El senador brasileño Flávio Bolsonaro, derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 25 de octubre, participará este jueves en la conferencia anual de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que tendrá lugar en Mar-a-Lago, la residencia privada del presidente estadounidense, Donald Trump, en Florida. El encuentro marcará su primera aparición pública presencial desde que abandonó Brasil rumbo a Estados Unidos el pasado 28 de octubre.

La organización confirmó la participación del hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) como uno de los principales ponentes de la gala anual, que se celebrará en el salón de actos Donald J. Trump del complejo ubicado en Palm Beach. El evento reúne cada año a dirigentes políticos, funcionarios electos, activistas y donantes del movimiento conservador.

La presencia de Flávio Bolsonaro en la conferencia se produce después de varios días de ausencia del foco público desde su llegada a Estados Unidos. El senador viajó junto a su esposa y sus dos hijas tras cruzar la frontera entre Brasil y Argentina y abordar un avión privado en Puerto Iguazú. La aeronave realizó una escala en Guayaquil, Ecuador, antes de aterrizar en Miami.

Poco después de su llegada, el parlamentario justificó su salida de Brasil al afirmar que no respondió a motivos personales, sino que lo hizo “por Brasil”. También sostuvo que en Estados Unidos puede expresar libremente sus opiniones sin temor a represalias judiciales.

En sus primeras intervenciones a distancia, Bolsonaro cuestionó al magistrado del Tribunal Supremo brasileño Alexandre de Moraes, quien ordenó la cancelación de su pasaporte, y denunció una supuesta persecución política y judicial. También acusó a las autoridades de un presunto fraude electoral, aunque no presentó pruebas, y anticipó su intención de encabezar una “oposición en el exilio” contra el Gobierno de Lula.

El senador se negó a reconocer la reelección del mandatario brasileño y cuestionó las medidas cautelares dictadas en su contra siete minutos después de conocerse el resultado electoral. Entre ellas mencionó la retención de sus pasaportes, que consideró parte de una persecución por parte de las autoridades judiciales de su país.

El domingo pasado, Bolsonaro anunció en un comunicado que concederá entrevistas a grandes medios de comunicación brasileños e internacionales durante los próximos días. El objetivo, según explicó, será expresar “lo que ya nadie puede decir permaneciendo en el país”.

La participación en la CPAC se inscribe en esa estrategia de proyección internacional de su discurso político después de la derrota electoral frente a Lula.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, negó el sábado que el Gobierno de Trump hubiera facilitado la salida del senador brasileño de su país. Explicó que Flávio Bolsonaro ya contaba con un visado estadounidense y que la única decisión de Washington fue autorizar su entrada al territorio.

Trump, por su parte, descartó por el momento la posibilidad de mantener una reunión bilateral con el dirigente brasileño, aunque respaldó su permanencia en Estados Unidos al afirmar que era bienvenido a quedarse en el país “todo el tiempo que desee”.

(Con información de EP y EFE)

El Partido Liberal (PL), la fuerza que lidera el expresidente Jair Bolsonaro, oficializó este miércoles la candidatura del senador Rogério Marinho a la presidencia del Senado de Brasil para el bienio 2027-2028, una disputa en la que enfrentará al actual titular de la Cámara Alta, Davi Alcolumbre, quien buscará continuar en el cargo.

Marinho, de 62 años y actual jefe de la oposición en el Senado, formalizó su postulación después de una reunión partidaria en Brasilia. El legislador recibió el respaldo de la conducción del PL y de una bancada que, desde febrero de 2027, contará con 29 senadores y se convertirá en la mayor representación dentro de la Cámara.

“Si Dios quiere, tendremos la presidencia del Congreso. Respetaré la disidencia, porque somos demócratas y queremos diálogo”, declaró Marinho tras la definición de su partido.

La elección se celebrará el 1 de febrero de 2027, mediante voto secreto de los 81 integrantes del Senado. El ganador necesitará reunir al menos 41 apoyos y asumirá la conducción del Congreso Nacional, con facultades sobre la agenda legislativa y sobre la admisión o el archivo de pedidos de juicio político contra jueces del Tribunal Supremo.

El PL decidió competir por la presidencia del Senado después de que, para el período 2025-2026, respaldara la candidatura de Alcolumbre. En aquella votación, el senador de Unión Brasil obtuvo una amplia mayoría y volvió a ocupar la presidencia de la Cámara Alta.

Alcolumbre buscará ahora la reelección luego de mantener contactos con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva durante los últimos meses. Su postulación concentrará el apoyo de sectores de centro y de fuerzas que mantienen diálogo con el Ejecutivo, mientras el PL intentará ampliar sus respaldos más allá de su propia bancada.

Marinho ya compitió por el cargo en 2023, cuando disputó la presidencia del Senado frente a Rodrigo Pacheco, del Partido Social Democrático. Fue derrotado, pero conservó presencia en la oposición y asumió luego la conducción del bloque opositor en la Cámara.

El senador también coordinó la campaña presidencial de Flávio Bolsonaro, candidato del PL que perdió el balotaje frente a Lula. El presidente consiguió la reelección con cerca del 51,7% de los votos, mientras Bolsonaro obtuvo poco más del 48%.

En la primera vuelta, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47 % de los votos, frente al 45,1 % de Lula, quien luego revirtió la diferencia en el balotaje y consiguió su cuarto mandato presidencial no consecutivo.

Tras la derrota, Flávio Bolsonaro viajó a Estados Unidos junto a su esposa y sus dos hijas. El senador salió de Brasil dos días después de las elecciones, cruzó hacia Argentina y abordó un avión privado en Puerto Iguazú, que realizó una escala en Guayaquil antes de llegar a Florida.

(Con información de EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo a última hora del sábado que su país neutralizó gran parte de las capacidades militares del régimen de Irán, aunque aseguró que todavía restan uno o dos objetivos por atacar, entre ellos el complejo nuclear subterráneo conocido como Pickaxe Mountain (Montaña del Pico).

Trump detalló que las conversaciones con Teherán para poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero avanzan. Sin embargo, puso en duda la fiabilidad de la contraparte iraní: “Van bien, pero ya saben que no son muy fiables”.

El mandatario descartó la urgencia de nuevas operaciones ofensivas al considerar que Washington ya debilitó el programa militar y nuclear iraní. “Hemos neutralizado su arsenal nuclear. Todavía tenemos que encargarnos de uno o dos emplazamientos, diría yo, pero podemos hacerlo en 10 minutos”, dijo a periodistas en su residencia de Florida.

“Probablemente podrías echar un vistazo a Pickaxe Mountain, y tienes que ocuparte de eso. Podemos hacerlo todo muy rápidamente”, agregó, en alusión al complejo nuclear bajo tierra. Teherán niega que en ese lugar se desarrollen actividades nucleares.

Horas antes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reafirmó en Atlanta que Trump todavía no tomó una decisión sobre una nueva operación militar contra Irán, mientras Washington mantiene abierta la vía diplomática para intentar detener la guerra.

El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que el presidente conservó distintas alternativas, y descartó que existiera un anuncio inmediato sobre una ofensiva contra la república islámica. “Podemos lograr objetivos militares si nos lo proponemos. Él no tomó una decisión. No tengo ningún anuncio al respecto hoy, y tampoco nos tomamos este asunto a la ligera”, declaró al cierre de la reunión de ministros de Exteriores del G20.

Los dichos surgieron después de que varios informes plantearan la posibilidad de que el jefe de Estado ordenara ataques contra Irán tras las elecciones legislativas de mitad de mandato, previstas para el martes. Rubio no confirmó esa hipótesis ni fijó una fecha para una eventual resolución de la Casa Blanca.

El titular del Departamento de Estado estadounidense cuestionó las acciones de Teherán contra buques mercantes y sostuvo que Irán atacó esas embarcaciones de forma “activa y abierta”. Pese a ello, indicó que Trump prefiere una salida negociada para terminar el conflicto.

“Solo puedo decir que, si existe una solución diplomática, estaríamos abiertos a ella”, afirmó Rubio. El funcionario no precisó cuándo podrían avanzar las conversaciones, mientras las partes continuaron sin un acuerdo.

Bajo este escenario, el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, ordenó el sábado a los altos mandos militares responder a cualquier ataque de Estados Unidos o Israel con una “respuesta sin restricciones geográficas”.

“Cualquier nivel o tipo de amenaza debe ser respondido con una respuesta inmediata, contundente y sin restricciones geográficas”, afirmó el ayatollah, según un comunicado publicado en su sitio web.

Khamenei también advirtió a Washington contra nuevos ataques. “Si los enemigos vuelven a lanzar ataques militares o terroristas, serán las fuerzas armadas de la República Islámica y la nación iraní quienes determinen el momento y las condiciones para ponerles fin”, sentenció.

Las declaraciones coincidieron con un cruce diplomático entre Teherán y Alemania. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, respondió al canciller alemán, Friedrich Merz, quien estimó en más de 100.000 millones de euros el costo adicional para empresas y consumidores europeos por el alza de los precios de la energía vinculada al conflicto.

“100.000 millones de euros no son nada comparados con el golpe devastador que las poderosas fuerzas armadas iraníes infligirán a quienes se atrevan a agredir a nuestra nación. Ya no habrá líneas rojas”, escribió Araqchi en X.

Merz formuló sus declaraciones desde Seúl, donde sostuvo que Alemania busca una salida diplomática al conflicto que, según el texto proporcionado, comenzó el 28 de febrero tras acciones de Israel y Estados Unidos.

(Con información de AFP y EFE)

Jair Bolsonaro dijo que es “momento de unión y no de buscar culpables”, según transmitió su esposa, Michelle Bolsonaro, tras la derrota de su hijo Flávio frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales brasileñas del domingo 25 de octubre.

“Mi marido recalca que es momento de unión y no de buscar culpables”, afirmó en sus redes sociales, la ex primera dama y senadora electa por el Distrito Federal. Allí sostuvo que conversó con el exmandatario sobre el resultado electoral y negó que él hubiera responsabilizado a dirigentes de derecha por la derrota de su hijo.

“Vivimos tiempos difíciles. Necesitamos reflexionar y, solo después, actuar”, escribió Michelle al referirse a la posición de Bolsonaro. La dirigente, que llamó a su esposo “líder”, afirmó que el exjefe de Estado expresó agradecimiento por la movilización de quienes colaboraron durante la campaña de Flávio Bolsonaro.

El ex presidente brasileño, que gobernó entre 2019 y 2022, permanece impedido de usar redes sociales o difundir comunicados, incluso por medio de terceros. Michelle difundió sus declaraciones en un contexto de discusiones internas en la derecha sobre las razones de la victoria de Lula y sobre la conducción de ese sector político durante el nuevo mandato.

“Él se entristece cuando ve noticias falsas, atribuyendo a él manifestaciones mentirosas, que pregonan la división, apuntan injustamente supuestos ‘culpables’ y afirman exactamente lo contrario de lo que él verdaderamente siente”, señaló.

En ese mensaje, Michelle nombró a la senadora Damares Alves, al gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, al diputado federal Nikolas Ferreira y al pastor Silas Malafaia. Afirmó que su marido conservó hacia ellos “mucho respeto, cariño y gratitud”, pese a que varios de esos nombres quedaron expuestos a cuestionamientos de sectores próximos a Flávio Bolsonaro después de la elección.

Además, la ex primera dama relató que mantuvo conversaciones con el exmandatario sobre el trabajo realizado en la campaña. “Jair y yo, mi rubio y nuestro líder, hemos conversado sobre esto. Él siempre dice que agradece mucho el empeño y el sacrificio que, dentro de sus posibilidades, cada uno hizo por la campaña de Flávio”, escribió.

Michelle agregó que Jair recordó a los militantes y aliados que participaron en la contienda. “Él recuerda a cada uno y reconoce con mucha gratitud la movilización de todos”, indicó. También sostuvo que el ex presidente expresó un reconocimiento especial a los simpatizantes que se involucraron porque creyeron en “un futuro mejor para Brasil y los brasileños”.

Las disputas surgieron luego de que Flávio Bolsonaro perdiera ante Lula y viajara con su familia a Estados Unidos dos días después de los comicios.

La salida del senador abrió una discusión entre dirigentes del Partido Liberal (PL) y otras fuerzas de derecha sobre la reorganización de la oposición. Dentro de ese debate, algunos aliados señalaron a Tarcísio de Freitas como una alternativa competitiva para el siguiente ciclo presidencial.

De Freitas consiguió la reelección como gobernador de São Paulo en la primera vuelta, con el 63 % de los votos válidos frente a Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT). Durante la segunda vuelta presidencial, el gobernador paulista participó en la campaña de Flávio Bolsonaro, pero luego recibió reproches de simpatizantes del senador que cuestionaron el alcance de ese apoyo.

También aparecieron críticas contra Nikolas Ferreira por un video sobre el Nordeste que tuvo repercusión negativa entre residentes de esa región. Ningún dirigente aseguró que esos factores determinaran el resultado electoral, pero las acusaciones alimentaron el intercambio entre distintos grupos de la derecha.

Ante esas versiones, Michelle pidió a los seguidores bolsonaristas que evitaran las disputas internas. “No caigamos en los engaños de quienes siempre siembran odio y mentiras, y provocan nuestra división a cambio de ‘me gusta’ e interacciones”, escribió al cierre de su publicación.

(Con información de EFE)

La Fiscalía de Revisión de Misiones confirmó el archivo de la denuncia contra el Gobierno nacional por autorizar el ingreso y la salida de Flávio Bolsonaro. La decisión ratifica lo resuelto por el fiscal de Puerto Iguazú, Fabián Martínez, que había desestimado la presentación al concluir que no existió delito.

Se trata de la acción judicial que había iniciado la diputada Marcela Pagano contra los funcionarios del Poder Ejecutivo y las fuerzas de seguridad por supuesto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

En el marco del Sistema Acusatorio, el fiscal Martínez impulsó una serie de medidas que, según entendió, permitieron descartar anomalías en el procedimiento migratorio o en la intervención de los agentes de control.

Asimismo, se puso en contacto con su par Paloma Ochoa, que interviene en una causa paralela que tramita en los Tribunales de Comodoro Py, y le remitió testimonio de las constancias del caso.

Se investigó si el cruce de Flávio Bolsonaro por Puerto Iguazú se realizó de manera regular y si los funcionarios y las fuerzas de seguridad cumplieron con los controles migratorios correspondientes.

También se buscó determinar si existía alguna orden de detención, alerta internacional o limitación que hubiera impedido su paso por la frontera, y si hubo abuso de autoridad o incumplimiento de deberes por parte de los responsables del operativo.

Tras perder las elecciones, Bolsonaro quedó alcanzado por medidas judiciales que le impedían salir de Brasil y le exigían entregar sus documentos de viaje.

Sin embargo, en un vuelo privado que salió de Puerto Iguazú e hizo escala en Guayaquil, Ecuador, el senador brasileño viajó con su esposa y sus dos hijas a Miami, en Estados Unidos.

En su país enfrenta una causa por presunto lavado de dinero, vinculada a operaciones con empresas del abogado Willer Tomaz y plataformas de apuestas. También es investigado por el supuesto financiamiento irregular de Dark Horse, una película sobre su padre, Jair Bolsonaro.

La causa en Comodoro Py

En los tribunales federales de Retiro continúa abierta una investigación simultánea a la que fue archivada en Puerto Iguazú. Tramita ante el Juzgado Federal 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, con intervención de la fiscal Paloma Ochoa.

El expediente se basa en dos denuncias, que fueron presentadas por el diputado Esteban Paulón y el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano.

Capuchetti ordenó medidas preliminares para preservar prueba y reunir información antes de definir si la investigación avanza formalmente.

En esa línea, dispuso preservar las filmaciones de los controles fronterizos y del aeropuerto de Puerto Iguazú, y pidió informes a Migraciones y a Cancillería para determinar si Bolsonaro tenía algún impedimento para ingresar al país.

Por otra parte, recibió desde la fiscalía de Iguazú la documentación que permitió definir que no existían impedimentos legales para impedir el paso de Bolsonaro por territorio argentino.

El testimonio incluye el informe de la Dirección Nacional de Migraciones que describe bajo qué condiciones ingresó y egresó el excandidato presidencial brasileño antes de subirse al avión rumbo a Estados Unidos, y la respuesta de Interpol que despejó dudas sobre si pesaba sobre él alguna orden de detención, requerimiento judicial internacional o restricción vigente en los sistemas de control de Argentina.

La salida de Flávio Bolsonaro desde la provincia de Misiones hacia Estados Unidos puso bajo la lupa si nuestro país debía impedir su partida por las medidas judiciales vigentes en Brasil o si no contaba con herramientas legales para hacerlo.

El punto decisivo no es solo que el exsenador haya cruzado la frontera, sino cuándo ocurrió ese tránsito y si las restricciones dictadas en Brasil ya habían sido notificadas y estaban vigentes en los controles fronterizos argentinos.

Los especialistas consultados por Infobae coincidieron en que las autoridades argentinas no podían impedir el viaje sin una orden de captura brasileña o una alerta roja de Interpol. Señalaron que la medida vigente en Brasil era una prohibición de salida, cuya notificación a las autoridades locales no estaba acreditada.

El constitucionalista Félix Lonigro explicó que las autoridades argentinas no tenían intervención si Brasil no había enviado un pedido de captura.

El abogado penalista integrante de Usina de Justicia, Fernando Soto, sostuvo que Bolsonaro podía viajar porque no tenía una restricción de libertad vigente en Argentina y planteó que la medida brasileña pudo haber sido apelada, no estar vigente o incluso no haber sido comunicada.

Por su parte, el especialista en derecho constitucional Juan Sola señaló que no había un delito cometido en Argentina ni una notificación dirigida a sus autoridades, por lo que impedirle el ingreso o la partida habría sido imposible.

En tanto, el abogado y profesor en Derecho Pablo Mimili precisó que se podría hablar de presunto encubrimiento ante el caso de que Brasil hubiese notificado a Interpol que buscaba al exsenador, y de ese modo, ningún país podría permitir su ingreso o salida.

A todo esto, desde la Dirección Nacional de Migraciones aseguraron que el excandidato presidencial Flávio Bolsonaro no presentaba impedimentos legales para ingresar a nuestro territorio, ni los agentes argentinos contaban con una orden que justificara una retención en Iguazú.

La controversia

Tras perder la segunda vuelta presidencial ante Luiz Inácio Lula da Silva, el juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes dictó medidas cautelares contra Flávio Bolsonaro.

Entre esas disposiciones figuraban la prohibición de salir de Brasil, la anulación de sus pasaportes brasileños y la obligación de entregar otros documentos de viaje que pudiera tener. El senador también habría recibido una prohibición para comunicarse con otros investigados en causas de corrupción.

La controversia surgió porque Bolsonaro cruzó hacia Argentina y desde allí tomó un vuelo a Norteamérica. Esa secuencia abrió el debate sobre la eficacia de los controles brasileños y sobre el conocimiento que pudieron tener las autoridades argentinas.

Sin un pedido de captura o alerta internacional, el Estado argentino entendió que no contaba con un instrumento jurídico que habilitara restringirle la libertad.

Según las fuentes consultadas, la existencia de una medida cautelar no garantiza por sí sola que una nación vecina pueda ejecutarla sin una notificación formal o una alerta internacional incorporada a sus sistemas.

Flávio Bolsonaro arribó a Miami, Estados Unidos, en un vuelo privado que salió de Puerto Iguazú, hizo escala en Guayaquil, Ecuador, y luego continuó hacia Florida. Antes había ingresado brevemente a la Argentina junto con su esposa y sus dos hijas.

En Brasil enfrenta una causa por presunto lavado de dinero, vinculada a operaciones con empresas del abogado Willer Tomaz y plataformas de apuestas. También es investigado por el supuesto financiamiento irregular de Dark Horse, una película sobre su padre, Jair Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro borró este miércoles las dos frases en las que se presentaba como presidente electo de Brasil en su primera declaración desde Miami, adonde llegó horas antes pese a una orden judicial que le prohibía salir del país. El senador del Partido Liberal (PL), derrotado el domingo por Luiz Inácio Lula da Silva, publicó en X una versión corregida de su carta en la que ahora se define como “el líder de Brasil”.

La versión original la difundió primero Paulo Figueiredo, comentarista bolsonarista radicado en Estados Unidos, y después el propio Flávio. Abría así: “Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el verdadero presidente electo de Brasil”. La frase llegó a los titulares en Brasil y América Latina. Flávio la borró y subió otra sin explicar el cambio.

En la nueva versión, la apertura dice “como el líder de Brasil”. Además, en la carta un párrafo dirigido a sus “60 millones de votantes”, la frase “yo soy el presidente electo” quedó como “yo soy el líder”. También cambió el escudo del encabezado. La primera versión llevaba el de “Estados Unidos do Brazil”, nombre oficial del país hasta 1967.

El resto de la carta quedó sin cambios. Flávio sigue denunciando un fraude electoral, acusa al Supremo Tribunal Federal (STF) de perseguirlo, pide anular la fórmula Lula-Alckmin y agradece a Donald Trump por acogerlo y al presidente argentino, Javier Milei, por su “coraje”.

El 25 de octubre Lula obtuvo 64.256.232 votos (51,79% de los válidos) y Flávio 59.826.041 (48,21%), según el Tribunal Superior Electoral (TSE). En la primera vuelta del 4 de octubre el orden había sido el inverso: 47,03% para Flávio y 45,16% para Lula.

La carta llamó “imposibilidad matemática” a que Lula sumara más de 10 millones de votos entre una ronda y otra. Los datos oficiales confirman la cifra (10,38 millones). En la primera vuelta, unos 9,3 millones de votos fueron a otros candidatos, y en la segunda los votos válidos crecieron en unos 4,8 millones. Flávio ganó 3,7 millones en el mismo tramo.

La carta también atacó la prórroga de la votación. El ministro del STF Cristiano Zanin, ex abogado de Lula y designado por él en la corte en 2023, extendió el cierre de las urnas hasta las 19.00 a pedido de la coalición oficialista, que denunció recortes en el servicio de autobuses en Bahía y São Paulo. Esa misma tarde, la campaña de Flávio había pedido al TSE lo mismo para 17 municipios de São Paulo, Paraná y Santa Catarina.

La carta no nombra al juez que, según Flávio, actuó contra él “siete minutos después de este repugnante fraude electoral”. La orden lleva la firma de Alexandre de Moraes, el juez del STF a cargo de una investigación por presunto lavado de dinero con casas de apuestas que involucra al senador y al abogado Willer Tomaz.

Moraes ordenó retener sus pasaportes, incluido el diplomático, y le prohibió salir del país. La Policía Federal lo notificó el lunes 26 y le dio 24 horas para entregarlos. Según Flávio, el juez se basó en una declaración de su hermano Eduardo, que el 23 de octubre sostuvo que debía irse del país si perdía.

No los entregó. El martes 27, a las 22.50, cruzó con su familia el puente entre Foz do Iguaçu y Puerto Iguazú, según la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina.

Desde Puerto Iguazú despegó un avión privado con destino a Guayaquil. Evitó el espacio aéreo brasileño y aterrizó en Miami el miércoles a las 10.25, hora de Brasilia. El gobierno estadounidense confirmó la emisión de visados para la familia y no anunció ningún asilo.

El recorrido tiene antecedentes. Jair Bolsonaro voló a Florida el 30 de diciembre de 2022, dos días antes de la investidura de Lula, y pasó allí tres meses. Hoy cumple en prisión domiciliaria, concedida por razones humanitarias, la condena de 27 años y 3 meses que el STF le impuso en septiembre de 2025 por la trama golpista.

Eduardo Bolsonaro vive en Estados Unidos desde marzo de 2025. En junio, el STF lo condenó a cuatro años y dos meses de prisión por coacción en el curso del proceso, por impulsar ante el gobierno de Trump los aranceles contra Brasil para intentar evitar la condena de su padre. La sentencia quedó firme el 8 de octubre, cuando Moraes ordenó ejecutarla.

La Policía Federal informó que el viaje no configura una fuga ni obliga a medidas inmediatas como la detención. En la carta, Flávio anuncia que hablará “regularmente” a los brasileños para presentar una estrategia opositora.

Flávio es investigado en tres causas en el STF y en ninguna la Procuraduría General de la República (PGR) presentó una acusación formal. Además del caso de Willer Tomaz, el juez André Mendonça lo incluyó el 22 de julio en la investigación sobre los fondos que Daniel Vorcaro, ex dueño del liquidado Banco Master, habría aportado a “Dark Horse”, la película sobre Jair Bolsonaro. La Policía Federal pidió indagar presunto lavado de dinero, evasión de divisas y corrupción. Flávio sostiene que buscó financiación privada y que no hubo nada irregular.

La tercera causa, a cargo de Moraes, es por calumnia. En enero, tras la captura de Nicolás Maduro, Flávio publicó en X que Lula sería delatado y le atribuyó, sin pruebas, tráfico de drogas, lavado de dinero y fraude electoral. En julio no se presentó a declarar ante la Policía Federal. El martes 27, tres diputados del PT pidieron a Moraes su prisión preventiva y una alerta roja de Interpol; hasta este miércoles el juez no había decidido.

La causa más antigua, por el desvío de salarios de asesores en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, conocida como “rachadinhas”, fue archivada en mayo de 2022 después de que el Superior Tribunal de Justicia anuló las pruebas.

Su mandato como senador termina el 1 de febrero de 2027, cuando asume el nuevo Senado. Será la primera vez desde 2003, cuando asumió como diputado estatal, que Flávio quede sin cargo electivo.

Texto completo de la carta (editada)

Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el líder de Brasil.

Antes que nada, quiero agradecer al presidente Milei por su coraje, su sentido de la justicia y de la legalidad, y al presidente Trump y al maravilloso pueblo estadounidense por acogerme. Esta es una tierra de libertades y de hermanos que comparten los mismos valores que la buena gente de mi país. El presidente Trump es un gran defensor de la libertad de expresión.

La noche del domingo vi, atónito, cómo se consumaba ante mis ojos un fraude electoral. La actuación ilegítima e ilegal del exabogado de Lula permitió que se concretara una imposibilidad matemática y que Lula sumara más de 10 millones de votos de la primera a la segunda vuelta. Una decisión del STF, tomada por encima de la competencia del TSE, extendió la votación en el último momento, y la orden solo llegó después del fin del horario legal, cuando las urnas ya estaban cerradas. Los electores quedaron sometidos a reglas diferentes. Hasta ahora, el TSE se limitó a defender la prórroga del horario y no hay una sola respuesta creíble. Y las nulidades no son el único problema. A lo largo de toda la campaña hubo abuso de poder político y económico, y uso de la maquinaria pública en favor de la reelección. Son hechos graves, expresamente prohibidos por la ley, que justifican la anulación de la fórmula Lula-Alckmin.

La respuesta del régimen a mi cuestionamiento fue rápida. Como en un plan elaborado de antemano, siete minutos después de este repugnante fraude electoral, el juez, implicado en un inmenso escándalo de corrupción, citado directamente en la investigación que usó para intentar secuestrar mis pasaportes, y que muy probablemente estaría preso si no hubieran impedido mi asunción, puso en marcha la maquinaria de persecución política del régimen. Impedido desde el origen y completamente sospechoso para iniciar cualquier procedimiento judicial en mi contra, su mera participación en actos procesales muestra la dimensión de la arbitrariedad y la ilegalidad en curso.

No era mi intención dejar mi patria, pero sé exactamente adónde lleva esto. Es el manual clásico de cualquier golpe de Estado. La persecución política que empezó con mi padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y se extendió a miles de otros brasileños patriotas comunes e incluso a ciudadanos estadounidenses, tiene un único objetivo: silenciar a cualquier persona que no esté de acuerdo con el régimen de excepción instaurado en Brasil, a través de una Corte Suprema cooptada por la organización criminal petista.

Para que quede claro, no hay ninguna orden de detención en mi contra, porque no cometí ningún delito. Lo que hay es una cacería de brujas con motivación política, que buscaba convertirme en rehén y objeto de chantaje para proteger del juicio político a los jueces corruptos de la Corte Suprema. Este es el guion de la persecución: retención del pasaporte, tobillera electrónica, censura, prisión domiciliaria, juicio de fachada y, finalmente, condena política.

No voy a someter a mi familia a eso, y mi país no merece pasar otra vez por esta vergüenza internacional. Ante la instrumentalización política de la Justicia en Brasil, traje a mi familia a Estados Unidos, donde estamos a salvo. Agradezco una vez más al presidente Trump y al gobierno estadounidense por acogernos y darnos la seguridad jurídica que ya no tenemos en Brasil.

Quiero dejar claro que no huí de Brasil, salí por Brasil. Salí de un régimen de excepción para poder ser el líder que mi pueblo merece, porque callado, preso y censurado, como está mi padre, no podría ejercer ese liderazgo y quedaríamos entregados al teatro institucional de una oposición castrada y controlada por una Corte Suprema repleta de sirvientes del régimen.

No soy el primero que tiene que luchar por su país lejos de él. Rui Barbosa partió al exilio por enfrentar la arbitrariedad de Floriano Peixoto y desde allí siguió defendiendo la ley y la libertad. Charles de Gaulle lideró la Francia Libre desde Londres, condenado a muerte por el régimen de Vichy, y volvió para liberar a su país. José Martí organizó la lucha por la independencia de Cuba desde Nueva York. En Venezuela, Juan Guaidó y Edmundo González tuvieron que dejar el país por enfrentar a la dictadura chavista, y María Corina Machado, aun perseguida, se negó a legitimar el fraude y se convirtió en un símbolo mundial de la resistencia democrática. Todos ellos fueron tratados como criminales por los regímenes que enfrentaban. La historia los llamó de otra manera.

Este es apenas el comienzo de nuestra lucha por la democracia, por los derechos humanos y por la libertad en Brasil. Quiero decirles, no solo a mis 60 millones de votantes sino al pueblo brasileño, que yo soy el líder y que los criminales que robaron la elección de Brasil forman parte de una organización criminal que implantó una tiranía. A ustedes, que anhelaban el cambio: no voy a abandonarlos; seré la voz y el liderazgo libre de nuestra nación.

A las instituciones brasileñas les hago un llamado: esta insensatez tiene que terminar. Brasil vive hoy un caos jurídico, de corrupción y de persecución política, en el que la oposición tiene miedo de hablar y la familia de un expresidente es tratada como enemiga del Estado. Ninguna nación puede vivir en paz ni prosperar así. Todavía hay tiempo para restablecer el equilibrio entre los poderes y devolver a los brasileños la confianza que perdieron.

A la comunidad internacional le pido que no normalice lo que está pasando en Brasil. Lo que ocurre hoy en mi país no es normal y no puede ser tratado como normal.

A los senadores, diputados y gobernadores que ayudé a elegir, y en especial a mi candidato a la presidencia del Senado, Rogério Marinho: sé que hoy ustedes no tienen la libertad necesaria para el pleno ejercicio de la actividad política. Por eso, lideraré la oposición desde aquí. Diré lo que ustedes, allí, no pueden decir, y asumiré los riesgos que ustedes no pueden correr.

Y a ti, que votaste por mí y sueñas con el cambio: no estamos derrotados y no estamos solos. Este es apenas el comienzo de nuestra lucha por la democracia, por los derechos humanos y por la libertad en Brasil. En los próximos días me dirigiré regularmente al pueblo brasileño, y presentaremos una estrategia para movilizar a la oposición y el inmenso apoyo popular que tenemos, por todos los medios pacíficos y legítimos, para impedir que Lula consolide un régimen dictatorial en Brasil. Les pido a todos que se mantengan firmes y que jamás se rindan.

Salí de Brasil, pero no abandoné a los brasileños. Esta lucha no terminó el 25 de octubre. Solo termina cuando Brasil vuelva a ser un país libre. Y ese día va a llegar.

Que Dios bendiga a Brasil.

Flávio Bolsonaro

Bolsonaro llegó al aeropuerto de Opa-locka, en el área de Miami, tras un vuelo que despegó de Argentina e hizo una escala técnica en Guayaquil, Ecuador, para cargar combustible, según pudo saber Infobae. La ruta elegida evitó sobrevolar el territorio brasileño.

La partida del avión, que había permanecido en el aeropuerto misionero desde la noche del lunes, se produjo en medio de la controversia por la situación judicial del senador, quien habría salido de Brasil pese a una orden atribuida al juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que le impediría abandonar el país.

La aeronave, un Gulfstream G400 con matrícula argentina LV-JQW, pertenece a la empresa Baires Fly S.A. El avión había llegado a Puerto Iguazú el lunes por la noche, procedente del Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, y su partida hacia Estados Unidos se realizó en la madrugada del miércoles.

Según la información publicada previamente por Infobae, la compañía había solicitado el lunes los trámites de Aduana y Migraciones para los pasajeros y la tripulación. El avión permaneció en el aeropuerto después de que la salida prevista para las primeras horas del martes no se concretara.

Horas más tarde del despegue, la agencia migratoria argentina difundió un comunicado a través de la red social X en el que informó sobre el ingreso de cuatro integrantes de la familia Bolsonaro a territorio argentino.

Según el organismo, “Flávio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro ingresaron al país el lunes 27 de octubre a las 22:50, a través del paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones”.

La autoridad migratoria precisó que los cuatro ciudadanos ingresaron con “documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país”. También indicó que los trámites migratorios se registraron sin incidentes.

El lunes, Flávio Bolsonaro afirmó que agentes de la Policía Federal lo interceptaron cuando salía de la casa de su padre, en Brasilia, para comunicarle una decisión atribuida al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

“Me ordenaron allí mismo, en la calle, que entregara mis pasaportes, y además tengo prohibido salir del país”, declaró el senador en un video publicado en redes sociales.

La restricción estaría vinculada con una investigación por presunto blanqueo de capitales relacionada con los vínculos entre el legislador y el abogado Willer Tomaz, quien también aparece en pesquisas sobre movimientos de fondos en el sector de las apuestas.

Bolsonaro sostuvo que la resolución se adoptó el domingo por la noche, después de su derrota frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral. Sin embargo, no precisó a cuál de las investigaciones que enfrenta correspondería la medida.

“Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte?”, cuestionó el senador. Sus declaraciones aludieron a los comentarios de su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, radicado en Estados Unidos, sobre la posibilidad de abandonar Brasil si perdía los comicios.

El Tribunal Supremo y la Policía Federal no respondieron de inmediato a las consultas sobre el caso, de acuerdo con la información publicada por las agencias. Bolsonaro tampoco precisó a cuál de las investigaciones judiciales que enfrenta correspondería la restricción.

El senador es investigado por sospechas de corrupción y lavado de dinero vinculadas con la financiación de la película biográfica sobre su padre, titulada Dark Horse. A esa causa se suma otra investigación en el Supremo por presunto blanqueo de capitales relacionada con Willer Tomaz, abogado y amigo cercano del legislador, según revelaron los diarios O Estado de S. Paulo y O Globo en vísperas de la segunda vuelta electoral.

Tras confirmarse la salida del avión Gulfstream G400 con matrícula argentina LV-JQW, la Dirección Nacional de Migraciones informó que el senador brasileño Flávio Bolsonaro viajó junto a su familia desde Puerto Iguazú. Además, aseguraron que el destino de la aeronave es Guayaquil, Ecuador, tal cómo lo anticipó Infobae.

Por medio de las redes sociales, la Dirección Nacional de Migraciones informó que cuatro ciudadanos ingresaron al país a través del Puente Internacional Tancredo Neves, ubicado en la provincia de Misiones, a las 22.50 del 27 de octubre. La autoridad indicó que, durante el trámite de ingreso, no se registraron impedimentos legales ni incidentes.

Además, detallaron que el ingreso quedó registrado bajo los nombres de Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, todos con documentación habilitada para viajar.

De acuerdo con lo indicado por el organismo, esos movimientos quedaron registrados “sin ningún impedimento legal para el ingreso al país” y tampoco se reportaron incidentes durante el procedimiento.

Al finalizar el comunicado, se idetalló que “a las 23:30 hs, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo”

El avión en el que viajó Bolsonaro había llegado a Puerto Iguazú desde el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires durante la noche del lunes. Si bien la partida estaba prevista inicialmente para esa misma noche; la compañía había solicitado durante la madrugada los trámites ante Aduana y Migraciones para los pasajeros y la tripulación, y la salida programada para las primeras horas del martes no se concretó.

Si bien desde Migraciones se confirmó que la documentación estaba habilitada para viajar, la situación adquirió relevancia por la condición judicial del legislador, que habría dejado Brasil pese a una orden atribuida al juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que le prohibiría salir del país.

Bolsonaro aseguró el lunes que agentes de la Policía Federal lo interceptaron cuando salía de la casa de su padre, en Brasilia, para comunicarle la decisión. El senador relató en un video publicado en redes sociales: “Me ordenaron allí mismo, en la calle, que entregara mis pasaportes, y además tengo prohibido salir del país”.

Las investigaciones que involucran al senador brasileño

La restricción estaría relacionada con una investigación por presunto blanqueo de capitales vinculada con la relación entre el legislador y el abogado Willer Tomaz. El letrado también aparece en pesquisas sobre movimientos de fondos en el sector de las apuestas.

El senador sostuvo que la resolución judicial fue adoptada el domingo por la noche, después de su derrota ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral. No precisó, sin embargo, a cuál de las causas que enfrenta correspondía la medida.

Sus declaraciones aludieron a comentarios de su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, quien reside en Estados Unidos y había planteado la posibilidad de dejar Brasil si perdía los comicios. “Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte?”, cuestionó Flávio Bolsonaro.

El Supremo Tribunal Federal y la Policía Federal no respondieron de inmediato a las consultas sobre el caso, según información difundida por agencias. El senador tampoco aclaró qué expediente judicial motivó la supuesta prohibición.

Bolsonaro es investigado por sospechas de corrupción y lavado de dinero relacionadas con la financiación de Dark Horse, la película biográfica sobre su padre. Los diarios O Estado de S. Paulo y O Globo revelaron antes de la segunda vuelta electoral otra investigación en el Supremo por presunto blanqueo de capitales vinculada con Tomaz, a quien identificaron como amigo cercano del legislador.

El senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) habría abandonado Brasil junto a su esposa y sus dos hijas con destino a Florida, en Estados Unidos, según información que recibieron este martes los aliados más cercanos a la familia Bolsonaro. La posible fuga se produjo apenas 48 horas después de que el senador perdiera las elecciones presidenciales ante Lula (PT) y menos de 24 horas después de que el Supremo Tribunal Federal (STF) le prohibiera salir del país.

El ministro del STF Alexandre de Moraes había anulado el lunes todos los pasaportes emitidos a nombre del ex candidato, en una medida que buscaba impedir precisamente un desplazamiento como el que ahora se reporta. De confirmarse, Flávio se sumaría a una lista de bolsonaristas que optaron por salir del territorio nacional tras enfrentar reveses judiciales: su hermano Eduardo Bolsonaro, la ex diputada Carla Zambelli, el ex director general de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) Alexandre Ramagem y el ex director de la Policía Federal de Carreteras (PRF) Silvinei Vasques.

El antecedente de Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos

El tercer hijo del ex presidente Jair Bolsonaro fue el primero en marcharse. Eduardo partió hacia Estados Unidos en marzo de 2025 con el objetivo declarado de convencer al gobierno de Donald Trump de presionar y sancionar a Moraes.

Meses más tarde, Washington canceló los visados de ministros del Supremo e incluyó el nombre de Moraes en la lista de sancionados bajo la Ley Magnitsky, norma aplicada contra personas corruptas y violadores de los derechos humanos. El magistrado ya fue retirado de esa lista.

En noviembre, la Primera Sala del STF había admitido una denuncia contra Eduardo y lo procesó por coacción, al considerar que actuó en Estados Unidos para intentar suspender el proceso judicial contra su padre por la trama golpista. En diciembre, la Cámara de Diputados canceló su pasaporte diplomático, documento con el que habría ingresado al país extranjero, un día después de revocarle el mandato.

Según reveló Folha, Eduardo evaluó postularse como suplente de André do Prado (PL) en la contienda por el Senado en representación de São Paulo, pero desistió al considerar que la Justicia Electoral impugnaría su candidatura por estar inhabilitado para ejercer cargos públicos. El plan preveía que, en caso de victoria de Flávio en la presidencial, Prado renunciara a su banca para asumir un ministerio y así abrirle a Eduardo el regreso a Brasil con una silla en el Senado.

Carla Zambelli, detenida en Italia

La ex diputada Carla Zambelli abandonó el país tras ser condenada por su papel como autora intelectual de un ataque informático contra los sistemas del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), con el que se emitieron órdenes falsas de excarcelación y de detención. Posteriormente, los magistrados del Supremo también la condenaron por apuntar con un arma a un hombre en la víspera de la segunda vuelta electoral de 2022.

Zambelli fue detenida en Italia en una operación conjunta entre la Policía Federal brasileña y las fuerzas de seguridad italianas, en el apartamento donde residía desde su llegada al país. Tras idas y venidas en la Cámara de Diputados sobre su mandato, terminó renunciando a su cargo.

La justicia italiana pospuso el análisis sobre su extradición a Brasil, donde deberá cumplir una pena de cinco años y tres meses de prisión. Zambelli permanece bajo custodia en Italia a la espera de la decisión judicial.

Alexandre Ramagem salió por la frontera con Guyana

El ex diputado federal y ex director general de la Abin Alexandre Ramagem también se dirigió a Estados Unidos, aunque por una vía distinta. Según información de la Policía Federal, salió de Brasil de manera clandestina a través de la frontera con Guyana, y una investigación busca identificar quién lo ayudó en la fuga.

El ex delegado de la Policía Federal fue condenado por el STF, junto con Bolsonaro, en el proceso del núcleo principal de la trama golpista. La semana pasada, Moraes reabrió el proceso en su contra, después de que el enjuiciamiento de algunos de los delitos imputados hubiera sido suspendido por la Cámara de Diputados.

La Cámara revocó ahora el mandato de Ramagem, y el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, lo destituyó de la Policía Federal. Ramagem había dejado Brasil en septiembre de 2025, antes de comenzar a cumplir su condena, para residir en Estados Unidos.

El domingo, antes de conocerse la derrota de Flávio en las urnas, Ramagem manifestó su deseo de regresar a Brasil en caso de que el senador ganara la presidencia y expresó su esperanza de obtener una amnistía o de que la Corte Suprema revisara su condena.

Silvinei Vasques, capturado con pasaporte ajeno en Paraguay

El ex director de la PRF Silvinei Vasques fue detenido en diciembre del año pasado en Paraguay, condenado por el STF en el marco del proceso sobre la trama golpista. Según la Policía Federal, fue capturado en el aeropuerto de Asunción cuando intentaba embarcar hacia El Salvador.

Vasques se había quitado la tobillera electrónica en el estado de Santa Catarina, lo que llevó a la Policía Federal a rastrear sus desplazamientos hasta dar con él. El intento de fuga se produjo después de que la Primera Sala del STF lo condenara a 24 años y seis meses de prisión por orquestar medidas destinadas a facilitar un golpe de Estado, entre ellas el intento de obstaculizar el voto de los electores del noreste del país en las elecciones de 2022.

Para evitar ser identificado, Vasques utilizó el pasaporte de otra persona y, al presentar su billete, alegó que padecía cáncer en la cabeza, lo que supuestamente le impedía hablar. Actualmente cumple su condena en Papudinha, un pabellón especial del Complejo Penitenciario de Papuda, en Brasilia.

El senador brasileño Flávio Bolsonaro habría salido de Brasil y viajaría a Estados Unidos desde Argentina en un vuelo privado cuya partida desde Puerto Iguazú, Misiones, estaba prevista para las 02:00 de este martes, hora local. El posible viaje se conoce después de que el legislador denunció que la Justicia le ordenó entregar sus pasaportes y le prohibió salir del país.

Se presume que Bolsonaro cruzó la frontera hacia Argentina con su documento nacional de identidad. Desde Puerto Iguazú, viajaría a Estados Unidos a bordo de un avión Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A. Según la información a la que accedió Infobae, la compañía solicitó los trámites de Aduana y Migraciones para cuatro pasajeros y tres tripulantes.

La aeronave está registrada en Argentina desde el 25 de septiembre de 2020 a nombre de esa compañía. Antes utilizó matrículas de Estados Unidos y México, entre ellas N524GA, N522AC, N522AG, XA-CHG y N152GA.

El Gulfstream G400 LV-JQW fue fabricado en 2004 por Gulfstream Aerospace. Tiene 14 asientos, dos motores Rolls-Royce Tay y una autonomía estimada de entre 7.000 y 7.800 kilómetros.

En cuanto a la estructura directiva de Baires Fly S.A., Luis Grande figura como presidente; María Belén Grande Ratti, como vicepresidenta, y María Florencia Grande Ratti, como directora suplente.

El lunes, Flávio Bolsonaro afirmó que agentes de la Policía Federal lo abordaron al salir de la casa de su padre, en Brasilia, para comunicarle una decisión atribuida al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

“Me ordenaron allí mismo, en la calle, que entregara mis pasaportes, y además tengo prohibido salir del país”, declaró el senador en un video publicado en redes sociales.

La restricción estaría vinculada con una investigación por presunto blanqueo de capitales sobre los vínculos entre el legislador y el abogado Willer Tomaz, quien también aparece en pesquisas sobre movimientos de fondos en el sector de las apuestas.

Bolsonaro sostuvo que la resolución se adoptó el domingo por la noche, después de su derrota frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral. Sin embargo, no precisó en cuál de las investigaciones se encuadra la medida.

“Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte?”, cuestionó el senador. Sus declaraciones aludieron a comentarios de su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, radicado en Estados Unidos, sobre la posibilidad de abandonar Brasil si perdía los comicios.

El Tribunal Supremo y la Policía Federal no respondieron de inmediato a las consultas sobre el caso, de acuerdo con lo informado por las agencias. Bolsonaro tampoco precisó en cuál de las investigaciones judiciales que enfrenta se enmarca la nueva medida.

El senador es investigado por sospechas de corrupción y lavado de dinero vinculadas a la financiación de la película biográfica sobre su padre, titulada Dark Horse. A esa causa se suma una segunda investigación en el Supremo por presunto blanqueo de capitales, relacionada con Willer Tomaz, abogado y amigo cercano del senador, según revelaron los diarios O Estado de S. Paulo y O Globo en vísperas del balotaje. Bolsonaro niega cualquier irregularidad en ambos casos.

Lula da Silva se impuso en los comicios del domingo con el 51,79% de los votos frente al 48,21% obtenido por Bolsonaro, una diferencia de casi cuatro puntos porcentuales que le permitió al mandatario asegurarse un nuevo mandato. El resultado desafió el pronóstico de buena parte de las encuestas previas a la votación.

Bolsonaro se negó a reconocer la derrota y anticipó que pedirá la anulación de los comicios, al considerar que la extensión del horario de votación durante la jornada del domingo favoreció al candidato oficialista. Pese a ese cuestionamiento, el senador aseguró que encabezará la resistencia política al nuevo gobierno.

“Para resistir al caos, voy a organizar la oposición”, afirmó Bolsonaro en el mismo video en el que relató la orden judicial sobre su pasaporte. “Voy a entregar mis pasaportes y voy a defenderme de esta aberración, que es un claro intento de intimidarme. Pero nadie va a callarme”, agregó el senador.

Flávio Bolsonaro afirmó que Brasil “se cansó de esperar” con Luiz Inácio Lula da Silva y quiere un “cambio”, durante el cierre de su campaña para la segunda vuelta presidencial, que se celebrará este domingo y definirá al próximo jefe de Estado del país.

El senador y candidato del Partido Liberal (PL) terminó su actividad electoral con una caminata en Barra da Tijuca, en Río de Janeiro, donde reunió a simpatizantes antes de dirigirse a la urbanización en la que residió su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

“Y Brasil se cansó de esperar porque lo que se vendió como esperanza, ¿se convirtió en qué? Se convirtió en miedo, desilusión, en récord de mujeres asesinadas, en récord de obras inacabadas”, afirmó.

Además, acompañado por su esposa, Fernanda Bolsonaro, difundió un video en sus redes sociales en el que cuestionó la gestión del presidente Lula Da Silva y presentó su candidatura como una alternativa de gobierno.

“Infelizmente el actual Gobierno promete mucho y no cumple nada. Brasil ya no está dividido entre izquierda y derecha; todos están del mismo lado, que es el lado del cambio”, sostuvo.

Durante esta jornada de campaña, Flávio Bolsonaro centró sus críticas en la situación económica, las obras públicas y la seguridad. El senador acusó al Ejecutivo de haber dejado proyectos sin terminar, de impulsar una presión tributaria elevada y de no contener la violencia, especialmente en el nordeste, una región que históricamente respaldó a los sectores de izquierda.

El aspirante presidencial prometió una política de seguridad más dura y anunció que, si gana las elecciones, avanzará con recortes de impuestos, burocracias y gasto público. Bolsonaro aseguró que esas medidas no afectarán a la población de menores ingresos. “Entonces, aquí, al lado de mi esposa, me pongo a disposición como presidente de la República. Daré lo mejor de mí”, declaró.

Antes de su acto en Río de Janeiro, Bolsonaro encabezó una movilización de motociclistas en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. El estado, que reúne el segundo mayor padrón electoral de Brasil, ocupó un lugar central en la estrategia de ambos candidatos por su peso en los comicios nacionales.

El senador recorrió parte del centro de la ciudad sobre un tráiler, acompañado por dirigentes y referentes de su espacio. Cientos de motocicletas escoltaron la marcha hasta una plaza donde miles de personas, muchas de ellas vestidas con los colores verde y amarillo de la bandera brasileña, aguardaron su llegada.

“El pueblo mineiro tendrá un presidente que no lanzará amenazas y que va a ser un socio de ustedes”, expresó Bolsonaro antes de iniciar el recorrido. Durante el acto, sus seguidores corearon “mito, mito, mito”, el apodo con el que identificaron durante años a Jair Bolsonaro.

La votación del domingo convocará a casi 159 millones de brasileños, que elegirán al presidente que asumirá el 5 de enero de 2027. La campaña cerró con un escenario de paridad entre Lula y Bolsonaro, según los sondeos difundidos durante los últimos días.

Una encuesta de CNT/MDA, elaborada entre el 21 y el 23 de octubre con 2.032 entrevistados, otorgó a Flávio Bolsonaro el 46,3 % de los votos y a Lula el 45 %. El estudio estableció un margen de error de 2,2 puntos porcentuales, por lo que mantiene a los dos candidatos en situación de empate técnico.

(Con información de Reuters)

“Hemos estado luchando contra el medio ambiente”.

Así explica Rosana Gonzaga, vicealcaldesa de Novo Progresso, por qué esta ciudad fronteriza de la Amazonía se ha convertido en uno de los principales bastiones de apoyo en Brasil al candidato presidencial conservador Flávio Bolsonaro.

Gonzaga, ganadera afiliada al Partido Liberal de Bolsonaro, señaló al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y a la exministra de Medio Ambiente Marina Silva como adversarios de la ciudad en una disputa de dos décadas por tierras protegidas.

Gonzaga ayuda ahora a liderar una campaña para que Flávio Bolsonaro obtenga 90% de los votos en Novo Progresso en la segunda vuelta presidencial del domingo, después de haber logrado allí 84,13% en la primera ronda. Fue la segunda mayor proporción de votos para el candidato entre los 5.569 municipios de Brasil. El objetivo de los bolsonaristas locales es que Novo Progresso le dé el mayor respaldo del país en la segunda vuelta.

La elección del domingo refleja una profunda división sobre la Amazonía y el medioambiente. Lula, de izquierda, ha prometido poner fin a la deforestación neta, la mayor fuente de emisiones de carbono de Brasil, para 2030 y ha vinculado esa meta con los compromisos del país en el Acuerdo de París. Flávio Bolsonaro ha cuestionado el papel de la actividad humana en el cambio climático y ha prometido eliminar únicamente la deforestación ilegal, dejando margen para la tala autorizada. La contienda sigue muy reñida, con encuestas que muestran un empate técnico. En la primera vuelta, el candidato conservador obtuvo 47% frente a 45,2% de Lula.

En Novo Progresso, los simpatizantes de Bolsonaro han impreso camisetas y calcomanías con el “90%” y organizaron una caravana de camionetas, autos, motocicletas e incluso excavadoras, a la que se sumó el gobernador electo del estado de Pará, Daniel Santos. Gonzaga cubrió su auto con imágenes de campaña en las que aparece junto a Flávio Bolsonaro, su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, condenado por un intento de golpe y cumpliendo su pena bajo arresto domiciliario, y la esposa de Jair, la senadora electa Michelle Bolsonaro.

El auto llevaba el lema: “Voté por el padre, voto por el hijo”.

La familia de Gonzaga se mudó a Novo Progresso, en el sur del estado de Pará, en 2003. Compró a un vendedor privado una zona de bosque primario, aunque la tierra pertenecía al gobierno federal y no contaba con título formal. Tres años después, el gobierno de Lula la incorporó a una nueva área de conservación. Gonzaga dice que esa decisión dejó a su familia y a otros agricultores sin acceso al crédito y expuestos a multas y acciones de fiscalización.

La historia de su familia sigue un patrón que ha moldeado a Brasil durante décadas, si no siglos: colonos de ascendencia europea empujando la frontera agrícola cada vez más hacia el interior del país. En la Amazonía, esa expansión ha avanzado sobre vastas extensiones de tierras públicas sin una destinación definida. Los acaparadores identifican y ocupan esas áreas, talan el bosque y crean documentos para respaldar la posesión antes de vender los terrenos. Los estados y el gobierno federal han regularizado con frecuencia este tipo de ocupaciones, generando incentivos para que la práctica continúe.

Durante el primer mandato de Lula, su gobierno, con Marina Silva como ministra de Medio Ambiente, buscó convertir la región de Novo Progresso en un ejemplo de cómo frenar la deforestación. La ciudad está ubicada a lo largo de la carretera BR-163, un importante corredor de exportación para la soja producida en el vecino estado de Mato Grosso. Para evitar que la pérdida de bosque se extendiera a lo largo de la ruta, uno de los patrones más comunes de deforestación en la Amazonía, el gobierno puso en marcha una serie de medidas, entre ellas la creación de áreas protegidas y un endurecimiento de la fiscalización ambiental.

En 2006, creó el Bosque Nacional de Jamanxim, incorporando la finca de Gonzaga y varias otras a un área federal de conservación. En Brasil, los bosques nacionales son de propiedad pública y están destinados al uso sostenible de la vegetación nativa y a la investigación científica. Desde entonces, Gonzaga se ha convertido en una de las líderes de un movimiento que busca privatizar alrededor de 486.000 hectáreas dentro de esta zona protegida, una superficie equivalente a unas seis veces el área de la ciudad de Nueva York. Flávio Bolsonaro ha prometido impulsar ese objetivo.

“Voy a llevar a cabo la mayor regularización de tierras que Pará haya visto jamás”, dijo durante una visita a la ciudad de Marabá el lunes. “Su tierra será suya en papel”. Y agregó: “Vamos a eliminar las restricciones ambientales que existen por razones ideológicas”.

Durante los cuatro años de su mandato presidencial, Jair Bolsonaro no impulsó la legalización de las tierras de los colonos, pero el debilitamiento de la fiscalización ambiental durante su gobierno coincidió con un fuerte aumento de la deforestación. Entre 2019 y 2022, un período que coincide en gran medida con su presidencia, se deforestaron alrededor de 52.300 hectáreas dentro del Bosque Nacional de Jamanxim, casi el doble de la superficie registrada entre 2015 y 2018. Entre 2023 y 2026, bajo Lula, la deforestación cayó alrededor de 86%, según datos oficiales.

En 2019, Novo Progresso se convirtió en un símbolo del enfoque laxo de Jair Bolsonaro hacia la Amazonía, después de que agricultores locales organizaran incendios coordinados para mostrar su apoyo a su gobierno y, según reportes de la época, dificultar el monitoreo satelital de la deforestación. El episodio ocupó titulares en todo el mundo y pasó a conocerse como el “Día del Fuego”.

Tras ser reelegido para un tercer mandato, Lula restableció la fiscalización ambiental en toda la Amazonía, pero también buscó tender puentes con Novo Progresso y otras ciudades con altos niveles de deforestación. En 2024, el gobierno lanzó Unión con los Municipios, un programa que combina reformas sobre la tenencia de la tierra y el medioambiente con asistencia técnica para ayudar a los agricultores familiares a acceder a programas públicos y crédito.

Pero el programa tuvo poco impacto, según el alcalde de Novo Progresso, Gelson Dill, un político de centroderecha que no está alineado con Bolsonaro. La ciudad recibió parte de la inversión prometida, dijo, pero no la suficiente, y la iniciativa nunca se convirtió en el “punto de inflexión” en la relación del municipio con el gobierno federal que las autoridades esperaban.

Dill coincide en que la región necesita regularizar las tierras que ya se destinan a la agricultura, incluidas algunas dentro de Jamanxim. Pero, mientras los simpatizantes de Bolsonaro anticipan un cambio en la política ambiental, el alcalde también advierte sobre un posible riesgo.

“Espero que esta expectativa en torno al nuevo gobierno no provoque una carrera por deforestar aquí”, dijo.

© 2026 , Bloomberg

Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro acordaron el levantamiento recíproco, simultáneo y total de sus secretos bancarios, fiscales y telefónicos, así como los de familiares y empresas vinculadas, a tres días de la segunda vuelta presidencial en Brasil.

El acuerdo quedó formalizado este jueves mediante una petición presentada ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), luego de una reunión entre representantes de ambas campañas y miembros de la corte. Lula firmó el documento de forma digital, mientras que la abogada Maria Claudia Bucchianeri lo suscribió en representación de Bolsonaro.

El texto estableció que los dos candidatos aceptaron íntegramente los términos del desafío recíproco y autorizaron la apertura de la información protegida. También dispuso que los datos se publiquen de manera simultánea en una página de acceso público, una vez que las autoridades y las entidades requeridas los entreguen.

Las campañas fijaron como plazo las 23.59 de este jueves para presentar los poderes pendientes que permitan autorizar la apertura de información perteneciente a terceros.

Tras la recepción de esos documentos, el ministro André Mendonça, responsable del expediente en el TSE, deberá solicitar la información al Banco Central, las instituciones financieras, la Receita Federal y las compañías telefónicas.

La discusión surgió durante el debate televisado del domingo, cuando Lula desafió a Bolsonaro a abrir sus cuentas.

Entre sus condiciones, Bolsonaro pidió que la medida alcanzara a Marco Aurélio Santana Ribeiro, exjefe de gabinete de Lula; a Frei Chico, hermano del mandatario; y a los vínculos de la empresaria Roberta Luchsinger con el Palacio Presidencial. También reclamó información sobre los gastos de la tarjeta corporativa de la Presidencia desde 2023, la agenda de Janja previa a febrero de 2025 y las visitas de los hijos del presidente al Palacio de la Alvorada.

El candidato del Partido Liberal también exigió datos sobre el uso de helicópteros, los gastos del palacio y las relaciones del Gobierno con el exbanquero Daniel Vorcaro. En su presentación ante el TSE, manifestó que no se oponía a la difusión de los mensajes intercambiados con Vorcaro.

La campaña de Lula aceptó las exigencias planteadas por Bolsonaro y entregó una nueva declaración ante el TSE. Camilo Santana, coordinador de la candidatura oficialista, afirmó que el presidente aceptó todas las condiciones y pidió que Bolsonaro autorizara la apertura de sus propios registros y los de sus familiares en el mismo plazo.

Edinho Silva, presidente del Partido de los Trabajadores, reclamó rapidez a la Fiscalía y al tribunal electoral para que la medida se aplicara antes de la votación del domingo. “Esto muestra la transparencia de Lula”, declaró. El dirigente también sostuvo que la campaña pretendió que la información se difundiera en un sitio público.

(Con información de EFE y Bloomberg)

Cuando Luiz Inácio Lula da Silva se dirigió a la Asamblea General de la ONU el mes pasado, aprovechó uno de los escenarios diplomáticos más importantes del mundo para transmitir un mensaje que ha llegado a definir la que probablemente sea la última campaña presidencial de su carrera de varias décadas.

“Brasil no cabe en el patio trasero de nadie”, afirmó, en una indirecta velada al Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, que, en su opinión, está poniendo en tela de juicio la soberanía de Brasil.

Lula ha presentado las elecciones brasileñas como parte de una batalla más amplia contra las fuerzas antidemocráticas, advirtiendo de la “injerencia extranjera” en una contienda que concluye el domingo con una reñida segunda vuelta frente al senador de derecha Flavio Bolsonaro.

En el primer debate entre los candidatos, celebrado días antes de las elecciones, Lula acusó a la familia Bolsonaro, encabezada por el expresidente Jair Bolsonaro, de estar “subordinada a los intereses estadounidenses”.

Señaló las reuniones celebradas entre los Bolsonaro y Trump a principios de este año, antes de que este último impusiera nuevos aranceles a los productos brasileños.

En julio, Lula afirmó que los nuevos aranceles eran el resultado de una “conspiración” con los Bolsonaro “impulsada por objetivos electorales”.

El año pasado, el hermano del senador, Eduardo Bolsonaro, que vive en Estados Unidos, describió los aranceles de Trump sobre la carne de vacuno, el café, el pescado, el calzado y otros productos brasileños como una “medicina amarga” destinada a frenar lo que él denominó una ofensiva legal descontrolada contra su padre.

“La presión que ejercieron para que Estados Unidos impusiera aranceles a Brasil y su deseo de que Brasil sufriera algún perjuicio”, afirmó Lula en el debate. “El hermano está allí incitando a un golpe de Estado contra Brasil”.

La familia desmintió las acusaciones. El Departamento de Estado también ha desmentido cargos anteriores de injerencia electoral.

Camino difícil a la victoria

La primera vuelta de las elecciones puso de manifiesto los límites del mensaje de Lula. Más del 47% de los votantes respaldó a Bolsonaro, un aliado declarado de Trump, que se situó casi dos puntos porcentuales por delante del líder de izquierda.

Lula llega a los últimos días de campaña en las encuestas ligeramente por detrás de Bolsonaro, cuyo padre cumple una condena de 27 años por planear un golpe de Estado fallido contra la victoria electoral de Lula en 2022.

Aunque Lula no llega a las elecciones como favorito, confía en poder protagonizar una remontada espectacular.

Ya lo ha hecho antes. Tras pasar 580 días en prisión entre 2018 y 2019 por una condena por corrupción que posteriormente fue anulada, derrotó por un estrecho margen a Jair Bolsonaro en 2022.

“Mientras yo viva, la extrema derecha no volverá al poder en este país”, ha afirmado durante la campaña electoral.

Lula y sus aliados siguen luchando contra lo que consideran una injerencia internacional destinada a impedirle un cuarto mandato. Su campaña acusó al gigante tecnológico estadounidense Meta, propietario de Instagram, WhatsApp y Facebook, de manipular las redes sociales días antes de las elecciones.

Meta achacó el problema a fallos técnicos globales y negó cualquier sesgo político.

Lula ha presentado a su oponente como un representante de un movimiento de derecha más amplio, compartiendo imágenes que lo vinculan con Trump, el presidente argentino Javier Milei y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Ante el triunfo arrollador de los partidos de derecha en las recientes elecciones en toda América Latina, Lula y sus aliados ven la segunda vuelta del domingo como una oportunidad para frenar el giro conservador de la región.

“Lula es un símbolo de la lucha contra el imperialismo de Trump (...) de la liberación de América Latina y del mundo”, afirmó Paulo Saboia, un técnico informático jubilado de 67 años, en un mitin de Lula en São Paulo.

(Reuters)

El candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro limitará a un plazo de dos años las ayudas del Bolsa Familia, el principal programa social de subsidios para familias pobres en Brasil, en los casos en que el beneficiario consiga un empleo. La propuesta llega a menos de una semana de la segunda vuelta electoral, en una contienda que las encuestas describen cada vez más ajustada.

Según detalló Daniella Marques, coordinadora económica de la campaña y una de las candidatas a asumir el Ministerio de Hacienda en caso de victoria, el beneficiario podrá permanecer en el programa durante ese período mientras busca empleo o emprende un negocio. Cumplido el plazo, si supera el nivel de renta mínimo, será desvinculado y dejará de recibir las ayudas, explicó en una entrevista con la emisora CBN Bahia.

La medida fija una regla de transición para quienes logren insertarse en el mercado laboral, pero contempla un mecanismo de reingreso automático si la situación económica del beneficiario empeora. “Va a haber una regla de transición de dos años para que (el beneficiario) pueda abrir su negocio o aceptar un empleo formal. Y un retorno automático en caso de que salga mal”, afirmó Marques.

La funcionaria, que presidió el banco público Caixa Econômica Federal, aclaró que no habrá desvinculación del beneficiario si, transcurrido el plazo, no ha conseguido empleo. Según explicó, el objetivo es incentivar el ingreso al mercado laboral sin dejar desprotegidas a las familias que no logren superar el umbral de pobreza en ese período.

Otras medidas económicas anunciadas por la campaña

Entre las primeras acciones que impulsará si resulta electo el próximo domingo, Bolsonaro propondrá una enmienda constitucional para establecer un límite al gasto público, en una iniciativa inspirada en el presidente argentino Javier Milei. La medida se complementaría con un recorte impositivo, de beneficios fiscales y de trámites burocráticos, al que el candidato denominó “tijeretazo”.

Flávio Bolsonaro, el candidato más votado en la primera vuelta con el 47% de los sufragios, había desmentido semanas atrás las acusaciones de la campaña del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que le atribuían la intención de terminar con este subsidio de 691 reales (136 dólares) del cual dependen casi 19 millones de familias. El programa fue creado en 2003 durante el primer mandato de Lula y es considerado uno de los factores centrales en la reducción de la pobreza en Brasil durante la primera década del siglo.

Lula calificó a Flávio Bolsonaro de miliciano tras el debate televisivo

Lula afirmó este lunes que se sintió “muy incómodo” al debatir cara a cara con Flávio Bolsonaro, a quien definió como un “miliciano preparado para mentir”. El pronunciamiento llegó un día después de que ambos protagonizaran su primer debate televisivo de cara a la segunda vuelta del 25 de octubre, en un encuentro tenso marcado por cruces de acusaciones de corrupción sobre familiares de ambos candidatos.

“Les confieso que me sentí muy incómodo de participar en un debate con un miliciano, una persona descalificada, de la que no es posible sacar ni una sola media verdad”, afirmó el líder progresista en un video publicado en sus redes sociales. Flávio Bolsonaro, hijo primogénito del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, ha sido señalado por sus nexos con parientes de grupos paramilitares de Río de Janeiro.

Lula, que busca su cuarto mandato no consecutivo, recordó que a lo largo de su carrera ha debatido con dirigentes como Donald Trump, George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama, Xi Jinping, Vladímir Putin o Emmanuel Macron, pero nunca con alguien como su rival actual. “Porque fue preparado para mentir, fue preparado para no respetar la sabiduría del pueblo brasileño. El pueblo brasileño no se merece eso”, expresó el candidato del Partido de los Trabajadores (PT).

El exministro de Economía Martín Guzmán cuestionó el programa de Javier Milei y advirtió a los votantes brasileñosl, en un artículo que firmó junto su mentor académico y Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, y Laura Carvalho, directora en la Open Society Foundations, de George Soros, que un eventual triunfo de Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta brasileña abriría paso a un modelo de ajuste, endeudamiento y dependencia externa similar al que, según su descripción- aplica el actual gobierno argentino.

El texto, publicado en el portal internacional Project Syndicate bajo el título “Imitar a Milei perjudicaría a Brasil”, compara las condiciones económicas de Argentina y Brasil. Guzmán y sus coautores sostienen allí que el problema que llevó a Milei a presidir la Argentina fue la inflación, de 211% en 2023, mientras que Brasil registra una inflación de solo 4,2%, por lo que no debería trasladar recetas que provocaron altos costos socioeconómicos y financieros en Argentina. Para el gigante sudamericano, dicen, el desafío es mejorar los ingresos y la calidad del empleo, reducir las tasas de interés y aumentar la inversión, mientras el programa de Milei se concentró en lograr equilibrio fiscal primario, usó el retraso cambiario como ancla de precios y redujo el papel del Estado.

Ajuste fiscal, salarios y promesa de inflación cero

Según el artículo, la eliminación del déficit pivoteó sobre recortes de infraestructura, ciencia y universidades y licuación de jubilaciones y salarios públicos vía la inflación inicial. También cuestiona la baja de impuestos a sectores de altos ingresos y los beneficios tributarios del RIGI, con foco en actividades extractivas. Brasil, dice el artículo, no puede reproducir la licuación inflacionaria del gasto porque su baja capacidad fiscal deriva, sobre todo, del peso de los intereses de la deuda, cercano al 8% del PBI.

En ese punto, Guzmán y sus coautores citan una promesa presidencial y cuestionan la narrativa histórica que la acompaña.

“Milei prometió que ‘la inflación mensual empezaría con cero a mediados de 2026’ (es decir, que caería por debajo del 1%). Se suponía que, mientras tanto, la inversión se dispararía y lograría que ‘Argentina vuelva a ser grande’; ese eslogan se basa en un mito nostálgico, según el cual las exportaciones de cereales y carne vacuna de finales del siglo XIX la convirtieron en una potencia económica”, dice un pasaje del artículo, que subraya que la baja de la inflación tuvo costos sobre la actividad y el empleo.

También se cuestiona la viabilidad de la estrategia oficial: “Milei sobreestimó la velocidad con la que descendería la inflación y subestimó el daño que sus políticas infligirían a la economía y al mercado laboral. La inflación ha bajado, aunque dista de cero: la última tasa interanual es del 33,5% y es dudoso que el modelo actual de desinflación sea sostenible a mediano plazo”, dice otro pasaje.

El texto atribuye parte de la desinflación al retraso cambiario y al financiamiento externo, recordando el acuerdo con el FMI de 2025 de USD 20.000 millones, del que la Argentina ya recibió USD 15.000 millones. Destaca que la deuda con el Fondo llegó a USD 57.000 millones y “condicionará a la economía argentina durante los próximos años”.

El texto enumera deterioro laboral, endeudamiento y dos crisis cambiarias, una caída de 8% de los salarios reales desde el inicio del gobierno de Milei; un alza del desempleo, de 5,7% a 7,9%; y un aumento de la informalidad.

Los autores también citan el 12,8% de mora en créditos personales, contra 4,5% un año atrás, debido a la dificultad de las familias para sostener sus deudas, y destacan que en el segundo trimestre de 2026 la inversión cayó 11,1% y el PBI 0,6% del PBI y que en julio el nivel de actividad cayó 2,9%, iniciando una casi segura “recesión técnica”.

“Argentina se ha convertido, de hecho, en un Estado cliente de Estados Unidos”, dice el texto tras referir el auxilio financiero que el Tesoro norteamericano brindó en la previa de las elecciones legislativas de 2025. Esa dependencia, añade, condiciona la política exterior.

Tras describir esa serie de supuestas calamidades, Guzmán y sus socios exhortan a Brasil a preservar la autonomía obtenida tras cancelar la deuda con el FMI en 2005. El balotaje electoral, afirman, es una elección entre un camino basado en la diversificación productiva y otro primario, de retracción del mercado interno y dependencia de Estados Unidos.

La gestión y la despedida de Guzmán

Cabe recordar que Guzmán dejó el cargo de ministro de Economía el 2 de julio de 2022, posteando en Twitter su renuncia dirigida al entonces presidente Alberto Fernández al cabo de un mes de tensión y corrida en el mercado de deuda en pesos y una disputa política con el sector kirchnerista del Frente de Todos.

La corrida se había iniciado a principios de junio, cuando Enarsa, necesitada de liquidez para pagar importaciones de gas, rescató fondos administrados por Pellegrini, gestora vinculada al Banco Nación. La venta de bonos ajustados por CER ahondó la desconfianza sobre la deuda en moneda local y el BCRA debió intervenir para sostener las cotizaciones.

En el último mes de gestión de Guzmán, la inflación fue de 5,3%, equivalente al 86% anual, y el riesgo país superaba los 2.400 puntos, en un escenario de reservas escasas y vencimientos crecientes de títulos en pesos del Tesoro cuya constante emisión el ministro elogiaba como “financiamiento neto positivo”.

La deuda en dólares había sido restructurada poco menos de dos años antes. Aquella reestructuración fue recordada estos días por Marcelo Blanco, exCEO de Deutsche Bank Argentina, quien sostuvo que el diseño de los bonos en dólares emitidos en 2020 agrega al menos 150 puntos básicos al actual riesgo país argentino. Igualmente, Guzmán se siente con autoridad como para decirles a los brasileños a quién deben votar.

Flávio Bolsonaro aseguró que Brasil será una de las siete potencias mundiales bajo su mandato si vence a Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta presidencial del 25 de octubre, durante un mitin realizado este sábado en Vitória, capital del estado de Espírito Santo.

El senador y candidato presidencial del Partido Liberal (PL) presentó esa meta ante miles de seguidores, cuando faltan ocho días para el balotaje. En su intervención, sostuvo que sus eventuales cuatro años de Gobierno devolverían al país una posición de mayor peso internacional y pidió que la población evalúe el resultado al final del período.

“Pueden exigirme dentro de cuatro años si Brasil no estará entre las siete mayores potencias del mundo, porque voy a rescatar la dignidad de Brasil ante el mundo y la de ustedes”, declaró Bolsonaro durante el acto. La promesa se refirió a la ubicación de Brasil entre las principales economías del planeta, un grupo al que el país no pertenece actualmente.

De acuerdo con los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), Brasil ocupa el décimo lugar en el ranking de las mayores economías mundiales. Bolsonaro no detalló en Vitória las políticas económicas ni las medidas que aplicaría para alcanzar la posición que fijó como objetivo de su eventual administración.

El candidato llegó al evento con una camiseta en los colores verde y amarillo de la bandera brasileña, sobre un chaleco antibalas. El acto se desarrolló bajo un operativo de seguridad que incluyó francotiradores apostados en edificios ubicados a lo largo del recorrido de la movilización.

Durante el discurso, el senador reivindicó la trayectoria política de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien fue condenado por golpismo y permanece bajo prisión domiciliaria. También rechazó la idea de que el movimiento identificado con el exmandatario hubiera perdido vigencia tras su salida del poder.

“Dijeron que habían acabado con el bolsonarismo, pero se olvidaron de que Jair Bolsonaro dejó millones y millones de semillas”, afirmó Flávio Bolsonaro ante los asistentes. El candidato además definió a su padre como el mejor presidente de la historia de Brasil.

La campaña del senador concentró el mensaje en la continuidad de ese espacio político y en la convocatoria a los votantes que respaldaron a Jair Bolsonaro. Junto al candidato estuvieron el diputado federal Nikolas Ferreira, el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, y Lorenzo Pazolini, candidato a gobernador de Espírito Santo.

Flávio Bolsonaro afirmó que, si gana las elecciones, gobernará para todos los brasileños, incluidos quienes no lo apoyen. En ese marco, dirigió críticas a la administración de Lula da Silva y atribuyó a su gestión un aumento de los asesinatos, las agresiones contra las mujeres, el cierre de empresas y la pérdida de dignidad de la población.

La actividad en Vitória forma parte de la etapa final de la campaña antes de la segunda vuelta. Bolsonaro obtuvo el 47 % de los votos en la primera ronda, frente al 45 % de Lula da Silva. Esa diferencia de dos puntos también figura en los últimos sondeos citados antes de la votación decisiva.

(Con información de EFE)

El senador Flávio Bolsonaro y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva llegan prácticamente empatados a la recta final de la segunda vuelta electoral en Brasil, según una encuesta de la firma Datafolha divulgada este jueves. El candidato ultraderechista obtendría el 51% de los votos válidos frente al 49% del mandatario, una diferencia que se redujo respecto de la semana pasada y que se ubica dentro del margen de error del sondeo.

La encuesta de Datafolha, realizada entre el martes y el miércoles de esta semana sobre 2.520 electores, tiene un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%. La semana anterior, la misma firma había medido a Bolsonaro con el 52% de los votos válidos y a Lula con el 48%, por lo que la brecha se achicó en dos puntos.

Si se consideran los votos totales, incluidos blancos y nulos, Bolsonaro alcanza el 47% de la intención de voto frente al 45% de Lula, contra el 49% y el 45% que registraba el sondeo previo. Un 2% de los electores se declara indeciso y un 6% asegura que votará en blanco o nulo.

En Brasil, el presidente Lula intenta revertir una desventaja mínima ante Flávio Bolsonaro de cara al balotaje del 25 de octubre, luego de que una encuesta de Datafolha ubicara al senador ultraderechista con el 51% de los votos válidos frente al 49% del mandatario, dentro del margen de error de dos puntos.

Los resultados coinciden con el sondeo divulgado el miércoles por la consultora Quaest, que también midió a Bolsonaro con el 51% y a Lula con el 49% de la intención de voto, según los mismos porcentajes reportados por esa firma.

El estudio de Datafolha reveló además que el índice de rechazo de ambos candidatos es similar: un 46% de los electores afirma que nunca votaría por Bolsonaro, mientras que un 44% dice lo mismo respecto de Lula. En cuanto a la gestión del mandatario, un 41% la evalúa negativamente y un 35% la califica de forma positiva.

Antecedente del primer turno y respuesta de Lula

Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, se impuso en la primera vuelta celebrada el 4 de octubre con el 47,03% de los votos, frente al 45,16% de Lula, una diferencia de menos de dos puntos porcentuales. El resultado superó en unos cinco puntos a lo que había proyectado la última encuesta de Datafolha antes de esa instancia y generó un repunte en los activos brasileños, dado que los inversores lo consideran más proclive a impulsar recortes de gasto y a corregir el deterioro fiscal del país.

Tras ese resultado, Lula, de 80 años, modificó su estrategia de campaña: intensificó su presencia en redes sociales, organizó grandes actos callejeros y aceleró una serie de iniciativas legislativas orientadas a captar votos antes del balotaje del 25 de octubre.

El Senado brasileño dio sanción final el miércoles por la noche al proyecto de reducción de la semana laboral, la principal promesa de campaña de Lula. La Cámara de Diputados también aprobó su propuesta para perdonar deudas de los llamados microemprendedores, en el marco de una serie de medidas destinadas a aliviar el endeudamiento de los hogares.

Este jueves, Lula anunció que impulsará un proyecto de ley para ofrecer transporte público gratuito en las ciudades brasileñas durante los fines de semana.

Las propuestas de Bolsonaro en seguridad y economía

Bolsonaro, por su parte, centró parte de su campaña en la seguridad, uno de los principales reclamos del electorado, y prometió un enfoque de mano dura contra el crimen. El senador también se comprometió a impulsar el juicio político contra el juez de la Corte Suprema que supervisó la condena de su padre por intentar un golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

En materia económica, Bolsonaro reclamó un “gran recorte” del gasto público, aunque hasta el momento no detalló los alcances concretos de su plan fiscal.

Miles de personas marcharon este miércoles por el centro de Río de Janeiro para rechazar un eventual regreso de la familia Bolsonaro al poder en Brasil, en medio de la definición de la segunda vuelta presidencial prevista para el 25 de octubre.

La manifestación, bautizada “Juventud en la calle por la democracia”, comenzó en la iglesia de La Candelaria, con la participación de estudiantes y docentes de distintas universidades y escuelas públicas de la ciudad. Durante cerca de cuatro horas, los jóvenes recorrieron pacíficamente varias calles del centro al ritmo de tambores y fuegos artificiales.

La convocatoria se dio tres días después de conocerse que Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, obtuvo el 47% de los votos del domingo, frente al 45% logrado por el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Brasileños de distintas edades exhibieron banderas y carteles con consignas como “Bolsonaro nunca más” y “Ni el padre ni el hijo”.

Entre esas consignas se destacó el rechazo a la intención de Flávio Bolsonaro de impulsar una amnistía para su padre, condenado a 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022. “Dictadura nunca más”, se leía entre la multitud. El candidato es además investigado por presunta corrupción, blanqueo de capitales y evasión fiscal por sus vínculos con el fallido Banco Master.

Entre los presentes, Alice Carneiro, administradora del sector de transporte marítimo de 25 años, lloró al expresar su temor ante posibles represalias contra su esposa, una mujer trans. “Estoy aquí porque creo en la democracia. Porque tengo miedo”, afirmó.

Buena parte de los asistentes recordó la vida bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, que se extendió de 2019 a 2022 y es señalado por su gestión de la pandemia de coronavirus, con más de 700.000 muertos en Brasil, la segunda cifra de fallecidos más alta del mundo después de Estados Unidos. “Recuerdo que la vida de mi familia corrió peligro durante la pandemia... Recuerdo el negacionismo sobre las vacunas”, sostuvo Carneiro.

Talita Amaral, estudiante de ciencias ambientales de 19 años, acudió con la camiseta de la selección brasileña de fútbol, prenda habitualmente ligada a los simpatizantes de Bolsonaro, en un gesto para reivindicar los colores nacionales por fuera de las etiquetas partidarias. “Luchamos por Brasil, no por Lula”, declaró, mientras invitaba a ocupar las calles y a difundir mensajes en redes para ampliar el respaldo antes del balotaje.

Para Emmanuel Araujo, de 19 años y próximo a rendir los exámenes de ingreso a la universidad, el avance de la extrema derecha y del bolsonarismo representa un motivo de profunda tristeza para el país. El joven planteó que gran parte de quienes respaldan a Bolsonaro no lo hacen por convicción en sus propuestas, sino como una reacción de rechazo hacia el Partido de los Trabajadores y hacia Lula: “Puede que Lula no sea mi candidato preferido, pero en medio de esta barbarie tenemos que elegir entre alguien a quien podemos seguir criticando y alguien que podría arrebatarnos el derecho a expresarnos”.

“Si gana Bolsonaro, Brasil se convertirá en una colonia de Estados Unidos”, señaló João Victor Vieira, estudiante de literatura de 20 años, quien vinculó esa posibilidad con la cercanía ideológica entre la familia del candidato y el presidente estadounidense Donald Trump. Vieira advirtió además sobre los riesgos que, a su entender, enfrentarían minorías como las personas racializadas, las mujeres y la comunidad LGBTQ+.

(Con información de AFP, AP y EFE)

Los dos respaldos se producen un día después de una primera vuelta ajustada, en la que Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos frente al 45,16% de Lula, con un fuerte crecimiento del Partido Liberal (PL) en el Congreso Nacional y en los gobiernos regionales.

Temer, quien gobernó Brasil entre 2016 y 2018, declaró su respaldo a Bolsonaro en una publicación en redes sociales. “La sociedad no quiere fórmulas repetidas y discursos groseros. Quiere nuevas ideas, nuevas actitudes, nuevos proyectos y un camino diferente. Quiere, por lo tanto, reconexión. Y reconexión es Flávio [Bolsonaro]”, escribió el también exdiputado federal.

En el mensaje, Temer destacó la “renovación” del Congreso Nacional, con el PL eligiendo 121 diputados federales y 19 senadores, un dato que, a su juicio, demuestra que la población “desea” un cambio. Para el expresidente, esa renovación se tradujo en el liderazgo de Bolsonaro en la primera vuelta.

El apoyo de Temer no resultó una sorpresa debido a su enemistad con Lula, quien lo ha llamado “golpista” en numerosas ocasiones por haber asumido el poder tras la destitución de Dilma Rousseff en 2016.

Zema, exgobernador conservador de Minas Gerais, se convirtió este lunes en el primer aspirante derrotado en primera vuelta en declarar apoyo a Bolsonaro, después de haber quedado sexto en los comicios con el 0,27% de las papeletas. “Voto contra el Partido de los Trabajadores (PT) y por Flávio Bolsonaro; Brasil no aguanta cuatro años más de Lula”, afirmó en un video publicado en redes sociales.

El exgobernador alertó sobre la posibilidad de que Lula, en caso de ser reelegido, nombre a otros cuatro magistrados para la Corte Suprema, institución que ha sido blanco constante de los ataques de la extrema derecha. Pese a los poco más de 326.000 votos obtenidos en un país de 214 millones de personas, Zema es un nombre conocido en Minas Gerais, la segunda región más poblada de Brasil y clave para definir al próximo presidente.

El resultado de la primera vuelta fue tan ajustado, con una diferencia de menos de dos puntos porcentuales a favor de Bolsonaro, que cada voto resulta decisivo de cara al balotaje.

Lula planifica estrategia mientras Bolsonaro busca el apoyo de Caiado

Lula, quien el domingo admitió sorpresa por la derrota en primera vuelta, mantuvo este lunes una reunión a puerta cerrada en Brasilia con responsables de campaña, ministros y políticos aliados para planificar la estrategia de cara al 25 de octubre. Según medios locales citados en el encuentro, uno de los temas tratados fue acelerar la votación de un proyecto de ley que busca impulsar la reducción de la semana laboral, una de las banderas de campaña del líder progresista.

Por su parte, el PL pretende sumar el respaldo de União Brasil, Republicanos y Progresistas (PP), tres formaciones de centroderecha que suman 128 diputados y que no apoyaron a ningún candidato en primera vuelta, según afirmó este lunes el presidente del PL, Valdemar Costa Neto.

El partido también busca atraer a los candidatos que quedaron fuera de la contienda, en especial al conservador Ronaldo Caiado, que terminó cuarto con el 2,18% de los votos. Bolsonaro viajará este martes a la ciudad de Goiânia con la intención de recibir el respaldo del exgobernador de Goiás, quien podría anunciar su apoyo ese mismo día, según adelantó un aliado de Caiado, el gobernador de Goiás Daniel Vilela, en una entrevista a CNN Brasil.

En cambio, el escritor Augusto Cury, segundo en la primera vuelta con el 2,89% de los votos, y el agitador ultra Renan Santos, tercero con el 2,24%, aseguraron de momento que no respaldarán a ningún candidato en la segunda vuelta. Lula, a su vez, lo tiene más difícil para lograr apoyos, ya que ninguno de los principales aspirantes derrotados era de tendencia progresista.

La baja de las tasas de retorno del Tesoro de Estados Unidos, clave para la Argentina porque su cotización marca el rumbo de la deuda local, duró un día. El viernes retomaron el alza y los mercados de futuro la ubicaban en 5,28 por ciento.

Al mismo tiempo apareció otra amenaza para la inflación: en el norte de EE.UU. la gente había postergado el almacenamiento de gasoil para calefacción porque se avecinan las bajas temperaturas. Fue una mala decisión. El combustible continuó en alza y a esta altura está 110% arriba de los precios del año pasado y empezaron a comprar. Los gastos de calefacción en invierno son allí muy elevados y este año consumirán buena parte de los ingresos. Y los salarios ya están soportando la caída que les acarrea el aumento de las tasas hipotecarias y de los alquileres, unido a la baja de los precios de los inmuebles. Es decir, están pagando cuotas hipotecarias más caras por propiedades que valen menos que cuando la compraron. Con esta situación una nueva suba de tasas está asegurada. La única duda es si será en octubre o diciembre.

Las consultoras locales hicieron centro en la deuda como problema a futuro. Pero, claro, la tasa de la deuda va de la mano del futuro electoral, por eso las elecciones de Brasil son clave y también los anuncios del Secretario del Tesoro, Scott Bessent, que no descartó apoyar a la Argentina con divisas en el caso de que el mercado se vuelva netamente comprador por la incertidumbre electoral.

Estos fueron los análisis de las principales consultoras de la Argentina. Algunas no emitieron sus informes por la incertidumbre que agregan las elecciones de Brasil. Los últimos datos indican que el ETF que representa a Brasil, en el mercado overnite, a pesar de que no logró superar el 50% en primera vuelta, subía 8%, clara señal de que los inversores internacionales están a favor de un cambio de gobierno y le asignan chances a un triunfo de Flavio Bolsonaro en segunda vuelta. Las acciones de Petrobras subían un 4 por ciento.

Entre las pálidas, indicios optimistas

El informe de EconViews, la consultora que dirige Miguel Kiguel, señaló que “en medio de las pálidas empezaron a aparecer algunos indicios que dan algo de optimismo para el último trimestre del año. El primero está en las reservas. Septiembre fue el mes en que el Banco Central compró menos dólares en el año, USD 566 millones, algo esperable porque históricamente es una época en la que suele vender. Lo interesante es que USD 323 millones de ese total llegaron en los últimos tres días del mes, lo que anticipa una mayor oferta de dólares para los próximos meses. Esos dólares vendrían por varios lados. Se esperan mayores flujos financieros por colocaciones de Obligaciones Negociables (ONs), bonos provinciales y préstamos en dólares, que volvieron a acelerarse. Además, todavía queda bastante cosecha por vender y las perspectivas para el trigo, que se comercializa en diciembre, son muy buenas. A esto se suma un petróleo que sigue cerca de USD 100 el barril y un saldo energético que volverá a crecer con las importaciones de gas del invierno terminadas. Si se da este escenario, el Gobierno debería aprovechar para comprar unos USD 3.000 a 4.000 millones en lo que resta del año. Sería una señal que traería algo de calma a los inversores, porque con el mercado de deuda cerrado el Tesoro va a tener que comprar parte de esos dólares para pagar los vencimientos de 2027”.

El informe destacó un segundo indicio, del lado más crítico, el nivel de actividad. “Después del palazo de julio, los datos anticipados muestran un rebote en agosto con bastantes más verdes que rojos, sobre todo en industria y comercio. Seguramente no alcance para compensar toda la caída, pero los primeros datos de septiembre apuntan a que el rebote continúa, con buenos números en la recaudación vinculada a la actividad (lo que también da aire en lo fiscal), la confianza del consumidor y la venta de autos. Esta incipiente recuperación del consumo viene de la mano de la baja de la inflación y una leve mejora del salario real. La actividad sigue mostrando mucha volatilidad de corto plazo, pero con una mirada más amplia se ve relativamente estancada, con un consumo algo más firme que la producción en los últimos meses. El crédito todavía no tracciona. A esto se sumó una semana positiva en lo político con el Argentina Week en París, donde Milei se mostró con 13 gobernadores “amigos” y dio una señal de gobernabilidad. En lo económico, el Gobierno consiguió anuncios de inversión por unos USD 27.000 millones, principalmente en energía y minería. Habrá que ver cuánto de eso se concreta, pero es una bocanada de aire fresco. Aun así, el riesgo país siguió subiendo y cerró la semana en 650 puntos. El endurecimiento del contexto externo, con la tasa del Tesoro estadounidense a 10 años por encima de 5,20% y un dólar más fuerte a nivel global, complica a todos los emergentes y le pega de lleno a la Argentina”.

EconViews destacó también que en la última semana “también sufrieron países de calificación similar como Bolivia y Ecuador. Dentro de este shock de tasas internacionales, el tipo de cambio se mantuvo estable y el BCRA compró reservas, algo no menor. La mejora de estos indicadores es incipiente y habrá que ver si se sostiene en el tiempo, pero al menos da algo de esperanza después de meses difíciles y con un mundo que no ayuda. Si se consolida, puede ser la base para que el riesgo país vuelva a bajar y para entrar a 2027 con una economía más sólida”.

Reaccionó la recaudación

F2 que dirige Andrés Reschini indicó que en septiembre la recaudación tributaria “creció en términos reales 3,7% respecto del mismo mes del año anterior y un 2,2% contra agosto. En el interanual los Derechos de Exportación (DEX) crecieron 49,5% debido a la baja temporal a los productos agrícolas en 2025. Mejoró IVA DGI (consumo) pero cayeron créditos y débitos, veremos qué sucede con este tributo luego de la eliminación de la posibilidad de elusión vía comitentes”.

El informe señaló que el gobierno “tuvo algo más de recursos en septiembre y también mejoró en acumulado de 12 meses. Si se confirma que se logró por mejor nivel de actividad será una buena noticia, de lo contrario será una carga más para la actividad y esto puede tener impacto negativo en el apoyo social”.

Sobre la influencia del dólar la consultora advirtió que la divisa “se fortaleció en el mes contra la gran mayoría de las divisas de emergentes. Sin embargo, el real brasileño se fortaleció contra el dólar estadounidense y el peso argentino fue la segunda moneda más fuerte (o menos debilitada) contra el dólar entre las principales divisas de la región y eso hace que el Tipo de Cambio Real Multilateral se mantenga relativamente estable, algo que venimos señalando hace tiempo. El volumen de oferta fue fluido para septiembre con la ayuda del agro que liquidó unos USD 3.228 millones (según CIARA – CEC) y en la última rueda del mes se negociaron en Mercado Libre de Cambios (MLC) USD 1.034 millones que es el segundo mayor registro desde que asumió Javier Milei. Esto dejó espacio para que el BCRA compre USD 160 millones sin presionar al tipo de cambio y de esta manera las compras del mes ascendieron a USD 473 millones. De todos modos, este es el menor acumulado mensual para lo va de 2026 y el mercado sigue de cerca el ritmo de compras. Pero en la vista semanal las compras fueron de USD 369 millones, el mayor monto en 11 semanas con la menor compra diaria (USD 11 millones) siendo mayor a la más alta de la semana anterior, lo que podría indicar que la autoridad monetaria logró pisar el acelerador en este sentido, algo que el mercado le estaba reclamando de algún modo, ante las dificultades para colocar deuda en dólares tanto offshore como onshore. El interés abierto en futuros cerró septiembre en casi USD 3.500 millones contra 3.438 millones de fin de agosto y teniendo en cuenta que el mercado de cambios tiende a ampliarse, es probable que la posición corta de BCRA se mantenga en un nivel muy bajo lo que le dejaría prácticamente todo el poder de fuego disponible para intervenir en caso de considerarlo necesario. Tampoco hubo saltos desmedidos en el interés abierto en el inicio de octubre ni en los volúmenes operados en la rueda de soberanos dollar linked, lo que nos conduce a pensar que el mercado sigue sin inquietarse por eventuales tensiones cambiarias y las compras de BCRA no habrían exigido un mayor grado de participación oficial del lado de la oferta en los mercados de cobertura cambiaria”.

Para F2 “un triunfo de Bolsonaro, el candidato de la derecha, afín al gobierno de EE.UU. puede generar, en principio, mayor flujo de capitales, fortalecimiento del real y la expectativa de mayores acuerdos estratégicos con la Argentina por el alineamiento ideológico de sus líderes teniendo como efecto inicial un efecto positivo sobre el peso y algo de impulso en los activos locales”.

De bonos, de votos y de dólares

Por su parte, la consultora 1816 se enfocó en la deuda. “Si bien la renta fija viene floja en todo el mundo, los bonos argentinos se destacaron por su mala performance. La tasa del GD35 en Nueva York subió 280 puntos básicos desde julio y a los Bonares les fue peor: la tasa del A029 contra MEP (referencia del mercado primario) saltó 400 puntos básicos, en parte por rescates de Fondos Comunes de Inversión (FCI) ¿A qué le teme el mercado? La respuesta es unívoca: a que los datos económicos afecten la imagen de Milei”.

El informe continuó opinando que “las dos preguntas más relevantes para la deuda son:

• ¿Qué chances tiene la reelección?
• ¿Qué valen los bonos si gana el PJ?

Según 1816, “las chances de Milei siguen pareciendo altas hoy, dado el apoyo a oficialismo (Indice de confianza en el Gobierno del 26 de septiembre en mínimos de gestión, pero superiores a los de cualquier otro Presidente a esta altura desde Néstor Kirchner) y la imagen de la oposición. Respecto a la segunda pregunta, dada la herencia que habrá en diciembre 2027 (superávit primario y un presente increíble para energía y minería), cualquier programa que incluya una reestructuración sería un error no forzado, en nuestra opinión. Pero le tememos a dos cosas:

• Que, dada la reputación del PJ, el mercado lleve rápido los bonos a una zona (¿USD 50?) que termine en una renegociación (profecía autocumplida)
• Que, incluso con voluntad de pago, una futura administración peronista encare una agenda de medidas (que incluyan un cepo fuerte y, por ende, dificultad para acumular reservas) que limiten mucho la capacidad de pago”.

La consultora opinó que la Argentina “no tiene un problema de stock de deuda (la neta del Tesoro es de apenas 35% del PBI) y tiene superávit primario (casi inédito en todo Latinoamérica), pero, dada la falta de reservas, para poder servir la deuda en 2028-2031 se necesitará rollover (algo que damos por hecho si Milei reelige) o grandes compras del BCRA/Tesoro (energía generará dólares, pero para que se queden el programa económico debe ayudar)”.

Anoche, en el overnite, las Bolsas de Nueva York operaban en verde porque esperan avances en las conversaciones de paz con Irán. El petróleo Brent bajaba 0,60% a USD 102,11 por barril. También subía el oro a USD 4.184 (+0,55%) y el dólar caía levemente. La reacción del mercado de hoy reflejará el resultado de la elección de Brasil, por lo que se espera una rueda positiva para bonos y acciones.,

El expresidente, Jair Bolsonaro, pidió al Supremo la anulación de su condena por golpismo a través de una nueva revisión criminal. La defensa presentó el recurso el pasado 25 de septiembre ante el Supremo Tribunal Federal (STF).

El escrito solicitó una medida cautelar para detener la ejecución de la condena y permitir que Bolsonaro deje la prisión domiciliaria hasta que la Corte resolviera el planteo.

El caso quedó a cargo del magistrado Kassio Nunes Marques, quien ya intervino en otra revisión criminal presentada por los abogados del exmandatario en mayo contra la misma sentencia. La defensa pidió que el nuevo expediente se enviara a ese juez porque ambas acciones cuestionaron la condena dictada en el proceso por la tentativa de golpe de Estado.

La nueva presentación reclamó la anulación de las decisiones que originaron investigaciones dentro del llamado inquérito de las noticias falsas. Los abogados sostuvieron que, si el Supremo aceptaba ese pedido, debía invalidar las pruebas obtenidas a partir de esas medidas y los testimonios recogidos en el proceso desde mayo de 2025.

También solicitaron que se reabriera la etapa de producción de pruebas. El pedido incluyó un plazo para que la defensa examinara los datos originales y excluyera del expediente los elementos que consideró irregulares.

El recurso se apoyó en un informe técnico que los abogados presentaron como prueba nueva. El documento señaló problemas para verificar la cadena de custodia de parte de las pruebas digitales empleadas en el juicio. La defensa afirmó que no logró comprobar de forma íntegra el origen, la extracción y el tratamiento de algunos archivos.

El informe no sostuvo que las pruebas fueran adulteradas. Sin embargo, los abogados argumentaron que la falta de acceso a determinados datos impidió comprobar que los archivos conservaron su integridad desde su obtención hasta su incorporación al proceso.

“No se busca, debe aclararse desde el principio, un segundo juicio del caso; esta revisión se presentó por hechos nuevos, una prueba nueva y la demostración clara de que mantener la condena de Jair Bolsonaro representa una grave injusticia”, afirmaron los abogados en el escrito.

Entre los elementos cuestionados figuraron los mensajes de la aplicación Signal extraídos de los teléfonos del teniente coronel Mauro Cid, exedecán de Bolsonaro. Según el informe incorporado por la defensa, parte de esas conversaciones quedó registrada mediante filmaciones de las pantallas de los teléfonos, en vez de una extracción pericial directa de los datos.

Los abogados también señalaron que no recibieron los archivos originales de la extracción realizada en el teléfono de Bolsonaro. Afirmaron que esa ausencia les impidió auditar el material y verificar su contenido completo.

“Durante el proceso, la defensa planteó cuestiones importantes al recibirse la acusación y en los alegatos finales”, indicaron los abogados. Añadieron que el expediente vulneró el principio acusatorio y que recibieron parte de las pruebas pocas horas antes de la instrucción, una etapa que se extendió durante cerca de dos semanas.

Para reforzar ese argumento, la defensa citó debates recientes dentro del Supremo sobre el procedimiento que involucra al magistrado Alexandre de Moraes y al exbanquero Daniel Vorcaro, detenido por acusaciones de fraude. En ese caso, integrantes del tribunal discutieron el acceso de las partes a la totalidad de los datos digitales que respaldaron un informe de la Policía Federal.

Los abogados recordaron que, tras la divulgación de mensajes intercambiados entre De Moraes y Vorcaro, la Fiscalía General cuestionó la investigación abierta en ese expediente. El organismo sostuvo que el pedido para investigar a un integrante del Supremo debía ser tratado por el pleno de la Corte.

La defensa de Bolsonaro trasladó ese planteo a la causa por golpismo. Según los abogados, el expresidente fue incluido en el inquérito de las noticias falsas cuando todavía ocupaba la Presidencia, sin que la decisión pasara por el pleno del STF. A su criterio, esa medida incumplió el reglamento interno del tribunal.

El recurso sostuvo que esa presunta irregularidad afectó los actos posteriores que derivaron en la acusación y la condena por la trama golpista. Por esa razón, los abogados pidieron la nulidad de las resoluciones iniciales, de las pruebas derivadas de ellas y de los testimonios incorporados al expediente.

(Con información de EFE y CNN Brasil)

La santa patrona de Brasil quedó envuelta en la última disputa electoral, después de que publicaciones en redes sociales atribuyeran al senador Flávio Bolsonaro una supuesta intención de quitar a Nuestra Señora de Aparecida su título de patrona nacional si gana las elecciones presidenciales del 4 de octubre.

La controversia llegó a la campaña, enfrentó decisiones judiciales y llevó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva a defender públicamente la figura religiosa ante los votantes católicos.

Lula, candidato a la reelección, se refirió al tema durante un acto de campaña y rechazó las versiones sobre un eventual cambio de estatus para la advocación mariana. “Mientras yo sea presidente... nadie va a faltarle el respeto a Nuestra Señora de Aparecida”, afirmó el mandatario.

La discusión se instaló cuando circularon informes sobre inquietudes de sectores de la Iglesia católica respecto del lugar que ocuparía la patrona de Brasil en caso de una victoria del candidato del Partido Liberal. Usuarios vinculados a la izquierda recuperaron entonces un proyecto de ley de 2007, presentado por un legislador aliado de la familia Bolsonaro, que proponía reducir el rango simbólico de la imagen religiosa.

Ese proyecto no avanzó, pero volvió a circular en las redes sociales en los últimos días y alimentó mensajes que vinculaban a Flávio Bolsonaro con una iniciativa contra Nuestra Señora de Aparecida. El senador negó esa posibilidad y acusó al Gobierno de difundir información falsa. “Todos saben que respeto las religiones. ¡Todas!”, declaró.

La disputa adquirió importancia en una campaña marcada por la cercanía de la primera vuelta y por la escasa cantidad de electores indecisos. Brasil concentra una de las mayores poblaciones cristianas del mundo y la religión ocupa un lugar relevante en la competencia entre Lula y Bolsonaro.

Las encuestas muestran una división definida entre católicos y evangélicos. Entre los católicos, Lula reune el 48% de las intenciones de voto, frente al 29% de Bolsonaro. Entre los evangélicos, el senador alcanza el 46%, mientras que el presidente registra el 27%.

La Iglesia católica mantiene una presencia histórica en Brasil, aunque las iglesias evangélicas ampliaron su influencia social y política en las últimas décadas. Flávio Bolsonaro busca consolidar el respaldo de ese electorado durante la campaña, mientras Lula centró parte de su discurso en los votantes católicos.

Nuestra Señora de Aparecida es una de las figuras religiosas más reconocidas del país. La tradición católica señala que tres pescadores encontraron en 1717 una pequeña imagen de madera en un río y que, después del hallazgo, sus redes se llenaron de peces. La representación, habitualmente mostrada como una mujer negra, quedó asociada a la devoción de millones de brasileños y al santuario de Aparecida, en el estado de São Paulo.

El conflicto también llegó a los tribunales. La semana pasada, el ministro André Mendonça, integrante del Tribunal Superior Electoral, ordenó eliminar publicaciones que relacionaban a Flávio Bolsonaro o a su familia con la presunta intención de quitarle a la imagen el título de patrona de Brasil.

Mendonça resolvió a pedido de la campaña del candidato y consideró que los mensajes debían salir de circulación durante el período electoral. Sin embargo, el ministro Flávio Dino revocó esa medida el domingo y restituyó las publicaciones. Dino sostuvo que el caso involucraba cuestiones vinculadas con la libertad de expresión y la libertad religiosa.

El lunes, Dino decidió llevar su propia resolución al pleno del Supremo Tribunal Federal para que los magistrados trataran la controversia de forma presencial. El ministro planteó que el expediente debía abordar, además, los límites de las revisiones del Supremo sobre decisiones de la Justicia Electoral y las facultades de las plataformas digitales para retirar contenidos en tiempo de campaña.

La controversia se desarrolló mientras las encuestas ubicaron a Lula al frente de la primera vuelta. Un sondeo divulgado el lunes le otorgó al presidente el 39% de la intención de voto, frente al 34% de Flávio Bolsonaro. La diferencia quedó dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.

La misma medición mostró un empate del 42% en una eventual segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre si ninguno de los candidatos supera el 50% de los votos válidos. Los indecisos representaron el 5% del electorado, mientras que el 10% dijo que votaría en blanco, anularía su sufragio o se abstendría.

Brasil convocó a 158 millones de electores para elegir presidente, renovar la Cámara de Diputados, dos tercios del Senado y las 27 gobernaciones estatales.

(Con información de AFP y O Globo)

La Policía Federal de Brasil realizó 49 allanamientos por una investigación sobre un presunto desvío de fondos públicos para financiar la película Dark Horse, una biografía sobre Jair Bolsonaro. El operativo, autorizado por el juez del Tribunal Supremo Federal Flávio Dino, alcanzó a personas vinculadas con la producción del filme y al diputado Mário Frias en San Pablo, Río de Janeiro, Ceará y el Distrito Federal.

La causa se concentró en la presunta utilización irregular de recursos públicos para sostener el proyecto cinematográfico. Entre los ejes del expediente figuró el supuesto traspaso de cerca de dos millones de reales a Conhecer Brasil, una organización vinculada a la productora Karina Ferreira da Gama, mientras los investigadores también revisaron contratos, subcontrataciones y movimientos financieros asociados a la película. Durante los procedimientos, los agentes secuestraron documentos, dispositivos electrónicos y el teléfono celular de Frias.

Flávio Dino, integrante del Partido Liberal y exministro de Cultura del gobierno de Jair Bolsonaro, apareció además en un informe policial por transferencias por 645.400 reales a Go Up Entertainment, la empresa relacionada con Dark Horse. Esa documentación quedó incorporada a la resolución judicial que dio luz verde a la operación.

Los investigadores también analizaron un informe sobre operaciones consideradas atípicas en las cuentas de la productora entre el 10 de noviembre y el 30 de diciembre de 2025. En ese período, la firma movió 19,03 millones de reales, con 8,95 millones en créditos y 10,07 millones en débitos.

Entre los principales remitentes figuraron Moneycorp Banco de Câmbio SA, con 3.920.976,40 reales; GO7 Assessoria, Produção e Marketing Cultural Eireli, con 2.614.000 reales; Marcello de Oliveira Lopes, con un millón de reales; NTT Brasil Ltda., con 750.000 reales; y Frias, con 645.400 reales.

Lopes, ex estratega de campaña del senador Flávio Bolsonaro, quedó mencionado en el expediente por ese aporte de un millón de reales, aunque no integró la lista de investigados alcanzados por los allanamientos. Al referirse a la transferencia, sostuvo que correspondió a una inversión privada.

“La transferencia se refiere exclusivamente a una inversión privada que realicé en la producción de la película ‘Dark Horse’, en mi calidad de inversor”, afirmó. Luego agregó: “La inversión se realizó con mis propios fondos, de forma regular, directamente desde mi cuenta, de manera legal y debidamente formalizada”, afirmó Lopes.

En la misma declaración agregó que “se trata de una transacción estrictamente comercial vinculada al proyecto cinematográfico”.

El caso quedó conectado con otras revelaciones sobre la financiación del filme. Informaciones publicadas en Brasil situaron en esa trama al exbanquero Daniel Vorcaro, antiguo responsable de Banco Master, acusado de fraude financiero. También apareció mencionado Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente, a quien se le atribuyó una intermediación para obtener recursos destinados a la producción. El senador reconoció que actuó como mediador, aunque aseguró que los aportes eran privados.

La controversia se profundizó tras la difusión de audios atribuidos a Flávio Bolsonaro, en los que supuestamente pedía dinero para financiar la película. Ese episodio impactó en su campaña electoral, en un escenario de fuerte tensión política en el país y con la investigación judicial en avance.

Dark Horse fue presentada como una película inspirada en la trayectoria política de Jair Bolsonaro y con una mirada favorable sobre el exmandatario. El proyecto sumó visibilidad por la participación del actor estadounidense Jim Caviezel en el papel principal y por la dimensión que tomó la causa en la antesala de las elecciones.

La investigación también recogió antecedentes surgidos de cuestionamientos de la diputada Tabata Amaral, del Partido Socialista Brasileño, y quedó integrada a una pesquisa más amplia sobre el uso de enmiendas parlamentarias. Con las medidas de este jueves, la Justicia busca reconstruir el recorrido del dinero, precisar el origen de las transferencias y determinar si fondos asignados a proyectos públicos terminaron dirigidos a la financiación de la película.

(Con información de AFP, CNN Brasil y Europa Press)

A un mes de unas elecciones inciertas, Luiz Inácio Lula da Silva, y Flávio Bolsonaro llegan a la recta final de la campaña en Brasil separados por pocos puntos, mientras un escándalo de corrupción alteró el escenario político y sumó presión sobre una disputa ya marcada por la confrontación.

La carrera hacia la primera vuelta del 4 de octubre se endureció tras las revelaciones sobre el caso del Banco Master, una entidad privada que el Banco Central liquidó el año pasado después de pérdidas superiores a 11.000 millones de dólares en fondos de pensiones públicos. La investigación, aún abierta y en gran parte bajo secreto judicial, alcanzó a políticos, autoridades y jueces del Tribunal Supremo.

A ese frente se sumó otro dato de alto impacto político: el senador Flávio Bolsonaro admitió que recibió al menos 12 millones de dólares del banquero Daniel Vorcaro, ex dueño del Banco Master, para financiar una película sobre el ascenso político de su padre.

Aunque defendió la legalidad del aporte y sostuvo que se trató de fondos privados, evitó mostrar el contrato y tampoco aclaró públicamente cuál fue el destino de ese dinero.

El expediente ganó volumen esta semana con la divulgación de mensajes atribuidos al banquero, enviados al magistrado Alexandre de Moraes, quien instruyó la causa que derivó en la condena del expresidente Jair Bolsonaro por golpe de Estado.

Los mensajes mostrarían un vínculo de confianza entre los dos, hasta el punto de que el empresario le preguntó al juez si le convenía irse del país poco antes de ser detenido por primera vez, el 17 de noviembre de 2025.

En paralelo, Flávio Bolsonaro endureció sus ataques contra Lula. Este viernes aseguró que existió “un consorcio” entre el presidente y “esas personas que han intentado acabar con la democracia”, en referencia a los implicados en la trama.

Por su parte, desde el gobierno, Lula pidió rigor en el avance de las pesquisas sobre el caso Master, aunque cuestionó la difusión parcial de información del expediente. El presidente sostuvo que hubo filtraciones selectivas y advirtió, sin mencionar nombres, que algunas maniobras buscaron debilitar a las instituciones democráticas.

La difusión de esos elementos devolvió el caso al centro de la campaña y abrió una nueva etapa de acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición, en una disputa que llegó ajustada al tramo final.

En ese contexto, las encuestas más recientes ubicaron a Lula da Silva con el 38% de la intención de voto, cinco puntos por encima del 33% que reunió Flávio Bolsonaro.

La distancia también se redujo en un eventual balotaje. Lula pasó de 47% en agosto a 46% en septiembre, mientras que Bolsonaro subió de 43% a 44 %, un resultado que los dejaría en empate técnico al quedar dentro del margen de error de la encuesta. La segunda vuelta se celebrará si ningún candidato supera el 50% de los votos en la elección del 4 de octubre.

En una entrevista radial, el presidente afirmó que la elección excede la competencia entre candidatos y definirá el rumbo del país. La declaración reflejó el tono de una campaña cada vez más concentrada en dos polos.

(Con información de EFE y O Globo)

El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro recuperó parte del régimen de visitas en su residencia de Brasilia después de que la Corte Suprema de Brasil autorizó el ingreso de dos de sus hijos, Carlos y Jair Renan, con una condición: no podrán hablar con él sobre política ni sobre la campaña electoral en curso.

La decisión del juez Alexandre de Moraes restableció ese permiso una vez vencido el plazo de suspensión que había impuesto el propio tribunal por el incumplimiento de las restricciones fijadas al ex presidente. El beneficio alcanzó solo a esos dos hijos, ambos candidatos a diputado en los comicios de octubre, y mantuvo fuera del esquema de visitas al senador Flávio Bolsonaro, que continúa impedido de ver a su padre por su intervención en la difusión de un mensaje de contenido electoral.

El fallo fijó que los encuentros podrán concretarse en los horarios ya previstos y bajo las condiciones que la Justicia dejó vigentes para la prisión domiciliaria. Bolsonaro, condenado por golpismo y alojado en su casa por razones humanitarias vinculadas a su estado de salud, conservó además el acceso sin autorización especial para médicos, abogados y fisioterapeutas. Para el resto de las visitas, siguió en pie la exigencia de autorización previa del Supremo.

La resolución dejó expresamente vedado cualquier uso político o electoral de esos encuentros. La prohibición alcanzó tanto a conversaciones sobre ese tema como a la eventual difusión de mensajes, manifiestos o pronunciamientos por cualquier medio, incluso a través de terceros.

De ese modo, el tribunal buscó impedir una repetición del episodio que originó la sanción anterior, cuando Flávio Bolsonaro leyó públicamente una carta de su padre después de una visita en la residencia donde cumple la pena.

La defensa de Bolsonaro informó después del vencimiento de ese plazo que retomaría el sistema de turnos bajo las pautas que regían antes de la suspensión. Según comunicó al tribunal, el nuevo esquema volvería a funcionar mediante aviso y coordinación directa con el núcleo de custodia de la Policía Militar, aunque siempre sujeto a las condiciones ya establecidas por la Justicia y a las cautelares que continuaron vigentes.

La situación judicial del ex mandatario quedó así atravesada por el calendario electoral. Carlos y Jair Renan participan como candidatos a diputado en las elecciones presidenciales, legislativas y regionales previstas para octubre. Flávio Bolsonaro también ocupa un lugar central en la disputa política, ya que aparece como uno de los principales nombres de la oposición de cara a la contienda presidencial frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, que buscará la reelección.

Bolsonaro cumple arresto domiciliario desde marzo en su vivienda de Brasilia. El beneficio le fue concedido por motivos humanitarios, en especial por sus problemas de salud, aunque bajo un régimen de restricciones estrictas. Entre ellas figura la prohibición de usar redes sociales o de comunicarse en plataformas digitales por intermedio de otras personas, una condición que el tribunal volvió a recordarle al confirmar la reapertura parcial de las visitas familiares.

(Con información de EFE y CNN Brasil)

Flávio Bolsonaro denunció trabas para registrar su candidatura presidencial en Brasil, después de que la Justicia Electoral lo mostrara afiliado al partido Misión. Esa situación bloqueó su inscripción por el Partido Liberal a pocos días del cierre del plazo para formalizar postulaciones.

El episodio estalló este jueves, cuando la campaña del senador advirtió que el sistema del Tribunal Superior Electoral (TSE) lo registraba como militante de una fuerza distinta de la que impulsa su carrera al Palacio del Planalto. Esa afiliación impidió que el hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro avanzara con el trámite de presentación de su candidatura para las elecciones presidenciales de octubre, cuyo plazo vence el próximo sábado.

Bolsonaro atribuyó el caso a un presunto fraude y sostuvo públicamente que existía una maniobra para frenar su postulación.

“El sistema va a intentar de todo para detenerme, pero no lo conseguirá, porque Dios está al mando y juntos vamos a rescatar a nuestro Brasil”, escribió el senador en sus redes sociales, donde también convocó a sus simpatizantes a una actividad de campaña prevista para este domingo en Copacabana, en el inicio formal del camino electoral.

“Hoy hay transmisión en vivo a las diecinueve horas en mi canal de YouTube, no te la pierdas. Y este domingo, día 16, comienza nuestro camino rumbo a la Presidencia de la República. Será en Copacabana este domingo. La concentración será a partir de las diez de la mañana, cerca del Puesto Cinco. Te espero allí. Ven conmigo a ser parte de esta historia. Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos”, expresó.

La situación abrió de inmediato una respuesta de la Justicia electoral. El presidente del TSE, el juez Kassio Nunes Marques, remitió una representación a la Procuraduría General Electoral para que adopte las medidas que correspondan y además ordenó la apertura de una investigación de la Policía Judicial para determinar cómo el nombre del candidato apareció en los registros del partido Misión. El tribunal descartó que hubiera existido un ataque externo al sistema.

En un comunicado, el TSE sostuvo que la afiliación irregular no surgió de un hackeo, sino del uso indebido de la herramienta por parte de una persona que contaba con las credenciales válidas del partido para formalizar inscripciones. La corte también indicó que el pedido de desafiliación ya quedó bajo análisis.

El Partido Liberal (PL), fuerza que postula a Bolsonaro, presentó recursos ante la Justicia Electoral y buscó además la intervención de la Policía Federal para destrabar el caso. La prioridad de la campaña fue revertir cuanto antes la inscripción en Misión, ya que el registro en otra agrupación impedía completar la postulación presidencial del senador dentro del plazo legal.

La controversia también arrastró al propio partido en el que apareció anotado el candidato. En una nota pública, Misión afirmó que fue víctima de un intento de afiliación fraudulenta de Flávio Bolsonaro. La agrupación señaló que detectó el problema y trató de anular el registro el mismo día, aunque esa acción fue rechazada por el TSE. Además, aseguró que informó de lo ocurrido al gabinete del senador el pasado 2 de agosto y que los correos enviados fueron abiertos, aunque no recibieron respuesta.

A comienzos de 2024, el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva apareció en los registros de la Justicia Electoral como afiliado al PL, pese a ser el principal referente del Partido de los Trabajadores. A raíz de ese hecho, la Policía Federal abrió una investigación y el TSE canceló el acceso responsable de la carga de la información falsa, tras considerar que existían indicios de delito.

La crisis por la inscripción irregular se produjo además en un momento delicado para la campaña de Flávio Bolsonaro, que en los últimos días intentó recomponer su frente interno. El candidato reapareció esta semana junto a Michelle Bolsonaro por primera vez desde el inicio de una disputa familiar que había impactado en la campaña. Ambos participaron en una grabación de propaganda electoral en la sede del PL en Brasilia.

Michelle declaró ante la prensa que habían dejado de lado las diferencias “en favor de algo mucho mayor”, después de meses de conflicto político y personal con el hijo del exmandatario. En junio, ella lo había acusado de maltrato y humillación en la interna partidaria y había dicho que no podía respaldar su candidatura. Esa crisis golpeó especialmente la estrategia de captación del voto femenino, un segmento en el que el bolsonarismo buscó mejorar su rendimiento.

Flávio difundió en julio un video de disculpas para intentar recomponer la relación y convocarla a la campaña, invitación que finalmente ella aceptó. Esa reconciliación parcial coincidió con el arranque de la fase decisiva de la carrera electoral y con sondeos que ubican al senador con 39% de intención de voto en una eventual segunda vuelta, frente al 44% de Lula.

(Con información de CNN Brasil, EFE, O Globo)

El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, rechazó el pedido del expresidente Jair Bolsonaro para recibir este domingo a sus hijos por el Día del Padre y mantuvo la restricción de visitas que le impuso tras considerar que incumplió las condiciones de su arresto domiciliario.

La decisión alcanzó a Carlos Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro y también a Flávio Bolsonaro, aunque la situación del senador ya tenía una limitación adicional por una resolución previa que le suspendió las visitas por 90 días. La defensa del exmandatario presentó la solicitud como una medida excepcional, con carácter humanitario y familiar, para preservar el vínculo entre padre e hijos en una fecha conmemorativa.

Moraes sostuvo que no correspondía hacer una excepción porque seguía vigente la sanción de 30 días sin visitas, con acceso restringido solo a médicos y abogados. El magistrado vinculó esa medida al incumplimiento de las reglas judiciales que pesan sobre Bolsonaro.

La restricción se originó después de que el exmandatario violara una de las condiciones que le prohibían difundir manifestaciones por redes sociales, incluso a través de terceros. Ese punto cobró centralidad tras la divulgación de una carta escrita por Bolsonaro, que terminó expuesta públicamente en internet. Una de las prohibiciones impuestas al expresidente impedía que sus mensajes circularan por redes sociales, incluso si la publicación quedaba en manos de otra persona.

La defensa intentó revertir esa situación con distintos planteos. En el pedido por el Día del Padre, los abogados sostuvieron que el encuentro permitiría resguardar la convivencia familiar en una fecha señalada.

Los abogados también afirmaron que Bolsonaro no sabía que la carta sería divulgada por su hijo y negaron que hubiera existido una coordinación previa para publicarla. La defensa negó cualquier acuerdo entre padre e hijo para difundir el contenido de la carta, una explicación que buscó desligar al expresidente de la circulación del texto en redes.

En paralelo, Moraes remitió ese recurso a la Procuraduría General de la República para que se pronunciara sobre la continuidad o no de la restricción. Ese paso dejó en manos del Ministerio Público un dictamen sobre una de las discusiones abiertas alrededor de las condiciones de visita al exmandatario.

La decisión judicial se inscribió en el marco de la condena que enfrenta el expresidente por el intento de golpe de Estado, tras las elecciones presidenciales de 2022, que dieron la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva, proceso que fijó las condiciones bajo las cuales permanece en su domicilio.

La imposibilidad de recibir familiares no solo afectó el plano personal del exmandatario, sino también su entorno político inmediato. La prohibición de visitas complicó la organización de la campaña de Flávio Bolsonaro, que solo puede comunicarse con su padre por intermedio de abogados o de Michelle Bolsonaro.

(Con información de CNN Brasil y EFE)

El gobierno de Javier Milei, que este lunes cumplirá 32 meses como presidente de la Nación, dos tercios de un mandato que buscará revalidar dentro de poco más de 14 meses, disfruta de los mejores términos de intercambio de los últimos 125 años de historia económica de la Argentina.

Se trata de la relación entre el precio de los bienes que exporta e importa un país y es uno de los indicadores más relevantes para medir cuán favorable o desfavorable es el contexto internacional para una economía, además de ser el más apto para la comparación a través del tiempo.

Otras variables, como el ciclo económico mundial o regional, la tasa de interés internacional y el índice de riesgo país, la intensidad de las corrientes globales de inversión, los cambios tecnológicos o la evolución de las economías vecinas (en particular, si se trata de economías grandes) son menos reductibles a una serie histórica.

El gráfico de abajo, en base al último informe del estudio de Miguel Ángel Broda, consultor económico que hace 39 años mantiene su ciclo mensual, muestra que los términos de intercambio actuales son casi 49% superiores al promedio de 1900 hasta el presente.

Los términos de intercambio actuales son casi 49% superiores al promedio desde 1900 al presente (Broda)

El gráfico también permite observar que el anterior pico, levemente inferior al actual y ubicado un 47% por sobre el promedio histórico, ocurrió en 2012, primer año completo del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner (CFK). También muestra que de 2003 a 2012 los términos de intercambio subieron casi sin pausa, testimonio de la extraordinaria y sostenida oportunidad histórica que el país tuvo y desperdició entonces para sentar sobre bases firmes un proceso de desarrollo que trascienda el crecimiento de algunos años.

Otros picos, como los de 1909, cuando Argentina transitaba una etapa de rápida expansión, o 1948, el cenit de la primera economía peronista, o 1973, cuando el aumento de los precios de los alimentos y las materias primas que exportaba el país se adelantó al primer shock petrolero, que luego desbarrancó el breve crecimiento de la economía camporista, al inicio del tercer peronismo, muestran el extraordinario peso de los términos de intercambio.

También lo evidencian los momentos bajos, como el de 1922, al final del primer gobierno de Hipólito Yrigoyen, cuyo sucesor, Marcelo Torcuato de Alvear, disfrutó del repunte posterior, que llegó hasta la depresión económica mundial, el derrumbe del indicador y, en ese contexto, la creación del BCRA, así como las circunstancias comerciales muy desfavorables en que asumieron los gobiernos de Arturo Frondizi (1958) y Fernando de la Rúa (1999).

Contexto favorable, resultados desiguales

Lo cierto es que hoy el conflicto en Medio Oriente, la competencia estratégica entre Estados Unidos y China y la demanda de petróleo, gas y minerales críticos derivada del vector de crecimiento que constituyen las demandas de infraestructura y energía de la Inteligencia Artificial, juegan muy a favor de la economía.

Lo refleja un superávit comercial de casi USD 14.000 millones en el primer semestre del año (400% más que en igual período de 2025), del que el saldo energético proveyó la mitad (casi USD 7.000 millones). El saldo total sería más que el doble a fin de año, gracias también a una extraordinaria producción agrícola, que este año orillaría los 170 millones de toneladas.

El saldo total sería a fin de año más del doble del registrado en el primer semestre, gracias también a una extraordinaria producción agrícola, que este año orillaría los 170 millones de toneladas

Esas fuerzas traccionaron a su vez un boom de inversiones muy localizadas en torno a Vaca Muerta, como el oleoducto Duplicar Plus y el avance del Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que podría estar listo a fin de año, mientras avanzan, además, las inversiones mineras (por ahora más focalizadas en la infraestructura) en el NOA y Cuyo.

Economía a dos velocidades

Las extraordinarias condiciones externas a favor, sin embargo, no se terminan de reflejar en el conjunto de la economía. Si se toman los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec, el indicador más cercano a la evolución del PBI, entre diciembre de 2023 y junio de 2026 solo cuatro sectores crecieron más del 10% (Agricultura, Ganadería y Pesca, Intermediación financiera, Energía y Minería) y Transporte y Comunicaciones lo hizo levemente. En tanto, registraron caídas: Construcción (15%), Industria manufacturera (9,1%), Comercio (4,8%), amén de Administración Pública y Defensa y Servicios sociales.

Los sectores que crecieron explican cerca del 18% del empleo (directo) formal total y los que cayeron el 82%. He ahí un motivo de las crecientes dificultades políticas que enfrenta el gobierno, cuyos principales logros -como la reducción de la inflación y del índice de riesgo país y también del desorden callejero- encuentran límites.

Muestras de eso son el 2,9% de inflación minorista de julio en CABA, la caída en los índices de confianza en el gobierno y los magros resultados legislativos del gobierno en el Congreso, donde una agenda que el arco político no oficialista considera extrema e ideologizada, sirve más para aglutinar fracciones opositoras que para sumar votos y voluntades a favor de la agenda oficial.

Brasil, conflicto político y peso económico

En ese contexto, además, el propio Milei generó un choque con Brasil, principal socio económico y comercial de la Argentina.

Viene al caso recordar que entre 2000 y 2010 el PBI nominal en dólares de Brasil pasó de USD 660.000 millones a USD 2,2 billones, un aumento de casi 240%, que ejerció una fenomenal tracción sobre la economía argentina, como resultado del crecimiento real de Brasil y de la sobrevaluación en que desde 2003 incursionó su moneda, efecto inverso al de la devaluación que en enero de 1999 selló la larga agonía de la convertibilidad uno a uno entre el peso y el dólar que entonces sostenía Argentina.

Por eso tantas voces, desde Domingo Cavallo hasta Roberto Frenkel y Carlos Melconian, pasando por el propio Broda, difieren en distintos grados con la política cambiaria oficial, que según el Índice Big Mac sobrevalúa en 19% el peso respecto del dólar si se tiene en cuenta el nivel de ingresos locales.

En ese marco, incluso el ministro de Economía, Luis Caputo, incurrió en exabruptos, como tratar de “tarados” a quienes piden defender a la industria pero reivindican políticas que llevaron a que muchos bienes costasen en la Argentina entre dos y diez veces mas que su precio internacional, lo que a su vez despertó la reacción del presidente de la UIA, Martín Rappallini.

Más aun: el viernes, tras conocerse los datos del Índice de Producción Industrial (IPI), Diego Coatz, hasta marzo pasado director del Centro de Estudios de la UIA y hoy al frente de “Industria & Desarrollo”, señaló que en el primer semestre el PBI industrial se contrajo 2,2%y que desde enero de 2024, mientras los precios fabriles aumentaron 144%, el IPC aumentó 235% y los servicios 400 por ciento. Siete de las 12 principales cadenas industriales, enumeró, están entre 30% y 40% debajo de sus máximos de los últimos diez años y operan con cerca de 40% de capacidad ociosa, y desde diciembre de 2023 hasta abril pasado se perdieron 3.759 empresas industriales. Solo en los primeros 4 meses de este año, precisó, cerraron 1.070 empresas.

¿Cuán importante es, en este contexto, el conflicto con Brasil, que de los insultos de Milei al presidente brasileño, Luiz Inaçio “Lula” da Silva, pasó a la decisión de este de retirar a su embajador en la Argentina?

Marcelo Elizondo, consultor en negocios internacionales, representante en la Argentina de la Cámara de Comercio Internacional, director de la Maestría en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y miembro del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI), destacó a Infobae la diferencia de enfoque entre ambos gobiernos.

Argentina está considerando esto un mero entredicho político que no afecta la relación entre los Estados, y Brasil acude a la convencional vía diplomática. ¿Qué impacto puede tener? Hay una cobertura que puede limitar ese impacto: el Tratado del Mercosur (Elizondo)

“Argentina está considerando esto un mero entredicho político que no afecta la relación entre los Estados, y Brasil acude a la convencional vía diplomática. ¿Qué impacto puede tener? Hay una cobertura que puede limitar ese impacto: el Tratado del Mercosur. Si Brasil se atiene al mismo, no puede imponer sanciones unilaterales”.

Por ejemplo, explicó Elizondo, el Tratado prevé que una restricción de un país a otro tiene que estar fundada y que las causas de esas sanciones deben estar previstas en el Tratado y no está previsto que un entredicho entre presidentes sea una causal. En segundo lugar, siguió el experto, eso tendría que ser aplicado por un Tribunal de Solución de Controversias formado por técnicos de los cuatro países del bloque.

“Es complejo. No es como cuando dos países tienen dificultades entre sí. Acá hay una cobertura institucional, el Tratado del Mercosur y algunos otros, como el Tratado Bilateral de la Industria Automotriz, que también limitan la posibilidad de sanciones. Y está el tema de la conveniencia. A ninguno de los dos les conviene escalar el conflicto. Para Brasil, Argentina es el tercer mercado externo más importante y el primer destino para sus exportaciones industriales. No creo que tenga ganas de meterse en algo que vaya más allá de esta protesta diplomática”, afirmó el Elizondo.

En cuanto al futuro, consideró Marcelo Elizondo que el conflicto tendrá cierta intensidad hasta las elecciones de Brasil (primera vuelta en octubre, segunda en noviembre) y allí se detendrá.

“La tensión ha llegado a un nivel en el que creo que a Argentina no le conviene que esto siga escalando. Después del proceso electoral, si gana Lula nuevamente la relación no volvería a los niveles de confianza y amistad de antes, seguirá como ahora, con dos presidentes que no hablan entre sí, pero con países que sí actúan entre sí”.

Al respecto, Elizondo destacó que en los últimos años hubo avances bilaterales. Los gobiernos de Lula y Milei firmaron un acuerdo de cielos abiertos, otro para vender gas de Argentina a Brasil y se eliminaron restricciones al comercio del anterior gobierno argentino.

Si gana Flavio Bolsonaro, Milei perdería algo de estatus regional, porque Brasil es un país más grande e importante para Estados Unidos (Elizondo)

”Imagino que, si gana Lula, la relación seguirá en esos términos. Y si gana Flavio Bolsonaro, Milei perdería algo de estatus regional, porque Brasil es un país más grande e importante para Estados Unidos y Donald Trump podría darle a Bolsonaro la preeminencia que hoy tiene Milei como ideólogo regional”, alertó.

“La convergencia por orientación ideológica de los gobiernos se está viendo en todo el mundo. Incluso dentro de la Unión Europea uno ve que los gobiernos de derecha se acercan entre sí y los de izquierda entre sí y entre ambos hay críticas públicas, como pasa con Trump y sus diferencias con los gobiernos de Canadá y México, países con los que Estados Unidos tiene un acuerdo de libre comercio. Eso antes no pasaba. La globalización de la discusión política ha llevado a que algunos presidentes actúen como líderes políticos más que como jefes de gobierno. Si ganara Bolsonaro sería el presidente de un país que es tres veces la Argentina. Le quitaría a Milei el rol de primus inter pares entre los gobiernos de derecha de la región pero, por otro lado, le daría un aliado muy grande y además le permitiría cambiar el Mercosur, algo que quiere hace rato: abrirlo, flexibilizarlo, internacionalizarlo”.

El Partido Liberal (PL) de Brasil nominó el domingo a la ex primera dama Michelle Bolsonaro como candidata al Senado por el Distrito Federal, pese a la disputa pública que mantuvo en las últimas semanas con su hijastro Flávio Bolsonaro, candidato presidencial de la fuerza para las elecciones de octubre. La decisión llegó después de que ambos protagonizaran un enfrentamiento por el liderazgo del espacio conservador y tras una disculpa pública del senador.

Michelle Bolsonaro no asistió al acto partidario celebrado en Brasilia porque permaneció hospitalizada desde el sábado por un fuerte dolor de cabeza. El centro médico informó que recibió el alta cuando comenzaba el evento. En su lugar habló su hermano, Diego Torres, quien leyó el discurso que la ex primera dama tenía previsto pronunciar.

“Acepto este desafío”, expresó Torres en nombre de Michelle Bolsonaro.

Durante el mismo acto, Flávio Bolsonaro se refirió a la ex primera dama al destacar la necesidad de mantener la unidad del espacio político. “Vamos a rescatar la democracia, junto con Michelle Bolsonaro”, afirmó el senador.

La nominación se produjo después de un conflicto familiar y político que se hizo público a fines de junio. Michelle Bolsonaro acusó entonces a su hijastro de haberle faltado el respeto durante una conversación telefónica sobre las alianzas electorales del partido.

En un video difundido en sus redes sociales, la ex primera dama sostuvo que recibió “una puñalada” y relató el episodio. “Fue muy grosero, irrespetuoso y me trató mal por teléfono. Y yo no le había hecho nada”, afirmó. Michelle también sostuvo que Flávio Bolsonaro le manifestó que ella “no entendía nada de política”, un episodio que profundizó las diferencias entre ambos.

La disputa representó un obstáculo para la estrategia electoral del Partido Liberal debido a la influencia política de Michelle Bolsonaro entre el electorado femenino y los sectores evangélicos.

Antes de recibir formalmente la candidatura presidencial del PL, Flávio Bolsonaro ofreció una disculpa pública a su madrastra. Michelle aceptó ese gesto, lo que abrió paso a una nueva etapa en la relación entre ambos dirigentes.

En su momento, el conflicto había derivado en cambios dentro de la estructura partidaria. El 9 de julio, Michelle Bolsonaro anunció la creación del movimiento político “Imparables MB”, pocos días después de dejar la presidencia del ala femenina del Partido Liberal en medio del enfrentamiento con Flávio Bolsonaro.

La ex primera dama comunicó la decisión a través de las redes sociales del PL Mujer. “En razón del cierre de los trabajos y la consiguiente desmantelación del gabinete de la presidencia nacional del PL Mujer, a partir de la próxima semana este perfil pasará a ser administrado por otro equipo, con metodología y agenda propias”, publicó.

De acuerdo con el diario Correio Braziliense, personas cercanas a Michelle Bolsonaro manifestaron su malestar por la forma en que Flávio Bolsonaro concentró las decisiones estratégicas del partido sin alinearlas con otros integrantes del entorno del ex presidente Jair Bolsonaro. Esos colaboradores interpretaron la creación de “Imparables MB” como una herramienta para preservar el capital político de la ex primera dama y mantener una estructura de movilización propia dentro del espacio conservador.

La disputa interna coincidió con un momento de reorganización del bolsonarismo. Jair Bolsonaro permanece bajo arresto domiciliario por su presunta participación en un intento de golpe de Estado tras el final de su mandato entre 2019 y 2022. En ese contexto, Michelle Bolsonaro y Flávio Bolsonaro disputaron espacios de influencia dentro del movimiento conservador.

Flávio Bolsonaro enfrentará en octubre al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien buscará un cuarto mandato no consecutivo y llega a la campaña con un crecimiento en las últimas semanas.

Según la última encuesta de Datafolha, Lula reúne el 41% de la intención de voto para la primera vuelta, frente al 31% de Flávio Bolsonaro. En un eventual balotaje, el sondeo otorga 47% al actual mandatario y 43% al senador.

(Con información de AFP)

El Partido Social Democrático (PSD) oficializó este domingo en São Paulo la candidatura presidencial de Ronaldo Caiado, de 76 años, ex gobernador de Goiás y una de las figuras más consolidadas del centroderecha brasileño. El anuncio se produjo durante la convención nacional del partido, celebrada en el barrio paulista de Bela Vista, un día después de que el Partido Liberal (PL) hiciera lo propio con la candidatura de Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro.

Junto a Caiado competirá como candidato a la vicepresidencia Gilberto Kassab, presidente nacional del PSD, con lo que la fórmula quedó integrada exclusivamente por dirigentes del propio partido, sin alianzas con otras fuerzas políticas. Kassab había señalado semanas antes que eligió a Caiado por considerarlo el nombre con más posibilidades de llegar a una segunda vuelta frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante su discurso ante militantes y dirigentes partidarios, Caiado pidió a los electores “una oportunidad” para construir un país distinto y advirtió que Brasil “no puede optar por las figuras más rechazadas de la política nacional”, en referencia directa a Lula y a Flávio Bolsonaro. El ex gobernador insistió en que su candidatura representa una alternativa frente a la polarización que, según dijo, ambos sectores alimentan de forma deliberada.

En una rueda de prensa previa al acto, Caiado acusó al Gobierno de Lula y al entorno de Bolsonaro de sostener sus campañas mediante “crisis inútiles” que desvían la atención de los problemas estructurales del país. También criticó al oficialismo por, a su juicio, provocar de forma innecesaria al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y reprochó a los seguidores del senador ultraderechista los ataques contra autoridades brasileñas.

Caiado disputa la Presidencia por segunda vez en su carrera. Su primer intento se remonta a 1989, cuando obtuvo apenas el 0,72% de los votos y terminó en el décimo lugar de aquella elección, la primera directa tras el fin de la dictadura militar. Desde entonces construyó una trayectoria de más de tres décadas como diputado federal, senador y gobernador de Goiás, cargo que ejerció durante dos mandatos consecutivos y al que renunció en marzo pasado para dedicarse de lleno a la campaña presidencial.

Su llegada a la candidatura del PSD se definió tras la renuncia del gobernador de Paraná, Ratinho Junior, considerado hasta entonces el favorito interno del partido para disputar el Palacio de Planalto. Ratinho optó por concentrarse en la reelección de su espacio político en el ámbito estatal, lo que despejó el camino para que Kassab consolidara el respaldo partidario en torno a Caiado.

El escenario electoral, sin embargo, se presenta cuesta arriba para el exgobernador. Según la más reciente encuesta de Datafolha, divulgada el viernes tras entrevistar a 2.004 personas entre el 22 y el 24 de julio, Caiado aparece en tercer lugar con el 4% de la intención de voto en primera vuelta, lejos del 40% que concentra Lula y del 32% de Flávio Bolsonaro. El mismo sondeo lo ubica con el 40% en un hipotético balotaje frente al presidente, que se impondría con el 47%.

La irrupción de Caiado se enmarca en un intento del centroderecha institucional por ofrecer una tercera vía frente a la disputa que Lula y el bolsonarismo protagonizan desde hace más de una década. Su desafío inmediato será trasladar el respaldo de la estructura partidaria del PSD, uno de los más numerosos en gobernaciones y alcaldías del país, a una intención de voto que hasta ahora se mantiene marginal. El plazo para que los partidos oficialicen sus fórmulas ante la Justicia Electoral vence el 15 de agosto, a menos de diez semanas de una elección que se perfila, una vez más, como un pulso directo entre Lula y el sector que responde al legado de Jair Bolsonaro.

El presidente Javier Milei viajará este fin de semana a Brasil con el objetivo de apoyar la campaña en ese país de Flavio Bolsonaro, hijo del ex mandatario Jair, y comenzará así una agenda internacional destinada a respaldar a distintos dirigentes de derecha, la cual también lo llevará a Colombia para la asunción de Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, el líder libertario estará hasta el sábado en la ciudad de San Pablo, donde encabezará varias actividades.

De hecho, en los últimos días trascendió que el propio jefe de Estado pidió postergar hasta el domingo el acto de apertura de la Exposición en La Rural, para así poder asistir a ese evento sin tener que cancelar sus compromisos en tierras brasileñas.

La comitiva que lo acompañará estará integrada por la secretaria general, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno, que estuvo recientemente en los Estados Unidos.

El grupo partirá el viernes por la noche en un vuelo oficial y pasará la noche en San Pablo para, al día siguiente, comenzar una serie de reuniones.

A las 9:00, aproximadamente, Milei será recibido en el Palacio dos Bandeirantes por el gobernador local, Tarcísio de Freitas. El acto inaugural contempla honores militares en la Plaza Cívica, marcando el inicio formal de la jornada diplomática.

Es que, si bien es un viaje con mucho contenido político, la Casa Rosada sostuvo que será para “fortalecer los vínculos” entre la Argentina y este estado del país vecino.

En ese mismo escenario, se desarrollará la Ceremonia de Imposición de la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz, la más alta distinción que concede la ciudad.

En tanto, el intendente, Ricardo Nunes, acompañará la ceremonia, que prevé la lectura pública del decreto de concesión y la imposición de la insignia. Tanto el gobernador como el presidente argentino pronunciarán unas palabras a los presentes.

De acuerdo con la agenda oficial, la siguiente actividad será una reunión de trabajo en la Residencia Oficial de la Gobernación, de la que también participará Bolsonaro.

El hijo del ex mandatario brasileño es actualmente senador del Partido Liberal y el principal candidato de la oposición para suceder a Luiz Inácio Lula da Silva.

En esta oportunidad, Milei no podrá visitar a Jair, que permanece detenido, pero conversará con Flavio, a quien conoce hace años, sobre temas de la agenda bilateral.

Las autoridades argentinas remarcaron que la misión será abordar posibles acuerdos económicos en caso de que el referente de derecha gane las elecciones en una nación que es de las principales socias comerciales.

La jornada concluirá con el traslado del Presidente y su comitiva al Mercado Livre Arena Pacaembú, donde asistirán a la Convención Nacional del Partido Liberal, principal fuerza política del actual oficialismo en el estado paulista.

La semana que viene, en tanto, Milei volverá a viajar, pero esa vez irá a Bogotá para participar del acto de asunción de De la Espriella, el dirigente también de derecha que venció en el balotaje al oficialista Iván Cepeda.

De acuerdo con lo que también confirmaron a este medio fuentes oficiales, el mandatario argentino ya confirmó su presencia en ese evento, programado para el 7 de agosto próximo.

“EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA...!!! Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico”, escribió Milei en su cuenta de X, luego de que se confirmara el triunfo del opositor.

Y agregó: “La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”.

Antes de ir a Bogotá, también hará una escala en Lima para participar de igual forma de la asunción de Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú.

Entre los destinos para estos días se podría sumar Ecuador, en ese caso para tener una reunión privada con su par local, Daniel Noboa, con quien tiene sintonía ideológica.

El Gobierno de Estados Unidos concedió la residencia permanente a Eduardo Bolsonaro bajo la categoría EB-1A, destinada a solicitantes a los que se les reconocen habilidades extraordinarias. El trámite, iniciado hace más de un año, culminó este mes y permitió que el exdiputado obtuviera la “green card”, con derecho a vivir y trabajar legalmente en territorio estadounidense.

Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, explicó que recurrió a Estados Unidos en busca de protección ante lo que describe como una persecución judicial impulsada por el Supremo Tribunal Federal de Brasil.

En junio, la justicia brasileña sentenció a Eduardo Bolsonaro a cuatro años y dos meses de prisión y a ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos tras hallarlo culpable de solicitar la intervención estadounidense en el proceso contra su padre, quien actualmente cumple una pena de 27 años de cárcel por intentar revertir los resultados de las elecciones de 2022.

El exdiputado admitió que la solicitud de residencia coincidió con el avance de la causa judicial en Brasil. Aseguró que viajó inicialmente a Estados Unidos con la intención de permanecer solo unos días, pero decidió establecerse de forma indefinida al considerar que el contexto político y judicial en su país lo obligaba al exilio.

“Solo puedo agradecer a la administración Trump por su consideración. Seguí el proceso, cumplí con los requisitos y ahora ha llegado el resultado. Vine a Estados Unidos con la intención de pasar solo unos días y terminé teniendo que exiliarme debido a la persecución en Brasil”, había declarado Eduardo Bolsonaro al medio Metrópoles.

Además, afirmó que los fallos del juez Alexandre de Moraes, responsable de la causa en el Supremo Tribunal Federal, carecen de efecto fuera de Brasil.

Durante su estadía en Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro mantuvo vínculos estrechos con sectores conservadores y miembros de la administración de Donald Trump, a quienes agradeció públicamente por el apoyo que, según sus palabras, facilitó la obtención de la residencia permanente.

En Brasil, su situación laboral y política continuó deteriorándose. La Policía Federal concluyó el proceso disciplinario abierto en su contra por abandono de funciones y recomendó al Ministerio de Justicia su destitución definitiva de la institución. Bolsonaro, que ocupaba el cargo de escribano en la delegación policial de Angra dos Reis desde 2010, fue apartado preventivamente en febrero, poco después de perder su banca como diputado federal por la acumulación de ausencias injustificadas.

En su nueva condición de residente permanente en Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro aseguró que únicamente consideraría regresar a Brasil si se revierten las condenas judiciales en su contra.

(Con información de Europa Press y CNN Brasil)

El senador y candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro calificó de “tirano” y “demonio” al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, responsable de endurecer las condiciones de la prisión domiciliaria de su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado., lo que impidió el encuentro previsto con el presidente argentino Javier Milei en Brasilia.

“De Moraes no es que no tenga corazón, parece que no tiene alma, parece el demonio usando a una persona para hacer el mal a los otros, rasgando la ley, rasgando la Constitución...”, manifestó en su pronunciamiento.

El juez Alexandre de Moraes dispuso además restricciones sobre la difusión de mensajes políticos, incluso por terceros, como respuesta a lo que consideró una violación de las condiciones de la prisión domiciliaria.

El senador, que ocupa el segundo lugar en las encuestas presidenciales, aseguró que la medida representó una “puñalada más” contra su padre y llamó a sus seguidores a votar por candidatos dispuestos a destituir al magistrado en el Congreso a partir de 2027. Con el puño en alto, prometió no bajar la cabeza ni dejarse intimidar ante lo que calificó como persecución judicial contra su familia.

El enfrentamiento entre el Poder Judicial y el entorno bolsonarista se intensificó luego de que Flávio Bolsonaro leyó una carta de su padre en redes sociales. El juez Alexandre de Moraes consideró que esa acción violó las restricciones impuestas a Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años en su domicilio de Brasilia por organizar el intento de impedir la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Tras consultar a las partes implicadas, el magistrado impuso primero la prohibición de visitas de Flávio durante 90 días y luego amplió las restricciones, con el veto a cualquier tipo de visita social durante un mes, salvo la de médicos, fisioterapeutas y abogados.

Las nuevas medidas también impidieron la visita programada de Javier Milei y prohíben expresamente cualquier reunión con fines políticos o electorales durante la campaña, además de restringir la difusión de mensajes políticos, incluso por terceros. Flávio Bolsonaro calificó estas restricciones como un abuso y reiteró en sus intervenciones públicas que no busca venganza, sino que apela a Dios para que “rescate el alma” del juez De Moraes.

En un evento en Espírito Santo, Flávio Bolsonaro sugirió irregularidades en el entorno familiar de De Moraes y reiteró que, de ganar las elecciones, subirá la rampa del Palacio del Planalto acompañado por los condenados por los actos antidemocráticos del 8 de enero de 2023, caso en el que el juez actúa como relator.

El senador también prometió devolver autonomía y reconocimiento a los policías federales, cuestionó el supuesto “aparelhamento” de las instituciones y aseguró que, bajo su mandato, los agentes cumplirán la ley sin interferencias políticas.

(Con información de EFE)

La Corte Suprema de Brasil prohibió este lunes al senador Flavio Bolsonaro visitar a su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro, durante 90 días, en respuesta a la difusión de una carta del ex mandatario en redes sociales que el tribunal consideró una violación de las condiciones de su arresto domiciliario. La decisión del magistrado Alexandre de Moraes priva al candidato presidencial del acceso directo a su principal referente político durante buena parte de la campaña electoral, con la primera vuelta fijada para el 4 de octubre.

El detonante fue un video publicado el fin de semana en YouTube en el que Flavio Bolsonaro leyó en voz alta una carta manuscrita de su padre. En ese texto, el ex presidente pedía a sus aliados dejar de lado las diferencias internas y respaldar la candidatura de su hijo mayor para las elecciones presidenciales de octubre. Aunque la carta no fue publicada directamente por Jair Bolsonaro, Moraes determinó que su contenido y la forma en que fue difundida contravienen la prohibición expresa de usar redes sociales que pesa sobre el expresidente, ya sea de forma directa o a través de terceros.

En su resolución, el magistrado señaló que Flavio Bolsonaro actuó con “desprecio” hacia la orden judicial y lo calificó de “reincidente en conductas irrespetuosas hacia las decisiones del tribunal”. Moraes otorgó además un plazo de 48 horas a los abogados del ex presidente para que aclaren si Jair Bolsonaro tenía conocimiento previo de cómo iba a ser difundida la carta, y ordenó a la Fiscalía investigar si el senador incurrió en propaganda electoral anticipada.

La prohibición de visitas se extiende hasta después de la primera vuelta, lo que significa que Flavio Bolsonaro no podrá comunicarse en persona con su padre durante una fase decisiva de la carrera electoral. Entre las personas autorizadas a acceder al domicilio del ex presidente figuran únicamente sus médicos, sus abogados y familiares directos bajo autorización expresa del tribunal.

Jair Bolsonaro, de 71 años, fue condenado el 11 de septiembre de 2025 a 27 años y tres meses de prisión por conspirar para dar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Tras cumplir varios meses en una celda, el tribunal le concedió el arresto domiciliario por razones de salud. Fue precisamente desde esa condición de condenado que designó a su hijo Flavio como sucesor político y candidato del Partido Liberal para los comicios de octubre.

La carta leída en YouTube se produjo en un momento de tensión interna dentro del bolsonarismo. En las últimas semanas, la ex primera dama Michelle Bolsonaro publicó dos videos en Instagram en los que describió su ruptura con su hijastro, a quien acusó de haberla humillado y marginado de las decisiones del Partido Liberal. Según Michelle, Flavio le reprochó en una llamada telefónica que “no entiende nada de política” y le exigió que se mantuviera al margen de las decisiones partidarias. El senador ofreció posteriormente disculpas públicas, pero el episodio dejó al descubierto una disputa por el control simbólico del legado bolsonarista que no ha quedado resuelta.

El contexto en que llega esta nueva crisis judicial no es favorable para el candidato de la ultraderecha. La candidatura de Flavio Bolsonaro arrancó con fuerza a finales de 2025, cuando sondeos de AtlasIntel para Bloomberg lo situaban en torno al 21% en primera vuelta frente a un Lula que superaba el 47%. A partir de abril de 2026, la brecha se redujo de forma significativa y algunas encuestas de Quaest llegaron a colocarlo por delante del presidente en un escenario de segunda vuelta. Sin embargo, su campaña sufrió un golpe severo en mayo, cuando el portal Intercept Brasil reveló que el senador había negociado con Daniel Vorcaro, un banquero en prisión preventiva acusado de fraude millonario, para financiar una película sobre su padre. Flavio admitió el contacto pero negó cualquier irregularidad. Según una encuesta de Quaest publicada en junio, el 60% de los brasileños consideró que esas conversaciones generaban sospechas de conductas ilegales.

Las últimas mediciones disponibles, de Datafolha y AtlasIntel, sitúan a Lula con ventajas que oscilan entre nueve y diez puntos en primera vuelta, y entre cuatro y seis en un eventual balotaje. La decisión judicial del lunes añade una nueva variable a una candidatura que ya arrastraba el peso de un escándalo financiero y una fractura familiar pública. Sin acceso directo a su padre durante los próximos tres meses, Flavio Bolsonaro deberá sostener su campaña apoyándose en el aparato del Partido Liberal y en la maquinaria política que el bolsonarismo ha construido desde 2018, pero sin la capacidad de coordinar en tiempo real con el hombre que sigue siendo el eje gravitacional de ese movimiento.

Michelle Bolsonaro anunció el 9 de julio la creación de un movimiento político propio, al que ha llamado “Imparables MB”, días después de abandonar la presidencia del ala femenina del Partido Liberal (PL) en medio de un choque abierto con su hijastro Flávio Bolsonaro, senador y precandidato del ultraderechista PL a la presidencia de Brasil en las elecciones del próximo 4 de octubre.

La ex primera dama abandonó el cargo el 30 de junio tras hacer públicas sus diferencias con Flávio en un video en el que aseguró haber recibido “una puñalada” y denunció que su hijastro la había tratado con grosería e irrespeto durante una conversación telefónica sobre las alianzas electorales del partido. “Fue muy grosero, irrespetuoso y me trató mal por teléfono. Y yo no le había hecho nada”, afirmó Michelle en esa grabación, difundida en sus redes sociales. Flávio Bolsonaro respondió con una disculpa pública en la que aseguró que no había tenido intención de ofender a su madrastra, y calificó el episodio como “página pasada” días después, en una agenda de precampaña.

El lanzamiento de “Imparables MB” se formalizó a través de las redes sociales del PL Mujer, desde donde Michelle anunció su salida y presentó la nueva iniciativa. “En razón del cierre de los trabajos y la consiguiente desmantelación del gabinete de la presidencia nacional del PL Mujer, a partir de la próxima semana este perfil pasará a ser administrado por otro equipo, con metodología y agenda propias”, publicó. El nuevo espacio arrancó con publicaciones de corte inspiracional y utilizó fragmentos de la película Mujer Maravilla para ilustrar un mensaje dirigido al electorado femenino conservador y a los sectores evangélicos que han sido su principal base de apoyo desde los años del gobierno de Jair Bolsonaro.

Según el diario Correio Braziliense, personas del entorno de Michelle llevan semanas expresando su malestar con la forma en que Flávio ha concentrado las decisiones estratégicas del partido sin alinearlas con otros miembros del círculo del ex presidente, lo que habría generado fricciones con líderes estatales y reducido el espacio de la ex primera dama en la definición de la hoja de ruta electoral. Aliados de Michelle interpretan la creación de “Imparables MB” no como una ruptura con el PL, sino como un intento de preservar un capital político propio y mantener una estructura de movilización independiente de las directrices internas de la formación.

El conflicto se produce en un momento delicado para el bolsonarismo. Jair Bolsonaro cumple condena de 27 años de prisión domiciliaria por haber intentado orquestar un golpe de Estado tras su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva en 2022. Desde esa posición, el expresidente ha presionado para que Michelle no abandone la carrera por un escaño en el Senado por el Distrito Federal. La convención nacional del PL, prevista para el 25 de julio en São Paulo, es el plazo en el que se espera que se formalice tanto la candidatura presidencial de Flávio como una eventual decisión de Michelle sobre su futuro electoral.

La relevancia estratégica de la ex primera dama para el PL explica el nerviosismo en los sectores más próximos a Flávio. Michelle Bolsonaro es la figura del bolsonarismo con mayor penetración entre el electorado femenino y los evangélicos, dos segmentos que el partido necesita para reducir la ventaja del presidente Lula. Según la última encuesta de Datafolha, Lula obtiene el 41% de las intenciones de voto en primera vuelta frente al 31% de Flávio. En un hipotético segundo turno, la diferencia se estrecha: 47% para el presidente y 43% para el senador.

Varios columnistas brasileños han señalado que la crisis refleja una disputa de fondo por quién controla el bolsonarismo una vez que Jair Bolsonaro no puede ejercer ese liderazgo desde la prisión domiciliaria. Figuras como el diputado Nikolas Ferreira o el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, han construido capital político propio dentro del espacio de la derecha conservadora, algo que Michelle parece intentar replicar con “Imparables MB”. La convención del 25 de julio será la primera prueba de si la familia Bolsonaro es capaz de presentar una imagen de unidad ante un electorado que, de momento, sigue apostando mayoritariamente por la continuidad de Lula.

La Policía Federal de Brasil ingresó este miércoles a la residencia de Jair Bolsonaro, en Brasilia, para buscar armas, municiones y documentación, en cumplimiento de una orden del Supremo Tribunal Federal.

El registro, que se extendió poco más de una hora, terminó sin hallazgos de armas, municiones ni documentación relevante. “Acabo de salir de la residencia de (Bolsonaro) después de presenciar otro registro e incautación por parte de la policía federal. No se encontró nada”, dijo el abogado João Henrique Nascimento de Freitas.

El operativo se realizó después de que surgieran discrepancias entre el número de armas registradas a nombre del expresidente y las que efectivamente entregó a las autoridades, lo que llevó al juez Alexandre de Moraes a ordenar el registro con el objetivo de confiscar cualquier arma que aún estuviera en posesión del exmandatario.

La medida se adoptó tras semanas de tensión en torno al arsenal de Bolsonaro, quien permanece bajo arresto domiciliario mientras cumple una condena de 27 años por intento de golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022.

El tribunal había concedido el beneficio de prisión domiciliaria en marzo por razones de salud, pero la entrega incompleta de sus armas abrió dudas sobre la continuidad de esa medida. Alertado por la diferencia entre las armas declaradas y las que se pusieron a disposición, el juez Moraes instruyó la inspección en la vivienda del expresidente.

Una de sus armas, una pistola Glock calibre 9 milímetros, fue incautada durante un retén policial a mediados de junio, cuando estaba bajo control de un militar de la seguridad de Bolsonaro.

La otra, una escopeta calibre 12, según los abogados, no estaba en poder del Ejército, sino bajo custodia de una empresa importadora en Río Grande del Sur. Por ese motivo, solicitaron al juez que esa compañía formalice la situación y, si corresponde, coordine su entrega a la Policía Federal.

Las condiciones impuestas por el Supremo Tribunal Federal exigían que Bolsonaro entregara todas sus armas en un plazo de 48 horas. Al confirmarse que dos seguían sin aparecer, la Corte evaluó la posibilidad de revocar el arresto domiciliario.

Por otro lado, los hijos de Jair Bolsonaro también enfrentan complicaciones judiciales en distintos frentes. Eduardo Bolsonaro, que reside en Estados Unidos, fue condenado en Brasil a cuatro años de prisión por realizar actividades de cabildeo en favor de su padre.

Por su parte, Flávio Bolsonaro, senador y precandidato presidencial, quedó bajo investigación por calumnias contra el presidente Lula tras publicar en redes sociales: “Lula será delatado. Se acabó el Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas y armas, lavado de dinero, apoyo a terroristas y dictaduras, elecciones fraudulentas...”. El fiscal general Paulo Gonet solicitó que Flávio comparezca ante la Policía Federal para ofrecerle la posibilidad de retractarse y, así, evitar una condena.

Flávio también admitió públicamente en mayo que se reunió con el banquero Daniel Vorcaro, implicado en presuntos sobornos y fraude financiero tras el colapso del Banco Master. Durante una conferencia de prensa, el senador explicó:

“Sí fui a reunirme con él para poner fin al asunto”, y agregó: “Si me hubiera dicho que la situación era tan grave como era, habría buscado otro inversor mucho antes”. El encuentro se realizó a finales de 2025, según el propio Flávio, quien aseguró que decidió interrumpir cualquier vínculo tras conocer la gravedad de las acusaciones contra el financista.

(Con información de AP y Europa Press )

Una familia, tres liderazgos y varios intereses en conflicto. En Brasil, una disputa por la herencia política del encarcelado expresidente Jair Bolsonaro enfrenta a su hijo mayor y precandidato presidencial Flávio con la ex primera dama Michelle.

A tres meses de los comicios, la crisis entre Michelle Bolsonaro, de 44 años, y Flávio Bolsonaro, de 45, amenaza la unidad de la derecha, que busca impedir la reelección del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

En guerra fría con sus cuatro hijastros desde hace años, la ex primera dama publicó la semana pasada dos videos de casi media hora en los que acusa a Flávio de humillarla y al resto, también figuras políticas, de un “ataque coordinado” a través de las redes sociales.

El nombre de Michelle sonaba como posible presidenciable hasta que Flávio anunció a finales de 2025 que el expresidente Bolsonaro (2019-2022) lo había elegido como precandidato.

Ahora, con la campaña de su hijastro en apuros por revelaciones que lo vinculan a un banquero acusado de estafa, la ex primera dama ventiló la crisis familiar ante sus 8,2 millones de seguidores en Instagram.

“Respeto muchísimo a Michelle, tengo la convicción de que vamos a superar este momento difícil y que ella va a estar caminando con nosotros”, reaccionó Flávio.

Más que una esposa

Michelle acompaña y cuida de la debilitada salud de Jair Bolsonaro, de 71 años, que purga en casa una pena de 27 años por un intento de golpe de Estado en 2022.

Impedido de expresarse públicamente, se desconoce si el mayor líder de la derecha y la ultraderecha brasileña avaló el pronunciamiento.

La ex primera dama tiene una activa trayectoria en el Partido Liberal (PL) del expresidente, y ha recorrido el país para impulsar la organización de las mujeres, un electorado poco proclive a votar por Flávio, según los sondeos.

Cristiana evangélica, también ejerce liderazgo sobre los fieles de esta corriente protestante, clave en el ascenso de la derecha brasileña.

“Michelle Bolsonaro ya no es solo la ex primera dama ni la esposa del expresidente Bolsonaro. Es la persona de conexión y de comunicación orgánica con el campo evangélico”, dice a la AFP la directora del Instituto de Estudios de Religión, Ana Carolina Evangelista.

Tiene una “doble importancia de expansión para el campo evangélico y el campo femenino”, resume.

“Humillación”

La disputa entre Michelle y Flavio Bolsonaro también tiene como telón de fondo la lucha por la nominación de aliados para las elecciones locales y regionales, que se celebrarán en octubre junto con las presidenciales.

El punto de inflexión se produjo cuando ella criticó públicamente la alianza del Partido Liberal con un influyente político local que había criticado a su marido, y recibió una llamada de Flavio.

“Fue muy grosero. Me faltó el respeto y me trató muy mal”, contó en los videos recientes.

“Ante esa humillación, entendí que no quería mi apoyo”.

El senador se disculpó con su madrastra y la invitó a un encuentro con precandidatas regionales y parlamentarias del PL que tuvo lugar el miércoles en Brasilia.

Michelle no solo no acudió, sino que renunció a la jefatura del directorio femenino del partido y podría desistir de postularse al senado, según el presidente del PL, Valdemar Costa, que medió sin éxito por una reconciliación.

Estrategia

Tras varios meses en un empate técnico con Lula en las encuestas, Flávio cayó varios puntos por detrás del mandatario a finales de mayo.

Su campaña aún lidia con las repercusiones de un audio en el que el senador pidió dinero para una producción hollywoodense sobre su padre a Daniel Vorcaro, un banquero preso acusado de una vasta trama de corrupción.

Para Evangelista, el pronunciamiento de Michelle es estratégico: está “plantando semillas” para una posible candidatura presidencial en 2030.

Y en 2026, “si la candidatura de Flávio se vuelve aún más inviable, ella ya ha señalado que están un poco separados”, sostiene la analista.

Mientras se ven los efectos de la crisis, los cuadros bolsonaristas piden unión.

“Quien tiene una familia grande lo sabe: al final todo se arregla”, dijo el jefe de la bancada del Partido Liberal en el Senado, Carlos Portinho.

“En época de campaña todos se abrazan, se acomodan, porque tenemos un objetivo mayor”.

(AFP)

El Ministerio Público de Brasil respaldó este miércoles la continuidad del arresto domiciliario para Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años, y consideró que el hallazgo de una pistola en poder de un miembro de su equipo de seguridad no justifica modificar el régimen penitenciario del expresidente.

La posición oficial se fundamentó en la investigación de la Policía Civil, que descartó una falta disciplinaria grave por parte del exmandatario y reconoció que contaba con un registro válido para el arma incautada.

La postura de la Fiscalía General se conoció después de que el juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, solicitó una evaluación a raíz de la detección del arma en un control de tránsito, mientras el plazo inicial de 90 días de reclusión domiciliaria ya concluyó.

La investigación policial determinó que el arma, una pistola Glock 9 mm, pertenecía a Bolsonaro y se halló registrada a su nombre, sin restricciones legales para tenerla en su vivienda durante la detención. El propio expresidente admitió la propiedad del arma y argumentó que necesitaba proteger a su familia.

El foco de la pesquisa se desplazó hacia el guardaespaldas Estácio Leite da Silva Filho, sargento del Ejército, quien fue imputado por posesión ilegal de armas tras ser interceptado con la pistola durante un control policial.

El agente alegó que transportaba el arma para su reparación, pero la Fiscalía consideró agravante su condición militar y decidió formalizar la acusación.

En paralelo, la situación legal del expresidente mantiene tensiones políticas dentro de su entorno. Hace unas semanas, la ex primera dama denunció en redes sociales que Flávio Bolsonaro la humilló y la maltrató durante una discusión telefónica sobre la estrategia electoral, en la que él cuestionó su experiencia política y le sugirió apartarse. Ese conflicto familiar impulsó su salida del equipo de campaña presidencial y la llevó a renunciar también a la presidencia del PL Mujer.

“Tras mucha reflexión con mi marido sobre el momento que estamos viviendo en nuestra familia, me reuní esta tarde con el presidente del Partido Liberal y le informé de mi decisión de dejar la presidencia de PL Mulher para dedicarme por completo al cuidado de mi marido y mi hija”, dijo.

La decisión de Michelle Bolsonaro de no seguir participando en la campaña presidencial de Flávio Bolsonaro fue confirmada por Valdemar Costa Neto, principal dirigente del Partido Liberal, en una entrevista con Rádio Gaúcha.

Las encuestas recientes reflejaron que el senador Bolsonaro se encuentra rezagado en la intención de voto femenina frente al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mientras que la fractura familiar amenaza con obstaculizar los intentos de reconciliación en el seno del partido. Analistas políticos advirtieron que cualquier variable puede inclinar la balanza en una elección reñida, y la salida de Michelle representa una pérdida significativa en la narrativa de inclusión que buscaba el sector bolsonarista.

(Con información de Europa Press)

La ex primera dama de Brasil Michelle Bolsonaro descartó participar en la campaña de su hijastro, el senador Flávio Bolsonaro, candidato presidencial del Partido Liberal (PL), y anunció su intención de abandonar la presidencia del ala femenina del partido, conocida como PL Mujer. Según reveló Valdemar Costa Neto, máximo dirigente del PL, Michelle también evalúa renunciar a su candidatura al Senado por el Distrito Federal, en un giro que amenaza con privar al bolsonarismo de una de sus figuras más populares de cara a las elecciones generales de octubre de 2026.

“Creo que ella no quiere participar”, declaró Costa Neto a Rádio Gaúcha, recogido por el portal G1, tras reunirse el miércoles con el precandidato. El dirigente presentó el episodio como superado —“estamos siguiendo con nuestras vidas”—, pero las consecuencias políticas del choque siguen abiertas en el seno del principal partido de la derecha brasileña.

El conflicto estalló la semana pasada, cuando Michelle publicó dos videos en sus redes sociales denunciando que Flávio la había “humillado” y “maltratado” durante una conversación telefónica sobre estrategia electoral, y le había dicho que era mejor que se mantuviera al margen porque “había llegado ayer y no entendía nada de política”. Flávio negó haber querido ofenderla, pidió disculpas en un comunicado, pero no modificó su postura sobre los acuerdos en disputa.

El origen del conflicto se remonta a finales de 2025, cuando el diputado André Fernandes, presidente del PL en Ceará, anunció el apoyo del partido a Ciro Gomes, del Partido Socialista Brasileño Demócrata (PSDB), para la gobernación de ese estado, con el objetivo de construir una frente opositora contra el Partido de los Trabajadores (PT). Michelle se opuso frontalmente: en declaraciones y videos publicados desde mayo de 2025, recordó que Gomes había tildado a su esposo de “roba gallinas” y “genocida” durante la pandemia de covid-19. Fernandes y Flávio defendieron el acuerdo como una decisión táctica avalada por el propio Jair Bolsonaro.

El ex presidente cumple una condena de 27 años y tres meses bajo arresto domiciliario por motivos de salud. El Supremo Tribunal Federal lo halló culpable de liderar una organización criminal que intentó un golpe de Estado tras las elecciones de 2022. Desde marzo de 2026 cumple la pena en su domicilio, autorizado por el juez Alexandre de Moraes por razones humanitarias tras ser hospitalizado por neumonía. El pasado miércoles, el fiscal general Paulo Gonet se pronunció a favor de mantener esa medida.

En ese marco, la victoria de Flávio en octubre es vista en el entorno del ex presidente como la principal vía para revertir su situación judicial, lo que explica el intento de concentrar el control de la campaña y reducir los márgenes de Michelle.

Sin embargo, el capital político de la ex primera dama dentro del partido es difícil de ignorar. Durante su gestión al frente del PL Mujer se convirtió en la figura con mejor imagen del electorado conservador y evangélico, uno de los segmentos más decisivos del padrón. El propio Costa Neto lo reconoció a Rádio Gaúcha: “Ella ha hecho en PL Mujer lo que no sé si otra mujer sería capaz de hacer”. Su ausencia de la campaña supondría perder el principal puente del bolsonarismo con ese electorado, en un momento en que Flávio aparece en empate técnico con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las encuestas.

El partido enfrenta la recta final de la precampaña con una fractura en su núcleo y sin certeza sobre si su figura más convocante estará disponible cuando más se la necesite.

Michelle Bolsonaro anunció su dimisión a la presidencia del movimiento PL Mulher tras protagonizar un enfrentamiento con Flávio Bolsonaro, hijo mayor de su esposo, el expresidente Jair Bolsonaro y actual senador. La ex primera dama comunicó su decisión durante una reunión con Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal, realizada el martes por la tarde.

En su mensaje formal, Michelle explicó: “Tras mucha reflexión con mi marido sobre el momento que estamos viviendo en nuestra familia, me reuní esta tarde con el presidente del Partido Liberal y le informé de mi decisión de dejar la presidencia de PL Mulher para dedicarme por completo al cuidado de mi marido y mi hija”.

La dimisión se produjo luego de que, según el entorno partidario, se acumularan tensiones con Flávio Bolsonaro que en los últimos días quedaron expuestas en público. Dirigentes del Partido Liberal seguían de cerca el deterioro del vínculo y daban por probable una salida de Michelle del liderazgo del ala femenina.

El conflicto se conoció la semana pasada, cuando Michelle publicó un video en sus redes sociales en el que acusó a su hijastro de haberla “apuñalado por la espalda” durante una discusión interna sobre la estrategia electoral del partido. La ex primera dama relató que el distanciamiento con Flávio comenzó a finales del año pasado, cuando ambos discreparon sobre el rumbo político que debía adoptar el PL de cara a las próximas elecciones presidenciales.

En sus declaraciones, Michelle reveló detalles del episodio que marcó la ruptura. “Me faltó al respeto, me trató mal y me dijo que era mejor que me mantuviera al margen de las decisiones del partido, porque había llegado ayer y no entendía nada de política”, afirmó. La ex primera dama sostuvo que, tras exponer su rechazo a una posible alianza con Ciro Gomes, Flávio Bolsonaro la criticó públicamente en redes sociales y luego la confrontó de manera directa.

Según Michelle, la conversación telefónica que mantuvieron resultó aún más tensa y reforzó su decisión de alejarse de la conducción partidaria. “Entendí que él no quería mi apoyo o que este era insignificante. Entonces opté por apartarme y así he permanecido”, declaró.

A pesar de que Flávio visita a su padre semanalmente, Michelle aseguró que el senador nunca intentó recomponer el vínculo con ella: “Si realmente quisiera hablar conmigo o considerara importante mi apoyo, ya lo habría hecho”, sostuvo.

A lo largo de su gestión como presidenta de PL Mulher, Michelle se consolidó como una de las figuras con mejor imagen dentro del electorado conservador, según los sondeos de opinión.

Su liderazgo en el ala femenina del partido coincidió con el período en que Jair Bolsonaro fue sometido a prisión domiciliaria por decisión del Supremo Tribunal Federal, una circunstancia que la llevó a concentrar sus esfuerzos en el cuidado de su esposo y en el mantenimiento de sus propias actividades políticas. Michelle aseguró que su prioridad actual es el bienestar de su familia.

Las diferencias entre Michelle y Flávio se profundizaron después de que Jair Bolsonaro designó a Flávio Bolsonaro como candidato presidencial del PL para las elecciones de octubre. Ese anuncio frustró las aspiraciones de Michelle, quien también aspiraba a la postulación y contaba con índices elevados de popularidad. Desde la oficialización de la candidatura, Michelle no expresó públicamente su respaldo ni su rechazo, pero la distancia con su hijastro se volvió cada vez más notoria.

(Con información de CNN Brasil y EFE)

El Tribunal Supremo de Brasil condenó a cuatro años y dos meses de cárcel a Eduardo Bolsonaro por coacción a la justicia al concluir que, como exdiputado e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, intentó influir en procesos judiciales vinculados a su padre mediante gestiones ante autoridades de Estados Unidos, incluidas reuniones y pedidos directos al presidente Donald Trump para imponer sanciones contra jueces del Supremo Tribunal Federal y contra el propio país.

Además de la condena de cárcel, que se cumpliría en régimen semiabierto, la alta corte le impuso una multa de 100 salarios mínimos, lo que equivale a 162.100 reales (unos 31.700 dólares).

La decisión surgió del análisis de pruebas y declaraciones del propio Eduardo Bolsonaro, quien en entrevistas y videos admitió que se trasladó a Estados Unidos en febrero de 2025 con el objetivo de intervenir ante la Casa Blanca y presionar por sanciones en un contexto marcado por las investigaciones sobre el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

La Primera Sala del Tribunal Supremo dictó una condena unánime, con los jueces Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia y Flávio Dino a favor. El magistrado relator Alexandre de Moraes sostuvo que las acciones de Eduardo Bolsonaro excedieron la actividad política y constituyeron una amenaza grave a las instituciones judiciales y al Estado brasileño.

Moraes afirmó que ningún diputado federal tiene entre sus funciones hacer lobby en el exterior contra su país y que las gestiones internacionales del acusado buscaron incidir de manera ilícita en los procesos judiciales para favorecer los intereses de su padre, quien ya había sido condenado por el Tribunal Supremo por el intento de golpe de Estado.

Los jueces consideraron configurado el delito de coacción al constatar presiones y amenazas graves dirigidas a magistrados y al propio Estado, en particular mediante la articulación de sanciones internacionales como la Ley Magnitsky, que se aplicó en represalia por sentencias dictadas contra Jair Bolsonaro.

La decisión también consideró que la presión buscó extenderse más allá de los magistrados individuales, al apuntar contra Brasil como Estado a través de sanciones internacionales.

La defensa sostuvo que no existió coacción porque el exdiputado no tenía capacidad de decisión sobre eventuales sanciones y que su actividad se limitó a la interlocución política. También planteó que, en ese marco, debía prevalecer la libertad de expresión.

El tribunal rechazó esa interpretación y consideró que el tipo penal quedó configurado por la naturaleza y gravedad de las presiones atribuidas, con foco en el efecto intimidatorio que, según el fallo, buscaban producir sobre la actuación jurisdiccional.

En esa línea, la corte descartó los pedidos de nulidad y mantuvo la validez del procedimiento.

La condena impuesta a Eduardo Bolsonaro contempla una pena que puede alcanzar hasta cuatro años de prisión. El exdiputado permanece en Estados Unidos, mientras su defensa reiteró que sus gestiones no constituyeron coacción ni representaron un peligro real para las instituciones.

La sentencia tuvo impacto inmediato en el escenario político brasileño, donde la familia Bolsonaro mantiene presencia a través de Flávio Bolsonaro, hermano de Eduardo y candidato presidencial.

(Con información de EFE y CNN Brasil)

Flávio Bolsonaro, senador por Río de Janeiro e hijo mayor del ex presidente Jair Bolsonaro, llegó este lunes a Washington para concretar una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el peor momento de su candidatura a la presidencia de Brasil. La cita, prevista para el martes según el diario O Globo, no ha sido confirmada oficialmente por la Casa Blanca.

El viaje se produce tras la publicación, el pasado 13 de mayo, de textos y audios por Intercept Brasil en los que el senador solicita al banquero Daniel Vorcaro, propietario del Banco Master y detenido desde noviembre de 2025 por el mayor fraude financiero de la historia del país, una suma millonaria para financiar una película sobre su padre. En las grabaciones, Bolsonaro llama “hermano” a Vorcaro y alude a cuotas atrasadas de la producción. El senador admitió haber pedido el dinero, pero negó cualquier irregularidad al tratarse de financiación privada.

El impacto en las encuestas fue inmediato. Según AtlasIntel para Bloomberg, Bolsonaro perdió seis puntos en un hipotético balotaje frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva: pasó del 47,8% al 41,8%, mientras Lula subió al 48,9%. Datafolha registró una caída aún más pronunciada en primera vuelta, con el candidato derechista en el 31% frente al 40% del mandatario. Hasta entonces, ambos se mantenían en empate técnico.

El viaje fue articulado, según aliados del senador, a partir de un convite del gobierno estadounidense gestionado por Eduardo Bolsonaro, diputado federal y hermano menor de Flávio, quien reside en Estados Unidos desde hace más de un año. Los tres hermanos estarían reunidos en Washington junto al empresario Paulo Figueiredo, aliado de la familia. La campaña del senador se limitó a señalar que realizaría “reuniones de alto nivel”, sin precisar con quién ni cuándo.

La visita tiene una dimensión simbólica que sus estrategas consideran decisiva. Dentro del Partido Liberal, dirigentes estiman que una fotografía de Flávio junto a Trump puede interrumpir la secuencia de noticias negativas y reposicionar la candidatura del senador. La lógica no es nueva: durante su presidencia, Jair Bolsonaro cultivó una afinidad ideológica con Trump que le valió el apodo de “Trump de los trópicos”. Tras la derrota de 2022, el mandatario estadounidense intentó influir, sin éxito, en el proceso judicial contra el ex presidente. Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por liderar un intento de golpe de Estado e inició el cumplimiento de su sentencia en noviembre de 2025.

El viaje también responde a un precedente reciente. Tres semanas antes, Lula se reunió con Trump en la Casa Blanca en un encuentro considerado positivo por interlocutores de ambas partes. Para el entorno de Flávio, dejar ese gesto sin respuesta equivalía a ceder terreno en la disputa por la proyección internacional del país.

El escándalo del Banco Master, no obstante, no afecta únicamente a Flávio. Documentos fiscales examinados por Reuters revelaron que la entidad realizó pagos a figuras de distintos sectores políticos, entre ellos el ex presidente Michel Temer y un estudio vinculado al magistrado Alexandre de Moraes, quien presidió el proceso contra Jair Bolsonaro. Todos negaron irregularidades. El banco fue liquidado por el Banco Central en noviembre de 2025 con un agujero estimado en hasta 12.000 millones de reales, unos 2.200 millones de dólares.

La admisión de sus vínculos con Vorcaro —a quien aseguró no conocer en un primer momento— dañó la narrativa de renovación con la que Flávio pretendía distinguirse de las turbulencias judiciales de su padre. Si la reunión con Trump se confirma, el senador habrá comprado tiempo. Si no, el partido deberá evaluar si el candidato designado tiene margen para remontar antes de octubre.

El Ministerio Público de Brasil solicitó la condena de Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, por el delito de coacción contra los jueces del Supremo Tribunal Federal que intervinieron en el proceso judicial contra su padre, acusado de impulsar un golpe de Estado en 2022.

El fiscal general Paulo Gonet presentó el alegato final ante el magistrado Alexandre de Moraes, resaltando que el exdiputado utilizó su influencia política e internacional para impulsar sanciones extranjeras contra los magistrados brasileños.

Eduardo Bolsonaro, según la Procuraduría General de la República, viajó a Estados Unidos con el objetivo de presionar al Gobierno de ese país para que adoptara medidas punitivas contra integrantes de la Corte Suprema de Brasil.

El magistrado Alexandre de Moraes resultó incluido en una lista estadounidense de violadores de derechos humanos, lo que derivó en el bloqueo de bienes y cuentas en territorio norteamericano. Además, la administración estadounidense impuso aranceles del 50 % sobre buena parte de las importaciones brasileñas, argumentando una persecución política contra Jair Bolsonaro.

El informe del fiscal general detalló que la campaña liderada por Eduardo Bolsonaro pretendía beneficiar a su padre, quien recibió una condena de 27 años de prisión por su intento de revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2022, en las que Luiz Inácio Lula da Silva resultó electo.

Las presiones internacionales y las sanciones impuestas no evitaron la sentencia contra Jair Bolsonaro, quien permanece condenado por el máximo tribunal.

La acción penal contra Eduardo Bolsonaro se formalizó tras la aceptación de la denuncia por parte de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal en noviembre del año pasado, con el voto favorable de los ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin y Cármen Lúcia.

En febrero, el tribunal formalizó la apertura del proceso judicial en su contra. La denuncia se presentó en el contexto del mismo expediente en el que la Policía Federal acusó también a Jair Bolsonaro, aunque la Procuraduría General no lo incluyó en esta causa particular.

El tribunal concedió un plazo de quince días a la Defensoría Pública de la Unión para que presentara las alegaciones finales de la defensa de Eduardo Bolsonaro, quien reside en Estados Unidos desde hace más de un año. El exdiputado se consideró un perseguido político, argumento que forma parte de su estrategia de defensa.

Con respecto a Jair Bolsonaro, el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, suspendió el sábado pasado de manera provisional la ley que buscaba reducir las condenas del ex presidente y otros implicados en el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023. La decisión frenó la aplicación inmediata de la norma y mantiene en suspenso las solicitudes de reducción de pena hasta que el tribunal analice la constitucionalidad del proyecto.

La medida fue adoptada tras demandas de partidos de izquierda, quienes cuestionaron la legalidad de la ley conocida como Dosimetría. Mientras tanto, Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses de prisión como uno de los principales responsables del ataque al orden democrático, deberá esperar la resolución definitiva del Supremo para conocer si su condena será modificada.

(Con información de EFE)

El presidente del Congreso de Brasil, Davi Alcolumbre, promulgó una ley que permitirá la reducción de las penas para los condenados por los actos golpistas del 8 de enero de 2023, incluyendo la del ex presidente Jair Bolsonaro.

Esta decisión quedó formalizada tras la publicación en una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Unión. La norma representa un cambio sustancial en el marco jurídico brasileño, ya que modifica el régimen de cumplimiento de condenas para quienes participaron en el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado.

La aprobación de esta legislación se produce después de que el Congreso Nacional dejara sin efecto el veto presidencial impuesto por Luiz Inácio Lula da Silva. La revocación obtuvo 318 votos a favor y 144 en contra en la Cámara de Diputados y 49 a 24 en el Senado.

Tras la negativa de Lula a promulgar la ley dentro del plazo constitucional de 48 horas, el presidente del Legislativo asumió la responsabilidad de formalizar el acto, cumpliendo así con lo previsto por la Constitución.

La promulgación marca el inicio de la validez de la llamada “Ley de la Dosimetría”, que ahora integra el ordenamiento jurídico nacional. Esta ley impide la acumulación de penas por delitos de naturaleza similar y agiliza el paso de los condenados al régimen de prisión semiabierto.

Expertos explicaron que Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 años y 3 meses de prisión por liderar la trama golpista, podría beneficiarse de una reducción significativa de su tiempo bajo régimen cerrado, disminuyendo su estancia en prisión domiciliaria a un periodo de entre dos y cuatro años.

La promulgación de la ley ocurre a cinco meses de las próximas elecciones presidenciales, en las que Lula da Silva buscará un nuevo mandato y el principal adversario será Flávio Bolsonaro, senador e hijo mayor del expresidente. Encuestas muestran que ambos candidatos se encuentran en una situación de empate técnico en el posible balotaje, aunque Lula sería el más votado en la primera vuelta.

Durante el trámite parlamentario, la ley también fue objeto de debate en torno a su impacto sobre la pacificación social. Portavoces del Legislativo consideraron que la dosimetría representa una oportunidad para avanzar en el clima político de reconciliación.

Por su parte, el gobierno federal optó por no asociar su imagen a una normativa que rebaja las penas para los responsables de los hechos del 8 de enero, marcando así una distancia con el texto impulsado por el Congreso.

La reacción de las fuerzas de seguridad y la posterior respuesta judicial derivaron en la apertura de cientos de causas penales por delitos de tentativa de golpe de Estado, daños al patrimonio público y asociación para delinquir.

La decisión del Congreso de promulgar la ley pese al veto presidencial constituye un revés político para el Ejecutivo. El hecho de que el Legislativo haya asumido la promulgación refuerza la autonomía institucional del Congreso frente al presidente de la República, una facultad prevista expresamente por la Constitución brasileña.

(Con información de EFE)

El Congreso de Brasil aprobó la reducción de la condena de 27 años de prisión impuesta al expresidente Jair Bolsonaro por liderar el intento de golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022.

La decisión, adoptada en una sesión conjunta de ambas cámaras, supone un nuevo revés para el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que había vetado por completo el proyecto de ley para modificar las sentencias. Ayer el Senado rechazó al candidato del presidente para la Corte Suprema, la primera vez en 132 años que la cámara alta toma una decisión semejante.

En el Senado, la anulación del veto contó con 49 votos a favor y 24 en contra, mientras que en la Cámara de Diputados, la votación arrojó 318 votos favorables frente a 144 en contra, con cinco abstenciones.

La nueva ley establece que no se sumen penas por delitos similares y facilita el cambio a un régimen penitenciario menos severo, por lo que expertos estiman que Bolsonaro podría dejar la prisión cerrada en dos a cuatro años, mucho antes de lo originalmente previsto. De igual manera todavía no se sabe la cantidad exacta de tiempo que se le reducirá de la pena.

La medida afecta también a cientos de personas condenadas por participar en la asonada violenta contra las sedes de la Presidencia, el Congreso Nacional y el Tribunal Supremo, ocurrida en la capital brasileña.

El texto legal establece criterios y porcentajes mínimos para el cumplimiento de penas y el acceso a regímenes penitenciarios menos restrictivos, lo que podría acelerar el paso de los condenados a arresto domiciliario o a un régimen semiabierto.

Bolsonaro, quien comenzó a cumplir su condena en noviembre, permanece en arresto domiciliario desde el 27 de marzo, tras recibir autorización judicial por motivos de salud.

El proyecto de ley aprobado había sido vetado en diciembre por el presidente Lula Da Silva, quien argumentó que una rebaja en las penas por delitos contra el Estado de Derecho democrático podría alentar futuras amenazas al orden democrático y representar un retroceso en el proceso de redemocratización iniciado con la Constitución de 1988.

La base aliada del Gobierno criticó el procedimiento parlamentario por considerar que la maniobra de dividir el análisis del veto no está permitida por el reglamento. Según los legisladores oficialistas, el proyecto resulta inconstitucional y la votación debía abordar el veto de manera integral.

El presidente del Congreso defendió la decisión y explicó que la Secretaría General de la Cámara había determinado que algunos puntos del texto eran inválidos por su incompatibilidad con la Ley Antifacciones.

El debate en el Senado fue inaugurado por el senador Sergio Moro, quien calificó de “cruel” el veto presidencial, al entender que la condena de cerca de 1.400 personas por los hechos del 8 de enero resultaba excesiva.

El proyecto de ley establece que, en lugar de sumar las penas por los delitos de abolición violenta del Estado de Derecho y golpe de Estado, como ocurre con las condenas actuales, se aplicará el principio de concurrencia formal, que prevé que solo se cumpla la pena más severa.

La decisión del Congreso tiene la posibilidad de ser apelada ante el Tribunal Supremo, que deberá definir la constitucionalidad y el alcance de la nueva legislación.

(Con información de EFE, AP y CNN Brasil)

El Congreso Nacional de Brasil se prepara para una votación crucial: este jueves, diputados y senadores decidirán si mantienen o anulan el veto presidencial al proyecto de ley que podría reducir la condena de prisión impuesta al expresidente Jair Bolsonaro.

El resultado de esta sesión abrirá la puerta a una posible revisión de penas no solo para Bolsonaro, sino también para otros condenados por el intento de golpe de Estado y los actos violento ocurridos en enero de 2023.

La condena original contra Bolsonaro, dictada por el Tribunal Supremo en septiembre, asciende a 27 años y 3 meses de prisión y se basa en su papel de liderazgo en ese hecho.

Tras pasar unos 120 días en prisión, Bolsonaro cumple arresto domiciliario desde marzo debido a problemas de salud.

Según el Tribunal Supremo, la condena sentó un precedente en la respuesta institucional ante crímenes contra el Estado democrático. Meses después del fallo, partidos de derecha y de centro impulsaron un proyecto de ley para modificar tanto el cálculo como el cumplimiento de las penas, con el objetivo de reducir las condenas para varios implicados en los hechos de enero.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetó en su totalidad esta propuesta el 8 de enero, al cumplirse tres años del asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia.

Argumentó que una reducción de las penas podría debilitar la democracia y significar un retroceso en el proceso de redemocratización, además de advertir sobre problemas formales en el trámite legislativo.

El Congreso tiene la facultad de anular el veto con mayoría simple en ambas cámaras. Si esto ocurre, el texto será promulgado sin necesidad de nueva sanción presidencial y las nuevas reglas entrarían en vigor, permitiendo a las defensas solicitar a la Justicia la aplicación de los cambios.

El proyecto, conocido como PL da Dosimetria, introduce varias alteraciones. Una de las principales es que, cuando un condenado lo sea por más de un delito contra la democracia en el mismo contexto, los jueces deberán aplicar únicamente la pena correspondiente al delito más grave, en lugar de sumar las condenas como ocurre actualmente.

Esta disposición podría disminuir considerablemente la cantidad de años que deben cumplir los implicados.

Otra novedad es la posibilidad de una reducción de pena si los crímenes se cometieron en medio de una multitud, siempre que el condenado no haya ejercido liderazgo, organización ni financiamiento de los hechos.

Las penas podrían reducirse entre un tercio y dos tercios para quienes participaron como parte de la masa, aunque la decisión final quedará a cargo de los jueces que analicen cada caso.

Bajo la ley actual, la transición de Bolsonaro al régimen semiabierto podría ocurrir en 2033, pero con la nueva norma, ese plazo se acortaría notablemente, dependiendo del análisis judicial.

Aunque la propuesta se centró en los condenados por los hechos del 8 de enero, especialistas advierten que la ley modificará reglas generales de la ejecución penal y podría beneficiar a personas condenadas por otros delitos graves, como feminicidios, crímenes organizados y delitos cometidos por milicias.

Este asunto podría llegar al Supremo Tribunal Federal, que tendría la última palabra sobre la constitucionalidad de la norma y sobre su aplicación en casos concretos.

(Con información de EFE)

El Tribunal Supremo Federal de Brasil abrió este miércoles una investigación penal contra el senador Flávio Bolsonaro, principal candidato opositor a las elecciones presidenciales de octubre, por haber publicado en la red social X un mensaje en el que atribuyó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva delitos de narcotráfico, lavado de dinero y apoyo a regímenes dictatoriales. La decisión, firmada el 13 de abril por el magistrado Alexandre de Moraes y publicada este miércoles, ordena a la Policía Federal investigar si el senador incurrió en el delito de calumnia previsto en el Código Penal brasileño.

La publicación que originó el expediente data del 3 de enero de 2026, días después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en Caracas. En ella, Flávio Bolsonaro yuxtapuso imágenes del mandatario brasileño y Maduro junto al texto “Lula será delatado. Es el fin del Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas y armas, lavado de dinero, apoyo a terroristas y dictaduras, elecciones fraudadas”. La Policía Federal señaló al Supremo que la mención a la “delación premiada” —acuerdo de colaboración penal con la justicia— implicaba una imputación directa de conductas delictivas contra el jefe del Estado. Maduro está preso en Nueva York, donde enfrenta cargos de narcotráfico ante la justicia estadounidense.

La resolución se inscribió en el expediente Petición 15.648 y determinó, además del inicio del sumario, el levantamiento del secreto sumarial. Moraes subrayó que la publicación se realizó “en un entorno virtual público, accesible a millares de personas”. La investigación contó con el respaldo del Ministerio de Justicia y el aval de la Fiscalía General, que consideró que el contenido atribuía “de forma pública y vejatoria” hechos delictivos al mandatario. La Policía Federal dispone de 60 días para completar las diligencias iniciales, tras las cuales la Fiscalía General decidirá si formula acusación formal ante el propio Supremo o solicita el archivo del caso.

Flávio Bolsonaro respondió a través de un comunicado en el que calificó la medida de “jurídicamente frágil” y afirmó que su publicación tenía como objetivo “informar sobre hechos sin realizar imputación criminosa directa” contra Lula. El senador advirtió que no cederá “ante la intimidación ni ante el uso del aparato policial y judicial para silenciar a la oposición” y exigió que el gobierno de Lula “explique sus relaciones con la dictadura venezolana”.

La apertura del sumario se produce en el momento políticamente más tenso desde que Flávio Bolsonaro, de 44 años, emergió como figura dominante de la derecha brasileña tras ser designado heredero político por su padre desde la cárcel. Según el sondeo de Genial/Quaest publicado este mismo miércoles, el senador obtendría un 42% de intención de voto en una eventual segunda vuelta frente al 40% de Lula, resultado dentro del margen de error estadístico que configura empate técnico. Lula, de 80 años, aspira a un cuarto mandato; ninguna de las dos candidaturas ha sido oficializada.

El episodio se enmarca en la prolongada tensión entre el Supremo Tribunal Federal y el entorno del ex presidente Jair Bolsonaro, condenado en septiembre de 2025 a 27 años de prisión por conspirar para mantenerse en el poder tras su derrota electoral en 2022. El ex mandatario cumple actualmente su pena en arresto domiciliario en Brasilia, situación autorizada por Moraes por razones de salud.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó el lunes a la defensa del ex presidente Jair Bolsonaro que explique si su cliente recibió imágenes filmadas por su hijo Eduardo en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), celebrada el fin de semana en las afueras de Dallas, Texas. El magistrado Alexandre de Moraes, instructor de la causa por golpismo, dio 24 horas a los abogados para presentar aclaraciones tras conocerse que Eduardo dijo en el foro que grababa el evento porque lo estaba “mostrando” a su padre.

El episodio puso en jaque un beneficio concedido apenas tres días antes. Bolsonaro había abandonado el viernes el hospital privado DF Star de Brasilia, donde estuvo internado desde el 13 de marzo con una bronconeumonía bilateral bacteriana provocada por un episodio de broncoaspiración, con más de diez días en cuidados intensivos. De Moraes autorizó entonces su traslado al domicilio familiar por un plazo de 90 días prorrogables, con condiciones estrictas: tobillera electrónica, prohibición de usar cualquier dispositivo de comunicación y veto explícito a recibir contenidos externos incluso por medio de terceros.

La respuesta familiar fue inmediata. Michelle Bolsonaro publicó en Instagram que no hubo recepción de ningún video grabado en ese evento ni exhibición de ese material al ex presidente, y sostuvo que las prescripciones judiciales se cumplían íntegramente. La declaración buscó atajar una crisis que, de confirmarse, podría derivar en el regreso del ex presidente al complejo penitenciario de Papuda, en Brasilia, donde cumplía condena antes de ser hospitalizado.

Desde el Congreso, la diputada Talíria Petrone, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), fue más lejos y solicitó formalmente al Supremo que revoque el arresto domiciliario. En su escrito, señaló que la conducta de Eduardo constituyó una tergiversación de la sentencia y un intento de mantener presencia pública activa eludiendo el aislamiento propio del régimen penitenciario. Petrone también alertó sobre los contenidos publicados por Michelle en su canal de YouTube con rutinas de recuperación del ex presidente, como otra posible vulneración de las restricciones impuestas por la corte.

Eduardo participó en la CPAC junto a su hermano Flávio, senador y candidato del Partido Liberal para los comicios presidenciales de octubre. Eduardo reside en Estados Unidos desde febrero de 2025, cuando abandonó Brasil bajo presión judicial por su presunto intento de obstruir la causa contra su padre. Desde el escenario en Dallas reclamó presión diplomática internacional para garantizar elecciones libres en Brasil y presentó a Flávio como el próximo presidente del país.

Bolsonaro fue condenado en septiembre de 2025 a 27 años y tres meses de prisión por cinco delitos contra la democracia, entre ellos la tentativa de golpe de Estado y el liderazgo de una organización criminal armada, tras perder las elecciones de 2022 ante Lula. No es la primera vez que enfrenta acusaciones de violar sus condiciones de reclusión: en noviembre, el Supremo lo trasladó a una celda de la Policía Federal tras descubrirse que había dañado su tobillera con un soldador, episodio que la corte interpretó como un intento de fuga y que él mismo atribuyó a un estado de confusión inducido por medicamentos.

A menos de siete meses de las elecciones presidenciales, si De Moraes determina que hubo incumplimiento, el beneficio humanitario podría convertirse en un regreso sin retorno al penal de Papuda.

La Corte Suprema de Brasil concedió este martes arresto domiciliario temporal al ex presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por encabezar una trama golpista y actualmente hospitalizado por una neumonía bacteriana. El juez Alexandre de Moraes, relator del caso ante el Supremo Tribunal Federal (STF), accedió parcialmente al recurso presentado por los abogados del ex mandatario y respaldó en parte el criterio de la Fiscalía General, que el lunes se pronunció por primera vez a favor del régimen domiciliario al considerar que el ex gobernante necesita cuidados constantes que el entorno familiar puede proveer mejor que el sistema penitenciario.

La medida, sin embargo, es temporal y condicionada. Según informó EFE, Bolsonaro podrá cumplir la pena en su domicilio durante 90 días contados desde el momento en que reciba el alta hospitalaria, fecha que todavía no tiene previsión. Transcurrido ese plazo, Moraes evaluará nuevamente las condiciones bajo las cuales el ex gobernante deberá continuar cumpliendo su condena.

La decisión representa un giro notable en un proceso marcado por rechazos sistemáticos. Desde que Bolsonaro ingresó a prisión en noviembre de 2025, sus abogados presentaron al STF múltiples solicitudes de arresto domiciliario por razones humanitarias; todas fueron denegadas. El propio tribunal rechazó una de ellas el 5 de marzo, con el voto unánime de la Primera Sala. En aquella ocasión, Moraes citó como impedimento un intento previo de manipulación de la tobillera electrónica que el ex presidente debía portar, episodio que el magistrado calificó como un intento flagrante de fuga.

Lo que cambió esta vez fue la intervención del fiscal general Paulo Gonet, quien envió el lunes un informe al STF favorable al arresto domiciliario humanitario por razones de salud. La Procuraduría General de la República sostuvo en su dictamen que existe la necesidad de garantizar un monitoreo médico permanente del ex gobernante, quien está expuesto a alteraciones súbitas e imprevisibles que requieren cuidados continuos. Fue el propio Moraes quien había solicitado ese dictamen antes de resolver.

Bolsonaro, de 71 años, permanece internado desde el 13 de marzo en el hospital privado DF Star de Brasilia. Fue trasladado de urgencia desde la cárcel de Papuda y diagnosticado con bronconeumonía. Según informó AFP, el ex presidente abandonó la unidad de cuidados intensivos el lunes, aunque continúa sin fecha estimada de alta.

Sus problemas de salud se remontan al atentado con arma blanca que sufrió en septiembre de 2018 durante un acto de campaña en Juiz de Fora, estado de Minas Gerais. La herida abdominal dejó secuelas digestivas permanentes que derivaron en crisis recurrentes de hipo, mareos y vómitos, que en los últimos meses se agravaron notoriamente. Según su equipo médico, ese cuadro crónico desencadenó la actual neumonía por broncoaspiración.

El STF condenó a Bolsonaro el 11 de septiembre de 2025 a 27 años y tres meses de prisión por cinco delitos contra la democracia, entre ellos tentativa de golpe de Estado y liderazgo de una organización criminal armada. Según estableció el tribunal, el plan contemplaba el asesinato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del vicepresidente Geraldo Alckmin y del propio Moraes. Bolsonaro ha negado de forma sistemática cualquier irregularidad.

La hospitalización y la decisión de este martes se producen en un momento de alta tensión política, con el ciclo electoral de 2026 ya abierto en Brasil. Con el proceso judicial concluido y sin posibilidad de nuevos recursos de fondo, la única vía alternativa que mantiene abierta el entorno del exmandatario es la aprobación en el Congreso de una ley de amnistía para los condenados por los hechos del 8 de enero de 2023, cuando seguidores de Bolsonaro irrumpieron y causaron graves daños en el Congreso, el Palacio presidencial y el propio STF en Brasilia. Esa iniciativa sigue en debate parlamentario sin fecha de votación, mientras el líder ultraderechista espera en un hospital el inicio de una cuenta regresiva que el tribunal fijó en noventa días.

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro se acercó este lunes a una doble inflexión: los médicos que lo atienden en el hospital DF Star de Brasilia indicaron que podría abandonar la unidad de cuidados intensivos en las próximas 24 horas si mantiene su evolución favorable, mientras que la Fiscalía General de la República dio un paso sin precedentes y se pronunció por primera vez a favor de que cumpla el resto de su condena bajo arresto domiciliario.

El parte médico señaló que el ex mandatario, de 71 años, permanece clínicamente estable, sin incidencias, y continúa con antibióticos por vía intravenosa, apoyo clínico intensivo y fisioterapia respiratoria y motora. Bolsonaro fue trasladado de urgencia el 13 de marzo desde la prisión de Papuda, en la capital federal, tras despertar con fiebre alta, baja saturación de oxígeno, escalofríos y vómitos. Los exámenes confirmaron una neumonía bacteriana bilateral provocada por un episodio de broncoaspiración, un cuadro que sus médicos describieron desde el primer momento como grave.

El giro de la Fiscalía, firmado por el fiscal general Paulo Gonet en un escrito enviado al Supremo Tribunal Federal (STF), constituyó la novedad política del día. Gonet sostuvo que el estado de salud del ex presidente lo expone a alteraciones súbitas e imprevisibles y que el entorno familiar, a diferencia del sistema penitenciario, está en condiciones de brindarle el monitoreo integral que su situación exige. La posición del fiscal fue solicitada por el propio juez Alexandre de Moraes, relator del caso, quien deberá resolver en los próximos días.

La postura de Gonet contrasta con la trayectoria del caso hasta ahora. Desde que Bolsonaro ingresó a prisión en noviembre pasado, sus abogados presentaron múltiples recursos ante el STF para obtener el régimen domiciliario por razones humanitarias, todos rechazados. El propio tribunal negó una solicitud en ese sentido apenas tres semanas atrás, el 2 de marzo, con Moraes citando como impedimento concreto un intento previo de manipulación de la tobillera electrónica que el expresidente debía portar, episodio que el magistrado calificó como un intento flagrante de fuga.

Los problemas de salud de Bolsonaro se remontan al atentado con arma blanca que sufrió en septiembre de 2018 durante un acto de campaña en Juiz de Fora, estado de Minas Gerais. La herida abdominal dejó secuelas digestivas permanentes que derivaron en crisis recurrentes de hipo, mareos y vómitos, y que en los últimos meses se agravaron notoriamente. Fue precisamente esa disfunción del sistema digestivo la que desencadenó el episodio de broncoaspiración que provocó la neumonía actual. Desde su detención, fue hospitalizado en varias ocasiones, incluida una visita en enero para pruebas neurológicas tras una caída en la celda.

El Supremo Tribunal Federal condenó a Bolsonaro el 11 de septiembre de 2025 a 27 años y tres meses de prisión por encabezar una trama golpista tras perder las elecciones de 2022 ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La sentencia incluyó cargos por tentativa de golpe de Estado, liderazgo de una organización criminal armada e intento de abolición violenta del Estado de derecho democrático. Según estableció el tribunal, el plan contemplaba el asesinato de Lula, del vicepresidente Geraldo Alckmin y del propio Moraes. El ex presidente ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad.

La hospitalización de Bolsonaro se produce en el momento de mayor tensión electoral en años. Las últimas encuestas de Datafolha y Quaest ubican a su hijo Flávio Bolsonaro en empate técnico con el presidente Lula en un escenario de segunda vuelta, con 41% para cada uno según Quaest y 43% frente a 46% según Datafolha, una brecha que en diciembre superaba los diez puntos. La marca familiar conserva una fuerza que el propio establishment bolsonarista no anticipaba, y la imagen del padre preso y enfermo alimenta la narrativa de persecución política que estructura la campaña del senador de cara a los comicios de octubre.

El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, argumentó ante el Tribunal Supremo que las condiciones de salud del expresidente Jair Bolsonaro requieren de cuidados que solo su entorno familiar puede proporcionarle, más allá de lo que permite el actual sistema penitenciario. Gonet apeló a informes médicos recientes que exigen una atención constante para el exmandatario, señalando la obligación del Estado de garantizar la integridad física y moral de las personas bajo su custodia. Este planteamiento alimenta el debate sobre si Bolsonaro puede o no acceder a un arresto domiciliario en el contexto de su actual condición de salud, cuestión que se encuentra en evaluación por el Poder Judicial.

Según consignó la agencia Europa Press, la postura de la Fiscalía se formalizó en un escrito remitido al Supremo en el que se expone la necesidad de “una flexibilización del régimen” al que se encuentra sujeto Bolsonaro, citando antecedentes de decisiones del tribunal en situaciones similares. El respaldo de la Fiscalía responde a la solicitud presentada por la defensa del exmandatario, quienes han utilizado el más reciente informe clínico para argumentar que las condiciones médicas hacen inviable que permanezca bajo custodia penitenciaria convencional.

Bolsonaro, condenado a una pena de 27 años de prisión por su implicación en los acontecimientos relacionados con el intento de golpe de Estado de 2022, se encuentra ingresado en el Hospital DF Star de Brasilia desde el 13 de abril, tras una crisis de bronconeumonía bacteriana. De acuerdo con Europa Press, los síntomas que motivaron su hospitalización incluyeron fiebre alta, sudoración y episodios de escalofríos durante la noche anterior a su ingreso. El informe clínico más reciente apunta a una evolución positiva en su estado de salud y presume la posibilidad de un alta de la unidad de cuidados intensivos en el corto plazo.

El parte médico divulgado detalla que Bolsonaro continúa con un tratamiento que contempla antibióticos intravenosos, acompañados de terapia clínica intensiva y procedimientos de fisioterapia tanto respiratoria como motora. Si persiste la mejoría, los médicos prevén su traslado fuera de cuidados intensivos en un plazo de 24 horas, como indicó el último comunicado recogido por Europa Press. La tendencia a recibir atención médica frecuente ha marcado los últimos años del expresidente, quien desde septiembre ha requerido varias hospitalizaciones, primero en arresto domiciliario y posteriormente tras su traslado a la cárcel de Papuda, en diciembre de 2025.

El medio Europa Press informó que el paso de Bolsonaro al centro penitenciario de Papuda obedeció al incumplimiento reiterado de condiciones impuestas durante su anterior régimen de arresto domiciliario. Una vez en prisión, su salud ha continuado generando episodios de gravedad que, según manifiestan sus abogados, validan la reconsideración de una modalidad menos estricta de custodia, siempre bajo seguimiento judicial.

La defensa del expresidente fundamentó el nuevo pedido de arresto domiciliario en la imposibilidad del sistema carcelario de atender con suficiencia sus necesidades médicas actuales, según consta en la documentación dirigida al Supremo. Por su parte, la Fiscalía, a través de Gonet, subrayó en su pronunciamiento que el respeto a la integridad física y moral "no se limita a una obligación teórica, sino que se traduce en prácticas efectivas", recogió Europa Press. El fiscal añadió que "es el entorno familiar el que puede asegurar esa atención constante y de calidad" recomendada por el equipo médico que atiende al exgobernante.

Las reiteradas hospitalizaciones de Bolsonaro han coincidido con diferentes etapas judiciales en su contra. Según reportó Europa Press, en enero de este año se registraron dos nuevos ingresos hospitalarios, ya desde su celda en Papuda, que se suman al historial de complicaciones médicas vinculadas a condiciones respiratorias y la necesidad de atención especializada.

La decisión final sobre un eventual traslado al régimen de arresto domiciliario se mantiene a la espera de un pronunciamiento del Supremo Tribunal, cuyo criterio ha sido determinante en casos anteriores que involucran argumentos médicos y la protección de los derechos fundamentales de personas privadas de libertad. Europa Press explicó que el tribunal debe evaluar tanto los informes clínicos actualizados como las recomendaciones de la Fiscalía y de la defensa, así como considerar el marco legal y precedentes en materia de flexibilización penitenciaria por razones de salud.

Las circunstancias actuales mantienen en el centro del debate el equilibrio entre la ejecución de las sentencias, las condiciones médicas complejas y los derechos fundamentales de los reclusos, bajo el escrutinio público y la vigilancia de los organismos judiciales y de derechos humanos.

Jair Bolsonaro registró una nueva mejoría en su cuadro clínico este martes, según el parte médico emitido por el hospital DF Star de Brasilia, donde permanece internado desde el viernes tras ser trasladado de urgencia desde la prisión de Papuda. Los indicadores de inflamación volvieron a descender y los médicos decidieron mudarlo a una habitación distinta dentro de la unidad de cuidados intensivos, considerada más adecuada para su estado actual. Sin embargo, el ex mandatario brasileño de 70 años no tiene fecha de alta y continúa bajo apoyo clínico intensivo, con fisioterapia respiratoria y motora.

La hospitalización se produjo después de que Bolsonaro presentara fiebre alta, escalofríos, episodios de vómitos y dificultades para respirar en su celda. Los estudios confirmaron una neumonía bacteriana bilateral causada por broncoaspiración: el paso accidental de contenido digestivo hacia las vías respiratorias. Ese mecanismo es una complicación recurrente derivada de las graves heridas abdominales que sufrió en septiembre de 2018, cuando fue apuñalado durante un acto de campaña en Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais. Desde entonces, Bolsonaro ha atravesado más de una decena de intervenciones quirúrgicas y ha acumulado un historial clínico de complejidad creciente.

La evolución de los últimos días no ha sido lineal. El sábado, apenas un día después del ingreso, los médicos detectaron un deterioro en la función renal que obligó a ampliar la cobertura antibiótica. El domingo, ese cuadro comenzó a revertirse, y el lunes su esposa, Michelle Bolsonaro, informó en redes sociales que había sido trasladado a una unidad de cuidados semi-intensivos. El parte del martes precisó que, en realidad, el cambio fue de habitación dentro de la misma unidad de cuidados intensivos, en un espacio calificado como más apropiado para su condición. La aclaración marcó una diferencia clínica relevante respecto a la comunicación del lunes.

Bolsonaro cumple una condena de 27 años y tres meses impuesta en septiembre de 2025 por el Supremo Tribunal Federal (STF), que lo halló culpable de encabezar una trama para perpetuarse en el poder tras su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva en octubre de 2022. La sentencia incluyó cargos por tentativa de golpe de Estado, liderazgo de una organización criminal armada e intento de abolición violenta del Estado de derecho. El plan contemplaba, según el tribunal, el asesinato de Lula, del vicepresidente Geraldo Alckmin y del magistrado Alexandre de Moraes. Bolsonaro ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad.

La defensa aprovechó la hospitalización para renovar este martes su solicitud de arresto domiciliario por razones humanitarias ante el STF. Es la última de una serie de peticiones similares que el tribunal ha rechazado de forma reiterada. El 5 de marzo, la Primera Sala del STF denegó por unanimidad una solicitud idéntica: los magistrados Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin y Cármen Lúcia sostuvieron que el estado de salud del ex presidente no justifica un régimen de reclusión domiciliaria, y que el sistema penitenciario dispone de recursos suficientes para atender sus necesidades médicas. De Moraes, relator del caso, citó además como impedimento concreto la manipulación deliberada de la tobillera electrónica que Bolsonaro debía portar, episodio que el juez describió como un intento flagrante de fuga.

El STF autorizó este martes que los abogados de la defensa visitaran a Bolsonaro en el hospital. La medida tiene alcance procesal y no implica modificación alguna en las condiciones del cumplimiento de la pena. El cardiólogo del ex presidente señaló, según informó Associated Press, que era improbable un retorno a la cárcel en los próximos días, dado que el tratamiento requiere administración intravenosa en entorno hospitalario.

La situación de Bolsonaro transcurre en un contexto político cargado. Su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, ya anunció su candidatura a la presidencia para los comicios de 2026, en los que buscará enfrentarse a Lula. El caso también generó tensión diplomática con Washington: el presidente Donald Trump, aliado declarado de Bolsonaro, impuso aranceles a Brasil invocando el proceso judicial contra el exmandatario y lo calificó de persecución política. El STF rechazó la semana pasada la solicitud de la defensa para que Darren Beattie, asesor del gobierno de Trump, pudiera visitar a Bolsonaro en prisión, al considerar que la visita carecía de encuadre diplomático legítimo.

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro solicitó este martes al Supremo Tribunal Federal (STF) autorización para recibir en prisión la visita de Darren Beattie, consejero sénior de política para Brasil en el gobierno de Donald Trump, según confirmaron fuentes del tribunal. La petición quedó en manos del magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso por golpismo contra el exmandatario, quien deberá decidir si aprueba el encuentro.

Bolsonaro cumple condena de 27 años y tres meses en régimen cerrado en el 19° Batallón de la Policía Militar del Distrito Federal, conocido como la Papudinha, en Brasilia. Fue condenado en septiembre de 2025 por la Primera Sala del STF, por cuatro votos contra uno, al ser declarado culpable de liderar una organización criminal armada con el objetivo de impedir que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el poder tras ganar las elecciones de 2022. El fallo quedó firme en noviembre, cuando se agotaron las vías de recurso.

La defensa del ex presidente propuso dos fechas para el encuentro: el lunes 16 de marzo, en horario de mañana, o el martes 17, días en que Beattie estará en visita oficial al país. Solicitó también la presencia de un intérprete, dado que Bolsonaro no habla inglés. Ambas fechas quedan fuera del calendario ordinario de visitas de la unidad penitenciaria, que se realizan los miércoles y los sábados, por lo que la defensa pidió una flexibilización del régimen.

Beattie fue confirmado como consejero sénior de política para Brasil en el Departamento de Estado estadounidense a finales de febrero. Es la primera vez que viajará al país en ese cargo. Su agenda incluye una reunión con el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del ex presidente y principal precandidato de la derecha a las elecciones presidenciales de octubre, así como encuentros con representantes del Tribunal Superior Electoral (TSE) y un foro sobre minerales críticos en São Paulo. Según fuentes vinculadas al ex diputado Eduardo Bolsonaro, el consejero pretende también examinar el funcionamiento del sistema electoral brasileño y las decisiones judiciales relacionadas con bloqueos de perfiles en redes sociales.

Beattie es un crítico declarado del juez De Moraes, a quien describió como el principal responsable del aparato de persecución judicial contra el ex mandatario y sus simpatizantes. Fue precisamente esa postura la que lo convirtió en figura central de la campaña del círculo bolsonarista en Washington para presionar al gobierno de Trump a tomar medidas contra el juez. En julio de 2025, la administración republicana sancionó a De Moraes bajo la Ley Magnitsky, congelando los bienes y activos que pudiera tener en Estados Unidos. En septiembre, la lista se extendió a su esposa, la abogada Viviane Barci, y al Instituto Lex, vinculado a la familia. Sin embargo, en diciembre, tras meses de negociaciones diplomáticas entre Brasilia y Washington que incluyeron una reunión entre Lula y Trump, las sanciones fueron levantadas.

La visita de Beattie se produce en un momento de recomposición, aún frágil, de las relaciones entre ambos países, y llega acompañada de una agenda que mezcla intereses económicos con presión política. El gobierno estadounidense negocia con Brasil acuerdos de suministro preferencial de tierras raras, sector en el que el país sudamericano posee la segunda mayor reserva mundial. Brasilia ha resistido hasta ahora los acuerdos de exclusividad y exige contrapartidas en inversión para el procesamiento local de los minerales.

En el plano electoral, la visita del enviado de Trump refuerza la proyección de Flávio Bolsonaro como candidato de referencia para la derecha. Aunque Lula sigue siendo el favorito en los sondeos para los comicios de octubre, el senador ha recortado distancias en las encuestas y en algunas aparece empatado técnicamente con el presidente. La posible imagen de un asesor de la Casa Blanca reunido en prisión con el padre preso no es un detalle menor en la narrativa que el bolsonarismo construye de cara a la campaña.

El juez Alexandre de Moraes citó diversas acciones como intentos de fuga y violaciones a las reglas impuestas por la justicia, incluyendo la manipulación de la tobillera electrónica, como motivos determinantes para rechazar el pedido de arresto domiciliario presentado por la defensa de Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil. Según publicó el portal G1, De Moraes señaló que, aunque Bolsonaro tiene un “cuadro clínico de alta complejidad”, los riesgos de fuga y la reincidencia en incumplimientos de las órdenes judiciales han tenido más peso que los argumentos relacionados con la salud expuestos por sus abogados. La decisión, que impacta directamente la situación legal de Bolsonaro, responde a la condena de 27 años y tres meses de prisión impuesta por dirigir una trama golpista para aferrarse al poder después de las elecciones de octubre de 2022.

De acuerdo con el medio G1, el juez instructor se mostró contrario a sustituir la reclusión carcelaria que Bolsonaro cumple en una prisión de Brasilia desde fines de 2025 —según el fallo— por una detención en su domicilio. La defensa había enfatizado los problemas médicos del exmandatario y la supuesta insuficiencia de las condiciones en la cárcel para garantizar su tratamiento adecuado. No obstante, los magistrados consideraron más relevantes las evidencias sobre los intentos de vulnerar la vigilancia judicial.

El medio G1 detalló que la decisión del juez De Moraes ha sido respaldada ya por el magistrado Flávio Dino y se aguarda que los jueces Cristiano Zanin y Carmen Lúcia Antunes, integrantes de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal, ratifiquen durante la presente jornada la medida adoptada contra el exjefe de Estado. Los argumentos centrales para denegar el beneficio de la prisión domiciliaria se apoyaron en los antecedentes de Bolsonaro bajo medidas cautelares, momento en el cual habría incurriendo en diferentes infracciones, según consignó la fuente.

Bolsonaro enfrenta esta condena por la acusación de liderar un grupo que promovió acciones destinadas a evitar la transferencia pacífica de poder en Brasil tras los comicios de 2022. Además del expresidente, otros exfuncionarios y allegados de su entorno recibieron penas por participar en la misma trama. Según informó el portal G1, los hechos violentos ocurridos el 8 de enero de 2023, cuando centenares de personas irrumpieron y causaron daños en edificios de las instituciones federales en Brasilia, condujeron también a la condena de numerosos individuos vinculados al intento de revertir el resultado electoral.

La negativa del Supremo Tribunal Federal a conceder el régimen de prisión domiciliaria se enmarca en un contexto en que la justicia brasileña continúa evaluando conductas atribuidas a altos cargos y simpatizantes del expresidente, centrando su valoración en la gravedad de las acciones dirigidas a contender las decisiones institucionales post-electorales. El portal G1 reportó que los magistrados han optado por priorizar la garantía del cumplimiento de la condena y la preservación de la integridad procesal por encima de las preocupaciones sobre el estado de salud de Bolsonaro, pese a que este último aspecto recibió reconocimiento formal en el dictamen de De Moraes.

Entre los factores considerados en perjuicio del beneficio solicitado por la defensa se encuentran las sospechas documentadas acerca de intentos de Bolsonaro para eludir la vigilancia judicial, incluida la alteración no autorizada de la tobillera electrónica que debía portar. Tales conductas, reconocidas en el proceso y ponderadas por los jueces, contribuyeron a fundamentar la negativa colectiva de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal. Según reportó G1, estas deliberaciones responden directamente a la importancia de mantener la aplicación plena de las decisiones judiciales en el contexto de delitos contra la institucionalidad democrática.

El resultado de esta votación en la Primera Sala del Tribunal Supremo se perfila como un paso más dentro de la respuesta judicial a los sucesos de inicios de 2023 y a las responsabilidades atribuidas a figuras del entorno de Bolsonaro tras las convulsiones postelectorales. A su vez, la resolución incrementa la presión sobre los condenados por la intentona golpista y refuerza la posición de la justicia brasileña contrario a conceder tratamientos diferenciados a quienes, según los fallos, han reincidido en el desacato a las restricciones impuestas por tribunales.

Según recogió G1, los próximos movimientos dentro del Tribunal Supremo estarán marcados por la formalización y eventual confirmación de la negativa al arresto domiciliario, al tiempo que el exmandatario continúa cumpliendo la condena de prisión mayoritariamente en régimen cerrado y en las condiciones establecidas por el órgano jurisdiccional competente.

El Supremo Tribunal Militar (STM) de Brasil anunció la notificación formal al expresidente Jair Bolsonaro y a tres generales del Ejército para que presenten su defensa escrita en el marco del proceso que evalúa su expulsión de las Fuerzas Armadas. Según detalló el STM, esta citación representa el fin de las etapas iniciales de la causa y habilita la declaración formal de los acusados. El proceso involucra a militares retirados condenados a elevadas penas de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado contra el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, una trama por la que la Justicia civil les impuso sentencias de entre 19 y 27 años.

De acuerdo con lo publicado por el STM en su sitio web, tanto Bolsonaro como los generales Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno y Braga Neto disponen de diez días hábiles desde la notificación para preparar y entregar sus argumentos de defensa. La acusación contra ellos deriva de la llamada Representación para Declaración de Indignidad para el Cuerpo de Oficiales, que la Fiscalía Militar presentó a comienzos de febrero. El medio indicó que la petición fue realizada por el fiscal general militar Clauro Bortolli, cuya acción obliga al tribunal castrense a determinar si los funcionarios condenados por delitos comunes o militares con penas superiores a dos años mantienen la dignidad necesaria para permanecer en las filas de la institución.

El STM explicó que el proceso iniciado tras la citación formal llevaba varias semanas en su etapa preliminar y que ahora avanza al análisis de fondo sobre la posible expulsión de los cuatro militares citados, todos ellos condenados por la Justicia ordinaria a penas de prisión que van desde los 19 hasta los 27 años. La particularidad del caso de Bolsonaro reside en que es capitán retirado y figura como el único de los notificados con antecedentes ante la Justicia castrense. El tribunal aclaró que el proceso se basa directamente en la condena judicial recibida, sin distinguir si los delitos son de competencia militar o de la justicia común.

Según consignó el STM, la acción judicial también mencionó al almirante Almir Garnier, antiguo comandante de la Marina Brasileña. No obstante, hasta el momento, la corte no ha notificado formalmente a Garnier ni explicó públicamente las razones de esta excepción en el procedimiento, pese a que formaba parte de la petición original de la Fiscalía Militar. El STM no proporcionó detalles adicionales sobre la situación de Garnier, limitando la información a la falta de citación y las imprecisiones en torno a su posible inclusión en etapas posteriores.

El proceso conocido como Representación para Declaración de Indignidad para el Cuerpo de Oficiales contempla la evaluación de la idoneidad de los militares condenados para conservar su estatus dentro de las Fuerzas Armadas de Brasil. De acuerdo con la legislación vigente, cualquier miembro de la oficialidad condenado a una pena de prisión superior a dos años puede ser sometido a este procedimiento.

El medio recalca que una semana antes del anuncio sobre el inicio formal del proceso, la Fiscalía Militar había solicitado al STM la expulsión tanto de Bolsonaro como de los generales Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno y Braga Neto, además del almirante Garnier. El tribunal militar tiene la responsabilidad de juzgar si la gravedad de los delitos y el peso de las condenas privan a los notificados del derecho a portar el uniforme y formar parte del cuerpo militar.

Entre los detalles informados, el STM puntualizó los periodos de prisión dictados por la Justicia civil: 27 años para Bolsonaro, 26 años para Braga Neto, 21 años para Augusto Heleno y 19 años para Paulo Sérgio Nogueira. Todos ellos han alcanzado la etapa en la que deben ejercer su derecho a defensa siguiendo los plazos establecidos.

Según explicó el STM, el siguiente paso en este tipo de procedimientos consiste en recibir los alegatos de los acusados, tras lo cual los jueces instructores analizarán los argumentos y decidirán si corresponde o no la expulsión definitiva de los militares condenados. La decisión final recaerá en el pleno del Tribunal Supremo Militar, que evaluará el cumplimiento de los requisitos legales y la consistencia de las pruebas aportadas.

El proceso judicial responde al intento de golpe de Estado por el que los condenados intentaron revertir mediante la fuerza los resultados de las elecciones que dieron la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva. Las condenas dictadas por la Justicia civil y la imputación por parte de la Fiscalía Militar marcaron un precedente en la historia de la relación entre las instituciones castrenses y el poder civil en Brasil.

Tal como publicó el STM, este tipo de procesos tienen como objetivo garantizar que solo los oficiales que cumplan con los estándares legales y morales exigidos por la legislación militar puedan continuar en el servicio, aun después de la jubilación o retiro, cuando aún conservan derechos y prerrogativas propios de la carrera.

La representación judicial por indignidad, detalló el propio tribunal, constituye un mecanismo previsto en la ley brasileña para preservar la reputación y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, separando a aquellos miembros que han recibido condenas graves. Según aclaró la corte, el resultado del proceso afecta no solo el estatus personal de los acusados, sino también su derecho a percibir beneficios y prerrogativas reservados a los oficiales.

El procedimiento queda encuadrado dentro del sistema judicial militar del país, que posee competencia exclusiva sobre causas relacionadas con el estado y la permanencia en el cuerpo de oficiales. Al tratarse de figuras de alto rango y de un expresidente, el proceso ha adquirido especial notoriedad en la opinión pública brasileña y en la cobertura de los medios nacionales e internacionales, destaca el STM en su informe público sobre el caso.

Según el Cuerpo de Bomberos, citado por CNN Brasil y G1, hubo un número no confirmado de heridos que calculan entre 15 y 34, algunos de los cuales fueron conducidos al hospital en estado grave.

Los manifestantes estaban cerca de la Plaza do Cruzeiro, donde estaba previsto que finalizara la marcha promovida por el diputado ultra Nikolas Ferreira en defensa del ex mandatario, condenado y preso por tramar un golpe de Estado.

La jornada de este domingo ha estado marcada por las fuertes lluvias que han azotado el Distrito Federal, condiciones que, sin embargo, no han impedido que se sumaran miles de personas a la movilización.

“Cayó un rayo y entonces todo el mundo cayó al suelo. No entendimos nada hasta que logramos levantarnos y ayudarnos unos a otros; había mucha gente corriendo. Los bomberos y los servicios médicos de emergencia ya estaban allí preparados, pero era demasiada gente al mismo tiempo”, explicó a G1 el comerciante Alfredo Santana.

La protesta de hoy es la última etapa de una caminata que empezó el lunes pasado, cuando Ferreira partió desde Paracatu, en el interior del estado de Minas Gerais, en dirección a la capital brasileña, durante la cual lo acompañó un grupo de seguidores y aliados del ex mandatario.

El congresista, una de las voces de la extrema derecha brasileña más activas en redes sociales, asegura haber recorrido unos 240 kilómetros a pie por una autopista federal.

Este domingo, se le sumaron miles de personas a su paso por Brasilia, la mayoría vestidas con los colores verde y amarillo de la bandera brasileña.

Los acólitos del líder ultraderechista exigen su libertad, después de que el pasado 11 de septiembre fuera condenado a 27 años y 3 meses de prisión por “liderar” un complot golpista para mantenerse en el poder, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

Una vez agotadas las apelaciones, la corte ordenó la ejecución de la sentencia a finales de noviembre, primero en un cuarto de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia y, desde el pasado 15 de enero, en un complejo penitenciario, también en la capital.

Los abogados del ex jefe de Estado (2019-2022) han solicitado en diversas ocasiones la prisión domiciliaria de su cliente por su delicado estado de salud, pero el Supremo ha negado todos los recursos presentados hasta la fecha.

(Con información de EFE)

La esposa del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, advirtió sobre un “riesgo real de muerte” para el expresidente, debido a su delicado estado de salud y las condiciones de su reclusión.

Afirmó que las autoridades brasileñas conocen la gravedad del cuadro y la posibilidad concreta de que Bolsonaro enfrente consecuencias fatales si continúa bajo las condiciones actuales de aislamiento.

Además, sostuvo que la integridad física de Bolsonaro es ahora una responsabilidad directa del Estado brasileño. Esta advertencia se emitió después de que el expresidente, de 70 años, sufriera una caída de la cama que le provocó un traumatismo craneoencefálico leve, de acuerdo con el doctor Brasil Ramos Caiado.

La preocupación familiar aumentó tras las declaraciones de Michelle Bolsonaro en sus redes sociales, donde indicó que Bolsonaro comenzó a experimentar mareos y pérdida de equilibrio al ponerse de pie, síntomas que atribuyó a los efectos secundarios de la medicación que recibe.

La ex primera dama explicó que fue el abogado del expresidente quien le informó sobre la evolución clínica, lo que incrementó la inquietud ante el hecho de que Bolsonaro permanece encerrado sin posibilidad de vigilancia constante.

De acuerdo con Globo TV, Michelle Bolsonaro relató que, mientras la custodia del expresidente estaba a cargo de la Policía Federal, la puerta de la celda permanecía abierta, lo que permitía una intervención rápida en caso de emergencia.

Desde que la vigilancia pasó a la Policía Penitenciaria Federal, la puerta se mantiene cerrada, incrementando el temor a que un accidente pase inadvertido. “El miedo es real: Podría volver a caerse y nadie lo oiría”, señaló la esposa del ex jefe de Estado.

Por su parte, el hijo del exmandatario, Carlos Bolsonaro, manifestó en la red social X su inquietud por el estado de salud de su padre.

Además, sostuvo que el cuadro clínico “demuestra la certeza de que una nueva caída probablemente sucederá”, amplificando la alarma sobre la posibilidad de un accidente grave durante la reclusión.

La situación judicial añade tensión, ya que Jair Bolsonaro enfrenta una condena de 27 años y tres meses de prisión por su implicación en el intento de golpe de Estado registrado en 2022.

El exmandatario está alojado en la sede de la Policía Federal en Brasilia desde el inicio de su sentencia.

Al mismo tiempo, esta semana, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó por completo una ley aprobada por el Congreso que buscaba reducir las penas de Jair Bolsonaro.

Además, firmó el veto durante un acto en Brasilia, coincidiendo con el aniversario del asalto a los tres poderes realizado por simpatizantes de Bolsonaro. Sin embargo, el Congreso aún podría revertir la decisión del presidente y aprobar la ley sin necesidad de su firma. Esta medida intensifica el debate político en torno al futuro judicial de Bolsonaro y sus aliados.

(Con información de Europa Press)

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue trasladado este miércoles desde la prisión federal de Brasilia a un hospital privado de la ciudad para realizarse diversos exámenes médicos, tras sufrir una caída en su celda durante la madrugada del martes.

El exmandatario brasileño regresó a la unidad penitenciaria en horas de la tarde del miércoles, luego de la batería de exámenes practicados en el hospital.

El operativo fue organizado por la Policía Federal (PF), que escoltó a Bolsonaro desde la sede policial hasta el hospital DF Star. Según informó AP, el exmandatario llegó alrededor del mediodía y permaneció aproximadamente cinco horas bajo observación médica.

En el centro de salud se le practicaron una tomografía computarizada, una resonancia magnética del cráneo y un electroencefalograma, pruebas solicitadas por la defensa y autorizadas por el ministro Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal (STF).

La decisión judicial se basó en un informe médico de la propia PF, presentado el martes, que indicaba que el expresidente presentaba trauma leve en la cabeza y una herida superficial en el rostro.

Durante la estadía en el hospital, Bolsonaro estuvo acompañado por su esposa, Michelle Bolsonaro, quien expresó en redes sociales la necesidad de atención médica inmediata para el ex jefe de Estado.

Además, varios simpatizantes y los diputados Coronel Chrisostomo y Bia Kicis acudieron al hospital para manifestar su respaldo al exmandatario.

En el parte médico presentado a la corte, la Policía Federal reportó que Bolsonaro se encontraba consciente, orientado y sin signos de déficit neurológico.

El traslado se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y con indicación de discreción por parte del STF, que instruyó a la PF sobre la logística y la obligación de garantizar el retorno seguro del exmandatario a la prisión.

La caída ocurrió mientras Bolsonaro dormía en su celda, en la noche del lunes al martes.

O Globo indicó que el operativo de regreso también fue coordinado por la Policía Federal, en cumplimiento estricto de la orden judicial. Cabe señalar que Bolsonaro había salido del hospital apenas una semana antes, tras someterse a una cirugía de doble hernia, y su salud ha requerido seguimiento médico frecuente en los últimos meses.

Bolsonaro permanece privado de su libertad desde finales de noviembre, cumpliendo una condena de veintisiete años y tres meses impuesta por el Supremo Tribunal Federal. El fallo lo responsabilizó por la tentativa de derrocamiento del sistema democrático brasileño, tras su derrota electoral en 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Según las agencias, la sentencia incluyó penas para varios de sus aliados, a quienes se les atribuyó la planificación de acciones orientadas a atentar contra las máximas autoridades del país.

El proceso judicial documentó la existencia de un complot que incluía planes para asesinar al presidente Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al propio ministro Alexandre de Moraes. Además, las investigaciones identificaron un intento coordinado para promover una insurrección a comienzos de 2023.

(Con información de EFE y AP)

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió atención médica por un traumatismo craneoencefálico leve tras una caída en la prisión donde cumple condena en Brasilia.

Bolsonaro sufrió una convulsión mientras dormía, lo que provocó que se golpeara la cabeza contra un mueble de la celda.

La defensa de Bolsonaro solicitó al Supremo Tribunal Federal que acelerara los trámites de traslado al hospital, advirtiendo sobre un “riesgo concreto e inmediato” para la salud del ex jefe de Estado.

Los abogados subrayaron que, dada la situación clínica reciente del exmandatario y el tipo de lesión, resultaba imprescindible la realización de exámenes clínicos e imágenes bajo supervisión médica especializada y con la custodia policial correspondiente.

El médico personal de Bolsonaro, Cláudio Birolini, confirmó al diario O Globo que el expresidente debía ser trasladado al hospital DF Star para una evaluación exhaustiva.

Además, Birolini agregó que las caídas representan una preocupación relevante debido a las condiciones de salud del paciente y señaló que ya habían advertido sobre el riesgo de episodios similares, considerando la evolución clínica de Bolsonaro y sus antecedentes recientes.

La familia del exmandatario también se manifestó sobre el incidente. Carlos Bolsonaro, hijo del expresidente y exconcejal, informó que encontró a su padre “adolorido, con hematoma en el rostro y sangrado en los pies” después de la caída, según declaraciones recogidas por O Globo.

Además, la familia expresó su preocupación por el tiempo que demoró la autorización para el traslado a un hospital y criticó la supuesta demora en la atención médica inicial.

El episodio se registró pocos días después de que Bolsonaro recibiera el alta hospitalaria, tras permanecer internado durante nueve días en el hospital DF Star de Brasilia.

Allí fue sometido a una cirugía de hernia inguinal bilateral y a un bloqueo del nervio frénico, procedimiento destinado a frenar las crisis de hipo persistente, una condición asociada con las secuelas de la puñalada sufrida durante la campaña presidencial de 2018.

Desde su retorno a la custodia de la Policía Federal el 1 de enero, el equipo médico y allegados al expresidente reportaban una evolución clínica favorable, con disminución de los episodios de hipo. Sin embargo, fuentes cercanas indicaron a O Globo que Bolsonaro mencionaba dificultades para dormir, atribuidas al funcionamiento constante y al ruido del aire acondicionado en la celda, situación que motivó una presentación de la defensa ante el STF solicitando mejoras en las condiciones de reposo.

El incidente ocurre mientras Bolsonaro cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión, impuesta por el Supremo Tribunal Federal tras ser acusado de conspirar para intentar un golpe de Estado después de perder las elecciones de 2022.

Desde su detención en la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia a finales de noviembre, el expresidente ha estado bajo estricta vigilancia médica debido a su historial clínico, que incluye múltiples hospitalizaciones y cirugías relacionadas con la agresión de 2018.

(Con información de Europa Press y Reuters)

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro será sometido este martes a un nuevo procedimiento quirúrgico para “reforzar” el bloqueo del nervio frénico, una intervención orientada a controlar las crisis persistentes de hipo que padece desde hace meses, según informó su esposa, Michelle Bolsonaro.

Se trata de la tercera intervención en apenas cuatro días. Las dos anteriores, realizadas el sábado y el lunes, consistieron en bloqueos parciales del nervio frénico derecho e izquierdo, respectivamente. Sin embargo, los episodios de contracciones involuntarias del diafragma reaparecieron este martes por la mañana, de acuerdo con el testimonio público de Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del ex mandatario.

Michelle Bolsonaro señaló que los episodios se prolongaron hasta la tarde, lo que llevó al equipo médico a optar por un “refuerzo del bloqueo del nervio frénico”. El ex presidente permanece internado en un hospital privado de Brasilia, adónde ingresó el pasado 24 de diciembre con autorización judicial.

Inicialmente, Bolsonaro fue hospitalizado para someterse a una cirugía por una hernia inguinal bilateral, intervención realizada el día de Navidad. Según el parte médico difundido por la familia, la evolución de esa operación ha sido favorable, aunque el foco clínico se desplazó rápidamente hacia las crisis de hipo, que se intensificaron durante el postoperatorio.

Los médicos atribuyen estos episodios a secuelas de las múltiples cirugías abdominales a las que Bolsonaro fue sometido desde septiembre de 2018, cuando recibió una puñalada durante un acto de campaña electoral. Desde entonces, el ex jefe de Estado ha pasado por al menos una decena de procedimientos relacionados con ese ataque.

El cuadro médico se produce en un contexto judicial delicado. El 11 de septiembre pasado, la Corte Suprema condenó a Bolsonaro a 27 años de prisión por liderar un complot destinado a desconocer el resultado de las elecciones presidenciales de 2022 y mantenerse en el poder tras su derrota frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Desde finales de noviembre, el ex mandatario cumple la condena en dependencias de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia. La ley brasileña permite traslados hospitalarios con custodia y autorización judicial, como en este caso, pero no implica una modificación automática del régimen de detención.

La defensa de Bolsonaro ha solicitado en reiteradas ocasiones que se le conceda la prisión domiciliaria por razones humanitarias, argumentando un deterioro sostenido de su estado de salud. No obstante, el Supremo Tribunal Federal ha rechazado hasta ahora todos los recursos presentados, al considerar que la atención médica puede garantizarse bajo custodia estatal. Además, el ex mandatario intentó quitarse la tobillera electrónica, por lo que las autoridades creen que pudo haber un intento de fuga.

El caso mantiene alta visibilidad pública en Brasil, donde la figura del ex presidente sigue polarizando el debate político. Mientras sus aliados insisten en que su estado de salud justifica un trato excepcional, los magistrados han reiterado que la gravedad de los delitos por los que fue condenado y el riesgo institucional asociado al intento de ruptura democrática pesan más que las consideraciones humanitarias invocadas.

La nueva intervención médica, prevista para este martes, será evaluada en las próximas horas por el equipo tratante. Su resultado podría incidir en futuros pedidos de la defensa, aunque por ahora el marco judicial permanece inalterado y el expresidente continúa cumpliendo su condena bajo custodia federal.

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro, condenado a 24 años y tres meses de prisión por golpismo, ingresó este lunes nuevamente al quirófano para someterse a una segunda intervención quirúrgica destinada a frenar las crisis persistentes de hipo que padece desde hace meses, según informó su esposa, Michelle Bolsonaro.

La nueva cirugía consiste en un bloqueo anestésico del nervio frénico del lado izquierdo, luego de que un procedimiento similar realizado el sábado sobre el lado derecho no lograra resultados duraderos. De acuerdo con el equipo médico del hospital privado DF Star, el hipo crónico ha sido resistente a tratamientos farmacológicos convencionales.

Michelle Bolsonaro señaló en redes sociales que la intervención busca evaluar si el bloqueo bilateral del nervio permite controlar las contracciones involuntarias, que han afectado el descanso y la estabilidad clínica del ex mandatario durante las últimas semanas.

Los médicos han indicado que el cuadro podría estar relacionado con las secuelas del atentado con arma blanca que Bolsonaro sufrió en septiembre de 2018, durante la campaña presidencial. Desde entonces, el ex jefe de Estado ha sido sometido a múltiples cirugías abdominales y hospitalizaciones recurrentes, según consta en comunicados médicos.

El domingo, Bolsonaro permaneció “estable y sin hipo”, de acuerdo con el último boletín clínico difundido por el hospital, mientras continuaba bajo cuidados postoperatorios tras una cirugía de hernia inguinal bilateral realizada el día de Navidad. Esa intervención motivó su salida temporal, con autorización judicial, de la sede de la Policía Federal en Brasilia.

El ex mandatario había ingresado el 24 de diciembre al centro médico tras abandonar las dependencias policiales donde cumple su condena. Las autoridades penitenciarias informaron que la hospitalización forma parte de un régimen de custodia especial previsto para casos de tratamiento médico prolongado.

Bolsonaro gobernó Brasil entre 2019 y 2022 y fue condenado por encabezar un complot destinado a impedir la asunción del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones de octubre de 2022. La sentencia judicial consideró probado que el entonces mandatario promovió acciones para desconocer el resultado electoral y fomentar una ruptura institucional.

El fallo se enmarca en las investigaciones abiertas tras el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia, ocurrido en enero de 2023, cuando simpatizantes radicalizados del bolsonarismo atacaron el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio del Planalto. Las pesquisas judiciales vincularon esos hechos a una estrategia previa de deslegitimación del proceso electoral.

Además de la pena de prisión, la Justicia brasileña inhabilitó a Bolsonaro para disputar cargos públicos hasta el año 2060, una sanción que lo excluye del escenario político durante las próximas décadas y marca un precedente en la historia democrática reciente del país.

En el plano médico, especialistas consultados por medios brasileños han señalado que el hipo persistente, aunque infrecuente, puede estar asociado a lesiones neurológicas o irritaciones del nervio frénico, especialmente en pacientes con antecedentes de cirugías abdominales complejas.

El hospital DF Star informó que Bolsonaro continuará internado al menos una semana más, bajo observación, para evaluar la evolución tras la segunda intervención y descartar complicaciones adicionales. Su estado general es considerado estable.

La combinación entre el deterioro de su salud y el avance de las causas judiciales mantiene al ex mandatario apartado del debate público, en un momento en que el bolsonarismo atraviesa una reconfiguración interna y enfrenta el desafío de reorganizarse sin su principal referente político.

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro permanece hospitalizado en Brasilia y continúa este domingo en condición estable y sin hipo, aunque durante la noche del sábado volvió a registrar una crisis de contracciones involuntarias, según informaron sus médicos en un nuevo boletín clínico difundido por el centro sanitario.

El parte médico detalló además un aumento transitorio de la presión arterial, lo que llevó al equipo tratante a confirmar para este lunes una nueva intervención quirúrgica destinada a bloquear el nervio frénico del lado izquierdo, con el fin de evaluar la evolución del cuadro y su posible control a mediano plazo.

Los profesionales de la salud habían intentado inicialmente resolver el problema mediante tratamiento farmacológico y seguimiento clínico, evitando procedimientos invasivos. Sin embargo, tras una fuerte crisis de hipo registrada el viernes por la noche, el sábado se realizó un bloqueo del nervio frénico del lado derecho, una medida que hasta ahora no arrojó los resultados esperados.

De acuerdo con los médicos, el episodio recurrente de hipo estaría vinculado a las secuelas del atentado con arma blanca que Bolsonaro sufrió durante la campaña electoral de 2018. Aquel ataque derivó en lesiones abdominales graves y en una serie de cirugías y hospitalizaciones que el ex mandatario ha atravesado desde entonces, según consta en comunicados médicos y registros oficiales.

En paralelo, Bolsonaro continúa con el postoperatorio de una cirugía de hernia inguinal bilateral practicada el día de Navidad. El tratamiento incluye fisioterapia para la rehabilitación, profilaxis para prevenir trombosis venosa profunda y controles clínicos generales, conforme al protocolo informado por el equipo médico.

El ex jefe de Estado fue ingresado el 24 de diciembre en el hospital privado D.F. Star, en la capital brasileña, donde se prevé que permanezca internado al menos una semana, de acuerdo con fuentes sanitarias citadas por la agencia EFE.

La hospitalización se produjo luego de que Bolsonaro abandonara de forma temporal la celda donde cumple su condena en la sede de la Policía Federal en Brasilia. El traslado al centro médico fue autorizado por el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, responsable de supervisar el cumplimiento de la pena.

Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por haber liderado un complot para intentar mantenerse en el poder tras perder las elecciones presidenciales de 2022. La sentencia, dictada por el Supremo Tribunal Federal, concluyó que el entonces mandatario promovió acciones para desconocer el resultado electoral y socavar el orden democrático, en un contexto que desembocó en los ataques a las sedes de los tres poderes del Estado en enero de 2023.

El fallo judicial determinó que el exmandatario alentó un clima de deslegitimación del sistema electoral y presionó a instituciones clave, incluidas las Fuerzas Armadas, tras la victoria del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, según los fundamentos publicados por el tribunal.

Además de la pena de prisión, Bolsonaro fue inhabilitado para ejercer cargos públicos y disputar elecciones hasta el año 2060, una sanción que lo excluye de manera prolongada de la vida política institucional y marca un precedente relevante en la historia democrática de Brasil.

Mientras el equipo médico monitorea su evolución clínica y evalúa la eficacia de las nuevas intervenciones, el caso de Bolsonaro sigue concentrando la atención pública por la superposición entre su delicado estado de salud y una condena judicial que redefinió el mapa político brasileño y el alcance de las responsabilidades penales de un expresidente.

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por su responsabilidad en el intento de golpe de Estado posterior a las elecciones de 2022, será sometido a dos cirugías —una para corregir una hernia inguinal bilateral y otra para tratar sus persistentes crisis de hipo—, según informó este domingo su equipo médico en un comunicado difundido a medios locales.

Los procedimientos se realizarán de forma simultánea y requerirán la internación del ex mandatario, aunque los médicos no precisaron aún la fecha exacta de la intervención ni el tiempo estimado de hospitalización. El parte médico está firmado por el cirujano Claudio Birolini y el cardiólogo Leandro Echenique, responsables del seguimiento clínico de Bolsonaro desde su detención.

La primera intervención corresponde a una cirugía de hernia inguinal bilateral, una patología que, según los médicos, se ha agravado en los últimos meses. El segundo procedimiento consistirá en un bloqueo anestésico del nervio frénico, una técnica utilizada para reducir crisis de hipo persistentes, un trastorno que el exmandatario padece de forma recurrente y que ha sido documentado públicamente en apariciones recientes.

La autorización para la cirugía fue concedida el viernes por el Tribunal Supremo de Brasil, tras recibir un informe médico elaborado por la Policía Federal que certificó la necesidad de la intervención. Bolsonaro se encuentra detenido desde finales de noviembre en una sede de ese organismo, en Brasilia, bajo un régimen de custodia especial.

En la misma resolución, el juez Alexandre de Moraes rechazó un nuevo pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa del expresidente. El magistrado argumentó que no existe base legal para conceder ese beneficio y citó el “reiterado incumplimiento de las medidas cautelares” impuestas con anterioridad, entre ellas el uso obligatorio de una tobillera electrónica.

Bolsonaro fue detenido después de que las autoridades constataran un intento de dañar ese dispositivo de monitoreo (tobillera electrónica), lo que el Supremo interpretó como una violación directa de las condiciones fijadas para su permanencia en libertad mientras avanzaban las causas en su contra. Ese episodio fue clave para ordenar su encarcelamiento efectivo.

El ex mandatario, de 70 años, arrastra desde hace años una situación médica compleja. Desde 2018 ha sido sometido a múltiples cirugías abdominales y presenta episodios frecuentes de vómitos, mareos y obstrucciones intestinales, secuelas atribuidas al atentado con arma blanca que sufrió durante la campaña presidencial de ese año.

A pesar de esos antecedentes, el Tribunal Supremo ha sostenido de forma reiterada que el estado de salud de Bolsonaro puede ser tratado dentro del sistema penitenciario o, cuando es necesario, mediante internaciones hospitalarias bajo custodia, sin que ello justifique una prisión domiciliaria automática.

Bolsonaro gobernó Brasil entre 2019 y 2022 y fue condenado este año por su papel en la deslegitimación del proceso electoral y en la articulación política y discursiva que precedió al asalto a las sedes del Congreso, el Palacio del Planalto y el Supremo Tribunal Federal, el 8 de enero de 2023.

La sentencia considera probado que el entonces líder de la ultraderecha alentó un clima de ruptura institucional, desconoció de forma sistemática el resultado de las elecciones que dieron la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva y mantuvo vínculos políticos con los sectores que impulsaron la intentona golpista.

Desde su detención, el caso Bolsonaro se ha convertido en un punto de tensión permanente en la política brasileña. Mientras sus aliados denuncian una persecución judicial, el Supremo insiste en que las decisiones adoptadas responden a criterios estrictamente legales y buscan preservar el orden constitucional.

Las próximas cirugías añaden un nuevo capítulo a un proceso que combina causas penales, disputas políticas y un seguimiento médico constante, en un contexto en el que la Justicia brasileña busca dejar sentado que ni la investidura pasada ni el deterioro físico alteran el cumplimiento efectivo de una condena firme.

El Gobierno decidió pisar sobre seguro para el regreso de Argentina a los mercados de capital, luego de casi ocho años de ausencia. Por eso, se optó una colocación en el mercado local, un bono muy corto (vence en 2029) y un cupón de intereses elevado (6,5% anual) para volverlo lo más atractivo posible para los inversores. Se trata de un paso intermedio para el verdadero objetivo, que es regresar a los mercados internacionales con colocaciones de mayor profundidad y plazo.

El anuncio fue recibido con bastante euforia y hubo una fuerte suba inicial sobre todo en los ADR argentinos que cotizan en Wall Street, junto a una mejora en la paridad de los bonos en dólares. Pero el cierre fue bastante más flojo. Las acciones terminaron más de 3% abajo y los títulos prácticamente neutros.

¿Qué pasó en el medio? Se “resfrió” Brasil. Los mercados se pusieron en alerta tras la confirmación del apoyo de Jair Bolsonaro a la candidatura oficial de su hijo, Flávio. Sucedió luego de varios meses de disputas internas en el espacio bolsonarista. Los inversores querían un respaldo para el actual gobernador de San Pablo, Tarcisio de Freitas. Finalmente el ex presidente ahora preso optó por su hijo mayor.

La noticia generó una fuerte caída de más de 5% en el mercado brasileño y una suba del dólar. Arrancó la campaña electoral cuando todavía faltan un año para las elecciones y arrancó la volatilidad. El Bovespa, índice líder de acciones brasileñas, tuvo un gran año con subas superiores al 30%, pero ahora se entra en un período de mayores dudas. La apuesta es que Lula Da Silva no sea reelegido, pero es difícil jugársela con tanta anticipación.

Este ruido que llego desde Brasil le pone un obstáculo inesperado al Gobierno en este primer paso que dará exclusivamente en el mercado local para luego sí apuntar a un regreso pleno al financiamiento internacional.

Expectativas y rendimiento

Por supuesto habrá que esperar lo que sucede en los próximos días hasta la colocación que arranca el miércoles. Pero cualquier incidente conspira contra el objetivo de conseguir un rendimiento lo más bajo posible. Actualmente el AL 29, que es el bono más parecido al que se va a emitir, rinde 9,8% anual en dólares. Un objetivo lógico para el equipo económico es apuntar a un rendimiento para el nuevo título en el rango de 9% a 9,5% anual como techo.

El mismo título bajo legislación neoyorkina (GD 29) tiene un premio porque los inversores lo consideran más seguro y rinde más cerca del 7,5% anual. Sin embargo, la colocación se hará bajo ley argentina.

La emisión que realizará el Tesoro en los próximos días es un hito. Pero su principal objetivo no es asegurar los dólares para el próximo vencimiento de deuda de USD 4.300 millones en enero, algo que el mercado descuenta. En realidad, lo que se busca es apurar una compresión del riesgo país, que viene mostrando resistencia a perforar la zona de los 600 puntos básicos.

A esta colocación del Bonar 29 se sumará un financiamiento de bancos internacionales que ofrecieron (según Caputo) hasta USD 7.000 millones de fondos frescos. La cifra es creíble. Santa Fe tuvo una demanda de USD 1.800 millones en el bono internacional que colocó esta semana y finalmente terminó adjudicando USD 800 millones.

El FMI insiste: acumular reservas

Esta semana volvió el reclamo del FMI para que el Gobierno empiece a acumular reservas. Se trata del talón de Aquiles del Gobierno, que sigue demasiado expuesto a cualquier crisis o cambio de humor en los mercados. Caputo aseguró que el Banco Central podría comprar un piso de USD 7.000 millones el año que viene contra emisión de pesos como parte del proceso de remonetización de la economía.

Sin embargo, la forma de asegurar que esos dólares se acumulen en las reservas es consiguiendo financiamiento por otra vía, sobre todo la colocación de deuda en los mercados. El próximo objetivo en esa dirección es que el riesgo país se desplome hasta la zona de 450 puntos básicos. Aún en esos niveles estaría por encima de lo que rinden los bonos de casi todos los países de la región, excluyendo a Venezuela.

La tranquilidad cambiaria abrió paso a un desplome de las tasas de interés. Primero lo hicieron con lentitud tras las elecciones legislativas y ahora esa disminución tomó más velocidad. Algunos bancos líderes ya están pagando tasas de solo 21% o 22% anual en pesos, cuando venían de niveles superiores al 45%.

También cayeron las tasas de corto plazo para empresas, especialmente descuento de cheques o adelantos en cuenta corriente, a niveles ya cercanos al 30%. La expectativa es que el repunte del crédito y la baja de tasas impulse aunque sea marginalmente la recuperación de la actividad.

La inflación como límite

La reticencia del Gobierno para poner en marcha el plan de compra de dólares se entiende al observar la marcha de los precios en las últimas semanas.

Consultoras como Econviews y LCG midieron significativos incrementos en alimentos y bebidas en la primera semana de diciembre, en línea con lo que sucedió a lo largo de noviembre. Con estos incrementos, la suba de las últimas cuatro semanas se acerca al 4%. Y esto le pone un piso al índice general de diciembre cómodamente por encima del 2%.

Las consultoras que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado, sin embargo, se mantienen optimistas en relación a la evolución futura de los precios. Proyectaron que a partir de enero volverá a niveles debajo del 2% para descender hasta 1,5% en mayo, es decir volver un año después al piso que tocó justamente en mayo de este año.

Al anunciar su candidatura, Flávio afirmó que "cumplirá la misión" de ser candidato en octubre de 2026 para dar continuidad al "proyecto de nación" de su padre, quien lleva 10 días cumplidos de una condena de 27 años de cárcel por golpe de Estado.

"Es con gran responsabilidad que confirmo la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de conferirme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación," declaró el primogénito del exmandatario en un mensaje en las redes sociales.

En ese mensaje, Flávio habló de la inseguridad pública causada por "narcoterroristas" y del "saqueo" de las empresas estatales; y criticó la alta carga de impuestos y la falta de expectativas para la juventud.

El senador y ahora precandidato recibió el respaldo de la cúpula del Partido Liberal (PL), la formación de extrema derecha que lidera su padre y que cuenta con la mayor bancada en el Legislativo, y también de sus hermanos y de la mujer de su padre, Michelle Bolsonaro, quien en los últimos días ha mostrado una voz propia dentro del clan.

El anuncio despeja las dudas en la derecha más radical de cara a los comicios de 2026, en las cuales Lula volverá a ser candidato a un cuarto mandato, encabezando las fuerzas progresistas.

De este modo, podría repetirse el escenario de 2022, los comicios más polarizados y reñidos de la historia reciente del país, en los que los brasileños votaron en una segunda vuelta entre dos candidatos con los mismos apellidos, Lula y Bolsonaro.

Tras esas elecciones, en las que Lula se impuso por una pequeña diferencia de 1,8 puntos porcentuales, Bolsonaro trató de convencer a la cúpula militar para embarcarse en un golpe de Estado, unos hechos por los que acaba de ser condenado a 27 años de cárcel, que cumple en una celda de la Superintendencia de la Policía Federal, en Brasilia.

Los sondeos publicados hasta ahora sitúan a Lula en franca ventaja ante cualquier posible candidato de derechas de cara a los comicios del próximo octubre, pero pocas de esas encuestas barajaban a Flávio como el posible abanderado de las fuertes de la derecha.

Entre el ramillete de opciones, el nombre con más fuerza era el del gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, un exministro del Gobierno de Bolsonaro que goza del apoyo del mercado financiero y quien de momento no había aclarado si pretendía aspirar al palacio presidencial o a su reelección al frente del ejecutivo regional.

De momento, Freitas no se ha manifestado públicamente tras el anuncio de la candidatura de Flávio Bolsonaro.

El mercado financiero, que se siente más a gusto con un perfil más económico como el de Freitas, dirigió mal la noticia de la candidatura de Flávio Bolsonaro.

La Bolsa de São Paulo, que encadenaba récords consecutivos, se hundió un 4,31 % y el dólar rebotó un 2,31 % frente al real brasileño.

La candidatura tampoco fue recibida con apoyo unánime de las fuerzas de centro y derecha. El conservador Ronaldo Caiado, gobernador del estado de Goiás y quien desde hace meses lanzó su candidatura presidencial, adelantó que se mantendrá en la disputa.

Sin embargo, sí recibió un apoyo relevante, el de Michelle Bolsonaro, ex primera dama y quien tuvo un rifirrafe público con los hijos del patriarca familiar a comienzos de esta semana por diferencias en relación a candidaturas regionales para las elecciones de 2026.

Ya desde la izquierda, la noticia se recibió como algo "previsible", en palabras del diputado Lindbergh Farias, líder del Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara baja.

"Saben que es prácticamente imposible derrotar a Lula, pero quieren mantener el protagonismo de la oposición para el futuro", afirmó Farias en las redes sociales.

São Paulo, 5 dic (EFE).- El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, afirmó este viernes que no va a quedar "de brazos cruzados" y "cumplirá la misión" de ser candidato a la presidencia de Brasil en octubre de 2026.

A través de una publicación en sus redes sociales con tono de crítica al actual Gobierno y un fuerte contenido religioso, el senador del Partido Liberal (PL) ratificó la decisión de su padre de señalarlo como sucesor para dar continuidad a su "proyecto de nación".

"Es con gran responsabilidad que confirmo la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de conferirme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación," declaró el primogénito del exmandatario y líder de la extrema derecha brasileña.

El anuncio formalizó la estrategia de la derecha para las próximas elecciones, en medio de la prisión y la inhabilitación política de Jair Bolsonaro.

En su mensaje, el senador enumeró una serie de problemas que, según él, aquejan al país bajo la actual administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y apuntó directamente a la corrupción y la falta de seguridad.

"Nuestro país atraviesa momentos difíciles, en los que muchos se sienten abandonados, los jubilados son robados por el propio gobierno, los narcoterroristas dominan las ciudades y explotan a los trabajadores, las empresas estatales vuelven a ser saqueadas, no dejan de crearse o aumentarse nuevos impuestos, y nuestros hijos no tienen expectativas de futuro", escribió.

Asimismo, manifestó que no va a "quedar de brazos cruzados" viendo "cómo la esperanza de las familias se apaga" y cómo "sucumbe" la democracia brasileña.

El discurso culminó con un mensaje de fe, característico de la retórica política conservadora brasileña, en el que enfatizó la importancia de su misión.

"Creo en un Dios que no abandona a nuestra nación", sentenció y dijo que confía en que Dios "irá al frente, abriendo puertas, derrumbando murallas y guiando cada paso de esta jornada".

El anuncio de Flávio Bolsonaro, considerado por analistas como uno de los hijos más moderados del expresidente, se produjo en un momento de intensas negociaciones en el campo de la derecha, en el que se barajaban varios nombres, como el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o incluso la ex primera dama, Michelle Bolsonaro.

Brasilia, 5 dic (EFE).- El senador Flávio Bolsonaro, elegido por su padre, el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, como candidato a la Presidencia, es el hijo más "moderado" de una radical familia de extrema derecha que intentará reconquistar el poder en las elecciones de 2026.

El expresidente eligió a su hijo mayor como candidato presidencial desde la celda de 12 metros cuadrados que ocupa en unas dependencias de la Policía Federal en Brasilia, donde cumple una condena a 27 años de prisión por haber intentado impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022.

Lula, el dirigente progresista más relevante de la historia de Brasil, quien gobernó entre 2003 y 2010 en dos períodos consecutivos y volvió al poder tras derrotar a Bolsonaro, buscará su cuarto mandato en 2026 y desde ya Flávio se perfila como su máximo rival.

El primogénito de Bolsonaro tiene 44 años, es abogado, pero ha dedicado su vida a la política, en la que comenzó en 2003, cuando fue elegido diputado en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.

Es fruto del primer matrimonio de Bolsonaro y mantiene serias diferencias políticas con la actual esposa de su padre, Michelle, quien también tiene sus apetitos y llegó a insinuar una candidatura a la Presidencia que ahora será de Flávio.

Bolsonaro suele referirse a sus hijos con números, según el orden de en que nacieron. Flavio es "01" y fue el primero que entró en política. En 2016 fue candidato a alcalde de Río de Janeiro, sin ningún éxito. Cuarto lugar, con unos 400.000 votos que representaron un 14 % del total.

Para ese momento, su padre todavía no tenía ninguna influencia en la política nacional. Sin embargo, eso cambió a partir de 2018, cuando Bolsonaro surgió como líder de una emergente y radical extrema derecha que le llevó a la Presidencia e impulsó a sus hijos Flávio y Eduardo.

El ahora candidato presidencial fue elegido senador por Río de Janeiro con 4,3 millones de votos. Su hermano Eduardo, hoy en el exilio en EE.UU. huyendo de la justicia, fue elegido diputado.

Igual que su padre y sus tres hermanos dedicados a la política, Flávio Bolsonaro ha lidiado con problemas judiciales. Entre otros delitos, ha sido investigado por lavado de dinero, asociación ilícita y malversación, pero los procesos han sido archivados por diversas razones.

Entre las sospechas, contratar funcionarios "fantasmas" para sus despachos legislativos a fin de apropiarse de los sueldos y lavado de dinero a través de una tienda de chocolate que tenía en Río de Janeiro y le permitió comprar, siempre en efectivo, una veintena de apartamentos en Río de Janeiro en unos pocos años.

Su último problema, la compra de una mansión en Brasilia, valorada en seis millones de dólares y en la que vive con su esposa, la odontóloga Fernanda Antunes Figueira, con quien tiene dos hijas.

Su actuación en el Senado siempre fue discreta, hasta que su padre cayó en desgracia y, sobre todo, desde que fue a prisión. Con su hermano Eduardo en el exilio, Flávio asumió el papel de portavoz de la familia en defensa del expresidente.

Pasó a tener entonces un rol más preponderante en el Partido Liberal (PL), que ahora ha acatado la decisión tomada por el expresidente Bolsonaro y lo ha aceptado como abanderado para 2026.

Como su padre, Flávio es promotor de un Estado mínimo, de un combate sin cuartel contra la delincuencia y de la liberación de la venta de armas, así como ve la hoz y el martillo en todos quienes se le oponen, a los que no duda en tildar de "comunistas".

En su rol de candidato, tendrá la misión de unir al arco de derechas, que va desde los conservadores más tradicionales que no aceptan el radicalismo bolsonarista, hasta la ultraderecha autoritaria que todavía tiene como gran líder a Jair Bolsonaro.

Pero la principal oferta de su plataforma de campaña será sin duda un indulto que libre de la prisión a su padre y a todos los condenados por el intento de golpe de Estado de 2022, una iniciativa que intentó promover en el Parlamento y fue bloqueada por la derecha más tradicional, que domina las cámaras legislativas.

Eduardo Davis

El Supremo Tribunal Federal ordenó que el expresidente ingrese en prisión tras ser hallado culpable de conspirar para mantenerse en el poder después de perder las últimas elecciones.

El Supremo Tribunal de Brasil ordenó el martes al expresidente Jair Bolsonaro comenzar a cumplir una condena de 27 años por haber dirigido un complot fallido para aferrarse al poder tras perder las últimas elecciones del país.

Después de que el máximo tribunal de la nación rechazara una apelación inicial de los abogados de Bolsonaro que impugnaba su condena, el tribunal dictaminó que deberá comenzar a cumplirla en un centro de la policía federal en Brasilia, la capital.

El fallo del tribunal culminó un esfuerzo de varios años por responsabilizar a Bolsonaro por su papel en un complot de gran alcance para anular los resultados de las elecciones de 2022 y permanecer en el poder después de su derrota en las urnas.

El caso se convirtió en una dura prueba para la joven democracia brasileña después de que el presidente Trump intentara ayudar a su aliado político al imponer aranceles y sanciones punitivas en un intento por presionar a Brasil para que abandonara el proceso. Pero las autoridades brasileñas no cedieron y Trump parece haber pasado página.

Bolsonaro ya está bajo custodia en las dependencias de la policía federal. Fue detenido el sábado después de decirles a los agentes que había aplicado un soldador al monitor de tobillo que rastreaba sus movimientos durante el arresto domiciliario, lo que despertó sospechas de que intentaba huir. Bolsonaro culpó a sus medicamentos de causarle "alucinaciones" y "paranoia" de que el dispositivo pudiera usarse para espiarlo.

Los abogados de Bolsonaro no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

El equipo de defensa del expresidente había pedido al tribunal que le permitiera cumplir la pena en su domicilio debido a problemas de salud asociados a complicaciones de un apuñalamiento sufrido en 2018.

El tribunal rechazó la solicitud después de que Bolsonaro manipulara su monitor de tobillo. Ahora que Bolsonaro comienza a cumplir su condena, su defensa podría volver a intentarlo y presentar pruebas médicas que respalden su argumento.

En septiembre, el Supremo Tribunal de Brasil condenó a Bolsonaro y a siete de sus aliados por organizar una vasta conspiración para anular las elecciones de 2022 y asesinar al ganador, Luiz Inácio Lula da Silva, antes de que asumiera la presidencia.

Bolsonaro ha estado bajo arresto domiciliario desde agosto, vigilado de cerca por la policía porque el juez del Supremo Tribunal que supervisa el caso consideró que existía riesgo de fuga.

Los analistas prevén que Bolsonaro permanezca poco tiempo en prisión antes de que el Supremo Tribunal finalmente le permita cumplir el resto de la condena en su casa, aunque aún no está claro cuánto tiempo pasará tras las rejas.

El equipo de defensa de Bolsonaro ha alegado que su precaria salud --que incluye frecuentes ataques de hipo y vómitos-- "hace imposible su permanencia segura en un entorno carcelario", ya que necesita atención médica constante.

"Debe cumplir la condena que recibió", dijo Antonio Carlos de Almeida Castro, abogado brasileño veterano que ha defendido a políticos y magnates empresariales. "Pero dado que parece estar muy enfermo, podría tener derecho al arresto domiciliario".

No es la primera vez que un expresidente brasileño se enfrenta a la cárcel. Lula, quien gobernó entre 2003 y 2010, fue condenado en 2017 a más de una década de prisión por recibir sobornos de una constructora, aunque su condena fue posteriormente anulada y quedó en libertad tras cumplir 580 días de prisión.

A principios de este año, otro expresidente, Fernando Collor, quien gobernó el país entre 1990 y 1992, comenzó a cumplir una condena de casi nueve años por corrupción, aunque fue trasladado a arresto domiciliario tras poco más de una semana debido a su estado de salud.

La condena contra Bolsonaro se basó en abundantes pruebas de que él y su círculo cercano pasaron meses minando la confianza de los votantes en el sistema electoral de Brasil y que, después de perder por un estrecho margen frente a Lula, intentaron mantenerlo en el poder.

Los planes incluían disolver al Supremo Tribunal, anular el resultado de las elecciones y otorgar a los militares amplios poderes. Además de planear el asesinato de Lula, los fiscales afirmaron que la conspiración también contemplaba matar a un magistrado del Supremo Tribunal que había supervisado el caso de Bolsonaro.

Bolsonaro negó las acusaciones y dijo que no tenía conocimiento de ningún plan de asesinato. Sostuvo que había buscado vías dentro de la Constitución brasileña para corregir lo que, según él, había sido una elección robada, aunque una revisión realizada por las Fuerzas Armadas no encontró pruebas de fraude electoral.

Tras la llegada de Lula a la presidencia, simpatizantes de Bolsonaro irrumpieron en edificios gubernamentales en enero de 2023, un alboroto destructivo que evocó el ataque al Capitolio estadounidense dos años antes.

Incluso mientras estaba en prisión, los aliados de Bolsonaro siguieron confiando en un intento vacilante de sus aliados políticos de aprobar en el Congreso de Brasil un proyecto de ley que lo absolviera.

Sus partidarios afirman que el proceso contra Bolsonaro fue un intento de poner fin a su carrera política y mantenerlo fuera de las elecciones presidenciales del próximo año. A pesar de sus problemas legales, el expresidente aún es una figura de peso en la derecha política brasileña.

Aun así, Bolsonaro no puede ser candidato en las elecciones presidenciales del año que viene debido a un fallo separado emitido por otro tribunal. Y su condena y encarcelamiento por la trama golpista implica que quedará inhabilitado de forma permanente para ocupar cargos públicos, conforme a la Constitución brasileña.

Lis Moriconi colaboró con investigación.

Ana Ionova es una colaboradora del Times que vive en Río de Janeiro y cubre Brasil y países vecinos.

Lis Moriconi colaboró con investigación.

Poco antes de que empezara a cumplir una condena de 27 años, el expresidente de Brasil utilizó un soldador en su dispositivo de seguimiento.

La alerta de emergencia llegó a la policía brasileña a las 12:07 a. m. del sábado: el monitor de tobillo del expresidente había sido manipulado.

Los agentes entraron en la casa del expresidente Jair Bolsonaro y encontraron el monitor electrónico carbonizado y destrozado, pero todavía sujeto.

No había sido un incendio ni un accidente. En lugar de eso, Bolsonaro había quemado el dispositivo que seguía todos sus movimientos, según declaró a la policía, días antes de que empezara a cumplir una condena de 27 años de prisión por intentar dar un golpe de Estado.

Bolsonaro, de 70 años, no intentaba huir, dijeron sus hijos, aliados y abogados. Más bien, se sentía indispuesto debido a sus medicamentos.

"Bolsonaro no tendría forma de escapar", dijo Paulo Cunha Bueno, una de sus abogadas, a los periodistas fuera de las instalaciones policiales donde Bolsonaro está detenido en Brasilia, la capital. El expresidente, añadió Bueno, "es un hombre mayor que sufre graves problemas de salud".

En un primer momento, Bolsonaro dijo a la policía que se había golpeado el monitor del tobillo, lo que hizo que fallara, según un informe de la autoridad penitenciaria de la región de la capital.

Pero cuando un agente que se encontraba en el lugar le preguntó por las marcas de quemaduras del dispositivo, Bolsonaro admitió haber utilizado un soldador para intentar fundirlo. En un video de la conversación difundido por las autoridades, se oye a Bolsonaro decir al agente que había empezado a quemar el monitor horas antes.

Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó entonces la detención de Bolsonaro ante la sospecha de que pretendía fugarse de la vivienda en la que había estado bajo arresto domiciliario desde agosto.

En la orden de detención del sábado, el juez Alexandre de Moraes, quien supervisó el caso, dijo que las autoridades habían agotado todas las opciones cautelares.

Los abogados de Bolsonaro no respondieron a las peticiones de comentarios sobre su detención.

En las semanas previas a su detención, se especuló mucho sobre cuándo comenzaría Bolsonaro a cumplir la condena dictada por el Supremo Tribunal en septiembre, tras ser declarado culpable de supervisar un complot para aferrarse al poder cuando perdió las elecciones presidenciales de 2022.

Permaneció bajo arresto domiciliario mientras un grupo de jueces sopesaba las impugnaciones presentadas por sus abogados. Este mes, el tribunal rechazó las apelaciones.

Un día antes del episodio del monitor de tobillo, sus abogados habían pedido al tribunal que Bolsonaro cumpliera su condena en casa debido a problemas de salud, que él atribuye a complicaciones derivadas de un ataque con arma blanca en 2018.

Su mal estado de salud, que incluye ataques frecuentes de hipo y vómitos, "hace imposible que su estancia sea segura en un entorno carcelario", dijo su defensa en las redes sociales.

El sábado, tras la detención de Bolsonaro, el tribunal rechazó esa petición de arresto domiciliario. Pero una vez que empiece a cumplir su condena, su equipo de defensa podría intentarlo de nuevo, mediante la presentación de evidencia médica para apoyar su argumento.

Se había planeado una concentración de partidarios de Bolsonaro afuera de su domicilio el sábado. Dañar el monitor de tobillo, escribió De Moraes, apuntaba a su intención de escapar entonces, "facilitada por el tumulto causado por la manifestación".

En una audiencia celebrada el domingo, Bolsonaro dijo al tribunal que había quemado el monitor de tobillo porque sus medicamentos le habían provocado "alucinaciones" y "paranoia" de que el dispositivo pudiera utilizarse para espiar.

La preocupación de que Bolsonaro pueda huir antes de rendir cuentas por la fallida conspiración golpista no es nueva.

Después de una redada policial el año pasado dirigida contra él y su círculo más cercano, Bolsonaro parecía estar haciendo planes para solicitar asilo en Argentina, dijo la policía, aunque no está claro si llegó a hacerlo.

Días después de la redada policial, Bolsonaro pasó dos noches en la embajada de Hungría en Brasil, en un aparente intento de obtener asilo en un país dirigido por un aliado de derecha, el primer ministro Viktor Orbán.

Y este año, uno de los hijos de Bolsonaro, que vive en Estados Unidos, presionó al presidente Donald Trump para que ayudara a su padre, lo que suscitó temores de que Bolsonaro pudiera huir allí.

La condena de Bolsonaro se basó en abundantes pruebas de que él y su círculo más cercano habían socavado la confianza de los votantes en los sistemas electorales de Brasil y, después de perder por un margen estrecho las elecciones frente a Luiz Inácio Lula da Silva, habían intentado mantenerlo en el poder.

Sus planes incluían disolver el Supremo Tribunal, anular el resultado de las elecciones y otorgar amplios poderes a los militares. Los fiscales también acusaron a Bolsonaro y a sus aliados de conspirar para asesinar a enemigos percibidos, incluido Lula.

Cuando el plan fracasó, los partidarios de Bolsonaro asaltaron edificios gubernamentales en un episodio destructivo que recordó a los disturbios del Capitolio estadounidense del 6 de enero de 2021.

Bolsonaro ha insistido en su inocencia y ha afirmado que había buscado vías dentro de la Constitución de Brasil para corregir lo que él afirmaba, sin pruebas, que habían sido unas elecciones robadas.

El sábado por la noche, sus partidarios se reunieron para la manifestación frente a su casa. Algunos coreaban "amnistía", en referencia al intento vacilante de los aliados de Bolsonaro de aprobar un proyecto de ley que lo absolviera.

El hijo del expresidente, Flávio Bolsonaro, senador brasileño, pidió a los congregados que rezaran por su padre y mantuvieran la esperanza. "Tengan fe", dijo a la multitud. "La luz llega después de la hora más oscura".

Ana Ionova es una colaboradora del Times que vive en Río de Janeiro y cubre Brasil y países vecinos.

La detención se produjo días antes de que se ordenara al expresidente el inicio de una condena de 27 años de prisión por planear un golpe de Estado fallido.

La policía de Brasil detuvo el sábado al expresidente Jair Bolsonaro ante el temor de que pudiera escapar del arresto domiciliario para evitar cumplir una condena de 27 años de prisión por una conspiración fallida para cometer un golpe de Estado, según una orden judicial brasileña.

Bolsonaro, político de derecha que dirigió Brasil de 2019 a 2022, fue condenado en septiembre tras ser declarado culpable de liderar un plan para aferrarse al poder tras perder su intento de reelección.

Las autoridades brasileñas vigilaban estrechamente a Bolsonaro, quien llevaba un monitor de tobillo desde agosto en su domicilio de Brasilia, la capital. Alexandre de Moraes, magistrado del Supremo Tribunal Federal que supervisa el caso, había considerado que existía riesgo de fuga.

Bolsonaro no había comenzado a cumplir su condena porque el tribunal, hasta hace poco, estaba revisando sus apelaciones.

Fue detenido por agentes de la policía federal el sábado por la mañana. Se trataba de una medida preventiva para proteger su seguridad y mantener el orden público antes de una manifestación planeada por sus partidarios frente a su domicilio, según un alto cargo policial con conocimiento directo de la situación, quien habló de forma anónima para comentar un caso confidencial.

Una orden del Supremo Tribunal que autorizaba la detención, a la cual tuvo acceso The New York Times, afirmaba que el monitor electrónico de tobillo de Bolsonaro había sido manipulado poco después de la medianoche del sábado. La manipulación, decía la orden judicial, demostraba que Bolsonaro pretendía romper su monitor de tobillo y escapar, "facilitado por el tumulto provocado por la manifestación".

Los abogados de Bolsonaro no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

En agosto, la policía dijo que se había incautado un documento que sugería que Bolsonaro había planeado solicitar asilo en Argentina el año pasado, poco después de que las autoridades llevaran a cabo una amplia operación contra el expresidente, confiscaran su pasaporte y detuvieran a algunos de sus aliados cercanos.

Días después de esa operación, Bolsonaro pasó dos noches en la embajada de Hungría en Brasil, en un aparente intento de obtener asilo en un país dirigido por un aliado de derecha, el primer ministro Viktor Orbán. En una entrevista a principios de año, Bolsonaro se negó a explicar por qué había dormido en la embajada.

La detención del sábado se produjo apenas unos días antes de que el Supremo Tribunal de Brasil tuviera previsto ordenar que comenzara a cumplir su condena.

Los abogados de Bolsonaro habían pedido al tribunal que le permitiera cumplirla en casa debido a problemas de salud, que él atribuyó a complicaciones derivadas de un ataque con arma blanca durante la campaña electoral de 2018.

La condena de Bolsonaro se basó en multitud de pruebas que demostraban que él y su círculo íntimo habían pasado meses socavando la confianza de los votantes en los sistemas electorales de Brasil y luego, después de que perdiera por un estrecho margen la votación frente a Luiz Inácio Lula da Silva, habían intentado mantenerlo en el poder.

Esos planes preveían disolver el Supremo Tribunal, anular el resultado de las elecciones y otorgar amplios poderes a los militares. Los fiscales también acusaron a Bolsonaro y a sus aliados de conspirar para asesinar a supuestos enemigos, entre ellos Lula, su compañero de fórmula y un juez del Supremo Tribunal que había abierto varias investigaciones sobre Bolsonaro.

Finalmente, fue condenado por planear un golpe de Estado, socavar violentamente la democracia y formar parte de una organización criminal armada, entre otros delitos.

Bolsonaro siempre ha negado las acusaciones y ha afirmado que no tenía conocimiento de ningún plan de asesinato. Dijo que buscó vías dentro de la Constitución de Brasil para corregir lo que, según él, fueron unas elecciones robadas, aunque una revisión realizada por el ejército brasileño no encontró pruebas de fraude electoral.

Leonardo Coelho colaboró con reportería.

Ana Ionova es una colaboradora del Times que vive en Río de Janeiro y cubre Brasil y países vecinos.

Leonardo Coelho colaboró con reportería.

Tres de los hijos de Jair Bolsonaro cargaron este sábado con dureza contra Alexandre de Moraes, el juez de la Corte Suprema que dictó la orden de prisión preventiva del ex presidente brasileño, al acusarlo de querer “matar” a su padre.

“El objetivo de Alexandre de Moraes es bien simple: matar a mi padre”, escribió en sus redes sociales el diputado Eduardo Bolsonaro en un extenso mensaje en el que tachó al magistrado de “psicópata”.

Eduardo se encuentra desde marzo pasado en Estados Unidos, donde ha mantenido reuniones con representantes del Gobierno de Donald Trump en busca de ayuda para intentar tumbar el proceso por el cual el ex mandatario fue condenado a 27 años de cárcel por golpismo.

El Supremo ya imputó al legislador por su actuación en EEUU, que se tradujo en aranceles del 50% sobre los productos brasileños, la revocación de los visados a varios jueces del alto tribunal y funcionarios del Ejecutivo, y sanciones financieras contra De Moraes.

“Cualquier régimen de excepción busca eliminar físicamente a sus disidentes; Alexandre de Moraes simplemente sigue el ejemplo de todos los tiranos psicópatas que lo precedieron”, expresó Eduardo.

“Nada de esto nos hará retroceder ni rendirnos. El martirio de mi padre solo encenderá la llama de la justicia en nuestros corazones. Todos los involucrados en el actual intento de Alexandre de Moraes de asesinar a mi padre rendirán cuentas”, prometió.

En la misma línea, el senador Flávio Bolsonaro manifestó que su padre “nunca hizo nada malo” y que la prisión preventiva se basa en una decisión judicial “frágil” construida a partir de “hipótesis”.

“¡Si le pasa alguna cosa, Alexandre de Moraes, es culpa tuya! ¡Si mi padre muere allí dentro, la culpa es tuya! ¡¿Quiere matar a Bolsonaro, Alexandre de Moraes?!”, exclamó en un directo en redes sociales que finalizó entre lágrimas mientras pronunciaba una oración.

Por su parte, el concejal de Río de Janeiro Carlos Bolsonaro insinuó que los problemas judiciales del ex gobernante, quien también está inhabilitado para cargos electivos, forman parte de un plan para acabar con su carrera política y disipar el movimiento de extrema derecha que encabeza en el país.

“El objetivo no cambia: quieren a Jair Bolsonaro enterrado vivo. O muerto, como ya intentaron”, aseguró.

El ex jefe de Estado (2019-2022) fue detenido preventivamente este sábado en su residencia de Brasilia, donde desde el pasado 4 de agosto cumplía prisión domiciliaria por incumplir varias medidas cautelares impuestas en el marco de la causa de golpismo.

Un equipo de agentes condujeron al ex gobernante hasta la sede de la Superintendencia de la Policía Federal de Brasilia, donde permanecerá bajo custodia hasta nueva orden.

Su arresto se produjo en vísperas de que el Supremo ordene la ejecución de su condena de 27 años y tres meses por su papel en la trama que intentó revertir el resultado de las elecciones de 2022.

El Supremo Tribunal Federal lo consideró responsable de “liderar” un plan para desconocer la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva. El proceso reunió registros de reuniones con altos mandos militares, discursos que cuestionaron sin pruebas el sistema de voto electrónico y documentos que describieron escenarios para activar un Estado de Sitio sin base constitucional.

El juez Moraes fundamenta la prisión preventiva en tres hechos recientes. Primero, la convocatoria de Flávio Bolsonaro a una “vigilia por la salud de Bolsonaro y la libertad de Brasil”. La Policía Federal advierte que un tumulto cerca de la vivienda podía facilitar una fuga. Segundo, la ruptura registrada de la tobillera electrónica a la madrugada del sábado. El magistrado interpreta el episodio como una señal de intento de evasión. Tercero, la fuga de Alexandre Ramagem, exdirector de Inteligencia y condenado por golpismo, que escapa desde Roraima hacia Estados Unidos.

La justicia menciona además la proximidad entre la casa de Bolsonaro y la zona de embajadas, incluida la de Estados Unidos.

La Corte Suprema de Brasil publicó este miércoles la sentencia del juicio en que el ex presidente Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por golpismo y abrió el plazo para las posibles apelaciones.

A partir de la publicación, la defensa del líder de la extrema derecha y de otros siete condenados tienen un plazo de cinco días para presentar la primera de las apelaciones posibles, que se limita a cuestiones de forma y de redacción, pero no del mérito de la condena.

Ese primer recurso, según el proceso penal brasileño, no modificaría la sentencia, dictada el pasado 11 de septiembre, que sí podría ser contestada por medio de una segunda apelación, que pudiera ser presentada en un plazo de quince días.

No obstante, este segundo recurso está en principio descartado, ya que la tradición de la Corte Suprema indica que es rechazado cuando la sentencia es dictada por una amplia mayoría, que en el caso de Bolsonaro fue por cuatro votos a uno.

La Primera Sala del tribunal, responsable del proceso, no tiene plazos legales para responder a las posibles apelaciones, aunque no suele demorar en ese trámite, que es el último y definitivo del proceso.

Una vez que sean juzgados los recursos, la corte deberá ordenar la ejecución de las sentencias y definir dónde serán cumplidas.

En el caso de Bolsonaro, de 70 años, se encuentra en prisión domiciliaria en su residencia de Brasilia desde agosto pasado, una condición que sus abogados ya han anticipado que intentarán mantener, alegando motivos de salud.

El ultraderechista niega haber cometido algún delito. Fue condenado por intentar un golpe de Estado tras perder la contienda de 2022 contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en un complot que, según los fiscales, incluía planes para asesinar a su contrincante. Fue declarado culpable de otros cargos, entre ellos, participar en una organización criminal armada e intento de abolición violenta del Estado de derecho democrático.

Los coconspiradores de Bolsonaro, todos ellos ex funcionarios, también fueron sentenciados por su participación en el intento de golpe de Estado.

El juicio fue noticia a nivel mundial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un arancel del 50% a los bienes importados de Brasil y mencionó, en parte, el caso de Bolsonaro, al que llamó una “cacería de brujas”.

Eso provocó un fuerte deterioro en las relaciones entre Estados Unidos y Brasil, descrito por expertos como el punto más bajo en sus más de 200 años de historia.

Las relaciones han mejorado. Lula y Trump hablaron por teléfono y podrían reunirse este fin de semana en Malasia en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés).

La primera conversación entre Trump y Lula ocurrió en la Asamblea General de la ONU el mes pasado, donde se abrió un canal de negociación comercial para reducir las fricciones bilaterales. A principios de mes, mantuvieron una llamada telefónica de media hora.

La cita marcará un momento relevante dentro de la agenda bilateral, resultado de semanas de diálogo directo entre los dos gobiernos.

(Con información de EFE y AP)

La sexóloga Flavia Dos Santos, figura reconocida en programas como Día a Día, Agenda en Tacones y Mujeres Sin Filtro, compartió su reacción tras la noticia sobre la condena judicial que recayó sobre el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

La especialista, que cuenta con una audiencia de 1,8 millones de seguidores en su perfil de Instagram, manifestó públicamente su satisfacción ante la decisión del más alto tribunal brasileño, generando amplia repercusión entre sus seguidores y medios.

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Fallo contra Jair Bolsonaro

La reciente resolución judicial establece que Jair Bolsonaro deberá enfrentar 27 años y 3 meses de prisión, una condena impuesta por el Supremo Tribunal Federal de Brasil bajo la dirección del ministro Alexander de Moraes. Las sanciones provienen de diversos delitos relacionados con la presunta planificación de un golpe de Estado contra el actual presidente, Lula da Silva.

De acuerdo con la sentencia formal, a Bolsonaro se le suman 24 años y 9 meses de prisión a otros dos años y seis meses de detención —este último régimen se interpreta como una pena menos restrictiva que la prisión ordinaria—, junto a una multa calculada en 124 días, donde cada día equivale a un salario mínimo en Brasil.

En el documento emitido por las autoridades judiciales, se especifica: “En total, habiendo concedido todas las penas anteriormente establecidas y dada la existencia, como reconoció la mayoría del panel, de la concurrencia material de delitos, prevista en el artículo 69 del Código Penal, que determina la suma de las penas, establezco la pena definitiva para el acusado Jair Messias Bolsonaro en 27 años y 3 meses, compuesta por 24 años y 9 meses de prisión y dos años y 6 meses de detención, además de una multa de 124 días, cada una equivalente a un salario mínimo”.

Así reaccionó Flavia Dos Santos desde Colombia

Ante la magnitud del fallo, Flavia Dos Santos compartió una breve, pero contundente reacción a través de una historia en su red social, en la que superpone la noticia con la expresión: “Por fin”, junto con la bandera de Brasil y acompañado con la imagen de Bolsonaro en el fondo. La sexóloga, que forma parte de influyentes plataformas mediáticas en Colombia, expuso así su postura frente a un acontecimiento que marcó profundamente el ámbito político y judicial del país carioca.

La reacción de Dos Santos no pasó inadvertida, considerando que la condena a Jair Bolsonaro representa una de las decisiones judiciales más severas tomadas contra un exmandatario brasileño en años recientes. La acusación se centró en supuestos delitos cometidos al intentar desestabilizar el actual gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, acto calificado en la sentencia como un atentado directo contra la estabilidad institucional y democrática del país sudamericano.

Hay que resaltarque el proceso legal se basó en la acumulación de pruebas presentadas a lo largo de varias audiencias, donde la fiscalía sostuvo que el exlíder planificó y promovió acciones destinadas a impedir la continuidad constitucional tras su derrota electoral. Según el fallo, estos actos constituyeron una infracción grave del Código Penal brasileño, específicamente lo estipulado en el artículo 69 sobre concurrencia material de delitos, justificación legal para la acumulación de penas.

Mientras la noticia generó respuestas polarizadas entre los simpatizantes y opositores de Jair Bolsonaro, la manifestación pública de figuras como Flavia Dos Santos puso en evidencia el impacto social de la condena. La sexóloga, de origen brasileño y residente en Colombia, mantiene una presencia constante en debates de opinión pública y programas de contenido social y educativo, lo que llevó a que su punto de vista concentrara la atención de su amplia comunidad digital.

El ex presidente Jair Bolsonaro se convirtió este jueves en el tercer ex jefe de Estado de Brasil condenado por la Justicia, al ser sentenciado a 27 años y tres meses de cárcel por golpismo.

El líder de la ultraderecha, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022, tendrá que cumplir condena por haber conspirado contra el orden democrático tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

Estos son los otros dos presidentes brasileños que fueron condenados:

Luiz Inácio Lula da Silva

Ejerce actualmente su tercer mandato tras haber gobernado Brasil entre 2003 y 2010.

Fue condenado en dos procesos por corrupción asociados a sendas constructoras implicadas en la operación Lava Jato, el primero en 2017 y el segundo en 2019.

Fue condenado inicialmente a penas de siete y doce años de cárcel, aunque en instancias superiores esos tiempos se revisaron varias veces. Finalmente, el Tribunal Supremo anuló ambos procesos en 2021 por fallos procesales.

Lula pasó 580 días de reclusión en el calabozo de la Policía Federal en Curitiba. Fue puesto en libertad en noviembre de 2019 porque el Tribunal Supremo le permitió apelar en libertad.

Fernando Collor

Jefe de Estado entre 1990 y 1992.

Fue condenado en 2023 por el Tribunal Supremo a ocho años y diez meses de prisión por corrupción y lavado de dinero por su complicidad en el desvío de recursos de la distribuidora de combustibles estatal BR.

Debido a su edad (76 años) y sus problemas de salud, la corte le concedió el beneficio del arresto domiciliario, que cumple desde el pasado abril en su mansión en la ciudad de Maceió.

Ex presidentes latinoamericanos con causas penales

El caso de Bolsonaro se suma a la larga lista de ex presidente latinoamericanos condenados o procesados penalmente.

A continuación, una relación de los principales ex mandatarios latinoamericanos condenados o con causas penales:

Colombia

Álvaro Uribe, de 73 años, se convirtió el pasado 28 de julio en el primer ex presidente colombiano condenado penalmente. Una jueza le impuso 12 años de prisión domiciliaria y ordenó su detención inmediata, pero un tribunal aceptó un recurso de su defensa y, días después, le concedió la libertad mientras se resuelve en segunda instancia la apelación.

Uribe fue hallado culpable en primera instancia de fraude procesal y soborno en actuación penal, al haber pagado a ex paramilitares presos para que no lo vincularan con el paramilitarismo de derechas que combatió a las guerrillas en el marco del conflicto armado colombiano.

Perú

Alberto Fujimori (1990–2000). En 2009 fue sentenciado a 25 años de prisión por homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado, por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, y secuestros tras el autogolpe de 1992. Fue liberado en diciembre de 2023 por indulto humanitario y luego falleció en 2024.

Alejandro Toledo (2001–2006). Fue condenado en octubre de 2024 a 20 años y 6 meses por colusión y lavado de activos, tras los sobornos de Odebrecht por adjudicación de tramos de la Carretera Interoceánica. Cumple condena en Barbadillo, conocida como la prisión de los ex presidentes, tras ser extraditado desde EEUU en 2023.

Ollanta Humala (2011–2016). El 15 de abril de 2025 fue sentenciado a 15 años de prisión por lavado de activos por la recepción de dinero ilegal de Odebrecht y del régimen de Venezuela para sus campañas. Cumple condena en Barbadillo.

Pedro Pablo Kuczynski (2016–2018). Está en arresto domiciliario desde 2019 por presunto lavado de activos, por los pagos que hizo Odebrecht a su empresa Westfield Capital mientras era ministro. La Fiscalía pide 35 años de prisión.

Martín Vizcarra (2018–2020). Su proceso se encuentra en juicio oral desde octubre de 2024 por cohecho pasivo propio por presuntamente haber recibido sobornos por 2,3 millones cuando fue gobernador de Moquegua. La Fiscalía solicita 15 años de prisión.

Pedro Castillo (2021–2022). En juicio por rebelión, abuso de autoridad y alteración del orden público por intentar disolver el Congreso e instaurar un gobierno de excepción el 7 de diciembre de 2022. Actualmente, está en prisión preventiva en Barbadillo y la Fiscalía pide 34 años de cárcel.

Panamá

Ricardo Martinelli (2009–2014). Fue detenido en EEUU y extraditado a Panamá en 2017 donde ingresó en prisión. Enjuiciado y declarado “no culpable” en 2019 por el caso ‘Escuchas’, la sentencia se anuló al año siguiente y se ordenó repetir el juicio en 2021 tras el cual resultó absuelto. En 2023 fue condenado a 10 años y 6 meses de prisión.

Al año siguiente, tras ser declarada en firme la condena, se refugió en la Embajada de Nicaragua, país que le concedió asilo, si bien un tribunal panameño ordenó su detención preventiva, finalmente en mayo de 2025 viajó a Colombia, luego de recibir un salvoconducto y recibir el asilo en ese país.

Argentina

Carlos Menem (1989-1999). Fue procesado al menos tres veces por distintos casos, aunque siempre evitó la cárcel. En 2015, la Justicia lo condenó a 4 años y medio de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por montar un sistema de desvío de fondos reservados de inteligencia hacia ministros y secretarios durante sus mandatos. Murió en febrero de 2021 sin que la Corte Suprema llegara a confirmar la sentencia.

Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011, 2011-2015). El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de Argentina rechazó el recurso presentado por la ex mandataria y dejó firme la condena a seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, que le fue dictada en 2022 por irregularidades en la concesión de obras viales.

Ecuador

Jamil Mahuad (1998–2000). En octubre de 2020 se ratificó la condena a ocho años de prisión por peculado por decretos que llevaron al llamado ‘feriado bancario’ en marzo de 1999. Vive exiliado en Estados Unidos.

Rafael Correa (2007- 2017). Fue condenado en 2020 a ocho años de cárcel y 25 años de inhabilitación política por cohecho y está prófugo de la Justicia en Bélgica, país que le otorgó la condición de asilado político con estatus de refugiado.

El Salvador

Antonio Saca (2004–2009). Fue el primer ex presidente salvadoreño en ser condenado por corrupción a 10 años de prisión en septiembre de 2018 por desviar y lavar más de 300 millones de dólares del presupuesto estatal durante su gestión.

Mauricio Funes (2009-2014). Fue condenado en mayo de 2024 a 14 años de prisión por los delitos cometidos en el marco de una tregua entre las pandillas durante su Gobierno entre 2012 y 2014. Fue juzgado en ausencia, ya que el ex mandatario vivía en Nicaragua desde 2016 y falleció en enero de este año.

Bolivia

Jeanine Áñez (2019-2020). Condenada en 2022 a 10 años de prisión por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución en el llamado caso ‘Golpe de Estado II’, por los hechos relacionados con la crisis de 2019 luego de la renuncia de Evo Morales a la Presidencia del país. También enfrenta otros procesos por la vía ordinaria.

Honduras

Juan Orlando Hernández (2014-2022). Extraditado a EEUU en abril de 2022, fue acusado de haber recibido dinero del narcotraficante mexicano ‘El Chapo’ Guzmán para financiar fraudes electorales a cambio de participar en una conspiración que introdujo más de 500 toneladas de cocaína en el país. En marzo de 2024 fue condenado a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada.

Guatemala

Alfonso Portillo (2000-2004). Extraditado a EEUU en 2013, se declaró culpable de conspiración para lavar 2,5 millones de dólares en sobornos del Gobierno de Taiwán. En mayo de ese año fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión y a devolver el dinero recibido. Cumplió 70 meses de cárcel y fue excarcelado en febrero de 2015, cuando regresó a Guatemala.

Otto Pérez Molina (2012-2015). En septiembre de 2023, el ex mandatario se declaró culpable de lavado de dinero, cohecho pasivo y fraude en una trama de corrupción durante su Gobierno y fue condenado a ocho años de prisión.

(Con información de EFE)

El Supremo Tribunal Federal de Brasil declaró culpable al expresidente por intentar aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022, en un complot que incluía el asesinato de su oponente.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil declaró culpable el jueves al expresidente Jair Bolsonaro por encabezar una conspiración fallida para anular las elecciones brasileñas de 2022, en un plan golpista que incluía disolver tribunales, dar poder a los militares y asesinar al presidente electo.

Cuatro de los cinco jueces que estudian el caso votaron a favor de condenar a Bolsonaro y a siete cómplices, entre ellos su compañero de fórmula, su ministro de Defensa y su comandante de la Marina, en una contundente reprimenda por parte de una de las mismas instituciones que dichos hombres intentaron derrocar.

Bolsonaro, de 70 años, fue condenado a 27 años y tres meses de prisión, aunque es probable que sus abogados soliciten el arresto domiciliario debido a sus problemas de salud.

El fallo es una sentencia histórica para la nación más grande de Latinoamérica. En al menos 15 golpes e intentos de golpes con vínculos con el ejército desde que Brasil derrocó su monarquía en 1889, el jueves fue la primera vez que se condenó a los líderes de uno de esos complots.

También podría asestar un golpe definitivo a una de las figuras políticas más importantes e influyentes de América Latina. Bolsonaro galvanizó un movimiento de derecha que transformó Brasil en una nación más polarizada y, en cierto modo, conservadora, pero su condena deja ahora a la derecha sin un líder claro.

Al mismo tiempo, es muy probable que la sentencia agrave el conflicto entre Brasil y Estados Unidos. El presidente Donald Trump había exigido que Brasil retirara los cargos contra Bolsonaro, afirmando que, al igual que él, el expresidente brasileño estaba siendo perseguido políticamente por intentar revertir unas elecciones amañadas.

La Casa Blanca había intentado obligar a Brasil a abandonar el caso a través de la imposición de fuertes aranceles, una investigación comercial y severas sanciones contra el juez del Supremo Tribunal que lo dirigía. En cambio, varios jueces brasileños criticaron los intentos estadounidenses de intervenir mientras votaban a favor de la condena.

Cuando se le preguntó por la condena de Bolsonaro, Trump dijo a los periodistas en Washington el jueves que estaba "muy descontento al respecto. Conozco al presidente Bolsonaro" y me cae bien, dijo. "Creo que es algo terrible, muy terrible. De hecho, creo que es muy malo para Brasil".

La condena de Bolsonaro se apoyó en montones de pruebas que demostraban que él y su círculo cercano habían pasado meses minando la confianza de los votantes en los sistemas electorales de Brasil y luego, tras perder por poco la votación de 2022, intentaron encontrar formas de mantenerlo en el poder.

Los planes preveían declarar un estado de excepción que habría disuelto el Supremo Tribunal, anulado el resultado de las elecciones y otorgado a los militares amplios poderes. También incluía un complot para asesinar al oponente de Bolsonaro, ahora presidente, Luiz Inácio Lula da Silva; al compañero de fórmula de Lula; y a Alexandre de Moraes, el juez del Supremo Tribunal que había supervisado las elecciones e iniciado varias investigaciones sobre Bolsonaro.

Bolsonaro negó las acusaciones y dijo que no tenía conocimiento sobre algún plan de asesinato. En cambio, declaró que buscó formas dentro de la Constitución de Brasil para corregir lo que, según él, fue una elección robada. (Una investigación realizada por el ejército brasileño no encontró pruebas de fraude electoral).

Durante meses, Bolsonaro y sus aliados han calificado el caso de abuso de poder por parte del Supremo Tribunal para oprimirlo políticamente y sofocar su movimiento.

"Nunca tuvo la intención de dar un golpe de Estado. Se está juzgando efectivamente a un movimiento político, no solo a sus dirigentes", dijo el abogado de Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, en una entrevista antes del veredicto. Una condena, añadió, "dejará una cicatriz en la historia del tribunal".

En las últimas dos semanas, a medida que el juicio avanzaba hacia un veredicto, Bolsonaro se vio abandonado por algunos aliados acusados de planear el golpe junto a él. Eso incluyó a su exministro de Justicia, cuyo abogado afirmó que había intentado persuadir al expresidente para que abandonara los planes.

También se enfrentó a testimonios perjudiciales de su secretario personal y a registros que demostraban que el plan de asesinato se imprimió y se llevó al palacio presidencial, entre otras pruebas.

Gran parte de la confusión también se desarrolló públicamente. Bolsonaro difundió abiertamente información errónea sobre fraude electoral; la policía de carreteras de Brasil detuvo a votantes en distritos de tendencia de izquierda el día de las elecciones; y, una semana después de la toma de posesión de Lula, miles de partidarios de Bolsonaro asaltaron las sedes del poder en Brasil en un intento fallido de inducir una toma del poder militar.

En consecuencia, el fallo contra Bolsonaro era ampliamente esperado, una opinión reforzada por la composición del panel de cinco miembros del Supremo Tribunal que juzga el caso. Además del juez De Moraes, a quien Bolsonaro atacó abiertamente, el tribunal incluye a un juez que fue abogado personal de Lula, y a otro que es ex ministro de Justicia y estrecho aliado de Lula.

Eso llevó a Bolsonaro a depositar su fe en un último recurso del extranjero: Trump.

Durante meses, uno de los hijos de Bolsonaro ha presionado a la Casa Blanca para que ayudara a su padre a evitar una condena de prisión. Entonces, en julio, Trump intervino.

Su gobierno impuso a Brasil unos aranceles desorbitados del 50 por ciento, que han empujado al país hacia China, y luego impuso al juez De Moraes algunas de las sanciones más duras de las que dispone Estados Unidos, normalmente reservadas a quienes han cometido abusos contra los derechos humanos.

La Casa Blanca ha citado la agresiva campaña de De Moraes para combatir lo que él considera amenazas contra la democracia de Brasil, que incluye medidas para encarcelar a personas por amenazar al tribunal, censurar voces en internet y bloquear redes sociales enteras en todo Brasil.

Aunque Brasil se ha mantenido firme, ahora se prepara para nuevas medidas punitivas en respuesta a la condena de Bolsonaro. El gobierno de Trump ha dejado claro que está dispuesto a continuar la lucha, presentando tanto a Trump como a Bolsonaro como víctimas de un intento global de amordazar las voces conservadoras.

Bolsonaro, ex capitán del ejército convertido en diputado durante muchos años, fue elegido presidente en 2018, aupado al poder por una ola de frustración de los votantes ante la corrupción y la delincuencia. En aquel momento, su adversario más poderoso, Lula, estaba en prisión por una condena por corrupción que fue posteriormente anulada.

Bolsonaro transformó la política brasileña con su estilo desenfadado, combativo y a veces beligerante, que incluía el desmantelamiento de leyes, el cuestionamiento de la credibilidad de los descubrimientos científicos, el duro ataque a sus oponentes y el elogio de la dictadura militar que gobernó el país de 1964 a 1985.

Aunque él y Trump proceden de entornos muy distintos, ambos comparten enfoques sorprendentemente similares de la política. Al igual que Trump, Bolsonaro llevó al movimiento conservador de su país más a la derecha y sigue siendo su abanderado, como demuestran las grandes multitudes que protestaron contra su procesamiento en todo Brasil antes de su condena.

Las encuestas de opinión muestran que casi dos quintas partes de Brasil consideran injusto su procesamiento y que sería el principal candidato de la derecha en las elecciones presidenciales del próximo año. Una sentencia anterior en un caso distinto ha impedido a Bolsonaro presentarse hasta el final de la década. Su condena en la trama golpista, si se mantiene, lo inhabilita para volver a ocupar un cargo.

En Brasil, un país con un largo historial de dirigentes que han intentado, y a veces conseguido, hacerse con el poder mediante golpes de Estado, la condena de Bolsonaro fue vista por muchos como una victoria de la democracia.

Al emitir su voto, el juez De Moraes insistió en que las pruebas demostraban que Brasil había estado peligrosamente cerca de volver a sumirse en una dictadura similar a la que había soportado durante más de dos décadas, debido a las acciones de "un grupo político que no sabe cómo perder unas elecciones".

"Es imposible trivializar este retorno a momentos oscuros de la historia que ya hemos vivido", dijo De Moraes. "Y las pruebas son abundantes".

En la única disidencia, un juez, Luiz Fux, absolvió a Bolsonaro y a casi todos sus colaboradores en el complot, excepto a dos. En una mordaz presentación de 14 horas de su voto --que por momentos adormeció a algunos, incluido el fiscal general de Brasil--, desmenuzó las pruebas del caso y argumentó que no lograban vincular a Bolsonaro y a otros con los planes golpistas.

"Sentaría un precedente muy grave, sería muy peligroso responsabilizar a agentes políticos basándose en acusaciones genéricas", dijo Fux, al tiempo que hacía referencia, en más de una ocasión, al guante mal ajustado que ayudó a absolver a OJ Simpson.

Y, ofreciendo un rayo de esperanza a Bolsonaro, Fux cuestionó por qué el caso no estaba siendo sopesado por la totalidad de los 11 magistrados del Supremo Tribunal, y afirmó que a la defensa se le había dado muy poco tiempo para revisar las pruebas.

Esto, según los analistas, podría dar a Bolsonaro una ventana para apelar su condena. Sin embargo, dada la composición del tribunal, se espera que incluso una votación del pleno confirme la sentencia.

El Supremo Tribunal decidirá ahora la pena que se le impondrá a Bolsonaro. El conjunto de sus delitos conlleva una pena máxima de 43 años. Considerado en riesgo de fuga, ha estado esperando el veredicto bajo arresto domiciliario, vigilado de cerca por la policía.

Maggie Haberman colaboró con reportería desde Washington.

Ana Ionova es una colaboradora del Times que vive en Río de Janeiro y cubre Brasil y países vecinos.

Jack Nicas es el jefe de la corresponsalía del Times en Ciudad de México y lidera la cobertura sobre México, Centroamérica y el Caribe.

Maggie Haberman colaboró con reportería desde Washington.

Cientos de simpatizantes del ex presidente Jair Bolsonaro se concentraron este domingo en varias ciudades brasileñas para protestar contra la Corte Suprema por el juicio en su contra por golpismo, y apoyar las sanciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, a Brasil.

Los bolsonaristas se manifestaron en Río de Janeiro, Belo Horizonte, Brasilia y San Pablo, donde ondearon banderas de Estados Unidos, Brasil e Israel, y portaron carteles con el mensaje “Fuera De Moraes”, en alusión al juez instructor del proceso contra Bolsonaro.

Las protestas coinciden con el Día de la Independencia de Brasil y se producen en medio del juicio oral contra el ex mandatario, acusado de liderar un complot para mantenerse en el poder, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual presidente, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

La fase final del pleito empezó la semana pasada y se reanudará el próximo martes, cuando los cinco jueces de la Primera Sala del Supremo darán su veredicto y dictarán sentencia.

Bolsonaro, en prisión domiciliaria desde el pasado 4 de agosto por incumplir una serie de medidas cautelares impuestas por De Moraes, se enfrenta a una posible pena de hasta 40 años de prisión.

Además de criticar al Supremo, los seguidores del capitán retirado del Ejército instaron al Congreso a aprobar una ley de amnistía “amplia, general e irrestricta” para los condenados hasta ahora por la asonada golpista.

Manifestantes piden “acabar” con el Supremo

Nilton Neiva ha viajado toda la noche en autobús desde el vecino estado de Minas Gerais para sumarse a la protesta de la Avenida Paulista, en el centro de São Paulo.

“El juicio contra Bolsonaro es una cobardía. El Supremo se transformó en una banda. No hay nada contra Bolsonaro. (...) Vamos camino de convertirnos en Venezuela”, dice este empresario de 64 años, equipado con una camiseta con los colores de la bandera nacional y una gorra en la que sobresale el apellido de su líder.

“El Supremo tendría que ser destruido”, completa.

Neiva también expresó su aprecio por Trump, quien en su opinión debería imponer más sanciones a Brasil porque “no hay otra forma” para presionar a los jueces de la máxima corte del país.

El líder republicano ha revocado la visa a varios magistrados del tribunal e impuesto aranceles del 50 % a buena parte de las importaciones brasileñas en represalia por el juicio a Bolsonaro, a quien considera víctima de “una caza de brujas”.

Fabiana Beraldo, de 46 años, es dueña de una herrería, afirma que el juicio contra Bolsonaro es “injusto” y que “lo primero” que habría que hacer es “detener a Alexandre de Moraes” y “acabar con el Supremo”.

Ataviada con unos aretes con la bandera de EEUU, cree que las sanciones de Trump son “maravillosas”. “Alguien tiene que hacer algo por nuestro país”, dice.

También en São Paulo, militantes de izquierda, movimientos sociales y sindicalistas se manifestaron en otro punto de la ciudad para mostrar su rechazo a Trump, protestar contra una eventual amnistía y defender la soberanía nacional.

Lula lideró desfile por la Independencia

Por otra parte, Lula da Silva encabezó este domingo el desfile cívico-militar por el Día de la Independencia de Brasil, centrado este año en la defensa de la soberanía.

El mandatario, ataviado con la banda presidencial, pasó revista a las tropas y después se dirigió al palco de autoridades para presidir el desfile, al que acudieron ministros de su Gobierno, líderes del Congreso, mandos militares y representantes del Poder Judicial, en Brasilia.

El Ejecutivo de Lula eligió para las conmemoraciones del 7 de septiembre de este 2025 mensajes de exaltación patriótica, como “Brasil soberano” y “Brasil de los brasileños”, decorados con los colores verde y amarillo de la bandera nacional.

En un pronunciamiento en red nacional el sábado, Lula afirmó que Brasil “no será colonia de nadie” ni “acepta órdenes” de ningún otro país, en aparente alusión a la ofensiva de Trump.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) subrayó además que la Constitución brasileña “establece la independencia entre los tres poderes”.

“Eso significa que el presidente de Brasil no puede interferir en las decisiones de la Justicia brasileña, al contrario de lo que quieren imponer a nuestro país”, expresó.

Además de la defensa de la soberanía, el desfile cívico-militar reservó un espacio para destacar la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará en noviembre en la ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña.

(Con información de EFE)

El más reciente capítulo en la tensa saga judicial que enfrenta Jair Bolsonaro en Brasil dio un giro abrupto este martes. El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), resolvió “reforzar la vigilancia policial frente a la casa del ex presidente… frente a un posible ‘riesgo de fuga’”, según informó el propio tribunal.

La determinación cumple un pedido formal de la Fiscalía y se apoya en textos recuperados por la Policía Federal durante la incautación de un teléfono móvil perteneciente a Bolsonaro. Entre esos documentos apareció un borrador de solicitud de asilo en Argentina, destinado al presidente Javier Milei.

Este hallazgo forma parte de una indagación paralela al juicio penal por supuesto intento de golpe de Estado, cuyo juicio entrará en la fase de sentencia el próximo 2 de septiembre.

La defensa del ex mandatario rechazó de inmediato que esto constituyese señal de fuga. Afirmaron que el borrador “no puede ser considerado un indicio de fuga”, ya que data de febrero de 2024, cuando aún no había sido imputado por golpe de Estado.

Este caso se entreteje con las presuntas gestiones del diputado Eduardo Bolsonaro en los Estados Unidos. Según la investigación, habría actuado para impedir el juicio de su padre mediante presiones en Washington, noticia que incluso motivó aranceles del 50% sobre productos brasileños por parte del gobierno de Trump.

El juez Moraes había ordenado semanas atrás varias medidas cautelares contra Bolsonaro: uso de tobillera electrónica, prohibición de redes sociales y arresto domiciliario tras comprobar incumplimientos.

Mensajes incautados por la Policía Federal también reflejan agrios intercambios personales: allí, Eduardo Bolsonaro escribe a su padre “VTPC ingrato del carajo”, antes de enviarle una disculpa. Esa comunicación revela tensiones internas dentro de la familia, justo en el entorno del juicio por golpe de Estado.

El contexto político en Brasil se halla profundamente polarizado. Según una encuesta reciente, el 53% de los ciudadanos aprueba la orden de arresto domiciliario de Bolsonaro; el 47% lo rechaza, señal clara de la división que domina el escenario político.

En paralelo, Alexandre de Moraes ha asumido un rol central en el Supremo Tribunal Federal durante los últimos años. Sus decisiones, amparadas en la Constitución de 1988, se han dirigido a enfrentar la desinformación y a responder a actos considerados como amenazas al orden democrático. Estas medidas han generado tanto respaldo como críticas por parte de distintos sectores políticos y jurídicos.

La situación ha escalado hasta el ámbito internacional: Estados Unidos sancionó a Moraes bajo la Ley Magnitsky por supuestas violaciones de derechos y le revocó su visa, provocando reacciones airadas de autoridades brasileñas, que lo consideran injerencia.

La trama cobra mayor densidad con la Operación Contra‑Golpe, investigación en curso desde noviembre de 2024, autorizada también por Moraes. Busca desentramar una presunta red de militares y policías federales que planearon asesinatos y acciones terroristas contra figuras claves como él, Lula y Alckmin.

En ese sentido, la cámara judicial brasileña ha señalado que el ex mandatario y su entorno podrían haber tejido una conspiración con motivaciones políticas profundas y riesgosas. Las acusaciones se extienden a obstrucción de la justicia y coacción institucional.

El debate jurídico también ha girado en torno al alcance de las competencias del Supremo Tribunal Federal. Diversos analistas y dirigentes políticos sostienen que algunas resoluciones podrían tensionar la separación de poderes, mientras que otros destacan que se enmarcan en la defensa de la institucionalidad democrática prevista en la Constitución de 1988.

El caso Bolsonaro-Moraes ha impulsado un debate sobre la eficacia de las instituciones democráticas frente a amenazas internas. Mientras tanto, Lula intenta capitalizar la situación en clave de estabilidad política y gestión estatal, aunque sus cartas de negociación —literalmente con Washington— aún esperan su momento.

El escenario deja a la ciudadanía expectante. Si bien la sentencia del juicio por golpe está prevista para septiembre, los panoramas político y judicial siguen retorcidos por tensiones nacionales e internacionales que definirá el rumbo del próximo ciclo electoral.

La policía de Brasil encontró el borrador de una solicitud de asilo dirigida al presidente de Argentina, Javier Milei, donde el expresidente brasileño decía que sufría persecución política.

Jair Bolsonaro, expresidente brasileño acusado de planear un golpe de Estado, hizo planes para solicitar asilo político en Argentina el año pasado, dijo el miércoles la policía federal de Brasil, al citar un documento incautado en su celular.

La policía señaló que había recuperado del teléfono el borrador de una solicitud de asilo de 33 páginas dirigida al presidente de Argentina, Javier Milei, también mandatario de derecha. El documento decía que Bolsonaro sufría persecución política en Brasil, que esperaba ser encarcelado ilegalmente y que temía por su vida.

El documento no está fechado, pero la policía dijo que se guardó en el teléfono de Bolsonaro en febrero de 2024, dos días después de que llevara a cabo una operación contra el expresidente y unas dos decenas de sus aliados políticos. La policía detuvo a algunos de los principales colaboradores de Bolsonaro y registró sus casas y oficinas durante esa operación.

La policía dijo que no estaba claro si la solicitud de asilo se había enviado alguna vez a las autoridades argentinas. Pero argumentaron que demostraba que Bolsonaro había ideado planes para eludir una investigación sobre su papel en un intento de mantenerlo en el cargo tras perder las elecciones presidenciales de Brasil de 2022.

La embajada de Argentina en Brasil no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Extractos del borrador de la solicitud de asilo se incluyeron en un informe de 170 páginas de una investigación de la policía federal sobre las acusaciones de que Bolsonaro y su hijo, diputado en ejercicio en Brasil que actualmente se encuentra en Estados Unidos, habían presionado a autoridades extranjeras con el objetivo de socavar el poder judicial de Brasil y frustrar la causa contra él.

El hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, ha visitado la Casa Blanca varias veces en los últimos meses para solicitar la intervención de Estados Unidos en el caso de su padre. El mes pasado, el presidente Trump citó el asunto cuando dijo que impondría aranceles del 50 por ciento a los productos procedentes de Brasil, y exigió que el país abandonara el caso contra el expresidente, quien es aliado de Trump.

Bolsonaro se encuentra bajo arresto domiciliario a la espera de su juicio, cuyo inicio está previsto para el 2 de septiembre. El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, quien supervisa el caso, le ha ordenado llevar un monitor en el tobillo y mantenerse alejado de embajadas, al alegar que Bolsonaro presenta riesgo de fuga.

En una nueva sentencia dictada el miércoles, el juez De Moraes dijo que Bolsonaro había incumplido repetidamente las órdenes judiciales, y le dio 48 horas para aclarar por qué lo había hecho y explicar las pruebas que insinuaban que había planeado huir de Brasil.

El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil Alexandre de Moraes, a quien el Gobierno estadounidense impuso sanciones, dijo a Reuters que los tribunales podrían castigar a las instituciones financieras locales por embargar o bloquear activos nacionales en respuesta a las órdenes de Washington.

En una entrevista a última hora del martes desde su oficina en Brasilia, Moraes concedió que la aplicación de la ley de Washington en relación con los bancos brasileños que operan en Estados Unidos “corresponde a la jurisdicción estadounidense”.

“Sin embargo, si esos bancos optan por aplicar esa ley a nivel nacional, no pueden hacerlo, y pueden ser sancionados por la legislación brasileña”, añadió.

Sus comentarios subrayan las posibles consecuencias de la sentencia dictada el lunes por otro juez del STF, Flavio Dino, quien advirtió de que las leyes extranjeras no pueden aplicarse automáticamente en Brasil.

El fallo fue seguido de una dura reprimenda de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, que horas después advirtió en las redes sociales que Moraes era “tóxico” y que “las personas no estadounidenses deben actuar con cautela: quienes presten apoyo material a violadores de los derechos humanos corren el riesgo de ser sancionados”.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso las sanciones a Moraes el mes pasado en virtud de la Ley Global Magnitsky, concebida para imponer sanciones económicas a extranjeros considerados culpables de corrupción o abusos frente los derechos humanos.

La orden le acusaba de suprimir la libertad de expresión y de liderar procesos politizados, entre ellos contra el ex presidente Jair Bolsonaro, un firme aliado de Trump que está siendo juzgado ante el STF acusado de planear un golpe de Estado para revertir su derrota en las elecciones de 2022.

Bolsonaro ha negado cualquier delito y ha denunciado el caso como motivado políticamente.

En su entrevista, Moraes dijo que las decisiones de los tribunales y Gobiernos extranjeros solo pueden tener efecto en Brasil después de la validación a través de un proceso interno. Sostuvo que, por lo tanto, no es posible embargar bienes, congelar fondos o bloquear la propiedad de ciudadanos brasileños sin seguir esos pasos legales.

El alcance mundial del sistema financiero estadounidense implica que los bancos extranjeros suelen restringir una gama más amplia de transacciones para evitar sanciones secundarias.

Moraes dijo que confiaba en que las sanciones en su contra se revirtieran por vía diplomática o mediante una eventual impugnación en los tribunales estadounidenses. Pero reconoció que por el momento habían puesto a las instituciones financieras en un aprieto.

“Este uso indebido de la aplicación legal coloca a las instituciones financieras en una posición difícil, no solo a los bancos brasileños, sino también a sus socios estadounidenses”, relató.

“Precisamente por eso, repito, es importante la vía diplomática para que esto se resuelva rápidamente, para evitar el uso indebido de una ley que es importante para combatir el terrorismo, las organizaciones criminales, el narcotráfico internacional y la trata de personas”, añadió.

El Departamento de Estado estadounidense no respondió inmediatamente a una petición de comentarios.

(Con información de Reuters)

El Departamento de Estado de Estados Unidos endureció este lunes su posición en la disputa abierta con Brasil en torno al juez Alexandre de Moraes. A través de su Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, advirtió que “ningún tribunal extranjero puede invalidar las sanciones de Estados Unidos, ni salvar a nadie de las graves consecuencias de violarlas”.

En el mismo mensaje, publicado en X, la oficina añadió: “Alexandre de Moraes es tóxico para todas las empresas legítimas e individuos que buscan acceder a los Estados Unidos y a sus mercados. Personas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con él, y personas que no son estadounidenses deben actuar con cautela: quienes brinden apoyo material a violadores de derechos humanos enfrentan riesgo de sanciones”.

Con esa advertencia, Washington buscó dejar en claro que sus sanciones tienen efectos extraterritoriales y que el fallo emitido horas antes por el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil no altera el alcance de la legislación estadounidense.

Más temprano, el magistrado Flávio Dino había dictado una decisión en la que suspendió “la eficacia de decisiones judiciales, leyes, decretos, órdenes ejecutivas de Estados extranjeros en nuestro país”. El STF señaló en un comunicado que, según la Constitución brasileña, una ley extranjera “solo puede ejecutarse en Brasil mediante homologación u observando los mecanismos de cooperación judicial”.

El fallo no mencionó de manera explícita la Ley Global Magnitsky, usada por Estados Unidos para sancionar a Moraes, pero una fuente del tribunal explicó a la agencia AFP que “en teoría” la decisión invalida también esa norma dentro del territorio brasileño.

Dino extendió además su razonamiento a otros casos, como el de la justicia británica contra el Instituto Brasileño de Minería (Ibram) por demandas vinculadas a los desastres de Mariana y Brumadinho. “El sistema financiero brasileño debe evitar imposiciones indebidas, tales como bloqueos de activos o transferencias al exterior por determinación de un Estado extranjero”, ordenó el magistrado.

La reacción de Washington mostró la tensión inmediata que generó esa postura. Para Estados Unidos, la sanción contra De Moraes responde a una serie de abusos que incluyen “censura opresiva, detenciones arbitrarias y juicios politizados”, entre ellos el proceso contra Jair Bolsonaro, ex presidente brasileño y aliado del ex mandatario estadounidense Donald Trump.

El Departamento de Estado ya había congelado en julio todos los bienes y participaciones de Moraes en su territorio. La novedad ahora es la advertencia explícita a terceros actores, incluidos bancos y empresas no estadounidenses, que podrían exponerse a sanciones secundarias si mantienen relaciones con el magistrado.

La decisión del STF pretende blindar la soberanía jurídica de Brasil, pero especialistas señalan que en la práctica las advertencias de Washington pueden pesar más que un fallo nacional. Bancos y compañías con exposición internacional podrían optar por alinearse con las disposiciones estadounidenses para proteger su acceso a los mercados financieros.

En Itamaraty, funcionarios admiten que el choque abre un frente delicado en la relación bilateral, justo cuando el presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca posicionarse como mediador global y mantener cooperación con Estados Unidos.

El propio Lula calificó la medida como “injerencia inaceptable”. Para el mandatario, el principio en juego es la autonomía de la justicia brasileña frente a presiones externas.

La crisis estalla además en medio del proceso contra Bolsonaro, acusado de promover una intentona golpista y bajo prisión domiciliaria desde 2024. El STF tiene previsto emitir un veredicto entre el 2 y el 12 de septiembre, en un fallo que promete sacudir tanto el tablero político interno como la relación con Washington.

Analistas en São Paulo advierten que el episodio expone un dilema: Brasil sostiene su derecho soberano a decidir sobre la validez de normas extranjeras, mientras Estados Unidos subraya que sus sanciones operan de manera unilateral y se extienden más allá de sus fronteras.

Para las empresas, la advertencia norteamericana es más que un gesto diplomático. Significa que mantener cualquier vínculo con Moraes podría poner en juego su acceso a la principal plaza financiera del mundo.

Así, la disputa en torno al juez refleja hasta dónde llega el alcance de las sanciones estadounidenses y hasta qué punto un tribunal nacional puede —o no— proteger a sus ciudadanos frente a un instrumento de política exterior diseñado para tener efectos globales.

Un grupo de legisladores brasileños de ultraderecha afirmó este martes que impulsará en el Senado la destitución del magistrado de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, después de que este ordenara ayer el arresto domiciliario del ex presidente Jair Bolsonaro.

Los parlamentarios, reunidos en la rampa de la sede del Congreso en Brasilia, dijeron ante los medios de comunicación que presentarán lo que llamaron “paquete de la paz” para “pacificar” al país.

Esto incluye destituir a De Moraes, el instructor del caso contra Bolsonaro por un supuesto intento de golpe de Estado y que ayer le impuso la prisión domiciliaria por incumplir medidas cautelares previas sobre el uso de redes sociales durante las protestas del fin de semana pasado.

El senador Flávio Bolsonaro, uno de los hijos del ex presidente, señaló que la medida contra el mandatario era una “aberración jurídica” y atribuyó la decisión del magistrado a un deseo de “venganza”.

“La solución a los problemas de Brasil está aquí en el Congreso”, declaró.

Además, los parlamentarios volverán a proponer una amnistía “amplia” para los participantes en los eventos del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores del ex mandatario invadieron de forma violenta las sedes de la Presidencia, la Corte Suprema y el Congreso en Brasilia para pedir una intervención militar contra el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Los legisladores de ultraderecha defienden desde hace tiempo la amnistía, pero los proyectos propuestos con ese objetivo no han obtenido un apoyo suficiente en el Congreso ante la firme oposición del Gobierno de Lula.

El tercer elemento del paquete es una enmienda constitucional para acabar con la inmunidad parlamentaria, para que los legisladores sean juzgados por tribunales de primera instancia y no en el Supremo, como sucede actualmente.

Según el senador Rogério Marinho, lo que se concibió como un “escudo” para proteger a los parlamentarios ahora es un “arma de subordinación” ante la Corte Suprema.

Los legisladores ultra expresaron su frustración con el presidente del Senado, David Alcolumbre, un aliado de Lula que ha frenado hasta ahora la mayoría de estas propuestas, y amenazaron con obstruir la tramitación de proyectos si no son escuchados.

“Puede ser aliado del Gobierno, pero no puede quedarse de espaldas a la institución”, declaró.

Caso y evidencias

En julio, la Fiscalía General de Brasil remitió sus alegatos finales ante el Supremo Tribunal Federal (STF) solicitando la condena de Bolsonaro por una serie de delitos graves, entre ellos intento de golpe de Estado, abolición violenta del Estado democrático de derecho, pertenencia a organización criminal armada, y daños al patrimonio federal. En total, la acusación establece una posible pena superior a los 40 años de prisión.

Desde el punto de vista legal, este proceso representa un hito sin precedentes. En marzo de 2025, la primera sala del STF aceptó formalmente la denuncia de la Fiscalía. Se trata de la primera vez en la historia de Brasil que un ex presidente elegido está siendo juzgado por delitos dirigidos a subvertir el orden constitucional vigente desde 1988.

Entre la evidencia recolectada por la Policía Federal, además de la difusión de información falsa sobre fraude electoral que desacreditaba al Tribunal Supremo Electoral (TSE), se descubrió un borrador de decreto conocido como la “Minuta del golpe”, hallado en la residencia de Anderson Torres, entonces ministro de Justicia, que establecía un estado de excepción destinado a anular los resultados electorales y detener jueces del STF, incluido Alexandre de Moraes.

Testigos clave como Mauro Cid, teniente coronel y ex ayudante de Bolsonaro, han declarado en acuerdos de delación que el ex presidente sostuvo reuniones con altos mandos militares para evaluar la viabilidad del golpe institucional, incluso considerando una interpretación deliberada del artículo 142 de la Constitución brasileña para legitimar el poder moderador militar.

Los audios de aliados como Ailton Gomes también resultan impactantes: en grabaciones de diciembre de 2022, Gomes instruía al comandante del Ejército Freire Gomes a actuar bajo la orden de Bolsonaro si él mismo no lo hacía, sugiriendo un plan coordinado de presión militar. Investigaciones posteriores, como la Operación Contrataque en noviembre de 2024, revelaron planes de asesinato dirigidos a figuras como Luiz Inácio Lula da Silva y el juez de Moraes, planes supuestamente conocidos por Bolsonaro, según la Policía Federal.

(Con información de EFE)

El expresidente Jair Bolsonaro, cuyo caso ha motivado en parte los aranceles del presidente Trump a Brasil, recibió la orden de permanecer bajo arresto domiciliario a la espera de su juicio.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó el lunes el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro, a quien se acusa de supervisar un complot para aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022.

Su caso se encuentra en el centro de la disputa arancelaria del presidente Donald Trump con la nación sudamericana.

A Bolsonaro, a quien se le había exigido el mes pasado que usara un monitor en el tobillo mientras esperaba el juicio, se le ordenó que permaneciera en su casa la mayor parte del tiempo y que se mantuviera alejado de las redes sociales.

En la nueva sentencia del lunes, el juez Alexandre de Moraes dijo que el expresidente había violado esos términos, compartiendo indirectamente publicaciones y videos en las redes sociales a través de las cuentas de sus aliados e hijos.

El juez De Moraes también ordenó a la policía brasileña que confiscara el teléfono móvil de Bolsonaro y limitó las visitas a su domicilio, excepto por parte de su familia y abogados.

Trump ha calificado el caso contra Bolsonaro, uno de sus aliados políticos, como una "caza de brujas". La semana pasada, el presidente estadounidense impuso aranceles del 50 por ciento a algunos productos brasileños. También impuso sanciones a De Moraes, acusándolo de censurar las voces conservadoras en internet.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que Brasil está abierto a negociar con Donald Trump, pero solo si su país recibe un trato igual al de Estados Unidos, y reiteró que no cederá a la presión política del presidente estadounidense.

“Queremos negociar. Queremos negociar en igualdad de condiciones”, declaró Lula este domingo en un evento del Partido de los Trabajadores en Brasilia. “Apoyaremos a nuestras empresas, defenderemos a nuestros trabajadores y les diremos: ‘Miren, cuando estén listos para negociar, nuestras propuestas estarán sobre la mesa’”, añadió.

En julio, Trump colocó a Brasil en el centro de su guerra comercial global, amenazando con imponer aranceles del 50 por ciento a sus productos a menos que el Tribunal Supremo desestimara de inmediato la demanda contra el ex presidente Jair Bolsonaro, quien enfrenta un juicio por intento de golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022.

La semana pasada, Estados Unidos retrasó el aumento de aranceles, que debía entrar en vigor el 1 de agosto, aunque eximió a numerosos productos de gravámenes más altos, pero también impuso sanciones al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, quien supervisa los casos legales de Bolsonaro y ha tenido enfrentamientos con empresas estadounidenses de redes sociales.

Trump declaró el viernes que Lula puede llamarlo, declaraciones que el ministro de Finanzas de Brasil, Fernando Haddad, celebró como un paso adelante. Haddad afirmó que pronto hablará con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sobre los aranceles y las sanciones contra Moraes, informó Bloomberg.

Aunque este domingo ha mostrado su disposición a dialogar, el mandatario brasileño también mantuvo su tono desafiante hacia Estados Unidos, afirmando que era “inaceptable” “intentar usar un asunto político para imponernos sanciones económicas” y reiteró su afirmación de que Trump intenta trastocar el multilateralismo global.

Lula también afirmó que no cejará en sus esfuerzos por desarrollar alternativas al dólar en el comercio exterior, otro tema que ha irritado a Trump, incluso cuando el bloque BRICS de países de mercados emergentes, del cual Brasil forma parte, ha avanzado poco al respecto.

“Brasil hoy no depende tanto de Estados Unidos como antes”, afirmó. “No subestimaré la importancia de nuestra relación diplomática con Estados Unidos. Pero, de ahora en adelante, necesitan saber que tenemos asuntos que negociar. Tenemos tamaño, tenemos una postura, tenemos intereses económicos y políticos que plantear”, advirtió.

Las declaraciones de Lula coinciden con las marchas de los partidarios de Bolsonaro en las principales ciudades contra el gobierno y Moraes, a quien el ex presidente ha acusado de perseguirlo políticamente a él y a sus aliados de derecha.

En la capital del país, seguidores del ex mandatario aseguraron que la “democracia fue robada” y que “se perdió la libertad para hablar”, como dijo Jacuí Anaí Campos Silva, una pensionada de 61 años que denunció la inexistencia de un “proceso político legal” para Bolsonaro.

En Río de Janeiro, el acto convocado en la playa de Copacabana estuvo liderado por el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, quien dijo que los manifestantes “están ayudando a rescatar la libertad en el país”.

Ya en São Paulo se registró la mayor concentración entre todas las ciudades del país, con un acto realizado en la tarde en la Avenida Paulista y que estuvo presidido por el pastor evangélico Silas Malafaia, uno de los principales aliados del líder ultraderechista.

Pese a que la convocatoria reunió a miles de manifestantes en las principales ciudades brasileñas, la participación fue aparentemente menor que en otras oportunidades, según lo que pudo constatar EFE en Brasilia y por las imágenes mostradas por medios locales en otras capitales.

(Con información de Europa Press y EFE)

El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó al expresidente Jair Bolsonaro permanecer en casa y mantenerse alejado de las embajadas de otros países antes de su juicio por intento de golpe de Estado.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó el viernes al expresidente Jair Bolsonaro usar un monitor en el tobillo, permanecer en casa durante la mayoría de las horas y mantenerse alejado de las embajadas extranjeras, una señal de que la corte cree que puede huir del país antes de su juicio por cargos de haber intentado un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

La policía federal brasileña registró la residencia y el domicilio de Bolsonaro el viernes por la mañana, en cumplimiento de órdenes del Supremo Tribunal, según dos personas familiarizadas con los registros, quienes hablaron con condición de anonimato para describir la operación. Los medios brasileños mostraron a Bolsonaro al llegar a una instalación gubernamental el viernes por la mañana para que le colocaran un monitor de tobillo.

El abogado de Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, confirmó que el tribunal ordenó a Bolsonaro usar un monitor de tobillo y le prohibió usar las redes sociales o comunicarse con su hijo, Eduardo Bolsonaro, quien ha estado en Washington presionando al gobierno de Donald Trump para que intervenga en el caso de su padre.

"El equipo de defensa del expresidente Jair Bolsonaro se mostró sorprendido e indignado por la imposición de severas medidas cautelares en su contra, a pesar de haber cumplido con todas las órdenes judiciales hasta la fecha", dijeron sus abogados en un comunicado.

La orden es una fuerte escalada de la repentina disputa de las autoridades brasileñas con el presidente de Estados Unidos por el caso de Bolsonaro.

El jueves por la noche, Trump publicó en línea una carta que escribió a Bolsonaro, en la que decía que el caso penal contra el expresidente era una persecución política. Añadió que sus aranceles planeados del 50 por ciento sobre las importaciones brasileñas eran para presionar a las autoridades brasileñas a retirar los cargos.

Esta es una historia en desarrollo y será actualizada.

Jack Nicas es el jefe del buró en Brasil para el Times, desde donde lidera la cobertura de gran parte de América del Sur.

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó este jueves en las afueras del Senado que “enfrentará el juicio” en su contra por supuestamente liderar una trama para subvertir el orden democrático tras perder las elecciones presidenciales de 2022. “No tengo alternativa”, declaró ante un grupo de periodistas reunidos alrededor de un atril improvisado. La Procuraduría General de la República lo acusa de cinco delitos, entre ellos intento de golpe de Estado, con penas que podrían superar los 40 años de prisión.

Bolsonaro, de 70 años, negó cualquier vínculo con los hechos del 8 de enero de 2023 —cuando miles de sus seguidores irrumpieron violentamente en la sede de los tres poderes del Estado en Brasilia— y aseguró que su proceso judicial responde a un intento por apartarlo de la vida política. “No hay nada que me vincule a esos actos”, repitió. “Ellos quieren eliminar a un líder de la derecha conservadora de América del Sur de las elecciones del año que viene. Saben que si estoy, gano”.

La investigación federal apunta a que Bolsonaro no solo alimentó durante meses el mito del fraude electoral, sino que encabezó una estrategia para invalidar el resultado de los comicios de octubre de 2022, que consagraron a Luiz Inácio Lula da Silva como presidente. La Policía Federal y la Fiscalía sostienen que el ex mandatario intentó ejecutar un plan de seis etapas para revertir su derrota por medios ilegales. Entre esas etapas se incluye la elaboración de un decreto que anulaba el resultado electoral y convocaba nuevas elecciones bajo control militar.

El documento fue hallado en enero de 2023 en la residencia de Anderson Torres, entonces ex ministro de Justicia de Bolsonaro. Según informó la Agência Brasil y confirmó luego la Fiscalía, ese borrador —sin fecha ni firma— preveía instaurar un “estado de defensa” en el Tribunal Superior Electoral (TSE), el órgano encargado de validar los comicios. La medida habría permitido suspender las funciones del tribunal y reabrir el conteo de votos. El decreto, según la acusación, fue discutido en reuniones privadas entre Bolsonaro y altos mandos militares tras la segunda vuelta electoral.

Uno de los testimonios clave en la causa es el del teniente coronel Mauro Cid, ex ayudante de Bolsonaro, quien admitió ante la Policía que el entonces presidente revisó y modificó personalmente el texto del decreto. Cid también entregó a la justicia mensajes, documentos y audios que vinculan al círculo íntimo del ex presidente con la organización logística y financiera de las manifestaciones del 8 de enero. Aquel domingo, miles de simpatizantes bolsonaristas, movilizados por redes sociales y grupos de Telegram, asaltaron el Congreso Nacional, el Palacio del Planalto y el Supremo Tribunal Federal.

La jornada del 8 de enero y sus consecuencias

El ataque, que muchos compararon con el asalto al Capitolio en Washington dos años antes, dejó un saldo de más de 1.400 detenidos y daños millonarios al patrimonio público. Las imágenes recorrieron el mundo: vidrios rotos, obras vandalizadas, oficinas saqueadas y banderas brasileñas ondeando entre escombros. El Supremo Tribunal Federal (STF), encabezado por el juez Alexandre de Moraes, calificó los hechos como una “tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho”.

Desde entonces, la justicia ha condenado a 643 personas por diversos delitos, incluyendo asociación criminal armada, daño calificado, deterioro de patrimonio protegido, y tentativa de golpe de Estado.

Según documentos presentados por la Fiscalía, la protesta no fue espontánea: hubo financiamiento, organización y apoyo logístico desde dentro y fuera de Brasilia. La Policía Federal documentó transferencias de dinero, alquileres de autobuses, y comunicaciones directas entre promotores de la movilización y operadores políticos cercanos al ex presidente. En noviembre de 2024, un informe oficial del Ministerio Público detalló cómo se gestó el plan golpista impulsado desde redes sociales y en contacto estratégico con mandos militares.

Bolsonaro niega cualquier responsabilidad. En su testimonio ante el Supremo Tribunal Federal, el pasado 10 de junio, insistió en que “nunca dio una orden ilegal” y que el borrador del decreto era “solo un estudio jurídico” que no fue implementado. Aun así, reconoció haber participado en reuniones privadas con comandantes de las Fuerzas Armadas, donde discutieron posibles alternativas a la asunción de Lula. “No pasó de una conversación”, dijo entonces, según la transcripción publicada por Folha de São Paulo.

El juicio y su impacto político

El lunes 15 de julio, la Procuraduría General presentó sus alegatos finales ante el Supremo, solicitando la condena de Bolsonaro por cinco delitos: asociación criminal, incitación a la insurrección, tentativa de abolición del Estado de derecho, tentativa de golpe de Estado, y uso ilícito de medios institucionales. Según fuentes del STF citadas por O Globo, la sentencia podría conocerse entre septiembre y octubre.

Ante la posibilidad de una condena firme, se especula con que Bolsonaro solicite prisión domiciliaria por razones de salud. Él, por ahora, lo descarta. “No pienso en eso. Soy inocente”, dijo este jueves. También rechazó la opción de salir del país, como hizo en diciembre de 2022 cuando viajó a Florida poco antes de dejar el cargo. “Me voy a quedar aquí, en Brasil”, afirmó. “Tengo 70 años, varios problemas de salud, pero voy a resistir”.

En medio del avance judicial, el caso Bolsonaro también generó fricciones diplomáticas. A comienzos de julio, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer aranceles del 50% a productos brasileños como café, jugo de naranja y acero, en aparente represalia por lo que describió como una “caza de brujas” contra su aliado en Brasil. Lula da Silva rechazó la intromisión, defendió la independencia del Poder Judicial y advirtió que su gobierno estudia medidas recíprocas bajo la Ley de Comercialización Internacional, sin descartar una queja formal ante la OMC.

El ex presidente ya ha sido inhabilitado políticamente por ocho años por decisión del Tribunal Superior Electoral, tras un fallo de 2023 que lo responsabilizó por desinformar al electorado y por utilizar recursos del Estado para atacar, sin pruebas, la fiabilidad del sistema de votación electrónica. Ese proceso, conocido como la “reunión con embajadores”, se basó en una conferencia realizada por Bolsonaro en julio de 2022 en el Palacio de la Alvorada, donde acusó al Tribunal Superior Electoral de parcialidad y sugirió sin fundamentos que el sistema podía ser manipulado. La sesión fue transmitida por la televisión estatal, lo que agravó el uso indebido del aparato público.

A pesar de esa inhabilitación, Bolsonaro ha seguido operando como figura central del bolsonarismo. El ex mandatario ha participado en actos públicos, ha viajado por el país y ha encabezado manifestaciones, especialmente en San Pablo y Río de Janeiro, donde aún conserva una base leal.

Sin embargo, el avance del juicio en el Supremo Tribunal Federal y la solidez de las pruebas acumuladas por la Fiscalía lo colocan ahora en una situación más comprometida. De ser hallado culpable por intento de golpe de Estado, la inhabilitación política sería solo una parte del castigo: Bolsonaro podría enfrentar cárcel efectiva, multas, pérdida de derechos civiles y patrimoniales, y la imposibilidad de ocupar cargos públicos de por vida.

Mientras tanto, el país sigue dividido. Según una encuesta de Datafolha publicada en junio de 2025, el 51% de los brasileños considera que Bolsonaro debe ser condenado si se prueba su implicación, mientras que un 38% cree que se trata de una vendetta judicial. Ese mismo estudio reveló que un 60% de los encuestados apoya que los responsables del 8 de enero cumplan penas de prisión efectivas.

La cancillería brasileña convocó este miércoles a Gabriel Escobar, encargado de negocios de la embajada estadounidense en el país, para que explique una nota divulgada por esa legación que hace una enérgica defensa del ex presidente Jair Bolsonaro, quien responde a un juicio penal por golpismo.

Fuentes oficiales dijeron a EFE que Gabriel Escobar, responsable de la legación diplomática en ausencia de un embajador, fue citado después de que, este mismo miércoles, esa embajada publicara una dura nota sobre el juicio que cursa contra Bolsonaro, que ya había sido criticado esta semana por el presidente Donald Trump.

La nota en cuestión afirma que “Jair Bolsonaro y su familia han sido fuertes socios de Estados Unidos” y afirma que “la persecución política contra él, su familia y sus seguidores es vergonzosa e irrespeta las tradiciones democráticas de Brasil”.

También refuerza “la declaración del presidente Trump” y agrega que la embajada sigue “de cerca esa situación” y que “no comenta sobre próximas acciones del Departamento de Estado en relación con casos específicos”.

La nota siguió el tono adoptado por Trump en mensajes que publicó el pasado lunes y en la noche del martes en su red Truth Social.

“Voy a estar muy atento a la CAZA DE BRUJAS contra Jair Bolsonaro, su familia y miles de sus seguidores. El único juicio que debería existir es el juicio de los votantes de Brasil —se llama una elección—. ¡DEJEN EN PAZ A BOLSONARO!”, escribió.

Sostuvo además que “Brasil está tratando de forma terrible al ex presidente” y dijo que ha “observado, al igual que el mundo, cómo no han hecho otra cosa que perseguirlo, día tras día, noche tras noche, mes tras mes, año tras año. ¡Él no es culpable de nada, salvo de haber luchado por EL PUEBLO!”, afirmó.

El primer mensaje de Trump motivó una inmediata respuesta del jefe de Estado de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien le dio carácter institucional al asunto y reaccionó mediante una nota oficial de la Presidencia.

“La defensa de la democracia en Brasil es un tema que compete a los brasileños. Somos un país soberano. No aceptamos interferencia o tutela de quien quiera que sea”, afirmó Lula.

Bolsonaro, quien gobernó entre 2019 y 2022, cuando coincidió durante dos años con el primer mandato de Trump, está acusado de haber planificado, junto a jefes militares y antiguos ministros, diversos planes para impedir la investidura de Lula tras la victoria del líder progresista en las elecciones de octubre de 2022.

Esa trama, según la Fiscalía, desembocó en el asalto del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas destrozaron las sedes de la Presidencia, el Parlamento y el Supremo en Brasilia, y exigieron que las Fuerzas Armadas derrocaran al nuevo Gobierno.

El juicio cursa en la Corte Suprema, que el mes pasado concluyó la fase de instrucción del proceso, que se prevé que quedará listo para sentencia entre septiembre y octubre próximos.

Bolsonaro y el intento de golpe

A principios de 2025, la Fiscalía General de Brasil, liderada por el fiscal Paulo Gonet, presentó una contundente denuncia contra Bolsonaro por presuntamente orquestar un plan golpista para desconocer los resultados electorales de 2022 y mantenerse en el poder. El escrito, de casi 300 páginas, describe una “organización criminal” organizada desde el Estado, en la que participaron exministros, mandos militares y colaboradores cercanos.

El principal eje de la acusación es un informe de la Policía Federal que aporta documentos, grabaciones y testimonios que vinculan directamente a Bolsonaro con preparativos para declarar un estado de emergencia, disolver el Congreso, arrestar autoridades y reorganizar el poder a través de un decreto elaborado por su círculo más cercano.

Uno de los testimonios clave es el del teniente coronel Mauro Cid, quien fuera ayuda de campo de Bolsonaro y fue posteriormente detenido. Según la Policía, Cid “reunió documentos con el objetivo de obtener respaldo legal y judicial para la ejecución de un golpe de Estado”, según el análisis de su teléfono.

La Fiscalía sostiene además que planeaban incluso deshacerse físicamente de figuras clave, como el presidente Lula y el juez Alexandre de Moraes, ya sea mediante arrestos traumáticos o asesinatos por envenenamiento, según consta en el expediente.

El punto culminante de esta estrategia, según los fiscales, se materializó el 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores irrumpieron violentamente en los edificios del Congreso, el Supremo y el Palacio presidencial de Brasilia. La Fiscalía sostiene que fue el desenlace premeditado de una ofensiva institucional destinada a provocar un caos justificante para justificar una intervención militar.

(Con información de EFE)

Miles de manifestantes de amarillo y verde, los colores de Brasil, salieron a la calle el domingo en San Pablo convocados en nombre de “la justicia” por el ex presidente Jair Bolsonaro, que se enfrenta a cuatro décadas de prisión por presunto intento de golpe de Estado.

“Brasil nos necesita a todos. Es por la libertad, por la justicia”, dijo en los últimos días el ex mandatario de ultraderecha (2019-2022) en la plataforma X, al convocar a sus simpatizantes a una marcha por la avenida Paulista, emblemática arteria de la mayor metrópolis de América Latina.

La manifestación prevista cierra un mes particularmente agitado para Bolsonaro en el ámbito judicial.

En una fase clave en su proceso en el Tribunal Supremo de Justicia, el ex presidente negó cualquier intención golpista durante el esperado cara a cara con el juez Alexandre de Moraes, el poderoso magistrado al que Bolsonaro había tachado de “canalla”.

El ex jefe de Estado de 70 años está acusado de ser el “líder de una organización criminal” que conspiró para mantenerlo en el poder tras perder las elecciones presidenciales de octubre de 2022 ante el presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.

Según la Fiscalía, el supuesto plan golpista, que preveía incluso asesinar a Lula y a otras autoridades, no se concretó por falta de apoyo del alto mando militar.

El juez Moraes, el enemigo

Inelegible hasta 2030 por cuestionar sin pruebas el sistema electoral, Bolsonaro arriesga una condena de hasta 40 años de prisión por los cargos de tentativa de golpe de Estado y organización criminal, entre otros. Pero afirma ser víctima de una “persecución política” destinada a impedirle postularse a las presidenciales el próximo año.

“Hay una justicia para la izquierda y un estado de excepción para la derecha. Los jueces del Tribunal Supremo ni siquiera fueron elegidos y están tomando el poder en Brasil”, comenta a la AFP un manifestante que se hace llamar “Julinho Corazón de León”.

Calvo como el juez Moraes, este sexagenario lleva una toga negra de magistrado, con una simple tela a modo de bermuda y largas medias blancas.

“Alexandre de Moraes es un psicópata, ha destrozado la Constitución”, insiste.

A mediados de junio, el cerco judicial se estrechó aún más en contra de Bolsonaro cuando la policía federal recomendó inculpar a uno de los hijos del ex presidente, Carlos, sospechoso de haber participado en una supuesta red de espionaje ilegal durante el gobierno de su padre.

Según los investigadores, el ex presidente era el “principal destinatario” de la información obtenida, además de estar “en el centro de las decisiones” relacionadas con la elección de las personalidades espiadas por una “estructura paralela” dentro de la agencia brasileña de inteligencia (Abin).

“Pacificación”

“Esta manifestación es un disparate”, comenta Dionisio Teixeira, un vendedor de discos de vinilo en la avenida Paulista, que los domingos se transforma en una gran vía peatonal.

“Este tipo (Bolsonaro), que quería hacer explotar Brasilia y matar a su adversario político, debería ir a prisión. No sé cómo la gente todavía puede venir aquí para defenderlo”, añade.

Varias manifestaciones se han organizado desde el inicio de los problemas judiciales de Bolsonaro, pero la asistencia parece haberse reducido en los últimos meses, incluso este domingo.

Según cálculos de la Universidad de São Paulo, unas 45.000 personas participaron en la última marcha en la avenida Paulista en abril, casi cuatro veces menos que en febrero (185.000).

En estas últimas manifestaciones, la consigna era la “amnistía” de las personas condenadas por los eventos del 8 de enero de 2023 en Brasilia.

Ese día, miles de bolsonaristas tomaron los sitios de poder en la capital brasileña, exigiendo una intervención militar para desalojar a Lula del poder, una semana después de su investidura.

“Se precisa hablar de libertad (...) vamos a promover la pacificación”, declaró recientemente el gobernador de Sao Paulo, Tarcisio de Freitas, quien acudió a la marcha el domingo.

Este ex ministro de Bolsonaro es uno de los principales favoritos para representar a los conservadores en las elecciones presidenciales de 2026. Sin embargo, Bolsonaro aún espera que se anule su inelegibilidad y no ha apoyado a nadie.

(Con información de AFP)

El Tribunal Supremo de Brasil concluyó este martes los interrogatorios al "núcleo crucial" de la supuesta trama golpista de 2022 sin novedad en las alegaciones de los ochos acusados, pero sí con la sorpresiva postura de un comedido expresidente Jair Bolsonaro, muy lejos de las diatribas y desplantes que solía dedicar a la corte y al instructor del caso, el juez Alexandre de Moraes.

Todos los acusados de formar parte de la principal camarilla golpista negaron los hechos, si bien admitieron haber participado en las reuniones en las que supuestamente se había organizado dicha trama, aunque minimizaron el alcance de las cuestiones que se abordaron en estos encuentros.

Algunos de ellos centraron también sus defensas en desacreditar la versión del coronel Mauro Cid, presente en varias de las causas abiertas que tiene Bolsonaro y que ahora, tras haber sido una de sus personas más cercanas, colabora con la Justicia a cambio de beneficios en la condena.

Los jueces del Supremo destacaron que estos dos días de interrogatorios transcurrieron "sin novedades", aunque sorprendió la estrategia de defensa de Bolsonaro, que estaría maniobrando para minimizar daños de cara a la siguiente fase del proceso, prevista a partir de agosto ya que la corte entra en receso en julio.

El expresidente brasileño sugirió horas antes de comparecer ante la corte que seguiría con sus críticas hacia el sistema electoral, principal objetivo de sus campañas de descrédito antes, durante y después de las elecciones que le enfrentaron al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en octubre de 2022.

Bolsonaro, que llamó "locos" a quienes defienden una intervención militar, optó en su intervención de tres horas por otro tono y se mostró conciliador y dispuesto a disculparse con De Moraes, a quien llegó a proponerle en tono distendido ser su vicepresidente para las elecciones de 2026, para las que está inhabilitado.

La prensa brasileña apunta que los aliados de Bolsonaro han reconocido que el peso de las pruebas hace difícil la absolución, por la que han estado haciendo campaña todos estos meses con multitudinarias manifestaciones en las calles, y que el objetivo ahora de su defensa es preparar el terreno para una petición de arresto domiciliario, de ahí el cambio de tono hacia el alto tribunal brasileño.

Después de la comparecencia de los ochos acusados, el juez De Moraes da un margen de cinco días para que la Fiscalía y las defensas presenten la apertura de nuevas diligencias, que pueden no ser aceptadas por el Supremo, y posteriormente se abre un plazo de quince días a cada una de las partes para las alegaciones finales.

Esas serán las últimas intervenciones de la acusación y las defensas antes de que el caso sea llevado a juicio a la Primera Sala del Supremo, que decidirá, previsiblemente en los próximos meses, el futuro de Bolsonaro y sus socios.

Cabe recordar que a todos ellos se les acusa de los delitos de organización criminal armada, intento de abolir de manera violenta el Estado de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio, que culminaron con el intento de los seguidores de Bolsonaro de tomar las instituciones, el 8 de octubre de 2023 en Brasilia.

Bolsonaro se enfrenta a una pena de hasta 40 años de cárcel en el peor de sus escenarios. La Fiscalía considera que es el cabecilla de una trama para mantenerle en el poder después de las elecciones de 2022, en la que habrían participado en diferente grado una treintena de personas.

Ese considerado "núcleo crucial" está formado por el ya citado Cid, los exministros Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Netto, Augusto Heleno Riberio y Anderson Torres, todos ellos generales del Ejército salvo el último, el exjefe de Inteligencia Alexandre Ramagem y el excomandante de la Marina Almir Garnier.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha reconocido este martes ante el Tribunal Supremo que buscó "alternativas" dentro de la ley tras perder las elecciones de 2022 contra Luiz Inácio Lula da Silva pero ha negado que hubiera hablado de dar un golpe de Estado, en el marco de su primera comparecencia como imputado en un complot golpista.

"Cuando hablamos de un proyecto de ley, parece que se trata de un proyecto de ley perverso. Rechazo cualquier posibilidad de hablar de un proyecto de ley golpista o de un proyecto de ley que no se ajuste a la Constitución brasileña", ha declarado.

Al ser preguntado por el juez Alexandre de Moraes sobre el contenido de las reuniones con comandantes militares a finales de 2022, el exmandatario ha afirmado que abordaron la posibilidad de actuar "dentro de la Constitución", según recoge el portal de noticias G1.

"No puedo garantizar que tal o cual asunto se discutiera tal o cual día. Las reuniones que se llevaron a cabo se basaron, en gran medida, en la decisión del TSE (Tribunal Superior Electoral). Cuando presentamos una petición sobre posibles vulnerabilidades y, al día siguiente, no fue aceptada, no se discutió más", ha declarado.

Bolsonaro ha considerado que el pago de una multa impuesta por el TSE contra su formación política, el Partido Liberal, por pedir la invalidez de los comicios impidió, a su entender, cualquier cuestionamiento del resultado electoral. "Entendíamos que, si apelábamos, la multa podría aumentar", ha manifestado.

Asimismo, ha rechazado que su gobierno discutiera la posibilidad de llevar a cabo plan golpista: "Por mi parte, nunca se habló de un golpe de Estado. Es abominable. Sería fácil iniciarlo y las consecuencias serían impredecibles y perjudiciales para todos. Brasil no podría pasar por una experiencia así. La posibilidad de un golpe ni siquiera se consideró durante mi gobierno", ha dicho.

Además, ha negado que el excomandante de la Armada Almir Garnier pusiera tropas a su disposición para ejecutar medidas golpistas que revirtieran el resultado electoral. "Bajo ninguna circunstancia. (...) No había clima, ni oportunidad, ni una base mínimamente sólida para hacer nada", ha sostenido.

En cuanto a sus declaraciones en contra del proceso electoral tras insinuar que hubo fraude en el voto electrónico, Bolsonaro ha aseverado que ha tenido una retórica a favor del voto impreso y que nunca ha tomado ninguna medida en contra de la Constitución.

También se ha disculpado por sus acusaciones sobre que ministros del Alto Tribunal estaban "recibiendo dinero" para manipular el resultado, reconociendo que "no existe ninguna prueba" y que "no tenía la intención de acusar a nadie de ninguna mala conducta".

El expresidente forma parte junto a otras siete personas del núcleo principal de esta trama, por la que se les acusa de asociación criminal, intento de abolir de manera violenta el Estado de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio, que culminó con el intento de tomar las instituciones del 8 de octubre de 2023.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha sugerido este martes que incidirá en sus críticas al sistema electoral como estrategia de defensa en su juicio por golpe de Estado, en el que está previsto que comparezca el miércoles o el jueves, según avancen las declaraciones del resto de acusados.

"Si estoy cómodo, que se preparen, van a ser horas", ha dicho Bolsonaro con respecto a su esperada declaración ante el Tribunal Supremo, por donde ya han desfilado acusados como su antiguo ayudante el coronel Mauro Cid, el exjefe de Inteligencia Alexandre Ramagem, o el excomandante Almir Garnier.

Bolsonaro ha insistido en que "no existió golpe" en Brasil y ha adelantado que pretende presentar durante su declaración una decena de "vídeos cortos" que ayudarían no sólo a desmentir a la acusación, sino que además evidenciarían que las propias autoridades conocen los problemas de seguridad que arrastra el voto electrónico.

Algunas de estas grabaciones, ha dicho, muestran al juez del Supremo Flávio Dino "condenando la urna electrónica", o al exministro de Seguridad Carlos Lupi "hablando también que sin impresión del voto hay fraude. No me lo estoy inventando", ha dicho.

Las supuestas fallas del voto electrónico han sido una de las principales denuncias de Bolsonaro durante la pasada campaña electoral, hasta el punto de llegar a organizar una reunión en el Palacio del Planato en la que se explayó a cerca de estas teorías, ampliamente desmentida. Aquello le supuso una inhabilitación de ocho años.

Bolsonaro ha afirmado que hablará "durante horas" después de que la Justicia brasileña le haya "prohibido un montón de cosas" y de que haya sido acusado "hasta de pedófilo" por sus rivales políticos, según recoge el portal G1.

Este lunes han arrancado los interrogatorios en el Tribunal Supremo del considerado "núcleo crucial" de esta supuesta trama golpista para mantener en el poder a Bolsonaro tras las elecciones de 2022. El primero en comparecer ha sido Mauro Cid, antiguo hombre de confianza del expresidente brasileño y ahora colaborador de la Justicia.

"Para la defensa fue perfecto. Mintió, omitió, olvidó, trajo cuestiones que contradicen expresamente la denuncia. Vamos a ahondar en eso", ha dicho este martes el abogado de Bolsonaro, Celso Vilardi, a su llegada a la sede del Supremo en Brasilia.

En su comparecencia, Cid confirmó que Bolsonaro leyó y propuso cambios al borrador que se elaboró para llevar a cabo esta supuesta trama golpista, si bien reconoció no haber estado en el momento en el que se llevaron a cabo estas modificaciones.

El expresidente forma parte junto a otras siete personas del núcleo principal de esta trama, por la que se les acusa de asociación criminal, intento de abolir de manera violenta el Estado de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio, que culminó con el intento de tomar las instituciones del 8 de octubre de 2023.

Bolsonaro será el sexto en comparecer. Antes, deberán hacerlo el exministro de Justicia Anderson Torres y el exjefe de Gabinete de Seguridad y general en la reserva Augusto Heleno Riberio. Posteriormente lo harán los exministros de Defensa Paulo Sérgio Nogueira y Walter Braga Netto.

El Tribunal Supremo de Brasil ha rechazado este viernes un nuevo intento del expresidente Jair Bolsonaro para paralizar la causa relacionada con la trama golpista con la que pretendía mantenerse en el poder tras las elecciones de 2022, cuya fase de instrucción comienza la próxima semana, cuando se espera que comparezca.

La defensa ha alegado que no han tenido acceso a la totalidad de las pruebas reunidas por la Policía y la Fiscalía y que deberían primero oír los testimonios de los otros acusados para poder preparar las defensas en caso de que emitieran declaraciones contra el expresidente brasileño.

No obstante, el juez encargado del proceso, Alexandre de Moraes, sostiene que todas las pruebas están disponibles, que el nuevo material "en nada altera los hechos imputados al acusado" y que si deseaba tomar declaración al resto de acusados deberían haber incluido esos nombres en su lista de declarantes.

"Si los testigos mencionados (...) hubieran sido considerados importantes para la defensa del acusado Jair Bolsonaro, deberían haber sido incluidos en el momento procesal oportuno", ha zanjado el magistrado, según recoge el portal G1.

Bolsonaro se enfrenta a una pena de hasta 40 años de cárcel en el peor de sus escenarios por una trama para mantenerle en el poder después de las elecciones de 2022, en la que habrían participado en diferente grado una treintena de personas, entre ellas ministros y altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía.

El expresidente forma parte junto a otras siete personas del núcleo principal de esta trama, por la que se les acusa de asociación criminal, intento de abolir de manera violenta el Estado de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio, que culminó con el intento de tomar las instituciones del 8 de octubre de 2023.

El Supremo de Brasil ha convocado al expresidente del país Jair Bolsonaro y a otros siete acusados en la trama por el intento de golpe de Estado contra el mandatario actual, Luiz Inácio Lula da Silva, tras los ataques a las instituciones en Brasilia el 8 de enero de 2023, a comparecer por esta causa el próximo lunes, 9 de junio.

El juez y relator del caso, Alexandre de Moraes, ha fijado esta fecha después de que este lunes hayan concluido las comparecencias de los 52 testigos presentados por la acusación y la defensa.

Los interrogatorios de la próxima semana darán comienzo a las 14.00 horas (hora local, 19.00 hora peninsular española) con el que fuera 'mano derecha' de Bolsonaro cuando era presidente, el coronel Mauro Cid, quien ha sellado un acuerdo de colaboración con la justicia.

Los ocho acusados están imputados por los delitos de participación en organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado de derecho, golpe de Estado, daños causados por violencia y grave amenaza y deterioro del patrimonio inmueble.

La fecha fue fijada por la Primera Sala del Supremo después de que este mismo lunes declaró el último de los testigos convocados por los abogados de acusación y defensa.

Fue el senador Rogério Marinho, quien durante el tramo final de la gestión de Bolsonaro (2019-2022) se desempeñó como ministro de Desarrollo Regional y fue citado por la defensa.

Marinho dijo que, después de las elecciones de octubre de 2022, en las que Lula derrotó al líder de la ultraderecha, tuvo solo una reunión con Bolsonaro, en la que participaron otros ministros, y que "en ningún momento" se habló de una conspiración.

"Lo vi preocupado, con rabia por una derrota que no esperaba", pero designó a los ministros que dirigirían la transición del poder al nuevo Gobierno, declaró el senador, en la misma línea que otros exministros que han testimoniado ante los jueces.

Concluida esta fase, también serán consultadas la Fiscalía y las defensas de los acusados, a fin de saber si consideran que son necesarias otras diligencias para buscar nuevas pruebas, confirmar lo declarado por los testigos o incluso solicitar careos.

Aún así, el magistrado Alexandre de Moraes, en su condición de relator del proceso, decidió que los interrogatorios a Bolsonaro y a los otros siete acusados juzgados en esta fase comenzarán a partir del 9 de junio próximo.

Fuentes del tribunal han dicho que la intención es que el juicio concluya este mismo año y que las sentencias pudieran ser dictadas entre octubre y noviembre.

Las acusaciones son por los delitos de abolición violenta del Estado democrático, golpe de Estado, asociación criminal armada, daño calificado y destrucción de patrimonio, que en conjunto pueden suponer condenas de hasta 40 años de cárcel.

Desde el pasado 19 de mayo, declaró un total de 52 testigos, propuestos tanto por la acusación como por los abogados defensores.

Según la acusación, la conspiración comenzó tras los comicios de octubre de 2022 y tenía como fin impedir la investidura de Lula.

Esos planes habrían desembocado en la asonada del 8 de enero de 2023, cuando el líder progresista tenía una semana en el cargo y miles de bolsonaristas asaltaron el corazón del poder en Brasilia a fin de incitar a las Fuerzas Armadas a derrocar al nuevo Gobierno.

Los testimonios que más podrían comprometer a Bolsonaro fueron dados por dos antiguos jefes militares, que confirmaron haber sido convocados por el entonces presidente en diciembre de 2022, a fin de discutir alternativas para impedir la toma de posesión de Lula.

Uno fue el excomandante del Ejército, el general Marco Antonio Freire Gomes, quien dijo ante los jueces que Bolsonaro consultó a los jefes de las Fuerzas Armadas sobre la posible implantación de un estado de sitio y una "intervención" en la Justicia electoral.

Freire Gomes aclaró que se opuso y le advirtió a Bolsonaro de que debía "evaluar todas las consecuencias", pues si avanzaba por ese camino sería "encuadrado jurídicamente".

Esa reunión fue confirmada por el exjefe de la Fuerza Aérea Carlos Baptista Júnior, quien refrendó lo dicho por Freire Gomes y afirmó que las propuestas de Bolsonaro "atentaban contra el régimen democrático".

Ambos coincidieron también en otro punto y declararon que el entonces comandante de la Marina, almirante Almir Garnier, otro de los imputados en este proceso, fue el único jefe militar que no se opuso claramente a esos planes golpistas. EFE

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El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, ha pedido al Tribunal Supremo que autorice la apertura de una investigación contra el diputado federal Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, por sus acciones en Estados Unidos, desde donde inició una campaña para defender la inocencia de su padre, acusado de golpe de Estado por el ataque a las instituciones en enero de 2023.

En la solicitud, Gonet ha afirmado que hay indicios de que el parlamentario --que anunció en marzo que dejaba temporalmente su acta-- estaría cometiendo los delitos de obstrucción a las investigaciones, coacción durante el proceso en curso y atentado a la soberanía de Brasil.

El Ministerio Público ha indicado que Eduardo Bolsonaro estaría articulando sanciones por parte de Estados Unidos contra el juez del Supremo Alexandre de Moraes con el fin de "coaccionar" al alto tribunal, según ha informado el portal de noticias brasileño UOL.

Para ello, se apoya en declaraciones del diputado a la prensa en la que afirma que está manteniendo reuniones con altos cargos de la Administración estadounidense para imponer medidas contra Moraes, como prohibirle realizar transacciones, abrir cuentas bancarias y utilizar tarjetas de crédito.

Para la Fiscalía, Eduardo Bolsonaro está intentando interferir en el "normal desarrollo" de los procesos penales en curso abiertos contra su padre "y sus aliados". Así, ha denunciado la "intención de avergonzar" el proceso" del Supremo y "perturbar" el trabajo de la Policía Federal.

Según la acusación, Jair Bolsonaro y el que fuera su candidato a vicepresidente, el general Walter Braga Netto, encabezaban una organización criminal que barajó incluso la muerte del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en caso de que no pudieran detener el resultado de aquellas elecciones de octubre de 2022.

Entre los acusados se encuentran figuras muy próximas a Bolsonaro, como su entonces 'mano derecha', el coronel Mauro Cid, quien ha sellado un acuerdo de colaboración con la justicia; el exdirector de Inteligencia Alexandre Ramagem; los exministros de Defensa Paulo Sérgio Nogueira y de Justicia Anderson Torres, o el antiguo comandante de la Marina, Almir Garnier.

El "sondeo" hecho por el líder de la ultraderecha fue confirmado por el excomandante del Ejército, el general Marco Antonio Freire Gomes, uno de los primeros testigos del proceso por golpismo contra el exmandatario escuchados por la Primera Sala del Supremo.

Según Freire Gomes, la probable "intervención", que incluía hasta una declaración de estado de sitio, fue planteada por Bolsonaro a los jefes militares en diciembre de 2022.

"Expuse la importancia de evaluar todas las consecuencias", dijo Freire Gomes, quien junto al exjefe de la Fuerza Aérea Carlos Baptista Júnior, se opuso a la iniciativa, que según Bolsonaro solo estaba siendo "estudiada".

Sin embargo, Freire Gomes aclaró que le fue advertido a Bolsonaro que "no tendría apoyo" de las Fuerzas Armadas y que, si lo hiciera, "podría ser encuadrado jurídicamente".

El antiguo jefe militar, hoy en la reserva, fue interrogado por el juez Alexandre de Moraes, relator del caso en el que la Fiscalía General actúa como parte acusadora.

Según la Fiscalía, la trama golpista comenzó después de que Bolsonaro perdió las elecciones de octubre de 2022 frente a Lula.

La conspiración habría desembocado en la asonada del 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula y cuando miles de bolsonaristas destrozaron las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia para incitar una intervención militar que derrocara al nuevo Gobierno.

Otro de los testigos escuchados este lunes fue el empresario Éder Balbino, especialista en informática contratado por el Partido Liberal (PL), que lidera Bolsonaro, con el objetivo de comprobar un supuesto fraude en las elecciones, sobre el que el líder de la ultraderecha advertía desde antes de los comicios.

"No encontramos ninguna sospecha de fraude", declaró Balbino, cuya empresa hizo una auditoría de las urnas electrónicas usadas en el proceso.

Agregó que, pese al resultado de su informe, el PL presentó una denuncia por supuestas irregularidades que fue rechazada por las autoridades electorales, precisamente por "ausencia de indicios".

En ese mismo marco, el exfuncionario del Ministerio de Defensa Clebson Ferreira, otro de los testigos, confirmó que, después de la primera vuelta, le fue pedido un "mapa" de los municipios en los que Lula había obtenido más votos.

En esos mismos municipios, según la acusación, fue denunciado que el día de la segunda vuelta la Policía dificultó el acceso de los ciudadanos a los centros electorales, con la supuesta intención de restarle votos a Lula y favorecer al entonces presidente.

Bolsonaro siguió los interrogatorios por videoconferencia, así como otros de los siete reos que integran el llamado 'núcleo 1' de la trama golpista, quienes serán juzgados en esta primera fase del proceso, que hasta ahora tiene un total de 21 imputados.

Entre los otros acusados que responden en este fase figuran el excomandante de la Marina Almir Gabriel, el exministro de Justicia Anderson Torres, el exministro de Seguridad Institucional Augusto Heleno Ribeiro, el exministro de Defensa Paulo Sergio Nogueira y el exministro de la Presidencia Walter Braga Neto.

El grupo lo completa el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) y hoy diputado Alexandre Ramagem, por cuya condición de aforado el bolsonarismo intentó sin éxito suspender el proceso.

En total, la acusación y las defensas han convocado a un total de 82 testigos, que serán escuchados en diversas audiencias previstas para concluir el próximo 2 de junio.

Concluida esa fase, el proceso seguirá con interrogatorios a los ocho acusados, tras lo que la acusación y las defensas presentarán sus respectivos alegatos y el juicio quedará listo para sentencia. EFE

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El Supremo Tribunal Federal escuchará, en diferentes audiencias programadas entre el 19 de mayo y el 2 de junio, a los 82 testigos presentados por la Fiscalía y por los ocho acusados.

Los primeros que serán escuchados, a partir de las 15.00 hora local (18.00 GMT) y por videoconferencia, son los seis testigos de la Fiscalía, entre ellos los excomandantes del Ejército y de la Fuerza Aérea general Marco Antonio Freire Gomes y brigadier general Carlos de Almeida Baptista Júnior.

Ambos, hoy en la reserva, admitieron que se reunieron varias veces con Bolsonaro y con sus asesores más próximos y que los invitaron a apoyar un presunto plan para dar un golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de 2022.

Bolsonaro y sus colaboradores, entre ellos exministros y militares de alto rango, son acusados de encabezar la conspiración golpista supuestamente urdida para intentar anular las elecciones de 2022, en las que Lula derrotó al líder ultraderechista, y mantenerse en el poder.

Según la acusación, los líderes de la trama planearon incluso asesinar a Lula y a otras altas autoridades e incentivaron los actos golpistas del 8 de enero de 2023, siete días después de que el líder progresista asumiera su tercer mandato.

Ese día, miles de "bolsonaristas" destrozaron las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia para incitar una intervención militar que devolviera al poder al capitán retirado del Ejército.

Los cinco magistrados de la Sala Primera de la Corte Suprema consideraron en marzo pasado, por unanimidad, de que hay indicios suficientes para juzgar a los ocho acusados por cinco delitos graves que podrían acarrearles condenas de hasta 40 años de cárcel.

Los cargos son abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio.

Entre los enjuiciados también están el excomandante de la Marina Almir Gabriel, los exministros de Justicia Anderson Torres, de Seguridad Institucional Augusto Heleno Ribeiro, de Defensa Paulo Sergio Nogueira y de la Presidencia Walter Braga Neto y el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia y diputado Alexandre Ramagem.

El proceso tiene como base las numerosas pruebas recogidas por la Fiscalía, entre ellas un borrador de decreto para declarar el estado de sitio y la confesión del antiguo edecán de Bolsonaro, el teniente-coronel Mauro Cid, que es el octavo enjuiciado pero que puede recibir beneficios por su colaboración con la Justicia.

Los testigos convocados por Mauro Cid serán precisamente los segundos a ser escuchados, en una audiencia prevista para el 22 de mayo.

Los testigos de los otros seis enjuiciados serán escuchados entre el 23 y el 29 de mayo y los quince testigos convocados por Bolsonaro a partir del 30 de mayo.

Entre sus convocados destacan el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, el exvicepresidente y hoy senador Hamilton Mourão y otros integrantes y altos militares de su Gobierno (2019-2022).

El interrogatorio de testigos marca el inicio de la fase de instrucción criminal del proceso, durante la que defensa y acusación recogen pruebas y solicitan pericias y diligencias complementarias para aclarar circunstancias o hechos.

Concluida esta fase, el Supremo tendrá que definir las fechas en que interrogará a los enjuiciados y en las que escuchará los alegatos finales de acusación y defensa.

Finalmente, los cinco magistrados responsables por el proceso decidirán el destino de los acusados, lo que está previsto para septiembre u octubre de este año. EFE

Un ex jefe militar confirmó este lunes ante la Corte Suprema de Brasil que el ex presidente Jair Bolsonaro planteó la posibilidad de impedir la investidura del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, tras las elecciones de octubre de 2022.

El “sondeo” hecho por el líder de la ultraderecha fue confirmado por el ex comandante del Ejército, el general Marco Antonio Freire Gomes, uno de los primeros testigos del proceso por golpismo contra el ex mandatario escuchados por la Primera Sala del Supremo.

Según Freire Gomes, la probable “intervención”, que incluía hasta una declaración de estado de sitio, fue planteada por Bolsonaro a los jefes militares en diciembre de 2022.

“Expuse la importancia de evaluar todas las consecuencias”, dijo Freire Gomes, quien junto al ex jefe de la Fuerza Aérea Carlos Baptista Júnior, se opuso a la iniciativa, que según Bolsonaro solo estaba siendo “estudiada”.

Sin embargo, Freire Gomes aclaró que le fue advertido a Bolsonaro que “no tendría apoyo” de las Fuerzas Armadas y que, si lo hiciera, “podría ser encuadrado jurídicamente”.

El antiguo jefe militar, hoy en la reserva, fue interrogado por el juez Alexandre de Moraes, relator del caso en el que la Fiscalía General actúa como parte acusadora.

Según la Fiscalía, la trama golpista comenzó después de que Bolsonaro perdió las elecciones de octubre de 2022 frente a Lula.

La conspiración habría desembocado en la asonada del 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula y cuando miles de bolsonaristas destrozaron las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia para incitar una intervención militar que derrocara al nuevo Gobierno.

Intentos por mostrar un “fraude” inexistente

Otro de los testigos escuchados este lunes fue el empresario Éder Balbino, especialista en informática contratado por el Partido Liberal (PL), que lidera Bolsonaro, con el objetivo de comprobar un supuesto fraude en las elecciones, sobre el que el líder de la ultraderecha advertía desde antes de los comicios.

“No encontramos ninguna sospecha de fraude”, declaró Balbino, cuya empresa hizo una auditoría de las urnas electrónicas usadas en el proceso.

Agregó que, pese al resultado de su informe, el PL presentó una denuncia por supuestas irregularidades que fue rechazada por las autoridades electorales, precisamente por “ausencia de indicios”.

En ese mismo marco, el ex funcionario del Ministerio de Defensa Clebson Ferreira, otro de los testigos, confirmó que, después de la primera vuelta, le fue pedido un “mapa” de los municipios en los que Lula había obtenido más votos.

En esos mismos municipios, según la acusación, fue denunciado que el día de la segunda vuelta la Policía dificultó el acceso de los ciudadanos a los centros electorales, con la supuesta intención de restarle votos a Lula y favorecer al entonces presidente.

Bolsonaro acompaña a distancia

Bolsonaro siguió los interrogatorios por videoconferencia, así como otros de los siete reos que integran el llamado ‘núcleo 1’ de la trama golpista, quienes serán juzgados en esta primera fase del proceso, que hasta ahora tiene un total de 21 imputados.

Entre los otros acusados que responden en esta fase figuran el ex comandante de la Marina Almir Gabriel, el ex ministro de Justicia Anderson Torres, el ex ministro de Seguridad Institucional Augusto Heleno Ribeiro, el ex ministro de Defensa Paulo Sergio Nogueira y el ex ministro de la Presidencia Walter Braga Neto.

El grupo lo completa el ex director de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) y hoy diputado Alexandre Ramagem, por cuya condición de aforado el bolsonarismo intentó sin éxito suspender el proceso.

En total, la acusación y las defensas han convocado a un total de 82 testigos, que serán escuchados en diversas audiencias previstas para concluir el próximo 2 de junio.

Concluida esa fase, el proceso seguirá con interrogatorios a los ocho acusados, tras lo que la acusación y las defensas presentarán sus respectivos alegatos y el juicio quedará listo para sentencia.

(Con información de EFE)

El proyecto aprobado por la Cámara baja dice que toda la acción penal debe suspenderse por la condición de diputado de Alexandre Ramagem, uno de los 21 acusados, quien solo podría responder por delitos cometidos antes de comenzar a ejercer su mandato.

El caso tramita en la Primera Sala del Supremo, cuyo relator, Alexandre de Moraes, abrió este viernes un análisis sobre el asunto y aclaró que la decisión parlamentaria se puede aplicar al diputado Ramagem "parcialmente", pero no puede ser extensiva a los imputados que carecen de fuero.

Ramagem, igual que Bolsonaro y los otros acusados, responde por los supuestos delitos de organización criminal, intento de abolición violenta del Estado de derecho, golpe de Estado, daño calificado y destrucción de patrimonio público.

Las últimas dos acusaciones se refieren a los sucesos del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia para exigir a las Fuerzas Armadas que derrocaran al presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

El líder progresista había asumido una semana antes, tras haber ganado las elecciones de 2022, en las que Ramagem obtuvo su escaño de diputado.

Según el magistrado De Moraes, el artículo 53 de la Constitución, que regula el fuero parlamentario, puede aplicarse por tanto a esos dos cargos, pero no a las otras tres acusaciones que pesan sobre Ramagem, que tratan sobre hechos anteriores a su mandato.

Subrayó además que la suspensión del proceso es "inaplicable" a los otros veinte reos y que las dos acusaciones pendientes contra el diputado deberán ser juzgadas una vez que pierda su escaño.

Tras el voto del relator, deberán manifestarse los otros cuatro miembros de la Primera Sala, que tienen plazo para ello hasta el próximo martes.

Sin embargo, fuentes judiciales aseguran que existe consenso en torno a la aplicación de la suspensión parcial y solo para el caso del diputado que ha planteado De Moraes.

La iniciativa parlamentaria fue promovida por el Partido Liberal (PL), que lidera Bolsonaro, y presentada en paralelo a un proyecto de amnistía que la ultraderecha demanda para los responsables por la asonada del 8 de enero de 2023, que hasta ahora no ha encontrado eco en el Parlamento. EFE

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El Tribunal Federal Supremo (STF, por sus siglas en portugués) de Brasil ha fijado para este viernes la deliberación sobre la decisión de la Cámara de Diputados de ordenar la suspensión del proceso penal contra el diputado Alexandre Ramagem por el caso del intento de golpe de Estado de 2023, en el que también está imputado el expresidente Jair Bolsonaro.

El pleno de la primera sala del STF se llevará a cabo este viernes a petición del juez Alexandre de Moraes después de que el presidente de la Cámara, Hugo Motta, informara al presidente del Tribunal, Luís Roberto Barroso, de la suspensión parlamentaria del juicio contra Ramagen, también exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia, según recoge Agencia Brasil.

La resolución se basa en el artículo 53 de la Constitución de Brasil, que otorga a la Cámara de Diputados y al Senado el derecho a suspender los procedimientos penales contra miembros de ambas cámaras.

A pesar de ello, el mes pasado, el alto tribunal envió una carta a la cámara baja para informar de que los diputados no podían suspender todo el proceso, sino sólo los delitos cometidos por Ramagem después de recibir el acta de diputado.

Ese hito temporal de diciembre de 2022 le evitaría a Ramagem ser juzgado por los delitos de daños tipificados con violencia y amenaza grave, contra el patrimonio federal y con daños considerables a la víctima y deterioro de los bienes declarados.

Sin embargo, según el Supremo, la suspensión no aplicaría a los crímenes de golpe de Estado, organización criminal armada e intento de abolición del Estado Democrático de Derecho.

La deliberación del STF es necesaria, puesto que la resolución de la Cámara abriría el camino para la suspensión de los cargos imputados también a los demás acusados en el grupo 1 del proceso, incluido el expresidente Jair Bolsonaro.

En el primer grupo de acusados están también el general y exministro y exvicepresidente de Bolsonaro, Walter Braga Netto; el general retirado y exministro del Gabinete de Seguridad Institucional, Augusto Heleno; el ex ministro de Justicia y exsecretrio de Seguridad del Distrito Federal, Anderson Torres; el excomandante de la Marina, Almir Garnier; el general y exministro de Defensa, Paulo Sérgio Nogueira, y el excolaborador de Bolsonaro, Mauro Cid.

El acto, que sigue a otros realizados a inicios de este año en Río de Janeiro y São Paulo, ha sido organizado en respaldo a un proyecto presentado en el Parlamento por la extrema derecha, que hasta ahora no encuentra pleno apoyo en las cámaras legislativas.

El proyecto propone amnistiar a "todos quienes participaron en manifestaciones en cualquier lugar del territorio nacional desde el 30 de octubre de 2022 hasta el día de entrada en vigor de la ley".

De ese modo, beneficiaría a los implicados en la asonada de enero de 2023, cuando fueron asaltadas con extrema violencia las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia, y también a miles de personas que acamparon frente a cuarteles de casi todo el país exigiendo un golpe al día siguiente de los comicios de 2022.

En esas elecciones, el actual presidente progresista Luiz Inácio Lula da Silva se impuso a Bolsonaro, que aspiraba a mantenerse en el poder y nunca aceptó su derrota en las urnas.

Bolsonaro, quien responde ante la Corte Suprema como supuesto mentor de ese movimiento golpista, llegó a la céntrica Torre de TV de Brasilia, donde ya se concentraban un millar de manifestantes, para encabezar la manifestación.

El líder de la ultraderecha permaneció tres semanas ingresado en un hospital, en el que fue sometido a una compleja operación en el intestino, y recibió el alta el pasado domingo.

Aunque los médicos le han recomendado reposo, Bolsonaro dijo que pretende estar presente al menos "un momento" en el acto, en "solidaridad" con las personas condenadas a prisión por su participación en el fracasado intento de golpe que, según la ultraderecha, solo expresaron "pacíficamente" su descontento con el resultado de las elecciones de 2022.

Por los sucesos de enero de 2023, cerca de 1.600 personas fueron acusadas por lo que la Justicia ha calificado de intento de golpe de Estado y, entre ellas, unas 550 ya fueron condenadas a penas que oscilan entre 1 y 17 años de cárcel. EFE