Este lunes 6 de abril se llevará a cabo la juramentación de Delia Espinoza como nueva decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL) para el periodo 2026-2028. La ceremonia se desarrollará ante la Asamblea General del gremio, que preside Raúl Canelo. Sin embargo, el Comité Electoral estaría poniendo dificultades para su realización.

Y es que el Comité Electoral del CAL envió comunicaciones al decano advirtiendo que Espinoza tendría que juramentar ante el mismo grupo de trabajo y no ante la Asamblea General.

Los comisionados se amparan en el artículo 21 del Reglamento de las Elecciones para elegir a la Junta Directiva del CAL, que establece que los candidatos electos “entrarán en funciones el 01 de abril de 2026 hasta el 31 de marzo de 2028, previa juramentación y proclamación por la presidenta del Comité Electoral”.

Incluso sostienen que seguir adelante con la juramentación ante la Asamblea General podría acarrear una “nulidad absoluta del acto de investidura”.

Delia Espinoza responde

En una carta remitida al Comité Electoral, Delia Espinoza lamenta “profundamente” los términos que se emplearon porque el Reglamento de Elecciones contiene disposiciones contrarias al Estatuto del Colegio de Abogados de Lima.

Espinoza invoca el artículo 13 y 14 del Estatuto establece que la Asamblea General, presidida por el decano, “se debe reunir el 2 de abril o al día siguiente hábil si aquel fuera feriado” para, entre otros, “juramentar al decano y a su Directiva electa, cuando corresponda”.

Al ser el Estatuto la norma “máxima de la vida institucional”, dice Espinoza, la juramentación del decano electo es una competencia de la Asamblea General.

“La norma electoral reglamentaria aprobada por el Comité Electoral, que indica como fecha de inicio de funciones el 01 de abril de 2026 hasta el 31 de marzo de 2028 no solo contradice el Estatuto, sino que invade competencias propias de la Asamblea General”, asevera la exfiscal suprema.

Sumado a ello, Delia Espinoza sostiene que “no es la primera ocasión en que queda en evidencia la ilegalidad de extractos” de los Reglamentos aprobados por el Comité Electoral del CAL. Así, menciona el caso de la elección del representante del CAL ante el JNE, donde contempla como sanción “la anulación de la candidatura de quien realice propaganda electoral a cien metros del local de votación”.

Es por esta disposición, dice Espinoza, que el Comité dio trámite a un recurso de nulidad parcial de la elección para el JNE y “se comprometió la proclamación diligente de nuestro representante electo, Gunther Hernán Gonzáles Barrón”. Infobae informó de esta situación en sendos informes.

“Como nuestra comunidad de agremiados y la sociedad en general han podido apreciar, en la aprobación del Reglamento de Elecciones 2025-II, así como en diversos actos de conducción de los procesos electorales realizados este año, se ha incurrido en diversos actos jurídicamente cuestionables. La comunicación que me ha sido remitida se inscribe en esa misma línea”, se lee.

Delia Espinoza culmina su carta exhortando al Comité Electoral “a conducir su labor con mayor prolijidad jurídica en el marco de las normas estatutarias de nuestra orden”.

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca modificar los requisitos de permanencia en la carrera fiscal. La propuesta tiene como objetivo central modificar el artículo 4 de la Ley de la Carrera Fiscal para precisar que la habilitación en un colegio profesional sea exigible únicamente para el acceso al cargo de fiscal y no para mantenerse.

La iniciativa de Gálvez surge inmediatamente después de que la exfiscal de la Nación Delia Espinoza resultara elegida como la nueva decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL). También llega cuando el actual titular del Ministerio Público anunció su retiro al referido gremio por temor a que se inicien procesos disciplinarios deontológicos en su contra, que podría derivar en su inhabilitación profesional.

“En esta semana voy a renunciar a mi agremiación al Colegio de Abogados de Lima. No es que sea tanto poder, sino es que puede iniciar procesos administrativos, buscar inhabilitar. Como eso genera conflicto en la función, hay que evitarlo simplemente”, dijo Gálvez en entrevista la semana pasada. “Con eso ella no tiene competencia sobre mí, sobre el ejercicio de mi labor como abogado”.

Los motivos

Según la exposición de motivos del proyecto de Tomás Gálvez, la redacción vigente de la Ley de la Carrera Fiscal permite que instituciones ajenas al control disciplinario constitucional (JNJ y ANC), como los colegios de abogados, se “entrometan” en la permanencia de los magistrados

“Estos gremios podrían interpretar el precepto normativo legal irrogándose facultades sancionadoras que no poseen, en el entendido que la inhabilitación en el ejercicio profesional de la abogacía, constituye un mecanismo indirecto que les franquea la ley para apartar o remover del cargo a un fiscal que forma parte del sistema de justicia”, se lee en el proyecto.

Gálvez argumenta que el hecho de que un fiscal pueda ser apartado de su cargo por no contar con una habilitación vigente constituye un mecanismo indirecto que vulnera la independencia y seguridad jurídica del sistema de justicia.

El documento sostiene que la inhabilitación impuesta por un Colegio de Abogados “no constituye en sí misma una causal suficiente para apartar de la carrera fiscal a un magistrado”. Para el fiscal de la Nación, permitir que un gremio profesional tenga la capacidad de remover de facto a un fiscal representa una supuesta “intromisión de funciones disciplinarias” que deberían ser exclusivas de la JNJ y la ANC.

Efectos

Al suprimir el extremo que vincula la habilitación profesional con la permanencia, el proyecto busca evitar “interpretaciones deliberadas” que pongan en riesgo la carrera de los fiscales por decisiones de carácter ético-gremial. De aprobarse esta reforma, la colegiación pasaría a ser un requisito meramente formal de entrada, blindando a los fiscales de cualquier medida sancionatoria proveniente de los colegios profesionales, como el que ahora liderará Delia Espinoza.

El proyecto de ley ya ha sido derivado a la Comisión de Constitución del Congreso, grupo de trabajo que preside el fujimorismo.

Recientemente, Tomás Gálvez ya se presentó ante la referida comisión para sustentar el cuestionado proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público.

El Comité Electoral del Colegio de Abogados de Lima (CAL) sancionó a Delia Espinoza con una multa de una UIT (5.500 soles) por supuestamente haber realizado actos de proselitismo el sábado 14 de marzo, día de la segunda vuelta por el decanato del gremio.

Según el Comité Electoral del CAL, los presuntos actos de proselitismo se dieron en la mesa de sufragio 18, antes y después de que Espinoza emitiera su voto. La supuesta inconducta, denunciada por el personero de la lista que encabezó Humberto Abanto, consistía en que la exfiscal de la Nación “prestó declaraciones” y se tomó fotografías con los abogados que se le acercaban.

Sin embargo, esto no fue acompañado por un video, fotografía o testigo que acrediten la supuesta. El Comité prácticamente da por acreditada la supuesta infracción porque ambos personeros, de Abanto y Espinoza, suscribieron el acta de escrutinio.

“Sin embargo, dicha conducta solo afectó el normal desarrollo de la votación en la mesa indicada, por ende el Comité Electoral resuelve declarar procedente la nulidad de la votación realizada en la mesa de sufragio 18 y sancionar a la candidata N°3 (Delia Espinoza) con una multa por el incumplimiento de las prohibiciones establecidas en el reglamento de elecciones 2025 II", se le en la resolución a la que accedió Infobae.

Así, en el cómputo general presentando el mismo día de la elección no se contabilizaron los votos de la mesa de sufragio 18.

No obstante, aún con dicha mesa anulada, la diferencia de votos de Delia Espinoza sobre Humberto Abanto fue considerable. La exfiscal suprema obtuvo 29.371 votos mientras que el abogado penalista 16.591 votos.

Rechazan reconsideración

Cabe precisar que el personero legal de la lista de Delia Espinoza, Orlando Loyola, presentó un recurso de reconsideración contra la resolución que sancionó con una UIT a la exmagistrada.

Se alegó que el Comité Electoral del CAL impuso una multa sin más que la versión del personero de la lista de Humberto Abanto.

Además, se afirmó que Espinoza acudió a votar solo con su seguridad personal, sin “portátil” ni manifestaciones organizadas, que los aplausos recibidos fueron espontáneos y que las fotos y saludos con colegas fueron por “elemental cortesía”.

El personero de la lista de la exfiscal de la Nación también cuestionó que se haya anulado los votos de la mesa de sufragio cuando esto debe ser la “última ratio”

Sin embargo, el Comité Electoral decidió declarar improcedente el recurso de reconsideración porque habría sido presentado fuera de plazo y porque las decisiones que adoptan son firmes.

También el Comité menciona que se habría producido la sustracción de la materia ya que ya concluyó el escrutinio general y se entregaron las credenciales a los candidatos electos.

Humberto Abanto en la mira

Cabe precisar que la lista de Delia Espinoza presentó una denuncia contra Humberto Abanto ante el Comité Electoral del CAL. Se advierte que habría incurrido en actos de proselitismo debido a que afuera de la Universidad San Marcos se instaló un parlante que difundía frass como “Abanto decano del CAL”.

Según pudo conocer Infobae, el Comité Electoral aún no habría resuelto dicha denuncia.

Integran el Comité Electoral los letrados Tania Paliza (presidente), Delia Muñoz (secretaria) y Carlos Pérez (vocal).

El fiscal Tomás Aladino Gálvez Villegas defendió su reciente elección como fiscal de la nación para el periodo 2026–2029. En una reciente entrevista, respondió con dureza al comunicado del Colegio de Abogados de Lima (CAL) que cuestiona su legitimidad y atribuyó el documento a intereses políticos más que jurídicos.

“El decano del CAL, Raúl Canelo, ha tomado una posición no jurídica sino política, y desgraciadamente está manejando al Colegio políticamente. Se le ocurre cualquier cosa y cree que eso es el derecho. Ese comunicado parece escrito por un analfabeto jurídico, habla disparates, tiene un contenido que da pena. Me da pena que el doctor Raúl Canelo, en este momento, haya llegado a un nivel de degradación jurídica como en el que está”, mencionó en diálogo con Willax TV.

Insistió que el comunicado “es una vergüenza para los abogados” se mostró soprendido ante la actitud del decano, al asegurar que, en el pasado, fueron cercanos. “Él ha sido relativamente mi amigo […], yo no sé qué le pasó en el camino. Es más, yo lo apoyé para su elección [como decano]”, enfatizó.

Respecto a los argumentos expuestos en el pronunciamiento del CAL, aclaró que la Junta de Fiscales Supremos actuó conforme a una resolución firme de destitución dictada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza.

“Lo que dice [el comunicado] es que nosotros no debíamos nombrar como JFS al fiscal de la nación porque, supuestamente, en el proceso en que sacan a Delia Espinoza hay irregularidades. Ese es otro tema. Nosotros nos regimos por la resolución que la destituye y por el acuerdo de junta que rechaza su reconsideración. Ahí hay una resolución de destitución firme y eso es lo que produce efectos y, en función de eso, hemos trabajado”, explicó.

¿Qué dijo el Colegio de Abogados de Lima?

El Colegio de Abogados de Lima emitió un comunicado en el que cuestionó duramente la elección de Tomás Gálvez como fiscal de la nación. El gremio advirtió que el proceso se desarrolló en un contexto inusual, donde varios candidatos, incluyendo a Gálvez, enfrentan investigaciones o serios cuestionamientos legales. La institución resaltó que la postulación y designación de fiscales supremos investigados no tiene precedentes en la historia reciente del Ministerio Público.

El pronunciamiento también criticó el contexto de la salida de Delia Espinoza de la jefatura del Ministerio Público. Según el CAL, su destitución fue “ilegal, arbitraria e inconstitucional” y se enmarca en una serie de decisiones que, a su juicio, afectan la estabilidad institucional. Además, el gremio alertó sobre el posible uso indebido de mecanismos disciplinarios para remover o sancionar magistrados, advirtiendo sobre el “eventual abuso de poder”.

También exhortó a las autoridades a garantizar la independencia de jueces y fiscales y a restablecer el Estado de derecho, señalando que la democracia peruana se encuentra en una situación delicada.

“Exhortamos a las autoridades a que se restablezca plenamente el Estado de Derecho, se respete la independencia y autonomía de las instituciones y se garantice el ejercicio libre de la magistratura, sin presiones ni represalias que incidan en la independencia, permanencia y estabilidad en el cargo de magistrados probos y reconocidos por la sociedad. Solo así será posible preservar y recomponer nuestra actualmente debilitada democracia”, concluye el comunicado.

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) cuestionó abiertamente la llegada de Tomás Aladino Gálvez Villegas a la Fiscalía de la Nación y advirtió que el proceso genera preocupación en el sistema de justicia. En un comunicado, el gremio señaló que la elección se da en un escenario poco común, donde varios de los candidatos tenían investigaciones o cuestionamientos en curso.

“Resulta preocupante que las candidaturas recayeran en fiscales supremos con serios cuestionamientos legales”, indicó el CAL, al referirse al perfil de quienes aspiraban al cargo. La institución remarcó que esta situación no tiene precedentes en la historia reciente del Ministerio Público.

Esto en alusión, además de Tomás Gálvez, a Patricia Benavides, quien fue destituida y además está investigada por el caso Valkiria; y Luis Arce, vinculado al caso de Los Cuellos Blancos.

El CAL también criticó el contexto en el que se produce la designación, marcado por la salida de la exfiscal de la Nación Delia Milagros Espinoza Valenzuela. Para el gremio, su destitución fue “ilegal, arbitraria e inconstitucional”, y forma parte de una serie de decisiones que, según advierten, afectan la estabilidad de las instituciones.

En esa línea, alertó sobre un posible uso indebido de mecanismos disciplinarios. “Rechazamos la instrumentalización y el eventual abuso de poder”, señala el pronunciamiento. Además, exhortó a las autoridades a garantizar la independencia de jueces y fiscales, al advertir que la democracia atraviesa un momento delicado.

“Exhortamos a las autoridades a que se restablezca plenamente el Estado de Derecho, se respete la independencia y autonomía de las instituciones y se garantice el ejercicio libre de la magistratura, sin presiones ni represalias que incidan en la independencia, permanencia y estabilidad en el cargo de magistrados probos y reconocidos por la sociedad. Solo así será posible preservar y recomponer nuestra actualmente debilitada democracia", culmina.

Oficialización del nombramiento y juramentación

Pese a las críticas y protestas el nombrameinto de Gálvez como Fiscal de la Nación para el periodo 2026–2029 ya fue oficializado. La decisión quedó registrada en una resolución publicada en el diario oficial El Peruano, luego de una votación interna entre los fiscales supremos.

La elección se realizó el 23 de marzo en una sesión extraordinaria y fue definida por mayoría, mediante voto secreto. Gálvez, quien ya venía ocupando el cargo de manera interina desde septiembre de 2025, logró así mantenerse al frente de la institución, pero ahora como titular.

El documento también fija la fecha en la que asumirá formalmente el cargo. “El periodo se iniciará con su juramentación”, prevista para el 27 de marzo, según se detalla en la resolución.

Su nombramiento se da tras la salida definitiva de Espinoza, luego de que la Junta Nacional de Justicia confirmara su destitución y rechazara los recursos que presentó para revertir la sanción.

Cuestionamientos y trayectoria de Tomás Gálvez

La llegada de Gálvez al cargo ocurre en medio de cuestionamientos que lo han acompañado en los últimos años. Su nombre fue incluido en investigaciones por el caso “Cuellos Blancos del Puerto”, uno de los mayores escándalos de corrupción judicial en el país. Aunque la Fiscalía presentó cargos, el Congreso decidió archivar las denuncias.

También fue vinculado a la organización conocida como “Los Gánsters de la Política”. Sin embargo, ese proceso tampoco avanzó tras decisiones adoptadas en el ámbito parlamentario.

A pesar de estos antecedentes, Gálvez se mantuvo en el Ministerio Público y llegó a ocupar la Fiscalía de la Nación de forma interina. Su permanencia en el sistema y posterior elección reflejan el peso de las decisiones políticas y parlamentarias en estos casos.

Cambios en el Ministerio Público durante su gestión

Durante su periodo como fiscal interino, Gálvez impulsó medidas que generaron impacto dentro del Ministerio Público. La más significativa fue la eliminación de varios equipos especiales, entre ellos los encargados de los casos Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y las investigaciones por muertes en protestas sociales.

El propio Gálvez justificó esta decisión al señalar que buscaba “unificar la estrategia de persecución penal” y reorganizar el trabajo de las fiscalías. Sin embargo, la medida fue criticada por su efecto en investigaciones sensibles.

La reestructuración implicó trasladar los casos a otras áreas y reasignar a fiscales y personal. Aunque las investigaciones continúan, ahora lo hacen bajo una nueva organización interna.

Estas decisiones, sumadas a los cuestionamientos previos, marcan el inicio de una gestión que no solo enfrenta críticas desde el ámbito jurídico, sino también expectativas sobre el rumbo que tomará el Ministerio Público en los próximos años.

Hoy sábado 14 de marzo se lleva a cabo la segunda vuelta de las elecciones para el decanato del Colegio de Abogados de Lima (CAL). Disputan este cargo la exfiscal de la Nación Delia Espinoza y el abogado litigante Humberto Abanto.

En la primera vuelta realizada el 28 de febrero, la diferencia fue de 6.295 votos entre ambos postulantes. La exfiscal de la Nación recibió 18.899 votos (equivalente al 42,95% de los votos válidos), mientras que el abogado penalista obtuvo 12.604 votos (28,64%).

Se cuestionó la postulación de Delia Espinoza debido a que, según la tacha del abogado Wilber Medina, aún sería fiscal suprema porque la destitución que le impuso la JNJ a pesar de que esta sanción se ejecuta desde un inicio. Sin embargo, el Comité Electoral del CAL declaró improcedente la tacha por extemporánea y por no haber pagado la tasa.

Mediáticos

Esta semana, tanto Delia Espinoza como Humberto Abanto fueron noticia por su participación en estamentos políticos.

Abanto se presentó como abogado del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, ante el Tribunal Constitucional. Ahí, el abogado alegó que el candidato presidencial hizo uso de su “derecho de resistencia a la opresión” al no acatar el mandato de prisión preventiva que se le impuso en el caso Aeródromo Wanka, caso del que fue absuelto por la Corte Suprema.

Por su parte, Espinoza se presentó ante el Congreso de la República para ejercer su defensa ante el intento de un sector de imponerle una segunda inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años. Dicha pretensión al final no se concretó.

Espinoza también estuvo presente en la segunda sesión del juicio oral contra Fernando Rospigliosi por difamación. En la sesión la extitular del Ministerio Público dio su declaración. La próxima semana se llevará a cabo los alegatos finales. Luego, la jueza suprema Norma Carbajal deberá fijar día y hora para la lectura de la sentencia. Espinoza pide más de 2 años de prisión y un millón de soles de reparación civil.

Tacha rechazada

El Comité Electoral del Colegio de Abogados de Lima (CAL) declaró improcedente la tacha contra Delia Espinoza por haber sido presentada fuera de plazo y sin el pago de la tasa requerida, de acuerdo con la resolución a la que tuvo acceso Infobae. De esta forma, se confirmó la participación de la exfiscal de la Nación en la segunda vuelta que se celebra este sábado 14 de marzo, donde enfrentará a Humberto Abanto por el decanato de la orden.

En la resolución, el Comité Electoral sustentó la improcedencia detallando que la tacha de Wilber Medina fue ingresada el 18 de febrero, cuando el plazo para estos recursos había finalizado el 9 de febrero, según el cronograma oficial. Además, el documento precisa que Medina no realizó el pago de 550 soles, equivalente al 10% de una UIT, como exige el reglamento para procesar una tacha en el CAL.

Para adoptar este pronunciamiento, solo participaron la presidenta Tania Paliza y el vocal Carlos Pérez Goicochea, ya que la secretaria Delia Muñoz se abstuvo por su vínculo personal con Medina.

El Comité Electoral del Colegio de Abogados de Lima (CAL) declaró improcedente la tacha que se presentó contra la exfiscal de la Nación Delia Espinoza y ratificó su candidatura a la decanato de la orden.

Como se recuerda, el abogado Wilber Medina, defensa del expresidente de la JNJ Gino Ríos Patio y del exfiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza, pidió que Espinoza sea excluida de la contienda porque, supuestamente, aún es fiscal suprema titular, a pesar de que fue destituida arbitrariamente. Sin embargo, según el reglamento de procesos disciplinarios de la JNJ establece que la sanción de destitución surte efectos inmediatos y no se suspende aunque se haya impugnado.

Medina presentó la tacha el 18 de febrero; sin embargo, el cronograma estableció que cualquier agremiado al CAL podía formular estos recursos desde el 5 al 9 de febrero.

“De acuerdo al principio de preclusión, la tacha fue presentada vencido el plazo para su tramitación”, se lee en la resolución del Comité Electoral a la que accedió Infobae.

Pero no es la única observación del Comité. Al margen que fue presentado fuera de plazo, se advierte que para la interposición de una tacha contra un candidato al decanato del CAL, el agremiado tenía que pagar una tasa equivalente al 10% de una UIT, es decir, un pago de 550 soles. No obstante, Wilber Medina no hizo dicho desembolso.

Por esas dos razones, el Comité Electoral declara improcedente la tacha contra Delia Espinoza por “extemporánea y el no pago de la tasa correspondiente para su tramitación”.

“Preservando la intangibilidad del proceso electoral para la elección y renovación de los órganos de gobierno y control del CAL, se declara la continuidad del mismo con la participación de la candidata doctora Delia Espinoza Valenzuela”, resolvieron.

Cabe precisar que para adoptar esta decisión solo intervinieron dos miembros del Comité Electoral, la presidenta Tania Paliza y el vocal Carlos Pérez Goicochea. La secretaria Delia Muñoz se inhibió por mantener un vínculo de amistad con el abogado Wilber Medina.

Alto respaldo

Delia Espinoza pasó a la segunda vuelta al decano del Colegio de Abogados de Lima con el primer lugar de las preferencias en el gremio.

De acuerdo con el cómputo final de las elecciones del 28 de febrero pasado, Espinoza obtuvo 18.899 votos, equivalente al 42,95% de los votos válidos.

La exfiscal de la Nación se enfrentará al abogado penalista Humberto Abanto, quien consiguió 12.604 votos, equivalente al 28,64% de los votos válidos. La diferencia entre uno y otro es de 6.295 votos.

La segunda vuelta de las elecciones en el CAL se desarrollará el sábado 14 de marzo. De acuerdo con el cronograma electoral, el próximo martes 10 se llevará a cabo un debate entre los candidatos sobre sus planes de desarrollo institucional.

Cabe precisar que dos días antes de la segunda vuelta, el Congreso debatirá una posible segunda inhabilitación por 10 años contra Delia Espinoza por denunciar a congresistas que votaron a favor de una ley que les permite cobrar su sueldo y una pensión de las Fuerzas Armadas.

El Comité Electoral del Colegio de Abogados de Lima (CAL) rechazó el pedido de nulidad parcial de las elecciones para su representante ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y confirmó que Gunther Gonzales Barrón será proclamado como nuevo representante de la orden ante dicho organismo, en reemplazo de Willy Ramírez Chávarry, aunque se le impuso una sanción económica por infracción al reglamento electoral.

Como se recuerda, la candidata Tammy Quintanilla, quien quedó en cuarto lugar, pidió la nulidad parcial de la elección del 15 de febrero de 2026. Específicamente requería que se dejen sin efecto los votos de los postulantes que la superaron Gonzales Barrón, Willy Ramírez Chávarry y Pedro Martínez Letona porque supuestamente incurrieron en graves infracciones al Reglamento Electoral, por supuestos actos de propaganda en el local de votación.

Según la resolución del Comité Electoral, se acordó tramitar la solicitud. Sin embargo, tras analizar los fundamentos del pedido y celebrar una audiencia pública donde se escucharon a las partes y se visualizaron las supuestas pruebas de las faltas, el órgano electoral determinó que la solicitud de nulidad “no se encuentra fundada en alguna de las causales específicas establecidas en el Reglamento”.

Y es que el Reglamento de Elecciones del CAL solamente habilita la nulidad en casos de fraude, violencia, intimidación, soborno u obstrucción grave al derecho al voto. En este caso, la impugnación se sustentó únicamente en una supuesta vulneración de la prohibición de propaganda.

Además, el Comité concluyó que, tras la fiscalización general, no se identificó coacción alguna a los votantes. Asimismo, dice el fallo, la mayoría de mesas tuvieron personeros y se resolvieron incidencias menores, “lo que demuestra el respeto al derecho al voto”.

Gunther Gonzales sancionado

Si bien el Comité reconoció que Gunther Gonzales Barrón incurrió en una infracción al ingresar a la sala de escrutinio vistiendo un polo con propaganda electoral después del cierre de la votación, se determinó que su conducta no anulaba su candidatura ni afectó el acto electoral.

Por ello, solo se optó por sancionar al candidato con una multa de una UIT, es decir, 5.500 soles.

Así, el Comité Electoral procederá a proclamar a Gonzales Barron como magistrado del JNE en representación del Colegio de Abogados de Lima, debiendo oficial al presidente de la institución, Roberto Burneo, para que el nuevo miembro del Pleno sea incorporado oficialmente.

La segunda elección del Comité Electoral

El Comité Electoral tiene pendiente llevar a cabo una segunda elección. Se trata de la segunda vuelta por la decanatura del CAL entre la exfiscal de la Nación Delia Espinoza y el abogado penalista Humberto Abanto el sábado 14 de marzo.

Se tenían dudas de si la actual conformación del Comité Electoral —Tania Paliza Toscano (presidenta) ,Carlos Pérez Goicochea y Delia Muñoz Muñoz— estaría a cargo de la segunda vuelta. Pero al retirarse la propuesta de separación en la Asamblea de Delegados del miércoles 4, se confirmó su participación.

Inicialmente, la Junta de Vigilancia del CAL pidió remover a los miembros del Comité Electoral, pero en plena Asamblea modificó su pedido.

Un completo espectáculo se vivió el último miércoles 4 de marzo durante la Asamblea General de Delegados del Colegio de Abogados de Lima (CAL), que tenía como único punto de agenda la eventual remoción de los miembros del Comité Electoral.

Desde un inicio no se respetó la agenda. Y es que la sesión inició con una intervención del decano saliente y candidato por Libertad Popular, Raúl Canelo, donde negaba irregularidades en las finanzas de su gestión.

Luego se le dio la palabra al presidente de la Junta de Vigilancia, Dennis Icochea, para que sustente el pedido de remoción que requirió sobre los miembros del Comité Electoral. Explicó que se solicitó la medida por supuesto incumplimiento del reglamento de elecciones del CAL, dar trámite a una nulidad sin cumplir requisitos y alterar el cronograma electoral reprogramando hasta en tres oportunidades la proclamación de Gunther Gonzales Barrón como representante de la orden el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Sin embargo, al final de su exposición, Icochea pidió modificar el pedido de inicial de separación de los miembros del Comité por una remisión de las supuestas inconductas a la Dirección de Ética Profesional del CAL.

Luego de ello, se les dio la palabra a los miembros del Comité Electoral: Tania Paliza Toscano (presidenta), Carlos Pérez Goicochea y Delia Muñoz Muñoz. Todos rechazaron la “injerencia de la Junta de Vigilancia” y advirtieron que se está vulnerando la autonomía del comité al tramitar pedidos de separación.

Entonces vinieron las impertinencias. El asesor del director de Economía intervino para dar cuenta de las desavenencias con la presidenta del Comité Electoral sobre la apertura de la cuenta bancaria. La dirección quería intervenir en cada decisión sobre gastos del Comité Electoral, que, en teoría, goza de autonomía para ello. Incluso en un punto el asesor cuestionó que se contratara a una determinada pollería para que provea de desayunos y almuerzos a los miembros de mesa.

Luego de ello los delegados presentes intervinieron. Algunos se desviaban del tema de agenda e incluso se registraron insultos por parte de un agremiado a una delegada, acto que fue reprochado por el decano Raúl Canelo.

Al final de cuentas, Canelo dijo que la Asamblea ya no tenía motivo para continuar porque la modificación del pedido de separación de los miembros del Comité Electoral es un desistimiento.

“Junta de Vigilancia que había pedido separación, ahora ya no pide separación. El tema que ha señalado de Ética o de defensa gremial es un tema que le corresponde a Ética y defensa gremial por sus propios fueros. En consecuencia, particularmente y es mi opinión también, debe darse prioridad al tema electoral porque está entredicho la situación y el prestigio del Colegio de Abogados”, dijo.

Así, los miembros del Comité Electoral se mantienen en sus cargos y en las próximas horas deberán resolver el pedido de nulidad contra la elección del representante del CAL ante el JNE.

Como se recuerda, Gunther Gonzales Barrón ganó, pero la candidata que quedó en cuarto lugar Tammy Quintanilla pidió que se anulen los votos de los 3 candidatos que la superaron.

Hoy sábado 28 de febrero se desarrollan las elecciones para elegir al nuevo decano del Colegio de Abogados de Lima para el periodo 2026-2027. El ganador sucederá en el cargo a Raúl Canelo Rabanal, quien postula al Senado con el partido Libertad Popular.

Entre quienes se perfilan como los favoritos se encuentran la exfiscal de la Nación Delia Espinoza y el conocido abogado penalista Humberto Abanto. Ambos con puntos de vistas opuestos sobre el sistema de justicia.

También busca la decanatura del CAL el expremier de Dina Boluarte y exfiscal superior Pedro Angulo Arana, quien ya ocupó este cargo en el periodo 2016-2017.

Los candidatos que compiten en esta fecha son: Oscar Peña Gonzáles, Jorge Rioja Vallejos, Ruth Monge Guillergua, Francisco Gómez Valdez, Judith Torres Anaya.

En la jornada de este sábado los abogados afiliados al CAL también elegirán a la Junta de Vigilancia, un órgano autónomo que se encarga de fiscalizar y controlar la gestión administrativa, económica y patrimonial de la institución. De encontrar irregularidades, las denuncia ante la Asamblea General.

Para la Junta de Vigilancia postulan los abogados José Fuentes Ruíz, Ronald Castro Pérez, Alejandro Vásquez Prado, Vilma Martínez Huamaní, Jorge Gonzales Ward, Rosa Espinoza Quispe, Paolo Vidarte Quicaño y Julio Reza Huaroc.

Disputas en el CAL por el representante en el JNE

A mediados de febrero, el Comité Electoral llevó a cabo las elecciones para elegir al representante del CAL ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Gunther Gonzales Barrón obtuvo el primer lugar con 10.392 votos y debía ser proclamado el 18 de febrero, pero la postergación se mantiene luego de que la candidata Tammy Quintanilla, quien quedó cuarta con 4.371 votos, presentó un recurso para eliminar los votos de los tres aspirantes que la superaron, alegando violaciones a las reglas de publicidad electoral.

El recurso de Tammy Quintanilla podría tener repercusiones más allá del gremio, ya que, según advirtió Gunther Gonzales Barrón, si prospera, se podría “desconocer la voluntad” de miles de abogados. Esta decisión, afirmó, alteraría la confianza en el sistema y “tendría impacto político relevante en las elecciones generales, pues pondría sombras sobre los pronunciamientos del JNE y, con ello, todo el proceso electoral”. Además, Gonzales cuestionó que se pongan en duda los sufragios de colegas “muchos con maestrías y doctorados”, sosteniendo: “En un acto de discriminación, solo ‘sus 4 mil votos’ son ‘racionales’, mientras los 22 mil votos de los tres primeros son propios de un niño muy pequeño, influenciable por un caramelo”.

La proclamación del nuevo representante fue inicialmente diferida al 25 de febrero y seguidamente pospuesta hasta el 6 de marzo, según informó el Comité Electoral del CAL, a raíz de una asamblea extraordinaria convocada por el decano Raúl Canelo. En esa asamblea se evaluará la posible separación de los integrantes del comité por supuestos incumplimientos normativos. El propio órgano electoral explicó que ante la falta de “ambiente de libertad”, corresponde abstenerse de definir la procedencia de la nulidad y la proclamación hasta que la Asamblea General se pronuncie.

Mientras el proceso se resuelve, el Jurado Nacional de Elecciones quedará sin representante titular del CAL a partir del 1 de marzo, cuando concluye el mandato de Willy Ramírez Chávarry. Según la Ley Orgánica, el cargo deberá cubierto temporalmente por el primer miembro suplente, José Manuel Villalobos Campana, hasta que se oficialice al nuevo titular.

La cal se consolidó como un elemento esencial para el desarrollo en el México prehispánico, influyendo en la arquitectura, la alimentación y las prácticas cotidianas de civilizaciones como la maya y la de Teotihuacán. Su uso permitió edificar estructuras monumentales, crear recubrimientos resistentes y transformar la dieta a través de la nixtamalización del maíz, según informó UNAM Global.

Este material no solo facilitó la construcción de templos y plazas monumentales, sino que también representó una solución tecnológica fundamental ante los retos urbanos y ambientales de las antiguas ciudades.

De acuerdo con UNAM Global, su aplicación en la arquitectura supuso una diferencia clave en comparación con otras culturas, al permitir que los habitantes de Teotihuacán y los mayas crearan edificaciones de gran complejidad técnica y estética, incluso en regiones con escasez de roca caliza.

En lugares emblemáticos como Teotihuacán, la cal fue indispensable para recubrir pisos, muros y techos, proporcionando superficies de notable durabilidad, resistencia y propiedades impermeables, que han soportado el paso de los siglos.

Por su parte, la civilización maya aprovechó la cal para ejecutar construcciones agudas, mascarones y arcos, formando un legado arquitectónico que, de acuerdo con investigaciones difundidas por UNAM Global, destaca por su técnica avanzada y belleza.

Importancia de la cal en la producción de tortillas

Más allá de su función en la arquitectura, la cal fue decisiva en la alimentación mesoamericana a través del proceso de nixtamalización.

Al cocer el maíz con agua y cal, los pueblos originarios consiguieron liberar niacina, facilitando la elaboración de masa para tortillas y previniendo enfermedades como la pelagra. Este avance, subraya UNAM Global, representó una auténtica revolución nutricional y fundamentó el desarrollo poblacional y de la salud en la región.

La presencia de la cal también alcanzó otras facetas de la vida cotidiana y ceremonial. Se utilizó para almacenar alimentos en cuexcomates (almacenes tradicionales de grano), unir tuberías de barro, preparar pinturas murales y construir sistemas hidráulicos complejos. En todas estas tareas, su versatilidad fue indispensable.

¿Cómo se obtiene la cal?

La obtención de la cal comenzaba con la roca caliza, sometida a altas temperaturas en piras alimentadas por ramas, lo que la transformaba en cal viva.

Esta tecnología tradicional prehispánica se fusionó con técnicas europeas tras la Conquista, permitiendo la creación de murales en edificios coloniales, y persistió en regiones como la península de Yucatán hasta principios del siglo XX, según explicó el Dr. Luis Alberto Barba Pingarrón en una conferencia recogida por UNAM Global.

Durante décadas, se consideró que la producción de cal implicó una fuerte presión ambiental y contribuyó al colapso de la civilización maya. Sin embargo, investigaciones recientes revisan y cuestionan estas hipótesis, abriendo nuevas perspectivas sobre la resiliencia y capacidad de adaptación de las antiguas sociedades mesoamericanas.

Actualmente, el uso y la tecnología de la cal siguen presentes, adaptándose a innovaciones en arquitectura y alimentación, y consolidándose como parte del patrimonio científico y cultural de México, según concluyen fuentes de UNAM Global.

El Consejo de Ética del Ilustre Colegio de Abogados de Lima resolvió suspender por seis meses a Patricia Benavides Vargas en el ejercicio de la abogacía, tras declarar fundada la medida cautelar solicitada en su contra. La resolución, fechada el 26 de enero de 2026, responde a una queja presentada por Martha Eleana Cuentas Anci, directora ejecutiva de Fomento de la Vida (FOVIDA) e integrante del Grupo de Trabajo Contra la Corrupción.

La decisión, emitida bajo la Resolución N°03-365-2024-MC-CE/DEP/CAL, se tomó después de que el Consejo de Ética, presidido por Carlos Enrique Ampuero Montes e integrado por María Catalina Vera Tudela Peña y Félix Augusto Vasi Zevallos, evaluara los hechos imputados a Benavides Vargas, quien hasta ahora se desempeñaba como fiscal suprema.

¿Por qué caso se declaró fundada la medida cautelar contra Patricia Benavides?

El Consejo estableció que la suspensión por seis meses responde a la presunta comisión de una falta grave. El reglamento permite imponer este tipo de medida cuando existen indicios suficientes de infracción ética, con el objetivo de evitar la obstaculización del procedimiento y preservar la integridad institucional.

La conducta por la que se le cuestiona es su presunta injerencia en un caso judicial que involucraba a su hermana, la jueza Enma Benavides Vargas. Durante el concurso público para la selección de fiscales supremos, Benavides afirmó que no interferiría en investigaciones relacionadas con familiares. Sin embargo, una vez nombrada fiscal de la Nación en julio de 2024, dispuso el cese de Bersabeth Felicitas Revilla Corrales, quien investigaba a su hermana por presuntos delitos de cohecho y asociación ilícita.

El Consejo de Ética concluyó que esta actuación vulneró los principios de legalidad, veracidad, transparencia, probidad y buena fe que rigen la profesión, y estimó probado el hecho como infracción al Código de Ética del Abogado.

“La permanencia de la denunciada Liz Patricia Benavides Vargas en el ejercicio de la profesión de abogada y su vinculación con el Ministerio Público representa un riesgo concreto, actual e inminente para la eficacia del procedimiento disciplinario”, precisa la resolución.

Hechos desestimados

El Consejo de Ética desestimó otras acusaciones presentadas contra Benavides Vargas, al considerar que no constituyen infracción al Código de Ética:

• Aceptación de una condecoración pública del exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, investigado por lavado de activos: el Consejo determinó que no existía vínculo procesal directo entre ambos, pues Benavides no era la fiscal a cargo de la investigación y, por tanto, no se configuraba una relación prohibida.
• Falta de transparencia por no exhibir su tesis de maestría y doctorado: la resolución indica que la obligación de registrar tesis para grados académicos solo rige desde 2016, mientras que las de Benavides datan de 2008 y 2009, por lo que no existía deber legal de publicación en ese momento.
• Contratación como abogado defensor de Jorge Del Castillo Gálvez, político investigado por el Ministerio Público: el Consejo enfatizó que toda persona tiene derecho a elegir libremente a su abogado, sin que la filiación política de este constituya falta ética.
• Acusación de liderar presuntamente una organización criminal: el Consejo recordó el principio constitucional de presunción de inocencia y subrayó que no puede aplicarse sanción disciplinaria sin pruebas fehacientes de responsabilidad.

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) expresó públicamente su preocupación por la reciente decisión del Ministerio Público de desactivar varios equipos fiscales especializados. La medida, adoptada por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, generó un intenso debate en el ámbito jurídico y entre la ciudadanía, al poner en cuestión la continuidad de investigaciones de alto impacto social y la estabilidad de la seguridad jurídica en el país.

La Junta Directiva del CAL subrayó que la lucha contra la corrupción y el crimen organizado constituye una política de Estado que debe trascender a cualquier administración. La institución advirtió que la modificación de estructuras técnicas consolidadas, sin una justificación que garantice la eficacia procesal, puede vulnerar la seguridad jurídica y afectar la confianza en el sistema de justicia.

En este contexto, el CAL exhortó al Ministerio Público a asegurar la continuidad de las indagaciones vinculadas a casos de alta complejidad, entre los que destacan Lava Jato, Cuellos Blancos del Puerto y otros procesos emblemáticos. Para el gremio de abogados, la especialización de los equipos disueltos representa un activo institucional indispensable para el correcto ejercicio de la acción penal y no debe estar sujeta a interpretaciones políticas ni decisiones discrecionales.

Reacción a la decisión del Ministerio Público

La decisión de desactivar los equipos especiales fue oficializada mediante resoluciones publicadas en El Peruano y presentada como parte de una estrategia para “unificar la persecución penal” y fortalecer los subsistemas especializados en delitos de lavado de activos, corrupción de funcionarios y derechos humanos. Los equipos afectados incluyen a Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip (relacionados con víctimas en protestas sociales entre 2022 y 2023).

Durante una conferencia de prensa, Tomás Gálvez defendió la decisión y argumentó que la responsabilidad por eventuales resultados negativos en las investigaciones recae en los fiscales encargados de los casos. “Primero, los que investigan son los fiscales. Y si hay algún responsable, son los fiscales”, afirmó Gálvez, al ser consultado sobre el posible impacto de la medida en procesos sensibles o emblemáticos.

Al ser interrogado sobre si asumiría alguna responsabilidad por eventuales retrocesos, falta de sentencias o prescripción de casos, el fiscal interino respondió de manera categórica: “No puedes hablar de responsabilidades inventadas”. Añadió que la demora excesiva en la resolución de procesos afecta la administración de justicia: “La cuestión es la siguiente, mira: si no terminas un caso en diez años, ¿de qué estamos hablando? Si vamos a esperar veinte años para que se resuelva un caso, ¿sabes qué hace eso? Ya prescribieron todos”.

Preocupación por la seguridad jurídica y la autonomía

El Colegio de Abogados de Lima advirtió que la estabilidad de las investigaciones en curso constituye un pilar esencial de la seguridad jurídica y que cualquier alteración puede ser percibida como un retroceso en la autonomía de los magistrados. Para el CAL, la especialización alcanzada por los equipos disueltos no debe considerarse como una concesión política, sino como una herramienta necesaria para garantizar la eficacia y profundidad de las indagaciones.

La institución solicitó que la Junta de Fiscales Supremos emita un pronunciamiento técnico que aporte certeza y transparencia sobre el reordenamiento institucional. Según el CAL, las decisiones de la alta dirección fiscal deben basarse estrictamente en criterios de optimización y no en enfoques discrecionales que puedan afectar la percepción pública sobre la autonomía e independencia del Ministerio Público.

Impacto en la confianza ciudadana y vigilancia gremial

La confianza de la ciudadanía en el sistema de administración de justicia depende, según el CAL, de la predictibilidad y la firmeza con que se sancionen los actos de corrupción, sin importar el contexto político en que ocurran. Por este motivo, el gremio de abogados anunció que se mantendrá vigilante para que el debido proceso y la búsqueda de la verdad real no se vean comprometidos por cambios estructurales intempestivos.

El debate sobre la desactivación de los equipos especiales ha polarizado a la opinión pública. Mientras algunos sectores consideran que la medida puede agilizar procesos y evitar demoras excesivas, otros advierten que existe el riesgo de debilitar investigaciones complejas y favorecer la impunidad en casos de corrupción y crimen organizado.

Llamado a la institucionalidad y a la transparencia

El pronunciamiento del Colegio de Abogados de Lima se inscribe en un contexto de creciente demanda social por transparencia, eficacia y autonomía en la administración de justicia. La institución reiteró que la preservación de equipos especializados y la garantía de la seguridad jurídica son indispensables para sostener el Estado de derecho y responder a las expectativas de la población.

El CAL enfatizó que solo a través de decisiones institucionales sólidas, fundamentadas y transparentes, será posible garantizar el correcto desarrollo de las investigaciones y fortalecer la confianza en el sistema de justicia peruano. La autonomía, la especialización y la transparencia deben ser principios inalterables en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

De acuerdo con la información divulgada por la OCU y especialistas citados en diferentes medios, la limpieza y el descalcificado de las cafeteras suelen realizarse habitualmente con vinagre. Sin embargo, existen alternativas como el uso de zumo de limón o bicarbonato, las cuales ofrecen resultados similares y evitan las molestias derivadas del olor intenso que deja el vinagre en los aparatos.

Tal como detalló la OCU, para emplear la solución de limón basta con desmontar la cafetera italiana, también conocida como moka, y verificar que no queden restos de café ni juntas de goma deterioradas. El siguiente paso consiste en llenar la base con agua caliente y agregar el jugo de un limón (o dos cucharadas de zumo embotellado), procurando no sobrepasar la válvula de seguridad. Se coloca la cafetera al fuego sin café en su interior y se deja actuar la mezcla durante un periodo de 10 a 15 minutos. Finalizado este tiempo, se vacía el contenido, se desarma nuevamente la cafetera y se aclaran todas las piezas a fondo con abundante agua, logrando que tanto la suciedad invisible como la cal más adherida se desprendan en trozos visibles.

Contra algunas creencias, el método con bicarbonato tampoco requiere manipulación avanzada. Según lo publicado por la OCU, se debe mezclar una parte de bicarbonato y dos partes de agua caliente hasta obtener una solución líquida. Las piezas desmontadas de la cafetera (tanto base, como embudo y parte superior) se sumergen en la mezcla entre 20 y 30 minutos. Tras el remojo, se limpian suavemente con un estropajo blando, poniendo atención a las zonas con manchas o residuos, y después se aclaran bajo agua corriente antes de dejar que sequen al aire.

Existe una tercera opción que consiste en combinar jugo de limón y bicarbonato. Al hacerlo, el ácido del limón y la base del bicarbonato producen una efervescencia notable, lo que facilita el desprendimiento de suciedad. Sin embargo, la reacción química neutraliza rápidamente la acidez necesaria para desincrustar la cal dura, por lo que esta técnica resulta más adecuada para suciedades ligeras y restos orgánicos, pero no para depósitos minerales persistentes. Los especialistas citados por la OCU sugieren emplear primero el método de descalcificación solo con agua y limón y, a continuación, realizar un ciclo de limpieza con agua y bicarbonato para aprovechar al máximo las propiedades de cada sustancia.

El mantenimiento regular de las cafeteras no solo afecta la higiene, sino que también contribuye a prolongar la vida útil del aparato y a asegurar la calidad de cada taza, afirmó la OCU. El organismo recomienda que la frecuencia de limpieza varíe según el grado de uso: no obstante, para garantizar el buen funcionamiento y evitar la acumulación de residuos, se estima que una limpieza a fondo debe realizarse al menos una vez al mes. Este procedimiento previene la formación de obstrucciones causadas por cal y restos de café, dos de los principales factores que influyen tanto en la funcionalidad como en el deterioro del sabor de la bebida.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios, estos métodos alternativos no solo resultan igual de eficaces que el vinagre para eliminar la cal incrustada y los restos de suciedad, sino que además evitan los problemas de olor y sabor residual que muchas personas perciben tras limpiar sus cafeteras con productos más agresivos. Los expertos consultados por el medio apoyan la adopción de estos procedimientos caseros tanto para cafeteras italianas como para otros modelos de uso doméstico, poniendo en valor su sencillez, bajo coste y respeto tanto por el aparato como por la experiencia del consumidor.

El medio detalló que la efectividad de las pastillas para lavavajillas fuera de su contexto habitual se debe a su formulación. Estos productos combinan tensioactivos, enzimas y agentes desincrustantes diseñados para eliminar grasa, restos orgánicos y depósitos minerales, lo que también resulta útil en el entorno del sanitario. Al entrar en contacto con el agua de la taza, la pastilla se disuelve poco a poco y libera sus componentes, reblandeciendo las capas de cal y facilitando su eliminación con el uso de la escobilla.

Para utilizar este método en el inodoro, el procedimiento recomendado por el medio consiste en accionar la cadena para limpiar la taza de residuos antes de introducir una pastilla de lavavajillas en el fondo. A continuación, se indica dejar que la pastilla actúe durante un periodo de entre una y cuatro horas, aunque el efecto se potencia si se permite una acción prolongada, como durante toda la noche, en casos donde la suciedad se encuentra más incrustada. Una vez transcurrido el tiempo de actuación, basta con frotar las zonas afectadas —sobre todo donde suele formarse la línea amarillenta provocada por el agua dura— y proceder a una nueva descarga para eliminar los restos.

En situaciones donde el agua en la taza permanece fría y la pastilla tarda en disolverse, el medio recomienda una variante de la técnica: disolver la pastilla previamente en un vaso con agua caliente (que no esté hirviendo) y verter la mezcla en el inodoro. Con esto, los componentes desincrustantes se activan más rápidamente, lo que acorta los tiempos necesarios para observar resultados efectivos.

El medio especificó varias precauciones para los usuarios que deciden recurrir a esta práctica. No se deben mezclar pastillas para lavavajillas con lejía ni con otros productos de limpieza, ya que podrían generarse reacciones químicas peligrosas. Además, se debe evitar el uso de agua hirviendo, porque el contraste térmico puede dañar la porcelana sanitaria. Mantener el baño ventilado durante el proceso permite reducir la exposición a vapores de los productos mientras estos actúan. También se subrayó que este sistema no sustituye a los limpiadores específicos cuando se requiere desinfección profunda, ya que la función principal de la pastilla es eliminar la cal y los restos adheridos, no desinfectar.

Otra indicación importante transmitida por el medio tiene que ver con la frecuencia de uso y las condiciones del material de la taza. Se recomienda emplear la pastilla ocasionalmente, sin reemplazar la rutina habitual de limpieza, y no aplicar este método sobre porcelana que presente grietas o desperfectos para evitar daños adicionales.

El medio explicó que, aunque esta técnica aporta una opción práctica para combatir incrustaciones resistentes, debe considerarse como complemento puntual en la limpieza del inodoro, reservando el uso de productos desinfectantes para el mantenimiento regular y la higiene completa del sanitario. De este modo, las pastillas de lavavajillas, más allá de su función en la cocina, se convierten en una herramienta versátil que, utilizada con precaución, colabora en la eliminación de manchas persistentes derivadas de la cal y otros residuos difíciles.

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) entró de lleno en el debate sobre la reforma del sistema de justicia impulsada en el Congreso y advirtió que el informe aprobado por la Comisión Especial de Reforma Judicial requiere un debate más amplio y técnico antes de avanzar hacia una reforma constitucional. La reforma plantea reemplazar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por una nueva Escuela Nacional de Justicia.

El pronunciamiento se publica luego de que la comisión multipartidaria, presidida por la congresista María del Carmen Alva, aprobara por unanimidad un informe de 96 páginas que propone la eliminación de la JNJ y la creación de una nueva entidad que asuma la formación, evaluación e ingreso de jueces y fiscales a través de un modelo similar al de una “escuela diplomática”.

El CAL aclaró que la propuesta congresal no incorporó los comentarios que el gremio presentó formalmente, pese a que advertían antecedentes de opiniones en contra respecto del proyecto de ley que dio origen a esta iniciativa. Entre ellos, los organismos que se opinían eran el Ministerio Público, el Ministerio de Economía y Finanzas y la propia Academia de la Magistratura.

El problema estructural no es la formación, sino la falta de jueces titulares

En su comunicado, la Junta Directiva del CAL enfatizó que el principal problema del sistema judicial peruano no está en el mecanismo de formación, sino en la falta de presupuesto público para crear más plazas titulares. Según cifras oficiales citadas por el gremio, menos del 40% de los magistrados en el Poder Judicial y el Ministerio Público ejerce su cargo tras concurso público, mientras que el resto continúa en condición provisional.

Para el gremio de abogados, crear una Escuela Nacional de Justicia no resolvería el problema, sino que incluso implicaría mayor gasto público sin una garantía de mejora en la administración de justicia.

“Según nuestros más destacados miembros de la Orden, la propuesta de una Escuela de la Magistratura lo que conllevará es a un mayor gasto presupuestal para el ingreso a la administración de justicia, sin que ello conlleve a una mejora real de la misma.”

Leyes a favor de la criminalidad

Otro punto central del pronunciamiento apunta a los cambios legislativos aprobados en los últimos meses, que, según el Colegio de Abogados de Lima, no fortalecen la lucha contra el crimen organizado, sino que han limitado la capacidad operativa de jueces y fiscales.

“Los problemas de la administración de Justicia no tienen que ver con la estructura del Poder Judicial y del Ministerio Público, sino con las herramientas con las que los jueces y fiscales cuentan para combatir la justicia, las cuales se han venido socavando por la clase política”, se precisa en el comunicado.

Los cambios afectarían principios como la presunción de inocencia, el debido proceso, la imparcialidad del juez, el libre acceso a la justicia, entre otros.

Qué plantea la reforma

El informe aprobado por la Comisión Especial plantea, por un lado, la nueva Escuela Nacional de Justicia (ENJ) reemplace a la Junta Nacional de Justicia y a la Academia de la Magistratura. Según la propuesta, esta institución formaría a jueces y fiscales a través de un proceso que incluye dos años de estudios y un año de práctica obligatoria, con el fin de instaurar una carrera meritocrática que reduzca la provisionalidad y las designaciones sin concurso.

El documento también propone aumentar de seis a once los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, fortalecer la obligatoriedad del ejercicio titular de los magistrados desde el año siguiente a la entrada en vigencia de la reforma y otorgar autonomía plena a los órganos de control, que contarían con pliegos presupuestales propios para evitar dependencias administrativas.

Como la comisión especial no puede emitir dictámenes, el texto será enviado a la Comisión de Constitución para su evaluación técnica y, posteriormente, para su debate en el Pleno del Congreso.

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) expresó su preocupación por el desacato de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y del fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez a la orden judicial que dispone la reposición de Delia Espinoza como fiscal suprema y titular del Ministerio Público. La entidad apuntó a la existencia de “intereses políticos” detrás de estas acciones.

A través de un comunicado, calificaron de una grave afectación al principio del Estado de derecho y poner en cuestión la autonomía de las instituciones de justicia en Perú al no acatar la resolución del Noveno Juzgado Constitucional de Lima, emitida el 10 de noviembre, que ordenó a la JNJ la inmediata restitución de Delia Espinoza Valenzuela en el cargo de fiscal de la Nación, con un plazo máximo que vencía el 14 de noviembre.

Consideraron que la negativa justifica “una acusación constitucional contra ellos y acusarlos ante el Congreso”. Sin embargo, dado el respaldo, tienen la libertad de “vulnerar el debido proceso y los derechos fundamentales de las personas”.

"Desde la Junta Directiva del CAL vemos con preocupación el deterioro institucional en el país, el incumplimiento de las decisiones judiciales en el marco de un Estado Democrático de Derecho, que mella al Sistema de Justicia y, en particular, al Poder Judicial, así como el desvío de las decisiones judiciales por decisiones políticas“, escribieron.

Por último, exhortaron a la JNJ y a Gálvez a acatar la decisión “como un ejemplo para todos los peruanos de que las decisiones judiciales se acatan y se apelan en un Estado de derecho”.

Delia Espinoza exige cumplimiento inmediato

Delia Espinoza acudió a la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de reclamar celeridad en los trámites administrativos y la notificación oficial a las partes involucradas, tras la sentencia que dejó sin efecto su suspensión y dispuso su reincorporación.

La magistrada considera que tanto la Junta Nacional de Justicia como el actual fiscal interino evidencian desacato al no concretar su regreso e insiste en que la situación debe resolverse para evitar mayor incertidumbre en la gestión del Ministerio Público y poder retomar su plan de trabajo detenido por la medida disciplinaria.

“Para los que conocen el derecho, lo que se habría cometido desde ya es el delito que se llama resistencia y desobediencia a la autoridad. Ellos, contrariamente a obedecer, lo que han hecho es continuar con el procedimiento administrativo disciplinario en mi contra, cosa que había sido ya detenida por orden del juez constitucional. Entonces, ante esa demostración de renuencia, de no acatamiento, de desacato manifiesto, lo que el juez debe hacer es ejecutar y exigir al fiscal de la nación interino para que proceda simplemente a hacerme entrega del cargo”, expresó y adelantó que habrá una nueva notificación de ejecución inmediata.

A pesar de la orden judicial, persisten cuestionamientos sobre la precisión en la ejecución de la sentencia, debido a un pedido de aclaración presentado por su defensa. No obstante, Espinoza sostiene que la reposición debe concretarse de inmediato, sin otros obstáculos administrativos.

El Poder Judicial suspendió por 24 meses a Patricia Benavides como fiscal suprema, por lo que su regreso al Ministerio Público no será posible, al menos, por un tiempo.

Como era de esperarse, la defensa de Benavides rechazó la decisión del juez Segismundo León, pero aclaró que la acataría. Asimismo, adelantó que interpondrán un recurso de impugnación.

Solo que, mientras la apelación se resuelve, pasarían entre dos a seis meses, por lo que el regreso de Patricia Benavides como titular del Ministerio Público estaría descartado, ya que su periodo culmina este 30 de junio.

El abogado penalista, Andy Carrión, señaló en entrevista con RPP, que la decisión del Poder Judicial es una solución momentánea a la crisis generada en el Ministerio Público tras la resolución de la JNJ.

Sin embargo, ahora se abren nuevas interrogantes. Los abogados de Patricia Benavides, Humberto Abanto y Christian Salas indicaron que la Junta Nacional de Justicia puede iniciar un proceso disciplinario contra Delia Espinoza. Además, la fiscal ya fue denunciada ante el Congreso por presunta infracción constitucional.

En ambos escenarios, si estos procesos prosperan, antes del 2027, Delia Espinoza podría ser inhabilitada para ejercer cualquier cargo público, por lo que dejaría de ser fiscal de la Nación.

Por otro lado, en el ámbito penal, Salas advirtió que Delia Espinoza podría haber sido detenida por los presuntos delitos de usurpación y omisión de funciones. Con la decisión del Poder Judicial este panorama cambia, pero no se descarta que se investigue a la fiscal en un futuro.

Posibles sanciones a Delia Espinoza y la JNJ

Ante este nuevo escenario, el decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo, señaló que cualquier sanción que se imponga contra Delia Espinoza sería un acto de “prepotencia política”.

En conversación exclusiva con Infobae Perú, el letrado explicó que la Junta Nacional de Justicia sí tiene atribuciones para iniciar un proceso disciplinario en contra de Delia Espinoza por no restituir a Patricia Benavides en el cargo, pero esto no sería “legal”.

“De poder hacer, puede hacer lo que quiera. Pero la pregunta es que sí es legal. Pero no es legal. Acá hay dos niveles y uno es nivel político, que es donde ya no interesa la ley”, señaló.

Como se recuerda, congresistas de bancadas de derecha presentaron denuncias constitucionales ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), grupo presidido por la congresista de Alianza Para el Congreso, María Acuña, contra Delia Espinoza y los otros integrantes de la Junta de Fiscales Supremos.

La SAC ya dio cuenta de esta denuncia. Por lo que Canelo consideró que el poder político de turno juega a favor de sus intereses y no respeta la institucionalidad.

“Estamos viendo que al sector político no les importa. Les importa tener un pretexto. Detrás hay un acto de prepotencia política”, aseveró.

Sobre el futuro de los magistrados de la JNJ

El decano del Colegio de Abogados de Lima advirtió que la Junta no tenía la facultad para solicitar el uso de la fuerza pública en contra de Delia Espinoza.

“Ellos no tenían facultades para exigir el uso de la fuerza. Ni la Corte Suprema ejecuta una sentencia. Ni el Tribunal Constitucional”, alertó.

Para Canelo, la decisión de la Junta Nacional de Justicia fue inconstitucional desde un inicio. Por esta razón, no descarta que los magistrados que firmaron la resolución que restituye a Patricia Benavides pueden enfrentar procesos penales.

“Pretenden reponer a la señora Benavides a sabiendas de que ya existía una fiscal de la Nación y generaron este caos gravísimo. La Fiscalía va a iniciar las investigaciones ante el Poder Judicial”, agregó.

Hasta el momento, la Fiscalía inició una investigación contra los seis magistrados por presunto avocamiento indebido y falsedad ideológica.

La posición de Canelo coincide con la de otros abogados como Luciano López y Julio Rodríguez, quienes señalaron que el regreso de Benavides podría haberse dado como fiscal suprema, más no como fiscal de la Nación.

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) expresó este lunes su preocupación ante el anuncio de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de reponer a Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación, señaló que medida es inconstitucional y consideró que podría implicar la comisión de delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones.

A través de un mensaje difundido en sus plataformas sociales, la junta directiva de la institución fundamentó su posición en el artículo 158 de la Constitución, que establece como competencia exclusiva de la Junta de Fiscales Supremos la designación y remoción del titular del Ministerio Público.

El Colegio sostuvo que la decisión de la JNJ “ha ocasionado una crisis institucional innecesaria en el seno” de la Fiscalía, “órgano constitucional encargado de promover la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho”

Además, señaló que la decisión del máximo organismo de la Judicatura “es inconstitucional e, incluso, pasible de la comisión de los delitos de abuso de autoridad y de usurpación de funciones, al haberse arrogado (...) la competencia de reponer en el cargo” a Benavides.

Finalmente, instó a la Junta de Fiscales Supremos a “defender su fuero constitucional”, y a la Junta a “cumplir con observar correctamente la Constitución y no obstaculizar la lucha contra la corrupción en órganos claves de la administración de justicia”.

Benavides confirmó previamente que intentó retirar del cargo a Espinoza, después de que la Junta decidiera revocar la destitución que se le impuso el año pasado. “El día de hoy fui al Ministerio Público (...) Ingresé como fiscal suprema y con una resolución con la que tenía que asumir el cargo”, declaró durante una entrevista en el programa de la periodista Milagros Leiva.

Según relató, al llegar a las instalaciones de la Fiscalía de la Nación, sin “emplear la fuerza”, fue agredida por una de las trabajadoras del despacho de Espinoza.

“Me tira la puerta. (...) Si no hubiera puesto la mano, me hubiera golpeado toda la cara (...) Recibo ese maltrato. Convoca a un montón de personal, convoca a un fiscal de prevención del delito.¿Con qué intención? ¿De seguir armándome carpetas?”, expresó.

Desde su perspectiva, haber ingresado con varios agentes de seguridad y sin registrarse en el módulo de control no constituye un posible delito de usurpación de funciones. “¿Qué función he ejercido en el pasadizo? He entrado con tres asistentes y mi personal de seguridad que me han asignado”, señaló.

La exfiscal también acusó a Espinoza de estar detrás de una campaña de denuncias contra sus defensores legales. “Me va a seguir armando carpetas, ya lo sabemos. A todos mis abogados los tiene denunciados”, comentó.

El Ministerio Público ha comunicado que Benavides no solicitó una audiencia con Espinoza para sostener algún diálogo, mientras que la Junta de Fiscales Supremos, que se encarga de nombrar al fiscal de la Nación, indicó que no recibió ninguna notificación oficial de la JNJ que le permitiera pronunciarse sobre el asunto.

Los abogados de la exfiscal aseguran que la decisión de la Junta debe ser acatada de inmediato, pero otros juristas afirman que la resolución no se puede ejecutar, ya que Espinoza ocupa el cargo de manera legal y este organismo no tiene la potestad de nombrar a los fiscales supremos.

“Le recomiendo (a Espinoza) que se tranquilice y tome decisiones conforme a derecho. Somos defensores de la legalidad y, si ella ha usurpado funciones, mi grupo de abogados hará lo que corresponde a ley”, señaló Benavides mientras Espinoza realizaba una vigilia en las afueras del Ministerio Público junto a decenas de trabajadores, fiscales superiores y provinciales.

En una entrevista exclusiva con Exitosa, el decano del CAL, Raúl Canelo, anunció que presentarán una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que la resolución de la JNJ no solo excede sus funciones, sino que se sustenta en criterios políticos y no jurídicos. “Esto genera una crisis institucional innecesaria”, declaró.

Canelo cuestiona motivaciones políticas

El decano del CAL sostuvo que la resolución de la JNJ no responde a criterios jurídicos sino a intereses políticos. Según explicó, el proceso que llevó a la reposición de Benavides carece de sustento legal y constituye una forma de intervención indebida en la autonomía del Ministerio Público. “Esto no es una aplicación del derecho, es una imposición”, declaró.

Durante su intervención, también criticó el procedimiento seguido por la JNJ al restituir a una fiscal suprema suspendida y, de manera inmediata, devolverle el cargo de fiscal de la Nación. “En el ámbito del derecho, declarar nulo un acto no significa reinstalar automáticamente a una persona. Hay una realidad institucional que ha cambiado”, afirmó.

CAL considera que se violó la Constitución

En el comunicado oficial publicado por el CAL, la institución sostiene que la restitución de Benavides vulnera la Constitución Política del Perú y podría configurar delitos como abuso de autoridad y usurpación de funciones. El texto advierte que la JNJ ha ocasionado una crisis institucional al invadir competencias que no le corresponden, generando una situación de incertidumbre en el interior del Ministerio Público.

El documento también exhorta a la Junta de Fiscales Supremos a hacer valer su fuero y llama a la JNJ a ceñirse estrictamente al marco constitucional. “No se puede debilitar la lucha contra la corrupción en órganos claves de la administración de justicia”, señala el pronunciamiento.

Señalan que el Perú está bajo observación internacional

Raúl Canelo reveló que el CAL mantiene contacto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que ya han trasladado información sobre lo que consideran un quiebre institucional. “El Perú está bajo la mira de organismos internacionales. Por eso hemos decidido actuar y exponer estos hechos”, indicó.

También se refirió a la reciente propuesta del Ejecutivo para denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que significaría un eventual retiro del Perú del sistema interamericano. “Nos hemos pronunciado contra esa iniciativa porque debilita la protección de los derechos fundamentales en el país”, agregó.

Colegio denuncia politización en la JNJ

El titular del CAL reiteró que la elección y desempeño de los miembros de la Junta Nacional de Justicia han estado marcados por una fuerte carga política, lo que, en su opinión, ha contaminado sus decisiones. Ya en declaraciones anteriores, Canelo había advertido sobre los riesgos de tener una JNJ que no actúe con independencia.

“El nombramiento de los integrantes de la Junta fue politizado desde el inicio, y ahora vemos las consecuencias”, manifestó. También adelantó que seguirán utilizando los canales internacionales para denunciar lo que ocurre en el sistema de justicia peruano.

Todavía existen los libros. También la literatura. Mientras el mundo parece sucumbir ante el brillo audiovisual y la lógica de la inmediatez, aún existe una industria que sostiene, no solo la enorme tradición argentina, todo lo que se escribió en los últimos dos siglos, también la literatura contemporánea. ¿Qué significa hacer libros en tiempos como estos? ¿Se vende? ¿Cuáles son sus problemáticas? ¿Y las expectativas?

La Cámara Argentina del Libro junto a Núcleo de Innovación Social del Colegio de Sociólogos y Sociólogas de la Provincia de Buenos Aires presentó la Encuesta Anual de Ventas del Sector del Libro. Unas noventa y cuatro empresas, entre editoriales (representa el 46.9% del sector), librerías (31.9%) y distribuidoras (10.6%), compartieron datos e impresiones. A continuación, lo más destacado del informe.

Caída general

“Entre 2023 y 2024, se puede observar importantes caídas en los tres sectores, aunque con distintos niveles de impacto”, se lee en el informe. Las editoriales son el sector más grande y a la vez el más perjudicado: el 80% de los encuestados indicó una caída en sus ventas. Pero esa caída fue variada: “el 27% experimentó reducciones de entre 26% y 49%, mientras que un 9% reportó caídas superiores al 50%”.

Las distribuidoras también. Si bien el 78% notó un descenso en las ventas, se trata de una pendiente mucho más leve. “El 67% reportó caídas leves de entre 1% y 25%, mientras que sólo un 11% presentó caídas moderadas de entre el 26% y el 49%. No se registraron casos de caídas superiores al 50%”, se lee. El caso de las librerías es el más equilibrado. Un 68% tuvo caídas, pero un 32% indicó un aumento en las ventas.

Libros en la balanza comercial

Si bien el target es variado, la mayoría de estas empresas tiene menos de cinco empleados, menos de 24 años y factura entre 100 y 499 millones anuales. Y se vinculan con la balanza comercial: el 69% exporta. En cuanto a dinero, se mantuvieron igual, pero en cuanto a “unidades facturadas” hubo cambios: “El 54% de las empresas exportadoras experimentó un aumento, frente a un 38% que experimentó un deterioro”.

En cambio, las importaciones —acá se incluyen, además de editoriales y distribuidoras, las librerías— las hace el 23% de las empresas consultadas. Lo interesante del informe es que muestra que no solo se importan libros (un 57,9% de las encuestadas), también servicios de impresión (10,5%), y hay un 31,6% que importa ambas cosas. “Un 48% declara que más del 40% de su catálogo está compuesto por libros importados”, se lee.

Eterno período de adaptación

Entre los problemas relevados, que empiezan a verse como estructurales, sobresalen la contracción de la demanda interna (el 65% de los encuestados dijo que su empresa se ve “muy afectada” y 29% “un poco afectada”) y el aumento de los costos vinculados a producción y distribución. En la amplia gama de obstáculos, los que menos pesan, aunque pesan, son los cambios tecnológicos y la falta de acceso al crédito.

“Frente a este escenario, las empresas adoptan distintas estrategias de adaptación: ajustes productivos, reconfiguración de canales de venta, optimización de costos y estrategias de diferenciación para sostener su actividad en un entorno económico cambiante”. Desglosado por sector, las editoriales están haciendo tiradas más chicas y las librerías están reforzando los canales digitales de venta.

Tendencia general: preocupación

El informe habla de “una caída generalizada de ventas” que afecta sobre todo a las editoriales. Y si bien las distribuidoras son las que, tras la apertura de las importaciones, tienen más expectativas para el futuro, “la tendencia general es de preocupación por la evolución del mercado” anticipando “una situación desfavorable para el sector en el próximo semestre, con un pesimismo más marcado en las editoriales”.

Hay optimistas natos. Por ejemplo, en las librerías, un 4% cree que el próximo semestre su empresa tendrá una muy buena situación económica. En las distribuidoras, la mitad de los encuestados augura una buena situación. “Más de un 64% considera que la situación será mala, muy mala o regular. Mientras que una minoría (33%) respondió que su situación será buena o muy buena”, se lee en el informe. Habrá que esperar.

El decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Canelo, fue suspendido por 6 meses del cargo, sanción que incluye la prohibición de ejercer la profesión debido a la suspensión temporal de la colegiatura.

La medida fue dictada por el Consejo de Ética del CAL, a pedido de la agremiada Ana Vargas Albines, quien denunció que Canelo y ocho miembros de la Junta Directiva por presuntamente haberse excedido en sus funciones.

Según la resolución que impone la suspensión temporal a la que accedió Infobae, las presuntas infracciones en la que el decano y sus directivos incurrieron son tres:

• Crear una “Oficina de Control Interno” en el Colegio de Abogados de Lima, pese a que la Junta Directiva no tendría competencia para hacerlo y que ya existe una Junta de Vigilancia encargada de velar por el cumplimiento de los reglamentos internos
• Remover a Víctor Alca Dulanto del cargo de director de Bienestar Social bajo la figura de “retiro de confianza”, pese a que el Estatuto del CAL no contempla dicha causal
• Nombrar como accesitaria del Consejo de Ética a la abogada María Vera Tudela, pese a que no fue elegida por la asamblea general

El Consejo de Ética determinó que, efectivamente, Raúl Canelo y los ocho miembros de la Junta Directiva del CAL habrían vulnerado el Estatuto del gremio, por lo que “es necesario” que sean apartados temporalmente del cargo.

“A pesar de ser abogados y directivos del Ilustre Colegio de Abogados de Lima todos los procesados en este proceso deontológico, vienen cometiendo reiteradas vulneraciones estatutarias e incumpliendo normativas internas del colegio, como es el Estatuto y el Código de Ética del Abogado, lo que afecta su marcha institucional”, se lee en la resolución a la que accedió este diario.

En la resolución también dejan constancia de que Canelo y demás han venido emitiendo “panfletos en forma reiterada con denuncias falsas”, presuntamente intentando desacreditar a los integrantes del Consejo de Ética.

Incluso se menciona que el decano del CAL y directivos acordaron que una integrante del Consejo de Ética sea apartada, enviándole una carta notarial.

Lo que se viene

Ahora, con la suspensión del decano y ocho directivos, la Junta Directiva del CAL deberá nombrar un decano encargado “a fin de garantizar la continuidad y adecuado funcionamiento de los servicios que esta orden profesional brinda a sus agremiados”.

La resolución de suspensión también dispone que se notifique a las entidades bancarias para se prohíba a Raúl Canelo y los otros directores sancionados cualquier disposición o retiro de dinero de las cuentas del CAL.

También, se ordena que la sanción de suspensión sea comunicada al Poder Judicial y a la Fiscalía de la Nación. Ello debido a que durante el lapso de 6 meses, los abogados sancionados no podrán ejercer la profesión.

Raúl Canelo se pronuncia

A través de un comunicado, el decano Raúl Canelo rechazó la suspensión por considerar que no tiene “base legal ni reglamentaria” y señaló a los miembros del Consejo de Ética de estar "reiteradamente cuestionados por presuntos actos de corrupción, falsedad, violencia".

Aseguró que la suspensión responde a “sectores enquistados en el gremio, vinculados a intereses políticos, en particular, a la gestión del ex decano Bazán Naveda”. También mencionó que la medida coincide con pronunciamientos que dio contra leyes pro crimen.

“La arremetida también se produce luego de los pronunciamientos firmes del Decanato en defensa del Estado de Derecho, los derechos humanos y la independencia de las instituciones democráticas, así como frente a leyes recientemente promulgadas que, desde el Congreso y el Ejecutivo, han vulnerado el orden constitucional y favorecido a redes vinculadas al crimen organizado y a la corrupción”, se lee en el pronunciamiento.

Sin embargo, Raúl Canelo en ninguna parte de su comunicado se refiere a los tres cargos que se le imputan, los mismos en los que habría abusado del cargo.

En Perú, contratar a un abogado habilitado y colegiado es un paso esencial para garantizar la legitimidad y profesionalismo en la representación legal.

Para saber si el profesional que planeas contratar cumple con los requisitos necesarios, es clave verificar su inscripción en el Colegio de Abogados correspondiente, así como evaluar su formación académica, experiencia y conducta ética.

Todo abogado que ejerza en Perú debe cumplir con dos condiciones fundamentales: contar con el título profesional y estar inscrito en un colegio de abogados autorizado.

El título debe ser emitido por una universidad reconocida por el Estado peruano, tras haber completado satisfactoriamente la carrera de Derecho, que tiene una duración promedio de cinco años.

Una vez obtenido el título, el profesional está obligado a colegiarse en el colegio de abogados de la región donde planea ejercer.

En el caso de Lima, esta institución es el Colegio de Abogados de Lima (CAL), que regula y supervisa la práctica legal en la capital. El proceso de colegiatura incluye la presentación de documentación oficial, el pago de tasas administrativas y la aprobación de un examen deontológico que evalúa los principios éticos del aspirante.

Cómo verificar si un abogado está colegiado

La verificación de la colegiatura de un abogado en Lima es un procedimiento sencillo que se realiza a través del sitio web del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Sigue estos pasos para comprobar su registro:

• Accede al portal oficial del CAL: www.cal.org.pe.
• Localiza la sección denominada “Consulta de Colegiados” o “Búsqueda de Abogados”.
• Completa el formulario de búsqueda ingresando el nombre completo del abogado, su número de colegiatura o su Documento Nacional de Identidad (DNI).
• Haz clic en “Consultar” para obtener los resultados.
• El sistema te mostrará si el abogado está registrado, indicando su estado de habilitación, fecha de inscripción y posibles especialidades.

Este procedimiento te permitirá confirmar que el abogado cumple con los requisitos legales para ejercer. Si el profesional no figura en el registro del CAL, podría estar inhabilitado o no contar con colegiatura, lo cual es una irregularidad grave.

Cómo es un abogado confiable

Además de verificar la colegiatura, es importante considerar otras cualidades esenciales en un abogado. La formación académica y la experiencia práctica son factores clave. Los abogados especializados suelen demostrar su pericia mediante la resolución de casos previos, colaboraciones en firmas reconocidas o la publicación de investigaciones jurídicas. Puedes solicitar referencias de casos similares para evaluar su competencia.

La ética profesional es otro pilar fundamental. Un abogado confiable actúa con honestidad, respeta la confidencialidad de los asuntos de sus clientes y evita incurrir en conflictos de interés. El respeto por los principios deontológicos del derecho asegura que el abogado priorice los intereses del cliente de manera responsable y transparente.

Asimismo, habilidades como la comunicación efectiva y el pensamiento crítico son esenciales. Un abogado debe ser capaz de explicar conceptos legales complejos en términos claros y diseñar estrategias creativas para resolver problemas jurídicos. La perseverancia y la capacidad de análisis también son cualidades valiosas que contribuyen a su desempeño.

¿Por qué verificar?

La inscripción en el Colegio de Abogados no solo es un requisito legal, sino una garantía de que el profesional cuenta con las credenciales necesarias para ejercer. Contratar a alguien no habilitado pone en riesgo la calidad del servicio legal que recibirás y puede derivar en consecuencias negativas para tu caso.

Además, un abogado inhabilitado podría carecer de acceso a herramientas y recursos importantes, como el derecho a actuar ante tribunales o la capacidad de representar legalmente a sus clientes. Por ello, la consulta en los registros oficiales es una medida indispensable para evitar inconvenientes.

Más allá de la colegiatura, puedes tomar medidas adicionales para asegurarte de que el abogado cumple con tus expectativas:

• Revisar opiniones y recomendaciones: Investiga reseñas de clientes anteriores para conocer sus experiencias con el profesional.
• Solicitar una reunión previa: Durante una consulta inicial, evalúa la claridad de sus explicaciones, su disposición para responder preguntas y su conocimiento sobre tu caso.
• Comprobar especializaciones: Algunos abogados se enfocan en áreas específicas como el derecho civil, penal o laboral. Verifica que su especialidad sea adecuada para tus necesidades.

La combinación de estos pasos te permitirá tomar una decisión informada al momento de contratar los servicios de un abogado en Lima o cualquier otra región de Perú.

La reunión que sostuvo el decano del Colegio de Abogados de Lima con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 27 de diciembre parece no haber caído nada bien al interior del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que por medio del Ministerio de Justicia, envió una denuncia contra su decano, Raúl Canelo, ante el Consejo de Ética del CAL.

Según Canelo, el documento oficial, enviado desde la Dirección General de Derechos Humanos del Minjus, liderada por Sara Evelyn Farfán Cuba, considera que el decano del colegio profesional no tenía la autorización para reunirse con integrantes de la comisión de la CIDH el mes pasado.

“Tuvimos un conversatorio sobre temas vinculados a la situación legal en el país, la división de poderes y especialmente temas vinculados a derechos humanos. Fue un conversatorio donde estuvo presente la presidenta de la comisión (...) y también cinco de los siete miembros de la comisión. Fue importante la presencia de ellos para intercambiar ideas sobre lo que viene pasando en el país, una serie de decisiones legislativas que consideramos no idóneas, incorrectas, que beneficia a la corrupción (...). Eso a ellos les parece mal”, indicó en conversación con RPP.

Además, Canelo afirmó que el documento enviado desde el Ministerio de Justicia, indica que como decano debería contar con un permiso para participar de este encuentro, pero que él considera esta idea “un disparate”. También indica que el oficio sostiene que durante esa reunión, “hemos faltado a la verdad porque no es cierto que en el Perú no se esté respetando la institucionalidad”, dijo.

La denuncia enviada al Colegio de Abogados de Lima hace énfasis en parte de un párrafo que fue publicado por el sitio web de la CAL en el que se señala que “(...) Canelo Rabanal presentó un análisis exhaustivo sobre el deterioro institucional que enfrenta el Perú. Señaló el avance de una coalición política en el Congreso de la República del Perú que, sin distinción de posiciones ideológicas, ha subordinado al Ejecutivo y comprometido la independencia de instituciones clave como la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial y el Ministerio Público”, lo que habría motivado esta comunicación.

En ese sentido, el decano del Colegio de Abogados de Lima protestó y sostuvo que como autoridad al interior del colegio profesional, también tiene derecho a la libertad de opinión y de pensamiento, y que también puede reunirse con quienes considere conveniente, por lo que calificó de este gesto como una “actitud intolerante antidemocrática”.

Al gobierno no le gusta la crítica

Canelo también expresó su preocupación por esta denuncia en su contra promovida desde el Ejecutivo. “Me preocupa porque parece ser que no les gusta la crítica. Es una crítica seria, técnica, la hemos presentado ante la CIDH como corresponde (...)”, consideró en RPP.

La denuncia realizada también involucra a la vicedecana del CAL, Milagros Terry Gamarra; y también al Director de Ética Profesional, Mauro Leandro Martín; quienes también estuvieron presentes en el encuentro con la CIDH. Aún así, Canelo afirmó que “(...) son reuniones que corresponden a nuestras funciones. No tenemos por qué pedir permiso a todos los abogados”.

Finalmente, calificó como un despropósito la idea de promover una denuncia en su contra pues, la presidenta Dina Boluarte es abogada y sabe cómo se manejan estas situaciones al interior del Colegio de Abogados de Lima. “La presidenta de la República, que ha sido miembro de la junta directiva, conoce perfectamente el estatuto del colegio. No nos van a amedrentar”.

“Justamente una de las preguntas finales que hacen los miembros de la CIDH es si es que nosotros hemos recibido algún tipo de amenaza. Yo dije que no, que no recibimos ninguna amenaza; pero esta sí la considero una amenaza y la voy a informar a la CIDH”, sentenció en RPP.

No hay nada más común ni nada más irritante cuando se quiere tener la casa en orden que las manchas de cal en la mampara de la ducha. La 'influencer' especializada en la limpieza Yolanda Herrera ( @yolandavaquitayoli) ha compartido un truco fácil y económico para limpiar a fondo este tipo de superficies

"Teneis que probar este trucazo, papel vegetal papel horno. Hazle una pelotita y lo mojas. Ahora intenta de quitar la cal de mamparas o de tus grifos o azulejos, etc", comparte en su canal de Tiktok, en donde este "trucazo" acumula ya más de 2 millones de visualizaciones.

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Tan sencillo como eso, papel de horno mojado. Ahora bien, ¿Hasta qué punto está justificado la eficacia de este truco? Por un lado puede tener sentido por la composición del papel de horno, que está hecho principalmente de celulosa, un material con cierta capacidad de absorción y resistencia a la humedad y recubierto de silicona, lo que le da al papel de horno su propiedad antiadherente. Esta característica puede ayudar a que el papel se deslice sobre la cal sin rayar la superficie de la mampara, a diferencia de otros materiales más abrasivos.

Al frotar el papel húmedo sobre la cal, se genera fricción que ayuda a desprender los depósitos minerales. La textura ligeramente rugosa del papel, especialmente cuando está arrugado, puede aumentar esta fricción. Si bien el papel de horno no es un material altamente abrasivo, la acción repetida de frotar puede contribuir a desgastar y eliminar la cal, especialmente si los depósitos son finos.

El hecho de mojar el papel tiene sentido porque el agua por sí misma tiene cierta capacidad para disolver la cal, especialmente si esta no está muy incrustada. En caso contrario, seguramente es mejor recurrir a productos anticalcáreos específicos.

Cada vez menos gente plancha la ropa, en especial entre las generaciones jóvenes. Será debido a una mayor relajación en cuanto a los hábitos de vestir, por pereza, o por falta de tiempo, pero independientemente del motivo, lo cierto es que, con la pérdida del hábito, también se pierden los conocimientos asociados al mismo.

Puede parecer inexplicable, en especial para la gente que no suele planchar: ¿cómo es posible, si la ropa que se plancha está limpia, que la plancha se ensucie? Bueno, pues no es tan misterioso: lo más habitual es que las manchas se deban a la acumulación de cal. El calor de la plancha evapora toda la humedad de las prendas, lo que suele provocar que se formen pequeños cúmulos de cal en los agujeros de su base: dependiendo de la dureza del agua, la proporción presente en el suministro será mayor o peor, pero lo más común es que haya alguna cantidad disuelta. Según datos de Fundación Aquae, las aguas más blandas (con menor cantidad de cal) de España son las de Ávila y las de Segovia, con menos de 50 miligramos de carbonato cálcico por litro.

Sin embargo, aunque las manchas más frecuentes en las planchas tengan que ver con la cal, también puede pasar que, por un despiste, se provoquen quemaduras, que son más difíciles de quitar. A continuación, se detallan varios métodos para deshacerse de la suciedad, de la más ligera a la más complicada: si no funciona uno, se podrá probar el siguiente, y así sucesivamente hasta que, con toda probabilidad, alguno devuelva la base de la plancha a su brillo original.

Agua y jabón

El primero no es ningún secreto: si la suciedad es superficial, una esponja humedecida con agua jabonosa debería deshacerse del problema. Es importante no utilizar estropajos de aluminio u otros materiales duros, ya que podrían dañar la suela.

Pasta de dientes

Si esto no funciona, una vez se seque la plancha, se puede probar a aplicar un poco de pasta de dientes y frotarlo con un paño de cocina o un trapo usado, asegurándose de retirar los restos de dentífrico con un paño o esponja húmeda.

Velas

Este método se viene usando desde hace mucho tiempo, y también es muy sencillo, aunque hagan falta velas. Se debe conectar la plancha y dejarla calentar lo suficiente para derretir cera. Una vez esté lo suficientemente caliente, se pasa la base de la vela por las manchas, dejando que se derrita. En teoría, la cera se adherirá a las propias manchas, por lo que, al frotarla, a continuación, con una esponja o paño, se retirará junto a la suciedad.

Detergente de la ropa

Para las planchas antiadherentes, el detergente suele funcionar. Tan solo hace falta calentar un poco de agua, añadir una cucharada pequeña de detergente, y frotar la base de la plancha apagada con un paño suave humedecido en esta solución.

Vinagre blanco

Si ninguno de estos dos métodos parece surtir efecto, lo más probable es que las manchas se deban a quemaduras. Pero no es el fin, también puede solucionarse: lo primero que puede probarse es el vinagre blanco. Después de calentarlo ligeramente, se aplica a la superficie con un paño limpio hasta que desaparezcan las marcas. A continuación, se pasa otro paño limpio para retirar el exceso de vinagre y evitar malos olores, y listo.

Sal gruesa

Si esto tampoco funciona, el siguiente nivel debería ser la clave: sal gorda. Sobre una mesa o superficie, se coloca estirado un paño seco y se vierten varias cucharadas de sal gruesa encima. En este caso, la plancha debe estar encendida y caliente. Una vez esté todo listo, se aplica la base de la plancha a la sal y se frota con suavidad, hacia delante y detrás, hasta que desaparezcan las manchas. Después, se apaga, se deja enfriar y, una vez lo esté, se repasa con un paño húmedo.

El último recurso: vinagre blanco y sal gruesa

Aunque nada parezca funcionar, aún no está todo perdido. En este caso, se crea una solución de vinagre blanco y sal gruesa y se deja calentar a fuego lento sin que llegue a hervir. Se deja reposar un poco y, tras humedecer un paño limpio con la mezcla, se frotará ligeramente sobre la base de la plancha, que debe estar apagada.

Desde diversos sectores piden la salida del titular del Ministerio de Educación (Minedu), Morgan Quero, por las polémicas declaraciones que tuvo al ser consultado por los derechos humanos de los 50 muertos por la represión policial durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

A su salida de un evento oficial, en la región de Piura, el ministro Quero afirmó que “los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”. Pese a que después intentó exculparse argumentando que escuchó mal la pregunta hecha por una periodista del diario La República y creyó que continuban hablando sobre la pena de muerte para violadores y asesinos.

“El espacio en donde estábamos transitando con los periodistas no me dejó escuchar la pregunta, supuse que era la misma pregunta en torno a los derechos humanos de los violadores y por eso respondí eso. Me refería a que los violadores de niños y niñas son ratas, en ningún momento me refería a los lamentables acontecimientos que vivió nuestro país meses atrás en donde las investigaciones están a cargo de la Fiscalía”, continuó.

Ante estas palabras, desde el Congreso de la República se escucharon las primeras voces condenando lo ocurrido y exigiendo la censura en contra de Morgan Quero. Incluso, se anunció la presentación de una moción de interpelación para evaluar el desempeño del encargado del sector Educación.

“Son miserables las declaraciones de este personaje que ahora se quiere desmentir diciendo que se refería a otro tipo de personas, pero la pregunta fue precisa. Este señor debe ser sacado del cargo ya que no puede estar ni un minuto más señalando que los derechos humanos son para las personas y no para las ratas. Son deplorables las palabras de este personaje, debe haber una censura”, indicó por su parte el legislador de la Bancada Socialista, Jaime Quito.

Colegio de Abogados se pronunció

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) instó al Ejecutivo a reconsiderar la permanencia del ministro de Educación, Morgan Quero, tras sus controvertidas declaraciones sobre los derechos humanos.

Mediante un comunicado, el CAL expresó su rechazo hacia los comentarios del titular del Minedu y subrayó su firme compromiso con la defensa de la dignidad humana, calificando las palabras de Quero como inaceptables.

Por último, el CAL advirtió que este tipo de discursos perpetúan la estigmatización de las víctimas y atentan contra los principios fundamentales de los derechos humanos.

Hoy se conmemoran dos años desde que el expresidente Pedro Castillo, en un mensaje televisado, anunciara su decisión de disolver el Congreso, intervenir en el Poder Judicial y convocar a una asamblea constituyente. A pesar del tiempo transcurrido, aún no se ha fijado una fecha para el juicio oral, que podría dar inicio el próximo año. Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo, destacó que el breve gobierno de Castillo “destrozó la Constitución”.

En una reciente entrevista con Exitosa, Canelo ofreció un análisis profundo sobre el gobierno de Pedro Castillo y sus efectos duraderos en la política peruana. En su intervención, subrayó que tanto el expresidente como “toda una clase política” han faltado gravemente a la Constitución, poniendo en riesgo las bases del orden democrático del país.

Falta de institucionalidad durante el mandato de Castillo

En ese sentido, destacó que el gobierno de Pedro Castillo evidenció una seria falta de institucionalidad. Subrayó que esto se vio reflejado en el nombramiento de más de 70 ministros en un periodo tan corto durante su breve periodo en la Casa de Pizarro.

“La institucionalidad se construye con los mejores, basándose en las capacidades de cada uno, y eso no se dio. El simple hecho de contar con tantos ministros en tan poco tiempo demuestra una falta de respeto a la institucionalidad. Recordemos cómo salían los ministros, uno tras otro, después de solo un mes, siempre envueltos en escándalos”, dijo.

Además, denunció una presunta “repartija política” en la asignación de ministerios y cargos públicos, que culminó en el fallido golpe de Estado. Para Canelo, este acto constituye una clara ruptura constitucional, por lo que Castillo deberá rendir cuentas ante la justicia, una vez que el Poder Judicial emita su veredicto.

Alerta sobre presunto uso del poder para favorecer a corruptos

Canelo Rabanal aseguró que la “falta de institucionalidad” en el gobierno de Pedro Castillo ha repercutido en el Congreso, que, según su análisis, busca “capturar” varios órganos autónomos, incluido el Poder Judicial, mediante leyes e iniciativas legislativas que debilitan a estas instituciones.

Asimismo, criticó el ambiente del Congreso, indicando que en lugar de un espacio para el debate, se toman decisiones “manu militari”. “Ahí no se discute, no hay un parlamento propiamente dicho. (...) El Congreso, que debería ser el lugar de la discusión, el diálogo y el debate, en realidad no lo es; ahí simplemente es el centro de la consigna”, afirmó.

Canelo también se refirió a la ley de crimen organizado, que, según él, beneficia a congresistas con problemas legales y otros grupos involucrados en corrupción. Lamentó que esta legislación también favorezca a delincuentes comunes, sicarios y extorsionadores.

“Noventa congresistas que enfrentan problemas con la justicia y están siendo investigados, aprueban una ley que, finalmente, favorece a los grupos corruptos, incluidos aquellos procesados e investigados por crimen organizado. Estos grupos se benefician automáticamente de esta ley, independientemente de los cambios que se hayan realizado, y como mencioné anteriormente, se beneficiarían, tal como ocurrió. Esta es una clara muestra de cómo algunos usan el poder para beneficiarse. Los casos de Odebrecht, Cuellos Blancos, Cócteles y otros son ejemplos de esto”, indicó.

“También se han beneficiado delincuentes comunes, sicarios, extorsionadores y toda esta lacra que nos está haciendo tanto daño”, agregó.

Cada vez es más común ver el agua del grifo más blanquecina. La razón no es otra que la cantidad de cal que hay en el agua que cae por los grifos o platos de ducha, que es cada vez mayor. Con el paso del tiempo, la cal se acumula acortando la vida de los fregaderos y grifos.

Afortunadamente, una profesional de la limpieza del Reino Unido ha desvelado su truco para combatir los restos de cal que se quedan en los grifos con dos ingredientes que se pueden encontrar en la despensa. La gurú de la suciedad, Jess Farinha, fundadora de London House Cleaners, ha admitido que solo utiliza dos ingredientes naturales para eliminar la cal establecida desde hace mucho tiempo, según ha informado el diario inglés Express.

“Una forma muy efectiva de combatir las manchas de cal causadas por un grifo que gotea es el ácido cítrico combinado con bicarbonato de sodio“, ha explicado Jess. El ácido cítrico suele ser un ingrediente de los productos de limpieza desengrasantes y antical. Está lleno de propiedades que se buscan en la limpieza diaria del hogar: es antioxidante, desincrustante, además de las anteriormente mencionadas. Por su parte, el bicarbonato de sodio es conocido por sus propiedades limpiadoras que se pueden utilizar para todo tipo de muebles o suelos, e incluso objetos.

Cómo hacer la mezcla

Si bien conocer los dos ingredientes que utiliza la gurú de limpieza es un buen punto de partida, también es importante conocer la manera de combinar estos dos productos.

El primer paso que se debe realizar, ha dicho Jess Farinha: “Espolvorea bicarbonato de sodio generosamente sobre el área; este será un abrasivo suave”. “A continuación, mezcla una cucharada de ácido cítrico en polvo con agua tibia hasta que se disuelva. Sumerge un paño en esta mezcla, humedeciéndolo y luego presiónalo sobre la mancha de cal”, ha añadido.

El siguiente paso es “dejar el paño allí durante 30 minutos para darle tiempo a esta solución de filtrarse y disolver la cal”, ha argumentado la limpiadora. “Después, frotar suavemente con un cepillo de dientes o un cepillo de cerdas suaves para evitar rayar la superficie, especialmente si se trata de grifos u otros acabados sensibles”, ha indicado Farinha.

Después, Jess Farinha dio un consejo para las personas que sufren la cal en espacios difíciles de alcanzar: “Para aquellos que tienen espacios reducidos donde la acumulación de minerales es persistente, una cáscara de limón frotada directamente sobre la mancha tiene ese toque cítrico adicional que puede ayudar a que los minerales que tiene la cal se desprendan”, ha agregado la fundadora de London House Cleaners.

Por último, se debe “enjuagar bien con agua tibia y secar la zona con un paño de microfibra”, ha finalizado Jess. Asimismo, la limpiadora ha prometido que el ácido cítrico es un agente de limpieza “más fuerte que el vinagre blanco”, por lo que puede descomponer rápidamente los depósitos minerales.

El limón, mucho más que una fruta

El limón no es solo un producto común en la cocina para realizar zumos o refrescar las bebidas, también es un potente agente limpiador gracias al ácido cítrico que contiene, lo que lo convierte en un limpiador multiusos.

Desinfectar las zonas, dar brillo o eliminar malos olores, son solo algunos de los beneficios que tiene utilizar este cítrico en las tareas de limpieza. Desinfectar zonas como fregaderos, platos de ducha o baños es lo que hace a esta fruta tan querida entre los que odian la cal o los malos olores. Del mismo modo, se puede utilizar para limpiar la nevera o la lavadora, eliminando la cal, los restos de suciedad y el mal olor que puede haber dejado la ropa o los alimentos.

Por otra parte, un uso muy frecuente y poco conocido es la capacidad de abrillantar los faros del coche. Especialmente si se tiene un coche donde es necesario pulir los faros, frotar medio limón y aclarar con agua los faros puede salvarnos durante un buen tiempo para pasar la ITV.

Mateo Castañeda, exabogado de Dina Boluarte, no solo continuará afrontando la investigación en su contra por el presunto delito de falsedad genérica en el caso Waykis en la sombra, también podría ser inhabilitado del ejercicio de sus funciones. El Colegio de Abogados de Lima (CAL) admitió a trámite una denuncia por la revelación de la identidad de un testigo protegido durante un reportaje televisivo.

Sobre el primer hecho, Richard Concepción Carhuancho declaró infundado su pedido para que se determine la declinatoria de competencia parcial por supuestamente haber alterado la verdad al emitir un recibo para tratar de acreditar el origen del dinero en efectivo que se le incautó en el allanamiento el día de su detención.

La defensa de Castañeda argumentó que el delito de falsedad genérica no estaba relacionado con los delitos de corrupción que se investigan en el mismo caso. Sin embargo, el magistrado Concepción Carhuancho concluyó que sí está conectada con otros delitos como organización criminal y tráfico de influencias.

Sobre el segundo caso, la demanda fue interpuesta por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) en contra del abogado, y su defensa Eduardo Barriga, al considerar que la divulgación de la identidad de un testigo protegido podría constituir una falta ética grave, ya que compromete la confidencialidad y seguridad del testigo, quien ha manifestado temor por su vida y la de su familia.

“Se dispone correr traslado con la presente denuncia a los abogados Mateo Castañeda y Eduardo Barriga, la que debe notificarse en los domicilios que aparecen en este Colegio de Abogados de Lima sin perjuicio de notificarse al teléfono WhatsApp que obra en los registros del Colegio y correo electrónico, a fin de que absuelva dicha queja(en el término de cinco (10) días hábiles después de notificado, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde”, precisa el documento.

De acuerdo al Código de Ética del CAL, dicho accionar es una violación a los principios de confidencialidad y lealtad, lo que podría resultar en la suspensión o inhabilitación de los abogados involucrados. Esto debido a que implica “una violación a los principios de confidencialidad, lealtad y protección de los derechos de las partes involucradas, especialmente del testigo”.

En paralelo, la fiscalía ha presentado una acusación ante el Poder Judicial contra Castañeda y Barriga por el presunto delito de revelación indebida de identidad, tipificado en el artículo 409-B del Código Penal. Se solicita una pena de cuatro años de prisión y la inhabilitación para ejercer como abogados por el mismo periodo.

Sobre el tema, se conoce que el testigo protegido, identificado con la clave Nro.08-2024, renunció a su clave de identificación tras la revelación de su identidad en televisión nacional, según informó el Ministerio Público. Además, que solicitó medidas de protección debido al riesgo que enfrenta su integridad y la de su familia. En respuesta, la fiscalía ordenó a la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público (Udavit) que brinde asistencia integral al testigo.

“Así, de lo mencionado, se ha logrado advertir que tanto el ahora investigado Mateo Castañeda Segovia y el letrado Eduardo Barriga Bernal, habrían puesto en riesgo no solo la buena marcha del procedimiento penal; sino también la integridad física del testigo protegido y la de su familia, en cuanto a las posibles represalias de las que pueden ser objeto, por parte de los investigados o terceros vinculados a la causa penal, máxime si nos encontramos en una investigación en contra de una presunta organización criminal”, señaló el Eficcop.

Cabe mencionar que tanto Castañeda como su abogado han admitido los hechos, pero niegan haber cometido delito o falta ética, argumentando que la identidad del testigo ya había sido divulgada por la prensa. Barriga, quien era abogado de Juan José Enciso Torres en una colaboración eficaz, explicó que al enterarse de que su cliente se había convertido en testigo protegido en el caso “Los Waykis en la Sombra”, le preguntó al respecto debido a un conflicto en la defensa.

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía promulgada por el Congreso que prescribe delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos antes de 2002, fecha en la que entró en vigor el Estatuto de Roma en Perú.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, el CAL denuncia que la norma vulnera los derechos fundamentales y afecta el deber del Estado de velar por el respeto a los derechos humanos. Asimismo, recuerda que según lo establecido por el Tribunal Internacional de Núremberg que definió las categorías de delitos internacionales, estos crímenes deben ser sancionados sin contar el tiempo que pasó desde que se cometieron.

También recuerda que la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad es fundamental en el derecho internacional y que esta garantiza el acceso a la justicia para las víctimas.

En ese sentido, recordó que una sentencia del Tribunal Constitucional refuerza la idea de imprescriptibilidad de estos delitos, por lo que exhortó a la entidad a admitir la demanda y considerar los “sólidos fundamentos” que se presentan.

Decano del CAL se pronuncia

El decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo, brindó más detalles sobre la decisión de la junta directiva de presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía.

El abogado reiteró lo dicho en el comunicado sobre la vulneración de los derechos fundamentales.

En ese sentido, mencionó que la norma ha sido usada como pretexto para que los autores de crímenes contra derechos humanos puedan salir impunes y se disfrazó la necesidad de un proceso más justo contra los altos mandos militares que desconocían las acciones de los grupos paramilitares que operaron en la dictadura fujimorista.

Alberto Fujimori se acogió a Ley de Amnistía

Uno de los beneficiados con la Ley de Amnistía es el exdictador Alberto Fujimori, quien ya pidió acogerse a esta norma en el caso Pativilca.

Poco antes que la ley sea aprobada en la Comisión Permanente del Congreso, su abogado, Elio Riera, adelantó que solicitaría la prescripción del proceso para su defendido.

Cabe señalar que en este caso, Vladimiro Montesinos, ex mano derecha de Fujimori, se acogió a la terminación anticipada y aceptó su culpabilidad en este crimen.

La reciente propuesta legislativa que busca establecer una Comisión de Fiscalización sobre jueces y fiscales ha generado controversia en la comunidad legal peruana. La iniciativa, presentada por el congresista Waldemar Cerrón, provocó el rechazo del Poder Judicial, Ministerio Público y el Colegio de Abogados de Lima (CAL).

Tan es así que el decano del CAL, Raúl Canelo, informó que el Consejo de Ética de la institución procesará a los parlamentarios abogados y colegiados que respalden esta medida al considerarla un “daño a la profesión” desde un punto de vista deontológico. Dicho esto, ¿a quiénes afectaría?

De los 130 legisladores, 31 son letrados de profesión. Sin embargo, al no haber sido un anuncio realizado o respaldado por todos los colegios de abogados, solo se aplicaría a los que reporten a Lima como su distrito judicial. Aunque con este filtro la lista se reduzca a 12, el número es aún menor al excluir a los que no son colegiados.

Infobae Perú consultó en la web del Colegio de Abogados de Lima y constató que, de respaldar la cuestionada iniciativa, el Consejo de Ética podría proceder contra siete legisladores, de los cuales solo cinco aparecen habilitados: Susel Paredes, Luis Cordero Jon Tay, Héctor Valer, Patricia Juárez y Vivian Olivos.

¿Quiénes son abogados en el Congreso 2021-2026?

A diferencia de otras carreras, la abogacía es una de las más comunes en el presente Parlamento. Los representantes de la patria que estudiaron derecho son:

1. Luis Ángel Aragón Carreño
2. Wilson Soto Palacios
3. Alejandro Soto Reyes Cusco
4. Eduardo Salhuana
5. Alejandro Enrique Cavero Alva
6. David Julio Jiménez Heredia
7. Luis Gustavo Cordero Jon Tay
8. Jorge Alberto Morante Figari
9. Héctor Jose Ventura Ángel
10. Bernardo Jaime Quito Sarmiento
11. Américo Gonza Castillo
12. Jose María Balcazar Zelada
13. Víctor Raúl Cutipa Ccama
14. Flavio Cruz Mamani
15. Betssy Betzabet Chávez Chino (suspendida)
16. Jose Luis Elias Avalos
17. Alejandro Muñante Barrios
18. Héctor Valer Pinto - Lima sí
19. José Enrique Jerí Ore
20. María del Carmen Alva Prieto
21. Lady Mercedes Camones Soriano
22. Maria Grimaneza Acuña Peralta
23. Gladys Margot Echaiz De Nuñez Izaga
24. Heidy Lisbeth Juarez Calle
25. Adriana Josefina Tudela Gutiérrez
26. Yessica Rosselli Amuruz Dulanto
27. Auristela Ana Obando Morgan
28. Carmen Patricia Juarez Gallegos
29. Leslie Vivian Olivos Martínez
30. Ruth Luque Ibarra
31. Susel Ana Maria Paredes Pique

¿Cuáles son los cuestionamientos a la iniciativa de Waldemar Cerrón?

El proyecto de Waldemar Cerrón busca la creación de una “Comisión de Fiscalización de la Función de jueces y fiscales” con la finalidad de fomentar un marco institucional más estricto para la supervisión y sanción de conductas corruptas, intentando así restaurar la confianza pública en el sistema judicial y la integridad de los procesos legales.

No obstante, según críticos del proyecto, este atenta contra la división de poderes y plantea una duplicidad de funciones. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ya posee competencias para evaluar el desempeño de jueces y fiscales en colaboración con la Academia de la Magistratura, llevándose a cabo esta revisión cada tres años y medio. Además, la JNJ tiene la facultad de sancionar a jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos, inclusive destituyéndolos si es necesario, siguiendo criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

“De lo que se trata es de cumplir nuestra función de control político a jueces y fiscales que utilizarían mal este poder para sobrepasar sus funciones. Quién nada debe, nada teme, todos los peruanos deben ser investigados,” afirmó el legislador a medios de comunicación.

“Si vamos a separar los poderes, estaríamos garantizando que en uno y otro lado puedan hacer lo que quieran [...] no se está transgrediendo el sistema constitucional,” agregó.

Proyecto de Ley de Waldemar... by Infobae Perú

PJ y Fiscalía rechazan proyecto

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, se pronunció enérgicamente contra el proyecto, destacando sus posibles repercusiones sobre la democracia y la Constitución del país. Alertó sobre los peligros que conllevaría esta iniciativa legislativa, especialmente en términos de influencias sobre los organismos judiciales y disciplinarios.

“No nos someteremos a ninguna motivación totalitaria, venga de donde venga, y defenderemos la democracia e independencia judicial en todas las formas que nos permita el ordenamiento legal”, afirmó e instó al presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, para que revise este tipo de proyectos legislativos que, según él, solo contribuyen a generar conflictos innecesarios entre los distintos poderes del Estado y deterioran la imagen del país.

El Ministerio Público también manifestó su rechazo al proyecto, resaltando que este “desconoce las funciones disciplinarias y sancionadoras de la Junta Nacional de Justicia y de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público”. “El Poder Legislativo de cada país no debe influenciar en las decisiones de este organismo constitucionalmente autónomo. Tal como también lo señala la ‘Declaración de Burdeos sobre jueces y fiscales en una sociedad democrática’”, agregaron

En una entrevista con Exitosa, Canelo explicó que respaldar el proyecto se contempla como un “daño a la profesión”, desde la perspectiva deontológica del derecho. “Los congresistas, políticos y autoridades que sean abogados colegiados serán procesados por el Consejo de Ética por causar daño a la profesión del abogado”, manifestó Canelo.

Lamentó que la legislatura reciente del Congreso se realiza en función de intereses personales y advirtió que la implementación de la cuestionada iniciativa, además de considerarse un perjuicio para la profesión de abogado, podría forzar a los peruanos a emigrar debido a las condiciones negativas que generaría en el derecho a la libertad. “Cuando un poder copa la totalidad de poderes, es dictadura, y eso es lo que están procurando quienes apoyan este tipo de leyes”, agregó.

¿Cuál es la crítica al proyecto de Waldemar Cerrón?

El objetivo del proyecto presentado por Waldemar Cerrón es crear una “Comisión de Fiscalización de la Función de jueces y fiscales”, a fin de “promover un marco institucional más riguroso para la supervisión y sanción de conductas corruptas, influenciando la confianza pública en el sistema judicial y en la integridad de los procesos legales”.

Sin embargo, esto atenta contra la división de poderes y plantea una duplicidad de funciones, ya que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ya posee la capacidad de evaluar el desempeño de jueces y fiscales en conjunto con la Academia de la Magistratura cada tres años y medio. Incluso, tiene la facultad de sancionar a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos, destituyéndolos si es necesario, “a partir de criterios de razonabilidad y proporcionalidad”.

Además, el proyecto presentado por Cerrón no establece una diferenciación clara entre fiscales supremos y otros de menor rango; ni considera que el Congreso también tiene la facultad de presentar acusaciones constitucionales contra el fiscal de la Nación y otros.

Sumado a ello, genera principal suspicacia que se busque fiscalizar a jueces y fiscales habiendo sido sumamente crítico por las sentencias de prisión contra su hermano Vladimir Cerrón, quien también es líder de su partido político, y se encuentra en la clandestinidad desde el 6 de octubre de 2023.

Proyecto de Ley de Waldemar... by Infobae Perú

Poder Judicial y Fiscalía también están en contra

Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial, manifestó su firme oposición al proyecto de ley propuesto por Waldemar Cerrón. Mencionó que esta iniciativa no solo amenaza principios esenciales como la democracia y la Constitución, sino que busca controlar los organismos encargados de la administración de justicia.

“No nos someteremos a ninguna motivación totalitaria, venga de donde venga, y defenderemos la democracia e independencia judicial en todas las formas que nos permita el ordenamiento legal”, afirmó.

Además, Arévalo hizo un llamado al presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, para que revise este tipo de proyectos legislativos que, según él, solo contribuyen a generar conflictos innecesarios entre los distintos poderes del Estado y deterioran la imagen del país. Advirtió que esta medida muestra un “espíritu totalitario” que pretende erosionar la independencia de los órganos de justicia.

A través de un comunicado, la Fiscalía hizo lo propio y advirtieron que la iniciativa “desconoce las funciones disciplinarias y sancionadoras de la Junta Nacional de Justicia y la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público”.

“El Poder Legislativo de cada país no debe influenciar en las decisiones de este organismo constitucionalmente autónomo. Tal como también lo señala la ‘Declaración de Burdeos sobre jueces y fiscales en una sociedad democrática’”, agregaron.

Como se sabe, en la primera carta publicada, Castañeda hacía un pedido formal al Colegio de Abogados de Lima a fin de que intervenga para “controlar excesos” que atentan contra el ejercicio la profesión de los abogados. “Protesto enérgicamente por este hecho y les pido a mis colegas del Colegio de Abogados de Lima (CAL) su intervención para controlar estos excesos que atentan contra el libre ejercicio de nuestra profesión”, se leía en la carta publicada el pasado 10 de mayo

Raúl Canelo, decano del Cal, descarta abuso denunciado por Mateo Castañeda

Con el fin de dar respuesta a esta solicitud, el decano del CAL, Raúl Canelo, señaló que, si bien se había tomado en cuenta su pedido, la institución no habría advertido circunstancias desfavorables que contravengan al ejercicio de la persecución de delitos por parte de la Fiscalía de la Nación en este caso. Es decir, consideró que con el allanamiento de Castañeda, no se habría incurrido en abuso alguno.

“Efectivamente, ha habido un pedido manuscrito donde solicita que el Colegio Intervenga y el Colegio tiene el deber de defender a sus agremiados, en tanto haya circunstancias que efectivamente justifiquen una intervención. Llámese un agravio, un abuso, una violación del debido proceso. Pero bueno, de la información periodística que tenemos; lo que observamos es que hay una circunstancia, diría normal, en general. (...) Con lo cual más bien complica la situación procesal del investigado doctor Castañeda”, relató Canelo en la entrevista

Para Canelo, las diligencias se habrían generado en un sentido normal, teniendo en cuenta que se trata de una “medida cautelar que no requiere certezas, sino verosimilitud y la misma está dada por las circunstancias que ya conocemos; pero además, en la medida que debamos pronunciarnos aparece el señor Morán a decir lo que ha dicho, que él estuvo presente en estas reuniones”.

Acciones del CAL ante la función que cumplió Mateo Castañeda en beneficio de Dina Boluarte

Según Canelo, como respuesta a todos estos hechos, el Colegio de Abogados de Lima en la actualidad se encuentra en calidad de “observador”. “Creemos que si hubiese, se diese el caso de alguna arbitrariedad, obviamente intervendríamos, pero, al contrario, más bien, si no ocurriese tal arbitrariedad y más bien se corroborara la información, el material que se ha generado y ha generado esta circunstancia, el Colegio, va a intervenir para sancionar”, señaló el titular del CAL.

Como consecuencia a esta sanción, según lo detallado por Canelo lo que correspondería sería que sí se podría proceder con una destitución, por lo que existe un especial interés contra Castañeda, en caso se corrobore que habría incurrido en un acto que dañe la imagen a la profesión, así como en el caso de cualquier otro abogado.

“Eventualmente, sí (se le podría destituir) y no solamente ahí. El colegio tiene una función deontológica. A partir de la gestión nuestra, estamos muy atentos a todo aquel que dañe la imagen de la profesión. Si se llegan a corroborar, evidentemente, nosotros como junta directiva, pasaríamos a la dirección de ética y que se encarguen de lo que corresponda, esto quiere decir, sanciones, procedimientos. (E incluso) eventualmente (expulsarlo), lo que decida la comisión”, aseveró en conversación con Jaime Chincha, el decano de la institución

Los Colegios de Abogados de Ayacucho, Puno y Cajamarca han manifestado su firme oposición a la reciente resolución del Tribunal Constitucional (TC), la cual restablece la inhabilitación de Inés Tello y Aldo Vásquez de la Junta Nacional de Justicia, medida que interpretan como un respaldo a acciones del Congreso y a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Sus pronunciamientos se suman al comunicado del Colegio de Abogados de Lima, organismo que también advirtió que la acción del TC “vulnera gravemente la autonomía e independencia del Poder Judicial y el principio de separación de poderes”.

Todos coinciden en que el TC desconoció el artículo 139 inciso 2 de la Constitución “al suspender los efectos de la resolución judicial dictada por la Corte Superior de Justicia de Lima, que concedió una medida cautelar a dos integrantes de la JNJ, suspendiendo la inhabilitación de diez años impuesta por el Congreso”.

Por su parte, el Colegio de Abogados de Ayacucho convocó a una vigilia programada para esta tarde, con el objetivo de defender el Estado de derecho y la constitucionalidad en el país. Así como también, el Colegio de Abogados de Arequipa llevó a cabo una manifestación simbólica esta mañana ante las instalaciones de la Corte Superior de Justicia para expresar su solidaridad con la entidad judicial y manifestar su desacuerdo con la decisión del TC que impide ejercer sus cargos a los magistrados Aldo Vásquez e Inés Tello.

Esto señaló el Colegio de Abogados de Puno

El Colegio de Abogados de Puno manifestó su profunda inquietud ante una reciente decisión emanada del Tribunal Constitucional, pues suspende los efectos de una resolución concedida por la Corte Superior de Justicia de Lima, la cual había permitido la reincorporación provisional de dos miembros de la Junta Nacional de Justicia previamente destituidos por el Congreso de la República.

Esta crítica del Colegio de Abogados subraya una potencial vulneración de la independencia judicial y los principios de la Constitución Política del Perú, en particular aquellos que se refieren a la inmisión en procesos judiciales en curso.

La entidad legal pone de relieve cómo la actuación del Tribunal Constitucional podría estar excediendo sus competencias, interfiriendo directamente en las atribuciones judiciales y afectando la independencia del Poder Judicial.

Asimismo, se argumenta que tal intervención compromete el correcto funcionamiento de la Junta Nacional de Justicia, organismo encargado de la supervisión disciplinaria de jueces y fiscales, contraviniendo así fundamentos esenciales del Estado de derecho.

El Colegio de Abogados de Puno, representado por su decano, Edwin Flores Castillon, apela al TC para que revise su decisión y restablezca el respeto por la autonomía judicial. En este contexto, se subraya la importancia crítica de mantener poderes del Estado que, siendo independientes entre sí, cooperen de manera armónica, previniendo desviaciones hacia el autoritarismo.

Colegio de Abogados de Ayacucho pide firmeza a las magistraturas del país

El Colegio de Abogados de Ayacucho también cuestionó la suspensión de los efectos de dos resoluciones legislativas que inhabilitaban a miembros de la Junta Nacional de Justicia por diez años, basándose en normativas vigentes que, según el Colegio de Abogados, han sido violadas.

La Junta Directiva del Bicentenario del Colegio de Abogados argumenta que el procedimiento llevado a cabo por el Tribunal Constitucional contraviene el artículo 18° del nuevo Código Procesal Constitucional, así como el artículo 139°.2 de la Constitución. Estos estipulan que las apelaciones de medidas cautelares no deben tener efecto suspensivo y que ninguna autoridad puede interferir en causas pendientes del órgano jurisdiccional.

Entre las preocupaciones expresadas por la junta directiva se encuentra el voto singular del magistrado Monteagudo Valdez, quien destacó la premura y la elección de la mayoría de sus colegas por resolver un conflicto competencial por encima de la protección de derechos fundamentales, sin una verosimilitud probada. Además, se critica la rápida emisión de resoluciones en casos competenciales que pretenden evitar que la JNJ ejerza sus capacidades en el proceso disciplinario contra exfuncionarios involucrados en actos ilícitos.

El Colegio hace un llamado a las magistraturas del país a mantenerse firmes en su mandato constitucional de administrar justicia emanada del pueblo, reafirmando la importancia de la independencia judicial en la defensa del orden democrático y la constitucionalidad.