Bolivia despejó esta semana sus rutas tras 50 días de bloqueos que generaron desabastecimiento y agravaron la atención médica en las principales ciudades, mientras el gobierno del presidente Rodrigo Paz enfrenta el desafío de reactivar la economía y restablecer el diálogo con los sectores que paralizaron el país.

Las protestas, iniciadas el 6 de mayo por organizaciones sindicales y campesinas que exigían la renuncia del presidente, dejaron al menos 16 muertos —13 de ellos por falta de atención médica oportuna— y pérdidas superiores a los 3.000 millones de dólares. Los puntos de corte llegaron al centenar, concentrados principalmente en la zona andina y el centro del país.

El sábado previo al levantamiento, Paz decretó el estado de excepción para habilitar la intervención conjunta de policías y militares en el despeje de carreteras. La medida se ejecutó hasta el martes prácticamente sin incidentes, ya que en la mayoría de los puntos conflictivos no quedaban manifestantes.

Con las rutas habilitadas, camiones con alimentos comenzaron a llegar a los mercados de La Paz y El Alto. Los precios empezaron a ceder: 30 huevos, que durante el conflicto se vendían entre 65 y 70 bolivianos (10 dólares), bajaron a 30-35 bolivianos (5 dólares).

Paz declaró ante la prensa que el bloqueo “ha sido derrotado, no puede retornar” y que Bolivia “se tiene que ordenar” para no repetir esta situación. Llamó a “construir y desarrollar un país donde todos los bolivianos se sientan con la oportunidad de crecer” y aseguró que seguirá dialogando con todas las organizaciones como “parte del reencuentro entre todos los bolivianos”.

Pese al alivio inmediato, las condiciones que originaron el conflicto permanecen intactas, según los expertos. Según el analista político Ricardo Paz, todos los actores salieron perjudicados: el Gobierno acumuló “varios errores”, mientras que los sindicatos y los grupos vinculados al expresidente Evo Morales (2006-2019) quedaron “muy golpeados, disminuidos y deslegitimados”.

Señaló además que el Ejecutivo necesita dar un “giro” a su conducción política, “mejorar significativamente la gestión pública y ejecutar con mayor eficiencia las reformas necesarias”, y transformar “de manera drástica” su política de comunicación.

El politólogo Franklin Pareja coincidió en que, para evitar una nueva escalada, el Gobierno debe mostrar “señales de recuperación macroeconómica”, combatir la corrupción y desarrollar “programas profundos de equidad” en las zonas rurales. Si avanza en esa dirección, sostuvo, “la capacidad de movilización de los grupos radicales disminuirá”.

“No podemos afirmar que existan ganadores cuando el costo social, político y económico ha sido tan elevado (...) el conflicto puede estar terminando, pero el problema de fondo persiste”, advirtió.

El conflicto se inició en la región de La Paz antes de extenderse a casi todos los departamentos. Los manifestantes acusaron al mandatario, con siete meses en el poder, de haberlos marginado de la toma de decisiones pese a haber respaldado su candidatura en las elecciones generales de 2025. También lo señalaron por pretender privatizar empresas estatales y encarecer los servicios básicos, cargos que la administración rechazó.

En una segunda etapa, las demandas confluyeron con reclamos de maestros, indígenas amazónicos, transportistas y mineros cooperativistas, sectores que fueron desactivando sus medidas tras llegar a acuerdos con el Ejecutivo. Semanas después, grupos afines a Evo Morales se incorporaron con una marcha desde el altiplano; el Gobierno lo acusó de financiar las movilizaciones con recursos del narcotráfico, cargo que el exmandatario negó.

(Con información de EFE, AP y DW)

La crisis de Bolivia quedó descrita en el foro del Interamerican Institute for Democracy como una disputa que excede al cambio de gobierno: varios expositores coincidieron en que el presidente Rodrigo Paz enfrenta un aparato estatal, judicial y de seguridad que, según sus diagnósticos, conserva la estructura política y económica heredada del ciclo del MAS, con el narcotráfico como núcleo de esa continuidad.

Carlos Sánchez Berzaín, director del instituto organizador, planteó que el nuevo gobierno controla la administración pero no el poder efectivo.

“Rodrigo Paz ha tomado el gobierno pero no el poder”, afirmó, antes de señalar que la disyuntiva es mantener el continuismo o cambiar leyes, instituciones y el Estado “hacia una democracia real”.

La definición más directa la aportó el vocero presidencial de Bolivia José Luis Gálvez, que habló de una “fuerte presencia de un estado paralelo heredado del régimen anterior” con capacidad para financiar bloqueos de calles y manejar la industria del narcotráfico. Según dijo, el gobierno trabaja con organismos internacionales para enfrentar ese problema.

En el mismo foro, el analista financiero Mauricio Ríos introdujo un dato distinto al eje de seguridad: sostuvo que la crisis no se explica solo por los bloqueos y cuestionó que el plan de revaluación de la moneda pueda resolver la dificultad cambiaria. A su juicio, la falta de claridad en los proyectos oficiales afecta el financiamiento, y sin ese respaldo el Estado no puede responder a los episodios de conflictividad que podrían reaparecer.

El diagnóstico común apuntó a una herencia institucional ligada al narcotráfico

Eduardo Gamarra, profesor en ciencias políticas, sostuvo que Bolivia “volvió a la democracia pero no recobró la paz” y ubicó el principal desafío del gobierno en la lucha contra la narcoindustria. Para el académico, ese entramado es “mucho más grande que Evo Morales” y el Ejecutivo debe identificar a sus beneficiarios, a quienes vinculó con el financiamiento de las protestas.

Gálvez, en representación del gobierno, reforzó ese enfoque al describir una estructura delictiva que combina protesta callejera y negocio ilegal. La tensión central del diagnóstico expuesto en el encuentro fue esa: la administración de Paz habría iniciado una transición democrática sin haber desarticulado todavía los mecanismos de poder que sobreviven dentro del Estado.

Guido Añez, ex gobernador de Santa Cruz, definió el momento político como “un proceso de transición en Bolivia de un narco-estado a un estado democrático”. En esa línea, afirmó que durante 20 años las fuerzas armadas y el aparato estatal fueron infiltrados por los narcos, y reclamó liberalización económica, inversión extranjera, un gobierno más inclusivo y preparación ante una crisis energética.

Los expositores ligaron la conflictividad actual con el ciclo del socialismo del siglo XXI

Sánchez Berzaín encuadró la situación boliviana en un proceso regional que, según dijo, comenzó con la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela y la expansión del socialismo del siglo XXI. En esa lectura, Bolivia pasó de ser un país con autonomía y proyección gasífera a convertirse en “un país satélite de las dictaduras chavistas”.

Germán Gutiérrez, ex diputado boliviano, habló de una “dictadura electoralizada” que el actual gobierno intenta desmontar, aunque consideró que esa transición no se ha concretado. Para él, los bloqueos expresan la resistencia de ese modelo político a desaparecer en Bolivia, del mismo modo que, según afirmó, ocurrió en otros países de la región.

Hugo Vargas, experto en políticas públicas, llevó esa crítica al terreno institucional. Sostuvo que el gobierno del MAS persiguió a opositores, tomó la justicia, envió al exilio a quienes se le enfrentaban y vulneró las leyes para asegurar la reelección indefinida de la presidencia.

La discusión también incluyó críticas a la capacidad oficial para ordenar la transición

María Alejandra Serrate, defensora de derechos humanos, afirmó que el problema del actual gobierno no es solo la herencia recibida sino su incapacidad para desmontar “las instituciones heridas” por las administraciones anteriores. Sumó a eso una deficiencia de comunicación oficial para abordar ese legado.

Fernando Untoja, ex candidato presidencial de Bolivia, describió al país en una doble crisis, “de Estado” e “intelectual”, y atribuyó parte de esa parálisis al Estado plurinacional, que a su entender funciona como una “camisa de fuerza” para los ciudadanos y dificulta la búsqueda de soluciones por parte de Paz.

Ríos agregó que esa debilidad también se refleja en el frente económico. Según su exposición, la falta de financiamiento impide atacar el problema de seguridad, donde ubicó a los bloqueos como una amenaza todavía abierta.

El foro sumó advertencias sobre fuerzas armadas debilitadas e instituciones frágiles

El vicealmirante Ismael Schabib afirmó que las fuerzas armadas fueron golpeadas por la ideología del socialismo y debilitadas en términos económicos. Según dijo, ese proceso reinstaló un “revanchismo” asociado a la derrota de 1967 y trajo de vuelta consignas como “patria o muerte”.

Carlos Saavedra, analista político, resumió ese deterioro como la herencia de 20 años de un régimen autoritario que capturó instituciones y dejó como saldo división étnica, narcotráfico y la necesidad de reformas económicas y de fortalecimiento militar.

Gisela Derpic, docente de derecho internacional, llevó el debate a un plano cultural e histórico al sostener que las protestas muestran que Bolivia no superó ciertos traumas y que una lectura equivocada del pasado contribuyó a la debilidad institucional. Su intervención completó un cuadro en el que los participantes atribuyeron la crisis boliviana a la combinación de captura del Estado, fractura social y fragilidad económica.

Senadores de la alianza opositora Libre anunciaron que solicitarán la conformación de una comisión legislativa especial para investigar la presunta injerencia del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en el litigio entre las empresas cementeras Fancesa y Soboce.

En una conferencia de prensa, la senadora Tomasa Yarhui señaló que pedirá informes a la Cancillería sobre las investigaciones en España y la supuesta participación de autoridades del gobierno del expresidente Luis Arce (2020-2025).

“Vamos a solicitar, como bancada Libre, que se conforme una comisión especializada para una investigación y solicitar a través de la Cancillería toda la documentación de las investigaciones”, informó Yarhui y dijo que es “ de vital importancia” establecer responsabilidades y sancionar a los culpables de un hecho que calificó como “ vergonzoso”.

La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España vincula al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero con presuntas gestiones realizadas ante autoridades bolivianas del gobierno de Luis Arce en favor del Grupo Gloria, un conglomerado empresarial peruano que mantiene intereses en Bolivia a través de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce).

Según un informe policial remitido a la Audiencia Nacional española dentro del denominado caso Plus Ultra, el exmandatario español habría recibido 200.000 euros por labores que los investigadores consideran una “dinámica de intermediación e influencias” destinada a beneficiar a esa compañía.

La UDEF sostiene que el pago fue canalizado mediante la empresa Focus Social Research y que fue presentado formalmente como un contrato de consultoría. Sin embargo, los investigadores consideran que dicho acuerdo habría servido para encubrir gestiones dirigidas a influir en decisiones de autoridades bolivianas relacionadas con un litigio que enfrentaba a Soboce con la cementera chuquisaqueña Fancesa.

En ese proceso, la empresa vinculada al Grupo Gloria fue condenada por la Justicia boliviana a pagar una compensación de aproximadamente 107 millones de dólares por competencia desleal, aunque posteriormente esa determinación fue anulada de manera provisional y quedó pendiente de revisión constitucional.

De acuerdo con el informe policial, Zapatero habría utilizado su “ascendencia pública internacional” y sus contactos políticos para facilitar reuniones y acercamientos con altas autoridades del Estado boliviano.

Entre las personas mencionadas por los investigadores figura el entonces presidente de Bolivia, Luis Arce, además de ministros de Estado y otros funcionarios de alto nivel. La UDEF asegura que existen registros de comunicaciones y reuniones que apuntan a intentos de mediación en favor de los intereses empresariales del Grupo Gloria.

La documentación analizada por la Policía española proviene principalmente de teléfonos y dispositivos electrónicos incautados durante un registro efectuado en la oficina de Zapatero. Los agentes examinaron mensajes, agendas y comunicaciones mantenidas por su secretaria personal, Gertrudis Alcázar, considerada por la investigación una pieza clave en la coordinación de reuniones y aspectos administrativos vinculados a la actividad profesional del exmandatario. Según la UDEF, varias de las gestiones detectadas coinciden temporalmente con transferencias económicas relacionadas con el contrato bajo sospecha.

Entre los nombres bolivianos que aparecen en la documentación difundida por medios españoles figura también Carmen Almendras, quien fue embajadora de Bolivia en España y a quien algunas publicaciones señalan como una de las personas que mantuvo contacto frecuente con Zapatero durante el período investigado.

En una de las conclusiones policiales citadas por distintos medios españoles, la UDEF sostiene que quedó “acreditado” que el exjefe de Gobierno español impulsó contactos destinados a beneficiar a la empresa peruana.

El entorno de Zapatero rechaza las acusaciones y sostiene que los pagos correspondieron a una actividad de consultoría completamente legal, desvinculada de cualquier actuación irregular. En tanto en Bolivia, ninguno de los involucrados ha dado explicaciones salvo una declaración escueta de la exembajadora Almendras al portal de noticias Brújula Digital en la que se declaró “ajena a los hechos investigados”.

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, expuso en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) la forma en la que su Gobierno enfrentó las casi siete semanas de protestas sociales y afirmó que el crimen organizado aprovecha la debilidad institucional y la conflictividad prolongada para extender sus redes de acción.

“El conflicto comenzó con demandas diversas y en muchos casos legítimas, con el paso de los días, el eje del conflicto dejó de centrarse en reclamos y comenzó a desplazarse hacia una confrontación política de mayor profundidad”, explicó Aramayo, quien señaló que en primera instancia el Gobierno optó por priorizar el diálogo y diferenciar las demandas sociales para evitar una escalada de violencia y el uso temprano de la fuerza pública.

El canciller señaló que hay factores que inciden en la estabilidad de los estados americanos que merecen ser abordados de manera conjunta porque ninguna democracia “puede sostenerse en soledad”. “En América Latina observamos cómo el crimen organizado evoluciona, se adapta y aprovecha espacios de debilidad institucional y conflictividad prolongada, ya no se trata solo de estructuras jerárquicas, sino de redes flexibles que operan a través de múltiples países y economías ilícitas”, afirmó el jefe de la diplomacia boliviana y señaló que, en ese contexto, “ningún episodio de inestabilidad puede analizarse de forma aislada”.

Durante la escalada del conflicto, el Gobierno acusó a algunos sectores movilizados de estar financiados con dinero del crimen organizado y tildó de “narcoterroristas” a quienes impulsaban los bloqueos con el objetivo de derrocar al presidente Rodrigo Paz.

“A los violentos, a los narcoterroristas, así como cayó Marset, sus días están contados”, advirtió el jefe de Estado el 8 de junio durante la promulgación de la ley que regulaba el estado de excepción. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota, no se ha hecho pública ninguna detención o denuncia penal contra manifestantes por delitos vinculados con el narcotráfico.

Bolivia atravesó casi 50 días de tensión social y bloqueos impulsados por sectores campesinos, obreros y productores de hoja de coca, que exigían la renuncia del primer mandatario, a quien acusaban de traicionar a quienes votaron por él y de incumplir sus promesas de campaña.

La medida de presión, que inició el 6 de mayo en el altiplano, se extendió a siete de los nueve departamentos del país y llegó a sumar 90 piquetes simultáneos.

Tras lograr un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) el 19 de junio, el Ejecutivo puso en marcha una medida de estado de excepción que desincentivó las protestas de los demás sectores. Con el repliegue de los cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), las carreteras quedaron expeditas el pasado martes.

Desde entonces han crecido los reclamos para sancionar a los responsables de los piquetes que paralizaron gran parte del país provocando pérdidas económicas cuantiosas para varios sectores, además de generar desabastecimiento de alimentos e insumos básicos en la ciudad de La Paz, cuyas vías de acceso estuvieron cerradas durante el periodo de conflicto.

Aunque el acuerdo con la COB establecía que se revise la situación de los detenidos y que el Gobierno no “persiga” judicialmente a los líderes de las protestas, el presidente expresó este miércoles que los responsables deben ser sancionados: “Tenemos que ponerlos en el justo lugar donde deben estar, que es la cárcel, por el incumplimiento y el daño que le hicieron a la sociedad”.

Varios sectores en Bolivia exigen sanciones contra quienes promovieron los bloqueos de caminos que paralizaron el país durante casi 50 días y generaron pérdidas millonarias, el desabastecimiento de productos básicos, destrozos en la infraestructura pública e impidieron el auxilio médico oportuno a más de diez personas que perdieron la vida durante las protestas, según informes oficiales.

Entidades relacionadas con la agroindustria, el transporte y el comercio, además del Comité Cívico y algunos actores políticos, exigieron que los líderes de la movilización social no queden impunes. “Esto no puede quedar sin responsables”, afirmó Stello Cochamanidis, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, una entidad que aglutina varias instituciones y que en los últimos años tuvo un rol protagónico de oposición a los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) contra el que también impulsó paros con bloqueos.

El líder cívico informó que “ante la inacción del Gobierno” decidieron iniciar procesos penales contra los dirigentes sociales de las tres organizaciones que encabezaron los bloqueos: el secretario de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo; el representante de la Federación de Campesinos de La Paz, Vicente Salazar; y el expresidente Evo Morales (2006-2019), líder de los cocaleros que hicieron piquetes en su bastión al centro del país.

Aunque no hay una cifra consolidada por las pérdidas, instituciones de comercio exterior e industria estiman un daño económico de hasta 3.000 millones de dólares, lo que equivale al 5% del Producto Interno Bruto (PIB). En cuanto a los destrozos en carreteras, la Administradora Boliviana de Carreteras informó que se destinarán cerca de 9 millones de dólares (90 millones de bolivianos) para los trabajos de reparación.

La medida de presión, que inició el 6 de mayo y concluyó el 22 de junio, fue impulsada por varios sectores sociales que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a quien acusan de inconsistencias en su gestión y de traicionar a quienes le dieron el voto en octubre del año pasado cuando ganó la elección presidencial con el 55% de la votación frente al candidato conservador Jorge Quiroga. En los momentos más álgidos de la protesta se llegaron a registrar hasta 90 piquetes simultáneos en siete de los nueve departamentos del país.

Tras haber logrado un acuerdo con el mayor sindicato obrero el pasado sábado, el gabinete de ministros aprobó un decreto de estado de excepción que le permite establecer algunas restricciones e involucrar a las Fuerzas Armadas en el restablecimiento del orden. La medida motivó el repliegue progresivo de los demás actores en medio de acusaciones contra el dirigente sindical que pactó con el Gobierno.

Ante los crecientes pedidos para sancionar a los responsables, el presidente Paz ha mostrado una posición contradictoria. Si bien ayer pidió “cárcel por el daño que hicieron a la sociedad” contra los bloqueadores, en el acuerdo que firmó con la COB se comprometió a “no impulsar normas que criminalicen la protesta”, a no realizar “persecución política ni judicial” y conformó una comisión “con el objeto de gestionar la liberación de los detenidos y revisión de los procesos en los conflictos”.

La discusión sobre el costo de la protesta y las sanciones contra los responsables ha vuelto a poner en la mesa de debate los proyectos de ley “antibloqueos” que se han presentado en la Asamblea Legislativa el año pasado. Los proyectos permanecen trabados en comisiones legislativas mientras dividen a la opinión pública: mientras algunos defienden los piquetes como la única medida de protesta que logra la atención de los gobernantes, otros los ven como un delito que vulnera libertades y derechos fundamentales.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este miércoles que su gobierno recuperará el control sobre territorios que hoy permanecen bajo el dominio de organizaciones sociales afines al ex presidente Evo Morales, en particular el Chapare, la región cocalera del departamento de Cochabamba donde Morales se refugia desde finales de 2024 para eludir una orden de captura judicial. La declaración marca una escalada en la confrontación entre el gobierno centroderechista y el líder de la izquierda boliviana, cuya figura comienza a mostrar signos de desgaste incluso dentro de su propio bastión.

“Vamos a recuperar cada territorio que hoy día no nos pertenece”, declaró Paz durante un acto por el aniversario de la Policía boliviana. “Aquí no hay dueños, ni de territorios, ni de sectores”, añadió, en referencia directa al Chapare, según aclaró posteriormente la Presidencia. El mandatario, en el poder desde noviembre de 2025, acaba de superar la crisis política más aguda de su gestión: durante siete semanas, coaliciones de indígenas, obreros y productores de coca bloquearon carreteras y exigieron su renuncia, en protesta por una crisis económica que analistas califican como la más profunda de Bolivia en cuatro décadas.

La tensión se resuelve, al menos en apariencia, sin disparos. El gobierno decretó el sábado un estado de excepción y promulgó una ley que habilita la intervención conjunta de la Policía y las Fuerzas Armadas. Los bloqueos se levantaron de manera gradual y sin que se registraran enfrentamientos de magnitud, lo que dejó al Chapare como el único foco activo de resistencia y a Morales cada vez más aislado del resto del movimiento de protesta.

Morales, sin embargo, no cede terreno en el discurso. En una entrevista concedida este martes a la AFP desde Lauca Ene, localidad cocalera donde se encontraba reunido con decenas de dirigentes campesinos, el ex presidente calificó la situación como una provocación deliberada del Estado. “Con toda esta política neoliberal y el estado colonial, están forzando que haya una guerra civil”, afirmó. Ante la posibilidad de una intervención en el Chapare, advirtió: “Aquí va a haber problemas, estamos bien organizados”. Sus partidarios, añadió, “se van a defender”.

El Chapare no es un territorio cualquiera en el mapa político boliviano. Es la región donde Morales inició su carrera como dirigente sindical cocalero en la década de los noventa, cuando lideró la resistencia a las políticas de erradicación de cultivos impulsadas por Washington y aplicadas por sucesivos gobiernos bolivianos. Desde entonces, los sindicatos del trópico de Cochabamba han sido su columna vertebral electoral y organizativa. Cuando la justicia emitió en su contra una orden de captura —por un caso de trata de menor— fue precisamente al Chapare adonde regresó. Las organizaciones campesinas de la zona llevan meses custodiando su presencia e impidiendo el cumplimiento de la orden judicial, en lo que constituye un desafío abierto al Estado de derecho.

El gobierno de Paz, que llegó al poder poniendo fin a dos décadas de hegemonía de la izquierda boliviana, ha señalado a Morales como el instigador de las protestas y ha alegado que estas fueron financiadas con recursos del narcotráfico. El ministro del Interior, Marco Antonio Oviedo, confirmó que el Ejecutivo prepara un operativo para permitir el ingreso de las fuerzas de seguridad al Chapare, aunque precisó que se desarrollará “con tranquilidad y calma”. El Ejecutivo no fijó fecha para una eventual intervención.

Morales, por su parte, descartó haber negociado el fin de los bloqueos. “Por ahora observamos una tregua. No se trata de una rendición”, declaró ante dirigentes cocaleros. En la entrevista con AFP, fue más explícito: dijo que el gobierno “se salvó” al ofrecer beneficios a ciertos sectores de manera reservada, y que el único frente que no negoció fue el del trópico de Cochabamba. También rechazó que su movimiento haya exigido la renuncia de Paz, aunque dijo que esa demanda se ha extendido entre la ciudadanía. Su propuesta, si la crisis económica no se resuelve, pasa por convocar a elecciones anticipadas como salida constitucional.

El desenlace inmediato favorece al gobierno. Paz llegó al poder en noviembre de 2025, en una elección que puso fin a veinte años de izquierda en Bolivia, y ha logrado contener la mayor amenaza a su mandato sin recurrir a la represión masiva. Pero el nudo estructural sigue sin desatarse: Morales permanece libre en territorio boliviano, protegido por una red de lealtades políticas que el Estado aún no ha podido disolver. La anunciada reconquista del Chapare pondrá a prueba si esa ventaja política se puede traducir en autoridad real sobre el territorio.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, reclamó el lunes ante la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Ciudad de Panamá, apoyo hemisférico concreto al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz, al tiempo que calificó a Cuba de “Estado fallido” y exigió reformas inmediatas al régimen de La Habana, en el poder desde hace 67 años sin haber convocado una elección libre.

La intervención de Landau se produjo en un momento de particular tensión regional. Bolivia atravesó durante casi dos meses una crisis que comenzó a principios de mayo con bloqueos de rutas promovidos por sectores campesinos y sindicales vinculados al ex presidente Evo Morales, opuestos al gobierno de Paz. En su punto más crítico, llegaron a registrarse cerca de 90 puntos de corte vial activos en seis departamentos. La Defensoría del Pueblo boliviana documentó al menos 14 fallecidos entre el 1 de mayo y el 1 de junio, mientras las pérdidas económicas superaron los 1.600 millones de dólares, según proyecciones del sector privado.

El presidente Paz declaró el estado de excepción el 20 de junio para despejar las carreteras y restablecer el suministro de alimentos, medicamentos y combustible. La medida surtió efecto sin enfrentamientos graves: para el 23 de junio, víspera de la asamblea, todos los puntos de bloqueo habían sido levantados. El acuerdo alcanzado el 19 de junio entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) para crear mesas de trabajo sectoriales contribuyó al repliegue de los manifestantes y dejó políticamente aislado a Morales, quien aceptó un compás de espera en las movilizaciones sin haber logrado su objetivo central: la renuncia del mandatario.

Ante ese telón de fondo, Landau fue directo en su mensaje a los estados miembros. “Bolivia está enfrentando una crisis”, afirmó. “Los ciudadanos bolivianos eligieron un rumbo claro el año pasado cuando eligieron al presidente Rodrigo Paz. Ese mandato democrático ha sido respondido con violencia por quienes perdieron en las urnas. Esto no es una disputa política; es un ataque a la democracia misma”. El subsecretario instó a todos los países miembros a respaldar las llamadas de Bolivia en favor de “una acción significativa” en defensa del orden constitucional. Previo a la asamblea, Washington y Buenos Aires coorganizaron un evento lateral para solidarizarse con el gobierno de Paz y denunciar a quienes buscan derrocarlo.

Sobre Cuba, Landau no dejó margen para la ambigüedad: describió a la isla como un Estado fallido, aliado de los adversarios de Washington, con larga historia de erosionar instituciones democráticas y fomentar la inestabilidad en el hemisferio. “El régimen autoritario y comunista de La Habana —que lleva 67 años en el poder sin haber celebrado una elección— está colapsando y debe implementar reformas económicas y políticas inmediatas. No tiene otra opción”, afirmó ante la asamblea.

Sus palabras llegaron en un momento de máxima presión sobre la isla. El 19 de junio, apenas cuatro días antes de la asamblea, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó un paquete de 176 reformas económicas —la transformación más profunda del modelo cubano desde el Período Especial de los años noventa— en respuesta a una crisis agravada por el corte del suministro de petróleo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro en enero y por las restricciones energéticas impuestas por Washington. El primer ministro Manuel Marrero Cruz reconoció ante el Congreso que el bloqueo estadounidense ha llegado a “interrumpir el suministro de combustibles y todas las fuentes de ingreso en divisas del país”, con un impacto directo sobre la infraestructura energética y la calidad de vida de la población.

La administración Trump consideró las reformas insuficientes. El secretario de Estado Marco Rubio fue taxativo: “Cuba tiene una economía que no funciona y un sistema político que no logran reparar. Lo que anunciaron no resulta lo suficientemente drástico. No va a solucionar el problema”. Para Washington, el paquete de medidas no toca el núcleo del sistema político y responde más a la presión externa que a una apertura genuina. Landau, en esa línea, extendió el mismo reproche a Nicaragua y exigió “tolerancia cero” con los regímenes totalitarios en el hemisferio.

El discurso también trazó un balance de la OEA desde la asamblea de 2025, celebrada en Antigua y Barbuda, donde el propio Landau había advertido que el organismo padecía de “escasez de resultados”. Entre los avances reconocidos, destacó el papel de la OEA en la aprobación unánime del apoyo a la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití, que allanó el camino para la posterior resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que autorizó operaciones contra grupos armados. Sin embargo, advirtió que la renovación de ese mandato no debe darse por garantizada y exhortó a los estados a intensificar su contribución con financiamiento, equipamiento y personal.

El peso financiero de Washington en la OEA es un factor permanente de presión: Estados Unidos aporta cerca del 50% del presupuesto ordinario del organismo —unos 47 millones de dólares en 2026— y la administración Trump ha retenido parte de esa contribución mientras mantiene abierta la posibilidad de retirarse si la institución no demuestra resultados concretos. La resolución de la crisis boliviana justo antes de la cumbre ofrece a la Casa Blanca un argumento para reclamar mayor agilidad del organismo cuando la violencia política desafía mandatos electorales, pero el desafío estructural de la OEA sigue siendo el mismo: convertir la presión en mecanismos de respuesta que no dependan exclusivamente del músculo diplomático estadounidense.

La mañana en la plaza Murillo de La Paz se vio alterada cuando efectivos de la Policía de Bolivia detuvieron a Wilma Alanoca, exministra de Cultura durante el gobierno de Evo Morales, bajo el argumento de “fines investigativos”.

Ella se encontraba en la plaza, lista para ofrecer una rueda de prensa, cuando un grupo de cinco policías vestidos de civil se le acercó sin identificarse y le comunicó que debía trasladarse a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Según su testimonio, manifestó su sorpresa por la acción policial, ya que no existía ninguna orden de detención formal en su contra. Ante la insistencia de los agentes, fue conducida hasta un vehículo policial y trasladada a la unidad mencionada.

Antes de su aprehensión, Wilma Alanoca defendió la legitimidad de las protestas y bloqueos recientes, que paralizaron al país durante más de 50 días, y afirmó que respondieron a “justas reivindicaciones”.

“La gente está más clara que nunca, la gente que estuvo en las calles estos 52 días resistiendo, no es gente ni vándala, no es gente terrorista, no es gente que está financiada por el narcotráfico como lo vino diciendo el gobierno, más bien ese discurso de odio del gobierno es lo que ha generado mayor conciencia, mayor resistencia y esta herida, esta fractura que tiene ya el gobierno, ha generado una oposición más organizada”, dijo antes de la detención.

Además habló sobre el actual presidente de Bolivia, Rodríguez Paz, en este momento particular del país:

“Aquí lo que hay es un problema muy serio de crisis múltiple que usted (presidente Rodrigo Paz) le ha provocado, (crisis) económica, social y política, que por su incapacidad, por su debilidad, no la puede resolver”. agregó.

Al concluir su comparecencia ante la prensa, Alanoca fue interceptada por los agentes policiales, quienes la escoltaron hasta la sede de la Felcc. Ella insistió en su inocencia y reiteró que no cometió ningún delito ni existía orden de aprehensión en su contra.

Su abogado, Diego Chávez, informó que presentó una acción de libertad, ya que hasta el momento no se precisó el motivo legal de la detención ni se notificaron cargos formales.

Por su parte, el viceministro de Interior y Policía, Hernán Paredes, aseguró que Alanoca desempeñó un papel clave en la organización de los bloqueos recientes, los cuales, según el gobierno, formaron parte de una estrategia coordinada por Evo Morales a través de una estructura calificada como “criminal”. El funcionario afirmó que existen pruebas que vinculan a la exministra con los hechos de protesta y la identificó como una de las figuras centrales en la articulación de las movilizaciones.

La reacción del entorno de Evo Morales no se hizo esperar. El exmandatario expresó públicamente su solidaridad con Alanoca:

“Exigimos su libertad inmediata y alertamos a los organismos internacionales sobre los abusos cometidos por un gobierno que pretende silenciar sus errores con violencia estatal”, mencionó Morales en sus redes sociales.

Además, solicitó la intervención de organismos internacionales para que supervisen la situación y denunció que el gobierno utiliza la fuerza estatal para silenciar la disidencia.

(Con información de Europa Press y El Deber)

Luego de casi 50 días de bloqueos, protestas y tensión social en Bolivia, el Gobierno de Rodrigo Paz recibió en las últimas horas una serie de respaldos internacionales que coinciden en el mensaje de fondo: la defensa del orden constitucional y el rechazo a cualquier intento de alterar el curso democrático del país.

Los pronunciamientos llegaron desde Estados Unidos, 13 países americanos y autoridades de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En una declaración conjunta, Estados Unidos y otros países del continente -Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay y Perú- manifestaron su preocupación por los efectos de los bloqueos y advirtieron que “los continuos esfuerzos por debilitar y derrocar al gobierno legítimo y democráticamente electo del presidente Rodrigo Paz representan una grave amenaza para el orden constitucional y la estabilidad democrática en el país y en el hemisferio”.

Los países firmantes también instaron a privilegiar el diálogo y la negociación dentro del marco institucional como mecanismo para resolver las diferencias políticas.

Por otro lado, la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su apoyo al gobierno boliviano en la 56ª Asamblea General que se desarrolla en Panamá. Durante la sesión inaugural, el presidente panameño, José Raúl Mulino, solicitó la conformación de una misión integrada por cancilleres para visitar Bolivia y acompañar los esfuerzos destinados a preservar el orden constitucional. Asimismo, promovió una resolución de apoyo al país sudamericano dentro del foro hemisférico.

A estas declaraciones se sumaron otras de funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, como la del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien envió un mensaje a través del canciller Fernando Aramayo. “Espero que cuando regreses a La Paz, le digas a tu Gobierno que cuenta con el apoyo del hemisferio y que tiene la autoridad moral, así como la autoridad institucional bajo su propia Constitución, para abordar esa situación y asegurar, una vez más, que lo que el pueblo elige en las urnas no pueda ser deshecho en las calles”, señaló Landau en el encuentro de la OEA en Panamá.

Durante casi dos meses, Bolivia vivió una de las crisis sociales más severas de los últimos años. Los bloqueos instalados en distintas carreteras del país impidieron la circulación, golpearon a sectores clave de la economía y provocaron escasez de combustibles, alimentos y otros insumos básicos, especialmente en La Paz, que permaneció sitiada por los conflictos.

Las protestas comenzaron a inicios de mayo, impulsadas por la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz. Más tarde se sumaron la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones vecinales de El Alto y sectores cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019). Los movilizados exigían la renuncia del presidente Paz, a quien acusaban de traición por gobernar de manera excluyente y en contra de sus intereses.

El sábado pasado, el Gobierno alcanzó un acuerdo con la COB y horas después declaró estado de excepción, una medida que permitiría el despliegue de las Fuerzas Armadas para despejar puntos de bloqueo. La decisión contribuyó al repliegue gradual de los sectores movilizados y desde el martes no se registra ningún piquete activo en el país.

Aunque todavía no existe una evaluación oficial consolidada, cámaras industriales y entidades vinculadas al comercio exterior calculan que las pérdidas económicas oscilan entre 2.500 y 3.000 millones de dólares, una cifra equivalente a cerca del 5% del Producto Interno Bruto del país.

El presidente Rodrigo Paz afirmó este martes que el estado de excepción continuará vigente en Bolivia pese al levantamiento de los bloqueos que paralizaron gran parte del país durante casi siete semanas. El mandatario argumentó que aún es necesario restablecer el orden y evitar que se repitan acciones similares en el futuro.

“Este estado de excepción continúa porque tenemos muchas cosas que ordenar”, afirmó el presidente y calificó la medida como “el instrumento legal” que “permite ordenar el país”.

En su primera evaluación pública tras la aplicación de la medida extraordinaria, el mandatario aseguró que la protesta culminó y que el país está retornando a la normalidad. “El bloqueo ha sido derrotado, no puede retornar al país. Lo que nos queda es construir, desarrollar un país donde todos los bolivianos se sientan con la oportunidad de poder crecer”, afirmó.

La declaración se produce luego de que las carreteras del país quedaran expeditas tras operativos conjuntos de policías y militares para levantar los escombros, montones de tierra y otros obstáculos instalados en las rutas. Según reportes oficiales de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), desde el martes no se registran puntos de bloqueo activos en el país.

Consultado por los periodistas sobre posibles procesos contra quienes promovieron las medidas de presión, Paz evitó hacer referencia al tema: indicó que “la justicia es justicia” e insistió en la necesidad de abrir una nueva etapa de diálogo con los distintos sectores sociales.

En ese sentido, el presidente anunció que convocará un “encuentro nacional por la unidad” en el que se presentarán las “iniciativas” para “reactivar la economía y aplicar el plan de Gobierno”.

Bolivia atravesó casi siete semanas de bloqueos de caminos que paralizaron el país, generaron pérdidas millonarias para varios sectores estratégicos y provocaron problemas de abastecimiento de alimentos, combustible e insumos básicos en la ciudad de La Paz, que estuvo prácticamente sitiada y enfrentó interrupciones en el transporte público y el servicio de recojo de basura.

La medida de presión fue impulsada inicialmente por indígenas del altiplano organizados en la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari, a la que se sumaron la Central Obrera Boliviana, algunas juntas vecinales de la ciudad de El Alto y los cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), que encabezaron las protestas en su bastión del Trópico de Cochabamba.

Los movilizados pedían la renuncia del presidente Paz, que asumió funciones hace siete meses, a quien acusaban de traición por gobernar de manera excluyente en contra de sus intereses.

Luego de 45 días de bloqueos, el sábado el Gobierno logró un acuerdo con la COB y horas más tarde firmó un decreto de estado de excepción —para desplegar a las Fuerzas Armadas a intervenir en los piquetes— que desincentivó las protestas de los demás sectores. “Por ahora un cuarto intermedio, no es rendirnos”, afirmó el expresidente Morales el lunes junto a los cocaleros que fueron los últimos en anunciar su repliegue.

Aunque no hay una cifra consolidada sobre las pérdidas económicas por los bloqueos, los daños son cuantiosos y las estimaciones de entidades industriales y de comercio exterior varían entre 2.500 y 3.000 millones de dólares, lo que equivale a casi el 5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Yape Bolivia ya existe desde 2023 y es la billetera digital hermana del Yape que se conoce en Perú, el aplicativo del Banco de Crédito del Perú (BCP). Pero ahora, ya se podrán conectar a través de envíos de dinero.

"Yape continúa potenciando su funcionalidad de envío de dinero al exterior y ahora permite enviar remesas directamente a usuarios de Yape Bolivia, la versión local de la app en ese país y actual principal billetera digital, que cuenta con más de 4 millones de usuarios", informó la aplicación.

Se trata, además, de la primera funcionalidad de Yape en Perú que permite el envío de dinero hacia Yape Bolivia, la versión de la app en el país altiplánico. “Los envíos contemplan un máximo de S/3.000 por operación, con un límite diario de S/3.500 y .mensual de S/12.000″, agrega la comunicación oficial.

Yape ya puede enviar dinero a Bolivia

Según informa el aplicativo digital, la incorporación de Bolivia a su red de remesas responde al potencial identificado en el flujo de envíos entre ambos países. Así, Yape proyecta alcanzar alrededor de 4 mil remesas mensuales desde Perú hacia Bolivia durante el primer año.

“Esta innovación nos permite seguir conectando a más personas en la región a través de soluciones digitales simples, rápidas y seguras, apalancándonos de nuestra operación en Bolivia. A la fecha, con esta funcionalidad se han enviado más de S/75 millones desde Perú a distintos países y buscamos seguir ampliando nuestra cobertura internacional”, señaló, asimismo, Raimundo Morales, CEO de Yape.

De esta manera se podrán enviar las remesas desde Yape en Perú hacia Yape Bolivia:

1. Ingresar al menú de Yape y selecciona el ícono de Remesas.
2. Elige la opción de “Quiero Yapear”
3. Selecciona “Bolivia”.
4. Selecciona el método de envío “Billetera Digital” e ingresa el monto a enviar.
5. Selecciona Yape Bolivia en la lista de billeteras.
6. Completa los datos solicitados.
7. Revisa, valida la información y ¡listo! Tu envío está en camino.

Cabe añadir que se trata de la primera funcionalidad de Yape en Perú que permite el envío de dinero hacia Yape Bolivia, la versión de la app en el país altiplánico, y representa un avance en la integración de ambas operaciones. Con esta habilitación, todos los usuarios de Yape en Perú afiliados con cuenta BCP o Yape con DNI pueden realizar transferencias hacia usuarios que cuenten con una cuenta activa de Yape Bolivia.

Países que reciben Yape

Con Yape Remesas puedes enviar dinero a una cuenta en los siguientes países:

1. Argentina
2. Chile
3. México
4. Italia
5. Colombia
6. Ecuador
7. España
8. Estados Unidos
9. Bolivia.

Para esto, primero deberás saber qué bancos y entidades están autorizadas en cada país para recibir este dinero. En el caso de otros países estás son las entidades:

• Estado Unidos: Bank of America, Capital One, Citibank, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, PNC Bank, TD Bank, Wells Fargo, enre otros bancos
• Colombia: Bancamía, Banco Agrario de Colombia, Banco Caja Social, Banco de Occidente, Banco Falabella, Banco GNB Sudameris, Bancolombia, Bancoomeva, Banco Popular, BBVA Colombia, Citibank, DaviPlata (billetera digital), Davivienda, Itaú, J. P. Morgan Colombia, Nequi (billetera digital), Scotiabank Colpatria
• Ecuador: Banco Bolivariano ,Banco del Austro ,Banco del Pacífico, Banco de Machala, Banco General Rumiñahui, Banco Internacional, Banco Pichincha, Banco Promerica, Diners Club, Mutualista Pichincha, Produbanco
• España: Abanca, Banca March, Banca Pueyo, Banco Alcalá, Banco Sabadell, Banco Santander, Bankinter, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Cajamar (Banco de crédito cooperativo), Cajasur, Deutsche Bank España, HSBC Continental Europe, Kutxabank, LiberBank, N26, Pichincha, Revolut
• Argentina: Mercado Pago
• Bolivia: Yape Bolivia.

Estados Unidos y otros 15 países emitieron este martes una declaración conjunta en la que expresaron su apoyo al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz y manifestaron su preocupación por el impacto que tuvieron los bloqueos de carreteras que paralizaron amplias zonas del país durante más de siete semanas.

El pronunciamiento, difundido por el Departamento de Estado estadounidense y suscrito también por Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay y Perú, sostuvo que las protestas representaron una amenaza para el orden constitucional y para la estabilidad democrática de Bolivia.

Los gobiernos firmantes señalaron que observan con inquietud los efectos que tuvieron los cortes de rutas sobre la vida cotidiana de millones de personas y cuestionaron los intentos de sectores movilizados de forzar un cambio de gobierno mediante medidas de presión fuera de los mecanismos institucionales.

“Estamos profundamente preocupados por el efecto de los bloqueos violentos de carreteras sobre la democracia y el Estado de derecho en Bolivia”, indica el documento. La declaración agrega que los esfuerzos dirigidos a “socavar y derrocar al gobierno legítimo y democráticamente elegido del presidente Rodrigo Paz” constituyen una amenaza para el sistema constitucional del país.

El texto fue divulgado apenas un día después de que el ex presidente Evo Morales anunciara una pausa en los bloqueos que persistían en el departamento de Cochabamba, el último foco importante de las protestas que comenzaron a principios de mayo y que afectaron corredores estratégicos para el transporte de mercancías, combustibles y alimentos.

Según la declaración internacional, una minoría de manifestantes intentó desconocer el resultado de las elecciones celebradas meses atrás y rechazó las propuestas de diálogo planteadas por el Ejecutivo. Los países firmantes aseguraron que las movilizaciones provocaron graves consecuencias para la población al dificultar el acceso a bienes y servicios esenciales.

“El pueblo boliviano ha sido privado de acceso a alimentos, atención médica, combustible y otras necesidades básicas”, señalaron los gobiernos. También advirtieron que las restricciones a la circulación afectaron derechos fundamentales y alteraron el funcionamiento normal de numerosas ciudades y comunidades.

La declaración menciona además que se registraron muertes vinculadas a las dificultades para trasladar personas enfermas o acceder oportunamente a medicamentos y centros de salud. Los países firmantes sostuvieron que algunas víctimas no pudieron recibir asistencia médica a tiempo debido a las interrupciones en las principales rutas del país.

El documento también hizo referencia a incidentes ocurridos durante las protestas en los que miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos mientras participaban en operativos para mantener el orden público.

“La violencia no puede subvertir el orden constitucional”, subrayó el comunicado.

Durante el momento más crítico del conflicto se contabilizaron cerca de un centenar de puntos de bloqueo en distintos departamentos, generando problemas de abastecimiento en ciudades como La Paz y El Alto y afectando la actividad económica nacional.

Ante la persistencia de las protestas, el gobierno de Paz decretó un estado de excepción que habilitó el despliegue interno de las Fuerzas Armadas, restringió determinadas manifestaciones y prohibió los cortes de carreteras. Tras la entrada en vigor de esas medidas, gran parte de los bloqueos comenzó a levantarse y el suministro de productos esenciales empezó a normalizarse gradualmente.

Los países firmantes expresaron su respaldo a las instituciones bolivianas y exhortaron a los sectores movilizados a canalizar sus reclamos por vías democráticas.

“Apoyamos al gobierno constitucionalmente elegido de Bolivia”, afirmaron, al tiempo que instaron a privilegiar “el diálogo y la negociación dentro del marco constitucional establecido”.

Los gobiernos señalaron que la defensa de la libertad, la democracia y la seguridad hemisférica requiere cooperación entre los países de la región y reafirmaron su compromiso de trabajar para preservar la estabilidad institucional.

Además, expresaron su solidaridad con la administración de Rodrigo Paz y con la población boliviana en un momento que consideran determinante para la preservación del orden democrático en el país sudamericano.

Bolivia espera que una comisión regional de cancilleres y ministros de Defensa, propuesta por Panamá y respaldada por Estados Unidos, genere “compromisos” hemisféricos para la defensa de su democracia, en medio de una crisis que dejó al menos 16 muertos y provocó desabastecimiento en el país.

La iniciativa fue lanzada el lunes por el presidente panameño, José Raúl Mulino, durante la inauguración del 56° Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). El canciller boliviano, Fernando Aramayo Carrasco, confirmó este martes que la misión se desplegará “a la brevedad posible” y que su propósito es no solo conocer la situación del país, sino generar acuerdos operativos concretos.

El conflicto estalló en mayo pasado, cuando sectores campesinos e indígenas comenzaron a exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien cumplió siete meses en el cargo este junio. La Central Obrera Boliviana (COB) y campesinos de La Paz instalaron el 6 de ese mes cortes de rutas que cortaron el acceso a servicios básicos y dejaron 13 víctimas fatales por falta de atención médica oportuna, además de otros tres muertos en el marco del conflicto.

Paz decretó el sábado el estado de excepción para levantar los bloqueos. Mulino respaldó esa medida ante los Estados Miembros y anunció el impulso de una resolución de apoyo a Bolivia ante la Asamblea General. Ecuador, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Paraguay y Panamá, entre otros, ya manifestaron interés en integrar la misión.

Aramayo Carrasco expuso la situación boliviana en un foro paralelo organizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, al que asistieron representantes de una veintena de países miembros de la OEA. Allí vinculó las protestas con acciones de “desestabilización abiertamente financiadas por el crimen organizado”, dado el volumen de recursos que implica financiar esos hechos violentos.

El canciller señaló que esos episodios ocurrieron precisamente cuando Bolivia comenzó a dar golpes significativos contra el crimen organizado internacional. A modo de ejemplo, citó la captura de Sebastián Marset, presunto narcotraficante uruguayo, descrito como “uno de los criminales más buscados por la DEA”, detenido el 13 de marzo en Santa Cruz y extraditado ese mismo día a Estados Unidos.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, subrayó la importancia del respeto a la institucionalidad y a los resultados de "elecciones limpias“. Anunció que Washington continuará dialogando sobre “cómo podemos llegar a acciones más concretas para apoyar al Gobierno y sobre todo al pueblo de Bolivia".

(Con información de EFE)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó que “el bloqueo ha terminado”, tras 53 días de protestas que paralizaron al país y generaron una crisis de abastecimiento y pérdidas millonarias. La decisión se conoció tras el retiro de los últimos bloqueadores y con el retorno paulatino de los productos básicos a los mercados de ciudades como La Paz y El Alto.

El mandatario ratificó que los sectores sociales podrán reorganizarse, aunque insistió en que ese proceso debe apuntar a “construir la patria, no para destruirla”. En un contacto con la prensa, Paz recalcó: “Nos vamos a organizar para construir, no para destruir, porque creo que el bloqueo ha sido derrotado, no puede retornar al país”. La afirmación llegó en medio del velorio de Antonio Araníbar, figura relevante de la lucha por la democracia en Bolivia, donde el presidente subrayó la importancia del diálogo como “parte del reencuentro entre todos los bolivianos”.

La normalidad comenzó a restablecerse a partir de la madrugada del lunes, cuando los últimos puntos de bloqueo se levantaron, principalmente en regiones como el Chapare, tras el llamado de Evo Morales a suspender las medidas de presión. La Central Obrera Boliviana (COB) firmó un acuerdo con el gobierno y abandonó la protesta, lo que dejó aislados a los grupos del sector campesino-indígena Túpac Katari y a los seguidores de Morales. El presidente Paz declaró el estado de excepción el 20 de junio, luego de ese acuerdo, con el objetivo de desbloquear el país.

El resultado inmediato del levantamiento de los bloqueos fue la llegada de camiones cargados de alimentos a los principales mercados de La Paz y El Alto. Los precios de productos como el huevo y el pollo, que durante la protesta se habían triplicado, comenzaron a descender. Martha Troche, productora de huevos, relató que logró llegar a la ciudad tras dos semanas de estar varada y que ahora podrá vender su producción, lo que representa un alivio económico para muchas familias. Elsa Callisaya, residente de La Paz, celebró la posibilidad de comprar pollo a precios accesibles para reunir a su familia tras semanas de dificultades.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que, a las 7 de la mañana de este martes, las nueve regiones del país estaban libres de bloqueos sociales, aunque persistían algunos puntos de obstrucción por tareas de limpieza y por una inundación en Santa Cruz. Durante los momentos más críticos de la protesta, el país llegó a registrar más de cien cortes simultáneos, con consecuencias graves para el abastecimiento de combustible, oxígeno medicinal y otros insumos fundamentales.

El paro comenzó el 1 de mayo con la declaración de la COB y se intensificó desde el 6 de mayo, cuando sectores campesinos bloquearon rutas en demanda de atención a distintos reclamos. Pronto, la exigencia se centró en la renuncia del presidente Paz, sin aceptar los llamados al diálogo. Los seguidores de Morales sumaron sus demandas y realizaron una marcha a la sede del gobierno, aunque el exmandatario luego relativizó la exigencia de renuncia desde el Trópico de Cochabamba.

El conflicto impactó en siete de los nueve departamentos y provocó hambre, muertes y el colapso de actividades laborales. El sector empresarial calculó las pérdidas en más de 2.500 millones de dólares. El fin del conflicto se selló con la retirada de los bloqueadores tras la declaración del estado de excepción y la presión social. Morales anunció un “cuarto intermedio” en la protesta, pero advirtió que no representaba una rendición.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, consideró que la aplicación del estado de excepción dejó “solos a los violentos” y que el pueblo “lo derrotó no cayendo en la violencia, respetando la Constitución y respetando las leyes”. Los principales impulsores de la protesta, entre ellos Mario Argollo, Vicente Salazar, Evo Morales y el senador Nilton Condori, quedaron bajo críticas y en el centro de la atención pública, mientras el gobierno anunció procesos judiciales contra los responsables de los disturbios.

(Con información de El Deber y AP)

El crimen de una mujer de 26 años en la ciudad de La Paz incrementó a 43 la cifra de feminicidios registrados en Bolivia en lo que va de 2026, según datos del Ministerio Público. El caso es investigado como feminicidio y el principal sospechoso es la pareja de la víctima, identificado como Adam K.C.L., de 26 años, fue detenido preventivamente por las autoridades.

La joven, Bianca G.R., también de 26 años; permaneció internada en el Hospital de Clínicas durante dos días tras sufrir una agresión en su domicilio que le provocó graves lesiones y el 21 de junio falleció debido a los daños. La autopsia determinó que la causa de muerte fue una lesión del centro encefálico superior, acompañada de un hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea y traumatismo craneoencefálico cerrado.

Inicialmente, la investigación se abrió por el delito de lesiones graves, pero tras conocerse los resultados forenses, la Fiscalía modificó la tipificación penal y pasó a procesar el caso como feminicidio. Las pesquisas continúan con la recopilación de pruebas, declaraciones y pericias para esclarecer las circunstancias del hecho y establecer responsabilidades.

“Una vez que la Fiscalía tomó conocimiento del caso, inmediatamente inició las investigaciones y actualmente se realiza la colecta de elementos de convicción para garantizar que el presunto feminicida sea sometido a la justicia conforme establece la ley”, señaló el fiscal de La Paz, Luis Carlos Torrez.

Las estadísticas del Ministerio Público muestran que el departamento de La Paz concentra la mayor cantidad de feminicidios del país, con 17 casos reportados este año. Le siguen las regiones de Santa Cruz con ocho, Cochabamba con seis y Oruro con cinco. En tanto, Potosí, Chuquisaca y Tarija registran dos casos cada uno, mientras que Beni reporta uno.

En Bolivia, el feminicidio está sancionado por la Ley 348, vigente desde 2013, que establece una pena de 30 años de prisión sin derecho a indulto para quienes sean hallados culpables de este delito. Sin embargo, organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres han señalado reiteradamente que persisten dificultades en la aplicación de la ley, especialmente en las etapas de prevención, investigación y acceso a la justicia.

Las cifras muestran que la violencia contra las mujeres continúa siendo uno de los principales desafíos para el sistema judicial boliviano: en 2025 se registraron 81 feminicidios en el país, mientras que ese mismo año se contabilizaron más de 46.000 delitos en la Ley 348. Entre ellos, la violencia familiar o doméstica concentró la mayor parte de los casos atendidos por el Ministerio Público.

Desde la entrada en vigencia de la Ley 348, Bolivia ha acumulado más de 1.200 feminicidios, según reportes de instituciones y organizaciones que monitorean la violencia de género.

Ante la incidencia de este delito, en noviembre de 2025 se promulgó la Ley 1680 que establece un sistema de protección integral y reparación para los menores de edad que quedan huérfanos a consecuencia de feminicidios. La norma contempla apoyo económico, acceso prioritario a servicios de salud y educación, atención psicológica, acompañamiento social y mecanismos para resguardar los derechos patrimoniales de los beneficiarios.

El expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), amenazó con tomar una central eléctrica en la región Trópico de Cochabamba, su bastión en el centro del país, si se vuelven a producir apagones de electricidad.

“Si otra vez nos cortan, nos movilizamos, tomamos una (planta de energía eléctrica) y la administramos para que nunca nos falte energía”, manifestó el exmandatario en una reunión con los sindicatos cocaleros en la localidad de Shinahota, a 190 kilómetros de la ciudad de Cochabamba. “Está en nuestro territorio (…) aquí tenemos ingenieros, electricistas, administradores”, señaló.

En el último mes, los medios locales registraron al menos tres episodios de interrupción del suministro eléctrico en la región cocalera, donde el expresidente permanece desde hace casi dos años bajo custodia de sus seguidores para evitar que se ejecute una orden de captura por una investigación que lo acusa de trata agravada de menores.

El primer caso se produjo el 27 de mayo, cuando un apagón de más de dos horas afectó a varios municipios de la región. La interrupción del servicio generó preocupación entre organizaciones sociales y sectores cocaleros, que reaccionaron con vigilias y medidas de protesta en distintas localidades.

Días después, el 6 de junio, medios regionales informaron sobre una nueva interrupción eléctrica, que afectó a Lauca Ñ y poblaciones cercanas, y el tercer episodio reportado ocurrió el 20 de junio cuando localidades como Shinahota, Lauca Ñ y Senda III quedaron sin suministro eléctrico durante varias horas.

Los cortes de energía eléctrica, que según el exmandatario suman 30 horas, ocurrieron en un momento de tensión política y social, cuando diferentes organizaciones del país -entre ellas los cocaleros afines a Morales- protagonizaban bloqueos de carreteras para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien, a siete meses de gestión, enfrenta acusaciones de traición por parte de varios sectores sociales que cuestionan el incumplimiento de sus promesas de campaña electoral.

El expresidente manifestó que los apagones no responden a fallas técnicas, como afirmó inicialmente la compañía que provee servicios eléctricos, sino que se trata de “una política de castigo” contra su región. “Es una medida abusiva que afecta a miles de familias trabajadoras, productores, transportistas, estudiantes y comerciantes”, denunció días atrás el exmandatario en sus redes sociales.

El Gobierno boliviano rechazó estas afirmaciones y calificó la amenaza de tomar centrales eléctricas como un acto “criminal”. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que van a desplegar a las fuerzas de seguridad para garantizar la protección de la infraestructura estratégica del Estado y afirmó que “no hay nadie por encima de la ley”.

El cruce se produce en un ambiente de tensión política y social tras más de 50 días de bloqueos de carreteras que buscaban la renuncia del presidente. El sábado, el Gobierno firmó un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) —una de las organizaciones que impulsaba las protestas— y horas después dictó un estado de excepción que desincentivó la continuidad de los bloqueos: los campesinos del altiplano se replegaron y los cocaleros de Cochabamba anunciaron una pausa en los bloqueos.

Este martes, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) no registra piquetes, pero algunos tramos permanecen intransitables por los escombros que quedaron de las protestas.

Si bien el país parece haber recuperado el orden, sus secuelas permanecerán a largo plazo. Varios analistas advierten que la crisis social dejó pérdidas económicas irreparables, profundizó las fracturas sociales y reconfiguró las relaciones de poder entre el Gobierno, la oposición y los movimientos sociales.

Los cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) determinaron un cuarto intermedio en los bloqueos con los que buscaban forzar la renuncia del primer mandatario Rodrigo Paz. Con la suspensión de la medida de presión en la región cocalera del Trópico de Cochabamba, Bolivia amaneció sin piquetes activos tras 48 días de tensión social.

“Por ahora, un cuarto intermedio. No es rendirnos; la ventaja que tienen las federaciones cocaleras es que no nos vendemos, nunca nos vamos a vender, siempre unidos”, manifestó anoche el expresidente Morales en una transmisión en redes sociales.

En el pronunciamiento, los líderes cocaleros que acompañaban al expresidente responsabilizaron al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, por haber levantado antes las medidas de presión tras lograr un acuerdo con el presidente Paz. “Por culpa de dirigentes nacionales como Mario Argollo, esta movilización, con bloqueos, marchas y protestas, ha flaqueado. El pueblo tiene memoria, nunca se va a olvidar cómo nos han traicionado a costillas y espaldas del pueblo”, manifestó el dirigente Isidro Auca.

Bolivia atravesó un periodo de alta conflictividad social con casi siete semanas consecutivas de bloqueos de caminos que paralizaron gran parte del país. La medida de presión, impulsada por la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari, los cocaleros afines a Morales y la COB, pedía la renuncia del primer mandatario, a quien acusaban de traición por gobernar de manera excluyente y en contra de sus intereses.

El sábado, el Gobierno logró un acuerdo con el sindicato obrero para suspender las protestas y, horas después, decretó un estado de excepción por 90 días para habilitar la intervención de las Fuerzas Armadas en los piquetes. Desde entonces, los bloqueos se levantaron paulatinamente en todos los departamentos a excepción de algunos en Cochabamba, en el bastión político de Morales al centro del país, y otros en la región productiva de Santa Cruz.

Este martes, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) no reporta ningún corte de carretera por conflictos sociales, pero quedan tramos intransitables por los escombros que quedaron de la protesta. Se espera que en las próximas horas todas las vías estén expeditas.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, destacó la tregua que anunciaron los cocaleros y afirmó que el expresidente “no declaró cuarto intermedio por generosidad” sino porque “el pueblo le dijo basta al bloqueo, basta a la presión y basta al sufrimiento de las familias”.

La prolongada medida de presión provocó pérdidas millonarias para sectores estratégicos como el turismo, la industria y el transporte. Según la Cámara Nacional de Industrias (CNI), la pérdida fue de más de 2.500 millones de dólares, lo que representa cerca del 5% del Producto Interno Bruto.

Los bloqueos también afectaron la vida cotidiana de los habitantes de la sede de Gobierno cuyas vías de acceso estuvieron cortadas, lo que provocó desabastecimiento de alimentos, combustible y otros insumos, además del encarecimiento de productos básicos y la interrupción de algunos servicios como el transporte público y el recojo de basura.

Aunque el conflicto parece haber concluido, varios analistas advierten que sus costos dejarán secuelas a largo plazo en términos económicos, sociales y políticos.

“No hay vencedores ni vencidos absolutos”, señala el editorial del periódico boliviano El País este martes. “Las organizaciones sociales retroceden para reorganizarse. El Gobierno permanece en pie, sí, pero considerablemente más debilitado que hace cincuenta días. Y, mientras tanto, Bolivia vuelve a comprobar que prolongar los conflictos hasta el agotamiento rara vez resuelve las causas profundas que los originaron”, señala la nota.

Los últimos bloqueos de carreteras que permanecían activos en Bolivia comenzaron a ser levantados este lunes después de que el ex presidente socialista, Evo Morales, respaldara la decisión de los sindicatos cocaleros del Trópico de Cochabamba de suspender temporalmente las medidas de presión que durante semanas alteraron la circulación en el país.

La determinación fue anunciada tras una reunión de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, principal bastión político y sindical del ex presidente. Aunque los cortes fueron retirados, Morales dejó en claro que su sector no considera concluida la movilización y que mantiene sus reclamos contra el gobierno de Rodrigo Paz.

“Por ahora un cuarto intermedio, no es rendirnos”, afirmó Morales durante una declaración pública realizada junto a dirigentes cocaleros. El ex mandatario insistió en que la decisión representa una pausa táctica y no el abandono de las protestas.

“Por ahora esto es una pausa temporal, esto no es una rendición”, agregó.

El anuncio llegó en el tercer día del estado de excepción decretado por el presidente Paz con el objetivo de recuperar el control de las carreteras y restablecer el tránsito en distintas regiones del país. Durante el fin de semana, la mayoría de los grupos movilizados abandonó los puntos de bloqueo, mientras que los sectores afines a Morales permanecían como el principal foco de resistencia.

Las protestas comenzaron a principios de mayo impulsadas por organizaciones sindicales y campesinas que reclamaban respuestas a diversas demandas sectoriales. Sin embargo, con el paso de las semanas las movilizaciones adquirieron un carácter abiertamente político y se concentraron en exigir la renuncia del mandatario boliviano.

Los bloqueos se extendieron a varios departamentos y provocaron graves trastornos en la vida cotidiana de miles de personas. La interrupción de rutas estratégicas afectó el transporte de mercancías, generó dificultades para el abastecimiento de alimentos y combustibles y obligó a numerosas empresas a reducir o paralizar actividades.

Las autoridades también reportaron víctimas fatales durante el conflicto. A ello se sumaron pérdidas económicas millonarias derivadas de la interrupción prolongada del comercio y del transporte terrestre, considerado uno de los pilares de la actividad productiva del país.

La situación comenzó a modificarse cuando la Central Obrera Boliviana (COB), una de las organizaciones sindicales más influyentes del país, alcanzó un acuerdo con el Gobierno y decidió abandonar las medidas de presión. Ese entendimiento dejó aislados a los grupos que continuaban promoviendo los bloqueos.

Morales cuestionó duramente la decisión de la COB y sugirió que la organización abandonó una protesta que, a su juicio, todavía tenía capacidad de presión.

“Sospechosamente, cuando la COB tenía ganada esta batalla, defraudó a la población”, afirmó.

Pese a las consecuencias que dejaron los cortes de ruta, el ex presidente volvió a defender este tipo de medidas como una herramienta histórica de presión política en Bolivia. Durante su intervención sostuvo que movilizaciones similares desempeñaron un papel relevante en distintos momentos de la historia reciente del país.

El levantamiento de los bloqueos permitió reabrir corredores viales fundamentales para el transporte de bienes y pasajeros, especialmente en Cochabamba, donde se concentraban los últimos puntos de protesta. Sin embargo, los dirigentes cocaleros dejaron abierta la posibilidad de retomar las movilizaciones si consideran que sus demandas no reciben respuesta.

La suspensión temporal de los cortes reduce por ahora la presión sobre las autoridades y ofrece un respiro a sectores económicos afectados por semanas de interrupciones. No obstante, las declaraciones de Morales reflejan que el conflicto político sigue abierto y que la tensión entre el Gobierno y los movimientos que respaldan al ex mandatario continúa siendo uno de los principales factores de inestabilidad en Bolivia.

El tercer día del estado de excepción trajo señales de alivio en buena parte de Bolivia, aunque la crisis dista de estar resuelta. El número de puntos de bloqueo, que llegó a rozar el centenar, cayó a entre nueve y once este lunes, según la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). El abastecimiento de combustible, alimentos y medicamentos comenzaba a normalizarse, pero el Gobierno enfrentaba el desafío pendiente: despejar el trópico de Cochabamba, donde los seguidores de Evo Morales mantienen los últimos cortes activos.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció que ese lunes las cúpulas militares y policiales se reunirían para planificar el ingreso a esa región. “Hoy nos vamos a centrar con el ministro de Defensa, el Alto Mando Militar y el Alto Mando Policial para planificar el ingreso al Trópico de Cochabamba”, declaró a Unitel, sin precisar fecha. Señaló que existen elementos para impulsar nuevas acciones judiciales contra Morales por su presunto papel en la organización de los bloqueos.

En La Paz, la normalización era visible. En la feria de Garita de Lima, los puestos volvieron a abastecerse tras días de escasez severa. “Hoy la situación se ha normalizado. En los días anteriores había cuatro cuadras de fila, pero ahora está más tranquilo. Ya no nos peleamos para comprar”, dijo a AFP Rosa Quispe, comerciante de 48 años. En Cochabamba, en cambio, el domingo se registraron enfrentamientos entre policías y campesinos que intentaban reinstalar bloqueos con piedras y explosivos artesanales.

El decreto fue adoptado en la madrugada del 20 de junio, tras más de 50 días de protestas. Puede extenderse hasta 90 días, prohíbe los cortes de ruta y habilita el despliegue de las fuerzas armadas. Según el Defensor del Pueblo y organizaciones de derechos humanos, los bloqueos causaron al menos 17 muertes, la mayoría por falta de atención médica. La medida se adoptó horas después de que el Gobierno firmara un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB), que suspendió sus medidas de presión a cambio de mesas de trabajo sectoriales. Desde entonces, los únicos bloqueos activos son los de los sectores vinculados a Morales.

Las raíces del conflicto son estructurales. Paz, que asumió en noviembre de 2025, heredó la crisis más grave de Bolivia en cuatro décadas: reservas internacionales agotadas, escasez de divisas y un déficit fiscal que rozó el 12% del producto interno bruto en 2025. En diciembre promulgó el Decreto Supremo 5503, que eliminó los subsidios a los combustibles —el precio del diésel subió un 160%— para encauzar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con quien Bolivia negocia un préstamo de alrededor de 3.000 millones de dólares. La medida encareció el costo de vida y aceleró el estallido social que desde principios de mayo paralizó las carreteras.

Morales, que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, permanece en el Chapare para eludir una orden de aprehensión por presunta trata de una menor, acusación que rechaza y atribuye a persecución política. Desde allí ejerce influencia sobre las organizaciones cocaleras que sostuvieron los bloqueos más tenaces. Paz lo acusa de encabezar las protestas con respaldo de narcotraficantes, afirmaciones que no ha acompañado con pruebas públicas.

Despejar las carreteras resuelve el problema inmediato, pero no las causas que movilizaron a Bolivia durante casi dos meses. La contracción económica —el FMI proyecta una caída del PIB de entre 1,3% y 3,3% en 2026— y una inflación estimada en más del 20% seguirán presionando a un gobierno sin margen fiscal. La prueba de fondo para Paz llega después del último bloqueo.

Una avioneta de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) se estrelló este domingo en la zona montañosa del Cerro Sayari, en el departamento de Cochabamba, y mató a las seis personas que viajaban a bordo. El Ministerio de Defensa confirmó el fallecimiento de cuatro militares y dos civiles, sin que hubiera ningún sobreviviente. La aeronave, un Cessna Turbo 210 con matrícula FAB-409, realizaba un vuelo de apoyo entre La Paz y Cochabamba cuando desapareció del radar en circunstancias que aún investigan las autoridades.

Según la Fuerza Aérea Boliviana, la nave despegó en la mañana del Aeropuerto Internacional de El Alto, la terminal que sirve a la ciudad de La Paz, ubicada a más de 4.000 metros de altitud. Durante el trayecto mantuvo coordinación con los servicios de tránsito aéreo, pero en determinado momento dejó de reportar su posición. Ante la pérdida de contacto, las autoridades militares activaron la fase INCERFA —denominación técnica aeronáutica para el estado de incertidumbre cuando se desconoce la situación de una aeronave— y desplegaron de inmediato equipos de búsqueda y rescate. Los equipos localizaron los restos de la aeronave en el sector Cerro Sayari, unos 220 kilómetros al este de La Paz, en la cadena montañosa que separa los departamentos de La Paz y Cochabamba.

El accidente se produce en un momento de excepcional tensión política y social en Bolivia. El presidente Rodrigo Paz Pereira decretó el estado de excepción a nivel nacional en la madrugada del sábado 20 de junio, luego de más de 51 días consecutivos de bloqueos de carreteras protagonizados por sectores afines al ex presidente Evo Morales. La medida, que prohíbe los bloqueos de vías y restringe las concentraciones masivas por un período de noventa días, buscó recuperar la transitabilidad en las principales rutas del país tras semanas de desabastecimiento que afectaron el acceso a alimentos, medicamentos y combustible en varias regiones.

Los bloqueos, liderados en buena medida por sindicatos cocaleros del Trópico de Cochabamba, la misma región donde cayó la avioneta, desafiaron el decreto presidencial y anunciaron la radicalización de sus medidas de presión. Dirigentes de las Seis Federaciones del Trópico rechazaron además el acuerdo de pacificación que la Central Obrera Boliviana (COB) había firmado horas antes con el gobierno, y reafirmaron que sus movilizaciones no cesarán hasta que Paz Pereira abandone la presidencia. Esa postura convirtió al departamento de Cochabamba en el epicentro de la confrontación entre el gobierno y los sectores movilizados.

En ese contexto, al menos una fuente boliviana señaló que la aeronave realizaba un reconocimiento aéreo de los puntos de bloqueo activos en la ruta, aunque el comunicado oficial de la FAB no hizo mención de esa finalidad y se limitó a describir la misión como de “acción cívica”. La disparidad entre ambas versiones sobre el propósito del vuelo no fue aclarada por las autoridades militares al cierre de esta edición.

La tragedia agrega una carga adicional a un gobierno que enfrenta simultáneamente la presión de los bloqueos, la vigencia del estado de excepción y la resistencia de sectores sociales que exigen su renuncia. Para las familias de los cuatro militares y dos civiles fallecidos, el siniestro convierte en pérdida irreparable lo que era una misión de rutina en tiempos extraordinarios.

Los bloqueos de carretera seguían activos este sábado en Bolivia pese al estado de excepción, mientras el Gobierno defendía que la protesta perdió fuerza y que el país avanzaba hacia la normalización. El portal de Transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informó que este domingo por la mañana todavía habían al menos 27 bloqueos en el país.

El Gobierno intentó levantarlos con el Decreto Supremo 5636, avalado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, y con operativos de policías y militares en rutas clave.

Pese a esto, la cifra de cortes bajó frente a los 40 informados el sábado y los 47 del viernes. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, sostuvo que los bloqueos habían caído al menos un 60% desde el centenar registrado en el momento más álgido del conflicto.

Zamora afirmó en un mensaje difundido en redes sociales que el Ejecutivo avanzará hasta recuperar la normalidad en todo el país. Aun así, los cortes aún no han desaparecido por completo.

La Asamblea Legislativa Plurinacional avaló la noche del sábado el Decreto Supremo 5636 del presidente Rodrigo Paz, que declaró el estado de excepción. La aprobación llegó a las 2.36 horas del domingo, con mayoría de dos tercios y tras una sesión marcada por reclamos de procedimiento y tensión política.

El vicepresidente Edman Lara, que además presidía la sesión, expresó su rechazo a la medida, aunque remarcó su obligación de cumplir la ley. Más tarde abandonó la reunión por una indisposición, cuando los grupos Libre y APB Súmate ya perfilaban su apoyo al decreto.

El estado de excepción no suspende derechos, pero prohíbe los bloqueos de vías, el uso de armas, explosivos y otros elementos violentos, además de permitir apoyo temporal de las Fuerzas Armadas a la Policía para controlar el orden público. Tras la entrada en vigor de la medida, policías y militares empezaron a retirar piedras, bloques de concreto y montículos de tierra en carreteras troncales.

Desde El Alto partieron contingentes hacia la ruta que conecta con Oruro, mientras otro grupo avanzó desde esa región. En la carretera desde Cochabamba hacia el occidente del país, los agentes también despejaron material con ayuda de maquinaria pesada.

La comitiva encabezada por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, llegó hasta Achica Arriba, donde el 23 de mayo un intento de desbloqueo derivó en choques entre agentes y manifestantes. El ministro dijo a los medios que las fuerzas desplegadas hicieron sobre todo tareas de limpieza y detectaron en algunos puntos “bloqueos fantasma”.

Por su parte, el Gobierno alcanzó un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB), una de las principales fuerzas de la movilización. Después de ese pacto, organizaciones como la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari y la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La Paz Bartolina Sisa anunciaron un intermedio en las protestas.

Esas organizaciones convocaron para el lunes en La Paz un ampliado extraordinario de emergencia con representantes de las 20 provincias. El objetivo es analizar la situación interna, evaluar la coyuntura nacional y departamental y tomar decisiones en defensa de la unidad e institucionalidad del sector.

Pese a ese intermedio, el malestar interno quedó expuesto en un comunicado. “Todo se resolvió a puertas cerradas. Fueron a negociar sin nuestra participación y sin nuestro consentimiento...”, señalaron esas organizaciones al rechazar el acuerdo suscrito por el Gobierno, la COB y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

El Ejecutivo sostiene que gran parte de las demandas sociales ya fue atendida por medio del diálogo y que los bloqueos que persisten responden sobre todo a intereses políticos. Las protestas fueron convocadas para exigir la dimisión de Paz y rechazar sus políticas neoliberales.

La sesión legislativa terminó con un minuto de silencio por las más de 20 personas fallecidas durante 52 días de conflicto.

El conflicto también provocó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades. Esa agencia también situó las pérdidas económicas en USD 3.000 millones.

En algunos puntos del operativo, vecinos aplaudieron el despeje de las rutas que permanecían cortadas desde el 6 de mayo. Virginia Nieves, vecina y vendedora de Cruce Ventilla, dijo a esa EFE: “Estoy muy de acuerdo con que se desbloquee, por fin ya vamos a poder trabajar, ya en paz (...) Ya vamos a estar más tranquilos, porque hay mucha gente que estamos sufriendo porque queremos trabajar”.

El Gobierno mantuvo el despliegue con la idea de restituir la circulación y aliviar a la población afectada por semanas de restricciones. La operación puso el foco en el impacto que los bloqueos habían tenido sobre el trabajo, el tránsito y la vida cotidiana.

El estado de excepción, declarado por el presidente Rodrigo Paz, en Bolivia quedó plenamente vigente en la madrugada de este domingo tras una votación mayoritaria en la Asamblea Legislativa Plurinacional, luego de casi 50 días de bloqueos que afectaron a amplios sectores del país.

La aprobación del Decreto Supremo 5636 fue el desenlace de una sesión marcada por tensiones y divisiones internas, en la que varios legisladores expresaron reparos sobre el procedimiento y el impacto de la medida.

A lo largo de la noche, la llegada de parlamentarios provenientes de distintos departamentos fue modificando el quórum inicial. El desarrollo de la sesión estuvo atravesado por cuestionamientos tanto al horario de la convocatoria (23:00 horas del sábado) como al modo de conducir el debate, reclamos especialmente dirigidos a Edmand Lara, vicepresidente y presidente de la Asamblea.

Según recogió El Deber, Lara defendió su accionar al afirmar: “Yo no estoy de acuerdo con el estado de excepción; sin embargo, estoy obligado a cumplir la ley”. El vicepresidente de Bolivia se mostró en varias ocasiones en discrepancia con la conducción política de Paz y se definió meses atrás como un opositor “constructivo”.

Lara defendió su papel en la convocatoria: recordó que la Ley 1740 de Regulación de Estados de Excepción lo obligaba a reunir a la Asamblea dentro de las 24 horas posteriores a la publicación del decreto presidencial, y remarcó que, como presidente, no participaba en la votación.

La Asamblea Legislativa aprobó el Decreto Supremo en las primeras horas del domingo, lo que confirmó la instauración del estado de excepción en todo el territorio nacional. La medida, respaldada por más de dos tercios de los parlamentarios presentes, busca responder a la crisis generada por los bloqueos que provocaron desabastecimiento, restringieron la movilidad de la población durante casi dos meses y provocaron la muerte de personas por falta de suministros en hospitales.

El debate, que al inicio se centró en la legalidad del procedimiento, viró rápidamente hacia las consecuencias prácticas de los bloqueos. La correlación de fuerzas se definió pasada la una de la madrugada, cuando la bancada de Libre comunicó su apoyo unánime al decreto. Poco después, APB Súmate sumó su respaldo, consolidando una mayoría parlamentaria a favor del estado de excepción. El clima de la sesión cambió definitivamente cuando Lara abandonó la conducción del debate, en un gesto que marcó uno de los episodios más comentados del día.

A las 02:30, la Asamblea aprobó la moción de suficiente discusión y, minutos después, se concretó la votación definitiva. La resolución ratificó la validez de las medidas dictadas por el Ejecutivo y extendió la vigencia del estado de excepción declarado el 20 de junio.

La sesión culminó con un minuto de silencio en recuerdo de las más de 20 personas fallecidas durante las semanas de crisis. El gesto simbolizó el cierre de una jornada que comenzó bajo la sombra de disputas reglamentarias y terminó con la sanción de medidas extraordinarias para recuperar el control de las rutas y restablecer la normalidad en el país.

Luego de la declaración del estado de excepción en Bolivia a primera hora del sábado por parte del presidente Paz, policías y militares retiraron los bloqueos en carreteras del oeste y centro de Bolivia tras semanas de protestas que paralizaron la circulación y generaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno en varias ciudades.

El operativo permitió reabrir rutas clave como los tramos El Alto-Oruro y Cochabamba-Oruro, mediante el retiro de escombros y barricadas instaladas desde el 6 de mayo. El decreto prohíbe nuevos bloqueos y el uso de armas y explosivos, pero no contempla la suspensión de derechos constitucionales. La medida tendrá una vigencia de 90 días.

Un grupo de policías y militares limpiaron este sábado carreteras bloqueadas en el occidente y centro de Bolivia tras varias semanas de protestas que paralizaron la circulación y provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno en varias ciudades del país.

Desde la madrugada, fuerzas combinadas se desplegaron en los principales puntos conflictivos luego de que el presidente Rodrigo Paz decretara el estado de excepción, con el objetivo de restablecer el orden y la libre transitabilidad en las vías troncales que conectan las regiones más afectadas.

En ese marco, el operativo buscó reabrir rutas clave, entre ellas, los tramos El Alto-Oruro y Cochabamba-Oruro, mediante el retiro de escombros y barricadas levantadas desde el 6 de mayo, además de prohibir nuevos bloqueos y el uso de armas y explosivos. La medida, según el decreto, no implicó la suspensión de derechos constitucionales y tuvo una vigencia prevista de 90 días.

Habitantes y comerciantes expresaron alivio y aseguraron que el bloqueo afectó gravemente su economía, y que la reapertura de la vía les permitiría retomar sus actividades habituales.

El operativo, encabezado por el ministro de Defensa Ernesto Justiniano, llegó hasta la localidad de Achica Arriba, donde días antes ocurrieron enfrentamientos y daños a infraestructuras como oficinas policiales, puestos de control sanitario y peajes.

Esta vez, los uniformados encontraron algunos puntos denominados “bloqueos fantasma”, donde solo quedaban escombros y restos de las barricadas, sin presencia activa de manifestantes. Justiniano valoró la calma observada durante los trabajos y subrayó el esfuerzo de la población para soportar la crisis.

En varios puntos, el tránsito se restableció de manera gradual, lo que permitió la liberación de más de 150 camiones que permanecían varados en zonas como Confital, Sayari y Bombeo. Los transportistas relataron que pasaron más de 30 días atrapados, con dificultades para acceder a alimentos, combustible y condiciones mínimas de subsistencia.

Durante los operativos, la policía enfrentó incidentes violentos. En Cruce Aguirre, el contingente fue atacado con piedras lanzadas desde un cerro, lo que obligó a un repliegue temporal y la reorganización de la intervención.

Además, en el kilómetro 70 de la ruta hacia el occidente, un hombre fue aprehendido con dinero en efectivo de diversas denominaciones, incluida moneda brasileña, en el marco de investigaciones por actividades ilícitas relacionadas con los bloqueos.

El estado de excepción decretado por Paz estableció la prohibición de bloqueos en calles, avenidas y carreteras, así como el uso de armas, explosivos y otros elementos violentos. A su vez, dispuso el apoyo temporal de las Fuerzas Armadas a la policía para el control del orden público y la reapertura de las rutas. La medida, de acuerdo con el gobierno, podría levantarse antes si cesa la violencia.

El conflicto surgió a raíz de una ola de protestas iniciada por sindicatos campesinos y la Central Obrera Boliviana, a la que luego se sumaron otros sectores sociales y seguidores del expresidente Evo Morales. Las movilizaciones respondieron a medidas de austeridad aplicadas por el gobierno, como la eliminación de subsidios a los combustibles, que desencadenaron inflación y descontento social.

Durante el periodo de bloqueos, se registraron al menos 17 fallecidos, en su mayoría por falta de atención médica derivada de la interrupción del transporte, además de cientos de arrestos y decenas de heridos. El presidente Paz firmó un acuerdo con uno de los sindicatos, lo que facilitó el levantamiento de algunos bloqueos, aunque otros grupos mantuvieron su exigencia de renuncia del mandatario y continuaron rechazando el diálogo.

(Con información de EFE, El Deber y Reuters)

El vicepresidente de Bolivia y titular del Legislativo, Edmand Lara, convocó este sábado a tratar el decreto presidencial que declara el estado de excepción en el país, luego de siete semanas de protestas de sectores campesinos y afines al ex mandatario Evo Morales, quienes exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La sesión fue fijada para las 23:00 hora local (3:00 GMT del domingo) y se estableció el carácter de "obligatoria presencialidad”, a diferencia de encuentros recientes en los que se permitió la participación virtual de los legisladores por los bloqueos de caminos, impactando principalmente la zona andina y el centro del país.

El llamado responde, según la convocatoria, a “la extrema gravedad de la coyuntura nacional y al carácter excepcional de la medida que debe ser considerada”.

La Constitución de Bolivia de 2009 determina que la Asamblea Legislativa dispone de hasta 72 horas para aceptar o rechazar el estado de excepción dictado por el Ejecutivo.

El viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, confirmó que Paz remitió al Parlamento el decreto y que “se van a hacer las explicaciones” sobre su contenido.

Por otro lado, el ex presidente boliviano y jefe de la alianza opositora Libre, Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), señaló en X que “el Legislativo debe aprobar” la disposición del Ejecutivo porque “la libertad de millones vale más que los bloqueos de unos miles”.

Y añadió: “Escogemos respaldar el estado de excepción, más allá de nuestros cuestionamientos sobre tiempo, capacidades y forma, porque defender a nuestros ciudadanos está encima de nuestro rol opositor”.

Durante la madrugada, Paz anunció la imposición del estado de excepción en Bolivia con el objetivo de “liberar las carreteras del país”.

La medida se conoció poco después de que el Gobierno firmara un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) para “pacificar” el país, pacto que fue rechazado por los otros dos sectores en conflicto: los sindicatos campesinos de La Paz y los seguidores de Morales (2006-2019).

De acuerdo con información de la Presidencia, la disposición no implica la suspensión de derechos, pero sí prohíbe “los bloqueos de vías y el uso de armas, explosivos y elementos violentos”.

Este sábado, la Policía y las Fuerzas Armadas se desplegaron en las principales zonas de conflicto para iniciar el desbloqueo de carreteras. Persisten 44 cortes en cuatro de las nueve regiones bolivianas.

La COB y la Federación de Campesinos de La Paz encabezaron desde el 6 de mayo los bloqueos para exigir la dimisión de Paz, sumando luego el apoyo de sectores ligados a Morales.

El conflicto generó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades y provocó al menos 16 fallecidos, 13 por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, además de pérdidas económicas estimadas en 3.000 millones de dólares.

Las principales carreteras de Bolivia están cortadas desde hace más de 45 días por personas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a quien acusan de traición y de gobernar de manera excluyente en contra de sus intereses.

Aunque el conflicto actual destaca por ser el más prolongado y extendido de los últimos años, el bloqueo de caminos está lejos de ser una medida de presión aislada en la política boliviana. De hecho, fueron la segunda forma de manifestación más recurrente en 2025, solo detrás de las “declaratorias de emergencia”.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, el año pasado se registraron 841 hechos de conflictividad en el país, de los cuales 180 se tradujeron en bloqueos, la mayoría motivados por conflictos políticos derivados del proceso electoral y la debacle financiera que atraviesa el país.

Los piquetes actuales han profundizado la crisis y han generado pérdidas millonarias para sectores estratégicos como el transporte, la industria y el turismo. En La Paz, la sede de Gobierno, la población ha experimentado no solo escasez de alimentos y de combustible a causa del cierre de sus vías de acceso, sino también interrupciones en el transporte público, la suspensión de las clases escolares presenciales y la cancelación temporal de algunos servicios médicos por falta de oxígeno.

Ese escenario convulso puso sobre la mesa el debate sobre la legitimidad de los cortes de caminos como una herramienta de lucha política.

“Todo bloqueo es criminal porque atenta contra los derechos de las personas”, manifestó el diputado Carlos Alarcón, quien presentó un proyecto de ley para penalizar los piquetes. La norma, que está trabada en una comisión de la Asamblea Legislativa, plantea sancionar a quienes corten carreteras con penas que van de 3 a 20 años de cárcel.

El diputado justifica su proyecto porque “se afectan los derechos más básicos y elementales, no solo al libre tránsito sino también a la salud, la educación, el trabajo y la alimentación (…) de personas inocentes que no tienen nada que ver con los reclamos de los bloqueadores”. En entrevista con Infobae, Alarcón señaló que “no se puede corregir lo que se considera una injusticia con una injusticia mayor contra el conjunto de la población”.

Para la socióloga Luciana Jáuregui, más allá del debate sobre la criminalización de las protestas, es necesario comprender el origen de este mecanismo de acción política y las tensiones sociales que lo alimentan.

Jáuregui sostiene que en Bolivia existe una “contradicción estructural” entre la conformación institucional y las organizaciones comunitarias que no están representadas en el Estado. “Las protestas se originan en ese desacople”, señala y explica que las causas tienen que ver con una crisis de mediación institucional, la desigualdad económica histórica y una exclusión simbólica de las poblaciones rurales.

Los sectores que recurren a los bloqueos como medida de presión señalan que es la única manera de ser escuchados. “No hay otra forma de lucha sindical”, afirmó en entrevista con Infobae David Mamani, exdirigente de la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari, una de las cuales se manifiesta actualmente contra el Gobierno. “Cuando acudimos a una huelga de hambre, nadie la toma en cuenta. Si hacemos una marcha de protesta, no pasa nada. Todo es chiste para los gobernantes. Entonces, ¿cómo podemos lograr hacernos escuchar?”, justificó.

Los bloqueos prolongados revelan el nivel de organización social que tienen las poblaciones campesinas. La forma de sostener más de seis semanas en las calles es mediante turnos de rotación y la toma de decisiones de manera unánime. “Nadie nos da dinero, es una gran mentira que alguien esté financiando esta movilización, no hay nada de eso”, afirmó sobre las versiones que vinculan las protestas con dinero externo y de organizaciones ilícitas.

El dirigente campesino es consciente del daño colateral de la medida de presión y afirma que toda protesta tiene “causa y efectos”. Aún así, considera que su demanda es justa y que si la administración de Rodrigo Paz no hubiera incumplido sus promesas de campaña, ellos no estarían hoy en las calles. “Estamos en las carreteras porque el Gobierno ha ojo cerrado ha ejecutado decretos anticampesinos”, afirmó.

Sin embargo, los bloqueos como herramienta de lucha política trascienden a las organizaciones campesinas. En los últimos años, las clases medias impulsadas por las instituciones cívicas de Santa Cruz también hicieron bloqueos en vías urbanas -con dinámicas diferentes y bajo la modalidad de “paro cívico”-, para exigir desde la renuncia de Evo Morales en 2019 hasta la realización de un censo de población y vivienda en 2022.

Jáuregui explica que estos conflictos suelen estallar en una sociedad dividida y con intereses antagónicos cuando una de las partes no controla los recursos institucionales y económicos del Estado. “Eso sucede en los dos casos (…) cuando no existen canales de ejercicio de poder, se recurre a la calle”, apunta la analista que ve en las instituciones bolivianas un “Estado parcial” que no logra reflejar “la estructura plural de poder que existe en la sociedad”.

Estas diferencias se traducen también en la forma en la que se miran las protestas: mientras unos consideran los bloqueos una medida de presión legítima para obtener beneficios colectivos, otros creen que es un atentado cruel contra los derechos fundamentales.

“¿Cuánto tiempo más nos falta sufrir? ¿Qué quieren? ¿Qué comencemos a robarnos entre nosotros para dar de comer a nuestros hijos? Tanto bloqueo, bloqueo, bloqueo no es justo; nosotros solo queremos trabajar”, manifestó entre lágrimas una mujer comerciante de La Paz, a la que ya no le llegan productos ni clientes. “Nosotros no estamos a favor de nadie, lo único que queremos es poder vender tranquilas”, agregó.

Aunque el diputado Alarcón defiende su proyecto de ley “antibloqueos” como una norma constitutiva de un nuevo ordenamiento social y garantiza los otros métodos de protesta reconocidos en la Constitución Política del Estado —marchas, huelgas, mítines, etc.—, el dirigente Mamani anuncia una “absoluta” resistencia a la aprobación de esa norma.

Esta pulseada latente revela un problema más profundo: la dificultad de una sociedad fragmentada para construir consensos mínimos que le permitan dirimir sus diferencias por vías institucionales.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró este sábado el estado de excepción en todo el país tras más de seis semanas de protestas y bloqueos de rutas estratégicas por parte de sectores sindicales y opositores al Gobierno que provocaron 16 muertes, de las cuales 13 fueron por falta de atención médica oportuna.

“Tras agotar todas las vías de diálogo, llegar a acuerdos con aquellos cuyas demandas eran legítimas e identificar a quienes utilizaron la violencia en un intento por desestabilizar Bolivia, tomamos la decisión de declarar el estado de emergencia en todo el territorio nacional”, afirmó Paz en un discurso televisado.

La medida llegó luego de un extenso período de movilizaciones y tras el anuncio de acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB). Sin embargo, aún persisten focos de tensión y demandas insatisfechas, según los opositores, en distintas regiones.

En su mensaje televisado, Paz informó que ordenó a la Policía y a las Fuerzas Armadas ejecutar “las acciones necesarias para restablecer el libre tránsito, recuperar las carreteras y garantizar la seguridad de la población”. El mandatario justificó que, al inicio de las protestas, priorizó el diálogo antes que la confrontación, con el objetivo de distinguir a los sectores con demandas “legítimas” de aquellos que, según sus palabras, intentaron “transformar una protesta social en una estrategia de ruptura democrática constitucional”.

Paz caracterizó la situación actual como “una estrategia organizada de desestabilización contra la democracia y un gobierno constituido y debemos llamarla por su nombre: un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo”.

El presidente reiteró la acusación de que existen “estructuras políticas organizadas” operando desde el Chapare o Trópico de Cochabamba, territorio identificado como bastión sindical y político de Evo Morales. El jefe de Estado lamentó que este “intento de desestabilización haya causado dolor, muerte y sufrimiento” y generado “pérdidas económicas incalculables”.

“He dispuesto la aplicación del Estado de Excepción para liberar las carreteras del país. Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares”, comunicó el mandatario a través de su perfil en X.

Paz aseguró que el objetivo de la medida no es “quitar la normalidad, sino devolverla”, argumentando que Bolivia necesita “recuperar sus caminos, garantizar el abastecimiento y volver a la normalidad”. Añadió además que “las puertas del Gobierno seguirán abiertas para quienes quieran dialogar de buena fe”.

La Presidencia boliviana aclaró que la medida no implica la suspensión de derechos, pero prohíbe los bloqueos de vías y el uso de armas, explosivos y elementos violentos. Además, se dispuso el “apoyo temporal” de las Fuerzas Armadas a la Policía para la protección de rutas estratégicas, infraestructura esencial y el abastecimiento en el país.(Con información de EFE)

Según el relevamiento oficial, el viernes el país contabilizaba 46 bloqueos distribuidos en cinco departamentos, una cifra considerablemente menor respecto a los 102 puntos activos a principios de mayo, lo que representa una reducción drástica de las interrupciones lideradas principalmente por sectores campesinos.

El acuerdo entre el presidente de Bolivia, y el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), el minero Mario Argollo, fue suscrito el viernes por la noche en la casa de Gobierno de La Paz tras una reunión privada con líderes sindicales y cinco ministros.

“A partir de este momento se están levantando las medidas de presión a nivel nacional, con un compromiso del Gobierno de cumplir de manera inmediata todo lo que se ha suscrito”, declaró Argollo al concluir el encuentro, en declaraciones recogidas por medios presentes.

El documento prevé plazos de 90 días para la implementación de los compromisos oficiales y la creación de mesas de trabajo que comenzarán a operar desde el próximo miércoles. Entre los puntos acordados se destaca la gestión para la liberación de manifestantes detenidos durante las protestas, uno de los reclamos centrales de la COB para iniciar el diálogo.

Pese al avance logrado con el sector sindical, la situación en La Paz y otras regiones se mantiene tensa. La Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari y agrupaciones afines a Evo Morales anunciaron que continuarán con los bloqueos iniciados el 6 de mayo y rechazaron la posibilidad de acercamiento con el Gobierno. Estos sectores persisten en la exigencia de renuncia de Paz y rechazan la vía del diálogo.

La dirigencia de la federación Túpac Katari expresó su sorpresa y rechazo ante la firma del acuerdo entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno nacional, calificando el hecho como "una traición" al pacto suscrito en mayo, al inicio de los bloqueos de caminos.

“Hace dos días por lo menos había reuniones con el compañero Argollo, porque se había firmado una alianza de no traicionarse, siempre estar en la lucha juntos. Pero desde que ha habido esa reunión donde ha acudido la Central Obrera Boliviana, ya más no hemos participado y se presenta esta traición”, declaró Severo Marca, representante de la Túpac Katari ante la Csutcb.

Durante la firma del acuerdo, Paz remarcó la necesidad de promover una “reconciliación” y de impulsar “un proyecto conjunto que sea popular, que tenga un sentido de progreso amplio y que tenga a la patria por encima de todo”. El mandatario reconoció que su administración enfrenta desafíos y admitió que existen aspectos que “mejorar”.

(Con información de EFE)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y la Central Obrera Boliviana (COB) firmaron este viernes un acuerdo para “pacificar” el país tras siete semanas de conflicto social, aunque los sindicatos campesinos y los sectores vinculados al expresidente Evo Morales mantienen bloqueos de rutas y exigen la renuncia del mandatario. Según lo informado tras la reunión, el pacto establece el levantamiento inmediato de medidas de presión a cambio de compromisos concretos por parte del Ejecutivo.

El documento fue suscrito en la casa de Gobierno de La Paz por el mandatario nacional y el máximo representante de la COB, el minero Mario Argollo, luego de un encuentro privado entre líderes sindicales y cinco ministros. “A partir de este momento se están levantando las medidas de presión a nivel nacional, con un compromiso del Gobierno de cumplir de manera inmediata todo lo que se ha suscrito”, declaró Argollo al salir de la reunión, en una cita recogida por los medios presentes.

El acuerdo contempla plazos definidos de 90 días para el cumplimiento de los compromisos oficiales. Para ello, se conformaron mesas de trabajo que comenzarán a operar desde el próximo miércoles. Entre los puntos pactados figura la gestión para la liberación de manifestantes detenidos durante las protestas, una de las principales demandas de la COB para sentarse a dialogar.

La situación sigue tensionada en La Paz y otras regiones, donde la Federación Departamental de Campesinos y agrupaciones afines a Morales aseguran que mantendrán los bloqueos iniciados el 6 de mayo y descartan cualquier acercamiento con el Gobierno. Estos sectores insisten en la renuncia de Paz y rechazan la vía del diálogo.

Durante el acto de firma, Paz mencionó la necesidad de “reconciliación” y de impulsar “un proyecto conjunto que sea popular, que tenga un sentido de progreso amplio y que tenga a la patria por encima de todo”. El mandatario reconoció ante los presentes que su administración enfrenta desafíos y tiene aspectos que “mejorar”.

Cabe mencionar que las protestas, liderada por la COB y la Federación de Campesinos de La Paz desde principios de mayo, provocó al menos 16 muertes, de las cuales 13 fallecieron por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos. Las pérdidas económicas se estiman en 3.000 millones de dólares, y se han reportado problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en diversas ciudades.

“Les digo de manera muy fraterna a todos ustedes (los sindicatos campesinos), acudamos al diálogo, no permitamos que nuestro país sufra más y no quedemos como los malos de la película”, expresó Argollo al responder a las críticas de líderes campesinos, quienes lo acusaron de traición por sentarse a negociar con el Gobierno. El dirigente justificó el acuerdo al afirmar que buscó evitar un “derramamiento de sangre” y la eventual declaración de un estado de excepción, reclamada por sectores afectados por los cortes de rutas.

Por el momento, el acercamiento entre el Ejecutivo y la COB no ha logrado poner fin total a los bloqueos, que persisten por parte de los campesinos y los sectores que respaldan a Evo Morales.

Los cortes de ruta en Bolivia superaron el centenar durante el pico del conflicto y actualmente se redujeron a la mitad, aunque desde el Gobierno existe la expectativa de que la cantidad siga descendiendo en las próximas horas. No obstante, las organizaciones indígenas y campesinas del sindicato Túpac Katari en los Andes bolivianos, así como los cocaleros del Chapare, bastión de Evo Morales, mantienen la presión y continúan con las medidas de protesta.

El sindicato Túpac Katari y las organizaciones cocaleras del Chapare consideran que el diálogo con el Ejecutivo no representa sus intereses y anunciaron que seguirán bloqueando las rutas estratégicas hasta obtener respuestas a sus demandas. El Gobierno, por su parte, reiteró que mantiene abierto el canal de diálogo con las organizaciones que aún no se sumaron al acuerdo y confía en que la cantidad de bloqueos se reduzca completamente en las próximas jornadas.

El dirigente minero Mario Argollo mantiene una influencia destacada en Oruro, donde este viernes se registraron 11 puntos de bloqueo. Conforme a la instrucción emitida por Argollo, se espera el levantamiento de todas las medidas de presión en ese departamento. El propio titular de la Central Obrera Boliviana (COB) manifestó su expectativa de que el número de bloqueos disminuya en las próximas horas.

Entre los lugares afectados por las protestas en Oruro figuran el Cruce Caihuasi, Tukiña, Confital, Cruce Patacamaya, Curahuara de Carangas, puente Desaguadero, puente río Colorado, Cosapa, Bombeo, cruce Machacamarquita y Colquiri.

Según el relevamiento oficial, este viernes el país contabilizaba 46 bloqueos distribuidos en cinco departamentos, una cifra considerablemente menor respecto a los 102 puntos activos a principios de mayo, lo que representa una reducción drástica de las interrupciones lideradas principalmente por sectores campesinos.

(Con información de EFE)

El Tribunal Oral Federal de Jujuy condenó este miércoles al gendarme Walter Álvarez a 17 años de prisión por el homicidio de Ivo Torres, un estudiante de turismo de 22 años que murió en La Quiaca tras recibir un disparo por la espalda durante una persecución en la frontera con Bolivia, ocurrida el 6 de febrero de 2025.

El tribunal, integrado por los jueces Domingo Batule, Diego Matteucci y Alejandra Cataldi, ya había declarado al acusado penalmente responsable del delito de homicidio con dolo eventual el pasado 8 de junio. La audiencia de esta semana se destinó exclusivamente a la determinación del monto de la pena.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) había requerido 18 años de prisión, la querella de la familia de la víctima solicitó 22 años, y la defensa pidió el mínimo de la escala penal: 8 años.

El caso se remonta a aquel jueves de verano en la zona conocida como “Ladrillera”. Torres, integrante de la comunidad indígena Juan de Quillaques, cruzó la frontera en motocicleta por un paso no habilitado con 30 kilos de hojas de coca en su mochila.

Una patrulla del Escuadrón 21 de Gendarmería Nacional, en la que viajaba Álvarez, lo divisó y comenzó una persecución que se extendió por poco más de 3 kilómetros durante aproximadamente 6 minutos.

En el transcurso de esa persecución, el acusado realizó tres disparos que la fiscalía calificó como disuasivos, tras los cuales su superior le ordenó cesar el fuego. Álvarez desobedeció esa orden y efectuó seis tiros más. Dos de ellos impactaron en el cuerpo de Torres: uno en el tobillo y otro que atravesó la mochila, los paquetes de hojas de coca, ingresó por la espalda, perforó la región pulmonar y salió por el pecho.

Ese disparo fue mortal. A pesar de la llamada al servicio de emergencias y el esfuerzo de los médicos, Torres falleció a las 10.51 producto de la hemorragia que provocó la herida.

El fiscal federal Federico Zurueta, a cargo del Área de Casos Complejos, y la auxiliar fiscal Marina Cura llevaron adelante la acusación. En su alegato, Zurueta sostuvo que la secuencia de los hechos se dividía en dos momentos diferenciados. El primero, cuando el gendarme realizó los tres tiros iniciales y recibió la orden de no disparar. El segundo, cuando desobedeció esa instrucción y volvió a abrir fuego en dirección a la motocicleta y a Torres.

Según los peritos, los disparos que dieron en la moto y los que impactaron en la víctima se efectuaron a corta distancia, probablemente cuando Álvarez descendió de la camioneta para continuar la persecución a pie, mientras Torres bajaba hacia el cauce de un río.

“Estamos en presencia de un homicidio lamentable, pero acreditado en cuanto a cómo ocurrieron los hechos”, afirmó Zurueta durante su exposición. El representante del MPF subrayó que el acusado tenía 18 años de trayectoria en la fuerza, con todos los exámenes cumplidos en materia de uso de armas. “Era un experto en el manejo de armas, no fue un disparo impulsivo ni un error gigante como afirmó”, agregó.

Resaltó también la coincidencia entre los tres gendarmes del móvil al declarar que Álvarez fue el único que sacó el arma reglamentaria e hizo disparos, y ponderó el valor probatorio de las imágenes de cámaras y la inspección ocular realizada por el tribunal en el lugar del hecho.

Para la fiscalía, el accionar de Álvarez fue doloso porque fue advertido de no disparar y desobedeció esa orden, conocía los protocolos de uso de armas y era consciente de que podía causar la muerte. “Tenía sobrados motivos para repensar su conducta, pero hubo una instancia en seguir”, afirmó Zurueta, quien rechazó de plano la hipótesis de un arrebato impulsivo.

El fiscal también remarcó que Torres no representaba una amenaza para nadie: la persecución se desarrolló en una zona inhóspita y el joven no portaba armas. “Ivo solo miraba hacia atrás, no hubo indicio de que estaba armado, solo llevaba hojas de coca, unos chocolates y unos turrones”, señaló.

Durante el juicio que se inició el 5 de mayo, las partes sostuvieron calificaciones penales muy distintas. La fiscalía había pedido en los alegatos de responsabilidad que se declarara a Álvarez culpable de homicidio agravado por el abuso de sus funciones y el uso de arma de fuego, figura que habría habilitado la posibilidad de una pena de prisión perpetua.

La querella, por su parte, solicitó que se aplicara el agravante de alevosía. La defensa, en el extremo opuesto, planteó la calificación de homicidio con exceso en el cumplimiento del deber o, en su defecto, homicidio culposo, cuya escala penal va de 1 a 5 años de prisión.

El tribunal resolvió con los votos de Batule y Matteucci declarar al acusado responsable de homicidio simple, mientras que la jueza Cataldi, en minoría, se inclinó por la calificación de homicidio agravado por abuso de funciones. Esa diferencia de criterio se trasladó también a la instancia de determinación de la pena.

En una plaza del altiplano de Bolivia, una piedra impacta en un estrado: cientos de campesinos aimaras de poncho rojo pierden la paciencia y exigen a sus líderes endurecer las protestas que buscan la salida del presidente centroderechista Rodrigo Paz.

“¡Que renuncie, carajo!“, clama la multitud, que mezcla el aimara con el español en el pequeño poblado de Tilata, al suroeste de La Paz.

“Queremos que se vaya. No queremos que gobierne él (...). No vamos a dejar de bloquear hasta que se vaya este gobierno incapaz”, dice a la AFP Lidia Callisaya, dirigente campesina de 42 años, bajo un sol intenso a 3.950 metros de altura.

Para llegar aquí, los vehículos ondean como salvoconducto una wiphala, la bandera de los pueblos andinos, para sortear los bloqueos de carreteras armados con piedras, troncos y escombros, en una protesta que lleva más de 40 días.

En la provincia de Ingavi, donde se ubica el poblado, se registran algunas de las tomas de vías más críticas, que impiden el abastecimiento de alimentos, medicinas y combustibles en las principales ciudades del país de 11 millones de habitantes.

“Vamos a radicalizar los puntos de bloqueo. ¡No entra ni sale un producto! Nosotros hacemos comer a la ciudad", dice un dirigente en el escenario, ahora celebrado por los agricultores.

Aunque los campesinos organizan la mayoría de los cortes de ruta, obreros, mineros, transportistas y maestros también se han sumado a protestas callejeras para rechazar el giro neoliberal de Rodrigo Paz, que en noviembre puso fin a 20 años de gobiernos socialistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

También reclaman una salida a la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

- “Siempre hemos luchado” -

El cabildo, como llaman a la reunión al aire libre, es resguardado por decenas de indígenas con las mejillas abultadas por las hojas de coca que mascan. Cargan sus látigos en bandolera y sus sombreros llevan papeles que dicen “Policía sindical”.

Este cabildo es solo uno de los 20 que se tienen que hacer por cada provincia de La Paz, antes de que el sindicato departamental tome una decisión final sobre el rumbo de la protesta.

Pero la tendencia por ahora es firme: piden intensificar los bloqueos y no aceptar los llamados al diálogo de Rodrigo Paz.

“El gobierno está buscando cansarnos. Ha habido una respuesta (a las demandas de los campesinos), pero son puras promesas en las que la gente no cree”, dice a la AFP Vicente Salazar, el máximo directivo de todos los campesinos indígenas de La Paz.

“El pueblo se ha levantado y ha pedido, en ultimátum, la renuncia del presidente”, agrega.

Aunque en las últimas dos semanas los puntos de bloqueo cayeron de un centenar a unos 50 en todo el país, según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras, la escasez persiste en las ciudades.

En La Paz, sede del gobierno, y en El Alto, muchos alimentos duplicaron sus precios, el oxígeno escasea en los hospitales y los conductores duermen en sus vehículos a la espera de cargar combustible.

En las pistas de Ingavi, hasta la frontera con Perú, los campesinos permanecen desde hace semanas en campamentos.

La gestión de Paz denuncia que quienes piden su renuncia son “narcoterroristas”, a los que vincula con el exmandatario Evo Morales, prófugo por un caso de presunta trata de una menor, cargo que él rechaza.

“Como indígenas, mujeres de pollera, somos perseguidos por el gobierno (...). Nos dijeron vándalos, terroristas”, reclama Marlen Quiroga, abogada y dirigente campesina de 43 años que viste una pollera verde, la falda tradicional andina.

“No somos evistas (partidarios de Evo Morales, ndlr), somos indígenas. Desde nuestros ancestros, siempre hemos luchado”, dice Quiroga.

AFP

La mañana de este jueves, Carabineros de Chile detuvo a cinco militares bolivianos que ingresaron al país de manera irregular por el paso fronterizo de Colchane (1.960 kms al norte de Santiago), incautando la camioneta en que se movilizaban y su armamento. Sin embargo, por la tarde, el fiscal a cargo de la investigación resolvió que no cometieron delito alguno, razón por la cual serán reconducidos de vuelta a Bolivia a la brevedad.

De acuerdo a una nota de Radio Paulina, los uniformados formaban parte de una caravana de vehículos que se disponía a cruzar la frontera en el sector del Salar de Coipasa, cuando fueron detectados por un Puesto de Observación Fronteriza (POF) del Ejército, quienes notificaron a Carabineros de inmediato.

Tras ser detenidos se les incautaron sus armas de servicio y el vehículo en el que se trasladaban.

He aquí el detalle del decomiso:

-1 vehículo militar sin patente, marca Toyota, modelo Land Cruiser.

-5 pistolas (con su respectiva munición).

-1 fusil de guerra (con su respectiva munición).

-3 cartuchos de gas y una granada de mano de gas.

“No hay delito”

Tras la detención, el comisionado presidencial de la Macrozona Norte, Alberto Soto, valoró la rápida acción del Ejército y la policía nacional “en el marco del Plan de Fortalecimiento Fronterizo”, y explicó que los detenidos se encontraban realizando pesquisas contra el crimen organizado cuando ingresaron al país de manera accidental.

Debido a esto, el fiscal del Tamarugal, Milton Torres, aseguró que “no hay un delito que se les pueda imputar por ahora y, desde ese punto de vista, más que el ingreso irregular, se ha dispuesto su reconducción al vecino país de Bolivia“.

Tocante a la camioneta y las armas decomisadas, detalló que estos serán “remitidos en su momento, previo análisis, vía consular al país de Bolivia también“.

El Gobierno boliviano descartó que el diálogo con la Central Obrera Boliviana (COB) implique concesiones que deriven en impunidad para manifestantes procesados por hechos de violencia ocurridos durante las más de seis semanas de bloqueos y protestas en el país.

El primer acercamiento entre el Ejecutivo y los dirigentes sindicales de la COB quedó suspendido el miércoles y condicionado a la liberación de detenidos. “No podemos dialogar con nuestros compañeros detenidos”, manifestó el secretario ejecutivo Mario Argollo, en una rueda de prensa al concluir el encuentro en el que se conformó una comisión para hacer seguimiento a los casos.

Según la Defensoría del Pueblo, hasta el 15 de junio se había arrestado a 365 personas durante operativos de desbloqueo de carreteras, de las cuales 247 fueron liberadas y 103 imputadas.

En ese contexto, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó que las negociaciones con la organización sindical no contemplarán acuerdos que dejen sin efecto las investigaciones o procesos judiciales que siguen abiertos.

“No podemos promover la impunidad”, sostuvo Lupo al referirse a los pedidos relacionados con personas detenidas. La autoridad remarcó que la administración de Rodrigo Paz está dispuesta a escuchar las demandas de la COB, pero advirtió que cualquier decisión deberá respetar el marco legal vigente. “Quienes hayan cometido delitos tendrán que responder ante la justicia”, señaló.

Lupo también descartó que se vayan a compartir decisiones de poder con la COB como condición para alcanzar acuerdos. “No se va a cogobernar con nadie”, afirmó ante los medios locales en relación a demandas del sindicato obrero sobre temas de inversión extranjera y financiamiento internacional.

Bolivia cumple este viernes 44 días consecutivos de bloqueos de carreteras que exigen la renuncia del presidente Paz, por sectores sociales que lo acusan de traición por gobernar en contra de sus intereses e incumplir promesas de campaña electoral.

La medida de presión ha provocado pérdidas económicas millonarias para sectores estratégicos como el turismo, la industria y el transporte; y las consecuencias también las ha padecido la población de La Paz, donde escasean los alimentos, el combustible y otros insumos básicos cuyos precios se han disparado a causa de los cortes en las vías de acceso.

Al margen del diálogo con la COB, el Gobierno busca acuerdos con otros sectores sociales, como choferes, mineros y dirigentes vecinales, sobre la base de promesas de inversión para mitigar las protestas. Sin embargo, las otras dos grandes organizaciones que impulsan los bloqueos -la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari y los cocaleros aliados al expresidente Evo Morales (2006-2019)- han rechazado negociar con el Ejecutivo y, al contrario, han anunciado que radicalizarán las medidas de presión.

En las más de seis semanas de bloqueos han surgido protestas en las zonas urbanas para exigir acciones que permitan restablecer el orden y el libre tránsito en el país. Mítines en La Paz, Cochabamba, Potosí y Sucre pidieron “mano dura” al Gobierno para levantar los piquetes con la fuerza pública.

Si la estrategia de Paz, que básicamente pasa por el diálogo y el desgaste de las movilizaciones, sigue sin dar resultados concretos, el Gobierno tiene una última carta: desplegar a las fuerzas armadas para desbloquear las carreteras en el marco de un estado de excepción.

La falta de consensos en los movimientos sociales está poniendo cuesta arriba la búsqueda de una salida concertada a los conflictos que atraviesa Bolivia desde hace más de un mes.

Tres grandes organizaciones encabezan las protestas: la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari, que inició los bloqueos de caminos el 6 de mayo para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz; la Central Obrera Boliviana (COB), que primero exigía aumento salarial pero luego se sumó a los pedidos de dimisión del primer mandatario; y los cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), que están en pie de lucha para derrocar a Paz e impedir la captura de su líder acusado de trata agravada de menores.

Los representantes de las movilizaciones acusan al presidente de “traición” por gobernar en contra de sus intereses e incumplir promesas de campaña. La confluencia de las protestas ha provocado un prolongado corte de carreteras desde hace 44 días, lo que ha paralizado la economía y ha generado desabastecimiento de alimentos, combustible y medicinas especialmente en La Paz, cuyas vías de acceso están cerradas.

La semana pasada, algunos dirigentes sociales admitieron que sus afiliados estaban cansados y que había alguna posibilidad de buscar una salida concertada al conflicto. “Hasta los países en guerra han llegado a un diálogo y a pacificar”, manifestó Claudio Choque, secretario de la COB, en una entrevista con la radio Erbol.

El martes, el sindicato de trabajadores presentó un listado de demandas e inició un proceso de diálogo condicionado con el Gobierno, que quedó trunco hasta la liberación de los detenidos en las protestas. Según datos de la Defensoría del Pueblo, hasta el 15 de junio se habían detenido a 365 personas, de las cuales 247 fueron liberadas y 103 imputadas.

La Federación de Campesinos de La Paz, que también había planteado cinco demandas al Gobierno que no fueron atendidas, al menos de manera pública, criticó que la Central Obrera y otras organizaciones hubieran dialogado con el Gobierno.

“Todos los dirigentes de las juntas vecinales se han ido vendiendo. No hay una cabeza nacional, la COB también ha perdido credibilidad”, manifestó el dirigente Vicente Salazar en un cabildo realizado este jueves en la localidad andina de Viacha, según reporta la radio Erbol. La organización ratificó su pedido de renuncia al presidente y determinó masificar los piquetes en las carreteras.

En esa línea, los cocaleros del Trópico de Cochabamba, bastión de Morales al centro del país, también descartaron su repliegue y decidieron radicalizar los bloqueos. Los movilizados también advirtieron que realizarán controles estrictos y rastrillajes en toda el área para impedir el ingreso de fuerzas de seguridad que intenten capturar a Morales, quien se encuentra atrincherado en esa región desde hace casi dos años bajo la custodia de sus leales.

Para el analista político Pablo Deheza, la incertidumbre sobre la continuidad de los bloqueos también tiene que ver con la falta de un liderazgo único en la protesta. “Quienes están movilizados no tienen un liderazgo unificado y eso es un verdadero problema a la hora de acordar una salida”, señaló en una publicación.

El analista agregó que, más allá de este conflicto coyuntural, existe el desafío de “reformular la gobernabilidad para darle viabilidad al país, por lo menos para los siguientes dos años” porque “Bolivia no puede vivir bloqueada”.

A más de seis semanas de bloqueos, las pérdidas económicas para sectores estratégicos se cuentan en miles de millones de dólares y según la Defensoría del Pueblo al menos 14 personas han fallecido por causas relacionadas al conflicto.

La Central Obrera Boliviana (COB) informó que mantiene conversaciones con el Gobierno para evaluar la liberación de los detenidos durante las protestas impulsadas por sectores que, desde inicios de mayo, exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La organización sindical estableció esta condición como requisito para continuar el diálogo iniciado la víspera con las autoridades nacionales.

El máximo dirigente de la COB, Mario Argollo, explicó a los medios que un “equipo jurídico” de la entidad y otro del Ejecutivo analizan los casos de los manifestantes arrestados, mientras una comisión independiente aborda el resto de las demandas laborales. “El país está esperando resultados (…) creemos que la intención política (para resolver el conflicto) existe”, señaló Argollo.

El miércoles, representantes del Gobierno y la COB sostuvieron un encuentro que quedó en suspenso después de que Argollo condicionara el avance del diálogo a la liberación de los manifestantes detenidos.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, advirtió que “un instrumento de diálogo no puede estar reñido con la ley, ni dar impunidad a quienes hayan cometido delitos”, y ratificó que cada caso será evaluado de forma individual.

El funcionario agregó que la pacificación del país, que implica el desbloqueo inmediato de rutas, es una condición fundamental para establecer una mesa de diálogo. “La prioridad para nosotros, incluso antes de iniciar, es pedir esta tregua y esta tregua tiene que permitirnos (…) que se normalice la circulación”, afirmó.

La COB y la Federación de Campesinos de La Paz encabezan desde el 6 de mayo los bloqueos de carreteras que exigen la salida del jefe de Estado, con respaldo de sectores cercanos al ex presidente Evo Morales. Los campesinos solicitaron el martes cinco condiciones para dialogar, entre ellas una “amnistía presidencial” para los detenidos, aunque su principal dirigente, Vicente Salazar, cuestionó la credibilidad de la COB por reunirse con el Ejecutivo.

Algunos sectores campesinos amenazaron con una radicalización de los bloqueos e informaron que impedirán el ingreso de productos a las ciudades de La Paz y El Alto. Mientras tanto, seguidores de Morales rechazan cualquier negociación y mantienen la exigencia de renuncia de Paz, quien suma siete meses en el cargo.

El conflicto provocó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, con un saldo de al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, además de pérdidas económicas estimadas en USD 2.760 millones.

La reunión entre el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y representantes de la Central Obrera Boliviana (COB) se realizó pasada la media tarde del miércoles en el auditorio del Banco Central de Bolivia (BCB). Por parte del Gobierno asistieron Paz y ocho ministros, mientras que la delegación sindical estuvo encabezada por el líder minero Mario Argollo y dirigentes de sindicatos afiliados.

Durante el encuentro, el mandatario declaró: “Hoy día es el momento donde empieza un espacio de reconciliación, un espacio de cumplir lo que manda la Constitución, el ‘vivir bien’. El ‘vivir bien’ no es con bloqueos, no es con hacernos daños entre bolivianos, sino en la búsqueda de este diálogo”. Paz reconoció las dificultades recientes: “Han sido días muy duros”, pero pidió mirar “hacia adelante” y trabajar para “reconstruir la confianza entre los bolivianos”.

Los campesinos de La Paz enviaron el martes una carta al presidente en la que condicionaron el diálogo con el Gobierno al cumplimiento de cinco puntos, entre los que destacan la exigencia de una “amnistía presidencial y restitución de garantías” para los manifestantes con procesos penales. Además, solicitaron la anulación o modificaciones de decretos y leyes aprobados recientemente.

(Con información de EFE)

El Gobierno de Bolivia exigió este jueves el cese inmediato de los bloqueos de carreteras como condición previa para avanzar en el diálogo con los sectores que reclaman la renuncia del presidente Rodrigo Paz. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, pidió una “tregua” que permita restablecer la circulación en La Paz y otras regiones cercadas, mientras el primer contacto formal entre el Ejecutivo y la Central Obrera Boliviana (COB) —celebrado el miércoles— concluyó sin acuerdo, frenado por la exigencia sindical de liberación de los manifestantes detenidos.

La reunión del miércoles se inició a última hora de la tarde en el auditorio del Banco Central de Bolivia, con la presencia de Paz y ocho ministros frente a una delegación encabezada por el líder de la COB, el minero Mario Argollo. El encuentro representó el primer acercamiento formal tras 43 jornadas de bloqueos. Argollo condicionó desde el inicio cualquier avance a la liberación de los manifestantes procesados y al respeto al fuero sindical. “Lo primordial y principal va a ser la liberación de nuestros detenidos. Si no, ante la población y ante nuestras bases, esto va a ser una traición”, declaró al término de la reunión, según El Deber. La negociación entró en cuarto intermedio y las partes acordaron crear una comisión jurídica para revisar caso por caso la situación de los aprehendidos.

El Gobierno rechazó, sin embargo, que el diálogo pudiera derivar en impunidad. Lupo sostuvo que “un instrumento de diálogo no puede estar reñido con la ley” y reafirmó la necesidad de identificar a los responsables de los actos violentos y de la “asfixia” sufrida por las ciudades bloqueadas. La declaración del estado de excepción —reclamada por sectores ciudadanos y empresariales— permanece, según el ministro, “en permanente evaluación”.

El conflicto arrancó el 6 de mayo con movilizaciones convocadas por la COB y la Federación de Campesinos de La Paz bajo demandas salariales y sectoriales, y escaló hasta incorporar la exigencia de dimisión de Paz, con el respaldo posterior de sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019). En su punto más alto, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) registró cerca de 90 puntos de bloqueo activos en seis departamentos. Al cierre de esta jornada, la cifra rondaba los 70 puntos, con la mayor concentración en los accesos a La Paz y Cochabamba.

La crisis humanitaria y económica ha sido severa. Al menos 16 personas perdieron la vida, 13 de ellas por falta de atención médica ante el cierre de rutas que impidió el traslado de enfermos. El desabastecimiento afectó el suministro de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en La Paz y El Alto. Las pérdidas económicas acumuladas superan los 2.760 millones de dólares, según cifras oficiales, con más del 70% de las industrias paceñas con producción reducida o paralizada y entre 5.000 y 5.500 camiones varados en rutas del país.

El panorama negociador es además fragmentado. Los campesinos de la Federación Túpac Katari enviaron el martes una carta con cinco condiciones para dialogar, entre ellas una amnistía presidencial para los procesados. Los seguidores de Morales, por su parte, descartaron cualquier negociación e insistieron en la renuncia de Paz. Esta división obliga al Gobierno a conducir conversaciones paralelas con actores de agendas irreconciliables.

Con el diálogo en pausa y los bloqueos sin ceder en los accesos a La Paz, la exigencia gubernamental de tregua previa choca con la posición sindical, que vincula cualquier desmovilización a avances concretos. La comisión jurídica acordada tiene por delante la tarea de desanudar ese primer escollo antes de que las partes puedan definir una agenda de fondo.

El Gobierno descartó liberar a los detenidos vinculados con ataques armados y uso de explosivos durante el conflicto social que sacudió Bolivia durante casi cincuenta días. La decisión se conoció tras el inicio de la mesa de diálogo con la Central Obrera Boliviana (COB) en La Paz, donde los dirigentes sindicales reclamaron la excarcelación de los arrestados en protestas y bloqueos.

La posición oficial se consolidó cuando el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que una comisión integrada por abogados del Ejecutivo, representantes legales de la COB y fiscales inició una revisión caso por caso de la situación de los procesados.

Según explicó, el análisis diferenció entre quienes participaron únicamente en manifestaciones y quienes, de acuerdo con las investigaciones, usaron explosivos, armas de fuego y ejercieron violencia grave contra efectivos policiales. Oviedo indicó que solo recuperarán la libertad quienes no estén vinculados a hechos delictivos graves.

El inicio de la negociación se produjo en medio de una crisis que llevó a la COB y a la Federación de Campesinos de La Paz a encabezar bloqueos de carreteras desde principios de mayo para presionar la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La medida ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, además de 16 fallecidos y pérdidas económicas millonarias.

El Gobierno, a través del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, reiteró que la normalización de la circulación y el levantamiento de los bloqueos eran condiciones fundamentales para avanzar en el diálogo. También pidió una tregua para restablecer la actividad en las regiones más afectadas, principalmente en La Paz.

“En este momento estamos con el mayor esfuerzo, en el muy corto plazo, para que el diálogo llegue a un acuerdo y desmovilice todo este bloqueo. La prioridad para nosotros, incluso antes de iniciar, es pedir esta tregua y esta tregua tiene que permitirnos (...) que se normalice la circulación”, señaló.

El proceso de revisión de los detenidos avanzó durante la noche del miércoles y se extendió hasta la madrugada, con los primeros resultados entregados a los abogados de la COB. Oviedo aclaró que la distinción entre manifestantes y quienes incurrieron en delitos graves sería determinante para las resoluciones y subrayó que las responsabilidades quedarán a cargo del Ministerio Público y las autoridades judiciales.

El ministro añadió que la declaración de un posible estado de excepción seguía bajo evaluación permanente, en función de la evolución de las protestas.

En la primera reunión entre el Gobierno y la COB, encabezada por Mario Argollo, los dirigentes sindicales condicionaron el avance del diálogo a la liberación de los manifestantes detenidos. El Ejecutivo rechazó una amnistía general y sostuvo que no podía violar la ley ni otorgar impunidad a quienes cometieron delitos.

El Gobierno también cuestionó otros planteos de la COB, como la prohibición de negociar con organismos internacionales o la imposición de límites a la gestión económica. Señaló que esas exigencias excedían un diálogo sectorial y se asemejaban a intentos de cogobierno, y sugirió que la vía para influir en la política nacional era la participación electoral.

Durante los enfrentamientos, 55 policías resultaron heridos, con casos graves que incluyeron pérdida de la vista y disparos en la cabeza. El Ejecutivo usó ese dato para sostener su negativa a liberar a los implicados en hechos violentos y remarcó que ningún proceso de diálogo avanzaría si se pretendía desconocer esos episodios o garantizar impunidad.

La comisión jurídica continuó con la revisión individual de cada caso, con la expectativa de presentar resultados formales antes de reinstalar el diálogo. El Gobierno planteó que el objetivo inmediato era lograr acuerdos en el corto plazo para la desmovilización de los bloqueos y el retorno progresivo a la normalidad en el país.

(Según información del El Deber y EFE)

La máxima autoridad electoral de Bolivia cuestionó este miércoles las demandas de sectores movilizados que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz a siete meses de haber iniciado su mandato. El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, afirmó que ese tipo de planteamientos contradicen las reglas democráticas y señaló que los cargos obtenidos mediante voto popular se deben respetar.

“Es totalmente antidemocrático pedir la renuncia de autoridades electas que tienen un mandato y han sido elegidas por el pueblo boliviano”, declaró Ávila al referirse a la crisis social que atraviesa el país.

La autoridad añadió que el Órgano Electoral defenderá a las autoridades elegidas en las urnas y reiteró que la búsqueda de acuerdos mediante el diálogo constituye la vía adecuada para encauzar los conflictos políticos y sociales. “Exigimos el respeto de autoridades elegidas por el voto popular”, afirmó en una rueda de prensa este miércoles.

La declaración se enmarca en un periodo de alta conflictividad con pedidos de renuncia contra el presidente Paz. Desde inicios de mayo, varios grupos sociales —entre ellos sindicatos obreros, organizaciones campesinas del altiplano y federaciones cocaleras— iniciaron bloqueos de carreteras que se expandieron gradualmente a varios departamentos del país.

Las consecuencias económicas del conflicto se cuentan en miles de millones de dólares. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) estima que los bloqueos han provocado pérdidas acumuladas superiores a los 2.700 millones de dólares, equivalentes al 5,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Los sectores más afectados son la industria, el comercio, el transporte, el turismo y las exportaciones.

En La Paz, el impacto se ha reflejado en la vida cotidiana de la población. Los bloqueos sobre las vías de acceso a la sede de gobierno interrumpieron el abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y otros insumos esenciales, provocando largas filas en estaciones de servicio, escasez de productos básicos e incrementos significativos de los precios.

Los sectores movilizados reclaman la renuncia del primer mandatario a quien acusan de traición por haber incumplido promesas de la campaña electoral y por gobernar de manera excluyente en favor de las élites empresariales del país.

Sin embargo, en ese escenario de conflicto prolongado, en las últimas semanas comenzaron a surgir señales de distensión. Dirigentes de organizaciones que impulsan las medidas de presión abrieron la posibilidad de negociar con el Gobierno y plantearon un listado ambicioso de demandas alternativo al pedido de renuncia, que incluye la liberación de manifestantes detenidos, la abrogación de decretos que consideran inconstitucionales y rechazan algunos préstamos de financiamiento externo, entre otros puntos.

Si bien desde la semana pasada los puntos de bloqueo han disminuido y el diálogo con algunos sectores ha comenzado, la crisis está lejos de estar superada. Todavía se mantienen más de 40 piquetes que interrumpen el tránsito en el eje troncal del país; las negociaciones han entrado en pausa hasta que se liberen a los detenidos y los cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) descartaron su repliegue y advirtieron la radicalización de las protestas.

“A partir de mañana masificamos nuestros puntos de bloqueo, (hemos decidido) no rendirnos, no arrodillarnos, no retroceder ni un milímetro”, afirmó el dirigente Isidro Auca, en una conferencia de prensa el martes. Los cocaleros, además de pedir la renuncia del jefe de Estado, buscan la protección de su líder político sobre quien pesa una orden de captura por un caso de trata agravada de menores.

Las negociaciones entre el Gobierno de Rodrigo Paz y los dirigentes sindicales que lideran las protestas sociales en Bolivia entraron en un cuarto intermedio este miércoles tras una reunión que duró poco más de dos horas.

A 42 días de los bloqueos de carreteras que han paralizado el país, el primer encuentro de “diálogo” cerró con la conformación de una comisión jurídica para evaluar la situación de los manifestantes detenidos en medio de las protestas.

“No podemos dialogar con nuestros compañeros detenidos”, condicionó el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, en una rueda de prensa al concluir el encuentro realizado en el Banco Central de Bolivia, en La Paz, con participación del presidente y ocho ministros de su gabinete.

El dirigente informó que se está conformando una comisión que incluirá miembros de la organización sindical y del Estado “para que se pongan a trabajar de manera inmediata en este camino”. Argollo señaló que hasta que no existan avances concretos en ese sentido, las medidas de presión van a continuar.

“Mantenemos las medidas y siempre vamos a ser leales con la población y con nuestras bases, y en especial con los compañeros que en este momento están en celdas policiales y también por la persecución política que ha existido”, afirmó.

Según datos presentados por la Defensoría del Pueblo, hasta el 15 de junio se habían detenido a 365 personas durante operativos de desbloqueo de carreteras, de las cuales 247 fueron liberadas y 103 imputadas.

Bolivia atraviesa un periodo de alta conflictividad social desde inicios de mayo, cuando confluyeron protestas de varias organizaciones sindicales y campesinas. Lo que comenzó con reclamos sectoriales de aumento salarial y otras demandas, luego se tradujo en pedidos de renuncia contra el presidente Paz, a quien acusan de traición por gobernar en contra de sus intereses e incumplir promesas de campaña.

Este miércoles se cumplieron seis semanas consecutivas de bloqueos en varias regiones del país y aunque los piquetes se han reducido a casi la mitad en comparación con las semanas anteriores, gran parte del país permanece paralizada: la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reporta al menos 42 piquetes en cinco de los nueve departamentos este jueves.

La semana pasada dos de las organizaciones que impulsan las protestas -la COB y la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari- flexibilizaron su posición y determinaron dialogar con el Gobierno en base a listados ambiciosos de demandas que incluyen la liberación de los detenidos, la abrogación de decretos que consideran inconstitucionales y el cumplimiento de promesas electorales, entre otros puntos.

Si bien estos planteamientos abren una vía de pacificación y diálogo con estas dos organizaciones, todavía queda un frente abierto para el Gobierno: los cocaleros del bastión político del expresidente Evo Morales (2006-2019) que han descartado su repliegue y ratificado la continuidad de las protestas. “A partir de mañana masificamos nuestros puntos de bloqueo, (hemos decidido) no rendirnos, no arrodillarnos, no retroceder ni un milímetro”, afirmó el dirigente Isidro Auca en una conferencia de prensa el martes.

Los cocaleros demandan la renuncia del presidente y denuncian un plan para detener a su líder político, sobre quien pesa una orden de captura por un caso de trata agravada de menores. “No se atrevan a intervenir el Trópico de Cochabamba o atacar a nuestro hermano Evo Morales”, advirtió Auca.

En tanto se reanudan las negociaciones con la COB y se concreten acercamientos con otros sectores, la incertidumbre y las pérdidas económicas se profundizan en Bolivia.

El Gobierno de Bolivia convocó a la Central Obrera Boliviana (COB) para iniciar un diálogo y buscar una salida a la crisis provocada por siete semanas de bloqueos de carreteras, impulsados por sectores sociales que reclamaron la renuncia del presidente Rodrigo Paz, sin embargo el COB todavía no confirmó su asistencia.

El Ejecutivo pretende instalar una mesa de negociación en el Banco Central de Bolivia, con el objetivo de encauzar una negociación técnica sobre los reclamos sindicales y desactivar los bloqueos que afectaron el abastecimiento.

La tensión social y política se intensificó desde el 6 de mayo, cuando la COB y la Federación de Campesinos de La Paz encabezaron una medida de fuerza que paralizó rutas estratégicas del país. Con el correr de los días, el conflicto sumó el respaldo de sectores afines al expresidente Evo Morales, a quien el Gobierno acusó de financiar la movilización con recursos provenientes de actividades ilícitas.

El Ejecutivo propuso una agenda de ocho puntos como base para la negociación, con demandas sobre derechos humanos, garantías orgánicas, la pacificación del país y el respeto al derecho a la movilización, junto al compromiso de no aplicar sanciones contra los organizadores de las protestas. También incluyó la exigencia de cumplir las promesas electorales.

El viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, planteó la necesidad de encontrar un camino para superar las diferencias y sostuvo que el bloqueo no fue el método adecuado para resolver los conflictos.

El conflicto provocó un fuerte desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades. Dejó un saldo de al menos 16 fallecidos, la mayoría por falta de atención médica a raíz de los bloqueos, y generó pérdidas económicas estimadas en 2.760 millones de dólares.

Los campesinos de La Paz enviaron una carta al presidente Paz en la que condicionaron el diálogo al cumplimiento de cinco puntos. Entre ellos plantearon la amnistía presidencial para manifestantes sujetos a procesos penales y la revisión o anulación de decretos y leyes recientes. La reunión con ese sector no se confimó hasta el momento.

Aunque la cantidad de puntos de corte disminuyó en el área metropolitana de La Paz, continúan bloqueos en rutas estratégicas, como la carretera que une El Alto con Copacabana y la frontera con Perú, y la salida hacia Oruro, considerada vital para el abastecimiento de combustibles y productos esenciales en la capital administrativa y otras regiones.

El Ejecutivo reiteró la convocatoria a negociar para resolver los desacuerdos mediante el diálogo, mientras los sectores movilizados esperan respuestas concretas a sus reivindicaciones.

Por su parte, el máximo líder de la Federación de Campesinos de La Paz, Vicente Salazar, indicó este miércoles que aún “no se van a levantar los bloqueos”, aunque también matizó que la “pacificación” de Bolivia dependerá de si el Gobierno responde favorablemente a sus pedidos.

(Con información de EFE)

Los cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) descartaron su repliegue y anunciaron que radicalizarán las medidas de presión contra el Gobierno de Rodrigo Paz, en contraste con la decisión asumida por otros sectores sociales que flexibilizaron su posición y buscan un acuerdo con el Ejecutivo.

Los dirigentes cocaleros del Trópico de Cochabamba, al centro de Bolivia, informaron en una conferencia de prensa que mantendrán los puntos de bloqueo en su región para exigir la renuncia del primer mandatario. “A partir de mañana masificamos nuestros puntos de bloqueo, (hemos decidido) no rendirnos, no arrodillarnos, no retroceder ni un milímetro”, afirmó el dirigente Isidro Auca en una conferencia de prensa desde el bastión del exmandatario.

Los dirigentes anunciaron que realizarán controles de las personas que transiten por la región porque sospechan que se están realizando trabajos de inteligencia para detener a Morales, sobre quien pesa una orden de captura por una denuncia de trata agravada de personas.

Durante el pronunciamiento, Auca expresó que los campesinos del Trópico están dispuestos a “defender” con su vida al expresidente Morales y advirtió al Gobierno que “no se atreva a intervenir” la región. “Cualquier movimiento en falso, aquí estamos listos, preparados, también tenemos inteligencia para hacer seguimiento y estaremos respondiendo al nivel que quieren provocar”, afirmó Auca.

Mientras tanto, otros sectores movilizados —como la Central Obrera Boliviana y la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz— han expresado su apertura al diálogo y la búsqueda de acuerdos con el Gobierno para levantar las medidas de presión. En documentos enviados al Ejecutivo, ambas organizaciones condicionaron las negociaciones a un listado de demandas que incluyen la abrogación de decretos que consideran inconstitucionales, la liberación de los dirigentes detenidos y el cumplimiento de las promesas electorales, entre otros puntos.

La flexibilización de ambas organizaciones, que inicialmente pedían la renuncia del presidente, se traduce en la progresiva disminución de los piquetes. Aunque todavía se mantienen más de 40 puntos en todo el país, el número es significativamente menor al de las semanas anteriores cuando se llegaron a reportar cerca de 90.

La interrupción del tránsito genera un fuerte impacto económico para sectores estratégicos como la industria, el turismo y el transporte. Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), la pérdida por siete semanas de conflictos se calcula en 2.500 millones de dólares.

La situación también la ciudad de La Paz, sede de Gobierno, que sufre escasez de alimentos, de combustible y el encarecimiento de los productos básicos debido a los cortes en las vías de acceso.

La advertencia de masificar los bloqueos en la región productiva del Trópico de Cochabamba supone la interrupción en el tránsito de una de las principales rutas que unen el occidente y el oriente del país. Por ese corredor circula el transporte de carga y pasajeros entre los departamentos de La Paz y Santa Cruz, además de los productos de exportación que van desde el oriente hacia los puertos del norte chileno.

Después de varias semanas de conflicto y desencuentros, el Gobierno de Rodrigo Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) finalmente abrieron la posibilidad de instalar un espacio de diálogo este miércoles. El Ejecutivo convocó a los dirigentes del principal sindicato obrero a una reunión luego de que éstos enviaran una conminatoria al presidente con un listado de ocho demandas.

“Se ha decidido, en consulta de todos los actores, enviar al Gobierno central una conminatoria y un planteamiento para la pacificación y la recuperación del país, que tiene que ser atendido de manera inmediata”, manifestó el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, al informar sobre la presentación del documento elaborado con todos los sectores afiliados.

“Así como un dirigente sabe llamar a la movilización, también tiene que saber llamar a la paz”, afirmó Argollo y pidió disculpas a los ciudadanos afectados por los bloqueos y señaló que fueron “en beneficio del país”.

El dirigente sindical advirtió que hasta no obtener respuesta, “la protesta, la lucha y la movilización continúan en todo el país”.

Al finalizar la tarde, el vocero de Gobierno, José Luis Gálvez, informó que se había convocado a los dirigentes a una reunión este miércoles a las 09:00 en la Casa de Gobierno. “Tenemos muchas cosas que decir, hablaremos de todos los puntos, de manera abierta, pero también tenemos que crear las condiciones para que esto no vuelva a suceder. Esto no puede volver a suceder en democracia”, resaltó.

La medida de presión inició con reclamos sindicales de varios sectores y luego derivó en pedidos de renuncia al presidente, a quien algunos sectores acusan de traición por incumplir promesas de campaña y gobernar en contra de sus intereses.

Los bloqueos fueron impulsados inicialmente por la Federación de Campesinos Túpac Katari y luego se unieron otros sectores como el movimiento indígena Ponchos Rojos, la Central Obrera Boliviana y los cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019). Aunque en la última semana los piquetes se han reducido a casi la mitad, la Administradora Boliviana de Carreteras llegó a registrar más de 90 puntos de bloqueo simultáneos.

En el documento enviado al Gobierno, los líderes obreros plantean los siguientes puntos:

1. Derechos humanos y pacificación: Exigen el fin de la criminalización de las protestas, la liberación de detenidos vinculados al conflicto y garantías contra la persecución política y judicial.
2. Cumplimiento de compromisos: Demandan que el Gobierno cumpla sus promesas electorales y que se establezcan mecanismos legales de rendición de cuentas.
3. Soberanía económica y empresas públicas: Rechazan privatizaciones, condicionamientos de organismos internacionales y plantean fortalecer la autonomía económica del Estado.
4. Transparencia e investigación: Piden la expulsión del asesor presidencial Fernando Cerimedo y la creación de una comisión para investigar casos de narcotráfico.
5. Política de hidrocarburos: Solicitan mantener congelados los precios de los combustibles, compensar a los afectados por carburantes defectuosos y realizar auditorías técnicas.
6. Democracia participativa: Proponen que leyes, decretos y medidas económicas sean consultados previamente con organizaciones sociales y sectores afectados.
7. Canasta familiar y derechos laborales: Reclaman acciones contra la inflación, protección del salario y el empleo, además de una reforma que garantice jubilaciones dignas.
8. Medio ambiente y política internacional: Exigen proteger áreas naturales de actividades extractivas y mantener una política exterior alineada con los principios pacifistas de la Constitución.

Si bien hay un acercamiento con la COB, todavía queda abierto el frente de la federación campesina de La Paz, quienes también flexibilizaron su posición y condicionaron el diálogo a que se aceleren soluciones al problema de la mala calidad de combustible, se abroguen decretos que consideran “inconstitucionales” y se apruebe una amnistía en favor de sus líderes, entre otros puntos.

En tanto, en la región del Chapare, el bastión político de Morales en el centro del país, se mantiene la tensión. Los cocaleros y campesinos han descartado negociar con el Gobierno y ratificaron la continuidad de las protestas. “A partir de mañana masificamos nuestros puntos de bloqueo, (hemos decidido) no rendirnos, no arrodillarnos, no retroceder ni un milímetro”, afirmó el dirigente Isidro Auca en una conferencia de prensa.

Los cocaleros denunciaron que el Gobierno busca detener al expresidente Morales sobre quien pesa una orden de captura por un caso de trata agravada de menores. “No se atrevan a intervenir el Trópico de Cochabamba o atacar a nuestro hermano Evo Morales”, advirtió Auca.

La Central Obrera Boliviana (COB) entregó al Gobierno de Bolivia una agenda de ocho puntos que exige la no judicialización de la protesta y busca “pacificar” el país tras un mes y medio de movilizaciones y bloqueos de rutas en distintos departamentos, afectando principalmente a la capital La Paz.

El planteo, dirigido al presidente Rodrigo Paz, solicita que sus demandas sean respondidas “de manera inmediata”. El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, afirmó junto a otros dirigentes que “se ha decidido, en consulta con todos los actores, enviar al Gobierno central una conminatoria y planteamiento para la pacificación y recuperación del país que tiene que ser atendida de manera inmediata”.

El documento remitido a Paz incluye demandas vinculadas a derechos humanos, garantías orgánicas y pacificación, y reclama que se respete el “derecho a la movilización” sin sanciones para los impulsores de las protestas.

La agenda presentada por la COB también pide el cumplimiento de compromisos electorales, la protección de la soberanía económica, defensa de empresas públicas para evitar privatizaciones, transparencia en casos de presunta corrupción y narcotráfico, y el mantenimiento de los precios de los combustibles. Además, exige que toda medida macroeconómica sea consultada de forma “obligatoria”, así como la protección “del bolsillo popular”, soluciones a las demandas salariales de los sindicatos y la defensa de las áreas protegidas y del “principio pacifista” del país.

Argollo advirtió que “si el Gobierno no atiende esta agenda, van a masificar las protestas y bloqueos de carreteras que iniciaron en mayo junto a la Federación de Campesinos de La Paz para exigir la renuncia de Paz”.

A estas protestas se sumaron sectores cercanos al ex presidente Evo Morales. El líder sindical afirmó que la COB no mantiene vínculos con Morales, quien convocó a sus seguidores a mantener los bloqueos hasta que el presidente dimita y descartó la posibilidad de diálogo.

Tras los puntos presentados por la COB, el Gobierno de Bolivia invitó a la central sindical a una mesa de diálogo este miércoles, para abordar las demandas presentadas por el sindicato con el objetivo de “pacificar” el país, luego de seis semanas de protestas. El encuentro se realizará a las 9:00 hora local (13:00 GMT) en la casa de Gobierno de La Paz.

El anuncio estuvo a cargo del vocero presidencial, José Luis Gálvez, quien declaró ante la prensa: “Es en el diálogo, es en la mesa, donde se construyen las soluciones y es ahí donde podremos debatir y construir mutuamente las soluciones que el pueblo boliviano espera”. Según el funcionario, la invitación busca iniciar una etapa de “concertación” y “construcción de soluciones” ante la crisis social.

Paz recordó anteriormente que la Constitución y la ley de regulación de estados de excepción que promulgó la semana pasada lo habilitan a intervenir frente a los conflictos. “El diálogo está desbloqueando más que la fuerza”, declaró el mandatario, al referirse a la reducción de cortes de ruta en los últimos días. El jefe de Estado reiteró su disposición al diálogo con sectores que planteen “reivindicaciones justas” y aseguró que aplicará la ley contra quienes adopten “una actitud política”.

La aplicación del estado de excepción requiere la emisión de un decreto presidencial y su aprobación en la Asamblea Legislativa. Los bloqueos, iniciados el 6 de mayo, provocaron desabastecimiento de alimentos, combustible, oxígeno medicinal y medicamentos. El conflicto dejó al menos 16 fallecidos, de los cuales 13 murieron por falta de acceso oportuno a atención médica debido a los bloqueos, y generó pérdidas económicas estimadas en USD 2.760 millones.

(Con información de EFE)

Estados Unidos anunció que proporcionará a Bolivia capacitación y equipamiento para combatir el narcotráfico, en el marco de un acuerdo bilateral que restableció la cooperación tras casi veinte años de interrupción. La embajada estadounidense confirmó el martes una ayuda de USD 20 millones, destinada a fortalecer la lucha contra el tráfico de drogas mediante una operación liderada por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado norteamericano.

La cooperación se reanudó después de que en 2008, el entonces presidente boliviano Evo Morales rompió relaciones con Estados Unidos y expulsó a la Agencia Antidrogas (DEA) del país. El actual mandatario, Rodrigo Paz, quien asumió el poder en noviembre tras dos décadas de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), busca reconstruir los lazos con Washington.

“Estados Unidos colaborará estrechamente con el gobierno boliviano para proporcionar capacitación, equipo y otras formas de apoyo” con el objetivo de investigar y desmantelar redes de narcotráfico, detalló la embajada en un comunicado. El apoyo también se dirigirá a la persecución de delitos financieros y al fortalecimiento de la transparencia policial y judicial, según el mismo texto.

La DEA no restableció formalmente sus oficinas en Bolivia, aunque La Paz reconoció que personal de la agencia colabora en la nueva operación. Tanto La Paz como Washington manifestaron su intención de restablecer relaciones diplomáticas de alto nivel, aunque ninguno de los dos países restituyó a su embajador.

Datos de las Naciones Unidas indican que el país andino ocupa el tercer puesto mundial en producción de cocaína, detrás de Colombia y Perú. El país sudamericano integra la coalición Escudo de las Américas, impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump para combatir el crimen organizado internacional. Otros miembros de la coalición expresaron su respaldo a Paz ante las protestas antigubernamentales que afectan a Bolivia.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Bolivia comunicó la concreción del acuerdo de cooperación con Estados Unidos: “Bolivia y Estados Unidos han suscrito una Carta de Acuerdo que permitirá canalizar hasta 20 millones de dólares en cooperación técnica, capacitación y equipamiento para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”.

El acuerdo se dio a conocer días después de que la coalición Escudo de las Américas, iniciativa de seguridad impulsada por la administración de Donald Trump, expresó su apoyo al gobierno de Rodrigo Paz. La coalición señaló la preocupación por la posible presencia de “dinero sucio proveniente del narcotráfico y el crimen transnacional” en la financiación de las protestas y bloqueos de carreteras contra el gobierno boliviano.

En medio de la frágil situación que se vive en La Paz y El Alto por los bloqueos a carreteras y rutas estratégicas del país realizados por sindicalistas y miembros de la Central Obrera Boliviana (COB), el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, señaló que Washington intensificará la asistencia de emergencia y el apoyo logístico a Bolivia para ayudar a quienes enfrentan una grave escasez de alimentos y medicamentos, según sostuvo su cartera.

La decisión fue comunicada por el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una conversación telefónica con el presidente boliviano, Rodrigo Paz. Según informó el Departamento de Estado, la administración de Donald Trump incrementará tanto la ayuda de emergencia como el respaldo logístico para atender a las poblaciones afectadas por la interrupción del transporte terrestre.

La decisión de fortalecer la cooperación fue comunicada por el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una conversación telefónica con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. Según informó el Departamento de Estado, la administración de Donald Trump aumentará tanto la ayuda de emergencia como el respaldo logístico orientado a asistir a las poblaciones afectadas por la interrupción del transporte terrestre.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por Washington, Rubio transmitió a Paz el respaldo político de la Casa Blanca y reiteró el apoyo de Estados Unidos a las instituciones bolivianas.

(Con información de AFP)

El litio se ha posicionado como un recurso para la economía mundial, impulsado por la demanda de baterías recargables en teléfonos móviles, computadoras portátiles y vehículos eléctricos.

A medida que la transición energética avanza, el interés por las reservas de litio de este metal crece y ciertos países se vuelven protagonistas del mercado global.

Según el portal especializado en ciencia y tecnología HowStuffWorks y datos respaldados por el Servicio Geológico de Estados Unidos, el valor estratégico del litio ha hecho que gobiernos y empresas intensifiquen la búsqueda y el desarrollo de nuevos yacimientos.

Los países con mayores reservas de litio

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, estos son los 5 países con mayores reservas de litio, ordenados de menor a mayor:

5. Australia: 10 millones de toneladas

Se ha consolidado como líder en la producción mundial de litio, gracias a depósitos de roca dura como Greenbushes, en Australia Occidental. El país ha desarrollado una industria minera con alta tecnología y estándares ambientales cada vez más exigentes, que le permite abastecer principalmente a los mercados asiáticos y europeos.

En los últimos años, Australia ha recibido importantes inversiones extranjeras para expandir su capacidad extractiva y fortalecer su posición global, actuando como proveedor clave para empresas tecnológicas y automotrices.

4. Chile: 13 millones de toneladas

Cuenta con una industria extractiva altamente desarrollada, centrada en el salar de Atacama, una de las zonas más áridas y soleadas del planeta, lo que facilita la evaporación natural en el proceso de obtención del mineral.

El litio es considerado un recurso estratégico en el país, con regulaciones específicas que limitan la participación extranjera y promueven la intervención estatal.

Chile ha mantenido durante décadas una posición de liderazgo en exportación, firmando acuerdos con multinacionales y apostando a la innovación para mejorar la eficiencia y minimizar el impacto ambiental.

3. Bolivia: 23 millones de toneladas

Las reservas bolivianas se concentran en el salar de Uyuni, el mayor yacimiento sin explotar del mundo.

Bolivia ha impulsado varios planes para industrializar el litio y captar mayor valor agregado, aunque enfrenta desafíos técnicos, logísticos y regulatorios que han limitado la entrada de capital extranjero y el desarrollo de una industria exportadora robusta.

Las condiciones climáticas, la falta de infraestructura y la complejidad de la extracción en salares de alta altitud dificultan el avance de los proyectos, aunque el país mantiene negociaciones para alianzas internacionales.

2. Argentina: 28 millones de toneladas

El litio argentino se encuentra en salares del noroeste, especialmente en la provincia de Catamarca y el salar del Hombre Muerto.

En los últimos años, la industria local ha experimentado un marcado crecimiento debido al interés de empresas internacionales y la multiplicación de proyectos en distintas etapas, que van desde la exploración inicial hasta operaciones comerciales consolidadas.

El sector enfrenta el desafío de combinar el desarrollo productivo con prácticas responsables, avanzando hacia una mayor sustentabilidad y fomentando el diálogo con las comunidades cercanas a los yacimientos.

1. Estados Unidos: 30 millones de toneladas

Lidera el ranking global con la mayor cantidad de reservas estimadas, ubicadas principalmente en Nevada y otras zonas del oeste del país.

Ante el auge de la movilidad eléctrica y la necesidad de reducir la dependencia de importaciones, Estados Unidos ha impulsado políticas para aumentar la exploración, el desarrollo de tecnologías propias y la creación de cadenas de suministro internas.

El país apuesta a asegurar el suministro estratégico para su industria tecnológica y automotriz, priorizando la innovación y el desarrollo de métodos más eficientes y sostenibles.

El Triángulo del Litio, integrado por Argentina, Bolivia y Chile, concentra una parte significativa de las reservas mundiales: Argentina busca capitalizar esa posición con la expansión de proyectos y la atracción de capital extranjero, mientras Bolivia enfrenta limitaciones de infraestructura y marcos regulatorios.

Qué se considera reserva de litio

Las reservas de litio corresponden a los recursos identificados y económicamente explotables en cada país, según las estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos. Estas cifras están sujetas a revisión conforme avanzan la exploración y el desarrollo de nuevas tecnologías de extracción.

El cálculo de las reservas no solo depende de la cantidad de litio presente en el subsuelo, sino también de factores como la viabilidad económica de explotación, el acceso a los yacimientos, la calidad del mineral y los precios internacionales. Por eso, un país puede poseer abundantes recursos geológicos, pero solo una parte se considera reserva si es técnicamente posible y rentable extraerla en el contexto actual.

Desafíos y oportunidades para los países con reservas de litio

Contar con las mayores reservas de litio no garantiza el liderazgo en el mercado mundial. Bolivia, pese a su volumen, enfrenta dificultades para convertir su potencial en ingresos sostenibles, debido a limitaciones de infraestructura, marcos regulatorios y la necesidad de atraer inversiones extranjeras.

Por el contrario, Chile y Australia han logrado consolidar sus industrias extractivas sobre la base de estabilidad política, experiencia minera y acuerdos comerciales internacionales. Ambos países han invertido en investigación y en el cumplimiento de estándares ambientales, factores que les permiten acceder a mercados y asegurar contratos de largo plazo con fabricantes de baterías y vehículos eléctricos.

Estados Unidos, además de liderar en reservas, apuesta a fortalecer su independencia energética mediante la innovación y el desarrollo de tecnologías propias. La competencia internacional por el litio impulsa la cooperación entre gobiernos y empresas, así como la búsqueda de prácticas más sostenibles.

La delegación estaba integrada por diputados nacionales y legisladores porteños del peronismo y la izquierda, así como por dirigentes sindicales. El grupo había llegado al aeropuerto de La Paz el 15 de junio de 2026 con el propósito declarado de relevar la situación de los derechos humanos en el marco de las protestas contra el presidente Rodrigo Paz. Las autoridades bolivianas les retuvieron los documentos a su arribo, los redirigieron a Santa Cruz de la Sierra y, desde allí, los enviaron de regreso a la Argentina.

La escena captada en el avión refleja la tensión que se vive en Bolivia: de un lado, los sectores que apoyan los bloqueos de caminos impulsados por campesinos del altiplano, cocaleros afines a Evo Morales y obreros sindicalizados; del otro, quienes ven en esas medidas una parálisis que los priva de alimentos, combustible y medicamentos desde hace más de cinco semanas.

El diputado nacional Juan Marino, de Unión por la Patria, confirmó la situación a través de su cuenta en X: “No nos permitieron ingresar a Bolivia. Ya estamos en vuelo volviendo a Argentina”, escribió. Marino había sostenido que el grupo viajaba en misión humanitaria, categoría que el canciller argentino Pablo Quirno calificó de “autoproclamada”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina confirmó la expulsión mediante un comunicado oficial. Quirno explicó que las autoridades bolivianas “detectaron inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso y las actividades anunciadas públicamente por la delegación”. “En función de ello, y en ejercicio de las facultades soberanas, decidieron no admitir el ingreso”, precisó el funcionario.

El episodio se produjo mientras Bolivia atraviesa una de sus crisis más agudas en años recientes. Los cortes de carretera, concentrados en el altiplano y el valle central de Cochabamba, han provocado desabastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos, con mayor intensidad en La Paz, cuyas vías de acceso permanecen cortadas. Según medios oficiales del Estado, al menos un conductor de transporte pesado murió tras permanecer más de un mes varado, y los choferes han denunciado dos casos adicionales.

Según El Deber, actualmente hay 52 bloqueos de caminos distribuidos por todo Bolivia. 20 se concentran en La Paz, el departamento más afectado. Luego le siguen Cochabamba (13), Oruro (12), Potosí (6) y Santa Cruz (1). El conflicto se desató hace 47 días. Inicialmente expresaba un reclamo por la derogación de la ley de tierras y mejoras salariales para distintos sectores de la actividad económica boliviana, pero las movilizaciones recrudecieron y derivaron en un pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz. Esa es la consigna principal por estos días.

El lunes, una caravana humanitaria impulsada por la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja y Cáritas Bolivia partió desde La Paz hacia la carretera internacional que conecta con Chile para llevar alimentos y medicamentos a unos 600 transportistas varados. El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, pidió a los manifestantes que permitieran el paso de la misión: “A los movilizados, ser respetuosos del ingreso y tránsito de esta caravana que solamente está buscando paliar las necesidades más básicas de los transportistas”, afirmó, citado por medios locales.

Bolivia retrocedió dos puestos en el Índice Global de la Paz y ocupa el puesto 92 de 163 países evaluados en un contexto internacional marcado por el deterioro generalizado de la paz y el aumento de los conflictos armados.

El informe, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), muestra que, a pesar del retroceso, el país se mantiene en una posición intermedia tanto a nivel global como regional. Sin embargo, el reporte señala que los indicadores fueron actualizados antes de que iniciaran los recientes conflictos sociales y bloqueos de carreteras en Bolivia en demanda de la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La caída de dos puntos de Bolivia se produce en un contexto internacional adverso. Según el estudio, la paz mundial registró un nuevo deterioro durante el último año, acumulando doce años de retrocesos en los últimos dieciocho ejercicios analizados. El informe señala que actualmente existen 59 conflictos armados estatales activos, la cifra más alta desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Dentro de Sudamérica, Bolivia ocupa el quinto lugar regional, por detrás de Uruguay, Chile, Paraguay y Argentina. En contraste, presenta mejores resultados que Perú, Brasil, Ecuador, Venezuela y Colombia. Esta posición refleja una situación relativamente más estable que la de varios países vecinos, aunque lejos de los niveles de paz observados en los líderes regionales.

A escala mundial, el país se encuentra por debajo de economías consideradas altamente pacíficas, como Islandia, Nueva Zelanda, Suiza, Eslovenia e Irlanda, que encabezan la clasificación de 2026. Sin embargo, permanece alejado de los países ubicados en los últimos lugares del ranking, entre ellos Rusia, Sudán, República Democrática del Congo, Ucrania e Israel.

El informe advierte que el entorno global de seguridad continúa deteriorándose debido a la expansión de los conflictos armados, el aumento de las tensiones geopolíticas y la proliferación de nuevas tecnologías militares. Según el documento, el mundo atraviesa una etapa caracterizada por una creciente fragmentación internacional y por una transformación acelerada de los conflictos.

El GPI evalúa a los países mediante 23 indicadores agrupados en tres grandes dimensiones: nivel de seguridad social, intensidad de los conflictos internos y externos, y grado de militarización. En conjunto, estos factores permiten medir el nivel relativo de paz de cada nación.

Aunque Bolivia registró un retroceso moderado en la edición 2026, su posición regional indica que sigue formando parte del grupo de países sudamericanos con mejores niveles de estabilidad relativa. Sin embargo, la pérdida de posiciones refleja un desempeño menos favorable que el observado en años anteriores y se inscribe en una tendencia global de deterioro de la paz que afecta a la mayoría de los países evaluados.

Desde hace un mes, el país atraviesa un periodo de alta conflictividad social con cortes de carreteras que han provocado desabastecimiento de alimentos, combustible y productos básicos, principalmente en la ciudad de La Paz, la sede de gobierno, cuyas vías de acceso están cortadas.

En esta etapa también se registraron marchas de varios sectores que exigen la renuncia del primer mandatario —a quien acusan de traición por gobernar en contra de sus intereses—, y se han producido enfrentamientos con la Policía, destrozos en infraestructura pública y agresiones a civiles.

La Defensoría del Pueblo reportó a inicios de mes siete fallecimientos, algunos debido a la falta de auxilio médico oportuno a causa de los piquetes y otros en episodios de violencia.

Los hechos registrados durante las últimas semanas quedaron fuera del período analizado por el Índice Global de la Paz 2026, por lo que su eventual incidencia en la posición de Bolivia se podrá reflejar en ediciones futuras del informe.

Autoridades policiales informaron este lunes el hallazgo de una pasarela ilegal instalada sobre una de las zanjas construidas en el sector de Colchane (1.960 kms al norte de Santiago), en la frontera con Bolivia, con el objetivo de facilitar el tráfico de drogas y migrantes irregulares desde el país vecino.

Cabe recordar que dichos fosos están siendo excavados también en la frontera con Perú, tienen 3 metros de profundidad, se extenderán por unos 60 kms en su primera etapa y forman parte del plan “Escudo Fronterizo” del gobierno de José Antonio Kast, el que busca combatir el cruce de vehículos, el paso de caravanas clandestinas y el crimen organizado.

El plan completo a largo plazo contempla blindar un total de 298 kilómetros de la frontera norte mediante la combinación de vallas de 5 metros, zanjas y cercos eléctricos, complementado con el patrullaje de más de 1.100 efectivos militares

Así las cosas, “desde que esta situación anómala fue informada, se están llevando a cabo patrullajes diurnos y nocturnos por parte del Ejército y Carabineros y el sector se encuentra monitoreado por sensores”, aseguró el comisionado de la Macrozona Norte, Alberto Soto Valenzuela, según reza una nota de BioBíoChile.

De acuerdo al delegado presidencial, situaciones de este tipo eran esperables, sin embargo, “estamos preparados y la voluntad del gobierno es seguir con este proceso de forma metódica, constante y lo más efectiva posible”, resaltó.

Críticas de la oposición

Una vez conocida la noticia, varios parlamentarios de oposición acusaron “improvisación” y un “show comunicacional” por parte del gobierno.

“La zanja era un show comunicacional que poco y nada servía para controlar la frontera. Mientras veíamos filmaciones con drones y paseos en máquinas, hoy vemos que se la saltan poniendo puentes. Terminemos con la improvisación. Necesitamos tecnología, coordinación institucional, infraestructura y más recursos si de verdad nos queremos hacer cargo del problema”, señaló el diputado Carlos Carvajal (IND-PPD) al medio citado.

De la misma opinión fue el senador Vlado Mirosevic (PL), quien sostuvo que en el gobierno “creen que con hacer una zanja bastaba (...) ¿Cómo es posible que haya sucedido esto frente a las narices del gobierno? Aquí necesitamos que pongan tecnología, que pongan supervisión, vigilancia permanente. Eso es lo que prometieron. Cúmplanlo”, fustigó el legislador.

Las autoridades bolivianas realizaron allanamientos este lunes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ubicada al este del país, como parte de la investigación sobre un cargamento de droga oculto en madera de exportación que fue detectado en puertos de Chile, un caso que ha sido denominado por medios locales como “narcomaderas”.

Uno de los operativos tuvo lugar en la zona empresarial de Equipetrol, donde agentes del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE) de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), junto con fiscales, ingresaron a oficinas de una empresa que figura en las investigaciones abiertas tras el hallazgo de la droga en territorio chileno. Durante la intervención se incautó documentación que será analizada por el Ministerio Público y se emitieron citaciones para los representantes de la compañía.

Horas más tarde, se ejecutó y se informó sobre el allanamiento de una empresa exportadora de madera ubicada en el Parque Industrial. En el lugar participaron efectivos policiales, fiscales y canes especializados en la detección de sustancias controladas. Según los investigadores, la empresa estaría vinculada a contenedores que forman parte de la pesquisa sobre el cargamento interceptado en el norte de Chile.

Posteriormente, la Fiscalía boliviana informó que durante esta segunda intervención se recolectaron muestras de madera y documentos para ser sometidos a peritajes. Las muestras proceden de un contenedor que había sido devuelto a la empresa y que ahora forma parte de las investigaciones. Además, se enviaron cinco citaciones a personas relacionadas con el caso, aunque hasta el momento no se reportan detenidos.

De acuerdo con la Fiscalía, los allanamientos forman parte de una investigación más amplia que se desarrolla en distintos puntos del país. La semana pasada también se realizaron operativos en aserraderos del departamento amazónico de Pando, al norte de Bolivia, para buscar indicios relacionados con el mismo caso.

La investigación se abrió luego de que autoridades chilenas reportaran la incautación de más de 100 toneladas de cocaína y ketamina que estaban impregnadas en tablones de madera de exportación procedentes de Bolivia, bajo un mecanismo inédito de tráfico de sustancias controladas que dificulta su detección mediante inspecciones convencionales.

La droga fue encontrada oculta en 45 contenedores que tenían como destino países de América, Europa y Oceanía, en lo que fue calificado como el mayor procedimiento antidroga registrado hasta la fecha en Chile. La investigación fue desarrollada durante más de seis meses por la Policía Marítima, Aduanas y la Fiscalía de Arica, la ciudad portuaria del norte chileno que sirve al comercio exterior boliviano.

Según los reportes preliminares, los envíos partieron principalmente desde Pando, aunque también se identificaron cargamentos procedentes de Santa Cruz y Cochabamba.

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, informó que se creó una comisión internacional para investigar el caso. “Nos hemos reunido con la cooperación internacional, con la Unión Europea, con la Policía de España y con la DEA de Norteamérica para formar una comisión de verificación e investigación internacional”, informó la semana pasada en conferencia de prensa.

Para el analista económico Gonzalo Chávez, no se trata simplemente de una actividad ilegal sino “una organización capaz de coordinar simultáneamente financiamiento, producción agrícola, transformación industrial, abastecimiento forestal, logística internacional y comercialización global”.

El experto apuntó que el valor de la droga en los destinos finales equivale al 86% de todas las exportaciones bolivianas de un año y alrededor del 15% del PIB nacional.

Una caravana humanitaria salió este lunes desde La Paz, Bolivia, con destino a la carretera internacional que conecta con Chile, para entregar alimentos, medicamentos y otros insumos a cientos de transportistas retenidos desde hace más de un mes en los puntos de bloqueo. La iniciativa es impulsada por la Defensoría del Pueblo, junto con la Cruz Roja y Cáritas Bolivia.

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, pidió a quienes mantienen las medidas de presión que permitan el paso de la misión humanitaria. “A los movilizados (les pedimos) ser respetuosos del ingreso y tránsito de esta caravana que solamente está buscando paliar las necesidades más básicas de los transportistas que se encuentran en este momento varados en carretera”, afirmó citado por medios locales.

Callisaya indicó que se hicieron los “contactos necesarios” para concretar el paso de la caravana y dijo que espera que “no haya ningún contratiempo”. Según la Cámara Departamental de Transporte de La Paz, solo entre La Paz y Curahuara de Carangas, una localidad distante a 268 kilómetros de la sede de Gobierno y cerca de la frontera con Chile, hay entre 800 y 1.000 camioneros afectados por los cortes de ruta.

La Cruz Roja informó que la caravana transporta alimentos y otros insumos para asistir inicialmente a unos 600 camioneros. Por su parte, Elizabeth Zabala, representante de Cáritas Bolivia, advirtió que muchos conductores “están pasando hambre, frío y tienen necesidades de salud”, además de que existen personas enfermas entre los afectados.

Según los medios oficiales del Estado, al menos un conductor de transporte pesado murió en los bloqueos luego de permanecer más de un mes varado en una carretera de La Paz y los choferes han denunciado dos casos adicionales.

Bolivia atraviesa desde hace casi seis semanas un bloqueo de caminos que ha paralizado el tránsito terrestre en gran parte del territorio. La medida, impulsada por campesinos del altiplano, cocaleros afines a Evo Morales y obreros sindicalizados, busca la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que asumió funciones hace siete meses y a quien acusan de traición por haber incumplido promesas de campaña y gobernar en contra de sus intereses.

Los cortes de carretera, concentrados principalmente en la región del altiplano y en el valle central de Cochabamba, han provocado desabastecimiento de alimentos y combustible, además de escasez de medicamentos y otros insumos básicos, con mayor intensidad en la ciudad de La Paz, cuyas vías de acceso están cortadas.

Mientras crecen los reclamos para que el Gobierno intervenga en los piquetes con la fuerza del Estado para restablecer el orden y el libre tránsito, la administración de Paz ha llamado a los sectores, cuyas demandas consideran “legítimas”, a una mesa de diálogo. Sin embargo, a más de 40 días de piquetes no hay acercamientos públicos ni un acuerdo que suponga la suspensión de las protestas.

La semana pasada, dirigentes de la Federación de Campesinos Túpac Katari —una de las impulsoras de los bloqueos— admitieron que estaban cansados y que algunos dirigentes habían planteado descartar el pedido de renuncia y dialogar con el Gobierno. En ese sentido, pidieron al Ejecutivo una agenda de trabajo sobre la cual se realicen las negociaciones.

En paralelo, la Central Obrera Boliviana aplazó sin fecha definida un encuentro nacional en el que se discutirá sobre la continuidad de las protestas. Según los medios locales, al menos cinco centrales regionales han pedido suspender los bloqueos.

Luego de estos anuncios, los piquetes se redujeron significativamente en comparación con la semana anterior —pasaron de más de 80 a 50 este martes—, pero mantienen interrumpido el tránsito en el eje central del país, lo que supone pérdidas millonarias para sectores estratégicos y una agudización del desabastecimiento.

La delegación había llegado al aeropuerto de La Paz el 15 de junio de 2026 con “el autodeclarado propósito de realizar un relevamiento de los derechos humanos en Bolivia a pedido de diputados bolivianos”, escribió el funcionario. Entre sus integrantes se encontraban legisladores nacionales y porteños, así como referentes sindicales. El diputado nacional Juan Marino, de Unión por la Patria, confirmó la situación a través de su cuenta en la red social X: “No nos permitieron ingresar a Bolivia. Ya estamos en vuelo volviendo a Argentina”, escribió, y anunció una conferencia de prensa para las 16:30 en el aeropuerto de Ezeiza.

El comunicado de Cancillería precisó además que los miembros del grupo se encontraban retornando al país y que la Embajada argentina en Bolivia, junto con los Consulados Generales en La Paz y Santa Cruz de la Sierra, activaron de inmediato los mecanismos de asistencia consular, manteniendo contacto permanente con las autoridades competentes.

“Las autoridades bolivianas han comunicado oficialmente que, durante los controles migratorios realizados, se habrían verificado inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso al país y las actividades anunciadas públicamente por la delegación, así como cuestiones vinculadas al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación boliviana”, detalló Quirno.

Luego agregó: “en función de ello, y en ejercicio de las facultades soberanas que corresponden a todo Estado para regular el ingreso, permanencia y salida de personas extranjeras de su territorio, decidieron no admitir el ingreso de los integrantes del grupo, quienes se encuentran retornando a la República Argentina”.

Desde el aeropuerto de La Paz, la legisladora porteña del Frente de Izquierda Alejandra Barry grabó un video en el que describió lo ocurrido en primera persona. “Nos retuvieron los documentos y por ahora no nos dejan ingresar sin ningún tipo de explicación. Nos querían llevar a una habitación de inadmitidos. Dijimos que no”, relató Barry, quien subrayó que la misión tenía como objetivo “relevar, poder hacer un informe, poder acercarnos a todas las víctimas y a todos los que están siendo vulnerados sus derechos por ejercer su legítimo derecho de protesta”.

Por su parte, el diputado de Unión por la Patria Germán Martínez aportó un dato que complejiza el cuadro: según indicó en su cuenta de X, Marino “ya había ingresado al país y hecho trámites migratorios en Santa Cruz” antes de ser retenido en el aeropuerto de La Paz. Martínez exigió a las autoridades bolivianas que el legislador pudiera “realizar las tareas para las que fue invitado” y exhortó a los funcionarios consulares argentinos a “garantizar su libertad e integridad física”.

La reacción desde el lado boliviano fue igualmente contundente. La senadora Tomasa Yarhui pidió la expulsión de los activistas argentinos que, a su juicio, no respetaran la soberanía del país. Yarhui señaló que la Cancillería boliviana debía asumir cualquier injerencia extranjera en asuntos internos y que Bolivia debía mantener buenas relaciones con otras naciones, “pero sin permitir intromisiones políticas en los conflictos nacionales”.

En la misma línea, el diputado boliviano por Unidad Alejandro Reyes afirmó que la llegada del grupo evidenciaba “una coordinación internacional para favorecer el retorno de regímenes autoritarios” y solicitó investigar quién financiaba los pasajes, la estadía y otros gastos de los visitantes. Reyes también pidió la expulsión de quienes, según sostuvo, respaldan a Evo Morales.

El comunicado de Cancillería argentina resaltó que los Estados poseen “facultades soberanas para regular el ingreso, permanencia y salida de personas extranjeras de su territorio”, y confirmó que los mecanismos de asistencia consular permanecen activos.

La delegación llegó al aeropuerto de La Paz, donde agentes de la Dirección de Migraciones les retuvieron los documentos y les impidieron el ingreso al territorio boliviano. Según relataron los propios integrantes en un video grabado en el aeropuerto, las autoridades no ofrecieron explicación alguna y pretendieron trasladarlos a una sala de inadmitidos, lo que los delegados rechazaron. Posteriormente fueron llevados a Santa Cruz de la Sierra, desde donde fueron deportados de regreso a la Argentina.

El diputado nacional Juan Marino, de Unión por la Patria, fue uno de los afectados. Su par del mismo bloque, el diputado Germán Martínez, precisó a través de su cuenta en la red social X que Marino había viajado con una invitación formal de la Asamblea Plurinacional y que ya había completado los trámites migratorios en Santa Cruz antes de ser retenido en La Paz. “Exigimos a las autoridades bolivianas que nuestro compañero pueda realizar las tareas para las que fue invitado”, escribió Martínez, quien además exhortó a las autoridades consulares argentinas a garantizar “su libertad e integridad física”.

El diputado nacional Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, también denunció la situación en sus redes. Señaló que la misión había viajado para constatar denuncias presentadas por organizaciones que participan de las protestas. Del Caño exigió que la delegación pudiera ingresar “de manera inmediata”.

Entre las integrantes retenidas se encontraba Alejandra Barry, legisladora porteña del Frente de Izquierda e hija de desaparecidos durante la última dictadura militar argentina. Barry habló en el video grabado en el aeropuerto paceño: “Nos retuvieron los documentos y por ahora no nos dejan ingresar sin ningún tipo de explicación”, afirmó. La legisladora subrayó que el propósito de la misión era “relevar, poder hacer un informe, poder acercarnos a todas las víctimas y a todos los que están siendo vulnerados sus derechos por ejercer su legítimo derecho de protesta”.

También formaba parte de la delegación Ailen Beraldo, integrante de la comisión directiva del sindicato docente Ademys. En el mismo registro, Beraldo detalló que la misión se enmarcaba en denuncias de torturas a detenidos, persecución de manifestantes y situaciones irregulares en centros de reclusión.

Desde el lado boliviano, legisladores del oficialismo salieron a respaldar la decisión migratoria. La senadora Tomasa Yarhui pidió la expulsión de los activistas argentinos que, a su juicio, no respetan la soberanía del país. Sostuvo que la Cancillería boliviana debe asumir cualquier caso de injerencia extranjera en asuntos internos y que Bolivia debe mantener vínculos con otras naciones “sin permitir intromisiones políticas en los conflictos nacionales”.

El diputado boliviano Alejandro Reyes, del bloque Unidad, fue más lejos en sus declaraciones. Afirmó que la llegada de los delegados argentinos “evidencia una coordinación internacional” para desestabilizar a un gobierno democrático y favorecer el retorno de lo que calificó como regímenes autoritarios. Reyes reclamó la expulsión de quienes, según sostuvo, respaldan al expresidente Evo Morales, y pidió además una investigación sobre el financiamiento de los pasajes, la estadía y otros gastos de la delegación.

Marino confirmó el regreso mediante un tuit publicado desde el vuelo: “Ya estamos en vuelo volviendo a Argentina”, escribió, y anticipó una conferencia de prensa para las 16:30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

La agencia EFE informó que los agentes policiales trasladaron por la fuerza al grupo de argentinos hasta un avión que los llevó a la región oriental de Santa Cruz.

De acuerdo a la información proporcionada por EFE, la crisis en Bolivia dejó al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de acceso oportuno a atención médica debido a bloqueos de carreteras, además de pérdidas económicas estimadas en USD 2.500 millones.

Los bloqueos de carreteras continúan pasando factura al sector exportador privado boliviano. Según datos de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), las pérdidas acumuladas llegaron a 978 millones de dólares hasta el 11 de junio.

El reporte muestra que el impacto económico se agravó durante junio, cuando las pérdidas crecieron un 36% respecto al registro anterior. Sin embargo, más allá de la variación porcentual, el dato que preocupa al sector es que el daño económico está cerca de alcanzar los 1.000 millones de dólares en apenas los primeros meses del año.

El departamento productivo de Santa Cruz, al este del país, concentra la mayor afectación, con pérdidas estimadas en 385,7 millones de dólares, equivalentes a cerca del 40% del total nacional. También se registran perjuicios por encima de los 20 millones de dólares en los departamentos de Oruro, con 89,8 millones de dólares y Cochabamba, con 28,6 millones de dólares.

“Las cifras hablan por sí solas. Los bloqueos están generando pérdidas económicas en todas las ciudades del país, afectando la actividad productiva, el abastecimiento y el empleo”, señaló la Caneb en la publicación en la que detalla los montos perdidos.

La magnitud de las pérdidas muestra una escalada sostenida. A finales de mayo, el mismo sector había reportado daños por alrededor de 718 millones de dólares, por lo que en poco más de dos semanas el perjuicio económico aumentó en aproximadamente 260 millones.

Varios sectores económicos han advertido que los bloqueos afectan de forma directa la logística de transporte, interrumpen la producción y provocan el cumplimiento de contratos internacionales.

El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, explicó a Infobae que las pérdidas totales son incalculables porque hay afectaciones de tres tipos. “La primera, mensurable, destacando el caso de la caída de las ventas externas (…) la segunda afectación tiene que ver con el deterioro de la imagen del país en el exterior, que no tiene precio; y lo tercero son los castigos que deben asumir los agentes económicos por incumplimientos en las entregas, pagos de fletes falsos y sobreestadías, demurrage con las navieras, pérdidas de contratos, clientes y mercados”, señaló.

Este lunes se cumplen 40 días consecutivos de bloqueos de carreteras de sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, entre ellos campesinos del altiplano, obreros sindicalizados y cocaleros del Chapare afines al expresidente Evo Morales (2006-2019).

Las movilizaciones han cortado el tránsito en prácticamente todo el país y han afectado con mayor severidad a La Paz, la sede de Gobierno situada a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, que por el cierre de las vías de acceso padece escasez de alimentos y de combustible, además del encarecimiento de productos básicos.

Si bien el eje central permanece intransitable con 52 piquetes en todo el país este lunes, el número es significativamente menor al de las semanas anteriores cuando los bloqueos superaban los 80 puntos simultáneos. El presidente Paz ha manifestado que esta reducción se debe a procesos de diálogo que no se han hecho públicos, mientras que algunas organizaciones sociales lo atribuyen al cansancio de sus afiliados.

Para Rodríguez, gerente del IBCE, las secuelas de los bloqueos serán de largo plazo y provocarán una contracción de la economía mayor a la que han previsto organizaciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (FMI) que estiman una contracción del 3% para este año. “Habrá que sumar por lo menos dos puntos de caída a raíz de los bloqueos”, estimó.

El Gobierno de Bolivia descartó realizar el pago retroactivo por cinco años de renta para expresidentes a la expresidenta Jeanine Añez (2019-2020). A través de un comunicado público, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas explicó que no existe un respaldo legal para realizar el desembolso.

En la nota, esa cartera explica que el trámite para solicitar el pago vitalicio consiste en presentar una solicitud acompañada de una certificación emitida por el Ministerio de la Presidencia que acredite el periodo de ejercicio de sus funciones.

Añez habría realizado solicitudes de certificación durante la gestión del expresidente Luis Arce (2020-2025), sin lograr obtenerlas y, por lo tanto, no pudo presentar la solicitud del pago.

Recién el 12 de diciembre de 2026, cuando el presidente Rodrigo Paz llevaba un mes en funciones, lo hizo cumpliendo con los requisitos establecidos por ley. En ese sentido, el Gobierno emitió una resolución ministerial mediante la cual se autorizó el pago de la renta vitalicia.

Posteriormente, el 6 de enero, la expresidenta solicitó desembolsos retroactivos. “Corresponde aclarar que el Ministerio de Economía no puede autorizar pagos retroactivos que no estén expresamente respaldados por la normativa vigente”, señala la nota en la que remarca que la Ley 376, que regula el beneficio, no contempla pagos por periodos anteriores a su reconocimiento.

“Este Gobierno reconoció y autorizó el beneficio que no fue otorgado durante la anterior administración, pero no existe respaldo legal para efectuar pagos por periodos que no fueron reconocidos ni habilitados conforme a ley”, señala el comunicado.

En respuesta, la expresidenta manifestó que no está pidiendo un privilegio sino el cumplimiento de un derecho que le fue negado. “¿Debe una persona perder años de un derecho que le corresponde porque el Estado le impidió ejercerlo? Yo sostengo que no”, escribió en su cuenta de X en referencia a la imposibilidad de obtener antes los requisitos para el pago.

“No pido privilegios. Pido que se respete la ley y que se reconozcan plenamente los derechos que me corresponden como expresidenta constitucional de Bolivia”, escribió.

Añez asumió la presidencia de Bolivia tras la renuncia del expresidente Evo Morales (2006-2019) durante los convulsos días de noviembre de 2019. Morales, que intentaba asumir ilegalmente un cuarto mandato, huyó del país en medio de protestas sociales que exigían su renuncia y lo acusaban de haber cometido fraude electoral.

Con su dimisión cayeron también quienes lo seguían en la línea de sucesión constitucional: el vicepresidente, la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados.

Añez, que hasta entonces había sido una senadora de bajo perfil por el departamento amazónico, ocupaba la segunda vicepresidencia de la Cámara de Senadores. El 12 de noviembre, en una sesión sin quórum y cuestionada por el incumplimiento del reglamento interno, asumió la presidencia del Senado primero y la del Estado después.

Su mandato transitorio, que debía durar tres meses y solo convocar a elecciones, duró casi un año, debido a que la elección sufrió postergaciones por la pandemia de Covid-19.

Cuando el Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales retornó al poder con la candidatura de su sucesor, el expresidente Luis Arce, se abrieron múltiples procesos judiciales contra Añez por la forma en la que asumió el Gobierno y por denuncias de corrupción. La exmandataria estuvo encarcelada cuatro años y recuperó su libertad en noviembre de 2025, cuando la Justicia resolvió anular una sentencia de diez años en su contra.

La incertidumbre sobre la continuidad de los bloqueos se mantiene en Bolivia cuando la medida de presión cumple 40 días. Aunque el presidente Rodrigo Paz manifestó el sábado que “por medio del diálogo, los puntos de bloqueo desaparecen” y se registran menos piquetes que en semanas anteriores, el eje central del país continúa intransitable.

La Administradora Boliviana de Carreteras registra este lunes 52 barricadas en carreteras de cinco de los nueve departamentos, una cantidad significativamente menor que en semanas anteriores, cuando el promedio diario superaba las 80.

Las movilizaciones fueron convocadas por diversos sectores sociales —entre ellos la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari, la Central Obrera Boliviana (COB) y los cocaleros de la región del Chapare—, quienes exigen la renuncia del presidente Paz, a quien acusan de traición por gobernar en contra de sus intereses e incumplir promesas de campaña.

La disminución de los piquetes coincide con la flexibilización de la demanda de los sectores movilizados, que la semana pasada pidieron al Gobierno que definiera una agenda de trabajo para negociar sobre esa base.

“Las organizaciones sociales sentimos ese debilitamiento y cansancio, puede que haya un dirigente que diga: ‘vamos al diálogo’”, afirmó el dirigente campesino David Mamani en entrevista con el medio digital Urgente.Bo. Sin embargo, el condicionó el acercamiento con el Gobierno a una agenda de trabajo “para no cometer más errores de carácter institucional, jurídico y político”.

En ese contexto, la COB había previsto realizar un encuentro nacional este sábado para definir la continuidad de las protestas, pero la cita se reprogramó para el domingo y luego se suspendió sin fecha. Según medios locales, los sindicatos obreros regionales de cinco departamentos han pedido levantar la medida de presión y abrir un espacio de diálogo con el Gobierno.

Al entrar a la Federación de Trabajadores Mineros de La Paz, donde se iba a llevar a cabo el encuentro, algunos dirigentes fueron agredidos físicamente por un grupo de personas que les lanzaron tomates en rechazo a los efectos que los bloqueos tienen en la sede de Gobierno donde hay escasez de alimentos y de combustible, además de encarecimiento de los precios e interrupciones en el servicio de transporte público.

“El cerco ha terminado ahogando a mucha gente, incluso a la gente que ellos decían defender o proteger, desde el punto de vista de los bloqueos”, explicó a Infobae la politóloga Ana Lucía Velasco desde La Paz. “Ha surgido la idea de que somos los rehenes del país, que no merecemos el trato que recibimos, tanto del gobierno como de los manifestantes”, agregó.

En medio de los conflictos, hay un creciente pedido entre algunos sectores para intervenir los bloqueos mediante un estado de excepción y recuperar la normalidad. El Gobierno, a pesar de que se ha munido del marco legal con una ley que regula la medida, ha optado por pedir reiteradamente diálogo a los sectores cuyas demandas consideran “legítimas”.

“Agradezco a todos los sectores que están poniendo a Bolivia primero. Sigamos construyendo acuerdos para recuperar la normalidad, consolidar un nuevo orden que proteja el empleo y devuelva tranquilidad a las familias bolivianas”, escribió el presidente Paz en su cuenta X al informar sobre la disminución de los piquetes.

Aunque comienzan a surgir señales de una posible desmovilización en las carreteras en el corto plazo, el Gobierno aún enfrenta un obstáculo clave. Los cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) determinaron continuar y “fortalecer” los bloqueos en los caminos y señalaron que se organizarán para resistir a lo que consideran que es la estrategia del Gobierno: el cansancio.

Un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Chile permanecerá en territorio boliviano hasta el 24 de junio para sustentar operaciones de transporte de alimentos y medicamentos hacia las ciudades andinas bloqueadas por las protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Lo confirmó este domingo el viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, tras la llegada de la aeronave a El Alto, ciudad vecina de La Paz, procedente de Santa Cruz, donde aterrizó el sábado con 6,1 toneladas de alimentos no perecederos.

“Es un avión Hércules que, además de traer alimentos, está poniéndose al servicio de la población boliviana para los puentes aéreos. Durante once días vamos a estar usando este avión gracias al Gobierno chileno”, declaró Troche al canal estatal Bolivia TV. Según el funcionario, los vuelos se realizarán principalmente entre Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Sucre, aunque la aeronave podrá operar donde las necesidades lo requieran.

Se trata del segundo envío humanitario de Chile en menos de un mes. El primero llegó a fines de mayo con 480 cajas de alimentos —kits suficientes para alimentar a cuatro personas durante cuatro días— transportadas también en un Hércules de la Fuerza Aérea chilena. La nueva misión, además de su carga, pone a disposición del Estado boliviano la capacidad logística de la aeronave durante casi dos semanas, un giro cualitativamente distinto al primer operativo.

La crisis boliviana, desatada a mediados de mayo, acumula ya 39 días de bloqueos que afectan seis de los nueve departamentos del país, con especial impacto en las zonas andina y central. Según la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), hay 92 puntos de corte activos, concentrados principalmente en Cochabamba, La Paz, Oruro y Potosí. Los cierres viales interrumpen las rutas internacionales hacia Perú y Chile e impiden el abastecimiento regular de alimentos, combustible y medicamentos en La Paz y El Alto.

El saldo humano del conflicto alcanza al menos 16 muertos, de los cuales 13 fallecieron por falta de acceso oportuno a atención médica. Entre las víctimas figura una mujer de 24 años con cáncer que murió en Oruro cuando los bloqueos impidieron su traslado a La Paz para recibir tratamiento de radioterapia, y un niño de 12 años que no llegó a tiempo al hospital durante una emergencia. Las pérdidas económicas se estiman en 2.500 millones de dólares, según datos gubernamentales y proyecciones del sector privado.

Las movilizaciones son impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Campesinos del Altiplano de La Paz Tupac Katari y sectores afines al ex presidente Evo Morales (2006-2019). La COB exige un incremento salarial del 20% y se opone al cierre de empresas estatales deficitarias, mientras la demanda política central —compartida por todos los sectores movilizados— es la renuncia inmediata de Paz. Todos los intentos de mediación de la Iglesia Católica, el Parlamento y la Defensoría del Pueblo fracasaron ante la intransigencia de los huelguistas.

El despliegue chileno adquiere relieve adicional por el contexto diplomático entre ambos países. Bolivia y Chile no tienen relaciones a nivel de embajadores desde 1962 —con un breve paréntesis entre 1975 y 1978— a causa de la centenaria reclamación marítima boliviana, herida histórica abierta desde la Guerra del Pacífico (1879-1884), cuando Bolivia perdió su salida al mar. Sin embargo, desde que José Antonio Kast asumió la presidencia chilena en marzo y Rodrigo Paz llegó al poder en noviembre de 2025, ambos gobiernos abrieron el proceso de normalización más avanzado en décadas. En abril, sus cancilleres se reunieron en Santa Cruz y firmaron un Acuerdo de Servicios Aéreos.

Paz asistió a la investidura de Kast en Santiago y ha expresado en reiteradas ocasiones su voluntad de avanzar en una agenda comercial común con Chile, sin renunciar a la aspiración marítima histórica de su país. La solidaridad de Santiago en medio de la peor crisis del gobierno de Paz refuerza ese vínculo en construcción, aunque la supervivencia del mandatario en el cargo sigue siendo la pregunta que ningún puente aéreo puede despejar.

Bolivia transita una vez más al borde del abismo. Desde hace más de un mes, el país está inmerso en una espiral de conflictos sociales con sectores que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a quien acusan de incumplir promesas de campaña y de gobernar en desmedro de sus intereses.

Varias organizaciones —entre ellas de campesinos, obreros sindicalizados y cocaleros— han instalado bloqueos en las principales carreteras del país, una práctica habitual de presión social en Bolivia, pero que pocas veces es tan prolongada y masiva como ahora. Al cierre de esta nota se registran al menos 80 piquetes en seis de los nueve departamentos del país.

La situación amenaza con profundizar la crisis económica. Las últimas estimaciones de la Cámara Nacional de Industria señalan una pérdida económica de al menos 2.000 millones de dólares y la caída de las exportaciones se calcula en 500 millones de dólares.

El corte de carreteras también ha comprometido el abastecimiento de alimentos y de combustible en la sede de Gobierno, cuyas vías de acceso están cerradas, y ha provocado el encarecimiento de los precios de productos básicos, interrupciones en el servicio de transporte público y ha forzado a las instituciones a dictar medidas para sobrellevar la crisis, como la implementación de clases escolares virtuales.

En las más de cinco semanas de bloqueos, el presidente se ha munido del marco legal que le permita ordenar a las Fuerzas Armadas intervenir para despejar los caminos y restablecer el orden. Pero a pesar de sus advertencias, aún no lo ha hecho. Su estrategia ha sido pedir diálogo con quienes considera que tienen demandas “legítimas” pero sin llegar a concretarlo. Los demás, según él y sus voceros, responden a “intereses narcoterristas”.

Aunque en los últimos días se han avizorado negociaciones que pueden poner fin al conflicto, las secuelas de los bloqueos serán de largo plazo. Analistas advierten que cuando la conflictividad disminuya y las carreteras vuelvan a abrirse, Bolivia enfrentará una pregunta fundamental: cómo reconstruir un país que ha quedado más empobrecido y dividido que antes.

La región más afectada ha sido La Paz, capital administrativa del país, que fue el epicentro de las protestas sociales y donde la vida entró en un paréntesis parecido al de la pandemia: calles vacías, negocios a media fuerza, poco transporte público y una desesperación permanente por no encontrar comida o encontrarla a precios desorbitantes.

“En La Paz ha surgido la idea de que somos los rehénes del país, que no merecemos el trato que recibimos, tanto del gobierno como de los manifestantes”, explica desde esa ciudad del altiplano la politóloga Ana Lucía Velasco, que afirma que muchos negocios han cerrado temporalmente por falta de insumos y clientes.

El daño económico para los emprendedores y el sector informal —que en Bolivia supera el 80%— es difícil de calcular. “Es un impacto enorme y nos apena mucho porque este trabajo que venimos haciendo en los últimos seis meses está siendo golpeado”, manifestó hace algunas semanas el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.

Bolivia atraviesa en los últimos años una crisis económica a raíz del desplome de la renta del gas que en poco más de una década pasó de 5.489 millones de dólares anuales a menos de 1.700 millones. Aunque persisten problemas como la escasez de divisas, la inflación y el déficit fiscal, desde la llegada de Paz al poder, en noviembre pasado, se registraron algunas señales de mejora en los mercados financieros, reflejadas en ciertos indicadores como la reducción del riesgo país.

El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, lamenta que “cuando el país se mostraba bastante atractivo para la inversión nacional y extranjera (…) estos desmanes están consiguiendo que nuevamente el riesgo país vaya en aumento”. Según Rodríguez, los acontecimientos actuales provocarán una contracción de la economía mayor a la que han previsto organizaciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (FMI) que estiman una contracción del 3% para este año. “Habrá que sumar por lo menos dos puntos de caída a raíz de los bloqueos”, estimó.

Si las pérdidas económicas son cuantificables, las secuelas políticas son más difíciles de medir. Lo que sí parece claro es que este conflicto está reconfigurando el equilibrio de poder y ni el Gobierno, ni la oposición ni los movimientos sociales saldrán de este episodio en la misma posición que tenían antes.

Para Susana Bejarano, politóloga y ex candidata a senadora de La Paz por Alianza Popular, el gobierno saldrá “tremendamente golpeado” porque las protestas marcaron un quiebre definitivo con las organizaciones campesinas, indígenas y sindicales que componen los sectores populares, muchos de los cuales habían votado por Paz; pero también con la población conservadora y las clases medias que le exigen mano dura frente a las protestas.

“El presidente queda muy debilitado, ha roto su relación de forma terminal con el bloque popular y no logra representar a la derecha y ultraderecha, donde el líder sigue siendo el excandidato Jorge Quiroga”, apunta y destaca que la oposición se ha fortalecido en su nicho bajo una lógica de polarización con la que se ha posicionado en este conflicto.

Bejarano observa una rearticulación de las organizaciones sociales que habían estado divididas durante el último ciclo de gobierno del Movimiento Al Socialismo (2006-2025) a raíz de la disputa interna del partido con el que cogobernaron las últimas dos décadas. “El movimiento popular viene de un momento de mucho desprestigio y absoluta desarticulación”, señala, pero advierte que el conflicto actual y la falta de diálogo oportuno llevaron a estas organizaciones a sentarse en la misma mesa en torno a una agenda común.

En ese escenario, la gobernabilidad de los próximos años se torna compleja pero no imposible. Según las analistas, el desafío es generar una dinámica de gestión pública incluyente en la que se profundice la participación política y se canalicen los intereses de todos los sectores.

Una frase de Mario Argollo, principal dirigente de los obreros sindicalizados, ilustra esa pulsión: “el gobierno tiene que gobernar para los ricos y para los pobres”, manifestó en una entrevista reciente en el canal RTP. Como respuesta al reclamo de mayor inclusión, la administración de Paz anunció la creación de un Consejo Económico y Social que tendrá carácter consultivo y que servirá como espacio de socialización de las múltiples reformas que pretende encarar para levantar al país del quiebre económico en el que se encuentra.

Aunque hay aspiraciones hacia una transformación radical del modelo anterior, varios analistas coinciden en que Bolivia atraviesa un momento de transición entre el ciclo de 20 años de gobiernos de izquierda que ya terminó y uno que todavía está por nacer, y que no necesariamente implica una ruptura abrupta, en términos políticos y de modelo económico, con todo lo anterior.

El riesgo que observan es que esta etapa de tránsito se prolongue indefinidamente. “Te puedes quedar años en esta situación donde no pasa nada, se puede estar décadas. Hay países que se han quedado suspendidos en el tiempo porque no han podido desempatar nunca y la gente se acostumbra a vivir así”, señala Ana Lucía Velasco, quien teme que Bolivia quede atascada por muchos años en estos “puntos suspensivos”.

El presidente Rodrigo Paz afirmó que el diálogo llevó al levantamiento de bloqueos en algunas zonas de Bolivia, aunque en otras las protestas se intensificaron. Durante la jornada, el mandatario remarcó: “Por medio del diálogo, los puntos de bloqueo desaparecen. Quiero agradecer especialmente, el día de hoy, a Chuquisaca y Potosí por su disposición a cambiar la forma en que Bolivia hace las cosas”.

Paz agradeció además a los sindicatos de fabriles con los que suscribió acuerdos el viernes y a los sectores productivos por avanzar en el objetivo de “recuperar la normalidad” y devolver “la tranquilidad a las familias”.

También instó a “dejar atrás el viejo orden de la confrontación y la conspiración” para avanzar hacia “un nuevo orden basado en la reconciliación y la construcción de la patria”. En ese marco, organizaciones fabriles y sectores productivos respaldaron la prioridad de soluciones, abastecimiento y estabilidad, y aseguraron que “Bolivia apuesta por soluciones, abastecimiento, estabilidad y trabajo”.

Aunque las negociaciones revirtieron los bloqueos en Chuquisaca y Potosí, el conflicto persistió en otros departamentos. Las centrales obreras departamentales de Cochabamba y Chuquisaca solicitaron al líder de la COB, Mario Argollo, que acepte negociar con Paz sobre las demandas económicas del sector.

La COB convocó a una asamblea en La Paz, donde se reunirán los dirigentes de todas las centrales departamentales para evaluar el desarrollo del conflicto y definir los siguientes pasos.

En contraste con los acuerdos parciales, productores de hojas de coca de Cochabamba, afines al expresidente Evo Morales, reforzaron las medidas de presión y mantuvieron bloqueos que interrumpieron el tránsito entre el este y el oeste del país.

Según el reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), se contabilizaron 77 cortes de ruta, con 30 en Cochabamba y 21 en La Paz, entre las cifras más altas del día.

El viernes, un multitudinario mitin de campesinos aimaras resolvió aumentar los bloqueos en la ruta hacia Perú y amenazó con cortes de energía y agua en El Alto y La Paz para exigir la renuncia del presidente. La crisis alcanzó un punto crítico por la escasez de alimentos, combustibles y medicinas en las principales ciudades.

El saldo del conflicto incluyó al menos 16 fallecidos, de los cuales 13 murieron por no recibir atención médica debido a los bloqueos de carreteras. Además, las pérdidas económicas ya se estimaron en 2.500 millones de dólares.

Paz reiteró su agradecimiento a quienes se sumaron a la apertura de rutas y al abastecimiento solidario de las ciudades. “Convirtamos a Bolivia en una nueva cultura de diálogo, donde la palabra y el entendimiento sean las herramientas más poderosas para construir un país que funcione para todos”, expresó en su mensaje en redes sociales. Desde el Ejecutivo se llamó a sostener acuerdos que permitan recuperar la normalidad, proteger el empleo y devolver la tranquilidad a las familias bolivianas.

(Con información de EFE)

Chile envió este sábado seis toneladas de ayuda humanitaria a Bolivia para enfrentar el desabastecimiento de productos esenciales producido por las protestas y los bloqueos de carreteras.

“Chile siempre apoyará a los países vecinos y amigos que requieran de nuestra cooperación. Por eso, seguimos ayudando al pueblo boliviano ante la situación que atraviesa”, señaló en un comunicado el ministro chileno de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

El primer paquete con ayuda humanitaria partió el 21 de mayo en un avión de la Fuerza Aérea de Chile, que también aterrizó en La Paz.

Las protestas y bloqueos contra el Gobierno de Rodrigo Paz ya completan 38 días y son promovidos por sindicatos campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019).

La crisis ha dejado al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de acceso oportuno a atención médica, además de pérdidas económicas estimadas en 2.500 millones de dólares.

“Reiteramos nuestro respaldo al Gobierno de Bolivia, hacemos un llamado al diálogo y a una solución pacífica, y reafirmamos el respeto irrestricto de las instituciones democráticas”, añadió el canciller.

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, con excepción del periodo comprendido entre 1975 y 1978, por la falta de solución a la centenaria reclamación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.

Paz, que asistió a la investidura del mandatario chileno, el ultraderechista José Antonio Kast, en marzo pasado, ha manifestado reiteradas veces su intención de avanzar en una nueva agenda comercial con Chile, sin dejar de lado la aspiración marítima que su país arrastra hace décadas.

En noviembre del año pasado, el ex presidente progresista Gabriel Boric (2022-2026) asistió a la investidura de Paz, con quien se reunió en un histórico primer encuentro entre mandatarios de ambos países en 19 años.

Los bloqueos de carreteras que exigen la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, continúan este viernes en seis de las nueve regiones del país, mientras el Gobierno intenta aliviar la escasez en La Paz con el ingreso de combustible por rutas alternas y el traslado aéreo de oxígeno medicinal.

Las protestas y bloqueos, que ya completan 38 días y son promovidos por sindicatos campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), han dejado al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de acceso oportuno a atención médica, además de pérdidas económicas estimadas en 2.500 millones de dólares.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este viernes que se registran 92 puntos de bloqueos, concentrados sobre todo en el departamento central de Cochabamba (30) y las regiones andinas de La Paz (22), Oruro (16) y Potosí (14).

Los bloqueos en la zona oeste del país afectan las carreteras que conectan con las fronteras de Chile y Perú, mientras hay una menor incidencia en las regiones de Santa Cruz, en el este, y Chuquisaca, en el sur.

Por otro lado, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos informó que en los últimos dos días camiones cisternas han logrado llegar a las ciudades de El Alto y La Paz para aprovisionar en algo con gasolina y diésel.

En el centro de La Paz, este viernes hay algo más de transporte público que en los días pasados, aunque no han desaparecido las kilométricas filas formadas en las estaciones de combustibles, según constató EFE.

A su vez, el Ministerio de Salud informó que se logró llevar a La Paz seis toneladas de oxígeno medicinal mediante un puente aéreo, para abastecer a los hospitales de esa ciudad y de El Alto, que han estado en emergencia porque la provisión del insumo no es constante por los bloqueos.

El gobernador del departamento de La Paz, Luis Revilla, informó que campesinos de 12 de las 20 provincias andinas habían suspendido las protestas porque su economía ha sido afectada, y expresó su confianza en que las protestas remitirán, aunque no haya diálogo entre los manifestantes y el Gobierno.

(Con información de EFE)

El 2 de junio de 2026, el Ministro de Defensa de Bolivia, Marcelo Salinas, renunció tras más de un mes de protestas y bloqueos que dejaron a la capital sin alimentos, combustible ni suministros médicos, y perturbaron la vida económica y política en todo el país, amenazando con derrocar al gobierno de Rodrigo Paz. Las protestas abordaron diversas cuestiones, como la escasez de dólares y otros bienes, la mala calidad de la gasolina adquirida mediante un contrato estatal, que dañó numerosos vehículos, las demandas de aumentos salariales y la derogación de la nueva ley de propiedad, la Ley 147. Sin embargo, un aspecto singular de la situación boliviana fue que, en el centro de la financiación, la movilización y la duración de las protestas, se encontraban las acciones del expresidente Evo Morales y los productores de coca de la región del Chapare. Esta región y sus productores de coca constituyen, sin duda, el núcleo de la producción de cocaína en el país, que se exporta a Europa, Oceanía y otros mercados internacionales a través de una red de narcotraficantes, algunos de los cuales utilizan Bolivia como base de operaciones o refugio. Más allá del narcotráfico y otras actividades ilícitas, las protestas en Bolivia han alcanzado un nivel de insurgencia, aunque no se las reconozca comúnmente como tales, en la zona gris. Los actores involucrados cuentan con un buen financiamiento y coordinación, y se dedican a tomar o bloquear objetivos de relevancia militar, como tramos clave de carreteras, con el objetivo de aislar la capital y paralizar la economía. Utilizan armamento altamente letal, como dinamita y, en ocasiones, armas de fuego, llegando incluso a emboscar a la policía y otras fuerzas gubernamentales. Mientras tanto, el gobierno y las fuerzas de seguridad bolivianas tratan a estos actores como civiles, no como combatientes, temiendo una escalada del conflicto o ser encarcelados, como ya ha ocurrido, si sus líderes políticos, militares o policiales actúan con excesiva agresividad.

Bolivia, estratégicamente ubicada en el centro de Sudamérica, enfrenta una serie de desafíos de seguridad que se refuerzan mutuamente, centrados en la producción de cocaína y el narcotráfico, la minería ilegal y la inestabilidad interna provocada por grupos radicalizados. El gobierno de Rodrigo Paz, recientemente inaugurado, trabaja para abordar estos desafíos, en parte mediante una reorientación fundamental de su política exterior para reconstruir la cooperación con Estados Unidos. Sin embargo, también ha constatado que esta reorientación está acelerando la movilización de quienes buscan derrocar a su gobierno.

Del 21 al 31 de mayo de 2026, el autor visitó Bolivia durante la crisis política y de seguridad que atravesaba el país, entrevistando a más de 40 expertos bolivianos sobre los desafíos y la situación que se desarrollaba en el país. Este trabajo, uno de los tres derivados de esas interacciones y la investigación complementaria, analiza los desafíos de seguridad de la nación y la labor del gobierno de Paz para abordarlos.

Desafíos de seguridad en Bolivia

Narcotráfico. Bolivia es actualmente una zona de origen de la coca, productora de cocaína y país de tránsito de drogas, además de ser un centro de lavado de dinero y refugio para delincuentes internacionales vinculados al narcotráfico. El papel del país en el narcotráfico internacional se expandió significativamente bajo los gobiernos populistas de izquierda del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales y su sucesor y posterior oponente, Luis Arce. Este papel se amplió con la expulsión de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) por parte del gobierno de Morales en 2008, a raíz de las acusaciones de Morales de que la DEA había espiado a sus parejas sentimentales y tomado otras medidas para perjudicar a su gobierno. Según los consultados para este informe, la ausencia de la DEA y la eliminación de los programas estadounidenses asociados para combatir la corrupción dentro de la policía boliviana, incluyendo su fuerza antinarcóticos FELCN, provocaron un aumento de la corrupción y una disminución de la eficacia de dichos organismos. En Bolivia, el cultivo y uso de hojas de coca en cantidades limitadas para fines tradicionales es legal, y la superficie permitida para dicho cultivo fue ampliada por Evo Morales mediante la Ley 906 en marzo de 2017. No obstante, la superficie cultivada en Bolivia por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 34.000 hectáreas, supera significativamente las 24.000 hectáreas permitidas por dicha ley. La superficie cultivada en 2024 representó una expansión del 10% en tan solo un año con respecto a 2023. La producción de coca en Bolivia se concentra principalmente en dos regiones: Yungas y Chapare, dentro del departamento de Cochabamba. Según los expertos consultados para este estudio, la coca de los Yungas posee características más adecuadas para masticar y otros usos humanos, mientras que el contenido de alcaloides y otras cualidades de la coca del Chapare están más optimizadas para la producción de cocaína. En consecuencia, el Chapare se ha convertido en el epicentro de la producción de cocaína, así como de su transformación en cocaína en laboratorios clandestinos. Las seis federaciones de cultivadores de coca del Trópico de Chapare, presididas por Evo Morales, se han convertido, sin duda, en el centro neurálgico de la producción de cocaína en Bolivia y sus vínculos con redes criminales transnacionales.

La cocaína y los productos intermedios producidos en el Chapare se distribuyen a mercados principalmente en Europa y Oceanía a través de múltiples rutas, con la ayuda de importantes grupos del crimen organizado transnacional. Entre ellos se encuentran el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). Los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), el grupo paraguayo Insfrán, la mafia serbia y diversos grupos colombianos, entre otros, tienen presencia en Bolivia y participan en este narcotráfico.

Históricamente, las hojas de coca bolivianas se transformaban en base de coca, un producto intermedio, que luego se transportaba por vía aérea al norte de Argentina para su procesamiento final. Hoy en día, Bolivia produce cocaína mucho más refinada, que se exporta a través de múltiples rutas. Estas incluyen el transporte desde el Chapare hacia el este, a Brasil, o hacia el sureste, a Paraguay, o directamente a Argentina. Si bien parte de esta coca, en particular el “paco” de baja calidad, se consume en la región, la mayor parte se carga en buques mercantes transatlánticos en puertos importantes como Rosario o Buenos Aires, Argentina, o Montevideo, Uruguay. Parte de la cocaína proveniente de Perú también transita por Bolivia siguiendo estas rutas. Además, una porción de la cocaína que sale del Chapare se envía hacia el oeste, al norte de Chile o Perú, con destino final a los mercados de Oceanía o Europa a través de puertos como Iquique o Arica, Chile.

De los dos principales grupos del crimen organizado transnacional brasileño que operan en Bolivia, el PCC se concentra en el contrabando de cocaína en dirección sureste, mientras que la CV tiende a concentrarse en el norte, incluyendo el departamento de La Paz y Pando hacia Brasil.

En los últimos meses, se ha descubierto a importantes figuras del crimen organizado transnacional operando desde Bolivia. Entre ellas destacan Sebastián Marsett, jefe del Primer Comando de Uruguay (PCU), filial del PCC, y Gerson Palmero, del Primer Comando de la Capital. Ambos fueron detenidos en Santa Cruz. Marsett vivía cómodamente en el exclusivo barrio de Las Palmas, junto a la élite empresarial y política boliviana, y era propietario de un importante equipo de fútbol del departamento.

Minería ilegal. Más allá de la cocaína, Bolivia cuenta con una importante industria minera ilegal, un subsector del sector minero informal, mal regulado pero muy extendido en el país, que representa más del 80% de la economía boliviana. La importancia económica relativa de esta minería ha aumentado con el precio del oro, que ronda los 4.500 dólares la onza al momento de redactar este informe, lo que hace que la minería ilegal en Bolivia sea más lucrativa que el narcotráfico en muchos casos.

Como reflejo de la magnitud del sector minero informal, Bolivia es actualmente el mayor importador y exportador de mercurio del mundo. El uso de mercurio en la minería informal tiene consecuencias devastadoras para el medio ambiente, incluyendo la contaminación letal del agua, la vegetación y la fauna.

La minería ilegal también se ha utilizado para blanquear dinero procedente del narcotráfico y otras actividades ilícitas, especialmente porque el oro extraído informalmente se suele comprar en efectivo.

Al igual que con la cocaína, existe una sinergia entre la minería ilegal y Bolivia y Perú. Cuando Perú ha intensificado la represión contra la minería ilegal o ha aumentado los controles sobre el origen de su oro, parte de este oro se introduce de contrabando en Bolivia, donde se considera más fácil obtener documentos falsificados que demuestren que el oro proviene de minas bolivianas. Por el contrario, cuando el banco central boliviano ha comprado oro del sector informal para incrementar sus reservas a precios de mercado, los bolivianos lo han introducido de contrabando en Perú para venderlo a precios más altos en la economía ilícita.

Al igual que en Perú, elementos del crimen organizado chino también tienen presencia en el sector aurífero informal e ilegal de Bolivia como compradores del producto, así como proveedores de equipos de dragado y materiales como el mercurio, entre otras funciones.

Insurgencia disfrazada de protesta. Más allá del crimen organizado, Bolivia ejemplifica la difuminación extrema de los límites entre la protesta política y social legítima y la insurgencia. Las seis federaciones de cocaleros del Trópico de Chapare, mencionadas anteriormente, han desempeñado un papel fundamental, junto con el Comité de Trabajadores Bolivianos (COB) y la federación de trabajadores Tupak Katari, en las protestas contra los gobiernos bolivianos de derecha, en defensa de gobiernos o políticas que afecten su producción de coca y su transformación de facto en cocaína. El papel de los cocaleros en las protestas bolivianas de mayo de 2026 se basa, en parte, en la orden de arresto emitida por el gobierno contra Evo Morales por no presentarse ante el tribunal para enfrentar cargos de trata sexual de menores, relacionados en parte con la hija que tuvo fuera del matrimonio con Gabriela Zapata, quien entonces tenía 14 años. Los enormes ingresos generados por la producción de cocaína en el Chapare proporcionan, sin duda, los recursos utilizados para transportar a los manifestantes a lugares específicos, pagar su comida, estipendios en efectivo y otros beneficios. Cabe destacar que el uso de dinamita en la economía minera ha hecho que los explosivos sean omnipresentes en las protestas en Bolivia, incluso a un nivel que representa un peligro cuando se lanzan contra vehículos blindados de la policía y el ejército.

Según las fuentes consultadas para este trabajo, a lo largo de los años, los aliados ideológicos de los gobiernos populistas de izquierda de Evo Morales han facilitado el reclutamiento de miembros de grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y, según informes, también el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), Sendero Luminoso de Perú y grupos cubanos, entre otros, para brindarles entrenamiento militar y de otro tipo.

En las recientes protestas de mayo de 2026, al igual que en ocasiones anteriores, la combinación de recursos, capacidad letal y entrenamiento militar a disposición de los cocaleros y otros manifestantes ha llevado a que sus acciones se asemejen a una insurgencia de baja intensidad. Durante los esfuerzos de mayo de 2026 para desestabilizar al gobierno de Rodrigo Paz, por ejemplo, los manifestantes bloquearon deliberadamente rutas estratégicas que controlaban el acceso de alimentos, gasolina, suministros médicos y otros materiales necesarios hacia y desde la capital, La Paz. Incluso bloquearon las escasas carreteras que conectan la ciudad con el Aeropuerto Internacional y otras zonas de El Alto, la ciudad ubicada en la cima de la meseta conectada a La Paz, e intentaron paralizar los teleféricos que sorteaban los bloqueos viales que conectaban ambas ciudades. Cuando las fuerzas gubernamentales intentaron avanzar en un convoy blindado para desbloquear una de las rutas y crear un corredor humanitario, manifestantes armados con dinamita y armas emboscaron el convoy, obligándolo a retroceder. En el proceso, el Ministro de Obras Públicas, Mauricio Zambrano, se separó del convoy y, según los informes, su vida corrió peligro mientras era perseguido por los manifestantes que buscaban asesinarlo, tal como años antes habían emboscar un convoy y asesinado a un ministro del gobierno en la misma zona.

En otra parte del país, cuando la policía boliviana intentó bloquear con discos una carretera crucial que conecta Santa Cruz con Cochabamba, fue emboscada por manifestantes que lanzaron dinamita desde posiciones elevadas estratégicamente ubicadas.

En el departamento de Santa Cruz, los manifestantes bloquearon una carretera estratégica en San Julián y movilizaron a miles de refuerzos al enterarse de que miembros de la Liga Juvenil de Santa Cruz planeaban marchar hacia el lugar para levantar los bloqueos. Según los informes, los manifestantes de San Julián habían apostado francotiradores en la carretera anticipándose a la llegada de la UJC, una situación que habría desembocado en una masacre si el comité cívico de Santa Cruz no hubiera cancelado la marcha prevista.

En el análisis tradicional de contrainsurgencia, el intento de un grupo organizado y bien armado de desplegarse militarmente con el objetivo de aislar la capital y derrocar al gobierno se consideraría una insurrección, sujeta a una respuesta armada, aunque proporcional, por parte del gobierno, conforme a las leyes de la guerra en Bolivia. Sin embargo, la tradición de este tipo de protestas, incluyendo el uso de dinamita y algunas armas, sumada a la debilidad y, en ocasiones, la falta de fiabilidad de las fuerzas de seguridad, ha llevado al gobierno a tratar repetidamente estas actividades como delictivas, no como un combate.

Respuesta del Gobierno de Bolivia

Dentro del gobierno boliviano, sus fuerzas armadas y policía, existen muchos profesionales competentes que buscan actuar con honor para cumplir con sus deberes, proteger la seguridad del país y combatir a las organizaciones criminales y otras amenazas. Sin embargo, gravemente perjudicado por dos décadas de gobierno del MAS, estrechamente vinculado a los productores de cocaína del Chapare y a intereses criminales en el sector minero informal, y con una financiación insuficiente persistente, el gobierno boliviano y sus fuerzas de seguridad se ven gravemente afectados por la corrupción y la degradación de sus capacidades.

La Policía y la FELCN. Dentro de la policía nacional boliviana, especialmente tras la expulsión de la DEA y la finalización de los programas estadounidenses de capacitación, transparencia y fortalecimiento institucional, los controles contra la corrupción han sido prácticamente inexistentes en un país inundado de actividad y dinero ilícitos. Según los encuestados para este trabajo, la corrupción dentro de la policía boliviana es generalizada. De hecho, a modo de ejemplo, en 2024, Maximiliano Dávila, el zar antidrogas de la era de Evo Morales en Bolivia, fue acusado en Estados Unidos por narcotráfico, al igual que la anterior directora de la FELCN, Renée Sanabria, en 2011.

Como primer paso para afrontar la situación, el gobierno de Paz reintrodujo a la DEA en el país en 2026, aunque con un número limitado de miembros, operando como representante en una oficina en La Paz.

En la policía en general, además de la corrupción, existe una importante falta de equipamiento necesario tanto para combatir el crimen como para hacer frente a las protestas. Esto incluye una grave escasez de material básico para el control de multitudes, como el gas lacrimógeno, que en respuestas gubernamentales anteriores, el gobierno incluso ha importado de Argentina. La policía boliviana se ha visto obligada durante mucho tiempo a comprar sus propios uniformes y gran parte de su equipamiento. En medio de una grave crisis fiscal, aumentar los recursos policiales aún no ha sido una opción para el gobierno de Paz.

El Ejército boliviano. Las capacidades del ejército boliviano, al igual que las de la policía, se han visto mermadas por la corrupción y el abandono. Durante la era de Evo Morales, el gobierno buscó reestructurar fundamentalmente las fuerzas armadas y transformar su orientación. Entre sus esfuerzos se incluyó la incorporación de cubanos, principalmente al servicio de inteligencia militar boliviano G2, que no solo apoya al ejército, sino que, ante la ausencia de un servicio de inteligencia civil, también integra la inteligencia civil, policial y militar. El gobierno de Morales también utilizó a los cubanos para ayudar a lanzar su “Escuela Antiimperialista” para el adoctrinamiento militar, posteriormente desmantelada por el gobierno de Jeanine Áñez.

El gobierno de Morales impulsó aún más la igualdad entre la tropa y los oficiales, tanto en la policía como en las fuerzas armadas, y abrió el cuerpo de oficiales bolivianos a personal que anteriormente carecía del título universitario requerido, e incluso, en algunos casos, de alfabetización básica. Cabe destacar que un número significativo de estos nuevos reclutas, incorporados a través del Programa de Igualdad de Oportunidades (PIO), provenían de Chapare, la principal región productora de cocal y bastión de Evo Morales. Hoy en día, muchos de ellos ocupan, según informes, puestos de liderazgo, con rangos que van desde mayor hasta coronel. Como resultado, el gobierno del presidente Paz se ha mostrado muy reacio a desplegar a las fuerzas armadas o a la policía para enfrentar a los manifestantes, no solo por la falta de equipo y entrenamiento adecuados, sino también por la disparidad de lealtades dentro de las fuerzas armadas y el riesgo de que estas decidieran unirse a los manifestantes, negarse a luchar o incluso participar en actos de sabotaje que incitaran deliberadamente a la violencia para desestabilizar la situación y acelerar la caída del gobierno. Del escaso equipo nuevo adquirido por las fuerzas armadas, prácticamente todo ha sido de baja calidad, comprado o donado por la República Popular China (RPC). Esto incluye 6 cazas interceptores K-8, 6 helicópteros Z-9, un número limitado de camiones militares Dong Feng, 31 vehículos blindados y un pequeño número de patrulleras.

De los seis K-8, dos se estrellaron y, según se informa, solo uno sigue operativo, debido a una combinación de mantenimiento deficiente o postergado y la dificultad para obtener repuestos. Por razones similares, de los seis helicópteros Z-9, solo uno sigue operativo, pero, según se informa, nadie quiere volarlo porque no ha recibido el mantenimiento adecuado.

Aunque Bolivia intentó mantener una flota antigua de helicópteros UH-1H estadounidenses, el dinero que el Departamento de Estado de EEUU dejó para su mantenimiento fue, según se informa, desviado a otros fines, y ninguno sigue en servicio. La situación es similar con el pequeño número de helicópteros Super Puma de Bolivia. De los vehículos que posee el Ejército boliviano, la mayoría fueron adquiridos del vecino Brasil, incluyendo sus principales camiones de transporte de 2,5 toneladas, fabricados por la empresa INGESSA. Algunos vehículos terrestres de la flota boliviana tienen casi 70 años. De los vehículos anfibios URUTU, ya obsoletos y adquiridos de Brasil, solo seis siguen operativos. También cuentan con un número limitado de vehículos Cascavel, también obsoletos y procedentes de Brasil, de los cuales, según se informa, siete están en funcionamiento. Estos vehículos que aún funcionan lo hacen gracias a que han sido modernizados y mantenidos de forma deficiente.

Bolivia también ha adquirido algunos camiones Nissan “Condor” fabricados en Argentina, pero estos son de uso civil, no militar.

De la pequeña cantidad de vehículos terrestres adquiridos recientemente de China, como se mencionó anteriormente, el Ejército boliviano generalmente no los utiliza debido a sus altos costos operativos, incluyendo un rendimiento de combustible de aproximadamente un kilómetro por litro en un momento en que la gasolina es cada vez más cara y los recursos son limitados. Para detectar vuelos de narcotraficantes, en 2016 el gobierno de Morales adquirió nueve radares de la empresa francesa Thales. Sin embargo, durante su mandato, estos nunca se pusieron en funcionamiento. El gobierno actual, en cambio, ha logrado que aproximadamente la mitad funcione.

Ante estas dificultades, el gobierno de Paz ha retomado el diálogo con Estados Unidos en materia de cooperación en seguridad militar. Según informes, está considerando nuevamente enviar estudiantes bolivianos a instituciones militares estadounidenses como el Instituto de Cooperación para la Seguridad del Hemisferio Occidental (WHINSEC), aunque se desconoce el número de estudiantes que podrán recibir financiación en la actual situación fiscal.

Más allá de la cooperación con Estados Unidos, el camino que seguirá el gobierno de Paz con los narcotraficantes, mineros ilegales e insurgentes de facto que buscan derrocarlo es incierto. Según los entrevistados para este trabajo, el presidente ha reconocido en cierta medida la importancia de abordar el tema de Evo Morales, actualmente prófugo de la justicia boliviana, y otros líderes cocaleros en Chapare, como factores clave para la persistencia, el nivel de violencia y la desestabilización de las protestas. Sin embargo, no está claro si el presidente se arriesgaría a una acción militar o policial que pudiera precipitar la caída de su gobierno, como ocurrió en 2003 con la pérdida de vidas que causó el enfrentamiento con las fuerzas armadas, como sucedió en 2019, o si elementos militares y policiales se unieran a las protestas. Por otro lado, si el presidente intenta negociar con los manifestantes, con la esperanza de dividirlos y sobornarlos, probablemente agravaría los problemas fiscales de Bolivia, lo que en última instancia dificultaría la provisión de los recursos necesarios para las Fuerzas Armadas y la Policía. Además, si el presidente Paz incorpora a algunos grupos radicales de izquierda a su gabinete como ministros, esto podría obstaculizar su acercamiento a Estados Unidos y la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico que de ello se derivaría.

Conclusión

Bolivia, nación de importancia estratégica, se encuentra en un momento crítico en el que el gobierno de Rodrigo Paz está dispuesto a reconstruir las relaciones con Estados Unidos en materia de seguridad y otros ámbitos, como lo demuestra su participación en la Coalición Americana contra los Cárteles (A3C) y en la Operación Escudo de las Américas en marzo de 2026.

Si bien la cocaína boliviana, el oro ilícito y los refugiados no se dirigen directamente a Estados Unidos, el papel previamente señalado de Bolivia como centro neurálgico para importantes organizaciones criminales internacionales, incluidas aquellas como el PCC y el CV, designadas por Estados Unidos como organizaciones terroristas, subraya la importancia para Estados Unidos del éxito de Bolivia en su lucha contra el narcotráfico, otros delitos transnacionales del crimen organizado y la insurgencia disfrazada de protesta social.

La crisis fiscal de Bolivia y la profunda corrupción que impregna sus instituciones hacen prácticamente imposible que el gobierno de Paz tenga éxito en esta lucha por sí solo. De hecho, incluso la capacidad básica para enfrentar a quienes participan en un “asedio” militar a La Paz se ve debilitada por la falta de confianza en los recursos y la lealtad de las fuerzas de seguridad bolivianas.

Recíprocamente, la caída de un gobierno boliviano pro estadounidense, largamente esperado, comprometido con la lucha contra el crimen organizado y los grupos terroristas, y que se resiste a cooperar con rivales estadounidenses extra hemisféricos, sería desastrosa no solo para Bolivia, sino también para sus vecinos, ya afectados por la economía criminal boliviana alimentada por la cocaína y el oro, y por grupos indígenas radicalizados.

Desde la perspectiva de Washington D.C., el papel de Cuba en el apoyo al gobierno anterior de Evo Morales, y el riesgo de que regresen al poder con él, contradiría directamente el progreso que la actual administración estadounidense ha logrado contra el gobierno narco de Nicolás Maduro en Venezuela, y que busca lograr contra el gobierno comunista en Cuba. Aunque Bolivia se encuentra geográficamente algo alejada de Estados Unidos, es fundamental para la dinámica de la región, a la que Estados Unidos ha dado prioridad en sus estrategias de Seguridad Nacional y Defensa Nacional, por considerarla crucial para la seguridad de su territorio. Lo que sucede en Bolivia tiene implicaciones para Estados Unidos.

La Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo de Bolivia convocaron a representantes provinciales y municipales a participar en un “Pacto Social por la Paz y la Reconciliación”, una iniciativa que busca generar espacios de diálogo frente al escenario de conflictividad que atraviesa el país desde hace más de un mes.

La convocatoria fue anunciada mediante un pronunciamiento conjunto, en el que ambas instituciones expresaron su preocupación por el riesgo de que la situación derive en mayores episodios de violencia y profundice las divisiones existentes entre distintos sectores de la sociedad.

“Buscando evitar una espiral de violencia, cuyas consecuencias generarán más sufrimiento, profundizarán las divisiones y dejarán heridas difíciles de sanar y reencauzar, hemos convocado de manera urgente a representantes provinciales y municipales a un pacto social por la paz y la reconciliación”, señala un comunicado publicado este jueves.

La propuesta surge en un escenario de movilizaciones y bloqueos de carreteras para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que lleva siete meses en el gobierno. Los sectores movilizados —entre ellos obreros sindicalizados, campesinos del altiplano y cocaleros de la región del Chapare, al centro del país— reclaman al jefe de Estado por el supuesto incumplimiento de sus promesas de campaña y de gobernar en contra de sus intereses.

Desde hace más de un mes que los cortes en las vías de acceso a la sede de Gobierno han provocado desabastecimiento de alimentos y de combustible, además del encarecimiento de productos básicos e interrupciones en algunos servicios como el transporte público y el recojo de basura.

Según la Defensoría del Pueblo, al menos siete personas han fallecido por falta de atención médica oportuna o a causa de los bloqueos y otras tres han muerto en episodios de violencia relacionados al conflicto. También se han reportado al menos 37 heridos y más de 350 arrestados.

En su mensaje, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo remarcaron la necesidad de construir consensos que permitan reducir la confrontación y encaminar soluciones pacíficas a la crisis. Ambas instituciones sostienen que el diálogo constituye una herramienta fundamental para evitar una escalada del conflicto y promover escenarios de reconciliación.

En las últimas horas, los representantes de la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos Túpac Katari, dos de las principales fuerzas de la movilización, flexibilizaron su posición y pidieron al Gobierno establecer una agenda de trabajo “para no cometer más errores de carácter institucional, jurídico, legal y político” que será puesta a consideración de sus afiliados, quienes votarán por la negociación o por mantener las medidas de presión.

La semana pasada, el Congreso aprobó una ley que regula los estados de excepción y da al presidente el marco legal para suspender temporalmente ciertos derechos y ordenar la intervención del Ejército. Con esta norma, el Ejecutivo puede emitir un decreto y esperar la aprobación de la Asamblea Legislativa en un plazo de 72 horas.

Aunque muchos temen que la medida suponga un baño de sangre o que sea insostenible debido a las limitaciones de las fuerzas del Estado, los pedidos para implementar un estado de excepción son crecientes y las respuestas del Ejecutivo han sido ambiguas. El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, ha manifestado que la medida “será tratada cuando corresponda” y ha seguido la línea del presidente, que aboga por un diálogo que hasta ahora no se materializó.

Si bien el gobierno tiene la herramienta legal para ordenar al Ejército su intervención en el conflicto, la flexibilización de las organizaciones sociales y el llamado de la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo avisoran una salida concertada al conflicto. O al menos las condiciones parecen más favorables que las existentes semanas atrás.

Tras más de un mes de tensión y bloqueos que afectan a distintas regiones del país, organizaciones de obreros y campesinos de La Paz admitieron el agotamiento de la población y exhortaron al Gobierno a instalar una agenda de negociación que permita encaminar soluciones a la crisis política y social que enfrenta el país.

La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari —dos de las organizaciones que impulsan las protestas—pasaron de exigir la renuncia del presidente a pedir una agenda de trabajo que será puesta a consideración de sus afiliados.

El dirigente campesino David Mamani informó que, tras recibir el documento, las bases decidirán si aceptan participar en una mesa de negociación o continuar con las medidas de presión.

“Las organizaciones sociales sentimos ese debilitamiento y cansancio, puede que haya un dirigente que diga: ‘vamos al diálogo’”, afirmó Mamani en entrevista con el medio digital Urgente.Bo. Sin embargo, el dirigente condicionó el acercamiento con el Gobierno a una agenda nacional de trabajo “para no cometer más errores de carácter institucional, jurídico y político”.

En esa línea, el secretario de la COB, Claudio Choque, afirmó que “hasta los países en guerra han llegado a un diálogo y pacificación” y remarcó que el diálogo tiene que ser “sincero, con condiciones claras y propuestas claras”.

En una entrevista con la radio Erbol, Choque señaló que para avanzar en una negociación el Gobierno debe considerar las resoluciones de los cabildos realizados por los sectores sociales y cesar “la persecución” y los procesos contra manifestantes que fueron detenidos.

Las declaraciones de ambos dirigentes se dan cuando el país cumple 36 días consecutivos de bloqueos de carreteras para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a quien acusan de gobernar en contra de sus intereses y de haber hecho lo contrario a lo que prometió en la campaña electoral.

Las protestas iniciaron en la región andina del país y se extendieron a seis de nueve departamentos, pero afectaron particularmente a la ciudad de La Paz, sede de Gobierno, cuyas vías de acceso fueron tomadas por los manifestantes.

La población enfrenta más de un mes de desabastecimiento de alimentos, encarecimiento de los productos básicos e interrupciones en el servicio de transporte público por falta de combustible. La ciudad también fue escenario de enfrentamientos violentos entre manifestantes y la Policía, donde se reportaron daños a instituciones públicas, agresiones a civiles y personas heridas.

Esta situación, insostenible para la población afectada, se suma a las pérdidas económicas de sectores estratégicos como el transporte y la industria. Si bien no hay una cifra consolidada, diversas fuentes estiman el costo económico de la protesta entre 1.600 y 2.000 millones de dólares.

El gobernador de La Paz y aliado del Ejecutivo, Luis Revila, aseguró que este finde semana los bloqueos terminarán hasta este fin de semana “con o sin diálogo” por la necesidad que tiene la población de regresar a la normalidad. “Si el diálogo no se instala en el curso del día de hoy, yo les aseguro que a partir de mañana o el fin de semana esta situación se va a normalizar por fuerza de las circunstancias y la necesidad que tiene la gente de retomar sus actividades”, afirmó, citado por medios locales.

Hasta la publicación de esta nota, nadie en el gobierno hizo referencia de manera pública a la solicitud de una agenda de trabajo por parte de las organizaciones sociales. Sin embargo, en lo que va del conflicto, la administración de Paz ha manifestado su intención de dialogar con quienes tienen demandas que consideran “legítimas” y han descartado acercamientos con quienes piden su renuncia acusándolos de “narcoterristas”.

En paralelo, ha promovido la aprobación de una ley de regulación de estados de excepción para contar con el marco legal que le permita ordenar al Ejército su intervención en los conflictos.

A más de un mes de bloqueos de caminos también surgieron movilizaciones ciudadanas para exigir la aplicación del estado de excepción y permitir la liberación de las vías y el restablecimiento del orden público.

Con la flexibilización de la posición en las organizaciones sociales, crecen las expectativas de que el conflicto se encamine hacia una solución concertada. Las próximas horas son decisivas.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, agradeció este jueves a la líder opositora venezolana María Corina Machado el respaldo que le expresó ante las protestas y bloqueos de carreteras que desde principios de mayo exigen su renuncia, y aseguró que trabaja para devolver la “normalidad” al país.

“María Corina, agradezco, en nombre del pueblo boliviano, el respaldo expresado a nuestra democracia, a la institucionalidad y a la voluntad soberana de los bolivianos”, escribió Paz en X.

El mandatario, que lleva siete meses en el gobierno, sostuvo que Bolivia “valora profundamente la solidaridad de aliados democráticos” de la región y afirmó estar comprometido con “sacar a Bolivia de la profunda crisis que dejaron los anteriores gobiernos, proteger la democracia y garantizar la libertad de todos los bolivianos”. La referencia apunta a los casi veinte años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) bajo Evo Morales y Luis Arce. Economista y ex alcalde de Tarija, Paz asumió la presidencia en noviembre de 2025 tras derrotar en segunda vuelta al exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga con aproximadamente el 54,5% de los votos en los primeros comicios bolivianos con ballotage.

El día anterior, Machado había publicado un comunicado en el que expresó su “firme respaldo” al gobierno boliviano “legítimamente electo” y condenó “cualquier intento de desconocer el mandato popular, desestabilizar las instituciones democráticas y generar escenarios de confrontación” en el país andino. La dirigente venezolana, premio Nobel de la Paz, advirtió que la crisis boliviana trasciende sus fronteras: “lo que está en juego no es únicamente la estabilidad de un país, la defensa de la democracia en Bolivia es un asunto de seguridad y estabilidad de todo el hemisferio”, señaló. La ex diputada pidió además a la comunidad internacional defender activamente el orden constitucional boliviano.

Las protestas comenzaron a principios de mayo impulsadas por sindicatos campesinos y la Central Obrera Boliviana (COB), a las que se sumaron grupos afines a Morales. La detonación inmediata fue una ley que habilitaba la hipoteca de tierras, aunque Paz la anuló el 13 de mayo; las movilizaciones continuaron de todos modos y derivaron en una exigencia directa de renuncia presidencial. En su punto de mayor intensidad, cerca de 90 puntos de bloqueo afectaron simultáneamente a seis departamentos del país.

El conflicto ha dejado al menos 16 muertos —13 de ellos por no recibir atención médica oportuna a causa de los bloqueos— y pérdidas económicas de 2.500 millones de dólares. Varias ciudades sufrieron desabastecimiento de alimentos, medicamentos y combustible durante semanas.

El respaldo de Machado se suma al que el 5 de junio expresaron los trece países miembros del Escudo de las Américas —entre ellos Estados Unidos, Argentina y Chile—, que condenaron en una declaración conjunta los intentos de derrocar al gobierno de Paz y acusaron a grupos vinculados al narcotráfico de financiar las movilizaciones. Este jueves, la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo convocaron a un “Pacto social por la paz y la reconciliación”, pero los sectores movilizados rechazaron la iniciativa y reiteraron que su única condición es la dimisión del presidente.

El intercambio entre Paz y Machado ilustra la dimensión regional que ha adquirido la crisis boliviana. Mientras el gobierno acumula respaldos en el bloque democrático del hemisferio, la movilización interna no cede y el diálogo permanece cerrado, sin que ninguna de las partes haya dado señales de querer ceder terreno.

La selección de Bolivia vivió una jornada de máxima reserva al disputar un amistoso a puertas cerradas contra Argelia, que terminó con un marcador favorable de 4-0 para el equipo africano. El ambiente del encuentro estuvo marcado por el hermetismo, ya que Argelia se prepara para su debut en el Mundial 2026 ante la selección argentina y mantuvo en secreto cada detalle de su planteo táctico.

El arquero Carlos Lampe, titular en el choque, ofreció una visión detallada del partido y del funcionamiento del rival en diálogo con TyC Sports. A pesar de la contundencia del resultado, el ex futbolista de Boca Juniors resaltó aspectos tácticos que identificó durante el desarrollo del juego, dejando advertencias valiosas para futuros adversarios de Argelia, en especial para el seleccionado argentino.

Según la evaluación del arquero boliviano, Argelia mostró falencias en la presión durante la primera etapa. “Es un rival que yo no sentí que presionen bien; le salíamos limpio, todo el primer tiempo le salimos limpio”, describió Lampe al analizar la salida de su equipo. El jugador remarcó que Bolivia encontraba espacios en los que Argelia se presentaba vulnerable: “Teníamos el jugador libre por derecha, y obvio, creo que el lado más débil de ellos es cuando vos le progresás por izquierda; por ahí podíamos meter un cambio de frente, o mismo que el central resetee el juego, poder jugar y atacar por el lado de Mahrez”.

Al referirse a la faceta defensiva de Argelia, Lampe profundizó en las oportunidades que tuvo Bolivia para generar peligro, aunque sin lograr concretar: “Yo creo que a la hora de defender estaban un poco parados; yo le pude filtrar unas dos pelotas al lateral izquierdo, al interno nuestro, y bueno, las jugadas más claras vinieron por ese sector nuestro, que rompimos al espacio, tiramos el centro y no terminamos bien”.

En el amistoso, Argelia se impuso con goles de Aissa Mandi, Amine Gouiri (autor de dos tantos) y Anis Hadj Moussa. El equipo dirigido por Vladimir Petkovic decidió modificar por completo su formación en la segunda mitad, realizando once cambios.

El análisis de Lampe también incluyó una advertencia sobre el estilo ofensivo de Argelia: “Es una selección que apuesta mucho al contragolpe. El 18 (Mohamed Amoura) queda muy atento a las contras, es el extremo izquierdo, es picante, por ahí no decide tan bien, pero bueno, creo que eso, y después Mahrez es el distinto. Hay que cuidar la contra con este tipo de equipos, porque el segundo tiempo lo padecimos, perdimos una pelota, y nos salieron de contra y generaron situación”.

Mohamed Amoura, destacado por el arquero boliviano, milita en el Wolfsburgo y fue el máximo goleador de las Eliminatorias con 10 tantos, superando incluso a Mohamed Salah. Juega habitualmente como extremo izquierdo, aunque puede ocupar diferentes posiciones de ataque. Por su parte, Amine Gouiri, quien convirtió por duplicado frente a Bolivia, actúa como centrodelantero en el Olympique de Marsella, mientras que Anis Hadj Moussa, autor del cuarto gol, es delantero del Feyenoord. Tanto Gouiri como Moussa nacieron en Francia.

A pesar de los errores observados en el rival, Lampe no minimizó la dificultad de enfrentar a una selección mundialista. “Por algo estás en el Mundial; en este nivel vos no podés mirar por encima; siendo Argentina, por más que seas la campeona del mundo, no podés mirar por encima a ningún rival”, advirtió, subrayando la exigencia y el respeto que implica cada partido en la Copa del Mundo.

El partido amistoso sirvió como una importante radiografía táctica para quienes enfrentarán a Argelia en el torneo. El equipo africano debutará ante Argentina por el Grupo J y, posteriormente, el seleccionado que dirige Lionel Scaloni se medirá con Austria el 22 de junio y más adelante con Jordania el 27. Así, el análisis de Lampe se convierte en un insumo útil en la antesala de un grupo que promete exigencia máxima y donde ningún detalle parece menor.

Las calles del centro de La Paz volvieron a convertirse en un campo de batalla. Los manifestantes, llegados desde El Alto tras una marcha de 15 kilómetros, levantaron barricadas con contenedores y desperdicios en llamas cerca del Palacio de Gobierno. La policía respondió con gases lacrimógenos; los movilizados, con piedras y cartuchos de dinamita de bajo poder. Al menos cinco personas fueron detenidas, según constató la AFP. La jornada exhibió la composición heterogénea del movimiento: mineros de Oruro con casco y poncho, campesinos, maestros y transportistas, todos bajo una sola consigna. “¿Qué queremos? ¡Renuncia!”, coreaban entre banderas indígenas y el estallido de petardos.

El detonante fue la Ley 1720, promulgada el 8 de abril, que permitía reconvertir pequeñas propiedades rurales en medianas propiedades, modificando el régimen agrario consagrado en la Constitución boliviana. Organizaciones indígenas del Beni y Pando la rechazaron por considerarla favorable a la agroindustria de Santa Cruz e iniciaron ese mismo día una marcha hacia La Paz. El 1 de mayo, la Central Obrera Boliviana (COB) declaró un paro general indefinido. Aunque la Asamblea derogó la norma ante la presión callejera, las protestas no se detuvieron: la chispa había prendido sobre una economía en llamas.

Bolivia atraviesa la peor crisis económica en cuatro décadas. La inflación supera el 20% anual. La eliminación de la subvención a los combustibles provocó además un colapso en la calidad de la gasolina. Para 2025, Bolivia importaba ya el 80% del diésel que consume. La confluencia de estos factores transformó reclamos sectoriales dispersos en una insurrección que se extendió a seis de los nueve departamentos del país.

Ante la extensión de los bloqueos, Paz promulgó el lunes 8 de junio la Ley de Regulación de los Estados de Excepción, que habilita operativos conjuntos entre el Ejército y la Policía para despejar los más de 90 cortes de ruta que asfixian el abastecimiento nacional. La norma fue aprobada en el Congreso tras una sesión de más de diez horas. Su artículo más controvertido presume la legalidad de las actuaciones de las fuerzas de seguridad durante el estado de excepción, lo que organismos de derechos humanos consideran una cobertura jurídica para la represión.

En La Paz y El Alto, los bloqueos ya son palpables: precios de carnes y verduras duplicados, conductores que pasan la noche en fila en gasolineras y hospitales sin oxígeno para cirugías. El gobierno cifra el daño económico acumulado en más de 1.200 millones de dólares.

Paz acusó a “narcoterroristas” de impulsar las protestas y señaló al ex presidente Evo Morales, quien permanece en la zona cocalera del Trópico de Cochabamba, protegido por una guardia campesina, mientras enfrenta una orden de captura por presunta trata de personas que rechaza. “Si es machito, que venga a hablar de temas sociales. ¡Que venga!”, respondió Morales este miércoles ante sus seguidores. Los principales sindicatos han rechazado el diálogo, y un cabildo en El Alto el 5 de junio dio a Paz 48 horas para renunciar.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos alertó el 2 de junio sobre los graves impactos humanitarios de la crisis. Al menos siete personas han muerto y más de 120 han sido detenidas desde el inicio de las movilizaciones. La amenaza de militarizar el conflicto puede despejar carreteras a corto plazo, pero difícilmente resolverá las causas estructurales —inflación, escasez de divisas, desindustrialización energética— que han llevado a Bolivia al borde del abismo.

La embajada de Estados Unidos en Bolivia advirtió con rechazar o revocar visas a quienes participen en manifestaciones violentas en el marco de los conflictos sociales que atraviesa el país con pedidos de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz.

“Participar en actos violentos puede dar lugar a la revocación o denegación de una visa de los Estados Unidos”, informó la legación diplomática en una publicación compartida en su cuenta oficial de X bajo el rótulo: “No arriesgues tu visa”

El mensaje incluye imágenes de protestas que se habrían registrado durante las últimas semanas en el país, en las que se observa a grupos de personas portando objetos contundentes y armas.

La publicación se da cuando Bolivia lleva más de 40 días consecutivos de protestas sociales con bloqueos de carreteras que exigen la renuncia del primer mandatario. La medida de presión la impulsa un grupo heterogéneo de organizaciones campesinas, cocaleras y de trabajadores obreros que acusan al presidente por el supuesto incumplimiento de promesas de campaña y de gobernar en contra de sus intereses.

Los bloqueos tienen como epicentro los departamentos de La Paz, El Alto y Cochabamba, y han provocado el desabastecimiento de alimentos y de combustible en la sede de Gobierno, además del encarecimiento de productos básicos por los cortes en las vías de acceso a la ciudad e interrupciones en servicios como el transporte público y el recojo de basura.

En lo que va del conflicto se han reportado al menos diez fallecimientos en el contexto de los conflictos sociales, de los cuales siete serían por falta de atención médica oportuna debido a los piquetes y tres a hechos de violencia durante operativos policiales.

En este tiempo, el Departamento de Estado de EEUU manifestó reiteradamente su apoyo al presidente Paz, quien asumió el cargo hace siete meses y rápidamente impulsó el acercamiento entre los dos países que no tienen relaciones diplomáticas plenas desde 2008.

Paz participó en el encuentro del Escudo de las Américas —la alianza regional encabezada por Estados Unidos para combatir el crimen organizado—, anunció el retorno de operaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y suspendió acuerdos de cooperación con Irán, lo que marcó un giro radical en la política exterior de su país.

El último pronunciamiento estadounidense en favor de su nuevo aliado lo emitió el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien manifestó su rechazo a las movilizaciones que buscan acortar el mandato de Paz. A través de la red social X, Hegseth manifestó: “El Departamento de Defensa y la Coalición Americana contra los Cárteles rechazan todos los intentos de derrocar al gobierno legítimo del presidente Rodrigo Paz Pereira en Bolivia”.

Hegseth también señaló la importancia de que La Paz no permita que “se repita el antiguo ‘statu quo’ de dominio narcoterrorista en la región”, aseguró que Estados Unidos “está atento” a la situación social y que Washington seguirá apoyando a sus socios con el objetivo de “garantizar” la disuasión de los “narcoterroristas” que buscan “lucrarse con la muerte y destrucción” del hemisferio.

Este miércoles, la embajada norteamericana también informó el inicio de funciones de Erik Martini como jefe de misión en La Paz, en reemplazo de Debra Hevia, que desempeñó el cargo durante tres años.

Martini llega al país con una trayectoria de varios años en la región. Antes fue cónsul de Estados Unidos en Guayaquil, Ecuador y director para Asuntos Venezolanos en la Oficina del Hemisferio Occidental para Asuntos Andinos.

La investigación por el hallazgo en Chile de 108 toneladas de droga en tablones de madera procedentes de Bolivia avanzó este miércoles con allanamientos ejecutados por el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en empresas madereras del departamento amazónico de Pando, al norte del país.

Los operativos se realizaron en las ciudades de Cobija y Porvenir, donde fiscales y efectivos policiales recolectaron documentación y otros elementos que podrían contribuir a establecer posibles vínculos entre las firmas exportadoras y los cargamentos de madera detectados en Arica, la ciudad portuaria al norte de Chile que sirve al comercio internacional boliviano.

De acuerdo con las autoridades, las intervenciones se desarrollaron en las oficinas del aserradero MultiPando y en la empresa forestal Manurini Eco Import Export, dos de las 15 firmas que aparecen en un listado difundido por medios bolivianos. Según la Fiscalía Departamental de Pando, en el operativo se verificaron las oficinas administrativas, los talleres mecánicos destinados al mantenimiento de maquinaria pesada, como al área de corte y preparación de la madera para su venta, y se secuestró documentación.

El caso, conocido en Bolivia como “Narcomaderas”, salió a la luz después de que autoridades chilenas informaran sobre el hallazgo de más de 108 toneladas de cocaína, clorhidrato de cocaína y ketamina impregnadas dentro de tablones de madera de exportación, un mecanismo inédito que dificulta su detección mediante inspecciones convencionales.

La droga fue encontrada oculta en 45 contenedores que tenían como destino países de América, Europa y Oceanía, en lo que fue calificado como el mayor procedimiento antidroga registrado hasta la fecha en Chile. La investigación fue desarrollada durante más de seis meses por la Policía Marítima, Aduanas y la Fiscalía de Arica, en el marco de la estrategia denominada Foco Portuario.

Según los reportes preliminares, los envíos partieron principalmente desde Pando, aunque también se identificaron cargamentos procedentes de Santa Cruz y Cochabamba. Tras conocerse el caso, el ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, y el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, manifestaron que no habían recibido información oficial, pero que se iniciarían investigaciones conjuntas con Chile.

El caso ha provocado una fuerte reacción en Bolivia. El jefe de la oposición y expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) calificó el caso como una “gigantesca vergüenza” para el país y sostuvo que el decomiso evidencia la expansión del narcotráfico y las fallas de los controles estatales. En la misma línea, el vicepresidente Edmand Lara cuestionó cómo un cargamento de esa magnitud pudo salir de Bolivia sin ser detectado por las instituciones encargadas de la fiscalización y el control. Ambos coincidieron en pedir una investigación que establezca cómo la carga atravesó los mecanismos de fiscalización nacionales antes de ser detectada por autoridades chilenas

Para el analista económico Gonzalo Chávez, no se trata simplemente de una actividad ilegal sino “una organización capaz de coordinar simultáneamente financiamiento, producción agrícola, transformación industrial, abastecimiento forestal, logística internacional y comercialización global”.

El experto apuntó que el valor de la droga en los destinos finales equivale al 86% de todas las exportaciones bolivianas de un año y alrededor del 15% del PIB nacional. “Para generar semejante valor no basta una plantación, un laboratorio o unos cuantos camiones. Se requiere una cadena de valor completa”, afirmó en una publicación en redes sociales.

La Iglesia Católica de Bolivia y la Defensoría del Pueblo convocaron a un “Pacto social por la paz y la reconciliación”, con el objetivo de buscar soluciones a las protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y prevenir un aumento de la violencia.

La propuesta surge después de informarse al menos 16 fallecidos, de los cuales 13 no recibieron atención médica debido a los bloqueos de carreteras.

Ambas instituciones intentan mediar en el conflicto promovido por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari, organizaciones que solicitan la renuncia de Paz, quien asumió la presidencia hace siete meses.

La convocatoria, de acuerdo con un comunicado, está dirigida “de manera urgente a representantes provinciales y municipales” para “evitar una espiral de violencia, cuyas consecuencias generarían más sufrimiento, profundizarían las divisiones y dejarían heridas difíciles de sanar y reencauzar”.

El documento cuenta con la firma del secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) y obispo de El Alto, Giovani Arana, y del defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.

La iniciativa busca reunir a distintos actores sociales para identificar alternativas que permitan disminuir la confrontación y construir consensos, con el fin de restablecer el diálogo entre el Gobierno y los sectores movilizados, quienes anunciaron protestas a partir del 1 de mayo y comenzaron los bloqueos el 6 de mayo.

El conflicto ha impactado especialmente en la zona andina de Bolivia, donde entre mayo y junio se registraron 16 muertes: 13 por falta de atención médica a causa de los bloqueos, un manifestante por un disparo durante un operativo policial y otras dos, según la Defensoría del Pueblo, en circunstancias aún no esclarecidas.

“Exhortamos a todas las partes a deponer toda actitud que evite solucionar el conflicto y a participar de este encuentro con espíritu de reciprocidad y complementariedad. No permitamos que la violencia nos arrebate la esperanza de construir una sociedad justa y armoniosa”, señalaron las instituciones.

La Iglesia Católica, la Defensoría y la Vicepresidencia promovieron recientemente dos reuniones de mediación, en las que solo asistieron representantes del Gobierno, sin la presencia de los líderes de las protestas.

Los dirigentes sindicales y campesinos solicitaron la suspensión de las órdenes de aprehensión en su contra, medida que la Justicia dejó en suspenso. A pesar de esto, no asistieron a las iniciativas de diálogo, en un contexto de crisis que ha generado desabastecimientos y pérdidas económicas estimadas en 2.400 millones de dólares.

El exmandatario de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), elevó este miércoles el tono de su confrontación con el presidente Rodrigo Paz al desafiarlo públicamente a visitar su bastión político en el Trópico de Cochabamba (centro). “Si es machito que venga para hablar de temas sociales. No solamente vamos a hablar de reivindicaciones, le vamos a enseñar cómo se gobierna", afirmó en un acto público en la localidad de Lauca Ñ, en una nueva escalada verbal que desplaza el debate político hacia la disputa personal.

La declaración del líder cocalero surge como respuesta a expresiones previas de Paz, quien había emplazado a Morales a presentarse en la sede de Gobierno. “Oiga, si usted es macho, venga acá, venga a dar la cara, no se oculte allá”, señaló el jefe de Estado en referencia al atrincheramiento del exmandatario en su bastión ante el riesgo de aprehensión por una investigación que lo acusa de trata agravada de personas.

El intercambio se produce en medio de un escenario de conflictividad social y una creciente polarización política.

Bolivia atraviesa más de un mes de bloqueos de carreteras para exigir la renuncia del presidente Paz. Lo que inició con demandas sindicales por aumento salarial y contra algunas reformas del Gobierno derivó en pedidos de dimisión en el altiplano boliviano y luego se expandió a otras regiones del país.

Los sectores movilizados —entre ellos obreros sindicalizados, cocaleros y campesinos de los valles y el altiplano— reclaman al presidente el supuesto incumplimiento de sus promesas electorales y de gobernar en contra de sus intereses.

Este jueves se cumplen 36 días consecutivos de bloqueos con más de 85 piquetes instalados en seis de los nueve departamentos del país, lo que ha provocado que escasez de alimentos y que los precios de los productos básicos se disparen principalmente en La Paz. La población también enfrenta semanas de desbastecimiento de combustible e irregularidades en el servicio de recojo de basura y de transporte público.

El Gobierno ha denunciado “intereses narcoterroristas” detrás de la medida de presión que busca su renuncia y ha responsabilizado al expresidente Morales de liderar las protestas mientras ha convocado al diálogo a los sectores que tienen demandas que consideran “legítimas”. Sin embargo, hasta ahora no se han materializado encuentros públicos que pongan fin a las protestas.

En paralelo, el Congreso aprobó una norma de regulación de estados de excepción que da al presidente el marco legal para que pueda ordenar al Ejército su intervención en los conflictos. En medio de la presión social para restablecer el orden, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló que la medida será implementada “en el momento que corresponda”.

Desde el inicio de los bloqueos el 6 de mayo, la Defensoría del Pueblo ha registrado al menos diez fallecimientos, siete de ellos por falta de acceso oportuno a servicios médicos a causa de los piquetes y tres a hechos de violencia durante operativos de desbloqueo.

En ese contexto, mientras crece el malestar social y distintos sectores exigen respuestas urgentes frente a la crisis, dos de los actores del debate público —Paz y Morales— han centrado parte de su disputa en una retórica asociada a la virilidad y la confrontación personal, con una competencia discursiva sobre quién está dispuesto a “dar la cara” o demostrar quién es “más macho”.

Erick Sanjinés asumió este miércoles el cargo de ministro de Educación en Bolivia en una jornada marcada por la tensión política y social. La designación quedó confirmada en un acto en la Casa de Gobierno, en La Paz, donde el presidente Rodrigo Paz le tomó juramento. Sanjinés reemplazó a Beatriz García, quien renunció el 2 de junio.

Durante el acto de posesión, Sanjinés expresó su compromiso con el fortalecimiento del sistema educativo y definió la educación como la columna vertebral sobre la que se construye el destino nacional.

“Hago un llamado a los padres y madres de familia, a los estudiantes, a las universidades, a los gobiernos autónomos, municipales y departamentales, a las organizaciones sociales y al sector productivo. Necesitamos el esfuerzo de todos. Si queremos un país próspero, con oportunidades y con justicia social, debemos poner a la educación en el centro de la agenda nacional", declaró.

Luego, Rodrigo Paz conversó en el juramento sobre este momento del país, a nivel educación y halagó al nuevo ministro como un especialista:

“Estos son momentos donde estamos transformando un país que no compite en educación, es más, que tenemos deficiencias enormes en nuestros chicos en diferentes materias; ahora tenemos un especialista, un entendedor del área que comprende cómo se debe transformar la educación".

El nombramiento se produjo en un contexto de protestas y bloqueos de carreteras que comenzaron en mayo. Diversos sectores sociales, incluidos sindicatos de maestros urbanos y rurales, protagonizan movilizaciones y exigen la renuncia del presidente Paz. Los bloqueos se extendieron a seis de los nueve departamentos del país y generaron desabastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles.

Las protestas dejaron al menos 10 fallecidos, entre ellos personas que no lograron acceder a atención médica por los cortes de rutas, y provocaron pérdidas económicas superiores a USD 2.340 millones.

El perfil profesional de Sanjinés quedó asociado a experiencia en gestión académica, administrativa y financiera en instituciones educativas y organismos públicos. Economista de formación, cuenta con maestrías en Diseño y Evaluación de Proyectos y en Educación Superior, además de formación especializada en gerencia y gestión de políticas sociales en Washington DC.

Durante más de tres décadas lideró programas de reforma educativa financiados por organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. También se desempeñó como asesor general del Ministerio de Educación y catedrático en la Universidad de Aquino Bolivia.

El presidente Rodrigo Paz afirmó que el país arrastra deficiencias en la calidad educativa y requería una transformación profunda. Enmarcó la educación en el paquete de políticas públicas del Gobierno, junto con la salud, y mencionó la creación de 2.300 ítems para el sector salud y 3.000 para educación.

La renuncia de Beatriz García se produjo en un contexto de crisis política y social. El Gobierno no comunicó los motivos oficiales de su alejamiento. Junto con García, también dejó su cargo el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, reemplazado por Ernesto Justiniano, ex zar antidrogas, el pasado 3 de junio. Al mismo tiempo, a mediados de mayo, el Ministerio de Trabajo también atravesó una modificación. El titular de esa cartera renunció y su puesto pasó a estar ocupado por Williams Bascopé Laruta.

Bolivia atraviesa una crisis política y social que se refleja en la tensión creciente en las calles. Las manifestaciones, los bloqueos y la salida de varias figuras clave muestran el escenario desafiante que enfrenta la administración nacional.

(Con información de El Deber y EFE)

En esta jornada, una marcha masiva en La Paz reactivó las protestas que continúan desde hace más de un mes en Bolivia para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz y que ocasionaron desabastecimiento de combustible y alimentos. Sindicatos obreros y campesinos, junto a organizaciones indígenas quechuas de Potosí y grupos de Cochabamba, integraron la movilización, que sumó el apoyo de sectores afines al expresidente Evo Morales.

En ese contexto, la policía detuvo durante algunas horas a Vicente Salazar, principal dirigente de la Federación Departamental de los Campesinos “Túpac Katari”, que protagonizó estas manifestaciones durante estos 40 días. La captura se produjo cuando una multitud de campesinos y otros sectores marchaba hacia el centro de la ciudad, según registraron medios locales.

“El pueblo ya ha decidido, hermanos. Ese es el clamor del pueblo; al presidente le quedan dos caminos: la renuncia voluntaria o la convulsión”, había dicho el líder antes de su arresto.

Los organizadores sostuvieron que el Ejecutivo ignoró demandas salariales, no garantizó la calidad de la gasolina y denunció la detención de dirigentes como uno de los principales motivos de la protesta. La convocatoria volvió a instalar el conflicto en el centro político del país tras semanas de bloqueos y escasez.

Durante la jornada, las fuerzas de seguridad reforzaron los accesos a la plaza central donde se ubica el Palacio de Gobierno. Policías antimotines dispersaron a los huelguistas con gases lacrimógenos cuando intentaron acercarse a la plaza de armas. El gobierno desplegó un operativo para impedir el ingreso de los manifestantes a zonas estratégicas.

En este escenario, el expresidente Evo Morales confirmó la detención de Vicente Salazar y expresó su respaldo público al líder sindical, asegurando ante sus seguidores que cuenta con el apoyo de miles de personas. Además, respondió a declaraciones recientes del alcalde de La Paz y lanzó una advertencia pública.

“El hermano alcalde hace un momento decía ‘Evo tiene los días contados’,vamos a ver quién tiene los días contados", declaró.

Las protestas cumplieron 40 días desde su inicio y los cortes de ruta afectaron especialmente a La Paz y El Alto, donde se registraron escasez de oxígeno medicinal, alimentos y otros productos de primera necesidad. La Defensoría del Pueblo reportó al menos 10 fallecidos desde inicios de mayo hasta el 2 de junio.

Los bloqueos alcanzaron seis de las nueve regiones del país. Aunque el número de puntos bloqueados bajó de 95 a 85, según la Administradora Boliviana de Caminos (ABC), el impacto económico se sintió de forma generalizada. Las pérdidas por los bloqueos y protestas superaron USD 2.000 millones, según estimaciones de sectores productivos.

Los principales sindicatos rechazaron los llamados al diálogo y exigieron el cese de las detenciones de sus dirigentes. También denunciaron que el Ejecutivo buscó negociar con representantes no reconocidos por las bases movilizadas.

La situación política se tensó cuando el presidente Rodrigo Paz, con siete meses en el cargo, denunció que las protestas estuvieron impulsadas por “narcoterroristas”. El mandatario promulgó una ley que le permitió declarar estado de excepción, una medida que restringiría las libertades de reunión y movimiento y autorizaría la intervención de las fuerzas armadas para disolver los bloqueos de carreteras.

La posibilidad de aplicar esa medida provocó un rechazo inmediato de los sindicatos, que advirtieron sobre el riesgo de una mayor confrontación social. En paralelo, el presidente firmó un acuerdo con el alcalde de El Alto, Elieser Roca, para la construcción de carreteras y otras obras de infraestructura.

Las protestas reflejaron el descontento de sectores de la sociedad boliviana tras el fin de dos décadas de gobiernos socialistas encabezados por Evo Morales y Luis Arce. Muchos manifestantes denunciaron que la gestión de Paz no logró revertir la crisis económica más severa de los últimos 40 años.

En los mercados de La Paz y El Alto, los precios de carnes y vegetales se duplicaron, mientras combustibles y medicinas escasearon. Además, en la jornada de tensión de ayer, conductores pasaron noches en fila en estaciones de servicio a la espera de un suministro de gasolina limitado.

(Con información de AFP y EFE)

El episodio ocurrió en Lawrence, ciudad del estado de Kansas donde los llamados “Zorros del Desierto” tienen su base de concentración. La cadena KMBC 9, afiliada local de ABC, envió un equipo hasta ese predio y captó imágenes aéreas de los trabajos del plantel africano.

Las grabaciones empezaron a circular en redes sociales y en medios internacionales, lo que desató malestar dentro de la delegación y de la Federación Argelina de Fútbol (FAF). Fuentes cercanas al equipo calificaron el episodio internamente como “una grave violación de la privacidad del equipo”. Ni Petkovic ni la FAF emitieron un comunicado oficial al respecto, aunque desde el entorno argelino trascendió que la FIFA podría emitir un llamado de atención al canal.

El blindaje informativo de Argelia venía de antes. Desde su arribo a Estados Unidos, el cuerpo técnico dispuso que todas las sesiones de preparación se realizaran sin acceso para la prensa y prohibió expresamente la captura de fotos y videos, con el objetivo de preservar información táctica y resguardar el estado físico de los jugadores. Esa misma reserva se extendió al amistoso ante Bolivia, programado para este miércoles por la noche en el KC Current Stadium de Kansas City: el partido se disputó a puertas cerradas y sin transmisión televisiva.

La decisión de blindar ese encuentro ante las cámaras provino del lado argelino, según confirmó el propio entrenador boliviano Óscar Villegas. “Por el momento, no sabemos ni siquiera si podemos grabar el partido para nuestros archivos. Es decisión de Argelia, no nuestra. Lo respetamos, son ellos quienes van a jugar en la Copa del Mundo”, declaró Villegas al medio argelino DZFoot. Sus palabras reforzaron la lectura de que Petkovic buscaba mantener total confidencialidad sobre este ensayo general previo al inicio de la competencia mundial.

Las explicaciones sobre el cierre del amistoso, no obstante, no fueron uniformes. Versiones iniciales atribuyeron la medida a una estrategia táctica de Petkovic para evitar que el seleccionador argentino Lionel Scaloni pudiera extraer conclusiones sobre la alineación que presentaría Argelia en su debut del Grupo J. Medios argelinos como La Gazette du Fennec, desmintieron esa lectura y atribuyeron el cierre a razones de seguridad: “Las autoridades locales se han negado a conceder el permiso a pesar de las gestiones de la Federación Argelina de Fútbol. La organización del torneo ha restringido el acceso externo —prohibiendo público y prensa— debido a la logística de seguridad implementada en los centros de entrenamiento”. La propia FAF, según esa misma fuente, intentó destrabar la restricción para que sus hinchas pudieran seguir el partido, sin éxito.

La posibilidad de una transmisión también generó versiones encontradas. Según La Gazette du Fennec, la FAF y la Televisión Argelina habrían llegado a un acuerdo para emitir el partido a través de la plataforma web de ENTV. Sin embargo, una fuente interna de la televisora desmintió esa información: el partido no se transmitiría ni por los canales de ENTV ni por sus plataformas digitales, con lo que los aficionados argelinos no pudieron seguir el último ensayo de su selección antes del Mundial.

El partido ante Bolivia será el segundo encuentro entre ambas selecciones: el antecedente previo fue otro amistoso disputado en marzo de 2024 en Argel, con victoria argelina por 3-2.

La elección del rival tampoco fue casual: según reportes, Argelia apuntó a Bolivia por similitudes en el estilo de juego con algunas características del fútbol sudamericano, lo que le permitiría a Petkovic evaluar la respuesta de su plantel ante un equipo con rasgos parecidos a los que podría presentar Argentina.

Del lado argelino, Petkovic tenía previsto repetir el equipo que venció a Países Bajos por 1-0 el 3 de junio en Róterdam, lo que implicaría la presencia en el arco del guardameta Luca Zidane, del club español Granada. Riyad Mahrez, de 35 años, se mantiene como figura y capitán del equipo.

Argelia regresa a un Mundial después de doce años de ausencia y abrirá su participación en el Grupo J el 16 de junio ante Argentina en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, en un grupo que completan Austria y Jordania.

El ministro de Gobierno (Interior) de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, anunció una investigación conjunta con autoridades chilenas sobre la incautación de más de 100 toneladas de droga detectada en cargamentos de madera de exportación en el norte de Chile.

Lo que hace dos días se anunció como un decomiso “histórico” por el volumen de droga no generó mayor reacción en Bolivia. El ministro Oviedo señaló que la información no fue reportada de manera oficial y el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, indicó que se iniciará una investigación del caso que “llama mucho la atención”.

El caso se originó a partir de una investigación desarrollada durante más de seis meses por la Policía Marítima, los servicios aduaneros de Chile y la Fiscalía de Arica, una de las ciudades portuarias al norte de Chile que sirve para el comercio internacional boliviano. El proceso se dio en el marco de la estrategia denominada Foco Portuario, implementada por la Fiscalía en 2024 para reforzar los controles frente al crimen organizado transnacional

Los datos preliminares son escandalosos: al menos 108 toneladas de cocaína, clorhidrato de cocaína y ketamina impregnada en madera almacenada en 45 contenedores, una estimación económica de 8.334 millones de dólares y el mayor procedimiento antidroga registrado hasta la fecha.

Para el analista económico Gonzalo Chávez, “lo que observamos no es simplemente una actividad ilegal” sino “una organización capaz de coordinar simultáneamente financiamiento, producción agrícola, transformación industrial, abastecimiento forestal, logística internacional y comercialización global”. El experto apuntó que el valor de la droga en el destino final equivale al 86% de todas las exportaciones bolivianas de un año y alrededor del 15% del PIB nacional.

Los datos dan cuenta de la magnitud del caso y abren interrogantes sobre la red logística que hizo posible el traslado del cargamento. También llama la atención a las autoridades chilenas los aspectos técnicos del procedimiento utilizado: la droga estaba adherida a la estructura interna de la madera, una modalidad inusual que complica su identificación a través de inspecciones convencionales.

Según los datos difundidos en medios chilenos, los cargamentos partieron desde tres regiones de Bolivia -principalmente Pando pero también se reportan envíos desde Santa Cruz y Cochabamba- y tenían como destino a varios países de Europa y Oceanía.

En las últimas horas, medios locales difundieron la lista de las 15 empresas bolivianas que habrían despachado los contenedores de madera, identificadas con nombre, dirección y números de teléfono, pero hasta ahora no se ha informado sobre allanamientos ni ningún avance investigativo. Tampoco se ha pronunciado la Aduana ni la Autoridad de Fiscalización de Bosques y Tierras (ABT), encargada de regular todo el proceso de exportación de madera en Bolivia.

Salvo la Cámara Nacional de Exportadores, que expresó preocupación por la imagen del comercio exterior, y la Cámara Forestal de Bolivia, que rechazó que se vincule a todo el sector con actividades ilícitas, ninguna institución boliviana asumió una posición oficial.

El vicepresidente Edmand Lara, declarado opositor al gobierno de Rodrigo Paz, afirmó que el hallazgo evidencia que “todos los controles internos” en su país han fallado y pidió explicaciones al ministro de Gobierno, al comandante general de la Policía y a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico. “Aquí no hay excusas, aquí hay responsables”, afirmó en conferencia de prensa.

“Bolivia no puede convertirse en un país de tránsito libre para el narcotráfico”, sostuvo y pidió una “decisión política real, depuración institucional y una estrategia seria” para combatir el crimen organizado.

Dos cabildos simultáneos celebrados en las ciudades de La Paz y Sucre coincidieron en exigir al Gobierno del presidente Rodrigo Paz dictar estado de excepción en Bolivia para enfrentar la crisis generada por los bloqueos que tienen paralizado el país desde hace más de un mes.

En La Paz, una concentración reunió a ciudadanos que se declaran afectados por las medidas de presión impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones campesinas. Los participantes aprobaron una serie de resoluciones entre las que destacan, además de la solicitud del uso de la fuerza para levantar los piquetes, el pedido de renuncia de los dirigentes sociales que impulsan las protestas y la aprehensión del expresidente Evo Morales (2006-2019), que enfrenta una orden de captura por una investigación de trata de personas agravada y a quien el Gobierno responsabiliza por las protestas.

En paralelo, en la ciudad de Sucre, capital constitucional de Bolivia, otro cabildo impulsado por organizaciones cívicas aprobó resoluciones similares. Los asistentes exigieron el desbloqueo inmediato de las carreteras, la restitución de la libre circulación y la adopción de todas las medidas legales disponibles para restablecer el tránsito.

Cuando se cumplen 35 días de bloqueos, la población está cansada por el costo social que implican: desabastecimiento de alimentos, encarecimiento de productos básicos e irregularidades en el suministro de combustible. En La Paz, lugar donde confluyen las protestas y ha sido escenario de enfrentamientos violentos, la afectación es aún mayor: interrupciones en el servicio de transporte público, de recojo de la basura y de algunos servicios médicos por la falta de oxígeno medicinal debido al cerco.

A este escenario se suman las pérdidas económicas de sectores estratégicos como el transporte, la industria o el turismo. Aunque las cifras varían según las fuentes, la estimación de la pérdida económica ronda los 2.000 millones de dólares, lo que equivale a casi el 4% del Producto Interno Bruto (PIB).

La semana pasada, el Congreso aprobó una ley que regula los estados de excepción y da al presidente el marco legal para suspender temporalmente ciertos derechos y ordenar la intervención del Ejército. Con esta norma, el Ejecutivo solo debe emitir un decreto y esperar la aprobación de la Asamblea Legislativa en un plazo de 72 horas.

Aunque muchos temen que la medida suponga un baño de sangre o que sea insostenible debido a las limitaciones de las fuerzas del Estado, los pedidos para implementar un estado de excepción son crecientes.

“Estamos pidiendo al Gobierno nacional una solución definitiva, son 39 días que estamos en bloqueos en el país; por lo tanto, el departamento le está exigiendo dar soluciones de manera definitiva”, indicó el presidente del Comité Cívico de los Intereses de Chuquisaca (Codeinca), Cliver Pérez, en el cabildo de Sucre. Agregó que “si esto se puede lograr a través del diálogo, que así se realice”, pero “que si es necesario un Estado de excepción, la población le da su respaldo”.

La respuesta del Gobierno ha sido ambigua al respecto. El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, ha manifestado que la medida “será tratada cuando corresponda” y ha seguido la línea del presidente, que aboga por un diálogo que hasta ahora no se materializa.

Según la Defensoría del Pueblo, al menos siete personas han fallecido por falta de atención médica oportuna o a causa de los bloqueos y otras tres han muerto en episodios de violencia relacionados al conflicto. También se han reportado al menos 37 heridos y más de 350 arrestados.

La tensión sube en Bolivia tras el anuncio de una masiva marcha hacia el centro de La Paz este miércoles. A la convocatoria realizada por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari se sumaron campesinos de Potosí, Cochabamba y Oruro que llegaron en la víspera a la ciudad de El Alto, ubicada a seis kilómetros del centro paceño, para participar en la movilización.

Los medios locales reportan que las federaciones de juntas vecinales de El Alto y La Paz, representantes de las 20 provincias del departamento, además de integrantes del transporte y otras organizaciones sociales, también confirmaron su participación.

La marcha se produce cuando el país lleva más de 40 días de manifestaciones con el objetivo de provocar la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que asumió funciones hace siete meses y a quien acusan de incurrir en contradicciones con sus propuestas de campaña y de gobernar en contra de sus intereses.

A pocas horas del inicio de la marcha, la Policía reforzó la seguridad de la Plaza Murillo, sede del poder Ejecutivo y Legislativo, y el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, indicó que se tiene una “estrategia de contención” para evitar disturbios.

“De parte del Gobierno, no penalizamos, no criminalizamos las movilizaciones sociales, o el derecho a la protesta que pueden tener diferentes sectores”, afirmó en conferencia de prensa este martes. “Lo que no permitimos es que haya actos vandálicos, delictivos, de gente que está siendo llevada a La Paz desde otros sectores”, añadió.

Desde que iniciaron los conflictos sociales, La Paz ha sido escenario de varias jornadas de tensión y enfrentamientos. La más violenta fue el 18 de mayo cuando confluyeron marchas de mineros, campesinos y cocaleros que intentaron llegar a la Plaza Murillo y se produjeron enfrentamientos durante varias horas con la Policía. Ese día se reportaron saqueos, daños a infraestructura pública y agresiones a civiles.

Los conflictos también se producen fuera de las urbes a través de bloqueos de carreteras que han paralizado gran parte del país desde hace 35 días. Lo que inició con piquetes dispersos en La Paz se extendió a seis de los nueve departamentos y este miércoles se registran 80 puntos de bloqueo.

La situación se ha tornado insostenible para sectores estratégicos como el turismo, la industria o el transporte, pero también para la población, particularmente de La Paz, que enfrenta escasez de alimentos, el encarecimiento de los productos básicos e irregularidades en el suministro de combustible.

La estrategia de la administración de Rodrigo Paz ha fracasado hasta ahora: mientras abogan por un diálogo que nunca se concreta, las manifestaciones se masifican y los costos sociales y económicos se profundizan.

Según la Defensoría del Pueblo, al menos siete personas han fallecido por falta de atención médica oportuna o a causa de los bloqueos y otras tres han muerto en episodios de violencia relacionados al conflicto. También se han reportado al menos 37 heridos y más de 350 arrestados.

En medio de este escenario, el martes se realizaron cabildos en las ciudades de La Paz y Sucre para exigir que el Gobierno dicte un estado de excepción, luego de que el Congreso aprobara la semana pasada una ley que regula la medida y da al presidente el marco legal para suspender temporalmente ciertos derechos y ordenar la intervención del Ejército.

Acorralado por todos los flancos, las respuestas del entorno del presidente han sido ambiguas. Consultado sobre un posible estado de excepción, el ministro Oviedo señaló el martes que la medida “será tratada cuando corresponda”.

Las largas columnas de vehículos inmóviles ocupan avenidas enteras en todos los barrios donde hay una gasolinera, pero también más de tres kilómetros de la autopista que une La Paz y la vecina ciudad de El Alto, con centenares de vehículos, autobuses y camiones, cuyos conductores cerraron este martes la ruta quemando neumáticos para exigir el combustible que les permita trabajar.

“Realmente, estamos cansados de que este Gobierno no hace nada. El presidente de (la estatal) YPFB no dice si hay gasolina o no hay gasolina. Ya estamos durmiendo muchas noches”, dijo a EFE Jorge, un conductor que prefirió no dar su apellido, junto a una fogata prendida en medio de la autopista.

Esta ruta estratégica para La Paz sufre bloqueos no solo de los conductores que reclaman gasolina, sino también de los manifestantes que exigen la renuncia del presidente Paz, alentados por la Central Obrera Boliviana (COB) y los sindicatos campesinos del altiplano.

En la ciudad, las filas de vehículos aparecen y desaparecen en las vías, a veces se cruzan generando airados reclamos entre los conductores que pasan los días en incertidumbre, pendientes de las noticias sobre los posibles desbloqueos que permitan el tránsito de cisternas con gasolina y preocupados por dejar a sus familias por días.

Fidel Paz, quien trabaja como conductor de un vehículo escolar, contó a EFE que está en la fila desde el pasado viernes en la mañana.

“Viernes, sábado, domingo, lunes, y martes. Yo creo que voy a llegar a casa directamente a firmar el divorcio”, ironizó Paz y también comentó que las clases escolares son virtuales debido a la falta de combustibles para el transporte.

El hombre hizo amistad en la fila con el abogado Benjamín Torres, quien dijo que no puede arriesgarse a dejar el auto por miedo a posibles robos, aunque en otros lugares los conductores están organizados para dejarlos en las noches al cuidado de uno de ellos o de plano los dejan vacíos, pero numerados para no perder el puesto.

También están pendientes de las decisiones que asuma el Gobierno de Paz sobre decretar o no un estado de excepción, tras promulgar el lunes una ley que permite movilizar a las Fuerzas Armadas en el control de las protestas.

“Lo que tenemos que hacer es esperar a que se aplique el estado de excepción. No hay otra salida más”, afirmó Torres, para quien la causa del conflicto es que Paz no ha invitado a los sindicalistas a formar parte del Gobierno, como ocurría durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), encabezados por Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

En otra fila, la joven Fabiola Coyo instaló hace tres días una carpa donde pasa la noche en medio del frío invernal de La Paz, pero no tiene alternativa porque necesita el vehículo para repartir mercadería.

“La situación está muy complicada y tampoco da soluciones el presidente (...) La verdad no espero nada, tengo nomás que hacer fila, eso es lo que queda”, declaró Coyo a EFE.

La también joven María René Mita forma fila desde hace dos días para recibir cinco litros en un bidón para la motocicleta de su esposo que trabaja como repartidor a domicilio.

“Prácticamente nos están diciendo que va a llegar. Cada día nos dicen eso y aún así tenemos esperanza de que sí va llegar, pero estamos durmiendo en la calle”, dijo Mita, quien la semana hizo el mismo esfuerzo, pero fue en vano.

Los bloqueos de carreteras iniciaron hace seis semanas y, además del combustible, han ocasionado desabastecimiento de alimentos e insumos médicos.

(EFE)

Centenares de manifestantes se congregaron el martes en el centro de La Paz para pedir al Gobierno boliviano medidas urgentes que pongan fin a los bloqueos y cortes de ruta que afectan a Bolivia desde hace más de un mes y que provocaron desabastecimiento de combustible y alimentos en distintas regiones del país andino.

Integrantes de plataformas ciudadanas, asociaciones cívicas, comerciantes, mineros y grupos religiosos, entre otros sectores, se reunieron en la histórica plaza San Francisco en el centro de la capital para celebrar una asamblea ciudadana. El objetivo fue aprobar resoluciones que serían presentadas al Gobierno en demanda de soluciones a la crisis.

Tanto artesanos y comerciantes como personas de sectores gremiales portaron pancartas en contra de las protestas lideradas por sectores cercanos al ex presidente Evo Morales. “Trabajo sí. Bloqueo, no”, fue el lema durante la movilización en la plaza central de La Paz, ciudad que, junto a su vecina El Alto, figura entre las más afectadas.

El pronunciamiento final, leído por el presidente del Comité Multisectorial de La Paz, Leonel Cóndor Huayra, estuvo precedido por intervenciones de distintos oradores que rechazaron los bloqueos como método de protesta y cuestionaron a los dirigentes sindicales promotores de las manifestaciones contra la administración de Rodrigo Paz.

La proclamación exigió la instauración del estado de excepción, la renuncia de “malos dirigentes” como el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, la ejecución de la orden de captura contra Morales y la dimisión del vicepresidente Edmand Lara, declarado opositor al actual Gobierno.

El presidente de las Iglesias Evangélicas Unidas, Luis Aruquipa, informó que presentó un recurso de acción popular para que el presidente Paz aplique el estado de excepción en las zonas con mayores conflictos.

A su vez, los participantes de la protesta reclamaron la aprobación de leyes que permitan afrontar los impactos económicos de los bloqueos, en un contexto de una de las crisis más agudas de los últimos años en el país. Horas antes, otra concentración masiva en Sucre, capital constitucional de Bolivia, exigió al presidente Rodrigo Paz que tome medidas para restablecer la normalidad, incluyendo la posibilidad de decretar un régimen de excepción.

Los gremios de artesanos y comerciantes señalaron que los 39 días de bloqueos ocasionaron escasez de alimentos, oxígeno medicinal y combustible. El martes no se reportaron protestas directas cerca de la sede de gobierno en La Paz, aunque la principal dificultad continúa siendo la falta de combustible, que limitó el funcionamiento del transporte público.

De acuerdo con la Administradora Boliviana de Carreteras, los cortes viales se redujeron levemente, pero persisten en 85 puntos del país. Desde mayo, campesinos, indígenas y sindicatos obreros demandan la renuncia del mandatario Paz, a quien acusan de no atender a tiempo los reclamos sectoriales.

En este contexto, la escasez de combustibles derivada de los bloqueos generó largas filas de vehículos que serpentean por La Paz, donde los conductores permanecen durante días en sus autos e improvisan carpas, a la espera de la llegada de camiones cisternas a las estaciones de servicio. La situación se desarrolla en un contexto de tensión creciente y agotamiento después de seis semanas de bloqueos de carreteras impulsados por sectores que reclaman la renuncia de Rodrigo Paz.

Las extensas columnas de vehículos inmóviles ocupan avenidas en todos los barrios con gasolineras, además de superar los tres kilómetros sobre la autopista que conecta la capital con El Alto. Centenares de autos, autobuses y camiones se sumaron este martes al cierre de la ruta, donde los conductores quemaron neumáticos para exigir la provisión de combustible que les permita retomar sus actividades laborales.

(Con información de EFE)

El Gobierno de Bolivia enfrenta una nueva crisis a causa de los bloqueos de rutas claves para La Paz: la ministra de Turismo, Cinthya Yáñez, detalló que la situación colocó en peligro más de 90.000 empleos turísticos en todo el país, en especial para la capital, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca.

Los departamentos más afectados por la caída de operaciones turísticas sufren las consecuencias de los bloqueos que superaron el ámbito económico, forzando la postergación de la Larga Noche de Museos y la festividad del Señor Jesús del Gran Poder en La Paz.

La funcionaria lamentó que “todo esto generó un deterioro de la percepción del país como destino turístico seguro y confiable”, en referencia al daño sobre la imagen internacional del país andino.

Desde principios de mayo, sindicatos campesinos del altiplano y la Central Obrera Boliviana (COB), junto a grupos afines al ex presidente Evo Morales, exigen la renuncia del actual presidente Rodrigo Paz. Las protestas dejaron un saldo mortal al menos diez personas fallecidas, incluidas siete que no recibieron atención médica oportuna por los cortes de ruta, y pérdidas económicas que superan los USD 2.340 millones.

El área cultural y folclórica también se vio gravemente afectada. Yáñez precisó que la cancelación de eventos como el festival internacional de cine en el salar de Uyuni, uno de los principales atractivos naturales del país, agrava el panorama para los trabajadores del sector.

El impacto económico inmediato es contundente: las pérdidas en turismo y gastronomía ascienden a USD 1.100 millones, sin contar los daños en actividades culturales, para las que aún no se tienen cifras definitivas.

Los bloqueos y las protestas provocaron desabastecimiento en varias ciudades bolivianas, afectando tanto a la población como a las actividades productivas y comerciales. El escenario llevó al Gobierno a acelerar medidas excepcionales para contener la crisis.

Ante el escenario crítico, la ministra Yáñez presentó un “plan de emergencia” que busca responder de inmediato a la situación. La estrategia, según explicó, no se compone de acciones aisladas ni improvisadas, sino de un conjunto de respuestas “inmediatas” y estructurales.

El plan contempla el registro sistemático de los daños y la puesta en marcha de medidas extraordinarias para recuperar la actividad turística, proteger las cadenas productivas y preservar los empleos amenazados.

Además, la propuesta oficial incluye un enfoque de reconstrucción y fortalecimiento del sector, mediante mecanismos de protección, prevención, resiliencia y reactivación, con el objetivo de restaurar la confianza y la estabilidad del turismo en Bolivia.

El presidente Paz firmó el lunes la ley de Regulación de Estados de Excepción para autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en la contención de las protestas. Sin embargo, la promulgación de la norma no implica su entrada en vigor inmediata, ya que requiere un decreto y la validación posterior del Legislativo.

Por su parte, el pasado 21 de mayo, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) de Bolivia informó que las pérdidas del sector industrial superan los USD 600 millones debido a las protestas y bloqueos de carreteras organizados.

“Lastimosamente las pérdidas económicas en este momento para nuestro país ya superan los 600 millones de dólares. Esta cifra, este daño económico nuestras industrias ya no lo van a recuperar”, afirmó Gonzalo Morales, presidente de la CNI, durante una rueda de prensa.

El representante empresarial advirtió que “las industrias bolivianas están enfrentando una de las mayores crisis de los últimos años”, y detalló que “muchas fábricas han tenido que reducir sus operaciones, otras están al borde de detener completamente su producción y miles de trabajadores están en la incertidumbre sobre lo que puede ocurrir en los próximos días”.

(Con información de EFE)

Filas de varios kilómetros y esperas de hasta cinco días rodearon las estaciones de servicio en La Paz y otras ciudades de Bolivia durante la sexta semana consecutiva de bloqueos. Conductores de autobuses, camiones y vehículos particulares ocuparon avenidas y autopistas y convirtieron los alrededores de las gasolineras en campamentos improvisados, en medio del cansancio y la tensión por la falta de certezas sobre el abastecimiento.

En la autopista que conecta La Paz y El Alto, centenares de vehículos bloquearon la ruta y quemaron neumáticos para exigir la llegada de cisternas. Las filas se extendieron por más de tres kilómetros y se multiplicaron en distintos barrios.

La situación también golpeó a quienes dependen del vehículo para trabajar. Fabiola Coyo, encargada de repartir mercadería, instaló una carpa para resistir el frío nocturno mientras aguardó turno para cargar gasolina. María René Mita, otra vecina de La Paz, esperó dos jornadas para conseguir cinco litros, destinados a la motocicleta de su esposo, repartidor a domicilio. “Cada día nos dicen que va a llegar”, señaló a EFE, al recordar que la semana previa también pasó la noche a la intemperie sin lograr abastecerse.

El conflicto se originó tras el inicio de bloqueos de ruta impulsados por sectores sindicales, la Central Obrera Boliviana y organizaciones campesinas del altiplano, que exigieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Los cortes se extendieron a rutas estratégicas y generaron desabastecimiento de alimentos, insumos médicos y combustible.

Las protestas comenzaron con reclamos salariales y mejoras en las condiciones de vida, y luego sumaron la exigencia de salida del mandatario. Se intensificaron tras la promulgación de la Ley 1740, que regula los estados de excepción y habilita el despliegue de las Fuerzas Armadas para el control interno.

Bajo este contexto, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, señaló en un acto público que la respuesta estatal sería “institucional, democrática y de Estado”, y que las Fuerzas Armadas actuarían con “legalidad, disciplina y serenidad”. Justiniano atribuyó parte de las protestas a intereses criminales y estructuras asociadas al narcotráfico, y sostuvo que el conflicto superó el marco de una disputa política interna. “La protesta pacífica es un derecho, la violencia es un delito”, afirmó, y remarcó la prioridad de resguardar la vida y la Constitución.

La ola de bloqueos y protestas derivó en episodios de violencia. En San Julián, seis policías resultaron heridos por armas de fuego. El gobierno reportó 13 fallecimientos vinculados a la imposibilidad de acceder a servicios médicos y a enfrentamientos directos en el contexto de la crisis. Ambulancias quedaron varadas en las rutas, pacientes en estado crítico no recibieron atención oportuna y se interrumpieron tratamientos médicos esenciales. El Ministerio de Salud reclamó el cese inmediato de los bloqueos.

Las pérdidas acumuladas en diversos sectores productivos superaron los USD 2.340 millones desde el inicio de las movilizaciones, según estimaciones oficiales. A nivel político, el presidente Rodrigo Paz promulgó la ley sobre estados de excepción y advirtió que los manifestantes “tienen los días contados”, sin precisar plazos ni estrategias.

En paralelo, el ex presidente Evo Morales, a quien el gobierno identificó como impulsor de las movilizaciones, desafió públicamente a las autoridades y acusó al Ejecutivo de seguir directrices extranjeras.

El conflicto en Bolivia no muestra señales de resolución inmediata. Los piquetes se distribuyeron en al menos seis departamentos y el número de bloqueos superó los 80. Mientras el gobierno insiste en mantener abiertos los canales de diálogo, la población continúa enfrentando largas esperas, desabastecimiento y un clima de incertidumbre.

(Con información de EFE)

El ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano, afirmó este martes que las movilizaciones que reclaman la salida del presidente Rodrigo Paz tienen conexiones con organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y cuentan con apoyo que trasciende las fronteras del país.

Durante un acto en el Colegio Militar del Ejército en La Paz, donde recibió un reconocimiento tras asumir recientemente la cartera de Defensa, Justiniano sostuvo que la situación actual representa un desafío de seguridad más amplio que una disputa política o social.

“Bolivia enfrenta hoy una amenaza que ya no puede ser vista solamente como un conflicto interno”, afirmó el funcionario. Según explicó, detrás de las protestas existen “componentes transnacionales, financiamientos oscuros, intereses criminales y estructuras vinculadas al narcotráfico” que buscan debilitar las instituciones del Estado.

Las declaraciones se producen cuando el país atraviesa la sexta semana consecutiva de bloqueos de carreteras impulsados por organizaciones campesinas, sindicatos y grupos afines al ex presidente Evo Morales. Los cortes afectan rutas estratégicas y provocaron problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal en varias ciudades.

Justiniano sostuvo que algunos sectores radicalizaron sus acciones después de no alcanzar sus objetivos mediante los bloqueos. “No pudieron doblegar al país con los bloqueos” y decidieron “escalar” el conflicto, afirmó. Según el ministro, algunos grupos pasaron “de la piedra a la bala” y buscan imponer sus demandas mediante la intimidación y la violencia.

El funcionario señaló que el Gobierno diferencia entre la protesta legítima y los hechos que considera delictivos. “La protesta pacífica es un derecho, pero la violencia es un delito”, remarcó. También advirtió que “ningún interés político, económico o criminal puede estar por encima de la vida del pueblo boliviano, de la Constitución y de la democracia”.

Las autoridades bolivianas informaron que la crisis ya dejó al menos diez fallecidos. Siete de esas muertes estuvieron relacionadas con la imposibilidad de recibir atención médica oportuna debido a los bloqueos, mientras que otras ocurrieron en el contexto de enfrentamientos vinculados a las protestas.

A nivel económico, distintos sectores productivos denuncian pérdidas millonarias. Las estimaciones más recientes calculan un impacto superior a los 2.340 millones de dólares desde el inicio de las movilizaciones a comienzos de mayo.

En medio de la crisis, el presidente Paz promulgó esta semana la ley que regula los estados de excepción. La norma establece el marco legal para una eventual participación de las Fuerzas Armadas en tareas de control interno cuando la situación lo requiera. Sin embargo, la medida todavía no está vigente, ya que requiere la emisión de un decreto específico y la posterior validación legislativa.

Justiniano defendió la estrategia del Ejecutivo y rechazó las críticas de quienes reclaman acciones más contundentes. “La prudencia no es ausencia del Estado” y “la voluntad de diálogo no significa renunciar al deber de proteger a Bolivia”, expresó.

El ministro aseguró además que el Gobierno actuará dentro de los límites establecidos por la ley.

“Vamos a actuar con legalidad y firmeza”, señaló al referirse a quienes, según dijo, intentan convertir el miedo en una herramienta de presión política.

El respuesta de Evo Morales al Gobierno

Las declaraciones de Justiniano coincidieron con una nueva intervención pública del ex presidente Evo Morales, a quien el Gobierno identifica como uno de los principales impulsores de las movilizaciones.

Desde el Trópico de Cochabamba, donde permanece desde octubre de 2024 rodeado por sus seguidores, Morales desafió abiertamente a las autoridades a detenerlo. “Presidente, ministros, no me voy a escapar. Agárrenme aquí o mátenme aquí”, afirmó.

El ex mandatario aseguró que permanecerá en la región y sostuvo que las fuerzas de seguridad pueden ir a buscarlo allí. “Si tienen que atacar por tierra o por aire, ataquen”, declaró.

Morales también acusó al Gobierno de seguir directrices de Estados Unidos y responsabilizó a la administración de Paz por cualquier episodio de violencia que pueda registrarse en Cochabamba.

Sus declaraciones se produjeron después de que el presidente boliviano relacionara los bloqueos con intereses del narcotráfico y promulgara la ley que regula los estados de excepción.

Mientras el enfrentamiento político escala, el Gobierno insiste en que mantendrá abiertos los canales de diálogo, aunque advierte que responderá ante cualquier intento de desestabilización mediante mecanismos previstos por la Constitución y las leyes vigentes.

El Gobierno de Bolivia definió que el Ejército responderá a los bloqueos en todo el país dentro de la legalidad y con “serenidad”. Durante un acto oficial, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó: “Frente a quienes buscan convertir el miedo en método político, el Estado actuará con legalidad; frente a quienes intenten someter al país mediante la violencia, actuará con firmeza, y frente a quienes pretendan quebrar el orden democrático, las Fuerzas Armadas cumplirán su misión constitucional con disciplina, serenidad y patriotismo”.

Justiniano sostuvo que la respuesta no será “improvisada”, sino “institucional, democrática y de Estado”, y planteó que el Gobierno no enfrenta un conflicto interno aislado, sino amenazas con “componentes transnacionales”, intereses criminales y estructuras vinculadas al narcotráfico con capacidad para “debilitar al Estado” y “someter a la población mediante el miedo”.

En esa línea, remarcó: “La protesta pacífica es un derecho, la violencia es un delito. Ningún interés político, económico o criminal puede estar por encima de la vida del pueblo boliviano, de la Constitución y de la democracia”.

El contexto de las declaraciones quedó marcado por jornadas consecutivas de bloqueos y protestas impulsadas por la Central Obrera Boliviana y colectivos rurales. Las primeras demandas exigieron mejoras salariales y condiciones de vida, pero luego se sumó el pedido de renuncia del presidente. El lunes se promulgó la Ley 1740, que regula los estados de excepción, habilita el despliegue de las Fuerzas Armadas y establece que cualquier medida extraordinaria deberá disponerse por decreto, con un plazo máximo de 90 días y posibilidad de extensión solo si lo autoriza la Cámara Legislativa.

La ola de protestas derivó en crisis de abastecimiento y episodios de violencia. En San Julián, seis policías resultaron heridos por armas de fuego. El Gobierno reportó 13 fallecimientos vinculados a la imposibilidad de acceder a servicios médicos por los bloqueos.

Ante esos hechos, el Ministerio de Salud reclamó: “Las restricciones al tránsito están impidiendo que pacientes en estado crítico reciban atención médica a tiempo. Ambulancias detenidas, tratamientos interrumpidos y retrasos en el traslado de emergencias tienen consecuencias irreparables. La vida y la salud están por encima de cualquier interés político”.

En Cochabamba, surgieron amenazas de dirigentes locales que declararon un “estado de sitio” civil y lanzaron advertencias contra la presencia de “infiltrados”. El gobernador Leonardo Loza recibió una denuncia por uso indebido de bienes del Estado tras intentar cruzar un corte en una ambulancia para asistir a una ceremonia, hecho que el vocero de la Gobernación dio por confirmado.

La tensión se mantuvo con más de 80 piquetes en seis departamentos y sin una solución concreta. El presidente Rodrigo Paz, al promulgar la ley, advirtió: “Tienen los días contados”, sin precisar plazos ni detallar la estrategia para resolver la crisis. Mientras tanto, el Ejecutivo convocó a los sectores movilizados al diálogo y reiteró que el Ejército actuará bajo la legalidad y con “serenidad” ante los bloqueos.

(Con información de Europa Press)

El Salvador refuerza su atractivo como destino para la inversión extranjera tras la visita de una delegación de más de 15 empresarios de Bolivia, quienes manifestaron el interés de invertir y expandir operaciones en sectores como alimentos, farmacéutica, tecnología, fintech, agroindustria, turismo y café.

El encuentro, realizado en San Salvador, fue encabezado por el vicepresidente Félix Ulloa hijo, quien destacó las condiciones de seguridad y el entorno favorable para los negocios, factores señalados como determinantes por los inversionistas bolivianos.

Según informó la Vicepresidencia de la República de El Salvador, Ulloa subrayó que los avances en seguridad, la certeza jurídica y la visión tecnológica de El Salvador están impulsando la llegada de nuevos capitales. Durante la reunión, la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNADSV) fue presentada como referente en innovación financiera, posicionando al país como un ecosistema propicio para empresas interesadas en certificación y transformación digital.

Ulloa también resaltó la salida de El Salvador de la lista corta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que catalogó como un hito institucional.

En representación del sector público, la subdirectora de Promoción de Inversiones de Invest in El Salvador, Jessica Bukele, detalló a los empresarios bolivianos las oportunidades de inversión adaptables a los intereses de cada compañía.

La embajadora de El Salvador en Bolivia, Ana Rivas, acompañó la delegación y remarcó el creciente interés del empresariado boliviano por el mercado salvadoreño. Según la Vicepresidencia de la República de El Salvador, esta es la segunda visita empresarial de Bolivia en menos de un año, lo que muestra una tendencia sostenida de acercamiento.

Durante el encuentro, los empresarios bolivianos agradecieron la labor de la embajada salvadoreña en La Paz por facilitar el acercamiento y coincidieron en que el clima de seguridad, junto a la estabilidad jurídica, son factores clave para la toma de decisiones empresariales. Según la Vicepresidencia de la República de El Salvador, los sectores con mayor potencial de expansión incluyen alimentos, farmacéutica, tecnología, fintech y café.

Recientemente, el vicepresidente Ulloa sostuvo una reunión con el embajador de Perú, quien trasladó el interés de empresas peruanas de regresar al mercado salvadoreño.

Según informó la Vicepresidencia de la República la semana anterior, varias compañías peruanas, que se retiraron en años anteriores por motivos de inseguridad, están evaluando su retorno ante las nuevas condiciones de estabilidad. El embajador peruano transmitió que sectores como turismo, industria y logística ven a El Salvador como un punto estratégico para crecer en Centroamérica.

La reactivación del interés peruano coincide con la política gubernamental de promover inversiones a través de incentivos y mejoras regulatorias orientadas a atraer capital extranjero. El gobierno salvadoreño ha impulsado reformas en áreas prioritarias como salud, tecnología e infraestructura, que han sido valoradas positivamente por los empresarios extranjeros.

Un ejemplo citado en la reunión con los empresarios de Bolivia fue el lanzamiento de la plataforma digital DoctorSV- que ya contempla 1.5 millones de usuarios y la digitalización de más de 2 millones de recetas- así como la reciente apertura del Hospital Rosales, iniciativas que buscan elevar la calidad de los servicios estatales.

El clima de inversión en El Salvador ha recibido atención internacional tras la implementación de medidas de seguridad que han reducido la criminalidad, un aspecto que tanto empresarios bolivianos como peruanos consideran esencial para operar y expandirse en el país. Según la Vicepresidencia de la República de El Salvador, “el acompañamiento de las embajadas y la visión de país como plataforma de expansión regional consolidan a El Salvador como destino confiable para la inversión extranjera”.

Con la llegada de nuevas delegaciones empresariales y el renovado diálogo bilateral con Perú, El Salvador proyecta consolidar su posición como polo de atracción para empresas de Sudamérica interesadas en turismo, comercio e industria. El gobierno mantiene la expectativa de concretar acuerdos en los próximos meses que permitan materializar estos anuncios de interés en inversiones directas y generación de empleo.

El gobernador de Cochabamba y dirigente cocalero Leonardo Loza enfrenta una denuncia por uso indebido de bienes del Estado luego de haber sido encontrado en una ambulancia intentando pasar un punto de bloqueo para asistir a una celebración institucional en el municipio de Villa Tunari, a 167 kilómetros de la ciudad capital.

La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público por la asambleísta Claudia Martínez, quien calificó como “indignante” el uso del vehículo para ese fin. “He presentado esta denuncia porque es indignante que haya pacientes en Villa Tunari con cáncer que no pueden ser trasladados hasta Cochabamba, pero las ambulancias llegan a otros municipios para trasladar al señor Loza a un festejo”, afirmó ante los medios locales.

El gobernador llegó a ese municipio para participar en una sesión de honor por los 56 años de su fundación. En el acto también participaron autoridades locales y el expresidente Evo Morales (2006-2019), quien se encuentra custodiado por sus seguidores en esa región ante el riesgo de aprehensión.

En medio del escándalo y la difusión de videos en redes sociales, el vocero de la Gobernación, Sergio De La Zerda, confirmó el uso de la ambulancia: “Se ha trasladado, en primera instancia haciendo uso de sus propios medios, hasta que se encontró en un punto de bloqueo y le pidió el favor a una ambulancia de la Alcaldía de Villa Tunari para continuar el tramo y seguir su camino”, afirmó en conferencia de prensa.

El hecho cobra relevancia porque Bolivia atraviesa más de un mes de bloqueos de carreteras para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Lo que inició con demandas sindicales por aumento salarial y contra algunas reformas del Gobierno derivó en pedidos de dimisión en el altiplano boliviano y luego se expandió a otras regiones del país.

Desde el inicio de los bloqueos el 6 de mayo, el Ejecutivo ha reportado 13 fallecimientos por falta de acceso oportuno a servicios médicos a causa de los piquetes. Tres de estos casos ocurrieron cuando los pacientes estaban siendo trasladados en ambulancias: un paciente renal en el municipio paceño de Guanay, un menor de 12 años en el departamento de Potosí y una mujer de 47 años cuya ambulancia quedó varada en bloqueo en El Alto, la ciudad que colinda con La Paz.

En ese marco, el Gobierno ha exigido a los sectores movilizados que permitan el paso de ambulancias, personal sanitario e insumos médicos en los puntos de bloqueo.

“Las restricciones al tránsito están impidiendo que pacientes en estado crítico reciban atención médica a tiempo. Ambulancias detenidas, tratamientos interrumpidos y retrasos en el traslado de emergencias tienen consecuencias irreparables”, publicó el Ministerio de Salud. “La vida y la salud están por encima de cualquier interés político”, agrega la nota.

Este martes se cumplen 34 días consecutivos de bloqueos con más de 80 piquetes instalados en seis de los nueve departamentos del país. El Gobierno ha denunciado “intereses narcoterroristas” detrás de la medida de presión que busca su renuncia y ha convocado al diálogo a los sectores que tienen demandas específicas para mitigar los conflictos.

En paralelo, el Congreso aprobó una norma enviada por el Ejecutivo para regular los estados de excepción que fue promulgada por el presidente Paz este lunes, pero que no implica la vigencia automática de la medida.

“Tienen los días contados”, advirtió el primer mandatario durante la promulgación de la ley, pero no informó cuál es la estrategia ni los plazos fijados para poner fin a un conflicto que, por sus incontables costos económicos y sociales, reclama acciones desde el día uno.

La movilización recorrió zonas comerciales hasta llegar al centro histórico de la ciudad, sede del Gobierno y Legislativo, bajo la consigna: "No al bloqueo y sí al trabajo“.

El presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Edwin Fernández, declaró a EFE que solicitó a los sectores obreros y campesinos en conflicto que cesen sus protestas, ya que afectan al “90%” de la población trabajadora, que no cuenta con salario fijo y depende de emprendimientos propios.

Según Fernández, a raíz de los bloqueos iniciados el 6 de mayo, las pequeñas empresas de La Paz y El Alto debieron despedir a “muchos trabajadores”, al quedarse sin insumos y enfrentar pérdidas “millonarias”.

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) estima que las pérdidas globales para la economía boliviana superan los 2.340 millones de dólares, mientras que los dirigentes de los gremiales o comerciantes minoristas calculan un perjuicio de 1.200 millones de dólares.

“El sector productivo el día de mañana (martes) va a salir a desbloquear, no vamos a permitir que un grupo de sindicalistas, parásitos (...) sigan perjudicando al país”, expresó a EFE Marcelo Fernández, productor de El Alto.

Los bloqueos han generado desabastecimiento y encarecimiento de alimentos, además de escasez de combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal, recursos necesarios para los hospitales.

Las protestas y bloqueos de carreteras son promovidos por campesinos de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del ex presidente Evo Morales (2006-2019), quienes exigen la renuncia de Paz como “única demanda” y rechazan el diálogo.

Los sectores movilizados, especialmente los campesinos, acusan a Paz de marginarlos en las decisiones gubernamentales, pese a que afirman haberle dado la victoria en las elecciones de 2025.

El Gobierno acusó a Morales de presuntamente financiar las protestas con recursos del “narcotráfico“, motivo por el cual pidió a los dirigentes de las organizaciones sociales evitar ser “utilizados” por el ex mandatario.

El presidente Paz firmó este lunes la ley que regula los estados de excepción, aunque su promulgación no implica vigencia automática, ya que falta un decreto que debe ser anunciado y aprobado por el Legislativo.

Paz, quien este lunes cumplió siete meses en el cargo, reiteró a las organizaciones movilizadas su disposición al diálogo.

Los conflictos han dejado al menos diez fallecidos, incluidas siete personas que no recibieron atención médica oportuna por los bloqueos y otras tres que murieron en el contexto de las protestas, en circunstancias aún bajo investigación.

Bolivia recibió 39 toneladas de ayuda humanitaria enviadas de forma gradual por cuatro países vecinos para mitigar los efectos de los bloqueos de carreteras sostenidos durante más de un mes. Estos bloqueos, impulsados por sectores que reclaman la renuncia del presidente Rodrigo Paz, han generado desabastecimiento en distintas ciudades.

El viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, informó que la ayuda provino de Brasil (21 toneladas), Chile (ocho), Paraguay (seis) y Perú (cuatro). Troche brindó estos detalles durante un acto en el Aeropuerto Internacional de El Alto, donde se entregaron 25 toneladas de ayuda humanitaria procedente de Perú y Brasil, que se distribuirán entre los grupos sociales más vulnerables.

Según Troche, la distribución estará a cargo de la Gobernación de La Paz, en coordinación con los municipios más afectados, para asegurar que las donaciones lleguen “de la manera más responsable” a quienes más lo necesitan.

La carga incluye las cuatro toneladas de Perú, compuestas por 8.000 bolsas de lentejas, y las 21 toneladas aportadas por Brasil, con 16 toneladas de arroz y cinco de leche, según un comunicado del Viceministerio de Defensa Civil.

En el evento participó también el embajador de Perú en Bolivia, Carlos Chávez-Taffur, quien subrayó la entrega de la ayuda y la coordinación con autoridades bolivianas para “repatriar a 350 peruanos varados en Bolivia” y trasladar a 70 bolivianos que permanecían en la frontera.

El Gobierno de Chile anunció que el próximo lunes enviará una nueva dotación de ayuda humanitaria.

Argentina colaboró con el envío de dos aviones Hércules, que operan “puentes aéreos” para transportar alimentos desde las zonas productoras del este hacia el occidente del país.

Los bloqueos, encabezados por campesinos de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del ex presidente Evo Morales (2006-2019), tienen como “única demanda” la renuncia de Paz y rechazan cualquier posibilidad de diálogo.

El presidente Paz firmó la ley que regula los estados de excepción, aunque su promulgación no implica la entrada en vigor inmediata, ya que requiere un decreto pendiente de anuncio y aprobación legislativa.

Los conflictos han dejado al menos diez fallecidos: siete personas murieron por no recibir atención médica a tiempo debido a los bloqueos, y otras tres perdieron la vida en el contexto de las protestas, en circunstancias que aún se investigan.

Dirigentes campesinos de Bolivia amenazaron con tomar unidades militares luego de que el presidente Rodrigo Paz promulgara una ley de regulación de estados de excepción en medio de la ola de conflictos que enfrenta el país.

Mario Rivera, representante de la Federación de Comunidades Interculturales de la localidad de Chimoré (centro), anunció el rechazo de su organización a la norma y anunció que iniciarán una vigilia y la “toma de instalaciones militares” de ese municipio ubicado a 193 kilómetros de Cochabamba.

“Vamos a tomar puestos militares”, advirtió en un video difundido por la radio cocalera Kawsachun Coca. “No nos hacemos responsables de lo que pueda pasar en el trópico de Cochabamba, de los militares y policías”, agregó.

A través de la Ley 1740 se regulan los procedimientos, alcances y límites de los estados de excepción contemplados en la Constitución Política del Estado. Aunque no se ha implementado la medida, el Gobierno defiende la norma como un marco institucional necesario para restablecer el orden y la libre circulación bajo el respeto a los derechos humanos.

Sin embargo, según los dirigentes de los interculturales —una organización social conformada por campesinos migrantes, e hijos de estos, que se trasladaron desde el altiplano hacia los valles y tierras bajas de Santa Cruz y Cochabamba principalmente—, la norma constituye una amenaza para quienes piden la renuncia del primer mandatario.

Rivera cuestionó en concreto dos artículos de la Ley 1740 que establecen la “presunción de legalidad” de las actuaciones militares durante la vigencia de los estados de excepción. “Esta ley está hecha para reprimir al pueblo”, afirmó otro de los representantes del sector que acompañó en el pronunciamiento.

Las declaraciones se producen en un momento de tensión social en Bolivia tras más de un mes de protestas sociales y bloqueos de carreteras.

Los manifestantes, un grupo heterogéneo conformado por sindicatos de obreros, cocaleros y campesinos del altiplano y los valles, exigen la renuncia del presidente Paz, a quien acusan de incumplimiento de las promesas de campaña y de gobernar de manera excluyente en favor de las élites. También denuncian intentos de privatización de empresas públicas, algo que el Ejecutivo ha negado reiteradamente.

Los bloqueos prolongados han provocado desabastecimiento de alimentos, insumos básicos y combustible sobre todo en el departamento de La Paz, donde iniciaron las protestas. Los medios locales también reportan interrupciones en el servicio de transporte público y el recojo de basura, además de la suspensión de algunos servicios médicos por falta de oxígeno medicinal que no puede ser trasladado desde las ciudades donde se produce.

Las estimaciones de las pérdidas económicas varían según las fuentes, pero rondan los 2.000 millones de dólares, lo que equivale a casi el 4% del Producto Interno Bruto (PIB).

En ese contexto, varios actores políticos, económicos y cívicos han reclamado al presidente acciones para restablecer el orden. Este martes se cumplen 34 días consecutivos de bloqueos y la Administradora Boliviana de Carreteras registra casi 80 piquetes en seis de los nueve departamentos del país.

La promulgación de la ley de regulación de estados de excepción no implica la vigencia automática de la medida porque hace falta un decreto y la aprobación posterior de la Asamblea Legislativa en un plazo de 72 horas. Sin embargo, el presidente Paz afirmó que el plan de actuación de la Policía y las Fuerzas Armadas ya está diseñado y les pidió actuar con “profesionalidad” y “firmeza” para proteger a la población.

Representantes de los sectores turismo y transporte aéreo de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú participarán los días 9 y 10 de junio en Quito, Ecuador, en dos encuentros organizados por la Comunidad Andina (CAN) con el objetivo de impulsar la integración regional y fortalecer actividades consideradas estratégicas para el crecimiento económico de la subregión.

Las jornadas reunirán a autoridades, empresarios y especialistas en el marco del I Foro Andino de Turismo y el IV Foro Andino de Transporte Aéreo. Ambas iniciativas cuentan con el respaldo de la Secretaría General de la Comunidad Andina, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Presidencia Pro Tempore de Ecuador. Los eventos buscan promover acciones conjuntas para mejorar la conectividad entre los países andinos y potenciar el desarrollo de la actividad turística.

Turismo como eje de integración regional

El I Foro Andino de Turismo se desarrollará el 9 de junio y servirá como espacio para intercambiar experiencias, analizar tendencias globales y evaluar nuevas oportunidades para fortalecer la competitividad turística de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Uno de los temas centrales será el impulso de Caminos Andinos, una iniciativa promovida por la Secretaría General de la CAN junto con los países miembros para posicionar a la región como un destino turístico integrado ante los mercados internacionales. La propuesta busca conectar distintos atractivos de la subregión a partir de elementos compartidos como la riqueza cultural, los paisajes naturales, la gastronomía, las comunidades rurales y ancestrales, así como la producción artesanal.

Actualmente, Caminos Andinos reúne 16 rutas turísticas y 42 destinos distribuidos en los cuatro países. Además, dispone de una plataforma digital que ofrece información práctica para los viajeros, incluyendo detalles sobre clima, moneda y principales atractivos de cada lugar.

Durante el foro también se desarrollará un panel con autoridades del sector turístico de los países andinos, quienes compartirán experiencias relacionadas con la gestión de destinos, la diversificación de la oferta y la promoción de nuevos circuitos turísticos. El propósito es identificar experiencias exitosas que puedan contribuir al fortalecimiento de la iniciativa regional.

Asimismo, los participantes abordarán temas vinculados a las nuevas tendencias del mercado turístico, entre ellos la capacidad de la Comunidad Andina para atraer nómadas digitales, las estrategias implementadas por destinos internacionales de referencia y las perspectivas de evolución de la industria en los próximos años.

Impacto económico del turismo en la Comunidad Andina

El secretario general de la Comunidad Andina, embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel, resaltó la relevancia que mantiene esta actividad para las economías de la subregión. Según indicó, durante 2025 los países miembros recibieron cerca de 12 millones de visitantes no residentes y el sector generó alrededor de 4 millones de empleos.

“Estos datos confirman la importancia del turismo en la economía de la subregión. Además, de contribuir con el 2.5% del PBI de la Comunidad Andina, el turismo tiene un impacto importante en las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan alrededor del 80% de las unidades productivas vinculadas al sector”, destacó el embajador Gutiérrez.

Las cifras reflejan el peso que tiene esta actividad en la generación de oportunidades económicas, especialmente para las pequeñas unidades productivas vinculadas a servicios turísticos, hospedaje, gastronomía, transporte y comercio local.

Conectividad aérea para impulsar el crecimiento

El 10 de junio se llevará a cabo el IV Foro Andino de Transporte Aéreo, una iniciativa promovida por la Secretaría General de la CAN desde 2022 y que se ha convertido en un espacio de coordinación entre autoridades aeronáuticas, aerolíneas, operadores aeroportuarios y organismos internacionales.

La edición de este año estará enfocada en revisar experiencias internacionales y analizar medidas orientadas a modernizar la normativa aeronáutica de la subregión. Entre los objetivos figura fortalecer el transporte de carga, facilitar el comercio entre los países miembros y consolidar la aviación como un factor clave para el desarrollo del turismo receptivo.

De acuerdo con información correspondiente a 2024, los aeropuertos de la Comunidad Andina movilizaron 40 millones de pasajeros internacionales. De ese total, 6,47 millones correspondieron a viajes entre los países miembros, volumen que representó el 16,2% del tráfico internacional registrado en la subregión.

Para la CAN, estos resultados evidencian un amplio margen para continuar ampliando la conectividad aérea regional, facilitando el desplazamiento de personas, mercancías y servicios entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

La preocupación internacional por la crisis política y social en Bolivia se intensifica tras el pronunciamiento del Gobierno de Panamá, que este lunes advirtió sobre el accionar de grupos considerados “extremistas” y actores “desestabilizadores” que, según su comunicado, intentan alterar el orden democrático en Bolivia. La crisis boliviana, que ya suma un mes de bloqueos en las principales carreteras, ha generado múltiples consecuencias sociales y económicas, mientras el Ejecutivo de Rodrigo Paz enfrenta presiones crecientes y evalúa medidas excepcionales.

Según información difundida por la agencia EFE, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá expresó “preocupación” frente a las acciones que, a su juicio, buscan “generar confrontación social” y debilitar la estabilidad institucional en Bolivia. El comunicado, divulgado este lunes, subraya el rechazo a cualquier intento de socavar el Estado de Derecho por mecanismos ajenos a la vía democrática.

La crisis en Bolivia se desarrolla en un contexto de fuerte polarización política y social. Sectores indígenas y campesinos vinculados al expresidente Evo Morales mantienen bloqueos en rutas estratégicas desde hace más de 30 días.

Estas protestas, impulsadas por organizaciones que cuestionan la gestión del actual mandatario, exigen la renuncia de Rodrigo Paz, quien este lunes cumple siete meses al frente del gobierno, tras imponerse en las elecciones generales. Según datos de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), la paralización ha ocasionado pérdidas superiores a USD 2,100 millones, cifra que refleja el impacto económico del conflicto.

De acuerdo con informes de EFE, las consecuencias trascienden lo económico. Al menos siete personas fallecieron por no recibir atención médica durante los bloqueos, mientras otras tres murieron en episodios de enfrentamiento vinculados a las protestas. Esta situación ha provocado desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en amplias zonas del país, agravando la tensión social y las dificultades para la población más vulnerable.

La respuesta del Gobierno y el Congreso

El gobierno de Rodrigo Paz enfrenta un escenario de presión simultánea desde los sectores movilizados y desde la propia institucionalidad. El Congreso, a través de la Cámara de Diputados, aprobó una ley que reglamenta los estados de excepción, cuyo objetivo principal es dotar al Ejecutivo de herramientas para enfrentar situaciones de “conmoción interna”. La normativa permitirá la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía, en caso de que esta última se vea superada por la magnitud de los disturbios.

La promulgación de la ley depende ahora del presidente Paz, quien debe decidir si emite o no el decreto para implementar el estado de excepción. De hacerlo, la medida deberá ser validada por el Parlamento en un plazo de 72 horas, según lo establece la legislación aprobada. Fuentes del Ejecutivo citadas por EFE señalan que el Ejecutivo evalúa la decisión bajo presión de diversos sectores sociales y políticos, mientras crecen las demandas de restablecimiento del orden y el abastecimiento básico.

El papel de Evo Morales en la crisis

En el trasfondo del conflicto sobresale la figura de Evo Morales, exmandatario que gobernó entre 2006 y 2019 y sigue influyendo sobre amplios sectores sociales, especialmente en áreas rurales e indígenas. Las agrupaciones que lideran los bloqueos aseguran que su única demanda es la salida del actual presidente y el llamado a nuevas elecciones. Las movilizaciones han reavivado el debate sobre la legitimidad de los procesos políticos recientes y el papel de los movimientos sociales en la vida pública boliviana.

El comunicado de Panamá se suma a otras expresiones de preocupación internacional sobre la situación en Bolivia, en medio de llamados de organismos multilaterales y países de la región para que se restablezcan los canales de diálogo.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este lunes un paquete de medidas destinado a mitigar el impacto económico y social de los bloqueos de carreteras que desde principios de mayo paralizan amplias zonas del país. Las disposiciones incluyen la reprogramación de créditos bancarios y la creación de fondos específicos para transportistas y personas que requieren tratamientos médicos complejos.

El anuncio se produjo en una jornada marcada por el cumplimiento de siete meses de gestión de Paz y por el deterioro de una crisis que ha generado problemas de abastecimiento de alimentos, medicamentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias regiones.

Durante una intervención pública, el mandatario explicó que uno de los decretos permitirá renegociar obligaciones financieras en todo el territorio nacional. Según sostuvo, la medida busca dar oxígeno a actividades que han sufrido fuertes pérdidas como consecuencia de los cortes de rutas.

“Todos los sectores” podrán acceder a este mecanismo, afirmó el presidente, al mencionar especialmente a trabajadores vinculados al turismo, pequeños emprendedores y artesanos, cuyas actividades se vieron afectadas por la interrupción del tránsito y la reducción del movimiento comercial.

El Gobierno también puso en marcha un Fondo de Garantía de Crédito para el Transporte, una herramienta destinada a facilitar el acceso a financiamiento para choferes y propietarios de vehículos. El programa contará con recursos de hasta 1.000 millones de bolivianos y permitirá respaldar préstamos para la compra de unidades nuevas o el desarrollo de otras iniciativas productivas.

Las medidas fueron presentadas como una respuesta a las consecuencias económicas acumuladas durante más de cinco semanas de protestas. Los bloqueos comenzaron el 6 de mayo impulsados por organizaciones campesinas y sindicales que exigen la renuncia del mandatario y rechazan abrir instancias de negociación con el Ejecutivo.

Otro de los anuncios estuvo relacionado con la asistencia a pacientes con enfermedades de alta complejidad. Paz informó que los recursos obtenidos a partir de la reducción salarial aplicada a él y a sus ministros serán destinados a un fondo especial para personas con afecciones renales y cáncer.

“Invitamos al vicepresidente y a cualquier otra autoridad que quiera aportar libremente para aquellos hermanos bolivianos con problemas renales o de cáncer”, expresó el mandatario al presentar la iniciativa.

La situación económica se ha convertido en una de las principales preocupaciones del Gobierno. De acuerdo con estimaciones empresariales, las pérdidas derivadas de los bloqueos superan los 2.300 millones de dólares. Al mismo tiempo, la interrupción de rutas estratégicas ha dificultado el transporte de productos esenciales hacia distintos centros urbanos.

Los efectos también se han reflejado en el sistema sanitario. Según datos difundidos por organismos de derechos humanos y autoridades locales, varias personas murieron tras no poder recibir atención médica oportuna debido a los cortes de carreteras y las dificultades para trasladar pacientes o suministros.

El anuncio de las medidas económicas coincidió además con la promulgación de una ley que regula los estados de excepción. Aunque la norma habilita mecanismos para una eventual intervención de las Fuerzas Armadas en situaciones de conmoción interna, su entrada en vigor efectiva requiere decisiones adicionales del Ejecutivo que todavía no han sido comunicadas.

Paz denunció intentos de desestabilización

En medio de la crisis, el presidente endureció su discurso contra los sectores que impulsan las protestas. Durante los últimos días sostuvo que su administración atenderá las demandas legítimas de la población, pero rechazó cualquier intento de alterar el orden institucional.

“Bolivia defiende su democracia con instituciones, con diálogo y con el respaldo de su pueblo”, afirmó.

El mandatario aseguró además que no permitirá que “intereses narcoterroristas actúen para desestabilizar y destruir la democracia”, una declaración realizada después de recibir mensajes de respaldo internacional frente a los pedidos de renuncia promovidos por distintos sectores.

Paz también responsabilizó al ex presidente Evo Morales de alentar las movilizaciones y sostuvo que detrás de las protestas existen intereses políticos que buscan profundizar la crisis. Mientras tanto, los bloqueos continúan en varias regiones del país y mantienen abierto uno de los momentos más delicados para el Gobierno desde su llegada al poder.

(Con información de EFE)

Las autoridades chilenas desarticularon este lunes la mayor operación de tráfico de drogas registrada en la historia del país al interceptar más de 100 toneladas de clorhidrato de cocaína y ketamina ocultas mediante impregnación química en 1.080 toneladas de madera procedente de Bolivia. El decomiso afectó simultáneamente a los puertos de Arica, Valparaíso y San Antonio, los principales nodos de salida de mercancías del Pacífico chileno, e involucró 45 contenedores con madera aserrada y material tipo decking que presentaba entre un 10% y un 20% de sustancias ilícitas en su composición.

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, describió el método como sofisticado: la droga —cocaína base, clorhidrato de cocaína, ketamina y agentes adulterantes como cafeína, ecgonina metil éster y fenacetina— estaba incorporada en la estructura de la madera, invisible a simple vista y detectable solo mediante análisis de laboratorio. “Esto es 100% trabajo de inteligencia y trabajo investigativo. Ningún hallazgo fue al azar”, declaró Carrera. La verificación técnica corrió a cargo del Instituto de Salud Pública, con apoyo de binomios caninos y tecnología especializada de escáner. Los embarques estaban destinados a al menos quince países en Europa, Norteamérica y Oceanía, utilizando a Chile como plataforma de exportación bajo la apariencia de comercio forestal legal.

El operativo se enmarca en la estrategia denominada Foco Portuario, implementada por la Fiscalía en 2024 para reforzar los controles frente al crimen organizado transnacional. El fiscal nacional, Ángel Valencia, subrayó el valor del esfuerzo colectivo entre la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, la policía marítima y la Dirección Nacional de Aduanas. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, calificó el procedimiento como un hito y advirtió que el crimen organizado “no respeta fronteras, es más ágil y está mejor financiado”. La investigación tuvo derivaciones en Bolivia: el fiscal Carrera confirmó que la Fiscalía boliviana practicó detenciones a partir de los antecedentes compartidos por Chile en el marco de acuerdos de cooperación judicial vigentes.

La magnitud del decomiso adquiere relieve al situarlo en contexto. Chile era considerado hasta hace pocos años principalmente un país de tránsito, no un nodo exportador relevante. Esa percepción empezó a cambiar con las advertencias de la DEA en 2018 y se profundizó con un informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU que colocó a Chile junto a Colombia y Brasil como origen verificable de clorhidrato de cocaína enviado por vía marítima a Europa. La tendencia se aceleró desde 2023, cuando Naciones Unidas identificó los puertos chilenos como un pasadizo activo del crimen organizado. En marzo de 2026 ya se había interceptado en un cargamento de unos 68 toneladas de cocaína impregnada en madera boliviana.

Las autoridades estimaron que los cargamentos decomisados habrían generado ganancias ilícitas superiores a los 8.334 millones de dólares en el mercado europeo, equivalentes a unas 584 millones de dosis potenciales. La cifra ilustra la dimensión financiera del negocio que los carteles intentaron sostener bajo la fachada del comercio maderero: un esquema que requirió seis meses de inteligencia acumulada para ser desmantelado y que, por su escala y sofisticación técnica, abre interrogantes sobre la capacidad de los puertos del Pacífico sur para detectar métodos de ocultamiento que solo son visibles en el laboratorio.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, agradeció este domingo el apoyo de Estados Unidos frente a la ola de conflictos sociales que atraviesa el país y aseguró que no permitirá que “intereses narcoterroristas” intenten destruir la democracia.

“Bolivia defiende su democracia con instituciones, con diálogo y con el respaldo de su pueblo”, afirmó el primer mandatario en un mensaje publicado en X cuando se cumplen 31 días de bloqueos de carreteras en el país. “Siempre atenderemos los reclamos justos, pero no permitiremos que intereses narcoterroristas actúen para desestabilizar y destruir la democracia que tanto nos costó construir”, agregó.

El mensaje estaba dirigido al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien días atrás brindó su respaldo a la administración de Paz. En la misma red social, Hegseth había manifestado que el Departamento de Guerra y la Coalición Contra el Cártel de las Américas rechazaban el intento de “derrocar” al gobierno boliviano.

“Estados Unidos está observando. Bolivia no debe permitir que caiga presa del viejo statu quo de dominación narcoterrorista en la región”, afirmó el secretario estadounidense, a tiempo de ratificar el apoyo al país.

El mensaje de Hegseth no es el primero que expresa el respaldo de Estados Unidos al país sudamericano desde el inicio de los conflictos hace más de un mes. Anteriormente, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental manifestó su respaldo, al igual que los países miembros del Escudo de las Américas, la alianza creada por el presidente Donald Trump en marzo para combatir organizaciones criminales en la región.

Por otro lado, el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, y el número dos de esa oficina, Christopher Landau, hicieron público su respaldo al presidente Paz.

De momento, y al menos de manera pública, el apoyo del gobierno de Estados Unidos se ha materializado en la entrega de “alimentos de emergencia y apoyo de operaciones logísticas”, según informó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, para los damnificados por los cortes de carreteras, que se concentran principalmente en las ciudades andinas de La Paz y El Alto.

La crisis social comenzó hace un par de meses con reclamos de aumentos salariales, protestas por la escasez y mala calidad del combustible y en rechazo a varias reformas que estaba encarando el gobierno. Los conflictos se intensificaron en las últimas semanas cuando sindicatos obreros, campesinos de la región occidental y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) radicalizaron sus demandas y empezaron a exigir la renuncia del primer mandatario.

Desde entonces, los bloqueos de carreteras se han masificado y extendido por todo el país: este lunes, la Administradora Boliviana de Carreteras reporta 84 piquetes en seis de los nueve departamentos del país.

Mientras el gobierno apostó por llamar al diálogo a los sectores movilizados en encuentros que nunca se concretaron, el Parlamento abrogó una ley que limitaba el estado de excepción y aprobó otra norma para regular su implementación que hasta ahora no ha sido promulgada por el presidente.

Una vez que esté en vigencia, Paz podrá recurrir a las fuerzas militares para restablecer el orden y el libre tránsito en el país, donde algunas ciudades enfrentan escasez de alimentos, combustible y medicamentos debido a los bloqueos.

Hasta ahora la participación de los militares ha sido limitada para despejar algunas vías y en coordinación con la Policía. La intervención más reciente ocurrió el sábado, en la localidad cruceña de San Julián, al este del país, donde al menos 25 personas —entre ellas seis policías— resultaron heridas y se reportó el uso de armas de fuego entre civiles.

La Defensoría del Pueblo pidió una investigación imparcial para esclarecer el uso de armamento y denunció que además de las fuerzas estatales hubo presencia de “grupos paraestatales y de choque” en los enfrentamientos con los bloqueadores.

Por lo pronto, no hay visos de una salida consensuada a la crisis. El Gobierno, que hoy cumple siete meses en funciones, enfrenta no solo pedidos de renuncia sino también de acciones para superar la crisis; mientras que los grupos que exigen su renuncia advirtieron con el fortalecimiento de las medidas de presión.

El presidente Rodrigo Paz promulgó este lunes la Ley de Regulación de Estados de Excepción a través de la cual se regula la aplicación de un régimen extraordinario y temporal que puede ser implementado en casos de amenaza externa, conmoción interna y desastre natural.

“Promulgo esta norma porque está bajo la lógica de defender a las grandes mayorías de aquellos que nos quieren atacar e irrumpir este proceso democrático”, manifestó el presidente al firmar la norma y acusó al “narco terrorismo” de provocar las protestas sociales.

Aunque el mandatario afirmó que “el diálogo es lo principal” para resolver las disputas internas, dio un mensaje a las Fuerzas Armadas: “Ustedes tienen la responsabilidad de cuidar nuestro futuro, actuar con firmeza y profesionalismo, respetando derechos humanos y nuestra Constitución (...) la patria confía en su misión histórica”.

La puesta en vigencia de esta ley se produce cuando el país cumple 33 días de bloqueos de carreteras masivos que han paralizado gran parte del país. Con la norma promulgada, el presidente puede dictar estado de excepción hasta por 90 días, con aval del Legislativo y la posibilidad de ampliar su duración.

La norma fue aprobada de manera expedita en el Senado y en la Cámara de Diputados, donde fue sancionada la madrugada del domingo tras una sesión que se prolongó por más de diez horas.

Aunque la ley finalmente fue aprobada por mayoría de votos, hubo un intenso debate entre los parlamentarios. Por un lado, se expresó la urgencia de poner orden en el país tras más de un mes de bloqueos, pero por otro hubo cuestionamientos sobre la forma de aplicación.

La controversia mayor giró en torno a un artículo que presume la legalidad de las actuaciones de las fuerzas del orden durante la vigencia de un estado de excepción. Algunos parlamentarios señalaron que la medida podría derivar en un exceso de abusos y vulneraciones de derechos humanos.

Bolivia lleva más de un mes de protestas sociales y bloqueos que iniciaron en la región andina del país y se extendieron a seis de nueve departamentos.

Las manifestaciones iniciaron con reclamos sindicales de aumento salarial y en rechazo contra la calidad del combustible y algunas reformas planteadas por el gobierno. Sin embargo, de manera progresiva, los sectores movilizados se unieron para pedir la renuncia del presidente y han radicalizado las medidas de presión.

Este lunes, la Administradora Boliviana de Carreteras reporta 84 piquetes en todo el país, lo que ha provocado desabastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos principalmente en las ciudades de La Paz y El Alto, las más afectadas por los bloqueos, y el encarecimiento de productos básicos.

Los medios locales reportan también la interrupción de algunos servicios médicos por la escasez de oxígeno medicinal, la suspensión de las clases escolares presenciales e irregularidades en el flujo del transporte público y el recojo de basura.

Esta situación, que parece insostenible para la población afectada, se suma a las pérdidas económicas de sectores estratégicos como el transporte y la industria.

En ese contexto, actores políticos, económicos y organizaciones civiles han subido la presión al Gobierno para poner fin a las medidas de presión por el enorme costo social y económico que conllevan.

Aunque el Estado puede recurrir a las fuerzas del orden para desbloquear los caminos, en el curso de este conflicto apostó por realizar convocatorias al diálogo que no se concretaron y habilitar “corredores humanitarios” temporales para permitir el paso de alimentos y otros productos.

Sin señales claras de cuál es la estrategia para resolver el conflicto, el presidente tiene una nueva herramienta en las manos. El estado de excepción puede ser aplicado a partir de ahora en cualquier momento, a través de un decreto supremo que debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa en un plazo de 72 horas.

Las seis federaciones de cocaleros afines al exmandatario Evo Morales (2006-2019) anunciaron este domingo la radicalización de las medidas de presión para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La determinación, asumida en una reunión “de emergencia” entre sus afiliados, surge en rechazo al operativo de desbloqueo en el municipio cruceño de San Julián el sábado, donde al menos 33 personas —entre ellas seis policías— resultaron heridas y se reportó el uso de armas de fuego entre civiles.

“El Gobierno no tiene la capacidad para manejar Bolivia, tiene que dar un paso al costado (…) vamos a radicalizar nuestras movilizaciones”, anunció en un video el dirigente cocalero Gastón Ledezma y expresó su respaldo a las organizaciones que realizan bloqueos en otros departamentos, como la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari y la Central Obrera Boliviana.

De igual forma, los cocaleros acordaron realizar una movilización masiva el miércoles 10 de junio en la región del Trópico de Cochabamba, bastión del expresidente Morales, en protesta por los recurrentes cortes del servicio eléctrico en su región.

“Nos han quitado servicios básicos, luz y (telecomunicaciones), son un servicio y un derecho humano”, señaló Ledezma y calificó la suspensión como un acto de “amedrentamiento” contra su sector. La Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba justificó los cortes a fallas técnicas por la caída de postes de alta tensión.

Este lunes se cumplen siete meses del Gobierno de Rodrigo y Paz y 33 días desde que comenzaron los bloqueos que tienen paralizada gran parte del país.

Los conflictos sociales iniciaron con reclamos de aumentos salariales, protestas por la escasez y mala calidad del combustible y en rechazo a varias reformas que estaba encarando el gobierno. Las protestas se intensificaron en las últimas semanas cuando sindicatos obreros, campesinos de la región occidental, cocaleros y otros sectores empezaron a exigir la renuncia del primer mandatario.

Desde entonces, las manifestaciones y los bloqueos de carreteras se han masificado y extendido por todo el país. Este lunes, la Administradora Boliviana de Carreteras reporta 84 piquetes en seis de los nueve departamentos del país.

El gobierno apostó en este tiempo por llamar al diálogo a los sectores movilizados en encuentros que nunca se concretaron e intentó habilitar “corredores humanitarios” para permitir el paso de alimentos e insumos básicos a las regiones que se encuentran sitiadas. En paralelo, el Parlamento abrogó una ley vigente desde 2020 que limitaba el estado de excepción y aprobó la madrugada del domingo otra norma para regular su implementación, que hasta ahora no ha sido promulgada por el presidente.

En medio de la creciente escasez de alimentos, medicamentos y combustible en La Paz y El Alto, las dos ciudades más afectadas por los cortes de carreteras, el gobierno de Paz enfrenta una creciente presión, especialmente entre actores políticos y representantes de sectores estratégicos afectados por los bloqueos, para asumir acciones.

“El país parece haber llegado al punto en el que las posiciones difícilmente pueden seguir siendo las mismas”, señala este lunes el editorial del periódico boliviano El País sobre la urgencia de poner fin al conflicto. “Ni el Gobierno ni los sectores movilizados disponen ya de demasiado margen para prolongar indefinidamente una situación que erosiona la convivencia y profundiza la incertidumbre, pero desde luego es el presidente el que tiene menor margen”, agrega.

A pesar de que el tiempo corre en contra, y de que hace 13 días que el presidente Paz advirtió que “el tiempo se acaba” y dijo que haría uso de sus atribuciones constitucionales, nadie en el gobierno da señales de cuál es la estrategia para resolver la crisis ni cuáles serán los próximos pasos.

El golpe de estado en curso que viola los derechos humanos del pueblo boliviano, que pide la renuncia del Presidente Rodrigo Paz y que ha puesto en alerta a las democracias de las Américas, es solo síntoma de la crisis, no es la crisis. Bolivia soporta desde el año 2003 la destrucción de la sociedad, la educación, la justicia, la legalidad, las instituciones, la economía, la unidad nacional y el intento de liquidar la Nación Boliviana, victimada por el socialismo del siglo 21 que con Evo Morales y su grupo delictivo convirtieron al país en una dictadura/narcoestado.

Con el golpe de estado consumado el 17 de octubre de 2003 contra el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada comenzó la destrucción de Bolivia como República independiente y soberana. Destruyeron las Fuerzas Armadas de la Nación acusando falsamente a los mandos militares de la democracia de los crímenes cometidos por los golpistas, planearon la ocupación de la Policía Nacional, del sistema de justicia, la liquidación del sistema regulatorio, la independencia del Banco Central, la terminación de la Participación Popular, la subordinación del Parlamento y más.

Los miembros del Alto Mando Militar 2003 fueron enjuiciados y perseguidos junto al presidente derrocado y los ministros. Los Generales de la República y oficiales no eran políticos, habían cumplido ordenes en el marco de la Constitución y las leyes, tenían mando por el mérito en el ascenso y los mecanismos legales e institucionales de la democracia, pero fueron encarcelados, condenados y humillados. Así se acabó en Bolivia -con efecto regional- la posibilidad de que las Fuerzas Armadas cumplan su rol constitucional de “Institución Fundamental se la Patria”. Era la “vacuna castrista”.

Con control total de la justicia -aplicando el método de Cuba y Venezuela, con cubanos y venezolanos operando- Morales persiguió y mandó sentenciar más mandos militares con falsas acusaciones como los “misiles chinos”, acusando falsamente a generales de la democracia de haber entregado material -obsoleto y de descarte- al imperialismo norteamericano.

Evo Morales renunció en 2019 por fraude electoral y huyó a México con ayuda de sus “opositores funcionales”, asumió la Presidenta Jeanine Añez, “salió el dictador pero no la dictadura”. Quedó intacto el sistema dictatorial de leyes, destrucción de instituciones, narcoestado pluri, multiplicación de la confrontación para destruir la nación, corrupción e impunidad, control de la justicia con “fiscales sicarios y jueces verdugos”, fraude electoral y más. El poder dictatorial reconoció a la presidenta Añez, luego la desconoció y más tarde la encarceló, y los mandos militares fueron perseguidos, encarcelados, condenados y humillados.

El mérito en los ascensos fue desconocido por Evo Morales y Luis Arce, haciendo de las Fuerzas Armadas de la Nación y de la Policía Nacional entes manipulados por el régimen e intervenidos por Cuba-Venezuela-Irán, destruyendo la “doctrina institucional”, cambiando ingreso y contenidos de estudio. Pusieron a las Fuerzas Armadas al servicio del crimen trasnacional creando la “Escuela Antiimperialista del Alba” con las dictaduras de Cuba e Irán. La Policía Nacional al servicio del narcoestado pluri expulsando a la DEA y corrompiendo.

Los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Tribunal Constitucional, Fiscalía General de la República, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional Electoral y más, con mandatos democráticos vigentes fueron barridos con la promulgación -luego de falsificaciones, masacres sangrientas y fraude- de la constitución del estado plurinacional que cambió los nombres de las instituciones para ocuparlas.

Organización del Poder Ejecutivo, Descentralización Administrativa, Participación Popular (poder a los municipios), Sistema de Regulación, Banco Central, Ley de Sustancias Controladas y Lucha contra el narcotráfico, Ley de Tierras (INRA), Sistema de garantías a la inversión, Sistema Educativo Nacional, Seguridad Social, Medicina, y más fueron destruidos y suplantados con “leyes infames” que son las que violan los derechos humanos en lugar de protegerlos.

Cambiaron códigos y procedimientos, establecieron tribunales especiales, justicia paralela, encarcelaron y asesinaron a defensores de la libertad, asegurando la impunidad de los delincuentes y nuevos ricos del régimen.

Destruyeron el Poder Legislativo cambiando sistemas, restando competencias, anulando la inmunidad parlamentaria, operando mecanismos de subordinación y convirtiendo al llamado “primer poder del estado” en un apéndice del poder central.

La realidad objetiva, la crisis y extensa documentación prueban las “violaciones a los derechos humanos”, la inexistencia de “estado de derecho”, la falta de separación e independencia de los poderes públicos, la imposibilidad de “libre organización política” (presos y exiliados políticos), y el secretismo del registro electoral.

Hoy, no existe en Bolivia ninguno de los elementos esenciales de la democracia, y mientras esto ocurra la crisis persistirá, se agravará y llevará los bolivianos de la pobreza a la miseria. El Presidente Rodrigo Paz ha tomado el gobierno pero no el poder.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

www.carlossanchezberzain.com

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió este domingo que no permitirá que “intereses narcoterroristas” destruyan la democracia boliviana, en respuesta al mensaje de apoyo del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien expresó el respaldo de Washington frente a los sectores que exigen su renuncia. La declaración llegó el mismo día en que el Congreso aprobó, tras una sesión de casi 15 horas, una ley que habilita al Ejecutivo para desplegar al Ejército en el desbloqueo de carreteras.

Hegseth escribió en X que el Departamento de Defensa y la Coalición Anticartel de las Américas (A3C) rechazan “todos los intentos de derrocar al gobierno legítimo” de Paz, y que Bolivia no debe permitir que caiga presa del “viejo statu quo de dominio narcoterrorista”. El secretario de Estado, Marco Rubio, también habló con Paz y le comunicó que Washington intensificará la ayuda de emergencia y el apoyo logístico para quienes enfrentan una grave escasez de alimentos y medicamentos debido a los bloqueos.

Paz respondió que su gobierno atenderá los “reclamos justos” pero no cederá ante quienes buscan desestabilizar el país. “Bolivia defiende su democracia con instituciones, con diálogo y con el respaldo de su pueblo”, escribió el mandatario, quien el sábado convocó a dirigentes campesinos y obreros a retomar el diálogo y les pidió que “no se dejen usar” por el expresidente Evo Morales.

Paz responsabilizó a Morales de financiar las protestas con dinero “ilícito” proveniente del narcotráfico. El ex mandatario, que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, permanece desde hace casi dos años en la región cocalera del Chapare, en el centro del país, eludiendo una orden de captura por cargos de tráfico de personas relacionados con una presunta relación con una menor de 15 años. Morales niega los cargos.

Los bloqueos comenzaron en mayo de 2026, impulsados inicialmente por una ley que habilitaba la hipoteca de tierras, y escalaron hasta convertirse en una exigencia de renuncia. La Federación de Campesinos Túpac Katari, la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones afines a Morales se niegan a negociar. Paz anuló la ley el 13 de mayo, pero las protestas continuaron extendiéndose.

En cinco semanas, los cortes de ruta se extendieron a ocho de las nueve regiones del país. El Servicio Departamental de Salud de La Paz declaró la emergencia hospitalaria por el desabastecimiento de oxígeno, medicamentos, alimentos y combustibles, con varios centros que llegaron a contar con reservas de oxígeno para apenas tres días. Según la Defensoría del Pueblo, diez personas han muerto, 37 han resultado heridas y más de un centenar han sido procesadas judicialmente; siete de las muertes corresponden a personas que no pudieron recibir atención médica oportuna debido a los bloqueos.

La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada del domingo la Ley de Regulación de los Estados de Excepción, con dos tercios de los votos y tras una sesión maratónica. La norma habilita el despliegue del Ejército en casos de “conmoción interna” y establece la presunción de legalidad para los efectivos desplegados. Paz evalúa ahora declarar el estado de excepción, medida que permitiría un uso más amplio de la fuerza militar y restricciones temporales a los derechos de reunión y movilización.

El respaldo de Washington no es un gesto menor. La A3C es una alianza impulsada por Estados Unidos junto a gobiernos conservadores del hemisferio bajo el paraguas de la lucha antidroga. Su intervención pública en la crisis boliviana revela la disposición de la administración Trump a resolver la crisis del país andino. Para Morales, que calificó la situación de “rebelión” popular, el apoyo exterior es una oportunidad para presentarse como víctima de injerencia extranjera. Para Paz, es oxígeno político en un momento en que la presión en las calles no cede.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este domingo en sus redes sociales que, pese a que “La Paz y El Alto enfrentan todavía momentos difíciles”, empiezan a registrarse “avances concretos fruto del trabajo y del diálogo con quienes sí apuestan por un futuro mejor para Bolivia”. El mandatario informó que, en los últimos días, se logró el ingreso de más de un millón de litros de gasolina y 40 mil garrafas de gas para la región, lo que ha permitido aliviar parcialmente el desabastecimiento que afecta a miles de familias bolivianas desde hace más de un mes.

Paz agradeció públicamente la resistencia y fortaleza del pueblo boliviano en medio de la crisis, y aseguró que el gobierno continuará trabajando para devolver la tranquilidad y la estabilidad a cada hogar. El presidente subrayó: “Seguiremos trabajando con firmeza hasta devolver tranquilidad a cada hogar y la estabilidad que Bolivia merece”. Sus declaraciones buscan transmitir confianza ante una situación que ha generado preocupación generalizada en la población, especialmente en el oeste del país.

Bolivia cumple este domingo 38 días de conflicto y bloqueos de carreteras desencadenados por la movilización de la Central Obrera Boliviana (COB) desde el 1 de mayo. Según el último reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), persisten 82 puntos de bloqueo distribuidos en seis departamentos, siendo Cochabamba el más afectado con 24, seguido por La Paz con 21, Oruro 18, Potosí 15, Chuquisaca 10 y Santa Cruz dos.

Aprobación de la Ley de Regulación de los Estados de Excepción

En la madrugada de este domingo, la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó la Ley de Regulación de los Estados de Excepción, ampliando las atribuciones del presidente Rodrigo Paz para declarar el estado de excepción y autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en el control de las protestas. La norma, que ya había sido sancionada en el Senado, fue aprobada por dos tercios de los diputados tras una sesión de casi 14 horas y ahora está lista para su promulgación por el Ejecutivo.

La ley exige que la declaratoria de estado de excepción se realice mediante un decreto supremo debidamente fundamentado, especificando el alcance territorial, la duración, las medidas extraordinarias autorizadas y las instituciones responsables. Además, establece una vigencia máxima de 90 días, prorrogable únicamente por autorización de la Asamblea Legislativa.

Con la nueva legislación, el gobierno busca fortalecer su capacidad de respuesta ante las protestas que mantienen bloqueada la región de la capital y que ya han provocado escasez de alimentos, combustibles y medicamentos en amplias zonas del país. Los bloqueos han tenido efectos particularmente graves en La Paz, debido a la interrupción de las principales rutas de abastecimiento y conexión con el interior y la frontera con Perú.

Incidentes violentos y balance de víctimas

En el contexto de las movilizaciones, la Policía de Bolivia reportó este sábado que seis agentes antidisturbios resultaron heridos, cuatro de ellos por impacto de bala, durante un operativo de desbloqueo en una carretera del este del país. El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, precisó que uno de los agentes permanece en terapia intensiva por una herida en la cabeza, mientras que otros tres sufrieron lesiones en las piernas y dos más fueron alcanzados por piedras.

La operación, realizada en la localidad de San Julián, a 117 kilómetros de Santa Cruz, incluyó el uso de gases lacrimógenos y terminó con el repliegue de las fuerzas de seguridad tras los primeros heridos, según explicó el general del Ejército Rider Calzadilla. El objetivo, según las autoridades, fue proteger la seguridad de civiles, entre ellos ministros y periodistas.

De acuerdo con el último balance de la Defensoría del Pueblo, las protestas han dejado hasta ahora diez personas fallecidas, 37 heridos y más de un centenar de procesados. Siete de las muertes corresponden a personas que no recibieron atención médica oportuna por los bloqueos y otras tres ocurrieron en el contexto directo de los enfrentamientos.

Reacciones y contexto histórico

En paralelo a la aprobación de la ley, el presidente Paz publicó una fotografía histórica de la coalición Unidad Democrática y Popular (UDP), que asumió el poder en 1982 tras la dictadura, evocando la grave crisis económica y las protestas lideradas entonces por la COB. Actualmente, las movilizaciones —encabezadas por la COB, la Federación de Campesinos ‘Túpac Katari’ y grupos cercanos al expresidente Evo Morales— exigen como única demanda la renuncia del presidente.

Los bloqueos han alcanzado ocho de las nueve regiones del país y han generado escasez de productos básicos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal, golpeando especialmente a los mercados paceños, donde se registran aumentos en los precios de verduras, carne de pollo y otros alimentos de primera necesidad.

Al menos 26 civiles y seis policías sufrieron heridas durante una operación para despejar la carretera de San Julián, en el este de Bolivia. La intervención se realizó en el contexto de un bloqueo de carreteras, convocado por organizaciones sindicales y civiles que protestan contra el presidente boliviano, Rodrigo Paz.

“Se tiene seis servidores públicos policiales que han sido lesionados, cuatro de ellos por impacto de proyectil de arma de fuego”, notificó el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez.

El jefe policial informó que un agente resultó gravemente herido tras recibir un disparo en la cabeza que atravesó su casco, por lo que fue ingresado a terapia intensiva. Otros tres policías sufrieron heridas de bala en las piernas, mientras que dos más presentaron lesiones por pedradas en el rostro y el hombro. La Policía espera un informe final para determinar si también hubo manifestantes heridos.

Las fuerzas de seguridad intervinieron tras casi un mes de bloqueos, en una jornada que se caracterizó por la violencia y la resistencia de los manifestantes, según reportaron autoridades locales y la agencia de noticias AFP.

El despliegue policial comenzó en la madrugada y se desarrolló en una de las rutas estratégicas entre Santa Cruz y Beni, bloqueada desde hace 24 días por organizaciones sindicales y civiles.

De acuerdo a medios bolivianos citados por AFP, los agentes antidisturbios, apoyados por vehículos militares, intentaron despejar la vía con gases lacrimógenos, mientras los manifestantes respondieron con piedras, palos y barricadas improvisadas.

Durante las cuatro horas que duró el operativo en San Julián, al menos dos policías fueron alcanzados por disparos: uno en la cabeza y otro en una pierna.

El agente con la herida en la cabeza fue trasladado al Hospital Obrero de la Caja Nacional de Salud. Tras estos hechos, y ante la intensidad de los enfrentamientos, las fuerzas de seguridad se retiraron de la zona, permitiendo que los activistas retomaran el control y reestablecieran el bloqueo.

El operativo fue liderado por el comandante de la Policía, David Gómez, el ministro de Desarrollo Productivo Rural y Aguas, Oscar Mario Justiniano, y el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco. Las autoridades informaron que la acción policial se realizó tras agotar las instancias de diálogo y frente al rechazo social a la continuidad de los cortes.

En declaraciones a la prensa, el ministro Justiniano subrayó que la ruta de San Julián es fundamental para el abastecimiento de alimentos hacia otras regiones. La crisis generada por los bloqueos ha provocado desabastecimiento de productos básicos y combustibles en ciudades como La Paz y El Alto.

Las protestas, que arrancaron hace cinco semanas y se extienden a distintos puntos de Santa Cruz, se originaron por el reclamo de renuncia al presidente Rodrigo Paz y ya han dejado al menos diez muertos, 37 heridos y más de 100 personas procesadas según la Defensoría del Pueblo. Siete de los fallecimientos corresponden a personas que no recibieron atención médica o sufrieron retrasos debido a los bloqueos.

El gobierno boliviano responsabiliza al ex presidente Evo Morales de alentar las manifestaciones. Morales, refugiado en el Chapare, calificó las protestas como una “rebelión” contra un gobierno “sometido” a Estados Unidos y advirtió sobre el “paramilitarismo” y el riesgo de confrontación civil tras la convocatoria del presidente Paz a movilizarse en respaldo de las fuerzas armadas y la policía.

El Ejecutivo busca la aprobación parlamentaria para declarar el estado de excepción y ampliar la intervención militar en los bloqueos, mientras cerca de un centenar de rutas permanecen cortadas en el país, de acuerdo con reportes de medios nacionales.

El ex presidente y líder del partido Libre, Jorge “Tuto” Quiroga, pidió este viernes al Gobierno de Bolivia que, a través de la Iglesia Católica y la comunidad internacional, se concrete un último intento de diálogo con los dirigentes que mantienen bloqueado y paralizado gran parte del país andino desde hace 36 días.

“Si algo se puede hacer, yo recomiendo, yo pido, yo imploro a la Iglesia, que es la única que tiene poder de convocatoria, con la comunidad internacional, cite mañana y haga el último esfuerzo”, expresó Quiroga en conferencia de prensa.

La solicitud de Quiroga se difundió luego de que la Asamblea Legislativa activó el tratamiento del proyecto de ley de estados de excepción, que ya fue aprobado en el Senado y será analizado en la Cámara de Diputados.

El ex jefe de Estado remarcó la urgencia del diálogo tras los dos fracasos de acercamientos entre el Gobierno y los sectores movilizados esta misma semana. “Yo pido a la Iglesia que haga una última convocatoria a la gente que hoy día ha llamado el presidente Paz, pero de una vez porque ya van 36 días de sufrimiento”, insistió en referencia a Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB (Central Obrera Boliviana) y Vicente Salazar, líder de los campesinos de La Paz.

Durante la semana, la Vicepresidencia, las bancadas parlamentarias, la Iglesia y la Defensoría del Pueblo intentaron sin éxito abrir canales de negociación. El encuentro más relevante incluyó la presencia de Paz y fue convocado por el vicepresidente Edmand Lara. La única consecuencia fue reiterar el llamado al diálogo. La respuesta de los líderes del cerco a la capital y los bloqueos en las principales rutas del país fue rechazar cualquier conversación y exigir la renuncia del mandatario nacional.

Quiroga se refirió también a la radicalidad de los movilizados y a la postura del Ejecutivo. “¿Qué se puede dialogar con gente que solo dice dos cosas?, que renuncie el presidente (Rodrigo Paz) y que no van a dialogar. Esas son sus dos posiciones”, cuestionó.

Recordó además al Gobierno que “el país necesita orden, tranquilidad, normalidad y la Constitución de Evo Morales otorga facultades al poder Ejecutivo para reponer la tranquilidad y normalidad”. El ex presidente agregó en su presentación ante los medios que el Ejecutivo puede aplicar esos principios sin requerir un estado de excepción.

En ese sentido, valoró el desempeño del nuevo ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, quien en sus primeras jornadas en el cargo encabezó operativos para restablecer el orden en dos regiones: “Se está demostrando en Santa Rosa del Sara y acá (La Paz) que sin estado de excepción se puede garantizar el suministro de comida y la preservación de instalaciones energéticas, ¿por qué recién ahora están tomando medidas de gobierno? Hay que gobernar todos los días, sin miedo y sin actitudes timoratas”, afirmó Quiroga.

En paralelo, la bancada de Libre en Diputados anunció el respaldo a la ley de Estados de Excepción como mecanismo para restablecer la paz social y preservar los derechos de la población. La jefa alterna del bloque, Lissa Claros, subrayó: “Es responsabilidad de la Asamblea Legislativa aprobar esta ley para garantizar que no se violen los derechos fundamentales de los ciudadanos y para garantizar pacificar el país”.

Tras la aprobación del proyecto en el Senado, la Comisión de Constitución sesionará el sábado en la mañana para analizar el texto y enviarlo de inmediato al pleno de Diputados, que fue citado a sesión presencial y virtual para la tarde. Claros enfatizó la necesidad de encontrar soluciones a través del diálogo: “No se puede hacer sufrir a la población más días. Si en las próximas horas no hay el diálogo es que existe un afán enteramente político y no vamos a permitir que le den un golpe a la democracia”.

La ciudad de La Paz permanece cercada y sin acceso a alimentos desde hace más de 35 días, mientras el país sigue a la espera de una salida negociada al conflicto.

Un acto realizado este viernes en el Distrito 7 de la ciudad de El Alto reunió a organizaciones sociales para definir acciones ante las movilizaciones contra el gobierno de Rodrigo Paz. Durante el encuentro, el dirigente de la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, instó a los asistentes a mantener la unidad y reafirmó la continuidad de las protestas.

“He venido a dar la cara porque este distrito de El Alto siempre ha sido de lucha (...) Nosotros estamos en pie de lucha. Los dirigentes somos portavoces de la voz de todos los pueblos y de cada persona, hermanos. Por hablar, por llevar la voz de nuestro pueblo, nos están amedrentando, nos quieren encarcelar, nos quieren callar. Pero, hermanos, estamos firmes en esta lucha y lo vamos a seguir, porque no es un delito llevar la voz de nuestros pueblos”, sostuvo Salazar ante las bases, en declaraciones recogidas por el diario El Deber.

Las organizaciones reunidas en El Alto evaluaron medidas frente al conflicto en curso y ratificaron su respaldo a los dirigentes. El acto reflejó la consolidación de demandas y la determinación de los sectores movilizados en la ciudad.

El Escudo de las Américas, la alianza impulsada por Estados Unidos y varios gobiernos latinoamericanos, denunció intentos de derrocar al Gobierno de Bolivia en medio de una crisis política y social marcada por protestas, bloqueos y desabastecimiento. La organización, creada para combatir el narcotráfico y reforzar la cooperación regional en seguridad, advirtió sobre los riesgos para la democracia boliviana tras semanas de tensión.

“Los países miembros de Escudo de las Américas denuncian los continuos intentos de derrocar al Gobierno legítimamente elegido por abrumadora mayoría del presidente Rodrigo Paz en Bolivia”, señalaron en un comunicado.

El pronunciamiento se difundió después de que las protestas contra el presidente Rodrigo Paz se intensificaron en distintas regiones, impulsadas por organizaciones campesinas, sindicatos y seguidores del exmandatario Evo Morales.

El Escudo de las Américas calificó los bloqueos como “esfuerzos cínicos” orientados a impedir la entrega de alimentos, medicinas y otros suministros esenciales. También sostuvo que sectores opositores recibieron financiamiento del narcotráfico y advirtió que quienes promuevan la desestabilización deberán rendir cuentas.

La declaración afirmó que “la anarquía no puede reemplazar la decisión tomada en las urnas”, en alusión a la victoria de Paz el año anterior, que según la organización permitió dejar atrás dos décadas de gobiernos corruptos. El comunicado instó a quienes tuvieran reclamos legítimos a recurrir al diálogo y a tomar distancia de quienes intentaran usar las movilizaciones para forzar un cambio de poder.

Estados Unidos decidió aumentar la asistencia a Bolivia para enfrentar el desabastecimiento de productos básicos y las dificultades del sistema sanitario, agravadas por los bloqueos. El secretario de Estado, Marco Rubio, comunicó la medida en una conversación telefónica con Paz, y el Departamento de Estado anunció un incremento de la ayuda de emergencia y respaldo logístico para las poblaciones más afectadas.

“El secretario señaló que Estados Unidos intensificará la asistencia de emergencia y el apoyo logístico a Bolivia para ayudar a quienes enfrentan una grave escasez de alimentos y medicamentos debido a los bloqueos ilegales de carreteras destinados a desestabilizar la sociedad boliviana”, señaló el Departamento de Estado.

El conflicto comenzó el 6 de mayo y se extendió por corredores estratégicos del país. Las protestas se originaron por reclamos de la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari, la Central Obrera Boliviana (COB) y agrupaciones vinculadas a Morales, que exigieron la dimisión de Paz, en el cargo desde hace casi siete meses.

De acuerdo con datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Defensoría del Pueblo, las protestas y los bloqueos provocaron al menos diez muertes: siete de personas que no recibieron atención médica por el corte de rutas y tres en enfrentamientos, una de ellas por un disparo durante un operativo de desbloqueo.

El propio Pentágono expresó su preocupación. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, escribió en redes sociales que Estados Unidos y el Escudo de las Américas rechazaron cualquier intento de derrocamiento del gobierno de Paz y afirmó que Washington observó de cerca los acontecimientos. “Bolivia no debe permitir que caiga presa del viejo statu quo de dominación narcoterrorista en la región”, sostuvo.

La administración de Donald Trump transmitió a Paz el compromiso de acompañar a Bolivia hasta lograr estabilidad y normalización institucional. El respaldo se consolidó al día siguiente de que el mandatario boliviano presentara una iniciativa legislativa para facilitar la intervención de las Fuerzas Armadas en el despeje de rutas, con el argumento de que los bloqueos agravaron la crisis económica y sanitaria. Las autoridades sostuvieron que la interrupción del transporte terrestre afectó el suministro de productos esenciales y elevó la tensión en los principales centros urbanos y productivos.

La crisis repercutió en el sector agropecuario y en la distribución de combustibles, con reportes de protestas de productores en Cochabamba y otras ciudades que exigieron la reapertura de rutas. Los manifestantes pidieron el restablecimiento del tránsito para alimentos y combustibles, con el objetivo de evitar una profundización del desabastecimiento.

El Escudo de las Américas, creado por Trump en marzo, reunió a Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

La alianza opera como mecanismo de cooperación regional en seguridad y lucha contra el crimen organizado y, en esta coyuntura, se posicionó en defensa de la institucionalidad democrática en Bolivia.

En medio de la tensión, el gobierno boliviano ratificó su disposición al diálogo con los sectores movilizados e instó a los manifestantes a no permitir que actores vinculados al narcotráfico o a intereses políticos se apropiaran de sus demandas. Las autoridades remarcaron que el país atravesa una situación crítica y que la recuperación económica e institucional depende de la normalización del transporte y de la provisión de bienes esenciales.

La situación continua en desarrollo mientras el gobierno de Rodrigo Paz recibió respaldo explícito de aliados internacionales y enfrenta la presión de sectores sociales y políticos que reclamaron su salida.

(Con información de EFE)

El presidente Rodrigo Paz dejó abierta este viernes la posibilidad de adoptar nuevas medidas para enfrentar la crisis de bloqueos que afectan al país durante más de un mes, incluida una eventual decisión vinculada al estado de excepción, cuyo marco legal avanzó en la Asamblea Legislativa.

La declaración se produjo en Carreras, al sur de La Paz, después del operativo conjunto de policías y militares que permitió reabrir la ruta de Río Abajo, uno de los principales corredores de abastecimiento para la sede de Gobierno. Ante la consulta sobre los pasos a seguir por el Ejecutivo, Paz respondió: “Lo único que puedo decir es que con el ministro de Defensa y el de Gobierno veremos el siguiente paso”.

Rodrigo Paz se trasladó a la zona pocas horas después de que las fuerzas del orden, apoyadas por maquinaria pesada y grupos de vecinos, retiraron obstáculos y habilitaron la vía, bloqueada durante más de un mes. Decenas de policías y militares, encabezados por el ministro de Defensa Ernesto Justiniano, trabajaron desde la madrugada para restablecer el tránsito, pese a la resistencia de algunos manifestantes.

En simultáneo, la Cámara de Diputados activó el tratamiento del proyecto de Ley de Regulación de Estados de Excepción, aprobado previamente por el Senado. La comisión tratará el proyecto este sábado y, después de ese debate, el tema pasará al pleno de la legislatura para su consideración.

Durante su intervención, Paz afirmó: “El Senado ha generado un marco legal para las Fuerzas Armadas. Ese marco legal se tiene que debatir en la Cámara de Diputados. El estado de excepción es una acción que permite la Constitución”. También insistió en que el Ejecutivo mantuvo el diálogo como vía prioritaria para resolver el conflicto: “Estamos priorizando la acción humanitaria, la acción del encuentro y la acción del diálogo”.

El presidente reiteró su convocatoria a Mario Argollo, dirigente de la Central Obrera Boliviana, y a Vicente Salazar, líder de la Federación Tupac Katari, para que se sentaran en una mesa de negociación. Además acusó al expresidente Evo Morales de intentar instrumentalizar el conflicto social: “Hay un señor que está usando los movimientos sociales y el sufrimiento del pueblo como escalera para defenderse de sus problemas judiciales”.

La crisis de bloqueos comenzó a principios de mayo con reclamos por gasolina contaminada y luego escaló con demandas salariales y políticas. Los cortes de rutas, impulsados por sindicatos campesinos, la Central Obrera Boliviana y seguidores de Morales, se extendieron a ocho de las nueve regiones de Bolivia.

El país acumula más de 30 días con problemas de abastecimiento, dificultades para acceder a servicios de salud y la muerte de al menos 13 personas relacionadas con los efectos de los bloqueos, según cifras oficiales.

La reapertura de la ruta de Río Abajo se presentó como una operación humanitaria para recuperar el ingreso de verduras y otros productos desde los valles paceños hacia los mercados de La Paz y El Alto. Cientos de habitantes debieron caminar durante horas hasta los campos de cultivo ante la escasez y el aumento de precios, que se multiplicaron hasta por cinco. Vecinos como Alejandro Calvin expresaron: “Hemos sido rehenes 33 días por los bloqueadores”.

El conflicto también afectó el suministro de combustibles y medicamentos, en particular oxígeno para hospitales, y paralizó el transporte en la capital política de Bolivia. Los operativos de desbloqueo, realizados por fuerzas del orden sin armas letales, habilitaron temporalmente algunas vías, pero los bloqueos regresaron tras el retiro de los uniformados.

Además, entre los datos de esta crisis en el país, el sector empresario calculó en dos mil millones de dólares las pérdidas ocasionadas por las protestas. El gobierno de Paz recibió apoyo humanitario internacional para trasladar alimentos a las zonas afectadas.

El respaldo más significativo provino del gobierno estadounidense, cuyo secretario de Estado Marco Rubio conversó telefónicamente con Paz, quien también firmó el Escudo de Américas, una iniciativa multinacional para coordinar la lucha contra organizaciones criminales.

En este contexto del país, Paz designó a Ernesto Justiniano como nuevo ministro de Defensa, quien aseguró: “Llego a esta nueva función para respaldar institucionalmente a nuestras Fuerzas Armadas y contribuir a que el país recupere paz, orden y convivencia democrática”. Además, añadió: “Firmeza con legalidad no es abuso, diálogo con responsabilidad no es debilidad, el rumbo es claro, cuidar a la gente, respaldar a nuestras instituciones y ayudar a recuperar la estabilidad que el país necesita”.

Los bloqueos, además de debilitar la autoridad pública, abren espacios para el narcotráfico y el financiamiento criminal, según el gobierno. Paz denunció la captura de personas con sumas de dinero destinadas a alimentar las movilizaciones y vinculó estas actividades con quienes buscan impedir el nacimiento de una nueva Bolivia.

Por ahora, el presidente sostuvo la disposición al diálogo, pero dejó en claro que evaluará junto a sus ministros eventuales medidas de mayor alcance si la crisis seguía escalando.

(Con información de El Deber y EFE)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum dio a conocer su postura sobre las declaraciones realizadas por Estados Unidos acerca de las elecciones de Bolivia, durante la mañanera del pueblo este 5 de junio en Coatzacoalcos, Veracruz.

“Pues como dice la Constitución, la autodeterminación de los pueblos. Esa siempre va ser nuestra posición. Cada pueblo del mundo tiene que decidir quién los gobierna y cómo se gobierna, y cómo resuelve sus problemáticas. Esa es la posición de México”, declaró la mandataria mexicana.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth manifestó a través de su cuenta oficial de X, su respaldo al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, rechazando cualquier rumor sobre algún intento de derrocamiento hacia su administración.

“Estados Unidos está atento. Bolivia no debe permitirse caer presa del antiguo statu quo de dominio narcoterrorista en la región. Continuaremos apoyando a nuestros socios de la A3C, como Bolivia, para garantizar que se disuada a los narcoterroristas de lucrarse con la muerte y la destrucción en nuestro hemisferio”, escribió.

Estados Unidos incrementa ayuda humanitaria a Bolivia ante crisis por bloqueos

El gobierno de EU anunció que incrementará la ayuda humanitaria destinado a Bolivia ante la crisis generada por las recientes protestas y bloqueos en diversas regiones del país sudamericano.

Las manifestaciones, motivadas por demandas políticas y sociales, han provocado graves afectaciones en la distribución de comida, medicinas y otros insumos básicos, complicando la vida cotidiana de la población y tensionando aún más el panorama nacional.

Autoridades estadounidenses informaron que el aumento de la asistencia incluirá el envío de suministros médicos, paquetes alimentarios y recursos logísticos para facilitar la llegada de ayuda a las zonas más afectadas por los cortes de ruta.

El Departamento de Estado aseguró que el objetivo es aliviar el impacto de la crisis en las comunidades más vulnerables y contribuir a la estabilidad social mientras persistan las movilizaciones. La cooperación internacional se desplegará en coordinación con organismos humanitarios y agencias multilaterales.

En Bolivia, esta situación ha generado escasez en mercados y hospitales, intensificando el malestar social y la presión sobre el gobierno local. La respuesta estadounidense no solo busca cubrir necesidades urgentes, sino también fortalecer el lazo bilateral entre ambas naciones.

Desbloqueo parcial permite ingreso de alimentos y medicinas a La Paz

La situación en este país ubicado en América del Sur, continúa marcada por diversos conflictos sociales que han provocado fuertes tensiones entre manifestantes y autoridades.

En este contexto, las fuerzas de seguridad del país lograron liberar este 5 de junio, una vía fundamental que conecta a La Paz con otras regiones, tras varios días de bloqueos organizados por sectores que exigen cambios políticos y mejoras económicas.

El restablecimiento de la circulación en esta ruta representa un alivio temporal para el flujo de bienes y personas, en medio de un escenario de escasez y creciente descontento.

La acción policial y militar se llevó a cabo tras intensas negociaciones, pero también estuvo acompañada de momentos de confrontación con los grupos que mantenían los cortes.

A pesar de la reapertura de la carretera, siguen las disputas en varias zonas. Organizadores de estas movilizaciones han advertido que mantendrán sus demandas y podrían volver a instalar nuevos cierres si no reciben respuestas satisfactorias por parte del gobierno.

Líderes sociales insisten en que la crisis actual es resultado de una acumulación de problemas económicos, desigualdad y falta de diálogo efectivo con servidores públicos.

El desbloqueo parcial de la ruta hacia La Paz no significa el fin del conflicto, pero permite el ingreso de alimentos, medicinas y combustibles a la capital boliviana, aliviando la presión sobre la población que ha sido afectada desde hace unas semanas.

Las fuerzas del orden de Bolivia desbloquearon este viernes la ruta que conecta La Paz con la región agrícola de Río Abajo, al sur de la capital, en una operación encabezada por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, que comenzó de madrugada desde la zona de Lipari y avanzó unos 37 kilómetros hasta Carreras. Policías y militares retiraron piedras, troncos y montículos de tierra con maquinaria pesada mientras vecinos los aplaudían a su paso.

La apertura de esa vía representa un alivio parcial para una ciudad sitiada desde el 6 de mayo por bloqueos que se extendieron a ocho de las nueve regiones del país. Desde principios de semana, cientos de habitantes de La Paz y de la vecina El Alto debían caminar hasta tres horas para conseguir verduras, hortalizas y tubérculos cuyos precios llegaron a quintuplicarse en los mercados locales.

El presidente Rodrigo Paz, que lleva poco más de seis meses en el gobierno, se presentó al término del operativo y afirmó que desbloqueará las carreteras “con diálogo y con los instrumentos legales de la Constitución para defender a las mayorías”. Su administración ha evitado desplegar fuerzas con armamento letal para no agravar el conflicto, según declaraciones oficiales.

En paralelo, el Ejecutivo analiza una salida legal que amplíe sus herramientas de respuesta. El miércoles envió al Congreso un proyecto de ley para reglamentar los estados de excepción; la norma ya fue aprobada en el Senado y ahora aguarda tratamiento en la Cámara de Diputados. Paz calificó esa medida como el “último recurso” que le permite la Constitución y reiteró su llamado al diálogo a los sectores movilizados.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, había advertido días atrás que el país atraviesa “un momento de inflexión entre la democracia y la dictadura”, en referencia al cambio de ciclo político tras los 20 años de gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025). El viernes, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, fue más directo: “Está en marcha un golpe de Estado”, declaró.

Los cortes de carreteras son impulsados por la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Morales, quien desde su cuenta en X acusó este viernes a Estados Unidos de recurrir “al discurso del ‘narcoterrorismo’ para estigmatizar la protesta social y desacreditar las demandas legítimas” de los manifestantes. Campesinos, obreros, mineros, transportistas y maestros presionan al gobierno desde hace más de un mes por una salida a lo que describen como la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

Los resultados de los operativos han sido limitados: tras el paso de las fuerzas del orden, los cortes se reinstalan. Manifestantes reforzaban este viernes el bloqueo en los accesos a una planta estatal en El Alto que abastece de combustible y gas licuado doméstico, ciudad por donde ingresan suministros desde las regiones agrícolas de Santa Cruz y Cochabamba.

El saldo humano del conflicto, que se prolonga por 36 días, asciende a 10 fallecidos según el vocero presidencial José Luis Gálvez, quien atribuyó las muertes a la falta de auxilio médico por los cortes de ruta. La Defensoría del Pueblo precisó que siete de esas personas murieron por falta de atención oportuna y tres en el contexto directo de las protestas, entre ellas un manifestante que recibió un disparo durante un operativo de desbloqueo.

Los hospitales de La Paz reportaron escasez de oxígeno medicinal, y las ciudades de Cochabamba, Oruro y Potosí también resienten la falta de alimentos, medicamentos y combustibles. El sector empresario estimó en USD 2.000 millones las pérdidas acumuladas por las protestas.

El gobierno boliviano recibió apoyo explícito de Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, habló por teléfono con Paz para reafirmar el compromiso de Washington de apoyar la democracia boliviana y al gobierno de Paz “en la reconstrucción del país tras 20 años de políticas socialistas fallidas”. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, publicó el jueves en X que su país sigue de cerca la situación y advirtió: “Bolivia no debe permitir que el viejo statu quo de dominio narco‑terrorista en la región vuelva a imponerse”.

Paz había firmado en marzo el Escudo de Américas, una iniciativa multinacional impulsada por el presidente Donald Trump para coordinar esfuerzos contra organizaciones criminales.

(Con información de AFP, EFE y AP)