Este martes se conocieron los dos consorcios que están en carrera para quedarse con, al menos, el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), la empresa estatal que brinda el servicio a unas 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.

En el marco de la licitación que lanzó el Gobierno nacional, dos grupos encabezados por empresas locales avanzan hacia la etapa definitoria del proceso: la propuesta económica por el paquete accionario que el Estado nacional conserva dentro de la compañía.

El presidente de la empresa, Alejo Maxit, quien además ocupó la presidencia de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en 2024, antes de asumir al frente de Aysa, reveló en un encuentro con la prensa del que participó Infobae cómo será el contrato de concesión previsto por 30 años y prorrogable por otra década, los objetivos -en materia de obras, servicios y estándares operativos- que se les fijaron a los eventuales nuevos dueños, y las actualizaciones tarifarias, que ya están previstas para el primer lustro de la concesión privada.

“El objetivo del proceso es la venta del 90% de las acciones del Estado argentino que tiene en Aysa”, resumió Maxit, quien remarcó que la decisión responde a un mandato de la Ley Bases: “Es una definición política de que Aysa tenía que ser privatizada, es la decisión que tomó el Presidente. Es un compromiso que él tenía y que nos ocupamos de ejecutarlo”.

Quiénes son los dos consorcios que pasaron el filtro técnico

De los 17 interesados que se habían registrado para participar del proceso, apenas ocho —agrupados en dos consorcios— lograron cumplir con los requisitos técnicos exigidos en el pliego licitatorio.

Uno de esos grupos está encabezado por la brasileña Arcos Saneamento e Participações, del Grupo Equipav, designada como operador técnico, junto a las firmas argentinas Rowing y Transclor, y el vehículo de inversión PHX Aqua AR B.V. Transclor pertenece a Mauricio Filiberti, único proveedor del policloruro de aluminio que usa Aysa para potabilizar el agua desde 2009. Filiberti –desde cuyo entorno aseguraron que su participación en el consorcio es minoritaria– es además, socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en el control accionario de Edenor, la mayor distribuidora eléctrica del país, quien se acaba de quedar también con mayoría accionaria que vendió YPF en Metrogas, la mayor distribuidora de gas del AMBA.

El segundo consorcio está liderado por el Grupo Roggio, dueño de Aguas Cordobesas y Aguas de Corrientes, y el respaldo técnico de la israelí Mekorot y la japonesa Marubeni. El Grupo Roggio, a través de su unidad Benito Roggio Transporte, controla también Emova Movilidad —la ex Metrovías—, operadora de las líneas de subte y del premetro porteño desde 1994.

Maxit explicó que el pliego estableció condiciones exigentes para filtrar a los oferentes: cada consorcio debía contar con un operador técnico con experiencia comprobada en servicios de agua y saneamiento con poblaciones, y ese operador debía tener una participación mínima del 15% dentro del consorcio. “Buscarle una novia a una empresa con las características que tiene Aysa es super complejo”, señaló, y comparó el proceso con otras privatizaciones de agua en la región donde también quedaron pocos oferentes al final del camino, como en Corsan, la empresa estatal de agua de Río Grande do Sul, en Brasil, privatizada en 2023 tras un proceso con un solo postor.

De los 17 registrados originales, nueve no lograron avanzar porque no consiguieron cerrar un consorcio con las credenciales requeridas, pese a haber accedido al data room virtual donde se volcó toda la información de la empresa y se respondieron más de 700 preguntas de los interesados.

Qué se vende y cómo se decide el ganador

El propio pliego resalta que, en realidad, no se está vendiendo la infraestructura de Aysa como activo, sino la totalidad de las acciones que el Estado nacional tiene en una sociedad anónima que continúa en marcha, con el mismo CUIT y los mismos compromisos previos.

“Es una empresa en marcha que tiene como subyacente el contrato de concesión, ese es el valor”, explicó el funcionario. Aysa está compuesta en un 90% por acciones del Estado nacional y en un 10% por acciones de los empleados; lo que se pone en venta es la porción estatal completa.

El mecanismo de definición del ganador es, según describió Maxit, relativamente simple una vez superado el filtro técnico: no se compite con un plan de inversión propio ni con una propuesta de tarifa, porque ambos elementos ya están fijados de antemano en el contrato de concesión. La única variable de competencia es el precio que cada consorcio ofrece por el paquete accionario. Existe además un valor de referencia, calculado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que permanece encriptado hasta el momento de la apertura de sobres y que funciona como parámetro indicativo, no vinculante, para la comisión evaluadora. Diferentes trascendidos ubican las expectativas del Ministerio de Economía en torno a los USD 500 millones.

“Una vez que pasó la parte técnica, los oferentes están en igualdad de condiciones”, afirmó Maxit al describir que, superada la primera instancia de evaluación, la experiencia previa de cada consorcio deja de pesar y la adjudicación queda en manos exclusivamente del monto ofrecido. “Gana el más alto”, sintetizó el funcionario, ingeniero industrial del ITBA con paso previo por Telefónica de Argentina, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Cómo quedará la tarifa en los próximos años

Sobre el aspecto que genera más expectativa entre los usuarios, Maxit indicó que la proporción del gasto en agua y saneamiento dentro de la canasta familiar es hoy la más baja de América Latina y que esa relación se mantendrá durante el primer ciclo tarifario, que corre desde 2027 hasta 2031. “No va a significar que en los próximos cinco años nuestros clientes sufran una situación estresante en términos de costo del servicio de agua y saneamiento”, sostuvo.

“Es una definición política de que Aysa tenía que ser privatizada, es la decisión que tomó el Presidente”.

Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, la factura promedio de agua sin subsidios en el AMBA alcanzó $42.975 en agosto de 2026, equivalente al 14,8% de la canasta mensual de servicios públicos y al 2,2% del salario promedio registrado (estimado en $1,9 millones).

En términos concretos, esto significa que la factura no quedará congelada entre 2027 y 2031, pero tampoco habrá una revisión integral de la tarifa en ese lapso. El contrato prevé dos mecanismos de ajuste: por un lado, actualizaciones nominales periódicas —ligadas a variables de costos, no a un aumento real del servicio— a través de un coeficiente llamado “K”; por otro, una corrección anual atada al cumplimiento de metas de calidad, el “Factor C”, que puede sumar o restar puntos a la tarifa según el desempeño de la concesionaria.

Recién en el cuarto año del ciclo, la empresa deberá reunirse con el ERAS para negociar un nuevo plan de inversión, una nueva estructura de costos y, a partir de ahí, un nuevo ingreso requerido que fijará el valor de la tarifa para el período siguiente, entre 2032 y 2036.

“No va a significar que en los próximos cinco años nuestros clientes sufran una situación estresante en términos de costo del servicio de agua y saneamiento”

Maxit también hizo referencia a una tasa de retorno del 8,90% para el primer período, que dijo estar compuesta por un componente de costo de deuda y otro de riesgo país. “Yo soy un convencido que la trayectoria va a ser hacia la baja del riesgo país y eso lo vas a ir capitalizando el próximo ciclo tarifario”, planteó. El contrato establece que esa tasa, conocida como WACC, debe ser aprobada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) en cada revisión tarifaria y permanece fija durante los cinco años de cada ciclo, por lo que no constituye un parámetro inamovible para toda la concesión.

El plan de obras y las metas de cobertura hasta 2056

El funcionario señaló que el nuevo operador deberá invertir, como base, USD 2.000 millones durante los primeros cinco años y que, a lo largo de los 30 años de concesión, el monto total de inversión requerido rondará entre USD 13.000 millones y USD 15.000 millones. Ese capital, precisó, queda registrado como un activo que en algún momento volverá al Estado nacional, dado que la infraestructura instalada -caños, bombas, plantas- no puede ser retirada por el concesionario al finalizar el contrato.

Las metas de cobertura fijadas en el contrato marcan una expansión en los servicios de Aysa. Proyecta llegar al 75,3% de cobertura de agua potable para el cierre de 2031, que debe llegar a 78,9% en 2036 y a un piso del 90% al término de los 30 años de concesión. En saneamiento, la progresión es de 63,9% en 2031, 65,3% en 2036 y un mínimo de 75% al cabo de las tres décadas.

La universalización de ambos servicios queda proyectada recién si se ejerce la prórroga adicional de diez años prevista en el contrato, es decir, hacia el año 40 del esquema.

Maxit justificó el ritmo lento de expansión cloacal en los primeros años por la necesidad de resolver primero la infraestructura existente. “Versiones anteriores de nuestra gestión se ocupaban tal vez de expansiones que no eran funcionales, que no formaban parte de un crecimiento planificado del servicio”, planteó, y agregó que el foco inicial estará en que las plantas de saneamiento funcionen correctamente, en mejorar la capacidad de potabilización y en resolver la contaminación por nitratos mediante sistemas de mezcla de agua de pozo y de superficie.

El rol de los municipios en la expansión de redes

El contrato contempla la figura de “inversión no onerosa”: si un municipio, una provincia o el propio Gobierno nacional deciden financiar una obra puntual con fondos propios, ese gasto queda fuera del cálculo tarifario, aunque la operación y supervisión técnica sigue a cargo de la concesionaria. “Hay un entendimiento de que el Estado nacional ya no es el que tiene el monopolio de la verdad, que la problemática local hoy tiene otra relevancia y que los municipios se están haciendo cargo de esa problemática”, destacó Maxit, quien dijo percibir ese tipo de acuerdos en gestación con distintos gobiernos locales.

Organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de su brazo BID Invest, y la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial también manifestaron su intención de participar del financiamiento de obras, en un contexto en el que Aysa no registra deuda financiera, según remarcó el funcionario.

De los números rojos al equilibrio financiero

Maxit repasó que la empresa, estatizada en 2006, nunca había logrado cerrar un ejercicio con resultado positivo hasta la gestión actual. Los Estados Contables auditados de AySA confirman esa tendencia: el resultado neto pasó de una pérdida de $503.647 millones en 2023, el último ejercicio de la gestión anterior, a una ganancia de $63.522 millones en 2024 y de $22.088 millones en 2025 (todas las cifras en miles de pesos). El primer semestre de 2026, según el funcionario, mantiene la misma tendencia positiva. En el mismo período, las transferencias corrientes del Estado nacional a la compañía cayeron de $416.326 millones en 2023 a cero en 2025.

En sus 20 años de historia como empresa estatal, Aysa recibió del Estado nacional unos USD 13.400 millones

El resultado operativo, sin embargo, siguió siendo negativo los tres años relevados, aunque con una mejora sustancial: pasó de -$770.369 millones en 2023 a -$446.757 millones en 2024 y a -$35.129 millones en 2025. Lo que permitió cerrar ambos últimos ejercicios en positivo fueron los resultados financieros y por tenencia, que sumaron $510.279 millones en 2024 y $57.217 millones en 2025.

En ese lapso, la compañía canceló además una obligación negociable que había sido emitida durante el gobierno de Mauricio Macri: el balance muestra que esa partida, de $80.053 millones al cierre de 2025, desaparece por completo al 30 de junio de 2026.

El diagnóstico que ofreció el funcionario sobre el desempeño previo de la empresa apunta a lo que llamó el sobrecosto oculto del Estado como gestor: la falta de certeza de pago a los proveedores encarece los contratos, mientras que interrumpir y reiniciar obras de más de un año de duración genera gastos adicionales que terminan trasladándose a la tarifa o a los impuestos de todo el país. “La tarifa llegó a no cubrir el gasto operativo de la empresa”, admitió Maxit sobre la situación previa a la actual gestión.

En paralelo, la compañía redujo a la mitad los gastos de seguridad y vigilancia, las horas extra y el mantenimiento de edificios, y reorientó esos recursos hacia la operación directa del servicio. La dotación de personal pasó de 7.700 a 5.890 empleados en el período, un proceso que, según el funcionario, se realizó sin conflictos gremiales; el peso de los sueldos y cargas sociales sobre el total de costos de la empresa bajó del 33% en 2023 al 23% en 2025, según el propio balance.

Maxit también aportó un dato sobre la magnitud histórica del apoyo estatal a la compañía: en sus 20 años de historia como empresa estatal, Aysa recibió del Estado nacional unos USD 13.400 millones, de los cuales USD 10.000 millones se destinaron a inversiones y el resto, unos USD 3.400 millones, a gastos de mantenimiento y subsidios corrientes. Hoy la empresa factura alrededor de USD 1.000 millones al año y presta servicio a 3,8 millones de usuarios, de los cuales 160.000 cuentan con tarifa social, un beneficio que, según el funcionario, se mantendrá sin cambios en el nuevo contrato de concesión.

Qué pasará con los empleados tras la privatización

Consultado sobre el futuro de la planta de personal, Maxit aseguró que no existe ningún compromiso contractual que obligue al futuro dueño a mantener la dotación actual de empleados. “Va a ser una empresa privada”, explicó, aunque aclaró que se mantiene el mismo régimen societario y que los compromisos laborales previos continúan vigentes al tratarse de una empresa en marcha, no de una nueva sociedad.

El funcionario adelantó que la próxima etapa de eficiencia pasará por la incorporación de tecnología y la reasignación de funciones dentro de la estructura existente, con foco en capacitar al personal para las tareas que demanda la expansión territorial del servicio.

Respecto a la firma del contrato, Maxit evitó comprometerse con una fecha exacta, aunque remarcó que el objetivo del Gobierno es avanzar “lo más rápido posible”. Diferentes fuentes con conocimiento del proceso estimaron un plazo de 1 mes entre la apertura de los sobres técnicos y la oferta económica. El contrato debería firmarse antes de fin de año.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el sistema oficial de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) presenta fallas y se encuentra fuera de servicio.

La SEP explicó que la descarga de boletas se interrumpió porque el portal está en mantenimiento preventivo debido a la alta demanda registrada al cierre del ciclo escolar 2025-2026. Según la dependencia, el objetivo es evitar saturaciones y caídas del sistema por el gran volumen de solicitudes simultáneas.

Más de 1.2 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria buscan descargar sus documentos al mismo tiempo, lo que genera presión sobre los servidores.

¿Cuándo y cómo se restablecerá el servicio?

La AEFCM anuncia que la plataforma quedará habilitada el jueves 16 de julio de 2026 a partir de las 10:00 horas. A partir de ese momento, madres, padres y tutores podrán ingresar de nuevo al portal oficial para descargar las boletas y certificados de educación básica.

La SEP aclara que los trabajos de mantenimiento son necesarios para garantizar un servicio ágil y seguro.

¿Dónde y cómo descargar la boleta una vez reactivado el portal?

El acceso se realiza a través del portal oficial de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Los documentos se pueden descargar desde cualquier computadora o celular con conexión a internet, sin necesidad de acudir a planteles escolares.

La SEP recomienda revisar el portal después del horario indicado para evitar nuevos intentos fallidos mientras concluye el mantenimiento.

¿Qué relación tiene esto con el calendario escolar?

El cierre del ciclo escolar y la publicación del nuevo calendario 2026-2027 coinciden con la alta demanda para descargar boletas. De acuerdo con la SEP, las clases para preescolar, primaria y secundaria inician el 31 de agosto de 2026 y concluyen el 9 de julio de 2027.

El ciclo incluye 185 días efectivos y contempla periodos vacacionales, como el receso de invierno del 21 de diciembre de 2026 al 1 de enero de 2027 y la Semana Santa del 29 de marzo al 9 de abril de 2027.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, subraya que los sistemas digitales y la infraestructura escolar han recibido mejoras para atender a millones de estudiantes en el país.

A partir de este miércoles 1° de julio, los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires enfrentarán una nueva ronda de aumentos en servicios y gastos cotidianos que se acumulará sobre una canasta de servicios públicos que ya escaló 919% entre diciembre de 2023 y junio de este año. Luz, gas, agua, transporte, medicina prepaga, alquileres y colegios privados registrarán subas que, en la mayoría de los casos, toman como referencia la inflación de mayo, de 2,1% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Según el Reporte de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, un hogar promedio del AMBA sin subsidios destinó $282.758 en junio para cubrir sus gastos en energía, transporte y agua potable —un 10,1% más que en mayo y un 54% por encima de junio de 2025. La canasta acumula un alza de 919% desde diciembre de 2023, frente al 236% que registró el índice general de precios en el mismo período.

Transporte

El transporte concentra el 40% de esa canasta y es el rubro de mayor impacto sobre los ingresos del hogar. En junio, el gasto mensual de un hogar promedio en este ítem llegó a $116.688. En julio, las tarifas vuelven a moverse.

Los colectivos bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires subirán 4,1%, mientras que las líneas provinciales tendrán un incremento del 4,3%. Con esos valores, el boleto mínimo en CABA —recorridos de hasta tres kilómetros— pasará a costar $820,60, y en la Provincia ese mismo tramo ascenderá a 1.059,28 pesos.

El subte porteño también ajustará 4,1%. El boleto pasará de $1.558 a $1.621 para usuarios con SUBE registrada; quienes no cuenten con tarjeta nominalizada pagarán $2.541 por viaje. La tarifa social quedará en $567 y la estudiantil en 226 pesos.

Los trenes del AMBA tendrán un esquema escalonado definido por la Secretaría de Transporte: 8,6% en julio —con el boleto de primera sección en $380,10—, 10,5% en agosto —hasta $420,01— y 7,1% en septiembre, cuando la tarifa llegará a 449,83 pesos.

Peajes

Las autopistas porteñas seguirán el mismo criterio de actualización que el transporte de superficie y tendrán un aumento del 4,1%. En la Autopista 25 de Mayo y la Perito Moreno, los vehículos livianos pagarán $4.613,65 en horario normal y $6.538,29 en hora pico. En las autopistas Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero, las tarifas para autos irán de $1.922,15 a $2.718,21 según el horario.

Luz, gas y agua

La factura de gas fue el componente de mayor peso en la suba de la canasta de servicios de junio: según el IIEP de la UBA-Conicet, trepó 23,4% respecto de mayo por la combinación de ajustes en los cargos fijo y variable —4,4% y 2,2% respectivamente— con el salto estacional propio del inicio del invierno. En julio, los usuarios verán nuevos incrementos: aunque el cuadro tarifario exacto aún no fue publicado en el Boletín Oficial, las facturas del período de junio acumularán un aumento promedio del 2,81% a nivel nacional. La estacionalidad agrava el impacto: julio es históricamente el mes de mayor consumo de gas.

La energía eléctrica siguió una dinámica similar en junio. El mayor uso hogareño de cara al invierno, sumado a aumentos del 4,7% en el cargo fijo y 1,6% en el variable para usuarios sin subsidio, arrojó un incremento del gasto del 14,8% respecto de mayo, con la factura del usuario N1 sin subsidio en alrededor de $60.640 mensuales. Para julio, las distribuidoras Edenor y Edesur aplicarán un ajuste promedio del 1,5% sobre las facturas correspondientes al período de junio, en línea con el esquema de indexación mensual vigente. Un factor a seguir: la emergencia energética que enmarca el actual régimen tarifario vence precisamente en julio.

AySA aplicará en julio una suba del 3% sobre las tarifas de agua y cloacas para usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano bonaerense. El agua fue el servicio con menor variación en junio —apenas 0,2%—, aunque en la comparación interanual acumula un alza del 48%, según el IIEP.

Prepagas

Las principales empresas de medicina prepaga ya informaron a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) los incrementos que aplicarán en julio. Swiss Medical, Osde, Medifé, Sancor Salud y Avalian, entre otras, tendrán una suba del 2,1%, en línea con la inflación de mayo. Omint irá más arriba: sus aumentos llegarán hasta el 2,9% según el plan contratado.

Alquileres

Miles de contratos de alquiler también se actualizarán en julio. Los ajustados por el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central tendrán una actualización del 31,54%. Quienes ajusten por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de manera semestral enfrentarán un incremento del 16,7%, y los que lo hagan en forma trimestral, del 8,1%. Los porcentajes varían de forma considerable según la fecha y la modalidad del contrato firmado.

Colegios privados

Los aumentos en las cuotas de los colegios privados aún no fueron oficializados, pero se esperan incrementos atados a las subas salariales de paritarias: 5% en CABA y 3,5% en la provincia de Buenos Aires.

El Gobierno confirmó que la factura de gas de mayo incluirá una bonificación extraordinaria del 25% para los usuarios subsidiados bajo el régimen SEF (Subsidios Energéticos Focalizados). La medida, oficializada por la Secretaría de Energía mediante la Resolución 111/2026, busca ofrecer previsibilidad frente a condiciones energéticas cambiantes por el conflicto en Medio Oriente, aún cuando Argentina registró en el primer trimestre del año un superávit energético de USD 2.405 millones, el mayor del que se tenga registro.

Este alivio se suma al descuento general del 50% ya vigente, de modo que durante mayo los hogares beneficiarios recibirán una reducción total del 75% sobre su consumo base (50% base + 25% extraordinario).

El congelamiento del descuento extra en el 25% —que debía continuar reduciéndose de forma progresiva hasta desaparecer en diciembre— responde a la volatilidad de los precios globales del gas producto de las tensiones en el conflicto que incluye a Estados Unidos, Israel e Irán. La norma establece que los hogares inscriptos en el SEF, así como los clubes de barrio, clubes de pueblo y entidades sin fines de lucro accederán a esa reducción conjunta del 75% en sus consumos base de gas natural y propano por redes.

La Secretaría de Energía resalta que el descuento no cubre toda la factura, sino que aplica solo sobre el bloque de consumo base, un tope de metros cúbicos que el Estado define por zona climática. Si un hogar supera ese límite, el excedente se cobra a tarifa plena. En zonas más frías, ese bloque es más alto para contemplar la mayor necesidad de calefacción.

Quiénes pueden acceder al descuento extra

Los criterios de elegibilidad están definidos por el Decreto 943/2025, que creó el SEF a fines del año pasado en reemplazo del esquema de subsidios por ingresos. El nuevo régimen unificó la asistencia estatal para electricidad, gas natural, gas propano en redes y garrafas de GLP. Para calificar, los hogares deben registrar ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales (CBT).

Bajo ese sistema, los usuarios acceden a un descuento base del 50% en sus facturas de gas durante los meses de mayor consumo —abril a septiembre—, al que se suman ajustes extraordinarios de carácter transitorio.

La continuidad de la bonificación extraordinaria en gas contrasta con el escenario previsto para la electricidad, donde el subsidio adicional —que comenzó siendo del 25% en enero— se mantiene en reducción gradual y desaparecerá completamente en diciembre.

La medida llega en un momento de tensión sobre la red de distribución. La semana pasada, las principales distribuidoras de gas del Área Metropolitana de Buenos Aires, Naturgy y Metrogas, dispusieron límites a la venta de GNC en estaciones de servicio. La decisión buscó preservar la presión en los gasoductos frente al primer pico de frío polar del año, que dejó temperaturas de un solo dígito en Buenos Aires y alertas meteorológicas por vientos en casi toda la provincia.

La escasez de GNL, el rol de la infraestructura y el impacto en la protección social

A pesar del superávit energético del primer trimestre, el país necesita mantener importaciones de GNL para abastecer la creciente demanda invernal, dado que la infraestructura actual de transporte no permite cubrir los picos de consumo residencial con producción nacional.

Este año, según estimaciones del sector, Argentina necesitaría cerca de 24 buques de GNL, aunque por ahora solo tres arribos están confirmados para mediados de mayo, según información a la que accedió Infobae. La mayor parte del gas natural licuado importado se destinará a la industria, pero la protección de la demanda prioritaria —hogares, hospitales y escuelas— se garantiza mediante regulaciones que ubican a estos usuarios en el primer escalón del despacho.

La agenda de compras de GNL enfrenta este año dificultades adicionales, tanto locales como internacionales. El conflicto bélico en Medio Oriente elevó la volatilidad de los precios y sumó incertidumbre a los contratos de suministro. A eso se suma que una licitación del Gobierno para ceder la operación, importación y regasificación de GNL a empresas privadas —en la que compitieron Trafigura y Naturgy— terminó con la continuidad del manejo por parte de Enarsa, lo que posterga la apertura a privados hasta al menos 2027.

Portavoces oficiales explicaron a Infobae que la decisión busca evitar costos adicionales derivados de la situación internacional: “No es momento de convalidar condiciones que puedan sumar costos al sistema justo cuando Argentina está bajando el uso de GNL. La estrategia no cambia: seguimos convencidos de privatizar esta operatoria y avanzar hacia un esquema competitivo, transparente y con señales de precio para que se conozca el costo real de la energía”.

El Ministerio de Economía oficializó un incremento al 6,8% en el recargo que afecta a casi dos tercios de los usuarios de gas natural por redes. Esta medida, que se aplicará desde agosto, tiene el objetivo de financiar los descuentos que reciben quienes habitan en zonas frías de Argentina. En algunas regiones, el porcentaje será aún más elevado.

Se trata del quinto aumento en lo que va del año. El recargo, que busca compensar el gasto en subsidios para cubrir el régimen especial, se formalizó mediante la Resolución 1253/2025 firmada por Luis Caputo.

El artículo 1 de la medida resumió: “Establécese que el recargo previsto en el artículo 75 de la ley 25.565 y sus modificatorias será equivalente al seis coma ochenta por ciento (6,80 %) sobre el precio de gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), por cada metro cúbico (m3) de nueve mil trescientas kilocalorías (9300 kcal) que ingrese al sistema de ductos en el Territorio Nacional, correspondiendo al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), organismo descentralizado actualmente en la órbita de la Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Economía, ajustar los procedimientos para su facturación en el ámbito de su competencia. El mismo porcentaje de recargo será aplicable a los volúmenes involucrados en el autoconsumo”.

Hasta julio, el recargo en las facturas finales era del 6,6% sobre el componente del gas (PIST). El incremento a 6,8% comenzará a regir en agosto, consolidando la secuencia de ajustes que arrancó en 5,44% a principios de año, escaló a 6% en abril, 6,2% en junio y 6,4% a inicios de julio, durante la crisis de abastecimiento, llegando a 6,6% sobre el cierre del mes pasado. Se trata del quinto incremento en siete meses, en un contexto de restricción fiscal.

El régimen de zona fría se creó para atenuar el impacto de las tarifas en regiones con inviernos más severos. El financiamiento del beneficio recae principalmente en un recargo adicional aplicado al resto de los usuarios residenciales. El aumento busca absorber el costo creciente del subsidio mientras se reduce la asistencia directa del Tesoro. La prioridad oficial es transformar el esquema en un sistema “autosustentable”, que traslade más carga a los hogares fuera de las zonas alcanzadas por el beneficio.

El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, que sostiene estos descuentos, se amplió en 2021 tras un acuerdo político promovido por Máximo Kirchner, extendiéndose a más provincias y localidades, principalmente en el centro y norte del país. Esa expansión permitió que más de cuatro millones de hogares accedieran a rebajas de entre 30% y 50% en sus boletas de gas, generando un impacto fiscal que el Gobierno actual considera excesivo. Según la visión oficial, la extensión respondió a objetivos electorales y no a necesidades climáticas.

En este contexto, el Ministerio de Economía analiza alternativas para reformular o revertir parte de la ampliación. Argumenta que el esquema, tal como está, resulta inviable por la presión que implica un subsidio cruzado de esta magnitud. Funcionarios energéticos admiten que trabajan en un rediseño para focalizar el subsidio en los lugares con inviernos más rigurosos, aunque aún no hay definiciones ni plazos concretos de implementación.

Además, el Gobierno detectó a 137.842 usuarios del régimen de zona fría con más de un medidor que recibían el 50% de descuento. Ante esto, la Secretaría de Energía dispuso que solo el medidor principal mantenga el beneficio total y que los adicionales pasen a un descuento del 30%. El objetivo es limitar las filtraciones y optimizar el uso de los recursos.

En los primeros siete meses de 2025, el gasto en subsidios a las tarifas de luz y gas bajó más de USD 2.100 millones respecto del mismo período de 2024. Esta caída fue esencial para mantener el superávit fiscal, punto central del programa económico de Javier Milei. Hasta ahora, las subvenciones devengadas para el sector energético sumaron USD 1.842 millones, un descenso interanual del 54%, según la consultora Economía y Energía. Este recorte fue producto de la entrada en operación del Gasoducto Perito Moreno (antes Néstor Kirchner), la disminución de precios internacionales y el ajuste en los subsidios tarifarios.

La comparación con los seis años anteriores evidencia una diferencia marcada en la magnitud del ajuste. Entre enero y julio de 2019, el gasto en subsidios energéticos fue de USD 2.258 millones. En 2020 ascendió a USD 3.123 millones, en 2021 a USD 6.564 millones, en 2022 a USD 7.914 millones por el impacto de la guerra en Ucrania sobre los precios energéticos, en 2023 se ubicó en USD 6.564 millones y en 2024 cayó a USD 4.031 millones.

Luego de que la jueza 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, condenara a 12 años de prisión domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe, se conoció la boleta de encarcelamiento en su contra, remitida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Rionegro, Antioquia. La Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec) recibió el oficio con la boleta de encarcelamiento.

“Me permito comunicarle que este despacho judicial el día de hoy, remitió con destino al ESTABLECIMIENTO CARCELARIO INPEC DE SONSÓN, ANTIOQUIA, la boleta de encarcelamiento suscrita por el titular de este despacho en contra del señor Álvaro Uribe Vélez (…), quien fue sentenciado por el juzgado comitente”, se lee en el oficio del Juzgado, fechado el 8 de agosto de 2025.

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El expresidente deberá permanecer privado de la libertad en su residencia en Rionegro mientras se define su situación jurídica en otras instancias, teniendo en cuenta que su defensa presentará un recurso de apelación que deberá resolver el Tribunal Superior de Bogotá. Y, en caso de que así lo considere, recurrirá al recurso de casación, que quedaría en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Los delitos por los cuales fue hallado responsable el ex jefe de Estado son soborno en actuación penal y fraude procesal, relacionados con hechos de manipulación de testigos que se presentaron entre 2017 y 2018. Por medio de ofrecimientos ilegales, llevados a cabo por medio de su exabogado Diego Cadena, el ex jefe de Estado trató de cambiar testimonios que señalaban presuntos nexos con el paramilitarismo.

Así las cosas, la jueza Heredia profirió un fallo condenatorio y ordenó su detención inmediata con motivo de una medida de aseguramiento domiciliaria con fines de cumplimiento de la pena. Según explicó la jueza en la audiencia del 1 de agosto de 2025, en la que dio a conocer la sentencia de 12 años de prisión en contra del expresidente, la medida de aseguramiento obedece a posibilidades de fuga y a la entrega de un mensaje de justicia a la población.

“Tenemos que la privación de la libertad inmediata resulta necesaria para asegurar la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos (…). Dadas las ocupaciones que manifestó desarrollar, su gran reconocimiento a nivel internacional, resulta fácil que podrá abandonar el país, para eludir la sanción impuesta”, detalló la togada.

El exmandatario se acogió a lo establecido por la jueza y formalizó su encarcelamiento domiciliario y presentó una caución por la suma de cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes. Así lo dio a conocer en un video publicado en su cuenta de X, en el que informó que seguirá impulsando su ideología política de cara a las elecciones presidenciales de 2026, con el fin de impedir que la izquierda progresista, hoy representada por el presidente Gustavo Petro, continúe en el poder.

“Continuaré y aumentaré la lucha para que Colombia en el 26 derrote la naciente mordaza neocomunista porque si se consolida acabará con la nación y el halago a los trabajadores se convertirá en un fracaso social total”, precisó.

Una detención inmediata cuestionada

Mientras tanto, allegados al ex jefe de Estado critican la sentencia condenatoria proferida en su contra y la medida de aseguramiento en cuestión, alegando que Álvaro Uribe demostró no tener interés en evadir la justicia durante el largo proceso penal que afrontó, pues siempre se presentó a las audiencias a las que fue citado.

Además, según abogados que han seguido su caso, la togada erró al imponer la sanción, debido a que con esta se estaría desconociendo su derecho a la presunción de inocencia. Así lo explicó el profesional en Derecho Víctor Mosquera, apoderado el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe.

“Rechazo la privación arbitraria anticipada e injusta de libertad contra Álvaro Uribe Vélez @AlvaroUribeVel. Sin sentencia en firme y sin haberse resuelto el recurso de apelación, se vulnera la presunción de inocencia. La jueza actúa con sesgo y exceso, anticipando cumplimiento de sanción sin control superior”, precisó.

Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dio a conocer este jueves la fecha en que se realizará la entrega de boletas correspondiente al primer parcial del ciclo escolar 2024-2025.

Por medio de un comunicado, Delgado Carrillo informó que con base en el calendario escolar vigente, este viernes 22 de noviembre se realizará el registro de calificaciones.

Mientras que del lunes 25 al jueves 28 de noviembre, se entregarán a madres, padres y tutores las boletas de evaluación de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y particulares en las 32 entidades del país.

Además, dijo que el viernes 29 de noviembre se desarrollará la Tercera Sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), con la participación de profesores, directores y autoridades educativas a nivel nacional; por lo que ese día habrá suspensión de clases.

¿Cuántos días de descanso hay en lo que resta del ciclo escolar?

La Secretaría de Educación Pública considera en el calendario escolar ocho sesiones ordinarias del CTE y siete días de suspensión de labores docentes, que son:

- 16 de septiembre

- 18 de noviembre

- 3 de febrero

- 17 de marzo

- 1 de mayo

- 5 de mayo

- 15 de mayo

Los alumnos y personal docente además disfrutarán de un periodo vacaciones de invierno, que comprende del 19 de diciembre de 2024 hasta el 8 de enero de 2025, y de Semana Santa, del 14 al 25 de abril.

El calendario de 190 días efectivos de clase, señala que el periodo de inscripción a preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria para el ciclo escolar 2025-2026, se realizará del 4 al 7 y del 10 al 14 de febrero de 2025.

Los días 22 de noviembre de 2024, así como el 21 de marzo y 11 de julio de 2025 se realizará el registro de calificaciones, por lo que la entrega de boletas de evaluación será del 25 al 28 de noviembre de 2024 para el primer periodo; 25, 26, 27 y 31 de marzo para el segundo periodo, y del 14 al 16 de julio para el tercero.

Mientras que el lunes 6 de enero se impartirá el Taller Intensivo para Personal con Funciones de Dirección; los días 7 y 8 de enero, el Primer Taller Intensivo para Personal Docente.

El jueves 17 y viernes 18 de julio de se realizará el Segundo Taller Intensivo para Personal Docente, y a partir del lunes 21 de julio de 2025 iniciará el receso de clases por el fin de cursos. Para los estudiantes el ciclo escolar concluirá el miércoles 16 de julio del próximo año.