El 7 de agosto, a las cinco de la tarde, Scarlett Rocha y Fabiana Justiniano hicieron historia en Bolivia: se convirtieron en la primera pareja del mismo sexo en contraer matrimonio en el país.

En un Registro Civil de Santa Cruz de la Sierra, las dos mujeres de 29 años pusieron fin a una odisea legal de cuatro años que comenzó con una carta y terminó en los tribunales con un amparo judicial que obligó al Estado a reconocer su derecho a casarse.

Scarlett y Fabiana comenzaron su relación en marzo de 2022 y poco después decidieron vivir juntas. Como cualquier pareja que proyecta una vida en común, buscaron que esa decisión tuviera también respaldo legal: querían que el Estado reconociera la familia que estaban construyendo. Lo que siguió fue un recorrido de recursos, negativas y decisiones judiciales.

Fabiana, una psicóloga cruceña que trabaja como directora creativa en un canal de streaming, contó a Infobae que siete meses de haber iniciado la relación, enviaron una carta al Servicio de Registro Cívico (Serecí) de Santa Cruz para solicitar la autorización del matrimonio. La primera puerta se cerró temprano: la institución se negó a recibir el documento bajo el argumento de que el matrimonio homosexual no estaba autorizado en Bolivia como lo están la unión libre.

Después de presionar a través de abogados para que les recibieran el documento, tuvieron que esperar durante meses una respuesta que nunca llegó. Una vez vencido el plazo administrativo, Scarlett y Fabiana presentaron un amparo para exigir una respuesta a su solicitud.

Forzado por una decisión judicial, el Serecí de Santa Cruz respondió que debían hacer la consulta ante la oficina a nivel nacional. Otra vez empezaron de cero: la carta, los formularios, todos los certificados. Después de un par de meses recibieron la respuesta de la oficina nacional que rechazó el matrimonio.

Sin embargo, el marco legal boliviano tiene, desde el año 2010, una ley contra el racismo y la discriminación a la que la pareja recurrió para reclamar el reconocimiento de su unión. Después de presentar un segundo amparo, esta vez por discriminación, el 13 de marzo de este año acudieron a una audiencia judicial en la que finalmente se autorizó el registro del matrimonio.

La historia pudo haber tenido un final feliz entonces. Pero el Serecí pidió unas semanas para adecuar su sistema de registro y hacer la anotación, y mantuvo a la pareja en incertidumbre durante varios meses.

“Tuvimos nosotras que llamar y presionar”, cuenta Scarlett, una experta en neurociencia nacida en Estados Unidos pero de familia boliviana, sobre la insistencia que ejercieron para poder tener una fecha y organizar la boda. Diez días antes de la fecha que habían propuesto recibieron el sí definitivo.

“Solo teníamos diez días para armar algo, aun así sin la certeza”, explica Scarlett. Temían que el sistema no estuviera listo, que hubiera algún problema con el trámite o que finalmente les dijeran que no podían hacerlo. Con más dudas que certezas, se pusieron manos a la obra para organizar la boda y encontrar un oficial del Registro Civil dispuesto a celebrarla.

Pese a la batalla legal que libraron, para Fabiana lo más difícil fue constatar la falta de empatía de algunos funcionarios públicos: no faltó el que les dijo que era inmoral ni el que pensó que eran travestis, pese a que los abogados habían incluido en su caso un glosario de términos.

Para ambas todo lo malo quedó atrás y ahora quieren recordar este proceso con humor. Aunque aún están impactadas por la repercusión mediática que ha tenido su boda, con muestras de apoyo y hate de por medio en redes sociales, están conscientes del hito que han marcado.

“Lo más importante es que esto va generar jurisprudencia y va ayudar a otras personas a que no sea tan complicado”, dice Fabiana y explica que en el Serecí muchas veces les pedían que tengan paciencia porque no sabían como hacerlo: ellas eran las primeras que habían planteado algo así al Estado.

“La pasamos super mal, pero vamos a abrir el camino para que cuando vengan otras parejas no tarden tanto, ya entienden cuáles son los pasos a seguir”, agrega Fabiana.

Para Scarlett, más allá del impacto que tiene su unión ésta les ha dado fundamentalmente la paz de saber que su familia está “legalmente protegida”. Como lo está cualquier otra.

A pocas horas de que el intendente de la localidad salteña de Salvador Mazza, Gustavo Subelza, denunciara que a su hijo le habían robado la camioneta en un lavadero, las fuerzas de seguridad informaron que el vehículo ya habría cruzado la frontera con Bolivia.

Desde que se radicó la denuncia durante la tarde, se desplegó un operativo que involucró a distintas fuerzas de seguridad desplegadas en el norte de Salta, entre ellas la Gendarmería Nacional y la Policía de Bolivia. Sin embargo, el dato del posible cruce internacional modificó el rumbo de la investigación.

Por este motivo, los investigadores buscarán determinar con precisión el recorrido que habría realizado la camioneta después del robo, que ocurrió en un lavadero sobre la avenida 9 de Julio de Salvador Mazza. Asimismo, explicaron que la rapidez con la que se produjo la fuga y la cercanía con el límite internacional dificultaron la posibilidad de interceptar el vehículo antes de que atravesara la frontera.

Hasta el momento, la hipótesis que suena con más fuerza indicaría que el vehículo habría atravesado la zona de la quebrada antes de ingresar a territorio boliviano. No obstante, las fuerzas de seguridad mantienen el operativo en la zona fronteriza y trabajan para reconstruir el trayecto mediante el análisis de cámaras de seguridad y otros elementos de investigación.

La principal preocupación de los investigadores radicaría en identificar a los autores y determinar cómo lograron atravesar el paso fronterizo con la camioneta. Por esto, las tareas de seguimiento se centran en obtener registros visuales y testimonios que permitan esclarecer el recorrido y la mecánica del hecho.

De acuerdo con la información obtenida por El Tribuno, el ministro de Seguridad de Salta, Nicolás Avellaneda, se comunicó con el intendente de Salvador Mazza y dispuso que un grupo de la División de Investigaciones se pusiera al frente del caso.

Por otro lado, anticiparon que, si se confirma el ingreso del vehículo a Bolivia, la causa podría pasar al ámbito de la Justicia Federal, ya que el hecho involucraría un posible delito con alcance internacional. En ese caso, la investigación avanzaría en coordinación con organismos de seguridad y autoridades judiciales nacionales y bolivianas.

El robo ocurrió este viernes en Salvador Mazza, cuando cuatro personas armadas ingresaron al lavadero ubicado en avenida 9 de Julio, barrio Luján. Tras amenazar y maniatar al encargado, se llevaron una camioneta Toyota. Posteriormente, abandonaron al empleado en el camino al Sauzal, donde logró ser auxiliado por vecinos de la zona.

El fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, tomó intervención tras la denuncia presentada por la pareja del intendente durante la tarde del viernes. De acuerdo con el expediente, el hijo del jefe comunal había dejado la camioneta en el lavadero alrededor de las 13.30, y pasadas las 15, el encargado fue sorprendido por los asaltantes, quienes se llevaron el vehículo tras intimidarlo con armas de fuego.

A raíz de esto, Cazón dispuso la intervención del Destacamento Alto Verde, personal de Criminalística, la Brigada de Investigaciones y efectivos de la jurisdicción para ubicar la camioneta e identificar a los autores. Subelza, por su parte, difundió el hecho a través de sus redes sociales, solicitando colaboración para recuperar la camioneta Hilux.

“Se acaban de robar esta Hilux de Salvador Mazza. Cualquier información al privado, se lo agradecería mucho”, rezaba la publicación con la imagen del vehículo. Asimismo, el jefe comunal manifestó su descontento con el accionar de las fuerzas federales. “No voy a permitir que mi pueblo sea tierra de nadie”, afirmó.

Asimismo, el intendente destacó que este episodio se suma a otros delitos recientes, como el robo de motocicletas y hurtos en la localidad, y reclamó mayor presencia policial. “No puede ser que estas cosas pasen a una cuadra de la comisaría”, había expresado durante un reclamo que realizó la semana pasada.

El Senado de Bolivia resolvió, en una sesión reservada, suspender sin goce de haberes al legislador Nilton Condori durante ocho meses, a quien acusan de incitar los bloqueos de caminos que paralizaron el país durante siete semanas entre mayo y junio.

Los medios locales reportan que la información fue dada a conocer de manera “extraoficial” la noche del miércoles, en el marco de un informe de la Comisión de Ética en contra del legislador. “Me han suspendido estos malandros”, confirmó Condori, senador suplente de Unidad, la tercera fuerza política del Congreso, tras conocer la resolución de sus colegas.

El Reglamento de Ética del Senado establece que luego de emitirse un informe de la Comisión de Ética, el pleno de la Cámara de Senadores puede definir, por dos tercios, la suspensión temporal de un legislador por incurrir en faltas.

La Comisión de Ética recibió en los últimos meses cuatro denuncias contra el senador Condori, por su participación en las protestas sociales que buscaban la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a seis de haber asumido el cargo, en medio de acusaciones de traición y de inconsistencias entre su plan de gobierno y su gestión.

La tensión alrededor de Nilton Condori, un profesor aymara de 27 años que llegó al poder bajo la alianza del empresario Samuel Doria Medina, comenzó poco después de su debut en el Senado en noviembre del año pasado. Desde el inicio de su gestión, se mostró como un legislador dispuesto a confrontar los privilegios de la clase política y a cuestionar a sus propios colegas a quienes llamó “vagos” por no trabajar “24/7”.

Sus propuestas para reducir el salario de los parlamentarios y eliminar la renta vitalicia de los expresidentes lo enfrentaron con otros legisladores y, progresivamente, dieron paso a un discurso más confrontativo que terminó con la convocatoria de movilizaciones junto a otras organizaciones, como la Central Obrera Boliviana (COB) y los campesinos del altiplano.

Condori participó en un cabildo en El Alto el 1 de mayo donde se definieron las medidas de presión y diez días más tarde firmó con las organizaciones movilizadas un pacto de lealtad para forzar la renuncia del presidente y no ceder con acuerdos unilaterales.

En medio de los bloqueos, que se extendieron entre el 6 de mayo y el 22 de junio, Condori fue denunciado ante el Ministerio Público por los delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, financiamiento al terrorismo y otros.

En medio de la polémica por sus acciones, Doria Medina, jefe del partido que lo llevó al poder, tomó distancia de su senador y evitó asumir una responsabilidad política por sus declaraciones y acciones. “Condori nunca perteneció a nuestro partido, fue invitado en las elecciones como suplente porque dijo que coincidía con nuestros ideales, pero luego resultó que no, que él pensaba muy diferente”, sostuvo el empresario y político en un mensaje publicado en redes sociales.

Tras la suspensión temporal, Condori afirmó que proyecta ser candidato presidencial en las elecciones de 2030 y que el tiempo que esté fuera del Senado, le dará “más impulso” para “trabajar con las organizaciones y el pueblo boliviano, especialmente los sectores más humildes”.

La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó este jueves el informe de la comisión legislativa que investigó la importación y comercialización de combustible de mala calidad.

Tras la aprobación, el documento será remitido a la Contraloría General del Estado (CGE) para que realice la auditoría correspondiente, al igual que al Ministerio Público para iniciar la investigación y al Gobierno para que se consideren las observaciones planteadas en el informe.

“Tenemos que remitir el informe al Ejecutivo, ya que dentro de la estatal (petrolera) hubo bastantes falencias y errores que tienen que ser corregidos y enmendados”, explicó la diputada oficialista Ximena Arispe durante su intervención en el pleno.

En febrero de este año, la Cámara de Diputados conformó una comisión de investigación integrada por 11 legisladores de las diferentes fuerzas políticas para investigar las denuncias sobre la gasolina contaminada que afectó decenas de miles de vehículos en el primer trimestre del año.

La investigación identificó como presuntos responsables a varias autoridades, tanto del Gobierno de Luis Arce como de Rodrigo Paz, además de exministros y funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

La incertidumbre sobre la calidad es solo una de las aristas de la crisis de combustibles que atraviesa Bolivia. Otro de los problemas centrales tiene que ver con la incapacidad de garantizar el suministro, debido a la baja producción local y las dificultades de importación, que ha vuelto a generar largas filas de vehículos en las estaciones de servicio, un escenario que se repite de manera periódica desde inicios de 2023.

La Asociación de Surtidores de Santa Cruz (Asosur) informó este jueves que reciben menos volumen del necesario para cubrir la demanda del parque automotor en la región más extensa, poblada y productiva del país.

“Nosotros necesitamos por lo menos 3,5 millones de diésel y 3,5 millones de gasolina para todo el departamento”, explicó Susy Dorado, gerente de Asosur, citada por el portal de noticias Visión360. “Sin embargo, lo que se nos ha venido entregando no nos permite tener tranquila a la población, son 2,7 millones (de diésel) y 3 millones (de gasolina)”, agregó.

Ante ese escenario, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, anunció que está negociando la firma de un convenio con actores privados para importar gasolina y diésel a precios internacionales.

“Esto no puede seguir así”, expresó el gobernador en referencia a las filas interminables de vehículos en la ciudad y el perjuicio para sectores estratégicos como la agroindustria y el transporte. “Estamos por firmar un convenio con una empresa privada internacional para poder importar, almacenar y comercializar, a través de alianzas público-privadas, gasolina y diésel sin ningún subsidio y a precios internacionales, con el objetivo de asegurar este suministro”, explicó en una nota difundida en redes sociales.

El gobernador aclaró que para poder encarar ese proyecto necesita la aprobación de un decreto supremo que autorice a la Gobernación establecer el contrato con una empresa privada de importación, lo que actualmente estaría restringido exclusivamente para empresas estatales.

Hasta la publicación de esta nota, el Gobierno no se había referido públicamente a la propuesta de Velasco. En declaraciones recientes, el presidente Rodrigo Paz pidió disculpas por la falta de soluciones definitivas al tema del combustible y la atribuyó a la mala gestión de los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (2006-2025).

El Gobierno de Bolivia presentó este jueves el ‘Plan Fronteras Seguras’, una estrategia destinada a reforzar el control en zonas fronterizas identificadas como “críticas” para frenar el avance del crimen organizado en su país.

El lanzamiento se realizó en Guayaramerín, localidad de la región amazónica de Beni en la frontera con Brasil, durante un acto encabezado por el presidente Rodrigo Paz y con la presencia de ministros, autoridades locales y representantes brasileños.

Según anunció el titular del Ejecutivo, el programa prevé el despliegue permanente de unidades especializadas y tropas de élite de la Policía Boliviana en puntos clave como Guayaramerín, Cobija (capital de Pando), San Ignacio y San Matías en Santa Cruz de la Sierra, con el objetivo de “desarticular al crimen organizado transnacional”.

El mandatario sostuvo que “no hay paz social duradera sin desarrollo productivo: una frontera segura es una frontera que produce, exporta y progresa. Un país seguro es un país que atrae inversión, donde el mundo confía en invertir y donde los bolivianos tienen la certeza de invertir en su propio territorio. Bolivia recupera su soberanía territorial”.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, explicó que el plan busca “fortalecer áreas críticas” no solo en la frontera con Brasil, sino también en otras regiones. Oviedo indicó que la estrategia apunta a “devolver la soberanía y el control” del territorio al Estado y que se implementará en el corto, mediano y largo plazo.

El ministro precisó que se crearán dos unidades de élite policial, una en Santa Cruz y otra en Beni, que recibirán formación especializada de instructores extranjeros. “Los bolivianos somos ciudadanos de paz (...) No nos hacemos problema cuando vienen ciudadanos de países hermanos, pero cuando estos ciudadanos pertenecen a carteles criminales y vienen a sembrar miedo y terror, es que nosotros ahí estamos tomando estas medidas drásticas, serias y consistentes para combatir el narcoterrorismo”, subrayó Oviedo.

El anuncio del plan se produjo tras una serie de episodios violentos en Santa Cruz, entre los que se incluye el asesinato de cuatro civiles y un agente de inteligencia en San Matías.

La administración de Paz advirtió días atrás que el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), las dos principales organizaciones narcotraficantes de Brasil, se disputan el control de un corredor fronterizo boliviano utilizado para el tráfico de drogas hacia el exterior. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, realizó estas declaraciones en Santa Cruz tras asistir al velorio del agente de inteligencia asesinado por desconocidos durante una emboscada cerca de la frontera brasileña.

“Hay dos grandes clanes delictivos del Brasil que se están enfrentando en Bolivia, que se está disputando territorio en nuestra patria para ver quién controla el narcotráfico (…) El Comando Vermelho y el PCC hoy día están peleando un corredor por el cual los narcotraficantes sacan droga hacia el exterior”, afirmó Oviedo ante los medios.

El ministro aseguró que el Estado “no permitirá que esos poderosos clanes delictivos que han sido tipificados (…) como narcoterroristas” se instalen en territorio boliviano, en referencia a la clasificación realizada por Estados Unidos en mayo, cuando incluyó al PCC y al CV como organizaciones terroristas.

La violencia en la región oriental de Santa Cruz fue en aumento, en medio de una creciente disputa entre grupos criminales por las rutas del narcotráfico que atraviesan la frontera boliviana. Oviedo enfatizó que el gobierno actuará para impedir el asentamiento de estas estructuras y garantizar la seguridad en la zona.

(Con información de EFE)

La principal fuerza de oposición empieza a mostrar sus grietas. Este miércoles, tres legisladores de la alianza Libre, liderada por el excandidato Jorge Quiroga, anunciaron su alejamiento en medio de acusaciones de “transfugio político”.

Los senadores Branko Marinkovic, Ernesto Suárez y Kathia Quiroga manifestaron su desacuerdo con la supuesta imposición de ideas en la alianza política. La disputa comenzó cuando la jefa de bancada de Libre en el Senado, Tomasa Yarhui, denunció que algunos legisladores estaban haciendo acuerdos con la administración de Rodrigo Paz para respaldar leyes, créditos y otras iniciativas, fuera de las decisiones adoptadas por la organización política que los llevó al Congreso.

“Lamentablemente hay algunos senadores y diputados que por debajo están trabajando con el oficialismo”, afirmó Yarhui, quien acusó al presidente Paz de fomentar el “transfugio”.

La respuesta no se hizo esperar. En una conferencia de prensa conjunta, los tres senadores denunciaron que en los nueve meses de gestión no se hubiera convocado a una reunión a todos los miembros de la alianza y señalaron que no se puede imponer la decisión del voto en el hemiciclo.

“En democracia no se le puede exigir a nadie cómo va a votar”, afirmó el senador Marinkovic, que fue elegido primer senador por Santa Cruz, la región más grande y próspera del país. “Gracias a Dios (Jorge Quiroga) no ganó, porque sin poder vean cómo está tratando de mandarnos a todos; cómo sería entonces teniendo poder; sería una dictadura”, agregó el senador.

Por su parte, los senadores Suárez y Quiroga, señalaron que van a apoyar las medidas gubernamentales que consideren positivas y rechazar las negativas para el país. “¿Vamos a ayudar a que se caiga el Gobierno, el Presidente? ¿Ese es nuestro objetivo?”, cuestionó con ironía Suárez.

La disputa tiene sus orígenes en la conformación de la alianza política. Ante la crisis de partidos que enfrenta Bolivia en los últimos años, Libre nació como una alianza otras de fuerzas políticas, entre ellas Demócratas, un partido político fuerte en los departamentos orientales de Beni y Santa Cruz pero sin peso relevante en otras regiones, a la que pertenecen Suárez y Quiroga.

En tanto, Marinkovic, un empresario agroindustrial y político cruceño que fue presidente del Comité Cívico y ministro durante el Gobierno de Jeanine Añez (2019-2020), se alió a Jorge Quiroga durante la campaña nacional y llegó a ocupar un curul en el senado.

Sin embargo, dos meses después de ser electo senador, se unió a Demócratas para postular a gobernador de Santa Cruz, elección en la que quedó cuarto y en la que ganó, paradójicamente, el candidato de Libre, Juan Pablo Velasco.

Para el Ejecutivo, las alianzas en el Legislativo son clave para lograr las reformas estructurales que se prevé implementar en temas como minería, hidrocarburos, inversiones y litio, entre otros.

Al haberse fraccionado la bancada oficialista del Partido Democráta Cristiano (PDC) en medio de la prematura disputa entre el presidente y el vicepresidente Edmand Lara; y luego del quiebre entre Paz y Samuel Doria Medina, jefe de la tercera bancada legislativa; el Gobierno está obligado a buscar acuerdos con legisladores de manera prácticamente individual.

De hecho, Paz lo anunció sin tapujos este miércoles en un acto público en el departamento de Tarija: “No voy a hablar con los líderes políticos, pero está claro que no puedo dejar de hablar con el pueblo y con los representantes de las grandes mayorías de Bolivia en el Parlamento para aprobar las leyes. Esa es la democracia. Que nadie se enoje”.

El presidente de Bolivia Rodrigo Paz pidió disculpas por no resolver la crisis de combustible que atraviesa el país. En un nuevo periodo de escasez y filas interminables para conseguir diésel y gasolina, el primer mandatario afirmó que “algunas cosas no están saliendo” al ritmo esperado.

“Me disculpo por algunas cosas que tal vez no están saliendo tan rápido como quisiéramos. Vamos a meterle duro para ordenar algunos temas; entiéndase que el combustible es un dolor en el pecho, pero hay que pelear contra esos grupos, esas mafias, y vamos a ganar”, afirmó durante un acto público este miércoles.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no ha dado una explicación oficial sobre la irregularidad en los despachos estas las últimas semanas ni el presidente Paz explicó a qué mafias se refiere, cómo operan y qué están haciendo para desarticularlas. Sin embargo, señaló que tienen “muchas complicaciones” y prometió que las van a ir “superando”.

El tema de los combustibles es quizás la prueba más difícil para el Gobierno en un contexto de baja producción local y dificultades de importación por la crisis económica y la escasez de divisas heredadas de gestiones anteriores.

Desde inicios de 2023 que los bolivianos atraviesan periodos prolongados de desabastecimiento que no solo afecta a sectores estratégicos, como el transporte o la agroindustria, sino también la vida cotidiana. De pronto todo gira en torno a la gasolina: a la incertidumbre sobre cuándo va a llegar, a las largas horas de espera que hay que hacer en los surtidores y al colapso del tráfico vehicular por las filas de vehículos y camiones que invaden los alrededores de las estaciones de servicio.

Al inicio de su gobierno, en noviembre pasado, Paz logró regularizar el suministro y levantó parcialmente la subvención a los carburantes que durante más de 20 años había mantenido un precio fijo inferior al internacional. Esta medida supuso un aumento del 86% para la gasolina y un 163% para el diésel.

La implementación de los nuevos precios transcurrió sin alteraciones debido a que había, desde hacía meses, un cierto consenso social de que la medida era inevitable como la única forma de garantizar el suministro.

Sin embargo, a pocas semanas de levantar la subvención surgieron denuncias de que se estaba distribuyendo combustible contaminado y decenas de miles de conductores reportaron daños vehiculares atribuibles a la mala calidad de la gasolina. El Gobierno no tardó en admitir que había despachado combustible contaminado y lo atribuyó a una serie de factores: tanques con residuos de goma y manganeso, boicot en la petrolera boliviana y redes internacionales que mezclaban el producto en el tránsito hacia Bolivia.

El refuerzo de los controles para garantizar la calidad del combustible coincide con nuevos episodios de escasez, como el registrado actualmente. Sin que hasta el momento se hayan conocido públicamente explicaciones técnicas sobre la persistencia del desabastecimiento ni se hayan fijado plazos, la situación mantiene la incertidumbre sobre cuándo podrá normalizarse el suministro.

“A aquello que no hemos podido cumplir de buena manera en estos nueve meses, pido disculpas. Porque es de hombres decir: ‘Oiga, he intentado hacer las cosas de la mejor manera, pero resulta que el problema era más grande’. Y lo estamos encarando”, afirmó el presidente.

La anterior semana Paz también pidió disculpas por los errores que pudo haber cometido durante su gestión. Durante el acto de conmemoración por la independencia de Bolivia, el jefe de Estado afirmó: “Nos podemos tropezar, nos podemos equivocar y si lo hemos hecho, pido disculpas a nombre del Gobierno”.

Después de haber subido sostenidamente a lo largo de un mes, la cotización del dólar en Bolivia registra una tendencia a la baja en los últimos 12 días. Este miércoles se cotiza en 11,71 bolivianos después de haber superado los 12 bolivianos finales de julio.

Esta fluctuación en el tipo de cambio se produce tras la implementación de una nueva política cambiaria. El 29 de junio se implementó un tipo de cambio flexible, que se basa en la oferta y la demanda de la divisa estadounidense en el sistema bancario, que puso fin a 15 años de un tipo de cambio fijo.

En el inicio del nuevo régimen, el Banco Central de Bolivia (BCB) estableció el tipo de cambio en 9,73 bolivianos y desde entonces había incrementado hasta llegar a los 12,15 el 31 de julio. En medio de reclamos por el incremento constante, el Gobierno afirmó que la fluctuación era parte del proceso de estabilización.

Tras 12 días de baja sostenida, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza afirmó que la divisa continuará en esa tendencia. “Tal como dijimos, y no, no es que uno haya hecho una premonición, sino que se hace análisis con datos (lo demás, con suerte, son opiniones). Tan simple como eso. Y, por cierto, los datos muestran que la tendencia va a continuar”, escribió Espinoza a través de su cuenta de X.

La tendencia a la baja coincidió con el anuncio que hizo el BCB el 30 de julio, cuando informó que intervendría el mercado cambiario “cuando considere necesario” para evitar “episodios de sobrerreacción y prácticas especulativas por algunos actores con poder de mercado”.

Si bien el reglamento no se ha difundido oficialmente, el presidente del BCB, David Espinoza, explicó que tendrá dos modalidades de operación del BCB: compra y venta directa y un mecanismo de subasta con el objetivo de mitigar fluctuaciones “no deseadas” en el mercado cambiario.

“El BCB va a intervenir en el mercado (cambiario) cuando haya una sobrerreacción. Esto podría ocurrir en el corto plazo”, afirmó David Espinoza, presidente del banco, un día antes de que empiece a bajar la cotización de la divisa.

La flexibilización en el tipo de cambio puso fin a la política cambiaria fija que se había establecido en 2011, bajo el gobierno de Evo Morales (2006-2019) y que continuó en el mandato de Luis Arce (2020-2025), como uno de los pilares del modelo económico de ambos gobiernos con el objetivo de contener la inflación, fortalecer el uso del boliviano y brindar previsibilidad en las transacciones.

Sin embargo, la crisis económica de los últimos años, marcada por la caída de la renta petrolera, agotamiento de las reservas internacionales y la creciente escasez de divisas, dio lugar al surgimiento de un mercado informal en el que el valor del dólar llegó a tener un 187% de incremento.

Rodrigo Paz asumió en noviembre con las arcas públicas en mínimos y pronósticos de contracción de la economía. En ese escenario implementó algunas políticas contrarias a lo que había propuesto durante la campaña electoral al calor de la urgencia económica: levantó la subvención de los combustibles, flexibilizó del tipo de cambio sin las bandas que había prometido y abrió la puerta a instituciones internacionales en busca de financiamiento.

La nueva política cambiaria se produce en el marco de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un préstamo de 1.900 millones de dólares, un monto significativamente menor que los 5.000 que se habían planteado inicialmente, que estarán destinados a restablecer el equilibrio fiscal. El Gobierno estima que el primer desembolso llegue a fin de mes o inicios del próximo.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, informó el 3 de agosto sobre el cierre de los ministerios de Turismo y Cultura y Planificación y Medioambiente con el objetivo de impulsar un Estado más “eficiente” y eliminar la “burocracia”. Sin embargo, a 10 días del anuncio ambas carteras siguen activas.

Según fuentes de Gobierno, se espera la emisión de un Decreto Supremo que oficialice la clausura de ambos despachos y reorganice las funciones dentro de otras carteras.

El ministro de Planificación, Fernando Romero, justificó la demora al afirmar que se está trabajando en la parte administrativa y operativa para hacer la transición de forma “ordenada y sólida”.

“Se está trabajando no solo la reestructuración del Ministerio de Planificación, sino también de otros como el tema de Turismo, Cancillería, Presidencia y eso lo que ha tomado un poquito más de tiempo de lo pensado, pero en estos próximos días ya tendremos una transición ordenada y bien hecha”, afirmó Romero, citado por el canal Unitel.

El procedimiento en ningún caso es sencillo porque existen atribuciones legales y acuerdos firmados en curso. Por ejemplo, de Planificación depende por ley la conducción del Sistema de Planificación Integral del Estado y en Turismo están vigentes hasta fin de año dos proyectos financiados por la cooperación internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-CAF.

Además, en el Ministerio de Turismo, está al mando como ministro interino el flamante canciller Héctor Huanca, que tomó funciones hace apenas diez días y a quien corresponde asumir el interinato tras la renuncia de la ministra Cinthya Yáñez a inicios de julio.

El gabinete de Paz ha sido inconsistente desde el inicio de su mandato en noviembre pasado. Cerró el Ministerio de Justicia a doce días de haberlo creado y redistribuyó funciones de esa cartera y otras instancias -incluida la Vicepresidencia- a través de la creación de viceministerios.

De esa forma, la administración de Paz inició con 15 ministerios pasó a 14 y próximamente, cuando se oficialice el cierre de Turismo y Planificación, quedará con 12. Según afirmó el presidente, el primero se convertirá en una agencia estatal y el segundo pasará a depender de otros despachos.

En los nueve meses de Gobierno también hubo relevos, renuncias y fusiones dentro de su equipo. De los 15 ministros que posesionó inicialmente, solo se mantienen seis: Óscar Mario Justiniano en Desarrollo Productivo; José Gabriel Espinoza en Economía; Marco Antonio Oviedo en Gobierno; Mauricio Zamora Liebers en Obras Públicas; Tatiana Flores en Salud y Fernando Aramayo, que empezó en Cancillería y ahora ocupa la Presidencia.

Si bien no existe un plazo legal entre el cierre de una instancia y su anuncio, los antecedentes recientes muestran periodos más cortos. Cuando Paz comunicó la clausura del Ministerio de Justicia, el decreto que la hizo efectiva se emitió cuatro días después.

En tanto, durante el gobierno interino de Jeanine Añez (2019-2020), el anuncio del cierre de los ministerios de Deportes y de Cultura y Turismo -que se transformaron en viceministerios- ocurrió el mismo día que firmó el decreto: el 4 de junio de 2020. La norma establecía que la disposición entraría cuatro día después, con lo que la transición empezó prácticamente de inmediato.

Tres víctimas de caso denominado “Hotel Las Américas” presentaron el lunes una denuncia penal ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz contra 153 exautoridades del Gobierno de Evo Morales en Bolivia (2006-2019) por los delitos de asesinato, vejaciones y torturas, entre otros.

Entre los denunciados figuran tres exfiscales generales del Estado, excomandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, además de exministros, exdiputados y los operadores de justicia que participaron en el caso.

El documento, difundido por medios bolivianos, está firmado por David Sejas Lopes, Alfredo Saucedo Ayala y Juan Carlos Guedes Bruno, quienes anteriormente fueron procesados por el delito de terrorismo y estuvieron detenidos en prisión durante varios años donde denunciaron haber sido sometidos a torturas y amenazas.

El caso tiene que ver con un operativo policial realizado en Hotel Las Américas, en pleno centro de Santa Cruz de la Sierra, el 16 de abril de 2009 y la ejecución a tres personas: Eduardo Rózsa-Flores (húngaro-boliviano), Árpád Magyarosi (húngaro-rumano) y Michael Martin Dwyer (irlandés) a quienes la Policía identificó como “terroristas”. En el operativo también se aprehendió a dos personas: Mario Tadic Astorga (boliviano-croata) y Elöd Tóásó (húngaro).

Según la versión oficial de entonces, estas personas planeaban asesinar al presidente Evo Morales y a su vicepresidente Álvaro García Linera con el objetivo de formar un nuevo estado en el oriente del país, en medio de la polarización regional y política que se atravesaba en esos años.

El caso derivó en una larga persecución judicial por el delito de terrorismo contra de 39 personas, entre ellos líderes cruceños y los que ahora presentan la denuncia penal, quienes enfrentaron varios juicios que se extendieron por 11 años.

Tóásó y Tadic, los dos aprehendidos en el operativo, fueron liberados en 2015 tras pasar casi seis años en prisión preventiva y aceptar un juicio abreviado en el que después afirmaron haberse autoinculpado únicamente para obtener su libertad. Otros implicados fueron liberados durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez en febrero de 2020.

Diversas organizaciones internacionales se pronunciaron de forma crítica sobre las irregularidades del caso del Hotel Las Américas. En 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el Estado boliviano es responsable de violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial de los afectados en el caso Hotel Las Américas.

Entre los denunciados recientemente figuran el exvicepresidente David Choquehuanca; el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana; y los exministros de Gobierno Carlos Romero, Alfredo Rada y Sacha Llorenti.

También incluye a los exfiscales generales del Estado Mario Uribe, Juan Lanchipa y Ramiro Guerrero, además del exfiscal que presentó la acusación por el caso Hotel Las Américas, Marcelo Sossa, además de los exdiputados Héctor Arce Zaconeta, René Martínez, Félix César Navarro, Betty Yañíquez, Gustavo Torrico y Peter Maldonado.

Además figuran los comandantes de las Fuerzas Armadas, los generales Edwin Marañón y José Ágreda, y el excomandante general de la Policía Boliviana Jhonny Aguilera.

Los presuntos delitos por los que los acusan son: asesinato, tentativa de homicidio, vejaciones y torturas, privación de libertad, lesiones gravísimas, graves y leves, amenazas y resoluciones contrarias a las leyes.

El denunciante David Sejas explicó, en el canal Unitel, que los exgobernantes Morales y García Linera no fueron incluidos en la denuncia porque ambos ya cuentan con una demanda presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, remitió un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica y atraer capitales extranjeros, en el marco del primer paquete de iniciativas para enfrentar la crisis económica nacional. La propuesta responde a demandas de sectores productivos que solicitaron reformas estructurales para modificar la imagen del país tras casi dos décadas de gobiernos de izquierda liderados por los ex presidentes Luis Arce y Evo Morales.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, explicó que la iniciativa busca otorgar seguridad y previsibilidad a los inversionistas, además de organizar los incentivos y normas jurídicas existentes. El proyecto, según detalló Espinoza, se apoya en tres pilares que orientarán la política económica durante los próximos 20 años, con prioridad en sectores como logística, inteligencia artificial, economía digital, innovación y energías alternativas —incluyendo hidrógeno y energía solar—, junto a aquellos donde Bolivia ya cuenta con capacidades productivas desarrolladas.

El objetivo de esta nueva estrategia es dejar atrás el modelo de los gobiernos anteriores, que privilegiaron la inversión estatal y nacionalizaron sectores como hidrocarburos, telecomunicaciones y electricidad. Espinoza sostuvo que “desde hace casi 20 años se han venido violentando los derechos de propiedad y los derechos que están preservados en la Constitución, sin asumir prácticamente ningún costo”.

La iniciativa contempla la creación de un sistema de incentivos y regulación para ofrecer previsibilidad, seguridad, estabilidad y confianza tanto a inversores nacionales como extranjeros, respetando la Constitución Política del Estado.

Además, se prevé la conformación de una Agencia Nacional de Inversiones, que coordinará con instituciones, alcaldes y gobernadores para institucionalizar la regulación, promoción y estrategia de atracción de inversiones, detalló el ministro.

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Gonzalo Morales, afirmó a al canal Red Uno que, para que Bolivia recupere la confianza de los inversionistas, resulta fundamental garantizar “seguridad jurídica y previsibilidad normativa”. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el país recibió en 2025 una inversión extranjera directa de USD 620 millones, cifra equivalente al 0,3% del total regional.

El presidente Rodrigo Paz enfrenta el reto de negociar con una Asamblea Legislativa fragmentada. El mandatario se distanció recientemente de su principal aliado, el empresario Samuel Doria Medina, líder de la Alianza Unidad. Varios parlamentarios de la alianza no acompañaron la ruptura, aunque anticiparon que ejercerán funciones de fiscalización sobre las nuevas medidas del Ejecutivo.

Doria Medina criticó la demora en la respuesta ante la crisis económica que afecta al país, agravada por bloqueos y protestas antigubernamentales que se extendieron durante más de 50 días entre mayo y junio. La crisis se manifiesta especialmente en el sostenido problema de abastecimiento de combustible, en particular de diésel. En medio de este panorama, Paz consiguió respaldo internacional y créditos de organismos multilaterales por un monto superior a USD 5.000 millones.

El costo de los conflictos en Bolivia

Bolivia atravesó una etapa crítica durante los bloqueos del mes pasado, manifestaciones que pedían la renuncia de Paz al Ejecutivo. Por este motivo, la coyuntura actual amenaza con agravar la crisis económica: la Cámara Nacional de Industria calculó pérdidas de al menos USD 2.000 millones y una caída de USD 500 millones en exportaciones.

El corte de carreteras también afectó el abastecimiento de alimentos y combustible en la capital boliviana, La Paz. La situación encareció los precios de productos básicos, generó interrupciones en el transporte público y obligó a las autoridades a adoptar medidas excepcionales, para enfrentar las consecuencias de la crisis social que derivó en una crisis económica.

(Con información de Associated Press)

La exdirectora jurídica de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Daniela Durán, fue aprehendida este lunes en el marco de las investigaciones por la comercialización de gasolina de mala calidad a inicios de este año. Según la Fiscalía existen más de 88 indicios en su contra y pedirán su detención preventiva de 180 días debido a supuestos riesgos de fuga y obstaculización de la investigación.

Durán fue aprehendida en la ciudad de Santa Cruz y este martes por la mañana fue traslada a La Paz en un vuelo comercial, ciudad donde se desarrollará la audiencia judicial. Está acusada por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó el lunes que la exdirectora jurídica estaba a cargo de la revisión de los contratos suscritos por la empresa petrolera con firmas internacionales, entre ellas Vitol y Trafigura, para la provisión e importación de combustibles que luego son comercializados en Bolivia.

“Son más de 88 indicios que se tienen dentro de lo que es el tema del caso denominado gasolina basura. Estos indicios también sirvieron en su momento para librar la resolución de aprehensión. Todos los elementos e indicios van a ser expuestos”, explicó en el canal Red Uno.

Daniela Durán es una abogada con trayectoria en el sector hidrocarburífero y experiencia en YPFB. Antes de ocupar el cargo de directora jurídica ocupó funciones en el área legal de una de las agencias subsidiarias de la estatal. En su perfil profesional destaca la negociación de contratos comerciales, derecho corporativo, análisis financiero y estrategia de fijación de precios, entre otros.

Su aprehensión es parte de un proceso judicial más amplio que incluye acusaciones contra varias autoridades de los gobiernos de Luis Arce (2020-2025) y el actual de Rodrigo Paz, entre ellas el exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, que fue imputado penalmente por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica a raíz de la autorización de desprecintado de un lote de gasolina que tenía indicios de estar contaminado. La exautoridad, que defendió su inocencia alegando que la liberación de ese combustible estaba destinada a la realización estudios y no a su comercialización, obtuvo detención domiciliaria el 31 de julio.

Además de Medinaceli hay tres exgerentes presos -Carlos Cuellar Pinto, Rolando Torrico Ibañez y Alejandro Mendoza Torrez- y varios exfuncionarios señalados como presuntos, entre ellos el expresidente Luis Arce, el exministro Alejandro Gallardo y los expresidentes de la estatal petrolera, Armin Dorgathen y Yussef Alky.

Según un informe de la comisión legislativa que investigó el caso, la comercialización de gasolina contaminada en el primer trimestre del año respondió a una sucesión de malas decisiones, omisiones administrativas y deficiencias técnicas tanto en la administración anterior como la actual.

La distribución de este combustible provocó daños mecánicos en miles de vehículos. Según el último reporte de la estatal petrolera, se recibieron más de 66 mil denuncias y cerca de 28.000 usuarios ya fueron resarcidos con un seguro de compensación que fue creado en medio del escándalo. El desembolso hasta el 8 de junio de este año superaba los 8,5 millones de dólares.

En medio de la ola de violencia que atraviesa Santa Cruz, con al menos diez ataques armados en los últimos 15 días, los gobiernos de Bolivia y Brasil activaron un plan denominado “Frontera Segura” con el objetivo de reforzar la seguridad en las zona limítrofes en las que se han producido más de la mitad de los asesinatos.

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, informó que el plan será lanzado este jueves en el municipio de Guayaramerín, en el departamento amazónico de Beni, y que la estrategia binacional abarca esa región, además de las fronteras de Santa Cruz y Pando.

En una entrevista con el canal Unitel, Oviedo explicó que se instalarán operaciones “de carácter permanente” entre la Policía Federal brasileña y la boliviana en varios puntos de la frontera para desarticular “esta ola de crímenes realmente preocupantes”.

En declaraciones anteriores, el ministro Oviedo vinculó el aumento del crimen organizado en Bolivia a un enfrentamiento entre dos cárteles brasileños, el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho, que estarían disputando el control de un corredor del narcotráfico en Bolivia.

“El Comando Vermelho y el PCC hoy están peleando un corredor por el cual los narcotraficantes sacan droga al exterior. Esto no va a quedar así, esto lo vamos a combatir. No vamos a dar un paso atrás ni para impulsarnos”, afirmó Oviedo citado por medios locales.

El ministro admite que el Estado boliviano enfrenta una “debilidad estructural” debido a la diferencia de poder de fuego entre las organizaciones criminales y la Policía Boliviana. En ese marco, la cooperación binacional permitirá fortalecer las acciones contra el crimen.

La ola de violencia comenzó el 29 de julio cuando un grupo armado ingresó a una hacienda de la localidad fronteriza de San Matías y asesinó a cuatro personas. Dos días más tarde, en Ascensión de la Frontera, a 120 kilómetros de San Matías, el subteniente Yerson Salazar, uno de los agentes enviados para investigar los cuatro asesinatos anteriores, fue abatido a tiros.

La respuesta del Gobierno fue desplegar más de 200 agentes para reforzar la seguridad, además de enviar grupos de élite para investigar los crímenes y hacer rastrillajes en busca de los atacantes.

Mientras la atención se centró en la frontera, en Santa Cruz de la Sierra fueron abatidos dos brasileños, uno en un local nocturno y otro al salir de un restaurante a plena luz del día en una zona céntrica y rodeada de universidades. En tanto, en San Ignacio de Velasco, a 460 kilómetros al este de la capital cruceña, un veterinario murió a tiros por dos hombres que huyeron en motocicleta.

A estos casos se suma el hallazgo de dos cuerpos decapitados en la localidad de Yapacaní, a 300 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, en la carretera que une esta ciudad con Cochabamba.

En medio de esta ola de violencia, el 5 de agosto dos reos brasileños fugaron de la cárcel de Palmasola en Santa Cruz. Durante un corte de luz en el recinto penitenciario, Alex Heleno Da Silva, procesado por el delito de asesinato, y Fernando Junior da Silva, encarcelado por tráfico de armas, lograron escapar sin haber sido recapturados hasta ahora.

En su discurso presidencial por la efeméride del país el 6 de agosto, el presidente Rodrigo Paz destacó la lucha de su Gobierno contra el crimen organizado y el “narcoterrorismo”, y afirmó que en nueve meses de gestión se logró expulsar a 17 jefes de organizaciones criminales internacionales.

La Fiscalía de Bolivia investiga por el delito de biocidio la muerte de un jaguar, una especie amenazada y protegida por ley, y el porte ilícito de armas de fuego vinculado con la muerte del animal, ocurrida en la localidad de Guayaramerín, en la región amazónica de Beni fronteriza con Brasil.

Las autoridades emitieron una orden de aprehensión contra la persona identificada durante las investigaciones y anunciaron que pedirán su detención preventiva.

El hecho ocurrió el sábado 8 de agosto, alrededor del mediodía, cuando un jaguar entró a una vivienda ubicada en el barrio San Francisco de Guayaramerín. Según se puede ver en videos e imágenes difundidas en las redes sociales, hombres manipulan armas de fuego y disparan contra el animal.

Luego, una persona le pone una soga en el cuello, le disparan una vez más y el animal muere. Finalmente, según las imágenes, entre varias personas levantan al jaguar y dos se lo llevan en una moto.

El fiscal departamental de Beni, Alexander Mendoza, informó que más tarde el animal fue encontrado “decapitado, desollado y mutilado”.

Durante las primeras diligencias, las autoridades recuperaron la piel y las patas del jaguar, que se encontraban en poder de una mujer. El caso permanece en etapa preliminar y las autoridades buscan determinar la participación de las personas involucradas.

“El Ministerio Público solicitará la detención preventiva del imputado”, señaló Mendoza, al explicar que la decisión se sustenta en la gravedad del hecho y en los elementos colectados durante la investigación.

El jaguar (panthera onca) es una especie protegida por la legislación boliviana y considerada amenazada. Según información de la Fiscalía, el animal pasó de la categoría de vulnerable a “en peligro” en la versión más reciente del Libro Rojo de los Vertebrados de Bolivia.

Esto supone que actualmente la especie se encuentra “fuertemente amenazada” por aspectos como “el tráfico ilegal de colmillos y partes hacia mercados asiáticos, el conflicto persistente con la actividad ganadera” y “la pérdida de hábitat vinculada a los fuegos en el este del país”, según esa publicación.

La investigación se produce en un contexto de protección reforzada para esta especie. En abril de 2025, el Tribunal Agroambiental de Bolivia determinó que las autoridades correspondientes adopten medidas para proteger al jaguar y su hábitat, después de denuncias relacionadas con la caza ilegal y tráfico internacional.

El caso de Guayaramerín ha provocado polémica entre quienes justifican el hecho como un mecanismo de defensa personal y los cuestionan que no se hubiera solicitado la intervención del personal especializado de la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma).

“Ante la presencia de un jaguar, corresponde activar a las autoridades competentes y personal técnico especializado para evaluar la situación y realizar la contención, captura y rescate seguro”, señala una publicación de la organización Alas Chiquitanas.

La organización exige que el caso no quede impune y que se recuperen las partes del jaguar para sean puestas en custodia y evitar su comercialización ilegal. “La protección del jaguar no puede comenzar después de su muerte”, finaliza la publicación.

En la presentación de un informe por los primeros 90 días de gestión, el alcalde de La Paz, César Dockweiler, reveló que encontró una institución con déficit, una deuda superior a los 150 millones de dólares y al menos 12 redes de corrupción y extorsión dentro del gobierno local. “Recibí una ciudad destruida, la han administrado con odio”, afirmó.

Entre los principales hallazgos mencionados por el alcalde figura la existencia de al menos 93 empleados que, según dijo, cobraban salarios sin acudir a sus puestos de trabajo. Dockweiler anunció que estos casos serán sometidos a procesos y señaló que forman parte de una situación más amplia de deterioro administrativo.

El informe establece que el municipio arrastra además un déficit superior a 484 millones de bolivianos (unos 48 millones de dólares) en cinco servicios: recolección de residuos sólidos, alumbrado público, transporte municipal, campos deportivos y servicios de salud. Según la nueva administración, la Alcaldía necesitaría otros 284,1 millones de bolivianos (28 millones de dólares) para completar la gestión correspondiente a este año.

Dockweiler también informó de investigaciones sobre 12 posibles mecanismos de corrupción y extorsión vinculados a diferentes actividades municipales. Entre los casos citados están los avasallamientos y loteamientos, en los que, según el alcalde, particulares habrían actuado con la complicidad de funcionarios públicos.

Como parte del proceso de revisión, la Alcaldía inició 55 auditorías, de las cuales 11 ya fueron concluidas. Según los resultados presentados, en cinco de ellas se identificó un posible daño económico de 27,6 millones de bolivianos (2,7 millones de dólares).

Luego de presentar el diagnóstico, el alcade paceño explicó su plan estratégico de gestión con “14 grandes transformaciones” que incluyen trabajos en infraestructura, innovación tecnológica, sostenibilidad ambiental y modernización, entre otras.

Las acusaciones de Dockweiler fueron rechazadas por su antecesor, Iván Arias, quien gobernó el municipio entre 2021 y mayo de 2026. Durante el proceso de transición defendió la situación financiera y administrativa en la que dejó la institución y dijo que entregaba una ciudad “económicamente estabilizada”.

Al concluir su mandato, el 3 de mayo, Arias afirmó que se retiraba “con la frente en alto” y que dejaba “un legado de obras”, además de una administración marcada por “honestidad, pasión y amor”.

Sin embargo, en los primeros meses de la nueva administración de Dockweiler, la Alcaldía inició auditorías sobre la gestión anterior y abrió procesos administrativos y penales vinculados a presuntos hechos de corrupción.

Tras un par de meses fuera de la escena pública, el exalcalde Arias negó las acusaciones de la actual administración, pidió que se demuestren las supuestas redes de corrupción y defendió su gestión de lo que considera “mentiras y difamaciones” de su sucesor.

En relación a uno de los primeros casos difundidos fue el de los denominados “ítems fantasma”, afirmó que se trataba de personal clave exento del control biométrico por trabajar en emergencias y horarios especiales. “Este señor (Dockweiler) miente, este señor no sabe de gestión pública”, afirmó.

Dockweiler asumió la Alcaldía de La Paz el 4 de mayo de 2026 y su mandato se extenderá hasta 2031, por lo que cuenta con casi cinco años para implementar las medidas anunciadas y revertir la situación financiera y administrativa que, según su diagnóstico, encontró al asumir el gobierno municipal.

La Policía de Bolivia confirmó el sábado que cuatro ciudadanos bolivianos vinculados a la muerte de un agente policial fueron abatidos por fuerzas de seguridad de Brasil, luego de que intentaran ocultarse en territorio brasileño tras huir en una avioneta. El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz de la Sierra, David Gómez, informó que el enfrentamiento ocurrió en la región de Mato Grosso después de un “intercambio de fuego con policías de Brasil”.

Entre los fallecidos se identificó a José Mariano Paz Chávez, conocido como ‘Piña’ y señalado como “uno de los autores materiales” del ataque del 31 de julio en la comunidad boliviana de Ascensión de la Frontera. Ese día, un grupo armado emboscó a agentes de inteligencia que se dirigían al municipio de San Matías para investigar el asesinato de cuatro personas ocurrido en una hacienda el día anterior.

Las fuentes oficiales detallaron que los agresores dispararon contra los policías y luego trasladaron el cuerpo del agente fallecido, el cual abandonaron en una pista clandestina antes de escapar en una avioneta. “La nave fue interceptada por la policía de Brasil”, explicó Gómez, quien añadió que la aeronave realizó un aterrizaje de emergencia en la zona.

Después, los cuatro hombres permanecieron ocultos varios días en un área boscosa. Finalmente, las autoridades brasileñas lograron rodearlos y los abatieron, según la información difundida por la Policía de Bolivia.

El jefe de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, recordó que días atrás el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, presentó a siete personas detenidas, entre ellas algunos ciudadanos brasileños, considerados como “autores materiales” de la muerte del agente policial en la frontera.

Los sucesos en San Matías se suman al asesinato de un extranjero en el centro de la ciudad de Santa Cruz el miércoles, cuando dos presuntos sicarios lo atacaron a tiros. Ese mismo día, dos reclusos brasileños escaparon de la cárcel de Palmasola, la más grande y conflictiva del país, aprovechando un corte de luz en uno de los pabellones.

El Ministerio de Gobierno anunció la próxima apertura de una oficina permanente de la Policía Federal de Brasil en Bolivia para fortalecer la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales y facilitar el intercambio de información entre ambos países.

La administración regional de Santa Cruz de la Sierra, la zona más poblada de Bolivia, propuso al gobierno de Rodrigo Paz implementar una intervención militar conjunta frente a lo que califican como “ola de violencia extrema” en el departamento. El contexto incluye asesinatos recientes, emboscadas a efectivos policiales y la fuga de reclusos vinculados a las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV).

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Jorge Santistevan, afirmó que los hechos recientes “revelan la presencia de organizaciones criminales con altas capacidades que están por encima de las fuerzas del orden y del propio Estado”.

Santistevan instó al gobierno nacional a declarar un Estado de excepción y pidió “la inmediata intervención militar conjunta, el apoyo a las fuerzas del orden para contrarrestar y desarticular, si fuera necesario, a grupos criminales de gran escala”. Solicitó también que se autorice a las fuerzas militares “hacer uso de sus armas de reglamento exenta de responsabilidad penal para una intervención eficaz y no así decorativa o disimulada”.

El funcionario advirtió que los hechos “no son aislados” y tienen impacto en todo el país. El pedido de intervención se formuló tras el asesinato de un ciudadano extranjero en el centro de Santa Cruz, atacado por dos presuntos sicarios, según medios locales. Horas antes, dos reclusos brasileños escaparon de la cárcel de Palmasola, la más poblada y considerada la más conflictiva del país, ubicada en Santa Cruz, tras un corte eléctrico en uno de los pabellones.

(Con información de EFE)

El canciller peruano Carlos Espá y su homólogo de Bolivia, Héctor Huanca, acordaron fortalecer la agenda bilateral durante una reunión que sostuvieron en Cali, Colombia, en el marco de los actos oficiales por la transmisión del mando presidencial. Ambos funcionarios revisaron asuntos de interés común y plantearon nuevas reuniones entre los dos países.

Como resultado del encuentro, Perú y Bolivia acordaron realizar una reunión próxima en la zona fronteriza y programar para este año en territorio peruano el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional. El entendimiento busca dar continuidad al diálogo entre ambos gobiernos y abordar los principales temas de la relación bilateral.

Perú y Bolivia retomaron agenda bilateral

La reunión entre Carlos Espá y Héctor Huanca se produjo durante las actividades desarrolladas en Cali por la transmisión del mando presidencial de Colombia. En ese contexto, ambos cancilleres revisaron los principales asuntos de la agenda compartida entre Perú y Bolivia.

La Cancillería señaló que el diálogo estuvo orientado a elevar los históricos lazos bilaterales. Como parte de los acuerdos alcanzados, los ministros determinaron que volverán a reunirse próximamente en la frontera común.

Gabinete Binacional se realizaría en Perú

Además de la reunión fronteriza, ambos países acordaron celebrar este año el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional en Perú. La actividad permitirá continuar el tratamiento de asuntos de interés para las dos naciones dentro de los mecanismos de diálogo bilateral.

El acuerdo fue alcanzado durante la visita del canciller peruano a Cali, donde encabezó la delegación nacional que participó en los actos oficiales de la transmisión del mando presidencial colombiano. Espá acudió en representación de la presidenta Keiko Fujimori para transmitir sus felicitaciones y deseos de éxito al nuevo mandatario de Colombia.

Canciller peruano sostuvo reuniones en Cali

Durante su permanencia en Colombia, Carlos Espá también tenía previstas reuniones bilaterales con autoridades y representantes de otros países. Entre ellas se contemplaron encuentros con los cancilleres de España, Israel, Bolivia y Suecia, con el objetivo de abordar iniciativas y asuntos de interés común.

La participación peruana en las actividades oficiales buscó reafirmar la importancia de la relación con Colombia, país con el que Perú mantiene vínculos históricos, una frontera amazónica compartida y una agenda de cooperación. Asimismo, el Gobierno peruano planteó impulsar una nueva etapa de diálogo y cooperación con el país vecino.

La situación actual de Bolivia y su relación con Perú

Bolivia atraviesa una etapa de ajuste económico tras el cambio de Gobierno. La administración de Rodrigo Paz enfrenta problemas como la falta de divisas, dificultades para abastecer combustibles, inflación y una menor generación de ingresos por hidrocarburos. En este contexto, el Ejecutivo busca estabilizar las cuentas públicas y conseguir respaldo financiero internacional.

La situación económica también repercute en el comercio con Perú, especialmente en la zona de Desaguadero, donde los problemas internos y los bloqueos han afectado el tránsito de mercancías y compradores. Aun así, ambos países mantienen mecanismos de cooperación en áreas como comercio, salud, agricultura, turismo y medio ambiente.

La relación bilateral tiene además un componente estratégico por la posibilidad de que Bolivia utilice infraestructura peruana para ampliar su acceso a mercados del Pacífico. Entre los temas de interés figuran el desarrollo de conexiones viales, el uso de puertos peruanos y proyectos de integración fronteriza.

En este escenario, Perú y Bolivia buscan reactivar el diálogo político. Los cancilleres Carlos Espá y Héctor Huanca acordaron reunirse próximamente en la frontera y realizar este año en Perú el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional. El objetivo es revisar la agenda común y fortalecer los vínculos entre ambos países.

Bolivia vivió más de una década de bonanza económica gracias al auge la industria de los hidrocarburos: entre 2006 y 2014 recibió cerca de USD 30.000 millones por exportaciones de gas natural, impulsadas por los contratos con Brasil y Argentina y los elevados precios internacionales.

Ese ciclo de ingresos fue posible gracias a los descubrimientos de grandes campos gasíferos y la infraestructura de exportación desarrollados en las décadas previas, mientras que la nacionalización de los hidrocarburos, decretada en 2006, incrementó la participación del Estado en la renta extraordinaria.

El pico más alto, entre 2012 y 2014, hizo que el país tuviera la mayor cantidad de reservas internacionales en relación con su Producto Interno Bruto (PIB) de toda la región y la economía creció a tasas cercanas al 6% anual. En esos años Bolivia registró superávits externos, circulación regular de divisas y un tipo de cambio estable, lo que permitió financiar bonos sociales, inversión pública y expandir el gasto estatal.

Diez años después de la época dorada, el panorama es opuesto: las reservas internacionales se redujeron a una fracción de aquel récord, las exportaciones de gas se desplomaron y el país enfrenta una escasez crónica de dólares, dificultades para importar combustibles, presiones inflacionarias, un déficit fiscal persistente y una inflación que alcanzó niveles no vistos en décadas.

Un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) difundido esta semana revela que las exportaciones de gas del primer semestre volvieron a caer: 498,1 millones de dólares, una reducción del 12,9% en comparación con el mismo periodo el año anterior.

Aunque los efectos de la crisis se sintieron hace un par de años, la desaceleración de la economía inició después de 2014 cuando se alcanzó un pico de 6.011 millones de dólares por las exportaciones de gas natural.

Los años siguientes fueron una disminución sostenida que durante algunos años, como en 2015, se agravó por la caída de los precios internacionales o situaciones excepcionales como la pandemia de 2020. Los datos del INE, procesados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), reflejan esta caída:

· 2014: USD 6.011millones

· 2015: USD 3.770 millones (Hubo una fuerte caída de los precios internacionales)

· 2016: USD 2.049 millones

· 2017: USD 2.581 millones

· 2018: USD 2.970 millones

· 2019: USD 2.719 millones

· 2020: USD 1.989 millones (Efecto pandemia mundial)

· 2021: USD 2.249 millones

· 2022: USD 2.973 millones (Alza temporal por la crisis energética global)

· 2023: USD 2.049 millones

· 2024: USD 1.614 millones

· 2025: USD 1.082 millones

Esta baja continua se debe a la declinación natural en la capacidad de producción de los principales pozos petroleros, a la falta de exploración y ausencia prolongada de nuevos yacimientos y a la finalización del contrato con Argentina, luego de que lograra la autosuficiencia energética con el campo Vaca Muerta.

Las exportaciones bolivianas de gas natural, cuyos mercados principales eran Brasil y Argentina, se vieron severamente afectadas en septiembre de 2024 cuando concluyó el contrato con Argentina que se había extendido a lo largo de 18 años y representaba entre el 40% y el 45% del total del gas exportado.

Tras el fin del contrato, el gas boliviano tocó mínimos históricos y aunque en junio de 2025 se reanudaron algunos envíos marginales bajo la modalidad de contratos interrumpibles con empresas privadas, el negocio no sustituye a su antiguo comprador.

En este escenario, el Estado que por años dependió de la renta hidrocarburífera busca nuevas fuentes de financiamiento para sostener el gasto público y evitar un ajuste más severo de la economía.

El expresidente Luis Arce, que como ministro de Economía manejó las cuentas de un país con prosperidad efímera y como presidente vio explotar la crisis a inicios de 2023, impulsó una política de industrialización que nunca llegó a despegar, con empresas estatales deficitarias que hoy enfrentan cierres inminentes o ajustes en su organización administrativa para sobrevivir sin generar costos al Estado.

El nuevo gobierno de Rodrigo Paz busca estabilizar las cuentas fiscales mediante el acceso a créditos externos y nuevas fuentes de ingresos. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, señaló en varias entrevistas que no se puede reemplazar los ingresos de los hidrocarburos con otro recurso natural sino con una economía diversificada que incluya la exploración de nuevos campos, mayor productividad, inversión privada y el desarrollo simultáneo de sectores exportadores como la minería, la agroindustria y los servicios.

Ese proceso, que se anticipa largo y requiere la modificación de una serie de leyes estratégicas, avanza bajo la presión de una eventual crisis energética que diversos especialistas sitúan entre 2027 y 2028 si no se revierte el declive de la producción de gas.

La discusión, por tanto, trasciende la búsqueda de nuevas reservas: implica definir un marco regulatorio que combine incentivos para la inversión, seguridad jurídica y ambiental, mecanismos que aseguren la repatriación de divisas, protección del medioambiente y una distribución equilibrada de la renta de los recursos naturales.

El ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano, confirmó que su país asistirá a la próxima reunión de la Coalición Contra los Carteles de las Américas, convocada en Panamá, con el objetivo de reforzar el intercambio de inteligencia frente al avance del crimen organizado transnacional.

La delegación boliviana buscará impulsar el intercambio de información y la coordinación regional para contener el crimen organizado transnacional, en un contexto de hechos violentos atribuidos a disputas por el control de rutas de droga y de un replanteo de los vínculos diplomáticos del país.

Durante el acto por el 201.° aniversario de las Fuerzas Armadas en El Alto, Justiniano explicó que Bolivia enfrenta amenazas cambiantes, con organizaciones criminales que cruzan fronteras, utilizan tecnología avanzada y operan en actividades como narcotráfico, contrabando, tráfico de armas, trata de personas, minería ilegal y lavado de dinero.

El ministro destacó que el Estado boliviano busca impedir la consolidación de expresiones del narcoterrorismo en su territorio, ya que las estructuras ligadas al narcotráfico procuran controlar rutas y corromper instituciones a través de la violencia y la intimidación.

La coyuntura de seguridad en Bolivia se agudizó en los últimos días por una serie de hechos violentos atribuidos a la disputa entre los carteles brasileños Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho por el control de rutas de droga. El 30 de julio, sicarios ingresaron a una propiedad en San Matías, localidad fronteriza con Brasil, donde asesinaron a cuatro personas.

Al día siguiente, un grupo armado emboscó a agentes de inteligencia que se dirigían a investigar el crimen y uno de los policías resultó acribillado; su cuerpo fue abandonado posteriormente en una pista clandestina.

El jueves, dos presos brasileños escaparon de la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, tras un corte de luz, y ese mismo día un brasileño murió a tiros en pleno centro de la ciudad, hechos que la policía relacionó con el conflicto entre bandas.

En este escenario, el Ejército estadounidense lanzó el Grupo de Trabajo Conjunto del Hemisferio Occidental, integrado por los 18 países que conforman la Coalición Contra los Carteles de las Américas.

Además de Estados Unidos y Bolivia, la alianza cuenta con la participación de Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago, Bahamas, Belice, Chile, Guatemala, Jamaica, Perú y el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

El grupo se formó tras la firma del Escudo de las Américas en marzo en Miami, en una cumbre que selló el compromiso regional contra el narcotráfico y otros delitos transnacionales.

De manera paralela, Bolivia y Colombia avanzaron en el restablecimiento pleno de sus relaciones diplomáticas, luego de la elección de Abelardo de la Espriella como presidente colombiano.

Aunque Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, no asistió a la investidura en Cali por su participación en los actos oficiales del aniversario militar, envió al canciller Héctor Huanca como representante oficial. El gobierno boliviano destacó que esta participación reafirma la voluntad de fortalecer el diálogo político y los lazos de cooperación bilateral entre ambas naciones.

(Con información de EFE)

La investigación que duró siete meses, denominada “Operación Código Infancia”, se inició en diciembre del año pasado tras una serie de denuncias de vecinos y terminó con el arresto de siete personas de nacionalidad boliviana, dos peruanas y una chilena, amén de 12 víctimas rescatadas, entre ellas dos adolescentes de 16 y 17 años.

“La investigación realizada con la Brigada de Delitos Sexuales permitió confirmar la existencia de esta organización criminal que captaba y trasladaba al país a mujeres para explotarlas sexualmente, alojándolas en domicilios de Iquique y Alto Hospicio, y obteniendo importantes beneficios económicos derivados de este comercio sexual que se ejercía en inmuebles clandestinos”, informó la fiscal del caso, Camila Albarracín.

“También pudimos determinar que traían también mujeres menores de edad, incluso una niña de 14 años, y al momento del operativo encontramos dos víctimas de 16 y 17 años de edad”, complementó.

Trabajo de “acompañantes”

De acuerdo a la persecutora, las víctimas eran captadas en Bolivia con la promesa de pagarles los pasajes y estadía en Chile para trabajar como “acompañantes”, sin embargo, una vez en el país se les informaba que dichos gastos debían pagarlos ejerciendo el comercio sexual por al menos tres meses.

Los servicios que las víctimas se veían obligadas a proveer eran anunciados mediante avisos en páginas de internet, los que incluían el desplazamiento a domicilio de las mujeres, con el consiguiente riesgo para su integridad física.

Durante el operativo, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a los líderes de la organización y a otras personas encargadas del traslado de las mujeres y la logística en Chile para instalarlas, administrar los prostíbulos y recolectar los pagos.

En dichos allanamientos, los detectives incautaron cinco vehículos utilizados por la organización y casi $20 millones de pesos en efectivo (USD 21 mil) en efectivo, parte de las ganancias recibidas por la organización.

Así las cosas, en la audiencia de formalización el tribunal acogió la solicitud de la fiscalía local y dejó tras las rejas a los 10 imputados, por los 120 días fijados para llevar adelante la investigación.

Un incendio en el mercado de Barrio Lindo, uno de los centros de abastecimiento y comercio más grandes de Bolivia, dejó cerca de 15.000 comerciantes afectados. El fuego que comenzó la madrugada del jueves mantenía algunos focos activos dentro del predio hasta este viernes por la mañana, cuando bomberos y equipos de emergencia mantenían el operativo para extinguir las llamas.

Uno de los principales obstáculos para las tareas de rescate fue el colapso parcial del techo en varias áreas de la feria. La caída de estructuras metálicas y otros elementos de construcción impidió el ingreso seguro de los bomberos y comerciantes que intentaban rescatar su mercadería.

Según la Gobernación de Santa Cruz, la infraestructura quedó severamente afectada. La valoración inicial apunta a que la construcción sufrió daños estructurales que impedirán su funcionamiento incluso una vez que el incendio sea completamente extinguido.

“La construcción en su totalidad está afectada. El 70% está colapsando en este momento. Las pilastras más fuertes que sostienen al edificio están cayendo por el calor del fuego, y están implosionando, prácticamente todo lo que significa desde el techo de la parte central”, indicó el secretario departamental de Seguridad Ciudadana, Jorge Santistevan, en una entrevista con el canal Unitel.

Ante el impacto económico, el Gobierno anunció que implementará medidas de alivio financiero y tributario para los comerciantes perjudicados. “Vamos a trabajar en medidas que permitan a familias que perdieron su capital de trabajo, puedan recuperarlo y empezar de nuevo”, manifestó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.

Barrio Lindo constituye uno de los mayores centros de comercio popular de Santa Cruz de la Sierra y concentra miles de puestos de venta dedicados a distintos rubros: desde ropa y material escolar hasta muebles, ferreterías y juegos de pirotecnia. Fuera del predio, también se instalan vendedores ambulantes que amplían el comercio y la oferta de productos en esta zona.

Hasta el momento no se ha brindado un informe oficial sobre las causas del incendio y tampoco se ha informado sobre víctimas fatales ni heridos de gravedad. De manera extraoficial, se informó que dentro del recinto se habría realizado una “ch’alla”, un ritual ancestral de origen andino mediante el cual se hacen ofrendas a la Madre Tierra, generalmente con alcohol, flores, serpentinas y otros elementos, para agradecer o pedir prosperidad. En algunas ocasiones estas ofrendas son luego quemadas como parte del rito.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que el Ministerio Público inició una investigación de oficio “contra presuntos autores” por los delitos de incendio, estragos y peligros de estragos.

Zeballos agregó que las pericias comenzarán una vez que el fuego haya sido completamente sofocado para determinar si el siniestro fue provocado o respondió a una falla eléctrica u otra causa.

Mientras los bomberos continuaban con las labores de rescate, más de 20 personas fueron arrestadas en inmediaciones de la feria por presuntamente haber saqueado negocios y robar productos en medio de la tragedia, por lo que también se aumentó la presencia policial para resguardar la seguridad del lugar.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, defendió sus primeros nueve meses de gobierno, reconoció que su administración ha cometido errores y presentó una nueva hoja de ruta con reformas orientadas a transformar el Estado y reactivar la economía. El mensaje, que duró cerca de una hora y media, fue dado en la Casa de la Libertad, en Sucre, en los actos de conmemoración por los 201 años de la independencia de Bolivia.

El mandatario afirmó que su administración inició la recuperación económica de la profunda crisis que heredó y destacó las medidas orientadas a estabilizar las finanzas públicas, atraer inversiones y recuperar la confianza de la comunidad internacional. “Hoy podemos afirmar que Bolivia ha recuperado la estabilidad necesaria para comenzar una nueva etapa de crecimiento”, sostuvo.

Sin embargo, Paz admitió que cometió algunos errores y que varios de los cambios prometidos no avanzaron con la rapidez esperada. “Les pido disculpas por los errores cometidos”, afirmó, al asegurar que su administración mantendrá la disposición de corregir decisiones cuando sea necesario.

“Escuchamos, aprendemos y corregimos”, señaló y afirmó que el objetivo de su gobierno es dejar atrás un modelo de confrontación política y construir un Estado más eficiente, transparente y orientado al desarrollo. “Los cambios verdaderos no ocurren de la noche a la mañana”, afirmó al responder a quienes cuestionan el ritmo de las reformas.

Durante su discurso, el jefe de Estado proyectó la siguiente etapa de su mandato. Paz afirmó que Bolivia dejó atrás la fase de emergencia y debe concentrarse ahora en consolidar reformas estructurales para modernizar el Estado, fortalecer las instituciones y crear condiciones para el crecimiento económico.

Con ese objetivo, presentó seis ejes que orientarán la acción de su administración de ahora en adelante: la transformación del Estado, el fortalecimiento institucional, el desarrollo económico, la modernización de los sistemas de salud y educación, la promoción de la producción y la construcción de un nuevo pacto nacional.

El presidente también planteó una renovación de la política boliviana. En uno de los mensajes más destacados de la jornada, llamó a “reconstruir el país lejos de los caudillos” y sostuvo que Bolivia debe sustituir los liderazgos personalistas por instituciones sólidas y ciudadanos comprometidos.

En la sesión de honor coincidieron el presidente Paz y el vicepresidente Edmand Lara, quienes se tienen una relación tensa y se mantienen distanciados prácticamente desde el inicio del mandato, por lo que no suelen coincidir en eventos públicos, salvo por dos o tres ocasiones en los últimos meses.

Tras ganar la segunda vuelta electoral en octubre pasado, el vicepresidente acusó a Paz de haberlo marginado y se declaró “opositor constructivo” del Gobierno en diciembre, apenas un mes después de haber asumido el cargo. En tanto, Paz aprobó un decreto que limita las funciones de la Vicepresidencia y otro que le permite gobernar a través de medios digitales cuando se encuentre temporalmente fuera del país, lo que supone que no necesita traspasar el mando temporal a Lara.

En el encuentro de ayer ambos políticos intercambiaron un saludo protocolar y durante su discurso, Lara criticó la gestión del presidente: “no se puede gobernar mintiendo, no se puede prometer y después no cumplir”, afirmó. El vicepresidente hizo un llamado a Paz y sus ministros para “corregir el rumbo del país”.

El de ayer es el primer mensaje a la nación de Paz y Lara por la conmemoración de la independencia de Bolivia, tras haber asumido el mando del país en noviembre pasado luego 20 años de gobiernos de izquierda, encabezados primero por Evo Morales (2006-2019) y luego por Luis Arce (2020-2025).

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó que “una nueva Bolivia está naciendo”, al conmemorar los 201 años de la independencia del país. Durante un mensaje desde la Casa de la Libertad en Sucre, sede constitucional y judicial del Estado, el mandatario destacó que, tras las elecciones generales de 2025, el país “decidió iniciar un nuevo ciclo que está marcado con la verdad como base de la transformación moral de la patria”.

El jefe de Estado señaló que su gestión, iniciada hace casi nueve meses, se distingue por al menos seis decisiones clave alejadas del centralismo. Paz sostuvo que los Gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), encabezados por Evo Morales y Luis Arce, dejaron a Bolivia “arrasada y moribunda”, en referencia a la situación económica.

“Estamos ordenando la casa protegiendo al pueblo, sin sacrificar la soberanía ni la dignidad de la patria. Tomamos decisiones difíciles, algunas fueron impopulares y otras tuvieron un costo para la familia pero eran necesarias para que la crisis deje de dañar a nuestra economía y de sacrificar nuestro futuro”, afirmó Paz.

Desde la casa donde en 1825 Bolivia nació a la vida republicana tras alcanzar su independencia de España, Paz destacó como uno de los principales logros de su gestión la “recuperación de la confianza”, reflejada en la estabilización de la economía y la disminución del riesgo país de 2.200 a 421 puntos. En ese sentido, resaltó la implementación de un nuevo régimen cambiario flexible que permitió normalizar gradualmente el mercado de divisas y agradeció la disposición del pueblo para enfrentar cambios, como el reordenamiento del gasto público y el retiro de la subvención a los combustibles, calificando esta última medida como insostenible en el tiempo.

Paz subrayó la modernización del Estado, con acciones para eliminar la burocracia en los trámites, el fortalecimiento de la ciudadanía digital y la intervención en la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), afectada por problemas de calidad en el combustible.

El mandatario indicó que la protección a las familias durante el proceso de ordenamiento incluyó el incremento de bonos para adultos mayores y menores de edad, alivio financiero para microempresas, así como la incorporación de más personal e internet en los sectores de salud y educación.

Como cuarta medida clave, resaltó la apertura internacional de Bolivia, que permitió restablecer relaciones diplomáticas, profundizar vínculos con otros países y gestionar apoyo ante organismos multilaterales como el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Paz afirmó que su administración implementa “una nueva gobernabilidad” en coordinación con autoridades departamentales y municipales, y remarcó que los acuerdos se realizarán “con instituciones, no con políticos”. Señaló como sexta decisión priorizar el diálogo, en referencia al reciente conflicto social que paralizó varias regiones durante siete semanas entre mayo y junio.

La administración de Paz atravesó su mayor desafío entre mayo y junio, cuando varias ciudades experimentaron escasez de alimentos, combustibles y medicamentos debido a bloqueos de rutas contra el Ejecutivo. Las autoridades acusaron a Morales de haber orquestado estas protestas, por lo que enfrenta una orden de aprehensión por su presunto papel en las manifestaciones.

“Acabamos de vencer 53 días de una resistencia del pasado que se niega a aceptar que una nueva Bolivia está naciendo”, sostuvo Paz.

El político elegido el 19 de octubre de 2025 por el electorado boliviano reconoció que en nueve meses “no se puede cambiar” lo hecho en dos décadas de gobiernos anteriores y anunció la creación de un Alto Comisionado para la Integridad Institucional y la Justicia, con el objetivo de combatir la corrupción en la administración pública. “Amemos la patria, nos podemos tropezar, nos podemos equivocar, y si lo hemos hecho pido disculpas como presidente a nombre del Gobierno”, concluyó.

(Con información de EFE)

El Gobierno boliviano vinculó los recientes hechos de violencia en Santa Cruz de la Sierra con personas cercanas al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien fue capturado en marzo en Bolivia y extraditado a Estados Unidos. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que “esta línea de narcoterrorismo estaba operada por gente cercana al narcotraficante que fue detenido por la Policía y expulsada a los Estados Unidos, Sebastián Marset”.

Oviedo hizo referencia al asesinato de cuatro personas por un grupo de sicarios que el miércoles pasado irrumpió en una hacienda en San Matías, localidad fronteriza con Brasil. Un día después, agentes de inteligencia que se dirigían a la zona para investigar el caso fueron emboscados por personas armadas, resultando muerto un policía cuyo cuerpo fue trasladado y abandonado en una pista clandestina.

El ministro señaló que en esa pista “se encuentran muchas de las evidencias” y que era utilizada por la red vinculada a Marset para despachar droga hacia Brasil. Siete personas fueron detenidas por el asesinato del agente de inteligencia, cinco de nacionalidad brasileña y dos bolivianos, según informó el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez. El jefe policial agregó que en la pista clandestina se hallaron dos camionetas presuntamente utilizadas durante la emboscada contra los policías.

A su vez, la administración del presidente Rodrigo Paz señaló el lunes que los hechos de violencia están relacionados con las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), que disputan el control de las rutas del narcotráfico en la frontera entre Bolivia y Brasil. Esta disputa generó una ola de violencia en la región.

Un nuevo ataque armado se registró este miércoles en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. En una zona céntrica y universitaria, un ciudadano brasileño fue abatido a tiros por dos personas que luego huyeron en un vehículo blanco. La identidad de la víctima no ha sido difundida. Con este hecho, la cifra de asesinatos por sicariato en la región ascendió a diez en una semana.

Según reportes policiales y grabaciones de cámaras de seguridad, los atacantes interceptaron a la víctima cuando salía de un restaurante y abrieron fuego antes de darse a la fuga. Tras el ataque, una mujer, presuntamente pareja del fallecido, se acercó al cuerpo y retiró su teléfono celular, llaves y otras pertenencias. La mujer fue aprehendida y permanece bajo custodia policial mientras avanzan las investigaciones.

La administración de Santa Cruz de la Sierra propuso al Gobierno de Rodrigo Paz la aplicación de una “intervención militar conjunta” en respuesta a una “ola de violencia extrema” que afecta al departamento, luego de varios asesinatos, emboscadas a policías y la reciente fuga de presos, hechos relacionados con las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV).

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Jorge Santistevan, señaló que los acontecimientos recientes “revelan la presencia de organizaciones criminales con altas capacidades que están por encima de las fuerzas del orden y del propio Estado”. Santistevan recomendó al Gobierno nacional que, en el marco del Estado de excepción, disponga “la inmediata intervención militar conjunta, el apoyo a las fuerzas del orden para contrarrestar y desarticular, si fuera necesario, a grupos criminales de gran escala”.

Además, solicitó que se autorice a la fuerza militar “hacer uso de sus armas de reglamento exenta de responsabilidad penal para una intervención eficaz y no así decorativa o disimulada”.

El homicidio se suma al reciente asesinato de un ciudadano brasileño de 36 años, identificado como Dennis F. de O., quien fue acribillado con siete disparos en un local nocturno de la avenida Cristo Redentor. Ese mismo día, un veterinario murió a tiros en San Ignacio de Velasco, a 460 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, tras un ataque perpetrado por dos hombres en motocicleta.

Durante la última semana, la región registró otros siete homicidios, cinco de ellos en zonas fronterizas con Brasil —San Matías y Ascensión de la Frontera—, incluida la muerte del subteniente de la Policía Yerson Salazar, quien investigaba crímenes previos. Además, se reportó el hallazgo de dos personas decapitadas en Yapacaní, a 300 kilómetros de la capital cruceña, en la carretera hacia Cochabamba.

(Con información de EFE)

Este miércoles se registró un nuevo ataque armado en Bolivia. A plena luz del día en una zona céntrica y universitaria de Santa Cruz de la Sierra, un brasileño cuya identidad aún no ha sido difundida, fue abatido a tiros por dos personas que luego se dieron a la fuga en un vehículo blanco. Con este asesinato, la cifra de sicariatos subió a diez en una semana.

Según reportes policiales y videos de cámaras de seguridad, hombres armados interceptaron a la víctima cuando salía de un restaurante y abrieron fuego para luego huir del lugar.

Con el cuerpo tendido en el piso, una mujer, presuntamente pareja de la víctima, se acercó al cuerpo y sustrajo su teléfono celular, sus llaves y otras pertenencias. La mujer luego fue aprehendida y permanece en custodia de la Policía mientras se realizan las investigaciones.

El nuevo homicidio se produjo apenas unos días después del asesinato de un ciudadano brasileño de 36 años, identificado como Dennis F. de O., quien fue acribillado con siete disparos dentro de un local nocturno situado en la avenida Cristo Redentor. El mismo día, un veterinario murió a tiros en el municipio de San Ignacio de Velasco, a 460 kilómetros al este de Santa Cruz de la Sierra, por dos hombres que huyeron en motocicleta.

Estos tres casos estuvieron precedidos por otros siete homicidios, cinco de ellos ocurridos en zonas fronterizas con Brasil, San Matías y Ascensión de la Frontera, en los que una de las víctimas es el subteniente de la Policía Yerson Salazar que investigaba crímenes ocurridos un día antes. A estos casos se suma el hallazgo de dos personas decapitadas en la localidad de Yapacaní, a 300 kilómetros de la capital cruceña, en la carretera que une esta ciudad con Cochabamba.

La sucesión de asesinatos ha puesto nuevamente el foco sobre la escalada de la violencia armada en el departamento de Santa Cruz, principal centro económico de Bolivia y una región donde en los últimos años las autoridades han detectado una mayor presencia de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

El Gobierno boliviano sostiene los hechos recientes responden a la disputa entre grupos criminales brasileños -el Primer Comando Capital y el Comando Vermelho- por el control de corredores utilizados para el tráfico internacional de drogas. En ese contexto, anunció esta semana la instalación de una oficina permanente de la Policía Federal de Brasil en La Paz para fortalecer el intercambio de inteligencia y la cooperación transfronteriza.

Las autoridades no han confirmado públicamente si los diez homicidios registrados en la última semana guardan relación entre sí, aunque varias investigaciones apuntan a posibles ajustes de cuentas asociados al crimen organizado.

En ese contexto, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, pidió al Gobierno militarizar las poblaciones fronterizas en los que en la última semana se produjeron hechos de violencia.

“Exigimos que el Ministerio de Defensa militarice la frontera de Santa Cruz en San Matías, específicamente en Ascensión de la Frontera y Las Petas”, señaló en una publicación y pidió emitir un decreto “que especifique el marco de uso de armas para los efectivos militares desplegados, y que los exente de responsabilidad penal en el cumplimiento de sus funciones”.

“¿Cómo es posible que, en un estado de excepción, a menos de 12 horas de que el Presidente de la República y el Gobernador del Departamento estuvieran a pocas cuadras del lugar, ocurra otro asesinato? No podemos seguir viviendo así”, escribió el martes en relación con el asesinato ocurrido en la localidad de San Ignacio de Velasco donde horas antes hubo una celebración cívica por la efeméride local.

Por ahora, la Policía boliviana desplegó más de 200 agentes policiales en San Matías y sus alrededores, en la frontera con Brasil para reformar la seguridad y buscar a los responsables de los crímines.

El cierre del dos ministerios en Bolivia, el de Turismo y Cultura y el de Planificación y Medio Ambiente, provocaron una serie de críticas entre académicos, analistas y organizaciones vinculadas a esos sectores. El presidente Rodrigo Paz anunció el lunes el cierre de ambas carteras como una forma de impulsar un Estado más “eficiente” y eliminar la “burocracia”.

El gobernante explicó que se creará una agencia estatal para desarrollar los proyectos que tenía el Ministerio de Turismo Sostenible, Cultura, Folclore y Gastronomía y para “darle agilidad” a las alianzas entre “lo público y privado” con el objetivo de generar un impacto en la economía desde esos sectores.

En tanto, señaló que el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente será eliminado y que algunas de sus atribuciones, “las necesarias”, pasarán a otra dependencia. En esta nueva estructura, la agencia de turismo dependerá del Ministerio de la Presidencia y el de Planificación y Medioambiente, del de Economía.

Las críticas han girado en torno al peso político que van a tener los asuntos que gestionaban las dos carteras clausuradas. Operadores turísticos cuestionaron el cierre del ministerio después de haber atravesado casi 50 días de bloqueos de caminos que paralizaron el turismo en el país provocando pérdidas millonarias para un sector que, al menos en discurso, se considera estratégico.

“Esta decisión tomada justo cuando el sector más necesita respaldo y no incertidumbre. ¿Cómo no desconfiar, si mientras el sector agoniza se debilita justamente la instancia que debería protegerlo?”, señala un comunicado de la Federación Boliviana de Guías de Turismo.

En la misma línea, organizaciones del ámbito cultural -entre ellas la Bienal Internacional de Arte, Festival Internacional de Teatro de La Paz, elFestival Internacional de Jazz “Festijazz”, la Bienal de Diseño y Cartel de Bolivia BiCeBé- firmaron un documento en el que rechazan “el permanente manoseo institucional al que al que ha sido sometido el sector cultural, históricamente relegado, subordinado y privado de la jerarquía, continuidad y presupuesto que merece”.

Fernando Cajías, uno de los académicos más notables del país, señaló que tanto la cultura como la gestión turística han adquirido en el último medio siglo una mayor jerarquía en el campo de la administración pública a nivel mundial y que si bien en Bolivia hubo un avance importante, también se enfrentó “enormes dificultades” debido a la debilidad institucional. “No se pone en duda la buena intención que pueda tener la decisión gubernamental, respecto a la disminución de rango de ministerio a una simple agencia, pero refleja una ideología, además de una errada percepción de la cultura como simple gasto”, agregó Cajías.

En el caso del Ministerio de Planificación y Medioambiente la polémica inició meses atrás cuando se fusionar las dos carteras. Diversas organizaciones y especialistas cuestionaron que unir el Ministerio de Medioambiente y el de Planificación suponía una pérdida de jerarquía institucional para la agenda ambiental.

Según los críticos, esta fusión que ahora pasa a depender del Ministerio de Economía puede generar un conflicto de intereses, ya que la misma estructura encargada de promover la inversión, la producción y la explotación de recursos naturales será responsable de velar por la protección del medioambiente, lo que puede inclinar las decisiones estatales en favor del crecimiento económico por encima de la conservación ambiental.

Fuera de estas observaciones, se han planteado cuestionamientos a la nueva estructura administrativa del Ejecutivo y una de las críticas vino desde adentro: el vicepresidente Edmand Lara advirtió que la eliminación de los ministerios no reduce la burocracia y que, al contrario, concentra poder en dos “superministerios”. “La burocracia continúa. Solo que ahora la concentraron en superministerios y en superministros, con más poder, pero con menos control. Eso no es austeridad, eso es maquillaje”, afirmó el vicepresidente.

La polémica surge a pocos días de que el presidente Paz cumpla nueve meses de Gobierno y concluya lo que denominó “un tiempo de transición” en el que buscó ordenar el Ejecutivo para iniciar, a partir de ahora, una etapa de “transformaciones profundas”. Los resultados juzgarán la reforma.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó este jueves al presidente boliviano Rodrigo Paz y al pueblo de Bolivia por el 201° aniversario de la independencia del país, al tiempo que subrayó que es el primer Día Nacional que ambas naciones celebran con una relación bilateral renovada en casi dos décadas.

“Esta es la primera Independencia de Bolivia en casi dos décadas en la que Estados Unidos y Bolivia pueden celebrar una asociación verdaderamente renovada”, afirmó Rubio en un comunicado del Departamento de Estado.

El funcionario destacó que la administración Trump “está con el pueblo boliviano amante de la libertad” y reafirmó el compromiso de trabajar con el gobierno de Paz por un hemisferio occidental “más seguro y fuerte”.

El vínculo entre ambos países atravesó una ruptura profunda a partir de septiembre de 2008, cuando el entonces presidente Evo Morales declaró persona non grata al embajador estadounidense Philip Goldberg, a quien acusó de conspirar con la oposición. Washington respondió expulsando al embajador boliviano en la capital federal.

Meses después, Morales también expulsó a la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), con lo que puso fin a 35 años de actividad de ese organismo en territorio boliviano. Desde entonces, ambos países no habían vuelto a intercambiar embajadores.

El regreso de las relaciones diplomáticas plenas se concretó tras las elecciones generales bolivianas de 2025, que llevaron a Paz a la Presidencia y marcaron un giro respecto a la era del Movimiento al Socialismo (MAS). El subsecretario de Estado Christopher Landau asistió a la inauguración presidencial en noviembre de ese año y anunció junto a Paz el restablecimiento de relaciones a nivel de embajadores.

En su mensaje, Rubio también mencionó la membresía fundacional de Bolivia en el Escudo de las Américas, la declaración suscrita en marzo pasado en Miami que dio origen a una coalición de seguridad regional liderada por Washington.

“La membresía fundacional de Bolivia en el Escudo de las Américas es un testimonio de la confianza y los valores compartidos que definen nuestra nueva relación”, señaló el secretario de Estado.

La coalición, que inicialmente agrupó a 11 países signatarios, se expandió a 18 naciones asociadas junto a Estados Unidos, entre ellas Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. El pasado 4 de agosto, el Comando Sur del Ejército estadounidense activó la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM, por sus siglas en inglés) en su sede de Miami como brazo operativo de la coalición contra el crimen organizado transnacional y los cárteles de la región.

En la víspera del 201 aniversario de Bolivia, el Gobierno de Rodrigo Paz y los nueve gobernadores del país firmaron un acuerdo para dar inicio a la transformación de las autonomías que básicamente implica modificar el esquema de competencias y de distribución de recursos.

Lo que el presidente Paz presentó como la “Agenda 50-50” durante su campaña electoral, dio su primer paso anoche con un acto más simbólico que técnico: acordaron iniciar el proceso para “alcanzar acuerdos” sobre temas prioritarios que incluyen autonomía tributaria, fortalecimiento de ingresos propios, poder decisión en favor de las regiones para la gestión presupuestaria, competencias, criterios de distribución de ingresos fiscales, acceso a financiamiento , entre otros.

El mandatario afirmó que el pacto trasciende su gestión gubernamental y representa una decisión política para impulsar un nuevo modelo de desarrollo basado en la participación regional.

“Empieza una patria donde las autonomías, donde el desarrollo, donde las regiones tendrán preponderancia, y haremos el esfuerzo; nosotros vamos a culminar con el ciclo del centralismo, de forma ordenada, 50/50, que sea de forma ordenada para que el país tenga certidumbre, tenga seguridad de que estamos en el camino correcto”, afirmó el presidente tras la suscripción del acuerdo en la histórica Casa de la Libertada en Sucre.

El documento suscrito plantea desafíos y un largo camino legal para desmontar el marco legal existente y crear uno nuevo para establecer qué dinero se va a repartir, en qué proporción y bajo qué criterios de responsabilidad.

“Lo que hagamos a partir de ahora en coordinación del Gobierno Nacional con las nueve gobernaciones será el futuro de los siguientes 100 años de la patria”, expresó el presidente al finalizar el encuentro, en medio tanto de aplausos como de abucheos.

Bolivia es un Estado autonómico desde 2009, cuando la nueva Constitución Política del Estado, impulsada durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019), incorporó un modelo de descentralización política y administrativa que respondió a décadas de demandas regionales, especialmente de los departamentos del oriente y sur del país.

A comienzos de los años 2000, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija encabezaron un movimiento -al que se denominó “media luna” por su forma geográfica- que reclamaba mayor control sobre sus recursos naturales, sus ingresos y la gestión pública, en medio de una fuerte confrontación con el Gobierno central.

Tras años de tensión política, la Constitución reconoció cuatro niveles de autonomía: departamental, municipal, regional e indígena originario campesina, cada uno con competencias específicas y autoridades elegidas por voto.

Sin embargo, muchos en Bolivia cuestionan el equilibrio que plantea este modelo entre la descentralización y el poder del nivel central; y las dificultades de gestión que genera con competencias concurrentes en algunos temas.

Las gobernaciones administran áreas como infraestructura vial, salud de tercer nivel y desarrollo productivo regional, mientras los municipios tienen competencias en servicios básicos, educación inicial, salud primaria y ordenamiento territorial. En tanto, las autonomías indígenas y regionales han avanzado con mayor lentitud debido a complejos procesos de conversión y limitaciones presupuestarias.

Aunque el proceso autonómico amplió la capacidad de decisión de los gobiernos locales, persisten reclamos por una mayor autonomía fiscal y por una distribución más equitativa de los recursos públicos, lo que dio lugar a la propuesta “50-50” del presidente Paz que hoy enfrenta la hora de las primeras decisiones.

La administración de Santa Cruz de la Sierra, la región más poblada de Bolivia, sugirió al Gobierno de Rodrigo Paz aplicar una “intervención militar conjunta” ante una “ola de violencia extrema” que afecta al departamento tras varios asesinatos, emboscadas a policías y la reciente fuga de presos, vinculados a las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV).

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Jorge Santistevan, afirmó que estos hechos recientes “revelan la presencia de organizaciones criminales con altas capacidades que están por encima de las fuerzas del orden y del propio Estado”.

Santistevan convocó y recomendó al Gobierno nacional que, bajo el Estado de excepción, disponga “la inmediata intervención militar conjunta, el apoyo a las fuerzas del orden para contrarrestar y desarticular, si fuera necesario, a grupos criminales de gran escala”. Además, solicitó que se autorice a la fuerza militar “hacer uso de sus armas de reglamento exenta de responsabilidad penal para una intervención eficaz y no así decorativa o disimulada”.

El funcionario sostuvo que estos hechos “no son aislados” y afectan a todo el país, no solo a Santa Cruz. El pedido se produjo horas después del asesinato de un ciudadano extranjero en el centro de la ciudad, atacado por dos presuntos sicarios, según medios locales. Más temprano, dos reclusos brasileños escaparon de la cárcel de Palmasola, la más poblada y considerada la más conflictiva del país, situada en Santa Cruz, tras un corte de luz en uno de los pabellones.

La Policía de Bolivia difundió los retratos de Alex Heleno Da Silva, detenido por asesinato, y Junior Da Silva Fernando, acusado de tráfico de armas, e inició un plan de búsqueda y recaptura tras su fuga de la cárcel de Palmasola en Santa Cruz. La semana pasada, un ciudadano brasileño fue asesinado a tiros en el municipio de San Ignacio de Velasco, en un hecho que la Policía atribuye a un ajuste de cuentas.

En otro incidente, un grupo de sicarios asesinó a cuatro personas hace una semana atrás al ingresar a una hacienda en San Matías, localidad fronteriza con Brasil. Al día siguiente, un grupo armado emboscó a agentes de inteligencia que se dirigían a esa zona para investigar el caso. Uno de los policías fue acribillado y los atacantes trasladaron su cuerpo, que luego abandonaron en una pista clandestina.

El Gobierno de Rodrigo Paz vinculó los hechos ocurridos en San Matías con las organizaciones criminales brasileñas PCC y CV, enfrentadas por el control de las rutas del narcotráfico en la frontera entre Bolivia y Brasil. Esta disputa habría generado laa ola de violencia en la zona.

El Ministerio de Gobierno anunció que la Policía Federal de Brasil abrirá próximamente una oficina permanente en Bolivia para reforzar el combate a las organizaciones criminales y facilitar el intercambio de información entre ambos países.

En medio de este panorama, la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, María René Álvarez, solicitó al Gobierno nacional reforzar la seguridad, la inteligencia policial y la lucha contra el crimen organizado. Álvarez remarcó la importancia de incrementar el control en zonas fronterizas y garantizar los recursos necesarios para la Policía y el Ministerio Público. “La ciudadanía merece vivir en paz y con la certeza de que el Estado ejercerá plenamente su obligación de proteger la vida y la seguridad de todos”, afirmó.

Ante la escalada de la violencia, Bolivia desplegó más de 200 agentes policiales en San Matías y sus alrededores, en la frontera con Brasil. El subcomandante de la Policía en Santa Cruz, Juan Carlos Rebollo, confirmó a la cadena Unitel que el contingente arribó a la localidad la noche del lunes y ya realiza labores de rastreo, registros y controles preventivos en la zona.

(Con información de EFE)

La ONU ofreció apoyo concreto a Bolivia para optimizar la inversión pública y facilitar el acceso a nuevas fuentes de financiación, en medio de la crisis económica que atraviesa el país.

Nicholas Gardner, director de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en la región andina, arribó a La Paz con la misión de consolidar la relación estratégica entre el organismo internacional y el Gobierno de Rodrigo Paz y abrió una agenda de trabajo con autoridades bolivianas para identificar proyectos prioritarios y necesidades urgentes en distintas áreas estatales.

“Estamos acá para consolidar nuestras relaciones estratégicas con el Gobierno. Hablando con varios ministerios en varios sectores, es obvio que hay muchas necesidades, muchas brechas, hay muchos desafíos también; uno de ellos es “la falta” de recursos “para invertir”, declaró a EFE.

Durante su visita, Gardner puso a disposición del Estado boliviano la experiencia regional e internacional de la UNOPS para fortalecer la gestión y la transparencia en el manejo de los fondos públicos. En reuniones con varios ministerios y organismos multilaterales, como el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), propuso priorizar proyectos que generen impactos amplios y permitan un uso más eficiente y transparente del presupuesto.

“Es lo que hacemos, es lo que podemos ofrecer acá en Bolivia también. Cómo utilizar los recursos que tienen en el presupuesto público, que nunca es suficiente en ningún país, con una mejor eficiencia”, agregó.

Gardner explicó que la oficina de la ONU puede asistir al Gobierno en la preparación de proyectos para hacerlos más atractivos ante potenciales financiadores internacionales. Además, se comprometió a acompañar la puesta en marcha de mecanismos que desbloqueen inversiones paralizadas por obstáculos administrativos o legales.

En las conversaciones, planteó ejemplos de soluciones implementadas en otros países de la región, como la colaboración con la Contraloría General de Perú para armonizar el control estatal sin afectar la continuidad de las obras públicas. También destacó la introducción de mecanismos de resolución de disputas, como el sistema “dispute adjudication” de los contratos FIDIC, que en Perú permitió resolver conflictos sin recurrir a arbitrajes largos y costosos, y aceleró la ejecución de proyectos de infraestructura.

La visita del funcionario internacional coincidió con una coyuntura de cambios internos en Bolivia. El presidente Rodrigo Paz avanzó con una reforma institucional orientada a reducir la burocracia y buscar un Estado más eficiente.

Bajo esa sintonía, anunció cambios en el gabinete y la designación de José Luis Lupo, exministro de la Presidencia, como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y será reemplazado por el canciller Fernando Aramayo, quien a su vez será sucedido por Héctor Huanca.

Por otro lado, en el marco de las celebraciones por los 201 años de independencia de Bolivia, el gobierno se prepara para presentar un informe sobre los primeros nueve meses de gestión de Paz, mientras busca consolidar nuevas alianzas internacionales y avanzar en reformas económicas profundas.

Entre las medidas recientes figuran la eliminación de subsidios a los combustibles y la transición hacia un régimen cambiario flexible, con el objetivo de estabilizar el mercado y enfrentar la crisis de dólares que afecta al país desde 2023.

El Ejecutivo también concretó en las últimas semanas un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.900 millones de dólares, destinado a apuntalar las reformas y estabilizar la economía boliviana. El convenio, que todavía debe ser ratificado por el Parlamento y el directorio del FMI, marca el regreso del organismo a Bolivia luego de 20 años de distanciamiento y supone un respaldo clave en la estrategia de recuperación económica impulsada por el Gobierno.

(Con información de EFE)

Tatiana Marset Alba, hermana del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, permanece recluida en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, pese a que dos semanas atrás la Justicia le concedió el beneficio de la detención domiciliaria. La postergación en la emisión de mandamiento de libertad se debe a que Marset Alba aún no cumple todos los requisitos exigidos para ejecutar la medida, entre ellos la presentación de dos garantes con solvencia económica requeridos por la resolución judicial.

“Permanece en el sector de mujeres. Todos los procedimientos establecen que, una vez que nos lleguen los mandamientos correspondientes, estos son puestos en ejecución, previa verificación y cumplimiento de los protocolos establecidos por ley”, afirmó el gobernador de Palmasola, Juan Carlos Corrales, citado por el periódico El Deber.

La mujer de 22 años está siendo procesada por presuntos delitos de tráfico o portación ilegal de armas y asociación delictuosa tras ser detenida durante el operativo en el que también fue capturado su hermano la madrugada del 13 de marzo.

El pasado 21 de julio un juez sustituyó la detención preventiva de Marset Alba por arresto domiciliario y otras medidas cautelares. Sin embargo, la decisión quedó condicionada al cumplimiento de varios requisitos, entre ellos la presentación de dos garantes con domicilio, empleo estable y capacidad económica acreditada, además de arraigo, presentaciones periódicas ante la Fiscalía y custodia policial durante el cumplimiento de la medida.

Su abogada, Mónica Terrazas, sostuvo previamente que la principal dificultad radica en conseguir personas dispuestas a asumir esa responsabilidad debido a la notoriedad del caso. “Obviamente ninguna persona quiere arriesgarse por toda la connotación pública que tiene garantizar la salida de mi defendida”, afirmó la jurista.

Según la defensa, mientras espera concretar su salida de la cárcel, Marset Alba proyecta iniciar estudios universitarios de Derecho en Santa Cruz y cumplir el arresto domiciliario en una vivienda ofrecida por su abogada.

Tatiana Marset fue detenida en el operativo policial en Santa Cruz de la Sierra en el que también fue capturado Sebastián Marset, quien posteriormente fue entregado a las autoridades de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con lavado de dinero y narcotráfico.

Según la acusación del Departamento de Justicia, Marset habría liderado una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína que movía cargamentos de varias toneladas desde Sudamérica hacia Europa y utilizaba empresas, intermediarios y el sistema financiero internacional —incluidos bancos corresponsales en Estados Unidos— para ocultar y transferir las ganancias del narcotráfico.

De momento no se ha fijado una fecha para el inicio del juicio y Marset continúa detenido a la espera de nuevas actuaciones judiciales. Además de esos cargos, el presunto narcotraficante enfrenta acusaciones en otros países como Paraguay, donde lo señalan de liderar una red internacional criminal y lo investigan por su presunta vinculación con el asesinato del fiscal Marcelo Pecci en 2022.

Pese a figurar entre los criminales más buscados de la región, Marset llevó durante años una vida pública en Bolivia. Residió con su familia, jugó al fútbol semiprofesional bajo una identidad falsa e impulsó diversas inversiones. En julio de 2023 logró escapar de un operativo policial en Santa Cruz y desde entonces permanecía prófugo.

En relación a su hermana, la Fiscalía de Bolivia sostiene que habría brindado apoyo logístico a la organización criminal liderada por su hermano, acusaciones que ella rechaza y asegura que se encontraba en Bolivia únicamente por vacaciones.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, convocó este miércoles a los nueve gobernadores del país para debatir la implementación de la propuesta denominada “50-50”, una reforma con la que el Gobierno busca profundizar la descentralización a partir de la redistribución de recursos, competencias y responsabilidades entre el nivel central y las regiones.

El encuentro está previsto para las 17:00 en la Casa de la Libertad, en la ciudad de Sucre, donde mañana se desarrollarán los actos cívicos por el 201 aniversario de la fundación del país.

En la víspera se realizó una jornada de trabajo entre equipos técnicos que analizaron propuestas relacionadas con la redistribución de ingresos fiscales y el traspaso de competencias. Entre los principales objetivos figura la construcción de una agenda de trabajo que permita convertir la promesa electoral de Paz en una política de Estado.

La propuesta del “50-50” fue uno de los principales ejes de la campaña electoral de Rodrigo Paz. El mandatario sostiene que el actual modelo de administración pública concentra excesivas funciones y recursos en el Gobierno nacional, lo que ralentiza la ejecución de proyectos y limita la capacidad de respuesta de las regiones.

Si bien nunca se explicó técnicamente la propuesta del presidente, el modelo apunta a una distribución más equilibrada entre el Gobierno y las autonomías no solo en términos presupuestarios, sino también mediante la transferencia gradual de atribuciones administrativas y de gestión pública.

Las regiones llegan a la reunión de este miércoles con demandas y propuestas específicas, como la del gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, que plantea iniciar la redistribución de recursos fiscales con el Impuesto a las Transferencias (IT) además de reducir el gasto público que suponen las empresas públicas deficitarias.

El gobernador señaló en entrevistas anteriores que el IT genera aproximadamente 7.300 millones de bolivianos (730 millones de dólares) al año y planteó que el Tesoro General de la Nación ceda la mitad a las regiones para fortalecer los ingresos de gobernaciones, municipios y universidades públicas a partir del próximo año.

De acuerdo con autoridades departamentales, otro de los puntos centrales de la negociación será definir qué competencias pueden ser transferidas a las gobernaciones junto con las fuentes de financiamiento necesarias para asumir esas nuevas responsabilidades, evitando que la descentralización implique mayores cargas sin respaldo económico.

A finales de julio, el Gobierno central asumió dos gastos que antes correspondía a las gobernaciones: el financiamiento de los prediarios en los centros penitenciarios y un bono de vacunación, como primer paso en esta reestructuración. “Esto es 50-50 en acción. Redefinimos las responsabildiades entre el nivel central y las autonomías para que cada región libere recursos y los invierta en su propio desarrollo”, escribió el mandatario en X. “No es repartir plata, es transformar cómo funciona el Estado”, agregó.

La cita en Sucre busca establecer una metodología de trabajo para los próximos meses. La intención es que los acuerdos alcanzados den paso a mesas técnicas permanentes y a un cronograma de reformas que involucre posteriormente a municipios, universidades y la Asamblea Legislativa Plurinacional, instancia que deberá debatir los cambios normativos necesarios.

Para el Gobierno este es un proceso de largo aliento. Si bien plantean iniciar unas reformas estructurales en el corto plazo, sostienen que su implementación requerirá un proceso gradual, con una visión de al menos 30 años.

Bolivia desplegó más de 200 agentes policiales en el municipio de San Matías y sus alrededores, en la frontera con Brasil, en respuesta a una ola de violencia que dejó nueve muertos en menos de una semana, incluido un teniente de Policía.

El subcomandante de la Policía en Santa Cruz, Juan Carlos Rebollo, confirmó el martes a la cadena Unitel que el contingente llegó a la localidad la noche del lunes y ya opera en la zona, realizando labores de rastreo, registros y controles preventivos.

La medida se implementa tras una serie de homicidios ocurridos en el departamento de Santa Cruz, que las autoridades atribuyen a una disputa de poder entre los grupos criminales brasileños Comando Vermelho y Primer Comando de la Capital (PCC).

Con dos asesinatos ocurridos el domingo pasado, la cifra de víctimas por ataques armados en Bolivia subió a nueve en menos de una semana.

El primer episodio reciente se registró en la madrugada del domingo en un local nocturno de Santa Cruz de la Sierra, donde el brasileño Dennis F. de O., de 36 años, fue asesinado con siete disparos. El ataque dejó además dos personas heridas. El segundo caso involucró al veterinario Dagner P., de 40 años, quien murió acribillado fuera de su domicilio en San Ignacio de Velasco; los atacantes regresaron al lugar tras los primeros disparos y luego huyeron en motocicletas.

La ola de violencia incluye hechos ocurridos la semana pasada: cuatro personas murieron en un ataque armado en una estancia del municipio de San Matías, dos fueron decapitadas en Yapacaní y otras dos murieron en Ascensión de la Frontera, entre ellos el subteniente de la Policía Yerson Salazar, quien investigaba los asesinatos en San Matías. El cuerpo de Salazar permaneció desaparecido durante dos días y fue hallado tras la incineración del vehículo en el que se transportaba.

La Policía Boliviana arrestó el martes a dos nuevos sospechosos por el asesinato de Yerson Salazar, ocurrido durante la emboscada armada. Investigadores informaron que en los teléfonos celulares de los detenidos se hallaron evidencias que serán sometidas a pericias para determinar su posible implicación en el crimen.

Las detenciones se realizaron en la comunidad de Ascención de la Frontera, cerca de la ciudad brasileña de Cáceres, donde la Policía mantiene un amplio despliegue tras la reciente escalada de violencia. Los dos sospechosos serían presuntos integrantes del grupo involucrado en el ataque armado contra la camioneta en la que viajaban cinco policías. Los agresores se desplazaban en motocicleta y fueron identificados gracias a tatuajes en el cuerpo, lo que facilitó su localización y captura.

La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, María René Álvarez, pidió al Gobierno nacional fortalecer la seguridad, la inteligencia policial y la lucha contra el crimen organizado, subrayando la necesidad de incrementar el control en zonas fronterizas y garantizar los recursos necesarios para la Policía y el Ministerio Público.

“La ciudadanía merece vivir en paz y con la certeza de que el Estado ejercerá plenamente su obligación de proteger la vida y la seguridad de todos”, expresó Álvarez. El alcalde de San Matías, Agustín López, solicitó mayor presencia estatal ya que su municipio, de más de 19.000 habitantes, cuenta solo con 30 a 40 policías.

El alcalde de San Matías, Agustín López, solicitó mayor presencia estatal ya que su municipio, de más de 19.000 habitantes, cuenta solo con 30 a 40 policías.

(Con información de Europa Press)

Evo Morales es se ha convertido en un dilema político para el Gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia. Mientras algunos sectores reclaman que la Policía ejecute la orden de aprehensión en su contra, sus seguidores advierten una fuerte resistencia ante el intento de detención de su líder.

En medio de esa controversia, en los últimos días surgieron contradicciones entre la Policía y el Ministerio de Gobierno. El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, afirmó que la aprehensión de Evo Morales no es “prioridad” de su gestión y observó que los casos en contra del expresidente requieren tener más “solidez”.

“No es una prioridad dentro del cargo del comandante general. Hay más de 18.000 órdenes de aprehensión que no se han ejecutado. Tenemos muchos casos, para mí no es el caso más importante”, dijo Sokol en una entrevista con el programa de streaming Que no te la charlen.

El jefe de la Policía también señaló que el caso de trata por el que Morales está acusado no está bien sustentado. “Desde mi punto de vista no es el caso más importante, porque el proceso que tiene es por trata y tráfico, estupro, creo que no va bien el tema de las pruebas”, afirmó Sokol.

Morales enfrenta dos órdenes de aprehensión en Bolivia. La primera por una investigación que lo acusa de trata de menores con agravante, por haber embarazado a adolescente durante su presidencia y sobre la cual la Fiscalía ha recolectado 170 pruebas. La primera orden de captura por este caso fue emitida en octubre de 2024 sin que hasta la fecha se haya ejecutado. Posteriormente, en enero 2025, Morales fue arraigado y declarado en rebeldía tras no presentarse a declarar ante la Justicia.

Adicionalmente, la semana pasada se emitió una segunda orden de captura contra el expresidente por una acusación vinculada con las protestas y bloqueos de caminos que paralizaron el país durante siete semanas entre mayo y junio de este año. Si bien la movilización fue impulsada inicialmente por la Federación de Campesinos de La Paz a la que se sumó más tarde la Central Obrera Boliviana, los cocaleros liderados por Morales realizaron marchas e instalaron piquetes en la región del Trópico de Cochabamba, al centro del país.

Con las dos órdenes de captura vigentes, el comandante Sokol señaló que la Policía debe ejecutar un análisis profundo para detener a Morales, pues existe información de que en el bastión donde está atrincherado desde hace casi dos años hay militantes armados y que un operativo de captura podría tener un alto costo humano.

Tras estas afirmaciones, el Ministerio de Gobierno (Interior) desmintió al jefe policial. “El Gobierno ha definido como tarea prioritaria, escúcheme, prioritaria detener a Evo Morales”, sostuvo el ministro Marco Antonio Oviedo en una conferencia de prensa. Más tarde, el Gobierno emitió un comunicado en el que ratificó lo prioritaria que considera la captura del exmandatario.

“Ninguna persona se encuentra por encima de la ley”, señala el comunicado en el que se afirma que “las decisiones judiciales deben ser cumplidas sin distinción, privilegios ni consideraciones de carácter político”.

Semanas atrás, Morales desafío a las autoridades bolivianas al difundir un video en el que se lo ve dentro un vehículo conversando en un retén con agentes policiales de la fuerza antidroga en su bastión, en el que mantiene una vida pública y se desplaza entre comunidades para participar en mitines y eventos públicos.“Ya le va llegar la cárcel”, advirtió el presidente Paz a finales de junio.

Héctor Huanca, abogado especializado en Derechos Humanos y exviceministro de Gestión Consular, fue posesionado este lunes como nuevo ministro de Relaciones Exteriores en Bolivia en el marco de los ajustes que hizo el presidente Rodrigo Paz a su gabinete.

A pesar de que Paz destaca la “meritocracia” de su equipo, en la trayectoria del nuevo canciller no destacan competencias diplomáticas ni experiencia en relaciones internacionales. Según una nota de prensa institucional, Huanca trabajó durante 15 años en la Defensoría del Pueblo, donde impulsó “procesos de atención y resolución de conflictos con poblaciones en situación de vulnerabilidad, pueblos indígenas y mujeres”.

Tiene experiencia en mediación en conflictos sociales y se desempeñó como asistente técnico en proyectos de la Cooperación Suiza en Bolivia. Es licenciado en Derecho por la Universidad Mayor de San Andrés y cuenta con un diplomado en Ciencias Penales desarrollado con la Universidad de La Habana, Cuba.

Antes de asumir la jefatura de la diplomacia boliviana, Huanca fue jefe la Unidad de Prevención de Conflictos y Cultura de Paz de la Defensoría del Pueblo y viceministro de Gestión Consular e Institucional desde noviembre de 2025.

Su posesión se produce en el marco de los ajustes que realizó anoche el presidente Paz: el hasta ayer canciller, Fernando Aramayo, asumió como ministro de la Presidencia en reemplazo de José Luis Lupo que será designado embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Además se anunció el cierre del Ministerio de Turismo, que se convertirá en una agencia estatal, y del Ministerio de Planificación del Desarrollo, cuyas competencias se fusionarán con otras carteras como parte de la estrategia para reducir la burocracia y mejorar la eficiencia institucional.

El presidente Paz justificó estos cambios, con los que suman siete relevos en nueve meses de gestión, a una nueva fase de “transformación” del Estado, luego de haber “ordenado la casa”.

“Estos cambios ministeriales forman parte de esa ruta. No son respuestas circunstanciales, son decisiones destinadas a preparar al Gobierno para la etapa de transformaciones que comienza. No vienen a ocupar un cargo, vienen a cumplir una misión”, afirmó en el acto de posesión.

El nuevo canciller tiene entre las prioridades la restitución del cuerpo diplomático de Bolivia en línea con el giro que el Gobierno busca imprimir a la política exterior boliviana. En medio de reclamos por la demora en la designación de embajadores, el 21 de julio el excanciller Aramayo informó que existía una lista de 15 candidatos cuyos documentos serían enviados al Senado para su evaluación.

La urgencia de designar al cuerpo diplomático responde a la necesidad de completar la representación del país en el exterior y dar soporte a una estrategia internacional que, desde la llegada de Paz a la Presidencia, ha dado un giro significativo respecto a los gobiernos anteriores.

La nueva administración priorizó el restablecimiento de vínculos con Estados Unidos, reanudó las relaciones diplomáticas con Israel e impulsó el acercamiento con países vecinos como Perú y Chile; además de estrechar la cooperación con gobiernos ideológicamente afines. El cambio también implicó un mayor acercamiento a organismos multilaterales y una agenda enfocada en atraer financiamiento externo y capitales privados para enfrentar la crisis económica.

El Ejecutivo justificó este viraje como parte de una estrategia para “traer el mundo a Bolivia y llevar Bolivia al mundo” y recuperar la confianza internacional, en contraste con la política exterior del Movimiento Al Socialismo (MAS), bajo los mandatos de Evo Morales y Luis Arce, que privilegiaba alianzas con los gobiernos de Cuba y Venezuela, y había roto relaciones con Estados Unidos e Israel.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, reestructuró este lunes su gabinete con la salida de dos ministros y la reducción del número de carteras de Estado, una decisión que el mandatario presentó como parte de un plan para disminuir el gasto público y hacer más eficiente la administración de su gobierno.

Con estos cambios suman siete los relevos de ministros y se reducen a 12 las carteras del Estado: eliminó los ministerios de Turismo y el de Planificación; el primero se convertirá en una agencia estatal y las funciones del segundo será absorbidas por otras instancias.

En tanto, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, asumirá funciones como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y será reemplazado en el cargo por el canciller Fernando Aramayo, cuyo puesto será ocupado por Héctor Huanca.

La salida de Lupo del gabinete no tomó a nadie por sorpresa: si bien es uno de los ajustes más relevantes desde el inicio de la gestión, desde hacía semanas que su renuncia era considerada inminente en los círculos políticos.

Economista de larga trayectoria en organismos internacionales y con experiencia ministerial en gobiernos anteriores, Lupo fue candidato a vicepresidente de Samuel Doria Medina en las elecciones de 2025. El acuerdo político sellado entre Doria Medina y Paz para la segunda vuelta electoral lo llevó a ocupar uno de los cargos de mayor influencia del Ejecutivo.

Tomó posesión el 9 de noviembre y en el inicio de la administración se mostró como uno de los principales asesores del presidente y jefe de un gabinete que se presentó como “meritocrático”, aunque abierto a ajustes permanentes.

Durante su gestión de nueve meses, Lupo pasó de ser uno de los negociadores sobresalientes del Gobierno -especialmente en la primera ola de protestas sociales por un decreto que implementaba ajustes económicos y en medio de las disputas con el vicepresidente Edmand Lara- a mantener un perfil más bajo y aparentemente marginal.

Su salida coincide con la del ministro de Planificación, Fernando Romero, incorporado al gabinete como parte del acercamiento entre Paz y las élites empresariales de Santa Cruz, que respaldaron al hoy presidente después de su triunfo electoral. Según anunció el primer mandatario, Romero permanecerá dentro del Gobierno con otras funciones que aún no fueron anunciadas.

Semanas antes presentó su renuncia la ministra de Turismo, Cynthia Yáñez, otra de las funcionarias que llegó al gabinete desde las filas de Doria Medina. Su salida “por razones personales” se produjo en medio del progresivo distanciamiento entre el empresario y el presidente Paz, una relación que terminó en un quiebre político oficial.

Anteriormente, entre mayo y junio, cuando masivas protestas sociales buscaban forzar la renuncia del presidente, renunciaron al gabinete los ministros de Educación, Defensa y Trabajo. En ese entonces, Paz anunció ajustes y prometió un equipo con “capacidad de escucha”.

Uno de los cambios relevantes fue el del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, que fue reemplazado el 22 de abril por Marcelo Blanco durante el escándalo por la mala calidad de la gasolina y días después de la renuncia de la entonces titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

La salida de estos siete ministros estuvo precedida por un episodio que mostró improvisación institucional y el paso fugaz de dos ministros en los albores del nuevo gobierno. Freddy Vidovic, abogado personal del vicepresidente Edmand Lara, asumió como ministro de Justicia en el primer gabinete pero fue destituido 12 días después de su posesión, tras conocerse que tenía una sentencia ejecutoriada que le impedía ejercer la función pública.

Luego de la destitución de Vidovic, el Ejecutivo emitió un decreto en el que designaba a Jorge Franz García Pinto como nuevo ministro para esa cartera. Sin embargo, tras convocar a los medios de comunicación para su presentación oficial y toma de juramento, el presidente Paz dio por cerrado el ministerio y canceló sorpresivamente el acto de posesión: “Se acabó el ministerio de la persecución, el ministerio de la injusticia, de vender sentencias (…) el Ministerio de Justicia ha muerto y lo vamos a enterrar bien”, declaró el presidente al anunciar el cierre del despacho.

García Pinto ocupó legalmente el cargo por decreto durante unas horas y ciertas funciones del Ministerio pasaron a depender de dos viceministerios en otras carteras.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció el lunes la reducción de la estructura del Gobierno central, que pasó de catorce a doce ministerios, tras eliminar las carteras de Planificación del Desarrollo y de Turismo Sostenible, Cultura, Folclore y Gastronomía, una medida que, según sostuvo, busca construir un Estado “eficiente” y reducir la “burocracia”. El anuncio ocurrió durante el acto de juramento de los nuevos ministros de Relaciones Exteriores, Héctor Huanca, y de la Presidencia, Fernando Aramayo.

Durante la ceremonia, el mandatario también informó que el hasta ahora ministro de la Presidencia, José Lupo, fue propuesto como nuevo embajador de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Paz defendió la decisión de reducir la cantidad de ministerios y afirmó que forma parte de un proceso de reorganización del aparato estatal. “Recibimos un Gobierno que venía con 21 ministerios (...) Nosotros generamos otra instancia de catorce ministerios y hoy día, reduciendo la burocracia estamos pasando a doce ministerios. O sea que el Gobierno central está dando señales claras de buscar un Estado no ausente, sino presente, eficiente”, expresó.

El mandatario explicó que parte de las funciones del Ministerio de Turismo Sostenible, Cultura, Folclore y Gastronomía permanecerán dentro del Poder Ejecutivo, mientras que otra parte quedará bajo la órbita de una nueva agencia nacional.

Según indicó, ese organismo permitirá “darle agilidad” al vínculo entre “lo público y privado” y entre “lo nacional e internacional”, con el objetivo de generar un mayor impacto económico a partir de las actividades vinculadas al turismo, la cultura, el folclore y la gastronomía.

Respecto al Ministerio de Planificación del Desarrollo, Paz confirmó su eliminación y precisó que las funciones que consideró necesarias pasarán a otras instituciones del Estado. Además, informó que el actual titular de esa cartera, José Fernando Romero, continuará dentro del Gobierno con nuevas responsabilidades.

El presidente destacó la labor del funcionario durante esta etapa de reorganización administrativa. “Tuvo una labor extraordinaria para ir generando menos burocracia y mayor eficiencia en la capacidad de atención de los ciudadanos”, afirmó al referirse a Romero.

Paz también sostuvo que la modificación de la estructura ministerial marca una nueva etapa para su administración, que el próximo 8 de agosto cumplirá nueve meses desde su inicio.

Según señaló, las decisiones anunciadas representan el cierre de un “tiempo de transición” y el comienzo de las “transformaciones profundas” que prometió durante la campaña electoral.

El mandatario recordó que uno de sus principales compromisos antes de asumir el cargo consistía en “ordenar la casa” antes de avanzar en una agenda de reformas con organismos internacionales y socios externos.

En ese sentido, ratificó que ese proceso de “ordenamiento” constituye ahora “un punto de partida de las transformaciones” que pretende impulsar su administración.

La reforma ministerial se conoció casi una semana después del anuncio del acuerdo alcanzado entre Bolivia y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un programa técnico por 1.900 millones de dólares, destinado a respaldar las reformas económicas impulsadas por el Gobierno con el objetivo de estabilizar una economía que atraviesa una crisis.

Entre los compromisos contemplados en ese entendimiento figuran la continuidad de la “racionalización” del gasto público, la reducción gradual del déficit fiscal, la preservación del “financiamiento monetario cero” del déficit y la promoción de reformas orientadas a mejorar el clima de negocios y favorecer el crecimiento económico con protección social, según informó el organismo internacional.

Los anuncios del Ejecutivo también llegaron un día después de que el empresario y excandidato presidencial Samuel Doria Medina comunicara el retiro de su respaldo político al Gobierno.

Doria Medina argumentó que le “preocupa la corrupción” y cuestionó la ausencia de un cambio “integral” en distintas áreas del Estado, según expresó al anunciar el fin de su apoyo a la administración de Rodrigo Paz.

La reducción del gabinete constituye una de las principales modificaciones institucionales impulsadas por el Gobierno boliviano desde el inicio de la gestión y se produce en un contexto marcado por el programa de reformas económicas acordado con el FMI y por movimientos dentro del escenario político nacional.

(Con información de EFE)

El Gobierno de Bolivia afirmó este lunes que la captura del ex presidente Evo Morales constituye una prioridad para el Estado y remarcó que las órdenes emitidas por la Justicia deben ejecutarse sin excepciones. La postura oficial fue difundida mediante un comunicado del Ministerio de Gobierno y reforzada por el ministro Marco Antonio Oviedo, después de que el comandante nacional de la Policía, general Mirko Sokol, señalara que la aprehensión del ex mandatario no ocupaba el primer lugar entre las tareas de la institución.

En su pronunciamiento, el Ministerio de Gobierno sostuvo que las decisiones de las autoridades judiciales son de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.

“La aprehensión del señor Evo Morales constituye una tarea prioritaria para el Gobierno” y “ninguna persona se encuentra por encima de la ley”, indicó el comunicado.

Horas antes, Sokol había explicado en una entrevista televisiva que la Policía mantiene unas 18.000 órdenes de captura pendientes y que la institución debía atender múltiples requerimientos judiciales. Sus declaraciones provocaron cuestionamientos tanto de dirigentes oficialistas como de sectores de la oposición, al considerar que restaban importancia a un caso que involucra a un ex jefe de Estado sobre quien pesan dos mandatos de detención.

El presidente Rodrigo Paz ya había anticipado la semana pasada la posición de su administración al asegurar que “Morales va a estar ante la justicia porque tiene que responder”. La declaración se produjo en medio del avance de los procesos penales abiertos contra el ex gobernante, quien permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, una región donde conserva una fuerte base sindical y política.

Morales enfrenta una primera orden de captura por un proceso de trata agravada de personas. La investigación se centra en una presunta relación con una menor de edad con la que, según la acusación, habría tenido una hija en 2016, cuando ejercía la Presidencia. El ex mandatario rechaza los señalamientos y sostiene que el caso responde a una persecución política.

En mayo de este año, un tribunal de Tarija lo declaró en rebeldía después de que no asistiera al inicio del juicio oral y dispuso una nueva orden para su aprehensión. Desde entonces, las autoridades no han logrado ejecutar el mandato judicial debido a la protección que recibe de centenares de simpatizantes en su bastión político.

La semana pasada se sumó una segunda orden de captura. En este caso, la Fiscalía investiga a Morales por los presuntos delitos de terrorismo y alzamiento armado, dentro de una causa relacionada con los bloqueos de carreteras y las protestas que afectaron al país entre mayo y junio. El expediente también incluye a otros dirigentes sindicales.

Durante siete semanas, las movilizaciones impulsadas por organizaciones campesinas y sectores afines al ex mandatario interrumpieron el tránsito en distintos puntos del país, principalmente en el occidente y el centro de Bolivia. Los manifestantes exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz y la convocatoria a nuevas elecciones.

Según datos oficiales, los bloqueos provocaron problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, además de pérdidas económicas superiores a los 3.000 millones de dólares. El Gobierno informó también que los conflictos dejaron al menos 16 fallecidos, de los cuales 13 murieron por no recibir atención médica oportuna debido a las interrupciones de las vías. La crisis concluyó tras acuerdos con algunos sectores movilizados y la declaración del estado de excepción el 20 de junio.

Las autoridades reconocen que ejecutar la captura de Morales representa una operación de alto riesgo. El ex mandatario permanece rodeado de seguidores que mantienen una vigilancia permanente y han manifestado públicamente que impedirán su arresto.

Mientras tanto, Morales continúa realizando actividades públicas desde el Trópico de Cochabamba. En los últimos días aseguró que “va a demostrar” que es inocente de los delitos que se le atribuyen y afirmó que el Gobierno intenta responsabilizarlo de las protestas para ocultar la crisis que atraviesa el país.

También reiteró que no abandonará la región donde permanece desde hace casi dos años y negó haber impulsado acciones destinadas a forzar la salida del presidente Rodrigo Paz.

El preste mayor y otros devotos trasladaron la imagen del Señor Jesús del Gran Poder desde su altar a la calle de un populoso barrio y, tras la bendición del cura, una atronadora banda dio inicio a la fiesta mayor de los Andes en Bolivia. Miles de músicos y danzarines tomaban las calles de La Paz en la celebración cultural y religiosa más emblemática de la ciudad.

El alcalde César Docweiler encabezó la procesión junto a los pasantes y otras autoridades. Hasta la madrugada del domingo, 74 fraternidades con hasta un centenar de integrantes cada una llenarán de sonidos, colores y danzas la rica cultura y religiosidad andina, declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural.

La festividad también es un motor económico que mueve millones de dólares en una economía en crisis, según las autoridades. Gran parte de los danzarines son comerciantes informales.

“Es cultura viva, es energía que renueva a la ciudad”, afirmó Andrés Zaratti, viceministro de Culturas.

Los danzantes participan por devoción al santo patrón.

“La única forma de agradecerle al tata es bailarle”, dice un danzarín de la danza morenos mientras exhibe una hermosa careta hecha por artesanos locales.

La festividad es una muestra del sincretismo religioso entre antiguas creencias de pueblos precolombinos y los ritos católicos, y tiene fuerte presencia en ciudades del occidente boliviano. Nació hace un siglo en un barrio humilde y fue conquistando a la ciudad hasta convertirse en la principal identidad cultural. Surgió como una expresión de resistencia y de afirmación de sectores populares, mestizos y aymaras, según los expertos.

Las coloridas danzas andinas son también un orgullo de la diáspora boliviana en todo el mundo.

Los danzarines y músicos descienden por empinadas y estrechas calles hasta el centro de la ciudad, a lo largo de cinco kilómetros atestados de espectadores.

Este año la festividad coincide con el inicio del mes de ofrendas a la Pachamama (Madre Tierra). Cada 1 de agosto al amanecer, centenares de personas se dirigen hasta los cerros cercanos a la ciudad para hacer ofrendas a la Madre Tierra en agradecimiento por las cosechas y para pedir buenos augurios para los negocios y la salud.

Los rituales se realizan en altares de piedra, bajo una cruz, donde arden fetos de llama, dulces caseros en forma de botellas, lanas multicolores, pétalos de flores blancas, hierbas aromáticas e incienso, mientras un sacerdote aymara llamado “yatiri” murmura oraciones a la Madre Tierra.

Según la cosmovisión andina, la Pachamama despierta con sed y hambre tras el período seco, y las ofrendas buscan saciarla antes de comenzar un nuevo ciclo agrícola. La costumbre arraigó en las ciudades, donde se pide por la salud y los negocios. Los rituales se extenderán hasta el 31 de agosto.

Fuente: AP

Bolivia acumuló un superávit comercial de 1.669 millones de dólares durante el primer semestre de 2026, un resultado que el Instituto Nacional de Estadística (INE) atribuyó a la capacidad del sector exportador para mantener un saldo favorable pese a las interrupciones en las cadenas logísticas provocadas por los bloqueos de carreteras y las protestas registradas en distintas regiones del país.

Los últimos resultados difundidos muestran que en junio, la balanza comercial registró un superávit de 184,7 millones de dólares: las exportaciones alcanzaron los 806,5 millones de dólares, mientras que las importaciones sumaron 621,8 millones. Sin embargo, el saldo mensual representa una disminución de 1,7% respecto al mes anterior.

Estos resultados se explican principalmente por la reducción de las ventas externas de la actividad de extracción de minerales, que registró un decrecimiento de 11,7%, seguido de la extracción de hidrocarburos, con una disminución del 14,5%.

Por el lado contrario, las exportaciones de la industria manufacturera se incrementaron en un 9,5% mientras que las de la actividad de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca aumentaron 228,6%, lo que permitió mitigar parcialmente la disminución de las exportaciones registrada durante el mes.

A pesar de la caída de mayo y junio, el valor semestral de las exportaciones refleja una buena recuperación interanual: el monto total es un 55% mayor que lo registrado en el mismo periodo durante el 2025.

El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, lamentó que las protestas hubieran afectado la dinámica del comercio internacional de los últimos meses y señaló que en el periodo de conflicto -siete semanas entre mayo y junio- las exportaciones descendieron a su nivel más bajo en 14 meses.

“El comercio exterior tenía una dinámica muy importante que lamentablemente se cortó en mayo”, afirmó Rodríguez en declaraciones recogidas por el periódico boliviano El Deber y pidió al Estado acciones para garantizar el libre tránsito, respaldar al sector exportador y fortalecer el marco legal para evitar nuevas interrupciones. Según datos del IBCE, las pérdidas para el sector exportador durante el periodo de protestas sociales superaron los 1.000 millones de dólares.

Bolivia atravesó siete semanas de cortes de carreteras que impidieron el tránsito en gran parte del país. Entre el 6 de mayo y el 22 de junio, varias organizaciones sociales lideradas por la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz, la Central Obrera Boliviana, juntas vecinales de El Alto y cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) hicieron piquetes para forzar la renuncia del presidente Rodrigo Paz en medio de acusaciones de traición y de incumplimiento de promesas electorales a seis meses de Gobierno.

La protesta, que duró casi 50 días y se extendió a siete de los nueve departamentos del país, llegó a tener 90 piquetes simultáneos en los días de mayor tensión provocando pérdidas millonarias para sectores estratégicos como el transporte, la industria y el turismo; además de provocar desabastecimiento de alimentos, medicinas e insumos básicos en las ciudades andinas de La Paz y El Alto cuyas vías de acceso estuvieron cortadas.

Aunque no hay una cifra consolidada por el impacto de los bloqueos, instituciones de comercio exterior e industria estiman un daño económico total de hasta 3.000 millones de dólares, lo que equivale al 5% del Producto Interno Bruto (PIB). Ese impacto añade presión a los esfuerzos por estabilizar la economía boliviana, que atraviesa una prolongada crisis marcada por la escasez de divisas, combustibles y un deterioro de los principales indicadores macroeconómicos.

Con dos asesinatos ocurridos este domingo subió a nueve la cifra de víctimas en ataques armados en menos de una semana en Bolivia y un contingente de 200 policías se movilizó para reforzar la vigilancia en poblaciones fronterizas donde se registraron algunos crímenes.

De los dos episodios más recientes, el primero se registró durante la madrugada del domingo en un local nocturno de Santa Cruz de la Sierra, donde el brasileño Dennis F. de O., de 36 años, fue asesinado con siete disparos por un hombre que huyó luego de abrir fuego. El ataque dejó además dos personas heridas.

En el segundo caso, Dagner P., un veterinario de 40 años, murió acribillado fuera de su domicilio en la localidad de San Ignacio de Velasco, a casi 500 kilómetros al este de la capital cruceña. Según testigos consultados por medios locales, los dos atacantes retornaron al lugar luego de los primeros tiros para volver a disparar contra la víctima. Después, se fugaron en motocicletas.

Los dos crímenes se enmarcan en una ola de violencia que suma nueve víctimas en cinco días. La semana pasada, entre el miércoles y viernes, murieron siete personas: cuatro en un ataque armado en una estancia del municipio de San Matías, cerca de la frontera con Brasil; dos fueron decapitados en la localidad Yapacaní, en la carretera que une Santa Cruz con Cochabamba; y otros dos en Ascensión de la Frontera, entre ellos un subteniente de la Policía, identificado como Yerson Salazar, quien investigaba los cuatro asesinatos ocurridos la jornada anterior en San Matías.

El cuerpo del subteniente Salazar estuvo desaparecido durante dos días luego de la incineración del vehículo en el que se transportaba cuando fue atacado. Tras operativos de búsqueda, este sábado se encontraron los restos abandonados en otro predio y el domingo fueron trasladados a Santa Cruz de la Sierra donde este lunes se realizará el sepelio.

En medio del aumento de la violencia presuntamente ligado a organizaciones del crimen organizado, la Policía desplegó más de 200 agentes para reforzar la seguridad en San Matías y San Ignacio, además de enviar grupos de élite para investigar los crímenes y hacer rastrillajes en busca de los atacantes.

Agustín López, alcalde de San Matías, la población fronteriza en la que solo en esta gestión hubo al menos seis ajustes de cuentas vinculados al narcotráfico, pidió mayor presencia del Estado e indicó que su municipio de más de 19.000 habitantes solo cuenta con 30 a 40 policías.

En ese contexto, los pedidos para reforzar la seguridad e implementar acciones para frenar la expansión de la violencia son crecientes. La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, María René Álvarez, expresó su preocupación y pidió al Gobierno nacional fortalecer la seguridad, la inteligencia policial y la lucha contra el crimen organizado.

Álvarez mencionó en una publicación difundida en redes sociales que se debe dar prioridad al fortalecimiento de la inteligencia policial, incrementar el control en zonas fronterizas y garantizar los recursos necesarios para la Policía y el Ministerio Público, entre otras acciones.

“La ciudadanía merece vivir en paz y con la certeza de que el Estado ejercerá plenamente su obligación de proteger la vida y la seguridad de todos”, agregó.

Al instalar las dictaduras del socialismo del Siglo 21 como expansión de la dictadura de Cuba en Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, reemplazaron los elementos de la democracia por el terrorismo de Estado, falsificación de institucionalidad, suplantación de constituciones, leyes, órganos, funcionarios, sistemas de justicia y educativos e incluso conducta social. Ante su final, las dictaduras “han convertido el concepto de transición en una narrativa de manipulación para ganar tiempo reteniendo el poder”, por lo que urge reemplazar la agenda de transición por la de “restitución de la democracia”.

En sentido estricto transición política es “un proceso de radical transformación de las reglas y de los mecanismos de la participación y de la competencia política, desde el autoritarismo o dictadura hacia la democracia”. En sentido general es “un proceso de cambio mediante el cual un régimen preexistente, político y/o económico, es reemplazado por otro, lo que conlleva la sustitución de los valores, normas, reglas de juego e instituciones”.

Los elementos esenciales de la democracia, obligatorios desde 2001 por la Carta Democrática Interamericana son: “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

Hay cinco países en las Américas donde se perpetró la desaparición y suplantación de todos los elementos esenciales de la democracia: Cuba la dictadura jefe del sistema de delincuencia organizada trasnacional que tiene más de 67 años detentado el poder; Venezuela que bajo mando de Hugo Chávez rescató en 1999 a la dictadura cubana y puso los medios para la expansión dictatorial, quedando Venezuela como dictadura satélite central; Bolivia que sobre el golpe de estado de 2003 tomó el gobierno Evo Morales el 2006 y suplantó la República en 2008 creando el estado plurinacional; Nicaragua con Daniel Ortega que retomó el gobierno en 2007 reinstalando la dictadura; y Ecuador que con Rafael Correa a partir de 2007 y por más de 10 años instaló un estado plurinacional dictatorial.

Se reemplazó la democracia por terrorismo de Estado, persecuciones, presos y exiliados políticos, crímenes, corrupción, usurpación constitucional e institucional, narcoestado, opositores funcionales y dictadura electoralista: en Cuba la dictadura sobrevivió y se expandió hasta llegar a ser jefe de Latinoamérica en su expresión más bochornosa en la Cumbre de las Américas de Panamá 2015; en Venezuela que hizo de dictadura líder hasta la muerte de Chávez en 2013 y que luego instaló a Nicolas Maduro; en Bolivia que fue sometida por Evo Morales y luego por Luis Arce; en Nicaragua que se convirtió en régimen de propiedad de Ortega/Murillo; y en Ecuador sometido por Correa hasta que Lenin Moreno cambió.

El primer quiebre de las dictaduras —que el más reciente informe del Departamento de Estado llama comunismo del siglo 21— se produjo en Ecuador cuando el presidente Lenin Moreno optó por la democracia. Desde 2017 en que Moreno inició la restitución de los elementos esenciales de la democracia, Ecuador afronta un proceso de transición para el que la presidencia de Moreno no alcanzó, que llevó al acortamiento de mandato del presidente Guillermo Laso, al asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio y a la dura tarea de desmontar el narcoestado del presidente Daniel Noboa. Con el golpe de estado de 2019 contra Moreno y gravísimas crisis que se reflejan hoy la resistencia del narcoterrorismo, el correísmo que es la expresión de la dictadura que permanece, sigue siendo un factor de poder político. Casi 10 años de una transición que no termina, que mantiene impunidad e inestabilidad institucional.

Bolivia 2019 con la renuncia de Evo Morales por fraude y crímenes infraganti produjo el gobierno de Jeanine Añez, una esperanza fracasada por el continuismo con mensaje de transición. El resultado fue Luis Arce, el operador de Morales que disputándole corrupción llevó a la dictadura a desmoronarse en 2025 dando lugar a Rodrigo Paz, al que entregaron el gobierno pero no el poder y quien ahora corre el riesgo de cargar las culpas de más de 20 años de dictadura por continuar siendo el jefe del narcoestado plurinacional. No hay transición y cambio menos.

Venezuela en proceso de liberación desde la captura del dictador Nicolas Maduro el 3 de enero 2026 por Estados Unidos, afronta un inédito proceso de desmontaje del narco terrorismo y de la delincuencia organizada en el poder por medio de sus propios mafiosos, bajo tutela estadounidense. El término transición está en el centro de la discusión para acabar la dictadura, hay importantes avances, pero los miembros del régimen dictatorial siguen detentando el gobierno y manipulado el poder.

Con transición comenzada hace casi 10 años en Ecuador, con el fracaso en Bolivia, con Venezuela en curso, con Cuba bajo ultimátum de Estados Unidos y Nicaragua en dictadura plena, la realidad objetiva muestra que la transición como proceso, permite sobrevivir al sistema dictatorial, con una retirada ordenada, ganando tiempo e incluso contraatacando. Las dictaduras no se han desmontado, no han terminado, en el mejor de los casos entregan el gobierno y retienen el poder, y cuando merma el poder retornan al narco terrorismo de sus orígenes.

La teoría enseña que hay “dos grandes modalidades genéricas de transición: la reforma y la ruptura”, y la realidad prueba que la modalidad de reforma -en aplicación- mantiene el sistema, las leyes de la dictadura, la impunidad y la participación de la delincuencia en la política.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

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Tres hechos violentos ocurridos entre el miércoles y jueves en el departamento de Santa Cruz, al este de Bolivia, dejaron al menos siete personas muertas y generan alerta por la creciente violencia que provoca el crimen organizado en el país.

El primer caso se produjo el miércoles en la estancia Campo Nuevo, ubicada a unos 10 kilómetros del municipio de San Matías, cerca de la frontera con Brasil. Según el reporte preliminar de la Policía, un grupo de hombres armados interceptó una camioneta y abrió fuego contra sus ocupantes, causando la muerte de cuatro ciudadanos bolivianos.

De acuerdo con los primeros testimonios recogidos por los investigadores, cuatro presuntos sicarios de nacionalidad brasileña participaron en el ataque, que es investigado como un posible ajuste de cuentas.

Vecinos alertaron a las autoridades después de escuchar una intensa balacera. Cuando efectivos del Comando Fronterizo EPI-San Matías llegaron al lugar encontraron a dos personas sin vida y posteriormente se confirmó el fallecimiento de los otras dos debido a la gravedad de sus heridas.

Ese mismo día, la violencia volvió a golpear al departamento de Santa Cruz. Dos cuerpos decapitados fueron hallados la mañana del miércoles en un camino de tierra del municipio de Yapacaní, una zona situada a unos 300 kilómetros de San Matías y considerada un corredor estratégico entre el oriente y el occidente de Bolivia.

Las víctimas, dos hombres identificados como Bismark Gómez, de 25 años y Matías Tapia, de 22 años, fueron encontrados con signos de violencia. Los cuerpos fueron encontrados junto a un mensaje de advertencia cuyo contenido se analiza para determinar el móvil del doble homicidio y la posible participación de organizaciones criminales.

El tercer caso ocurrió en la localidad de Ascensión de la Frontera, también cerca de la frontera con Brasil, donde una balacera dejó dos personas muertes el jueves. De acuerdo con reportes de la prensa local, cuatro personas interceptaron una camioneta, dispararon con armas de grueso calibre e incineraron el vehículo antes de darse a la fuga. Los dos ocupantes murieron en el ataque, uno de ellos el subteniente de la Policía boliviana, Yerson Salazar Aliendres.

Según el comandante policial de Santa Cruz, David Gómez, el agente policial investigaba los asesinatos ocurridos el día antes en San Matías. Tras su ejecución, los atacantes se llevaron el cuerpo del policía sin que hasta ahora se haya logrado recuperarlo.

La Fiscalía y la Policía iniciaron las investigaciones en estos casos y por el momento se tiene un aprehendido por el último crimen. Los tres episodios se producen en un contexto de creciente preocupación por la violencia asociada al narcotráfico y a las disputas entre grupos delictivos que operan en el departamento de Santa Cruz.

San Matías y otros municipios fronterizos con Brasil, han sido escenarios recurrentes de operaciones contra el narcotráfico y de ataques armados atribuidos a organizaciones criminales transnacionales. En tanto, Yapacaní, ubicado entre las ciudades de Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba, también ha sido identificado por las autoridades como un punto de tránsito utilizado para el traslado de droga y otras actividades ilícitas.

Los tres ataques dejaron un saldo de siete fallecidos en dos días y mantienen a las fuerzas de seguridad en busca de los responsables y esclarecer si ambos hechos forman parte de una misma dinámica de violencia criminal.

Según un recuento realizado por Infobae en base a reportes de la prensa local, en lo que va del año hubo al menos 23 muertes violentas o ejecutadas por sicarios, la mayoría concentradas en el departamento de Santa Cruz, la región del Trópico de Cochabamba y regiones fronterizas del sur del país.

Entre las víctimas de la ola de violencia de este año figuran el magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, asesinado a tiros en mayo en un crimen investigado por un presunto conflicto de tierras, y el caso reciente del subteniente Salazar, quien participaba en las pesquisas de los asesinatos de San Matías ocurridos horas antes.

A diferencia de otros casos atribuidos a ajustes de cuentas entre organizaciones criminales, ambos eran funcionarios del Estado, lo que refleja una expansión de la violencia hacia quienes ejercen funciones de seguridad y administración de justicia y plantea nuevos desafíos para las autoridades en materia de protección institucional, investigación criminal y control del crimen organizado.

La Justicia de Bolivia dispuso este viernes la prisión domiciliaria para Mauricio Medinaceli, ex ministro de Hidrocarburos y Energías, luego de que el juzgado Sexto Anticorrupción de La Paz resolvió las medidas cautelares que lo vinculan a la investigación sobre la importación y distribución de gasolina adulterada, en el caso conocido como “gasolina basura”.

Medinaceli, destituido en abril, quedó sujeto a una fianza de 100.000 bolivianos y a la obligación de presentarse semanalmente ante la Fiscalía, además de quedar impedido de concurrir a las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el Ministerio de Hidrocarburos y otras entidades ligadas al proceso.

El juzgado también ordenó el arraigo de Medinaceli y le prohibió comunicarse con testigos, peritos o implicados. Durante la audiencia, el ex ministro reiteró su inocencia y expuso su situación familiar: sostuvo que debía cuidar a su madre, de casi 80 años y con problemas de movilidad, como parte de su defensa.

La Fiscalía lo imputó por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, con el argumento de que omitió acciones para suspender la distribución del combustible adulterado, no exigió controles de calidad y no coordinó medidas extraordinarias con YPFB ni la ANH para evitar el daño al parque automotor.

El caso de la gasolina adulterada, rebautizada como “gasolina basura” o “desestabilizada”, generó más de 70.000 reclamos de usuarios en Bolivia hasta junio, según datos oficiales de YPFB. Las quejas provinieron de conductores que informaron daños en motores y sistemas de combustión, lo que derivó en protestas y huelgas de sindicatos de transportistas en ciudades como La Paz y El Alto.

El origen del problema se remontó a la adquisición de combustible por parte del Gobierno de Rodrigo Paz y a la posterior detección de residuos de goma y manganeso en tanques de almacenamiento. Según YPFB, estos elementos alteraron la composición de la gasolina y provocaron fallas en miles de vehículos. En respuesta, el Gobierno suspendió los contratos con las firmas proveedoras internacionales Vitol y Trafigura, señaladas por los problemas de calidad.

La aseguradora estatal Unibienes informó que hasta junio se pagaron compensaciones por 13,1 millones de dólares, mientras YPFB reforzó controles, limpió tanques de almacenamiento y elevó los parámetros de calidad exigidos a los proveedores.

El Gobierno atribuyó el incidente a una situación heredada y a un supuesto boicot, mientras la comisión parlamentaria remarcó responsabilidades tanto de la gestión actual como de la administración de Luis Arce (2020-2025).

El vicepresidente Edmand Lara, identificado con la oposición, celebró la labor de la Fiscalía y de los legisladores, e instó a que se aplique el máximo rigor de la ley a Medinaceli y a otros involucrados.

El reemplazo de Medinaceli, Marcelo Blanco, recibió la instrucción de garantizar la calidad del combustible y de promover una nueva ley de hidrocarburos, en medio de la presión social y política por el escándalo del combustible adulterado.

(Con información de Europa Press y EFE)

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, suma dos órdenes de captura por la supuesta comisión de siete delitos: trata agravada, terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

El primer caso, que lo acusa de trata agravada de menores, tiene que ver con el presunto abuso cometido contra una menor de edad cuando era presidente. Según la investigación de la Fiscalía, Morales tuvo una hija con una adolescente en el año 2016 y benefició con favores políticos a la familia de la víctima.

El Ministerio Público señaló que tiene 170 pruebas en contra del exmandatario y la Justicia lo convocó a declarar en tres oportunidades: octubre de 2024, enero de 2025 y mayo de 2026. Ante la inasistencia a las tres citaciones, se dispuso su arraigo, la anotación de sus bienes y el congelamiento de sus cuentas, además de declararlo en rebeldía y emitir al órdenes de captura que hasta la fecha no se ejecutan.

El segundo caso, por los delitos de terrorismo y alzamiento armado que se le imputan -y que contemplan penas máximas de 20 y 30 años de prisión de acuerdo al Código Penal boliviano- es más reciente.

Esta investigación está vinculada a las protestas sociales y bloqueos de caminos realizados entre mayo y junio de este año y se inició a raíz de una denuncia del Comité Cívico de Santa Cruz, entidad que reúne a varias instituciones de la región y que ha sido uno de los principales actores de oposición al Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales y Luis Arce.

Los denunciantes acusan al exmandatario de haber ordenado los cortes de carreteras que paralizaron gran parte del país para forzar la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Los bloqueos iniciaron en La Paz a convocatoria de la Federación de Campesinos Túpac Katari y luego se sumaron otros sectores como la Central Obrera Boliviana (COB), juntas vecinales de El Alto y los cocaleros afines a Morales.

En casi siete semanas de protestas, los piquetes se extendieron a otras regiones del país y generaron desabastecimiento de alimentos, combustible, medicamentos y otros insumos básicos en algunas ciudades; además de provocar pérdidas millonarias para sectores estratégicos como el transporte y la industria.

Morales, que mantiene desde hace casi dos años una vida pública y activa en su bastión político bajo custodia de sus seguidores, ha calificado las denuncias como parte de una “persecución política” impulsada por Paz y su antecesor.

“Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción”, escribió el expresidente en su cuenta de X sobre la segunda orden de captura que fue emitida esta semana. “No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo”, agregó.

Desde que se emitió la primera orden de captura hace casi dos años, distintas autoridades del Gobierno han asegurado que la aprehensión de Morales se concretará y han sostenido que existe una estrategia para ejecutarla. “Ya le va llegar la cárcel”, afirmó el presidente Paz a finales de junio.

La moneda boliviana todavía no se estabiliza en el nuevo régimen cambiario. Luego de haber flexibilizado el tipo de cambio que permaneció fijo por casi 20 años, el dólar no ha parado de subir: de los 9,73 bolivianos establecidos el 29 de junio a más de 12 en poco más de un mes.

En medio de incertidumbre y reclamos por la devaluación sostenida de la moneda nacional, el Banco Central de Bolivia (BCB) anunció que aprobará un reglamento para intervenir en el mercado de divisas y evitar fluctuaciones extremas en la nueva política cambiaria.

El BCB informó en un comunicado institucional “que entrará en vigencia el Reglamento de Compra y Venta de Dólares que le permitirá intervenir en el mercado cambiario cuando considere necesario y garantizar que opere libremente, evitando episodios de sobrerreacción en el Tipo de Cambio Oficial y prácticas especulativas por algunos actores con poder de mercado”.

Este reglamento, que aún no se ha difundido oficialmente, tendrá dos modalidades de operación del BCB: compra y venta directa y un mecanismo de subasta. Estas acciones tienen por objetivo de mitigar fluctuaciones “no deseadas” en el mercado cambiario y acumular reservas internacionales, sin buscar inducir a un nivel específico del tipo de cambio. “El BCB va a intervenir en el mercado (cambiario) cuando haya una sobrerreacción. Esto podría ocurrir en el corto plazo”, afirmó David Espinoza, presidente del BCB, y señaló que las intervenciones serán anunciadas públicamente.

El funcionario justificó en una conferencia de prensa el aumento de la divisa como un fenómeno natural dentro del periodo de flexibilización. Espinoza remarcó que hasta ahora las fluctuaciones “no son de la magnitud” que se tenían el año pasado -cuando había un tipo de cambio oficial y uno paralelo en el que la moneda llegó a cotizar en 20 bolivianos en su punto más alto- y aseguró que serán controladas si hay una mayor tendencia al alza.

Bolivia flexibilizó el tipo de cambio a finales de junio y puso fin a la política cambiaria fija que se había establecido en 2011, bajo el gobierno de Evo Morales (2006-2019) y que continuó en el mandato de Luis Arce (2020-2025), como uno de los pilares del modelo económico de ambos gobiernos con el objetivo de contener la inflación, fortalecer el uso del boliviano y brindar previsibilidad en las transacciones.

Sin embargo, la crisis económica de los últimos años, marcada por la caída de la renta petrolera, agotamiento de las reservas internacionales y la creciente escasez de divisas, dio lugar al surgimiento de un mercado informal en el que el valor del dólar llegó a tener un 187% de incremento.

Rodrigo Paz asumió en noviembre con las arcas públicas en mínimos y pronósticos de contracción de la economía. En ese escenario implementó algunas políticas contrarias a lo que había propuesto durante la campaña electoral al calor de la urgencia económica: levantó la subvención de los combustibles, flexibilizó del tipo de cambio sin las bandas que había prometido y abrió la puerta a instituciones internacionales en busca de financiamiento.

La nueva administración consiguió la aprobación legislativa de varios créditos internacionales, entre ellos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, para proyectos de infraestructura y para sostener su plan de estabilización económica.

En la última semana también se anunció un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.900 millones de dólares, un monto significativamente menor que los 5.000 que se habían planteado inicialmente, que estarán destinados a restablecer el equilibrio fiscal. Según el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, el crédito tiene tres desembolsos y estima que el primero se concrete en “tres a cuatro semanas” luego de su aprobación en la Asamblea Legislativa.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó el jueves que el ex mandatario Evo Morales (2006-2019) debe comparecer ante la Justicia para aclarar sus presuntas “responsabilidades” en las protestas y bloqueos de rutas registrados entre mayo y junio en el país. La declaración se produjo tras la emisión el miércoles de una orden de detención contra el ex líder del MAS (Movimiento al Socialismo) por delitos como terrorismo y alzamiento armado, en el marco de una investigación sobre su supuesta implicación en las movilizaciones que exigieron la renuncia del actual jefe de Estado.

“Aquí se respetan los derechos y que se presente donde lo convoquen para que aclare sus responsabilidades si así se diera el caso”, sostuvo Paz ante preguntas de los medios. En ese sentido, recordó que él mismo tuvo que comparecer ante la Justicia “16 veces” durante el Gobierno de Morales y otras cinco en la administración de Luis Arce (2020-2025), por lo que consideró que el ex mandatario “tendrá que, como todo boliviano, encarar ese proceso” por los conflictos recientes.

La Fiscalía investiga a Morales junto a otros dos dirigentes sindicales a partir de una denuncia presentada a principios de julio por líderes cívicos de Santa Cruz, región clave en la economía boliviana, a la que luego se sumó el Ministerio de Gobierno. Entre mayo y junio, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron cortes de carreteras principalmente en el este y centro del país, con el respaldo de grupos afines a Morales, para exigir la salida de Paz.

Las protestas ocasionaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, dejaron al menos 16 fallecidos —13 de ellos por falta de atención médica debido a los bloqueos— y provocaron pérdidas económicas superiores a USD 3.000 millones. El conflicto se resolvió tras acuerdos con sectores como la COB y la declaración del estado de excepción el 20 de junio, lo que permitió levantar los bloqueos.

Morales negó haber promovido la renuncia de Paz, aunque el 24 de mayo escribió en la red social X que el presidente tenía solo “dos caminos” ante los conflictos: “militarizar” el país o llamar a elecciones en un plazo de 90 días.

Actualmente, el ex referente del MAS permanece en el Trópico de Cochabamba, protegido por centenares de seguidores para evitar cumplir otra orden de captura relacionada con una investigación por trata agravada de personas. En ese caso, el ex mandatario está acusado por su presunta relación con una menor de edad, con la que supuestamente tuvo una hija mientras fue presidente en 2016. En mayo, un tribunal de la región de Tarija declaró a Morales en rebeldía y dictó una nueva orden de captura por no presentarse al inicio del juicio.

Paz sostuvo a principios de mes que el país fue “atacado por ideología y por políticos conspiradores” durante los más de 50 días de protestas y bloqueo. Durante la clausura de un curso militar especializado en la región de Tarija, el jefe de Estado sostuvo que la declaración del estado de excepción permitió restablecer la “normalidad” en Bolivia gracias al “esfuerzo” de las Fuerzas Armadas y la Policía, sin que se derramara “sangre de ningún boliviano”.

El mandatario indicó que, mediante esa medida y el diálogo, se logró “retomar el estado de normalidad de un país que estaba siendo atacado por ideología y por políticos conspiradores que no les importa qué puede pasar con la patria, sino dónde llegar ellos primero”.

Paz dirigió un mensaje a los “conspiradores”, señalando que “tienen que ir a pagar sus culpas porque no le pueden hacer daño al futuro de la patria” y expresó su deseo de que “Dios ilumine” a la Justicia y la Fiscalía “cuando se entregue a los culpables” para que “sufran lo que han hecho sufrir al pueblo boliviano”.

Además, aseguró que está garantizado el derecho a la protesta “de aquellas organizaciones que tienen justos pedidos”, aunque no para quienes “por ideología e intereses nacionales y de orden internacional, vinculados al narcoterrorismo”, busquen desestabilizar el país.

(Con información de EFE)

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, afirmó el jueves que Bolivia requiere “grandes reformas” surgidas de “un gran diálogo”, al finalizar la visita de una misión del organismo que investigó las protestas ocurridas entre mayo y junio en el país andino.

Durante una conferencia en Santa Cruz, Ramdin estuvo acompañado por el presidente boliviano Rodrigo Paz, el canciller de Panamá Javier Martínez-Acha, y altos funcionarios y diplomáticos de Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay que integraron la Misión de Alto Nivel iniciada el miércoles en La Paz.

El secretario general reconoció que, dadas las circunstancias sociales y económicas actuales, “no siempre es fácil conseguir resultados a corto plazo”, aunque subrayó que Bolivia “tiene oportunidades únicas” para avanzar.

“Las grandes reformas en favor de todo el pueblo de Bolivia son tan necesarias como posibles. Y una gran reforma necesita un gran diálogo. Por ejemplo, si se requiere acordar nuevas leyes, será necesario construir consensos entre tantas miradas distintas que hemos podido escuchar”, expresó.

Entre mayo y junio, la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupaj Katari” y la Central Obrera Boliviana (COB) encabezaron bloqueos de carreteras, principalmente en el este y centro del país, con el apoyo de grupos afines al ex presidente Evo Morales. Las protestas exigían la renuncia de Paz y provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, con un saldo de 16 muertes—13 de ellos por falta de atención médica— y pérdidas económicas superiores a USD 3.000 millones.

Tras alcanzar acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el 20 de junio el estado de excepción, lo que permitió el despliegue de la Policía y el Ejército en las carreteras para garantizar la circulación.

“Lamentamos lo que vivieron en mayo y junio. Hemos visto las imágenes de los bloqueos, amenazas a la infraestructura y disrupción a servicios esenciales, pero esa no es la Bolivia que conocemos”, manifestó Ramdin. En ese sentido, destacó que, luego de reunirse con autoridades y representantes de distintos sectores, la misión concluyó que “nadie quiere que esas imágenes se repitan, porque el costo social, económico, financiero, personal y reputacional para Bolivia ha sido muy alto, y tomará tiempo repararlo”.

El secretario general instó a los actores institucionales a “abrir puertas a todos los sectores y posiciones políticas para construir juntos los caminos hacia el desarrollo” y confió en que “cada movimiento respete la Constitución y los resultados de las elecciones”. Además, ratificó el respaldo de la OEA al Gobierno de Paz y al pueblo boliviano, además de anunciar la presentación de un informe escrito sobre la visita ante el Consejo Permanente del organismo.

Por su parte, Paz advirtió que lo sucedido en Bolivia podría repetirse en otros países y alertó que la “democracia hemisférica está en peligro”, señalando que “no a todos les gusta que los países tengan democracias”. El mandatario agradeció a la OEA por su labor en defensa de la democracia.

La Misión de Alto Nivel que visitó Bolivia destacó el miércoles el “diálogo franco y abierto” mantenido con autoridades y representantes de diversos sectores. El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, leyó un comunicado en el que la misión destacó “el diálogo franco y abierto sostenido con distintos sectores que expresaron sus diversas experiencias, puntos de vista y aspiraciones para Bolivia”.

El texto subrayó que las conversaciones “fueron, sin excepción, abiertas, constructivas y de buena fe”, y adelantó que las propuestas concretas planteadas por los actores sociales “serán recogidas en el informe de esta Misión”.

La delegación incluyó altos funcionarios y diplomáticos de Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay, quienes se reunieron con autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, así como con representantes de organizaciones sociales, indígenas, campesinas, sindicatos obreros, sectores empresariales, transportistas y medios de comunicación.

(Con información de EFE)

Un equipo multidisciplinario del Hospital de Tercer Nivel Montero, en Bolivia, realizó una intervención de alta complejidad que permitió retirar un tumor de más de 40 kilogramos del muslo derecho de un hombre de 48 años.

La operación representó el primer paso de un tratamiento integral destinado a restituir su movilidad y mejorar su estado de salud.

El paciente, identificado como James Romero, permanecía inmovilizado desde hacía varios años debido al crecimiento progresivo de la masa tumoral, agravado por una condición de obesidad severa.

Tras recorrer distintos centros de salud sin acceder a la cirugía, finalmente recibió atención en el hospital montereño, donde el procedimiento fue cubierto por el Sistema Único de Salud (SUS).

Una intervención que permitió retirar más de 40 kilogramos de tejido tumoral

La cirugía comenzó a las 8:50 del miércoles y, poco después de las 11:00, el equipo médico confirmó que la primera etapa del tratamiento había finalizado con éxito. Durante el procedimiento fueron retirados más de 40 kilogramos de tejido tumoral, una masa que impedía al paciente desplazarse por sus propios medios.

La pieza extraída fue enviada al Servicio de Patología, donde será sometida a los estudios correspondientes para determinar sus características.

Antes de ingresar al quirófano, el cirujano oncólogo Yadier Rodríguez, responsable de la intervención, explicó que Romero presentaba una lipodistrofia gigante, una alteración caracterizada por una distribución anormal y una acumulación excesiva de tejido adiposo bajo la piel que deformaba completamente el muslo e imposibilitaba la locomoción.

"Esta es la primera cirugía. El objetivo es retirar el tumor para preparar al paciente y posteriormente realizar una cirugía bariátrica que le permita bajar de peso y mejorar sus problemas metabólicos", explicó el especialista a medios locales.

Una vez finalizada la operación, un comunicado del Hospital de Tercer Nivel Montero informó que se había logrado realizar la tumorectomía de forma casi completa y que la intervención permitiría resolver el principal problema de movilidad que afectaba al paciente desde hacía años.

Cinco años de limitaciones y una búsqueda de atención médica

La historia de Romero estuvo marcada por una larga búsqueda de tratamiento. Durante cinco años, convivió con el avance del tumor mientras su capacidad de movimiento disminuía hasta quedar prácticamente inmovilizado. La enfermedad también le impidió continuar trabajando como chofer, oficio que ejercía antes de que la patología avanzara.

De acuerdo con la información difundida por el hospital y replicada por medios locales, el paciente recorrió durante dos años varios hospitales del departamento de Santa Cruz en busca de una solución. Aunque los estudios médicos y los trámites administrativos avanzaban, la cirugía no llegaba a concretarse.

Finalmente, con el apoyo de una iglesia evangélica que organizó actividades solidarias para facilitar su traslado, Romero llegó al Hospital de Tercer Nivel Montero. Allí fue evaluado, completó todos los estudios necesarios e ingresó al quirófano en menos de tres semanas, con el tratamiento cubierto por el SUS.

Un procedimiento de alta complejidad

La intervención fue encabezada por el cirujano oncólogo Yadier Rodríguez junto al cirujano hepatobiliar Juan Pablo Durán. También participaron la anestesióloga Melfy Arrueta, la instrumentista Margarita Ortega, la enfermera Eloísa Ortega, médicos residentes y profesionales de distintas especialidades, entre ellas cardiología, enfermería y apoyo técnico.

Según explicó Durán a medios locales, la cirugía presentó un elevado grado de dificultad debido a la importante vascularización del tumor y al estado clínico del paciente.

“Fue una cirugía demandante, pero pudimos resolver cada situación. Ahora comienza una etapa igual de importante: la recuperación, con fisioterapia, enfermería y seguimiento multidisciplinario", señaló.

El especialista también indicó que Romero había sido rechazado previamente en otros centros asistenciales y que llegó al hospital con una calidad de vida muy deteriorada por el tamaño del tumor y la obesidad.

El siguiente paso del tratamiento

Los médicos aclararon que la extracción de la masa tumoral constituye únicamente la primera fase del abordaje terapéutico. El objetivo inmediato consiste en favorecer la recuperación del paciente para avanzar posteriormente hacia una cirugía bariátrica, destinada a mejorar su condición metabólica y disminuir los riesgos asociados a la obesidad mórbida.

Mientras Romero permanecía en recuperación, su hermana, Yoselín Suárez Romero, expresó su emoción ante el resultado después de años de acompañarlo en el proceso. "Mi hermano recuperó su vida de nuevo. Verlo sufrir con ese tumor que pesaba más de 40 kilos era muy duro. Hoy siento que le devolvieron la vida y eso no tiene precio“, afirmó a la prensa local.

La Fiscalía de Bolivia dictó una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, acusado de terrorismo, alzamiento armado y otros delitos en el marco de los bloqueos masivos que paralizaron el país durante 53 días. El documento, firmado por el fiscal anticorrupción Brayan Melgar, instruyó a la Policía aprehender y trasladar a Morales a la Unidad Policial Especializada de Lucha Contra la Corrupción, en respuesta a denuncias presentadas por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y por el Ministerio de Gobierno.

“No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todos”, aseguró hoy Morales en su cuenta de X.

La investigación contra Morales se centra en seis delitos: alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

Las acusaciones surgieron tras la denuncia penal formalizada el 1 de julio por el Comité pro Santa Cruz, representado por Stello Cochamanidis Garcés, que identificó a Morales como principal impulsor de las protestas y bloqueos que afectaron al país entre mayo y junio.

Durante esas siete semanas, campesinos, miembros de la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones afines a Morales instalaron más de 100 puntos de bloqueo en diferentes regiones, en particular en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Las protestas respondieron a la demanda de renuncia del presidente Rodrigo Paz, una exigencia que los sectores movilizados consideraron como única salida al conflicto. El desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal alcanzó niveles críticos en varias ciudades.

Las interrupciones en el tránsito y los cortes de vías causaron la muerte de al menos 22 personas y dejaron un saldo de 88 heridos, según datos de la Defensoría del Pueblo y reportes de organizaciones cívicas y sociales.

El impacto económico resultó devastador. Las pérdidas superaron los USD 3.000 millones, y sectores como el productivo, especialmente en Santa Cruz, sufrieron graves afectaciones. Las mercancías no lograban salir de las zonas de producción o no podían ser trasladadas hacia otros departamentos, lo que agravó la crisis de abastecimiento en el país. Los enfrentamientos y la tensión social marcaron el clima durante los 53 días de conflicto.

“Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción”, señaló Evo Morales.

Junto a Morales, la orden de aprehensión alcanzó al máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y al líder de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar. Este último permanece detenido preventivamente en el penal de Chonchocoro desde el 6 de julio, señalado como uno de los principales organizadores de los bloqueos en el occidente boliviano.

El mandato de detención se emitió en base a los artículos 121, 130, 132, 133, 213 y 214 del Código Penal.

Morales negó haber promovido la renuncia de Paz y atribuyó las movilizaciones a la presión social por demandas insatisfechas. El 24 de mayo, Morales publicó en redes sociales que el mandatario enfrentaba “dos caminos”: militarizar el país o convocar a elecciones en los siguientes 90 días.

Finalmente, tras acuerdos con sectores como la COB y ante la persistencia de los bloqueos, el presidente Paz decretó el estado de excepción el 20 de junio y ordenó el despliegue de la Policía y el Ejército para restablecer la circulación en las carreteras.

“Nuestra posición siempre ha sido clara: estamos del lado de quienes sufren el ajuste, la escasez de combustible, el alza del costo de vida, la inseguridad y el avance del narcotráfico. Con procesos y persecución política no resolverán los problemas que ellos mismos han provocado; solo intentan desviar la atención con un nuevo titular”, agregó hoy el expresidente en X.

Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político, resguardado por seguidores desde octubre de 2024. Además de la causa por bloqueos, enfrenta otra investigación por trata agravada de personas, relacionada con una supuesta relación con una menor de edad durante su mandato. En mayo, un tribunal de la región de Tarija lo declaró en rebeldía y dictó una orden de captura ante su ausencia en la apertura del juicio correspondiente. La Policía sostuvo que evalúa el momento adecuado para ejecutar esa orden pendiente.

(Con información de EFE, Europa Press y El Deber)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este miércoles un programa de facilidad ampliada (EFF) para Bolivia de 1.900 millones de dólares, a 36 meses.

El paquete, negociado por una misión del Fondo y sujeto a la aprobación del directorio, estará destinado a “apoyar el programa de reformas económicas” del gobierno del presidente Rodrigo Paz, explicó el comunicado.

Los programas de facilidad ampliada son préstamos diseñados para países miembros del Fondo que enfrentan problemas de balanza de pagos a mediano plazo, y conceden lapsos de reembolso más largos que otros instrumentos del Fondo.

“El programa respaldado por el FMI se espera que ayude a catalizar financiamiento adicional del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros socios para el desarrollo, contribuyendo a un paquete de financiamiento más amplio de más de 5.000 millones de dólares durante el período del programa” explicó el comunicado.

“Bolivia ha enfrentado importantes desafíos macroeconómicos en los últimos años” como el déficit fiscal, la caída de la producción petrolera, de las reservas de divisas y una alta inflación, recuerda la misión del Fondo que condujo las negociaciones, encabezada por Joana Pereira.

El ministro de Economía de Bolivia, José Gabriel Espinoza, afirmó este miércoles que el acuerdo alcanzado permitirá la “estabilización fiscal y monetaria” del país, además de impulsar las reformas económicas iniciadas por el Gobierno de Rodrigo Paz.

En una rueda de prensa, Espinoza señaló que el acuerdo con el FMI “es el resultado de la confianza” generada por el plan de reformas del Gobierno para “reconstruir el manejo económico” de Bolivia con criterios de “competitividad” y un “fuerte componente social”.

El ministro señaló que el acuerdo con el organismo multilateral prevé “cuatro años de periodo de gracia”, por lo que Bolivia “no va a pagar ni un solo peso en los próximos años” y que la tasa de interés oscila entre “4 y 4,5 %”, que es “una de las más bajas que existe en el mercado”.

Espinoza aseguró que el FMI no impuso condiciones a Bolivia, sino que valoró como “sostenible” el programa económico aplicado por el Gobierno, que dispuso la reducción del gasto público y la eliminación del financiamiento monetario del déficit fiscal, por lo que el organismo decidió dar curso al programa.

El gobierno del conservador Rodrigo Paz asumió el 8 de noviembre de 2025, tras 20 años de gobiernos de izquierda.

Su mandato se vio rápidamente desafiado por la oposición, en particular por el expresidente Evo Morales, fugitivo de la justicia y refugiado en la región cocalera del Chapare, en el centro del país.

Las protestas en las carreteras lograron paralizar el país durante más de siete semanas, entre mayo y junio.

“La nueva administración ha puesto en marcha un plan de reformas decidido”, explica el FMI.

“El programa respaldado por el FMI está diseñado para apoyar estos esfuerzos, reconstruir la resiliencia y ayudar a encauzar la economía hacia una senda de crecimiento sostenible”, añadió.

El objetivo a mediano plazo es reducir el ratio de deuda pública respecto al PIB, mantener el gasto en protección social, modernizar el régimen monetario y cambiario y mejorar la supervisión del sector financiero y la competividad, aseguraron los expertos.

El FMI indicó en un comunicado de prensa que el acuerdo se enmarca dentro del Servicio Ampliado del FMI (SAF) “para respaldar el programa integral de reformas económicas de las autoridades del Gobierno boliviano”, aunque precisó que “está sujeto a la aprobación” de su directorio.

(Con información de AFP y EFE)

La aerolínea estatal de Bolivia opera con poco más de la mitad de la flota necesaria para cubrir su cronograma de vuelos. Según informó el nuevo gerente de Boliviana de Aviación (BoA), Estanislao Finfera, la empresa tiene actualmente solo diez aviones activos cuando necesita al menos 17 para cumplir con las rutas y horarios programados.

Según Finfera, cinco aviones de su flota están fuera de servicio por mantenimiento, uno está siendo reparado desde hace más de un año y medio en México y otro está desmantelado en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz; lo que provocaría las recurrentes demoras, cancelaciones y alternaciones en el cronograma de vuelos.

En una entrevista con la radio Erbol, el gerente señaló que de todas las aeronaves solo “una y media” es propiedad de la empresa y todas las demás están bajo un contrato de leasing. También afirmó que se investigará la presunta venta de una aeronave por seis millones de dólares y el desmantelamiento del avión que está en Santa Cruz, que calificó como un acto de “canibalismo aeronáutico”.

El nuevo gerente atribuyó la situación de las aeronaves a la “falta de mantenimiento” y a una “administración deficiente” de la empresa estatal. Finfera anunció que en la primera quincena de agosto se presentará un diagnóstico integral del estado de BoA, con el fin de identificar las deficiencias operativas, financieras y administrativas para preparar un plan de fortalecimiento de la compañía.

BoA, fundada en 2007 durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), ha estado en los últimos años en el centro del debate por una serie de problemas operativos, administrativos y dificultades financieras que han afectado la prestación del servicio aéreo en el país con demoras, cancelaciones y un aumento significativo en el precio de los pasajes en los últimos meses.

La situación cobra especial relevancia porque BoA concentra prácticamente el monopolio del transporte aéreo doméstico en Bolivia, al ser la única aerolínea que opera de forma regular en las rutas nacionales. Esta posición ha convertido sus dificultades en un asunto de interés público, ya que cualquier interrupción o deficiencia en sus operaciones repercute directamente en la conectividad aérea del país.

En ese contexto, la administración de Rodrigo Paz prometió impulsar una política de “cielos abiertos” para incorporar nuevas aerolíneas al mercado interno aunque hasta el momento no se ha concretado ninguna.

Crisis y cambios de dirección

Según un informe del Ministerio de la Presidencia y la Oficina de Fortalecimiento de la Empresa Pública presentado a mediados de este mes, BoA es una de las empresas públicas deficitarias con pérdidas acumuladas que superan los 485,9 millones de bolivianos, equivalente a más de 44 millones de dólares.

En medio de cuestionamientos a la administración de la compañía, el gobierno de Paz cambió tres veces de gerente. El primero fue Mario Borda, que asumió funciones el 18 de noviembre de 2025 en reemplazo de Ronald Casso, como parte de la renovación de autoridades tras el cambio de gobierno.

En abril de 2026 fue posesionado Eduardo Valdivia pero permaneció menos de tres meses en el cargo. Fue destituido el 8 de julio en medio de la controversia por el viaje de un mes que realizó a Estados Unidos, a pocas semanas de asumir la dirección de la empresa en uno de los momentos más críticos para la compañía.

Tras su destitución, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, anunció una convocatoria nacional para elegir al nuevo titular. Finalmente, el 23 de julio asumió Estanislao Finfera, un piloto con más de 40 años de experiencia e infinitas horas de vuelo, pero sin trayectoria en administración de empresas ni en la gestión ejecutiva de una aerolínea comercial.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este martes una agenda bilateral centrada en tres proyectos de integración y conectividad con Perú, tras reunirse en Lima con la presidenta peruana, Keiko Fujimori, en el marco de la ceremonia de investidura de la nueva mandataria.

Al concluir del encuentro, Paz afirmó que ambos gobiernos acordaron priorizar el fortalecimiento de la infraestructura compartida para impulsar el comercio y la integración regional, con énfasis en el desarrollo del puerto peruano de Ilo, la conexión ferroviaria entre Guaqui y Puno y la construcción de una carretera que una el departamento boliviano de Beni con la región peruana de Ucayali.

Según el mandatario boliviano, el objetivo es consolidar corredores logísticos que mejoren el acceso de Bolivia a puertos sobre el océano Pacífico y amplíen la conectividad terrestre entre ambos países. Paz sostuvo que estas iniciativas permitirán fortalecer el intercambio comercial y generar nuevas oportunidades de desarrollo en las zonas fronterizas.

El proyecto de mayor alcance contempla el fortalecimiento del puerto peruano de Ilo, considerado por Bolivia como una alternativa estratégica para facilitar el comercio exterior. Esa cooperación tomó forma en 1992, cuando los entonces presidentes Jaime Paz Zamora y Alberto Fujimori --padres de los actuales gobernantes- fueron artífices del Convenio de Amistad, Cooperación e Integración ‘Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz’, que otorgó a Bolivia una zona franca industrial y turística en ese puerto, ampliada en 2010 con mayores facilidades para el comercio exterior.

El presidente Paz señaló que la reunión permitió “retomar con fuerza la relación estratégica con el Perú” y destacó la disposición de ambas administraciones para avanzar en una agenda bilateral. Añadió que los equipos técnicos de ambos gobiernos continuarán trabajando en los mecanismos para materializar los proyectos anunciados.

El encuentro se produjo pocas horas después de la toma de posesión de Fujimori como presidenta de Perú para el período 2026-2031. En la jornada previa a la cita bilateral, el canciller boliviano también señaló la posibilidad de instalar un gabinete binacional y afirmó que se buscará fortalecer la alianza regional de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) como uno de los “aspectos fundamentales” para ambos países.

La CAN, creada mediante el Acuerdo de Cartagena, tiene como miembros plenos a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y mantiene su Secretaría General en Lima. Para el Gobierno boliviano, la nueva administración peruana representa una oportunidad para reactivar el bloque y fortalecer la coordinación regional.

“La cercanía nos compromete a trabajar en una agenda económica, cultural, de seguridad y geopolítica”, afirmó Aramayo en una entrevista con el canal estatal Bolivia TV desde Lima.

Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, fue proclamada el pasado 3 de julio como la ganadora de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, con un estrecho margen de menos de 50.000 votos sobre el candidato de izquierda Roberto Sánchez.

Asumió funciones este martes en Palacio Legislativo de Lima en presencia de mandatarios de la región, entre ellos el presidente de Argentina, Javier Milei, de Ecuador, Daniel Noboa; de Chile, José Antonio Kast; de Panamá, José Raúl Mulino; y de Honduras, Nasry Asfura, además del Rey de España, Felipe VI.

El exministro de Hidrocarburos del Gobierno de Rodrigo Paz, Mauricio Medinaceli, fue aprehendido la tarde del martes en La Paz en el marco de una investigación por la distribución de gasolina de mala calidad que dañó miles de vehículos.

De acuerdo con la orden de aprehensión, “existen suficientes indicios de su participación” en los casos que se investigan y que provocaron su destitución hace cuatro meses en medio de protestas de choferes y de una ola de cambios en el área energético.

Medinaceli prestó su declaración en el Ministerio Público y luego fue trasladado enmanillado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) donde pasó la noche y espera la audiencia cautelar en la que se definirá su situación jurídica.

El exministro es investigado por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, a raíz de dos denuncias presentadas por la alianza opositora Libre y el vicepresidente Edmand Lara.

La orden de aprehensión fue emitida un día después de que se diera a conocer un informe de la comisión legislativa que investigó la importación y distribución de “gasolina desestabilizada”. El documento establece que señala que durante la gestión de Medinaceli, se emitió una resolución ministerial que ordenó el desprecintado de cinco tanques de almacenamiento que estaban retenidos por indicios de contener combustible dañado.

El informe concluye que se priorizó el abastecimiento continuo de combustible sobre los controles de calidad y la seguridad técnica, mediante la emisión de decretos y resoluciones de importación urgente sin requisitos mínimos de calidad. Entre los responsables que menciona el informe, además de Medinaceli, figuran el expresidente Luis Arce; el exministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo; y los expresidentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorghaten y Yussef Alky.

Medinaceli fue posesionado ministro de Hidrocarburos el 9 de noviembre en el primer gabinete de Rodrigo Paz. Un día después, acompañó al presidente y otros ministros en una caravana que siguió el ingreso de cisternas con combustible, en un acto que buscaba simbolizar el fin del desabastecimiento de diésel y gasolina que había sufrido Bolivia en los últimos años.

“Nos hemos comprometido que a partir del 8 de noviembre íbamos a traer combustibles y estamos cumpliendo. Se hicieron gestiones con organismos internacionales, gobiernos amigos y empresas para que a Bolivia no le falte combustible y así pueda reactivar su economía”, afirmó entonces el jefe de Estado.

Un mes más tarde se levantó el subsidio de combustibles que había estado vigente por casi dos décadas y la nivelación del precio del diésel y la gasolina supuso un incremento del precio de 162% y el 87%, respectivamente.

Semanas después surgieron denuncias de daños vehiculares atribuidos a la mala calidad de la gasolina que el Gobierno admitió y atribuyó a una serie de razones -entre ellas redes delictivas de sustitución de combustible y residuos tóxicos en tanques de almacenamiento- que luego fueron desvirtuadas por el informe de la comisión legislativa.

En medio de las protestas, Medinaceli fue reemplazado en abril por el actual ministro Marcelo Blanco y también se produjeron cambios en YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), sin que hasta ahora se haya resuelto de forma definitiva el abastecimiento continuo de combustible ni se tengan certezas sobre la calidad del combustible distribuido.

Medinaceli es economista especializado en hidrocarburos y fue ministro de Hidrocarburos también durante el Gobierno transitorio de Eduardo Rodríguez, entre 2005 y 2006. Es licenciado por la Universidad Católica Boliviana, tiene una maestría en Economía de la Universidad de Georgetown y un doctorado de la Pontificia Universidad Javeriana.

A lo largo de su carrera trabajó como consultor internacional en políticas energéticas, fiscales y de gobernanza económica en más de 20 países. También prestó servicios para organismos como el Banco Mundial, el BID, el PNUD, la CEPAL, la OLADE, CAF y USAID, entre otras instituciones internacionales.

Su aprehensión generó una serie de reacciones entre analistas y académicos. “Medinaceli es un chivo expiatorio para salvar a una mafia bien arraigada en YPFB (...) Con esto, queda claro que menos gente capaz y honesta aceptará cargos”, escribió la historiadora Sayuri Loza.

En esa línea, el periodista Raúl Peñaranda opinó que “es una barbaridad que a un profesional decente como a Mauricio Medinaceli se lo aprehenda tras haber ido a declarar voluntariamente sobre la gasolina contaminada. Vivimos la dictadura de las fiscales y el cinismo del poder”.

La Policía Nacional de Paraguay incautó cerca de media tonelada de cocaína procedente de Bolivia, que era transportada en el doble fondo de un camión. El operativo resultó en la detención de dos personas en el departamento de Presidente Hayes, región que limita con la provincia argentina de Formosa.

El director de la División Contra el Crimen Organizado, el comisario Rolando Benítez, declaró a la radio local 780 AM que el decomiso equivale a “aproximadamente” 450 kilos de cocaína, distribuidos en igual cantidad de paquetes o panelas. Benítez estimó que la pérdida para el grupo criminal asciende a un millón de dólares y añadió: “Pero cruzando la frontera, eso se triplica”.

El jefe de la Dirección General de Investigación Criminal, comisario Marcelino Espinoza, señaló que el operativo fue resultado de un trabajo de inteligencia de “meses” y de la sospecha de que una organización criminal utilizaría esa ruta para traficar armas.

“Se tenía información de la ruta que tenía esta gente dedicada al tráfico de armas y drogas (...), se montó vigilancia hace unos cuantos meses”, explicó Espinoza a la prensa. El funcionario calificó como una “sorpresa” el hallazgo de la droga, ya que la investigación apuntaba inicialmente al tráfico de armas.

En el mismo procedimiento, el jefe del Departamento Especializado Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, comisario Mario Vallejos, afirmó que los detenidos son hermanos y originarios de Pedro Juan Caballero, capital del departamento de Amambay, en la frontera con la ciudad brasileña de Punta Porá, considerada una de las urbes más violentas de Paraguay.

Este operativo se realizó después de que, durante una inspección de rutina a un contenedor, se encontraran 311 kilos de marihuana ocultos en dos vehículos importados desde Miami (EEUU) y que llegaron a un puerto de la ciudad de Villeta, próxima a la capital Asunción, según informó la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

La distinción otorgada por la comuna limeña representa una de las máximas condecoraciones protocolares que la capital entrega a jefes de Estado y dignatarios extranjeros que realizan visitas oficiales. A través de este reconocimiento, Lima destacó la trayectoria política de Rodrigo Paz Pereira y los vínculos históricos, culturales y diplomáticos entre Perú y Bolivia.

Durante el acto, el alcalde Renzo Reggiardo resaltó la relación entre ambos países y aseguró que la visita del presidente boliviano abre una nueva etapa para fortalecer la cooperación bilateral. Por su parte, Paz Pereira recordó su vínculo personal con la capital peruana y afirmó que Lima tuvo un papel importante en su formación durante los años en los que su familia vivió en el exilio.

Alcalde de Lima destaca trayectoria política de Rodrigo Paz Pereira

La ceremonia contó con la participación de autoridades peruanas y bolivianas, entre ellas el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo Carrasco; el ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, Fernando Romero Pinto; y la primera dama boliviana, María Elena Urquidi Barberi.

La entrega de la llave de la ciudad de Lima y la declaración de huésped ilustre fueron oficializadas mediante la Resolución de Alcaldía N.° 318, emitida el 27 de julio de 2026. El documento destacó la formación académica del mandatario boliviano como licenciado en Economía y Relaciones Internacionales, además de contar con una maestría en Gestión Política por la American University de Estados Unidos.

Asimismo, la resolución resaltó la carrera pública de Paz Pereira, quien ejerció como diputado por Tarija, alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija entre 2015 y 2020 y senador nacional entre 2020 y 2025, antes de asumir la presidencia de Bolivia el 8 de noviembre de 2025.

La Municipalidad de Lima señaló que el reconocimiento responde a su trayectoria política y a su contribución al fortalecimiento de las relaciones entre Perú y Bolivia.

Reggiardo afirma que Perú y Bolivia tienen una oportunidad para fortalecer su cooperación bilateral

Durante su intervención, el alcalde de Lima expresó su reconocimiento al mandatario boliviano y destacó la importancia de mantener una agenda común entre ambas naciones.

“Es un verdadero honor para mí y para la Municipalidad Metropolitana de Lima recibir en esta ciudad a su excelencia, el señor Rodrigo Paz Pereira, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y otorgarle la llave de la ciudad de Lima y, por supuesto, la distinción de huésped ilustre como expresión del profundo respeto, reconocimiento y amistad que nuestra ciudad guarda hacia Bolivia”, señaló Reggiardo.

El burgomaestre afirmó que Perú y Bolivia comparten “profundas raíces culturales, tradiciones y una relación construida a través del encuentro permanente entre sus pueblos”. Además, indicó que ambos países tienen la oportunidad de impulsar iniciativas vinculadas al desarrollo, el intercambio económico y la integración regional.

“La historia nos une, el futuro nos convoca”, expresó Reggiardo, quien agregó que la llave de la ciudad de Lima simboliza la hospitalidad de la capital peruana y sus puertas abiertas para fortalecer la cooperación con Bolivia.

Rodrigo Paz recordó su relación con Lima y llamó a fortalecer la integración

Tras recibir la distinción, el presidente de Bolivia agradeció al alcalde de Lima y a las autoridades municipales por el reconocimiento. En su discurso, recordó que su relación con la capital peruana comenzó durante su infancia, cuando llegó junto a su familia debido al exilio político.

“Lima para nosotros representa parte fundamental de nuestra vida”, afirmó Paz Pereira, quien explicó que la ciudad fue parte del proceso en el que comprendió la importancia de la democracia latinoamericana.

El mandatario boliviano sostuvo que Lima fue un punto de encuentro para distintas experiencias políticas de la región y destacó la solidaridad que recibió su familia durante su permanencia en Perú. “Encontramos aquí algo que ninguna ley puede imponer y que ningún poder puede comprar: la solidaridad de un pueblo”, manifestó.

Paz Pereira también recordó su trayectoria electoral antes de llegar a la presidencia de Bolivia y señaló que recibió la llave de Lima como un reconocimiento a una historia colectiva vinculada con la defensa de la democracia.

“Hoy regreso como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y lo hago convencido de que Bolivia y el Perú están llamados a construir una relación todavía más estrecha, más moderna, más ambiciosa”, indicó.

Finalmente, destacó la importancia de trabajar por la paz social, la educación y el desarrollo económico como pilares para el futuro de ambos países. La ceremonia concluyó con una fotografía protocolar entre las autoridades de Perú y Bolivia.

La Fiscalía de Bolivia ordenó la detención del exministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, por presuntas irregularidades vinculadas a la importación y comercialización de gasolina adulterada, en el caso conocido como “gasolina basura”.

La medida, dispuesta por el fiscal anticorrupción David Torrez, se emitió después de que una comisión especial de la Cámara de Diputados identificó a Medinaceli como uno de los principales responsables en la distribución de combustible dañado que afectó a miles de vehículos en todo el país.

La causa penal, denominada “gasolina basura” o “gasolina desestabilizada”, investiga la importación y distribución de carburante de baja calidad, un hecho que provocó daños en los motores de más de 70.000 vehículos, según datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Las denuncias de propietarios se multiplicaron desde finales de enero, cuando usuarios reportaron fallas mecánicas tras abastecerse en estaciones de servicio de distintas ciudades del país.

El impacto económico y social de la crisis alcanzó dimensiones considerables. Además de los altos costos de reparación que debieron asumir los afectados, el Estado boliviano enfrentó un perjuicio millonario y el Gobierno se vio obligado a responder bajo presión social. En medio de las protestas de conductores de transporte público, el Ejecutivo suspendió a comienzos de abril los contratos de suministro de gasolina firmados con las comercializadoras internacionales Vitol y Trafigura, alegando problemas de calidad en el producto importado.

La crisis escaló a tal punto que el presidente Rodrigo Paz cesó a Medinaceli solo horas después de la renuncia de la entonces presidenta de YPFB, Claudia Cronenbold.

La orden de arresto se dio a conocer públicamente el martes, y el caso se inscribe en una coyuntura especialmente delicada para el país, que enfrenta dificultades adicionales con el abastecimiento de diésel.

Las autoridades explicaron que una “mano negra” en la mezcla de carburantes desembocó en la destitución de unos 300 empleados de diferentes áreas del sector energético. Durante el periodo de Medinaceli en la administración de Rodrigo Paz, la distribución de gasolina sospechosa de estar adulterada se autorizó a pesar de advertencias previas de la ANH.

El diputado Carlos Alarcón, del partido opositor Alianza Unidad, señaló que la comisión investigadora también puso la mira sobre otros exfuncionarios y autoridades que participaron en los procesos de adquisición e importación.

La crisis de los combustibles en Bolivia se agravó por los persistentes problemas de abastecimiento de diésel, situación que provocó reclamos del sector productivo y prolongados cortes de ruta entre mayo y junio. La normalización del suministro quedó pendiente y se convirtió en otro frente de tensión para el gobierno, que buscó retomar el control del sistema energético tras la ola de protestas.

Mientras tanto, la agenda política boliviana mantuvo el foco en la cooperación regional. El presidente Rodrigo Paz se reunió en Lima con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, donde ambos mandatarios dialogaron sobre la integración fronteriza y el aprovechamiento del puerto de Ilo como alternativa logística.

El canciller boliviano, Fernando Aramayo, destacó la intención de instalar un gabinete binacional en el corto plazo y fortalecer proyectos conjuntos, en medio de los desafíos internos que enfrenta Bolivia por la crisis energética.

(Con información de Europa Press y El Deber)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, planteará a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, una iniciativa para relanzar la Comunidad Andina (CAN) durante la reunión bilateral que ambos sostendrán en Lima, en el marco de la ceremonia de investidura de la nueva mandataria peruana. La propuesta busca reactivar uno de los principales mecanismos de integración regional entre ambos países y sus socios andinos.

El anuncio fue realizado por el canciller boliviano, Fernando Aramayo, quien señaló que el fortalecimiento de la CAN es uno de los “aspectos fundamentales” que une a ambos países.

La Comunidad Andina, creada mediante el Acuerdo de Cartagena, tiene como miembros plenos a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y mantiene su Secretaría General en Lima. Para el Gobierno boliviano, la nueva administración peruana representa una oportunidad para reactivar el bloque y fortalecer la coordinación regional.

Además del futuro de la CAN, el jefe de la diplomacia boliviana señaló que la reunión abordará temas bilaterales como la utilización del puerto peruano de Ilo para el comercio exterior boliviano, la integración al proyecto bioceánico Brasil-Perú, la ampliación de los intercambios comerciales y la puesta en marcha de un gabinete binacional entre ambos países; además de asuntos de seguridad y migración.

“La cercanía nos compromete a trabajar en una agenda económica, cultural, de seguridad y geopolítica”, afirmó Aramayo en una entrevista con el canal estatal Bolivia TV desde Lima.

La visita de Rodrigo Paz a Lima será el primer encuentro oficial con Fujimori desde su elección y tendrá un componente simbólico. En 1992, el entonces presidente boliviano Jaime Paz Zamora y el mandatario peruano Alberto Fujimori, padres de los actuales mandatarios, suscribieron en Ilo un acuerdo que concedió a Bolivia facilidades portuarias y una zona franca industrial y turística sobre la costa peruana del Pacífico, en un intento por fortalecer la integración económica entre ambos países.

Aunque el proyecto nunca alcanzó el desarrollo previsto, el puerto de Ilo ha permanecido como una de las principales apuestas bolivianas para diversificar su acceso al océano Pacífico. La reunión entre Rodrigo Paz y Keiko Fujimori reaviva ese antecedente histórico y podría marcar un nuevo intento por profundizar la cooperación bilateral más de tres décadas después.

El mandatario boliviano llegó a Lima la noche del lunes acompañado por su esposa, María Elena Urquidi, y fue recibido en la base militar anexa al aeropuerto internacional Jorge Chávez, por la ministra Edith Pariona. Tras recibir los honores en la terminal aérea, Paz se dirigió al centro de Lima para participar en el saludo y cena oficial ofrecido por el presidente interino, José María Balcázar, a los gobernantes invitados.

Los actos oficiales, programados para este martes 28 de julio en la sede del Congreso, cuentan con la participación de jefes de Estado y líderes de organismos multilaterales, quienes buscan reafirmar los vínculos de cooperación con la nueva administración peruana que gobernará durante el periodo 2026-2031.

Entre los asistentes están los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; de Argentina, Javier Milei, de Ecuador, Daniel Noboa; de Chile, José Antonio Kast; de Panamá, José Raúl Mulino; y de Honduras, Nasry Asfura, además del Rey de España, Felipe VI.

Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia, llegó a Lima para participar en la toma de mando de Keiko Fujimori, quien asumirá la presidencia de la República para el periodo 2026-2031.

Al dirigirse a la prensa, el dignatario altiplánico subrayó la relevancia de una agenda bilateral compuesta por tres ejes principales, orientados a estrechar los vínculos entre ambas naciones.

“Vengo con una agenda que no solo implica estar presente en la asunción, sino también abordar temas bilaterales de comercio“, reveló el jefe de Estado.

Rodrigo Paz, un presidente con agenda propia en Lima

A su llegada al Congreso peruano, el mandatario presentó los lineamientos que guiarán el vínculo con el nuevo gobierno peruano y la importancia de avanzar en proyectos conjuntos.

“En primer lugar, buscamos retomar la agenda de Ilo. También está en discusión la agenda Guaqui-Puno, que contempla una nueva conexión ferroviaria que permitirá a Perú facilitar su salida hacia el Pacífico y, al mismo tiempo, hacia Brasil y la hidrovía”, indicó Paz.

Además, reiteró el interés del gobierno boliviano en potenciar el uso del puerto de Chancay, operado por la estatal china Cosco Shipping, ubicado al norte de Lima y que permite conectar con Asia en 23 días.

“Como tercer punto, trabajamos en la zona norte para conectar el puerto de Chancay con nuestro departamento de Pando, lo que permitirá unir Brasil con Perú. Bolivia se encuentra justo en el centro”, aseveró.

Chancay y el Tren Guaqui-Puno: integración ferroviaria y regional

De otro lado, el presidente boliviano se refirió a la lucha contra el crimen organizado y el contrabando en la zona de frontera, y consideró que la cooperación binacional será determinante para enfrentar estos desafíos y garantizar la seguridad en ambos lados.

“No hay que olvidar que en su momento, Bolivia y Perú conformaron un país confederado, por lo que no será un problema trabajar de buena manera con la presidenta”, expresó.

Finalmente, Paz consideró que a la nueva presidenta del Perú “no se le debe definir ideológicamente, sino por los resultados que logre en momentos difíciles, en conjunto con la democracia”.

“Sudamérica enfrenta un peligro hemisférico para nuestras democracias y, hoy más que nunca, los gobiernos elegidos por nuestros pueblos deben defender sus constituciones. Ser de derecha o de izquierda es secundario; lo fundamental es que todo se resuelva dentro de la democracia y nada fuera de ella”, sentenció.

Tres ejes para una nueva etapa bilateral entre Perú y Bolivia

Pero, ¿de qué tratan estos tres ejes? El primero de ellos apunta a la reactivación y fortalecimiento del puerto de Ilo, en el sur de Perú. Este puerto es una alternativa clave para el comercio exterior boliviano, ya que facilita el acceso directo al océano Pacífico.

Bolivia, que tradicionalmente depende de puertos chilenos, busca ampliar el uso de Ilo para exportar e importar bienes. El puerto ya se utiliza para el tránsito de carga boliviana, aunque su potencial aún está lejos de ser aprovechado al máximo.

En cuanto al Guaqui-Puno, el segundo eje contempla el desarrollo de un corredor ferroviario que uniría el altiplano boliviano con el sur peruano, facilitando la conexión logística y el intercambio comercial y turístico.

El proyecto prevé una línea férrea entre Guaqui y Puno, atravesando el lago Titicaca y potenciando la integración regional. Esta iniciativa permitiría a Bolivia diversificar sus rutas de salida y aprovechar mejor las oportunidades de comercio con Perú y otros países de la región.

Chancay, el nuevo puente hacia Asia

Finalmente, el interés de Bolivia por el puerto de Chancay es conocido, ya que se trata de una infraestructura moderna al norte de Lima, operada por la estatal china Cosco Shipping.

Inaugurado en 2024 con una inversión inicial de 1.300 millones de dólares, el puerto de Chancay tiene capacidad para recibir embarcaciones de hasta 24.000 TEUs y conecta directamente con Asia en solo 23 días.

En 2025, el terminal movilizó cerca de 400.000 TEUs, consolidándose como uno de los principales puntos logísticos de la costa del Pacífico sur y abriendo nuevas oportunidades de integración para Bolivia a través del corredor bioceánico.

La muerte de dos militares y un trabajador civil durante un operativo en la mina estatal de Huanuni, en el departamento boliviano de Oruro, volvió a poner en el centro del debate un fenómeno que desde hace años desafía los controles del Estado: el denominado “jukeo”, el robo sistemático de minerales que pasó de pequeños hurtos a convertirse en una actividad delictiva organizada.

El hecho ocurrió el fin de semana, cuando efectivos militares y personal de la Empresa Minera Huanuni realizaban un operativo para frenar el ingreso de presuntos “jukus” a la mina. La Fiscalía informó que una emboscada dejó tres fallecidos y posteriormente se abrió una investigación en base a varias hipótesis para esclarecer las circunstancias reales de las muertes, entre ellas un posible enfrentamiento armado durante la intervención.

Los “jukus” son personas dedicadas al robo de mineral dentro de las minas, a través de la extracción ilegal desde los socavones para luego comercializarla en el mercado informal haciendo difícil el rastreo de la mercadería. Si bien comenzó como una actividad de individuos que sustraían pequeñas cantidades residuales, con el paso de los años derivó en una actividad organizada que moviliza grupos numerosos y redes ilegales de comercialización.

La Empresa Minera Huanuni, uno de los principales centros productores de estaño de Bolivia, es uno de los lugares donde el problema se manifiesta con mayor frecuencia y representa un desafío para la operación de la mina con enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y presuntos “jukus”.

La explosión registrada en 2018 en la mina de Huanuni, atribuida a presuntos jukus y que dejó ocho trabajadores fallecidos, marcó un punto de inflexión en la respuesta oficial frente al robo de minerales. Tras ese incidente, el entonces ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, reveló que en ese distrito operaban al menos 30 clanes, con liderazgo y estructuras definidas, dedicados a esta actividad ilícita.

Aunque no existen datos oficiales sobre la práctica, una investigación del portal Erbol señala que las pérdidas acumuladas por “jukeo” se estiman en más de 100 millones de dólares entre 2024 y 2025, afectando tanto a la minería estatal como a cooperativas y a operadores privados.

Según el gobernador de Oruro, Edgar Sánchez, la mina Huanuni produce cerca de 500 millones de dólares al año, pero sin los recurrentes “jukeos” el monto se podría duplicar.

“En Bolivia existe por lo menos un 40% de la fuga de minerales, de recursos económicos, la venta ilegal. Huanuni produce por lo menos 500 millones de dólares al año, por tanto, es un gran ingreso económico. Si no habría fuga de minerales, produciríamos casi el doble, imagínese lo que eso significa para el erario nacional”, afirmó en entrevista con la radio Erbol.

Sin embargo, la magnitud de esta actividad ilícita no solo se calcula por las pérdidas económicas para las empresas mineras, sino también por el nivel de organización de los grupos involucrados, el uso de violencia para proteger sus operaciones o resistir los controles y las víctimas que dejan los enfrentamientos.

Las reiteradas incursiones de “jukus” en minas bolivianas muestran además que las medidas de seguridad implementadas hasta ahora no han logrado erradicar la práctica. El caso más reciente refleja un conflicto persistente que trasciende el ámbito policial: representa una amenaza para la seguridad de los trabajadores, la protección de los recursos estatales y el control de una actividad económica estratégica para el país.

La comisión legislativa que investigó la importación y distribución de gasolina de mala calidad en Bolivia presentó este lunes su informe final en el que concluye que una serie de fallas en los controles estatales, durante las gestiones de Luis Arce (2020-2015) y la actual de Rodrigo Paz, permitieron la comercialización del combustible contaminado.

La comisión especial, que revisó durante cuatro meses casi 2.000 documentos para reconstruir la cadena de distribución, señala que se priorizó el abastecimiento continuo de combustible sobre los controles de calidad y la seguridad técnica, mediante la emisión de decretos y resoluciones de importación urgente sin requisitos mínimos de calidad.

El informe señala que parte de los controles se redujo a verificaciones documentales y visuales sin realizar análisis de laboratorio para parámetros obligatorios, como el contenido de manganeso y goma que contaminaron la gasolina distribuida a inicios de este año. Por otro lado, apunta que el personal encargado de esas tareas carecía de la especialidad técnica requerida.

La comisión identificó dos decretos supremos, emitidos durante el Gobierno del expresidente Luis Arce (2020-2025), con los cuales se permitió la importación de gasolina sin cumplir los estándares mínimos de calidad.

La investigación también revela que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) dispuso el precintado de cinco tanques de almacenamiento debido a dudas sobre la calidad del combustible importado. Sin embargo, la gestión actual emitió una resolución ministerial para levantar esa medida, permitiendo la distribución del producto sin que concluyeran los controles técnicos correspondientes.

Además de las observaciones sobre la calidad de la gasolina, la comisión identificó posibles irregularidades en los contratos de importación de combustibles. El informe menciona fluctuaciones significativas en los costos que incluyen el valor del producto, transporte y otros cargos asociados, lo que constituiría un indicio de presunto daño económico al Estado.

Finalmente, el documento establece responsabilidades en el expresidente Arce, los exministros de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo y Mauricio Medinaceli; además de los expresidentes de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Armin Dorghaten y Yussef Alky, entre otros funcionarios públicos, por haber introducido lotes de combustible base sin las especificaciones de calidad.

Según los 11 legisladores que conformaron la comisión de investigación, los delitos por los cuales pueden ser juzgados incluyen conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, falsedad ideológica y daño calificado.

El siguiente paso será la consideración del informe por el pleno de la Cámara de Diputados. De ser aprobado, los antecedentes se remitirán a otras instancias para determinar responsabilidades derivadas de las observaciones formuladas por la comisión.

La investigación surgió a raíz de las denuncias de distribución de combustible contaminado que dañó miles de vehículos en el primer trimestre del año. Las conclusiones de la comisión contrastan con las explicaciones ofrecidas entonces por la administración de Rodrigo Paz, que admitió haber comercializado “gasolina desestabilizada” y atribuyó el problema a residuos dañinos en los tanques de almacenamiento y luego a una presunta red delictiva que sustituía parte del combustible durante el proceso de distribución.

En cambio, el informe identifica fallas en los controles estatales y en los procedimientos de importación y distribución como las causas que permitieron la comercialización de la gasolina contaminada.

La publicación del informe coincide con un escenario en el que el abastecimiento de combustibles sigue siendo uno de los principales desafíos para el país, mientras persisten la incertidumbre sobre los controles y la calidad de los mismos.

El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) difundió un video en el que se lo ve conduciendo un vehículo en su bastión del Trópico de Cochabamba y saludando a policías de la fuerza antidroga quienes lo dejan continuar su recorrido pese a la orden de aprehensión vigente en su contra por un caso de presunta trata agravada.

Las imágenes, grabadas desde el interior del vehículo, muestran a Morales en el momento en llega a un puesto de control antidrogas, donde dos policías lo reconocen, intercambian saludos y mantienen una breve conversación con él sobre la escasez de combustible y la devaluación del boliviano.

“Nos está fregando el gobierno, no hay gasolina y mira, el sueldo de ustedes pierde valor adquisitivo por la inflación va ser fregadísimo, hay que unirnos”, afirma Morales y se despide con un apretón de manos: “vuelvo en la tarde”.

Después de la difusión del video y en medio de polémica por la falta de cumplimiento de la orden de captura, el Ministerio de Gobierno (Interior) informó que inició un proceso disciplinario contra los dos agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) que aparecen en la grabación.

Según el Ministerio, los agentes fueron replegados a la Dirección General de la Felcn y serán investigados por el presunto incumplimiento de disposiciones institucionales, entre ellas la desobediencia e incumplimiento de resoluciones administrativas emitidas por el Comando General de la Policía Boliviana, además del incumplimiento de mandatos, órdenes y disposiciones reglamentarias.

La difusión del video reavivó los cuestionamientos contra las autoridades del país por la falta de ejecución de la orden de aprehensión contra Morales, que está vigente desde hace casi dos años.

En todo este tiempo, el exmandatario ha mantenido una vida pública y activa en el Trópico de Cochabamba, el bastión político y sindical al centro del país donde cientos de seguidores lo custodian para evitar su aprehensión. Desde ese lugar, Morales participa en mitines, recibe visitas y se desplaza por diferentes comunidades, mientras que las autoridades han sostenido en varias oportunidades que la Policía tiene un plan para concretar su captura, sin que hasta la fecha hayan logrado ejecutarlo.

En su última referencia pública al tema a finales de junio, el presidente Rodrigo Paz advirtió que “ya le va a llegar la cárcel” y afirmó que si él tuviera una hija menor y el expresidente fuera su vecino “no estaría seguro“.

La orden judicial que enfrenta Morales está relacionada con el caso de trata agravada de menores que lo acusa de haber embarazado a una menor de edad durante su presidencia. Según las investigaciones de la Fiscalía, Morales tuvo una hija con una adolescente de 16 años en el año 2016, cuyo acta de nacimiento constituye una de las principales pruebas del delito entre las 170 que han recolectado los investigadores.

Por su inasistencia a las convocatorias judiciales, la Justicia ordenó su arraigo, la congelación de sus cuentas bancarias, lo declaró en rebeldía y emitió desde octubre de 2024 al menos tres órdenes de captura que según las autoridades permanecen vigentes.

Aunque el exmandatario no ha negado la comisión del delito, ha señalado en varias oportunidades que la investigación tiene motivaciones políticas.

El decomiso de 189 kilos de oro que iban a ser exportados de manera ilegal en Bolivia ha puesto en la mira a las autoridades encargadas de la investigación por la supuesta desaparición de 22 kilos del metal confiscado.

La semana pasada, en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, se encontraron cuatro maletas con 77 lingotes de oro, valuados en casi 25 millones de dólares, que iban como parte del equipaje de un vuelo chárter con destino a Dubái.

Según el reporte oficial, tras evidenciarse irregularidades en la documentación del registro de exportación, la Policía decomisó 189 kilos de oro. Sin embargo, medios de prensa locales difundieron fotografías que muestran que el pesaje inicial sumaba 211 kilos. La diferencia entre el peso del cargamento y lo reportado oficialmente es de 22 kilos y tendría un valor de cerca de tres millones de dólares.

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, admitió que “efectivamente se ha reportado que serían algunos kilos encima” y anunció que se investigaría el caso con “documentación verificable”. En ese sentido, Oviedo pidió un informe cronológico de los hechos, actas de requisa, registros de secuestro, los argumentos para la liberación de cinco involucrados de los seis involucrados y sobre la cantidad real de oro decomisado por la Policía.

Sin embargo, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, Jhonny Coca, descartó irregularidades y afirmó que el peso difundido por medios locales incluye las maletas y los materiales utilizados para embalar los lingotes. “De manera malintencionada muchas personas y algunos canales digitales han subido unas imágenes con el pesaje, pero es el pesaje que se realiza al momento de secuestrar las maletas más los envases, vale decir las maletas”, afirmó.

No es la primera vez que se denuncia irregularidades y pérdida de pruebas durante una investigación policial en Bolivia. En los últimos nueve meses hubo al menos tres denuncias públicas: las 32 maletas que habría ingresado de Miami una exdiputada usando ilegalmente un pasaporte diplomático, los relojes y otros artículos personales del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y los 22 kilos de oro del caso reciente.

“Todo se pierde, ministro Oviedo, todo se pierde”, afirmó en conferencia de prensa el senador de la alianza Libre José Manuel Ormachea. “Se pierden las maletas, se pierden los relojes de Marset, se pierde el oro. Siempre se pierde algo en el proceso de investigación de estos hechos”, denunció el legislador de oposición y cuestionó: “¿cómo es posible que todo el tiempo, algún un elemento importante de la investigación se pierda? Es ridículo”.

Ormachea pidió una mayor coordinación entre la Policía, el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno para el resguardo de los bienes incautados que hacen parte de las investigaciones.

En esa línea, la ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, Dina Chuquimia, escribió en redes sociales que “por seguridad el oro debería ser puesto en custodia del Banco Central de Bolivia para que no desaparezca en el camino”.

Mientras se desarrolla la investigación, el diputado de Alianza Popular, Rolando Pacheco, criticó el accionar de la Policía, la Aduana Nacional y el Servicio Nacional de Registro de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) y anunció acciones penales por lo que considera “la punta del ovillo que destapará una red de corrupción gigantesca” en el país.

Este caso ha derivado en la aprehensión de Adrián L.R., de 22 años, el joven transportaba las maletas y a quien se investiga por los delitos de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, venta ilegal de recursos minerales y contrabando.

La brujería y el narcotráfico tienen, en muchos casos, una relación íntima. En las investigaciones no es extraño encontrar referencias a curanderos o hechiceros que son convocados para proteger cargamentos, a los miembros de la organización con magia negra o predecir allanamientos con el don de la videncia. Sin embargo, no es común encontrar “trabajos” u ofrendas entre ladrillos de cocaína.

Eso fue lo que ocurrió en Jujuy, cuando efectivos de Unidad de Investigaciones Judiciales Salta de Gendarmería requisaron un vehículo en el que esperaban encontrar droga. Ocurrió este 18 de julio, en ruta 9.

En el procedimento, que fue positivo, también se hallaron patas de animales, huesos amarrados, collares, frutos, yerba mojada y un destornillador. Había, además, una foto de un hombre, de acuerdo a las fuentes, ya fallecido. La imagen encabeza esta nota. Todo estaba envuelto en un trapo blanco junto a 58 paquetes que llevaban el logo del delfín.

Aunque en un principio la brujería fue secuestrada junto a los 61,514 kilos que marcó el pesaje final, los gendarmes se deshicieron de ella luego de que la fiscalía determinara que nada tenía que ver con la causa.

Según la investigación, la banda detrás de la carga está liderada por un capo boliviano apodado “El Padrino”, quien está identificado y vive en Cochabamba. Las fuentes indicaron que el jefe se preocupaba por hacer que cada uno de los envíos estuvieran “curados” por brujos antes de que partieran por las rutas argentinas, acondicionados en torpedos y zócalos de la flota de vehículos -camionetas, autos y camiones- con la que cotnaban.

De este lado de la frontera, la estructura estaba integrada por un preso por narcotráfico alojado en la cárcel federal de Güemes, un policía en actividad y otro retirado. Los miembros, integrantes de un clan, usaban como pantalla la quema de ollas de barro y arcilla. En el plano terrenal, contaban con un “matón” para proteger la droga de mexicaneadas. Lo apodan “El Diablo”.

Además, los detectives detectaron que invirtieron el dinero de la actividad en la compra de propiedades en San Salvador de Jujuy, por unos 140 mil dólares, y en campos en Metán (Salta).

En cuanto al modus operandi identificaron dos etapas. En primer lugar, ingresaban la cocaína desde Casira (Bolivia), a través de mochileros por pasos no habilitados, al paraje Casira (Argentina). Luego, acondicionaban los vehículos en los que embutían los estupefacientes (y los trabajos de “magia negra”), con destino, principalmente, al sur del país.

Los gendarmes, al mismo tiempo, lograron determinar que en la cárcel el interno identificado como Cristian Quispe, recibía por celular el aviso para la salida de los autos con una clave: “Calendario libre” o “libreta”. Se referían a los días feriados y a las fechas en las que la Selección argentina disputó partidos de la Copa del Mundo.

Aunque se estableció la relación con diferentes abonados, involucrados en la estructura narco, en las conversaciones no se revelaban otro tipo de elementos que pudieran dar más pistas. En ese punto, fue clave el rol de un malabarista que esperaba en un semáforo para hacer su acto, mientras vigilaba los movimientos de la banda.

Durante el operativo, Gendarmería incautó 45 vehículos guardados en un galpón, pesos y dólares en efectivo, 24 celulares que serán peritados y armas. Al mismo tiempo, detuvo a cinco personas, entre ellos a “El Diablo”. La causa, en la que intervienen la PROCUNAR NOA y el Juzgado de Garantías Federal N°1 de Jujuy, tiene tres prófugos de nacionalidad argentina.

La Fiscalía de Bolivia convocó a declarar a cinco exautoridades involucradas en la investigación por un presunto tráfico de influencias relacionada con el exjefe del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero y el litigio de dos empresas cementeras en el país entre 2024 y 2025.

Las citaciones emitidas por el fiscal de materia, Ángel Mario Guzmán, están dirigidas al exministro de Justicia, César Siles; al exministro de Economía, Marcelo Montenegro; al exprocurador general del Estado, Ricardo Tola; a la exjefa de Gabinete del Consejo de Ministros, Fabiola Salazar y a la exembajadora de Bolivia en España, María del Carmen Almendras.

De acuerdo con los medios locales, Siles, Montenegro, Tola y Salazar deberán prestar su declaración informativa en la Fiscalía Departamental de La Paz dentro de las 72 horas hábiles posteriores a su notificación. En tanto, en el caso de la exembajadora Almendras, el plazo fijado es de 48 horas.

Las citaciones son parte del proceso que investiga una presunta red de tráfico de influencias luego de que una investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía de España, encontrara indicios de influencia del expresidente español sobre un fallo que favoreció a la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), que pertenece al Grupo Gloria, de Perú, y que debía pagar 107 millones de dólares a la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa), de Bolivia, por un litigio de competencia desleal.

Según el informe de UDEF, Rodríguez Zapatero habría recibido 200 mil euros, mediante un contrato de consultoría firmado con la empresa peruana Focus Social Research entre 2024 y 2025, a cambio de mediar con autoridades bolivianas para favorecer al Grupo Gloria con el fallo judicial que finalmente lo eximió del pago. Según la hipótesis de los investigadores, ese contrato habría servido para ocultar pagos destinados a remunerar gestiones realizadas en favor del conglomerado peruano.

Sin embargo, fuentes del entorno del exmandatario español rechazaron las acusaciones y sostuvieron que el pago realizado correspondía a una consultoría legal, mientras el caso continúa en investigación por una impugnación presentada ante el Tribunal Constitucional boliviano y no existe una resolución judicial definitiva.

El caso involucra a altos exfuncionarios de Bolivia e incluso al expresidente Luis Arce, en cuyo gobierno (2020-2015) se desarrolló el litigio. En un comunicado público, el exmandatario -que guarda prisión preventiva por un presunto caso de corrupción durante su gestión como ministro de Economía- señaló que su relación con Rodríguez Zapatero fue “institucional y política” y descartó nexos con el caso que se investiga. En tanto, la exembajadora Almendras se declaró “ajena” a los hechos investigados en una declaración recogida por el portal Brújula Digital.

A inicios de julio, el procurador general del Estado, Hugo César León, informó que la investigación fue declarada en reserva para evitar que el caso derive en un litigio internacional. “Se ha declarado en reserva porque es un caso que tiene una alta probabilidad de entrar a litigación internacional a través de un arbitraje y mal podríamos estar dando elementos que después puedan ser utilizados en contra de los intereses del Estado”, afirmó ante la presnsa local luego de la presentación de un informe en la Cámara de Diputados.

La foto de un difunto, una pata de gallina, una piedra envuelta en un trapo rojo y sangre de un animal, en medio de 58 paquetes de cocaína. Esa fue la inquietante imagen con la que encontraron los gendarmes que requisaron un vehículo sobre la ruta nacional 9 en la provincia de Jujuy.

El operativo de la Unidad de Investigaciones Judiciales Salta de GNA, en el que se secuestró la droga, el 18 de julio pasado, fue el desenlace de una investigación que había comenzado mucho antes y que estaba tras los pasos de la banda de “El Padrino”, un poderoso capo narco de Cochabamba, Bolivia.

De acuerdo a fuentes vinculadas a la causa, el cabecilla de la organización tenía un modus operandi muy particular: encomendaba a curanderos-brujos la misión de proteger los cargamentos que la organización traficaba a través de la frontera en Jujuy. Ningún ladrillo traspasaba la frontera sin el “trabajo” mágico.

Incluso, en uno de los vehículos vinculados al grupo los investigadores encontraron la cabeza de un cabrito envuelto un trapo. Calcularon, llevaba un mes en ese lugar.

Y, una vez en Argentina, la droga contaba con una protección que nada tiene que ver con lo sobrenatural aunque el apodo del supuesto responsable de esa labor también da miedo. Se trata de “El Diablo”, identificado como F.M., de 45 años y, según él, de profesión “artesano”. Los detectives que participaron del procedimiento lo señalan como “el matón” de la banda, encargado de cuidar los cargamentos.

La trama, además, incluye a un policía retirado y otro en actividad. En el combo también participaba un preso, alojado desde 2024 en el Complejo Penitenciario Federal NOA, en Güemes, por el transporte de 101 kilos de cocaína. Los tres están vinculados por lazos familiares. El reo estaba encargado de organizar los envíos y dirigía todas las maniobras para la compra de inmuebles y vehículos. Lo hacía, claro, desde un celular que fue intervenido.

Las escuchas telefónicas permitieron llegar a 10 abonados y determinar que la banda de “El Padrino” usaba como pantalla el quemado de ollas de barro y arcilla que, supuestamente, llevaba adelante “El Diablo”.

La investigación, en la que intervino la PROCUNAR NOA, estableció, a la vez, que el policía retirado y el interno de la cárcel federal comparten lazos familiares y la titularidad de vehículos con los que se hacían los traslados de los paquetes. Algunos de sus familiares (hermanos, cuñados, sobrinos, padrastros) contaban con cédula azul para manejarlos. Todo un clan a disposición de “El Padrino”.

Calendario libre

Las fuentes detallaron que la base de sus actividades era el paraje Casira, en Jujuy, ubicado en el límite con Bolivia. Desde ese lugar, partían los paquetes de cocaína entre tres y cuatro meses por mes, con destino, principalmente, al sur del país. “Calendario libre” o “libreta” eran las claves para mover los cargamentos, acondicionados en los torpedos y zócalos de más de 40 autos, camionetas y camiones con los que contaban.

La orden la daba el preso y se refería así a los días feriados y a las fechas en las que la Selección Argentina disputaba partidos en la Copa del Mundo.

Fue en la final disputada en New York que la estructura narco preparó un envío que debía llegar a Buenos Aires. Para ello, utilizarían cinco vehículos y caminos secundarios. No llegaron a destino: Gendarmería los interceptó en la ruta y detuvo a los integrantes de la banda en Argentina.

Para los investigadores fue esencial la tarea de un malabarista que, encubierto, hacía su presentación en una esquina donde los integrantes de la organización solían pasar.

De esta manera, lograron establecer todos sus movimientos, algo que se había dificultado en las escuchas, debido a que no había referencias directas. La vigilancia del artista ató los cabos sueltos.

Por último, los investigadores determinaron que la pata argentina de la organización había logrado un importante crecimiento económico y había invertido el dinero producto de su participación del narcotráfico en la compra de campos en Metán (Salta) y casas en Jujuy.

El empresario y político boliviano Samuel Doria Medina pasó, en menos de un año, de ser uno de los principales aliados de Rodrigo Paz a uno de sus críticos más incisivos dentro del bloque que respaldó su llegada al poder.

Las primeras señales de distanciamiento surgieron a finales de abril, después de haber sido visto juntos por última vez el 30 de ese mes durante la presentación de un programa en el Palacio de Gobierno. Apenas nueve días después, el líder de Unidad Nacional, la tercera fuerza política de la Asamblea Legislativa, se ausentó al Encuentro Nacional por el País convocado por el Ejecutivo en Cochabamba, en medio de protestas sociales contra el presidente.

Esa ausencia marcó el inicio del alejamiento que semanas más tarde derivó en una serie de críticas a la gestión presidencial sobre el rumbo económico del país y la falta de avances concretos en las reformas comprometidas.

Luego de haber hecho públicas una serie de observaciones, esta semana el presidente y su antiguo aliado protagonizaron un cruce en los medios de comunicación y las redes sociales. El jefe de Unidad Nacional criticó que la demora del Gobierno en la implementación de algunas políticas y dijo que Paz “no tiene sentido de urgencia”.

“Le he planteado al presidente lo que en mi criterio se debería corregir para que mejore, no sucede eso, está claro que el presidente va tomar su propio camino", señaló en entrevista con el programa No Mentirás y ratificó: “Yo ya me he ido”. Más tarde, escribió en su cuenta de X que “los gobernantes no saben admitir ni corregir sus errores” y que “prefieren desprestigiar a quienes se los muestran”.

Paz evitó entrar en una confrontación directa y, consultado por periodistas sobre las críticas de su aliado, pidió “priorizar los intereses del país por encima de los intereses personales" y descartó opinar “sobre la voluntad o los criterios” de Doria Medina.

La alianza entre ambos actores políticos surgió luego de la primera vuelta electoral en agosto de 2025, cuando Paz ganó sorpresivamente las elecciones y Doria Medina, que había sido el favorito en las encuestas, quedó en tercer lugar con un lema que prometía cambiar el país en “¡100 días carajo!”.

El empresario hizo público su apoyo a Paz de cara al balotaje con el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) y puso a disposición a los dos hombres que había elegido para liderar el rumbo económico del país si ganaba la votación: José Luis Lupo y José Gabriel Espinoza, que habían sido su candidato a vicepresidente y su principal asesor económico. Con Paz en el poder, ambos asumieron el cargo de ministro, de la Presidencia y de Economía, respectivamente.

“Fue una alianza pragmática en sus inicios”, explicó a Infobae el analista y exdirector del Observatorio Político de la Universidad Gabriel René Moreno, Daniel Valverde. El analista apuntó que “Rodrigo Paz llegó casi solo al Gobierno y necesitaba de algunos actores que eran parte de la cantera de Unidad”, además del apoyo de la bancada legislativa.

Para Valverde la tensión surgió por “algunas sugerencias” del empresario que no fueron recibidas por el presidente y por el ritmo del Gobierno en la implementación de políticas públicas que el empresario percibe urgentes.

La ruptura se enmarca en el distanciamiento del Gobierno con otros actores de poder, que incluye al frente que encumbró a Paz, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) que tiene múltiples liderazgos y facciones internas. “Es un partido pequeño pero con muchas fracturas, divisiones y directivas paralelas y eso se refleja en la propia asamblea”, señala Valverde quien explica que hay legisladores que responden al partido, otros aliados al vicepresidente Edmand Lara -también crítico abierto de Paz- y otros leales al Ejecutivo. “Haciendo un cálculo optimista, el presidente manejará la mitad de la bancada oficialista, no le alcanza de ningún modo para tener mayoría”, señaló el analista.

En ese contexto, el distanciamiento con Doria Medina y la bancada de Unidad pone cuesta arriba la gobernabilidad del Ejecutivo que tiene en agenda al menos 10 proyectos de leyes estructurales en temas energéticos, de hidrocarburos, minería y otros.

Para Valverde, la soledad de Paz en el Legislativo es una “situación bastante complicada” y puede limitar la implementación de los cambios que plantea su gestión. “Queda un Ejecutivo más limitado en la Asamblea Legislativa, si llegan las diez leyes que tanto se anuncian, ¿quiénes van a defender su propuesta?”, cuestionó. Aunque en política, siempre hay margen para sorpresas.

El juez anticorrupción Román Castro rechazó el pedido de prescripción presentado por el expresidente de Bolivia, Luis Arce, quien permanece detenido preventivamente desde diciembre de 2025 por supuesta corrupción vinculada a su gestión como ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales entre 2006 y 2019.

La negativa del tribunal obligó a Arce a continuar bajo detención preventiva mientras avanzó la investigación por presuntos delitos económicos. La causa se inició tras denuncias sobre el manejo de fondos estatales y el expediente mantuvo en discusión el período de prescripción, el cálculo del supuesto daño económico y el alcance de las responsabilidades administrativas y penales.

“Nosotros tomamos esta decisión como una vulneración a las leyes, a la Constitución, a los preceptos instaurados en el bloque de convencionalidad y como una afrenta contra los derechos humanos”, señaló el jurista.

Durante la audiencia, celebrada el viernes, la defensa de Arce intentó convencer al juzgado de que la acción penal debía considerarse prescrita. Sostuvo que el hecho investigado ocurrió en 2009 y que ya transcurrieron más de 16 años, por encima del plazo legal de ocho años.

El abogado Fernando Rivadeneyra, representante del exmandatario, calificó la resolución como un “fallo prevaricador” y sostuvo que el magistrado asumió funciones de fiscal al determinar un supuesto daño económico superior a 330 millones de bolivianos (equivalentes entonces a 54,1 millones de dólares), cifra que, según la defensa, no correspondió a la realidad de la causa.

El equipo legal de Luis Arce insistió en que la acusación por “incumplimiento de deberes” y “conducta antieconómica” careció de fundamentos sólidos. Según la defensa, la transferencia de fondos a dirigentes de organizaciones indígenas y campesinas respondió al cumplimiento de una ley aprobada por el Parlamento y de la normativa de funcionamiento del fondo estatal.

En sus declaraciones, Rivadeneyra señaló que el juez no valoró los argumentos de la defensa ni consideró que el monto observado oficialmente nunca superó los 7 millones de bolivianos (alrededor de 1 millón de dólares).

“El juez no ha valorado estos aspectos y, en detrimento de los derechos de Luis Arce, determinó que se tiene que investigar sobre montos que no están directamente individualizados”, denunció Rivadeneyra.

El proceso judicial examinó si el exministro autorizó la transferencia de recursos públicos a cuentas privadas de líderes sociales para financiar proyectos que no se ejecutaron o solo se realizaron parcialmente, como figura en los expedientes oficiales.

Durante el último año, la defensa del exgobernante presentó reiteradas solicitudes para obtener su libertad, todas rechazadas por el tribunal. En junio, la Justicia amplió por cinco meses más la detención preventiva de Arce, quien deberá permanecer recluido hasta noviembre, a la espera de una resolución definitiva sobre su situación procesal.

El entorno del exmandatario consideró este proceso una vulneración a los derechos humanos y una afrenta a los principios constitucionales, e interpretó la decisión como una señal de persecución judicial.

(Con información de EFE)

El Gobierno argentino firmó un nuevo Memorando de Entendimiento sobre Servicios Aéreos con Bolivia, el número 63 en el marco de la política de Cielos Abiertos que impulsa el país desde hace varios años. El instrumento actualiza el entendimiento vigente desde 2022 y moderniza las condiciones de operación entre ambos territorios, con reglas que reordenan la vinculación aerocomercial entre los dos mercados.

El nuevo texto elimina el esquema de frecuencias limitadas que regía hasta ahora entre los dos países. A partir de este acuerdo, las aerolíneas podrán definir libremente la cantidad de vuelos según la demanda real y las condiciones comerciales del mercado, sin techos administrativos previos.

Fin al límite de frecuencias entre ambos países

La eliminación del tope de frecuencias representa el cambio más relevante del memorando. Hasta la firma del nuevo entendimiento, los operadores debían ajustarse a cupos fijos de vuelos semanales, un esquema que limitaba la respuesta ante picos de demanda estacional o comercial entre ambos mercados y dificultaba la planificación de largo plazo de las compañías.

Con la actualización, el criterio pasa a ser exclusivamente comercial. Cada compañía podrá ampliar o reducir su oferta de acuerdo con el comportamiento del tráfico, lo que en la práctica habilita una planificación más flexible tanto para el transporte de pasajeros como para la carga.

Más margen operativo para la carga y el transporte combinado

El acuerdo también liberaliza las operaciones no regulares, incluidas las de carga exclusiva, un punto sensible para el comercio bilateral. Este cambio permite vuelos específicos de mercancías sin sujeción a los itinerarios regulares de pasajeros, algo clave para sectores con necesidades logísticas puntuales.

Asimismo, se habilitan acuerdos de código compartido con líneas aéreas de terceros países, lo que amplía las alternativas de conexión sin necesidad de operar vuelos propios en cada tramo. El texto incorpora, además, mayores libertades operativas para el transporte combinado, que mezcla carga y pasajeros en una misma aeronave.

Otro punto del entendimiento prevé el inicio de negociaciones para un nuevo Acuerdo de Servicios Aéreos que reemplace al vigente desde 1966, una normativa que había quedado desactualizada frente al crecimiento del tráfico aerocomercial regional de las últimas décadas.

Una política que ya suma 63 acuerdos bilaterales

Con la incorporación de Bolivia, la política de Cielos Abiertos argentina alcanza los 63 convenios bilaterales firmados desde su puesta en marcha. El objetivo declarado del esquema es ampliar la conectividad internacional, generar oportunidades para las líneas aéreas y ofrecer más alternativas tanto a pasajeros como a operadores de carga, en un contexto de creciente demanda regional de transporte aéreo.

El modelo elimina restricciones históricas que condicionaban la expansión del sector aerocomercial, y permite que cada compañía module sus operaciones según la competencia del mercado. Esto favorece el ingreso de nuevos operadores, la apertura de rutas y el crecimiento de las economías regionales vinculadas al turismo y al comercio exterior.

Bolivia se suma a un proceso de integración regional más amplio

El acuerdo con Bolivia se da en paralelo a otro proceso de apertura aérea en la región. A mediados de julio, Argentina firmó junto a Brasil, Chile y Paraguay un memorando para iniciar la construcción progresiva de un Cielo Único Sudamericano, orientado a profundizar la desregulación del transporte aéreo entre esos países.

Ese entendimiento contempla el reconocimiento recíproco de todas las libertades del aire definidas por la Organización de Aviación Civil Internacional, incluida la novena libertad, que habilitaría el cabotaje pleno entre los países firmantes en etapas futuras de la iniciativa.

De cara a los próximos meses, la agenda bilateral con Bolivia se concentrará en negociar el reemplazo del acuerdo de 1966, mientras el proceso multilateral con Brasil, Chile y Paraguay avanza hacia una integración aérea más profunda. Ambos caminos apuntan a un mismo horizonte: una región con mayor conectividad, más competencia entre operadores y condiciones más favorables para el comercio exterior y el turismo sudamericano.

El régimen de Nicaragua respondió este jueves a la preocupación expresada por Bolivia sobre el futuro de los procesos electorales en el país centroamericano y defendió su derecho a adoptar decisiones sobre su sistema político y jurídico sin injerencias externas.

La reacción se produjo después de que la Cancillería boliviana cuestionara recientes declaraciones del dictador Daniel Ortega, quien afirmó que en Nicaragua no volverán a celebrarse elecciones como las realizadas hasta ahora.

“Ya quisieran ganar ellos (los opositores) ganar elecciones, pero que se olviden, aquí no volverán a haber elecciones para que no intenten atrapar el Gobierno” manifestó el domingo el dictador Ortega, de 80 años, en un mitin del gobierno para celebrar el aniversario número 47 de la revolución del movimiento sandinista.

Sin embargo, un día después, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, matizó las declaraciones del presidente al señalar que el país sí celebrará comicios, aunque bajo el nuevo marco constitucional aprobado por el oficialismo. Según Porras, las nuevas normas buscan impedir la injerencia extranjera y la participación de quienes el Gobierno considera “traidores a la patria”.

En medio de la controversia por los dichos de Ortega, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia manifestó su “profunda preocupación” y resaltó su compromiso con la democracia representativa y los principios de la Carta Democrática Interamericana.

El Gobierno boliviano recordó que la realización de elecciones “libres, periódicas y transparentes constituye un elemento esencial de la democracia representativa y un pilar del Estado de derecho” e instó a Managua a respetar los compromisos asumidos dentro del Sistema Interamericano.

En respuesta, a través de un comunicado emitido este jueves, la Cancillería nicaragüense sostuvo que las decisiones políticas, económicas y legales corresponden exclusivamente a cada Estado y aseguró que su país no interviene en los asuntos internos de otras naciones. También expresó su respeto hacia Bolivia y destacó los vínculos históricos entre ambos pueblos.

“Nunca nos hemos entrometido en los asuntos propios de otros países, y, asimismo, no nos caracterizamos por discutir el derecho de cada país y cada pueblo a decidir sobre sus caminos en toda circunstancia”, apuntó la Cancillería nicaragüense.

Ortega, exguerrillero, es presidente de Nicaragua desde hace casi 30 años y después de una serie de protestas que desafiaron su gobierno en 2018, ha tomado medidas autoritarias para mitigar la disidencia y la participación activa de la oposición política.

Organizaciones de derechos humanos acusan a su gobierno de haber manipulado anteriores elecciones, perseguido y asesinado disidentes -entre ellos periodistas, religiosos y opositores-, además de desmantelar la institucionalidad del país.

Aunque pocos analistas creen que las elecciones fueran a ser limpias o generar un cambio en el rumbo político del país mientras Ortega se mantenga en el poder, los comicios están previstos para 2027, un año más tarde de lo prometido luego de que la Asamblea Nacional, que está controlada por Ortega, extendiera el mandato del presidente.

La preocupación expresada por Bolivia en relación a la incertidumbre por el proceso electoral está en línea con la posición asumida por otros gobiernos de la región y organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que advirtió sobre el impacto negativo que tendría la suspensión indefinida de las elecciones en el ejercicio de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía nicaragüense.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un financiamiento de 204,2 millones de dólares para modernizar el sistema eléctrico del norte amazónico de Bolivia, una región que depende en gran medida de generación aislada con diésel y que enfrenta limitaciones en el acceso a un suministro estable de energía. Los recursos permitirán ampliar la infraestructura eléctrica, impulsar proyectos de energías renovables e integrar parte del sistema boliviano con la red de Brasil.

El organismo internacional informó que el programa beneficiará directamente a más de 209.000 habitantes de los departamentos amazónicos de Pando y Beni, especialmente en las ciudades de Cobija, Riberalta y Guayaramerín, además de otras comunidades alejadas.

Según el BID, la iniciativa busca ofrecer un servicio eléctrico más confiable, sostenible y de menor costo, al tiempo que reduce la dependencia de combustibles importados para la generación de electricidad.

El financiamiento está compuesto por un préstamo de inversión de 142,2 millones de dólares con recursos ordinarios del BID, un crédito de 60 millones de dólares y una cooperación no reembolsable de 2 millones de dólares provenientes del Fondo de Inversiones del Clima (CIF).

Uno de los componentes centrales del proyecto será la interconexión eléctrica de la ciudad de Cobija, capital del departamento de Pando al norte del país, con el sistema de distribución del estado brasileño de Acre, así como la conexión de los sistemas aislados de Riberalta y Guayaramerín, ambas localidades fronterizas en el departamento de Beni, con la red del estado brasileño de Rondônia. La integración permitirá reemplazar parte de la generación basada en diésel por un suministro que reduzca los costos operativos de importación de combustible y fortalezca la seguridad energética de la región.

El programa también contempla la modernización de las redes de distribución en las tres ciudades y otras mejoras en los sistemas de medición, los centros de control y en ciberseguridad.

El financiamiento forma parte de un paquete de créditos externos que el Gobierno de Rodrigo Paz está negociando con diferentes organismos. El miércoles, la Cámara de Diputados aprobó dos proyectos de ley sobre créditos externos que suman $540 millones de dólares -también otorgados por el BID- y que ahora están en la Cámara de Senadores para su revisión.

De igual forma, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, confirmó el avance de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un crédito de entre 2.500 y 2.800 millones de dólares que podría suscribirse en los próximos días y cuyo primer desembolso llegaría a finales de agosto.

El monto, si bien es significativamente menor a los 5.000 millones de dólares que apuntaba inicialmente el gobierno boliviano, está destinado a reforzar las reservas internacionales del país en un contexto de crisis por la caída de la renta petrolera y el agotamiento de las reservas.

El acceso a los créditos internacionales ha sido uno de los ejes de discusión en Bolivia desde que se agudizó la crisis económica a inicios de 2023.

Si bien el presidente Paz había descartado inicialmente solicitar créditos internacionales -bajo el argumento de que “si no se roba, el dinero alcanza”-, desde el principio de su mandato ha gestionado créditos con diferentes organismos para obtener recursos externos y ha logrado la aprobación de proyectos de financiamiento heredados de la gestión anterior.

Según un informe del Banco Central de Bolivia (BCB) hasta el 20 de junio de este año, la deuda externa pública boliviana llegó a los 14.357,7 millones de dólares, equivalentes al 26,5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

La incautación de un cargamento oro destinado a ser exportado de manera presuntamente ilegal genera polémica en Bolivia. En las últimas horas, se difundió que el peso reportado por las autoridades era menor al incautado y que se liberó a cinco de seis personas arrestadas inicialmente.

Según el reporte oficial, la madrugada del miércoles se encontraron 189 kilos de oro -valuados en casi 25 millones de dólares- en cuatro maletas que iban como parte del equipaje de un vuelo chárter con destino a Dubái. En el embarque, el responsable del vuelo privado constató irregularidades en la documentación física cuyo código de registro no tenía respaldo digital.

Horas más tarde, la Aduana Nacional difundió un comunicado confirmando que el cargamento no contaba con registro para la exportación y el caso derivó en la aprehensión del joven de 22 años, identificado como Adrián L. R., que llevaba las maletas.

Sin embargo, medios de prensa locales reportaron que el pesaje inicial sumaba 211 kilos, 22 más que los reportados por las autoridades y cuyo valor ronda los tres millones de dólares. De igual forma, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Jhonny Coca, indicó que inicialmente se arrestó a otras cinco personas, que después de su declaración informativa, en coordinación con el Ministerio Público, se las dejó en libertad.

En ese contexto, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, pidió un informe cronológico de los hechos, actas de requisa, registros de secuestro, los argumentos para la liberación de cinco involucrados y la cantidad real de oro comisado por la Policía.

“Pedimos que se informe las causas para la liberación de los cinco implicados y si hubiera responsabilidad sean puestos a disposición del Comando General de la Policía Boliviana”, manifestó Oviedo.

El ministro también solicitó “información con documentación verificable de la cantidad real del oro que fue comisado por la Policía” debido a que “efectivamente se ha reportado que serían algunos kilos encima” y afirmó que el caso está en investigación.

Héctor Córdova, experto en minería, señaló la logística que requiere movilizar la cantidad de oro a esa escala hace poco probable que esté en manos de una sola persona. “Todo parece indicar que hay una organización que maneja todo esto, para coordinar los vuelos, manejar el embalaje del oro, emitir un documento falsificado y sobrepasar otros mecanismos de control”, manifestó en entrevista con el programa televisivo No Mentirás.

A dos días de haberse revelado el caso y mientras se desarrollan las investigaciones, el oro permanece incautado y el implicado espera su audiencia cautelar por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, venta ilegal de recursos minerales y contrabando, por los cuales la Fiscalía adelantó que pedirá 180 días de detención preventiva.

El caso se produjo semanas después de otro hallazgo en el mismo aeropuerto. A comienzos de julio, la Aduana Nacional de Bolivia informó sobre la retención del equipaje de un pasajero procedente de Miami, Estados Unidos, luego de que un escáner detectara imágenes compatibles con mercancía sujeta a control. Según el reporte oficial, el viajero declaró mediante una factura que transportaba repuestos.

Dos días después, un representante se presentó para retirar la carga. Durante la apertura del equipaje para realizar el inventario, funcionarios aduaneros comprobaron que el contenido no correspondía a repuestos, sino a partes y accesorios para armas de fuego de grueso calibre ocultos entre otros artículos.

Tras estos dos casos, varios legisladores exigen investigaciones exahustivas, reforzar los controles en los aeropuertos y una reestructuración de instituciones como la Aduana, la Policía y otras entidades de control, al considerar que ambos casos evidencian posibles redes de corrupción y fallas en los mecanismos de fiscalización.

El ministro de Economía de Bolivia, José Gabriel Espinoza, confirmó el avance de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un financiamiento de entre 2.500 y 2.800 millones de dólares. Según la autoridad, entre agosto y septiembre se podría realizar el primer desembolso.

“Estamos trabajando en los últimos detalles con el FMI”, afirmó Espinoza en entrevista con el programa Asuntos Centrales y señaló que si bien no puede fijar una fecha, “estamos a días del anuncio formal”.

El monto es significativamente menor que el que buscaba inicialmente el Gobierno de Rodrigo Paz. En mayo, durante una sesión del Consejo Económico y Social instalado en medio de las protestas contra su gestión, el primer mandatario señaló que se estaba negociando un programa de créditos por cerca de USD 5.000 millones, con el objetivo de financiar proyectos destinados a organizaciones sociales, emprendedores, transportistas y agricultores. La diferencia supone entre un 44% y 50% menos de la expectativa inicial de Bolivia.

Sin embargo, para el ministro de Economía, el acuerdo con el FMI abrirá a otras entidades de financiamiento externo para reforzar las reservas internacionales del país en un contexto de crisis por la caída de la renta petrolera y el agotamiento de las reservas.

El Gobierno ha negado en varias oportunidades que existan condicionamientos fuera de su plan de Gobierno para acceder al crédito del FMI. Días atrás, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, señaló que “el acuerdo viene sin ninguna condición más allá de lo que es nuestro programa, igual lo haríamos con o sin el fondo”, afirmó y agregó que “con ellos es más fácil porque es con plata”.

Entre las medidas que destacó Lupo mencionó la reducción del déficit fiscal, la unificación del régimen cambiario -que se implementó a finales de junio- y una nueva política de tasas de interés.

En paralelo a las negociaciones del Gobierno con el FMI, la Cámara de Diputados trató este miércoles dos proyectos de ley sobre créditos externos que suman $540 millones de dólares. Ambos financiamientos fueron otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y pasaron a la Cámara de Senadores para su revisión.

De concretarse los tres créditos, la deuda externa boliviana se incrementaría significativamente pero se mantendría dentro del margen recomendado. Según un informe del Banco Central de Bolivia (BCB) hasta el 20 de junio de este año, la deuda externa pública boliviana llegó a los 14.357,7 millones de dólares, equivalentes al 26,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

La institución indicó que el saldo de la deuda respecto al PIB del país “muestra un nivel sostenible, situándose en 26,5 %” y está “por debajo de los umbrales establecidos por organismos internacionales del 40 %”.

Los principales acreedores multilaterales de Bolivia son el BID, con el que la deuda a junio alcanzó 4.372,4 millones de dólares; el Banco de Desarrollo de América Latina CAF, con 3.293,6 millones; el Banco Mundial, con 1.718,9 millones, y el Fonplata, con 441,2 millones.

Respecto a los países, China es el principal acreedor bilateral de Bolivia con 1.090,3 millones de dólares, y le siguen Francia, con 666,5 millones; Alemania, con 90,2 millones; Corea del Sur, con 31,7 millones; Italia con 10,9 millones y España, con 8,9 millones, entre otros.

Según el reporte, la deuda con los organismos multilaterales alcanza el 70,4 % del total y los acreedores bilaterales representan el 13,3 %.

Las autoridades bolivianas investigan un presunto intento de exportación irregular de 189 kilogramos de oro con destino a Dubái, luego de que el cargamento fuera detectado la madrugada del miércoles en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en el departamento de Santa Cruz, durante los controles previos a la salida de un vuelo chárter.

Según el informe de la Policía, el cargamento estaba distribuido en cuatro maletas y fue retenido después de que funcionarios del aeropuerto encontraran inconsistencias en la documentación presentada para autorizar la exportación.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Jhonny Coca, explicó que la alerta surgió cuando el código QR de los documentos físicos no pudo ser validado por el sistema, lo que motivó una revisión más exhaustiva.

En horas de la tarde, la Aduana Nacional informó en un comunicado que el cargamento no tenía registro legal de exportación y agregó que el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) —organismo responsable de supervisar la comercialización y exportación de minerales en Bolivia— reportó como inválido uno de los formularios.

En el marco de las investigaciones, la fuerza anticrimen arrestó a un joven de 22 años, que era encargado de realizar los trámites para la exportación, mientras que las demás personas que viajarían en la aeronave no fueron detenidas y, por el momento, no figuran como investigadas en el caso.

De confirmarse la irregularidad en la documentación presentada, se trataría de un tráfico ilegal de minerales, según el jefe policial, quien explicó que la carga de oro pertenece a una empresa legalmente establecida y fue trasladada desde La Paz por una empresa de seguridad privada.

Tomando como referencia el precio actual del oro (131,60 USD por gramo), el valor del cargamento retenido ronda los 25 millones de dólares, lo que sugiere que se trata de una operación de gran escala que se inserta en un contexto de preocupación por el aumento del comercio ilegal de minerales en Bolivia.

En los últimos años, centros de investigación han advertido que una parte significativa del oro extraído en Bolivia se vende fuera del país por vías ilegales, aunque no existe una cifra oficial consolidada debido a la naturaleza clandestina de esta actividad.

El incremento del precio internacional del oro, que alcanzó niveles récord durante el último año, además de la escasez de divisas en Bolivia y las dificultades para garantizar la trazabilidad de la producción, han impulsado este fenómeno y convertido al oro en un elemento útil para movilizar grandes sumas de dinero.

Frente a este panorama, el Estado aprobó en 2023 una ley para que el Banco Central de Bolivia compre oro destinado a fortalecer las reservas internacionales y estimular su comercialización por canales formales. Sin embargo, analistas sostienen que los incentivos económicos para el comercio ilegal persisten mientras continúen los elevados precios internacionales y la demanda global.

En ese contexto, el hallazgo reciente en el aeropuerto de Viru Viru ha vuelto a poner en debate la capacidad de las autoridades para controlar la cadena de comercialización del oro y prevenir tanto la extracción como la exportación ilegal del metal.

Bolivia mantiene la esperanza de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) valide su plan de recuperación económica y libere recursos que el país considera determinantes para estabilizar sus cuentas y reforzar sus reservas.

El Gobierno boliviano, a través del ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, confirmó en una entrevista con un medio local que el país está a las puertas de un acuerdo con el FMI por una financiación de entre USD 2.500 y 2.800 millones, con el objetivo de apoyar el programa de estabilización fiscal y fortalecer el Banco Central.

El ministro detalló que las primeras transferencias del FMI llegarán a principios de septiembre y se destinarán íntegramente al refuerzo de reservas internacionales, en un contexto marcado por la escasez de divisas.

“Hemos venido tomando medidas que han sido aplaudidas por el Fondo, en gran medida porque forman parte de un plan y de un programa que está pensado para los próximos 3 o 4 años”, afirmó Espinoza a la agencia EFE.

El ministro explicó que la validación del FMI no solo implica el acceso a los recursos, sino también el respaldo al plan económico que el Ejecutivo puso en marcha tras 15 años de un régimen cambiario fijo. Desde finales de junio, Bolivia adoptó un tipo de cambio flexible y eliminó la subvención de los combustibles, que rigió por más de dos décadas, además de reducir el gasto público, eliminar la financiación monetaria del déficit fiscal y ordenar el mercado cambiario.

La transición a un tipo de cambio único y flexible permitió que la cotización del dólar subiera progresivamente desde los 9,73 hasta los 11 bolivianos, cifra fijada este miércoles. El ajuste generó inquietud en sectores productivos, aunque Espinoza aseguró que la devaluación se situó entre el 10 y el 12%, lejos de las caídas más abruptas que experimentaron economías vecinas.

Por su parte, el presidente Rodrigo Paz señaló que “ya se han asumido acuerdos con el FMI” que se anunciarán de manera oficial en los próximos días, mientras que el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, calificó la participación del organismo como “indispensable” para reconducir la economía boliviana.

Espinoza precisó que el acuerdo prevé “desembolsos con cierta frecuencia del Fondo” y que el crédito de apoyo presupuestario “va a terminar quedándose en el Banco Central”, con el objetivo de lograr un nivel sostenible del déficit fiscal hasta 2029.

Las protestas sociales que se extendieron durante más de 50 días entre mayo y junio impactaron el ritmo de recuperación. Bolivia comenzó el año con señales de mejora: entre enero y abril, el país registró un superávit fiscal cercano al 0,5% y una balanza comercial positiva superior a los USD 1.300 millones, impulsada por la minería. Sin embargo, los bloqueos y la demanda de renuncia del presidente Paz frenaron el descenso de la inflación, que en 2025 superó el 20%.

Como resultado, el Gobierno prevé para 2026 una contracción económica de entre el 0,7 y el 1% del PIB, una inflación que podría ubicarse alrededor del 9% y un déficit fiscal del mismo porcentaje.

(Con información de EFE y Reuters)

La Justicia de Bolivia sustituyó la detención preventiva por arresto domiciliario para Tatiana Marset Alba, media hermana del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien enfrenta un proceso penal por presuntos vínculos con la organización criminal atribuida a su familiar.

La decisión fue adoptada durante una audiencia judicial celebrada este martes en Santa Cruz de la Sierra, en la que el tribunal dispuso que la mujer, de 22 años, cumpla detención preventiva de 20:00 a 06:00 con custodia policial y se presente ante el Ministerio Público una vez por semana.

Desde su encarcelamiento en la cárcel de Palmasola en marzo de este año, su defensa había solicitado en reiteradas ocasiones la modificación de la medida cautelar, bajo el argumento de que padece problemas de salud. En mayo, la joven fue trasladada desde la prisión a un hospital por un cuadro compatible con pancreatitis y, luego de recibir atención médica, regresó al penal.

La Fiscalía boliviana la investiga por los presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas y otros cargos vinculados a la supuesta estructura criminal liderada por su medio hermano. Tras conocerse la resolución del juez, el Ministerio Público presentó una apelación.

La joven fue detenida la madrugada del 13 de marzo durante el operativo policial en el que se logró la captura del capo uruguayo, considerado uno de los presuntos líderes del narcotráfico más buscados en la región y por quien el Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de dos millones de dólares.

Inmediatamente después de ser capturado, Marset fue trasladado al Aeropuerto Internacional de Viru Viru, donde fue puesto a disposición de los agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, quienes lo llevaron a ese país en el que ahora enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de dinero.

Tras la captura, las autoridades bolivianas desplegaron una serie de operativos en Santa Cruz y otras regiones del país para desarticular la presunta red criminal vinculada al uruguayo. Los allanamientos permitieron el secuestro de vehículos, dinero en efectivo, armas, documentación y otros bienes que forman parte de las investigaciones por presunto lavado de dinero y narcotráfico.

En el marco de esas acciones también fueron detenidas varias personas, entre ellas familiares, colaboradores y presuntos integrantes de la organización, quienes enfrentan procesos por delitos como legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa y confabulación.

La sustitución de la detención preventiva de Tatiana Marset se produce en medio de cuestionamientos sobre el presunto favorecimiento de la Fiscalía boliviana para la liberación de otra hermana, Jimena Katherin Marset Cabrera, quien fue detenida en Madrid, España, en junio del año pasado.

Según publicaciones recientes de la prensa local, Marset Cabrera fue liberada ese mismo día gracias a un sobreseimiento emitido por la comisión de fiscales bolivianos bajo el argumento de que las pruebas eran insuficientes para fundamentar la acusación.

La mujer, de 25 años, estaba en la lista de investigados de la red criminal liderada por el capo uruguayo. Según las investigaciones preliminares, vivía en la misma vivienda que la familia de Sebastián Marset y se presume que era quien se encargaba de comprar inmuebles y vehículos para la organización criminal. Huyó del país en el operativo de captura fallido contra el narcotraficante en el año 2023.

Las autoridades bolivianas aprehendieron este martes a un hombre acusado de haber provocado uno de los incendios forestales que afectan al departamento de Tarija, en el sur del país.

El sospechoso fue arrestado por su presunta participación en el incendio registrado en la zona de Sella Quebrada, a unos 19 kilómetros de la ciudad capital. Según el reporte policial, la aprehensión se produjo luego de que los investigadores reunieran pruebas que lo vinculan con el inicio del fuego.

Las autoridades señalaron que el caso continúa en etapa de investigación y que el aprehendido será puesto a disposición de la Justicia para que se determine su situación jurídica. “Los incendios no pueden quedar impunes y seguiremos actuando con firmeza para defender a Tarija”, afirmó el alcalde Jhonny Torrez, que agradeció el apoyo de los comunarios en la captura del sospechoso.

En tanto, la Gobernación de Tarija declaró emergencia departamental debido a los múltiples incendios que afectan a comunidades colindantes con la ciudad. “Pareciera que en los últimos días Tarija ha sido bombardeada por el fuego”, afirmó la gobernadora María René Soruco, quien decretó la emergencia para agilizar la movilización de recursos para las tareas de combate al fuego y atender a las comunidades afectadas.

Los incendios iniciaron el pasado jueves en medio de condiciones climáticas adversas, marcadas por fuertes vientos y una de las sequías más intensas de los últimos años, que han favorecido la propagación de las llamas.

El presidente Rodrigo Paz, con fuertes vínculos familiares y políticos con Tarija, señaló que existen indicios de que algunos de los incendios habrían sido provocados y pidió que se investigue el caso, pese a que el Ministerio Público ya tiene abiertos cuatro casos para establecer responsabilidades e identificar a los autores de las quemas.

Las pesquisas se desarrollan en paralelo a las labores de extinción en medio de dificultades de acceso al agua y al combustible para el traslado de brigadas, además de la precariedad de insumos y equipamiento de bomberos y voluntarios, lo que expone la capacidad limitada del Estado para responder a este tipo de emergencias.

En ese contexto, en los últimos días surgieron campañas de donación de materiales, medicamentos, alimentos, barbijos y otros insumos para abastecer a bomberos y comunarios que combaten el fuego, mientras se movilizó un equipo de 70 personas desde una localidad fronteriza para reforzar las tareas.

En los últimos diez años, los incendios forestales se han convertido en un fenómeno recurrente en Bolivia, usualmente entre julio y octubre, cuando la sequía y los vientos favorecen la propagación del fuego.

Diversos estudios académicos y de organizaciones ambientales coinciden en que la mayoría de los focos no se originan de manera natural, sino por actividades humanas. Entre las principales causas se identifican las quemas para la preparación de cultivos, la expansión de la frontera agrícola, la distribución de predios en zonas rurales y procesos de ocupación irregular de tierras para economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.

Las investigaciones también señalan que todo esto ocurre amparado en un marco normativo —que localmente se denomina “leyes incendiarias”— que ha facilitado estas prácticas mediante autorizaciones para desmontes y quemas, mientras las sanciones por incendios ilegales son leves y su aplicación suele ser deficiente.

Los incendios recientes han reactivado el debate sobre la falta de acciones estatales para la abrogación de las leyes que promueven el desmonte y las quemas, además del endurecimiento de sanciones contra los responsables.

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, informó que el Estado boliviano ha identificado a 26 ciudadanos bolivianos vinculados al Ejército de la Federación Rusa, en el marco de la ofensiva bélica contra Ucrania. Aramayo señaló que estos casos están en seguimiento para brindar asistencia a través de la representación diplomática en ese país.

Según el informe presentado por el canciller, uno de ellos falleció, cuatro permanecen heridos en hospitales de campaña, uno fue repatriado al país y los 20 restantes tienen contratos activos con las fuerzas rusas.

Si bien el caso de bolivianos reclutados para el ejército ruso estalló en julio con la denuncia pública de familiares de dos jóvenes que presuntamente habían fallecido en combate, el canciller Aramayo señaló que conocían estos casos desde noviembre del año pasado y que se está realizando seguimiento.

“Desde noviembre de 2025, es decir, apenas ingresamos a la Cancillería, tomamos conocimiento de este tipo de hechos y hemos tomado acciones a través de la vía consular y diplomática”, afirmó en conferencia de prensa.

Como parte de estas gestiones, mencionó que entre el 6 y el 9 de junio de 2026 una misión consular fue enviada a Donetsk para verificar la situación de uno de los ciudadanos bolivianos y gestionar su renuncia a las Fuerzas Armadas rusas.

Posteriormente, el 17 de julio, sostuvo una reunión extraordinaria con el embajador de Rusia en Bolivia, Dmitry Verchenko, en la que se estableció “un canal directo” de comunicación para dar seguimiento a los demás casos.

En relación con las denuncias de reclutamiento mediante engaños, el canciller informó que la investigación está en manos de las instancias judiciales que determinarán si hubo delitos vinculados con la captación de personas.

En la misma jornada, la Asociación Departamental de Derechos Humanos de Santa Cruz, denunció que al menos nueve indígenas chiquitanos fueron reclutados para unirse al ejército ruso mediante engaños y ofertas laborales falsas en el área de jardinería, construcción, limpieza y seguridad.

Víctor Hugo Velasco, presidente de la asociación, informó en una entrevista en la Radio Fides que presentó el caso ante instancias internacionales porque “constituyen un delito de lesa humanidad y de trata y tráfico de personas”.

El caso se destapó hace un par de semanas, cuando los familiares de Iván Valdivia y José María Soleto, de 28 y 29 años respectivamente, denunciaron públicamente que habían sido reclutados en mayo para unirse al Ejército ruso y que habían recibido una notificación de su muerte.

Tras darse a conocer el caso, la Fiscalía inició investigaciones de oficio y se logró la aprehensión de tres personas presuntamente vinculadas a Amador M.A., principal sospechoso de encabezar la red de reclutamiento en Santa Cruz, quienes fueron enviadas a la cárcel de Palmasola con detención preventiva.

En los operativos se allanó una vivienda en la que presuntamente se alojaban las víctimas antes del viaje a Moscú y se decomisaron más de 50 pasaportes, lo que refuerza las sospechas sobre la existencia de una organización criminal operando en el país.

En tanto, la Policía mantiene la búsqueda de Amador M. A., quien se presume que huyó a Brasil tras el inicio de la investigación.

El Gobierno de Rodrigo Paz informó el martes que tiene registro de 26 casos de ciudadanos bolivianos vinculados a las Fuerzas Armadas de Rusia, en el contexto de las investigaciones de la Fiscalía por presunto reclutamiento para la guerra contra Ucrania.

El canciller Fernando Aramayo detalló que 20 bolivianos mantienen contratos activos, cuatro se encuentran heridos y hospitalizados, uno falleció y otro fue repatriado exitosamente a Bolivia. De los heridos, uno está en proceso de desvinculación militar.

Aramayo indicó que el Ministerio de Exteriores tomó acciones consulares y diplomáticas para atender cada caso desde que Rodrigo Paz asumió la Presidencia en noviembre pasado. Entre las gestiones, mencionó el envío de una misión consular a Donetsk, Ucrania, para verificar la situación de un boliviano y gestionar su renuncia a las Fuerzas Armadas rusas, además de asistirlo en su atención médica.

El canciller señaló que el pasado viernes mantuvo una reunión extraordinaria con el embajador de Rusia en Bolivia, Dimitri Vérchenko, en la que se estableció una hoja de ruta bilateral y un canal directo de información para dar seguimiento a estos casos. Aramayo agregó que las investigaciones judiciales corresponden a posibles delitos relacionados con el reclutamiento o intermediación para captar personas con fines bélicos.

“Naturalmente, hemos presentado un conjunto de notas verbales para poder solicitar no solamente información sobre localización y también lograr dar asistencia técnica y en algunos casos, según correspondía, lograr gestionar la desvinculación de ciudadanos bolivianos”, sostuvo Aramayo.

El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, confirmó que existen cuatro investigaciones en desarrollo en tres regiones del país por el presunto delito de “trata de personas con fines de reclutamiento para participación en conflictos bélicos”. En uno de los casos, un juez ordenó el encarcelamiento preventivo de tres personas detenidas en Santa Cruz, vinculadas a un hombre identificado como Amador M.A. (quien se encuentra prófugo de la Justicia), principal investigado por el supuesto reclutamiento en esa región.

La primera persona detenida en el marco de la investigación fue L.A.V., yerno del principal sospechoso. El arresto se realizó en un inmueble de la avenida Piraí, en Santa Cruz de la Sierra, señalado como posible alojamiento temporal de las personas reclutadas antes de su traslado a Rusia. L.A.V. declaró que desconocía el paradero de su suegro y aseguró haberse enterado de las actividades imputadas “por los medios de comunicación”.

Posteriormente, agentes del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (Daci) allanaron otra vivienda en la zona de la Pampa de la Isla, donde arrestaron a dos presuntos hermanos del principal investigado, identificados como R.C.A. y E.M.A. En el lugar, los investigadores hallaron un bolso con aproximadamente 50 pasaportes, documentos relevantes para la investigación y un vehículo que fue incautado.

La Fiscalía señaló que las investigaciones surgieron tras denuncias públicas sobre presuntas redes que ofrecían oportunidades laborales en el extranjero, pero que en realidad buscaban reclutar ciudadanos bolivianos para conflictos armados fuera del país. La Embajada rusa en Bolivia negó cualquier vínculo con el reclutamiento y rechazó categóricamente las acusaciones por carecer de fundamento.

El caso se hizo público la semana pasada luego de que los familiares de Iván Valdivia y José María Soleto denunciaran que ambos viajaron a Rusia tras aceptar una oferta laboral que prometía salarios de hasta 20.000 dólares, pero fueron reclutados para combatir en la invasión rusa iniciada en 2022. Los familiares perdieron contacto con los jóvenes el 3 de junio y posteriormente recibieron información de que habrían muerto en el frente de combate. La familia solicitó a las autoridades investigar la posible existencia de una red de captación de personas y brindar ayuda para la repatriación de los cuerpos.

(Con información de EFE)

Varias organizaciones de comerciantes, microempresarios y artesanos de Bolivia exigen al Gobierno una política de estabilización del dólar frente al alza sostenido registrado en las últimas semanas. Según su denuncia, el consecuente encarecimiento de los insumos importados está afectando la producción y sostenibilidad de los pequeños negocios.

El reclamo se produce menos de un mes después de la flexibilización del mercado cambiario tras 15 años de un tipo de cambio fijo. El 29 de junio, la administración del presidente Rodrigo Paz liberó la cotización de la divisa y fijó un tipo de cambio inicial de 9,73 bolivianos, un 40% más alto que los 6,96 fijos desde 2011.

A partir de entonces, la moneda ha registrado un incremento sostenido y este martes se cotiza en 10,75 bolivianos.

En ese contexto, los sectores demandan al Gobierno medidas para contener la escalada del tipo de cambio y frenar el incremento de los costos de operación.

La presidenta de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Helen Rivero, sostuvo que los productores enfrentan dificultades para mantener sus operaciones debido al incremento de los costos y que muchas pequeñas empresas han absorbido parte del alza para evitar una caída mayor de las ventas. Sin embargo, advirtió que esa estrategia amenaza la sostenibilidad de los negocios y podría provocar la reducción de la producción o el cierre de algunos emprendimientos.

La dirigente de la Confederación Nacional de Gremiales, Mercedes Quisbert, informó que el miércoles tendrán una reunión con el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, y advirtió con movilizaciones si no logran una respuesta sobre la “estabilización” del dólar, pese a que está vigente un estado de excepción que restringe temporalmente las concentraciones y protestas para preservar el orden público.

“Esto se está poniendo muy difícil y nos afecta a todos los bolivianos porque todo se trae de otros países; todo llega de otros países como China”, manifestó Quisbert en una rueda de prensa con otros dirigentes sindicales.

Si bien desde la flexibilización cambiaria se registró un incremento sostenido de la cotización del dólar en el mercado oficial, el encarecimiento de la divisa no es un fenómeno reciente en Bolivia.

Desde hace más de tres años, el país enfrenta dificultades para acceder a dólares debido a la caída de la renta petrolera y el agotamiento de las reservas internacionales, lo que impulsó el surgimiento de un mercado paralelo en el que la divisa llegó a cotizarse en torno a los 20 bolivianos en el momento de mayor tensión, en mayo de 2024. Durante todo ese tiempo, se restringieron las transacciones bancarias y se limitó el retiro de ahorros bancarios en dólares.

Aunque el nuevo régimen cambiario eliminó la brecha entre ambas cotizaciones —la que era oficial y la paralela—, el mayor costo de la moneda estadounidense incrementa algunas tasas y el precio de bienes e insumos importados.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, pidió a la población no alarmarse con la tendencia al alza de la divisa y afirmó que se debe tomar el cambio con “naturalidad”.

“Hoy por hoy está subiendo un par de puntos, pero en la medida en la que se tenga el ingreso de los dólares de los exportadores y se consoliden medidas en las que se está trabajando con los financiadores, debería haber un proceso inverso”, afirmó Gálvez ante los medios.

El ministro Espinoza aseguró el 10 de julio que en “las próximas dos o tres semanas” el dólar se estabilizará gracias a la liquidación de divisas del sector exportador. Sin embargo, el cumplimiento de esa previsión dependerá, entre otros factores, de la confianza de los exportadores en el Banco Central y sistema financiero del país para repatriar sus dólares.

Los incendios forestales que afectan al departamento boliviano de Tarija, en el sur del país, continúan expandiéndose por quinto día consecutivo y han alcanzado comunidades cercanas a la capital, mientras los fuertes vientos dificultan las tareas de extinción y ponen a prueba la capacidad de respuesta del Estado.

Uno de los frentes más críticos se encuentra en la comunidad del Rincón de la Victoria, a unos 12 kilómetros de la ciudad, donde las llamas descendieron hacia zonas pobladas, mientras otros focos permanecen activos en comunidades como Quirusillas, Erquiz Ceibal, Obrajes, Cadillar y La Victoria.

El Gobierno desplegó este lunes dos helicópteros de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) para realizar descargas de agua y reforzó las operaciones con militares y bomberos, pero las condiciones meteorológicas han limitado la efectividad de las labores. Los vientos de hasta 70 km/h, el terreno montañoso y la sequía han impulsado los múltiples focos de incendio y han obligado a distribuir recursos entre los distintos puntos.

Los incendios en Tarija forman parte de una emergencia más amplia que también afecta a los departamentos de Santa Cruz (este) y Cochabamba (centro), donde las altas temperaturas y la baja humedad favorecen la propagación del fuego.

En Santa Cruz, los dos focos de incendio se concentran cerca de la frontera con Brasil y se calculan más de 21 mil hectáreas afectadas. En una reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental, el gobernador Juan Pablo Velasco cuestionó el esquema de financiamiento para las autonomías.

“No podemos cuidar más de 15 millones de hectáreas de áreas protegidas con recursos tan limitados”, señaló Velasco, quien explicó que la Gobernación de la región más extensa y poblada del país percibe el 0,4% del Presupuesto General del Estado, equivalente a 210 millones de dólares, de los cuales puede “decidir” unos 70 millones.

En Cochabamba un incendio se reactivó en la comunidad de Liriuni, a 28 kilómetros de la ciudad. Según el informe de la Gobernación, hasta ayer se habían consumido más de 100 hectáreas de vegetación.

En las tres regiones, los bomberos y voluntarios enfrentan una serie de dificultades que exponen la limitada capacidad de respuesta del Estado. Bomberos y comunarios denuncian desde falta de equipamiento hasta combustible para trasladar a las brigadas a las zonas de emergencia.

En los últimos diez años, los incendios forestales se han convertido en un fenómeno recurrente en Bolivia durante la estación seca, especialmente entre julio y octubre, cuando las altas temperaturas, la baja humedad y los vientos favorecen la rápida propagación del fuego.

Diversos estudios académicos y de organizaciones ambientales coinciden en que la mayoría de los focos no se originan de manera natural, sino por actividades humanas. Entre las principales causas identifican la expansión de la frontera agrícola y ganadera así como la distribución de predios en zonas boscosas que, según especialistas, ha favorecido intereses sectoriales y ha coincidido con procesos de ocupación irregular de tierras.

Las investigaciones también señalan que los avasallamientos asociados a economías ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal, contribuyen a la deforestación y al uso indiscriminado de quemas para consolidar el control territorial. Todo esto bajo un marco normativo —que localmente se conoce como “leyes incendiarias”— que ha facilitado estas prácticas mediante autorizaciones para desmontes y quemas, mientras las sanciones por incendios ilegales son leves y su aplicación suele ser deficiente.

Bolivia registra en los últimos días múltiples incendios forestales en los departamentos de Santa Cruz, en el este del país, y Tarija, en el sur, donde las labores para apagar el fuego se han visto complicadas por dificultades en el abastecimiento de agua y diésel para las brigadas de emergencia.

En el departamento de Santa Cruz, las autoridades informaron que los principales incendios se localizan en el Parque Nacional Otuquis, donde unas 2.538 hectáreas resultaron afectadas, además de focos en los municipios de Pailón y Porongo, distantes a 50 y 20 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra. También se monitorea un nuevo foco de calor en el municipio de San Matías, cerca de la frontera con Brasil.

El vocero de la Gobernación, Marcelo Schrup, señaló a los medios locales que las tareas de combate enfrentan limitaciones por la escasez de agua y combustible, aunque indicó que se recibieron donaciones para apoyar las operaciones.

En Tarija, el fuego inició el viernes y se propagó hasta la madrugada del lunes por los fuertes vientos, afectando a comunidades rurales del municipio de San Lorenzo, distante a 15 kilómetros de la capital. En tanto, en la ciudad, en el barrio residencial de Miraflores, el domingo por la tarde los vecinos ayudaron a apagar un incendio en un área verde de aproximadamente dos kilómetros.

Si bien esos focos fueron controlados, la mañana de este lunes la Alcaldía informó de otros puntos cerca de la ciudad, en las localidades de Pinos Sud y Sella. “No puede ser una coincidencia que tengamos tantos incendios a la vez; está ocurriendo algo”, afirmó en conferencia de prensa el alcalde Jhonny Torrez.

La autoridad municipal pidió a la Policía iniciar una investigación y reformar las leyes y normas que rigen el manejo del fuego para fines agrícolas. “Apagamos un incendio y comienza de inmediato otro en otra parte; estamos altamente preocupados (…) el daño es grande”, afirmó Torrez.

Luego de haber realizado un sobrevuelo en la zona de incendios el domingo, los ministros de Defensa y Obras Públicas, Ernesto Justiniano y Mauricio Zamora, informaron el inicio de las investigaciones para identificar a los responsables de haber quemado tierra, en una práctica de cultivo que localmente se denomina “chaqueo”.

Bolivia ingresa cada año, entre julio y octubre, a la temporada de mayor riesgo de incendios forestales, cuando las condiciones de sequía y los vientos coinciden con las quemas agrícolas utilizadas para preparar los terrenos de cultivo.

En 2024, Bolivia sufrió la peor emergencia por incendios forestales de su historia, con 12,6 millones de hectáreas afectadas, según una investigación de la Fundación Tierra. La superficie quemada equivale a la de Grecia o Nicaragua.

Según las investigaciones de la organización, además de las quemas agrícolas hay otros factores que inciden en la recurrencia de los incendios forestales, como la expansión de la frontera agrícola y pecuaria, la distribución de tierras para favorecer intereses sectoriales y los avasallamientos vinculados a actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.

A estos fenómenos se suma un compendio normativo permisivo con los chaqueos y desmontes que los críticos en Bolivia denominan “leyes incendiarias”, aprobadas entre 2013 y 2019 durante el Gobierno de Evo Morales. Este marco jurídico dio legalidad a las quemas y deforestación, bajo ciertas condiciones, para la expansión agrícola.

Este año, las autoridades emitieron alertas rojas por los fuertes vientos y advirtieron que algunas quemas se realizaron pese a las restricciones, lo que podría derivar en sanciones.

El Gobierno de Bolivia considera que alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es una condición “indispensable” para resolver el déficit fiscal y reforzar la estabilidad económica del país, afirmó el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, en medio de las negociaciones que el Ejecutivo mantiene con el organismo multilateral para obtener respaldo financiero.

“Para resolver el tema del déficit y el financiamiento del déficit, es indispensable un acuerdo con el Fondo (Monetario Internacional)”, afirmó el ministro en una entrevista en el programa Maggy Talavera de Radio Marítima. Agregó que el acceso a liquidez mediante un convenio con el organismo permitiría “garantizar la estabilidad cambiaria y la estabilidad financiera”.

Las declaraciones se producen después de que el presidente Rodrigo Paz y el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, confirmaran que el Gobierno negocia un posible acuerdo de respaldo financiero con el FMI, aunque hasta el momento no han trascendido los montos, condiciones ni plazos que se están discutiendo.

Lupo explicó que el Ejecutivo prepara un programa de políticas macroeconómicas que, según dijo, responde a una estrategia diseñada por el propio Gobierno y no a exigencias del organismo internacional. Entre las principales medidas mencionó la reducción del déficit fiscal, la unificación del régimen cambiario que se implementó a finales de mayo y una política de tasas de interés que contribuya a estabilizar la economía.

El ministro sostuvo que las condiciones asociadas a un eventual acuerdo coinciden con los objetivos económicos ya definidos por la administración de Paz. “El acuerdo viene sin ninguna condición más allá de que es nuestro programa, igual lo haríamos con o sin el fondo“, afirmó el ministro y agregó que “con ellos es más fácil porque es con plata”.

Según Lupo, un acuerdo con el FMI también facilitaría el acceso a financiamiento de otros organismos multilaterales, en condiciones más favorables para el país. Añadió que será el Ministerio de Economía el encargado de presentar los detalles del programa económico, el nivel de endeudamiento previsto y las condiciones específicas si se firma el convenio con el organismo internacional.

Durante más de una década, Bolivia fue considerada una de las economías de mejor desempeño de América Latina gracias al crecimiento impulsado por las exportaciones de gas natural. Sin embargo, ese modelo comenzó a mostrar signos de agotamiento con la caída de la producción de hidrocarburos, la reducción de los ingresos por exportaciones y el aumento sostenido del déficit fiscal.

A inicios de 2023, la crisis económica se hizo evidente con la escasez de dólares que dio lugar al surgimiento de un mercado paralelo de divisas —donde la moneda boliviana llegó a triplicar su valor oficial—, algo que provocó el incremento de los precios y dificultades para importar combustibles.

El deterioro económico se agravó en 2025, cuando el Producto Interno Bruto (PIB) registró su primera contracción en 39 años —excluyendo el impacto de la pandemia—, marcando el ingreso del país a una recesión.

En este contexto, la administración de Rodrigo Paz, que asumió funciones en noviembre pasado, busca restablecer la estabilidad macroeconómica mediante financiamiento de organismos multilaterales. Las negociaciones con el FMI forman parte de esa estrategia, con el objetivo de obtener liquidez, fortalecer las reservas internacionales y recuperar la confianza de los mercados, mientras el Ejecutivo impulsa un programa de reformas para corregir los desequilibrios fiscales y financieros.

La Justicia boliviana dispuso 60 días de detención preventiva para tres personas investigadas por el presunto reclutamiento de ciudadanos bolivianos para ser enviados a Rusia con el objetivo de combatir en la guerra contra Ucrania.

Los imputados son el hermano, el hijo y el yerno de Amador M., principal sospechoso de liderar la organización de trata y tráfico, y contra quien se activó una alerta migratoria, pese a que la Policía presume que huyó a Brasil luego de las denuncias.

La defensa de los acusados señaló en la audiencia que sus clientes se dedicaban a realizar trámites migratorios para terceros y negó que estuvieran vinculados al sistema de reclutamiento ilegal de personas.

Sin embargo, la Fiscalía fundamentó la medida cautelar por los riesgos de fuga y de obstaculización de la investigación. “El Ministerio Público ha fundamentado la participación y la individualización de cada uno de estos actores que forman parte de la red criminal y el juez determinó enviarlos a la cárcel de Palmasola (Santa Cruz) por 60 días”, informó al finalizar la audiencia el fiscal de la Unidad de Trata y Tráfico, Mijail Cavero.

Los tres detenidos fueron aprehendidos la tarde del jueves durante allanamientos en dos inmuebles de Santa Cruz de la Sierra en los que se encontraron al menos 50 pasaportes y donde se presume que las víctimas se alojaban temporalmente antes de realizar el viaje.

La investigación se abrió luego de las denuncias públicas de familiares de dos jóvenes — José María Soleto, de 29 años, e Iván Valdivia, de 28— que presuntamente fueron enviados a Rusia en abril con ofertas laborales falsas y fallecieron en el conflicto armado con Ucrania.

Según información oficial, el Ministerio Público investiga al menos 16 casos de presuntas víctimas que habrían sido captadas mediante engaños y la Cancillería activó mecanismos de asistencia para los bolivianos que permanecen en Rusia. En tanto, la representación diplomática de Bolivia en Moscú envió la semana pasada una nota oficial al Gobierno para solicitar información sobre el caso, pero aún no se conoce si hubo respuesta.

Desde que se difundió el caso, la Embajada de Rusia en Bolivia negó estar vinculada al sistema de reclutamiento, pero justificó la presencia de mercenarios extranjeros en conflictos armados como una práctica que ocurre “en todo el mundo”.

Una red internacional de trata y tráfico

El caso boliviano no es excepcional. Hace un par de meses se reveló que al menos 600 peruanos habían sido reclutados para el conflicto armado y que al menos 13 habían muerto en el conflicto.

Según una investigación y testimonios recogidos por Infobae, la red de reclutamiento opera en varios países de América Latina utilizando una combinación de ingeniería social, promesas financieras y la explotación de la vulnerabilidad socioeconómica.

Las mafias han perfeccionado un mecanismo de captación que esquiva los controles migratorios y termina con cientos de ciudadanos latinoamericanos atrapados en el frente ucraniano.

Este esquema quedó en evidencia en junio de 2026 con el retorno de seis ciudadanos hondureños que habían sido captados bajo promesas de trabajo en los sectores de agricultura y construcción en Rusia. Al llegar a Moscú, les despojaron de sus pasaportes y comenzaron a presionarlos para alistarse como mercenarios en la guerra de Ucrania.

Tras momentos de extrema tensión, los sujetos lograron escapar de la red de trata y contactar a las autoridades diplomáticas para retornar a su país.

El Gobierno de Bolivia identificó a 15 empresas estatales en “estado crítico” debido a pérdidas acumuladas y anunció que prepara un plan de reestructuración para evitar que continúen generando un mayor costo para las finanzas públicas, en medio de la recesión económica que atraviesa el país.

Según un informe de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), dependiente del Ministerio de la Presidencia, las empresas públicas acumulan pérdidas patrimoniales por 12.700 millones de bolivianos (unos 1.257 millones de dólares), de las cuales 5.100 millones de bolivianos (cerca de 505 millones de dólares) corresponden a las 15 compañías consideradas de mayor riesgo.

Según las autoridades, entre las empresas con la situación más delicada se encuentran Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Mi Teleférico, la aerolínea estatal BoA, la Empresa Siderúrgica del Mutún, el ingenio azucarero San Buenaventura y otras compañías creadas durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) entre 2006 y 2025.

El informe también señala que las empresas públicas recibieron 26.000 millones de bolivianos (unos 2,4 millones de dólares) en créditos y aportes de capital. El jefe de gabinete y ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, calificó esa inversión como una “gran estafa” para el país y sostuvo que esos recursos pudieron haberse destinado a hospitales, educación o programas para reducir la pobreza.

“Más que un error histórico, fue una estafa histórica para el país (…) Son cifras inimaginables y si ponemos eso en términos de hospitales, de educación, de programas de lucha contra la pobreza, es algo que realmente es inaceptable; ha sido una gran estafa”, afirmó Lupo.

El ministro señaló que las empresas públicas consideradas estratégicas, como YLB, continuarán bajo control del Estado pero serán sometidas a procesos de reestructuración. Añadió que un grupo reducido podría incorporar capital privado mediante esquemas de asociación público-privada.

Respecto a las demás compañías, señaló que las deficitarias representan una carga para las finanzas públicas y sostuvo que aquellas sin viabilidad deberán ser cerradas. Explicó que cada ministerio ejecutará el plan de acción correspondiente según la empresa que esté bajo su administración.

El futuro de las empresas públicas se ha convertido en uno de los principales ejes del debate económico en Bolivia, en un contexto marcado por la crisis fiscal y la escasez de recursos.

El Gobierno de Rodrigo Paz sostiene que el Estado ya no puede seguir financiando compañías deficitarias y plantea una transformación del aparato empresarial público. Las voces a favor del cierre o transferencia de algunas compañías argumentan que el financiamiento que requiere su sostenimiento podría destinarse a áreas como la salud o la educación.

En tanto, quienes defienden la continuidad de las empresas públicas —entre ellos algunas organizaciones sociales y sectores afines al MAS— sostienen que las compañías son una fuente de generación de empleo y provisión de bienes y servicios en regiones donde la iniciativa privada tiene poca presencia. También advierten que el cierre de compañías públicas podría traducirse en despidos y en una mayor dependencia del capital privado en áreas sensibles para la economía.

Este debate, que reaviva una discusión de larga data sobre el papel que debe desempeñar el Estado en la economía, está marcado por la experiencia de las privatizaciones y capitalizaciones aplicadas en la década de 1990, un proceso que aún divide opiniones en el país. Mientras unos consideran que esas reformas permitieron modernizar sectores estratégicos y atraer inversiones, otros las asocian con la pérdida de control estatal sobre los recursos nacionales.

Gobernadores de Bolivia acordaron este jueves una agenda común con cinco propuestas que presentarán a la administración del presidente Rodrigo Paz durante una reunión prevista para el 5 de agosto en la ciudad de Sucre, en la que se debatirá una eventual reforma del sistema de distribución de recursos entre el nivel central y las regiones.

En el encuentro, realizado en la ciudad andina de El Alto, participaron gobernadores de seis de los nueve departamentos, además de una representante de Pando. Solo hubo ausencia de Potosí y Cochabamba.

El primer punto acordado en la reunión plantea la implementación del denominado modelo “50-50”, que fue una de las promesas electorales centrales del presidente Paz para modificar la distribución de los recursos fiscales entre el Gobierno central y las autonomías. La ausencia de avances en esta planificación y la postergación de los plazos generaron rechazo entre algunos líderes políticos que exigen celeridad en el plan de descentralización.

La propuesta establece que el cambio se implemente de manera gradual a partir del Presupuesto General del Estado de 2027. Como primer paso, los gobernadores proponen que las administraciones departamentales comiencen a participar en la recaudación del Impuesto a las Transacciones (IT).

El segundo punto exige la derogación de decretos, leyes y otras normas vigentes que, según las gobernaciones, les asignan obligaciones y responsabilidades que no corresponden a sus competencias constitucionales y que, además, carecen del financiamiento necesario para su ejecución.

La tercera propuesta solicita al Gobierno central transferir a las gobernaciones la administración de instituciones públicas que, a criterio de las autoridades departamentales, se pueden gestionar de forma más eficiente desde las regiones, como el Servicio de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y el Servicio Geológico Minero, entre otras.

En el cuarto punto, los gobernadores acordaron constituir el Consejo de Gobiernos Autónomos Departamentales de Bolivia, una instancia permanente de coordinación, diálogo y elaboración de propuestas conjuntas entre las administraciones regionales. Según el documento, el organismo tendrá carácter político, técnico y propositivo, funcionará con una presidencia rotativa y adoptará sus decisiones por consenso, sin reemplazar las atribuciones del Consejo Nacional de Autonomías ni de las autoridades departamentales.

Finalmente, los gobernadores solicitaron la conformación de una mesa técnica entre el Gobierno central y las gobernaciones para definir una hoja de ruta sobre los cuatro puntos anteriores y preparar las decisiones que se prevé adoptar durante la reunión nacional de agosto.

En medio de cuestionamientos sobre la falta de avances en temas fiscales con las regiones, el presidente Rodrigo Paz convocó a una reunión con los gobernadores el 5 de agosto para trabajar sobre la política de redistribución y otros temas de interés común.

“Será una grata oportunidad para poder encarar (esa política) de manera mucho más detallada primero con los gobernadores y luego tendrá que profundizarse el trabajo con las autoridades municipales y con las universidades”, informó el vocero presidencial, José Luis Gálvez. El portavoz justificó las demoras por los conflictos sociales que entre mayo y junio paralizaron el país, pero afirmó que durante ese tiempo el Ejecutivo trabajó en una propuesta integral.

La investigación por el presunto reclutamiento de ciudadanos bolivianos para combatir junto a las fuerzas rusas en la guerra contra Ucrania avanzó este jueves con la detención de tres personas vinculadas al principal sospechoso, Amador M.A., quien se encuentra prófugo de la Justicia. En los allanamientos también se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, documentos personales y alrededor de 50 pasaportes.

La primera persona capturada fue L.A.V., yerno del presunto reclutador, quien se encontraba en un inmueble ubicado en la avenida Piraí, en Santa Cruz de la Sierra, donde se presume que las personas reclutadas se alojaban temporalmente antes de ser trasladadas a Rusia. El hombre aseguró desconocer el paradero de su suegro y afirmó que se enteró de las actividades que se le atribuyen “por los medios de comunicación”.

Más tarde, agentes del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (Daci) allanaron otra vivienda en la zona de la Pampa de la Isla, donde arrestaron a dos presuntos hermanos del principal investigado, identificados con las iniciales R.C.A. y E.M.A. Según los medios locales, en ese domicilio los investigadores encontraron un bolso con alrededor de 50 pasaportes, además de documentos considerados relevantes para la pesquisa y un vehículo que fue secuestrado.

Los fiscales indicaron que el hallazgo refuerza la hipótesis de que podría existir una estructura organizada detrás del reclutamiento, aunque señalaron que las investigaciones continúan para determinar el alcance de las actividades y la posible participación de otras personas.

De acuerdo con la Fiscalía, actualmente hay tres investigaciones abiertas que reúnen denuncias de 16 presuntas víctimas. La primera fue presentada en mayo por una persona; la segunda se conoció este mes junto con otras seis víctimas, y la tercera corresponde a nueve personas presuntamente captadas en una comunidad rural de Santa Cruz.

El caso estalló públicamente esta semana cuando los familiares de dos jóvenes —Iván Valdivia y José María Soleto— denunciaron que ambos habían viajado a Rusia tras aceptar una oferta laboral con la promesa de salarios de hasta 20.000 dólares, pero terminaron siendo reclutados para combatir en la guerra contra Ucrania. Tras perder contacto con ellos el 3 de junio, la familia recibió información de que ambos habrían fallecido en el frente de combate y pidió a las autoridades que investigaran la existencia de una red de captación de personas y ayuda para la repatriación de los cuerpos.

A partir de esa denuncia pública, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación de oficio por presunta trata y tráfico de personas para conflictos armados.

En paralelo, la Embajada de Rusia negó cualquier vinculación con el proceso de reclutamiento, pero el representante de la misión diplomática, Dmitry Vérchenko, señaló que “en todo el mundo existen mercenarios que luchan por dinero” y agregó que si bien desconoce sobre la presencia de bolivianos, se tiene información sobre la participación de “extranjeros de América Latina”.

En los últimos días surgieron nuevas denuncias de familias de la comunidad Rincón de Palometas, en el departamento de Santa Cruz, quienes indicaron que cerca de diez jóvenes habían sido captados meses antes con ofertas de trabajo como albañiles, plomeros o electricistas en Rusia, pero que, una vez en ese país, recibieron entrenamiento militar y fueron enviados al frente de combate.

La Cancillería informó que la Embajada de Bolivia en Rusia está prestando asistencia a las presuntas víctimas y que envió una nota oficial al Gobierno para solicitar información sobre los dos jóvenes bolivianos presuntamente reclutados y fallecidos en combate.

Este miércoles 15 de julio inició la segunda etapa de la devolución de depósitos en dólares del sistema financiero en Bolivia. A partir de ahora, los ahorristas que tienen entre $us 1.001 y $us 3.000 en sus cuentas bancarias pueden recuperar su dinero en esa divisa.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, explicó que la disposición forma parte del cronograma gradual anunciado anteriormente y que se extenderá hasta 2027. Según Espinoza, se proyecta la devolución de más de 930 millones de dólares en el plazo de un año.

Esta medida, que está orientada a normalizar el flujo de divisas en el país tras casi tres años de restricciones, incluye también la regularización del envío y recepción de remesas internacionales.

Según el analista financiero Daniel Ardaya, la devolución de dólares generará un incremento en la liquidez, fortalecerá la confianza bancaria, disminuirá la presión en el mercado paralelo y mejorará la capacidad crediticia de las entidades financieras.

“Lo que tenemos que ver es que esto es más que una simple devolución de dinero; esto representa una operación de saneamiento financiero”, señaló el analista en el canal estatal BTV.

Bolivia enfrenta una crisis económica debido a la caída de la renta petrolera y el agotamiento de las reservas internacionales desde inicios de 2023. Si bien la desaceleración inició en 2014, los bolivianos sintieron la crisis casi una década después, cuando empezaron a escasear los dólares y a restringirse las transacciones bancarias en esa divisa.

Esta situación dio lugar al surgimiento de un mercado paralelo de divisas en el que la moneda norteamericana llegó a triplicar su valor oficial, que se mantenía fijo desde 2011 como uno de los pilares de la política económica de los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

En paralelo, la economía boliviana enfrentó un deterioro del poder adquisitivo de los hogares. La inflación se aceleró hasta alcanzar niveles no vistos en décadas, mientras el incremento de los precios de alimentos, transporte y otros productos básicos elevó el costo de vida.

Con el nuevo gobierno del presidente Rodrigo Paz, se impulsó una nueva política monetaria que implementó el 29 de junio un tipo de cambio flexible que en poco más de dos semanas subió en más de 10%. En medio de cuestionamientos sobre el incremento, el presidente Rodrigo Paz afirmó que el dólar está en un proceso en el que “se está estabilizando” tras años de irregularidades entre el tipo de cambio fijo y el paralelo.

Cronograma de devolución

Desde el 14 de agosto para depósitos de $us 3.001 a $us 5.000

Desde el 15 de septiembre para depósitos de $us 5.001 a $us 8.000

Desde el 15 de octubre para depósitos de $us 8.001 a $us 10.000

Desde el 16 de noviembre para depósitos de $us 10.001 a $us 15.000

Desde el 15 de diciembre para depósitos de $us 15.001 a $us 20.000.

Desde el 15 de enero de 2027, para depósitos de $us 20.001 a $us 30.000

Desde el 15 de febrero para depósitos de $us 30.001 a $us 50.000

Para los saldos superiores a $us 50.000, la devolución se completará de manera gradual entre abril y julio.

El embajador de Rusia en Bolivia, Dmitry Vérchenko, se refirió al presunto reclutamiento de ciudadanos bolivianos para participar en el conflicto bélico con Ucrania, luego de que el Ministerio Público abriera una investigación a partir de la denuncia pública de los familiares de dos jóvenes que habrían sido captados para ir a la guerra y que se cree fallecieron.

En un contacto con medios locales, Vérchenko señaló que “en todo el mundo existen mercenarios que luchan por dinero” y agregó que en este conflicto también hay presencia de “extranjeros de América Latina”. Sin embargo, el embajador descartó que la misión diplomática que representa esté involucrada en el sistema de reclutamiento.

Vérchenko agregó que desconoce si hay bolivianos participando en el conflicto armado y señaló que esa información debe ser solicitada por Cancillería al Ministerio de Defensa de Rusia.

Este martes, la Fiscalía boliviana abrió una investigación sobre las denuncias públicas de familiares de dos jóvenes —José María Soleto, de 29 años, e Iván Valdivia, de 28— que presuntamente fueron reclutados por Rusia en abril para la guerra contra Ucrania.

Ambos jóvenes se contactaron con sus familiares el 3 de junio por última vez y días más tarde recibieron una notificación escueta sobre su fallecimiento. “Hasta ahora no sabemos ni una información sobre los dos que se han ido a Rusia; no sabemos nada. Solamente nos dieron la noticia de que ellos habían fallecido”, señaló Paola Bazán, esposa de José María Soleto, a la agencia de noticias EFE.

Las familias pidieron ayuda a las autoridades nacionales para conocer la situación real de los dos jóvenes y que se gestione la repatriación de los cuerpos.

En junio pasado, la Embajada de Bolivia en Rusia alertó en un comunicado de prensa sobre la “circulación de anuncios de empleo vinculados con los conflictos bélicos que ofrecen cuantiosas sumas de dinero”.

La representación boliviana alertó de que una eventual incorporación a esas actividades supone “un alto riesgo de estafa promovida por intermediarios inescrupulosos” y “un máximo riesgo contra la integridad física y la vida de las personas”, por lo que exhortó a los bolivianos a “abstenerse de todo contacto con oferentes” y a denunciarlos.

Según el viceministro de Gestión Consular Héctor Huanca, se presume que hay alrededor de 16 bolivianos en la zona del conflicto. “Son datos que estamos por confirmar. De acuerdo con los familiares, hay aproximadamente unos 16 ciudadanos bolivianos que se encontrarían en estos lugares”, indicó Huanca en una entrevista con el canal estatal Bolivia TV.

Tras darse a conocer esta información, la Cancillería activó los protocolos de protección y asistencia consular mediante la Embajada de Bolivia en Rusia y envió una nota oficial para pedir información sobre los jóvenes que habrían perdido la vida en el conflicto.

El presidente Rodrigo Paz está cargando el peso de sus promesas electorales. Después de haber enfrentado una manifestación con casi 50 días de bloqueo por acusaciones de traición e inconsistencias con su plan de gobierno, ahora enfrenta la presión de instituciones regionales para poner en marcha el plan 50-50 de redistribución de recursos estatales.

Este miércoles, los gobernadores de los nueve departamentos del país se reunirán en La Paz para firmar una alianza política con el objetivo de impulsar la aplicación del modelo de redistribución económica y un paquete de leyes estructurales anunciado hace meses por el Gobierno.

Uno de los principales críticos al ritmo del Ejecutivo en la implementación de nuevas políticas es Juan Pablo Velasco, el gobernador de Santa Cruz, la región más extensa y productiva del país. “Ya vamos 250 o 300 de Gobierno y todavía no se ha ejecutado nada”, señaló y pidió celeridad para descentralizar los recursos.

Según su planteamiento, la modificación de la distribución de ingresos estatales puede empezar por las recaudaciones nacionales como el Impuesto a las Transacciones (IT), cuyo 50% podría quedarse en las regiones para enfrentar la crisis económica.

En medio de los cuestionamientos, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, admitió que el Gobierno no avanzó como estaba previsto en las reformas normativas, pero atribuyó las demoras a los conflictos sociales que atravesó el país durante siete semanas entre mayo y junio.

“A la crítica de que vamos lentos y no hemos presentado las leyes, la verdad es que tienen razón, pero no necesariamente es porque no hayamos hecho el trabajo oportuno. Fueron casi dos meses de paralización, y donde la agenda era distinta, era cuestión de salvar la democracia y de evitar muertes”, afirmó en conferencia de prensa y convocó a los gobernadores a un encuentro el 5 de agosto.

Gálvez también señaló que el Ejecutivo impulsa un “gran acuerdo nacional” con los frentes políticos de la Asamblea Legislativa para concretar las reformas en temas energéticos, mineros y otros.

La propuesta

Uno de los ejes de la campaña electoral de Rodrigo Paz fue el denominado 50-50, que si bien nunca se explicó de manera técnica, apuntaba a profundizar la autonomía regional mediante la descentralización de recursos fiscales entre el Gobierno central y los departamentos y municipios.

El entonces candidato presentaba esta propuesta como una de las transformaciones urgentes que necesitaba el país para romper el centralismo. Sin embargo, a poco de haber asumido el Gobierno, el presidente explicó que el modelo no se aplicaría de manera inmediata, sino de forma gradual hasta concretarse plenamente hacia el final de su mandato. “Yo espero, es un sueño, pero si lo sueñas puede ser posible, que al final de esta gestión ese 50-50 sea una realidad”, afirmó en enero.

El trasfondo del debate está condicionado por la situación económica que atraviesa Bolivia tras más de una década de desaceleración por la caída de la renta petrolera y la disminución sostenida de las reservas internacionales, que se ha traducido en una creciente escasez de dólares y en el aumento de la presión inflacionaria.

En ese contexto, algunos analistas económicos consideran que la implementación inmediata del modelo 50-50 es inviable. El economista Gonzalo Chávez señaló en una entrevista en el canal Cadena A que “el 50-50 es una consigna a la que hay que darle contenido para que camine hacia un federalismo fiscal” y afirmó que, más allá de los recursos financieros, implica rediseñar las funciones y competencias de las autonomías. “Es un proceso complejo, pero hay que iniciarlo”, afirmó.

Luego de dos semanas de haberse flexibilizado el tipo de cambio en Bolivia, el precio del dólar subió casi un 10%. Este miércoles, el dólar se cotiza en 10,70 bolivianos, lo que equivale a 97 centavos más que los 9,73 bolivianos que había fijado inicialmente el Banco Central de Bolivia (BCB).

La nueva política cambiaria, que entró en vigencia el 29 de junio después de 15 años de un tipo de cambio fijo, se basa en la oferta y demanda de la divisa estadounidense en el sistema bancario “a efectos de fortalecer la estabilidad macroeconómica, preservar la competitividad externa y contribuir al equilibrio de la balanza de pagos”, según la resolución ministerial que dispuso el nuevo régimen.

Desde la puesta en marcha de la nueva política monetaria, el BCB publica cada noche la cotización del dólar que regirá al día siguiente. “El dólar se está estabilizando”, afirmó el presidente Rodrigo Paz durante un evento religioso en la ciudad de El Alto. “Hay que pedirle a la Virgencita que nos permita trabajar, ordenarnos, porque nos dejaron un país muy dañado”, afirmó en un contacto con los medios locales.

Si bien muchos analistas creen que la medida era necesaria en el contexto económico boliviano, sostienen que necesita un respaldo financiero para evitar la presión inflacionaria.

Bolivia atraviesa desde inicios de 2023 una aguda falta de dólares, principalmente a raíz de la caída sostenida de las reservas internacionales y la debacle de la industria de los hidrocarburos, que era su principal fuente de ingresos.

Desde entonces surgió un mercado paralelo de divisas donde el dólar llegó a cotizarse en mayo de 2024 hasta en 20 bolivianos, casi tres veces el valor oficial que estaba fijo en 6,96 bolivianos desde el 2011, como uno de los principales pilares de la política económica impulsada por los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) con el objetivo de “bolivianizar” la economía, contener la inflación y brindar previsibilidad en las transacciones.

Con la crisis económica, el sistema financiero restringió progresivamente las transacciones en dólares, limitó a montos mínimos el retiro de ahorros bancarios en en esa moneda y disminuyó el monto disponible para el uso de tarjetas de crédito y débito en el exterior a menos de 100 dólares mensuales. Las consecuencias también se percibieron en los niveles de inflación, que llegaron al 20% en 2025, y en la escasez prolongada de combustible ante las dificultades de importación que atravesaba el país.

El cambio de política monetaria se produce en medio de negociaciones que Bolivia mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un programa de financiamiento de cerca de 2.500 millones de dólares. El organismo había recomendado previamente abandonar el régimen de tipo de cambio fijo como parte de un conjunto de medidas destinadas a corregir los desequilibrios externos y fortalecer las reservas internacionales.

En mayo de 2025, el Directorio Ejecutivo del organismo sostuvo que la paridad fija con el dólar se había vuelto “insostenible” debido al agotamiento de las reservas internacionales e instó a las autoridades a avanzar hacia un esquema de mayor flexibilidad cambiaria. El informe técnico que acompañó esa evaluación señaló además que el tipo de cambio fijo “debería ser reemplazado” por un nuevo régimen alineado con las condiciones del mercado.

La Embajada de Bolivia en Rusia envió una nota oficial al gobierno para solicitar información sobre dos bolivianos que presuntamente habrían muerto en combate tras ser reclutados, mediante engaños, para participar en la guerra con Ucrania.

El viceministro de Gestión Consular, Héctor Huanca, indicó que tomaron conocimiento del caso a partir de solicitudes de asistencia de familiares de las víctimas y se activaron protocolos de asistencia consular mientras esperan una respuesta oficial a su solicitud.

“Hemos activado de manera inmediata nuestros protocolos de protección y asistencia consular e iniciado las consultas correspondientes a través de la Embajada”, afirmó en entrevista en el canal Unitel.

Según Huanca, presumen que hay al menos 16 ciudadanos bolivianos involucrados que habrían sido contactados por intermediarios con ofertas laborales y económicas.

El caso se destapó este martes cuando la Fiscalía abrió una investigación sobre las denuncias públicas de familiares de dos jóvenes —José María Soleto, de 29 años, e Iván Valdivia, de 28— que presuntamente fueron reclutados por Rusia en abril para la guerra contra Ucrania.

Ambos jóvenes se contactaron con sus familiares el 3 de junio por última vez y días más tarde recibieron una notificación escueta sobre su fallecimiento. “Hasta ahora no sabemos ni una información sobre los dos que se han ido a Rusia; no sabemos nada. Solamente nos dieron la noticia de que ellos habían fallecido”, señaló Paola Bazán, esposa de José María Soleto, a la agencia de noticias EFE.

Las familias pidieron ayuda a las autoridades nacionales para conocer la situación real de los dos jóvenes y que se gestione la repatriación de los cuerpos.

Soleto y Valdivia eran primos y en Bolivia tenían trabajos eventuales como albañil y plomero. Según sus familiares, ambos viajaron con la promesa de recibir pagos de hasta 28.000 dólares por trabajos relacionados con la construcción, pero que una vez en el lugar les dieron entrenamiento militar por un mes y luego de un mes los mandaron al frente del conflicto.

Tras darse a conocer públicamente estas denuncias, la Embajada de Rusia en Bolivia emitió un comunicado en el que descartó un vínculo con el supuesto reclutamiento de bolivianos para participar en operaciones militares contra Ucrania.

“Esta Misión Diplomática destaca inequívocamente que no mantiene ningún vínculo con las supuestas actividades de organizaciones o personas presuntamente dedicadas al reclutamiento con dichos fines, ni dispone de información sobre la existencia de tales estructuras», afirma la nota y añade que la Embajada rusa “no está en condiciones de facilitar asistencia, asesoramiento u orientación sobre esta cuestión”.

En junio pasado, la representación diplomática había alertado sobre “la circulación de anuncios de empleo vinculados con los conflictos bélicos que ofrecen cuantiosas sumas de dinero” y que la eventual incorporación a esas actividades suponía “un alto riesgo de estafa” y “un máximo riesgo para la integridad física y la vida de las personas”.

No es la primera vez que se denuncian reclutamientos en Sudamérica para participar en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. El caso más reciente ocurrió en abril cuando se conoció que unos 130 peruanos habían sido llevados al combate mediante engaños y promesas de remuneración.

Un juez de Bolivia otorgó el lunes la detención domiciliaria al ex comandante del Ejército, Juan José Zúñiga, acusado de liderar un golpe de Estado armado en junio de 2024. La medida fue dispuesta en una audiencia que coincidió con el inicio del juicio oral por este caso, en el que Zúñiga permanecía encarcelado desde hace dos años.

El abogado defensor, Eduardo León, confirmó que “se ha determinado otorgar la libertad al señor Juan José Zúñiga, mediante la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva”. León precisó que la decisión debe implementarse en las próximas 72 horas, aunque por el momento Zúñiga seguirá en el penal de San Pedro, en La Paz, tras ser trasladado en avión desde Cochabamba para el comienzo del proceso.

El letrado señaló que el ex jefe militar permanecerá en La Paz y trasladará a su familia a esa ciudad para asistir a todas las instancias del juicio, que se desarrolla en la sede de Gobierno y el Legislativo. El proceso oral inició el lunes pero entró en receso tras la primera ronda de las 21 declaraciones previstas, según indicó uno de los abogados de los acusados

El caso se centra en los hechos del 26 de junio de 2024, cuando militares bajo el mando de Zúñiga ocuparon la sede presidencial durante unas horas, episodio que el entonces Gobierno de Luis Arce (2020-2025) calificó como un intento de “golpe de Estado”. Durante esa jornada, las tropas del Ejército derribaron con un tanque la puerta del antiguo Palacio de Gobierno en La Paz, aunque luego se replegaron.

Arce destituyó a Zúñiga ese mismo día y, pocas horas después, el militar fue detenido e imputado por los delitos de terrorismo, alzamiento armado e incumplimiento de deberes. Tras su arresto, Zúñiga acusó a Arce de haber ordenado el operativo militar con el objetivo de “levantar su popularidad” ante las protestas derivadas de la crisis económica. Por su parte, la entonces oposición y el ex presidente Evo Morales (2006-2019) coincidieron en calificar el episodio como un “autogolpe”, mientras que el Ejecutivo insistió en la versión de un “golpe de Estado fallido”.

Por su parte, el ex mandatario Arce permanece detenido preventivamente desde diciembre en una cárcel de La Paz por un caso de presunta corrupción.

Juan José Zúñiga, quien ejerció como jefe del Estado Mayor antes de asumir la titularidad del Ejército de Bolivia, acumuló numerosas acusaciones por corrupción a lo largo de su carrera militar. Un informe fechado el 28 de noviembre de 2013, atribuido al suboficial Porfirio Quispe, identificó a Zúñiga como principal responsable del robo de más de 2,7 millones de pesos bolivianos. Dichos fondos estaban destinados al Bono Juancito Pinto, un beneficio para estudiantes de primaria, a la Renta Dignidad, pensión dirigida a mayores de 60 años, y a viáticos para personal militar.

El documento, elaborado por Quispe, señaló que, por orden de Zúñiga, entregó todos los saldos correspondientes a esos pagos sin conocer el destino final de los recursos. El informe también denunció amenazas contra Quispe y su familia.

Las sospechas sobre Zúñiga incluyen acusaciones de narcotráfico lanzadas por el general Luis Begazo, quien fue suspendido de sus funciones sin explicaciones. Begazo afirmó que Zúñiga estuvo involucrado en actividades ilícitas transfronterizas desde la gestión de Evo Morales. El ex presidente, por su parte, vinculó a Zúñiga con la ejecución de un supuesto “plan negro” dirigido a desacreditarlo públicamente.

(Con información de EFE)

La Fiscalía General de Bolivia inició una investigación de oficio por las denuncias de familiares sobre el presunto reclutamiento de dos jóvenes bolivianos por Rusia para llevarlos a la invasión en Ucrania y su posible muerte, según informó el fiscal general del Estado, Roger Mariaca. El funcionario confirmó que ya se encuentra activa la Fiscalía Especializada en Trata y Tráfico de Personas y convocó a las familias a presentarse ante la Policía o el Ministerio Público para aportar sus testimonios.

De acuerdo con lo señalado por Mariaca, “hay una investigación del Ministerio Público” y el organismo cuenta con la facultad de actuar de oficio en casos de esta naturaleza.

El caso involucra a José María Soleto, de 29 años, e Iván Valdivia, de 28, quienes viajaron a Rusia en abril tras recibir promesas de pago por 16.000 dólares, según medios locales. Las familias organizaron un velorio simbólico en Santa Cruz, la ciudad más poblada de Bolivia, después de recibir la noticia sobre el supuesto deceso de ambos jóvenes.

Tania Valdivia, madre de Iván, relató al medio español EFE que los dos jóvenes, que eran primos, partieron a la guerra sin comunicarlo a sus allegados. “Quisiera que sea una broma de mal gusto. Quiero verlo a mi hijo acá con nosotros, tengo la esperanza de que esté vivo (...) Quiero saber si está bien, si está muerto o vivo”, expresó.

La mujer detalló que su hijo trabajaba como albañil y plomero y que probablemente decidió emigrar para ayudar económicamente a su esposa y a su hija de dos años, ya que la familia atraviesa dificultades económicas.

En tanto, Paola Bazán, esposa de Soleto, explicó que mantenía contacto diario con él hasta el 3 de junio, fecha de su última comunicación. “Hasta ahora no sabemos ni una información sobre los dos que se han ido a Rusia, no sabemos nada. Solamente nos dieron la noticia de que ellos habían fallecido”, indicó.

Bazán también señaló que uno de los supuestos “comandantes” de su esposo le informó sobre la muerte de Soleto el 8 de junio y, posteriormente, recibieron la noticia del fallecimiento de Valdivia.

Las familias solicitaron la intervención de las autoridades para esclarecer la situación y, en caso de confirmarse el fallecimiento, gestionar la repatriación de los cuerpos. En junio, la Embajada de Bolivia en Rusia difundió un comunicado advirtiendo sobre la circulación de ofertas laborales asociadas a conflictos armados que prometen sumas elevadas de dinero.

La representación diplomática alertó acerca del riesgo de estafas por parte de intermediarios y del peligro para la integridad y la vida de quienes acepten esas propuestas. “Exhortamos a los ciudadanos bolivianos a abstenerse de todo contacto con oferentes y a denunciarlos”, expresó la embajada en el texto citado por EFE. En otros países de la región, como Colombia y Perú, las autoridades también investigan la presunta captación ilegal de sus ciudadanos.

El caso boliviano se conoció luego de que en abril se reportara el reclutamiento de unos 130 peruanos para la invasión en Ucrania por parte de Moscú. En mayo, la embajada de Rusia ubicada en Lima reconoció en un comunicado que peruanos habían firmado voluntariamente contratos para prestar servicio militar en las fuerzas armadas de su país.

Desde el Kremlin, el pasado 30 de abril de 2026, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, informó que más de 127.000 personas firmaron contratos con el Ministerio de Defensa de Rusia para incorporarse al Ejército en lo que va del año. El funcionario detalló que, durante el año pasado, 450.000 ciudadanos se sumaron a las filas militares mediante contratos.

Medvédev indicó que, además de los reclutamientos formales, otros 10.000 ciudadanos se integraron en “unidades de voluntarios”. En ese sentido, explicó que esta modalidad, aunque constituye “un servicio por contrato”, mantiene una vinculación menos directa con el Ministerio de Defensa.

El vicepresidente del Consejo de Seguridad, quien ocupó la presidencia de Rusia entre 2008 y 2012, subrayó el volumen de los nuevos contratos militares y el papel de las unidades voluntarias en el contexto actual de la defensa nacional.

(Con información de EFE)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, convocó a los nueve gobernadores del país a una reunión que se celebrará el próximo 5 de agosto en Sucre con el objetivo de abordar la redistribución de recursos bajo la política del “50/50”, un eje de la transformación del Estado que busca redefinir la economía regional en un contexto de creciente presión fiscal.

“El 5 de agosto será una grata oportunidad para encarar, de manera mucho más detallada, primero con los gobernadores y luego tendrá que profundizarse el trabajo con las autoridades municipales y las universidades porque el 50/50 es transversal”, insistió.

La convocatoria surgió en un escenario marcado por la necesidad de avanzar en una agenda concreta que contemple no solo la distribución fiscal, sino también otros temas de interés regional y nacional.

La agenda de la reunión incluyó el tratamiento detallado de la política del “50/50”, que planteó una nueva forma de asignar los recursos entre las regiones bolivianas. El Gobierno elaboró una propuesta integral basada en la perspectiva nacional y la participación de distintos actores, luego de mantener conversaciones técnicas con municipios y diversas instituciones.

La política del “50/50” busca estimular el trabajo y la economía regional, al superar el debate sobre la simple distribución fiscal y enfocarse en la activación económica y la transformación integral del Estado. El Ejecutivo considera fundamental este tema y por eso el presidente decidió avanzar con el llamado a los gobernadores, en un momento en que la situación económica boliviana enfrentó desafíos de magnitud.

El contexto nacional estuvo marcado por la volatilidad en el mercado cambiario y una economía sometida a presiones estructurales. El dólar estadounidense cerró hoy en 10,35 bolivianos, con un incremento del 6,04% respecto del cierre anterior y un avance del 6,65% en la última semana. En términos interanuales, la moneda estadounidense subió 53,55%. La volatilidad del tipo de cambio se disparó hasta el 256,17%, muy por encima de los niveles históricos, lo que reflejó la inestabilidad del mercado financiero boliviano.

Durante los primeros meses de 2026, el mercado paralelo mostró una estabilidad relativa con valores cercanos a Bs 9,64, un fenómeno vinculado a las expectativas generadas por la unificación cambiaria y el anuncio de un financiamiento externo de 4.500 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo para el periodo 2026-2028.

La transición hacia un nuevo esquema cambiario incluyó la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia, que se ubicaron en torno a Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta, mientras que el tipo de cambio oficial de Bs 6,96 perdió relevancia en las operaciones comerciales.

El Gobierno boliviano apuntó a reducir el déficit fiscal al 7% este año y proyecta una inflación de hasta el 17%. El Fondo Monetario Internacional advirtió que la inflación podría superar el 15% si no se controlaba la emisión monetaria, lo que incrementó la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipó una recesión de -1,1% en el PIB boliviano para 2026, mientras que la CEPAL proyectó un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI evitó entregar estimaciones precisas a largo plazo ante la alta incertidumbre.

Por otro lado, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, logró en julio una imagen positiva del 49,1% y subió al sexto puesto entre los mandatarios mejor valorados de Latinoamérica, según el ranking de la empresa CB Global Data.

Este crecimiento de 2,7 puntos porcentuales respecto a junio se dio tras semanas de bloqueos y conflictos sociales en el país. El estudio mostró que el 22,9% de los encuestados consideró “muy buena” su gestión y el 26,2% la calificó como “buena”, lo que acerca al respaldo de Paz al nivel con el que asumió la Presidencia en noviembre de 2025.

(Con información de El Deber y EFE)

El Gobierno de José Antonio Kast fletó este domingo un séptimo vuelo con 40 extranjeros expulsados hacia Colombia, Bolivia y Ecuador, elevando así a 1.174 el número de migrantes que han sido deportados en lo que va del año.

Según informaron las autoridades migratorias, el operativo se realizó con una aeronave de la Fuerza Aérea de Chile en la que trasladaron a 28 personas expulsadas por vía administrativa y 12 por casos judiciales.

En el caso de los deportados por delitos, estaban procesados por “robo con violencia, robo con intimidación, tenencia de armas, ley de drogas y también abuso sexual”, explicó el director del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Frank Sauerbaum.

Del total de deportados, 20 son ciudadanos colombianos, 12 bolivianos y ocho ecuatorianos.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, detalló que con este vuelo ya van 1.174 personas expulsadas, tras el reporte entregado el pasado jueves, en el que se indicó que se habían materializado 1.134 deportaciones en 2026, de las cuales 1.009 responden a causas administrativas y 125 a judiciales.

“En apenas cuatro meses ya hemos realizado siete vuelos de expulsión, lo que representa un tercio de todos los vuelos ejecutados durante los cuatro años del gobierno anterior”, señaló Pavez.

Cabe recordar que durante 2025, último año completo de mandato del expresidente Gabriel Boric, fueron expulsados un total de 1.117 extranjeros.

Salidas voluntarias

Desde el Sermig detallaron además que, desde que asumió José Antonio Kast el gobierno, 6.384 migrantes irregulares han salido de manera voluntaria del país, 911 de ellos luego del doble terremoto ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio.

Cerca del 77 % de quienes han salido por decisión propia desde enero pasado -unas 4.896 personas-, corresponde a ciudadanos venezolanos, según un comunicado del ministerio del Interior.

El Gobierno estima que más de 75.000 órdenes de expulsión siguen pendientes de ejecución, de las cuales cerca de la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos, quienes quedaron varados en el país tras el quiebre diplomático entre ambos países, luego de que el expresidente Boric no reconociera los comicios de 2024 que dieron por ganador a Nicolás Maduro.

Trabajadores de salud de Bolivia iniciaron este lunes un paro indefinido en reclamo por el pago de salarios adeudados. Según reportes de medios locales, solo en La Paz se mantiene la atención médica regular en los centros de salud.

Según un comunicado de la Confederación Sindical de Profesionales de Ramas Médicas en Salud Pública, que aglutina a todos los profesionales de salud, la medida se acatará “hasta que el Ministerio de Salud y Deportes efectúe la cancelación total de los salarios adeudados a los profesionales del sistema público”.

Entre tanto, solo habrá atención en emergencias mientras que las consultas médicas y los procedimientos programados quedarán suspendidos hasta la reanudación total de los servicios.

El domingo, tras el anuncio de la huelga, el Ministerio de Salud informó que este lunes abonará los salarios que quedan pendientes y afirmó que el retraso en el pago se debió a ajustes realizados tras la identificación de inconsistencias en las planillas, como doble percepción y salarios mayores a los permitidos, entre otras irregularidades.

El ministerio recalcó que “habiéndose subsanado estas inconsistencias”, el pago se realizará este lunes y se emitirán directrices de los Servicios Departamentales de Salud “para que el envío de la información se realice de manera óptima, clara y oportuna”.

El sistema de salud de Bolivia enfrenta desde hace años problemas estructurales que limitan la atención médica. Si bien el acceso a los servicios públicos se ha ampliado, los centros de salud denuncian de manera recurrente que enfrentan falta de recursos y escasez de personal, equipamiento, medicamentos e insumos. Estas dificultades se reflejan en prolongados tiempos de espera para acceder al servicio de salud y en la saturación de los hospitales de mayor complejidad.

En este contexto, las marchas y paros del sector de salud se han convertido en un fenómeno recurrente. Médicos y trabajadores suelen convocar medidas de presión para exigir el pago de salarios, mejores condiciones laborales o ítems de trabajo, lo que genera retrasos en la atención médica y afecta directamente a los pacientes que necesitan acceder a consultas o requieren procedimientos.

El Estado, a través del Gobierno, gobernaciones y alcaldías, suele atribuir parte de las dificultades a limitaciones presupuestarias acumuladas y a la necesidad de modernizar el sistema.

Según reportes de prensa, en lo que va del año hubo al menos cuatro conflictos relevantes del sector que se tradujeron en paros, algunos de alcance nacional y otros concentrados en algunas regiones.

A estas huelgas se suman los casi 50 días de bloqueos de caminos que atravesó el país, entre mayo y junio de este año, por sectores que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Los piquetes impidieron el traslado de pacientes, además de afectar la provisión de oxígeno medicinal y otros insumos, especialmente en las ciudades de La Paz y El Alto, que quedaron aisladas por las protestas sociales.

Según un reporte de la Defensoría del Pueblo, el conflicto social dejó al menos 22 fallecidos, varios de los cuales se atribuyen a la falta de acceso médico oportuno a causa de los piquetes.

Al menos 23 sacerdotes jesuitas fueron identificados como presuntos abusadores sexuales de niños y adolescentes en Bolivia, según una publicación que reúne testimonios y documentos para denunciar hechos de violencia cometidos durante décadas. El libro, recientemente publicado, sostiene que hubo una red de encubrimiento que involucró distintos niveles de la congregación religiosa.

La obra, titulada Las puertas del infierno, fue escrita por Edwin Alvarado, Wilder Flores y Pedro Lima, integrantes de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS), organización que agrupa a víctimas de abuso sexual clerical. La investigación documenta hechos ocurridos entre 1960 y 2008 contra al menos 500 menores de edad y presenta evidencia que respalda las denuncias.

El caso estalló en 2023 cuando el diario español El País publicó una investigación basada en el diario personal del sacerdote jesuita español Alfonso Pedrajas, conocido en Bolivia como “padre Pica” y fallecido en 2009. En esos escritos, Pedrajas confesaba haber abusado sexualmente de decenas de niños —posteriormente la investigación identificó al menos 85— durante las décadas en que trabajó en Bolivia, principalmente en el internado Juan XXIII de Cochabamba. También afirmaba que varios de sus superiores conocían los hechos y, en lugar de denunciarlo, lo protegieron y permitieron que continuara cumpliendo funciones dentro de la congregación.

Desde la revelación de este caso, la Fiscalía boliviana abrió una investigación judicial y recibió al menos seis denuncias, por las que dos altos cargos de la orden religiosa fueron sentenciados a un año de prisión por encubrimiento en septiembre de 2025.

Los autores sostienen que la publicación busca demostrar que los abusos se enmarcaron en un sistema que permitió el abuso y la impunidad, mediante el traslado de religiosos denunciados entre distintas obras educativas y pastorales, lo que habría facilitado además la continuidad de los delitos. Según el libro, la cadena de responsabilidades alcanzaría incluso a instancias superiores de la orden en Roma.

“Los hechos de abuso sexual se dieron no solo por la personalidad anormal o desviada de los agresores, sino por las condiciones estructurales y circunstanciales dentro de la institución, que permitieron que esto sucediera de modo sistemático, generalizado e impune”, señala un fragmento del libro recogido por El País.

Entre otros sacerdotes mencionados en el libro figura Luis Roma, que abusó de al menos 70 niñas indígenas cuando era misionero en la localidad rural de Charagua, al sudeste del país, y produjo material audiovisual de las víctimas. También aparecen Alejandro Mestre, acusado por un exalumno del colegio San Calixto, de La Paz, y Jorge Vila, a quien en el libro se acusa de usar fondos de la cooperación internacional para extorsionar a sus víctimas comprándoles terrenos, casas y entregándoles dinero.

“Nuestra lucha no es contra la fe de cada persona, ni contra la Iglesia católica, ni siquiera contra la Compañía de Jesús; es por justicia para nuestras víctimas y sobrevivientes”, se lee en el libro citado por el periódico español.

Los autores afirman que su objetivo es contribuir a esclarecer los procesos judiciales en curso, preservar la memoria de los sobrevivientes y promover medidas de prevención frente a futuros casos de abuso sexual dentro de instituciones religiosas.

El Gobierno de Bolivia congeló los precios de los combustibles hasta enero del próximo año, en medio de la crisis de abastecimiento y de cuestionamientos a la calidad de la gasolina. Además, asignó un monto adicional a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para que pueda cubrir la diferencia en el costo de importación.

El Decreto Supremo 5652 establece que los precios del diésel, la gasolina, el gas natural vehicular (GNV), el gas licuado de petróleo (GLP) y las gasolinas de aviación se mantendrán por un periodo de seis meses y luego la tarifa se calculará con base en el precio internacional y el tipo de cambio del dólar.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, explicó que la aprobación de la norma modifica el Reglamento de Precios de los Productos Derivados de Petróleo que estableció los nuevos precios de los carburantes en diciembre, tras la eliminación de la subvención que mantuvo los precios fijos y por debajo del valor internacional durante 20 años.

Con la eliminación del subsidio, se establecieron precios de 6,96 bolivianos (equivalente entonces a un dólar) por litro de gasolina y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, lo que supuso aumentos del 86 % y del 162 %, respectivamente. Sin embargo, la reciente aplicación del tipo de cambio flexible para el dólar —que se tradujo en un 40% de incremento inicial— amenaza con incidir en los costos.

En ese contexto, el vocero Gálvez manifestó que el nuevo decreto fija esos precios por seis meses adicionales para evitar que las variaciones en el tipo cambiario se reflejen en el costo de esos productos. “La pertinencia del decreto es muy loable porque, en el fondo, evita que cualquier impacto en la modificación de la fluctuación del dólar con la moneda nacional tenga un efecto en el precio de estos productos”, mencionó Gálvez en una rueda de prensa.

El vocero afirmó que no es posible establecer cuánto costará cubrir la diferencia en la adquisición del combustible, al considerar el nuevo tipo de cambio y la fluctuación del precio internacional del petróleo. Sin embargo, una de las disposiciones del decreto autoriza al Ministerio de Economía a asignar recursos a YPFB hasta Bs 1.000 millones “para cubrir el diferencial” de los costos que correspondan a la importación.

Según Gálvez, el mantenimiento de los precios representa “un esfuerzo que hacemos todos para evitar que el impacto sea mayor en aquellos que están más necesitados”.

El congelamiento de los precios de los combustibles se produce en un contexto de crisis de abastecimiento que la administración de Rodrigo Paz atribuye a los nuevos protocolos de control de calidad, al contrabando en las fronteras y a los bloqueos de caminos que paralizaron gran parte del país durante siete semanas entre mayo y junio.

Bolivia importa casi la totalidad del diésel que consume y más del 50% de la gasolina que necesita para cubrir su mercado interno. A raíz de la crisis económica y la falta de divisas que enfrenta el país, a raíz precisamente de la debacle de la industria de los hidrocarburos, la adquisición de carburantes se ha tornado cada vez más costosa y difícil de cubrir.

Desde hace casi tres años los bolivianos atraviesan periodos prolongados de escasez con filas interminables de vehículos en las estaciones de servicio. El conflicto se agravó a inicios de este año, semanas después de que se levantara el subsidio, cuando surgieron denuncias sobre la mala calidad de la gasolina cuando miles de vehículos reportaron daños mecánicos atribuidos al combustible.

El Gobierno admitió haber distribuido “gasolina desestabilizada” y creó un seguro de resarcimiento de daños para compensar a los usuarios afectados. En paralelo, afirmó que implementó aditivos a la gasolina y reforzó los controles de calidad en toda la cadena de distribución, motivo que estaría generando demoras en los despachos al menos hasta fin de mes, según la estatal petrolera.

La ministra boliviana de Turismo, Culturas, Folklore y Gastronomía, Cinthya Yáñez, renunció esta semana a su cargo por “razones de orden personal”, según informó el Gobierno. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, señaló que la Cancillería administrará temporalmente el ministerio, de manera interina, hasta que el presidente Rodrigo Paz designe a un nuevo titular para esa cartera.

Yáñez, allegada al político y empresario Samuel Doria Medina, había asumido el cargo en noviembre de 2025, al inicio del mandato de Paz, con el desafío de promover políticas de promoción del turismo sostenible, la preservación del patrimonio cultural y el impulso a la gastronomía nacional.

En su carta de renuncia, la exministra sostuvo que durante su gestión se lograron avances importantes, aunque reconoció que varios objetivos quedaron truncos debido a factores externos como los prolongados bloqueos de carreteras que afectaron al país entre mayo y junio.

Aunque Unidad, la alianza liderada por Samuel Doria Medina, descartó que la renuncia esté relacionada con el distanciamiento entre el empresario y el presidente Rodrigo Paz, quienes sellaron una alianza para la segunda vuelta electoral, algunos analistas consideran que la salida de Yáñez pone en evidencia el deterioro de esa relación, luego de reiterados cuestionamientos de Doria Medina a la gestión gubernamental.

La salida de Yáñez constituye el sexto movimiento relevante dentro del gabinete en los primeros ocho meses de la administración de Paz. El primer cambio ocurrió apenas doce días después de la posesión presidencial, cuando el mandatario destituyó al ministro de Justicia —y abogado personal del vicepresidente Edmand Lara— Freddy Vidovic, tras conocerse que tenía una sentencia ejecutoriada que le impedía ejercer la función pública.

Su alejamiento del cargo derivó además en la eliminación de esa cartera como parte de la reforma estatal anunciada por el Gobierno para reducir el número de ministerios. “Se acabó el ministerio de la persecución, el ministerio de la injusticia, de vender sentencias”, declaró el presidente al anunciar el cierre del despacho. “El Ministerio de Justicia ha muerto y lo vamos a enterrar bien”, añadió.

El segundo ajuste llegó el 22 de abril de este año, con la destitución del ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli. El cambio se produjo tras el escándalo por la mala calidad de la gasolina distribuida en el país y días después de la renuncia de la entonces titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Claudia Cronenbold, quien denunció en su carta de dimisión que el estado de la petrolera estaba “significativamente más deteriorado de lo previsto” y que las soluciones estructurales no podían ajustarse a los plazos que esperaba el Gobierno.

Estas renuncias generaron incertidumbre sobre el manejo del sector en un momento en que el Ejecutivo enfrentaba desafíos y buscaba contener el descontento social por la crisis energética. En reemplazo de Medinaceli, fue posesionado Marcelo Blanco.

Un mes después, el 21 de mayo, renunció el ministro de Trabajo, Edgar Morales, “para pacificar el país” y fue reemplazado por el abogado Williams Bascopé. Su dimisión coincidió con el incremento de las tensiones sociales con la Central Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones sociales que reclamaban la renuncia del presidente Paz, a quien acusaban de traición y de gobernar en contra de sus intereses.

Un día antes de la renuncia de Morales, Paz había prometido cambios en su gabinete para contener las protestas. “Tenemos que reordenar el gabinete, que tiene que tener una capacidad de escucha”, afirmó en una conferencia de prensa y dijo que el Gobierno “tiene que ser de todos los bolivianos”. En ese momento indicó que su nuevo equipo estaría compuesto por funcionarios “más ágiles y que escuchen”.

Sin embargo, esos movimientos no se concretaron de inmediato. El 2 de junio, cuando los bloqueos de caminos estaban por cumplir un mes y el Ejecutivo enfrentaba presiones para restablecer el orden, renunciaron el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, y la ministra de Educación, Beatriz García. Ambos fueron reemplazados por Ernesto Justiniano y Ricardo Sanjinés.

Con la dimisión de Yáñez, el gabinete de Rodrigo Paz acumula dos destituciones —Vidovic y Medinaceli— y cuatro renuncias —Morales, Salinas, García y Yáñez— desde el inicio de su administración. Los cambios han afectado a las áreas de Justicia, Hidrocarburos, Trabajo, Defensa, Educación y Turismo, en un período en el que el Ejecutivo busca implementar medidas para enfrentar la escasez crónica de combustibles y la desaceleración económica heredadas de gestiones anteriores.