El Congreso de Guatemala recibirá el lunes la propuesta del presidente Bernardo Arévalo para aprobar un subsidio al combustible de Q12 por galón de diésel y Q3 para la gasolina regular, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, en medio de una división creciente entre diputados que discuten si la salida más efectiva para contener el alza de precios es mantener ayudas directas, eliminar impuestos o buscar otros mecanismos.

El plan prevé un costo de Q3.480 millones, financiado con una readecuación presupuestaria y sin recurrir a endeudamiento público. Según el Ejecutivo, los recursos saldrían de una reorganización interna.

La discusión llega al Congreso con un dato de fondo que explica la urgencia política: el precio del diésel, que al terminar el subsidio anterior se ubicaba en Q27,29 por galón en el área metropolitana, subió hasta Q42,50 en algunas estaciones de servicio, de acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas. La nueva iniciativa entrará formalmente al pleno legislativo el lunes.

Nery Ramos, secretario de la junta directiva del Congreso, adelantó que su bloque ya analiza alternativas antes del ingreso formal de la iniciativa. “Desde ya, junto a mi bloque, estamos analizando la propuesta que mejor favorezca el bolsillo de los guatemaltecos. Estos costos tan altos son insostenibles para la economía de los ciudadanos”, dijo el legislador.

Varios bloques impulsan la eliminación temporal de impuestos

La bancada Todos se inclinó por otra vía. Su diputado Cornelio García recordó que durante la crisis anterior ese bloque ya había promovido la eliminación de impuestos al petróleo y sus derivados, aunque el Congreso optó entonces por aprobar un subsidio que, a su juicio, no benefició de forma directa a la población.

“Vamos a insistir en que la aprobación que haga el Congreso sea directamente la eliminación de esos impuestos, que son el IVA y el IDP, Impuesto de Distribución al Combustible. Para que esa ayuda se refleje directamente en cada gasolinera en todos los rincones del país”, afirmó García.

El jefe del bloque Cabal Luis Aguirre en sus redes sociales al cuestionar que haría un guatemalteco con más de cinco mil millones de quetzales que sería la suma de los subsidios, rechazó de plano una nueva ronda de subsidios.

La diputada Sonia Gutiérrez, de Winaq, vinculó el alza del combustible con la guerra que Estados Unidos ha desatado en Irán y en Medio Oriente. En sus redes sociales sostuvo que el subsidio vuelve a ser “una medida cómoda para ciertos sectores, fácil para el gobierno y sus funcionarios, paliativa a los bolsillos de las y los guatemaltecos”.

Gutiérrez también cuestionó que el Ejecutivo traslade al Congreso la responsabilidad de resolver el problema. Pidió discutir alternativas, incluidos los precios tope, aunque reconoció que la legislación vigente no permite ese instrumento.

El Ejecutivo defiende el subsidio como la opción más rápida

El diputado Orlando Blanco, de la bancada VOS y miembro de la junta directiva, también puso en duda que la propuesta consiga apoyo suficiente. Sostuvo que el planteamiento del Ejecutivo “no tiene nada de innovador” y que repite la fórmula aplicada en abril.

Blanco afirmó que el subsidio aprobado entonces con Q2.000 millones debía cubrir mayo, junio y julio, pero “en junio ya se lo habían acabado”. Según su bancada, además, entre Q500 y Q600 millones “se esfumaron” y terminaron en manos de las tres empresas importadoras, por lo que consideró que ganará fuerza la idea de eliminar temporalmente el IVA a los combustibles y el impuesto al petróleo y sus derivados.

Esa discusión fue respondida por el ministro de Energía y Minas Erwin Barrios, quien defendió el subsidio como la vía más rápida, viable y de mayor impacto para las familias. Explicó que el programa anterior, vigente del 28 de abril al 2 de julio bajo el Decreto 11-2026, rebajó Q8 por galón de diésel y Q5 por galón de gasolina superior y regular.

Barrios sostuvo que el beneficio sí llegó al consumidor final. “Lo que percibió el consumidor final es ya el precio rebajado”, dijo el ministro, y explicó que los importadores asumieron costos financieros de hasta Q200 millones semanales en promedio mientras el Ejecutivo validaba la documentación para reembolsarles.

Frente a la propuesta de suprimir el IDP y el IVA al diésel, el funcionario afirmó que el efecto conjunto apenas sería de Q7 por galón. “El diésel, si usted le quita los impuestos, tendría una rebaja de siete quetzales, y el diésel para la economía de Guatemala merece una medida más importante, más sustancial”, sostuvo.

Barrios agregó que eliminar impuestos exige trámites en la Superintendencia de Administración Tributaria y otras entidades, lo que vuelve esa alternativa más lenta y menos sostenible. También remarcó que el diésel tiene un impacto tres veces mayor que la gasolina en la economía nacional, porque mueve el transporte colectivo y la cadena de distribución de alimentos.

Sobre los precios tope, el ministro fue terminante: “Esa medida es simplemente ilegal. Iría en contra de la ley de hidrocarburos, que en nuestro país se basa en el libre mercado”. Añadió que el Plan Centinela permitió vigilar el cumplimiento de los precios de referencia durante el subsidio anterior y que toda la estructura institucional está lista para aplicar el nuevo apoyo si el Congreso de la República lo aprueba.

En la grabación, Cabal también aprovechó para lanzar dardos en contra de la gestión del presidente Gustavo Petro en cuanto a la lucha contra las drogas y la relación con los grupos armados al margen de la ley que se financian con estas prácticas ilegales se refiere.

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Según la precandidata, los hechos de violencia que se viven en varias regiones del país tienen un común denominador que corresponde a las más de 300.000 hectáreas de cultivos ilícitos con las que cuenta el país y que contribuyen a la financiación de los grupos ilegales.

Las cifras de cultivos de coca en el país, según la senadora, son cinco veces más grandes que las dejadas por el expresidente Álvaro Uribe al término de su mandato en 2010, por lo que aseveró que el recrudecimiento de la violencia es responsabilidad de la mala gestión de la Administración Petro en este sentido.

“El problema número uno de Colombia es el narcotráfico. Hoy tenemos más de trescientas mil hectáreas de coca, cinco veces más que cuando Álvaro Uribe dejó el poder. Esa producción de cocaína financia masacres, secuestros y extorsiones. Y mientras Gustavo Petro negocia con los criminales, ellos siguen matando y actuando sin consecuencia alguna“, aseguró la congresista.

Con base en este contexto, la senadora explicó que, de llegar a la Casa de Nariño en 2026, reanudará la fumigación aérea de cultivos con glifosato y fortalecerá los programas de erradicación manual de las Fuerzas Militares.

Sumado a su propuesta inicial, anticipó que en sus primeros días de mandato lanzará un operativo en el que intervengan miembros de las instituciones militares, con el fin de fortalecer la presencia estatal en los municipios que, actualmente, son controlados por los grupos armados que practican el narcotráfico.

“Como presidente, voy a retomar la fumigación aérea y a fortalecer la erradicación manual con protección a nuestras tropas. Lanzaremos un operativo nacional de fuerza pública para recuperar los municipios dominados por el narcotráfico“, explicó Cabal.

En este mismo sentido, destacó que su eventual gestión se centrará en la persecución de las economías ilegales en alianza con la comunidad internacional, que permitirá ejercer la extensión de dominio en los bienes de los grupos armados y las organizaciones del narcotráfico.

En la misma línea, dijo que ofrecerá “alternativas reales” para las familias campesinas que basan su economía en los cultivos ilícitos ante la falta de oportunidades o poca retribución de la actividad agrícola de productos legales.

“Perseguiremos las finanzas criminales con extinción de dominio y cooperación internacional. Y ofreceremos alternativas productivas reales para liberar a los campesinos de la economía ilegal”, destacó la aspirante al primer cargo de la nación.

Según la congresista, que es una de las figuras más visibles de la oposición en el Congreso de la República, sus propuestas devolverán la tranquilidad a las zonas rurales del país y mejorarán notablemente la calidad de vida de los colombianos en las ciudades, por cuenta de que los más jóvenes ya no se verán expuestos al flagelo que suscita la presencia de drogas en entornos urbanos.

Las propuestas de la precandidata para enfrentar el narcotráfico en el país llegan en un momento en el que la nación se enfrenta a una posible descertificación por parte de Estados Unidos en cuanto a la lucha contra las drogas se refiere. No obstante, ante este riesgo, el propio presidente Petro manifestó su interés de reactivar la fumigación de cultivos con glifo sato, pese a que desde los altos tribunales en años pasados advirtieron de las afectaciones para la salud del ser humano que esto genera.

Las más recientes afirmaciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, durante una visita a Barranquilla (Atlántico), han causado polémica en las redes sociales. Y todo porque el hombre de confianza del presidente de la República, Gustavo Petro, reconoció que estuvo bajo la influencia de sustancias psicoactivas, pero que desde hace al menos 10 meses se encuentra en proceso de rehabilitación, sin consumir drogas ni tomar alcohol.

El funcionario del Gobierno nacional se expresó durante el evento Grandes Por Elección, organizado para promover la participación de los jóvenes en los Consejos Municipales y Locales de Juventud 2025. En este acto, que se efectuó en el estadio Édgar Rentería de la capital del Atlántico, los asistentes fueron testigos del testimonio del político, que de hecho se autocalificó como un “milagro de Dios”, en una lucha que está librando con este tipo de demonios.

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“Toda persona es digna de tener una segunda oportunidad. Dios existe. Yo soy un milagro de Dios. Yo en septiembre del año pasado (2024) no valía cero, ni nadie daba un peso por mí, ni en política, ni en la casa, ni en la calle. Y no solamente fue que me acogí a Dios, me liberé de muchos males viejos, ejemplo, la droga, la violencia. Pero lo que les quiero dejar bien claro es que Dios existe, apéguense, concéntrense", expresó el ministro de la política.

Es más, al escuchar un relato de uno de los presentes, que también está en recuperación, fue más allá. “Con las drogas, yo soy una persona rehabilitada”, remarcó Benedetti. “Cuando nuestro amigo hablaba de 27 días, yo le llevo una pequeña ventaja que son 10 meses. Pero él y yo sabemos que es solo por hoy. Ese es el día que tenemos que luchar”, acotó el político atlanticense, que es uno de los funcionarios más cuestionados por sus constantes escándalos.

Y continuó en su reflexión preguntándose cuánto tiempo están en soledad las personas consigo mismas. “Cero minutos. Todo el tiempo estamos corriendo, jugando, trabajando y nunca nos quedamos solos con nosotros mismos. Aprendan eso. Hablen con él, no es que necesitemos mucho tiempo, simno que desgastamos mucho tiempo, y por eso quería darles esa enseñanza, porque les insisto: yo soy un milagro de Dios”, agregó Benedetti en su aparición pública.

María Fernanda Cabal arreció contra Armando Benedetti por pasado con las drogas

Frente a esta especie de confesión, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, que hace parte de las filas del Centro Democrático y que en sus redes sociales no dudó en señalar al excongresista por sus palabras. Sobre todo porque en su concepto sería una clara confesión de que ejerció cargos públicos cuando era consumidor asiduo de sustancias alucinógenas y alcohólicas que podrían afectar su desempeño como miembro del Estado.

“¿Entonces fue embajador de Petro en Caracas, ante la FAO y jefe de gabinete en condiciones de adicción? Muy difícil con el más alto nivel del Estado enajenado por el vicio. La Kakistocracia en su esplendor", afirmó Cabal en su perfil de X, en relación con la manera en que, siendo el titular del Gobierno de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y el régimen de Nicolás Maduro, Benedetti estaba apegado a las drogas.

Es decir, con este término, Kakistocracia, Cabal calificó al actual Gobierno como un sistema en la que las personas más incompetentes, inmorales o sin escrúpulos son las que tienen el poder en sus manos. Una palabra que según su etimología procede de las griegas “kakistos” (peor) y “kratos” (gobierno), con lo que se resume como el “gobierno de los peores”; aplicada en este caso a Benedetti, que es la ‘voz de la consciencia’ del presidente Petro.

Cabe destacar que Benedetti estuvo como embajador de Colombia en Venezuela entre el 11 de agosto de 2022 y el 19 de julio de 2023, cuando se despidió de la sede diplomática; mientras que en la FAO entre el 8 de febrero de 2024 y 25 de noviembre de 2024; por lo que, a juzgar por lo dicho por el ministro, consumía drogas y alcohol siendo diplomático. Esto antes de asumir como jefe de despacho del Ejecutivo y, posteriormente, como jefe de la cartera del Interior.

En ese contexto, también es preciso decir el escándalo que lo sacude, tras lo sucedido el 30 de junio de 2024 con su esposa, Adelina Guerrero Covo: que habría sido víctima de maltrato por parte de Benedetti, durante una visita a Madrid (España), de acuerdo con reportes oficiales de una riña en una de las habitaciones de un prestigioso hotel. Aunque posteriormente la mujer negó los hechos, por este caso cursaba una investigación en la Cancillería contra el ministro.

La senadora Cabal le pidió al presidente Gustavo Petro no ser “mentiroso”, recordando la tutela que presentó ante la Corte Constitucional.

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Según Cabal, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, “delinquió” y “violó la ley”.

“Ay, no, Petro, no sea tan mentiroso. Usted presentó una tutela ante la Corte Constitucional, el tribunal de más alta jerarquía, la Corte de cierre, para evitar que el Consejo Nacional Electoral lo investigara cuando lo sorprendieron con 5 mil millones de pesos. Su campaña superó los topes permitidos. Ricardo Roa, su gerente, delinquió, violó la ley, pero no pasa nada”, aseveró María Fernanda Cabal.

La precandidata presidencial del Centro Democrático cuestionó al presidente Petro por decir que el Consejo de Estado supuestamente pertenece a la élite.

Así las cosas, indicó que deben presentar una acción de tutela ante los jueces de circuito para que lo declaren “indigno” porque según Cabal, el presidente Petro “violó la normal electoral”.

“Ahora usted se inventa que el Consejo de Estado ya no es competente porque pertenece a la élite. Ahora es cualquier juez de circuito. No, no es cualquier juez de circuito. Entonces tutelemos para que los jueces de circuito indaguen y cumplan la ley en cuanto usted debe ser declarado indigno, porque es un hecho que violó la norma electoral”, indicó la senadora Cabal.

En otra publicación, María Fernanda Cabal, confirmó que ya está radicada la demanda de nulidad contra el Decreto 0799, que, según ella, tiene como objetivo evitar cualquier alteración de la justicia.

“Como lo anuncié ayer aquí está radicada la demanda de nulidad contra el decreto 0799 con el que Petro legisla en causa propia para que las tutelas en su contra sean decididas por jueces del circuito, o con igual categoría. No vamos a permitir que se altere el acceso a la justicia especializada con un decreto inconstitucional que vulnera la Constitución en su artículo 152 para garantizar impunidad a su favor.”, aseveró Cabal.

La precandidata presidencial también respondió al mensaje del presidente Gustavo Petro donde defiende el Decreto 0799, calificando la posición del jefe de Estado como “absurda”.

“Bajo esta premisa absurda para buscar justicia a su acomodo, veamos que se haga posible que ‘cualquier ciudadano o ciudadana’ lo demande o denuncie ante ‘cualquier juez de la República‘“, indicó Cabal.

Y agregó: “¿Qué pensaría de un juez de un municipio resolviendo un proceso en su contra por violación de topes electorales? ¿Eso también le parece normal?¿Por qué tuteló para evitar ser procesado por el CNE y clamó por su fuero integral?”

María Fernanda Cabal le envió un mensaje directo al presidente Gustavo Petro, afirmando que el decreto es “beneficio propio”.

“Gustavo Petro hacerle quite al Consejo de Estado es arrebatar una atribución en beneficio propio. Evitar no EBITAR“, puntualizó la senadora Cabal.

En otro mensaje, la senadora también aclaró que, además de la Constitución, el presidente y el ministro de Justicia estaría también violando el principio del juez natural que establece que todas las personas tienen el derecho a ser juzgados por un tribunal o juez competente. Por lo que estaría prohibido que se creen tribunales especiales para casos o personas específicas.

El anuncio de demandar el decreto, también fue acompañado por la alerta de la congresista de la conducta del presidente, que, cree, quiere controlar todas las instituciones del aparato judicial del país.

“Petro busca controlar todos los frentes: la Corte Constitucional cuestionada, la Fiscalía tomada, y ahora, el Consejo de Estado desplazado en el control de tutelas“, explicó.

Adicionalmente, también calificó al Gobierno Petro como un régimen y aseguró que su negativa a aceptar contrapesos o cuestionamientos es una clara muestra pedir impunidad, silencio y obediencia de las instituciones del Estado.

La Policía Nacional Civil guatemalteca indicó que el detenido es Romeo Ramos Cruz, de 56 años, por "una orden de aprehensión con fines de extradición por temas relacionados al narcotráfico".

Ramos Cruz fue alcalde entre 2020 y 2024 del municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, ubicado en el departamento (provincia) de Escuintla, unos 100 kilómetros al sur de la capital del país centroamericano, tras ganar las elecciones de 2019.

"Si algo malo he hecho, pues Dios lo sabe. Pero dentro de mí yo siento que no he hecho nada malo, solo ayudar a nuestra gente. Y de repente es tema político, pero no digo más cosas", aseveró Ramos Cruz a medios locales, tras ser trasladado a la Torre de Tribunales del Organismo Judicial en Ciudad de Guatemala.

El exalcalde intentó reelegirse en las elecciones de 2023, con el partido Cabal, pero perdió los comicios.

La captura del exfuncionario tuvo lugar en el mismo municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa.

"Y si me tengo que ir a Estados Unidos, pues me voy. Mejor si me llevan mañana, entre más rápido que sean las cosas", añadió Ramos Cruz.

De acuerdo con la policía guatemalteca, en lo que va del año han sido arrestadas 15 personas, entre ellas Ramos Cruz, para ser extraditadas a Estados Unidos, ocho de ellos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El pasado 9 de mayo fue enviado a EE.UU. el presunto líder del cartel del narcotráfico 'Los Huistas', Aler Baldomero Samayoa, capturado en marzo pasado en México, en una extradición catalogada por las autoridades del país norteamericano como una de las más importantes en las últimas décadas. EFE

El grave suceso registrado en la noche del sábado 30 de noviembre en el restaurante Masa de Bogotá, lugar en el que se registró un tiroteo en el momento en el que delincuentes intentaron atracar a los comensales del establecimiento, y en el que por fortuna no se registraron víctimas fatales, revivió en redes sociales un viejo debate que, desde sectores como el Centro Democrático se ha querido impulsar: el uso legal de armas de fuego, para que sean usadas en defensa propia.

Y una de las que puso el tema en discusión fue la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático María Fernanda Cabal, que además es precandidata presidencial, que a través de sus redes sociales se refirió a la necesidad que existe en el país de que los ciudadanos tengan la posibilidad de proteger su integridad física frente al accionar de los violentos. Una iniciativa que apoyan sus copartidarios, pero que en los demás sectores políticos ha generado cierto revuelo.

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“Debemos avanzar al porte legal de armas. El uso de la legítima defensa es fundamental para proteger la vida. El porte legal es herramienta que disuade al criminal de atacar a su víctima”, expresó Cabal en la primera parte de su mensaje, con el que reiteró una iniciativa que ya había expresado de manera pública, durante el foro de precandidatos de su colectividad, que se llevó a cabo en Bogotá, y que liderado por el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez.

Para Cabal es claro que “mientras terroristas y delincuentes andan armados”, la población civil es objetivo de los ataques sin poder defenderse. “Un porte de armas legal hace responsable al portador para que responda por el uso que le dé, con la ventaja de la trazabilidad del Estado”, remarcó la congresista, que tendría entre sus propuestas este polémico aval al porte de estos artefactos para salvaguardar, según ella, la vida de quienes estarían en riesgo ante el accionar violento.

Masa, epicentro de un nuevo atraco; preocupación por situación de seguridad en Bogotá

Y es que, en el caso del establecimiento en mención, esta era la tercera vez en que era víctima de la delincuencia, pues en noviembre de 2013 se registró el primer hecho, mientras que el 7 de febrero de 2024 se presentó el segundo caso, cuando roban celulares, computadores portátiles y otros dispositivos electrónicos, en un sitio en el que se encontraban, en ese momento 25 personas. En esta ocasión, robaron dos aparatos en el lugar, según versiones de las autoridades.

“Que se repita un hurto en este sitio no tiene justificación con la vigilancia que se ha desplegado en la zona”. En ese sentido, el mandatario local fue enfático en que “la instrucción para la Policía es capturar y judicializar a estos delincuentes”, expresó sobre el particular el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que el domingo 1 de diciembre lideró una reunión con la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad, para analizar la situación de orden público en la capital.

Como era de esperarse, la proposición de Cabal generó reacciones tanto a favor como en contra. “Si, definitivamente. Porte legal de armas. A los delincuentes NO les va a gustar la idea”, comentó uno de los usuarios. “No doctora. Ese no es el camino. El Gobierno debe ser fuerte y proteger a sus ciudadanos, no al contrario. Permitir que los Colombianos nos armemos y nos defendamos solos es aceptar que no necesitamos fuerza pública”, agregó otro usuario en las redes sociales.

Frente a esta discusión, no se ha conocido, hasta el momento, la visión del presidente de la República, Gustavo Petro, aunque habitualmente es crítico de este tipo de medidas que, en su concepto, serían propiciar una serie de conductas que podrían generar graves casos de justicia por mano propia.