En un episodio que conmocionó a la zona norte de la ciudad de Córdoba, una cabo de policía fue detenida e imputada tras la muerte de su pareja, Juan Pablo Abazo, de 39 años. El hombre agonizó durante días, debido a las graves lesiones sufridas. Según la reconstrucción, la víctima estuvo en medio de un incendio, pero luego las pericias confirmaron que todo habría sido intencional: el objetivo era ocultar una puñalada.

Todo comenzó la tarde del viernes 10 de abril, cerca de las 18, cuando patrullas policiales y una dotación de bomberos acudieron a una vivienda ubicada en las calles Sudamérica y Atahualpa Yupanqui tras el llamado de los vecinos por un incendio.

Al ingresar al domicilio, los equipos de emergencia lograron controlar las llamas, que se habían iniciado en el dormitorio y se extendieron rápidamente al resto de la vivienda. Durante el operativo, los efectivos encontraron a un hombre con graves quemaduras externas e internas, aún con vida, y a una mujer en el lugar, identificada como la policía I. C. P., de 42 años.

La víctima fue trasladada de urgencia al Instituto del Quemado de barrio Pueyrredón, donde ingresó en estado crítico a terapia intensiva. El cuerpo médico que lo atendió detectó, además de las quemaduras, al menos una herida compatible con arma blanca en la zona torácica. La mujer, que se encontraba en uso de licencia psiquiátrica en la Departamental Sierras Chicas, fue llevada también a un centro de salud, donde se constató que resultó ilesa.

Sin embargo, la situación procesal de la mujer se agravó en los últimos días tras la muerte de Abazo. Frente a esto, el fiscal de instrucción Alejandro Smith ordenó la detención de la policía y la imputó por homicidio calificado por el vínculo, delito que prevé la pena de prisión perpetua.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Voz del Interior, la acusada fue internada en un centro de salud mental provincial bajo custodia policial, mientras se le practican estudios psicológicos para determinar si al momento de los hechos comprendía la criminalidad de sus actos.

La investigación avanza con la toma de testimonios a vecinos y allegados, el análisis de comunicaciones y mensajes de los teléfonos celulares de los involucrados, y la realización de peritajes en la escena. De acuerdo a fuentes con acceso a la causa, los informes periciales preliminares indicarían que el incendio fue provocado de manera intencional en el dormitorio de la pareja.

Según trascendió en la investigación, el vínculo era conflictivo, agravado por el presunto consumo de sustancias dentro del hogar. La hipótesis principal sostiene que la tarde del 10 de abril se produjo una discusión que escaló a una pelea física, durante la cual Abazo fue apuñalado en el tórax. Luego, se habría originado el fuego de manera deliberada, para encubrir el crimen.

El hombre presentaba quemaduras en diversas partes del cuerpo y daños severos en las vías respiratorias internas, producto de la inhalación de humo y gases.

Tras la muerte de Abazo, la fiscalía profundizó la pesquisa y dispuso nuevas medidas probatorias, entre ellas el análisis de los informes forenses y de los peritajes realizados por los bomberos.

El hecho de que la policía I. C. P. estuviera en uso de licencia psiquiátrica al momento del episodio es uno de los puntos centrales de la pesquisa, dado que los resultados de los estudios médicos podrían incidir en el desarrollo judicial del caso y en la responsabilidad penal de la acusada.

La DDI San Martín detuvo este miércoles en la vía pública a un joven de 25 años, sobre quien pesaba un orden de captura por abuso sexual. El acusado es un Cabo que desempeña tareas en un área de apoyo logístico de las Fuerzas Armadas.

La medida se realizó a partir de un pedido formal solicitado por el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de la Ciudad de Clorinda, en Formosa, y se ejecutó frente al Batallón de Intendencia 601, en la localidad de El Palomar. Según los reportes oficiales, la detención estuvo a cargo del Grupo Operativo de la DDI, que tras tareas de investigación y certificación, logró identificar y aprehender al imputado, identificado como J. F. F., en la vía pública.

De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, los agentes constataron que el joven se desempeñaba en tareas de sastrería dentro de la institución militar, encargada de proveer los suministros y el apoyo administrativo necesario al Ejército. Poseía el grado de Cabo por sus cinco años de antigüedad en esa posición.

J.F.F. era buscado en el marco de una causa por “abuso sexual con acceso carnal”, cuya investigación es llevada adelante por el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de localidad formoseña de Clorinda, perteneciente al departamento Pilcomayo.

De esta manera, las autoridades bonaerenses se pusieron en contacto con la Justicia de la provincia interesada para ejecutar las disposiciones de extradición contempladas por el decreto Ley 8055/73, en el marco de las normativas que rigen el traslado de personas solicitadas por la Justicia de otro distrito.

Por requerimiento del Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial San Martín, los agentes de la DDI actuaron en la identificación, detención y posterior traslado, una vez que se dé cumplimiento a los pasos legales previstos, dejando al sujeto a disposición del juzgado.

Buscan llevar a juicio oral a un suboficial acusado de abuso

La Fiscalía Federal N° 3 de La Plata solicitó a mediados de septiembre la elevación a juicio oral de un suboficial del Ejército Argentino por acusaciones de abuso sexual gravemente ultrajante, amenazas coactivas, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El requerimiento, firmado por la fiscal Ana Russo y presentado ante el juez federal Ernesto Kreplak, apunta a hechos cometidos en el Batallón de Comunicaciones Satelitales 601 de City Bell, donde el imputado, de 47 años, se desempeñaba como jefe inmediato de las víctimas.

De acuerdo con la investigación, las damnificadas fueron dos soldados voluntarias bajo su mando. La primera de ellas, identificada como E. S. G., denunció abusos sexuales reiterados ocurridos entre noviembre de 2022 y febrero del año siguiente. El relato indica que los episodios se produjeron en el ámbito de trabajo, dentro de la Oficina de Comando y Servicio del batallón, donde el acusado aprovechaba su superioridad jerárquica para someterla a tocamientos, intentos de desvestirla y besos sin consentimiento. Según la presentación fiscal, el acusado utilizó su posición de poder para enviar mensajes con pedidos de fotos íntimas, exigencias sobre su ubicación y órdenes para que modificara la foto de perfil, además de realizar amenazas para que no denunciara lo ocurrido, advirtiendo que podría gestionar su baja de la fuerza.

En paralelo, L. E. B., segunda víctima del expediente, relató haber sufrido malos tratos y conductas de acoso durante el mismo periodo. La Fiscalía detalló que el acusado mantenía la oficina cerrada cada vez que ambos coincidían, formulando comentarios sexuales y requiriendo imágenes personales, incluidas fotos de la ropa interior que vestía. La víctima señaló que también recibió amenazas por parte del suboficial, quien la intimidaba y le advertía que no debía hablar de los episodios a terceros.

Como elemento relevante, se sumó el testimonio de otra subalterna que refirió la costumbre del suboficial de trabajar con la puerta de la oficina cerrada y a negarse ocasionalmente a abrirla ante la solicitud de otros integrantes del personal.

En el expediente también consta que el suboficial cuenta con antecedentes penales por delitos sexuales. Entre 2009 y 2011, estuvo detenido durante dos años por el abuso sexual agravado de una adolescente de 14 años, hecho que fue valorado por la fiscalía al solicitar la elevación a juicio oral del caso actual.

Luisa Fernanda Salgado fue capturada por las autoridades por hacerse pasar por capitán del Ejército e intervenir en situaciones de inteligencia militar que le dieron acceso a información confidencial de organizaciones criminales, tal como lo detalló la Fiscalía General de la Nación.

Salgado Fernández, sin pertenecer al Ejército Nacional, logró presentarse como miembro activo y participar en actividades internas del Batallón Guardia Presidencial. Habría asistido a por lo menos 36 reuniones confidenciales entre marzo de 2024 y abril de 2025.

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Con respecto a este escándalo, el cabo Legüis Cuello se refirió a la situación que involucra a su pareja sentimental avalando su accionar, sustentando que alias Stefany era una de las informantes de las Fuerzas Militares colombianas, conversación que tuvo con Noticias Caracol.

“Es informante de las fuerzas. Se encuentra inmersa en una investigación donde hay un poco de especulaciones y noticias, que están saliendo por diferentes medios y redes sociales, donde la quieren involucrar en diferentes delitos”.

De acuerdo con el testimonio de Cuello, la infiltración de Salgado llevaba varios años entregando información para el Ejército, Policía y Fuerza Aérea, de una manera informal: “Brindar información a las fuerzas para desarticular muy alta delincuencia que se ve hoy en día en las calles, en las ciudades. Bandas como el Tren de Aragua, los satanases, muchas bandas en las cuales ella trabajó como fuente brindando información a estas fuerzas para la desarticulación de estos grupos armados”.

A cambio de estos datos, su retribución se representaba de forma económica: “Su trabajo sea remunerado monetariamente. Hay diferentes pagos que ella recibió por parte de algunas unidades; en este caso el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5, donde estaba el señor mayor Jiménez, comandante; algunos pagos que ella recibió por dicha información brindada para la desarticulación de estos grupos armados”.

El cabo detalló que gran parte del papel de Luisa Fernanda Salgado como informante en operaciones militares giran en torno a la información que se filtraba dentro de las mismas dependencias: “La inteligencia de otra unidad le brinda la información y ella pasa esa información a esa unidad donde se encuentre trabajando en el momento como fuente”.

La versión aportada niega cualquier vínculo de infiltración dentro de organizaciones criminales por parte de Salgado.

En referencia a los rumores y acusaciones que ponían en tela de juicio su participación en labores encubiertas. El hombre aseveró que abogados allegados a la defensa presentaron documentación certificada —incluidos diplomas y reconocimientos de cuerpos como la unidad británica— que respaldan el trabajo colaborativo de Salgado con fuerzas estatales y descartan cualquier intención de promover atentados contra altos cargos del gobierno.

Precisamente, afirmó: “En ningún momento es infiltrada de ningún grupo armado ni que ella quería atentar contra la integridad ni del señor presidente ni de la señora vicepresidenta. Con su información y la que brindó a estas diferentes entidades como la Policía, el Ejército, la Fuerza Aérea, llevó a que desarticularan diferentes grupos armados”.

La dinámica de colaboración se habría desarrollado en estrecha coordinación con mandos superiores. Según las mismas fuentes, los distintos responsables jerárquicos estaban al tanto de la función de la informante: “Los diferentes mandos de esas unidades tenían pleno conocimiento, y como lo dijo ella hoy en una entrevista, no solo trabajó con el señor mayor Jiménez sino con altos mandos de las diferentes fuerzas que tenían pleno conocimiento de que ella no era una infiltrada, que era una informante y a su vez ella iba a esas reuniones a brindar dicha información para desarticular bandas delincuenciales”.

Además, el proceso por el que Salgado fue presentada como oficial del Ejército se atribuye a un contexto de trabajo en el que civiles asumen etiquetados militares sin pertenencia formal. “Había un señor sargento segundo que la presentaba a ella como capitana. Y un civil que no tenga conocimiento del ámbito militar, al trabajar con nosotros adapta ciertos rasgos natos de nosotros como militares, como llamar a alguien por mi mayor, mi sargento. A ella la presentaban como capitán”, explicó Leguis.

De acuerdo con estos testimonios, su posición respondía a protocolos internos de colaboración con fines de inteligencia y combate a organizaciones ilegales, y no a un encubrimiento de operaciones ilícitas ni a una suplantación ilegítima.

La Policía de Córdoba enfrenta un escándalo por la detención de un comisario en Traslasierra. El hombre fue arrestado en Arroyo de los Patos, y estaba a cargo de una Patrulla Rural de la zona, según fuentes judiciales. Se lo acusa de estafa, peculado y coacción.

El detenido estaría vínculado con el caso de un cabo que había sido aprehendido el lunes, y al que se lo acusó del delito de coacción. ¿Por qué? Por presuntamente vender una motocicleta de uso oficial a un particular en la localidad de San Lorenzo.

Ahora, la Fiscalía de Instrucción de Villa Cura Brochero, a cargo de la doctora Analía Gallaratto, ordenó la detención del mencionado comisario, su traslado a la sede policial y el secuestro de diversos elementos vinculados a la causa. El oficial fue puesto en situación pasiva mientras continúa la investigación.

El caso se originó cuando, durante un control vehicular, un ciudadano declaró haber comprado una motocicleta a un cabo de la policía. Ante esta información, el cabo habría amenazado al comprador. La motocicleta, anteriormente, había sido entregada por la Justicia federal a la delegación de Villa Dolores de la extinta división Drogas Peligrosas, según consignó Eldoce.

Detuvieron a dos policías de Formosa en Paraguay, sospechados de perseguir al intendente de Las Lomitas

Dos policías de la provincia de Formosa fueron arrestados este sábado en Asunción, Paraguay, tras una denuncia del intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, quien aseguró que tanto él como su hijo fueron “perseguidos e intimidados” por estos agentes.

Según la denuncia, Basualdo y su hijo estaban en la capital paraguaya alrededor de las 14:30 cuando notaron que dos policías en motocicletas los seguían y observaban de cerca. Al alertar a la fuerza de seguridad local, las autoridades paraguayas procedieron a detener a los agentes y a decomisar las motocicletas, que pertenecían al Ministerio de Justicia y Trabajo de Formosa.

Los detenidos fueron identificados como Brian Matías Sebastián Genes, de 24 años, y Alejandro Cesilio Portillo, de 28 años. Ambos confirmaron ser personal de la Policía de Formosa y presentaron sus credenciales. Atilio Basualdo, intendente de Las Lomitas, un municipio de Formosa ubicado a aproximadamente 300 kilómetros de Asunción, explicó que estaba en la capital paraguaya por asuntos personales y señaló que los policías formoseños llevaban armas de fuego y vestían de civil, lo cual les generó a él y a su familia una “sensación de amenaza e inseguridad”.

Basualdo registró parte de esta persecución en videos, que luego compartió en redes sociales y medios locales. En estas grabaciones, se puede ver a los agentes y las motocicletas con placas oficiales de Formosa. “Mi hijo y yo nos vimos obligados a buscar ayuda porque sentimos que nuestras vidas estaban en peligro”, relató el intendente.

El intendente también añadió que, como figura pública de la oposición en Formosa, ya había sido objeto de varios ataques políticos en el pasado y expresó su preocupación de que esta situación pudiera ser una escalada en la persecución hacia él y otros opositores. “Nos refugiamos en un restaurante hasta que llegó la policía de Asunción”, afirmó.

Como resultado de la denuncia y los videos entregados en la Comisaría 10 de Asunción, la Policía de Paraguay procedió a detener a los agentes y a incautar las motocicletas para investigar. Las autoridades paraguayas iniciaron un proceso judicial con el objetivo de aclarar los motivos que llevaron a los policías formoseños a actuar fuera de su jurisdicción y sin notificar previamente a las fuerzas de seguridad locales.