Ante este contexto, el Ministerio de Educación, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio del Interior y la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana han articulado una respuesta conjunta para enfrentar la problemática y devolver un clima de tranquilidad a las escuelas afectadas.

El protocolo de retorno seguro

El plan integral de seguridad escolar se basa en un protocolo de retorno seguro a la presencialidad. Marcos Tupayachi, director regional de Educación de Lima Metropolitana, explicó que este protocolo incluye acciones coordinadas entre el Minedu, la policía regional, la Defensoría, municipalidades y la propia comunidad educativa. El primer paso es restablecer la confianza a través de herramientas tecnológicas y presencia policial visible.

La medida más destacada es la instalación del botón de pánico “Confía” en los colegios identificados como de alto riesgo. Este sistema, especialmente diseñado para el sector educativo, permite a los directores alertar de inmediato a la policía ante cualquier incidente delictivo. Su funcionamiento requiere conexión intranet y equipos específicos en la comisaría, lo que garantiza una reacción rápida y coordinada. Actualmente, el plan contempla la instalación del botón de pánico en 43 colegios de Lima y Callao, priorizando los distritos con mayor incidencia delictiva.

Vigilancia policial, promotores educativos y patrullaje preventivo

La estrategia de seguridad va más allá del botón de pánico. Incluye la presencia permanente de patrullas policiales en los alrededores de las instituciones, reforzadas por el Serenazgo local. El comandante PNP Frank Rodríguez Quispe, jefe de la División del Programa de Valores de la Región Policial Lima Centro, detalló que los promotores educativos policiales han sido asignados a 114 colegios de Lima Metropolitana. Estos agentes cumplen funciones de vigilancia, orientación y acompañamiento, permaneciendo en los planteles mientras subsista el riesgo.

El patrullaje preventivo, realizado en coordinación con la comisaría del sector, se suma a la vigilancia tecnológica de las cámaras de seguridad, que en varios casos ya están interconectadas directamente con la central policial. Además, la plataforma “Reporta Ya” permite a estudiantes y docentes comunicar situaciones de riesgo o conflictos de forma rápida y segura.

El plan también contempla el fortalecimiento de los VAPES, apoderados vigilantes capacitados en labores de prevención y monitoreo, y la realización de acciones cívicas y charlas sobre convivencia escolar.

Contención socioemocional y recuperación de aprendizajes

El impacto de la violencia no es solo físico, sino también emocional. Por ello, el plan implementado por DRELM, PNP, Mininter y Minedu incluye brigadas de especialistas en psicología, convivencia y bienestar, que trabajan con estudiantes, docentes y familias para atender los efectos del miedo y la ansiedad. El objetivo es garantizar la salud emocional de la comunidad educativa y restablecer un ambiente propicio para el aprendizaje.

En los casos donde los alumnos no han podido seguir las clases virtuales durante los cierres por extorsión, se ha implementado un currículo de emergencia y clases de refuerzo. De esta manera, se busca que ningún estudiante quede rezagado a causa de la violencia y que el regreso a la presencialidad sea una oportunidad para recuperar los aprendizajes perdidos.

El plan de seguridad continúa en constante evaluación y ajuste, priorizando la prevención, la reacción rápida ante emergencias y el acompañamiento integral a las escuelas en riesgo. El mensaje de las autoridades es que la educación debe desarrollarse en un entorno de paz, con la protección activa de todas las instituciones del Estado.

El Congreso de puebla analiza una iniciativa para reforzar seguridad en bares y antros de la ciudad tras la violencia registrada en Angelópolis.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano Corrales, presentó una reforma a la Ley para la Venta y Suministro de Bebidas Alcohólicas que propone que los establecimientos con venta de alcohol cuenten obligatoriamente con botones de pánico, cámaras de videovigilancia y protocolos de alerta inmediata.

La propuesta surge luego del ataque registrado la madrugada del 14 de febrero afuera del bar “Sala de Despecho”, en la zona de Angelópolis, donde un grupo armado abrió fuego contra una camioneta y causó la muerte de tres jóvenes y dejó al menos cinco personas lesionadas. Las autoridades atribuyeron los hechos a la célula criminal llamada “La Barredora”, vinculada al cártel Jalisco nueva generación (CJNG).

Entre las medidas incluidas en la reforma están:

• Instalación obligatoria de botones de pánico conectados a los sistemas de seguridad pública.
• Circuitos cerrados de alta definición con conexión al C5 y resguardo de grabaciones por al menos 30 días.
• Entregar información, documentos o videos a las autoridades cuando sea requerido.
• Protocolos de atención para riñas y situaciones de riesgo.
• Un guardia de seguridad privada por cada 50 clientes dentro de los establecimientos.
• Vigilar que las bebidas alcohólicas que vendan no estén contaminadas o alteradas.
• No vender alcohol a menores, personas con discapacidad mental o uniformados.
• No exigir un consumo mínimo de bebidas alcohólicas.
• Permitir la inspección de sus instalaciones, mercancías y licencias.

Las autoridades y legisladores argumentan que estas acciones buscan reactivar la confianza de la ciudadanía en la vida nocturna de puebla y prevenir hechos violentos similares en el futuro.

Víctimas del ataque fueron confundidas por sicarios

De acuerdo con la fiscalía general del estado de puebla, el ataque perpetrado en la madrugada del 14 de febrero en el bar “Sala de Despecho” no tenía como objetivo a las víctimas mortales, sino que fueron confundidas por los agresores al salir del establecimiento.

Durante una conferencia de prensa, autoridades detallaron que cuatro sujetos armados llegaron a bordo de motocicletas y abrieron fuego contra un vehículo de color blanco, disparando en al menos 29 ocasiones. Tres jóvenes murieron y cinco personas resultaron lesionadas, quienes actualmente se encuentran estables.

La fiscalía explicó que el ataque estaba dirigido inicialmente contra otra persona vinculada con actividades delictivas, pero al tener similitudes en vehículo y características, los sicarios de la célula Operativa Barredora —una facción del CJNG— confundieron a las víctimas.

Tras las investigaciones, cuatro presuntos responsables, entre ellos un menor de edad, fueron detenidos y vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa.

La fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer completamente los hechos y localizar al objetivo original del ataque.

Ante un crecimiento del ciberdelito que reconocen como exponencial, el plan fue comentado por el director del BCRA y superintendente de Entidades Financieras, Juan Curutchet, durante su exposición en Argentina Fintech Forum. Aún cuando lo consideró “temas abiertos que decimos en voz alta”, que aún no tienen definiciones y deben instrumentarse, detalló cuál es la agenda para frenar el ciberdelito.

Una de las ideas es crear una “lista gris” en la que se incluya todos los usuarios que tengan una excesiva cantidad de cuentas bancarias como una forma preventiva de los fraudes. “Hay cuentacorrentistas, no usuarios de fintech, que tienen conducta raras.¿Por qué alguien que es monotributista tiene 40 cuentas? Llama la atención. Hay que fijar patrones de riesgo. Si no me explicás, no te abro la cuenta 41 o te cierro las cuentas que te sobran. Eso lleva a que con el tiempo uno podría tener una suerte de lista gris", explicó Curutchet.

Al respecto, mencionó que la normativa actual ya contempla que los bancos sepan cuántas cuentas tiene en el sistema una persona en el resto del sistema antes de autorizar una nueva apertura. Coelsa, la empresa que administra la red de compensación de pagos y juega un rol clave entre los bancos y las fintech, confirmó a Infobae que esa herramienta ya está a plena disposición de los bancos.

La normativa en cuestión no fija un tope para la cantidad de cuentas que puede tener cada persona, pero sí establece que los bancos deban tener acceso a esa información. No obstante, obliga a bancos y fintech a tener implementado ese mecanismo de consulta. Y en base a eso, cada entidad toma la decisión de abrir o no una nueva cuenta en cada caso.

Según Coelsa, en promedio cada argentino tiene 8 cuentas, repartidas en partes iguales en bancos (CBU) y en billeteras (CVU). Una cantidad aún no determinada de cuentas abiertas que supere en exceso ese promedio, puede poner a alguien bajo sospecha o, al menos, va a obligarlo a dar explicaciones.

“Lista gris suena espantoso, estigmatizante, huele a autoritarismo y a una sanción sin debido proceso, pero con la información que hay vamos a ir a un esquema donde el que tuvo una conducta determinada va a tener que explicar más que otros”, dijo Curutchet.

Curutchet mencionó la posibilidad de instalar un “botón de pánico”, un mecanismo por el cual un solo llamado o mensaje del damnificado por una estafa virtual basta para que todos sus productos financieros queden bloqueados por un plazo de 48 horas. Algo aplicable, por ejemplo, en los tan comunes casos en que se hackean cuentas de Whatsapp.

Ese botón de pánico podría implementarse tanto para un entidad en particular como para todo el sistema. “Es muy complejo, pero todos hemos sentido en algún momento, cuando le pasa a alguien cercano, qué bueno sería tener algo así”, explicó, al tiempo que advirtió que podría haber falsas denuncias de bloqueos solo “para hacer una joda o dañar a alguien”.

No obstante esas ideas, el funcionario defendió la idea de que cada banco o fintech ponga sus propios parámetros, sin necesidad de una regulación específica. En ese sentido, mencionó la posibilidad de que sus usuarios decidan no hacer transferencias en horarios nocturnos o no hacer en ningún caso operaciones por encima de un monto determinado sin una autorización previa. Cada alerta ante una operación inusual puede ser la vía para evitar el fraude.

Curutchet no solo no cree que el BCRA tenga que regular con ese nivel de detalle e imponerlo a todas las entidades por igual, sino que además lo consideró ineficiente: los métodos de los ciberdelincuentes avanzan tan rápido como lo hace la tecnología, por lo que la norma corre el riesgo de ser obsoleta en poco tiempo.

Otro aspecto que integra la agenda es el internacional. Gran parte de los delitos se hace en base a la transferencia internacional de los fondos por lo que muchos supervisores empiezan a analizar la posibilidad de compartir las bases de datos.

Ese carácter transnacional del ciberdelito fue una de las preocupaciones que cruzaron el Argentina Fintech Forum. Según Guillermo Pacheco, director para Latinoamérica de Incode, un “unicornio” que está desembarcando en la Argentina para ofrecer soluciones de ciberseguridad financiera, los casos de ingeniería social, hackeos y otros engaños que se viven a diario en la Argentina son similares en toda la región. Y por si fuera poco, la irrupción de la IA agravó aún más el escenario.

“La protección frente a los fraudes tiene varios niveles que pasan por proteger lo que el cliente tiene, como una tarjeta o un celular, lo que el cliente sabe, como una contraseña, o bien lo que el cliente es, en base a su rostro o su huella digital. La IA, a través de deepfakes, empezó a afectar esto último. Necesitamos detectar identidades falsas elaboradas con IA, ese es hoy el principal desafío en la Argentina y en la región”, explicó Pacheco.

En un intento por mejorar la seguridad de las mujeres en el transporte público de Bogotá, Transmilenio ha puesto en marcha un plan piloto que incluye la instalación de botones de pánico en una de sus estaciones más concurridas.

Según informó la entidad, este proyecto busca ofrecer una respuesta inmediata ante casos de acoso sexual y otras formas de violencia basada en género, un problema que afecta de manera desproporcionada a las mujeres en la capital del país.

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De acuerdo con lo anunciado por María Fernanda Ortiz, gerente de Transmilenio, el programa piloto se lanzó en vísperas del Día Internacional de la Mujer, como parte de una estrategia más amplia para proteger a las usuarias del sistema.

La iniciativa incluye la instalación de cuatro botones de emergencia distribuidos en dos vagones de una estación clave, seleccionada por su alta afluencia de mujeres jóvenes.

Los botones de pánico están diseñados para que cualquier persona que enfrente una situación de violencia o requiera asistencia pueda comunicarse directamente con el Centro de Control de Transmilenio.

Según detalló la entidad, al activarse el botón, un operador del centro inicia de inmediato los protocolos de atención establecidos, movilizando a los equipos de seguridad para garantizar una respuesta rápida y efectiva.

Esta medida forma parte de un esfuerzo más amplio por parte de Transmilenio para abordar las preocupaciones de seguridad en su sistema, especialmente en lo que respecta a las mujeres.

Según la entidad, el objetivo es evaluar la efectividad del plan piloto antes de considerar su implementación en otras estaciones del sistema.

De acuerdo con la gerente de Transmilenio, “la estación Universidades - City U es el primer punto en tener 4 de estas herramientas tecnológicas de respuesta inmediata ante casos de violencia basada en género”.

La información revelada por Transmilenio, se seleccionó un punto estratégico con un alto flujo de mujeres jóvenes, quienes suelen ser las principales víctimas de acoso y violencia en el transporte público. Este enfoque busca priorizar las áreas donde las estadísticas y las denuncias indican una mayor necesidad de intervención.

Además de los botones de pánico, la estrategia de seguridad incluye otras acciones complementarias que buscan reforzar la atención y protección de las usuarias.

El lanzamiento de este plan piloto coincide con una fecha significativa, el Día de la Mujer, lo que subraya la importancia de abordar las problemáticas de género en espacios públicos.

Joven denunció haber sido víctima de acoso sexual en TransMilenio

Un alarmante caso de acoso sexual ocurrido en el sistema de transporte masivo TransMilenio, en Bogotá, generó indignación y preocupación por la seguridad de las mujeres que utilizan este medio.

Según informó un video difundido en redes sociales, una joven identificada como Marcela Pineda denunció haber sido víctima de un acto de acoso el 19 de febrero, mientras se dirigía a su universidad en horas de la mañana.

El incidente, que tuvo lugar en la ruta D81 cerca del Museo Nacional. De acuerdo con el relato de la víctima, recogido en un video publicado en TikTok, el hecho ocurrió alrededor de las 6:00 a. m. cuando abordó el bus D81 en el portal 20 de Julio.

Mientras viajaba, sintió algo extraño en su cuerpo y, al voltear, descubrió que un hombre detrás de ella había cometido un acto de acoso sexual. “Iba relajada en mi cuento, cuando siento algo caliente en mi cola. Mi reacción fue voltear y, efectivamente, detrás mío había un hombre, un señor. Sin embargo, yo me toqué, me toqué la cola y olí. Y efectivamente el señor eyaculó en mi cola”, denunció la joven, visiblemente afectada.

La situación se tornó aún más angustiante para Marcela Pineda cuando intentó confrontar al agresor. Según detalló en su denuncia, el hombre respondió de manera evasiva, asegurando: “Es que yo soy un hombre de bien, no me meta en problemas”.

La joven, en estado de shock, pidió ayuda a los demás pasajeros, pero la mayoría permaneció indiferente. Solo una mujer intentó intervenir, solicitando que el conductor detuviera el bus, pero este continuó su trayecto sin atender la solicitud.

Luego de que el Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentara el programa de apoyo para migrantes mexicanos en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, el cual incluye un botón de pánico, el canciller Juan Ramón de la Fuente adelantó que esta herramienta aún no está lista por la siguiente razón.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) participó ese día en la 36 Reunión de Titulares de Embajadas y Cónsules 2025, donde destacó que, si bien este botón de pánico ayudaría a los connacionales ante una posible deportación, los sistemas operativos iOS y Android aún no liberan la función, por lo que será en adelante cuando quede funcionando de manera adecuada.

Sin embargo, pese a lo anterior, el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dejó claro que el Gobierno de México está preparado ante la posible deportación de migrantes, al tiempo que la relación entre México y Estados Unidos seguirá una vez que Donald Trump asuma la presidencia por segunda ocasión el próximo 20 de enero.

“Yo les diría que estamos preparados y que se han tomado los pasos preventivos iniciales que había que tomar y vamos a esperar que las conversaciones y las pláticas, ahora que entre ya en funciones el nuevo presidente y su equipo, pues nos pueda permitir seguir avanzando (...) No habrá subordinación de nuestros principios constitucionales”, aseveró.

Acciones ya están en marcha

El canciller mexicano además informó que las acciones para proteger a los migrantes ya están en marcha desde hace tiempo, por lo que no depende solo de la investidura del también empresario, por lo que a su vez detalló que se han alistado equipos en materia jurídica y asesorías que dijo, servirán para proteger a los connacionales.

“Este ejército de equipos jurídicos que hemos logrado aglutinar va justamente, no solamente en las asesorías, sino estas alianzas locales, alianzas comunitarias que están haciendo las y los cónsules, porque las condiciones varían muchísimo”, destacó.

Fue el pasado viernes 27 de diciembre del 2024 cuando el Gobierno de México presentó este programa de apoyo que contempla el fortalecimiento de los 53 consulados, la puesta en marcha de un Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM) para brindar apoyo legal vía telefónica; una aplicación denominada Botón de Alerta para casos de emergencia, así como la implementación de una Ventanilla única de trámites consulares.

Al respecto, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México declaró que “que sepan que tienen derechos, que no se puede deportar a una persona tomándola, llevándola a la frontera, sino que tiene que seguirse una serie de procedimientos legales que son procedimientos en Estados Unidos. Entonces, estamos haciendo esta campaña en Estados Unidos a través de los Consulados para que las y los mexicanos sepan cuáles son sus derechos. Y en caso de alguna detención, pues que puedan llamar al Consulado para que reciban todo el apoyo jurídico y legal”.

Tras estas palabras, fue la mañana de este lunes 6 de enero cuando la mandataria federal volvió a abordar el tema asegurando que es el canciller el que se ha encargado de coordinar lo relacionado con este programa de apoyo quien “ya ha informado cómo se está accediendo a más abogados y todo lo que tienen que saber nuestros hermanos allá, por cualquier cosa que llegue a ocurrir con la llegada del presidente Trump”.

La Asociación de Propietarios y Conductores de Taxis (Asoproctax) presentó el desarrollo de una nueva aplicación que promete revolucionar el servicio de taxis en Colombia, en especial, en ciudades turísticas como Cartagena.

Según declaraciones de Hugo Ospina, presidente de Asoproctax, a RCN Radio, esta herramienta tecnológica fue diseñada por expertos colombianos radicados en Canadá y busca ofrecer un mejor servicio desde la calidad y eficiencia en todo el territorio nacional.

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Una de las características más destacadas de la aplicación es la capacidad para calcular de manera automática el costo exacto de cada trayecto. Según Ospina, la plataforma digital emplea sistemas de geolocalización y algoritmos avanzados, que logran determinar la tarifa teniendo en cuenta la distancia, el tiempo del viaje y las tarifas de tránsito establecidas en cada ciudad. Este sistema tiene como propósito eliminar los cobros arbitrarios y proporcionar transparencia, tanto para los usuarios como para los conductores.

Además, el dirigente explicó que, con el objetivo de aumentar la seguridad y confianza en el servicio para los usuarios, la aplicación incluirá un botón de pánico. Este permitirá a los pasajeros alertar alguna irregularidad a las autoridades y a sus contactos de emergencia en tiempo real, lo que garantiza una respuesta inmediata en situaciones de peligro. Ospina afirmó al medio citado que la implementación inicial de la aplicación se centrará en ciudades con alta afluencia de turistas, lo que priorizará así la atención a visitantes y residentes en estos destinos clave.

Además, la aplicación permitirá gestionar peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), lo que permitirá conectarse de forma directa con las secretarías de movilidad y tránsito del país. También, emitirá facturas electrónicas y comprobantes de pago, lo que proporcionará a los usuarios un respaldo legal de cada transacción realizada.

La expectativa es que esta aplicación esté disponible para los usuarios a finales de este año, ya que permitiría un avance significativo en la modernización del servicio de taxis en Colombia. Según Ospina, esta innovación no solo mejorará la experiencia de los viajeros, sino que también fortalecerá la reputación del gremio ante el público nacional e internacional, con el enfoque de un turismo responsable en términos de transporte público.

Otras aplicaciones de transporte buscan operar sin restricción

Cabe destacar que, aplicaciones como Uber, Cabify y Didi, empleadas por taxistas y particulares, estarían buscando ser reguladas mediante un proyecto de ley estatutaria en el Congreso de la República. Esta iniciativa tiene como objetivo actualizar la normativa vigente para permitir que vehículos particulares ofrezcan servicios de movilidad por medio de aplicaciones digitales.

En este caso, el documento fue presentado por María del Mar Pizarro (Pacto Histórico), Alfredo Deluque (Partido de la U) y Heráclito Landinez (Pacto Histórico), pero también es de autoría de Humberto de la Calle (Partido Verde Oxígeno), Julio Alberto Elías Vidal (Partido de la U), Julián David López Tenorio (Partido de la U), Carlos Ardila (Partido Liberal) y Katherine Miranda (Partido Verde).

La propuesta busca que, tanto conductores de vehículos particulares como taxistas, puedan utilizar estas plataformas tecnológicas sin enfrentar restricciones, con lo que se promueva así una competencia más equitativa en el sector del transporte. Según los congresistas, la regulación de estas plataformas es necesaria para adaptarse a las nuevas realidades tecnológicas y de movilidad que surgieron en los últimos años.

En la justificación del proyecto se lee: “A partir de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 2023, que advierte que en las plataformas de movilidad se concreta el derecho humano a disfrutar de los avances científicos y tecnológicos, este proyecto de ley crea un marco que resuelve por fin las controversias sobre los vehículos particulares que prestan servicios a través de las plataformas de movilidad”.