El presidente del Congreso de Brasil, Davi Alcolumbre, promulgó una ley que permitirá la reducción de las penas para los condenados por los actos golpistas del 8 de enero de 2023, incluyendo la del ex presidente Jair Bolsonaro.

Esta decisión quedó formalizada tras la publicación en una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Unión. La norma representa un cambio sustancial en el marco jurídico brasileño, ya que modifica el régimen de cumplimiento de condenas para quienes participaron en el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado.

La aprobación de esta legislación se produce después de que el Congreso Nacional dejara sin efecto el veto presidencial impuesto por Luiz Inácio Lula da Silva. La revocación obtuvo 318 votos a favor y 144 en contra en la Cámara de Diputados y 49 a 24 en el Senado.

Tras la negativa de Lula a promulgar la ley dentro del plazo constitucional de 48 horas, el presidente del Legislativo asumió la responsabilidad de formalizar el acto, cumpliendo así con lo previsto por la Constitución.

La promulgación marca el inicio de la validez de la llamada “Ley de la Dosimetría”, que ahora integra el ordenamiento jurídico nacional. Esta ley impide la acumulación de penas por delitos de naturaleza similar y agiliza el paso de los condenados al régimen de prisión semiabierto.

Expertos explicaron que Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 años y 3 meses de prisión por liderar la trama golpista, podría beneficiarse de una reducción significativa de su tiempo bajo régimen cerrado, disminuyendo su estancia en prisión domiciliaria a un periodo de entre dos y cuatro años.

La promulgación de la ley ocurre a cinco meses de las próximas elecciones presidenciales, en las que Lula da Silva buscará un nuevo mandato y el principal adversario será Flávio Bolsonaro, senador e hijo mayor del expresidente. Encuestas muestran que ambos candidatos se encuentran en una situación de empate técnico en el posible balotaje, aunque Lula sería el más votado en la primera vuelta.

Durante el trámite parlamentario, la ley también fue objeto de debate en torno a su impacto sobre la pacificación social. Portavoces del Legislativo consideraron que la dosimetría representa una oportunidad para avanzar en el clima político de reconciliación.

Por su parte, el gobierno federal optó por no asociar su imagen a una normativa que rebaja las penas para los responsables de los hechos del 8 de enero, marcando así una distancia con el texto impulsado por el Congreso.

La reacción de las fuerzas de seguridad y la posterior respuesta judicial derivaron en la apertura de cientos de causas penales por delitos de tentativa de golpe de Estado, daños al patrimonio público y asociación para delinquir.

La decisión del Congreso de promulgar la ley pese al veto presidencial constituye un revés político para el Ejecutivo. El hecho de que el Legislativo haya asumido la promulgación refuerza la autonomía institucional del Congreso frente al presidente de la República, una facultad prevista expresamente por la Constitución brasileña.

(Con información de EFE)

El Congreso de Brasil aprobó la reducción de la condena de 27 años de prisión impuesta al expresidente Jair Bolsonaro por liderar el intento de golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022.

La decisión, adoptada en una sesión conjunta de ambas cámaras, supone un nuevo revés para el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que había vetado por completo el proyecto de ley para modificar las sentencias. Ayer el Senado rechazó al candidato del presidente para la Corte Suprema, la primera vez en 132 años que la cámara alta toma una decisión semejante.

En el Senado, la anulación del veto contó con 49 votos a favor y 24 en contra, mientras que en la Cámara de Diputados, la votación arrojó 318 votos favorables frente a 144 en contra, con cinco abstenciones.

La nueva ley establece que no se sumen penas por delitos similares y facilita el cambio a un régimen penitenciario menos severo, por lo que expertos estiman que Bolsonaro podría dejar la prisión cerrada en dos a cuatro años, mucho antes de lo originalmente previsto. De igual manera todavía no se sabe la cantidad exacta de tiempo que se le reducirá de la pena.

La medida afecta también a cientos de personas condenadas por participar en la asonada violenta contra las sedes de la Presidencia, el Congreso Nacional y el Tribunal Supremo, ocurrida en la capital brasileña.

El texto legal establece criterios y porcentajes mínimos para el cumplimiento de penas y el acceso a regímenes penitenciarios menos restrictivos, lo que podría acelerar el paso de los condenados a arresto domiciliario o a un régimen semiabierto.

Bolsonaro, quien comenzó a cumplir su condena en noviembre, permanece en arresto domiciliario desde el 27 de marzo, tras recibir autorización judicial por motivos de salud.

El proyecto de ley aprobado había sido vetado en diciembre por el presidente Lula Da Silva, quien argumentó que una rebaja en las penas por delitos contra el Estado de Derecho democrático podría alentar futuras amenazas al orden democrático y representar un retroceso en el proceso de redemocratización iniciado con la Constitución de 1988.

La base aliada del Gobierno criticó el procedimiento parlamentario por considerar que la maniobra de dividir el análisis del veto no está permitida por el reglamento. Según los legisladores oficialistas, el proyecto resulta inconstitucional y la votación debía abordar el veto de manera integral.

El presidente del Congreso defendió la decisión y explicó que la Secretaría General de la Cámara había determinado que algunos puntos del texto eran inválidos por su incompatibilidad con la Ley Antifacciones.

El debate en el Senado fue inaugurado por el senador Sergio Moro, quien calificó de “cruel” el veto presidencial, al entender que la condena de cerca de 1.400 personas por los hechos del 8 de enero resultaba excesiva.

El proyecto de ley establece que, en lugar de sumar las penas por los delitos de abolición violenta del Estado de Derecho y golpe de Estado, como ocurre con las condenas actuales, se aplicará el principio de concurrencia formal, que prevé que solo se cumpla la pena más severa.

La decisión del Congreso tiene la posibilidad de ser apelada ante el Tribunal Supremo, que deberá definir la constitucionalidad y el alcance de la nueva legislación.

(Con información de EFE, AP y CNN Brasil)

El Congreso Nacional de Brasil se prepara para una votación crucial: este jueves, diputados y senadores decidirán si mantienen o anulan el veto presidencial al proyecto de ley que podría reducir la condena de prisión impuesta al expresidente Jair Bolsonaro.

El resultado de esta sesión abrirá la puerta a una posible revisión de penas no solo para Bolsonaro, sino también para otros condenados por el intento de golpe de Estado y los actos violento ocurridos en enero de 2023.

La condena original contra Bolsonaro, dictada por el Tribunal Supremo en septiembre, asciende a 27 años y 3 meses de prisión y se basa en su papel de liderazgo en ese hecho.

Tras pasar unos 120 días en prisión, Bolsonaro cumple arresto domiciliario desde marzo debido a problemas de salud.

Según el Tribunal Supremo, la condena sentó un precedente en la respuesta institucional ante crímenes contra el Estado democrático. Meses después del fallo, partidos de derecha y de centro impulsaron un proyecto de ley para modificar tanto el cálculo como el cumplimiento de las penas, con el objetivo de reducir las condenas para varios implicados en los hechos de enero.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetó en su totalidad esta propuesta el 8 de enero, al cumplirse tres años del asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia.

Argumentó que una reducción de las penas podría debilitar la democracia y significar un retroceso en el proceso de redemocratización, además de advertir sobre problemas formales en el trámite legislativo.

El Congreso tiene la facultad de anular el veto con mayoría simple en ambas cámaras. Si esto ocurre, el texto será promulgado sin necesidad de nueva sanción presidencial y las nuevas reglas entrarían en vigor, permitiendo a las defensas solicitar a la Justicia la aplicación de los cambios.

El proyecto, conocido como PL da Dosimetria, introduce varias alteraciones. Una de las principales es que, cuando un condenado lo sea por más de un delito contra la democracia en el mismo contexto, los jueces deberán aplicar únicamente la pena correspondiente al delito más grave, en lugar de sumar las condenas como ocurre actualmente.

Esta disposición podría disminuir considerablemente la cantidad de años que deben cumplir los implicados.

Otra novedad es la posibilidad de una reducción de pena si los crímenes se cometieron en medio de una multitud, siempre que el condenado no haya ejercido liderazgo, organización ni financiamiento de los hechos.

Las penas podrían reducirse entre un tercio y dos tercios para quienes participaron como parte de la masa, aunque la decisión final quedará a cargo de los jueces que analicen cada caso.

Bajo la ley actual, la transición de Bolsonaro al régimen semiabierto podría ocurrir en 2033, pero con la nueva norma, ese plazo se acortaría notablemente, dependiendo del análisis judicial.

Aunque la propuesta se centró en los condenados por los hechos del 8 de enero, especialistas advierten que la ley modificará reglas generales de la ejecución penal y podría beneficiar a personas condenadas por otros delitos graves, como feminicidios, crímenes organizados y delitos cometidos por milicias.

Este asunto podría llegar al Supremo Tribunal Federal, que tendría la última palabra sobre la constitucionalidad de la norma y sobre su aplicación en casos concretos.

(Con información de EFE)

El Tribunal Supremo Federal de Brasil abrió este miércoles una investigación penal contra el senador Flávio Bolsonaro, principal candidato opositor a las elecciones presidenciales de octubre, por haber publicado en la red social X un mensaje en el que atribuyó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva delitos de narcotráfico, lavado de dinero y apoyo a regímenes dictatoriales. La decisión, firmada el 13 de abril por el magistrado Alexandre de Moraes y publicada este miércoles, ordena a la Policía Federal investigar si el senador incurrió en el delito de calumnia previsto en el Código Penal brasileño.

La publicación que originó el expediente data del 3 de enero de 2026, días después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en Caracas. En ella, Flávio Bolsonaro yuxtapuso imágenes del mandatario brasileño y Maduro junto al texto “Lula será delatado. Es el fin del Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas y armas, lavado de dinero, apoyo a terroristas y dictaduras, elecciones fraudadas”. La Policía Federal señaló al Supremo que la mención a la “delación premiada” —acuerdo de colaboración penal con la justicia— implicaba una imputación directa de conductas delictivas contra el jefe del Estado. Maduro está preso en Nueva York, donde enfrenta cargos de narcotráfico ante la justicia estadounidense.

La resolución se inscribió en el expediente Petición 15.648 y determinó, además del inicio del sumario, el levantamiento del secreto sumarial. Moraes subrayó que la publicación se realizó “en un entorno virtual público, accesible a millares de personas”. La investigación contó con el respaldo del Ministerio de Justicia y el aval de la Fiscalía General, que consideró que el contenido atribuía “de forma pública y vejatoria” hechos delictivos al mandatario. La Policía Federal dispone de 60 días para completar las diligencias iniciales, tras las cuales la Fiscalía General decidirá si formula acusación formal ante el propio Supremo o solicita el archivo del caso.

Flávio Bolsonaro respondió a través de un comunicado en el que calificó la medida de “jurídicamente frágil” y afirmó que su publicación tenía como objetivo “informar sobre hechos sin realizar imputación criminosa directa” contra Lula. El senador advirtió que no cederá “ante la intimidación ni ante el uso del aparato policial y judicial para silenciar a la oposición” y exigió que el gobierno de Lula “explique sus relaciones con la dictadura venezolana”.

La apertura del sumario se produce en el momento políticamente más tenso desde que Flávio Bolsonaro, de 44 años, emergió como figura dominante de la derecha brasileña tras ser designado heredero político por su padre desde la cárcel. Según el sondeo de Genial/Quaest publicado este mismo miércoles, el senador obtendría un 42% de intención de voto en una eventual segunda vuelta frente al 40% de Lula, resultado dentro del margen de error estadístico que configura empate técnico. Lula, de 80 años, aspira a un cuarto mandato; ninguna de las dos candidaturas ha sido oficializada.

El episodio se enmarca en la prolongada tensión entre el Supremo Tribunal Federal y el entorno del ex presidente Jair Bolsonaro, condenado en septiembre de 2025 a 27 años de prisión por conspirar para mantenerse en el poder tras su derrota electoral en 2022. El ex mandatario cumple actualmente su pena en arresto domiciliario en Brasilia, situación autorizada por Moraes por razones de salud.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó el lunes a la defensa del ex presidente Jair Bolsonaro que explique si su cliente recibió imágenes filmadas por su hijo Eduardo en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), celebrada el fin de semana en las afueras de Dallas, Texas. El magistrado Alexandre de Moraes, instructor de la causa por golpismo, dio 24 horas a los abogados para presentar aclaraciones tras conocerse que Eduardo dijo en el foro que grababa el evento porque lo estaba “mostrando” a su padre.

El episodio puso en jaque un beneficio concedido apenas tres días antes. Bolsonaro había abandonado el viernes el hospital privado DF Star de Brasilia, donde estuvo internado desde el 13 de marzo con una bronconeumonía bilateral bacteriana provocada por un episodio de broncoaspiración, con más de diez días en cuidados intensivos. De Moraes autorizó entonces su traslado al domicilio familiar por un plazo de 90 días prorrogables, con condiciones estrictas: tobillera electrónica, prohibición de usar cualquier dispositivo de comunicación y veto explícito a recibir contenidos externos incluso por medio de terceros.

La respuesta familiar fue inmediata. Michelle Bolsonaro publicó en Instagram que no hubo recepción de ningún video grabado en ese evento ni exhibición de ese material al ex presidente, y sostuvo que las prescripciones judiciales se cumplían íntegramente. La declaración buscó atajar una crisis que, de confirmarse, podría derivar en el regreso del ex presidente al complejo penitenciario de Papuda, en Brasilia, donde cumplía condena antes de ser hospitalizado.

Desde el Congreso, la diputada Talíria Petrone, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), fue más lejos y solicitó formalmente al Supremo que revoque el arresto domiciliario. En su escrito, señaló que la conducta de Eduardo constituyó una tergiversación de la sentencia y un intento de mantener presencia pública activa eludiendo el aislamiento propio del régimen penitenciario. Petrone también alertó sobre los contenidos publicados por Michelle en su canal de YouTube con rutinas de recuperación del ex presidente, como otra posible vulneración de las restricciones impuestas por la corte.

Eduardo participó en la CPAC junto a su hermano Flávio, senador y candidato del Partido Liberal para los comicios presidenciales de octubre. Eduardo reside en Estados Unidos desde febrero de 2025, cuando abandonó Brasil bajo presión judicial por su presunto intento de obstruir la causa contra su padre. Desde el escenario en Dallas reclamó presión diplomática internacional para garantizar elecciones libres en Brasil y presentó a Flávio como el próximo presidente del país.

Bolsonaro fue condenado en septiembre de 2025 a 27 años y tres meses de prisión por cinco delitos contra la democracia, entre ellos la tentativa de golpe de Estado y el liderazgo de una organización criminal armada, tras perder las elecciones de 2022 ante Lula. No es la primera vez que enfrenta acusaciones de violar sus condiciones de reclusión: en noviembre, el Supremo lo trasladó a una celda de la Policía Federal tras descubrirse que había dañado su tobillera con un soldador, episodio que la corte interpretó como un intento de fuga y que él mismo atribuyó a un estado de confusión inducido por medicamentos.

A menos de siete meses de las elecciones presidenciales, si De Moraes determina que hubo incumplimiento, el beneficio humanitario podría convertirse en un regreso sin retorno al penal de Papuda.

La Corte Suprema de Brasil concedió este martes arresto domiciliario temporal al ex presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por encabezar una trama golpista y actualmente hospitalizado por una neumonía bacteriana. El juez Alexandre de Moraes, relator del caso ante el Supremo Tribunal Federal (STF), accedió parcialmente al recurso presentado por los abogados del ex mandatario y respaldó en parte el criterio de la Fiscalía General, que el lunes se pronunció por primera vez a favor del régimen domiciliario al considerar que el ex gobernante necesita cuidados constantes que el entorno familiar puede proveer mejor que el sistema penitenciario.

La medida, sin embargo, es temporal y condicionada. Según informó EFE, Bolsonaro podrá cumplir la pena en su domicilio durante 90 días contados desde el momento en que reciba el alta hospitalaria, fecha que todavía no tiene previsión. Transcurrido ese plazo, Moraes evaluará nuevamente las condiciones bajo las cuales el ex gobernante deberá continuar cumpliendo su condena.

La decisión representa un giro notable en un proceso marcado por rechazos sistemáticos. Desde que Bolsonaro ingresó a prisión en noviembre de 2025, sus abogados presentaron al STF múltiples solicitudes de arresto domiciliario por razones humanitarias; todas fueron denegadas. El propio tribunal rechazó una de ellas el 5 de marzo, con el voto unánime de la Primera Sala. En aquella ocasión, Moraes citó como impedimento un intento previo de manipulación de la tobillera electrónica que el ex presidente debía portar, episodio que el magistrado calificó como un intento flagrante de fuga.

Lo que cambió esta vez fue la intervención del fiscal general Paulo Gonet, quien envió el lunes un informe al STF favorable al arresto domiciliario humanitario por razones de salud. La Procuraduría General de la República sostuvo en su dictamen que existe la necesidad de garantizar un monitoreo médico permanente del ex gobernante, quien está expuesto a alteraciones súbitas e imprevisibles que requieren cuidados continuos. Fue el propio Moraes quien había solicitado ese dictamen antes de resolver.

Bolsonaro, de 71 años, permanece internado desde el 13 de marzo en el hospital privado DF Star de Brasilia. Fue trasladado de urgencia desde la cárcel de Papuda y diagnosticado con bronconeumonía. Según informó AFP, el ex presidente abandonó la unidad de cuidados intensivos el lunes, aunque continúa sin fecha estimada de alta.

Sus problemas de salud se remontan al atentado con arma blanca que sufrió en septiembre de 2018 durante un acto de campaña en Juiz de Fora, estado de Minas Gerais. La herida abdominal dejó secuelas digestivas permanentes que derivaron en crisis recurrentes de hipo, mareos y vómitos, que en los últimos meses se agravaron notoriamente. Según su equipo médico, ese cuadro crónico desencadenó la actual neumonía por broncoaspiración.

El STF condenó a Bolsonaro el 11 de septiembre de 2025 a 27 años y tres meses de prisión por cinco delitos contra la democracia, entre ellos tentativa de golpe de Estado y liderazgo de una organización criminal armada. Según estableció el tribunal, el plan contemplaba el asesinato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del vicepresidente Geraldo Alckmin y del propio Moraes. Bolsonaro ha negado de forma sistemática cualquier irregularidad.

La hospitalización y la decisión de este martes se producen en un momento de alta tensión política, con el ciclo electoral de 2026 ya abierto en Brasil. Con el proceso judicial concluido y sin posibilidad de nuevos recursos de fondo, la única vía alternativa que mantiene abierta el entorno del exmandatario es la aprobación en el Congreso de una ley de amnistía para los condenados por los hechos del 8 de enero de 2023, cuando seguidores de Bolsonaro irrumpieron y causaron graves daños en el Congreso, el Palacio presidencial y el propio STF en Brasilia. Esa iniciativa sigue en debate parlamentario sin fecha de votación, mientras el líder ultraderechista espera en un hospital el inicio de una cuenta regresiva que el tribunal fijó en noventa días.

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro se acercó este lunes a una doble inflexión: los médicos que lo atienden en el hospital DF Star de Brasilia indicaron que podría abandonar la unidad de cuidados intensivos en las próximas 24 horas si mantiene su evolución favorable, mientras que la Fiscalía General de la República dio un paso sin precedentes y se pronunció por primera vez a favor de que cumpla el resto de su condena bajo arresto domiciliario.

El parte médico señaló que el ex mandatario, de 71 años, permanece clínicamente estable, sin incidencias, y continúa con antibióticos por vía intravenosa, apoyo clínico intensivo y fisioterapia respiratoria y motora. Bolsonaro fue trasladado de urgencia el 13 de marzo desde la prisión de Papuda, en la capital federal, tras despertar con fiebre alta, baja saturación de oxígeno, escalofríos y vómitos. Los exámenes confirmaron una neumonía bacteriana bilateral provocada por un episodio de broncoaspiración, un cuadro que sus médicos describieron desde el primer momento como grave.

El giro de la Fiscalía, firmado por el fiscal general Paulo Gonet en un escrito enviado al Supremo Tribunal Federal (STF), constituyó la novedad política del día. Gonet sostuvo que el estado de salud del ex presidente lo expone a alteraciones súbitas e imprevisibles y que el entorno familiar, a diferencia del sistema penitenciario, está en condiciones de brindarle el monitoreo integral que su situación exige. La posición del fiscal fue solicitada por el propio juez Alexandre de Moraes, relator del caso, quien deberá resolver en los próximos días.

La postura de Gonet contrasta con la trayectoria del caso hasta ahora. Desde que Bolsonaro ingresó a prisión en noviembre pasado, sus abogados presentaron múltiples recursos ante el STF para obtener el régimen domiciliario por razones humanitarias, todos rechazados. El propio tribunal negó una solicitud en ese sentido apenas tres semanas atrás, el 2 de marzo, con Moraes citando como impedimento concreto un intento previo de manipulación de la tobillera electrónica que el expresidente debía portar, episodio que el magistrado calificó como un intento flagrante de fuga.

Los problemas de salud de Bolsonaro se remontan al atentado con arma blanca que sufrió en septiembre de 2018 durante un acto de campaña en Juiz de Fora, estado de Minas Gerais. La herida abdominal dejó secuelas digestivas permanentes que derivaron en crisis recurrentes de hipo, mareos y vómitos, y que en los últimos meses se agravaron notoriamente. Fue precisamente esa disfunción del sistema digestivo la que desencadenó el episodio de broncoaspiración que provocó la neumonía actual. Desde su detención, fue hospitalizado en varias ocasiones, incluida una visita en enero para pruebas neurológicas tras una caída en la celda.

El Supremo Tribunal Federal condenó a Bolsonaro el 11 de septiembre de 2025 a 27 años y tres meses de prisión por encabezar una trama golpista tras perder las elecciones de 2022 ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La sentencia incluyó cargos por tentativa de golpe de Estado, liderazgo de una organización criminal armada e intento de abolición violenta del Estado de derecho democrático. Según estableció el tribunal, el plan contemplaba el asesinato de Lula, del vicepresidente Geraldo Alckmin y del propio Moraes. El ex presidente ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad.

La hospitalización de Bolsonaro se produce en el momento de mayor tensión electoral en años. Las últimas encuestas de Datafolha y Quaest ubican a su hijo Flávio Bolsonaro en empate técnico con el presidente Lula en un escenario de segunda vuelta, con 41% para cada uno según Quaest y 43% frente a 46% según Datafolha, una brecha que en diciembre superaba los diez puntos. La marca familiar conserva una fuerza que el propio establishment bolsonarista no anticipaba, y la imagen del padre preso y enfermo alimenta la narrativa de persecución política que estructura la campaña del senador de cara a los comicios de octubre.

El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, argumentó ante el Tribunal Supremo que las condiciones de salud del expresidente Jair Bolsonaro requieren de cuidados que solo su entorno familiar puede proporcionarle, más allá de lo que permite el actual sistema penitenciario. Gonet apeló a informes médicos recientes que exigen una atención constante para el exmandatario, señalando la obligación del Estado de garantizar la integridad física y moral de las personas bajo su custodia. Este planteamiento alimenta el debate sobre si Bolsonaro puede o no acceder a un arresto domiciliario en el contexto de su actual condición de salud, cuestión que se encuentra en evaluación por el Poder Judicial.

Según consignó la agencia Europa Press, la postura de la Fiscalía se formalizó en un escrito remitido al Supremo en el que se expone la necesidad de “una flexibilización del régimen” al que se encuentra sujeto Bolsonaro, citando antecedentes de decisiones del tribunal en situaciones similares. El respaldo de la Fiscalía responde a la solicitud presentada por la defensa del exmandatario, quienes han utilizado el más reciente informe clínico para argumentar que las condiciones médicas hacen inviable que permanezca bajo custodia penitenciaria convencional.

Bolsonaro, condenado a una pena de 27 años de prisión por su implicación en los acontecimientos relacionados con el intento de golpe de Estado de 2022, se encuentra ingresado en el Hospital DF Star de Brasilia desde el 13 de abril, tras una crisis de bronconeumonía bacteriana. De acuerdo con Europa Press, los síntomas que motivaron su hospitalización incluyeron fiebre alta, sudoración y episodios de escalofríos durante la noche anterior a su ingreso. El informe clínico más reciente apunta a una evolución positiva en su estado de salud y presume la posibilidad de un alta de la unidad de cuidados intensivos en el corto plazo.

El parte médico divulgado detalla que Bolsonaro continúa con un tratamiento que contempla antibióticos intravenosos, acompañados de terapia clínica intensiva y procedimientos de fisioterapia tanto respiratoria como motora. Si persiste la mejoría, los médicos prevén su traslado fuera de cuidados intensivos en un plazo de 24 horas, como indicó el último comunicado recogido por Europa Press. La tendencia a recibir atención médica frecuente ha marcado los últimos años del expresidente, quien desde septiembre ha requerido varias hospitalizaciones, primero en arresto domiciliario y posteriormente tras su traslado a la cárcel de Papuda, en diciembre de 2025.

El medio Europa Press informó que el paso de Bolsonaro al centro penitenciario de Papuda obedeció al incumplimiento reiterado de condiciones impuestas durante su anterior régimen de arresto domiciliario. Una vez en prisión, su salud ha continuado generando episodios de gravedad que, según manifiestan sus abogados, validan la reconsideración de una modalidad menos estricta de custodia, siempre bajo seguimiento judicial.

La defensa del expresidente fundamentó el nuevo pedido de arresto domiciliario en la imposibilidad del sistema carcelario de atender con suficiencia sus necesidades médicas actuales, según consta en la documentación dirigida al Supremo. Por su parte, la Fiscalía, a través de Gonet, subrayó en su pronunciamiento que el respeto a la integridad física y moral "no se limita a una obligación teórica, sino que se traduce en prácticas efectivas", recogió Europa Press. El fiscal añadió que "es el entorno familiar el que puede asegurar esa atención constante y de calidad" recomendada por el equipo médico que atiende al exgobernante.

Las reiteradas hospitalizaciones de Bolsonaro han coincidido con diferentes etapas judiciales en su contra. Según reportó Europa Press, en enero de este año se registraron dos nuevos ingresos hospitalarios, ya desde su celda en Papuda, que se suman al historial de complicaciones médicas vinculadas a condiciones respiratorias y la necesidad de atención especializada.

La decisión final sobre un eventual traslado al régimen de arresto domiciliario se mantiene a la espera de un pronunciamiento del Supremo Tribunal, cuyo criterio ha sido determinante en casos anteriores que involucran argumentos médicos y la protección de los derechos fundamentales de personas privadas de libertad. Europa Press explicó que el tribunal debe evaluar tanto los informes clínicos actualizados como las recomendaciones de la Fiscalía y de la defensa, así como considerar el marco legal y precedentes en materia de flexibilización penitenciaria por razones de salud.

Las circunstancias actuales mantienen en el centro del debate el equilibrio entre la ejecución de las sentencias, las condiciones médicas complejas y los derechos fundamentales de los reclusos, bajo el escrutinio público y la vigilancia de los organismos judiciales y de derechos humanos.

Jair Bolsonaro registró una nueva mejoría en su cuadro clínico este martes, según el parte médico emitido por el hospital DF Star de Brasilia, donde permanece internado desde el viernes tras ser trasladado de urgencia desde la prisión de Papuda. Los indicadores de inflamación volvieron a descender y los médicos decidieron mudarlo a una habitación distinta dentro de la unidad de cuidados intensivos, considerada más adecuada para su estado actual. Sin embargo, el ex mandatario brasileño de 70 años no tiene fecha de alta y continúa bajo apoyo clínico intensivo, con fisioterapia respiratoria y motora.

La hospitalización se produjo después de que Bolsonaro presentara fiebre alta, escalofríos, episodios de vómitos y dificultades para respirar en su celda. Los estudios confirmaron una neumonía bacteriana bilateral causada por broncoaspiración: el paso accidental de contenido digestivo hacia las vías respiratorias. Ese mecanismo es una complicación recurrente derivada de las graves heridas abdominales que sufrió en septiembre de 2018, cuando fue apuñalado durante un acto de campaña en Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais. Desde entonces, Bolsonaro ha atravesado más de una decena de intervenciones quirúrgicas y ha acumulado un historial clínico de complejidad creciente.

La evolución de los últimos días no ha sido lineal. El sábado, apenas un día después del ingreso, los médicos detectaron un deterioro en la función renal que obligó a ampliar la cobertura antibiótica. El domingo, ese cuadro comenzó a revertirse, y el lunes su esposa, Michelle Bolsonaro, informó en redes sociales que había sido trasladado a una unidad de cuidados semi-intensivos. El parte del martes precisó que, en realidad, el cambio fue de habitación dentro de la misma unidad de cuidados intensivos, en un espacio calificado como más apropiado para su condición. La aclaración marcó una diferencia clínica relevante respecto a la comunicación del lunes.

Bolsonaro cumple una condena de 27 años y tres meses impuesta en septiembre de 2025 por el Supremo Tribunal Federal (STF), que lo halló culpable de encabezar una trama para perpetuarse en el poder tras su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva en octubre de 2022. La sentencia incluyó cargos por tentativa de golpe de Estado, liderazgo de una organización criminal armada e intento de abolición violenta del Estado de derecho. El plan contemplaba, según el tribunal, el asesinato de Lula, del vicepresidente Geraldo Alckmin y del magistrado Alexandre de Moraes. Bolsonaro ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad.

La defensa aprovechó la hospitalización para renovar este martes su solicitud de arresto domiciliario por razones humanitarias ante el STF. Es la última de una serie de peticiones similares que el tribunal ha rechazado de forma reiterada. El 5 de marzo, la Primera Sala del STF denegó por unanimidad una solicitud idéntica: los magistrados Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin y Cármen Lúcia sostuvieron que el estado de salud del ex presidente no justifica un régimen de reclusión domiciliaria, y que el sistema penitenciario dispone de recursos suficientes para atender sus necesidades médicas. De Moraes, relator del caso, citó además como impedimento concreto la manipulación deliberada de la tobillera electrónica que Bolsonaro debía portar, episodio que el juez describió como un intento flagrante de fuga.

El STF autorizó este martes que los abogados de la defensa visitaran a Bolsonaro en el hospital. La medida tiene alcance procesal y no implica modificación alguna en las condiciones del cumplimiento de la pena. El cardiólogo del ex presidente señaló, según informó Associated Press, que era improbable un retorno a la cárcel en los próximos días, dado que el tratamiento requiere administración intravenosa en entorno hospitalario.

La situación de Bolsonaro transcurre en un contexto político cargado. Su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, ya anunció su candidatura a la presidencia para los comicios de 2026, en los que buscará enfrentarse a Lula. El caso también generó tensión diplomática con Washington: el presidente Donald Trump, aliado declarado de Bolsonaro, impuso aranceles a Brasil invocando el proceso judicial contra el exmandatario y lo calificó de persecución política. El STF rechazó la semana pasada la solicitud de la defensa para que Darren Beattie, asesor del gobierno de Trump, pudiera visitar a Bolsonaro en prisión, al considerar que la visita carecía de encuadre diplomático legítimo.

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro solicitó este martes al Supremo Tribunal Federal (STF) autorización para recibir en prisión la visita de Darren Beattie, consejero sénior de política para Brasil en el gobierno de Donald Trump, según confirmaron fuentes del tribunal. La petición quedó en manos del magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso por golpismo contra el exmandatario, quien deberá decidir si aprueba el encuentro.

Bolsonaro cumple condena de 27 años y tres meses en régimen cerrado en el 19° Batallón de la Policía Militar del Distrito Federal, conocido como la Papudinha, en Brasilia. Fue condenado en septiembre de 2025 por la Primera Sala del STF, por cuatro votos contra uno, al ser declarado culpable de liderar una organización criminal armada con el objetivo de impedir que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el poder tras ganar las elecciones de 2022. El fallo quedó firme en noviembre, cuando se agotaron las vías de recurso.

La defensa del ex presidente propuso dos fechas para el encuentro: el lunes 16 de marzo, en horario de mañana, o el martes 17, días en que Beattie estará en visita oficial al país. Solicitó también la presencia de un intérprete, dado que Bolsonaro no habla inglés. Ambas fechas quedan fuera del calendario ordinario de visitas de la unidad penitenciaria, que se realizan los miércoles y los sábados, por lo que la defensa pidió una flexibilización del régimen.

Beattie fue confirmado como consejero sénior de política para Brasil en el Departamento de Estado estadounidense a finales de febrero. Es la primera vez que viajará al país en ese cargo. Su agenda incluye una reunión con el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del ex presidente y principal precandidato de la derecha a las elecciones presidenciales de octubre, así como encuentros con representantes del Tribunal Superior Electoral (TSE) y un foro sobre minerales críticos en São Paulo. Según fuentes vinculadas al ex diputado Eduardo Bolsonaro, el consejero pretende también examinar el funcionamiento del sistema electoral brasileño y las decisiones judiciales relacionadas con bloqueos de perfiles en redes sociales.

Beattie es un crítico declarado del juez De Moraes, a quien describió como el principal responsable del aparato de persecución judicial contra el ex mandatario y sus simpatizantes. Fue precisamente esa postura la que lo convirtió en figura central de la campaña del círculo bolsonarista en Washington para presionar al gobierno de Trump a tomar medidas contra el juez. En julio de 2025, la administración republicana sancionó a De Moraes bajo la Ley Magnitsky, congelando los bienes y activos que pudiera tener en Estados Unidos. En septiembre, la lista se extendió a su esposa, la abogada Viviane Barci, y al Instituto Lex, vinculado a la familia. Sin embargo, en diciembre, tras meses de negociaciones diplomáticas entre Brasilia y Washington que incluyeron una reunión entre Lula y Trump, las sanciones fueron levantadas.

La visita de Beattie se produce en un momento de recomposición, aún frágil, de las relaciones entre ambos países, y llega acompañada de una agenda que mezcla intereses económicos con presión política. El gobierno estadounidense negocia con Brasil acuerdos de suministro preferencial de tierras raras, sector en el que el país sudamericano posee la segunda mayor reserva mundial. Brasilia ha resistido hasta ahora los acuerdos de exclusividad y exige contrapartidas en inversión para el procesamiento local de los minerales.

En el plano electoral, la visita del enviado de Trump refuerza la proyección de Flávio Bolsonaro como candidato de referencia para la derecha. Aunque Lula sigue siendo el favorito en los sondeos para los comicios de octubre, el senador ha recortado distancias en las encuestas y en algunas aparece empatado técnicamente con el presidente. La posible imagen de un asesor de la Casa Blanca reunido en prisión con el padre preso no es un detalle menor en la narrativa que el bolsonarismo construye de cara a la campaña.

El juez Alexandre de Moraes citó diversas acciones como intentos de fuga y violaciones a las reglas impuestas por la justicia, incluyendo la manipulación de la tobillera electrónica, como motivos determinantes para rechazar el pedido de arresto domiciliario presentado por la defensa de Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil. Según publicó el portal G1, De Moraes señaló que, aunque Bolsonaro tiene un “cuadro clínico de alta complejidad”, los riesgos de fuga y la reincidencia en incumplimientos de las órdenes judiciales han tenido más peso que los argumentos relacionados con la salud expuestos por sus abogados. La decisión, que impacta directamente la situación legal de Bolsonaro, responde a la condena de 27 años y tres meses de prisión impuesta por dirigir una trama golpista para aferrarse al poder después de las elecciones de octubre de 2022.

De acuerdo con el medio G1, el juez instructor se mostró contrario a sustituir la reclusión carcelaria que Bolsonaro cumple en una prisión de Brasilia desde fines de 2025 —según el fallo— por una detención en su domicilio. La defensa había enfatizado los problemas médicos del exmandatario y la supuesta insuficiencia de las condiciones en la cárcel para garantizar su tratamiento adecuado. No obstante, los magistrados consideraron más relevantes las evidencias sobre los intentos de vulnerar la vigilancia judicial.

El medio G1 detalló que la decisión del juez De Moraes ha sido respaldada ya por el magistrado Flávio Dino y se aguarda que los jueces Cristiano Zanin y Carmen Lúcia Antunes, integrantes de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal, ratifiquen durante la presente jornada la medida adoptada contra el exjefe de Estado. Los argumentos centrales para denegar el beneficio de la prisión domiciliaria se apoyaron en los antecedentes de Bolsonaro bajo medidas cautelares, momento en el cual habría incurriendo en diferentes infracciones, según consignó la fuente.

Bolsonaro enfrenta esta condena por la acusación de liderar un grupo que promovió acciones destinadas a evitar la transferencia pacífica de poder en Brasil tras los comicios de 2022. Además del expresidente, otros exfuncionarios y allegados de su entorno recibieron penas por participar en la misma trama. Según informó el portal G1, los hechos violentos ocurridos el 8 de enero de 2023, cuando centenares de personas irrumpieron y causaron daños en edificios de las instituciones federales en Brasilia, condujeron también a la condena de numerosos individuos vinculados al intento de revertir el resultado electoral.

La negativa del Supremo Tribunal Federal a conceder el régimen de prisión domiciliaria se enmarca en un contexto en que la justicia brasileña continúa evaluando conductas atribuidas a altos cargos y simpatizantes del expresidente, centrando su valoración en la gravedad de las acciones dirigidas a contender las decisiones institucionales post-electorales. El portal G1 reportó que los magistrados han optado por priorizar la garantía del cumplimiento de la condena y la preservación de la integridad procesal por encima de las preocupaciones sobre el estado de salud de Bolsonaro, pese a que este último aspecto recibió reconocimiento formal en el dictamen de De Moraes.

Entre los factores considerados en perjuicio del beneficio solicitado por la defensa se encuentran las sospechas documentadas acerca de intentos de Bolsonaro para eludir la vigilancia judicial, incluida la alteración no autorizada de la tobillera electrónica que debía portar. Tales conductas, reconocidas en el proceso y ponderadas por los jueces, contribuyeron a fundamentar la negativa colectiva de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal. Según reportó G1, estas deliberaciones responden directamente a la importancia de mantener la aplicación plena de las decisiones judiciales en el contexto de delitos contra la institucionalidad democrática.

El resultado de esta votación en la Primera Sala del Tribunal Supremo se perfila como un paso más dentro de la respuesta judicial a los sucesos de inicios de 2023 y a las responsabilidades atribuidas a figuras del entorno de Bolsonaro tras las convulsiones postelectorales. A su vez, la resolución incrementa la presión sobre los condenados por la intentona golpista y refuerza la posición de la justicia brasileña contrario a conceder tratamientos diferenciados a quienes, según los fallos, han reincidido en el desacato a las restricciones impuestas por tribunales.

Según recogió G1, los próximos movimientos dentro del Tribunal Supremo estarán marcados por la formalización y eventual confirmación de la negativa al arresto domiciliario, al tiempo que el exmandatario continúa cumpliendo la condena de prisión mayoritariamente en régimen cerrado y en las condiciones establecidas por el órgano jurisdiccional competente.

El Supremo Tribunal Militar (STM) de Brasil anunció la notificación formal al expresidente Jair Bolsonaro y a tres generales del Ejército para que presenten su defensa escrita en el marco del proceso que evalúa su expulsión de las Fuerzas Armadas. Según detalló el STM, esta citación representa el fin de las etapas iniciales de la causa y habilita la declaración formal de los acusados. El proceso involucra a militares retirados condenados a elevadas penas de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado contra el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, una trama por la que la Justicia civil les impuso sentencias de entre 19 y 27 años.

De acuerdo con lo publicado por el STM en su sitio web, tanto Bolsonaro como los generales Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno y Braga Neto disponen de diez días hábiles desde la notificación para preparar y entregar sus argumentos de defensa. La acusación contra ellos deriva de la llamada Representación para Declaración de Indignidad para el Cuerpo de Oficiales, que la Fiscalía Militar presentó a comienzos de febrero. El medio indicó que la petición fue realizada por el fiscal general militar Clauro Bortolli, cuya acción obliga al tribunal castrense a determinar si los funcionarios condenados por delitos comunes o militares con penas superiores a dos años mantienen la dignidad necesaria para permanecer en las filas de la institución.

El STM explicó que el proceso iniciado tras la citación formal llevaba varias semanas en su etapa preliminar y que ahora avanza al análisis de fondo sobre la posible expulsión de los cuatro militares citados, todos ellos condenados por la Justicia ordinaria a penas de prisión que van desde los 19 hasta los 27 años. La particularidad del caso de Bolsonaro reside en que es capitán retirado y figura como el único de los notificados con antecedentes ante la Justicia castrense. El tribunal aclaró que el proceso se basa directamente en la condena judicial recibida, sin distinguir si los delitos son de competencia militar o de la justicia común.

Según consignó el STM, la acción judicial también mencionó al almirante Almir Garnier, antiguo comandante de la Marina Brasileña. No obstante, hasta el momento, la corte no ha notificado formalmente a Garnier ni explicó públicamente las razones de esta excepción en el procedimiento, pese a que formaba parte de la petición original de la Fiscalía Militar. El STM no proporcionó detalles adicionales sobre la situación de Garnier, limitando la información a la falta de citación y las imprecisiones en torno a su posible inclusión en etapas posteriores.

El proceso conocido como Representación para Declaración de Indignidad para el Cuerpo de Oficiales contempla la evaluación de la idoneidad de los militares condenados para conservar su estatus dentro de las Fuerzas Armadas de Brasil. De acuerdo con la legislación vigente, cualquier miembro de la oficialidad condenado a una pena de prisión superior a dos años puede ser sometido a este procedimiento.

El medio recalca que una semana antes del anuncio sobre el inicio formal del proceso, la Fiscalía Militar había solicitado al STM la expulsión tanto de Bolsonaro como de los generales Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno y Braga Neto, además del almirante Garnier. El tribunal militar tiene la responsabilidad de juzgar si la gravedad de los delitos y el peso de las condenas privan a los notificados del derecho a portar el uniforme y formar parte del cuerpo militar.

Entre los detalles informados, el STM puntualizó los periodos de prisión dictados por la Justicia civil: 27 años para Bolsonaro, 26 años para Braga Neto, 21 años para Augusto Heleno y 19 años para Paulo Sérgio Nogueira. Todos ellos han alcanzado la etapa en la que deben ejercer su derecho a defensa siguiendo los plazos establecidos.

Según explicó el STM, el siguiente paso en este tipo de procedimientos consiste en recibir los alegatos de los acusados, tras lo cual los jueces instructores analizarán los argumentos y decidirán si corresponde o no la expulsión definitiva de los militares condenados. La decisión final recaerá en el pleno del Tribunal Supremo Militar, que evaluará el cumplimiento de los requisitos legales y la consistencia de las pruebas aportadas.

El proceso judicial responde al intento de golpe de Estado por el que los condenados intentaron revertir mediante la fuerza los resultados de las elecciones que dieron la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva. Las condenas dictadas por la Justicia civil y la imputación por parte de la Fiscalía Militar marcaron un precedente en la historia de la relación entre las instituciones castrenses y el poder civil en Brasil.

Tal como publicó el STM, este tipo de procesos tienen como objetivo garantizar que solo los oficiales que cumplan con los estándares legales y morales exigidos por la legislación militar puedan continuar en el servicio, aun después de la jubilación o retiro, cuando aún conservan derechos y prerrogativas propios de la carrera.

La representación judicial por indignidad, detalló el propio tribunal, constituye un mecanismo previsto en la ley brasileña para preservar la reputación y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, separando a aquellos miembros que han recibido condenas graves. Según aclaró la corte, el resultado del proceso afecta no solo el estatus personal de los acusados, sino también su derecho a percibir beneficios y prerrogativas reservados a los oficiales.

El procedimiento queda encuadrado dentro del sistema judicial militar del país, que posee competencia exclusiva sobre causas relacionadas con el estado y la permanencia en el cuerpo de oficiales. Al tratarse de figuras de alto rango y de un expresidente, el proceso ha adquirido especial notoriedad en la opinión pública brasileña y en la cobertura de los medios nacionales e internacionales, destaca el STM en su informe público sobre el caso.

Según el Cuerpo de Bomberos, citado por CNN Brasil y G1, hubo un número no confirmado de heridos que calculan entre 15 y 34, algunos de los cuales fueron conducidos al hospital en estado grave.

Los manifestantes estaban cerca de la Plaza do Cruzeiro, donde estaba previsto que finalizara la marcha promovida por el diputado ultra Nikolas Ferreira en defensa del ex mandatario, condenado y preso por tramar un golpe de Estado.

La jornada de este domingo ha estado marcada por las fuertes lluvias que han azotado el Distrito Federal, condiciones que, sin embargo, no han impedido que se sumaran miles de personas a la movilización.

“Cayó un rayo y entonces todo el mundo cayó al suelo. No entendimos nada hasta que logramos levantarnos y ayudarnos unos a otros; había mucha gente corriendo. Los bomberos y los servicios médicos de emergencia ya estaban allí preparados, pero era demasiada gente al mismo tiempo”, explicó a G1 el comerciante Alfredo Santana.

La protesta de hoy es la última etapa de una caminata que empezó el lunes pasado, cuando Ferreira partió desde Paracatu, en el interior del estado de Minas Gerais, en dirección a la capital brasileña, durante la cual lo acompañó un grupo de seguidores y aliados del ex mandatario.

El congresista, una de las voces de la extrema derecha brasileña más activas en redes sociales, asegura haber recorrido unos 240 kilómetros a pie por una autopista federal.

Este domingo, se le sumaron miles de personas a su paso por Brasilia, la mayoría vestidas con los colores verde y amarillo de la bandera brasileña.

Los acólitos del líder ultraderechista exigen su libertad, después de que el pasado 11 de septiembre fuera condenado a 27 años y 3 meses de prisión por “liderar” un complot golpista para mantenerse en el poder, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

Una vez agotadas las apelaciones, la corte ordenó la ejecución de la sentencia a finales de noviembre, primero en un cuarto de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia y, desde el pasado 15 de enero, en un complejo penitenciario, también en la capital.

Los abogados del ex jefe de Estado (2019-2022) han solicitado en diversas ocasiones la prisión domiciliaria de su cliente por su delicado estado de salud, pero el Supremo ha negado todos los recursos presentados hasta la fecha.

(Con información de EFE)

La esposa del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, advirtió sobre un “riesgo real de muerte” para el expresidente, debido a su delicado estado de salud y las condiciones de su reclusión.

Afirmó que las autoridades brasileñas conocen la gravedad del cuadro y la posibilidad concreta de que Bolsonaro enfrente consecuencias fatales si continúa bajo las condiciones actuales de aislamiento.

Además, sostuvo que la integridad física de Bolsonaro es ahora una responsabilidad directa del Estado brasileño. Esta advertencia se emitió después de que el expresidente, de 70 años, sufriera una caída de la cama que le provocó un traumatismo craneoencefálico leve, de acuerdo con el doctor Brasil Ramos Caiado.

La preocupación familiar aumentó tras las declaraciones de Michelle Bolsonaro en sus redes sociales, donde indicó que Bolsonaro comenzó a experimentar mareos y pérdida de equilibrio al ponerse de pie, síntomas que atribuyó a los efectos secundarios de la medicación que recibe.

La ex primera dama explicó que fue el abogado del expresidente quien le informó sobre la evolución clínica, lo que incrementó la inquietud ante el hecho de que Bolsonaro permanece encerrado sin posibilidad de vigilancia constante.

De acuerdo con Globo TV, Michelle Bolsonaro relató que, mientras la custodia del expresidente estaba a cargo de la Policía Federal, la puerta de la celda permanecía abierta, lo que permitía una intervención rápida en caso de emergencia.

Desde que la vigilancia pasó a la Policía Penitenciaria Federal, la puerta se mantiene cerrada, incrementando el temor a que un accidente pase inadvertido. “El miedo es real: Podría volver a caerse y nadie lo oiría”, señaló la esposa del ex jefe de Estado.

Por su parte, el hijo del exmandatario, Carlos Bolsonaro, manifestó en la red social X su inquietud por el estado de salud de su padre.

Además, sostuvo que el cuadro clínico “demuestra la certeza de que una nueva caída probablemente sucederá”, amplificando la alarma sobre la posibilidad de un accidente grave durante la reclusión.

La situación judicial añade tensión, ya que Jair Bolsonaro enfrenta una condena de 27 años y tres meses de prisión por su implicación en el intento de golpe de Estado registrado en 2022.

El exmandatario está alojado en la sede de la Policía Federal en Brasilia desde el inicio de su sentencia.

Al mismo tiempo, esta semana, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó por completo una ley aprobada por el Congreso que buscaba reducir las penas de Jair Bolsonaro.

Además, firmó el veto durante un acto en Brasilia, coincidiendo con el aniversario del asalto a los tres poderes realizado por simpatizantes de Bolsonaro. Sin embargo, el Congreso aún podría revertir la decisión del presidente y aprobar la ley sin necesidad de su firma. Esta medida intensifica el debate político en torno al futuro judicial de Bolsonaro y sus aliados.

(Con información de Europa Press)

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue trasladado este miércoles desde la prisión federal de Brasilia a un hospital privado de la ciudad para realizarse diversos exámenes médicos, tras sufrir una caída en su celda durante la madrugada del martes.

El exmandatario brasileño regresó a la unidad penitenciaria en horas de la tarde del miércoles, luego de la batería de exámenes practicados en el hospital.

El operativo fue organizado por la Policía Federal (PF), que escoltó a Bolsonaro desde la sede policial hasta el hospital DF Star. Según informó AP, el exmandatario llegó alrededor del mediodía y permaneció aproximadamente cinco horas bajo observación médica.

En el centro de salud se le practicaron una tomografía computarizada, una resonancia magnética del cráneo y un electroencefalograma, pruebas solicitadas por la defensa y autorizadas por el ministro Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal (STF).

La decisión judicial se basó en un informe médico de la propia PF, presentado el martes, que indicaba que el expresidente presentaba trauma leve en la cabeza y una herida superficial en el rostro.

Durante la estadía en el hospital, Bolsonaro estuvo acompañado por su esposa, Michelle Bolsonaro, quien expresó en redes sociales la necesidad de atención médica inmediata para el ex jefe de Estado.

Además, varios simpatizantes y los diputados Coronel Chrisostomo y Bia Kicis acudieron al hospital para manifestar su respaldo al exmandatario.

En el parte médico presentado a la corte, la Policía Federal reportó que Bolsonaro se encontraba consciente, orientado y sin signos de déficit neurológico.

El traslado se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y con indicación de discreción por parte del STF, que instruyó a la PF sobre la logística y la obligación de garantizar el retorno seguro del exmandatario a la prisión.

La caída ocurrió mientras Bolsonaro dormía en su celda, en la noche del lunes al martes.

O Globo indicó que el operativo de regreso también fue coordinado por la Policía Federal, en cumplimiento estricto de la orden judicial. Cabe señalar que Bolsonaro había salido del hospital apenas una semana antes, tras someterse a una cirugía de doble hernia, y su salud ha requerido seguimiento médico frecuente en los últimos meses.

Bolsonaro permanece privado de su libertad desde finales de noviembre, cumpliendo una condena de veintisiete años y tres meses impuesta por el Supremo Tribunal Federal. El fallo lo responsabilizó por la tentativa de derrocamiento del sistema democrático brasileño, tras su derrota electoral en 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Según las agencias, la sentencia incluyó penas para varios de sus aliados, a quienes se les atribuyó la planificación de acciones orientadas a atentar contra las máximas autoridades del país.

El proceso judicial documentó la existencia de un complot que incluía planes para asesinar al presidente Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al propio ministro Alexandre de Moraes. Además, las investigaciones identificaron un intento coordinado para promover una insurrección a comienzos de 2023.

(Con información de EFE y AP)

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió atención médica por un traumatismo craneoencefálico leve tras una caída en la prisión donde cumple condena en Brasilia.

Bolsonaro sufrió una convulsión mientras dormía, lo que provocó que se golpeara la cabeza contra un mueble de la celda.

La defensa de Bolsonaro solicitó al Supremo Tribunal Federal que acelerara los trámites de traslado al hospital, advirtiendo sobre un “riesgo concreto e inmediato” para la salud del ex jefe de Estado.

Los abogados subrayaron que, dada la situación clínica reciente del exmandatario y el tipo de lesión, resultaba imprescindible la realización de exámenes clínicos e imágenes bajo supervisión médica especializada y con la custodia policial correspondiente.

El médico personal de Bolsonaro, Cláudio Birolini, confirmó al diario O Globo que el expresidente debía ser trasladado al hospital DF Star para una evaluación exhaustiva.

Además, Birolini agregó que las caídas representan una preocupación relevante debido a las condiciones de salud del paciente y señaló que ya habían advertido sobre el riesgo de episodios similares, considerando la evolución clínica de Bolsonaro y sus antecedentes recientes.

La familia del exmandatario también se manifestó sobre el incidente. Carlos Bolsonaro, hijo del expresidente y exconcejal, informó que encontró a su padre “adolorido, con hematoma en el rostro y sangrado en los pies” después de la caída, según declaraciones recogidas por O Globo.

Además, la familia expresó su preocupación por el tiempo que demoró la autorización para el traslado a un hospital y criticó la supuesta demora en la atención médica inicial.

El episodio se registró pocos días después de que Bolsonaro recibiera el alta hospitalaria, tras permanecer internado durante nueve días en el hospital DF Star de Brasilia.

Allí fue sometido a una cirugía de hernia inguinal bilateral y a un bloqueo del nervio frénico, procedimiento destinado a frenar las crisis de hipo persistente, una condición asociada con las secuelas de la puñalada sufrida durante la campaña presidencial de 2018.

Desde su retorno a la custodia de la Policía Federal el 1 de enero, el equipo médico y allegados al expresidente reportaban una evolución clínica favorable, con disminución de los episodios de hipo. Sin embargo, fuentes cercanas indicaron a O Globo que Bolsonaro mencionaba dificultades para dormir, atribuidas al funcionamiento constante y al ruido del aire acondicionado en la celda, situación que motivó una presentación de la defensa ante el STF solicitando mejoras en las condiciones de reposo.

El incidente ocurre mientras Bolsonaro cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión, impuesta por el Supremo Tribunal Federal tras ser acusado de conspirar para intentar un golpe de Estado después de perder las elecciones de 2022.

Desde su detención en la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia a finales de noviembre, el expresidente ha estado bajo estricta vigilancia médica debido a su historial clínico, que incluye múltiples hospitalizaciones y cirugías relacionadas con la agresión de 2018.

(Con información de Europa Press y Reuters)

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro será sometido este martes a un nuevo procedimiento quirúrgico para “reforzar” el bloqueo del nervio frénico, una intervención orientada a controlar las crisis persistentes de hipo que padece desde hace meses, según informó su esposa, Michelle Bolsonaro.

Se trata de la tercera intervención en apenas cuatro días. Las dos anteriores, realizadas el sábado y el lunes, consistieron en bloqueos parciales del nervio frénico derecho e izquierdo, respectivamente. Sin embargo, los episodios de contracciones involuntarias del diafragma reaparecieron este martes por la mañana, de acuerdo con el testimonio público de Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del ex mandatario.

Michelle Bolsonaro señaló que los episodios se prolongaron hasta la tarde, lo que llevó al equipo médico a optar por un “refuerzo del bloqueo del nervio frénico”. El ex presidente permanece internado en un hospital privado de Brasilia, adónde ingresó el pasado 24 de diciembre con autorización judicial.

Inicialmente, Bolsonaro fue hospitalizado para someterse a una cirugía por una hernia inguinal bilateral, intervención realizada el día de Navidad. Según el parte médico difundido por la familia, la evolución de esa operación ha sido favorable, aunque el foco clínico se desplazó rápidamente hacia las crisis de hipo, que se intensificaron durante el postoperatorio.

Los médicos atribuyen estos episodios a secuelas de las múltiples cirugías abdominales a las que Bolsonaro fue sometido desde septiembre de 2018, cuando recibió una puñalada durante un acto de campaña electoral. Desde entonces, el ex jefe de Estado ha pasado por al menos una decena de procedimientos relacionados con ese ataque.

El cuadro médico se produce en un contexto judicial delicado. El 11 de septiembre pasado, la Corte Suprema condenó a Bolsonaro a 27 años de prisión por liderar un complot destinado a desconocer el resultado de las elecciones presidenciales de 2022 y mantenerse en el poder tras su derrota frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Desde finales de noviembre, el ex mandatario cumple la condena en dependencias de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia. La ley brasileña permite traslados hospitalarios con custodia y autorización judicial, como en este caso, pero no implica una modificación automática del régimen de detención.

La defensa de Bolsonaro ha solicitado en reiteradas ocasiones que se le conceda la prisión domiciliaria por razones humanitarias, argumentando un deterioro sostenido de su estado de salud. No obstante, el Supremo Tribunal Federal ha rechazado hasta ahora todos los recursos presentados, al considerar que la atención médica puede garantizarse bajo custodia estatal. Además, el ex mandatario intentó quitarse la tobillera electrónica, por lo que las autoridades creen que pudo haber un intento de fuga.

El caso mantiene alta visibilidad pública en Brasil, donde la figura del ex presidente sigue polarizando el debate político. Mientras sus aliados insisten en que su estado de salud justifica un trato excepcional, los magistrados han reiterado que la gravedad de los delitos por los que fue condenado y el riesgo institucional asociado al intento de ruptura democrática pesan más que las consideraciones humanitarias invocadas.

La nueva intervención médica, prevista para este martes, será evaluada en las próximas horas por el equipo tratante. Su resultado podría incidir en futuros pedidos de la defensa, aunque por ahora el marco judicial permanece inalterado y el expresidente continúa cumpliendo su condena bajo custodia federal.

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro, condenado a 24 años y tres meses de prisión por golpismo, ingresó este lunes nuevamente al quirófano para someterse a una segunda intervención quirúrgica destinada a frenar las crisis persistentes de hipo que padece desde hace meses, según informó su esposa, Michelle Bolsonaro.

La nueva cirugía consiste en un bloqueo anestésico del nervio frénico del lado izquierdo, luego de que un procedimiento similar realizado el sábado sobre el lado derecho no lograra resultados duraderos. De acuerdo con el equipo médico del hospital privado DF Star, el hipo crónico ha sido resistente a tratamientos farmacológicos convencionales.

Michelle Bolsonaro señaló en redes sociales que la intervención busca evaluar si el bloqueo bilateral del nervio permite controlar las contracciones involuntarias, que han afectado el descanso y la estabilidad clínica del ex mandatario durante las últimas semanas.

Los médicos han indicado que el cuadro podría estar relacionado con las secuelas del atentado con arma blanca que Bolsonaro sufrió en septiembre de 2018, durante la campaña presidencial. Desde entonces, el ex jefe de Estado ha sido sometido a múltiples cirugías abdominales y hospitalizaciones recurrentes, según consta en comunicados médicos.

El domingo, Bolsonaro permaneció “estable y sin hipo”, de acuerdo con el último boletín clínico difundido por el hospital, mientras continuaba bajo cuidados postoperatorios tras una cirugía de hernia inguinal bilateral realizada el día de Navidad. Esa intervención motivó su salida temporal, con autorización judicial, de la sede de la Policía Federal en Brasilia.

El ex mandatario había ingresado el 24 de diciembre al centro médico tras abandonar las dependencias policiales donde cumple su condena. Las autoridades penitenciarias informaron que la hospitalización forma parte de un régimen de custodia especial previsto para casos de tratamiento médico prolongado.

Bolsonaro gobernó Brasil entre 2019 y 2022 y fue condenado por encabezar un complot destinado a impedir la asunción del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones de octubre de 2022. La sentencia judicial consideró probado que el entonces mandatario promovió acciones para desconocer el resultado electoral y fomentar una ruptura institucional.

El fallo se enmarca en las investigaciones abiertas tras el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia, ocurrido en enero de 2023, cuando simpatizantes radicalizados del bolsonarismo atacaron el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio del Planalto. Las pesquisas judiciales vincularon esos hechos a una estrategia previa de deslegitimación del proceso electoral.

Además de la pena de prisión, la Justicia brasileña inhabilitó a Bolsonaro para disputar cargos públicos hasta el año 2060, una sanción que lo excluye del escenario político durante las próximas décadas y marca un precedente en la historia democrática reciente del país.

En el plano médico, especialistas consultados por medios brasileños han señalado que el hipo persistente, aunque infrecuente, puede estar asociado a lesiones neurológicas o irritaciones del nervio frénico, especialmente en pacientes con antecedentes de cirugías abdominales complejas.

El hospital DF Star informó que Bolsonaro continuará internado al menos una semana más, bajo observación, para evaluar la evolución tras la segunda intervención y descartar complicaciones adicionales. Su estado general es considerado estable.

La combinación entre el deterioro de su salud y el avance de las causas judiciales mantiene al ex mandatario apartado del debate público, en un momento en que el bolsonarismo atraviesa una reconfiguración interna y enfrenta el desafío de reorganizarse sin su principal referente político.

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro permanece hospitalizado en Brasilia y continúa este domingo en condición estable y sin hipo, aunque durante la noche del sábado volvió a registrar una crisis de contracciones involuntarias, según informaron sus médicos en un nuevo boletín clínico difundido por el centro sanitario.

El parte médico detalló además un aumento transitorio de la presión arterial, lo que llevó al equipo tratante a confirmar para este lunes una nueva intervención quirúrgica destinada a bloquear el nervio frénico del lado izquierdo, con el fin de evaluar la evolución del cuadro y su posible control a mediano plazo.

Los profesionales de la salud habían intentado inicialmente resolver el problema mediante tratamiento farmacológico y seguimiento clínico, evitando procedimientos invasivos. Sin embargo, tras una fuerte crisis de hipo registrada el viernes por la noche, el sábado se realizó un bloqueo del nervio frénico del lado derecho, una medida que hasta ahora no arrojó los resultados esperados.

De acuerdo con los médicos, el episodio recurrente de hipo estaría vinculado a las secuelas del atentado con arma blanca que Bolsonaro sufrió durante la campaña electoral de 2018. Aquel ataque derivó en lesiones abdominales graves y en una serie de cirugías y hospitalizaciones que el ex mandatario ha atravesado desde entonces, según consta en comunicados médicos y registros oficiales.

En paralelo, Bolsonaro continúa con el postoperatorio de una cirugía de hernia inguinal bilateral practicada el día de Navidad. El tratamiento incluye fisioterapia para la rehabilitación, profilaxis para prevenir trombosis venosa profunda y controles clínicos generales, conforme al protocolo informado por el equipo médico.

El ex jefe de Estado fue ingresado el 24 de diciembre en el hospital privado D.F. Star, en la capital brasileña, donde se prevé que permanezca internado al menos una semana, de acuerdo con fuentes sanitarias citadas por la agencia EFE.

La hospitalización se produjo luego de que Bolsonaro abandonara de forma temporal la celda donde cumple su condena en la sede de la Policía Federal en Brasilia. El traslado al centro médico fue autorizado por el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, responsable de supervisar el cumplimiento de la pena.

Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por haber liderado un complot para intentar mantenerse en el poder tras perder las elecciones presidenciales de 2022. La sentencia, dictada por el Supremo Tribunal Federal, concluyó que el entonces mandatario promovió acciones para desconocer el resultado electoral y socavar el orden democrático, en un contexto que desembocó en los ataques a las sedes de los tres poderes del Estado en enero de 2023.

El fallo judicial determinó que el exmandatario alentó un clima de deslegitimación del sistema electoral y presionó a instituciones clave, incluidas las Fuerzas Armadas, tras la victoria del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, según los fundamentos publicados por el tribunal.

Además de la pena de prisión, Bolsonaro fue inhabilitado para ejercer cargos públicos y disputar elecciones hasta el año 2060, una sanción que lo excluye de manera prolongada de la vida política institucional y marca un precedente relevante en la historia democrática de Brasil.

Mientras el equipo médico monitorea su evolución clínica y evalúa la eficacia de las nuevas intervenciones, el caso de Bolsonaro sigue concentrando la atención pública por la superposición entre su delicado estado de salud y una condena judicial que redefinió el mapa político brasileño y el alcance de las responsabilidades penales de un expresidente.

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por su responsabilidad en el intento de golpe de Estado posterior a las elecciones de 2022, será sometido a dos cirugías —una para corregir una hernia inguinal bilateral y otra para tratar sus persistentes crisis de hipo—, según informó este domingo su equipo médico en un comunicado difundido a medios locales.

Los procedimientos se realizarán de forma simultánea y requerirán la internación del ex mandatario, aunque los médicos no precisaron aún la fecha exacta de la intervención ni el tiempo estimado de hospitalización. El parte médico está firmado por el cirujano Claudio Birolini y el cardiólogo Leandro Echenique, responsables del seguimiento clínico de Bolsonaro desde su detención.

La primera intervención corresponde a una cirugía de hernia inguinal bilateral, una patología que, según los médicos, se ha agravado en los últimos meses. El segundo procedimiento consistirá en un bloqueo anestésico del nervio frénico, una técnica utilizada para reducir crisis de hipo persistentes, un trastorno que el exmandatario padece de forma recurrente y que ha sido documentado públicamente en apariciones recientes.

La autorización para la cirugía fue concedida el viernes por el Tribunal Supremo de Brasil, tras recibir un informe médico elaborado por la Policía Federal que certificó la necesidad de la intervención. Bolsonaro se encuentra detenido desde finales de noviembre en una sede de ese organismo, en Brasilia, bajo un régimen de custodia especial.

En la misma resolución, el juez Alexandre de Moraes rechazó un nuevo pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa del expresidente. El magistrado argumentó que no existe base legal para conceder ese beneficio y citó el “reiterado incumplimiento de las medidas cautelares” impuestas con anterioridad, entre ellas el uso obligatorio de una tobillera electrónica.

Bolsonaro fue detenido después de que las autoridades constataran un intento de dañar ese dispositivo de monitoreo (tobillera electrónica), lo que el Supremo interpretó como una violación directa de las condiciones fijadas para su permanencia en libertad mientras avanzaban las causas en su contra. Ese episodio fue clave para ordenar su encarcelamiento efectivo.

El ex mandatario, de 70 años, arrastra desde hace años una situación médica compleja. Desde 2018 ha sido sometido a múltiples cirugías abdominales y presenta episodios frecuentes de vómitos, mareos y obstrucciones intestinales, secuelas atribuidas al atentado con arma blanca que sufrió durante la campaña presidencial de ese año.

A pesar de esos antecedentes, el Tribunal Supremo ha sostenido de forma reiterada que el estado de salud de Bolsonaro puede ser tratado dentro del sistema penitenciario o, cuando es necesario, mediante internaciones hospitalarias bajo custodia, sin que ello justifique una prisión domiciliaria automática.

Bolsonaro gobernó Brasil entre 2019 y 2022 y fue condenado este año por su papel en la deslegitimación del proceso electoral y en la articulación política y discursiva que precedió al asalto a las sedes del Congreso, el Palacio del Planalto y el Supremo Tribunal Federal, el 8 de enero de 2023.

La sentencia considera probado que el entonces líder de la ultraderecha alentó un clima de ruptura institucional, desconoció de forma sistemática el resultado de las elecciones que dieron la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva y mantuvo vínculos políticos con los sectores que impulsaron la intentona golpista.

Desde su detención, el caso Bolsonaro se ha convertido en un punto de tensión permanente en la política brasileña. Mientras sus aliados denuncian una persecución judicial, el Supremo insiste en que las decisiones adoptadas responden a criterios estrictamente legales y buscan preservar el orden constitucional.

Las próximas cirugías añaden un nuevo capítulo a un proceso que combina causas penales, disputas políticas y un seguimiento médico constante, en un contexto en el que la Justicia brasileña busca dejar sentado que ni la investidura pasada ni el deterioro físico alteran el cumplimiento efectivo de una condena firme.

El Gobierno decidió pisar sobre seguro para el regreso de Argentina a los mercados de capital, luego de casi ocho años de ausencia. Por eso, se optó una colocación en el mercado local, un bono muy corto (vence en 2029) y un cupón de intereses elevado (6,5% anual) para volverlo lo más atractivo posible para los inversores. Se trata de un paso intermedio para el verdadero objetivo, que es regresar a los mercados internacionales con colocaciones de mayor profundidad y plazo.

El anuncio fue recibido con bastante euforia y hubo una fuerte suba inicial sobre todo en los ADR argentinos que cotizan en Wall Street, junto a una mejora en la paridad de los bonos en dólares. Pero el cierre fue bastante más flojo. Las acciones terminaron más de 3% abajo y los títulos prácticamente neutros.

¿Qué pasó en el medio? Se “resfrió” Brasil. Los mercados se pusieron en alerta tras la confirmación del apoyo de Jair Bolsonaro a la candidatura oficial de su hijo, Flávio. Sucedió luego de varios meses de disputas internas en el espacio bolsonarista. Los inversores querían un respaldo para el actual gobernador de San Pablo, Tarcisio de Freitas. Finalmente el ex presidente ahora preso optó por su hijo mayor.

La noticia generó una fuerte caída de más de 5% en el mercado brasileño y una suba del dólar. Arrancó la campaña electoral cuando todavía faltan un año para las elecciones y arrancó la volatilidad. El Bovespa, índice líder de acciones brasileñas, tuvo un gran año con subas superiores al 30%, pero ahora se entra en un período de mayores dudas. La apuesta es que Lula Da Silva no sea reelegido, pero es difícil jugársela con tanta anticipación.

Este ruido que llego desde Brasil le pone un obstáculo inesperado al Gobierno en este primer paso que dará exclusivamente en el mercado local para luego sí apuntar a un regreso pleno al financiamiento internacional.

Expectativas y rendimiento

Por supuesto habrá que esperar lo que sucede en los próximos días hasta la colocación que arranca el miércoles. Pero cualquier incidente conspira contra el objetivo de conseguir un rendimiento lo más bajo posible. Actualmente el AL 29, que es el bono más parecido al que se va a emitir, rinde 9,8% anual en dólares. Un objetivo lógico para el equipo económico es apuntar a un rendimiento para el nuevo título en el rango de 9% a 9,5% anual como techo.

El mismo título bajo legislación neoyorkina (GD 29) tiene un premio porque los inversores lo consideran más seguro y rinde más cerca del 7,5% anual. Sin embargo, la colocación se hará bajo ley argentina.

La emisión que realizará el Tesoro en los próximos días es un hito. Pero su principal objetivo no es asegurar los dólares para el próximo vencimiento de deuda de USD 4.300 millones en enero, algo que el mercado descuenta. En realidad, lo que se busca es apurar una compresión del riesgo país, que viene mostrando resistencia a perforar la zona de los 600 puntos básicos.

A esta colocación del Bonar 29 se sumará un financiamiento de bancos internacionales que ofrecieron (según Caputo) hasta USD 7.000 millones de fondos frescos. La cifra es creíble. Santa Fe tuvo una demanda de USD 1.800 millones en el bono internacional que colocó esta semana y finalmente terminó adjudicando USD 800 millones.

El FMI insiste: acumular reservas

Esta semana volvió el reclamo del FMI para que el Gobierno empiece a acumular reservas. Se trata del talón de Aquiles del Gobierno, que sigue demasiado expuesto a cualquier crisis o cambio de humor en los mercados. Caputo aseguró que el Banco Central podría comprar un piso de USD 7.000 millones el año que viene contra emisión de pesos como parte del proceso de remonetización de la economía.

Sin embargo, la forma de asegurar que esos dólares se acumulen en las reservas es consiguiendo financiamiento por otra vía, sobre todo la colocación de deuda en los mercados. El próximo objetivo en esa dirección es que el riesgo país se desplome hasta la zona de 450 puntos básicos. Aún en esos niveles estaría por encima de lo que rinden los bonos de casi todos los países de la región, excluyendo a Venezuela.

La tranquilidad cambiaria abrió paso a un desplome de las tasas de interés. Primero lo hicieron con lentitud tras las elecciones legislativas y ahora esa disminución tomó más velocidad. Algunos bancos líderes ya están pagando tasas de solo 21% o 22% anual en pesos, cuando venían de niveles superiores al 45%.

También cayeron las tasas de corto plazo para empresas, especialmente descuento de cheques o adelantos en cuenta corriente, a niveles ya cercanos al 30%. La expectativa es que el repunte del crédito y la baja de tasas impulse aunque sea marginalmente la recuperación de la actividad.

La inflación como límite

La reticencia del Gobierno para poner en marcha el plan de compra de dólares se entiende al observar la marcha de los precios en las últimas semanas.

Consultoras como Econviews y LCG midieron significativos incrementos en alimentos y bebidas en la primera semana de diciembre, en línea con lo que sucedió a lo largo de noviembre. Con estos incrementos, la suba de las últimas cuatro semanas se acerca al 4%. Y esto le pone un piso al índice general de diciembre cómodamente por encima del 2%.

Las consultoras que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado, sin embargo, se mantienen optimistas en relación a la evolución futura de los precios. Proyectaron que a partir de enero volverá a niveles debajo del 2% para descender hasta 1,5% en mayo, es decir volver un año después al piso que tocó justamente en mayo de este año.

Al anunciar su candidatura, Flávio afirmó que "cumplirá la misión" de ser candidato en octubre de 2026 para dar continuidad al "proyecto de nación" de su padre, quien lleva 10 días cumplidos de una condena de 27 años de cárcel por golpe de Estado.

"Es con gran responsabilidad que confirmo la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de conferirme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación," declaró el primogénito del exmandatario en un mensaje en las redes sociales.

En ese mensaje, Flávio habló de la inseguridad pública causada por "narcoterroristas" y del "saqueo" de las empresas estatales; y criticó la alta carga de impuestos y la falta de expectativas para la juventud.

El senador y ahora precandidato recibió el respaldo de la cúpula del Partido Liberal (PL), la formación de extrema derecha que lidera su padre y que cuenta con la mayor bancada en el Legislativo, y también de sus hermanos y de la mujer de su padre, Michelle Bolsonaro, quien en los últimos días ha mostrado una voz propia dentro del clan.

El anuncio despeja las dudas en la derecha más radical de cara a los comicios de 2026, en las cuales Lula volverá a ser candidato a un cuarto mandato, encabezando las fuerzas progresistas.

De este modo, podría repetirse el escenario de 2022, los comicios más polarizados y reñidos de la historia reciente del país, en los que los brasileños votaron en una segunda vuelta entre dos candidatos con los mismos apellidos, Lula y Bolsonaro.

Tras esas elecciones, en las que Lula se impuso por una pequeña diferencia de 1,8 puntos porcentuales, Bolsonaro trató de convencer a la cúpula militar para embarcarse en un golpe de Estado, unos hechos por los que acaba de ser condenado a 27 años de cárcel, que cumple en una celda de la Superintendencia de la Policía Federal, en Brasilia.

Los sondeos publicados hasta ahora sitúan a Lula en franca ventaja ante cualquier posible candidato de derechas de cara a los comicios del próximo octubre, pero pocas de esas encuestas barajaban a Flávio como el posible abanderado de las fuertes de la derecha.

Entre el ramillete de opciones, el nombre con más fuerza era el del gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, un exministro del Gobierno de Bolsonaro que goza del apoyo del mercado financiero y quien de momento no había aclarado si pretendía aspirar al palacio presidencial o a su reelección al frente del ejecutivo regional.

De momento, Freitas no se ha manifestado públicamente tras el anuncio de la candidatura de Flávio Bolsonaro.

El mercado financiero, que se siente más a gusto con un perfil más económico como el de Freitas, dirigió mal la noticia de la candidatura de Flávio Bolsonaro.

La Bolsa de São Paulo, que encadenaba récords consecutivos, se hundió un 4,31 % y el dólar rebotó un 2,31 % frente al real brasileño.

La candidatura tampoco fue recibida con apoyo unánime de las fuerzas de centro y derecha. El conservador Ronaldo Caiado, gobernador del estado de Goiás y quien desde hace meses lanzó su candidatura presidencial, adelantó que se mantendrá en la disputa.

Sin embargo, sí recibió un apoyo relevante, el de Michelle Bolsonaro, ex primera dama y quien tuvo un rifirrafe público con los hijos del patriarca familiar a comienzos de esta semana por diferencias en relación a candidaturas regionales para las elecciones de 2026.

Ya desde la izquierda, la noticia se recibió como algo "previsible", en palabras del diputado Lindbergh Farias, líder del Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara baja.

"Saben que es prácticamente imposible derrotar a Lula, pero quieren mantener el protagonismo de la oposición para el futuro", afirmó Farias en las redes sociales.

São Paulo, 5 dic (EFE).- El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, afirmó este viernes que no va a quedar "de brazos cruzados" y "cumplirá la misión" de ser candidato a la presidencia de Brasil en octubre de 2026.

A través de una publicación en sus redes sociales con tono de crítica al actual Gobierno y un fuerte contenido religioso, el senador del Partido Liberal (PL) ratificó la decisión de su padre de señalarlo como sucesor para dar continuidad a su "proyecto de nación".

"Es con gran responsabilidad que confirmo la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de conferirme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación," declaró el primogénito del exmandatario y líder de la extrema derecha brasileña.

El anuncio formalizó la estrategia de la derecha para las próximas elecciones, en medio de la prisión y la inhabilitación política de Jair Bolsonaro.

En su mensaje, el senador enumeró una serie de problemas que, según él, aquejan al país bajo la actual administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y apuntó directamente a la corrupción y la falta de seguridad.

"Nuestro país atraviesa momentos difíciles, en los que muchos se sienten abandonados, los jubilados son robados por el propio gobierno, los narcoterroristas dominan las ciudades y explotan a los trabajadores, las empresas estatales vuelven a ser saqueadas, no dejan de crearse o aumentarse nuevos impuestos, y nuestros hijos no tienen expectativas de futuro", escribió.

Asimismo, manifestó que no va a "quedar de brazos cruzados" viendo "cómo la esperanza de las familias se apaga" y cómo "sucumbe" la democracia brasileña.

El discurso culminó con un mensaje de fe, característico de la retórica política conservadora brasileña, en el que enfatizó la importancia de su misión.

"Creo en un Dios que no abandona a nuestra nación", sentenció y dijo que confía en que Dios "irá al frente, abriendo puertas, derrumbando murallas y guiando cada paso de esta jornada".

El anuncio de Flávio Bolsonaro, considerado por analistas como uno de los hijos más moderados del expresidente, se produjo en un momento de intensas negociaciones en el campo de la derecha, en el que se barajaban varios nombres, como el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o incluso la ex primera dama, Michelle Bolsonaro.

Brasilia, 5 dic (EFE).- El senador Flávio Bolsonaro, elegido por su padre, el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, como candidato a la Presidencia, es el hijo más "moderado" de una radical familia de extrema derecha que intentará reconquistar el poder en las elecciones de 2026.

El expresidente eligió a su hijo mayor como candidato presidencial desde la celda de 12 metros cuadrados que ocupa en unas dependencias de la Policía Federal en Brasilia, donde cumple una condena a 27 años de prisión por haber intentado impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022.

Lula, el dirigente progresista más relevante de la historia de Brasil, quien gobernó entre 2003 y 2010 en dos períodos consecutivos y volvió al poder tras derrotar a Bolsonaro, buscará su cuarto mandato en 2026 y desde ya Flávio se perfila como su máximo rival.

El primogénito de Bolsonaro tiene 44 años, es abogado, pero ha dedicado su vida a la política, en la que comenzó en 2003, cuando fue elegido diputado en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.

Es fruto del primer matrimonio de Bolsonaro y mantiene serias diferencias políticas con la actual esposa de su padre, Michelle, quien también tiene sus apetitos y llegó a insinuar una candidatura a la Presidencia que ahora será de Flávio.

Bolsonaro suele referirse a sus hijos con números, según el orden de en que nacieron. Flavio es "01" y fue el primero que entró en política. En 2016 fue candidato a alcalde de Río de Janeiro, sin ningún éxito. Cuarto lugar, con unos 400.000 votos que representaron un 14 % del total.

Para ese momento, su padre todavía no tenía ninguna influencia en la política nacional. Sin embargo, eso cambió a partir de 2018, cuando Bolsonaro surgió como líder de una emergente y radical extrema derecha que le llevó a la Presidencia e impulsó a sus hijos Flávio y Eduardo.

El ahora candidato presidencial fue elegido senador por Río de Janeiro con 4,3 millones de votos. Su hermano Eduardo, hoy en el exilio en EE.UU. huyendo de la justicia, fue elegido diputado.

Igual que su padre y sus tres hermanos dedicados a la política, Flávio Bolsonaro ha lidiado con problemas judiciales. Entre otros delitos, ha sido investigado por lavado de dinero, asociación ilícita y malversación, pero los procesos han sido archivados por diversas razones.

Entre las sospechas, contratar funcionarios "fantasmas" para sus despachos legislativos a fin de apropiarse de los sueldos y lavado de dinero a través de una tienda de chocolate que tenía en Río de Janeiro y le permitió comprar, siempre en efectivo, una veintena de apartamentos en Río de Janeiro en unos pocos años.

Su último problema, la compra de una mansión en Brasilia, valorada en seis millones de dólares y en la que vive con su esposa, la odontóloga Fernanda Antunes Figueira, con quien tiene dos hijas.

Su actuación en el Senado siempre fue discreta, hasta que su padre cayó en desgracia y, sobre todo, desde que fue a prisión. Con su hermano Eduardo en el exilio, Flávio asumió el papel de portavoz de la familia en defensa del expresidente.

Pasó a tener entonces un rol más preponderante en el Partido Liberal (PL), que ahora ha acatado la decisión tomada por el expresidente Bolsonaro y lo ha aceptado como abanderado para 2026.

Como su padre, Flávio es promotor de un Estado mínimo, de un combate sin cuartel contra la delincuencia y de la liberación de la venta de armas, así como ve la hoz y el martillo en todos quienes se le oponen, a los que no duda en tildar de "comunistas".

En su rol de candidato, tendrá la misión de unir al arco de derechas, que va desde los conservadores más tradicionales que no aceptan el radicalismo bolsonarista, hasta la ultraderecha autoritaria que todavía tiene como gran líder a Jair Bolsonaro.

Pero la principal oferta de su plataforma de campaña será sin duda un indulto que libre de la prisión a su padre y a todos los condenados por el intento de golpe de Estado de 2022, una iniciativa que intentó promover en el Parlamento y fue bloqueada por la derecha más tradicional, que domina las cámaras legislativas.

Eduardo Davis

El Supremo Tribunal Federal ordenó que el expresidente ingrese en prisión tras ser hallado culpable de conspirar para mantenerse en el poder después de perder las últimas elecciones.

El Supremo Tribunal de Brasil ordenó el martes al expresidente Jair Bolsonaro comenzar a cumplir una condena de 27 años por haber dirigido un complot fallido para aferrarse al poder tras perder las últimas elecciones del país.

Después de que el máximo tribunal de la nación rechazara una apelación inicial de los abogados de Bolsonaro que impugnaba su condena, el tribunal dictaminó que deberá comenzar a cumplirla en un centro de la policía federal en Brasilia, la capital.

El fallo del tribunal culminó un esfuerzo de varios años por responsabilizar a Bolsonaro por su papel en un complot de gran alcance para anular los resultados de las elecciones de 2022 y permanecer en el poder después de su derrota en las urnas.

El caso se convirtió en una dura prueba para la joven democracia brasileña después de que el presidente Trump intentara ayudar a su aliado político al imponer aranceles y sanciones punitivas en un intento por presionar a Brasil para que abandonara el proceso. Pero las autoridades brasileñas no cedieron y Trump parece haber pasado página.

Bolsonaro ya está bajo custodia en las dependencias de la policía federal. Fue detenido el sábado después de decirles a los agentes que había aplicado un soldador al monitor de tobillo que rastreaba sus movimientos durante el arresto domiciliario, lo que despertó sospechas de que intentaba huir. Bolsonaro culpó a sus medicamentos de causarle "alucinaciones" y "paranoia" de que el dispositivo pudiera usarse para espiarlo.

Los abogados de Bolsonaro no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

El equipo de defensa del expresidente había pedido al tribunal que le permitiera cumplir la pena en su domicilio debido a problemas de salud asociados a complicaciones de un apuñalamiento sufrido en 2018.

El tribunal rechazó la solicitud después de que Bolsonaro manipulara su monitor de tobillo. Ahora que Bolsonaro comienza a cumplir su condena, su defensa podría volver a intentarlo y presentar pruebas médicas que respalden su argumento.

En septiembre, el Supremo Tribunal de Brasil condenó a Bolsonaro y a siete de sus aliados por organizar una vasta conspiración para anular las elecciones de 2022 y asesinar al ganador, Luiz Inácio Lula da Silva, antes de que asumiera la presidencia.

Bolsonaro ha estado bajo arresto domiciliario desde agosto, vigilado de cerca por la policía porque el juez del Supremo Tribunal que supervisa el caso consideró que existía riesgo de fuga.

Los analistas prevén que Bolsonaro permanezca poco tiempo en prisión antes de que el Supremo Tribunal finalmente le permita cumplir el resto de la condena en su casa, aunque aún no está claro cuánto tiempo pasará tras las rejas.

El equipo de defensa de Bolsonaro ha alegado que su precaria salud --que incluye frecuentes ataques de hipo y vómitos-- "hace imposible su permanencia segura en un entorno carcelario", ya que necesita atención médica constante.

"Debe cumplir la condena que recibió", dijo Antonio Carlos de Almeida Castro, abogado brasileño veterano que ha defendido a políticos y magnates empresariales. "Pero dado que parece estar muy enfermo, podría tener derecho al arresto domiciliario".

No es la primera vez que un expresidente brasileño se enfrenta a la cárcel. Lula, quien gobernó entre 2003 y 2010, fue condenado en 2017 a más de una década de prisión por recibir sobornos de una constructora, aunque su condena fue posteriormente anulada y quedó en libertad tras cumplir 580 días de prisión.

A principios de este año, otro expresidente, Fernando Collor, quien gobernó el país entre 1990 y 1992, comenzó a cumplir una condena de casi nueve años por corrupción, aunque fue trasladado a arresto domiciliario tras poco más de una semana debido a su estado de salud.

La condena contra Bolsonaro se basó en abundantes pruebas de que él y su círculo cercano pasaron meses minando la confianza de los votantes en el sistema electoral de Brasil y que, después de perder por un estrecho margen frente a Lula, intentaron mantenerlo en el poder.

Los planes incluían disolver al Supremo Tribunal, anular el resultado de las elecciones y otorgar a los militares amplios poderes. Además de planear el asesinato de Lula, los fiscales afirmaron que la conspiración también contemplaba matar a un magistrado del Supremo Tribunal que había supervisado el caso de Bolsonaro.

Bolsonaro negó las acusaciones y dijo que no tenía conocimiento de ningún plan de asesinato. Sostuvo que había buscado vías dentro de la Constitución brasileña para corregir lo que, según él, había sido una elección robada, aunque una revisión realizada por las Fuerzas Armadas no encontró pruebas de fraude electoral.

Tras la llegada de Lula a la presidencia, simpatizantes de Bolsonaro irrumpieron en edificios gubernamentales en enero de 2023, un alboroto destructivo que evocó el ataque al Capitolio estadounidense dos años antes.

Incluso mientras estaba en prisión, los aliados de Bolsonaro siguieron confiando en un intento vacilante de sus aliados políticos de aprobar en el Congreso de Brasil un proyecto de ley que lo absolviera.

Sus partidarios afirman que el proceso contra Bolsonaro fue un intento de poner fin a su carrera política y mantenerlo fuera de las elecciones presidenciales del próximo año. A pesar de sus problemas legales, el expresidente aún es una figura de peso en la derecha política brasileña.

Aun así, Bolsonaro no puede ser candidato en las elecciones presidenciales del año que viene debido a un fallo separado emitido por otro tribunal. Y su condena y encarcelamiento por la trama golpista implica que quedará inhabilitado de forma permanente para ocupar cargos públicos, conforme a la Constitución brasileña.

Lis Moriconi colaboró con investigación.

Ana Ionova es una colaboradora del Times que vive en Río de Janeiro y cubre Brasil y países vecinos.

Lis Moriconi colaboró con investigación.

Poco antes de que empezara a cumplir una condena de 27 años, el expresidente de Brasil utilizó un soldador en su dispositivo de seguimiento.

La alerta de emergencia llegó a la policía brasileña a las 12:07 a. m. del sábado: el monitor de tobillo del expresidente había sido manipulado.

Los agentes entraron en la casa del expresidente Jair Bolsonaro y encontraron el monitor electrónico carbonizado y destrozado, pero todavía sujeto.

No había sido un incendio ni un accidente. En lugar de eso, Bolsonaro había quemado el dispositivo que seguía todos sus movimientos, según declaró a la policía, días antes de que empezara a cumplir una condena de 27 años de prisión por intentar dar un golpe de Estado.

Bolsonaro, de 70 años, no intentaba huir, dijeron sus hijos, aliados y abogados. Más bien, se sentía indispuesto debido a sus medicamentos.

"Bolsonaro no tendría forma de escapar", dijo Paulo Cunha Bueno, una de sus abogadas, a los periodistas fuera de las instalaciones policiales donde Bolsonaro está detenido en Brasilia, la capital. El expresidente, añadió Bueno, "es un hombre mayor que sufre graves problemas de salud".

En un primer momento, Bolsonaro dijo a la policía que se había golpeado el monitor del tobillo, lo que hizo que fallara, según un informe de la autoridad penitenciaria de la región de la capital.

Pero cuando un agente que se encontraba en el lugar le preguntó por las marcas de quemaduras del dispositivo, Bolsonaro admitió haber utilizado un soldador para intentar fundirlo. En un video de la conversación difundido por las autoridades, se oye a Bolsonaro decir al agente que había empezado a quemar el monitor horas antes.

Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó entonces la detención de Bolsonaro ante la sospecha de que pretendía fugarse de la vivienda en la que había estado bajo arresto domiciliario desde agosto.

En la orden de detención del sábado, el juez Alexandre de Moraes, quien supervisó el caso, dijo que las autoridades habían agotado todas las opciones cautelares.

Los abogados de Bolsonaro no respondieron a las peticiones de comentarios sobre su detención.

En las semanas previas a su detención, se especuló mucho sobre cuándo comenzaría Bolsonaro a cumplir la condena dictada por el Supremo Tribunal en septiembre, tras ser declarado culpable de supervisar un complot para aferrarse al poder cuando perdió las elecciones presidenciales de 2022.

Permaneció bajo arresto domiciliario mientras un grupo de jueces sopesaba las impugnaciones presentadas por sus abogados. Este mes, el tribunal rechazó las apelaciones.

Un día antes del episodio del monitor de tobillo, sus abogados habían pedido al tribunal que Bolsonaro cumpliera su condena en casa debido a problemas de salud, que él atribuye a complicaciones derivadas de un ataque con arma blanca en 2018.

Su mal estado de salud, que incluye ataques frecuentes de hipo y vómitos, "hace imposible que su estancia sea segura en un entorno carcelario", dijo su defensa en las redes sociales.

El sábado, tras la detención de Bolsonaro, el tribunal rechazó esa petición de arresto domiciliario. Pero una vez que empiece a cumplir su condena, su equipo de defensa podría intentarlo de nuevo, mediante la presentación de evidencia médica para apoyar su argumento.

Se había planeado una concentración de partidarios de Bolsonaro afuera de su domicilio el sábado. Dañar el monitor de tobillo, escribió De Moraes, apuntaba a su intención de escapar entonces, "facilitada por el tumulto causado por la manifestación".

En una audiencia celebrada el domingo, Bolsonaro dijo al tribunal que había quemado el monitor de tobillo porque sus medicamentos le habían provocado "alucinaciones" y "paranoia" de que el dispositivo pudiera utilizarse para espiar.

La preocupación de que Bolsonaro pueda huir antes de rendir cuentas por la fallida conspiración golpista no es nueva.

Después de una redada policial el año pasado dirigida contra él y su círculo más cercano, Bolsonaro parecía estar haciendo planes para solicitar asilo en Argentina, dijo la policía, aunque no está claro si llegó a hacerlo.

Días después de la redada policial, Bolsonaro pasó dos noches en la embajada de Hungría en Brasil, en un aparente intento de obtener asilo en un país dirigido por un aliado de derecha, el primer ministro Viktor Orbán.

Y este año, uno de los hijos de Bolsonaro, que vive en Estados Unidos, presionó al presidente Donald Trump para que ayudara a su padre, lo que suscitó temores de que Bolsonaro pudiera huir allí.

La condena de Bolsonaro se basó en abundantes pruebas de que él y su círculo más cercano habían socavado la confianza de los votantes en los sistemas electorales de Brasil y, después de perder por un margen estrecho las elecciones frente a Luiz Inácio Lula da Silva, habían intentado mantenerlo en el poder.

Sus planes incluían disolver el Supremo Tribunal, anular el resultado de las elecciones y otorgar amplios poderes a los militares. Los fiscales también acusaron a Bolsonaro y a sus aliados de conspirar para asesinar a enemigos percibidos, incluido Lula.

Cuando el plan fracasó, los partidarios de Bolsonaro asaltaron edificios gubernamentales en un episodio destructivo que recordó a los disturbios del Capitolio estadounidense del 6 de enero de 2021.

Bolsonaro ha insistido en su inocencia y ha afirmado que había buscado vías dentro de la Constitución de Brasil para corregir lo que él afirmaba, sin pruebas, que habían sido unas elecciones robadas.

El sábado por la noche, sus partidarios se reunieron para la manifestación frente a su casa. Algunos coreaban "amnistía", en referencia al intento vacilante de los aliados de Bolsonaro de aprobar un proyecto de ley que lo absolviera.

El hijo del expresidente, Flávio Bolsonaro, senador brasileño, pidió a los congregados que rezaran por su padre y mantuvieran la esperanza. "Tengan fe", dijo a la multitud. "La luz llega después de la hora más oscura".

Ana Ionova es una colaboradora del Times que vive en Río de Janeiro y cubre Brasil y países vecinos.

La detención se produjo días antes de que se ordenara al expresidente el inicio de una condena de 27 años de prisión por planear un golpe de Estado fallido.

La policía de Brasil detuvo el sábado al expresidente Jair Bolsonaro ante el temor de que pudiera escapar del arresto domiciliario para evitar cumplir una condena de 27 años de prisión por una conspiración fallida para cometer un golpe de Estado, según una orden judicial brasileña.

Bolsonaro, político de derecha que dirigió Brasil de 2019 a 2022, fue condenado en septiembre tras ser declarado culpable de liderar un plan para aferrarse al poder tras perder su intento de reelección.

Las autoridades brasileñas vigilaban estrechamente a Bolsonaro, quien llevaba un monitor de tobillo desde agosto en su domicilio de Brasilia, la capital. Alexandre de Moraes, magistrado del Supremo Tribunal Federal que supervisa el caso, había considerado que existía riesgo de fuga.

Bolsonaro no había comenzado a cumplir su condena porque el tribunal, hasta hace poco, estaba revisando sus apelaciones.

Fue detenido por agentes de la policía federal el sábado por la mañana. Se trataba de una medida preventiva para proteger su seguridad y mantener el orden público antes de una manifestación planeada por sus partidarios frente a su domicilio, según un alto cargo policial con conocimiento directo de la situación, quien habló de forma anónima para comentar un caso confidencial.

Una orden del Supremo Tribunal que autorizaba la detención, a la cual tuvo acceso The New York Times, afirmaba que el monitor electrónico de tobillo de Bolsonaro había sido manipulado poco después de la medianoche del sábado. La manipulación, decía la orden judicial, demostraba que Bolsonaro pretendía romper su monitor de tobillo y escapar, "facilitado por el tumulto provocado por la manifestación".

Los abogados de Bolsonaro no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

En agosto, la policía dijo que se había incautado un documento que sugería que Bolsonaro había planeado solicitar asilo en Argentina el año pasado, poco después de que las autoridades llevaran a cabo una amplia operación contra el expresidente, confiscaran su pasaporte y detuvieran a algunos de sus aliados cercanos.

Días después de esa operación, Bolsonaro pasó dos noches en la embajada de Hungría en Brasil, en un aparente intento de obtener asilo en un país dirigido por un aliado de derecha, el primer ministro Viktor Orbán. En una entrevista a principios de año, Bolsonaro se negó a explicar por qué había dormido en la embajada.

La detención del sábado se produjo apenas unos días antes de que el Supremo Tribunal de Brasil tuviera previsto ordenar que comenzara a cumplir su condena.

Los abogados de Bolsonaro habían pedido al tribunal que le permitiera cumplirla en casa debido a problemas de salud, que él atribuyó a complicaciones derivadas de un ataque con arma blanca durante la campaña electoral de 2018.

La condena de Bolsonaro se basó en multitud de pruebas que demostraban que él y su círculo íntimo habían pasado meses socavando la confianza de los votantes en los sistemas electorales de Brasil y luego, después de que perdiera por un estrecho margen la votación frente a Luiz Inácio Lula da Silva, habían intentado mantenerlo en el poder.

Esos planes preveían disolver el Supremo Tribunal, anular el resultado de las elecciones y otorgar amplios poderes a los militares. Los fiscales también acusaron a Bolsonaro y a sus aliados de conspirar para asesinar a supuestos enemigos, entre ellos Lula, su compañero de fórmula y un juez del Supremo Tribunal que había abierto varias investigaciones sobre Bolsonaro.

Finalmente, fue condenado por planear un golpe de Estado, socavar violentamente la democracia y formar parte de una organización criminal armada, entre otros delitos.

Bolsonaro siempre ha negado las acusaciones y ha afirmado que no tenía conocimiento de ningún plan de asesinato. Dijo que buscó vías dentro de la Constitución de Brasil para corregir lo que, según él, fueron unas elecciones robadas, aunque una revisión realizada por el ejército brasileño no encontró pruebas de fraude electoral.

Leonardo Coelho colaboró con reportería.

Ana Ionova es una colaboradora del Times que vive en Río de Janeiro y cubre Brasil y países vecinos.

Leonardo Coelho colaboró con reportería.

Tres de los hijos de Jair Bolsonaro cargaron este sábado con dureza contra Alexandre de Moraes, el juez de la Corte Suprema que dictó la orden de prisión preventiva del ex presidente brasileño, al acusarlo de querer “matar” a su padre.

“El objetivo de Alexandre de Moraes es bien simple: matar a mi padre”, escribió en sus redes sociales el diputado Eduardo Bolsonaro en un extenso mensaje en el que tachó al magistrado de “psicópata”.

Eduardo se encuentra desde marzo pasado en Estados Unidos, donde ha mantenido reuniones con representantes del Gobierno de Donald Trump en busca de ayuda para intentar tumbar el proceso por el cual el ex mandatario fue condenado a 27 años de cárcel por golpismo.

El Supremo ya imputó al legislador por su actuación en EEUU, que se tradujo en aranceles del 50% sobre los productos brasileños, la revocación de los visados a varios jueces del alto tribunal y funcionarios del Ejecutivo, y sanciones financieras contra De Moraes.

“Cualquier régimen de excepción busca eliminar físicamente a sus disidentes; Alexandre de Moraes simplemente sigue el ejemplo de todos los tiranos psicópatas que lo precedieron”, expresó Eduardo.

“Nada de esto nos hará retroceder ni rendirnos. El martirio de mi padre solo encenderá la llama de la justicia en nuestros corazones. Todos los involucrados en el actual intento de Alexandre de Moraes de asesinar a mi padre rendirán cuentas”, prometió.

En la misma línea, el senador Flávio Bolsonaro manifestó que su padre “nunca hizo nada malo” y que la prisión preventiva se basa en una decisión judicial “frágil” construida a partir de “hipótesis”.

“¡Si le pasa alguna cosa, Alexandre de Moraes, es culpa tuya! ¡Si mi padre muere allí dentro, la culpa es tuya! ¡¿Quiere matar a Bolsonaro, Alexandre de Moraes?!”, exclamó en un directo en redes sociales que finalizó entre lágrimas mientras pronunciaba una oración.

Por su parte, el concejal de Río de Janeiro Carlos Bolsonaro insinuó que los problemas judiciales del ex gobernante, quien también está inhabilitado para cargos electivos, forman parte de un plan para acabar con su carrera política y disipar el movimiento de extrema derecha que encabeza en el país.

“El objetivo no cambia: quieren a Jair Bolsonaro enterrado vivo. O muerto, como ya intentaron”, aseguró.

El ex jefe de Estado (2019-2022) fue detenido preventivamente este sábado en su residencia de Brasilia, donde desde el pasado 4 de agosto cumplía prisión domiciliaria por incumplir varias medidas cautelares impuestas en el marco de la causa de golpismo.

Un equipo de agentes condujeron al ex gobernante hasta la sede de la Superintendencia de la Policía Federal de Brasilia, donde permanecerá bajo custodia hasta nueva orden.

Su arresto se produjo en vísperas de que el Supremo ordene la ejecución de su condena de 27 años y tres meses por su papel en la trama que intentó revertir el resultado de las elecciones de 2022.

El Supremo Tribunal Federal lo consideró responsable de “liderar” un plan para desconocer la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva. El proceso reunió registros de reuniones con altos mandos militares, discursos que cuestionaron sin pruebas el sistema de voto electrónico y documentos que describieron escenarios para activar un Estado de Sitio sin base constitucional.

El juez Moraes fundamenta la prisión preventiva en tres hechos recientes. Primero, la convocatoria de Flávio Bolsonaro a una “vigilia por la salud de Bolsonaro y la libertad de Brasil”. La Policía Federal advierte que un tumulto cerca de la vivienda podía facilitar una fuga. Segundo, la ruptura registrada de la tobillera electrónica a la madrugada del sábado. El magistrado interpreta el episodio como una señal de intento de evasión. Tercero, la fuga de Alexandre Ramagem, exdirector de Inteligencia y condenado por golpismo, que escapa desde Roraima hacia Estados Unidos.

La justicia menciona además la proximidad entre la casa de Bolsonaro y la zona de embajadas, incluida la de Estados Unidos.

La Corte Suprema de Brasil publicó este miércoles la sentencia del juicio en que el ex presidente Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por golpismo y abrió el plazo para las posibles apelaciones.

A partir de la publicación, la defensa del líder de la extrema derecha y de otros siete condenados tienen un plazo de cinco días para presentar la primera de las apelaciones posibles, que se limita a cuestiones de forma y de redacción, pero no del mérito de la condena.

Ese primer recurso, según el proceso penal brasileño, no modificaría la sentencia, dictada el pasado 11 de septiembre, que sí podría ser contestada por medio de una segunda apelación, que pudiera ser presentada en un plazo de quince días.

No obstante, este segundo recurso está en principio descartado, ya que la tradición de la Corte Suprema indica que es rechazado cuando la sentencia es dictada por una amplia mayoría, que en el caso de Bolsonaro fue por cuatro votos a uno.

La Primera Sala del tribunal, responsable del proceso, no tiene plazos legales para responder a las posibles apelaciones, aunque no suele demorar en ese trámite, que es el último y definitivo del proceso.

Una vez que sean juzgados los recursos, la corte deberá ordenar la ejecución de las sentencias y definir dónde serán cumplidas.

En el caso de Bolsonaro, de 70 años, se encuentra en prisión domiciliaria en su residencia de Brasilia desde agosto pasado, una condición que sus abogados ya han anticipado que intentarán mantener, alegando motivos de salud.

El ultraderechista niega haber cometido algún delito. Fue condenado por intentar un golpe de Estado tras perder la contienda de 2022 contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en un complot que, según los fiscales, incluía planes para asesinar a su contrincante. Fue declarado culpable de otros cargos, entre ellos, participar en una organización criminal armada e intento de abolición violenta del Estado de derecho democrático.

Los coconspiradores de Bolsonaro, todos ellos ex funcionarios, también fueron sentenciados por su participación en el intento de golpe de Estado.

El juicio fue noticia a nivel mundial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un arancel del 50% a los bienes importados de Brasil y mencionó, en parte, el caso de Bolsonaro, al que llamó una “cacería de brujas”.

Eso provocó un fuerte deterioro en las relaciones entre Estados Unidos y Brasil, descrito por expertos como el punto más bajo en sus más de 200 años de historia.

Las relaciones han mejorado. Lula y Trump hablaron por teléfono y podrían reunirse este fin de semana en Malasia en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés).

La primera conversación entre Trump y Lula ocurrió en la Asamblea General de la ONU el mes pasado, donde se abrió un canal de negociación comercial para reducir las fricciones bilaterales. A principios de mes, mantuvieron una llamada telefónica de media hora.

La cita marcará un momento relevante dentro de la agenda bilateral, resultado de semanas de diálogo directo entre los dos gobiernos.

(Con información de EFE y AP)

La sexóloga Flavia Dos Santos, figura reconocida en programas como Día a Día, Agenda en Tacones y Mujeres Sin Filtro, compartió su reacción tras la noticia sobre la condena judicial que recayó sobre el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

La especialista, que cuenta con una audiencia de 1,8 millones de seguidores en su perfil de Instagram, manifestó públicamente su satisfacción ante la decisión del más alto tribunal brasileño, generando amplia repercusión entre sus seguidores y medios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Fallo contra Jair Bolsonaro

La reciente resolución judicial establece que Jair Bolsonaro deberá enfrentar 27 años y 3 meses de prisión, una condena impuesta por el Supremo Tribunal Federal de Brasil bajo la dirección del ministro Alexander de Moraes. Las sanciones provienen de diversos delitos relacionados con la presunta planificación de un golpe de Estado contra el actual presidente, Lula da Silva.

De acuerdo con la sentencia formal, a Bolsonaro se le suman 24 años y 9 meses de prisión a otros dos años y seis meses de detención —este último régimen se interpreta como una pena menos restrictiva que la prisión ordinaria—, junto a una multa calculada en 124 días, donde cada día equivale a un salario mínimo en Brasil.

En el documento emitido por las autoridades judiciales, se especifica: “En total, habiendo concedido todas las penas anteriormente establecidas y dada la existencia, como reconoció la mayoría del panel, de la concurrencia material de delitos, prevista en el artículo 69 del Código Penal, que determina la suma de las penas, establezco la pena definitiva para el acusado Jair Messias Bolsonaro en 27 años y 3 meses, compuesta por 24 años y 9 meses de prisión y dos años y 6 meses de detención, además de una multa de 124 días, cada una equivalente a un salario mínimo”.

Así reaccionó Flavia Dos Santos desde Colombia

Ante la magnitud del fallo, Flavia Dos Santos compartió una breve, pero contundente reacción a través de una historia en su red social, en la que superpone la noticia con la expresión: “Por fin”, junto con la bandera de Brasil y acompañado con la imagen de Bolsonaro en el fondo. La sexóloga, que forma parte de influyentes plataformas mediáticas en Colombia, expuso así su postura frente a un acontecimiento que marcó profundamente el ámbito político y judicial del país carioca.

La reacción de Dos Santos no pasó inadvertida, considerando que la condena a Jair Bolsonaro representa una de las decisiones judiciales más severas tomadas contra un exmandatario brasileño en años recientes. La acusación se centró en supuestos delitos cometidos al intentar desestabilizar el actual gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, acto calificado en la sentencia como un atentado directo contra la estabilidad institucional y democrática del país sudamericano.

Hay que resaltarque el proceso legal se basó en la acumulación de pruebas presentadas a lo largo de varias audiencias, donde la fiscalía sostuvo que el exlíder planificó y promovió acciones destinadas a impedir la continuidad constitucional tras su derrota electoral. Según el fallo, estos actos constituyeron una infracción grave del Código Penal brasileño, específicamente lo estipulado en el artículo 69 sobre concurrencia material de delitos, justificación legal para la acumulación de penas.

Mientras la noticia generó respuestas polarizadas entre los simpatizantes y opositores de Jair Bolsonaro, la manifestación pública de figuras como Flavia Dos Santos puso en evidencia el impacto social de la condena. La sexóloga, de origen brasileño y residente en Colombia, mantiene una presencia constante en debates de opinión pública y programas de contenido social y educativo, lo que llevó a que su punto de vista concentrara la atención de su amplia comunidad digital.

El ex presidente Jair Bolsonaro se convirtió este jueves en el tercer ex jefe de Estado de Brasil condenado por la Justicia, al ser sentenciado a 27 años y tres meses de cárcel por golpismo.

El líder de la ultraderecha, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022, tendrá que cumplir condena por haber conspirado contra el orden democrático tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

Estos son los otros dos presidentes brasileños que fueron condenados:

Luiz Inácio Lula da Silva

Ejerce actualmente su tercer mandato tras haber gobernado Brasil entre 2003 y 2010.

Fue condenado en dos procesos por corrupción asociados a sendas constructoras implicadas en la operación Lava Jato, el primero en 2017 y el segundo en 2019.

Fue condenado inicialmente a penas de siete y doce años de cárcel, aunque en instancias superiores esos tiempos se revisaron varias veces. Finalmente, el Tribunal Supremo anuló ambos procesos en 2021 por fallos procesales.

Lula pasó 580 días de reclusión en el calabozo de la Policía Federal en Curitiba. Fue puesto en libertad en noviembre de 2019 porque el Tribunal Supremo le permitió apelar en libertad.

Fernando Collor

Jefe de Estado entre 1990 y 1992.

Fue condenado en 2023 por el Tribunal Supremo a ocho años y diez meses de prisión por corrupción y lavado de dinero por su complicidad en el desvío de recursos de la distribuidora de combustibles estatal BR.

Debido a su edad (76 años) y sus problemas de salud, la corte le concedió el beneficio del arresto domiciliario, que cumple desde el pasado abril en su mansión en la ciudad de Maceió.

Ex presidentes latinoamericanos con causas penales

El caso de Bolsonaro se suma a la larga lista de ex presidente latinoamericanos condenados o procesados penalmente.

A continuación, una relación de los principales ex mandatarios latinoamericanos condenados o con causas penales:

Colombia

Álvaro Uribe, de 73 años, se convirtió el pasado 28 de julio en el primer ex presidente colombiano condenado penalmente. Una jueza le impuso 12 años de prisión domiciliaria y ordenó su detención inmediata, pero un tribunal aceptó un recurso de su defensa y, días después, le concedió la libertad mientras se resuelve en segunda instancia la apelación.

Uribe fue hallado culpable en primera instancia de fraude procesal y soborno en actuación penal, al haber pagado a ex paramilitares presos para que no lo vincularan con el paramilitarismo de derechas que combatió a las guerrillas en el marco del conflicto armado colombiano.

Perú

Alberto Fujimori (1990–2000). En 2009 fue sentenciado a 25 años de prisión por homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado, por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, y secuestros tras el autogolpe de 1992. Fue liberado en diciembre de 2023 por indulto humanitario y luego falleció en 2024.

Alejandro Toledo (2001–2006). Fue condenado en octubre de 2024 a 20 años y 6 meses por colusión y lavado de activos, tras los sobornos de Odebrecht por adjudicación de tramos de la Carretera Interoceánica. Cumple condena en Barbadillo, conocida como la prisión de los ex presidentes, tras ser extraditado desde EEUU en 2023.

Ollanta Humala (2011–2016). El 15 de abril de 2025 fue sentenciado a 15 años de prisión por lavado de activos por la recepción de dinero ilegal de Odebrecht y del régimen de Venezuela para sus campañas. Cumple condena en Barbadillo.

Pedro Pablo Kuczynski (2016–2018). Está en arresto domiciliario desde 2019 por presunto lavado de activos, por los pagos que hizo Odebrecht a su empresa Westfield Capital mientras era ministro. La Fiscalía pide 35 años de prisión.

Martín Vizcarra (2018–2020). Su proceso se encuentra en juicio oral desde octubre de 2024 por cohecho pasivo propio por presuntamente haber recibido sobornos por 2,3 millones cuando fue gobernador de Moquegua. La Fiscalía solicita 15 años de prisión.

Pedro Castillo (2021–2022). En juicio por rebelión, abuso de autoridad y alteración del orden público por intentar disolver el Congreso e instaurar un gobierno de excepción el 7 de diciembre de 2022. Actualmente, está en prisión preventiva en Barbadillo y la Fiscalía pide 34 años de cárcel.

Panamá

Ricardo Martinelli (2009–2014). Fue detenido en EEUU y extraditado a Panamá en 2017 donde ingresó en prisión. Enjuiciado y declarado “no culpable” en 2019 por el caso ‘Escuchas’, la sentencia se anuló al año siguiente y se ordenó repetir el juicio en 2021 tras el cual resultó absuelto. En 2023 fue condenado a 10 años y 6 meses de prisión.

Al año siguiente, tras ser declarada en firme la condena, se refugió en la Embajada de Nicaragua, país que le concedió asilo, si bien un tribunal panameño ordenó su detención preventiva, finalmente en mayo de 2025 viajó a Colombia, luego de recibir un salvoconducto y recibir el asilo en ese país.

Argentina

Carlos Menem (1989-1999). Fue procesado al menos tres veces por distintos casos, aunque siempre evitó la cárcel. En 2015, la Justicia lo condenó a 4 años y medio de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por montar un sistema de desvío de fondos reservados de inteligencia hacia ministros y secretarios durante sus mandatos. Murió en febrero de 2021 sin que la Corte Suprema llegara a confirmar la sentencia.

Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011, 2011-2015). El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de Argentina rechazó el recurso presentado por la ex mandataria y dejó firme la condena a seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, que le fue dictada en 2022 por irregularidades en la concesión de obras viales.

Ecuador

Jamil Mahuad (1998–2000). En octubre de 2020 se ratificó la condena a ocho años de prisión por peculado por decretos que llevaron al llamado ‘feriado bancario’ en marzo de 1999. Vive exiliado en Estados Unidos.

Rafael Correa (2007- 2017). Fue condenado en 2020 a ocho años de cárcel y 25 años de inhabilitación política por cohecho y está prófugo de la Justicia en Bélgica, país que le otorgó la condición de asilado político con estatus de refugiado.

El Salvador

Antonio Saca (2004–2009). Fue el primer ex presidente salvadoreño en ser condenado por corrupción a 10 años de prisión en septiembre de 2018 por desviar y lavar más de 300 millones de dólares del presupuesto estatal durante su gestión.

Mauricio Funes (2009-2014). Fue condenado en mayo de 2024 a 14 años de prisión por los delitos cometidos en el marco de una tregua entre las pandillas durante su Gobierno entre 2012 y 2014. Fue juzgado en ausencia, ya que el ex mandatario vivía en Nicaragua desde 2016 y falleció en enero de este año.

Bolivia

Jeanine Áñez (2019-2020). Condenada en 2022 a 10 años de prisión por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución en el llamado caso ‘Golpe de Estado II’, por los hechos relacionados con la crisis de 2019 luego de la renuncia de Evo Morales a la Presidencia del país. También enfrenta otros procesos por la vía ordinaria.

Honduras

Juan Orlando Hernández (2014-2022). Extraditado a EEUU en abril de 2022, fue acusado de haber recibido dinero del narcotraficante mexicano ‘El Chapo’ Guzmán para financiar fraudes electorales a cambio de participar en una conspiración que introdujo más de 500 toneladas de cocaína en el país. En marzo de 2024 fue condenado a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada.

Guatemala

Alfonso Portillo (2000-2004). Extraditado a EEUU en 2013, se declaró culpable de conspiración para lavar 2,5 millones de dólares en sobornos del Gobierno de Taiwán. En mayo de ese año fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión y a devolver el dinero recibido. Cumplió 70 meses de cárcel y fue excarcelado en febrero de 2015, cuando regresó a Guatemala.

Otto Pérez Molina (2012-2015). En septiembre de 2023, el ex mandatario se declaró culpable de lavado de dinero, cohecho pasivo y fraude en una trama de corrupción durante su Gobierno y fue condenado a ocho años de prisión.

(Con información de EFE)

El Supremo Tribunal Federal de Brasil declaró culpable al expresidente por intentar aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022, en un complot que incluía el asesinato de su oponente.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil declaró culpable el jueves al expresidente Jair Bolsonaro por encabezar una conspiración fallida para anular las elecciones brasileñas de 2022, en un plan golpista que incluía disolver tribunales, dar poder a los militares y asesinar al presidente electo.

Cuatro de los cinco jueces que estudian el caso votaron a favor de condenar a Bolsonaro y a siete cómplices, entre ellos su compañero de fórmula, su ministro de Defensa y su comandante de la Marina, en una contundente reprimenda por parte de una de las mismas instituciones que dichos hombres intentaron derrocar.

Bolsonaro, de 70 años, fue condenado a 27 años y tres meses de prisión, aunque es probable que sus abogados soliciten el arresto domiciliario debido a sus problemas de salud.

El fallo es una sentencia histórica para la nación más grande de Latinoamérica. En al menos 15 golpes e intentos de golpes con vínculos con el ejército desde que Brasil derrocó su monarquía en 1889, el jueves fue la primera vez que se condenó a los líderes de uno de esos complots.

También podría asestar un golpe definitivo a una de las figuras políticas más importantes e influyentes de América Latina. Bolsonaro galvanizó un movimiento de derecha que transformó Brasil en una nación más polarizada y, en cierto modo, conservadora, pero su condena deja ahora a la derecha sin un líder claro.

Al mismo tiempo, es muy probable que la sentencia agrave el conflicto entre Brasil y Estados Unidos. El presidente Donald Trump había exigido que Brasil retirara los cargos contra Bolsonaro, afirmando que, al igual que él, el expresidente brasileño estaba siendo perseguido políticamente por intentar revertir unas elecciones amañadas.

La Casa Blanca había intentado obligar a Brasil a abandonar el caso a través de la imposición de fuertes aranceles, una investigación comercial y severas sanciones contra el juez del Supremo Tribunal que lo dirigía. En cambio, varios jueces brasileños criticaron los intentos estadounidenses de intervenir mientras votaban a favor de la condena.

Cuando se le preguntó por la condena de Bolsonaro, Trump dijo a los periodistas en Washington el jueves que estaba "muy descontento al respecto. Conozco al presidente Bolsonaro" y me cae bien, dijo. "Creo que es algo terrible, muy terrible. De hecho, creo que es muy malo para Brasil".

La condena de Bolsonaro se apoyó en montones de pruebas que demostraban que él y su círculo cercano habían pasado meses minando la confianza de los votantes en los sistemas electorales de Brasil y luego, tras perder por poco la votación de 2022, intentaron encontrar formas de mantenerlo en el poder.

Los planes preveían declarar un estado de excepción que habría disuelto el Supremo Tribunal, anulado el resultado de las elecciones y otorgado a los militares amplios poderes. También incluía un complot para asesinar al oponente de Bolsonaro, ahora presidente, Luiz Inácio Lula da Silva; al compañero de fórmula de Lula; y a Alexandre de Moraes, el juez del Supremo Tribunal que había supervisado las elecciones e iniciado varias investigaciones sobre Bolsonaro.

Bolsonaro negó las acusaciones y dijo que no tenía conocimiento sobre algún plan de asesinato. En cambio, declaró que buscó formas dentro de la Constitución de Brasil para corregir lo que, según él, fue una elección robada. (Una investigación realizada por el ejército brasileño no encontró pruebas de fraude electoral).

Durante meses, Bolsonaro y sus aliados han calificado el caso de abuso de poder por parte del Supremo Tribunal para oprimirlo políticamente y sofocar su movimiento.

"Nunca tuvo la intención de dar un golpe de Estado. Se está juzgando efectivamente a un movimiento político, no solo a sus dirigentes", dijo el abogado de Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, en una entrevista antes del veredicto. Una condena, añadió, "dejará una cicatriz en la historia del tribunal".

En las últimas dos semanas, a medida que el juicio avanzaba hacia un veredicto, Bolsonaro se vio abandonado por algunos aliados acusados de planear el golpe junto a él. Eso incluyó a su exministro de Justicia, cuyo abogado afirmó que había intentado persuadir al expresidente para que abandonara los planes.

También se enfrentó a testimonios perjudiciales de su secretario personal y a registros que demostraban que el plan de asesinato se imprimió y se llevó al palacio presidencial, entre otras pruebas.

Gran parte de la confusión también se desarrolló públicamente. Bolsonaro difundió abiertamente información errónea sobre fraude electoral; la policía de carreteras de Brasil detuvo a votantes en distritos de tendencia de izquierda el día de las elecciones; y, una semana después de la toma de posesión de Lula, miles de partidarios de Bolsonaro asaltaron las sedes del poder en Brasil en un intento fallido de inducir una toma del poder militar.

En consecuencia, el fallo contra Bolsonaro era ampliamente esperado, una opinión reforzada por la composición del panel de cinco miembros del Supremo Tribunal que juzga el caso. Además del juez De Moraes, a quien Bolsonaro atacó abiertamente, el tribunal incluye a un juez que fue abogado personal de Lula, y a otro que es ex ministro de Justicia y estrecho aliado de Lula.

Eso llevó a Bolsonaro a depositar su fe en un último recurso del extranjero: Trump.

Durante meses, uno de los hijos de Bolsonaro ha presionado a la Casa Blanca para que ayudara a su padre a evitar una condena de prisión. Entonces, en julio, Trump intervino.

Su gobierno impuso a Brasil unos aranceles desorbitados del 50 por ciento, que han empujado al país hacia China, y luego impuso al juez De Moraes algunas de las sanciones más duras de las que dispone Estados Unidos, normalmente reservadas a quienes han cometido abusos contra los derechos humanos.

La Casa Blanca ha citado la agresiva campaña de De Moraes para combatir lo que él considera amenazas contra la democracia de Brasil, que incluye medidas para encarcelar a personas por amenazar al tribunal, censurar voces en internet y bloquear redes sociales enteras en todo Brasil.

Aunque Brasil se ha mantenido firme, ahora se prepara para nuevas medidas punitivas en respuesta a la condena de Bolsonaro. El gobierno de Trump ha dejado claro que está dispuesto a continuar la lucha, presentando tanto a Trump como a Bolsonaro como víctimas de un intento global de amordazar las voces conservadoras.

Bolsonaro, ex capitán del ejército convertido en diputado durante muchos años, fue elegido presidente en 2018, aupado al poder por una ola de frustración de los votantes ante la corrupción y la delincuencia. En aquel momento, su adversario más poderoso, Lula, estaba en prisión por una condena por corrupción que fue posteriormente anulada.

Bolsonaro transformó la política brasileña con su estilo desenfadado, combativo y a veces beligerante, que incluía el desmantelamiento de leyes, el cuestionamiento de la credibilidad de los descubrimientos científicos, el duro ataque a sus oponentes y el elogio de la dictadura militar que gobernó el país de 1964 a 1985.

Aunque él y Trump proceden de entornos muy distintos, ambos comparten enfoques sorprendentemente similares de la política. Al igual que Trump, Bolsonaro llevó al movimiento conservador de su país más a la derecha y sigue siendo su abanderado, como demuestran las grandes multitudes que protestaron contra su procesamiento en todo Brasil antes de su condena.

Las encuestas de opinión muestran que casi dos quintas partes de Brasil consideran injusto su procesamiento y que sería el principal candidato de la derecha en las elecciones presidenciales del próximo año. Una sentencia anterior en un caso distinto ha impedido a Bolsonaro presentarse hasta el final de la década. Su condena en la trama golpista, si se mantiene, lo inhabilita para volver a ocupar un cargo.

En Brasil, un país con un largo historial de dirigentes que han intentado, y a veces conseguido, hacerse con el poder mediante golpes de Estado, la condena de Bolsonaro fue vista por muchos como una victoria de la democracia.

Al emitir su voto, el juez De Moraes insistió en que las pruebas demostraban que Brasil había estado peligrosamente cerca de volver a sumirse en una dictadura similar a la que había soportado durante más de dos décadas, debido a las acciones de "un grupo político que no sabe cómo perder unas elecciones".

"Es imposible trivializar este retorno a momentos oscuros de la historia que ya hemos vivido", dijo De Moraes. "Y las pruebas son abundantes".

En la única disidencia, un juez, Luiz Fux, absolvió a Bolsonaro y a casi todos sus colaboradores en el complot, excepto a dos. En una mordaz presentación de 14 horas de su voto --que por momentos adormeció a algunos, incluido el fiscal general de Brasil--, desmenuzó las pruebas del caso y argumentó que no lograban vincular a Bolsonaro y a otros con los planes golpistas.

"Sentaría un precedente muy grave, sería muy peligroso responsabilizar a agentes políticos basándose en acusaciones genéricas", dijo Fux, al tiempo que hacía referencia, en más de una ocasión, al guante mal ajustado que ayudó a absolver a OJ Simpson.

Y, ofreciendo un rayo de esperanza a Bolsonaro, Fux cuestionó por qué el caso no estaba siendo sopesado por la totalidad de los 11 magistrados del Supremo Tribunal, y afirmó que a la defensa se le había dado muy poco tiempo para revisar las pruebas.

Esto, según los analistas, podría dar a Bolsonaro una ventana para apelar su condena. Sin embargo, dada la composición del tribunal, se espera que incluso una votación del pleno confirme la sentencia.

El Supremo Tribunal decidirá ahora la pena que se le impondrá a Bolsonaro. El conjunto de sus delitos conlleva una pena máxima de 43 años. Considerado en riesgo de fuga, ha estado esperando el veredicto bajo arresto domiciliario, vigilado de cerca por la policía.

Maggie Haberman colaboró con reportería desde Washington.

Ana Ionova es una colaboradora del Times que vive en Río de Janeiro y cubre Brasil y países vecinos.

Jack Nicas es el jefe de la corresponsalía del Times en Ciudad de México y lidera la cobertura sobre México, Centroamérica y el Caribe.

Maggie Haberman colaboró con reportería desde Washington.

Cientos de simpatizantes del ex presidente Jair Bolsonaro se concentraron este domingo en varias ciudades brasileñas para protestar contra la Corte Suprema por el juicio en su contra por golpismo, y apoyar las sanciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, a Brasil.

Los bolsonaristas se manifestaron en Río de Janeiro, Belo Horizonte, Brasilia y San Pablo, donde ondearon banderas de Estados Unidos, Brasil e Israel, y portaron carteles con el mensaje “Fuera De Moraes”, en alusión al juez instructor del proceso contra Bolsonaro.

Las protestas coinciden con el Día de la Independencia de Brasil y se producen en medio del juicio oral contra el ex mandatario, acusado de liderar un complot para mantenerse en el poder, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual presidente, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

La fase final del pleito empezó la semana pasada y se reanudará el próximo martes, cuando los cinco jueces de la Primera Sala del Supremo darán su veredicto y dictarán sentencia.

Bolsonaro, en prisión domiciliaria desde el pasado 4 de agosto por incumplir una serie de medidas cautelares impuestas por De Moraes, se enfrenta a una posible pena de hasta 40 años de prisión.

Además de criticar al Supremo, los seguidores del capitán retirado del Ejército instaron al Congreso a aprobar una ley de amnistía “amplia, general e irrestricta” para los condenados hasta ahora por la asonada golpista.

Manifestantes piden “acabar” con el Supremo

Nilton Neiva ha viajado toda la noche en autobús desde el vecino estado de Minas Gerais para sumarse a la protesta de la Avenida Paulista, en el centro de São Paulo.

“El juicio contra Bolsonaro es una cobardía. El Supremo se transformó en una banda. No hay nada contra Bolsonaro. (...) Vamos camino de convertirnos en Venezuela”, dice este empresario de 64 años, equipado con una camiseta con los colores de la bandera nacional y una gorra en la que sobresale el apellido de su líder.

“El Supremo tendría que ser destruido”, completa.

Neiva también expresó su aprecio por Trump, quien en su opinión debería imponer más sanciones a Brasil porque “no hay otra forma” para presionar a los jueces de la máxima corte del país.

El líder republicano ha revocado la visa a varios magistrados del tribunal e impuesto aranceles del 50 % a buena parte de las importaciones brasileñas en represalia por el juicio a Bolsonaro, a quien considera víctima de “una caza de brujas”.

Fabiana Beraldo, de 46 años, es dueña de una herrería, afirma que el juicio contra Bolsonaro es “injusto” y que “lo primero” que habría que hacer es “detener a Alexandre de Moraes” y “acabar con el Supremo”.

Ataviada con unos aretes con la bandera de EEUU, cree que las sanciones de Trump son “maravillosas”. “Alguien tiene que hacer algo por nuestro país”, dice.

También en São Paulo, militantes de izquierda, movimientos sociales y sindicalistas se manifestaron en otro punto de la ciudad para mostrar su rechazo a Trump, protestar contra una eventual amnistía y defender la soberanía nacional.

Lula lideró desfile por la Independencia

Por otra parte, Lula da Silva encabezó este domingo el desfile cívico-militar por el Día de la Independencia de Brasil, centrado este año en la defensa de la soberanía.

El mandatario, ataviado con la banda presidencial, pasó revista a las tropas y después se dirigió al palco de autoridades para presidir el desfile, al que acudieron ministros de su Gobierno, líderes del Congreso, mandos militares y representantes del Poder Judicial, en Brasilia.

El Ejecutivo de Lula eligió para las conmemoraciones del 7 de septiembre de este 2025 mensajes de exaltación patriótica, como “Brasil soberano” y “Brasil de los brasileños”, decorados con los colores verde y amarillo de la bandera nacional.

En un pronunciamiento en red nacional el sábado, Lula afirmó que Brasil “no será colonia de nadie” ni “acepta órdenes” de ningún otro país, en aparente alusión a la ofensiva de Trump.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) subrayó además que la Constitución brasileña “establece la independencia entre los tres poderes”.

“Eso significa que el presidente de Brasil no puede interferir en las decisiones de la Justicia brasileña, al contrario de lo que quieren imponer a nuestro país”, expresó.

Además de la defensa de la soberanía, el desfile cívico-militar reservó un espacio para destacar la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará en noviembre en la ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña.

(Con información de EFE)

El más reciente capítulo en la tensa saga judicial que enfrenta Jair Bolsonaro en Brasil dio un giro abrupto este martes. El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), resolvió “reforzar la vigilancia policial frente a la casa del ex presidente… frente a un posible ‘riesgo de fuga’”, según informó el propio tribunal.

La determinación cumple un pedido formal de la Fiscalía y se apoya en textos recuperados por la Policía Federal durante la incautación de un teléfono móvil perteneciente a Bolsonaro. Entre esos documentos apareció un borrador de solicitud de asilo en Argentina, destinado al presidente Javier Milei.

Este hallazgo forma parte de una indagación paralela al juicio penal por supuesto intento de golpe de Estado, cuyo juicio entrará en la fase de sentencia el próximo 2 de septiembre.

La defensa del ex mandatario rechazó de inmediato que esto constituyese señal de fuga. Afirmaron que el borrador “no puede ser considerado un indicio de fuga”, ya que data de febrero de 2024, cuando aún no había sido imputado por golpe de Estado.

Este caso se entreteje con las presuntas gestiones del diputado Eduardo Bolsonaro en los Estados Unidos. Según la investigación, habría actuado para impedir el juicio de su padre mediante presiones en Washington, noticia que incluso motivó aranceles del 50% sobre productos brasileños por parte del gobierno de Trump.

El juez Moraes había ordenado semanas atrás varias medidas cautelares contra Bolsonaro: uso de tobillera electrónica, prohibición de redes sociales y arresto domiciliario tras comprobar incumplimientos.

Mensajes incautados por la Policía Federal también reflejan agrios intercambios personales: allí, Eduardo Bolsonaro escribe a su padre “VTPC ingrato del carajo”, antes de enviarle una disculpa. Esa comunicación revela tensiones internas dentro de la familia, justo en el entorno del juicio por golpe de Estado.

El contexto político en Brasil se halla profundamente polarizado. Según una encuesta reciente, el 53% de los ciudadanos aprueba la orden de arresto domiciliario de Bolsonaro; el 47% lo rechaza, señal clara de la división que domina el escenario político.

En paralelo, Alexandre de Moraes ha asumido un rol central en el Supremo Tribunal Federal durante los últimos años. Sus decisiones, amparadas en la Constitución de 1988, se han dirigido a enfrentar la desinformación y a responder a actos considerados como amenazas al orden democrático. Estas medidas han generado tanto respaldo como críticas por parte de distintos sectores políticos y jurídicos.

La situación ha escalado hasta el ámbito internacional: Estados Unidos sancionó a Moraes bajo la Ley Magnitsky por supuestas violaciones de derechos y le revocó su visa, provocando reacciones airadas de autoridades brasileñas, que lo consideran injerencia.

La trama cobra mayor densidad con la Operación Contra‑Golpe, investigación en curso desde noviembre de 2024, autorizada también por Moraes. Busca desentramar una presunta red de militares y policías federales que planearon asesinatos y acciones terroristas contra figuras claves como él, Lula y Alckmin.

En ese sentido, la cámara judicial brasileña ha señalado que el ex mandatario y su entorno podrían haber tejido una conspiración con motivaciones políticas profundas y riesgosas. Las acusaciones se extienden a obstrucción de la justicia y coacción institucional.

El debate jurídico también ha girado en torno al alcance de las competencias del Supremo Tribunal Federal. Diversos analistas y dirigentes políticos sostienen que algunas resoluciones podrían tensionar la separación de poderes, mientras que otros destacan que se enmarcan en la defensa de la institucionalidad democrática prevista en la Constitución de 1988.

El caso Bolsonaro-Moraes ha impulsado un debate sobre la eficacia de las instituciones democráticas frente a amenazas internas. Mientras tanto, Lula intenta capitalizar la situación en clave de estabilidad política y gestión estatal, aunque sus cartas de negociación —literalmente con Washington— aún esperan su momento.

El escenario deja a la ciudadanía expectante. Si bien la sentencia del juicio por golpe está prevista para septiembre, los panoramas político y judicial siguen retorcidos por tensiones nacionales e internacionales que definirá el rumbo del próximo ciclo electoral.

La policía de Brasil encontró el borrador de una solicitud de asilo dirigida al presidente de Argentina, Javier Milei, donde el expresidente brasileño decía que sufría persecución política.

Jair Bolsonaro, expresidente brasileño acusado de planear un golpe de Estado, hizo planes para solicitar asilo político en Argentina el año pasado, dijo el miércoles la policía federal de Brasil, al citar un documento incautado en su celular.

La policía señaló que había recuperado del teléfono el borrador de una solicitud de asilo de 33 páginas dirigida al presidente de Argentina, Javier Milei, también mandatario de derecha. El documento decía que Bolsonaro sufría persecución política en Brasil, que esperaba ser encarcelado ilegalmente y que temía por su vida.

El documento no está fechado, pero la policía dijo que se guardó en el teléfono de Bolsonaro en febrero de 2024, dos días después de que llevara a cabo una operación contra el expresidente y unas dos decenas de sus aliados políticos. La policía detuvo a algunos de los principales colaboradores de Bolsonaro y registró sus casas y oficinas durante esa operación.

La policía dijo que no estaba claro si la solicitud de asilo se había enviado alguna vez a las autoridades argentinas. Pero argumentaron que demostraba que Bolsonaro había ideado planes para eludir una investigación sobre su papel en un intento de mantenerlo en el cargo tras perder las elecciones presidenciales de Brasil de 2022.

La embajada de Argentina en Brasil no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Extractos del borrador de la solicitud de asilo se incluyeron en un informe de 170 páginas de una investigación de la policía federal sobre las acusaciones de que Bolsonaro y su hijo, diputado en ejercicio en Brasil que actualmente se encuentra en Estados Unidos, habían presionado a autoridades extranjeras con el objetivo de socavar el poder judicial de Brasil y frustrar la causa contra él.

El hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, ha visitado la Casa Blanca varias veces en los últimos meses para solicitar la intervención de Estados Unidos en el caso de su padre. El mes pasado, el presidente Trump citó el asunto cuando dijo que impondría aranceles del 50 por ciento a los productos procedentes de Brasil, y exigió que el país abandonara el caso contra el expresidente, quien es aliado de Trump.

Bolsonaro se encuentra bajo arresto domiciliario a la espera de su juicio, cuyo inicio está previsto para el 2 de septiembre. El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, quien supervisa el caso, le ha ordenado llevar un monitor en el tobillo y mantenerse alejado de embajadas, al alegar que Bolsonaro presenta riesgo de fuga.

En una nueva sentencia dictada el miércoles, el juez De Moraes dijo que Bolsonaro había incumplido repetidamente las órdenes judiciales, y le dio 48 horas para aclarar por qué lo había hecho y explicar las pruebas que insinuaban que había planeado huir de Brasil.

El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil Alexandre de Moraes, a quien el Gobierno estadounidense impuso sanciones, dijo a Reuters que los tribunales podrían castigar a las instituciones financieras locales por embargar o bloquear activos nacionales en respuesta a las órdenes de Washington.

En una entrevista a última hora del martes desde su oficina en Brasilia, Moraes concedió que la aplicación de la ley de Washington en relación con los bancos brasileños que operan en Estados Unidos “corresponde a la jurisdicción estadounidense”.

“Sin embargo, si esos bancos optan por aplicar esa ley a nivel nacional, no pueden hacerlo, y pueden ser sancionados por la legislación brasileña”, añadió.

Sus comentarios subrayan las posibles consecuencias de la sentencia dictada el lunes por otro juez del STF, Flavio Dino, quien advirtió de que las leyes extranjeras no pueden aplicarse automáticamente en Brasil.

El fallo fue seguido de una dura reprimenda de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, que horas después advirtió en las redes sociales que Moraes era “tóxico” y que “las personas no estadounidenses deben actuar con cautela: quienes presten apoyo material a violadores de los derechos humanos corren el riesgo de ser sancionados”.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso las sanciones a Moraes el mes pasado en virtud de la Ley Global Magnitsky, concebida para imponer sanciones económicas a extranjeros considerados culpables de corrupción o abusos frente los derechos humanos.

La orden le acusaba de suprimir la libertad de expresión y de liderar procesos politizados, entre ellos contra el ex presidente Jair Bolsonaro, un firme aliado de Trump que está siendo juzgado ante el STF acusado de planear un golpe de Estado para revertir su derrota en las elecciones de 2022.

Bolsonaro ha negado cualquier delito y ha denunciado el caso como motivado políticamente.

En su entrevista, Moraes dijo que las decisiones de los tribunales y Gobiernos extranjeros solo pueden tener efecto en Brasil después de la validación a través de un proceso interno. Sostuvo que, por lo tanto, no es posible embargar bienes, congelar fondos o bloquear la propiedad de ciudadanos brasileños sin seguir esos pasos legales.

El alcance mundial del sistema financiero estadounidense implica que los bancos extranjeros suelen restringir una gama más amplia de transacciones para evitar sanciones secundarias.

Moraes dijo que confiaba en que las sanciones en su contra se revirtieran por vía diplomática o mediante una eventual impugnación en los tribunales estadounidenses. Pero reconoció que por el momento habían puesto a las instituciones financieras en un aprieto.

“Este uso indebido de la aplicación legal coloca a las instituciones financieras en una posición difícil, no solo a los bancos brasileños, sino también a sus socios estadounidenses”, relató.

“Precisamente por eso, repito, es importante la vía diplomática para que esto se resuelva rápidamente, para evitar el uso indebido de una ley que es importante para combatir el terrorismo, las organizaciones criminales, el narcotráfico internacional y la trata de personas”, añadió.

El Departamento de Estado estadounidense no respondió inmediatamente a una petición de comentarios.

(Con información de Reuters)

El Departamento de Estado de Estados Unidos endureció este lunes su posición en la disputa abierta con Brasil en torno al juez Alexandre de Moraes. A través de su Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, advirtió que “ningún tribunal extranjero puede invalidar las sanciones de Estados Unidos, ni salvar a nadie de las graves consecuencias de violarlas”.

En el mismo mensaje, publicado en X, la oficina añadió: “Alexandre de Moraes es tóxico para todas las empresas legítimas e individuos que buscan acceder a los Estados Unidos y a sus mercados. Personas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con él, y personas que no son estadounidenses deben actuar con cautela: quienes brinden apoyo material a violadores de derechos humanos enfrentan riesgo de sanciones”.

Con esa advertencia, Washington buscó dejar en claro que sus sanciones tienen efectos extraterritoriales y que el fallo emitido horas antes por el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil no altera el alcance de la legislación estadounidense.

Más temprano, el magistrado Flávio Dino había dictado una decisión en la que suspendió “la eficacia de decisiones judiciales, leyes, decretos, órdenes ejecutivas de Estados extranjeros en nuestro país”. El STF señaló en un comunicado que, según la Constitución brasileña, una ley extranjera “solo puede ejecutarse en Brasil mediante homologación u observando los mecanismos de cooperación judicial”.

El fallo no mencionó de manera explícita la Ley Global Magnitsky, usada por Estados Unidos para sancionar a Moraes, pero una fuente del tribunal explicó a la agencia AFP que “en teoría” la decisión invalida también esa norma dentro del territorio brasileño.

Dino extendió además su razonamiento a otros casos, como el de la justicia británica contra el Instituto Brasileño de Minería (Ibram) por demandas vinculadas a los desastres de Mariana y Brumadinho. “El sistema financiero brasileño debe evitar imposiciones indebidas, tales como bloqueos de activos o transferencias al exterior por determinación de un Estado extranjero”, ordenó el magistrado.

La reacción de Washington mostró la tensión inmediata que generó esa postura. Para Estados Unidos, la sanción contra De Moraes responde a una serie de abusos que incluyen “censura opresiva, detenciones arbitrarias y juicios politizados”, entre ellos el proceso contra Jair Bolsonaro, ex presidente brasileño y aliado del ex mandatario estadounidense Donald Trump.

El Departamento de Estado ya había congelado en julio todos los bienes y participaciones de Moraes en su territorio. La novedad ahora es la advertencia explícita a terceros actores, incluidos bancos y empresas no estadounidenses, que podrían exponerse a sanciones secundarias si mantienen relaciones con el magistrado.

La decisión del STF pretende blindar la soberanía jurídica de Brasil, pero especialistas señalan que en la práctica las advertencias de Washington pueden pesar más que un fallo nacional. Bancos y compañías con exposición internacional podrían optar por alinearse con las disposiciones estadounidenses para proteger su acceso a los mercados financieros.

En Itamaraty, funcionarios admiten que el choque abre un frente delicado en la relación bilateral, justo cuando el presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca posicionarse como mediador global y mantener cooperación con Estados Unidos.

El propio Lula calificó la medida como “injerencia inaceptable”. Para el mandatario, el principio en juego es la autonomía de la justicia brasileña frente a presiones externas.

La crisis estalla además en medio del proceso contra Bolsonaro, acusado de promover una intentona golpista y bajo prisión domiciliaria desde 2024. El STF tiene previsto emitir un veredicto entre el 2 y el 12 de septiembre, en un fallo que promete sacudir tanto el tablero político interno como la relación con Washington.

Analistas en São Paulo advierten que el episodio expone un dilema: Brasil sostiene su derecho soberano a decidir sobre la validez de normas extranjeras, mientras Estados Unidos subraya que sus sanciones operan de manera unilateral y se extienden más allá de sus fronteras.

Para las empresas, la advertencia norteamericana es más que un gesto diplomático. Significa que mantener cualquier vínculo con Moraes podría poner en juego su acceso a la principal plaza financiera del mundo.

Así, la disputa en torno al juez refleja hasta dónde llega el alcance de las sanciones estadounidenses y hasta qué punto un tribunal nacional puede —o no— proteger a sus ciudadanos frente a un instrumento de política exterior diseñado para tener efectos globales.

Un grupo de legisladores brasileños de ultraderecha afirmó este martes que impulsará en el Senado la destitución del magistrado de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, después de que este ordenara ayer el arresto domiciliario del ex presidente Jair Bolsonaro.

Los parlamentarios, reunidos en la rampa de la sede del Congreso en Brasilia, dijeron ante los medios de comunicación que presentarán lo que llamaron “paquete de la paz” para “pacificar” al país.

Esto incluye destituir a De Moraes, el instructor del caso contra Bolsonaro por un supuesto intento de golpe de Estado y que ayer le impuso la prisión domiciliaria por incumplir medidas cautelares previas sobre el uso de redes sociales durante las protestas del fin de semana pasado.

El senador Flávio Bolsonaro, uno de los hijos del ex presidente, señaló que la medida contra el mandatario era una “aberración jurídica” y atribuyó la decisión del magistrado a un deseo de “venganza”.

“La solución a los problemas de Brasil está aquí en el Congreso”, declaró.

Además, los parlamentarios volverán a proponer una amnistía “amplia” para los participantes en los eventos del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores del ex mandatario invadieron de forma violenta las sedes de la Presidencia, la Corte Suprema y el Congreso en Brasilia para pedir una intervención militar contra el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Los legisladores de ultraderecha defienden desde hace tiempo la amnistía, pero los proyectos propuestos con ese objetivo no han obtenido un apoyo suficiente en el Congreso ante la firme oposición del Gobierno de Lula.

El tercer elemento del paquete es una enmienda constitucional para acabar con la inmunidad parlamentaria, para que los legisladores sean juzgados por tribunales de primera instancia y no en el Supremo, como sucede actualmente.

Según el senador Rogério Marinho, lo que se concibió como un “escudo” para proteger a los parlamentarios ahora es un “arma de subordinación” ante la Corte Suprema.

Los legisladores ultra expresaron su frustración con el presidente del Senado, David Alcolumbre, un aliado de Lula que ha frenado hasta ahora la mayoría de estas propuestas, y amenazaron con obstruir la tramitación de proyectos si no son escuchados.

“Puede ser aliado del Gobierno, pero no puede quedarse de espaldas a la institución”, declaró.

Caso y evidencias

En julio, la Fiscalía General de Brasil remitió sus alegatos finales ante el Supremo Tribunal Federal (STF) solicitando la condena de Bolsonaro por una serie de delitos graves, entre ellos intento de golpe de Estado, abolición violenta del Estado democrático de derecho, pertenencia a organización criminal armada, y daños al patrimonio federal. En total, la acusación establece una posible pena superior a los 40 años de prisión.

Desde el punto de vista legal, este proceso representa un hito sin precedentes. En marzo de 2025, la primera sala del STF aceptó formalmente la denuncia de la Fiscalía. Se trata de la primera vez en la historia de Brasil que un ex presidente elegido está siendo juzgado por delitos dirigidos a subvertir el orden constitucional vigente desde 1988.

Entre la evidencia recolectada por la Policía Federal, además de la difusión de información falsa sobre fraude electoral que desacreditaba al Tribunal Supremo Electoral (TSE), se descubrió un borrador de decreto conocido como la “Minuta del golpe”, hallado en la residencia de Anderson Torres, entonces ministro de Justicia, que establecía un estado de excepción destinado a anular los resultados electorales y detener jueces del STF, incluido Alexandre de Moraes.

Testigos clave como Mauro Cid, teniente coronel y ex ayudante de Bolsonaro, han declarado en acuerdos de delación que el ex presidente sostuvo reuniones con altos mandos militares para evaluar la viabilidad del golpe institucional, incluso considerando una interpretación deliberada del artículo 142 de la Constitución brasileña para legitimar el poder moderador militar.

Los audios de aliados como Ailton Gomes también resultan impactantes: en grabaciones de diciembre de 2022, Gomes instruía al comandante del Ejército Freire Gomes a actuar bajo la orden de Bolsonaro si él mismo no lo hacía, sugiriendo un plan coordinado de presión militar. Investigaciones posteriores, como la Operación Contrataque en noviembre de 2024, revelaron planes de asesinato dirigidos a figuras como Luiz Inácio Lula da Silva y el juez de Moraes, planes supuestamente conocidos por Bolsonaro, según la Policía Federal.

(Con información de EFE)

El expresidente Jair Bolsonaro, cuyo caso ha motivado en parte los aranceles del presidente Trump a Brasil, recibió la orden de permanecer bajo arresto domiciliario a la espera de su juicio.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó el lunes el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro, a quien se acusa de supervisar un complot para aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022.

Su caso se encuentra en el centro de la disputa arancelaria del presidente Donald Trump con la nación sudamericana.

A Bolsonaro, a quien se le había exigido el mes pasado que usara un monitor en el tobillo mientras esperaba el juicio, se le ordenó que permaneciera en su casa la mayor parte del tiempo y que se mantuviera alejado de las redes sociales.

En la nueva sentencia del lunes, el juez Alexandre de Moraes dijo que el expresidente había violado esos términos, compartiendo indirectamente publicaciones y videos en las redes sociales a través de las cuentas de sus aliados e hijos.

El juez De Moraes también ordenó a la policía brasileña que confiscara el teléfono móvil de Bolsonaro y limitó las visitas a su domicilio, excepto por parte de su familia y abogados.

Trump ha calificado el caso contra Bolsonaro, uno de sus aliados políticos, como una "caza de brujas". La semana pasada, el presidente estadounidense impuso aranceles del 50 por ciento a algunos productos brasileños. También impuso sanciones a De Moraes, acusándolo de censurar las voces conservadoras en internet.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que Brasil está abierto a negociar con Donald Trump, pero solo si su país recibe un trato igual al de Estados Unidos, y reiteró que no cederá a la presión política del presidente estadounidense.

“Queremos negociar. Queremos negociar en igualdad de condiciones”, declaró Lula este domingo en un evento del Partido de los Trabajadores en Brasilia. “Apoyaremos a nuestras empresas, defenderemos a nuestros trabajadores y les diremos: ‘Miren, cuando estén listos para negociar, nuestras propuestas estarán sobre la mesa’”, añadió.

En julio, Trump colocó a Brasil en el centro de su guerra comercial global, amenazando con imponer aranceles del 50 por ciento a sus productos a menos que el Tribunal Supremo desestimara de inmediato la demanda contra el ex presidente Jair Bolsonaro, quien enfrenta un juicio por intento de golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022.

La semana pasada, Estados Unidos retrasó el aumento de aranceles, que debía entrar en vigor el 1 de agosto, aunque eximió a numerosos productos de gravámenes más altos, pero también impuso sanciones al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, quien supervisa los casos legales de Bolsonaro y ha tenido enfrentamientos con empresas estadounidenses de redes sociales.

Trump declaró el viernes que Lula puede llamarlo, declaraciones que el ministro de Finanzas de Brasil, Fernando Haddad, celebró como un paso adelante. Haddad afirmó que pronto hablará con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sobre los aranceles y las sanciones contra Moraes, informó Bloomberg.

Aunque este domingo ha mostrado su disposición a dialogar, el mandatario brasileño también mantuvo su tono desafiante hacia Estados Unidos, afirmando que era “inaceptable” “intentar usar un asunto político para imponernos sanciones económicas” y reiteró su afirmación de que Trump intenta trastocar el multilateralismo global.

Lula también afirmó que no cejará en sus esfuerzos por desarrollar alternativas al dólar en el comercio exterior, otro tema que ha irritado a Trump, incluso cuando el bloque BRICS de países de mercados emergentes, del cual Brasil forma parte, ha avanzado poco al respecto.

“Brasil hoy no depende tanto de Estados Unidos como antes”, afirmó. “No subestimaré la importancia de nuestra relación diplomática con Estados Unidos. Pero, de ahora en adelante, necesitan saber que tenemos asuntos que negociar. Tenemos tamaño, tenemos una postura, tenemos intereses económicos y políticos que plantear”, advirtió.

Las declaraciones de Lula coinciden con las marchas de los partidarios de Bolsonaro en las principales ciudades contra el gobierno y Moraes, a quien el ex presidente ha acusado de perseguirlo políticamente a él y a sus aliados de derecha.

En la capital del país, seguidores del ex mandatario aseguraron que la “democracia fue robada” y que “se perdió la libertad para hablar”, como dijo Jacuí Anaí Campos Silva, una pensionada de 61 años que denunció la inexistencia de un “proceso político legal” para Bolsonaro.

En Río de Janeiro, el acto convocado en la playa de Copacabana estuvo liderado por el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, quien dijo que los manifestantes “están ayudando a rescatar la libertad en el país”.

Ya en São Paulo se registró la mayor concentración entre todas las ciudades del país, con un acto realizado en la tarde en la Avenida Paulista y que estuvo presidido por el pastor evangélico Silas Malafaia, uno de los principales aliados del líder ultraderechista.

Pese a que la convocatoria reunió a miles de manifestantes en las principales ciudades brasileñas, la participación fue aparentemente menor que en otras oportunidades, según lo que pudo constatar EFE en Brasilia y por las imágenes mostradas por medios locales en otras capitales.

(Con información de Europa Press y EFE)

El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó al expresidente Jair Bolsonaro permanecer en casa y mantenerse alejado de las embajadas de otros países antes de su juicio por intento de golpe de Estado.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó el viernes al expresidente Jair Bolsonaro usar un monitor en el tobillo, permanecer en casa durante la mayoría de las horas y mantenerse alejado de las embajadas extranjeras, una señal de que la corte cree que puede huir del país antes de su juicio por cargos de haber intentado un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

La policía federal brasileña registró la residencia y el domicilio de Bolsonaro el viernes por la mañana, en cumplimiento de órdenes del Supremo Tribunal, según dos personas familiarizadas con los registros, quienes hablaron con condición de anonimato para describir la operación. Los medios brasileños mostraron a Bolsonaro al llegar a una instalación gubernamental el viernes por la mañana para que le colocaran un monitor de tobillo.

El abogado de Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, confirmó que el tribunal ordenó a Bolsonaro usar un monitor de tobillo y le prohibió usar las redes sociales o comunicarse con su hijo, Eduardo Bolsonaro, quien ha estado en Washington presionando al gobierno de Donald Trump para que intervenga en el caso de su padre.

"El equipo de defensa del expresidente Jair Bolsonaro se mostró sorprendido e indignado por la imposición de severas medidas cautelares en su contra, a pesar de haber cumplido con todas las órdenes judiciales hasta la fecha", dijeron sus abogados en un comunicado.

La orden es una fuerte escalada de la repentina disputa de las autoridades brasileñas con el presidente de Estados Unidos por el caso de Bolsonaro.

El jueves por la noche, Trump publicó en línea una carta que escribió a Bolsonaro, en la que decía que el caso penal contra el expresidente era una persecución política. Añadió que sus aranceles planeados del 50 por ciento sobre las importaciones brasileñas eran para presionar a las autoridades brasileñas a retirar los cargos.

Esta es una historia en desarrollo y será actualizada.

Jack Nicas es el jefe del buró en Brasil para el Times, desde donde lidera la cobertura de gran parte de América del Sur.

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó este jueves en las afueras del Senado que “enfrentará el juicio” en su contra por supuestamente liderar una trama para subvertir el orden democrático tras perder las elecciones presidenciales de 2022. “No tengo alternativa”, declaró ante un grupo de periodistas reunidos alrededor de un atril improvisado. La Procuraduría General de la República lo acusa de cinco delitos, entre ellos intento de golpe de Estado, con penas que podrían superar los 40 años de prisión.

Bolsonaro, de 70 años, negó cualquier vínculo con los hechos del 8 de enero de 2023 —cuando miles de sus seguidores irrumpieron violentamente en la sede de los tres poderes del Estado en Brasilia— y aseguró que su proceso judicial responde a un intento por apartarlo de la vida política. “No hay nada que me vincule a esos actos”, repitió. “Ellos quieren eliminar a un líder de la derecha conservadora de América del Sur de las elecciones del año que viene. Saben que si estoy, gano”.

La investigación federal apunta a que Bolsonaro no solo alimentó durante meses el mito del fraude electoral, sino que encabezó una estrategia para invalidar el resultado de los comicios de octubre de 2022, que consagraron a Luiz Inácio Lula da Silva como presidente. La Policía Federal y la Fiscalía sostienen que el ex mandatario intentó ejecutar un plan de seis etapas para revertir su derrota por medios ilegales. Entre esas etapas se incluye la elaboración de un decreto que anulaba el resultado electoral y convocaba nuevas elecciones bajo control militar.

El documento fue hallado en enero de 2023 en la residencia de Anderson Torres, entonces ex ministro de Justicia de Bolsonaro. Según informó la Agência Brasil y confirmó luego la Fiscalía, ese borrador —sin fecha ni firma— preveía instaurar un “estado de defensa” en el Tribunal Superior Electoral (TSE), el órgano encargado de validar los comicios. La medida habría permitido suspender las funciones del tribunal y reabrir el conteo de votos. El decreto, según la acusación, fue discutido en reuniones privadas entre Bolsonaro y altos mandos militares tras la segunda vuelta electoral.

Uno de los testimonios clave en la causa es el del teniente coronel Mauro Cid, ex ayudante de Bolsonaro, quien admitió ante la Policía que el entonces presidente revisó y modificó personalmente el texto del decreto. Cid también entregó a la justicia mensajes, documentos y audios que vinculan al círculo íntimo del ex presidente con la organización logística y financiera de las manifestaciones del 8 de enero. Aquel domingo, miles de simpatizantes bolsonaristas, movilizados por redes sociales y grupos de Telegram, asaltaron el Congreso Nacional, el Palacio del Planalto y el Supremo Tribunal Federal.

La jornada del 8 de enero y sus consecuencias

El ataque, que muchos compararon con el asalto al Capitolio en Washington dos años antes, dejó un saldo de más de 1.400 detenidos y daños millonarios al patrimonio público. Las imágenes recorrieron el mundo: vidrios rotos, obras vandalizadas, oficinas saqueadas y banderas brasileñas ondeando entre escombros. El Supremo Tribunal Federal (STF), encabezado por el juez Alexandre de Moraes, calificó los hechos como una “tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho”.

Desde entonces, la justicia ha condenado a 643 personas por diversos delitos, incluyendo asociación criminal armada, daño calificado, deterioro de patrimonio protegido, y tentativa de golpe de Estado.

Según documentos presentados por la Fiscalía, la protesta no fue espontánea: hubo financiamiento, organización y apoyo logístico desde dentro y fuera de Brasilia. La Policía Federal documentó transferencias de dinero, alquileres de autobuses, y comunicaciones directas entre promotores de la movilización y operadores políticos cercanos al ex presidente. En noviembre de 2024, un informe oficial del Ministerio Público detalló cómo se gestó el plan golpista impulsado desde redes sociales y en contacto estratégico con mandos militares.

Bolsonaro niega cualquier responsabilidad. En su testimonio ante el Supremo Tribunal Federal, el pasado 10 de junio, insistió en que “nunca dio una orden ilegal” y que el borrador del decreto era “solo un estudio jurídico” que no fue implementado. Aun así, reconoció haber participado en reuniones privadas con comandantes de las Fuerzas Armadas, donde discutieron posibles alternativas a la asunción de Lula. “No pasó de una conversación”, dijo entonces, según la transcripción publicada por Folha de São Paulo.

El juicio y su impacto político

El lunes 15 de julio, la Procuraduría General presentó sus alegatos finales ante el Supremo, solicitando la condena de Bolsonaro por cinco delitos: asociación criminal, incitación a la insurrección, tentativa de abolición del Estado de derecho, tentativa de golpe de Estado, y uso ilícito de medios institucionales. Según fuentes del STF citadas por O Globo, la sentencia podría conocerse entre septiembre y octubre.

Ante la posibilidad de una condena firme, se especula con que Bolsonaro solicite prisión domiciliaria por razones de salud. Él, por ahora, lo descarta. “No pienso en eso. Soy inocente”, dijo este jueves. También rechazó la opción de salir del país, como hizo en diciembre de 2022 cuando viajó a Florida poco antes de dejar el cargo. “Me voy a quedar aquí, en Brasil”, afirmó. “Tengo 70 años, varios problemas de salud, pero voy a resistir”.

En medio del avance judicial, el caso Bolsonaro también generó fricciones diplomáticas. A comienzos de julio, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer aranceles del 50% a productos brasileños como café, jugo de naranja y acero, en aparente represalia por lo que describió como una “caza de brujas” contra su aliado en Brasil. Lula da Silva rechazó la intromisión, defendió la independencia del Poder Judicial y advirtió que su gobierno estudia medidas recíprocas bajo la Ley de Comercialización Internacional, sin descartar una queja formal ante la OMC.

El ex presidente ya ha sido inhabilitado políticamente por ocho años por decisión del Tribunal Superior Electoral, tras un fallo de 2023 que lo responsabilizó por desinformar al electorado y por utilizar recursos del Estado para atacar, sin pruebas, la fiabilidad del sistema de votación electrónica. Ese proceso, conocido como la “reunión con embajadores”, se basó en una conferencia realizada por Bolsonaro en julio de 2022 en el Palacio de la Alvorada, donde acusó al Tribunal Superior Electoral de parcialidad y sugirió sin fundamentos que el sistema podía ser manipulado. La sesión fue transmitida por la televisión estatal, lo que agravó el uso indebido del aparato público.

A pesar de esa inhabilitación, Bolsonaro ha seguido operando como figura central del bolsonarismo. El ex mandatario ha participado en actos públicos, ha viajado por el país y ha encabezado manifestaciones, especialmente en San Pablo y Río de Janeiro, donde aún conserva una base leal.

Sin embargo, el avance del juicio en el Supremo Tribunal Federal y la solidez de las pruebas acumuladas por la Fiscalía lo colocan ahora en una situación más comprometida. De ser hallado culpable por intento de golpe de Estado, la inhabilitación política sería solo una parte del castigo: Bolsonaro podría enfrentar cárcel efectiva, multas, pérdida de derechos civiles y patrimoniales, y la imposibilidad de ocupar cargos públicos de por vida.

Mientras tanto, el país sigue dividido. Según una encuesta de Datafolha publicada en junio de 2025, el 51% de los brasileños considera que Bolsonaro debe ser condenado si se prueba su implicación, mientras que un 38% cree que se trata de una vendetta judicial. Ese mismo estudio reveló que un 60% de los encuestados apoya que los responsables del 8 de enero cumplan penas de prisión efectivas.

La cancillería brasileña convocó este miércoles a Gabriel Escobar, encargado de negocios de la embajada estadounidense en el país, para que explique una nota divulgada por esa legación que hace una enérgica defensa del ex presidente Jair Bolsonaro, quien responde a un juicio penal por golpismo.

Fuentes oficiales dijeron a EFE que Gabriel Escobar, responsable de la legación diplomática en ausencia de un embajador, fue citado después de que, este mismo miércoles, esa embajada publicara una dura nota sobre el juicio que cursa contra Bolsonaro, que ya había sido criticado esta semana por el presidente Donald Trump.

La nota en cuestión afirma que “Jair Bolsonaro y su familia han sido fuertes socios de Estados Unidos” y afirma que “la persecución política contra él, su familia y sus seguidores es vergonzosa e irrespeta las tradiciones democráticas de Brasil”.

También refuerza “la declaración del presidente Trump” y agrega que la embajada sigue “de cerca esa situación” y que “no comenta sobre próximas acciones del Departamento de Estado en relación con casos específicos”.

La nota siguió el tono adoptado por Trump en mensajes que publicó el pasado lunes y en la noche del martes en su red Truth Social.

“Voy a estar muy atento a la CAZA DE BRUJAS contra Jair Bolsonaro, su familia y miles de sus seguidores. El único juicio que debería existir es el juicio de los votantes de Brasil —se llama una elección—. ¡DEJEN EN PAZ A BOLSONARO!”, escribió.

Sostuvo además que “Brasil está tratando de forma terrible al ex presidente” y dijo que ha “observado, al igual que el mundo, cómo no han hecho otra cosa que perseguirlo, día tras día, noche tras noche, mes tras mes, año tras año. ¡Él no es culpable de nada, salvo de haber luchado por EL PUEBLO!”, afirmó.

El primer mensaje de Trump motivó una inmediata respuesta del jefe de Estado de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien le dio carácter institucional al asunto y reaccionó mediante una nota oficial de la Presidencia.

“La defensa de la democracia en Brasil es un tema que compete a los brasileños. Somos un país soberano. No aceptamos interferencia o tutela de quien quiera que sea”, afirmó Lula.

Bolsonaro, quien gobernó entre 2019 y 2022, cuando coincidió durante dos años con el primer mandato de Trump, está acusado de haber planificado, junto a jefes militares y antiguos ministros, diversos planes para impedir la investidura de Lula tras la victoria del líder progresista en las elecciones de octubre de 2022.

Esa trama, según la Fiscalía, desembocó en el asalto del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas destrozaron las sedes de la Presidencia, el Parlamento y el Supremo en Brasilia, y exigieron que las Fuerzas Armadas derrocaran al nuevo Gobierno.

El juicio cursa en la Corte Suprema, que el mes pasado concluyó la fase de instrucción del proceso, que se prevé que quedará listo para sentencia entre septiembre y octubre próximos.

Bolsonaro y el intento de golpe

A principios de 2025, la Fiscalía General de Brasil, liderada por el fiscal Paulo Gonet, presentó una contundente denuncia contra Bolsonaro por presuntamente orquestar un plan golpista para desconocer los resultados electorales de 2022 y mantenerse en el poder. El escrito, de casi 300 páginas, describe una “organización criminal” organizada desde el Estado, en la que participaron exministros, mandos militares y colaboradores cercanos.

El principal eje de la acusación es un informe de la Policía Federal que aporta documentos, grabaciones y testimonios que vinculan directamente a Bolsonaro con preparativos para declarar un estado de emergencia, disolver el Congreso, arrestar autoridades y reorganizar el poder a través de un decreto elaborado por su círculo más cercano.

Uno de los testimonios clave es el del teniente coronel Mauro Cid, quien fuera ayuda de campo de Bolsonaro y fue posteriormente detenido. Según la Policía, Cid “reunió documentos con el objetivo de obtener respaldo legal y judicial para la ejecución de un golpe de Estado”, según el análisis de su teléfono.

La Fiscalía sostiene además que planeaban incluso deshacerse físicamente de figuras clave, como el presidente Lula y el juez Alexandre de Moraes, ya sea mediante arrestos traumáticos o asesinatos por envenenamiento, según consta en el expediente.

El punto culminante de esta estrategia, según los fiscales, se materializó el 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores irrumpieron violentamente en los edificios del Congreso, el Supremo y el Palacio presidencial de Brasilia. La Fiscalía sostiene que fue el desenlace premeditado de una ofensiva institucional destinada a provocar un caos justificante para justificar una intervención militar.

(Con información de EFE)

Miles de manifestantes de amarillo y verde, los colores de Brasil, salieron a la calle el domingo en San Pablo convocados en nombre de “la justicia” por el ex presidente Jair Bolsonaro, que se enfrenta a cuatro décadas de prisión por presunto intento de golpe de Estado.

“Brasil nos necesita a todos. Es por la libertad, por la justicia”, dijo en los últimos días el ex mandatario de ultraderecha (2019-2022) en la plataforma X, al convocar a sus simpatizantes a una marcha por la avenida Paulista, emblemática arteria de la mayor metrópolis de América Latina.

La manifestación prevista cierra un mes particularmente agitado para Bolsonaro en el ámbito judicial.

En una fase clave en su proceso en el Tribunal Supremo de Justicia, el ex presidente negó cualquier intención golpista durante el esperado cara a cara con el juez Alexandre de Moraes, el poderoso magistrado al que Bolsonaro había tachado de “canalla”.

El ex jefe de Estado de 70 años está acusado de ser el “líder de una organización criminal” que conspiró para mantenerlo en el poder tras perder las elecciones presidenciales de octubre de 2022 ante el presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.

Según la Fiscalía, el supuesto plan golpista, que preveía incluso asesinar a Lula y a otras autoridades, no se concretó por falta de apoyo del alto mando militar.

El juez Moraes, el enemigo

Inelegible hasta 2030 por cuestionar sin pruebas el sistema electoral, Bolsonaro arriesga una condena de hasta 40 años de prisión por los cargos de tentativa de golpe de Estado y organización criminal, entre otros. Pero afirma ser víctima de una “persecución política” destinada a impedirle postularse a las presidenciales el próximo año.

“Hay una justicia para la izquierda y un estado de excepción para la derecha. Los jueces del Tribunal Supremo ni siquiera fueron elegidos y están tomando el poder en Brasil”, comenta a la AFP un manifestante que se hace llamar “Julinho Corazón de León”.

Calvo como el juez Moraes, este sexagenario lleva una toga negra de magistrado, con una simple tela a modo de bermuda y largas medias blancas.

“Alexandre de Moraes es un psicópata, ha destrozado la Constitución”, insiste.

A mediados de junio, el cerco judicial se estrechó aún más en contra de Bolsonaro cuando la policía federal recomendó inculpar a uno de los hijos del ex presidente, Carlos, sospechoso de haber participado en una supuesta red de espionaje ilegal durante el gobierno de su padre.

Según los investigadores, el ex presidente era el “principal destinatario” de la información obtenida, además de estar “en el centro de las decisiones” relacionadas con la elección de las personalidades espiadas por una “estructura paralela” dentro de la agencia brasileña de inteligencia (Abin).

“Pacificación”

“Esta manifestación es un disparate”, comenta Dionisio Teixeira, un vendedor de discos de vinilo en la avenida Paulista, que los domingos se transforma en una gran vía peatonal.

“Este tipo (Bolsonaro), que quería hacer explotar Brasilia y matar a su adversario político, debería ir a prisión. No sé cómo la gente todavía puede venir aquí para defenderlo”, añade.

Varias manifestaciones se han organizado desde el inicio de los problemas judiciales de Bolsonaro, pero la asistencia parece haberse reducido en los últimos meses, incluso este domingo.

Según cálculos de la Universidad de São Paulo, unas 45.000 personas participaron en la última marcha en la avenida Paulista en abril, casi cuatro veces menos que en febrero (185.000).

En estas últimas manifestaciones, la consigna era la “amnistía” de las personas condenadas por los eventos del 8 de enero de 2023 en Brasilia.

Ese día, miles de bolsonaristas tomaron los sitios de poder en la capital brasileña, exigiendo una intervención militar para desalojar a Lula del poder, una semana después de su investidura.

“Se precisa hablar de libertad (...) vamos a promover la pacificación”, declaró recientemente el gobernador de Sao Paulo, Tarcisio de Freitas, quien acudió a la marcha el domingo.

Este ex ministro de Bolsonaro es uno de los principales favoritos para representar a los conservadores en las elecciones presidenciales de 2026. Sin embargo, Bolsonaro aún espera que se anule su inelegibilidad y no ha apoyado a nadie.

(Con información de AFP)

El Tribunal Supremo de Brasil concluyó este martes los interrogatorios al "núcleo crucial" de la supuesta trama golpista de 2022 sin novedad en las alegaciones de los ochos acusados, pero sí con la sorpresiva postura de un comedido expresidente Jair Bolsonaro, muy lejos de las diatribas y desplantes que solía dedicar a la corte y al instructor del caso, el juez Alexandre de Moraes.

Todos los acusados de formar parte de la principal camarilla golpista negaron los hechos, si bien admitieron haber participado en las reuniones en las que supuestamente se había organizado dicha trama, aunque minimizaron el alcance de las cuestiones que se abordaron en estos encuentros.

Algunos de ellos centraron también sus defensas en desacreditar la versión del coronel Mauro Cid, presente en varias de las causas abiertas que tiene Bolsonaro y que ahora, tras haber sido una de sus personas más cercanas, colabora con la Justicia a cambio de beneficios en la condena.

Los jueces del Supremo destacaron que estos dos días de interrogatorios transcurrieron "sin novedades", aunque sorprendió la estrategia de defensa de Bolsonaro, que estaría maniobrando para minimizar daños de cara a la siguiente fase del proceso, prevista a partir de agosto ya que la corte entra en receso en julio.

El expresidente brasileño sugirió horas antes de comparecer ante la corte que seguiría con sus críticas hacia el sistema electoral, principal objetivo de sus campañas de descrédito antes, durante y después de las elecciones que le enfrentaron al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en octubre de 2022.

Bolsonaro, que llamó "locos" a quienes defienden una intervención militar, optó en su intervención de tres horas por otro tono y se mostró conciliador y dispuesto a disculparse con De Moraes, a quien llegó a proponerle en tono distendido ser su vicepresidente para las elecciones de 2026, para las que está inhabilitado.

La prensa brasileña apunta que los aliados de Bolsonaro han reconocido que el peso de las pruebas hace difícil la absolución, por la que han estado haciendo campaña todos estos meses con multitudinarias manifestaciones en las calles, y que el objetivo ahora de su defensa es preparar el terreno para una petición de arresto domiciliario, de ahí el cambio de tono hacia el alto tribunal brasileño.

Después de la comparecencia de los ochos acusados, el juez De Moraes da un margen de cinco días para que la Fiscalía y las defensas presenten la apertura de nuevas diligencias, que pueden no ser aceptadas por el Supremo, y posteriormente se abre un plazo de quince días a cada una de las partes para las alegaciones finales.

Esas serán las últimas intervenciones de la acusación y las defensas antes de que el caso sea llevado a juicio a la Primera Sala del Supremo, que decidirá, previsiblemente en los próximos meses, el futuro de Bolsonaro y sus socios.

Cabe recordar que a todos ellos se les acusa de los delitos de organización criminal armada, intento de abolir de manera violenta el Estado de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio, que culminaron con el intento de los seguidores de Bolsonaro de tomar las instituciones, el 8 de octubre de 2023 en Brasilia.

Bolsonaro se enfrenta a una pena de hasta 40 años de cárcel en el peor de sus escenarios. La Fiscalía considera que es el cabecilla de una trama para mantenerle en el poder después de las elecciones de 2022, en la que habrían participado en diferente grado una treintena de personas.

Ese considerado "núcleo crucial" está formado por el ya citado Cid, los exministros Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Netto, Augusto Heleno Riberio y Anderson Torres, todos ellos generales del Ejército salvo el último, el exjefe de Inteligencia Alexandre Ramagem y el excomandante de la Marina Almir Garnier.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha reconocido este martes ante el Tribunal Supremo que buscó "alternativas" dentro de la ley tras perder las elecciones de 2022 contra Luiz Inácio Lula da Silva pero ha negado que hubiera hablado de dar un golpe de Estado, en el marco de su primera comparecencia como imputado en un complot golpista.

"Cuando hablamos de un proyecto de ley, parece que se trata de un proyecto de ley perverso. Rechazo cualquier posibilidad de hablar de un proyecto de ley golpista o de un proyecto de ley que no se ajuste a la Constitución brasileña", ha declarado.

Al ser preguntado por el juez Alexandre de Moraes sobre el contenido de las reuniones con comandantes militares a finales de 2022, el exmandatario ha afirmado que abordaron la posibilidad de actuar "dentro de la Constitución", según recoge el portal de noticias G1.

"No puedo garantizar que tal o cual asunto se discutiera tal o cual día. Las reuniones que se llevaron a cabo se basaron, en gran medida, en la decisión del TSE (Tribunal Superior Electoral). Cuando presentamos una petición sobre posibles vulnerabilidades y, al día siguiente, no fue aceptada, no se discutió más", ha declarado.

Bolsonaro ha considerado que el pago de una multa impuesta por el TSE contra su formación política, el Partido Liberal, por pedir la invalidez de los comicios impidió, a su entender, cualquier cuestionamiento del resultado electoral. "Entendíamos que, si apelábamos, la multa podría aumentar", ha manifestado.

Asimismo, ha rechazado que su gobierno discutiera la posibilidad de llevar a cabo plan golpista: "Por mi parte, nunca se habló de un golpe de Estado. Es abominable. Sería fácil iniciarlo y las consecuencias serían impredecibles y perjudiciales para todos. Brasil no podría pasar por una experiencia así. La posibilidad de un golpe ni siquiera se consideró durante mi gobierno", ha dicho.

Además, ha negado que el excomandante de la Armada Almir Garnier pusiera tropas a su disposición para ejecutar medidas golpistas que revirtieran el resultado electoral. "Bajo ninguna circunstancia. (...) No había clima, ni oportunidad, ni una base mínimamente sólida para hacer nada", ha sostenido.

En cuanto a sus declaraciones en contra del proceso electoral tras insinuar que hubo fraude en el voto electrónico, Bolsonaro ha aseverado que ha tenido una retórica a favor del voto impreso y que nunca ha tomado ninguna medida en contra de la Constitución.

También se ha disculpado por sus acusaciones sobre que ministros del Alto Tribunal estaban "recibiendo dinero" para manipular el resultado, reconociendo que "no existe ninguna prueba" y que "no tenía la intención de acusar a nadie de ninguna mala conducta".

El expresidente forma parte junto a otras siete personas del núcleo principal de esta trama, por la que se les acusa de asociación criminal, intento de abolir de manera violenta el Estado de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio, que culminó con el intento de tomar las instituciones del 8 de octubre de 2023.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha sugerido este martes que incidirá en sus críticas al sistema electoral como estrategia de defensa en su juicio por golpe de Estado, en el que está previsto que comparezca el miércoles o el jueves, según avancen las declaraciones del resto de acusados.

"Si estoy cómodo, que se preparen, van a ser horas", ha dicho Bolsonaro con respecto a su esperada declaración ante el Tribunal Supremo, por donde ya han desfilado acusados como su antiguo ayudante el coronel Mauro Cid, el exjefe de Inteligencia Alexandre Ramagem, o el excomandante Almir Garnier.

Bolsonaro ha insistido en que "no existió golpe" en Brasil y ha adelantado que pretende presentar durante su declaración una decena de "vídeos cortos" que ayudarían no sólo a desmentir a la acusación, sino que además evidenciarían que las propias autoridades conocen los problemas de seguridad que arrastra el voto electrónico.

Algunas de estas grabaciones, ha dicho, muestran al juez del Supremo Flávio Dino "condenando la urna electrónica", o al exministro de Seguridad Carlos Lupi "hablando también que sin impresión del voto hay fraude. No me lo estoy inventando", ha dicho.

Las supuestas fallas del voto electrónico han sido una de las principales denuncias de Bolsonaro durante la pasada campaña electoral, hasta el punto de llegar a organizar una reunión en el Palacio del Planato en la que se explayó a cerca de estas teorías, ampliamente desmentida. Aquello le supuso una inhabilitación de ocho años.

Bolsonaro ha afirmado que hablará "durante horas" después de que la Justicia brasileña le haya "prohibido un montón de cosas" y de que haya sido acusado "hasta de pedófilo" por sus rivales políticos, según recoge el portal G1.

Este lunes han arrancado los interrogatorios en el Tribunal Supremo del considerado "núcleo crucial" de esta supuesta trama golpista para mantener en el poder a Bolsonaro tras las elecciones de 2022. El primero en comparecer ha sido Mauro Cid, antiguo hombre de confianza del expresidente brasileño y ahora colaborador de la Justicia.

"Para la defensa fue perfecto. Mintió, omitió, olvidó, trajo cuestiones que contradicen expresamente la denuncia. Vamos a ahondar en eso", ha dicho este martes el abogado de Bolsonaro, Celso Vilardi, a su llegada a la sede del Supremo en Brasilia.

En su comparecencia, Cid confirmó que Bolsonaro leyó y propuso cambios al borrador que se elaboró para llevar a cabo esta supuesta trama golpista, si bien reconoció no haber estado en el momento en el que se llevaron a cabo estas modificaciones.

El expresidente forma parte junto a otras siete personas del núcleo principal de esta trama, por la que se les acusa de asociación criminal, intento de abolir de manera violenta el Estado de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio, que culminó con el intento de tomar las instituciones del 8 de octubre de 2023.

Bolsonaro será el sexto en comparecer. Antes, deberán hacerlo el exministro de Justicia Anderson Torres y el exjefe de Gabinete de Seguridad y general en la reserva Augusto Heleno Riberio. Posteriormente lo harán los exministros de Defensa Paulo Sérgio Nogueira y Walter Braga Netto.

El Tribunal Supremo de Brasil ha rechazado este viernes un nuevo intento del expresidente Jair Bolsonaro para paralizar la causa relacionada con la trama golpista con la que pretendía mantenerse en el poder tras las elecciones de 2022, cuya fase de instrucción comienza la próxima semana, cuando se espera que comparezca.

La defensa ha alegado que no han tenido acceso a la totalidad de las pruebas reunidas por la Policía y la Fiscalía y que deberían primero oír los testimonios de los otros acusados para poder preparar las defensas en caso de que emitieran declaraciones contra el expresidente brasileño.

No obstante, el juez encargado del proceso, Alexandre de Moraes, sostiene que todas las pruebas están disponibles, que el nuevo material "en nada altera los hechos imputados al acusado" y que si deseaba tomar declaración al resto de acusados deberían haber incluido esos nombres en su lista de declarantes.

"Si los testigos mencionados (...) hubieran sido considerados importantes para la defensa del acusado Jair Bolsonaro, deberían haber sido incluidos en el momento procesal oportuno", ha zanjado el magistrado, según recoge el portal G1.

Bolsonaro se enfrenta a una pena de hasta 40 años de cárcel en el peor de sus escenarios por una trama para mantenerle en el poder después de las elecciones de 2022, en la que habrían participado en diferente grado una treintena de personas, entre ellas ministros y altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía.

El expresidente forma parte junto a otras siete personas del núcleo principal de esta trama, por la que se les acusa de asociación criminal, intento de abolir de manera violenta el Estado de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio, que culminó con el intento de tomar las instituciones del 8 de octubre de 2023.

El Supremo de Brasil ha convocado al expresidente del país Jair Bolsonaro y a otros siete acusados en la trama por el intento de golpe de Estado contra el mandatario actual, Luiz Inácio Lula da Silva, tras los ataques a las instituciones en Brasilia el 8 de enero de 2023, a comparecer por esta causa el próximo lunes, 9 de junio.

El juez y relator del caso, Alexandre de Moraes, ha fijado esta fecha después de que este lunes hayan concluido las comparecencias de los 52 testigos presentados por la acusación y la defensa.

Los interrogatorios de la próxima semana darán comienzo a las 14.00 horas (hora local, 19.00 hora peninsular española) con el que fuera 'mano derecha' de Bolsonaro cuando era presidente, el coronel Mauro Cid, quien ha sellado un acuerdo de colaboración con la justicia.

Los ocho acusados están imputados por los delitos de participación en organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado de derecho, golpe de Estado, daños causados por violencia y grave amenaza y deterioro del patrimonio inmueble.

La fecha fue fijada por la Primera Sala del Supremo después de que este mismo lunes declaró el último de los testigos convocados por los abogados de acusación y defensa.

Fue el senador Rogério Marinho, quien durante el tramo final de la gestión de Bolsonaro (2019-2022) se desempeñó como ministro de Desarrollo Regional y fue citado por la defensa.

Marinho dijo que, después de las elecciones de octubre de 2022, en las que Lula derrotó al líder de la ultraderecha, tuvo solo una reunión con Bolsonaro, en la que participaron otros ministros, y que "en ningún momento" se habló de una conspiración.

"Lo vi preocupado, con rabia por una derrota que no esperaba", pero designó a los ministros que dirigirían la transición del poder al nuevo Gobierno, declaró el senador, en la misma línea que otros exministros que han testimoniado ante los jueces.

Concluida esta fase, también serán consultadas la Fiscalía y las defensas de los acusados, a fin de saber si consideran que son necesarias otras diligencias para buscar nuevas pruebas, confirmar lo declarado por los testigos o incluso solicitar careos.

Aún así, el magistrado Alexandre de Moraes, en su condición de relator del proceso, decidió que los interrogatorios a Bolsonaro y a los otros siete acusados juzgados en esta fase comenzarán a partir del 9 de junio próximo.

Fuentes del tribunal han dicho que la intención es que el juicio concluya este mismo año y que las sentencias pudieran ser dictadas entre octubre y noviembre.

Las acusaciones son por los delitos de abolición violenta del Estado democrático, golpe de Estado, asociación criminal armada, daño calificado y destrucción de patrimonio, que en conjunto pueden suponer condenas de hasta 40 años de cárcel.

Desde el pasado 19 de mayo, declaró un total de 52 testigos, propuestos tanto por la acusación como por los abogados defensores.

Según la acusación, la conspiración comenzó tras los comicios de octubre de 2022 y tenía como fin impedir la investidura de Lula.

Esos planes habrían desembocado en la asonada del 8 de enero de 2023, cuando el líder progresista tenía una semana en el cargo y miles de bolsonaristas asaltaron el corazón del poder en Brasilia a fin de incitar a las Fuerzas Armadas a derrocar al nuevo Gobierno.

Los testimonios que más podrían comprometer a Bolsonaro fueron dados por dos antiguos jefes militares, que confirmaron haber sido convocados por el entonces presidente en diciembre de 2022, a fin de discutir alternativas para impedir la toma de posesión de Lula.

Uno fue el excomandante del Ejército, el general Marco Antonio Freire Gomes, quien dijo ante los jueces que Bolsonaro consultó a los jefes de las Fuerzas Armadas sobre la posible implantación de un estado de sitio y una "intervención" en la Justicia electoral.

Freire Gomes aclaró que se opuso y le advirtió a Bolsonaro de que debía "evaluar todas las consecuencias", pues si avanzaba por ese camino sería "encuadrado jurídicamente".

Esa reunión fue confirmada por el exjefe de la Fuerza Aérea Carlos Baptista Júnior, quien refrendó lo dicho por Freire Gomes y afirmó que las propuestas de Bolsonaro "atentaban contra el régimen democrático".

Ambos coincidieron también en otro punto y declararon que el entonces comandante de la Marina, almirante Almir Garnier, otro de los imputados en este proceso, fue el único jefe militar que no se opuso claramente a esos planes golpistas. EFE

(foto)

El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, ha pedido al Tribunal Supremo que autorice la apertura de una investigación contra el diputado federal Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, por sus acciones en Estados Unidos, desde donde inició una campaña para defender la inocencia de su padre, acusado de golpe de Estado por el ataque a las instituciones en enero de 2023.

En la solicitud, Gonet ha afirmado que hay indicios de que el parlamentario --que anunció en marzo que dejaba temporalmente su acta-- estaría cometiendo los delitos de obstrucción a las investigaciones, coacción durante el proceso en curso y atentado a la soberanía de Brasil.

El Ministerio Público ha indicado que Eduardo Bolsonaro estaría articulando sanciones por parte de Estados Unidos contra el juez del Supremo Alexandre de Moraes con el fin de "coaccionar" al alto tribunal, según ha informado el portal de noticias brasileño UOL.

Para ello, se apoya en declaraciones del diputado a la prensa en la que afirma que está manteniendo reuniones con altos cargos de la Administración estadounidense para imponer medidas contra Moraes, como prohibirle realizar transacciones, abrir cuentas bancarias y utilizar tarjetas de crédito.

Para la Fiscalía, Eduardo Bolsonaro está intentando interferir en el "normal desarrollo" de los procesos penales en curso abiertos contra su padre "y sus aliados". Así, ha denunciado la "intención de avergonzar" el proceso" del Supremo y "perturbar" el trabajo de la Policía Federal.

Según la acusación, Jair Bolsonaro y el que fuera su candidato a vicepresidente, el general Walter Braga Netto, encabezaban una organización criminal que barajó incluso la muerte del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en caso de que no pudieran detener el resultado de aquellas elecciones de octubre de 2022.

Entre los acusados se encuentran figuras muy próximas a Bolsonaro, como su entonces 'mano derecha', el coronel Mauro Cid, quien ha sellado un acuerdo de colaboración con la justicia; el exdirector de Inteligencia Alexandre Ramagem; los exministros de Defensa Paulo Sérgio Nogueira y de Justicia Anderson Torres, o el antiguo comandante de la Marina, Almir Garnier.

El "sondeo" hecho por el líder de la ultraderecha fue confirmado por el excomandante del Ejército, el general Marco Antonio Freire Gomes, uno de los primeros testigos del proceso por golpismo contra el exmandatario escuchados por la Primera Sala del Supremo.

Según Freire Gomes, la probable "intervención", que incluía hasta una declaración de estado de sitio, fue planteada por Bolsonaro a los jefes militares en diciembre de 2022.

"Expuse la importancia de evaluar todas las consecuencias", dijo Freire Gomes, quien junto al exjefe de la Fuerza Aérea Carlos Baptista Júnior, se opuso a la iniciativa, que según Bolsonaro solo estaba siendo "estudiada".

Sin embargo, Freire Gomes aclaró que le fue advertido a Bolsonaro que "no tendría apoyo" de las Fuerzas Armadas y que, si lo hiciera, "podría ser encuadrado jurídicamente".

El antiguo jefe militar, hoy en la reserva, fue interrogado por el juez Alexandre de Moraes, relator del caso en el que la Fiscalía General actúa como parte acusadora.

Según la Fiscalía, la trama golpista comenzó después de que Bolsonaro perdió las elecciones de octubre de 2022 frente a Lula.

La conspiración habría desembocado en la asonada del 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula y cuando miles de bolsonaristas destrozaron las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia para incitar una intervención militar que derrocara al nuevo Gobierno.

Otro de los testigos escuchados este lunes fue el empresario Éder Balbino, especialista en informática contratado por el Partido Liberal (PL), que lidera Bolsonaro, con el objetivo de comprobar un supuesto fraude en las elecciones, sobre el que el líder de la ultraderecha advertía desde antes de los comicios.

"No encontramos ninguna sospecha de fraude", declaró Balbino, cuya empresa hizo una auditoría de las urnas electrónicas usadas en el proceso.

Agregó que, pese al resultado de su informe, el PL presentó una denuncia por supuestas irregularidades que fue rechazada por las autoridades electorales, precisamente por "ausencia de indicios".

En ese mismo marco, el exfuncionario del Ministerio de Defensa Clebson Ferreira, otro de los testigos, confirmó que, después de la primera vuelta, le fue pedido un "mapa" de los municipios en los que Lula había obtenido más votos.

En esos mismos municipios, según la acusación, fue denunciado que el día de la segunda vuelta la Policía dificultó el acceso de los ciudadanos a los centros electorales, con la supuesta intención de restarle votos a Lula y favorecer al entonces presidente.

Bolsonaro siguió los interrogatorios por videoconferencia, así como otros de los siete reos que integran el llamado 'núcleo 1' de la trama golpista, quienes serán juzgados en esta primera fase del proceso, que hasta ahora tiene un total de 21 imputados.

Entre los otros acusados que responden en este fase figuran el excomandante de la Marina Almir Gabriel, el exministro de Justicia Anderson Torres, el exministro de Seguridad Institucional Augusto Heleno Ribeiro, el exministro de Defensa Paulo Sergio Nogueira y el exministro de la Presidencia Walter Braga Neto.

El grupo lo completa el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) y hoy diputado Alexandre Ramagem, por cuya condición de aforado el bolsonarismo intentó sin éxito suspender el proceso.

En total, la acusación y las defensas han convocado a un total de 82 testigos, que serán escuchados en diversas audiencias previstas para concluir el próximo 2 de junio.

Concluida esa fase, el proceso seguirá con interrogatorios a los ocho acusados, tras lo que la acusación y las defensas presentarán sus respectivos alegatos y el juicio quedará listo para sentencia. EFE

(foto)

El Supremo Tribunal Federal escuchará, en diferentes audiencias programadas entre el 19 de mayo y el 2 de junio, a los 82 testigos presentados por la Fiscalía y por los ocho acusados.

Los primeros que serán escuchados, a partir de las 15.00 hora local (18.00 GMT) y por videoconferencia, son los seis testigos de la Fiscalía, entre ellos los excomandantes del Ejército y de la Fuerza Aérea general Marco Antonio Freire Gomes y brigadier general Carlos de Almeida Baptista Júnior.

Ambos, hoy en la reserva, admitieron que se reunieron varias veces con Bolsonaro y con sus asesores más próximos y que los invitaron a apoyar un presunto plan para dar un golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de 2022.

Bolsonaro y sus colaboradores, entre ellos exministros y militares de alto rango, son acusados de encabezar la conspiración golpista supuestamente urdida para intentar anular las elecciones de 2022, en las que Lula derrotó al líder ultraderechista, y mantenerse en el poder.

Según la acusación, los líderes de la trama planearon incluso asesinar a Lula y a otras altas autoridades e incentivaron los actos golpistas del 8 de enero de 2023, siete días después de que el líder progresista asumiera su tercer mandato.

Ese día, miles de "bolsonaristas" destrozaron las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia para incitar una intervención militar que devolviera al poder al capitán retirado del Ejército.

Los cinco magistrados de la Sala Primera de la Corte Suprema consideraron en marzo pasado, por unanimidad, de que hay indicios suficientes para juzgar a los ocho acusados por cinco delitos graves que podrían acarrearles condenas de hasta 40 años de cárcel.

Los cargos son abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio.

Entre los enjuiciados también están el excomandante de la Marina Almir Gabriel, los exministros de Justicia Anderson Torres, de Seguridad Institucional Augusto Heleno Ribeiro, de Defensa Paulo Sergio Nogueira y de la Presidencia Walter Braga Neto y el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia y diputado Alexandre Ramagem.

El proceso tiene como base las numerosas pruebas recogidas por la Fiscalía, entre ellas un borrador de decreto para declarar el estado de sitio y la confesión del antiguo edecán de Bolsonaro, el teniente-coronel Mauro Cid, que es el octavo enjuiciado pero que puede recibir beneficios por su colaboración con la Justicia.

Los testigos convocados por Mauro Cid serán precisamente los segundos a ser escuchados, en una audiencia prevista para el 22 de mayo.

Los testigos de los otros seis enjuiciados serán escuchados entre el 23 y el 29 de mayo y los quince testigos convocados por Bolsonaro a partir del 30 de mayo.

Entre sus convocados destacan el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, el exvicepresidente y hoy senador Hamilton Mourão y otros integrantes y altos militares de su Gobierno (2019-2022).

El interrogatorio de testigos marca el inicio de la fase de instrucción criminal del proceso, durante la que defensa y acusación recogen pruebas y solicitan pericias y diligencias complementarias para aclarar circunstancias o hechos.

Concluida esta fase, el Supremo tendrá que definir las fechas en que interrogará a los enjuiciados y en las que escuchará los alegatos finales de acusación y defensa.

Finalmente, los cinco magistrados responsables por el proceso decidirán el destino de los acusados, lo que está previsto para septiembre u octubre de este año. EFE

Un ex jefe militar confirmó este lunes ante la Corte Suprema de Brasil que el ex presidente Jair Bolsonaro planteó la posibilidad de impedir la investidura del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, tras las elecciones de octubre de 2022.

El “sondeo” hecho por el líder de la ultraderecha fue confirmado por el ex comandante del Ejército, el general Marco Antonio Freire Gomes, uno de los primeros testigos del proceso por golpismo contra el ex mandatario escuchados por la Primera Sala del Supremo.

Según Freire Gomes, la probable “intervención”, que incluía hasta una declaración de estado de sitio, fue planteada por Bolsonaro a los jefes militares en diciembre de 2022.

“Expuse la importancia de evaluar todas las consecuencias”, dijo Freire Gomes, quien junto al ex jefe de la Fuerza Aérea Carlos Baptista Júnior, se opuso a la iniciativa, que según Bolsonaro solo estaba siendo “estudiada”.

Sin embargo, Freire Gomes aclaró que le fue advertido a Bolsonaro que “no tendría apoyo” de las Fuerzas Armadas y que, si lo hiciera, “podría ser encuadrado jurídicamente”.

El antiguo jefe militar, hoy en la reserva, fue interrogado por el juez Alexandre de Moraes, relator del caso en el que la Fiscalía General actúa como parte acusadora.

Según la Fiscalía, la trama golpista comenzó después de que Bolsonaro perdió las elecciones de octubre de 2022 frente a Lula.

La conspiración habría desembocado en la asonada del 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula y cuando miles de bolsonaristas destrozaron las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia para incitar una intervención militar que derrocara al nuevo Gobierno.

Intentos por mostrar un “fraude” inexistente

Otro de los testigos escuchados este lunes fue el empresario Éder Balbino, especialista en informática contratado por el Partido Liberal (PL), que lidera Bolsonaro, con el objetivo de comprobar un supuesto fraude en las elecciones, sobre el que el líder de la ultraderecha advertía desde antes de los comicios.

“No encontramos ninguna sospecha de fraude”, declaró Balbino, cuya empresa hizo una auditoría de las urnas electrónicas usadas en el proceso.

Agregó que, pese al resultado de su informe, el PL presentó una denuncia por supuestas irregularidades que fue rechazada por las autoridades electorales, precisamente por “ausencia de indicios”.

En ese mismo marco, el ex funcionario del Ministerio de Defensa Clebson Ferreira, otro de los testigos, confirmó que, después de la primera vuelta, le fue pedido un “mapa” de los municipios en los que Lula había obtenido más votos.

En esos mismos municipios, según la acusación, fue denunciado que el día de la segunda vuelta la Policía dificultó el acceso de los ciudadanos a los centros electorales, con la supuesta intención de restarle votos a Lula y favorecer al entonces presidente.

Bolsonaro acompaña a distancia

Bolsonaro siguió los interrogatorios por videoconferencia, así como otros de los siete reos que integran el llamado ‘núcleo 1’ de la trama golpista, quienes serán juzgados en esta primera fase del proceso, que hasta ahora tiene un total de 21 imputados.

Entre los otros acusados que responden en esta fase figuran el ex comandante de la Marina Almir Gabriel, el ex ministro de Justicia Anderson Torres, el ex ministro de Seguridad Institucional Augusto Heleno Ribeiro, el ex ministro de Defensa Paulo Sergio Nogueira y el ex ministro de la Presidencia Walter Braga Neto.

El grupo lo completa el ex director de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) y hoy diputado Alexandre Ramagem, por cuya condición de aforado el bolsonarismo intentó sin éxito suspender el proceso.

En total, la acusación y las defensas han convocado a un total de 82 testigos, que serán escuchados en diversas audiencias previstas para concluir el próximo 2 de junio.

Concluida esa fase, el proceso seguirá con interrogatorios a los ocho acusados, tras lo que la acusación y las defensas presentarán sus respectivos alegatos y el juicio quedará listo para sentencia.

(Con información de EFE)

El proyecto aprobado por la Cámara baja dice que toda la acción penal debe suspenderse por la condición de diputado de Alexandre Ramagem, uno de los 21 acusados, quien solo podría responder por delitos cometidos antes de comenzar a ejercer su mandato.

El caso tramita en la Primera Sala del Supremo, cuyo relator, Alexandre de Moraes, abrió este viernes un análisis sobre el asunto y aclaró que la decisión parlamentaria se puede aplicar al diputado Ramagem "parcialmente", pero no puede ser extensiva a los imputados que carecen de fuero.

Ramagem, igual que Bolsonaro y los otros acusados, responde por los supuestos delitos de organización criminal, intento de abolición violenta del Estado de derecho, golpe de Estado, daño calificado y destrucción de patrimonio público.

Las últimas dos acusaciones se refieren a los sucesos del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia para exigir a las Fuerzas Armadas que derrocaran al presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

El líder progresista había asumido una semana antes, tras haber ganado las elecciones de 2022, en las que Ramagem obtuvo su escaño de diputado.

Según el magistrado De Moraes, el artículo 53 de la Constitución, que regula el fuero parlamentario, puede aplicarse por tanto a esos dos cargos, pero no a las otras tres acusaciones que pesan sobre Ramagem, que tratan sobre hechos anteriores a su mandato.

Subrayó además que la suspensión del proceso es "inaplicable" a los otros veinte reos y que las dos acusaciones pendientes contra el diputado deberán ser juzgadas una vez que pierda su escaño.

Tras el voto del relator, deberán manifestarse los otros cuatro miembros de la Primera Sala, que tienen plazo para ello hasta el próximo martes.

Sin embargo, fuentes judiciales aseguran que existe consenso en torno a la aplicación de la suspensión parcial y solo para el caso del diputado que ha planteado De Moraes.

La iniciativa parlamentaria fue promovida por el Partido Liberal (PL), que lidera Bolsonaro, y presentada en paralelo a un proyecto de amnistía que la ultraderecha demanda para los responsables por la asonada del 8 de enero de 2023, que hasta ahora no ha encontrado eco en el Parlamento. EFE

(foto)

El Tribunal Federal Supremo (STF, por sus siglas en portugués) de Brasil ha fijado para este viernes la deliberación sobre la decisión de la Cámara de Diputados de ordenar la suspensión del proceso penal contra el diputado Alexandre Ramagem por el caso del intento de golpe de Estado de 2023, en el que también está imputado el expresidente Jair Bolsonaro.

El pleno de la primera sala del STF se llevará a cabo este viernes a petición del juez Alexandre de Moraes después de que el presidente de la Cámara, Hugo Motta, informara al presidente del Tribunal, Luís Roberto Barroso, de la suspensión parlamentaria del juicio contra Ramagen, también exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia, según recoge Agencia Brasil.

La resolución se basa en el artículo 53 de la Constitución de Brasil, que otorga a la Cámara de Diputados y al Senado el derecho a suspender los procedimientos penales contra miembros de ambas cámaras.

A pesar de ello, el mes pasado, el alto tribunal envió una carta a la cámara baja para informar de que los diputados no podían suspender todo el proceso, sino sólo los delitos cometidos por Ramagem después de recibir el acta de diputado.

Ese hito temporal de diciembre de 2022 le evitaría a Ramagem ser juzgado por los delitos de daños tipificados con violencia y amenaza grave, contra el patrimonio federal y con daños considerables a la víctima y deterioro de los bienes declarados.

Sin embargo, según el Supremo, la suspensión no aplicaría a los crímenes de golpe de Estado, organización criminal armada e intento de abolición del Estado Democrático de Derecho.

La deliberación del STF es necesaria, puesto que la resolución de la Cámara abriría el camino para la suspensión de los cargos imputados también a los demás acusados en el grupo 1 del proceso, incluido el expresidente Jair Bolsonaro.

En el primer grupo de acusados están también el general y exministro y exvicepresidente de Bolsonaro, Walter Braga Netto; el general retirado y exministro del Gabinete de Seguridad Institucional, Augusto Heleno; el ex ministro de Justicia y exsecretrio de Seguridad del Distrito Federal, Anderson Torres; el excomandante de la Marina, Almir Garnier; el general y exministro de Defensa, Paulo Sérgio Nogueira, y el excolaborador de Bolsonaro, Mauro Cid.

El acto, que sigue a otros realizados a inicios de este año en Río de Janeiro y São Paulo, ha sido organizado en respaldo a un proyecto presentado en el Parlamento por la extrema derecha, que hasta ahora no encuentra pleno apoyo en las cámaras legislativas.

El proyecto propone amnistiar a "todos quienes participaron en manifestaciones en cualquier lugar del territorio nacional desde el 30 de octubre de 2022 hasta el día de entrada en vigor de la ley".

De ese modo, beneficiaría a los implicados en la asonada de enero de 2023, cuando fueron asaltadas con extrema violencia las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia, y también a miles de personas que acamparon frente a cuarteles de casi todo el país exigiendo un golpe al día siguiente de los comicios de 2022.

En esas elecciones, el actual presidente progresista Luiz Inácio Lula da Silva se impuso a Bolsonaro, que aspiraba a mantenerse en el poder y nunca aceptó su derrota en las urnas.

Bolsonaro, quien responde ante la Corte Suprema como supuesto mentor de ese movimiento golpista, llegó a la céntrica Torre de TV de Brasilia, donde ya se concentraban un millar de manifestantes, para encabezar la manifestación.

El líder de la ultraderecha permaneció tres semanas ingresado en un hospital, en el que fue sometido a una compleja operación en el intestino, y recibió el alta el pasado domingo.

Aunque los médicos le han recomendado reposo, Bolsonaro dijo que pretende estar presente al menos "un momento" en el acto, en "solidaridad" con las personas condenadas a prisión por su participación en el fracasado intento de golpe que, según la ultraderecha, solo expresaron "pacíficamente" su descontento con el resultado de las elecciones de 2022.

Por los sucesos de enero de 2023, cerca de 1.600 personas fueron acusadas por lo que la Justicia ha calificado de intento de golpe de Estado y, entre ellas, unas 550 ya fueron condenadas a penas que oscilan entre 1 y 17 años de cárcel. EFE

La marcha recorrerá a partir de las 16.00 horas (19.00 GMT) la Explanada de los Ministerios, rumbo a la plaza de los Tres Poderes, lugar donde se encuentra el Congreso Nacional, la Presidencia y el Tribunal Supremo y que fue el escenario de los graves disturbios ocurridos una semana después de la investidura del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro, líder de la extrema derecha brasileña, no debe acudir a la manifestación, que según sus convocantes, será pacífica, puesto que acaba de recibir el alta médica después de una cirugía del intestino, a la que fue sometido hace tres semanas.

El expresidente también responderá penalmente por los ataques de 2023, en un juicio en el que se le acusa de liderar la trama golpista con la que, según las investigaciones, trató de mantenerse en el poder tras su derrota en las elecciones de octubre de 2022.

El acto de Brasilia seguirá a otros realizados desde inicios de este año en Río de Janeiro y São Paulo, convocados también en respaldo a un proyecto presentado en el Parlamento por la extrema derecha, que hasta ahora no encuentra pleno apoyo en las cámaras legislativas.

El proyecto propone amnistiar a "todos quienes participaron en manifestaciones en cualquier lugar del territorio nacional desde el 30 de octubre de 2022 hasta el día de entrada en vigor de la ley".

Aunque no está claro, en el Gobierno se teme que la intención sea beneficiar con la amnistía al propio Bolsonaro y a otros líderes de liderar la trama.

Bolsonaro ha admitido que estudió con la cúpula militar un borrador de decreto que, de haberse aplicado, habría declarado el estado de sitio y habría ordenado una intervención militar, medidas que, según el exgobernante, estaban amparadas en la Constitución.EFE

El encuentro tuvo lugar el lunes en la residencia de Bolsonaro, apenas un día después de recibir el alta hospitalaria tras permanecer tres semanas internado por una cirugía intestinal.

Durante la reunión, el exmandatario "destacó las amenazas urgentes a la democracia brasileña y a los intereses estadounidenses en la región", según un mensaje publicado por el parlamentario en las redes sociales.

De acuerdo con el diputado, Pita le "expresó su apoyo" al líder ultraderechista y le "prometió llevar su mensaje a Washington".

El funcionario del Departamento de Estado hace parte de una delegación del Gobierno de Donald Trump, que está de visita en Brasil, pero no es el jefe de la misión.

Horas antes, el senador Flávio Bolsonaro, otro hijo del ex jefe de Estado, también se reunió con el consejero de la cancillería estadounidense, a quien presentó un informe sobre las acciones de las bandas narcotraficantes Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho.

El senador y otros legisladores de derecha, quieren que el Gobierno de ese país las declare como terroristas.

El encuentro de Bolsonaro con el funcionario estadounidense se da un día después de ser dado de alta tras ser intervenido quirúrgicamente del intestino el 13 de abril.

La crisis del líder ultraderechista comenzó dos días antes, el 11 de abril, en medio de una gira política en la que buscaba apoyo a un proyecto de amnistía para los ultras condenados por participar en el intento golpista del 8 de enero de 2023, cuando fueron asaltadas las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia.

Por esos hechos, el expresidente (2019-2022) responde ante la Corte Suprema de Justicia, que ha aceptado denuncias formuladas por la Fiscalía, que le acusa de haber orquestado esa fracasada asonada contra el Gobierno del progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

El viernes pasado, cuando permanecía hospitalizado, Bolsonaro convocó a una nueva manifestación por la amnistía para este miércoles 7 de mayo en Brasilia.

Pese a continuar en reposo en su residencia, el líder ultraderechista no descarta la participación en el acto, según afirman medios locales. EFE

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha abandonado este domingo el hospital después de haber permanecido ingresado tres semanas tras someterse a una nueva operación abdominal, de más de doce horas, derivada de las secuelas de una cuchillada que recibió en 2018, cuando era candidato.

Bolsonaro ha salido por su propio pie del hospital de Brasilia en el que se encontraba desde el pasado día 12 de abril, donde se sometió a una cirugía por una obstrucción intestinal, tras encontrarse mal en un acto de campaña de su partido.

"Muchas gracias a quienes me acompañaron, a quienes rezaron y pidieron a Dios", ha dicho el expresidente a su salida del hospital, donde ha sido recibido por un grupo de seguidores, según recoge el portal de noticias G1.

Bolsonaro ha estado estas dos semanas en una unidad de tratamiento intensivo, si bien no le ha impedido recibir constantes visitas y mostrarse muy activo en redes sociales, incluso retransmitiendo en directo.

Durante su estancia en el hospital, el Tribunal Supremo le envió una citación judicial por el delito de golpe de Estado por el que está siendo investigado, a la que respondió visiblemente contrariado.

Las visitas de Bolsonaro al médico por las secuelas del ataque de 2018 han sido recurrentes en los últimos años. Esta ha sido la sexta cirugía a la que se somete y la novena hospitalización desde entonces.

El líder ultraderechista de 70 años abandonó el Hospital DF Star de Brasilia y saludó a un grupo de simpatizantes que se acercaron a la puerta de la clínica privada, donde ha estado ingresado desde la noche del 12 de abril.

"Vuelvo a casa renovado", afirmó en sus redes sociales cuando este domingo anunció que recibiría el alta hospitalaria.

En los últimos días, Bolsonaro había presentado una evolución positiva de la intervención, "sin dolores, ni fiebre" y "con la presión arterial bajo control", según el parte médico del sábado.

Además se le suspendió la alimentación vía intravenosa ante la "buena aceptación de la dieta pastosa" por vía oral.

Bolsonaro, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, fue intervenido quirúrgicamente del intestino el 13 de abril, dos días después de manifestar intensos dolores durante un acto político en la ciudad de Natal.

Con esta última operación, el expresidente ya ha pasado siete veces por el quirófano para corregir problemas digestivos desde que en 2018 fue apuñalado en el abdomen por un enfermo mental, durante un mitin celebrado en la ciudad de Juiz de Fora, en plena campaña para las elecciones de ese año.

La cirugía del pasado 13 de abril duró aproximadamente 12 horas, fue la más compleja a la que se ha sometido desde la puñalada y sirvió para desobstruir el intestino y reconstruir la pared abdominal, según sus médicos.

El exmandatario adelantó este domingo que pretende asistir a la manifestación que tendrá lugar el próximo miércoles en la capital brasileña a favor de una ley de amnistía para los condenados por la asonada golpista del 8 de enero de 2023.

Bolsonaro será juzgado por el Tribunal Supremo bajo la acusación de liderar un intento de golpe de Estado para tratar de mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

La Fiscalía sostiene que la última tentativa de la trama ocurrió el 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes de extrema derecha asaltaron las sedes de la Presidencia, el Supremo y el Congreso con el objetivo de forzar una intervención militar y derrocar a Lula, que había asumido una semana antes. EFE

El exmandatario, de 70 años, continúa "clínicamente estable", "sin dolores, ni fiebre" y "con la presión arterial bajo control", indicó el equipo médico del Hospital DF Star, en Brasilia, donde permanece ingresado.

Además, este sábado se le suspendió la alimentación vía intravenosa ante la "buena aceptación de la dieta pastosa" por vía oral.

El líder ultraderechista brasileño sigue "intensificando diariamente" los ejercicios de fisioterapia motora, además de recibir un tratamiento de prevención de trombosis venosa, de acuerdo con el boletín médico enviado a los periodistas.

Bolsonaro, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, fue intervenido quirúrgicamente del intestino el pasado 13 de abril, dos días después de manifestar intensos dolores durante un acto político en la ciudad de Natal.

El ex jefe de Estado ha pasado seis veces por el quirófano para corregir problemas en el aparato digestivo desde que en 2018 fue apuñalado en el abdomen por un enfermo mental, durante un mitin celebrado en la ciudad de Juiz de Fora, en plena campaña para las elecciones de ese año.

La cirugía del 13 de abril duró aproximadamente 12 horas, fue la más compleja a la que se ha sometido desde la puñalada y sirvió para desobstruir el intestino y reconstruir la pared abdominal, según sus médicos.

Bolsonaro es reo en un proceso judicial abierto en el Tribunal Supremo, en el que se le acusa de liderar un intento de golpe de Estado para tratar de mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

El capitán retirado del Ejército fue notificado de ese proceso mientras se recuperaba en la unidad de cuidados intensivos del hospital, lo que despertó las críticas de sus más fieles aliados y seguidores.

Una oficial de justicia fue la encargada de entregarle la citación en persona un día después de que, desde la misma sala, el exgobernante participara en un directo por sus redes sociales con dos de sus hijos y un empresario en el que promocionaron una nueva marca de cascos de moto. EFE

(foto)

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro fue trasladado este miércoles a cuidados semi-intensivos luego de permanecer tres semanas en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Brasilia, donde permanece internado tras una operación intestinal, confirmó su asesor Fabio Wajngarten.

El líder ultraderechista, intervenido quirúrgicamente el 13 de abril, sigue sin previsión de alta.

De acuerdo con el último parte médico divulgado este miércoles, el exmandatario permanece “clínicamente estable” y comenzó a recibir dieta por vía oral, en complementación a la nutrición endovenosa, luego de que le fuera retirada la sonda nasogástrica.

Bolsonaro manifestó una “mejora progresiva en las deposiciones espontáneas” y ya no se informó sobre su diagnóstico de gastroparesia, un trastorno que retrasa el vaciado del estómago y que el ex jefe de Estado venía padeciendo hace días.

El ex presidente (2019-2022) continúa realizando ejercicios de fisioterapia y recibiendo medidas preventivas contra la trombosis venosa.

Bolsonaro está internado desde el 11 de abril, cuando manifestó intensos dolores durante un acto político en el que buscaba apoyo para un proyecto de amnistía para los condenados por la intentona golpista del 8 de enero de 2023.

El líder ultraderechista ha sufrido problemas digestivos recurrentes desde el 6 de septiembre de 2018, cuando, en plena campaña para las elecciones presidenciales de ese año, fue apuñalado en la región abdominal por un enfermo mental.

Desde entonces, ya ha pasado seis veces por el quirófano para corregir problemas en el estómago y el tracto intestinal.

El pasado miércoles, una funcionaria judicial acudió a la sala de la UCI del hospital en el que se encuentra hospitalizado Bolsonaro para comunicarle la citación que tiene pendiente sobre el inicio del proceso penal en el que está acusado de intento de golpe de Estado.

La agente le entregó los documentos y recogió la firma del exmandatario, según informó el diario brasileño Folha de S. Paulo.

A principios de mes, el juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, ordenó la citación de todos los acusados, si bien la única que no fue completada fue la de Bolsonaro, que enfermó y fue operado el mismo día que el magistrado realizó la petición. Dado su estado de salud, el Supremo esperaba una “fecha adecuada” para citarlo. Durante su internación, el líder ultraderechista realizó una entrevista y participó en una transmisión en directo en la que habló con sus hijos.

“La difusión de una transmisión en vivo realizada por el expresidente el día 22 demostró la posibilidad de ser citado”, indicó el alto tribunal. Esta citación personal es un paso fundamental para avanzar en la acción penal, puesto que es cuando empieza a correr el plazo de cinco días para presentar la defensa preliminar.

La semana pasada, el expresidente publicó en sus redes sociales un video del momento en el que fue citado, durante el cual protestó durante más de diez minutos sobre la decisión de De Moraes de citarlo durante su ingreso. Durante su intervención, incluso gritó a la funcionaria y comparó las acciones de esta con las personas que siguieron órdenes durante la Alemania nazi.

“Aquí solo cumplen órdenes, pero quienes estuvieron en los tribunales de Hitler también cumplieron su misión: metieron a los judíos en las cámaras de gas. Todos pagaron su precio algún día. En Brasil no será diferente”, dijo Bolsonaro.

La Fiscalía acusó a Bolsonaro de intentar impedir de forma coordinada que se cumpliera el resultado de las presidenciales de 2022, si bien “el plan” comenzó en 2021 con otra serie de acciones y declaraciones con las que cuestionaba las decisiones de los tribunales y la limpieza del sistema electoral.

(Con información de EFE)

Brasilia, 18 ene (EFE).- El exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, investigado por golpismo, lamentó este sábado no poder asistir a la investidura presidencial de Donald Trump, en Estados Unidos, por orden de la Corte Suprema e insistió en que ambos son víctimas de una "persecución" judicial.

El líder ultraderechista, emocionado, dijo estar "enfadado" y "afectado" por la decisión del juez Alexandre de Moraes, que le denegó un recurso para viajar a la toma de posesión de Trump del lunes al apreciar "posibilidad de fuga para evitar su responsabilización penal".

"Enfrento una enorme persecución política por parte de una persona (por De Moraes)", denunció a los periodistas el ex jefe de Estado (2019-2022), al acompañar a su esposa Michelle Bolsonaro al aeropuerto de Brasilia rumbo a Washington.

Michelle Bolsonaro irá en lugar de su marido a la investidura de Trump, a la que también está previsto que acuda uno de los hijos del exgobernante, el diputado Eduardo Bolsonaro.

Sobre Jair Bolsonaro pesan desde el 8 de febrero de 2024 una serie de medidas cautelares en el marco de la investigación por tentativa de golpe de Estado contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, entre ellas la prohibición de realizar viajes al extranjero.

Desde entonces, el pasaporte de Bolsonaro está retenido por las autoridades.

El capitán retirado del Ejército, también inhabilitado desde 2023 por deslegitimar el sistema electoral, volvió a insinuar que el regreso de Trump a la Casa Blanca puede ayudarle a recuperar sus derechos políticos, aunque no detalló de qué forma.

"Si me invitó, estoy seguro de que puede colaborar con la democracia de Brasil, eliminando inelegibilidades políticas, como las dos que tuve", dijo el líder de la extrema derecha en referencia a las dos condenas que recibió en la Justicia Electoral y que le impiden postularse a cargos electivos en los próximos años.

En este sentido, se mostró convencido de que el magnate republicano "no admitirá a ciertas personas del mundo persiguiendo opositores" vía "'lawfare'", al mencionar el uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política.

"Él (Trump) lo sufrió allí (en Estados Unidos). Hay grandes semejanzas entre él y yo", sostuvo.

Bolsonaro ya ha sido imputado por la Policía en diversas causas penales. La más grave lo tiene como sospechoso de una trama golpista y de haber alentado el ataque a los tres poderes del Estado del 8 de enero de 2023, cuando miles de ultras asaltaron Brasilia con la intención de derrocar a Lula. EFE

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro se ha lamentado este sábado por la prohibición de viajar a Estados Unidos para asistir a la toma de posesión del presidente electo estadounidense, Donald Trump, hasta el punto que ha llorado en el aeropuerto y ha denunciado que es un "preso político".

Bolsonaro ha acompañado a su esposa, Michelle Bolsonaro, al Aeropuerto de Brasilia donde ésta ha partido hacia Estados Unidos con vistas a asistir al acto de posesión del próximo lunes, pero Bolsonaro ha comparecido ante la prensa para quejarse de una "persecución".

El juez del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes retiró el pasaporte a Bolsonaro en febrero en relación con la investigación sobre su implicación en el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023. Bolsonaro ha pedido viajar a Washington para la toma de posesión, pero la solicitud ha sido desestimada por considerar que se trata solo de un "interés personal".

"Obviamente sería muy bueno que yo fuera para allá. Al presidente Trump le gustaría mucho, ya que fue él quien me invitó. Estoy molesto, conmocionado, pero me enfrento a una enorme persecución política por parte de una persona", ha declarado Bolsonaro, según recoge el diario 'O Globo'.

Bolsonaro ha asegurado que es un "preso político" y se ha referido a las especulaciones sobre la posible instalación de una tobillera electrónica de seguimiento, lo cual sería "humillante".

"Soy un preso político a pesar de estar sin tobillera electrónica. Espero que su excelencia no quiera colocármela para humillarme con la tobillera electrónica. Es vergonzoso. Me gustaría acompañar a mi esposa, (pero) la acompañará mi hijo Eduardo y su esposa. Quería estar allí. Había concertado encuentros con jefes de Estado a través de Eduardo Bolsonaro, pero lamentablemente no voy a poder estar", ha explicado.

El exmandatario brasileño ha resaltado que la invitación procede del propio Trump y que "me invitó porque tiene la certeza de que puede colaborar con la democracia en Brasil".

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha asegurado este jueves ser víctima de "lawfare" después de que la Justicia del país le denegara el permiso de viajar a Estados Unidos para asistir este 20 de enero a la investidura del presidente electo Donald Trump, una decisión que ha criticado alegando que "envía un mensaje preocupante sobre el estado de la democracia y la justicia" en el país latinoamericano.

"Esta decisión es un ejemplo más del uso continuo del "lawfare" contra Bolsonaro: el uso sistemático de la justicia para neutralizarlo como oponente político en los tribunales, para no enfrentarlo en las urnas. Estas acciones no tienen que ver con la justicia ni con la prevención de riesgos de fuga. Tienen que ver con el miedo: miedo a la popularidad de Bolsonaro, que lidera las encuestas para las elecciones de 2026; miedo a su amplio apoyo entre los brasileños de todas las clases sociales y regiones del país; y miedo a lo que representa", ha señalado en su cuenta de la red social X.

En un extenso comunicado, el exmandatario ha acusado a las actuales autoridades de Brasil de estar detrás de esta práctica: "El gobierno de (Luiz Ignácio) Lula (da Silva) claramente aprendió de los errores cometidos en Estados Unidos, donde el sistema de justicia fue instrumentalizado para obtener ganancias políticas: pero allí no actuó con la suficiente rapidez para destruir a su oponente político, Donald Trump, y él superó este activismo judicial". "Yo también lo superaré", ha asegurado.

El líder ultraderechista ha manifestado así una "grave decepción" ante la negativa del juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, una medida que "menoscaba la posición de Brasil en el escenario global y envía un mensaje preocupante sobre el estado de la democracia y la justicia en nuestro país".

En esta línea, Bolsonaro ha criticado que las justificaciones "carecen de fundamento jurídico o lógico", negando que exista riesgo de fuga, como alegó el juez. "A pesar de esto, los límites de la lógica legal continúan ampliándose para restringir sus derechos, negando a millones de brasileños la oportunidad de ver representado internacionalmente a su principal candidato presidencial", ha añadido.

Estas declaraciones llegan después de que la Justicia brasileña denegara al expresidente la entrega de su pasaporte y por tanto el permiso de viajar a Estados Unidos para acudir a la investidura de Trump como nuevo jefe de la Casa Blanca, prevista para este 20 de enero.

La decisión viene poco después de que la Fiscalía expresara también su disconformidad con la petición de Bolsonaro, ya que pretende supeditar el interés general por una demanda particular.

Al expresidente se le retiró su documentación en febrero de 2024 como medida cautelar mientras avanza la investigación por su posible implicación en una trama de golpe de Estado para mantenerle en el poder tras las elecciones de octubre de 2022.

Brasilia, 16 ene (EFE).- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022) acusó este jueves a la Corte Suprema del país de "persecución judicial" por rechazar un pedido para viajar a EE.UU. con el fin de asistir a la investidura de su aliado Donald Trump.

La oficina de Bolsonaro dijo en un comunicado que la decisión del Supremo "carece de cualquier fundamento legal o lógico", alegando que el político ha cumplido todas las órdenes judiciales desde que le fue retirado el pasaporte el 8 de febrero de 2024 en el marco de las investigaciones sobre su supuesta participación en un intento de golpe de Estado.

La declaración descartó la intención del exmandatario de aprovechar el viaje para darse a la fuga y recordó que en diciembre de 2023 acudió a la toma de posesión del presidente argentino, Javier Milei, y que regresó al país "como prometido", aunque en ese momento todavía no le había sido retirado el pasaporte.

"Es un ejemplo más del continuo uso de 'lawfare' (persecución judicial) contra Bolsonaro, el uso sistemático de la justicia para neutralizarlo como adversario político en los tribunales para no enfrentarlo en las urnas", dice la declaración.

Además, la oficina aseguró que su ausencia en la toma de posesión supone una "oportunidad perdida" para "fortalecer" los lazos bilaterales con EE.UU. y que aleja a Brasil de una "alineamiento con el mundo libre".

El magistrado Alexandre de Moraes, responsable por las investigaciones, decidió este jueves denegar el pedido del expresidente, al considerar que "el viaje pretende satisfacer intereses privados" y que Bolsonaro no ejerce ningún cargo oficial actualmente.

Pocos días después de la retirada del pasaporte, el líder ultra pasó dos días en la Embajada de Hungría, país gobernado por otro aliado de Bolsonaro, el primer ministro Viktor Orbán, una acción que levantó sospechas en la Corte Suprema.

Bolsonaro es señalado por la Policía como sospechoso de orquestar una trama golpista junto a altos mandos militares para impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva, ganador de las elecciones en 2022, y de haber alentado el ataque a las sedes de los tres poderes del Estado el 8 de enero de 2023.EFE

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro afronta un postoperatorio “muy delicado y prolongado” que lo mantendrá “por lo menos dos semanas” en el hospital, informaron este lunes sus médicos, tras una cirugía abdominal exitosa que le fue practicada el domingo en Brasilia.

Más tarde, el grupo médico informó que Bolsonaro evoluciona “muy bien” pero todavía no hay previsión para que sea dado de alta del hospital de Brasilia en el que se encuentra.

Aunque su esposa Michelle había escrito en Instagram que Bolsonaro “ya está en el cuarto” luego de la operación, los doctores aclararon que sigue en terapia intensiva y por ahora “no hay previsión” de alta.

El cardiólogo Leandro Echenique afirmó durante una rueda de prensa que Bolsonaro, de 70 años, está “consciente” después de una operación “sin complicaciones” y que saldrá de la UCI “en el momento oportuno”.

Durante el día, el expresidente manifestó una “buena evolución clínica” y se mantuvo despierto, orientado y sin dolor. Además, se sentó en la cama de la UCI y caminó con ayuda del cuerpo médico, según informó el hospital en el último boletín divulgado.

El líder de extrema derecha, de 70 años, se sometió a la cirugía semanas después de que la Corte Suprema de Brasil decidiera enjuiciarlo por un presunto intento de golpe de Estado en 2022.

Bolsonaro pasó 12 horas en el quirófano tras presentar una “distensión abdominal” relacionada con una puñalada que sufrió durante un acto de campaña en 2018.

“El procedimiento fue necesario para tratar una obstrucción causada por pliegues en el intestino delgado”, escribió este lunes el exmandatario (2019-2022) en su cuenta de X.

“La recuperación exige cuidados intensivos y será gradual”, agregó.

El doctor Leandro Echenique, cardiólogo de Bolsonaro, evaluó en conferencia de prensa que “fue una cirugía extremadamente compleja” pero “el resultado final fue excelente”.

“Va a ser un postoperatorio muy delicado y prolongado”, advirtió el médico. Las primeras 48 horas resultarán “críticas” para definir los próximos pasos del tratamiento.

“Nuestra expectativa, si todo ocurre como está previsto, es que permanezca (ingresado) por lo menos dos semanas”, dijo por su parte el jefe de cirugía, Cláudio Birolini.

Según Echenique, Bolsonaro está “despierto, consciente, conversando e incluso ya hizo algún chiste”. Por ahora se alimenta a través de suero.

Riesgo de complicaciones

Bolsonaro ha pasado varias veces por el quirófano en los últimos años debido a las secuelas del atentado que sufrió en septiembre de 2018, en plena campaña y semanas antes de ganar la elección presidencial.

En esta oportunidad, su pared abdominal se encontraba “bastante dañada” y su intestino había “sufrido” por una obstrucción, “lo que lleva a creer que venía con ese cuadro desde hacía algunos meses”, afirmó Birolini.

Los médicos explicaron que el postoperatorio conlleva un aumento de riesgos como inflamación, infecciones, alta presión, trombosis, problemas de coagulación y afecciones pulmonares, por lo que Bolsonaro necesitará de “medidas específicas” para su cuidado.

Pero dijeron esperar que el líder de la derecha brasileña eventualmente regrese a tener “una vida normal, sin restricciones”.

Cuando el pasado viernes sintió los “fuertes dolores” en el abdomen que lo llevaron al hospital, Bolsonaro realizaba una gira proselitista en el noreste de Brasil, bastión histórico de la izquierda.

La cirugía está “entre los más complejos” de los procedimientos a los que ha sido sometido Bolsonaro desde el ataque con cuchillo que sufrió en 2018, dijo Echenique.

“Después de experimentar tantos episodios similares en los últimos años, me he acostumbrado al dolor. Pero esta vez, incluso los médicos se sorprendieron”, relató el sábado el ex mandatario en redes sociales.

Entre el hospital y los tribunales

Mientras empieza su recuperación médica, Bolsonaro espera que la Corte Suprema fije fecha para un juicio en el que se lo acusará por una supuesta trama golpista.

La fiscalía lo inculpó por haber planificado un presunto intento de golpe de Estado para permanecer en el poder tras las elecciones de octubre de 2022, en las que perdió contra el actual presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.

Según la acusación, Bolsonaro habría buscado apoyo de las fuerzas armadas para impedir la asunción de Lula.

De ser hallado culpable, podría enfrentar hasta 40 años de cárcel.

El ex mandatario se declara inocente y dice ser un “perseguido”.

Bolsonaro también está inhabilitado para competir en elecciones hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas la fiabilidad del sistema de votación brasileño.

Sin embargo, insiste en que pretende ser candidato en las presidenciales de 2026, en las que Lula, de 79 años, también podría presentarse.

(Con información de AFP)

Cientos de brasileños se manifestaron este domingo en varias ciudades del país para exigir la prisión del expresidente Jair Bolsonaro, procesado por intento de golpe de Estado, y pedir al Congreso que archive el proyecto de amnistía para los condenados por el asalto a los tres poderes de 2023.

Las protestas, convocadas por movimientos sociales y sindicatos, se celebraron cuatro días después de que el Tribunal Supremo abriera un juicio penal contra Bolsonaro por supuestamente “liderar” una trama para anular el resultado de las elecciones de 2022 y mantenerse en el poder.

El líder ultraderechista y otros siete estrechos aliados, entre ellos antiguos ministros y militares de alto rango, serán juzgados por la Primera Sala del Supremo en una fecha aún por determinar. El ex jefe de Estado aguardará en libertad la resolución del proceso.

Una de las manifestaciones que reunió más público tuvo lugar en la ciudad de São Paulo bajo el grito de “sin amnistía”.

“Tenemos la esperanza de que el Tribunal Supremo condene a Bolsonaro y sea encarcelado”, así como el resto de autores y ejecutores de la tentativa de golpe contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dijo a EFE Nilza Pereira, secretaria general de la Intersindical Central de la Clase Trabajadora.

La marcha salió desde la icónica Avenida Paulista, en el centro de la ciudad, y fue hasta una comisaría que sirvió de centro de detención durante la dictadura militar brasileña (1964-1985), régimen que han exaltado Bolsonaro y sus aliados más radicales.

“Es importante que no volvamos a la época de la dictadura (...) Aún queremos pelear por la libertad, la democracia y el Estado de derecho”, reivindicó a EFE Elizete San Martín, jubilada de 68 años.

Los asistentes también pidieron al Congreso que entierre un proyecto de amnistía que promueve el Partido Liberal (PL), que lidera el propio Bolsonaro, para beneficiar a los alrededor de 500 condenados por el asalto a Brasilia del 8 de enero de 2023.

Ese día, miles de simpatizantes del exmandatario invadieron y destrozaron las sedes del Parlamento, la Presidencia y el Supremo con la intención de incitar una intervención militar para derrocar al Gobierno de Lula, que había asumido apenas una semana antes.

La base oficialista ha alertado de que esa amnistía podría beneficiar en última instancia a Bolsonaro, en caso de que este sea condenado por la tentativa de golpe.

La manifestación de São Paulo tuvo sus réplicas en Brasilia, Belo Horizonte, Curitiba, Belém, Recife y São Luís.

Los actos se celebraron además en la víspera del 61 aniversario del golpe de Estado de 1964, que dio origen a ese oscuro periodo de la historia brasileña.

El próximo domingo, Bolsonaro intentará movilizar a sus acólitos con una nueva manifestación, también convocada en la Avenida Paulista de São Paulo, donde volverá a defender la amnistía en pro de la “pacificación” del país.

Según el juez instructor del caso, Alexandre de Moraes, existen “elementos más que suficientes de materialidad y autoría” para respaldar las acusaciones contra el ex presidente, que son precisamente abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio.

Descartó pedir asilo político en EEUU

Bolsonaro descartó la posibilidad de pedir asilo político en Estados Unidos.

“Cero, cero, cero. Creo que me veo bien aquí. Tengo 70 años, me siento bien y quiero el bien de mi país”, dijo al medio Folha de Sao Paulo al ser consultado sobre las chances de unirse a su hijo, Eduardo Bolsonaro, quien dejó temporalmente su escaño como diputado y se asentó en Estados Unidos.

No obstante, el ex jefe de Estado reconoció que, en caso de ser declarado culpable, su condena podría ascender hasta los 40 años de cárcel, lo que sería “el fin” de su vida, dado que ya tiene 70 años.

(Con información de EFE)

Coups D'Etat and Attempted Coups D'EtatDemocracy (Theory and Philosophy)Bolsonaro, Jair (1955- )Moraes, Alexandre de (1968- )Brazil

El máximo tribunal de Brasil dictaminó que el expresidente irá a juicio por su papel en un vasto complot para aferrarse al poder tras su derrota en las elecciones de 2022.

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, será juzgado por cargos de haber supervisado un vasto plan para aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022, que incluía un intento de anular la votación y un complot para asesinar al presidente electo de la nación, según decidió el miércoles el Supremo Tribunal del país.

El fallo supone un importante esfuerzo para responsabilizar a Bolsonaro de las acusaciones de haber intentado desmantelar la democracia de Brasil al orquestar un amplio plan para dar un golpe de Estado.

Al explicar su decisión, el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, quien supervisa el caso, dijo que no había duda de que Bolsonaro "conoció, manejó y discutió" planes golpistas.

Bolsonaro y siete miembros de su círculo íntimo, entre ellos su compañero de fórmula y un exjefe de espionaje, serán juzgados por los cargos presentados por los fiscales el mes pasado de "abolición violenta del Estado democrático de derecho" y "golpe de Estado", entre otros delitos.

Para sorpresa de muchos, Bolsonaro asistió junto a sus abogados a la primera jornada de la audiencia, de dos días de duración, pero guardó silencio. Bolsonaro ha negado las acusaciones, alegando que tienen motivaciones políticas.

Celso Sanchez Vilardi, uno de los abogados de Bolsonaro, no negó la existencia de un complot golpista, calificando de "muy graves" los detalles del plan en su alegato ante el alto tribunal. Sin embargo, insistió en que no había ningún vínculo entre Bolsonaro y el plan.

"Bolsonaro es el presidente más investigado de la historia del país", dijo Vilardi al tribunal. "No se ha encontrado absolutamente nada".

El juicio, que aún no tiene fecha, es fruto de una amplia investigación de dos años en la que la policía allanó viviendas y oficinas, detuvo a personas cercanas a Bolsonaro y obtuvo una confesión clave de un alto colaborador del expresidente.

En un informe de 884 páginas revelado el pasado noviembre, los investigadores acusaron a Bolsonaro de dirigir y aprobar un complot detallado, que incluía planes para anular los resultados de las elecciones, disolver tribunales, conceder poderes especiales a los militares y envenenar al presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva días antes de que tomara posesión.

El propio De Moraes, a quien la extrema derecha considera un opositor de Bolsonaro, fue objeto de planes de asesinato revelados por la investigación sobre el golpe.

La investigación reveló lo cerca que estuvo Brasil de volver a una dictadura militar tras casi cuatro décadas de historia como democracia moderna.

El plan, según los fiscales, también incluía sembrar dudas infundadas sobre la fiabilidad de las máquinas de votación electrónica de Brasil en los meses previos a la votación de 2022. Bolsonaro afirmó que solo podría perder si las elecciones estuvieran amañadas a favor de su oponente.

Después de que Bolsonaro perdiera, él y sus aliados exhortaron a los manifestantes de derecha a acampar frente a los cuarteles militares de todo el país, exigiendo que el ejército anulara los resultados. Una semana después de la toma de posesión de Lula, muchos de esos manifestantes irrumpieron en las sedes del poder en Brasil, en un episodio que recordó al ataque del 6 de enero contra el Capitolio por parte de partidarios del presidente Donald Trump.

Los expertos afirman que es poco probable que Bolsonaro sea detenido antes de su juicio, a menos que De Moraes considere que existe riesgo de fuga.

Después de que la policía registrara la casa de Bolsonaro y confiscara su pasaporte el año pasado, pasó dos noches en la embajada de Hungría en Brasil, lo que suscitó dudas sobre si había intentado utilizar sus vínculos con otro líder de derecha como palanca para eludir una posible detención.

Si es declarado culpable, Bolsonaro podría enfrentarse a penas de entre 12 y 40 años de prisión, según el acta de acusación, aunque los analistas políticos esperan que la condena sea más corta. Bolsonaro ya tiene prohibido postularse en elecciones hasta 2030 y, si es condenado, quedaría inhabilitado de forma permanente en virtud de la legislación vigente.

En un intento de salvar el futuro político de Bolsonaro, los legisladores aliados del expresidente han tratado de modificar una ley brasileña que prohíbe a los delincuentes convictos postularse en elecciones.

También han impulsado un nuevo proyecto de ley que indultaría a los condenados por la insurrección del 8 de enero de 2023 en la capital de Brasil, lo que también podría beneficiar los esfuerzos de Bolsonaro por volver a postularse.

Bolsonaro también parece estar apostando por el apoyo de Trump. La semana pasada, uno de los hijos de Bolsonaro dijo que planea solicitar asilo político en Estados Unidos y presionar al gobierno de Trump para que ejerza presión sobre las autoridades brasileñas para que pongan fin a lo que califica de persecución injusta de su padre.

El mes pasado, pocas horas después de que la fiscalía brasileña imputara a Bolsonaro, la empresa de medios de comunicación de Trump demandó a De Moraes, el juez que supervisa el caso, ante un tribunal federal estadounidense, acusándolo de censurar ilegalmente las voces de la derecha en redes sociales.

BrazilBolsonaro, EduardoAsylum, Right ofBolsonaro, Jair (1955- )Trump, Donald JElectionsSupreme Federal Court (Brazil)Moraes, Alexandre de (1968- )United StatesUnited States International Relations

Uno de los hijos del expresidente de Brasil alegó que era objeto de persecución en su país y dijo que quería permanecer en Estados Unidos.

Eduardo Bolsonaro, diputado brasileño e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, dijo el martes que pedirá asilo político en Estados Unidos, alegando que es objeto de persecución por defender el movimiento de derechas que su padre representa.

El tercer hijo del expresidente brasileño se encuentra en Estados Unidos desde finales de febrero, justo cuando el Supremo Tribunal Federal de Brasil empezó a evaluar si iba a retener su pasaporte por acusaciones de que intentó interferir en el caso sobre el supuesto papel de su padre en una trama golpista después de que perdiera las elecciones de 2022.

Bolsonaro, de 40 años, dijo en un video publicado en las redes sociales que tenía intención de quedarse en Estados Unidos y retirarse de su cargo de legislador federal. Bolsonaro mantiene estrechos vínculos con la familia Trump y ha visitado al presidente Donald Trump en Mar-a-Lago, su casa y club de Florida.

Bolsonaro también denunció ataques de un juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. El juez De Moraes ha estado supervisando la causa penal contra Jair Bolsonaro.

"Si Alexandre de Moraes quiere confiscar mi pasaporte o incluso detenerme para que no pueda seguir denunciando sus delitos en Estados Unidos, entonces es precisamente aquí donde me quedaré y trabajaré más duro que nunca", dijo Bolsonaro en el video.

Tras la publicación del video, el fiscal superior de Brasil dijo que no solicitaba el pasaporte de Bolsonaro.

Bolsonaro no aclaró cuándo pediría asilo. La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

El anuncio de Bolsonaro se produce días antes de que el máximo tribunal de Brasil decida si somete a juicio a su padre, acusado de supervisar un vasto complot para trastocar la democracia del país tras las elecciones de 2022, que perdió.

Los fiscales brasileños afirman que el complot incluía planes para anular la votación, disolver tribunales y asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien ganó las elecciones. El mayor de los Bolsonaro ha calificado las acusaciones de motivaciones políticas.

Eduardo Bolsonaro dijo que su padre corría el riesgo de ser "injustamente encarcelado" por el Supremo Tribunal Federal, que el movimiento conservador de Brasil ha considerado como un enemigo, y estableció un paralelismo entre su padre y los propios problemas legales de Trump.

"No tengo duda alguna de que el plan de nuestros enemigos es encarcelarlo, asesinarlo en prisión o dejarlo allí para siempre, como habría ocurrido con Donald Trump si no hubiera sido reelegido en 2024", dijo en el video.

La empresa de medios de comunicación de Trump ha demandado al juez De Moraes, acusándolo de censurar de manera ilegal las voces de la derecha en las redes sociales.

Bolsonaro, Jair (1955- )BrazilCoups D'Etat and Attempted Coups D'EtatPolitics and GovernmentElectionsSupreme Federal Court (Brazil)

El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet Branco, imputó a Bolsonaro y a otras 33 personas por una serie de delitos contra la democracia brasileña.

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, fue acusado el martes de supervisar un vasto plan para intentar socavar la confianza de su país en las elecciones de 2022 y luego anular esa votación incluso después de que sus aliados no pudieron encontrar pruebas de fraude.

El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet Branco, imputó a Bolsonaro y a otras 33 personas por una serie de delitos contra la democracia brasileña. En esencia, los cargos aceptaban las recomendaciones de la policía federal de Brasil en noviembre.

El caso pasará ahora al Supremo Tribunal Federal de Brasil, que analizará los cargos y decidirá si ordena la detención de Bolsonaro y lo somete a juicio.

El abogado que representa a Bolsonaro no hizo comentarios de inmediato.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

Jack Nicas es el jefe de la corresponsalía en Brasil, con sede en Río de Janeiro, desde donde lidera la cobertura de gran parte de América del Sur. Más de Jack Nicas

Bolsonaro, Jair (1955- )BrazilPolitics and GovernmentCoups D'Etat and Attempted Coups D'EtatRumors and MisinformationElections

Las autoridades dijeron que el expresidente Jair Bolsonaro organizó un plan para impedir que el presidente Lula da Silva asumiera el cargo en enero de 2023.

Las autoridades brasileñas anunciaron el jueves que recomendaban presentar cargos penales contra el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro por su papel un complot para aferrarse al poder tras perder las elecciones presidenciales de 2022.

Las acusaciones intensifican los problemas legales de Bolsonaro y revelan el alcance de lo que las autoridades han denominado un intento organizado de subvertir la democracia brasileña. Bolsonaro perdió por un margen estrecho frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, de izquierda, pero afirmó que las elecciones habían sido fraudulentas.

La policía federal de Brasil instó a los fiscales a acusar a Bolsonaro y a otras tres decenas de personas, incluidos miembros de su círculo cercano, por los delitos de "abolición violenta del estado democrático de derecho, golpe de Estado y organización criminal".

La policía no dio ninguna información específica sobre las acciones de Bolsonaro que originaron a sus recomendaciones.

El anuncio se hace dos días después de que cuatro miembros de una unidad militar de élite, entre ellos un antiguo ayudante de alto rango de Bolsonaro, fueron detenidos y acusados de planear asesinar a Lula da Silva poco antes de que asumiera el cargo en enero de 2023.

La policía ya ha recomendado cargos penales contra Bolsonaro en dos casos distintos: un intento de falsificar sus registros de vacunación contra la covid y un complot para vender joyas que recibió como regalos de dirigentes extranjeros mientras ocupaba el cargo.

Los fiscales federales decidirán ahora si presentan cargos en alguno de estos casos. Si lo hacen, será la primera vez que Bolsonaro se enfrente a cargos penales.

Las autoridades dijeron que Bolsonaro, con la ayuda de decenas de ayudantes cercanos, ministros y líderes militares, había orquestado un plan para revertir los resultados de las elecciones e impedir que su oponente, Lula da Silva, asumiera el cargo en enero de 2023.

Los abogados de Bolsonaro no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios. Bolsonaro ha negado reiteradamente haber cometido algún delito y ha calificado la investigación de persecución política.

Aunque la policía de Brasil puede hacer recomendaciones sobre procesos penales, no tiene poder para acusar formalmente a Bolsonaro. El fiscal general del país, Paulo Gonet, ahora debe decidir si presenta cargos contra Bolsonaro y lo obliga a comparecer ante el Supremo Tribunal Federal.

Más de un año antes de las elecciones brasileñas de 2022, Bolsonaro empezó a generar dudas infundadas sobre la seguridad de las máquinas de votación del país y advirtió que solo podría ser derrotado si estaban amañadas a favor de su oponente.

Cuando Bolsonaro perdió la votación de manera reñida, se negó a conceder su derrota formalmente. Sus partidarios no tardaron en acampar frente al cuartel general y pedían a los militares que anularan unas elecciones que, según ellos, le habían robado a Bolsonaro.

Luego, en un episodio que recordó al ataque al Capitolio estadounidense, invadieron y destrozaron el Congreso, el Supremo Tribunal y las oficinas presidenciales de Brasil pocos días después de que Lula asumiera el cargo, con la esperanza de provocar una intervención militar.

El episodio inquietó a muchas personas en Brasil, un país gobernado por una brutal dictadura militar que se prolongó de 1964 a 1985.

En junio, el Tribunal Superior Electoral de Brasil prohibió a Bolsonaro postularse a unas elecciones hasta 2030, por considerar que había violado la ley al convocar a diplomáticos al palacio presidencial y afirmar sin fundamento que los sistemas de votación del país estaban probablemente amañados en su contra.

Paulo Motoryn colaboró con la reportería desde Brasilia.

Paulo Motoryn colaboró con la reportería desde Brasilia.

Este miércoles 14 de noviembre, la policía bonaerense detuvo en La Plata a Joelton Gusmão de Oliveira, un ciudadano brasileño con pedido de captura por el ataque a la sede de Gobierno y el Congreso de Brasil durante la asunción de Lula Da Silva en 2023.

El hombre de 47 años fue arrestado en la intersección de las calles 1 y 44 de la ciudad. Allí, según informaron fuentes policiales a Infobae, agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires lo observaron en actitud sospechosa y, tras verificar sus datos en el sistema, confirmaron que Gusmão de Oliveira contaba con un pedido de captura y detención “a solicitud del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal”.

El parte policial indica que el procedimiento fue llevado a cabo por el personal del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Segunda de La Plata, quienes, tras la identificación de Gusmão de Oliveira y la confirmación de su situación en la causa 4515/2024, realizaron su detención y lo trasladaron a la dependencia correspondiente. Desde allí, se mantuvo comunicación telefónica con el Juzgado, el cual avaló el accionar policial y solicitó el traslado del detenido.

Gusmão de Oliveira, de acuerdo a las fuentes policiales, “fue condenado a 17 años de detención en Brasil por crímenes contra la democracia”; y se le imputan los siguientes hechos: abolición violenta del Estado democrático de derecho; golpe de Estado; daño calificado; deterioro de activos; asociación criminal armada.

Cabe recordar que el 8 de enero de 2023, miles de opositores a Lula Da Silva, presidente electo del Partido de los Trabajadores (PT), asaltaron las sedes de los tres poderes del Estado. Una turba de simpatizantes del ex presidente Bolsonaro irrumpió en los edificios del Palacio de Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF), y destrozó las instalaciones en rechazo al nuevo mandato de Lula, quien había asumido tras vencer las elecciones en 2022.

Semanas atrás, tal como contó Infobae, Brasil solicitó a Argentina la extradición de 63 bolsonaristas acusados de participar en los ataques de enero de 2023. Estas personas residen en calidad de refugiados o entraron de manera irregular al país para evitar la detención. El proceso comenzó a través de una petición del juez Alexandre de Moraes, del STF.

Los pedidos de extradición de los bolsonaristas prófugos

El Gobierno de Javier Milei recibió el pedido de extradición a través de la Cancillería que, en aquel entonces, estaba bajo la gestión de Diana Mondino, quien luego fue reemplazada en el cargo por Gerardo Werthein.

Durante esos días, el Gobierno argentino promulgó el Decreto 942/2024, que introduce modificaciones clave en la normativa sobre el reconocimiento de refugiados. Este decreto establece que no se reconocerá la condición de refugiado a personas extranjeras involucradas en delitos internacionales graves, tales como delitos contra la paz, delitos de guerra o delitos contra la humanidad, ni a quienes hayan cometido delitos graves fuera de Argentina antes de solicitar asilo.

La medida fue firmada por el presidente Javier Milei, junto con funcionarios como el jefe de Gabinete Guillermo Francos y los ministros Diana Mondino (Cancillería), Luis Petri (Defensa), Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

El decreto también establece que el estatus de refugiado no se otorgará a personas involucradas en actos contrarios a los principios de las Naciones Unidas, como actividades terroristas, violaciones graves de derechos humanos o cualquier acción que comprometa la paz y la seguridad internacionales. Además, se cita el artículo 20 de la Constitución Nacional, que otorga a los extranjeros derechos civiles equivalentes a los de los ciudadanos argentinos, con ciertas restricciones definidas en la Ley de Migraciones N° 25.871, que permite la expulsión de extranjeros por razones de seguridad nacional o de orden público, siempre que dicha expulsión garantice la protección contra la devolución forzada.

Qué dicen los militantes bolsonaristas

Semanas atrás, desde Buenos Aires, militantes bolsonaristas contactados por Infobae, quienes prefirieron no revelar su identidad, afirmaron ser perseguidos políticos y solicitaron al Gobierno de Milei garantizar su asilo y resguardo. Sostenían que huyeron de Brasil debido a represalias judiciales tras los incidentes de enero y rechazaron los cargos que se les imputan. Un dirigente brasileño en Argentina señaló: “Somos perseguidos políticos y pedimos al Gobierno del presidente Milei que garantice nuestro asilo”.

En tanto, Gabriela Ritter, abogada brasileña y presidenta de la Asociación de familiares y víctimas del 8 de enero, declaró a Infobae que cualquier orden judicial del STF en Brasil solo es válida en Brasil y que la extradición de los acusados depende de una decisión final del Gobierno argentino. “Como las personas son formalmente refugiadas, se debe denegar la solicitud de extradición”, expresó Ritter, quien además solicitó que “el Gobierno de Milei conceda asilo político a todas las personas que estén siendo perseguidas políticamente en Brasil”.

El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Arthur Lira, retrasó este martes un debate sobre una posible amnistía a los implicados en la asonada golpista de enero de 2023, al decidir que el asunto sea discutido por una comisión especial.

Lira prolongó así el trámite de un proyecto que era analizado por la Comisión de Constitución y Justicia, dominada por la ultraderecha afín al ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2023) y que desde hace meses intenta llevar adelante esa amnistía.

En la práctica, la creación de esa comisión especial supone que el asunto no será resuelto hasta después del receso de fin de año del Parlamento, que comenzará a fines de diciembre y concluirá en febrero, cuando además serán renovadas todas sus autoridades.

La decisión del presidente de la Cámara fue anunciada cuando la Comisión de Constitución y Justicia se disponía a votar el texto, que propone una amnistía “para todos los que hayan participado en manifestaciones en cualquier lugar del territorio nacional entre el 30 de octubre de 2022 y el día de entrada en vigor de la ley”.

En esa fecha, el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, derrotó en las urnas a Bolsonaro, quien no reconoció el resultado, y Brasil se sumergió en una vorágine de protestas y campamentos frente a cuarteles del Ejército en los que se clamaba abiertamente por un golpe que mantuviera al ultraderechista en el poder.

El líder progresista asumió el 1 de enero de 2023, con Bolsonaro en Estados Unidos, hacia donde había viajado dos días antes con la clara intención de no traspasar el poder, y una semana después miles de activistas de la ultraderecha asaltaron y destrozaron las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la Corte Suprema en Brasilia.

Exigían una “intervención militar”, así como habían hecho frente a los cuarteles, pero no encontraron ningún eco en las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía presentó cargos contra unas 1.400 personas por los sucesos del 8 de enero y ya ha condenado a unos 200 acusados a penas de hasta 17 años de prisión.

Bolsonaro, a quien muchos consideran el promotor de esos hechos y quien mantiene una campaña en favor de la amnistía, no fue incluido en el juicio sobre el 8 de enero de 2023, pero se le investiga por una supuesta conspiración para intentar impedir la investidura de Lula.

También responde en otros procesos y ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos durante ocho años en la Justicia electoral, por “abusos de poder” verificados durante la campaña de 2022.

Ratifican retención del pasaporte de Bolsonaro

La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil mantuvo la confiscación del pasaporte del ex presidente Jair Bolsonaro dentro de las investigaciones por tentativa de golpe y apropiación indebida de unas joyas que recibió en el extranjero, según informó este martes el tribunal.

El órgano decidió, “por unanimidad”, confirmar las medidas cautelares que impuso el magistrado Alexandre de Moraes al líder ultraderechista en febrero pasado, entre ellas entregar el pasaporte y prohibirle tener contacto con otros investigados.

De Moraes defendió que en ambos procesos “hay diligencias en curso” y que la aprehensión de los pasaportes “sigue siendo necesaria” ante “la posibilidad de un intento de evasión de los investigados”.

En su opinión, estos podrían intentar abandonar el país con el avance de las investigaciones, que apuntan “indicios robustos de que contribuyeron al proceso de planificación y ejecución de un golpe de Estado”.

(Con información de EFE)

El alcalde de São Paulo, Ricardo Nunes, candidato a la reelección apoyado por el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, ganaría el balotaje en la capital paulista con un 58 % de los votos válidos, según un sondeo publicado este jueves a tres días de las elecciones.

El Instituto Datafolha indicó que el regidor mantiene una amplia ventaja sobre el diputado Guilherme Boulos, aspirante respaldado por el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y quien tendría un 42 % de los sufragios, excluidos los blancos y nulos, que es como la Justicia electoral realiza el escrutinio.

La encuesta de Datafolha va en línea con las publicadas anteriormente por esa y otras empresas demoscópicas, que coinciden en otorgar la vitola de máximo favorito a Nunes.

Contando los blancos y nulos, Nunes, abanderado del Movimiento Democrático Brasileño (MDB, centro-derecha), también aparece al frente con un 49 % de las intenciones de voto, frente al 35 % que lograría Boulos, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL).

Esos 14 puntos de diferencia, cuatro menos que en la anterior publicación, son, sin embargo, la menor ventaja ya identificada por Datafolha entre ambos aspirantes a la Alcaldía de la que es la ciudad más poblada de Suramérica, con 12 millones de habitantes, y que fueron los dos más votados en la primera vuelta, hace tres semanas.

Por otro lado, un 14 % declaró que votará en blanco o nulo y otro 2 % dijo estar indeciso.

Los resultados del sondeo de Datafolha, que tiene un margen de error de tres puntos, se obtuvieron a partir de 1.204 entrevistas presenciales a personas de 16 años o más, entre los días 22 y 23 de este mes.

Nunes fue el vencedor de la primera vuelta de las elecciones, celebrada el pasado 6 de octubre, con un 29,48 % de los votos, frente al 29,07 % que consiguió Boulos, líder del movimiento social de los sintecho.

En tercer lugar quedó el empresario e influenciador ultra Pablo Marçal, candidato autodeclarado “antisistema” y que se quedó a las puertas de la segunda vuelta con un 28,14 %.

Brasil celebrará el domingo la segunda vuelta de las elecciones municipales en alrededor de medio centenar de ciudades del país.

La cita se perfila en muchas localidades como un pulso entre la extrema derecha que lidera Bolsonaro, inhabilitado por atacar sistemáticamente las instituciones democráticas, y el progresismo que encarna Lula.

Bolsonaro dice que será candidato en 2026

Bolsonaro reafirmó que será el candidato de la derecha en 2026 a pesar de que está inhabilitado hasta 2030 y hace unos días prometió que tiraría la toalla si se mantenía la decisión judicial.

“El nombre es Messias”, respondió Bolsonaro, en referencia su segundo nombre, al ser preguntado por quién sería el candidato que rivalizará con la izquierda en las próximas presidenciales, cuando se encontraba en compañía de otra de las propuestas más comentadas, el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas.

“Estoy seguro de que ganó”, dijo el ex presidente, aún reconociendo que no puede presentarse. “¿Quién es el sustituto de Lula? No tiene. ¿De Bolsonaro? Hay un montón. He colaborado en formar alianzas, estoy muy feliz por eso”, dijo en una entrevista junto a De Freitas, informa el diario Estadao.

(Con información de EFE)

Brasil espera un gesto político de Argentina por la orden de extradición de 63 refugiados de la oposición brasileña que están prófugos en Buenos Aires, condenados por los ataques a los tres poderes en Brasilia en enero de 2023.

En ese contexto, el Gobierno emitió el Decreto 942/2024, que introduce modificaciones clave en la normativa sobre el reconocimiento de refugiados. La medida establece que no será “reconocida la condición de refugiado a las personas extranjeras que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: relacionadas con delitos internacionales, cuando existan motivos fundados para considerar que han cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad”.

Estos delitos se definen conforme a los instrumentos internacionales aplicables. Además, se aclara que no se reconocerá “la condición de refugiado a quienes hayan cometido graves delitos comunes fuera del país de refugio antes de ser admitidos como refugiados en Argentina”.

El decreto lleva las firmas del grueso del Gabinete nacional: el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos; la canciller Diana Mondino; y los ministros Luis Petri, de Defensa; el de Economía Luis Caputo; Mariano Cúneo Libarona, de Justicia; Patricia Bullrich, de Seguridad; Mario Lugones, de Salud; Sandra Pettovello, de Capital Humano; y Federico Sturzenegger de Desregulación y Transformación del Estado.

El decreto postula que la condición de refugiado no será reconocida a quienes hayan participado en actos contrarios a los fines y principios de las Naciones Unidas, tales como “actividades terroristas, violaciones graves de derechos humanos o cualquier acción que comprometa la paz y la seguridad internacionales”.

En la publicación, se cita el artículo 20 de la Constitución Nacional, que otorga a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los ciudadanos argentinos, como ejercer libremente su industria, comercio y profesión. Sin embargo, se subraya que la Ley de Migraciones N° 25.871 regula las causas que pueden impedir el ingreso y permanencia de extranjeros en el país. En particular, se menciona que graves razones de seguridad nacional o de orden público “pueden justificar la expulsión de personas reconocidas como refugiadas”, y que esta expulsión debe garantizarse hacia un tercer país que proteja al solicitante contra la devolución, expulsión o extradición.

El conflicto con Brasil por los exiliados bolsonaristas

Como se mencionó al principio, esta decisión del Gobierno de Milei se da en pleno conflicto con Brasil por el caso de los 63 militantes bolsonaristas, ya que varios de ellos solicitaron asilo en Argentina. Tal como contó Infobae recientemente, la diplomacia brasileña ha estado en contacto con el Tribunal Federal de Brasil (STF), que emitió la orden de extradición y la remitió al Itamaraty y a la Embajada de Brasil en Argentina.

A la espera de una respuesta política, el Gobierno de Brasil confía en que la Casa Rosada avance en el proceso judicial. No obstante, la diplomacia argentina maneja el tema con extrema cautela, ya que involucra múltiples organismos del Estado y, en última instancia, dependerá de la Justicia argentina. El gobierno brasileño envió un pedido formal al Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina para la extradición de estos militantes y activistas identificados con Jair Bolsonaro, quienes residen en Argentina como refugiados o ingresaron de manera irregular al país para evitar ser detenidos.

En el Planalto, sede del Gobierno brasileño, han deslizado que no desean intervenir en la decisión, aunque conocen que otorgar el estatus de refugiado a los bolsonaristas es una decisión política de la Casa Rosada.

Desde Argentina, los bolsonaristas aseguran que son “inocentes” y desconocen las condenas. Niegan, incluso, haber cometido delitos el 8 de enero. Infobae se contactó con militantes de Bolsonaro en Buenos Aires, que prefirieron reservar su identidad. “Somos perseguidos políticos y pedimos al Gobierno del presidente Milei que garantice nuestro asilo y resguardo”, respondió a este medio un dirigente brasileño que llegó en abril al país.

Más detalles del decreto sobre refugiados que emitió el Gobierno argentino

Otro de los puntos clave del decreto es la cesación de la condición de refugiado, detallada en el artículo 11 de la Ley Nº 26.165. “La condición de refugiado cesará cuando la persona refugiada, mediante actos inequívocos, se haya acogido voluntariamente a la protección del país de su nacionalidad, haya recobrado voluntariamente su nacionalidad, o haya adquirido una nueva nacionalidad y disfrute de la protección de su nuevo país”. Asimismo, se contempla que si una persona refugiada “se ha establecido voluntariamente en el país que había abandonado o en otro país”, cesará también su condición.

Sin embargo, se hace una salvedad en casos en los que persistan razones imperiosas que justifiquen el temor a persecución. “No cesará la condición de refugiado si persisten razones imperiosas derivadas de la grave persecución que motivó la salida del país”.

En cuanto a las resoluciones emitidas por la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), la medida plantea que estas serán notificadas de manera inmediata al solicitante, ya sea en persona, electrónicamente o por los medios previstos en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549. Si se deniega, cesa o cancela el estatus de refugiado, el solicitante podrá interponer un recurso judicial en un plazo de cinco días hábiles. Durante este proceso, la ejecución de la medida quedará suspendida.

En esta decisión también se abordan el recurso extraordinario federal o el recurso de queja: “Tendrán efecto devolutivo, manteniéndose la ejecutoriedad de la medida dictada”. A su vez, se remarcó la necesidad de ajustar el sistema de refugio a las nuevas realidades globales, como el terrorismo internacional y la proliferación de armas de destrucción masiva. Se menciona que Argentina, como miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), tiene la responsabilidad de implementar medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el financiamiento del terrorismo. En este sentido, se destaca que el país ha fortalecido su marco legal mediante la Ley Nº 26.734, que permite el congelamiento de activos vinculados a actividades terroristas.

El decreto subraya que la República Argentina ha sido víctima de dos atentados terroristas, el primero en 1992 contra la Embajada del Estado de Israel y el segundo en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Estas experiencias refuerzan la necesidad de implementar medidas firmes ante las amenazas terroristas que buscan desestabilizar la paz y la seguridad en el país. El Gobierno argentino ha incluido en su Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET) a organizaciones como Hamas y Hezbollah, siguiendo las disposiciones del Decreto N° 918/12 y sus modificatorias, según consta en el Boletín Oficial.

El decreto también señala que en los últimos años se ha registrado un aumento significativo en las solicitudes de refugio debido a conflictos bélicos y crisis humanitarias. Las cifras muestran un aumento del 225% desde 2016, con picos del 300% en 2017 y 2018, y un repunte del 216% en 2022 y 2023 respecto al año anterior. La pandemia de COVID-19 redujo las solicitudes en 2020, pero el sistema continúa enfrentando presión, siempre de acuerdo a los considerandos del decreto.

Finalmente, se apunta que los procesos administrativos y judiciales en trámite deberán adecuarse a las nuevas disposiciones, y otorga a los solicitantes de refugio cinco días hábiles para interponer el recurso correspondiente en caso de denegación, cesación o cancelación de su estatus. Las Cámaras Federales competentes deberán resolver estos recursos en un plazo máximo de diez días hábiles, garantizando así un proceso judicial expedito y efectivo.

El decreto completo

Rosa Díaz

Madrid, 16 oct (EFE).- En su último libro, 'No soy un robot', Juan Villoro dibuja al ser humano asomado al abismo de una galaxia digital en la que el uso ideológico de la mentira está ampliamente extendido y los datos personales que regalamos en las redes se utilizan para favorecer tendencias electorales.

Un mundo que está buscando refugio en el lugar equivocado, los autoritarismos, y que parece ir de cabeza a la deshumanización, pero que, a pesar de todo, "puede salvarse".

En una entrevista con EFE, el escritor mexicano señala que "abordar los retos del mundo digital es urgente" porque "estamos en el umbral de lo poshumano, del tecnopolio, de un universo en donde las máquinas empiezan a controlarnos".

Pero antes de que "la fecha de caducidad sea definitiva", debemos utilizar las herramientas de que disponemos para "afrontar el gran desafío contemporáneo".

Estamos en el umbral de lo poshumano

El desafío es, para Villoro, la nueva forma de vida que han traído las redes, con "esa mirada binaria que potencia la polarización" y "una inmediatez y una fragmentación que van en detrimento de la capacidad de concentración y, en consecuencia, del espíritu crítico".

Polarización y falta de espíritu crítico, una combinación que ha facilitado el ascenso al poder "de gobernantes como Donald Trump en el 2016 en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Milei en Argentina y Salvini en Italia, entre otros", en un nuevo orden político que "tiende al autoritarismo" y que "utiliza los datos que cedemos a través de nuestros teléfonos móviles para favorecer tendencias electorales".

"Nos hemos convertido en la principal mercancía del planeta en la medida de que lo más valioso que hay hoy en día son nuestros datos personales, que son succionados por las plataformas que utilizamos", sentencia.

La mirada binara digital favorece los autoritarismos

Para revertir esta tendencia los humanos tienen herramientas, según el escritor, y la principal es la cultura, más concretamente los libros, que considera "un antídoto" a la dictadura del algoritmo y a "las redes que nos llevan a estar a favor o en contra sin que haya nada en medio".

"La información de nuestros teléfonos móviles se utiliza para inducirnos a consumir más de lo mismo, mientras que la literatura hace lo contrario", argumenta.

"Entrar en una librería o una biblioteca es entrar en el mundo de la diversidad y de lo improbable -añade-. Alguien te recomienda un libro o ves una cita que te llama la atención y eso te lleva a buscar un autor y encontrar una voz diferente, la de alguien que no sabías que te iba a interesar y que te interpela con fuerza".

Esta "resistencia" individual apoyada en los libros es "el camino personal" que ha encontrado Villoro, quien reconoce que hay otros.

Lo importante es que, "a partir de una base personal", los individuos participen en "colectivos que den respuestas" como "una legislación digital que no existe, una delimitación de los derechos de autor y una revisión del uso de la Inteligencia Artificial en la educación".

También es importante "el trabajo que pueden hacer los periodistas y los escritores con sitios de verificación que traten de salvaguardar la verdad frente a las plataformas que falsean los hechos".

"La esperanza es una obligación ética, es un requisito de supervivencia", según Villoro, y esa capacidad humana de "tolerar la adversidad y sugestionarse para superar las dificultades es lo que nos va a salvar". EFE

(Foto) (Vídeo)

El próximo domingo los brasileños acudirán a las urnas para elegir alcaldes, vicealcaldes, y concejales para los 5.569 municipios.

Cómo vengo siguiendo, y valorando, hace años -como factor fundamental del gran crecimiento de nuestro vecino país basado en su estado federalista, Brasil vuelve a privilegiar una elección en que solo se vota a nivel local.

Esto sumado al nivel de autonomía de sus municipios, le dio plenas posibilidades de seguir creciendo, más allá que gobiernen Lula o Bolsonaro.

Así como en Argentina hay un predominio del poder central, en el caso de Brasil hay un verdadero federalismo, caracterizado por la dispersión del poder.

Aunque hay candidatos de los grandes referentes nacionales, en la mayor cantidad de ciudades son los partidos del centro, conocidos como centrão (gran centro), los que avanzan en las elecciones municipales.

El término centrão surgió en la Asamblea Constituyente de 1988, encargada de redactar la Constitución que rige en Brasil desde el regreso de la democracia y se usó para designar al bloque mayoritario que se formó en el centro, que rechazaba posturas extremas por izquierda y por derecha y es el bloque de partidos conservadores que domina la política brasileña desde la vuelta a la democracia en 1989. Tienen gran capacidad de sumar votos en el interior del país, y se quedarán con la mayor parte de los alcaldes elegidos en los comicios municipales.

En 11 de las 15 capitales con mayor número de electores aparecen como líderes candidatos del MDB, del Partido Social Democrático (PSD), de la União Brasil y de Avante, todas formaciones de centro que solo piensan en ganar sus territorios.

Según datos del Tribunal Supremo Electoral, de las más de 450.000 candidaturas registradas, los partidos de centro presentan una mayoría de aspirantes, seguidos por el PL, Republicanos y luego el PT, el PSB y demás partidos de izquierda.

Las elecciones municipales, como ya es una tradición en Brasil, demuestran que las preferencias electorales se centran principalmente en cuestiones locales. La gente vota a nivel municipal a sus mejores administradores, que son los que le dan solidez al sistema, pues todo sigue funcionando más allá de los enfrentamientos nacionales.

Los votantes sancionan, o recompensan, principalmente el desempeño de los equipos municipales por temas sanitarios, salud, seguridad y educación.

Gane quien gane, la dinámica política y económica de Brasil seguirá intacta por la fortaleza de sus autonomías municipales, por ser una verdadera federación, y por tener entre otros motivos elecciones municipales separadas cronológicamente, de las elecciones nacionales.

En Brasil como en Argentina, y en gran parte del mundo ha habido un crecimiento de una política de odio y resentimiento, también un proceso de crisis mundial de la democracia representativa liberal, y un modelo de capitalismo -en especial en Latinoamérica- que aumenta o muestra brutalmente la desigualdad social. Pese a todo esto, Brasil a diferencia de Argentina, sigue con desarrollo y crecimiento.

En nuestro país y otros países de la región el federalismo fue un pacto redistributivo, que permitió a las partes integrantes de la federación su supervivencia, a través de la participación de la riqueza nacional entre de las provincias más pobres, que dependen de la coparticipación federal. En el caso argentino, el federalismo centraliza los recursos para distribuirlos hacia toda la Nación.

Los recursos descentralizados con su autonomía política y económica, llevo a que Brasil sea Brasil, y se constituya en una gran potencia política y económica, la fortaleza e independencia política de los gobiernos locales, en la gestión cotidiana, táctica y estratégica, han ayudado mucho a su gran crecimiento económico.

Brasil es Brasil por un verdadero Federalismo basado en gran medida en su tradición, pero también en su sistema electoral desdoblado, que este domingo vuelve a dar otra gran muestra de su fortaleza.

María Angélica Troncoso

Río de Janeiro, 29 sep (EFE).- A una semana de las elecciones municipales en Brasil el centro y la derecha toman fuerza en las principales capitales del país, pero las atenciones se concentran en São Paulo, donde la disputa está cabeza a cabeza entre los candidatos apoyados por Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro.

El próximo 6 de octubre 155,9 millones de brasileños acudirán a las urnas para elegir alcaldes, vicealcaldes y concejales de 5.569 municipios en la primera vuelta de una contienda que medirá el peso político entre el progresismo de Lula y la ultraderecha de Bolsonaro.

La atención está centrada en la capital paulista, la ciudad más poblada del país, principal colegio electoral de Brasil y motor financiero de la mayor potencia económica de América Latina.

Razón de más para que los líderes de ambas tendencias quieran salir victoriosos en la capital donde más se siente la polarización política del país.

Según la última encuesta de la firma Datafolha, Ricardo Nunes, actual alcalde y candidato apoyado por Bolsonaro, cuenta con el 27 % de las intenciones de voto, seguido de Guilherme Boulos, que, con la bendición de Lula, tiene el 25 % del favoritismo.

A los preferidos les sigue de cerca Pablo Marçal, un polémico empresario e 'influencer' mesiánico de derecha, que tiene un 21 %, con lo que cualquiera de los aspirantes puede pasar a segunda ronda.

Los candidatos arropados por Lula y Bolsonaro no pertenecen al Partido de los Trabajadores (PT) ni al Partido Liberal (PL), las formaciones que lideran el actual presidente y el exmandatario.

Nunes representa al Movimiento Democrático Brasileño (MDB) y Boulos es la cara del Partido Socialismo y Libertad (PSOL).

Aunque en São Paulo la polarización Lula-Bolsonaro es clara, en las principales capitales del país, son los partidos del centro, conocidos en Brasil como centrão (gran centro), los que están mandando la parada en las municipales.

En 11 de las 15 capitales con mayor número de electores aparecen como líderes candidatos del MDB, del Partido Social Democrático (PSD), de la União Brasil y de Avante, todas formaciones de centro que coquetean en sus regiones según los intereses del momento.

A manera de ejemplo, mientras en la capital paulista el candidato del MDB es apoyado por Bolsonaro, en Maceió (nordeste), Rafael Brito es respaldado por Lula.

La derecha lidera en Belo Horizonte y Vitoria, con el partido Republicanos, y en Fortaleza, el PL está en empate técnico con el PT.

La izquierda solo está a la cabeza en Recife con el Partido Socialista Brasileño (PSB).

Según datos del Tribunal Superior Electoral, de las 463.354 candidaturas registradas para las elecciones del domingo, el MDB lidera en número de aspirantes, seguido por el Partido Progresistas (PP, centro derecha), el PSD, la União Brasil, el PL y Republicanos.

Ya entre la sexta y la décima posición están el PT, el PSB, Podemos (derecha), el Partido Democrático Laboral (PDT, izquierda) y el Partido Social Demócrata Brasilero (PSDB, centro).

Con igual número de candidatos el PT y el PL aspiran a la alcaldía en 13 de las 26 capitales del país.

La sigla del líder ultraderechista tiene posibilidades reales de ganar las elecciones solo en dos capitales, una leve ventaja sobre la formación de Lula, que no tiene opción real en ninguna.

Alguna esperanza le queda al PT en otras cuatro capitales, donde sus candidatos están en empate técnico con los favoritos, una situación que el PL tiene en tres.

De las trece capitales en que ambas siglas tienen candidato solo en tres -Fortaleza, João Pessoa y Aracaju-, todas en el nordeste, los aspirantes del PT y del PL están en duelo directo. EFE

(foto)

PoliceJewels and JewelryGifts to Public OfficialsEmbezzlementRolex SAPatek Philippe SASupreme Federal Court (Brazil)Bolsonaro, Jair (1955- )BrazilSaudi Arabia

El expresidente de Brasil podría ser acusado por la apropiación de regalos que recibió de mandatarios extranjeros.

[Estamos en WhatsApp. Empieza a seguirnos ahora]

La Policía Federal de Brasil recomendó que el expresidente Jair Bolsonaro sea acusado penalmente por la venta de joyas que recibió como regalos de líderes extranjeros mientras era presidente, de acuerdo con dos personas cercanas a la investigación, lo que pone a Bolsonaro ante otro gran desafío legal.

La Policía Federal acusó a Bolsonaro y a 10 de sus aliados de haber intentado guardar y vender regalos costosos que recibió de gobiernos extranjeros, explicaron las personas, que hablaron bajo condición de anonimato para describir archivos sellados del caso. La policía está buscando presentar cargos de lavado de dinero y asociación para delinquir contra Bolsonaro y algunos de sus aliados, incluidos antiguos asesores.

En un caso, Bolsonaro y su equipo intentaron ocultar joyas de diamantes por valor de un millón de dólares que el expresidente había recibido del gobierno de Arabia Saudita, de acuerdo con documentos de investigaciones anteriores.

En otro, el equipo de Bolsonaro realizó un intento fallido de vender un juego de joyas de oro de 18 quilates de los saudíes por 50.000 dólares en una casa de subastas de Manhattan durante una venta del Día de San Valentín llevada a cabo el año pasado, según muestran los documentos. En una tercera ocasión, vendieron dos relojes de lujo en un centro comercial de Pensilvania por 68.000 dólares y entregaron parte del dinero a Bolsonaro, según los documentos.

Aunque en portugués la policía brasileña denomina "acusación" a los cargos recomendados, Bolsonaro no ha sido acusado. Ahora, la fiscalía general brasileña debe decidir si acusa a Bolsonaro y le obliga a someterse a juicio. La fiscalía y el Supremo Tribunal Federal señalaron la noche del jueves que aún no habían recibido las recomendaciones de la policía.

El caso forma parte de un creciente riesgo legal para el expresidente de Brasil, a apenas 18 meses de que dejara el cargo.

En marzo, la Policía Federal recomendó cargos contra Bolsonaro por un plan para falsificar sus registros de vacunación contra la COVID-19, aunque los fiscales federales aún no lo han acusado.

En febrero, la policía le confiscó el pasaporte y le ordenó permanecer en Brasil mientras investigaba su participación en lo que las autoridades consideran una conspiración para aferrarse al poder tras haber perdido las elecciones de 2022. Días después, Bolsonaro pasó dos noches en la embajada de Hungría en la capital de Brasil en un aparente intento de solicitar asilo, según muestran las imágenes de las cámaras de seguridad obtenidas por The New York Times.

Si es condenado en alguno de los casos, el expresidente podría ir a prisión. Los juristas consideran que las acusaciones de conspiración golpista son las que tienen más probabilidades de acarrear penas de prisión en caso de ser declarado culpable, mientras que las condenas en los casos de las joyas o las tarjetas de vacunación podrían dar lugar a penas más leves. En Brasil, los expresidentes no son inmunes a los procesos judiciales.

Bolsonaro ha negado las acusaciones y ha calificado las investigaciones de persecución política. Él y su abogado han argumentado que los regalos eran legalmente de su propiedad. "Todos los expresidentes han tenido problemas" con los regalos extranjeros, dijo Bolsonaro al periódico brasileño Estadão el año pasado. "La ley es confusa".

Su abogado se negó a hacer comentarios porque aún no había visto los documentos que recomendaban los cargos.

Durante mucho tiempo, Bolsonaro ha aceptado de buena gana las comparaciones con el expresidente Donald Trump, y aunque los dos hombres comparten estilos políticos combativos y políticas de extrema derecha, otra creciente similitud son los desafíos legales similares.

Trump, quien ha sido condenado en un caso e imputado en otros tres, también ha sido acusado de mal manejo de regalos extranjeros que recibió como presidente. Los demócratas de la Cámara de Representantes acusaron a la Casa Blanca de Trump de no haber registrado adecuadamente más de 100 regalos extranjeros por un valor conjunto de más de 250.000 dólares. Casi todos esos regalos ya han sido contabilizados.

En Brasil, el caso de las joyas comenzó en 2021, cuando un funcionario del gobierno brasileño fue sorprendido cuando regresaba de una visita oficial de Arabia Saudita con joyas de diamantes no declaradas por valor de aproximadamente un millón de dólares. El funcionario dijo a las autoridades que se trataba de un regalo de funcionarios saudíes para Bolsonaro y su esposa, Michelle.

En junio de 2022, el ayudante personal de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid, vendió un reloj Rolex de diamantes y un reloj Patek Philippe a una joyería del centro comercial Willow Grove Park de Pensilvania, de acuerdo con los documentos de la investigación. La policía cree que un reloj fue un regalo de Arabia Saudita y el otro un regalo de Bahrein.

En ese caso, la policía recomendó presentar cargos contra Cid. Él había firmado previamente un acuerdo de culpabilidad con las autoridades. Su abogado ha dicho que Cid seguía órdenes de Bolsonaro, cosa que Bolsonaro niega.

La ley brasileña permite que los presidentes conserven algunos regalos si son personales, pero su valor no debe ser alto, explicó Bruno Dantas, el jefe del tribunal de cuentas de Brasil, el auditor del gobierno federal. "Si se trata de una gargantilla de diamantes con el nombre del presidente, no puede tenerla", declaró Dantas al Times el año pasado.

Para decidir qué es propiedad del presidente y qué pertenece al Estado, a veces interviene una comisión nombrada por el gobierno. Ese panel dictaminó que al menos algunas de las joyas que los ayudantes de Bolsonaro pretendían vender eran de carácter personal.

De acuerdo con Paulo Cunha Bueno, abogado de Bolsonaro, eso significa que las joyas pertenecen legalmente a Bolsonaro. "Puede venderlas", dijo Cunha Bueno al Times el año pasado. "Y si muere, los bienes pasan a sus herederos".

El jefe del panel nombrado por el gobierno estaba entre los acusados por la policía de asociación para delinquir. El juez del Supremo Tribunal Federal que supervisa la investigación había dicho anteriormente que algunas pruebas sugerían que Bolsonaro ordenó al panel que dictaminara que las joyas eran de su propiedad.

La policía ha dicho que otras pruebas muestran que Bolsonaro y sus aliados intentaron ocultar sus planes. Por ejemplo, operaban principalmente en efectivo. En un intercambio de WhatsApp, Cid le dijo a un socio que su padre tenía 25.000 dólares para el expresidente. "Él lo entregaría en mano", dijo. "Cuanto menos movimiento haya en la cuenta, mejor, ¿no?".

Luego de que Dantas, del tribunal de cuentas, ordenara a Bolsonaro devolver la joya el año pasado, Frederick Wassef, exabogado de Bolsonaro, voló a Pensilvania y volvió a comprar el Rolex saudí por 49.000 dólares, dijo la policía.

Más tarde, Wassef lo negó a la prensa brasileña. "Nunca he visto ese reloj", dijo al sitio de noticias brasileño G1 el año pasado. "Los desafío a que lo demuestren".

Entonces, los sitios de noticias publicaron el recibo con su nombre.

La policía recomendó esta semana que Wassef fuera acusado también de blanqueo de dinero y asociación para delinquir.

Wassef dijo esta semana que Bolsonaro no le pidió que comprara el Rolex. Aseguró que lo hizo por su propia iniciativa durante un viaje a Estados Unidos para devolverlo al gobierno federal, como los tribunales habían solicitado. "Estoy pasando por todo esto únicamente por ejercer la abogacía en defensa de Jair Bolsonaro", dijo.

Paulo Motoryn colaboró con reportería desde Brasilia.

Jack Nicas es el jefe de la corresponsalía en Brasil, con sede en Río de Janeiro, desde donde lidera la cobertura de gran parte de América del Sur. Más de Jack Nicas

Paulo Motoryn colaboró con reportería desde Brasilia.

Brasil le ha pedido a Argentina información sobre decenas de partidarios del ex presidente Jair Bolsonaro que buscaron refugio en ese país para evitar las consecuencias legales a las que se enfrentarían por los disturbios en Brasilia del año pasado, como parte de un presunto intento de golpe de Estado. Los funcionarios policiales brasileños dijeron que la solicitud presentada el lunes era precursora de posibles pedidos de extradición.

El 8 de enero de 2023, una semana después de que el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el cargo, miles de manifestantes irrumpieron en el Congreso, el Tribunal Supremo y el palacio presidencial en un alboroto que algunos esperaban que creara un caos que justificara un golpe militar para anular la elección de Lula.

Miles de bolsonaristas del campamento golpista instalado ante el Cuartel General del Ejército, obra de Oscar Niemeyer, descendieron a la plaza de los Tres Poderes y asaltaron el corazón de la democracia brasileña. Los radicales estaban acampados desde hace dos meses frente a los cuarteles de varias ciudades pidiendo una intervención militar con un golpe de Estado contra el presidente electo.

El diario O’ Globo ha informado que la acción policial permitió la detención de 49 prófugos que eran buscados en 18 estados. Según relató la columnista del mismo medio periodístico, Bela Megale, el gobierno de Lula da Silva enviará los datos al Supremo Tribunal Federal (STF), que investiga los actos golpistas de ese día que fueron provocados por los seguidores de Bolsonaro, para que emita las correspondientes órdenes de extradición.

Según han declarado los funcionarios de la Policía Federal a Reuters, se cree que entre 50 y 100 partidarios de Bolsonaro que habían sido acusados de vandalismo e insurrección por su papel en los disturbios habían huido a Argentina después de que el derechista Javier Milei asumiera el cargo el diciembre pasado. Brasil ha pedido a la policía argentina que identifique su paradero y también su situación en el país antes de decidir si solicita las extradiciones, indicaron los funcionarios policiales.

Los fugitivos tenían restricciones de movimiento por orden judicial y algunos llevaban tobilleras electrónicas. Muchos de esos prófugos, algunos ya condenados y otros que todavía estaban bajo investigación, obviaron las barreras migratorias y se quitaron las tobilleras electrónicas que se les habían colocado para su seguimiento. En mayo, el portal UOL había consignado que el fiscal general de la República, Paulo Gonet, pidió que los prófugos sean incluidos en la notificación roja de Interpol.

Se cree que habrían ingresado a la Argentina a pie por alguno de los puentes fronterizos, en baúles de vehículos particulares o a través del río Paraná. Además, todas las filtraciones se habrían producido en 2024.

”La cooperación policial determinará cuántos son. Basándonos en la información que tenemos hasta ahora, estimamos que entre 50 y 100 de ellos están en Argentina”, dijo el martes a la prensa el director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues.

La policía federal de Brasil comenzó a investigar el caso después de que legisladores de derecha, incluido el hijo de Bolsonaro, Eduardo, visitaron Buenos Aires el mes pasado y pidieron públicamente al Gobierno argentino que tratara a los fugitivos como “exiliados políticos”.

La policía brasileña dijo que creía que la mayoría de los seguidores de Bolsonaro desaparecidos han solicitado asilo político. La Comisión Nacional para los Refugiados de Argentina dijo que no hace comentarios sobre las solicitudes de asilo.

(Con información de Reuters)

La decisión se produjo después de una reunión entre Bolsonaro y el líder del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, en la capital Brasilia, señala el comunicado. La incorporación formal del presidente en las filas del partido, de tendencia centrista, tendrá lugar el 22 de noviembre.

Bolsonaro pretende que la alianza le ayude a luchar contra su némesis, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien mantiene una amplia ventaja sobre Bolsonaro en las primeras encuestas. Unirse a uno de los partidos que conforma el llamado grupo Centrao también es una señal de que Bolsonaro está cambiando su estrategia de campaña respecto a la de 2018, cuando criticó fuertemente las anticuadas prácticas políticas del grupo.

“Es muy simbólica la forma en la que Bolsonaro ha empezado a jugar el tradicional juego de la política brasileña”, comentó Maurício Santoro, profesor de ciencias políticas en la Universidad Estatal de Río de Janeiro. “El PL está ayudando a Bolsonaro a sobrevivir”.

El Partido Liberal y otros que conforman el grupo Centrao son conocidos por su maleabilidad ideológica y por dar su apoyo a cambio de nombramientos en el gobierno y partidas presupuestarias. Bolsonaro estuvo afiliado a ese tipo de partidos durante la mayor parte de sus siete periodos como legislador federal, pero se retrató como un político independiente durante su campaña presidencial de 2018. Se comprometió a no aceptar el regateo que beneficia a los políticos consolidados y permite la corrupción.

En lugar de eso, hizo campaña abanderado por el Partido Social Liberal, al cual dejó un año después de su victoria en las elecciones en medio de desacuerdos con el liderazgo del partido sobre los fondos y nombramientos regionales. Se propuso crear su propio partido, pero no logró reunir las firmas suficientes y ha estado sin partido político desde entonces.

Dos de los ministros de Bolsonaro comentaron a The Associated Press que la decisión del presidente de unirse al PL estuvo influenciada por sus tres hijos, quienes creen que el partido le dará a su padre la autonomía suficiente para elegir aliados como candidatos para gubernaturas y el Congreso en las elecciones del próximo año. Los ministros hablaron bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizados para hablar públicamente.

La oficina de prensa presidencial no respondió una solicitud de comentarios enviada por la AP para que confirmara el comunicado del partido o comentara sobre la justificación del presidente por la decisión. El miércoles temprano, Bolsonaro dijo durante una entrevista de radio que había un “99,9% de probabilidades” de que se uniera al PL.

____

Jeantet informó desde Río de Janeiro.