La Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Bioquímicos (CALAB) aseguró que el sector sufre un deterioro estructural en todo el país y expuso su situación al día de hoy, a través de un comunicado.

Según la entidad, que ya venía advirtiendo de este estado de cosas a raíz del desfasaje entre el aumento de los costos operativos y los aranceles que perciben los laboratorios, dijo que ahora “alcanzó un punto crítico”, con consecuencias directas sobre la capacidad de sostener el acceso a estudios de diagnóstico y seguimiento de enfermedades.

En un contexto de inflación acumulada y suba constante de insumos, el informe difundido por CALAB advierte que la brecha económica es cada vez más profunda. El impacto afecta la sustentabilidad de los laboratorios, especialmente aquellos ubicados fuera de los principales centros urbanos, donde los márgenes operativos son más ajustados, reveló la entidad.

Asimismo, alertó que en algunos casos ya comenzaron a registrarse cierres de establecimientos, mientras otros enfrentan dificultades para mantener prácticas esenciales.

“Entre los principales factores que alimentan la crisis se encuentra el incremento exponencial del precio de los reactivos, insumo clave para la realización de análisis clínicos”, dijo la entidad.

Según datos relevados por CALAB, estos productos registraron una suba del 836% entre enero de 2023 y la actualidad. En el mismo período, los salarios del sector aumentaron 443% conforme a lo pautado en las paritarias de los convenios colectivos 108/75 y 122/75. Por su parte, la inflación general informada por el INDEC acumuló un 636%, lo que arrastró también el alza de otros costos fijos como alquileres, servicios y mantenimiento de equipamiento.

Frente a esa estructura de costos, los aranceles que abonan obras sociales y prepagas presentan una evolución notoriamente inferior. Desde la Cámara remarcaron que, además de la insuficiencia de los valores, el sistema de pagos agrava el desequilibrio.

Las prestaciones son cobradas entre 60 y 120 días después de realizadas, lo que obliga a los laboratorios a asumir gastos corrientes sin ingresos inmediatos. La dinámica genera un desfasaje financiero estructural que muchas entidades, especialmente las de menor escala, ya no pueden sostener.

A esta situación se suma un factor impositivo que desde hace años representa un obstáculo adicional para el equilibrio económico del sector. El crédito fiscal de IVA, acumulado por compras de insumos como los reactivos, es no computable desde el año 2002, indicó.

Esto significa que los laboratorios no pueden aplicar el saldo a favor que generan en IVA para cancelar otras obligaciones fiscales como aportes patronales, cargas sociales o Impuesto a las Ganancias. Según explicaron desde CALAB, esta restricción opera como una retención que inmoviliza recursos genuinos que podrían destinarse al sostenimiento de la actividad.

La situación podría agravarse aún más a partir del 31 de diciembre de 2025, cuando finalice la Emergencia Sanitaria vigente desde hace más de dos décadas. La eventual reactivación de deudas fiscales hoy suspendidas, advierten desde la Cámara, podría traducirse en embargos y asfixia definitiva para muchas instituciones. En ese sentido, plantearon que una eventual reforma normativa que habilite el cómputo del crédito fiscal del IVA sería una medida concreta para revertir parte del deterioro económico.

La entidad, que agrupa a laboratorios privados de todo el país y forma parte de la Unión Argentina de Salud (UAS), insiste en la necesidad de implementar soluciones estructurales que contemplen la dinámica específica del sector. El acceso a análisis clínicos no solo es un componente central del sistema sanitario, sino una herramienta clave para la prevención, el diagnóstico temprano y el seguimiento de enfermedades crónicas. Su continuidad está directamente vinculada a la viabilidad del modelo económico que lo sostiene.

Desde CALAB advierten que, sin una política activa que contemple tanto los costos reales como los plazos de pago y las condiciones fiscales, el sistema de laboratorios privados podría colapsar. La entidad recordó que los análisis clínicos representan una parte esencial de las decisiones médicas, y que sin acceso garantizado, el impacto en la salud pública sería inmediato y generalizado.

“El sistema no puede seguir funcionando con aranceles congelados frente a insumos dolarizados, salarios en alza y pagos a tres meses”, sintetizaron desde la Cámara en su documento técnico. Según remarcan, la respuesta debe provenir tanto de las autoridades regulatorias como de las entidades financiadoras, con una mirada federal que contemple las realidades de las provincias y los municipios, donde el cierre de un laboratorio puede dejar sin acceso a estudios básicos a comunidades enteras.

En el escenario actual, el riesgo no es solo económico. Lo que está en juego, advierten desde el sector, es la capacidad de sostener un servicio esencial para millones de personas. La necesidad de soluciones urgentes, con medidas fiscales, financieras y de actualización de aranceles, es parte de un reclamo que ya no se limita al equilibrio del sector bioquímico, sino que alcanza de lleno al derecho a la salud.

La Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME) y la Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Bioquímicas (CALAB) coincidieron hoy en advertir que peligra la prestación normal de esos servicios de salud como consecuencia por la “profunda crisis de financiamiento” y “problemáticas estructurales y económicas” por lo que pidieron iniciar un diálogo entre los diferentes actores del sector de la salud para hallar soluciones.

CALAB, a través de su vocero, el doctor Alejandro Buasso, afirmó que “peligra la prestación del análisis clínicos” como consecuencia del cierre de laboratorios y la suspensión de estudios clínicos debido a los altos costos.

A su vez, CADIME, que representa a más de 13 mil empresas PyMEs argentinas, advirtió que “se está en riesgo de marchar aceleradamente a la destrucción de miles de empresas pymes de salud, de su capital humano, y su consecuente impacto negativo en la calidad, la eficiencia y la equidad en el sistema”.

La posición de CALAB

La entidad, que reúne a las organizaciones que representan a los profesionales bioquímicos, manifestó que esta situación, dijo Buasso, “pone en vilo el diagnóstico clínico” y consideró que, “si no se abordan las problemáticas estructurales y económicas de manera inmediata, la desaparición de más laboratorios será inevitable y, en consecuencia, se afectará la calidad y accesibilidad de la atención médica”.

Según la entidad, en los últimos años, múltiples laboratorios de análisis clínicos, varios de una larga trayectoria, debieron cesar sus operaciones o fueron adquiridos por grandes entidades. Esto generó, dijo, una reducción en la cantidad de centros de atención disponibles y la restricción en el acceso a los análisis para la población.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), informó el vocero de CALAB, en los últimos 12 meses fueron cerrados laboratorios reconocidos como el doctora Etelvina A. Rubeglio, Savio, LACER, ABC y CHAMOLES, este último especializado en Neuroquímica. Este cierre ha dejado un vacío significativo en el campo de los estudios neuroquímicos, obligando a enviar muchos de estos análisis específicos al exterior.

Según CALAB, la tendencia de cierre se viene acelerando por la situación económica y estructural actual del sistema, lo que aumenta la preocupación sobre la continuidad de estos servicios esenciales.

La entidad agregó que muchos bioquímicos han optado por vender sus laboratorios a entidades más grandes que procuran alcanzar “economías de escala”. En los últimos años, más de 52 centros de atención fueron comprados por otros laboratorios. Sin embargo, estos nuevos propietarios muchas veces se ven obligados a reducir la cantidad de centros debido a los altos costos operativos, lo que restringe el acceso de la población a los análisis clínicos necesarios. Además, insistió en que algunos estudios de alta complejidad que anteriormente se realizaban en Argentina ahora deben ser enviados a otros países para su procesamiento. Esta situación aumenta los costos y tiempos de espera para los pacientes.

“A esto se agrega que numerosos laboratorios han dejado de realizar estudios donde pierden dinero, afectando gravemente la capacidad diagnóstica del país. El aumento de costos debido a la devaluación, con insumos y reactivos mayormente importados, ha llevado a una situación en la que el ingreso marginal de muchos estudios es menor al costo marginal, resultando en pérdidas por cada estudio realizado”, dijo Buasso en un comunicado.

“El impacto de las diferencias entre el aumento de los costos–salarios del personal, insumos y servicios, y la falta de una correcta actualización de los aranceles de los estudios que se realizan produjo una pérdida de rentabilidad a los laboratorios, generando el cierre de varios y poniendo al borde de la quiebra a otros”, explicó la entidad.

La CALAB, que representa a laboratorios de análisis clínicos privados en toda la República Argentina, señaló la urgencia de abordar estas problemáticas estructurales y económicas para evitar la desaparición de más laboratorios, lo que afectaría gravemente la calidad y accesibilidad de la atención médica en el país.

“La situación de los laboratorios clínicos en Argentina es una clara señal de un sistema de salud que necesita reformas urgentes y profundas. La capacidad diagnóstica del país está en riesgo, y con ella, la salud de millones de argentinos. Es imperativo que el gobierno, los financiadores y los laboratorios trabajen juntos para encontrar soluciones sostenibles que garanticen la continuidad de estos servicios esenciales”, remarcó la entidad.

A criterio de esta Cámara, “el futuro del sector dependerá de las decisiones que se tomen hoy. Si no se abordan las problemáticas estructurales y económicas de manera inmediata, la desaparición de más laboratorios será inevitable, afectando la calidad y accesibilidad de la atención médica en Argentina”.

La posición de CADIME

Mediante presentaciones efectuadas al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de Servicios de Salud, manifestó que es clave y urgente resolver la pertinente adecuación de los valores arancelarios que se abonan a las empresas prestadoras.

En las notas indicó que “este sector se encuentra en una profunda crisis de financiamiento desde hace décadas”. Aseguró que “no somos formadores de precios y no podemos fijar aranceles con libertad, conforme nuestros costos y gastos”.

“Aproximadamente el 60% de nuestros egresos es la inversión en capital humano y nuestros costos se encuentran fuertemente dolarizados, ya que muchos de los insumos y medicamentos son importados y han sufrido aumentos desorbitantes en los últimos meses”, subrayó la entidad.

Tras explicar la manera en que están siendo afectados por el sistema de costos y de cobro, CADIM mencionó la “situación financiera afecta fuertemente la sustentabilidad del sector ya que nuestros egresos corrientes son a 15 días promedio de devengados y nuestros ingresos hasta 120 días a valores históricos”. Esto está “destrozando el poco capital de trabajo” en un momento en que no existe “ningún tipo de financiamiento”.

Por tal motivo, CADIME solicitó “a la Autoridad de Aplicación la instrumentación de un diálogo interinstitucional entre los actores del sistema de salud, que permita una inmediata recomposición arancelaria y la determinación por consenso de un mecanismo de actualización que acompañe los mayores costos”.