El 24 de junio, la directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Amelia Pérez, entregó tres inmuebles que estaban siendo administrados por la entidad al Gaula Militar en Cúcuta, Cali y Medellín.

En el comunicado oficial, la SAE informó que, como parte de una estrategia conjunta con el Ministerio de Defensa para fortalecer la lucha contra delitos que afectan la libertad y la seguridad de los colombianos, como el secuestro y la extorsión, los activos recuperados y entregados tienen un valor simbólico, ya que todos estuvieron vinculados a estructuras criminales que durante décadas acumularon riqueza mediante economías ilícitas.

“Hoy, gracias a la acción del Estado, esos bienes pasan a convertirse en herramientas para la seguridad y la protección de la ciudadanía”.

Detalles de los inmuebles entregados

En Cúcuta, Norte de Santander, la SAE recuperó un inmueble de más de 3.500 metros cuadrados que formó parte de la estructura financiera y logística controlada por Henry Carrillo Ramírez, alias “Barriga”, identificado por las autoridades como líder de una organización transnacional dedicada al narcotráfico.

A pesar de que la propiedad fue intervenida por el Estado, durante años fue ocupada de manera irregular para arrendar parte del predio a comerciantes de la zona.

En Cali, Valle del Cauca, la entidad entregó una vivienda de tres niveles con 661 metros cuadrados construidos, ubicada en el barrio Cuarto de Legua. El inmueble hizo parte de bienes sometidos a procesos de extinción de dominio relacionados con Helmer Herrera Buitrago, alias “Pacho” Herrera, uno de los máximos cabecillas del cartel de Cali y el primer narco abiertamente homosexual.

“Tras años de actuaciones judiciales, la propiedad ingresó definitivamente al patrimonio del Estado y hoy será utilizada para fortalecer las capacidades operativas del Gaula Militar en la región”, informó la SAE.

En la capital de Antioquia, la SAE recuperó una lujosa propiedad ubicada en El Poblado de 1.798 metros cuadrados construidos, asociada a bienes investigados dentro de procesos de extinción de dominio relacionados con las estructuras de los hermanos Galeano y Moncada, socios de Pablo Escobar en el cartel de Medellín.

La SAE recordó que Galeano y Moncada fueron piezas fundamentales del poder financiero del cartel de Medellín y destacó la recuperación del inmueble como la representación de un nuevo paso en la transformación de bienes ligados al narcotráfico.

“La entrega de estos inmuebles al Gaula Militar responde a una visión clara del Gobierno nacional que viene reforzando su capacidad para enfrentar fenómenos como el secuestro y la extorsión, la SAE cumple un papel fundamental al garantizar que los activos recuperados del narcotráfico y otras actividades ilícitas sean destinados a fortalecer la institucionalidad, ampliar la capacidad operativa de la fuerza pública y generar beneficios concretos para las comunidades”.

Tras la entrega, el comandante del Gaula Militar, el coronel Stick Amaral Reyes Monsalve, indicó que los inmuebles ayudarán a que la unidad siga sirviendo a la ciudadanía. “Todos estos bienes que se ponen a disposición de nuestros soldados en tierra, mar y aire serán optimizados para el buen uso y servicio de todos los colombianos”.

Por su parte, la directora de la SAE, Amelia Pérez, confirmó que el Gaula Militar tendrá libertad para decidir sobre el futuro de los predios y habló frente a un grupo de uniformados a los que les agradeció por su trabajo para defender la soberanía nacional de la delincuencia organizada y común.

“Estos predios, que pertenecieron principalmente a las mafias de Cali y Medellín, hoy estarán al servicio del país a través de ustedes, que los sabrán utilizar para prevenir y enfrentar los crímenes que afectan a las comunidades”.

En una de las visitas se detectaron presuntos malos tratos por parte de algunos funcionarios, que, al parecer, querían evitar que se llevara a cabo la diligencia de inspección y vigilancia, tarea para la cual la entidad está plenamente facultada.

“Durante una de las jornadas se registró una actitud agresiva y hostil que buscó obstaculizar el ejercicio de inspección y vigilancia. La Supersalud continuará actuando para garantizar el derecho a la salud y el acceso efectivo a los medicamentos”, detalló la Superintendencia en su cuenta de X.

La entidad publicó un video en el que se evidencia cómo se llevó a cabo una de las diligencias de inspección, que tuvo lugar en Disfarma. En la grabación se ve al delegado para la Protección del Usuario de la Superintendencia Nacional de Salud, Juan David Duque, cuestionando a un funcionario del dispensario por la falta de entrega de medicamentos a los usuarios y por el trato que se les estaría dando en el punto de dispensación.

Delegado: Si fuera su mamá la que la ponen a pasear de punto en punto, ¿le gustaría?

Funcionario: No.

Delegado: Ah, bueno, entonces trate a las personas como le gustaría que trataran a su mamá.

El funcionario aseguró que, según lo que se evidenció en la visita, los ciudadanos que acuden al dispensario para reclamar sus medicamentos están recibiendo respuestas negativas y la directriz que se les está dando es que vayan a otros puntos de dispensación para verificar si, de pronto, en esos lugares sí tienen la medicina que requieren.

“Someten a la gente a paseos de la muerte. Eso es lo que nos encontramos en general en los dispensarios de medicamentos de todo el país. Le generan a la gente al pendiente, los ponen a pasear de dispensario en dispensario, buscando que las fórmulas de la gente se venzan para no entregarles el medicamento”, explicó el delegado de la Superintendencia Nacional de Salud.

Duque recordó que la orden impartida por el presidente Gustavo Petro y por el superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero, es que los medicamentos se deben entregar a la ciudadanía sin ningún tipo de traba. Aclaró que no hay ningún motivo para que los funcionarios de los dispensarios nieguen a los afiliados los fármacos que les son recetados, que no les envíen las medicinas a sus domicilios y que, además, los “pongan a pasear de sitio en sitio”.

¿Qué hacer en caso de que le sean negados los medicamentos y deba comprarlos?

El funcionario explicó que todo ciudadano que pague los medicamentos porque no le son entregados en los puntos de dispensación, debe guardar la respectiva factura para así poder iniciar un proceso de recobro ante la Superintendencia Nacional de Salud. De esta manera, se garantiza que los usuarios reciben la devolución de esos recursos invertidos en medicina en los próximos 70 días.

En ese sentido, informó que la entidad continuará trabajando para garantizar una prestación adecuada de los servicios de salud a los usuarios en el país. “No vamos a permitir que atropellen a los usuarios, que los sometan a paseos de la muerte y mucho menos que les den malos tratos (...). Vamos a ser muy estrictos en la inspección, vigilancia y control de todos los gestores farmacéuticos hasta el último día de Gobierno”, aseveró el funcionario.

La construcción de la segunda calzada de la Avenida Cañasgordas, uno de los corredores más transitados entre Cali y Jamundí, registra un avance cercano al 57%. Este porcentaje supera ampliamente la meta prevista de 27% para esta etapa, según información oficial.

La intervención, ejecutada por la Gobernación del Valle del Cauca con el apoyo de la Alcaldía de Cali, busca responder a las necesidades de movilidad de una vía por la que transitan más de 360 mil personas cada día.

El proyecto contempla la ampliación de 6,1 kilómetros entre el río Pance y la glorieta de Alfaguara, con dos nuevos carriles de 3,65 metros de ancho, una ciclorruta bidireccional, andenes peatonales, iluminación, puentes y obras complementarias.

La expectativa es que, una vez finalizada, la obra permita reducir hasta en 30 minutos los tiempos de desplazamiento entre Cali y Jamundí, un beneficio que impactaría a miles de personas que utilizan diariamente este corredor para movilizarse entre sus hogares, lugares de trabajo y centros educativos.

Para la gobernadora Dilian Francisca Toro, el alcance del proyecto trasciende la construcción de nueva infraestructura. “No estamos hablando únicamente de construir una nueva calzada, estamos hablando de que miles de personas puedan recuperar tiempo, llegar más temprano a sus hogares y movilizarse de manera más segura”, afirmó.

Progreso de la obra Avenida Cañasgordas

El ritmo de construcción ha sorprendido a comerciantes y residentes de la zona, quienes inicialmente tenían dudas sobre posibles demoras. Gabriel Viña Gastaca, comerciante del sector, afirmó que la obra “responde a una necesidad generada por el crecimiento de la zona” y valoró la organización de los trabajos: “La gente está sorprendida de lo rápido que va todo. Estamos acostumbrados a obras eternas, pero aquí vemos organización y cumplimiento”.

Por su parte, Luz Mila Montesino, también comerciante, resaltó que la intervención trae “progreso para todos”, beneficiando tanto a residentes como a emprendedores y deportistas que utilizan la avenida.

Infraestructura para peatones y ciclistas

La intervención también busca mejorar las condiciones para peatones y ciclistas. Además de los nuevos carriles, incorpora una ciclorruta bidireccional de 6,1 kilómetros y 2,5 metros de ancho, así como espacios peatonales que permitirán una circulación más organizada para quienes utilizan medios alternativos de transporte.

Henry García, ciclista habitual de la zona, destaca que contar con un espacio exclusivo representa un cambio importante para quienes recorren frecuentemente este tramo. “Vamos a tener un carril exclusivo para nosotros. Eso significa más seguridad y tranquilidad”, comentó.

De acuerdo con lo informado, a estos elementos se suma un componente ambiental que contempla la siembra de más de 5.600 árboles, la recuperación de zonas de guadual y la construcción de pasos de fauna para proteger especies silvestres presentes en el corredor.

La ejecución del proyecto también cuenta con seguimiento ciudadano. Antes del inicio de las obras se realizaron espacios de socialización con residentes, comerciantes y líderes del sector, proceso que dio origen a una veeduría ciudadana que actualmente acompaña el desarrollo de los trabajos.

“Hemos participado en reuniones constantes y vemos un avance superior al esperado”, afirmó José Javier Pabón, vicepresidente de la veeduría.

Los ciudadanos pueden consultar información relacionada con el avance, los contratos y el seguimiento de la obra a través de la plataforma Valle Transparente.

Mientras continúan los trabajos, la segunda calzada de la Avenida Cañasgordas avanza sobre uno de los principales accesos al sur del Valle del Cauca, una intervención con la que la Gobernación del Valle busca responder al crecimiento de la zona y a las necesidades de movilidad de quienes recorren diariamente esta vía.

Las autoridades de Cali anunciaron una serie de restricciones para la venta de combustible durante la segunda vuelta presidencial, con el objetivo de garantizar el orden público y la seguridad en una jornada electoral considerada de alto riesgo.

La decisión, adoptada tras recomendaciones de la Fuerza Pública, implica que desde las 6:00 p. m. del sábado 20 de junio hasta las 6:00 a. m. del lunes 22 de junio, las estaciones de servicio en la ciudad solo podrán suministrar combustible directamente al tanque de los vehículos. La venta en recipientes, tarros o bolsas queda prohibida durante este periodo.

La restricción forma parte de un paquete de medidas preventivas implementadas por la Alcaldía de Cali y la Secretaría de Seguridad, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía. Estas acciones buscan evitar incidentes relacionados con el uso indebido de combustibles, como el abastecimiento para la fabricación de artefactos explosivos o el apoyo logístico a posibles actos vandálicos o alteraciones del orden público.

De acuerdo con Javier Garcés, secretario de Seguridad de Cali, la limitación en la venta de combustible responde a la necesidad de reducir riesgos y proteger tanto a los ciudadanos como a la infraestructura pública durante la jornada. “Teniendo en cuenta la recomendación de la Fuerza Pública, restringimos la venta de combustible a solo el aprovisionamiento directo al tanque de los vehículos. No se venderá combustible ni en bolsa, ni en recipiente, ni en tarro”, explicó el funcionario. Además, la medida coincide con la entrada en vigor de la ley seca, que prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas desde las 6:00 p.m. del sábado hasta el mediodía del lunes.

El decreto que reglamenta esta restricción establece excepciones puntuales. Los vehículos de empresas de servicio público de Gas Licuado de Petróleo (GLP), debidamente identificados y legalmente constituidos, podrán transportar y distribuir cilindros de gas. También quedan exentos los vehículos destinados a la logística del proceso electoral, siempre que cuenten con acreditación de la autoridad competente.

La implementación de estas restricciones se da en un contexto de máxima alerta, con vigilancia reforzada en puntos estratégicos como la Universidad del Valle, las entradas a la ciudad y zonas periféricas. Las autoridades mantienen controles para prevenir atentados, disturbios estudiantiles o cualquier acción que altere el desarrollo pacífico de la jornada.

Para coordinar el operativo de seguridad, la Alcaldía instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde se monitorean todos los dispositivos y se articulan las acciones de respuesta ante cualquier eventualidad. El alcalde Alejandro Eder destacó la importancia de la medida y llamó a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto en tranquilidad: “Quiero decirle a todos los caleños que salgan a votar tranquilos y libremente. La administración estará trabajando para protegerlos y garantizar que puedan participar en democracia con todas las garantías”, expresó.

El despliegue de seguridad incluye la presencia de más de 4.000 policías en Cali, dedicados exclusivamente a la custodia de 216 puestos de votación y espacios de escrutinio. A nivel departamental, más de 11.500 miembros de la Fuerza Pública cubrirán cerca de 1.000 puestos en todo el Valle del Cauca, incluidos corregimientos y veredas. El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Herbert Benavidez, explicó que este dispositivo incluye 1.000 uniformados adicionales, conformando un plan anticipativo para reaccionar ante cualquier novedad que se presente durante el proceso electoral.

Otra novedad en el esquema de seguridad es la operación del PMU cibernético, encargado de identificar y neutralizar campañas de desinformación, noticias falsas, ataques digitales y contenidos que puedan generar zozobra o deslegitimar el proceso democrático. La administración municipal hizo un llamado a la ciudadanía para verificar la información en canales oficiales y evitar la difusión de rumores o noticias no confirmadas.

El decreto también establece la prohibición del transporte de escombros y cilindros de gas durante el mismo periodo, con el fin de minimizar riesgos asociados a disturbios o actos violentos. Las autoridades municipales y la Fuerza Pública estarán realizando controles permanentes para verificar el cumplimiento de cada una de las normas.

La administración local reiteró la advertencia frente a cualquier alteración del orden público. El alcalde Eder afirmó que la respuesta institucional será contundente ante cualquier intento de vandalismo o acción que afecte la tranquilidad y el ejercicio democrático de los ciudadanos.

La restricción a la venta de combustible, junto con las demás medidas adoptadas, busca blindar la jornada electoral y contribuir a unas elecciones pacíficas y seguras en Cali y el resto del Valle del Cauca.

La operación, ejecutada tras semanas de investigación, representa un avance relevante en el esclarecimiento de los hechos y en la persecución de estructuras armadas ilegales con presencia en la región.

La acción conjunta, coordinada entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Cali, concluyó con la captura de alias Jey o Trenzas y del propietario de las busetas que fueron usadas como vehículos bomba en ambos ataques. Según información oficial, alias Jey figura como integrante de la columna Ricardo Velázquez, vinculada al frente Jaime Martínez, estructura perteneciente a las disidencias de las Farc. Este grupo es señalado por planear y ejecutar acciones violentas en el suroccidente del país.

Para el seguimiento de los sospechosos se utilizó el análisis de más de 300 horas de grabaciones de cámaras de movilidad y seguridad, lo que permitió trazar los desplazamientos de los implicados antes y después de los atentados. Las autoridades identificaron que alias Jey habría realizado labores de planeación, reconocimiento y verificación de los lugares atacados: el Cantón Militar Pichincha, en Cali, y el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, en Palmira.

Los allanamientos se realizaron en las comunas 3, 13 y 15 de Cali. Durante estos operativos se incautaron dos barras de pentolita, diez metros de cordón detonante, cuatro teléfonos celulares, prendas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares, material propagandístico y una motocicleta que presuntamente habría sido utilizada en las actividades logísticas relacionadas con los ataques.

El análisis de registros de video provenientes de las cámaras de la Secretaría de Movilidad resultó fundamental para la identificación y localización de los sospechosos. Las autoridades certificaron que el recorrido de los vehículos utilizados y de los implicados fue reconstruido a partir de imágenes captadas en distintos puntos de la ciudad. La colaboración de la ciudadanía, a través de denuncias y reportes, también permitió complementar la investigación y fortalecer la recolección de pruebas.

El general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, informó que la captura de los implicados obedeció a información de inteligencia que advertía el inminente intento de fuga de alias Jey fuera del área de influencia de las autoridades.

Los ataques del 24 de abril consistieron en la detonación de vehículos bomba en los alrededores del Batallón Pichincha, en Cali, en horas de la mañana, y en el Batallón Agustín Codazzi, en Palmira, en horas de la noche. Ambos hechos dejaron como saldo dos personas heridas y provocaron una amplia reacción de las autoridades locales y nacionales. Las investigaciones apuntan a que la planeación de los atentados se realizó en campamentos de las disidencias de las Farc, ubicados en zonas rurales de Jamundí, Timba y Buenos Aires, municipios del norte del Cauca y sur del Valle. En estos enclaves, según las autoridades, se concentran estructuras armadas responsables de otros actos violentos en la región.

Durante 2026, la Policía Nacional reporta la captura de 16 miembros del frente Jaime Martínez. Las autoridades mantienen operativos continuos con el objetivo de contener el avance de las disidencias y reducir su capacidad de acción en el Valle del Cauca.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, valoró los resultados de la operación y subrayó que la administración municipal no tolerará acciones terroristas contra la ciudad.

El mandatario expresó: “En Cali el terrorismo no queda impune. Capturamos a dos de los terroristas que se atrevieron a atacar a Cali hace un mes largo. Quiero felicitar a la Policía y a la Fiscalía por esta importante captura de alias Jey y del otro sujeto, que es el propietario de los dos vehículos que estallaron. Desde el primer momento fui muy claro en que no descansaríamos hasta dar con los responsables de este ataque terrorista”.

Eder insistió en que el uso de la tecnología, la denuncia ciudadana y la coordinación institucional han sido determinantes para enviar el mensaje de que las estructuras ilegales no tienen cabida en Cali. Además, reiteró el compromiso de la administración con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la persecución judicial a quienes atenten contra la integridad de la población.

El presidente Gustavo Petro afirmó en Cali que “los jóvenes podrán ingresar a cualquier universidad pública sin importar estrato”, durante un acto público en el Parque de las Banderas, donde conmemoró el primer año de aprobación de la Reforma Laboral. El presidente también llamó a la juventud a participar en la jornada electoral del próximo 21 de junio y a vigilar el proceso desde sus hogares.

La información publicada por Caracol Radio señala que el mandatario denunció amenazas, persecuciones y actos de censura contra periodistas, activistas y miembros de su Gobierno.

Según dijo, existen intentos de impedir la libre expresión y el pensamiento diferente en la antesala de la segunda vuelta presidencial de este domingo.

“No permitiremos que silencien la democracia”, advirtió Petro ante una multitud reunida al sur de la capital del Valle del Cauca, en la tarde del jueves. Su intervención pública combinó mensajes electorales, defensa de su gestión y anuncios relacionados con educación, salud, Policía Nacional y derechos laborales.

Llamado a jóvenes y defensa del voto

Durante su discurso, Petro convocó a los colombianos a participar en las elecciones de este domingo. El mandatario dirigió un mensaje especial a las juventudes y les pidió no quedarse al margen de la jornada electoral.

“Convoco a todas las juventudes de Colombia a que no se queden en la casa, en el parche o en el rincón”, afirmó. También las invitó a salir desde la primera hora, cuidar toda la jornada y convertirse en “testigos digitales” desde sus hogares.

El jefe de Estado insistió en que la participación ciudadana será clave durante la segunda vuelta presidencial. Su mensaje estuvo enfocado en la defensa del voto, la vigilancia del proceso y la necesidad de que los jóvenes asuman un papel activo durante la jornada.

En Cali, Petro también vinculó su discurso con la educación pública. La frase sobre el ingreso de jóvenes a cualquier universidad pública sin importar el estrato quedó como uno de los mensajes centrales de su intervención, en medio de una agenda pública marcada por la conmemoración de la Reforma Laboral.

Reforma Laboral, salud y ascensos en la Policía

El presidente destacó que las acciones impulsadas por su Gobierno en salud permitieron, según sus cifras, salvar la vida de 5.532 niños y niñas en el Valle del Cauca, frente a los registros del año 2022. Aseguró que este resultado estuvo relacionado con una inversión de $1,3 billones.

Petro también mencionó la puesta en marcha de 927 equipos básicos de salud, el desarrollo de 151 proyectos de infraestructura sanitaria y la entrega de 88 ambulancias para fortalecer la atención en el departamento.

Durante el mismo acto, el director de la Policía Nacional, William Oswaldo Rincón Zambrano, anunció que 17.161 patrulleros podrán ascender. Según la información entregada, la decisión busca fortalecer a la institución y mejorar la calidad de vida de miles de familias.

Por su parte, el director general del Sena, Jorge Eduardo Londoño, afirmó que la Reforma Laboral devolvió derechos a las y los aprendices de la entidad. Señaló que más de 377.000 jóvenes se benefician con la laboralización del contrato de aprendizaje, una medida que, según dijo, reconoce su trabajo y fortalece su protección.

“Podemos decirle al pueblo colombiano que hemos cumplido. El Gobierno de Gustavo Petro hizo una de las grandes reformas más importantes de los últimos tiempos”, sostuvo Londoño durante el evento.

La jornada en Cali dejó varios mensajes de cierre antes de la votación: defensa de la democracia, llamado a la participación juvenil, balance de gestión y reivindicación de la Reforma Laboral como una de las principales apuestas del Gobierno.

El presidente Gustavo Petro cerró en Cali una jornada de eventos masivos con un mensaje directo sobre las elecciones: “voten temprano”. A un día de la jornada electoral, el mandatario llegó a la capital del Valle del Cauca este viernes junto con todo su gabinete y aprovechó su intervención para llamar a la participación ciudadana, defender el voto y pedir que el domingo no haya agresiones.

La información publicada por Blu Radio señala que Petro intervino en la recta final de la campaña con un discurso en el que también lanzó cuestionamientos contra el candidato de oposición Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo. Sus declaraciones se dieron en medio de críticas de distintos sectores por las reiteradas intervenciones del presidente sobre la contienda electoral.

Durante el evento, el jefe de Estado también anunció un ascenso masivo en la Policía Nacional: más de 17.000 patrulleros pasarán a ser subintendentes. El anuncio oficial hizo parte de su agenda pública institucional en Cali, realizada a pocas horas de que los ciudadanos acudan a las urnas este 21 de junio.

Petro pide votar y evitar agresiones

El mandatario sostuvo que quienes aspiran a la Presidencia deben promover convivencia y no confrontación. En su intervención, afirmó que la política no puede convertirse en un escenario de ataques entre colombianos y pidió que la decisión electoral se tome con reflexión.

“El que se acerque a una urna el domingo debe acercarse reflexivo para que su voto no se llene de sangre futura, sino de paz”, dijo Petro durante su discurso. También dio una instrucción directa a quienes han respaldado su Gobierno: no agredir a nadie durante la jornada electoral.

“Ningún ciudadano que haya defendido este Gobierno y me haya hecho presidente, lo ordeno como presidente, debe agredir a nadie el domingo. La tarea del domingo es votar”, señaló el mandatario.

Petro también invitó a las juventudes a convertirse en “testigos digitales” del proceso electoral. Aunque no detalló el alcance de esa figura en la información conocida, el llamado se hizo dentro de su mensaje sobre participación, vigilancia ciudadana y defensa del voto.

Críticas a la oposición y ambiente electoral

En su discurso, Petro cuestionó a Abelardo de la Espriella y a José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial del candidato opositor. Según el reporte, el presidente insistió en que quienes aspiran a gobernar deben llamar a la convivencia y no a la confrontación entre sectores políticos.

En la parte final de su intervención, el jefe de Estado volvió a pedir de manera expresa que los ciudadanos acudan temprano a las urnas. “No se trata de construir de nuevo una orgía de sangre en Colombia. No se trata de destripar ni un solo colombiano, se trata de convocar las fuerzas de la vida”, expresó.

Sus declaraciones se producen en la recta final de una campaña marcada por tensiones políticas y llamados de distintas autoridades a respetar el resultado de las urnas. El mensaje de Petro estuvo centrado en tres puntos: votar temprano, evitar agresiones y participar de manera activa en la jornada electoral.

El evento público en Cali también sirvió para reforzar la presencia del Gobierno en la antesala de las elecciones. La llegada del presidente con su gabinete y el anuncio de ascensos en la Policía ocurrieron en una jornada de alto contenido político, pese a los cuestionamientos por sus intervenciones sobre la contienda.

Con este discurso, Petro cerró una agenda pública en la que pidió participación ciudadana y llamó a la calma. El domingo, dijo, la tarea principal será votar temprano y evitar cualquier acto que altere el desarrollo de la jornada electoral.

Cali afrontará la segunda vuelta presidencial del domingo 21 de junio de 2026 con ley seca, refuerzo de la fuerza pública y vigilancia especial en los puestos de votación.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó en rueda de prensa previo a los comicios que el plan incluye 109 pelotones con cerca de 3.200 soldados, vehículos blindados para asegurar la movilidad y la seguridad en las vías que conectan a Cali con el resto del Valle del Cauca y el suroccidente del país.

La ley seca regirá desde las 6:00 p.m. del sábado 20 de junio hasta las 12:00 p.m. del mediodía del lunes 22 de junio. La restricción aplicará en zonas urbanas y rurales y prohibirá la venta de bebidas alcohólicas en supermercados, tiendas, bares y discotecas.

Para las votaciones, la Policía Metropolitana de Cali aumentará su pie de fuerza de 3.800 a 4.000 uniformados desplegados en la ciudad. El Ejército Nacional participará en patrullajes conjuntos y unidades ubicadas en puntos estratégicos definidos por las autoridades.

El general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana, explicó que los efectivos estarán asignados a la seguridad de los puestos y al acompañamiento del material electoral. “Estarán dispuestos no solamente para asegurar los puestos de votación, sino para las demás actividades del certamen electoral, como el transporte, o más bien la escolta y el transporte, del material electoral hacia los puestos de votación e igualmente desde los puestos de votación hacia los sitios de escrutinio”.

Para la jornada se habilitarán 5.158 mesas distribuidas en 216 centros electorales, con 194 en la zona urbana y 22 en el área rural. Las autoridades señalaron que, por ahora, no está previsto trasladar mesas en ningún punto de la ciudad.

Cabe recordar que quienes compren o consuman bebidas alcohólicas en zonas públicas serán sancionados según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, una medida que también alcanza a establecimientos que venden licor, como bares, discotecas, tiendas y supermercados. Los comerciantes que incumplan se exponen a sanciones económicas, cierres temporales o medidas administrativas.

La multa prevista es de entre cuatro y 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que en 2026 equivale a entre $8.000.000 y $64.000.000, según la conducta y el alcance de la infracción, de acuerdo con el criterio del agente de Policía.

La disputa entre Bogotá y el gobierno nacional por la ley seca para la segunda vuelta

La única ciudad capital que no seguirá los horarios establecidos por el Gobierno Petro será Bogotá. La Alcaldía, liderada por Carlos Fernando Galán, sostuvo que regirá desde las 12:00 a. m. del viernes 19 de junio de 2026 hasta el lunes 22 de junio de 2026, amparada en una facultad expresa del decreto nacional para ampliar el plazo por razones de orden público.

El cambio horario tiene impacto económico directo. Días antes de la decisión, el gremio nocturno advirtió pérdidas por más de $180.000.000.000 si la restricción incluía también el sábado, según Asobares Bogotá.

La controversia surgió durante la presentación del Decreto 06112 del Gobierno para el desarrollo de las elecciones. Allí, Armando Benedetti, ministro del Interior, aseguró que Bogotá debía seguir las reglas del documento e implementar la restricción desde el sábado 20 de junio de 2026 a las 6:00 p. m.

El texto oficial, citado en la discusión, establece otra posibilidad. En su artículo 13, el decreto señala que gobernadores y alcaldes, de conformidad con lo recomendado en los consejos departamentales y municipales de seguridad o comités de orden público, podrán ampliar el término previsto para prevenir posibles alteraciones del orden público.

El alcalde Galán reiteró que la decisión local nació de un consejo de seguridad realizado el 4 de junio de 2026 y defendió que la restricción en la capital del país se mantendrá en el horario anunciado.

“En Bogotá va a regir la ley seca desde las 12 de la noche del viernes al finalizar el día hasta el lunes, como lo anunciamos. Eso está sustentado, repito, en recomendaciones que hizo el Consejo de Seguridad”, afirmó el mandatario capitalino.

La administración local también sostuvo que la medida sigue vigente mientras no exista una decisión judicial en contra. Gustavo Quintero, secretario de Gobierno, afirmó que “la legalidad de los actos administrativos solo puede ser determinada por las autoridades judiciales. Mientras ello no ocurra, la medida continúa vigente y debe ser acatada”.

Ese pronunciamiento responde de manera directa a la duda central abierta por las declaraciones del ministro Benedetti: en Bogotá, según la Alcaldía, la ley seca empieza a las 12:00 p.m. del viernes 19 de junio de 2026 y se extenderá hasta el lunes.

El asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta el 6 de junio de 2026 dejó un nuevo capítulo como parte del proceso judicial que sigue su curso, y que hasta el momento derivó en la captura de tres presuntos implicados y en la identificación de alias Cocoy como señalado como el presunto autor del crimen.

Por un dato revelado en un informe de El Tiempo el miércoles 17 de junio de 2026, el supuesto cómplice que estaría oculto en Cali (Valle del Cauca), conocido como “Cocoy”, difundió en su cuenta de X un video publicado por el medio regional Noticias Cúcuta 75 esa misma tarde, en el que aseguró no estar involucrado en el homicidio del comunicador.

En su video, el presunto sicario le hizo una petición al teniente coronel Fabio Ojeda, comandante del Departamento de Policía de Cúcuta (Mecuc).

“Mi nombre es Jefferson Andrade, conocido en mi entorno familiar y afecto como Cocoy. Me dirijo a ustedes con el propósito de elevar una denuncia formal y al señor coronel Ojeda, adscrito a la Metropolitana de Cúcuta, solicitar medidas urgentes de protección ante los graves hechos que ponen en riesgo inminente mi vida y la de mi núcleo familiar”, inicia la declaración por parte de “Cocoy”.

“De manera categórica, desmiento y rechazo cualquier señalamiento o intento de vinculación con la fabricación de un falso positivo”, agregó Andrade, que afirmó que dichos detalles que reveló el mismo diario en su publicación “solo pretenden involucrarme en actividades ilegales son una calumnia malintencionada, carente de todo sustento fáctico, cuyo objetivo es desviar la atención de la realidad y utilizar mi nombre para dar resultados públicos artificiosos”.

“Cocoy” detalló que “la gravedad de la situación no es hipotética”, al puntualizar que su familia “ya ha sido víctima de un homicidio directo”, al recordar que el 16 de junio del 2026, “el señor Edmundo Andrade Ñáñez, quien es mi padre y que en un hecho violento que confirma la amenaza real y latente que nos acecha”, añadió Andrade.

Por cuenta de dicho atentado, “Cocoy” mencionó que ha “sido objeto de seguimiento que han obligado a desplazarme a otra ciudad, no para huir la justicia, sino para buscar una oportunidad de rehacer mi vida lejos de la persecución”.

En otro fragmento de la grabación el hoy señalado como presunto autor del crimen aclaró varios puntos que consideró “necesarios”, y sobre su pasado y vínculos familiares.

“El hecho de poseer un pasado personal o de tener un parentesco con una persona señalada por hechos delictivos no me convierte en responsable ni justifica que se me quiera incriminar para sacar pecho ante la opinión pública. Señor coronel Ojeda, no discrimine mi buen nombre, ya que parece que porque tuve un error en mi pasado me quiere incriminar”, detalló en primer lugar “Cocoy”.

En segundo aspecto, el joven hizo alusión sobre su apariencia. “Si en mis registros visuales aparezco con el rostro cubierto, es exclusivamente una medida legítima, autodefensa, ante el riesgo real de atentado que pesa sobre mi vida”.

El caso podría estar conectado con estructuras criminales locales y con una cadena de violencia que volvió a golpear a la ciudad días después, según las autoridades locales.

Como parte del proceso judicial, un juez de control de garantías legalizó la captura de tres personas detenidas el 9 de junio en la terminal de transporte de Cúcuta, así como los registros y allanamientos realizados en varios inmuebles de la ciudad y en el municipio de El Zulia.

En esos procedimientos, coordinados entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fueron decomisados un taxi, cuatro motocicletas y tres teléfonos celulares.

La investigación también incorporó un hecho posterior: el miércoles 17 de junio fue asesinado en Cúcuta Edmundo Andrade Yáñez, de 74 años.

Andrade Yáñez sería abuelo de alias Cocoy y de otro detenido, alias Demonio, un vínculo que refuerza la hipótesis de represalias o ajustes de cuentas dentro del entorno criminal bajo investigación.

De acuerdo con la información publicada por el mismo diario bogotano, la noche del asesinato “Cocoy” celebraba en el barrio El Contento. Esa versión llevó a los investigadores a indagar si abandonó Cúcuta después de advertir la llegada de un equipo especial que asumió las pesquisas.

La Fiscalía sostiene que “Demonio” habría ejecutado el ataque armado

Según las primeras hipótesis expuestas por la Fiscalía General de la Nación, John Sebastián Duque Andrade, conocido como alias Demonio, habría sido el encargado de ejecutar el ataque armado que terminó con la vida del periodista.

A su vez, el general William Rincón, director de la Policía Nacional, afirmó que las pruebas reunidas hasta ahora lo vinculan como presunto autor material del crimen.

Las otras dos personas capturadas son Angélica Vesga Arenas y Wilmer Alexander Portillo González. Según las autoridades, ambos habrían cumplido funciones de apoyo y coordinación para facilitar la acción, mientras los investigadores siguen reuniendo información sobre su posible papel en la planificación y la logística del homicidio.

Los elementos hallados en esos sitios pasaron a integrar el material probatorio que la Fiscalía considera central para sustentar la imputación y avanzar en el proceso penal.

El ataque contra un bus del MIO en el oriente de Cali (Valle del Cauca) terminó con un menor de 11 años herido en el rostro. El incidente, ocurrido el miércoles 17 de junio cerca del barrio Potrero Grande, dejó consternados a los pasajeros y vecinos que presenciaron la agresión.

La confrontación se habría originado porque la motocicleta intentó adelantar el bus sin detenerse ante una señal de pare, lo que provocó el altercado entre ambos conductores.

Tras el incidente vial, el motociclista presuntamente lanzó una piedra contra el vehículo, impactando una de las ventanas.

El objeto atravesó el vidrio y causó lesiones en el rostro del niño, quien viajaba acompañado por su madre. Los ocupantes del bus y habitantes del sector reaccionaron de inmediato, deteniendo a los responsables y solicitando la intervención de la Policía Metropolitana de Cali.

Unidades de la Policía Metropolitana de Cali acudieron rápidamente al lugar y aseguraron a dos personas: una mujer de 51 años y un hombre de 53 años.

Ambos fueron señalados preliminarmente como participantes en la agresión tanto al bus como a su conductor. El comandante general Ever Benavides explicó que la captura se realizó en el sitio tras los hechos.

El niño lesionado fue atendido de inmediato tras el impacto del vidrio roto. Las autoridades no han detallado la gravedad de las heridas, pero se confirmó que el menor estaba acompañado de su madre en el momento de la agresión y que fue auxiliado en el sitio.

En respuesta a la agresión, los vecinos y pasajeros insisten en que debe avanzarse con la denuncia penal correspondiente. La comunidad espera que las autoridades judiciales esclarezcan los hechos y determinen las consecuencias legales para los implicados en el ataque.

El incidente provocó indignación entre los usuarios del transporte público y residentes del sector, quienes exigieron mayor seguridad para evitar que episodios similares pongan en riesgo a pasajeros inocentes.

De acuerdo con el reporte de la policía, la investigación inicial apunta a que el conflicto surgió por la maniobra imprudente de la motocicleta, que no respetó la señal de pare y desencadenó el enfrentamiento.

Por su parte, la Personería Distrital de Santiago de Cali rechazó el incidente en el orinte de la ciudad: “de manera contundente el acto de violencia ocurrido en Potrerogrande, donde un menor de edad resultó lesionado tras el ataque contra un bus del sistema MIO”.

La entidad hizo un llamado a la tolerancia, el respeto por la vida y la sana convivencia." Ninguna situación en las vías justifica acciones que pongan en riesgo la integridad de los ciudadanos, especialmente de los niños, niñas y adolescentes. Hechos como este deben llevarnos a reflexionar sobre la importancia de resolver las diferencias de manera pacífica y proteger siempre la vida", concluyó.

¿Qué dice la ley?

La ley colombiana contempla sanciones para quienes agreden buses del sistema de transporte público. Los actos vandálicos como daños a vehículos de transporte público, lanzar objetos o interrumpir la circulación están tipificados como conductas sancionables. Las consecuencias pueden incluir:

• Multas económicas, cuyo monto depende de la gravedad del daño causado.
• En casos de reincidencia, las sanciones pueden aumentar.
• Si la agresión pone en peligro a pasajeros o conductores, puede configurarse como un delito más grave, con penas de prisión según el Código Penal colombiano.
• Los daños a bienes públicos pueden considerarse daño en bien ajeno o daño en bien público, sancionado penal y administrativamente.

En situaciones específicas, como la retención o toma de control de un vehículo de transporte público, la ley prevé penas agravadas, y si el acto implica lesiones o amenazas a personas, se agravan las consecuencias legales.

El operativo, desarrollado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), de la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se llevó a cabo mediante un registro y allanamiento en una zona urbana de Cali. Tras la intervención, las autoridades formalizaron la captura con fines de extradición, cumpliendo la notificación roja emitida por la Oficina Central Nacional de Interpol.

Las investigaciones posicionan a Jiménez Galves como el principal responsable de las finanzas de la organización. Su función era clave para el movimiento y legalización de fondos derivados de actividades ilícitas. Los peritos judiciales detallaron que el capturado había creado una red de compraventa de vehículos de alta gama y bienes raíces, que permitía ingresar dinero ilícito al sistema financiero legal.

El capturado mantenía contacto directo con diversas células de la organización, especializadas en actividades de extorsión, tráfico de drogas y homicidios selectivos. Este entramado permitía a la estructura de alias Dimax operar con un alcance considerable en el Valle del Cauca, fortaleciendo su poder económico y logístico a través de mecanismos sofisticados de lavado de activos.

La detención de “El Español” no solo afecta el flujo económico de la organización, sino que también limita la capacidad de la estructura criminal para financiar actividades como la extorsión, el tráfico de estupefacientes y la ejecución de homicidios selectivos en la región.

Tras su captura, el hombre fue puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación. Actualmente, se encuentra a la espera de los trámites legales para su extradición y su correspondiente judicialización en España, donde enfrenta cargos por estafa a gran escala.

Las autoridades remarcan que el resultado de este operativo refuerza el compromiso institucional en la lucha contra el crimen transnacional. La acción busca impactar de fondo las economías ilícitas que afectan la tranquilidad y la seguridad ciudadana, reafirmando el mensaje de que las estructuras criminales encontrarán respuesta coordinada entre las agencias locales e internacionales.

Él es El Francés, el europeo requerido por narcotráfico con circular roja de Interpol capturado en Medellín

El arresto de Soner Nusret Aka, apodado “El Francés”, en Medellín marcó un avance crucial en la ofensiva internacional contra el tráfico de drogas. La Policía Nacional de Colombia, en colaboración con la Fiscalía General y la Oficina Anti-Narcóticos de Francia (Ofast), localizó y capturó al ciudadano francés tras una notificación roja de Interpol.

Según el alcalde Federico Gutiérrez, la captura fue posible gracias a una operación conjunta que permitió identificar a Aka como líder de una red que, durante meses, transportó cocaína desde distintos países de América y Asia hacia Europa. Las autoridades francesas lograron incautar en septiembre de 2025 más de 1.800 kilogramos de quinua impregnada con cocaína, lo que evidenció el nivel de sofisticación de la organización.

Las autoridades también confirmaron que el historial delictivo del detenido incluye una aprehensión previa en República Dominicana, donde fue encontrado con un fusil de asalto y una suma considerable de dinero en efectivo, lo que da cuenta de su peligrosidad y capacidad logística.

El detenido permanece bajo custodia a la espera de los trámites para su extradición a Francia o para ser juzgado en Colombia. El operativo responde a una orden internacional por delitos de importación y exportación de estupefacientes en banda organizada, y busca desarticular una estructura considerada de alto riesgo criminal.

Días antes de la segunda vuelta presidencial en Colombia, el candidato Iván Cepeda volvió a ser tendencia en redes sociales por un motivo ajeno a la campaña: tras una convocatoria en Bogotá para encontrar al hombre que más se pareciera a su versión juvenil, se anunció un concurso similar en Cali.

Esta iniciativa surgió luego de una imagen que se viralizó en plena definición electoral y reabrió el interés por un episodio ligado al inicio de su vida pública.

El concurso está previsto para el jueves 18 de junio 2026 desde las 6:00 p. m. en el sector de Bulevar del Río, de acuerdo con lo que menciona la publicación en la cuenta de Jóvenes del Valle con Cepeda y Aida.

La convocatoria promete un premio “simbólico”, según el cartel compartido en redes. El evento aparece en la recta final de la contienda que se definirá el domingo 21 de junio de 2026 entre Abelardo de la Espriella, del Movimiento de Salvación Nacional - Defensores por la Patria, e Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

Los interesados en participar podrán inscribirse diligenciando el formulario a través de la dirección web https://forms.gle/iuzartnvVc1ozrH99 antes de darse cita en el Bulevar del Río.

Así se vivió el concurso del doble de Iván Cepeda en su versión juvenil

Un creador de contenido se dio a la tarea de registrar todos los pormenores en la jornada que se vivió en Bogotá, sirviendo como un abrebocas para lo que podría vivirse en la capital de Valle del Cauca.

“Lo primero, mucho pueblo. No pensé que tanta gente quisiera hacer cosplay de Cepeda, pero bueno (...) Lo primero fue llamar a los que se inscribieron, fueron como alrededor de veinte personas, más o menos”, inicia la descripción del evento el usuario que aparece en Instagram como Que Video de Vida (@que_video_de_vida).

Después, explicó el influencer, a los participantes “los separaron en dos grupos y les pidieron que hicieran una representación del man (de Cepeda)”, y en medio de las presentaciones, el ciudadano comentó que “había gente que se metía resto en el papel”.

El siguiente reto fue que a los concursantes “los pusieron a bailar”, y debido a la forma por cómo se movían, el creador de contenido afirmó: “Cómo se nota que son todos rolos”, por la falta de habilidades a la hora de danzar.

De a pocos, se fueron reduciendo los participantes “hasta que quedaron estos cuatro”, explicó el creador de contenido.

“La verdad, no estaba fácil, pero el público optó. Este fue el ganador, Javier Hernández. Ni lo busque porque no tiene redes, a lo bien”, explicó el influencer, luego de confirmar el nombre del vencedor.

Al final el usuario dejó una reflexión en la que precisó: “Sé que este es un tema bastante delicado y más en la época que estamos viviendo (elecciones presidenciales). La política, dentro de todo, hace parte de la vida, así a muchos no nos guste. Pero más allá de eso, tuve la oportunidad de ver algo que cada vez es más difícil en Colombia: convivencia”.

El joven explicó que “llegamos a un punto donde ya no evaluamos las cosas por lo que son, sino por el grupo al que lo asociamos, y así es muy difícil construir algo juntos”, y dejó esta pregunta a sus seguidores: “¿Cuándo fue la última vez que aceptó que alguien puede ver el mundo de una forma totalmente diferente? El problema no es que alguien piense distinto, el problema es que vemos al otro como un enemigo", expuso.

El creador de contenido dijo que “la mejor sociedad no es la que piensa igual, es una donde las diferencias no impiden reír, bailar, conversar, coexistir”.

La foto viral remite al asesinato de Manuel Cepeda Vargas en 1994

La imagen juvenil de Cepeda corresponde a la época en que tenía 31 años, la misma edad que tenía cuando fue asesinado su padre, Manuel Cepeda Vargas, senador de la Unión Patriótica, el 9 de agosto de 1994 en el suroeste de Bogotá.

El crimen fue atribuido a paramilitares y agentes estatales en medio de una ofensiva sistemática contra la izquierda.

Aquel día, Cepeda llegó minutos después al lugar donde balearon a su padre. Frente a las cámaras, formuló un pedido público a las instituciones y al entonces presidente Ernesto Samper: “Le pido al país, al presidente Ernesto Samper, a quienes tienen que ver con la justicia en Colombia, que hagan algo en contra de esta ofensiva contra los dirigentes de izquierda; y que no quede este crimen impune como el de tantos hombres justos y valientes que han peleado en este país”.

Se acerca el final del Gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia. El 21 de junio, los ciudadanos irán a las urnas para elegir un nuevo mandatario, que tomará las riendas del país entre 2026 y 2030. La Presidencia de la República se debate entre el abogado Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) y el senador Iván Cepeda Castro (Pacto Histórico), siendo este último el más afín a la administración actual.

De acuerdo con información revelada por el medio CW+, el 19 de junio, el primer mandatario tendría planeado viajar a Cali (Valle del Cauca) para liderar un evento oficial, en el cual planearía despedir su periodo de cuatro años como jefe de Estado.

Gustavo Petro no ha confirmado la realización del evento, que tendría lugar en el parque de las Banderas. Según el medio citado, el presidente estará acompañado de algunos integrantes de su gabinete ministerial y de varios congresistas del Pacto Histórico.

“El próximo viernes 19 de junio va a venir Petro a Cali. Va a ser la despedida de Petro. Sí, será la PetroTusa, pero Cali lo deberíamos despedir con todo el amor de manera multitudinaria”, dijo el representante a la Cámara por el Valle del Cauca Alfredo Mondragón, citado por el informativo.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) se pronunció al respecto a través de su cuenta de X, en la que cuestionó al jefe de Estado por su decisión de visitar la capital del Valle del Cauca, cuando, a su juicio, durante su administración habría olvidado atender las principales problemáticas de la ciudad y del departamento.

“Ahora sí te acordaste de los caleños y de los vallecaucanos, ¿por qué será? Porque les arrebataste su sueño del Tren de Cercanías. Los dejaste solos, sin acueducto ni dragado en Buenaventura. Les cortaste las alas con el deporte, en lo que son los mejores. Le bajaste el telón a sus artistas, que son su orgullo”, señaló el aspirante de la derecha en la red social.

De la Espriella señaló al presidente Petro de ser un “tirano” y aseguró que las acciones que lleve a cabo de ahora en adelante en favor de Cali o del Valle del Cauca son tardías. Afirmó que, si llega a ganar las elecciones del 21 de junio, buscará luchar con los derechos de los vallecaucanos.

“¿Ahora sí te acordaste de ellos? Ya es muy tarde, tirano. Ahora tienen un Tigre que lucha con ellos, por ellos, por los caleños, por los vallecaucanos, ¡por la Patria!”, añadió el también abogado.

Al igual que el aspirante presidencial, el exsecretario de Movilidad de Cali Gustavo Orozco rechazó la visita del presidente Gustavo Petro a la capital del Valle. Acusó al jefe de Estado de mentirle a la población y de impedir el avance de proyectos de importancia para los ciudadanos.

Aseguró que el primer mandatario implementó una fallida política de paz que ha afectado al departamento y a su capital.

“Acá, aunque muchos le den la bienvenida, el presidente solo ha avanzado en ponernos entre la espada y la pared. El Valle lo va a recordar. Pero no como quisieran los que le quieren lavar la cara. Lo recordaremos como el autor de una paz asesina”, indicó el exfuncionario en la red social.

El exconcejal de Cali Juan Martín Bravo también criticó el evento que el presidente Petro tendría planeado realizar en la ciudad. En una corta publicación en X afirmó que su gestión para atender las principales necesidades de la capital no fue favorable.

“¿Despedir? No hizo nada por Cali. Pronto cesará la horrible noche para Colombia. ¡Chao Petro!”, señaló el exfuncionario.

El mercado de fichajes del fútbol colombiano comienza a tomar forma y los clubes ya empiezan a definir sus movimientos de cara al segundo semestre de la temporada. Aunque la atención mundial estará centrada en la Copa del Mundo 2026, un evento que podría reducir el ritmo habitual de las negociaciones tanto en Colombia como en otras ligas, los equipos ya trabajan en la conformación de sus planteles para afrontar la Liga BetPlay 2026-II.

Durante los últimos días se han conocido las primeras novedades oficiales y rumores alrededor de salidas, renovaciones, llegadas de jugadores y cambios en los cuerpos técnicos. Los clubes buscan ajustar sus nóminas con el objetivo de competir por el título, mejorar sus campañas anteriores o reforzar posiciones específicas antes del inicio del nuevo campeonato.

Uno de los puntos clave de este periodo de transferencias será el calendario establecido por la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor). Para el segundo semestre del año, el registro e inscripción de jugadores estará habilitado desde el 13 de julio hasta el 10 de agosto. Después de esa fecha, los equipos no podrán realizar nuevas inscripciones ni concretar movimientos que impliquen la llegada de futbolistas al torneo.

A pesar de que está previsto que la Liga BetPlay 2026-II inicie el viernes 24 de julio, los clubes tendrán la posibilidad de seguir inscribiendo jugadores durante las primeras jornadas del campeonato, una situación que se ha convertido en algo habitual dentro del fútbol colombiano. Esto permitirá que algunos equipos puedan cerrar negociaciones incluso con el torneo ya iniciado.

Con este panorama, las próximas semanas serán determinantes para conocer cómo se moverán los principales equipos del país. Las salidas de referentes, las apuestas por nuevos jugadores y la continuidad o cambio de entrenadores marcarán una ventana de transferencias que promete tener varios protagonistas antes del cierre definitivo del mercado.

Deportivo Cali

Bajas: Julián Quiñones, el experimentado defensor central de 36 años no continuará en el equipo y es agente libre. Los dos jugadores que estaban en condición de préstamo y que culminan el próximo 30 de junio tampoco continuarán, se trata de Yani Quintero que regresará al Deportes Quindío, y Michael Aponzá, que retornará a Boca Juniors de Cali. Así mismo, el arquero Alejandro Rodríguez estará en búsqueda de más minutos y regularidad, por lo que no continuaría en Deportivo Cali. Ya fue ofrecido a Millonarios, que está buscando arquero.

Altas: por ahora, ninguna confirmada oficialmente. Sin embargo, se conoce del interés de Deportivo Cali por el lateral izquierdo Kalazan Suárez, de Inter de Bogotá. Así mismo, continúan las negociaciones para la renovación del contrato de Avilés Hurtado y Fabián Viafara, cuyos vínculos contractuales finalizan el próximo 30 de junio. El club ya les habría hecho una oferta por seis meses más.

Independiente Santa Fe

Bajas: Jhon Meléndez estaría cerca de cerrar su llegada a Águilas Doradas, de acuerdo con el medio de comunicación especializado en Independiente Santa Fe, Pacto Cardenal.

Altas: La prensa ecuatoriana reportó un interés de Independiente Santa Fe por el delantero colombiano Jeison Medina, actualmente en Liga de Quito, sin inicio de negociaciones, por ahora. Así mismo, tendría interés en Federico Spada como director deportivo, tras su salida del Deportivo Independiente Medellín, según reportó el periodista Felipe Sierra, y por Daniel Londoño, el central que actualmente está en el equipo antioqueño. El equipo cardenal también estaría interesado en el retorno de Kevin Mantilla, actualmente en el equipo “Poderoso” y en la continuidad de Kilian Toscano, mediocampista que pertenece en Atlético Nacional y tiene contrato en condición de préstamo hasta el próximo 30 de junio.

Junior de Barranquilla:

Bajas: El plantel campeón tendría dos salidas importantes de cara al segundo semestre. Yimmi Chará, uno de los referentes y capitanes del equipo, no continuaría con la institución, tal como había adelantado este medio semanas atrás, pese a que todavía tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026. Además, Carlos Bacca termina su vínculo contractual y todo apunta a que no habrá una renovación por parte del club.

Altas: La principal novedad está en el banquillo. Alfredo Arias seguirá como entrenador del equipo, luego de que la institución hiciera oficial la continuidad del técnico uruguayo por al menos una temporada más.

El excontralor de Cali, Pedro Antonio Ordóñez, resultó herido tras ser víctima de un atentado ocurrido en las últimas horas, en el occidente de la capital del Valle del Cauca.

Información preliminar indica que Ordóñez recibió un impacto de bala en el hombro y fue trasladado de inmediato a una clínica local, donde permanece bajo intervención quirúrgica. Las autoridades locales confirmaron que el exfuncionario se encuentra fuera de peligro y su recuperación avanza de manera favorable.

De acuerdo con el primer informe médico, conocido por el periodista Aldemar Domiguez, Ordóñez se encuentra fuera de peligro. Unidades de la Policía iniciaron operativos en la zona para identificar y capturar al responsable del ataque.

Pedro Ordóñez fue contralor de Cali durante el período 2022-2025, y el ataque sicarial llevó a las autoridades a ofrecer una recompensa de hasta 20 millones de pesos para esclarecer el caso, según informó la Administración distrital de Cali.

Hasta el momento, no se han registrado capturas ni se han informado hipótesis sobre el hecho, que ocurrió en medio de un contexto de preocupación por la seguridad de líderes políticos y servidores públicos en el Valle del Cauca.

En las últimas semanas, el asesinato de la presidenta del Concejo de Obando, Mileidy Villada, y las amenazas a concejales de Cali han encendido las alertas sobre los riesgos que enfrentan los dirigentes regionales, de acuerdo con la información comunicada por el medio El País de Cali.

Cabildantes de la ciudad han solicitado mayores medidas de protección tras denunciar amenazas y un presunto plan para atentar contra la sede del Concejo.

Más de 100 estructuras criminales y 83 pandillas alimentan la violencia homicida en Cali, reveló comandante de la Policía

La ola de homicidios en Cali tiene como telón de fondo la presencia de al menos 109 grupos de delincuencia común organizada y cerca de 83 pandillas que involucran a más de mil jóvenes, según reveló el comandante de la Policía Metropolitana, general Herbert Benavidez.

La ciudad ya supera los 479 homicidios en lo que va del año, de acuerdo con el análisis difundido por el medio.

“El 72% de los homicidios en Cali están relacionados con acciones sicariales. Además, cerca del 50% de las personas asesinadas tenían antecedentes o anotaciones judiciales. Esto demuestra que gran parte de los casos corresponden a confrontaciones entre estructuras criminales por el control de rentas ilícitas”, explicó Benavidez en una entrevista concedida a Semana.

El comandante detalló que “tenemos identificados cerca de 120 grupos de delincuencia común organizada en el área metropolitana y de esos, 109 están en Cali. Son estructuras que se organizan y se concertan para realizar acciones criminales buscando una hegemonía sobre las rentas ilegales”. Entre las actividades ilícitas señaladas por Benavidez figuran el narcotráfico, la extorsión y el préstamo ilegal conocido como “gota a gota”.

La proliferación de pandillas juveniles representa otro desafío para la ciudad. “Hemos caracterizado alrededor de 83 grupos de pandillismo, conformados por más de mil jóvenes. Como Estado tenemos un gran reto porque muchos de ellos terminan siendo instrumentalizados por las estructuras delincuenciales e inician una carrera criminal que termina fortaleciendo estas organizaciones”, advirtió.

La cercanía geográfica con regiones de presencia de grupos armados ilegales, como Cauca y Nariño, incide en el panorama de seguridad local. “Hemos identificado que muchos grupos armados organizados instrumentalizan bandas locales mediante una especie de outsourcing criminal”, indicó Benavidez en la entrevista.

El funcionario también alertó sobre la facilidad con la que los capturados recuperan su libertad: “Tenemos un incremento del 14% en capturas este año y también hemos fortalecido los procedimientos por porte ilegal de armas. Sin embargo, el 60% de las personas capturadas por este delito recuperan la libertad a las 36 horas”, afirmó.

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Metropolitana Santiago de Cali, la agresora fue capturada después de lanzar a una guarda del sistema hacia el carril exclusivo en la estación Buitrera, en el sur de Cali, precisamente en el momento en el que los buses se encontraban en circulación.

El brutal acto de violencia quedó registrado en video y desató la indignación de la comunidad a través de las redes sociales, debido a que la mujer puso en riesgo la vida de la trabajadora y no mostró ningún tipo de arrepentimiento por hacerlo.

En la tarde del jueves, las autoridades confirmaron que la agresora quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por las lesiones ocasionadas a la trabajadora.

Reporte oficial de la Policía de Cali

A través de un comunicado, las autoridades informaron que una mujer de 25 años fue capturada en flagrancia por lesiones personales tras agredir y empujar a una guarda de seguridad del sistema MIO en Cali.

De acuerdo con la información recopilada por los uniformados y el señalamiento directo de la víctima, la discusión comenzó cuando la guarda exigió los requisitos para el ingreso de un canino: uso de bozal y presentación del carné de vacunación.

La Policía indicó que la usuaria golpeó en el rostro a la funcionaria y luego la empujó desde la plataforma hacia la vía exclusiva del articulado. El caso elevó a cinco las capturas registradas en lo corrido de 2026 por agresiones a guardas de seguridad en distintas estaciones de la ciudad, de acuerdo con la misma institución.

De acuerdo con lo informado por medios locales como El País, la ciudadana que resultó afectada por este episodio fue trasladada a un centro asistencial, en el que recibió varios días de incapacidad por los traumatismos.

Cabe mencionar que el artículo 146 del Código Nacional de la Policía Nacional contempla multas de $216.474 a $1.731.792, equivalentes a 4 a 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, para agresiones en sistemas de transporte.

Del mismo modo, se estima que las autoridades podrían imputar delitos en contra de la señalada responsable por la violencia contra servidor público, lesiones personales y hasta tentativa de homicidio, por lo que se está a la espera de los avances en el proceso judicial.

Alerta por casos de violencia dentro y fuera del sistema de transporte en Cali

El cuerpo de una persona fue hallado el lunes 25 de mayo de 2026 dentro de un costal abandonado cerca de una estación del MIO en el barrio La Rivera, en el norte de Cali, tras el aviso de residentes que detectaron un olor fuerte en la vía pública.

La Policía atribuyó el contexto de estos hechos a disputas criminales: “Vemos esa ola de violencia que se da en el marco de lo que tiene que ver con ajustes de cuentas entre estos grupos criminales, que aprovechan los fines de semana... De esos homicidios, el 46% de las víctimas tenían precisamente registros o anotaciones judiciales”, afirmó a Blu Radio el general Herbert Benavides, comandante de la Policía de Cali.

Según información preliminar, el hallazgo ocurrió en un separador vial de la calle 70, entre las carreras 1J y 1H, en inmediaciones de la estación del MIO del sector. Los transeúntes alertaron a las autoridades al notar el costal en ese punto.

Al lugar llegaron unidades de la Policía Metropolitana de Cali y personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía para acordonar la zona y realizar la inspección. El cadáver fue trasladado a Medicina Legal para exámenes forenses que permitan establecer la identidad y la causa de muerte.

Las autoridades indicaron que este sería el segundo caso de un cadáver encontrado en condiciones similares en menos de dos semanas en la ciudad. Las autoridades se encuentran analizando versiones preliminares sin confirmación oficial que señalan que el costal pudo haber sido abandonado por desconocidos que se movilizaban en un vehículo.

El hecho fue registrado en video durante la tarde del martes 9 de junio de 2026 y aunque no dejó personas heridas, provocó daños materiales y requirió la movilización de los equipos técnicos locales.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que el conductor dejó el automóvil estacionado en la mitad de una angosta pendiente inclinada. Momentos después, luego de que otro vehículo pasó por el lado del estacionado, este último comenzó a moverse cuesta abajo y se desplazó hasta impactar contra la estructura de la casa, para quedar atrapado en una estrecha zanja.

De no ser por la variación inesperada de unos centímetros en el recorrido del automóvil debida a las condiciones de la vía, una motocicleta que circulaba por el sector habría sido impactada por el automóvil que estaba ganando velocidad y las consecuencias habrían sido trágicas.

El operativo para remover el vehículo requirió la intervención de técnicos que lograron retirar el vehículo tras horas de trabajo, de acuerdo los videos que se divulgaron en redes sociales en los que se ven operadores técnicos retirando el vehículo con un brazo de grúa, durante la noche de esa jornada.

La principal hipótesis es que el vehículo parqueado tuvo una falla mecánica en sus frenos y cuando pasó el otro automotor tan cerca, el roce pudo causar el rodamiento.

En redes, los usuarios no perdonaron el hecho y escribieron comentarios para dejar sus impresiones del incidente: “Es obvio que el carro que estaba subiendo lo golpeó”; “Tiene que ser uno muy hp de irresponsable para dejar un carro en esa loma, obstaculizando el paso y sin las medidas normales de seguridad, freno de emergencia, caja engranada en primera, dirección hacia el andén más cercano, en este caso el del conductor. En vista de la hijuemadre loma, ponerle una roca, un taco, alguna pendejada que pudiera servir como cuña”; “Mal parqueado, pero se volvió normal en Cali no respetar la propiedad privada y los carros y las motos te golpean y siguen como si nada”.

Una grieta vial está causando accidentes en Cali

La presencia de una grieta en plena calle 27, en el barrio caleño Villa del Sur, está generando preocupación entre los habitantes de la zona debido a la frecuencia de accidentes viales en ese tramo.

De acuerdo con información del diario caleño El País, los residentes insisten en la urgencia de una intervención oficial para prevenir nuevas situaciones de riesgo.

Los vecinos de Villa del Sur han reportado que la situación persiste desde hace tiempo y que, pese a los llamados realizados, no se ha llevado a cabo una solución definitiva en la vía. Algunos residentes afirman que los accidentes se presentan con frecuencia y que varias personas han resultado afectadas.

La inquietud se incrementa porque la grieta, aunque a simple vista no parece representar un peligro mayor, estaría contribuyendo a los siniestros, principalmente entre conductores y motociclistas.

Ante los reclamos de la comunidad, el medio consultó a la Secretaría de Infraestructura de Cali para conocer el estado del tramo y las acciones previstas. Desde la entidad señalaron que, tras recibir el reporte, un equipo técnico visitó la zona y determinó que la afectación corresponde a una separación de juntas entre losas de concreto, una condición que puede derivar del desgaste natural del pavimento.

La respuesta institucional fue que el punto será incluido en la programación de mantenimiento vial y que el Grupo Operativo realizará labores para atender la situación.

La difusión de un video que muestra a dos estudiantes enfrentándose a golpes encendió las alarmas en la comunidad educativa del INEM Jorge Isaacs de Cali y motivó la apertura de una investigación interna. Las imágenes, que circularon ampliamente en redes sociales, volvieron a poner sobre la mesa la preocupación por el aumento de las riñas entre alumnos dentro y fuera de la institución.

Directivos del colegio confirmaron que el caso ya es analizado por el comité de convivencia escolar, mientras la Secretaría de Educación Distrital anunció que la situación será discutida en una reunión con las directivas del plantel. Según información publicada por Blu Radio, el episodio no sería un hecho aislado, sino parte de una problemática que viene siendo reportada desde hace varios meses.

Líderes comunitarios y vecinos del sector aseguran que las confrontaciones involucran principalmente a estudiantes mujeres y que algunas de estas peleas son organizadas previamente para ser observadas por otros jóvenes. La situación ha generado inquietud entre residentes y padres de familia debido a la frecuencia con la que estarían ocurriendo estos enfrentamientos.

El caso más reciente quedó registrado en un video en el que aparecen dos adolescentes con uniforme escolar agrediéndose físicamente mientras son observadas y alentadas por otros estudiantes. Según versiones conocidas por la comunidad, incluso algunos padres de familia habrían estado involucrados en situaciones relacionadas con estos conflictos.

La institución educativa está ubicada en el norte de Cali y es considerada uno de los colegios más representativos de la ciudad. Por esa razón, los hechos han generado una amplia reacción tanto dentro como fuera de la comunidad académica.

Vecinos denuncian aumento de enfrentamientos entre estudiantes

Habitantes de los alrededores del colegio aseguran que las riñas se han convertido en una situación recurrente y que varios de los enfrentamientos ocurren en espacios públicos cercanos a la institución.

De acuerdo con Johan Sebastián Guerrero, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Calima, los puntos donde más frecuentemente se presentan estos episodios son los alrededores de la carrera Quinta con calle 62 y el teatrino ubicado en el parque central del sector.

“Se ven sobre los alrededores de la carrera Quinta con 62, o se acumula en el teatrino del parque central del barrio para hacer la redonda y pelear. La mayoría de los casos han sido niñas entre los 14 y 15 años, entre séptimo y octavo en adelante”, explicó Guerrero, citado por Blu Radio.

Los residentes también aseguran que la situación se ha incrementado desde que dejó de existir presencia permanente de la Policía Comunitaria en la zona. Según su percepción, esa ausencia habría reducido la capacidad de prevención frente a este tipo de conflictos juveniles.

La preocupación no solo involucra a los estudiantes del INEM, sino también a jóvenes de otras instituciones educativas cercanas que comparten espacios comunes en el sector.

Piden acciones para frenar la violencia escolar

Líderes comunitarios sostienen que las medidas implementadas hasta ahora no han sido suficientes para contener el problema. Por ello, están solicitando nuevas estrategias pedagógicas y de acompañamiento que permitan reducir las confrontaciones entre estudiantes.

“Siempre se citan para tener estas confrontaciones entre jóvenes por sus diferencias o muchas veces por querer agradar a sus compañeros. Aunque se han tenido charlas, se ha hablado con el rector, se han tenido otras situaciones en las cuales se ha tratado de apoyar con la Policía, no ha sido posible acabar con esa situación”, afirmó Carlos Peláez, líder de la zona.

Según los vecinos, el impacto de estas riñas trasciende el ámbito escolar y termina afectando la convivencia en sectores residenciales cercanos, donde con frecuencia se reúnen grupos de estudiantes antes o después de la jornada académica.

Blu Radio informó que intentó obtener una versión del rector de la institución, aunque hasta el momento de la publicación no se había recibido respuesta. Sin embargo, sí se conoció un comunicado oficial en el que el colegio confirmó que los hechos están siendo investigados por los mecanismos internos de convivencia.

Mientras avanzan las indagaciones, la Secretaría de Educación Distrital analizará el caso junto con las directivas del plantel para evaluar posibles medidas que permitan prevenir nuevos episodios de violencia entre estudiantes y fortalecer los procesos de convivencia escolar.

La desarticulación del grupo criminal Nueva Generación dejó bajo custodia a varios de sus principales cabecillas luego de una serie de redadas simultáneas realizadas esta semana en Cali y Bogotá.

El operativo, dirigido por la Policía Metropolitana de Cali y coordinado por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), resultó en la captura de figuras acusadas de extorsión agravada y delitos relacionados con el narcotráfico, así como en la incautación de dinero, armas de fuego y pruebas para la investigación, según informó El Tiempo.

Durante la operación, las autoridades ejecutaron cinco órdenes de captura en simultáneo y notificaron una imputación adicional a un recluso dentro de un centro carcelario.

Las personas aprehendidas eran señaladas por delitos de extorsión agravada, concierto para delinquir y participación en una estructura criminal dedicada también al cobro de deudas derivadas de cargamentos incautados de cocaína.

La expansión de Nueva Generación

Las investigaciones de la Policía Nacional obtenidas por el medio citado indican que Nueva Generación operaba desde hacía aproximadamente tres años.

Aunque su mayor presencia se concentraba en Cali y su área metropolitana, el grupo avanzaba hacia otras ciudades capitales como Bogotá, Neiva y Barranquilla. La organización contaba con el respaldo de figuras como alias Martín Bala, vinculado al narcotráfico, y coordinaba parte de sus acciones desde el interior de prisiones a través de enlaces identificados como alias Fénix y Granada.

En el operativo, fue capturado alias Diego, señalado por las autoridades como el cabecilla financiero del grupo.

Durante su detención, se le incautaron una suma de $11.000.000 en efectivo y un revólver calibre .38.

Además, alias Garú fue aprehendido en Bogotá, tras haberse desplazado desde Cali el año anterior para evadir una orden de captura vigente por extorsión y concierto para delinquir.

Por su parte, alias El Sobri fue localizado en un sector de Cali, donde buscaba evitar la acción policial.

Las autoridades señalaron que este último tiene vínculos familiares directos con personas afines al narcotráfico transnacional.

El modus operandi de la banda se enfocaba en identificar víctimas particulares, principalmente testaferros de personas capturadas o extraditadas, así como el cobro de deudas pendientes por cargamentos de cocaína incautados.

El control de rentas criminales reforzaba su dominio en actividades ilícitas. Para exigir pagos, el grupo empleaba llamadas de amenaza, distribución de panfletos intimidatorios y el envío de arreglos florales fúnebres marcados con los nombres de conocidos capos como “Palustre”, “Chocolate” y “La H”.

Sus integrantes usaban vehículos de alta gama, se presentaban como miembros de las ‘Oficinas Unidas del Valle’ y simulaban operar desde supuestas oficinas de cobro para dificultar la reacción de las víctimas y las autoridades.

Durante los registros judiciales, la policía incautó 10 teléfonos celulares presuntamente empleados para coordinar extorsiones, junto a un arma de fuego y una suma relevante de dinero en efectivo.

Entre los hallazgos destacaron 300 marquillas de empaque de cocaína con la inscripción “El zar” utilizadas, según las autoridades, para facilitar la trazabilidad de los lotes de estupefacientes en el tráfico internacional.

La Policía Nacional declaró a El Tiempo que el material confiscado prueba el nexo entre la banda y organizaciones delictivas de alcance global y que el operativo apunta a afectar sus finanzas ilícitas.

La disputa por el microtráfico en el centro de Cali impulsa una seguidilla de crímenes selectivos

Desde el 15 de marzo del 2026, la reorganización de La Inmaculada y la disputa por el microtráfico en el centro de Cali quedaron en el centro de la investigación de una seguidilla de homicidios selectivos, desapariciones y decapitaciones ocurridas en las últimas semanas, hechos que organismos de investigación vinculan con una pugna interna por el control de corredores de distribución en sectores como el Bulevar del Río, la Calle de la Salsa y el entorno del CAM, según fuentes citadas por El País de Cali.

Esa confrontación se concentra en tres puntos que, por su cercanía, forman un corredor de distribución: San Vicente, detrás del Centro Administrativo Municipal y el sector conocido como El Cenicero, ubicado junto a la Secretaría de Seguridad y Justicia, de acuerdo con el informe citado por El País de Cali.

El documento sostiene que esa franja ha intensificado la competencia entre grupos criminales por las rutas del narcomenudeo en la ciudad.

La llegada de integrantes de La Inmaculada a Cali respondió a acuerdos con Andrés Felipe Flórez, alias Chinga Pipe, y con el grupo de Martín Bala para consolidar el dominio de la zona central, según las mismas fuentes citadas por El País de Cali.

Esa alianza se enfrenta a otras estructuras que buscan controlar áreas del centro, entre ellas el Bulevar del Río, el parque El Triángulo y las inmediaciones del CAM.

Uno de los episodios recientes atribuidos a esa confrontación fue el asesinato de Carlos Alberto Delgado Palomino, alias Cajón, ocurrido el 3 de marzo en el barrio Centenario tras salir de un banco.

Según El País de Cali, Delgado Palomino había asumido el liderazgo de La Inmaculada después de la extradición de alias Pipe Tuluá, hecho que abrió nuevas disputas internas y reacomodos entre estructuras criminales.

Ryan Castro confirmó que su gira SENDÉ sumará dos estadios en Colombia y adelantó que “no vamos a fallar”, al anunciar la apertura de boletería para sus fechas en Cali y Bucaramanga, con preventa desde el 10 de junio.

El cantante urbano nacido en Bello, Antioquia, hizo el anuncio tras una presentación popular en el barrio Obrero de la capital del Valle del Cauca.

En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, el artista contó el contexto del anuncio y la difusión de las fechas: “AWOO!! Ayer con doña Bertha tomándome una lulada y dándole la primicia de las últimas fechas en Colombia”.

El propio Castro precisó el esquema de ventas y los horarios: “Preventa Fan: 10 de junio a las 10:00am (Pre registro a partir de hoy a las 12:00pm - link en la bio)”. También detalló la segunda etapa: “Venta Público General: 11 de junio a las 10:00am o antes si se agota preventa fan (sic)”.

La fecha de Cali quedó programada para el estadio Pascual Guerrero el sábado 22 de agosto de 2026, según el anuncio compartido por el artista, que también pidió seguir los canales de información: “Más información en @awooteam y @breakfast_live 🎫 Entradas en Tuboleta.com”.

En el mismo texto, Ryan Castro enmarcó el anuncio como el cierre de una serie de presentaciones y advirtió sobre la demanda de boletos: “Mañana salimos a venta con los últimos dos estadios de SENDÉ en Colombia, así que prepárense, avisados están, ya saben que pasó en las otras fechas”.

Información sobre la boletería

El regreso del Sende Tour de Ryan Castro a los escenarios colombianos tendrá lugar con dos conciertos de su gira The Last Dance, anunciados para el 22 de agosto en Cali y el 29 de agosto en Bucaramanga, según la información oficial de boletería difundida para ambas ciudades en las redes sociales del artista.

El público podrá elegir entre una amplia gama de localidades, que van desde palcos exclusivos hasta graderías numeradas y zonas generales de pie, con precios diferenciados para cada sector en ambos escenarios.

Para quienes buscan una experiencia cercana al escenario, los palcos VIP —identificados como “BA BA BAD”— serán los de mayor costo, mientras que las zonas generales ofrecen alternativas más accesibles.

La boletería para Cali, en el Estadio Pascual Guerrero, presenta precios para público general que oscilan entre 11.000.000 de pesos para los palcos VIP occidentales y orientales (primera fila), hasta 89.000 pesos para la localidad más económica (Norte - Ojalá).

Las localidades intermedias incluyen opciones como Preferencial Oriental Hopi Sendé costará 1.050.000 pesos, Oriental primer piso Ay mi papá desde 395.000pesos y Occidental segundo piso Bombastik con un precio de 224.000.

En Bucaramanga, el concierto tendrá lugar en el Estadio Américo Montanini. Allí, los precios generales varían desde los 9.000.000 de pesos en los palcos VIP occidentales y orientales (primera fila), hasta los 80.000 pesos en la localidad Sur Baja - La Villa.

Entre las opciones intermedias figuran Preferencial Oriental Hopi Sendé (1.020.000 pesos), Occidental Baja Bombastik (187.000 pesos) y Oriental Menos el Cora (148.000 pesos).

En ambos casos, los precios publicados no incluyen el valor del servicio. Además, los organizadores advierten que los valores pueden modificarse según la demanda y que existe un límite de diez boletas por transacción en palcos y otras localidades.

Quienes deseen asistir a cualquiera de las dos fechas deben tener en cuenta que la preventa fan propone precios preferenciales para varias localidades, con descuentos notables respecto a la venta general.

Sin embargo, para los palcos de primera fila, solo hay precio de público general disponible.

Los asistentes encontrarán acomodaciones tanto numeradas como de pie, dependiendo de la localidad elegida. Los sectores de palcos ofrecen sillas numeradas, mientras que varias zonas generales cuentan con espacios de pie o gradería numerada.

Recientemente, el paisa sorprendió a los caleños al presentarse en el barrio Obrero de Cali ante más de 10.000 personas que escucharon algunos de los éxitos musicales. Durante el evento el reguetonero interpretó el sencillo Lluvia, canción con la que rindió un homenaje a la esencia e identidad de Cali.

“Yo quiero que toda esta gente que vino hoy a parchar con Ryan Castro se prepare porque el 22 de agosto llenamos el Pascual... En estos días estaba haciendo música y de casualidad me llamó un maestro, un maestro que hace muy buena música, y me dijo que quería grabar conmigo, no se la he mostrado a nadie, pero quiero ponerla acá porque sé que les gusta la salsa", aseguró Castro desde la terraza.

La multitud llenó las calles del sector desde horas antes de las 8:00 p. m., cuando Castro apareció ante el público. Los asistentes llegaron con carteles y camisetas alusivas al artista, y respondieron a su aparición con una ovación que se escuchó a varias cuadras.

La aparición del paisa en el sector popular de la capital antioqueña formó parte de la estrategia Cali es donde debes estar, impulsada por la Secretaría de Turismo de la ciudad, con el objetivo de posicionar al barrio Obrero como destino de cultura, turismo y entretenimiento.

El repertorio urbano encendió la noche con Ojalá, Ba Ba Bad y Parte & Choke, coreados de principio a fin. En el evento también hizo presencia Karen Sevillano, que creció en el sector.

Los comentarios en redes sociales por la presentación del artista fueron de celebración: “Saque rápido ese estadio que todos estamos que nos bailamos desde ya”; “Nuestra ciudad se merece todo lo bonito como Ryan”, entre otros.

Ryan Castro dio nuevas pistas de nuevos conciertos en Colombia

La expectativa entre los seguidores de Ryan Castro en Colombia ha crecido tras la aparición de vallas publicitarias en Bucaramanga y Cali -teniendo en cuenta de su más reciente visita-, que sugieren la posibilidad de dos nuevos conciertos del artista en estas ciudades.

Las frases “Awoo. Ciudad Bonita” y “La sucursal del perreo”, vistas en espacios públicos, han sido interpretadas como señales directas, ya que “Awoo” es una marca del cantante y los apodos aluden a cada ciudad.

Aunque no existe confirmación oficial por parte de Ryan Castro ni de su equipo, la campaña de expectativa ha provocado una oleada de rumores en redes sociales y foros de fanáticos. Según las especulaciones, las fechas tentativas serían el 22 y el 29 de agosto, aunque aún no se conocen detalles sobre escenarios, boletería ni logística.

En los últimos días, la posibilidad de que Ryan Castro se presente en Bucaramanga y Cali ha generado debate entre sus seguidores, quienes asocian las vallas con la estrategia habitual del artista para anunciar fechas, mezclando pistas en redes sociales y campañas urbanas.

El intérprete de “Monastery” y “Jordan” ya agotó entradas en Bogotá y Medellín, por lo que la demanda por nuevas fechas es elevada.

Actualmente, el “Cantante del Guetto” recorre Estados Unidos con su gira “Sendé: The Last Dance Tour”, que incluye 16 conciertos en diversas ciudades de ese país. Sin embargo, la promesa de una “gran sorpresa” para el público colombiano durante su presentación en Bogotá mantiene la expectativa en torno a los posibles conciertos en el país.

Del mismo modo, el paisa se presentará en Bogotá el 31 de octubre de 2026 en un evento llamado Awooween que se llevará a cabo en el estadio El Campín.

El hecho terminó con un sospechoso abatido, otro prófugo y el decomiso de un auto robado que transportaba droga.

En la noche del lunes festivo 8 de junio, un operativo coordinado por el Gaula Militar del Valle, la Policía y la Fiscalía General de la Nación frustró la entrada de una cantidad considerable de clorhidrato de cocaína en la capital del Valle del Caica.

La intervención se produjo tras detectar un vehículo, con logos de una empresa comercial, que intentó eludir un control policial en una carretera del Valle del Cauca.

El vehículo fue requerido por los uniformados, pero sus ocupantes no acataron la orden de detenerse y emprendieron la huida. Durante la persecución, los sujetos abrieron fuego contra las autoridades, quienes respondieron en defensa propia. En el intercambio de disparos, uno de los tripulantes fue neutralizado, mientras que el otro logró escapar en motocicleta.

Las autoridades confirmaron que el automóvil involucrado había sido reportado como robado. Los equipos técnicos de investigación están trabajando para establecer la cantidad exacta de droga incautada, mientras se adelantan las diligencias judiciales correspondientes.

¿Qué dijeron las autoridades?

Desde la Tercera División del Ejército se detalló en un comunicado: “En un puesto de control instalado por Gaula Militar en el Valle del Cauca, en coordinación con Policía Nacional y la Fiscalía, en Cali, se frustró el ingreso de una importante cantidad de clorhidrato de cocaína a la ciudad. El estupefaciente era transportado en un vehículo que portaba emblemas de una empresa comercial”.

La reacción de los ocupantes fue inmediata. Ignoraron la señal de detención e intentaron escapar, “abriendo fuego contra los uniformados, mientras realizaban maniobras de evasión”, puntualizó el reporte oficial.

El comunicado de l ainstitución destacó la actuación defensiva de la Fuerza Pública: “Ante la agresión armada, los miembros de la Fuerza Pública reaccionaron en legítima defensa y repelieron el ataque, neutralizando a uno de los ocupantes del vehículo. El segundo sospechoso logró escapar a bordo de una motocicleta”.

La situación quedó bajo control y, con el apoyo de las autoridades competentes, “se iniciaron los actos urgentes y las investigaciones preliminares”. Entre los primeros hallazgos, se estableció que el vehículo usado en la operación había sido reportado como hurtado y se adelantan “procedimientos técnicos para determinar la cantidad del estupefaciente”.

Actualmente, la investigación sigue en curso para establecer la cantidad de estupefaciente transportado y dar con el paradero del sospechoso fugitivo. Las autoridades judiciales y de seguridad trabajan de manera articulada para esclarecer los detalles.

El despliegue de las tropas en la capital vallecaucana continúa, como apuntó el Ejército, “adelantando acciones ofensivas de manera articulada con la Fuerza Pública y las autoridades judiciales” para prevenir nuevos hechos que pongan en riesgo la seguridad de los habitantes de Cali.

Ejército frustra el envío de 74.400 dosis de cocaína en Colombia

Más de 74 kilogramos de pasta base de coca quedaron fuera de circulación tras una operación realizada en el sur del departamento del Huila. El hallazgo se produjo en la vereda El Cedro, corregimiento de Bruselas, donde tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 27 Magdalena, en conjunto con la Policía Nacional, detuvieron dos vehículos con compartimentos ocultos.

Los uniformados, tras labores de inteligencia, identificaron los automotores sospechosos y procedieron a su inspección. La pesquisa reveló que la droga se encontraba oculta en los tanques de combustible y los guardabarros, distribuida en 49 recipientes de color beige y 28 paquetes envueltos en cinta negra. El decomiso incluyó no solo la sustancia ilícita, sino también dos vehículos y cuatro teléfonos celulares que, según indicios, servían para coordinar el transporte de los estupefacientes.

La operación permitió la captura de cuatro personas, entre ellas tres mujeres y un hombre, quienes fueron puestas a disposición de las autoridades por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Este procedimiento responde a la estrategia de las autoridades para combatir el narcotráfico en corredores considerados estratégicos de la región.

Según inteligencia militar, la carga pertenecería al grupo armado organizado residual Estructura Teófilo Forero, comisión de finanzas Óscar Mondragón. Se presume que el objetivo era financiar actividades criminales a través de recursos obtenidos con la venta de narcóticos.

La incautación de los 74,4 kilogramos de pasta base de coca representa una doble afectación para la organización vinculada: por un lado, se impide la circulación de aproximadamente 74.400 dosis de cocaína en el mercado ilegal y, por otro, se genera una pérdida económica estimada en 225 millones de pesos para la estructura criminal.

La Secretaría de Salud de Cali ordenó el cierre total e inmediato de un establecimiento de estética ubicado en el norte de la ciudad luego de detectar presuntas irregularidades relacionadas con la realización de procedimientos invasivos sin autorización.

La decisión fue adoptada tras una inspección motivada por una denuncia ciudadana que alertó sobre posibles incumplimientos a la normatividad sanitaria vigente.

Según información obtenida por El Espectador, durante la visita de verificación realizada por funcionarios de salud fueron encontrados medicamentos, equipos e insumos que estarían asociados a procedimientos de cirugía plástica invasiva, pese a que el establecimiento no estaba habilitado para prestar ese tipo de servicios médicos.

Las autoridades aseguraron que la evidencia encontrada permitió comprobar que en el lugar se desarrollaban actividades para las cuales no existía autorización sanitaria, situación que motivó la clausura inmediata del establecimiento mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

El operativo se desarrolló en el marco de las labores de inspección y vigilancia que adelanta la administración distrital para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos a clínicas, consultorios y centros especializados en procedimientos estéticos.

Hallaron insumos asociados a procedimientos invasivos

De acuerdo con el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, durante la inspección fueron encontrados elementos que evidenciarían la realización de intervenciones invasivas sin las habilitaciones requeridas por la legislación colombiana.

El funcionario explicó que la medida sanitaria fue adoptada luego de confirmar que el establecimiento no contaba con autorización para realizar procedimientos de cirugía plástica y, aun así, disponía de equipos y medicamentos relacionados con este tipo de intervenciones.

Las autoridades indicaron que todos los elementos encontrados quedaron bajo custodia mientras se adelantan las verificaciones técnicas necesarias para determinar el alcance de las actividades desarrolladas en el lugar.

Asimismo, se abrió un proceso administrativo sanitario que permitirá establecer posibles responsabilidades y determinar si existieron otras infracciones relacionadas con la prestación de servicios de salud sin los permisos correspondientes.

La Secretaría de Salud reiteró que cualquier establecimiento que ofrezca procedimientos médicos o estéticos debe cumplir estrictamente con los requisitos de habilitación, infraestructura, talento humano y seguridad exigidos por las autoridades sanitarias.

Casos recientes mantienen la alerta en el sector estético

La decisión se produce en medio de la preocupación que existe en distintas regiones del país por los riesgos asociados a procedimientos estéticos realizados en lugares no autorizados o por personas que carecen de las certificaciones requeridas.

Uno de los casos más recientes fue el de Yulixa Toloza, quien falleció después de someterse a una lipólisis láser en un establecimiento clandestino en Bogotá. A este hecho se sumó la muerte de Nayeli Larrahondo, quien presentó complicaciones durante un procedimiento estético realizado en Puerto Tejada, Cauca.

Estos casos han generado llamados de atención por parte de las autoridades sanitarias para que los ciudadanos verifiquen previamente la legalidad de los establecimientos donde planean realizarse procedimientos médicos o estéticos.

En Cali, los operativos de control se han intensificado durante los últimos meses con el propósito de identificar establecimientos que incumplan las normas y prevenir situaciones que puedan poner en riesgo la salud de los pacientes.

La Secretaría de Salud recordó que actualmente existen más de 129 instituciones registradas y autorizadas para realizar procedimientos de cirugía estética en la capital del Valle del Cauca.

Por esta razón, la entidad insistió en la importancia de que los ciudadanos consulten previamente la habilitación de los centros médicos y verifiquen que los profesionales encargados cuenten con las certificaciones y permisos exigidos por la ley antes de someterse a cualquier procedimiento.

Finalmente, las autoridades reiteraron que la prevención y la verificación de la información son herramientas fundamentales para evitar complicaciones médicas derivadas de procedimientos realizados en establecimientos clandestinos o sin controles adecuados.

La Policía Nacional reportó el lunes festivo 8 de junio que implementó una serie de operativos en Cali como parte del Plan Cazador, orientados al control de actividades ilegales y la verificación rigurosa de mercancías y vehículos en puntos estratégicos de la ciudad.

De acuerdo con la información oficial, el despliegue incluyó inspecciones y registros que permitieron identificar sustancias y productos químicos transportados sin la documentación exigida, así como la incautación de droga y la captura de varias personas por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y sustancias controladas.

Estrategia de control y hallazgos relevantes

Según la Policía Nacional, el Plan Cazador se ejecutó en diferentes sectores de Cali y permitió hallar frascos con una sustancia de interés investigativo y recipientes con productos químicos que no cumplían los requisitos legales de transporte.

Además, durante uno de los controles realizados en una vía de la ciudad, las autoridades interceptaron un vehículo que transportaba paquetes de una sustancia vegetal, la cual fue sometida a análisis judicial para determinar su composición exacta.

Los procedimientos se desarrollaron en el contexto de una serie de acciones focalizadas en puntos clave de la capital vallecaucana, con el propósito de identificar posibles actividades delictivas y afectar las redes de suministro ilegal.

En palabras del jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Cali, Carlos Vergara, “se impusieron 263 órdenes de comparendo por distintas infracciones al Código Nacional de Tránsito. Asimismo, se logró evidenciar pruebas de alcoholemia, resultando positivas 8 personas”.

Incautaciones: ketamina y sustancias químicas

Entre los resultados más destacados, la Policía Nacional detalló el hallazgo de 18 frascos de ketamina de 100 mililitros cada uno, ocultos al interior de una encomienda, durante labores de verificación de mercancías. El caso fue puesto en conocimiento de la autoridad competente, que deberá investigar el origen, el destino y el posible uso de la sustancia incautada.

En otro procedimiento, los uniformados capturaron a una persona señalada de incurrir en el delito de tráfico de sustancias destinadas al procesamiento de narcóticos. Durante el operativo, fueron incautados cerca de cientos de litros de hidróxido de sodio, además de un automóvil que, según las autoridades, era utilizado para el transporte del material. Tanto el capturado como los elementos decomisados quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

Operativos en corredores viales y barrios

Otro de los operativos se realizó sobre la avenida Bicentenario, en el corredor vial que conecta a Jamundí con Cali. Allí, la Policía capturó a un hombre por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El conductor intentó evadir una señal de Pare en un puesto de prevención, lo que desencadenó un seguimiento controlado y la posterior inspección del vehículo. Durante la revisión, los agentes encontraron una maleta con 25 paquetes de una sustancia vegetal, similar a la marihuana ‘tipo cripy’. Junto a la droga, las autoridades incautaron el vehículo involucrado.

En el barrio San Luis, ubicado en el nororiente de Cali, se produjo otra captura. Una persona transportaba 20 recipientes con aproximadamente 400 litros de hidróxido de sodio y no presentó la documentación necesaria para acreditar la legalidad del traslado. Por esta razón, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con los elementos incautados.

Balance vial: infracciones y control durante el puente festivo

Paralelamente a los operativos del Plan Cazador, las autoridades de tránsito de Cali mantuvieron vigilancia especial en el puente festivo, con el objetivo de prevenir siniestros viales y promover la seguridad de conductores y peatones.

Según reportó la Secretaría de Movilidad de Cali, entre el viernes 5 y el sábado 6 de junio se detectaron 17 conductores bajo efectos del alcohol, que fueron retirados de circulación tras la respectiva prueba y sanción.

Además, se impusieron más de 1.000 comparendos por diversas infracciones, como estacionar en lugares prohibidos, carecer de documentos al día o incumplir condiciones técnicas de los vehículos.

El balance preliminar incluyó también la inmovilización de 49 vehículos y la atención de 112 accidentes en distintos sectores de la ciudad durante los primeros días del puente festivo.

Las autoridades insistieron en la importancia de adoptar conductas responsables, especialmente durante jornadas con mayor movilidad, y recomendaron a los ciudadanos planear sus desplazamientos, evitar la conducción bajo los efectos del alcohol y utilizar servicios de transporte público o designar conductores responsables.

La Fiscalía General de la Nación lo acusa de haber promovido el uso de explosivos y mercurio, lo que provocó graves daños a los cuerpos de agua y a la biodiversidad de esta área protegida.

Investigación y captura

Según informó la Fiscalía General de la Nación, la captura y judicialización de Acosta Yandi forman parte de una estrategia interinstitucional orientada a frenar la minería ilegal en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali.

El ente acusador detalló que el procesado, conocido como alias Guatín, habría dirigido la extracción clandestina de oro entre 2016 y abril de 2023 en los socavones denominados Patequeso y La Martínez” ubicados en el sector Minas del Socorro, sin títulos mineros ni licencias ambientales.

En las audiencias preliminares, la Fiscalía expuso que Acosta Yandi incentivó la utilización de explosivos y materiales tóxicos, como el mercurio, en el proceso de extracción. De acuerdo con la acusación, esta práctica generó afectaciones al agua, al suelo, a la flora y a la fauna del parque. “Hay afectación al ecosistema altoandino, deterioro de hábitats naturales y presencia de mercurio en cuerpos de agua”, señaló el fiscal del caso.

Cargos y proceso judicial

Por estos hechos, Acosta Yandi fue imputado por los delitos de explotación ilícita de yacimientos mineros, daño en los recursos naturales y ecocidio, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero e hidrocarburos e invasión de área de especial importancia ecológica.

Durante la diligencia judicial, el procesado aceptó los cargos y, en consecuencia, una juez de control de garantías ordenó su detención en establecimiento carcelario, informó la Fiscalía General de la Nación.

El ente investigador aportó pruebas que vinculan a Acosta Yandi con la comercialización clandestina del oro extraído en Cali, así como en los municipios de Suárez y Santander de Quilichao (Cauca). Las autoridades sostienen que la actividad minera ilegal no solo infringió la normatividad ambiental y minera vigente, sino que también puso en riesgo la salud de las comunidades y la estabilidad de los ecosistemas del suroccidente colombiano.

Impacto ambiental y respuesta institucional

La presencia de mercurio y otros tóxicos en los cuerpos de agua del parque es motivo de alarma para las autoridades y la población circundante. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la contaminación por mercurio altera la calidad del agua y representa un riesgo para la vida silvestre y para quienes dependen de estos recursos hídricos.

En abril de 2026, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, anunció un plan de choque para enfrentar la minería ilegal en los Farallones, tras el llamado de las comunidades del corregimiento La Leonera.

El plan contempla recorridos de reconocimiento, cierres técnicos de minas ilegales y la presencia permanente de Fuerzas Militares y la Policía Nacional, con el apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca.

Como parte de la estrategia, se priorizarán acciones de remediación ambiental y vigilancia epidemiológica para detectar posibles afectaciones en la salud de la población. Además, se activó una mesa de diálogo con las comunidades y se aprobaron recursos por más de $271.000 millones para proyectos de restauración en ecosistemas estratégicos.

Estrategias de control y participación comunitaria

La ofensiva institucional contra la minería ilegal en los Farallones de Cali incluye la coordinación entre la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y autoridades regionales.

Durante la Segunda Mesa Extraordinaria del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales (Conaldef), se acordó mantener canales de comunicación con la comunidad de La Leonera y fortalecer la cooperación con organismos internacionales, como parte de un esfuerzo sostenido para frenar la degradación ambiental y proteger la biodiversidad.

Las autoridades reiteran que la minería ilegal constituye una amenaza directa para los ecosistemas, las fuentes hídricas y la biodiversidad de los Farallones de Cali.

La Policía Metropolitana de Cali y la Fiscalía General de la Nación reportaron el domingo 7 de junio la captura de siete personas, presuntamente vinculadas a homicidios y actividades criminales en la capital del Valle del Cauca.

Entre los detenidos figuran dos de los criminales más buscados de la ciudad. Los operativos se desarrollaron en las comunas 19 y 20 de Cali y se extendieron hasta Bogotá. De acuerdo con las autoridades, los procedimientos estuvieron dirigidos contra estructuras delincuenciales y oficinas de cobro responsables de hechos violentos en diferentes sectores de Cali.

En dos diligencias de registro y allanamiento realizadas en las comunas 19 y 20, la Policía logró la captura de cinco personas, entre ellas alias Yomar y alias Guisao, a los que señalan de integrar el Grupo de Delincuencia Común Organizada (Gdco) Las Palmas. Ambos figuran como presuntos responsables de dos homicidios cometidos en 2026.

El primer caso corresponde al asesinato de Jhonatan Palacios González, de 21 años, perpetrado el 19 de febrero en el barrio Lleras Camargo. Con base en la investigación, la víctima fue atacada con arma de fuego mientras realizaba una compra en un establecimiento comercial. Las autoridades concluyeron que el crimen se habría originado por conflictos previos en el sector.

El segundo hecho esclarecido ocurrió el 30 de marzo en San Fernando Viejo, donde fue asesinado Steven Smith Becerra Castro, de 41 años. La víctima recibió múltiples heridas con armas cortopunzantes por parte de varios sujetos que se movilizaban en motocicleta. La principal hipótesis apunta a una retaliación derivada de disputas recientes entre Becerra Castro y sus agresores.

Durante estos procedimientos, otras tres personas fueron capturadas en flagrancia y se incautaron cinco armas de fuego —dos revólveres y tres pistolas— así como aproximadamente 190 gramos de base de coca.

Dos de los más buscados entre los detenidos

Uno de los capturados fue alias Mico, incluido en el cartel de los más buscados de Cali desde 2023. Según la Policía, el individuo modificó su apariencia física en varias ocasiones para eludir los controles de las autoridades y utilizaba una empresa de préstamos llamada Préstamos Mundial como fachada para actividades extorsivas en las comunas 13 y 17.

Las autoridades lo señalan como presunto determinador del homicidio de otro actor criminal conocido como alias Vegeta, ocurrido en enero en el barrio Bochalema. El prontuario de “Mico” incluye una condena previa de diez años de prisión, una investigación por desaparición forzada y una tentativa de homicidio contra un patrullero en 2022.

Por otra parte, en un operativo realizado en Bogotá se concretó la captura de alias Curramba, extranjero también incluido en el cartel de los más buscados de Cali. Las investigaciones lo vinculan con el homicidio de un hombre conocido como alias Dormilón, ocurrido el 20 de julio de 2025 en el oriente de la ciudad.

De acuerdo con el expediente judicial, el crimen estaría relacionado con disputas por rentas derivadas del tráfico de estupefacientes. Tras la captura de “Curramba”, la Policía anunció que se completa el proceso de judicialización de los presuntos autores materiales involucrados en este caso.

Aumento de la violencia y nuevos casos en Cali

Estos operativos se dan en un contexto de aumento de homicidios en Cali durante el año en curso. Con base en datos de la Policía Metropolitana, mayo se convirtió en el mes más violento de 2026, con 105 asesinatos reportados, cifra superior a la registrada en enero (97), febrero (70), marzo (102) y abril (85).

En paralelo, en el norte de la ciudad, la Policía investiga el homicidio de Maritza Sánchez Fernández, mujer de 76 años atacada con arma blanca dentro de su residencia en el sector de Chipichape.

La víctima fue trasladada con vida a un centro asistencial, pero falleció a causa de la gravedad de las heridas. Las primeras indagaciones apuntan a un posible vínculo familiar con el agresor, quien es buscado por las autoridades.

La crisis en la atención de pacientes afiliados a Nueva EPS volvió a trasladarse a las calles de Cali. Un grupo de madres cuidadoras se concentró frente a la sede de la Superintendencia Nacional de Salud para reclamar el cumplimiento de compromisos previamente adquiridos y exigir respuestas concretas que permitan garantizar la continuidad de los tratamientos médicos de sus familiares.

La manifestación corresponde al plantón número once realizado por estas familias, quienes aseguran que las dificultades en la prestación de servicios continúan afectando a cientos de usuarios, especialmente a personas con enfermedades huérfanas, discapacidades y patologías de alta complejidad.

Según las voceras del movimiento, actualmente representan a 192 pacientes que enfrentan diferentes barreras para acceder a servicios médicos esenciales. De ese total, afirman que únicamente 32 casos han recibido algún tipo de respuesta preliminar por parte de la EPS, mientras que el resto continúa esperando soluciones.

De acuerdo con información entregada a Blu Radio por Erika Franco, representante de las madres cuidadoras, muchos pacientes permanecen sin acceso a elementos indispensables para sus tratamientos, situación que estaría deteriorando de manera significativa su calidad de vida.

La líder explicó que existen usuarios que aún no reciben medicamentos, suplementos alimenticios, insumos médicos y ayudas técnicas necesarias para su movilidad y rehabilitación. Entre las necesidades más frecuentes mencionó la falta de sillas de ruedas y otros dispositivos ortopédicos que, en algunos casos, llevan cerca de un año pendientes de entrega.

Denuncian cierres de servicios y dificultades en la atención

Las familias también expresaron preocupación por la reducción de la oferta de servicios de salud en Cali para los afiliados de Nueva EPS. Según las denuncias presentadas durante la protesta, varias instituciones habrían suspendido o limitado la atención a estos pacientes.

Entre los casos señalados se encuentran prestadores de servicios domiciliarios y algunas instituciones médicas que anteriormente atendían a los afiliados. Las madres cuidadoras sostienen que estas restricciones han generado mayores dificultades para acceder a consultas, terapias, procedimientos especializados y tratamientos permanentes.

La situación resulta especialmente delicada para pacientes con enfermedades oncológicas, patologías huérfanas y condiciones crónicas que requieren controles médicos permanentes y continuidad terapéutica.

Según explicó a Blu Radio César Revelo, defensor del Paciente en Cali, desde la Secretaría Distrital de Salud se han identificado barreras persistentes en la atención, además de dificultades relacionadas con servicios complementarios como el transporte para los usuarios.

De acuerdo con el funcionario, algunos pacientes han perdido citas médicas debido a la falta de apoyo logístico necesario para desplazarse hasta los centros asistenciales donde reciben atención especializada.

Aumentan las quejas contra Nueva EPS

Las autoridades sanitarias también señalaron que existe un incremento en los reclamos presentados por usuarios durante el presente año. Revelo indicó que los prestadores de servicios han reportado dificultades administrativas y problemas relacionados con pagos, factores que estarían impactando directamente la prestación de los servicios.

Según los datos expuestos durante la jornada de protesta, las quejas registradas contra Nueva EPS en Cali han aumentado más de un 20 % frente al mismo periodo de 2025.

El defensor del Paciente precisó además que la entidad se ubica actualmente entre las EPS con mayor número de reclamaciones presentadas por los usuarios en la ciudad. De acuerdo con las cifras suministradas, durante lo corrido del año ya se han reportado más de 1.500 quejas relacionadas con diferentes aspectos de la atención.

Las madres cuidadoras solicitaron una reunión directa con Jorge Iván Ospina, agente interventor de Nueva EPS, con el propósito de encontrar soluciones que permitan restablecer los tratamientos pendientes y garantizar la continuidad de los servicios.

Las manifestantes sostienen que la falta de respuestas oportunas ha tenido consecuencias graves para varios pacientes y aseguran que algunas personas con enfermedades complejas habrían fallecido mientras esperaban autorizaciones, procedimientos o respuestas administrativas.

Por ahora, las familias anunciaron que continuarán realizando acciones de protesta y seguimiento institucional hasta obtener garantías para la atención integral de los pacientes que representan y para quienes dependen diariamente de los servicios de salud prestados por la entidad.

De esta forma, Cali se sumaría a Bogotá y Barranquilla como la tercera ciudad en las cuales la Federación Colombiana de Fútbol tendrían sedes deportivas para los entrenamientos, procesos de microciclos o preparaciones a competencias de todas las selecciones, tanto masculina como femenina.

La futura sede estaría ubicada en El Hormiguero, corregimiento del suroriente de Cali. El complejo incluiría canchas naturales y sintéticas, gimnasio, zona de hospedaje, áreas médicas y espacios de recuperación para que diferentes selecciones nacionales puedan entrenar, concentrarse y completar allí su preparación.

La respuesta central al anuncio es esta: si el proyecto se concreta con las características divulgadas, Cali pasará a integrar la estructura permanente de trabajo de la Selección Colombia junto con las sedes que la FCF ya operan a nivel nacional. Esa ampliación le daría al Valle del Cauca un lugar más fuerte dentro del mapa deportivo de la federación y el fútbol colombiano.

La nueva sede en Cali se sumaría a las de Bogotá y Barranquilla: estas son las historias

Es importante recordar que, la sede de Bogotá fue inaugurada en 2013 y cuenta con canchas, hotel, restaurante, sala de prensa, auditorio, servicios médicos, gimnasio y camerinos. La sede de selecciones en Barranquilla fue inaugurada en 2021, también según la federación.

El complejo se desarrollará en un terreno de más de 68.000 metros cuadrados, con canchas de medida reglamentaria FIFA de césped natural y artificial.

La instalación proyectada en Cali no estaría pensada solo para prácticas en cancha. El diseño contempla un centro integral con hospedaje, gimnasio, servicios médicos y zonas de recuperación para selecciones masculinas, femeninas y juveniles.

Ese alcance permitiría desarrollar microciclos, concentraciones y procesos completos de preparación en una misma ciudad. También ordenaría el trabajo de categorías de formación y de cuerpos técnicos al contar con infraestructura estable destinada al alto rendimiento.

El proyecto fue difundido en video, pero aún no tiene cronograma oficial

El anuncio se hizo el 5 de junio de 2026, en el Corregimiento El Hormiguero, vía Cascajal, ubicado en el Suroccidente de Cali, con la presentación del video que muestra imágenes proyectadas del complejo. Hasta ahora no se conoce un comunicado oficial indexado de la Federación Colombiana de Fútbol con el monto de la inversión, la fecha de inicio de obra, el cronograma de construcción o la fecha estimada de entrega.

La ubicación en El Hormiguero aparece como un dato central del proyecto por el peso histórico del Valle del Cauca en la formación de futbolistas colombianos. Además Cali ofrece un clima distinto al de Bogotá y cercanía con varios municipios futboleros, condiciones que podrían servir para preparar competencias en escenarios diversos.

La iniciativa surge mientras la Tricolor se prepara para competir en el Mundial. De esta forma, la nueva sede en Cali aparece como una apuesta de la federación por fortalecer su infraestructura y ampliar la presencia territorial de la Selección Colombia.

La obra convertiría a la capital vallecaucana en una nueva base operativa para varios procesos nacionales tanto a nivel juvenil como en la parte del fútbol femenino. Lo que todavía falta es la información oficial sobre inversión, tiempos de ejecución y fecha de entrega por parte de la Federación Colombiana de Fútbol.

Así se jugarán los partidos del grupo K del Mundial 2026

Fecha 1

• 17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).
• 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

• 23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).
• 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

• 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).
• 27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).

La Personería de Cali emitió un comunicado en el que pidió justicia y resultados inmediatos en la investigación por el asesinato de dos adolescentes, una menor de 16 años y un joven de 17, que fueron atacados a tiros dentro de un establecimiento de comidas rápidas del barrio Saavedra Galindo, ubicado en la capital del Valle del Cauca.

El caso agrava la percepción de violencia contra menores en la ciudad, debido a que se han registrado 34 homicidios de niños y adolescentes entre el 1 de enero y el 30 de mayo, de acuerdo con cifras presentadas por el Observatorio de Seguridad de Cali.

Sobre el doble homicidio que tiene en alerta a la población, se sabe que ocurrió en la calle 32 con carrera 17C, en el oriente de la ciudad. Según las autoridades, los dos adolescentes estaban en el local cuando fueron sorprendidos por hombres armados que ingresaron, dispararon varias veces y no se detuvieron hasta verlos tendidos en el suelo.

Del mismo modo, se indicó que las víctimas recibieron múltiples impactos de bala en distintas partes del cuerpo y murieron en el lugar por la gravedad de las heridas. Tras el ataque, los responsables huyeron y la Policía desplegó un plan candado para ubicarlos y capturarlos.

Ante la gravedad del caso, se pronunció el teniente coronel César Rodríguez, comandante del Distrito Dos de Policía La Rivera, que explicó que los agresores se desplazaban en motocicleta.

“Fallecieron dos personas con armas de fuego, donde los agresores se movilizaban en una motocicleta, esto hace a que se active una burbuja de inteligencia para lograr dar con la captura de los responsables”, dijo Rodríguez en declaraciones compartidas por Blu Radio.

Los habitantes de Saavedra Galindo, en la comuna 8 de Cali, lamentan el brutal ataque, que sembró temor entre los ciudadanos que estaban en el sitio y los residentes del sector que expresaron su preocupación por la seguridad de los jóvenes.

A causa del llamado de la sociedad, la Policía Metropolitana de Cali confirmó que el caso quedó bajo investigación para establecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.

En el pronunciamiento del personero distrital de Santiago de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, no solo se rechazó el hecho y se reclamaron medidas concretas de protección para la niñez y la adolescencia, sino que se recordó que la ciudad se ha visto afectada históricamente por la violencia: “Hoy Cali vuelve a despertar con una noticia dolorosa e indignante”.

Mendoza añadió lo siguiente: “Dos menores de edad más que se convierten en víctimas de una violencia absurda que no puede seguir arrebatándole el futuro a nuestra ciudad”.

La Personería exigió acciones reales para proteger a niños y adolescentes

Desde la entidad se envió un enfático mensaje en contra de los actos de violencia: “La Personería Distrital de Santiago de Cali rechaza y condena contundentemente estos hechos. Nuestros jóvenes no pueden seguir creciendo entre el miedo, las balas y la indiferencia”.

El personero exigió a las autoridades “resultados inmediatos, justicia y acciones reales para proteger la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes”. En el mismo pronunciamiento, insistió en que “Cali no puede acostumbrarse a perder a sus jóvenes”.

Por ahora, la Policía y Fiscalía General de la Nación se encuentran investigando si se trató de una retaliación en contra de los jóvenes o una equivocación, pues en varias oportunidades se han conocido casos en los que los sicarios terminan asesinando a inocentes.

Sin embargo, estas son solo hipótesis que serán confirmadas o descartadas conforme avance el proceso judicial para encontrar a los autores materiales e intelectuales del hecho que dejó dos nuevas víctimas mortales.

El 28 de mayo se encontró el cuerpo sin vida de Jenniffer Estrella Guevara Córdoba, madre de una niña de 12 años, en una zona verde del sur de Cali. Guevara había sido reportada como desaparecida el 27 de mayo de 2026.

Según el Observatorio para la Equidad de las Mujeres (OEM), la Universidad Icesi, la Policía Metropolitana de Santiago de Cali y la Fundación WWB Colombia, este caso ocurre como parte de un aumento en la violencia de género en la ciudad.

El cuerpo de Guevara Córdoba fue hallado en una zona verde del barrio El Lido, con heridas de arma blanca en el pecho.

Las autoridades revisaron las cámaras de seguridad de la zona y recolectaron testimonios para identificar a los responsables del crimen. La noticia de la muerte de Jenniffer Estrella Guevara Córdoba, madre de una menor, impulsó nuevas denuncias por hechos similares contra mujeres en Cali.

El general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, informó que se desarrollan labores de vecindario y análisis de imágenes para avanzar en la investigación. Familiares y usuarios en redes sociales difundieron la desaparición de Guevara y solicitaron colaboración para su localización.

Yesenia Guevara, hermana de la víctima, declaró a El Tiempo que la última vez que tuvieron noticias de Jenniffer fue el 27 de mayo, cuando salió a trabajar como vendedora independiente de desayunos en el barrio El Guabal. “Ella salió a trabajar y no regresó. Acá tratamos de ubicarla. Trabajaba en el barrio El Guabal. Era trabajadora independiente. Vendía desayunos”, relató.

Las diligencias judiciales y el testimonio de la familia apuntan a que Jenniffer pudo haber intentado defenderse de su agresor y que el ataque habría ocurrido durante una riña.

De acuerdo con los indicios recopilados, el traslado del cuerpo de Jenniffer Estrella Guevara Córdoba habría sido realizado por una sola persona.

Investigadores citados por El Tiempo señalaron que, si hubieran participado más involucrados, el método utilizado habría sido distinto. “De haber tenido ayuda, el cuerpo no habría sido empujado entre la vegetación, sino cargado”, indicó una fuente cercana a la investigación.

Yesenia Guevara reiteró ante los medios que no conocía sobre intimidaciones previas contra Jenniffer, “no sabemos nada, no sabemos de amenaza”. La hermana de la víctima hizo estas declaraciones tras el sepelio, realizado el 31 de mayo en el cementerio Jardines de la Aurora.

El caso de Guevara Córdoba ocurrió luego de que el Observatorio para la Equidad de las Mujeres informara que, durante el primer semestre de 2026, los homicidios de mujeres subieron un 11,5 %. Las denuncias por violencia intrafamiliar y delitos sexuales registraron su nivel más alto en la última década, con mujeres como víctimas en el 73% de los casos.

El otro caso de una mujer desaparecida hallada muerta

A este caso se suma el de Marcela Gómez Sepúlveda, de 26 años, reportada como desaparecida el 21 de mayo y encontrada sin vida días después. Según Semana, fue hallada en un costal abandonado en un separador vial frente a la estación La Rivera del sistema MÍO, en el nororiente de Cali.

De acuerdo con información preliminar de las autoridaes, “el costal habría sido arrojado por varios hombres que se movilizaban en un vehículo”. El cuerpo fue encontrado por trabajadores de limpieza, quienes alertaron a la policía. Las investigaciones se concentran en identificar el vehículo y a los presuntos implicados.

Ambas víctimas tenían en común la desaparición previa y signos de violencia. Esta situación ha dado visibilidad a patrones de violencia que mantienen en alerta a la ciudadanía y a las autoridades, como subrayan ambos medios.

Reacción institucional y social ante los feminicidios en Cali

La Personería Distrital de Cali, bajo la dirección de Gerardo Mendoza, expresó su inquietud ante los casos y pidió, según Semana, que las autoridades judiciales realicen investigaciones “exhaustivas con enfoque de género”.

Mendoza enfatizó que estos hechos no deben analizarse por separado y advirtió que representan una alerta sobre la violencia que sigue afectando a mujeres en la ciudad.

“En menos de una semana se han conocido dos casos de profunda preocupación ciudadana, como los de Jennifer Guevara y Marcela Gómez Sepúlveda. Exigimos investigaciones rigurosas con enfoque de género”, indicó Gerardo Mendoza, personero de Cali.

La Policía Metropolitana de Cali y los organismos de control han reiterado la importancia de fortalecer la prevención y la protección a víctimas de violencia contra la mujer. Organizaciones sociales y ciudadanos exigen más resultados en las investigaciones y acciones que eviten la impunidad ante este tipo de crímenes.

Una modalidad de secuestro selectivo inquieta a empresarios y personas de alto perfil económico en el Valle del Cauca.

La columna Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, usa engaños con supuestas transacciones comerciales para citar víctimas en Cali, interceptarlas en puntos de llegada y trasladarlas a la zona montañosa de Jamundí, según reveló Semana.

El esquema parte de contactos que pueden extenderse durante semanas por llamadas y WhatsApp.

Ejemplo de eso es el caso mencionado por el medio citado: un hombre de más de 60 años, de nacionalidad colombobritánica, que luego de llegar a Cali en abril del 2026, terminó siendo secuestrado por esta columna guerrillera.

Los captores simulan negociaciones con lenguaje y tiempos propios de una operación real, envían documentos de empresa y utilizan referencias verificables para hacer creíble la maniobra.

De acuerdo con fuentes consultadas por el medio citado, incluso han empleado números de NIT asociados a sociedades existentes y, en algunos casos, han realizado videoconferencias antes de concretar el encuentro.

“Le mandaron un contrato preliminar, una carta de intención con membrete y todo. Mi familiar no tenía razón para desconfiar. Era un negocio como muchos otros que había cerrado antes”, afirmó un familiar de uno de los perfiles secuestrados por la estructura residual de las disidencias de las Farc.

La intercepción ocurre en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, o en la terminal de transportes de Cali, dos puntos con flujo de viajeros.

La operación, según testimonios recogidos por el medio, se ejecuta con rapidez para impedir que la víctima pida ayuda o alerte a familiares. Después, los secuestrados son llevados a áreas rurales y montañosas de Jamundí, donde el grupo mantiene corredores de movilidad y condiciones de terreno que dificultan la acción operativa de la fuerza pública.

Perfil de las víctimas y selección de objetivos

Los casos documentados describen un patrón: hombres entre 45 y 65 años vinculados a actividades con activos visibles o alto movimiento de capital, como construcción, minería, agroindustria y maquinaria pesada, entre otros rubros comerciales.

Varios residen en ciudades distintas de Cali o viajan sin redes locales de apoyo, lo que los vuelve más vulnerables a ser abordados en puntos de llegada sin que su ausencia sea detectada de inmediato.

Un defensor de derechos humanos declaró a Semana que la selección no es aleatoria y responde a información previa sobre ingresos, bienes y entorno familiar. Esa lógica de “perfilamiento” explica, según las fuentes consultadas, por qué los engaños se dirigen a personas con capacidad de pago y a quienes la promesa de un negocio concreto les resulta verosímil.

Exigencias económicas, negociación y liberación

Tras la retención, los familiares reciben exigencias de dinero que, según Semana, oscilan entre $200 y $800 millones, de acuerdo con el perfil económico atribuido a la víctima.

Las negociaciones suelen prolongarse y buscan presionar a las familias hasta que reúnan los montos exigidos, incluso mediante la venta de propiedades o la liquidación de activos.

En al menos dos de los casos reseñados, los familiares pagaron y las víctimas fueron liberadas en sectores rurales del sur del Valle del Cauca, sin acceso a comunicaciones y con instrucciones de no denunciar. El temor a represalias y la presión económica contribuyen a que numerosos episodios permanezcan fuera del conocimiento público y de los registros oficiales.

Una modalidad en aumento desde finales de 2025

Organizaciones y líderes sociales citados por Semana advirtieron que el fenómeno empezó a registrarse con más frecuencia desde finales de 2025, cuando aumentaron los reportes de empresarios contactados con ofertas comerciales que no se concretaron y que, en algunos casos, derivaron en amenazas o retenciones no denunciadas formalmente.

“Esto no es improvisado. Tienen información que solo se consigue con inteligencia previa: saben cuánto gana la persona, qué propiedades tiene, si tiene familia en el exterior. No están pescando al azar”, dijo uno de estos defensores de derechos humanos entrevistados por Semana.

Otro defensor de derechos humanos, entrevistado por el medio mencionado, explicó que: “Lo que estamos viendo es una mutación del secuestro tradicional. Ya no es el político de los años noventa ni el masivo de carretera. Es un secuestro de alto valor, quirúrgico, que usa las herramientas del mundo de los negocios para operar. Y eso lo hace mucho más difícil de prevenir”

En esa lectura, el secuestro selectivo opera como una fuente de financiación más discreta que la extorsión masiva, porque combina víctimas con mayor capacidad de pago y un incentivo fuerte al silencio.

El hallazgo del cuerpo de Marcela Gómez Sepúlveda dentro de un costal en Cali reactivó la alarma por la violencia contra las mujeres en la capital de Valle del Cauca. La joven, de 26 años, fue reportada como desaparecida el jueves 21 de mayo y fue hallada sin vida el lunes 25 de mayo de 2026 frente a la estación La Rivera del MIO.

De momento no se han reportado capturas ni hay una hipótesis esclarecida sobre el crimen, luego de que la mujer salió desde su residencia, ubicada en el barrio Los Álamos, pero nunca regresó.

En declaraciones a Bluradio, y luego de realizar el reconocimiento del cuerpo de su hija en las instalaciones de Medicina Legal en Cali, Giovanni Gómez Abadía contó qué fue lo último que le dijo Gómez a él, y como empezó el desespero que terminó con el lamentable descubrimiento.

“Me escribió como a las 10:50 de la noche (del jueves 21 de mayo) y me dijo que venía a dormir, que no le echara pasador a la puerta. Yo le dije que bueno, pero no llegó. El viernes en la mañana me asomé a la habitación de ella y tenía la puerta abierta, pero no me asusté porque pensé que se había quedado en otro lado. El sábado sí me preocupé y empezó la búsqueda”, expresó.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, trabajadores de aseo encontraron SU cuerpo en la calle 70, entre carreras 1J y 1H, frente a la estación del sistema de transporte masivo. El cadáver estaba envuelto en plástico negro y cartón dentro de un costal.

Los primeros indicios señalan que dos hombres abandonaron el costal la noche anterior y huyeron en un vehículo particular, y fueron los mismos operarios quienes alertaron a las autoridades cuando hicieron el hallazgo durante sus labores de la mañana.

Pero, según lo que el padre de Marcela señaló al mismo medio, ella no contaba con amenazas ni había recibido llamadas o mensajes que pudieran representar un peligro para su vida.

“Nosotros no sabemos qué fue lo que pasó porque ella no se perdía tantos días de la casa, y yo, por lo menos que sepa, ella tampoco tenía amenazas de muerte. Pero a la juventud, mucho cuidado con las drogas, a los sitios que frecuentan y con quién andan. La verdad, en el estado que fue encontrada mi hija es de un crimen”, añadió el papá de la víctima, que espera que las autoridades logren esclarecer en poco tiempo lo que sucedió, además de dar con los responsables del homicidio.

Racha de hechos violentos contra otras mujeres en Cali

Poco más de dos semanas atrás, el miércoles 13 de mayo de 2026 dos menores de edad fueron asesinadas por sicarios en el Bulevar del Oriente, un antecedente que incrementó la preocupación por la seguridad femenina en la capital del Valle del Cauca.

El asesinato de las dos jóvenes lo habría cometido un hombre que sería conocido de las víctimas y un cómplice en moto, y concentra la investigación de las autoridades en el barrio Marroquín I de Cali, donde la Policía recogió testimonios y elabora retratos para ubicar a los responsables y solicitar una orden de captura por el doble crimen, de acuerdo con lo que destacó El Tiempo.

El ataque ocurrió pasadas las 7:40 p. m. en el sector San Martín del distrito de Aguablanca, a pocos metros de una panadería del Bulevar del Oriente. Allí estaban reunidas cuatro mujeres, en su mayoría menores de edad, cuando los disparos alcanzaron a dos de ellas.

Las víctimas eran dos adolescentes afrodescendientes de 17 años, pertenecientes a las familias Rivas Quiñones y Olaya Esterilla, de acuerdo con el reporte que compartió la Policía Metropolitana de Cali, aunque existen versiones según las cuales una de ellas tendría 16 años.

Una de las jóvenes murió en el andén, de forma inmediata, y la otra quedó en la entrada de la panadería cuando intentó refugiarse dentro del establecimiento.

La principal pista apunta a un agresor que conocía a las víctimas

El mismo diario bogotano reportó que un hombre se acercó primero a hablar con las dos menores y, minutos después, regresó con otro sujeto que lo transportaba en una motocicleta.

Tras desenfundar un arma de fuego y cometer los dos asesinatos, ambos huyeron del lugar.

La principal hipótesis indica que quien disparó tenía un móvil concreto y conocía a las víctimas; además, se menciona un pleito entre vecinos y familias del mismo distrito de Aguablanca, y la familia Quiñones habría tenido rencillas en el pasado, según lo que pudo conocer el diario en diálogo con las autoridades caleñas.

Al final, se mencionó que el presunto asesino sería del mismo distrito de Aguablanca, motivo por el que la recolección de pruebas e información busca sustentar la solicitud para que un juez emita la orden de captura que esperan los familiares de las víctimas.

Otra mujer en Cali fue víctima de un ladrón

Una funcionaria de Parques Naturales de Colombia fue asesinada con un puñal durante un intento de robo en Cali, después de resistirse al asalto en un negocio familiar, según el relato de su hermana.

La víctima fue identificada como Loren Liseth Rosero, de 32 años.

El hecho ocurrió en el barrio Unión de Vivienda Popular, donde el atacante ingresó al establecimiento propiedad de la madre de Rosero, la observó y luego intentó robarla, de acuerdo con Daniela Mera.

“Mi hermana forcejó y el tipo con un arma cortopunzante le dio a mi hermana en el tórax”, señaló uno de las familiares de la víctima, identificado como Daniel Osorio Mera, en diálogo con Caracol Radio.

Mera afirmó que el agresor huyó del lugar en bicicleta y que su hermana no recibió atención a tiempo.

“Nos dejaron solos, mi familia se destruyó”, dijo el hermano de Liseth, y pidió a las autoridades que el caso no quede impune: “Hoy soy yo y mañana quién más. Pido encarecidamente que se haga justicia”.

En un comunicado, Parques Naturales de Colombia lamentó el fallecimiento de su funcionaria y destacó: “Recordamos su compromiso, su respeto por la naturaleza y su amor por la vida. Siempre brindaba una sonrisa y para todo tenía una respuesta amable”.

El crimen dejó huérfano a un niño de cinco años, y la familia evalúa con apoyo psicológico cómo informarle sobre la muerte de su madre.

La Policía Nacional desmanteló una armería clandestina en la ciudad de Cali que presuntamente surtía de armamento modificado a organizaciones delincuenciales activas en la capital del Valle del Cauca y en otros municipios del departamento.

Dos allanamientos simultáneos en los barrios Miraflores y Colseguros dejaron como resultado la incautación de un fusil tipo M-16 de fabricación estadounidense, cerca de 150 partes y componentes para armamento largo, 34 proveedores, maquinaria industrial para la modificación ilegal de armas y la captura de un hombre de 28 años en flagrancia.

Los operativos fueron adelantados por la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) en coordinación con la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos y la Fiscalía General de la Nación, tras labores de inteligencia y seguimiento aduanero que permitieron identificar los dos inmuebles como puntos clave de la red ilegal.

El arsenal de Miraflores

El primer procedimiento se ejecutó en una vivienda del barrio Miraflores, donde los uniformados hallaron el fusil M-16, junto a un volumen de piezas que confirma la escala de la operación: culatas, resortes, mecanismos de disparo y 34 proveedores para ese tipo de armamento largo. Dos equipos de comunicación completaban el material incautado.

Lo que convierte el hallazgo en algo más que un depósito de armas es la presencia de tornos y maquinaria industrial especializada para la adecuación y modificación ilegal de armamento. La Polfa estableció que el inmueble funcionaba como un laboratorio clandestino de ensamblaje, donde las piezas que llegaban fraccionadas desde el exterior eran convertidas en armas operativas listas para circular en el mercado ilegal.

Captura en flagrancia en Colseguros

De forma paralela, una segunda acción judicial en el barrio Colseguros derivó en la captura en flagrancia de un hombre de 28 años por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Al momento de la aprehensión, el detenido tenía en su poder una pistola, dos proveedores con munición y cuatro teléfonos celulares.

Las investigaciones preliminares apuntan a que este individuo estaba vinculado de forma directa con las operaciones de la armería ilegal identificada en Miraflores, lo que sugiere que ambos puntos formaban parte de una misma red de distribución de armamento hacia las estructuras criminales de la región.

Piezas ocultas en juguetes y electrodomésticos

Uno de los hallazgos más reveladores del operativo tiene que ver con la modalidad de ingreso del armamento al país. Según estableció la Polfa, los componentes llegaban al territorio nacional bajo la figura del tráfico postal o envíos urgentes (courier), fraccionados en distintos paquetes y camuflados en electrodomésticos, herramientas, equipos electrónicos de uso cotidiano e incluso juguetes, con el propósito de evadir los controles en terminales portuarias y aeroportuarias.

Una vez las piezas llegaban a su destino, eran reensambladas en instalaciones clandestinas como la intervenida en Miraflores. La fragmentación del envío es la clave del método: al distribuir el armamento en múltiples paquetes de apariencia inocente, las redes criminales reducen el riesgo de detección en cada punto de control aduanero.

Personas vulnerables, usadas como correos humanos

Las investigaciones también revelaron una práctica de reclutamiento que expone a civiles a consecuencias penales graves. Los actores criminales detrás de estas redes contactan a personas en condición de vulnerabilidad económica y les ofrecen pequeñas sumas de dinero a cambio de recibir los envíos internacionales en sus domicilios.

Quienes aceptan quedan expuestos a procesos judiciales por tráfico de armas, sin necesariamente conocer el contenido de las encomiendas que reciben. La Policía Nacional advirtió sobre esta práctica e hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie de forma confidencial cualquier actividad sospechosa a través de las líneas de atención habilitadas, con garantía de reserva absoluta.

Controles aduaneros en aumento

El operativo forma parte de una estrategia más amplia para golpear las cadenas de abastecimiento de las estructuras criminales del suroccidente colombiano. La Policía Nacional confirmó que intensificará los controles aduaneros en terminales de carga y ampliará los operativos de registro en la región, con el objetivo de neutralizar las redes dedicadas al contrabando y modificación ilegal de armas antes de que el material llegue a manos de los grupos generadores de violencia en Cali y el Valle del Cauca.

La comunidad de Cali vive una ola de repudio y dolor tras conocerse el hallazgo de una joven desaparecida dentro de un costal, en un hecho que activó la alarma sobre la violencia contra las mujeres en la ciudad.

Marcela Gómez Sepúlveda, de 26 años, fue identificada como la víctima cuyo cuerpo apareció en la mañana del lunes 25 de mayo, frente a la estación del MÍO La Rivera, en el norte de la capital de Valle del Cauca.

Un crimen que sacudió a Cali

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, el cuerpo de Marcela Gómez fue hallado por trabajadores de aseo en la calle 70, entre carreras 1J y 1H, envuelto en plástico negro y cartón dentro de un costal.

Los primeros indicios apuntan a que dos hombres abandonaron el costal la noche anterior y huyeron en un vehículo particular. Los trabajadores alertaron a las autoridades tras encontrar el cuerpo durante sus labores matutinas.

La joven había sido reportada como desaparecida desde el 21 de mayo, fecha en la que salió de su vivienda en el barrio Los Álamos, cerca de las 11:00 p. m. Desde entonces, familiares y allegados iniciaron una búsqueda intensa.

La confirmación de su identidad llegó luego del análisis de Medicina Legal, que destacó características físicas como el cabello rubio y el tamaño de los pies, datos que coincidieron con la denuncia interpuesta ante la Fiscalía.

La Personería de Cali exige justicia

La Personería de Cali expresó su “más enérgico rechazo y profunda consternación” por el crimen. Gerardo Mendoza, personero distrital, declaró: “Lamentamos profundamente este hecho que enluta a una familia caleña y genera indignación en toda la comunidad. Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento”.

De igual modo, el organismo hizo un llamado urgente a las autoridades para que avancen con celeridad y transparencia en las investigaciones, solicitando que se garantice verdad, justicia y reparación para las víctimas.

En palabras del personero, “la violencia contra las mujeres no puede ser normalizada ni tolerada”. Como Ministerio Público, continuaremos vigilantes para que este caso no quede en la impunidad y para que se brinden todas las garantías a las víctimas y sus familias”.

Hasta el momento, no se han realizado capturas ni se han esclarecido los móviles del crimen.

El panorama de la violencia en la ciudad

Es preciso mencionar que este hecho se suma a otros episodios recientes de violencia contra mujeres en la ciudad. El 13 de mayo, dos mujeres fueron asesinadas por sicarios en el Bulevar del Oriente, lo que incrementó la preocupación por la seguridad de las mujeres en Cali. Sobre este caso, Gerardo Mendoza manifestó su dolor y rechazo, señalando el impacto devastador que estos crímenes provocan en las familias y la comunidad.

“No podemos acostumbrarnos a que las mujeres sigan siendo víctimas de hechos tan crueles. Detrás de cada vida apagada hay sueños, hogares y personas que hoy lloran una ausencia irreparable”, enfatizó el personero. La autoridad insistió en la urgencia de una respuesta contundente por parte de las instituciones para frenar la violencia de género en la región.

El asesinato de Marcela Gómez Sepúlveda reavivó la conversación sobre la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y protección para mujeres en riesgo en Cali. La Personería Distrital destacó la importancia de garantizar la reparación integral para las víctimas y sus familias, y reiteró que la violencia de género representa una violación grave a los derechos humanos. El Ministerio Público anunció que se mantendrá vigilante y acompañará a los familiares de Marcela Gómez Sepúlveda durante el proceso judicial.

Un caso que se difundió a través de la cuenta de X de la Plataforma por los Animales ALTO llevó a que las autoridades de Cali se pronunciaran sobre un presunto episodio de maltrato animal que habría derivado en un homicidio y una captura.

Infobae Colombia corroboró con la oficina de prensa de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali que la publicación viral, que circuló desde hace un par de semanas, volvió a ser tendencia la mañana del jueves 28 de mayo de 2026.

“Tragedia en Cali: Hombre de la tercera edad asesinó con una escopeta a un sujeto que mató a su perrito”, inicia el mensaje por parte de la plataforma animalista.

Más adelante se detalló que los hechos se habrían presentado “en el sector del Jarillón de Desepaz, al oriente de Cali, donde una discusión originada por un acto de crueldad terminó en una tragedia fatal”.

De acuerdo con la versión preliminar que se reveló que el génesis de la presunta confrontación inició “cuando un joven agredió a un perro que pasaba por el lugar, lanzándole una piedra”.

“El animal reaccionó y se defendió. En medio de la furia, el joven tomó una roca de gran tamaño y golpeó al perrito. Minutos después, el propietario del perro, un hombre de 68 años que presenció lo ocurrido, confrontó al agresor del perrito La discusión escaló rápidamente y, según testigos, el joven sacó un arma cortopunzante para intimidarlo”, continua la reconstrucción de los hechos que, de acuerdo con lo que se informó a este medio por parte de las autoridades caleñas, resultó siendo una creación con inteligencia artificial (IA).

Minutos después, el propietario del perro, un hombre de 68 años que presenció lo ocurrido, confrontó al agresor del perrito La discusión escaló rápidamente y, según testigos, el joven sacó un arma cortopunzante para intimidarlo.

El supuesto desenlace fue el siguiente: “El adulto mayor se retiró del lugar, pero regresó poco después portando un arma de fuego. En medio del enfrentamiento, disparó en varias ocasiones contra el joven, quien murió en el sitio debido a la gravedad de las heridas”.

En Bogotá fue capturada una mujer por maltrato animal: quedó en video agrediendo a su mascota

La Policía Metropolitana de Bogotá brindó detalles acerca de la captura de una mujer de 27 años acusada de golpear y arrastrar a un perro en una vivienda de la localidad de Barrios Unidos.

Este nuevo caso de maltrato animal en la capital del país quedó registrado por cámaras de seguridad, y gracias a esto se recolectaron pruebas que llevaron al rescate del animal, su traslado a atención veterinaria especializada y la apertura de un proceso ante la Fiscalía General de la Nación por maltrato animal en contra de la aprehendida.

Según cifras de la Policía Nacional citadas por la concejal Diana Diago, en 2025 se reportaron 380 casos de maltrato animal, frente a 288 en 2024 y 229 en 2023. La cabildante afirmó que ese aumento equivale a 65,9% en los dos primeros años de la actual administración distrital y sostuvo que en la capital se registra en promedio un caso diario.

La agresión ocurrió el sábado 23 de mayo y días después se conoció por videos captados en los circuitos de seguridad de una residencia en Barrios Unidos.

Las imágenes muestran a la mujer sujetando al perro por el cuello, arrastrándolo varios metros y golpeándolo de forma repetida, mientras se escuchan los gritos de dolor del animal.

En otro momento del registro, la mujer lanzó al perro contra una pared. El animal intentó huir, pero fue alcanzado de nuevo y arrojado de un lado a otro dentro del área común de la vivienda.

El rescate se produjo tras la alerta de vecinos y una inspección con veterinarios

Los uniformados llegaron al lugar el martes 26 de mayo y, en un operativo coordinado, ingresaron con autorización al inmueble acompañados por veterinarios de la alcaldía local.

Durante la inspección, el personal encontró al perro con lesiones corporales visibles y señales de maltrato físico; así lo destacó en declaraciones a medios de comunicación el teniente coronel Favian Beltrán Moreno, comandante local de la Policía: “Según la valoración médica realizada por el profesional veterinario, el animal presenta golpes y afectaciones en una de sus extremidades posteriores”, aseveró el oficial de la Mebog.

La mujer quedó detenida y a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de maltrato animal, y el perro fue retirado del lugar para quedar bajo el cuidado de especialistas.

La Alcaldía de Cali iniciará denuncias judiciales por vandalismo a bienes públicos con grafitis políticos, tras una serie de intervenciones no autorizadas en diversos sectores de la ciudad.

El anuncio, realizado durante la primera Rendición de Cuentas de 2026, incluye sanciones económicas y procesos penales para quienes resulten responsables, según informó el secretario de Seguridad y Justicia, Javier Garcés.

Sanciones por grafitis y murales no autorizados

La administración distrital confirmó la aplicación de multas establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana para quienes pinten murales o inscriban mensajes en el espacio público sin autorización.

De acuerdo con el reporte presentado, la sanción para este tipo de hechos corresponde a la multa tipo 2, equivalente a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes. El inspector de Policía encargado determinará el monto final según los plazos de pago y los intereses respectivos.

El subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, Jorge Moreno, enfatizó que ninguna intervención sin permiso será tolerada. “Estos murales bajo los puentes son un espacio que nos corresponde a todos y, así como en una campaña específica están tratando de dejar sus mensajes, si fuera de cualquier otro tipo de campaña, estaríamos tomando la misma acción por parte de la autoridad distrital. Indiscutiblemente, tiene sanciones económicas y disciplinarias también”, declaró.

En el caso reciente del puente de la carrera Primera con calle 26, donde un grupo de jóvenes pintó la cifra 7.837 en alusión a víctimas de falsos positivos, la administración recolecta evidencia para individualizar a los responsables y enviar los reportes a la Policía y al Consejo Nacional Electoral.

Contexto y postura institucional frente al vandalismo

Durante la jornada de rendición de cuentas en el Bulevar de Oriente, Javier Garcés detalló que la infraestructura y bienes públicos de Cali fueron afectados por grafitis políticos impulsados por simpatizantes de diferentes movimientos.

El funcionario recalcó que estos actos deterioran el entorno urbano, afectan la convivencia y reducen la calidad del espacio público. La Secretaría de Seguridad y Justicia recopila informes técnicos y de costos para anexarlos a los procesos sancionatorios y cuantificar el daño causado.

El titular de la dependencia fue enfático: “Nadie está por encima de la norma”. Además, anunció que la administración distrital presentará denuncias penales por daño en bien ajeno, conforme al Artículo 265 del Código Penal, con agravantes por tratarse de bienes de uso público y los altos costos de restauración. La cuantificación de los gastos de limpieza y recuperación será trasladada a los responsables.

Asimismo, la Alcaldía de Cali exhortó a los movimientos políticos a utilizar mecanismos democráticos y de expresión ciudadana dentro de los límites legales, preservando el respeto por la infraestructura común.

Con base en la información entregada por la administración distrital, también se elevarán quejas ante los órganos de control por la posible participación de congresistas en la promoción de estas actividades.

Debate social y posturas frente a las intervenciones artísticas

Mientras la administración avanza en los procesos sancionatorios y judiciales, sectores sociales y políticos expresaron posiciones divergentes.

El representante a la Cámara, Alfredo Mondragón, defendió la intervención de jóvenes en los murales, argumentando que “aquí lo que hay es una capacidad de resistencia popular artística que no va a entrar nunca en la confrontación violenta que a ellos les interesa, sino a través de pinturas, de cantos. Esa es la situación de hoy”, en declaraciones recogidas por El País.

La controversia por los murales en espacios públicos mantiene el debate entre la protección del patrimonio, la libertad de expresión y la memoria histórica, mientras las autoridades insisten en el cumplimiento de las normas y el restablecimiento del orden en Cali.

El hecho ocurrió en horas de la mañana del 22 de mayo de 2026, cuando el automotor cayó a un río y quedó volcado, según informaron las autoridades locales.

Las primeras indagaciones señalan que el siniestro se produjo durante el trayecto habitual que cubría la ruta escolar. Los organismos de socorro acudieron al lugar para atender a los involucrados y verificar el estado de los pasajeros.

Actualmente, los equipos de investigación de tránsito realizan las verificaciones necesarias para determinar las causas que llevaron al vehículo a salirse de la vía y terminar en el cauce del río, como pueden ser mecanicas, o humanas debido a las maniobras de la víctima.

De acuerdo con las declaraciones de la Policía De Cali, entregadas a Infobae Colombia este es el informe inicical: “De manera muy preliminar, sí, se sabe que este vehículo tipo Jeep perdió el control. Parece ser una falla mecánica y cayó a ese río. El tema es de que llevaba unos niños. El conductor falleció”

Dos buses y tres taxis involucrados en un choque múltiple en Cali

Un accidente múltiple ocurrido en la noche del 6 de mayo, en el suroriente de Cali, involucró dos autobuses, tres taxis y un vehículo del sistema MIO. El siniestro dejó un saldo de siete personas heridas y obligó a la intervención de equipos de rescate hasta las primeras horas del siguiente día.

El hecho se registró en la intersección de la calle 36 con carrera 46, en el barrio Villa del Sur, con impacto directo también en el sector República de Israel.

La emergencia comenzó con el choque entre una buseta y un bus del sistema MIO, lo que provocó el vuelco de la buseta, que a su vez arrastró y dañó a tres taxis estacionados. Uno de los taxis quedó prácticamente aplastado bajo la buseta.

Entre los heridos se encuentran el conductor del MIO, una pasajera, el conductor de la buseta y cinco pasajeros de este último vehículo. Todos los lesionados fueron trasladados a centros asistenciales por ambulancias, presentando principalmente golpes y laceraciones.

El operativo de emergencia incluyó la participación de bomberos, personal de tránsito y paramédicos, quienes realizaron labores de rescate, estabilización y aseguramiento del área. Las autoridades reportaron daños materiales importantes, especialmente en la buseta y uno de los taxis, y también resultó afectado un poste de energía.

Las pruebas de alcoholemia a los conductores dieron resultado negativo. La investigación sobre las causas del accidente continúa, mientras la Secretaría de Movilidad pidió a la ciudadanía respetar los límites de velocidad y extremar precauciones en la vía.

La ocurrencia de estos accidentes en distintos puntos de Cali pone en evidencia los riesgos asociados a la circulación diaria de vehículos escolares y de transporte público. La respuesta coordinada de los organismos de socorro y de las autoridades de tránsito permitió la atención oportuna de los afectados y la implementación de medidas para restablecer la normalidad en las vías.

Las investigaciones en curso buscan esclarecer los factores que contribuyeron a ambos siniestros, mientras las entidades responsables insisten en la necesidad de fomentar una mayor conciencia vial y reforzar los controles para garantizar la seguridad de pasajeros y peatones.

La reiteración de estos hechos subraya la urgencia de revisar los protocolos de operación y la infraestructura vial en la ciudad, así como de mantener campañas orientadas a la prevención y el respeto por las normas de tránsito.

Infobae Colombia conoció que en Cali se radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en la que Wilson Javier Devia Pérez, representante legal de la organización sindical UT UNP, expuso presuntos actos de corrupción por parte de los vinculados al esquema de seguridad de María Isabel Chávez Giraldo.

El líder sindical afirma que los funcionarios y varios particulares incurrieron en conductas delictivas relacionadas con peculado por apropiación, peculado por uso y falsedad en documento público.

En los detalles del caso, se afirma que desde junio de 2022 Chávez Giraldo era protegida por la Unidad de Protección Nacional, que le otorgó un esquema completo que incluye un vehículo; sin embargo, el denunciante afirma que desde diciembre de 2024 la mujer está fuera del país, lo que tendría que haber sido notificado a la entidad.

Desde entonces, los dos escoltas de seguridad que debían proteger a Chávez han seguido cobrando cerca de 26 millones mensuales, lo que incluye sus salarios, viáticos y la facturación por el arriendo del automóvil, que no ha sido entregado a la unidad a pesar de la ausencia de la beneficiaria.

En la denuncia se afirmó que durante la ausencia de la mujer se ha registrado una valoración de riesgo con la que se reafirmó la asignación de la protección, pero esta fue realizada de manera virtual y sin ningún tipo de verificación presencial por parte de funcionarios de la UNP.

El líder sindical señaló la responsabilidad de Ana Jiménez Penagos, coordinadora de la UNP en Popayán, que le afirmó al denunciante que el esquema estaba protegiendo a los padres de la beneficiaria, pero estos fallecieron hace más de diez años.

Devia Pérez habría intentado contactarse con los escoltas, pero estos se presentaron a las oficinas de la entidad sin el vehículo asignado, sobre el que afirmaron que estaba siendo reparado; además, mencionaron que la protegida estaba en un resguardo indígena.

Para el líder social, este caso ha provocado un detrimento patrimonial de hasta mil millones de pesos, puesto que los salarios, viáticos y todo lo relacionado con la protección de la mujer se ha seguido pagando desde hace 17 meses sin que sea necesario.

A esta denuncia se suma el caso revelado por el mismo líder sindical, que acusa a Javier Eduardo Cáceres Valencia de mantener un esquema de seguridad en Villa del Rosario, Norte de Santander, a pesar de estar fuera del país en condición de asilo político. La información aportada por el denunciante sugiere que tanto Cáceres Valencia como María Isabel Chávez Giraldo participaron en operaciones de estafa a través de una fundación denominada Fevcol, dedicada a ofrecer refugio y residencia en el extranjero bajo la presunta condición de víctimas.

En el caso de Cáceres Valencia, el esquema de protección habría generado una facturación anual de más de 600 millones de pesos, incluyendo combustible, escoltas, viáticos de los mismos y el uso de vehículos blindados.

El denunciante, además de detallar los nombres y documentos de identidad de los presuntos implicados, incluyó a la funcionaria Jiménez Penagos por su posible papel en la supervisión y control de los esquemas de protección. El texto puntualiza que la funcionaria habría informado a los responsables del área de riesgos que los escoltas y el vehículo seguían asignados a los padres de la beneficiaria, a pesar de que estos no estaban vivos.

En el relato de los hechos, el denunciante sostiene que la información fue obtenida mediante canales sindicales y que la organización UT UNP busca que las autoridades adopten medidas para determinar la existencia de una apropiación indebida de recursos del Estado.

El bloqueo en los sectores de Zaragoza y Bendiciones, iniciado el 19 de mayo de 2026 por comunidades de minería artesanal, interrumpe el flujo de insumos hacia la industria avícola.

Más de 300 vehículos de carga dejan de circular cada día, lo que dificulta el abastecimiento de 16 millones de huevos y más de 900 toneladas de carne de pollo en el Valle del Cauca, región que concentra el 30% de la producción nacional de huevo y el 24% de pollo. La afectación repercute en millones de consumidores en el país y amenaza empleos y la economía regional.

Impacto inmediato de los bloqueos

Fenavi alertó que el cierre representa una amenaza urgente para toda la cadena avícola y la seguridad alimentaria del suroccidente. “Hoy se cumple el tercer día del cierre de la vía que conecta el puerto de Buenaventura con el suroccidente del país. Por esa carretera se mueven siete mil ochocientas toneladas de alimento diarias para el sector avícola en trescientas tractomulas”, afirmó el presidente ejecutivo de Fenavi, Gonzalo Moreno.

Moreno advirtió que cada hora de bloqueo agrava el represamiento de insumos y eleva el riesgo sanitario. El gremio insistió en que la interrupción prolongada del corredor podría derivar en una crisis de abastecimiento de proteína animal, por lo que urge restaurar el paso para proteger tanto a productores como a consumidores.

Producción avícola y su vulnerabilidad ante el bloqueo

La región afectada agrupa alrededor de 51 millones de aves, con lo que abastece al suroccidente y a otras zonas del país.

“El sector avícola colombiano es un pilar fundamental de la seguridad alimentaria del suroccidente colombiano. Los bloqueos en la vía a Buenaventura no solo afectan a los avicultores, sino a millones de familias colombianas que dependen del huevo y el pollo como su principal fuente de proteína”, agregó Gonzalo Moreno.

La detención del suministro de insumos amenaza toda la estructura productiva y puede provocar tanto desabastecimiento como alzas de precios.

Buenaventura, nodo estratégico del sector avícola

La carretera restringida depende del Puerto de Buenaventura, principal punto de entrada de materias primas para el sector avícola en el occidente. Según Fenavi, por esta terminal ingresan cada mes unas 234.000 toneladas de maíz, frijol soya y torta de soya, equivalentes a 7.800 toneladas diarias destinadas a plantas y granjas avícolas.

Cerca del 31% de los granos importados por Colombia transitan por Buenaventura, lo que lo consolida como eje logístico estratégico. Fenavi recordó que cualquier parálisis en este corredor afecta gravemente al suministro nacional de proteína animal y a la estabilidad de los mercados alimentarios.

Impacto económico y logístico para los productores

El bloqueo prolongado genera sobrecostos en logística y debilita la competitividad de los avicultores del suroccidente. De acuerdo con Fenavi, paralizaciones anteriores en Buenaventura ocasionaron costos de hasta USD50.000 diarios por buque fondeado y forzaron desvíos hacia puertos del Atlántico, lo que eleva aún más los fletes y dificulta la viabilidad del sector.

El gremio ya había advertido en febrero de 2026 sobre la pérdida continua de competitividad del puerto a raíz de interrupciones y sobrecostos crecientes. Cada hora de bloqueo, según Fenavi, incrementa los gastos adicionales y erosiona la sostenibilidad de los productores.

Llamado de Fenavi y alternativas para restaurar el tránsito

Fenavi reiteró su respeto por el derecho a la protesta social, pero rechazó el uso de bloqueos para manifestarse. “Hacemos un llamado urgente al Gobierno nacional y a los líderes de esta protesta para que se abran los canales de diálogo y se garantice el libre tránsito de carga en esta vía estratégica”, puntualizó el presidente ejecutivo del gremio.

Insistió en que restablecer el tráfico en la vía Buenaventura es crucial para evitar mayores pérdidas económicas y sociales.

“Se debe insistir en levantar esos bloqueos y que las vías de hecho no sean la constante”, subrayó Gonzalo Moreno al referirse al impacto sistémico sobre la región.

El incidente movilizó a bomberos y paramédicos hasta el lugar, donde varios trabajadores presentaron síntomas preocupantes.

Según informaron los equipos de socorro, algunos afectados sufrieron desmayos y dificultades para caminar, lo que requirió atención médica en el sitio.

El accidente químico se produjo cuando empleados del sector de lavandería manipulaban sustancias para el proceso de tintura.

A través de sus canales oficviales, los Bomberos de Cali informaron cerca de las 10:30 a. m. que: “a esta hora nuestras unidades atienden un incidente Hazmat por fuga de peróxido de Hidrógeno, con la afectación de varias personas por dificultad respiratoria, atendidos y valorados por personal paramédico de Bomberos Cali y apoyo de ambulancias de la red municipal”.

La entidad agregó que “10 personas a centros asistenciales por inhalación, personal de Bomberos realizando el control con personal de materiales peligrosos”.

¿Qué dijo la empresa responsable?

El gerente de la empresa, Julio Spataro, señaló que el origen del problema fue una reacción inesperada entre dos compuestos: “El químico es de un nuevo proveedor. Este hizo reacción con otro de los químicos. Arrancó la humareda, se metió el humo a la parte de la planta en donde están las operarias”, relató Spataro al diario regional El País.

Seis personas resultaron heridas tras inhalar la sustancia tóxica. Todas ellas recibieron atención inmediata y, de acuerdo con Spataro, su estado de salud mejoró rápidamente. “Presentaban mareos y una de ellas tenía vómito. Acabo de preguntar y todas ellas están recuperadas”, aseguró el gerente, transmitiendo tranquilidad sobre la evolución de los afectados.

Actualmente, las autoridades realizan labores de descontaminación dentro de la empresa. Según informaron responsables de la emergencia, este proceso podría extenderse entre 30 minutos y una hora, dependiendo de la concentración del químico en las instalaciones.

Las empresas aledañas también evacuaron a sus empleados, pero no se reportaron daños ni síntomas entre el personal externo al sitio afectado. Spataro lo confirmó al precisar que fuera de su propio grupo de trabajadores, “no hubo otros que sintieran los efectos de dichos químicos”.

Los hechos de esta jornada remiten a un accidente previo en la ciudad, ocurrido en julio del 2025. En esa ocasión, un incendio en el barrio Porvenir, dentro de un local comercial con productos químicos almacenados, dejó cuatro personas lesionadas.

Medidas para la población

Las autoridades colombianas y organismos de gestión del riesgo recomiendan seguir medidas estrictas de seguridad ante una fuga de peróxido de hidrógeno, por su alta reactividad y toxicidad. Estas son las recomendaciones principales extraídas de fichas de seguridad y protocolos nacionales:

• Evacuar la zona afectada, mantener alejadas a personas no capacitadas y ubicarse en sentido opuesto al viento.
• No permitir que el producto alcance desagües ni cuerpos de agua. Si ocurre contaminación ambiental, informar de inmediato a las autoridades correspondientes.
• Aislar la zona y evitar el contacto con materiales combustibles.

Recomendaciones en caso de exposición:

• Inhalación: Llevar a la persona al aire libre y mantenerla en posición que facilite la respiración. Si la respiración es dificultosa, usar oxígeno. Solicitar atención médica inmediata.
• Contacto con piel o ropa: Retirar toda la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua por al menos 10 minutos.
• Contacto con ojos: Enjuagar con agua durante mínimo 15 minutos, retirando lentes de contacto si es posible. Buscar atención médica.
• Ingestión: No provocar vómito. Enjuagar la boca. Buscar atención médica de inmediato.

Según la Secretaría de Movilidad de Cali, los sectores de Juanchito, Sameco y Menga presentan obstrucciones parciales, con especial énfasis en el corredor hacia el aeropuerto, donde el tránsito es irregular.

Los reportes oficiales advierten que el tránsito se mantiene interrumpido en corredores estratégicos, mientras vehículos vinculados al transporte público bloquean accesos y salidas. En especial, la zona del puente de Juanchito presenta dos bloqueos en la carrera 8 con calles 81 y 71, donde el paso está completamente cerrado.

La protesta del sector transportador se ha sentido con fuerza en el centro de la ciudad, donde cerca de 80 busetas y unos 20 camperos de empresas de buses de ladera permanecen estacionados desde las primeras horas de la jornada. Las autoridades confirmaron el cierre total del sector del CAM, en el corazón de Cali, abarcando desde la zona de la Torre de Cali.

El balance a las 10:30 a. m. de la Secretaría de Movilidad de Cali señala que la situación vial en la ciudad continúa alterada, con diferentes niveles de restricciones en puntos clave. Las autoridades informaron que en Menga, Sameco y la vía Cali-Palmira el tránsito solo es posible de forma intermitente, lo que genera retrasos y obliga a los conductores a buscar rutas alternativas.

En el sector de Juanchito, el bloqueo que originalmente se encontraba en la galería de Alfonso López fue trasladado hacia la intersección de la calle octava con carrera setenta. Esta reubicación ha permitido implementar un plan de desvíos, facilitando la circulación de vehículos en la zona, de acuerdo con el reporte oficial.

El Centro Administrativo Municipal (CAM) mantiene habilitado únicamente un carril, aunque según la Secretaría de Movilidad, en ese punto no se reportan inconvenientes adicionales por el momento. A su vez, el Portal Almar permanece completamente cerrado al tráfico, de igual manera que los accesos provenientes de Montebello y Aguacatal, donde se mantiene la restricción total para vehículos.

En la carrera 10, a la altura del Palacio de Justicia, se han implementado pasos intermitentes. En todos los puntos afectados, agentes de tránsito y fuerzas de seguridad supervisan los bloqueos y las habilitaciones de vía, para resguardar la seguridad vial y evitar incidentes en la ciudad de Santiago de Cali.

¿Qué dicen las autoridades?

El alcalde Alejandro Eder expresó sin ambages la postura de la administración local: “Esta mañana amaneció Cali bloqueada en algunas entradas y salidas de la ciudad por parte de empresas transportadoras. Nosotros llevamos varios días hablando con ellos, escuchando sus preocupaciones y estamos abiertos al diálogo, pero no cedemos ante las vías de hecho. Esto no es aceptable”.

La situación mantiene a las autoridades de movilidad en alerta. Desde los organismos de tránsito se recomendó a los conductores utilizar la calle 18 hacia la avenida 8 Norte y continuar por el sector del Conservatorio, como rutas alternas para evitar las congestiones más severas.

Según explicó Jorge Vergara, gestor operativo de la Secretaría de Movilidad, “En este momento tenemos una novedad en nuestra ciudad. Hay unos bloqueos por parte del transporte público en las entradas y salidas de Cali, sector Menga, sector Sameco, sector Recta Cali-Palmira, Juanchito, en este momento El CAM, la Portada del Mar y la carrera diez a la altura del Palacio de Justicia. El llamado a la ciudadanía caleña es en lo posible, no sacar el vehículo particular para evitar inconvenientes mientras se soluciona, mediante unas mesas de trabajo y se sosana estos bloqueos en nuestra ciudad. En este momento, por parte de los agentes de tránsito, estamos garantizando la movilidad con unos cierres y unos desvíos en los sectores afectados”.

El alcalde Eder reforzó la postura oficial: “He ordenado a la Secretaría de Seguridad y a la Policía restablecer la movilidad. Actuarán dentro del marco de la ley, pero a Cali se respeta. Estamos abiertos al diálogo, pero no permitiremos las vías de hecho”.

Desde las primeras horas del día, la circulación en el norte, nororiente y centro de la ciudad se ha visto alterada. Tito Garzón, jefe de la Oficina de Control de la Operación de Metrocali, explicó: “Aproximadamente desde las 5 de la mañana, algunos buses bloquean diferentes puntos como Menga y Sameco en el norte y Paso del Comercio y el puente de la Octava, en el nororiente, y el sector del Centro Administrativo Municipal (CAM). Estos bloqueos afectan la operación del sistema, lo que obliga a las rutas a desviarse y también generan la suspensión de rutas alimentadoras del sector de Sameco y del puente del Comercio”.

El funcionario advirtió sobre la imposibilidad de la salida total de los buses del sistema desde el patio de la empresa Blanco y Negro Masivo, en la salida a Yumbo, lo que genera demoras y afecta el servicio para los usuarios del MÍO. “Por ello, vamos a tener algunas demoras, afectaciones en el servicio, debido a que no pudo salir la totalidad de rutas del sistema. Cualquier novedad que suceda la estaremos informando”, agregó Garzón.

El paro de transportadores en Cali, convocado por el antiguo TPC, ha generado bloqueos intermitentes en vías como el corredor hacia el aeropuerto, el sector de Juanchito y zonas comerciales clave. Los manifestantes protestan contra el proceso de chatarrización de buses que no lograron integrarse al sistema MÍO y reclaman compensaciones económicas. Las autoridades reportan presencia policial y tránsito en los puntos críticos, mientras algunos corredores continúan operando con normalidad.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella lanzó duras críticas contra el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, durante un evento político realizado en la capital vallecaucana.

El aspirante del movimiento Defensores de la Patria marcó distancia de ambos dirigentes y aseguró que su proyecto político buscará derrotar a sectores tradicionales de poder en la región.

“A ustedes también los vamos a derrotar y los vamos a jubilar”, afirmó De la Espriella frente a sus seguidores.

Abelardo cuestionó la situación de Cali

Durante su intervención, el candidato presidencial se refirió directamente al alcalde Alejandro Eder y aseguró que la ciudad atraviesa una profunda crisis de seguridad y orden público.

Según expresó De la Espriella, Cali enfrenta una situación compleja y responsabilizó a la administración local por el deterioro de la capital del Valle del Cauca.

“Tiene a la ciudad sumida en su peor crisis”, manifestó el aspirante presidencial durante el evento político.

El abogado también habló sobre los problemas de inseguridad y afirmó que su propuesta política busca recuperar la tranquilidad en la región.

“En la era del tigre, Cali será la capital de la alegría y no del miedo, porque va a regresar la seguridad para el pueblo”, sostuvo.

También lanzó mensaje contra Dilian Francisca Toro

El candidato igualmente envió un mensaje político a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

Durante su discurso aseguró que la mandataria departamental estaría respaldando “a la otra candidata”, en referencia a la aspirante presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia.

Aunque no profundizó en mayores detalles, De la Espriella dejó clara su distancia política tanto de la gobernadora como de sectores tradicionales del departamento.

Las declaraciones se produjeron en medio de la intensa agenda política que adelantan los candidatos presidenciales de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo.

Habló del estallido social y prometió recuperar Cali

En otro de los apartes de su discurso, De la Espriella se refirió a las protestas registradas durante el estallido social y aseguró que no permitirá nuevos hechos de violencia en Cali y el Valle del Cauca.

“Aquí donde empezaron a dividirnos, nos vamos a volver a unir, porque la patria milagro empieza en el Valle”, expresó.

El candidato presidencial insistió en que la región tiene un papel clave dentro de su proyecto político y destacó la importancia económica y social del departamento para Colombia.

Además, lanzó una advertencia contra quienes participen en actos violentos o vandálicos en la ciudad.

“No lo voy a permitir. Los que quieran destruir a Cali y al Valle sabrán el 7 de agosto lo duro que muere el tigre”, afirmó.

El candidato prometió una “Cali cívica y segura”

Al cierre de su intervención, De la Espriella envió un mensaje dirigido a los habitantes de Cali y del Valle del Cauca.

El candidato aseguró que buscará recuperar la imagen de la ciudad y fortalecer temas relacionados con seguridad, emprendimiento y desarrollo económico.

“En nuestra era volverá la Cali cívica, segura, emprendedora, pujante, alegre y apasionante”, expresó.

También insistió en que el Valle del Cauca sigue siendo una región estratégica para el país y aseguró que su proyecto político buscará impulsar cambios en materia de orden público y desarrollo regional.

Las declaraciones del candidato presidencial se producen en medio de un ambiente electoral marcado por fuertes confrontaciones políticas entre distintos sectores y aspirantes a la Presidencia.

El episodio ocurrió en la sede San Fernando de la EPS y quedó registrado en videos difundidos en redes sociales y medios nacionales. En las imágenes se observa a la madre reclamando por lo que describe como meses de incumplimientos y retrasos en la atención médica de su hijo.

El síndrome de Costello es una enfermedad genética extremadamente rara que afecta el desarrollo físico y cognitivo, además de generar complicaciones cardíacas, metabólicas y neurológicas. Emanuel fue diagnosticado cuando tenía apenas tres meses de nacido y desde entonces, según denuncia su madre, la lucha no solo ha sido contra la enfermedad, sino también contra las trabas administrativas del sistema de salud.

“Cuatro meses jugando con la salud de mi bebé”

Durante el altercado en la sede de la EPS, Mayra expresó públicamente su frustración por las demoras en la entrega de tratamientos esenciales para la supervivencia del menor.

“Como siempre acá en la SOS, cuatro meses jugando con la salud de mi bebé”, manifestó la mujer mientras exigía respuestas.

Posteriormente, en declaraciones a medios de comunicación, explicó que Emanuel requiere cerca de 10 medicamentos permanentes debido a las complicaciones derivadas de la enfermedad. El niño presenta fallas cardíacas, problemas de azúcar y episodios convulsivos que requieren vigilancia médica constante.

Según relató Mayra en el video, las órdenes médicas suelen vencer antes de ser autorizadas y, cuando finalmente obtiene respuesta, los medicamentos o procedimientos son remitidos a otros centros de salud, retrasando aún más la atención.

“Hace más de cinco meses no me entregan insumos, no me entregan guantes, gasas, no me entregan medicamentos. Mi bebé tenía hambre, se me descompensó, se le bajó el azúcar y yo no tenía de dónde darle alimento”, aseguró la madre.

La mujer sostiene que, pese a haber presentado tutelas y múltiples reclamos formales, las interrupciones en el tratamiento continúan.

El temor de repetir otra tragedia en Cali

Uno de los mayores miedos de Mayra es que el caso de su hijo termine como el de Sharlott Mosquera, la bebé de 14 meses que falleció en Cali el pasado 9 de mayo tras, presuntamente, no recibir atención oportuna para tratar su enfermedad de Pompe. Ese caso generó fuerte indignación nacional y abrió nuevamente el debate sobre la crisis del sistema de salud y la atención a pacientes con enfermedades huérfanas.

“Yo no quiero que mi hijo termine igual”, expresó Mayra, quien afirma sentirse agotada física y emocionalmente luego de meses enfrentando trámites, solicitudes y retrasos.

La situación ocurre además en medio de crecientes denuncias contra EPS intervenidas y entidades prestadoras de salud por demoras en medicamentos, autorizaciones y atención especializada. En enero de este año, usuarios de la EPS S.O.S. ya habían protagonizado protestas en Cali denunciando dificultades similares relacionadas con medicamentos y servicios domiciliarios.

La respuesta de la EPS S.O.S.

Frente a las denuncias, la EPS S.O.S. indicó que el caso ya fue revisado y que se avanzó en la entrega de los insumos requeridos para Emanuel.

De acuerdo con declaraciones entregadas a medios locales por María Alexandra Molina, médica encargada de la cohorte de enfermedades huérfanas de la entidad, ya se realizó una evaluación del menor y se entregó la nutrición requerida para continuar el manejo multidisciplinario del paciente.

Sin embargo, Mayra asegura que la entrega fue incompleta. Según explicó, la orden médica contemplaba alimentación especializada para 90 días, pero únicamente recibió insumos equivalentes a un mes de tratamiento.

La EPS S.O.S. permanece actualmente bajo medida de intervención forzosa administrativa prorrogada por el Gobierno Nacional hasta 2027, mientras adelanta procesos de reorganización y fortalecimiento de la atención a sus afiliados.

El incidente alteró la rutina habitual de quienes trabajaban en el montaje de un evento programado para el jueves.

La alerta se activó cuando tres personas sufrieron picaduras dentro del recinto deportivo. El jefe de turno de la estación número 5 de los bomberos de Siloé, Mauricio Andrade Romero, relató: “A las 14:52 minutos fuimos despachados por la central de operaciones al Coliseo del Pueblo”. El reporte, según explicó, llegó tras los primeros ataques de los insectos y movilizó a socorristas que arribaron al sitio en solo tres minutos.

Al llegar, el personal de emergencia encontró “en el piso número 3, donde estaban realizando unos montajes para un evento del día de mañana”, a un grupo de trabajadores perturbados por la presencia de las abejas. Andrade Romero detalló: “Sobre la escalera que va del tercero al cuarto piso, hay una colmena de abejas. Por el miedo, por el calor, se azotan y pican a aproximadamente tres personas”.

La reacción inmediata de los socorristas fue ordenar la evacuación del recinto para salvaguardar a quienes permanecían en el lugar. De acuerdo con el reporte entregado por el jefe de estación, “por seguridad, se evacúa todo el coliseo, aproximadamente 150 personas”. La atención se centró en los afectados, quienes fueron valorados por un paramédico en el sitio. El diagnóstico determinó que ninguna de las personas requería traslado a un centro asistencial.

El episodio generó preocupación en las inmediaciones del coliseo, donde también se reportó la presencia de abejas en la vía pública. Para reducir el riesgo a peatones y conductores, los organismos de socorro implementaron labores preventivas en la zona. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron el momento en que miles de abejas volaban en el interior del recinto, mientras los equipos intentaron controlar la situación.

Posteriormente, personal especializado del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) llegó para encargarse de la disposición final de los insectos.

La circulación de videos en redes sociales aumentó la atención pública sobre el hecho, mostrando la magnitud del enjambre tanto en el interior como en las inmediaciones del coliseo. Varias colmenas fueron captadas en los registros visuales, lo que permitió dimensionar el alcance de la emergencia.

Una vez controlada la situación dentro del coliseo, la prioridad de los equipos fue asegurar que no quedaran focos de riesgo para los asistentes ni para quienes transitaban por la zona.

La presencia del enjambre de abejas generó diversas reacciones en redes sociales. Comentarios como “Deben ser los de tránsito, son bien abejas” y “Hace poco pasó en la 25 ¿estamos metidos en una potencial epidemia?” reflejan la sorpresa y preocupación de la comunidad.

Algunos usuarios expresaron empatía hacia los insectos: “Ojalá no las maten porque ellas sirven muchísimo”, mientras que otros compartieron experiencias recientes: “Que lleguen a Jardín Plaza, hasta ahí llegó la colmena de abejas y también picaron a algunas personas”. Un usuario ironizó sobre el comportamiento de las abejas con la frase: “Entiendo esas abejas, a mí también me estresa la gente y encima el calor”.

La recomendación general cuando se encuentran abejas en lugares poco comunes es no usar insecticidas, agua ni intentar removerlas, son las medidas principales ante la aparición de un enjambre. Durante este tipo de situaciones, lo fundamental es mantener la calma, no molestarlas y alejarse, evitando movimientos bruscos.

Los expertos también aconsejan cerrar puertas y ventanas hasta que lleguen los bomberos o un apicultor especializado para reubicar la colmena.

El Cementerio Metropolitano del Norte en Cali (Valle del Cauca) fue escenario de un homicidio que conmocionó a los visitantes y a la comunidad.

Un hombre falleció en la tarde del miércoles 13 de mayo tras recibir varios disparos en el parqueadero frente a una multitud, hecho que desencadenó una respuesta inmediata de la Policía Metropolitana de Cali.

El incidente ocurrió cerca de las 3:00 p. m., cuando los tiros alarmaron a quienes se encontraban en el cementerio y su iglesia.

El comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, Brigadier General Herbert Benavidez, confirmó la reacción de las autoridades: “En las horas de la tarde se presentó el homicidio de una persona de sexo masculino. En la reacción se logra la captura de dos personas y el hallazgo de un arma de fuego tipo revólver, y en este momento es producto de investigación. Las personas capturadas están siendo presentadas ante las autoridades oficiales”.

Reacciones institucionales en Cali tras el homicidio en el cementerio

La Arquidiócesis de Cali se pronunció a través de un comunicado en el que expresó su pesar y rechazo ante el crimen sucedido en un espacio dedicado al recogimiento y la oración. “Con profundo dolor y preocupación pastoral, expreso mi firme rechazo a los hechos de violencia donde fue asesinada una persona en el Camposanto Metropolitano del Norte, un lugar destinado al recogimiento, la oración, la memoria y el eterno descanso de los seres queridos que reposan en la paz del Señor”, se lee en la declaración.

El mensaje de la Arquidiócesis enfatizó el impacto emocional que provoca la violencia en estos sitios: “La pérdida de un familiar ya representa una herida profunda; esa herida no debe agravarse con hechos que alteren la tranquilidad de quienes visitan estos sitios”. Además, lamentó que “un espacio concebido para acompañar el duelo de las familias y honrar la memoria de quienes han partido a la paz del Señor sea perturbado por actos que generan temor y dolor”.

La institución hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que se respete el carácter sagrado de estos lugares y se preserve su función como espacios de paz. Resaltó que la violencia no debe invadir “los espacios donde las personas buscan serenidad para conmemorar y orar por sus seres queridos”.

El comunicado de la Arquidiócesis concluyó con una invitación a la construcción de paz desde lo cotidiano: “Desde la fe cristiana, recordamos que todos estamos llamados a ser artesanos de la paz. La paz comienza en las decisiones cotidianas: elegir la palabra antes que la confrontación, el respeto antes que la imposición y la misericordia antes que el odio. Nuestra ciudad necesita ciudadanos comprometidos con cuidar la vida, proteger los espacios comunes y promover una convivencia fraterna”.

Asesinado escolta que intentó frustrar un asalto en Cali

El sur de Cali vivió una noche marcada por el temor tras el asesinato de Juan Carlos Asprilla Rentería, un escolta de 39 años que resultó muerto al intentar evitar un robo en el sector de Valle de Lili. La conmoción se apoderó de los vecinos que, según testigos, presenciaron la violenta secuencia.

El subcomandante de la Policía Metropolitana, coronel Milton Andrés Melo, relató la intervención: “Un integrante de una empresa de seguridad iba a hacer una visita allá a algún familiar o algún conocido en ese sector. Presencia en el momento que estaban haciendo un hurto, un atraco, y con su arma, pues de dotación de la empresa la acciona tratando de evitar este tema y pues desafortunadamente fue herido fatalmente”.

La investigación se centra en la recolección de testimonios y la revisión de cámaras de seguridad. Las autoridades explicaron que el análisis de las grabaciones podría ser clave para dar con los autores del crimen y esclarecer el móvil exacto de la agresión.

El coronel Melo detalló que Asprilla Rentería llegó al sitio para visitar a un conocido y, al notar el asalto en curso, decidió actuar: “Presencia en el momento que estaban haciendo un hurto, un atraco, y con su arma, pues de dotación de la empresa, la acciona tratando de evitar este tema y pues desafortunadamente fue herido fatalmente”.

Momentos de tensión y pánico vivió la comunidad en el sur de Cali (Valle del Cauca) tras el asesinato de Juan Carlos Asprilla Rentería, un escolta de 39 años que perdió la vida al intentar impedir un robo.

Las autoridades confirmaron que el hecho ocurrió en el sector del Valle de Lili, cuando Asprilla Rentería, empleado de una empresa privada de seguridad, llegaba a visitar a un conocido. En ese momento, presenció un robo en curso y decidió intervenir utilizando su arma de dotación.

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel Milton Andrés Melo, detalló la secuencia: “Un integrante de una empresa de seguridad iba a hacer una visita allá a algún familiar o algún conocido en ese sector. Presencia en el momento que estaban haciendo un hurto, un atraco, y con su arma, pues de dotación de la empresa la acciona tratando de evitar este tema y pues desafortunadamente fue herido fatalmente”.

Juan Carlos intentó frustrar el asalto, pero los delincuentes respondieron con violencia y le dispararon. Su acción terminó por costarle la vida, generando consternación entre sus allegados y en la comunidad.

El caso ha movilizado a la Policía, que continúa con la recolección de testimonios y la revisión de grabaciones de cámaras de seguridad de la zona. Los investigadores esperan que estas evidencias permitan identificar y capturar a los responsables del homicidio.

Según el reporte oficial, la presencia de Asprilla Rentería en el lugar fue una coincidencia, ya que se dirigía hacia una reunión personal. Su decisión de actuar ante el delito, aun fuera de servicio, quedó marcada por el desenlace fatal.

Mientras avanza la investigación, la familia del escolta enfrenta el dolor de una pérdida que, como señaló el oficial Melo, enluta a la ciudad. Las autoridades han instado a la ciudadanía a colaborar entregando cualquier información relevante que ayude a esclarecer el crimen y llevar a los agresores ante la justicia.

Intento de robo a camioneta blindada en el sur de Bogotá terminó en balacera: escolta que manejaba el vehículo respondió a los delincuentes.

El barrio Américas Occidental, en la localidad de Kennedy, fue escenario de un intento de robo que terminó con un intercambio de disparos y una persecución en la noche del 14 de abril de 2026.

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que tres asaltantes, uno de ellos armado, esperaron a que el escolta regresara a su camioneta blindada Toyota para interceptarlo.

En cuestión de segundos, el conductor fue abordado justo al subir al vehículo. “El ataque se produjo después de que un vehículo Duster gris permaneciera varios minutos estacionado detrás de la camioneta objetivo”, revelan las imágenes de vigilancia. Los delincuentes, que aguardaron hasta tener una oportunidad clara, intimidaron al escolta con un arma de fuego.

El rápido accionar del escolta desencadenó una balacera en plena vía pública. Los disparos alertaron a vecinos y transeúntes, quienes observaron cómo la situación escalaba en cuestión de minutos. La intervención policial fue inmediata, aunque los responsables lograron huir del lugar tras el enfrentamiento.

El intento de robo generó momentos de alarma y evidenció la vulnerabilidad de zonas residenciales ante la acción de bandas organizadas. Los registros de las cámaras permitieron reconstruir el itinerario de los implicados y confirmar que el escolta fue sorprendido justo al retomar su rutina habitual después de cumplir diligencias.

El teniente Julián García Escobar, entrevistado por Citytv, describió la secuencia de los hechos: “El propietario fue arrastrado varios metros mientras los delincuentes, al mando del automóvil, realizaban maniobras de alto riesgo”. Las maniobras incluyeron la invasión de andenes, el derribo de señales de tránsito y el destrozo de bolardos durante la huida.

“Los testigos vivieron momentos de tensión al ver cómo el vehículo circulaba a toda velocidad y sin control, poniendo en riesgo la integridad de las personas que transitaban por el sector”, señala el informe policial entregado tras el incidente. El recorrido temerario terminó cuando los asaltantes chocaron el auto contra una vivienda, causando daños materiales y abandonando el lugar para escapar junto a sus cómplices.

Los vecinos consultados por El País afirman que la esquina de la Calle 9 con Carrera 18 se convirtió en un punto crítico para la acumulación de basuras, el consumo de sustancias ilícitas y el refugio improvisado de habitantes de calle.

“Desde cuando decidieron construir en El Calvario, todos los habitantes de calle que estaban ahí han venido migrando a los barrios aledaños, ubicándose puntualmente en esta esquina”, sostuvo una de las denunciantes, cuya identidad permanece reservada.

La misma fuente describió que este cambio trajo “residuos de basura y expendios de vicio a altas horas de la noche”, una realidad que, según los residentes, ya no se limita a ciertos horarios.

Impacto en salubridad y seguridad

El incremento de personas en condición de calle generó afectaciones visibles en la higiene y la seguridad de la zona. De acuerdo con testimonios recogidos por el medio citado, el paso del carro de basura apenas logra contener el problema, ya que inmediatamente después aparecen nuevas bolsas rotas y residuos esparcidos en las vías.

Un residente relató: “Ya sobre la calle 9 no se puede transitar porque en toda esa esquina hay reguero de toda la basura y uno ve cómo hacen sus necesidades”.

Intentos comunitarios, como la instalación de señales para prohibir arrojar basura, no han tenido efecto. Los vecinos describen un entorno cada vez más complejo, con robos frecuentes en viviendas y comercios, especialmente en la carrera 23 entre calles 10 y 11.

“Se metieron a un restaurante, se llevaron televisores, bafles y dinero de la caja registradora; incluso identificamos que fueron ellos porque quedaron grabados en las cámaras de seguridad”, señalaron los afectados a El País.

Estrategias de autoprotección insuficientes

Ante la falta de respuesta oficial, algunos residentes optaron por reforzar la seguridad de sus viviendas con alambre concertina. Una vecina aseguró que los delincuentes buscan entrar por los techos de casas deshabitadas, donde abren huecos para desvalijar los inmuebles. Alrededor del Puesto de Salud Bretaña también se reportan aglomeraciones y presuntos expendios de sustancias alucinógenas.

Un testigo advirtió: “Hay un expendio que hace que vengan vehículos y personas de todo tipo a comprar droga. Eso se puede observar a diario”. Además, los habitantes viven episodios de intimidación al negarse a entregar dinero o comida a quienes permanecen frente a sus viviendas.

“Si uno les dice que no, se portan groseros, han llegado a tratar de agredirlo a uno”, manifestó una fuente local.

Comercio bajo presión

La situación afecta directamente a los negocios de Alameda y Bretaña. “Afuera de los locales se puede ver a cinco o incluso seis habitantes de calle consumir drogas y dejar bolsas de basura”, explicó un comerciante del sector.

Álvaro Pulido, comerciante local, indicó en declaraciones al mismo medio que “los últimos tres años nos hemos visto invadidos por muchos habitantes de calle que han convertido esta zona en su sede para hurgar en la basura y meter droga. Aquí se reúnen de 15 a 20 personas a diario”.

Pulido señaló que, aunque la comunidad limpia constantemente, el esfuerzo resulta insuficiente ante la magnitud del problema y la escasa intervención municipal. “Nosotros permanentemente estamos barriendo, organizando la basura y todo esto mantiene muy sucio por la acción directa de los habitantes de la calle y por la falta de atención de la ciudad”.

Algunos vecinos atribuyen el aumento de habitantes de calle a intervenciones urbanas en otros sectores, pero otros, como Pulido, consideran que la problemática es más amplia y afecta a toda Cali. “Usted se mueve por Cali y en todas las esquinas ve la cantidad de habitantes de la calle. Es un problema social muy grande”, afirmó.

Petición de acciones urgentes

La comunidad de Alameda y Bretaña insiste en la urgencia de medidas concretas. Varias voces piden mayor presencia de la Policía y acciones integrales por parte de la Alcaldía de Cali para restablecer la seguridad y la salubridad.

“Nosotros pedimos ayuda a la Alcaldía. Necesitamos más presencia de la Policía porque estamos inseguros en nuestras propias casas”, expresaron los vecinos entrevistados por El País.

Sin embargo, tras inspecciones técnicas y declaraciones oficiales, el Gobierno nacional y las autoridades locales desmintieron que exista riesgo estructural o de colapso en la infraestructura recién entregada.

¿Qué ocurrió en la sede Pablo Neruda?

El incidente se produjo el martes 5 de mayo, cuando parte del muro de cerramiento, construido hace pocos días, se desplomó generando alarma y la suspensión inmediata de las clases como medida preventiva. La emergencia no dejó personas lesionadas, pero sí evidenció la necesidad de una intervención rápida y coordinada de las autoridades distritales y nacionales.

El colapso del muro llevó a la presencia inmediata de los secretarios de Gestión del Riesgo, Educación y Salud de la Alcaldía de Cali, quienes inspeccionaron la zona y activaron los protocolos de emergencia. El secretario de Gestión del Riesgo, Ricardo Peñuela, informó que se inició una investigación para establecer las causas del incidente:

“Estamos haciendo la verificación de los hechos y hemos entablado con el contratista el análisis para determinar responsabilidades”. Entre las hipótesis preliminares figuran factores como cambios de temperatura, aumento de humedad y variaciones en el suelo.

Causa del colapso: excavaciones vecinas

Tras la inspección técnica del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), adscrito al Ministerio de Educación Nacional, se concluyó que la caída del muro perimetral no obedece a fallas estructurales en la sede escolar, sino a excavaciones profundas realizadas en el predio vecino, donde se construye la IPS Antonio Nariño.

Las obras desestabilizaron el terreno contiguo, provocando el colapso del muro. Los especialistas confirmaron que la infraestructura educativa permanece en buen estado, sin afectaciones en columnas, vigas ni elementos estructurales principales, y que fue edificada conforme al Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.

La secretaria de Educación Distrital, Sara Rodas, respaldó esta conclusión: “El colapso del muro en ningún momento puede ser atribuible a una construcción inadecuada del proyecto educativo”. Por su parte, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali ordenó la suspensión preventiva de las excavaciones vecinas mientras avanzan las investigaciones y se ejecutan las obras necesarias para estabilizar el terreno.

Reacciones de la comunidad y respuestas institucionales

Pese a los resultados técnicos, la situación fue motivo de críticas en redes sociales y de parte de representantes políticos. La representante a la Cámara, Ana Erazo, denunció que la comunidad había advertido desde 2025 sobre presuntas irregularidades en los muros, por lo que radicaron un derecho de petición exigiendo una evaluación técnica urgente. Erazo cuestionó la falta de articulación entre la Secretaría de Educación y Gestión del Riesgo, señalando que la intervención de esta última solo se produjo tras el colapso.

En la misma línea, el concejal Rodrigo Salazar criticó la ejecución de las obras en la ciudad: “Esto no es un error menor, es un riesgo para la vida de nuestros niños y jóvenes. Alcalde: las obras se hacen bien, no a la carrera”.

Ante la emergencia, el secretario de Salud, Carlos Pinzón, confirmó que se realizó una evacuación preventiva y la suspensión inmediata de clases: “Hicimos la evacuación de manera preventiva y afortunadamente no hay lesionados. Ahora sigue la etapa de encontrar las causas, mientras tanto, se suspendieron las clases”.

La secretaria de Educación, Sara Rodas, subrayó que la prioridad desde el primer momento fue la seguridad de los estudiantes: “De manera inmediata hicimos todas las labores necesarias para asegurar la zona y asegurar lo más importante para nosotros, que es la integridad de nuestros niños, niñas y jóvenes”.

Estado de la sede y continuidad académica

Durante la visita técnica, encabezada por el gerente del FFIE, Sebastián Caballero Ortega, se coordinaron medidas para proteger a estudiantes, docentes y trabajadores, garantizar la continuidad académica y avanzar en la recuperación del área afectada. La renovación de la sede representó una inversión superior a $10.980 millones, con más del 52% aportados por el Gobierno nacional, en beneficio de más de 450 estudiantes de la comuna 16.

El Gobierno nacional y las autoridades distritales reiteraron que la institución educativa no presenta fallas estructurales ni riesgo de colapso y que las obras se ejecutaron bajo estricta supervisión técnica. La suspensión de clases se mantendrá mientras se restablecen las condiciones de seguridad y se estabiliza el terreno, con el compromiso de mantener la protección y el bienestar de la comunidad escolar.

Siete personas resultaron heridas tras el choque ocurrido en el barrio República de Israel, al oriente de Cali (Valle del Cauca), que involucró a un bus del sistema masivo MIO, otro autobús de servicio público y tres taxis.

El incidente fue reportado en la noche del miércoles 6 de mayo en el barrio Villa del Sur. Los equipos de emergencia realizaron labores de rescate y traslado de los lesionados a distintos centros asistenciales.

El reporte preliminar del Cuerpo de Bomberos detalló que “al lugar acudieron una máquina con cuatro unidades, un equipo de rescate con dos integrantes y una ambulancia con dos paramédicos, quienes atendieron la emergencia y realizaron las labores de extracción de los pasajeros lesionados”.

Willington Ortiz Echeverry, jefe de turno de la estación número 4 del Cuerpo de Bomberos de Cali, precisó que la emergencia comenzó cuando una buseta y un bus tipo padrón del sistema masivo MIO chocaron en la intersección de la calle 36 con carrera 46. El impacto provocó que la buseta se volcara y arrastrara a tres taxis estacionados, aplastando a uno de ellos casi por completo.

En relación con el alcance de los daños, Ortiz Echeverry destacó: “En total, cinco vehículos involucrados en el siniestro. Se atienden a siete personas producto de la situación que resultaron con lesiones de diversa gravedad”.

Pese a la magnitud de la colisión, las pruebas de alcoholemia practicadas a los conductores resultaron negativas, según confirmó la Secretaría de Movilidad.

El accidente requirió la intervención de equipos de rescate especializado. Los bomberos realizaron estabilización primaria y secundaria a los lesionados, mientras se implementaban tareas de prevención y retiro de los vehículos afectados. Personal de tránsito permaneció en la escena tras la intervención de los bomberos, quienes finalizaron sus labores alrededor de las 4:00 de la mañana del jueves 7 de mayo.

Tras la colisión, los lesionados —incluidos conductores y pasajeros— fueron trasladados a centros asistenciales por ambulancias de la red privada de salud. La mayoría de ellos presentaba golpes, laceraciones y raspaduras.

El bombero Jaime Chaucanez detalló la magnitud de la emergencia: “Fue un accidente de tránsito con siete personas lesionadas: el conductor del masivo, una pasajera, el conductor del bus y cinco pasajeros que iban en la buseta”.

La buseta y uno de los taxis resultaron con los mayores daños materiales. Uno de los taxis, identificado con placas TZN 943 de Cali y el móvil 5317, quedó prácticamente aplastado bajo la buseta volcada, mientras que un poste de energía también resultó afectado tras el siniestro.

El accidente requirió la intervención de equipos de rescate especializado. Los bomberos realizaron estabilización primaria y secundaria a los lesionados, mientras se implementaban tareas de prevención y retiro de los vehículos afectados. Personal de tránsito permaneció en la escena tras la intervención de los bomberos, quienes finalizaron sus labores alrededor de las 4:00 de la mañana del jueves 7 de mayo.

La Secertaría de movilidad insistió en la importancia de acatar las normas de tránsito. “A todos los ciudadanos mantener los límites de velocidad que es hasta un límite de 50 kilómetros por hora dentro de la ciudad. Recordemos que debemos de transitar con mucha precaución ya que tenemos en este momento peatones, ciclistas, motociclistas que transitan por las vías”, recomendó la dependencia.

Duvier Ossa, gestor operativo de la Secretaría de Movilidad, explicó la cronología del siniestro: “En este sitio se presentó un accidente donde los buses chocan, estos al chocar impactan los taxis. Vemos unos vehículos que sufren volcamiento”.

Ossa también señaló que las autoridades lograron activar los protocolos de emergencia: “El hecho ocurrió a eso de la medianoche, se logra activar las emergencias y el tema de criminalística donde la hipótesis del hecho es en este momento materia de investigación”.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas puntuales del accidente y la responsabilidad de los conductores involucrados. Por el momento, los lesionados reciben atención médica y se evalúa el estado de los vehículos siniestrados.

Los hechos quedaron registrados en los celulares de los presentes, que no dudaron en exponer la situación en las diferentes plataformas digitales para demostrar cómo quedó el lugar, pues las imágenes de los santos y de Jesús fueron destruidas por el ciudadano que se encontraba en un visible estado de alteración.

Mientras algunas personas corrían en medio del pánico porque el sujeto pudiera tener un arma, otras seguían rezando y algunos decidieron comunicarse con las autoridades para denunciar la violenta intervención del sujeto.

En las imágenes se aprecia que los uniformados de la Policía Nacional se desplazaron hasta el recinto religioso y encontraron al hombre gritando y generando aún más daños en el templo, por lo que de inmediato lo capturaron para evitar que pudiera lastimar a los asistentes o causar daños más graves.

De acuerdo con los feligreses presentes que grabaron la situación, el individuo gritaba que él era “el diablo” y mostraba signos de alteración, hecho que algunos asociaron al supuesto consumo de sustancias alucinógenas, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Durante la secuencia, los asistentes narraron en tiempo real la destrucción asegurando que afectó más de cuatro imágenes: “Vean todo el desastre que hizo este muchacho, vea. Todas las imágenes que ha partido”, relató un testigo mientras pedía la llegada de la Policía y mostraba los daños en la iglesia.

Reporte oficial del templo

Después de la intervención de la Policía y de verificar los daños sufridos, el padre Javier Alvarado, capellán de la Iglesia La Ermita de Cali, reveló detalles del acto de violencia que se registró en la mitad de la semana, asegurando que tomarán las medidas correspondientes.

“Lamentamos este episodio de vandalismo, de destrucción de las imágenes del templo. Ha habido un ataque muy lamentable de una persona de unos 30 años de edad que vino aquí. No sabemos exactamente su motivación, pero creemos que estaba con problemas personales, emocionales. No creemos que haya sido un ataque contra la Iglesia, sino alguien con problemas particulares, pero el hecho es que se han dañado casi todas las imágenes de La Ermita”, indicó en diálogo con el diario local El País de Cali.

Del mismo modo, el párroco anunció que se empezarán a adelantar las labores de restauración de las imágenes y demás daños ocasionados en el popular templo, pidiendo apoyo a la ciudadanía para poder proceder con los respectivos arreglos.

“Les compartimos una tristeza, un dolor y en lo que aquí puedan ayudarnos con la oración y con la compañía, con cualquier actitud solidaria se los agradeceremos", puntualizó el capellán Alvarado.

En cuanto a las acciones legales, el vocero de la parroquia indicó lo siguiente: “Estamos todavía analizando la situación. Estamos esperando la compañía de nuestros abogados para ver qué hacer, qué proceder. Estamos todavía en la fase inicial de situarnos frente al problema”.

Las imágenes de la destrucción se difundieron ampliamente en las redes sociales, en las que la comunidad expresó su preocupación por la seguridad en los templos, que los religiosos consideran como símbolo histórico de la ciudad.

Entre los comentarios más populares se encuentran: “Debemos respetar la libertad religiosa independientemente de la creencia de cada persona”, “Qué triste, no puede ser”, “¿Por qué se demoró en llegar la Policía?” y “Que lo metan a la cárcel y pague por todos los daños”.

La confusión por la recolección de basuras en Cali ha aumentado tras el vencimiento de los contratos con los operadores privados, la inminente devolución de Emsirva al municipio y el debate sobre el modelo de libre competencia.

Este escenario afecta a más de 817.000 usuarios y genera incertidumbre sobre la continuidad del servicio público de aseo, en medio de disputas entre el sector público, operadores privados y entidades de control.

La problemática surge porque el 28 de enero de 2026 expiraron los contratos históricos para la recolección de basuras en Cali. Actualmente, Emsirva, la Alcaldía y diversos operadores privados disputan la titularidad de los usuarios, el control del catastro de facturación y el futuro del modelo de libre competencia.

La gerente liquidadora de Emsirva, Luz Adriana Betancourt, describió así el origen de la crisis al diario El Tiempo: “En primer término, lamento profundamente que al alcalde no le hayan explicado sus asesores la situación en que se encontraba y que se encuentra Emsirva en estos momentos. Hay una gran confusión sobre la situación que se está presentando con la empresa Emsirva, una empresa de los caleños, que está en liquidación. Además, hay intereses gigantes que van en contravía del patrimonio público”.

Origen de la crisis de Emsirva y el modelo de libre competencia

Betancourt señaló, en entrevista con medio mencioando, que “Emsirva en liquidación es una empresa del orden municipal, intervenida desde hace varios años por la Superintendencia de Servicios Públicos. Para poder atender sus obligaciones, se diseñó una solución a través de contratos de operación donde Emsirva no se desprendía ni de su mercado ni de sus usuarios, sino que, en un esquema de corresponsabilidad, los atendía por medio de esos contratos con operadores privados”.

La funcionario indicó que “estos contratos se han venido prorrogando según el modelo de intervención definido por la Superintendencia, y el último vencimiento era el 28 de enero de este 2026”.

Al referirse al punto de quiebre, explicó: “Fueron los operadores privados los que se negaron a suscribir una prórroga. Ellos fueron los que no firmaron. Aspiraban a que se volviera a prorrogar el contrato por ocho años, pero este contrato no podía convertirse en una concesión por todo el tiempo, porque si no dejaría de ser de libre competencia”.

Respecto al modelo, añadió: “La libre competencia consiste en que todos los prestadores ofertan sus servicios en un marco de libertad vigilada, compitiendo usuario a usuario, en calidad y precio, preservando los principios tarifarios. El usuario es libre de elegir a su prestador y la relación se formaliza mediante un contrato de condiciones uniformes”. Detalló: “Emcali es el facturador y, hasta tanto el usuario no se desvincule de un operador para elegir otro, el proceso toma dos meses”.

Betancourt resaltó que la confusión está relacionada con la falta de información al ciudadano sobre quién presta el servicio y cómo se gestiona la facturación. Destacó que la obligación contractual de los operadores era devolver el catastro de usuarios a Emsirva tras la finalización de los contratos, pero, según la gerente, las empresas privadas no cumplían con este requisito.

La disputa por los usuarios y el futuro de la recolección de basuras en Cali

Betancourt precisó que “son alrededor de 817.000 usuarios los que están siendo disputados en este millonario negocio de las basuras en Cali. El contrato fue claro en que, al finalizar, se debía retornar este catastro de usuarios. Hoy esa es la obligación de Emsirva, proteger ese mercado que pertenece a los ciudadanos de Cali”.

La gerente liquidadora denunció en EL TIEMPO que los operadores privados, al no devolver el catastro, “pretenden quedarse con los usuarios y el activo de una empresa pública. Estos contratos no eran de concesión. El alcalde no puede pretender que siempre vayan a ser estos cuatro operadores”.

Sobre la devolución de la empresa al municipio, afirmó: “Fuimos nosotros, desde Emsirva y la Superintendencia, quienes propusimos cómo devolver la empresa. No es que en este momento el alcalde esté levantando la mano para que se la devuelvan”. Insistió: “Si se quiere privilegiar el patrimonio de Cali o privilegiar a empresarios privados que incumplieron el contrato, ya no hay punto medio”.

En medio de acciones judiciales y procesos ante entes de control, Betancourt manifestó: “Toda acción judicial que se intente para suspender o terminar el proceso es un debilitamiento de la posición contractual de Emsirva”. Añadió que han iniciado acciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio y han aplicado las medidas estipuladas en los contratos, como multas y cláusulas penales.

Respecto a la situación financiera, señaló: “En enero del 2025 le entregamos los recursos del pasivo pensional a la Alcaldía. Se pagaron acreencias de primera y quinta clase y todos los pasivos no reclamados”. Reiteró que el activo fundamental a recuperar para Cali es el catastro de usuarios, pues no todos han sido restituidos a la empresa pública.

Retos para los usuarios y el servicio público de aseo

Betancourt enfatizó que los usuarios enfrentan “temor de doble facturación”, especialmente por decisiones judiciales que han reconocido pagos a nuevos operadores, como Misión Ambiental SAS ESP, para 154.037 usuarios, lo que representa riesgo de cargos superpuestos por un mismo servicio.

Subrayó: “El operador debe hacer gestión comercial; no se puede simplemente entrar con un camión a un barrio y empezar a recoger la basura sin haber conquistado ese mercado. El usuario es quien elige”. Sobre la transición, puntualizó que “la convocatoria pública es una invitación para elegir nuevos operadores por dos años, cualquier operador podrá quedarse con hasta dos áreas de prestación”.

Betancourt afirmó que han solicitado “el acompañamiento de los organismos de control nacional y local” para garantizar la transparencia y proteger el patrimonio público. Respondió a la postura del alcalde diciendo: “La empresa se entregará activa y saneada, con clientes; no se está entregando una empresa vacía”.

En diálogo con El Tiempo, concluyó: “Emsirva ha hecho todo lo posible por defender los intereses de los caleños. Esperamos que el proceso termine de la mejor forma posible para Cali, para Emsirva y para los usuarios”.

Para Betancourt, la función de Emsirva es devolver a Cali una empresa en funcionamiento y con respaldo para sus habitantes, pese a la compleja situación y los conflictos contractuales que han marcado la percepción ciudadana sobre el servicio público de aseo.

La captura de un hombre acusado de abuso sexual infantil conmocionó al barrio El Diamante, en el oriente de Cali.

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Cali detuvieron a un abuelo biológico señalado de acceso carnal abusivo agravado y actos sexuales con menor de catorce años.

El hombre, compañero sentimental de la abuela paterna, fue arrestado tras ser identificado como presunto agresor sexual de sus dos nietas menores de edad.

Los hechos, ocurridos cuando las niñas tenían seis y ocho años, se conocieron luego de investigaciones coordinadas por la Policía Metropolitana de Cali y la Fiscalía General de la Nación, enfocadas en zonas con alta incidencia de denuncias por delitos sexuales contra menores en la ciudad.

El detenido quedaba al cuidado de las menores cuando sus padres trabajaban y la abuela asistía a la iglesia. La detención se realizó por la unidad básica de investigación criminal en la comuna 13, distrito de Aguablanca.

La mayor de las hermanas habría sido víctima de tocamientos desde los seis años y obligada a presenciar contenido para adultos. Al cumplir once años, el acusado cometió acceso carnal abusivo con ella. La hermana menor, de ocho años, también fue afectada por tocamientos durante ese período.

Los métodos de intimidación y manipulación usados por el acusado

El diario colombiano El Tiempo detalló que el hombre aprovechaba su vínculo familiar para quedarse solo con las menores, ofrecerles artículos y dinero a cambio de actos sexuales e imponer silencio mediante amenazas y engaños económicos. El círculo de silencio se rompió cuando una de las niñas relató los hechos a su madre.

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel Milton Andrés Melo, afirmó que el miedo y la manipulación económica impedían que las víctimas denunciaran antes los hechos.

Llamados de las autoridades a denunciar el abuso infantil

El coronel Milton Andrés Melo pidió que los hogares sean espacios seguros para niñas, niños y adolescentes, no escenarios de temor. Reiteró que familiares y vecinos deben denunciar cualquier caso similar de forma inmediata ante las autoridades correspondientes.

Las instituciones reafirmaron el compromiso de proteger la integridad de los menores y recalcaron que la denuncia es fundamental para detener cualquier forma de violencia sexual.

Contexto social y campañas de prevención en Cali

El barrio El Diamante, en el distrito de Aguablanca, es una de las zonas con elevados reportes de denuncias por abusos a menores en Cali.

Diversas campañas, como ‘No es hora de callar’ de Jineth Bedoya y otras impulsadas por entidades estatales como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o la Secretaría de Bienestar Social Municipal, junto a organizaciones civiles de protección a la infancia, buscan generar conciencia sobre la protección de la niñez en la ciudad.

Hombre ponía cámaras ocultas para grabar a su hijastra en el baño

Un hombre identificado como Dayro Alejandro Herrera Zapata es buscado por las autoridades policiales de Cali tras haber sido señalado de instalar cámaras ocultas en el baño de su hijastra.

El hecho, reportado oficialmente el 13 de abril de 2026, movilizó una investigación judicial y ha generado una espiral de hostigamientos y amenazas contra la madre de la menor.

La madre atribuye esta situación a deudas contraídas por Herrera Zapata mediante el método ilegal de préstamos gota a gota, en el que la familia, tras la fuga del sospechoso, ha enfrentado visitas intimidatorias a su domicilio por parte de individuos que exigen el pago pendiente.

El caso expone la violencia digital, la vulnerabilidad de los menores y la debilidad en la protección familiar ante delitos de privacidad, según lo consignado por Infobae.

La entrega de las grabaciones a las instituciones judiciales colombianas dio inicio a una causa penal que se ha visto agravada por la exposición pública del caso en redes sociales y la ola de reacciones ciudadanas que suscitó. Frente a este delito, las autoridades policiales han solicitado colaboración y reiteran la urgencia de denunciar cualquier conducta que amenace a menores.

La legislación penal colombiana es taxativa respecto a la protección de la intimidad, especialmente en situaciones que involucran fines sexuales.

El artículo 192 del Código Penal colombiano prohíbe grabar, interceptar o captar comunicaciones privadas sin consentimiento, tipificando estas conductas como violación al derecho a la intimidad. La Ley 1257 reconoce la violencia digital como una agresión contra la mujer y la Constitución, en su artículo 15, declara inviolable el derecho a la intimidad.

Hay consternación en el sector educativo, después de que se conociera el trágico incidente que involucró la muerte de un estudiante al interior de la sede de la Universidad Cooperativa de Colombia en Cali.

Según la información preliminar entregada por las autoridades, un joven de 17 años cayó al vacío desde un quito piso de uno de los edificios del campus, lo que causó su muerte inmediata en el centro universitario.

Los hechos ocurrieron en la tarde noche del miércoles 29 de abril, lo que obligó a evacuar toda la institución y suspender las actividades académicas pendientes, además de la cancelación de clases programadas para el jueves 30 de abril.

Tanto estudiantes como profesores y trabajadores se vieron afectados por el impacto del incidente, lo que llevó a la institución a tomar medidas inmediatas para proteger el bienestar emocional de sus integrantes.

A través de un comunicado, la institución de educación superior aseguró que ya activó los protocolos de acompañamiento psicosocial para todo el plantel educativo, además de la familia del estudiante fallecido.

“Desde el instante en que se tuvo conocimiento de la situación, la Universidad activo de inmediato sus protocolos institucionales de respuesta, trabajando en estrecha colaboración con las autoridades competentes”, aseguró la institución.

La respuesta institucional incluyó la implementación de un plan integral de apoyo psicosocial. Este dispositivo ofrece orientación profesional y asistencia especializada a estudiantes, docentes y colaboradores, con el fin de afrontar las consecuencias emocionales derivadas del hecho.

“Conscientes del impacto emocional que esta noticia genera, hemos dispuesto un plan integral de apoyo psicosocial. Este incluye acompañamiento y orientación profesional dirigidos a estudiantes, profesores y empleados”, se lee en el comunicado.

Asimismo, la directivas de la Universidad Cooperativa de Colombia hicieron un llamado a toda la comunidad estudiantil para acceder a los servicios de asesoría psicológica y fortalecimiento emocional que puedan evitar posibles situaciones de autolesiones.

“La Universidad Cooperativa de Colombia reafirma su compromiso con el bienestar integral de toda la comunidad universitaria. En este marco, desarrolla el programa En Armonía Contigo, una iniciativa institucional orientada al cuidado de la salud mental y la prevención de riesgos psicosociales, que promueve la búsqueda de ayuda oportuna, el fortalecimiento de habilidades emocionales y la construcción de estilos de vida saludables en toda la comunidad universitaria. Invitamos a toda la comunidad universitaria a hacer uso de estos valiosos recursos y a fortalecer los lazos de cuidado mutuo, la empatía, la escucha activa y el respeto”, concluyó la institución.

Por el momento, las autoridades policiales y judiciales llevan adelante las investigaciones para esclarecer los motivos y circunstancias de la caída. El proceso busca determinar si existió algún tipo de irregularidad o elemento externo involucrado en el desenlace.

La institución, en su mensaje dirigido a la comunidad, solicitó “guardar el mayor respeto por la privacidad de la familia afectada y de nuestra comunidad en estos difíciles momentos”.

En Bogotá, estudiante también cayó al vacío en plena jornada académica

Una joven, identificada como Laura Andrea Quintero López, estudiante de primer semestre, perdió la vida tras caer desde el sexto piso del edificio de Derecho en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá el lunes 20 de abril.

El suceso, que ocurrió hacia las 3:45 p. m. en la sede ubicada en la calle 74 con carrera 14, desencadenó la evacuación inmediata de la totalidad de estudiantes y personal, la suspensión de clases y la posterior declaración de luto académico.

El caso continúa siendo objeto de investigación por parte de las autoridades, quienes aún no han esclarecido si la caída fue accidental o si existieron otras circunstancias asociadas.

Durante las horas posteriores al incidente, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que trabajan activamente para establecer tanto la identidad precisa de la víctima como la naturaleza del hecho.

La Universidad Sergio Arboleda, en su primer comunicado oficial, dispuso la suspensión inmediata de todas las clases de pregrado y posgrado durante lo que restaba del lunes. Sin embargo, horas más tarde, la universidad comunicó la extensión de la medida, cancelando también toda actividad académica programada para el martes 21 de abril y declarando luto académico en la comunidad, una decisión motivada por el “inmenso dolor” que la tragedia ha causado, según expresó la declaración institucional.

Este programa internacional distingue a las ciudades y municipios que integran la gestión de sus bosques urbanos en la planificación y vida cotidiana, buscando así ciudades más resilientes y sostenibles frente al cambio climático.

El reconocimiento “Ciudad Árbol del Mundo” se ha transformado en un sello internacional de excelencia ambiental. Para acceder a este título, las urbes deben cumplir con cinco estándares: designar formalmente quién es responsable del cuidado de los árboles, promulgar políticas o leyes específicas para la protección y gestión de los bosques urbanos, mantener actualizado un inventario forestal detallado, asignar recursos presupuestarios continuos para el manejo de la arboleda y organizar al menos un evento anual de educación y concientización sobre la importancia de los árboles.

La iniciativa, impulsada conjuntamente por la FAO y la Arbor Day Foundation, busca fomentar la silvicultura urbana como una herramienta clave para mejorar la calidad de vida, promover el bienestar y fortalecer la sostenibilidad en áreas urbanas.

Según explicó Sophie Plitt, gerente del programa en la fundación, “más líderes municipales están viendo de primera mano el poder transformador de los árboles y, en respuesta, optan por adoptar la silvicultura para que sus comunidades prosperen”. Además, formar parte de esta red significa integrarse a un movimiento global orientado a construir un futuro más saludable y sostenible para millones de personas.

El proceso de selección es estricto. Solo aquellas ciudades que demuestran políticas activas, inventarios transparentes y una gestión presupuestaria constante logran la certificación. El hecho de que el programa esté alineado con la iniciativa Ciudades Verdes de la FAO refuerza el compromiso de alcanzar para 2030 el objetivo de mejorar el bienestar en 1.000 ciudades a nivel mundial.

La relevancia del reconocimiento también radica en su impacto práctico. Diversos municipios han reportado que, tras ser incluidos en la red, accedieron a financiamiento externo, asesoría técnica y un mayor respaldo social para expandir sus áreas verdes.

Cali: liderazgo verde y gestión técnica

Por cuarto año consecutivo, Santiago de Cali fue ratificada como “Ciudad Árbol del Mundo” para la vigencia 2025, consolidando su posición en la red internacional y destacándose entre los 283 municipios seleccionados.

El reconocimiento no surge de una gestión burocrática, sino del trabajo continuo en campo de los equipos de flora urbana que, según la directora del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), Lina Botia Muñoz, “operan de lunes a domingo para proteger y mantener la cobertura arbórea”.

La ciudad superó el ciclo de evaluación más exigente hasta la fecha. Actualmente, Cali administra un inventario de 382.655 árboles, con una priorización del 54% en especies nativas, lo que fortalece los ecosistemas locales.

Este patrimonio verde genera anualmente más de 9.000 toneladas de oxígeno y permite capturar unas 78 toneladas de contaminantes atmosféricos, según cifras oficiales. Estos aportes resultan claves para mejorar la calidad del aire y mitigar los efectos del cambio climático en la región.

La gestión incluye tratamientos fitosanitarios preventivos, propagación de especies autóctonas propias del bosque seco tropical y la vigilancia del cumplimiento de compensaciones ambientales en obras públicas.

Los equipos de Flora Urbana y Silvestre, Compensaciones, Vivero y las Cuadrillas de Emergencia sostienen la operatividad del sistema, al tiempo que los inventarios permiten tomar decisiones informadas y reaccionar rápidamente ante árboles enfermos o en peligro.

Medellín: expansión y monitoreo de los bosques urbanos

En el caso de Medellín, la “Ciudad Árbol del Mundo” también reafirmó su liderazgo ambiental durante 2025. Esta distinción destaca el compromiso de la administración local con la protección de los recursos naturales y la expansión de los bosques urbanos en espacios estratégicos.

La ciudad ha sembrado más de 195.000 árboles desde 2024 en cerros tutelares, quebradas y reservas, como parte de un esfuerzo por restaurar hábitats, reducir la huella de carbono y mejorar la calidad del aire.

Durante 2025, se recuperaron 250.000 metros cuadrados de espacio verde público y, para el 2026, la alcaldía proyecta intervenir cerca de 796.815 metros cuadrados adicionales en proyectos de corredores ecológicos. El impacto de estas acciones es monitoreado a través del Sistema de Árbol Urbano (SAU), que registra el estado de 461.720 árboles y permite gestionar la biodiversidad local: en Medellín conviven 826 especies de árboles, arbustos y palmas, aunque solo 7 de las 20 especies más comunes son nativas.

Este monitoreo permanente facilita la toma de decisiones y la planificación de nuevas siembras, con el objetivo de aumentar la presencia de especies autóctonas y garantizar hábitats adecuados para la fauna urbana.

El reconocimiento internacional refuerza la importancia de integrar la gestión del arbolado en la agenda pública y de educar a la ciudadanía sobre los beneficios ambientales y sociales de los bosques urbanos.

Las autoridades descartaron que el cilindro sospechoso hallado cerca de la cárcel Villahermosa de Cali contuviera explosivos, tras una exhaustiva revisión.

Según la Policía Metropolitana y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el protocolo de seguridad implicó el despliegue de unidades antiexplosivos y la aplicación de una detonación controlada para asegurar la zona.

Un cilindro dentro de una bolsa negra fue encontrado la noche del lunes 27 de abril en los alrededores del penal, durante el relevo de turno, a eso de las 7:00 p. m.

Las autoridades acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Policía antiexplosivos, quienes realizaron una detonación controlada que permitió confirmar la ausencia de material peligroso. La respuesta inmediata de los equipos de seguridad impidió cualquier afectación y dejó claro que no existía amenaza real para el penal ni para la comunidad aledaña.

La alerta se activó cuando funcionarios del Inpec observaron el objeto en la parte externa de la zona denominada Eron, al oriente de Cali.

Inicialmente, un canino antiexplosivos dio señal positiva en la inspección, lo que motivó la intervención técnica. Las autoridades de Cali, informaron a Caracol Radio que la colocación de una contracarga fue decisiva para descartar la presencia de sustancias explosivas tras una verificación detallada.

El general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, afirmó en diálogo con el medio radial: “Podemos confirmar que este elemento no tenía explosivos. Lo que buscaban era generar zozobra”. Benavidez añadió que la técnica utilizada es un procedimiento estándar para estas situaciones, y destacó la coordinación entre las instituciones durante la operación.

Investigación e hipótesis tras el hallazgo del cilindro sospechoso

Las autoridades manejan la hipótesis de que el único fin era sembrar temor entre la ciudadanía y los internos, más que intentar un atentado. Tras la detonación controlada, los investigadores concentran sus esfuerzos en identificar al responsable de abandonar el cilindro.

Imágenes captadas en video muestran a un hombre descendiendo de un taxi y dejando el cilindro dentro de una bolsa negra antes de retirarse del lugar. La policía y el Inpec trabajan analizando estas grabaciones, con el objetivo de esclarecer la autoría y naturaleza de la acción.

En septiembre del 2025 la explosión de una granada dentro de la cárcel Villahermosa elevó la preocupación por la seguridad en la zona, aunque no hubo víctimas.

Este incidente intensificó los operativos y reforzó la vigilancia en el entorno penitenciario, con autoridades judiciales recopilando pruebas e indicios para prevenir nuevos hechos.

En los últimos años, el penal ha sido escenario de motines, enfrentamientos y otras acciones violentas relacionadas con la crisis del sistema carcelario y del orden público en Cali.

Ante este contexto, se mantienen patrullajes constantes y estrictos protocolos de revisión y desactivación tanto fuera como dentro de la cárcel, especialmente después del hallazgo del cilindro.

El artefacto explosivo en la vía Panamericana deja 19 muertos y decenas de heridos

Un artefacto explosivo detonado en el sector El Túnel, sobre la vía Panamericana que conecta Cali y Popayán, dejó un saldo de 19 muertos, más de 48 heridos y una profunda alteración en la movilidad del suroccidente colombiano.

El ataque, atribuido a las disidencias bajo el mando de alias Mordisco, reaviva el temor entre la población civil y obliga al gobierno central a endurecer la respuesta de seguridad, según informó el ministro de Defensa Pedro Sánchez.

La magnitud del atentado, que paralizó completamente el corredor vial en Cajibío, Cauca, incluyó la destrucción de varios vehículos, algunos volcados por la onda expansiva, y la formación de un cráter considerable en la carretera.

Durante la jornada del 25 de abril, los perpetradores —identificados como integrantes de las llamadas disidencias de Iván Mordisco— detuvieron a los conductores y cruzaron automóviles sobre la vía antes de la detonación, con la finalidad de atrapar a la mayor cantidad posible de víctimas y bloquear el tránsito.

El gobierno anunció que la recompensa destinada a la captura de alias Marlon, propietario del mando operativo de la célula armada señalada, fue elevada a cinco mil millones de pesos.

Hasta el 24 de abril, la suma era de 4.500 millones de pesos, pero el incremento responde, en palabras de Pedro Sánchez, al “grave daño que está haciendo a Colombia”. El ministro presidió el consejo de seguridad donde se decidió la actualización del monto, acompañado por la gobernadora del Valle del Cauca.

El ataque perpetrado cerca de la 1:00 p.m. el 25 de abril, sobre la vía que une las ciudades de Cali y Popayán, terminó con el fallecimiento de 19 personas, 13 de ellas civiles y una más identificada como parte del grupo agresor. Además, la cifra de lesionados supera los 48 heridos.

Imágenes divulgadas por Pedro Sánchez muestran la dimensión de los daños: “Acabamos de sobrevolar el área del túnel en Cajibío, Cauca, allí donde un ataque terrorista de un criminal demente, alias Marlon, asesinó a mujeres, a niños, ancianos, a gente de esta región, que lo único que hacía era transitar por la Panamericana”.

Junto a la explosión principal en El Túnel, se registró otro hecho grave en la vereda La Cabaña, en Padilla, donde una buseta cargada de explosivos detonó y mató al conductor, uno de los atacantes.

Pese al clima de tensión que vive el Valle del Cauca tras los recientes ataques violentos, el clásico entre Deportivo Cali y América sí se disputará. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el partido programado para el sábado 25 de abril seguirá en pie y contará con acompañamiento especial de las autoridades.

La decisión se conoció luego de un consejo de seguridad extraordinario convocado tras el atentado contra el Batallón Pichincha, en el sur de Cali, y la fuerte explosión reportada en Palmira, cerca del batallón Agustín Codazzi.

Con ese anuncio, el Gobierno buscó enviar un mensaje de control institucional en medio de una semana marcada por la preocupación ciudadana. La apuesta oficial es evitar que la violencia paralice la vida cotidiana, incluido uno de los encuentros deportivos más relevantes del fútbol vallecaucano. El compromiso entre Deportivo Cali y América corresponde a la fecha 18 de la Liga BetPlay y se jugará en el estadio de Palmaseca, ubicado en Palmira.

En las horas previas al pronunciamiento circularon versiones sobre una eventual cancelación del partido por razones de seguridad. Sin embargo, tras la reunión entre autoridades nacionales y regionales, el ministro descartó esa posibilidad.

“También los invitamos a que acudan masivamente a todos estos eventos que motivan el buen comportamiento. Uno de ellos es el partido de hoy, Cali- América, a las 6 de la tarde”, declaró Pedro Sánchez. El mensaje buscó respaldar la realización del evento y, al mismo tiempo, transmitir confianza a la ciudadanía en un momento sensible para la región.

La reunión de seguridad se desarrolló al mediodía del sábado 25 de abril. Allí participaron el ministro de Defensa, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y el alcalde de Palmira, Víctor Ramos.

Durante varias horas, los funcionarios evaluaron la situación de orden público, revisaron información de inteligencia y coordinaron medidas preventivas para los próximos días. Uno de los puntos centrales fue el avance de las investigaciones por los ataques registrados en Cali y Palmira.

Según lo expuesto en la jornada, las autoridades identificaron como presuntos autores intelectuales a alias Marlon, alias Max Max y alias Oso Yogui. Por alias Marlon y alias Max Max existe una recompensa de $5.000 millones, mientras que por alias Oso Yogui se mantienen ofrecimientos por $200 millones.

Los organismos de seguridad consideran que estas estructuras tendrían relación con acciones criminales que buscan generar temor en el departamento y presionar institucionalmente al Estado mediante atentados. Para el partido se prevé un despliegue reforzado de Policía, controles de acceso, vigilancia en corredores viales y monitoreo constante en los alrededores del estadio.

Además, habrá articulación entre autoridades de Cali y Palmira para acompañar la movilidad de hinchas y prevenir incidentes antes y después del encuentro.

No es un detalle menor. El clásico caleño suele movilizar miles de personas y exige operativos especiales incluso en contextos normales, por la rivalidad histórica entre ambas aficiones. Esta vez, el reto es mayor, garantizar un espectáculo deportivo en medio de una coyuntura de alta sensibilidad regional.

Desde distintos sectores también se insiste en que el fútbol puede funcionar como espacio de encuentro ciudadano, especialmente cuando la violencia intenta imponer miedo. Por eso, la invitación oficial fue acompañar la jornada con comportamiento ejemplar y atender todas las recomendaciones logísticas.

Mientras tanto, continúan las investigaciones sobre los ataques recientes. Los equipos judiciales trabajan en trazabilidad de explosivos, revisión de cámaras y redes de apoyo logístico. El Gobierno reitera que responderá con operaciones coordinadas y fortalecimiento del pie de fuerza en puntos estratégicos del Valle del Cauca. En paralelo, la ciudadanía espera resultados concretos que devuelvan tranquilidad a una región golpeada por episodios violentos recurrentes.

“El Valle está enfrentando una escalada terrorista”, con esa advertencia la gobernadora Dilian Francisca Toro elevó la presión sobre el Gobierno nacional tras los atentados registrados este viernes en Cali y Palmira, hechos que llevaron a la mandataria a pedir una respuesta urgente del presidente Gustavo Petro.

Los ataques, ocurridos con pocas horas de diferencia y dirigidos contra instalaciones militares en el departamento, encendieron las alarmas por un repunte violento que, según la gobernadora, exige decisiones inmediatas del Estado.

La declaración de “escalada terrorista” marcó el tono de la reacción oficial, en una jornada en la que Dilian Toro no solo condenó los atentados, sino que reclamó más fuerza pública, inteligencia y respaldo sostenido para enfrentar a las estructuras armadas que operan en la región.

“Los atentados de hoy en Cali y en Palmira son actos terroristas inaceptables que confirman que el Valle está enfrentando una escalada de violencia que no da espera”, afirmó la mandataria, citada por Revista Semana.

El pronunciamiento estuvo acompañado de un llamado directo a la Casa de Nariño. Toro aseguró que el departamento no puede enfrentar solo la situación de seguridad y pidió al Gobierno un mayor despliegue institucional para contener la amenaza.

“El Valle no puede seguir solo en esta lucha”, dijo la gobernadora, citada por Revista Semana, al insistir en que la respuesta no puede limitarse a acciones aisladas desde las regiones, sino que requiere intervención nacional.

En ese contexto, anunció la convocatoria de un Consejo de Seguridad Extraordinario para este sábado 25 de abril, con participación de la Fuerza Pública, para revisar el panorama de riesgo y adoptar nuevas medidas frente a la ola de violencia.

“No es momento de discursos, es momento de decisiones”, sostuvo, citada por Revista Semana, en una frase que reforzó el tono crítico frente a la respuesta del Gobierno.

La mandataria incluso fue más allá y lanzó un mensaje político al advertir que la seguridad de los vallecaucanos no puede depender de esfuerzos regionales fragmentados. Su discurso buscó posicionar la crisis como una responsabilidad del Estado en su conjunto.

“Esto es una responsabilidad del Estado en su conjunto”, remarcó, citado por Revista Semana, al exigir el respaldo total de la Nación para enfrentar lo que describió como un punto crítico para el departamento.

Uno de los mensajes más contundentes llegó cuando calificó la coyuntura como un “punto de quiebre”, una expresión que refuerza la gravedad con la que el gobierno departamental está leyendo los hechos ocurridos este viernes.

“Este es un punto de quiebre”, afirmó Toro, citado por Revista Semana, luego de advertir que no habrá espacio para ceder frente al terrorismo y que los responsables serán perseguidos hasta su captura.

Además del atentado en Palmira, la gobernadora recordó que horas antes había ofrecido hasta 200 millones de pesos de recompensa por información sobre el conductor del bus escolar adaptado para lanzar cilindros bomba contra el batallón Pichincha de Cali, uno de los episodios que profundizó la alarma regional.

Ese detalle reforzó la gravedad de la jornada y alimentó la percepción de una escalada coordinada de ataques, en medio de una creciente preocupación por la seguridad en el suroccidente del país.

El enfoque de la reacción oficial giró, así, en torno a una exigencia clara: más respaldo del Gobierno nacional. El mensaje central no fue solo la condena a los atentados, sino la presión para una respuesta inmediata de Petro frente a una crisis que, según la gobernadora, está escalando.

Mientras avanzan las investigaciones sobre las afectaciones y los responsables del ataque en Palmira, la declaración de Dilian Toro convirtió la seguridad del Valle en uno de los focos políticos y de orden público más sensibles de la jornada.

Una respuesta inmediata en seguridad fue anunciada el viernes 24 de abril tras el atentado con explosivos en inmediaciones del Batallón Pichincha, en el sur de Cali. Autoridades locales y nacionales confirmaron nuevas acciones para contener la amenaza, reforzar la presencia institucional y avanzar en la búsqueda de los responsables.

Entre las primeras decisiones quedó definido el aumento de la recompensa hasta $200 millones por información que permita capturar y judicializar a quienes participaron en el ataque. Al mismo tiempo, se activó un plan candado en puntos estratégicos de la ciudad para cerrar posibles rutas de escape.

La jornada también dejó un mensaje político claro, la crisis de orden público ya no se está leyendo solo como un problema local. Desde Cali insistieron en que la situación requiere respaldo directo del Gobierno Nacional y una estrategia articulada que incluya al Valle del Cauca y municipios vecinos como Jamundí.

El alcalde Alejandro Éder entregó detalles luego del consejo de seguridad regional realizado tras la emergencia. Según explicó, las autoridades acordaron medidas urgentes para fortalecer la capacidad de reacción de la Fuerza Pública y devolver tranquilidad a la ciudadanía. “Tomamos decisiones claras y contundentes para enfrentar esta amenaza”, señaló el mandatario.

Entre los anuncios, se confirmó el refuerzo de las estaciones de Policía y las unidades del Ejército con presencia conjunta y controles coordinados entre Cali y Jamundí. El objetivo es blindar corredores estratégicos, prevenir nuevos hechos violentos y responder con mayor rapidez ante cualquier alerta. Además, la Administración distrital avanzará en la adquisición de herramientas tecnológicas para apoyar operaciones de seguridad. Entre ellas aparecen drones y otros equipos que permitirían mejorar vigilancia, seguimiento y monitoreo en zonas priorizadas.

Desde la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle también reiteraron la disposición para trabajar con el Ejecutivo nacional. Éder insistió en que se necesita una respuesta más fuerte frente a organizaciones criminales que vienen alterando la seguridad regional. “Esta amenaza no es solo de Cali, es un desafío para todo el país y debe enfrentarse con una respuesta firme, articulada y sin dilaciones”, expresó.

Horas después, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que el Gobierno también adoptará medidas extraordinarias. El funcionario aseguró que sostuvo comunicación directa con el alcalde caleño tras lo sucedido.

“Después de los hechos acaecidos en la ciudad de Cali, me solidarizo con el pueblo caleño y vallecaucano; lo que ha pasado es otra vez una atrocidad contra la vida, la democracia y el país; es un problema para todos. He hablado con el alcalde de Cali, Alejandro Éder; vamos a tomar medidas con inteligencia, más pie de fuerza y vamos a convocar las reuniones necesarias junto al Consejo de Seguridad Nacional”, dijo el jefe de la cartera.

El anuncio incluye incremento del pie de fuerza, acciones de inteligencia y nuevas reuniones de alto nivel para evaluar la situación de orden público en la capital vallecaucana.

Mientras tanto, la ciudad enfrenta impactos inmediatos en movilidad. La Secretaría de Movilidad de Cali implementó cierres viales y desvíos en el área cercana al cantón militar para facilitar operativos de inspección y garantizar seguridad. Entre los puntos con restricciones están la carrera 80 con calle 6A en ambos sentidos, la calle 5 con carrera 82, la calle 5 con carrera 79, la calle 5 con carrera 70 y la calle 10 con carrera 66.

También hay regulación vehicular en la calle 13 con carrera 83, carrera 98 y calle 13 con carrera 100, zonas consideradas clave para la circulación del sur de la ciudad. Desde el sistema MÍO, Metrocali informó modificaciones preventivas en varias rutas. Los servicios E21, T31, P21C, P51C, P21E y A61 realizan desvíos temporales por recomendación de la Policía.

“Desde el centro de gestión de la Secretaría de Movilidad damos información a la ciudadanía de lo que está aconteciendo en este momento en la zona sur de la ciudad. Mantenemos por la situación de orden público unos cierres y desvíos”, informó Duvier Ossa, gestor operativo de Movilidad Cali.

El funcionario agregó que algunas medidas pueden generar congestión en horas pico, especialmente en accesos hacia el Batallón Pichincha y corredores cercanos a la Calle Quinta. Por eso, las autoridades recomendaron utilizar vías alternas como la calle 14, la calle 16 y la calle 25 para movilizarse de sur a norte mientras continúan los operativos.

Unidades del Ejército Nacional de Colombia intervienen la zona cercana al Cantón Militar Pichincha en Cali este viernes, 24 de abril de 2026, tras la explosión de un vehículo adaptado con explosivos, según informaron fuentes militares.

El despliegue incluyó equipos especializados en explosivos y el uso de aeronaves no tripuladas empleadas para verificar el artefacto y garantizar la seguridad en las inmediaciones de la Tercera Brigada. Hasta el momento, se reporta de manera extraoficial una persona lesionada.

De acuerdo con la información suministrada por Noticias Caracol, desde el bus escolar, instalado a metros del Batallón, se realizó el intento de enviar dos cilindros bomba con la intención de afectar a los militares, uno de ellos, cayó al interior del cantón, sin detonar, mientras que el otro causó la explosión en el vehículo.

Personería de Cali

La Personería Distrital de Santiago de Cali se manifestó tras la reciente detonación en las instalaciones del Batallón Pichincha de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, donde “fueron lanzados dos cilindros que cayeron al interior del batallón, generando una grave situación de riesgo para la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía”, según expresó la entidad.

Tras el incidente, la entidad distrital enfatizó que “ningún acto de violencia puede ser justificado”, reiterando la importancia de priorizar “la defensa de la vida, la paz y la seguridad de los caleños” en toda respuesta institucional. Aunque el ataque no dejó personas lesionadas, la Personería de Cali precisó que los cilindros no detonaron, pero “el vehículo desde el cual fueron lanzados se incendió durante el hecho, lo que evidencia la gravedad de esta acción y el alto riesgo al que estuvo expuesta la comunidad”.

La institución extendió su “solidaridad con la Fuerza Pública” y solicitó la reacción inmediata de las autoridades, insistiendo en el “llamado urgente a las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido, identificar a los responsables y fortalecer las acciones de prevención y protección”. En su mensaje final, la Personería subrayó que “Cali necesita unidad, institucionalidad y acciones firmes que garanticen la tranquilidad de todos”.

Alcalde de Cali responsabilizó a las disidencias de las Farc

Las autoridades de Cali activaron un plan candado tras el intento de ataque con explosivos que, según el alcalde Alejandro Eder, no dejó heridos ni víctimas, pero encendió las alarmas sobre la presencia de grupos armados ilegales en la región.

El propio Eder confirmó que la administración municipal ofrece 50 millones de pesos de recompensa por información que lleve a la captura de los responsables. En sus palabras, “afortunadamente, al momento no se han reportado ni heridos ni víctimas. Intentaron lanzar dos cilindros desde una buseta”, relató el mandatario al medio La FM.

En respuesta inmediata, la Policía y el Ejército reforzaron la vigilancia en los corredores de ingreso y salida de la ciudad. El objetivo es identificar y detener a los autores del hecho, que habría sido ejecutado por miembros del frente Jaime Martínez, una de las disidencias de las Farc señaladas de ejecutar acciones criminales de alto impacto en el Valle del Cauca.

El alcalde insistió en la gravedad del contexto: “Este es un tema que venimos alertando desde Cali, desde el inicio de mi mandato. La importancia de que el gobierno nacional fortalezca y actúe con mayor contundencia contra los narcoterroristas que están en la montaña del sur del Valle del Cauca y del norte del Cauca. No es aceptable este retroceso hacia la violencia”, enfatizó.

Director de la Policía Nacional

Tras el atentado en el Cantón Militar Pichincha de la Tercera Brigada en Cali, el director de la Policía Nacional de Colombia, general William Oswaldo Rincón Zambrano, condenó públicamente los hechos.

Desde su cargo, subrayó el rechazo institucional: "Como director de la Policía Nacional de Colombia rechazó de manera categórica lo ocurrido el día de hoy en el Cantón Militar Pichincha de la Tercera Brigada... actos que ponen en riesgo la vida de la ciudadanía y la fuerza pública“.

El general Rincón Zambrano prometió un respaldo irrestricto a los organismos de seguridad ante este tipo de amenazas. Al referirse a la respuesta de las autoridades, recalcó: “No permitiremos que el terror se apoderé de los ciudadanos“.

Insistiendo en la coordinación con las fuerzas armadas, el comandante policial aseguró ante la opinión pública: “Seguiremos firmes con nuestras Fuerzas Militares, garantizando la seguridad“.

Hay consternación en el deporte vallecaucano tras la muerte de un joven patinador durante un entrenamiento habitual la noche del martes 21 de abril de 2026 en Cali.

De acuerdo con las autoridades, se trata de Juan David Ruiz Ramírez, de 14 años, quien falleció tras sufrir un accidente grave mientras practicaba en la pista de la Unidad Deportiva Alberto Galindo.

Las primeras versiones en poder de los investigadores indican que el deportista, integrante del Club Relámpago y de la selección Valle, chocó de manera violenta con el policarbonato protector de la pista.

El impacto fue de tal magnitud que, a pesar de los esfuerzos para reanimarlo, el joven no sobrevivió a las graves heridas sufridas en el tórax. Según el testimonio de una persona presente en el lugar, parte del cuerpo del atleta quedó fuera de la pista como consecuencia del mal estado de los acrílicos.

“Estaba en un entrenamiento normal, saliendo de la curva sur, se cae, se da contra el policarbonato, el policarbonato vuela porque estaban mal puestos y cuando uno se impacta con este material uno no rebota. Más de la mitad del cuerpo quedó por fuera de la pista”, señaló un testigo del hecho en diálogo con el diario El País de Cali.

La fuente añadió que la falta de rebote del material agravó la situación y que, durante los intentos de auxilio, no fue posible sacar rápidamente al joven ni facilitar el acceso de una ambulancia.

“El joven se golpeó el tórax, lo estuvimos reanimando, intentando sacarlo de la pista y que entrara un carro para poder llevarlo al hospital por urgencias, pero nada de esto fue posible”, continuó el testigo.

Entretanto, las autoridades municipales confirmaron el inicio de investigaciones para esclarecer la secuencia de los hechos y determinar si existieron fallas en los protocolos de seguridad o en la infraestructura del escenario.

La Secretaría del Deporte y Recreación solicitó formalmente toda la documentación pertinente a la Liga Vallecaucana de Patinaje y subrayó la importancia de esperar el dictamen oficial antes de emitir juicios o especulaciones sobre la causa del deceso.

“Reiteramos nuestro compromiso permanente con la promoción de prácticas deportivas seguras, velando por el bienestar de atletas, entrenadores y todos los actores vinculados al deporte en nuestra ciudad”, señalaron desde la administración.

Por su parte, familiares de otros atletas denunciaron la falta de implementos y adaptación de los escenarios deportivos en la capital del Valle, además de la ausencia de implementos y personal médico en caso de una emergencia como la ocurrida en las últimas horas.

Incluso, uno el padre de uno de los compañeros de Juan David Ruiz denunció a El País que, en el momento del incidente, el paso exclusivo para el ingreso de ambulancias estaba bloqueado, además de que el escenario no tenía el botiquín de emergencia. “No hay los implementos médicos de primeros auxilios”, indicó el familiar.

Entretanto, el deceso de Juan David Ruiz Ramírez ha generado muestras de solidaridad y dolor en la comunidad deportiva. La Alcaldía de Cali y el Comité Ejecutivo de la Liga Vallecaucana de Patinaje manifestaron sus condolencias a los familiares y allegados del joven. El secretario de Deporte y Recreación, Alexander Camacho, destacó la trayectoria y disciplina de Ruiz Ramírez, recordando que era considerado una promesa del patinaje local.

“Extendemos un mensaje de solidaridad y fortaleza a sus seres queridos, en momentos tan difíciles. Asimismo, la Secretaría del Deporte y la Recreación ya solicitó la información a la Liga Vallecaucana de Patinaje que permita esclarecer los hechos que ocasionaron el deceso del joven en este lamentable suceso”, señaló el funcionario.

La noticia también ha impactado la agenda deportiva, pues se analiza la continuidad de los eventos programados, incluido un selectivo de Valle de patinaje previsto para el fin de semana. Las decisiones sobre la realización de estas actividades se esperan para el 22 de abril, a la luz de lo sucedido.

Las autoridades de Cali, Valle del Cauca, investigan el asesinato de Loren Liseth Osorio Mera, funcionaria de Parques Nacionales Naturales de Colombia, a manos de un hombre que la abordó en un establecimiento del barrio Antonio Nariño, oriente de la ciudad, y la hirió en el tórax.

Osorio, de 36 años, fue atacada con arma blanca, luego de que el agresor ingresó en bicicleta al establecimiento comercial de su familia.

“Mi hermana estaba cuidando el negocio de mi mamá. Llegó un tipo en bicicleta, delgado, entró al establecimiento (...) Mi hermana forcejeó y el hombre, con un arma cortopunzante, la hirió en el tórax. Fue una sola herida. Se desangró y nadie la auxilió”, relató Daniel Osorio Mera, en diálogo con Caracol Radio.

El testimonio preliminar de los familiares de la víctima es que se trató de un hurto. Sin embargo, las autoridades estarían descartando esta posibilidad, ya que hay probabilidades de que se trate de un asesinato por motivos personales. La muerte de Osorio dejó a un menor de cinco años huérfano.

“La institución ha orientado las indagaciones hacia el esclarecimiento de posibles circunstancias personales que pudieron rodear este lamentable suceso”, informó el coronel Adrián Ramosla, de la Policía de Cali, citado por el diario de la capital vallecaucana El País.

“No permitiremos que este crimen quede impune y reafirmamos nuestro compromiso con la protección de la vida de todas las mujeres en nuestra ciudad”, agregó.

Osorio se desempeñaba como guardaparques en el corregimiento de Pance y era reconocida por su compromiso con la conservación ambiental y su vocación de servicio. Este sábado 18 de abril de 2026, se encontraba disfrutando de un día de descanso.

Por su parte, desde la Personería de Cali condenaron el hecho, bajo la versión del hurto, y exigieron resultados rápidos en la investigación. También solicitaron a las autoridades garantías de seguridad para la ciudadanía.

“Condenamos el asesinato de Loren Liseth Osorio, de 32 años, funcionaria de Parques Nacionales Naturales, ocurrido en medio de un intento de hurto en un establecimiento del barrio Antonio Nariño, en el oriente de Cali. Fue atacada con arma blanca por un agresor que huyó del lugar. Exigimos a las autoridades celeridad en la investigación y garantías de seguridad para la ciudadanía”, señalaron voceros oficiales del organismo de control.

Portavoces de Parques Nacionales Naturales de Colombia también lamentaron el fallecimiento de Osorio y destacaron su calidad humana y profesional. Desde la entidad expresaron solidaridad con la familia de la víctima y con la comunidad de guardaparques, resaltando el legado de compromiso y respeto por la naturaleza que caracterizó su labor.

“Lamentamos profundamente la partida de nuestra compañera Loren Liseth Osorio, guardaparque del Parque Nacional Natural Utría. Recordamos su compromiso, su respeto por la naturaleza y su amor por la vida. Siempre brindaba una sonrisa y para todo tenía una respuesta amable. Su calidez en el trato y su pasión por la conservación dejan una huella imborrable en nuestros corazones”, expresaron.

“Acompañamos con profunda solidaridad a su familia y a nuestra comunidad de guardaparques. Su legado permanecerá en los paisajes que ayudó a conservar y en la memoria de quienes compartimos su camino”, se leyó en el mensaje enviado desde la entidad.

Por otra parte, se conoció que solo en 2025 se registraron 621 feminicidios en Colombia, lo que equivale a un asesinato cada dos días, según datos presentados por el Senado de la República. La mayoría de los casos estuvieron precedidos por denuncias, amenazas y medidas de protección que no se aplicaron.

La Policía Metropolitana de Cali desmanteló un centro de acopio subterráneo en la comuna 18, donde pertenecientes a la red de microtráfico Los Bosculver habían instalado sofisticados depósitos bajo viviendas familiares.

Durante el operativo, ejecutado el 16 de abril de 2026, fueron incautadas armas de largo alcance, municiones y más de 26.000 dosis de estupefacientes, un hecho que según el brigadier general Hebert Benavidez, comandante de la institución, representa un golpe directo al control territorial y financiero ejercido por organizaciones criminales a través del microtráfico.

De acuerdo con la información suministrada por El País, la intervención policial apunta a debilitar la estructura logística y armada de los grupos que operan en la zona y a reducir delitos conexos, entre ellos el homicidio.

En el procedimiento, que involucró cuatro diligencias de allanamiento simultáneas en distintos inmuebles, la fuerza pública detectó la existencia de depósitos rurales excavados cuidadosamente debajo del piso de las casas.

Estas caletas albergaban un fusil Galil calibre 5.56, una escopeta calibre 12, al menos 150 cartuchos de diferentes calibres, junto a un volumen considerable de marihuana y derivados de cocaína destinados a la distribución en el entorno inmediato.

Las viviendas intervenidas evidenciaban un nivel inusual de preparación operativa. Según el medio de comunicación, los inmuebles estaban interconectados internamente, lo que permitía el desplazamiento de los integrantes de la red sin contacto con la vía pública.

Además, estos espacios incluían accesos directos a una zona boscosa adyacente, sirviendo como rutas de escape ante la presencia de autoridades.

La organización conocida como Los Bosculver utilizaba el armamento decomisado tanto para defender su cuota de mercado dentro del microtráfico local como para intimidar de manera sistemática a habitantes del barrio que intentaban exponer las actividades ilícitas.

La consolidación de estos depósitos, acondicionados bajo viviendas de apariencia convencional, constituía un eje logístico central para mantener el flujo de estupefacientes y garantizar la protección armada de las operaciones.

Incautan 500 kilos de cocaína en caleta subterránea y capturan a cuatro personas en Cali

Un operativo llevado a cabo por las autoridades en Cali terminó con la incautación de 500 kilos de cocaína perfectamente ocultos bajo tierra. La droga permanecía en una caleta subterránea, localizada en un taller de latonería, un método que, según información oficial, revela el alto nivel de sofisticación que manejan las redes del narcotráfico en la región.

El hallazgo de este cargamento representa, en palabras del Gobierno, un golpe considerable contra las economías ilegales asociadas a las organizaciones criminales que operan tanto dentro como fuera de Colombia. Las autoridades señalaron que el destino final de la droga era Centroamérica y Norteamérica, lo que evidencia el carácter transnacional de estas estructuras criminales.

La droga, equivalente a media tonelada de clorhidrato de cocaína, fue trasladada desde el departamento del Cauca hasta la capital del Valle del Cauca. Allí permanecía oculta, aguardando el momento para ser enviada a mercados internacionales mediante rutas clandestinas.

Durante la operación, los agentes lograron capturar a cuatro personas en flagrancia, quienes presuntamente formaban parte de la cadena logística del narcotráfico. Los detenidos enfrentarán cargos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, conforme a los delitos establecidos en la legislación colombiana.

El operativo subraya la persistencia de las redes criminales en modificar sus tácticas para burlar la vigilancia, utilizando talleres y espacios urbanos como puntos de acopio temporal. Según las autoridades, la droga ya estaba lista para salir del país, lo que resalta la presión constante de los mercados internacionales sobre la producción local.

El hecho pone nuevamente en el centro del debate la capacidad de respuesta de las fuerzas del orden frente a las variantes que adopta el narcotráfico. La incautación se presenta como una muestra de la cooperación interinstitucional para frenar el avance de las economías ilegales, aunque también revela los retos pendientes frente a la magnitud de estas operaciones.

Un atentado armado contra líderes sociales en el distrito de Aguablanca, en Cali, generó alarma por la seguridad en el oriente de la ciudad. El ataque ocurrió en la noche del 13 de abril cuando un grupo de dirigentes comunitarios fue interceptado por sicarios, según información obtenida por el texto original.

Los agresores dispararon contra el vehículo en el que se movilizaban las víctimas y luego lanzaron una bomba molotov, provocando un incendio. Aunque los ocupantes lograron salir ilesos, el hecho fue calificado como una grave vulneración a sus derechos, según información obtenida.

Las autoridades locales exigieron una investigación urgente para esclarecer lo ocurrido y reforzar la protección a líderes sociales. El caso vuelve a poner en el centro del debate la seguridad de quienes ejercen liderazgo comunitario en zonas vulnerables.

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Ataque armado y con explosivos en el oriente de Cali

El atentado se registró en el barrio Mojica, ubicado en el distrito de Aguablanca, una de las zonas más vulnerables y con mayores índices de violencia en la capital del Valle del Cauca.

De acuerdo con la información disponible, los líderes sociales Andrés Valencia, Lina Muñoz, Hernando Ojeda y Carlos Carabalí se movilizaban en una camioneta cuando fueron interceptados por hombres armados.

Según relató Andrés Valencia, los atacantes primero abrieron fuego contra el vehículo y posteriormente lanzaron una bomba molotov, lo que ocasionó que el automotor se incendiara en cuestión de minutos.

Pese a la gravedad del ataque, los ocupantes lograron salir ilesos, evitando una tragedia mayor. Sin embargo, el hecho generó preocupación entre las autoridades y la comunidad por el riesgo al que están expuestos los líderes sociales en esta zona.

El personero de Cali, Gerardo Mendoza, rechazó lo ocurrido y señaló: “Este hecho constituye una grave vulneración a la vida, la integridad y al ejercicio legítimo del liderazgo social”, citado por el texto original.

Además, calificó el ataque como un hecho inaceptable que atenta contra la seguridad ciudadana y el trabajo comunitario en sectores históricamente afectados por la violencia.

Falta de protección y exigencia de investigación

Uno de los aspectos que más preocupación generó tras el atentado es que, según las primeras indagaciones, el líder Andrés Valencia no contaba en ese momento con el acompañamiento de los escoltas asignados por la Unidad Nacional de Protección.

Esta situación fue considerada grave por las autoridades, ya que podría evidenciar fallas en los esquemas de seguridad para personas en riesgo.

En ese sentido, el personero insistió en la necesidad de esclarecer los hechos y determinar si hubo negligencia en la protección de los líderes.

Mendoza hizo un llamado contundente: “Como garante de los derechos humanos exijo de las autoridades competentes una investigación pronta, rigurosa y eficaz que permita esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y garantizar la protección de las víctimas y de todos los líderes sociales del territorio”, citado por ese medio de comunicación.

El funcionario también advirtió que este tipo de hechos no pueden ser normalizados, ya que ponen en riesgo la vida de quienes trabajan por sus comunidades, especialmente en sectores con alta vulnerabilidad social.

Contexto de riesgo en Aguablanca

El distrito de Aguablanca ha sido históricamente una de las zonas más complejas de Cali en materia de seguridad, con presencia de estructuras criminales y problemáticas sociales que afectan a sus habitantes.

En este contexto, los líderes sociales cumplen un papel clave como voceros de las comunidades, lo que en muchos casos los expone a amenazas y ataques.

El atentado ocurrido en el barrio Mojica reaviva la preocupación sobre las garantías de seguridad para estos actores sociales y la necesidad de fortalecer las medidas de protección.

Desde la Personería de Cali se reiteró el compromiso de hacer seguimiento al caso y de velar por el respeto de los derechos humanos, mientras se espera que las autoridades avancen en la identificación de los responsables.

El hecho se suma a otros episodios de violencia registrados en el Valle del Cauca y vuelve a poner en evidencia los desafíos que enfrenta el país en la protección de líderes sociales, especialmente en territorios con condiciones de alta vulnerabilidad.

Bastidas falleció tras haber sido declarado con muerte cerebral, luego de un intento de suicidio posterior a un episodio de desesperación ante la pérdida del embarazo de su esposa y una presunta demora en la atención médica.

Un desenlace trágico tras días de angustia

El episodio que culminó con la muerte de Juan Esteban Bastidas comenzó cuando su pareja perdió el bebé que esperaban. Según el testimonio de su familia, la joven acudió al hospital desde horas de la mañana luego de que le informaron que el feto no presentaba signos vitales.

A pesar de la gravedad de la situación, los familiares denunciaron que no fue atendida con prontitud y que no recibieron apoyo psicológico ni social en ningún momento.

“Mi cuñada perdió su bebé y estaban desde las 9:00 a. m. en el hospital. Ya eran horas de la noche y todavía no los atendían. No les brindaron atención ni apoyo psicológico ni trabajo social. Ellos pedían un traslado para que ella pudiera ir a otro lugar y tampoco se lo dieron. Mi hermano colapsó, reaccionó; no lo justificamos, pero el hospital ha sido negligente”, afirmó Susan, hermana de Bastidas.

La desesperación de la pareja, que ya había vivido la pérdida de otro embarazo, se intensificó al no obtener respuestas ni atención médica. Según los familiares, este fue el detonante que llevó al joven a ingresar al hospital con un machete, en medio de una crisis emocional.

El incidente en el hospital y la intervención policial

Juan Esteban logró ingresar al hospital portando un machete oculto en su ropa, burlando la seguridad privada del centro asistencial. El hecho generó pánico entre el personal médico y los pacientes presentes. El hospital debió llamar a la Policía, cuyos efectivos lograron desarmarlo y controlar la situación sin que se registraran personas heridas.

“Este joven venía acompañando a su pareja quien consulta a la sección de obstetricia con un aborto en curso. Se logró controlar la situación sin que se presentaran personas lesionadas. La paciente se encuentra en condición estable”, señaló el HUV en un comunicado oficial.

Tras el incidente, Bastidas fue conducido a una estación de Policía, donde fue individualizado, pero no quedó bajo detención, ya que no existían denuncias en su contra. Más tarde, según la familia, el joven regresó a su vivienda y, en un estado de alteración emocional, intentó quitarse la vida. Fue trasladado nuevamente al hospital, donde permaneció con soporte vital hasta que fue desconectado.

Demandas y cuestionamientos por parte de la familia

La familia de Bastidas anunció su intención de emprender acciones legales contra el hospital por lo que consideran una cadena de negligencias e irregularidades en la atención tanto de la joven embarazada como del propio Juan Esteban.

También denunciaron la filtración de la historia clínica del joven. “Queremos llegar a instancias legales por lo que consideramos negligencia. También denunciamos que parte de la historia clínica de mi hermano se filtró”, expresó la familia.

La hermana, Susan Bastidas, enfatizó en el deterioro emocional de su hermano y la falta de respuesta integral del hospital, indicando que “no les brindaron atención ni psicológica ni de trabajo social a ninguno de los dos, ni siquiera tuvieron en cuenta que mi hermano era paciente psiquiátrico de esta misma clínica”.

El hospital, por su parte, sostuvo en un comunicado que la atención se realizó de acuerdo con los protocolos y que la paciente fue atendida en obstetricia, aunque reconoció la alta demanda y congestión en el área de urgencias.

Tras confirmarse la muerte cerebral de Juan Esteban Bastidas, la familia decidió donar sus órganos, respetando su voluntad de ayudar a otros. La esposa del joven continúa hospitalizada debido a complicaciones de salud derivadas del aborto y a una infección posterior.

El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades para su investigación. La familia insiste en que la situación podría haberse evitado con una atención adecuada y apoyo psicológico a tiempo. Además, exigen que se tomen medidas para evitar que otras familias pasen por situaciones similares en el futuro.

El individuo, expareja de la madre de la víctima, habría escondido una cámara para grabar imágenes sin consentimiento. El material ya fue entregado a las instancias judiciales.

Según publicaciones en redes sociales la madre de la menor relató que, tras la huida de Herrera Zapata, comenzaron a recibir amenazas de muerte. Relacionó este clima de intimidación con deudas contraídas por el hombre bajo el método ilegal “gota a gota”. Presuntamente sujetos desconocidos han llegado a su casa para exigir el pago y provocar temor.

El paradero del sospechoso se ubica entre Bello y Buenos Aires, en la región metropolitana de Medellín, según la denunciante. Las autoridades piden colaboración ciudadana para localizarlo y subrayan la importancia de denunciar cualquier situación que ponga en peligro a menores. La investigación continúa su curso en Cali.

Las reacciones en redes sociales ante casos de grabaciones íntimas sin consentimiento en Colombia han puesto en evidencia la indignación y la preocupación de la ciudadanía frente a la protección de la intimidad y la seguridad de menores y mujeres. Las opiniones expresadas reflejan tanto el rechazo a responsabilizar a las víctimas como la necesidad de fortalecer la justicia y la prevención.

“Qué estupidez e hipocresía de los comentarios en vez de echarle la culpa al degenerado que estaba produciendo pornografía infantil le echan la culpa a la madre, porque obvio, ella tiene que saber elegir”, escribió una usuaria, señalando que la tendencia a culpar a las madres invisibiliza la responsabilidad directa del agresor. Esta visión fue compartida por otras personas que cuestionaron el papel de quienes juzgan a las víctimas en lugar de exigir sanción a los responsables.

Otro usuario comentó: “Eso les pasa a algunas mujeres que no respetan a sus hijos de meterse con psicópatas degenerados lacras”, se leyó en otra publicación, donde se advierte sobre los riesgos de confiar en personas sin conocer realmente su historial. Estas expresiones, aunque duras, muestran la alerta social respecto a la vulnerabilidad de los menores en entornos familiares o cercanos.

El debate en redes no solo apunta a la responsabilidad personal, sino también a la necesidad de mayor prevención. “Mujeres tengan cuidado con quien se emparejan, piensen en sus hijas no se metan con cualquier tipejo por tener pareja”, aconsejó una internauta, haciendo énfasis en la importancia de priorizar la seguridad de los hijos sobre la búsqueda de compañía.

Algunas experiencias personales compartidas en línea revelaron el profundo impacto que estos delitos pueden tener a nivel familiar. “Me siento extraña al saber que también tuve material probatorio de un miembro de mi familia cuando hizo lo mismo (escondió una cámara en mi habitación y yo entré después de bañarme), pero no pude hacer nada porque el resto de mi familia lo protegió… ojalá aquí sí haya justicia”, relató una usuaria, dando cuenta del dolor y la impunidad que suelen rodear estos casos.

La desconfianza hacia quienes aparentan ser personas correctas también quedó plasmada en los comentarios. Una voz advirtió: “No, hasta el que más santo parece, a veces lo aparentan y resultan ser los peores, muchos hombres como mujeres, fingen y mienten hasta obtener lo que quieren, así que no es culpa de la pareja, es de esas personas asquerosas”, destacando que la responsabilidad recae en quien comete el delito, no en quienes conviven con ellos.

Grabar sin consentimiento en Colombia: delito y sanciones

La legislación colombiana es clara respecto a la grabación no autorizada de personas. El Código Penal, en su artículo 192, prohíbe captar, interceptar o grabar comunicaciones privadas sin autorización, tipificando estas acciones como violación al derecho a la intimidad. Tales conductas pueden ser sancionadas penalmente, especialmente si se realizan con fines sexuales o de acoso.

En Colombia, grabar a una persona sin su consentimiento, especialmente si existe intención sexual o de vulnerar su privacidad, constituye un delito de violencia digital. Según la Constitución, el derecho a la intimidad es inviolable (artículo 15), y la Ley 1257 reconoce la violencia digital como una forma de agresión contra la mujer. Las sanciones pueden incluir penas de hasta 96 meses de prisión, en particular si el material es difundido.

El artículo 218 del Código Penal colombiano establece penas para quienes fotografíen, filmen, graben, produzcan, divulguen, ofrezcan, vendan, compren, posean, almacenen, transmitan o exhiban representaciones reales de actividad sexual con menores de 18 años. La norma también sanciona a quienes alimenten bases de datos de pornografía infantil, con o sin fines de lucro.

La difusión no consentida de material íntimo afecta gravemente a las víctimas y puede configurar delitos tanto de violación a la intimidad como de violencia sexual o digital. Cuando la víctima es menor de edad, el castigo es aún más severo y busca proteger la integridad y dignidad de los niños y adolescentes.

Aún sin abrirse la licitación, el futuro del principal aeropuerto del suroccidente del país ya tiene un calendario sobre la mesa. Si no hay cambios en los tiempos previstos, la concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón podría quedar adjudicada antes de que termine el año, marcando un nuevo capítulo para esta terminal aérea clave en la región.

La hoja de ruta fue confirmada tras un encuentro entre autoridades nacionales y departamentales. Allí se revisaron los avances técnicos y administrativos necesarios para poner en marcha el proceso, que dependerá de varios filtros institucionales antes de su apertura formal.

Desde la Gobernación del Valle del Cauca, la expectativa es que el cronograma se cumpla sin contratiempos. “Si el cronograma se mantiene como está, en diciembre estaría adjudicada la concesión. Si hay un tercero que quiera entrar a la concesión, pues se demoraría más o menos hasta abril. Depende de las aprobaciones de Hacienda, de las aprobaciones de Planeación, para que de esa manera puedan abrir la licitación y adjudicarla”, indicó la mandataria Dilian Francisca Toro.

El proceso, sin embargo, no parte de cero. Durante el último año, la Aeronáutica Civil adelantó una intervención clave para estabilizar la operación del aeropuerto, luego de asumir nuevamente su administración en 2025. Ese periodo inicial se concentró en recuperar condiciones básicas que garantizan la seguridad y continuidad del servicio.

En seis meses de trabajo, la entidad priorizó ajustes técnicos que impactan directamente la operación diaria. Entre ellos, la revisión de sistemas eléctricos y la optimización de ayudas visuales para la navegación aérea, elementos esenciales para mantener estándares adecuados en el tráfico de vuelos.

A la par, se ejecutaron inversiones importantes en distintos frentes de infraestructura. Más de $13.399 millones se destinaron a mantenimiento de pista, calles de rodaje y plataformas, así como a la torre de control y sistemas electromecánicos. También se intervinieron áreas clave para los pasajeros, como muelles de abordaje y bandas transportadoras.

Estos trabajos no se limitan al pasado reciente. Para los próximos meses ya están previstas nuevas inversiones que buscan consolidar lo avanzado. Se estima que hasta mediados de 2026 se destinen cerca de $2.050 millones adicionales, mientras que en el segundo semestre la cifra ascendería a $31.080 millones.

El objetivo es claro: sostener condiciones operativas óptimas mientras se define el modelo de concesión. En otras palabras, asegurar que el aeropuerto funcione con normalidad durante la transición hacia una eventual operación privada o mixta. En paralelo, la Aeronáutica Civil avanza en una apuesta de mayor alcance. Se trata de un paquete de proyectos de modernización valorado en $215.657 millones, que se ejecutaría entre 2026 y 2030. Estas iniciativas buscan llevar la infraestructura del aeropuerto a estándares más competitivos a nivel nacional e internacional.

Entre las obras contempladas se incluyen la construcción de una nueva subestación eléctrica y la implementación de un sistema automatizado de manejo de equipajes (BHS). A esto se suma la instalación de puentes de abordaje y el mejoramiento integral de pista, calles de rodaje y plataforma.

Más allá de las cifras, el reto de fondo está en responder al crecimiento sostenido del tráfico aéreo en la región. El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón no solo conecta al Valle del Cauca con el resto del país, también es una puerta de entrada para viajeros internacionales y carga aérea. Por eso, la eventual concesión no se limita a un cambio administrativo. Implica definir cómo se gestionará la operación, qué inversiones se priorizarán y bajo qué condiciones se garantizará la calidad del servicio en el mediano y largo plazo.

El proceso, además, estará sujeto a la participación de distintos actores. Si aparecen nuevos interesados en la concesión, los tiempos podrían extenderse, lo que añadiría nuevas etapas de evaluación antes de la adjudicación final. En ese escenario, las decisiones del Gobierno nacional serán determinantes. Las aprobaciones de entidades como el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación marcarán el ritmo de un proceso que combina aspectos técnicos, financieros y regulatorios.

Un ataque armado ocurrido en el sector de El Carmelo (en la vía hacia La Buitrera, al sur de Cali) derivó en una situación de pánico, luego de que uno de los presuntos responsables del crimen interceptara una ruta escolar para huir. El hecho, que se registró cerca de las 4:00 p. m., dejó como saldo una persona muerta y otra herida, según confirmaron las autoridades.

De acuerdo con el reporte del teniente coronel Nelson Prieto, comandante del Distrito Tres de Policía, “dos personas se encontraban departiendo en una finca del sector cuando fueron abordadas, al salir, por dos sujetos armados que, sin mediar palabra, les dispararon en repetidas ocasiones”. Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar, abandonando la motocicleta en la que se movilizaban.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital de Siloé. Una de ellas ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas, mientras que la otra permanece estable bajo atención médica. Según informaron las autoridades, durante la fuga uno de los autores del ataque abordó un bus que cubría una ruta escolar y obligó al conductor a dirigirse hacia la parte baja de Siloé.

El concejal de Cali, Roberto Ortiz, denunció el hecho a través de su cuenta en X: “Niños con uniformes y morrales, encerrados en puro terror. Gritos, llanto, pánico. Llegaron a casa temblando y llorando, traumatizados de por vida. ¡Las medidas de seguridad fallaron miserablemente! Hoy les tocó a ellos”. Ortiz instó a reforzar la protección de los estudiantes durante los desplazamientos escolares.

Ante la alarma generada, la institución educativa involucrada aclaró en un comunicado que los estudiantes que se encontraban en el bus están en buen estado de salud. El colegio explicó que, debido a manifestaciones y desvíos en la ciudad, la ruta tomó un trayecto alterno y durante el recorrido, una persona externa abordó momentáneamente el vehículo y pidió modificar el trayecto por algunos minutos, tras lo cual descendió sin que se presentaran hechos violentos dentro del bus.

La rectoría indicó que desde el primer momento se activaron los protocolos de seguridad y se informó a las autoridades competentes, incluidas la Secretaría de Educación y la Secretaría de Seguridad.

Las autoridades judiciales e inteligencia de la Policía avanzan en la recolección de pruebas y testimonios para identificar plenamente a los responsables del ataque y esclarecer los móviles del crimen. Mientras tanto, la Policía Nacional mantiene presencia en la zona para garantizar la seguridad y evitar nuevos hechos violentos.

Este episodio ha generado preocupación en la comunidad educativa y entre los padres de familia, que reclaman mayores garantías de seguridad para los estudiantes.

Reforzados los controles migratorios en Cali tras detectar a turista alemán con fines de explotación sexual

En el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, que presta servicio a la ciudad de Cali, las autoridades migratorias impidieron el ingreso a Colombia de un ciudadano alemán, luego de detectar que su verdadera intención era realizar turismo sexual en el país. El caso se registró durante los operativos de control migratorio adelantados en la terminal aérea de Palmira, donde funcionarios de Migración Colombia identificaron inconsistencias en las declaraciones del extranjero, quien aseguraba que era su primera visita y que deseaba conocer ciudades como Cali, Medellín y Cartagena.

Tras una revisión exhaustiva del historial migratorio, se descubrió que el hombre ya había ingresado al país en ocasiones anteriores, especialmente e la ciudad de Medellín. Ante esta situación, fue sometido a una entrevista migratoria y a la inspección de su equipaje. Finalmente, las autoridades confirmaron que el motivo real de su viaje era participar en actividades relacionadas con el turismo sexual, por lo que se le negó la entrada a Colombia.

Las autoridades han reforzado los controles migratorios en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón debido a un aumento en los intentos de ingreso de extranjeros con fines de explotación sexual, quienes buscan evitar el control directo en Medellín ingresando por otras ciudades.

“En lo corrido de 2026, cerca de 40 extranjeros han sido inadmitidos como posibles ofensores sexuales. En 2025, la cifra total fue de 110 casos, en su mayoría ciudadanos estadounidenses”, señaló Gloria Esperanza Arriero, directora de Migración Colombia.

La Alcaldía de Cali anunció la realización del ‘Día de la Movilidad Activa y Sostenible’ para el domingo 3 de mayo de 2026, una jornada que restringirá la circulación de la mayoría de vehículos automotores particulares, motocicletas, camiones y tractocamiones en el perímetro urbano, entre las 6:00 a. m. y las 2:00 p. m.

La medida, formalizada mediante el Decreto 4112.010.20.0370 de 2026, se toma en articulación con la organización de la Maratón de Cali, con el objetivo de optimizar la logística de ciudad, reducir los impactos negativos en movilidad y fomentar la participación ciudadana en actividades físicas y sostenibles.

¿Qué es el Día de la Movilidad Activa y Sostenible?

Se trata de una iniciativa de la Secretaría de Movilidad Distrital que busca consolidar un modelo de movilidad sostenible, priorizando la caminata, la bicicleta y otros medios de transporte alternativos sobre el uso del vehículo particular. La jornada está alineada con la Política Pública de Movilidad del Distrito y responde a criterios técnicos para mejorar la calidad del aire, reducir la accidentalidad vial y aportar a la construcción de una ciudad más limpia, segura y amigable.

Durante el evento, la ciudad vivirá una transformación temporal del espacio público: los habitantes y visitantes podrán desplazarse a pie, en bicicleta o utilizando el transporte público, disfrutando de calles menos congestionadas y de una atmósfera más saludable.

Restricciones y sanciones

De acuerdo con el decreto distrital, está prohibida la circulación de vehículos automotores particulares, motocicletas, camiones y tractocamiones dentro de la ciudad, excepto para los casos expresamente autorizados. Las autoridades de tránsito realizarán controles estrictos durante toda la jornada, y quienes incumplan la restricción podrán ser sancionados con multas de hasta $633.000 conforme a la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito), además de la posible inmovilización del vehículo.

La Secretaría de Movilidad de Cali invitó a la ciudadanía a planear sus desplazamientos, adoptar alternativas sostenibles y utilizar el transporte público, que operará en condiciones normales y con refuerzos para atender la demanda adicional.

Excepciones contempladas por el decreto

El decreto establece una serie de excepciones para garantizar la continuidad de servicios esenciales y la seguridad ciudadana. Entre los vehículos autorizados para circular durante la jornada se encuentran:

• Caravana presidencial y altos funcionarios del Gobierno nacional, alcaldes y gobernadores, cuerpos diplomáticos y consulares.
• Vehículos adscritos a la Fuerza Pública, Ministerio de Defensa, Migración Colombia, INPEC, cuerpos de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Gestión del Riesgo y medio ambiente (Dagma, CVC).
• Ambulancias y vehículos de atención médica, así como transporte de personal médico, hospitalario y farmacéutico debidamente acreditado.
• Vehículos de transporte de residuos hospitalarios y de servicios públicos esenciales (acueducto, energía, gas, telefonía, aseo, recolección de basuras), con identificación permanente y no removible.
• Vehículos operativos de la Secretaría de Movilidad, Infraestructura, Seguridad y Justicia, Salud Pública, entre otros organismos oficiales.
• Vehículos de transporte y distribución de alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y de primera necesidad, con personal uniformado e identificado.
• Transporte necesario para la operación aérea y aeroportuaria y personas con vuelos programados durante la jornada.
• Transporte público colectivo y masivo, debidamente identificado.
• Vehículos de seguridad privada autorizados, transporte de valores, mensajería y entrega de domicilios, siempre que los conductores estén debidamente acreditados y circulen solos en motocicleta.
• Vehículos de carga de 3.5 toneladas o más que transporten materiales de construcción, cumpliendo las disposiciones vigentes.
• Carrozas fúnebres y buses para servicios fúnebres.
• Vehículos de supervisión y vigilancia de servicios de educación y actividades esenciales, debidamente acreditados.

Finalmente, el distrito precisó que el ‘Día de la Movilidad Activa y Sostenible’ es una oportunidad para recuperar la ciudad, fortalecer la convivencia y avanzar hacia una Cali más verde, segura e incluyente. “Así recuperamos Cali, aportando a la construcción de una ciudad más segura, limpia y amigable con el medio ambiente”.

Linda Caicedo es una de las jugadoras llamadas a brillar en los próximos partidos de la Liga de Naciones de la Conmebol con la selección Colombia femenina, luego de su presentación en la She Believes Cup, el torneo amistoso en Estados Unidos, donde el equipo ganó uno de sus tres partidos.

La atacante se refirió al regreso de la Tricolor a Cali, ciudad en la que ha disputado buena parte de sus encuentros recientes. Sin embargo, el certamen de 2025 no comenzó allí, ya que el estadio no estaba disponible en octubre, por lo que el debut se realizó en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Por su parte, el combinado nacional espera una buena asistencia de público para enfrentar a Venezuela y Chile en la quinta y sexta jornadas de la Liga de Naciones, ambos compromisos programados en la capital vallecaucana, con boletería de precios accesibles y el objetivo de llenar las graderías.

El regreso de la selección Colombia femenina a Cali

El equipo nacional busca consolidarse como local. Colombia actualmente ocupa el cuarto lugar con siete puntos en tres partidos y una jornada de descanso, lo que la sitúa en uno de los dos cupos para el Torneo de Repechaje y muy cerca de los puestos de clasificación directa al Mundial Femenino.

Linda Caicedo resaltó que Cali representa una sede favorable para la selección Colombia femenina y mencionó: “Siempre que venimos, llenamos”, en referencia a torneos previos como la Copa América 2022 y amistosos disputados en la ciudad.

“Siento que es nuestra casa, así que el viernes tenemos un lindo desafío para seguir haciendo las cosas bien y de cara a nuestra clasificación al mundial”, aseguró la atacante del Real Madrid, citada por Deportes RCN. Caicedo recordó también que salió campeona de la Liga Femenina con América y Deportivo Cali.

Linda remarcó la importancia del apoyo de los hinchas para vencer a Venezuela. El equipo venezolano lidera la Liga de Naciones con ocho puntos, uno más que la Tricolor, y históricamente ha sido un rival complicado para Colombia, por lo que solicitó un estadio lleno para el encuentro del 10 de abril.

Para la delantera, “el crecimiento del fútbol femenino va mejorando. Venezuela, un rival difícil, no nos la va a poner fácil, así que vamos con nuestro juego, actitud y aprovechando este puntito más de jugar en casa”.

“Todas se conectan en sí”

Otra jugadora satisfecha por volver a jugar en Cali es Luisa Agudelo, campeona dos veces con las azucareras en 2024 y 2025, y quien también alcanzó los cuartos de final en el Mundial Femenino Sub-20 de 2024 en este escenario, donde el equipo cayó ante Países Bajos.

La portera habló sobre su integración al combinado nacional: “Acoplándome, trabajando fuerte, siempre es duro llegar. Se trata de ganarse el puesto, la titularidad. Se empezó el proceso y ahora este paso tan grande, siempre es importante y bueno venir a aportar acá”.

Agudelo añadió que “más que un grupo, somos una familia, todas se conectan en sí, muy feliz de volver”, destacando su relación tanto con sus compañeras como con las arqueras Katherine Tapia y Catalina Pérez.

La guardameta del San Diego Waves se refirió también a la triple fecha de abril: “Creo que es una de las jornadas más específicas. Todos los rivales son difíciles, todos tienen la posibilidad de estar punteando. Colombia viene con la certeza, la fe. Sabemos que las expectativas son altas, hacer respetar nuestra casa y tratar de hacer todo bien”.

Durante una sesión de control político celebrada el 7 de abril en el Concejo de Cali, varios cabildantes lanzaron críticas directas contra el secretario de Seguridad, Javier Garcés, por el aumento de los homicidios en la ciudad. El encuentro evidenció la frustración de los concejales ante la falta de resultados en materia de seguridad y la persistencia de cifras alarmantes.

En palabras del concejal Roberto Ortiz, el alcalde Alejandro Éder “está en una negación de la realidad”, haciendo referencia a los 25 asesinatos reportados durante la Semana Santa mientras el mandatario destacaba el crecimiento del turismo en redes sociales. Ortiz cuestionó el mensaje oficial sobre la situación de seguridad.

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Las cifras detrás de la alerta

Uno de los ejes del debate giró en torno a los datos del Observatorio de Seguridad de Cali, que reportó 267 homicidios entre enero y marzo de 2026, un incremento del 5% frente a los 254 casos del mismo periodo de 2025.

Según el concejal Marlon Andrés Cubillos, este repunte refuerza una tendencia al alza que se refleja en el salto de 938 homicidios en 2024 a 1.058 en 2025. Cubillos recordó que el Plan de Desarrollo de la Administración Municipal establecía como meta no superar los 900 homicidios anuales, objetivo que se incumplió desde el 2025.

La mayoría de los homicidios se concentra en comunas del oriente, como la 15 y la 18, que sumaron 24 asesinatos cada una en el primer trimestre. El informe oficial atribuye el fenómeno a “reacomodos y tensiones criminales localizadas”, asociadas al control territorial y a economías ilegales.

El 80,69% de los homicidios en 2026 se cometieron con armas de fuego, mientras que el 13,51% involucró armas blancas o contusopunzantes y el 5,79% otros tipos de armas. El concejal Carlos Andrés Arias resaltó la necesidad de conocer la ruta de entrada de las armas, ya que “Cali es una ciudad vulnerable por la cantidad de amenazas externas e internas”.

Críticas a la gestión y al uso del presupuesto

El cuestionamiento a la gestión del secretario de Seguridad se centró en la falta de resultados pese al aumento del presupuesto. De acuerdo con el concejal Edison Lucumí, el presupuesto destinado a seguridad se incrementó un 33% en 2025 y un 36% en 2026, pero los homicidios continúan en ascenso.

“Hay cosas que no cuadran”, afirmó Lucumí, señalando que la inversión no se refleja en la disminución de los delitos más graves. Por su parte, el concejal Andrés Escobar aseguró que “no se están administrando las capacidades de la ciudad de manera adecuada”.

La concejala María del Carmen Londoño subrayó que Cali es “la ciudad más violenta del país y la sexta en Sudamérica”, e insistió en la necesidad de acciones estructurales y permanentes.

Londoño cuestionó la falta de articulación entre la Secretaría de Seguridad y otras dependencias, así como la priorización de cámaras para fotomultas en detrimento de la seguridad ciudadana. “¿Será porque no es un negocio rentable salvar vidas, pero sí colocar fotomultas?”, preguntó.

Zonas críticas y focos de violencia

El análisis geográfico del Observatorio de Seguridad de Cali reveló que la violencia homicida se concentra en barrios específicos del oriente, como Alto de los Chorros, Mojica, Potrero Grande, Los Polvorines y Simón Bolívar.

En estos sectores, la disputa por el control de economías ilegales elevó el riesgo para la población. De los 267 homicidios del primer trimestre de 2026, 208 estuvieron relacionados con hechos delictivos, 41 con conflictos de convivencia y 14 con otros motivos.

La violencia afecta principalmente a hombres jóvenes: 242 de las víctimas fueron hombres, 94 tenían entre 18 y 28 años y 18 eran menores de edad. Los fines de semana y las noches registran los picos más altos de homicidios, con 45 muertes los domingos, 41 los sábados y 40 los viernes. Entre las 6:00 p. m. y las 2:59 a. m. ocurrieron 147 asesinatos.

Debates y propuestas en el Concejo

El concejal James Agudelo planteó la importancia de diferenciar los móviles de los homicidios para diseñar estrategias específicas, ya sea por narcotráfico, microtráfico, hurto o lesiones personales.

Agudelo defendió la construcción de una nueva megaestación de Policía en el sur de la ciudad, proyecto que, según dijo, fue aprobado por la administración anterior y que espera se concrete con recursos de crédito público.

El tema del toque de queda para menores también ocupó parte de la discusión. Arias preguntó al secretario de Seguridad por qué no se ha implementado la medida propuesta por el Concejo, considerando que casi el 50% de las víctimas son jóvenes. “La medida del toque de queda no es solamente restrictiva, es para proteger a los niños y que no estén tan expuestos a la violencia”, argumentó.

Persistencia de factores de riesgo

El informe anual de homicidios de 2025, presentado por la Secretaría de Seguridad de Cali, advirtió sobre la fragilidad de los avances y la persistencia de factores de riesgo que afectan a determinados territorios y grupos poblacionales.

Aunque los niveles actuales de violencia letal están lejos de los registrados en décadas pasadas —cuando se reportaban hasta 2.500 homicidios anuales—, el repunte observado en los dos últimos años mantiene en alerta a autoridades y ciudadanía.

La sesión de control político en el Concejo concluyó con el llamado a la administración municipal para que adopte medidas integrales y coordine esfuerzos institucionales, buscando frenar la tendencia al alza de los homicidios y recuperar la confianza en la gestión de la seguridad pública.

En las últimas horas, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, pidió al Gobierno nacional claridad sobre el futuro del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali, en medio de dudas sobre el proceso de concesión, según información obtenida por Revista Semana.

La mandataria solicitó una reunión urgente con la Aeronáutica Civil (Aerocivil) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para definir si se abrirá la licitación para la nueva concesión del terminal aéreo.

La solicitud se da en un contexto en el que el departamento ha trabajado durante varios años en la estructuración del proyecto de concesión y espera definiciones sobre su ejecución.

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Solicitud de reunión y dudas sobre la concesión

De acuerdo con lo expresado por la gobernadora, el objetivo principal es conocer si el proceso de licitación para la concesión del aeropuerto se llevará a cabo.

“En el Valle del Cauca lo que hicimos fue pedirle una cita al director de la Aerocivil, al director de la ANI, precisamente para que nos esclarezcan si es que la apertura de la licitación para la nueva concesión no se va a dar”, afirmó Toro, citada por ese medio de comunicación.

La mandataria indicó que esta definición es clave para avanzar en la modernización del aeropuerto.

También señaló que el departamento ha trabajado durante siete años en la estructuración del proyecto relacionado con la nueva concesión.

Inversión proyectada para el aeropuerto

Según lo planteado por la gobernadora, la concesión permitiría ejecutar una inversión cercana a 4,8 billones de pesos.

Estos recursos estarían destinados a la modernización del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, así como a mejoras en otras terminales del Pacífico colombiano.

“Estamos exigiendo que se nos abra la concesión para poder lograr que el aeropuerto realmente sea recuperado, un aeropuerto de talla mundial”, expresó Toro, citada por ese medio de comunicación.

Además, la mandataria destacó que el proyecto también contempla intervenciones en aeropuertos como el de Buenaventura.

Anuncios previos de la Aeronáutica Civil

El pronunciamiento de la gobernadora se produce después de que la Aeronáutica Civil anunciara una inversión de 215 mil millones de pesos para la modernización del aeropuerto de Cali.

Según la entidad, estos recursos serían financiados a través de un Conpes y ejecutados en un periodo de cinco años, hasta el año 2030.

Entre las obras contempladas se encuentran la construcción de una subestación eléctrica, la implementación de un sistema de manejo de equipajes, la instalación de nuevos puentes de abordaje y el mejoramiento de la pista y las zonas de rodaje.

Estas iniciativas buscan fortalecer la infraestructura del aeropuerto y mejorar la operación del terminal.

Definiciones pendientes sobre el futuro del terminal

La solicitud de la gobernadora apunta a definir el modelo bajo el cual se administrará el aeropuerto en los próximos años.

Actualmente, la Aeronáutica Civil asumió la operación directa de la terminal aérea, lo que ha generado interrogantes sobre el proceso de concesión.

Las autoridades regionales esperan que en la reunión solicitada se establezcan los lineamientos para el desarrollo del proyecto.

El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón es uno de los principales terminales del suroccidente colombiano, por lo que las decisiones sobre su administración e inversión tienen impacto en la conectividad de la región.

El proceso se mantiene en análisis mientras se espera una definición sobre la apertura de la licitación y el modelo de concesión que se implementará.

Entre enero y marzo de 2026, Cali registró 267 homicidios, cifra que representa un incremento del 5% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 254 asesinatos. Así lo reportó el Observatorio de Seguridad de Cali, cuyos datos motivaron una alerta entre autoridades y ciudadanía. Según el balance, este aumento mantiene la tendencia al alza ya evidenciada el año anterior.

El informe anual de homicidios de 2025, presentado por la Secretaría de Seguridad de Cali, documentó un salto de 938 a 1.058 casos respecto a 2024, lo que correspondió a un aumento del 13%. El documento oficial señaló: “La comparación interanual entre 2024 y 2025 muestra un incremento de 120 homicidios”.

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Esta progresión interanual refuerza la preocupación acerca de la persistencia y reacomodo de dinámicas violentas en la ciudad.

Zonas más afectadas y dinámica territorial de la violencia

La violencia homicida en Cali no se distribuye de manera uniforme en el territorio urbano. De acuerdo con el Observatorio de Seguridad de Cali, las comunas 15 y 18 encabezaron el listado de las más afectadas en los tres primeros meses de 2026, con 24 asesinatos cada una. Les siguieron la comuna 14, con 23, la 21, con 22, y las comunas 8 y 13, con 17 homicidios cada una.

En cuanto a barrios específicos, el sector Alto de los Chorros acumuló 10 homicidios, Mojica sumó 8, mientras que Potrero Grande registró 7. Los barrios Los Polvorines y Simón Bolívar tuvieron 6 asesinatos cada uno, y La Isla, Saavedra Galindo y Sucre reportaron 5 casos cada uno. Esta concentración permite identificar al oriente de la ciudad como la zona donde la violencia letal impacta con mayor fuerza.

La Secretaría de Seguridad de Cali indicó que estos incrementos no responden a un fenómeno transversal, sino a “reacomodos y tensiones criminales localizadas”. La dinámica homicida, señaló el informe, está vinculada a disputas por control territorial y economías ilegales en sectores puntuales.

Características de los hechos y perfiles de las víctimas

Los datos oficiales muestran que el 80,69% de los homicidios en 2026 se cometieron con armas de fuego. Las armas blancas o contusopunzantes estuvieron presentes en el 13,51% de los casos, y el 5,79% involucraron otro tipo de armas.

Según el Observatorio, la mayoría de los asesinatos tuvo como móvil hechos relacionados con la delincuencia (208 casos), mientras que 41 correspondieron a conflictos de convivencia y 14 a otros motivos.

La violencia afecta principalmente a la población masculina. De los 267 homicidios registrados en los primeros tres meses del año, 242 víctimas fueron hombres y 17 mujeres. Además, 94 personas tenían entre 18 y 28 años, y 18 víctimas eran menores de edad.

El informe detalla que los fines de semana son los días con más homicidios: los domingos se presentaron 45, los sábados 41 y los viernes 40. Un total de 147 asesinatos se perpetraron entre las 6:00 p. m. y las 2:59 a. m.

Causas estructurales y lógicas criminales

El informe anual de homicidios de 2025 resaltó que el 74% de los 1.058 homicidios de ese año correspondieron a atentados sicariales, lo que evidencia la influencia de estructuras delincuenciales y economías ilegales. El documento advierte que la violencia en Cali responde no solo a factores locales, también a reconfiguraciones criminales regionales y condiciones territoriales específicas.

Desde la Secretaría de Seguridad se advirtió: “El incremento interanual frente a 2024 evidencia la fragilidad de los avances y la persistencia de factores de riesgo que presionan determinados territorios y poblaciones”.

Aunque las cifras actuales están lejos de los niveles de violencia letal de décadas anteriores —cuando se registraban hasta 2.500 homicidios al año—, el repunte en los últimos dos años preocupa a las autoridades.

Las intensas ráfagas de viento y lluvias sorprendieron tanto a visitantes como a empleados, quienes debieron buscar refugio ante el peligro de objetos impulsados por el viento.

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El fenómeno meteorológico se intensificó en el barrio Villacolombia, cuando un rayo cayó en la intersección de la calle 52 con carrera 12. La descarga eléctrica impactó sobre un local comercial en la esquina y generó momentos de pánico entre quienes circulaban por la zona.

Un video mostró cómo el resplandor y el estruendo alteraron a un perro y a un transeúnte, quienes reaccionaron escapando del lugar. Durante esos segundos, los vehículos detuvieron su marcha, generando una pausa en el tráfico. Tras la impresión inicial, los conductores retomaron la circulación habitual.

El hecho no dejó personas heridas, aunque sí causó alarma y momentos de tensión entre los habitantes y trabajadores presentes.

Las precipitaciones intensas ocurridas provocaron diversas afectaciones en barrios del norte y el oeste de Cali, en el Valle del Cauca. El impacto principal se registró en la movilidad y en la infraestructura de varios sectores, como consecuencia de caídas de árboles y daños en tendidos eléctricos.

La zona cercana al Terminal de Transporte, Chipichape, Sameci, el barrio La Flora y el municipio de Yumbo también experimentaron lluvias fuertes durante la tarde. En Alfonso López, un árbol cayó sobre un vehículo en la Carrera 7, lo que requirió la intervención de los bomberos para retirar los escombros y garantizar la seguridad de la zona.

Nataly Castaño, vocera del Cuerpo de Bomberos, detalló que las emergencias incluyeron obstrucciones en vías, principalmente por árboles derribados y cables caídos, en barrios como Urbanización Barranquilla, Chimigango, Alcázares y Metropolitano del Norte. Además, especificó a La Fm que en el barrio Aguacatal, en la zona occidental, se desplegaron equipos para despejar las rutas y restablecer el tránsito vehicular.

Los organismos de socorro advirtieron que la tormenta de este lunes 30 de marzo podría preceder nuevos episodios de lluvias fuertes, actividad eléctrica y vientos intensos, tanto en Cali como en otras localidades del Valle del Cauca. Estas condiciones aumentan la probabilidad de más emergencias asociadas a la temporada húmeda.

Ante el panorama, las autoridades recomendaron a los conductores circular con precaución, disminuir la velocidad y evitar atravesar áreas inundadas. A la comunidad en general se le pidió mantenerse alerta ante la posibilidad de desbordamientos, caídas de ramas y aumentos súbitos de caudal en ríos y quebradas. Las emergencias deben reportarse a los canales oficiales.

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca informó que se prevé la formación de nubes cumulonimbos por la interacción de sistemas de baja presión y el aporte de humedad, lo que podría generar lluvias intensas especialmente en las tardes y noches. Por lo que durante la Semana Santa de 2026, Cali y el resto del departamento enfrentarán condiciones propias de la transición hacia la primera temporada húmeda del año.

Saúl Ramírez, técnico en meteorología de la CVC, confirmó que los días 1 y 2 de abril estarán marcados por cielos mayormente nublados en la Región Andina, alternando en las mañanas con intervalos de sol y radiación elevada. Se esperan lluvias de diferente intensidad hacia la tarde y noche, algunas acompañadas de descargas eléctricas debido al ascenso del aire húmedo en zonas montañosas.

De este modo, la ciudad y sus alrededores deberán mantener la vigilancia ante la posibilidad de nuevas afectaciones, priorizando la prevención y la información oportuna para minimizar el impacto de los eventos climáticos previstos para la primera semana de abril.

Según información proporcionada por la Policía Metropolitana de Cali y replicada por los medios locales, la confrontación se habría originado por motivos sentimentales relacionados con la disputa por un hombre. Y es que la magnitud de la riña fue tal que Farías Marcano murió a consecuencia de una herida en el pecho, luego de que se enfrentara con su “rival” en plena vía pública y utilizaran armas blancas durante el altercado.

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Tras el ataque, Leidy Salcedo Rojas abandonó la escena, pero fue capturada en flagrancia por las autoridades, según el reporte oficial que fue difundido por El País de Cali. Después de su detención, la mujer fue presentada ante las autoridades, que se encargaron de evaluar su responsabilidad en la muerte de Marianys Del Valle Farías Marcano.

De acuerdo con la información disponible, un juez determinó que Salcedo Rojas debía ser dejada en libertad, al considerar que su actuación ocurrió en un contexto de legítima defensa.

El video de la cámara de seguridad muestra que ambas mujeres portaban armas blancas y que la confrontación fue precedida por amenazas verbales y agresiones mutuas, pues en las grabaciones se escuchan fuertes insultos como: “Perra”.

Este elemento fue central en la decisión judicial, que argumentó la existencia de circunstancias que eximían de responsabilidad penal a la capturada. Por ahora, el caso continúa bajo investigación de las autoridades judiciales para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen otros elementos relevantes para el proceso.

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran que Marianys Del Valle Farías Marcano y Leidy Salcedo Rojas se enfrentaron verbalmente en plena vía pública, y cada una tenía un arma blanca, en caso de escalar el conflicto. Lo que inevitablemente sucedió cuando Salcedo Rojas utilizó un puñal y atacó en el pecho a Farías Marcano, dejándola notablemente desorientada por el profundo corte que le propinó.

A pesar de la herida, la víctima continuó discutiendo durante aproximadamente 40 segundos. Posteriormente, al cruzar la calle, Farías Marcano se desplomó y murió minutos después debido a la gravedad de la lesión. El suceso, difundido en redes sociales, desató preocupación entre la comunidad y puso en evidencia el nivel de violencia en el sector.

Cabe mencionar que este caso de intolerancia se suma a una serie de episodios violentos que afectan a la capital del Valle del Cauca durante el primer trimestre de 2026. Según cifras consolidadas por el Observatorio de Seguridad de Cali y el Comité Interinstitucional de Muertes por Causas Externas (Cimce), con corte al 28 de marzo de 2026, la ciudad registra un aumento del 6% en homicidios respecto al mismo periodo de 2025. Los datos indican que se pasó de 242 homicidios en 2025 a un total de 257 casos en lo que va de 2026.

Además, se indicó que la creciente cantidad de agresiones interpersonales y muertes violentas ha encendido las alertas en distintos sectores de la ciudad porque estos hechos ocurren a plena luz del día, sin importar la presencia de menores de edad en los sectores.

Ante estos hallazgos, la comunidad realizó un enfático llamado en el que se reitera la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y atención de conflictos para frenar la tendencia al alza de estos hechos, así como la importancia de incrementar la presencia de la Fuerza Pública en las calles.

De acuerdo con los reportes preliminares del caso, la presencia de un cadáver flotando en el caño que se ubica en esa zona fue reportado tras escucharse tres disparos.

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La Policía Metropolitana de Cali acudió al lugar y procedió a acordonar la zona para iniciar los actos urgentes, que incluyó la inspección técnica del cuerpo y la recolección de evidencias en el sitio. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad del fallecido ni se ha precisado el momento exacto en que ocurrieron los hechos.

Vecinos del sector relataron que poco antes del hallazgo escucharon detonaciones, lo que llevó a pensar en un posible ataque con arma de fuego. Minutos más tarde, el cuerpo fue avistado en el canal de aguas residuales, lo que alertó a la comunidad y motivó la llegada de los uniformados.

De acuerdo con los procedimientos habituales, las autoridades buscan esclarecer los móviles del suceso y determinar si existen antecedentes o amenazas previas una vez se logre la identidad plena de la víctima. Se investiga si el hecho está relacionado con disputas locales o si obedece a otras causas.

Se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas, mientras continúa la recolección de evidencias para esclarecer este nuevo caso de violencia en la ciudad.

Misterioso hallazgo de cadáver en avanzado estado de descomposición en la avenida de Los Cerros

Un intenso olor nauseabundo alertó durante cinco días a los habitantes y transeúntes de la avenida de Los Cerros, cerca del sector de La Narnia, al suroccidente de Cali. El área conecta las comunas 18 y 20 con la zona rural montañosa.

Cuando las autoridades atendieron el llamado, encontraron el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición, lo que sugiere que llevaba cerca de una semana abandonado en el lugar.

Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación asumieron la investigación. El cadáver, que correspondería a un hombre de entre 30 y 35 años, fue hallado en condiciones que dificultan determinar las causas de la muerte.

Por el momento, la hipótesis inicial apunta a una posible muerte violenta debido a la forma en que fue abandonado el cuerpo, aunque la causa exacta está pendiente de confirmación por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal.

Cifras de homicidios en Cali entre 2024 y 2025

Entre 2024 y 2025, Cali registró 2.003 casos de homicidio —938 en 2024 y 1.065 en 2025—, de acuerdo con la Alcaldía de Cali, la cifra más baja desde que se tienen registros, según cifras preliminares de la Policía Nacional y el Observatorio de Seguridad.

El secretario de Seguridad y Justicia, Jairo García, destacó que en esta administración se han presentado los años menos violentos desde 1995, tanto en términos generales como en homicidios de mujeres y jóvenes. En los dos primeros años del actual Gobierno, se reportaron 908 homicidios de jóvenes y 130 de mujeres, cifras inferiores al promedio histórico.

Operativos, capturas y reducción de hurtos en 2025

Durante 2025, las autoridades intensificaron los operativos, logrando la captura de 6.704 personas, de las cuales 453 fueron por homicidio, según el entonces comandante de la Policía Metropolitana, General Edwin Urrego. Además, se incautaron cerca de 4 toneladas de droga y 1.320 armas de fuego.

En materia de hurtos, 2025 cerró con una reducción significativa en la mayoría de modalidades: el hurto a personas descendió 18% (de 21.992 a 18.037 casos), el hurto a celulares cayó 27% y el hurto a residencias 23%. La única excepción fue el hurto a motocicletas, que aumentó 14%.

La Procuraduría General de la Nación suspendió por tres meses a cuatro funcionarios de la Alcaldía de Cali por presunto desacato a una tutela, según información obtenida por Revista Semana, en un caso que involucra la gestión del riesgo y el jarillón del río Cauca.

La medida disciplinaria se relaciona con el incumplimiento de una orden judicial que exigía el reasentamiento de una comunidad ubicada en zona de alto riesgo, lo que habría generado afectaciones en la protección de sus derechos.

El proceso también impacta obras estratégicas de mitigación de inundaciones en la ciudad, en medio de cuestionamientos por la gestión administrativa.

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Suspensión de funcionarios y alcance de la medida

La Procuraduría ordenó la suspensión provisional de cuatro altos funcionarios de la Alcaldía de Santiago de Cali, en el marco de una investigación disciplinaria por presunto desacato a un fallo de tutela.

La decisión afecta al secretario de Gestión del Riesgo, Breayner Ricardo Peñuela Munevar; a la secretaria de Vivienda Social y Hábitat, María del Mar Mozo Muriel; al subsecretario de Manejo de Desastres, Nicolás Suárez Vallejo; y al director del Departamento Administrativo de Planeación, Diego Andrés Giraldo Arboleda.

La medida tiene efecto inmediato y busca apartar a los funcionarios de sus cargos mientras se desarrollan las etapas del proceso disciplinario, con el fin de evitar posibles interferencias o la reiteración de las conductas investigadas.

De acuerdo con el ente de control, esta decisión responde a criterios preventivos establecidos en la ley, que permiten adoptar este tipo de acciones cuando se considera que la permanencia en el cargo podría afectar el curso de la investigación.

El anuncio se produjo en medio de un seguimiento a la gestión de las dependencias encargadas de la planificación territorial, la vivienda y la atención de emergencias, áreas clave en la administración municipal.

Incumplimiento de tutela y comunidad afectada

El caso tiene su origen en el presunto incumplimiento de un fallo de tutela que protegía los derechos de la comunidad étnica de Playa Renaciente, asentada en una zona considerada de alto riesgo.

Según la Procuraduría, las autoridades distritales habrían omitido la orden judicial que exigía el reasentamiento inmediato de esta población, lo que generó un escenario de vulnerabilidad para sus habitantes.

El ente de control investiga una posible falta de gestión administrativa para garantizar la disponibilidad de suelo y ejecutar el traslado de las familias, lo que habría derivado en la desprotección de su vida e integridad física.

El expediente también señala una aparente parálisis normativa por parte de las secretarías involucradas, lo que habría impedido avanzar en las acciones necesarias para cumplir con la orden judicial.

En este contexto, la Procuraduría reiteró que las decisiones de los jueces, especialmente aquellas que buscan proteger a poblaciones vulnerables, deben cumplirse de manera estricta y sin dilaciones por parte de las entidades públicas.

Impacto en el jarillón y obras de mitigación

La situación también ha tenido efectos sobre las obras de mitigación de riesgo en el jarillón del río Cauca, una infraestructura clave para la prevención de inundaciones en Cali.

De acuerdo con el análisis del Ministerio Público, la falta de un plan efectivo de reubicación habría impedido el desarrollo de trabajos de reforzamiento estructural en el tramo correspondiente a la zona de Playa Renaciente.

Esto generó un impacto directo en la ejecución de proyectos destinados a reducir el riesgo de inundaciones, en una ciudad donde el control de este tipo de amenazas es fundamental para la seguridad de la población.

La Procuraduría advirtió que la inacción de los funcionarios pudo haber afectado no solo a la comunidad involucrada, sino también al avance de obras estratégicas para la ciudad.

En ese sentido, la suspensión busca garantizar que el proceso disciplinario avance sin interferencias y que se puedan establecer con claridad las responsabilidades correspondientes.

El caso continuará en investigación mientras se evalúan las actuaciones de los funcionarios y se determina si hubo incumplimientos que deriven en sanciones de fondo, en un escenario que mantiene la atención sobre la gestión pública y la protección de comunidades en riesgo.

Durante las inspecciones, se encontraron 34 piezas arqueológicas pertenecientes a culturas precolombinas. Al solicitar los documentos de funcionamiento, las autoridades constataron que ninguno de los negocios contaba con licencia para poseer las piezas ni autorización para intervenirlas.

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Según informó el teniente coronel Jairo Sanabria, jefe seccional de Servicios Especiales de la Policía Nacional en Cali, “entre los elementos recuperados se encuentran vasijas, cuencos e inclusive figuras antropomórficas pertenecientes a las culturas Calima y Quimbaya clásicas”.

Los operativos se llevaron a cabo en los barrios Granada y Versalles, lo que resultó en la suspensión transitoria de la actividad de los dos anticuarios. Sanabria señaló que “no se trata de piezas decorativas, sino que hacen parte de la historia de nuestro país y estaban siendo manipuladas de manera irregular”.

La Policía Metropolitana indicó que los locales intervenidos “fueron objeto de suspensión temporal de actividad por intervenir estos bienes de interés cultural o patrimonio arquitectónico, sin la respectiva licencia o autorización, o sin la asesoría en restauración de personal autorizado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115, numeral 3, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.

Según las autoridades, la medida de cierre será temporal, pero los dueños y comerciantes deberán explicar cómo y dónde adquirieron estos objetos arqueológicos.

El operativo contó con la participación del grupo de Protección al Turismo de la Policía Nacional, Interpol, el Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca (Inciva), la Subsecretaría de Patrimonio y la Unidad Básica de Investigación Criminal de la seccional de Protección y Servicios Especiales. Las piezas arqueológicas quedaron bajo custodia de Inciva, mientras que la reapertura de los anticuarios dependerá de los procesos administrativos y la justificación documental sobre la procedencia de los objetos.

Las culturas precolombinas

Las culturas precolombinas fueron aquellas sociedades que habitaron el continente americano antes del inicio de la colonización europea, proceso que comenzó el 12 de octubre de 1492 con la llegada de Cristóbal Colón.

Diversas civilizaciones florecieron en América antes de la llegada de los europeos. Entre las más reconocidas se encuentran la cultura azteca en Mesoamérica, la maya en la península del Yucatán y la inca en los Andes centrales. En el territorio que hoy corresponde a Colombia, las culturas precolombinas fueron igualmente variadas, algunas fueron: las familias lingüísticas Chibcha, Caribe y Arawak. Entre los pueblos más sobresalientes se encuentran los muiscas, tayronas, quimbayas, sinú, calima y San Agustín, conocidos por su orfebrería, alfarería avanzada, agricultura en terrazas y sistemas de cacicazgos estructurados antes de la conquista española.

Estas sociedades presentaron una gran heterogeneidad: mientras algunas desarrollaron sistemas políticos y sociales complejos bajo imperios centralizados y construyeron grandes monumentos, otras mantuvieron formas de vida nómada o semisedentaria, con economías basadas en la caza y la recolección.

En la actualidad, el término “precolombino” es debatido, ya que tiende a homogeneizar la diversidad indígena americana y centra el relato en un explorador europeo. Alternativamente, se emplean expresiones como “civilizaciones prehispánicas” o “América antigua” para referirse a estas culturas.

Entre los rasgos comunes de las culturas precolombinas destacan sus avanzados conocimientos en agricultura —como la construcción de terrazas, sistemas de irrigación y chinampas—, su arquitectura monumental, regímenes políticos centralizados en algunos casos, y economías que iban desde la agricultura intensiva hasta la subsistencia y el intercambio. Muchas sociedades mostraban diferenciación social y mantenían sistemas religiosos politeístas, realizando rituales y sacrificios para honrar a sus dioses y explicar fenómenos naturales.

El arte precolombino refleja la riqueza y diversidad cultural de estas sociedades, con fuerte simbolismo religioso y estilización de la naturaleza. Utilizaban materiales como piedra, arcilla, metales y textiles, y crearon obras monumentales como pirámides, templos y esculturas.

Un operativo de inspección y control realizado el jueves 26 de marzo en la Terminal de Transporte de Cali culminó con la incautación de ocho cangrejos azules (Cardisoma crassum) vivos y un armadillo ahumado, ejemplares que habían salido del departamento de Nariño con destino a la capital del Valle.

Según informó el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), la intervención se llevó a cabo en conjunto con la Policía Ambiental, como parte de los controles previos a Semana Santa.

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De acuerdo con la información recopilada, el hallazgo se produjo durante una revisión rutinaria de equipajes en la terminal, donde los funcionarios detectaron los animales, algunos de los cuales permanecían en condiciones inadecuadas de transporte, dentro de una nevera de icopor.

Estado y destino de los animales incautados

El reporte oficial del Dagma detalló que los cangrejos azules, encontrados aún con vida, fueron trasladados al Hogar de Paso, una instalación destinada a la recuperación temporal de fauna silvestre. Allí, profesionales en biología realizarán una valoración técnica para determinar su estado de salud y planificar su eventual retorno a su hábitat natural.

“Estos cangrejos azules se trasladan hacia el Hogar de Paso; hay varios individuos que están vivos, se hará una valoración y definirá si se encuentran en buenas condiciones para devolverlos a su hábitat en el Pacífico”, explicó la funcionaria de la autoridad ambiental local.

En contraste, el armadillo fue hallado en estado ahumado, lo que evidenció su sacrificio para consumo humano. Esta práctica, según explicó la bióloga Jessica Galíndez Cerón, coordinadora del grupo de Gestión de Fauna Silvestre del Dagma, representa un riesgo ambiental y sanitario para la ciudad.

“Hemos intensificado los operativos en puntos estratégicos como galerías, establecimientos de comercio y accesos a la ciudad”, afirmó Galíndez Cerón. Además, subrayó que el cangrejo azul es una especie protegida y que su tráfico incrementa la vulnerabilidad de la fauna regional.

Acciones pedagógicas y sensibilización

Durante el operativo, las autoridades ambientales también desplegaron actividades pedagógicas dirigidas a viajeros y transportadores, enfocadas en informar sobre los riesgos legales y ambientales asociados al tráfico y consumo de especies silvestres. La funcionaria recordó que el transporte de fauna en neveras de icopor y otros recipientes improvisados constituye una infracción sancionada por la ley.

La sensibilización ciudadana incluyó un llamado especial a evitar la compra y consumo de animales silvestres, así como a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con la biodiversidad. Con base en datos del Dagma, pese a una disminución reciente en los casos de comercialización ilegal, los operativos se reforzaron ante el incremento de movilizaciones en Semana Santa.

El operativo se dio en una estrategia de control intensificada durante la temporada previa al Domingo de Ramos, que en 2026 se celebra el 29 de marzo. Las acciones incluyen vigilancia sobre la comercialización de especies vegetales como la palma de cera, cuya extracción y venta también están prohibidas debido a su condición de flora en peligro de extinción.

Las autoridades ambientales han advertido sobre el impacto ecológico de estas prácticas y han instado a la comunidad a optar por alternativas sostenibles durante las festividades religiosas.

Marco legal y sanciones en Colombia

El tráfico y la comercialización de fauna silvestre están tipificados como delitos graves en la legislación colombiana. La Ley 2387 de 2024 establece penas privativas de la libertad entre 60 y 135 meses para quienes sean hallados responsables de extraer, movilizar o vender especies protegidas.

Las sanciones también incluyen multas que pueden alcanzar varios millones de pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción y el número de ejemplares afectados.

Durante la intervención en la Terminal de Cali, las autoridades reiteraron a los ciudadanos los riesgos penales de estas conductas. “Invitamos a la comunidad a evitar la comercialización y el consumo de fauna silvestre, dado que es una actividad ilícita y tiene sanciones”, enfatizó Galíndez.

La selección Colombia femenina se volverá a reunir en abril para la Liga de Naciones de la Conmebol, que retoma competencia en 2026 para definir las dos clasificadas directas al mundial de Brasil 2027, así como los otros dos cupos para el Torneo de Repechaje que también se disputará en ese país.

El cuadro cafetero espera todo el apoyo de la afición en Cali, donde jugará en el estadio Pascual Guerrero dos de sus tres compromisos de abril, contra Perú y Chile, esperando el triunfo para seguir en carrera al certamen de la FIFA, además de que regresa a su sede habitual después de pasar por Medellín en 2025.

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Para eso, la FCF dio a conocer los precios de la boletería para esos partidos de local, que son beneficiosos para todos los hinchas no solo por sus valores, sino por la promoción, para que no tengan que elegir entre uno u otro compromiso, ya que ambos son determinantes para subir en la tabla.

La boletería para ver a Colombia

Pensando en el tiquete anticipado para el mundial, la Tricolor quiere aprovechar su condición de local para ganar, pero necesita del apoyo del público para vencer a Venezuela, que es líder en la tabla de posiciones, y Chile, tercera con las mismas unidades de las cafeteras.

Una de las promociones de la selección Colombia femenina es asistir a los dos partidos en Cali por el mismo precio, con el objetivo de garantizar una buena cantidad de público en esos juegos, con cifras que van desde los 56.000 pesos hasta los $112.000, junto con el recargo del servicio de la empresa TuBoleta.

A través de un comunicado, la FCF señaló que “el estadio Pascual Guerrero acogerá al equipo nacional y se vestirá de amarillo para alentar a las jugadoras. Confiamos en que las tribunas se llenen de alegría, energía y ese aliento incondicional que siempre caracteriza a los hinchas de las selecciones Colombia”.

“Por ello, desde la Federación Colombiana de Fútbol extendemos una invitación a todos los aficionados del fútbol del país para que acompañemos a las jugadoras en este gran reto del primer semestre de 2026″, añadió la entidad, esperando una buena acogida en esos compromisos.

De otro lado, para aquellos hinchas que solo puedan ir a alguno de los partidos contra Venezuela y Chile, los precios van desde los 40.000 hasta los 80.000 pesos, que son accesibles para todo público en las tribunas y palcos del estadio Pascual Guerrero.

Linda Caicedo brilló, pero fue goleada

Linda Caicedo, figura de la selección Colombia femenina, registró dos goles y la mejor calificación del partido, aunque Real Madrid Femenino sufrió una derrota 2-6 ante Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Champions League Femenina, jugada el miércoles 25 de marzo.

El trámite inicial se vio marcado por la ventaja temprana de las visitantes, con tantos de Ewa Pajor y Esmee Brugts antes del minuto 15. La reacción del conjunto blanco llegó al 30, cuando Caicedo superó a la portera rival para descontar. Apenas dos minutos más tarde, Irene Paredes amplió la diferencia.

Un nuevo tanto de Caicedo a los 66′, mediante un derechazo desde la medialuna que se incrustó en el ángulo, significó el quinto gol personal de la colombiana en esta edición del torneo. La atacante suma además tres goles en Liga F, dos en Copa de la Reina y uno en la Supercopa Española Femenina durante la temporada.

El Barcelona dominó el complemento, con doblete adicional de Pajor y gol de Vicky López, asegurando una amplia ventaja de cara al encuentro de vuelta. La serie, casi sentenciada, continuará el jueves 2 de abril en el Spotify Camp Nou.

La Corte Constitucional ratificó el 3 de marzo de 2026 que la protección laboral durante el embarazo y la lactancia constituye un derecho fundamental. Ante esto, se pronunció el abogado de familia Jimmy Jiménez, que destacó que esta garantía implica una “estabilidad laboral reforzada”, con consecuencias legales directas para aquellos que no la respeten.

Y es que en Colombia, una trabajadora embarazada o en periodo de lactancia no puede ser despedida, desvinculada, ni ver su contrato no renovado únicamente por su condición. En varios casos registrados en el territorio nacional, la Corte estableció la obligatoriedad del reintegro, el pago de salarios u honorarios no percibidos y la protección de la lactancia, sin importar si el vínculo era de carácter laboral o mediante prestación de servicios, siempre que se afecten derechos fundamentales.

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“Debemos recordar que la Constitución reconoce una protección especial para la maternidad y que las mujeres embarazadas o en período de lactancia cuentan con estabilidad laboral reforzada, lo que implica que no pueden ser despedidas o desvinculadas sin una causa objetiva y, en muchos casos, sin autorización previa del Ministerio del Trabajo”, explicó Jiménez.

Asimismo, aclaró que: “Cuando estas garantías se desconocen, el despido puede presumirse como discriminatorio”, lo que posibilita demandar la reincorporación y el pago de lo dejado de recibir en el periodo de retiro.

Protección laboral durante el embarazo y la lactancia

Tres expedientes recientes demuestran cómo se aplica esta protección en la práctica. Una contratista de la Alcaldía de Santiago de Cali no vio renovado su contrato cuando su bebé tenía 6 meses, aun cuando continuaba con la lactancia y lo informó debidamente. Si el empleador, con conocimiento de la situación, no renueva el contrato de una mujer lactante, esto representa una vulneración de derechos fundamentales.

Otro caso involucra a una trabajadora del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), cuyo contrato no fue renovado poco después de que comunicó su embarazo y hubo un breve reingreso antes de un nuevo cese del vínculo, ya en periodo de lactancia. Cualquier terminación del vínculo en estas circunstancias, sin justificación objetiva, activa la presunción de discriminación.

Por otro lado, la experiencia con la empresa Salamanca S.A. muestra cómo la terminación de contrato durante la gestación fue considerada injustificada y sin desvinculación por causa ajena al embarazo. En todos estos casos, la Corte ordenó el reintegro de las trabajadoras, el pago de salarios u honorarios y la adopción de medidas que amparen la lactancia materna, reconociendo los derechos al trabajo, la estabilidad laboral reforzada, la seguridad social y el mínimo vital.

Obligaciones para empleadores y límites al despido discriminatorio

La Corte precisó que “La garantía constitucional no se agota en la hipótesis del despido discriminatorio, sino que se extiende al ejercicio de otras facultades legales y contractuales propias de la relación laboral”. Para empleadores públicos y privados, existe un deber explícito de proteger a gestantes y lactantes en todos los escenarios contractuales si están en riesgo derechos fundamentales.

Así, el empleador debe abstenerse de prácticas discriminatorias y cumplir todas las obligaciones derivadas del Código Sustantivo del Trabajo.

Cabe mencionar que es de gran importancia garantizar el mínimo vital y la igualdad real y efectiva, debido a que salvaguardar la maternidad y la lactancia consolida el núcleo familiar y refuerza el principio de no discriminación. Para ello, se necesitan condiciones adecuadas de apoyo tanto en el entorno laboral como en el social o familiar.

Las autoridades pretenden que la maternidad y la carrera profesional coexistan para que se impida que el hecho de gestar, parir o amamantar disminuya los derechos de una trabajadora. Así, la decisión de la Corte busca asegurar que la maternidad no represente una desventaja laboral ni profesional.

Una emergencia por incendio en el sector de Aguablanca movilizó en la madrugada del 25 de marzo de 2026 a los organismos de socorro en el oriente de Cali, generando daños materiales y la atención urgente de varias personas.

El Cuerpo de Bomberos logró controlar el fuego, que amenazó con propagarse en un asentamiento de desarrollo incompleto, mientras las autoridades locales continúan en el sitio para coordinar la atención a los afectados.

Según la información oficial, el incendio se registró a las 2:30 a. m. en la zona conocida como Nueva Esperanza, ubicada en el barrio Los Lagos.

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De acuerdo con el reporte entregado por el Cuerpo de Bomberos de Cali, en cabeza de Cristian Ramírez, así se encuentra la situación: “Tenemos el reporte de un incendio estructural al oriente de la ciudad, en el cual su punto específico es el asentamiento de desarrollo, incompleto Nueva Esperanza. Estamos trabajando, con cuatro máquinas bombas, tres carros tanques, cuatro ambulancias y un vehículo de logística para un total de 25 unidades en el control de este incendio. Al momento lo tenemos ya controlado, solamente estamos haciendo labores de remoción y extinción de puntos calientes”.

Además, confirmó el número de personas afectadas por la conflagración: “Tenemos un reporte de cuatro personas afectadas atendidas por nosotros, lesionadas y afectación de viviendas, hasta el momento, censadas 41 en su totalidad. Más adelante estaremos dando más información sobre el avance de este evento”.

La Secretaría de Gestión del Riesgo mantiene presencia en el lugar afectado en Cali desde la orden del alcalde Alejandro Eder, con el objetivo de identificar familias damnificadas y asegurar la distribución de ayudas humanitarias cuando las condiciones lo permitan, según informó la Alcaldía de Cali.

La administración local también comunicó que la situación de emergencia continúa bajo seguimiento permanente, según informó El País. Alejandro Eder instruyó a la Secretaría a coordinar todas las acciones necesarias para asistir a los afectados.

Alcalde de Cali sobre emergencia

El siniestro dejó al menos ciento ochenta personas damnificadas y cuatro heridos que ya recibieron atención médica. Así lo confirmó el alcalde Alejandro Eder, que mencionó en conversación con Blu Radio que la emergencia reabre el debate sobre el déficit de vivienda digna y la ocupación ilegal de predios en la ciudad.

La conflagración se desató en una zona construida mayoritariamente con madera y techos de lámina, materiales altamente inflamables. Según Eder, en el sector ya se había producido un incendio similar apenas un año atrás, lo que pone de relieve la vulnerabilidad estructural de estos asentamientos. “Es un asentamiento informal con las casas hechas de materiales muy combustibles y es una situación urgente”, describió el alcalde.

El origen del fuego aún permanece bajo investigación. “Al momento no tenemos ninguna hipótesis definitiva”, respondió Eder sobre las causas, tras confirmar que equipos de emergencia y la Unidad de Gestión de Riesgo desplegaron asistencia humanitaria desde la madrugada. El mandatario también dejó claro que, tras la atención inicial –incluyendo auxilio para alquiler temporal–, la solución definitiva requerirá más tiempo y coordinación interinstitucional.

El barrio, priorizado para reubicación

La tragedia puso en foco la situación de Los Lagos, catalogado oficialmente como un sector de riesgo no mitigable. “Este barrio está priorizado para reubicación, porque se encuentra junto a las lagunas de fondaje en el oriente de Cali y expuesto a inundaciones”, explicó Eder.

El funcionario espera culminar un proyecto de reubicación en el primer semestre del año, pero reconoció la magnitud del desafío: en Cali hay más de 16 mil personas pendientes de ser reubicadas por condiciones similares.

El alcalde precisó que la falta de vivienda digna y la reaparición de asentamientos informales tienen raíces profundas en la crisis habitacional nacional. “Hay una ausencia de programas de vivienda digna en nuestro país. Desde la alcaldía hemos entregado más de mil subsidios el año pasado, y hay otros mil en trámite más mil adicionales aprobados, pero eso no es suficiente. Se necesita algo más ambicioso desde el nivel nacional,” sostuvo.

Fenómeno de invasión y desplazamiento forzado

Además del incendio, el alcalde admitió la existencia de redes criminales que promueven la ocupación ilegal de predios en Cali, una problemática extendida a otras ciudades colombianas. Relató incluso el caso insólito de una mansión tomada ilegalmente, en proceso de restitución. Eder atribuyó parte de esta recurrencia a vacíos legales: “La ley en nuestro país dice que si una persona llega a un terreno y no la sacan en 48 horas, ya se puede quedar. Eso incentiva estos asentamientos informales y tragedias como la de hoy.”

Sobre los habitantes del sector afectado, Eder detalló que muchos son migrantes internos, desplazados de zonas como el Cauca y el litoral Pacífico. Si bien el flujo migratorio hacia Cali ha mermado respecto a décadas anteriores, el fenómeno persiste y suma presión a los recursos públicos disponibles para la atención humanitaria.

Consultado sobre si los recursos municipales alcanzan para responder a emergencias como la de esta madrugada, el alcalde fue enfático al pedir respaldo nacional: “Se necesita más destinación de recursos desde el nivel central, sobre todo para la crisis de vivienda. En los últimos años se acabaron los programas de subsidios de vivienda en Colombia a nivel nacional.”

En el cierre de la entrevista, Eder reiteró la urgencia de focalizar los esfuerzos en atender a las familias afectadas, e invitó a quienes deseen colaborar a coordinarse con la Cruz Roja en Cali, entidad encargada del apoyo inmediato.

Las autoridades de Cali han desplegado un operativo integral para Semana Santa 2026, esperando una llegada cercana a 55 mil visitantes y un impacto económico de aproximadamente USD 8,4 millones.

La ciudad apuesta por una programación diversa que fusiona tradición, arte, tecnología y gastronomía, con el objetivo de consolidarse como un destino turístico y cultural durante estas fechas.

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La agenda se extiende del 24 de marzo al 5 de abril, con actividades diseñadas para caleños y turistas. La Secretaría de Turismo ha coordinado acciones con la Secretaría de Cultura y organizaciones del sector privado para garantizar experiencias que destaquen el patrimonio local.

Entre las iniciativas figura el mapping sobre templos y monumentos, además de la iluminación del edificio de Coltabaco y el Teatro Enrique Buenaventura, que permitirá “destacar el diseño arquitectónico de esos espacios a través de un diseño de una luz especial que va simplemente a resaltar lo que es”, según expresó María Fernanda Campuzano a El País.

Uno de los eventos centrales será el II Festival de Música Clásica, que inaugura la temporada cultural de Cali. El concierto de apertura estará a cargo de Tamborimba Ensamble el 24 de marzo en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, con un repertorio que incluye obras como La consagración de la primavera en versión para percusión.

La subsecretaria de artes, Yamileth Cortés, detalló: “Tendremos más de 300 artistas en escena que se presentarán en 23 conciertos que tendremos en diferentes espacios de la ciudad. Serán 13 días en los que podremos apreciar agrupaciones internacionales, nacionales, y también esos procesos académicos y comunitarios que surgen en nuestra ciudad con la música clásica”.

El festival se combinará con actividades de video mapping en iglesias emblemáticas, rutas gastronómicas y recorridos patrimoniales. El arte y la tecnología se fusionarán en espectáculos de luz y sonido en la Colina de San Antonio, La Merced, La Ermita y la Catedral de San Pedro, con funciones nocturnas diarias.

La oferta de la ciudad va más allá de lo cultural. La Secretaría de Turismo ha diseñado una guía para el Jueves Santo que narra la historia y el legado urbano de Cali, buscando reconectar a la comunidad con su memoria patrimonial. Los recorridos estarán disponibles para quienes deseen profundizar en la identidad local.

En paralelo, la gastronomía ocupará un lugar central. En colaboración con Acodres, se lanzará una ruta de sabores locales, “teniendo en cuenta que tenemos una riqueza de restaurantes muy importante. Igualmente, tendremos oferta de recorridos turísticos por el Centro Histórico”, explicó Campuzano. Mediante la plataforma Visit Cali, los usuarios podrán encontrar restaurantes cercanos a su hospedaje, facilitando el acceso a la cocina tradicional.

Los accesos a los cerros como el Cerro de las Tres Cruces y Cristo Rey, estarán habilitados en horarios restringidos para controlar el flujo y garantizar la seguridad. Los menores de 17 años deben estar acompañados de padres o adultos responsables y además disponer de un carné con datos de contacto que estarán verificando los organismos de socorro.

La expectativa de ocupación hotelera ya alcanza el 45%, mientras los sectores de restauración y servicios se preparan para la alta demanda prevista durante la Semana Mayor. Así, Cali busca consolidar su perfil como epicentro de experiencias sensoriales, historia y tradición.

La seguridad será reforzada con más de 7.000 uniformados de la Policía Metropolitana y 400 efectivos asignados a zonas religiosas y turísticas. El monitoreo se realizará con más de 2.000 cámaras y patrullajes aéreos, según detalló el teniente coronel Nelson Blandón.

“Se realizará el patrullajes permanentes en todas las actividades programadas en la ciudad, con el fin de acompañar a propios y turistas que estén disfrutando la Semana Mayor en Cali. También, tendremos patrullajes aéreos y con drones como parte del dispositivo que desplegaremos”, explicó.

El componente ambiental será clave, con operativos para proteger especies nativas y evitar el uso de palma de cera. Además se realizarán jornadas de plogging y campañas de reciclaje en cerros tutelares, bajo el lema “En los cerros, residuos cero”.

El hecho movilizó a los equipos de emergencia y llevó al Cuerpo de Bomberos a ejecutar un rescate en alturas, tras solicitar la suspensión del servicio eléctrico para evitar nuevos peligros.

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Las primeras indagaciones apuntan a que el individuo habría intentado manipular la infraestructura eléctrica, lo que desencadenó el accidente. La zona fue acordonada para permitir el trabajo de las autoridades y asegurar a la comunidad.

Tras ser estabilizado, el afectado fue trasladado a un centro médico, donde falleció, según las versiones de medios locales. El hecho ha generado preocupación entre los vecinos y refuerza la advertencia sobre los riesgos de intervenir en redes energizadas.

Las autoridades insisten en reportar cualquier situación sospechosa y abstenerse de manipular instalaciones eléctricas para prevenir tragedias similares. La escena quedó grabada por testigos y compartida en diversas redes sociales, donde abundaron relatos y reacciones ante el suceso.

Una de las personas que presenció el hecho fue El Motorratón que relató en su cuenta de TikTok: “Bueno, esto es un vídeo diferente. Lamentablemente murió un joven de aproximadamente veintitrés años”.

La narración continuó: “Creo que saltó de allá y quedó ahí engarzado entre los cables eléctricos y ahora han de bajarlo los bomberos”. Según el mismo testimonio, “tuvieron que esperar en Cali, el CTI, ahí para quitar la electricidad, ¿no? Para poderlo bajar. Y pues el CTI para, pues posteriormente llevárselo”. Y luego cerró con una reflexión: “Pues sí, desgarrador eso. Un joven de apenas veintitrés años. Decían que era habitante de calle, pero da tristeza”.

Las imágenes mostraban al joven colgando de la red eléctrica, a la altura del tercer piso del local. El narrador explicaba: “Estaba en el tercer piso. Bueno, creo que krika. En el tercer piso saltó y quedó ahí engarzado a esa red eléctrica y murió, lamentablemente”.

En plataformas digitales, la noticia generó un aluvión de comentarios. Algunas personas intentaron reconstruir los hechos, mientras otras debatían sobre las circunstancias y el trasfondo social del incidente.

Una usuaria sugirió: “Estaba trabajando horas extras para aumentar su sueldo”. Otros aportaron comparaciones con hechos similares: “Hace años por la vía acá en Yumbo pasó algo así uno que se estaba robando los cables se quedó prendido en los cables de alta tensión pero ese sí se quemó feo”.

No faltaron quienes atribuyeron el hecho a las adicciones. Una voz anónima escribió: “El vicio los lleva al desespero a lo que sea...”, mientras que otra persona opinó: “Para mí creo que se quería meter era a la casa a robar”. Algunas intervenciones expresaron empatía: “Por qué se burlan, por dios es un ser humano, él estaba atrapado por las drogas dios mío, por que hay gente tan mala la tierra es redonda y uno nunca sabe cuando le puede tocar a uno, o a un familiar, dios los perdone”.

La conversación en línea reflejó la polarización social en torno a los habitantes de la calle y las víctimas de adicciones, pero también dejó ver sentimientos de compasión y advertencias. Una reflexión final resumió ese sentir: “No hay que desear el mal a nadie pero mire cómo terminan esta clase de personas el robo le salió caro”.

Por otra parte, la electrocución con cables de alta tensión suele ser letal, ya que puede provocar fibrilación ventricular (paro cardíaco), quemaduras graves o arcos eléctricos incluso sin contacto directo. El paso de corriente por el cuerpo puede ocasionar directamente la muerte o dejar lesiones irreversibles: destrucción de tejidos, daño en nervios y graves quemaduras.

En las últimas semanas, los videos de peleas y de esfuerzos por instaurar la cultura ciudadana en buses y estaciones han circulado ampliamente, mostrando la compleja realidad que vive el sistema.

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En uno de los registros más recientes, se observa a una trabajadora con chaleco azul y megáfono en mano dirigiendo el acceso de los usuarios a un bus. Ella se planta al frente de la multitud y, con voz firme, solicita colaboración: “Pase despacio, vamos ahí, vamos entrando por orden de llegada, me respeta la fila, por favor. Uno a uno, orden de llegada, por favor. Vamos subiendo”. Esta intervención ha sido ampliamente comentada por los caleños en redes sociales.

Las opiniones de los usuarios del sistema no tardaron en llegar. Algunos celebran el gesto y animan a replicarlo: “Excelente promovamos esa cultura mío”, se lee en los comentarios. Otros destacan la actitud de la trabajadora: “Tiene una amabilidad”. Pero también surge la crítica sobre la necesidad de educar a los adultos: “Increíble tener que ‘educar’ personas casi de la tercera edad”. Hay quienes piden que estas acciones se implementen en momentos de mayor afluencia: “Eso está muy bien, pero deberían hacer eso en hora pico”.

El fenómeno también despierta nostalgia y reflexión sobre la cultura cívica local. “Volviendo al Cali Cívico que éramos”, escribe un usuario. Otro respalda la conducta de quienes siguen las normas: “Muy bien por la chica y por aquellos que sí respetan!”. Sin embargo, abundan los escépticos respecto a la posibilidad de un cambio duradero: “Eso es bueno... Pero durarán una semana haciéndolo. Y la gente no tiene la cultura”.

La dificultad para mantener el orden en el sistema de transporte se refleja en comentarios como: “Está muy bien, pero en Cali es difícil, muy difícil, en universidades, unidad deportiva y Andrés Sanín el despelote total, la gente en su gran mayoría cero cultura, mujeres peleando, se agarran del pelo por una silla”.

La convivencia en el MIO se ha visto alterada por sucesivos incidentes de intolerancia. El 16 de marzo, una discusión entre 2 mujeres por un asiento en la ruta T57, al oriente de la ciudad, terminó en una pelea que requirió la presencia de la Policía Metropolitana de Cali.

Según lo que se observa en el video viralizado, todo comenzó con reclamos verbales relacionados con un supuesto maltrato hacia la madre de una de las involucradas.

Cuando parecía que la tensión bajaba, el conflicto se reavivó. Un hombre intervino para separar a las mujeres, aunque sin éxito. La situación se agravó al sumarse un acompañante de una de las protagonistas, quien agredió físicamente a la otra mujer. Otro pasajero intentó detener la pelea, pero tampoco logró calmar el enfrentamiento.

El incidente escaló aún más cuando un niño, que portaba un flotador y aparentemente viajaba con una de las implicadas, trató de intervenir mientras gritaba con desesperación. El menor, en medio del tumulto, resultó golpeado. La riña concluyó únicamente tras la llegada de uniformados.

También, durante la primera semana de marzo, otra confrontación entre usuarias del MIO fue grabada en la ruta alimentadora A17B. Testigos relataron que la disputa se inició por un asiento libre.

En cuestión de segundos, los insultos dieron paso a empujones y forcejeos. Las dos mujeres se sujetaron el cabello y se resistieron a soltarse, incluso ante la intervención de patrulleros y pasajeras.

La grabación muestra cómo, pese a la llegada de la autoridad, ninguna de las involucradas cedió en el forcejeo. Mientras tanto, varios usuarios permanecieron fuera del autobús, presenciando la escena.

Este tipo de episodios no es aislado. En las últimas semanas, los casos de conflictos y comportamiento violento han aumentado en el sistema MIO, lo que ha generado preocupación entre los usuarios y ha puesto en evidencia los desafíos para mantener la convivencia en el transporte público de Cali.

Metrocali ha reforzado la presencia de gestores de convivencia y seguridad en estaciones y terminales. Estos promotores de la cultura ciudadana orientan a los pasajeros sobre la utilización de túneles peatonales y el acceso correcto a los buses. El objetivo es mejorar la experiencia de viaje y reducir los conflictos.

La situación actual del MIO evidencia tanto la necesidad de fortalecer la cultura ciudadana como de mantener la vigilancia para prevenir episodios de violencia. Las imágenes que circulan en redes sociales muestran que la convivencia en el sistema sigue siendo un reto urgente para Cali.

Un joven egresado de la Universidad del Valle habría muerto en un accidente de tránsito ocurrido la madrugada del sábado 21 de marzo de 2026, al interior del campus universitario ubicado en Meléndez, en sur de Cali.

De acuerdo con las primeras informaciones, citadas por el País de Cali, la víctima sería un egresado del programa de filosofía de la Universidad del Valle, que, pese a haber terminado sus estudios, mantenía vínculos con el entorno universitario.

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Según el medio citado, el joven habría salido de una actividad dentro del campus aproximadamente a las 2:00 a. m. Se indicó además que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando tomó su motocicleta.

Detalles sobre el accidente y versiones extraoficiales

De acuerdo con el testimonio citado, en una de las curvas internas del campus, el joven habría perdido el control del vehículo y colisionado contra el borde del andén, lo que provocó su fallecimiento. Otra versión recogida por el mismo medio sugiere que el joven habría realizado maniobras en la motocicleta en medio de un aparente estado de alteración, lo que derivó en el accidente. No obstante, ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada por las autoridades competentes.

Un video grabado por un estudiante de la Universidad del Valle, conocido por el medio, evidenciaría los instantes posteriores al siniestro. En las imágenes, se observaría cómo el joven es atendido por personal de emergencia, que intenta reanimarlo en el lugar.

El Departamento de Bomberos de Cali registró en su sistema la atención de una emergencia médica en el barrio Meléndez a las 2:21 a. m., la cual podría estar relacionada con este incidente, según el mencionado medio

La muerte del joven sigue siendo objeto de investigación, mientras se espera que en las próximas horas se esclarezcan los hechos y se determine con certeza lo ocurrido en la madrugada del sábado en el sur de la ciudad. Hasta el momento, la comunidad universitaria y las autoridades permanecen a la espera de información oficial que permita comprender las circunstancias del accidente.

Cali reporta una reducción del 60% en muertes por accidentes de tránsito: esta es la estrategia de la Alcaldía

La Alcaldía de presentó el jueves 19 de marzo una serie de estrategias destinadas a mejorar la seguridad vial en la ciudad. Entre las iniciativas expuestas se destaca Pasos seguros, un programa que incluye intervenciones pedagógicas y controles en puntos estratégicos, con el objetivo de fortalecer la movilidad sostenible y resguardar la vida de todos los actores viales.

De acuerdo con el alcalde Alejandro Eder, estas acciones han permitido una reducción significativa de la mortalidad por accidentes de tránsito durante los primeros 77 días del año. “Seguimos salvando vidas en las vías de Cali. En el 2023, entre el 1 de enero y el 18 de marzo, hubo 80 muertes en accidentes de tránsito. Este año, en ese mismo tiempo, ha habido 52, es decir, hemos tenido una reducción de 28 muertes, esto es un avance muy importante”, afirmó Eder.

En los últimos tres años, la ciudad ha registrado una disminución del 60% en muertes por siniestros viales durante el mismo periodo de análisis. Este resultado se atribuye a la implementación de campañas educativas y controles en puntos de alto riesgo, en los que participan instituciones municipales y ciudadanos.

No obstante, las autoridades expresaron su preocupación por el hecho de que la mayoría de las víctimas mortales continúan siendo peatones, en especial adultos mayores. Los motociclistas ocupan el segundo lugar en la estadística de fallecidos. Por tal motivo, durante la jornada de este jueves se entregaron cascos reglamentarios a conductores que no los portaban, en un esfuerzo por incentivar el cumplimiento de las normas y proteger a quienes se movilizan en moto.

Las autoridades confirmaron que dos hombres armados ingresaron a un establecimiento para cometer el hurto, citado por ese medio de comunicación, lo que desató la reacción inmediata de ciudadanos que presenciaron el ataque.

La Policía intervino para evitar un linchamiento y logró poner al sospechoso a disposición de la justicia, en medio de un nuevo episodio de inseguridad en la ciudad.

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Violento asalto y reacción de la comunidad

El hecho ocurrió en el barrio San Fernando, en el sur de Cali, donde dos hombres irrumpieron en un local comercial mientras una persona se encontraba revisando su motocicleta. Según el registro captado por cámaras de seguridad, uno de los sujetos se abalanzó sobre la víctima, mientras su cómplice lo intimidaba con un arma de fuego, generando una situación de alto riesgo que se desarrolló en cuestión de segundos.

De acuerdo con el teniente coronel Wilmer Sandoval Montaño, de la Policía Metropolitana de Cali, “se presentó un caso de hurto, donde dos sujetos ingresan a un establecimiento público, armados ingresan, proceden a hurtar los elementos de valor del ciudadano que estaba trabajando”, citado por El País. La acción delictiva, además de violenta, evidenció la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a este tipo de ataques en espacios cotidianos.

Sin embargo, tras el asalto, la reacción de la comunidad fue inmediata. Varias personas que se encontraban en el sector lograron interceptar a uno de los presuntos delincuentes, mientras el otro escapaba del lugar con parte de los objetos robados. En medio de la retención, se presentó un conato de linchamiento que puso en riesgo la vida del sospechoso, reflejando la tensión y el descontento ciudadano frente a la inseguridad.

El uniformado explicó que “la comunidad se percata de esta situación y procede a retenerlo. En esa retención se presenta un conato de linchamiento donde nuestra patrulla reacciona, salvaguardando la integridad de esta persona y dejándola a la autoridad judicial competente”, citado por ese medio de comunicación. La intervención policial fue clave para evitar que el hecho escalara a consecuencias más graves.

Judicialización y llamado de las autoridades

Tras ser capturado, el presunto responsable fue presentado ante un juez de control de garantías, quien decidió imponer medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. La decisión se tomó pese a que, según las autoridades, el implicado no registraba antecedentes penales al momento de su captura, lo que añade un elemento de análisis sobre la reincidencia y el comportamiento delictivo en la ciudad.

El teniente coronel Sandoval detalló que “efectivamente, en la audiencia el juez dictaminó imponer la medida de aseguramiento y está en ese momento a las rejas. Sabemos que al momento no presenta antecedentes penales”, citado por El País. Este resultado judicial busca garantizar que el proceso avance y que se determinen las responsabilidades correspondientes.

Las autoridades aprovecharon el caso para hacer un llamado enfático a la ciudadanía, insistiendo en la importancia de no recurrir a la justicia por mano propia. Este tipo de reacciones, aunque motivadas por la indignación, pueden entorpecer los procesos legales y poner en riesgo la vida de las personas involucradas.

En ese sentido, el oficial reiteró que “invitamos a la comunidad a que, por favor, no tome justicia por sus propios hermanos, sino al contrario, que nos informe a la autoridad para nosotros proceder ante estos hechos”, citado por ese medio de comunicación, subrayando la necesidad de fortalecer la confianza en las instituciones.

El caso se suma a otros hechos recientes que han impactado la percepción de seguridad en Cali, donde distintos episodios de violencia han generado preocupación entre los ciudadanos. Este contexto evidencia un escenario complejo en el que la reacción social frente al delito se intensifica, al tiempo que las autoridades buscan contener tanto la criminalidad como las respuestas por fuera de la legalidad.

La jornada comenzó con una bienvenida por parte del alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, que le explicó al artista las estrategias de renovación urbana que buscan transformar la imagen de Cali y potenciar su potencial turístico.

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El recorrido fue una verdadera celebración de la cultura salsera que caracteriza a Cali, por lo que J Balvin, con su energía inconfundible, se mostró emocionado al pasear por los rincones que fueron testigos de la historia de la salsa. El artista visitó locales emblemáticos como La Matraca, que se ubica justo frente al parque principal del barrio Obrero.

Además, no pudo faltar una parada en el Museo de la Salsa, donde, junto al alcalde Éder, Balvin se adentró en los recuerdos y la historia de este género musical que forma parte esencial de la identidad caleña. Durante su visita, Carlos Molina, hijo de Carlos Alfredo Molina, uno de los mayores exponentes de la salsa, le ofreció una emotiva muestra de su talento tocando los timbales.

“La salsa vive aquí, en Cali. Es una cultura viva, llena de vibras positivas, que te llegan al corazón”, comentó J Balvin mientras disfrutaba de la muestra musical, de acuerdo con la Alcaldía.

Con una fiesta callejera, J Balvin disfrutó de la música con sus fans

El cantante aprovechó la ocasión para reflexionar sobre su relación con la ciudad: “Cali es muy especial para mí. Aquí es donde realmente mi carrera tomó un rumbo clave en el mundo del reguetón. En este lugar sentí que la música y la gente me abrazaron. Hoy, volver a este barrio, a este espacio de tanta historia, es como regresar a casa”.

Con su esperada presentación en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, se proyecta una afluencia de más de 16.000 visitantes, lo que generará una notable dinamización de la economía local.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística Regional del Valle del Cauca (Situr), el concierto de Balvin contribuirá a una ocupación hotelera superior al 63% en las zonas cercanas al estadio, con la previsión de generar ingresos turísticos superiores a los USD3,2 millones, señaló la Alcaldía de Cali.

En el Museo de la Salsa, J Balvin disfrutó de varias de las canciones que marcaron la identidad musical de Cali, como Cali pachanguero, Las caleñas son como las flores, entre otras. Durante su visita, compartió con el alcalde y algunos de los funcionarios, y en un momento improvisado, se formó una pequeña fiesta en plena calle.

Con su gira Ciudad de Primavera, J Balvin promete dejar una huella en la ciudad, pues a un día del esperado concierto, con su visita provocó un ambiente de euforia, no solo por el concierto, sino por su presencia en las calles populares y porque realizó un ‘toque’ en la calle, que enloqueció a sus fans.

Se creó una atmósfera de concierto donde el reguetonero paisa, rodeado de la gente, comenzó a poner algunas de sus canciones más populares, generando una gran conexión con los asistentes.

Allí se escuchó Tonto, su más reciente tema con Ryan Castro, que incluye la voz de su hijo, Río, en los créditos, además de I Love It, una colaboración con Kybba, entre otras. Sus fans caleños no tardaron en unirse y corear sus canciones, creando una verdadera fiesta urbana.

Un nuevo caso de violencia en Cali dejó como saldo la muerte de Luder Quiñones, músico integrante de la orquesta de Willy García, quien fue asesinado en la tarde del martes 17 de marzo durante un robo. El ataque ocurrió en la calle 10 con carrera 20, en el barrio Bretaña, cuando Quiñones se encontraba en su vehículo.

Las imágenes que circularon en redes sociales muestran a varios hombres en motocicleta acercándose a la víctima. En el video, uno de los agresores desciende, corre hacia el automóvil y, con un arma en la mano, aparentemente dispara varias veces contra Quiñones antes de huir del lugar junto a su cómplice.

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Tras los disparos, se observa en las grabaciones que otra persona intenta asistir al músico, ubicándose en el puesto del copiloto segundos después del ataque.

El motivo del asalto fue el presunto robo de una cadena de oro, siguiendo el patrón registrado la semana pasada, cuando un adulto mayor de 83 años también fue asesinado en un hecho similar al oeste de la ciudad.

La noticia sobre la muerte de Luder Quiñones, conocido como “El Mulato”, ha generado conmoción en el mundo musical colombiano. La voz de Willy García reflejó ese dolor y cercanía en la despedida pública: “Acabo de perder a un amigo de vida, a un hermano que la música me regaló y que nunca se fue de mi lado”, expresó el cantante, quien compartió un video de homenaje en sus redes sociales.

En un recorrido por sus recuerdos, García resumió más de tres décadas de complicidad artística y personal. “Crecimos juntos, soñando con los bolsillos vacíos pero el corazón lleno. Desde aquellos días en los que juntábamos monedas para el bus hasta los escenarios más grandes que la vida nos permitió pisar. Más de 34 años caminando hombro a hombro, riendo, luchando, resistiendo”, evocó el artista, que remarcó el impacto devastador de la violencia: “La violencia me lo arrebató”.

La huella de Junior Quiñones sobre la cultura musical es indiscutible para García, que destacó: “‘El Mulato’, uno de los más grandes timbaleros y percusionistas de este país, pero sobre todo, un ser humano inmenso”. La despedida cerró con un vínculo entrañable y personal: “Mi manito…así nos decíamos. Y así te voy a recordar siempre: como ese hermano leal con el que la vida me permitió compartirlo todo. Hoy se me va un pedazo del corazón”.

La Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali activó una recompensa tras el asesinato de Luder Quiñones. El anuncio, hecho por su secretarío, Javier Garcés Mosquera, busca incentivar la colaboración ciudadana para esclarecer el caso.

El funcionario detalló que $20 millones se entregarán a quien suministre información útil para identificar a los responsables. “Recordarle a la ciudadanía que tenemos vigente una recompensa de hasta veinte millones de pesos por información que nos permita esclarecer los homicidios que suceden en la ciudad de Cali”, puntualizó.

El crimen de Luder Quiñones ocurrió en horas de la tarde y actualmente es objeto de investigación por parte de las autoridades. El distrito manifestó su respaldo a la Fuerza Pública y reiteró el compromiso institucional para esclarecer los hechos.

Quien posea datos relevantes sobre el homicidio puede acceder a la recompensa, siempre y cuando la información permita avanzar en la captura de los implicados. La medida, según la entidad, forma parte de los esfuerzos por reducir la impunidad y fortalecer la seguridad en la ciudad.

Garcés Mosquera, al referirse a la reacción oficial, remarcó: “Desde la administración distrital acompañamos la investigación y, asimismo, ofrecemos todo el respaldo y el apoyo a nuestra Fuerza Pública para esclarecer los hechos”.

Hasta el momento, los detalles del caso permanecen bajo reserva mientras avanza el proceso investigativo. La administración insistió en la importancia de la colaboración entre ciudadanía y autoridades para que la justicia actúe con celeridad y eficacia.

La Alcaldía de Cali pidió calma a los ciudadanos tras los cambios en la clasificación del Sisbén, asegurando que no se trata de errores del sistema, según información publicada por Semana. Las modificaciones han generado inquietud entre beneficiarios.

Las autoridades explicaron que los ajustes corresponden a una actualización nacional basada en el cruce de datos con diferentes bases oficiales del Estado, de acuerdo con ese medio de comunicación. Este proceso busca reflejar mejor la situación socioeconómica.

El sistema ahora verifica información con registros como educación, salud y otros datos oficiales que inciden en la clasificación de los hogares. Esto puede generar cambios en los puntajes de los ciudadanos.

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Por qué cambiaron las clasificaciones

La actualización reciente del Sisbén ha generado sorpresa en varios ciudadanos que reportaron cambios abruptos en su clasificación.

Sin embargo, la Alcaldía de Cali aclaró que estos ajustes no obedecen a fallas técnicas.

Según explicó, el sistema ahora cruza información con múltiples bases de datos oficiales del Estado.

Entre ellas se encuentran el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), la Base de Datos Única de Afiliados en Salud (BDUA) y registros de la Registraduría.

Este cruce permite verificar variables como el nivel educativo, la afiliación al sistema de salud y otros factores que inciden en la clasificación.

Cómo funciona el proceso de actualización

De acuerdo con las autoridades, el Sisbén funciona como un sistema dinámico que revisa constantemente la información de los hogares.

Esto significa que una familia puede tener una clasificación inicial tras la encuesta, pero esta puede cambiar si se detectan variaciones en sus condiciones.

“Una familia puede tener una clasificación inicial cuando se realiza la encuesta”, explicó Flavio Carabalí, coordinador del Sisbén en Cali, citado por ese medio de comunicación.

Posteriormente, el sistema revisa la información en bases nacionales y ajusta la clasificación si encuentra cambios.

Este modelo busca que la asignación de subsidios sea más precisa.

Impacto en subsidios y ayudas

Uno de los principales temores de los ciudadanos es perder beneficios sociales.

Frente a esto, la Alcaldía fue enfática en señalar que un cambio en la clasificación no implica automáticamente la pérdida de subsidios.

Cada programa social tiene sus propios criterios para definir a sus beneficiarios.

Esto significa que la clasificación en el Sisbén es solo uno de varios factores que se tienen en cuenta.

Por esta razón, las autoridades recomendaron a los ciudadanos verificar su situación antes de asumir cambios en sus beneficios.

Qué hacer si no está de acuerdo con su clasificación

Las personas que consideren que su clasificación no refleja su realidad pueden solicitar una revisión.

Según lo indicado, es posible pedir una nueva encuesta para actualizar la información.

Este trámite puede realizarse siempre que hayan pasado al menos seis meses desde la última visita.

El proceso permite corregir posibles inconsistencias en los datos registrados.

Dónde hacer el trámite en Cali

La Alcaldía informó que los ciudadanos pueden acercarse a la sede del Sisbén en Cali para realizar sus solicitudes.

La oficina principal está ubicada en la Avenida Roosevelt # 37-29, en el barrio Eucarístico.

También existen puntos de atención en diferentes sectores de la ciudad.

Allí, los usuarios pueden recibir orientación sobre su clasificación y los pasos a seguir.

Un sistema clave para la focalización de ayudas

El Sisbén es el sistema que utiliza el Estado para identificar a los potenciales beneficiarios de programas sociales en Colombia.

Su clasificación se basa en grupos que van desde A hasta D, según la capacidad de generación de ingresos y las condiciones de vida de los hogares.

Por esta razón, su actualización constante es fundamental para garantizar que los subsidios lleguen a quienes realmente los necesitan.

La Alcaldía reiteró que los cambios actuales hacen parte de un proceso nacional orientado a mejorar la precisión del sistema y no a decisiones locales.

En la tarde del martes 17 de marzo se dio a conocer la noticia del asesinato de Luder Quiñones Echeverri, músico de la orquesta del salsero Willy García.

El hecho se registró en la tarde del martes en el barrio Bretaña de Cali, de acuerdo con información preliminar difundida por el diario El País.

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El artista, con más de 30 años de trayectoria en la agrupación, fue atacado a tiros en la vía pública por un grupo de de delincuentes que, según reportó el citado medio de manera preliminar, habrían intentado robarle una cadena al músico mientras este esperaba un automóvil con su esposa en la calle 10 con carrera 20.

Luder recibió cinco disparos en el abdomen, mientras que su pareja resultó herida en una de sus piernas, por lo que fueron trasladados de urgencia a la Clínica Colombia, al sur de la capital del Valle. Quiñones falleció producto de la gravedad de sus heridas.

La confirmación de la identidad del fallecido llegó a través de un comunicado difundido por L&L Producciones, productora del reconocido músico de salsa que a través de un comunicado confirmó el deceso del percusionista.

El mismo comunicado lo definió como “amigo y compañero” y expresó su “solidaridad con los familiares, amigos y colegas del músico” en estas circunstancias. En el pronunciamiento, la empresa rechazó el crimen y solicitó a las autoridades avanzar con rapidez en el esclarecimiento de los hechos y en la identificación de los responsables.

El caso actualmente es objeto de investigación por parte de las autoridades, que trabajan en determinar los móviles y responsables del homicidio en un contexto que vuelve a exponer la problemática de seguridad en la capital del Valle del Cauca.

El Secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Javier Garcés Mosquera, se pronunció a través de las cuentas oficiales de la entidad y anunció una recompensa económica para quien brinde información relacionada con el crimen.

“En relación con los hechos ocurridos en la tarde de hoy, donde perdió la vida el ciudadano Luder Quiñones, esos son materia de investigación por parte de las autoridades. Desde la administración distrital acompañamos la investigación y, asimismo, ofrecemos todo el respaldo y el apoyo a nuestra Fuerza Pública para esclarecer los hechos. Recordarle a la ciudadanía que tenemos vigente una recompensa de hasta veinte millones de pesos por información que nos permita esclarecer los homicidios que suceden en la ciudad de Cali”, expresó.

La carrera de Luder Quiñones

A lo largo de su carrera musical, Luder hizo parte de múltiples y reconocidas agrupaciones ligadas a la salsa, iniciando su carrera con Octava Dimensión y Suprema Corte, antes de sumarse a Grupo Niche. Allí conoció a Willy García, que hacía de cantante durante ese tiempo, y tras la salida de este de la emblemática agrupación de salsa, Quiñones acompañó al cantante en su banda en solitario.

A esto se sumaba su presencia como músico invitado para otros artistas. De hecho, una de sus últimas publicaciones en redes sociales consistió en mostrar su interpretación con los timbales durante una sesión para el músico barranquillero Álvaro Cabarcas “Pelusa”, pianista reconocido por su presencia en producciones de Fruko y sus Tesos, The Latin Brothers, Grupo Niche o Joe Arroyo.

De acuerdo con datos de El País, Cali atraviesa una situación crítica en materia de seguridad, superando los 205 homicidios en los primeros 71 días del año. Solo durante el pasado domingo 15 de marzo se reportaron siete asesinatos en la capital del Valle, incluyendo un doble homicidio.

Ante esto, la Policía Metropolitana y la Alcaldía de Cali lanzaron un cartel de los 20 delincuentes más buscados, señalados por participar en al menos 41 crímenes en la ciudad. Las autoridades ofrecen recompensas de hasta 100 millones de pesos para dar con su captura.

La Policía Nacional presentó a medios de comunicación el cartel de los criminales más buscados por el delito de homicidio en Cali (Valle del Cauca).

Tal y como se señaló la mañana del martes 17 de marzo de 2026, el volante lo integran 20 personas señaladas de afectar la seguridad en la ciudad.

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Las autoridades ofrecen hasta 100 millones de pesos por información que facilite su captura y aseguran total confidencialidad a quienes colaboren.

La iniciativa, que involucra a la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Cali, surge tras investigaciones de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), además la Policía Metropolitana de Santiago de Cali (Mecal).

El cartel incluye fotografías y nombres de quienes, según las investigaciones policiales, estarían implicados en delitos graves contra la vida.

En el lanzamiento oficial, las autoridades reportaron la detención de uno de los señalados, identificado como Andrés David Brand Martínez, Y conocido como alias Brandon.

La captura de Brand Martínez responde a una orden de detención por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con la información difundida por la Policía, este individuo sería el presunto responsable de un asesinato ocurrido en marzo de 2025 en el barrio Floralia y estaría vinculado a la reagrupación de estructuras dedicadas al microtráfico en el sector.

“La efectividad de las primeras operaciones permitió la captura de uno de los integrantes del cartel”, confirmó el brigadier general Herbert Luguiy Benavidez Valderrama, comandante de la Policía Metropolitana Santiago de Cali (Mecal).

El listado divulgado incluye a 19 personas más que permanecen bajo seguimiento en distintos puntos de la ciudad.

Entre ellas figuran Renzo Andrés Insuasty Sánchez, de 36 años, señalado por el homicidio de una mujer en febrero de 2025, y Darlis María Sevillano Flores, de 46, única mujer en el cartel, vinculada a un doble homicidio y lesiones con arma de fuego en el barrio Manuela Beltrán (Comuna 14).

La Policía también identificó a otros sujetos buscados bajo los alias de El Loco (Comuna 4), “Curramba” (Comuna 6), “Ángelo” y “Alan” (Comuna 11), “Pollo Claudio” (Comuna 13), “Franklin” (Comuna 15) y “El Gordo” (Comuna 20).

Para incentivar la colaboración ciudadana, las autoridades reiteraron las recompensas a quien proporcione datos que permitan localizar y detener a los integrantes de este grupo.

Por tal motivo, se habilitaron los números 3213945156 y 3143606293, así como la línea de emergencia 123 y el número 156 de la Red de Cooperantes, garantizando la absoluta reserva de la identidad de los informantes.

Operativo en contra de la extorsión en Cali dejó la caída de alias Boli

La Policía Nacional capturó a seis integrantes de la red criminal ‘Oficina 23’ tras una serie de allanamientos realizados el 17 de marzo de 2026 en Cali, Candelaria y Jamundí.

Los detenidos están vinculados a extorsiones en las que exigían sumas que iban de 20 a 200 millones de pesos, además de intentar apropiarse de bienes como vehículos e inmuebles.

Durante la investigación, que se extendió por cuatro meses, se identificó la participación de individuos con antecedentes penales. Alias Boli, de 68 años y extraditado en 2010 a Estados Unidos por narcotráfico, fue señalado como uno de los líderes y le fue incautado un revólver.

Según las autoridades, la estructura estaba organizada en roles: alias María localizaba y persuadía a las víctimas para obtener información, mientras “Sicario” se presentaba ante ellas y las obligaba a ceder a las amenazas; este último registra antecedentes por homicidio, hurto y uso de menores en delitos.

Casos documentados por la Policía Metropolitana Santiago de Cali incluyen el despojo de propiedades a comerciantes en El Cabuyal, corregimiento de Candelaria.

Además de “Boli”, entre los capturados se encuentran los alias Deiby, “Elkin”, “Yeison” y “María”.

Todos fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación por concierto para delinquir y extorsión, quedando bajo medida de aseguramiento intramural por decisión de un Juez de Control de Garantías.

Como parte de la estrategia preventiva, las autoridades promueven la campaña “YO NO PAGO, YO DENUNCIO”, invitando a la ciudadanía a reportar casos de extorsión o secuestro vía la línea 165 con garantía de confidencialidad.

Una serie de homicidios selectivos, decapitaciones y desapariciones ocurridas en las últimas semanas han marcado la seguridad y el orden público en Cali; además de generar alarma y preocupación por habitantes del centro y el Bulevar del río, lugares donde se ha presentado la mayoría de casos.

Según fuentes citadas por El País de Cali, estos hechos estarían directamente relacionados con la reestructuración interna del grupo criminal La Inmaculada y la disputa por el control del microtráfico en sectores estratégicos de la ciudad.

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El asesinato de Carlos Alberto Delgado Palomino, alias Cajón, el 3 de marzo, en el barrio Centenario, tras salir de un banco, es uno de los episodios más recientes vinculados a esta confrontación.

Se conoció que Delgado Palomino había asumido el liderazgo de La Inmaculada después de la extradición de alias Pipe Tuluá, lo que desencadenó nuevas pugnas internas y alianzas en el mundo delictivo local.

Alianzas y disputa territorial

La llegada de integrantes de La Inmaculada a Cali respondió, según las fuentes citadas por el medio reseñado, a acuerdos con Andrés Felipe Flórez, alias Chinga Pipe, y el grupo de Martín Bala, con el fin de consolidar el dominio de la zona central.

Esta alianza criminal se enfrenta a otras estructuras que buscan ejercer control en áreas como el Bulevar del río, la Calle de la Salsa, el parque El Triángulo y las inmediaciones del Centro Administrativo Municipal (CAM).

En este contexto, otros actores relevantes como Juan Carlos Vacca Castillo, alias Dimax, exlíder de Los R-15, y Jorge Eliécer Domínguez, alias Palustre, antiguo jefe de sicarios de Los Rastrojos, también habrían participado en la disputa, junto a José Miguel Maldonado, alias El Lobo, que desde prisión ha sido identificado como jefe de oficinas de cobro y ha declarado ante la Fiscalía sobre presuntos homicidios ordenados por Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, y su hijo Juan Diego Marín.

Un funcionario de un ente de investigación, bajo reserva de identidad, dijo, que “Cali se encuentra en un riesgo absoluto por la concentración de estructuras criminales y las alianzas establecidas para disputar el control en sectores estratégicos de la ciudad; y ni la inteligencia está operando ni la Fiscalía profundiza en sus investigaciones. Se ven muy conformes todos con las capturas de los eslabones bajos de la cadena”, segú citó el medio.

Homicidios vinculados a la disputa

Entre los hechos recientes que han sacudido a la ciudad, destaca el doble asesinato del 6 de febrero en la vía a Cristo Rey, donde fueron ultimados Jefferson Perea Jiménez, escolta, y Senén Fabio Cedeño Camelo, alias Arturo, líder de Los Rastrojos en la costa Caribe.

“Arturo” tenía antecedentes por delitos como terrorismo, homicidio, extorsión agravada y hurto. Versiones recogidas apuntan a la participación de alias Cajón en este crimen, que resultó asesinado un mes después.

Las pugnas internas tras la extradición de Pipe Tuluá habrían reconfigurado la cúpula de La Inmaculada. Entre los que disputan el mando figuran alias Juaco, Édison Marín Silva, alias Carevieja; Andrés Mauricio Hernández, alias Care Gallo y Mauricio Marín Silva, alias Nacho. No obstante, han surgido figuras como alias Minión, herido en 2025, y alias La Iguana, identificado por las investigaciones como responsable del asesinato de “Cajón”.

Las fuentes consultadas por el medio también señalaron que, “alias Cajón tenía una disputa interna en la organización y tenía en lista a ‘La Iguana’ para liquidarlo; pero este se enteró, se le adelantó y terminó matándolo en el barrio Centenario”. Ambos residían en el barrio Brisas de Los álamos.

Zonas en disputa y corredor del microtráfico en Cali

La confrontación por el microtráfico en Cali se centraría en tres puntos clave. El primero, el sector de San Vicente, cerca de la Terminal de Transporte, funcionaría como foco de distribución de armas y drogas y abastece expendios en bares y establecimientos nocturnos del río Cali y Granada.

El segundo, detrás del Centro Administrativo Municipal (CAM), se habría convertido en uno de los encláves más activos de venta de estupefacientes, con expendedores que operan entre la Calle de la Salsa y los alrededores del Comando de la Policía Metropolitana. Mientras que el tercero, conocido como El Cenicero, ubicado, paradójicamente junto a la Secretaría de Seguridad y Justicia, concentra también una dinámica constante de expendio.

La cercanía entre estos tres sitios formaría un corredor de distribución que ha intensificado la competencia entre grupos criminales por el control de las rutas del microtráfico, según indica el informe obtenido.

Los servicios de salud se mantienen centrados en un pequeño de apenas 21 meses después de que sufriera graves quemaduras durante una fiesta en La Unión, Valle del Cauca.

Según las primeras versiones, el menor fue alcanzado por una explosión de globos inflados con hidrógeno, mientras se encontraba en brazos de su tía, que también resultó lesionada.

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La tragedia ocurrió cuando los globos hicieron contacto con el volcán del pastel, lo que provocó una combustión inmediata. El accidente dejó al niño con quemaduras de segundo grado en gran parte del rostro, labios, mucosa y antebrazo izquierdo, según informó la doctora Cristina Colonia, coordinadora de Servicios Hospitalarios del Hospital Gonzalo Contreras.

Según el reporte médico, el estado del menor es el más delicado. La tía también presenta quemaduras en distintas zonas del cuerpo, aunque su situación es menos grave. Ambos recibieron atención inicial en el centro asistencial de La Unión.

“El más comprometido esel menor de 21 meses, con quemaduras de segundo grado, en la mayoría del rostro del niño, comprometiendo labios, mucosa, antebrazo izquierdo y gran parte de su cuerpo. Realizamos protocolos de estabilización y manejo integral de las quemaduras”, señaló la doctora Colonia.

Tras una primera valoración, los médicos consideraron necesario remitir al menor al Hospital Universitario del Valle, en Cali, donde permanece bajo observación y tratamiento especializado en la Unidad de Quemados. En ese centro, el personal médico monitorea su evolución y aplica los procedimientos requeridos para este tipo de lesiones.

El incidente ha generado preocupación entre las autoridades locales, que ya han anunciado la implementación de controles en los establecimientos que comercializan globos. El objetivo es evitar que se sigan llenando con hidrógeno, un gas altamente inflamable, en lugar del habitual helio.

Controles y advertencias tras la explosión

Luego de recibir el reporte de la explosión, el secretario de Gobierno de La Unión, John Robert Manzano, informó que se pondrá en marcha un plan de inspección junto a Bomberos y Policía. La medida busca verificar si los comercios cumplen con las normas y no ponen en riesgo la vida de quienes adquieren estos productos.

La decisión incluye la expedición de un decreto para fortalecer la vigilancia y el control en los puntos de venta. Las autoridades recalcaron que el hidrógeno puede generar combustiones peligrosas al contacto con fuego o fuentes de calor, por lo que no debe usarse en artículos decorativos para celebraciones.

Familiares del menor afectado, así como otros asistentes a la fiesta, creyeron inicialmente que los globos estaban inflados con helio, sin sospechar el riesgo que suponía la presencia de hidrógeno. La confusión sobre el gas utilizado fue uno de los factores que contribuyó al accidente.

“Iniciaremos visitas en conjunto con Bomberos y Policía, para poder hacer vigilancia y control a los establecimientos que tienen el expendio de este tipo de elementos. El llamado es al comercio, que de pronto, por ahorrarse unos cuantos centavos y aumentar sus utilidades, no puede poner en riesgo la vida y la seguridad e integridad de nuestro territorio”, comentó el secretario de Gobierno.

Qué ocurrió en la fiesta infantil y cuál es el riesgo

El incidente en La Unión dejó en evidencia los peligros asociados al uso de materiales inflamables en eventos infantiles. La explosión de los globos ocurrió durante la celebración, cuando el fuego del pastel los alcanzó y desencadenó la tragedia.

El caso motivó a las autoridades a recordar a la población que los globos para fiestas deben ser inflados únicamente con gases inertes como el helio. El hidrógeno, pese a su bajo costo y facilidad de acceso, representa un riesgo elevado en contextos donde hay fuentes de calor o chispas.

En respuesta a lo sucedido, la administración municipal reiteró su compromiso con la seguridad de la comunidad.

Se intensificarán operativos para prevenir situaciones similares y se realizarán campañas de sensibilización sobre el manejo seguro de materiales para celebraciones infantiles.

La Secretaría de Movilidad de Cali desmintió que agentes de tránsito hayan sido expulsados por la comunidad durante el operativo del viernes 13 de marzo en el barrio La Sultana.

Este pronunciamiento responde a videos difundidos en redes donde se sugiere que una caravana de motociclistas habría obligado a los funcionarios a abandonar el procedimiento.

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El operativo, conocido como megatoma, tuvo una duración de aproximadamente 45 minutos. Según la entidad, este dejó un saldo de 97 comparendos y 17 vehículos inmovilizados, incluyendo motocicletas con placas adulteradas, conforme a lo reportado por las autoridades.

La intervención contó con la presencia de la Policía, el Ejército y Migración. Así lo explicó Alex Zuluaga, gestor operativo: “El procedimiento se realizó sin agresiones y con acompañamiento de la fuerza pública”.

En su comunicado oficial, la Secretaría aclaró: “Las autoridades se retiraron del lugar de forma pacífica para evitar alteraciones del orden público”.

La versión institucional sostiene que los agentes se retiraron de manera ordenada y preventiva, cumpliendo la instrucción de evitar cualquier enfrentamiento con los vecinos.

Durante el operativo, los funcionarios levantaron los comparendos y ejecutaron la inmovilización de vehículos que presentaban irregularidades. Tras la finalización del control, la salida de los agentes fue planeada para reducir el riesgo de incidentes.

La entidad destacó que los videos compartidos en redes sociales muestran escenas posteriores a la intervención, cuando algunas personas inconformes intentaron provocar confrontaciones. “Los comparendos fueron realizados y los controles continuarán para hacer cumplir las normas de tránsito”, reiteraron desde la Secretaría.

Persecución policial en Cali dejó cinco heridos y siete vehículos dañados: presunto ladrón fue capturado

El saldo de la persecución policial por un vehículo robado en Cali dejó cinco personas lesionadas y varios daños materiales en plena vía pública. El hecho involucró a un automotor sustraído en el barrio Santa Fe, cuya fuga fue ampliamente difundida en redes sociales por la magnitud del operativo y los riesgos asumidos en la huida.

El incidente se produjo cuando un hombre, señalado como el autor del hurto, emprendió la fuga a bordo de un vehículo negro por diferentes avenidas de la ciudad. Durante la persecución, el conductor realizó maniobras peligrosas, colisionando con otros automóviles y motocicletas, incluidas patrullas de la Policía Nacional.

Según el parte oficial, la intervención policial comenzó tras una alerta de la comunidad, que permitió a las patrullas iniciar el seguimiento. El operativo culminó cerca de un semáforo, cuando el vehículo robado provocó un accidente múltiple que detuvo la marcha del sospechoso.

Los agentes, al ver que el conductor se negaba a bajar, rompieron el vidrio delantero con sus tonfas para inmovilizarlo. La reacción fue inmediata, ya que algunos transeúntes intentaron agredir al detenido, pero los uniformados lograron controlar la situación y evitar que se produjeran más lesiones.

La Secretaría de Movilidad de Cali confirmó que las cinco personas heridas, incluidas dos policías, fueron atendidas en la Clínica Colombia. Los primeros reportes médicos indicaron que las lesiones no revestían gravedad y que los afectados podrían recibir el alta en poco tiempo.

Durante la persecución, los vehículos particulares y motocicletas afectados ascendieron a siete, según el recuento de las autoridades. Los daños materiales se concentraron en las inmediaciones de Comfandi El Prado, uno de los puntos donde la huida alcanzó máxima tensión.

La policía explicó que “la rápida denuncia ciudadana y la reacción de los patrulleros fueron determinantes para frenar la huida del presunto delincuente y garantizar la seguridad en la zona”.

El sospechoso permanece bajo custodia y será presentado ante la Fiscalía General de la Nación para su judicialización. Las autoridades adelantan investigaciones para establecer si actuó solo o en coordinación con otras personas.

La fuga, que recorrió sectores como Santa Fe, Santa Mónica y la Autopista Suroriental, ha reavivado el debate sobre la seguridad y la respuesta ante delitos de alto riesgo en entornos urbanos de Cali.

Más de 172.000 unidades de medicamentos ilegales, valoradas en $3.459 millones, fueron incautadas durante una operación que permitió desarticular una red dedicada al tráfico ilegal de medicamentos en el sur de Cali, según informó la Policía Nacional.

En el operativo, capturaron a nueve personas y decomisaron un arma de fuego tipo revólver calibre 38.

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En acciones desarrolladas en una vivienda utilizada como centro de acopio y en dos establecimientos comerciales, la Policía Nacional, con apoyo de la Dian, la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Salud de Cali, incautó 172.968 medicamentos.

La Policía Nacional detalló que, de los medicamentos incautados, 55.650 unidades correspondían a uso institucional, 4.105 no tenían registro sanitario expedido por el Invima, 101.427 no cumplían con los requisitos de almacenamiento y 11.786 eran productos de origen extranjero sin la documentación correspondiente.

La circulación de estos productos ilegales impactó tanto la salud pública como la economía formal, al exponer a la población a la adquisición de medicamentos sin control ni respaldo normativo.

Según la institución, parte de estos correspondía a productos de uso institucional, otros no tenían registro sanitario y algunos eran de origen extranjero sin documentos legales de ingreso, lo que representó un valor comercial de $3.459 millones.

Las personas capturadas quedaron a disposición de la autoridad competente junto con el arma y los medicamentos, en cumplimiento de los procedimientos judiciales establecidos.

“En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Dian y demás autoridades competentes, continuamos desmantelando estas redes criminales, enviando un mensaje claro: cualquier intento de introducir, almacenar o comercializar ilegalmente medicamentos será detectado, judicializado y sancionado con todo el rigor de la ley”, indicó William Rincón, director de la Policía Nacional.

Cómo operaba la red

Según la Policía Nacional, las investigaciones establecieron que la red adquiría fármacos de manera ilegal mediante los sistemas de salud, en algunos casos introduciendo productos de origen extranjero al país por vías terciarias en la frontera sur, eludiendo controles aduaneros y sanitarios. Esta modalidad puso en circulación medicamentos sin garantías de calidad ni trazabilidad, con consecuencias directas para la salud pública.

El coronel Mauricio Andrés Carrillo Álvarez, director de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, señaló en el comunicado que la operación constituyó “un golpe contundente contra las estructuras criminales dedicadas al almacenamiento, distribución y comercialización ilegal de medicamentos en el país”.

Añadió que la articulación entre entidades permitió retirar del mercado una cantidad significativa de productos ilegales, que representaban un gran riesgo para los ciudadanos y afectaban las finanzas del Estado.

Según el uniformado, el impacto de estas actividades trascendió lo sanitario, ya que debilitó la economía legal y vulneró a la población que, de manera inadvertida, pudo adquirir medicamentos sin control ni respaldo regulatorio.

Recomendaciones para la compra segura de medicamentos

El comunicado recomendó a la ciudadanía adquirir medicamentos únicamente en establecimientos autorizados y desconfiar de precios demasiado bajos, que podían indicar falsificaciones o irregularidades en el origen del producto.

También instaron a evitar compras en plataformas digitales no verificadas y a utilizar siempre medicamentos prescritos por profesionales de la salud.

La Policía Fiscal y Aduanera dispuso los canales oficiales para recibir denuncias sobre comercialización ilegal: línea Anticontrabando 159, WhatsApp 3213942169 y el correo polfa.anticontrabando@policia.gov.co, con absoluta reserva para los denunciantes.

Las autoridades mantuvieron y reforzaron los controles y las investigaciones, enviando un mensaje inequívoco: cualquier actividad ilícita relacionada con medicamentos sería detectada y sancionada conforme al alcance de la ley.

“La Policía Nacional y la Dian reafirman su compromiso con la seguridad de todos los colombianos y hacemos un llamado a la ciudadanía a adoptar conductas responsables a la hora de adquirir medicamentos, con el fin de prevenir riesgos graves para la salud”, afirmó la Policía Nacional.

En el barrio Floralia, la Policía Ambiental rescató a seis caninos y un cerdo miniatura que se encontraban en condiciones precarias, tras una diligencia de allanamiento motivada por denuncias ciudadanas.

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La diligencia se logró gracias al grupo de Policía Ambiental, en coordinación con el Centro de Bienestar Animal, el Grupo Especial para la lucha contra el Maltrato Animal, Gelma, de la Fiscalía General de la Nación y la Inspección Especializada en Maltrato Animal del Distrito de Cali, que “ejecutaron una orden de allanamiento en una vivienda ubicada en la comuna seis de Cali”.

Al ingresar al lugar, que al parecer se encontraba deshabitado, se realizó “la aprehensión material preventiva de seis caninos hallados en condiciones inadecuadas, así como de un cerdo tipo minipig, el cual presentaba un grave menoscabo en su integridad”. Todos los animales fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal de Cali para recibir atención especializada.

Mujer capturada por agredir a su mascota

En otro hecho registrado en el barrio Villa del Lago, la rápida reacción de la Policía permitió la captura de una mujer de 43 años, acusada de herir con un arma cortopunzante a Zoe, una canina de cuatro años.

La implicada fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Aunque el juez de control de garantías le concedió la libertad, permanecerá vinculada al proceso penal por lesiones contra la integridad animal.

Actualmente, Zoe se encuentra bajo el cuidado de especialistas del Centro de Bienestar Animal, donde recibe atención médica y afecto, confirmaron las autoridades.

Las autoridades agradecieron el compromiso de los ciudadanos y recordó que la protección animal es una responsabilidad compartida. Para denunciar casos de maltrato o abandono, las personas pueden comunicarse al 316 0186068 del Grupo de Policía Ambiental o a la línea única de emergencia 123.

Cabe señalar que el maltrato animal constituye una problemática que afecta la convivencia social y evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para las especies vulnerables.

Las agresiones, el abandono y las condiciones inadecuadas en las que son hallados muchos animales domésticos e incluso silvestres, reflejan un reto persistente para las autoridades y la sociedad, que deben garantizar la defensa y el bienestar de quienes no pueden protegerse por sí mismos.

La ruta de la Alcaldía de Cali para atender casos de maltrato animal en la ciudad

En agosto de 2025 se lanzó la Ruta de Atención a Denuncias por Maltrato Animal, lo que marcó un precedente en la defensa de los derechos de los animales en el Valle del Cauca.

Esta ruta, implementada por la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (Uaepa), establece procedimientos claros para canalizar denuncias y sancionar el maltrato, en cumplimiento de la llamada Ley Ángel.

El proceso comienza con la denuncia ciudadana, que puede realizarse por WhatsApp al 318 275 01 01 o al correo inspeccion.uaepa@cali.gov.co, en el que se incluyen los detalles precisos de los hechos.

El grupo de campo realiza una valoración para determinar la urgencia y emite un informe técnico. Si se detecta maltrato, se puede proceder a la aprehensión preventiva del animal y abrir un proceso verbal, con posibilidad de escalar el caso a la Fiscalía y al grupo Gelma si el daño es grave.

Las sanciones varían desde amonestaciones hasta prisión, según la gravedad de la conducta. “Invitamos a la ciudadanía a informarse, a denunciar y así facilitarnos la labor de protección de los animales”, afirmó en su momento Diego Alejandro Bonilla, inspector de Policía especializado en Protección Animal de Cali.

El debut de World2meet (W2M) en la 45ª edición de la Vitrina Turística de ANATO 2026 marcó el inicio de contrataciones directas para su división ‘bedbank’ en Colombia, además de la ampliación de la oferta de Newblue y el lanzamiento de una nueva ruta directa de la aerolínea World2fly. Esta estrategia, según publicó el comunicado de la empresa y difundido por diferentes medios internacionales, sitúa a Colombia como un eje estratégico dentro de la expansión latinoamericana de la compañía.

De acuerdo con la información proporcionada por W2M, la compañía anunció que comenzará a reclutar personal localmente para su área de ‘bedbank’, especializada en la gestión y provisión de alojamientos. Esta medida se suma al crecimiento del portafolio de su operadora turística Newblue, que ha incrementado su catálogo de servicios en Cartagena de Indias y ha robustecido la propuesta para los destinos de Cali, Eje Cafetero, Santa Marta e Islas del Rosario. Según indicó W2M en su comunicado replicado en varios portales turísticos, la decisión de fortalecer su presencia responde a la identificación de Colombia como un mercado prioritario en el desarrollo del turismo de larga distancia.

El área de ‘bedbank’ canalizará la contratación directa de proveedores de alojamiento, permitiendo a la empresa mejorar sus procesos de oferta hotelera y optimizar la experiencia tanto para agencias como usuarios finales dentro y fuera del país. Tal como detalló el medio especializado, la apuesta eleva la competitividad de W2M frente a otras firmas globales que también dinamizan el mercado colombiano, al integrarse con su red internacional de productos y servicios turísticos.

En el segmento de operadores turísticos, la marca Newblue destacó por la ampliación de productos específicos en Cartagena de Indias, una de las ciudades más demandadas por visitantes extranjeros y locales, y por la expansión guiada a destinos de gran potencial como Cali y las zonas del Eje Cafetero, Santa Marta e Islas del Rosario. De acuerdo con el comunicado de W2M recogido por diversos medios, la dinámica de ampliación de portafolio contempla alianzas con anfitriones, experiencias diferenciadas y la adaptación de su oferta a los intereses de los nuevos viajeros que llegan a Colombia.

El fortalecimiento de la conectividad forma otra base de la estrategia. Según reportó World2meet, World2Fly, la aerolínea del grupo, opera actualmente dos vuelos semanales entre Madrid y Cali, ruta que ha sido clave en la apertura del mercado europeo hacia el suroccidente colombiano. La compañía añadió que a partir del 3 de julio de 2026, sumará una frecuencia semanal directa entre Madrid y Cartagena de Indias, abriendo nuevas oportunidades para viajeros corporativos, turistas y agentes del ecosistema turístico.

El comunicado resalta que la expansión del grupo empresarial va de la mano con el compromiso de consolidar a Colombia como un destino turístico de referencia en América Latina. “Con esta presencia, ratificamos nuestro compromiso con el desarrollo del turismo de larga distancia y con la consolidación de Colombia como mercado estratégico dentro de nuestra expansión en Latinoamérica”, expresó la empresa de acuerdo con los mensajes difundidos en la Vitrina Turística de ANATO y retomados por varios informativos del sector.

La participación de W2M en la Vitrina Turística de ANATO 2026 tuvo lugar en un contexto marcado por el crecimiento sostenido del turismo internacional en Colombia y el incremento de las alianzas público-privadas destinadas a fortalecer la recepción de viajeros y la conectividad aérea. Según publicó la empresa, la decisión de establecer una contratación directa en ‘bedbank’ busca ofrecer soluciones más ágiles a los actores de la industria local y fortalecer la cadena de valor turística en territorio colombiano.

Adicionalmente, el refuerzo de la presencia de Newblue en destinos turísticos claves responde a la tendencia de diversificar la oferta y atender las expectativas de los distintos perfiles de viajeros. Tal como detalló el comunicado de W2M citado por varios medios, el relanzamiento y expansión de productos en lugares como el Eje Cafetero y las islas del área Caribe contribuye a descentralizar las corrientes turísticas tradicionales y ofrece nuevas alternativas para el desarrollo regional.

La nueva ruta de World2Fly entre Madrid y Cartagena de Indias representa una apuesta por la reducción de tiempos de viaje y el aumento del flujo turístico entre Europa y el Caribe colombiano. Según datos recogidos por el medio, la incorporación de esta frecuencia permitirá fortalecer el posicionamiento de Cartagena como uno de los destinos internacionales más relevantes del país, además de respaldar la estrategia comercial del grupo en el continente.

Todas las líneas de negocio de W2M integran una propuesta multinivel que abarca servicios de intermediación, operación turística y transporte aéreo, lo que permite un enfoque integral para el desarrollo de paquetes turísticos y experiencias personalizadas. De acuerdo con los datos difundidos durante la participación de la empresa en ANATO 2026, la apuesta en Colombia forma parte de un plan de expansión corporativo diseñado para consolidar redes internacionales y brindar nuevas alternativas tanto a viajeros como a socios comerciales en toda la región.

De acuerdo con los reportes, la camioneta tipo Nissan recibió varios impactos de bala, lo que provocó que chocará un muro de contención y la muerte inmediata del ocupante.

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Policía capturó a los presuntos responsables

Horas después del crimen, la Policía Metropolitana de Cali identificó y capturó a dos sospechosos: un hombre de 24 años y un adolescente de 16, señalados como los presuntos responsables del homicidio que, según las autoridades, habría ocurrido en un intento de hurto.

Para lograr la captura, la institución puso en marcha un plan candado que permitió la detención de los implicados en la Comuna 19, en el sur de la ciudad.

La rápida acción de las unidades policiales en el territorio y del Centro Automático de Despacho posibilitó un cerco de búsqueda que culminó con la interceptación de los presuntos criminales.

Durante el operativo se incautó el arma de fuego que habría sido utilizada en el delito, un vehículo particular en el que los detenidos intentaban huir de las autoridades y una joya de oro, aparentemente robada a la víctima.

Los dos implicados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para iniciar así el proceso de judicialización correspondiente. El caso mantiene en alerta a la ciudadanía y a las autoridades por la modalidad de hurto violento en distintas zonas de la ciudad.

Tras los hechos, la Policía reiteró el llamado a la comunidad para denunciar cualquier actividad criminal, centros de acopio o alquiler de armas de fuego, así como actos delincuenciales que pongan en riesgo la seguridad ciudadana.

Para estos fines, la institución recordó la disponibilidad de la línea contra el crimen 321 3945156, la línea de emergencia 123 y el número 156 de la Red de Cooperantes, asegurando la confidencialidad de la información proporcionada.

Persecución policial tras robo de vehículo en Cali dejó cinco heridos y un detenido

El robo de un Kia Cerato negro en el barrio Santa Fe, oriente de Cali, desencadenó una persecución policial que recorrió varias cuadras el sábado 7 de marzo y dejó cinco personas lesionadas, entre ellas dos miembros de la Policía Metropolitana de Cali.

Según el reporte oficial, el asaltante huyó a bordo del vehículo minutos después de cometer el hurto, lo que activó la respuesta de varias patrullas tras la denuncia de la ciudadanía.

Durante la persecución, el conductor realizó maniobras riesgosas que obligaron a varios conductores a esquivar el vehículo para evitar colisiones.

La Policía informó que el seguimiento se extendió hasta el barrio Santa Mónica Popular, sobre la Autopista Suroriental, donde el vehículo fue finalmente interceptado.

“El automóvil había sido hurtado momentos antes y durante su huida protagonizó una cadena de eventos que puso en grave riesgo la seguridad de la comunidad”, declararon las autoridades.

Mientras huía, el delincuente perdió el control y chocó varios automotores, incluidos un carro particular, un taxi y varias motocicletas. El saldo de los daños fue de cuatro vehículos particulares y tres motocicletas —una de ellas institucional— afectados.

Todos los heridos fueron trasladados a la Clínica Colombia y, según el parte médico, ninguno presentó lesiones que comprometieran su vida.

El coronel Milton Melo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, afirmó que la reacción de los uniformados fue decisiva para detener al sospechoso. Tras el último choque, los policías rompieron el parabrisas del Kia para extraer al conductor, que se resistía a dejar el carro.

A la cita lo acompañó su fórmula vicepresidencial, el economista José Manuel Restrepo, en un acto que reunió a simpatizantes del candidato en la capital del Valle del Cauca.

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Durante la inscripción, De la Espriella lanzó un mensaje dirigido al electorado y a sus adversarios políticos del progresismo.

“La izquierda radical cuando pierda las elecciones va a querer quemar Colombia. Necesitamos un presidente y un vicepresidente con el carácter para contener esa amenaza. Y yo vine a eso, a defender la patria”, afirmó en una salida a medios.

El candidato presidencial sostuvo que este jueves comenzaría “la recuperación de Colombia”, con un proyecto centrado, según él, en la seguridad, el saneamiento de la economía, la educación de los jóvenes, una lucha frontal contra la corrupción y el combate a la pobreza y el hambre.

Las declaraciones de José Manuel Restrepo

Restrepo, por su parte, calificó el momento como “un día muy especial” y agradeció a Dios por la oportunidad de presentar la candidatura. “Aquí está la fórmula que va a construir esperanza en este país y va a construir para el futuro de la juventud, con la conciencia de que aquí estamos los defensores de la patria y que juntos vamos a transformar este país”, expresó el economista.

También destacó la defensa de la “extrema coherencia”, los valores y principios de la colombianidad, y afirmó que, con el apoyo del pueblo y la ayuda de Dios, buscarán alcanzar la vicepresidencia y la presidencia “para salvar y reconstruir a Colombia en sus horas más oscuras”.

Restrepo insistió en que el enfoque de la propuesta está en servir a los sectores más vulnerables, con un mensaje de esperanza y reconciliación. “(...) es una candidatura que le está hablando al país con esperanza de ese país milagro, porque creo firmemente que es la combinación perfecta de conocimiento, de experiencia, de gerencia, de abordaje de los problemas sociales de este país, porque es una respuesta a los más vulnerables en Colombia, porque vale la pena apostarse para construir una mejor nación con esperanza en esta nación”.

En sus declaraciones, Restrepo resaltó su trayectoria académica y la motivación de servicio público que lo llevó a integrar la fórmula vicepresidencial. “Creo firmemente en la vocación de servicio y me duele que mi país pueda caer en el abismo en su democracia y en sus instituciones. Cuando veo eso y no veo futuro para mis hijos, digo: ‘Yo sí tengo que construir esperanza y tengo que hacerlo acompañando esta fórmula presidencial’, para llegar a la presidencia y demostrar que los colombianos no queremos vivir en el odio y el resentimiento, queremos vivir en el amor y que se puede construir una nueva civilización en este país”, en declaraciones a El País Cali.

Cali y el Valle del Cauca como escenario político

La elección de Cali para formalizar la inscripción no fue casual. De la Espriella resaltó que el suroccidente del país es clave para el futuro de Colombia. “Estamos felices de estar aquí en Cali, porque el suroccidente de Colombia es fundamental para la recuperación de la seguridad, la economía y el futuro de la patria”, indicó el candidato.

Dijo, además, que la región representa un punto de partida para un proceso de reconciliación nacional: “Aquí donde empezaron a dividirnos, vamos a volver a recuperar al país y a unirnos para siempre como una nación milagro”.

Restrepo complementó este enfoque regional subrayando las fortalezas del Valle del Cauca. “Valle es un departamento que tiene fortalezas en industria, la mayor parte de la industria de Colombia. Es un departamento que tiene la mejor agroindustria tecnificada en el país, la más productiva. Es un departamento que tiene vocación turística, como por ejemplo en Bahía Málaga, en el puerto de Buenaventura, que se conecta con el mundo”, explicó a El País de Cali.

Y agregó: “Es un departamento que tiene la mayor producción de servicios basados en conocimiento y donde más están creciendo las startups en este país. ¿Cómo no creer en un departamento como el Valle del Cauca? Luego, por eso estamos aquí, para demostrar que desde la región y que el Valle tiene que ser ejemplo para el resto de Colombia”.

El 12 de marzo, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) informó el desalojo y recuperación de un predio avaluado en más de 4.000 millones de pesos que en los 90 perteneció a Darío Echeverry Monsalve.

Cabe recordar que Echeverry, nacido en Pereira, fue un narcotraficante encargado de la seguridad de cargamentos de droga enviados a México en barcos pesqueros.

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Se estima que en su momento, la organización desarticulada en los 90 a la que pertenecía este individuo enviaba mensualmente 30 toneladas de cocaína a Estados Unidos y poseía bienes a nombre de varios de sus miembros.

En el comunicado oficial de la SAE, se informó que el procedimiento ejecutado en Cali, Valle del Cauca, tiene como objetivo que el inmueble sea entregado al Colectivo Justicia Racial, una organización de carácter social que trabaja en la promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento comunitario.

La propiedad, situada en la vía Cañasgordas dentro del perímetro urbano al sur de Cali, en la zona que conduce al corregimiento de Pance, tiene un avalúo comercial que supera los 4.078 millones de pesos y una extensión de 3.956 metros cuadrados. Forma parte de los bienes afectados dentro de investigaciones por narcotráfico y había estado ocupado de manera irregular desde 2005.

Según los antecedentes judiciales del caso, las investigaciones determinaron que Echeverry Monsalve ocupaba el papel de líder dentro de una organización dedicada al transporte de cocaína, con su base principal de operaciones en Tumaco, Nariño.

Como parte de estas investigaciones, la Fiscalía General de la Nación ejecutó órdenes de allanamiento en Bogotá, Cali y Medellín, como parte de un proceso de extinción de dominio sobre bienes vinculados con actividades ilícitas. La medida de embargo sobre el predio en Cali se inscribió en 2005 y, en 2018, se dictó la sentencia de extinción de dominio que permitió su recuperación.

Catalina Serrano, directora para la Democratización de Activos Inmuebles Urbanos de la SAE, indicó que el inmueble permaneció más de una década en situación irregular antes de que se completara el trámite legal para su recuperación.

Tras este proceso, la SAE asignó el predio al Colectivo Justicia Racial, organización que desarrolla su labor en diferentes regiones del país, en alianza con comunidades, universidades y otras organizaciones sociales. Su enfoque principal está en el acompañamiento de víctimas de violencia estatal y el fortalecimiento de procesos comunitarios.

Como parte de la proyección social del espacio, el Colectivo Justicia Racial plantea la creación de un museo de memoria que documente y visibilice los impactos sociales y jurídicos de las políticas de drogas en diversas comunidades del país.

Este proyecto busca ofrecer un lugar de investigación, reflexión y pedagogía sobre las consecuencias que estas políticas han tenido, así como un espacio para dignificar las voces de las víctimas. La representante legal del colectivo, Camila Mosquera, resaltó a la SAE que la iniciativa se orienta a documentar las afectaciones que históricamente han sido poco investigadas en el contexto colombiano y convertir el lugar en un escenario para la memoria, el diálogo y la generación de oportunidades para quienes han padecido los efectos del conflicto y las políticas antidrogas.

La entidad resaltó que el proceso de recuperación y reasignación del predio se realizó con todos los ítems que tiene la SAE para destinar bienes afectados por actividades ilícitas a proyectos sociales que contribuyan a la reparación y fortalecimiento de las comunidades, con el objetivo de transformar espacios relacionados con el delito en escenarios de construcción social y memoria colectiva.