El Gobierno de Bolivia desconoció la designación de Luis Montaño como fiscal general interino tras la detención de Roger Mariaca y dejó en manos de la Asamblea Legislativa la elección de la nueva máxima autoridad del Ministerio Público.

La discusión se abrió después de la detención de Roger Mariaca, fiscal general elegido en 2024 para un mandato de seis años. Las autoridades lo acusaron de encabezar una organización criminal dentro del Ministerio Público que, según el Gobierno, protegía actividades vinculadas con el narcotráfico.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, acusó a Montaño de ejercer funciones sin respaldo legal y sostuvo que intentó apartar a fiscales que investigaban a los detenidos. “De manera ilegal e ilegítima, está haciendo usurpación de funciones auto declarándose como fiscal general”, dijo. “Esta persona (Montaño) está siendo buscada y va a ser detenida”, añadió el portavoz.

Además, advirtió que Montaño podía enfrentar consecuencias legales si interfería en las investigaciones. Más temprano, el vocero pidió esperar una evaluación jurídica sobre la sucesión. “Esperemos que se pronuncien las autoridades del caso, está todavía en evolución, tengamos paciencia”, declaró.

Mariaca fue arrestado junto a otras 13 personas durante un operativo que alcanzó a fiscales, funcionarios judiciales y al menos un jefe policial. Entre los detenidos figuró Alberto Zeballos, quien ejercía como fiscal departamental de Santa Cruz. La Policía también buscó al exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, excandidato presidencial del Movimiento al Socialismo.

Oviedo sostuvo que Mariaca convirtió la institución que dirigía en una “organización criminal destinada a incentivar y proteger el narcoterrorismo en el país”. El ministro lo acusó además de ser “el cómplice, el protector y el colaborador” del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Las investigaciones se concentraron en presuntos delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas. El caso también quedó relacionado con las gestiones que rodearon a Marset, quien permaneció prófugo tras escapar de un operativo en Santa Cruz en 2023 y fue detenido en marzo de este año.

Poco antes del arresto de Mariaca circuló un video en el que Marset aparentemente se refirió al fiscal como su amigo y afirmó que le avisaba “lo que tiene que avisar”. Ese material no contó con una verificación independiente, pero se incorporó al contexto de las acusaciones públicas contra el entonces titular del Ministerio Público.

La detención ocurrió pocos días después de que Estados Unidos revocara el visado de Mariaca y de otros funcionarios y exfuncionarios bolivianos. Las autoridades estadounidenses acusaron al fiscal de participar en hechos graves de corrupción, solicitar y aceptar sobornos para facilitar actividades de narcotráfico y ayudar a personas investigadas por delitos violentos a eludir la justicia.

Estados Unidos también anuló las visas de 12 funcionarios y exfuncionarios bolivianos a los que vinculó con actividades de narcotráfico o corrupción y con acciones para socavar gobiernos elegidos democráticamente. Tras los arrestos, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó su respaldo al presidente boliviano Rodrigo Paz y a sus medidas contra el crimen organizado.

(Con información de EFE)

Horas después de que el Gobierno de Bolivia acusara al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, de liderar una “organización criminal” dentro del Ministerio Público que protegía al “narcoterrorismo” en el país, un ministro de Paraguay recordó que la administración de Santiago Peña había denunciado la presencia de narcotraficantes en territorio boliviano.

Así lo aseguró el titular de la cartera del Interior de Paraguay, Enrique Riera Escudero, quien afirmó a la prensa: “Nosotros en su oportunidad hicimos una denuncia pública que generó casi un conflicto diplomático. Dijimos que Marset estaba en Bolivia, que estaba en Santa Cruz. Eso fue corroborado con una operación conjunta de la policía de la DEA y otras fuerzas internacionales”.

Consultado sobre la relación entre Marset y las autoridades bolivianas, dijo que el narco tenía colaboración de integrantes del Gobierno de Luis Arce y del actual: “Creo que Mariaca era amigo de Marset y le protegían. Nosotros le pedimos a Eduardo del Castillo (ministro de Luis Arce) que proceda. Se está haciendo justicia, ahora se confirma todo lo que dijimos en público. Cuando me enteré de la noticia no hice más que confirmar lo que habíamos dicho”.

En octubre del año pasado, Riera Escudero había dicho que era “casi un hecho” que el narcotraficante Sebastián Marset estaba oculto en Bolivia y que y “las autoridades lo están cercando”.

Este jueves, el Gobierno de Bolivia acusó al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, detenido la víspera en la región de Santa Cruz, de liderar una organización criminal que presuntamente operaba dentro del Ministerio Público para proteger el narcotráfico en el país.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó en una rueda de prensa en La Paz que durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves “se ha desmontado una organización criminal enquistada en la Justicia y en la administración” del Ministerio Público, que según el funcionario estaba “encabezada por Roger Mariaca”. La estructura, agregó, estaba “destinada a incentivar y proteger el narcoterrorismo en el país”.

Oviedo estuvo acompañado en la conferencia por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, y jefes policiales. El funcionario precisó que las operaciones desarrolladas en las últimas horas derivaron en la detención de catorce personas, cuatro de ellas con cargos jerárquicos en la Fiscalía General y en las fiscalías de Santa Cruz y La Paz.

Entre los aprehendidos figuran el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, un fiscal superior y un mayor de la Policía. También fueron detenidas cuatro personas interceptadas en el condominio donde vivía Mariaca, en el que se hallaron “ingentes cantidades de dinero”, y seis funcionarios de la Fiscalía señalados de intentar retirar documentación de la vivienda del fiscal general.

Según medios locales, los fiscales aprehendidos en Santa Cruz fueron trasladados a La Paz y permanecen en oficinas de la fuerza antidrogas en la vecina ciudad de El Alto. El Gobierno boliviano acusa a Mariaca de los delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas.

Oviedo justificó la detención del fiscal general al señalar que “el delito que ha cometido esta narcoestructura en la Fiscalía ha sido continuo y permanente” y que se trataba de “una organización criminal que protegía, participaba y se enriquecía por el tráfico de sustancias controladas”.

El ministro citó como ejemplo el caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado en marzo pasado en Bolivia y enviado a Estados Unidos, donde permanece detenido. De acuerdo con Oviedo, Marset había sido detenido por primera vez en 2023, cuando Mariaca ejercía como fiscal departamental de Santa Cruz, pero en esa ocasión el uruguayo fue liberado rápidamente.

“Ese es el tipo y el modelo del narcoterrorismo que se apoderó del Ministerio Público en Bolivia”, afirmó Oviedo durante la conferencia de prensa.

El ministro también negó que el exministro de Gobierno y ex candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS), Eduardo del Castillo, haya sido detenido, aunque confirmó que “se lo está buscando”.

Las aprehensiones se produjeron después de que el lunes el Gobierno de Estados Unidos informara que decidió revocar los visados de altos funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú, a quienes acusa de “corruptos” y de “socavar gobiernos elegidos democráticamente”. Bolivia resultó el país con más ciudadanos incluidos en la lista publicada por el Departamento de Estado estadounidense, entre ellos Mariaca y Zeballos.

Mariaca rechazó las acusaciones en su contra y vinculó la decisión de Washington con las “implicaciones” que tuvieron, dentro y fuera de Bolivia, algunas investigaciones realizadas por el Ministerio Público. Entre ellas mencionó los casos penales contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo, acusado, entre otros delitos, de presunta tentativa de feminicidio contra su expareja.

Estados Unidos expresó este jueves su respaldo al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz después de que las autoridades detuvieran al fiscal general Roger Mariaca, acusado de mantener vínculos con redes de narcotráfico y de haber utilizado su cargo para favorecer a organizaciones criminales. La detención se produjo apenas dos días después de que Washington anunciara restricciones de entrada contra Mariaca y otros funcionarios bolivianos.

“La Administración Trump respalda firmemente al presidente y al Gobierno democráticamente electo de Bolivia en sus acciones audaces y decisivas para combatir el narcotráfico, la corrupción sistémica y el crimen organizado transnacional en Bolivia”, escribió el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en sus redes sociales.

Rubio agregó que “las acciones de Bolivia demuestran el tipo de liderazgo necesario para lograr un hemisferio más seguro, fuerte y próspero”.

El fiscal Mariaca fue detenido el miércoles en Santa Cruz. Junto con él también fue aprehendido Alberto Zeballos, fiscal departamental de la misma localidad. En total, las autoridades informaron sobre 14 detenidos en el marco del operativo, incluidos fiscales y trabajadores del Ministerio Público.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que la investigación permitió desarticular una estructura que, según la acusación oficial, se había instalado dentro del sistema de justicia.

“Se ha desmontado una organización criminal enquistada en la Justicia y en la administración del Ministerio Público”, declaró.

Oviedo sostuvo además que esa estructura estaba orientada a “incentivar y proteger el narcoterrorismo en el país”. Las acusaciones todavía deberán ser sometidas al proceso judicial correspondiente. Entre los delitos investigados figuran legitimación de ganancias ilícitas, organización criminal y tráfico de sustancias controladas.

Uno de los elementos que llamó la atención de las autoridades fue el hallazgo de grandes cantidades de dinero dentro de una ambulancia que había salido durante la madrugada de un inmueble relacionado con Mariaca. Cuatro personas fueron detenidas en el vehículo mientras trasladaban bolsas y paquetes con efectivo.

El conteo realizado posteriormente estableció que había 3.532.100 bolivianos y 10.000 dólares. La Fiscalía informó que se investigará el origen del dinero y si quienes lo transportaban podían justificar legalmente su procedencia. El efectivo quedó bajo custodia oficial mientras avanza la investigación.

La ofensiva boliviana coincidió con las medidas adoptadas esta semana por Washington contra funcionarios de la región. El Departamento de Estado retiró la autorización de entrada a Estados Unidos a Mariaca, a Zeballos y a otros funcionarios bolivianos, además de ciudadanos de Colombia y Perú, bajo acusaciones relacionadas con corrupción y narcotráfico.

En el caso boliviano, la lista incluyó a 13 funcionarios o exfuncionarios. Washington sostuvo que algunos habían utilizado sus posiciones para facilitar actividades vinculadas al tráfico de drogas o para obstaculizar la acción de la Justicia. La medida también alcanza a familiares directos de los funcionarios afectados.

El gobierno de Paz asumió en noviembre de 2025 y comenzó a reconstruir la relación con Washington después de años de fuertes tensiones bilaterales. En ese marco, Bolivia se incorporó al denominado Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por Estados Unidos para reforzar la cooperación regional contra el crimen organizado.

Rubio recordó precisamente ese marco de cooperación al señalar que Estados Unidos reafirma su compromiso con la seguridad y la gobernabilidad democrática de la región frente a las redes criminales transnacionales.

La investigación también alcanzó instalaciones del Ministerio Público en distintas ciudades. Las autoridades realizaron allanamientos en La Paz y Sucre, mientras la conducción temporal de la Fiscalía quedó en manos de Luis Montaño Morales, como consecuencia de la ausencia de Mariaca.

El abogado del fiscal detenido, Romel Ipamo, afirmó que su cliente está dispuesto a colaborar con las autoridades, pero reclamó garantías procesales. Mariaca había sido designado fiscal general en octubre de 2024 y permaneció en el cargo durante la transición política que llevó a Paz a la Presidencia.

Durante su gestión, la Policía boliviana capturó al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, uno de los principales objetivos de las autoridades regionales, quien posteriormente fue enviado a Estados Unidos. Ahora, la actuación de Mariaca se encuentra bajo investigación por las acusaciones formuladas por las autoridades bolivianas y estadounidenses.

No pasaron ni 12 horas de la captura del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, cuando un fiscal se presentó públicamente como su sucesor interino.

A las 06:00 de este lunes, Luis Montaño convocó a una conferencia de prensa e informó que estaba asumiendo como nuevo Fiscal General del Estado: “Ante la ausencia de la máxima autoridad del Ministerio Público, corresponde actuar con responsabilidad, serenidad y absoluto respeto a la Constitución Política del Estado y a la Ley 260, Ley Orgánica del Ministerio Público”, informó.

Luis Whaner Montaño Morales es uno de los nueve fiscales superiores y uno de los funcionarios más antiguos del Ministerio Público. Al asumir el cargo de manera interina, Montaño explicó que asume por prelación, al ser el Fiscal Superior con mayor antigüedad. Señaló que permanecerá en funciones mientras la Asamblea Legislativa designe a la nueva autoridad.

“En cumplimiento de ese mandato legal y respetando estrictamente el orden institucional establecido, asumo esta responsabilidad como fiscal superior más antiguo que corresponde conforme a la prelación legal. Lo hago no por una aspiración personal ni por intereses particulares, sino por el deber que tengo con la institución y con el pueblo boliviano”, afirmó el fiscal Montaño.

Minutos después, la Fiscalía difundió un comunicado en el que se refirió a la “ausencia definitiva” de Mariaca y señaló que respaldaba la interpretación de Montaño.

Sin embargo, en las últimas horas surgieron cuestionamientos sobre la legalidad de esta sucesión. Dos abogados constitucionalistas explicaron a Infobae que lo que corresponde es convocar a una nueva elección de fiscal en la Asamblea Legislativa, siguiendo el procedimiento constitucional.

Si bien la ley establece que ante la ausencia del fiscal general asume temporalmente el de mayor antigüedad, señalan que la suplencia actual responde a un hecho extraordinario. “No es que Mariaca renunció o está de viaje por dos o tres días, está preso por corrupto y narco”, afirmó en entrevista el abogado José Luis Santistevan.

“La Asamblea debe tocar el tema con carácter de urgencia y salvar la gestión de la Fiscalía nombrando a otro fiscal inmediatamente”, agregó el jurista.

En tanto, el vocero de Gobierno, José Luis Gálvez, pidió paciencia para una evaluación jurídica. “Esperemos que se pronuncien las autoridades del caso, está todavía en evolución, tengamos paciencia”, afirmó en una rueda de prensa en La Paz.

El Fiscal General del Estado en Bolivia, la figura que dirige el Ministerio Público para la investigación de delitos y ejercer la acción penal pública, es elegido por la Asamblea Legislativa mediante una votación de dos tercios de sus miembros, tras un proceso de selección y evaluación de los postulantes.

El mandato dura seis años y el cargo no permite una reelección inmediata. Mariaca, fue elegido en 2024 con el respaldo de todas las bancadas legislativas de entonces, por lo que su mandato estaría vigente hasta 2030, salvo renuncia o impedimento.

Tras asumir el cargo y recibir el respaldo de la Fiscalía, Montaño nombró a Mabel Andrade Molina como fiscal departamental de Santa Cruz, ante la aprehensión de Alberto Zeballos, que hasta ayer ejercía ese cargo.

Estas detenciones forman parte de un operativo mayor en el que la Policía boliviana capturó a 14 personas, entre ellas fiscales y al menos un jefe policial, a quienes acusa de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas.

La detención de 14 personas la madrugada de este jueves ha generado repercusiones políticas en Bolivia, luego de que entre los arrestados figuren fiscales y al menos un jefe policial, acusados por el Gobierno de presuntos delitos vinculados al narcotráfico.

En una conferencia de prensa esta mañana, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, identificó a cuatro de las personas que fueron detenidas -el fiscal general, un fiscal departamental, el fiscal superior y un jefe policial- a quienes se acusa de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas.

Además, mencionó que otras cuatro fueron detenidas cuando intentaban sacar dinero del domicilio del fiscal general, Roger Marica, en una ambulancia, y que la Policía está buscando al exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, sobre quien presuntamente recaerían las mismas acusaciones.

En base a información oficial difundida hasta ahora, los cuatro detenidos son:

1. Roger Mariaca, fiscal general del Estado. Fue elegido en 2024 con votos de todas las bancadas políticas para un cargo de mucho poder: él es quien dirige el Ministerio Público, la institución encargada de la persecución penal. El Gobierno lo acusa de haber convertido la institución en “una organización criminal destinada a proteger, incentivar y proteger el narcoterrorismo en el país”.

2. Alberto Zeballos, fiscal Departamental de Santa Cruz. Fue fiscal en la instancia especializada en Persecución de Delitos de Corrupción (Fepdc) hasta que en octubre de 2024 cuando fue designado por Mariaca como fiscal departamental de la región más extensa y poblada del país.

3. Martín Irusta Flores, fiscal superior. Fue abogado defensor del expresidente Evo Morales (2006-2019) y al menos dos de sus ministros. Más tarde, en las elecciones generales de 2025, fue candidato a diputado por Alianza Popular, el frente político liderado por Andrónico Rodríguez, y luego designado en el cargo actual por Roger Mariaca.

4. Rubén Aparicio, mayor de la Policía. Fue señalado como nexo entre el fiscal general Roger Mariaca y el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Pocas horas después de la captura de ambos, se difundió un video en el que Marset se refiere al fiscal como “su amigo”.

Según el ministro de Gobierno, los otros detenidos son sospechosos de autoría o complicidad de la supuesta red que favorecía al crimen organizado.

Estas detenciones se producen tres días después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos difundiera una lista de funcionarios y exfuncionarios bolivianos presuntamente vinculados a actividades ilícitas a quienes se les revocó la visa para ese país. Entre los nombres figuran los tres fiscales detenidos, además de jueces, exministros y miembros de la Policía.

Sin embargo, el ministro Oviedo descartó la participación de la DEA en los operativos de captura.

Las acusaciones de Estados Unidos y estas detenciones generan un quiebre en la administración judicial en el país en un momento de cuestionamientos sobre la imparcialidad de la Justicia y el presunto encubrimiento al narcotráfico.

En los últimos días se difundió un video en el que presuntamente se ve a una jueza ingresar al domicilio de Sebastián Marset horas antes de su captura, lo que ha provocado una investigación disciplinaria y abierto nuevas interrogantes sobre la penetración de organizaciones criminales en el sistema judicial.

El ministro Oviedo calificó las detenciones como una “oportunidad histórica” para transformar la justicia en el país y lanzó una advertencia al país: “Tienen dos opciones: o están con la ley y el desarrollo de nuestra patria, o están con el delito y el terrorismo. A los que se quedan del lado del delito, los vamos a combatir constantemente”.

El ministro de Gobierno (Interior) de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, calificó la detención de 14 personas esta madrugada como un operativo para desmontar “una organización criminal enquistada en la Justicia”.

En una conferencia de prensa la mañana de este jueves, Oviedo afirmó que “el Ministerio Público, encabezado por el fiscal Roger Mariaca, se volvió una organización criminal destinada a proteger, incentivar y proteger el narcoterrorismo en el país”.

Entre los 14 detenidos figuran autoridades de nivel jerárquico del Ministerio Público: el fiscal general Mariaca, que asumió funciones en 2024 con más de 2/3 de apoyo en la Asamblea Legislativa, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos y el fiscal superior, Martín Irusta Flores; ambos designados por Mariaca. También se mencionó a un jefe policial, el mayor Rubén Aparicio Villarroel.

Los delitos por los que se los acusa son organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas.

El ministro no identificó a los demás aprehendidos, pero señaló que son sospechosas de autoría o complicidad de la supuesta red que favorecía al crimen organizado. Entre ellas figuran cuatro personas que habrían estado sacando “ingentes cantidades de dinero” en una ambulancia de la casa del fiscal Mariaca tras su aprehensión.

Poco después del operativo, circuló un video en el que se escucha al narcotraficante Sebastián Marset decir que el fiscal general era “su amigo”. Según la prensa local, hay acusaciones de que el capo uruguayo habría pagado a altos funcionarios bolivianos para radicar libremente en Bolivia.

Según el ministro Oviedo, en el año 2023 se detuvo por primera vez a Marset y se lo liberó horas después. “Estuvo detenido muy poco tiempo, lo dejaron salir y le devolvieron sus bienes incautados, ese es el tipo de modelo de narcoterrorismo que se apoderó del Ministerio Público en Bolivia”, afirmó.

Esta versión da un giro en lo que hasta entonces se había informado oficialmente sobre ese operativo cuando se indicó que Marset escapó antes de que llegaran los agentes policiales.

El ministro evitó responder algunas preguntas de los periodistas locales. No informó quién dio la orden de aprehensión para capturar al fiscal general ni si los detenidos serán expulsados a Estados Unidos, en el marco del acuerdo de cooperación de seguridad del Escudo de las Américas.

El Gobierno descartó la participación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) estadounidense en el operativo y señaló que los acusados fueron llevados a la ciudad de La Paz, donde van a pasar “a la justicia ordinaria”. Sin embargo, la situación jurídica de Mariaca genera incertidumbre porque por su cargo tiene derecho a un juicio de responsabilidades.

Finalmente, Oviedo descartó la aprehensión del exministro de Gobierno de Luis Arce, Eduardo Del Castillo, como se informó extraoficialmente algunos medios bolivianos pero afirmó que “se lo está buscando” y que espera tener “algún resultado en las próximas horas”.

Las aprehensiones se producen dos días después de que el Gobierno de Donald Trump publicara un listado de funcionarios y exfuncionarios bolivianos a quien les revocó la visa por supuestos vínculos con el narcotráfico. Entre ellas figuraban tres de los detenidos en la madrugada: Mariaca, Zeballos e Irusta.

Washington sostuvo que el Fiscal General habría solicitado y aceptado sobornos para facilitar actividades de narcotraficantes y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia. Mariaca rechazó las acusaciones y las calificó como una forma de presión sobre su gestión, citó especialmente el caso que sigue contra el exasesor principal de Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo.

Luego de la captura de Mariaca, la Fiscalía emitió un comunicado en el que se refiere a su “ausencia definitiva” y expresa su respaldo a Luis Montaño, quien se presentó como el nuevo fiscal general interino, citando leyes vigentes.

La secuencia fue difundida durante la noche del miércoles, pocas horas después de que Mariaca y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fueran aprehendidos en el aeropuerto internacional de Viru Viru. El video muestra a Marset sentado mientras un hombre le pregunta por una llamada que está recibiendo.

“Está llamando, Mariaca. A todo mundo está llamando. ¿Por qué está llamando?”, se escucha decir al interlocutor. Marset responde: “Porque Mariaca es mi amigo”. Ante la pregunta sobre si había hablado con el fiscal, contesta: “Sí, hablo con él”.

El diálogo continúa con preguntas sobre el contenido de esas conversaciones y sobre si estaban relacionadas con negocios. “No negocio nada, supuestamente él controla la Fiscalía. Avisa”, responde Marset. Cuando el agente le pregunta qué le avisaba, el narcotraficante contesta: “Lo que tiene que avisar”. Finalmente, ante la pregunta de si había recibido alguna advertencia ese día, responde: “Hoy no me avisó nada”.

La Fiscalía había rechazado el miércoles una versión según la cual el fiscal general se había reunido con Marset días antes de su extradición a Estados Unidos y pidió que se presentaran pruebas que respaldaran esa afirmación.

El Ministerio Público denunció que el fiscal general fue detenido de manera “ilegal” y afirmó desconocer inicialmente los motivos de la medida. Un funcionario de la institución llegó a calificar el procedimiento como un “secuestro”.

La Fiscalía señaló que Mariaca se había trasladado a Santa Cruz para cumplir con su agenda institucional. En paralelo, agentes policiales intervinieron las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Sucre, donde funcionarios denunciaron que efectivos con el rostro cubierto ingresaron al edificio. La institución también cuestionó la legalidad del operativo.

Hasta las primeras horas del jueves, las autoridades bolivianas no habían explicado públicamente los motivos de las aprehensiones de Mariaca y Zeballos ni habían detallado el alcance de los operativos realizados en distintas sedes del Ministerio Público.

Dos días después de las sanciones de Estados Unidos

La detención se produjo apenas dos días después de que Estados Unidos anunciara la revocación de visas de varios funcionarios y exfuncionarios latinoamericanos, entre ellos Mariaca y Zeballos. Washington acusó al fiscal general boliviano de corrupción y de obstaculizar los esfuerzos contra el narcotráfico. Según la acusación estadounidense, Mariaca habría recibido sobornos para facilitar actividades de narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evitar la justicia.

Mariaca rechazó esas acusaciones y calificó la medida estadounidense como una forma de “injerencia” y “presión política”. El fiscal vinculó las sanciones con investigaciones impulsadas por el Ministerio Público boliviano, entre ellas la causa contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo.

El Gobierno de Bolivia calificó las acusaciones estadounidenses como graves y solicitó a Washington que entregue la información en la que se basan para que pueda ser investigada en el país. El Legislativo también tiene previsto analizar la documentación y evaluar la creación de una comisión para revisar los señalamientos.

Mariaca fue elegido fiscal general en octubre de 2024 por la Asamblea Legislativa para un mandato de seis años. Su detención y la difusión del video de Marset abrieron ahora una nueva investigación sobre los posibles contactos entre funcionarios bolivianos y el narcotraficante uruguayo, quien fue capturado en Santa Cruz en marzo y posteriormente extraditado a Estados Unidos.

El gobierno de Bolivia derogó el miércoles la subvención a la gasolina de aviación y dispuso que el combustible se venda a precio internacional, dentro del ajuste al sistema de hidrocarburos que ya provocó protestas tras el aumento del diésel.

El decreto, firmado por el presidente Rodrigo Paz, fijó “las condiciones de importación y comercialización de la gasolina de aviación grado 100, con la finalidad de garantizar el abastecimiento de combustibles en el mercado interno”. La medida elimina el precio regulado de cerca de USD 0,90 por litro que regía para ese carburante. Desde ahora, la gasolina de aviación se comercializará a valores de mercado.

La decisión forma parte de las reformas económicas del Ejecutivo para responder a la crisis que el Gobierno define como la peor en 40 años. La administración de Paz atribuye una parte central del déficit estatal al esquema de subsidios para los combustibles.

Hace dos semanas, el Gobierno retiró el 100% de la subvención al diésel. El precio de ese producto pasará a depender de las cotizaciones internacionales. La gasolina conservará el subsidio hasta el cierre de este año y el Ejecutivo prevé establecer nuevas medidas en enero.

El incremento del diésel generó reclamos, en especial entre los transportistas de carga. De acuerdo con cifras oficiales, el 20% del transporte utiliza diésel y el alza ya repercutió en los precios de los alimentos.

Bolivia importa el 80% del diésel y el 50% de la gasolina que consume. El Gobierno sostuvo que busca ordenar las cuentas públicas y destinar recursos antes asignados a la subvención a obras estatales. Transportistas, comerciantes y maestros expresaron su rechazo a las medidas.

Paz también anunció que enviará a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley sobre electricidad, que busca reducir de forma gradual la dependencia del gas para la generación energética y promover fuentes renovables no convencionales. Se trata de la segunda iniciativa legislativa que el Gobierno remite al Congreso. En agosto presentó un proyecto de ley de inversiones, incluido en el paquete de medidas para afrontar la crisis económica, que aún no recibió aprobación legislativa. “Aquí hay energía, hay gas, tenemos electricidad, tenemos capacidad de poner la energía para que sus empresas se puedan instalar y con eso generar empleo, generar desarrollo de las diferentes instancias”, afirmó el mandatario.

La administración del jefe de Estado había declarado la semana pasada como “prioritaria” la reorganización, disolución o liquidación de las empresas estatales deficitarias bajo control del Ejecutivo central, después de identificar 15 compañías en quiebra técnica con pérdidas acumuladas por unos USD 381 millones.

La medida quedó establecida en un decreto que dispuso una evaluación individual de cada empresa. La Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) elaborará los diagnósticos, que luego deberán recibir la aprobación del Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (Coseep). Cuando el dictamen establezca la necesidad de una reorganización, el ministerio responsable tendrá un plazo de 15 días hábiles para iniciar las gestiones correspondientes.

El decreto no detalla el número ni los nombres de las compañías que pasarán por esa revisión. Dos semanas atrás, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, anticipó que la evaluación alcanzaría a entre ocho y diez instituciones.

En abril, el Ejecutivo informó que 15 de las 67 empresas estatales del país se encontraban en quiebra técnica, con pérdidas acumuladas de 2.655 millones de bolivianos, equivalentes a unos USD 381 millones. La mayor parte de esas compañías fue creada durante los gobiernos de Evo Morales, entre 2006 y 2019, y de Luis Arce, entre 2020 y 2025. Esas administraciones impulsaron la expansión de las empresas públicas como parte de una política para fortalecer la producción nacional y sustituir importaciones.

(Con información de Associtaed Press y EFE)

El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, fue detenido el miércoles por la noche en la región oriental de Santa Cruz, dos días después de que Estados Unidos le revocara la visa por supuestos vínculos con el narcotráfico, mientras la Policía allanó las oficinas de la Fiscalía General del Estado en Sucre, según fuentes oficiales citadas por AFP y una denuncia del propio Ministerio Público.

“Está confirmada la detención del fiscal” Mariaca, dijo de manera escueta a la AFP una fuente del Ministerio de Gobierno que prefirió mantener su identidad en reserva. Junto al fiscal general también fue detenido el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, quien figura asimismo entre los funcionarios sancionados por Washington.

El Ministerio Público boliviano denunció que Mariaca fue aprehendido de forma “ilegal” por motivos que hasta el momento se desconocen. Un funcionario de la Fiscalía afirmó en una transmisión en vivo desde Sucre que se trató del “secuestro” del fiscal general, después de que medios locales informaran sobre su detención en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz.

La Fiscalía indicó que Mariaca se había trasladado a esa región para “cumplir con su agenda institucional” y sostuvo que no conocía el motivo de su detención.

En paralelo, funcionarios de la Fiscalía denunciaron una intervención policial en la sede del Ministerio Público en Sucre, la capital constitucional de Bolivia. “Denunciamos ante toda la población boliviana esta intervención que se está haciendo de manera ilegal”, dijo Claudia Pardo, jefa de comunicaciones de la Fiscalía, en una transmisión difundida por las redes sociales de la institución.

En las imágenes se observaron policías con el rostro cubierto y chalecos del Centro Especial de Investigación Policial, una unidad de inteligencia. Los funcionarios de la Fiscalía General y de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz no respondieron de inmediato a las consultas de AFP.

Hasta el momento, el Gobierno boliviano y la Policía no habían difundido información oficial sobre los motivos de las aprehensiones de Mariaca y Zeballos ni sobre el operativo realizado en las instalaciones de la Fiscalía en Sucre.

Las detenciones se produjeron dos días después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciara la revocación de visas de altos funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú, a quienes acusó de ser “corruptos” y de “socavar gobiernos elegidos democráticamente”.

Bolivia es el país con más ciudadanos incluidos en la lista difundida por Estados Unidos, que menciona a trece funcionarios y ex funcionarios, entre ellos Mariaca y Zeballos. Según el Gobierno estadounidense, las acciones atribuidas a Mariaca “ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del programa Escudo, busca fortalecer”.

En otra acusación difundida esta semana, el Gobierno estadounidense señaló que Mariaca recibió “sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia”.

Mariaca rechazó las acusaciones y calificó la decisión estadounidense como un acto de “injerencia” y “presión política” relacionado con las investigaciones impulsadas por el Ministerio Público. El fiscal general también vinculó las sanciones con las “implicaciones” que tuvieron dentro y fuera de Bolivia algunas de esas investigaciones.

Entre los procesos mencionados por Mariaca figura el caso contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo, acusado, entre otros delitos, de presunta tentativa de feminicidio contra su ex pareja.

El Gobierno boliviano calificó el lunes de “graves” las acusaciones formuladas por Estados Unidos y solicitó a Washington la información correspondiente para investigar en el país a las personas incluidas en la lista.

La situación también será tratada por el Legislativo boliviano, que tiene prevista una sesión el próximo lunes para analizar la información que envíe Estados Unidos y evaluar la posible conformación de una comisión destinada a investigar las acusaciones.

Mariaca fue elegido fiscal general de Bolivia en octubre de 2024 para un mandato de seis años por el anterior Legislativo, que tenía mayoría del entonces oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de los ex presidentes Evo Morales y Luis Arce.

(Con información de AFP y EFE)

La razón fundamental por la cual el escenario cordobés no funcionó al 100% de su capacidad habitual radica en los episodios ocurridos durante la última Copa del Mundo en Estados Unidos. Durante la realización del certamen internacional, la entidad madre del fútbol constató la emisión de cánticos e insultos de contenido racista, homofóbico y discriminatorio por parte de sectores de la hinchada argentina. Las faltas reglamentarias se registraron en los enfrentamientos del equipo ante los representativos de Cabo Verde, Egipto, Suiza, Inglaterra y España.

Como consecuencia de estas infracciones a las normas de conducta, la FIFA aplicó un castigo que incluyó una multa económica para la AFA y la clausura del 50% del aforo del estadio para el primer encuentro de la fecha internacional. La restricción afecta de manera directa a las tribunas ubicadas detrás de los arcos del Estadio Mario Alberto Kempes, las cuales no pudieron recibir espectadores durante el desarrollo del juego ante la selección boliviana.

Ante la imposibilidad de habilitar la totalidad del recinto, las localidades puestas a disposición del público sufrieron una drástica disminución. La AFA y los responsables de la organización del evento tuvieron que reestructurar el mapa de accesos al estadio para garantizar el cumplimiento del fallo. La venta de entradas para el cupo permitido se agotó en su totalidad a las pocas horas de su apertura, dejando a un número significativo de simpatizantes sin la posibilidad de presenciar el partido en la capital provincial.

En acatamiento a las resoluciones del tribunal disciplinario emitidas desde Suiza, las autoridades dispusieron operativos especiales en los portones de ingreso habilitados. Asimismo, desde la organización se solicitó a todos los asistentes que acudieran al predio con la documentación personal y los tickets correspondientes en mano con el fin de evitar aglomeraciones y agilizar los controles de seguridad en las zonas linderas al campo de juego.

El impacto de las restricciones en los escenarios deportivos también generó incertidumbre respecto a los siguientes compromisos programados para la fecha FIFA. No obstante, para el segundo cruce del calendario, fijado para el sábado 3 de octubre frente a Burkina Faso en el Estadio Monumental de Buenos Aires, las condiciones de ingreso serán distintas a las aplicadas en la provincia de Córdoba.

El partido de la Selección frente a Burkina Faso se jugará con aforo completo. Si bien en primera instancia la sanción estipulaba una reducción similar del 50 por ciento para las tribunas Sívori y Centenario bajas de la cancha ubicada en la capital del país, la aplicación de la medida en el segundo duelo quedó en suspenso mientras la dirigencia de la AFA evalúa la continuidad del proceso de apelación.

El itinerario del equipo finalizará el martes 6 de octubre con un tercer enfrentamiento ante el seleccionado de Benín, que se disputará en el mismo escenario porteño. En dicha jornada, la Selección contará con la autorización para habilitar el 100% de las tribunas para el público que asistirá al encuentro de despedida de Lionel Messi del conjunto nacional en el territorio argentino.

El Gobierno de Estados Unidos anunció el 28 de septiembre una política de restricciones de visas para ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú a quienes atribuye actos de corrupción o narcotráfico que afecten a gobiernos elegidos democráticamente. Las medidas alcanzan a personas identificadas de forma individual y, en varios casos, a sus familiares directos. El anuncio no impone una prohibición general de ingreso ni modifica de forma automática las condiciones para el resto de los viajeros de esos cuatro países, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La medida se apoya en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, una disposición que permite impedir el ingreso de extranjeros si su presencia o sus actividades previstas pueden tener consecuencias adversas graves para la política exterior estadounidense. El Departamento de Estado también aplicó una designación pública bajo la sección 7031(c) de la ley de asignaciones de 2026 contra el fiscal general boliviano Roger Mariaca, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Washington presentó la iniciativa como parte de los compromisos asumidos en la Cumbre de Doral y ratificados el 22 de septiembre en una declaración de líderes de la iniciativa Escudo de las Américas. El gobierno estadounidense sostuvo que el mecanismo permitirá coordinar sanciones, restricciones de viaje y otras acciones contra personas vinculadas con hechos que, según su evaluación, debiliten la seguridad, el Estado de derecho y las instituciones democráticas de la región, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

¿Qué significa la nueva restricción de visas de Estados Unidos para Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú?

La decisión afecta a ciudadanos concretos, no a la totalidad de las poblaciones de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El Departamento de Estado indicó que la política apunta a extranjeros que hayan socavado a gobiernos democráticamente elegidos a través de actividades de corrupción o narcotráfico. Esa formulación delimita el alcance de las medidas y descarta que exista una cancelación masiva de visas por nacionalidad, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El vocero de la cartera diplomática, Thomas “Tommy” Pigott, señaló que “los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente en Estados Unidos” bajo la administración de Donald Trump. La declaración acompañó la presentación de un mecanismo que la autoridad estadounidense definió como duradero y aplicable a medida que surja información sobre nuevos casos en la región, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La política contempla dos consecuencias principales. La primera es la revocación de visas ya emitidas a personas identificadas por Washington. La segunda es la declaración de inelegibilidad para quienes no posean una visa vigente, lo que les impide obtenerla salvo una revisión posterior de las autoridades migratorias. En ambos supuestos, las restricciones pueden extenderse a familiares inmediatos, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Para viajeros sin una medida individual en su contra, el comunicado no anuncia cambios en las reglas generales de ingreso, los procesos consulares ni las categorías habituales de visas. Las solicitudes de turismo, negocios, estudios, empleo o inmigración continúan sujetas a los procedimientos ordinarios y a la evaluación particular de cada expediente, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos.

¿A quiénes revocó Estados Unidos las visas en Bolivia?

Bolivia concentra la mayor cantidad de casos incluidos en la comunicación oficial. Estados Unidos informó restricciones para 12 ciudadanos bolivianos y sus familiares directos, con la revocación de documentos de viaje vigentes. La lista comprende fiscales, jueces, un exministro, un oficial de policía, un exfuncionario aduanero y un empresario, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Entre los nombres difundidos figuran el fiscal superior Martín Daniel Irusta Flores; la jueza Albania Chane Caballero Saavedra; el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores; la jueza Rosario Ximena Flores Paniagua; el exministro de Justicia y Transparencia Institucional Iván Lima Magne; y el empresario José Luis Iriarte Cussi. La nómina también incluye a otros funcionarios vinculados con la administración de justicia y la Policía Boliviana, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La cartera diplomática añadió que nueve bolivianos que no tenían visas vigentes quedaron generalmente inhabilitados para recibirlas. La medida también involucra a sus familiares inmediatos, aunque el texto oficial no publicó la identidad de esas nueve personas ni detalló las acusaciones atribuidas a cada una, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El comunicado no informa si los afectados recibieron notificaciones individuales antes de la divulgación pública ni precisa los mecanismos administrativos disponibles para solicitar una revisión. Tampoco establece plazos para una eventual modificación de las restricciones, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos.

¿Por qué Estados Unidos designó al fiscal general boliviano Roger Mariaca?

En una decisión separada de las revocaciones de visas, Estados Unidos designó públicamente al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, bajo la sección 7031(c) de la ley de asignaciones de 2026. El Departamento de Estado afirmó que la designación alcanza también a los familiares directos del funcionario, quienes pasan a ser generalmente inelegibles para entrar al país, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Washington sostuvo que Mariaca utilizó sus cargos públicos para solicitar y aceptar sobornos que facilitarían actividades de narcotráfico y permitirían que criminales violentos evitaran la acción judicial. La comunicación estadounidense presentó esas acusaciones como fundamento de la medida, sin informar sobre un proceso penal en territorio estadounidense ni aportar documentos judiciales adicionales en el anuncio, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La sección 7031(c) obliga al secretario de Estado a realizar designaciones públicas o privadas contra funcionarios extranjeros y familiares inmediatos cuando exista información que el Gobierno estadounidense considere creíble sobre participación en corrupción significativa o violaciones graves de derechos humanos. La medida es migratoria y no constituye, por sí sola, una sentencia judicial, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

¿Qué personas de Colombia, Ecuador y Perú fueron alcanzadas por las restricciones?

En Colombia, el Departamento de Estado anunció la revocación de visas para dos ciudadanos y sus familiares directos. El texto oficial identifica a la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú y al empresario Euclides Antonio Torres Romero. La comunicación no especifica qué conductas atribuye a cada uno de ellos ni detalla los antecedentes evaluados para adoptar la decisión, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Para Ecuador, Washington confirmó restricciones contra dos ciudadanos ecuatorianos y señaló que sus visas fueron revocadas. A diferencia de las medidas adoptadas para Bolivia, Colombia y Perú, el comunicado no publicó los nombres de los afectados. La fuente institucional tampoco indicó sus cargos, actividades profesionales o la naturaleza de los hechos examinados, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos.

En Perú, la medida alcanzó al juez Juan Carlos Núñez Matos, del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, y a sus familiares directos. El Departamento de Estado informó la revocación de las visas existentes, sin ampliar en el documento las razones específicas vinculadas con el caso ni anunciar procedimientos adicionales, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

En total, la comunicación menciona restricciones para 12 bolivianos con visas revocadas, nueve bolivianos declarados inelegibles sin visa vigente, dos colombianos, dos ecuatorianos y un peruano. La designación del fiscal general Mariaca constituye una acción adicional, bajo otra base legal, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos.

¿Qué cambia para los viajeros tras las restricciones de visas de Estados Unidos?

Las personas identificadas por Estados Unidos no podrán usar las visas revocadas para ingresar a ese país. Quienes hayan sido declarados inelegibles tampoco podrán obtener el documento mientras la medida permanezca vigente. Los familiares directos incluidos en cada decisión pueden enfrentar la misma limitación migratoria, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El anuncio no incorpora requisitos nuevos para ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú que no estén mencionados en resoluciones individuales. Tampoco altera el funcionamiento general de embajadas y consulados estadounidenses ni anuncia restricciones para pasaportes emitidos por esos países, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La cartera diplomática señaló que aplicará la política conforme desarrolle información y en coordinación con los países participantes de Escudo de las Américas. Por ahora, los casos comunicados el 28 de septiembre definen el alcance público de la medida, mientras eventuales nuevas decisiones dependerán de anuncios posteriores de las autoridades estadounidenses, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La Justicia boliviana rechazó este martes la solicitud de cesación de la detención preventiva presentada por la defensa del expresidente Luis Arce (2020-2025), por lo que continuará recluido en el penal de San Pedro, en La Paz, mientras avanza una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de recursos de un fondo público cuando era ministro de Economía.

Pese al rechazo de la solicitud, el juez autorizó que Arce pueda recibir atención médica cuando sea necesario. El exmandatario se encuentra actualmente internado en un hospital de La Paz, donde recibe tratamiento médico y se evalúa además la evolución de un cáncer que padeció años atrás.

Arce, de 62 años, cumple detención preventiva desde diciembre del año pasado. Es uno de los principales investigados en un proceso relacionado con el Fondo Indígena, una entidad estatal creada durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) para financiar proyectos de desarrollo destinados a comunidades indígenas y campesinas.

La Fiscalía investiga depósitos de recursos públicos que estaban destinados a proyectos y que habrían terminado en cuentas particulares, presuntamente con autorización o falta de supervisión del entonces ministro de Economía.

Desde que inició el caso, Arce ha rechazado las acusaciones en su contra. El pasado 16 de septiembre, cuando fue trasladado desde la cárcel a un hospital de la zona de Miraflores, afirmó: “Soy inocente de todo”.

La situación judicial de Arce se desarrolla en medio de otros procesos que han involucrado al exmandatario. Uno de ellos corresponde a una denuncia presentada en Cochabamba por Brenda Lafuente, una alta exfuncionaria de su Gobierno, quien sostiene que tuvo un hijo con Arce y lo denunció por supuesto abandono de menor con agravante.

La Fiscalía Departamental de Cochabamba desestimó esa denuncia, al considerar, según la denunciante, que se trataba de un conflicto familiar que debía resolverse por esa vía y que el menor no se encontraba desprotegido. Lafuente anunció que impugnará la decisión y pidió que la investigación continúe, a la vez que afirmó tener pruebas.

Por ahora, la principal causa que mantiene privado de libertad a Arce continúa siendo la investigación vinculada al Fondo Indígena, mientras se investigan otros caos de presunta corrupción que involucran a sus hijos.

La semana pasada, su hijo mayor, Luis Marcelo Arce Mosqueira, obtuvo detención domiciliaria tras permanecer seis meses en prisión por una acusación de enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias.

En tanto, sus otros dos hijos, Rafael y Camila, fueron acusados por presuntas irregularidades en la adquisición y desarrollo de un predio agrícola en Santa Cruz. Ambos habrían obtenido créditos millonarios del Banco Ganadero, sin tener experiencia en el rubro ni respaldo financiero, para iniciar un proyecto en el que se habrían beneficiado con autorizaciones y la construcción de infraestructura pública.

Al menos 14 personas fueron acribilladas este mes en Bolivia en una serie de ataques registrados principalmente en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, según un recuento de casos realizado por Infobae en base a publicaciones de la prensa local.

Los hechos, ocurridos en viviendas y lugares públicos, incluyen asesinatos de personas con presuntos antecedentes criminales, principalmente relacionados a narcotráfico, y otros casos que todavía no han sido establecidos.

Santa Cruz concentra la mayor cantidad de casos, con nueve asesinatos registrados tanto en la capital como en otras localidades de la región. El episodio más grave ocurrió en San Ignacio de Velasco, donde cuatro hombres fueron asesinados entre el 13 y el 14 de septiembre. Rodrigo Oliveira Zeballos, hermano del presidente de la Asociación de Ganaderos de esa localidad, y Gabriel Posiabo Fernández fueron atacados dentro de sus viviendas durante la madrugada, mientras que otras dos jóvenes, de 17 y 24 años, fueron asesinados cuando se encontraban grabando un video para TikTok.

La violencia también alcanzó a otras ciudades del oriente y la Amazonía boliviana. En Trinidad, en el departamento de Beni, fue asesinado a tiros Sueber Vieira Flores y la Policía señaló a dos ciudadanos venezolanos como sospechosos. En Cobija, en la frontera norte del país, una pareja fue hallada muerta dentro de su vivienda, donde también se encontraban niños, según reportes de la prensa local.

En tanto, en la región del Trópico de Cochabamba, al centro del país, el cuerpo de José Jason Terrazas Rivero fue encontrado en un cementerio de Bulo Bulo con un mensaje que exigía la entrega de un supuesto secuestrador. En Santa Cruz de la Sierra, dos hombres fueron asesinados el 29 de septiembre en hechos separados a plena luz del día: uno de ellos en una zona comercial de la avenida Mutualista y el otro en Pampa de la Isla; las autoridades investigan posibles antecedentes relacionados con el narcotráfico.

Los casos tienen elementos que podrían apuntar a ajustes de cuentas o violencia vinculada al crimen organizado, pero las investigaciones aún no han establecido una conexión entre los ataques. Tampoco se ha presentado un informe oficial sobre todos casos.

La concentración de varios asesinatos en Santa Cruz, Beni y Pando, departamentos próximos a las fronteras con Brasil, plantea interrogantes sobre las redes criminales que operan en el oriente y la capacidad del Estado para combatir las actividades ilícitas.

Estos asesinatos se producen en plena vigencia de un plan de seguridad denominado “Fronteras Seguras” que el Gobierno implementó a mediados de agosto luego de una ola de crímenes en poblaciones fronterizas.

El lanzamiento del plan de seguridad se realizó en Guayaramerín, en la frontera con Brasil, durante un acto encabezado por el presidente Rodrigo Paz y con la presencia de ministros, autoridades locales y representantes brasileños.

Según anunció el mandatario, el programa contempla el despliegue permanente de unidades especializadas y tropas de élite de la Policía Boliviana en puntos clave como Guayaramerín, Cobija, San Ignacio y San Matías con el objetivo de “desarticular al crimen organizado transnacional”.

De esos cuatro municipios, en todos hubo asesinatos posteriores a la puesta en marcha del plan de seguridad agosto. En septiembre, solo se registraron ejecuciones en San Ignacio (cuatro) y Cobija (dos).

Un juez de Bolivia resolvió el martes que el ex presidente Luis Arce continúe con prisión preventiva en el penal de San Pedro, en La Paz, pese a que permanece internado en un hospital para recibir tratamiento oncológico y a que su defensa pidió sustituir la detención por arresto domiciliario. La decisión fue dictada en una audiencia virtual por el juez Román Castro, quien dispuso que la Dirección Penitenciaria garantice atención médica inmediata para el ex mandatario cuando la requiera dentro de la cárcel.

La resolución establece que la entidad “debe agotar en primera instancia de manera inmediata todos los mecanismos” disponibles en el recinto penitenciario. Si esa asistencia resulta insuficiente, el juez deberá ser informado para que ordene el traslado del imputado a un hospital y resguarde “sus derechos constitucionales”.

Castro consideró que la defensa de Arce no presentó documentación “idónea” que acreditara un riesgo para su salud en caso de que continúe privado de libertad y ordenó que un especialista médico autorice su alta hospitalaria y notifique esa determinación antes de su retorno a la cárcel. Los abogados del ex gobernante anunciaron que apelarán la resolución y solicitaron que el juez aclare su fallo con argumentos de “jurisprudencia”.

Durante la audiencia, Arce negó que pudiera abandonar Bolivia si obtenía la detención domiciliaria. “Yo he dicho siempre que voy a enfrentar aquí en la justicia todos los cargos (en mi contra), porque el que no ha robado, el que no ha matado, el que no ha mentido a su pueblo tiene la moral para hacerlo y (...) me voy a defender en el país”, afirmó.

El ex presidente, que gobernó Bolivia entre 2020 y 2025, cumple prisión preventiva desde diciembre de 2025 por una investigación sobre presunta corrupción durante su gestión como ministro de Economía en el Gobierno de Evo Morales, entre 2006 y 2019. La Fiscalía sostiene que Arce autorizó de forma irregular transferencias de fondos públicos a cuentas personales de dirigentes campesinos para financiar proyectos que no prosperaron. El ex mandatario también enfrenta un proceso por presunta legitimación de ganancias ilícitas junto con su hijo mayor, Marcelo Arce Mosqueira, quien recibió arresto domiciliario en Santa Cruz dentro de ese expediente. Rafael y Camila Arce, otros dos hijos del ex jefe de Estado, también figuran en la causa, aunque se desconoce su paradero.

Hace dos semanas, otro juez ordenó su traslado a un centro especializado en oncología, tras el reclamo de su abogado, Fernando Rivadeneyra, quien aseguró que Arce no recibió una revisión médica desde su ingreso en prisión.

En medio del revés judicial para Arce, se conoció que la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia sesionará el lunes 5 de octubre para analizar las acusaciones formuladas por el Gobierno de Estados Unidos contra autoridades y ex funcionarios bolivianos a quienes revocó el visado, entre ellos el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y evaluar la creación de una comisión parlamentaria de investigación.

El vicepresidente de Bolivia y presidente del Legislativo, Edmand Lara, confirmó que la sesión se realizará por la tarde, tras la espera de información y antecedentes que el Departamento de Estado estadounidense debe remitir sobre las restricciones migratorias.

Lara explicó que la Cancillería boliviana ya envió “notas” al Departamento de Estado “para que EE.UU. remita los antecedentes” sobre Mariaca y “de todas las autoridades que figuran en esa lista” de personas afectadas por la revocación de visados.

La convocatoria prevé que diputados y senadores consideren las comunicaciones atribuidas al Gobierno estadounidense, la documentación solicitada a las instituciones competentes y, si corresponde, la conformación de una Comisión de Investigación Parlamentaria con un objeto y alcance definidos. El tratamiento se enmarca en las facultades constitucionales de control y fiscalización de los órganos del Estado y las entidades públicas. La convocatoria también aclara que las restricciones migratorias impuestas por otro país no constituyen, por sí mismas, una determinación de responsabilidad penal en Bolivia.

El Gobierno del presidente Donald Trump anunció el lunes 28 de septiembre la revocación de visados para funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú, a quienes acusa de actos de corrupción y de socavar gobiernos elegidos democráticamente.

En el caso de Mariaca, Estados Unidos sostuvo que sus acciones “ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del programa Escudo, busca fortalecer”. El Ejecutivo boliviano calificó las acusaciones como “graves” y señaló que solicitará información a Washington para impulsar una investigación interna. Algunos legisladores también pidieron que Mariaca se aparte de sus funciones mientras se esclarecen los señalamientos.

(Con información de EFE)

Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en el Predio de Ezeiza Lionel Andrés Messi y se refirió a su continuidad y la chance de renovar su contrato. A puertas abiertas los primeros quince minutos, el plantel llevará a cabo el último entrenamiento a partir de las 15:30 antes de partir hacia Córdoba de cara al amistoso de mañana ante Bolivia (comenzará a las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes).

Finalizó la conferencia de prensa.

Los motivos de la capitanía de Cristian Romero. “El Cuti además de ser un gran jugador tiene que aceptar esa responsabilidad y la hizo. Creemos que la puede llevar adelante, a partir de ahora tendrá que demostrar lo que es llevar la cinta de capitán. El comportamiento es único porque todos querrán imitarlo a él. Tendrá que mejorar muchísimas cosas. A veces es demasiado voluntarioso y eso lo tendrá que mejorar. Cuando se la ofrecimos hace un tiempo ser el tercero hasta que Leo y Ota se fueron, vimos en él que puede serlo. Y sobre todas las cosas porque es un gran jugador y pensamos que siempre va a estar adentro defendiendo la camiseta de la Selección”.

Los agravios del público al seleccionado nacional en los Juegos Suramericanos. “No vi los insultos a los chicos de la selección Sub 17. Lo siento, pero no lo vi”.

El debut de 65 chicos en la selección argentina. “El entrenador de una selección tiene que citar a los mejores, si está la posibilidad de traer chicos, porque pasan los años y es obligada la renovación. Los chicos de atrás vienen empujando y lo seguiremos haciendo. Siempre con la cabeza en que no regalamos nada a nadie, el que debuta es porque lo merece. No tenía el número en la cabeza, pero seguirá pasando si estos chicos entrenan de esta manera”.

La localía en los amistosos internacionales. “No sé si es más beneficioso jugar de local. Estar con tu gente y que los jugadores estén con sus familias, toman venir a la selección como una especie de descanso. La decisión no pasa por nosotros, los rivales salen y eligen si pueden venir o no. No tengo problema si tenemos que viajar. En noviembre estaremos viajando y no habría inconvenientes. Si me dan a elegir, lo haría siempre en Argentina porque estamos súper cómodos”.

Cuándo arribará Lionel Messi y las fuertes críticas que recibió cuando fue designado como entrenador de la selección en 2018. “Leo en principio viene el fin de semana, después del partido del 3. Pero si quiere venir al 3, puede. Llegaría el domingo creo. No sé si llamarlo satisfacción el hecho de poder renovar después de las críticas del inicio. Me parecían justos los comentarios sobre mí. Dirigir la selección argentina no sé si hubiera dicho lo mismo, a lo mejor de diferentes maneras. Podría haber pensado que este chico tenía la capacidad. Estaba bien, no tengo revancha con ninguno, forma parte de donde estoy sentado y de que el periodista pueda opinar como opina cuando el equipo gana o pierde, para eso están. Podemos debatir los modales, eso es lo más importante. Eso marca el clic de analizar la situación. En ese momento, fue normal”.

Su diálogo con Diego Placente tras los Juegos Suramericanos y la chance de jugar un amistoso en Rosario. “Con Diego no hablé, fuimos a ver el partido contra Uruguay. No pudimos ir al siguiente. Me gusta cómo trabaja, con la tranquilidad que lo hace, eso está bueno. Contento del trabajo de ellos y está en línea con nosotros. Claro que me gustaría jugar en Rosario porque tengo familia cerca ahí, no tiene que desplazarse. Esta vez se da en Córdoba. Ojalá que en cualquiera de las dos canchas, me da lo mismo, Central o Newell’s. Ojalá se pueda dar”.

La evaluación sobre la última Copa del Mundo. “Lo que evaluamos después del Mundial es el puesto por puesto, cuántos jugadores llegarían a cierta edad, qué otros buscar, qué nivel tenemos. Si podemos seguir apostando al fútbol que queremos con estos jugadores. Creemos que se puede dar. El último Mundial nos dejó la enseñanza de que se juega todos los partidos, sea el rival que sea, a morir. Como habíamos confirmado tantas veces. Cuando analizábamos a los rivales, el rival nuestro es Argentina porque nuestros rivales se duplican. Parece otra selección cuando juegan contra nosotros. Todo el mundo quiere competir contra Argentina. Eso va a seguir estando. Todos los equipos nos jugaron de una manera que cambian cuando nos enfrentan. Aprendimos a sufrir, que eso es importante también”.

Cuándo podría jugarse la Finalissima y si Messi podría jugar el 3 de octubre ante Burkina Faso. “La Finalissima no tengo ni idea. Con el tema de calendario que hay, no sé. Aparte veo que en Europa está todo con la Nations League a full. No la veo por ahora. Con Leo no volví a hablar después de esa charla si venía al partido del 6. No pasa porque los jugadores me pidan que siga o no, la decisión está de continuar y llegar a un acuerdo, no me cambiaría que me lo pida él. Le agradecería un montón, eso se agradece. Pero lo más importante es tener las ganas de querer seguir”.

Cómo ve a la selección argentina de cara al Mundial 2030. “Falta un montón para 2030, pero vamos a competir, eso lo tenemos claro. Por eso es una de las decisiones intentar seguir, porque vemos que material hay, el hambre de querer estar sigue estando. Ningún futbolista quiso tomarse esta fecha FIFA para no venir. En tanto y en cuánto veamos eso, tenemos garantizada la señal de que vamos a competir con todos. Después tenemos el ADN del fútbol y vamos a estar en buen nivel, no tengo dudas”.

El paralelismo con el recambio actual y el que existió en sus inicios como DT del seleccionado nacional. “No tiene mucho que ver porque hubo un recambio más amplio en aquel momento, una idea diferente a esta. Ahora hay recambio, pero con una base más sólida. En aquel momento no sabíamos muy bien y no sabíamos si estábamos de interinos o no. Ahora hay una base diferente y gente en quién confiar. Los resultados en el fútbol son traicioneros, pero estamos en otro momento. Nivel futbolístico y el entorno. Lo ideal para empezar a meter futbolistas sin esa presión de jugar con esta camiseta”.

Las negociaciones frustradas de Julián Álvarez para salir del Atlético Madrid. “No hablé con Julián de ese tema. Aparte ahora cerró el libre de pases. Lo veo bien, contento, está con su familia en Córdoba. Ojalá vuelva a recuperar la confianza de la hinchada del Atlético Madrid, que el bien del Atlético es el bien de la selección argentina”.

El respaldo de Menotti al cuerpo técnico, la unión con el público y la dificultad de los calendarios que planteó el director de selecciones nacionales en 2019. “Se dio todo menos el calendario. Cuando César (Menotti) dijo lo que dijo, estábamos de acuerdo en todo porque volver a nuestras raíces, a representar a la selección argentina, invitar al jugador a que venga, el vínculo con la gente que ha sido el máximo posible, en eso estamos orgullosos de poder haber conseguido eso. El calendario es un tema que se escapa, no solo en Argentina, en el mundo es una cosa que se está hablando y no sé si habrá acuerdo en algún momento porque hay cada vez más partidos. Queremos jugar a los futbolistas, los chicos del fútbol argentino nos morimos de ganas por tenerlos, pero tienen sus compromisos. Preferimos que jueguen con sus clubes y que puedan venir a entrenar con nosotros y consensuar con los clubes. Que vengan, entrenen acá y juguen con sus clubes. Tomás Palacios no podremos contar con él, pero está buena la predisposición de ambos. No es culpa de nadie, es culpa de que hay cada vez más partidos”.

El futuro de Leandro Paredes. “No hablé, claro que pertenece a la Selección. Sobre todo por lo que nos dio, que es un histórico, particularmente lo queremos. No volví a hablar porque no había mucho que agregar. Con ninguno hablé. Las puertas están abiertas. Le tenemos un gran cariño. No vamos a poder contar con él estos partidos, más allá de las fechas que le dieron o no, la sanción no estuvo buena. Cuando esté disponible y si está a este nivel, es un gran jugador. Por qué no”.

Los jóvenes que asoman en la Selección. “Matías Soulé lo teníamos, Santiago Simón lo tuvimos en juveniles. Román (Vega) lo venimos monitoreando hace tiempo. Son chicos que demuestran querer estar. Les daremos la oportunidad de jugar, no sé si de inicio. La semana ha sido importante, buena, nunca tuvimos tantos días. Se ganaron un día más de descanso de lo normal porque fue de bastante carga la semana. Estamos contentos porque nos pueden dar. Ya hemos hablado con ellos y les daremos los minutos necesarios”.

El liderazo de Messi y el recambio. “Más allá del jugador, siempre dije lo que generaba dentro y fuera de la cancha a Messi. Imaginate si será difícil, no existe la sensación que genera él. Pero tenemos gente que puede aportar liderazgo y sobre todas las cosas buena gente. No buscamos caudillos, compañeros que tengan miedo, buscamos gente positiva, buena gente y creemos que hay ese tipo para suplir lo que hacía Leo, que va a ser difícil”.

Cuándo anunciará su continuidad y la chance de que jueguen juntos Lautaro Martínez y Julián Álvarez. “No sé cuándo anunciaremos mi continuidad o no. Dependerá de llegar o no a un acuerdo. En principio van a jugar este partido juntos, es una linda prueba para que se vea a los dos y ver qué pueden aportar. Son dos grandes jugadores y tenemos la oportunidad de que vuelvan a jugar”.

La decisión de darle la capitanía a Cristian Romero y el rumor del llamado de River. “El capitán ya era Cuti después de Leo y Ota. El segundo va a ser Emiliano Martínez y el tercero Lautaro. Esos para estos partidos. Los rumores (River) son rumores, nadie me ha hablado. Hasta el 31 de diciembre no voy a escuchar a nadie. Conmigo nadie habló y hasta el 31, si es que no se llega a un acuerdo, tampoco voy a escuchar. Es lo que siempre he hecho. Lo de River no es cierto, nadie me contactó, hasta el 31 estoy acá”.

El posible alejamiento de Walter Samuel. “El Cabezón ya nos dio una muestra de lo que representaba la selección el año pasado cuando tuvo una oferta del Inter para trabajar con Chivu. Se quedó hasta el Mundial, eso habla de lo grande que es. Además de ser importantísimo es mi amigo. Quiero lo mejor, si él quiere en algún momento tomar una decisión, es justo que lo pueda hacer. Él tiene las puertas abiertas, pero no tengo novedades. No va a haber problemas si es así. Sería una pérdida importantísima, ya veremos si no está”.

La continuidad de Argentina sin Messi. “Cualquier equipo del mundo que tenga un jugador como él (Messi) pasa a ser indispensable. Cuando no estuvo, el equipo ha respondido. Hay jóvenes que pueden aportar. Estos partidos están para probar. Se puede jugar de otra manera, con dos o tres delanteros. Tres centrales. Diferentes cosas que te pueden valer para el futuro. Sin olvidarnos que nuestro fútbol pasa a través de la pelota y de juntar gente que juegue bien. Eso no va a cambiar hasta que estemos acá, es nuestra identidad”.

Los pro y contra para tomar la decisión de su renovación. “Dije después de la final que había que pensar bien. Era un momento negativo, tuve que repensar bien, analizar el tema deportivo que es fundamental. Sin olvidar el económico. Estamos ilusionados con eso, la verdad. Eso es lo más importante. De lo contrario, siendo sincero, si no veía la posibilidad de poder competir y armar algo lindo como se armó, no hubiera abierto la chance de sentarme a hablar”.

Quién será el próximo 10. “En estos partidos no tenemos obligación de dar la 10 así que hasta que sea el partido de Leo no se la daremos a nadie y después veremos a quién se la daremos. Por Eliminatorias no queda fija, pero la idea es que se la quede uno con todo lo lindo que es llevarla. Por ahora no hemos definido”.

¿Nico Paz y Franco Mastantuono pueden jugar juntos? “Pueden jugar juntos. Jugaría uno de los dos, ahí doy una buena pista. Lo hemos probado y ganas no faltan. Lo intentaremos en algún momento”.

El 11 para jugar contra Bolivia. “Tengo el equipo, pero los jugadores no lo saben y lo voy a dar después del entreno”.

El posteo con Chiqui Tapia y su continuidad. “La foto es que cada vez que vengo me reúno, después del Mundial no habíamos hablado. Charlamos un ratito para ir avanzando. La predisposición está de las dos partes y eso es lo importante. Recién empezamos a hablar. Intentaremos volver a hablar en estos días. Tenemos los partidos por delante. Repito que cuando tengamos algo por decir, lo informaremos”.

Arranca la conferencia de prensa.

El cronograma de amistosos de la selección argentina:

• Miércoles 30 de septiembre

21.00 Argentina vs. Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba)

• Sábado 3 de octubre

21.00 Argentina vs. Burkina Faso, en el estadio Monumental (Buenos Aires)

• Martes 6 de octubre

20.00 Argentina vs. Benín, en el estadio Monumental (Buenos Aires)

Novedades de última hora entre los convocados:

#SelecciónMayor Los futbolistas Tomás Palacios y Leonel Flores serán liberados para afrontar los compromisos con sus clubes. El primero lo hará hoy por la tarde y el segundo luego del amistoso con Bolivia. Volverán a Ezeiza luego de sus partidos.

En tanto, Tobías Andrada,…

— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 29, 2026

La lista de convocados para los amistosos de fecha FIFA:

A esta nómina, se sumaron del fútbol local Leonel Flores (Boca Juniors), ⁠Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata), ⁠Santiago Beltrán (River Plate), ⁠Thiago Almada (River Plate), ⁠Nicolás Otamendi (River Plate) y ⁠Tobías Andrada (River Plate). Además, también fueron llamados Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Santiago Simón (Toluca) y Valentín Gómez (Betis).

El mensaje en las redes de la selección argentina sobre la negociación de la renovación de Lionel Scaloni:

#SelecciónMayor Comenzaron las charlas entre el Presidente de la @afa, Claudio Tapia y el entrenador Lionel Scaloni, por la renovación de su vínculo al mando del equipo albiceleste. pic.twitter.com/2Yhki7a8Zf

— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 25, 2026

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la conferencia de Lionel Scaloni!

Estados Unidos amplió este lunes las restricciones de ingreso al país para 13 ciudadanos bolivianos, entre los que se incluye el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, el exministro de Justicia, Iván Lima, un excomandante policial que en mayo se había reunido con la DEA en Washington, entre otros exfuncionarios y autoridades del sistema judicial.

“Los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden ingresar libremente a Estados Unidos”, señaló el Departamento de Estado en el comunicado en el que anunció la medida que también alcanza a familiares de las personas sancionadas.

La decisión se enmarca en una política de restricción de visas impulsada por la administración del presidente Donald Trump contra ciudadanos extranjeros que, según Washington, “atentan contra un gobierno democráticamente elegido” mediante actos de corrupción o narcotráfico en la región.

La medida se produce casi dos semanas después de que la Embajada de Estados Unidos en La Paz difundiera un mensaje en el que advirtió que Washington no tolerará la “narco-política” en el hemisferio y señaló su intención de actuar contra quienes vinculen actividades ilícitas con el poder político en Bolivia.

En la publicación, la embajada mencionó el antecedente de revocación de visa de exfuncionarios de Ecuador y afirmó que “sin importar el cargo o el país, Estados Unidos usará todas las herramientas a su alcance para encontrar y desenmascarar a todos que abusen de sus puestos para facilitar la corrupción gubernamental y el narcotráfico”.

Los 13 bolivianos que fueron sancionados son:

1.Roger Mariaca, fiscal general del Estado. Fue elegido en 2024 con votos de todas las bancadas políticas para un cargo de mucho poder: él es quien dirige el Ministerio Público, la institución encargada de la persecución penal. El Departamento de Estado lo acusa de haber abusado de su cargo para solicitar y aceptar sobornos con el objetivo de facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes a evadir la justicia.

2.Alberto Zeballos, fiscal Departamental de Santa Cruz. Fue fiscal en la instancia especializada en Persecución de Delitos de Corrupción (Fepdc) hasta que en octubre de 2024 cuadno fue designado por Mariaca como fiscal departamental de la región más extensa y poblada del país.

3. Frans William Cabrera Quispe, coronel de la Policía Boliviana. Exdirector general de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) e Inspector General interino hasta hace pocos días. Curiosamente, Cabrera fue uno de los interlocutores bolivianos con la Administración para la Administración de Drogas (DEA) de Estados Unidos, a donde viajó en mayo junto con el entonces viceministro de Sustancias Controladas de Bolivia, Ernesto Justiniano, para definir acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

4.Iván Lima Magne, exministro de Justicia y Transparencia Institucional. Fue ministro durante la gestión de Luis Arce, pero renunció antes de la conclusión del mandato. Fue acusado de manipular la justicia en medio de la pugna entre Arce y el expresidente Evo Morales, además de enfrentar cuestionamientos por la validación de la extensión del mandato de los magistrados judicial, entre otros actos.

5.Daniel Irusta Flores, fiscal superior. Fue abogado defensor del expresidente Evo Morales (2006-2019) y al menos dos de sus ministros. Más tarde, en las elecciones generales de 2025, fue candidato a diputado por Alianza Popular, el frente político liderado por Andrónico Rodríguez, y luego designado en el cargo actual por Roger Mariaca.

6.Albania Caballero Saavedra, jueza Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujeres. La jurista fue acusada de beneficiar a los implicados en un proceso de legitimación de ganancias ilícitas de alto perfil, que se conoce como “caso maletas”, y que involucra a una exdiputada y un juez. Antes intervino en procesos de alta repercusión mediática, como el caso de los contratos irregulares contra la exalcaldesa de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa.

7.Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de Instrucción Penal en el Departamento de Santa Cruz. Fue una de las juristas que firmó, junto con Albania Caballero, el mandamiento de libertad del exjuez Hebert Zeballos, implicado en el “caso maletas”.

8.Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, fiscal Superior y exfiscal departamental de Chuquisaca. Participó en investigaciones que fueron objeto de acciones constitucionales pero no se conocen, hasta ahora, acusaciones públicas que lo vinculen directamente con narcotráfico. Según medios locales, es un hombre cercano al actual fiscal general Roger Mariaca.

9.Israel Campero Méndez, magistrado constitucional. Fue cuestionado por fallos presuntamente contrarios a las leyes y de favorecer con acciones judiciales al gobierno de Luis Arce, como la suspensión de las interpelaciones legislativas a sus ministros cuando era vocal de una sala constitucional en La Paz.

10. Alberto Soto de la Vía, expresidente de la Aduana Nacional. También estuvo vinculado al “caso maletas” y enfrentó otros cuestionamientos sobre vuelos irregulares para el traslado de ayuda internacional durante los conflictos sociales de mayo y junio. Fue designado en 2025, durante el gobierno de Rodrigo Paz y ocupó el cargo hasta el pasado17 de septiembre, cuando se revocó su nombramiento en medio de las acusaciones.

11. Iván Campero Villalba, exmagistrado suplente de la Corte Suprema. Está investigado en un presunto consorcio judicial, que incluye jueces, fiscales y abogados, y sobre el que pesan acusaciones de tráfico de influencias.

12. Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez del Juzgado de Instrucción Penal de La Guardia. Su nombre cobró notoriedad pública por varias decisiones en el marco del proceso contra Misael Nallar, un hombre acusado de narcotráfico y del triple asesinato de policías.

13. José Luis Iriarte Cussi, empresario privado dedicado a la distribución de combustible. Según investigaciones periodísticas, es propietario de varias estaciones de servicio presuntamente vinculadas con el desvío de diésel subvencionado hacia la minería aurífera en el norte de La Paz.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, admitió este lunes que el avión presidencial FAB-002 hizo una escala de tres días en Boca Ratón, una exclusiva ciudad costera al sur de Florida. En medio de cuestionamientos sobre su agenda y el uso de recursos públicos, el jefe de Estado señaló que fue una escala “técnica” al concluir una semana de reuniones de alto nivel en Washington y Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“La elección de aeropuertos no pasa por uno, pasa por una decisión técnica”, explicó el mandatario y agregó que desconoce los motivos de la permanencia del avión en el que iba a bordo.

Registros públicos de aviación muestran que el FAB-002 hizo una ruta que coincide con la del exmandatario: partió la madrugada del 19 de septiembre de Santa Cruz con destino a Panamá, donde hizo una escala antes de continuar al aeropuerto de Manassas, en Washington D.C, y luego a Teterboro, una de las terminales más importantes del área metropolitana de Nueva York.

A su retorno, el avión voló a Boca Ratón donde estuvo entre el 24 y 27 de septiembre, antes de su regreso a Bolivia, sin que hubiera trascendido la agenda presidencial ni se hubiera informado los motivos de la escala en esa ciudad.

Cuestionado por periodistas locales, Paz evitó entrar en detalles, se limitó a calificar la escala de tres días como una decisión técnica y se comparó con Evo Morales: “A diferencia de Evo, yo no uso el avión para irme a ver partidos”, afirmó, en referencia al viaje del expresidente a Sudáfrica para la inauguración del Mundial de fútbol en 2010.

El mandatario agregó que su estadía en Estados Unidos fue productiva porque amplió las negociaciones de créditos externos que gestiona Bolivia como “un paso extraordinario” para “la nueva dinámica de la economía”. Sin mencionar montos, organismos ni proyectos, afirmó que su gestión ha logrado acuerdos por 10 mil millones de dólares.

“Los aviones o las movilidades de la presidencia, son instrumentos de trabajo. Nosotros usamos un instrumento de trabajo para los 10 mil millones de dólares que van a venir”, justificó.

Esta cifra incluye créditos ya aprobados del Banco Mundial, el Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-CAF y el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros.

Por otro lado, Paz señaló que tuvo 32 reuniones con funcionarios de alto nivel, entre los que mencionó el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, los presidentes de Uruguay y Paraguay, Yamandú Orsi y Santiago Peña, con quienes acordó impulsar la alianza Urupabol; además otros mandatarios y representantes de organizaciones internacionales, como la ONU y el Banco Mundial, entre otros.

Sin embargo, en su informe no mencionó el encuentro con Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, con quien se reunió el jueves junto con los mandatarios de Panamá y Paraguay.

Según información difundida por el Gobierno de Paraguay, el encuentro trató sobre una alianza estratégica entre Israel y América Latina, en la que los líderes hablaron sobre “mecanismos para consolidar una seguridad duradera” y expresaron “el firme compromiso de sus respectivos Gobiernos en la lucha contra el terrorismo”.

Paz inició este lunes una semana compleja marcada tanto por escándalos como por gestiones ante la nueva política de combustibles. Mientras el presidente esquiva los cuestionamientos por su estadía en Boca Ratón y la publicación de una separata en un periódico estadounidense que hasta ahora nadie explica, el Gobierno busca generar consensos para evitar que las protestas por el nuevo precio del diésel se masifiquen.

“No toleramos la narco-política en el hemisferio y nadie está exento”. La frase corresponde a un duro comunicado que fue emitido por la embajada de los Estados Unidos en La Paz, Bolivia, del pasado 15 de septiembre. Esa delegación está encabezada desde hace pocas semanas por la Encargada de Negocios Amanda Porter, quien junto a un numeroso equipo están recomponiendo los vínculos entre ambos países tras 17 años de distanciamiento.

Fue Evo Morales -durante su presidencia- quien expulsó a los diplomáticos norteamericanos para acercarse a Cuba, Irán, Venezuela, Rusia y China. Múltiples fuentes aseguran que esta ruptura no fue únicamente por cuestiones ideológicas, sino que además sirvió para facilitar la expansión del narcotráfico en la región.

Este lunes, el Departamento de Estado conducido por Marco Rubio dispuso sanciones a funcionarios, fiscales, jueces y empresarios de Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador. Entre los nombres más importantes de la lista figura el fiscal general boliviano Roger Rider Mariaca Montenegro. Fue nombrado en octubre de 2024 por una asamblea mayoritaria del Movimiento al Socialismo (MAS) que entonces repartía sus lealtades entre Evo y Luis Arce, presidente de Bolivia. Tiene mandato, de no mediar acción, hasta 2030.

Mariaca no es nuevo en la materia. Tiene una larga experiencia. Fue durante años fiscal en Santa Cruz de la Sierra. Construyó, según fuentes, todo tipo de vínculos. Algunos más fluidos que otros.

Fue en aquella ciudad, en el barrio Las Palmas, donde se refugió durante años el narco uruguayo Sebastián Marset, detenido en marzo pasado por autoridades bolivianas con asistencia de la DEA, la agencia antinarcóticos norteamericana. Marset fue subido a un avión y trasladado de inmediato a los Estados Unidos. Mariaca ya no era fiscal allí. Cosas del azar y la cronología.

En el comunicado donde se anuncia la revocación de visas a decenas de funcionarios de otros países de la región, la Casa Blanca dedica dos párrafos explícitos al fiscal general boliviano:

“El Departamento de Estado también está designando públicamente al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, por su participación en actos de corrupción significativa. Esta medida hace que Mariaca y los miembros de su familia inmediata sean, en general, inelegibles para ingresar en Estados Unidos”.

“Mariaca, elegido en 2024 para un término de seis años como fiscal general durante el gobierno del presidente de extrema izquierda Luis Arce, y quien anteriormente se desempeñó como fiscal general de Santa Cruz, abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia. Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al mismo tiempo que socavan las propias instituciones democráticas que Bolivia, que como participante del Escudo, trabaja para fortalecer. El mensaje del presidente Trump y del secretario Rubio es sencillo: los funcionarios corruptos, y los criminales a quienes protegen, no son bienvenidos en Estados Unidos”.

Las sospechas indican, además, dos particularidades concretas: que Mariaca habría dado protección a Marset -entre otros- y que el narco uruguayo habría comenzado a colaborar con la justicia del norte. ¿Habrá más nombres? Nervios en otras dependencias bolivianas.

Ayer, Mariaca intentó defenderse de las acusaciones. Blandió el argumento de “injerencia” y de “interferencia”. El gobierno de Rodrigo Paz, en tanto, dijo que los acusados deberán comparecer ante la Justicia, sistema del cual Mariaca es pieza clave. El anuncio fue hecho por los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano y de Gobierno, Marco Oviedo.

La lista boliviana de sancionados la componen: Martín Daniel Irusta Flores, Fiscal Superior; Albania Chane Caballero Saavedra, jueza de Instrucción Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer Primera del Departamento de Santa Cruz; Alberto Zeballos Flores, fiscal Departamental de Santa Cruz; Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de Instrucción en lo Penal en el Departamento de Santa Cruz; Iván Manolo Lima Magne, ex ministro de Justicia y Transparencia Institucional; Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, fiscal Superior y ex Fiscal Departamental de Chuquisaca; Israel Ramiro Campero Méndez, magistrado Constitucional; Alberto Samuel Soto de la Vía, ex presidente ejecutivo interino de la Aduana Nacional; Iván Ramiro Campero Villalba, ex magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia; Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia; Frans William Cabrera Quispe, coronel, Policía Boliviana; José Luis Iriarte Cussi, empresario.

¿Cómo resolverá el presidente Paz esta encrucijada para sanear el Poder Judicial de Bolivia?

En su comunicado del 15 de septiembre, el Departamento de Estado había sido claro en su advertencia: “Estados Unidos usará todas las herramientas a su alcance para encontrar y desenmascarar a todos que abusen de sus puestos -incluyendo legisladores, fiscales, jueces, y cualquier otro funcionario- para facilitar la corrupción gubernamental y el narcotráfico”. Ahora resta que los resortes institucionales bolivianos comiencen a actuar. Porque el reloj corre.

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó el lunes que el ex presidente Evo Morales “fue el peor presidente” del país y sostuvo que “no merece ni un muerto más”, ante las amenazas del exgobernante y sus seguidores de iniciar nuevas movilizaciones contra las medidas económicas del actual Gobierno.

Paz habló con los medios en La Paz después de regresar al país tras su viaje a Estados Unidos, donde la semana pasada participó en la Asamblea General de Naciones Unidas y mantuvo reuniones bilaterales con algunos presidentes de la región y autoridades de organismos internacionales.

El mandatario sostuvo que Morales “no merece ni un muerto más”, en referencia a los más de 50 días de protestas callejeras y bloqueos de carreteras que dejaron al menos 16 fallecidos entre mayo y junio. Las movilizaciones fueron protagonizadas por sindicatos obreros, campesinos y sectores afines al ex mandatario.

“Nos dejó el país arrasado, sin gas, sin reservas, perdimos el mercado (de gas) de Argentina. Es el mismo señor que nos dejó Bolivia arrasada el que nos pide en octubre que nos confrontemos, bajo el discurso de la revolución”, manifestó Paz.

El presidente insistió en sus cuestionamientos contra el ex gobernante y afirmó que Morales “en 20 años destrozó” el país. Además, sostuvo que “no hubo en la historia un peor presidente que Evo Morales que destruyó el futuro de la patria”.

Paz también acusó a Morales de “subir a menores” de edad al avión presidencial y lo calificó de “pedófilo”, en referencia a la orden de captura contra el ex gobernante por una investigación por trata agravada de personas. En esa causa, Morales está acusado de haber mantenido una relación con una menor con quien supuestamente tuvo una hija en 2016, cuando todavía ocupaba la Presidencia.

“Ese es el señor que nos pide que nos matemos entre bolivianos”, insistió Paz, quien reclamó al ex mandatario que dialogue con el Gobierno. “Si tiene algo que decir, que se siente a la mesa a negociar”, afirmó.

Las declaraciones del presidente se produjeron después de que Morales encabezara el sábado un congreso con cientos de sus seguidores en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión sindical y político en el centro de Bolivia.

Morales permanece en esa región desde octubre de 2024, resguardado por sus seguidores para impedir su captura por la causa de supuesta trata agravada de personas.

Durante el encuentro, el ex mandatario exigió a Paz la derogación de distintas medidas del Gobierno y pidió abrogar “las normas de privatizaciones, de entrega de recursos naturales a las transnacionales, decretos inconstitucionales”.

Morales también advirtió que las protestas podrían comenzar el 13 de octubre. “Si no es de buenas, va a ser a malas”, afirmó durante el congreso, en referencia a las medidas que reclama al Gobierno.

El enfrentamiento entre ambos dirigentes se produce después de una crisis que derivó en más de 50 días de protestas y bloqueos durante mayo y junio. Las movilizaciones reclamaron la salida de Paz de la Presidencia y afectaron distintas rutas del país.

La crisis dejó al menos 16 fallecidos, de los cuales 13 murieron por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos. Además, las protestas provocaron pérdidas económicas estimadas en 3.000 millones de dólares.

Morales también enfrenta otra causa judicial. En julio, la Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra el ex mandatario por alzamiento armado y terrorismo, entre otros delitos, por su presunta responsabilidad en las protestas de mayo y junio.

El ex presidente fue acusado de liderar esas movilizaciones, que incluyeron bloqueos de carreteras y reclamos para que Paz dejara el cargo.

(Con información de EFE)

Estados Unidos anunció este lunes la revocación o restricción de visas para funcionarios, jueces, fiscales y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, además de medidas contra sus familiares directos, bajo una nueva política destinada a sancionar a extranjeros que, según el Departamento de Estado, utilicen la corrupción o el narcotráfico para debilitar gobiernos elegidos democráticamente. La decisión alcanza a 27 personas en total y tiene como principal señalamiento público al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca.

El Departamento de Estado explicó que las medidas fueron adoptadas bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, una disposición que permite impedir el ingreso de extranjeros cuando su presencia o las actividades que pretendan desarrollar puedan generar consecuencias adversas graves para la política exterior estadounidense.

“Los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente a Estados Unidos”, afirmó el Departamento de Estado al presentar la medida. La dependencia agregó que la medida permite restringir visas a ciudadanos extranjeros y a sus familiares cuando “socaven a un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico”.

Washington vinculó la decisión con los compromisos asumidos dentro del denominado Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por la administración de Donald Trump para reforzar la cooperación regional contra organizaciones criminales, narcotráfico y otras amenazas a la seguridad. El gobierno estadounidense señaló que sus integrantes acordaron coordinar sanciones, designaciones y medidas financieras contra individuos y grupos que afecten “la seguridad, el Estado de derecho y la democracia” del continente.

“Socavar a un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas y no será tolerado”, sostuvo el comunicado.

Bolivia concentra la mayor cantidad de afectados

Bolivia concentra el mayor número de funcionarios alcanzados por la nueva política migratoria de Washington. Estados Unidos revocó visas a 12 personas y sus familias, mientras que otras nueve quedaron impedidas, en términos generales, de obtener una visa si la solicitan en el futuro.

Entre quienes perdieron sus visas figuran fiscales, jueces, magistrados, un coronel de la Policía y un empresario. La lista incluye a Martin Daniel Irusta Flores, Albania Chane Caballero Saavedra, Alberto Zeballos Flores, Rosario Ximena Flores Paniagua, Iván Manolo Lima Magne, Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, Israel Ramiro Campero Méndez, Alberto Samuel Soto de la Vía, Iván Ramiro Campero Villalba, Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Frans William Cabrera Quispe y José Luis Iriarte Cussi.

El Departamento de Estado además hizo una designación pública contra Mariaca, quien fue elegido fiscal general en 2024 para un período de seis años. Según Washington, el funcionario “abusó de sus cargos públicos” al solicitar y aceptar sobornos destinados a facilitar actividades de narcotráfico y contribuyó a que delincuentes violentos evitaran enfrentar a la Justicia.

“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo”, afirmó el Departamento de Estado, que también sostuvo que Mariaca perjudicó las instituciones democráticas que Bolivia se comprometió a fortalecer como integrante del Escudo de las Américas.

La designación contra el fiscal general fue aplicada mediante la sección 7031(c) de la legislación estadounidense de asignaciones para seguridad nacional y asuntos internacionales. Esa norma permite al secretario de Estado designar públicamente a funcionarios extranjeros cuando dispone de información creíble sobre su presunta participación en corrupción significativa o graves violaciones de derechos humanos.

Colombia y Perú también quedaron alcanzados

En Colombia, las restricciones recayeron sobre el empresario Euclides Antonio Torres Romero y la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú. Torres es propietario de un conglomerado con actividades principalmente en los sectores energético, de señalización vial y alumbrado público. Peralta pertenece al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social.

En Perú, Estados Unidos revocó la visa de Juan Carlos Núñez Matos, juez del Primer Circuito Constitucional de Lima, además de aplicar la medida a sus familiares directos.

Ecuador también quedó incluido en la operación, con dos ciudadanos afectados. Sin embargo, el Departamento de Estado no difundió sus nombres en el comunicado.

Las autoridades estadounidenses señalaron que las nuevas restricciones constituyen un mecanismo permanente que permite actuar conforme aparezcan nuevas evidencias y coordinar medidas con gobiernos aliados. “Es un mecanismo duradero que permite a Estados Unidos actuar rápidamente, en coordinación con nuestros socios, a medida que se desarrolla la evidencia”, indicó el Departamento de Estado.

La medida llega después de que Washington reforzara durante septiembre su cooperación con Colombia, Ecuador y Perú en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico. El Departamento de Estado mantiene además información consular actualizada para los cuatro países, incluida la situación de seguridad y los requisitos de ingreso.

Choferes del transporte público de al menos dos ciudades realizan una huelga de 24 horas en rechazo al aumento del precio del diésel, luego de que el Gobierno levantara el subsidio estatal el pasado 18 de septiembre.

En dos ciudades -Sucre y Santa Cruz de la Sierra, la más extensa y poblada del país- el repliegue de las unidades es prácticamente total, en tanto en otras regiones como Potosí y Oruro, la medida se acata de manera parcial, según el reporte de los medios locales.

Los choferes reclaman por el nuevo precio del combustible, que pasó de 9,80 bolivianos (0,90 dólares) fijos a un precio regulado inicial de 17,95 bolivianos (1,63 dólares) tras el levantamiento de la subvención. El decreto que establece la nueva política de combustibles estableció una banda de ajuste del 5%, con el objetivo de que el valor interno refleje el costo de importación.

Esta medida es la última de una serie de reformas que inició en diciembre del año pasado con el levantamiento parcial del subsidio. Los transportistas exigen que se les autorice levantar el precio del pasaje argumentando que sus costos han subido. En tanto, las alcaldías, que son las instancias de regular la tarifa, sostienen que se debe realizar un estudio de costos previo.

El Gobierno defiende el levantamiento de la subvención como una de las medidas para reducir el gasto público y el déficit fiscal. El Ejecutivo argumenta además el porcentaje de unidades que utiliza diésel es menor al 25%, al menos en el caso de Santa Cruz y La Paz, y que se va a impulsar una campaña masiva de conversión a GNV y facilidades para la renovación de vehículos.

Otros sectores del transporte, como el interprovincial e interdepartamental, ya alcanzaron un acuerdo transitorio con el Ejecutivo y continúan operando.

En medio de las negociaciones y anuncios de protestas de algunos sectores sociales que exigen abrogar la norma, el Gobierno convocó a los sindicatos de choferes a una mesa de diálogo este martes para abordar la política del precio del combustible y las medidas que se van a asumir para mitigar su impacto.

El 18 de septiembre, el presidente Rodrigo Paz anunció la promulgación de un decreto que pone fin al subsidio al diésel y fija un nuevo esquema de precios que contempla fluctuaciones en base al precio del mercado internacional y el tipo de cambio.

La medida, establecida en el Decreto Supremo 5716, generó incertidumbre en la primera semana de vigencia e impactó en el precio de algunos alimentos. Sin embargo, salvo la huelga parcial y las protestas de algunas organizaciones sociales, la nueva política no ha generado un rechazo masivo.

Empresarios vinculados a la agroindustria explicaron a Infobae que llevaban meses comprando diésel de revendedores a un precio incluso superior debido a la escasez del producto. En ese sentido, consideran que la medida será aceptada mientras se garantice el abastecimiento.

Bolivia lleva más de tres años enfrentando periodos de desabastecimiento de combustible debido a la baja producción local y las crecientes dificultades de importación derivadas de la crisis económica, el agotamiento de las reservas internacionales y la crónica escasez de divisas.

Solo en 2025, el Estado destinó cerca de 2.900 millones de dólares para la importación de combustible, un gasto fiscal que drenó progresivamente las cuentas fiscales..

El embajador de la Unión Europea (UE) en Bolivia, Jaume Segura, advirtió a los ciudadanos bolivianos sobre ofertas laborales difundidas en redes sociales que pueden terminar con su incorporación a las fuerzas rusas que combaten en la guerra contra Ucrania.

“Hacemos un llamamiento a los jóvenes en Bolivia de que no se dejen llevar por ese tipo de cantos de sirena que les hagan creer que tienen un trabajo, que les van a pagar miles y miles de dólares al mes en Rusia”, declaró Segura en una entrevista con el periódico local El Deber.

El diplomático vinculó estas falsas ofertas de trabajo y altos ingresos salariales con la búsqueda de combatientes extranjeros por parte de Rusia y advirtió sobre las consecuencias para quienes aceptan viajar bajo la promesa de un empleo civil. “Es porque Rusia necesita gente que mandar allá y (eso) puede terminar muy mal, como hemos visto en algunos casos”, afirmó al situar este caso en un contexto más amplio de cooperación contra el crimen transnacional.

La advertencia se produce luego de que Bolivia registrara casos de ciudadanos que viajaron a Rusia tras recibir propuestas de empleo con remuneraciones superiores a las que obtienen en su país. De acuerdo con información proporcionada por la Cancillería, se recibieron 34 solicitudes de asistencia consular relacionadas con bolivianos vinculados al conflicto y cinco ciudadanos ya fueron repatriados.

El tema estalló luego de la denuncia pública de dos familias que habían sido notificadas con la muerte de dos jóvenes, José María Soleto e Iván Valdivia, que presuntamente fueron reclutados con falsas ofertas de empleo en Rusia.

A raíz de estos casos, la Cancillería activó protocolos de protección y asistencia consular mediante la Embajada de Bolivia en Moscú y la Fiscalía inició de oficio una investigación que derivó con la aprehensión de al menos tres personas vinculadas a la supuesta red de captación.

Las ofertas de trabajo identificadas incluían trabajos en construcción, seguridad, pintura y otras actividades, con salarios mensuales de entre 2.500 y 2.700 dólares y bonos iniciales que podían alcanzar los 16.000 dólares. Algunos traslados eran presentados como viajes laborales, culturales o temporales e incluían pasajes, visas, alojamiento y seguros.

En medio del escándalo, la Embajada de Rusia en Bolivia negó la participación de la misión diplomática en el reclutamiento de ciudadanos extranjeros pero admitió que es un fenómeno común durante en los conflictos bélicos.

En un contacto con periodistas locales de La Paz a mediados de julio, el embajador ruso Dmitry Vérchenko señaló que “en todo el mundo existen mercenarios que luchan por dinero” y agregó que en este conflicto también hay presencia de “extranjeros de América Latina”.

Casos similares ocurridos en otros países han sido investigados por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania de Naciones Unidas, que expresó su preocupación por este fenómeno. En septiembre, este organismo presentó un informe sobre ciudadanos extranjeros llevados a Rusia mediante ofertas laborales y posteriormente incorporados a estructuras militares vinculadas al conflicto.

El expresidente de Bolivia Evo Morales amenazó con protestas sociales si el Gobierno no revierte la medida que incrementa el precio del diésel tras el fin de la subvención estatal y otras medidas que considera “neoliberales” como el anunciado cierre de empresas públicas deficitarias.

En un encuentro con sus seguidores este domingo, el exmandatario afirmó que si el Ejecutivo no abroga “las normas de privatizaciones, de entrega de recursos naturales a las transnacionales, decretos inconstitucionales” iniciaría movilizaciones a partir del 13 de octubre. “Si no es de buenas, va a ser a malas”, advirtió.

En la reunión realizada en su bastión del Trópico de Cochabamba, se determinó exigir la abrogación del Decreto Supremo 5716, que elimina la subvención al diésel, y el 5727, que establece como prioridad la “reorganización, disolución y/o liquidación de las Empresas Públicas del nivel central del Estado” y establece el procedimiento que deberá seguirse para definir el futuro de cada una.

El Gobierno ha descartado dar marcha atrás con la política de combustibles y con las medidas que prevé encarar en relación a las empresas públicas para reducir el gasto fiscal. Según un informe oficial presentado en julio, hay al menos 15 empresas estatales que se encuentran en quiebra técnica, acumulando pérdidas por más unos 470 mil dólares y un patrimonio negativo que supera los 172 millones de dólares.

Entre las compañías que generan mayor pérdida figuran algunas estratégicas como Yacimientos de Litio Bolivianos o la aerolínea Boliviana de Aviación (BoA), que representa prácticamente un monopolio en la industria aeronáutica comercial.

En medio de los anuncios de protesta y en plena vigencia del estado de excepción, la Policía boliviana ha reforzado el control en carreteras para evitar la instalación de piquetes.

En tanto, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, señaló en una entrevista con el canal Unitel, que el exmandatario y sus seguidores pueden cuestionar al Gobierno y convocar movilizaciones pacíficas pero no pueden “imponer decisiones al país mediante amenazas, utimátums o bloqueos”.

En referencia al exmandatario, Justiniano repitió el cliché de la política boliviana: “nadie está por encima de la ley”. Sin embargo, hace dos años que Morales está por encima de una orden de captura que no se ejecuta, acusado de haber embarazado a una menor de edad durante su presidencia (2006-2019).

El Gobierno levantó el subsidio al diésel el 18 de septiembre poniendo fin a una transición que inició el año pasado, con la suspensión parcial de la subvención y la posterior implementación de un régimen de precios diferenciados que duró solo un mes.

Esta medida provocó el rechazo de algunas organizaciones sociales, como la que lidera Morales y de algunos sindicatos de choferes, que exigen que se aumente la tarifa de los pasajes de transporte y han entrado en huelga este lunes en algunas regiones del país.

Según información oficial, solo el 20% del transporte público opera con diésel y se tiene previsto iniciar una campaña de conversión masiva a GNV a través de un fondo rotatorio, además de medidas para impulsar la renovación de vehículos.

En ese contexto, el Gobierno convocó a los transportistas a una reunión este martes en la que estarán presentes los ministros de Economía, Christian Morales, de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, de Obras Públicas, Mauricio Zamora y de Gobierno (Interior), Marco Oviedo para explicar el decreto y las medidas que se van a implementar para amortiguar el alza, como reducción de aranceles, créditos preferenciales y un leve aumento en bonos sociales, entre otras.

El Gobierno de Bolivia, presidido por Rodrigo Paz, advirtió este domingo al ex presidente Evo Morales que ninguna persona está por encima de la ley, después de que el dirigente cocalero amenazara con encabezar nuevas movilizaciones desde el 13 de octubre contra las medidas económicas del Ejecutivo. La respuesta llegó de boca del ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, quien remarcó que Morales tiene derecho a cuestionar al Gobierno, pero no a imponer condiciones mediante bloqueos.

El ultimátum de Morales exige que el Ejecutivo abrogue antes del 3 de octubre el decreto 5716, que eliminó la subvención al diésel, y la norma que prioriza la reorganización, disolución o liquidación de empresas públicas. Si esas demandas no se atienden, los sectores afines al ex presidente advirtieron que activarán movilizaciones a partir del 13 de octubre, bajo la consigna de que, si no es “de a buenas”, será “de a malas”.

Justiniano calificó esa fórmula como una amenaza incompatible con el Estado de derecho. El ministro sostuvo que “nadie, por haber sido presidente o por tener capacidad de movilización, está por encima de la ley” y recordó que existen órdenes de aprehensión vigentes contra Morales, ante las cuales corresponde que se presente ante la justicia con las garantías que establece la Constitución.

El pronunciamiento se produjo un día después de que Morales liderara un congreso de sus seguidores en el trópico de Cochabamba, la región donde permanece refugiado desde 2024. Allí calificó al Ejecutivo de gobierno corrupto y sometido a intereses extranjeros, y planteó que las privatizaciones y la entrega de recursos naturales a empresas transnacionales forman parte de un modelo que su sector rechaza de plano.

El pulso actual se explica por lo ocurrido meses atrás. Entre el 6 de mayo y el 23 de junio, organizaciones sindicales y campesinas mantuvieron durante 50 días bloqueos de carreteras que exigían inicialmente mejoras salariales y terminaron pidiendo la renuncia de Paz. El saldo fue de al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna, y pérdidas económicas superiores a los USD 3.000 millones.

Paz, investido el 8 de noviembre de 2025 tras poner fin a dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo, había heredado una economía marcada por la escasez de dólares y combustible, descrita por los expertos como la peor crisis boliviana en cuatro décadas. Con ese diagnóstico, impulsó en diciembre de 2025 el retiro de la subvención a los hidrocarburos, que hasta entonces costaba al Estado más de USD 2.000 millones anuales.

Esa decisión, sumada a un paquete posterior de diez medidas económicas, alimentó el malestar de sectores que en 2025 respaldaron a Paz en las urnas y hoy se sienten excluidos de su gestión, en parte porque el mandatario conformó su gabinete principalmente con dirigentes empresariales.

La situación judicial de Morales agrava el conflicto. El 29 de julio, la Fiscalía ordenó su captura acusado de terrorismo, alzamiento armado y otros delitos por su presunta implicación en los bloqueos de mayo y junio, causa que se suma a otra abierta desde 2024 por presunta trata agravada de personas y estupro. Esta última investiga una relación que Morales habría mantenido con una adolescente de 15 años mientras era presidente, de la cual habría nacido una hija en 2016. Morales niega los cargos y los define como una persecución política.

El 20 de junio, tras 53 días de protestas, Paz decretó un estado de excepción en todo el territorio para restablecer la libre circulación y el abastecimiento. El Congreso lo extendió el 17 de septiembre por otros 90 días, vigente hasta mediados de diciembre, no como una segunda medida sino como prórroga del mismo régimen declarado en junio, mientras el Gobierno negocia en paralelo un acuerdo con el FMI por USD 1.900 millones.

El pulso entre Paz y Morales trasciende la disputa por el precio del diésel: enfrenta a un Ejecutivo que busca desmontar dos décadas de política subvencionada con un liderazgo que aún conserva capacidad de movilización en el campo boliviano.

Bolivia puso fin el 18 de septiembre de 2026 a la subvención estatal del diésel, después de más de dos décadas de una política de regulación que mantuvo el precio del combustible por debajo de su costo de importación y se convirtió en uno de los principales gastos públicos.

La decisión fue el último paso de una ruta iniciada a finales de 2025 y marcada por sucesivos cambios en el esquema de precios, hasta llegar a un sistema vinculado al mercado internacional.

La política de subvención se consolidó oficialmente en 2005, durante el gobierno de Carlos Mesa. Desde entonces, el precio del diésel y la gasolina quedaron congelados en el mercado interno, pero el volumen, el costo y la dependencia de las importaciones crecieron de manera sostenida en las décadas siguientes.

La ecuación de comprar cada vez más caro y vender barato (0,50 centavos de dólar el litro) se puso por primera vez en cuestión en 2010, cuando el Gobierno de Evo Morales decidió nivelar el precio de los combustibles con un aumento que supuso más del 73%. Sin embargo, en medio de protestas sociales contra el “gasolinazo”, el Ejecutivo terminó abrogando la norma y alargando una política económica que se haría insostenible.

El costo de la subvención se convirtió en uno de los detonantes de la crisis económica reciente, provocando el agotamiento gradual de las reservas internacionales y profundizando la escasez de dólares en el país.

Como referencia, solo en 2025 se destinaron cerca de 2.900 millones de dólares para la importación de combustible. Este gasto drenó progresivamente las cuentas nacionales, lo que derivó en periodos prolongados de desabastecimiento y largas filas en los surtidores los últimos años.

En ese escenario y con una inflación galopante, el retiro de la subvención pasó de ser un tabú a percibirse como una medida inevitable para superar la crisis económica, debido al colapso del modelo anterior. En la última elección presidencial, todos los candidatos se comprometieron a levantar el subsidio con apenas variantes en el cómo y el cuánto.

El primer ajuste se produjo el 17 de diciembre de 2025, cuando el Gobierno de Rodrigo Paz eliminó parcialmente la subvención mediante el Decreto Supremo 5503. El diésel pasó de costar Bs 3,72 (0,50 centavos de dólar) a Bs 9,80 por litro, un incremento de más del 160%, mientras la gasolina especial subió de Bs 3,74 a Bs 6,96, un 86%.

La decisión, sin embargo, no supuso la adopción de un precio plenamente libre. En enero de 2026, el Gobierno abrogó el DS 5503 en medio de protestas sociales por otros artículos que incluía la norma y lo sustituyó por otro que mantuvo los nuevos precios del diésel y la gasolina, estableció un régimen de estabilización y una metodología para futuros ajustes.

En julio, el Gobierno extendió el periodo “transitorio” de estabilización y congeló los nuevos precios del combustible hasta fin de año. A partir de entonces, se estableció que el cálculo se haría mediante una fórmula con base en los valores internacionales y el tipo de cambio del dólar.

Sin embargo, poco más de un mes después, se recalculó esa decisión. Un nuevo decreto eliminó la subvención para los “grandes consumidores”, entre ellos agroindustriales y mineros, que compran más de 20.000 litros al mes. Con este esquema, esos clientes pasaron a pagar un precio referencial, inicialmente fijado en Bs 18 por litro, mientras crecían los reclamos de los sectores afectados por la medida diferenciada.

El 1 de septiembre, la Agencia Nacional de Hidrocarburos dispuso bajar el precio de los grandes consumidores, de Bs 18 por litro a 16,50, y ampliar el rango de compra de diésel subvencionado, que pasó de 120 litros a 2.500 litros mensuales.

Finalmente, el 18 de septiembre de 2026, el Gobierno dio el paso definitivo para la liberación del diésel. El Decreto Supremo 5716 sustituyó el precio fijo del diésel por un régimen basado en el Precio de Paridad de Importación (PPI) para todos.

La norma estableció inicialmente un precio regulado de Bs 17,95 por litro y una banda de ajuste del 5%, con el objetivo de que el valor interno refleje el costo de importación.

“Hemos tomado la decisión de que desde hoy el diésel nos costará lo mismo que nos cuesta comprarlo afuera. No podemos comprar caro para vender barato para que unos cuantos se lo roben”, afirmó en referencia a las redes de contrabando que se habían generado con el precio bajo. En el mensaje grabado que fue difundido por televisión nacional, Paz agregó que los recursos que suponía la subvención serán invertidos en obras y proyectos.

A poco más de una semana de la nueva política de precios, algunos sindicatos de choferes anuncian protestas por el nuevo precio del diésel y reclaman que se aumente la tarifa de los pasajes, mientras crece la preocupación por el impacto de la medida en el costo de vida.

En tanto, se intensifica la incertidumbre por el futuro del precio de la gasolina, que se mantiene bajo un esquema regulado al menos hasta fin de año. Sin embargo, ante la escasez generalizada, algunos importadores privados han empezado a vender gasolina especial a precios que casi triplican el valor regulado.

Mientras crece el temor por el impacto de una eventual liberación total, quienes la promueven repiten como mantra una consigna que genera poco alivio: “El combustible más caro es el que no hay”.

El consultor político Fernando Cerimedo aseguró ante la Fiscalía boliviana que puede demostrar la procedencia lícita de sus recursos, en el marco de las investigaciones que lo acusan por legitimación de ganancias ilícitas y otros delitos.

En una declaración que duró siete horas, el exasesor del presidente Rodrigo Paz indicó que el dinero encontrado en allanamientos lo había traído desde Argentina, su país de origen.

Cerimedo respondió a más de 300 preguntas formuladas por una comisión de fiscales que se trasladó hasta el penal de Chonchocoro, a unos 30 kilómetros de La Paz, donde permanece con detención preventiva. El interrogatorio comenzó alrededor de las 11:00 y se prolongó hasta las 18:00.

El fiscal Miguel Cardozo informó que el investigado respondió todas las preguntas y proporcionó información que será analizada por el Ministerio Público dentro de la investigación por legitimación de ganancias ilícitas, falsedad material, uso de instrumento falsificado y usurpación de funciones.

“En relación al dinero (...) aseguró que ingresó de Argentina y que puede demostrarlo, pero será el Ministerio Público quien corrobore toda la información”, señaló Cardozo, citado por el periódico El Deber.

La procedencia de los fondos se convirtió en uno de los principales puntos del interrogatorio, después de que en allanamientos realizados en el marco de la investigación se encontrara dinero en efectivo en inmuebles vinculados a Cerimedo.

El Ministerio Público también interrogó al consultor argentino sobre su relación con el presidente boliviano. De acuerdo con la explicación del fiscal, Cerimedo reconoció que inicialmente fue asesor del mandatario y que posteriormente se alejó de esas funciones.

Cerimedo sostuvo además que no recibía un salario del Estado boliviano y que nunca trabajó oficialmente para el Gobierno, pese a que en su domicilio se encontraron tarjetas de presentación en las que se identificaba como “asesor principal” de Paz, se incluía un correo electrónico oficial y uno de los números de teléfono de contacto estaba registrado a nombre del Ministerio de la Presidencia.

De igual forma, una colección de fotografías y registros escritos muestra la cercanía de Cerimedo con el presidente, a quien acompañó en eventos privados de alto nivel como una reunión con Marco Rubio, secretario de Estado de Donald Trump, junto al entonces canciller.

La comparecencia de Cerimedo ante los fiscales forma parte de una investigación todavía en curso. Cardozo señaló que sus respuestas serán analizadas y que posteriormente se decidirán las siguientes actuaciones del caso.

Cerimedo, de 45 años, enfrenta cuatro procesos en Bolivia y en dos de ellos recibió detención preventiva por seis meses. El primero por tentativa de feminicidio, luego del ataque armado de dos sicarios contra su expareja, y el segundo por legitimación de ganancias y otros delitos relacionados, luego de que la víctima lo acusara de presuntos casos de corrupción que salpican incluso a la familia del primer mandatario.

Adicionalmente, el consultor político es investigado por violencia familiar y por presunto encubrimiento del narcotráfico.

Cerimedo antes fue asesor de otros líderes de la región, como Javier Milei y Jair Bolsonaro, y según registros públicos llegó a Bolivia en 2024 para realizar estudios de mercado. Posteriormente se vinculó con varios candidatos presidenciales —desde el socialista Andrónico Rodríguez hasta el libertario Jaime Dunn—, para finalmente trabajar con Rodrigo Paz desde la segunda vuelta electoral.

El ministro de Economía de Bolivia, Christian Morales, informó que el primer desembolso del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) está previsto para dentro de dos semanas. Según el funcionario, el monto estimado es de 250 millones de dólares de un total de 1.900 millones que otorgó el organismo para respaldar el programa de reformas económicas y fortalecer las reservas internacionales.

En contacto con medios locales, Morales señaló que los desembolsos serán progresivos y de acuerdo con revisiones trimestrales del cumplimiento de las metas establecidas.

Morales descartó que el organismo internacional haya puesto condiciones a Bolivia, contrariamente a lo que había afirmado el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, cuando justificó el fin de la subvención al diésel como uno de los requisitos para acceder al fondo.

“No es que se cumplen condiciones, es un seguimiento a las metas que nosotros hemos establecido en la ejecución de nuestra política económica, para evaluar qué nivel de aplicación nosotros tenemos y ver cómo estamos en función de ese plan”, aclaró el ministro.

Entre las principales medidas económicas del Gobierno en los primeros diez meses de gestión están la eliminación de la subvención total del diésel, parcialmente la de la gasolina y la flexibilización del tipo de cambio bajo un esquema de libre mercado.

La administración de Paz, que inicialmente había previsto un crédito del FMI de 5.000 millones y luego de 2.800, finalmente logró concretar 1.900 millones de dólares para los próximos tres años. El proyecto fue aprobado por la Asamblea Legislativa y promulgado por el presidente Paz el 20 de septiembre.

Este crédito es parte de un paquete de fondos internacionales, entre ellos los del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe – CAF.

Mientras el Gobierno espera el desembolso de este crédito, el presidente Rodrigo Paz informó que se están negociando préstamos adicionales por cerca de 10.000 millones de dólares a través de cuatro organismos multilaterales para apuntalar la reactivación económica del país durante los próximos dos o tres años.

El mandatario realizó el anuncio tras una agenda de varios días en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, donde mantuvo contactos con representantes de entidades financieras internacionales.

“Lo importante de la semana (es que) han sido cuatro días arduos de trabajo, (con) sectores empresariales, BID (Banco Interamericano de Desarrollo), CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), Banco Mundial (BM) (y) todas las instituciones que nos están generando crédito”, afirmó en entrevista con el canal estatal BTV.

El mandatario calificó como “un récord histórico” la acumulación de deuda por los 10.000 millones de dólares que “ahora acabamos de redondear”.

Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado un listado detallado de cuáles son los créditos, por qué monto, para qué proyecto están destinados ni en qué gobierno fueron negociados, porque quedan préstamos pendientes de la gestión anterior que no fueron aprobados.

Estos anuncios se dan en un momento de incertidumbre económica en Bolivia, luego de los ajustes realizados en la política cambiaria y de combustibles para combatir la crisis que enfrenta el país desde hace varios años a raíz de la debacle de la industria de los hidrocarburos.

Entre los principales indicadores de esta situación figuran la escasez de dólares, una inflación del 20% el año pasado, dificultades para garantizar el abastecimiento de combustible, la disminución de las reservas internacionales y un elevado déficit fiscal.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este jueves que su Gobierno aseguró USD 10.000 millones en recursos de organismos multilaterales para apuntalar la reactivación económica del país durante los próximos dos o tres años. El mandatario realizó el anuncio tras una agenda de cuatro días en el marco de su participación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde mantuvo contactos con representantes empresariales y entidades financieras internacionales.

“Lo importante de la semana (es que) han sido cuatro días arduos de trabajo, (con) sectores empresariales, BID (Banco Interamericano de Desarrollo), CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), Banco Mundial (BM) (y) todas las instituciones que nos están generando crédito”, resaltó el mandatario al canal estatal Btv.

El jefe de Estado también destacó el volumen de fondos comprometidos por las instituciones: “Con los organismos multilaterales hemos hecho una acumulación de 10.000 millones de dólares, es un récord histórico, estamos muy contentos, ahora acabamos de redondear”. Paz mencionó entre las gestiones el acuerdo reciente por USD 750 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y aludió a los recursos que podrían aportar la CAF, el Banco Mundial y otros organismos de financiamiento.

El presidente aclaró que los desembolsos no serán inmediatos. “No salen de la noche a la mañana”, señaló, aunque remarcó que los créditos estarán destinados a “reactivar la economía” boliviana durante los próximos dos o tres años. “Ha sido un buen viaje, se llega con recursos a Bolivia, se reactiva la economía en Bolivia y lo más importante es que estos viajes son de mucha utilidad”, agregó Paz.

El mandatario anunció que el país albergará en 2027 reuniones de la CAF y el BID, con la expectativa de convocar a empresarios y delegados de otras entidades internacionales, y adelantó además que Bolivia acogerá en 2028 “dos encuentros más”, aunque no especificó cuáles serán esas reuniones.

“Estamos trayendo representantes para que conozcan Bolivia, para que inviertan y tengan conocimiento de las contrapartes bolivianas con las que el día de mañana puedan invertir, producir, generar empleo y crecimiento en nuestra economía”, remarcó Paz.

El presidente también informó que el bloque integrado por Uruguay, Paraguay y Bolivia, denominado Urupabol, celebrará una reunión en Asunción durante las próximas semanas. Luego, los mandatarios de los tres países prevén encontrarse en territorio boliviano. La agenda del grupo se enfocará en el aprovechamiento comercial de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Paz relacionó la proyección de actividad en esa cuenca con la producción de acero en el oriente del país, la importación de crudo para las refinerías nacionales y la elaboración de combustibles líquidos.

El anuncio ocurre mientras Bolivia mantiene dificultades en el abastecimiento de combustibles desde hace cerca de dos años. El problema registró variaciones durante la gestión de Paz, que asumió la Presidencia en noviembre pasado. Hace casi una semana, el Gobierno eliminó el subsidio al diésel tras la aprobación parlamentaria del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ajustó el valor del producto al precio internacional. El litro pasó de costar 9,80 bolivianos, equivalente a USD 1, a 17,95 bolivianos, unos USD 1,83.

La disposición recibió cuestionamientos de varios sectores, que anunciaron protestas mientras continúa vigente un estado de excepción. Paz afirmó que su administración trabaja en el diálogo y en la aprobación de medidas complementarias.

Paz promulgó el pasado 20 de septiembre la Ley 1765, que formalizó el acuerdo con el FMI por USD 1.900 millones para respaldar el programa de reformas económicas de su Gobierno y reforzar las reservas internacionales. La norma fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia sin un anuncio adicional. Con esa publicación, el acuerdo entró en vigencia conforme a la legislación boliviana.

El financiamiento establece un plazo de devolución de “hasta 10 años a partir de cada desembolso” y una tasa de interés de 3,47%. Esa tasa puede variar “de acuerdo a la cotización de los DEG”. La promulgación se produjo después de que Paz anunciara el viernes, a la medianoche, el levantamiento de la subvención al diésel.

(Con información de EFE)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, participó este jueves en la Asamblea General de las Naciones Unidas con un discurso que incluyó el diagnóstico de su país, los riesgos democráticos que enfrentó con protestas sociales y las reformas que encara su Gobierno.

La alocución de 18 minutos comenzó con referencias al venezolano Hugo Chávez cuando en 2006, en ese mismo estrado, dijo que olía a “azufre”, y a Evo Morales, expresidente de su país, a quienes acusó de haber instalado una “línea política e ideológica” en el continente sudamericano.

En referencia a Bolivia, señaló que “era una potencia energética, en gas, hidrocarburos y minería” y que ahora debe estar negociando créditos con organismos internacionales y diferentes naciones. “El socialismo y la ideología no dan de comer”, afirmó.

Con una hoja de coca en la mano, el mandatario señaló en referencia a Morales: “un líder de mi nación hizo de una hoja tradicional, una hoja histórica, una hoja que es parte de nuestra cultura, una traición para con la construcción y el desarrollo y la visión de progreso de una nación”.

Paz afirmó que su país atraviesa una economía contraída, con una inflación por encima del 20% en 2025 y que cuando llegó al Gobierno, en noviembre pasado, las reservas no superaban los 21 millones de dólares. “Hoy tenemos cerca de 1200 millones y apuntamos a cerca de 4 mil millones”, agregó.

Dejando de lado sus apuntes escritos, el presidente boliviano advirtió ante la Asamblea General un peligro “de fondo” contra la democracia en su país, en referencia a los casi 50 días de bloqueo de protestas sociales que, entre el 6 de mayo y el 22 de junio, pedían su renuncia.

Paz afirmó que los bloqueos fueron financiados por “el narcoterrorismo” con el objetivo de “romper el orden democrático”. “Bolivia está peleando para que, superando esa crisis, se pueda producir y exportar”, afirmó.

El mandatario señaló que su Gobierno esta trabajando por resolver la escasez de combustible que enfrenta desde hace más de tres años, reconstruyendo las reservas internacionales y reformando las instituciones con el objetivo de “recuperar la confianza interna y externa del país”.

“No todo está resuelto, recién estamos comenzando, pero Bolivia nunca está de rodillas, siempre está de pie, se levanta y vuelve a caminar”, afirmó.

En otro momento de su discurso, Paz destacó la diversidad ecológica y cultural de su país, a la vez que mencionó que cuenta con recursos naturales que pueden ser estratégicos para la transición energética. “Tenemos capacidad para aportarle al mundo los recursos que sean necesarios”, afirmó.

Al concluir su participación, instó a construir una nueva agenda ante los avances tecnológicos y pidió que la ONU “no abandone nuestras democracias”.

“Viva la patria carajo, viva Bolivia, gracias Naciones Unidas”, finalizó.

La Justicia boliviana otorgó detención domiciliaria a Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo mayor del expresidente Luis Arce (2020-2025), dentro de una investigación por presunta legitimación de ganancias ilícitas, según reportó este jueves la prensa local.

La determinación supone la excarcelación de Arce Mosqueira, imputado por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito y daño económico al Estado, quien fue detenido en marzo y enviado a la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, mientras avanzaban las investigaciones.

La Fiscalía investiga al hijo del exmandatario por presuntas operaciones relacionadas con el origen y movimiento de recursos económicos, así como por la adquisición de bienes y vehículos, además de la realización de transacciones financieras consideradas relevantes para el caso.

Arce Mosqueira permaneció aproximadamente seis meses en prisión antes de que la Justicia modificara su situación cautelar este miércoles, según informa la prensa boliviana. Durante este periodo, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) encontró dos gramos de marihuana en su celda durante una requisa en el centro penitenciario, además de dos teléfonos que no están autorizados dentro del penal.

El caso contra Arce Mosqueira se desarrolla en paralelo al que se sigue contra el expresidente Arce, quien permanece bajo detención preventiva en La Paz desde diciembre del año pasado por una investigación vinculada al manejo de recursos públicos del desaparecido Fondo Indígena, cuando se desempeñaba como ministro de Economía en el Gobierno de Evo Morales.

La Fiscalía sostiene que Arce habría permitido el desembolso de recursos del fondo a cuentas particulares y no habría ejercido los controles correspondientes sobre los proyectos financiados. Por este caso, el exmandatario fue imputado por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

La semana pasada, Arce fue trasladado desde la cárcel de San Pedro a un hospital para recibir atención médica y realizarse estudios oncológicos. Al salir del penal, afirmó: “Soy inocente de todo”.

La presión judicial también recae sobre sus otros dos hijos: Rafael y Camila, quienes fueron incluidos en investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas.

Rafael Arce enfrenta una acusación formal por enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y permanece en rebeldía, con una orden de aprehensión pendiente de ejecución. La Fiscalía también lo vinculó con la constitución de una empresa agrícola y la adquisición de una propiedad sobre la que se sospecha una serie de irregularidades.

En tanto, Camila Arce también fue incorporada a las investigaciones relacionadas con el patrimonio y las operaciones financieras de la familia. La Fiscalía analiza su participación en la empresa agrícola que constituyó junto a Rafael y ha señalado que investiga el origen de los recursos utilizados en esas operaciones. Sin embargo, hasta el momento no se conoce públicamente ninguna acción judicial en su contra.

Arce fue uno de los colaboradores de mayor confianza del expresidente Morales y ocupó el cargo de ministro de Economía durante prácticamente todo su mandato (2006-2019), con excepción de dos años en los que recibió tratamiento contra el cáncer. En 2020 fue electo presidente de Bolivia, luego de la crisis política que derivó en la renuncia de Morales y la presidencia interina de Jeanine Añez (2019-2020).

Durante su gobierno estalló la crisis económica que atraviesa el país y su disputa con el expresidente Morales provocó la fractura del Movimiento Al Socialismo (MAS), que tras haber sido el partido hegemónico durante las dos últimas décadas, quedó marginado del escenario político y sin representación parlamentaria.

Los viajes simultáneos de Rodrigo Paz y Edmand Lara —a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York y a Paraguay en una misión oficial— han reactivado en Bolivia la polémica sobre el interinato presidencial ante la ausencia temporal de los mandatarios.

La disputa gira en torno a quién debe ejercer temporalmente la Presidencia cuando el jefe de Estado se encuentra fuera de Bolivia: el Gobierno se ampara en un decreto que habilita la gestión presidencial mediante medios digitales, mientras sus críticos apuntan que una norma inferior no puede modificar el mecanismo de sucesión establecido por la Constitución Política del Estado.

A inicios de su mandato, Paz aprobó el decreto 5515 que le autoriza a gobernar a distancia y a evitar, de esa forma, dejar la presidencia en manos de Lara cuando estuviera ausente del país. La norma fue cuestionada porque contradice un artículo de la Constitución, pero aún está vigente por falta de quórum en el Tribunal Constitucional, instancia que debe resolver este tipo de controversias jurídicas.

A raíz del viaje anticipado de Paz a Estados Unidos el sábado para participar en la Asamblea de la ONU el jueves, Lara se declaró presidente en ejercicio y un día después, a propósito de un viaje que debía realizar a Paraguay, dejó la función a cargo del presidente del Senado, Diego Ávila, uno de los aliados más antiguos y leales de Paz.

“Entiendo que el presidente ha viajado para cumplir una agenda; nosotros hemos pedido un informe al equipo jurídico de la Vicepresidencia y la recomendación es que se cumpla el artículo 169 de la Constitución; eso quiere decir que en ausencia del presidente, mi persona asume la suplencia legal”, informó Lara ante los medios locales.

El Gobierno, en tanto, defiende la vigencia del decreto y se ha esforzado en demostrar que el presidente está cumpliendo sus funciones desde Estados Unidos: un comunicado de prensa informó que cumple una jornada laboral de siete a ocho horas, se ha mostrado participando en una reunión de gabinete por videoconferencia y ha firmado dos decretos sobre créditos y licencias de operadores turísticos a distancia.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, señaló que el presidente ejerce sus funciones desde Nueva York mediante medios digitales y que su viaje no constituye una ausencia definitiva ni un impedimento material que obligue a entregar formalmente el mando a nadie. En tanto, Ávila, presidente del Senado, aclaró que él reconoce la presidencia virtual de Paz.

Sin embargo, varias autoridades y líderes políticos defendieron el interinato. El fiscal general Roger Mariaca reconoció a Ávila como presidente interino durante un acto público, al igual que el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada.

En esa línea, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, y el líder del Comité Cívico de esa región, Stello Cochamanidis, defendieron la sucesión constitucional ante la ausencia temporal del jefe del Estado. “Nada está por encima de la Constitución”, afirmó el gobernador Velasco.

Ante la creciente controversia sobre quién ocupa oficialmente el principal cargo público del país, el exdirector del Observatorio Político de la Universidad Gabriel René Moreno, Daniel Valverde, explicó que “la CPE es la norma suprema y el decreto es una norma inferior en el orden de jerarquía”, por lo que este no puede alterar los mandatos constitucionales.

“La ausencia temporal del presidente está regulada constitucionalmente. Eso es sin vueltas ni tomaduras de pelo”, y agregó que un gobernante “no puede autorregularse y establecer la manera en que ejercerá sus funciones”.

La Policía de Bolivia capturó a dos presuntos altos mandos del Primer Comando de la Capital (PCC) y del Comando Vermelho (CV), las principales organizaciones narcotraficantes de Brasil. Los detenidos son una mujer presuntamente vinculada al CV y un hombre identificado como integrante del PCC. Ambos registran antecedentes por narcotráfico en Bolivia y Brasil, además de una permanencia irregular en territorio boliviano

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo anunció que las autoridades procederán con la expulsión inmediata de los dos detenidos, conforme a la normativa vigente y los protocolos de cooperación internacional.

Las capturas ocurrieron dentro del plan Fronteras Seguras, desplegado tras una serie de asesinatos en zonas próximas a la frontera con Brasil. El sábado, la Policía detuvo a seis brasileños y a un adolescente boliviano, investigados por sus presuntos vínculos con el CV y con hechos de sicariato en la región fronteriza de la Chiquitania.

El funcionario había advertido una semana antes que el PCC y el CV “están reclutando” a ciudadanos bolivianos y señaló que el Estado enfrenta a ambas estructuras “con la cooperación internacional”. El Gobierno de Bolivia indicó que cuenta con el respaldo de organismos como la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), la Policía Federal de Brasil y entidades policiales de la Unión Europea (UE), entre otras instituciones que participan en el “combate duro y difícil” contra las dos bandas.

“Los operativos son continuos y permanentes para dar con los autores materiales e intelectuales del tráfico de sustancias controladas y desarticular organizaciones criminales que pretenden operar en Bolivia”, afirmó Oviedo.

El Ejecutivo del presidente Rodrigo Paz ordenó recientemente el despliegue de militares y fuerzas especiales en San Ignacio de Velasco, localidad cercana a la frontera brasileña. La decisión respondió a una escalada de violencia que dejó al menos cuatro personas asesinadas a tiros en dos días. El Ministerio de Gobierno también anunció que la Policía Federal de Brasil abrirá próximamente una oficina permanente en Bolivia, con el objetivo de reforzar el combate contra las organizaciones criminales y facilitar el intercambio de información.

Bolivia expulsó a “Beso de mula”, un alto rango de PCC

La Policía boliviana detuvo en Santa Cruz y entregó a Brasil a Marcio Barbosa da Silva, alias “Beso de mula”, señalado como integrante de alto rango del Primer Comando de la Capital.

La fuerza antidrogas boliviana indicó que Barbosa da Silva era requerido por la Justicia brasileña en causas vinculadas con crimen organizado y porte ilegal de armas. Tras su arresto, las autoridades coordinaron su expulsión y lo entregaron a la Policía Federal de Brasil.

“Tras los procedimientos correspondientes y la coordinación con autoridades de Brasil, el ciudadano fue expulsado del territorio nacional y entregado a la Policía Federal brasileña”, informó la Policía en un comunicado difundido en redes sociales.

El PCC y el CV, su principal rival, son grupos criminales de Brasil. Estados Unidos los considera organizaciones terroristas y especialistas relacionan parte de la violencia en la frontera con la disputa por rutas del narcotráfico. Esos corredores, según los expertos, estuvieron recientemente bajo el control del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien fue detenido en Bolivia y entregado en marzo a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Durante un encuentro destinado a reforzar la cooperación regional en materia de seguridad, el ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano, afirmó que las amenazas de seguridad superan los límites territoriales de cada país. “El crimen organizado, el narcotráfico, las situaciones de alta tensión y las nuevas formas de amenaza obligan a nuestros países a conocerse mejor, coordinar mejor y sobre todo a prepararse mejor”, señaló Justiniano.

(Con información de EFE)

El futbolista del Wilstermann se ubicó junto a uno de los postes, de espaldas a la pelota ante la mirada atónita del árbitro, Carlos Arteaga, y su rival, Ernesto Adiri, quien terminó convirtiendo el gol sin oposición alguna para la victoria final de Independiente por 3-2. Pero el episodio tuvo un capítulo posterior todavía más contundente: la Comisión Nacional de Árbitros de Bolivia determinó que el penal había sido inexistente y suspendió por tiempo indefinido al juez, Carlos Arteaga. La escena que se hizo viral, además, plantea una interesante pregunta reglamentaria: ¿Puede un arquero negarse a atajar un penal y apoyarse sobre un poste?

Para comprender el episodio hay que regresar a la jugada que provocó semejante reacción. El encuentro estaba 2-2 cuando un atacante de Independiente ingresó al área y se encontró con Tesonotte, quien salió a disputar el balón. Arteaga interpretó que existió una infracción del arquero del Wilstermann y señaló penal. Las protestas fueron inmediatas y aquí aparece el primer elemento técnico fundamental: no todo contacto dentro del área penal constituye una infracción. Mucho menos toda caída o pérdida de estabilidad del atacante debe transformarse automáticamente en penal.

El árbitro debe analizar integralmente la acción: quién juega el balón, cómo se produce la disputa, si existe contacto, quién lo genera, su intensidad y, fundamentalmente, si alguna conducta reúne las condiciones establecidas por la Regla 12 para ser considerada una infracción sancionable con tiro libre directo. No se arbitran consecuencias. Se arbitran acciones.

La Copa Simón Bolívar no contaba con VAR que permitiera revisar la acción. Por lo tanto, una vez adoptada la decisión, no existía una herramienta tecnológica que pudiera intervenir ante un eventual error claro y manifiesto. Los jugadores de Wilstermann Cooperativas protestaron largamente y el encuentro permaneció interrumpido durante aproximadamente 20 minutos.

Por eso aparece una particularidad en los registros del episodio: la acción que originó la sanción ocurrió alrededor del minuto 92, pero el penal terminó ejecutándose aproximadamente en el 90+24. Y entonces apareció la imagen que recorrió las redes sociales: Tesonotte decidió no atajar. Según explicó posteriormente, la decisión había sido consensuada como forma de protesta y existía además la expectativa de que el adversario no aprovechara aquella ventaja.

Por otro lado, la Regla 14 de las Reglas de Juego 2026/27 determina cómo debe posicionarse el arquero antes de la ejecución de un penal: “Debe permanecer sobre su propia línea de meta, entre los dos postes y frente al ejecutor hasta que el balón sea golpeado”.

Además, la propia Regla establece que el arquero no debe comportarse de manera que distraiga antirreglamentariamente al ejecutante y menciona expresamente que no debe retrasar la ejecución ni tocar los postes, el travesaño o la red de la portería antes del lanzamiento. Por lo tanto, debemos separar dos situaciones completamente diferentes.

Las Reglas de Juego no obligan al arquero a arrojarse, desplazarse o realizar una acción física destinada a detener el balón. Un arquero puede permanecer inmóvil. Puede decidir no lanzarse. Puede incluso, como expresión de protesta, no realizar ningún intento deportivo por detener el remate. Siempre que cumpla con las obligaciones de posicionamiento que establece la Regla 14. Lo que no puede hacer es apoyarse o tocar el poste antes de la ejecución.

En definitiva, si Tesonotte estaba tocando o apoyándose en el poste antes de que el balón fuera ejecutado, su conducta no se ajustaba al procedimiento establecido por la Regla 14. La norma es explícita: el arquero no debe tocar los postes, el travesaño o la red antes de la ejecución. Por eso, técnicamente, el árbitro debió advertir esa situación antes de autorizar el lanzamiento y exigirle al guardameta que adoptara una posición conforme a la Regla. No porque estuviera obligado a intentar atajar, sino porque estaba obligado a cumplir el procedimiento reglamentario. La Regla puede exigirle dónde y cómo debe posicionarse; no puede obligarlo a querer detener el balón.

La Regla 14 también contempla las infracciones del arquero. Si comete una infracción y, pese a ello, la pelota entra en arco, el gol se concede. Por lo tanto, en este caso concreto, una vez ejecutado el penal y convertido el gol, la eventual infracción posicional del arquero no podía utilizarse para invalidar el tanto. El resultado de la ejecución era gol.

Luego de este episodio, la Comisión Nacional de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol analizó posteriormente la actuación de Carlos Arteaga y su conclusión fue categórica. Mediante la Resolución de Suspensión N.º 005/2026, emitida en Cochabamba el 21 de septiembre, resolvió suspender al árbitro por tiempo indefinido de todos los torneos correspondientes a la gestión 2026 de la FBF. El fundamento resulta todavía más significativo.

La Comisión sostuvo que, después de realizar el análisis técnico-reglamentario del partido, se determinó que Arteaga había sancionado “un penal inexistente en una jugada de disputa normal” y que aquella decisión había incidido en el resultado final del encuentro.

Ya no se trataba entonces solamente de la opinión del arquero, de sus compañeros, de los medios de comunicación o de quienes observaron posteriormente las imágenes. El propio organismo arbitral reconoció oficialmente el error.

La cotización del dólar en Bolivia experimentó un incremento brusco después del levantamiento de la subvención al diésel el pasado viernes.

La divisa había mostrado una tendencia a la baja toda la semana anterior; sin embargo, después del anuncio del nuevo esquema de precios de combustibles, el fin de semana se fijó en 11 bolivianos, un 9,89% adicional a la cotización del día anterior, lo que marca el incremento porcentual más alto desde la flexibilización cambiaria dispuesta a finales de junio.

El lunes subió a 11,90 bolivianos, un 8,18% más y el martes cruzó la barrera de los 12 bolivianos al cotizarse en 12,06 bolivianos, un 1,34% más que la jornada anterior. Esta evolución de la divisa muestra un contraste más nítido en los valores semanales: entre el martes anterior y este hay una diferencia de casi dos bolivianos que representa un 18,8% de incremento.

Para el analista económico Fernando Romero, la reacción del mercado cambiario tras la eliminación de la subvención es un fenómeno lógico y esperable debido al proceso especulativo que se estaría produciendo.

“La demanda especulativa ha generado la suba porque los bancos, las empresas y las familias se pelean por los pocos dólares que hay”, explicó en diálogo con Infobae. El analista señaló que en un “escenario de desequilibrio cambiario”, como el que atraviesa Bolivia, las fluctuaciones van a ser recurrentes y el dólar solo podrá estabilizarse con intervención del Banco Central de Bolivia (BCB).

“La tendencia para las próximas semanas es al alza y si baja será por intervención del BCB, por el momento va a estar inestable, en una economía que se está reacomodando traumáticamente a la eliminación de la subvención del diésel”, proyectó Romero.

Estas fluctuaciones en el tipo de cambio se producen tras la implementación, el pasado 29 de junio, de una nueva política cambiaria. Desde entonces, la cotización se rige por un esquema flexible basado en la oferta y la demanda de la divisa estadounidense en el sistema bancario.

Esta política puso fin al sistema de tipo de cambio fijo que había estado vigente durante los últimos 15 años como parte de la política monetaria de los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) con la que se buscaba contener la inflación, fortalecer el uso del peso boliviano y brindar previsibilidad en las transacciones.

En el inicio del nuevo régimen, el Banco Central estableció el tipo de cambio en 9,73 bolivianos frente a los 6,96 bolivianos a los que cotizó en los últimos años.

Sin embargo, ese punto de partida se incrementó de manera sostenida hasta llegar a los 12,15 el 31 de julio.

En medio de reclamos por el aumento constante, el entonces ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, afirmó que la fluctuación era parte del proceso de estabilización y que el Banco Central de Bolivia (BCB) intervendría en el mercado cambiario eventualmente para evitar “episodios de sobrerreacción y prácticas especulativas por algunos actores con poder de mercado”.

Desde entonces, la moneda ha tenido fluctuaciones y el pico más alto se registró el 9 de septiembre cuando llegó a los 12,64 bolivianos.

La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia anunció un repliegue de sus vehículos a nivel nacional el lunes 28 de septiembre en rechazo al nuevo precio del diésel, una medida que amenaza con paralizar el transporte urbano, interprovincial, interdepartamental e internacional.

La decisión fue adoptada el martes en un encuentro nacional realizado en Santa Cruz de la Sierra, cuatro días después de que el Gobierno de Rodrigo Paz eliminara la subvención al diésel y fijara un nuevo precio de 17,95 bolivianos (unos 1,63 dólares) por litro, frente a los 9,80 bolivianos que pagaban anteriormente los transportistas.

“El lunes no habrá transporte público en el país”, anunció el dirigente de los choferes Lucio Gómez, al concluir el encuentro. El transportista también señaló que la protesta será escalonada y puede derivar en la suspensión indefinida del servicio. Los choferes sostienen que el nuevo costo del combustible afecta directamente a sus operaciones y reclaman un incremento de las tarifas.

Por su parte, el Gobierno sostiene que el impacto de la eliminación de la subvención es menor de lo que señalan los transportistas. Según datos difundidos por el Ministerio de la Presidencia, en Bolivia existen 202.182 vehículos de transporte público, de los cuales 39.880 funcionan con diésel, mientras que 67.815 utilizan gasolina, 29.290 funcionan con gas natural vehicular (GNV) y otros 65.197 combinan GNV y gasolina.

Con esos datos, el Ejecutivo afirma que el 80,3% de los vehículos del transporte público no depende exclusivamente del diésel. “Los datos revelan que solamente dos de cada 10 vehículos funcionan exclusivamente con diésel”, señaló el Ministerio de la Presidencia en una publicación difundida en redes sociales.

El 18 de septiembre, el presidente Paz promulgó el Decreto Supremo 5716, que eliminó la subvención al diésel y estableció un esquema que contempla fluctuaciones en función del precio del mercado internacional y del nuevo régimen cambiario. La medida puso fin a la modalidad de precios diferenciados que había estado vigente desde agosto y que provocó reclamos de los sectores afectados.

Ante las crecientes amenazas de movilización, el Gobierno reforzó la presencia de policías y militares en algunas carreteras del país para evitar la instalación de piquetes, en el marco del estado de excepción —vigente desde hace tres meses y hasta fin de año— que prohíbe los piquetes y autoriza la represión de las Fuerzas Armadas.

En paralelo, el Gobierno delegó ministros en varias regiones del país para explicar la medida y atender las demandas de los sectores afectados.

Según datos del Gobierno, el país importa prácticamente la totalidad del diésel que consume y más del 50% de la gasolina, lo que supone destinar cerca de 55 millones de dólares semanales para satisfacer la demanda interna. La crisis económica del país, marcada por el agotamiento de las reservas internacionales y la falta de divisas, había dificultado la importación en los últimos años, provocando periodos prolongados de desabastecimiento.

Con la suspensión de la subvención del diésel, el presidente Paz garantizó el abastecimiento y afirmó que los recursos que se destinaban al combustible serán invertidos en obras, proyectos y en bonos sociales para amortiguar los efectos de una medida que ya ha empezado a sentirse en los mercados.

La Policía de Bolivia capturó en Santa Cruz y entregó a las autoridades de Brasil a Marcio Barbosa da Silva, alias “Beiço de Mula”, señalado como integrante de alto rango del Primer Comando de la Capital (PCC), una de las organizaciones criminales brasileñas que operan en la zona fronteriza.

La fuerza antidrogas boliviana informó que Barbosa da Silva era buscado en Brasil por causas relacionadas con crimen organizado y porte ilegal de armas. Tras el arresto, las autoridades coordinaron su salida del país y su entrega a la Policía Federal brasileña. “Tras los procedimientos correspondientes y la coordinación con autoridades de Brasil, el ciudadano fue expulsado del territorio nacional y entregado a la Policía Federal brasileña”, indicó la policía en un comunicado difundido en redes sociales.

El operativo ocurrió mientras el Gobierno del presidente Rodrigo Paz busca contener la actividad de grupos criminales en la frontera boliviana con Brasil. El mes pasado, el Ejecutivo reforzó la seguridad en esa zona con un plan dirigido contra el crimen organizado y los delitos registrados del lado boliviano.

Las medidas no evitaron nuevos homicidios en áreas limítrofes. La administración de Paz dispuso la militarización de una zona cercana a Brasil después de varios asesinatos ocurridos en poco más de 24 horas. El PCC y el Comando Vermelho (CV), su principal rival, son bandas criminales brasileñas que Estados Unidos considera organizaciones terroristas y los expertos atribuyen a rutas en disputa una parte de la violencia en la frontera. Esas rutas, según los especialistas, estaban bajo control del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien fue detenido en Bolivia y entregado en marzo a la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

En paralelo, representantes de Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay y Estados Unidos participan en La Paz, sede de Gobierno de Bolivia, en un encuentro destinado a reforzar la cooperación regional en materia de seguridad. El Ministerio de Defensa informó que la actividad corresponde al primer Taller Multinacional de Control de Multitudes y Manejo de Crisis, que Bolivia organiza en el marco de la Coalición de las Américas contra los Carteles.

La ministra consejera de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, Amanda Porter, afirmó que el encuentro responde al “reconocimiento de que existen amenazan comunes que requieren respuestas coordinadas”. “Los desafíos que enfrentamos, como organizaciones criminales transnacionales, la violencia de los carteles y la inestabilidad interna, no respetan fronteras. Ninguna nación puede enfrentar estas amenazas sola y precisamos, por eso, este intercambio tan importante”, sostuvo Porter, de acuerdo con una nota de prensa del Ministerio de Defensa.

La representante estadounidense señaló que se trata de un taller “práctico”, orientado “al intercambio de experiencias operativas” entre los participantes. Estados Unidos patrocina el encuentro.

El ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano, afirmó que las amenazas de seguridad superan los límites territoriales de cada país. “El crimen organizado, el narcotráfico, las situaciones de alta tensión y las nuevas formas de amenaza obligan a nuestros países a conocerse mejor, coordinar mejor y sobre todo a prepararse mejor”, señaló Justiniano.

El funcionario destacó el aporte de Estados Unidos y del Comando Sur (SOUTHCOM) para la realización de la actividad y también indicó que el encuentro se enfoca en la “capacitación e intercambio profesional” para reforzar la cooperación regional.

El taller durará tres días mientras las autoridades prevén que al cierre de las jornadas se afiancen los vínculos y la cooperación entre los países, con el objetivo de fortalecer la preparación institucional ante situaciones de crisis.

(Con información de EFE)

La presunta realización de una fiesta en una casa vinculada a Sebastián Marset, que fue incautada en marzo y puesta bajo custodia de la Policía, genera polémica en Bolivia.

El caso surgió luego de la difusión de un video grabado la noche del domingo por vecinos del barrio Las Palmas, en Santa Cruz de la Sierra, en el que desde la calle se observan luces, música y múltiples voces en la vivienda.

El fiscal departamental Alberto Zeballos no descartó iniciar una investigación para determinar si se utilizó el inmueble para actividades sociales. “Si no existe autorización judicial o se ha dado otro fin a lo que se encontraba precautelado (…) tendrán que ser los fiscales quienes determinarán la apertura de la investigación, de oficio o instancia de parte”, afirmó, citado por medios locales.

La casa en la que se habría realizado la fiesta es uno de los inmuebles allanados durante el operativo de captura del presunto narcotraficante uruguayo la madrugada del 13 de marzo, en la que se encontraban sus guardias de seguridad.

Tras el allanamiento, la casa fue puesta bajo control de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) hasta la semana pasada, cuando el asesor jurídico de esa institución, Benjamín Patzi, informó que sería ocupada por personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) para la instalación de una oficina antidroga.

En medio del escándalo, el director de la Felcn en Santa Cruz, Dimar Caprirolo, negó que los policías asignados al resguardo del inmueble hayan celebrado una fiesta ni consumido bebidas alcohólicas. Según Caprirolo, los guardias se encontraban trasladando pertenencias para instalarse en la vivienda.

No es la primera vez que la gestión de los bienes vinculados a Marset está en entredicho. Semanas después de su captura, se denunciaron robos y saqueos en múltiples allanamientos realizados en inmuebles vinculados al presunto narcotraficante uruguayo, donde fueron incautados vehículos, dinero y otros bienes.

En medio de acusaciones sobre la desaparición o inexistencia de objetos de valor, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que todos los operativos fueron realizados con la presencia de notarios del Ministerio Público y efectivos de la Policía Boliviana, siguiendo el protocolo para la incautación de bienes de origen ilícito.

Sin embargo, ante las crecientes denuncias de irregularidades, instruyó una investigación interna en la Policía. “No voy a permitir que alguien se quede con un reloj o un puñado de dólares”, afirmó Oviedo en conferencia de prensa y agregó que “si hay responsables, van a ser llevados a la cárcel”.

A seis meses de estas denuncias, ninguna ha sido esclarecida de manera pública.

Sebastián Marset, uno de los presuntos narcotraficantes más buscados de la región, fue capturado en Bolivia el 13 de marzo tras haber escapado de un operativo previo en 2023, desde cuando permanecía prófugo de la Justicia.

Tras su arresto, el narco uruguayo fue entregado en el aeropuerto local de Santa Cruz a agentes de la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA) que lo trasladaron en un avión a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de lavado de activos.

En tanto, las otras cuatro personas detenidas durante el operativo de captura —su hermana y tres guardias de seguridad— fueron detenidas preventivamente en la cárcel de Palmasola y liberadas hace un par de semanas para cumplir detención domiciliaria.

En los operativos posteriores a la captura de Marset, la Policía boliviana decomisó al menos 16 avionetas, una decena de vehículos, armamento de grueso calibre y diferentes tipos de droga.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se reunió este lunes con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, en Nueva York, a donde viajó anticipadamente para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En el encuentro, ambos políticos trataron temas de la agenda bilateral. Paz señaló que abordaron la apertura de mercados globales, los fenómenos climáticos y cuestiones de seguridad nacional, como la lucha contra “el narcotráfico y el terrorismo”, que incluyó evaluar el fortalecimiento de la Policía y las Fuerzas Armadas bolivianas.

Rubio, en tanto, calificó la reunión con el mandatario boliviano como “productiva” y destacó del encuentro la reforma económica a la que apunta la administración de Paz. “Nuestra relación crítica con Bolivia es fundamental para los planes de Bolivia en cuanto al apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la reforma de sus sectores de combustibles, minería y energía”, escribió en redes sociales uno de los principales operadores de la política exterior de Donald Trump.

El encuentro entre el mandatario boliviano y el secretario estadounidense se produce luego de una semana de decisiones trascendentales en Bolivia, como la aprobación de un crédito del FMI de 1.900 millones de dólares para respaldar los planes económicos del Gobierno —que incluyen, como menciona Rubio, reformas en materia de minería y energía que todavía no se han puesto en marcha— y el levantamiento del subsidio al diésel, uno de los condicionamientos del organismo internacional.

Se trata del tercer encuentro entre Paz y Rubio en el marco del acercamiento entre ambos países tras casi 20 años sin relaciones diplomáticas a nivel de embajadores. La primera reunión se produjo en Washington días antes de la posesión de Paz, cuando el entonces presidente electo y su antiguo equipo de asesores económicos viajaron a Estados Unidos para sostener reuniones con organismos de financiamiento externo.

La segunda vez se vieron en el marco de la cumbre del Escudo de las Américas, un encuentro que meses más tarde generó polémica por la presencia del asesor presidencial Fernando Cerimedo, hoy investigado por tentativa de feminicidio, enriquecimiento ilícito y encubrimiento al narcotráfico, en un encuentro privado del Departamento de Estado con Paz y su entonces canciller.

Un par de meses después, se informó sobre una llamada telefónica entre Rubio y Paz en la que el estadounidense brindó su apoyo al Gobierno de Bolivia durante una ola de protestas sociales que exigían la renuncia del mandatario. Según informó el Departamento de Estado, Rubio expresó el “compromiso inquebrantable” de su país a la democracia boliviana y la administración de Paz.

En esta tercera visita de Paz a Estados Unidos, el presidente informó que tiene en agenda reuniones con otros líderes políticos y del ámbito empresarial. “Es una semana que es muy importante para Bolivia, no solo por los contactos que tendremos con otras naciones, también viene un mundo empresarial”, explicó el mandatario en una entrevista con el canal estatal. Paz anunció que tiene “una serie de acuerdos o preacuerdos” que no detalló y aseguró que retornará al país con “platita”.

“Cada vez que he salido al exterior, siempre retorno con ‘platita’. Siempre llego del BID, o de la CAF, o del Banco Mundial, y volvemos a Bolivia para invertir, ¿en qué? En carreteras, hospitales, colegios, generar soluciones para la gente, no para el Estado”, afirmó.

Su intervención en la Asamblea General de la ONU está prevista para el jueves 24 de septiembre.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió el lunes en Nueva York con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en un encuentro que incluyó el respaldo de Washington al acuerdo alcanzado por el Gobierno boliviano con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para impulsar su programa de reformas.

La reunión tuvo lugar en un hotel de Nueva York, donde ambos se encuentran con motivo de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Rubio destacó el vínculo entre Estados Unidos y Bolivia y señaló que la relación bilateral resulta clave para los planes de La Paz en materia de apoyo financiero del FMI y reformas económicas.

“Reunión productiva con el presidente boliviano Rodrigo Paz en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Nuestra relación clave con Bolivia es fundamental para los planes de Bolivia en cuanto al apoyo del Fondo Monetario Internacional, y la reforma de sus sectores de combustibles, minería y energía”, declaró Rubio en redes sociales.

El secretario de Estado vinculó así el encuentro con el acuerdo entre Bolivia y el organismo financiero internacional, que contempla un financiamiento de 1.900 millones de dólares y una serie de compromisos económicos para el Gobierno de Paz.

Durante un saludo protocolario ante la prensa, el mandatario boliviano recibió una pregunta sobre la posibilidad de que solicite apoyo a Estados Unidos frente a una eventual reanudación de los bloqueos de carreteras por parte de sectores opositores. Paz no respondió sobre ese punto.

“Un cariño para todos”, se limitó a decir el presidente ante las cámaras.

Más tarde, Paz detalló en redes sociales algunos de los asuntos abordados durante la reunión con Rubio. Según explicó, ambos conversaron sobre la posibilidad de “trabajar juntos” frente al impacto del fenómeno de El Niño, además de la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento de la Policía y las Fuerzas Armadas bolivianas.

El encuentro se produjo dos días después de que Paz promulgara el acuerdo con el FMI por 1.900 millones de dólares, luego de que el Congreso de Bolivia aprobara el financiamiento el viernes.

El convenio fue negociado en julio y todavía requiere la aprobación final del Directorio Ejecutivo del FMI. El acuerdo establece compromisos para que Bolivia avance hacia la eliminación de las subvenciones a los combustibles a partir de 2027, además de medidas destinadas a reducir el déficit fiscal y flexibilizar el régimen cambiario.

En el marco de las primeras medidas vinculadas con la reforma de los combustibles, Paz anunció el fin inmediato de la subvención al diésel. A partir de esa decisión, el precio del litro pasó de 9,80 bolivianos, equivalente a un dólar, a 17,95 bolivianos, unos 1,83 dólares.

La eliminación de los subsidios forma parte de las medidas económicas previstas dentro del programa acordado con el FMI. El Gobierno de Paz también enfrenta el desafío de avanzar con las reformas mientras busca contener las protestas de distintos sectores sociales y políticos.

Las medidas generaron tensión social en Bolivia. En julio, el Gobierno declaró el estado de emergencia ante las protestas de grupos opositores, campesinos y mineros, que reclamaban la renuncia de Paz.

Los manifestantes protagonizaron entonces bloqueos de carreteras que provocaron escasez de alimentos y medicinas en distintas zonas del país. La posibilidad de que vuelvan a producirse cortes de rutas también estuvo presente durante la visita de Paz a Nueva York, aunque el mandatario no respondió a la consulta de la prensa sobre un eventual pedido de asistencia a Washington.

(Con información de EFE)

Los sindicatos bolivianos preparan su respuesta a la eliminación del subsidio al diésel, decretada el fin de semana. La Central Obrera Boliviana (COB), los choferes, los cisterneros y organizaciones campesinas anunciaron ampliados y medidas de presión mientras el Gobierno intenta desactivar el conflicto con reuniones sectoriales.

El Decreto Supremo 5716 fija el precio del diésel en 17,95 bolivianos por litro, frente a los 9,80 que regían desde enero. La norma, firmada el 18 de septiembre, supone un incremento de casi el 83%. El precio se vincula desde ahora al costo de importación y variará según las referencias internacionales.

La COB rechazó el decreto el sábado y convocó un ampliado nacional de emergencia, sin fecha precisa. En su pronunciamiento responsabiliza al Ejecutivo de la inestabilidad social que pueda derivarse de la medida. La central calificó la decisión como un golpe a la economía popular y advirtió de que puede encarecer la canasta básica, según La Voz de Tarija.

La organización acusa además al Gobierno de desconocer compromisos firmados con los trabajadores. Se trata del acuerdo del 19 de junio, con el que la COB aceptó abrir mesas sectoriales y poner fin a los bloqueos.

La Confederación de Choferes de Bolivia exige la abrogación del decreto. Su secretario general, Víctor Tarqui, dijo que el bloqueo sería el recurso del sector si el Gobierno no cede. Un ampliado nacional del gremio definirá si opta por paros o cortes de ruta, pese al estado de excepción.

Los cisterneros anunciaron que dejarán de cargar y descargar combustible hasta encontrar una solución, según su presidente, Sergio Koski. Hay una señal de alcance local: en Sucre, el transporte urbano replegó unidades de forma preventiva mientras evalúa el impacto del nuevo costo. En Yapacaní, productores agrícolas quemaron copias del decreto y convocaron una reunión de emergencia.

La reacción sindical coincide con un encarecimiento de los alimentos. AP recogió el fin de semana el testimonio de vendedoras de mercado que anticipan nuevas subidas cuando llegue la carga transportada con el diésel más caro. La desaparición de las filas de hasta tres días en las estaciones de servicio es, en cambio, el efecto que el Gobierno presenta como resultado de la medida.

El Ejecutivo defiende que el subsidio era insostenible. El ahorro rondaría los USD 2.600 millones anuales, según La Jornada. AP, por su parte, habla de más de USD 2.000 millones. Paz cifró el gasto semanal en subsidios a los combustibles en USD 55 millones, según su mensaje televisado. El ministro de Economía, Christian Morales, explicó que el fin del subsidio era un requisito del FMI para desembolsar un préstamo de USD 1.900 millones.

Para amortiguar el golpe, Paz anunció un paquete de diez medidas. Incluye un segundo Bono PEPE de 750 bolivianos, pagadero en tres cuotas bimestrales. La gasolina sigue subvencionada hasta fin de año y dejará de estarlo en enero de 2027.

El precedente inmediato pesa sobre ambas partes. Entre mayo y julio, bloqueos encabezados por la Federación de Campesinos de La Paz y la COB, con apoyo de sectores afines al ex presidente Evo Morales, paralizaron buena parte del país. Exigían la renuncia de Paz y causaron pérdidas superiores a USD 3.000 millones. Las fuentes consultadas difieren sobre el número de muertos, entre 16 y 22.

Paz decretó el estado de excepción el 20 de junio. Esta semana la Asamblea aprobó su prórroga por otros 90 días, con el argumento de que las organizaciones sociales amenazaban con reanudar las movilizaciones, según CLAE. Ese marco restringe las concentraciones masivas y prohíbe los bloqueos.

El presidente heredó dos décadas de deterioro económico: caída de la producción de gas, escasez de divisas, inflación y malestar social. Sus críticos le reprochan haber mantenido a la petrolera estatal al frente de la venta de hidrocarburos. El ex presidente Jorge Quiroga sostuvo que la demora y los cambios de decisión del Gobierno generan más incertidumbre.

La incógnita de esta semana es si los ampliados de la COB y de los choferes convierten el rechazo en bloqueos con el estado de excepción vigente. De ello dependerá que Paz preserve el respaldo del FMI sin reabrir la crisis de junio.

La Policía boliviana detuvo a siete ciudadanos brasileños presuntamente vinculados con cuatro asesinatos registrados la semana pasada en la localidad de San Ignacio de Velasco, al este del país y cerca de la frontera con Brasil, mientras el Gobierno ha anunciado ajustes en un plan lanzado hace poco más de un mes para combatir al crimen organizado.

Los siete extranjeros, de entre 21 y 35 años, fueron encontrados en una vivienda que alquilaban desde hace algunas semanas, según informó la Policía. Durante el operativo fueron incautadas tres motocicletas que se presume que fueron utilizadas para ejecutar los crímenes, además de otros elementos que serán parte de la investigación.

Según las autoridades policiales, se presume que los detenidos son integrantes del Comando Vermelho, una de las principales organizaciones criminales de Brasil. Se prevé que en las próximas horas sean puestos a disposición de la Justicia para determinar las medidas cautelares mientras se desarrolla el proceso.

El operativo de captura se produjo después de una ola de ataques armados que dejó cuatro personas muertas en San Ignacio de Velasco entre el 13 y el 14 de septiembre. Según la Policía, los agresores ingresaron a viviendas y dispararon contra sus víctimas en hechos que preliminarmente no están relacionados.

La sucesión de asesinatos, sumados a otros registrados desde mediados de julio en ese y otros municipios del país, genera preocupación por la expansión de organizaciones criminales transnacionales en Bolivia.

Ante el incremento sostenido de la violencia en los últimos meses, el Gobierno de Rodrigo Paz lanzó a mediados de agosto el plan Frontera Segura con el objetivo de fortalecer la presencia policial y la seguridad en municipios fronterizos para combatir el crimen organizado. Sin embargo, la medida no ha logrado disminuir la violencia: desde el inicio de la implementación del programa se han registrado al menos 13 asesinatos armados en localidades cercanas a la frontera con Brasil.

En ese contexto, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, anunció recientemente un plan de “seguridad integral y sostenible” para San Ignacio de Velasco que será parte del plan mayor lanzado en agosto.

“Este plan, que va dentro del plan de ‘Fronteras Seguras’, tiene que estar acompañado por la sociedad civil, juntas vecinales y dirigentes de gremios, entre otros, porque si no, no vamos a poder derrotar al crimen organizado”, afirmó Oviedo, citado por medios locales.

El Gobierno también informó que busca fortalecer la cooperación internacional para combatir a las organizaciones criminales que operan en las zonas fronterizas. Oviedo señaló que existe coordinación con Estados Unidos para instalar unidades de élite en ese municipio y en Santa Ana de Yacuma, en el departamento de Beni.

En tanto, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, anunció operaciones coordinadas entre la Policía y las Fuerzas Armadas para reforzar el control territorial.

Con estas medidas, las autoridades bolivianas buscan contener una escalada de violencia que ha puesto bajo cuestionamiento la capacidad del Estado para controlar el territorio en zonas fronterizas y evitar la expansión de organizaciones criminales extranjeras.

El expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, hizo un llamado a la unidad para superar la crisis económica e institucional que atraviesa el país y pidió a los militantes del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) que fortalezcan el partido.

En el documento, el exmandatario de 95 años describió que el país enfrenta una crisis económica “muy profunda” agravada por “el desmoronamiento de las instituciones, la exacerbación de rivalidades étnicas y regionales, la extensión de la pobreza y el crecimiento exponencial del narcotráfico y del crimen organizado”.

En ese sentido, Sánchez de Lozada, que radica en Estados Unidos desde 2003 cuando renunció a la presidencia, señaló que la unidad del país es imprescindible para salir de la crisis. “No hay otra fórmula si queremos resolver los problemas sin violencia”, afirmó.

El llamado a la unidad fue dirigido en especial a los militantes del MNR a quienes pidió combinar la experiencia de los dirigentes y las “ideas renovadas” de la juventud para iniciar la reconstrucción del frente y del sistema de partidos.

“Hoy me dirijo a los militantes del MNR pidiéndoles que el partido que hoy confronta, como Bolivia, días difíciles vuelva a izar las banderas que hicieron posible su nacimiento hace ya casi un siglo y se dirija al lugar que le ha señalado la historia”, escribió y agregó que, si lo hacen, otros partidos seguirán esa línea. “En democracia cabemos todos”, afirmó.

Es la segunda vez que Sánchez de Lozada se dirige al país desde su retiro de la vida pública en 2003, cuando renunció a la presidencia y abandonó Bolivia en la denominada “Guerra del Gas”, que dejó más de 60 muertos y marcó el fin de una era política en Bolivia.

Tras 20 años de silencio, en junio de 2023 el expresidente presentó públicamente una propuesta personal para reformar la Constitución Política del Estado (CPE), planteando el retorno al modelo republicano, una economía de libre mercado y la elección presidencial mediante el Poder Legislativo. La iniciativa, definida por el propio autor como un insumo abierto al debate y no como una imposición, se completa este mes con un llamado a la reconstrucción institucional y al fortalecimiento del MNR y del sistema de partidos.

El frente político del expresidente fue uno de los protagonistas de la historia política del país en el siglo XX. Fundado en 1942, marcó hitos fundacionales como la Revolución Nacional, que transformó las estructuras del Estado e instituyó el voto universal, la nacionalización de las minas y la reforma agraria; la estabilización económica de 1985, cuando Víctor Paz Estenssoro frenó la hiperinflación mediante el Decreto Supremo 21060; el proceso de capitalización y reformas estatales durante el primer gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997); y su caída del poder en octubre de 2003 que supuso el declive definitivo del partido.

Actualmente, si bien el MNR conserva presencia en ámbitos municipales, se encuentra en una situación de marginalidad política en el ámbito nacional. La última vez que el partido disputó una elección presidencial fue en 2019, cuando obtuvo menos del 1% de los votos, pero se salvó de perder la personería jurídica por la anulación de esa votación en medio de acusaciones de fraude electoral contra el entonces presidente Evo Morales. Desde entonces, el MNR se abstuvo de participar en las dos siguientes elecciones generales: 2020 y 2025.

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) descartó un alza en el precio de la gasolina y garantizó su abastecimiento en el país. “El precio comercial de las gasolinas no ha sido modificado y se mantiene vigente”, señaló en un comunicado luego de la incertidumbre generada por el alza del diésel, que pasó de 9,80 a 17,95 bolivianos (unos 1,63 dólares) por litro este fin de semana tras el levantamiento del subsidio estatal.

La empresa pidió “no dar crédito a especulaciones que puedan generar desinformación o aglomeraciones innecesarias en los surtidores” y afirmó que cuenta con el stock suficiente para atender la demanda regular.

El comunicado se produjo este domingo, dos días después de que se fijara el nuevo precio del diésel bajo un esquema que contempla fluctuaciones en función del precio del mercado internacional y del nuevo régimen cambiario flexible, implementado hace tres meses. La medida, establecida en el Decreto Supremo 5716, comenzó a impactar en el transporte y en los precios de algunos alimentos, mientras que organizaciones sindicales y sociales alistan medidas de presión contra el Gobierno de Rodrigo Paz.

En varias regiones, federaciones de transportistas determinaron suspender sus servicios hasta establecer nuevas tarifas, mientras que algunos conductores subieron provisionalmente el precio de los pasajes.

El dirigente nacional de los choferes, Víctor Tarqui, declaró a su sector en emergencia y amenazó con protestas si el Gobierno no revierte el alza. “No vamos a poder pagar ese precio, porque ¿cuánto tendría que pagar el usuario? Prácticamente es un castigo a la población y a nuestros usuarios”, señaló en una conferencia de prensa en la que convocó a los afiliados a la Confederación de Choferes a una reunión este lunes.

A la presión de los transportistas se suman organizaciones sindicales y sociales, entre ellas los cocaleros de la región del Trópico de Cochabamba, que anunciaron movilizaciones y la Central Obrera Boliviana, que organiza un encuentro nacional para evaluar medidas de protesta contra el gobierno.

En las primeras horas de vigencia del nuevo precio del diésel, el impacto ya se siente en los mercados. Algunos negocios de abarrotes bajaron sus persianas hasta ajustar sus costos para no naufragar en la próxima importación, mientras que los comerciantes de productos de primera necesidad, como el tomate o el pollo, incrementaron hasta en un 70% sus precios, según se constató en diferentes centros de abastecimiento.

El Gobierno, entretanto, activó mesas de diálogo con los sectores afectados pero descartó abrogar el decreto. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, admitió que el fin del subsidio al combustible tendrá efectos sobre los precios, pero defiende la medida como una acción inevitable para restablecer la economía y superar la crisis financiera que atraviesa el país. “Esta decisión es la correcta, la teníamos que tomar (…) no es sostenible un sistema que nos lleva a comprar caro para vender barato”, afirmó el vocero sobre el antiguo esquema de subvención.

El Ejecutivo sostiene también que la eliminación del subsidio, que suponía destinar cerca de 55 millones de dólares semanales a la importación de combustible, permitirá liberar recursos públicos para poder desarrollar obras de infraestructura. Así lo justificó el presidente Rodrigo Paz al anunciar el nuevo esquema: “cada dólar que se va para pagar la subvención es menos colegios, son menos hospitales, carreteras” y agregó que el “ahorro” que habrá en adelante servirá para financiar nuevos proyectos.

Para amortiguar el impacto de la medida, la administración de Paz ha ofrecido medidas de apoyo económico como el aumento equivalente a 9 dólares anuales en un bono estudiantil, un pago de 70 dólares en seis meses para la población vulnerable, además de créditos preferenciales y reducción de aranceles, entre otras acciones.

Estos planes han sido cuestionados por algunos analistas como insuficientes y carentes de una estrategia integral de compensación. “Es una batería de medidas paliativas frente a un shock cuyo mecanismo de transmisión permanece intacto: si mañana vuelve a subir fuertemente el petróleo internacional, el nuevo precio entra por el surtidor, pasa al transporte, continúa hacia los costos productivos y finalmente aterriza en alimentos e inflación”, escribió el analista económico Gonzalo Chávez.

A pesar de que la semana se anticipa conflictiva con los anuncios de movilización, las autoridades han llamado al diálogo y han advertido que las protestas estarán sujetas al estado de excepción —vigente desde hace tres meses y ampliado por otros tres meses más—, que prohíbe los bloqueos de carreteras y autoriza a las Fuerzas Armadas a reprimir los piquetes.

Estos ajustes casi simultáneos —alza del diésel y ampliación del estado de excepción para reprimir protestas— se producen cuando el Gobierno firma un convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un crédito de 1.900 millones de dólares para respaldar las políticas económicas con las que se busca reorganizar el sistema financiero.

De las dictaduras del socialismo del siglo 21 las de Cuba y Nicaragua siguen detentando el poder absoluto, la de Venezuela en desmontaje bajo tutela de Estados Unidos y la de Bolivia con su sistema intacto cedió parte del gobierno pero no el poder. En todas siguen ausentes los elementos esenciales de la democracia y los pueblos serán libres solo cuando se pase del terrorismo de Estado al estado de derecho.

La supresión de la libertad de los pueblos por el sistema dictatorial del socialismo del siglo 21 o castrochavismo está fundada en el terrorismo de Estado que consiste en “la utilización de medios ilegítimos y la comisión de delitos desde el gobierno con el propósito de producir miedo en la población para someterla y así detentar indefinidamente el poder”. El terrorismo es la exacerbación del miedo, es la “sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”, se trata de la “actuación criminal para crear alarma social”.

El “acceso al poder su ejercicio con sujeción al estado de derecho” es uno de los elementos esenciales de la democracia que el articulo 3 de la Carta Democrática Interamericana dispone como obligación de todos los Estados de las Américas. El “estado de derecho es un concepto jurídico y político que describe la existencia de un sistema legal justo y equitativo, en el cual todas las personas están sujetas a las mismas leyes, que la ley la misma para todos y que las decisiones de cualquier autoridad están sujetas a supervisión y revisión”.

El objetivo del estado de derecho es “limitar el poder del Estado con el derecho para evitar abusos de poder y violación de derechos”.

En Cuba, la opresión dictatorial por más de 67 años ha institucionalizado el terrorismo de Estado que se expresa en su constitución, leyes, procedimientos y reglamentos que violan los derechos humanos y derechos fundamentales en su totalidad. Desde el derecho a la vida, la libertad, la dignidad, el trabajo, la propiedad privada, los derechos civiles y políticos, la integridad personal, la prohibición de esclavitud y servidumbre, las garantías judiciales. En Cuba no hay derecho, hay leyes infames que normalizan el crimen y la impunidad de los gobernantes.

Los primeros 25 años del siglo 21 han sido la expansión de la dictadura de Cuba en las Américas con el petróleo y dinero malversado por Hugo Chávez desde 1999 y con Lula creador del Foro de Sao Paolo. Ha tenido como principal conquista a Venezuela cuyo control total logró con la muerte de Chávez en 2013; controló Bolivia desde el golpe de estado de 2003 llevando a Evo Morales a la presidencia en 2006 y suplantando la República con un estado plurinacional en 2009; reinstaló la dictadura sandinista con Daniel Ortega en 2007; controló Ecuador e instaló su sistema en plurinacional con Rafael Corea del 2007 a 2017.

La dictadura de Cuba es el narcoestado más antiguo de las Américas desde que en la década de los 80 Fidel Castro se asoció con los narcotraficantes Pablo Escobar y Roberto Suárez, y como parte de su expansión en el siglo 21 convirtió en narcoestados a Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, además de territorios, estados y provincias en países como México, Argentina y más. La instalación de los narcoestados además de certificar la desaparición del estado de derecho, determinó el incumplimiento de todas convenciones internacionales de lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado trasnacional.

De las cinco dictaduras del llamado socialismo del siglo 21, solo Ecuador por decisión y gobierno del presiente Lenin Moreno ha recuperado el estado de derecho y con el presidente Daniel Noboa lucha por preservarlo, terminar el narcoestado y recuperar economía.

Cuba con Fidel Castro muerto en abyecta impunidad, con Raúl Castro, Diaz Canel y su consorcio militar/criminal sigue liderando el narcoterrorismo y la guerra híbrida en el hemisferio, mientras agrava la opresión al pueblo por la miseria y se sostiene con terrorismo de Estado.

Nicaragua con Ortega y Murillo hace ostentación internacional del terrorismo de Estado quitando la nacionalidad a exiliados, instalando una infame tiranía hereditaria con reformas a su estatuto dictatorial que llama constitución, y señalada con la sospecha de asesinatos extra territoriales a opositores exiliados.

En Venezuela, desde la captura del dictador Nicolás Maduro el 3 de enero 2026, se desarrolla una tutela por los Estados Unidos que lleva adelante un delicado proceso de “desmontar la narco dictadura con sus propios mafiosos” que ofrecen avances a cambio de impunidad, que sin embargo juegan “cediendo espacios pero ganando tiempo”, como siempre ha hecho la dictadura cubana para sobrevivir. Hay esperanzas pero aún no estado de derecho.

En Bolivia se repite hasta ahora la penosa experiencia de 2019 cuando “salió el dictador pero no la dictadura”. El presidente Rodrigo Paz ha tomado parte del gobierno pero no el poder, mantiene la constitución plurinacional que es NULA y gobierna un narcoestado del que no tiene siquiera la totalidad del control territorial.

Para cambiar todo esto, urge el reemplazo -no transición- del terrorismo de Estado por el estado de derecho.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

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El presidente Rodrigo Paz promulgó este domingo el acuerdo de Bolivia con el FMI por 1.900 millones de dólares, una operación destinada a financiar reformas económicas y reforzar las reservas internacionales, mientras su Gobierno trasladó al precio del diésel el costo de importarlo y anunció medidas de alivio para los sectores afectados.

La Ley 1765 entró en vigor tras su publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia, sin un anuncio adicional. La norma habilita el financiamiento del organismo multilateral y formaliza un acuerdo que el Gobierno había oficializado el 29 de julio.

La promulgación se produjo después de que Paz comunicara a la medianoche del viernes el levantamiento de la subvención al diésel. El litro pasó de 9,80 bolivianos, equivalentes a un dólar, a 17,95 bolivianos, o 1,83 dólares.

La decisión alcanza a un país que arrastra problemas de desabastecimiento de combustibles desde hace unos dos años. Paz asumió la Presidencia en noviembre pasado y su Administración había aplicado ajustes previos sobre los precios de los carburantes.

El convenio concede a Bolivia 1.369 millones de DEG, equivalentes al monto aprobado, para afrontar desequilibrios fiscales y externos. El documento publicado la semana anterior define esos problemas como “persistentes”.

El plazo de devolución llegará hasta 10 años desde cada desembolso, con una tasa de interés de 3,47% que podrá variar de acuerdo con la cotización de los derechos especiales de giro. La amortización comenzará a los cuatro años y seis meses, mientras que los desembolsos podrán realizarse durante un máximo de 36 meses.

El acuerdo también prevé que Bolivia pueda captar financiamiento adicional de otros organismos multilaterales por unos USD 5.000 millones. El Gobierno se había comprometido ante el FMI a eliminar por completo la subvención a los combustibles desde 2027.

Paz viajó el sábado a Estados Unidos para asistir a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y mantener reuniones bilaterales. El vocero presidencial José Luis Gálvez indicó al canal estatal Bolivia Tv que los encuentros serán con entidades “que son parte del plan económico”.

Por su parte, el presidente boliviano anunció que el Estado dejará de usar recursos para sostener la subvención del diésel y los dirigirá a infraestructura pública, como escuelas, hospitales y carreteras. En un mensaje difundido por televisión nacional, el mandatario afirmó: “Hemos tomado la decisión de que desde hoy el diésel nos costará lo mismo que nos cuesta comprarlo afuera. No podemos comprar caro para vender barato para que unos cuantos se lo roben”.

El presidente sostuvo que la medida permitirá asegurar la disponibilidad del combustible. “Con esta decisión garantizamos el abastecimiento permanente del diésel para todos 24 horas, siete días a la semana, garantizando el combustible”, expresó.

El Gobierno anunció un nuevo pago del bono del Programa Extraordinario de Protección y Equidad para 2,9 millones de personas. También destinará 800 millones de bolivianos, equivalentes a 81,6 millones de dólares, a créditos con condiciones preferenciales para transportistas de carga pesada, gremiales, artesanos y comerciantes minoristas.

El sector productivo accederá a esos créditos con un interés anual cercano al 6 %. Paz también comunicó que el bono para escolares pasará de 200 bolivianos a 300 bolivianos, que habrá mayores facilidades para créditos de vivienda social y que el Ejecutivo apoyará a los gobiernos regionales para readecuar sus finanzas.

La Administración eliminará el impuesto para bienes importados destinados a actividades productivas, entre ellos insumos, semillas, drones, genética, herramientas, equipos, bienes de capital y plantas industriales.

Paz retiró en diciembre la subvención a los combustibles vigente desde 2005, pero en enero emitió un nuevo decreto tras las protestas de sindicatos obreros contra otras disposiciones de la norma original. A principios de julio, el Ejecutivo mantuvo por seis meses los precios fijados en diciembre para la gasolina y otros carburantes, mientras el diésel quedó excluido de esa estabilidad y el compromiso ante entidades internacionales fija 2027 para el fin total del subsidio.

Una banda acusada de robar camionetas de alta gama quedó bajo investigación judicial tras la imputación de tres personas. Denunciaron que la asociación ilícita habrían sustraído tres Toyota Hilux, cuyo valor comercial conjunto supera los $100 millones, en Tucumán y luego habrían organizado su traslado hacia Bolivia y otras jurisdicciones.

Los imputados son un joven de 29 años conocido como “Cavenaghi”, un hombre de 46 apodado “El Indio” y una mujer de 36 años. La fiscalía sostuvo que los tres formaban parte de una estructura que incluía, al menos, a otros dos sospechosos domiciliados en la provincia de Córdoba.

La hipótesis de la investigación sostiene que el grupo contaba con una división de tareas, según la fiscal Alejandra Navarro y el auxiliar fiscal Rodrigo Bilbao. Mientras que personas llegadas desde otras jurisdicciones se encargaban de cometer los robos y de conducir vehículos de apoyo, “El Indio” y su pareja intervenían en la recepción, el ocultamiento y el traslado de las camionetas.

Rodrigo Bilbao explicó: “Hay una modalidad organizada de ingreso de vehículos y de personas pertenecientes a otras jurisdicciones; desplazamiento coordinado; utilización de vehículos de apoyo; traslado anticipado de personas hacia puntos determinados; recepción de vehículos inmediatamente después de su sustracción; posterior desplazamiento de los rodados a otros sectores e intervención de varias personas en la distribución de funciones”.

Para la acusación, los sospechosos no mantuvieron contactos aislados ni circunstanciales. La fiscalía presentó movimientos de dinero efectuados entre los integrantes de la pareja los días 18, 19 y 20 de marzo, comunicaciones compartidas y viajes realizados en conjunto desde Pichanal, en Salta, hacia Tucumán el 22 de marzo y el 2 de abril.

Dos de las camionetas fueron sustraídas durante la madrugada del viernes 20 de marzo. En uno de esos episodios, la mujer y “El Indio” se habrían dirigido con anticipación a la zona del centro de servicios GAR S.A, donde acordaron recibir la camioneta que acababa de ser robada.

La tercera camioneta fue robada el domingo 29 de marzo. La reconstrucción fiscal indica que, luego de la sustracción de otra Hilux, “El Indio” pidió un viaje a través de una aplicación a la 01:44 desde pasaje Einstein y Díaz Vélez hasta cercanías de un predio de Alderetes.

Ese lugar se encontraba a 1,7 kilómetros del pasaje Islas Malvinas, señalado como el punto de transbordo de la camioneta. A su vez, el teléfono registrado a nombre de la mujer tuvo actividad entre las 02:13 y las 03:01 en antenas de telefonía de Alderetes próximas al sitio investigado.

La fiscalía consideró que los contactos, los viajes y los movimientos registrados durante marzo no respondían a encuentros casuales. Esos elementos permiten sostener que los imputados conocían la mecánica de la organización y que cada uno cumplía una función dentro del circuito previsto para asegurar la sustracción, la recepción y el traslado de las camionetas robadas.

El juez aceptó el planteo del Ministerio Fiscal y dispuso la prisión preventiva por tres meses para los tres imputados. La medida fue fundada en la complejidad interjurisdiccional que se le atribuye a la organización, el riesgo de fuga y la posibilidad de que los acusados obstaculicen la investigación.

Durante el desarrollo de la audiencia, las autoridades comunicaron que uno de los imputados tiene en sus antecedentes una condena previa por haber intentado robar un vehículo. Por su parte, el otro de los acusados está siendo investigado en la actualidad dentro de un expediente que se abrió recientemente.

En el marco de la causa, el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) realizó procedimientos en los barrios El Salvador y Oeste III, de Villa Carmela. Además, una comisión participó de allanamientos en Córdoba: 14 de los 100 operativos realizados estuvieron vinculados al expediente tucumano y derivaron en la detención de dos personas, cuya extradición a la provincia se prevé para las próximas horas.

Un cachorro de aspecto inusual pasó más de un año en una casa rural de Bolivia. Comía huevos y pastas, perseguía gallinas y maullaba de una manera que no parecía propia de un gato doméstico. Cuando llegó a un santuario de fauna, una bióloga advirtió que había algo que no terminaba de encajar. Años más tarde, el análisis de su ADN reveló una especie de felino silvestre hasta entonces desconocida para la ciencia, a la que los investigadores llamaron Leopardus tilcayo.

El descubrimiento, publicado este jueves en la revista científica Current Biology, no solo incorporó una nueva rama al árbol evolutivo de los felinos sudamericanos. También abrió una pregunta que alcanza a la Argentina: si este pequeño gato tigre vive en las Yungas de Bolivia, ¿podría habitar también en Jujuy y otras áreas de las Yungas australes?

La respuesta todavía es materia de investigación. Pero el biólogo evolutivo belga Jonas Lescroart, uno de los principales investigadores del trabajo, explicó a Infobae que la presencia de gatos tigre en el noroeste argentino está comprobada y que esa población aún no fue sometida al análisis genético que permitiría establecer su identidad.

“Sabemos que hay gatos tigre en las Yungas australes de Argentina y, por el momento, no hemos tomado muestras de esa región. ¿Son también tilcayos o algo diferente? Son preguntas abiertas”, afirmó el investigador de la Universidad de Amberes.

Un cachorro hallado cerca de un bosque puso en marcha la investigación

La historia comenzó en 2017, cuando un hombre encontró una cría cerca de un bosque de las Yungas de Bolivia. Pensó que era un gato doméstico y lo llevó a su casa. El animal creció en contacto con personas, pero sus conductas empezaron a despertar dudas: además de cazar aves de corral, emitía vocalizaciones distintas de las de un felino doméstico.

Después de más de un año, el ejemplar fue entregado al Santuario de Vida Silvestre Senda Verde, donde lo examinó la bióloga boliviana Paola Nogales-Ascarrunz, fundadora del Programa de Investigación de Félidos Bolivia. El animal tenía una cara pequeña, orejas cortas y redondeadas, bigotes largos y grandes rosetas en el pelaje. A primera vista, parecía un gato tigre, un conjunto de especies de pequeño tamaño que habita distintas zonas de América del Sur.

El primer diagnóstico apuntaba a Leopardus tigrinus, conocido según la región como tigrino, oncilla o tigrillo. Sin embargo, fueron encontrando diferencias al comparar sus fotografías con registros de otros ejemplares. La forma y el tamaño de las manchas abrían una duda, aunque el aspecto externo no alcanzaba para resolverla.

El gato tigre es un grupo difícil de clasificar porque sus especies pueden parecerse entre sí. Esa semejanza explica por qué, durante décadas, poblaciones separadas por miles de kilómetros fueron incluidas bajo los mismos nombres científicos. La secuenciación genética permitió revisar esas fronteras.

“Los gatos tigre han sido un enigma durante décadas”, explicó Eduardo Eizirik, genetista brasileño y coautor del estudio, en declaraciones a National Geographic.

Al respecto, Jonas Lescroart explicó a Infobae que la genética permitió poner a prueba una clasificación sostenida durante años por las semejanzas físicas.

—¿Qué encontró el ADN para separar al tilcayo de otros gatos tigre?

—Para definir si se trata de una especie, buscamos dos cosas en los datos genómicos: que los individuos de la misma unidad se agrupen siempre, es decir, que sean más parecidos entre ellos que a los de otras especies, y que esa unidad haya estado genéticamente aislada durante un tiempo considerable. En el caso del tilcayo, los dos individuos de las Yungas bolivianas siempre formaron un grupo propio, con un aislamiento estimado de 1,4 millones de años.

El equipo comparó genomas completos de 38 individuos del género Leopardus. El resultado mostró que los dos gatos tigre procedentes de las Yungas bolivianas se agrupaban entre sí y fuera de Leopardus tigrinus. La estimación indicó que ese linaje atravesó cerca de 1,4 millones de años de aislamiento genético.

Esa distancia evolutiva llevó a los especialistas a describir formalmente a Leopardus tilcayo. El nombre recupera la palabra con la que comunidades locales de las Yungas identifican a este animal. Hasta la publicación del estudio, esa denominación se interpretaba como una forma local de llamar a un gato tigre ya conocido.

“Los gatos tigre se parecen mucho entre sí. Por eso se suponía que los de las Yungas bolivianas eran la misma especie que los mejor estudiados de Brasil o Colombia”, señaló Lescroart a Infobae. “Mostramos, de manera inesperada, que ese gato no forma parte de L. tigrinus, sino que es una unidad distinta”, agregó.

El estudio reorganizó el grupo de los pequeños felinos manchados

La investigación concluyó que, en Sudamérica, existen al menos cinco especies de gatos tigre: Leopardus tigrinus, Leopardus guttulus, Leopardus emiliae, Leopardus pardinoides y Leopardus tilcayo. Además, los científicos describieron una nueva subespecie de Perú, Leopardus tigrinus antisuyo.

El cambio es relevante para la conservación. Durante años, una distribución extensa podía dar la impresión de que un mismo felino estaba presente desde América Central hasta el sur de Brasil. Sin embargo, si esas poblaciones pertenecen a especies distintas, cada una debe ser evaluada de acuerdo con su propio territorio, número de ejemplares y amenazas.

En el caso del tilcayo, todavía se desconocen datos básicos: cuántos individuos quedan en libertad, qué superficie ocupa su población, cuáles son sus presas, cómo se reproduce y qué tipo de hábitat utiliza. Los registros disponibles se concentran en la ecorregión boliviana de las Yungas, sobre la ladera oriental de los Andes.

El ejemplar que vivió con la familia no podrá volver a la vida silvestre debido a la impronta humana que adquirió durante su crianza y a problemas vinculados con su alimentación inicial. Aun así, su historia permitió iniciar un trabajo que ahora busca más registros de animales en libertad mediante cámaras trampa y muestras biológicas.

Los museos cubrieron el vacío genético de las Guayanas

Una parte decisiva de la investigación se desarrolló lejos del monte boliviano. Para entender dónde terminaba Leopardus tigrinus y dónde comenzaban otros linajes, los científicos necesitaban datos de las Guayanas, la región donde la especie original fue descripta en 1775.

El problema era que el equipo no logró conseguir muestras frescas de gatos tigre de esa zona, como sangre o tejidos obtenidos de animales vivos. Las cámaras de campo confirmaban que esos felinos estaban allí, pero no ofrecían el ADN necesario para la comparación.

—¿Cómo ayudaron los ejemplares preservados en museos?

—Como no logramos obtener muestras recientes de gatos tigre en las Guayanas, recurrimos a pequeños fragmentos de hueso y piel de animales recolectados en la década de 1960 en el este de Venezuela, Guyana y Surinam. Las piezas estaban conservadas en museos de Estados Unidos y los Países Bajos. A partir de esos materiales obtuvimos secuencias genómicas de calidad.

La disciplina que permite recuperar y analizar ADN de especímenes de colecciones científicas se conoce como museómica. En este caso, sirvió para llenar una ausencia decisiva en el muestreo geográfico.

“Necesitábamos incluir ADN de gatos tigre de las Guayanas porque allí se descubrió la primera especie del grupo”, explicó Lescroart. “Como no teníamos muestras recientes, acudimos a ejemplares de museo. Eso nos permitió completar el panorama”.

El análisis de esos fragmentos permitió comparar las poblaciones de las Guayanas con las de Colombia, Venezuela, Costa Rica, Brasil, Perú y Bolivia. Así se pudo establecer qué animales correspondían a la especie originalmente descripta y cuáles habían seguido trayectorias evolutivas diferentes.

La posibilidad de hallar tilcayos en Jujuy sigue abierta

La cercanía geográfica entre las Yungas bolivianas y las Yungas australes plantea una hipótesis concreta para la Argentina. Ese corredor de selvas de montaña atraviesa el sur de Bolivia y continúa en el noroeste argentino, especialmente en Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca.

Sin embargo, Lescroart subrayó que no hay confirmación de que los gatos tigre argentinos sean tilcayos. La morfología, es decir, la comparación de rasgos físicos, puede orientar una búsqueda. También pueden aportar datos los estudios ecológicos, como la altura en la que viven los animales, el tipo de vegetación que usan o las presas que consumen. Pero ninguna de esas herramientas reemplaza a la genética.

—¿Qué haría falta para confirmar la presencia del tilcayo en la Argentina?

—El trabajo morfológico y ecológico puede ofrecer indicios, pero la prueba más concluyente sería una identificación genética. Para eso, habría que obtener muestras de los gatos tigre que viven en las Yungas australes

La tarea implica conseguir muestras de animales vivos, pelos, heces u otros rastros biológicos que permitan extraer ADN y compararlo con el perfil genómico de Leopardus tilcayo. También serán necesarios registros de cámaras trampa y relevamientos de campo que ayuden a delimitar las áreas donde podría aparecer.

Para los investigadores, estimar la cantidad de individuos silvestres es una prioridad. Esa respuesta depende de conocer su distribución, su densidad —cuántos animales hay por kilómetro cuadrado— y los ambientes que ocupa. Sin esos datos, será difícil definir el nivel de riesgo de la población y las medidas de protección que requiere.

En las Yungas bolivianas, la deforestación, las quemas para actividades productivas, la minería de oro y los conflictos por ataques a aves de corral forman parte de las presiones que enfrenta el ambiente. En la Argentina, identificar con precisión a los gatos tigre de las Yungas permitiría saber si el mapa de conservación debe incorporar una especie que pasó inadvertida durante siglos.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, eliminó la subvención al diésel y dispuso que el combustible pase a cotizar con un precio único vinculado al mercado internacional, junto con un paquete de bonos, créditos y medidas tributarias para compensar el impacto de la decisión.

El anuncio se produjo en la madrugada de este sábado, a través de un mensaje grabado que emitió el canal estatal y fue difundido en las redes sociales del mandatario. Hasta entonces, el decreto 5.676 establecía tarifas diferenciadas: 16,50 bolivianos para grandes consumidores y 9,80 bolivianos para transportistas.

Paz afirmó que el nuevo valor del diésel variará según la cotización internacional. “Este precio fluctuará de acuerdo al precio internacional, es decir que si la próxima semana el precio disminuye a nivel internacional, porque se terminan las guerras en el exterior y bajan los precios, los precios bajarán”, aseguró.

El mandatario vinculó la medida con el combate al contrabando, que, según sostuvo, fomentaba el esquema de precios diferenciales. “Se acabó el negocio de los delincuentes, subvención o futuro yo elijo futuro”, reiteró.

Para contrarrestar la quita del subsidio, el jefe de Estado anunció la entrega del Bono Pepe II para cerca de 2,9 millones de beneficiarios, con una asignación de 874 millones de bolivianos, y también destinará hasta 800 millones de bolivianos a créditos en condiciones preferenciales para transportistas de carga pesada, gremiales, artesanos y comerciantes minoristas.

Paz además anunció la eliminación de impuestos a la importación de bienes de capital e insumos, entre ellos semillas, drones, genética, herramientas, equipos y plantas industriales. El Ejecutivo extenderá por 120 días el período del perdonazo tributario, (una medida para facilitar la regularización de deudas fiscales) que alcanzará a 200.000 contribuyentes.

El plan también contempla obras de pavimentación con losetas en calles y avenidas, con una previsión de más de 18.000 empleos directos y 55.000 indirectos. Los productores accederán a créditos de entre 50.000 y 400.000 bolivianos.

“Se activará el plan de enlocetados de calles y avenidas para generar más de 18.000 empleos directos y 55.000 empleos indirectos; se dará apoyo directo a los productores con créditos por montos que van desde los 50.000 hasta 400.000 bolivianos; se seguirá devolviendo los depósitos de los ahorristas que tenían su dinero en dólares en los bancos, para que puedan hacer uso de esos dólares en futuras inversiones”, aseguró.

El presidente boliviano sostuvo que la eliminación de la subvención es el mecanismo para asegurar el abastecimiento de diésel “las 24 horas y los 7 días a la semana”.

En la grabación de nueve minutos, Paz detalló un paquete de 10 medidas para compensar el impacto de la eliminación del subsidio al diésel. “Esos recursos que ya no serán usados para esta subvención, irán a esas escuelas, a esos hospitales, a esas carreteras. Pero también lo vamos a entregar a través de un bono PP2”, señaló.

El Ejecutivo anunció además un aumento del bono Juancito Pinto, que pasará de 200 a 300 bolivianos. “Hoy día está en 200, vamos a aumentarle 100 más. Juancito Pinto serán 300 bolivianos”, indicó el mandatario.

Paz anticipó una mayor flexibilidad para el acceso de las familias al crédito de vivienda social y al crédito productivo. Las gobernaciones, municipios, gobiernos regionales y gobiernos autónomos indígenas originarios también recibirán asistencia para readecuar sus finanzas. El presidente sostuvo que continuará la devolución de depósitos en dólares de los ahorristas que tenían fondos retenidos en bancos, con el objetivo de que puedan utilizarlos en futuras inversiones.

“Sé que es la decisión más responsable con el país”, afirmó Paz. El mandatario también señaló que el Gabinete de ministros está disponible para reunirse de inmediato con transportistas, productores, obreros, campesinos, gremiales, vecinos y otros sectores “para tomar acciones de protección a la economía de las familias”.

Todos los anuncios de Paz surgieron tras la sanción del Parlamento del acuerdo de USD 1.900 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que respalda las reformas económicas del Gobierno boliviano, el cual pasará al Ejecutivo para su promulgación.

La Cámara de Senadores de Bolivia sancionó este viernes el acuerdo de USD 1.900 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que respalda las reformas económicas del Gobierno del presidente Rodrigo Paz y pasa al Ejecutivo para su promulgación.

La Cámara Alta aprobó el proyecto de Ley 723 mediante una dispensación de trámite. La iniciativa superó el jueves la votación de la Cámara de Diputados. El ministro de Economía, Christian Morales, expuso ante los senadores los alcances del programa y afirmó que la aprobación permitirá el acceso a otros USD 5.000 millones de organismos multilaterales.

El Banco Mundial (BM), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) asignarán esos recursos a proyectos de inversión. “Van a ser canalizados en proyectos de inversión para estabilizar la economía, impulsar la inversión, generar mayor producción”, indicó Morales.

El ministro precisó que los recursos del FMI servirán para “estabilizar la economía, las reservas internacionales y la balanza de pagos” de Bolivia, a la par que descartó su uso para gastos corrientes.

Paz celebró a través de sus redes sociales la aprobación de la ley: “Este respaldo demuestra que, cuando el bienestar común está primero, las diferencias ideológicas quedan en segundo plano. Estos recursos están destinados a blindar nuestras reservas y abrir oportunidades reales de inversión y empleo”.

La Ley 723 autoriza un financiamiento de 1.369 millones de derechos especiales de giro (DEG), equivalentes a USD 1.900 millones, para enfrentar los “persistentes” desequilibrios fiscales y externos que afectaron al país en los últimos años. El crédito prevé un plazo de pago de hasta 10 años desde cada desembolso y una tasa de interés de 3,47%, sujeta a variaciones de acuerdo con la cotización de los DEG. La amortización comenzará después de cuatro años y seis meses, mientras que el período de desembolsos podrá extenderse hasta 36 meses.

Bolivia y el FMI oficializaron el acuerdo el 29 de julio. El programa también facilitará financiamiento adicional de organismos multilaterales por unos 5.000 millones de dólares. Entre los compromisos asumidos ante el organismo figura la eliminación de la subvención a los combustibles desde 2027. Los precios fijos del diésel y la gasolina permanecerán vigentes hasta diciembre de este año.

Durante distintos actos públicos el viernes, el presidente Paz planteó que los recursos estatales deben destinarse a obras para la población y no a actividades que benefician a “unos cuantos”. El mandatario ya había señalado las dificultades para sostener la subvención al diésel y la gasolina. Según sostuvo, parte de esos combustibles termina en el mercado negro interno o en países vecinos, donde sus precios son más altos.

El Ejecutivo fijó como objetivos reducir el déficit fiscal de Bolivia al 2% negativo y elevar las reservas internacionales a 9.000 millones de dólares en 2031, en un escenario marcado por la falta de divisas y los cambios en la política cambiaria.

El país aún enfrenta dificultades para superar la escasez de dólares desde la llegada de Paz a la Presidencia, en noviembre de 2025. En los últimos meses, las autoridades iniciaron la devolución de ahorros en moneda extranjera, tras dos años de restricciones sobre retiros y operaciones en divisas.

Desde el 29 de junio, Bolivia aplica un régimen de tipo de cambio flexible, que sustituyó al sistema fijo vigente durante 15 años. El Banco Central de Bolivia (BCB) sostuvo que esa modificación permitió sumar divisas a las reservas internacionales netas.

El 8 de septiembre, la entidad suspendió de forma temporal las nuevas operaciones de compra de dólares y creó una reserva monetaria restringida para contener las presiones sobre el mercado cambiario posteriores a la adopción del nuevo esquema.

El BCB indicó que las medidas buscan “procurar la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional” y “prevenir mayores presiones en el mercado cambiario”.

La institución explicó que decidió frenar las compras de divisas ante el aumento de los activos de alta liquidez que integran las reservas internacionales netas. Según el organismo, esos recursos superaron los USD 1.000 millones durante las últimas semanas.

El banco central sostuvo que ese nivel de disponibilidad otorgó “la holgura necesaria” para atender pagos internacionales y amortiguar eventuales tensiones cambiarias. También señaló que prevé nuevos desembolsos de financiamiento externo, entre ellos los fondos del Fondo Monetario Internacional (FMI) si el Parlamento aprueba el programa.

(Con información de EFE)

El Senado de Bolivia creó una comisión para investigar las denuncias por presuntos actos irregulares vinculados con el consultor político argentino Fernando Cerimedo, quien permanece detenido preventivamente mientras enfrenta procesos por tentativa de feminicidio, violencia familiar o doméstica y presunto enriquecimiento ilícito.

La nueva instancia legislativa deberá revisar posibles responsabilidades administrativas y penales que pudieran surgir de hechos atribuidos a Cerimedo dentro de la administración pública. El senador opositor Leonardo Roca explicó que el grupo buscará establecer si existieron conductas dolosas y qué alcance tuvieron las denuncias que rodearon al consultor.

La comisión quedó integrada por Paola López y Marcelino Flores, del oficialista Partido Demócrata Cristiano; José Sánchez y Roca, de Alianza Libre; y Eliana Acosta junto con Marcelo Cardona, de Unidad. Los legisladores contarán con un plazo de 90 días para elaborar sus conclusiones.

Parte de la investigación parlamentaria se concentrará en las publicaciones de Nadia Beller, abogada, operadora política y ex pareja de Cerimedo. Beller difundió en sus redes sociales acusaciones contra el consultor, en las que vinculó su situación personal con presuntos manejos irregulares de asuntos públicos.

La abogada declaró ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz en calidad de testigo dentro de la causa por supuesto enriquecimiento ilícito. La declaración se extendió durante unas tres horas y se realizó bajo un operativo de seguridad. Su abogado, Jerjes Justiniano, indicó que la Fiscalía le formuló cerca de un centenar de preguntas, respondidas durante el acto.

Beller recordó que el ataque armado que denunció ocurrió el 17 de agosto en Santa Cruz. En un mensaje público, afirmó que Cerimedo intentó impedir que hablara sobre hechos que, según su acusación, involucraron corrupción y decisiones vinculadas con el poder público. También denunció una campaña de revictimización después de los hechos.

Fernando Cerimedo quedó detenido en Bolivia desde el 18 de agosto. La Fiscalía abrió una investigación por tentativa de feminicidio contra Beller, a raíz de los hechos denunciados en Santa Cruz, y dispuso su detención preventiva.

El Ministerio Público formalizó hoy además una imputación por violencia familiar o doméstica, bajo los alcances de la Ley 348. El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, informó que la causa surgió de un informe de la Policía Boliviana, que incluyó declaraciones de Cerimedo y de la presunta víctima, además de otras diligencias.

La Fiscalía solicitó que Cerimedo permanezca detenido preventivamente en el penal de Chonchocoro, en La Paz, donde ya cumplía reclusión por otra causa. Un juez deberá definir la medida cautelar en una audiencia posterior, luego de escuchar los argumentos de los fiscales y de la defensa.

El consultor también quedó investigado por presunto enriquecimiento ilícito, causa que posteriormente incorporó el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Por ese expediente fue trasladado desde un penal de Santa Cruz a Chonchocoro, en el altiplano boliviano.

(Con información de EFE)

El canciller boliviano Héctor Huanca planteó a Chile la necesidad de definir “qué clase de vecinos” quieren ser, en medio de un acercamiento bilateral que podría profundizarse con una posible visita a Bolivia del presidente chileno José Antonio Kast el próximo mes de octubre.

La propuesta fue planteada en una columna publicada este viernes en medios de ambos países, con motivo de la celebración de las Fiestas Patrias de Chile. En el texto, Huanca subrayó que las dos naciones comparten frontera, vínculos comerciales y sociales, pero también una historia compleja que dejó diferencias profundas y que forma parte de sus respectivas identidades nacionales.

“Bolivia y Chile no escogieron ser vecinos, pero sí pueden elegir qué clase de vecinos quieren ser”, sostuvo el canciller, quien asumió el cargo el pasado 3 de agosto. Para Huanca, reconocer las diferencias entre ambas partes no debería impedir que trabajen en los asuntos que las unen: “La madurez de dos Estados no consiste en coincidir en todo, sino en ser capaces de administrar sus diferencias sin permitir que paralicen oportunidades para sus pueblos”.

La llegada de Kast a territorio boliviano fue confirmada en la misma jornada por el cónsul general de Chile en La Paz, Roberto Ruiz, durante un acto protocolar. Según el canciller boliviano, el viaje “tendrá una significación que trasciende lo protocolar” y representaría “una poderosa señal política y gran paso en el proceso de recomposición diplomática”.

Entre los puntos de desacuerdo que persisten entre los dos gobiernos se encuentra la reivindicación marítima boliviana. El nuevo acercamiento, aclaró Huanca, no supone que su país abandone esa demanda: “No renuncia a su memoria histórica ni a su vocación marítima”. El funcionario agregó que sostener esa postura no impide avanzar en los asuntos donde existen intereses compartidos: “No aspiramos a una relación construida sobre el olvido. Aspiramos a algo más difícil y valioso: una relación capaz de mirar de frente su historia y, aun así, decidir responsablemente su futuro”.

Las cancillerías, por su parte, trabajan en una agenda orientada a convertir la confianza mutua en resultados concretos. Entre las iniciativas mencionadas por Huanca figuran la modernización y ampliación del Acuerdo de Complementación Económica número 22, la apertura de nuevas oportunidades comerciales y de inversión, la integración energética, la conectividad digital y el desarrollo de proyectos conjuntos en minería, salud y recursos hídricos.

A esos objetivos se suman gestiones para mejorar la eficiencia logística del comercio que circula por territorio y puertos chilenos, junto con planes destinados a fortalecer las conexiones terrestres y ferroviarias entre ambos países. La seguridad en las zonas limítrofes representa otro eje de coordinación: los dos gobiernos avanzan en mecanismos de cooperación policial e intercambio de información frente al crimen organizado transnacional.

Bolivia y Chile mantienen relaciones diplomáticas interrumpidas a nivel de embajadores desde 1978, tras un breve restablecimiento entre 1975 y 1978, debido a la falta de solución de la demanda marítima boliviana. El vínculo entre ambos Estados se sostiene desde entonces mediante consulados generales instalados en La Paz y Santiago.

(Con información de EFE)

En la Amazonía boliviana, dos comunidades indígenas plantean una pregunta que todavía no tiene una respuesta única. Los tsimane y los mosetén presentan una prevalencia de demencia inusualmente baja, pero un nuevo seguimiento revela que detrás de esa cifra conviven la salud cardiovascular, el modo de vida, la genética y una menor supervivencia después del diagnóstico.

El estudio, publicado en la revista científica Alzheimer’s & Dementia, siguió durante casi cinco años a 730 adultos que al comienzo no tenían demencia. Los investigadores identificaron 22 diagnósticos nuevos, una incidencia de 7,40 casos cada 1.000 personas-año. En la evaluación de seguimiento, la prevalencia permaneció por debajo del 2%.

El interrogante que guió al equipo internacional de científicos es si las condiciones que parecen reducir ese riesgo pueden aportar enseñanzas para otras poblaciones.

“Si logramos identificar los factores que protegen a las personas en la Amazonía boliviana y comprender los mecanismos biológicos que los sustentan, podríamos convertir esos conocimientos en nuevas formas de prevenir la demencia en otros lugares”, afirmó Benjamin Trumble, coautor del estudio, en declaraciones difundidas por la Universidad Estatal de Arizona.

El dato no equivale, por sí solo, a que pocas personas desarrollen la enfermedad. La prevalencia cuenta a quienes conviven con el diagnóstico en un momento dado; la incidencia, en cambio, mide los casos que aparecen durante un período.

Y, en estas comunidades, quienes tienen demencia enfrentaron un riesgo de muerte más de seis veces mayor que quienes mantuvieron una función cognitiva normal.

La baja prevalencia no se explica solo por la supervivencia más corta

Los tsimane y mosetén viven en localidades de difícil acceso de la Amazonía de Bolivia. Su economía cotidiana se basa en la caza, la pesca, la recolección y el cultivo. La pérdida de capacidades para organizar tareas, conseguir alimentos o desplazarse puede tener consecuencias inmediatas en hogares que dependen de esas actividades.

La supervivencia media después de un diagnóstico de demencia pareció ser entre dos y tres veces menor que la observada en estudios de Estados Unidos. Esa diferencia ayuda a entender por qué la prevalencia se mantiene baja, pero no alcanza para cerrar el caso.

“El estudio muestra que no solo hay muy pocas personas con demencia en esta población, algo que podría explicarse por la mortalidad, sino que también es bajo el número de personas que llega a desarrollarla”, explicó Benjamin Trumble, profesor de la Universidad Estatal de Arizona y coautor de la investigación, en un comunicado de esa institución.

La incidencia de nuevos diagnósticos no fue muy distinta de la documentada en Estados Unidos y en el norte de Europa, especialmente entre las personas menores de 80 años. “Algo en el estilo de vida tsimane produce tasas de demencia menores que las que vemos en Estados Unidos”, agregó Trumble.

La conclusión es deliberadamente prudente. Veintidós casos no bastan para determinar cuánto aporta cada variable. El trabajo sí entrega un tipo de información escaso en estudios sobre pueblos indígenas: un registro longitudinal que permite distinguir entre el riesgo de desarrollar demencia y el tiempo que se vive con ella.

Los cerebros tsimane pierden volumen más lentamente con la edad

La nueva investigación se apoya en una secuencia de estudios que convirtió a estas comunidades en un caso de interés para especialistas en envejecimiento: el Proyecto de Salud e Historia de Vida Tsimané (THLHP), que reúne a investigadores dedicados a explorar las características únicas de esta población.

En 2021, un equipo internacional analizó tomografías de 746 adultos tsimane, de entre 40 y 94 años, y las comparó con datos de tres poblaciones industrializadas de Estados Unidos y Europa.

El resultado fue que la diferencia de volumen cerebral entre la mediana edad y la vejez fue 70% menor entre los tsimane. La atrofia cerebral vinculada con la edad se asocia con deterioro cognitivo, pérdida de autonomía y demencia, aunque no permite diagnosticar por sí misma una enfermedad.

“El pueblo tsimane nos ofrece un experimento natural sobre los posibles efectos perjudiciales de los estilos de vida modernos para la salud”, sostuvo Andrei Irimia, investigador de gerontología, neurociencia e ingeniería biomédica de la Universidad del Sur de California. Según el experto, los resultados sugieren que los factores asociados con un riesgo muy bajo de enfermedad cardíaca también podrían frenar de manera importante la atrofia cerebral.

Ese estudio de 2021, publicado en The Journals of Gerontology: Series A, llamó la atención por otra aparente contradicción. Los tsimane están expuestos a una alta carga de infecciones respiratorias, gastrointestinales y parasitarias, y por eso registran niveles elevados de inflamación. Sin embargo, sus cerebros mostraron una pérdida de volumen vinculada a la edad menor que la de las poblaciones occidentales analizadas.

La salud del corazón ofrece una pista, aunque no una respuesta definitiva

Antes de que los científicos se enfocaran en el cerebro, un estudio de 2017 en The Lancet ya había descrito un rasgo poco habitual: los tsimane tenían una prevalencia de aterosclerosis coronaria menor que la observada en cualquier otra población estudiada hasta entonces.

El artículo relacionó ese resultado con una vida físicamente activa, pocos factores de riesgo cardiovascular y una alimentación sin el peso de los ultraprocesados característicos de muchas sociedades urbanas.

Los investigadores plantean que la baja frecuencia de obesidad, hipertensión, diabetes y tabaquismo puede reducir el daño vascular que afecta al cerebro con el paso de los años. No se trata de idealizar un modo de vida que también implica enfermedades infecciosas, limitaciones de acceso a atención médica y condiciones materiales exigentes.

“Nuestro estilo de vida sedentario y una dieta rica en azúcares y grasas pueden acelerar la pérdida de tejido cerebral con la edad”, afirmó Hillard Kaplan, profesor de economía de la salud y antropología de la Universidad Chapman, al presentar los resultados de 2021. “Los tsimane pueden servir como referencia para estudiar el envejecimiento cerebral saludable”.

La investigación más reciente suma otra precisión. En muchos participantes con deterioro cognitivo o demencia, los problemas principales aparecieron en la atención, el razonamiento y la capacidad de administrar tareas, más que en la memoria, que suele ser el signo característico del Alzheimer.

Las señales vasculares y la genética abren nuevas preguntas

Los análisis preliminares de sangre asociaron los casos de demencia con mayores niveles de cadena ligera de neurofilamento, un marcador general de neurodegeneración. En cambio, no hallaron perfiles de amiloide o tau fosforilada típicos del Alzheimer. Las imágenes y las mediciones vasculares apuntaron a una posible contribución de lesiones en vasos sanguíneos.

“En la mayoría de los tsimane con deterioro cognitivo o demencia, el patrón de atrofia cerebral no es típico de la enfermedad de Alzheimer”, señaló Margaret Gatz, profesora de psicología y gerontología de la Universidad del Sur de California y autora principal del trabajo. “Hay cambios que indican contribuciones vasculares al deterioro cognitivo y la demencia”.

El estudio también vinculó los casos con la variante genética APOE ε4, uno de los factores de riesgo conocidos para Alzheimer. Gatz advirtió que esa asociación no prueba que los casos correspondan a Alzheimer, porque la variante interviene además en el transporte de lípidos y la respuesta inmunitaria.

“Necesitamos muchos más datos antes de poder determinar el peso relativo de los factores de estilo de vida y los genéticos”, indicó Gatz. “En general, se considera que ambos tienen funciones complementarias”.

La resiliencia frente al COVID-19 suma otra pieza al rompecabezas

Un estudio publicado este año en Social Science & Medicine añadió otro dato que intriga a los equipos que trabajan con los tsimane y los mosetén.

Durante la primera ola de COVID-19, el SARS-CoV-2 infectó al 71% de los tsimane y al 63% de los mosetén. Pese a esa alta circulación, solo murieron tres personas y las tasas de letalidad por infección fueron de 0,009% y 0,095%, respectivamente.

Los autores describieron ese resultado como un caso de resiliencia epidemiológica. El trabajo no estudió demencia ni demuestra una relación entre la respuesta al coronavirus y la salud cerebral. Pero incorpora al debate el papel del entorno inmunitario, junto con la actividad física, la dieta, la salud cardiovascular y la genética.

“Hay una confluencia de factores que, en interacción, moldean el riesgo de las personas. No deberíamos buscar una única solución mágica”, dijo Michael Gurven, antropólogo de la Universidad de California en Santa Bárbara, en el comunicado sobre el estudio de covid-19.

La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó este jueves el acuerdo de USD 1.900 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que respalda las reformas económicas del Gobierno del presidente Rodrigo Paz y busca reforzar las reservas internacionales del país. El proyecto pasará ahora al Senado.

El debate legislativo se extendió durante más de cinco horas y contó con la exposición del ministro de Economía, Christian Morales, quien detalló el contenido de la iniciativa ante los diputados. El funcionario aseguró que el entendimiento con el FMI es “totalmente soberano” y sostuvo que “no hay ninguna imposición” del organismo multilateral. En ese sentido, resaltó que los fondos permitirán “estabilizar la economía” boliviana.

“Los recursos que vayamos a recibir de parte del FMI van a venir a incrementar las reservas (internacionales) líquidas que tenemos, por ende permite garantizar un flujo de divisas mayor al que tenemos ahora”, agregó Morales.

La Ley 723 habilita un crédito de 1.369 millones de derechos especiales de giro (DEG), equivalentes a 1.900 millones de dólares, para afrontar los desequilibrios fiscales y externos que afectan a Bolivia desde hace años.

El acuerdo contempla un plazo de devolución de hasta 10 años desde cada desembolso. La tasa de interés será del 3,47%, aunque podrá modificarse de acuerdo con la cotización de los DEG. La amortización comenzará a los cuatro años y seis meses, mientras que los desembolsos podrán realizarse durante un período máximo de 36 meses.

El Gobierno boliviano y el Fondo Monetario Internacional formalizaron el convenio el 29 de julio. El Ejecutivo espera que ese respaldo facilite además el acceso a unos 5.000 millones de dólares adicionales de otros organismos multilaterales.

Entre los compromisos pactados figura la continuidad de la “racionalización” del gasto público, la preservación del “financiamiento monetario cero” del déficit fiscal y el refuerzo de la gobernanza y la autonomía operativa del Banco Central de Bolivia (BCB). Los compromisos divulgados hace una semana incluyen la eliminación de la subvención a los combustibles desde 2027. Hasta diciembre de este año, los precios de los carburantes permanecerán bajo el esquema vigente.

El Ejecutivo de Paz fijó como metas la reducción del déficit fiscal al -2% y el aumento de las reservas internacionales hasta 9.000 millones de dólares en 2031.

Bolivia aún enfrenta dificultades para superar la escasez de dólares desde la llegada de Rodrigo Paz a la Presidencia, en noviembre pasado. En los últimos meses, las autoridades iniciaron la devolución de ahorros en moneda extranjera, después de dos años de restricciones sobre retiros y operaciones en divisas. Desde fines de junio, el país aplica además un régimen de tipo de cambio flexible, que reemplazó al sistema fijo vigente durante 15 años. Según el BCB, esa medida permitió incorporar divisas a las reservas internacionales netas.

La entidad central dispuso el pasado 8 de septiembre la suspensión temporal de nuevas operaciones de compra de dólares y creó una reserva monetaria restringida, para contener presiones sobre el mercado cambiario tras la adopción de un régimen de tipo de cambio flexible el 29 de junio.

El BCB informó en un comunicado que las medidas buscan “procurar la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional” y “prevenir mayores presiones en el mercado cambiario”. Además, justificó la suspensión de las compras de divisas por el aumento de los activos de alta liquidez que integran las reservas internacionales netas (RIN). Según el organismo, esos recursos superaron los USD 1.000 millones en las últimas semanas.

El banco central sostuvo que ese nivel de disponibilidad otorgó “la holgura necesaria” para cumplir con los pagos internacionales y mitigar eventuales tensiones en el mercado de cambios. La institución también señaló que prevé próximos desembolsos de financiamiento externo, como el del FMI en caso de aprobarse en el Parlamento.

(Con información de EFE)

El Gobierno de Bolivia señaló que las bandas Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) “están reclutando” a connacionales. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, expuso esa afirmación ante la Asamblea Legislativa durante la defensa de la ampliación del estado de excepción por otros 90 días.

Oviedo afirmó que el PCC y el CV son organizaciones “peligrosas” que “vienen con una instalación permanente y continua desde hace mucho tiempo” en territorio boliviano. En ese marco, advirtió: “Estas organizaciones criminales están empezando a reclutar a compatriotas nuestros”.

Un día después de su intervención parlamentaria, el ministro instruyó a la Policía Boliviana desplegar acciones inmediatas en el departamento de Pando. La orden apuntó a responder a la situación denunciada en el municipio de Santa Rosa del Abuná, ubicado en la frontera con Brasil.

“Con el comandante general de la Policía, Adrián Javier Álvarez, se ha instruido que en Pando se opere de inmediato”, declaró Oviedo a periodistas en La Paz. La autoridad indicó previamente que una fracción del PCC intentaba tomar el control del municipio.

El ministro también denunció que la ruta Santa Rosa-Montevideo, en la misma zona limítrofe, quedó bajo control del CV. Según su declaración, integrantes de esa organización portaban fusiles y exigían pagos por protección para permitir el tránsito de mercaderías utilizadas por habitantes de la zona.

“Se encuentra tomada por parte del Comando Vermelho, que está armada con fusiles y exige pagos por protección, por el paso de mercaderías que están utilizando nuestros compatriotas para sobrevivir”, dijo Oviedo sobre esa vía fronteriza.

La actuación en Pando formó parte de un plan más amplio para reforzar la respuesta estatal en los puntos limítrofes con Brasil.

Por otro lado, esta semana, cuatro personas fueron asesinadas a tiros en sus viviendas de San Ignacio de Velasco en poco más de 24 horas. Dos jóvenes murieron el lunes cuando transmitían en TikTok para vender productos, después de que dos hombres ingresaron a la casa y les dispararon. La Fiscalía investiga la posible participación de ciudadanos brasileños, mientras las autoridades locales solicitaron apoyo al Gobierno nacional. A su vez, los otros dos homicidios se registraron el domingo.

Tras los hechos, el Gobierno boliviano reforzó la seguridad en la zona fronteriza con militares y fuerzas especiales. Los efectivos realizaron controles terrestres y utilizaron drones, mientras la Policía investigó posibles vínculos con el narcotráfico y organizaciones criminales.

Asimismo, en la localidad de San Matías se registró el mes pasado, cuatro ataques armados en un período de 20 días, en medio de la disputa territorial entre el PCC y el Comando Vermelho.

Ante esto, Oviedo anticipó que las autoridades viajarán el próximo fin de semana a esas ciudades para presentar un nuevo plan frente a la violencia registrada en esas zonas de Santa Cruz.

(Con información de EFE y El Deber)

Durante más de un año, una familia de Bolivia creyó que cuidaba a un gato doméstico. El animal comía huevos y pastas, pero acechaba gallinas, emitía maullidos distintos y tenía conductas propias de un depredador. Esa historia derivó en el descubrimiento de Leopardus tilcayo, la primera nueva especie de felino silvestre descrita formalmente en más de un siglo.

El ejemplar, conocido en las comunidades locales como Tilcayo, fue hallado cuando era una cría cerca de un bosque de los Yungas de Bolivia. Tras pasar por una vivienda rural, llegó al Santuario de Vida Silvestre Senda Verde, donde fue observado por la bióloga boliviana Paola Nogales-Ascarrunz, exploradora de National Geographic y fundadora del Programa de Investigación de Félidos Bolivia.

El estudio que confirmó la existencia de la especie se publicó este jueves en la revista científica Current Biology. La investigación reunió a especialistas de Bolivia, Brasil y Bélgica, entre ellos el genetista Eduardo Eizirik, de la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul, y el investigador Jonas Lescroart, de la Universidad de Amberes.

El nuevo felino recibió el nombre científico de Leopardus tilcayo en homenaje a la denominación usada por pobladores de las Yungas, una ecorregión de bosques nubosos situada sobre la ladera oriental de la cordillera de los Andes.

De las 100 fotos a la fascinación

En el Santuario de Vida Silvestre Senda Verde, Tilcayo todavía parecía un felino difícil de clasificar, no el representante de una especie hasta entonces desconocida. Paola Nogales-Ascarrunz lo observó después de su llegada y se detuvo en cada rasgo: “Le saqué 100 fotos. Estaba muy fascinada”, recordó la bióloga. Esa primera impresión antecedió a los estudios que lo separarían de los gatos tigre conocidos.

En un primer momento, los investigadores creyeron que el felino pertenecía a la especie Leopardus tigrinus, un grupo conocido en varios países sudamericanos como tigrino, oncilla, tigrillo o gato tigre. La revisión posterior de su aspecto y, sobre todo, de su ADN mostró que se trataba de una especie diferente.

Tilcayo tiene el rostro pequeño, orejas cortas y redondeadas, bigotes largos y manchas grandes similares a rosetas. Mide cerca de 46 centímetros de la cabeza al cuerpo y pesa alrededor de 1,3 kilogramos. Es más pequeño que un gato doméstico promedio y puede confundirse con otros felinos manchados, como el margay o el ocelote.

El análisis genético cambió el mapa de los gatos tigre

La confirmación no surgió solo de la apariencia. Los científicos compararon genomas completos de 38 individuos del género Leopardus, con muestras de animales vivos y especímenes conservados en museos.

Esa técnica, conocida como museómica, permite secuenciar ADN de ejemplares de colecciones científicas antiguas. En términos simples, hace posible revisar la información genética guardada en animales preservados y compararla con la de poblaciones actuales.

“Los gatos tigre han sido un enigma durante décadas”, explicó Eizirik a National Geographic. El especialista señaló que, durante mucho tiempo, la similitud física llevó a considerar que varios animales pertenecían a una misma especie.

El nuevo trabajo determinó que el grupo de los gatos tigre sudamericanos está compuesto por al menos cinco especies distintas. Además de Leopardus tilcayo, la revisión reconoce a Leopardus guttulus, Leopardus emiliae, Leopardus pardinoides y Leopardus tigrinus.

Los autores también describieron una nueva subespecie en Perú, Leopardus tigrinus antisuyo, llamada tigrino, oncilla o gato tigre en distintas regiones del país. Presenta un pelaje marrón amarillento, manchas estrechas y alargadas y una cola fina que termina en punta.

Aún se desconoce cuántos Tilcayos viven en libertad

La investigación situó la separación evolutiva de Leopardus tilcayo respecto de otros gatos tigre hace unos 1,4 millones de años. Pese a ese origen antiguo, todavía hay pocos datos sobre su alimentación, reproducción, distribución completa y tamaño poblacional.

“Muchas cosas básicas todavía se desconocen”, afirmó Nogales-Ascarrunz. Los especialistas saben que la especie habita en las Yungas de Bolivia, pero no determinaron aún si su área de distribución alcanza otros territorios. La investigadora no descarta que pueda estar presente en el norte de Argentina, especialmente en Jujuy.

El único ejemplar identificado con certeza permanece bajo cuidado en Senda Verde. El animal, llamado Tigrino en el santuario, no pudo regresar a su hábitat por la impronta humana que adquirió durante su crianza y por problemas derivados de su alimentación inicial.

“Si encontramos que no es una sola especie, sino cinco, cada una debe ser evaluada por separado”, sostuvo Eizirik. En el caso del Tilcayo, los bosques de los Yungas enfrentan deforestación, quemas para cultivos, minería de oro y conflictos con pobladores por ataques a aves de corral.

El equipo de Nogales-Ascarrunz busca ahora obtener registros mediante cámaras trampa y nuevas muestras genéticas. El objetivo es determinar cuántos ejemplares sobreviven en libertad y qué medidas de protección necesita una especie que permaneció fuera de los registros científicos hasta 2026.

Un duro comunicado fue emitido en las últimas horas por la Embajada de los Estados Unidos en La Paz, Bolivia. En ella, sin mencionar a funcionarios locales, se hace saber que Washington no tolerará acciones que pudieran involucrar a figuras públicas con acciones vinculadas con el narcotráfico, en el marco de la nueva política hemisférica de lucha contra el crimen organizado.

En la misiva se señaló que “Estados Unidos no tolera la narco-política en el hemisferio, y nadie está exento”. La delegación diplomática puso como ejemplo lo ocurrido en Ecuador, donde ex funcionarios de ese país fueron alcanzados por las leyes norteamericanas al revocárseles sus visas.

“El caso de Ecuador lo demuestra: el Departamento de Estado designó públicamente a siete exfuncionarios ecuatorianos – incluidos exjueces, un exlegislador y un exdirector penitenciario – por corrupción vinculada a organizaciones terroristas”, recuerda el comunicado.

En su advertencia, se hace mención a que los “exfuncionarios manipularon procesos judiciales y electorales para beneficiar a redes narcoterroristas que envenenan a nuestras comunidades. Como resultado, ellos y sus familiares directos ya no pueden ingresar a Estados Unidos”.

“El mensaje es claro: sin importar el cargo o el país, Estados Unidos usará todas las herramientas a su alcance para encontrar y desenmascarar a todos que abusen de sus puestos –incluyendo legisladores, fiscales, jueces, y cualquier otro funcionario– para facilitar la corrupción gubernamental y el narcotráfico”, concluye la misiva.

Fuentes bolivianas leyeron con preocupación lo emitido por la sede de La Paz. Interpretan que tal vez el gobierno de Rodrigo Paz no esté colaborando lo suficiente con la Casa Blanca y que ello podría tener consecuencias.

La lucha contra el narcotráfico es una de las áreas más sensibles para la administración Trump y donde más énfasis puso en América Latina.

El Comando Sur está enfocado en esta materia. Son diarios los alcances a embarcaciones ecuatorianas, colombianas y venezolanas que, con ayuda local, logran detenerse para que la droga no llegue a las redes de distribución mexicanas o centroamericanas.

El Parlamento de Bolivia instaló este miércoles la sesión para decidir si extiende por otros 90 días el estado de excepción decretado por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, ante anuncios de movilizaciones de sectores sociales contra las medidas económicas del Ejecutivo.

La Asamblea Legislativa Plurinacional inició el debate a las 16:30 hora local, tras la lectura de las normas que regulan el estado de excepción. Luego, los ministros de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y de Defensa, Ernesto Justiniano, expusieron las acciones aplicadas desde que la medida entró en vigencia, el 20 de junio.

Oviedo sostuvo que el pedido de prórroga busca “cuidar la vida de los ciudadanos”, proteger la economía y garantizar los derechos a la “educación, comercio, trabajo y libre tránsito”. “Venimos a pedir que se garantice el derecho que tienen todos los bolivianos y las bolivianas de vivir en paz y trabajar”, afirmó el ministro ante los legisladores.

Justiniano señaló que el estado de excepción redujo los conflictos, aunque indicó que no eliminaron por completo los riesgos. “La conflictividad disminuyó considerablemente, pero no desapareció”, declaró. El ministro de Defensa precisó que las autoridades registraron 72 eventos de conflictividad durante los primeros dos meses de la medida. A su vez, señaló que los principales focos de riesgo se localizan en el departamento de Santa Cruz y en las ciudades de La Paz, El Alto y Cochabamba.

Entre mayo y junio, la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) promovieron bloqueos de rutas durante siete semanas, principalmente en el occidente y el centro del país. Las protestas, apoyadas también por sectores afines al ex presidente Evo Morales, exigían la renuncia de Paz.

Los cortes provocaron faltantes de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades. El conflicto dejó al menos 16 fallecidos, de los cuales 13 murieron por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, y causó pérdidas superiores a USD 3.000 millones. Tras alcanzar acuerdos con algunos sectores, entre ellos la COB, el Ejecutivo decretó el estado de excepción para restablecer la circulación. La norma tiene una vigencia inicial de 90 días y el Gobierno pretende prolongarla por el mismo plazo.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) pidió la semana pasada al Gobierno y a los sectores sociales que prioricen el diálogo, eviten los bloqueos y refuercen la convivencia democrática. El dirigente de la COB, Mario Argollo, cuestionó la prórroga. “No habría justificativo legal para ampliar el estado de excepción”, expresó, al señalar que Bolivia atravesó un período de tranquilidad durante los últimos tres meses.

Cientos de docentes marcharon el martes en varias ciudades de Bolivia contra la ampliación del estado de excepción y el acuerdo por USD 1.900 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los sindicatos del sector educativo convocaron protestas bajo la consigna de “cacerolas vacías” para rechazar las reformas económicas del Gobierno de Rodrigo Paz y la pérdida de poder adquisitivo de la población.

En La Paz, los manifestantes se concentraron en la Casa Social del Maestro, cerca de la plaza Murillo, donde se encuentran las sedes del Ejecutivo y el Legislativo. La Policía custodió la zona, bajo la vigencia del estado de excepción que rige desde el 20 de junio.

La secretaria ejecutiva de los maestros urbanos paceños, Anahí Bozo, afirmó que las medidas económicas de la administración de Paz “han afectado” a las familias. Mencionó entre ellas el tipo de cambio flexible y el anuncio de una reducción progresiva de la subvención a los combustibles. La dirigente cuestionó el acuerdo con el FMI, al que atribuyó “imposiciones” dirigidas a “privatizar la economía nacional en desmedro de las familias bolivianas”.

Bozo también rechazó el decreto aprobado el lunes para extender por otros 90 días el estado de excepción, que el Parlamento debía considerar el miércoles. “El estado de excepción se ha utilizado como medida política para acallar las demandas de los trabajadores, las demandas de los sindicatos”, afirmó.

(Con información de EFE)

Bolivia y Paraguay culminaron la demarcación de los 755,67 kilómetros de frontera que comparten, tras resolver el último tramo pendiente en el río Negro u Otuquis durante una reunión técnica celebrada en La Paz entre el 14 y el 16 de septiembre.

La definición del límite cerró un trabajo iniciado después de la Guerra del Chaco y desarrollado durante 88 años por las comisiones demarcadoras de ambos países. Las delegaciones concluyeron el trazado de un segmento fluvial de alrededor de 50 kilómetros, ubicado entre los hitos X y XI, que correspondió al único sector natural de la frontera cuya delimitación permanecía pendiente.

El acuerdo se alcanzó en la XIII Reunión Plenaria Ordinaria de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites Boliviano-Paraguaya, realizada en la Cancillería boliviana. Las delegaciones de ambos países concluyeron la revisión técnica y la determinación de la línea internacional. El proceso reunió durante décadas el trabajo de topógrafos, cartógrafos, ingenieros y diplomáticos bolivianos y paraguayos.

El tramo que faltaba definir se encuentra en el río Negro u Otuquis, dentro de una zona vinculada al Pantanal compartido por Bolivia, Paraguay y Brasil. Para establecer la frontera en ese sector, las delegaciones aplicaron el método del talweg, que fija el límite sobre la línea de mayor profundidad del cauce de un río.

Los equipos técnicos priorizaron esa tarea durante 2024 mediante estudios hidrográficos y batimétricos. Durante 2025 avanzaron en la determinación de 46,5 kilómetros del recorrido fluvial y dejaron pendientes los últimos 3,5 kilómetros, que finalmente resolvieron en la plenaria de La Paz.

Para completar esa etapa, las delegaciones utilizaron drones de alta precisión y contrastaron la información recolectada sobre el terreno con los registros de gabinete. También navegaron de manera conjunta el río para verificar los levantamientos realizados en el área, caracterizada por su difícil acceso y por las condiciones climáticas que afectan el trabajo de campo.

La conclusión del tramo entre los hitos X y XI permitió completar la línea limítrofe que une el punto trifinio con Argentina, Bolivia y Paraguay, identificado como Hito I, con el punto donde confluyen los territorios de Brasil, Bolivia y Paraguay, situado en el Hito XI.

La actual frontera entre Bolivia y Paraguay surgió de los acuerdos firmados al término de la Guerra del Chaco, conflicto que enfrentó a ambos países entre 1932 y 1935 por el control del Chaco Boreal. La disputa terminó con el Tratado de Paz, Amistad y Límites, suscrito en Buenos Aires en julio de 1938.

El proceso recibió un nuevo impulso con el Memorándum Final de 2009, alcanzado bajo el patrocinio de Argentina y con la participación de Brasil, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay como países garantes. A partir de entonces, las cancillerías boliviana y paraguaya coordinaron labores de campo y gabinete para precisar cada sector de la frontera.

Las tareas incluyeron la actualización total de las coordenadas de los hitos principales, adaptadas a sistemas geodésicos vigentes y conectadas con la Red SIRGAS. Ese trabajo permitió establecer las líneas geodésicas definitivas en los sectores terrestres y ordenar la información técnica utilizada por ambas delegaciones.

El vicecanciller boliviano, Carlos Paz, indicó que la culminación del trazado permitió definir por completo la frontera con Paraguay y destacó que el trabajo facilitará la coordinación entre las instituciones de ambos países en zonas de difícil acceso.

La conclusión de la demarcación coincidió con la formalización de la designación de Luis Fernando Camacho Vaca como embajador extraordinario y plenipotenciario de Bolivia ante Paraguay. El Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano informó que Camacho recibió la confianza del presidente Rodrigo Paz y la ratificación de la Cámara de Senadores.

El canciller Héctor Huanca tomó juramento al nuevo representante diplomático en el Salón Samaipata de la Cancillería, en La Paz. Al acto asistieron Carlos Paz, el embajador paraguayo en Bolivia, Enrique José Guerrero Clari, legisladores e invitados.

Camacho anunció que asumirá formalmente sus funciones en Paraguay el 24 de septiembre. Durante su intervención, planteó impulsar vínculos de integración entre ambos países, incluidos proyectos relacionados con corredores carreteros, relaciones empresariales y la conexión a través de Puerto Busch.

(Con información de AP)

Un juez ordenó el traslado inmediato del ex presidente de Bolivia Luis Arce a un hospital oncológico por el cáncer que padece, mientras el exmandatario permanece detenido preventivamente en el penal de San Pedro de La Paz desde diciembre, investigado por presuntos hechos de corrupción vinculados a su etapa como ministro de Economía.

La resolución concedió una tutela a favor de Arce tras una acción de libertad promovida por su familia. El fallo dispuso su internación en un centro especializado de la ciudad de La Paz para que recibiera atención médica bajo las condiciones necesarias durante su custodia estatal.

Arce salió del penal de San Pedro, en el centro de La Paz, cerca de las 17:00. El ex jefe de Estado caminó hasta una ambulancia que lo esperaba en el lugar y no realizó declaraciones ante la prensa antes de partir hacia el establecimiento de salud.

La decisión fue emitida por el Juzgado 15° de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer de Santa Cruz, a cargo de Carlos Alberto Moreira. Además de disponer el traslado sanitario, el fallo estableció que un juez de garantías debía convocar a una audiencia para examinar la situación jurídica del expresidente y la continuidad de las medidas cautelares.

La defensa sostuvo que el exmandatario necesita controles periódicos por su enfermedad oncológica y que no pudo acceder a una revisión médica desde su ingreso a prisión. La última indicación médica, emitida en octubre, fijó controles cada seis meses.

El ex presidente quedó detenido preventivamente en diciembre por una investigación relacionada con su gestión como ministro de Economía. La Fiscalía lo acusó de autorizar transferencias de recursos públicos a cuentas particulares de dirigentes campesinos para financiar proyectos que no se ejecutaron o no alcanzaron los resultados previstos.

La causa se vinculó al caso Fondo Indígena, una investigación sobre el manejo de dinero destinado a iniciativas productivas y de desarrollo rural. Arce enfrentó el proceso en el penal de San Pedro mientras avanzaban las actuaciones de la Fiscalía y las decisiones judiciales sobre su situación cautelar.

El abogado Fernando Rivadeneyra afirmó que los representantes legales solicitaron desde diciembre la autorización para que Arce asistiera a sus revisiones, pero el pedido no recibió respuesta favorable del juzgado que controló su detención. También manifestó preocupación por la evolución de la enfermedad durante los meses en que el exmandatario permaneció encarcelado.

El cáncer de Arce fue diagnosticado en 2017, cuando ocupaba el Ministerio de Economía durante el gobierno de Evo Morales. Según Rivadeneyra, los médicos que lo atendieron en Bolivia consideraron entonces que el cuadro era crítico y recomendaron la continuidad de un tratamiento fuera del país.

El exmandatario inició posteriormente un tratamiento en Brasil, con el que logró controlar la enfermedad. Rivadeneyra indicó que el seguimiento médico resultó necesario por la naturaleza del padecimiento y por otros problemas de salud que también afectan al exmandatario.

(Con información de EFE y El Deber)

El Interamerican Institute for Democracy (IID) presentó este miércoles la conferencia “Bolivia: Constitución del Estado Plurinacional es nula”, en la que el jurista y ex ministro boliviano Carlos Sánchez Berzaín expuso con detalle los fundamentos jurídicos e históricos por los que sostiene que ese texto constitucional, aprobado en 2009, carece de validez desde su origen y que la única salida real para Bolivia es la restitución de la Constitución Política republicana de 1994.

El evento tuvo lugar en la sede del instituto, ubicada en 2100 Coral Way, suite 500, Miami, Florida, y convocó a juristas, académicos y analistas especializados en derecho constitucional latinoamericano.

La conferencia contó además con la participación de los expertos Jhonny Nogales, Gisela Derpic, Fernando Untoja, Germán Gutiérrez y el ex gobernador de Santa Cruz Guido Áñez, moderados por Francisco Endara Daza.

El debate giró en torno a la tesis central de Sánchez Berzaín: que la llamada Constitución del Estado Plurinacional nació muerta y que cualquier intento de reformarla equivale, en sus propias palabras, a “hacerle una transfusión de sangre a un cadáver”.

La nulidad tiene origen en el golpe de Estado de octubre de 2003

Sánchez Berzaín situó el origen del problema en el derrocamiento del presidente constitucional Gonzalo Sánchez de Lozada el 17 de octubre de 2003, que denominó golpe de Estado y cuyo instrumento de confesión pública, según su lectura, fue la llamada “Agenda de Octubre”.

Ese documento, elaborado al día siguiente del derrocamiento en una reunión en El Alto entre el entonces vicepresidente Carlos Mesa y los actores del golpe, incluyó como primer punto la convocatoria a una asamblea constituyente, figura que -señaló Sánchez Berzaín- no tenía cabida en el marco constitucional vigente.

“La ruptura del orden constitucional empieza a producirse con el golpe de Estado del 17 de octubre de 2003”, afirmó el jurista, y agregó que “los golpistas tienen hoy día oculta” esa agenda, cuya recuperación, dijo, es “tarea de la prensa boliviana y del pueblo boliviano”.

Dos leyes falsificadas y una cadena de irregularidades

El expositor describió lo que llamó un iter criminis —camino del delito— que arranca con la Ley 2410 de necesidad de reforma constitucional. Según Sánchez Berzaín, esa ley fue promulgada el 8 de agosto de 2002 con la firma de Jorge Quiroga, pese a que este había entregado la presidencia a Sánchez de Lozada el 6 de agosto. “¿Cómo es que promulga una ley el 8 de agosto del 2002?”, preguntó, y concluyó que esa promulgación no tiene validez legal y que, por tanto, nunca existió un primer acto legítimo sobre el cual construir el proceso de reforma.

A esa primera irregularidad se sumó la Ley 2631 del 24 de febrero de 2004 —sancionada cuatro meses después del golpe—, mediante la cual se introdujo la figura de la Asamblea Constituyente en el artículo 232 de la Constitución, que no existía en ninguna norma constitucional anterior. “Nunca había la frase Asamblea Constituyente en ninguna norma constitucional de Bolivia”, afirmó. Para Sánchez Berzaín, esa introducción constituye “falsedad material y falsedad ideológica”, delitos contemplados en el Código Penal boliviano con penas de más de ocho años de prisión, agravadas cuando son cometidos por funcionarios públicos.

El proceso continuó con la instalación de la Asamblea Constituyente en Sucre durante la presidencia de Evo Morales, que derivó en lo que Sánchez Berzaín llamó la masacre de La Calancha, seguida del traslado forzado del cuerpo constituyente a un cuartel militar en Oruro. El texto elaborado en ese cuartel no incluía el Estado plurinacional ni la reelección inmediata —dos demandas clave del proyecto político del MAS—, por lo que fue modificado mediante un acuerdo parlamentario plasmado en la Ley 3941 del 21 de octubre de 2008, que, según Sánchez Berzaín permitió al Congreso “atribuirse los derechos del pueblo” al facultarse para realizar “los ajustes necesarios” sobre la propuesta constitucional antes de someterla a referéndum.

“Se atribuyeron los derechos del pueblo. Eso también es delito”, afirmó Sánchez Berzaín al referirse a esa ley, que calificó de sediciosa y conspiratoria.

La resistencia popular y tres masacres

El proceso no fue sin resistencia. Sánchez Berzaín enumeró tres hechos de violencia que considera parte constitutiva del iter criminis: la masacre de Cochabamba, con la muerte del joven Urresti como hecho más notable; la masacre de El Porvenir, en Pando, donde fue detenido el gobernador Leopoldo Fernández, quien permaneció preso hasta 2019; y la masacre del Hotel Las Américas, en Santa Cruz, ya investigada y certificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que señaló a Morales y a su gobierno como responsables.

A raíz de esa última masacre, el gobierno habilitó los casos judiciales denominados Terrorismo I y Terrorismo II, que Sánchez Berzaín describió como el inicio de la persecución sistemática de quienes resistían la nueva Constitución, con miles de presos políticos y exiliados. “Se termina el Estado de derecho con la plena vigencia de la Constitución de la República antes de que aprueben su Constitución del Estado Plurinacional”, sostuvo.

El contenido de la Constitución, copiado de Cuba y Venezuela

Más allá de los vicios de origen, Sánchez Berzaín cuestionó también el contenido del texto. Comparó el artículo primero de la Constitución de 1967 —que define a Bolivia como una “república unitaria, democrática y representativa, fundada en la unidad y solidaridad de todos los bolivianos”— con el artículo primero de la Constitución plurinacional, que la define como un “Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario”. El término “comunitario”, interpretó, equivale a comunista y supone la subordinación de los derechos individuales al colectivo.

Afirmó que el texto fue redactado por el abogado Roberto Viciano Pastor, de la Universidad de Valencia, contratado por los regímenes de Cuba y Venezuela, y que su autoría está documentada en informes del propio Viciano en esa casa de estudios. “Ni siquiera fue el Congreso ordinario que votó su aprobación”, dijo, sino un jurista extranjero pagado por potencias foráneas.

El jurista señaló que Bolivia pasó de tener cerca de un 20% de pobreza en 2003 a un 62% en la actualidad, con un 30% de pobreza extrema, y atribuyó esa evolución directamente a la estructura del Estado plurinacional. También recordó que el país contaba con 42 toneladas de reservas de oro al momento del golpe, hoy inexistentes, y con 27.000 millones de dólares en reservas privadas en los fondos de pensiones de trabajadores y jubilados, cifra que calificó de igualmente perdida.

Lo nulo no se puede reformar

El núcleo de la tesis de Sánchez Berzaín fue la distinción entre nulidad y reforma. Citó el artículo 31 de la Constitución de la República, que establece: “Son nulos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen o ejerzan jurisdicción o potestad que no emana de la ley”. Esa nulidad, subrayó, no requiere declaración judicial porque la propia Constitución establece que sus principios y garantías no necesitan reglamentación para su cumplimiento.

“Lo nulo no se puede reformar”, sentenció, y descartó de plano las propuestas de reforma parcial que circulan en la Asamblea Legislativa boliviana, incluida la del partido Libre, que promueve la modificación de 111 artículos. Desde su perspectiva, reformar una Constitución nula es agravar los delitos ya cometidos, sin posibilidad de sanear el origen.

La solución que propuso es concreta: que el Poder Ejecutivo emita un decreto supremo, el Legislativo una ley y el Poder Judicial un auto supremo que reconozcan la nulidad existente y declaren la vigencia de la Constitución republicana de 1994. “La vigencia de la Constitución de la República es una urgencia”, subrayó.

Los comentaristas: coincidencias y una pregunta sin respuesta

Los panelistas que tomaron la palabra después de la exposición central coincidieron en el diagnóstico, aunque con matices. Jhonny Nogales, periodista y abogado, respaldó la tesis y rechazó el argumento de que el referéndum de 2009 habría validado el texto: “Una ilegalidad no deja de serlo por haber sido sometida a un referéndum”. Señaló además que cualquier reforma de leyes sectoriales —hidrocarburos, minería, inversiones— chocará inevitablemente con los límites de una Constitución que no ha cambiado su esencia estatista.

La doctora Gisela Derpic describió la instalación del Estado plurinacional como la combinación de un “viejo estalinismo” con un “etnicismo fascistoide” y añadió vicios procesales específicos de la Asamblea Constituyente: las comisiones votaron reformas por mayoría simple en lugar de dos tercios, en Oruro solo se aprobó un índice y no los artículos, y quienes redactaron el texto definitivo no eran los asambleístas con mandato popular.

El abogado y político Germán Gutiérrez, desde Sucre, subrayó que la Constitución es además ilegítima —no solo ilegal— porque nunca fue producto de un pacto social mínimo, sino del escenario opuesto: una confrontación irreconciliable que convirtió la Asamblea Constituyente en un campo de batalla.

Por su parte, el abogado y ex gobernador de Santa Cruz Guido Áñez aportó datos del referéndum de 2009: cuatro de los nueve departamentos bolivianos rechazaron la Constitución, con porcentajes de entre el 60% y el 65% en contra en Tarija, El Beni, Santa Cruz y Pando. Citó también una encuesta del ciclo electoral de 2025 según la cual el 56,3% de la población boliviana apoyaría definir al país como una república única.

El ex candidato presidencial Fernado Untoja, en cambio, fue el más crítico hacia la propuesta de Berzaín: compartió el diagnóstico pero cuestionó su viabilidad práctica. “¿Quién puede voltear con un decreto al Estado plurinacional?”, preguntó, y planteó que el plurinacionalismo ha impregnado instituciones y mentalidades a lo largo de casi dos décadas, por lo que la restauración de la República requeriría, a su juicio, dos vectores simultáneos: uno democrático y uno de fuerza. Su pregunta —“¿restauramos la República o la refundamos?“— quedó sin respuesta en el tiempo disponible.

El IID difundirá el argumento en varios idiomas

El Interamerican Institute for Democracy anunció que pondrá a disposición en su página web la documentación completa que detalla todos los instrumentos legales emitidos desde el gobierno de Carlos Mesa hasta el de Evo Morales en violación de la Constitución republicana.

Sánchez Berzaín también anticipó que el argumento de la nulidad será traducido a varios idiomas para su circulación internacional, con el objetivo de documentar ante organismos financieros y gobiernos extranjeros que Bolivia carece de Estado de derecho bajo la Constitución vigente.

El evento de hoy se inscribe en una serie de actividades académicas que el IID organiza en torno al estado de derecho y la institucionalidad en países de América Latina. El mes pasado, el instituto presentó el libro Narcoestados, gobiernos paradictatoriales y otros ensayos, del propio Sánchez Berzaín, en la librería Books & Books de Coral Gables, Florida.

La administración del presidente boliviano Rodrigo Paz podrá dictar un estado de sitio en todo el país, en regiones determinadas o en áreas específicas como medida adicional al estado de excepción que rige desde el 20 de junio, según explicó el vocero presidencial, José Luis Gálvez.

La posibilidad figura en el decreto que el Ejecutivo aprobó el lunes, que extendió por otros 90 días el estado de excepción mientras persistan los factores de riesgo, según comunicó el funcionario a la agencia EFE. La norma deberá pasar a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que cuenta con 72 horas para pronunciarse.

Gálvez señaló que el estado de sitio representa una medida de mayor alcance ante circunstancias excepcionales, entre ellas eventuales bloqueos de carreteras. “Si se ve pertinente imponer otras medidas, lo vamos a hacer, la ley lo contempla”, afirmó. El vocero indicó que la decisión podrá aplicarse en función de los hechos. “A nivel nacional, en determinadas regiones o en áreas específicas”, sostuvo al describir el alcance territorial que podría tener la disposición.

Entre las herramientas previstas figura la imposición de un toque de queda, que impediría la circulación de personas en calles y espacios públicos durante horarios establecidos. Gálvez afirmó que el Ejecutivo también podría adoptar “otras medidas más para garantizar el bienestar de la población”.

La ampliación del estado de excepción recibió antes el respaldo de la Comisión de Constitución y Justicia Plural de la Cámara de Diputados. El proyecto de resolución buscó anticiparse a anuncios de movilizaciones de algunos sectores sociales y preservar la “reactivación” económica del país.

Entre mayo y junio, la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) promovieron bloqueos de carreteras, sobre todo en el occidente y el centro de Bolivia, con el apoyo de grupos afines al ex presidente Evo Morales. Las protestas provocaron problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal. Además, dejaron al menos 16 muertos y pérdidas económicas superiores a USD 3.000 millones.

Morales afirmó el martes que la ampliación por 90 días del estado de excepción dispuesta por el Gobierno de Bolivia “solo servirá para reprimir al pueblo” y no solucionará la crisis económica del país. El ex mandatario, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, cuestionó la decisión del Ejecutivo a través de sus redes sociales. “Solo servirá para seguir reprimiendo al pueblo, mientras roban, privatizan, hipotecan el país y promulgan normas inconstitucionales”, escribió.

Morales sostuvo que la medida no tendrá efectos sobre los problemas económicos que señaló y afirmó que “de ninguna manera” permitirá resolver la crisis ni reducir “los precios de alimentos, combustibles”. En ese sentido, insistió en que el decreto no contribuirá a “frenar la corrupción”. Sus cuestionamientos se dirigieron contra el uso que, a su juicio, el Gobierno dio al estado de excepción: “El Gobierno usó el estado de excepción para contener la protesta social frente a la corrupción, el narcotráfico, el incremento de precios en la canasta familiar y la escasez de combustibles”.

En paralelo, cientos de docentes marcharon el martes en varias ciudades de Bolivia contra la ampliación del estado de excepción por 90 días que decretó la administración de Paz y contra el acuerdo de USD 1.900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pendiente de tratamiento en el Parlamento.

Los sindicatos del sector educativo convocaron protestas bajo la consigna de las “cacerolas vacías”. La movilización apuntó contra las reformas económicas oficiales y contra la pérdida de poder adquisitivo de la población.

En La Paz, los manifestantes se concentraron frente a la Casa Social del Maestro, situada a pocas cuadras de la plaza Murillo, donde se encuentran las sedes del Ejecutivo y del Legislativo. La Policía custodió la zona, en el contexto del estado de excepción vigente desde el 20 de junio.

La secretaria ejecutiva de los maestros urbanos paceños, Anahí Bozo, sostuvo que las políticas económicas de Paz “han afectado” a las familias. Entre las medidas que mencionó figuran el tipo de cambio flexible y el anuncio de un retiro progresivo de la subvención a los combustibles.

La dirigente también cuestionó el entendimiento con el FMI, que, según afirmó, incluye “imposiciones” orientadas a “privatizar la economía nacional en desmedro de las familias bolivianas”.

Bozo rechazó, además, la prórroga del estado de excepción que el Gobierno decretó el lunes y que el Parlamento analizará el miércoles. “El estado de excepción se ha utilizado como medida política para acallar las demandas de los trabajadores, las demandas de los sindicatos”, afirmó.

(Con información de EFE)

El Gobierno de Bolivia inició las pruebas de producción del pozo Montecristo-9, en Santa Cruz, con la previsión de elevar en 13% la oferta nacional de gas natural y en 40% la de combustibles líquidos, dentro de un proyecto piloto operado por YPFB Chaco.

El anuncio se realizó este martes en Okinawa I, localidad situada a 111 kilómetros al noreste de Santa Cruz de la Sierra. El presidente Rodrigo Paz participó del acto junto al ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, y al titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca.

El pozo, identificado como Montecristo-9 o Montecristo X9, se ubica en una estructura geológica de la formación Los Monos. Las tareas ingresaron en una etapa de evaluación de producción tras los trabajos de perforación y estimulación hidráulica ejecutados en el área.

Paz señaló que Montecristo-9 funcionará como un pozo de desarrollo piloto y sostuvo que los resultados permitirán definir la capacidad productiva de la estructura. El mandatario vinculó el proyecto con la búsqueda de nuevas reservas para recuperar los niveles de extracción de gas y líquidos del país.

“A través de este campo vamos a poder desarrollar una estructura que con una inversión de USD 1.600 millones a futuro (y) puede generar más de 90 campos”, explicó el presidente durante la presentación.

El presidente comparó las características geológicas de Montecristo con las de Vaca Muerta, la formación argentina donde se desarrolla producción de hidrocarburos no convencionales.

Además, según el mandatario, Bolivia cuenta con otras estructuras de características semejantes que podrían desarrollarse si los estudios y las pruebas confirman su potencial. También convocó a capitales externos a participar en nuevos proyectos del sector. “Si los países quieren invertir, que vengan, pero con reglas claras”, afirmó.

YPFB Chaco, empresa estatal boliviana, quedó a cargo de Montecristo X9, incluido entre los pozos programados para perforación en 2024. Durante esa gestión se realizaron las obras civiles previas, entre ellas la construcción del camino de acceso y de la planchada destinada a la perforación.

En 2025, el proyecto continuó en ejecución con una inversión programada de USD 13,05 millones. En octubre de ese año, la inversión superó los 70 millones de bolivianos y la perforación se programó hasta una profundidad de 3.860 metros.

La expectativa inicial de producción se ubicó entre tres y seis millones de pies cúbicos diarios de gas. El objetivo técnico consiste en desarrollar los volúmenes de hidrocarburos de la formación Los Monos e incrementar la producción del campo Montecristo.

Daroca indicó que el pozo se encuentra en un reservorio de baja permeabilidad, una condición que exige tratamientos específicos para medir su capacidad de extracción. “Un reservorio de baja permeabilidad que requiere de tecnología de estimulación hidráulica para poder evaluar su verdadero potencial”, explicó el presidente de YPFB.

Los trabajos de estimulación comenzaron el 14 de agosto y se realizaron por etapas. Daroca sostuvo que esas intervenciones aportaron resultados iniciales que permitieron avanzar con la evaluación del campo en la zona productora de Santa Cruz.

Paz afirmó que el país posee campos maduros que aún conservan gas, pero señaló que la falta de tecnología limitó la extracción en varios de ellos. El Ejecutivo planteó que las inversiones financiadas con créditos internacionales se orientarán a obras y proyectos productivos, con repago a partir de los ingresos que genere la producción hidrocarburífera.

(Con información de EFE)

El rastreo de su teléfono celular fue una de las pistas que permitió seguir sus movimientos. Mendivil había confirmado a este medio que el dispositivo registró señal en Villazón el jueves por la noche, después de permanecer apagado durante los dos primeros días.

“Se lo había rastreado primero en la ciudad de Tupiza, luego en La Paz”, explicó el funcionario. Según detalló, los investigadores reconstruyeron un recorrido desde La Quiaca hacia Tupiza y luego hasta la capital administrativa de Bolivia, donde finalmente lo encontraron.

El fiscal aclaró que todavía no pudo hablar con Martínez, por lo que aún restaba conocer su relato sobre lo ocurrido durante los días en los que estuvo desaparecido. “Yo no me he podido entrevistar ni vía telefónica todavía con él”, señaló.

En cuanto a su regreso a la Argentina, Mendivil indicó que, según la información con la que cuentan, el agente ingresó de manera irregular a Bolivia. Por ese motivo, estimó que las autoridades de ese país podrían expulsarlo y entregarlo a sus pares argentinos. Esto fue luego confirmado por las autoridades de Bolivia que explicaron que en las próximas horas será trasladado a territorio argentino.

Tras el operativo, el coronel de la Policía Boliviana y el fiscal Mendivil brindaron una conferencia de prensa. En primer lugar, el coronel reveló que Martínez estaba “desorientado” y presentaba un cuadro de “amnesia”. Por lo tanto, fue trasladado a un hospital policial de La Paz, donde le realizaron los estudios correspondientes.

Por su parte, Mendivil sostuvo que el hallazgo del agente fue producto del “trabajo en conjunto entre las autoridades de Bolivia, las autoridades de Argentina, la brigada de la Policía de Bolivia y la brigada de Policía de La Quiaca”. Y aseguró: “No descansaron un minuto desde que se hizo la denuncia”.

“Sin cooperación y sin intercambio de información en la frontera no se puede resolver absolutamente nada”, destacó.

Luego fue el turno de la mamá del policía, quien expresó: “Quiero tener a mi hijo a mi lado en estos momentos. Ya quisiera estar con él, abrazarlo y protegerlo”. Y agregó: “Quiero agradecer a las autoridades y a las personas que me acompañaron”.

Al ser consultado sobre si pudo hablar con su hijo, el papá del efectivo detalló que fueron su esposa y su sobrino quienes se comunicaron con Martínez. “Gracias a dios está con vida”, dijo.

Martínez, quien cumplió 31 años este lunes, había sido visto por última vez el martes 8 de septiembre por la mañana, cuando salió de su casa en bicicleta. Según sus familiares, dijo que iba a Villazón para hacer compras y que regresaría ese mismo día. Ante la falta de noticias, el jueves 10 radicaron la denuncia ante la Policía provincial.

La búsqueda involucró a fuerzas argentinas y bolivianas e incluyó 15 allanamientos en locales nocturnos y domicilios particulares de Villazón, además de rastrillajes y vuelos de drones en la zona fronteriza. También se activó una alerta amarilla de Interpol.

El Gobierno de Bolivia desplegó desde este martes militares y fuerzas especiales en San Ignacio de Velasco, cerca de la frontera con Brasil, tras cuatro asesinatos a tiros cometidos entre el domingo y el lunes en esa ciudad.

Los efectivos realizaron controles terrestres y utilizaron drones, mientras la Policía abrió investigaciones para establecer si los cuatro homicidios guardaron relación con actividades de narcotráfico y disputas de organizaciones criminales.

El hecho que provocó mayor conmoción ocurrió el lunes en una vivienda de San Ignacio de Velasco. Dos jóvenes realizaban una transmisión en TikTok para ofrecer productos cuando dos hombres extranjeros ingresaron al inmueble, les tomaron fotografías y les dispararon, según las primeras pesquisas.

Las víctimas murieron en el lugar. Las autoridades investigan la identidad de los atacantes y la Fiscalía considera la posible participación de ciudadanos brasileños, aunque no difundió hasta el momento una identificación oficial ni precisó los móviles del ataque.

Los otros dos homicidios se registraron el domingo, también en San Ignacio de Velasco. Las cuatro víctimas fueron baleadas en sus domicilios en un lapso de poco más de 24 horas, una secuencia que llevó a las autoridades locales a solicitar apoyo inmediato del Gobierno nacional.

En este contexto, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó que coordinó con el comandante general de las Fuerzas Armadas el envío de refuerzos militares y unidades entrenadas para misiones especiales. El despliegue incluyó a la unidad F10 y a más agentes policiales para ampliar la presencia estatal en el municipio.

Justiniano indicó que los habitantes de la zona manifestaron temor tras los asesinatos. También señaló que los militares coordinarán las tareas de seguridad con la Policía y que su permanencia dependerá de la evolución de la situación.

Por otra parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que los militares acompañaron a la Policía con unidades especiales bajo el estado de excepción vigente en Bolivia. El funcionario sostuvo que la operación busca recuperar presencia estatal en sectores fronterizos donde, según dijo, las instituciones tuvieron una capacidad limitada de control durante años.

“Estamos sentando soberanía, estamos tratando de recuperar sectores que durante veinte años se han vuelto regiones donde el Estado no tenía presencia”, aseguró Oviedo.

Las patrullas realizaron recorridos en áreas urbanas y puntos considerados sensibles de San Ignacio de Velasco. Los controles con drones se sumaron a la vigilancia terrestre, mientras los investigadores revisaron las circunstancias de los cuatro crímenes y recopilaron información sobre los responsables.

Asimismo, el presidente Rodrigo Paz se refirió este martes a los asesinatos durante un acto público en Okinawa Uno. El mandatario expresó solidaridad con los familiares de las víctimas y dijo que las Fuerzas Armadas le presentaron un informe sobre las acciones previstas junto con la Policía Nacional y la Gobernación de Santa Cruz.

Paz afirmó que su Gobierno enfrentará a las organizaciones criminales internacionales que operan en el país. El presidente vinculó esa ofensiva con la necesidad de reforzar las instituciones y el cumplimiento de las normas en las zonas afectadas por actividades ilícitas.

(Con información de AP, EFE y El Deber)

El cargamento estaba distribuido en paquetes tipo ladrillo que llevaban una marca con la figura de un delfín. Según información policial, este distintivo permitió vincular la droga con la organización criminal denominada “Los Camaleones”, señalada por las autoridades como parte de una estructura dedicada al traslado de cocaína.

La operación también permitió incautar tres camionetas Toyota Hilux. Una de las unidades contaba con compartimientos acondicionados para ocultar los paquetes, mientras que las otras dos cumplían presuntas funciones de protección durante el desplazamiento del cargamento.

De acuerdo con información de inteligencia de la DIRIN PNP y de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN), la droga procedía de zonas del VRAEM y tenía como ruta prevista Puno y Bolivia. Desde territorio boliviano, el cargamento tendría como destino final Europa, según la información difundida sobre el operativo.

Operativo antidrogas permitió hallar el cargamento

La intervención se desarrolló con participación de la Fiscalía Adjunta Provincial de la 1.ª Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Ayacucho. El trabajo policial permitió localizar el vehículo que transportaba la sustancia y revisar las zonas acondicionadas para ocultarla.

Los 84 kilos de clorhidrato de cocaína estaban distribuidos en 74 paquetes tipo ladrillo, de acuerdo con la información difundida sobre la intervención. La droga fue sometida a pruebas para identificar su contenido y la marca utilizada en los envoltorios.

El logo del delfín aparece, según la información policial difundida, en otras incautaciones vinculadas con esta estructura delictiva. La identificación de esta marca forma parte de los elementos utilizados para establecer una relación entre el cargamento intervenido y “Los Camaleones”.

Tres camionetas fueron incautadas

Además de la droga, los agentes incautaron tres camionetas Toyota Hilux. Una de ellas contaba con modificaciones destinadas al ocultamiento de los paquetes, con espacios adaptados en distintas partes de la unidad.

Las otras dos camionetas eran utilizadas presuntamente como vehículos de seguridad. Según la información de inteligencia, estas unidades podían cumplir funciones de protección y alerta ante eventuales controles policiales durante el recorrido.

En la intervención también se identificó la modalidad conocida en el ámbito delictivo como “liebres”, término utilizado para referirse a vehículos que circulan por delante del transporte principal con funciones de vigilancia y advertencia.

Policía atribuye la ruta a una organización criminal

La información de inteligencia de la DIRIN PNP y DIGIMIN señala que “Los Camaleones” estarían vinculados con el traslado de clorhidrato de cocaína desde zonas del VRAEM hacia Puno y, posteriormente, Bolivia.

La ruta descrita por las autoridades incluye el desplazamiento de la droga desde la selva ayacuchana hacia el sur del país. El objetivo posterior sería sacar el cargamento del territorio peruano por Bolivia para continuar su traslado hacia Europa.

El operativo permitió una afectación patrimonial estimada en aproximadamente 1 millón 260 mil soles. La Policía Nacional valorizó la droga incautada en cerca de 945 mil soles y los tres vehículos en aproximadamente 315 mil soles.

La intervención fue ejecutada por personal especializado en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas de la Región Policial Ayacucho, con respaldo del Ministerio Público y labores de inteligencia atribuidas a la DIRIN PNP y DIGIMIN.

El Interamerican Institute for Democracy (IID) convocó para este miércoles 16 de septiembre a una conferencia en la que se abordará por qué la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia es nula, en un encuentro que tendrá lugar en su sede de Miami, con la participación de juristas y académicos especializados en derecho constitucional latinoamericano.

La conferencia llevará por título “Bolivia: Constitución del Estado Plurinacional es Nula” y estará a cargo de Carlos Sánchez Berzaín, jurista y ex ministro boliviano, reconocido por su análisis crítico del proceso constituyente impulsado durante el gobierno de Evo Morales.

La presentación comenzará a las 11:00 (hora del Este) en las instalaciones del IID, ubicadas en 2100 Coral Way, suite 500, Miami, Florida.

Tras la exposición central, la conferencia incluirá un espacio de comentarios a cargo de tres especialistas: Jhonny Nogales, Gisela Derpic y Fernando Untoja, quienes aportarán perspectivas complementarias sobre la validez jurídica y las implicancias políticas del texto constitucional boliviano vigente. La moderación del encuentro estará a cargo de Francisco Endara Daza.

El Interamerican Institute for Democracy es una organización con sede en Miami dedicada al análisis político y jurídico de los procesos democráticos en la región.

El evento del miércoles se inscribe en una serie de actividades académicas que el instituto organiza para debatir sobre el estado de derecho y la institucionalidad en países de América Latina, con especial foco en aquellos que atravesaron procesos constituyentes en las últimas dos décadas.

El mes pasado, el instituto presentó presentó el libro “Narcoestados, gobiernos paradictatoriales y otros ensayos”, una obra del mencionado Carlos Sánchez Berzaín que analiza la relación entre el poder político, las dictaduras y el crimen organizado en América Latina. El evento se realizó en la librería Books & Books, ubicada en 265 Aragon Avenue, Coral Gables, Florida, y reunió a destacados referentes de la política, el periodismo y la academia de la región.

Sánchez Berzaín sostuvo durante la presentación de su libro que Bolivia, en su 201 aniversario de independencia, llegó a esa fecha “sin independencia y sin República” porque, según su lectura, quedó subordinada a una estructura regional que vincula a la dictadura de Cuba, el socialismo del siglo XXI y el narcotráfico como forma de control político y estatal.

Durante la presentación, el ex ministro afirmó que ese proceso convirtió al país en un “satélite” de La Habana y describió a Bolivia como un “narco Estado”. Su acusación más precisa fue que, bajo Evo Morales, la superficie de coca ilegal pasó de 3.000 hectáreas a más de 100.000.

El Gobierno de Bolivia aprobó el lunes un decreto para ampliar por otros 90 días el estado de excepción, vigente desde el 20 de junio, ante el riesgo de nuevas movilizaciones sociales. La medida deberá ser aprobada por el Parlamento para entrar en vigor el 18 de septiembre, cuando concluya el plazo inicial de la disposición.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, confirmó la decisión del Ejecutivo tras salir de una reunión del gabinete junto al presidente Rodrigo Paz. El funcionario explicó que el decreto será publicado en las próximas horas y que su aplicación quedará sujeta a la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“Hemos aprobado un decreto, que va a ser publicado en las siguientes horas, para la ampliación del estado de excepción tal como se había adelantado ayer y mientras los factores de riesgo permanezcan”, dijo Justiniano a los medios locales.

El ministro manifestó su expectativa de que el Legislativo “apruebe el decreto” para que entre en vigencia el 18 de septiembre, fecha en la que concluyen los primeros 90 días de la medida.

Por su parte, el senador Milton Quispe, de la alianza opositora Unidad, explicó que la norma deberá ser analizada por el pleno de la ALP en un plazo de 72 horas y “por simple mayoría”, según el reglamento vigente.

La decisión del Ejecutivo se produjo un día después de que el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunciara que el decreto sería presentado ante el Parlamento. El funcionario sostuvo que “hay un gran consenso ciudadano” en torno a la ampliación del estado de excepción.

De forma paralela, la comisión de Constitución y Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución para ampliar el estado de excepción por otros 90 días. La iniciativa se presentó ante los anuncios de movilización de algunos sectores sociales y como medida para preservar la reactivación económica del país.

El ex presidente de Bolivia (2001-2002) y líder de la principal fuerza de oposición parlamentaria, Jorge Tuto Quiroga, alertó el lunes que una posible ampliación del estado de excepción por otros 90 días atrasará la reforma de la Constitución, cuyo fin es atraer inversión extranjera.

Durante siete semanas, entre mayo y junio, la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, sobre todo en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo también de grupos afines al exmandatario Evo Morales (2006-2019).

Los sectores movilizados exigían la renuncia del presidente Paz. El conflicto ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos.

Las protestas también provocaron pérdidas económicas por más de 3.000 millones de dólares.

(Con información de EFE)

Alberto Omar Mendívil, titular de la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria N°11 de La Quiaca, explicó que el teléfono había permanecido apagado durante los dos primeros días y que aquella noche “impactó en Villazón”. El efectivo, que este lunes cumple 31 años, lleva casi una semana sin ser localizado.

El fiscal también precisó el alcance de las imágenes de seguridad que analizan los investigadores: una cámara captó a Martínez dirigiéndose por un camino “que te lleva a Bolivia”, pero no hay un registro audiovisual de su cruce de la frontera.

La búsqueda involucra a la Policía de Jujuy, la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y la Policía de Bolivia. El viernes por la noche se realizaron 15 allanamientos en locales nocturnos y domicilios particulares de Villazón, sin resultados que permitieran localizarlo. Al día siguiente, unos 250 efectivos de ambos países participaron de los rastrillajes en los alrededores del Puente Internacional Horacio Guzmán.

Mendívil informó además que durante los operativos se encontró un cuerpo en territorio boliviano, pero se confirmó que no era el de Martínez. Se trataba de un hombre de nacionalidad boliviana, por lo que intervinieron las autoridades de ese país.

Los equipos continúan con los rastrillajes en los ríos y los vuelos de drones en la zona fronteriza. La Fiscalía de La Quiaca y la Brigada de Investigaciones trabajan junto con los fiscales y policías bolivianos para “intercambiar información y coordinar acciones”. También está vigente una alerta amarilla de Interpol para ampliar la búsqueda mediante los canales de cooperación internacional.

En cuanto a las hipótesis, Mendívil sostuvo que “continúan abiertas todas las líneas de investigación”, aunque evitó dar detalles porque “podría entorpecer la causa”. Según pudo saber Infobae, Martínez solía ausentarse por algunas horas, pero nunca había permanecido tanto tiempo sin regresar.

Mientras avanzan los operativos, sus hermanas reiteraron en las redes sociales los pedidos de ayuda para encontrarlo. “Compartan, pidan por mi hermano y prendan velitas”, escribió Sami Martínez en su cuenta de Facebook.

“Por favor, sigamos buscando a mi hermano. No dejemos de compartir y que esto no se olvide”, publicó otra de sus hermanas. Y añadió: “Te seguimos buscando y esperando todos los que te queremos Maxi”.

Asimismo, compartieron una cadena de oración: “Prendan velitas y tengan en sus oraciones a mi hermanito para que regrese a casa sano y salvo”.

La desaparición de Martínez

El agente fue visto por última vez el martes 8 de septiembre, pasadas las 10 de la mañana, cuando salió de su casa en bicicleta. Según sus familiares, dijo que iba a Villazón para hacer compras y que regresaría enseguida.

Como no volvió ni se comunicó con ellos, el jueves 10 radicaron la denuncia ante la Policía provincial. A partir de entonces se activaron los protocolos de búsqueda.

Martínez mide 1,67 metros, tiene tez trigueña y cabello corto negro. La última vez que fue visto llevaba pantalón deportivo negro y zapatillas grises marca Adidas. Quienes cuenten con información sobre su paradero pueden comunicarse al 911, a los teléfonos 388-6860239 y 388-6828607, o acercarse a la dependencia policial más cercana.

El gobierno de Bolivia anunció que presentará un decreto ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para ampliar el estado de excepción vigente en el país desde hace casi tres meses, mientras crecen las advertencias de movilización de distintos sectores sociales.

El ministro de gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó que el Ejecutivo buscará extender la medida por 90 días adicionales. “Vamos a presentar un decreto ante la Asamblea Legislativa para ampliar el estado de excepción. Una comisión legislativa también ha presentado la misma solicitud”, señaló el funcionario, que además sostuvo que existe “un gran consenso ciudadano” y también parlamentario para dar luz verde a la iniciativa.

El estado de excepción vence en seis días. Según la Constitución boliviana, una vez concluida esta figura no puede declararse otra similar durante un año, salvo que la Asamblea la apruebe expresamente, lo que obliga al Ejecutivo a tramitar la extensión por vía legislativa.

La medida fue dictada el 20 de junio por el presidente Rodrigo Paz, de tendencia centroderechista, para poner fin a los bloqueos de carreteras que durante 53 días paralizaron buena parte del país entre mayo y julio. Las protestas, encabezadas por la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana, con respaldo de sectores afines al expresidente Evo Morales, exigían la renuncia del mandatario y dejaron al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna, además de pérdidas económicas superiores a 3.000 millones de dólares.

La semana pasada, la comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución para extender la disposición por el mismo plazo, ante los anuncios de movilización de transportistas, vendedores informales, maestros y cocaleros, entre otros gremios, motivados por la escasez de combustible y de dólares que presiona al alza los precios. El diputado Alejandro Medinaceli, del oficialista Partido Demócrata Cristiano, precisó que la resolución deberá debatirse primero en el pleno de Diputados y que luego la Presidencia de la Asamblea Legislativa convocará una sesión conjunta con el Senado para resolver la extensión.

Frente a esta iniciativa, las posiciones políticas aparecen enfrentadas. La diputada opositora Elena Pachucute cuestionó los resultados de la disposición: “No estamos de acuerdo en ampliar el estado de excepción. De nada sirve, el gobierno no soluciona los problemas de la gente”. Desde la bancada oficialista, en cambio, Claudia Bilbao defendió su continuidad: “La gente necesita seguridad en las calles y seguridad jurídica para seguir trabajando. La ampliación es necesaria”.

Los gremios empresariales también reclaman la prórroga y plantearon además una ley de alcance nacional contra los cortes de rutas. Por el momento, solo la Asamblea Legislativa de Santa Cruz sancionó una norma con ese objetivo, circunscripta a su propio territorio.

De concretarse, la extensión mantendría vigente el estado de excepción hasta fin de año, cuando el Ejecutivo anunció que eliminará por completo el subsidio a los carburantes, una medida de alto costo fiscal y una de las condiciones del Fondo Monetario Internacional para desembolsar un crédito de 1.900 millones de dólares. El beneficio ya había sido reducido parcialmente hace nueve meses.

Paz arrastra, a su vez, complicaciones que provienen de administraciones previas, entre ellas el descenso en la producción de hidrocarburos, dificultades para importar combustibles y otros productos, escasez de divisas e inflación. En casi un año de gestión, el mandatario no consiguió revertir ese panorama y su gobierno atravesó episodios de escándalo que, para analistas consultados, debilitaron aún más su imagen pública.

En esa línea, la analista Jimena Costa planteó ante medios locales que “el gobierno usó el estado de excepción para desmovilizar a los sindicatos, pero no para resolver los problemas y ahora está en mayor fragilidad política”.

(Con información de AP y DW)

El expresidente del Gobierno José Luiz Rodríguez Zapatero ha pedido a la Audiencia Nacional que acuerde excluir del caso Plus Ultra las gestiones que el juez le atribuye ante Bolivia para favorecer presuntamente a una empresa peruana a cambio de 200.000 euros, al sostener que el material policial procede de hechos ajenos a la causa, según un auto al que ha tenido acceso Europa Press.

El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal sitúa en 200.000 euros la cantidad que José Luis Rodríguez Zapatero habría recibido entre 2024 y 2025 como contraprestación por intervenir ante el Ejecutivo boliviano en favor de Grupo Gloria, una compañía peruana con procedimientos judiciales abiertos en aquel país, de acuerdo con la documentación examinada.

El recurso presentado ante la Sala de lo Penal reclama que se retire del procedimiento la extracción del informe de la Policía Nacional sobre esas actuaciones. La defensa del expresidente considera que esa información “se refiere a hechos ajenos” a la investigación y que no deriva directamente de los documentos incorporados a la causa.

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero sostiene que el análisis policial dibuja “una imagen proyectiva sobre el modo y las condiciones en los que una persona desarrolla su vida privada, afectando a su derecho fundamental a la intimidad económica”, Alega que el juez instructor no autorizó previamente el acceso y tratamiento de esos datos mediante una resolución motivada.

El escrito atribuye esa decisión al magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama y denuncia una investigación que, a juicio de la defensa, se ha extendido a actividades profesionales sobre las que no existían sospechas previas. “En definitiva, se ha producido una intromisión ilegítima en la intimidad que ha derivado en una investigación general sobre la vida del investigado José Luis Rodríguez Zapatero”, afirma la representación del expresidente.

La UDEF concluyó que el supuesto pago se justificó mediante “un contrato simulado con una sociedad interpuesta”, Focus Social Research, por servicios de asesoría. Los agentes señalaron que la compañía solo aparece para la firma del contrato y el abono de las facturas, sin referencias a trabajos de gestión o asesoramiento prestados en su favor.

Las gestiones de Zapatero ante el Gobierno boliviano

Según el informe policial, Zapatero habría realizado gestiones para lograr una reunión entre directivos de Grupo Gloria y autoridades de Bolivia. La UDEF indicó que el expresidente se reunió o contactó con figuras de las altas esferas políticas del país, entre ellas el entonces presidente Luis Arce, ministros de Economía y Justicia y el procurador general del Estado.

Los encuentros presenciales se produjeron durante un viaje a La Paz y Sucre en septiembre de 2024. Los investigadores sostienen que el objetivo era mediar o influir en favor de la empresa peruana en varios litigios millonarios con la Administración Pública boliviana.

Para la UDEF, los hechos “apuntalan” los indicios de “la existencia de una organización criminal, liderada por Zapatero, que, aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes”. El informe añade que esas influencias habrían sido remuneradas mediante servicios de asesoría no prestados y contratos creados para justificar los pagos.

La defensa del expresidente critica que el juez haya dispuesto de una “patente de corso” para dirigir la investigación hacia cualquier actuación personal o profesional del investigado.

La delegación del club de Montero se presentó en una conferencia de prensa después del encuentro. Allí, Egüez evitó realizar un análisis futbolístico de la derrota y expuso la situación que, según su relato, atravesó Ferrel antes de salir al campo. “No podemos hacer un análisis serio si hay amenaza de muerte. Hay cosas raras y se tienen que investigar”, afirmó el director técnico.

Egüez sostuvo que el arquero recibió mensajes con amenazas contra su esposa y su madre. Según dijo, le exigieron el pago de una suma de dinero y le advirtieron que debía recibir una determinada cantidad de goles durante el partido. “La pelota la mancharon, está manchada. Mi arquero fue amenazado de muerte, su mujer, su mamá. En caso de no pagar cierta cantidad o si no recibe tres goles, le dijeron que los iban a matar”, denunció el entrenador.

El técnico indicó que Ferrel informó de la situación a sus compañeros antes del inicio del encuentro. En ese contexto, reclamó que se esclarezca el origen de las amenazas y que las autoridades adopten medidas. “Esto se tiene que investigar, tienen que caer quienes tengan que caer”, sostuvo Egüez.

El entrenador amplió su reclamo con un pedido dirigido a la Federación Boliviana de Fútbol, la Fiscalía y las autoridades nacionales. “Estamos aquí para poner el pecho, para poner la cara porque está en medio nuestro prestigio, está nuestro apellido, está nuestra institución, hay una ciudad. Esto no puede seguir, hay que cortar con esta mafia, por favor presidente de la República, presidente de la FBF, Fiscalía, metan preso al que tengan que meter, pero esto no puede pasar”, expresó.

El delantero Víctor Ábrego se sumó a la conferencia y también relató el temor que, según afirmó, sintió durante el partido. El jugador explicó que decidió abandonar el campo porque consideró que una acción suya podía provocar represalias contra sus compañeros o sus familias. “Me salí porque tenía miedo. ¿Qué pasaba si marcaba un gol?”, planteó Ábrego en declaraciones recopiladas por Bolivia.com.

El futbolista contó que habló con Ricky Añez y le comunicó que no podía continuar. Según su testimonio, el temor estaba vinculado con la advertencia de que Guabirá debía perder por una diferencia de tres o cuatro goles. “Tenía que perder 3-0 o 4-0. ¿Qué pasa si hago un gol? Iban a matar a mis compañeros”, manifestó. Ábrego señaló que solicitó el cambio entre lágrimas y que en esos minutos pensó en sus hijos y en el resto de su familia. “La verdad es que me da mucho miedo. Pensé en mi familia, pensé en mi hijo, en mi hija”, declaró.

Ferrel fue reemplazado cerca de los 39 minutos del primer tiempo por Jorge Araúz. Para entonces, Always Ready ya había convertido cuatro goles. El partido finalizó 6-0, con los otros tres tantos recibidos por el arquero que ingresó desde el banco.

El lateral José Enrique Flores acompañó la posición expresada por el cuerpo técnico y sus compañeros. El jugador pidió que se investigue el caso sin contemplaciones y sostuvo que nadie debería jugar bajo esas condiciones. La delegación de Guabirá remarcó que su denuncia no apuntaba contra Always Ready. El reclamo se centró en las amenazas que, según los testimonios expuestos, afectaron al arquero Ferrel, a su esposa y a su madre antes del encuentro.

Por parte de Always Ready, el abogado Marcelo Ortiz manifestó la solidaridad de la institución con Guabirá y respaldó la posibilidad de avanzar con las investigaciones. “Es muy grave lo que se denunció. Si se tiene que ir a la Fiscalía y desdoblar mensajes, se lo debe hacer. Esto no puede pasar”, afirmó Ortiz.

El representante del club alteño señaló que Always Ready promovería las acciones necesarias para aclarar lo ocurrido. También dijo que la entidad mantiene una relación de amistad con los demás clubes y reiteró su respaldo a Guabirá ante la denuncia.

La Federación Boliviana de Fútbol, según se indicó en las declaraciones posteriores al partido, iniciaría una investigación formal sobre las amenazas denunciadas y el posible amaño del encuentro, con intervención de la Fiscalía. Hasta ese momento, no se había identificado públicamente el origen de las intimidaciones denunciadas por la delegación de Guabirá.

La suplantación del estado de derecho por el terrorismo de Estado para institucionalizar las dictaduras del socialismo del siglo 21 en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua ha sido hecha con una larga cadena de delitos como falsificaciones, masacres, violación de derechos humanos, extorsiones, usurpaciones, atribuirse los derechos el pueblo, traición y más, dando lugar a constituciones, leyes y un sistema resultado del crimen. En estas condiciones, en la restitución de la democracia es imprescindible recordar que los hechos criminales no producen Derecho, son nulos.

El principio fundamental del derecho “ex injuria ius non oritur” que significa “de lo ilegal no nace el derecho”, resume uno de los pilares básicos del estado de derecho por el que “ningún acto ilegal, delito o violación de la ley puede generar una situación jurídica valida o conferir derechos a quien cometió la infracción”. Es el fundamento para evitar legitimar la delincuencia, el delito y sus frutos.

Cualquier producto del delito es nulo y la “nulidad en Derecho es la situación de invalidez del acto jurídico que provoca que una norma o acto deje de desplegar sus efectos jurídicos”. Lo nulo nace muerto, no puede ser confirmado y solo rige -en el caso de los sistemas jurídicos del socialismo del siglo 21- porque fueron impuestos por la fuerza y la violencia, por el delito.

El socialismo del siglo 21 ha expandido el modelo dictatorial de Cuba reemplazando los elementos esenciales de la democracia por el terrorismo de Estado, la concentración del poder, el centralismo, la impunidad, el sistema de dictadura electoralista en el que pueblo vota pero no elige y los narcoestados como modelo de control delictivo. Por eso hoy Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua son países con estructuras jurídicas que violan la libertad y los derechos humanos, que no tienen estado de derecho, que simulan separación e independencia de poderes, que impiden la libre organización política y que han institucionalizado el fraude electoral.

La estructura jurídica impuesta por el socialismo del siglo 21 o castrochavismo es uniforme en las Américas. Se trata de la concentración total del poder con proclama de soberanía, de la usurpación de la soberanía nacional con declaración de populismo, de la violación de derechos humanos con rótulo de liberación, de la formulación de un sistema jurídico violando el derecho y sin justicia. Los sistemas constitucionales y jurídicos que hoy tienen Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua no son derecho ni justicia porque simplemente no son legales, son el resultado de delitos y están destinados a proteger el crimen.

Los delitos para suplantar o reemplazar la estructura jurídica democrática por la dictatorial son falsificaciones, usurpación de poder, persecuciones y violaciones de derechos humanos, masacres sangrientas y en el caso de Cuba fusilamientos, acusaciones falsas, presos políticos, tortura, exilio, confiscaciones, destituciones, cesación arbitraria de mandatos, uso de la fuerza, violencia, extorsiones, atribuirse los derechos del pueblo y más. Cada país víctima tiene un compendio de los crímenes y la prueba está en sus actuales sistemas jurídicos y en cómo fueron impuestos.

El tiempo de esta ignominia de más de 67 años en Cuba, más de 26 en Venezuela, más de 20 en Bolivia y más de 19 Nicaragua ha llevado a los ciudadanos -sobre todo a los más jóvenes- al sometimiento, a la indefensión, a percibir la infamia como normalidad. Ha producido un cambio de conducta en las sociedades, desplazando los principios y valores democráticos y republicanos por posturas permisivas e incluso delictivas para simplemente sobrevivir o tener éxito. Por eso en tiempos de cambio para restituir la democracia es vital identificar con claridad el delito y quitarle el barniz de normalidad.

La restitución de la democracia consiste en reestablecer como mínimo el sistema jurídico con los elementos esenciales de la democracia y eliminar los elementos de la dictadura que los suplantan. Mientras existan constituciones y leyes castrochavistas vigentes en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua no habrá democracia y quienes lleguen al gobierno serán meros operadores de un sistema delictivo.

Las constituciones y sistemas jurídicos impuestos con delitos, con fuerza y violencia son ahora defendidos usando el miedo. Quienes están interesados en sostenerlos asustan a la gente con la supuesta inseguridad jurídica que traería el retorno al sistema del estado de Derecho, argumentando que todo lo actuado en el tiempo del sistema delictivo impuesto sería nulo en el ámbito civil o comercial, lo que simplemente no es cierto. Usan este argumento proponiendo reformar el sistema impuesto delictivamente, lo que legalizaría el resultado del crimen al ser usado como base de tal reforma.

En cada uno de los países afectados -Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua- el iter criminis de la imposición por el socialismo del siglo 21 de constituciones, enmiendas, reformas y leyes que han construido su sistema jurídico, tiene delitos y tiempos específicos con una metodología y objetivo común. Son hechos criminales con los que han creado constituciones y leyes que para retornar a la democracia, no son ni pueden considerarse como Derecho.

* Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy.

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El martes 8 de septiembre, cerca de las 10 de la mañana, Martínez desayunó con sus padres en La Quiaca. Su esposa Natalia había salido a trabajar temprano, por lo que él quedó solo antes de tomar su bicicleta y cruzar hacia Villazón para hacer algunas compras. Dijo que volvía enseguida. Según relató Celinda, tía del agente, en declaraciones a Crónica TV: “Dijo que iba a almorzar en su casa. Entonces dijo que sí, que está bien y que iba un ratito a Villazón a comprar, lo que nosotros a veces pasamos a comprar, algún producto alimenticio o lo que fuera, y que volvía enseguida. Para que fuera más rápido, se fue con la bicicleta.”

La denuncia por desaparición se radicó el jueves 10 de septiembre ante la Policía provincial, dos días después de la última vez que se lo vio. Desde entonces, se activaron los protocolos de búsqueda de personas y se articuló un operativo conjunto con la Policía de Jujuy, el Escuadrón 21 La Quiaca de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal Argentina y las autoridades de Bolivia. Según pudo saber este medio, en las últimas horas se halló un cuerpo durante un rastrillaje en el país fronterizo, pero tras identificarlo, se descartó que sea de Martínez.

El fiscal Alberto Omar Mendívil, titular de la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria N° 11 de La Quiaca, confirmó que la investigación apunta a territorio boliviano: “Barajamos la hipótesis de que él cruzó a Bolivia. No se encontraría en el país, estaría en Bolivia”, afirmó. Mendívil también indicó que el trabajo se desarrolla de forma coordinada con la Fiscalía y la Policía de Villazón, dado que el ingreso a otro país soberano requiere comunicación y autorización previa para cualquier acto procesal.

El cruce quedó registrado en cámara. De acuerdo con información difundida por El Tribuno de Jujuy, las imágenes captaron el momento en que Martínez pasó por el sector del río, a la altura de la calle Jujuy. El paso que utilizó no es el puente internacional habilitado, sino uno que, según Celinda, es de uso habitual entre los vecinos de ambos lados de la frontera: “No diría clandestino, es un paso inhabilitado, pero que es un paso que utilizamos todos, la mayoría de los ciudadanos argentinos”, explicó. El propio fiscal graficó la permeabilidad de esa zona: “Usted hágame cuenta que está parado en la avenida 9 de Julio y necesita ir de una vereda a otra. Cruza la senda peatonal y está en la avenida otra. Así de fácil es.”

Desde que cruzó, no hubo ningún tipo de comunicación. Ni con la familia ni con nadie de su entorno. Ese silencio es, para los investigadores, uno de los elementos más llamativos del caso. “Maximiliano tenía un buen vínculo con la madre, con la familia, siempre permanentemente en continuo contacto”, señaló Mendívil. “El hecho de no haberse contactado con la familia, cosa que sí lo hacía de manera cotidiana, diaria, pero muy seguido, siempre en contacto con la madre, es algo que nos lleva a una hipótesis de trabajo”, agregó. Cuando la familia intentó llamarlo, el teléfono ya estaba apagado.

El perfil del agente añade otra capa de atención al caso. Martínez es una persona joven, sin patologías de base conocidas y con entrenamiento como miembro de una fuerza de seguridad. Según Mendívil, esas características son las que hacen que este caso se diferencie de otras búsquedas: “Un muchacho joven, no tiene una patología de base, es miembro de una fuerza de seguridad. Generalmente, cuando hay una persona con esta característica y no vuelve a su hogar dentro de veinticuatro, cuarenta y ocho o setenta y dos horas, lo más común es que se comunique”, explicó. En cuanto a si existe un protocolo diferenciado por tratarse de un agente, fue claro: los procedimientos de búsqueda son los mismos para todas las personas; lo que varía son las circunstancias particulares de cada caso.

Sobre las hipótesis en curso, el fiscal fue deliberadamente reservado. Reconoció que trabajan en varias líneas de forma simultánea, que algunas van tomando más peso y otras no, pero se negó a dar detalles por razones de confidencialidad. “Nosotros trabajamos en todas las hipótesis posibles, no descartamos ninguna”, afirmó. Ante la pregunta de si Martínez podría haber tomado distancia por voluntad propia, respondió en el mismo tono: no hay certezas, y la investigación avanza sobre todas las posibilidades abiertas.

El operativo de búsqueda se intensificó el sábado 13 de septiembre, con un despliegue de alrededor de 250 efectivos argentinos y bolivianos en los alrededores del Puente Internacional Horacio Guzmán. Durante la noche del viernes se realizaron allanamientos en 15 espacios públicos y domicilios particulares de Villazón, bajo la intervención de la Fiscalía de esa ciudad y la Policía Boliviana, sin resultados positivos. Los equipos también recorrieron hospitales, clínicas y alojamientos en ambas ciudades, e incluyeron verificaciones en centros de salud ante la posibilidad de que el agente hubiera sufrido un accidente. Además, se secuestraron dispositivos DVR para analizar las imágenes de cámaras de seguridad y reconstruir el recorrido que realizó Martínez tras cruzar la frontera.

Dada la falta de novedades y la extensión geográfica de la búsqueda, las autoridades solicitaron la activación de una alerta amarilla de Interpol, que ya fue efectivizada. Mendívil explicó que esa medida responde específicamente a la condición de integrante de una fuerza de seguridad argentina. Al mismo tiempo, la colaboración con Bolivia se sostiene sobre la base de un trabajo conjunto que, según el fiscal, ya produjo resultados positivos en causas anteriores: “Hemos logrado muchísimos resultados positivos trabajando de esta manera con las autoridades de Bolivia, de la Policía, de la Fiscalía”, afirmó.

La familia de Martínez recibe contención por parte del Ministerio Público y cuenta con el acompañamiento de un psicólogo. Celinda confirmó que los padres, emocionalmente afectados, no estaban en condiciones de dar declaraciones públicas. Ella tomó la palabra con su autorización. Sobre el estado de la investigación, la tía del agente fue directa: “Pese a los trabajos mancomunados que han hecho, nosotros no tenemos ninguna novedad. Y la verdad que se torna difícil, porque ya no sabemos a quién recurrir, a quién preguntar”, dijo.

Martínez mide 1,67 metros, tiene tez trigueña y cabello corto negro. La última vez que fue visto llevaba pantalón deportivo negro y zapatillas grises marca Adidas. Quienes cuenten con información sobre su paradero pueden comunicarse al 911, o a los teléfonos 388-6860239 y 388-6828607, o acercarse a la dependencia policial más cercana.

A cuatro días de que se reportara la desaparición de Maximiliano Oscar Martínez (30), un agente de la Policía Federal oriundo de Jujuy, este sábado se desplegó un operativo conjunto entre las fuerzas argentinas y bolivianas. La colaboración internacional se estableció luego de que se confirmara que el joven había cruzado desde La Quiaca hacia Villazón, Bolivia.

La última vez que el agente fue visto fue el martes 8 de septiembre, cuando salió de su domicilio cerca de las 10:00 horas con la intención de ir en bicicleta a la ciudad boliviana para realizar compras y regresar durante la jornada.

Ante la ausencia y falta de comunicación con el hombre, su familia radicó la denuncia el jueves 10 de septiembre ante la Policía provincial. A partir de ese momento se activaron los protocolos de búsqueda y se dispuso la coordinación con organismos de seguridad y autoridades de frontera de ambos países.

De acuerdo con la información obtenida por El Tribuno de Jujuy, las cámaras de seguridad registraron su cruce por el sector del río, a la altura de la calle Jujuy, pero desde entonces no volvió a contactarse con su familia.

Actualmente, el caso está siendo investigado por el fiscal Alberto Omar Mendívil, titular de la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria Nº 11 de La Quiaca. Asimismo, informaron que se articula un trabajo conjunto con la Policía provincial, el Escuadrón 21 La Quiaca de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal Argentina y las autoridades bolivianas.

Por esto, Mendívil mantuvo una reunión de coordinación con representantes de las fuerzas federales y provinciales. Debido a que el joven habría ingresado a territorio boliviano, la investigación también involucra a la Policía Boliviana y al Ministerio Público de Villazón, con intercambio de información entre ambos países.

A raíz de la falta de novedades, este sábado el operativo se reforzó en los alrededores del Puente Internacional Horacio Guzmán. Según confirmó el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, alrededor de 250 efectivos argentinos y bolivianos participaron del despliegue.

Hasta el momento, las tareas se desarrollaron en ambos márgenes del río que divide a la Argentina de Bolivia. De hecho, durante la noche del viernes se realizaron allanamientos en distintos espacios públicos y domicilios de Villazón, bajo la intervención de la Fiscalía de esa ciudad y la Policía Boliviana.

Los equipos también recorrieron hospitales, clínicas, alojamientos y hoteles de La Quiaca y Villazón, sin resultados sobre el paradero del joven. Por esto, la colaboración que piden las autoridades se dirige especialmente a vecinos y comerciantes que trabajen o residan cerca del río fronterizo y las casas de cambio.

En línea con esto, los investigadores secuestraron dispositivos DVR y solicitaron el acceso a los registros de las cámaras de seguridad. Según explicaron, el objetivo será analizar las imágenes, con la intención de reconstruir la ruta que tomó Martínez. Asimismo, se buscarán indicios sobre si el hombre habría estado en contacto con otras personas antes de desaparecer.

En los procedimientos estuvieron presentes los integrantes de la Fiscalía de La Quiaca, la Brigada de Investigaciones y la Regional 5. Sin embargo, ante la falta de novedades, se solicitó la activación de una alerta amarilla de Interpol, que ya fue efectivizada para ampliar la búsqueda mediante los canales de cooperación internacional.

Según la información difundida por las autoridades, Martínez mide 1,67 metros, es de contextura física normal, tiene tez trigueña y cabello corto negro. Además, remarcaron que la última vez que fue visto llevaba pantalón deportivo negro y zapatillas grises marca Adidas.

Por su parte, la Policía de Jujuy pidió a quienes puedan aportar información que se comuniquen al 911, a los teléfonos 388-6860239 y 388-6828607, o se acerquen a la dependencia policial más próxima.

El Ejército de Bolivia denunció al ex ministro de Defensa Edmundo Novillo por homicidio culposo e incumplimiento de deberes, a raíz de las dos explosiones ocurridas el viernes en un cuartel de Viacha, que dejaron nueve militares muertos, cinco desaparecidos y 84 heridos.

El comandante del Ejército, Héctor Alarcón, informó que la presentación ante la Fiscalía se apoya en un informe oficial que llegó a manos de Novillo en septiembre de 2025. Ese documento “advertía sobre el avanzado estado de descomposición del material que se encontraba en depósito” en el predio militar.

“En el informe se calificaba como una amenaza real e inminente, y recomendaba su desactivación, incineración o repliegue de estas instalaciones”, afirmó Alarcón. El jefe militar sostuvo que el entonces funcionario no atendió esas recomendaciones.

Alarcón señaló que Novillo, “por omisión o evitar realizar ciertas acciones, produjo la muerte” de miembros de las Fuerzas Armadas y añadió que la Fiscalía deberá “establecer la relación entre las actuaciones u omisiones denunciadas” y “determinar las responsabilidades”.

El comandante indicó que el Ejército continuará con el “levantamiento de información” sobre lo ocurrido. Edmundo Novillo ocupó el Ministerio de Defensa durante la presidencia de Luis Arce, entre 2020 y 2025, por el Movimiento al Socialismo (MAS).

Las explosiones ocurrieron en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 ‘Bolívar’, en Viacha, municipio ubicado a unos 35 kilómetros de La Paz. El Gobierno señaló que la segunda detonación tuvo una magnitud “considerablemente mayor” y que su origen todavía no cuenta con una determinación técnica.

La Fiscalía confirmó la muerte de nueve militares. Otros cinco permanecen desaparecidos entre los escombros, mientras que 84 personas sufrieron heridas. El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) informó el jueves que recogió 48 bolsas con restos humanos. Especialistas en genética analizan el material para establecer si corresponde a los militares que aún no fueron localizados.

El presidente Rodrigo Paz declaró duelo nacional el lunes por las víctimas mortales y ordenó revisar los depósitos de artefactos explosivos de todas las unidades militares del país.

La Fiscalía abrió una causa penal contra los responsables del hecho bajo las figuras de homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos. El Senado aprobó además una resolución de “atención y reparación integral a las víctimas de las explosiones”, que reclama compensación y reparación económica por daños materiales e inmateriales para civiles y militares afectados.

El Ejército de Bolivia también suspendió de forma temporal la remoción de escombros y la búsqueda de desaparecidos en el cuartel de Viacha hasta que especialistas determinen que existen condiciones de seguridad para retomar las tareas.

La institución militar explicó que la medida responde al riesgo que implica el uso de taladros y otros equipos sobre las estructuras afectadas. “La medida es de carácter preventivo, debido a que el empleo de taladros y otros equipos durante las tareas podría generar un mayor debilitamiento de sectores de la infraestructura afectada”, señaló en un comunicado.

En el sector permanecen bienes de la unidad militar, por lo que las autoridades deberán evaluar el estado del área antes de autorizar nuevas intervenciones.

Las labores se reanudarán cuando las instancias especializadas ordenen retirar el material del lugar y concluyan que el terreno reúne las condiciones necesarias para continuar con la remoción de escombros y la localización de posibles víctimas.

(Con información de EFE)

La intervención en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) de Bolivia detectó el desvío de 22 millones de litros de combustible en un mes y permitió identificar a unas 30 personas que presuntamente vulneraron los sistemas de seguridad de la entidad, informaron este jueves los ministros interventores.

El ministro de Producción Sostenible, Oscar Mario Justiniano, afirmó en una rueda de prensa en La Paz que la cantidad desviada refleja “el grado de desintegración de los controles” dentro de la ANH. Los desvíos se concentraron principalmente en los departamentos de La Paz y Santa Cruz, este último señalado como el motor económico de Bolivia. Justiniano indicó que esa región requiere “3 millones de litros por día” para cubrir su demanda de carburantes.

El funcionario de la administración del presidente Rodrigo Paz sostuvo que los 22 millones de litros de combustible equivalen a 200 millones de bolivianos, unos USD 15,8 millones. De acuerdo con sus estimaciones, la comercialización de ese volumen en el mercado ilegal supera los 400 millones de bolivianos, cerca de 31,6 millones de dólares.

Justiniano también señaló que, durante la primera semana de intervención, se detectaron “nueve tipos de vulnerabilidades” dentro del sistema informático de control de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Entre las fallas, mencionó la existencia de “puertas traseras” que permitían a “gente externa” intervenir “sin límite” en los despachos de combustibles.

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, afirmó que los presuntos responsables de modificar los controles de la ANH “van a tener que pagar sus culpas” ante la Justicia.

Blanco precisó que entre las personas identificadas hay funcionarios del actual Gobierno y de administraciones anteriores. También aseguró que el abastecimiento de combustibles está “garantizado” a partir de la optimización de los mecanismos de fiscalización.

Paz intervino la ANH el 3 de septiembre, tras detectar “deficiencias” en los controles, sobre todo en el sistema de distribución de combustibles. La medida quedó formalizada mediante el decreto 5699. La intervención tiene una duración inicial de 180 días. El plazo puede extenderse una sola vez por 90 días más o finalizar antes si desaparecen las causas que motivaron la decisión.

Un día antes, el Ejecutivo también intervino Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por 180 días. Una comisión integrada por cuatro ministerios y el Viceministerio de Transparencia supervisa esa medida.

“Los controles de calidad se flexibilizaron durante años, por decisiones que hoy generan sospechas fundadas de irregularidades. Eso no se corrige con anuncios: se corrige auditando, exigiendo información completa y aplicando la Ley de Lucha Contra la Corrupción”, sostuvo Paz, quien cumplió diez meses de mandato el pasado 8 de septiembre.

Bolivia importa el 60% de la gasolina y el 95% del diésel que consume, con un gasto semanal cercano a los USD 90 millones. Desde 2024, el abastecimiento irregular provocó filas de vehículos que esperan durante horas o días para cargar combustibles.

“Todo hallazgo con posibles responsabilidades irá a la Contraloría y al Ministerio Público, sin excepciones. Una decisión necesaria para acabar con la corrupción, tomar control y asegurar combustible para todos los bolivianos”, agregó el mandatario.

Desde el inicio del Gobierno de Paz, en noviembre pasado, el suministro registró altibajos. Entre mayo y junio, los bloqueos de carreteras por protestas sociales agravaron el problema. En las últimas semanas volvieron las largas filas en las estaciones de servicio, con el diésel como principal faltante.

(Con información de EFE)

El Gobierno de Bolivia se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a eliminar la subvención al combustible desde 2027, dentro del programa de reformas económicas acordado por 36 meses y valorado en USD 1.900 millones. Hasta diciembre de 2026, mantendrá sin cambios los precios internos.

El memorando de políticas económicas y financieras que acompaña el acuerdo entre el Gobierno del presidente Rodrigo Paz y el organismo internacional estableció que los precios deberán avanzar desde enero de 2027 hacia niveles que permitan recuperar costos. El presupuesto de ese año tampoco deberá incluir recursos para subvenciones.

La medida quedó incorporada junto con un aumento del gasto dirigido a la asistencia social. El Gobierno planteó reforzar los mecanismos de protección para los hogares de menores ingresos durante la aplicación de las reformas fiscales, cambiarias y monetarias previstas en el programa.

El anexo del acuerdo señaló que los precios internos de los carburantes continuarán congelados durante este 2026. La administración boliviana vinculó esa decisión a los decretos supremos 5516 y 5652, que establecieron cambios en la política de precios y en la comercialización de combustibles.

En diciembre de 2025, el Ejecutivo ajustó los valores de venta. La gasolina especial pasó a costar 6,96 bolivianos por litro, la premium llegó a 11 bolivianos y el diésel se fijó en 9,80 bolivianos. Esas variaciones representaron alzas de 86% para la especial y de 162% para el diésel.

El nuevo esquema cambiario modificó la referencia en dólares de esos importes. El 29 de junio de este año, Bolivia dejó atrás el tipo de cambio fijo que rigió durante 15 años y puso en marcha un régimen flexible, con una cotización que varía diariamente. El dólar, que antes se ubicaba en 6,96 bolivianos, se cotizó este jueves en 12,42 bolivianos.

Luego, en julio, el Gobierno dispuso un congelamiento de seis meses para los precios de los combustibles bajo el decreto 5652. La medida buscó contener el efecto sobre los gastos de las familias. El 17 de agosto, la administración retiró parcialmente la subvención para grandes consumidores y aplicó un precio referencial de 18 bolivianos por litro de diésel.

El programa también previó una mayor participación privada en la importación y comercialización de combustibles a precios de mercado. Además, incluyó una revisión de las normas vinculadas con hidrocarburos y minería para promover nuevas inversiones y elevar la exploración.

El convenio con el Fondo Monetario Internacional contempló una reducción del déficit fiscal equivalente a 8,5 puntos porcentuales del producto interno bruto entre 2026 y 2029. Para este año, el presupuesto reformulado estableció un límite de 47.000 millones de bolivianos, equivalente a 9,3% del PIB.

El Gobierno asumió el objetivo de eliminar el déficit primario del sector público no financiero al cierre del programa. El déficit global deberá descender hasta 3,5% del PIB en 2029. Entre las metas posteriores, el Ejecutivo proyectó llevar el déficit fiscal a -2% y elevar las reservas internacionales hasta USD 9.000 millones en 2031.

Otro punto del acuerdo fijó en cero el nuevo financiamiento monetario del Banco Central de Bolivia al Gobierno. Con esa regla, el Tesoro no podrá recurrir a nueva emisión del banco emisor para cubrir déficits fiscales.

El Banco Central deberá utilizar la base monetaria como referencia para la política monetaria y publicar metas mensuales. El programa estimó una inflación de 14% al finalizar 2026 y proyectó una baja hacia niveles de un dígito en 2028.

El ajuste del gasto público también incluirá cambios en las empresas estatales. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, anunció que el Gobierno prevé cerrar entre ocho y 10 compañías públicas deficitarias en los próximos meses.

Además, Morales indicó que cada entidad será sometida a una evaluación antes de definir su cierre y sostuvo que la medida forma parte del objetivo de mejorar las finanzas públicas. El ministro evitó identificar a las empresas involucradas.

A comienzos de mes, la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública realizó un diagnóstico sobre 67 instituciones estatales y determinó que 20 se encontraban en situación crítica. En abril, el Gobierno informó que 15 compañías estaban en quiebra técnica, con pérdidas acumuladas por 2.655 millones de bolivianos, unos USD 381 millones.

Esas 15 empresas registraron, además, un patrimonio negativo de 1.900 millones de bolivianos, equivalente a unos USD 152 millones. El Ejecutivo acusó a las gestiones anteriores de utilizar recursos del Banco Central para sostener el funcionamiento de entidades deficitarias.

Entre las compañías con dificultades figura Yacimientos de Litio Bolivianos, que recibió cerca de USD 890 millones para el proyecto de explotación del salar de Uyuni. Según información oficial previa, la empresa operó con 17% de su capacidad.

El proyecto de ley 723, que incorpora el acuerdo con el FMI, llegó al Parlamento a finales de agosto para su tratamiento y una eventual aprobación.

(Con información de EFE y El Deber)

El Gobierno de Bolivia avanzó este miércoles con la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la preparación de una misión civil de policías para prevenir nuevos conflictos, después de las protestas y bloqueos que se extendieron entre mayo y junio, dejaron al menos 16 muertos y provocaron desabastecimiento y pérdidas económicas por más de USD 3.000 millones.

La reunión se realizó en La Paz entre el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y una delegación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encabezada por el director del Departamento de Seguridad Pública, Steven Griner, y el jefe de la Sección de Seguridad y Justicia, Cristian Taboada. También participó un representante de la Red Interamericana de Desarrollo y Profesionalización Policial.

La cita marcó el inicio de una instancia de trabajo orientada a delinear la llegada de efectivos de distintos países para asesorar y acompañar a la Policía boliviana. Oviedo indicó que la iniciativa busca contribuir al resguardo de las garantías ciudadanas y de la convivencia pacífica frente a posibles escenarios de tensión social.

Griner señaló que la visita tiene como objetivo recoger las expectativas que las autoridades bolivianas plantearon al secretario general de la OEA, Albert Ramdin, con vistas a un posible envío de personal. También precisó que la propuesta todavía permanece en elaboración y que contempla la participación de policías sin armas y sin uniformes.

Durante la reunión con la comitiva, Oviedo presentó un saldo de los conflictos registrados entre mayo y junio y planteó la necesidad de avanzar en tareas preventivas conjuntas. Según sostuvo, la cooperación apuntó a preservar el derecho a la manifestación sin afectar el libre tránsito, la atención médica ni el abastecimiento de productos esenciales.

El ministro remarcó que durante la crisis anterior varias ciudades quedaron sin oxígeno, sin alimentos, sin transporte y sin atención médica, una situación que integró la evaluación del organismo. La agenda prevista hasta el viernes también quedó vinculada al proceso de reinstitucionalización de la Policía boliviana.

El conflicto se desarrolló durante siete semanas con cortes de carreteras impulsados por la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana, con apoyo de sectores afines al exmandatario Evo Morales. Las protestas exigieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz y tuvieron mayor impacto en el occidente y el centro de Bolivia.

Frente a ese escenario, el Ejecutivo dispuso el 20 de junio un estado de excepción para levantar las medidas, luego de alcanzar acuerdos con algunos sectores, entre ellos la Central Obrera Boliviana. La disposición quedó fijada por 90 días, mientras algunas autoridades dejaron abierta la posibilidad de una prórroga ante anuncios de nuevas protestas.

La ronda de contactos surgió a partir del informe presentado la semana pasada por una comisión de la OEA que visitó La Paz y Santa Cruz de la Sierra los días 29 y 30 de julio. Tras ese recorrido, el organismo pidió abrir un diálogo lo más amplio posible entre el Gobierno y los distintos sectores de la sociedad boliviana para reducir la polarización y evitar nuevos enfrentamientos.

Sobre esa base comenzó el intercambio entre especialistas en seguridad pública y justicia y las autoridades locales, con la intención de definir mecanismos concretos de prevención.

Además del eje centrado en los conflictos sociales, Oviedo presentó un panorama de seguridad que incluyó la situación del narcotráfico. En ese repaso, reconoció un incremento de cultivos de coca en el Trópico de Cochabamba y señaló que esa evolución contrastó con los resultados obtenidos en interdicción.

A la vez, sostuvo que bajo el nuevo mando policial aumentaron los decomisos de aeronaves utilizadas para el traslado de cocaína al exterior. Según el detalle oficial, la cifra superan las 80 avionetas incautadas tras pruebas químicas y de microaspirado que, de acuerdo con el Gobierno, confirmaron su uso en operaciones ilegales. También informó sobre la desarticulación de laboratorios y sobre la presencia de redes integradas por ciudadanos extranjeros.

La reunión incluyó una referencia a la explosión ocurrida en el cuartel Simón Bolívar, en Viacha. Sobre ese caso, el ministro indicó que la investigación avanzó por dos carriles institucionales, uno bajo conducción de las Fuerzas Armadas y otro a cargo del Ministerio Público y de las instancias judiciales.

(Con información de EFE)

La Fiscalía de Bolivia amplió este martes la investigación contra el ex asesor presidencial Fernando Cerimedo por dos nuevos delitos: usurpación de funciones y legitimación de ganancias ilícitas, en una causa que inicialmente se abrió en La Paz por presunto enriquecimiento ilícito.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, anunció que Cerimedo deberá ampliar su declaración en la condición de investigado por las nuevas acusaciones. “La comisión de fiscales, en las próximas horas, va a tomar su declaración ampliatoria como investigado dentro de otros hechos penales que se atribuyen al imputado en el departamento de La Paz”, dijo Mariaca.

La investigación fue abierta inicialmente por presunto enriquecimiento ilícito, proceso por el cual un juez ordenó que Cerimedo cumpliera 180 días de detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicado a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar en el altiplano boliviano.

Cerimedo ya enfrentaba una causa en Santa Cruz por tentativa de feminicidio, vinculada a un ataque armado contra su expareja, la abogada Nadia Beller. En el marco de ese proceso, el ex asesor presidencial se encontraba detenido preventivamente en la prisión de Palmasola desde el 21 de agosto. Sin embargo, la madrugada de este martes fue trasladado a La Paz en un vuelo comercial para cumplir la detención en la cárcel de Chonchocoro.

El consultor político de 45 años enfrenta, además de esas causas, otras dos por violencia doméstica y por encubrimiento del narcotráfico, derivadas de la supuesta autorización de vuelos irregulares.

Su detención y el escándalo relacionado con declaraciones de su expareja, que le atribuye presuntos casos de corrupción estatal y el ejercicio irregular de poder dentro de la administración de Rodrigo Paz, han provocado un sacudón político en Bolivia.

Si bien la versión inicial del Gobierno señalaba que su trabajo fue marginal y limitado al ámbito de la comunicación, una serie de fotografías que lo muestran en las altas esferas del poder político en Bolivia sugiere lo contrario. De hecho, el fin de semana el presidente Rodrigo Paz admitió que su asesor ayudó a impulsar la política exterior del país bajo la consigna de “poner a Bolivia en el mundo”.

La situación jurídica del consultor podría complicarse aún más después de que el vicepresidente Edmand Lara difundiera este martes el audio de una supuesta conversación entre Cerimedo y el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, sobre bloqueos registrados en una región productiva de Santa Cruz.

Según la grabación, una voz atribuida a Cerimedo plantea detener a manifestantes y cortar los servicios básicos de la localidad de San Julián, al este de Santa Cruz, donde se desarrollaban protestas sociales. “Hay que detener a la mayor cantidad de gente posible y les cortaremos la luz y el internet a todo el pueblo”, se escucha decir a la voz atribuida al consultor.

Lara cuestionó el supuesto papel de Cerimedo:“¿Cómo es posible que un actor externo, que un ciudadano extranjero, les diera órdenes a los ministros de qué es lo que tenían que hacer, incluso para atentar contra los derechos fundamentales de los bolivianos?“.

El vicepresidente anunció que presentará el audio ante el Ministerio Público para que sea sometido a un peritaje que determine su autenticidad. Según Lara, esta sería la tercera grabación que presenta y las anteriores también fueron remitidas a la Fiscalía.

Desde su detención, Cerimedo ha negado las acusaciones en su contra y ha defendido su inocencia, tanto en la investigación por enriquecimiento ilícito como en el caso de la tentativa de feminicidio contra su expareja.

El consultor argentino —que se identificaba como “asesor principal” de Rodrigo Paz en tarjetas de presentación— también ha justificado el origen de su dinero y ha negado haber ejercido poder dentro del Gobierno, aunque admitió haber colaborado con el primer mandatario.

Durante su traslado a La Paz, en un breve contacto con el periódico El Deber, pidió disculpas a su esposa y al presidente Paz, y afirmó que espera que las acusaciones sean desvirtuadas. “Que se haga justicia y se sepa la verdad”, agregó el ex asesor presidencial.

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, protagonizó este martes un altercado con un teniente coronel del Ejército, encargado de la seguridad en el recinto militar de Viacha, donde continúan las labores de rescate vinculadas a la doble explosión del viernes.

Según se observa en una grabación, el vicepresidente Lara increpó al oficial después de que le diera la espalda y se negara a brindar información sobre la suspensión temporal de las tareas de búsqueda de cuatro desaparecidos.

El militar señaló que su función era coordinar la seguridad del lugar y que el informe debía ser solicitado al Comando de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, Lara insistió en que el oficial debía informarle directamente y le reclamó que respetara su autoridad como vicepresidente. “¡Le estoy hablando como vicepresidente! ¡Yo soy el vicepresidente!”, se le escucha decir a los gritos mientras el uniformado se aleja. Luego Lara lo intercepta y le pide en voz alta: “Infórmeme, infórmeme” y le recuerda que él fue elegido por voto popular.

El vicepresidente también pidió al oficial que se identificara y éste le respondió que le proporcionaría sus datos de manera privada y “no para las redes sociales”. Posteriormente, Lara acusó al oficial de insubordinación y espetó: “Le guste o no, yo soy el vicepresidente”.

El altercado se produjo fuera del Centro General de Mantenimiento de Material Bélico de Artillería, donde el viernes una doble explosión dejó al menos nueve víctimas, decenas de heridos y más de tres mil viviendas dañadas en la localidad andina de Viacha, a 30 kilómetros de La Paz, la capital política del país.

Este martes, las autoridades informaron que, por razones de seguridad, se había dispuesto la suspensión temporal de las labores de remoción y búsqueda de cuatro conscriptos desaparecidos. “La medida es de carácter preventivo, debido a que el empleo de taladros y otros equipos durante las tareas podría generar un mayor debilitamiento de sectores de la infraestructura afectada”, señala un comunicado del Comando General del Ejército.

Si bien las causas del siniestro aún están en investigación, la hipótesis preliminar apunta a una mala administración y mantenimiento de la sala donde se almacenan explosivos y material pirotécnico.

El episodio entre el vicepresidente y el coronel que custodiaba el recinto provocó reacciones en el Gobierno. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, respaldó al militar y dijo que estaba cumpliendo una orden superior.

“La autoridad se ejerce respetando la ley y las instituciones, no imponiéndose a gritos. Tiene todo mi respaldo por haber mantenido la serenidad, el respeto y el cumplimiento de su deber”, afirmó el ministro a través de sus redes sociales.

En la misma línea, el vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, cuestionó la conducta de Lara y señaló que la situación requiere recuperar la calma debido al impacto de la tragedia sobre las familias y la población de Viacha. “Es una situación muy delicada la que se vive allá, como para exacerbarla en términos políticos”, afirmó durante una entrevista televisiva.

El enfrentamiento vuelve a poner en evidencia la tensión entre las autoridades del Ejecutivo y el vicepresidente Edmand Lara, quien al inicio del gobierno se declaró “oposición constructiva” rompiendo con la administración de la que es parte, en medio de diferencias públicas con el presidente Rodrigo Paz.

El Ejército de Bolivia suspendió de forma temporal la remoción de escombros y la búsqueda de desaparecidos en el cuartel de Viacha donde el viernes pasado se registraron dos explosiones. La institución militar señaló que la medida continuará hasta que especialistas determinen la existencia de condiciones de seguridad para retomar las tareas.

A su vez, el Ejército informó que la decisión tiene carácter preventivo, debido al riesgo que implican los taladros y otros equipos sobre las estructuras afectadas. “La medida es de carácter preventivo, debido a que el empleo de taladros y otros equipos durante las tareas podría generar un mayor debilitamiento de sectores de la infraestructura afectada”, indicó en un comunicado. En el sector permanecen bienes de la unidad militar.

Las autoridades deberán verificar el estado del área antes de autorizar nuevas intervenciones. Las labores volverán cuando las instancias especializadas ordenen el retiro del material presente en el lugar y concluyan que el terreno reúne las condiciones necesarias para continuar con la remoción y la localización de posibles víctimas.

El fiscal general, Róger Mariaca, informó el martes que el saldo asciendió a nueve muertos, en su mayoría militares, de los cuales ocho ya fueron identificados. Las autoridades buscan a cuatro uniformados que podrían haber estado en el sitio al momento de las explosiones.

La Fiscalía abrió una causa penal por “homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos”. Mariaca indicó que en el cuartel había material bélico, pólvora negra y otros elementos que pudieron haber contribuido a la tragedia, aunque advirtió que sería “irresponsable” anticipar el origen de las detonaciones.

El Senado aprobó una resolución que reclama atención y reparación integral para las víctimas civiles y militares. El texto solicita compensaciones por daños materiales e inmateriales, recursos extraordinarios para atención médica, cirugías, medicamentos y rehabilitación de los heridos. Los reportes consignaron al menos 84 personas heridas. La resolución legislativa también exigió identificar, retirar, neutralizar y disponer de forma segura de cualquier material peligroso que aún permanezca en la zona.

Las explosiones ocurrieron el viernes en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 “Bolívar”, en Viacha, a unos 35 kilómetros de La Paz. El Gobierno informó que la segunda detonación tuvo una magnitud considerablemente mayor y que su causa todavía no cuenta con una determinación técnica.

El presidente Rodrigo Paz declaró duelo nacional el lunes por las víctimas mortales y ordenó revisar los depósitos de artefactos explosivos de todas las unidades militares del país.

El mismo viernes, el jefe de Estado boliviano expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas de la doble explosión en el Regimiento Bolívar, y solicitó una investigación “minuciosa, técnica y transparente” para esclarecer el hecho.

“Expreso mi más profunda solidaridad con las familias de las personas fallecidas, con quienes resultaron heridas y con todos los vecinos afectados por las explosiones registradas en instalaciones del Regimiento Bolívar, en el municipio de Viacha”, escribió el mandatario en la red social X.

Paz afirmó que la prioridad estatal pasó por atender a los afectados y asistir a sus allegados. “Proteger la vida, atender a las víctimas y acompañar a las familias que atraviesan horas de dolor e incertidumbre”, sostuvo.

El presidente indicó que el Ministerio de Defensa activó desde el inicio mecanismos de emergencia, seguridad, evacuación, asistencia médica y resguardo de la zona, en coordinación con otras instituciones.

“He instruido, además, que se realice una investigación minuciosa, técnica y transparente sobre lo sucedido. Debemos establecer con absoluta claridad las causas de este hecho, verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y determinar las responsabilidades que correspondan”, aseguró Paz.

(Con información de EFE)

Autoridades migratorias de cinco países sudamericanos se reunieron para diseñar una respuesta coordinada frente a la migración irregular y la criminalidad transnacional en la región. El encuentro, convocado por la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú, reunió a representantes de Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador, además del país anfitrión, con el objetivo de intercambiar experiencias y buenas prácticas en materia de seguridad migratoria.

La cita permitió a los participantes compartir los marcos normativos y procedimientos que aplica cada país para la expulsión de extranjeros, así como los mecanismos especiales que han implementado para reforzar el control en sus fronteras. El intercambio incluyó detalles sobre los procesos administrativos vigentes y las particularidades legales de cada Estado frente a situaciones de irregularidad migratoria.

PASEE fue uno de los mecanismos analizados

Uno de los puntos centrales de la agenda fue el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), vigente en el Perú, que los representantes de los demás países conocieron en detalle junto a otras medidas adoptadas en sus respectivos territorios frente a la migración irregular. La exposición de estos mecanismos permitió identificar similitudes y diferencias en los enfoques normativos de cada país.

A partir de este intercambio, los delegados identificaron oportunidades concretas para fortalecer la cooperación regional. Entre ellas destacó el compromiso de mejorar el intercambio oportuno de información a través del Banco Andino de Datos (BAD), un sistema que aún no entra en funcionamiento pero que las autoridades consideran clave para articular respuestas conjuntas ante los flujos migratorios irregulares.

Cooperación ante el crimen transnacional

El superintendente nacional de Migraciones, Luis Yunis Herrera, señaló en su intervención que los desafíos migratorios que enfrenta la región no pueden resolverse de manera aislada. “Compartimos desafíos comunes y, sobretodo, la voluntad de enfrentarlos de manera coordinada. Fortalecer el intercambio oportuno de información, nuestras capacidades institucionales y los mecanismos de cooperación resulta fundamental”, afirmó, según el comunicado difundido por Migraciones.

El funcionario planteó además que este espacio de diálogo entre los cinco países se realice de manera periódica, con el propósito de consolidar una agenda conjunta frente a los desafíos que plantea la migración irregular en la región andina y sudamericana.

Con este encuentro, la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú reafirmó su compromiso de fortalecer la cooperación con los países vecinos y promover una migración regular, segura y ordenada. Las autoridades no precisaron una fecha para la próxima reunión de este mecanismo de diálogo.

La Fiscalía de Bolivia amplió la segunda investigación penal contra Fernando Cerimedo y le sumó los presuntos delitos de usurpación de funciones y legitimación de ganancias ilícitas, mientras la Justicia dispuso su traslado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro para cumplir seis meses de prisión preventiva.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó este martes la ampliación del expediente, que se había iniciado por presunto enriquecimiento ilícito.

Cerimedo ya estaba preso por otro proceso, en el que el Ministerio Público lo acusó de feminicidio en grado de tentativa por el ataque armado contra su expareja, Nadia Beller. La aprehensión ocurrió después de que la investigación lo identificara como presunto autor intelectual del ataque a tiros contra Beller, que recibió tres disparos la noche del 17 de agosto frente a un hotel en Santa Cruz.

La acusación fiscal sostiene que contrató a sicarios para matarla.

La abogada Margarita Arce afirmó que el traslado a La Paz se concretó sin notificación formal a la defensa y sostuvo que antes debía pronunciarse el juez de Santa Cruz que intervino en la primera causa. Con ese argumento, el equipo jurídico objetó el procedimiento y esperó la resolución de las apelaciones presentadas en ambos distritos.

En la misma línea, el abogado Ernesto Giraldes anticipó que la defensa solicitaría en audiencia que Cerimedo pudiera enfrentar en libertad los procesos en los que recibió prisión preventiva.

En sintonía con eso, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que Cerimedo permanecería “completamente” aislado de la población carcelaria durante siete días por razones de seguridad dentro de Chonchocoro.

Horas antes del traslado definitivo, cerca de las 3:30 de la madrugada, las autoridades sacaron a Cerimedo de la cárcel de Palmasola en medio de un despliegue policial y lo llevaron hasta el aeropuerto de Santa Cruz. En ese lugar estuvo unos minutos en la Estación Presidencial y luego subió a un vuelo de la empresa estatal rumbo a La Paz.

Por su parte, Arce sostuvo que ese régimen duraría un mes debido al riesgo que, según la defensa, existía para la vida de su cliente. También señaló que lo encontró tranquilo y preparado para continuar con su estrategia judicial.

La defensa también rechazó las referencias de la Fiscalía a una investigación relacionada con tráfico de sustancias controladas. Arce dijo que no conocía formalmente esa ampliación y sostuvo que su cliente había denunciado antes hechos vinculados con narcotráfico en el departamento del Beni.

Las causas contra Cerimedo también abrieron cuestionamientos sobre su vínculo con el presidente boliviano, Rodrigo Paz. Sus detractores, entre ellos el expresidente Evo Morales y el vicepresidente Edmand Lara, afirmaron que fue asesor personal del mandatario.

Bajo ese contexto Paz dio una definición más amplia sobre la participación de Fernando Cerimedo en su gestión y afirmó este domingo que el consultor contribuyó a “poner Bolivia en el mundo”. Con esa declaración, el mandatario fue más allá de las menciones anteriores, que ubicaban al argentino sobre todo en tareas ligadas a la estrategia de comunicación.

“La cooperación, en su momento, era por la capacidad que tenía, junto a un sistema internacional. Pasamos de no ser vistos por nadie a reunirnos con presidentes de todo el continente”, agregó.

Ahora, el presidente le adjudica a Cerimedo una función vinculada con la proyección internacional de Bolivia y con aspectos de la política exterior.

(Con información de EFE y Europa Press)

El deterioro del boliviano frente al sol peruano está modificando las dinámicas comerciales en Desaguadero, uno de los principales puntos de intercambio fronterizo entre Perú y Bolivia. En los últimos tres años, la moneda peruana multiplicó por más de cuatro su valor frente al boliviano en la zona, reduciendo la capacidad de compra de los visitantes bolivianos y cambiando las preferencias de pago de los comerciantes.

En septiembre de 2023, un sol equivalía aproximadamente a Bs 0,82. Tres años después, la cotización utilizada por comerciantes fronterizos se ubica entre Bs 3,60 y Bs 3,71. El Banco Central de Bolivia (BCB) registró este lunes una cotización indicativa de Bs 3,74 por sol. En consecuencia, un boliviano que en 2023 permitía obtener cerca de 1,22 soles ahora representa alrededor de 0,27 soles.

El sol gana espacio en las operaciones comerciales

La depreciación del boliviano ya se percibe en las actividades comerciales de Desaguadero, especialmente durante las ferias de los martes y viernes, jornadas que concentran buena parte del movimiento entre ambos países. La menor capacidad adquisitiva de quienes llegan desde Bolivia ha repercutido en el volumen de ventas.

“Antes era llenito. Los martes era regular, pero ahora ni regular”, relató una comerciante al describir la reducción de la actividad comercial.

La transformación también alcanza los medios de pago. Algunos vendedores peruanos empezaron a dar prioridad al sol peruano y otros dejaron de recibir bolivianos, debido a la pérdida de valor de esta moneda. Así, el tipo de cambio dejó de ser únicamente una referencia para convertirse en un factor que condiciona las transacciones cotidianas en la frontera.

Una depreciación que se aceleró en los últimos años

El comportamiento de la moneda peruana frente al boliviano evidencia la magnitud del cambio. De acuerdo con los registros proporcionados, el sol pasó de Bs 0,82 en septiembre de 2023 a Bs 2,81 en el mismo mes de 2024. En mayo de 2025 alcanzó Bs 4,69, para luego retroceder a Bs 3,37 en septiembre y Bs 2,97 en junio de 2026. En agosto llegó a Bs 3,59 y actualmente bordea los Bs 3,60-Bs 3,71 en la frontera.

Este escenario coincide con el cambio del régimen cambiario boliviano. El 29 de junio, el BCB estableció un nuevo tipo de cambio oficial y dejó atrás el esquema de paridad fija, en un contexto marcado por el agotamiento de las reservas internacionales, una mayor demanda de divisas y la expansión del mercado paralelo.

Menor poder de compra golpea al comercio fronterizo

La pérdida de valor de la moneda boliviana implica que los compradores provenientes de ese país necesitan entregar más bolivianos para adquirir la misma cantidad de productos en Perú. El impacto se suma a las dificultades registradas meses atrás, cuando los bloqueos en Bolivia provocaron una reducción del tránsito y de la actividad comercial en Desaguadero.

Ahora el escenario presenta una diferencia: existe movimiento fronterizo, pero con una menor capacidad de compra del visitante boliviano. Esto introduce una presión adicional sobre los negocios que dependen de consumidores procedentes del país vecino y obliga a los comerciantes a prestar mayor atención a las variaciones del tipo de cambio.

Pese a ello, Desaguadero mantiene relevancia para el intercambio bilateral. Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), entre 2010 y 2025 el flujo comercial de Bolivia por esta vía superó los 34 millones de toneladas. Durante el primer trimestre de 2026, las exportaciones bolivianas por esta ruta aumentaron 28% en volumen frente al mismo periodo de 2025, mientras que las importaciones crecieron 4%.

La brecha cambiaria modifica los incentivos al contrabando

La nueva relación entre ambas monedas también está alterando los incentivos para el comercio informal. En el lado peruano se observa una mayor presencia de productos procedentes de Bolivia, incluidos bienes que anteriormente tenían una comercialización más discreta.

Entre ellos figura el GLP. Comerciantes de la zona señalan que algunos establecimientos peruanos que antes ofrecían garrafas bolivianas clandestinamente ahora realizan esta actividad con mayor apertura. Las diferencias de precios, disponibilidad de productos y tipos de cambio han sido históricamente factores que influyen en los flujos informales de esta frontera.

La salida ilegal de mercancías bolivianas hacia Perú tampoco es reciente. En agosto, un reporte periodístico documentó el traslado clandestino de alimentos desde Bolivia y señaló a Desaguadero entre los puntos utilizados para ingresar productos al territorio peruano.

Para quienes realizan actividades comerciales en ambos lados de la frontera, la principal consecuencia es la incertidumbre. El costo de una operación puede variar según la moneda empleada y la cotización vigente durante la jornada. De esta manera, el sol peruano adquiere un papel cada vez más importante en Desaguadero, mientras el boliviano pierde aceptación y poder adquisitivo en las transacciones realizadas en territorio peruano.

El Gobierno de Bolivia lanzó una nueva política antidroga para 2026-2030 después de que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) informara un aumento del 7% en los cultivos de coca durante 2025. El plan, financiado con USD 492 millones, se centró en seguridad, salud pública y desarrollo integral.

La nueva estrategia fue presentada este martes por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz junto con el informe anual de monitoreo de coca, que registró un incremento de la superficie cultivada de 34.000 hectáreas en 2024 a 36.400 en 2025.

Durante el acto, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostuvo que los datos eran “realmente preocupantes” y dijo que era “urgente” recuperar la capacidad de intervención institucional para sostener resultados en la lucha contra el narcotráfico.

El funcionario explicó que la Política Antidroga 2026-2030 apunta a reducir de manera progresiva los cultivos de coca excedentarios e ilegales hasta los márgenes permitidos por la ley, con una diferenciación entre esa producción y la hoja destinada a usos tradicionales y legales.

Según la presentación oficial, el esquema para reducir la oferta de droga se apoyó en una interdicción focalizada por territorios, con intervención de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

A esa línea se sumaron mecanismos de inteligencia financiera, investigaciones patrimoniales, recuperación de activos y un mayor control sobre los precursores químicos, dentro de un enfoque dirigido a desarticular redes vinculadas al narcotráfico.

El plan también incorporó un frente orientado a la reducción de la demanda desde la salud pública, con programas de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración social. El Gobierno indicó que esa parte de la estrategia priorizó a niños, adolescentes y otros grupos vulnerables.

En ese marco, el representante de la Unión Europea en Bolivia, Jaume Segura, valoró que la iniciativa incluyera de manera conjunta los planos de seguridad, salud y desarrollo, y expresó la disposición del bloque a colaborar con el país en acciones contra las redes criminales.

El anuncio de la estrategia antidroga coincidió con una etapa de tensión económica en Bolivia, marcada por la escasez de dólares, las filas en surtidores por combustibles y el aumento de precios de distintos productos.

“Ahora estamos recuperando (con una) etapa crediticia, pero nosotros no podemos vivir del crédito, tenemos que vivir de la producción, por eso los programas y las leyes van a ir hacia la producción”, dijo el mandatario.

En la misma intervención, sostuvo: “No va a llover dólares del cielo, porque esos dólares se los gastaron con el gas que Dios nos dio”, al insistir en que su administración debía orientar programas y leyes hacia la producción y no hacia un esquema sostenido por crédito.

(Con información de EFE)

La defensa del estratega político argentino Fernando Cerimedo denunció una supuesta injerencia en el proceso judicial y un “vacío legal” en el traslado de su defendido al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano de Bolivia.

Cerimedo cumplía una detención preventiva por tentativa de feminicidio en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, y luego sumó otra medida cautelar por el delito de enriquecimiento ilícito. Esta nueva disposición, dictada en un juzgado de La Paz, establece su detención por 180 días en la cárcel de Chonchocoro, situada en el altiplano, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Tras recibir el segundo fallo, la defensa de Cerimedo apeló el traslado a ese penal bajo el argumento de que el imputado padece de presión arterial alta. A pesar de estas objeciones, Cerimedo fue trasladado durante la madrugada de este martes a La Paz en un vuelo comercial y bajo un fuerte operativo policial.

El abogado defensor Ernesto Girales denunció que existe un vacío legal y consideró que la primera orden de detención preventiva debía mantener su vigencia frente a la nueva medida dictada en La Paz. En ese sentido, señaló que apelarán el traslado para lograr su retorno a Santa Cruz.

“Hay un vacío legal en el mismo, ambas resoluciones son legales, pero la determinación que tenía que primar sobre la (detención) preventiva que se ordenó ya la estaba cumpliendo en el penal de Palmasola”, dijo Giraldes, en declaraciones recogidas por el canal Unitel.

La defensa también denunció una supuesta injerencia en las audiencias. Giraldes señaló específicamente al vicepresidente boliviano, Edmand Lara, a quien acusó de haber solicitado el traslado de Cerimedo a Chonchocoro.

Cerimedo, un consultor político argentino que trabajó en Bolivia como asesor del presidente, enfrenta actualmente dos órdenes de detención preventiva. La primera corresponde a una investigación por tentativa de feminicidio relacionada con el ataque armado contra su expareja, Nadia Beller, y la segunda al proceso por presunto enriquecimiento ilícito con afectación al Estado. Además, es investigado en otro caso en el departamento de Beni por una denuncia relacionada con la supuesta protección de vuelos vinculados al narcotráfico.

La defensa pretende impugnar ambas medidas y sostiene que continuará recurriendo a instancias nacionales e internacionales para denunciar lo que considera vulneraciones de los derechos de su cliente. “Nosotros seguimos presentando y documentando todas las violaciones que hay en contra de los derechos y garantías fundamentales de Fernando Cerimedo. Ya lo hicimos también a nivel internacional, y ahora vamos a seguir en la lucha”, afirmó Giraldes.

El operativo de traslado inició cerca de las 03:00 de la madrugada y concluyó cerca de las 06:00, cuando arribó al Aeropuerto Internacional de El Alto en un vuelo comercial y fue llevado al penal de máxima seguridad.

Durante el vuelo, Cerimedo brindó breves declaraciones al periódico boliviano El Deber, en las que pidió perdón a su esposa y al presidente Rodrigo Paz, “por no haberle hecho caso” sobre no tener un vínculo con Nadia Beller, la operadora política que lo acusa de haber ordenado el atentado contra su vida y que reveló supuestos casos de corrupción estatal. “Que se haga justicia y se sepa la verdad”, agregó el asesor presidencial.

La principal fuerza de oposición en Bolivia impulsa una reforma constitucional que contempla 111 modificaciones y plantea cambiar el modelo económico, fortalecer las autonomías y reformar la justicia. El documento fue presentado por el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002), jefe de la alianza Libre.

Este lunes, en una conferencia de prensa, el exmandatario afirmó que “reformar la Constitución es un imperativo nacional, no es un favor” y señaló que el país necesita saber “cuál es la salida” a la crisis económica que atraviesa.

La iniciativa fue presentada por Libre ante la Asamblea Legislativa, donde deberá ser debatida antes de avanzar hacia un eventual referéndum. Quiroga pidió que el proyecto sea discutido con otras fuerzas políticas y sectores de la sociedad y sostuvo que el texto está abierto a modificaciones.

“Hay 111 artículos que hemos propuesto que se cambien, uno por uno pueden ver (...) y si alguien quiere cambiar más, cambiar menos, lo discutimos”, afirmó al presentar la propuesta.

Entre los principales cambios planteados figura una reforma del régimen económico. Quiroga propone dejar atrás el modelo que considera estatista y establecer mayores garantías para la inversión privada, incluida la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional en determinadas controversias.

El expresidente vinculó la reforma constitucional con los planes del Gobierno de Rodrigo Paz para atraer capitales y reactivar sectores como hidrocarburos, minería y energía. “Ley de Hidrocarburos sin reforma constitucional no va a traer inversión”, dijo Quiroga.

La Constitución actual —vigente desde 2009 y aprobada durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019)— establece que las inversiones deben someterse a la jurisdicción y leyes bolivianas, una disposición que, según Quiroga, limita la posibilidad de incorporar arbitraje internacional en nuevas normas de inversión.

La propuesta también contempla cambios en el sistema de justicia, una ampliación de las autonomías regionales y modificaciones a las atribuciones del Congreso. Además, incorpora disposiciones relacionadas con la transformación digital del Estado y nuevas tecnologías.

El expresidente pidió evitar que la discusión constitucional se convierta en una evaluación de la gestión de Rodrigo Paz, quien asumió el poder en noviembre de 2025 tras vencer a Quiroga en el balotaje. “No quiero que esto se vuelva un plebiscito sobre el Gobierno”, afirmó el jefe de la oposición.

En paralelo a esta propuesta, el Gobierno también ha anunciado una agenda de reformas estructurales para transformar la economía y el funcionamiento del Estado. Como parte de esa estrategia, el Ejecutivo informó en mayo que preparaba diez proyectos de ley sobre sectores como hidrocarburos, minería e inversiones, con el objetivo de reactivar la economía, atraer capital privado y reducir la burocracia estatal.

Sin embargo, cuatro meses después del anuncio, el paquete no ha sido presentado en su conjunto ante la Asamblea Legislativa. Hasta ahora, el Ejecutivo solo ha remitido formalmente el proyecto de Ley de Inversiones, mientras las demás iniciativas permanecen en distintas etapas de elaboración o socialización.

La discusión sobre el marco jurídico boliviano se produce en un contexto de crisis económica, marcada por la caída de la producción de hidrocarburos y el agotamiento de las reservas internacionales. Mientras tanto, sectores políticos y económicos han cuestionado el ritmo con que el Gobierno avanza en las reformas necesarias que ha planteado desde el inicio de la gestión.

El operativo comenzó horas antes: alrededor de las 03:30, Cerimedo fue retirado del penal de Palmasola, bajo fuerte resguardo policial, y conducido hasta la terminal aérea cruceña. Allí permaneció unos minutos en la Estación Presidencial antes de abordar un vuelo de la empresa estatal con destino a La Paz.

El traslado responde a una segunda orden de detención preventiva, dictada en La Paz, que dispuso su reclusión en Chonchocoro por el delito de enriquecimiento ilícito, con una medida cautelar de 180 días.

Hasta entonces, el asesor cumplía otra detención preventiva en Palmasola por el delito de tentativa de femicidio, vinculado al ataque armado contra su ex pareja, Nadia Beller.

Una orden judicial pendiente de ejecución durante dos semanas

El traslado responde a la Resolución Judicial 313/2026, emitida el 29 de agosto por un juzgado de La Paz, que dispuso seis meses de detención preventiva para Cerimedo en Chonchocoro dentro de la investigación por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. La medida fue ratificada posteriormente por una sala penal, que ordenó de manera expresa la ejecución del traslado desde Santa Cruz.

La orden, sin embargo, tardó en concretarse. El comandante general de la Policía Boliviana, coronel Adrián Álvarez, había señalado días antes que la institución aún no había recibido la disposición formal para movilizar al detenido. La demora también obedeció a complicaciones en el estado de salud del imputado, que retrasaron el operativo. Recién tras una evaluación médica y la certificación de su abogado defensor, que confirmó su estabilidad, la Justicia autorizó la ejecución del traslado.

Ante la falta de avances, la Vicepresidencia del Estado solicitó de manera formal el traslado “inmediato” de Cerimedo, con el pedido de que la operación se realizara exclusivamente por vía aérea y bajo un dispositivo de máxima seguridad, en coordinación con el Ministerio de Gobierno y la Fuerza Aérea Boliviana. La solicitud fue dirigida al director general de Régimen Penitenciario, Daniel Mérida Balderrama.

El origen del caso, un ataque armado contra su ex pareja

Cerimedo permanecía recluido en Palmasola desde el 18 de agosto, cuando fue aprehendido cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Buenos Aires. Su detención se produjo tras ser señalado como presunto autor intelectual del ataque armado contra su ex pareja, la abogada Nadia Beller, quien resultó herida de tres disparos la noche del 17 de agosto, cuando se encontraba frente a un hotel en Santa Cruz.

Beller, quien se encuentra embarazada, sobrevivió al ataque y las autoridades bolivianas la mantienen bajo protección como testigo, en un lugar no revelado.

Tres días después del ataque, el juez cautelar Wilson Espada ordenó la detención preventiva de Cerimedo por 180 días en Palmasola, dentro del proceso abierto por tentativa de feminicidio. Cerimedo cumplió 20 días de reclusión en ese penal antes de que se dispusiera su traslado a Chonchocoro por el segundo proceso en su contra.

Las acusaciones de enriquecimiento y otros procesos abiertos

Fue precisamente Beller quien denunció que Cerimedo actuaba como el “presidente en las sombras” del país y lo acusó de realizar negociados vinculados al combustible y al oro junto al presidente Paz y su entorno, incluida la primera dama, Bibi Urquidi.

A partir de esa denuncia, la Fiscalía realizó allanamientos en inmuebles vinculados al argentino, entre ellos una oficina alquilada por 25.000 bolivianos en la zona sur de La Paz, donde presuntamente pretendía operar como asesor del Gobierno.

“Según la información preliminar y declaraciones testificales, acá iba a funcionar la oficina del señor Cerimedo, donde iban a realizar toda la logística que iban a tener como parte del Gobierno o asesor del Gobierno, que es lo que se está investigando”, declaró en su momento el fiscal Miguel Cardozo.

En otro allanamiento, la Fiscalía encontró más de medio millón de bolivianos en moneda nacional, dólares y euros, además de documentación y lo que las autoridades describieron como una “mini granja de bots”. El fiscal departamental de La Paz, Carlos Torres, confirmó el hallazgo y remarcó que la presencia de esa estructura de bots había llamado la atención de los investigadores.

Cerimedo enfrenta, además, otros procesos abiertos: uno por violencia familiar, otro vinculado a una causa en Beni por presunta protección al narcotráfico —relacionada con vuelos irregulares que partirían desde el municipio de Santa Ana con destino a Brasil— y una investigación conocida como “narcoencomiendas”, que involucra el movimiento irregular de 350.000 bolivianos con la participación de un piloto y tres policías.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia, Romer Saucedo, reclamó la convocatoria de una Asamblea Constituyente y un aumento del presupuesto judicial del 0,35% al 5%, en el marco de un enfrentamiento abierto con el Gobierno de Rodrigo Paz por los recursos destinados a la justicia. El magistrado hizo estas declaraciones en una entrevista con la agencia EFE desde Nueva Delhi, donde participó en un foro de presidentes de cortes supremas de los países BRICS.

Saucedo cuestionó la vía elegida por el Ejecutivo para reformar la Constitución. El Gobierno de Paz impulsa una modificación parcial del texto desde el Legislativo, con el objetivo declarado de atraer inversión extranjera a una economía boliviana golpeada por la escasez de dólares y combustibles. Para el magistrado, ese camino corre el riesgo de generar un “estallido social” si sectores amplios de la llamada “Bolivia profunda” quedan al margen de la discusión.

“Abramos la Constitución. Veamos qué rumbo le vamos a dar al país, pero que participe la integridad de nuestro país. Que no sean intereses políticos del momento los que quieran tener una justicia sometida a la voluntad de ellos”, afirmó Saucedo a EFE.

El trasfondo del pulso es presupuestario. El Órgano Judicial boliviano reclama desde hace meses un incremento de los fondos que recibe del Estado, que actualmente representan alrededor del 0,35% del presupuesto nacional. El TSJ ha pedido elevar esa cifra al 5%, mientras que desde el Legislativo se ha planteado una subida menor, hasta el 3%. La disputa llevó a Saucedo a amenazar en julio con un paro judicial.

“Ha habido un interés de los políticos de tener un Poder Judicial debilitado. Porque al que es débil lo puede someter”, declaró el magistrado, en referencia a los sucesivos gobiernos bolivianos que, según su diagnóstico, han buscado mantener un sistema judicial dependiente del poder político antes que autónomo.

La crisis de la justicia boliviana no es nueva. Desde 2009, Bolivia es uno de los pocos países del mundo que elige a sus altas autoridades judiciales por voto popular, un mecanismo pensado para reforzar la legitimidad democrática del sistema. Sin embargo, sucesivas elecciones judiciales —en 2011, 2017 y 2024— han estado marcadas por bajas tasas de participación, votos nulos masivos y disputas sobre la idoneidad de los candidatos, lo que ha alimentado el cuestionamiento sobre la independencia real del Poder Judicial frente al Ejecutivo y el Legislativo.

En ese contexto de debilidad institucional, Bolivia ocupa el puesto 29 de 32 países de América Latina y el Caribe en el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project, organización internacional que elabora índices sobre Estado de derecho, únicamente por delante de Nicaragua, Haití y Venezuela. El indicador mide, entre otros factores, la ausencia de corrupción, la justicia civil y penal, y los límites al poder gubernamental.

Saucedo, que asumió la presidencia del TSJ en enero de 2025 tras ser elegido magistrado por el departamento de Santa Cruz, vinculó directamente la falta de recursos con la persistencia de prácticas corruptas dentro del sistema. Según explicó, buena parte de los procesos judiciales bolivianos todavía dependen de expedientes en papel, un modelo que calificó de “arcaico” y “propicio para actos de corrupción”, al citar pagos “por debajo de la mesa” para acceder a expedientes o para obtener fotocopias de los mismos.

Como respuesta a ese diagnóstico, el magistrado defendió la digitalización del sistema judicial. Afirmó que ya se desarrolla una prueba piloto con asistentes de inteligencia artificial dirigidos a jueces y litigantes, además de un expediente digital que permitiría a los ciudadanos acceder a sus causas a través del teléfono móvil. Según Saucedo, el proyecto arrancó como experiencia piloto en el departamento de Chuquisaca antes de su eventual extensión al resto del país.

El propio viaje a Nueva Delhi respondió a ese objetivo declarado de modernización. Saucedo señaló que Bolivia busca observar la experiencia de países asiáticos con mayor desarrollo tecnológico en la incorporación de herramientas digitales a la administración de justicia, en el marco del foro de presidentes de cortes supremas de los BRICS.

El magistrado enmarcó todas estas demandas —presupuestarias, constitucionales y tecnológicas— como condiciones necesarias para recuperar una independencia judicial erosionada, en sus palabras, por años en los que la justicia “bailaba al ritmo del poder político”. La disputa entre el TSJ y el Ejecutivo se produce en paralelo al debate legislativo sobre la reforma constitucional impulsada por Paz, cuyo calendario y alcance definitivos aún no se han precisado.

El Ministerio Público de Bolivia imputó formalmente a 18 personas, entre ellas 11 ciudadanos chinos y siete bolivianos, por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, luego de un operativo contra la minería ilegal desarrollado en la localidad de Sorata, distante a unos 150 kilómetros de La Paz.

La Fiscalía solicitó seis meses de detención preventiva para todos los acusados mientras avanza la etapa preparatoria de la investigación. La medida fue planteada ante la existencia de posibles riesgos de obstaculización y fuga, especialmente en el caso de los ciudadanos extranjeros.

La investigación se originó tras una intervención realizada el miércoles de la semana pasada por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y la Fuerza Especial de Lucha Contra Delitos Ambientales (Felcda) en el área minera Mercalani 2, perteneciente a la Cooperativa Nueva Vista.

Durante el operativo, las autoridades encontraron un campamento equipado con maquinaria moderna y otros elementos utilizados para la explotación de minerales. La AJAM estimó que la infraestructura y el equipamiento encontrados representarían una inversión cercana a los cinco millones de dólares.

Los funcionarios también hallaron combustible y material explosivo como cartuchos de dinamita, cordón detonante y fulminantes. Estos elementos fueron incautados y entregados a la Unidad de Bomberos para su resguardo, mientras se realizan los análisis y peritajes correspondientes.

Si bien la imputación fue sustentada provisionalmente en un artículo del Código Penal referido a la legitimación de ganancias ilícitas, el fiscal asignado al caso, Juan Uzeda, señaló que el delito precedente es la explotación ilegal de recursos minerales, relacionado además con posibles delitos ambientales.

Los investigadores también requisaron un vehículo en el que se encontraron recibos y facturas que, según el fiscal Uzeda, pueden aportar información para determinar a nombre de quién se encontraban los vehículos y cuál era su relación con las actividades desarrolladas en la zona.

En otro punto del área intervenida, identificado como Metalani 2, las autoridades encontraron un sector que cuenta con un trámite minero solicitado por comunarios. Durante la intervención se informó que esa zona habría sido ocupada por personas extranjeras, situación que fue puesta en conocimiento de las instancias correspondientes.

Bolivia es históricamente un país productor de minerales, en el que en las últimas décadas han surgido preocupaciones por la expansión de la minería ilegal y la explotación de recursos al margen de las autorizaciones y controles establecidos por el Estado.

Este tipo de actividades, presentes en distintas regiones del país, involucran, en muchos casos, a operadores extranjeros, además de bolivianos. Más allá del impacto económico y de la pérdida de recursos que supone para el Estado, la minería ilegal genera daños ambientales relacionados con la remoción de suelos, la deforestación y la contaminación de fuentes de agua.

Según la AJAM, en muchos casos la minería ilegal también se vincula con organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas. En declaraciones recogidas por el medio Mongabay Latam, el director del organismo, Jaime Sanabria, señaló que en ese contexto la propagación de esta actividad supone un desafío de seguridad para el Estado. “La minería ilegal dejó de ser solo un problema administrativo y ambiental; ahora se ha convertido en uno que afecta la soberanía, la seguridad y la gobernanza”, afirmó.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, amplió la descripción del papel que desempeñó Fernando Cerimedo en el Gobierno. El mandatario señaló este domingo que el estratega político ayudó a “poner Bolivia en el mundo”, una afirmación que extiende las referencias previas sobre su papel, hasta entonces vinculado principalmente con la estrategia comunicacional.

Consultado por periodistas locales sobre el papel que cumplía Cerimedo, Paz respondió: “La cooperación, en su momento, era por la capacidad que tenía, junto a un sistema internacional, y fue una decisión del Gobierno de querer poner Bolivia en el mundo. Pasamos de no ser vistos por nadie a reunirnos con presidentes de todo el continente.”

La declaración de Paz contrasta con las ofrecidas previamente. Semanas atrás, el vocero presidencial José Luis Gálvez había precisado que su asesoría se desarrollaba “en el marco de comunicación digital, en concreto” y que su participación durante la gestión era “tangencial”. Ahora, el primer mandatario atribuye a Cerimedo un papel relacionado con la política exterior y la proyección internacional de Bolivia.

El director del Observatorio de Política Exterior Boliviana, Fernando Torres Gorena, expresó sorpresa por lo que considera un “cambio de discurso” y afirmó que estas declaraciones confirman que la influencia de Cerimedo trascendía la gestión comunicacional. “Sorprende que un experto en marketing haya entrado al círculo de definiciones de política exterior”, señaló en diálogo con Infobae.

Cerimedo, que se identificaba en tarjetas de presentación como el “asesor principal” de Rodrigo Paz, está siendo investigado en Bolivia por el delito de tentativa de feminicidio contra una abogada que lo acusa de haber atentado contra su vida para evitar que haga públicos actos de corrupción estatal. Tras una serie de denuncias públicas, se abrieron otros procesos por enriquecimiento ilícito, violencia doméstica y encubrimiento del narcotráfico.

Después de que estalló el caso el 17 de agosto, el Gobierno buscó minimizar su presencia, al señalar que no contaba con un contrato laboral y que sus funciones eran marginales. Sin embargo, una serie de fotografías y audios sujetos a pericias sugieren que el consultor tuvo influencia en asuntos estratégicos y que participó en espacios oficiales de alto nivel, como una reunión que el presidente Paz y su entonces canciller, Fernando Aramayo, sostuvieron con el Departamento de Estado de Estados Unidos en el marco de la cumbre del Escudo de las Américas.

Para Torres, los registros gráficos y las declaraciones recientes del presidente ameritan investigar si los contactos internacionales se hicieron por intermediación de Cerimedo, prescindiendo de los canales oficiales de la Cancillería, y hasta qué punto tomó decisiones en la política exterior boliviana.

Mientras se va esclareciendo su rol en el Gobierno, el consultor argentino de 45 años permanece con detención preventiva en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, imputado por los delitos de tentativa de feminicidio y enriquecimiento ilícito. En tanto, la administración de Paz deslindó responsabilidades y afirmó que es atribución de la Justicia esclarecer las denuncias que pesan sobre el asesor.

“Será responsabilidad de la Justicia y será responsabilidad de aquellos que tengan que investigar”, afirmó el presidente durante un acto en la ciudad de Tarija, al sur del país.

Antes de trabajar en Bolivia realizando estudios de mercado y tomando contacto con candidatos de amplio espectro político, Cerimedo asesoró a otros mandatarios de la región como Jair Bolsonaro y Javier Milei. En ambos países quedó vinculado a investigaciones judiciales: en Argentina fue condenado en 2016 por estafa y defraudación, mientras que en Brasil fue investigado por la difusión de información falsa sobre las elecciones de 2022 y por su presunta participación en la trama golpista contra Lula, aunque finalmente no fue acusado por la Fiscalía.

La cifra de fallecidos por las dos explosiones registradas el viernes en un recinto militar de Viacha, en el departamento boliviano de La Paz, aumentó a siete, informó este domingo el Ministerio de Defensa. Cuatro de los fallecidos ya fueron identificados como los soldados Wilson Copa Mamani, Gabriel Choque Alanoca, Freddy Mauro Quisbert Vega y Arnel Rubén Flores Poma.

El número de víctimas aumenta mientras los equipos de rescate y búsqueda avanzan entre los escombros del Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería-2 “Bolívar”. La magnitud de la explosión ha dificultado la identificación de algunos de los fallecidos y la Policía informó sobre el hallazgo de restos humanos, entre ellos fragmentos de piel, huesos y tejido, que fueron trasladados bajo cadena de custodia a la morgue judicial para realizar análisis de laboratorio.

“Se han encontrado vértebras, huesos y piel de húmero; también parte de, posiblemente, la cavidad torácica”, explicó el coronel René Tambo, jefe de la División Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), quien describió la recuperación de restos humanos como una tarea compleja.

Las explosiones ocurrieron el viernes en instalaciones militares del municipio andino de Viacha y provocaron además decenas de heridos y daños materiales en viviendas cercanas.

En las horas posteriores al siniestro se reportaron más de 70 heridos y el número de personas desaparecidas inicialmente era de 14, cifra que se redujo posteriormente a siete, de acuerdo con el último reporte del Ministerio de Defensa.

El Gobierno sostiene que el origen de las detonaciones todavía está bajo investigación. Según la explicación preliminar del ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, la primera explosión habría involucrado pólvora negra correspondiente a material pirotécnico almacenado en el lugar. La segunda, de una magnitud considerablemente mayor, aún no tiene una causa determinada técnicamente.

Justiniano advirtió además que las tareas de búsqueda continúan bajo estrictas medidas de seguridad debido a la presencia de estructuras comprometidas y material explosivo que debe ser retirado por especialistas.

La explicación oficial ha sido cuestionada por distintas autoridades. El vicepresidente Edmand Lara afirmó que obtuvo un parte del Ejército en el que se consignan “dos detonaciones accidentales de munición” que involucraron “granadas de artillería”. Con base en ese documento, cuestionó la versión inicial que vinculaba el hecho con material pirotécnico y sostuvo que las granadas pudieron haber detonado por una mala manipulación. También cuestionó que soldados participaran en labores de mantenimiento de armamento sin la preparación necesaria.

En esa línea, el expresidente Carlos Mesa también cuestionó el nivel de seguridad de los recintos militares que almacenan material explosivo y pidió una “investigación exhaustiva” para determinar qué provocó la tragedia y quiénes fueron responsables.

Si bien las explosiones recientes revisten una gravedad mayor, hay antecedentes recientes que ponen en cuestión las condiciones de seguridad y control en los recintos militares bolivianos. En mayo hubo un incendio en otro regimiento de Viacha que el Ejército atribuyó a un cortocircuito. A esto se suman dos casos de robo de armamento y munición reportados en los últimos meses: uno en un Batallón de Infantería de Marina en Chua Cocani, a orillas del lago Titicaca, y otro en un regimiento militar de Santa Cruz, donde se reportó la desaparición de más de 33.000 cartuchos.

El senador Ricardo Monreal publicó un análisis en el que reconoce que la política económica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) priorizó la justicia social, pero dejó sin resolver el desafío del crecimiento económico sostenido. El texto forma parte de una reflexión más amplia sobre el futuro de la izquierda en América Latina y el papel que, según Monreal, debe jugar México en ese debate.

Lo que dice Monreal sobre el periodo 2018-2024

De acuerdo con el senador, entre 2018 y 2024 la política económica mexicana puso “en el centro la recuperación del salario mínimo, la ampliación de derechos laborales y una mayor protección social”. Monreal atribuye a ese periodo una disminución de la pobreza multidimensional, que pasó de 41.9% a 29.6% de la población, resultado que —afirma— estuvo asociado en buena medida con la recuperación salarial impulsada durante esos años.

Sin embargo, el legislador es explícito al señalar el límite de ese modelo: “Ese avance constituyó una base en aspectos de justicia social, pero dejó pendiente el reto del crecimiento sostenido”.

La lectura de Monreal sobre la izquierda latinoamericana

El análisis de Monreal no se limita a México. El senador sostiene que, de manera general, los gobiernos de izquierda han puesto históricamente mayor énfasis en distribuir recursos que en ampliar las capacidades productivas que permiten generar riqueza de forma sostenida. Para ilustrar ese punto, cita los casos de Bolivia y Argentina.

Sobre Bolivia, Monreal señala que el país aprovechó durante años una renta gasífera importante sin invertir lo suficiente en nuevas reservas, lo que derivó en que, para 2024, su producción de gas natural cayera aproximadamente a la mitad respecto al máximo alcanzado una década antes.

En el caso de Argentina, el senador atribuye las dificultades económicas del país a un entorno institucional inestable —controles de precios, restricciones cambiarias y barreras comerciales— que, según su análisis, afectó por igual a gobiernos peronistas y de centroderecha, por lo que “difícilmente puede atribuirse a una corriente política” en particular.

Sheinbaum, el “paradigma” que propone Monreal

Frente a ese diagnóstico, Monreal plantea que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum “parece haber identificado esa necesidad” y ha colocado el fortalecimiento de la base productiva como eje de su estrategia, “sin abandonar los pilares sociales” heredados del sexenio anterior.

El senador destaca varios elementos como evidencia de ese giro:

• El Plan México, que —según describe— busca mayor contenido nacional, desarrollo de proveedores y financiamiento a pequeñas y medianas empresas.
• Los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, de los cuales, afirma, ya se habían definido 15 para agosto de 2026.
• Un programa de infraestructura que contemplaría inversiones públicas y mixtas por 5.6 billones de pesos hacia 2030 en ocho sectores estratégicos.
• Cifras de inversión extranjera directa que, de acuerdo con el texto, alcanzaron 34,968 millones de dólares en el primer semestre de 2026, un máximo histórico para un periodo comparable.
• Un crecimiento económico de 1.4% trimestral y 2.1% anual en el segundo trimestre de 2026.

Monreal enmarca estos elementos dentro de lo que denomina “desarrollo productivo con bienestar”, un concepto que —sostiene— busca integrar la producción de riqueza con la reducción de desigualdades, en lugar de tratarlos como objetivos separados.

El T-MEC como prueba pendiente

El senador también identifica la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá como un punto de tensión para esta estrategia. Según su lectura, la negociación sobre reglas de origen y cadenas regionales representa una oportunidad para que México genere más proveedores nacionales, en un contexto que la CEPAL —citada en el texto— describe como marcado por la rivalidad entre potencias y el debilitamiento del multilateralismo.

Monreal concluye que la experiencia mexicana “está todavía en construcción”, pero considera que, de consolidarse, mostraría que es posible combinar justicia social con mayor soberanía económica y producción.

La entrada en vigor del acuerdo comercial con Bolivia y la firma de un convenio de alcance parcial con Belice ampliaron las opciones de exportación para empresas de El Salvador, con oportunidades para rubros como la tilapia, el camarón, el café, los medicamentos, los alimentos procesados y los productos de cuidado personal.

Ambos mecanismos buscan reducir barreras arancelarias, ordenar los procedimientos de comercio y diversificar las ventas externas de un país cuyas exportaciones todavía dependen en gran medida de Estados Unidos y Centroamérica.

Silvia Cuéllar, presidenta de la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport), aseguró recientemente que la apertura de mercados debe acompañarse de una mayor capacidad productiva y de una oferta adaptada a las exigencias de cada destino.

Hasta julio de 2026, las exportaciones salvadoreñas de bienes alcanzaron USD 4.036 millones, con un alza de 4% en valor y cerca de 10% en volumen frente al mismo período del año anterior, según datos expuestos por la gremial. En ese escenario, Bolivia aparece como una puerta de entrada a Sudamérica para productos salvadoreños que ya cuentan con presencia regional, entre ellos alimentos, bebidas, manufacturas de plástico, confecciones y medicamentos.

El Acuerdo de Alcance Parcial entre ambos países entró en vigor el 30 de julio, luego de que fuera ratificado en abril de 2026. Bolivia concedió preferencias arancelarias para 259 productos de El Salvador, que incluyen alimentos y bebidas, medicamentos de uso humano y veterinario, manufacturas plásticas y confecciones.

Cuéllar mencionó que dentro de la oferta con posibilidades de ganar espacio figuran la tilapia, el camarón, el café, el atún, los confites, los cosméticos, el calzado y los medicamentos. A cambio, El Salvador otorgará beneficios arancelarios a 250 productos bolivianos, entre ellos flores, frutas, habas, yerba mate, nueces de Brasil, vidrio y fármacos.

La lógica del acuerdo, según explicó la dirigente empresarial, pasa por la complementariedad: facilitar el ingreso de mercancías que cada mercado produce o demanda en condiciones distintas. En ese sentido, la industria farmacéutica salvadoreña ya comenzó a buscar alianzas comerciales en Bolivia. La Cancillería organizó un foro virtual con empresas de ambos países para presentar requisitos de exportación y oportunidades de negocios en ese sector.

La actividad reunió a cerca de 50 empresarios y contó con el apoyo de la Asociación de Representantes Importadores y Distribuidores de Fármacos (ASOFAR), el bufete Dentons y la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (INVEST).

El convenio también incluye reglas sobre origen de los productos, trámites aduaneros y medidas sanitarias y fitosanitarias, además de mecanismos como la firma digital para procedimientos de comercio exterior.

Belice, por su parte, se incorporó a esta estrategia mediante un acuerdo firmado en agosto de 2026. El instrumento abarca más de 400 líneas arancelarias y establece acceso preferencial para productos salvadoreños de agroindustria, alimentos, bebidas, farmacéuticos, plásticos, textiles y metalmecánica. Antes de la firma, empresarios beliceños visitaron El Salvador para conocer proveedores y participar en contactos comerciales.

Según Cuéllar, Coexport recibió una misión empresarial, además de compradores individuales, y organizó ruedas de negocios con potenciales exportadores salvadoreños. Entre los interesados hubo empresas vinculadas a la distribución de alimentos, productos de limpieza, artículos de belleza y empaques. El mercado beliceño también puede funcionar como plataforma para llegar a Guatemala y a otros destinos del Caribe.

La presidenta de Coexport relató que uno de los compradores que visitó El Salvador ya comercializa productos en Guatemala y evalúa adquirirlos en el país para trasladarlos primero a Belice y luego redistribuirlos. Esa posibilidad abre una ruta comercial adicional para productores locales, aunque todavía enfrenta retos operativos.

El principal obstáculo identificado por el sector privado es la conversión monetaria. El Salvador utiliza el dólar estadounidense, mientras que las operaciones en Belice requieren el cambio a la moneda local, un proceso que puede demorar los pagos a los exportadores. Cuéllar señaló que el intercambio se mantiene, pero admitió que esa dificultad financiera debe resolverse para dar mayor fluidez a las transacciones.

Las autoridades de ambos países prevén revisar periódicamente el acuerdo, ampliar los productos incluidos y mejorar la conectividad terrestre a través de Guatemala, así como las opciones aéreas para el transporte de bienes.

El Defensor del Pueblo de Bolivia, Pedro Callisaya, exigió este sábado una investigación pronta, transparente e imparcial por las dos explosiones ocurridas en un regimiento militar de Bolivia, que dejó al menos tres muertos, 14 desaparecidos y 81 heridos en el municipio de Viacha, en el departamento de La Paz. Las autoridades mantenían la búsqueda de las personas no localizadas y avanzaban con las primeras actuaciones judiciales y administrativas tras la emergencia.

El reclamo fue formulado un día después de las detonaciones registradas en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 Bolívar, situado a unos 35 kilómetros de la ciudad de La Paz. El funcionario expresó sus condolencias a las familias afectadas y pidió que el esclarecimiento del caso permitiera establecer las causas exactas del suceso, precisar responsabilidades y adoptar medidas para evitar que una tragedia de este tipo volviera a ocurrir.

Callisaya sostuvo que la Defensoría del Pueblo mantenía un seguimiento permanente sobre el estado de los heridos para resguardar su derecho a recibir atención médica oportuna y digna. También reclamó información inmediata y clara para los familiares de las personas desaparecidas, al señalar que la certeza sobre su situación constituía un derecho fundamental en medio de la emergencia.

El hecho ocurrió el viernes por la tarde dentro de las instalaciones del regimiento Bolívar, donde se registraron dos detonaciones. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, indicó que la primera explosión habría estado vinculada con pólvora negra correspondiente a material pirotécnico almacenado en el lugar.

Según la explicación oficial, después se produjo una segunda explosión de mayor magnitud. En esa instancia, las autoridades evitaron adelantar una hipótesis definitiva sobre el material involucrado y señalaron que esa determinación quedaba en manos de equipos especializados y de la investigación abierta tras el siniestro. La onda expansiva también alcanzó viviendas cercanas al cuartel y obligó a desplegar medidas de resguardo en la zona.

Por su parte, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, manifestó su solidaridad con los familiares de los fallecidos, con las personas heridas y con los vecinos afectados por las explosiones. Al mismo tiempo, informó que instruyó una investigación minuciosa, técnica y transparente para establecer con claridad lo sucedido, verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y determinar las responsabilidades correspondientes.

Paz indicó que la prioridad inmediata del Estado era proteger la vida, atender a las víctimas y acompañar a las familias que atravesaban horas de incertidumbre. En esa misma línea, el Ministerio de Defensa activó mecanismos de emergencia, seguridad, evacuación, atención médica y resguardo del área en coordinación con otras instituciones.

En paralelo a las decisiones del Ejecutivo, la Fiscalía Departamental de La Paz inició una causa de oficio por los presuntos delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos. El fiscal departamental, Luis Carlos Torrez, confirmó la apertura del expediente para esclarecer la secuencia de los hechos y definir eventuales responsabilidades penales.

(Con información de EFE)

La inflación en Bolivia subió 1,1% en agosto y acumuló un 3% en los primeros ocho meses de 2026, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra es significativamente menor que la alcanzada en el mismo período de 2025, cuando en agosto la inflación acumulada superó el 18%.

En tanto, la variación de precios a doce meses en esta gestión llegó al 5,02%.

El comportamiento de agosto estuvo marcado principalmente por el incremento del precio de la carne de pollo durante los primeros días del mes. De acuerdo con el INE, el alza estuvo relacionada con el retraso en la recuperación de la producción avícola provocado por los bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio, durante las protestas sociales contra el Gobierno.

Sin embargo, el precio del pollo comenzó a bajar desde la segunda semana de agosto y mantuvo esa tendencia hasta el cierre del mes, debido a la progresiva normalización del ciclo de producción, según explicó la entidad.

Entre los productos que también registraron incrementos se mencionaron los teléfonos celulares, el almuerzo y el queso. En contraste, los precios del transporte interdepartamental en autobús, el tomate, la carne de res, la arveja y el huevo disminuyeron durante el mes.

El aumento de precios se reflejó en varias zonas del país. En los departamentos andinos de Oruro y Potosí se registró la variación más alta, con 1,38% y 1,36% respectivamente. En tanto, en cuatro municipios de Santa Cruz, la región productiva al este del país, el incremento llegó al 1,25%.

La evolución de los precios se produce en un contexto de crisis económica y una elevada inflación acumulada en Bolivia. En 2025, el país cerró con una tasa anual de 20,4%, uno de los registros más altos de las últimas décadas.

La escalada inflacionaria es parte de una crisis económica que se profundizó en Bolivia durante los últimos años debido a la caída de los ingresos provenientes de las exportaciones de hidrocarburos, el deterioro de las reservas internacionales y la escasez de dólares. La menor disponibilidad de divisas encareció las importaciones y dificultó el acceso a insumos, combustibles y bienes producidos en el exterior, mientras que los problemas de abastecimiento de carburantes también afectaron los costos de transporte y producción.

Esta combinación de factores se tradujo en un incremento sostenido del precio de la canasta familiar y otros insumos de primera necesidad. Desde hace más de tres años, los consumidores bolivianos enfrentan un alza en el costo de productos como carne, pollo, arroz, aceite y otros de consumo cotidiano, una situación que se agrava con la reducción del poder adquisitivo de los hogares.

Para 2026, el Gobierno había estimado inicialmente una inflación anual del 14%, aunque las autoridades monetarias elevaron posteriormente sus previsiones. El Banco Central de Bolivia proyectó en agosto que el Índice de Precios al Consumidor cerrará el año en 9,22%, aunque advirtió sobre factores internos y externos que podrían presionar nuevamente los precios.

Tras darse a conocer el índice acumulado del año, el nuevo ministro de Economía, Christian Burgos, señaló que no debería haber mayor variación de precios debido a que hubo un alza sustancial en la gestión anterior. “La economía (ahora) tiene las divisas para poder funcionar y el mercado así lo ha demostrado estos meses”, afirmó en entrevista con Cadena A.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, expresó el viernes su solidaridad con las víctimas de la doble explosión en el Regimiento Bolívar de Viacha, que dejó hasta el momento dos muertos, siete desaparecidos y 81 heridos, y ordenó una investigación “minuciosa, técnica y transparente” para determinar las causas y eventuales responsabilidades.

“Expreso mi más profunda solidaridad con las familias de las personas fallecidas, con quienes resultaron heridas y con todos los vecinos afectados por las explosiones registradas en instalaciones del Regimiento Bolívar, en el municipio de Viacha”, escribió Paz en su perfil de la red social X.

El mandatario sostuvo que la prioridad del Estado es “proteger la vida, atender a las víctimas y acompañar a las familias que atraviesan horas de dolor e incertidumbre”. En ese sentido, subrayó que el Ministerio de Defensa activó desde el primer momento los mecanismos de emergencia, seguridad, evacuación, atención médica y resguardo del área, en coordinación con otras instituciones.

“He instruido, además, que se realice una investigación minuciosa, técnica y transparente sobre lo sucedido. Debemos establecer con absoluta claridad las causas de este hecho, verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y determinar las responsabilidades que correspondan”, afirmó y sentenció: “Vamos a actuar con seriedad, transparencia y responsabilidad”.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que la investigación se abrió por los presuntos delitos de “homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos”.

Las explosiones ocurrieron por la tarde en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada 2 “Bolívar”, en Viacha, municipio situado a unos 35 kilómetros de La Paz. La onda expansiva también afectó viviendas cercanas al cuartel.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, indicó que se produjeron dos detonaciones de consideración. La primera “habría involucrado pólvora negra correspondiente a material pirotécnico” almacenado en la instalación. “Posteriormente se produjo una segunda detonación de mucho mayor magnitud. La causa y el material involucrado en esta segunda explosión todavía están siendo determinados por los equipos especializados y por la investigación correspondiente”, señaló el funcionario.

El ministro confirmó el saldo de dos personas fallecidas, siete desaparecidos y 81 heridos, de los cuales dos permanecen en estado de gravedad. Los lesionados reciben atención en hospitales de La Paz y El Alto.

El alcalde de Viacha, Jenrry Patzi, informó que unas 25 familias resultaron afectadas. Las autoridades trabajan para permitir el regreso a las viviendas, aunque el Ministerio de Defensa advirtió que esa medida dependerá de las evaluaciones de seguridad.

Justiniano explicó que se estableció un perímetro de seguridad para resguardar las casas evacuadas y prevenir robos. Las familias serán alojadas de forma temporal en la Escuela Militar de Música del Ejército, donde se concentrará la ayuda humanitaria.

El Gobierno también busca restablecer el suministro eléctrico en la zona, después de que la explosión dañara varios postes de luz. La distribuidora Delapaz informó que cerca de 20 barrios quedaron inicialmente sin suministro a causa del incidente.

“Lo más importante esta noche es proteger a las personas, atender a los heridos, continuar la búsqueda de quienes todavía no han sido localizados y garantizar que las familias puedan retornar a sus hogares únicamente cuando existan condiciones de seguridad”, agregó Justiniano.

La empresa Delapaz comunicó que el servicio se recuperó a las 16:44, hora local. Sin embargo, vecinos indicaron a medios locales que algunas zonas continuaron sin electricidad hasta después de las 18:00.

El acceso restringido al área afectada impide completar las tareas de reparación en parte de las viviendas. Las autoridades pidieron a los residentes que busquen un lugar alternativo para pasar la noche, ya que el perímetro permanecerá cerrado y bajo custodia policial y militar. El Ministerio de Defensa ordenó el aislamiento del sector, el despliegue de recursos para atender a los heridos y la asistencia a las familias y vecinos afectados.

(Con información de EFE)

El subcomandante nacional de la Policía, coronel Roger Roca, informó que el área se encuentra bajo control. “Hasta el momento, se tiene controlado el incidente. Lamentamos porque tenemos 7 personas desaparecidas al momento y físicamente se ha podido comprobar que hay dos personas fallecidas”, declaró ante los medios.

Roca señaló que las autoridades desarrollan pericias para establecer el origen de la explosión, aunque evitó anticipar hipótesis. “Se realizan actividades de investigación para poder determinar qué fue lo que sucedió en este lugar”, indicó.

En un primer comunicado, el Ministerio de Defensa atribuyó el episodio a una detonación “accidental” de material pirotécnico que estaba almacenado en el cuartel. La cartera informó daños materiales “de consideración” en las instalaciones. Por su parte, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó que se activaron de inmediato los protocolos de emergencia, evacuación y atención médica, a la vez que ordenó aislar el sector, mantener los recursos necesarios para atender a los heridos y asistir a familiares y vecinos afectados.

“Se ha dispuesto la investigación técnica correspondiente para establecer con precisión las causas de la detonación, las condiciones en las que se encontraba almacenado este material y las responsabilidades que pudieran corresponder”, señaló Justiniano.

El Servicio Departamental de Salud de La Paz activó un plan de emergencia y contingencia, en coordinación con el Ministerio de Salud, para trasladar y atender a los lesionados. De las 59 personas heridas, ocho presentan lesiones de gravedad y siete son menores de edad, según datos del organismo sanitario. Al menos 52 de los heridos son civiles. Las autoridades todavía no confirmaron la identidad de las dos personas fallecidas.

Videos difundidos por medios locales y en redes sociales mostraron el impacto de la explosión en Viacha. Las imágenes registraron daños en puertas y ventanas de viviendas cercanas al cuartel, además de la reacción de los habitantes del municipio.

En un primer informe de situación, el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, José Martín Carrasco, informó que entre los heridos había civiles, militares, premilitares y policías, quienes fueron trasladados a distintos hospitales de La Paz y El Alto. Carrasco señaló que se dispusieron ambulancias de varios municipios, en coordinación con hospitales paceños y alteños, para atender la emergencia dentro del regimiento.

Además, las detonaciones registradas en el Regimiento Bolívar de Viacha provocaron un corte de electricidad que afectó a todo el municipio, explicó Lizeth Villagómez, ex concejal local. “Alrededor de las 3 de la tarde aproximadamente se ha escuchado como una explosión y se ha cortado toda la luz en el municipio, era muy fuerte la explosión. Posteriormente a eso hubo más explosiones, no sé si municiones, armamento, no sé, dudo mucho que esa explosión haya sido pirotecnia”, indicó.

Vecinos de Viacha relataron que escucharon dos explosiones separadas por unos 20 minutos y afirmaron que la segunda fue la que provocó los daños más visibles en las viviendas ubicadas frente al cuartel. El estallido causó roturas en ventanas y afectó estructuras de casas situadas en los alrededores del recinto militar.

La situación generó preocupación entre familiares de soldados y premilitares vinculados al regimiento. Varias personas se acercaron al perímetro militar para buscar noticias sobre los jóvenes que cumplían funciones en el recinto o habían sido convocados, pero fueron alejadas por razones de seguridad a más de dos cuadras del lugar.

(Con información de EFE y El Deber)

Un tribunal de Garantías de Santa Cruz, en el este de Bolivia, rechazó el viernes un recurso presentado por la defensa del consultor Fernando Cerimedo para impedir su traslado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, donde debe cumplir una segunda detención preventiva.

La decisión se dictó en una audiencia virtual dentro de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El fin de semana, un tribunal ordenó que Cerimedo permanezca bajo prisión preventiva en Chonchocoro por ese expediente.

El miércoles, una sala penal de La Paz había rechazado otra acción de libertad de la defensa y confirmó la medida cautelar. Cerimedo ya está detenido preventivamente en Santa Cruz por otra investigación, vinculada al ataque armado que sufrió su expareja, la abogada y operadora política Nadia Beller, el 17 de agosto.

El abogado Ernesto Tórrez cuestionó la coexistencia de dos órdenes de prisión en cárceles distintas. “Jurídicamente existen dos procesos”, pero “físicamente existe una sola persona” que “no se la puede partir” para que permanezca recluida en dos establecimientos al mismo tiempo, afirmó a medios locales.

“No hubo un criterio de racionalidad (...) del por qué quieren llevárselo a Chonchocoro, toda vez que la detención preventiva es para cumplir con fines investigativos y se necesita la presencia física de Cerimedo”, agregó.

Tórrez sostuvo además que un traslado a La Paz supondría un riesgo para su defendido. “Ya se ha conocido que quieren atentar” contra su vida, afirmó. Según el letrado, Cerimedo declaró ante el tribunal que recibió advertencias de personas que pretenden silenciarlo.

Las autoridades judiciales no informaron cuándo podría concretarse el traslado ni qué expediente prevalecerá para el cumplimiento de la prisión preventiva.

La Fiscalía abrió el caso por presunto enriquecimiento ilícito de oficio, pocas horas después de la detención de Cerimedo por el ataque contra Beller. En esa causa, el consultor está acusado de haber contratado presuntamente a sicarios para asesinar a su ex pareja. El detenido también enfrenta una tercera investigación por presunta violencia familiar y doméstica contra Beller, por hechos que habrían ocurrido en julio.

Las causas reavivaron las referencias a la relación del consultor con el presidente boliviano, Rodrigo Paz. El ex presidente Evo Morales y el vicepresidente Edmand Lara sostienen que Cerimedo fue asesor personal del mandatario. Cerimedo reconoció que mantiene una amistad con Paz, aunque aseguró que su colaboración fue “colaborativa”, que nunca suscribió un contrato ni ocupó un cargo dentro del Estado boliviano. También negó haber tenido influencia sobre el Gobierno o sus ministros.

Beller cuestionó esas declaraciones en publicaciones en redes sociales, donde difundió supuestas capturas de pantalla, fotografías y audios que, según afirmó, acreditarían los vínculos de Cerimedo con el Ejecutivo.

En paralelo a la reciente resolución, el Ministerio Público de Chile abrió el jueves una causa penal para investigar posibles delitos informáticos vinculados Cerimedo y a una presunta red de cuentas automatizadas que habría operado durante procesos electorales en el país.

La resolución fue firmada por el fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir, tras una denuncia presentada por el diputado socialista Juan Santana. El legislador pidió indagar las actividades de Cerimedo en Chile y su posible relación con una red de “bots” que habría estado activa desde el plebiscito de 2020.

En la denuncia, Santana mencionó la participación de la empresa Numen en ese proceso electoral y la posterior constitución de Numen SpA en Chile. El documento también alude a dos cuentas de X, “Neuroc” y “Dress”, que habrían operado de forma coordinada para atacar a figuras públicas, entre ellas la ex candidata presidencial Evelyn Matthei.

Según la presentación, ambas cuentas fueron desactivadas entre el 18 y el 20 de agosto de 2026, fechas que coinciden con la detención de Cerimedo en Bolivia.

(Con información de EFE)

La presentación de Josiane Sciotti, representante peruana en el Miss Mundo 2026, con un traje inspirado en la llamerada puneña generó cuestionamientos en redes sociales por parte de usuarios bolivianos, quienes aseguraron que esta expresión cultural pertenece a Bolivia. Ante la controversia, Henry Flores Villasante, vicepresidente del Comité de Salvaguardia de la Festividad Virgen de la Candelaria 2026, salió en defensa de la candidata y explicó el trasfondo histórico de esta danza.

La llamerada puneña fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 2024. De acuerdo con el Ministerio de Cultura del Perú, esta manifestación mantiene viva la memoria histórica del papel de los arrieros de camélidos en el territorio altiplánico y evidencia el carácter transfronterizo de las prácticas culturales de los Andes.

En conversación con Infobae Perú, Flores sostuvo que reducir la discusión sobre el origen de la llamerada a las actuales fronteras entre Perú y Bolivia desconoce la historia de los pueblos del Altiplano.

“Estamos contentos” con Josiane Sciotti

Para el antropólogo y regidor de la Municipalidad Provincial de Puno, la aparición de Josiane Sciotti con la vestimenta inspirada en la llamerada representa una oportunidad para mostrar internacionalmente una tradición puneña.

“Estamos muy contentos de que obviamente se tome el traje, que representa a la región de Puno y es patrimonio cultural de la nación”, afirmó Flores, quien participó en el proceso que llevó al reconocimiento oficial de esta danza.

El representante del Comité de Salvaguardia destacó que la declaratoria no se produjo únicamente por una decisión política, sino después de un proceso en el que participaron especialistas, comunidades y portadores de la tradición. La Municipalidad Provincial de Puno también reconoce a Flores como uno de los impulsores del reconocimiento de la llamerada puneña.

Flores consideró, por ello, que la representante peruana llevó al escenario internacional una expresión cultural que forma parte de la identidad de Puno.

¿Cuál es el origen de la llamerada?

Uno de los principales argumentos planteados por Flores durante la entrevista fue que las actuales fronteras nacionales no pueden utilizarse para explicar por completo el origen de las manifestaciones culturales del Altiplano.

“Para ponerle a la cultura, a las tradiciones, las modernas fronteras realmente no cabe, porque esto viene desde mucho tiempo atrás”, explicó.

Henry Flores

Según detalló, la tradición se remonta a sociedades que habitaron el Altiplano mucho antes de la configuración de las fronteras actuales. En ese proceso, la llama tuvo un papel fundamental en la vida económica y social de estas poblaciones, pues permitió el transporte de alimentos y otros bienes.

Flores sostuvo que la llamerada fue evolucionando a través de los siglos y recibió distintas influencias. “Podemos decir que tiene de ambos lados, tanto hispano como de andino”, señaló al explicar la transformación de esta manifestación durante el periodo colonial.

En ese sentido, rechazó que pueda establecerse una propiedad exclusiva de la danza a partir de las divisiones territoriales contemporáneas.

“En el fondo son lo mismo”, afirmó al referirse a las expresiones de la llamerada que se mantienen tanto en Perú como en Bolivia.

¿Qué documentos existen sobre la llamerada puneña?

La defensa de la llamerada como expresión cultural con presencia histórica en Puno también se sustenta, según Henry Flores, en documentación recopilada para su reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Nación. El antropólogo explicó que para elaborar el expediente técnico se recurrió tanto a fuentes históricas como a investigaciones académicas y testimonios de los propios portadores de la tradición.

“Para hacer el expediente técnico, obviamente nos han pedido la fuente, sustento. Y también la raíz que tiene la danza en muchas familias, en muchos barrios de Puno”, señaló.

Entre las referencias mencionó los estudios del antropólogo Jorge Flores Ochoa sobre la llama y la alpaca en el Altiplano, además de las crónicas de autores como Inca Garcilaso de la Vega, quien registró la importancia de la ganadería en Chucuito. A ello se sumaron entrevistas con personas mayores de Puno que han convertido a la llamerada en parte de su identidad y que incluso conservan pequeños museos en sus viviendas.

Sin embargo, la tradición también ha cambiado con el paso del tiempo. El representante del Comité de Salvaguardia recordó que durante los años 60 la presencia de las llameradas en Puno era mayoritaria, pero que posteriormente algunas agrupaciones incorporaron otras expresiones debido a las modas y nuevas influencias culturales.

“En los años sesenta, el grupo de llameradas en Puno era pues mayoritario. Pero también por modas, por influencias, se han ido cambiando a diabladas. Esas son las dinámicas culturales”, explicó.

Actualmente, Flores estima que unas siete u ocho llameradas de Puno mantienen el estilo con pedrería, mientras que otras conservan características consideradas originarias de esta manifestación. Además, sostuvo que expresiones de la danza también se encuentran en otras regiones como Arequipa, Moquegua y Ayacucho, así como en Bolivia.

Para Flores, estos cambios forman parte de un proceso cultural de más de cuatro siglos. La llamerada ha incorporado distintos aportes a lo largo del tiempo, pero cada comunidad le ha dado también características propias, de acuerdo con su historia y tradición. “Obviamente, el lado boliviano, como también el lado peruano, tienen diferentes aportes, pero en el fondo son lo mismo”, sostuvo.

Responde a los ataques contra Josiane Sciotti

La polémica no solo se centró en la procedencia de la danza. Tras la presentación de Josiane Sciotti en el segmento Dances of the World de Miss Mundo 2026, usuarios bolivianos cuestionaron en redes sociales que la representante peruana utilizara una vestimenta inspirada en la llamerada puneña. La controversia escaló hasta convertirse en ataques verbales e insultos contra Sciotti, tanto en sus propias redes sociales como en las plataformas de los organizadores del certamen.

Frente a estas críticas, Flores marcó distancia entre los cuestionamientos de académicos bolivianos y los ataques que, según afirmó, provienen principalmente de usuarios en redes sociales. “En la parte académica no hay reclamo, pero sí son los haters, son gente a veces fanática de Bolivia”, manifestó.

El antropólogo consideró que las expresiones culturales del Altiplano deben analizarse con documentación histórica y no únicamente desde posiciones nacionalistas. “Hay patrimonios que sí tienen ellos, también nosotros. Hay patrimonios compartidos”, afirmó.

El impulsor del ataque contra peruanos

El nombre de Napoleón Gómez Silva vuelve a tomar protagonismo debido a que, a través de su organización OBDEFOLK ha impulsado diversas acciones para buscar una sanción o evitar —como él mismo dice— “el plagio” o “robo” de los peruanos a la cultura boliviana", llevando incluso estas narrativas antes organizaciones internacionales, aunque sin éxito.

Para el representante puneño, Gómez Silva no representa a todo el pueblo boliviano. “El señor tiene una asociación, como muchas asociaciones allá en Bolivia, pero que no es del Estado, y tampoco representa el sentir mayoritario de la población”, afirmó.

“Sabemos que en el caso de los artesanos bolivianos y músicos bolivianos no están de acuerdo con este discurso de señor Napoleón. Es más, muchos ni lo conocen”, señaló.

Para Flores, detrás de los reclamos de Gómez existiría una aspiración política, al señalar que habría buscado ocupar cargos vinculados al Ministerio de Culturas de Bolivia.

Josiane Sciotti podría bailar la llamerada en Candelaria

Más allá de la polémica internacional, la presentación de Josiane Sciotti recibió el respaldo de agrupaciones de Puno. Flores reveló que la Llamerada de Puno —que, según indicó, tuvo un papel importante en el proceso de reconocimiento— busca invitar a la representante peruana para que participe en una presentación.

“Incluso ya hay invitaciones para el lanzamiento de Candelaria, que será realizado en octubre y otras muchas actividades”, adelantó.