El ex presidente boliviano Evo Morales anunció este domingo que sus seguidores iniciarán el martes una marcha de seis días desde la localidad altiplánica de Caracollo, a unos 190 kilómetros de La Paz, para exigir al Gobierno del presidente Rodrigo Paz el abandono de lo que denominó políticas “neoliberales y privatizadoras”. La movilización, bautizada como “Marcha por la Vida para Salvar Bolivia”, fue decidida por Evo Pueblo, la organización política que Morales impulsa desde el Trópico de Cochabamba, y prevé llegar a la sede del Gobierno el 18 de mayo.

Morales hizo el anuncio en su programa dominical en la radio Kawsachun Coca, emisora vinculada a los sindicatos cocaleros del Chapare. La decisión se adoptó el sábado en un ampliado nacional de Evo Pueblo en Lauca Ñ. Las conclusiones del encuentro precisaron que la marcha se realizará en coordinación con la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Central Obrera Boliviana (COB) y los sindicatos de maestros.

La protesta se suma a la mayor crisis social que atraviesa Bolivia desde que Paz asumió en noviembre de 2025. Desde el 1 de mayo, la COB —la mayor central sindical del país— sostiene un paro general indefinido declarado en un cabildo en El Alto. La central exige un aumento salarial del 20% y el compromiso de no privatizar empresas estatales, demandas que el Gobierno rechazó alegando que el salario mínimo ya subió en esa proporción en enero. A ese conflicto se suman bloqueos de carreteras en el altiplano paceño y en el municipio de Caranavi que llevan casi dos semanas cortando el suministro de alimentos y combustible al norte del departamento de La Paz.

El pronunciamiento de Evo Pueblo amplía las exigencias más allá del conflicto salarial. La organización —que todavía carece de personería jurídica— rechaza un posible aumento del precio de los combustibles y cuestiona la reforma constitucional parcial y las diez nuevas leyes que Paz anunció el sábado en un “Encuentro Nacional” en Cochabamba. Morales sostuvo que esas normas apuntan a “la privatización de los recursos naturales y los servicios básicos”. También exigen la abrogación de la Ley 1720, que regula la conversión de pequeña propiedad agraria en mediana propiedad, aunque su derogación genera rechazo en sectores productivos de Santa Cruz.

Morales desestimó que la confluencia con la COB responda a razones ideológicas. “Aquí ya no hay diferencia ideológica, para mí, es defender la canasta básica familiar”, afirmó según recogió la agencia EFE. Confirmó además que la marcha continuará aunque el Legislativo abrogue la Ley 1720, señal de que la protesta tiene un horizonte político que excede esa demanda concreta.

El Gobierno de Paz llega a este escenario debilitado. El presidente heredó en noviembre de 2025 una economía con inflación del 20%, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles. Sus primeras medidas —retirada de subsidios, recorte del gasto y apertura a inversión extranjera— fracturaron la relación con los sindicatos que habían sostenido políticamente a Morales y a Luis Arce (2020-2025). Ante las protestas, el Ejecutivo acusó a Morales de coordinar los bloqueos y presentó audios que supuestamente lo implicaban; el sitio de verificación Chequea Bolivia determinó que al menos uno de esos registros databa de junio de 2025, durante la presidencia de Arce.

Con la llegada prevista para el 18 de mayo, Evo Pueblo busca unir su marcha con el paro de la COB y los bloqueos campesinos ya activos. Si esa confluencia se consolida, el Gobierno de Paz deberá enfrentar un frente unificado cuyas demandas —salariales, energéticas y constitucionales— difícilmente admiten una respuesta única.

La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia allanó este domingo una finca en la región oriental de Santa Cruz y detuvo a cuatro personas vinculadas a la red del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, uno de los capos más poderosos del Cono Sur. El operativo, ejecutado por el Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE), reveló un arsenal en caletas con barriles que contenían armas y drogas, junto a indumentaria policial, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, confirmó la operación y precisó que entre los aprehendidos figuran dos ciudadanos brasileños y dos bolivianos. El funcionario subrayó que el inmueble intervenido “no era una quinta cualquiera”, sino “un punto con logística, armamento, ocultamiento y capacidad operativa”, descripción que evidencia la infraestructura que la red mantuvo activa incluso tras la captura de su líder.

Uno de los extranjeros detenidos apareció en un video difundido en octubre de 2025, en el que Marset amenazaba a su excolaborador Erland Ivar García López, apodado ‘El Colla’, señalado como responsable de una ola de asesinatos en Santa Cruz. El hallazgo refuerza la tesis de que la organización conservaba nodos operativos activos en el país.

El allanamiento forma parte de la ofensiva que la Policía boliviana desplegó tras capturar a Marset el 13 de marzo de 2026, cuando fuerzas especiales lo detuvieron en el barrio Las Palmas de Santa Cruz al cabo de meses de seguimiento. Horas después fue entregado a la Administración para el Control de Drogas (DEA) y trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos federales por lavado de dinero. El comandante policial Mirko Sokol informó que desde entonces unas 55 personas fueron detenidas por vínculos con la red, y que se incautaron vehículos blindados, avionetas y bienes inmuebles.

Marset, nacido en Montevideo hace 35 años, edificó una red de tráfico de cocaína y blanqueo de capitales que conecta Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil y Europa. Los expedientes de la Operación A Ultranza PY —el mayor golpe antinarcóticos en la historia de Paraguay, en 2022— lo señalaron como coordinador logístico del clan Insfrán paraguayo, el Primeiro Comando da Capital (PCC) brasileño y la ‘Ndrangheta italiana. Las investigaciones lo vincularon también con el asesinato del fiscal antimafia Marcelo Pecci, atacado en Colombia en mayo de 2022, aunque no se formularon cargos formales.

Bolivia fue el escenario de su vida clandestina. Marset ingresó al país en 2022 con identidad falsa y fundó un club de fútbol en Santa Cruz. En julio de 2023 un megaoperativo lo localizó en una mansión de El Urubó, pero escapó, posiblemente alertado por filtraciones en la FELCN. Para la operación de marzo de 2026, las autoridades removieron personal del cuerpo antinarcóticos en Santa Cruz para blindar la investigación.

La DEA incluyó a Marset entre sus fugitivos prioritarios en mayo de 2025 y en febrero de 2026 ascendió al tercer puesto en esa lista, mientras el Departamento de Estado ofrecía hasta dos millones de dólares por información que condujera a su captura. Su detención se produjo dos meses después de que la agencia reanudara operaciones en Bolivia tras 17 años de ausencia.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reconoció días atrás que la organización de Marset “aún no fue desarticulada” en el país, y anunció coordinación con Paraguay, Brasil y Argentina para neutralizar los nodos activos. El allanamiento de este domingo lo confirma: la captura del líder no equivale al fin de la estructura.

La crisis por los bloqueos de rutas en Bolivia ha dejado a más de 400 peruanos varados, incluidas delegaciones de 207 estudiantes de instituciones educativas de las regiones Cusco, Arequipa y Puno, quienes enfrentan desabastecimiento, dificultades para comunicarse con sus familias y se encuentran a la espera de acciones oficiales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que las gestiones para su evacuación siguen pendientes, recalcando la falta de rutas transitables para el retorno al Perú. Según el comunicado oficial de Cancillería del 10 de mayo de 2026, el Consulado General en La Paz realiza el seguimiento de los afectados y ha reconocido oficialmente un universo de 405 personas dentro de los reportados, mientras que se evalúa una posible evacuación coordinada desde La Paz y Oruro hacia Juliaca en coordinación con el Ministerio de Defensa (Mindef); hasta el momento, las autoridades no han detallado plazos ni condiciones para este operativo.

De acuerdo con información difundida por Exitosa, los bloqueos impiden que al menos 107 familias cusqueñas celebren el Día de la Madre con sus hijos. Peter Ardiles, presidente de APAFA del Colegio Nacional de Ciencias de Cusco, explicó que la prolongación e intensificación de las protestas sorprendió a los organizadores y dejó a los estudiantes en condiciones cada vez más precarias: “Esta noche han consumido gaseosa con pan más de 47 alumnos y en el día también parece que eso mismo han consumido”.

Bloqueados en varias ciudades bolivianas, los escolares han debido suspender toda actividad académica y deportiva prevista. El bloqueo afectó directamente a delegaciones de tres colegios, precisó Ardiles: “Tengo referencia de ambos directores, yo conversé ayer con la directora de Independencia y ellos han ido con 80 delegaciones, y Puno, San Carlos, la directora me ha indicado que son ellos 120. Aproximadamente”. Según el recuento de APAFA, el número de escolares peruanos desplazados oscila entre doscientos sesenta y cuatrocientos escolares solo en Potosí, sin contar a padres y docentes.

La tensión principal radica en la insuficiencia de asistencia concreta para el contingente atrapado, que, por falta de alojamiento, ha dormido en autobuses o refugios improvisados, compartiendo comida racionada. Relatos de estudiantes recogidos por Exitosa reflejan el impacto emocional: “Vivíamos con la desesperación de qué puede pasar, si vamos a lograr pasar, si los recursos nos van a alcanzar, porque tenemos una cantidad muy grande”.

El desabastecimiento y la falta de respuesta agravan la situación de peruanos varados

La carencia de alimentos se suma al aislamiento por la interrupción de comunicaciones. Ardiles denunció la imposibilidad de comunicarse con el comisionado de APAFA y la falta de respuesta de las autoridades municipales, a pesar de haber enviado comunicaciones escritas.

La solicitud de los padres es directa y apela a precedentes oficiales: “Para un delincuente se le pone un charter de Lima a Río de Janeiro. ¿Por qué no podemos poner un charter para nuestros estudiantes que están botados en La Paz y otros estudiantes peruanos de Arequipa, de Puno, que también están padeciendo en este momento, sin alimentación, sin hospedaje, allá en la ciudad de Potosí?”, reclamó Ardiles a Exitosa.

En paralelo a las gestiones diplomáticas, el Ministerio de Relaciones Exteriores mantiene habilitadas las líneas de emergencia para comunicarse desde Bolivia. “El número de teléfono de emergencia (+591) 70164657 y el correo electrónico consulperu-lapaz@rree.gob.pe permanecen activos las 24 horas”, indica el comunicado oficial.

El balance temporal de la APAFA cifra a los afectados en más de ochocientos peruanos, incluidos docentes y padres de familia, todos a la espera de un corredor humanitario que les permita retornar al país y reencontrarse con sus familias.

Más de 200 estudiantes peruanos, representantes de una delegación deportiva del Colegio Nacional de Ciencias de Cusco, permanecen varados en Bolivia por bloqueos de rutas, en medio de condiciones de desabastecimiento y sin asistencia oficial, según denunció el presidente de la APAFA de la institución educativa, Peter Ardiles.

Según se reportó en Exitosa, al menos 107 familias cusqueñas pasarán el Día de la Madre sin noticias plenas de sus hijos, quienes representaban al Perú como parte de una delegación deportiva y escolar.

Delegación dividida y sin apoyo del Gobierno

Ardiles relató que, pese a reiteradas solicitudes, las autoridades locales solo sugirieron realizar el trámite “por secretaría”, sin anunciar acciones concretas para liberar a los jóvenes. En Potosí, permanecen varados 47 alumnos y cinco docentes del Colegio Nacional de Ciencias; mientras que en la ciudad de La Paz hay 75 estudiantes y siete profesores afectados, todos atrapados por el bloqueo prolongado de transportes, una protesta que se intensificó en el país vecino.

Como indicó Ardiles, la delegación viajó para competiciones deportivas y presentaciones de banda, pero los bloqueos obligaron a suspender actividades y cambiaron radicalmente la experiencia del viaje para alumnos y docentes.

“El día miércoles en La Paz, en Potosí se anuncia el inicio de una huelga proveniente de la zona oriental del país y llegan hacia La Paz. Inicialmente, los huelguistas no ejercen una medida muy radical. Después, la protesta escaló”, explicó al medio radial. La prolongación e intensificación de las protestas sorprendió a los organizadores, dejando a los estudiantes en condiciones cada vez más precarias. “Esta noche han consumido gaseosa con pan más de 47 alumnos y en el día también parece que eso mismo han consumido”.

Según el recuento que proporcionó Ardiles tras comunicarse con directores de otras instituciones peruanas en Bolivia, el volumen total de afectados es significativo. “Tengo referencia de ambos directores, yo conversé ayer con la directora de Independencia y ellos han ido con 80 delegaciones, y Puno, San Carlos, la directora me ha indicado que son ellos 120. Aproximadamente.” De este modo, la cifra de escolares peruanos desplazados oscila entre 260 y 400 alumnos solo en Potosí, sin contar a los padres que viajaron por su cuenta.

De acuerdo con la Cancillería, son en total 282 peruanos los que permanecen varadosen distintos puntos del departamento de La Paz. De esa cifra,207 corresponden a alumnos de tres instituciones educativas: el Glorioso Colegio Nacional de Ciencias del Cusco, el Colegio Nacional de la Independencia Americana de Arequipa y el Glorioso Colegio Nacional de San Carlos de Puno.

400 alumnos peruanos sin ruta de retorno ni asistencia oficial

El efecto de los bloqueos trastocó la logística presupuestada inicialmente por las asociaciones de padres. Ardiles aseguró que los días adicionales “reventaron todo cálculo”, lo que forzó el racionamiento de alimentos y la necesidad de estirar los recursos disponibles.

“Racionamos la comida equitativamente para reservar por si nos quedamos más tiempo”, confirmaron integrantes de la delegación entrevistados por Exitosa. Muchos han tenido que dormir en los buses o improvisar alojamiento, y la falta de comunicación estable incrementa la preocupación en el Perú.

Además de los escolares, al menos 25 padres de familia de Cusco emprendieron viaje por cuenta propia y también quedaron atrapados junto al contingente, incrementando el número de peruanos en dificultad. “Padres de familia, que en el caso de Ciencias han ido, tengo entendido, alrededor de 25 padres de familia que no están en esta misma delegación, sino ellos han ido por cuenta propia. Ellos también están varados, están aislados”, detalló Ardiles a Exitosa.

La cifra de personas afectadas asciende, según estimaciones recogidas por la asociación, a más de 800 peruanos distribuidos entre estudiantes, docentes y padres de diferentes regiones de Cusco, Arequipa y Puno, todos en condiciones limitadas, sin acceso pleno a recursos básicos y con serias dificultades para comunicarse con sus familias desde territorio boliviano.

La comparación con respuestas oficiales en otras emergencias genera molestia en las familias. Ardiles reclamó: “Para un delincuente se le pone un charter de Lima a Río de Janeiro. ¿Por qué no podemos poner un charter para nuestros estudiantes que están botados en La Paz y otros estudiantes peruanos de Arequipa, de Puno, que también están padeciendo en este momento, sin alimentación, sin hospedaje, allá en la ciudad de Potosí?”.

En los últimos días, los estudiantes han cenado únicamente pan con gaseosa, al encontrarse la mayoría de rutas a restaurantes y hospedajes cerradas o colapsadas. “En la noche vamos a repartir pan con gaseosa nada más a los chicos, porque por los lugares que estamos no hay, no hay para poder comprar un restaurante o alguna cosa”, explicó Ardiles.

Padres y estudiantes solicitan un corredor humanitario

Las comunicaciones interrumpidas han impedido la coordinación constante. El comisionado de APAFA, enviado para acompañar a la delegación, también está incomunicado. “No logramos comunicarnos con él a la fecha. No tenemos la respuesta de las autoridades municipales, que hemos enviado nuestros mensajes solamente escritos, pero no tenemos nada concreto y seguimos preocupados”, describió Ardiles. Por ello, exigen la intervención de la Cancillería peruana y piden que se gestione un corredor humanitario, como ha ocurrido en otras situaciones de peruanos varados en el extranjero.

El relato de los jóvenes muestra las consecuencias prácticas del aislamiento: “Yo le quisiera decir a mi mamá que sé que en estos momentos está ella muy desesperada, porque en toda la ruta no logramos tener señal... Vivíamos con la desesperación de qué puede pasar, si vamos a lograr pasar, si los recursos nos van a alcanzar, porque tenemos una cantidad muy grande”, relató uno de los escolares a Exitosa. El deseo de llegar al Día de la Madre con su familia, y la petición de un vuelo de retorno, concentran la urgencia: “Quiero también, si es posible, que nos den un vuelo humanitario, aunque sea mañana, para pasar el Día de la Madre junto a ella y darle un abrazo enorme”.

De acuerdo con el balance provisional de APAFA, más de 800 peruanos —entre estudiantes, docentes y padres de familia— se mantienen retenidos en Bolivia bajo la expectativa de la intervención de la Cancillería peruana y a la espera de que se autoricen rutas humanitarias para el retorno seguro al país.

Allí, permanecerá en un hangar a la espera de un traslado a un depósito judicial. El día anterior, la misma Superintendencia había trasladado los 442 kilos hasta su sede en Montserrat. La droga será destruida, por pedido de la PROCUNAR, el área de la Procuración que investiga delitos de narcotráfico, a cargo de esclarecer el caso.

El vuelo tuvo una particularidad. La aeronave había llegado desde Bolivia a la Argentina con una patente nacional falsa. Ahora, voló con su patente verdadera, un registro legal boliviano. Una inspección al fuselaje reveló que el código original estaba escondido bajo un ploteo simple pero prolijo.

Los dueños de la droga y el detenido clave

Mientras tanto, la PROCUNAR, con una investigación a cargo de los fiscales Diego Iglesia y Matías Scilabra, sigue la pista del dueño -o la mesa de dueños- del lote narco más grande de la historia reciente. Las ramificaciones en la causa son inquietantes. Llegan, tal vez, hasta Sebastián Marset, detenido en Bolivia este año, uno de los jugadores más fuertes en el mercado de la droga en el cono sur.

La redada al campo de Vera que llevó al hallazgo de la cocaína terminó con ocho detenidos, cuyas prisiones preventivas fueron dictadas en una audiencia imputativa realizada el viernes por la PROCUNAR ante el juez Eduardo Da Cruz. El grupo es una mezcla inusual. Están, por ejemplo, Henry Vargas e Isaac Daniel Sandoval Hernandez, ambos ciudadanos bolivianos, piloto y copiloto de la avioneta.

Ambos fueron sorprendidos por la Unidad Sierra del Grupo Especial GEOF y la División Operaciones Federales de la Federal, que vigilaba el predio del aterizaje hace días. Otros sospechosos, como Alexis Pablo Espinosa, otro nombre de la zona, estaba allí también. Espinosa, hombre de la zona, trabajador agrícola en los papeles, se vuelve el detenido clave en la historia.

Dos datos iniciales rodearon el operativo. El primero provino de la Drug Enforcement Administration estadounidense. El informe reservado aseguraba que un número de teléfono con código de Videla, Santa Fe, había dialogado con el piloto boliviano José Pedro Rojas Velasco, alias “Pepa”, ligado a la organización del narco internacional Sebastián Marset, asesinado a fines de abril en una carrera.

Espinosa, precisamente, se habría comunicado con el número entregado por la DEA desde un celular a nombre de su madre. Las escuchas telefónicas lo complicaron fuertemente, mientras la PFA vigilaba el campo. Los diálogos revelaron la previa del aterrizaje, con los preparativos en medio del barro y un clima inclemente. También, se registraron sus movimientos hacia el puerto de Zárate. Que tanta droga fuese destinada a un envío a Europa es una chance de tantas.

Sin embargo, la mesa que controla el envío, por ahora, no fue identificada.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de Perú realizó el primer traslado internacional del año de personas privadas de libertad de nacionalidad boliviana, en el marco del acuerdo bilateral para la transferencia de condenados. La operación forma parte del plan nacional orientado a reducir la sobrepoblación carcelaria y se efectuó bajo estrictos protocolos de seguridad, informó el INPE en un comunicado oficial.

Ejecución del traslado y coordinación binacional

Personal del INPE, junto con efectivos de la Policía Nacional del Perú, movilizó a los internos desde los establecimientos penitenciarios de Puno y Lampa hasta el Centro Binacional de Atención en Frontera, ubicado en la ciudad de Desaguadero. Allí se completó el proceso de entrega a las autoridades de Interpol Bolivia, bajo la supervisión de representantes del Consulado de Bolivia en Puno. La institución penitenciaria precisó que los trasladados son Claudia Jimena Medina Mendoza, quien se encontraba en el Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Lampa, y Emiliano Cocarico Villca, procedente del penal de Puno.

En el acto participaron funcionarios de ambos países, quienes verificaron la documentación y el estado de los privados de libertad antes de autorizar su ingreso al territorio boliviano. Según comunicó el INPE, los internos cumplirán el resto de sus condenas en centros penitenciarios de las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba.

Política de deshacinamiento y acuerdos internacionales

La coordinadora de la Unidad Funcional de Cooperación y Asuntos Internacionales del INPE, Kelly Tintaya Flores, aseguró que estos traslados se enmarcan en la política nacional de deshacinamiento y en acuerdos internacionales vigentes. “Este tipo de acciones permiten que los ciudadanos extranjeros sentenciados cumplan sus penas en su país de origen, contribuyendo a la reducción de la sobrepoblación en penales peruanos”, afirmó Tintaya Flores, según se recoge en el comunicado de la institución.

Por parte del Consulado del Estado Plurinacional de Bolivia en Puno, la agente consular Ingrid Valle Vásquez expresó su agradecimiento a las autoridades peruanas y al INPE por facilitar el proceso. Valle Vásquez subrayó la importancia de la cooperación bilateral para garantizar los derechos de los internos y favorecer la reinserción social en su propio entorno nacional.

Entrega del ‘Pequeño J’ por triple feminicidio

Tony Jansen Valverde Victoriano, conocido como ‘Pequeño J’, fue extraditado a Argentina este lunes 4 de mayo tras ser entregado a la Interpol por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) del Perú. El procedimiento se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, con la participación de la Policía Nacional del Perú, desde el penal de Ancón hasta el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde el detenido completó los trámites migratorios antes de abordar un vuelo con destino a Buenos Aires.

La justicia argentina lo requiere como presunto autor intelectual de un triple feminicidio perpetrado en septiembre de 2025 en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Según la investigación, las víctimas, dos jóvenes de 20 años y una menor de 15, fueron citadas a una vivienda, retenidas y asesinadas, presuntamente en el marco de una disputa interna dentro de una organización criminal ligada al narcotráfico y sicariato. Los cuerpos fueron hallados enterrados cinco días después del crimen.

Valverde Victoriano, de 20 años, habría huido de Argentina tras los hechos, pasando por Bolivia antes de ingresar al Perú, donde fue capturado el 30 de septiembre de 2025. La solicitud de extradición presentada por Argentina fue aceptada por el Estado peruano en enero de 2026, permitiendo que el proceso avance únicamente por el delito de homicidio calificado.

Este lunes inicia el juicio oral contra el ex presidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), por un caso que lo acusa de trata agravada de personas. La causa, que gira en torno a la presunta vinculación con una adolescente durante su presidencia y a supuestos beneficios otorgados a la familia de la menor, llega tras meses de disputas legales y acusaciones de persecución política por parte del líder cocalero.

La defensa del ex jefe de Estado anunció que no se presentará a declarar porque considera que el juicio es “ilegal”. “El tribunal lamentablemente no está respetando estándares internacionales (…) no corresponde que se presente”, afirmó el abogado Nelson Cox.

La causa investiga la presunta vinculación del ex presidente con una adolescente con la que habría tenido una hija en el año 2016 y a cuya familia habría beneficiado con cargos políticos durante su gestión. Desde que se impulsó la investigación, en septiembre de 2024, la víctima habló con algunos medios internacionales y afirmó estar radicada en Argentina, junto a su hija, para evitar lo que considera un acto de “persecución” contra su familia.

Morales fue convocado a declarar en dos oportunidades —en octubre de 2024 y enero de 2025—, pero no se presentó porque consideraba que no había garantías. Tras su segunda ausencia, el juez Nelson Rocabado de la ciudad de Tarija, donde se desarrolla el proceso, lo declaró en rebeldía y dictó su arraigo, aprehensión y la anotación preventiva de sus bienes.

Acorralado por la Justicia, Morales permanece atrincherado en su bastión cocalero de Cochabamba, al centro del país, desde septiembre de 2024, donde sus seguidores lo custodian, día y noche, para evitar su captura.

El caso llega a esta etapa luego de varios meses de investigación y disputas legales. El fiscal departamental de Tarija, José Mogro, informó que se habían recolectado más de 170 pruebas en contra del ex mandatario y que la notificación para el inicio del juicio debió hacerse mediante edictos de prensa.

La apertura del proceso también reaviva una serie de controversias que acompañaron la trayectoria política de Morales y que estuvieron relacionadas con mujeres jóvenes y denuncias relacionadas con su paternidad.

En 1997 y en 2002, Morales fue obligado a reconocer la paternidad de dos hijos —Álvaro Morales Peredo y Evaliz Morales Alvarado— en medio de denuncias de precariedad y falta de pago de manutención familiar. A pesar del reconocimiento tardío, cuando los menores tenían 12 y 8 años respectivamente, el vínculo familiar parece haberse consolidado.

Años más tarde y ya en el poder, se conoció públicamente que tenía una relación con Gabriela Zapata, una mujer que en ese momento era gerente de una empresa china que se adjudicaba contratos millonarios del Estado. El caso generó gran controversia debido a la contradictoria situación de un hijo que habrían tenido juntos. Inicialmente el presidente y su entorno confirmaron su existencia, pero luego dijeron que había fallecido al poco tiempo de nacer y que el exmandatario nunca lo conoció.

En 2020, tras la caída de su gobierno, comenzaron a circular fotografías de Morales junto a una joven con la que presuntamente habría mantenido una relación cuando ella aún era adolescente y él ejercía la presidencia. Las imágenes y conversaciones filtradas apuntan a un vínculo sentimental entre ambos, separados por una diferencia de edad de 41 años.

Las relaciones con menores —que el Código Penal boliviano todavía reconoce como “estupro” y sanciona con penas de dos a seis años— fueron “un secreto a voces”, según admitió el expresidente Luis Arce (2020-2025), quien fue ministro de Economía de Morales durante prácticamente todo su mandato.

Ni el expresidente ni su entorno han negado estas relaciones, pero las han rechazado sistemáticamente al sostener que son parte de una estrategia para inhabilitarlo políticamente. Tras darse a conocer la citación para el juicio oral, Morales denunció ser víctima de una “brutal persecución judicial” y pidió una justicia “imparcial, honesta, objetiva y autónoma del poder político”. “No busco la impunidad”, escribió en X.

Más allá del desenlace judicial, este caso vuelve a abrir el debate sobre las zonas grises del poder político y los silencios cómplices que durante años rodearon las denuncias contra el expresidente.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, comunicó la creación de una comisión abierta para impulsar una reforma parcial de la Constitución, una medida orientada a abrir el país a nuevas inversiones y destrabar el modelo económico en crisis.

El anuncio se realizó en Cochabamba, durante una reunión nacional que congregó a autoridades, empresarios, líderes sociales, gobernadores y alcaldes.

La administración de Rodrigo Paz impulsa una reforma constitucional para modificar el marco legal que regula sectores estratégicos y atraer capitales extranjeros.

El Ejecutivo presentará diez proyectos de ley enfocados en hidrocarburos, electricidad, minería, inversiones, economía verde y emprendimiento, con el objetivo de dinamizar la economía y modernizar el modelo productivo. Varias de estas propuestas ya están bajo revisión jurídica y se enviarán al Parlamento para su análisis.

En su intervención ante el plenario, Paz afirmó: “Vamos a crear la Comisión de la Reforma de la Constitución y esto será una comisión abierta para que todos puedan participar desde sus sectores, sus regiones”.

Además, adelantó una nueva ley electoral, una reforma judicial y una ley de seguridad nacional.

El objetivo declarado de este paquete de iniciativas es crear un entorno legal y político que favorezca la llegada de capitales y el crecimiento económico. Según Paz, el propósito es “desarrollar y generar un progreso para el país”.

El mandatario subrayó que estas reformas deben explicarse desde las regiones y los municipios, para evitar interpretaciones erróneas sobre un supuesto ataque al Estado Plurinacional.

Durante el evento, el expresidente Jorge Tuto Quiroga calificó de urgente la aprobación de una reforma constitucional y argumentó que las leyes vigentes solo permiten que la inversión extranjera ingrese “por rendijas”.

Quiroga sostuvo que abrir el país a capitales requiere una reforma parcial de la Carta Magna y solicitó al Gobierno estudiar acuerdos de libre comercio con cláusulas de protección para las inversiones, con el fin de garantizar seguridad jurídica.

La Constitución de 2009 otorgó al Estado boliviano la propiedad sobre los recursos naturales y el control estatal de los sectores hidrocarburífero, minero y eléctrico.

El gobierno de Paz, a través de la reforma parcial, busca modificar los aspectos que obstaculizan la llegada de nuevas inversiones y la modernización del modelo productivo.

En la cumbre política, Paz afirmó que “el viejo Estado tranca no da seguridad”, y defendió un esquema de mayor autonomía para gobernaciones y municipios. Explicó la propuesta “50-50”, que plantea redistribuir competencias y recursos de forma equitativa entre el gobierno central y las regiones. Áreas como educación y salud mantendrían una base nacional, pero permitirían que los departamentos adapten hasta la mitad de las políticas a sus realidades.

Por su parte, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, presente en la reunión, anticipó medidas para flexibilizar la gestión financiera de alcaldías y gobernaciones. Entre las acciones mencionó la eliminación de autorizaciones centrales para cambios presupuestarios, la agilización automática de anticipos financieros y la implementación de la firma digital, que evitará traslados innecesarios de autoridades subnacionales a la capital.

El Gobierno propuso revisar los artículos 82 al 100 de la Ley de Autonomías, argumentando que restringen la libertad financiera y normativa de los gobiernos departamentales y municipales. Esta reforma apunta a descentralizar decisiones y facilitar la gestión local de los recursos públicos.

El contexto de la reunión estuvo marcado por la desaceleración económica, la escasez de dólares y el debate sobre la redistribución de competencias entre autoridades nacionales y autonomías departamentales.

(Con información de EFE)

La delegación escolar había viajado rumbo a Potosí para participar en las actividades conmemorativas por el bicentenario del Colegio Nacional de Pichincha. Sin embargo, el conflicto social impidió que continúen su recorrido y actualmente permanecen retenidos en la zona de Patacamaya, camino a La Paz.

Según información difundida por Exitosa, los estudiantes y docentes se encuentran prácticamente incomunicados, situación que incrementó la angustia de sus familiares, quienes exigen la inmediata intervención de las autoridades peruanas y bolivianas para garantizar su seguridad y retorno.

Uno de los integrantes de la delegación denunció malos tratos por parte de los manifestantes y cuestionó la falta de apoyo del consulado peruano en Bolivia.

“Esos malos huelguistas no tienen corazón. Los han visto llorando a las mamás, a los chicos, y nos han botado y se han reído. Que se enteren también el consulado peruano en Bolivia. Supuestamente nos está ayudando, pero dicen que nos han mandado carro y nada, eso es mentira. Seguimos botados”, expresó.

Asimismo, indicó que los escolares atraviesan momentos de desesperación debido a la falta de alimentos y las dificultades para movilizarse en medio de los bloqueos.

Ante esta situación, familiares de los alumnos solicitaron ayuda urgente de las autoridades diplomáticas y del Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE) para lograr un corredor humanitario que permita el traslado seguro de toda la delegación hacia territorio peruano.

Cancillería responde

Tras conocerse la situación de los estudiantes cusqueños varados en Bolivia, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que informó que el Consulado General del Perú en La Paz ya tomó conocimiento de la emergencia y viene brindando apoyo a los connacionales afectados por los bloqueos de carreteras en ese país.

De acuerdo con la Cancillería, son en total 282 peruanos los que permanecen varados en distintos puntos del departamento de La Paz. De esa cifra, 207 corresponden a alumnos de tres instituciones educativas: el Glorioso Colegio Nacional de Ciencias del Cusco, el Colegio Nacional de la Independencia Americana de Arequipa y el Glorioso Colegio Nacional de San Carlos de Puno.

“El Consulado General del Perú en La Paz ha gestionado alojamiento y alimentación para todos los connacionales, quienes se encuentran aún fuera de instalaciones seguras ubicadas en La Paz, Oruro, El Alto y Uyuni”, señala el pronunciamiento oficial.

Asimismo, la Cancillería indicó que mantiene un “monitoreo permanente del estado de las carreteras” y contacto constante con los ciudadanos afectados, mientras evalúa medidas de emergencia para facilitar el pronto retorno de los peruanos atrapados por el paro de transportistas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú también puso a disposición de los familiares el número de emergencia (+591) 70164657 y el correo consulperu-lapaz@rree.gob.pe, canales que permanecerán activos las 24 horas.

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, sostuvo reuniones por separado con los embajadores de Irán y Rusia tras expresiones y publicaciones que generaron incomodidad en sectores políticos y sociales del país sudamericano.

A través de estos encuentros, Aramayo reafirmó el principio de respeto mutuo y la necesidad de mantener la no injerencia en los asuntos internos, un tema que cobró especial relevancia luego de recientes intervenciones públicas de ambos diplomáticos.

El lunes, durante la asunción del nuevo gobernador de Cochabamba, el representante iraní Bahram Shahabeddin expresó su deseo de que esa ciudad sea la capital de Bolivia, mientras la delegación rusa encabezada por Dmitry Vérchenko publicó en redes sociales críticas a un columnista boliviano por sus opiniones sobre el presidente Vladímir Putin.

La presencia de los embajadores de Irán y Rusia en la ceremonia, motivaron la convocatoria de ambos por parte de la Cancillería para reiterar el apego a los canales de comunicación formales y a la normativa internacional.

“El respeto a la soberanía y no injerencia en la política interna convocan a actuar con sensibilidad al contexto sociopolítico y, por tanto, respetar ese principio al emitir criterio u opinión pública”, señaló el ministerio en un comunicado oficial.

La Cancillería boliviana enfatizó la necesidad de que las declaraciones de representantes extranjeros respeten el contexto sociopolítico nacional y se canalicen por los mecanismos diplomáticos formales previstos en la Convención de Viena.

El gobierno también transmitió que cualquier diferencia debe canalizarse por vías diplomáticas, evitando el uso de plataformas públicas para expresar quejas o posturas.

En el caso del embajador ruso, Dmitry Vérchenko, la conversación giró en torno a la necesidad de mantener los canales y procedimientos institucionales en las relaciones bilaterales. La Cancillería boliviana enfatizó que la preservación del respeto mutuo es clave para garantizar la cooperación entre ambas naciones.

Se abordó la importancia de encauzar cualquier diferencia a través de los mecanismos protocolares establecidos.

En esas publicaciones, la delegación rusa acusó a un periodista de mantener una “enfermiza obsesión” con el presidente ruso Vladímir Putin y llegó a poner en duda la salud mental del comunicador. Estos mensajes públicos, emitidos fuera de los canales diplomáticos, llevaron a la Cancillería a reiterar la necesidad de ajustar la comunicación institucional a los protocolos internacionales.

La presencia de los embajadores de Irán y Rusia en la ceremonia de juramento de Leonardo Loza, quien mantiene afinidad política con el expresidente Evo Morales, se produjo en un contexto de redefinición de la política exterior boliviana.

El presidente Rodrigo Paz, en el cargo desde hace seis meses, modificó el enfoque de las relaciones diplomáticas del país, alejándose de los aliados tradicionales de Morales y de su sucesor, Luis Arce, como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Rusia e Irán. El gobierno actual fortaleció lazos con Estados Unidos e Israel, marcando un giro respecto a la gestión anterior.

(Con información de EFE)

Núñez dijo a EFE que hay "una red que rodea Bolivia" que impide el flujo de las inversiones españolas por la falta de condiciones, pero también existe "un montón de cosas que hacer" y las compañías "están deseando venir".

"Están al otro lado de la red esperando que se quite para saltar", ilustró Núñez, que reconoció la reducción del número de empresas españolas grandes con presencia en este país frente a las que había hace 25 años, cuando la apertura de Bolivia a la inversión sintonizó con la internacionalización de esas compañías.

Actualmente, entre las más grandes están Repsol, Air Europa y Maxam Fanexa y otras pequeñas dedicadas al servicio de la construcción e ingeniería, en conjunto con unos capitales que en 2025 llegaron a 57 millones de dólares.

"Como puedes ver unas cantidades ridículas, yo las entiendo ridículas para lo que podría ser la inversión española en Bolivia" en sectores como el energético, desarrollo industrial, ingenierías, minería, agricultura o ganadería, sostuvo el ejecutivo español.

"Ahí podría multiplicarse por un número indeterminado este dinero invertido", apuntó Núñez, para quien Bolivia ha generado "un nivel de expectación muy grande" con el Gobierno de Rodrigo Paz, tras las administraciones de los izquierdistas Morales (2006-2019) y de Luis Arce (2020-2025).

Según datos del Banco Central de Bolivia (BCB), en el primer semestre de 2014 las inversiones españolas lideraban los capitales extranjeros en el país con 473 millones de dólares.

Núñez señaló que el Gobierno debe "poner las condiciones básicas para que esa ilusión que hay fuera del país en venir" se apoye en acuerdos de protección de inversiones, la aceptación de arbitrajes internacionales y nuevas leyes en sectores estratégicos.

Según el ejecutivo, si también hay cambios en la Constitución que fija que el Estado "es el único encargado de la explotación" de petróleo, gas y litio puede abrirse la puerta a los inversores extranjeros.

A su juicio, si el Gobierno además "da garantía de que esa inversión a largo plazo esté consolidada, si permite el movimiento de capitales y que haya dólares y tiene en cuenta el tema impositivo en la distribución de los beneficios y de los rendimientos de las empresas", Bolivia puede recibir inversiones como Paraguay y Argentina.

Bolivia afronta el reto de recuperar la confianza de los empresarios extranjeros después de las nacionalizaciones aplicadas por Morales desde 2006, cuando comenzó con el sector de hidrocarburos afectando las inversiones de petroleras como Repsol, cuyos campos fueron ocupados por militares.

También pasaron al Estado las filiales de Iberdrola y Red Eléctrica en 2012 y de Abertis-AENA en 2013.

En 2010, se decretó la nacionalización del fondo de pensiones Previsión, del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), pero el Estado asumió por completo el control de la gestora recién en 2023.

"Esas empresas habían hecho aquí inversiones, se habían gastado mucho dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Lógicamente querían una compensación por ello", indicó Núñez.

Agregó que, "por suerte", por entonces el Gobierno de Bolivia y las empresas "estaban supeditadas a arbitrajes internacionales".

Los fallos obligaron al Estado boliviano a pagar indemnizaciones y Bolivia anuló los acuerdos de inversiones y se retiró en 2010 del Consejo Internacional de Arbitraje de Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.

El mes pasado, el Gobierno anunció que pagará la indemnización de 105 millones de dólares al BBVA por esa nacionalización, tras un reciente fallo arbitral del Tribunal Supremo de los Países Bajos.

Núñez, que presidió en su momento la gestora Previsión, recordó la tensión que supusieron las nacionalizaciones y el temor a ser detenidos, como pasó, por ejemplo, en 2006 con el entonces presidente de Repsol en Bolivia, el español Julio Gavito, tras una denuncia sobre un supuesto "contrabando de petróleo" de la que luego fue exonerado.

Javier Aliaga

El presidente Rodrigo Paz cumple seis meses de gestión en una jornada marcada por conflictos sociales y pedidos de renuncia. Este viernes, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) registra 15 puntos de bloqueo concentrados en los departamentos de La Paz y Beni, por organizaciones sociales que exigen su renuncia y demandan la abrogación de una ley de conversión de tierras.

En la zona andina del país, la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari, con respaldo de la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Juntas Vecinales de La Paz, instruyó realizar un bloqueo de caminos indefinido, a partir del 6 de mayo, para exigir la renuncia del presidente Paz.

“La población ya está cansada, ya no quiere promesas, porque hemos tenido varios diálogos”, manifestó el dirigente de la federación campesina, Vicente Salazar. “Solamente es promesa, promesa, promesa”, agregó en referencia a los acuerdos entre el Gobierno y los transportistas, que se manifestaban para exigir mejorar la calidad del combustible y la infraestructura vial, además de celeridad en el pago de un resarcimiento de daños vehiculares.

Por otro lado, campesinos de la región amazónica del Beni exigen la abrogación de una norma que autoriza la conversión voluntaria de tierras. La Ley 1720, promulgada el 8 de abril, permite cambiar la clasificación de pequeñas propiedades a medianas, lo que las habilita como garantía para acceder a créditos bancarios.

Algunos campesinos y organizaciones ambientales y de derechos humanos expresaron su preocupación al considerar que pone en vulnerabilidad los territorios indígenas y que puede dar lugar al despojo y la concentración de tierras. Tras una marcha campesina de 27 días, el Gobierno se comprometió a promover la anulación de la norma en la Asamblea Legislativa pese a la resistencia de sectores empresariales y agroindustriales que la defienden como un mecanismo para impulsar el desarrollo rural.

La abrogación de la ley ya fue aprobada en una comisión legislativa y será tratada este viernes por la tarde en la Cámara de Diputados. “Tiene una base de ley buena, pero le faltó margen de diálogo en ciertos sectores”, manifestó el presidente Paz sobre la norma tras el acuerdo con los marchistas.

A estas protestas se suma la del magisterio, que anunció un paro de las labores educativas este lunes 11 de mayo para exigir incremento salarial y la dotación de más ítems, entre otras demandas.

En medio de esos frentes de conflicto, el Gobierno convocó a líderes políticos, organizaciones sociales, alcaldes, gobernadores y representantes de varios sectores del país a participar en un encuentro nacional este sábado en la ciudad de Cochabamba (centro).

El objetivo principal de la reunión es sumar respaldo a las políticas del Gobierno y generar consensos para garantizar la aprobación de leyes que se consideran estratégicas para recuperar la estabilidad económica e impulsar el desarrollo del país.

Según informó el vocero presidencial, José Luis Gálvez, se han cursado cerca de 600 invitaciones para el evento en el que se prevé que el presidente exponga la visión del Ejecutivo y las iniciativas que serán puestas a consideración de la Asamblea Legislativa en los próximos meses.

Algunos líderes políticos han confirmado su asistencia y otros, como el empresario y jefe de una bancada legislativa, Samuel Doria Medina, la han descartado al apuntar la imposibilidad de un generar un diálogo efectivo entre 600 personas. En ese marco, el encuentro también se convertirá en para medir el nivel de respaldo político al Gobierno en medio de la creciente conflictividad social.

El ministro de Defensa de Bolivia, Marcelo Salinas, brindó un informe en la Cámara de Senadores sobre el accidente del avión militar Hércules C-130 ocurrido el 27 de febrero en la ciudad de El Alto. El ministro informó que de las 32 personas heridas, 13 permanecen hospitalizadas en ocho centros de salud.

Salinas explicó que 22 personas perdieron la vida y que otras 32 quedaron con lesiones “de distinta consideración”. Entre ellos, un menor de 11 años que perdió las piernas y algunos dedos de la mano, que ya fue dado de alta y será llevado “a un departamento otorgado en la localidad de Huajchilla (La Paz), el cual se encuentra con trabajos de adecuación para una mejor atención y estadía”, explicó Salinas, citado por medios locales.

El ministro fue convocado por los senadores a presentar un informe oral y responder a una decena de preguntas sobre cuestiones técnicas, el trabajo de la torre de control, las acciones de los pilotos y las condiciones en las que ocurrió el accidente, según informó la senadora Kathia Quirga en la radio Fides.

Al finalizar la tarde del 27 de febrero, un avión de la Fuerza Aérea Boliviana, modelo Hércules C-130, perdió el control tras aterrizar en el aeropuerto de El Alto, que sirve a la ciudad de La Paz, se salió de la pista y arrolló al menos una docena de vehículos tras romper una valla.

La aeronave trasladaba varias toneladas de billetes nuevos destinados al Banco Central de Bolivia (BCB) que quedaron esparcidos en los alrededores del aeropuerto, lo que provocó que miles de personas se acercaran al lugar del siniestro para intentar recoger el dinero, pese a las acciones de resguardo de la Policía y las Fuerzas Armadas.

El caos desatado provocó que bomberos y policías despejaran la zona con el uso de gases lacrimógenos y descargas de agua para proceder con el rescate de los heridos. En paralelo, las autoridades dispusieron la quema de los billetes que quedaban en la zona y la anulación de la serie para evitar su circulación.

A finales de abril, los tripulantes del avión —el piloto Erick Rojas y el copiloto Jared Ramírez— fueron imputados por el delito de homicidio y lesiones culposas, y el fiscal departamental de La Paz, Luis Torrez, informó que el Ministerio Público acreditó que ambos militares tenían responsabilidad en el siniestro.

El piloto fue enviado a la cárcel de San Pedro, en La Paz, con detención preventiva por cuatro meses mientras duran las investigaciones. En tanto, el copiloto recibió detención domiciliaria con una fianza de Bs 50.000 y sin salida laboral.

De igual forma, el informe de la Junta de Investigaciones de Accidentes Aéreos (JIAA) determinó que hubo fallas de los operadores de la torre de control, quienes dieron información equivocada sobre las condiciones de la pista, que presentaba acumulación de hielo y agua tras una granizada.

Sin embargo, el informe también establece que, aunque las maniobras de los pilotos evitaron una tragedia mayor, la aeronave ingresó con exceso de velocidad y desaprovechó parte de la pista de aterrizaje.

El Gobierno de Bolivia anunció el jueves la emisión de bonos soberanos por USD 1.000 millones, destinados a reforzar el presupuesto estatal y las reservas internacionales, en medio de la acumulación conflicto sociales en varios frentes abiertos.

Según informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, la administración del presidente Rodrigo Paz cerró “una operación de financiamiento de bonos soberanos en la cual Bolivia pudo recaudar mil millones de dólares de inversionistas calificados internacionales”.

La operación, realizada a una tasa de 9,45% y con un plazo de cinco años, permitirá que Bolivia “mantenga una presencia regular en los mercados”, afirmó el funcionario. Espinoza sostuvo que los fondos obtenidos reforzarán las reservas internacionales y servirán como “ancla de las expectativas y de la política fiscal y monetaria” del país.

El titular de Economía destacó que la demanda fue cinco veces mayor que la prevista inicialmente, con la participación de “más de 166 inversionistas extranjeros”. A su vez, señaló que “hace seis meses atrás era prácticamente imposible” que el país andino considerara volver a los mercados internacionales, haciendo referencia a las bajas calificaciones de riesgo previas al cambio de gobierno en noviembre pasado.

Espinoza calificó la operación como “un retorno muy exitoso de la economía boliviana a mercados internacionales de capitales” y sostuvo que esta colocación permite “seguir el rumbo” trazado por el Gobierno de Paz hacia una estabilización de la economía, con el objetivo de mejorar las condiciones para la inversión, el crecimiento y la generación de empleo.

El ministro subrayó que la reciente emisión de bonos fortalecerá los presupuestos destinados a salud, educación, desarrollo de las regiones e inversión pública. Además, ratificó que la operación “también permite el reforzamiento” de las reservas internacionales netas (RIN), que al primer trimestre del año alcanzaron los USD 3.542 millones.

Bolivia enfrenta desde hace varios años una crisis económica que se intensificó a comienzos de 2023, marcada por la escasez de liquidez en dólares y la caída de sus reservas internacionales. En ese periodo, las RIN descendieron a 3.148 millones de dólares, lejos del récord histórico de 15.122 millones registrado en 2014.

Cabe recordar que la Fiscalía de Bolivia informó el 28 de abril pasado sobre la detención del ex presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas Ulo, y otros tres ex altos ejecutivos de la entidad, por un presunto daño económico de USD 124 millones vinculado a operaciones irregulares con bonos soberanos.

El fiscal del caso, Miguel Cardozo, explicó que los cuatro exfuncionarios habrían realizado “transacciones irregulares” en 2024, al vender y comprar bonos “en montos mayores a los establecidos” mientras se desempeñaban en el BCB. La acusación formal es por “incumplimiento de deberes y conducta antieconómica”, ya que, según Cardozo, efectuaron al menos “siete intercambios de bonos soberanos con diferentes entidades bancarias”. La investigación se inició tras una denuncia del propio Banco Central.

Los bonos soberanos son instrumentos de deuda emitidos por entidades públicas o privadas con el fin de captar fondos, que posteriormente se colocan en el mercado bajo el compromiso de devolución en un plazo determinado junto con los intereses.

El caso contra el ex funcionario será evaluado por un juez, quien deberá decidir si corresponde la detención preventiva de los acusados o la aplicación de medidas sustitutivas, según informó la Fiscalía.

Rojas Ulo asumió la presidencia interina del BCB en 2020, tras su designación por el entonces ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y permaneció en el cargo durante todo el Gobierno del expresidente Luis Arce (2020-2025).

(Con información de EFE)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, rechazó este jueves con dureza los métodos de protesta empleados por los sindicatos afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), un día después de que trabajadores fabriles ocuparan la sede del Ministerio de Trabajo en La Paz y la Policía arrestara a 13 personas, de las que una fue liberada y 12 permanecen detenidas. “El Ministerio de Trabajo es de todos ustedes y un sector consideró que tiene la libertad para entrar y violentar un espacio público del Estado boliviano. Creo que eso no se puede aceptar”, dijo el mandatario en declaraciones a los medios.

La ocupación se produjo el miércoles al mediodía, cuando decenas de fabriles de la Confederación de Fabriles de Bolivia irrumpieron en las instalaciones del ministerio, ubicado entre las calles Yanacocha y Mercado en el centro de La Paz, y desde sus balcones exigieron la renuncia del ministro Edgar Morales. Los dirigentes describieron la acción como “una toma simbólica”, aunque el titular ofreció una versión diferente: los manifestantes “ingresaron violentamente, golpearon la mesa, tomaron rehenes” e impidieron que funcionarios abandonaran el edificio. Alrededor de las 14:45, un contingente de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (Utop) retomó el control con gases lacrimógenos y trasladó a los detenidos a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). El Ministerio anunció cargos penales por privación de libertad y allanamiento.

Paz calificó la violencia de “una suerte de sicariato” y afirmó que “no ayuda” al proceso de negociación. El vocero presidencial José Luis Gálvez fue más directo: “No puede haber un sicariato sindical que tome ministerios”. Ante los pedidos de renuncia de algunos sectores, el mandatario respondió: “Estamos en democracia, todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera, pero lo importante es sacar al país adelante”.

La COB endureció su posición este jueves. Su secretario ejecutivo, Mario Argollo, exigió la liberación inmediata de los fabriles detenidos y advirtió que de no producirse, otros sectores se sumarán a las movilizaciones. “Primero van a salir los fabriles, pero después vamos a salir todos”, afirmó. La organización también anunció que unificará sus protestas con sindicatos campesinos que desde el miércoles bloquean carreteras en el departamento de La Paz para exigir la dimisión del presidente.

La crisis arrancó el 1 de mayo, cuando la COB declaró el paro general indefinido en un cabildo en El Alto. La central aprobó un pliego de 190 demandas: incremento salarial del 20 %, recorte de sueldos de altos funcionarios, rechazo a la privatización de empresas estatales y abrogación de una ley agraria que también rechazan campesinos e indígenas amazónicos que marchan hacia La Paz desde hace más de tres semanas. En las movilizaciones participan maestros, mineros y fabriles, los tres pilares históricos de la COB, que fue aliada política de los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

Paz llegó al poder en noviembre de 2025 tras dos décadas del Movimiento al Socialismo y describió el Estado heredado como “quebrado”. El Gobierno subió el salario mínimo un 20 % en enero —argumento que esgrime para rechazar una nueva subida de igual magnitud— y convocó para el sábado un “gran encuentro nacional” con autoridades, empresarios y representantes sociales. Con doce trabajadores aún detenidos y la COB amenazando con una escalada, el margen de maniobra de Paz se estrecha a medida que la crisis entra en su segunda semana.

Los abogados del expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), anunciaron que su defendido no se presentará a la audiencia de juicio oral a la que fue convocado por un tribunal de justicia en el caso de trata agravada de personas que enfrenta. La audiencia fue fijada para el lunes 11 de mayo a las 08:20, hora local, en la ciudad sureña de Tarija, donde se desarrolló el proceso.

El abogado Nelson Cox cuestionó la legalidad del proceso y sostuvo ante los medios locales que el caso se basa en “una acusación forzada” con fines mediáticos y que “no corresponde que se presente” ante la justicia.

En tanto, el exprocurador del Estado y abogado de Morales, Wilfredo Chávez, calificó el juicio como “ilegal” al considerar que la causa fue abierta por segunda vez “quebrantando el principio de prohibición de doble enjuiciamiento”.

La investigación inició en 2020, durante el gobierno interino de Jeanine Añez (2019-2020) y fue rechazada un año más tarde, durante la gestión de Luis Arce (2020-2025), supuestamente por falta de pruebas. Sin embargo, en 2024 —en medio de la disputa política entre Arce y Morales— la Fiscalía volvió a impulsar la investigación bajo el argumento de que el proceso seguía vigente. En tanto, para la defensa de Morales, al haber existido rechazo fiscal, el tema quedó cerrado y no podía volver a ser juzgado por el mismo hecho.

El líder cocalero está acusado por la presunta vinculación con una menor de edad en el año 2016, cuando era presidente. Según la investigación, el exmandatario y la adolescente tuvieron una hija a la que inscribieron en un registro civil de Yacuiba, ciudad fronteriza con Argentina, y cuya partida de nacimiento constituye una de las 170 pruebas del delito recolectadas en el pliego acusatorio.

El expresidente fue convocado dos veces a prestar su declaración, en octubre de 2024 y enero de 2025. Ante la segunda inasistencia, el juez Nelson Rocabado dictó su arraigo, la anotación de sus bienes, ordenó su aprehensión y lo declaró en rebeldía.

En ese contexto, el líder cocalero permanece desde hace más de un año y medio en su bastión sindical del Trópico de Cochabamba, al centro del país, bajo custodia permanente de sus seguidores para evitar su captura por esta denuncia.

Tras darse a conocer la citación mediante edictos, Morales denunció ser víctima de una “brutal persecución judicial” y dijo que las acusaciones en su contra son una campaña de lawfare.

Sin hacer referencia a un caso en específico, el expresidente responsabilizó a la administración de Rodrigo Paz de intentar “aniquilarlo” a través de la Justicia. “El gobierno ejecuta en mi contra una brutal persecución judicial y mediática con causas armadas para aniquilarme moral y físicamente; como en todos los casos de lawfare (guerra jurídica), presume mi culpabilidad y me condena sin el debido proceso que manda la Constitución Política del Estado”, escribió en su cuenta de X.

“No busco impunidad. Quiero que mis acusadores demuestren —con pruebas legales y reales— los presuntos delitos que cometí. Pido una justicia imparcial, honesta, objetiva y autónoma del poder político”, escribió Morares.

La tensión se mantiene en Bolivia pese a los acuerdos alcanzados el miércoles entre el Gobierno y algunos sectores sociales que estaban movilizados con distintas demandas. Según el reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), este jueves por la mañana se registran 16 puntos de bloqueo concentrados en los departamentos de La Paz y Beni.

Las demandas sectoriales van desde resolver el conflicto del combustible y abrogar una ley de conversión de tierras hasta la renuncia del presidente Rodrigo Paz. “El pueblo ya está cansado, la gente ya está cansada de este Gobierno y el pedido único de las 20 provincias (de La Paz) es la renuncia de Rodrigo Paz”, manifestó Vicente Salazar, dirigente de la Federación Campesina Túpac Katari en una conferencia de prensa.

De igual manera, el representante de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, manifestó que si el Gobierno no tiene la capacidad de resolver los problemas “tiene que irse”.

El país atraviesa una etapa de tensión social a raíz de la acumulación de varios frentes de conflicto. Desde hace varias semanas, los transportistas se manifiestan en reclamo por la distribución irregular de diésel, los problemas de calidad de combustible y la supuesta falta de celeridad en el pago de un resarcimiento económico por daños vehiculares a causa de la “gasolina desestabilizada”.

Por otro lado, campesinos de la región amazónica presionan al Gobierno para que promueva la abrogación de una ley de conversión de tierras que autoriza la clasificación voluntaria de las pequeñas propiedades en medianas para poder ofrecerlas como garantía para préstamos bancarios. Mientras los impulsores de la ley defienden la medida como un procedimiento en favor del desarrollo campesino, los críticos consideran que deja en situación de vulnerabilidad a los pequeños agricultores y abre la puerta a la concentración de tierra.

A estas protestas se sumaron reclamos de maestros y trabajadores que exigían un incremento salarial.

Tras varias semanas de conflicto, el presidente Paz logró el miércoles un acuerdo con representantes del transporte y algunos dirigentes campesinos, pero sin el consenso unánime en las organizaciones. En ese sentido, este miércoles los dirigentes de la COB y la Federación de Campesinos Túpac Katari decidieron formar un “pacto de no traición” para hacer frente al Gobierno.

Entre tanto, los choferes afirman que si no se cumplen los acuerdos alcanzados otra vez saldrán a las calles. “Queremos que se cumpla la palabra de los ministros, principalmente del presidente (...) se ha concretado (el acuerdo) con el presidente”, afirmó el dirigente sindical Lucio Gómez tras la reunión en el Palacio de Gobierno.

El Ejecutivo ha manifestado en varias oportunidades que está atendiendo las demandas del sector y que ha asegurado 125 millones de dólares para el mantenimiento de carreteras. Por otro lado, acordó con dirigentes campesinos promover ante la Asamblea Legislativa la abrogación de la Ley 1720, que autoriza la reconversión de tierras.

En este contexto, el presidente Paz convocó para este sábado a casi 600 personas —entre autoridades, líderes sociales y actores económicos— a un encuentro en la ciudad de Cochabamba para buscar respaldo a las políticas de su Gobierno.

“Necesitamos darnos la oportunidad de poner ciertas bases para conversar sobre temas que son estratégicos, como la sostenibilidad del modelo económico, el equilibrio fiscal, la seguridad jurídica, la atracción de inversiones y la crisis energética”, manifestó el vocero presidencial, José Luis Galvez.

El ex gerente de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA), Ronald Casso, fue detenido el miércoles en el marco de una investigación por presunto daño económico de 14,4 millones de bolivianos (cerca de USD 2 millones) relacionado con la apertura de la ruta a La Habana.

Casso acudió a declarar ante la Fiscalía en Cochabamba, tras lo cual el Ministerio Público emitió una “resolución de aprehensión” al considerar que existen “suficientes elementos” sobre su participación en los hechos investigados, informó el fiscal Wálter Lora en La Paz.

El ex directivo será trasladado de Cochabamba a La Paz, donde quedará a disposición de la autoridad jurisdiccional. Casso está investigado por los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, en el proceso abierto tras una denuncia del Viceministerio de Transparencia.

Según el fiscal, también se investiga a los miembros del directorio de BoA que aprobaron la ruta a la capital de Cuba, la cual presentó baja ocupación de pasajeros, y al entonces ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, encarcelado preventivamente desde enero por otra causa vinculada a presuntas irregularidades en una obra vial. Estas personas serán citadas a declarar en los próximos días.

El daño económico investigado por la apertura de la ruta de BoA a La Habana asciende inicialmente a 14,4 millones de bolivianos (cerca de USD 2 millones), según informó el fiscal Wálter Lora.

En abril, el viceministro de Transparencia, Yamil García, denunció que la ruta desde Santa Cruz a La Habana se operó por “razones ideológicas” y sin estudios de viabilidad técnica, generando un daño total de USD 2,6 millones al Estado en dos años.

De acuerdo con la auditoría, el daño operativo se explica porque el avión utilizado, un Boeing 737-800 con capacidad para 168 pasajeros, registró baja ocupación en la ruta. Además de los 14,4 millones de bolivianos por costos operativos, se suman 4 millones de bolivianos (más de USD 574.000) que la aerolínea pagó por adquirir dólares en el mercado paralelo a un tipo de cambio de 17,5 bolivianos, frente a la cotización oficial de 6,96 bolivianos por dólar.

García indicó que BoA contrató intermediarios financieros que cobraron un 10% adicional por realizar estas operaciones cambiarias en el mercado paralelo. El fiscal Lora señaló que la investigación también incluirá la denuncia sobre la adquisición de divisas.

La depuración de Rodrigo Paz

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció a días de iniciar su mandato el inicio de un proceso de revisión y desmontaje de lo que calificó como una red de corrupción estructural establecida durante las dos décadas de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) en el país.

Paz afirmó que durante los primeros días al frente del Ejecutivo revelaron cuentas sin registrar, compras infladas y pérdidas millonarias en diferentes áreas de la Administración pública.

Hace una semana atrás, el mandatario realizó un análisis de los primeros seis meses de su gestión y los calificó como “muy duros”, al constatar “la cloaca” dejada por las administraciones anteriores. Paz, que cumplirá medio año en el cargo el 8 de mayo.

“Estos seis meses han sido muy duros en función de ver la realidad de lo que dije en algún momento, la cloaca que nos dejaron”, declaró el mandatario.

Paz alertó sobre la existencia de grupos que buscan “frenar” las transformaciones para “retornar” al pasado. “Si retornamos a ese pasado, va a significar de tres a cuatro años de atraso en las transformaciones en nuestra economía. No estamos para aguantar tres o cuatro años en el retraso de las reformas que tarde o temprano se tienen que hacer (...) Nosotros las estamos encarando”, aseguró.

(Con información de EFE)

Bolivia busca alcanzar un acuerdo de cooperación tecnológica con Estados Unidos para el desarrollo de su industria del litio, luego de la firma a fines de abril de un memorando de entendimiento sobre minerales críticos, según anunció el miércoles el canciller boliviano, Fernando Aramayo.

El país andino, que cuenta con la segunda mayor reserva mundial de litio según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se mantiene rezagado en la explotación de este recurso clave para la transición energética y la fabricación de baterías eléctricas.

En abril, la administración del presidente boliviano Rodrigo Paz y Washington suscribieron un memorando de entendimiento que contempla el intercambio de conocimientos y la búsqueda de nuevas formas de cooperación en torno a los minerales críticos, incluido el litio. Estados Unidos manifestó su interés en asegurar las cadenas de suministro globales.

“Con Estados Unidos nos interesa mucho el tema tecnológico (...), generar un acuerdo que nos permita ver cómo logramos dar pasos en la industrialización del litio”, expresó Aramayo en una conferencia con la prensa extranjera en La Paz.

En 2025, bajo la gestión de Luis Arce (2020-2025), Bolivia había firmado contratos para construir plantas de extracción de litio con la rusa Uranium One y la estatal china CATL, principal productora mundial de baterías.

Los proyectos de explotación de litio en Bolivia no se iniciaron porque requieren ratificación parlamentaria, donde enfrentan cuestionamientos de la oposición al Gobierno por presunta falta de transparencia en las negociaciones.

Aramayo reconoció que el país aún carece de los recursos humanos necesarios para operar sus propias plantas de extracción y que primero necesita estudios hidrogeológicos para determinar dónde instalarlas, dada la alta demanda de agua en el procesamiento del litio.

Aramayo expresó su objetivo de que Bolivia sea “partícipe” del escenario mundial de la innovación, asociándose con industrias extranjeras que utilicen el litio como materia prima. “¿Por qué no traerlas? Son de tecnología rápida, que pueden instalarse acá y a ellos mismos (...) les conviene estar cerca de los minerales para abaratar costos”, señaló.

El canciller indicó que Bolivia también buscará acuerdos de cooperación con países como Brasil y Alemania. En 2025, Bolivia produjo apenas 2.400 toneladas de litio, según datos del Ministerio de Minería. El USGS estima que su vecino Chile, tercer productor mundial, extrajo 56.000 toneladas en el mismo periodo.

La embajada de Estados Unidos en Bolivia informó que la firma del acuerdo antes mencionado sobre minerales críticos fue realizada por el vicesecretario estadounidense para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales, Caleb Orr, y el ministro boliviano de Minería, Marco Antonio Calderón de la Barca.

La delegación diplomática señaló que Washington “está comprometido” a trabajar con Bolivia “para atraer inversiones” que beneficien a ambos países y “aseguren las cadenas de suministro de minerales críticos”.

Recursos como el litio, el cobalto, el níquel y el cobre son considerados de importancia estratégica, ya que resultan esenciales para la fabricación de dispositivos electrónicos y para la transición energética.

El Gobierno boliviano sostiene que el país posee la mayor reserva mundial de litio, con alrededor de 23 millones de toneladas, principalmente en el salar de Uyuni, el mayor y más alto del mundo, con 10.000 kilómetros cuadrados y situado a 3.600 metros de altitud.

Durante la administración de Luis Arce (2020-2025), Bolivia firmó contratos con empresas de China, Rusia e India para la implementación de la tecnología de extracción directa de litio (EDL); sin embargo, estos acuerdos tampoco fueron aprobados por el Legislativo.

Rodrigo Paz señaló en enero la necesidad de impulsar una nueva ley para el sector de recursos evaporíticos, con énfasis en el litio, que establezca reglas claras para atraer inversiones y proteja los intereses bolivianos.

Durante un acto en Potosí, región donde se ubica el salar de Uyuni —principal reserva de litio del país—, Paz criticó los contratos firmados durante el mandato de Luis Arce para la explotación del recurso,

Paz aseguró que promoverá la firma de nuevos contratos de explotación del litio “con aquellos que quieran hacer contratos transparentes, pero no discursos populistas”. Remarcó además que Potosí es la región más rica en minerales del país, aunque sus habitantes aún enfrentan condiciones de pobreza.

El mandatario afirmó en aqullea oportunidad que Bolivia busca evitar el saqueo de sus recursos, pero está abierta a recibir inversiones y a establecer alianzas sólidas. “Con reglas claras, que vengan a invertir para desarrollar el punto minero más importante del mundo”, declaró.

(Con información de EFE)

El ex presidente boliviano Evo Morales (2006-2019) se enfrentará desde el próximo lunes a un juicio oral por trata agravada de personas, el delito de mayor gravedad del proceso que la justicia boliviana le sigue desde 2024 por la presunta relación que habría mantenido con una menor de edad durante su mandato. El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres de Tarija fijó la audiencia para el 11 de mayo a las 08:20, hora local (12:20 GMT), y ordenó medidas de seguridad reforzadas “en atención a la naturaleza del proceso y su relevancia”.

La acusación se centra en la presunta relación que Morales habría mantenido con la joven identificada en los medios como Cindy Saraí V.P., menor de edad en ese momento, entre 2015 y 2016, con quien habría tenido una hija. También figura como coacusada Idelsa Pozo Saavedra, madre de la joven, a quien la Fiscalía atribuye haber facilitado esa relación a cambio de beneficios laborales. Según la acusación, la joven habría formado parte de “Generación Evo”, un grupo juvenil impulsado por el Gobierno de Morales. Tras hacerse público el caso, la presunta víctima huyó del país junto a su hija y su madre, y obtuvo el estatuto de refugiada en Argentina en agosto de 2025 a través de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare).

La apertura del juicio oral representa el punto de mayor exposición legal que ha alcanzado Morales desde que la fiscal departamental de Tarija Sandra Gutiérrez dictó una orden de aprehensión en su contra en octubre de 2024. La acusación formal se presentó ese mismo mes, y el proceso avanzó hacia el juzgamiento luego de que los plazos para presentar pruebas de descargo quedaran vencidos. El Ministerio Público reunió más de 170 pruebas de cargo, según informó la semana pasada el fiscal departamental José Mogro. La pena prevista, cuando la víctima es menor de edad, va de quince a veinte años de prisión.

Morales no comparecerá. Su abogado, Nelson Cox, confirmó la citación pero anunció un recurso ante el tribunal para denunciar vulneraciones al debido proceso y calificó el caso de acusación “forzada y falsa” con fines mediáticos. Cox sostuvo que la presunta víctima habría negado en varias ocasiones ser víctima de trata —sin aportar documentación pública al respecto— y que, sin su presencia en el juicio, el proceso sería jurídicamente “inexistente”. La inasistencia del ex mandatario abre la posibilidad de que el tribunal lo declare nuevamente en rebeldía.

No es la primera vez que Morales desobedece una citación judicial. En enero de 2025, la justicia boliviana ya lo declaró en rebeldía tras su ausencia en dos audiencias previas, y dispuso su arraigo, la congelación de sus cuentas bancarias y una orden de aprehensión. Para evitar ser detenido, permanece desde octubre de 2024 en Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, bajo la protección de seguidores que impiden el acceso de las autoridades. Ante la imposibilidad de notificarlo personalmente, el tribunal recurrió en los últimos días a citaciones por edicto publicadas en medios de comunicación.

Este miércoles, Morales publicó en X mensajes en los que acusó al gobierno del presidente Rodrigo Paz de ejecutar “una brutal persecución judicial y mediática” para aniquilarlo “moral y físicamente”. El ex mandatario no hizo referencia directa al juicio por trata, pero cuestionó que el Gobierno hubiera anunciado la víspera que solicitaría a Estados Unidos información sobre su supuesta vinculación con redes de narcotráfico. La acusación de lawfare —el uso de los procedimientos judiciales como arma política— es el eje de su estrategia defensiva, aunque la defensa no ha impugnado públicamente la autenticidad de las pruebas reunidas en su contra.

Centenares de maestros llegaron este miércoles a los alrededores de la plaza Murillo, sede del Ejecutivo y el Legislativo bolivianos, e intentaron rebasar una barricada policial. La confrontación, en la que los manifestantes lanzaron petardos, tomates y una carga de dinamita sin víctimas, terminó cuando los antidisturbios dispersaron la columna con gases lacrimógenos. Fue el tercer día consecutivo de protestas multisectoriales contra el gobierno de Rodrigo Paz, asumido en noviembre de 2025 tras poner fin a dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo.

La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) marchó junto a la Central Obrera Boliviana (COB), principal central sindical del país. Ambas reclaman un incremento salarial del 20% para 2026, el compromiso de no privatizar empresas estatales y la derogación de una ley de tierras que, según denuncian, favorece a los grandes propietarios. El magisterio suma la renuncia de la ministra de Educación, Beatriz García, a quien acusa de impulsar una reforma que pondría en riesgo la enseñanza pública. Wilfredo Ajllahuanca, uno de sus dirigentes, rechazó negociar a través de intermediarios: el presidente, dijo, debería sentarse directamente y no enviar portavoces sin poder de decisión.

En paralelo, trabajadores de sindicatos fabriles tomaron la sede del Ministerio de Trabajo para exigir la renuncia de su titular, Edgar Morales, al que responsabilizan de bloquear los acuerdos salariales. La Policía recuperó el control horas después y detuvo a un número no precisado de manifestantes. El canciller Fernando Aramayo sostuvo que en algunas movilizaciones existe un “intento desestabilizador” de liderazgos que buscan recuperar espacio político. El Gobierno convocó a un encuentro nacional el sábado en Cochabamba para abrir el diálogo.

Las protestas también alcanzaron las carreteras. La Federación Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari anunció bloqueos en las vías andinas hacia la frontera peruana. Un grupo de campesinos e indígenas amazónicos permanece en la capital desde el lunes con la misma exigencia: la anulación de la ley de tierras. La confluencia de frentes distintos —obreros, docentes, campesinos, transportistas— ilustra la dificultad del Gobierno para contener una presión social sin eje común ni dirección coordinada.

Pese al ambiente de tensión, Paz logró este miércoles un acuerdo con la Confederación de Chóferes de Bolivia para suspender nuevas huelgas, un día después del paro de 24 horas que paralizó la mayoría de las regiones. El Gobierno se comprometió a garantizar el suministro de diésel y a acelerar las compensaciones por la gasolina adulterada distribuida por la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que dañó más de 9.300 motores. Según datos de la empresa, se abonaron cerca de tres millones de dólares en resarcimientos hasta la semana pasada.

La crisis del combustible concentra buena parte del desgaste del primer semestre de Paz. El Gobierno eliminó en diciembre la subvención a los carburantes —con subidas del 86% en gasolina y del 162% en diésel— para sanear unas finanzas que cerraron 2025 con una contracción del PIB del 1,6%, según el Instituto Nacional de Estadística. En cinco meses, YPFB acumuló tres presidentes y el sector dos ministros de hidrocarburos. La convergencia de demandas sin articulación política puede transformarse, advierten los analistas, en un pliego nacional de difícil gestión para un ejecutivo que además enfrenta la disidencia abierta de su propio vicepresidente.

El Gobierno de Bolivia decidió convocar a los embajadores de Irán y Rusia para exigir respeto al principio de no injerencia en asuntos internos. Estos diplomáticos participaron en la ceremonia de asunción de Leonardo Loza como gobernador de Cochabamba. Durante el evento, el embajador iraní Bahram Shahabeddin expresó su deseo de que esa ciudad sea la capital de Bolivia, lo que causó malestar en Sucre y en el Gobierno nacional.

La medida de la convocatoria fue anunciada por el canciller Fernando Aramayo, quien explicó que la Cancillería remitió una nota verbal a ambas representaciones diplomáticas y emitió un comunicado en el que recordó los mecanismos oficiales de comunicación previstos en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

El gobierno de Rodrigo Paz impulsó un alejamiento de los antiguos aliados estratégicos del Movimiento Al Socialismo (MAS), entre ellos Irán y Rusia, y promueve una aproximación a países con los que no se mantenían relaciones diplomáticas plenas, como Estados Unidos e Israel. La administración actual, además, canceló acuerdos de cooperación con el régimen iraní, aunque sin llegar a una ruptura total ni a la expulsión de embajadores.

El canciller Aramayo sostuvo que “en la política nada sucede al azar” y puso en cuestión la intención detrás de los mensajes emitidos por los representantes extranjeros en momentos en que Bolivia atraviesa un proceso de “reconfiguración de los contenidos y sentidos” de su democracia.

En ese mismo encuentro con corresponsales internacionales, el funcionario añadió que el uso de redes sociales por parte de delegaciones diplomáticas para manifestar opiniones deja de ser tolerable, en alusión a una reciente publicación de la Embajada de Rusia en la que se acusó al columnista Javier Medrano de tener una “enfermiza obsesión” con el presidente ruso Vladímir Putin, llegando a poner en duda el estado de salud mental del periodista.

El propio Aramayo anticipó que Bolivia agotará todas las vías diplomáticas y de diálogo para resolver el incidente, aunque advirtió que, si no se respeta la neutralidad, el Estado podría adoptar medidas adicionales, sin detallar su naturaleza.

La polémica se amplificó con las palabras del gobernador Leonardo Loza durante su primer discurso como autoridad departamental, en el que manifestó abiertamente su preferencia por mantener lazos con países como Rusia, Irán, India y China, en contraposición a “imperios que solo quieren saquear los recursos naturales” de Bolivia.

La reacción del presidente Rodrigo Paz ante la presencia de los embajadores en el acto de Loza fue cauta. En una entrevista televisiva, Paz sostuvo que la invitación correspondía al gobernador y dijo que corresponde analizar si la relación con el régimen de Irán resulta beneficiosa para el país, en referencia a los acuerdos militares firmados en gestiones previas, que, según su criterio, no reportaron ventajas para Bolivia.

(Con información de EFE)

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó el 28 de abril su advertencia de viaje para Bolivia, recomendando a los ciudadanos estadounidenses ejercer mayor precaución y evitar la provincia de Chapare por el aumento de delitos y disturbios civiles, así como la prevalencia de actividades vinculadas al narcotráfico en esa región. La medida afecta directamente a turistas y residentes estadounidenses que planean visitar el país sudamericano, con atractivos turísticos como La Paz y el Lago Titicaca. Según el organismo oficial estadounidense, persisten riesgos relevantes para la seguridad de visitantes extranjeros en distintas zonas urbanas y rurales de Bolivia.

De acuerdo con el aviso oficial publicado en el portal del Departamento de Estado de Estados Unidos, Bolivia mantiene el Nivel 2 de advertencia, lo que implica “mayor precaución”, pero establece nuevas restricciones para Chapare, una provincia del centro del país donde la producción ilegal de coca y la presencia de organizaciones criminales han generado incidentes violentos y limitaciones para la intervención policial. El comunicado subraya la existencia de delitos menores son comunes en zonas turísticas y la posibilidad de manifestaciones pueden surgir sin aviso previo que pueden interrumpir servicios esenciales, información confirmada por la cadena de noticias Fox News y reflejada en fuentes oficiales estadounidenses.

Bolivia, situada en el corazón de Sudamérica y limítrofe con Brasil, Argentina, Perú, Chile y Paraguay, atrae cada año a miles de viajeros internacionales interesados en su diversidad geográfica y cultural. Las advertencias del gobierno estadounidense no son inéditas, aunque la reciente actualización refuerza el enfoque sobre la seguridad y el orden público, especialmente ante la persistencia de delitos y protestas en áreas urbanas y rurales, de acuerdo con el reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos y la cobertura de Fox News.

¿Cuáles son los motivos y el alcance de la advertencia de viaje de Estados Unidos para Bolivia?

La advertencia actualizada responde al incremento de delitos menores, manifestaciones y actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico en ciertas regiones, según el Departamento de Estado de Estados Unidos. El aviso oficial detalla: “Delitos menores son comunes, sobre todo en las zonas turísticas”, en referencia a robos, hurtos y estafas que afectan tanto a visitantes como a locales en lugares concurridos.

Las autoridades estadounidenses informan que en Bolivia “las manifestaciones pueden surgir sin aviso previo y llegar a bloquear el transporte o servicios básicos”, lo que afecta la movilidad y la seguridad de los viajeros. El documento enfatiza que los empleados del gobierno estadounidense que trabajan en El Alto, la segunda ciudad más grande del país, deben estar especialmente atentos ante el riesgo de delitos menores y situaciones de alteración del orden público.

La cadena de noticias Fox News precisó que la actualización de la advertencia incluye la recomendación de evitar la provincia de Chapare, donde la presencia policial es limitada y existe “una mayor prevalencia de delitos violentos asociados al narcotráfico”.

¿Qué riesgos principales enfrentan los viajeros y residentes extranjeros en Bolivia?

La advertencia identifica varios riesgos clave para viajeros y residentes extranjeros en Bolivia:

• Delitos menores: Incluyen robos, hurtos y estafas principalmente en zonas turísticas y grandes ciudades como La Paz y El Alto.
• Manifestaciones políticas y sociales: Pueden derivar en bloqueos de carreteras, cierres de servicios y alteraciones del orden público.
• Narcotráfico y crimen violento: Especialmente en Chapare, donde las actividades delictivas vinculadas al tráfico de drogas generan incidentes violentos y limitan la intervención de fuerzas de seguridad.

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, estas circunstancias pueden afectar la movilidad, el acceso a servicios de emergencia y la seguridad de los visitantes.

¿Qué zonas de Bolivia tienen restricciones y por qué se menciona Chapare?

El comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos destaca que Chapare concentra “una producción ilegal significativa de coca” y registra una “mayor prevalencia de delitos violentos asociados al narcotráfico”. Esta región, ubicada en el centro de Bolivia, ha sido escenario de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y organizaciones criminales, lo que eleva el nivel de riesgo para cualquier visitante extranjero.

La recomendación oficial es evitar la provincia de Chapare bajo cualquier circunstancia. Además, se exige que los empleados del gobierno estadounidense cuenten con autorización especial para ingresar a la provincia y se advierte que la presencia de fuerzas de seguridad es limitada y las capacidades de respuesta ante emergencias son también restringidas en esa zona.

Según la cadena de noticias Fox News, la actualización de la advertencia coloca a Bolivia en una lista de países latinoamericanos y euroasiáticos con alertas recientes, como Azerbaiyán y Albania, donde también se han reportado riesgos para ciudadanos estadounidenses.

¿Qué medidas de prevención recomienda el Departamento de Estado de Estados Unidos?

El Departamento de Estado de Estados Unidos sugiere a los ciudadanos estadounidenses:

• Consultar periódicamente las actualizaciones en el sitio oficial del organismo y de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia.
• Mantenerse alerta en lugares públicos, sobre todo en áreas turísticas y de alta concurrencia.
• Evitar desplazamientos por la provincia de Chapare y no ingresar a zonas restringidas sin autorización.
• Contar con seguro de viaje y planes de emergencia en caso de incidentes.
• Seguir las instrucciones de las autoridades locales y evitar participar en manifestaciones o protestas.

El aviso publicado el 28 de abril por el organismo oficial estadounidense recomienda: “Los estadounidenses que viajen a Bolivia deben permanecer atentos a su entorno, evitar multitudes y planificar rutas alternativas en caso de bloqueos”.

¿Cómo se ve afectado el turismo y cuáles son las implicancias para las relaciones bilaterales?

Según el reporte de la cadena de noticias Fox News, la inclusión de Bolivia en la lista de países con advertencias recientes puede reducir el número de turistas estadounidenses que eligen el destino cada año. Aunque el aviso no implica una prohibición total, sí podría influir en la decisión de viaje de ciudadanos y empresas vinculadas al turismo.

En cuanto a la relación bilateral, la medida no altera el estatus diplomático entre ambos países, pero puede incidir en la planificación de viajes de negocios, cooperación internacional y en la percepción de seguridad de los visitantes extranjeros. Hasta el momento, el gobierno de Bolivia no ha emitido una respuesta oficial respecto a la actualización de la advertencia.

¿Cómo afectan las manifestaciones y los servicios a los viajeros en Bolivia?

El Departamento de Estado de Estados Unidos advierte que manifestaciones pueden surgir sin aviso previo y afectar la disponibilidad de transporte, servicios básicos y acceso a sitios turísticos. En ocasiones, los bloqueos han durado varios días y han impedido el desplazamiento entre ciudades o hacia el aeropuerto internacional de La Paz.

El aviso aconseja mantenerse informado a través de fuentes oficiales y preparar planes de contingencia. Se recomienda evitar zonas donde se registren protestas y no intentar cruzar bloqueos, ya que podrían producirse enfrentamientos o demoras prolongadas.

¿Qué recursos y asistencia consular existen para estadounidenses en Bolivia?

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, los ciudadanos estadounidenses en Bolivia pueden acceder a información actualizada y recursos de emergencia a través de la página oficial del gobierno. La Embajada de Estados Unidos en Bolivia ofrece asistencia consular, aunque la capacidad limitada para ofrecer servicios de emergencia en regiones como Chapare es una advertencia recurrente del organismo.

La autoridad estadounidense recuerda que “la seguridad personal es responsabilidad de cada viajero” y sugiere inscribirse en el programa Smart Traveler Enrollment Program (STEP) para recibir alertas y facilitar la localización en caso de emergencia.

¿Qué perspectivas a futuro existen para la seguridad y los viajes a Bolivia?

La advertencia se mantendrá vigente mientras persistan los riesgos identificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Las futuras actualizaciones dependerán de la evolución de la situación de seguridad en el país y de los informes emitidos por las misiones diplomáticas estadounidenses. Los ciudadanos y residentes extranjeros pueden consultar el sitio oficial para obtener información actualizada antes y durante su viaje.

Tres ministros de Bolivia y el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) recibieron este miércoles a los dirigentes del transporte en la Casa de Gobierno para atender sus demandas, luego de que este martes protagonizaran una jornada de huelga y bloqueos en varias carreteras y ciudades del país.

Los choferes reclaman regularizar el suministro y la calidad del combustible, celeridad en el pago de resarcimientos por daños vehiculares y realizar mejoras en la infraestructura vial, entre otros puntos.

La Administradora Boliviana de Carreteras registró este martes al menos 65 puntos de bloqueo en carreteras troncales, especialmente en la zona sur y occidental del país, por “conflictos sociales” relacionados con la convocatoria que hizo la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia. De igual forma, medios locales reportaron cortes en algunas ciudades como La Paz, El Alto y Cochabamba.

“Es por la irresponsabilidad y el incumplimiento de todos los acuerdos que se han hecho”, dijo a los medios el dirigente sindical Lucio Gómez y agregó que en principio las medidas de presión fueron establecidas por 24 horas, pero pueden extenderse si el Gobierno no atiende sus demandas en las negociaciones.

El ministro de Obras Públicas y brazo derecho del presidente Rodrigo Paz, Mauricio Zamora, afirmó que el Gobierno está dispuesto a recibir a los representantes del sector y abordar punto a punto todas sus demandas. Sin embargo, aclaró que todas las peticiones están siendo atendidas.

Zamora explicó que ya se regularizó el suministro de diésel—que había sido escaso en las últimas semanas por la alta demanda del sector productivo— y afirmó que revisó personalmente que el pago de las compensaciones se realice de manera oportuna al autotransporte afectado.

Por otro lado, afirmó que se van a destinar 125 millones de dólares para un plan de mantenimiento vial, en un proyecto que será enviado a la Asamblea Legislativa en los próximos días para su aprobación. En tanto, se iniciarán algunas obras de reparación en carreteras.

Sin embargo, para algunos choferes las respuestas del Ejecutivo son insuficientes y anunciaron la llegada a La Paz de dirigentes de otras regiones para participar en el encuentro en el que reclaman la presencia del presidente.

“El tema es dialogar, que vayan los quieran, pero la idea es que levanten las medidas de presión y podamos hacer un diálogo más tranquilo”, manifestó el ministro Zamora, a quien acompañan los ministros de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, y de la Presidencia, José Luis Lupo.

El asunto del combustible es uno de los problemas más complejos que heredó la administración de Paz. Tras un par de años de irregularidades en el abastecimiento debido a la baja producción local y dificultades de importación en medio de la crisis económica, el nuevo gobierno quitó en diciembre la subvención al diésel y la gasolina.

Pocas semanas después de esta medida —que se tradujo en el incremento del precio del combustible— surgieron cuestionamientos sobre la calidad de la gasolina y cientos de usuarios denunciaron daños vehiculares atribuibles al combustible. El Gobierno no tardó en admitir que había distribuido “gasolina desestabilizada”, pero sin responsabilizarse por su origen y ofreciendo versiones distintas sobre las causas.

El asunto se agravó en las últimas semanas con denuncias de escasez de diésel y supuestas demoras en el pago de un seguro de resarcimiento de daños vehiculares que el Gobierno creó en medio de la crisis.

La administración de Paz ha cambiado varias veces a las cabezas del sector de hidrocarburos en busca de soluciones para este conflicto, que constituye uno de los desafíos más grandes de su gestión.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, admitió este martes que aún no se logró desarticular la organización criminal del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset luego de su detención el 13 de marzo en la ciudad de Santa Cruz, al este del país.

Durante una interpelación legislativa, el ministro Oviedo manifestó: “Estamos desarticulando esta red de narcotráfico, la más grande que se ha descubierto en nuestro país, y esto no ha concluido porque tiene conexiones financieras y con redes de construcción inmobiliaria para lavar el dinero”.

El ministro defendió los operativos posteriores a la captura de Marset e informó que hay 55 personas detenidas, que se allanaron inmuebles y lugares de acopio de droga. “Estamos desarticulando su estructura delictiva y asesina”, agregó Oviedo.

En el marco de las investigaciones que aún continúan, el ministro señaló que se está coordinando con Paraguay, Brasil, Argentina y otros países para neutralizar la red criminal.

El uruguayo, uno de los criminales más buscados de la región, fue capturado en un operativo policial la madrugada del 13 de marzo en el barrio Las Palmas de Santa Cruz de la Sierra. Tras su captura, fue entregado a autoridades de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos y trasladado a ese país, donde enfrenta cargos por lavado de dinero y otros delitos.

Tras su captura, la Policía boliviana realizó operativos y allanamientos en inmuebles vinculados a la organización de Marset y detuvo a sus presuntos colaboradores. Sin embargo, en la última semana hubo una ola de asesinatos —al menos seis en una semana— que sugieren disputas por el control de la red criminal y las rutas del narcotráfico.

La criminóloga y experta en seguridad ciudadana, Gabriela Reyes, vinculó los casos de violencia con la “consecuencia de no desarticular a la red de Marset, si bien se lo ha expulsado, su organización sigue intacta”. En una entrevista con Infobae, Reyes manifestó que los detenidos son “eslabones débiles y reemplazables” dentro de la estructura criminal y que se está reestructurando la organización en Bolivia.

Interpelación legislativa

El ministro había sido convocado por senadores y diputados para responder preguntas por el denominado “caso maletas”, que tiene que ver con el ingreso irregular de 32 valijas, procedentes de Estados Unidos y cargadas de dinero, que involucra a la exdiputada Laura Rojas, quien arribó en un jet privado y utilizando un pasaporte diplomático fuera de vigencia. El hecho ocurrió el 29 de noviembre.

El ministro aseguró que se enteró del caso meses después y atribuyó esta situación a los filtros de validación de información y a la falta de activación de alertas en “tiempo real” al momento de la llegada del equipaje. Según su Oviedo, la Dirección General de Migración no detectó anomalías debido a que ninguno de los pasajeros —la exdiputada, un acompañante estadounidense y dos menores de edad— tenía alertas vigentes.

El caso derivó en una investigación judicial y en la detención preventiva de la exdiputada, además de generar cuestionamientos sobre el origen y destino de los recursos, los controles estatales y los posibles vínculos con redes de corrupción o legitimación de ganancias ilícitas.

Tras responder a interrogantes sobre estos casos, el ministro Oviedo se salvó de la censura en la Asamblea Legislativa. De 146 legisladores presentadores, 100 votaron por la aprobación “pura y simple” de su informe, 43 por la censura y tres se abstuvieron.

La Cancillería de Bolivia emitió un comunicado en el que pidió a las misiones diplomáticas en el país adoptar una conducta de respeto y evitar inmiscuirse en asuntos internos, luego de que el embajador de Irán, Bahram Shahabeddin, manifestara públicamente su opinión sobre el ordenamiento jurídico del Estado.

El comunicado apunta que “cualquier opinión sobre la organización territorial, el sistema judicial, la administración pública o los procesos políticos de Bolivia” contradice los reglamentos de las relaciones internacionales en los que se establece que los agentes diplomáticos están obligados a respetar las leyes de los Estados receptores y “no inmiscuirse en sus asuntos internos”.

El embajador Shahabeddin asistió el lunes a la ciudad de Cochabamba, al centro del país, para participar en el acto de posesión del exsenador Leonardo Loza como gobernador de ese departamento. A su arribo brindó declaraciones a medios locales y manifestó: “Son gente muy amable en Cochabamba y me gusta, espero que en el futuro Cochabamba sea capital de Bolivia, es muy bonito”.

Después de esa declaración, la Cancillería pidió a las misiones diplomáticas y organismos internacionales “ceñir su conducta a los principios de respeto mutuo, soberanía y legalidad que rigen la convivencia entre las naciones”.

Adicionalmente, la nota expresa preocupación por la emisión de pronunciamientos fuera de canales institucionales y pidió que la diplomacia se ejerza con “profesionalismo y apego a los canales oficiales”.

La declaración de Shahabeddin también ha generado críticas entre actores políticos, especialmente en la ciudad de Sucre, capital del país.

La Gobernación de Chuquisaca —donde está ubicada Sucre— publicó un comunicado en el que rechaza las declaraciones del diplomático y apunta que la capitalidad está establecida en la Constitución. “Rechazamos categóricamente dichas declaraciones por constituir una opinión impertinente sobre un asunto interno, histórico y constitucional del Estado Boliviano”, señala el documento.

El debate sobre la capitalidad en Bolivia es un tema históricamente sensible que se remonta a la Guerra Federal de 1899. Desde entonces, la sede de gobierno es La Paz y la capital constitucional es Sucre y cualquier alusión a modificar ese ordenamiento tiende a reactivar disputas de representación y poder territorial.

Otras tensiones diplomáticas

El del embajador iraní no es el primer impase diplomático en la gestión de Rodrigo Paz. Semanas atrás, el embajador del Reino Unido, Richard Porter, respondió a declaraciones del viceministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Carlos Paz, sobre las Islas Malvinas, con un gesto inusual para los canales diplomáticos: difundió un video grabado frente a la Cancillería, donde, en primera persona y con el edificio institucional de fondo, expresó su rechazo a la posición de Bolivia.

El viceministro Paz había manifestado antes que el asunto de las Malvinas constituía “una causa regional”. Para Porter, esta declaración fue “una intervención profundamente decepcionante e inaceptable en los asuntos soberanos del Reino Unido”.

Estas desavenencias se dan en el marco de una nueva política exterior en Bolivia. La administración de Rodrigo Paz ha impulsado un giro radical en la tendencia de las relaciones internacionales de los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) y ha retomado vínculos con países con los que no existían relaciones plenas o estaban deterioradas, como Estados Unidos, Israel y Chile.

Este cambio, según el Gobierno, apunta a diversificar las alianzas y reconfigurar el posicionamiento del país en el escenario internacional.

Los magistrados de los altos tribunales de Bolivia solicitaron este martes al presidente boliviano Rodrigo Paz la implementación de nuevas medidas de seguridad y protección permanentes, tras el asesinato a tiros del juez Víctor Hugo Claure, decano del Tribunal Agroambiental (TA), perpetrado por sicarios.

Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el TA y el Consejo de la Magistratura presentaron su petición mediante una carta dirigida al mandatario, en la que pidieron que la demanda sea atendida en un plazo máximo de 72 horas.

“Nos dirigimos a su autoridad para exigir la adopción inmediata de todas las medidas de seguridad, protección y resguardo institucional” para los magistrados del Órgano Judicial, “en igualdad de condiciones a las actualmente dispuestas para los ministros de Estado y las altas autoridades del Órgano Ejecutivo”, señala la misiva.

La solicitud surge ante la “extrema gravedad” del asesinato del magistrado Claure el pasado jueves, “hecho que ha evidenciado de manera alarmante el estado de vulnerabilidad, abandono y desprotección” en el que, según la carta, ejercen su labor las máximas autoridades del sistema judicial.

En su misiva, los altos jueces calificaron de “inadmisible e intolerable” la ausencia de “mecanismos permanentes, especializados y eficaces de seguridad”, al considerar el nivel de exposición y riesgo de su labor. Solicitaron la asignación de escolta personal permanente, vehículos de seguridad, protocolos especiales de resguardo y mecanismos de reacción inmediata ante posibles atentados. También pidieron que estas medidas se extiendan a sus familiares directos.

Los magistrados advirtieron que la “omisión, demora, indiferencia o falta de acción” del Ejecutivo ante su exigencia será interpretada como un “incumplimiento grave del deber constitucional” de garantizar el funcionamiento de un órgano fundamental del Estado.

En paralelo, la Policía continúa la búsqueda de los sicarios que, según imágenes de cámaras de seguridad, se acercaron en motocicleta al taxi que transportaba al magistrado Víctor Hugo Claure y le dispararon. Los investigadores sospechan que el crimen estaría vinculado a decisiones de Claure sobre temas de tierras.

El coronel David Gómez, comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, detalló que el magistrado Víctor Hugo Claure regresaba a su alojamiento en un taxi tras asistir a una cena, acompañado por una funcionaria judicial. Tras dejar primero a la colega en su domicilio, el vehículo fue interceptado por dos hombres en motocicleta; uno de ellos descendió y disparó contra Claure, quien se encontraba en el asiento delantero.

El fiscal de Santa Cruz de la Sierra, Alberto Zeballos, informó que la autopsia determinó que Claure murió de forma “instantánea” por el impacto de cuatro proyectiles que afectaron ambos pulmones y el corazón. El juez falleció antes de llegar al hospital.

Zeballos confirmó que una comisión de fiscales y peritos forenses trabaja junto a la Policía para identificar a los autores materiales e intelectuales del crimen. “Estamos realizando todos los esfuerzos necesarios para poder esclarecer esta clase de ilícitos”, señaló el fiscal, quien calificó el hecho como un suceso que “enluta a todo un sistema de justicia”.

Tras el asesinato del magistrado Víctor Hugo Claure, la Policía activó “cápsulas de seguridad” para proteger a 13 altos magistrados que se encontraban en Santa Cruz por el mismo evento al que asistía Claure. “En este momento tenemos a trece magistrados que están con seguridad para poderlos trasladar al aeropuerto”, informó el coronel Gómez.

Por su parte, Rodrigo Paz expresó su “solidaridad” con la familia del juez e instó a la población a evitar especulaciones sobre las causas del crimen. Los altos tribunales del Órgano Judicial solicitaron a la Fiscalía actuar con “celeridad” para identificar a los responsables.

(Con información de EFE)

Este lunes fue posesionado como gobernador de Cochabamba el exsenador y dirigente cocalero Leonardo Loza, uno de los principales colaboradores del expresidente Evo Morales (2006-2019) y el único de sus aliados que ocupa un espacio de poder relevante en el actual ciclo político.

Al acto de toma de posesión acudieron los embajadores de Irán, Bahram Shahabeddin, y de Rusia, Dmitry Yurievich Verchenko, en representación de dos países que fueron aliados estratégicos de los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) -entre 2006 y 2025, con excepción de un año- y con los que la nueva administración de Rodrigo Paz parece haber tomado distancia en el marco de una nueva política exterior.

La Cancillería actual ha impulsado un giro radical en sus relaciones internacionales marcado por acercamiento con gobiernos como Estados Unidos e Israel, con los que no se tenía relaciones diplomáticas, y ha mostrado un alineamiento con los intereses de Occidente. En paralelo, ha cancelado acuerdos de cooperación con Irán, pero sin entrar en una confrontación directa ni expulsar embajadores.

En su primer discurso como autoridad departamental, Loza expresó su voluntad de trabajar con algunos países y marcó su posición frente a la nueva diplomacia boliviana. “Qué lindo sería trabajar con Rusia en lugar de ir detrás de algún imperio que solo quiere a nuestra patria para robarnos o saquearnos los recursos naturales. Cómo no trabajar con Irán, cómo no trabajar con India, cómo no trabajar con China y con otros estados (…) buscando desarrollo”, manifestó frente a una delegación internacional integrada por representantes de esas naciones, además del cónsul de España en Cochabamba, Jesús Villarroel.

El presidente Rodrigo Paz reaccionó a la presencia de estas autoridades durante una entrevista en el programa televisivo Cabildeo. “Es una invitación del gobernador, lo que habrá que ver es si la relación con Irán le conviene al país o no”, afirmó y dijo que los acuerdos anteriores que suscribieron ambos países —en materia de cooperación militar— no se han traducido en beneficios para Bolivia.

Para el analista y consultor en comunicación política, Carlos Saavedra, la diplomacia boliviana ha tenido “un giro de 180 grados” y los antiguos aliados estratégicos hoy ocupan un espacio marginal en la agenda internacional del país.

“Los que antes tenían peso geopolítico en Bolivia, ahora están atrincherados en la relación institucional con Leonardo Loza, que es el único sobreviviente del evismo en espacios institucionales grandes”, explicó en entrevista con Infobae.

Para el analista, la presencia de los diplomáticos tiene un valor simbólico profundo y refleja un apoyo “no solo a Loza sino a quien está por detrás que es el evismo, es Evo como figura política”. Sin embargo, descarta que esta afinidad sea trascendental y sugiere que se trata de una estrategia de “subsistencia” de relaciones institucionales mínimas en el país.

El lunes fueron posesionadas más de cinco mil autoridades regionales elegidas el 22 de marzo y el 19 de abril, en cinco balotajes para gobernador.

Continúan los acercamientos entre Chile y Bolivia. Este lunes, ambas naciones informaron que ya está en marcha un acuerdo que homologa las licencias de conducir emitidas por ambos países, en una ceremonia en La Paz encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores altiplánico, Fernando Aramayo, y el cónsul chileno, Fernando Velasco.

De acuerdo a Aramayo, el objetivo de este convenio es procurar mayor bienestar “a los bolivianos en Chile, a los chilenos en Bolivia y a quienes transitan diariamente” entre ambos países, sobre todo en la frontera norte.

“Es el rostro que queremos darle a nuestras relaciones internacionales, un rostro humano que tenga por delante los intereses de ambos pueblos y que permite entender que la diplomacia tiene que estar al servicio de los intereses de nuestros ciudadanos“, agregó el Canciller boliviano.

Así las cosas, las oficinas encargadas de atender dichas homologaciones son el Servicio General de Identificación Personal (Segip) de Bolivia y la Subsecretaría de Transportes de Chile (Subtrans), y debido a que el acuerdo entró en vigencia el 30 abril pasado, el cónsul chileno informó que ya se han recibido alrededor de 5.000 solicitudes por parte de conductores bolivianos.

Sin nuevos exámenes

Juan Diego Tejerina, director del Segip del país vecino, detalló los alcances del acuerdo explicando que los conductores de ambos países no necesitan someterse a nuevos exámenes prácticos o teóricos, y solo deben elevar una solicitud mediante correo electrónico a las oficinas correspondientes, adjuntando la licencia de conducir original, la cédula de identidad y un certificado médico y psicológico, el llamado “psicotécnico” en Chile.

Finalmente, el cónsul Fernando Velasco subrayó que este pacto de homologación deja en claro que “la diplomacia va más allá del discurso (...) en beneficio real de la gente”.

Cabe recordar que Chile y Bolivia mantienen una relación marcada por el conflicto histórico surgido tras la Guerra del Pacífico (1879-1883), en la que Bolivia perdió su litoral y quedó sin salida al mar. En 2013, el gobierno de Evo Morales presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que Chile negociara una salida soberana al océano Pacífico para Bolivia. Chile, por su parte, respondió con una demanda por aguas fronterizas en disputa.

En 2018, la CIJ rechazó la solicitud boliviana de obligar a Chile a negociar un acceso marítimo, lo que representó un revés para el país y para Morales. Cuatro años después, la misma corte desestimó la demanda de Bolivia por las aguas de un río fronterizo.

Tras casi dos décadas de gobiernos de izquierda, la llegada de Rodrigo Paz a la presidencia de Bolivia en noviembre marcó un acercamiento hacia Chile, aunque el mandatario aclaró que el país no renunciará a su aspiración de recuperar una salida al mar. En marzo, Paz asistió a la toma de juramento del presidente Kast en Santiago de Chile.

Luego de más de tres años de restricciones por la escasez de divisas, el Gobierno de Bolivia anunció la devolución parcial de depósitos en dólares a los ahorristas a partir del 15 de julio y medidas para normalizar el envío y recepción de remesas a través del sistema financiero.

“Se está anunciando un cronograma de devolución de depósitos injustamente retenidos para las personas naturales, 933 millones de dólares a partir del 15 de julio”, informó el lunes el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, en conferencia de prensa.

La devolución de los ahorros se realizará de forma progresiva durante un año e iniciará con montos de hasta 3.000 dólares. Posteriormente se habilitará otro límite, mediante un cronograma que será publicado en canales oficiales, hasta cubrir un total de 933 millones para personas naturales.

El ministro explicó más tarde, en una entrevista con el canal Unitel, que esta devolución se hará a partir de “distintas fuentes de financiamiento”, pero no precisó concretamente cuáles. “Como Gobierno tenemos la autorización para hacer emisiones en mercados internacionales de valores”, afirmó y dijo que se está trabajando con organismos multilaterales como la CAF, el Banco Mundial y el FMI.

“Estamos trabajando con organismos multilaterales y estamos concluyendo un trabajo que se ha iniciado desde el primer día de gobierno que implica la previsibilidad de la llegada de recursos en los próximos meses”, afirmó Espinoza.

Por otro lado, el ministro indicó que se normalizará el envío y recepción de remesas a través del sistema financiero al tipo de cambio referencial de compra, superior en un rango que fluctúa entre el 30% y 40% al tipo de cambio oficial.

Con estas medidas, la administración de Rodrigo Paz busca regularizar las transacciones en dólares en el sistema financiero como parte de un plan integral de estabilización económica. Según el ministro Espinoza, las acciones apuntan a normalizar las operaciones financieras en el país, reintegrar a Bolivia al sistema financiero internacional, reducir la informalidad en el manejo de divisas y brindar mayor seguridad y confianza a la población.

Bolivia sufre una desaceleración progresiva de su economía desde el 2014 a raíz de la caída de los ingresos de la renta de los hidrocarburos y la reducción de las reservas internacionales.

La crisis se manifestó en las calles a inicios de 2023 cuando se impusieron restricciones en las transacciones en dólares debido a la escasez, lo que provocó el surgimiento de un mercado paralelo de divisas donde la moneda norteamericana llegó a triplicar su valor oficial.

A pesar de contar con una menor disponibilidad de dólares, el Banco Central ha mantenido el tipo de cambio fijo desde el año 2011. En medio de ese contexto, el Gobierno de Paz estableció un “tipo de cambio referencial”, una cotización intermedia entre el oficial y el paralelo, con el que la banca busca aproximarse al valor efectivo del dólar y con el que operará el sistema de remesas.

El analista económico Gonzalo Chávez calificó estas medidas como “positivas porque ordenan pasivos, devuelven derechos de propiedad, reducen incertidumbre y formalizan operaciones cambiarias”, pero condicionó su éxito a la credibilidad. “Sin dólares suficientes, cronograma verificable y transparencia diaria, la buena noticia puede convertirse en otro pagaré emocional de la macroeconomía boliviana”, escribió en sus redes sociales.

La Confederación de Choferes de Bolivia convocó a una huelga del transporte público este martes para exigir el abastecimiento y mejoras en la calidad del combustible, la celeridad en el resarcimiento económico de daños vehiculares atribuibles a la gasolina y el mantenimiento de la infraestructura vial, entre otros puntos.

La medida de presión, que incluye bloqueos de calles y avenidas por 24 horas, fue respaldada por algunos gremios departamentales, pero sin lograr consensos. En Santa Cruz de la Sierra algunas federaciones decidieron no acatar la medida y en las primeras horas de la mañana la circulación de vehículos era normal.

En tanto, en otras ciudades como La Paz y El Alto, los medios locales reportaban bloqueos y la ausencia de buses del transporte público. Según la convocatoria a la huelga, se tienen planificados cerca de 90 puntos de bloqueo en ambas ciudades.

El Gobierno ha vuelto a convocar al sector a una mesa de diálogo tras la inasistencia a una reunión prevista este lunes y afirma que está trabajando para dar respuesta a todas las demandas del sector.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, explicó que se regularizó el suministro de diésel —que había sido escaso en las últimas semanas por la alta demanda del sector productivo— y que revisó personalmente que el pago de las compensaciones al autotransporte afectado se realice de manera oportuna.

Por otro lado, aseguró que se han asegurado 125 millones de dólares para un plan de mantenimiento vial, que será enviado a la Asamblea Legislativa en los próximos 21 días para su aprobación mientras se inician algunas obras en las carreteras. “Las carreteras necesitan tiempo y una planificación adecuada para superar los daños del pasado”, manifestó Zamora en conferencia de prensa.

Sin embargo, para algunos choferes las respuestas del Ejecutivo son insuficientes y reclaman la presencia del presidente Rodrigo Paz. “El Gobierno nacional solo ha firmado actas; queremos reunirnos con el presidente del Estado y, en caso de que no ocurra, vamos a masificar la medida”, manifestó el dirigente del Transporte Libre, Limbert Tancara, en entrevista con el canal Unitel.

El tema del combustible es uno de los problemas más complejos que heredó la administración de Paz. Tras un par de años de irregularidades en el abastecimiento debido a la baja producción local y dificultades de importación en medio de la crisis económica, el nuevo gobierno determinó en diciembre quitar la subvención al diésel y la gasolina.

Esta medida se tradujo en el aumento del precio de los carburantes, afectó las redes de contrabando que se habían formado en los últimos años y permitió garantizar su distribución.

Sin embargo, pocas semanas después surgieron cuestionamientos sobre la calidad de la gasolina y cientos de usuarios denunciaron daños vehiculares atribuibles al combustible. El Gobierno no tardó en admitir que había distribuido “gasolina desestabilizada”, pero sin responsabilizarse por su origen y ofreciendo versiones distintas que van desde residuos tóxicos en tanques hasta la existencia de redes de “sabotaje” internas y externas.

El asunto se agravó en las últimas semanas con denuncias de escasez de diésel y supuestas demoras en el pago de un seguro de resarcimiento de daños vehiculares que el Gobierno creó en medio de la crisis.

Este conflicto también estuvo marcado por la inestabilidad institucional: en cinco meses de Gobierno, Paz tuvo dos ministros de hidrocarburos, tres presidentes de YPFB y dos directores de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en busca de rumbo para reestructurar el sector.

El presidente Paz ha manifestado en una publicación en redes sociales “no pueden pretender que resolvamos en meses lo que destruyeron con corrupción en 20 años”, en referencia al manejo del sector durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) y afirmó que no le teme a las protestas sociales.

“Yo no le tengo miedo a las movilizaciones”, aseguró el jefe de Estado el viernes. “A lo que le tengo miedo es no tener soluciones al futuro de nuestra patria”, agregó.

Seis personas fueron asesinadas por sicarios en Bolivia entre el 25 de abril y el 2 de mayo, entre ellas un juez magistrado del Tribunal Agroambiental, máxima instancia de justicia ambiental y agraria.

Según los reportes preliminares, todos los casos están vinculados a economías ilegales —principalmente narcotráfico y disputa de tierras— y se ejecutaron con patrones de crimen organizado: violencia focalizada, uso de armas de fuego y huída tras los disparos.

La ola de asesinatos se concentró en el departamento de Santa Cruz, donde ocurrieron cinco de los seis sicariatos. En ese marco, autoridades regionales y del Gobierno, junto a la Fiscalía y el Órgano Judicial, sostuvieron una reunión el sábado para determinar acciones que permitan frenar la escalada de violencia en la ciudad más poblada del país.

“Lo que ha sucedido en Santa Cruz nos une para que la situación crítica que hoy estamos viviendo se pueda combatir. Prácticamente, se le está declarando la guerra al sicariato, al narcoterrorismo que se ha instalado”, afirmó el presidente del Tribunal de Justicia, Romer Saucedo, al anunciar que se asumirán medidas coordinadas para enfrentar a estructuras criminales. En paralelo, la Policía anunció la conformación de un grupo especializado de élite para realizar operativos de seguridad.

El caso que generó mayor impacto fue el del magistrado Víctor Hugo Claure, asesinado la noche del 30 de abril por dos sicarios que lo abordaron en una motocicleta en la zona noroeste de la ciudad, según informó la Policía que dispuso seguridad para los demás miembros del Órgano Judicial.

Pese a que los hechos todavía se encuentran en investigación, el jefe policial de Santa Cruz, David Gómez, señaló como hipótesis de la causa del crimen “un problema de tierras” tras haber firmado una resolución “referente a la posesión o al aprovechamiento de algunas tierras”.

Su asesinato fue condenado por instancias como la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Internacional de Magistrados, que calificó el hecho como “un mensaje de intimidación a todo el poder judicial” que constituye un ataque “a la independencia judicial, al Estado de Derecho y a la democracia”.

La seguidilla de asesinatos inició días antes, el 25 de abril, en las localidades fronterizas de San Matías y Puerto Quijarro, donde Douglas Q.R., de 42 años y con antecedentes de narcotráfico, fue atacado mientras se presenciaba un campeonato de fútbol en un centro deportivo. Horas después el brasileño Luiz Antonio P.L., fue abatido por sicarios en la vía pública.

Al día siguiente, el 26 de abril, José Pedro R.V. fue asesinado a tiros cuando se preparaba para participar en una competencia automovilística cerca del aeropuerto de Viru Viru. La víctima estaría vinculada a la red del presunto narcotraficante Sebastián Marset, de quien habría sido piloto.

La noche del 1 de mayo una persona de 30 años fue acribillada en la localidad de Bermejo, en el departamento de Tarija y a pasos de la frontera con Argentina, en un presunto ajuste de cuentas. Horas más tarde, en la madrugada del 2 de mayo, se registró una balacera fuera de una discoteca de Santa Cruz de la Sierra donde perdió la vida un colombiano a manos de dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

Según expertos, estos hechos muestran la expansión del crimen organizado en Bolivia y sus disputas internas tras la captura de Sebastián Marset en un operativo policial el pasado 13 de mayo.

Gabriela Reyes, criminóloga y exdirectora del Observatorio de Seguridad Ciudadana, señala que se están viendo “las consecuencias de no desarticular la organización” del narco uruguayo y de no haber detenido a los cabecillas. “Esto hace que haya una pugna por quién va a encabezar las actividades que Marset llevaba a cabo desde su liderazgo”, afirmó en entrevista con Infobae.

Para la experta, el Estado no está en las mejores condiciones de responder a la escalada de violencia, pero es importante tomar el control para evitar que los asesinatos se sigan produciendo dentro y fuera de las estructuras criminales.

Campesinos de las tierras bajas de Bolivia llegaron este sábado a La Paz tras una marcha de 27 días y prevén su ingreso al centro de la sede de Gobierno este lunes en protesta por una ley que autoriza la reclasificación de la tierra.

El dirigente Faifer Coaquira, que encabezó la marcha, anunció ante los medios locales que exigirá la abrogación de la Ley 1720 del 8 de abril, que permite el cambio voluntario de la pequeña a mediana propiedad rural para que pueda ser registrada como garantía para acceder a créditos bancarios.

Los manifestantes consideran que esta norma pone en vulnerabilidad a los pequeños productores, las tierras indígenas colectivas y puede promover la concentración de la tierra.

“Le estamos dando 24 horas al gobierno nacional a partir del día lunes. Queremos decirles una vez más que nosotros no nos vendemos, radicalizamos nuestra marcha”, sostuvo Coajera.

La marcha partió de la localidad amazónica de Pando, al norte del país, y a ella se sumaron pobladores de otras regiones como campesinos de Beni y el norte de La Paz. Sin embargo, las condiciones meteorológicas y el acuerdo previo entre el Gobierno y una parte de los manifestantes que planteaban otras demandas adicionales, provocaron bajas entre los marchistas.

Según medios locales, la marcha está integrada actualmente por un poco más de cien personas. “Son 27 días con lluvia, con sol, en esta carretera que ni es bien transitable, tenemos que unirnos. Una pena que haya dirigentes que se dejan comprar con el presidente. Esos dirigentes deben ser colgados en la plaza Murillo”, dijo Coajera, citado por el periódico La Razón.

El dirigente afirmó que también demandan seguridad jurídica y que se elimine un proyecto de ley que criminaliza los bloqueos. “Nosotros no nos rendimos, ni nos vendemos por si acaso, estamos unidos. Queremos decirle al presidente que está a tiempo todavía y si él no nos oye y no nos tiende el lunes, la cosa irá en contra de él”, advirtió.

El Gobierno defiende la norma sobre la reclasificación de la tierra al considerar que es un trámite voluntario y que permitiría el desarrollo de los pequeños productores. Los críticos observan que no considera ningún criterio técnico y que puede dar lugar a la concentración de la tierra.

Este conflicto se enmarca en un escenario de tensión con otros sectores sociales como los transportistas que reclaman normalizar el suministro de combustible y garantizar su calidad; además de la movilización de la Central Obrera Boliviana (COB) que presentó un listado de más de cien demandas, entre ellas el aumento salarial del 20%.

La administración del presidente Rodrigo Paz ha buscado construir consensos en días pasados y pese a que el domingo se anunció un acuerdo con los transportistas, los medios locales reportan la permanencia de los bloqueos este lunes en la región de los Yungas, en La Paz, y la vigencia de un anuncio de paro a partir del martes.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, volvió a convocar al diálogo a los movilizados y afirmó que las medidas de presión deben levantarse porque el Gobierno estaría cumpliendo con el compromiso de aumentar la dotación de combustible y el traslado de maquinaria para iniciar trabajos de mantenimiento vial en la zona.

Mientras la tensión sube en La Paz y el Gobierno busca espacios de diálogo para mitigar los frentes de conflicto, el presidente Paz advirtió la mañana de este lunes que vienen “semanas complicadas” y lamentó que los sectores movilizados opten por los bloqueos. “Nos van a decir que no hay futuro, pero hay un futuro muy grande”, afirmó.

El socialismo del siglo XXI suplantó la política y la ideología por el crimen organizado trasnacional. Con narrativa de revolución, populismo y antiimperialismo impuso el terrorismo de Estado como metodología y la gestión del crimen como plan de gobierno, afirmando el narcoestado de Cuba, creando narcoestados en Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y en provincias o estados en México, Colombia, Brasil, Argentina y más. En esta realidad, solo desmontar los narcoestados puede recuperar la seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Narcoestado es “un neologismo económico y político que se aplica a aquellos países cuyas instituciones políticas se encuentran influenciadas de manera importante por el poder y las riquezas del narcotráfico, cuyos funcionarios gubernamentales, amparados por sus facultades e influencias, son además miembros de las redes ilegales del tráfico de drogas y cuyas fuerzas de seguridad no son efectivas en el combate al narcotráfico. Se trata de países donde las organizaciones ilegales que producen, transportan o venden drogas controlan las instituciones legítimas mediante la fuerza, el soborno o el chantaje”.

Aplicando este concepto, la realidad objetiva prueba que las dictaduras del socialismo del siglo XXI: Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador fueron estructuradas como narcoestados. Que sus gobiernos para dictatoriales de Brasil con Lula da Silva con el Comando Vermelho y el Comando de la Capital; México con López Obrador y Sheinbaum en Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Nayarit, Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y más; Colombia de Petro con el ELN, las FARC; Argentina con provincias como Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Catamarca, instaladas con los Kirchner; han creado y coexisten con narcoestados.

La situación de los países y gobiernos en Latinoamérica ha pasado de los “narco vínculos” de la década de los 90s a la “toma del poder por los narcos” y su efecto los “narcoestados” (la estrategia del narco colombiano Pablo Escobar).

En el tiempo de los narco vínculos como el caso de Samper en Colombia se trataba del financiamiento de campañas políticas por los narcos, pero cuando el socialismo del siglo XXI tomó el poder, pasó al control directo del narcotráfico como fuente de financiamiento del terrorismo y del ataque sostenido a las democracias, con la falacia castrista que el “narcotráfico es un arma de lucha antimperialista”.

En este contexto hay por lo menos tres escenarios: 1.- los países bajo dictadura que son Cuba, Venezuela y Nicaragua, que son narcoestados plenos; 2.- los países con gobiernos elegidos pero con sistema institucional de narcoestados que son Ecuador y Bolivia; 3.- los países con gobiernos para dictatoriales que protegen, toleran o negocian directa o disimuladamente con los narcoestados dentro de su territorio, que son México, Brasil, Colombia, Brasil, Argentina…

En todos estos casos la alternativa es solo una, desmontar los narcoestados. Esto es el combate directo al narcotráfico descabezando la penetración política de los narcos en gobiernos nacionales, locales, estatales, representaciones nacionales o territoriales,, senadores, diputados, concejales, gobernadores, alcaldes, y cualquier tipo de presencia criminal en las esferas políticas o partidistas. Todos saben quiénes son y donde están, pero lo único que hay que vencer es el compromiso económico, miedo y/o la complicidad.

En las dictaduras el punto de quiebre fue la captura de Nicolás Maduro, hoy el reo Maduro, pero la subsistencia de su aparato en control del gobierno de Venezuela no ha desmontado el narcoestado. En el caso de Cuba, la terminación del régimen acabará no solo con el narcoestado más antiguo de las Américas sino también con el sostenimiento del sistema y la protección criminal transnacional. En Nicaragua el régimen caerá arrastrado por la terminación de la cúpula criminal de Cuba. En los tres casos el tema central es no dar impunidad a los principales de la operación narcoterrorista.

El caso de Ecuador es emblemático porque desde la recuperación de la democracia por el presidente Lenin Moreno lo duro es el desmontaje del narcoestado por lo que lucha el presidente Daniel Noboa, tal vez aún sin una presión efectiva a los niveles que asumieron condición política en la instalación del narcoestado que perdura.

Bolivia sigue siendo un narcoestado y lo será mientas se mantenga la constitución plurinacional que suplantó con delitos y masacres a la República de Bolivia, cuya restauración es la base para derrotar al crimen enmascarado en la política. No habrá política ni estado de derecho mientras se mantenga la simulación de una democracia que no tiene ninguno de los elementos esenciales señalados por la Carta Democrática Interamericana.

En el caso de los gobiernos de México, Colombia, Brasil, Argentina y más, corresponde a los políticos darse su lugar y separarse de los criminales que son parte del sostenimiento de narcoestados internos, que todos conocen pero que simulan ignorar con el argumento de “necesidad política”.

Un juez del Tribunal Agroambiental de Bolivia fue asesinado a tiros la noche del jueves en Santa Cruz cuando regresaba a su alojamiento en un taxi compartido, en un crimen que las autoridades vinculan preliminarmente con una disputa por tierras en el oriente del país.

La víctima fue identificada como Víctor Hugo Claure, decano del Tribunal Agroambiental (TA), máxima instancia de justicia ambiental y agraria de Bolivia. En su calidad de decano, Claure ejercía como sustituto del presidente del colegiado en ausencia de este. El magistrado se encontraba en Santa Cruz para participar en un evento del órgano judicial, cuya sede permanente está en Sucre, la capital constitucional del país.

Según reconstruyó el coronel David Gómez, comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, el magistrado había asistido a una cena y regresaba a su alojamiento en un taxi compartido con una funcionaria judicial, a quien acompañó primero hasta su domicilio. En el momento en que la funcionaria se disponía a pagar el servicio, dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo, uno de ellos descendió y disparó contra Claure, quien ocupaba el asiento delantero.

El fiscal de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que la autopsia determinó que el magistrado murió de forma “instantánea” por el impacto de cuatro proyectiles que le causaron heridas en ambos pulmones y el corazón. Claure falleció antes de llegar al hospital.

Zeballos confirmó que una comisión de fiscales y funcionarios forenses trabaja junto a la Policía para identificar a los autores materiales e intelectuales del homicidio. “Estamos realizando todos los esfuerzos necesarios para poder esclarecer esta clase de ilícitos”, declaró el fiscal, quien calificó el suceso como un crimen que “enluta a todo un sistema de justicia”.

La principal línea de investigación apunta a un conflicto agrario. El comandante Gómez señaló como hipótesis que el móvil sería “un problema de tierras”, dado que Claure “habría emitido algún tipo de resolución referente a la posesión o al aprovechamiento de algunas tierras” en la región oriental del país. La Policía cuenta ya con imágenes del hecho y con las declaraciones de los testigos que viajaban en el taxi.

En Bolivia, los magistrados de los máximos órganos judiciales, incluido el TA, son elegidos mediante voto popular, lo que les otorga un perfil público diferenciado respecto de otros sistemas judiciales de la región.

Tras el crimen, la Policía activó “cápsulas de seguridad” para proteger a 13 altos magistrados que se encontraban en Santa Cruz con motivo del mismo evento al que asistía Claure. “En este momento tenemos a trece magistrados que están con seguridad para poderlos trasladar al aeropuerto”, precisó el coronel Gómez.

La medida se extendió a otras regiones del país: las autoridades coordinaron con los comandos departamentales de Cochabamba, La Paz y Chuquisaca —donde se ubica Sucre— para garantizar la protección de las autoridades judiciales en sus respectivos distritos. Gómez aclaró que, por el momento, no existe información sobre amenazas concretas contra otros magistrados.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, expresó su “solidaridad” con la familia del magistrado e instó a la población a no especular sobre las causas del crimen. Los altos tribunales del órgano Judicial pidieron a la Fiscalía actuar con “celeridad” para dar con los responsables.

(Con información de AFP y EFE)

La intervención se realizó en el sector de Pichu Alto, en Cusco, donde agentes policiales ubicaron al investigado durante un operativo coordinado con autoridades bolivianas. Según información policial, el hombre fue encontrado bebiendo licor junto a otras personas cuando fue interceptado y reducido por efectivos de la Policía Nacional.

En declaraciones a Latina Noticias, el jefe policial de Cusco, general PNP Carlos Guizado, informó que la ubicación del sospechoso fue posible gracias al intercambio de información entre las autoridades de ambos países. Asimismo, indicó que el detenido era requerido por un caso de feminicidio registrado en Bolivia y que también presentaba antecedentes en territorio peruano.

Investigación por feminicidio y fuga hacia el Perú

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el crimen ocurrió el lunes 27 de abril en Cochabamba. Las autoridades bolivianas sostienen que Jonathan Ángel Mormontoy habría agredido físicamente a su pareja, Elizabeth Villa Jiménez, hasta causarle la muerte por asfixia.

Tras el presunto feminicidio, el hombre habría ocultado el cuerpo de la víctima y posteriormente huyó del país llevándose a dos de sus hijos. Según la Policía, los menores tienen 10 años y seis meses de edad, respectivamente.

Según informó Unitel, las autoridades bolivianas emitieron una alerta de fuga luego de detectar la salida del acusado hacia territorio peruano. En menos de 48 horas, la Policía peruana logró ubicarlo en Cusco mediante acciones de seguimiento y geolocalización coordinadas con sus pares bolivianos.

Coordinación internacional para extradición

El general Carlos Guizado explicó que las diligencias continúan en coordinación con la Policía Boliviana e Interpol para agilizar el proceso de extradición del detenido. En paralelo, las autoridades gestionan la activación de una alerta roja internacional para formalizar su requerimiento ante la justicia peruana.

Desde Bolivia, el fiscal departamental Osvaldo Tejerina señaló que la captura fue posible gracias a convenios de cooperación y al intercambio de información migratoria y digital entre ambos países. En conversación con Unitel, indicó que el rastreo permitió establecer que el investigado había cruzado la frontera y se encontraba en Cusco.

Además del caso de feminicidio, las autoridades peruanas confirmaron que el detenido tenía antecedentes por hurto agravado y una requisitoria vigente en el Perú por ese delito. Por ello, permanecerá bajo custodia mientras avanzan las coordinaciones judiciales internacionales.

Situación de los menores y proceso judicial

La Policía informó que actualmente se realizan coordinaciones con instituciones correspondientes para garantizar la protección y custodia de los dos menores que ingresaron al Perú junto al detenido.

El acusado será puesto a disposición del Poder Judicial peruano mientras se desarrollan los procedimientos relacionados con el pedido de extradición formulado por Bolivia. Las autoridades estiman que, tras la activación de la alerta roja de Interpol, el ciudadano peruano podría ser entregado a la justicia boliviana en los próximos días.

Entretanto, el caso continúa siendo investigado por las autoridades de ambos países, que mantienen comunicación permanente para esclarecer los hechos y avanzar con el proceso judicial correspondiente contra el presunto responsable del crimen.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, cuestionó de forma directa los pedidos de aumento salarial realizados por sectores como la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sindicatos, al considerar que la economía nacional atraviesa una situación de quiebra.

Durante un acto por el Día Internacional del Trabajo en Quillacollo, Cochabamba, el mandatario señaló que la economía boliviana no puede sostener un incremento salarial del 20%, como exigen los sindicatos, debido al estado crítico en el que se encuentra el país.

Según el presidente Paz, este momento financiero está marcado por una alta informalidad: el 85% de la actividad económica corresponde al sector informal y solo el 15% al formal. Esta estructura limita la capacidad del Estado para responder a los reclamos salariales sindicales, como el presentado por la COB en el cabildo realizado en El Alto, donde se exigió un aumento del 20% al salario básico.

El mandatario indicó que, en el contexto de crisis, solo un sector minoritario podría beneficiarse de un aumento salarial, mientras que la mayoría de los bolivianos no accedería a mejoras en sus condiciones de vida. Paz sostuvo que los sindicatos deberían enfocar sus propuestas en la creación de empleo, la promoción de inversiones y el impulso a la industria nacional.

Además, insistió en que el país debe decidir entre mantener las políticas que llevaron a la quiebra o acompañar al Gobierno en una recuperación económica basada en leyes y promoción industrial.

En este marco, Paz anunció la creación de más de 5.500 nuevos ítems para los sectores de salud y educación, medida que, según argumentó, responde a una deuda histórica con la población que aún no accede a los servicios estatales esenciales.

El presidente aseguró que respeta el derecho de maestros y trabajadores de salud a reclamar mejoras salariales, pero enfatizó la necesidad de garantizar la presencia de médicos y docentes en todas las comunidades.

El jefe de Estado reiteró que el Gobierno impulsará reformas y leyes durante 2026 para ordenar las finanzas públicas y establecer las bases de un crecimiento económico futuro. Recordó que, al asumir la presidencia en noviembre pasado, encontró un Estado quebrado en todos los niveles y atribuyó esta situación a las administraciones de Evo Morales y Luis Arce durante los últimos 20 años.

La jornada de declaraciones de Paz de hoy coincidió con el mitin de la COB en El Alto, donde la central sindical presentó su pliego de demandas, sumando el pedido de incremento salarial a una serie de protestas y movilizaciones de sectores sindicales y campesinos que han marcado los primeros seis meses de gestión.

Paz reconoció que este período inicial fue especialmente complejo, dedicado a revisar una administración estatal que, según él, fue dejada en condiciones precarias por los anteriores gobiernos.

(Con información de EFE)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó el jueves que los primeros seis meses de su gestión “han sido muy duros”, tras constatar “la cloaca” que dejaron las administraciones anteriores en el Estado, gobernado por el Movimiento al Socialismo (MAS). El mandatario, que cumplirá medio año en el cargo el 8 de mayo, se refirió a un contexto marcado por protestas de sectores sindicalistas y campesinos.

“Estos seis meses han sido muy duros en función de ver la realidad de lo que dije en algún momento, la cloaca que nos dejaron”, sostuvo Paz.

El jefe de Estado destacó la importancia del esfuerzo conjunto de la ciudadanía, representantes parlamentarios, fuerzas políticas, organizaciones sociales, organismos multilaterales y países aliados para que Bolivia salga adelante.

Paz remarcó la necesidad de establecer “alianzas” y “acuerdos” entre diferentes sectores y advirtió que sin ese esfuerzo será “extremadamente difícil” superar la crisis económica. El mandatario alertó sobre la existencia de grupos que buscan “frenar” las transformaciones para “retornar” al pasado.

“Si retornamos a ese pasado, va a significar de tres a cuatro años de atraso en las transformaciones en nuestra economía. No estamos para aguantar tres o cuatro años en el retraso de las reformas que tarde o temprano se tienen que hacer (...) Nosotros las estamos encarando”, aseguró.

Por otra parte, reiteró que 2026 será un año para “ordenar la casa” y expresó su confianza en que el próximo año será de crecimiento, tras el “esfuerzo y sacrificio” realizados actualmente en el país.

Paz mencionó entre los momentos “difíciles” de sus primeros meses de gestión los problemas con la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la calidad de los combustibles vendidos en el mercado interno, aunque aseguró que ya se está “triunfando sobre casos” como estos.

Sobre YPFB, sostuvo que los bolivianos pagaron “un alto precio” por el accionar de una empresa que “era supuestamente el orgullo del país”, pero que en realidad era “un antro de corrupción”, tras atribuir esta situación a las gestiones de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

El mandatario respondió el domingo pasado a los comentarios de Morales sobre la crisis de combustibles y la supuesta intención de privatizar la petrolera estatal. A través de una publicación en X, Paz afirmó que el ex presidente “no tiene autoridad moral” para referirse a la compañía petrolera, que, según el actual mandatario, fue “quebrada” junto a Arce.

“Cuando entraste, YPFB era la empresa con más recursos, con reservas petrolíferas y gasíferas del país. Durante 20 años, tú y tu ministro Arce de Economía no hicieron más que usarla para intereses políticos, gastar el gas y no asegurar el futuro de la patria”, escribió Paz en un mensaje.

El presidente también responsabilizó a Morales por haber dejado al país “sin gas y sin futuro hidrocarburífico”, a pesar de la nacionalización de los recursos en 2006. “La soberanía energética que nos prometieron hoy es un fracaso porque la negociaste y la vendiste”, apuntó.

Paz defendió su gestión ante las críticas y subrayó que “no pueden pretender que resolvamos en meses lo que destruyeron con corrupción en 20 años”. Asimismo, descartó los rumores sobre una eventual privatización de YPFB: “Nadie va a privatizar YPFB, la haremos eficiente”.

Morales había señalado en un programa radial la existencia de una campaña de desprestigio contra YPFB con la supuesta intención de privatizar la compañía. “De manera intencionada, están haciendo campaña de la mala imagen. Dicen ‘YPFB ya no sirve, entonces hay que privatizar’”, sostuvo.

El mandatario actual abordó el análisis de gestión durante la presentación de una plataforma para denunciar la burocracia estatal, acto al que asistieron el ministro argentino de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el vicepresidente ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Jordan Schwartz.

El Gobierno enfrenta en los últimos días una serie de conflictos por reclamos salariales y territoriales de sectores obreros y campesinos, además de la amenaza de huelga de transportistas ante el problema de los combustibles y otras demandas sectoriales.

(Con información de EFE)

La Paz acogió este miércoles la primera visita oficial de un alto mando militar de Estados Unidos en dos décadas. El mayor general Philip J. Ryan, comandante general del Ejército Sur, se reunió con el ministro de Defensa de Bolivia, Marcelo Salinas, en un encuentro que ambas partes calificaron de positivo y que abrió acuerdos concretos en materia de entrenamiento, intercambio tecnológico y formación de cuadros militares. La cita, la primera de esta naturaleza desde 2006, marca un hito en el proceso de normalización de relaciones entre Bolivia y Washington iniciado con la llegada a la presidencia de Rodrigo Paz Pereira en noviembre de 2025.

Salinas afirmó ante los medios que el momento es propicio para “abrir las puertas de la cooperación” en áreas que incluyen intercambio de tecnología, entrenamiento militar conjunto y becas de formación y especialización. Describió el encuentro como “muy positivo” y señaló que se abordaron temas de Estado, aunque evitó precisar detalles. Un comunicado del Ministerio de Defensa indicó que la reunión permitió avanzar en el fortalecimiento de la cooperación bilateral en defensa y seguridad, con énfasis en el intercambio de información estratégica, la transferencia de capacidades y las oportunidades de formación para las Fuerzas Armadas bolivianas.

Ryan llegó al encuentro con un mensaje de compromiso institucional. La embajada estadounidense en La Paz lo citó al señalar que lleva consigo el respeto y el compromiso del Comando Sur, y que las fuerzas armadas de ambos países comparten valores de profesionalismo e integridad. Además de la reunión con Salinas, el general tiene previsto visitar el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, recorrer unidades militares y dirigirse a los cadetes del Colegio Militar del Ejército, en lo que la embajada describió como una agenda para consolidar “espacios de diálogo institucional y cooperación directa”.

El trasfondo de este acercamiento tiene raíces en una ruptura de casi veinte años. En 2008, el entonces presidente Evo Morales expulsó al embajador estadounidense Philip Goldberg, a quien acusó de conspirar contra su gobierno, cargos que la Casa Blanca rechazó. En el mismo proceso, Morales también expulsó del país a las agencias de cooperación y antidrogas, incluida la DEA. El distanciamiento se prolongó durante los gobiernos de Morales y su sucesor, Luis Arce, período en el que Bolivia se integró a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América junto a Cuba, Nicaragua y Venezuela, bloque que desde el giro de Paz ha suspendido la membresía boliviana.

El cambio de rumbo comenzó formalmente el 8 de noviembre de 2025, cuando el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, asistió a la investidura de Paz y anunció el restablecimiento de relaciones diplomáticas a nivel de embajadores, poniendo fin a 17 años de representación reducida a encargados de negocios. Desde entonces los acercamientos se aceleraron: en diciembre se anunció la reanudación de operaciones conjuntas contra el narcotráfico, en febrero el general Víctor Hugo Balderrama participó en la Reunión de Comandantes del Hemisferio Occidental en Washington y en los meses siguientes Bolivia se integró a la Coalición Anticárteles de las Américas.

La visita de Ryan completa una secuencia de gestos que reencuadran a Bolivia dentro de la arquitectura de seguridad regional de Washington. Para el gobierno de Paz, que asumió el poder en medio de la peor crisis económica boliviana en cuatro décadas, la apertura militar no es solo un asunto de defensa: es también un indicador del rumbo estratégico que el país ha decidido tomar tras dos décadas de confrontación con Estados Unidos.

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, se refirió este miércoles al reclamo que hizo el expresidente Evo Morales (2006-2019) de recibir un pasaporte diplomático.

Aramayo manifestó que el Gobierno no le ha negado la emisión del documento y descartó privilegios en su otorgación. “Nadie tiene que solicitar de forma excepcional que se le envíe un pasaporte, eso tal sucedía en su gestión, ahora no, ahora se cumplen normas, no vamos a agarrar un servicio de courrier y mandarle un pasaporte”, expresó en una conferencia de prensa.

El canciller señaló que Morales debe acudir, “como cualquier ciudadano”, a la Cancillería para hacer el trámite y firmar la solicitud. “Obviamente se le va a entregar lo que en derecho le corresponde”, agregó.

Según la denuncia que hizo públicamente el exmandatario en un programa de radio de la emisora Kawsachun Coca el 8 de abril, el Gobierno “no quiere darle” el documento. “Le pido al canciller que me mande mi pasaporte diplomático, no quieren darme, qué egoísmo”, dijo el mandatario y afirmó que le corresponde “por derecho” al tratarse de un exmandatario.

Morales afirmó que recibía invitaciones para asistir a eventos internacionales y que la falta del documento le impedía salir del país.

“Nadie le está negando el derecho, esto me extraña, no entiendo de dónde viene este reclamo y no corresponde”, finalizó Aramayo frente a los medios locales.

El expresidente y líder cocalero se encuentra atrincherado desde octubre de 2024 en su bastión político del Trópico de Cochabamba, al centro del país, bajo el resguardo de sus seguidores para evitar su aprehensión en el marco de una investigación por abuso de menores.

Morales está imputado por el delito de trata de menores por haber presuntamente embarazado a una menor de edad en 2016, cuando era presidente. Según la investigación de la Fiscalía, Morales y una joven que entonces tenía 16 años tuvieron una hija a la que inscribieron en un registro civil de la localidad de Yacuiba, fronteriza con Argentina.

Según informó el fiscal José Mogro, los investigadores han recolectado 170 pruebas contra el exmandatario, entre las cuales se encontraría la partida de nacimiento de la menor.

El exmandatario fue convocado dos veces por la Justicia —en octubre de 2024 y enero de 2025— a prestar su declaración en la ciudad sureña de Tarija, donde se desarrolla el caso, pero no se presentó alegando la ausencia de garantías.

Tras su segunda inasistencia, el juez Nelson Rocabado lo declaró en rebeldía, dispuso su arraigo y la anotación de sus bienes, y emitió una segunda orden de arresto que hasta la fecha no se ejecuta.

En ese contexto, Morales permanece en una suerte de detención domiciliaria en Cochabamba, donde sus seguidores han montado una guardia de seguidores que lo vigila de manera permanente para evitar su captura.

“Aunque me maten, me voy a quedar aquí, no tengo por qué escaparme”, manifestó Morales y dijo que su solicitud responde a la intención de viajar porque le “llueven invitaciones” fuera del país. “Por derecho, por norma, me corresponde un pasaporte diplomático”, aseveró.

En los últimos meses, estuvo en debate la otorgación, controles y fiscalización de los pasaportes oficiales y diplomáticos, luego de que se detectaran irregularidades en su uso por parte de exfuncionarios públicos.

La acumulación de conflictos sociales sube la tensión en Bolivia. Este viernes, cuando se conmemora el Día Internacional del Trabajo, se tiene prevista la realización de un cabildo de trabajadores en El Alto y el arribo de dos marchas a La Paz.

En una reunión gremial de trabajadores el 28 de mayo, la COB determinó rechazar la invitación al diálogo del Gobierno y convocar a organizaciones sociales y sectores afiliados a un cabildo nacional.

En la resolución del encuentro se establecen varios puntos sobre una diversidad de temas como el rechazo a la privatización de empresas públicas —algo que el Gobierno ha negado reiteradamente—, la declaración de persona no grata al ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, por la implementación de lo que consideran “políticas neoliberales” y la renuncia del ministro de Trabajo, entre otros puntos.

Los trabajadores también expresaron en el documento su rechazo a la respuesta del Gobierno sobre el pliego petitorio presentado el 1 de abril en el que solicitan un incremento salarial del 20%.

La administración de Rodrigo Paz ha calificado esta propuesta como “inviable” y ha recordado que en diciembre se decretó un aumento de ese porcentaje en el salario mínimo, cuando se levantó el subsidio a los combustibles. “No es viable (el incremento) y eso está absolutamente claro”, manifestó el ministro de Economía y agregó que “la gran mayoría de las personas están preocupadas por la estabilidad laboral, así que eso es lo que hay que proteger”.

En ese sentido, el Gobierno cursó una invitación al diálogo a los dirigentes sindicales y a representantes de los empresarios privados para discutir la demanda del incremento salarial, junto a los ministros de Gobierno, Trabajo y Economía.

Sin embargo, los trabajadores desistieron de participar y anunciaron que el viernes los asistentes al cabildo definirán el curso de la protesta. “Hemos dejado en manos del pueblo lo que se vaya a decidir de ahí en adelante”, manifestó Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, en una entrevista con el canal Unitel.

Los trabajadores determinaron respaldar otras dos movilizaciones, la marcha del magisterio y la de los campesinos, que partieron días atrás de los departamentos de Oruro (oeste) y Pando (norte) con demandas propias.

Según los dirigentes de los maestros, cerca de 3.000 personas participan en la marcha que partió el martes de la localidad de Calamarca, distante a 54 kilómetros de La Paz, en reclamo de aumento salarial, ítems laborales y una mayor inversión de recursos en la educación pública. Se tiene previsto que participen en el cabildo de la COB en El Alto y luego se dirijan al centro de La Paz.

Por otro lado, este viernes llegará a La Paz la marcha de campesinos de la región amazónica de Pando, y otras regiones que se sumaron progresivamente, en rechazo a la ley 1720 que autoriza la recategorización voluntaria de tierras. Con esta norma, las pequeñas propiedades podrán ser registradas como medianas, a solicitud de los propietarios, y de esa forma poder ser utilizadas como garantía para préstamos bancarios.

Mientras el Gobierno defiende la norma en aras de la libertad individual y el desarrollo de los agricultores, los críticos cuestionan que pueda dar lugar a la concentración de tierras, amenazar los territorios colectivos indígenas y poner en riesgo a pequeños productores.

En este escenario, el presidente manifestó que no teme el aumento de las protestas sociales. “Bolivia quiere cambio y yo no le tengo miedo a las movilizaciones; soy un constructor de la democracia que creció entre marchas y liderazgos históricos”, afirmó el jefe de Estado el viernes tras un encuentro con las nuevas autoridades departamentales. “A lo que le tengo miedo es no tener soluciones al futuro de nuestra patria”, agregó.

El mayor general Philip J. Ryan, comandante general del Ejército Sur de Estados Unidos, realiza esta semana una visita oficial a Bolivia para reunirse con autoridades y militares del país, en el marco de una nueva etapa de acercamiento entre ambas naciones, según informó la embajada estadounidense en La Paz.

En un comunicado de prensa, la embajada destacó que “autoridades del Ministerio de Defensa de Bolivia dieron la bienvenida” a Ryan, quien se convierte en el primer alto representante militar estadounidense en visitar Bolivia desde 2006. El gesto señala la intención de ambos países de fortalecer sus relaciones bilaterales.

Durante su estadía, Ryan mantendrá encuentros con homólogos bolivianos, visitará la sede diplomática de Estados Unidos en La Paz y dialogará con cadetes del Colegio Militar del Ejército.

“Me honra estar aquí y traer conmigo el respeto y el compromiso del Comando Sur de los Estados Unidos. Nuestras Fuerzas Armadas están unidas por un compromiso compartido de servir a nuestros pueblos, defender a nuestras naciones y actuar con profesionalismo e integridad”, expresó Ryan, según el comunicado.

El general, que asumió el mando del Ejército Sur en junio de 2024, subrayó que estos valores compartidos permiten alianzas bilaterales. El comunicado explica que el Ejército Sur de EEUU realiza actividades de cooperación en seguridad en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe en apoyo al Comando Sur estadounidense.

En este marco de aumento de relaciones bilaterales, Bolivia y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento sobre minerales críticos para impulsar la cooperación bilateral en este sector, con el objetivo de atraer inversiones y fortalecer las cadenas de suministro de estos recursos estratégicos.

El acuerdo fue suscrito por el vicesecretario estadounidense para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales, Caleb Orr, y el ministro boliviano de Minería, Marco Antonio Calderón de la Barca, según informó la sede diplomática estadounidense en Bolivia.

Estados Unidos manifestó su compromiso de trabajar con Bolivia para atraer inversiones que beneficien a ambos países y aseguren el suministro de minerales críticos, como litio, cobalto, níquel y cobre, esenciales para la fabricación de dispositivos electrónicos y la transición energética.

El Gobierno boliviano sostiene que el país posee la mayor reserva mundial de litio, con aproximadamente 23 millones de toneladas, ubicadas principalmente en el salar de Uyuni, el mayor y más alto del mundo, con 10.000 kilómetros cuadrados a 3.600 metros sobre el nivel del mar.

Durante la administración de Luis Arce (2020-2025), Bolivia firmó contratos con empresas de China, Rusia e India para implementar tecnología de extracción directa de litio (EDL), aunque dichos acuerdos no recibieron la aprobación del Poder Legislativo.

El pasado 17 de abril, La Paz y Washington también firmaron un memorando de entendimiento por medio del cual EEUU se comprometía a donar 10 millones de dólares y asistencia técnica para el sistema de salud pública de Bolivia. La ministra boliviana de Salud y Deportes, Marcela Flores, y la encargada de Negocios de la Embajada estadounidense en La Paz, Debra Hevia, fueron las respectivas representantes que signaron el documento.

Desde la asunción de Rodrigo Paz como presidente de Bolivia en noviembre pasado, su gobierno inició gestiones para restablecer las relaciones con Washington.

En 2008, el entonces presidente Evo Morales expulsó al embajador estadounidense Philip Goldberg y a agencias de cooperación y antidrogas de EEUU, acusándolas de conspirar contra su gobierno, acusaciones que la Casa Blanca siempre negó.

(Con información de EFE)

Al menos nueve personas murieron y 22 resultaron heridas el miércoles tras el vuelco de un autobús con matrícula chilena en una ruta al sur de Bolivia, informó la policía de tránsito. El accidente ocurrió en la localidad de Villa Challacollo, cerca de la ciudad de Oruro, destino final del vehículo que había partido desde Chile, según señaló en conferencia de prensa el director de Tránsito, coronel Nandy Torrico.

Las primeras investigaciones apuntan a que el siniestro se produjo por exceso de velocidad o posible cansancio del conductor. Entre las víctimas fatales se encuentran dos menores de edad. Los 22 heridos, de los cuales 10 son mujeres y el resto varones, fueron trasladados a centros hospitalarios cercanos.

Testigos que no sufrieron lesiones relataron a medios locales que el impacto del accidente fue muy fuerte y que varias personas quedaron atrapadas en la carrocería del autobús tras el vuelco.

El accidente se registró a las 4:15 de la madrugada (8:15 GMT) en el altiplano boliviano, en el sector conocido como ‘Puente Español’, cerca de la ciudad de Oruro, a más de 3.700 metros de altitud, según relataron algunos testigos.

Uno de los pasajeros que resultó ileso declaró a los medios que el colectivo había partido de Chile al final de la tarde del martes y que el conductor presuntamente “estaba apurado” por llegar a Oruro tras cruzar la frontera.

“El hecho de tránsito está preliminarmente tipificado como salida de vía con vuelco lateral izquierdo. Producto del hecho se tienen aproximadamente ocho personas fallecidas”, detalló el teniente López.

Otro grave accidente de tránsito ocurrido el miércoles conmocionó a la comunidad de Naranjo Dulce. Un bus de transporte de pasajeros volcó en la ruta que conecta Tarija con Bermejo, a la altura del kilómetro 19, y transformó la rutina matutina de circulación en una escena de emergencia y auxilio inmediato.

El siniestro dejó varios pasajeros heridos de diversa gravedad. Los afectados recibieron asistencia inicial de los habitantes de la zona y otros conductores que transitaban por el lugar. Posteriormente, las ambulancias evacuaron a los heridos al hospital Virgen de Chaguaya, en el municipio de Bermejo, donde permanecen bajo atención médica.

Testigos y conductores que circulaban por la misma carretera señalaron que el colectivo viajaba a exceso de velocidad antes de perder el control, imprudencia que se identifica preliminarmente como la causa principal del accidente. Vecinos y transportistas colaboraron en el rescate de las víctimas entre los matorrales y restos del vehículo.

Efectivos de la Policía Boliviana se desplazaron al lugar para realizar el peritaje técnico e iniciar las investigaciones que determinarán las responsabilidades legales correspondientes.

En Bolivia, los accidentes de tránsito son frecuentes debido al mal estado de las carreteras, el consumo de alcohol por parte de algunos conductores y la falta de conocimiento de las rutas.

El gobierno boliviano reportó que en 2024 se registraron 20.942 siniestros viales con más de 26.200 personas accidentadas, según datos del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas. Un informe de ese organismo, basado en cifras de la Comunidad Andina de Naciones, indicó que la tasa de accidentes viales en Bolivia en 2023 fue de 153 por cada 100.000 habitantes, ubicando al país en segundo lugar de la región, después de Perú.

(Con información de EFE)

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, Gustavo Ávila, anunció que en los próximos meses se trabajará en una reforma de la normativa electoral, luego de haber concluido el proceso de las elecciones autonómicas.

“Reafirmo el compromiso asumido el pasado 22 de marzo, durante la inauguración de la jornada de votación, de impulsar una urgente reforma de la normativa electoral”, afirmó Ávila en el acto de entrega de credenciales a las nuevas autoridades de La Paz.

“Aspiramos a una ley que fortalezca la democracia, constitucionalice a las organizaciones políticas, que dote de mayores herramientas a sus candidatos y que promueva una participación de la mujer más sustantiva y no solo cuantitativa”, precisó el vocal.

Las leyes que regulan actualmente el sistema electoral fueron promulgadas durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) y son, principalmente, la Ley de Régimen Electoral, la Ley de Organizaciones Políticas, la Ley del Órgano Electoral Plurinacional y la Ley de Distribución de Escaños, entre otras normas y reglamentos.

Los ajustes que plantea el presidente del TSE se dan en medio de cuestionamientos a decisiones asumidas en procesos electorales previos, como inhabilitaciones de candidatos, cancelaciones extemporáneas de personerías jurídicas, registros de postulantes a último momento o la postergación indefinida y la suspensión parcial de la elección de jueces por resoluciones judiciales que entorpecieron el proceso.

El escándalo más reciente tiene que ver con la cancelación del balotaje para el cargo de gobernador en La Paz, que debía realizarse el 19 de abril entre los postulantes Luis Revilla, de la alianza Patria, y René Yahuasi, de Nueva Generación Patriótica (NGP).

Sin embargo, el partido del segundo candidato desistió de participar en la segunda vuelta, sin el consentimiento de Yahuasi, y el TSE declaró como ganador de la contienda a Revilla, en cumplimiento de una modificación a la normativa electoral

En una entrevista anterior con Infobae, el vocal Ávila defendió la decisión del tribunal que preside y afirmó que se cumplió con el mandato legal. “Nosotros como autoridades tenemos que cumplir con la ley (…) Si el TSE no cumple, incurre en los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley”, afirmó y luego explicó que “los ciudadanos piensan que nosotros tomamos la decisión en base a caprichos y no”, afirmó Ávila.

El vocal también adelantó que tenía una propuesta de reforma a la ley electoral actual que calificó como “antidemocrática”.

Esta reforma también tendrá el impulso del Órgano Ejecutivo. Al concluir cinco balotajes simultáneos del 19 de abril, el presidente Rodrigo Paz anunció que convocaría a los vocales electorales para encarar las “mejoras” normativas y manifestó que con esa votación se cerraba un “ciclo de este estilo de democracia”.

Bolivia terminó un periodo electoral que duró casi un año, desde la inscripción de candidatos presidenciales en mayo de 2025 para las elecciones generales hasta el balotaje de gobernadores en abril de 2026 en las elecciones autonómicas.

Ambos procesos electorales estuvieron marcados por inhabilitaciones de postulantes y cancelaciones de partidos que, aunque aparadas en la normativa electoral, generaron incertidumbre sobre las candidaturas y cuestionamientos a la transparencia del sistema electoral.

En medio del proceso de reestructuración que se realiza en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el nuevo presidente interino de la compañía, Sebastián Daroca, pidió a los cargos ejecutivos —entre ellos gerentes y directores regionales— que pongan sus cargos a disposición y anunció una evaluación técnica a todos los empleados.

“Sabemos que hay gente valiosa que tiene una carrera hecha en YPFB, pero también sabemos que hay gente que ha estado incrustada en esta empresa haciendo daño. Por ello, es importante que empecemos esta nueva gestión con una evaluación integral de todos los profesionales”, afirmó Daroca en una conferencia de prensa.

La evaluación tomará entre 15 y 20 días y estará a cargo de un equipo especializado. Según indicó Daroca, la medida busca optimizar el funcionamiento de la empresa y garantizar que esté integrada por profesionales adecuados para enfrentar los desafíos del sector en medio de la crisis de combustible que enfrenta el país.

“Es una primera medida concreta, necesaria para poder optimizar y darle la certeza a la población de que vamos a trabajar con las personas más idóneas”, afirmó junto al ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, y el de Obras Públicas, Mauricio Zamora.

En paralelo, Daroca informó que se tomó contacto con instituciones internacionales para recibir apoyo técnico en el proceso de “reestructuración, modernización y reforma integral” de la empresa. “Es un trabajo necesario porque se viene una nueva era en Bolivia, marcada por la nueva Ley de Hidrocarburos que lanzará el ministerio en los próximos días”, adelantó.

Daroca asumió el mando interino de la principal empresa pública el 23 de abril, tras la renuncia de Claudia Cronenbold, que en su carta de dimisión calificó el estado de YPFB como “significativamente más deteriorado de lo previsto” debido a malas prácticas administrativas de más de 20 años y afirmó que los tiempos técnicos para su recomposición son más largos que los que ofrece la política.

El cambio en YPFB, que fue seguido del relevo del ministro de Hidrocarburos, se da en medio de una crisis por la falta de certezas sobre la calidad del combustible.

Luego de que el presidente Rodrigo Paz levantara el subsidio a los hidrocarburos a mediados de diciembre, surgieron denuncias de daños vehiculares por la mala calidad de la gasolina. El Gobierno no tardó en admitir que se había distribuido “gasolina desestabilizada”, pero no se responsabilizó por su origen: lo atribuyó inicialmente a residuos en los tanques de almacenaje “heredados” de la anterior gestión y luego a supuestas redes delictivas que sustituían parte del combustible por agua y aceite antes de su ingreso al país.

Este conflicto, que hace más de tres meses no se resuelve, ha provocado una serie de manifestaciones de sindicatos de transportistas y ha obligado a la empresa petrolera a acelerar el pago de un seguro de resarcimiento de daños mecánicos.

A la incertidumbre sobre la calidad de la gasolina se sumaron en las últimas semanas denuncias de escasez de diésel. YPFB afirmó que hay una mayor demanda de combustible por la temporada agrícola y que se incrementarán los despachos en los siguientes días.

Estos problemas de calidad y abastecimiento estuvieron acompañados de inestabilidad institucional: en cinco meses se cambió tres veces al presidente de YPFB y dos veces al ministro de Hidrocarburos y al director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

El presidente Paz y sus ministros han anunciado que trabajan en una nueva Ley de Hidrocarburos y han descartado la privatización de la empresa petrolera. “Lo que se quiere más bien es salvar esta empresa de las ruinas en las que la dejaron. Una empresa con más de 8.500 empleados, mafias enquistadas, burocracia ineficiente e improductiva”, escribió el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, en su cuenta de X.

El ex presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, y tres ex gerentes de la entidad fueron detenidos el martes como parte de una investigación por presunta compra irregular de bonos, informó la fiscalía departamental de La Paz. El fiscal Miguel Cardozo señaló en conferencia de prensa que el Ministerio Público investiga un daño económico de 124 millones de dólares en perjuicio de la entidad estatal.

La denuncia fue presentada por el propio banco central y apunta a “transacciones irregulares” realizadas por los ex funcionarios durante su gestión en 2024, cuando Luis Arce era presidente del país.

Junto a Rojas, también fueron detenidos el ex gerente de Operaciones, Oswaldo Pascual Nina, el ex director Óscar Ferrifuno y el ex gerente de Política Económica Rolando Sergio Colque.

“Han vendido y han comprado bonos por montos mayores a los que estaban establecidos”, detalló el fiscal. Cardozo añadió que Rojas hizo uso de su derecho al silencio durante el proceso.

El Ministerio Público formalizó la investigación contra el ex presidente del Banco Central y sus colaboradores bajo los cargos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

La Fiscalía evalúa el grado de responsabilidad de Rojas Ulo y su entorno en las maniobras financieras investigadas. Mientras se determina su situación jurídica, las autoridades recopilan evidencia documental sobre el flujo de fondos y los manuales operativos empleados en las operaciones señaladas.

En ese sentido, identificaron irregularidades en el registro contable de los bonos involucrados, con instrucciones presuntamente dirigidas a revertir asientos iniciales y consignar precios superiores a los originalmente establecidos. Los investigadores sostienen que se habría elaborado un reglamento interno específico para facilitar este tipo de transacciones.

Los bonos soberanos son instrumentos de deuda emitidos por entidades públicas o privadas para captar fondos en el mercado. Los inversores que adquieren estos títulos aportan capital con el compromiso de recibir la devolución del monto invertido en un plazo determinado, junto con los intereses correspondientes.

En el caso del BCB, la investigación por presuntas irregularidades en la compra de estos bonos avanzará ante un juez, quien deberá analizar los argumentos presentados por la Fiscalía y decidir si corresponde aplicar la detención preventiva a los involucrados o dictar medidas sustitutivas.

Edwin Rojas Ulo asumió la presidencia interina del BCB en 2020 tras su designación por el entonces ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y permaneció al frente del organismo durante el mandato del ex presidente Luis Arce.

La Fiscalía reunió 170 pruebas contra Evo Morales en la causa por trata agravada de personas

Los fiscales que investigan al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, por el delito de trata agravada de personas han reunido más de 170 pruebas de cargo para el juicio oral, según informó el fiscal departamental de Tarija, José Mogro. La denuncia se tramita en esa región del sur del país, donde Morales enfrenta acusaciones por presunta relación con una menor de edad durante su mandato.

Mogro indicó que el Tribunal Primero de Sentencia de Tarija publicó recientemente un edicto citando a Morales, luego de que el abogado del ex mandatario se presentara para conocer los cargos. Morales notificó que reside en el Trópico de Cochabamba, pero los fiscales no lograron ubicarlo en ese lugar. En esa zona, cocaleros afines al ex gobernante mantienen guardias y levantaron barricadas desde octubre de 2024 para evitar su detención, tras las acusaciones de que en 2016 habría mantenido una relación con una menor, con la que tuvo una hija.

“Esta semana se vencen los diez días que tiene para presentar sus pruebas de descargo y, conforme a eso, el tribunal ya tendrá que señalar fecha y hora para el juicio oral”, explicó Mogro. El fiscal también informó que la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados verificó el avance del proceso y consideró que el Ministerio Público actuó con “transparencia y celeridad”, cumpliendo los plazos legales.

Durante el proceso, la joven involucrada, ahora mayor de edad, declaró a medios locales que reside en Argentina junto a la niña. La acusación formal contra Morales fue presentada en octubre y está pendiente la fijación de fecha para el inicio del juicio.

Morales sostuvo que la causa en su contra busca impedir su candidatura para las elecciones presidenciales de noviembre de 2025, proceso al que pretende postularse tras su renuncia al Movimiento al Socialismo (MAS), partido que fundó y lideró por casi tres décadas. En las recientes elecciones regionales del 22 de marzo, los seguidores de Morales solo lograron la gobernación de Cochabamba, ganada por Leonardo Loza, ex senador y aliado del ex mandatario.

(Con información de EFE)

El ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, José Gabriel Espinoza, aseguró que el ajuste económico del nuevo gobierno del presidente Rodrigo Paz no impactará sobre “los más pobres”, rechazó la posibilidad de aplicar recetas extranjeras y descartó una subida de impuestos o despidos masivos.

El funcionario fijó esa posición ante la polémica generada por recomendaciones del economista venezolano Ricardo Hausmann, quien sugirió negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para enfrentar la crisis económica.

“El ajuste no puede recaer sobre la gente”, afirmó Espinoza, y sostuvo que el Gobierno impulsará “una política económica a la boliviana, no con recetas de afuera, no con medidas importadas, no con viejos preceptos”.

En ese sentido, añadió: “Quienes están buscando ajustes a la antigua, ajustes que generaban impuestazos, recortes brutales, relocalizaciones (despidos) y ese tipo de cosas, tampoco lo vamos aceptar”.

El ministro subrayó que la administración escuchará propuestas, pero no aceptará medidas que impliquen sacrificios para los sectores vulnerables. “Los escuchamos, los entendemos, pero no vamos a aceptar porque no está en nuestra dinámica un sacrificio de los más pobres para beneficiar solamente a los que se pueden salvar. De aquí, salimos todos juntos”, declaró Espinoza.

En las recientes Reuniones de Primavera del Banco Mundial (BM) y el FMI, el Gobierno boliviano presentó su gestión de la crisis y obtuvo la aprobación del organismo dirigido por Kristalina Georgieva, según Espinoza. “Lo que se ha planteado ahí al Fondo es algo muy simple: no recetas, sí marco de políticas”, explicó, y aseguró que no aplicarán “un recorte a lo bruto”.

Las declaraciones se producen en un contexto de protestas sindicales que exigen un aumento salarial del 20%, reclamo ya descartado por el Gobierno. El economista Hausmann, en una presentación en La Paz, advirtió sobre la fragilidad macroeconómica y recomendó negociar con el FMI. “Es obvio que tienen que ir al Fondo Monetario Internacional. Les va a ser todo infinitamente más fácil si lo hacen y todo infinitamente más complicado si no lo hacen”, expresó.

La principal alianza opositora, Libre, liderada por el ex presidente Jorge Quiroga, también pidió acordar con el FMI. El Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado proyecta para este año un déficit fiscal del 9% del PIB y una inflación del 14%. El FMI anticipa para Bolivia un decrecimiento económico de -3,3%, mientras que el Banco Mundial prevé -3,2%. Por su parte, la Cepal estima un crecimiento del 0,5%, uno de los más bajos de la región.

El Gobierno de Bolivia presentó recientemente un informe que reveló la situación financiera de 67 empresas del país, de las cuales 42 son públicas y 25 mixtas. El documento, difundido el jueves pasado, muestra que la mayoría de estas compañías registra pérdidas continuas y enfrenta una dependencia creciente de deudas.

El director ejecutivo de la Oficina para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho, informó que el estudio identificó 15 empresas en “quiebra técnica” y con pérdidas millonarias.

Según Camacho, la pérdida acumulada de estas firmas supera los USD 380 millones y su patrimonio negativo asciende a más de USD 273 millones al tipo de cambio oficial. “La mayoría opera con pérdidas permanentes (…) hoy tenemos 15 empresas con quiebra técnica”, detalló en conferencia de prensa.

Durante la presentación, se lanzó una plataforma de información pública que permite el seguimiento al estado de las empresas estatales, con datos actualizados sobre pérdidas, préstamos y rentabilidad. La herramienta incluye información de compañías estratégicas en sectores como hidrocarburos, minería, energía, agroindustria, transporte, aviación y telecomunicaciones, y publica sus estados financieros, patrimonios y niveles de deuda.

Ante este panorama, el ministro Espinoza anunció acciones sobre las empresas estatales y afirmó que las compañías que no cumplan con ciertos criterios “van a tener que ser cerradas”.

(Con información de EFE)

Estados Unidos encabezó el martes una declaración conjunta de varios países de la región en respaldo a Panamá en su disputa con China por el canal, al afirmar que las acciones de Beijing representan una amenaza para la soberanía regional y para el sistema de comercio marítimo del hemisferio.

El pronunciamiento, difundido por el Departamento de Estado, contó con el apoyo de Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago, en su mayoría gobiernos de orientación conservadora. En el texto, los países firmantes acusaron al régimen de China de ejercer presión política sobre una de las rutas comerciales más importantes del mundo.

Las acciones de China “son un intento flagrante de politizar el comercio marítimo y vulnerar la soberanía de las naciones de nuestro hemisferio”, señaló la declaración conjunta.

El documento destacó además el papel estratégico de Panamá en el tránsito marítimo internacional. “Panamá es un pilar de nuestro sistema de comercio marítimo y, como tal, debe permanecer libre de cualquier presión externa indebida”, indicó el comunicado.

La declaración añadió una advertencia directa sobre las consecuencias regionales del conflicto: “Cualquier intento de socavar la soberanía de Panamá es una amenaza para todos nosotros”.

La tensión entre Panamá y China escaló después de que el país centroamericano asumió el control de dos puertos que hasta entonces estaban bajo operación de un conglomerado con sede en Hong Kong, en una de las vías más sensibles para el comercio global. La medida se produjo tras una decisión de la Corte Suprema panameña emitida en enero.

El conflicto adquirió una dimensión diplomática mayor después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, denunciara el mes pasado a China por la presunta retención de dos buques con bandera panameña como respuesta a la toma de control de esas terminales portuarias.

Desde Beijing, las autoridades rechazaron la acusación y negaron haber demorado el paso de las embarcaciones. El régimen chino, además, acusó a Estados Unidos de fabricar información sobre el incidente, en medio del creciente enfrentamiento entre ambas potencias por su influencia en América Latina.

La disputa también se enmarca en la política exterior de la actual administración de Donald Trump, quien regresó a la Casa Blanca el año pasado con la promesa de recuperar el control estadounidense sobre el Canal de Panamá.

Durante la campaña y tras su retorno al poder, Trump insistió en que Washington debía retomar el control de la vía interoceánica, que pasó a manos panameñas como resultado de los acuerdos alcanzados durante la presidencia de Jimmy Carter. En aquel entendimiento, Carter había prometido que Estados Unidos respetaría la soberanía panameña, incluso tratándose de un país de menor poder relativo.

(Con información de AFP)

La conectividad aérea en Sudamérica da un nuevo paso clave. Perú y Bolivia suscribieron un acuerdo que busca transformar el transporte aéreo en la región, apostando por un modelo más flexible, competitivo y alineado con las dinámicas del comercio global. A través de un Memorándum de Entendimiento (MdE), ambas naciones apuntan a eliminar restricciones y facilitar el tránsito de pasajeros y mercancías, en un contexto donde la integración regional se vuelve cada vez más estratégica.

El convenio, impulsado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) mediante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), abre la puerta a una mayor participación de aerolíneas y a nuevas rutas internacionales. Esta medida no solo impacta en el turismo, sino que también busca fortalecer el comercio exterior, mejorar los tiempos logísticos y generar una oferta más competitiva para los usuarios, con más opciones de vuelo y mejores precios.

Liberalización del transporte aéreo: más rutas, tarifas competitivas y expansión comercial

El eje central del acuerdo es la liberalización del transporte aéreo, una medida que elimina barreras de acceso y fomenta la libre competencia entre aerolíneas. En la práctica, esto significa que las compañías podrán operar con mayor flexibilidad entre ambos países y hacia otros destinos internacionales, ampliando significativamente las alternativas disponibles para los pasajeros.

Uno de los puntos más relevantes es la implementación de la sexta libertad del aire, una disposición que permite a las aerolíneas transportar pasajeros y carga entre el territorio de un país y un tercero, haciendo escala en su propio país de origen. Esta modalidad incrementa la eficiencia de las rutas y mejora la conectividad regional, facilitando itinerarios más rápidos y con menos restricciones.

A ello se suma la apertura de la séptima libertad del aire, enfocada exclusivamente en el transporte de carga. Esta medida permitirá a las aerolíneas movilizar mercancías entre terceros países sin necesidad de que la operación inicie o termine en su país de bandera. El impacto directo se verá en la logística internacional, donde se espera una mayor agilidad en el traslado de productos y una reducción de costos operativos para exportadores.

El documento también contempla la múltiple designación de operadores, lo que permitirá que varias aerolíneas cubran las mismas rutas, incrementando la competencia. Además, se habilita la posibilidad de establecer acuerdos de código compartido y cooperación comercial con terceros países, lo que ampliará la red de destinos disponibles tanto para viajeros como para empresas.

Este marco se complementa con la Decisión 582 de la Comunidad Andina (CAN), reforzando la integración regional y otorgando mayor flexibilidad operativa a las aerolíneas. En ese escenario, el Perú busca posicionarse como un hub estratégico en la región, fortaleciendo su infraestructura aérea y respondiendo a la creciente demanda de transporte eficiente y competitivo.

Acuerdos previos con Chile y Panamá

En enero de 2026, el Perú ya había dado señales claras de apostar por una liberalización del transporte aéreo, tras la firma de Memorandos de Entendimiento con Chile y Panamá, impulsados por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Estos acuerdos sentaron las bases para ampliar la conectividad internacional, fomentar la competencia entre aerolíneas y facilitar el ingreso de nuevos operadores en rutas estratégicas para el país.

Uno de los puntos más relevantes fue el convenio con Chile, que permitió abrir la posibilidad de que más aerolíneas operen en la ruta Lima–Santiago, considerada la principal conexión internacional del Perú, con cerca de 2 millones de pasajeros al año. Además, se planteó la apertura de vuelos directos desde aeropuertos regionales hacia ciudades chilenas, con el objetivo de descentralizar el turismo y facilitar la llegada de visitantes extranjeros a distintos destinos del país.

En paralelo, el acuerdo con Panamá introdujo un cambio significativo al establecer frecuencias ilimitadas de vuelos entre Lima y ese país, lo que amplía la oferta para los viajeros y mejora la competitividad del mercado. También se contempló la expansión de rutas como Panamá–Chiclayo y la creación de nuevas conexiones desde regiones del Perú, buscando fortalecer el flujo de pasajeros hacia América Latina, Estados Unidos y Canadá, y dinamizar el turismo receptivo y el intercambio comercial.

Un hecho de violencia extrema impactó al automovilismo sudamericano durante la segunda fecha del Rally Sprint Nueva Santa Cruz en Bolivia, donde el piloto José Pedro Rojas Velasco, de 29 años, fue asesinado a tiros el domingo mientras aguardaba el inicio de la carrera en su vehículo. El ataque, ocurrido en el parque de asistencia del evento en el municipio de Warnes, obligó a la Asociación Departamental de Automovilismo Deportivo de Santa Cruz (Adecruz) a suspender de inmediato la competencia. La conmoción alcanzó tanto a participantes como a organizadores y público, marcando un precedente trágico en el campeonato regional.

Minutos antes de la largada en la categoría SXS Racing, dentro del parque de asistencia a la carrera, un hombre bajó de una camioneta y disparó varias veces contra el auto Can-Am X3 número 11, según contaron los testigos. Rojas Velasco recibió ayuda urgente en el lugar y fue trasladado para atención médica, pero su fallecimiento fue confirmado horas después. El copiloto salió ileso del ataque, aportó el medio El Deber, de Santa Cruz de la Sierra. Este atentado con resultado fatal se produjo ante la mirada de otros competidores y un público que se preparaba para la largada de la segunda fecha departamental.

De acuerdo con lo publicado en el diario El Día de Bolivia, los testigos relataron que el piloto estaba a punto de ponerse en la posición de la línea de salida y fue ahí cuando lo interceptó una camioneta, de donde descendió un sujeto encapuchado que desenfundó el arma y abrió fuego. Tras disparar, el asesino se subió al vehículo que lo transportó para posteriormente darse a la fuga. El medio destacó que esta es la tercera muerte a balazos que se registra en el departamento de Santa Cruz de la Sierra en lo que va del fin de semana.

Con el correr de las horas, la investigación fue avanzando y La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) dio más detalles de lo ocurrido, como por ejemplo, que José Pedro Rojas Velasco recibió al menos seis disparos, cuatro de ellos fueron con orificios de entrada y salida y los dos restantes, solo de entrada. Además, reveló que el piloto de rally tenía vínculos con la organización criminal del narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera. El director de la Felcc, el coronel Jhonny Coca, manifestó que la víctima era piloto del capo narco, y según las investigaciones preliminares, habría estado involucrado en un caso de secuestro y tiroteo en Santa Cruz. “Se logra establecer que esta persona (Rojas Velasco) tenía un vínculo con Sebastián Marset y estaría buscado por un hecho anterior en el que se realizó un secuestro y tiroteo”, dijo Coca en conferencia de prensa.

La policía continúa investigando, pero no descarta que este crimen se tratase de un ajuste de cuentas. “Existen dos hipótesis: la primera que sería otra organización la que lo victimó por revancha, porque esta persona participó en otro asesinato en 2025 en contra de otro sujeto vinculado al narcotráfico. La segunda hipótesis que manejamos es que se trataría de una pelea por tener liderazgo en la organización de Marset, que quedó descabezada”, explicó el director Coca.

Para el comandante departamental de Santa Cruz, coronel David Gómez, este hecho de sangre como los asesinatos ocurridos en el municipio de San Matías y Puerto Quijarro, están vinculados a una pugna de poder entre organizaciones criminales. “Sabemos que existen estructuras de estas organizaciones en la que estos sujetos están haciendo actividades de sicariatos por incumplimiento de algunas obligaciones procedentes del narcotráfico”, señaló.

Según informó la Policía se presume que el hecho se registró por “la lucha del poder de manejar algunas líneas y el incumplimiento de algunos compromisos referentes al tráfico de sustancias controladas”. De acuerdo con la información publicada en El Día, “Rojas Velasco era buscado por sus rivales, por lo que se protegía rodeándose de otras personas” y que sería piloto de Marset. El 13 de marzo, el capo uruguayo fue detenido en un operativo policial y posteriormente extraditado a Estados Unidos, escoltado por agentes de la DEA en un vuelo chárter.

Quién era José Pedro Rojas Velasco

La víctima, alias Pepa, tenía 29 años y era un piloto oriundo de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, que inició su carrera en el automovilismo en 2022. Compitió en distintas categorías regionales en el rally. La causa de su muerte fue un shock hipovolémico provocado por impacto de arma de fuego. El cuerpo presentaba seis heridas de bala, cuatro con orificio de entrada y salida y dos solo de entrada. Según información preliminar de la policía, Rojas Velasco sería el piloto de Sebastián Marset, líder de una organización criminal.

Las armas y municiones que fueron robadas de un batallón en Bolivia estaban destinadas a grupos delictivos vinculados a la minería ilegal, según las investigaciones preliminares.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Henry Pinto, informó este lunes en conferencia de prensa que seis militares y tres extranjeros —un venezolano y dos peruanos— implicados en el robo ocurrido el fin de semana en el Batallón de Infantería de Marina VI “Independencia”, de Chua Cocani, en la ruta a la turística Copacabana en La Paz.

De acuerdo a la información oficial, los elementos sustraídos son 4 fusiles FAL, 4 fusiles AKT-56-2, 3 escopetas Mossberg, 3 pistolas Norinco, 2 pistolas Glock 17, 1 pistola Steyr L9-A1 y aproximadamente 250 cartuchos calibre 7,62. Todo este material estaba destinado a actividades ilegales en el municipio paceño de Sorata.

“Este armamento iba a dar a manos de una organización criminal dedicada al avasallamiento de tierras y a la minería ilegal. Y es posible que también a otro tipo de hechos”, explicó el coronel Pinto, flanqueado por el comandante de la Armada, Ernesto Alfaro y otras autoridades del mando militar.

Mientras las investigaciones continúan para identificar a todos los autores intelectuales y materiales, la Policía logró recuperar la mayor parte de las armas robadas y se desplegaron militares a zonas fronterizas para evitar el traslado del armamento fuera del país.

La minería ilegal en Bolivia ha crecido en los últimos años impulsada por el aumento del precio del oro, la expansión de cooperativas mineras y limitaciones en los mecanismos de control estatal. Esta actividad se concentra en regiones amazónicas y tropicales del país, donde existen reportes que vinculan la minería ilegal con el avasallamiento de tierras, la presencia de grupos armados y ataques a líderes locales.

En el municipio de Sorata, ubicado 150 kilómetros al norte de la sede de Gobierno, se han registrado operativos recientes de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam) para desmantelar campamentos ilegales, con decomiso de maquinaria y enfrentamientos con grupos vinculados a la explotación aurífera.

Según un comunicado de prensa institucional, una de las intervenciones fue interrumpida por “detonaciones y disparos”, que dejaron a un efectivo policial herido y daños materiales en el lugar.

En otra acción conjunta con la Policía, se logró desmantelar un campamento clandestino, inutilizar maquinaria pesada y generar una afectación económica significativa a las operaciones ilegales en el sector, señala la nota.

“Estos antecedentes, evidencian que la minería ilegal en la región no solo persiste, sino que presenta niveles crecientes de organización y violencia, configurando un escenario de alto riesgo para la intervención estatal”, señala el comunicado de la Ajam, en el que apunta la necesidad de generar acciones coordinadas con otras instancias para combatir un delito que ha evolucionado a “formas más complejas de organización” y se ha vinculado con otras actividades ilícitas.

El informe “Cambio climático, minería ilegal y derechos humanos en la Amazonía”, elaborado por la Coalición contra la Minería Ilegal en la Amazonía (CMIA), establece como acciones urgentes fortalecer la vigilancia estatal, regular la cadena del oro, asegurar la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones y establecer mecanismos regionales de cooperación para combatir este delito.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, respondió al exmandatario Evo Morales (2006-2019) sobre sus comentarios en relación a la crisis de combustibles y la supuesta intención de privatizar la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

En una publicación en X, Paz le dijo a Morales que “no tiene autoridad moral” para referirse a la compañía petrolera que, junto al expresidente Luis Arce, “quebraron”.

“Cuando entraste, YPFB era la empresa con más recursos, con reservas petrolíferas y gasíferas del país. Durante 20 años, tú y tu ministro Arce de Economía no hicieron más que usarla para intereses políticos, gastar el gas y no asegurar el futuro de la patria”, escribió el mandatario boliviano en un mensaje inusualmente extenso.

Paz también responsabilizó a Morales por haber dejado al país “sin gas y sin futuro hidrocarburífico”, a pesar de haber nacionalizado los recursos petroleros en 2006. “La soberanía energética que nos prometieron hoy es un fracaso porque la negociaste y la vendiste”.

El presidente defendió las críticas a su gestión al señalar que “no pueden pretender que resolvamos en meses lo que destruyeron con corrupción en 20 años” y descartó rumores sobre la privatización de la petrolera. “Nadie va a privatizar YPFB, la haremos eficiente”, finalizó.

Un día antes, Morales había manifestado en un programa radial que existe una campaña de desprestigio contra YPFB con la intención de privatizar la compañía. “De manera intencionada, están haciendo campaña de la mala imagen. Dicen ‘YPFB ya no sirve, entonces hay que privatizar’”, afirmó el exmandatario.

Las declaraciones de ambos líderes políticos ocurren en medio de una crisis de combustible que lleva un par de meses sin resolverse y en un proceso de reorganización institucional del sector de los hidrocarburos, tras la renuncia de la anterior presidenta de YPFB y el relevo del ministro de Hidrocarburos, los dos principales ejecutivos del área.

En su carta de renuncia, la expresidenta de YPFB, Claudia Cronenbold, ofreció un diagnóstico crítico sobre la principal empresa del país por su estado “significativamente más deteriorado de lo previsto”, producto de prácticas acumuladas durante al menos dos décadas, y afirmó que las reformas estructurales necesarias requieren más tiempo que el que ofrece la política.

Bolivia padeció más de dos años de abastecimiento irregular de combustible debido a la caída de la producción local y las limitaciones económicas para la importación. En diciembre, tras el cambio de gobierno, se levantó el subsidio a los carburantes —que por 20 años habían mantenido un precio fijo y menor al del mercado internacional— y se regularizó el suministro.

Sin embargo, semanas más tarde surgió otro conflicto: una ola de denuncias de que la gasolina que se vendía estaba en mal estado y provocaba daños mecánicos en los vehículos. El Gobierno no tardó en admitir que había distribuido “gasolina desestabilizada”, pero sin responsabilizarse por su origen y ofreciendo versiones distintas que van desde residuos tóxicos en tanques hasta la existencia de redes de “sabotaje” internas y externas.

El conflicto se agravó en las últimas semanas con denuncias de escasez de diésel y manifestaciones de sindicatos transportistas. El Gobierno atribuyó la situación a la sobredemanda de combustible por la temporada agrícola y se comprometió a incrementar los despachos, con lo que se levantaron las medidas de presión en La Paz.

Esta seguidilla de problemas que no terminan de resolverse estuvo acompañada de inestabilidad institucional: en cinco meses de Gobierno, Paz tuvo dos ministros de hidrocarburos, tres presidentes de YPFB y dos directores de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en busca de rumbo para reestructurar el sector.

Tres asesinatos en distintas localidades de Santa Cruz este domingo marcan una jornada atravesada por la violencia. Los crímenes, que en principio no están vinculados entre sí, ocurrieron en los municipios de San Matías, Puerto Quijarro y Warnes. Los tres casos ocurrieron en espacios públicos y fueron ejecutados con armas de fuego.

El primer caso ocurrió en San Matías, una localidad fronteriza con Brasil, donde un hombre identificado como Douglas Q.R., de 42 años y con antecedentes de narcotráfico, fue atacado mientras se presenciaba un campeonato de fútbol en un centro deportivo, según el reporte policial. Los testigos relataron que personas desconocidas se acercaron súbitamente a la víctima, le dispararon varias veces y se dieron a la fuga.

El segundo asesinato ocurrió en Puerto Quijarro, también cerca de la frontera con Brasil; un hombre de nacionalidad brasileña, identificado como Luiz Antonio P.L., fue abatido con arma de fuego. En el ataque, una mujer que lo acompañaba resultó herida y fue trasladada a la localidad de Corumbá, en Brasil, para recibir atención médica; mientras que el cuerpo de la víctima fue trasladado a Santa Cruz de la Sierra para realizar la autopsia.

El tercer caso ocurrió en el municipio de Warnes, distante unos 30 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, cuando el piloto de rally José Pedro R., de 28 años, fue asesinado minutos antes de iniciar una competencia automovilística.

Según las personas que se encontraban en el lugar, ubicado justo detrás del aeropuerto de Viru Viru, el piloto se disponía a ubicarse en la línea de salida cuando fue interceptado por una vagoneta, de la que bajó un hombre con el rostro cubierto que abrió fuego contra el joven y luego escapó.

La víctima era investigada por vínculos con el presunto narcotraficante Sebastián Marset, según publicaron algunos medios locales. En el ataque, su copiloto resultó herido y fue trasladado de emergencia a una clínica privada.

La Fiscalía boliviana y agencias especializadas de la Policía realizan las investigaciones para identificar a los sicarios y buscan esclarecer las causas de los crímenes; de momento no hay ningún detenido por estos hechos. El fiscal general Roger Mariaca informó en conferencia de prensa que convocó a varias instituciones a realizar un trabajo coordinado para combatir la expansión de la violencia y desarticular posibles grupos delictivos.

La criminóloga y exdirectora del Observatorio de Seguridad Ciudadana, Gabriela Reyes, manifestó en entrevista con Infobae que estos hechos son el resultado de no haber desmantelado la estructura de Sebastián Marset tras su captura el 13 de marzo; y dijo que, aunque no están conectados directamente, podrían ser parte de una pugna entre organizaciones criminales.

“Estamos viendo las consecuencias de no desarticular la organización de Marset. Si bien se lo ha expulsado, la organización sigue intacta. Los detenidos son eslabones débiles y reemplazables, pero las estructuras más importantes están intocables, no hay nadie detenido”, afirmó.

Según Reyes, esta reconfiguración dentro del crimen organizado puede escalar en violencia si no hay una respuesta efectiva de parte del Estado en el desmantelamiento de las redes de narcotráfico. “Es importantísimo tomar el control (…) se podría haber tomado acciones para desarticular económicamente a las organizaciones y no lo han hecho, los resultados son claros: aumento de la violencia, pugnas y cero detenciones”.

La simultaneidad y el contexto de estos hechos, a poco más de un mes de la caída de Marset, plantean interrogantes sobre la capacidad del Estado para combatir organizaciones criminales que se reacomodan con rapidez, especialmente en zonas sensibles como las fronteras y los corredores logísticos de la cocaína. El desafío está a la vista.

El presidente interino de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, advirtió que Bolivia está “a puertas de una crisis energética” y que, de no revertirse las tendencias actuales, podría necesitar importar gas natural en un plazo de cuatro o cinco años. De ser así, el país pasaría de ser uno de los mayores exportadores de gas natural de la región a importador en menos de dos décadas.

“La falta de inversión que en los últimos años ha generado que nuestras reservas vayan cayendo sistemáticamente, nuestra producción de gas y líquidos caiga, y esto es una tendencia que tenemos que revertir como prioridad nacional”, explicó Daroca en una entrevista en el canal Unitel y dijo que las gestiones anteriores dejaron al país en “riesgo energético, estamos a puertas de tener una crisis energética mucho mayor.”

El presidente de la petrolera estatal, que hasta su posesión ocupaba el cargo de gerente de Operaciones de la compañía, afirmó que si no se asumen acciones concretas para aumentar la producción, en un “plazo de cuatro a cinco años”, el país podría “tener la necesidad incluso de importar gas natural”.

La producción de gas en Bolivia ha experimentado una caída significativa en la última década, reduciéndose casi a la mitad entre el pico alcanzado en 2014 —cuando producía aproximadamente 60 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd)— y los niveles registrados en 2024. La caída se atribuye al agotamiento natural de los campos, la falta de inversión en exploración y una gestión ineficiente del sector.

La declaración de Daroca se enmarca en un proceso de reorganización institucional del sector de los hidrocarburos —tras la renuncia de la anterior presidenta de YPFB y el relevo del ministro de Hidrocarburos, los dos principales ejecutivos del área— y en medio de una crisis por combustible que lleva más de dos meses sin resolverse.

El problema reciente de la gasolina de mala calidad, que el gobierno define como “desestabilizada”, surgió a mediados de enero, pocas semanas después de que la administración de Rodrigo Paz eliminara la subvención a los combustibles y ajustara los precios que habían estado fijos en el mercado por veinte años.

En febrero, el Gobierno admitió que había distribuido combustible de la mala calidad, pero no se responsabilizó por su origen y desde entonces ofreció versiones distintas: inicialmente lo atribuyó a residuos de goma y manganeso en los tanques de almacenamiento “heredados” de gestiones anteriores y luego denunció planes de sabotaje internos y la existencia de redes delictivas internacionales que sustituirían parte de la gasolina con agua y aceite.

Mientras las protestas y los reclamos iban en aumento, la estatal petrolera creó un sistema para resarcir a los usuarios que certifiquen daños vehiculares atribuidos a la gasolina. Según datos de YPFB, hasta la primera semana de abril se habían destinado 9,7 millones de bolivianos, equivalentes a más de un millón de dólares, al pago de compensaciones a más de ocho mil choferes.

En las últimas semanas y en medio de los ajustes institucionales, también se reportó escasez de diésel que el Gobierno atribuyó a la sobredemanda de las actividades agrícolas por la temporada. En sus primeras declaraciones, Daroca afirmó que se aumentaron los despachos y que esta semana se regularizará el suministro.

Varios analistas advierten que los problemas de abastecimiento, calidad y producción reflejan un deterioro sostenido del sistema energético nacional. En este contexto, dirigentes de los transportistas de La Paz han anunciado manifestaciones de este lunes para exigir soluciones definitivas a un problema además de decisiones políticas necesita tiempo.

La semana inicia con el anuncio de movilizaciones de varios sectores en Bolivia y el arribo a la sede de Gobierno de una marcha campesina que inició hace más de dos semanas en la región amazónica de Pando, al norte del país, en rechazo principalmente a una ley que autoriza la reclasificación de la tierra.

A la movilización se sumó una columna de 150 campesinos de San Ignacio de Moxos, en Beni, y organizaciones de otras regiones han anunciado que se integrarán progresivamente, entre ellos la Federación de Trabajadores Mineros, lo que sube la presión contra el Gobierno al tratarse de uno de los sectores de mayor influencia en la agenda política nacional. La marcha arribó este domingo a la localidad de Caranavi y se estima que llegue a La Paz el viernes 1 de mayo luego de recorrer 160 kilómetros.

Los marchistas consideran que la Ley 1720, que fue promulgada el 8 de abril y que establece la reconversión voluntaria de la tierra de pequeña a mediana propiedad, pone en riesgo a los pequeños productores y amenaza los territorios indígenas.

El sistema anterior, vigente desde 1953, prohíbe la comercialización de las pequeñas propiedades y fue diseñado con el objetivo de evitar la concentración de la tierra en pocas manos y el desplazamiento progresivo de campesinos y productores. Con la nueva ley —denominada Conversión de la Pequeña Propiedad Agraria a Mediana o Empresarial—, las pequeñas propiedades, de hasta 500 hectáreas, quedan abiertas al mercado al poder ofrecerse como garantía para préstamos bancarios.

El Gobierno y algunos legisladores defienden la ley en nombre de la libertad individual, del desarrollo de los campesinos y del derecho a la propiedad, y han subrayado que el cambio de clasificación es voluntario.

En tanto, algunos críticos y analistas observan que pone en peligro a la población más vulnerable al permitir que pequeños propietarios hipotequen y pierdan sus parcelas y puede fomentar la concentración de la tierra. También observan que el trámite se realice a simple solicitud del propietario y sin ningún criterio técnico.

En paralelo a este conflicto está el otro dolor de cabeza del Gobierno: el problema del combustible. Tras más de tres meses de reclamos por la mala calidad de la gasolina —que el gobierno admitió pero sin responsabilizarse por su origen ni resolver de fondo el problema—, en la última semana hubo un suministro irregular de diésel, lo que provocó el reclamo de sectores estratégicos, como el transporte pesado y la agroindustria, para normalizar su distribución.

En ese marco, la Cámara Departamental de Transporte de La Paz convocó a una marcha sectorial este lunes por la supuesta falta de respuestas de la administración de Rodrigo Paz a sus demandas.

“El sector ha coadyuvado con el incremento del precio del combustible, por lo que no existe justificativo para la actual escasez”, señala el comunicado del sector en referencia al aumento en el precio de los carburantes tras el levantamiento del subsidio en diciembre pasado.

Los reclamos de los transportistas —que básicamente son la regularización del abastecimiento de combustible y la garantía de su calidad— se dan una semana después de los ajustes que hizo el presidente en el sector de hidrocarburos. Posesionó a un nuevo presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tras la renuncia de su antecesora y cambió al ministro de Hidrocarburos, en busca de soluciones a un conflicto que no ha parado de escalar y que supone una prueba de fuego para su gestión.

El presidente de YPFB, Sebastián Daroca, atribuyó la escasez a la sobredemanda por actividades agrícolas y afirmó que se incrementaron los despachos de diésel, por lo que en los próximos días tendría que regularizarse el suministro.

En este escenario, el presidente manifestó que no teme al aumento de las protestas sociales. “Bolivia quiere cambio y yo no le tengo miedo a las movilizaciones; soy un constructor de la democracia que creció entre marchas y liderazgos históricos”, afirmó el jefe de Estado el viernes tras un encuentro con las nuevas autoridades departamentales. “A lo que le tengo miedo es no tener soluciones al futuro de nuestra patria”, agregó.

Bolivia perdió un arbitraje internacional con el banco español BBVA, una de las entidades que administró durante más de 25 años las pensiones de los trabajadores, y deberá pagar 105 millones de dólares de compensación, según dio a conocer la Procuraduría General del Estado. Con este fallo, la deuda global del país supera los 479,9 millones de dólares.

El pago se fija luego de que el Tribunal Supremo de los Países Bajos rechazara la solicitud del Estado boliviano para anular el laudo arbitral internacional, con lo que se ratificó un fallo emitido en 2022. Según el procurador Hugo León, todas las instancias legales en este proceso arbitral se agotaron, por lo que el pago constituye una obligación jurídica definitiva.

“El Tribunal Supremo de los Países Bajos desestimó el recurso de Bolivia, con esta decisión, el fallo quedó firme, definitivo e irreversible”, afirmó León. “El Estado ha utilizado los mecanismos legales disponibles; estamos, por lo tanto, ante una obligación jurídica consolidada”, agregó.

La decisión del tribunal pone fin a una controversia que se originó tras la nacionalización del sistema privado de pensiones en 2010, durante el gobierno del ex presidente Evo Morales (2006-2019), cuando el país asumió el control de la administración de las pensiones que hasta entonces estaban en manos de dos compañías privadas: BBVA Previsión y Futuro de Bolivia.

El Gobierno creó en 2010 la Gestora Pública de Pensiones que, tras un proceso gradual de implementación, se puso en marcha en el año 2023.

Según el banco español, en diversas ocasiones buscaron negociar con el gobierno de Bolivia un traspaso “fluido y ordenado con el regulador y las autoridades”, pero no hubo acercamiento en las posturas “en particular respecto a la valoración del negocio de la AFP”, señala una nota de prensa.

En ese sentido, en 2018 presentó una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). En 2022, el organismo falló a su favor y ordenó al Estado boliviano pagar la indemnización.

Pese a que Bolivia intentó revertir esa determinación, el fallo del Tribunal Supremo lo ratifica y sube la deuda boliviana a más de 477,9 millones de dólares. En marzo la Procuraduría informó que el país debía pagar 444,6 millones de dólares por arbitrajes de inversión y 33,2 millones por juicios comerciales, luego de haber ganado solo dos de 28 arbitrajes internacionales.

La millonaria deuda se presenta en un momento complejo para el país que, tras más de una década de bonanza por la exportación de las materias primas, atraviesa una crisis económica atribuida principalmente a la debacle de la industria de los hidrocarburos y la caída en la renta petrolera.

Bolivia sufrió una desaceleración progresiva de su economía desde el 2014 que se manifestó en las calles a inicios de 2023 cuando se impusieron restricciones en las transacciones en dólares debido a la escasez y surgió un mercado paralelo de divisas, que provocó el aumento sostenido de los precios de productos básicos.

Adicionalmente, las dificultades de importación de combustible provocaron irregularidades en el suministro y perjuicios para sectores estratégicos de la economía. El año 2025 cerró con una inflación de 20,4% y para este año el Gobierno proyecta un 14% con un déficit fiscal de 9%.

Al darse a conocer el fallo relacionado al banco español, la Procuraduría General del Estado anunció que impulsa auditorías a todos los procesos y arbitrajes que enfrentó el país en tribunales internacionales con el objetivo de “sancionar a los responsables si se adoptaron malas políticas de defensa” y tratar de recuperar los recursos comprometidos. En paralelo, autoridades de la procuraduría afirman que se trabajará en fortalecer la defensa legal del Estado en litigios internacionales que aún están en curso.

Mediante una publicación en su cuenta de X, el presidente José Antonio Kast celebró el encuentro de este jueves entre los cancilleres de Chile y Bolivia en La Paz, en el que ambos acordaron “avanzar en el entendimiento y la cooperación” en temas de “interés mutuo”, y aseguró que “espera pronto” viajar al país vecino para reunirse con su par, Rodrigo Paz.

“Chile y Bolivia tienen mucho futuro por delante y queremos profundizar nuestra relación. Valoro el encuentro y acuerdos alcanzados entre cancilleres Pérez Mackenna y Aramayo. Espero pronto visitar Bolivia y reunirme con el Presidente Rodrigo Paz”, señaló Kast.

En la cita, los cancilleres Francisco Pérez Mackenna y Fernando Aramayo coincidieron en la necesidad de fortalecer el control fronterizo para combatir la migración irregular y el crimen organizado, y reactivaron el Mecanismo de Consultas Políticas entre ambos países tras 16 años.

Ambos emitieron una declaración conjunta desde Ministerio de Relaciones Exteriores en La Paz luego de reunirse en la frontera binacional, escenario de años de distanciamiento por la cuestión marítima y demandas ante la Corte Internacional de Justicia.

“Queremos fortalecer la coordinación bilateral en materia de control migratorio y modernización de la infraestructura fronteriza en el marco de la lucha contra la migración irregular, el crimen organizado, la trata de personas, el contrabando y el narcotráfico”, manifestó Pérez Mackenna.

En tanto, Aramayo destacó la importancia de retomar las consultas a más alto nivel, señalando que esto “refleja la voluntad compartida de institucionalizar este nuevo momento marcado por la voluntad política, el respeto mutuo y la convicción de que es posible avanzar en el entendimiento y la cooperación, incluso considerando las diferencias históricas que han caracterizado nuestro vínculo”.

Previo a la reunión, el canciller altiplánico calificó la visita de su par chileno como “un hito fundamental” en el proceso de restablecimiento de relaciones, a lo que Pérez Mackenna agregó que se trata de “un nuevo comienzo con mucha esperanza y optimismo”.

Esta jornada, la delegación de Chile visitará Santa Cruz de la Sierra, motor económico del país vecino, para participar de otro encuentro empresarial.

Relación conflictiva

Bolivia y Chile mantienen una relación marcada por el conflicto histórico surgido tras la Guerra del Pacífico (1879-1883), en la que Bolivia perdió su litoral y quedó sin salida al mar. En 2013, el gobierno de Evo Morales presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que Chile negociara una salida soberana al océano Pacífico para Bolivia. Chile, por su parte, respondió con una demanda por aguas fronterizas en disputa.

En 2018, la CIJ rechazó la solicitud boliviana de obligar a Chile a negociar un acceso marítimo, lo que representó un revés para el país y para Morales. Cuatro años después, la misma corte desestimó la demanda de Bolivia por las aguas de un río fronterizo.

Tras casi dos décadas de gobiernos de izquierda, la llegada de Rodrigo Paz a la presidencia de Bolivia en noviembre marcó un acercamiento hacia Chile, aunque el mandatario aclaró que el país no renunciará a su aspiración de recuperar una salida al mar. En marzo, Paz asistió a la toma de juramento del presidente Kast en Santiago de Chile.

Al asumir el poder, Kast ordenó la construcción de zanjas en la frontera con Perú y Bolivia como parte de su estrategia para frenar la inmigración ilegal y el crimen organizado.

El mandatario boliviano manifestó su desacuerdo y, durante el Día del Mar, fecha en la que Bolivia reivindica su reclamo marítimo, señaló: “Nosotros no hacemos zanjas, nosotros hacemos puentes de integración económica”.

Cabe recordar que el reciente encuentro entre los cancilleres de ambos países se produce además pocos días después de la expulsión de Chile de 12 ciudadanos bolivianos con antecedentes penales.

El Gobierno de Bolivia presentó este jueves un informe sobre las condiciones en las que se encuentran 67 empresas del país-42 públicas y 25 firmas mixtas-, la mayoría de las cuales opera con pérdidas y una creciente dependencia de deudas.

El director ejecutivo de la Oficina para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho, explicó que el estudio identificó 15 empresas en “quiebra técnica” y con pérdidas millonarias.

Según el funcionario, la pérdida acumulada de estas firmas supera el equivalente a 380 millones de dólares y tienen un patrimonio negativo superior a los 273 millones de dólares al tipo de cambio oficial.

“La mayoría opera con pérdidas permanentes (…) hoy tenemos 15 empresas con quiebra técnica”, manifestó en una conferencia de prensa en la que se presentó una plataforma de información pública para hacer seguimiento al estado de las compañías estatales con datos sobre las pérdidas, los préstamos y la rentabilidad.

La plataforma incluye información de empresas estratégicas en los sectores de hidrocarburos, minería, energía, agroindustria, transporte, aviación y telecomunicaciones y muestra los estados financieros, sus patrimonios y sus deudas.

Entre las firmas analizadas figuran empresas importantes como todas las subsidiarias de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) y Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB), entre otras.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, anunció acciones sobre las empresas estatales y afirmó que las compañías que no cumplan con ciertos criterios “van a tener que ser cerradas”.

Antes de 2006, Bolivia contaba con algunas empresas públicas en sectores estratégicos. Sin embargo, desde la presidencia de Evo Morales (2006-2019) se impulsó la participación del Estado en la economía a través de la nacionalización de compañías que habían sido privatizadas años antes y la creación de empresas estatales con el excedente de la renta petrolera. El objetivo mayor apuntaba a diversificar la matriz productiva, promover la industrialización del país y generar fuentes de empleo.

Sin embargo, la mala gestión de las empresas y las persistentes denuncias de irregularidades administrativas, junto a errores estratégicos como la construcción de plantas en lugares donde no existe la suficiente materia prima para su funcionamiento, ocasionaron rendimientos por debajo de los esperados y evitaron el cumplimiento cabal de los objetivos del Gobierno.

Uno de los casos emblemáticos es el de la Empresa Azucarera San Buenaventura, creada en 2010 y puesta en marcha cinco años más tarde, que está ubicada en el norte de La Paz, en una zona que no tiene grandes cultivos de caña. Al no contar con la materia prima suficiente, la planta nunca operó al 100% de su capacidad.

Otra de las firmas que ha estado en el centro del debate en los últimos años es Quipus, una empresa de ensamblaje de equipos tecnológicos a la que se ha cuestionado la baja rentabilidad y la presunta obsolescencia de sus productos, los cuales además tendrían precios altos en comparación con marcas importadas.

Las empresas públicas también han sido un eje de polarización política en los últimos años. Mientras los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), con Evo Morales y Luis Arce (2020-2025), han defendido el modelo y la continuidad de las compañías, otro sector de la población las considera un despilfarro económico.

“El anterior Gobierno nos dejó una bomba molotov, pero además con la mecha encendida. Hoy no sólo mostramos la bomba, sino el daño a la economía de todos los bolivianos”, manifestó el director de OFEP durante la presentación del informe sobre las firmas estatales.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, posesionó este jueves a Sebastián Daroca como nuevo presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), tercer jefe de la empresa estatal en lo que va de su gestión.

El nombramiento se da en un momento de tensión para el Gobierno tras la renuncia de la expresidenta de YPFB, la destitución del Ministro de Hidrocarburos y la falta de soluciones al conflicto por la calidad del combustible que se agravó en los últimos días por denuncias de escasez de diésel y gasolina, lo que ha provocado el surgimiento de filas en algunas estaciones de servicio del país.

En ese contexto, Daroca —que hasta ayer era gerente de Operaciones de la compañía— se comprometió a garantizar el abastecimiento y la calidad de los combustibles; además de mantener su precio, tras el ajuste de diciembre cuando se levantó el subsidio a los carburantes.

“Presidente, debo informarle que ya hemos tomado las acciones para abastecer la sobredemanda de diésel generada por diversos factores en distintos lugares productivos del país”, manifestó Daroca en su posesión.

Bolivia pasó, en el paso de diez años, de ser un exportador de gas natural a depender casi totalmente de las importaciones de combustible. El país importa más del 90% de diésel y más del 50% de la gasolina que necesita para abastecer su mercado interno, lo que provoca irregularidades en el suministro en un contexto de crisis económica.

Adicionalmente, en los últimos meses surgieron denuncias sobre mala calidad del combustible que el Gobierno admitió y atribuyó a varios factores que van desde contaminación de los tanques de almacenamiento hasta redes delictivas internacionales que sustituyen parte del producto con agua y aceite.

“Mi prioridad será solucionar del todo el problema de la gasolina desestabilizada, garantizar la calidad de los carburantes, asegurar la provisión del combustible y acelerar el pago del resarcimiento a los afectados”, manifestó Daroca en un discurso leído. En su último punto se refiere al seguro económico que activó el Gobierno para compensar daños en vehículos afectados por la gasolina contaminada.

Daroca asumió el cargo tras la renuncia de Claudia Cronenbold —la exejecutiva de Petrobras que había asumido veinte días antes— alegando que la situación de la compañía estaba “significativamente más deteriorada” de lo previsto y que los tiempos técnicos que requiere su restructuración son más amplios que los que la política demanda.

Durante la posesión de su sucesor, que se realizó cerca de las 11 de la noche del jueves, Paz agradeció a Daroca el “valor” de asumir la dirección de la empresa y le encargó “luchar contra la corrupción que día a día no hace más que atacar los bolsillos de los bolivianos”.

El sector energético es el más inestable de la administración de Paz. El cambio en la dirección de YPFB es el tercero en los cinco meses de Gobierno, y se suma a la destitución reciente del exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, que el miércoles fue sustituido por Marcelo Blanco. Adicionalmente, en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, hubo dos jefaturas desde el inicio del mandato.

Estos cambios, entre renuncias y destituciones, se producen en medio de cuestionamientos sobre la política de Estado sobre el sector de los hidrocarburos y la capacidad operativa de la mayor empresa estatal del país.

Los cancilleres de Bolivia y Chile mantuvieron el jueves un diálogo centrado en el fortalecimiento del control fronterizo para combatir la migración irregular y el crimen organizado, al tiempo que reactivaron el Mecanismo de Consultas Políticas entre ambos países al más alto nivel tras 16 años.

El canciller boliviano, Fernando Aramayo, y su homólogo chileno, Francisco Pérez Mackenna, se reunieron en el Ministerio de Relaciones Exteriores en La Paz, tras un encuentro previo en la frontera binacional, escenario de años de distanciamiento por la cuestión marítima y demandas ante la Corte Internacional de Justicia.

“Queremos fortalecer la coordinación bilateral en materia de control migratorio y modernización de la infraestructura fronteriza en el marco de la lucha contra la migración irregular, el crimen organizado, la trata de personas, el contrabando y el narcotráfico”, afirmó Pérez Mackenna durante una declaración conjunta con Aramayo.

Ambos gobiernos deberán coordinar los mecanismos correspondientes respetando los acuerdos bilaterales para garantizar los derechos de la población de ambas naciones, según informó la cancillería boliviana.

Aramayo destacó la importancia de retomar las consultas a más alto nivel, señalando que esto “refleja la voluntad compartida de institucionalizar este nuevo momento” en la relación bilateral.

“Un momento marcado por la voluntad política, el respeto mutuo y la convicción de que es posible avanzar en el entendimiento y la cooperación incluso considerando las diferencias históricas que han caracterizado nuestro vínculo”, indicó el ministro boliviano.

Por su parte, el canciller Pérez Mackenna mencionó que, además de los temas políticos, se acordó “iniciar la negociación de un nuevo acuerdo comercial” entre Bolivia y Chile.

Previo a la reunión, Aramayo calificó la visita de su par chileno como “un hito fundamental” en el proceso de restablecimiento de relaciones. Pérez Mackenna añadió: “Es un nuevo comienzo con mucha esperanza y con mucho optimismo”.

El viernes, la delegación de Chile estará en la ciudad oriental de Santa Cruz de la Sierra, la más poblada y el motor económico de Bolivia, para participar en otro encuentro empresarial.

Bolivia y Chile mantienen una relación marcada por el conflicto histórico surgido tras la Guerra del Pacífico (1879-1883), en la que Bolivia perdió su litoral y quedó sin salida al mar. En 2013, el gobierno de Evo Morales presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que Chile negociara una salida soberana al océano Pacífico para Bolivia. Chile, por su parte, respondió con una demanda por aguas fronterizas en disputa.

En 2018, la CIJ rechazó la solicitud boliviana de obligar a Chile a negociar un acceso marítimo, lo que representó un revés para el país y para Morales. Cuatro años después, la misma corte desestimó la demanda de Bolivia por las aguas de un río fronterizo.

Tras casi dos décadas de gobiernos de izquierda, la llegada del centroderechista Rodrigo Paz a la presidencia de Bolivia en noviembre marcó un acercamiento hacia Chile, aunque el mandatario aclaró que el país no renunciará a su aspiración de recuperar una salida al mar. En marzo, Paz asistió a la toma de juramento del presidente chileno José Antonio Kast, de tendencia ultraderechista.

Al asumir el poder, Kast ordenó la construcción de zanjas en la frontera con Perú y Bolivia como parte de su estrategia para frenar la inmigración ilegal y el crimen organizado.

El mandatario boliviano manifestó su desacuerdo y, durante el Día del Mar, fecha en la que Bolivia reivindica su reclamo marítimo, señaló: “Nosotros no hacemos zanjas, nosotros hacemos puentes de integración económica”.

El reciente encuentro entre los cancilleres de ambos países se produce pocos días después de la expulsión de Chile de 12 ciudadanos bolivianos con antecedentes penales.

(Con información de Assosciated Press)

Los cancilleres de Chile y Bolivia se reunieron este jueves en la frontera común, iniciando un proceso para restablecer las relaciones diplomáticas interrumpidas hace 50 años, según confirmó Fernando Aramayo, el ministro de Relaciones Exteriores boliviano.

El proceso, desarrollado en el marco de la diplomacia de paz impulsada por el Estado boliviano, contempla la gestión conjunta de asuntos fronterizos, la integración y el tratamiento de desafíos compartidos.

Ambos países rompieron relaciones diplomáticas formales en 1975, tras la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre la salida al mar que Bolivia perdió en la Guerra del Pacífico, conflicto que los enfrentó a fines del siglo XIX.

Desde entonces, la relación se ha limitado a la actividad consular y a contactos esporádicos en foros multilaterales, sin intercambio de embajadores. El único paréntesis en esta situación se registró entre 1975 y 1978, cuando existió un intento fallido de restablecimiento pleno.

La llegada de José Antonio Kast a la presidencia de Chile el pasado 11 de marzo, y de Rodrigo Paz al gobierno de Bolivia en noviembre, abrió una nueva etapa en la relación bilateral.

Según la Cancillería chilena, desde el inicio de ambos mandatos se ha trabajado para generar una agenda positiva que permita reconstruir la confianza entre los dos países. El encuentro de los cancilleres fue presentado como el inicio de un nuevo ciclo, con énfasis en la cooperación económica y comercial, aunque sin dejar de lado la histórica aspiración marítima boliviana.

La delegación chilena, integrada también por la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, Paula Estévez, y un grupo de empresarios, permanecerá dos días en territorio boliviano.

El cronograma incluyó reuniones con autoridades del gobierno de Paz y encuentros empresariales tanto en La Paz como en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, motor económico del país. El objetivo de estas actividades, según informaron ambos ministerios, es intercambiar oportunidades de negocios, inversiones y explorar iniciativas que fortalezcan los lazos económicos entre Chile y Bolivia.

La Cancillería de Bolivia, por su parte, destacó que el diálogo bilateral contempla también la gestión fronteriza y la integración regional.

Además, entre otros ejes, se hizo hincapié en la necesidad de avanzar en una diplomacia de paz, basada en el respeto mutuo y en la búsqueda de soluciones a los desafíos compartidos.

El comunicado oficial subrayó que el gobierno de Paz mantiene la aspiración marítima como parte de la agenda, aunque el tono general del proceso privilegia la cooperación inmediata en temas de desarrollo.

Las gestiones consulares, los acuerdos sobre tránsito, comercio fronterizo y cooperación en seguridad forman parte de los compromisos asumidos durante las reuniones técnicas realizadas en La Paz.

(Con información de AFP y EFE)

El ministro de Obras Públicas de Bolivia, Mauricio Zamora, pidió disculpas al embajador de Francia en su país, Oliver Fontan, quien sufrió demoras en un vuelo y en la entrega de su equipaje durante un viaje en la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA).

“El embajador es una de las personas que ha tenido problema con su maleta y quiero pedirle disculpas no solo a él sino a todos los bolivianos”, manifestó Zamora en una conferencia de prensa.

La declaración del funcionario se da luego de que el embajador denunciara a través de las redes sociales los problemas que tuvo con el servicio de la aerolínea estatal. Sin precisar el destino ni la fecha del viaje, Fontan señaló que la compañía modificó el horario de su vuelo sin notificación previa y no embarcó el equipaje de ninguno de los pasajeros que iban en el avión.

Según su relato, las maletas fueron entregadas el día después. “24 horas perdidas, agenda desorganizada, por irresponsabilidad, incompetencia. ¿O tal vez, a este nivel de competencia, sabotaje? Y, por supuesto, ni explicación ni disculpa”, finaliza el mensaje del embajador francés.

Tras viralizarse esta denuncia, el ministro responsable de las empresas estatales se disculpó y justificó el retraso a factores externos. “Lo que estamos haciendo en esta nueva administración es que no pase de nuevo, pero hay efectos que uno no puede controlar como ser el tema climatológico”, indicó Zamora.

El ministro extendió las disculpas públicas a todos los afectados con ese vuelo y calificó los inconvenientes como “un hecho aislado”.

Boliviana de Aviación es una empresa que a menudo está en el ojo de la tormenta por reclamos por demoras, fallas en la entrega de equipaje y precios elevados en comparación con rutas similares de otros países. Fue creada en 2007, durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), y es prácticamente un monopolio en el mercado de vuelos domésticos.

Cuando asumió el gobierno de Rodrigo Paz, el ministro Zamora denunció que hubo una mala gestión de la compañía en años anteriores y reveló una serie de irregularidades, entre ellas la falta de aeronaves disponibles para cumplir con el cronograma de vuelos, lo que provocaba los recurrentes retrasos.

En los cinco meses de gestión del nuevo gobierno, se ha incrementado la flota de aviones y se han anunciado acciones para reestructurar la empresa e incorporar nuevas aerolíneas al mercado.

La denuncia del embajador francés coincidió con el cambio del gerente de la aerolínea. Este lunes fue posesionado Eduardo Valdivia en reemplazo de Juan José Galvarro, que había asumido en noviembre pasado.

El ministro Zamora negó que la destitución de Galvarro fuera motivada por irregularidades y afirmó que el cambio responde a una nueva etapa para la compañía. “Fue una decisión del Ministerio dar un siguiente paso a lo que queremos con BoA, por eso es que estuve hace un tiempo atrás viendo otro perfil. Me llegó el perfil de Eduardo, que me impresionó y es lo que yo quería para lo que se viene con BoA (…) no necesitas hacer algo malo para dar un cambio, Juan José hizo un gran trabajo”, afirmó el ministro.

La incertidumbre sobre el manejo del sector hidrocarburífero en Bolivia se profundizó este miércoles con la renuncia de la presidenta de la estatal petrolera y la destitución del ministro de Hidrocarburos. Claudia Cronenbold, que había asumido la jefatura de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) hace apenas tres semanas, dimitió del cargo mediante una carta en la que señaló que los problemas estructurales identificados no pueden resolverse en los plazos que la política exige.

La exjefa de YPFB manifestó en la carta que su corta gestión priorizó un análisis profundo del estado de la empresa en el que identificó “nudos críticos” y una arquitectura institucional “perniciosa” que impiden su correcto funcionamiento. “El diagnóstico técnico y administrativo ha revelado un estado institucional significativamente más deteriorado de lo previsto”, afirmó en el documento.

La expresidenta explicó que la recuperación de YPFB exige una “reingeniería legal y administrativa de largo aliento” y que esos procesos requieren tiempos que no coinciden con la urgencia de resultados que demanda el Gobierno. En ese sentido, señaló que lo “responsable y leal con el proyecto de país” es permitir que se exploren “otras rutas de gestión”.

“No deseo que los tiempos técnicos que mi visión profesional demanda se conviertan en un obstáculo para las metas inmediatas del Estado”, afirmó la expresidenta de la mayor empresa pública del país.

Cronenbold, que tiene más de 20 años de experiencia en el sector y forjó su carrera profesional en Petrobras, había sido posesionada el 30 de marzo en reemplazo de Yussef Alky, en medio de cuestionamientos sobre la calidad del combustible y la ausencia de políticas estructurales para reformar el sector.

Horas después de conocerse públicamente su renuncia, el presidente Rodrigo Paz cesó de funciones al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, y posesionó en su lugar a Marcelo Blanco, que hasta entonces era viceministro de Electricidad y Energías Renovables.

En el acto de posesión, el presidente destacó el trabajo de Medinaceli, a quien atribuyó la elaboración de cuatro proyectos de ley para el sector energético y afirmó que el cambio responde a una nueva etapa para la empresa.

“Ahora pasamos a un nuevo evento de energía que requiere la aplicación, el desarrollo y el debate, la socialización de estas normas, especialmente la de hidrocarburos, con una solución clara a esta desgracia que nos dejaron: un país sin energías, sin gas, sin estos recursos naturales”, indicó el jefe de Estado en relación al manejo del área durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El sector energético es el más inestable de la administración de Rodrigo Paz. En los cinco meses de gestión hubo dos ministros de hidrocarburos, dos (y próximamente tres) presidentes de YPFB y dos directores de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Estos cambios, que se dieron entre renuncias y destituciones, se producen tras una reforma sustancial, como la eliminación del subsidio a los combustibles que fijó nuevos precios en el mercado, y en medio de una crisis de incertidumbre sobre la calidad de la gasolina, luego de más de dos meses de denuncias sobre la mala calidad del producto.

El Gobierno admitió haber distribuido “gasolina desestabilizada”, pero no se responsabilizó por su origen. Las versiones oficiales fueron diversas: pasaron de afirmar que había residuos dañinos en tanques de almacenamiento heredados de la anterior gestión a denunciar planes de sabotaje —internos y externos— que contaminaban el combustible. Para mitigar las protestas, se activó un seguro de resarcimiento de daños vehiculares atribuidos a la gasolina que ha sido entregado a más de siete mil usuarios por un monto equivalente a 1,4 millones de dólares, según datos de YPFB.

Los cambios constantes en las cabezas del sector y la persistencia de los reclamos por el combustible son los síntomas de una crisis que no parece tener una solución en el corto plazo. Su gestión supondrá una prueba de fuego para el Gobierno.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, tomó juramento este miércoles a Marcelo Blanco como nuevo ministro de Hidrocarburos, tras la renuncia de Claudia Cronenbold a la presidencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), quien advirtió sobre el estado “deteriorado” de la empresa estatal.

Blanco, hasta hoy viceministro de Electricidad y Energías Renovables, reemplaza en el cargo a Mauricio Medinaceli. El mandatario nacional agradeció a Medinaceli por su “compromiso al inicio de la gestión” y por avanzar en la elaboración de cuatro proyectos de ley, incluida una nueva norma de Hidrocarburos.

“Ahora pasamos a un nuevo momento (...) que requiere el aplicar el desarrollo del debate, la socialización de estas normas, especialmente la de hidrocarburos como una solución clara a esta desgracia que nos dejaron, a un país sin energías, sin gas”, afirmó Paz durante el acto de juramento.

A su vez, señaló que “las consecuencias claras” de la gestión de los últimos 20 años en el sector de hidrocarburos, bajo gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), llevaron a Bolivia a perder soberanía energética y depender de mercados externos para abastecerse de combustibles.

Blanco “tiene el mandato” de impulsar la aprobación de las nuevas normas energéticas y de aportar su experiencia en el área, según Paz. “Tiene también el mandato que cumplió a cabalidad Mauricio Medinaceli para derrotar al ‘Estado tranca’ que tanto daño nos ha hecho, este ‘Estado tranca’ y corrupto al cual estamos combatiendo con el respaldo de todos ustedes”, agregó.

El cambio de ministro se produjo horas después de la renuncia “irrevocable” de Cronenbold a la presidencia de YPFB. La ex funcionaria argumentó que “el diagnóstico técnico y administrativo” arrojó un “estado institucional significativamente más deteriorado de lo previsto”. Cronenbold, que estuvo menos de un mes en el cargo, apuntó contra los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, al mencionar que YPFB sufrió el “menoscabo de veinte años de gestiones pasadas” y que “una arquitectura perniciosa” con múltiples “candados” obstaculiza la recuperación de la empresa.

La ex titular de YPFB aseguró que revertir la situación exige “una reingeniería legal y administrativa de largo aliento”, en contraste con las demandas gubernamentales de resultados rápidos.

Desde la eliminación de la subvención a los combustibles en diciembre, YPFB enfrenta problemas en la venta de gasolina en mal estado, lo que provocó protestas de los usuarios y sindicalistas. A inicios de febrero, la empresa reportó la detección de residuos de goma y manganeso en los tanques de almacenamiento, lo que causó un “desbalance” en la composición del combustible y atribuyó el problema a gestiones anteriores.

En abril, Paz denunció la existencia de una “mafia internacional” con vínculos en Chile, Argentina y Paraguay, dedicada al robo, adulteración y sabotaje de gasolina y diésel, lo que ocasionó pérdidas de hasta 150 millones de dólares y responsabilizó al gobierno del ex mandatario Arce.

Los sindicatos de transportistas han advertido con retomar las movilizaciones ante los persistentes problemas de calidad de los combustibles y la reciente escasez de diésel.

La llegada de Blanco a la titularidad del Ministerio

El funcionario asume el Ministerio de Hidrocarburos y Energía con un perfil técnico respaldado por una amplia trayectoria en gestión financiera y desarrollo de proyectos energéticos. Licenciado en Administración de Empresas, Blanco cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector financiero, destacándose en la estructuración de inversiones y la administración de recursos en áreas estratégicas.

Previo a su designación como ministro, ejerció el cargo de viceministro de Electricidad y Energías Renovables, donde lideró iniciativas para diversificar la matriz energética y promover el uso de fuentes sostenibles.

Durante su carrera, participó activamente en la planificación y ejecución de proyectos energéticos y en la captación de capitales tanto nacionales como internacionales. Su experiencia incluye la implementación de políticas de sostenibilidad orientadas al desarrollo del sector energético.

(Con información de EFE)

La presidenta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Claudia Cronenbold, presentó este miércoles su renuncia irrevocable al cargo con efecto inmediato, apenas 23 días después de haber sido posesionada por el presidente Rodrigo Paz. La dimisión, comunicada en una carta dirigida al mandatario y al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, pone fin a una gestión que nunca llegó a consolidarse y deja al Gobierno sin respuesta institucional ante la crisis de calidad del combustible que afecta al país desde diciembre.

En su carta, Cronenbold explicó que un diagnóstico técnico y administrativo realizado una vez en funciones reveló “un estado institucional significativamente más deteriorado de lo previsto”. La ingeniera industrial, con más de dos décadas de trayectoria en el sector energético, concluyó que la recuperación de la empresa exige “una reingeniería legal y administrativa de largo aliento”, incompatible con los tiempos que el Ejecutivo demanda. “No deseo que los tiempos técnicos que mi visión profesional demanda se conviertan en un obstáculo para las metas inmediatas del Estado”, señaló.

Cronenbold señaló directamente a las administraciones de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) como responsables del deterioro acumulado. En su texto, denunció que durante esos veinte años se ensambló en YPFB “una arquitectura perniciosa” con “candados” que el actual Gobierno intenta desmantelar. Al renunciar, recomendó “explorar nuevas rutas de gestión” alineadas con las urgencias de la agenda nacional, una formulación que sugiere que las limitaciones no son solo técnicas, sino también políticas.

La salida de Cronenbold es el segundo relevo en la cúpula de YPFB en menos de dos meses. Fue designada el 30 de marzo en reemplazo de Yussef Akly, destituido tras una huelga de sindicatos de transportistas de La Paz y El Alto que protestaron por la distribución de gasolina en mal estado. En el acto de posesión, Paz anunció que con la llegada de Cronenbold comenzaba “un segundo tiempo para YPFB” y le encomendó producir gasolina propia y recuperar el rol de la empresa como compañía “pujante”. La promesa duró menos de un mes.

La crisis hunde sus raíces en una decisión estructural tomada en diciembre pasado. El 18 de ese mes, el Gobierno eliminó la subvención a los combustibles, una política que había mantenido los precios congelados durante más de dos décadas a un costo de entre 1.500 y 2.000 millones de dólares anuales. El precio de la gasolina especial pasó de 3,74 a 6,96 bolivianos por litro y el del diésel aumentó un 163%. La medida buscaba frenar el desangre fiscal y el contrabando que, según el Ministerio de Hidrocarburos, consumía cerca de la mitad del diésel subsidiado. Sin embargo, la transición abrió brechas operativas que la estatal no estaba en condiciones de gestionar.

A inicios de febrero, YPFB admitió haber detectado residuos de goma y manganeso en sus tanques de almacenamiento, un “desbalance” en la composición del combustible atribuido a problemas “heredados”. Los daños en el parque automotor generaron protestas sostenidas. El Gobierno respondió con el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), mediante el que desembolsó más de dos millones de dólares para compensar daños en más de 7.100 vehículos. La medida no apaciguó al sector: la víspera de la renuncia, los sindicatos de transportistas declararon la “emergencia nacional” y anunciaron nuevas movilizaciones si el Ejecutivo no ofrece soluciones “contundentes”.

El trasfondo es una dependencia estructural que la crisis ha vuelto insostenible. Bolivia importa casi la totalidad del diésel y alrededor del 60% de la gasolina que consume, procedentes de Argentina, Chile, Perú y Paraguay, según el Ministerio de Hidrocarburos. La caída de la producción local, el agotamiento de reservas internacionales y la pérdida de mercados de exportación de gas —Brasil redujo compras y Argentina abandonó el contrato— dejaron a YPFB sin margen operativo real. En ese escenario, la empresa debe resolver simultáneamente el abastecimiento y una crisis de calidad cuyo origen técnico sigue abierto.

El viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Despatriarcalización y Descolonización de Bolivia anunció la creación de un Observatorio de Feminicidios para hacer seguimiento a denuncias de violencia de género y prevenir el incremento de casos.

“Existe una profunda preocupación institucional para actuar de manera inmediata y frenar la violencia de género”, manifestó la viceministra Jessica Echeverría, quien explicó en diálogo con Infobae que el Observatorio de Feminicidio, Tentativa de Feminicidio e Infanticidio apunta a fortalecer la prevención e incidir en la creación de políticas públicas contra la violencia de género.

“Estará orientado a la recolección, integración, análisis, monitoreo y difusión de información sobre estas formas de violencia extrema, con el objetivo de fortalecer la prevención y la toma de decisiones en política pública”, afirmó.

El observatorio, que aún está en fase de diseño institucional, se pondrá en marcha dentro de “tres o cuatro meses” a través de la articulación de varias entidades como el Ministerio Público, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), organizaciones locales de denuncia y atención de casos, además del Viceministerio.

Según Echeverría, el manejo de la información personal se regirá por principios de confidencialidad y protección de derechos. “Los datos serán tratados con fines estadísticos, analíticos e informativos, evitando cualquier uso que vulnere la dignidad de las víctimas o sus familias”, afirmó. En ese sentido, remarcó que el acceso a la información personal estará limitado al personal especializado.

La iniciativa surge cuando en Bolivia se registran 28 feminicidios en lo que va del año, con mayor incidencia en el departamento de La Paz donde se produjeron 13 casos.

El último feminicidio reportado ocurrió en la zona de Ovejuyo, en la sede de Gobierno, donde una mujer fue encontrada por sus vecinos con signos de apuñalamiento. Agentes de la Estación Policial Integral (EPI) acudieron al lugar y capturaron al presunto autor del crimen, un varón que estaba vinculado familiarmente a la víctima y que habría consumido veneno tras cometer el feminicidio. Actualmente se encuentra bajo custodia policial en un centro de salud.

A pesar de que en Bolivia existe desde el año 2013 una ley contra la violencia hacia la mujer, que reconoce 16 delitos y castiga el feminicidio con 30 años de cárcel sin derecho a indulto, la recurrencia de los casos refleja que el problema es persistente.

En 2025 se reportaron 81 feminicidios —lo que equivale a uno cada cuatro días— y datos acumulados entre 2013 y febrero de 2026 indican un total de 1.248 feminicidios en el país, según reportes del Observatorio de Género y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Un boletín del Observatorio de Género publicado en noviembre de 2025 señala que por día se reciben un promedio de 130 denuncias de violencia, y que estas cifras “representan solo una parte de la realidad, pues el subregistro sigue siendo un obstáculo crítico para dimensionar la magnitud total de la violencia de género en el país”.

El delito más denunciado es la violencia familiar o doméstica, seguido por la violencia sexual, según la organización que también apunta altos índices de impunidad. “Detrás de cada cifra hay vidas marcadas por la violencia y, en muchos casos, por la impunidad, una familia desprotegida y un sistema que aún no logra garantizar justicia”, señala el documento.

Actualmente en Bolivia se discute una ley de reforma penal que busca la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores de edad y eliminar la figura de estupro, entre otros cambios.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, participó el fin de semana en el quinto aniversario de una junta vecinal de El Alto, la ciudad andina y de gran movimiento comercial que colinda con La Paz. Durante la celebración, el primer mandatario hizo la entrega de un vehículo, 62 antenas de Starlink y prometió la construcción de una sede para la organización vecinal.

“Hemos traído para ayudar al trabajo en la zona, ¿a quién le dejo la llave?”, preguntó el presidente y la entregó a Policarpio Acarapi, dirigente de la Federación de Juntas Vecinales Sur. “Después ustedes verán cómo hacen uso, estoy cumpliendo un compromiso, hermanos”, agregó el jefe de Estado.

Paz, que estaba acompañado por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y la ministra de Educación, Beatriz García, pidió un aplauso para Oviedo porque fue él quien, según Paz, consiguió la camioneta para la organización.

El presidente también destacó que el uso de las antenas de internet satelital beneficiará a más de 45 mil estudiantes y sobre la sede sindical afirmó que deberán reunirse con funcionarios del Gobierno porque no sabe si el terreno “es el adecuado” para la construcción. Adicionalmente anunció proyectos e inversiones para El Alto.

Estas donaciones generaron una ola de críticas entre analistas, actores políticos y representantes sindicales. El representante de los choferes del Transporte Pesado, Pedro Quispe, cuestionó al presidente Paz y dijo que “están regalando vehículos a algunos dirigentes con la intención de callar al pueblo, pero a miles de choferes no va a poder callar, a miles de trabajadores no va a poder callar y a la sociedad no va a poder convencer con un autito”, en referencia a la inconformidad del sector por la calidad del combustible.

En otra línea, el dirigente vecinal Abraham Flores reclamó por qué se hizo la entrega a esa organización. “El gobierno debía de dar estas movilidades a los dirigentes que realmente ayuden a hacer la gestión. Nosotros sabemos las necesidades que tenemos que cumplir, nosotros ayudaríamos, pero ¿qué es de un solo distrito, hay una preferencia?“, manifestó citado por la red Erbol.

Para el analista y consultor político, Ilya Fortún, la donación del vehículo y la sede responden a “la cultura prebendalista y corporativista boliviana que arrastra el país desde hace décadas”, a la que consideró “uno de los males atávicos de la cultura política boliviana”. En entrevista con Infobae, Fortún explicó que la entrega fue un gesto de acercamiento con sectores populares, pero que no responde a una decisión política estructural.

Para algunos analistas, la donación se asemeja a las prácticas del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las gestiones de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), durante las cuales se entregaron infinitos bienes a organizaciones sociales de manera arbitraria y poco transparente.

En enero, el viceministro de Coordinación de la Gestión Pública, Julio Linares, señaló que durante el último gobierno del MAS se hicieron “varios regalos” a organizaciones sindicales, principalmente vehículos e inmuebles, financiados con recursos del Estado.

Según la Linares, entre 2021 y 2024 se entregaron 79 vehículos a organizaciones sociales, además de sedes sindicales e incluso hoteles. De igual forma señaló que se financiaron viajes de dirigentes dentro y fuera del país.

“Parece que el ser dirigente sindical ha sido un gran negocio durante la época del MAS, porque han vivido de la mano del gobierno, siendo parte de la cooptación y el prebendalismo”, afirmó entonces.

Para Fortún, la entrega de vehículos y la promesa de una sede representan una “inconsistencia absoluta” entre lo que la administración de Rodrigo Paz dice y hace.

Con él coincide la politóloga y excandidata a senadora Susana Bejarano, quien cuestionó en una publicación: “¿No era esto lo que se criticó del MAS?, ¿comenzaron las prebendas?” y atribuyó el acto a la necesidad de contar con el respaldo de las organizaciones sociales. “El objetivo es darse gobernabilidad”, afirmó.

Infobae solicitó información al Ministerio de Gobierno y al despacho del presidente Paz para conocer el contexto de la donación reciente, la fuente de financiamiento y su posición frente a las críticas, pero hasta la publicación de esta nota no obtuvo respuesta.

En el oficialismo, la diputada Claudia Bilbao manifestó que el objetivo era “apoyar a ese sector”. “No he estado en el acto, pero pienso que el presidente no lo ha hecho de mala forma”, afirmó en entrevista con Erbol.

Por primera vez, dos mujeres serán gobernadoras departamentales en Bolivia: Gabriela De Paiva y María René Soruco se convertirán en las principales autoridades del departamento amazónico de Pando y del sureño Tarija, respectivamente, el próximo 4 de mayo.

De Paiva, de 32 años, es una ingeniera electromecánica que dedicó su carrera a trabajar en proyectos técnicos y de electrificación en comunidades rurales y zonas alejadas de su región, una de las más postergadas de Bolivia en cuanto a servicios básicos, caminos e infraestructura.

“No estamos integrados (al país) y hasta hoy somos una isla, así lo veo yo. Hace unos 15 años esperamos que se termine una carretera que nos conecte con el departamento del Beni, pero no hay nada”, manifestó De Paiva en una de sus primeras entrevistas en el canal Unitel.

La gobernadora electa fue candidata de la alianza opositora Libre y ganó la votación en primera vuelta el 22 de marzo.

Poco antes había logrado notoriedad pública al ser elegida reina de belleza en su región. Tras su victoria en las urnas, se difundieron videos de su participación en el certamen de Miss Bolivia en el que habló sobre la vocación que dos años después la llevaría a ocupar el principal cargo público de su departamento: “soy ingeniera y llevo luz a las comunidades rurales, Pando es el único departamento que no está conectado al sistema nacional”, manifestó entonces.

En el otro extremo del país, otra mujer ganó la elección para la Gobernación: María René Soruco, de 43 años, asumirá como principal autoridad de Tarija, la región gasífera y vitivinícola al sur del país.

Soruco es abogada constitucionalista y docente con más de 20 años de experiencia. Trabajó en gestión pública durante el proceso autonómico del país y participó en la elaboración de leyes departamentales.

Es reconocida por su defensa de temas ambientales y del área protegida Tariquía, sobre la que sobrevuelan desde hace años planes de explotación petrolera cuestionados por su impacto ambiental y los derechos de las comunidades que la habitan.

Su aparición en la contienda electoral fue intempestiva. Faltando dos semanas para la votación, reemplazó al candidato inicial de Camino al Cambio, el exprefecto Mario Cossío, que había sido inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral debido a supuestas contradicciones en la certificación de su residencia.

En la primera vuelta, en la que la papeleta llevaba su nombre pero no su foto debido a su registro tardío, obtuvo el segundo lugar detrás del candidato del oficialismo, Adrián Oliva, pero arrasó en el balotaje semanas después.

De Paiva y Soruco comparten otro hito más: el haber sido las postulantes con mayor respaldo en las elecciones para las gobernaciones en primera y segunda vuelta. De Paiva ganó con el 46,9% de respaldo y Soruco venció el balotaje con el 70% sobre su rival.

Tras su apabullante victoria, la gobernadora electa de Tarija marcó una línea conciliatoria y en su primer mensaje afirmó: “Vamos a gobernar para todos, para quienes confiaron en nosotros y también para quienes no lo hicieron”.

Estas dos victorias han sido celebradas en diferentes espacios en Bolivia, debido a que la presencia de mujeres al frente de las entidades ejecutivas —tanto en ciudades, departamentos como en el Gobierno nacional— sigue siendo una excepción. Aunque existen leyes que promueven la paridad de género en la política, la participación de las mujeres continúa limitada en los espacios de poder.

Además de las barreras que dificultan su participación, las mujeres en Bolivia son víctimas de acoso político. Según datos de la Fiscalía General del Estado, entre 2012 y el primer semestre de 2025, se registraron 514 casos de acoso político y 406 de violencia política contra mujeres.

El expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), y el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, Gustavo Ávila, protagonizan una discusión a través de redes sociales y medios de comunicación sobre la suspensión del balotaje en La Paz, medida que fue duramente criticada por el exmandatario.

Hace un par de semanas, el TSE decidió cancelar la segunda vuelta para el cargo de gobernador de La Paz y proclamar como ganador al candidato más votado en la primera vuelta, el exalcalde Luis Revilla, que obtuvo el 20% de los votos, tras la renuncia del partido de su contendiente.

Revilla fue candidato de la alianza Patria —que lidera el presidente Rodrigo Paz— y debía disputar la segunda vuelta con René Yahuasi, del frente Nueva Generación Patriótica (NGP). Sin embargo, debido a desacuerdos internos, el representante de NGP renunció a participar en la votación sin el consentimiento de su candidato.

El TSE, amparado en una modificación a la Ley de Régimen Electoral realizada en 2014 —durante la gestión de Morales—, determinó la suspensión del balotaje, una decisión que paradójicamente fue criticada por el exmandatario, quien sugirió que los vocales deben ser procesados judicialmente por la supuesta vulneración de los derechos ciudadanos del segundo candidato.

“¿Cómo es posible que el expresidente salga a criticar al Órgano Electoral, cuando él ha sido el que ha aprobado esa ley?”, cuestionó el vocal Ávila en una entrevista radial con Erbol. “Él más bien debería salir a pedir disculpas y a explicar por qué hizo esa ley, eso deberían hacer”, agregó.

Ávila manifestó en varias ocasiones que el TSE actuó en cumplimiento de la ley y admitió que está en desacuerdo con algunos puntos de la normativa electoral. En entrevista con Infobae, calificó la ley como “antidemocrática”, pero aseguró que está obligado a cumplir con ella mientras esté en vigencia.

Tras las declaraciones del vocal, el expresidente volvió a arremeter en su cuenta de X y afirmó que, pese a lo establecido en la ley promulgada durante su Gobierno, los derechos políticos no deben ser “restringidos, obstaculizados ni coartados por ninguna autoridad pública”.

“No es legal ni legítimo imponer un gobernador de facto. El titular del TSE dice que no recibe presiones de nadie. Pero en los hechos, cede ante el gobierno”, afirmó Morales en un mensaje publicado este martes por la mañana.

Los cuestionamientos sobre la aplicación de las normas en este y otros casos –como inhabilitaciones, la suspensión de personerías jurídicas o la incertidumbre sobre las candidaturas hasta el filo de la votación– han puesto en la mira la independencia del TSE y han abierto el debate sobre la legitimidad del sistema electoral.

Incluso el presidente Rodrigo Paz afirmó que las elecciones autonómicas, que concluyeron este domingo con la realización de cinco balotajes simultáneos, fueron un proceso “intenso” y anunció que convocará a los vocales electorales para planificar una reforma de la ley.

La analista y experta en comunicación política, Verónica Rocha, escribió en un artículo de opinión que el proceso electoral reciente deja “cuestionamientos de origen” y una advertencia: “no todo puede atribuirse a las falencias de la norma, en el empedrado camino hacia la consolidación democrática, importa tanto la calidad de las reglas como la forma en que estas se aplican”.

Con el debate sobre la mesa, las reformas legales se constituyen en uno de los principales desafíos para la institucionalidad democrática en los próximos años.

El embajador de Francia en Bolivia, Olivier Fontan, relató este lunes su experiencia durante un viaje realizado con la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA).

Sin precisar el destino ni la fecha del viaje, Fontan escribió en redes sociales que la compañía modificó el horario de su vuelo sin notificación previa y no embarcó el equipaje de ninguno de los pasajeros que iban en el avión. Las maletas habrían sido despachadas desde La Paz en otro vuelo y entregadas después de 24 horas.

En su publicación, Fontan calificó como “incompetente” a la compañía estatal. “24 horas perdidas, agenda desorganizada, por irresponsabilidad, incompetencia. ¿O tal vez, a este nivel de competencia, sabotaje? Y, por supuesto, ni explicación ni disculpa”, finaliza el mensaje del embajador francés que se viralizó en redes sociales.

Infobae solicitó una explicación sobre este incidente a la aerolínea boliviana, pero hasta la publicación de esta nota, no obtuvo respuesta.

Bolivia de Aviación —que fue creada en 2007 y es prácticamente un monopolio en rutas nacionales— enfrenta desde hace varios años recurrentes denuncias sobre retrasos, altos precios de los pasajes, incidentes con los equipajes y hasta la insólita pérdida de una mascota que viajó en el área de carga en un vuelo doméstico en 2022.

Cuando asumió el gobierno de Rodrigo Paz, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, denunció que hubo una mala gestión de la compañía en años anteriores y reveló una serie de irregularidades, entre ellas la existencia de menos aeronaves de las que se necesitaban para cubrir el cronograma nacional.

La denuncia del embajador francés coincidió con el cambio del gerente de la aerolínea. Este lunes fue posesionado Eduardo Valdivia en reemplazo de Juan José Galvarro, que había asumido en noviembre pasado.

El ministro Zamora negó que la destitución de Galvarro fuera motivada por irregularidades y afirmó que el cambio responde a una nueva etapa para la compañía. “Fue una decisión del Ministerio dar un siguiente paso a lo que queremos con BoA, por eso es que estuve hace un tiempo atrás viendo otro perfil. Me llegó el perfil de Eduardo, que me impresionó y es lo que yo quería para lo que se viene con BoA (…) no necesitas hacer algo malo para dar un cambio, Juan José hizo un gran trabajo”, afirmó el ministro.

Durante el acto, Zamora admitió que la empresa aérea “dio números rojos todos los años, tuvo aviones parados, una mala planificación y dio mal servicio”, por lo que anunció un plan financiero para reestructurar la compañía. “La empresa necesita más de 50 millones de dólares, tenemos que armar un plan financiero de trabajo para ver qué hacemos. BoA tiene que tener un nuevo camino”, afirmó el ministro.

Estas medidas se suman al plan de “cielos abiertos” que impulsa la administración de Paz para incrementar el número de aerolíneas que operan en el país.

La denuncia del embajador francés se da en un momento complejo en la reputación de la aerolínea y se difundió rápidamente en redes sociales y medios de comunicación locales. El empresario y excandidato presidencial, Samuel Doria Medina, cuestionó el formato de la crítica y afirmó que la empresa debe “cambiar”.

“Más allá de si le correspondía hacer esta queja en redes o a través de la Cancillería, lo cierto es que se trata de un fuerte jalón de orejas”, escribió el empresario. “Así no se avanza en turismo ni en economía, BoA debe cambiar, pero sin dejar de ser estatal y sin perder su papel rector en los cielos bolivianos”, agregó.

El Gobierno de Bolivia enviará en los próximos días a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para reformar de fondo el sector de los hidrocarburos, con el objetivo de revertir la caída de la producción y las exportaciones de gas y petróleo. La iniciativa, impulsada por la administración de Rodrigo Paz, prevé un esquema tributario de hasta el 50% para las petroleras y elimina la “discrecionalidad” de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la negociación de contratos, con la meta de ofrecer mayor seguridad jurídica a los inversores.

El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, sostuvo en una entrevista con EFE que la situación actual del sector exige una respuesta inmediata. “Todas las proyecciones que se tienen al momento con la producción de gas, exportación de gas, producción de petróleo, condensado, gasolina y demás, dan cuenta de una tendencia negativa. Por tanto, es necesario revertir esto”, afirmó el funcionario.

Las cifras oficiales reflejan la magnitud de la crisis. La producción de gas cayó desde los 61 millones de metros cúbicos registrados en 2014 a menos de la mitad en 2026. En paralelo, las exportaciones del sector descendieron de 6.113 millones de dólares en 2013 a 1.076,8 millones en 2025. A esto se suma una fuerte reducción de las reservas probadas, que pasaron de 10,7 trillones de pies cúbicos (TCF) en 2017 a 3,7 TCF en la actualidad.

La propuesta constituye la primera gran reforma estructural que la nueva administración enviará al Congreso. El objetivo oficial es que Bolivia recupere su posición como productor relevante de hidrocarburos mediante un modelo mixto en el que YPFB opere en conjunto con inversores privados nacionales e internacionales.

En ese sentido, Medinaceli explicó que la iniciativa apunta a redefinir el rol de la petrolera estatal. “Se pretende que YPFB sea un actor, pero que actúe de forma conjunta con el sector privado”, señaló, al comparar el esquema previsto con modelos vigentes en países como Brasil, Colombia y Chile.

El ministro remarcó que el nuevo esquema impositivo busca respetar el mandato surgido del referéndum de 2004, durante la presidencia de Carlos Mesa. En aquella consulta, la ciudadanía aprobó el cobro de “un impuesto y/o regalías a las petroleras llegando al 50 % del valor de la producción de gas y petróleo en favor del país”.

“La gente votó que sí. Entonces, realmente es necesario respetar eso de forma progresiva, y de forma eficiente”, sostuvo Medinaceli, quien además recordó su experiencia previa al frente de la cartera durante el Gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé.

Consultado sobre la diferencia entre este esquema y el 82% de participación estatal instalado durante la nacionalización dispuesta por Evo Morales en 2006, el funcionario buscó precisar el alcance de aquella medida. “Y aquí quiero ser enfático. A partir del 2007 la participación del Estado no fue del 82 %. Y las puertas del ministerio están abiertas para quien quiera discutir esto”, afirmó.

Según detalló, después de 2007 las empresas petroleras tributaron un 32 % correspondiente al Impuesto Directo a los Hidrocarburos, un 18 % en regalías y alrededor de un 10 % adicional por factores incluidos en los contratos suscriptos con YPFB. De ese modo, la participación estatal promedió cerca del 60 %, con variaciones que oscilaron entre el 53 % y el 65 %.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la eliminación de los llamados “costos recuperables” y de la facultad discrecional de YPFB para definir condiciones contractuales con las compañías del sector. Para el Gobierno, ese cambio busca generar previsibilidad normativa y mejorar el clima para la inversión.

Al mismo tiempo, la iniciativa contempla una estrategia específica para fortalecer a la petrolera estatal en el mediano plazo. El plan incluye medidas orientadas a la modernización, la transparencia y la eficiencia operativa, además de la posibilidad de buscar financiamiento en mercados internacionales mediante emisión de bonos e incluso una eventual cotización bursátil.

“Ese es el sueño, conseguir recursos de afuera. Probablemente tengamos que lidiar con YPFB con una ley específica”, expresó el ministro.

Medinaceli también aclaró que la reforma respetará el marco constitucional vigente desde 2009. “Establece que los hidrocarburos son administrados por YPFB y el Estado es el dueño de éstos”, recordó.

“Sin embargo, lo que se quiere ahora es tener condiciones económicas para fomentar la exploración y explotación”, concluyó.

(Con información de EFE)

Los tres últimos procesos electorales de Bolivia se desarrollaron en un laberinto de tecnicismos legales que, aunque aparados en la normativa electoral, generaron incertidumbre sobre las candidaturas y la transparencia del sistema electoral.

Decisiones como la inhabilitación tardía de candidatos, la suspensión de personerías jurídicas o la judicialización de algunos procesos pusieron en la mira la independencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante las elecciones judiciales de 2024, las elecciones generales de octubre pasado y las autonómicas que culminaron este domingo con la realización de cinco balotajes para elegir gobernadores departamentales.

En ese marco, el presidente Rodrigo Paz anunció ayer que convocará a los vocales del TSE para encarar reformas en la ley electoral. “Tenemos que hacer mejoras en la democracia, hacer mejoras en la normativa. Yo creo que ya se cierra un ciclo de este estilo de democracia”, manifestó el primer mandatario ante los medios locales y agregó que “ha sido un proceso muy intenso”.

Uno de los casos recientes más polémicos fue la inhabilitación del candidato Mario Cossío para la Gobernación de Tarija, a quien se vetó por supuestas contradicciones en la certificación de su residencia tras haber estado refugiado en Paraguay desde el año 2010. La decisión contrasta con la asumida en relación al candidato a gobernador de La Paz, Luis Revilla, que tampoco radicó los últimos años en el país, pero pudo participar en la elección.

Adicionalmente, Revilla —aliado del presidente Paz— será proclamado gobernador tras la inédita renuncia al balotaje del partido opositor debido a desacuerdos internos con su candidato. Revilla ganó la elección con el 20% de los votos —lejos del 50% necesario para vencer en primera vuelta— y debía disputar el balotaje con René Yahuasi, que obtuvo poco más del 9%.

Aunque todas estas decisiones están amparadas en las normas electorales, generaron cuestionamientos sobre la legitimidad del sistema electoral. En medio de reclamos por la victoria “en mesa” de Revilla, el presidente del TSE, Gustavo Ávila, admitió que la normativa boliviana es “poco democrática”, pero que mientras esté en vigencia no hay otra alternativa que su cumplimiento.

“Nosotros como autoridades tenemos que cumplir con la ley. Esta ley no es democrática porque hemos visto inhabilitaciones de candidatos a última hora, presentación de demandas a última hora o gente que quiere ser habilitada 72 horas antes”, afirmó en una entrevista con Infobae. “Ojalá que este haya sido el último proceso electoral en el que se utilice esta ley”, añadió Ávila al anunciar que se está trabajando en una reforma integral de las leyes electorales que fueron promulgadas durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019).

Para la analista política Verónica Rocha el caso de la Gobernación de La Paz abrió un debate sobre la legalidad frente a la legitimidad de las acciones electorales y puso sobre la mesa la discusión los mecanismos de democracia interna de los partidos.

“El proceso deja un resultado con cuestionamientos de origen, en medio de una innecesaria y enrarecida judicialización, a falta de certidumbre”, escribió Rocha en un artículo de opinión publicado en el periódico La Razón. “No todo puede atribuirse a las falencias de la norma, en el empedrado camino hacia la consolidación democrática, importa tanto la calidad de las reglas como la forma en que estas se aplican”, agregó.

Tras la renovación de todo el sistema político y judicial, quedan cinco años para corregir los vacíos y ambigüedades legales, en un escenario donde la confianza institucional está en entredicho.

El candidato Juan Pablo Velasco ganó la segunda vuelta para la Gobernación de Santa Cruz, el departamento más extenso y poblado de Bolivia, con el 56,97% de la votación, según los resultados preliminares. Velasco venció al postulante Otto Ritter, que logró el 43% de votos, y asumirá el cargo el próximo 4 de mayo.

El camino a esta victoria es reciente. “JP”, como muchos le llaman en Bolivia, es un emprendedor tecnológico que debutó en política en las elecciones generales del año pasado, cuando el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) lo eligió como compañero de fórmula por la alianza Libre. Ambos candidatos obtuvieron el segundo lugar en la primera vuelta y más tarde perdieron el balotaje con Rodrigo Paz y Edmand Lara.

Velasco fue uno de los rostros que representó la renovación política en las dos elecciones en las que postuló. Dedicado hasta hace poco al sector privado, fue el creador de una aplicación de delivery que luego vendió a la multinacional Pedidos Ya en 2018, en lo que se convertiría en la mayor transacción comercial en el mundo de la tecnología en Bolivia. Más tarde lideró la expansión de Yango en la región e invirtió en la empresa MOBI, de movilidad urbana con vehículos eléctricos.

Su aparición en la palestra pública ocurrió en mayo de 2025, cuando Quiroga lo presentó como su candidato a vicepresidente para seducir a un electorado mayormente joven y deseoso de renovación política.

Para el analista y exdirector del Observatorio Político de la universidad pública de Santa Cruz, Daniel Valverde, Velasco, de 39 años, representó esos valores al mostrarse como un outsider joven con perfil ejecutivo y tecnológico, y distante de las confrontaciones de la política tradicional.

Sin embargo, en sus primeras entrevistas Velasco expuso un desconocimiento profundo sobre la gestión pública y basó su propuesta en proyectos de “digitalización del Estado” poco relacionados con el cargo de vicepresidente. A esto se sumó una controversia relacionada con unos tuits que había publicado años antes y que fueron considerados por muchos como “racistas” tras salir a la luz en plena campaña.

Tras perder en las elecciones presidenciales, Velasco postuló para la Gobernación de Santa Cruz, región en la que había obtenido la mayor votación en los comicios previos y que es históricamente un bastión de oposición al Gobierno nacional.

Eligió como postulante a vicegobernadora a Paola Aguirre, una abogada que en la gestión anterior fue asambleísta departamental. Ambos, Velasco y Aguirre, ganaron en primera vuelta y se impusieron en el balotaje dejando atrás a figuras relevantes de la política cruceña como el actual gobernador Luis Fernando Camacho, que buscó la reelección en alianza con el presidente Rodrigo Paz y quedó en tercer lugar.

El analista Valverde, afirma que a Velasco se lo vio “en una versión distinta” en relación a la elección anterior y que tuvo una “evolución favorable”. “Se lo vio con más aplomo, más seguro y con un mejor manejo de información”, afirmó el analista y lo calificó como “un alumno disciplinado”.

Para Valverde, uno de los elementos que lo llevó a la victoria fue no haber buscado generar polémica directa ni entrar en confrontación con su contendiente, lo que fue visto por muchos como “una nueva forma de hacer política”.

Para esta elección, Velasco planteó profundizar la autonomía fiscal y tributaria, junto a un nuevo pacto fiscal que permita al departamento generar y administrar más recursos propios; además de impulsar modelos de inversión mediante alianzas público-privadas. También hubo propuestas relacionadas al sistema de salud y al desarrollo de infraestructura y conectividad, con proyectos viales de alta expectativa pero técnicamente poco realistas como un tren que dice que recorrerá 50 kilómetros con 14 paradas en solo 19 minutos.

“Hay muchas promesas grandes que lo van a presionar”, explicó Valverde en entrevista con Infobae y manifestó que entre sus primeros desafíos estarán hacer una reingeniería interna para sanear las cuentas de la institución que recibirá y diseñar una estrategia para fortalecer la autonomía regional en base a competencias claras y la garantía de contar con recursos económicos. En 18 días inicia su gestión.

Bolivia ha terminado de configurar su mapa político para el próximo quinquenio con la elección de gobernadores en cinco regiones. Este domingo, los departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija, Oruro y Chuquisaca eligieron a sus principales autoridades en balotajes simultáneos que marcaron el final de las elecciones autonómicas.

Este domingo, en Santa Cruz, el departamento más extenso, poblado y próspero del país, ganó Juan Pablo Velasco, de Alianza Libre, con el 56,97% de la votación frente a Otto Ritter, de Santa Cruz Para Todos, que obtuvo el 43%.

En Tarija, sur del país y región de origen del presidente Paz, ganó María René Soruco, candidata de Camino al Cambio, con el 70,7% frente al exgobernador Adrián Oliva, de Alianza Patria, que obtuvo el 29,2%. Soruco, que incursionó en la política en estas elecciones, se convirtió en la candidata más votada de estos comicios.

Edgar Sánchez, alianza Jach’a, ganó en el departamento andino Oruro con el 52,5% y Luis Ayllón, de alianza Gente Nueva, en Chuquisaca con el 53,3%. En tanto, en Beni, Tito Egüez, de Alianza Patria, ganó con el 53%, según los resultados preliminares, pero el candidato contendiente, Hugo Vargas, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), señaló que no reconoce los resultados y afirmó que demostrará irregularidades ante el Tribunal Electoral Departamental.

Los resultados finales de estas elecciones suponen una derrota de la alianza oficialista Patria, que había sido impulsada por Rodrigo Paz tras asumir la presidencia en noviembre pasado. El nuevo frente obtuvo solo dos gobernaciones, una disputada en La Paz y otra en el departamento amazónico del Beni, además de una alcaldía de nueve en las ciudades capitales.

A pesar de estos resultados, que algunos analistas consideran una derrota en términos de poder territorial por la implicación de la alianza presidencial en las candidaturas, el mandatario felicitó a los gobernadores electos y resaltó que inicia una nueva etapa en el país. “Hoy Bolivia cierra un ciclo político y abre una nueva etapa. Una etapa de renovación, de nuevos aires y de diferentes representaciones”, escribió en sus redes sociales.

“Desde el Gobierno, juntos, vamos a darle un mejor futuro a la patria. Se deja atrás el tiempo del partido único. Hoy empieza una Bolivia con nuevos liderazgos, nuevos proyectos y un compromiso claro: trabajar juntos para salir adelante”, agregó el mandatario.

El revés electoral para la alianza del presidente se da en un momento de tensión con una marcha indígena que reclama por la promulgación de una ley sobre la clasificación de la tierra, recurrentes manifestaciones por el problema de la gasolina contaminada que hace más de dos meses que no se resuelve y anuncios de interpelación legislativa a los ministros de Economía, José Gabriel Espinoza; e Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli.

Sin embargo, el bajo desempeño electoral del oficialismo en las regiones no es una novedad en la política boliviana. En las últimas décadas, las elecciones autonómicas se han constituido en un escenario de contrapeso a los gobiernos nacionales que no han podido trasladar sus victorias electorales a los comicios regionales.

Para el analista político Pablo Deheza, el oficialismo “entró a las elecciones subnacionales con la percepción de una legitimidad amplia y sale con una fotografía electoral que muestra lo contrario” y asegura que los resultados tendrán consecuencias en negociaciones clave, como la redistribución de los recursos y proyectos relacionados a la gestión de los recursos naturales. “Negociar todo eso es mucho más difícil cuando el mapa territorial te es adverso”, escribió en una publicación en redes sociales.

Los ciudadanos en cinco regiones de Bolivia vuelven a las urnas este domingo para elegir en segunda vuelta a sus gobernadores para el próximo quinquenio, cuatro de ellas con candidatos de la coalición del presidente Rodrigo Paz contra postulantes de otras organizaciones políticas.

Las mesas electorales en Santa Cruz, Beni, Chuquisaca, Oruro y Tarija abrieron a las 8.00 hora local (12.00 GMT) y deben funcionar durante ocho horas ininterrumpidas hasta las 16.00 (20.00 GMT), cuando se prevé su cierre.

Al inaugurar la jornada desde Santa Cruz, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, sostuvo que esta jornada de votación “es muy especial y simbólica porque Bolivia cierra uno de los ciclos electorales más intensos y complejos de su historia”.

Ávila recordó que desde 2024 el país llevó adelante “elecciones judiciales, elecciones generales en dos vueltas y elecciones subanacionales también en dos vueltas”, lo que supuso una “prueba de madurez institucional para el órgano electoral y también para el pueblo boliviano y sin duda el país ha estado a la altura de las circunstancias”.

“Iniciamos esta segunda vuelta con un compromiso firme, garantizar el proceso transparente, seguro y confiable para todos los ciudadanos, como lo hicimos en cada proceso electoral que administramos”, indicó.

Al igual que en las elecciones presidenciales, para ganar las gobernaciones en primera vuelta un candidato debe lograr más del 50% de los votos o un mínimo del 40% con al menos diez puntos de ventaja sobre el siguiente.

En primera vuelta fueron elegidos el pasado 22 de marzo los gobernadores de Potosí, Pando y Cochabamba, todos de partidos opositores.

En Beni, Chuquisaca, Oruro y Tarija, el balotaje será entre los candidatos de la alianza Patria, la coalición del presidente Paz, y postulantes de otras organizaciones políticas.

Por el momento, la única región con gobernador oficialista es La Paz, donde debía haber segunda vuelta, pero fue declarado vencedor el exalcalde de la ciudad homónima Luis Revilla, tras el abandono del partido contendiente Nueva Generación Patriótica (NGP).

En Santa Cruz, la región más poblada y el motor económico del país, los ciudadanos elegirán a su gobernador entre el ex candidato vicepresidencial de la opositora alianza Libre Juan Pablo Velasco y el abogado Otto Ritter, de Santa Cruz para Todos.

Además, de momento hay una sola gobernadora, Gabriela de Paiva, de la alianza Libre, en Pando, quien es la primera mujer elegida en las urnas en Bolivia para el alto cargo regional.

La votación en Tarija definirá si habrá una gobernadora más o no, ya que en este balotaje se enfrentarán María René Soruco, de Camino Democrático para el Cambio (CDC), y el oficialista Adrián Oliva.

La segunda vuelta tendrá acompañamiento de misiones de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y de algunas entidades locales.

En las cinco regiones rigen desde el jueves el “silencio electoral” y el “auto de buen gobierno” que desde el viernes prohíbe las aglomeraciones o reuniones masivas, y la venta de bebidas alcohólicas, entre otras restricciones.

Además, este domingo está prohibida la circulación de vehículos que carezcan de autorización del órgano electoral.

(con información de EFE)

Bolivia y Estados Unidos firmaron el viernes un memorando de entendimiento que contempla una donación de 10 millones de dólares y asistencia técnica para fortalecer el sistema de salud pública boliviano. El acuerdo fue suscripto por la ministra de Salud y Deportes de Bolivia, Marcela Flores, y la encargada de Negocios de la Embajada estadounidense en La Paz, Debra Hevia.

Hevia destacó que este memorando representa “el primer gran acuerdo” entre ambos países en dos décadas, calificándolo como “un momento histórico en la relación bilateral”.

La diplomática subrayó que fortalecer los sistemas de salud en Bolivia contribuye a la seguridad sanitaria de todo el hemisferio y remarcó que el documento reconoce el “notable progreso” del sistema boliviano, abriendo el camino hacia una mayor autonomía y liderazgo nacional. “Las verdaderas asociaciones se construyen sobre el respeto mutuo y la responsabilidad compartida, nunca sobre la dependencia”, puntualizó.

Por su parte, la ministra Flores definió la firma del acuerdo como un logro “importante” y “trascendental” que, según afirmó, “refleja la hermandad que existe entre dos pueblos”. Flores indicó que la cooperación no reembolsable de 10 millones de dólares permitirá a Bolivia avanzar hacia la autosostenibilidad en salud y contribuirá a la capacitación del personal.

El Ministerio de Salud informó que el memorando busca fortalecer el sistema sanitario y avanzar hacia la autonomía y sostenibilidad en la respuesta a enfermedades infecciosas y otras necesidades prioritarias del país. El acuerdo establece un marco de cooperación técnico-financiero hasta el 31 de diciembre de 2028, con la contribución a ejecutarse en los próximos tres años.

Entre las áreas priorizadas figuran el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, la respuesta ante brotes, el control de enfermedades tropicales desatendidas como el mal de Chagas y otras arbovirosis, la provisión de insumos para el tratamiento del VIH y el refuerzo de los sistemas de salud hacia un modelo más resiliente y sostenible.

Las autoridades del departamento de Santa Cruz de la Sierra, la región más poblada de Bolivia, declararon el miércoles la “alerta sanitaria” ante un brote de fiebre amarilla que ya dejó una víctima fatal. Se pusieron en marcha medidas preventivas para contener la propagación de la enfermedad.

El jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, Carlos Hurtado, informó que el brote se originó en la provincia Cordillera, limítrofe con Paraguay, donde un joven de 20 años murió tras permanecer tres días convaleciente por complicaciones asociadas a la fiebre amarilla. Además, se confirmó un segundo caso en la misma zona y otra persona permanece bajo observación médica como sospechosa de haber contraído la enfermedad.

Hurtado señaló que los contagios constituyen un “brote epidémico con transmisión autóctona”, situación que no se registraba en el país desde hace varios años. Tras detectarse el primer caso, equipos de vigilancia epidemiológica realizaron la captura de larvas y mosquitos en áreas rurales y urbanas del sector Kapeirenda-Aguas Calientes, en Cordillera.

Entre las acciones implementadas figuran la fumigación, la vacunación masiva contra la fiebre amarilla y el bloqueo del foco epidemiológico. Según datos del Ministerio de Salud, entre 1980 y 2006 se reportaron 992 casos de la enfermedad en Bolivia, con una alta letalidad, lo que motivó campañas de vacunación masiva con más de 10 millones de dosis aplicadas.

La fiebre amarilla es provocada por un virus transmitido principalmente por mosquitos Aedes aegypti en áreas urbanas, y por Haemagogus spp. y Sabethes spp. en zonas selváticas y boscosas. La enfermedad puede ser asintomática o presentar síntomas que van desde fiebre, dolor de cabeza intenso, dolor muscular, náuseas y vómitos, hasta cuadros graves con dolor abdominal, ictericia, sangrados y complicaciones hepáticas y renales.

(Con información de EFE)

La IV Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas y Coordinación Bilateral entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República de El Salvador se celebró el 16 de abril en la ciudad de La Paz, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral y avanzar en una agenda de trabajo conjunta.

El encuentro estuvo presidido por el viceministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Carlos Paz Ide, y la viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Adriana Mira.

Durante la reunión, ambas delegaciones dialogaron sobre una agenda que incluyó la lucha contra el crimen organizado transnacional, la modernización del Estado, el impulso al comercio y la promoción de inversiones en sectores estratégicos.

También trataron temas relacionados con la cultura, el turismo, el transporte ferroviario, la conectividad y la cooperación espacial con fines pacíficos.

Entre los acuerdos alcanzados, los representantes de ambos países resaltaron la decisión de explorar el intercambio de experiencias en materia de seguridad y combate al crimen organizado transnacional. Además, se comprometieron a diversificar el intercambio comercial y a fomentar la inversión, reconociendo la creación de la Cámara Empresarial Binacional Bolivia – El Salvador como un mecanismo fundamental para la articulación de los sectores empresariales de ambas naciones.

Las autoridades destacaron la importancia de profundizar la cooperación técnica y científica, para lo cual se acordó realizar la III Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica. En este marco, se anunció la suscripción del Programa de Cooperación 2026-2028, que integrará proyectos destinados a promover el desarrollo de ambos países.

El encuentro permitió también la firma de un Convenio entre la Agencia Boliviana Espacial y la Secretaría de Innovación de la Presidencia de El Salvador, enfocado en la cooperación espacial con fines pacíficos, y la concreción de un Memorándum de Entendimiento sobre Servicios Aéreos. Las delegaciones expresaron además su intención de avanzar hacia un Acuerdo sobre Transporte Aéreo que potencie la conectividad, el comercio, el turismo y la inversión.

A nivel académico, el Instituto Diplomático ‘Doctor José Gustavo Guerrero’ de El Salvador y la Academia Diplomática Plurinacional de Bolivia suscribieron un memorándum orientado a la cooperación en formación diplomática y consular.

Tanto Paz Ide como Mira reafirmaron el interés de sus gobiernos en mantener una agenda conjunta que genere beneficios concretos para ambos pueblos, reconociendo el valor de la cooperación entre gobiernos locales y el fortalecimiento de las alianzas público-privadas.

En el terreno económico, la relación comercial entre Bolivia y El Salvador ha experimentado un impulso en 2026. El 16 de abril se anunció la fundación de la primera Cámara Binacional de Comercio e Inversiones, creada para dinamizar los negocios privados y las inversiones bilaterales. Funcionarios salvadoreños indicaron que la entidad promoverá oportunidades en sectores estratégicos y reducirá barreras burocráticas.

Por otro lado, la Asamblea Legislativa de El Salvador inició la ratificación de un acuerdo comercial que otorgará preferencias arancelarias a 259 productos salvadoreños para su ingreso al mercado boliviano. La embajada salvadoreña en Bolivia informó que impulsa activamente la promoción de sectores como la agroindustria, especialmente la carne boliviana, y la tecnología. Voceros diplomáticos aseguraron que estos pasos buscan diversificar el intercambio y atraer nuevas inversiones.

El Juzgado de Garantía de Pozo Almonte decretó este jueves prisión preventiva para los ciudadanos bolivianos Justiniano Canchi Gutiérrez y Carlos Armando Lira Colque, acusados de los delitos de contrabando y daños calificados tras utilizar una retroexcavadora para tapar zanjas y habilitar pasos ilegales en la comuna fronteriza de Colchane (1.970 kms al norte de Santiago), Región de Tarapacá.

En la audiencia de formalización, Milton Torres, fiscal jefe del Tamarugal, detalló que los imputados fueron sorprendidos el pasado domingo 12 de abril rellenando la zanja construida por el Ejército en el sector de Pampa Tordo, a fin de ingresar la retroexcavadora al país vecino, en concomitancia con terceras personas aún no detenidas también de nacionalidad boliviana.

Según el persecutor, dichos cómplices eran los encargados de entregarles por teléfono celular la ubicación del personal del Ejército. A pesar de ello, ambos fueron sorprendidos en un patrullaje y aunque intentaron darse a la fuga, fueron rápidamente capturados y puestos a disposición del tribunal.

Pérdidas económicas

Asimismo, el Ministerio Público hizo un cálculo del perjuicio económico causado por los dos imputados, toda vez que el valor aduanero de la retroexcavadora bordea los USD 15 mil (unos $14 millones de pesos), y la construcción de la zanja por parte de los uniformados implicó un costo fiscal de unos USD 6,900 ($6 millones).

Al respecto, el subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, detalló en conversación con BioBíoChile que los imputados fueron sorprendidos in fraganti “despejando el terreno”, asunto que demuestra la efectividad de estas zanjas de tres metros de ancho y profundidad para impedir el paso de migrantes ilegales y vehículos con droga de contrabando, y recordó de paso que “uno no puede hacer una zanja y dejarla ahí”.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que ambos sujetos tenían antecedentes penales previos -uno de ellos precisamente por contrabando-, la flagrancia en la que fueron detenidos y la gravedad de los delitos, el tribunal acogió la petición de la Fiscalía y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los acusados, decretando 100 días como plazo para la investigación.

El Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta resolvió absolver al ex intendente de Coronel Juan Solá (Morillo) Atta Gerala en el marco de la investigación que pesaba sobre él por el robo sistemático de rieles del Ferrocarril Belgrano Cargas en el chaco salteño. En la misma causa, un policía, Mauro Rodríguez, fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al haber sido hallado responsable del delito de cohecho pasivo. Además de la condena, se le prohibió residir o circular por la localidad de Pluma de Pato.

El veredicto fue dictado por los jueces Domingo Batule —presidente del tribunal—, Diego Matteucci y la jueza Gabriela Catalano. El juicio contó con la intervención del fiscal general Eduardo Villalba, coordinador de la Fiscalía de Distrito de Salta, y la asistencia de Roxana Gual, auxiliar fiscal.

La investigación, que se remonta a agosto de 2024, buscó desarticular una organización dedicada al robo y contrabando de material ferroviario. La causa se formalizó tras la audiencia de control de acusación del 12 de diciembre de 2025; el juicio oral se inició el 4 de marzo del año siguiente.

Durante el debate, el Ministerio Público Fiscal solicitó la condena de Gerala como partícipe primario de contrabando agravado por la cantidad de intervinientes, la calidad de funcionario público y el valor de la mercadería, en concurso real con robo agravado y malversación de caudales públicos.

La fiscalía sostuvo que los hechos representaban “un delito de poder” y que en Morillo, “no se movía un alfiler sin que el entonces intendente lo supiera”. El tribunal, sin embargo, consideró que la prueba reunida no superó el umbral de la duda razonable respecto del ex intendente y dispuso su absolución.

Por el mismo caso, ya se habían dictado condenas mediante acuerdos de juicios abreviados a otros tres imputados, entre ellos Miguel Ángel “Yopi” Gerala, hijo del ex intendente, condenado a seis años de prisión como coautor de contrabando de mercadería agravado, cohecho activo y robo agravado.

El comerciante David Medina recibió la misma pena y fue inhabilitado para ejercer el comercio durante cinco años. El cabo de Gendarmería Nacional Jorge Fernando Cabrera fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional por cohecho pasivo.

En cuanto a los hechos, la investigación se inició a raíz de una denuncia del Correo Argentino por el envío de 480 cubiertas de presunto origen extranjero. Ese dato permitió identificar al comerciante Medina, quien administraba un galpón en la ciudad de Orán. La pesquisa incluyó escuchas telefónicas y tareas de campo que detectaron la expansión de actividades hacia el contrabando de material ferroso, estableciendo un vínculo con el hijo del ex intendente. Este último, según la acusación, organizaba el robo de rieles y su traslado por rutas seguras, a cambio de pagos ilegales a funcionarios de Gendarmería Nacional y de la policía provincial.

El circuito delictivo incluía la extracción de rieles, su traslado en camiones y el cruce hacia Bolivia a través del río Bermejo. Según declaraciones recogidas durante el debate, el negocio generaba un rédito de 25 millones de pesos diarios, con pagos de 200 mil pesos por tonelada y entre cuatro y cinco viajes diarios de camiones, cada uno transportando entre 30 y 31 toneladas de rieles.

En relación a la prueba contra Gerala, la fiscalía señaló que en su domicilio se hallaron 15 rieles, herramientas de corte y una camioneta blanca utilizada por su hijo. Un procedimiento realizado el 18 de mayo de 2024 en Padre Lozano derivó en el secuestro de dos camiones con rieles robados. Un chofer manifestó que el traslado se realizaba por encargo de Gerala e intentó ponerlo en comunicación telefónica con el entonces intendente.

La defensa, encabezada por el abogado Alejandro Pomares, negó la responsabilidad penal de Gerala, aunque reconoció la de su hijo. Argumentó que las herramientas de corte halladas no eran las utilizadas en el robo de rieles y que los rieles encontrados en la propiedad estaban allí desde antes, posiblemente desde la adquisición del terreno. La defensa también sostuvo que no existen pruebas directas que vinculen al ex jefe comunal con los otros imputados condenados y que el contacto telefónico del ex intendente fue incorporado por el conductor después de los hechos.

El juez Batule valoró la decisión del MPF de llevar el caso a juicio, aunque concluyó que las evidencias contra Gerala no alcanzaron la contundencia necesaria para acreditar su responsabilidad penal. La presencia de rieles en el domicilio del acusado no fue considerada un indicio concluyente, y las herramientas de corte no coincidían con las empleadas en los robos. La camioneta blanca, aunque pertenecía al exintendente, no probó que supiera del uso que le daba su hijo.

Sobre Rodríguez, el tribunal ponderó como determinantes los registros de comunicaciones que evidenciaban negociaciones para el pago de sobornos. También se tuvo en cuenta que, como jefe del destacamento policial, no receptaba denuncias vinculadas a estos hechos ni promovía investigaciones para su esclarecimiento.

Además, se acreditó que desplegaba conductas intimidatorias hacia pobladores de comunidades originarias relacionadas con las denuncias de robo de rieles, incluyendo amenazas de apertura de causas penales.

Dos camioneros imputados en la causa accedieron a una suspensión de juicio a prueba, que contempló aportes económicos al hospital público de General Mosconi y tareas comunitarias por un año en una iglesia evangélica del departamento de Santa Victoria. Ambos habían sido detenidos el 18 de mayo de 2024 transportando rieles robados en la ruta provincial 53, en la localidad de Padre Lozano.

Luego de 18 meses de detención preventiva en la cárcel de San Pedro en La Paz, la Justicia boliviana otorgó detención domiciliaria al activista Fernando Hamdan, aprehendido en el marco de las investigaciones por el presunto intento de golpe de Estado del excomandante Juan José Zúñiga contra el Gobierno de Luis Arce el 24 de junio de 2024.

Hamdan, que también es miembro de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas, recibió en diciembre medidas sustitutivas en el marco de una disposición del Tribunal Supremo de Justicia para revisar los casos en los que se hubieran superado los plazos procesales previstos por ley. Uno era el suyo, que había triplicado el tiempo establecido para la detención preventiva.

Al activista se lo acusa por los delitos de alzamiento armado y terrorismo, por haber presuntamente participado en la avanza militar que tomó la Plaza Murillo con tanques y soldados armados. El objetivo era, según el gobierno de entonces, tomar la sede del poder ejecutivo. Sin embargo, tras un par de horas de ofensiva, los militares se replegaron.

A casi dos años de ese episodio, que marcó un punto de inflexión en su vida y a más de tres meses de haber regresado a Santa Cruz con detención domiciliaria, Hamdan conversó con Infobae sobre su situación y el proceso que se sigue en su contra.

-¿Cuál es la situación jurídica en la que se encuentra actualmente?

- Estoy con detención domiciliaria, todavía sin derecho al trabajo desde el 31 de diciembre de 2025. Por lo menos me permitieron regresar a casa, pero sigo sometido al proceso y sin posibilidad de salir. Me mantengo como un preso y preso político hasta la fecha, esperando que la chicana política y la manipulación se acaben de una vez.

-A usted lo acusan de haber participado en el supuesto intento de golpe de Estado orquestado por el general Zúñiga contra el gobierno de Luis Arce. ¿Tuvo algo que ver con este caso?

- Para empezar, es un caso montado, un teatro. El mismo general Zúñiga reconoció que esto fue una instrucción del presidente Luis Arce para elevar su popularidad. Yo me reuní con el general Zúñiga expresamente para revisar la situación de los presos políticos y lo que estaba bajo su tutela, que son los destinos de castigo y la manipulación de esos destinos por parte de las Fuerzas Armadas y del Ejército boliviano. Bajo esas premisas se monta toda una parafernalia, donde a mí me dejan atrapado en ese teatro en la ciudad de La Paz y secuestrado, por decirlo de alguna manera, a lo que eran las condiciones de esa reunión. Yo llegué (a La Paz), (sostuve) una reunión de una hora y no lo volví a ver (a Zúñiga) nunca más.

-Ese contacto que usted tuvo con el general Zúñiga, ¿lo hizo a título de la organización en la que trabaja?

- Fue a título personal, pero a través de toda una red de contactos. En ese momento se dio una aparente confrontación entre Zúñiga y el presidente Luis Arce por los ascensos de grado y de jerarquía. Bajo ese escenario me dijeron que era el momento para abogar por los presos políticos y por lo que se estaba dando en las Fuerzas Armadas que era la designación de destinos de castigo.

-Cuando a usted lo detuvieron, el entonces ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que había el registro de nueve llamadas entre usted y el general Zúñiga el día del alzamiento militar. ¿Son reales estas llamadas? ¿En qué contexto se dieron?

- Yo me encontraba casi secuestrado en el hotel donde se llevó a cabo la reunión. Su gente cercana me decía “llame al general.” Y cada vez que yo generaba una llamada era porque su gente me pedía que llamara al general. Y esto era básicamente parte de lo que se quería establecer, una comunicación forzada.

-¿La gente de Zúñiga lo obligó a usted a llamarlo?

- A mí me pidieron una reunión en reserva antes del alzamiento militar. Yo acepté la reserva y entendí los riesgos de esa reserva. Llegué y me dijeron “no se puede comunicar con cualquiera, hay gente que lo va a movilizar, si tiene que ir a algún lado, tiene que ser con esta gente.” Era un escenario de absoluta indefensión donde yo no tenía ni siquiera las libertades para irme. Estaba sometido al control de su seguridad, entonces negar que me den una destrucción, realmente era difícil en esa situación.

-¿Usted no sabía lo que se estaba gestando?

- Bajo ningún concepto. Yo estaba en una reunión que tenía un contexto y desembocó en otra cosa y que evidentemente todo el juego que yo pude seguir fue precautelando mi seguridad y cumpliendo las instrucciones de la gente que me tenía bajo su tutela.

-¿Por qué cree usted que lo involucraron en este caso?

- Bolivia tiene más de 300 presos políticos que todavía no se han liberado. Se han liberado a las figuras más públicas como Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho, Marco Pumari, pero quedan los resabios de toda esa cacería descarnada del Movimiento Al Socialismo (MAS). Yo me atreví a denunciar y presenté la primera lista de presos políticos de Luis Arce al Parlamento Europeo. A través de eso se reconoció mi trabajo y que en Bolivia existen presos políticos. Llegamos a Naciones Unidas, a la OEA y un montón de organizaciones que colaboraron en este sentido.

Ese era un frente, pero también todo el trabajo previo que yo desarrollé del análisis electoral de las elecciones del año 2019 con mi plataforma Ciudadana Transparencia Bolivia, donde presentamos informes técnicos que demostraban el fraude y la manipulación electoral en esas tres elecciones.

Entonces, había motivos de sobra, por mi trabajo y por mi dedicación ,para haber tenido los enemigos del anterior gobierno, incluidas las Fuerzas Armadas. Mi guerra fue frontal contra las vulneraciones de la democracia y del sistema de derecho.

-Mirando un poco hacia atrás, ¿cómo fueron sus días en la cárcel?

- Es una sensación de absoluta indefensión, de falta completa de libertades, una tensión e incertidumbre permanente, uno no es dueño ni siquiera de sus pensamientos y tristemente los días son extremadamente largos. También hay una desconexión del vínculo familiar y la afrenta a mi dignidad personal; el daño moral ha sido muy grande. Lo más grave fue que no pude despedirme de mi madre, que falleció mientras yo estaba en la cárcel.

-¿En qué etapa se encuentra el proceso actualmente?

- La anterior semana fui notificado con la acusación formal, eso quiere decir que el Ministerio Público está decidido a llevarnos a juicio cuando realmente existen los elementos suficientes para que esto hubiera colapsado por sí.

- Usted en un momento dijo que se consideraba un preso político de Luis Arce. ¿Cómo ha cambiado su percepción sobre su condición con el gobierno de Rodrigo Paz? ¿Se considera todavía un preso político?

- Sigo siendo preso político porque no tengo libertad, no tengo derecho al trabajo y estoy siendo torturado económicamente. Hemos recuperado la democracia de forma, pero no hemos recuperado el Estado de Derecho. Los procesos que han sido iniciados por el MAS con una dirección política todavía no se han caído.

-¿Por qué cree esto que ocurre esto?

- Hay entes que no han jugado de manera independiente en el pasado, como el sistema judicial y el Ministerio Público. Posiblemente por decoro y por una salida onerosa, el Ministerio Público no está retirando la acusación en estos casos, no solamente el mío sino de otros presos políticos. Hay evidencia, más allá de la susceptibilidad o la posición política, que nos demuestra que aún la justicia no es 100% independiente.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) desplegó un equipo técnico para acompañar la segunda vuelta de las elecciones regionales que se celebrará este domingo en cinco departamentos de Bolivia.

“Durante su trabajo en el país, el equipo de observadores y observadoras de la OEA dará seguimiento a los procesos electorales que se llevarán a cabo en los departamentos de Beni, Chuquisaca, Oruro, Santa Cruz y Tarija“, informó el organismo en un comunicado de prensa difundido el miércoles.

Los observadores prevén reunirse con autoridades electorales nacionales y departamentales, candidatos, políticos y representantes de la sociedad civil, entre otros actores.

La OEA ya acompañó las elecciones regionales y municipales realizadas el 22 de marzo, en las que se eligieron más de 5.000 autoridades, incluidos gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales para el próximo quinquenio.

La misión cuenta con financiamiento de países como Brasil, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Panamá y Turquía para su ejecución.

De acuerdo con la legislación boliviana, para ganar la gobernación en primera vuelta un candidato debe obtener más del 50% de los votos o al menos el 40% con una diferencia de diez puntos sobre el segundo. En la primera vuelta fueron elegidos los gobernadores de Potosí, Pando y Cochabamba.

En Santa Cruz, la región más poblada y principal motor económico de Bolivia, competirán el próximo domingo en las urnas el ex candidato vicepresidencial de la opositora alianza Libre, Juan Pablo Velasco, y el abogado Otto Ritter, de Santa Cruz para Todos.

En Beni, Chuquisaca, Oruro y Tarija, la segunda vuelta enfrentará a los candidatos de la alianza Patria, coalición que respalda al presidente Rodrigo Paz, frente a postulantes de otras organizaciones políticas.

En La Paz no habrá balotaje debido a la renuncia, a principios de abril, del partido Nueva Generación Patriótica (NGP), que argumentó un “distanciamiento” con su candidato, René Yahuasi. Tras el retiro de NGP, que había quedado segundo en la votación de marzo con el 9,18 %, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) proclamó ganador al candidato oficialista, el ex alcalde de La Paz Luis Revilla, quien obtuvo el 20% de los votos.

A pesar de ello, Yahuasi impulsó protestas callejeras y una acción judicial que será tratada este jueves, en la que exige que se realice una segunda vuelta, aunque ya no cuenta con partido para postularse.

Los tribunales electorales departamentales informaron que desde las 00:00 de este jueves entra en vigencia el silencio electoral en los cinco departamentos que celebrarán el balotaje de gobernadores.

La medida se implementa en el marco de la segunda vuelta de las elecciones subnacionales, prevista para este domingo 19 de abril. La vicepresidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija, Adriana Flores Alconz, explicó que el silencio electoral comienza a regir desde las cero horas del jueves y prohíbe toda campaña y propaganda electoral.

Flores precisó que las organizaciones políticas y candidatos podían realizar actividades proselitistas hasta las 23:59 del miércoles en los departamentos involucrados. Desde ese momento, queda restringida la difusión de mensajes electorales tanto en medios de comunicación como en espacios públicos y digitales.

Por su parte, el presidente del TED de Santa Cruz, Marco Monasterio, indicó que la medida busca garantizar condiciones de reflexión ciudadana. Explicó que este periodo, previo a la votación, permite a los electores evaluar sus decisiones sin influencia de propaganda política. Además, recordó que la normativa vigente incluye la prohibición de campaña en redes sociales durante el silencio electoral establecido por el calendario.

(Con información de EFE)

El Ministerio de Salud (Minsa) reforzó la respuesta frente al brote de sarampión en la región Puno, donde ya se han confirmado 27 casos y otros 38 permanecen bajo evaluación.

Desde el primer reporte, el sector salud dispuso la movilización de brigadas de vacunación, la instalación de puntos estratégicos y el despliegue de equipos multidisciplinarios. El objetivo: cortar la cadena de transmisión del sarampión y proteger a las poblaciones más vulnerables, especialmente niños menores de diez años.

Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), las acciones incluyen la intensificación de la vacunación en zonas urbanas y rurales, la búsqueda activa de casos y el diagnóstico temprano mediante pruebas de laboratorio como el método ELISA.

El Minsa trabaja en articulación con autoridades regionales, provinciales y distritales, así como con el Instituto Nacional de Salud (INS), que descentraliza la detección del virus para agilizar la identificación y el bloqueo de los casos.

Vacunación, vigilancia y cercos epidemiológicos

La principal recomendación del Minsa es completar el esquema de vacunación contra el sarampión, que contempla dos dosis en la infancia. Las autoridades insisten en que tanto niños como adultos que no hayan recibido ambas dosis pueden acercarse a los establecimientos de salud para inmunizarse.

De acuerdo con Constantino Vela Córdoba, director de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, la cobertura de la segunda dosis descendió a 71.25% durante 2025, lo que incrementa la susceptibilidad a nuevos brotes.

Las brigadas de vacunación han visitado aproximadamente 8 000 viviendas en Puno, aunque más de 1 500 familias rechazaron la aplicación. El Minsa exhorta a la población a no bajar la guardia, ya que una persona con sarampión puede transmitir el virus a un promedio de 12 personas.

La estrategia de “barrido” busca ampliar la cobertura en zonas donde se reportan casos y establecer un cerco epidemiológico que incluya la identificación y seguimiento de contactos.

En el marco de la alerta epidemiológica, el INS capacitó a especialistas de laboratorio en doce regiones, lo que permite detectar el sarampión de forma rápida y precisa. El uso del método ELISA y el secuenciamiento genómico de los casos confirmados son herramientas que agilizan la confirmación y el rastreo de la propagación del virus.

Prevención y coordinación binacional

Además de la vacunación, el Minsa recomienda medidas preventivas como el uso de mascarilla, el correcto lavado de manos y el distanciamiento físico en lugares concurridos. El personal de Promoción de la Salud difunde mensajes en lenguas originarias y realiza charlas de sensibilización para fortalecer la prevención en comunidades rurales y urbanas.

Los equipos técnicos del Minsa, CDC y otras instancias brindan asistencia sostenida en la región, coordinando con la Dirección Regional de Salud (Diresa) Puno y autoridades de Bolivia.

Se acordó movilizar brigadas en zonas fronterizas, ante el antecedente de más de 600 casos reportados en el país vecino durante el año anterior. La cooperación busca frenar la transmisión transfronteriza y fortalecer la vigilancia sanitaria.

Este martes inició en Bolivia el juicio oral por la desaparición de Odalys Vaquiata tras más de cuatro años de investigaciones en uno de los casos que ha generado mayor atención pública en el país en los últimos años.

La audiencia contará con la presencia de cinco personas acusadas, entre ellas Joel P., su expareja y sospechoso de feminicidio, además de sus padres, a quienes se acusa en grado de complicidad; y otras dos personas que están involucradas por presunto encubrimiento; según informó el abogado de la familia de la víctima, Jhovanny Gonzales, a la prensa local.

Odalys desapareció el 30 de marzo de 2022, cuando tenía 28 años, durante un viaje a la región tropical de los Yungas, en el departamento de La Paz, junto con su novio.

Según las investigaciones y los testimonios que se difundieron de manera pública, ambos fueron vistos en una fiesta en la localidad de Tocaña donde consumieron bebidas alcohólicas. La versión del principal acusado sostiene que en la noche decidieron retornar a La Paz, pero en el camino de regreso ambos discutieron, ella bajó del vehículo y se fue.

El joven asegura que la buscó, pero no logró encontrarla. Al día siguiente, el 31 de marzo, se reportó oficialmente su desaparición y se iniciaron los operativos de búsqueda con personal de Bomberos, la Patrulla Caminera y la Policía.

Mientras se realizaban los rastrillajes y avanzaba la investigación, fuentes policiales revelaron que Joel P. incurrió en una serie de contradicciones durante sus declaraciones, lo que provocó su detención preventiva el 2 de abril en una cárcel de La Paz.

A pesar de que las investigaciones no han sido concluyentes, el entonces viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, afirmó que tenía “toda la certeza” de que las versiones ofrecidas por la pareja de la joven fueron “mentirosas” y señaló: “él planificó el hecho con la intención de enlutar a la familia de Odalys”.

El inicio del juicio se produce tras múltiples aplazamientos y observaciones procesales que dilataron su instalación. Estas demoras fueron atribuidas a diversos factores, entre ellos recursos legales interpuestos por las partes, ajustes en la acusación y la necesidad de completar procesos dentro de la investigación.

La madre de la víctima, Mabel Quispe, pidió que se dicte la pena máxima de 30 años de cárcel sin derecho a indulto contra los acusados. “Quiero que les den la pena máxima, porque ellos saben muy bien qué hicieron con mi hija y no me la han querido devolver. Quisiera tener, por lo menos, el consuelo de decirle algún día a mi nieto: ‘Aquí está tu mamá, te la encontré, acá descansa ella’, pero ni eso me dieron”, afirmó en una entrevista con el canal Bolivisión.

Se prevé que el juicio oral se extienda por varias semanas, dependiendo de la cantidad de pruebas y testigos convocados a declarar. El proceso será clave para establecer un caso mediático que puso en tela de juicio la capacidad del Estado para resolver estos casos y marcar un precedente en la lucha contra la violencia de género en Bolivia.

Aunque no existen registros públicos consolidados sobre desapariciones, los feminicidios son un problema persistente en Bolivia. Desde que se incluyó esta figura en la legislación boliviana en el año 2013, se ha registrado un promedio anual de entre 80 y 110 feminicidios, lo que equivale a un caso cada tres o cuatro días. Además, el alto número de denuncias por violencia previa —más de 300.000 en una década— muestra que estos crímenes suelen estar precedidos por contextos de violencia doméstica.

Los candidatos a gobernador de Santa Cruz, la región más extensa, poblada y próspera de Bolivia, alistan su cierre de campaña este miércoles de cara al balotaje del domingo 19 de abril. Juan Pablo Velasco, de Alianza Libre, realizará un acto nocturno en la capital mientras que Otto Ritter, de Santa Cruz Para Todos, hará un recorrido por la región de Chiquitania, al este del departamento.

Ambos candidatos disputan el balotaje para la Gobernación de Santa Cruz tras quedar finalistas en las elecciones autonómicas del 22 de marzo, en las que Velasco obtuvo el 28% de los votos y Ritter el 36%, dejando en tercer lugar al actual gobernador y exlíder cívico, Luis Fernando Camacho, que sacó el 22%.

Pamela Flores, vocera del candidato Ritter, indicó a los medios locales que se decidió realizar una caravana como acto de cierre de campaña y que ésta partió el martes con dos paradas, en San José y San Ignacio, y concluirá este miércoles en Puerto Quijarro, en la frontera con Brasil. En tanto, Velasco cerrará campaña en Santa Cruz de la Sierra con conciertos en un centro de eventos, según la invitación difundida en redes sociales.

Estas actividades ocurren después del debate entre ambos candidatos el pasado domingo, que estuvo marcado por tensiones en el contraste de sus planes de gestión, que incluyen grandes inversiones como la consolidación de megaobras como el aeropuerto HUB de Viru Viru o la construcción de un tren metropolitano a una velocidad poco realista.

Sin embargo, el que resulte elegido el domingo heredará una institución con poder político, pero con poco margen económico de maniobra. El analista y exdirector del Observatorio Político de la Universidad Gabriel René Moreno, Daniel Valverde, la principal urgencia de la próxima gestión departamental tiene que ver con las cuentas públicas. “El primer desafío es incrementar los ingresos y revertir el déficit en las operaciones de la gobernación cruceña (déficit financiero y deuda flotante)”, explicó y dijo que sin esa ecuación no se podrá invertir en nuevos proyectos.

Velasco es un emprendedor tecnológico de 38 años, creador de una aplicación de delivery que fue vendida a la multinacional Pedidos Ya en 2018 y luego lideró la expansión de Yango en la región.

“JP”, como le llaman sus seguidores, no tiene experiencia en la función pública y es relativamente nuevo en la política. Tuvo su debut en las elecciones nacionales del año pasado cuando fue elegido candidato a vicepresidente de Jorge Quiroga con quien salió segundo en la elección general y luego disputó el balotaje con la fórmula de Rodrigo Paz y Edmand Lara.

En el otro lado de la papeleta estará Otto Ritter, un abogado de 62 años que siempre orbitó en la política. Fue concejal municipal y candidato a diputado, además de jefe nacional de la extinta Falange Socialista Boliviana, una fuerza política relevante entre las décadas de 1950 y 1980.

Como abogado, defendió a Marino Diodato, supuesto líder de una mafia italiana acusado de participar en el golpe de Estado de Luis García Meza (1980), que enfrentó cargos por narcotráfico, tráfico de armas y otros. Ritter fue su abogado hasta 1999, cuando fue elegido concejal de Santa Cruz.

Ambos aspirantes a gobernador tendrán el miércoles la última oportunidad para dar un mensaje a los votantes, debido a que el silencio electoral rige desde las cero horas del jueves.

Una avioneta privada se accidentó este lunes en un área boscosa del departamento de Cochabamba, en el centro de Bolivia, tras haber perdido comunicación con la torre de control minutos después de despegar del aeropuerto de El Alto. El vuelo tenía como destino la ciudad oriental de Santa Cruz.

La aeronave, una Cessna Citation con matrícula CP-3243, había trasladado horas antes al ministro de Desarrollo Productivo, Oscar Mario Justiniano, a la sede de Gobierno. Según reportes de medios locales, el avión pertenecía a la empresa maderera Exomad S.A., de la familia del ministro.

La avioneta partió a las 08.30 hora local (12.30 GMT) del aeropuerto de El Alto y 16 minutos más tarde perdió la comunicación con la torre de control. A partir de entonces, los radares detectaron un patrón de vuelo inusual y cerca de dos horas de navegación en círculos, presuntamente en pilotaje automático, antes de perder altitud de forma abrupta.

Un informe técnico difundido por la Agencia Boliviana de Información (ABI) que a las 10:57, un radar secundario de Cochabamba detectó un descenso brusco de la aeronave. Ese hecho activó alertas operativas y se instruyó a otras aeronaves en vuelo a abandonar el sector por razones de seguridad.

Pasadas las 14:00, un avión y un helicóptero de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) que realizaban el rastrillaje confirmaron el hallazgo de la aeronave, que se encontraba con las alas separadas del fuselaje, cerca de la localidad de San Miguelito, en una zona tropical y de difícil acceso en la región del Trópico de Cochabamba.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó que los ocupantes, el piloto Carlos Fernando Moyano y el copiloto Julio César Sardán, fueron encontrados sin vida. Sus cuerpos fueron recuperados en horas de la tarde y trasladados a la ciudad de Santa Cruz.

“Por los movimientos que hizo la aeronave y la pérdida de comunicación, tenemos la teoría de que hubo una despresurización de cabina, no había oxígeno y perdieron el conocimiento. Por eso el avión comenzó a dar vueltas hasta su precipitación”, afirmó Zamora en conferencia de prensa el lunes y anunció que próximamente se emitirá un informe técnico de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Se trata del segundo accidente aéreo con registros consolidados en lo que va del año. El 27 de enero un avión militar Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana se salió de la pista de aterrizaje en el aeropuerto de El Alto, atravesó el perímetro aeroportuario y terminó impactando contra vehículos en una avenida. El siniestro dejó al menos 24 personas fallecidas y más de 40 heridas, entre ocupantes de la aeronave y civiles que se encontraban en el área.

Según reportes oficiales, el accidente se produjo debido a las condiciones de la pista sobre la que había caído granizo horas antes que dificultaron la maniobra de aterrizaje. El avión procedente de Santa Cruz transportaba dinero en efectivo destinado al Banco Central de Bolivia.

Bolivia registra uno de los mayores costos logísticos de América Latina: el 18% del valor de un producto corresponde a gastos de transporte y distribución, frente al 14% que promedia la región. Esta brecha, sostenida durante años, condiciona la competitividad del sector productivo y limita el acceso fluido a mercados internacionales.

En ese contexto, el gobierno boliviano dio un paso formal hacia la construcción de una política nacional de ferrocarriles, con la organización de una cumbre específica sobre el tema en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El evento, denominado “Bolivia: corazón de integración latinoamericana – Política nacional de ferrocarriles”, se realizó el 8 de abril de 2026 con la participación de más de un centenar de actores: empresarios, agropecuarios, diplomáticos, representantes de organismos multilaterales y autoridades nacionales.

La presencia institucional incluyó a especialistas del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo que refleja el interés en estructurar un respaldo técnico y financiero sólido para los proyectos que se definan.

El ferrocarril como respuesta al costo logístico

La directora de la Unidad Técnica de Ferrocarriles (UTF), Cynthia Aramayo, sintetizó el diagnóstico que motivó la cumbre: Bolivia tiene la logística más cara de la región y eso afecta directamente la capacidad de sus sectores productivos para competir en el exterior. El ferrocarril, según su análisis, ofrece una alternativa concreta: menor costo por tonelada transportada, mayor capacidad de carga y una huella de carbono reducida frente al transporte por carretera.

Aramayo también aclaró que el modo ferroviario no compite con el transporte carretero, sino que se complementa. En su visión, el tren se abastece de la carga que llega por camión, ampliando la cadena sin reemplazar ningún eslabón. Esta perspectiva fue compartida por otros expositores de la cumbre y apunta a reducir la resistencia de operadores terrestres ante la expansión del sistema ferroviario.

Conectividad con cinco fronteras y salida al mundo

Uno de los ejes centrales del debate fue la interconexión territorial: Bolivia limita con Chile, Brasil, Paraguay, Argentina y Perú, y sus exportaciones dependen de corredores logísticos que atraviesan esas fronteras para llegar a puertos de salida. La falta de una red ferroviaria consolidada obliga a depender casi exclusivamente del transporte vial, con los costos y tiempos que eso implica.

El sector agropecuario fue uno de los más activos en la cumbre. El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) señaló que mejorar la infraestructura de transporte y diversificar las opciones logísticas es una condición necesaria para recuperar competitividad en el comercio exterior. El sector moviliza oleaginosas, proteínas y otras commodities que requieren acceso eficiente a puertos regionales, y la distancia actual entre los centros productivos y los puntos de salida es uno de los principales factores de pérdida de margen.

Desde el ámbito empresarial y consultivo también se destacó la importancia de unir las redes ferroviarias de oriente y occidente del país, actualmente desconectadas. Esa integración interna es considerada un paso previo indispensable para proyectar una red de alcance regional.

Infraestructura aeroportuaria y multimodalidad

El Ministerio de Obras Públicas planteó que la política ferroviaria no debe analizarse de forma aislada, sino como parte de un sistema multimodal que incluye la red de carreteras y el Hub de Viru Viru. La articulación de estos tres componentes —ferrocarril, vialidad y conectividad aérea— es lo que, según la autoridad, puede transformar a Bolivia en un punto de paso estratégico dentro de los corredores logísticos de la región.

Esta visión multimodal es coherente con la tendencia regional de integrar distintos modos de transporte para reducir tiempos y costos en cadenas de suministro que conectan producción, puertos y mercados de destino. La clave está en que cada modo opere según sus ventajas comparativas: el ferrocarril para grandes volúmenes y largas distancias, el camión para la distribución capilar y el avión para cargas urgentes o de alto valor.

Proyección y próximos pasos

La cumbre de Santa Cruz no produjo acuerdos vinculantes, pero sentó las bases de un proceso de planificación que el Ministerio de Obras Públicas definió como de corto y largo plazo. Entre los objetivos de corto alcance se menciona la unión de las redes ferroviarias internas; en el horizonte más amplio, la conexión con los países fronterizos y los puertos de exportación.

Si Bolivia logra estructurar una política ferroviaria sostenida en el tiempo, con financiamiento de organismos multilaterales y acuerdos con los países vecinos, el impacto sobre sus costos logísticos y su participación en el comercio regional podría ser significativo. La reducción de esa brecha de cuatro puntos porcentuales respecto al promedio latinoamericano es el objetivo concreto que los especialistas pusieron sobre la mesa y que definirá, en gran medida, el éxito o el fracaso de la iniciativa.

La Fundación George y Barbara Bush publicó fotografías inéditas del encuentro que sostuvieron en la Casa Blanca los expresidentes Jaime Paz Zamora, de Bolivia, y George H.W. Bush, de Estados Unidos, junto a sus hijos en 1990.

En las imágenes –en las que aparecen George W. Bush y Rodrigo Paz Pereira, que años más tarde se convertirían en presidentes de sus países– volvió a poner en el foco un episodio ocurrido hace más de tres décadas, durante la visita oficial a Washington, cuando el entonces mandatario boliviano viajó acompañado de su familia y le entregó como obsequio a su homólogo estadounidense una cruz de filigrana de oro que era parte del legado familiar.

“En 1990, el presidente boliviano Jaime Paz Zamora le regaló al presidente George H.W. Bush una cruz de herencia familiar durante una visita a la Casa Blanca. El Presidente Bush lo aceptó con una condición: que sea devuelto si uno de los hijos de Paz Zamora alguna vez llegaba a presidente”, señala el texto que acompaña las imágenes.

Días después de ese encuentro, Bush padre envió una nota manuscrita al entonces presidente boliviano prometiéndole que conservaría la reliquia “en un lugar muy especial de honor” en su biblioteca.

Más de 30 años después de ese encuentro, en octubre del año pasado, Rodrigo, el segundo hijo de Paz Zamora, ganó la presidencia de Bolivia al vencer en el balotaje al candidato Jorge Quiroga con el 54,96 % de los votos y la promesa de la devolución del crucifijo se cumplió.

El 7 de marzo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, entregó a Paz la joya familiar. “La biblioteca del presidente Bush me mandó una nota de todo lo que había ocurrido y me dijo que se lo entregara, así que ahí lo tiene”, manifestó el secretario de Estado al hacer la simbólica devolución.

La entrega ocurrió durante el encuentro de conformación de la alianza Escudo de las Américas, en la que 12 mandatarios latinoamericanos sellaron un compromiso de cooperación con Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico, el crimen organizado y la influencia extranjera en el hemisferio.

Durante el acto de devolución, Rodrigo Paz contó que estuvo presente junto a su padre y hermano en esa visita oficial y en el momento de la promesa de su padre. “Cuando mi padre estaba en Miami, de regreso a Bolivia, se acercó un miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses y le entregó una carta de Bush. Fue una sorpresa porque no fue algo de lo que hubieran hablado durante su encuentro en la Casa Blanca”.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, se refirió a este caso y lo calificó como una de sus “anécdotas favoritas”. Al relatar la historia del crucifijo en su cuenta de X, Landau manifestó que tras la victoria de Paz en las elecciones de octubre en Bolivia, la Biblioteca Bush los contactó de inmediato para cumplir con la promesa. “¿Y lo mejor? El presidente Rodrigo Paz pudo compartir esta historia con su padre, ahora de 86 años”, escribió Landau.

La publicación de estas fotografías se produce más de 30 años después de aquel premonitorio encuentro. Según la propia fundación, distintas instituciones estadounidenses participaron en el proceso de restitución de la cruz, cerrando así un episodio que quedó registrado tanto en documentos como en las imágenes difundidas.

Bolivia y Chile retomaron el diálogo bilateral tras un reciente intercambio de información sobre trabajos de infraestructura y medidas de control en la zona fronteriza común, en un intento por fortalecer la coordinación entre ambos países.

El acercamiento se produjo luego de una reunión en La Paz entre el canciller Fernando Aramayo y el cónsul general de Chile en La Paz, Fernando Velasco, en la que la representación chilena entregó documentación solicitada por el Estado boliviano para su análisis técnico, en el marco de los acuerdos y normas vigentes.

Según la Cancillería boliviana, el material remitido aborda intervenciones en la frontera y será evaluado por instancias competentes, mientras ambas partes coincidieron en la necesidad de profundizar los canales de comunicación y cooperación. Este intercambio también es visto como una señal de reactivación de la agenda bilateral, con énfasis en temas como la gestión fronteriza, el tránsito de personas y los vínculos comerciales.

Las relaciones entre Bolivia y Chile atraviesan una nueva etapa tras más de medio siglo de distanciamiento diplomático a raíz del histórico reclamo boliviano de acceso soberano al Pacífico, perdido en una guerra entre ambos países en 1884.

El distanciamiento entre La Paz y Santiago se profundizó en los últimos años, durante la gestión de Evo Morales (2006-2019) por la demanda marítima interpuesta por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia en 2013 y el juicio que inició Chile ante el mismo organismo por las aguas del Silala en 2016.

Tras la victoria electoral de Rodrigo Paz en Bolivia y José Antonio Kast en Chile, las relaciones de ambas naciones parecían iniciar un nuevo capítulo. Ambos mandatarios manifestaron su intención de establecer vínculos plenos y sostuvieron tres encuentros: el primero fue en enero, en un foro del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en Panamá; el segundo, en Miami, en la cumbre Escudo de las Américas convocada por Donald Trump, y el tercero fue el 11 de marzo, cuando Paz asistió a la investidura de Kast en Valparaíso.

Sin embargo, tras asumir la Presidencia el 11 de marzo, Kast firmó un decreto con el que ordenó reforzar el control militar en la frontera norte, con Perú y Bolivia, y construir “barreras físicas”, con lo que dio cumplimiento a su promesa electoral de combatir la migración ilegal.

La noticia generó polémica en Bolivia, donde analistas, actores políticos y exmandatarios, como Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) observaron que viola el Tratado de 1904, que delimita la frontera entre ambos países y otorga a Bolivia libre tránsito hacia las costas del Pacífico; y constituiría además un acto de hostilidad.

El Gobierno boliviano inicialmente minimizó la decisión de Kast, pero días más tarde, Paz respondió entre líneas a la estrategia chilena y dijo, en un acto de conmemoración de la guerra en la que se perdió el mar, que: “Nosotros no hacemos zanjas, nosotros hacemos puentes de la integración para unificar esas cinco naciones que están en torno a Bolivia”.

En este contexto, la reciente reunión entre el canciller Aramayo y el cónsul general de Chile se perfila como un primer paso para encauzar las diferencias surgidas en torno a las medidas fronterizas y reactivar los mecanismos de diálogo institucional.

El avance de Otto Ritter en la disputa por la Gobernación de Santa Cruz de la Sierra ha transformado la contienda en un hito para la política boliviana. En el primer ballotage registrado en la historia del departamento, el panorama se inclina hacia el abogado, cuya irrupción se explica por el vacío de liderazgo que dejó la salida de Luis Fernando Camacho. La elección, al exceder las fronteras de los partidos tradicionales, anticipa una posible redirección del mapa político regional.

El crecimiento de Ritter encuentra respaldo en cifras aportadas por la encuestadora Shila Vilker, directora de Trezpuntocero, a las que accedió Infobae: la candidatura comenzó con apenas 2% de intención de voto y hoy disputa el liderazgo en virtual empate técnico con Juan Pablo Velasco. Este último, identificado como emprendedor tecnológico y ex compañero de fórmula de Tuto Quiroga, representa un perfil opuesto al de Ritter, aunque la tendencia detectada en los sondeos revela un fortalecimiento sostenido del outsider en las últimas semanas.

El escenario actual se explica por la exclusión del actual gobernador, fenómeno que fracturó el sistema de alianzas y abrió un espacio inesperado. En este terreno abonado por la incertidumbre, Ritter capitalizó el desencanto de un electorado que busca opciones por fuera de la política tradicional, lo que se refleja en la polarización y el protagonismo que adquirió en el último tramo de la campaña.

El proceso electoral se ha visto teñido por una campaña negativa desplegada fundamentalmente en redes sociales. Diversas cuentas, vinculadas a estrategias de desgaste, han intentado asociar a Ritter con el masismo de Evo Morales. Sin embargo, el análisis político local desestima estas acusaciones, calificándolas como infundadas y resultado de la presión ejercida por el rápido ascenso del candidato emergente.

Por primera vez en la historia del departamento, el voto se desliga de manera evidente de las estructuras partidarias. El proceso que atraviesa Santa Cruz de la Sierra —en virtud de la irrupción de nuevos liderazgos— plantea una redefinición del poder regional, con una segunda vuelta inédita que coloca a Ritter en el centro de una posible transformación política.

Cinco contiendas

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) fijó la segunda vuelta para el domingo 19 en los cinco departamentos en los que no se obtuvo ganador en la primera ronda: Santa Cruz, Tarija, Oruro, Beni y Chuquisaca.

Hay expectativa por la disputa electoral en Santa Cruz, la región más próspera y extensa del país, donde dos opositores al Gobierno buscan la principal silla departamental. Velasco, de la alianza Libre, es un emprendedor tecnológico de 38 años que debutó en política en las elecciones nacionales de 2025, cuando acompañó en la fórmula a Jorge Quiroga como su candidato a vicepresidente. Al frente está Otto Ritter, de Santa Cruz Para Todos, que es un abogado que lleva décadas orbitando la política y que promete convertir a su región en “la Dubái de Sudamérica”.

En esta plaza, que es considerada una de las más fuertes por su poder económico y demográfico y su creciente influencia política a nivel nacional, perdió el candidato oficialista Luis Fernando Camacho, el actual gobernador y ex líder cívico aliado del gobierno de Rodrigo Paz. En ese marco, la votación del 19 de abril genera expectativa sobre la relación entre el gobierno regional y el nacional, ya que Santa Cruz ha sido en los últimos años el bastión de la oposición al Movimiento Al Socialismo (MAS) y el epicentro de las protestas contra el centralismo.

Un cabildo realizado este fin de semana en la ciudad andina de El Alto, en Bolivia, concluyó con una resolución que otorga un plazo de 15 días al presidente Rodrigo Paz para atender las demandas planteadas por los asistentes, entre las que se incluyen la reducción salarial de los asambleístas legislativos, la eliminación de la figura de legisladores suplentes y de la renta vitalicia para expresidentes, entre otros puntos.

La concentración —a la que denominaron “Despierta Bolivia”— fue convocada por el senador suplente Nilton Condori y algunos dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, el mayor ente campesino del país. Según medios locales, organizaciones de varias provincias de La Paz llegaron a El Alto para participar en el encuentro.

“Este cabildo ha sido histórico porque se están planteando reglas para transformar Bolivia. El eje fundamental es que los ‘mankagastos’ (mantenidos) tienen que reducirse a 10.000 bolivianos (equivalentes a poco más de mil dólares). Y los suplentes que ganan 7.000 bolivianos se deben reducir a 3.500 (unos 350 dólares). Esa es la esencia de este cabildo”, afirmó Condori.

Sin embargo, a lo largo del evento surgieron reclamos que no estaban contemplados en la convocatoria inicial —centrada en la modificación salarial de los legisladores— y las exigencias viraron hacia temas políticos y económicos más amplios, algunos de los cuales requieren de reformas constitucionales para su ejecución.

En un evento marcado por la improvisación y el desorden en la lectura de las resoluciones, algunos dirigentes llegaron incluso a pedir la renuncia del primer mandatario, como la dirigente de las mujeres campesinas Bartolina Sisa, Luisa Villca, quien calificó el cabildo como el inicio de una “lucha contra las injusticias” del gobierno y demandó la renuncia de Rodrigo Paz.

A pesar de la reiteración de este pedido, la resolución final del cabildo no exige la renuncia de Paz, pero condiciona el reclamo a la “voluntad real” del Gobierno de trabajar con el “pueblo organizado”. “Si el Gobierno no tiene la voluntad real de trabajar junto al pueblo organizado, campesinos, indígenas, originarios, interculturales, transportistas, gremiales, etc., advertimos de manera clara y categórica que solicitaremos la renuncia inmediata del presidente”, señala el documento.

Para algunos analistas en este cabildo confluyeron diversos reclamos y muestras de descontento contra la gestión de Paz, que pueden ser el germen de nuevos frentes de oposición y subir la presión contra el Gobierno, especialmente si se articulan con las de las tierras bajas que reclaman la anulación de una nueva ley que autoriza cambios en la clasificación de la tierra, un tema históricamente sensible en Bolivia.

El investigador social Wilmer Machaca apuntó en redes sociales que el evento fue la antesala del “próximo escenario de batalla” por la nueva ley y anticipa que será “una pelea mucho más nacional y estructural” que la demanda por la rebaja del salario de los congresistas.

En una lectura similar, la escritora alteña y analista Quya Reyna manifestó que si bien hubo “mucha improvisación y ambigüedad” al momento de asumir posturas, la concurrencia se mostró como opositora al Estado. “Hay una población molesta, con ira, indignada. Lo malo es que toda esa población no puede contemplar una agenda única, las luchas están dispersas, perdidas entre las voces de liderazgos muy poco elocuentes o con muy poca fuerza, pero persistentes”, afirmó en una publicación.

Los cabildos son mecanismos de deliberación y participación ciudadana que se realizan con frecuencia en Bolivia, en los que la población se reúne para expresar posiciones colectivas sobre temas de interés público. Si bien las resoluciones no son vinculantes, en las últimas décadas estos eventos adquirieron un peso político importante al convertirse en un espacio de articulación social y presión política sobre las autoridades.

Para que un cabildo sea reconocido legalmente, debe contar con supervisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que realiza un informe en el que se recogen las resoluciones y el número estimado de asistentes. Según el vocal Alberto Goitia, citado por Visión 360, el TSE no participó en este encuentro, con lo que su celebración no tendría registro institucional.

Sin embargo, algunos dirigentes advirtieron que, de no existir respuestas concretas dentro del plazo establecido, se activarán movilizaciones a nivel nacional. Hasta la publicación de esta nota, no hubo un pronunciamiento oficial del Gobierno sobre estas demandas.

Este domingo 12 de abril se realizarán cinco debates simultáneos de los candidatos para gobernaciones de Bolivia. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) fijó la segunda vuelta para el domingo 19 en los cinco departamentos en los que no se obtuvo ganador en la primera ronda: Santa Cruz, Tarija, Oruro, Beni y Chuquisaca.

Según la organización, los debates comenzarán a las 21:00 y tendrán seis ejes temáticos: economía y finanzas; salud y educación; pacto fiscal; desarrollo productivo y seguridad jurídica; conectividad, infraestructura y carreteras; y medio ambiente. Al finalizar el intercambio de ideas, cada candidato tendrá dos minutos para dar un mensaje final a los votantes

Los aspirantes que expondrán sus propuestas son Otto Ritter y Juan Pablo Velasco, que disputan la gobernación de Santa Cruz; María René Soruco y Adrián Oliva, que van por la de Tarija; Jesús Egüez y Hugo Vargas en Beni; Edgar Sánchez y Óscar Chambi en Oruro; y Luis Ayllón y Grover García que buscan el cargo en Chuquisaca.

Hay expectativa por la disputa electoral en Santa Cruz, la región más próspera y extensa del país, donde dos opositores al Gobierno buscan la principal silla departamental. Velasco, de la alianza Libre, es un emprendedor tecnológico de 38 años que debutó en política en las elecciones nacionales de 2025, cuando acompañó en la fórmula a Jorge Quiroga como su candidato a vicepresidente. Al frente está Otto Ritter, de Santa Cruz Para Todos, que es un abogado que lleva décadas orbitando la política y que promete convertir a su región en “la Dubái de Sudamérica”.

En esta plaza, que es considerada una de las más fuertes por su poder económico y demográfico y su creciente influencia política a nivel nacional, perdió el candidato oficialista Luis Fernando Camacho, el actual gobernador y ex líder cívico aliado del gobierno de Rodrigo Paz. En ese marco, la votación del 19 de abril genera expectativa sobre la relación entre el gobierno regional y el nacional, ya que Santa Cruz ha sido en los últimos años el bastión de la oposición al Movimiento Al Socialismo (MAS) y el epicentro de las protestas contra el centralismo.

En Tarija, la región sureña productora de hidrocarburos, también hay interés por la participación del ex gobernador Adrián Oliva, actual aliado del gobierno de Paz. En esta región, en la que el presidente forjó su carrera política y por ende tiene un peso simbólico especial, fue inhabilitado Mario Cossío, uno de los políticos relevantes de la región en la primera década del siglo, a quien reemplaza María René Soruco, una abogada con experiencia en temas constitucionales y autonómicos.

Para algunos analistas, la pulseta departamental será un termómetro de la popularidad del presidente Paz que ingresó a la contienda a través de una alianza política nueva, a la que denominó Patria, y con la que postuló candidatos a las regiones. Si bien logró quedar como finalista en algunos balotajes, Patria tuvo un desempeño más débil de lo esperado y no logró consolidarse como una fuerza hegemónica a nivel nacional.

Esta elección se dará en medio de la controversia por lo ocurrido en el departamento de La Paz, donde el TSE suspendió el balotaje por la renuncia de uno de los partidos sin el consentimiento de su candidato. En ese marco, el organismo electoral informó que proclamará ganador a Luis Revilla, de alianza Patria, que obtuvo el 20% de los votos y debía disputar la segunda vuelta con René Yahuasi, que sacó el 9,1%. Según la ley electoral, para ganar en primera vuelta un candidato debía obtener el 50% de los votos o el 40% con una distancia de diez puntos sobre el segundo candidato.

Con esa determinación, Patria obtendrá solo una gobernación del “eje central” —compuesto por La Paz, Cochabamba y Santa Cruz—, pero enfrentará cuestionamientos de legitimidad por parte de varios sectores; y aún está por definirse si gana en otras regiones. En cuanto a las alcaldías de ciudades capitales, que se definen por simple mayoría, obtuvo una de nueve.

En ese escenario, los debates del domingo adquieren un peso determinante: no solo serán la última oportunidad para contrastar propuestas y perfilar liderazgos antes de la segunda vuelta, sino también decisivos para el desempeño de la alianza Patria que llega con resultados por debajo de lo esperado.

La Policía Boliviana detuvo a 11 personas, confiscó casi 47 kilos de cocaína y destruyó 46 laboratorios de producción de esa droga en intervenciones realizadas durante tres días en el departamento central de Cochabamba, informó este sábado una fuente oficial.

El Viceministerio de Defensa Social, a cargo de la lucha antidroga, señaló en un comunicado que la operación “Tormenta del Trópico” se realizó entre el 8 y el 10 de abril en los municipios de Entre Ríos, Bulo Bulo y Villa Tunari, donde están varios sindicatos de productores de hoja de coca del país.

“Este esfuerzo permitió intervenir estructuras vinculadas a la producción y logística de sustancias controladas”, señaló el titular de ese institución, Ernesto Justiniano, que ejerce como zar antidroga.

Además, se eliminaron 8.800 litros de la denominada ‘agua rica’, una sustancia que una vez procesada podía haber sido transformada en 333 kilos de cocaína, indicó el viceministerio.

Los agentes antidroga también confiscaron tres viviendas, cuatro rifles y dos pistolas, además de siete vehículos, una motocicleta y 1.500 litros de gasolina.

La intervención provocó el jueves la reacción de campesinos cocaleros que intentaron enfrentarse con palos y piedras a los agentes, que usaron gases lacrimógenos para dispersar esa protesta sin mayores consecuencias.

Las autoridades calculan que en el país existen 40.000 hectáreas de arbustos de hoja de coca, de los que solo 22.000 hectáreas están amparadas por una ley promulgada por el Gobierno de Evo Morales en 2017.

En Bolivia, las hojas de coca tienen usos legales medicinales, culturales y en la producción de infusiones y energéticos, pero la planta también es procesada de forma ilícita como materia prima de la cocaína.

Según estimaciones del viceministerio de Defensa Social, en Bolivia se producirían alrededor de 300 toneladas de cocaína al año, de las que se decomisan poco más del 10 %.

Por otra parte, la Fiscalía de Bolivia informó este viernes sobre la detención de diez personas en una operación que se realizó simultáneamente en distintas regiones del país para detectar material vinculado al abuso sexual infantil en entornos digitales.

La intervención se denominó ‘Operación de Respuesta Operativa contra el Material de Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes (ROMA I)’ y se enmarcó en una ley que rige desde septiembre pasado para proteger a menores de la violencia sexual en entornos digitales, según un comunicado de prensa de la Fiscalía.

“Como resultado de esta intervención simultánea, el Ministerio Público en coordinación con la Policía Boliviana ejecutó un total de 19 allanamientos en distintos departamentos del país, logrando la aprehensión de diez personas adultas”, dijo el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, citado en la nota.

En la operación también se identificó a un adolescente “con responsabilidad penal”, añadió Mariaca.

El Ministerio Público aseguró que los resultados son fruto de un trabajo de investigación de “meses” liderado por la Fiscalía Superior en Razón de Género junto a las fiscalías departamentales y la Policía de Bolivia.

Durante los allanamientos, fueron incautados equipos tecnológicos y otros objetos, como dos computadoras de escritorio, 12 portátiles, 9 tabletas, 64 teléfonos móviles, 22 memorias externas, tres grabadoras de video digital (DVR) y un TV Box, que serán “sometidos a pericias especializadas”, detalló la Fiscalía.

Además, se hallaron otros elementos, como sustancias controladas, un arma de fuego, munición, material explosivo y dinero, lo que muestra “la complejidad” de los casos indagados y amplía las “líneas investigativas”.

La operación se realizó “bajo principios de simultaneidad, reserva y coordinación centralizada”, agregó la Fiscalía.

En septiembre se promulgó la ‘Ley para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales’, norma promovida por la Fiscalía, que estableció nuevas figuras penales para sancionar delitos como el ‘grooming’, el ciberengaño pederasta o la difusión de material de abuso infantil en línea

(Con información de EFE)

El ex ministro de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, Juan Santos Cruz, fue sentenciado a 10 años de prisión en el marco del denominado “caso coimas”, mientras que el ex viceministro de Agua Potable, Carmelo Valda Duarte, recibió una condena de seis años, tras una decisión emitida por el Tribunal Segundo de Sentencia en lo Penal Anticorrupción de La Paz.

El proceso se originó a partir de una denuncia presentada el 8 de abril de 2023 sobre una supuesta estructura de cobros ilegales a cambio de favorecer adjudicaciones de obras dentro de esa cartera de Estado. Las investigaciones también concluyeron con responsabilidad penal para cinco ex funcionarios vinculados a la gestión gubernamental del ex presidente Luis Arce (2020-2025).

Además de las penas de cárcel, la sentencia establece que los condenados —entre ellos otros tres ex funcionarios que recibieron seis años de prisión— quedarán inhabilitados para ejercer cargos públicos una vez que el fallo quede ejecutado. Asimismo, el tribunal dispuso avanzar en la identificación y el decomiso de bienes obtenidos de manera ilícita.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el esquema investigado habría generado un daño económico al Estado superior a los 19 millones de bolivianos, equivalentes a 2,7 millones de dólares al tipo de cambio de entonces. Las autoridades señalaron que se trató de pagos irregulares exigidos a empresas interesadas en contratos públicos, lo que permitió establecer la existencia de una red de corrupción dentro del ministerio.

El fallo se conoce tras casi tres años de proceso judicial en los que el ex ministro Cruz estuvo detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro, en La Paz, donde también guarda reclusión el ex presidente Arce, acusado por una ex funcionaria de su Gobierno de haberla abandonado estando embarazada de un hijo en común.

Arce, que está en prisión desde el 12 de diciembre, enfrenta en paralelo una investigación por el supuesto manejo irregular de recursos públicos para el desarrollo de proyectos del Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc) que no se concretaron o quedaron incompletos. Desde la cárcel, el mandatario publicó una carta la semana pasada en la que se declara inocente y “perseguido político” del gobierno de Rodrigo Paz.

Con la sentencia de Cruz, suman cuatro ex ministros de Arce detenidos. En enero fue aprehendido el ex ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, acusado de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica en la construcción de un tramo de la carretera Cochabamba-Santa Cruz.

Días después cayeron los ex ministros de Desarrollo Productivo, Zenón Mamani y Néstor Huanca, por una denuncia de conducta antieconómica relacionada a la distribución de harina subvencionada a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), cuyo ex gerente, Franklin Flores, también se encuentra detenido acusado de dirigir la construcción irregular de una planta industrializadora de papa que funcionó solo unas semanas.

Otras autoridades vinculadas al anterior gobierno también enfrentan procesos judiciales, como el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, que fue declarado en rebeldía y se encuentra prófugo de la justicia.

Las detenciones de antiguos funcionarios públicos responden a una política de “lucha contra la corrupción” impulsada desde el Ejecutivo, según aseguró el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. “Cumplimos un mandato presidencial, una política de Estado dentro de la transparencia y la lucha a fondo contra la corrupción”, afirmó en enero durante la conferencia de prensa en la que se anunció la captura del ex ministro Montaño.

La estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó este jueves que los pagos por resarcimiento de daños vehiculares atribuibles a la calidad del combustible superan los 9,7 millones de bolivianos, equivalentes a más de un millón de dólares.

El gerente de Comercialización de YPFB, Nelson Mendoza, explicó a la radio Erbol que el monto fue destinado a 8.204 usuarios que hicieron la solicitud de reembolso económico hasta el 8 de abril.

Sin embargo, aún queda pendiente el pago de 34.900 solicitudes que están en proceso de evaluación a través de peritos legales y mecánicos para verificar cada caso.

Si bien anteriormente se informó que se rechazaron cerca de tres mil solicitudes, Mendoza evitó dar una cifra consolidada debido a que el proceso se mantiene abierto mediante revisiones adicionales. “No estamos hablando todavía de descartados, porque estamos atendiendo a todos. Queremos llegar al 100% de la población que probablemente ha sido damnificada y de manera justa poder compensar esos gastos”, afirmó el funcionario.

Para este fin, la estatal petrolera habilitó oficinas para la atención de casos en ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

El pago de resarcimiento es una de las respuestas de la estatal petrolera a la crisis de combustible que atraviesa Bolivia, luego de que hace más de dos meses se registraran denuncias de daños mecánicos atribuidos a un combustible de mala calidad.

En febrero, el entonces presidente de YPFB, Yussef Alky, admitió que se había distribuido gasolina contaminada con residuos de goma y manganeso que quedaban en los tanques de almacenamiento y aseguró que con la inyección de detergentes y aditivos especiales mejoraría su calidad. En paralelo, se activó un seguro para compensar los daños vehiculares que certificadamente sean atribuidos a la gasolina.

A pesar de estas acciones, en las últimas semanas se registraron manifestaciones y bloqueos por parte de choferes que denuncian que la gasolina aún no cumple con estándares de calidad y que el pago del resarcimiento no se cumple oportunamente.

Este conflicto provocó la destitución del presidente de la estatal petrolera —que fue reemplazado por Claudia Cronenbold— y una interpelación legislativa al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, que logró mantenerse en el cargo al no prosperar una moción de censura en su contra.

A los problemas técnicos se sumaron denuncias de sobreprecio en la adquisición de diésel y gasolina, que el ministro Medinaceli atribuye a la variación de los precios internacionales del petróleo en un contexto bélico que ha impactado de manera directa el mercado energético.

Ante la acumulación de tensiones por la gestión de hidrocarburos, la administración de Rodrigo Paz ensaya justificaciones diversas. A la versión inicial, que atribuía la contaminación a residuos en el tanque, le siguió otra sobre un supuesto plan de “sabotaje” interno que no se explicó detalladamente y que derivó en la militarización de plantas de refinamiento para custodiar toda la cadena de operación.

Más tarde, el presidente Paz aludió a la presunta existencia de una red internacional dedicada a adulterar el combustible recién importado. Según indicó, este mecanismo consistía en sustraer una parte del producto y reemplazarla por una mezcla de agua y aceite en las cisternas. Este procedimiento se habría llevado a cabo en el norte de Chile, a donde llegan los buques con el combustible importado.

A casi tres meses de las primeras denuncias sobre la calidad de la gasolina, el caso aún se mantiene abierto y genera preocupación entre actores políticos y usuarios, quienes exigen una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Durante una sesión de más de 12 horas en la Asamblea Legislativa de Bolivia, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, respondió cuestionamientos sobre el proceso de importación de combustibles y logró evitar su destitución al no prosperar la moción de censura en su contra.

El pliego de la interpelación incluía 15 preguntas relacionadas con la adquisición de diésel y gasolina, básicamente sobre su precio —que algunos legisladores consideran “sustancialmente superior” al de los contratos anteriores— y la supervisión de los contratos suscritos por la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la empresa Trafigura, que media en la logística de importación.

Medinaceli afirmó que el contrato fue suscrito en la gestión anterior y que se lo mantuvo vigente para garantizar el abastecimiento y evitar “un conflicto legal”. También deslindó responsabilidades operativas hacia YPFB y sostuvo que la gestión actual será más transparente, por lo que anunció la publicación de los contratos de importación. “Queremos que los contratos estén disponibles, que se puedan dialogar, discutir y analizar de manera abierta”, señaló.

En relación a las denuncias de sobreprecio, el ministro argumentó que el incremento responde a la variación significativa del precio internacional del petróleo debido a conflictos que impactan directamente en el mercado energético a nivel global.

La sesión, que estuvo marcada por momentos de tensión, fue reinstalada luego de varios cuartos intermedios y reunió a legisladores de distintas fuerzas políticas. El objetivo era interpelar a Medinaceli y definir su continuidad o no en el cargo.

De acuerdo con la normativa vigente, se requería el respaldo de dos tercios del total de legisladores para aprobar la censura. Sin embargo, la votación no alcanzó ese umbral. De los 166 asambleístas, solo 58 apoyaron la medida, por debajo de los 111 votos necesarios.

Uno de los factores determinantes fue la falta de un voto unificado dentro de las bancadas, ya que las posiciones se mostraron divididas incluso entre los propios partidos. Con este resultado, Medinaceli continúa al frente de la cartera de Hidrocarburos, mientras persisten las tensiones políticas en torno a su gestión.

La semana pasada, el Senado conformó una comisión especial para investigar la contaminación del combustible y el recorrido que sigue desde su importación hasta la distribución. La comisión fijó un plazo de tres meses para presentar un informe final.

El conflicto por el combustible inició hace más de dos meses cuando surgieron denuncias por la presunta mala calidad de la gasolina, que estaba generando daños mecánicos en los vehículos.

En febrero, YPFB admitió que se había distribuido combustible contaminado con residuos de goma y manganeso y anunció que se inyectarían aditivos especiales para mejorar su calidad. Adicionalmente, se creó un seguro de resarcimiento de daños que, según la estatal petrolera, benefició a cerca de 3.000 usuarios hasta el 31 de marzo.

En el Ejecutivo han dado explicaciones diversas sobre este tema: dijeron que la contaminación se había originado en los tanques de la gestión anterior, luego hablaron de una red de “sabotaje” interna que no se explicó técnicamente y finalmente se reveló una supuesta red internacional que sustraía en el norte de Chile una parte del combustible importado y luego rellenaba las cisternas con agua y aceite.

Entre medio surgieron denuncias de sobreprecio, cuestionamientos a los contratos de importación de combustible y se despidió al presidente de la estatal petrolera que fue sustituido por Claudia Cronnebold, una exfuncionaria de Petrobras.

Pese a que el ministro Medinaceli logró evadir la censura, el contexto actual anticipa una creciente presión política en Bolivia si no resuelve el conflicto del combustible que básicamente pasa por transparentar el proceso de importación y garantizar los estándares mínimos de calidad.

La preocupación por el sarampión ha llevado a Perú y Bolivia a establecer una estrategia conjunta para fortalecer la vacunación en zonas fronterizas.

Representantes del Ministerio de Salud (Minsa) del Perú sostuvieron reuniones con el gobernador regional de Puno y funcionarios del Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia, con el fin de coordinar medidas que refuercen la campaña de inmunización. La región puneña se encuentra en el centro de la alerta sanitaria, tras confirmarse un brote que elevó a 17 el número de casos en el país durante 2026.

El equipo técnico del Minsa expuso la situación actual del sarampión en la región, señalando la necesidad de intensificar las jornadas de vacunación, el trabajo de investigación epidemiológica y el diagnóstico por laboratorio.

Las autoridades pusieron énfasis en los distritos de Juliaca y Sandia, donde se ha identificado una mayor vulnerabilidad. Además, el trabajo conjunto con la Dirección Regional de Salud (Diresa) Puno y representantes bolivianos permitió acordar la movilización de brigadas de vacunación en puntos estratégicos, como zonas fronterizas y terminales terrestres.

La estrategia abarca tanto áreas urbanas como rurales, con la participación de más de 200 brigadas desplegadas en redes de salud de Sandia, Melgar, Chucuito, Yunguyo, El Collao, Lampa, Azángaro, Huancané y Putina, así como en las redes integradas de San Román, Puno y Carabaya.

El objetivo es contener la expansión mediante una cobertura intensiva en grupos vulnerables y en regiones donde la cobertura de la segunda dosis permanece por debajo del nivel recomendado.

Riesgo elevado y respuesta regional

La alerta epidemiológica emitida por el Minsa llega en un contexto de baja cobertura vacunal. Según cifras oficiales, más de 150 mil peruanos entre niños y adultos hasta los 30 años están en riesgo de contagio debido al descenso en la aplicación de la segunda dosis.

La región Puno registra una cobertura de solo 71.25% en 2025 y 12.7% en los primeros meses de 2026, mientras que el promedio nacional apenas alcanza el 82%. Las festividades recientes, como los carnavales y la Virgen de la Candelaria, han facilitado la circulación del virus, según informes de las autoridades sanitarias.

El brote en Puno incluye 15 nuevos contagios en una sola semana, con transmisión comunitaria identificada en Juliaca, San Pedro de Putina Punco y un caso adicional en Lima Metropolitana vinculado a la exposición en la región sur.

El incremento de casos responde a una tendencia regional y mundial, con más de 110 países reportando brotes, incluyendo a Bolivia, México, Guatemala, Estados Unidos y Canadá.

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), el Instituto Nacional de Salud y la Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de Salud lideran la respuesta técnica, en coordinación con la Oficina General de Gestión Descentralizada y las direcciones de Promoción de la Salud y Comunicaciones.

La vigilancia epidemiológica y la vacunación intensiva en zonas fronterizas buscan frenar la propagación del sarampión, protegiendo a las poblaciones en riesgo en ambos lados de la frontera.

El Minsa recordó que la vacunación se dirige a niños desde los seis meses y a adultos hasta los 59 años, priorizando áreas con brotes confirmados y alta movilidad fronteriza.

El caso presenta características que apuntan a una ejecución planificada. Las víctimas fueron atacadas con disparos y, posteriormente, sus cuerpos resultaron incendiados dentro del inmueble. Este nivel de violencia, junto con los indicios de encubrimiento, marca una línea de investigación centrada en posibles disputas dentro de estructuras delictivas.

Mientras avanzan los peritajes, la identificación de los fallecidos enfrenta dificultades por el estado de los cuerpos. Sin embargo, las autoridades confirmaron la identidad de una de las víctimas y mantienen bajo reserva varios detalles del proceso para no afectar las diligencias en curso.

Evidencias forenses y reconstrucción del crimen

La Fiscalía informó que las víctimas murieron por impactos de bala, en su mayoría en la cabeza, antes de que los cuerpos fueran quemados. Esta secuencia permitió establecer que el incendio tuvo como finalidad ocultar pruebas. Según el director de la FELCC, Johnny Coca Guamán: “Se puede determinar de que ellos con anterioridad, sufrieron impactos de bala, dos en la cabeza y el uno en el cuerpo. Entonces, estamos hablando de un hecho de asesinato”.

El análisis forense enfrenta limitaciones debido al daño en los restos. Dos de los tres cuerpos permanecen sin identificación oficial, lo que obliga a realizar pruebas complementarias, entre ellas huellas dactilares y exámenes genéticos. En este contexto, el nombre de Luis Octavio Quispe surge como el único plenamente confirmado hasta el momento.

Las autoridades manejan como principal línea de investigación un ajuste de cuentas. De acuerdo con información oficial, el crimen podría estar relacionado con una deuda hacia un grupo brasileño vinculado al tráfico de drogas. Esta deuda se habría originado por la pérdida de un cargamento ilegal.

El modo en que ocurrió el ataque refuerza esta hipótesis. La ejecución con disparos directos y el intento posterior de eliminar evidencias sugieren una operación coordinada. La Fiscalía sostiene que no se trata de un hecho aislado, sino de una acción vinculada a dinámicas propias del crimen organizado en la región.

Detenciones y avance de las investigaciones

El caso registra avances en el ámbito judicial. Un presunto implicado recibió detención preventiva por 180 días, mientras otra persona fue aprehendida bajo sospecha de complicidad. Esta última figura como posible colaborador en el traslado de las víctimas. Según Coca Guamán: “Y también informar de que tenemos una persona aprehendida en este momento ya. Eh, se habla de que habría ayudado a transportar, se habla de un chofer. Entonces, existe una posibilidad de poder, eh, imputar a esta persona por complicidad en grado de asesinato”.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Johnny Coca Guamán, indicó que el detenido mantenía una relación cercana con una de las víctimas. De acuerdo con la autoridad, el sospechoso realizaba cobros y otras actividades para el fallecido. Sin embargo, durante su declaración negó estos vínculos, aunque los investigadores señalaron la existencia de elementos que contradicen su versión.

Coordinación internacional y reserva del caso

Debido a la posible nacionalidad peruana de una de las víctimas, las autoridades bolivianas mantienen coordinación con instancias de Perú. Este intercambio busca confirmar identidades y avanzar en la reconstrucción de los hechos. La investigación se mantiene bajo reserva, con el objetivo de evitar interferencias y preservar las líneas de trabajo abiertas.

En el municipio de El Torno, donde ocurrió el crimen, la presencia policial se intensificó mientras continúan las diligencias. Las autoridades no descartan la participación de más personas y sostienen que el caso aún se encuentra en etapa de recolección de pruebas.

El expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) solicitó al Gobierno la entrega de un pasaporte diplomático, bajo el argumento de que necesita el documento para poder atender invitaciones internacionales que ha recibido de distintos países. Según manifestó a través de la emisora cocalera Kawsachun Coca, la falta del pasaporte le impide viajar y cumplir con actividades fuera del país.

“Le pido al canciller que me mande mi pasaporte diplomático, no quieren darme, qué egoísmo”, dijo el mandatario y afirmó que le corresponde “por derecho” al tratarse de un exmandatario.

Morales rechazó versiones sobre otros supuestos fines de su solicitud, como evadir procesos judiciales, y aseguró que no tiene intención de darse a la fuga.

El expresidente y líder cocalero se encuentra atrincherado desde octubre de 2024 en su bastión del Trópico de Cochabamba bajo el resguardo de sus seguidores para evitar su aprehensión en el marco de una investigación por abuso de menores.

El exmandatario está imputado por el delito de trata de menores por haber presuntamente embarazado a una menor de edad en 2016, cuando era presidente. Según la investigación de la Fiscalía, Morales y una joven que entonces tenía 16 años tuvieron una hija a la que inscribieron en un registro civil de la localidad de Yacuiba, fronteriza con Argentina. La partida de nacimiento es la prueba sobre la que se fundamenta el caso.

El exmandatario fue convocado dos veces —en octubre de 2024 y enero de 2025— a prestar su declaración en la ciudad de Tarija, pero no se presentó. Tras su segunda inasistencia, el juez Nelson Rocabado lo declaró en rebeldía, dispuso su arraigo y la anotación de sus bienes, y emitió una segunda orden de arresto que hasta la fecha no se ejecuta.

En ese contexto, Morales permanece en una suerte de arresto domiciliario en su bastión tropical de Cochabamba, donde sus seguidores han montado una guardia que lo vigila de manera permanente.

“Aunque me maten, me voy a quedar aquí, no tengo por qué escaparme”, manifestó Morales y dijo que su solicitud responde a la intención de viajar porque le “llueven invitaciones” fuera del país. “Por derecho, por norma, me corresponde un pasaporte diplomático”, aseveró.

En efecto, el Decreto Supremo 1891 de febrero de 2014 establece que entre los beneficiarios de un pasaporte diplomático figuran los expresidentes de Estado y si bien no se especifican las causales para limitar la emisión de este documento, otra normativa faculta al Gobierno, a través de la Cancillería o la Dirección de Migración, a “suspender, cancelar o anular” pasaportes.

Infobae intentó comunicarse con la Cancillería para conocer su posición sobre el reclamo de Morales, pero hasta la publicación de esta nota no se obtuvo respuesta.

El tema de los pasaportes diplomáticos y oficiales ha estado en el centro de la controversia en los últimos meses, luego de que se descubriera que la exdiputada Laura Rojas ingresó al país a finales de noviembre con 32 maletas cuyo contenido se encuentra en investigación.

Según las investigaciones, Rojas llegó en un vuelo chárter procedente de Estados Unidos y utilizó un pasaporte diplomático para facilitar el tránsito de las valijas que fueron llevadas a depósitos aduaneros en la ciudad de Santa Cruz y luego trasladadas a un galpón donde más tarde se encontró droga.

El caso derivó en la aprehensión de la exdiputada y cuestionamientos sobre un posible uso indebido del documento oficial, cuyo uso está reservado para funciones de representación o en determinadas condiciones reconocidas por el Estado. En paralelo, abrió el debate sobre los controles y la fiscalización de los pasaportes diplomáticos y sobre las atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores para otorgarlos, suspenderlos o retirarlos en caso de irregularidades.

El Gobierno de Bolivia promulgó este miércoles una ley que permitirá modificar la clasificación de tierras en el país. La Ley 157 autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a convertir pequeñas propiedades en medianas o empresariales, con el objetivo de permitir a los pequeños productores usar sus tierras como garantía para financiamientos bancarios e impulsar la productividad rural.

Este trámite, que se realizará a simple solicitud y se cumplirá en un plazo de diez días, puede suponer una transformación estructural en el sistema de tenencia de la tierra. En Bolivia las propiedades se clasifican en pequeñas, comunitarias, medianas y empresariales. Las dos primeras no se pueden vender a empresas ni usar como garantía bancaria y las dos segundas sí.

Este sistema, vigente desde 1953, fue diseñado con el objetivo de evitar la concentración de la tierra en pocas manos y el desplazamiento progresivo de campesinos y productores. Con la nueva ley —denominada Conversión de la Pequeña Propiedad Agraria a Mediana o Empresarial—, las pequeñas propiedades, de hasta 500 hectáreas, quedan abiertas al mercado.

Durante el tratamiento de la ley, que fue iniciado en 2024 con la anterior legislatura y reactivado en el nuevo ciclo, diversas organizaciones expresaron su preocupación porque consideran que puede dar lugar al despojo progresivo de comunidades rurales, generar concentración de tierras y expandir la agroindustria y la deforestación.

En ese sentido, 56 organizaciones campesinas e instituciones ambientales emitieron un pronunciamiento público en el que pidieron abrir “espacios de diálogo plural, informado y democrático” para debatir en profundidad el proyecto.

A pesar de las críticas, el Gobierno y los legisladores que impulsaron la norma la defienden como un medio para fortalecer la libertad económica y el respeto al derecho a la propiedad.

Branko Marinkovic, empresario agroindustrial y senador que preside la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, manifestó en una entrevista radial que la ley, lejos de capturar tierras que hasta ahora estaban protegidas, apunta a ampliar derechos de los campesinos y pequeños productores.

“Si vos tenés derecho en la ciudad a hipotecar tu auto, tu departamento, tu casa, ¿por qué el campesino no lo puede hacer?“, cuestionó Marinkovic en entrevista con radio El Deber, y remarcó que la ley faculta la realización de un trámite voluntario y no obliga a los productores a cambiar la clasificación de la tierra si no lo desean.

A pesar de la controversia y los pedidos de socialización de la norma, el presidente Rodrigo Paz promulgó este miércoles la ley fuera de su despacho y en un lugar que no parece elegido al azar: Agropecruz, la feria agropecuaria y de ganadería de élite más importante del país.

“Aquí está la Ley 157 que autoriza al INRA a realizar la conversión de la clasificación de la pequeña propiedad titulada a propiedad mediana, permítanme, la voy a firmar acá para promulgarla como ley”, afirmó el presidente.

Paz destacó que la ley permitirá a los campesinos acceder a créditos y “depender de su propiedad, de la seguridad de que esa propiedad es suya” para “potenciar y desarrollar sus capacidades”.

Sin hacer mención a las observaciones que se hicieron al proyecto y los pedidos de socializar el debate, el mandatario afirmó: “los que quieran politizar el desarrollo de la Patria fracasaron los últimos 20 años, ahora se trata de invertir y producir”.

El gobierno de Bolivia confirmó este miércoles la cancelación del convenio de cooperación militar que el entonces presidente Luis Arce suscribió con Irán en julio de 2023. El ministro de Defensa, Marcelo Salinas, indicó que el acuerdo fue denunciado hace aproximadamente cuatro meses y que ya no tiene vigencia. La declaración, formulada ante periodistas que consultaron sobre el estado del convenio, supone la primera confirmación oficial pública de su extinción.

“Hace aproximadamente cuatro meses, ese convenio de cooperación militar ha sido denunciado, de tal manera que ya no existe ese contrato”, afirmó Salinas, según informó la agencia EFE. El ministro añadió que los acuerdos con Teherán “han sido simplemente concluidos y no existen más”, sin ofrecer detalles sobre qué actores impulsaron formalmente la rescisión ni si medió alguna presión exterior.

El convenio fue firmado el 20 de julio de 2023 en Teherán por el entonces ministro de Defensa, Edmundo Novillo, y su homólogo iraní de ese momento, el general de brigada Mohamad Reza Qarai Ashtiani. El documento estableció un marco de cooperación en seguridad y defensa que incluía asistencia para la vigilancia fronteriza, la lucha contra el narcotráfico y el contrabando, y el posible suministro de drones militares iraníes. La opacidad con que se manejó generó cuestionamientos dentro de Bolivia y una reacción de alarma en Argentina, país que en los años noventa sufrió dos atentados que la justicia argentina atribuyó a Irán.

La cancelación es la expresión más concreta del distanciamiento de La Paz respecto de Teherán desde la llegada al poder de Rodrigo Paz el 8 de noviembre de 2025. El nuevo presidente cuestionó desde el inicio la orientación diplomática de sus predecesores hacia Irán, Venezuela y Cuba, y trazó una hoja de ruta opuesta: restablecer vínculos con Washington —rotos en 2008 tras la expulsión del embajador estadounidense— y con Israel, con quien Arce había cortado relaciones en octubre de 2023 al calificar de “desproporcionada” la ofensiva militar israelí en Gaza.

El restablecimiento de relaciones con Israel se formalizó en diciembre de 2025. Bolivia eliminó además las restricciones de visado para ciudadanos estadounidenses e israelíes y se retiró del Grupo de La Haya, coalición que impulsaba sanciones internacionales contra Israel. El canciller israelí Gideon Saar calificó esa última decisión de “medida necesaria y basada en principios”.

El contexto regional amplifica el significado de la medida. Tras los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán y la muerte del líder supremo Alí Khamenei, el aislamiento de Teherán en América Latina se ha acelerado. Bolivia, que bajo Morales y Arce fue uno de sus aliados más firmes en la región, completa un giro de 180 grados en menos de seis meses. Washington ha seguido de cerca el proceso: el subsecretario de Estado Christopher Landau expresó, tras reunirse con Paz, la expectativa de que Bolivia revele el alcance real de los documentos firmados con Irán durante las dos décadas del Movimiento Al Socialismo en el poder.

Lo que resta por definir es si La Paz dará el paso adicional de una ruptura diplomática formal con Teherán, o si optará por una reducción progresiva de su representación, tal como anticipan fuentes gubernamentales citadas por la prensa boliviana.