El PRO resolvió en las últimas horas expulsar del equipo de política internacional a Diego Guelar luego de que el ex embajador se manifestara con fuertes insultos hacia Mauricio Macri. Según pudo saber Infobae, la decisión de apartarlo responde a su comportamiento “violento y maleducado”. El diplomático, en diálogo con este medio, sostuvo que formaba parte de un grupo de WhatsApp, pero minimizó la situación: “Es un chat marginal, sin ninguna institucionalidad, voluntario y del que hace tiempo que no participo”.

“Nadie me echó del partido”, explicó Guelar, y agregó: “Soy afiliado al PRO desde hace 20 años, si me quieren echar por una puteada no tengo ningún problema, presentaré mi defensa; sería algo ridículo que lo hagan aquellos que hicieron desaparecer el partido, y yo podría pedir que expulsen a Mauricio y a Jorge Macri por inconducta partidaria”.

Ayer, y durante una entrevista en radio Con Vos, el ex embajador en China, la Unión Europea y Brasil, planteó que Macri colocó “el último clavo al cajón” del PRO, con relación al formato del acuerdo electoral en CABA con LLA, y calificó al expresidente como “un reverendo hijo de puta”. Este martes, y en esta línea, Guelar sostuvo: “Fuera de la puteada, que no la retiro, pero no la repito, mi mayor desacuerdo es con la decisión de entregar al PRO”.

“Estoy convencido, lo tengo más que escrito, de que era necesaria una coalición con LLA: tenemos temas en común y diferencias. Pero esto es una desaparición. Macri logró la desaparición del PRO. Hoy, como candidato a Senador por la Ucedé, yo sigo representando las banderas del PRO”, explicó.

Hasta este martes, Guelar integraba un grupo de WhatsApp conformado por diplomáticos, funcionarios y embajadores de la gestión Cambiemos (2016-2019), coordinado por Fulvio Pompeo, ex secretario de Asuntos Estratégicos durante la presidencia de Macri. Entre sus miembros se encontraban Jorge Faurie, los ex secretarios Reyser, Bircher y Braun, además de referentes como Federico Pinedo, Fernando Iglesias, Paula Bertol y Fernando Straface.

Según informó el partido amarillo, este espacio “funcionaba como ámbito de debate sobre política internacional y organizaba encuentros para elaborar propuestas de política pública orientadas a la reinserción de Argentina en el escenario global. Pese a las tensiones internas que atravesó el PRO en 2023, el grupo se mantuvo activo hasta la actualidad. Guelar participaba allí como parte del núcleo de asesores”.

En la mencionada entrevista radial, el dirigente atribuyó al expresidente la responsabilidad histórica de haber perdido una oportunidad similar a la de figuras de los expresidentes Juan Domingo Perón o Hipólito Yrigoyen, cuando le tocó la oportunidad de ejercer el liderazgo del país, el 10 de diciembre de 2015.

“No entendiste que estabas arriba del caballo de la historia, estuviste en el caballo de la historia. A Mauricio Macri le tocó una circunstancia equivalente a la que le tocó en su momento a Perón o a Yrigoyen antes. ¿Qué diablos le pasó? No lo sé. Habrá hecho un negocio personal, no sé. Se quebró”.

Y continuó: “Yo no tengo una explicación racional y no me voy a guiar por los cuentos, las historietas. Entonces digo, no sé, pero que es un hijo de puta no tengo la menor duda. El motivo ya se va a saber, porque él es un personaje de la historia más allá de su intencionalidad”.

Además de ocupar diferentes embajadas, Guelar integra en representación del PRO el Consejo Consultivo de Honor de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA). Ante la consulta de Infobae, señaló que en los últimos ocho meses reclamó una interna para discutir la candidatura al Senado. “No hubo nada de eso”, amplió. “El PRO no desaparece. Cuando hablamos de la identidad de un partido, no puede ser un ‘NN’, un desaparecido. Es muy grave, no es un dato cromático. Hablo de la identidad. Pasé 30 años en el peronismo, estoy orgulloso, y 20 años en el PRO”.

El Ministerio Público Fiscal llevó ante la Corte Suprema de Justicia el sobreseimiento de Javier Alfredo Iguacel, extitular de la Dirección Nacional de Vialidad durante la gestión de Cambiemos, en la causa donde se lo investigó por abuso de autoridad ante presuntas maniobras direccionadas para perjudicar a una empresa constructora. En todas las instancias anteriores la Justicia determinó que correspondía cerrar el expediente por prescripción.

Quien presentó el recurso extraordinario ante el máximo tribunal es el fiscal Javier De Luca, a cargo de la Fiscalía N° 4 ante la Cámara Federal de Casación Penal.

La causa se originó por una denuncia presentada en octubre de 2020 por Mariano Armando Maidana, presidente de la empresa Comercial del Plata Construcciones S.A., quien acusó a Iguacel de haber perjudicado deliberadamente a la firma desde el organismo con actos de desfinanciación de contratos de obra (falta de pago), imposición de sanciones arbitrarias y la rescisión de vínculos contractuales sin fundamento.

Estas conductas fueron calificadas como constitutivas del delito de abuso de autoridad, que castiga con prisión e inhabilitación al funcionario público que dictara resoluciones u órdenes contrarias a las leyes nacionales o provinciales, o que no ejecutara las normativas como se debe.

Cuatro años después de la denuncia, con la causa en curso, se debatió el currículum de Iguacel para terminar de definir si había pasado tiempo suficiente para dar por prescripto el caso. Estuvo al frente de Vialidad desde diciembre de 2015 hasta agosto de 2018, luego fue ministro y secretario de Energía hasta enero de 2019, y por último lo eligieron intendente de Capitán Sarmiento, cargo que ocupó hasta diciembre de 2023.

Para el fiscal de primera instancia, Eduardo Taiano, correspondía la prescripción por los plazos del expediente y porque su cargo municipal no acarreaba “influencia para perjudicar la acción penal”.

Sin embargo, la querella se opuso a esta postura, afirmando que la calificación de abuso de autoridad era provisoria. Los abogados de Comercial del Plata Construcciones argumentaron que los hechos denunciados también podrían encuadrar en delitos más graves, como defraudación en perjuicio de la administración pública, peculado de servicios y asociación ilícita, con los que no correspondería la prescripción.

La querella también sostuvo que la conducta de Iguacel no fue unipersonal, sino parte de una maniobra más amplia, diseñada por una supuesta asociación ilícita integrada por más funcionarios.

Prescripción y apelación

El Juzgado Federal N° 6, subrogado por Daniel Rafecas, declaró extinguida la acción penal y dispuso el sobreseimiento de Iguacel. El juez se basó en que hasta entonces se investigó el presunto abuso de autoridad, desestimó la pretensión de la querella de ampliar los encuadres legales y coincidió con el fiscal en que el cargo de intendente de Capitán Sarmiento no suspendía la prescripción, al no haber elementos para sospechar que desde ese cargo pudiera haber influenciado negativamente el desarrollo de la acción penal.

Esta resolución fue apelada únicamente por la querella. La Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones confirmó la prescripción y el sobreseimiento.

Contra la decisión de este tribunal superior, la fiscalía sostuvo que la Cámara había interpretado incorrectamente la condición de funcionario público de Iguacel como intendente, argumentando que la influencia política tiene un sustento objetivo y que la jerarquía del cargo es indistinta para la aplicación de la causal de suspensión de la prescripción.

Agregó que un cargo de alta jerarquía política, como el de intendente, otorga acceso a contactos e información que pueden garantizar la impunidad.

El fiscal insistió con que los hechos investigados en la causa permitían avanzar con otras figuras penales más graves, como administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública o peculado, cuyas penas impedirían la prescripción de la acción penal.

Sin embargo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, en una resolución del último 27 de junio, declaró “mal concedido” el recurso de casación. Los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo determinaron que el Ministerio Público Fiscal carecía de interés directo para recurrir.

Ponderaron que el fiscal Taiano ya había pedido el sobreseimiento de Iguacel por prescripción y que la decisión del juez Rafecas resultó conforme a lo que este dictaminó.

El juez Gustavo M. Hornos, en un voto disidente, sostuvo que correspondía declarar formalmente admisible el recurso del fiscal. Recordó un precedente de la Corte Suprema que establece que la opinión de los fiscales de primera instancia no debe prevalecer sobre la de los fiscales generales e insistió en que la resolución de la Cámara de Apelaciones era incorrecta al basarse en un análisis de los hechos bajo una sola calificación legal.

Ahora decide la Corte Suprema

En el recurso que presentó ante la CSJN, el fiscal general De Luca argumentó que la resolución de la Cámara de Casación presentaba defectos de fundamentación que impedían considerarla un acto jurisdiccional válido, omitiendo el tratamiento de agravios esenciales.

Destacó que la extinción de la acción penal por prescripción en un caso de supuesta corrupción pública es una cuestión típicamente federal y de orden público, discutible de oficio en cualquier instancia.

El Ministerio Público Fiscal solicitó a la Corte Suprema que deje sin efecto el sobreseimiento. Cabe destacar que el máximo tribunal puede rechazar el recurso sin más trámites o analizarlo, para lo cual no tiene plazos previstos para fallar al respecto.

La Corte Suprema, con la firma de tres de sus cuatro jueces, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, dejó firme una sentencia de la justicia nacional electoral que le impuso a la agrupación política Cambiemos Buenos Aires una multa por irregularidades en los informes finales de campaña respecto de los aportantes.

La causa fue iniciada en el marco de la ley 26.215 de financiamiento de partidos políticos, una norma que prevé un control del financiamiento de campañas electorales.

En este caso, el control de las mismas correspondía a las elecciones primarias realizadas el 13 de agosto de 2017 y los comicios generales del 22 de octubre de 2017.

Las irregularidades

En primer lugar, el juez federal con competencia electoral en La Plata, luego de diversas irregularidades detectadas por el Cuerpo de Auditores Contadores de la Cámara Nacional Electoral, desaprobó los informes finales presentados por la agrupación política y le impuso multas a los partidos que conforman la misma.

Al Pro se le impuso una multa por un monto de $3.246.965,53; a la UCR, un monto de $990.599,65; a la Coalición Cívica, un monto de $990.599,65; al Partido Demócrata Progresista, un monto de $34.395,82; al Partido Conservador Popular, un monto de $34.395,82; al Partido Demócrata, un monto de $34.395,82; a la Unión del Centro Democrático, un monto de $34.395,82; al Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, un monto de $34.395,82; al Partido Fe, un monto de $34.395,82; al Partido del Diálogo, un monto de $34.395,82; y al Movimiento Social por la República, un monto de $34.395,82.

Esta resolución fue después confirmada por la Cámara Nacional Electoral. Los integrantes de esta Cámara, en coincidencia con la postura del juez federal de primera instancia, encontró numerosas irregularidades en cuanto a los aportantes privados y deficiencias respecto al origen de los aportes privados provenientes de personas físicas. Destacó que 79 personas señaladas como aportantes negaron su contribución a la campaña; mientras que de las otras 19 que admitieron sus aportes, solo 1 presentó el comprobante correspondiente.

Además, señaló que Cambiemos presentó diversas rectificaciones de los informes, donde reemplazó 454 aportantes por 332 aportantes nuevos, respecto de los cuales no acompañó los correspondientes recibos.

La decisión fue apelada ante la Corte Suprema tanto por Cambiemos Juntos como por el Pro.

El máximo tribunal, con la firma de tres de sus cuatro Ministros -ya que García Mansilla no firmó-, mediante la fórmula del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial, dejó firme tanto la multa impuesta como la desaprobación de los informes que se encuentran en la causa.

El fallo de la justicia federal

En diciembre pasado, el juez federal electoral de la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, había a los responsables económicos de la campaña de 2017 de Cambiemos en ese distrito por haber rendido aportes falsos de personas que desconocieron ese hecho. En la investigación se pudo determinar que al menos casi dos millones de pesos de ese año (122 actualizados a hoy) fueron aportados de manera irregular, sin que se conozca su verdadero origen.

En esa oportunidad, Ramos Padilla señaló que “muchos de estos casos correspondían a personas que eran beneficiarias de programas sociales, y que se encontraban en manifiesta situación de vulnerabilidad, por lo que no contaban con la capacidad económica para realizar el aporte que les fue atribuido por la agrupación Cambiemos Buenos Aires”.

En esta hora de desesperaciones encontradas, entre gobierno y oposición, lógicamente dividida, creo que los radicales debemos abocarnos y centrarnos en asociarnos, como fue siempre, con los que creen y defienden la Constitución Nacional. No con tono doctoral, sino con compromiso ideológico. Los partidos son corrientes de opinión que interpretan con conceptos a ella, dentro de ella. Pero la verdadera ideología es ella, como se autoconvenció Yrigoyen. A los radicales retóricos les resulta difícil admitirlo, porque se les atraviesa la imagen de Hipólito Yrigoyen o los discursos de Raúl Alfonsín. No es hora de imágenes o retórica. Se quedan en la superficie de los problemas de esta sociedad del siglo XXI. Lo único sensato es salvar el sistema agrupándonos con los que piensan parecido. Eso fue Cambiemos y JxC. ¿Por qué? Porque somos los únicos que creemos en el sistema. Milei no es populista, un concepto hecho para patinar. Un populista no se juega a una propuesta económica dura y dogmática, como la de él y en la perspectiva de disolver o destruir el Estado, el Banco Central, por ejemplo. Populistas son los kirchneristas a raíz de Laclau, no de Néstor.

En Entre Ríos y 8 provincias más optamos por la alianza explicada y por integrar esos gobiernos. No así CABA, que ha cambiado de postura y ahora promueve 2015. Mauricio Macri, después de su oportunismo entusiasta con Milei, ha ido dándose cuenta de que no hay tal coincidencia como él creyó y en la que creyeron cientos de miles de radicales ante la segunda vuelta e incluso ante los primeros pasos, requeridos de instrumentos legales, para cambiar la realidad heredada. Así como 9 provincias reúnen al PRO y a la UCR, las autoridades del partido en la provincia de Buenos Aires organizan un gran encuentro que les dé brújula a los radicales, muy divididos, en la provincia clave. Pero no hay otro camino que el que han planteado Maximiliano Abad y Miguel Fernández.

Este es un sendero que tomará CABA, también. Su Gobierno, el PRO y el sector que maneja a la UCR, se recuesta sobre una idiosincrasia capitalina. Ya que la Capital es la ciudad con mayor cantidad de personas independientes, centristas y que valoran propuestas serias en materia económica. CABA, según mi experiencia militante de 40 años, es la cabecera de playa de los criterios capitalistas en Argentina. La tendencia descrita no garantiza un triunfo. Pero son los argumentos tácitos que daban triunfos a la UCR local si solo participaba Fernando De la Rúa. Si no, era un partido del 22 al 25%. Tampoco es mecanismo de triunfo en la Provincia, pero reconstituye coherencia y territorialidad consciente. El mileismo está creciendo de la nada en la Provincia, pero en clave menemista que picotea al PJ. El desarrollo y progresividad de la administración de LLA irá demostrando su falta de sinceridad y coherencia que surge de sus propias bases, para nada anarquistas, hasta el vértice de orientación y poder, que no tiene nada de liberal o anarquista y mucho de conservadorismo visceral que ya, curiosamente, ni tienen los conservadores auténticos, sino estos desesperados del pataleo. Hay que impulsar en el partido la sensatez, no la pureza, ciertamente impotente. Hay que defender la sensatez reagrupante porque si no es el sistema el que colapsa. Es fundamental no herir ni insultar a nuestros posibles aliados, que ya lo han sido, y recordar, con humildad, en nuestro sincero entusiasmo con la fórmula de Patricia Bullrich. La sensatez tiene que ser coherente y programática.

El Gobierno denunció este lunes la existencia de una red destinada a proteger contribuyentes en la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). La organización funcionaba desde 2016 y tenía como objetivo bloquear el acceso a información sensible de dirigentes y empresarios vinculados al kirchnerismo y sus empresas, según publicó el diario Clarín.

La lista de individuos señalados contiene algunos condenados como Alejandro Vandenbroele (sentenciado por el caso Cicone) y Lázaro Báez (preso por el juicio por corrupción en Vialidad), de acuerdo a lo que contó este lunes el periodista Bernardo Vázquez.

La supuesta protección brindada en el organismo de control incluye un periodo que inicia en 2016, en el que gobernó Cambiemos, y tuvo continuidad durante la presidencia del Frente de Todos.

El hallazgo fue realizado por integrantes del actual Poder Ejecutivo Nacional, que al ejercer funciones en el organismo detectaron la existencia de la estructura destinada a proteger los datos de estas personas.

El modus operandi denunciado consistía en bloquear información puntual de patrimonio y movimientos de las personas implicadas y sus activos.

En concreto, están bajo sospecha 51 empresas o personas jurídicas, que aparecían como contribuyentes, pero estaban blindados ante los requerimientos que AFIP realiza normalmente a los ciudadanos comunes y empresas, con fines recaudatorios o eventuales sanciones.

En el sistema informático de la AFIP se encuentra la base de datos de toda la población, con registro de sus actividades productivas y las obligaciones que tienen como contribuyentes. No obstante, existe una nómina en la que sólo aparecen personas cuya información es considerada sensible por motivos especiales, como puede ser el caso del presidente de la Nación. Es decir, a ese apartado se le brinda un trato especial y sólo tienen acceso funcionarios con jerarquía al máximo nivel.

Allí estaban incluidos, sin embargo, personas que se supone gozaban de tal privilegio pero por razones discrecionales, de cercanía política.

Este esquema, denunciado como irregular por la actual conducción del ente recaudador, fue descubierto en esta nueva etapa, donde la AFIP registró cambios en su forma de gestión. Por caso, su nombre fue modificado y pasó a llamarse ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero).

Actualmente, ARCA se encuentra a cargo de Juan Pazo, funcionario designado recientemente en reemplazo de Florencia Mizrahi.

En la nómina de supuestos “intocables”, confeccionada durante los últimos dos gobiernos, aparecen figuras emparentadas con las gestiones kirchneristas, como Lázaro Báez, propietario de Austral Construcciones, condenado por fraude a la administración pública a partir de los contratos recibidos para realizar obras financiadas por el Estado en la provincia de Santa Cruz. También aparecen integrantes de su familia.

Alejandro Vandenbroele, en tanto, cobro notoriedad al ser señalado como testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou, en una maniobra que para la Justicia tuvo como fin quedarse con el negocio de la impresión de papel moneda. Boudou en aquel entonces se desempeñaba como ministro de Economía.

La lista de empresas y personas protegidas en AFIP:

Alucom Austral B.R.L, Martín Antonio Báez, Lázaro Antonio Báez, Kank y Costilla SA, Don Francisco Sociedad Anónima, La Estación Sociedad Anónima Loscalzo y Del Curto Construcciones SRL, Badial SA, Austral Cosntrucciones SA, Valle Mitre, IDEA SA, Los Sauces SA, Hotesur, Co Ma, Alcalis de la Patagonia, Oil Combustibles, Casino Buenos Aires, Kamus SRL, Gotti SA, Sucesión de Biancalani Adelmo, Estrellas del Sur SA, Alternativa SA, M&P SA, Diagonal Sur Comunicaciones SA, Servicio Integral Alem SRL, Top Air SA. OIL M&S SA, Inversora M&S SA, Báez Luciana Sabrina, Ghione Marcelo Américo, Cabrera Pablo Horacio, Organización Turística Sur SRL, Gutiérrez Víctor Fabián, Electroingeniería SA, Herrera Daniel Osmar, Sanfelice Osvaldo José, Negocios Inmobiliarios SA, Hotel Waldorf SA, Negocios Patagónicos SA, Carnero Santiago, Cifuentes Mario Víctor, Ciccone Nicolás Tadeo, Vandenbroele Alejandro Paul, Forcieri César Guido, Resnick Brenner Ezequiel, Kirchner Florencia, Mercado Romina de los Angeles, Manzanares Víctor Alejandro y Lakaut SA.

El origen de la investigación

Según la información que trascendió en las últimas horas, la primera anomalía se descubrió el pasado 17 de diciembre, cuando los funcionarios de la actual gestión requirieron información de una empresa particular. Sin embargo, el acceso a los pormenores de su actividad se encontraban bloqueados, por formar parte de la nómina hoy sospechada.

El episodio fue registrado por los nuevos funcionarios y comenzó el seguimiento de todas las razones sociales que se encontraban en el mismo régimen, gozando de una trato especial. Al emprender tal revisión, los funcionarios concluyeron que medio centenar de empresa se encontraban con esa protección por motivos discrecionales, sin una razón objetiva que justifique el trato diferencial.

Los tres diputados - Mariano Campero, Luis Picat y Martin Arjol- que fueron oficialmente expulsados de la UCR no se achican. Por el contrario, redoblan la apuesta. Este jueves cuando se conoció la decisión del Tribunal Nacional de Ética volvió la guerra mensajes cruzados en Twitter: los referenciados con Martín Lousteau festejaron mientras que los sancionados recibieron el apoyo de figuras fuertes del partido centenario, como es el caso del gobernador Alfredo Cornejo. Minutos más tarde, el presidente Javier Milei les agradeció en un acto en Tucumán por sumarse al “proyecto reformista que vino a cambiar el país”. Según pudo saber Infobae, los tres legisladores se reunirán la semana que viene para avanzar en dos objetivos: presentar un amparo contra la medida disciplinaria y, a la vez, convertirse en la “puerta” para lograr que la UCR y otros dirigentes de Juntos por el Cambio concluyan en una alianza electoral con La Libertad Avanza. “Algo parecido a lo que hizo Ernesto Sanz con el PRO”, ejemplifican.

“Dentro de Juntos por el Cambio hay muchos que queremos que le vaya bien al Gobierno, hay muchos que quieren acordar con el kirchnerismo y muchos en el medio. Nosotros vemos como una gran oportunidad de un movimiento que se busque un acuerdo que le de todo lo que necesita el gobierno nacional para terminar de consolidar del cambio profundo que necesita Argentina”, dijo Campero ni bien conoció la medida en su contra. Según pudo saber este medio, junto a Arjol evalúan avanzar en la presentación de un amparo para revertir la sanción del Tribunal Nacional de Ética. Picat no se sumaría. Cree que es una “pérdida de tiempo” ya que “el partido está tan desprestigiado que no vale la pena”.

“La expulsión fue como sacarme una mochila de encima”, reflexionó uno de ellos. Otro dio un paso más adelante: “Tenemos que traducir esto en una oportunidad”. Entre los diputados observan un panorama llamativo: sienten que figuras como Cornejo o Rodrigo de Loredo podrían haber capitalizado más el vínculo con Milei y ser los interlocutores con el Gobierno. “Lo haremos nosotros. Hay una línea de jugadores que no la ven”, analizan y creen que pueden convertirse en la puerta para lograr un acuerdo electoral.

El ejemplo que usan es el de Sanz. El radical mendocino fue socio fundador de Cambiemos, la alianza entre la UCR, el PRO y la Coalición Cívica que consagró presidente a Mauricio Macri. Pero, en este caso, la construcción de esta nueva alianza con “las fuerzas del cielo” no pasaría por una Convención Nacional, como sucedió en el 2015. “Hay una orfandad de dirigentes. Hay más radicales y gente de Juntos por el Cambio. A ellos los queremos acercar para construir una alianza para el 2025. Porque La Libertad Avanza ya es una amenaza hasta para Gustavo Valdés en Corrientes”, deslizan.

Como reconstruyó este medio, La Libertad Avanza aparece como una verdadera amenaza para el oficialismo correntino. Hasta el peronismo se atreve a deslizar: “Existe la posibilidad de que Javier Milei tenga su primer gobernador”. Una encuesta circula en Corrientes con datos llamativos: tanto Milei como Cristina Kirchner muestran números positivos en imagen. Un empate técnico entre ambos. Pero, además, refleja que las tres fuerzas - UCR, PJ y La Libertad Avanza- reúnen alrededor de un 20% cada uno de intención de votos (con todos los candidatos adentro). Un dato que anticipa una elección de paridad entre los espacios y no de victoria aplastante por parte de Valdés.

A todos los postulantes mencionados en los sondeos les falta la bendición y la confirmación para la competencia. Pero algunos creen que si Javier Milei apoya, por ejemplo, a Lisandro Almirón, no sería descabellado pensar en el primer gobernador libertario. En el entorno de Valdés reconocen que la elección del próximo año “es clave para todos”. Ninguno habla de una victoria asegurada.

Con la expulsión de los tres diputados las autoridades partidarias quedaron en el ojo de la tormenta y, además, todavía no hay definiciones claras sobre cómo utilizarán los órganos institucionales para resolver la estrategia electoral del 2025. Algunos sobreentienden que habrá “libertad de acción” en cada provincia. De hecho, Arjol advierte: “Nuestra expulsión debe ser ratificada por la Convención, que este año no se reunió. Después dicen que son institucionalistas. ¿Por qué no echaron a los que rompieron el bloque? Hay una doble vara”.

En la última entrevista que De Loredo brindó a Infobae le bajó el tono a la supuesta crisis de identidad que atraviesa la UCR. Según su mirada, la sociedad sigue viendo al partido como un espacio vinculado a la institucionalidad y de centro y que, en todo caso, tiene un desafío importante para modernizarse y trabajar en un discurso económico claro. “Son 130 años. El radicalismo es parte de la cultura argentina. Es un partido que además se define por la porción social que representa, que son los sectores medios”, agregó.

No hay un radical que no se autoperciba de centro pero que, a la vez, no sea acusado de libertario o kirchnerista. Es más, según pudo saber Infobae, durante el mes de enero habrá un acto de correligionarios que no se sienten representados por el sector de Lousteau ni tampoco con el rol “acuerdista” de los “radicales con peluca”. Sería un sector que busca una construcción de centro dentro del mismo partido que dice evitar los extremos. Se destrabará un nuevo nivel de interna difícil de instalar en la agenda mediática del 2025, en momentos en que la UCR pone en juego 4 bancas en la Cámara alta, 25 en la Cámara baja y la gobernación de Corrientes.

Cuando La Libertad Avanza hizo la campaña electoral que le permitió llegar al poder ocultó prolijamente que los verdaderos conceptos que iban a avanzar dramáticamente eran los de la pobreza y la indigencia, como informó hace pocos días el INDEC.Esos conceptos, el 52,9% de pobreza y el 18,1% de indigencia, lejos de ser abstractos son bien concretos: más de la mitad de los argentinos sufren cada día por no poder llegar a fin de mes en condiciones dignas, y a casi un quinto; es decir, dos de cada diez de nuestros compatriotas no les alcanza la plata para comer.

Mientras tanto, la pobreza en nuestros países vecinos Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil se encuentra por debajo de los 30 puntos. La pobreza, que hasta principios de los ´80 no era una característica central de nuestro país, ha crecido sostenidamente en los últimos 40 años, en los que hemos probado distintas recetas: la socialdemocracia alfonsinista, el neoliberalismo menemista, el populismo kirchnerista, la experiencia fallida de Cambiemos (a la que al menos se le debería reconocer que hacia el segundo semestre de 2017 la pobreza era del 25,7%, casi la mitad de la actual), el descontrol del cuarto gobierno kirchnerista, y la actual gestión de ultraderecha liberal libertaria inédita en el mundo.

Es evidente que la grieta que venimos arrastrando en las últimas décadas, acentuada en los últimos años, se ha transformado en una fábrica de pobres e indigentes, determinando en forma sistemática una peor situación socioeconómica que parece no tener piso. Es la principal deuda que la clase dirigente, de izquierda a derecha, tiene con la sociedad argentina: alcanzar acuerdos básicos, intocables, de probada efectividad en otros países de la región, que constituyan la base sobre la que se elaborarán las políticas públicas del gobierno de turno, garantizando que el Estado, gobierne quien gobierne, podrá articular y ser garante de cuestiones mínimas que permitan que dejemos de caer, y que lentamente podamos poner proa al progreso y el desarrollo sostenible, sin la promesa de soluciones mágicas, en forma realista.

En los últimos años, la izquierda nos fue empobreciendo de a poco, como a la rana que es hervida lentamente y cuando se da cuenta que la están cocinando ya es tarde: el caso venezolano da testimonio de esto. La derecha, en cambio, nos empobrece salvajemente de un plumazo, pidiéndonos que esperemos un tiempo indefinido a que las cosas mejoren ¿años, lustros, décadas?, mientras que nos juran que nos salvaron de algo mucho peor, ¿hay algo peor que lo que estamos viviendo?

Esperemos que el centro político, es decir la apuesta al diálogo y a los consensos, pueda crecer en las elecciones legislativas del año que viene, para poder desde el Congreso llamar a la racionalidad, e influir todo lo posible para que se pongan en marcha políticas de probada eficacia en la región, sin prejuicios ideológicos, dejando atrás la grieta de izquierda versus derecha, para poder alcanzar definitivamente la senda del crecimiento y desarrollo sostenible, sin hacer sufrir a la población con experimentos crueles de finales tristemente conocidos.

Se ha puesto de moda que cada partido o coalición que llega al gobierno en nuestro país proponga e intente derogar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias; lo intentó Cambiemos, luego el Frente de Todos y ahora La Libertad Avanza. En una política ultra polarizada donde casi no existen coincidencias, el suprimir las PASO parece ser la única y extraña excepción.

Desde su creación en el año 2009 por la Ley 26.571, las PASO se han aplicado en ocho oportunidades y junto con otras instituciones creadas por esa misma ley, como la distribución equitativa de la publicidad electoral, han contribuido a que nuestro sistema partidario se vuelva algo más ordenado, abierto y representativo de lo que era hasta entonces.

Hoy, cuando votamos, sabemos con cierta precisión qué tipo de políticas podemos esperar que implemente la opción elegida en caso de ganar y podemos diferenciar con bastante claridad cada una de las fuerzas principales en relación con sus historias, valores e ideas. A su vez, el sistema permite que nuevas fuerzas como el FIT o LLA se instalen y consigan resultados.

Sin embargo, más allá de estos resultados, las PASO también han generado efectos negativos, por lo que desde hace varios años vengo sosteniendo que deben reformarse.

En primer lugar, deben dejar de ser obligatorias para los ciudadanos y serlo solo para los partidos o coaliciones. Es decir que deben ser las opciones políticas las que convenzan a los ciudadanos para que vayan a votar esforzándose con propuestas más interesantes para lograrlo. Así eliminamos, por un lado, el efecto de gran encuesta que tienen actualmente las PASO y que puede complicar la gobernabilidad como ocurrió en 2019, y por el otro, impedimos que los típicos “sellos de goma” que se presentan a las elecciones para quedarse con recursos públicos reciban financiamiento y contaminen la elección general.

En segundo lugar, las PASO y las elecciones generales deben estar muy cercanas en el tiempo, separadas por tres o cuatro semanas como máximo. Esto se puede lograr haciéndolas parte del mismo proceso electoral y utilizando los grandes avances tecnológicos de los últimos años. Con esto no solo se reduce el calendario electoral, sino que se induce a los candidatos que tengan competencia en un mismo espacio político a ser más propositivos y menos confrontativos hacia adentro ya que inmediatamente tendrán que salir a buscar los votos del conjunto.

Tercero: debe adecuarse el reparto de los espacios audiovisuales gratuitos a las transformaciones recientes en la comunicación, reduciendo significativamente el tiempo de los avisos radiales y televisivos que los vuelve redundantes y aburridos y ampliándolo a las redes y plataformas.

Finalmente, otra reforma interesante sería la de permitir en el caso de las elecciones presidenciales que se elija solo el candidato a presidente pudiendo el ganador después de su victoria designar a quien lo acompañe en la fórmula para permitir acuerdos al interior de los partidos o coaliciones.

De aplicarse estas modificaciones, las PASO seguirían produciendo efectos positivos y dejarían de generar problemas, mientras que si simplemente se eliminan, se perdería todo lo bueno y se complicarían mucho las elecciones generales por la enorme cantidad de fórmulas que se presentarían generando gastos inmensos e impidiendo en los hechos cualquier idea de boleta única.

Los argumentos en términos de ahorro que sostiene el actual gobierno para proponer la supresión de las PASO son falaces, especialmente si se acepta la idea de convertirlas en optativos para los ciudadanos y en consecuencia mucho más baratas. Si se eliminan las PASO, las decenas de fórmulas que se presentan actualmente en ellas competirían directamente en la elección general recibiendo todo el financiamiento para boletas y gastos y los espacios audiovisuales que les corresponden. Recordemos que en nuestro país existen más de 700 partidos políticos y casi 50 de ellos son nacionales.

Para finalizar, podemos decir que las modificaciones legales que proponemos, en el caso de aplicarse, nos permitirían continuar mejorando nuestra institucionalidad política profundizando la democracia, la representación política y la equidad tal como sostiene el nombre de la ley que queremos reformar.

“Yo discrepo radicalmente... (Luis) Caputo tuvo superávit en un mes, así que tendría que cerrar el libro ahí, cerramos y pasamos a otro tema porque queda totalmente demostrado. Algo que nadie pensó que era posible...”, comenzó a modo de introducción, antes de rematar con una comparación lapidaria: “Lo digo con todo respeto, Mauricio con mucho esfuerzo no lo logró hacer en cuatro años, Javier Milei lo logró en un mes. Si a mi me dicen no hay gestión, no sé, me vuela la cabeza”.

El ministro de Desregulación reforzó su postura con otros ejemplos: “El posicionamiento internacional de Milei es extraordinario, no se vio en años; si veo el liderazgo regional que ha tomado en el tema Venezuela, me parece extraordinario. No veo cómo se puede decir que no hay gestión”.

“¿En Seguridad no hay gestión? ¿No hay gestión en devolverle cierto orgullo y respeto a las fuerzas? Y Sandra Pettovello la reforma que ha hecho es extraordinaria, ¿o por qué no hay más piquetes? Porque se desfinanció a los intermediarios que financiaban los piquetes. Entonces me dicen no hay gestión, ¡¿y no hay piquetes?!”, enumeró en una extensa entrevista con Radio Mitre.

Por si no había quedado clara su postura, Sturzenegger consideró que esta gestión va “más a fondo” que la que realizó el gobierno de Macri.

“Diría que sí, Javier (Milei) lo hace con una convicción y una claridad... Tiene una visión, está planteando una batalla cultural importante. La convicción que tiene en sus ideas es muy inspiradora”, destacó al evaluar las características de la gestión que encabeza el actual presidente.

A continuación realizó un repaso histórico para darle más fundamentos a su diagnóstico: “Esa idea de que el país ha estado oprimido por una casta que se ha beneficiado del pueblo, ese modelo de la casta eran las ideas de (Juan Domingo) Perón, esa idea de economía corporativa, pero el que la hizo ley fue (Juan Carlos) Onganía, que hablaba de la sociedad organizada. Un gobierno 4 años sin Congreso, fue una presidencia transformadora, para mí en un sentido muy negativo”.

Para darle un cierre al tema, el funcionario apuntó: “Obviamente una gestión es muy compleja, falta todo, falta mucho, se cometen errores todo el tiempo, errar es humano, pero me parece que es muy impresionante lo que el Presidente ha logrado”.

LA REFORMA DEL ESTADO

El gobierno nacional publicó esta mañana en el Boletín Oficial el decreto que reglamenta parte de la denominada Ley Bases, que contempla las modificaciones en el sistema de empleo público, cambios en los procesos administrativos y las privatizaciones de las empresas públicas.

En cuanto a las compañías estatales, se detalló cómo será el proceso para avanzar con la privatización (total o parcial) o la concesión de: Energía Argentina (ENARSA), Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y el Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

Además estableció una serie de modificaciones significativas en el sistema de empleo público, que se centran en la implementación de un nuevo sistema de ingreso, que incluye una evaluación, así como en la reestructuración y reubicación del personal estatal.

En ese ítem, una de las principales innovaciones es la introducción de una “Evaluación General de conocimientos y competencias” para trabajar en el Estado. Esta evaluación será anónima y la diseñará y reglamentará la Autoridad de Aplicación. La identificación del candidato se realizará únicamente una vez calificado.