaria, superando los tres millones de salvadoreños afectados, conforme a los registros de la FAO y el PMA, citado por Treminio.

Del total, un millón enfrenta condiciones severas y solo accede a una comida diaria; el resto cubre apenas dos tiempos de alimentación. Los programas de ayuda internacional, aunque imprescindibles, no revierten la tendencia ni ofrecen soluciones duraderas a las familias comprometidas.

El panorama de la agricultura salvadoreña es incierto. Treminio enfatizó que, sin acciones concretas para mejorar la rentabilidad y la dignificación de los productores, El Salvador podría pasar de tener un déficit alimentario a enfrentar una escasez grave, con consecuencias para la estabilidad social y la seguridad alimentaria.

Impulsada por mejores precios internacionales y una cosecha récord de maíz, la liquidación de divisas del agro alcanzaría en 2026 los USD 35.375 millones, según estimó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). La proyección implica un aumento de alrededor de USD 850 millones respecto del cálculo previo de la entidad (USD 34.530 millones) y anticipa un flujo de dólares sostenido para esta campaña.

Ese escenario se instalará en un contexto global atravesado por tensiones geopolíticas y cambios en la demanda de alimentos, lo que podría beneficiar a la Argentina como un proveedor de materia prima alejado del epicentro de los conflictos bélicos.

El informe de la BCR destaca que entre abril y diciembre de 2026 se proyecta un ingreso de USD 29.600 millones por las exportaciones agroindustriales.

Puntualmente, USD 16.500 millones provendrán del complejo sojero; USD 7.500 millones, de maíz, USD 2.200 millones de trigo, USD 2.400 millones de girasol, USD 500 millones de cebada, USD 300 millones de sorgo y USD 600 millones de otras oleaginosas y cereales.

Sin embargo, el panorama no es enteramente favorable para el sector. El mismo contexto internacional que impulsa los precios de los granos también está elevando con fuerza los costos de producción. La suba del petróleo, en medio de las tensiones en Medio Oriente, encareció insumos clave como combustibles y fertilizantes, con aumentos significativos en productos como la urea.

En este marco, si bien el agro proyecta mayores ingresos por exportaciones, buena parte de esa mejora se ve compensada por una estructura de costos más exigente, lo que limita el impacto positivo en la rentabilidad de los productores. De hecho, asociaciones del agro locales ya advirtieron por el impacto del conflicto bélico en el el campo argentino.

El maíz lidera el crecimiento

La campaña 2025/26 de maíz en Argentina se encamina a cifras históricas en la mayoría de sus indicadores. Según el reporte de la BCR, la superficie sembrada se expandirá a 10,2 millones de hectáreas, notablemente por encima del promedio de los últimos cinco años (8,8 millones) y de los 8,3 millones estimados para el ciclo previo. La superficie cosechada llegaría a 8,5 millones de hectáreas, mientras que el rendimiento nacional promedio se proyecta en 78,8 quintales por hectárea (es decir, unos 7,9 toneladas por hectárea), superando los 67 quintales del lustro anterior.

La oferta total de maíz alcanzaría 73,7 millones de toneladas, impulsada por una producción estimada en 67 millones de toneladas, frente a los 50 millones del ciclo previo y los 47,9 millones del promedio quinquenal informado por la BCR.

El stock inicial para 2025/26 se sitúa en 6,7 millones de toneladas, duplicando el promedio de los últimos cinco años y muy por encima de los 3,6 millones estimados para el ciclo actual. El consumo interno escalaría a 20,2 millones de toneladas, con el uso industrial en 4,5 millones y el forrajero, semilla y residual en 15,7 millones, superando todos los valores anteriores.

Las exportaciones de maíz, en tanto, se proyectan en 43 millones de toneladas, cifra que constituiría un récord histórico para el país. Esta expectativa está sujeta a posibles ajustes en función del comportamiento de los otros grandes exportadores globales, como Estados Unidos y Brasil, cuyas propias producciones y saldos exportables se siguen revisando a la baja, especialmente luego de la disminución en la siembra estadounidense y la menor producción brasileña de la segunda cosecha, la zafrinha, según reportes de la CONAB y el USDA citados por la BCR.

Flujo de divisas: volatilidad en 2025 y previsión de estabilidad en 2026

En 2025, el agro liquidó unos USD 31.330 millones, un 25% más que el año anterior. Ese crecimiento estuvo explicado en parte por el adelantamiento de exportaciones ante la eliminación temporal de retenciones, un efecto que se extendió hasta los primeros meses de 2026 pero que ya comenzó a diluirse.

En septiembre de 2025, la liquidación mensual de divisas del agro experimentó extremos, con un pico superior a USD 7.000 millones, una cifra muy por encima del promedio, derivado de la eliminación temporal de retenciones. Este fenómeno provocó un adelantamiento de exportaciones, seguido de un descenso abrupto en la liquidación durante los meses siguientes, tendencia que se prolongó hasta los primeros meses de 2026, según detalla la Bolsa de Comercio de Rosario.

La dinámica de los saldos a favor de las exportadoras muestra que el máximo se alcanzó en septiembre de 2025, con un saldo de USD 7.700 millones. Desde entonces, la diferencia entre los dólares ingresados y los despachos físicos retrocedió hasta equilibrarse en marzo de este año, lo que sugiere que el efecto de la eliminación temporal de los derechos de exportación fue transitorio y ya fue absorbido.

Historial de liquidación de divisas del agro

El historial de liquidación anual de divisas del sector agropecuario argentino desde 2011 muestra importantes fluctuaciones en función de las condiciones productivas y del contexto internacional. En 2011, la liquidación alcanzó los USD 32.673 millones y se mantuvo en valores similares en 2012, cuando sumó USD 31.090 millones. Durante 2013 y 2014, los montos fueron de USD 27.172 y USD 27.440 millones, respectivamente.

En 2015 se registró uno de los pisos de actividad, con una liquidación de USD 23.019 millones. En 2016 volvió a crecer, a USD 27.474 millones, y en 2017 se mantuvo en USD 26.745 millones. Otro mínimo se observó en 2018, con USD 22.293 millones. En 2019 la liquidación subió a USD 26.758 millones, y en 2020, afectado por una nueva sequía, la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania, bajó a USD 22.126 millones.

Los principales picos de la serie se dieron en 2021 y 2022, cuando la liquidación anual llegó a USD 38.162 millones y USD 44.175 millones respectivamente, impulsadas por cosechas excepcionales y precios internacionales favorables, nuevamente, por condiciones internacionales derivadas de la guerra entre Rusia y Ucrania.

En 2023, el impacto de la sequía volvió a notarse con fuerza y el monto liquidado descendió a USD 23.554 millones. El sector recuperó la senda de crecimiento en 2024, con una liquidación de USD 30.572 millones. Para 2025, el pronóstico fue de USD 36.164 millones, con una leve retracción proyectada para 2026, estimada ahora en USD 35.376 millones, en línea con los aumentos previstos en producción y exportaciones.

Hasta el momento -enero, febrero y marzo- la producción agropecuaria aportó más de USD 7.000 millones en el primer trimestre, lo que suma más oferta al mercado cambiario y fortalece la apreciación.

Ciclo con oferta holgada y demanda sostenida

El stock final para la campaña 2025/26 se estima en 10,4 millones de toneladas, prácticamente el doble del promedio recientemente registrado y más de 3 millones por encima del cierre proyectado para 2024/25. El ratio stock/consumo interno crecería al 16%, superando el 14% previsto para el ciclo vigente y duplicando el promedio quinquenal, lo que refleja una mayor holgura en la relación entre la oferta disponible y la demanda doméstica.

La demanda total del cereal, incluyendo exportaciones y consumo interno, llegaría a 63,2 millones de toneladas. Este panorama global anticipa un flujo cambiario estable y elevado a lo largo de todo 2026, con el maíz como componente central del avance exportador del agro argentino.

Este escenario se da en un contexto internacional atravesado por conflictos en Medio Oriente, que, al igual que ocurre en el mercado energético, refuerzan la búsqueda de proveedores confiables y alejados de zonas de riesgo. En ese marco, países exportadores de alimentos como Argentina ganan relevancia en las cadenas globales.

En Nebraska, los devastadores incendios forestales que marcaron el inicio de 2026 amenazan la supervivencia de la ganadería y obligan a la industria a reformular sus prácticas frente a la nueva realidad climática.

Tan solo en los primeros meses del año, el fuego consumió cerca de 382.682 hectáreas —un récord histórico en el estado—, una catástrofe que golpea la época de parición bovina y expone la fragilidad de una de las principales economías locales, según informó el medio ambiental estadounidense Grist.

Esta situación quedó evidenciada durante el Morrill Fire, el mayor incendio forestal registrado en la historia de Nebraska, que arrasó todas las tierras de pastoreo del rancho Wintz, 900 fardos de heno y gran parte de sus cabezas de ganado. Mike Wintz, gestor junto a su esposa Kayla de una extensión de casi 4.452 hectáreas en las Sandhills, precisó que perdió seis terneros durante la crisis, una cifra relevante por la cercanía con la temporada de parto.

Cuando la emergencia se desató, Wintz participaba como voluntario a casi 6 kilómetros de su propiedad; la intervención de otros productores rurales y bomberos voluntarios logró salvar la vivienda familiar, aunque el daño a los campos y animales fue grave y extendido. El impacto acumulativo sobre la cadena de valor ganadera y la urgencia de adaptación ya son inevitables.

El año 2026 superó por amplio margen el anterior récord de superficie incendiada fijado en 2012 en Nebraska, según la oficina meteorológica estatal Nebraska State Climate Office, y revela una aceleración de tendencias asociadas a temperaturas elevadas y precipitaciones inusualmente bajas: el invierno recién cerrado fue el segundo más cálido y el cuarto más seco jamás registrado en el estado.

Este fenómeno, sumado a la falta de quemas controladas y al manejo homogéneo de los pastizales, acumuló una carga de combustible vegetal que, según Dirac Twidwell, ecólogo de pastizales y fuego en la Universidad de Nebraska-Lincoln, “configura un nuevo panorama de incendios para esta generación”.

Twidwell recalcó que estas condiciones difieren radicalmente de la gestión histórica, cuando las prácticas indígenas incorporaban el fuego de manera rutinaria para preservar la salud del ecosistema.

La centralidad de la ganadería y el impacto económico de los incendios

La industria ganadera mantiene un peso decisivo en Nebraska: de acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Nebraska citados por Grist, en 2024 los bovinos y terneros representaron el principal rubro productivo y el estado ocupó el primer lugar a nivel nacional en exportaciones de carne de res y ternera, con ventas por unos USD 1.660 millones.

Además, la mayor parte del maíz local —el segundo producto agrícola más valioso— se emplea como forraje, lo que refuerza la posición central de la ganadería en la economía estatal.

Nebraska alberga más de nueve millones de hectáreas de pastizales y campos de pastura, la mitad radicada en las Sandhills, una de las zonas de pastizal templado mejor conservadas del planeta.

La respuesta de los productores ante la arremetida del fuego debe contemplar, según Twidwell, la reintroducción de quemas prescritas y la promoción de infraestructuras más resistentes a incendios.

Sin embargo, puntualizó en conversación con Grist, este proceso requerirá validación y experimentación directa en cada unidad productiva.

El clima hostil también incrementa la incertidumbre económica: la evaluación de impacto climático de 2024 para Nebraska, ordenada por la legislatura estatal y citada en el reporte, advierte que la sequía forzó en los últimos años una reducción de los rodeos ganaderos, ejerciendo presión sobre los precios de la carne y anticipando un posible efecto dominó en todo el sector.

El reto de la organización frente al fuego y el futuro de la región

El sistema voluntario caracteriza el combate contra el fuego en Nebraska: el 92 % de los departamentos de bomberos se conforma bajo esta modalidad, con participación habitual de los propios productores. A la luz de la magnitud de la amenaza, la fragilidad del equilibrio productivo se intensifica y crece la demanda de soluciones estructurales.

Las imágenes de terneros con quemaduras en el lomo, la pérdida de forrajes y la ansiedad inmediata por la falta de lluvias evidencian, según Grist, la necesidad de volver a prácticas ancestrales y al aprendizaje colectivo en materia de resiliencia.

Como señala Wintz —quien hoy espera la recomposición natural de los pastizales—: “Las Sandhills son resistentes. Solo requieren un poco de humedad para volver a brotar”.

A través de la publicación de la Comunicación “A” 8418, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó la remoción de una normativa que imponía costos financieros adicionales a los productores agropecuarios que mantenían existencias de granos en sus acopios.

La medida, que entró en vigencia inmediata para las operaciones concertadas a partir del 10 de abril de 2026, pone fin a una restricción que durante años afectó la estructura de costos del sector primario al vincular el acceso al financiamiento bancario con el ritmo de comercialización de la cosecha.

La resolución de la autoridad monetaria impacta directamente sobre el cálculo de las exigencias de capital mínimo por riesgo de crédito que deben cumplir las entidades financieras. Según establece el documento oficial, se dispuso “dejar sin efecto las disposiciones que refieren a la mayor exigencia de capital mínimo por riesgo de crédito sobre las financiaciones a clientes con actividad agrícola no Mipyme que mantienen acopios de su producción superiores al 5% (cinco por ciento) de su capacidad de cosecha anual”.

Esta disposición técnica se traduce en la eliminación de un factor multiplicador que encarecía significativamente las tasas de interés. Hasta la publicación de esta nueva norma, el sistema financiero estaba obligado a aplicar un coeficiente igual a 4 sobre la exigencia de capital para préstamos otorgados a grandes productores que conservaran un stock superior al umbral mencionado. Al eliminarse este “castigo” regulatorio, el costo de las líneas de crédito debería alinearse con los valores estándar del mercado, sin distinciones basadas en el volumen de granos almacenados por el solicitante.

Un esquema de presión sobre la liquidación

La normativa que ahora se deroga tenía sus raíces en una estrategia de política económica implementada en mayo de 2020. En aquel contexto, el objetivo central era incentivar una liquidación más acelerada de las exportaciones agrícolas, especialmente de soja y trigo, para fortalecer las reservas de divisas del Banco Central. Al encarecer el crédito para quienes no vendían su producción, el Estado forzaba a los productores a utilizar sus propios granos como fuente de liquidez en lugar de recurrir al apalancamiento bancario.

La penalización financiera se aplicaba específicamente a las empresas que no calificaban como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas (MiPyME). Para este universo de contribuyentes, mantener más del 5% de su capacidad de cosecha en silos significaba enfrentar intereses sustancialmente más elevados que el resto de los actores económicos. Según estimaciones del sector productivo, este sobrecargo podía representar una diferencia de hasta 20 puntos porcentuales en el costo financiero total de un crédito en pesos.

El texto ordenado de la normativa del BCRA detalla que estas condiciones restrictivas se aplicaron sobre las financiaciones acordadas desde el 18 de mayo de 2020 hasta el 31 de octubre de 2024, y se mantuvieron para los créditos en pesos gestionados entre el 1 de noviembre de 2024 y el 10 de abril de 2026. Con la firma de los funcionarios Darío C. Stefanelli y Marina Ongaro, la entidad central da por cerrada esta etapa de regulaciones diferenciales para el agro.

Semana de desregulación

La decisión del BCRA se enmarca en un proceso más amplio de flexibilización de las restricciones que pesan sobre la economía argentina. Junto con la baja del sobrecargo al crédito agrícola, la autoridad monetaria también avanzó en la simplificación de otras normativas relacionadas con el mercado de cambios y el acceso a divisas para operaciones de comercio exterior.

Desde el punto de vista técnico, la Comunicación “A” 8418 modifica el punto 11.5 del Texto Ordenado sobre Capitales Mínimos de las Entidades Financieras. Al remover este inciso, se eliminan las distorsiones que afectaban la oferta crediticia de los bancos, que en muchos casos preferían evitar este tipo de operaciones debido a la alta carga de capital que les exigía el regulador.

La unificación de criterios para el otorgamiento de préstamos busca que el riesgo crediticio se evalúe únicamente por la capacidad de pago y la solvencia del cliente, y no por su decisión logística de acopio. Esto es especialmente relevante en vísperas de nuevas campañas de siembra, donde la demanda de capital de trabajo para la compra de insumos, maquinaria y tecnología suele incrementarse de manera estacional.

En pleno inicio de la cosecha gruesa, cuando el flujo de camiones hacia los puertos alcanza su pico, transportistas autoconvocados mantienen bloqueados más de 20 accesos en Bahía Blanca y Necochea. La medida ya paraliza la descarga de granos y amenaza con frenar exportaciones en un momento clave para el ingreso de divisas.

El conflicto está motivado por el reclamo de un aumento tarifario ante la escalada de costos operativos, especialmente del combustible.

Según informaron la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales, las tensiones, que comenzaron el pasado lunes, ya ocasionan pérdidas millonarias y podrían comprometer la llegada de divisas al país.

De acuerdo con entidades empresariales, cada buque detenido representa un sobrecosto de USD 50.000 diarios para el sector exportador, monto que agrava la competitividad argentina y recae también sobre los productores. A su vez, los granos que no pueden ingresar a puerto quedan almacenados en silobolsas, lo cual implica un gasto adicional de USD 5 por tonelada.

Más allá del incremento de costos, esta obstaculización logística impide también cumplir contratos internacionales y pone en riesgo la reputación de la Argentina como proveedor confiable en los mercados globales, una preocupación reiterada por la industria aceitera y el centro de exportadores.

El desencadenante del conflicto es el aumento sostenido del gasoil, que según el índice de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeaac) marcó una suba del 24,7% solo en marzo de 2026, con una acumulación interanual del 48 por ciento.

Este incremento impulsó los costos generales del transporte de carga un 10,15% en el mismo mes, ya que el combustible representa cerca del 35% de la estructura de costos operativos del transporte y el litro de gasoil superó los $2100 en la mayoría de las plazas del país.

A este aumento se suman, además, los incrementos en neumáticos, repuestos y mantenimiento, situando los costos por encima de la inflación acumulada hasta el momento (5,9% hasta febrero) y motivando el reclamo de los transportistas, quienes exigen que las tarifas reflejen los gastos reales de la actividad.

El esquema tarifario vigente contempla diferencias según trayecto y tipo de operación: para viajes cortos de 100 kilómetros la referencia es $25.389 por tonelada, mientras que un recorrido de 500 kilómetros supera los $77.700 y trayectos largos de 1.500 kilómetros llegan a $148.417 por tonelada. Además, la estadía —que impacta cuando hay demoras en carga o descarga— se estipula en $223.180 por día. Estos valores, difundidos por las federaciones de transportistas, son orientativos, ya que la negociación con acopiadores es libre y estacional.

La mesa de negociación mediante la que se limaban este tipo de asperezas dentro del campo se trasladó desde el Ministerio de Transporte a instancias provinciales, pero se fracturó ante la falta de acuerdo sobre el incremento tarifario. Los transportistas reclamaron una suba del 15%, mientras que los acopiadores ofrecieron un 10%, según confirmaron a Infobae fuentes con conocimiento de las negociaciones. Ante la imposibilidad de conciliación, los bloqueos y retenes se multiplicaron en las principales rutas hacia los puertos.

Es por eso que las cámaras empresariales advirtieron que los persistentes cortes derivan en “retrasos de embarque, incumplimientos de contratos con el exterior e imposibilidad en el ingreso de divisas al país”. En los puertos de Bahía Blanca y Necochea, ocho muelles permanecen paralizados y los barcos comienzan a acumularse, con el riesgo de que la fila siga creciendo mientras el conflicto persista.

Los transportistas en protesta, no afiliados al sindicato de Camioneros sino organizados en federaciones y como monotributistas, argumentan que las actuales tarifas resultan insuficientes para cubrir los gastos. Uno de los manifestantes resumió el reclamo: “Con las tarifas que tenemos, perdemos plata”.

Cosecha récord y dólares en juego en medio del conflicto

El conflicto se da en un momento especialmente sensible para la economía argentina. Con el inicio de la cosecha gruesa, el campo proyecta una campaña con volúmenes récord y un fuerte ingreso de divisas en los próximos meses. Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, la producción total de granos alcanzaría las 158 millones de toneladas, un 14% más que en el ciclo anterior, con exportaciones que podrían superar los 113 millones de toneladas.

En ese contexto, el sector agroindustrial prevé una liquidación de USD 34.530 millones en 2026, un nivel similar al del año pasado pese al salto productivo. La paradoja responde a distintos factores que moderan el ingreso de divisas. Entre ellos, el aumento de los costos logísticos a nivel global, que se dispararon entre 40% y 50% en medio de las tensiones en Medio Oriente, y que impactan directamente sobre el precio final que reciben los exportadores.

A nivel local, además, el factor geográfico agrega presión. La distancia respecto de los principales mercados consumidores —ubicados mayormente en el hemisferio norte— encarece los fletes y reduce la competitividad de los granos argentinos. En ese escenario, los bloqueos en los accesos a los puertos suman un nuevo factor de riesgo, ya que amenazan con demorar embarques y frenar el ingreso de divisas justo cuando la cosecha empieza a volcarse al circuito exportador.

El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) anunció que retomará el diálogo con el gobierno federal tras lograr que la reunión sea encabezada por Carlos Augusto Morales, secretario particular de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y no por el titular de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán.

El encuentro fue programado para el próximo viernes a las 10 horas en el Palacio de Covián, sede de la Secretaría de Gobernación, y contará también con la participación de subsecretarios de las dependencias de Economía, Hacienda y Agricultura.

La decisión de los productores de regresar a la mesa de negociación ocurre tras una jornada de protestas y bloqueos carreteros en al menos 14 estados del país, entre ellos Zacatecas, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Michoacán, Baja California, Tamaulipas, Nayarit, San Luis Potosí, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos y Veracruz. Las movilizaciones incluyeron la liberación de casetas de peaje, permitiendo el paso libre a los automovilistas, evidenciando el nivel de inconformidad en el sector agrícola y de transporte.

De acuerdo con líderes del movimiento, la exigencia de que Morales encabece el diálogo responde a la falta de avances con el actual secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán no ha mostrado disposición para resolver los temas pendientes ni ha cumplido con los acuerdos establecidos.

Entre las principales exigencias del FNRCM se encuentra la salida de los granos básicos del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, así como la implementación de un nuevo modelo agroeconómico que priorice la producción nacional. También demandan frenar las importaciones que califican como “indiscriminadas” y establecer precios de garantía para todos los productos del campo.

Gobierno abierto al diálogo

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró durante su conferencia matutina del pasado 7 de marzo que su administración está abierta al diálogo, pero dejó claro que no se retomarán prácticas del pasado relacionadas con la entrega directa de recursos a organizaciones.

La mandataria subrayó que todas las demandas sociales serán atendidas mediante canales institucionales, privilegiando la transparencia y evitando esquemas que puedan derivar en discrecionalidad o corrupción.

Mientras los productores recordaron que en diciembre pasado firmaron una minuta de trabajo con cinco compromisos por parte del gobierno federal. Sin embargo, denunciaron que cuatro de esos puntos siguen sin cumplirse, a pesar de múltiples reuniones posteriores.

Entre los temas pendientes destacan la creación de políticas públicas que protejan la producción nacional frente a la competencia internacional, así como el establecimiento de una banca de desarrollo agropecuario que facilite el acceso al financiamiento para los pequeños y medianos productores.

El próximo encuentro será clave para determinar si ambas partes logran construir acuerdos concretos que desactiven las movilizaciones y atiendan las demandas del campo mexicano, un sector que ha advertido que mantendrá la presión social en caso de no obtener respuestas satisfactorias.

La postura del FNRCM refleja la creciente tensión entre el gobierno federal y los productores, quienes buscan redefinir las reglas del sector agrícola en México en medio de desafíos como la competencia internacional, los costos de producción y la falta de apoyos estructurales.

La estructura del comercio exterior argentino mantiene una fisonomía marcada por la relevancia de sus recursos naturales y la capacidad de transformación de sus cadenas agroindustriales. Si se analizan los diez principales complejos exportadores de Argentina en 2025, se observa que siete de ellos pertenecen a sectores vinculados de manera directa con la actividad rural: soja, maíz, carne y cueros bovinos, trigo, pesquero, girasol y lácteos. En conjunto, el valor exportado por estos complejos representa el 48% de las exportaciones nacionales, según los últimos datos anuales procesados por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El predominio del sector agroindustrial en el podio exportador se da en un contexto de resultados muy dispares para los distintos sectores. En 2025, la mayor parte de los complejos exportadores creció en valor, con excepciones puntuales como el complejo maíz, que registró una caída del 8,3% interanual, y el complejo automotriz, con un descenso del 1,4%.

En contraste, los sectores que lideraron el crecimiento fueron el girasol, con un incremento del 47,0% interanual, seguido por el complejo oro y plata con un 28,1% y el complejo carne y cueros bovinos, con un 24,3%.

El aporte estructural de la cadena de la soja

Dentro de este esquema, la cadena de la soja se posiciona como el pilar fundamental de la economía argentina. Según los análisis de la BCR, se trata de la cadena agroalimentaria que mayor valor agregado genera, consolidándose como la que más contribuye al Producto Bruto Interno (PBI) nacional y la que mayor ingreso de divisas reporta.

En términos de empleo, el impacto de la oleaginosa es significativo. “La cadena agroalimentaria de soja generó 1 de cada 9 empleos agroindustriales y el 2,5% del empleo total en Argentina”, destaca el informe técnico.

Esto se traduce en un total de 404.183 puestos de trabajo, cifra que abarca tanto el empleo asalariado registrado como el no registrado y los trabajadores independientes. La distribución de estos puestos muestra que la mayor parte se concentra en la producción primaria, la cual genera 246.847 empleos (un 61% del total de la cadena).

La industrialización de la soja también desempeña un rol crucial en la dinamización del mercado laboral, aportando 36.731 puestos de trabajo. De esta cifra, el 89% corresponde a la industria aceitera (primera industrialización), mientras que el 11% restante pertenece a la segunda industrialización, donde se incluyen la elaboración de alimentos preparados para animales (9%) y la fabricación de biodiesel (2%). Por su parte, la comercialización aporta 46.938 puestos de trabajo, y los sectores de transporte, almacenamiento e insumos completan el entramado con más de 70.000 empleos adicionales.

Valor agregado y divisas

El debate sobre el valor agregado encuentra en la soja un ejemplo concreto de transformación industrial. De acuerdo con los datos de la BCR, el complejo soja genera “1 de cada 3 dólares que ingresan al país por exportaciones”. En periodos recientes, las exportaciones del complejo alcanzaron los USD 23.719 millones, estableciendo un récord histórico. El principal producto de exportación es la harina o pellets de soja, seguido por el aceite de soja, que ha registrado sus mejores marcas históricas en términos de valor.

Un ejercicio estadístico permite dimensionar el peso de la industria local: si Argentina exportara únicamente el grano sin procesar en lugar de los subproductos industrializados (harina, aceite y biodiesel), el valor de las exportaciones sería significativamente menor. “Industrializando el poroto de soja en el país se permitió generar un valor agregado adicional de casi USD 2.000 millones a las exportaciones del complejo”, señala el documento de la Bolsa rosarina. En términos de participación sobre el PBI, la cadena de la soja explica aproximadamente 3,5 de cada 100 pesos de la riqueza generada en el país.

La dinámica del maíz y otras cadenas

Otra de las columnas vertebrales de las exportaciones argentinas es el complejo del maíz. A pesar de las variaciones estacionales o climáticas que pueden afectar el volumen exportado en años específicos, su cadena de valor presenta una complejidad creciente.

El procesamiento del maíz no solo se limita a la exportación de grano, sino que se extiende hacia la producción de proteína animal, bioetanol y diversos derivados industriales. Esta capacidad de transformación es lo que define su aporte al valor agregado, permitiendo que la producción primaria actúe como dinamizadora de servicios tecnológicos, logística y procesos industriales de transformación en origen, como explica en el fragmento de video de abajo el economista Roberto Bisang.

Otros complejos de peso: minería y petróleo

Si bien el campo domina la lista de los diez mayores exportadores, otros sectores muestran un crecimiento estructural relevante. El complejo de oro y plata es el único que ha logrado un crecimiento sostenido durante cinco años consecutivos, duplicando su valor exportado de USD 2.365 millones en 2020 a USD 4.877 millones en 2025. Este fenómeno se explica principalmente por el incremento en los precios internacionales del oro, compensando un volumen de exportación que se encuentra un 40% por debajo del promedio de la última década.

Asimismo, el complejo petrolero-petroquímico se ha consolidado como el segundo sector exportador en importancia, ubicándose solo por detrás de la soja. Con exportaciones que alcanzaron los USD 11.495 millones en 2025, este complejo registró un crecimiento del 135% respecto a 2021. Este ascenso lo ha llevado a escalar posiciones de forma ininterrumpida, pasando del cuarto puesto en 2021 al segundo lugar que ocupa desde 2023, ampliando la brecha con el resto de los sectores industriales y extractivos.

En conclusión, los datos ratifican que la generación de divisas y empleo en Argentina sigue teniendo una dependencia directa de la competitividad de las cadenas agroindustriales. Siete de los diez principales motores de las ventas externas del país tienen su origen en la producción rural, demostrando que el concepto de “valor agregado” se manifiesta tanto en la eficiencia de la producción primaria como en la escala de sus procesos de industrialización.

La confianza del sector agropecuario en la Argentina alcanzó en marzo de 2026 su punto más elevado de los últimos nueve años, de acuerdo con el Índice de Confianza del Empresario Agropecuario (ICEA), elaborado a partir de la Encuesta CREA.

El estudio, refleja que tanto la percepción sobre las condiciones actuales, como las expectativas de futuro mantienen valores superiores al promedio histórico, aunque persisten focos de incertidumbre que condicionan la toma de decisiones, según difundió el Movimiento CREA, la red de productores que nuclea a más de 2.000 empresas agropecuarias y es una de las principales referencias técnicas del sector.

El ICEA trepó a 70 puntos en marzo de 2026, lo que representa una suba del 4,5% respecto de noviembre de 2025 y un 7,7% en términos interanuales. El promedio histórico del indicador es de 48 puntos, lo que ubica al indicador en uno de los puntos más altos de toda la serie relevada.

El impulso fundamental proviene de una mejora considerable en la evaluación de las condiciones presentes por parte del sector agroindustrial. El subíndice de Condiciones actuales creció hasta 65 puntos —un 13,8% más que en noviembre de 2025— y consolida la tendencia positiva iniciada a mediados de 2025.

Por su parte, el subíndice de Expectativas se ubicó en 75 puntos, manteniéndose en niveles superiores al promedio pero cediendo 2,5% en comparación con la medición previa, lo que sugiere un clima de mayor volatilidad e incertidumbre en el corto plazo.

La mejora del agro supera a la del contexto económico

El análisis por sectores revela dinámicas distintas. La percepción sobre la situación económica nacional experimentó una baja leve del 2,2% frente a noviembre de 2025, tras el repunte posterior a las elecciones de octubre de ese año, sin replicar los máximos alcanzados durante la actual administración.

En contraste, la valoración de la situación de la empresa mostró una mejora sustancial del 6,3%, alcanzando los 70 puntos, el registro más alto desde marzo de 2017. El subíndice de Situación del sector agropecuario evidenció un crecimiento del 11,8% frente a la medición previa y del 31,6% interanual.

Según el relevamiento, la mejora se explica por mejores expectativas de precios y por una mayor predisposición a invertir, especialmente en el rubro ganadero.

Este último segmento exhibe un diferencial importante: el 82% de los empresarios exclusivamente ganaderos considera actualmente que es un buen momento para invertir, mientras que solo el 28% en agricultura y el 19% en lechería comparten esa percepción.

Esta brecha destaca el dinamismo particular del sector ganadero en el actual contexto. La industria está impulsada por altos valores en el mercado internacional y por una recuperación en los precios en el negocio local. La mayor demanda prevista, en parte, por los acuerdos entre la Argentina y Estados Unidos y la esperanza de una mejora en los pedidos por parte de Asia -especialmente, China- y Europa, también mejora las proyecciones del sector ganadero argentino.

Volatilidad y recuperación

El recorrido del ICEA y sus subíndices entre noviembre de 2012 y marzo de 2026 registra varias fases marcadas. Hasta 2016, las líneas de confianza muestran un crecimiento sostenido, con un pico relevante ese año. Posteriormente, se verifica una caída abrupta que se extiende hasta mediados de 2017, una leve recomposición hacia 2018 y una recaída durante el bienio 2019-2021, donde predominan valores bajos y alta volatilidad.

A partir de 2022, las mediciones del ICEA señalan una recuperación gradual, con especial énfasis en las expectativas de futuro y la confianza general; las condiciones actuales también mejoran, aunque a un ritmo moderado. Para marzo de 2026, todos los indicadores (ICEA, condiciones presentes y futuras) se sitúan claramente por encima de su promedio histórico, confirmando una percepción de mejora tanto en el presente como en las proyecciones a futuro.

El recorrido del ICEA entre 2012 y marzo de 2026 muestra varias etapas bien marcadas. Tras una mejora sostenida hasta 2016, cuando se alcanzó uno de los picos más altos de la serie, la confianza cayó con fuerza y se mantuvo débil hasta 2021, con alta volatilidad y valores bajos. Desde 2022 comenzó una recuperación gradual que se fue consolidando durante 2025 y que en marzo de 2026 ubica tanto el índice general como los subíndices de condiciones actuales y expectativas claramente por encima del promedio histórico.

Al mismo tiempo, la percepción sobre la situación del país sigue siendo la más inestable, mientras que la evaluación sobre las empresas y el sector agropecuario muestra una mejora más sostenida.

El Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen estableció un precedente al dictar que el municipio de Daireaux debe devolver sumas cobradas a productores rurales en concepto de tasa vial, tras comprobar graves deficiencias en el servicio de mantenimiento de caminos rurales y desvío de fondos a otros fines. El fallo, emitido por el juez Pablo Cristián Germain, se centró en la falta de contraprestación efectiva y la utilización de recursos recaudados en destinos ajenos a la red vial. La sentencia consideró nula la tasa vial para un grupo de contribuyentes y ordenó la devolución de lo abonado, mientras que en otros casos dispuso reducciones proporcionales. Y se suma a acciones de productores de otros distritos.

La resolución judicial surgió a partir de una demanda iniciada por cuatro productores y empresas del partido bonaerense de Daireaux. Los reclamantes cuestionaron la legitimidad de la tasa, argumentando que el municipio no cumplió con la obligación de mantener en condiciones adecuadas los caminos rurales durante los años 2022 y 2023. El expediente incluyó informes técnicos y contables que detectaron que solo el 4% de la red vial estaba en estado “muy bueno”, pese a que el municipio disponía de recursos suficientes para alcanzar un 70% de caminos en óptimas condiciones.

El análisis pericial resultó determinante para la decisión. El informe de ingeniería presentado en el juzgado describió que el 96% de la red analizada presentaba deficiencias relevantes, entre ellas acumulación de agua y ahuellamientos, lo que impedía la correcta circulación. Además, el parque de maquinaria del municipio resultó obsoleto e insuficiente para las tareas exigidas. Estos elementos fundamentaron la postura de los productores, quienes manifestaron que la recaudación por tasa vial no se reflejaba en la prestación del servicio.

La pericia contable confirmó que una parte importante de los fondos recaudados bajo la tasa de mantenimiento vial se destinó a rentas generales del municipio y no a la red de caminos, lo que contradice el principio de afectación específica. En 2022, el desvío de recursos alcanzó el 22,95% de la obligación fiscal devengada. Para 2023, ese porcentaje se elevó a 27,88%. El juez Germain ordenó que esos montos fueran descontados de las liquidaciones fiscales y declaró la ilegitimidad del cobro en esas proporciones.

Uno de los puntos centrales del fallo radica en la distinción entre tasa y tributo. El magistrado sostuvo que “la tasa no es un impuesto”, sino que implica una contraprestación concreta, individualizada y efectiva al contribuyente. El cobro sin prestación del servicio, según la sentencia, constituye una afectación al derecho de propiedad. El juez remarcó que la carga de la prueba sobre la prestación recae en la administración municipal, y no en los productores.

El fallo aplicó criterios diferenciados según la situación de cada demandante. Para uno de los productores, cuya vía de acceso se encontraba en estado “malo” y sin mantenimiento, el juez dispuso la nulidad total de la tasa y la devolución íntegra de lo abonado. En los otros tres casos, donde se verificó una prestación parcial, la tasa se mantuvo solo por el porcentaje efectivamente aplicado al servicio, deduciendo los fondos desviados a otros fines.

La causa abarcó además la gestión del entonces intendente Esteban Alejandro Acerbo (PJ), hoy legislador provincial. Según el fallo, el municipio tenía organizada una estructura formal para el mantenimiento de caminos rurales y contaba con recursos para conservar en estado “muy bueno” el 71% de la red. Sin embargo, los peritos concluyeron que solo el 41% de la red estaba en condiciones aceptables, mientras que el 59% restante no reunía requisitos mínimos para la circulación.

El proceso judicial se inició luego de que los productores agotaron la vía administrativa y presentaron una demanda anulatoria contra los decretos municipales que rechazaron sus reclamos por los períodos 2022-2024. Los demandantes resaltaron que el municipio reasignó recursos de la tasa vial a otros gastos, tergiversando la naturaleza de la tasa al equipararla a un impuesto general.

El fallo también dejó constancia de que en 2023 solo el 17% del presupuesto de la tasa vial se tradujo en servicios concretos, mientras que en 2022 apenas el 10% fue aplicado a las tareas previstas. La sentencia declaró la nulidad de los actos administrativos dictados por Acerbo en relación con las liquidaciones reclamadas y estableció que el municipio debe reliquidar lo cobrado conforme a los parámetros fijados.

El criterio sentado en esta resolución ya impacta en otros procedimientos en trámite. El abogado patrocinante de los productores anticipó que existen al menos tres juicios similares en curso, donde se espera que el fallo de Germain influya en futuras decisiones.

La decisión judicial subrayó la exigencia de una “actividad estatal específica e individualizada” como condición para el cobro de tasas, y reafirmó que la recaudación debe destinarse en forma exclusiva al servicio que da origen a la obligación fiscal. El caso Daireaux marcó un hito en la discusión sobre la relación entre tributos municipales y contraprestaciones efectivas, al establecer parámetros concretos para la exigibilidad de tasas vinculadas a servicios.

La escalada bélica que inició hace poco más de un mes en Medio Oriente ya comenzó a provocar un aumento de costos en la producción agrícola argentina, con un impacto inmediato sobre dos insumos clave: el gasoil y los fertilizantes. Según un informe de la Sociedad Rural Argentina (SRA), si las condiciones actuales persisten, el aumento acumulado de estos recursos encarecerá hasta 11% los costos de la próxima campaña agrícola.

El principal canal de transmisión del shock internacional para el campo argentino es el gasoil, que afecta dos rubros clave: la cosecha y el transporte de granos a los puertos. La SRA calcula que el gasoil representa en promedio el 15% del costo total de cosecha, de modo que el aumento acumulado de 22% en el precio del combustible desde el inicio del conflicto encarecería la recolección en un 3,3 por ciento.

En el área logística, el gasoil constituye aproximadamente un tercio del costo del transporte automotor de cargas. Por ello, el alza ya se traduce en subas de entre 6% y 7% en los costos de flete agrícola. Considerando un establecimiento situado a 300 kilómetros del puerto, el informe precisa que el costo de transporte de granos ascendió de USD 35 por tonelada a USD 38, mientras que para 800 kilómetros el costo creció de USD 61 a USD 65, y para 1.100 kilómetros subió de USD 70 a USD 75 por tonelada.

Mientras el mayor impacto del gasoil se concentra en el flete y la cosecha, la suba del precio de la urea suma alrededor de USD 39 por hectárea al costo total. El informe precisa que el efecto combinado de ambos insumos sumará aproximadamente USD 58 adicionales por hectárea respecto al escenario de costos de dos meses atrás.

La suba de insumos y la campaña fina 2026/27

El encarecimiento simultáneo del gasoil y la urea comienza a configurar una nueva ecuación de costos productivos para la próxima campaña agrícola. Si la tendencia se mantiene, la entidad nacional del campo estima que el costo total de producción de trigo en la campaña fina 2026/27 se incrementará un 9,5% en campos ubicados a 300 kilómetros del puerto, y hasta un 11% en establecimientos a más de 600 kilómetros.

El impacto es más agudo en cultivos cuyo valor por tonelada es menor y tienen mayor dependencia logística: para maíz y trigo, el transporte puede representar hasta 22% del precio de venta recibido por el productor, frente al 11% en el caso de la soja.

El informe también plantea que el impacto no será igual si el conflicto se extiende en el tiempo. En el corto plazo, el efecto se concentra en el aumento del costo del gasoil y en la cosecha y el transporte de la campaña gruesa 2025/26, mientras que los fertilizantes todavía muestran un impacto más acotado.

En tanto, si la tensión se mantiene durante los próximos meses, el golpe empezará a sentirse con mayor claridad en los números de la campaña fina 2026/27, especialmente por la suba sostenida del nitrógeno y el encarecimiento gradual de los fosfatos.

En un escenario más prolongado, el informe advierte que el impacto sería aún más profundo: el mercado internacional de fertilizantes podría ajustarse por completo, aumentarían los costos marítimos y se sumaría una presión adicional sobre los márgenes agrícolas.

Esta situación se da, además, en medio de una campaña que se perfila como una de las más grandes de los últimos años. Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el campo argentino proyecta ingresar unos USD 34.530 millones al Mercado Libre de Cambios (MLC) durante 2026, una cifra muy similar a la del año pasado pese al fuerte aumento esperado en la producción de granos.

La explicación está, en parte, en el nuevo escenario internacional: el encarecimiento del transporte marítimo, el aumento de los costos logísticos y la suba del petróleo moderan el impacto positivo de una cosecha récord sobre los ingresos por exportaciones.

El impacto internacional

Desde el estallido del conflicto, el precio internacional del petróleo subió más del 40%, mientras que la urea —principal fertilizante utilizado en el país— experimentó un alza del 42% en el mercado local. El informe de la SRA puntualiza que el gasoil grado 2 en la Argentina registró incrementos del 22% en el mismo periodo, lo que arrojó una suba paralela en los costos logísticos, un componente estructuralmente central para el sector.

La tradicional entidad que representa a productores y empresarios del campo atribuye el shock directo en los precios al efecto que el conflicto ejerce sobre el Estrecho de Ormuz, por donde transita el 25% del comercio petrolero global. La reducción del tráfico marítimo en la zona incrementó el riesgo logístico y los costos del transporte de hidrocarburos, repercutiendo de inmediato en los precios del insumo base que sostiene la maquinaria y la logística agropecuaria argentina.

El informe destaca que en las primeras tres semanas del conflicto el incremento del barril de petróleo llegó a oscilar entre 42% y 50%. En el mercado local, el gasoil grado 2 se elevó de $1.775 a $2.166 por litro, lo que representa un incremento del 22 por ciento.

En el mercado internacional, la urea aumentó 36% en apenas tres semanas. Sin embargo, el mercado argentino reflejó un salto aún mayor: la tonelada pasó de USD 530 a USD 750, un aumento del 42%. Según la SRA, estas alzas no solo incorporan el efecto internacional, sino también ajustes logísticos, recomposición de precios internos y variaciones en la disponibilidad local.

En 2025 el campo argentino usó 5 millones de toneladas de fertilizantes, de los cuales 4 millones se importaron.

Actualmente, 1 de cada 4 productores de Estados Unidos tiene disponibilidad de fertilizantes para la siembra que se definirá en las próximas dos a tres semanas, dijo la secretaria de Agricultura de ese país, Brooke Rolllins.

En Australia, uno de los grandes exportadores mundiales de granos, en particular de trigo, los productores están recortando el área a sembrar, por la misma razón: falta de fertilizantes.

Panoramas parecidos se repiten en productores clave, como la India, Canadá, China. Incluso para los fertilizantes ya producidos, el bloqueo del Estrecho de Ormuz, sigue asfixiando las posibilidades de producción agraria mundial.

Julio Calzada, director de estudios económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), dijo a Infobae: “Más del 50% del suministro mundial de alimentos podría verse afectado por la escasez o falta de fertilizantes”.

Más del 50% del suministro mundial de alimentos podría verse afectado por la escasez o falta de fertilizantes (Calzada)

Julio Calzada (Bolsa de Comercio de Rosario)

Un informe de la BCR precisó que en 2025 el 39% de la importación argentina de fertilizantes provino de países del área del Golfo Pérsico, cuyas producciones de gas, urea y amoníaco son claves en la producción granaria del país.

El gas representa el 50% del costo de producción de fertilizantes, la urea es el insumo “nitrogenado” más importante del campo argentino, clave en la producción de trigo y maíz, y el amoníaco, por su aporte en la producción de “fosfatados”, de peso en el ciclo productivo del agro, de siembra a cosecha.

Impacto en los mercados de granos

Salvo el caso del aceite de soja, la potencial crisis aún no ha tenido un gran impacto en los precios mundiales de los granos. En lo que va de marzo, el precio del grano aumentó 0,9%, aunque acumula un alza del 13,4% en lo que va del año.

El trigo aumentó 4,7% desde que Estados Unidos e Israel iniciaron los ataques a Irán, el 28 de febrero pasado, llegando a una suba del 13,9% en lo que va del año.

El maíz mostró una conducta de precios diferente: aumentó 6,5% en lo que va del mes, pero previamente venía en baja y acumula un aumento del 1,5% desde el inicio del año.

El precio del arroz, otro insumo clave de la dieta alimentaria mundial, tuvo una conducta parecida al del maíz: aunque aumentó 4% desde el inicio de la guerra en el Golfo Pérsico, todavía está 18% por debajo del que era a principios del año.

La demanda no convalidaría

“Sí, leemos y sabemos estas cosas, pero los precios que nos llegan todavía no reflejan esa expectativa”, dijo a Infobae un directivo de una importante cadena de supermercados de la Argentina.

“El sector está mal, es un combo muy complicado; impuestos altísimos, bajo consumo y encima tenemos que competir con cooperativas que no pagan impuestos”, dijo el supermercadista, quien resaltó que –en cualquier caso- la demanda no convalidaría los potenciales aumentos de los que se habla.

El sector está mal, es un combo muy complicado; impuestos altísimos, bajo consumo y encima tenemos que competir con cooperativas que no pagan impuestos (Supermercadista)

Supermercadista

Un episodio similar y perspectivas así no se vivían desde el segundo trimestre de 2022, cuando a raíz de la invasión rusa de Ucrania y el inicio de una guerra que ya lleva más de cuatro años la revista inglesa The Economist advirtió sobre una posible “catástrofe alimentaria” debido a un combo mortal de conflicto bélico, escasez de fertilizantes, bloqueo marítimo y restricciones comerciales. Esa lista de causas vuelve a estar vigente en el escenario actual.

Según The Fertilizer Institute, a los agricultores estadounidenses les faltarán unas dos millones de toneladas de urea en esta primavera (boreal).

Perspectivas para el campo argentino y desafíos logísticos

En el caso argentino, es difícil predecir cuánto podría faltar, porque para la siembra de maíz y trigo faltan entre dos y tres meses. Como informó Infobae, las decisiones tienen que tomarse ahora y están en manos de los grandes traders de granos, que compiten por asegurarse “originación” de producto proveyendo el insumo a los productores. Esas decisiones parecen estar demoradas o son difíciles de procesar, porque en este momento quienes compiten por los pocos fertilizantes que hay tienen bolsillos más hondos.

En el caso de conseguirse fertilizantes, al precio que fuere, hay que conseguir y pagar buques, de los que también hay menos disponibilidad y cuyos costos aumentaron cerca del 40 por ciento

Además, en el caso de conseguirse fertilizantes, al precio que fuere, hay que conseguir y pagar buques, de los que también hay menos disponibilidad y cuyos costos aumentaron cerca del 40% desde el inicio del conflicto.

Incógnitas

Se trata de incógnitas clave para la suerte del campo y de la economía en los próximos meses. Es cierto que en un mundo cada vez más fragmentado y geopolíticamente conflictivo Argentina se ofrece como un productor en zona de paz y con rutas de tránsito ajenas a hipótesis de conflicto. Claro que a su vez los problemas de acceso a fertilizantes y el mayor costo de los fletes podrían comprometer el volumen total de producción de un sector que en 2025 fue el origen del 60% de las exportaciones totales del país, más de USD 51.000 millones sobre los poco más de USD 87.000 millones de exportación total.

Incluso si, como en 2022, el mundo logra evitar que la crisis se transforme en hambruna en las regiones más pobres del mundo, Argentina debe cuidarse de que mientras celebra los éxitos y las perspectivas de Vaca Muerta, el actual conflicto no estrangule la producción del campo argentino, la “Vaca Viva”, que seguirá siendo por varios años más el principal aportante de dólares de la economía.

Hasta el momento, la cronología del caso marcó su inicio el último viernes cuando Riboldi compartió un video en sus redes sociales ante sus 3 millones de seguidores en donde denunciaba públicamente la desaparición de 190 cabezas de ganado, un lote compuesto por 100 machos —entre novillos y novillitos— y 90 vaquillonas de razas angus negras y coloradas, con un valor estimado en 300 millones de pesos.

Casi un día después, tras un rápido despliegue de la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas”, lograron dar con 161 animales en un feedlot situado en la localidad de Chabás, a unos 80 kilómetros del lugar de donde había desaparecido.

Lo que parecía que iba a ser una resolución rápida tras encontrar al ganado con un simple caso de abigeato y descubrir al presunto culpable, terminó con nuevas preguntas que ahora la Justicia intenta responder, con la investigación de los Tribunales de Villa Constitución, a cargo del fiscal Ramiro Martínez.

En las últimas horas, "La Joya Agro" compartió un descargo en sus redes sociales, intentando explicar qué fue lo que ocurrió. “Ya presenté toda la documentación que respalda esto, que aparte está en SENASA. Los 190 animales en cuestión, desaparecidos, son nacidos en mi campo en Tornquist. Tengo la trazabilidad de esa hacienda y, hasta el día de hoy, siempre fue de mi propiedad. Tienen mi marca y tienen mis caravanas. Como todos ya saben, yo soy criador, no engordador. Entonces, esos animales estaban en engorde, cumpliendo el ciclo de engorde, en un campo en Santa Teresa, que no es mío. Yo no estaba en sociedad con nadie. Los animales estaban ahí engordando. Es un servicio“, aclaró en un descargo que realizó en su cuenta de Instagram y que encabeza esta nota.

Este proceso de engorde se llama capitalización de hacienda y básicamente se trata de un contrato asociativo ganadero donde un dueño de animales (capitalizador) entrega ganado a otro (titular del campo) para que engorden o cría, repartiéndose la producción final en kilos de carne o terneros. Así, el productor aprovecha pasturas sin comprar hacienda y el dueño de animales alquila campo sin pagar dinero, asumiendo los riesgos compartidos.

Acá es donde entró en juego el rol de Coscia, quien se dedica a la actividad de engorde en un campo llamado "La Cañada“, ubicado justamente en la mencionada localidad de Santa Teresa. En ese sentido, desde el entorno del imputado, señalaron que sí existía una relación comercial entre ambos que databa desde el año 2023 y este era el cuarto ciclo de engorde que realizaban. Lo que sí está claro es que no había una sociedad entre ambos productores.

Justamente, un detalle no menor es que cada animal está obligado desde el 1 de enero de 2026 a contar con un Sistema de Identificación Electrónica aprobado por la Resolución 530/2025 de SENASA. Estos dispositivos son llamados caravanas, que se colocan en la oreja izquierda del animal y permiten saber quiénes son los dueños, además de tener control sobre el estado de la salud y cuidados correspondientes. Es decir, son animales identificables y es sencillo conocer su trazabilidad.

A esto se suma que, para efectuar cada traslado de animales, es necesario sacar ante el mismo organismo las guías de traslado conocidas como documentos de tránsito electrónico (DT-e). Este es uno de los puntos que la investigación está intentando determinar y entender: cómo Coscia presuntamente logró mover a las cabezas de ganado sin el permiso de Riboldi.

“El miércoles 17 a la tarde, yo me entero por mi sistema de autogestión que se habían emitido a la mañana, ese mismo día, dos guías para el traslado de los 190 animales desde el campo de Santa Teresa hasta mi campo de Tornquist, como que mis animales volvían. Yo no estaba al tanto, yo no lo había hecho. Y el sistema te dice que no se hizo por autogestión, o sea que lo hizo alguien personalmente en una oficina de SENASA. Los doy de baja con motivo de fraude“, explicó Riboldi.

Y siguió: “Cuando encontramos los 161 animales a la tarde del viernes en Chabás, y más toda la información que recolectamos con la Policía de Investigación, da que el 25 de febrero esta persona agarró 161 animales de los 190 míos, que tienen mi marca y que tienen mi caravana con mi código, los hizo pasar por animales de su propiedad, se los ofreció a una consignataria muy reconocida acá de Rosario, que entiendo que también fueron, revisaron los animales, lo habrán visto, los ofrecieron y se lo venden a un productor agropecuario”.

Sin embargo, acá aparece uno de los grandes interrogantes que todavía no se pudieron determinar, ya que hasta ahora esos 29 animales no aparecen. Según pudo saber Infobae, los investigadores aún no pudieron determinar qué pasó con esas vacas y si estuvieron realmente en el campo en todo este tiempo.

De acuerdo al informe policial al que tuvo acceso este medio, una persona que estaba a cargo del cuidado del campo "La Cañada“, donde estaban los animales, refirió a las autoridades que nunca vio la cantidad de 190 animales que denuncia Riboldi.

Por otro lado, existen dos guías de traslado con fecha en noviembre y diciembre del año 2025 solicitadas a SENASA por un total de ciento sesenta y tres animales. Justamente, gente que estuvo cerca del campo reveló que dos de las vacas llegaron enfermas y murieron durante los meses de verano.

Incluso, dentro de los permisos que otorga este organismo, uno de los puntos que deben tener en cuenta los productores es que los animales deben estar controlados por veterinarios para estar al tanto del estado de salud de los mismos y que se apliquen las vacunas correspondientes. En el caso del establecimiento mencionado, hay un comprobante por una visita realizada el 4 de febrero de este año donde el profesional a cargo marcó que la cantidad de animales existentes en este campo era de 161.

Las deudas de Coscia y el vínculo con Riboldi

Otro de los puntos que no termina de quedar claro para la investigación son las deudas de Nicolás Coscia, quien aparece con una importante cantidad de cheques rechazados por falta de fondos. En ese sentido, según comentaron a Infobae, todo tiene que ver con una problemática familiar que viene arrastrando el imputado y por malos negocios.

Según registros financieros a marzo de 2026, el productor acumula una deuda de más de 200 millones de pesos en el sistema bancario, con el agravante de que el Banco Nación ya lo califica en alto riesgo de insolvencia. Además, en su historial de cheques: de 250 emitidos, 161 permanecen impagos, sumando una deuda por cheques rechazados de más de 700 millones de pesos.

Todo esto es materia de investigación y si utilizaron la venta de los animales para saldar deudas.

Desde el entorno del imputado sostienen que la venta se realizó con consentimiento del propio denunciante, quien sabía que la operación se iba a realizar. Incluso, remarcaron que fue el propio Riboldi quien pidió tener plata al contado para el 9 de marzo. Todo esto quedó plasmado en una serie de mensajes que el propio damnificado le envió a Coscia y que en los próximos días serán presentados ante la Justicia.

La división de “Los Pumas” remarcó que en la entrevista con Riboldi el mismo expresó que “esta movida le aportó 11 millones de seguidores en dos o tres días” e incluso hace referencia a que Coscia es "su mejor amigo de toda la vida“. Los efectivos insistieron para obtener la dirección del sospechoso para proceder a la detención, a lo que el propio Riboldi no contestó y evitó referencias del domicilio.

Según consta en el mismo informe, el jefe de Los Pumas de Santa Teresa logró hablar con Coscia en donde este comenta que Riboldi lo amenazó a través de su madre por una llamada telefónica: “Le habría dicho que a su hijo se lo iba a sacar por televisión y que lo iba a arruinar”.

Infobae insistió en comunicarse con el denunciante, pero hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el agro atraviesa un boom absoluto y que este año podría aportar hasta USD 8.700 millones adicionales en exportaciones. Un dato clave en medio de la compra de reservas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que pretende llegar a USD 10.000 millones en 2026. Aunque la balanza comercial marcó otra tendencia en febrero, en donde las ventas al exterior cayeron en comparación con el año pasado.

Para el ministro Caputo, mientras que “todos hablan del potencial de la energía y la minería”, pocos observan el efecto inmediato de las medidas tomadas sobre el sector agropecuario. “Pocos reparan en la extraordinaria reacción de nuestros productores agropecuarios a las bajas de impuestos que hemos hecho a las exportaciones (retenciones) e importaciones (aranceles a bienes de capital, herbicidas, equipos de riego, permiso para importar maquinaria usada, etc. Así, subió fuertemente la inversión y la producción apunta a una cosecha récord para este año”, sostuvo en la red social X.

El funcionario detalló que, según las proyecciones del Ministerio de Economía, en un escenario conservador las exportaciones del sector subirían en USD 3.700 millones de dólares respecto al año pasado. En un escenario de precios y producción más elevado, la cifra ascendería a casi USD 42.000 millones, lo que representaría USD 8.700 millones adicionales en comparación con el registro del año anterior.

Las declaraciones de Caputo se suman a un contexto en el que las exportaciones argentinas atraviesan un período de ajuste. En febrero, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el saldo comercial arrojó un superávit de USD 788 millones, pese a una caída interanual de las exportaciones y de las importaciones. Con el desempeño del agro como uno de los motores clave para revertir la tendencia y fortalecer la balanza comercial en los próximos meses.

Durante el segundo mes del año, las exportaciones sumaron USD 5.962 millones, registrando una caída del 2,9% en comparación con febrero de 2025. Según el organismo técnico, “este descenso fue impulsado por una baja de 7,1% en las cantidades exportadas, ya que los precios aumentaron 4,4%”. En términos desestacionalizados, las ventas al exterior mostraron una caída más pronunciada del 16,2% respecto a enero de 2026.

El desempeño de las exportaciones fue dispar entre los grandes rubros. Las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) sumaron USD 1.747 millones, con un crecimiento interanual del 8,6%. Por su parte, los Productos Primarios (PP) alcanzaron los USD 1.750 millones, registrando un alza del 8,2%. En contraste, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) totalizaron USD 1.834 millones, lo que representó una caída del 10,1%. El retroceso más severo se dio en Combustibles y Energía, que con USD 631 millones exportados, sufrieron una contracción del 27,6% en comparación con igual mes de 2025.

En el análisis sectorial, los productos relacionados con el complejo sojero mostraron un deterioro significativo. La balanza comercial de los derivados del cultivo de soja alcanzó un saldo de USD 375 millones, un 50,7% menos que en febrero de 2025. Las exportaciones de este complejo cayeron un 30,4% (USD 743 millones), afectadas por una baja del 28,6% en las cantidades y del 2,5% en los precios. Dentro de este rubro, las cantidades exportadas de harina y pellets de soja bajaron un 27,3%, mientras que el aceite de soja en bruto cayó un 50,2 por ciento.

Por el lado de las compras al exterior, las importaciones totalizaron USD 5.174 millones, lo que implicó una reducción interanual del 11,8%. El Indec precisó que “esta baja se atribuyó a la disminución de 14,9% en las cantidades, ya que los precios aumentaron 3,7%”. A diferencia de las exportaciones, la serie desestacionalizada de las importaciones creció un 8,2% frente al mes previo.

Compras del Banco Central

Las declaraciones de Caputo resultan de suma importancia, ya que revelan los dólares que podría comprar el BCRA. Hasta la fecha, la entidad que conduce Santiago Bausili hilvanó 53 ruedas consecutivas sumando divisas en un contexto de estabilidad cambiaria. Este viernes, la entidad adquirió USD 172 millones, el monto más alto registrado en marzo, sumó USD 485 millones en la semana y ya acumula compras por más de USD 3.700 millones en lo que va de 2026.

Hasta el momento, las principales compras de dólares por parte del Banco Central provinieron de la liquidación de exportaciones agropecuarias y de la emisión de obligaciones negociables por empresas en el exterior. Y persistía la incertidumbre sobre si este ritmo en la acumulación de reservas podrá sostenerse en lo que resta del año. Aunque ahora el ministro Caputo sostiene que el campo podría aportar USD 8.700 millones más que en 2025 con el impulso de las políticas de alivio fiscal y de menores regulaciones.

Todo comenzó el último viernes cuando Riboldi compartió un video que alcanzó los 6,5 millones de visualizaciones en donde denunciaba públicamente la desaparición de 190 cabezas de ganado. El lote robado estaba compuesto por 100 machos —entre novillos y novillitos— y 90 vaquillonas de razas angus negras y coloradas. Se trataba de animales listos para producción, con un valor estimado, según la propia víctima y fuentes oficiales, que superaba los 300 millones de pesos.

La repercusión del episodio fue aún mayor porque Riboldi no es un productor tradicional. Se trata de uno de los creadores de contenido más conocidos del mundo agro en la Argentina, con una comunidad que supera los 3 millones de seguidores entre sus cuentas de Instagram y TikTok.

En respuesta a esta denuncia, la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas” se desplegó rápidamente con un operativo en la zona para dar con el lote robado, teniendo en cuenta que era un número bastante grande para algo realizado por una sola persona, sin apoyo logístico.

El procedimiento permitió localizar 161 de los animales robados en un feedlot situado en la localidad de Chabás, a unos 80 kilómetros del campo afectado. Los agentes verificaron la identidad del ganado mediante marcas y documentación de traslado asociada al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), lo que facilitó la restitución de los ejemplares a su propietario.

Según pudo saber Infobae, en las últimas horas, la Justicia de Villa Constitución, a través del fiscal Ramiro Martínez, imputó a un hombre identificado como Nicolás Coscia por el delito de defraudación por abuso de confianza en calidad de autor. Las pruebas recabadas hasta el momento demostraron que no se trató de un simple robo de ganado, sino que atrás existía una relación comercial entre ambos involucrados.

De acuerdo a lo que relataron a este medio, Coscia y Riboldi eran socios ganaderos, que contaban con una mecánica de trabajo común en el campo. Por un lado, Coscia se dedicaba al engorde de las cabezas de ganado que Riboldi le entregaba y también era quien llevaba a cabo la venta de dichos animales a otros productores. Esto generaba una diferencia entre el peso de los animales cuando se entregaban y cuando eran vendidos, conocido como valor agregado, que luego era repartido entre los dos.

Este proceso se llama capitalización de hacienda y básicamente se trata de un contrato asociativo ganadero donde un dueño de animales (capitalizador) entrega ganado a otro (titular del campo) para engorde o cría, repartiéndose la producción final (kilos de carne o terneros). Así, el productor aprovecha pasturas sin comprar hacienda y el dueño de animales alquila campo sin pagar dinero, asumiendo riesgos compartidos.

En ese sentido, la imputación del fiscal Martínez señala que Coscia “abusando de la confianza depositada en su persona y de la relación comercial existente, dispuso ilegítimamente de dichos animales vacunos actuando mediante y/o en representación” de la sociedad que encabezaba Riboldi junto con su familia.

El hecho puntual de la venta tiene lugar el pasado 25 de febrero cuando Coscia, a través de Agroganadera del Este S.A.S, hizo la venta de 161 bovinos que pertenecían a la firma de la que Riboldi era el accionista mayoritario, conocida como Agrotranquera S.R.L. La acusación señala que el pasado 17 de marzo, el imputado se presentó en las oficinas de SENASA y “gestionó la emisión de nuevas guías de traslado por ciento noventa bovinos”.

“Dicha gestión no respondió a la existencia real de tal cantidad de animales en el establecimiento, sino que constituyó una maniobra adicional orientada a generar apariencia de continuidad y cobertura formal respecto de la disposición ya efectuada, lo cual fue advertido y anulado por el damnificado el mismo día”, remarcó el escrito que presentó Martínez.

Para la investigación es clave la gestión de los documentos de tránsito electrónico (DT-e) ante SENASA, ya que podrían haberse hecho de forma irregular. Incluso, según pudo verificar este medio, Coscia también tenía una importante deuda por cheques rechazados e incumplimientos.

Según registros financieros a marzo de 2026, el productor acumula una deuda de más de 200 millones de pesos en el sistema bancario, con el agravante de que el Banco Nación ya lo califica en alto riesgo de insolvencia. Además, en su historial de cheques: de 250 emitidos, 161 permanecen impagos, sumando una deuda por cheques rechazados de más de 700 millones de pesos.

La Justicia avanza con los pedidos de informes al SENASA para determinar la validez de la documentación y si existió una relación comercial entre ambos que avale el movimiento de los animales. Por lo pronto, hay 29 vacunos de los que todavía no se sabe nada.

Mientras tanto, desde el entorno de Coscia señalaron que desde el 2023 existía una relación entre ambos, cuando comenzaron con el proceso de engorde de ganado. Incluso, llegaron a tener un vínculo cercano producto de una relación entre la hermana del imputado y el propio Riboldi.

Este iba a ser el cuarto ciclo de engorde que realizaban en conjunto, hasta que comenzaron los pedidos de Riboldi para “liquidar el ganado”, es decir, con el objetivo de hacerse de un dinero para principios de marzo. De hecho, según señalan desde el entorno del imputado, la venta se realizó con consentimiento del propio denunciante, que pidió tener la plata para el 9 de marzo. Todo esto quedó plasmado en una serie de mensajes que el propio damnificado le envió a Coscia y que en los próximos días serán presentados ante la Justicia.

A todo esto, en el informe policial realizado por la división de “Los Pumas”, señalaron que en la entrevista con Riboldi el mismo expresó que “esta movida le aportó 11 millones de seguidores en dos o tres días” e incluso hace referencia a que Coscia es "su mejor amigo de toda la vida“. Los efectivos insistieron para obtener la dirección del sospechoso para proceder a la detención, a lo que el propio Riboldi no contestó y evitó referencias del domicilio.

Según consta en el mismo informe, el jefe de Los Pumas de Santa Teresa logró hablar con Coscia en donde este comenta que Riboldi lo amenazó a través de su madre por una llamada telefónica: “Le habría dicho que a su hijo se lo iba a sacar por televisión y que lo iba a arruinar”.

Infobae intentó comunicarse con el denunciante, pero hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta.

Por medio de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el gobierno eximió a los productores del campo de contar con habilitaciones municipales o provinciales en varios trámites de la actividad agropecuaria ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La resolución, que lleva la firma de María Beatriz Giraudo, titular del Senasa, deroga disposiciones de una resolución de noviembre de 1992, básicamente simplifica los trámites al eximir a los productores de contar con habilitaciones locales si están inscriptos en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa), un registro obligatorio y gratuito del Senasa que asocia al productor con su tierra y actividad (agrícola, ganadera o forestal), como medio de fiscalización de la sanidad vegetal y animal, inocuidad de alimentos y la comercialización. Además de ser gratuito, contra los costos de ciertas habilitaciones municipales, este trámite se gestiona online a través de AFIP o de forma presencial.

DNU 70

En sus considerandos, la resolución cita expresamente como antecedentes y fundamento al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y el Decreto 90/2025 del gobierno de Javier Milei. El DNU 70, la primera gran pieza normativa elaborada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, estableció “que el ESTADO NACIONAL promoverá y asegurará la vigencia efectiva, en todo el Territorio Nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo” mediante “la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional y que quedarían sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y la demanda”.

En tanto, el decreto 90, de febrero del año pasado, promovió “un relevamiento normativo con el objetivo de identificar las normas vigentes y proponer la derogación de aquellas que resulten redundantes, innecesarias o generen un sobrecosto del sector productivo”, a partir de un examen de la ley de Administración Financiera y Sistemas de Control, sancionada en 1992.

De hecho, Sturzenegger felicitó a Giraudo y celebró la medida del Senasa calificándola como “un granito de arena para contener la voracidad municipal”. Al separar los trámites nacionales de los municipales, explicó, se evitan “duplicaciones y el margen para la extorsión. En el gobierno de @JMilei pensamos que menos trámites se traduce en más libertad y la mayor libertad en más progreso. VLLC!”.

Duplicidad de trámites y requisitos

La resolución apunta a evitar la superposición de requisitos que dice, “importa, en la práctica, una duplicidad de requisitos y de documentación”. Esas superposiciones, subraya la norma, sumaba condiciones ajenas al Senasa y costos extras que generan “una carga administrativa y burocrática tanto para el Gobierno como para los ciudadanos”. La norma con la firma de Giraudo también apunta a la armonización de criterios, contra “la heterogeneidad de los regímenes locales de habilitación”. Por eso, el Senasa avanzó en simplificar los trámites, eliminar la obligatoriedad de presentar las habilitaciones municipales vinculadas a varios eslabones de la cadena productiva del campo: predios productivos, laboratorios, terminales de carga y proveedores de productos y servicios veterinarios.

El Senasa aclaró, sin embargo, que la eximición de habilitaciones municipales no se trata de una flexibilización de las normas sanitarias ni de las responsabilidades de quienes participan de la cadena de producción rural y agroalimentaria. “La presente medida no exime a los administrados del cumplimiento de la normativa nacional, provincial o municipal vigente aplicable al desarrollo de sus actividades”, dice expresamente la resolución, sino que se limita a eliminar requisitos administrativo y exigencias documentarles vinculadas “a competencias propias de las jurisdicciones locales”. Y lo hace explicando que la ley 27.233 de Sanidad Animal y Vegetal “es de interés nacional y fija la responsabilidad de los actores de la cadena agroalimentaria en garantizar la inocuidad y calidad de la producción”.

“Pilu” Giraudo, la presidente del Senasa, es una connotada dirigente rural, de varias generaciones de productores agropecuarios del sur de Santa Fe. Tiene un posgrado en Agronegocios de la Facultad de Agronomía de la UBA, presidió la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), de quien su padre fue uno de los fundadores, y durante el gobierno de Mauricio Macri integró brevemente el equipo del ministro de Agroindustria Ricardo Buryail. Además, es cofundadora de la Red de Mujeres Rurales.

Ya en el gobierno de Javier Milei, fue vicepresidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), donde ejecutó un plan de ajuste del organismo, y desde julio de 2025 preside el Senasa, desde donde ahora promovió y ejecutó la resolución celebrada por Sturzenegger para “contener la voracidad de los municipios”.

El productor agropecuario e influencer argentino Bruno Riboldi, conocido en redes sociales como “La Joya Agro”, denunció el robo de 190 animales de su establecimiento en Santa Teresa, Santa Fe, en un episodio que expuso la problemática de la inseguridad rural en la región. Además de la magnitud del hurto, el caso cobró notoriedad por la visibilidad pública de la víctima, quien suma más de tres millones de seguidores entre Instagram y TikTok.

En respuesta a la denuncia, la Policía de Santa Fe, a través de la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas”, desplegó un operativo en la zona sur de la provincia. El procedimiento permitió localizar 161 de los animales robados en un feedlot situado en la localidad de Chabás, a unos 80 kilómetros del campo afectado. Los agentes verificaron la identidad del ganado mediante marcas y documentación de traslado asociada al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), lo que facilitó la restitución de los ejemplares a su propietario.

La denuncia de Riboldi generó un fuerte impacto en la comunidad agropecuaria y entre sus seguidores. El video en el que relató lo ocurrido superó las 3,5 millones de visualizaciones en pocas horas y motivó cientos de mensajes que ofrecían datos relevantes para la investigación. En el video publicado, el productor especificó que el lote sustraído incluía 100 machos (novillos y novillitos) y 90 vaquillonas de razas angus negras y coloradas, todos animales próximos a incorporarse al ciclo productivo.

El valor estimado de la pérdida, según la propia víctima y fuentes oficiales, supera los 300 millones de pesos. Para dimensionar el daño, Riboldi explicó que la reposición de esa cantidad de ganado implica no solo una inversión significativa, sino también una demora considerable en la recuperación del flujo productivo del establecimiento familiar.

No obstante, la totalidad de la hacienda no fue recuperada. De los 190 bovinos denunciados como robados, aún resta localizar 29 animales. El propio Riboldi, en declaraciones reproducidas por Rosario3, expresó su conmoción y agradecimiento tras la recuperación parcial, aunque recalcó la gravedad de la situación y la incertidumbre por el destino de los faltantes.

El avance de la investigación judicial llevó a la emisión de una orden de detención contra un hombre identificado como Nicolás C., señalado como presunto responsable de la sustracción. La fiscalía interviene también para determinar si existieron otros participantes en la planificación y ejecución del traslado del ganado, un proceso que, por su escala, requiere infraestructura y logística específica.

La visibilidad del caso

Fuentes oficiales del Gobierno de Santa Fe remarcaron que la pesquisa se inició a partir de la denuncia presentada por Riboldi, y subrayaron la complejidad de los delitos de abigeato en la región. La cartera de Seguridad provincial explicó que la localización de los animales se logró gracias a tareas de inteligencia de la Sección N°6 de Peyrano, dependiente de “Los Pumas”.

El episodio volvió a poner en agenda la preocupación del sector agropecuario por el aumento de los robos de hacienda. De acuerdo con datos del Ministerio de Seguridad y relevamientos de entidades rurales, estos delitos han crecido en frecuencia y sofisticación, afectando tanto a pequeños como a grandes productores. El traslado clandestino de animales requiere de varios camiones, personal y documentación falsa o adulterada, lo que sugiere la existencia de redes organizadas dedicadas a esta actividad ilícita.

El impacto de los robos trasciende la pérdida material inmediata. Productores y especialistas consultados advirtieron que la reposición de animales y la normalización operativa pueden extenderse durante meses, comprometiendo la estabilidad financiera de los establecimientos y afectando la cadena de comercialización de carne y derivados.

La visibilidad del caso de Bruno Riboldi ha impulsado reclamos en redes sociales y en entidades rurales para que se refuercen los controles y se implementen nuevas herramientas tecnológicas de seguimiento e identificación del ganado. Mientras tanto, la investigación judicial sigue abierta y la Policía continúa con operativos en la región para dar con el resto de los animales y esclarecer la totalidad del hecho.

El suceso, que expone la escala que está alcanzando el abigeato organizado en el país, rápidamente generó un operativo de búsqueda, tanto por el volumen de hacienda sustraída, como por la complejidad logística que implica movilizar casi doscientas cabezas de ganado sin ser detectado. Según detalló el propio Riboldi, el perjuicio económico supera los $300 millones.

De acuerdo con los datos que dio a conocer el productor, el lote robado estaba compuesto por 100 machos —entre novillos y novillitos— y 90 vaquillonas de razas angus negras y coloradas. Se trataba de animales listos para producción, lo que aumenta el impacto económico y también la probabilidad de que hayan sido trasladados rápidamente para su venta o faena clandestina.

El caso llamó la atención dentro del sector no solo por el volumen del robo, sino también por el lugar en el que ocurrió. El establecimiento está ubicado en una zona productiva muy activa, rodeada de empresas, concesionarios de maquinaria agrícola y movimiento constante de camiones, lo que vuelve todavía más llamativo que un traslado de esa magnitud haya podido concretarse sin controles efectivos.

Según explicó el propio Riboldi en diversos videos que subió a su cuenta de Instagram, para concretar una maniobra de ese tamaño fue necesario contar con infraestructura específica, como corrales de encierre, mangas aptas para el movimiento de hacienda y varios camiones jaula. El traslado de 190 animales no se resuelve en pocos minutos y requiere planificación, organización y conocimiento del funcionamiento del circuito ganadero.

El productor también advirtió sobre las debilidades en los controles en caminos rurales y en la fiscalización de guías y marcas, un problema que aqueja a distintas entidades del sector desde hace años. En ese contexto, el caso volvió a poner en discusión el avance del abigeato organizado y la falta de herramientas para prevenir este tipo de delitos.

La repercusión del episodio fue aún mayor porque Riboldi no es un productor tradicional. Se trata de uno de los creadores de contenido más conocidos del mundo agro en la Argentina, con una comunidad que supera los 3 millones de seguidores entre sus cuentas de Instagram y TikTok.

Su propuesta en redes sociales se basa en explicar situaciones del campo para público urbano, con videos breves y contenidos pedagógicos que buscan acercar la realidad productiva a quienes no tienen vínculo directo con el sector. En ese contexto, el video en el que denunció el robo se viralizó rápidamente y superó las 3,5 millones de visualizaciones en pocas horas.

La repercusión fue inmediata y generó cientos de mensajes de personas que intentaron aportar información o difundir el caso. También hubo una fuerte reacción dentro del sector agropecuario, donde el episodio fue interpretado como una señal de alerta por la escala que están alcanzando este tipo de delitos.

El robo de casi doscientas cabezas de ganado no solo representa una pérdida económica significativa, sino también un golpe operativo que puede afectar el funcionamiento del establecimiento durante meses. La reposición de animales, los costos productivos y la pérdida de capital generan un impacto que va mucho más allá del monto inicial.

El caso volvió a poner en foco la vulnerabilidad que enfrentan muchos productores en distintas zonas del país. Mientras continúa la búsqueda de los animales y la investigación para determinar cómo se concretó el robo, el episodio expone una problemática que el sector viene denunciando desde hace tiempo: el crecimiento del abigeato organizado y la dificultad para controlar los movimientos de hacienda en zonas rurales.

Murió Carlos Guerrero, uno de los referentes históricos de la ganadería argentina y figura clave del mejoramiento genético bovino en el país. Formaba parte de la familia que introdujo la raza Angus en 1879, hoy la base de la carne premium argentina reconocida a nivel mundial.

La noticia fue confirmada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), entidad que lo despidió con un mensaje en su cuenta de X y destacó el legado de una familia que cambió el rumbo de la producción de carne en el país durante más de un siglo.

El origen de la historia de Guerrero se remonta a fines del siglo XIX. En 1879, Carlos Francisco Guerrero Cueto introdujo en el país los primeros ejemplares de la raza Angus. Tenía 32 años cuando llevó tres animales —el toro Virtuoso y las vaquillonas Aunt Lee y Cinderella— a su establecimiento en la localidad bonaerense de General Madariaga.

Aunque otros estancieros habían traído ejemplares algunos años antes, fueron los de Guerrero los que quedaron registrados oficialmente y marcaron el inicio real de la raza en el país. Hoy están entre los animales más caros de la ganadería argentina: un toro reproductor puede valer en promedio unos $10 millones, aunque los campeones superan los $40 millones y en remates excepcionales llegaron a pagarse hasta 115 millones de pesos.

Sin embargo, en esos primeros años, el Angus no fue bien recibido. Muchos productores consideraban que esos animales, más chicos que otras razas, no iban a funcionar como ganado de carne e incluso fueron vistos como una rareza. Sin embargo, con el paso del tiempo la raza empezó a ganar terreno y en 1881 debutó en la Exposición Rural de Palermo. Ese momento marcó el inicio de un proceso que terminaría cambiando la genética ganadera argentina.

Con los años, el Angus pasó de ser una apuesta discutida a convertirse en la raza dominante. Hoy se estima que más del 55% del ganado argentino es Angus y que, si se suman los cruces, más del 70% de la genética bovina del país tiene origen en esa raza. Además, es la más valorada por frigoríficos, exportadores y restaurantes porque produce carne más tierna y con mayor nivel de grasa infiltrada, lo que mejora el sabor y la calidad final del producto.

La familia Guerrero mantuvo viva esa tradición a través de la cabaña Charles de Guerrero. Durante décadas, la presencia de la familia en la pista central de la Exposición Rural se convirtió en una imagen habitual, con numerosos premios obtenidos por sus animales y una fuerte participación en el desarrollo de la raza en el país.

El trabajo de la familia siempre estuvo enfocado en mejorar la genética. El objetivo fue producir animales más eficientes y con carne de mayor calidad, un proceso que se fue transmitiendo de generación en generación y que terminó siendo uno de los pilares del crecimiento del sector ganadero argentino.

“Con profundo pesar despedimos a Carlos Guerrero, referente indiscutido de la ganadería argentina y protagonista de una historia familiar que forma parte del ADN productivo de nuestro país”, publicó la SRA en su cuenta oficial de X.

“Su legado se remonta a 1879, cuando Charles de Guerrero introdujo la raza Angus en la Argentina, dando origen a una de las cabañas más antiguas del mundo. Desde entonces, la familia Guerrero —a lo largo de generaciones— ha sostenido un compromiso inquebrantable con la mejora genética y la excelencia productiva, valores que Carlos honró y proyectó con dedicación y pasión", dice el texto de la entidad rural.

Guerrero se desempeñó como Secretario, Director de Registros Genealógicos, Vocal Titular, Vocal Suplente, Vocal de Distrito e integrante de la Comisión Revisora de Cuentas de la SRA. “Nunca vamos a olvidar la imponente presencia de la familia Guerrero en la pista central de Palermo, símbolo de una tradición de trabajo y excelencia, reflejada en los innumerables premios obtenidos a lo largo de los años. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de dolor, con el respeto y el reconocimiento a una vida dedicada al campo”.

Hoy la actividad sigue en manos de la séptima generación. Carlos José “Pepe” Pestalardo Guerrero, nieto del histórico referente, asumió la conducción de la cabaña y continúa el camino familiar, que incluye incluso la exportación de genética a Europa. Según explicó, la misión sigue siendo la misma: mejorar la genética de los animales para que cada vaca produzca carne de mayor calidad con menos recursos.

El sector agrario español se ha visto obligado a absorber un sobrecoste por la guerra en Irán que ya supera los 100 millones de euros desde el ataque de Estados Unidos e Israel que inició el conflicto, una cifra impulsada sobre todo por la subida del 28% en el gasóleo y del 40% en los fertilizantes. Los cultivos de cereales, oleaginosas y cítricos han sido los más perjudicados, según los primeros informes técnicos de las organizaciones agrarias.

Los cálculos de las agrupaciones del sector consultados por Efeagro apuntan a que la guerra ha generado un impacto económico diario que oscila entre 2,4 y 5,8 millones de euros, lo que sitúa el coste acumulado desde el pasado 28 de febrero entre los 41 y 99 millones de euros. El análisis de la organización Asaja sitúa el sobrecoste semanal del gasóleo en 19 millones de euros, que se traduce en aproximadamente 2,7 millones por día.

Este incremento ha afectado a uno de los momentos de mayor actividad agrícola, la campaña de abonado de cobertera, cuando el consumo de fertilizantes se dispara. Actualmente, la tonelada de urea, componente clave para el abono, alcanza ya los 600 euros, un 30% más que antes del conflicto.

El combustible y los fletes encarecen ganadería y agricultura

Las consecuencias del conflicto no se limitan al encarecimiento de insumos. Según la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), los agricultores se han encontrado también con un aumento de los fletes marítimos, provocado por el desvío de rutas, lo que añade entre 10 y 20 días adicionales al transporte, congestiona los puertos y genera escasez de contenedores. En esta línea, los exportadores de forrajes anticipan problemas de acceso a mercados como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos debido a la interrupción del tráfico marítimo.

El cereal, por su alta dependencia de fertilizantes nitrogenados, se encuentra entre los cultivos más expuestos. En paralelo, la citricultura ha registrado un aumento del 12% en sus costes, mientras que la horticultura intensiva se enfrenta a dificultades por la presión de los precios energéticos. En la ganadería, los productores vigilan de cerca la evolución del precio de los cereales, la energía y el carburante.

Los agricultores denuncian subidas “especulativas”

UPA recalca que aún es pronto para dimensionar el impacto final de la guerra, ya que la duración y la evolución del conflicto son inciertas. Por su parte, Unión de Uniones calcula que, si la situación se mantiene hasta final de año, el sobrecoste para el sector podría alcanzar 560 millones de euros. Sin embargo, asociaciones como COAG advierten de que los primeros días del conflicto han estado marcados por una “anticipación especulativa” que distorsiona los precios y muchas subidas de precios no tienen origen en una escasez real, sino en movimientos especulativos.

Las organizaciones agrarias señalan que los costes que pagan los agricultores ya reflejan las subidas, aunque el combustible utilizado proviene de crudo adquirido antes del inicio de la guerra. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) subraya que este aumento llega “en mal momento”, justo cuando el consumo de gasóleo agrícola repunta por la siembra de cultivos de primavera.

Entre las medidas propuestas para amortiguar el golpe económico destacan la aplicación de un IVA reducido del 10% en bienes y servicios agrícolas, bonificaciones fiscales, rebajas en el IBI rústico y ayudas directas a los productores. Estas recomendaciones buscan aliviar la presión que sufren los agricultores, a la espera de que se estabilicen los mercados internacionales y los costes de producción.

*Con información de agencias

Las políticas migratorias del presidente Donald Trump prometieron una “fuerza laboral 100% estadounidense”. La realidad del campo estadounidense apunta en otra dirección: ante la escasez de trabajadores agrícolas provocada en parte por sus propias redadas, la administración está facilitando y abaratando la contratación de trabajadores extranjeros temporales, la mayoría de ellos mexicanos.

El mecanismo es el programa de visas H-2A, diseñado para cubrir empleos agrícolas de temporada. En las últimas dos décadas, los puestos certificados bajo este esquema pasaron de 50 mil en 2005 a casi 400mil en 2025. Los trabajadores mexicanos representan la gran mayoría de ese flujo.

Las redadas que vaciaron los campos

Una encuesta reciente de la Oficina Agrícola de California y la Universidad Estatal de Michigan reveló que más del 14% de los agricultores reportó escasez de mano de obra directamente relacionada con las redadas y la ansiedad generada por el endurecimiento migratorio. En cultivos intensivos como frutas y verduras, esa cifra alcanzó casi el 20%.

El propio Departamento de Trabajo estadounidense reconoció el problema y la dificultades que se presentan para encontrar trabajadores: la paralización de la entrada de migrantes indocumentados, combinada con la falta de mano de obra legal disponible, genera trastornos en los costos de producción y amenaza la estabilidad del suministro de alimentos, afectando principalmente a los consumidores estadounidense.

El costo para los trabajadores mexicanos

Los cambios al programa H-2A no solo amplían el flujo de visas, sino que recortan salarios. Según estimaciones, las tarifas por hora bajaron entre 1 y 7 dólares dependiendo del estado. El Instituto de Política Económica calculó que los recortes representan una reducción de 2,000 millones de dólares anuales en los salarios de trabajadores temporales.

Una entrevista realizada por The New York Times narró la experiencia de María, una trabajadora agrícola mexicana en Idaho con casi tres décadas de experiencia, lo vive en carne propia: su salario podría bajar de 17 a 11 dólares por hora. Para compensar las horas perdidas ya recurre a vender tamales. Su hijo estadounidense de 17 años ni siquiera pudo conseguir trabajo en el campo: le dijeron que ya no necesitaban adolescentes con tantos trabajadores H-2A disponibles.

¿Qué significa esto para México?

El debate tiene implicaciones directas para los miles de mexicanos que cada año tramitan visas H-2A o trabajan de forma indocumentada en el campo estadounidense. Por un lado, el programa se expande y ofrece una vía legal de empleo. Por el otro, los salarios bajan, las condiciones se precariza y la dependencia de un sistema que puede cambiar con cada administración se profundiza.

Como señaló un economista de la Universidad de California, Davis: reducir salarios no traerá más estadounidenses al campo. Solo hará que los agricultores dependan más de trabajadores temporales, mecanización e importaciones.

El Ejecutivo se encuentra trabajando de forma acelerada para concluir el texto del próximo real decreto ley que busca contrarrestar los efectos económicos de la crisis en Oriente Próximo, aunque no se ha fijado una fecha definitiva para su aprobación. Según informó el medio, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, declaró que el Gobierno prioriza cerrar y preparar este paquete de medidas en los días siguientes, con la intención de que esté listo para su validación por el Consejo de Ministros lo antes posible.

El propio Cuerpo detalló tras una reunión con sindicatos y patronal que el paquete incluirá incentivos fiscales destinados a contener los precios de la energía, una de las áreas más sensibles ante la volatilidad de los mercados internacionales. De acuerdo con lo publicado por el medio, el decreto contempla también ayudas específicas para sectores que el Ejecutivo considera especialmente vulnerables al impacto de la guerra en Oriente Próximo, concretamente el campo y el transporte por carretera.

En la comparecencia posterior a la citada reunión, en la que participaron las tres vicepresidentas y la ministra de Seguridad Social y portavoz del Gobierno, el ministro descartó aplicar de nuevo la bonificación directa al precio de los combustibles, instrumento que se utilizó durante la guerra de Ucrania y que supuso una rebaja de 20 céntimos por litro. Según consignó el medio, Cuerpo sostuvo que tanto sindicatos como organizaciones empresariales expresaron críticas hacia esa medida por considerarla ineficaz. “Es una de las medidas que menos nos aconsejan”, afirmó, subrayando la preferencia de los sectores consultados por opciones centradas en el ámbito fiscal.

Durante el encuentro, también se revisó la situación de los precios de los alimentos y la posibilidad de rebajar el IVA, alternativa que tampoco parece recibir el respaldo prioritario del Ejecutivo en esta ocasión. Según publicó el medio, el ministro reiteró la intención de centrar el apoyo en aquellos segmentos más afectados, poniendo especial énfasis en el sector agrario y el transporte terrestre, tanto por la exposición de estos sectores a los costes energéticos como por su importancia en la cadena de suministros y servicios.

En cuanto al impacto laboral de la crisis, los líderes de los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, señalaron que no detectan actualmente consecuencias sobre el empleo derivadas del conflicto en Oriente Próximo y no prevén efectos a corto ni a medio plazo en este ámbito. De acuerdo con lo informado por el medio, ambos dirigentes llamaron a la tranquilidad, haciendo hincapié en que los mecanismos previstos en la ley, como el Mecanismo RED, están preparados para desplegarse si el conflicto se intensifica y la coyuntura laboral así lo exige.

Sobre la naturaleza concreta de las ayudas, Sordo manifestó que, desde la perspectiva sindical, cualquier incremento del gasto público debería ir acompañado de medidas efectivas para frenar el aumento de los precios al consumidor. “Cualquier movilización de recursos públicos, cualquier medida fiscal que se adopte para favorecer la contención de los precios tiene que servir para eso, para favorecer la contención de los precios. No puede ser que se adopten medidas que no vayan aparejadas sin control de esos precios porque hemos visto que si no sirven simplemente para mejorar los márgenes empresariales”, sostuvo, tal como recogió el medio.

Por su parte, Pepe Álvarez defendió la necesidad de que las acciones del Gobierno sean “selectivas” y apunten directamente hacia los sectores, las familias y las personas que sufran una reducción en su capacidad adquisitiva derivada del conflicto en Irán. Según consignó el medio, el Gobierno sigue evaluando el alcance y la idoneidad de cada medida propuesta, con la meta de diseñar instrumentos cuyo beneficio llegue a quienes más lo necesiten y evite efectos secundarios indeseados en la economía general.

Tanto sindicatos como patronal permanecen a la espera de conocer los detalles finales del paquete legislativo, a la vez que las autoridades sostienen un diálogo abierto para adaptar la respuesta gubernamental a la evolución de los acontecimientos internacionales y a las particularidades del tejido económico nacional.

El aumento de las tensiones en Medio Oriente volvió a agitar los mercados internacionales de materias primas internacionales. En el caso del trigo, las tensiones geopolíticas generaron episodios de volatilidad en los precios globales, aunque en Argentina el impacto fue limitado por la abundante cosecha local y la elevada disponibilidad de granos, que amortiguan las fluctuaciones internacionales y reducen la posibilidad de que la bonanza productiva se traduzca en ingresos extraordinarios para la economía.

Una de las razones que explica esta situación es el encarecimiento de insumos y costos logísticos, y el efecto sobre los precios FOB locales del trigo argentino, que permanece acotado: la cotización aumentó apenas 0,5% tras el inicio del conflicto en la región, frente a subas de hasta 5% en otros orígenes, detalló Emilce Terré, investigadora y economista de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Esta diferencia obedece, en parte, a la ubicación geográfica y a la capacidad de abastecimiento nacional, que ponen a Argentina como uno de los pocos países exportadores que atraviesan la coyuntura sin señales de preocupación ni por oferta interna ni por incrementos abruptos en el precio del cereal.

La abundante oferta local de trigo funciona como un factor de contención para el precio de la harina y limita la posibilidad de subas abruptas en el pan

En este entorno, distintos especialistas coinciden en que, al menos en el corto plazo, la abundante oferta local de trigo funciona como un factor de contención para el precio de la harina y limita la posibilidad de subas abruptas en el pan, aunque los panaderos advierten que los costos de servicios, combustibles, salarios y alquileres, siguen presionando sobre los precios y el consumo de los hogares.

Récord de oferta

Argentina alcanzó una producción histórica de 30 millones de toneladas de trigo, superando de forma considerable el anterior techo de 21 a 23 millones de toneladas, dijo Terré.

De ese volumen, cerca de 16 millones de toneladas ya fueron vendidas, y existe una disponibilidad exportable cercana a 17 millones de toneladas, según Gustavo Idígoras, presidente del Centro de Exportadores de Cereales (CEC). Estos niveles, inéditos en la historia del sector, explican por qué la volatilidad internacional produjo un impacto local moderado.

En síntesis, la Argentina logró una cosecha récord de trigo, maíz, cebada y girasol, pero ese salto productivo no se refleja en mayores ingresos de divisas. El principal motivo es el estancamiento de los precios internacionales, al que se suma el adelantamiento de liquidaciones que se produjo en septiembre de 2025, cuando la eliminación temporaria de derechos de exportación aceleró ventas y embarques.

Según la BCR, el ingreso proyectado por exportaciones del sector para 2026 en el Mercado Libre de Cambios rondará USD 34.530 millones, prácticamente idéntico al valor alcanzado en 2025, a pesar del aumento en los volúmenes exportados. El impacto adicional de esa liquidación anticipada se hizo notorio, ya que el ingreso de divisas del agro en el último trimestre de 2025 fue el menor registrado desde 2005 para igual período.

Los últimos datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y CEC informaron que el sector liquidó USD 1.289 millones en febrero de 2026, lo que significó una reducción del 30% respecto de enero y un total anual de USD 3.140 millones acumulados.

El ingreso proyectado por exportaciones del sector para 2026 en el Mercado Libre de Cambios rondará USD 34.530 millones, prácticamente idéntico al valor alcanzado en 2025 (BCR)

Esta caída responde al anticipo de ingresos y a un entorno internacional menos favorable en materia de precios, así como por diversos paros y menos días de actividad. En enero, el sector había registrado USD 1.850 millones, monto un 82% superior al de diciembre de 2025, sostenido por embarques de trigo, cebada, maíz y subproductos de la soja.

Insumos, costos y competitividad

La volatilidad global en los precios de insumos energéticos y fertilizantes, como urea y gas, representa una presión adicional sobre los márgenes de la producción nacional. Más del 33% de los fertilizantes circula por el estrecho de Ormuz, epicentro logístico amenazado por la crisis geopolítica, de manera que se encarecieron los fletes marítimos a la vez que disminuyó la competitividad argentina frente a otros mercados que obtienen mejores condiciones de venta desde países como Australia favorecidos por la cercanía.

El costo local para la cadena agroexportadora aumenta por la distancia a los centros de consumo, donde reside el 85% de la población mundial, y por la dependencia de insumos importados para la fabricación y la logística. “Hoy lo que más define este mercado es la volatilidad y la incertidumbre”, afirmó Terré.

El mercado global reaccionó con compras especulativas de contratos agrícolas: en el último mes, los fondos internacionales sumaron 540.000 contratos en el mercado de futuros de Chicago, empujando los precios internacionales en episodios puntuales. El trigo en esa plaza llegó a USD 218 por tonelada, el valor más alto desde febrero de 2025. Sin embargo, este impulso se asocia a movimientos financieros y no con variaciones reales en la oferta y demanda mundial.

Presión para la industria panadera

A pesar de la estabilidad de los precios relativamente estables y elevada disponibilidad de trigo contrasta con la crisis que atraviesa el sector panadero en la provincia de Buenos Aires. El Centro de Panaderos de Merlo y la Cámara de Industriales Panaderos señalaron que el consumo de pan cayó 45% en el primer trimestre de 2026 respecto del año anterior.

Las causas principales son la caída generalizada de ventas vinculada a la pérdida de poder adquisitivo, mientras el sector enfrenta incrementos persistentes en insumos, servicios y combustibles.

Proyecciones y desempeño de la campaña agrícola

Con vistas a la campaña 2025/26, Argentina espera una producción total de granos cercana a 160 millones de toneladas, según proyecciones de la BCR.

La cosecha fina estableció nuevas marcas con 29,5 millones de toneladas de trigo, 5,6 millones de cebada, mientras entre los granos gruesos el maíz alcanzaría 62 millones y el girasol marcaría su mayor cosecha del siglo con 6,6 millones de toneladas. La soja, con 48 millones de toneladas, se ubica por debajo de años anteriores, pero con rindes superiores, explicado por una menor superficie sembrada.

Hoy lo que más define este mercado es la volatilidad y la incertidumbre (Terré)

El aumento en la oferta podría llevar las exportaciones de granos y derivados hasta 113 millones de toneladas, superando en casi 10 millones el récord de la campaña 2018/19.

Este desempeño permite proyectar para 2026 un ingreso de USD 34.530 millones en el Mercado Libre de Cambios, mientras que el aporte por Derechos de Exportación para el Estado Nacional se estima en USD 4.650 millones, en niveles similares a los del año previo.

El complejo sojero aportará USD 3.420 millones en retenciones, el complejo maíz USD 720 millones (30% más que en 2025), trigo USD 300 millones (alza del 21%) y girasol USD 115 millones (suba del 60%), en función del mejor volumen exportado y precios internacionales favorables, señala la BCR.

El inicio de la campaña gruesa a partir de marzo y la evolución de los costos logísticos y de insumos determinarán la capacidad de la agroindustria para transformar los volúmenes récord en divisas

Para los próximos meses, el inicio de la campaña gruesa a partir de marzo y la evolución de los costos logísticos y de insumos determinarán la capacidad de la agroindustria para transformar los volúmenes récord en divisas efectivas.

Mientras tanto, el sector agroexportador continúa representando 48% de los envíos argentinos al exterior. La tendencia de liquidación de divisas se proyecta al alza respecto del promedio de los últimos cinco años, sostenida por el volumen exportable y cierta estabilización de los precios internacionales, a pesar de la volatilidad en los mercados globales.

En ese escenario, Ford Argentina participa nuevamente de la exposición con un doble objetivo. La compañía celebra 20 años como sponsor y vehículo oficial del encuentro, mientras presenta nuevas configuraciones de su modelo insignia.

Nuevas configuraciones orientadas al trabajo productivo

La automotriz eligió la exposición para ampliar la gama de la Ford Ranger con alternativas enfocadas en tareas productivas. Las incorporaciones apuntan a usuarios que necesitan robustez, capacidad de carga y versatilidad.

Entre las novedades se encuentra la Ranger Cabina Simple, una variante diseñada para priorizar el espacio de transporte. Este formato permite aprovechar al máximo la caja trasera y se orienta especialmente a actividades rurales y de servicios.

Asimismo, la empresa presentó la versión Cabina Chasis. Esta configuración permite adaptar estructuras específicas según el uso requerido, desde cajas de carga hasta soluciones para distintos rubros industriales.

Por otra parte, la gama suma una Ranger XL con transmisión automática. La incorporación busca ofrecer mayor confort de manejo sin resignar prestaciones, una característica cada vez más valorada por quienes recorren largas distancias de trabajo.

De esta manera, la compañía amplía su portafolio de pick-ups con opciones que combinan resistencia estructural, tecnología y eficiencia operativa. La estrategia apunta a acompañar la evolución de las necesidades productivas.

Una estrategia global basada en soluciones integrales

Además de los lanzamientos, la presencia en la exposición funciona como plataforma para presentar el ecosistema de servicios que la marca impulsa a nivel internacional. En ese marco cobra protagonismo Ford Pro, la división dedicada a clientes comerciales.

Este sistema integra vehículos, herramientas digitales y servicios de posventa destinados a optimizar el funcionamiento de flotas. La propuesta busca mejorar la productividad mediante información, conectividad y gestión inteligente.

En consecuencia, las unidades ya no se conciben únicamente como medios de transporte. También forman parte de una red tecnológica que permite monitorear desempeño, mantenimiento y consumo.

Asimismo, la compañía sostiene que la integración entre producto y servicio será determinante para el futuro del transporte comercial. La digitalización de operaciones aparece como un elemento central para mejorar la eficiencia.

Experiencia de manejo y contacto directo con usuarios

El espacio que la empresa instaló dentro de la exposición incluye un área de exhibición y un circuito de pruebas dinámicas. Allí los visitantes pueden experimentar el comportamiento de las pick-ups en condiciones similares a las del trabajo cotidiano.

La pista especialmente diseñada permite evaluar tracción, suspensión y desempeño en terrenos exigentes. Esta experiencia práctica se convirtió en uno de los principales atractivos del stand.

Además, especialistas de la marca brindan asesoramiento técnico sobre cada uno de los modelos presentados. Productores, contratistas y empresarios tienen la posibilidad de conocer en detalle las características de cada unidad.

De esta manera, el evento funciona como punto de encuentro entre la compañía y quienes utilizan sus vehículos en actividades productivas. El intercambio directo permite comprender mejor las necesidades del sector.

Dos décadas de presencia en la mayor muestra del agro

La participación de la automotriz en Expoagro también marca un hito institucional. Este año se cumplen dos décadas consecutivas con la empresa como sponsor y proveedor oficial de vehículos del evento.

Durante ese período, la exposición se consolidó como el principal punto de reunión del ecosistema agroindustrial argentino. Fabricantes de maquinaria, bancos, empresas tecnológicas y productores participan cada año de la muestra.

En ese marco, la compañía reafirma su vínculo histórico con el campo. Las pick-ups de la marca forman parte del trabajo cotidiano en miles de establecimientos rurales de todo el país, mientras que los nuevos lanzamientos buscan reforzar ese posicionamiento.

Según explicó en una entrevista en Infobae en Vivo, los recientes movimientos en los mercados internacionales modificaron de manera abrupta el valor de activos clave para la actividad agrícola y ganadera y si bien subieron los precios de los granos, también lo hicieron los costos, por lo que no está tan claro que el productor salga beneficiado en la cuenta final. “Esto, a priori, es una mala noticia para el productor”, sostuvo Ordoñez.

De acuerdo con el análisis del especialista, en las últimas semanas se registró un “cambio total en el posicionamiento de activos del mundo financiero”. El economista señaló que los fondos de inversión realizaron un “trueque de posiciones” que alteró la dinámica habitual de los precios de commodities e insumos.

Como consecuencia directa, el precio del petróleo casi se duplicó en solo un mes. Esta variación arrastró al alza el valor de los fertilizantes, que subieron “alrededor de un treinta y pico por ciento”. En contraste, las oleínas –productos derivados que utilizan petróleo– se depreciaron, mientras que las acciones de compañías vinculadas a fertilizantes aumentaron por el encarecimiento del gas, principal insumo para la producción de fertilizantes nitrogenados.

Ordoñez indicó que el mercado anticipó que ese aumento de costos se trasladaría “directo al productor agropecuario a nivel global”. La soja, en ese contexto, subió entre un 10% y un 15%, pero la variación resultó menor respecto al salto de los insumos. “Mientras más te alejás del impacto inicial, que es el petróleo, más se amortiza la suba de los activos derivados”, puntualizó.

El economista advirtió que el margen del productor, especialmente en Estados Unidos, se encuentra bajo presión. Explicó que los agricultores norteamericanos se preparan para la siembra con costos significativamente más altos en gasoil y fertilizantes, mientras los precios de los granos no acompañan ese incremento. “A priori, esto es una mala noticia para el productor agropecuario global, sobre todo el norteamericano”, remarcó.

Cosechar será más caro

En el caso argentino, la coyuntura difiere porque la cosecha coincide con esta etapa de subas. De todos modos, los costos de la cosecha también aumentan, fundamentalmente por el encarecimiento del gasoil, que se utiliza tanto en cosechadoras como en el transporte hacia puertos y plantas.

Ordoñez explicó que en la plaza local “dejó de haber una transferencia de precio directa de Chicago al sur”. Según detalló, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, junto a las políticas de aranceles, afectó la correlación de precios internacionales con los valores que reciben países exportadores como Argentina y Brasil. La producción brasileña de soja ronda los 150 millones de toneladas, mientras la argentina se ubica en 50 millones. “No va a acompañar tanto la suba del precio de los granos a la suba de los costos”, afirmó el economista.

Durante la conversación, los periodistas plantearon la percepción de que el contexto podría beneficiar a los productores. Ordoñez fue enfático: “El productor que administra bien su cartera lo que mira es la relación insumo-producto. Y acá lo que pasó es que el insumo está subiendo mucho más rápido que el producto. Entonces, la relación se desmejora”. En términos nominales, precisó, la soja subió, pero el costo lo hizo aún más. “Por ahí está neutro. Por ahí gana muy poquito, por ahí pierde un poco. No es lineal”, agregó.

Beneficio en la recaudación y las divisas

El especialista también se refirió al impacto sobre la recaudación estatal. “Al que obviamente le viene muy bien esta suba es al Gobierno. El Gobierno sí, automáticamente va a hacer una mejora de recaudación por todo, porque la Argentina hoy es exportador neto de combustibles y es también, obviamente, exportador de granos. Esta suba le va a venir bien al Gobierno en términos de recaudación y un poco también en términos de divisas”, sostuvo. Las retenciones y otros impuestos generarían un “empujón” a las arcas públicas, a la vez que las petroleras enfrentan un escenario favorable para invertir por la posibilidad de obtener retornos acordes.

No obstante, Ordoñez alertó sobre el costado negativo para los consumidores: “El precio del combustible va a subir, efectivamente”. Consultado sobre el impacto en la carne, el economista explicó que ese rubro transita un ciclo propio. “En el mundo ya venimos de un ciclo de alrededor de uno o dos años de precios altísimos, que creo que se va a mantener durante al menos dos o tres años más”.

Respecto al mercado de granos, Ordoñez consideró que el salto de precios responde en gran medida a la “especulación”. Detalló que los fundamentos de la cosecha de granos resultan bajistas: Estados Unidos sufrió abundantes nevadas, lo que garantiza suelos con mucha agua y, por lo tanto, “mega rindes” en septiembre. Brasil también se encamina a una cosecha récord. Por ese motivo, el economista planteó que el escenario alcista puede tener “patas cortas”.

La incertidumbre, según Ordoñez, domina el escenario para los productores argentinos que deben decidir qué hacer con el grano cosechado. Si optan por retenerlo y la guerra se agrava, pueden obtener grandes beneficios; si lo venden y el conflicto se resuelve en poco tiempo, también podrían salir favorecidos. El economista describió así un “juego de decisión muy finito donde el productor agropecuario argentino se está jugando todo su capital de trabajo para sembrar en noviembre, diciembre del año que viene”.

Respecto de la aparición, en el marco de Expoagro, de los créditos en dólares para el sector, el economista señaló que resulta atractivo pero presenta riesgos macroeconómicos. Describió que en la Argentina, ante la ausencia de una unidad de cuenta estable, las alternativas de crédito suelen ser en UVA o en dólares, ya que el financiamiento en pesos enfrenta tasas elevadas y mecanismos de cobertura bancaria. Observó que los bancos vienen de más de diez años, “casi dos décadas”, de prestar principalmente al Estado y ahora deben empezar a identificar clientes en el sector privado, con productos financieros adecuados al ciclo de cada actividad.

En relación a las importaciones, Ordoñez destacó la presencia de camiones, tractores y drones de origen chino. La tecnología de drones, en particular, experimentó una transformación acelerada. “Hace cinco años, para el agro no servían para nada, porque era una forma cara de tomar imágenes. Para eso ya teníamos las imágenes satelitales, que eran prácticamente gratis y con eso obteníamos la información para controlar los cultivos”, explicó. Con el avance de la guerra en Ucrania y la liberación de tecnología para uso civil, los drones alcanzaron nuevas capacidades: hoy pueden cargar hasta cien kilos, lo que los convierte en herramientas competitivas frente a sembradoras tradicionales, a un costo mucho menor.

Ordoñez sostuvo que los drones permiten sembrar cultivos como pasturas, trigo o cebada con mayor eficiencia y menor costo. “El dron cuesta cuarenta mil dólares y el tractor con la sembradora puede ser una cuenta de doscientos mil”, comparó. Además, una sola persona puede operar hasta veinte drones en simultáneo. No obstante, advirtió que existen desafíos de mantenimiento, ya que los drones requieren reparaciones y pueden sufrir accidentes.

El economista mencionó que los drones ya se utilizan para arrear ganado, aprovechando que el ruido de estos dispositivos mueve a los animales. “No estamos muy lejos de un dron que levanta doscientos cincuenta kilos. Si es así, te levanta un ternero”, afirmó. También remarcó que los avances en algoritmos permiten detectar enfermedades y anomalías en el ganado, optimizando la gestión sanitaria y ahorrando tiempo de recorridas en grandes extensiones.

Las estadísticas más recientes indican que en la Argentina funcionan unos ochocientos drones para uso agropecuario, pero el economista proyectó que en los próximos tres o cuatro años esa cifra podría multiplicarse por veinte. El especialista consideró que este cambio impactará en la fisonomía del campo y en la organización productiva.

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Mirá la entrevista completa a Iván Ordoñez

El escenario productivo argentino atraviesa un proceso de reconfiguración marcado por la transición económica y la expectativa de nuevas reglas de juego. En este contexto, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, analizó la actualidad del sector agropecuario y las dificultades que enfrentan los productores en el actual esquema financiero. Durante una entrevista con el equipo de Infobae en Vivo, el dirigente ruralista comparó la visibilidad de los conflictos industriales con la situación silenciosa que atraviesa el interior productivo, utilizando como referencia el caso de la fabricante de neumáticos Fate.

Cabe recordar que Fate, una de las principales productoras de neumáticos del país, anunció su cierre definitivo, tras enfrentar varios procesos de reestructuración y conflictos gremiales que pusieron en alerta la cadena de suministros. Para Pino, el impacto mediático de lo ocurrido con la firma industrial contrasta con una realidad que, según su visión, se replica de forma constante pero menos visible en la actividad agropecuaria.

El “ruido” de la industria y la realidad del campo

Al abordar la situación de los productores, Pino fue contundente al señalar que, si bien el caso de la fabricante de neumáticos genera un alto impacto en la opinión pública, en el sector rural se viven situaciones de similar gravedad de manera cotidiana. “Hace ruido FATE, pero en el campo hay un montón de FATEs”, afirmó el titular de la SRA, sugiriendo que existen numerosas explotaciones y unidades productivas que enfrentan crisis terminales o procesos de desinversión sin alcanzar la misma relevancia en la agenda nacional.

El dirigente explicó que el sector agropecuario está compuesto por unos 250.000 productores distribuidos en todo el territorio, cuyas decisiones se ven directamente afectadas por las señales económicas. En ese sentido, advirtió sobre la distorsión que genera la prevalencia de la rentabilidad financiera por sobre la productiva. Al respecto, sentenció que cuando los números muestran que “una vaca rinde más en el banco que en el campo, hay algo que está mal”.

Pino enfatizó en la necesidad de que la actividad se desarrolle dentro de marcos de normalidad que permitan trabajar de la mejor forma posible, evitando intervenciones que, como ocurrió en el pasado con el cierre de exportaciones de carne, provocaron la pérdida de millones de cabezas de ganado y la desaparición de 150 mil productores.

Expectativas para la cosecha y el rol de las retenciones

A pesar de los desafíos, el presidente de la Rural manifestó una mirada optimista respecto al ciclo productivo 2026. Según su análisis, se percibe un clima de expectativas favorables, algo que ejemplificó con la alta demanda de financiamiento observada en eventos sectoriales como Expoagro, donde se registraron extensas filas de productores buscando acceder a créditos del Banco Nación.

Sin embargo, aclaró que la transición no será sencilla debido a que el sector viene de balances productivos muy ajustados. En este punto, Pino trazó una diferencia fundamental entre producir con y sin inflación elevada. Según explicó, en un contexto inflacionario los errores de gestión solían “limpiarse” o licuarse en un plazo de 90 días, mientras que en el escenario actual de estabilización esos errores permanecen y afectan directamente la viabilidad del negocio.

Respecto al impacto de las políticas impositivas, Pino se refirió a la medida de retenciones cero aplicada durante un breve lapso en 2025. Indicó que dicha disposición “no tendrá un efecto significativo en la cosecha 2025/2026, dado que en aquel momento la mayor parte de la soja utilizada provenía de acopios exportadores que no habían sido declarados previamente”. No obstante, pronosticó que, pese a la necesidad de recomponer stocks, Argentina tendrá una buena cosecha gruesa.

La crisis de las economías regionales

Uno de los puntos de mayor preocupación para la SRA es la crisis que atraviesan las economías regionales. Pino puso como ejemplo la situación de la vitivinicultura en Mendoza, señalando un desfasaje entre la oferta y el consumo interno. Explicó que la producción actual de uva está dimensionada para un mercado con un consumo per cápita de vino de 90 litros anuales, cifra que ha caído drásticamente (en 2025 se consumieron casi 16 litros de vino por persona), generando una sobreproducción que deprime los precios.

Como alternativa para la diversificación en la región cuyana, el dirigente mencionó que en reuniones con el Gobernador de Mendoza han planteado el potencial de la provincia para producir alfalfa, un producto con alta demanda internacional. Destacó que estas producciones regionales son vitales por la demanda de trabajo intensivo que generan en períodos específicos del año.

Reforma laboral y generación de empleo

Para el titular de la Rural, el agro tiene un techo de crecimiento muy alto si se dan las condiciones adecuadas. Sostuvo que “el país puede pasar rápidamente de las 140 millones de toneladas actuales de granos a las 200 millones”, citando como antecedente el reciente desempeño del trigo, que alcanzó los 28 millones de toneladas gracias a la baja de retenciones y el acompañamiento del clima.

En este marco, Pino otorgó un rol central a la reforma laboral para dinamizar la contratación en el sector. Aseguró que la Sociedad Rural ha aportado numerosas ideas al Poder Ejecutivo en esta materia. Según su visión, el campo no es solo la producción primaria, sino todo el efecto derrame que genera en pueblos y ciudades. “Con una reforma laboral que le permita a esos señores tener más gente trabajando, es imparable la cantidad de trabajo que se puede dar”, afirmó en referencia a sectores como el de los contratistas rurales.

La interna en la Sociedad Rural Argentina

Finalmente, Nicolás Pino se refirió a la situación política interna de la entidad, tras el lanzamiento de la candidatura de Marcos Pereda, actual vicepresidente de la SRA. Pino expresó su sorpresa ante este movimiento, calificándolo de “apresurado” y señalando que Pereda, al ser parte de la gestión actual, no debería criticar la labor realizada.

El dirigente defendió su gestión y aclaró los puntos relativos a la alternancia en el poder dentro de la institución. Recordó que fue su propia Comisión Directiva la que promovió la limitación de mandatos, que antes eran ilimitados. Bajo la nueva normativa, Pino confirmó que tiene la posibilidad de presentarse para dos mandatos más. “Soy el primer presidente de la Rural que no es dueño, alquilo campo”, concluyó, reafirmando su perfil ante la controversia de las últimas semanas.

En medio de una inusual interna con Nicolás Pino, el actual presidente de la mayor entidad del agro, su número 2, Marcos Pereda, finalmente oficializó su candidatura a la presidencia de la Sociedad Rural Argentina (SRA). De esta manera, escala la interna dentro de una de las entidades más influyentes del campo argentino, donde dos sectores enfrentados disputan el control de la institución y la interpretación de las reglas que definen su conducción.

Esta presentación toma relevancia, ya que desde septiembre del año pasado hay un debate en el sector sobre la alternancia institucional y el límite de los mandatos. La postulación de Pereda, actual vicepresidente de la SRA, se da luego de una abierta ruptura con Pino, con quien comparte la conducción desde 2021.

El dirigente, que junto con Pereda Born desplazó al oficialismo histórico en 2020, podría disputar un nuevo mandato pese a la resistencia de un grupo de 78 socios que sostiene que la reelección para un cuarto período sería contraria al estricto límite fijado por el propio presidente en 2023, durante su segundo mandato. Fue el propio Pino quien dispuso el cambio en el estatuto y fijó el límite de tres mandatos consecutivos.

En una carta que envió a los miembros de la entidad, este sector denunció que permitir una nueva postulación sería un “retroceso institucional y una contradicción ética”, aludiendo a que “las reglas pierden toda legitimidad cuando quienes las impulsan deciden no cumplirlas”.

Las elecciones de la Sociedad Rural Argentina (SRA) tendrán lugar el próximo 9 de septiembre. Aunque faltan meses para la elección, la interna ya está en plena ebullición.

La candidatura de Pereda y el quiebre con Pino

La proclamación del espacio “Renovación con Unidad”, el partido con el que se presentará Pereda, se realizó durante la muestra Expoagro y representa el primer movimiento formal hacia la disputa presidencial en la SRA.

Pereda presentó la iniciativa junto a Santos Zuberbühler, un referente de otro espacio interno impulsor de la renovación, y propuso un frente que sintetiza diferentes corrientes y sectores independientes. “Creemos que podemos hacer nuestro aporte y ofrecer una alternativa en términos de representación”, sostuvo Pereda en el acto, a la vez que remarcó que “avanzar hacia un cuarto mandato presidencial consecutivo se aparta del criterio de calidad institucional que inspiró ese proceso”.

El dirigente argumentó que “no es una cuestión personal; es la defensa de un principio y de una forma de conducción basada en reglas claras y previsibilidad”.

El trasfondo de esta candidatura está marcado por la ruptura de la fórmula que llevó al poder al actual oficialismo de la SRA. Tras colaborar en una agenda de modernización que incluyó el traslado de la sede histórica y la instrumentación del voto electrónico, las diferencias entre Pino y Pereda se hicieron irreconciliables durante la segunda mitad del mandato, principalmente por diferencias en el posicionamiento frente al Gobierno de Javier Milei.

Mientras Pino mantuvo un perfil dialoguista y una relación cercana con el presidente, Pereda fue referente de los sectores internos que reclamaban una conducción más combativa, especialmente respecto de las retenciones a las exportaciones del campo.

En su presentación, Pereda subrayó que el surgimiento de su candidatura no desconoce los logros recientes de la gestión, pero enfatizó que la SRA “necesita madurez, previsibilidad y unidad, dejando atrás los sectarismos y el internismo permanente”. Por su parte, Zuberbühler expresó que “hay que trabajar todos juntos para defender lo que nos corresponde y ayudar a que los socios tengan más y mejores servicios. Ampliar, profesionalizar y retomar la centralidad de la Rural en la agenda productiva es el norte que nos moviliza”.

La respuesta de Pino

Frente a la candidatura de Pereda, Pino reconoció en sus redes sociales que hasta el momento no definió su candidatura, pero que lo “evaluará en los próximos días y tomará una decisión”.

El referente publicó en su cuenta de X: “Frente a las declaraciones del Vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, les comento que en las numerosas recorridas que realizo me encuentro con muchos socios y productores que me piden que siga al frente de la entidad”. E insistió: “Estamos convencidos de que el camino es seguir hablando, seguir representando la voz de nuestros productores”.

La conducción actual rechazó haber violado el estatuto y sostuvo que el nuevo límite de mandatos fijado por la reforma de marzo de 2023 debe contarse desde su registro ante la Inspección General de Justicia, el 20 de julio de ese año. Bajo ese criterio, el período 2024-2026 sería el primero del nuevo esquema. Si vuelve a ser electo, Pino asumiría así su “segundo mandato” bajo la nueva normativa y no un cuarto consecutivo.

La SRA es el principal espacio de representación de los grandes productores y terratenientes del país, con unos 3.900 socios y una historia vinculada a los apellidos emblemáticos del sector: Martínez de Hoz, Anchorena, Miguens, Blaquier, Frers y Etchevehere, entre otros. Fundada en 1866 con el objetivo de “velar por el patrimonio agropecuario del país”, la entidad integra el llamado Grupo de los Seis, el círculo que reúne a los bancos nacionales (Adeba), la industria (UIA), la Bolsa de Comercio porteña (BCBA), la Cámara de la Construcción (Camarco) y el comercio (CAC), referente del poder económico tradicional argentino.

Pino, de 60 años y miembro de la SRA desde hace más de 30, estableció la reforma que hoy es objeto central de la controversia. En tanto, Pereda Born, descendiente de la familia fundadora de Bunge y Born y presidente del Grupo Bermejo, se posiciona como el representante de una línea más combativa, orientada a profundizar la modernización y el perfil crítico frente al Ejecutivo nacional.

Después de más de dos décadas, la Argentina empieza a recuperar terreno en un mercado que supo liderar. A comienzos de 2000, el país concentraba cerca de la mitad del comercio mundial de aceite de girasol, pero con el avance productivo de Europa del Este, ese protagonismo se diluyó. Ahora, una proyección internacional indica que el país volverá a a ganar espacio en el tablero global.

En su último informe mensual, el departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, United States Department of Agriculture) elevó su estimación para la cosecha argentina girasol a 7 millones de toneladas, lo que implicaría un crecimiento interanual de 25,2%. A su vez, de confirmarse, sería uno de los mejores registros de las últimas campañas.

Las previsiones locales también muestran un buen desempeño. Y, aunque la Bolsa de Cereales de Buenos Aires mantuvo una estimación algo más moderada, de 6,2 millones de toneladas, la entidad destacó que el país podría tener rindes por encima de los promedios históricos en varias regiones productivas.

Este salto productivo coincidió con un cambio en el mapa del comercio internacional. Según el USDA, la Argentina representó el 13,8% de las exportaciones mundiales de aceite de girasol, mientras que la participación de Ucrania y Rusia -los dos mayores productores de girasol en el mundo- mostró una baja relativa, hasta 33,2% y 30,3%, respectivamente.

En términos prácticos, esto significa que la Argentina exportará casi una de cada siete toneladas de aceite de girasol que se comercializan en el mundo. Según consignó el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), en enero, las exportaciones del complejo girasol aportaron un total de USD 210,1 millones, un salto interanual del 173,2 por ciento.

De líder global a tercer jugador

A comienzos de siglo, la Argentina dominaba el negocio mundial del girasol. De acuerdo con datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en la campaña 2001/02 el país concentraba cerca del 60% del comercio mundial de aceite de girasol, muy por delante de Ucrania (25%) y Rusia (6%).

Sin embargo, el escenario cambió en las dos décadas siguientes. Ambos países de Europa del Este expandieron con fuerza el área sembrada, incorporaron tecnología agrícola y desarrollaron una potente industria de procesamiento, lo que les permitió ganar competitividad y pasar a dominar el mercado global.

En tanto, la reducción de la participación de la Argentina en el negocio entre 2000 y 2015 responde a varios factores estructurales. El primero de ellos fue la expansión y modernización de la agricultura en Ucrania y Rusia, que aumentaron su superficie cultivada y adoptaron tecnología más avanzada, lo que les permitió lograr mejores rendimientos y mayor capacidad de industrialización.

Durante ese mismo período, la Argentina mantuvo modelos productivos con menor inversión y enfrentó además un esquema de retenciones a las exportaciones que redujo los incentivos para el cultivo. A eso se sumó una menor incorporación de tecnología en comparación con el fuerte salto productivo que registró la región del Mar Negro.

El país también reorientó su matriz agrícola hacia la soja y el maíz, cultivos que ofrecían mejores paquetes tecnológicos y mayor rentabilidad durante el boom internacional de commodities. Esa transición redujo de forma sostenida el área destinada al girasol y su participación relativa en el mercado global.

Esta es una de las razones por las que, hoy, el sector agroindustrial local está en pleno debate sobre la necesidad de actualizar la Ley de Semillas, en medio de advertencias por el atraso productivo frente a competidores directos. Si bien parte del agro resiste mayores regulaciones, la mayoría de los actores reconoce que una actualización normativa podría ayudar a cerrar la brecha de rendimientos por hectárea frente a los productores de Europa del Este.

Hoy, entre Ucrania y Rusia concentran más del 60% del comercio mundial de aceite de girasol, una participación que convirtió a la región del Mar Negro en el principal centro de producción y exportación del producto.

Un mercado con oferta ajustada

A pesar del mayor aporte argentino, el mercado internacional sigue mostrando señales de tensión. El USDA advirtió que la relación entre stocks y consumo mundial de aceite de girasol continúa cayendo y se ubica en torno al 13,5%, un nivel que refleja una oferta relativamente ajustada frente a la demanda.

En ese contexto, el repunte productivo argentino aparece como un factor relevante para equilibrar el mercado, especialmente en un escenario internacional todavía marcado por la volatilidad en la región del Mar Negro.

“Lo que nosotros necesitamos es que el gobierno nuestro no le ponga la latita arriba como un auto en venta a toda la industria argentina, a toda la producción nacional, sino que defienda al campo, a la industria, al turismo”. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, llevó su posicionamiento anti Milei a un escenario de ciertas complejidades en lo que significa su recorrido político, como lo es la muestra de Expoagro. Pese a ello, suele asistir a la cena inaugural, pero la novedad de este año fue que lo sentaron frente al ex presidente y líder del PRO, Mauricio Macri.

Una mesa de una veintena de personas entre las que también estaba el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, y directores directivos del diario La Nación y Clarín. Horas antes, el jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, había remarcado que “Macri es el responsable excluyente de la situación económica actual de la Argentina” y que ahora está “de joda y bailando”, debido a “la impunidad que provee la Corte Suprema argentina”.

En La Plata buscan quitarle dramatismo a la cuestión. Ante la consulta de Infobae, cerca de Kicillof advirtieron que el gobernador “se enteró, cuando llegó, de quiénes eran las veinte personas que estaban en la mesa”. El mandatario llegó, saludó uno por uno y entre esos presentes estaba el ex presidente. Macri dijo este martes en declaraciones a La Nación que “solo fue un saludo formal como corresponde a dos personas educadas”. Luego, en chiste, bromeó diciendo que le había planteado a Kicillof que “lo quería mucho”, cosa que no sucedió.

Después de la cena, ante periodistas que cubrían el evento, Macri había dicho sobre el gobernador bonaerense y su presencia: “Me parece bien que empiecen a entender que el campo es un motor fundamental de la Argentina, no un enemigo como siempre lo trató el kirchnerismo”.

No es la primera vez que las presencias o ausencias en este evento levantan cierto revuelo en el universo político. El año pasado también causó sorpresa la recorrida que hicieron por la exposición una comitiva de La Cámpora encabezada por el senador nacional Eduardo de Pedro y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. Un grupo que también incluía al intendente de Carmen de Areco, Iván Villagrán; de Colón, Waldemar Giordano, y la hoy diputada nacional Fernanda Díaz.

Políticamente también tiene una lectura la presencia de Kicillof en el marco del desafío que tiene por delante el mandatario provincial: encabezar un operativo de instalación y despliegue hacia 2027, bajo la premisa de “construir una alternativa” al modelo de Milei. Un dirigente de confianza del mandatario aseveró que lo de Kicillof en Expoagro “es política”.

“¿Cuál es el problema? Hay que reconstruir un país, trabajar para que se vaya Milei y poner un presidente”, le deslizó a este medio cuando la foto del saludo con Macri empezaba a rebotar.

En diálogo con la prensa, Kicillof buscó poner en agenda la gestión del gobierno provincial con el campo. “Nos volvimos líderes en los cinco cultivos más importantes. Y eso tiene que ver también con una política que, desde la provincia de Buenos Aires, hay que recordar que esta expo no es solo el productor agropecuario, sino también lo que tiene que ver con la tecnología, con la maquinaria, con la agroindustria. También ahí estamos siempre colaborando en momentos de complejidad y las particularidades como el que tiene el actual”.

El mandatario fue con una comitiva ministerial a la cena. Lo escoltaron los ministros Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario), Augusto Costa (Producción), Carlos Bianco (Gobierno), Javier Alonso (Seguridad) y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

También planteó sobre el despliegue del Banco Provincia en políticas referidas al sector: “Hemos dado créditos importantísimos para el sector por más de 3 billones de pesos en créditos a más de 10 mil empresas y junto con el Ministerio estamos llevando adelante diferentes campañas que tienen que ver tanto con sanidad animal como con las condiciones de vida, que es algo de lo que el sector rural siempre habla, pero nosotros hacemos”.

“Las escuelas rurales, la seguridad rural, los caminos rurales, el dragado de los ríos, por ejemplo, el río Salado, nuestra gestión es la que más avanzó en esa obra. Hoy lamentablemente interrumpida por la decisión del Gobierno nacional, lo mismo que la obra de rutas nacionales, pero nosotros continuamos con universidades y centros universitarios en cada pueblo", agregó.

En su discurso durante la Asamblea Legislativa, el presidente Javier Milei volvió a poner al campo en el centro de su agenda económica. Allí, reiteró su intención de reducir las retenciones de manera gradual, “siempre que el superávit fiscal lo permita”. Pero junto con ese mensaje, revivió un tema que el agro arrastra desde hace décadas y que divide al sector: la posible reforma de la Ley de Semillas.

El debate no es nuevo, pero volvió a cobrar fuerza tras el acuerdo comercial que la Argentina firmó el mes pasado con Estados Unidos. Según ese entendimiento, el país debería avanzar hacia los estándares de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, conocidos como UPOV 91.

Se trata de una norma internacional que refuerza la protección de la propiedad intelectual sobre las variedades vegetales. Y que, en la práctica, cambia las reglas del negocio de la genética agrícola.

Detrás de esta discusión técnica, aparece un conflicto sectorial más profundo. Por un lado, las empresas semilleras sostienen que sin protección de la innovación no hay incentivos para invertir en genética, y, por el otro, buena parte de los productores teme que una normativa más estricta limite prácticas históricas del agro argentino y eleve los costos de producción.

La ley vigente en el país data de 1973 y quedó desactualizada frente al avance de la biotecnología y del comercio global de semillas. Mientras tanto, más de 60 países ya adoptaron UPOV 91 como estándar internacional.

El ‘uso propio’

En el centro de la discusión aparece una práctica clave del agro argentino. El llamado ‘uso propio’ implica que los productores pueden guardar parte de su cosecha y volver a sembrarla en la campaña siguiente sin pagar regalías adicionales por la genética utilizada.

Las empresas del sector sostienen que este esquema dificulta recuperar las inversiones en investigación y desarrollo. Los productores, en cambio, advierten que limitarlo podría concentrar el negocio en pocas multinacionales y encarecer la implantación de los cultivos.

En la práctica, el sistema actual genera además un incentivo a la multiplicación informal de semillas. Un productor puede comprar una variedad una campaña, comprobar su buen desempeño y luego reservar parte del grano para volver a sembrarlo en las siguientes temporadas.

Según datos del mercado local, el nivel de formalidad en el pago de derechos de propiedad intelectual en semillas no supera el 40 por ciento. En Brasil, en cambio, más del 80% de los productores reconoce esos derechos.

El atraso productivo

Para parte de la industria semillera, ese diferencial explica el atraso productivo argentino. “En el caso de la soja, el principal cultivo del país, los rindes se mantienen prácticamente estancados desde hace dos décadas en torno a los 3.000 kilos por hectárea. En ese mismo período, Brasil pasó de tener rendimientos unos 300 kilos inferiores a los de la Argentina a superarlos hoy en más de 350 kilos por hectárea”, dijo el analista agropecuario Javier Preciado Patiño.

Analizó, además, que si el país vecino tuviera hoy el mismo rendimiento que a comienzos de los años 2000, su producción rondaría las 134 millones de toneladas. En cambio, actualmente se ubica cerca de las 180 millones de toneladas al año.

Para algunos actores del sector, la explicación está en el acceso a genética más avanzada. “La discusión de fondo es si queremos que el productor argentino acceda a la misma tecnología que utilizan los productores brasileños o estadounidenses”, explicó una fuente vinculada a la industria semillera. Según ese diagnóstico, la falta de un sistema claro de recuperación de la inversión en genética desincentiva la llegada de nuevos desarrollos al país.

“Para quien se adelante a objetar que el diferencial es impositivo, el algodón lo muestra todavía más nítido. Tuvo retenciones más bajas que los cultivos principales, las eliminamos, y aún así tenemos la mitad del rinde que Brasil (~700 kg de fibra/ha vs +1.500)”, escribió el secretario de Desregulación y Transformación del Estado, Alejandro Cacace, en su cuenta de X.

Destacó, además, que “la innovación agrícola es hiperlocal, particular a cada geografía. Sin retorno para quien la desarrolla acá, no se desarrolla acá. Sin innovación, los rindes se estancan. Ese rinde no capturado son miles de millones en exportaciones que no ocurren. El pago de semillas no es un beneficio para las semilleras. Es la condición para que exista mejoramiento local. Y con rindes estancados, el que pierde es el productor. Más tecnología en el campo = más kilos por hectárea = más Argentina”, publicó el funcionario.

La genética que no llega

En los últimos años varias compañías redujeron sus programas de investigación o limitaron la introducción de nuevas variedades. La soja Intacta, desarrollada por Bayer, dejó de tener nuevas versiones comerciales en el mercado local, mientras que otras tecnologías que ya se utilizan en Brasil o Estados Unidos todavía no están disponibles para los productores argentinos.

Actualmente, apenas un puñado de empresas mantiene programas de mejoramiento de soja a escala en el país, encabezados por compañías como DonMario y algunos desarrollos de origen internacional.

Desde una de las principales compañías de genética agrícola con presencia global y operaciones en la Argentina señalaron que los países que reforzaron la protección de la propiedad intelectual lograron acelerar la adopción de nuevas variedades y expandir sus exportaciones agrícolas.

Ante la falta de una reforma legal, la propia industria impulsó en los últimos años un sistema privado para regular el pago de regalías. Se trata de Sembrá Evolución, un esquema de licencias que ya reúne a más de 21.000 productores y cubre unas 3,8 millones de hectáreas de soja sobre un total cercano a las 16 millones sembradas en el país.

El sistema busca ordenar el reconocimiento de la propiedad intelectual sobre las variedades, aunque el nivel de adhesión todavía es parcial y convive con prácticas informales como la llamada ‘bolsa blanca’.

La interna del campo

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) advirtió que la adhesión a UPOV 91 “limita severamente el concepto de uso propio”, desequilibra la relación entre obtentores y productores y podría incrementar los costos de implantación.

En un comunicado, la entidad reconoció la necesidad de reglas claras para fomentar la innovación, pero reclamó preservar el rol del productor como “socio estratégico y no solo cliente cautivo de la tecnología de semillas”.

La Mesa de Enlace también comenzó a analizar el tema. Según explicó Andrea Sarnari, presidenta de Federación Agraria Argentina, la entidad no respaldará la adhesión a UPOV 91, aunque está dispuesta a discutir una nueva ley nacional que combine innovación con los derechos históricos de los productores.

Desde Coninagro, su presidente Lucas Magnano destacó la importancia de alcanzar consensos dentro del sector y vinculó el debate con el estancamiento productivo del país. “Argentina está estancada en materia productiva hace bastante tiempo”, señaló. Y agregó que para alcanzar una producción de 300 millones de toneladas de granos -tal como lo dijo el presidente en su discurso en el Congreso- también será necesario avanzar en la reducción de las retenciones.

El frente político

El frente político no es sencillo. Durante más de dos décadas se presentaron distintos proyectos para actualizar la Ley de Semillas, pero ninguno logró avanzar en el Congreso. Las diferencias entre productores, empresas y entidades rurales imposibilitaron cualquier intento de reforma.

En el sector reconocen que el debate volverá a ser intenso en el Parlamento, donde las entidades rurales mantienen fuerte influencia sobre distintos bloques políticos. Comentan que, incluso dentro del oficialismo, conviven posiciones diferentes sobre el tema: mientras algunos legisladores cercanos al sector agropecuario prefieren avanzar en una nueva ley nacional otros optan por adherir directamente a UPOV 91.

Mientras tanto, el Gobierno convocó a los distintos actores del sector para presentar propuestas y anticipó el envío de un proyecto al Congreso.

La alternativa a la adhesión directa a UPOV 91 sería una nueva ley nacional. Ese proyecto —que aún no existe formalmente, pero que distintos actores del sector aseguran que está en elaboración— también deberá pasar por la Comisión de Agricultura y Ganadería, un espacio históricamente atravesado por la influencia de las entidades rurales y de las provincias agrícolas.

El ex presidente Mauricio Macri y el gobernador bonaerense Axel Kicillof coincidieron en la cena de bienvenida de Expoagro en San Nicolás, donde compartieron la mesa principal y se saludaron brevemente, antes de exponer sus posturas sobre el rumbo económico y la realidad del agropecuario.

Durante el evento, Macri elogió la gestión del gobierno de Javier Milei y reiteró la necesidad de eliminar las retenciones a las exportaciones, al ratificar su mirada sobre que el impuesto es perjudicial para la competitividad del campo argentino.

“Que lo quiero mucho”, dijo con ironía el ex presidente, al ser consultado en LN+ sobre si le había dicho algo a Kicillof durante la cena de apertura de Expoagro. Y luego agregó: “No tuve la oportunidad (de hablar con él). Solamente fue un saludo formal, como corresponde a la gente educada”.

Sobre su relación con Milei, Macri respondió de forma muy breve: “Hace rato que ya no hablamos”.

La cena se realizó en el Hotel Colonial de San Nicolás y reunió a más de 700 expositores, empresarios y dirigentes políticos, entre ellos el diputado nacional Sebastián Pareja, principal armado de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, y el intendente local Santiago Passaglia. Kicillof asistió acompañado por parte de su gabinete, entre ellos, los ministros Carlos Bianco (Gobierno), Augusto Costa (Producción), Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario), Javier Alonso (Seguridad) y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

En la disposición de la mesa, Macri se ubicó entre José Claudio Escribano, periodista, directivo diario La Nación y presidente de Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires (AEDBA), y José Aranda, del Grupo Clarín, mientras que Kicillof se sentó junto al director de La Nación, Fernán Saguier.

Durante su intervención en el evento, Macri definió al agro como uno de los sectores más dinámicos de la economía y respaldó el rumbo de la administración de Milei. “Uno soñaría con que lo antes posible no haya retenciones, que es un impuesto estúpido que castiga al productor y al exportador, y que en ningún país del mundo existe. Generalmente, todos los países del mundo ponen subsidios”. El fundador del PRO también recordó la complejidad en las negociaciones del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea debido a la alta competitividad de la actividad agropecuaria regional.

Con su presencia, Axel Kicillof hizo un gesto político hacia el campo, tras el largo historial de rivalidad entre las entidades ruralistas y el kirchnerismo. En ese marco, aprovechó para señalar que la crisis actual afecta especialmente a la provincia de Buenos Aires y atribuyó el cierre de 6.000 empresas y la restricción de diez puntos en la coparticipación a las políticas del gobierno nacional.

“A pesar del contexto económico nacional seguimos acompañando con créditos de nuestra banca pública, obras en caminos rurales y programas para promover el crecimiento del sector productivo y el desarrollo de la provincia y del país, porque así entendemos el federalismo”, publicó el mandatario en su cuenta de redes sociales.

Tras la cena, Kicillof cuestionó la política del Gobierno ante la prensa local: “Con las ideas de Milei empieza a haber excedentes de todos los productos que entran y nuestra industria metalúrgica, del plástico, las jugueterías cierran. Se perdieron 300 mil puestos de trabajos. El 40% de toda la producción ocurre en el territorio bonaerense y veo todo con preocupación”.

La máxima cita del sector agropecuario

En el marco del encuentro, el reclamo por la eliminación de las retenciones fue uno de los temas centrales para los productores y empresarios presentes, quienes esperan que el gobierno avance en la reducción de la carga impositiva al sector.

La Expoagro abrió con remates ganaderos millonarios y una fuerte presencia de innovación tecnológica. Durante una charla moderada por el actor y conductor Darío Barassi, referentes del sector debatieron sobre los desafíos y oportunidades para el campo argentino. Fernando De Nevares (Aacrea) y Marcelo Torres (Aapresid) destacaron la importancia del trabajo en red para posicionar a la agroindustria a nivel global. Luis Fredy Simone (FACMA) advirtió sobre la necesidad de modernizar el parque de maquinaria agrícola y mejorar el acceso al crédito, mientras que Hernán Zubeldía (CAFMA) ponderó la constante actualización tecnológica de la maquinaria nacional.

La jornada incluyó además un mapping con imágenes históricas de la muestra y la entrega de reconocimientos a figuras del sector, como Rosana Negrini, propietaria de Agrometal, y Ferrari, por su trayectoria en el INTA. El directorio de Exponenciar, integrado por Alberta Marina, Eugenio Schlossberg, Alejandro Saguier y Lucas Puente Solari, encabezó la ceremonia de cierre.

Del evento, que desde hace diez años tiene sede en San Nicolás, participan otras autoridades políticas del país, como el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Desde esa provincia volvieron a exigir una reducción impositiva al Poder Ejecutivo.

“Santa Fe llega a esta Expoagro a ratificar su compromiso con el interior productivo. No venimos con las manos vacías: traemos herramientas financieras concretas para que la inversión en maquinaria no pare. Sin embargo, la financiación no alcanza si no hay previsibilidad. Por eso insistimos: es urgente un sendero de baja de retenciones. No se puede pedir inversión a largo plazo con reglas de corto plazo”, señaló el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

La trayectoria de Anabel Gallardo Ponce representa una historia de perseverancia, liderazgo y transformación. Ingeniera, empresaria, dirigente gremial y madre, Gallardo se ha convertido en una de las mujeres más influyentes de Honduras, destacando en el ámbito agroindustrial y empresarial con una visión que apuesta por el crecimiento económico, la inclusión y el fortalecimiento institucional.

El liderazgo empresarial femenino en Honduras ha ganado una voz central desde el 2024 con la consolidación de Gallardo al frente del principal organismo del sector privado. Su reciente reelección como presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) supone un aval unánime a su gestión orientada al crecimiento económico, la innovación productiva y la inclusión.

Entre los escenarios recientes de su carrera, el respaldo que recibió para un segundo período al frente del COHEP destaca como uno de los datos más relevantes del último año. Gallardo asumió públicamente la responsabilidad de conducir el organismo bajo el compromiso de mantener el diálogo con la administración del presidente Nasry Asfura y de articular políticas que fomenten el desarrollo, el empleo y la competitividad nacional.

El camino profesional de Gallardo se inició en el ámbito agrícola, donde su formación en la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano y su título como ingeniera en administración agrícola por la Universidad José Cecilio del Valle de Tegucigalpa sentaron las bases de una propuesta empresarial centrada en la tecnificación y la modernización de los procesos productivos. Un capítulo significativo de su preparación lo constituyó su capacitación adicional en Italia, que aportó herramientas clave para reestructurar y diversificar las operaciones familiares.

Desde sus primeros años como profesional, Gallardo sobresalió por la excelencia académica y por asumir responsabilidades determinantes en la gestión de la finca familiar, participando activamente en la tecnificación de la extracción de leche y el fortalecimiento del negocio ganadero.

En el entorno local, dirige Agropecuaria El Carreto, firma dedicada a la producción de ganado lechero que representa la continuidad de una tradición familiar de tres generaciones, y lidera el Grupo INZA, enfocado en la comercialización de productos y operaciones de estaciones de servicio. En paralelo, promueve el desarrollo económico a través de proyectos como Caffeto, un café que gestiona junto a sus hijas y su hermana y que colabora con cooperativas de mujeres productoras de Marcala, en el departamento de La Paz.

El ascenso en un espacio tradicionalmente masculino

El sector agropecuario hondureño, caracterizado por una presencia masculina predominante en espacios de decisión y jornadas de trabajo físico intensas, constituyó el contexto inicial de la carrera profesional de Gallardo.

En este entorno, la empresaria no solo logró cumplir los objetivos propuestos por su padre, el impulsor de sus primeros pasos, sino que los superó mediante la diversificación de actividades hacia la avicultura y la modernización de los procesos productivos. Bajo su gestión, la empresa familiar afrontó los desafíos económicos y regulatorios mediante una estrategia de tecnificación y expansión.

La trayectoria de Gallardo en el ámbito gremial alcanzó un punto crucial cuando fue electa como la primera mujer presidenta de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH). Este hecho marcó un antecedente para la participación femenina a nivel directivo en el sector agropecuario e impulsó iniciativas para incrementar la presencia de mujeres en actividades productivas y gremiales.

Gallardo ha destacado que el liderazgo empresarial exige equilibrar la gestión de empresas con la construcción de consensos y la defensa de los intereses colectivos de los sectores productivos.

La llegada de Gallardo a la dirección del COHEP en marzo de 2024 fue interpretada por el empresariado hondureño como el inicio de una agenda moderna y colaborativa entre los sectores público y privado. Con la renovación de su mandato, la dirigente reafirmó su disposición a consolidar un clima favorable a la inversión, promover la generación de empleo y enfrentar retos como el cambio climático, la innovación tecnológica y la mejora estructural de la competitividad nacional.

En palabras de Gallardo: “el año 2026 representa una oportunidad clave para Honduras”, dada la posibilidad de reconfigurar la confianza entre los sectores sociales y productivos.

La empresaria sostiene: “el diálogo entre el sector público y privado es fundamental para encontrar soluciones a los principales desafíos nacionales”. Además, insiste en mantener una postura abierta a la colaboración con instituciones estatales para definir políticas que afiancen la estabilidad.

El legado de inspiración y la agenda de inclusión de género

El éxito de Anabel Gallardo no puede comprenderse sin su motivación familiar. Su padre resulta una influencia decisiva en la autoexigencia y la disciplina que pondría en práctica durante toda su carrera.

Respecto a la inclusión de género, Gallardo afirma que las mujeres hondureñas deben ganar terreno en los procesos de toma de decisiones tanto empresariales como económicos. Un propósito manifiesto de su gestión gremial es abrir espacios a la participación femenina y promover políticas que coloquen a las mujeres en el centro del desarrollo económico. Para las nuevas generaciones, su mensaje es: prepararse, confiar en las propias capacidades y no temer expresar sus ideas.

Durante décadas, invertir en tierra agrícola en Argentina fue sinónimo de patrimonio familiar o grandes fortunas. Un análisis de largo plazo volvió a poner al campo en el radar financiero: en los últimos 50 años, la renta anual en dólares de los campos argentinos, sumando alquiler y valorización de la hectárea, superó el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, uno de los activos más seguros del mundo. La explicación está en la doble naturaleza del activo, que genera una renta anual -ya sea por arrendamiento o por explotación directa- y puede apreciarse en el tiempo.

El dato gana cobra relevancia porque, al observar el valor actual de la tierra en la zona agrícola más productiva del país, conocida como el Triángulo de Oro o “núcleo”, el valor ronda USD 23.000 por hectárea. En áreas núcleo del norte bonaerense como Pergamino, Rojas o Salto, los valores se ubican por encima de USD 20.000 por hectárea.

Para operadores del sector, esos precios resultan bajos en términos históricos ya que, a pesar de la alta productividad del suelo argentino, los valores actuales no reflejan totalmente la capacidad de generación de renta ni la demanda de activos reales en contextos inestables.

Para operadores del sector, los precios de los campos resultan bajos en términos históricos ya que, a pesar de la alta productividad del suelo, los valores no reflejan totalmente la capacidad de generación de renta

La región pampeana es reconocida a nivel global por su fertilidad y eficiencia natural. En campañas normales, los rindes compiten con los de Estados Unidos o Brasil, aun con menor nivel de subsidios, retenciones y en muchos casos con menor incorporación tecnológica. Esa relación entre calidad productiva y precio sostiene la idea de que la tierra argentina ofrece una ecuación atractiva para inversores de largo plazo.

El acceso, no obstante, prresenta barreras. Con valores por encima de USD 20.000 por hectárea en las zonas premium, incluso una inversión relativamente pequeña implica cifras altas. Un establecimiento de 100 hectáreas en zona núcleo puede superar con facilidad los USD 2.000.000. A esto se suma la baja liquidez: a diferencia de un bono o una acción, la compra y venta de tierra puede demorar meses y requiere gestión permanente, ya sea para arrendar o producir.

Alternativas de inversión en el mercado agropecuario

Esa barrera histórica comenzó a modificarse con la aparición de nuevas estructuras financieras que permiten fraccionar el acceso a la tierra. Hoy existen instrumentos que permiten invertir en campo sin necesidad de adquirir una hectárea completa.

Una de las opciones son los fideicomisos agropecuarios tradicionales. Se trata de fondos cerrados que reúnen capital para financiar campañas agrícolas o ciclos ganaderos, o para adquirir campos que luego se alquilan. En estos esquemas, además del capital aportado, suele existir un fee de ingreso que puede oscilar entre el 2% y el 5% del monto invertido, destinado a estructuración, administración y gastos iniciales.

Los fideicomisos agropecuarios tradicionales reúnen capital para financiar campañas agrícolas o ciclos ganaderos con inversiones desde 500 dólares

En los modelos productivos integrados, la inversión mínima puede comenzar desde USD 500 por animal en los fideicomisos ganaderos, o por hectárea cultivada en los agrícolas. Estos vehículos contemplan honorarios de administración anuales que rondan entre 3% y 7% sobre el capital o sobre el resultado, dependiendo del contrato y del esquema de participación.

Esquemas productivos y riesgos asociados

A diferencia de los fideicomisos enfocados solo en la renta de la tierra, estos proyectos apuntan a capturar todo el margen del proceso productivo. El negocio se basa en la conversión del cereal producido en kilos de carne para venta en el mercado interno y exportaciones.

En algunos casos, la integración vertical comienza con la vaca de cría, que genera el propio ternero, y se extiende hasta la llegada del producto terminado a la góndola.

Según los términos difundidos por operadores del sector, la empresa responsable asume el riesgo operativo y fija contractualmente una utilidad objetivo para el inversor, incorporando cláusulas de seguro de ganado y seguro agrícola dentro del esquema de adhesión. Bajo este formato, los retornos proyectados pueden rondar el 10% anual en dólares en los fideicomisos ganaderos y hasta el 14% anual en los agrícolas.

Economistas de consultoras referentes advierten que la existencia de una rentabilidad objetivo o pactada no elimina el riesgo sistémico. El negocio agropecuario está expuesto a factores climáticos, variaciones en los precios internacionales de los granos y la carne, cambios regulatorios y tensiones financieras propias del ciclo económico argentino. En escenarios adversos, los flujos pueden diferirse o renegociarse.

La existencia de una rentabilidad objetivo o pactada no elimina el riesgo sistémico

Nuevos vehículos y rentabilidades potenciales

Otra alternativa son los fideicomisos financieros con oferta pública que permiten invertir en una cartera diversificada de campos agrícolas a través de sociedades de bolsa. Bajo este esquema, el ingreso puede comenzar desde montos muy bajos, incluso desde USD 50. En estos modelos se proyecta una renta bruta anual estimada de entre 3% y 4% por arrendamiento, a lo que se suma una apreciación potencial de capital de entre 5% y 6%. También en este caso existen costos de estructuración y administración que reducen el rendimiento efectivo final.

Además, hay proyectos privados vinculados a actividades específicas como feedlot o expansión comercial en la cadena cárnica, donde las rentas objetivo publicadas pueden ubicarse entre el 14% y el 24% anual. En estos casos, el inversor no apuesta solo a la valorización de la tierra sino al resultado directo del negocio operativo, lo que implica una mayor exposición al riesgo empresarial.

El panorama actual muestra distintos niveles de riesgo y retorno dentro del universo agropecuario. Desde la tierra arrendada con perfil patrimonial y horizonte de largo plazo, hasta los fideicomisos productivos y los proyectos operativos con mayor volatilidad.

La diferencia con décadas anteriores es que el campo dejó de ser un activo reservado exclusivamente para grandes propietarios y comenzó a ofrecer puertas de entrada más graduales para pequeños y medianos inversores que buscan activos reales en un contexto de incertidumbre financiera global.

Un intenso operativo policial alteró la habitual tranquilidad de la región sudeste cordobesa durante las últimas horas, tras el hallazgo de un cuerpo sin vida en un sector rural de la departamental Unión. Se trata de un joven, que murió de un tiro en la cabeza.

El despliegue se produjo luego de que una persona alertara a las autoridades sobre una escena inusual en un campo cercano a Aldea Santa María, provocando el rápido arribo de la Patrulla Rural.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un hombre de 27 años, quien yacía sin signos vitales en el predio. Según las primeras evaluaciones realizadas por los peritos en el sitio, el cuerpo presentaba una herida compatible con un disparo de arma de fuego, dato que encendió las alarmas entre los investigadores y motivó el inmediato resguardo de la escena. Los procedimientos incluyeron la delimitación del área y la recolección de elementos que podrían resultar determinantes para reconstruir la secuencia de hechos.

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción de La Carlota, encabezada por la doctora Romina Wisnivetzky, quien dispuso las primeras medidas procesales.

De acuerdo a lo informado por el portal El Doce.tv, el expediente fue formalmente caratulado como homicidio, decisión que marca el rumbo de la pesquisa en una etapa inicial caracterizada por la reserva y el hermetismo.

Desde la fiscalía se ordenó la intervención de equipos forenses y la realización de pericias balísticas para determinar el calibre del arma utilizada y la distancia del disparo, entre otros aspectos técnicos relevantes.

Según se informó, la identidad del joven ya fue confirmada, aunque hasta el momento no se difundieron detalles respecto a su actividad o residencia habitual, a fin de preservar la confidencialidad de la investigación y resguardar a su entorno familiar.

En paralelo, las autoridades trabajan en el análisis de imágenes captadas por cámaras de seguridad en accesos cercanos y caminos rurales, con el objetivo de identificar movimientos sospechosos o vehículos que pudieran estar relacionados con el hecho.

Otro cuerpo hallado en un campo de Córdoba

Durante el primer día del año, el cuerpo de una mujer fue encontrado en la localidad de Villa María, también provincia de Córdoba. Las autoridades investigaron el caso como un presunto femicidio, luego de que constataran que presentaba signos de violencia.

El hallazgo ocurrió en horas de la mañana, por lo que la Policía y la Fiscalía de turno, a cargo de Silvia Maldonado, tomaron intervención en el caso. Según describieron fuentes policiales, el cadáver se encontraba oculto entre pastizales de un camino rural situado al este de la Sociedad Rural y detrás de la Universidad Nacional de Villa María.

La víctima fue identificada días después por las autoridades. Era Delfina Aimino, una joven de 22 años. El cuerpo presentaba signos de violencia, lo que orientó a las autoridades a investigar el caso como un presunto femicidio.

Las primeras tareas de los forenses incluyeron el relevamiento de heridas y marcas presentes en el cuerpo, aunque no se dieron más detalles. De acuerdo al portal El Doce, entre las lesiones observadas, los especialistas observaron una herida, la cual parecía que había sido atendida por los médicos, previo al crimen.

Al identificar ese tratamiento, los investigadores se acercaron a diferentes instituciones médicas para consultar si días atrás habían recibido a una paciente con características similares. Esa consulta resultó fundamental, ya que permitió establecer coincidencias entre la herida atendida y la joven buscada. Tras cotejarse las huellas dactilares, las autoridades confirmaron oficialmente que la víctima era Aimino.

En el marco de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el presidente Javier Milei puso al sector agroindustrial en el centro de su estrategia de inserción internacional y prometió avanzar en dos de los reclamos históricos del campo. El mandatario adelantó que implementará una nueva Ley de Semillas que garantice derechos de propiedad intelectual y prometió seguir por el sendero de la baja gradual de las retenciones.

“Tenemos los minerales críticos que necesita Occidente, tenemos energía, gas, petróleo, energía nuclear y renovable para abastecer cadenas de producción a escala; tenemos tierra, agua y capacidad agroindustrial para garantizar la seguridad alimentaria del hemisferio”, sostuvo ante el Congreso. Y remarcó: “Somos un eslabón natural de la cadena de valor estratégica de Occidente”.

El foco de esa parte del mensaje estuvo en la competitividad agroindustrial. Milei aseguró que el sector “tendrá su revolución” y planteó que el país está en condiciones de producir 300 millones de toneladas de granos, prácticamente el doble del volumen actual.

Para eso, anunció que enviará un régimen que “garantice el derecho de propiedad para los innovadores en semillas”, uno de los pedidos más insistentes de las semilleras y laboratorios. Además, prometió continuar “el sendero de reducción de retenciones”, aunque aclaró que será “de forma responsable y solo en la medida en que el superávit fiscal lo permita”.

El trasfondo es la vieja discusión sobre la Ley de Semillas. La normativa vigente permite que el pago de regalías por el uso de genética mejorada quede, en muchos casos, a voluntad del productor. Actualmente, el mercado de propiedad intelectual en la Argentina ronda el 45%, muy por debajo de países como Brasil, donde cerca del 80% de los productores paga derechos por el uso de tecnología.

Según el diagnóstico del sector, esta situación genera atraso genético y menores rindes, ya que las compañías priorizan mercados donde la propiedad intelectual está protegida. Milei fue explícito: “No podemos permitir que Brasil triplique su producción de soja usando semillas con tecnología argentina que no se pueden vender en la Argentina”.

También apuntó contra la brecha de productividad regional: “No podemos aceptar que nuestros rindes en Chaco sean de 600 kilos de algodón por hectárea cuando en Brasil son de 1.400”.

El Presidente vinculó la agenda agroindustrial con la inserción global y cuestionó el bajo nivel de apertura de la economía. “Hoy tenemos un 30% de comercio exterior sobre el PBI cuando deberíamos tener el triple, cerca del 93%. Son números de vergüenza y no nos puede volver a pasar”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que en un año la red de ferrocarriles de carga atravesará “la modernización más grande en más de un siglo”, con el objetivo de reducir costos logísticos y mejorar la competitividad exportadora.

Además, destacó la creación de un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), una herramienta pensada como versión acotada del esquema para grandes proyectos, orientada a dinamizar la incorporación de bienes de capital, tecnología y sistemas de riego en economías regionales.

Tras el discurso, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) —la mesa que reúne a más de 60 entidades de toda la cadena agroindustrial, entre ellos, productores agropecuarios, exportadores de granos y subproductos, industria aceitera, frigoríficos y sector cárnico— expresó su respaldo a los lineamientos planteados por el Presidente.

La entidad aseguró que comparte “plenamente los conceptos del presidente Milei en el Congreso de la Nación: el respeto a la propiedad privada, la apertura económica, la inserción internacional, la necesidad de crecimiento del comercio exterior, la modernización laboral, los objetivos del RIMI, el superávit fiscal y a continuar con la baja de impuestos distorsivos que afectan la competitividad”.

Las elecciones para definir el nuevo presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) tendrán lugar el próximo 9 de septiembre. Aunque hasta el momento no hay candidatos oficiales, ya se generó una disputa interna entre el bando ‘oficialista’ y un grupo de socios que plantea la necesidad de renovar el nombre propio que lidera una de las entidades más importantes y tradicionales del agro local.

La interna comenzó cuando un grupo de integrantes de la entidad envió una carta al resto de los miembros en la que planteó cuatro “consideraciones sobre la calidad institucional de la SRA”, ante el trascendido de que Nicolás Pino, actual presidente, volvería a postularse para el cargo.

El escrito, firmado por 78 afiliados de la sociedad, pretende demostrar que una eventual nueva presentación de Pino violaría el estatuto y sería un “retroceso institucional y una contradicción ética”.

El principal punto sobre el que se posa la carta es el límite máximo de tres períodos consecutivos para sus autoridades, una norma que introdujo el propio Pino al estatuto de la entidad en 2023, durante su segundo mandato al frente de la Sociedad Rural.

“Ante las recientes declaraciones públicas sobre una eventual postulación del actual presidente para un cuarto mandato, resulta imperioso asentar las siguientes consideraciones: las reglas pierden toda legitimidad cuando quienes las impulsan deciden no cumplirlas. La conducción actual fijó un límite de tres mandatos; ignorarlo hoy por conveniencia personal carece de integridad”, establece el escrito.

Y continúa: “No podemos criticar a los políticos que se ‘atornillan’ al poder si replicamos esas mismas prácticas. La coherencia es nuestro activo. Lo verdaderamente inédito no es la aspiración a la continuidad, sino que quien impulsó un límite de tres mandatos pretenda ahora exceptuarse de él, apelando a una supuesta interpretación administrativa nunca puesta a disposición de los socios. Si tal excepción existiera, debe ser exhibida con claridad y transparencia. Seis años son suficientes para cualquier proyecto. La alternancia no es una opción, es una garantía de salud democrática”.

La carta cierra con un pedido expreso: “Debemos evitar que nuestra institución sea cuestionada desde el plano ético. No podemos convertirnos en un ejemplo más de aquello que criticamos: dirigentes más preocupados por aferrarse a un sillón que por promover nuevas voces en el sector que representamos”.

En respuesta a la carta, la Sociedad Rural envió también una comunicación interna a sus socios en la que sostuvo que Nicolás Pino se encuentra legalmente habilitado para postularse para el período 2026–2028.

El cruce se da en un contexto en el que Pino es cuestionado por parte de sus pares por su cercanía con el Gobierno y por la necesidad, planteada por algunos sectores, de una conducción más combativa frente al Ejecutivo en temas sensibles como los derechos de exportación.

La interna en la entidad se conoce, además, un día después de que Pino desmintiera una supuesta baja de retenciones. En una entrevista con Eduardo Feinmann en A24, contó que habló tanto Luis Caputo, como con el presidente Javier Milei, quienes le aclararon que no existe una decisión tomada en ese sentido. “Empezó a circular un rumor que es totalmente falso (…) decía que el Gobierno ya tenía casi arreglado que iba a hacer una baja absoluta total de retenciones en breve. Ojalá hubiese sido verdad”, afirmó, y relató que ambos le dijeron: “No, Nicolás, lamentablemente no podemos”, en alusión al impacto fiscal que tendría una medida de ese tipo.

Según detalló la SRA en el escrito al que accedió Infobae, la reforma estatutaria que fijó el límite de tres mandatos consecutivos fue aprobada por la Asamblea Extraordinaria del 30 de marzo de 2023 e inscripta ante la Inspección General de Justicia el 20 de julio de ese año, momento a partir del cual comenzó a regir formalmente.

En ese marco, la conducción explicó que el actual mandato de Pino, correspondiente al período 2024–2026, debe considerarse el primero a los efectos del nuevo cómputo. La interpretación surge de una consulta realizada por la propia entidad ante la IGJ, organismo que el 19 de junio de 2025 determinó que la limitación estatutaria rige desde su inscripción y no con efecto retroactivo.

De esta manera, si Pino decidiera presentarse y resultara electo en septiembre próximo, iniciaría su segundo mandato bajo el nuevo esquema, y no un cuarto período consecutivo como sostienen los firmantes de la carta.

“Insistimos en que la actual conducción siempre actuó y actuará conforme a derecho, respetando los procedimientos internos de la SRA y las leyes de nuestro país. La actual gestión saneó una SRA con graves problemas económicos, llevó nuestra entidad a todo el país con una mirada federal y obtuvo importantes logros para todo el mundo rural, haciendo que nuestra voz sea respetada y escuchada en todos los ámbitos”, finaliza el documento firmado por 43 miembros de la actual Comisión Directiva.

Huergo Cereales, una firma de acopio de granos basada en la ciudad bonaerense de Chivilcoy, enfrenta el punto más álgido de su crisis. Con 440 cheques impagos por más de $2.442 millones, la empresa ya estaría negociando con un grupo agroindustrial del interior para ser absorbida y así evitar su quiebra y la liquidación de sus activos.

Esta crítica situación financiera que ya se replicó en varias partes de la cadena agroindustrial no es, sin embargo, el único problema de Huergo. Además de los cheques rechazados que figuran en los registros oficiales del Banco Central, la compañía tiene deudas con productores, lubricentros, talleres mecánicos, electricistas, casas de repuestos y otros proveedores.

El contexto volvió a encender algunas luces amarillas en el sector, que tuvo momentos de tensión con empresas en crisis más recientes, como Bioceres, y otras que tuvieron cuestiones financieras complejas el año pasado, como Surcos, Los Grobo y su controlada firma de insumos para el campo Agrofina, entre otras.

Tensión en Chivilcoy

Los granos de soja correspondientes a la última campaña y el trigo que los casi 50 productores que trabajan con Huergo Cereales entregaron hace poco más de un mes, ya no se encontrarían en las instalaciones del acopio. De hecho, según pudo saber este medio, la mercadería fue entregada para su procesamiento o exportación en un lapso menor al que suelen llevar estos procesos. Fuentes con conocimiento del caso señalaron que “entraban camiones a la medianoche”, en movimientos que llamaron la atención de productores de la zona.

La magnitud de la deuda encendió las alarmas en la plaza local, donde la compañía operó durante años como uno de los principales canales de comercialización para productores medianos y pequeños de la zona. En el circuito comercial agropecuario, la acumulación de documentos impagos no solo restringe el acceso al financiamiento, sino que también paraliza la operatoria cotidiana y deteriora la confianza, un activo central en el negocio del acopio.

Huergo tiene una larga trayectoria en la región. Originaria de las localidades bonaerenses de Palemón Huergo y Coronel Mom, estuvo inicialmente conformada por múltiples productores de la zona. Sin embargo, con el paso del tiempo y ante el fallecimiento de los titulares originales, las participaciones se vendieron hasta quedar en manos de dos socios locales que no tenían vínculo con la actividad agropecuaria. Uno de ellos provenía de la industria aseguradora, mientras que el otro, se dedicaba a la venta de cigarrillos.

Actualmente el primero ya no integra la sociedad. El segundo, en tanto, concentra entre el 90% y 95% de la estructura accionaria de la empresa. El porcentaje restante está en manos de un empleado histórico del acopio. Este medio intentó comunicarse con los involucrados, pero no obtuvo respuesta al momento del cierre de esta nota.

Según comentaron fuentes con conocimiento del caso a Infobae, los productores que entregaron granos al acopio desconfían del origen de los fondos que utilizó uno de los socios para hacerse con el control de la empresa tres años atrás. De hecho, muchos de ellos recurrieron a la Justicia alegando que el empresario habría utilizado fondos provenientes de la comercialización de esos granos para ampliar su participación en la compañía.

“La empresa se encuentra actualmente evaluando distintos escenarios operativos y financieros, en un contexto complejo para el sector. No hay definiciones formales adoptadas ni decisiones institucionales para comunicar en este momento. Ante cualquier novedad oficial, será informada por los canales correspondientes”, respondió ante la consulta de este medio el abogado de la empresa.

Aunque la actividad principal de Huergo es el acopio de granos y cuenta con dos plantas de silo, una en Palemón Huergo y otra en Coronel Mom, la empresa también alquila campos para realizar siembras y posee cuatro camiones propios para el flete del acopio.

En materia de personal, la firma contaba con 19 empleados, aunque uno de ellos renunció en diciembre pasado debido a retrasos en los pagos. En el mercado local no descartan que, de no prosperar la incorporación de un inversor, la firma deba recurrir a una presentación judicial para reordenar sus pasivos.

En diálogo con Infobae Colombia, el abogado constitucionalista Gustavo García Figueroa, cabeza de lista al senado por el Frente Amplio Unitario, habló sobre sus propuestas de reactivación económica basadas en un modelo de corresponsabilidad total entre Estado, empresa y comunidad.

La iniciativa, que surge en un contexto de desafíos para la productividad territorial, plantea un esquema en el que el crecimiento nacional depende de una sinergia tripartita, bajo la premisa de que “todos ponen” para cerrar las brechas de desigualdad.

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García Figueroa, exministro del Interior y reconocido líder del movimiento comunal, expuso que su propuesta busca enfrentar la alta informalidad laboral, que alcanzó un 55,7% a nivel nacional durante el trimestre octubre-diciembre de 2025, según datos oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). El candidato sostiene que la solución no radica en el asistencialismo, sino en una nueva arquitectura de ejecución donde cada sector asume responsabilidades claramente definidas.

En la propuesta legislativa, el sector público tendría la función de garantizar la seguridad jurídica, facilitar acceso a crédito asequible y reforzar la institucionalidad agraria. Por su parte, el sector privado contribuiría mediante innovación y tecnología, integrando a los pequeños productores en cadenas de valor formales.

El sector comunitario se fortalecería con el apoyo de los gobiernos a las Juntas de Acción Comunal (JAC), utilizando recursos públicos a través de convenios solidarios y alianzas público-populares. Según explicó García Figueroa, este modelo permitiría que “en el barrio la plata rinde más y se pierde menos”.

El núcleo de la propuesta de García Figueroa es la consolidación de la Reforma Rural Integral, un componente central de su agenda legislativa. Como promotor del Acto Legislativo que reconoció al campesino como sujeto de especial protección, subraya que la transformación territorial es clave para la paz sostenible. “Nuestra meta es la legalidad y la formalización. Necesitamos que cada colombiano tenga un pedazo de tierra que sea rentable y digno”, afirmó el candidato.

La propuesta incluye el fortalecimiento de la Jurisdicción Agraria para resolver conflictos de tierras de manera pacífica, así como una estrategia de formalización masiva que busca convertir la propiedad de la tierra en un requisito de acceso a créditos y proyectos productivos. Además, contempla alternativas lícitas para el campesinado, enfocadas en garantizar la presencia estatal en las regiones y proporcionar opciones de vida rentables y seguras.

El enfoque de García Figueroa atribuye al sector agropecuario el papel de motor de un “cambio sensato”. Plantea que, bajo el modelo de Alianza Público-Privada-Comunitaria, el agro puede dejar de ser un sector de subsistencia y convertirse en una industria moderna, capaz de potenciar la economía nacional y promover la equidad territorial.

“La economía popular no es marginalidad; es el motor que, junto a la propiedad de la tierra, construirá una paz económica duradera. Si logramos que el campesino sea dueño de su destino y de su suelo, habremos cambiado la historia de Colombia”, expresó el candidato.

La propuesta de García Figueroa también prioriza la involucración activa de la comunidad rural en la gestión de recursos y la toma de decisiones, promoviendo alianzas entre el Estado, las empresas y las organizaciones comunitarias. El planteamiento sostiene que la productividad territorial requiere de una corresponsabilidad total y una distribución equitativa de los beneficios derivados del desarrollo.

El modelo de corresponsabilidad total busca, además, que el Estado provea condiciones habilitantes para el desarrollo rural, mientras el sector privado impulsa la modernización tecnológica y la integración de pequeños productores, y el sector comunitario gestiona eficientemente los recursos a nivel local. Este esquema, según la visión de García Figueroa, permitiría cerrar la brecha entre el campo y la ciudad y ofrecer oportunidades reales de crecimiento y bienestar a la población rural.

La consolidación de la Reforma Rural Integral y el fortalecimiento de la economía popular forman parte de los principales compromisos legislativos de García Figueroa. El candidato recalca la importancia de que la propiedad de la tierra se convierta en un pilar para el acceso a nuevas oportunidades, el desarrollo de proyectos productivos y la construcción de una paz duradera a través de la transformación del territorio.

El precio de la carne volvió a subir y el impacto ya empieza a proyectarse sobre la inflación. En la última semana, el valor de la hacienda en el Mercado Agroganadero de Cañuelas —principal referencia para frigoríficos y carnicerías— registró subas cercanas al 7% en las principales categorías destinadas al consumo interno.

El movimiento ya comenzó a trasladarse a los mostradores y podría aportar entre 0,3 y 0,5 puntos porcentuales al Índice de Precios al Consumidor de febrero.

Según pudo saber Infobae, el precio de la hacienda para faena pasó en pocos días de niveles cercanos a los $4.700 por kilo a operaciones de hasta $5.500, con mayor firmeza en los lotes especiales de mejor calidad.

La suba se potencia en cada eslabón de la cadena. De acuerdo con operadores del mercado, el valor del animal en pie suele duplicarse cuando se transforma en media res y vuelve a ampliarse en el mostrador. Así, si el kilo del animal en pie ronda los $5.000, la media res puede ubicarse en torno a los $10.000 y un corte promedio acercarse a los $20.000.

El repunte, no obstante, se monta sobre una tendencia que ya mostraba desvíos respecto del índice general. De acuerdo con la última estadística del Indec, en enero la carne aumentó 4,9% mensual, frente a una inflación de 2,9%. En términos interanuales, el incremento fue del 73,4%, más de 40 puntos por encima del IPC.

“Hoy la carne vacuna está buscando un punto de equilibrio entre lo que la demanda va a consolidar de precio y la oferta. Ese es el gran tema”, explicó Javier Preciado Patiño, ingeniero agrónomo y ex subsecretario de Mercados Agropecuarios. Desde 2023, agregó, el mercado registra saltos de precios seguidos de períodos de estabilización en niveles más altos, en un proceso de reacomodamiento que todavía no termina de consolidarse.

Por qué sube el precio de la carne

Son varias las razones que explican este alza en el precio de la carne. Una de ellas es tiene origen en el frente externo. Es que la ampliación de la cuota de exportación hacia los Estados Unidos —que podría elevar el cupo total a 100.000 toneladas— reforzó las expectativas del sector. Exportar implica acceder a valores en dólares y, en muchos casos, superiores a los del mercado interno, por lo que los frigoríficos compiten con mayor intensidad por hacienda de calidad.

“La expectativa de una mayor demanda externa acelera la retención y la búsqueda de mejores valores”, explicó Fernando Storni, gerente general de la Cámara Argentina de Feedlot, al mismo tiempo que señaló que cada tonelada que se destina al exterior reduce la disponibilidad para el consumo local.

Otra de las causas que impulsa el precio de la hacienda es la menor faena. Si bien la retracción no fue significativa en términos históricos, sí implica menos volumen disponible en el corto plazo. A eso se suma la decisión de muchos productores de estirar los ciclos productivos y retener hacienda tras un buen desempeño del negocio en 2024 y comienzos de 2025.

La buena disponibilidad de pasto, efecto directo de las buenas condiciones climáticas, también modificó la dinámica productiva. A diferencia de la sequía de 2022-2023, hoy los animales pueden ganar peso a menor costo a campo, sin necesidad de ingresar rápidamente a un feedlot, lo que retrasa la salida a faena.

“Hay oferta futura, pero restricción actual. Se estiran los procesos productivos y tenemos menos oferta hoy. Hasta que no haya más producción va a haber restricciones”, señaló Storni.

Respecto al negocio de los corrales, el ejecutivo agregó que, aunque el diferencial entre compra y venta puede resultar interesante en términos nominales, “cuando se cierra el ciclo los márgenes quedan muy cerca de cero y, descontada la inflación, pueden ser negativos”. En ese contexto, explicó, el productor tiende a agregar más kilos antes de vender, lo que reduce la oferta inmediata.

Con un consumo que se mantiene en torno a los 45 a 50 kilos per cápita anuales y sin señales claras de una expansión inmediata de la oferta, el mercado enfrenta un equilibrio delicado. Desde el sector estiman que, a lo largo del año, la carne podría ubicarse entre cinco y diez puntos por encima de la inflación general si persiste la restricción de oferta.

Por ahora, el mercado no muestra señales de una expansión relevante del volumen disponible. “Recién a partir de julio se podría ver una mayor disponibilidad en la oferta”, advirtió Storni. Hasta entonces, el mercado seguirá sensible y cualquier tensión adicional podría traducirse en nuevos ajustes de precios, con impacto directo en la inflación.

Las exportaciones de la agroindustria argentina comenzaron 2026 con un crecimiento interanual del 17,6%, de acuerdo con el último informe del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), elaborado en conjunto con la Bolsa de Cereales. En enero, el sector generó USD 4.088 millones, lo que representó USD 613 millones más que en el mismo mes del año anterior.

El desempeño, aclara el informe, estuvo traccionado principalmente por los complejos de trigo, girasol y cebada, que encabezaron el aumento mensual. También se destacó el dinamismo de sectores como el tabacalero, la alfalfa y el girasol, con crecimientos relativos del 271%, 233% y 173%, respectivamente. Estos incrementos compensaron parcialmente los retrocesos observados en otros rubros de peso dentro de la matriz exportadora.

En contraste con el desempeño positivo de varios complejos, el maíz y la soja registraron caídas interanuales del 40% y 5%, respectivamente, lo que moderó el crecimiento global de las exportaciones agroindustriales. Aun así, el saldo general del primer mes del año fue ampliamente favorable para la balanza comercial del sector.

La caída en las exportaciones de dos de los principales complejos exportadores del país responde en gran medida a factores estacionales y al calendario comercial de los granos. Sucede que enero no es un mes de fuerte ingreso de cosecha nueva, especialmente en el caso de la soja, cuya campaña comienza recién en abril.

El aumento en el valor exportado se produjo en un contexto de variaciones en la competitividad cambiaria. El informe del CAA detalló que el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) del Banco Central registró en enero una caída del 1% respecto de diciembre, lo que reflejó una apreciación del peso en términos generales. No obstante, el indicador se mantiene un 5% por encima del promedio de 2025. Este escenario implica un entorno de menor competitividad cambiaria, que encarece los productos argentinos medidos en dólares y puede reducir incentivos a exportar.

Asimismo, el análisis señaló que se registraron movimientos específicos en el tipo de cambio, con variaciones del 3% frente a la Eurozona y del 4% respecto de la India. Estos cambios bilaterales también inciden en la dinámica de precios relativos y en la competitividad sectorial.

Si bien la suba interanual resulta significativa, en el sector agroindustrial las comparaciones entre distintos períodos deben interpretarse con cautela. El ritmo de exportaciones y de ingreso de divisas está fuertemente condicionado por la estacionalidad del ciclo comercial de los granos, que depende de factores como los precios internacionales, el volumen y la calidad de las cosechas, las condiciones climáticas, decisiones comerciales de los productores, cuestiones logísticas o sindicales y cambios regulatorios, tanto locales como externos. Esa combinación de variables puede generar oscilaciones marcadas entre meses sin que necesariamente reflejen un cambio estructural de tendencia.

Para el conjunto de 2026, el sector agroexportador proyecta una producción superior a las 140 millones de toneladas y exportaciones en torno a los USD 34.800 millones. Las estimaciones están atadas, en gran medida, al desempeño de la campaña gruesa, que comenzó con buenas condiciones hídricas y expectativas optimistas, aunque el resultado final dependerá de la evolución climática durante los meses críticos de definición de rindes.

El relevamiento del CAA y la Bolsa de Cereales mide el valor FOB de las exportaciones efectivamente realizadas durante el mes e incluye todos los rubros de la agroindustria, desde los complejos granarios hasta carnes, lácteos y economías regionales. En un contexto en el que la generación de divisas continúa siendo una variable central para la macroeconomía argentina, el desempeño de enero vuelve a confirmar el peso estructural del sector en la balanza comercial y en el abastecimiento de dólares de la economía.

La campaña 2025/26 se perfila como una de las más sólidas de los últimos años. Sin el efecto de la fuerte sequía que impactó en el sector entre 2022 y 2023, y con mejores condiciones climáticas, un complejo del agro podría marcar un récord tanto en producción como en exportaciones.

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el complejo de legumbres alcanzaría 1,37 millones de toneladas, el mayor volumen en cinco años y un 24% por encima del promedio de las últimas campañas.

Se trata, además, de un sector con fuerte perfil exportador. Más de la mitad de lo que se produce en la Argentina se destina al mercado externo y las legumbres llegan hoy a casi 100 países, lo que podría ampliar aún más su incidencia en la generación de dólares del sector.

Anotando porotos

El impulso de las proyecciones de la BCR se explica principalmente por el poroto y la lenteja, que alcanzarían sus máximos del último quinquenio. En términos de superficie, el poroto concentra el 72% del área sembrada a nivel nacional y podría llegar a un récord histórico de 679.000 hectáreas. La lenteja, que representa cerca del 4% del total, se aproxima a los niveles más altos registrados en la campaña 2021/22.

La arveja —con una participación cercana al 12%— también muestra dinamismo y proyecta un crecimiento interanual del 40% en producción, con un volumen estimado en 370.000 toneladas. El garbanzo, en cambio, exhibe una contracción tanto en superficie como en volumen.

Este buen desempeño productivo llega después de un 2025 marcado por la recuperación del comercio exterior. El año pasado, las exportaciones argentinas de legumbres crecieron 32% interanual en términos de valor y se ubicaron 4% por encima del promedio de los últimos cinco años medido en dólares. Así, el complejo logró revertir tres años consecutivos de caídas y recuperar niveles cercanos a los previos a la sequía.

En volumen, el tonelaje exportado alcanzó 591.436 toneladas, un incremento del 24% respecto de 2024 y levemente superior al promedio del último lustro. En promedio, la Argentina envía al exterior unas 580.000 toneladas anuales y el complejo genera más de USD 400 millones por año.

Con la mayor producción proyectada para la campaña actual, el escenario aparece favorable en términos de saldos exportables, especialmente en aquellos cultivos que mostrarían los mayores incrementos interanuales.

En cuanto a los destinos, en 2025, Italia se posicionó como el principal receptor de legumbres argentinas en volumen, con el 8,7% del tonelaje exportado. Le siguieron China y España. En términos de valor, Italia lideró nuevamente el listado con compras por USD 50,8 millones, seguida por España y Turquía.

En el caso del poroto, los principales destinos se concentran en Europa, el norte de África, Medio Oriente y la región. En ese esquema se produjo un cambio estructural en los últimos años, ya que Brasil dejó de ser uno de los principales mercados para transformarse en competidor directo. De hecho, desde 2020, las exportaciones argentinas de poroto hacia Brasil se redujeron a la mitad, con una merma cercana a USD 42 millones, en un contexto de mayor producción local brasileña.

El impulso viene también del exterior

En este contexto, el escenario internacional también contribuye a las buenas expectativas. De acuerdo con estimaciones del International Grains Council (IGC), la producción mundial de legumbres creció cerca de 10% en los últimos cinco años, mientras que el consumo global avanzó alrededor de 13% en el mismo período.

La tendencia responde a cambios en los patrones de alimentación, mayor demanda de proteínas vegetales y expansión de mercados en Asia y África. En ese marco, las lentejas fueron el cultivo con mayor crecimiento relativo a nivel global, con un alza cercana al 15% en el último quinquenio.

Con mayor producción y un comercio exterior en recuperación, el complejo de legumbres queda mejor perfilado ante una demanda internacional en expansión y apunta a ampliar su participación dentro del ingreso de divisas del agro.

La campaña de trigo 2025/26 ya tiene comprometida más de la mitad de su saldo exportable. Según datos de la Secretaría de Agricultura, se registraron 10,25 millones de toneladas para embarcar entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, el trimestre en el que se concentra la salida del cereal argentino al mundo.

El volumen equivale a casi el 37% de la producción total y a cerca del 50% del saldo exportable estimado para la campaña. Con un consumo interno que suele ubicarse entre 6 y 7 millones de toneladas, la Argentina dispone de alrededor de 20 millones para vender al exterior, y la mitad ya tiene destino.

El dato cobra mayor relevancia en un año de producción récord. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estimó la cosecha en 27,8 millones de toneladas, 300.000 más que en su proyección anterior y en línea con los cálculos de la Bolsa de Comercio de Rosario. La cifra marca un fuerte salto frente a los 20,1 millones de toneladas de la campaña previa.

El desafío no era menor. Colocar casi 20 millones de toneladas en una ventana corta —diciembre, enero y febrero— implicaba redoblar la competitividad en un mercado dominado por grandes jugadores, como Australia y la Unión Europea.

“El desafío era cómo exportar cerca de 20 millones de toneladas en una ventana muy corta”, explicó Javier Preciado Patiño, consultor en agronegocios y ex subsecretario de Mercados Agropecuarios. “Veníamos de campañas en las que se exportaban entre 10 y 12 millones. Ahora había que salir a competir con casi el doble de volumen y antes de que empiece a ingresar el trigo del hemisferio norte”.

Según el especialista, el ritmo de registraciones superó las previsiones iniciales del mercado, que proyectaba entre 7 y 8 millones de toneladas anotadas a esta altura del ciclo. “Ya pasamos las 10 millones y podríamos acercarnos a 11 o 12 millones en los próximos días. Es un mérito de la cadena”, sostuvo.

Nuevos destinos

Además del volumen, cambió el mapa. Es que parte importante del trigo argentino está ingresando en el Sudeste Asiático y en el Norte de África, regiones tradicionalmente abastecidas por Australia, la Unión Europea y el Mar Negro. “Estamos compitiendo en mercados donde normalmente no éramos el proveedor principal”, señaló.

La clave de este crecimiento fue el precio. “Se logra siendo el trigo más competitivo. Puede haber habido algunos problemas de calidad, pero lo importante es que el productor tiene mercado y el volumen se está colocando”, agregó Patiño.

En tanto, el impacto no será únicamente comercial, ya que el grueso de esos embarques se concentra en el verano, el período previo al ingreso fuerte de la cosecha gruesa y cuando el mercado cambiario suele mostrar mayor sensibilidad. En ese contexto, el dinamismo del trigo ya empieza a reflejarse en la oferta de divisas.

De hecho, según CIARA-CEC, el agro liquidó en enero USD 1.850 millones, un 82% más que en igual mes de 2025. Si bien el complejo sojero sigue siendo el principal generador de dólares, el aporte del trigo en este primer tramo del año resulta clave para explicar el salto interanual.

En paralelo, el USDA mantuvo sin cambios sus previsiones para la soja (48,5 millones de toneladas) y el maíz (53 millones) en la campaña 2025/26. Si esos números se confirman, el flujo de dólares del agro podría sostenerse en los próximos meses.

“Argentina puede manejar una cosecha de entre 25 y 30 millones de toneladas de trigo sin problemas”, concluyó Preciado Patiño y resaltó que la campaña actual demuestra de esta forma que el techo productivo ya no es una limitación comercial.

Cuántos dólares aportará el campo en 2026

El desempeño del trigo se inscribe en un año en el que el agro volvió a consolidarse como el principal generador de divisas del país. El sector alcanzó en 2025 exportaciones por USD 52.337 millones, lo que implicó un incremento del 9% respecto al año anterior y una diferencia superior a USD 4.000 millones frente al monto total exportado en 2024.

Según el INDEC, el complejo oleaginoso-cerealero —incluyendo biodiésel y sus derivados— concentró el 47% de las exportaciones nacionales durante 2025. La harina de soja se mantuvo como el principal producto exportado, seguida por el aceite de soja y el maíz.

Hacia 2026, las proyecciones del sector agroexportador señalan una producción que podría superar las 140 millones de toneladas, con exportaciones estimadas en torno a los USD 34.800 millones. Estos cálculos dependen en gran medida del desarrollo de la campaña gruesa, que arrancó con buenas reservas hídricas y expectativas de cosecha récord, aunque su evolución continúa atada al comportamiento del clima.

La movilidad en Madrid enfrentará este miércoles 11 de febrero restricciones en decenas de calles y 126 líneas de autobús debido a la llegada de una protesta agraria que movilizará alrededor de 500 tractores, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid. Está previsto que el dispositivo de seguridad despliegue más de 1.800 efectivos en la ciudad con motivo de la manifestación, que busca visibilizar el malestar del sector agrícola por la falta de rentabilidad, los recortes de la Política Agraria Común (PAC) y la actualización de los protocolos de sanidad animal.

De acuerdo con el consistorio, la protesta, convocada por la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos (UdU) con el respaldo de la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), impactará el tráfico desde las 8 hasta las 18 horas de la tarde. El recorrido de los tractores contempla cinco columnas que confluirán en la Plaza de Colón, pasando por diferentes distritos y principales arterias de la ciudad.

Las vías afectadas por la tractorada culminan en plaza de Colón

La ruta de entrada de los tractores desde Torrejón de la Calzada afectará la Vía Lusitana, Plaza Elíptica, Marcelo Usera, Vado de Santa Catalina, Puente de Andalucía, Plaza de Legazpi, Paseo de las Delicias, calle Embajadores, Glorieta de Santa María de la Cabeza, Puerta de Toledo, Gran Vía de San Francisco, Bailén, Plaza de España, Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Plaza de Alonso Martínez, Génova y culminará en la Plaza de Colón.

Otra columna, procedente de Guadalajara y Robregordo, está previsto que provoque cortes en la M-111, Glorieta Ermita Virgen de la Soledad, avenida de Logroño, Alcalá, Francisco Silvela, Joaquín Costa, Paseo de la Castellana hasta llegar también a Colón.

Según ha detallado el Ayuntamiento, los tractores provenientes de El Espinar (Segovia) generarán cortes en la Carretera de Castilla (M-500), Puente de los Franceses, Paseo de Ruperto Chapí, Paseo de Camoens, Francisco Jacinto Alcántara, Marqués de Urquijo, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Plaza de Alonso Martínez y la Plaza de Colón.

Para quienes ingresen desde Arganda del Rey, los desvíos alcanzarán la calle Pirotecnia, Aurora Boreal, avenida de la Democracia, Plaza de Alosno, Casalarreina, avenida de Daroca, M-23, O’Donnell, Narváez, Goya y, finalmente, la Plaza de Colón.

Un total de 126 líneas de autobús afectadas por la movilización

El Ayuntamiento de Madrid advierte que la llegada de los tractores también repercutirá en la movilidad de 126 líneas de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), lo que representa el 60% de las rutas urbanas. Además, a las 11 horas aproximadamente, comenzará una manifestación a pie desde la Plaza de Colón. Las restricciones afectarán el Paseo de Recoletos, Paseo del Prado y el Paseo de la Infanta Isabel. También se prevén incidencias en el Paseo de Santa María de la Cabeza, Embajadores, Jaime el Conquistador, Paseo de la Chopera, Plaza de Legazpi y otras vías del entorno.

Entre las 16:30 y las 18 horas, habrá afectaciones en la Carrera de San Jerónimo, según informó el consistorio. El operativo de seguridad contará con la participación de más de 1.800 agentes, incluidos un millar de policías nacionales y 800 guardias civiles, junto con servicios municipales y de emergencias. No obstante, el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha recomendado el uso del transporte público, así como evitar los desplazamientos en coche ante la importante afección prevista en el tráfico por la protesta agraria.

Las organizaciones convocantes, UdU y Unaspi, justifican la movilización por la falta de rentabilidad en el sector, los recortes en la PAC y la necesidad de actualizar los protocolos de sanidad animal. Reclaman políticas que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria ni fomenten la competencia desleal con terceros países.

Las economías regionales cerraron 2025 con solo cuatro de los 19 sectores en verde. De acuerdo con el semáforo que elabora mensualmente Coninagro, la entidad que nuclea a cooperativas agropecuarias, seis actividades quedaron en rojo, mientras que los nueve restantes permanecieron en amarillo.

El semáforo integra tres componentes. Estos son negocio, producción y mercado. El primero compara la evolución de precios y costos; el segundo mide área o stock y producción; el tercero, la dinámica de exportaciones, importaciones y consumo interno.

Según el informe, los sectores más complicados fueron yerba mate, arroz, papa, vino y mosto, hortalizas y algodón. En estos casos, los precios que percibieron los productores quedaron por debajo de la inflación y los aumentos de costos, lo que redujo la rentabilidad y restringió la recuperación.

El relevamiento de Coninagro, que corresponde a diciembre de 2025, reveló que los cuatro sectores de las economías regionales que lograron superar la inflación y sostener márgenes positivos fueron las actividades de bovinos, ovinos, granos y miel. En estos casos, el desempeño en mercados y producción acompañó el buen resultado.

En tanto, el informe detalló que nueve actividades permanecieron en amarillo: forestal, maní, leche, tabaco, cítricos dulces, mandioca, peras y manzanas, aves y porcinos. Estos sectores exhibieron señales mixtas. Por un lado, precios que no acompañaron la inflación, a lo que se sumó una demanda poco dinámica y costos elevados. Esta combinación provocó que los períodos de recuperación sean prolongados y las mejoras, difíciles de consolidar.

La entidad advirtió que los números de diciembre de 2025 reflejaron una desmejora respecto del mes anterior, ya que la actividad porcina, que figuraba entre los sectores con mejor desempeño, pasó a la franja amarilla.

Este caso se destacó por su deterioro en el componente de negocio. El precio para el productor subió 17% en los últimos doce meses, muy por debajo de la inflación total de 2025, que finalizó en 31,5 por ciento. Las exportaciones de carne porcina crecieron 12%, mientras que las importaciones aumentaron 130% y el consumo interno avanzó 2 kg per cápita respecto al año anterior.

Exportaciones

En el plano externo, los envíos al exterior de las economías regionales sumaron USD 59.160 millones en 2025, un 29% más que el promedio de la última década. El 78% de esos ingresos provino de los complejos granarios; el 8%, del bovino; y el 14% restante del resto de las producciones. Las importaciones alcanzaron USD 3.222 millones, con predominio del complejo granario (71%), el sector forestal (9%), porcino y algodonero (4%).

De acuerdo con el relevamiento, el sector arrocero fue el que más creció en exportaciones, con un salto del 90% sobre el promedio histórico. El complejo lácteo aumentó 60%, el tabaco 51% y el bovino 43%. La mandioca, habitual para el mercado interno, exportó USD 2.500 en 2025, cinco veces más que el promedio. En cambio, la avicultura retrocedió 75% en exportaciones y el sector forestal cayó 27 por ciento.

Por el contrario, las importaciones crecieron con fuerza en cítricos dulces (155%), maní (126%), vitivinicultura (100%) y el complejo bovino (98%). Por otra parte, cuatro actividades redujeron sus compras al exterior cerca de un 50%: papa, apicultura, hortalizas y ovinos.

Análisis por sector

El análisis por rubro muestra que el algodón registró menores precios y exportaciones, junto con un incremento en las importaciones. El arroz aumentó la producción y las exportaciones, aunque perdió valor real y superficie sembrada. En aves se verificó una caída en exportaciones y alza de importaciones, con precios mixtos. El sector de bovinos logró que los precios al productor tripliquen la inflación y mantuvo buen ritmo exportador a pesar de una leve baja de stock.

El sector de cítricos dulces mostró subas destacadas en precios y producción, mientras avanzaron también las importaciones. La actividad forestal redujo exportaciones y subió importaciones, con precios por debajo de la inflación. El complejo de granos exhibió subas generalizadas en precios y producción, con exportaciones en alza y reducción de importaciones.

En los rubros donde predomina la señal roja, como yerba mate, vino y mosto, hortalizas y papa, la combinación de precios rezagados, caída en la producción y menor demanda interna o externa explica las dificultades para salir de la situación crítica. El monitoreo mensual de Coninagro indica que, pese a los incrementos observados en algunos rubros, la mayoría de las economías regionales sigue sin lograr una recuperación sostenida.

El vínculo comercial entre la Argentina y Uruguay es uno de los más estables de la región. La cercanía geográfica, la integración productiva y la complementariedad entre ambas economías convirtieron al mercado uruguayo en un destino relevante para las exportaciones de bienes argentinos.

A pesar de que la Argentina exporta bienes -y, sobre todo, granos- a varios destinos del mundo, Uruguay es el principal destino de las exportaciones nacionales medido en términos per cápita. Esto quiere decir que el país vecino gastó, en promedio, unos USD 526 por habitante en 2024 en productos argentinos, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Entonces, mientras los grandes socios comerciales como Brasil, China y los Estados Unidos concentran el grueso de las exportaciones argentinas en términos absolutos, el dato per cápita revela una dinámica diferente, ya que el vínculo con Uruguay resulta mucho más estrecho cuando se mide el gasto promedio por persona.

Cuidar el vecindario

Esta diferencia, resalta la BCR, destaca el rol estratégico de los mercados vecinos, ya que sostienen una demanda firme y promueven una integración comercial profunda, más allá del tamaño de su población. Además, a pesar de no ubicarse entre los cinco principales destinos por monto total, el valor per cápita exportado (USD 526) se ubica un 33% por encima del promedio del período 2019-2023.

Parte de esta dinámica se explica por factores estructurales. La proximidad logística, la estabilidad del mercado uruguayo y la afinidad en los patrones de consumo favorecen un flujo comercial sostenido.

Por caso, el componente agroindustrial ocupa un lugar central en esa relación. De acuerdo con la BCR, una porción significativa de las exportaciones argentinas hacia Uruguay corresponde a alimentos, bebidas y productos derivados del complejo agroindustrial, lo que le otorga al intercambio un carácter estructural y poco expuesto a vaivenes coyunturales.

A diferencia de otros mercados, donde predominan operaciones concentradas en pocos productos o compras puntuales, y, sobre todo, agroindustriales, Uruguay absorbe una canasta diversificada de bienes de origen agroindustrial argentino. Harinas, aceites, alimentos elaborados y materias primas forman parte del núcleo del comercio bilateral.

Ranking de exportaciones per cápita

Detrás de Uruguay aparece Chile, con exportaciones argentinas cercanas a USD 340 por habitante. Más abajo se ubican Paraguay y Suiza, ambos con valores en torno a USD 190 per cápita, mientras que Países Bajos completa el top cinco con más de USD 95 por persona. En este último caso, el posicionamiento se explica en gran medida por su rol logístico como puerta de entrada y redistribución de mercancías hacia Europa.

En contraste, los destinos con grandes poblaciones muestran cifras per cápita considerablemente más bajas. Aunque Brasil lidera el ranking de exportaciones totales, el volumen se distribuye entre más de 220 millones de habitantes, lo que reduce el indicador a USD 62 por persona.

En los Estados Unidos, el gasto promedio baja a USD 19 por habitante, mientras que en China alcanza apenas USD 4. India, otro socio relevante para la Argentina, presenta un nivel similar, con cerca de USD 3 per cápita. El contraste evidencia que el tamaño del mercado no siempre se traduce en una relación comercial intensa a nivel individual.

En este punto, las exportaciones agroindustriales representan más de la mitad de la canasta exportadora argentina. En este segmento, Chile aparece como el principal destino per cápita, con un valor cercano a USD 107 por habitante, seguido por Uruguay, con USD 101. Según la BCR, el 31% de las exportaciones argentinas a Chile durante 2024 correspondió a productos agroindustriales, proporción que alcanzó el 20% en el caso de Uruguay.

Chile, segundo en el ranking general per cápita, mantiene un perfil similar al de Uruguay. Su demanda de productos argentinos responde tanto al consumo cotidiano como a la provisión de insumos para la industria local.

Otros destinos relevantes, como Vietnam —que importa productos argentinos por unos USD 31 per cápita—, reflejan la diversificación geográfica del comercio exterior argentino, aunque con valores todavía muy por debajo de los mercados sudamericanos más integrados.

En tanto, los grandes mercados asiáticos, como China e India, continúan entre los principales socios en términos absolutos, aunque con una demanda per cápita baja, condicionada por la magnitud de sus poblaciones.

El consumo de proteína animal en la Argentina tuvo un fuerte incremento en 2025. Sin embargo, el dato que explica el alza no es una mayor ingesta de carne vacuna ni aviar, sino que el gran protagonista del año fue el cerdo, que alcanzó un récord histórico de consumo y se consolidó como la proteína que más lugar ganó en la dieta de los argentinos.

Según las últimas estadísticas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el consumo per cápita de carne porcina llegó a 18,9 kilos por habitante al año, lo que implicó un salto del 8,8% frente a 2024, cuando se consumían 17,1 kilos anuales por persona.

Se trata del mayor crecimiento entre las tres proteínas animales y del nivel de consumo de cerdo más alto desde que existen registros, en un contexto de sustitución frente a la carne vacuna ante el incremento en el precio de la proteína roja, cuyo precio el año pasado subió por encima de la inflación.

El avance del cerdo fue clave para que el consumo total de proteína animal —que contempla carne vacuna, aviar y porcina— alcanzara 116,5 kilos anuales por habitante, un 6% más que los 110 kilos registrados el año anterior. En términos absolutos, el incremento fue de 6,5 kilos per cápita en solo un año.

El análisis detrás de ese número explica el cambio de consumo. En 2025, los argentinos consumieron en promedio 49,9 kilos de carne vacuna, con una suba moderada del 3,4%, mientras que la carne aviar llegó a 47,7 kilos, un 2,9% más interanual. El cerdo, en cambio, casi triplicó ese ritmo de crecimiento.

El cerdo le gana terreno a la carne vacuna

El avance del consumo de carne porcina durante 2025 estuvo directamente vinculado a la evolución de los precios relativos. Mientras la carne vacuna acumuló aumentos muy por encima de la inflación, el cerdo y el pollo mostraron subas sensiblemente menores, lo que impulsó un proceso de sustitución en la mesa de los hogares.

De acuerdo con un relevamiento de la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Carne de Cerdo (Caicha), durante 2025, la carne vacuna acumuló un aumento del 56,8%, muy por encima del nivel de inflación, que totalizó 31,5 por ciento. El valor del cerdo, en tanto, subió 29,4%, mientras que el precio del pollo se ajustó en un 19,2% durante el año pasado.

Esa brecha empujó a muchos hogares a reemplazar cortes tradicionales de carne bovina por opciones porcinas, de manera que el cerdo dejó de ser una carne ocasional para transformarse en una alternativa cotidiana.

Más allá de las ventas, la industria también creció en producción. Según los datos oficiales, el sector porcino cerró 2025 con récords históricos de faena y producción, con 8.517.433 cabezas faenadas y 812.272 toneladas producidas. Eso representó subas del 2,5% y 3,4%, respectivamente, frente a 2024.

Las ventas también acompañaron la tendencia. El consumo de carnes porcinas y chacinados creció 2,4% en el año, con un fuerte impulso en el último trimestre. Solo en diciembre, las ventas superaron en 14,1% a las del mismo mes del año anterior, impulsadas por las fiestas y por precios más competitivos frente a otras proteínas.

Más exportaciones

El buen momento del sector no se limitó al mercado local. En 2025, las exportaciones de carne y subproductos porcinos llegaron a 54 mercados, con un incremento del 3% en el valor total exportado, que alcanzó los 15,3 millones de dólares.

La combinación de mayor consumo interno, expansión productiva y diversificación de destinos externos terminó de consolidar al cerdo como la proteína que más creció en el segundo año del gobierno de Javier Milei. Por precio, versatilidad y hábitos en transformación, el cerdo dejó de ser el “reemplazo” de la carne vacuna para convertirse en una de las proteínas más elegidas de la Argentina.