Hugo Morán, actual secretario de Estado de Medio Ambiente, ha asumido la presidencia de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tras la publicación del nuevo estatuto de la agencia en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este jueves. Esta medida ha coincidido con el cese, a petición propia, de la hasta ahora presidenta, María José Rallo, que estaba al frente de la agencia desde finales de 2023.

La aprobación del nuevo Estatuto de la Aemet introduce como novedad la separación entre las funciones de gobierno y las ejecutivas dentro de la agencia, de acuerdo con el modelo organizativo marcado por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. De este modo, la presidencia pasa a la persona que ostenta la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, cargo ocupado actualmente por Morán, mientras que la dirección ejecutiva será responsabilidad de un titular designado por el Consejo Rector a propuesta de la Presidencia, tal y como recoge el estatuto.

Qué cambios introduce el nuevo Estatuto

Las modificaciones suponen una reestructuración interna profunda para el ente público. El texto adapta el marco normativo de la agencia al entorno jurídico vigente en el sector público institucional, actualizando sus referencias y herramientas de planificación y funcionamiento. Entre los cambios aplicados, se suprime la condición de Autoridad Meteorológica Aeronáutica —ya amparada por normativa sectorial— y se racionaliza la distribución de competencias internas, lo que, según el comunicado de prensa que ha emitido el organismo, permitirá una mayor eficiencia en la gestión y una mejor adaptación a las necesidades actuales.

El nuevo organigrama de Aemet contempla además la existencia de varias direcciones funcionales, como Tecnología e Infraestructuras, Producción Meteorológica y Ciencia Aplicada, además de la creación de una Dirección de Estrategia y Relaciones con Usuarios. Esta última está “orientada a mejorar la interacción con la ciudadanía y los distintos sectores usuarios de la información meteorológica.”

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, el nuevo Estatuto tiene como objetivo principal fortalecer la capacidad de la Aemet para dar respuesta a las demandas de la sociedad. En este sentido, apunta, “la agencia refuerza su compromiso de ofrecer información meteorológica y climática cada vez más precisa, fiable y útil, contribuyendo a la protección de la ciudadanía frente a riesgos meteorológicos y a la toma de decisiones informadas por parte de administraciones, empresas y población en general”.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) también incluyó una disposición general relativa a la Vicepresidencia Primera del Gobierno, especificando que le corresponde ejercer las funciones que le encomiende el presidente del Gobierno y presidir la Comisión Delegada del Ejecutivo determinada en el correspondiente real decreto. Según detalló el medio oficial, el BOE formalizó este viernes el cese de María Jesús Montero como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, e incluyó los nombramientos de Carlos Cuerpo y Arcadi España para asumir nuevas responsabilidades en el Gobierno.

Tal como publicó el BOE, María Jesús Montero deja su puesto en el Ejecutivo tras ocho años, periodo durante el cual desempeñó distintos cargos en el Consejo de Ministros. En el documento oficial, el presidente Pedro Sánchez agradeció explícitamente los “servicios prestados” por Montero a lo largo de su trayectoria ministerial. Ahora, la exvicepresidenta se prepara para liderar la candidatura del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las elecciones autonómicas andaluzas, que están previstas para el 17 de mayo.

El BOE comunicó igualmente el nombramiento de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, de acuerdo con los artículos 62 y 100 de la Constitución, a propuesta del presidente del Gobierno. Arcadi España, por su parte, fue designado como nuevo titular de Hacienda. Esta decisión gubernamental implica un relevo en dos de las carteras clave para la gestión económica y fiscal del país.

Según consignó el BOE, el procedimiento de traspaso prevé que Carlos Cuerpo y Arcadi España presten juramento o promesa de sus nuevos cargos ante el Rey Felipe VI a las 09:30 horas, en el Palacio de la Zarzuela. Esta ceremonia, obligatoria para la toma de posesión de ministros en España, marca el inicio oficial de sus funciones al frente de Economía y Hacienda, respectivamente.

Tras la ceremonia en la Zarzuela, Cuerpo y España participarán en el habitual acto de traspaso de carteras ministeriales a las 12:30 horas. En este evento, María Jesús Montero tendrá un papel protagonista al entregar formalmente la cartera de Hacienda a Arcadi España en la sede de dicho Ministerio, culminando el proceso de relevo en el área de gestión financiera del Estado.

El BOE también incluyó la disposición relativa a las funciones de la Vicepresidencia Primera, entre las que destaca la presidencia de la Comisión Delegada del Gobierno determinada en el real decreto correspondiente. Estas funciones quedarán ahora bajo la responsabilidad de Carlos Cuerpo, quien combinará la vicepresidencia con el liderazgo en Economía, Comercio y Empresa.

De acuerdo con la información publicada por el BOE y recogida por distintos medios, estos cambios en la conformación del Ejecutivo se enmarcan en la reconfiguración del Gobierno para afrontar nuevos retos institucionales y políticos. Los nombramientos fueron firmados oficialmente por el presidente Pedro Sánchez, siguiendo el procedimiento regulado en la Constitución Española.

El anuncio del cese y de los nuevos nombramientos se ha integrado en la agenda política de la jornada, dado el peso de las áreas económicas y fiscales en el desarrollo de la acción de Gobierno. La salida de María Jesús Montero y la entrada de Carlos Cuerpo y Arcadi España suponen una transición en la dirección de los ministerios de Economía y Hacienda, con implicaciones para la planificación de la política económica a corto y medio plazo.

El acto de traspaso de carteras, pautado para este viernes, responde a la normativa interna del Ejecutivo para garantizar la continuidad administrativa y la transferencia ordenada de competencias. Los nuevos ministros tendrán la responsabilidad de implementar la estrategia económica y financiera diseñada por el Gobierno en un periodo marcado por la proximidad de las elecciones andaluzas, proceso en el que Montero mantendrá un papel relevante como candidata del PSOE.

Según informó el BOE, la Vicepresidencia Primera, a cargo de Carlos Cuerpo, asumirá todas aquellas funciones que el presidente del Gobierno le delegue, siguiendo lo estipulado en los marcos legales, normativos y orgánicos vigentes en el Estado español.

Almudena Argüelles, directora del Departamento de Derecho Privado de Unive Abogados, ha enfatizado que numerosas consultas recientes revelan confusión en torno a la prórroga extraordinaria del alquiler habilitada por el Real Decreto-ley 8/2026. Según explicó a consultas recogidas por El despacho Unive Abogados, la ampliación de dos años no se concede de manera automática tras el vencimiento del contrato, sino que requiere de una solicitud formal y expresa por parte del inquilino al propietario. Así, tal como detalló el bufete, la correcta solicitud y el seguimiento preciso de los requisitos legales se vuelven factores clave para no perder la protección que otorga la normativa.

De acuerdo con la información publicada por Unive Abogados, la nueva prórroga, regulada por el Real Decreto-ley 8/2026, está disponible desde la entrada en vigor de la medida el 22 de marzo, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado el 21 de ese mes. La normativa introduce una opción para que los contratos de vivienda habitual sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que finalicen antes del 31 de diciembre de 2027, sean extendidos por hasta dos años extraordinarios. Durante el periodo de la prórroga, la actualización anual de la renta queda limitada en determinadas situaciones con un tope de incremento del 2%, contribuyendo a la protección de los arrendatarios ante la subida de precios en zonas donde la presión sobre el mercado del alquiler se manifiesta con mayor intensidad.

Según consignó el despacho, la aplicación de esta prórroga requiere que el arrendatario verifique en primer lugar si su contrato cumple los requisitos: debe tratarse de una vivienda habitual y no estar sujeto a renovaciones automáticas. Una vez confirmado esto, el inquilino debe solicitar expresamente al arrendador el deseo de acogerse a esta extensión extraordinaria. Argüelles especificó que la falta de una solicitud correcta, la omisión del plazo legal o una comunicación defectuosa pueden dejar al arrendatario sin la protección de la prórroga, lo que implica el riesgo de tener que abandonar la vivienda una vez finalizado el contrato.

El medio Unive Abogados remarcó que existen excepciones que permiten a los propietarios oponerse a la aplicación de la prórroga. Entre esos supuestos se encuentran la existencia de un nuevo acuerdo entre ambas partes, la formalización de un contrato distinto o la notificación en tiempo y forma de que el propietario precisa la recuperación del inmueble para uso propio o familiar. En estos escenarios, el derecho a la prórroga extraordinaria no será reconocido legalmente.

Tal como publicó el despacho, los expertos consideran que los posibles conflictos se derivarán principalmente de la incorrecta aplicación del procedimiento, más que de la existencia misma del derecho a la prórroga. Argüelles subrayó que, en ciertas situaciones, errores en la interpretación contractual y fallos en la comunicación pueden dar lugar a disputas sobre la validez de la solicitud o sobre la vigencia de las condiciones originales del alquiler. También indicó que algunos propietarios podrían intentar aprovechar defectos de forma para introducir cambios menos favorables para los inquilinos o proponer nuevas condiciones contractuales.

El bufete aconseja que los arrendatarios con contratos próximos a vencer calculen correctamente la fecha de finalización, confirmen su situación como vivienda habitual y tramiten la solicitud de prórroga con la suficiente antelación, asegurando un registro fehaciente de dicha solicitud para prevenir problemas. Atendiendo a lo especificado por Unive Abogados, cumplir con estos pasos será determinante para acceder hasta dos años más de permanencia en la vivienda bajo las condiciones establecidas por la ley, incluida la limitación en la actualización de la renta.

Unive Abogados, como recoge la nota, también destaca que si bien la medida representa un alivio para numerosos arrendatarios en contextos de presión inmobiliaria, la protección que ofrece queda supeditada a la diligencia del propio inquilino en el cumplimiento de los requerimientos formales y de comunicación. Los abogados recomiendan evitar dejar la gestión para el último momento y prestar atención a posibles objeciones por parte del propietario, quienes pueden alegar las excepciones reconocidas legalmente para no conceder la prórroga extraordinaria.

El despacho señala que, dentro del marco establecido por la nueva regulación, cada parte debe conocer sus derechos y obligaciones para minimizar la aparición de conflictos y asegurar que la prórroga extraordinaria cumpla su función de protección en casos donde la continuidad en la vivienda resulte prioritaria para los arrendatarios.

Los galardonados podrán exhibir el logotipo del premio en las acciones de promoción de sus productos y en el etiquetado, previa validación por parte del Ministerio. Esta distinción implica el reconocimiento de la excelencia y busca reforzar la visibilidad de los quesos españoles en el mercado, según detalló el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dirigido por Luis Planas. El anuncio de la décimo cuarta edición del premio Alimentos de España a los mejores quesos corresponde a la convocatoria oficial para 2026, recogida este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio, el objetivo central del certamen es identificar y premiar los quesos de mayor calidad elaborados en diversas regiones del país. La edición de este año establece cinco modalidades diferenciadas: queso madurado de vaca, de oveja, de cabra, de mezcla y madurado con mohos o queso azul. El jurado entregará un premio específico para cada variedad, mientras que el producto que logre la puntuación global más alta recibirá el Premio Especial Alimentos de España.

Según publicó el ministerio, los requisitos indican que pueden presentarse al concurso establecimientos autorizados para la elaboración de quesos situados en el territorio nacional. Además, los productos deben pertenecer a la categoría de quesos madurados y ser de elaboración propia por parte de los solicitantes. Cada participante debe acreditar una producción mínima de 2.000 piezas o 3.000 kilos anuales, y la inscripción permanece abierta hasta el 15 de abril.

Sin importar si los interesados representan a una persona física o jurídica, las bases establecen que las personas jurídicas deberán remitir las solicitudes obligatoriamente por vía electrónica, a través de la sede digital del Ministerio. Las personas físicas pueden optar por el formato electrónico o presentar la documentación en formato físico mediante registro presencial. Para avanzar en el proceso, los concursantes enviarán sus muestras al Laboratorio Agroalimentario de Santander, entre los días 11 y 15 de mayo de 2026, adecuándose a las instrucciones técnicas especificadas por la organización del certamen.

El medio oficial explicó que el proceso de selección se desarrolla en dos etapas: paneles conformados por expertos en análisis sensorial realizarán catas para valorar organolépticamente las muestras y seleccionar las más destacadas de cada modalidad. Los quesos finalistas pasarán posteriormente por análisis fisicoquímicos y microbiológicos, ejecutados por el Laboratorio Agroalimentario dependiente del ministerio.

Quienes resulten ganadores obtendrán un distintivo de excelencia y/o un diploma certificando el mérito alcanzado. Así lo recoge el extracto de la convocatoria publicado por el Ministerio, donde también se especifica que los premiados podrán sumarse a iniciativas de promoción alimentaria impulsadas desde la cartera de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Según informó el Ministerio en su comunicado, el certamen se integra en la política de Alimentos de España, cuyo propósito es consolidar la posición de liderazgo de España como referente internacional en alimentación y gastronomía, y mantener un compromiso firme con el sector alimentario nacional.

El galardón “Alimentos de España a los mejores quesos” cumple la función de fomentar el conocimiento entre los consumidores acerca de la calidad y variedades del producto lácteo nacional y ayuda a poner en valor sus propiedades sensoriales. A través de este tipo de iniciativas, el gobierno pretende también destacar y respaldar el trabajo de los productores artesanales y la diversidad de la industria quesera en el país.

Durante la evaluación, los criterios se centran en la calidad, la tipicidad y los estándares específicos de cada modalidad, teniendo en cuenta factores como el sabor, el aroma, la textura y la presentación general de los quesos, según consignó el medio oficial en la publicación reciente. Todo el proceso es monitorizado por personal especializado, asegurando que cada fase se lleve a cabo con precisión técnica y de acuerdo a las regulaciones establecidas por la normativa vigente.

Tal como remarcó el departamento liderado por Luis Planas, el reconocimiento otorgado en esta convocatoria representa no solo una distinción para los productores ganadores, sino también una oportunidad para fortalecer la presencia del queso español tanto a nivel nacional como internacional, dentro de la política de promoción de productos agroalimentarios impulsada desde el Gobierno central.

La empresa Citogen S.L., ubicada en Zaragoza, ha sido seleccionada para llevar a cabo labores de análisis genético sobre restos óseos y la elaboración de informes que permitan identificar los cuerpos hallados en Cuelgamuros, anteriormente conocido como Valle de los Caídos. Según informó el Boletín Oficial del Estado (BOE), la adjudicación del contrato forma parte de los procedimientos impulsados por el Gobierno para avanzar en la identificación de víctimas cuyos restos han sido exhumados de las criptas del monumento.

De acuerdo con lo publicado por el BOE, estos contratos gubernamentales suman un valor de 345.000 euros y buscan dar respuesta a la demanda de identificar a las personas enterradas en Cuelgamuros. Las actividades objeto del acuerdo incluyen tanto el análisis genético como la interpretación de resultados y la elaboración de informes periciales, pasos exigidos para incluir los datos obtenidos en el Banco Estatal de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura.

El proceso de licitación se inició con la recepción de cuatro propuestas distintas, tal como detalló el medio oficial. Entre las ofertas económicas presentadas, la de Citogen S.L. ascendió a 258.975 euros sin impuestos; la empresa resultó adjudicataria frente a la más costosa, que alcanzó los 310.500 euros, y a la opción más económica, presupuestada en 249.210 euros. No obstante, el importe definitivo del contrato se fijó finalmente en 345.000 euros, teniendo en cuenta parámetros adicionales requeridos en el procedimiento administrativo.

El contrato incluye un apartado específico dedicado al análisis puntual de muestras biológicas de posibles familiares, lo que podría permitir un mayor nivel de precisión en las tareas de identificación, según consignó el Boletín Oficial del Estado. Este enfoque amplía el espectro de trabajo más allá del estudio de los restos esqueléticos encontrados, incorporando la posible verificación genética directa con descendientes o personas vinculadas con los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

La inclusión de los resultados obtenidos dentro del Banco Estatal de ADN representa un avance en las políticas públicas dedicadas a la memoria democrática y la reparación de víctimas, según reportó el BOE. Estas bases de datos constituyen una herramienta clave para el cruce de información y la resolución de casos de personas desaparecidas en uno de los periodos más complejos de la historia contemporánea española.

La formalización de este tipo de contratos responde a las tareas que se están desarrollando en Cuelgamuros, donde continúan los trabajos de localización y exhumación de restos humanos. El proceso se sustenta en la documentación y el avance tecnológico que permite la genética forense para los procedimientos de identificación, lo que otorga un carácter científico a los informes y acelera la integración de resultados en el banco oficial.

El coste final del contrato podría superar la cifra ofrecida por las empresas licitadoras debido a los criterios complementarios contemplados durante la evaluación, puntualizó el Boletín Oficial del Estado. Con estos procedimientos, el Gobierno busca garantizar transparencia y eficacia en el uso de recursos públicos destinados a la identificación de víctimas y la clarificación de los hechos sucedidos en el pasado reciente de España.

Durante una entrevista en Abu Dabi, Juan Carlos I manifestó que se encuentra “excelentemente bien” de salud y expresó su previsión de volver a España próximamente, según consigna Europa Press. En esa conversación, el exmonarca mencionó los “achaques normales” propios de su edad y afirmó con humor: “Ya me gustaría tener 20 años, pero no los tengo”. Esta declaración se enmarca en un contexto de renovado debate público luego de la desclasificación de documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

De acuerdo con Europa Press, la reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del acuerdo del Consejo de Ministros para la desclasificación de los archivos oficiales sobre el 23F ha abierto la discusión política sobre la figura de Juan Carlos I y su posible regreso a territorio español. Estos documentos resaltan el compromiso del entonces rey con el orden constitucional y detallan su papel central en detener el golpe de Estado liderado por el teniente coronel Antonio Tejero. Entre los registros desclasificados se destaca la promesa de Juan Carlos I: “Juro que ni abdicaré la Corona, ni abandonaré España”. Tras el mensaje transmitido a las 1:12 horas del 24 de febrero de 1981 en Televisión Española, el monarca trasladó al general Milans del Bosch su decisión firme de mantener el orden constitucional: “Después de este mensaje ya no puedo volverme atrás”.

Tras la divulgación de estos archivos y la reaparición pública del debate, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, solicitó que el rey emérito regrese al país. Según publicó Europa Press, Feijóo expresó en su cuenta de la red social X que la desclasificación de los papeles vinculados al 23F “debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado”. El líder de la oposición consideró que sería “deseable” el regreso de Juan Carlos I, quien reside en Abu Dabi desde agosto de 2020.

Feijóo recordó que el propio rey emérito ha asumido la existencia de errores en su trayectoria, pero defendió que “quien contribuyó a sostener” la democracia y las libertades en un momento definitivo debería culminar su vida en España, con dignidad y en su país. El dirigente del PP ya ha manifestado en otras ocasiones esta postura, y agrega que, si el exjefe del Estado no tiene asuntos pendientes con la justicia española, no ve razón para que se le limiten derechos en comparación con otros ciudadanos.

El medio Europa Press detalló que, en la esfera política, la petición de Feijóo ha suscitado reacciones diversas. Desde el lado contrario, Gabriel Rufián, portavoz parlamentario de ERC, se mostró contrario al regreso de Juan Carlos I, respondiendo que “los delincuentes, mejor fuera que dentro” cuando se le preguntó por esta posibilidad. En la misma línea, Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España (PCE), denunció lo que consideró una “clarísima operación de blanqueo” de la figura del antiguo monarca a raíz de la publicación de los archivos desclasificados sobre el 23F.

Europa Press informó además que Feijóo refirió el pasado noviembre a su deseo de que el Partido Popular mantenga una “actitud respetuosa” con la Corona y los jefes de Estado, independientemente de las luces y sombras de cada uno. Ese posicionamiento se expresó durante un debate parlamentario vinculado a la discusión acerca del libro de memorias de Juan Carlos I, donde el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, criticó la supuesta benevolencia del exmonarca hacia el franquismo. En ese contexto, Feijóo reprochó a Sánchez un intento de “censura” contra Juan Carlos I en la tribuna del Congreso y subrayó que, si llega a La Moncloa, la Corona recibirá un trato institucional respetuoso.

La controversia sobre el retorno de Juan Carlos I y el valor histórico de su intervención durante el 23F surge en medio de una revisión pública de su legado, marcada tanto por el reconocimiento de su papel al frente del Estado en momentos de crisis institucional como por la admisión de errores en su vida pública y privada. La fuente Europa Press señala también que la discusión alcanza aspectos relacionados con la reconciliación nacional y la consideración legal y simbólica del monarca emérito.

En cuanto al procedimiento de desclasificación, Europa Press indicó que los documentos publicados arrojan luz sobre las comunicaciones y decisiones adoptadas por la Casa Real y altos mandos militares en las horas decisivas del intento golpista de 1981. El mensaje del rey Juan Carlos I, emitido en televisión, marcó un punto de inflexión en la crisis y recibió especial atención en los archivos institucionales dados a conocer por el Boletín Oficial del Estado.

Juan Carlos I, quien permanece en Abu Dabi desde 2020, trasladó en sus más recientes manifestaciones públicas el objetivo de regresar al país lo antes posible, enlazando sus palabras con una evaluación positiva de su estado de salud, según recoge Europa Press en sus reportes sobre declaraciones ofrecidas a medios de comunicación españoles.

La publicación de los documentos y el debate político sobre el papel de la monarquía española se inscriben en un contexto de reflexión histórica e institucional en el que diferentes actores políticos y sociales exponen posiciones encontradas sobre la vigencia del legado de Juan Carlos I, su responsabilidad en la defensa del sistema democrático y las condiciones de un eventual retorno a España.

El acuerdo del Consejo de Ministros que permite la desclasificación de los documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 argumenta que el tiempo transcurrido desde esos hechos elimina cualquier peligro actual para la seguridad y defensa del Estado. En este contexto, el Gobierno comunicó que la totalidad de los papeles disponibles hasta la fecha, relacionados con el fallido levantamiento liderado entonces por el teniente coronel Antonio Tejero, se harán accesibles para su consulta pública en la web de Moncloa desde las 13:00 horas de este miércoles.

Según informó el Gobierno, el Boletín Oficial del Estado difundió en la mañana de este miércoles el acuerdo ministerial que habilita la publicación digital de estos documentos. El pacto, de tres páginas, abarca la desclasificación de todo tipo de asuntos, actos, información, datos y objetos relacionados con el intento de golpe del 23-F. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, especificó que “toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento” comprende un total de 153 archivos sobre el golpe que pretendió derrocar el sistema democrático español.

Tal como publicó el medio Moncloa, la decisión de abrir estos expedientes al escrutinio público responde a la interpretación de que ya no existe una amenaza vinculada a la revelación de estos materiales. El documento del Ejecutivo recuerda que los principales autores del intento de golpe, entre los que destaca Antonio Tejero, fueron condenados de manera firme por el Tribunal Supremo el 22 de abril de 1983, bajo cargos de rebelión militar.

De acuerdo con la portavoz Elma Saiz, la iniciativa se enmarca en el esfuerzo por la transparencia y la memoria democrática. Los 153 documentos desclasificados han sido puestos a disposición luego de intensas gestiones entre varios departamentos ministeriales. El acuerdo para proceder a su publicación en internet parte de la propuesta conjunta de los titulares de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Defensa, e Interior, según consignó el medio oficial.

El Boletín Oficial del Estado incluyó de manera expresa que la desclasificación comprende cualquier elemento vinculado al golpe del 23 de febrero de 1981. Esta declaración permite el acceso a comunicaciones, informes, materiales y todo tipo de registro hasta ahora limitado bajo criterios de reserva y seguridad nacional. El Ejecutivo indicó que se trata de información que fue revisada minuciosamente para determinar que su difusión no afecta de ninguna manera las capacidades estratégicas o defensivas del Estado español.

Según detalló Moncloa, los archivos podrán consultarse digitalmente desde este miércoles por cualquier persona interesada, marcando un hito en la política de acceso a la información y apertura institucional sobre uno de los eventos más relevantes de la historia reciente de España. Entre los documentos figuran partes militares, órdenes de operaciones, comunicaciones oficiales y otros textos elaborados durante el desarrollo de los hechos y en las investigaciones posteriores.

La publicación de estos materiales responde también a demandas históricas de diversos sectores sociales interesados en esclarecer todos los aspectos del intento de golpe de Estado y en consolidar la memoria histórica. El acceso a los archivos desclasificados permitirá conocer en detalle el entramado de decisiones, participantes y circunstancias que rodearon el 23-F, una fecha que tuvo un impacto determinante en la consolidación del sistema democrático tras la dictadura.

Según reportó Moncloa, la decisión fue adoptada de manera coordinada por los ministerios implicados, considerando no solo la ausencia de riesgo sino también el derecho a la información de la ciudadanía sobre los acontecimientos del pasado reciente. Así, el Gobierno cumple un paso más hacia la apertura y puesta a disposición de documentos históricos asociados con períodos críticos de la transición española.

El proceso de revisión y desclasificación se realizó en cumplimiento de los marcos legales vigentes, tomando como referencia el contexto judicial que concluyó hace más de cuatro décadas, y que reafirmó en sentencia firme la responsabilidad penal de los promotores del golpe. De este modo, la documentación ahora accesible busca aportar luz sobre los procesos internos y decisiones institucionales adoptadas en torno al asalto al Congreso de los Diputados y sus consecuencias políticas y sociales.

La decisión llega tras sucesivas peticiones de acceso a los registros y archivos conservados en dependencias ministeriales y organismos oficiales. El Gobierno subrayó, según indicó Moncloa, que hasta este momento han sido localizadas y desclasificadas todas las unidades documentales identificadas, sin descartar la localización de nuevos documentos en el futuro. La puesta en línea de estos archivos permitirá su consulta a investigadores, analistas y público en general, facilitando nuevas aproximaciones a los hechos.

La portavoz gubernamental, Elma Saiz, remarcó que la publicación de estos documentos obedece al compromiso del Ejecutivo con la transparencia y la rendición de cuentas, en línea con las políticas de memoria democrática aprobadas en los últimos años. Los materiales incluirán tanto documentación generada en tiempo real durante el desarrollo del golpe como análisis e informes posteriores elaborados por instituciones estatales.

El medio Moncloa detalló además que la consulta se realizará a través de la web oficial, ofreciendo acceso libre a los 153 archivos que abarcan diversos aspectos operativos, estratégicos y legales relacionados con el intento de golpe protagonizado por Antonio Tejero y otros militares. La iniciativa busca así asegurar la máxima accesibilidad y transparencia sobre uno de los episodios más relevantes para comprender la evolución institucional de la España contemporánea.

Gemma Barroso, subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía, estableció un contacto directo con la agente que interpuso una denuncia por agresión sexual contra el comisario principal José Ángel González Jiménez para informarle sobre la disponibilidad de protección policial y ofrecerle este recurso. La agente, según detalló el Ministerio del Interior y reportó Europa Press, aceptó la medida, que busca garantizar su seguridad tras la presentación de la querella y los efectos que esta generó en el seno de la Policía Nacional. El refuerzo de la protección se produjo en paralelo a la publicación oficial del cese de González Jiménez, quien ejercía como director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional.

De acuerdo con Europa Press, el Boletín Oficial del Estado (BOE) divulgó en una edición extraordinaria el cese del comisario José Ángel González Jiménez este jueves a última hora de la mañana. La publicación se produjo dos días después de que trascendiera la denuncia interpuesta por una subordinada, así como la renuncia de González Jiménez a su cargo como principal responsable operativo dentro del organigrama policial. El documento formaliza la medida bajo la Orden INT/106/2026, con fecha del 18 de febrero, y lleva la rúbrica del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En el texto consignado en el BOE, se especifica el "cese del Comisario Principal don José Ángel González Jiménez como Director Adjunto Operativo de la Dirección General de la Policía", cumpliendo así con la estructura legal prevista en los artículos 47.6 y 48.1 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional. Europa Press explicó que la decisión se tomó tras la propuesta formal del Director General de la Policía y la evaluación de la Secretaria de Estado de Seguridad.

El medio Europa Press añadió que el relevo de González Jiménez como DAO se ejecutó tras hacerse pública la querella presentada por una subordinada, que declaró un supuesto delito de agresión sexual. La gravedad de las acusaciones motivó la dimisión de González Jiménez del puesto como principal responsable operativo, dando paso a la asunción temporal de funciones por parte de la comisaria principal Gemma Barroso, quien quedó al frente de la Dirección Adjunta Operativa mientras se designa a su titular.

En el transcurso de las actuaciones, y tras la oficialización de la renuncia, las autoridades priorizaron la integridad de la denunciante. Como resultado, la nueva responsable interina de la DAO, Gemma Barroso, se comunicó inmediatamente con la agente para poner a su disposición una protección policial adecuada a la situación tras la presentación de la denuncia. Así lo indicó el Ministerio del Interior, que detalló la aceptación por parte de la víctima de este refuerzo de seguridad.

Europa Press subrayó que la secuencia de acontecimientos se produjo con rapidez: la querella ingresó apenas dos días antes de concretarse el cese, y la publicación extraordinaria del BOE confirmó de manera oficial la salida de González Jiménez del cargo de máxima relevancia operativa en la Policía Nacional.

Las atribuciones legales y administrativas que facilitaron el cese están contempladas tanto en la propuesta del Director General de la Policía como en el informe elevado por la Secretaria de Estado de Seguridad, conforme expone el texto legal. La Orden aprobatoria lleva la firma del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ejecutó la medida en uso de sus competencias determinadas por el ordenamiento policial.

Efectuada la publicación oficial en el BOE y aceptada la protección especial por parte de la agente denunciante, la estructura de mando policial quedó temporalmente dirigida por la comisaria Barroso. Europa Press precisó que Barroso asume la DAO en funciones hasta que se designe formalmente a un nuevo titular.

Según recogieron los documentos oficiales y confirmó el Ministerio del Interior, todas las actuaciones buscan preservar tanto la legalidad como la protección institucional y personal de quienes participan directa o indirectamente en la investigación interna desencadenada por la denuncia. Esta gestión, descrita de forma detallada por Europa Press, pone de relieve el procedimiento seguido por el cuerpo policial frente a las acusaciones a figuras de alto rango y las sucesivas medidas de protección impulsadas para garantizar los derechos y la seguridad de la persona denunciante.

Las nuevas reglas para la deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), adaptadas a la reciente subida del salario mínimo, implican cambios notables para quienes perciben ingresos por debajo de los 20.048,45 euros anuales. Según informó el Boletín Oficial del Estado (BOE), las rentas que se sitúan bajo este umbral podrán acceder a una deducción de hasta 590,89 euros. Este ajuste acompaña la medida gubernamental que establece el salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026 en 17.094 euros brutos al año, y supone que un trabajador que perciba dicho salario pagará 356 euros menos de IRPF respecto al año anterior.

El BOE detalló este jueves que la subida del SMI se aplicará desde el 1 de enero de 2026, tras la aprobación del Real Decreto que fija el incremento del 3,1%. Así, el SMI pasa de los 1.184 euros mensuales establecidos para 2025 a 1.221 euros mensuales por catorce pagas, lo que representa una mejora de 37 euros mensuales y de 518 euros al año. La subida, que tendrá efecto retroactivo desde el inicio del año, beneficiará a cerca de 2,5 millones de trabajadores, según consignó el medio.

El salario mínimo establecido para 2026 se traduce en 40,70 euros brutos al día. Los trabajadores eventuales y temporeros percibirán al menos 57,82 euros diarios por jornada legal de actividad, mientras que quienes trabajan en el servicio doméstico recibirán un mínimo de 9,55 euros por hora efectiva trabajada, de acuerdo con lo publicado por el BOE.

El Gobierno y los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) sellaron este acuerdo a finales de enero, tal como reportó el BOE. Este pacto no contó con la adhesión de las organizaciones empresariales y marca el sexto año consecutivo en el que el incremento del SMI se logra sin el apoyo de la patronal. El Ministerio de Trabajo señaló que la revisión del SMI responde al objetivo de garantizar la suficiencia de ingresos para los asalariados con remuneraciones más bajas.

El medio indicó que la subida del SMI no modifica ni la estructura ni la cuantía de salarios que, sumados y anualizados, ya son superiores al nuevo salario mínimo. Por el contrario, sí se requerirá una adaptación en todos los acuerdos privados o contratos cuya retribución anual total sea inferior al SMI de 2026, conforme a las actuales reglas de absorción y compensación. Esto obliga a que los empleadores ajusten los salarios que no alcancen el mínimo legal.

Adicionalmente, el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos prevé la reforma de las reglas de absorción y compensación, con la intención de que el aumento no afecte a los complementos salariales, también conocidos como pluses. No obstante, según sostuvo el BOE, esta reforma se abordará en una norma distinta y se vinculará a la incorporación a la legislación nacional de la directiva europea sobre salarios mínimos.

En referencia al IRPF, el Boletín Oficial del Estado explicó que la nueva deducción busca evitar que la subida del SMI perjudique fiscalmente a quienes superen por poco el límite mínimo. Por este motivo, la deducción máxima de 590,89 euros se extenderá para quienes no alcancen los 20.048,45 euros brutos anuales, según los datos oficiales. De este modo, se pretende suavizar el impacto económico y evitar lo que en términos fiscales se conoce como "error de salto", donde un incremento salarial puede traducirse en una mayor carga tributaria.

El Consejo de Ministros aprobó el martes anterior la subida del SMI del 3,1%, sumando así un nuevo incremento a los realizados en los ejercicios previos. El importe fijado para el salario mínimo de 2026 es de 17.094 euros brutos anuales. Según publicó el BOE, la medida alcanza tanto a trabajadores a tiempo completo como a quienes realizan labores temporales o en el ámbito doméstico, asegurando una cobertura amplia y homogénea.

El BOE subrayó que quienes ya perciben salarios por encima del nuevo SMI no verán modificadas sus retribuciones, ni en su estructura ni en la cuantía, siempre que el total anual supere el umbral establecido. Solo deberán ajustarse aquellos acuerdos de retribución que, sumados al conjunto de complentos y pagas, resulten inferiores al salario mínimo anual de 2026. De acuerdo con la normativa vigente, empleadores y trabajadores ajustarán los salarios para garantizar el cumplimiento del incremento.

La publicación del Real Decreto en el BOE sitúa la referencia de salario mínimo en 1.221 euros mensuales repartidos en catorce pagas, frente a los 1.184 euros aplicados el año anterior. Se contemplan también las condiciones específicas para trabajadores eventuales y miembros del servicio del hogar, quienes obtendrán ingresos mínimos ajustados a su tipo de actividad y jornada, de acuerdo con lo estipulado en la nueva disposición.

La medida adoptada se acompaña de una revisión en el tratamiento fiscal para los perceptores del salario mínimo. Según el BOE, Hacienda calcula que quienes reciban el SMI pagarán 356 euros menos de IRPF en comparación con el año pasado, un alivio que refuerza el objetivo de mejorar el poder adquisitivo para trabajadores con ingresos más reducidos.

Los ajustes recogidos en la disposición legal dejarán fuera de tributación a quienes reciban el SMI, lo que se traduce en un beneficio fiscal que, sumado al incremento salarial, impactará de manera significativa en los ingresos netos de casi 2,5 millones de españoles, de acuerdo con la información publicada por el BOE.

La concertación entre el Ministerio de Trabajo, CCOO y UGT permitió la aprobación del incremento sin la participación de las asociaciones empresariales, tal como viene ocurriendo desde hace seis años, según el BOE. Además, la reforma de las reglas de absorción y compensación, pendiente de aprobación en otro Real Decreto, buscará impedir que los complementos de los trabajadores se vean reducidos o absorbidos por el nuevo SMI. Este ajuste se vinculará, además, a la transposición de la directiva europea sobre condiciones mínimas de salario, reforzando la protección de los ingresos más bajos.

Según el BOE, la actualización del salario mínimo interprofesional y de sus condiciones asociadas responde a la política gubernamental de equidad salarial y protección a los trabajadores, en línea con los compromisos adquiridos en la negociación colectiva y la normativa europea, regulando aspectos fundamentales para la economía y el mercado laboral español.

De acuerdo con la información consignada por el medio oficial, la prescripción de medicamentos para mutualistas se realizará, como regla general, con el modelo de receta oficial de MUGEJU. Sin embargo, la resolución reconoce que existen situaciones excepcionales en las que no es viable la utilización de talonarios de recetas de la institución o en las que ciertos productos tienen condiciones especiales de aportación o dispensación que solo pueden evaluarse después de la adquisición del producto, detalló el BOE.

La normativa permite que los mutualistas gestionen el reembolso de productos farmacéuticos no comercializados en España cuando sean autorizados y adquiridos mediante las Consejerías de Salud de las comunidades autónomas o la dirección de un centro hospitalario. Esta posibilidad se extiende a escenarios en los que, por motivos excepcionales y debidamente justificados, el beneficiario no haya presentado el talonario de recetas en el acto médico y el facultativo emita la prescripción en un formato diferente, precisó el BOE.

El texto oficial especifica nuevos supuestos para el reintegro total o parcial en medicamentos dirigidos a patologías concretas. Así, se contempla la devolución para compras de calcitonina empleada contra la enfermedad de Paget, fármacos destinados a personas portadoras de VIH/sida, tratamientos y productos sanitarios dirigidos a quienes presentan fibrosis quística, así como para los medicamentos cuyo principio activo pertenece al grupo terapéutico C10AA, como ocurre con las estatinas, y otros productos incluidos en la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) cuando se prescriben para hipercolesterolemia familiar heterocigota. La aportación del mutualista para estos casos será del 10 por ciento del precio de venta al público, con el tope que fije el Ministerio de Sanidad. El motivo de reintegro será la diferencia entre el 30 por ciento aportado habitualmente y ese 10 por ciento establecido excepcionalmente.

El boletín subraya también que será aplicable el reembolso en supuestos recogidos por la legislación donde se establezcan porcentajes de copago distintos al 30 por ciento habitual, autorizando así la devolución proporcional. En situaciones en que una medicación ubicada en la prestación farmacéutica del SNS deba utilizarse para tratamientos derivados de accidentes en acto de servicio o enfermedades profesionales, MUGEJU se encargará de abonar la totalidad del importe correspondiente a estos medicamentos.

Otra de las inclusiones de la resolución, según publicó el BOE, corresponde a supuestos especiales relacionados con productos objeto de reservas singulares en la prescripción o dispensación que, de forma excepcional, hayan sido adquiridos y abonados por el mutualista por desconocimiento de los trámites o por una situación de urgencia. También se contempla el reembolso para fórmulas magistrales que, dadas sus características específicas, no estén incluidas en los conciertos autonómicos de la comunidad autónoma donde se haya dispensado. Para estas fórmulas, el mutualista deberá demostrar que la adaptación está motivada por las condiciones clínicas del paciente, que el principio activo tiene reconocida utilidad clínica y que el medicamento no está excluido expresamente de la prestación farmacéutica.

La resolución deja fuera de la posibilidad de reembolso ciertos productos, de acuerdo con la normativa vigente. Quedan excluidos los productos cosméticos, dietéticos, aguas minerales, elixires, dentífricos y otros semejantes; los fármacos que tengan publicidad dirigida al público general; medicamentos ubicados en grupos terapéuticos fuera de la financiación según la legislación; y fármacos homeopáticos. Igualmente, los productos farmacéuticos que deban ser costeados por entidades médicas conforme al actual Concierto de Asistencia Sanitaria entre MUGEJU y esas entidades no serán reembolsados por la mutualidad, correspondiendo la gestión directamente a la entidad médica correspondiente, precisó el BOE.

Para tramitar el reembolso, la resolución publicada por el Boletín Oficial del Estado detalla que el mutualista debe solicitarlo a través de la sede electrónica de MUGEJU, mediante los métodos contemplados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 sobre Procedimiento Administrativo Común, o de forma presencial en cualquier Delegación Provincial o en los Servicios Centrales de MUGEJU. El solicitante tendrá que adjuntar un informe médico elaborado por un facultativo de la entidad médica, el cual debe indicar el diagnóstico y el tratamiento prescrito, junto con una factura que acredite el pago realizado. En los casos específicos de enfermedades profesionales o accidentes en acto de servicio, también será requerido un reconocimiento de la situación por el órgano competente. Si el reembolso corresponde a situaciones donde no se presentó el talonario de recetas de la mutualidad o a supuestos excepcionales, el mutualista deberá proporcionar una declaración escrita que justifique las circunstancias presentadas.

El organismo gestor cuenta con un plazo de tres meses para responder a la solicitud. Si transcurre ese período sin que la persona interesada reciba notificación, el expediente se considerará estimado por silencio administrativo. En caso de que se observen errores o insuficiencias en la petición o sus documentos, el mutualista recibirá un requerimiento para subsanar en un plazo de diez días; si la corrección no se efectúa, el procedimiento de solicitud finalizará por desistimiento.

Todas estas disposiciones, mencionadas por el Boletín Oficial del Estado, sustituyen a la anterior normativa reguladora, incluida la resolución de 18 de marzo de 2014, adaptando el marco de actuación de MUGEJU a las necesidades actuales de los mutualistas y especificando el proceso, criterios y documentación necesarios para la devolución de gastos farmacéuticos en circunstancias excepcionales.

El pasado mes de septiembre, la Guardia Civil incorporó a su flota el buque oceánico 'Duque de Ahumada', cuya inversión ascendió a 35 millones de euros y cuya misión prioritaria consiste en reforzar las operaciones de seguridad marítima y combatir la delincuencia transfronteriza, con especial énfasis en el Estrecho de Gibraltar desde su base en la Zona Franca de Cádiz. Este refuerzo se enmarca en una estrategia más amplia para renovar y modernizar los medios del Servicio Marítimo, incluida la adquisición de nuevas embarcaciones enfocadas en la vigilancia costera y la lucha contra el tráfico ilícito de personas y drogas.

De acuerdo con la información publicada por el medio El País, el Ministerio del Interior ha decidido ampliar el período de presentación de ofertas relativas al suministro de un nuevo buque de altura multipropósito para la Guardia Civil. La modificación, que fue detallada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), señala que la fecha límite para la recepción de propuestas, originalmente fijada para el 29 de enero de 2026, se extiende ahora hasta el 5 de marzo de 2026. Esta prórroga responde a una corrección presentada por la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil sobre el procedimiento iniciado el 17 de diciembre de 2025.

El nuevo buque, cuyo valor asciende a nueve millones de euros según consignó El País, está concebido para fortalecer las capacidades del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en misiones orientadas a la lucha contra la inmigración irregular y el narcotráfico. Entre sus principales características, el navío será apto para tareas de vigilancia costera, operaciones de largo alcance con permanencia extendida en alta mar y transporte logístico, actividades fundamentales en la prevención y respuesta ante actividades ilícitas en el entorno marítimo.

Según publicó El País, la ampliación del plazo busca garantizar la máxima concurrencia de ofertas y dotar a la Guardia Civil de un recurso técnico adaptado a las demandas actuales de seguridad fronteriza. El ministerio aspira a que las mejoras tecnológicas incorporadas en la futura embarcación permitan afrontar con mayor eficacia los desafíos inherentes al control de costas y flujos migratorios, así como el enfrentamiento de redes dedicadas al contrabando y otras actividades delictivas vinculadas al tráfico marítimo.

Además de esta licitación principal, el BOE dio a conocer otra convocatoria para la adquisición de cuatro embarcaciones semirrígidas y dos embarcaciones de apoyo, con un coste total de 560.000 euros. Según indicó El País, estos recursos se destinarán a la Unidad de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, permitiendo mejorar la vigilancia territorial y el control de zonas costeras, así como optimizar el transporte de material y personal implicado en operaciones marítimas diversas.

El despliegue de nuevos medios navales responde al incremento de la presión migratoria y de las rutas del narcotráfico detectadas en áreas sensibles, especialmente el Estrecho de Gibraltar y el litoral sur de la península. El País reportó que tanto el buque 'Duque de Ahumada' como las futuras adquisiciones forman parte de un plan continuado para incrementar las capacidades de respuesta de la Guardia Civil frente a delitos fronterizos y riesgos para la seguridad marítima.

El anuncio de estas inversiones se produce en un contexto de crecientes desafíos para los cuerpos de seguridad en el ámbito del control fronterizo, en el que la adaptabilidad operacional y la incorporación de soluciones tecnológicas avanzadas resultan decisivas para anticipar e interceptar actividades ilícitas. El objetivo, según recoge El País, es asegurar el cumplimiento de los estándares exigidos para misiones de gran alcance, incluyendo la cobertura de tareas de apoyo logístico y despliegues prolongados en el mar.

El Ministerio del Interior, al comunicar la extensión del plazo para la presentación de ofertas, hace hincapié en la relevancia de recibir propuestas que integren innovaciones técnicas capaces de optimizar la labor de vigilancia y control marítimo en zonas estratégicas. El medio El País señaló que la valoración de las licitaciones pondrá especial atención en soluciones que combinen polivalencia y eficiencia para fortalecer la actuación de la Guardia Civil ante fenómenos migratorios y flujos ilícitos en aguas territoriales españolas.

La ampliación de recursos para la Unidad de Actividades Subacuáticas refleja el interés institucional en reforzar las capacidades de intervención submarina y en superficie. Según detalló El País, la incorporación de nuevas embarcaciones semirrígidas y de apoyo busca elevar el nivel de preparación de los equipos encargados de funciones específicas en el entorno acuático, contribuyendo así al despliegue operativo general y al cumplimiento de tareas vinculadas a la protección de fronteras y la vigilancia territorial.

Las actuales medidas adoptadas por el Ministerio del Interior manifiestan una apuesta sostenida por la modernización de los medios marítimos empleados en la seguridad costera. Según reiteró El País, tanto la adjudicación de la nueva embarcación multipropósito como la inversión en unidades menores están alineadas con las prioridades estratégicas del Gobierno en materia de prevención, atención y represión de la delincuencia en las fronteras marítimas, buscando así dotar al aparato de seguridad de herramientas de última generación para enfrentar los retos persistentes en la región.

El número total de personas consideradas víctimas por los accidentes ferroviarios en Adamuz y Gelida asciende a 210, una cifra que refleja el alcance de ambos siniestros ocurridos en enero de 2026, según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE). El mismo documento oficial detalla que estas personas recibirán ayudas económicas clasificadas en 14 categorías, cuyas cuantías oscilan entre 2.404 y 84.141 euros, como parte de un régimen excepcional aprobado por el Consejo de Ministros.

De acuerdo con lo informado por el BOE, estas compensaciones adoptan la forma de anticipos de la indemnización correspondiente a la responsabilidad civil, lo cual facilita un acceso más rápido al apoyo económico para los afectados y las familias de las víctimas mortales. En el caso de los familiares de quienes fallecieron en los accidentes, la cantidad establecida se sitúa en 72.121,46 euros. Para las personas que sufrieron lesiones, el Real Decreto Ley establece las 14 categorías previstas en el baremo anexo al Reglamento del Seguro Obligatorio de Viajeros de 1989. Cada categoría determina una cuantía específica, desde la más alta, con 84.141,7 euros, hasta la menor, fijada en 2.404,04 euros. El resto de las categorías intermedias asignan cantidades decrecientes, ajustadas a la gravedad de las lesiones, según reza el documento publicado.

Estas ayudas no tienen carácter de reembolsables y no estarán sujetas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El BOE subraya que, en los supuestos en que la suma anticipada resulte superior a la que se fije finalmente como indemnización, los beneficiarios no estarán obligados a reintegrar la diferencia. Por el contrario, si la cantidad finalmente reconocida supera el anticipo, los afectados percibirán el importe adicional correspondiente.

El Real Decreto Ley también incluye la opción de que el Estado asuma, si así lo solicita el beneficiario, la titularidad de los derechos de crédito derivados de las indemnizaciones concedidas, con el objetivo de simplificar y agilizar los procedimientos administrativos. El texto indica que la percepción de estas ayudas no impide que los pasajeros de los trenes accidentados accedan a otros tipos de compensaciones e indemnizaciones, como las relativas a asistencia en caso de necesidades de alojamiento o transporte, daños materiales sobre equipaje o pérdida de bultos, además de las previstas por pérdida de animales y otras contingencias, que se regirán por la normativa vigente en el sector ferroviario.

En relación con los hechos, el BOE recoge que el primer accidente ocurrió el 18 de enero de 2026, a las 19:43, en la localidad de Adamuz, Córdoba, sobre una línea de alta velocidad, involucrando a dos trenes: el Alvia Renfe 2384, que prestaba servicio entre Madrid y Huelva, y el Iryo 6189, cuyos destinos eran Málaga y Madrid. Según se destaca en el Real Decreto, este suceso constituye el primer choque entre dos trenes de alta velocidad en la historia ferroviaria española y se sitúa solo por detrás del accidente de Angrois, en Santiago de Compostela en 2013, en cuanto a gravedad. El documento precisa que el accidente en Adamuz afectó directamente a 527 personas, provocando 45 fallecidos y 123 heridos. Además del impacto humano, el accidente dejó consecuencias importantes sobre la infraestructura ferroviaria, obligando a suspender el servicio en la línea y agravando las repercusiones sociales y económicas.

Respecto al procedimiento para acceder a las indemnizaciones, el Real Decreto Ley exige que los familiares de personas fallecidas presenten el certificado de defunción, mientras que los heridos deberán aportar los informes médicos pertinentes. Asimismo, la normativa detalla que se habilitarán oficinas de atención integral en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas correspondientes, dirigidas a facilitar tanto la solicitud como la tramitación de las ayudas a los afectados o a sus familiares.

El segundo siniestro relevante se produjo el 20 de enero, poco después de las 21:23, en Gelida, Barcelona, en la línea R4 de Rodalies. En este caso, un tren que se dirigía a Manresa colisionó con un muro de contención caído sobre la vía, resultado de un intenso temporal de lluvias. De acuerdo con los datos oficiales recogidos en el BOE, el accidente de Gelida dejó un saldo de una víctima mortal y 41 heridos. El servicio de Rodalies permaneció suspendido durante dos días, y el restablecimiento completo de la línea aún requiere tiempo, lo que ha generado inconvenientes continuados para los usuarios y afecta a la actividad socioeconómica local.

El texto del BOE resalta que, tras ambos accidentes, la actuación de los servicios de emergencia, sanitarios, personal asistencial, bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad, y efectivos y voluntarios de protección civil resultó determinante para la gestión de la emergencia y la atención inicial a los afectados. Además, el Real Decreto Ley reconoce la implicación de los habitantes de Adamuz, quienes colaboraron de forma activa en la respuesta ciudadana tras los hechos.

Según publicó el BOE, la administración subraya que la celeridad en la activación de las ayudas económicas responde al objetivo de actuar de forma inmediata y efectiva frente a situaciones de emergencia, favoreciendo así la cohesión social y la percepción de una respuesta institucional ágil. Añade que la puesta en marcha de estas compensaciones refuerza el apoyo a las víctimas y a sus familiares, y sostiene la compatibilidad de estas ayudas con otras posibles subvenciones, como las previstas en los contratos de seguros de responsabilidad civil de las empresas operadoras, administradores de infraestructuras u otras administraciones, así como de las pólizas contratadas por las propias víctimas.

El Real Decreto Ley se encuentra en vigor desde su publicación en el BOE y establece el procedimiento detallado para la solicitud de las ayudas, al tiempo que clarifica su compatibilidad con otros mecanismos de indemnización ya previstos por la normativa sectorial aplicable. De esta forma, según remarca el BOE, el Estado trata de asegurar que la totalidad de las víctimas de los accidentes de Adamuz y Gelida disponga de acceso rápido y sin trabas a las compensaciones económicas aprobadas por el Gobierno.

La defensa del exrector de la Universidad Carlos III de Madrid, Juan Romo Urroz, se sustenta en la petición de la Fiscalía de su absolución, junto a la de otros cinco altos cargos académicos, tras considerar que no existen pruebas contundentes de prevaricación administrativa. El requerimiento de exoneración se produce a pesar de que Romo enfrenta una solicitud de hasta 13 años de inhabilitación presentada por la acusación particular, integrada por uno de los candidatos no seleccionados en un proceso de contratación de profesorado. De acuerdo con los detalles publicados por Europa Press, la causa judicial examina presuntas irregularidades en el concurso de selección llevado a cabo en la universidad.

El proceso judicial, que se tramita en la Audiencia Provincial de Madrid, surge tras una querella interpuesta en 2019 por un participante en el concurso docente que no obtuvo plaza. Según la información proporcionada por Europa Press, el querellante alegó que sus méritos habían sido desestimados por motivos ajenos a criterios profesionales. La acusación particular sostiene que hubo “razones espurias”, derivadas de supuestas relaciones de colaboración previa entre los miembros de la comisión examinadora y las candidatas seleccionadas, planteando así un posible conflicto de intereses.

Según el relato consignado por el medio, la investigación se centra en la actuación de una Comisión de Selección creada por el Consejo de Gobierno de la Universidad Carlos III el 13 de febrero de 2018. Este comité, integrado por los otros cinco altos cargos bajo investigación, fue habilitado para elegir mediante un concurso a profesores pertenecientes a los cuerpos docentes. La Fiscalía señaló, según consta en el escrito al que accedió Europa Press, que no existen registros de impugnaciones formales contra el procedimiento de selección de acuerdo con la normativa aplicable.

Los exámenes y evaluaciones se desarrollaron, conforme a los informes aportados, en línea con las bases establecidas en la convocatoria oficial. El proceso finalizó con la resolución de la comisión, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado, seleccionando finalmente a tres candidatos para ocupar las vacantes disponibles. Europa Press destacó que, tras estos resultados, el candidato no seleccionado acudió en primer término a la vía administrativa y contencioso-administrativa para impugnar la decisión, aunque posteriormente optó también por la acción penal que ahora deriva en juicio para Romo y los otros integrantes de la comisión de selección.

La Fiscalía argumentó en su escrito que no se hallaron elementos que contravinieran la legalidad del procedimiento ni pruebas que acrediten una actuación arbitraria o fraudulenta por parte de los acusados. Añadió que el hecho de que existan o se presuman relaciones previas entre miembros del tribunal y los candidatos seleccionados no implica, por sí mismo, la existencia de prevaricación administrativa. El Ministerio Público enfatizó, según el documento citado por Europa Press, que la ausencia de irregularidades documentadas en los pasos administrativos refuerza la petición de absolución para todos los procesados.

Por su parte, la acusación particular centra sus argumentos en la presunta preferencia injustificada hacia las candidatas que resultaron elegidas, basada en conexiones personales de carácter profesional con los examinadores, lo que, a su entender, desvirtuó la igualdad de condiciones en el acceso a los puestos ofertados. Esta parte solicita la inhabilitación de hasta 13 años para Juan Romo Urroz, una pena que podría apartarlo de cualquier cargo público durante dicho periodo.

La selección de personal universitario y la transparencia en estos procesos constituyen aspectos recurrentes en el ámbito académico, sobre todo en instituciones públicas como la Universidad Carlos III de Madrid. Según lo publicado por Europa Press, la causa abierta no solo afecta la trayectoria individual de Juan Romo Urroz, sino también la confianza en los mecanismos de contratación de profesorado dentro de este tipo de entidades.

El juicio oral, fijado para el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Madrid, analizará los testimonios de los acusados, la documentación relativa a la convocatoria y los informes municipales y académicos que obraron en el expediente. El resultado del proceso determinará si hubo responsabilidad penal en las decisiones adoptadas por Juan Romo y los miembros de la Comisión de Selección en relación con el concurso docente efectuado en 2018, y si las acusaciones sobre favoritismo encuentran verificación en las pruebas. Según Europa Press, el desarrollo del juicio y sus conclusiones serán observados por el entorno universitario y por organismos encargados de la supervisión de procedimientos administrativos en la contratación pública.

A lo largo del proceso, los seis investigados –incluido el exrector Romo– tendrán la oportunidad de exponer su versión y responder a las alegaciones de la acusación particular, que basa su querella en la percepción de trato desigual y falta de imparcialidad. Los hechos relatados por Europa Press expusieron que, pese a la ausencia de denuncias formales ante órganos administrativos o contenciosos hasta la fecha de la querella, la implicación penal ha generado especial atención sobre las garantías en la selección de personal en el entorno universitario español.

El precio base del gas para el invierno fue fijado en 27,27 euros por megavatio-hora, un valor inferior en un 18% respecto a la tarifa vigente, tras la caída en las cotizaciones de los futuros del gas natural. Esta reducción influirá directamente en los recibos de comunidades de propietarios y empresas energéticas que presten servicio a estos colectivos, quienes verán disminuido el término variable de su tarifa regulada de gas natural, la llamada TUR vecinal, a partir del 1 de enero de 2026. La rebaja oscilará entre el 5,7% y el 8,3%, adaptándose al tramo específico de consumo, según consignó el Ministerio para la Transición Ecológica a través de lo publicado por la agencia de noticias Europa Press.

El descenso de los costes en las tarifas de último recurso (TUR) surge en un contexto de revisiones periódicas y ajustes regulatorios definidos tanto por la coyuntura internacional de precios como por medidas recientes impulsadas por el Gobierno. Europa Press explicó que el Ministerio atribuye la bajada principalmente al abaratamiento del gas como materia prima, un hecho que influye en el ajuste de los precios reglados que entrarán en vigor para clientes residenciales e industriales a partir de enero.

Según la información proporcionada por Europa Press, la tarifa TUR individual, destinada a usuarios de viviendas, experimentará una disminución media del 8,7% sin impuestos con respecto al valor aplicado el pasado 1 de octubre. Este ajuste incluye el impacto del gas estacional, una variable que se incorpora en la fórmula de revisión de tarifas en los meses invernales.

En cuanto al coste de la materia prima para el periodo que inicia en enero de 2026, Europa Press detalló que el precio del gas de base se situó en 20,2 euros por megavatio-hora. Este valor representa una reducción del 1,7% en relación con la tarifa anterior, atribuida al descenso del 2,9% en la cotización del crudo Brent, pese a la depreciación del euro frente al dólar del 0,4%. Así, tanto el gas base como el gas estacional han afianzado la tendencia a la baja en los costes regulados.

El impacto específico para los consumidores varía según los grupos tarifarios definidos en la TUR. Para un consumidor tipo identificado en la TUR1, que utiliza gas para cocinar y agua caliente, la rebaja media anual en su factura con impuestos asciende al 3,7%. Los hogares con TUR2, que además emplean el gas para calefacción, recibirán una disminución del 4,3% en su recibo anual. En el caso de pymes acogidas a la TUR3, la reducción alcanza el 4,8%.

Europa Press reportó que la tarifa vecinal de gas natural, creada por el Real Decreto-ley 18/2022 de octubre, fue diseñada con carácter temporal para comunidades de propietarios, agrupaciones de estas y empresas de servicios energéticos que las abastecen. Sin embargo, mediante el Real Decreto-ley 4/2024 de junio, el gobierno extendió esta modalidad de manera indefinida, asegurando que el acceso a tarifas reguladas mamantenga vigencia continua para estos colectivos.

Entre los distintos tramos de TUR vecinal, la caída del término variable a partir del 1 de enero muestra diferencias según el nivel de consumo. La TUR 4 y la TUR 5 presentan un descenso del 5,7%. Para la TUR 6 la rebaja es del 7,1%, pasando al 8% en la TUR 7. Las reducciones se sitúan en el 8,1% tanto en la TUR 8 como en la TUR 9, suben al 8,2% en la TUR 10 y alcanza el 8,3% en la TUR 11, conforme a los datos publicados por Europa Press tras las precisiones del Ministerio para la Transición Ecológica.

La tarifa de último recurso de gas natural puede ser solicitada por cualquier consumidor conectado a una red de presión igual o inferior a 4 bar y con un consumo anual que no supere los 50.000 kWh. Esta tarifa se revisa de manera trimestral cada primer día de los meses de enero, abril, julio y octubre. Las actualizaciones de la TUR se producen siempre que el coste de la materia prima varíe al alza o a la baja en más del 2% respecto al valor tomado como referencia en la tarifa anterior, o cuando se implementan nuevos peajes o cánones.

El medio Europa Press describió que la publicación de los nuevos valores de la TAR tiene efecto una vez que el Boletín Oficial del Estado (BOE) las recoge, dotando de transparencia el proceso y facilitando que tanto consumidores individuales como colectivos puedan acogerse a la tarifa regulada o consultar sus condiciones.

Lorenzo Olarte, Manuel Hermoso y Adán Martín han sido incluidos en la relación de figuras reconocidas por su labor institucional tras aparecer el decreto oficial en el Boletín Oficial de España (BOE). Según reportó el medio, el Consejo de Ministros determinó en su sesión de este martes la concesión de la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, a título póstumo, a estos tres expresidentes del Gobierno de Canarias. El reconocimiento los sitúa junto a Jerónimo Saavedra, quien también llegó a obtener la misma distinción durante su vida en 1996.

De acuerdo con la información publicada, el Gobierno central otorga esta distinción en señal de agradecimiento a quienes han realizado aportaciones relevantes al servicio público en España. El Boletín Oficial de España hizo pública la resolución durante la jornada del miércoles, oficializando así la integración de Olarte, Hermoso y Martín en la lista de personalidades reconocidas por su trayectoria institucional. Según consignó el medio, Jerónimo Saavedra, quien también ocupó la presidencia de Canarias y falleció recientemente, había recibido este mismo honor en vida, estableciendo un precedente entre los exgobernantes de las islas.

Tal como detalló la fuente, Lorenzo Olarte desempeñó su mandato como presidente de Canarias entre los años 1988 y 1991, período en el que estuvo vinculado al Centro Democrático y Social (CDS). Manual Hermoso, por su parte, asumió la presidencia entre 1993 y 1999 con el apoyo de la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI), posteriormente relacionada con las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC). Finalmente, Adán Martín dirigió el Ejecutivo canario entre 2003 y 2007, ya bajo la coalición política conocida como Coalición Canaria.

La Orden de Carlos III representa uno de los galardones de mayor prestigio en España, reservado para quienes logran contribuir de manera significativa a la vida institucional del país. El proceso culmina con la publicación oficial del decreto que recoge la voluntad del Consejo de Ministros y la justificación de las distinciones otorgadas, según relató el medio.

El reconocimiento de los tres exdirigentes se produce después del fallecimiento de Jerónimo Saavedra y busca resaltar la labor desarrollada por los expresidentes en sus respectivas etapas de gobierno al frente de la comunidad autónoma de Canarias. La concesión a título póstumo implica que Olarte, Hermoso y Martín reciben este honor tras su fallecimiento, reconociendo su influencia en el desarrollo institucional de Canarias y en el avance del autogobierno de las islas dentro del marco del Estado español.

El medio detalló que, con esta decisión, el Ejecutivo reafirma la relevancia de la trayectoria política e institucional de los principales responsables autonómicos canarios, quienes tras décadas de servicio público pasan a formar parte de un reducido grupo de altos cargos distinguidos por su dedicación y entrega en favor del Archipiélago. La lista de galardonados incluye ahora a cuatro expresidentes que, en distintos momentos, lideraron la transformación política y administrativa de la región canaria, marcando hitos en la historia contemporánea de la comunidad autónoma.

El proceso de selección y otorgamiento de la Gran Cruz responde a la valoración del impacto institucional dejado por los homenajeados, en consonancia con los criterios recogidos en la normativa que regula este reconocimiento honorífico. Así, la publicación del decreto en el BOE supone la consumación formal del acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros y el acceso de Olarte, Hermoso y Martín a la más alta condecoración civil que concede el Estado, tal como indicó la información disponible.

La Agencia Estatal de Salud Pública requerirá inicialmente un espacio de aproximadamente 4.000 metros cuadrados completamente adaptados para su plantilla principal, de acuerdo con el informe publicado. El inmueble no solo debe estar operable desde el primer día, sino que también se valorará la proximidad con terminales aéreas internacionales que ofrezcan enlaces frecuentes hacia las principales capitales administrativas de Europa, tal como consignó la nota oficial. Además, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática habilitará su portal web para la recepción telemática de candidaturas, con un plazo establecido de un mes tras la publicación en el BOE; esto implica que la fecha límite para la presentación será el 17 de enero.

La selección del inmueble se apoyará en varios criterios: además de la conexión aeroportuaria y la competitividad del mercado inmobiliario, la sede deberá ofrecer puestos de trabajo individuales, diferentes salas de reuniones y videoconferencias con capacidad para entre 10 y 60 personas, zonas comunes y multifuncionales, áreas de recepción y espera, servidores, archivo, almacén, y un salón de actos capaz de albergar a más de 300 personas. Tal y como detalló el informe difundido por el BOE, estos requisitos responden al modelo organizativo previsto para la Agencia, que en su primer año prevé incorporar a unos 60 empleados públicos, distribuídos entre funcionarios, personal laboral y cargos directivos. La plantilla incrementará de forma gradual hasta alcanzar los 300 trabajadores, una cifra sujeta a los presupuestos y al contrato plurianual de gestión que se apruebe.

El medio desarrolló que se exigirá contar necesariamente con espacios para la celebración de ruedas de prensa y formación, un aparcamiento adecuado para la plantilla y usuarios y, de manera obligatoria, acceso directo a medios de transporte público, elementos considerados esenciales para garantizar el funcionamiento operatividad de la institución.

De acuerdo con el BOE, la autonomía y flexibilidad para la entrada en funcionamiento de la Agencia dependerán en gran medida de disponer de las instalaciones requeridas y la infraestructura necesaria desde el momento inicial. Este enfoque busca que la sede permita la incorporación progresiva del personal, sin depender de posteriores obras o adaptaciones estructurales que puedan retrasar la actividad. La provisión de servicios y facilidades se orienta a lograr entornos de trabajo óptimos para los futuros empleados, que se prevé llegarán progresivamente conforme lo permitan los recursos y la planificación presupuestaria.

El procedimiento de selección, según describió la Comisión consultiva, permanecerá abierto durante un mes y los interesados deberán gestionar las candidaturas exclusivamente mediante la sede electrónica que habilitará el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Esta vía será la única admitida para la recepción de propuestas, en un proceso que busca rapidez en la selección y puesta en marcha de la Agencia.

Finalmente, el informe precisa que el entorno donde se ubique la futura sede deberá disponer de una oferta amplia y asequible de viviendas y oficinas, atendiendo así las necesidades de reubicación del personal seleccionado. Además, el emplazamiento deberá garantizar tanto la funcionalidad de los espacios como su versatilidad, adaptándose a las dinámicas de trabajo colaborativas y a la presencia estable de profesionales ligados a la salud pública.

El calendario laboral introduce un respiro festivo en Navarra este 3 de diciembre. Y es que, como viene siendo natural en toda la Comunidad Foral, figura como jornada no laborable. Como es costumbre, su celebración se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) cada año, al recordar el fallecimiento de San Francisco Javier, patrón de la autonomía. Así, se reactiva una vez más una de las tradiciones más reconocidas de la región, que comenzó a festejarse desde 1982.

La notificación del BOE da una alegría a todos los navarros al saber que, si aún disponen de unos días libres en el trabajo, podrán tener casi una semana libre antes de las Navidades. De hecho, muchos ya están planeando unas escapadas cortas o un reencuentro con familiares. De esta forma, esta fecha reúne tanto a trabajadores como a familias en celebraciones públicas y actividades culturales que remiten a la identidad histórica del territorio.

La programación especial prevista incluye conciertos, actos religiosos y propuestas destinadas a todos los públicos que, cada año, convocan a miles de residentes y visitantes, según la información de OkDiario. Por lo que, cualquier forma de celebrarlo simbolizará el sentimiento de pertenencia y la memoria compartida.

Las ciudades que podrán disfrutar del festivo

Según los datos que aportó el BOE sobre los festivos para este año, solo se designará un festivo local en Navarra. Algo que diferencia a la comunidad del resto, ya que se suelen contemplar dos días de celebración local; lo que acentúa la unificación de la festividad. Concretamente, las localidades más expectantes para esta fecha son Pamplona, Tudela, Estella, Tafalla, Sangüesa, Corella y Olite.

Pero no solo sus ciudadanos disfrutan del día que conmemora a San Francisco Javier, pues esta fecha tiene un gran atractivo turístico. Esto se manifiesta con un claro aumento en las reservas de alojamiento y en la afluencia de visitantes nacionales. Además, comercios, bares y restaurantes también registran incrementos en la actividad ligada a la programación especial y al tránsito de visitantes.

Algunas agrupaciones corales y bandas de música recorren diferentes rincones de la comunidad, ofreciendo conciertos gratuitos. Pero, sin duda, lo que más llama la atención estos días es el Castillo de Javier, situado en el municipio homónimo y a 52 kilómetros de Pamplona. La fortaleza, el lugar donde nació el santo patrono, se transforma en epicentro de la conmemoración, consolidando el emplazamiento como uno de los iconos del imaginario colectivo navarro.

Quien fue Francisco Javier, el patrón de navarra

San Francisco Javier fue un misionero y sacerdote nacido en 1506 en el Castillo de Javier, Navarra. Estudió filosofía y teología en París, donde conoció a Ignacio de Loyola. Este encuentro resultó determinante en su vida, ya que colaboró en la fundación de la Compañía de Jesús. En 1537, tras ser ordenado sacerdote en Roma, se entregó a actividades de caridad.

Unos años más tarde, en 1541 partió hacia Oriente, iniciando una labor evangelizadora que lo llevó a la India y posteriormente a Japón. Durante una década, realizó extensos viajes misioneros en Asia, donde se dedicó a la expansión del cristianismo. San Francisco Javier falleció en 1552 en la isla china de Sanchón Sancián, a los 46 años, cuando intentaba ingresar a China. Pero no fue hasta 1621 cuando le proclamaron patrono de Navarra, tres años después por las Cortes del Reino.

La devoción popular creció tras el milagro atribuido al padre Marcelo Mastrilli, quien, al recuperar la salud, promovió pedir favores a San Francisco Javier. Posteriormente, el padre Alejandro Filipucci, también sanado tras encomendarse al santo, estableció la novena en su honor del 4 al 12 de marzo. Asimismo, desde 1940, la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz popularizó la Javierada, una peregrinación anual.

El Ministerio del Interior ha publicado este miércoles en el BOE una licitación a través de la División Económica y Técnica del Cuerpo Nacional de Policía, para la adquisición y suministro de prendas térmicas destinadas a los funcionarios de la Policía Nacional durante los años 2026, 2027 y 2028.

En concreto, lo que busca este expediente es una empresa que pueda asumir el suministro de camisetas y pantalones térmicos con un valor estimado de seis millones de euros.

Los criterios de adjudicación

El contrato tendrá una duración de 36 meses y forma parte de los objetivos del propio Ministerio de mejorar la dotación y el equipamiento del personal policial, especialmente en lo relativo a las condiciones climáticas extremas a las que se tienen que enfrentar los agentes en el desempeño de su trabajo. El suministro se realizará en el ámbito nacional y la licitación se tramitará mediante un procedimiento abierto, garantizando así la libre concurrencia de empresas interesadas.

Las ofertas podrán presentarse exclusivamente por vía electrónica hasta las 9:00 horas del próximo 5 de noviembre de 2025, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. La apertura de las aplicaciones técnicas se celebrará el 13 de noviembre, mientras que la correspondiente a la oferta económica tendrá lugar el 27 del mismo mes, ambas en la sede de la División Económica y Técnica, en Madrid.

Los criterios de adjudicación se distribuirán de forma equilibrada: un 25% para la calidad técnica, otro 25% para el precio, un 25% para las características de diseño y confección, y el 25% restante para las propiedades ergonómicas de las prendas. El pliego de condiciones también incluye consideraciones medioambientales en la ejecución del contrato, en línea con las políticas de sostenibilidad promovidas por la Administración.

La División Económica y Técnica, con sede en la calle Julián González Segador de Madrid, será la encargada de gestionar todo el proceso de contratación. Los interesados pueden acceder libre y gratuitamente a los pliegos a través del portal oficial de contratación del Estado.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer un recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en un plazo de 15 días hábiles. Asimismo, podrá acudirse al recurso contencioso-administrativo ante el tribunal competente en el plazo de dos meses.

La transparencia en la contratación pública

La contratación pública en España está regulada principalmente por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), que incorpora directrices europeas con el objetivo de asegurar procesos más justos, abiertos y transparentes. Uno de los pilares esenciales de esta ley es asegurar que los órganos de contratación publiquen información clara y accesible en todas las etapas del procedimiento: desde la preparación de la licitación hasta la formalización y ejecución del contrato.

La transparencia obliga principalmente a los órganos públicos a mantener un “perfil de contratante” que funcione como un espacio público online donde se cuelgan todos los documentos relevantes: pliegos, bases del concurso, criterios de adjudicación, ofertas, adjudicatarios, cuantías, duración del contrato, etc. Este perfil debe estar accesible de forma libre, sin necesidad de identificación previa, lo que ayuda a reducir barreras de acceso para empresas y ciudadanos interesados.

Otro instrumento clave es la publicidad oficial mediante diarios como el BOE o, cuando corresponde, el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) para contratos que superan determinados umbrales. Las licitaciones deben hacerse públicas, ofreciéndose detalles del objeto del contrato, la cuantía estimada, procedimiento de adjudicación, y los criterios que se van a aplicar.

Cambiarse el nombre y apellidos se ha convertido en algo cada vez común entre los españoles. Malas experiencias en la infancia, problemas familiares o un motivo únicamente estético empujan a muchas personas ha cambiar su identidad. Sin embargo, los trámites y posibilidades para lograrlo siguen generando ciertas dudas.

Los ciudadanos españoles pueden solicitar el cambio de nombre y apellidos conforme a lo establecido en la Ley 20/2011 del Registro Civil. Este organismo ofrece un trámite que permite modificar el nombre a quienes lo requieran por no sentirse identificados con él por diversas razones o por la existencia de un error en el acta de nacimiento.

Para poder optar a este importante cambio, es necesario cumplir con distintos requisitos. Además, conlleva una tarea burocrática algo laboriosa. También es importante recordar que hay una serie de documentos indispensables para realizar el trámite, y deben estar actualizados y en vigor.

Cómo solicitar el cambio en el Registro Civil

El trámite para solicitar el cambio de nombre se realiza en el Registro Civil y no tiene ningún coste. Los interesados pueden presentar la solicitud de forma presencial en la oficina correspondiente al lugar de nacimiento o domicilio, para lo cual resulta conveniente gestionar una cita previa a través del enlace disponible en la web. También existe la opción de enviar la documentación por correo certificado.

Una vez registrada la solicitud por cualquiera de estas vías, se inicia un expediente que debe recibir la aprobación de un juez, quien analizará si se cumplen los requisitos legales. Con la validación judicial, el cambio se notifica mediante un edicto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El proceso puede llevar varias semanas debido al periodo abierto para que terceros puedan presentar objeciones. Una persona ajena al cambio puede oponerse si puede verse afectada o explica una conexión familiar. Finalizado este plazo y si no se registran objeciones, el nuevo nombre queda inscrito oficialmente en el Registro Civil.

Requisitos y documentos para el cambio

Los solicitantes mayores de 16 años pueden llevar a cabo el trámite por sí mismos, mientras que los menores deben estar representados por sus tutores legales. Entre las restricciones principales se encuentra la limitación a dos nombres simples o a uno compuesto. Además, no se permiten nombres que resulten ofensivos o que dificulten la identificación personal.

No se concede el cambio si existe ya un hermano con el mismo nombre y apellidos, salvo en caso de que el familiar haya fallecido. La elección del nuevo nombre debe ser diferente al que figura en la inscripción de nacimiento, no contener errores ortográficos y puede ser una adaptación o traducción de otro idioma. El solicitante debe demostrar el uso habitual del nuevo nombre propuesto.

En cuanto a la documentación obligatoria, es preciso presentar una solicitud formal justificada, una certificación de la inscripción de nacimiento y documentos que evidencien las circunstancias que motivan el cambio. Para modificaciones de apellidos, es necesario aportar certificados de nacimiento de los ascendientes o, si no existen, partidas de bautismo. En caso de adaptar los apellidos a otras lenguas oficiales de España, se requiere un certificado de la academia lingüística correspondiente.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ve factible presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que solo sirva para "blanquearle" y ha criticado sus "amenazas populistas", después de que asegurara que van a empezar a sucederse "las resoluciones de muchas de las causas que tienen el PP".

En declaraciones a los periodistas desde la plaza de los Cubos, ha negado la necesidad de que se lleve a cabo una moción de censura porque Sánchez "se agarra a esos siete votos para justificar cualquier cosa", en alusión a Junts.

Además, la dirigente madrileña ha denunciado sus "amenazas populistas" que son "propias de personas tiranas que han decidido que van a ir a lo suyo, que va a quemar España y el Estado".

"Mucha gente ha dicho en estos días que parece enloquecido (Sánchez), con rasgos psicopáticos, no es verdad, no es nada de eso. Es que él siempre ha sido así, ha sido una persona que no ha tenido vergüenza alguna. Hemos visto cómo ha tratado a la militancia siempre, cómo la ha engañado, cómo ha utilizado urnas de cartón, cómo ha llegado a todos los puestos", ha criticado la presidenta, quien ha subrayado que utiliza "las mismas prácticas" que el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Así, ha censurado que piense que "si le atacan a él, están atacando al pueblo" y que ahora "ya tenga toda la libertad para ir contra los jueces, contra los medios de comunicación, interviniendo empresas".

Por otro lado, Ayuso ha pedido tener un ojo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este verano porque Sánchez "va a aprovechar que está la gente en otras ocupaciones". "Igual que hay patrullas vecinales para entre ellas a veces protegerse, pienso que todos tenemos que estar pendientes de lo que hacen este verano", ha avisado.

Así, ha recordado que el líder del PSOE "ha situado a la democracia por encima de la ley" instaurando lo que se llama una "democracia popular". "Sánchez piensa que porque tiene los siete votos del Congreso en manos de los nacionalistas y de aquellas personas que están aprovechando la circunstancia para desguazar a España, ya todo es posible. Se ha situado por encima de la ley y, por eso, digo que no cabe mayor tiranía", ha reprochado.

Madrid, 27 may (EFE).- La Mesa del Congreso ha prorrogado hasta el próximo 6 de junio el plazo de presentación de enmiendas al proyecto de ley de reducción de la jornada laboral, lo que refleja que el Gobierno no cuenta todavía con los apoyos necesarios para sacarla adelante.

Impulsada por el Ministerio de Trabajo, esta ley, dirigida a reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, llegó al Congreso el pasado 13 de mayo y se tramita por el procedimiento de urgencia.

Hasta ayer ningún grupo había registrado enmiendas, incluido Junts, que hace semanas anunció que presentaría una enmienda a la totalidad y cuyos votos son imprescindibles para su aprobación.

El plazo de presentación de enmiendas puede alargarse indefinidamente, a través de sucesivas prórrogas en la Mesa del Congreso, mientras que el Ejecutivo negocia el respaldo de Junts.

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que aspira a aprobar este año la reducción de jornada, viene sosteniendo que "hay margen para la negociación" con el líder de Junts, Carles Puigdemont, y que la enmienda a la totalidad anunciada forma parte de los entresijos de las negociaciones.

En rueda de prensa, la portavoz de Sumar, Verónica Martínez, ha asegurado que se está "avanzando en la negociación" y ha garantizado que "esta norma va a llegar al BOE" (Boletín Oficial del Estado). EFE

El real decreto que reforma el sistema de pensiones para los sectores laborales con las tasas de siniestralidad más elevadas, llamadas profesiones penosas y peligrosas, se aprobó el martes en Consejo de Ministros y el miércoles ya ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Así, este 28 de mayo se ha detallado el procedimiento para identificar y reconocer las profesiones que podrán acogerse a esta modalidad de jubilación anticipada.

Según el BOE, su objetivo es “regular el procedimiento previo para determinar los supuestos en los que procede permitir anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social mediante la aplicación de coeficientes reductores” sobre aquellas profesiones “cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre” y provoquen “elevados índices de morbilidad o mortalidad”.

Requisitos y límites para la jubilación anticipada por trabajos penosos

Para acceder a esta jubilación anticipada, el real decreto establece que los trabajadores deben acreditar que han desempeñado durante un tiempo mínimo, equivalente al requerido para la jubilación ordinaria, actividades laborales que impliquen un gran esfuerzo físico o psicológico.

Además, la norma indica que la edad mínima de jubilación no podrá bajar de los 52 años, aunque se apliquen los coeficientes reductores. El texto también aclara que no será posible compatibilizar la pensión anticipada con la continuación en la misma actividad laboral que “dio lugar al acceso anticipado a la pensión”.

Revisión de los coeficientes cada diez años

Asimismo, la aplicación de los coeficientes reductores lleva aparejada una cotización adicional a cargo de los trabajadores afectados y sus empleadores. Así, se pretende garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. El real decreto señala que este incremento se establecerá anualmente en los Presupuestos Generales del Estado.

La norma también prevé revisiones periódicas cada diez años de los coeficientes reductores, para evaluar si continúan existiendo las condiciones que justificaron la reducción de la edad de jubilación o si han desaparecido por avances tecnológicos o mejoras en las condiciones laborales.

Cómo se determina qué profesiones podrán acogerse a la jubilación anticipada

En cuanto al procedimiento para determinar qué profesiones podrán beneficiarse, se empieza con una solicitud conjunta de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, o de las asociaciones profesionales en el caso de trabajadores autónomos y empleados públicos.

El BOE indica que las solicitudes “deberán circunscribirse a personas trabajadoras del mismo sector que desarrollen la misma ocupación o actividad profesional para las que se haya solicitado la anticipación de la edad de jubilación mediante la aplicación de coeficientes”. Es importante que en la solicitud se detallen “las funciones concretas que determinan que la actividad laboral sea de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre”.

Una vez presentada la solicitud, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social elaborará un informe estadístico de morbilidad y mortalidad, evaluando el daño producido por el trabajo según edad, género y otras variables. Este informe se complementará con evaluaciones del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que analizan las condiciones laborales y proponen medidas preventivas.

En el caso de colectivos públicos, se añade el informe del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Estos informes, que tienen carácter no vinculante, son analizados por una Comisión de Evaluación integrada por representantes ministeriales y sociales, quienes emitirán otro informe “sobre la concurrencia de circunstancias objetivas que justifiquen la aplicación de coeficientes reductores, pudiendo instar la aprobación del correspondiente real decreto de reconocimiento”.

También se contempla un trámite de audiencia para que los interesados puedan presentar alegaciones y documentación adicional, y la resolución definitiva debe emitirse en un plazo máximo de seis meses desde la presentación de la solicitud.

Y, aunque el real decreto indica que comenzará a aplicarse “a los 20 días” tras su publicación en el BOE, el procedimiento surtirá efecto a partir del momento en que se active la orden ministerial que establezca la Comisión de Evaluación.

El Boletín Oficial de Estado indica que la sanción fue impuesta por no haber facilitado en el plazo fijado toda la información y documentación requerida por el Banco de España en el marco de una inspección.

Ello impidió al Banco de España comprobar si Depasify realiza actividades reservadas a las entidades de crédito, como la recepción de depósitos u otros fondos reembolsables del público, o a los proveedores de servicios de pago. EFECOM

Este acuerdo, que fue publicado ya en el BOE el pasado 9 de abril, salió adelante el pasado jueves tras ser apoyado por los socios de investidura, salvo Podemos que se abstuvo y con el voto en contra de PP y Vox.

El real decreto ley incluye un plan de apoyo financiero de más de 14.000 millones de euros con el objetivo de mitigar el impacto de la guerra comercial iniciada por EEUU con la imposición de aranceles globales, de los cuales 7.400 millones corresponden a nueva financiación y 6.700 a instrumentos ya existentes. EFE

El Consejo de Ministros aprobará este martes el anteproyecto de ley para la rebaja de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, sin pérdida de salario, prácticamente un año después de la primera reunión del diálogo social sobre la materia y tras haberse superado las diferencias que mantenían los ministerios de Trabajo y de Economía sobre su aplicación.

El anteproyecto es fruto del acuerdo que firmaron el pasado mes de diciembre el Ministerio que dirige Yolanda Díaz y CCOO y UGT y del que quisieron quedarse fuera las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, al entender que la jornada laboral es una materia que debe fijarse vía negociación colectiva.

La rebaja de jornada es uno de los objetivos 'estrella' de Díaz para este legislatura y formaba parte del acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar. Trabajo calcula que esta medida beneficiará a cerca de 12 millones de trabajadores.

Una vez que lo apruebe el Gobierno el martes, el texto recibirá los preceptivos informes del Consejo de Estado y del CES antes de volver al Consejo de Ministros como proyecto de ley, lo que Trabajo estima que se producirá a finales de febrero. Después, entrará ya en el Congreso, donde los grupos parlamentarios podrán introducir enmiendas antes de su aprobación definitiva.

El objetivo de Trabajo es que la norma esté publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del verano para que las empresas puedan tener unos meses de adaptación, pues, según lo acordado, los convenios colectivos que tengan más de 37,5 horas semanales de jornada en promedio anual tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptarse a la jornada máxima de 37,5 horas.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se ha mostrado este lunes convencido de que se logrará un acuerdo con los grupos parlamentarios para sacar adelante la norma y también en que habrá acuerdo respecto al paquete de ayudas a las empresas, especialmente pymes, para que puedan "absorber" la rebaja de la jornada laboral sin generales efectos negativos.

Según el texto del anteproyecto, los contratos a tiempo parcial con duración igual o superior a las 37,5 horas semanales de promedio "se convertirán automáticamente en contratos a tiempo completo" a partir de la aplicación de la nueva jornada legal.

En caso de tener contratos con menos de 37,5 horas de jornada, los trabajadores a tiempo parcial, así como los trabajadores con jornada reducida, tendrán derecho a seguir realizando el mismo número de horas que viniesen efectuando antes de la entrada en vigor de la norma. Asimismo, tendrán derecho al incremento proporcional de su salario a partir de la aplicación de la jornada máxima ordinaria de 37,5 horas semanales.

Los trabajadores con jornada reducida por cuidado de menor o familiares o que tengan la consideración de víctimas de violencia de género, violencia sexual o víctimas del terrorismo también tendrán el derecho a seguir realizando el mismo número de horas de trabajo que viniesen efectuando anteriormente.

Para estos colectivos, el umbral máximo legal de la reducción de jornada vigente en el momento de su inicio se mantendrá hasta que finalice el derecho a la reducción de jornada, con el límite absoluto del 31 de diciembre de 2026. Alternativamente, podrán adaptar la jornada reducida que venía realizando a la nueva jornada legal prevista, en el marco del horario que previamente disfrutaban.

En cuanto a las jornadas especiales de trabajo, el Gobierno se da un plazo de 18 meses para revisar, junto con los agentes sociales, su normativa para adecuar las ampliaciones y limitaciones en la ordenación y en la duración de la jornada de trabajo a la nueva jornada máxima legal.

ENDURECIMIENTO DE LAS SANCIONES: MULTAS DE HASTA 10.000 EUROS

El Gobierno multará con hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que incumplan con el registro horario y la reducción de la jornada semanal máxima de 37,5 horas.

Esto supone un endurecimiento de las sanciones actuales en materia de jornada por dos vías: en primer lugar, porque se multará a las empresas por cada trabajador con el que se incumplan las normas y no de manera global, y en segundo, porque el importe de las multas, tipificadas como infracción grave de los empresarios, serán más cuantiosas, pasando de un máximo de 7.500 euros a 10.000 euros.

Así, de acuerdo con el anteproyecto, la transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extra, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo se sancionarán, en su grado mínimo, con multas de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros.

REGISTRO HORARIO DIGITAL Y DERECHO "IRRENUNCIABLE" A LA DESCONEXIÓN

El anteproyecto introduce cambios en el registro de jornada que se implantó en las empresas para garantizar que realmente sea eficaz. La intención de Trabajo y los sindicatos es impedir que se puedan falsear los asientos del registro y que las empresas cumplan, de verdad, con los nuevos límites legales de la jornada.

Así, el texto establece que la empresa mantendrá un registro diario de jornada digital que garantice el cumplimiento de la norma.

Además, la jornada de los trabajadores a tiempo parcial se totalizará mensualmente, entregando la empresa al trabajador, junto con el recibo de salarios, copia del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto ordinarias como complementarias.

Igualmente, las horas extraordinarias registradas día a día se totalizarán en el periodo fijado para el abono de las retribuciones, entregando la empresa copia del resumen al trabajador en un recibo. Todo ello sin perjuicio de la forma de compensación.

Serán los trabajadores quienes practiquen los asientos de forma personal y directa, para que la empresa no pueda condicionar su contenido. Igualmente registrarán todas aquellas interrupciones de la misma que afecten a su cómputo. De la misma forma, los asientos tendrán que identificar de manera desagregada si las horas realizadas son ordinarias, extra o complementarias.

Los trabajadores, sus representantes legales y la Inspección de Trabajo podrán acceder de forma inmediata al registro en el centro de trabajo y en cualquier momento. Deberá ser además accesible de forma remota para la Inspección y para los representantes sindicales.

Mediante la negociación colectiva o, en su defecto, decisión de la empresa, previa información y consulta con los representantes legales de la plantilla, se podrá establecer el régimen de organización y funcionamiento del registro de jornada.

Reglamentariamente, en el plazo de seis meses desde la publicación de la norma en el BOE, se establecerán los demás requisitos y contenidos que debe garantizar el registro para cumplir su finalidad.

La totalidad del periodo transcurrido entre el inicio y la finalización de la jornada reflejados en el registro será considerado tiempo de trabajo efectivo. El tiempo que exceda de la jornada ordinaria que resulte de aplicación tendrá la consideración, según proceda, de horas extra o complementarias.

El texto legal atribuye la carga de la prueba a las empresas en caso de incumplimiento de las obligaciones de registro. En caso de incumplimiento respecto de trabajadores a tiempo parcial, el contrato se presumirá celebrado a jornada completa.

La norma refuerza además el derecho a la desconexión digital de los trabajadores fuera de su jornada laboral, configurándose como un derecho "irrenunciable" del trabajador, sobre el que no podrá haber consecuencias negativas o represalias por no atender las comunicaciones de la empresa al margen de su horario de trabajo.

Madrid, 31 ene (EFE).- El Ministerio de Hacienda mantiene la entrada en vigor del nuevo impuesto que grava el líquido de los cigarrillos electrónicos en el 1 de abril, pese a que el retraso de esta fecha -inicialmente prevista para el 1 de enero- había decaído con el rechazo al real decreto ley ómnibus.

En una orden ministerial publicada este viernes en el BOE, Hacienda aprueba los modelos de liquidación y solicitud de devolución del nuevo impuesto, creado a finales del pasado año como parte de la reforma fiscal y que grava el líquido de los vapeadores.

El líquido para cigarrillos electrónicos que contenga menos de 15 miligramos de nicotina por mililitro de producto pagará 0,15 euros por mililitro, y 0,20 euros si la cantidad de nicotina es mayor.

La entrada en vigor del nuevo impuesto estaba prevista inicialmente para el 1 de enero, pero el real decreto ley ómnibus la retrasaba hasta el 1 de abril.

El rechazo del real decreto ley por parte del Congreso suponía que este retraso decaía, con lo que, en teoría, la fecha de entrada en vigor debería haber vuelto al 1 de enero.

Sin embargo, en la orden ministerial publicada este viernes, Hacienda realiza algunos ajustes en el impuesto, entre ellos volver a situar la entrada en vigor el 1 de abril, como preveía el real decreto ley ómnibus.

Así, el primer periodo de liquidación del nuevo impuesto será el correspondiente a los meses de abril, mayo y junio, cuya declaración se tendrá que presentar entre el 1 y el 20 de julio. EFE

San Sebastián, 30 ene (EFECOM).- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves la resolución por la que se declara Errenteria (Gipuzkoa) zona de mercado residencial tensionado, con lo que se convierte en el primer municipio vasco en acogerse a esta declaración que plantea medidas para la contención de los precios de alquiler.

El consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso, ha felicitado en un mensaje publicado en la red social X al Ayuntamiento de Errentería por incorporación de la declaración en el BOE y ha remarcado que "urge poder contar con el índice de precios de referencia para Gipuzkoa y Bizkaia ya que pronto vendrán más municipios".

La resolución del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) da a conocer la declaración de zona de mercado residencial tensionado según lo establecido en el artículo 18 de la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, en el tercer trimestre de 2024 y dispone que su entrada en vigor el viernes.

El periodo de vigencia de la zona tensionada es de tres años desde el día siguiente a la publicación de la resolución.

Con la entrada en vigor de la declaración en estas zonas se aplican medidas para "promover fórmulas de colaboración con las administraciones competentes y con el sector privado para estimular la oferta de vivienda asequible en dicho ámbito y en su entorno", informa el MIVAU.

Asimismo estipula el diseño y adopción de medidas de financiación específicas que puedan favorecer la contención o reducción de los precios de alquiler o venta y el establecimiento de medidas o ayudas públicas adicionales dentro del plan estatal de vivienda vigente, de acuerdo con las previsiones que en su caso éste establezca.EFECOM

Madrid, 29 ene (EFECOM).- El nuevo decreto aprobado por el Consejo de Ministros para recuperar las medidas sociales que decayeron la semana pasada en el Congreso incluye ayudas a los agricultores afectados por la dana y la erupción volcánica de la isla de La Palma.

La norma, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), contempla ayudas a los municipios, hogares y empresas que han sufrido los daños del temporal del pasado octubre.

En concreto, se amplía el ámbito de las medidas en materia agraria a las producciones, parcelas, explotaciones agrarias y otros elementos de la provincia de Valencia que, habiendo sido gravemente afectados por la dana, no se encuentren localizados en el término de los municipios previstos en el anterior decreto del 11 de noviembre de 2024.

Los titulares de las explotaciones afectadas deberán comunicar la existencia de daños al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, preferentemente a través de los ayuntamientos en el que esté radicada la parcela o explotación.

La ayuda se concederá una vez se verifique que los daños se han producido por la dana y que se cumplen los requisitos, según el decreto.

Además, se introduce una nueva disposición en un decreto del 5 de octubre de 2021 con el fin de ayudar a los deudores inscritos en el registro de personas afectadas por la erupción volcánica en los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte -todos ellos en la isla canaria de La Palma- y cuyos ingresos principales provengan de la agricultura.

En particular, se les permite solicitar una suspensión por seis meses adicionales de sus obligaciones de pago derivadas de los contratos de préstamo o crédito con o sin garantía hipotecaria, aliviando de este modo la situación de familias de agricultores que no pueden trabajar en sus fincas porque aún se encuentran afectadas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló ayer en rueda de prensa que el decreto ley recoge un total de 29 medidas sociales, "la práctica totalidad" de las incluidas en el decreto derogado, como la subida del 2,8 % de las pensiones o las bonificaciones al transporte hasta junio, tras cerrar con Junts su apoyo a la convalidación de la norma. EFECOM

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el inicio del primer ciclo de selección de 2025 para el ingreso en los centros docentes militares de formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería, que ofrece un incremento de plazas, 4.442 en total.

Las plazas se distribuyen en 3.200 para el Ejército de Tierra, 662 para la Armada y 580 para el Ejército del Aire y del Espacio. Como novedad, según informa el Ministerio de Defensa en un comunicado, 50 de las plazas incorporan un baremo específico para los Deportistas de Alto Nivel y 25 están destinadas a continuar reforzando la estructura del Mando Conjunto del Ciberespacio.

La solicitud de cita previa para participar en las pruebas de acceso deberá tramitarse a través de la sede electrónica del Ministerio de Defensa y se podrá solicitar desde este jueves y hasta el 18 de febrero. En este primer ciclo, la incorporación de los aspirantes seleccionados a los centros docentes militares de formación está prevista para el 5 de mayo.

El segundo ciclo de selección se iniciará en junio con la publicación de las plazas ofertadas, abriéndose con ello un nuevo periodo para efectuar la solicitud.

Madrid, 29 ene (EFE).- La Agencia Tributaria impondrá multas que pueden alcanzar los 6.000 euros a las empresas que no cumplan con la obligación de informar de las compraventas de bienes dentro de la Unión Europea, según publica este miércoles el BOE.

El BOE publica un real decreto por el que se aprueba el procedimiento sancionador para las infracciones de la obligación de suministrar información para las estadísticas del comercio internacional de bienes dentro de la Unión Europea, que afecta, entre otros, los sujetos pasivos del IVA.

De acuerdo a este reglamento, las infracciones muy graves -por ejemplo, cuando no se atiendan dos requerimientos de información- se multarán con hasta 6.000 euros; las graves -por ejemplo, cuando no se presente la declaración o los datos estén incompletos-, con hasta 1.200 euros, y las leves -por ejemplo, por presentar la declaración con retraso-, con hasta 300 euros. EFE

La Tesorería General de la Seguridad Social, mediante su Dirección Provincial en Ceuta, ha publicado este martes un anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) dirigido a personas con deudas o intereses en procedimientos ejecutivos que no han podido ser notificadas por los canales habituales (notificaciones en la sede electrónica o en los propios domicilios).

Ahora, los afectados disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio, para el conocimiento del contenido íntegro y dejar constancia de tal conocimiento. El documento explica que el horario para comparecer es de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

El incumplimiento puede acarrear importantes consecuencias legales y económicas, como recargos, embargo de bienes y la inclusión en listas de morosos. Y así lo ha recordado la Tesorería General de la Seguridad Social, que advierte que el procedimiento recaudatorio continuará por la vía ordinaria y las acciones legales seguirán su curso sin necesidad de nuevas notificaciones.

El BOE es un medio oficial para notificar, entre otras cosas, los procedimientos administrativos abiertos a causa de la falta de pago de las cotizaciones sociales. Las resoluciones son de acceso público, lo que implica que cualquier persona puede consultarlas. En el listado facilitado este martes se detalla las sanciones y las acciones legales emprendidas. Aunque estas publicaciones no contienen información detallada sobre la cantidad exacta sí figura el DNI de la persona deudora y el motivo.

Cómo saber si estás en la lista del BOE

Para saber si tu nombre aparece en la lista de personas notificadas por deudas de la Seguridad Social, existen varias formas de hacerlo.

Como se ha mencionado anteriormente, el Boletín Oficial del Estado publica de manera regular las resoluciones administrativas y judiciales relacionadas con las deudas con la Seguridad Social. Para ello, puedes ingresar a su página web (www.boe.es) y utilizar su buscador con términos entre comillas como “deuda”, “Seguridad Social” y “Ceuta”.

La forma más cómoda para saber si tienes deudas pendientes es a través de la sede electrónica de la Seguridad Social, ya que aquí aparecerá antes la notificación. Desde su plataforma, puedes acceder a tus notificaciones y consultar tu situación de manera personalizada. Para ello, es necesario contar con un certificado digital o utilizar el sistema Cl@ve PIN. Una vez dentro, podrás ver si tienes algún aviso relacionado con deudas, recargos o procedimientos administrativos.

Si prefieres obtener información directamente de una fuente oficial, puedes dirigirte a la Tesorería General de la Seguridad Social en Ceuta. En sus oficinas, te proporcionarán detalles sobre tu situación con respecto a la deuda y las notificaciones correspondientes. También puedes consultar por teléfono o realizar gestiones online a través de su sede electrónica.

Además de la sede electrónica y el BOE, los CAISS son puntos clave donde puedes recibir asesoramiento e información. En Ceuta, puedes acudir a estas oficinas para consultar tu estado y verificar si figuras en las listas de morosos o si tienes alguna deuda registrada.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado en la mañana de este viernes la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce dos líneas fundamentales de actuación, una reforma organizativa y otra procesal, con las que se busca mejorar la gestión de recursos y agilizar la carga de juzgados y tribunales.

En un real decreto de 272 páginas, firmado por el Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se explica que esta norma entrará en vigor tres meses después de su publicación en el BOE. Es decir, el próximo 3 de abril de 2025.

No obstante, hay algunas disposiciones adicionales, transitorias y finales de la ley que entrarán en vigor a los 20 días, mientras que la atribución de competencias en materia de violencia sexual a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer entrará en vigor a los nueve meses de su publicación en el diario oficial nacional español.

La Ley vio la luz verde definitiva en el Congreso el pasado 19 de diciembre, tras levantar por mayoría absoluta el veto que aprobó el PP en el Senado y una vez que Podemos retiró su amenaza de tumbarla, tras conseguir del ministro de Justicia, Félix Bolaños, el compromiso del Gobierno de suspender los desahucios y mantener las ayudas al transporte.

En concreto, esta norma introduce dos líneas de actuación, una reforma organizativa para favorecer la especialización y mejorar la gestión de recursos con la creación de Tribunales de Instancia y la creación de Oficinas de Justicia en los Municipios.

Y otra procesal, para agilizar la carga de juzgados y tribunales que incluye los llamados medios alternativos de solución de controversias (MASC) en vía no jurisdiccional en los ámbitos civil y mercantil, como la mediación y el arbitraje para tratar de evitar la sobrecarga de juzgados y tribunales.

JUECES SUSTITUTOS

El texto señala que con el objetivo de acabar con la temporalidad, aumentar el número de efectivos y fortalecer las carreras judicial y fiscal, el Gobierno presentará a las Cortes en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor un proyecto de ley orgánica para garantizar el cumplimiento de los estándares europeos fijados en la directiva europea sobre el trabajo de duración determinada respecto a magistrados suplentes y jueces sustitutos.

Al respecto, esa propuesta legislativa acomodará el régimen retributivo y de seguridad social de magistrados suplentes y jueces sustitutos a los principios de independencia económica y protección durante el servicio activo y la jubilación, según la ley.

La ley indica además que el Gobierno, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor, deberá aprobar las modificaciones reglamentarias necesarias, previa negociación colectiva, para la implantación efectiva de los Tribunales de Instancia, Oficinas Judiciales y Oficinas de Justicia en los municipios, particularmente aquellas orientadas a facilitar el desarrollo del nuevo modelo organizativo y los procesos de acoplamiento de todo el personal.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado en la mañana de este viernes la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce dos líneas fundamentales de actuación, una reforma organizativa y otra procesal, con las que se busca mejorar la gestión de recursos y agilizar la carga de juzgados y tribunales.

En un real decreto de 272 páginas, firmado por el Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se explica que esta norma entrará en vigor tres meses después de su publicación en el BOE. Es decir, el próximo 3 de abril de 2025.

No obstante, hay varias disposiciones adicionales de la ley que entrarán en vigor a los 20 días, mientras que la atribución de competencias en materia de violencia sexual a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer entrará en vigor a los nueve meses de su publicación en el diario oficial nacional español.

La Ley vio la luz verde definitiva en el Congreso el pasado 19 de diciembre, tras levantar por mayoría absoluta el veto que aprobó el PP en el Senado y una vez que Podemos retiró su amenaza de tumbarla, tras conseguir del ministro de Justicia, Félix Bolaños, el compromiso del Gobierno de suspender los desahucios y mantener las ayudas al transporte.

En concreto, esta norma introduce dos líneas de actuación, una reforma organizativa para favorecer la especialización y mejorar la gestión de recursos con la creación de Tribunales de Instancia y la creación de Oficinas de Justicia en los Municipios.

Y otra procesal, para agilizar la carga de juzgados y tribunales que incluye los llamados medios alternativos de solución de controversias (MASC) en vía no jurisdiccional en los ámbitos civil y mercantil, como la mediación y el arbitraje para tratar de evitar la sobrecarga de juzgados y tribunales.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 31 de diciembre la convocatoria de la línea ICO-MAPA-Saeca de subvención del capital principal de préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y de los avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca) específica para agricultores y ganaderos afectados por la Dana por un importe total para ambas líneas de 53,15 millones de euros.

En concreto, estas ayudas se encuentran recogidas en los artículos 27 y 28 del Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se adoptaron medidas urgentes para el impulso del plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la dana en diferentes municipios de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024

Agricultura ha precisado que las ayudas se conceden en régimen de concesión directa por riguroso orden de presentación de las solicitudes, y tienen carácter de minimis. El plazo de presentación de las solicitudes comenzará el próximo 16 enero y está previsto que finalice el 1 de septiembre de 2026.

De esta forma, la subvención del coste del principal (Línea ICO-MAPA-Saeca) tiene un presupuesto de 41,25 millones de euros y se instrumenta a través de un convenio firmado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca).

Esta ayuda, que se destina a titulares de explotaciones agrarias afectados por la Dana, consiste en la bonificación del 15% del principal de préstamos ICO o la equivalente a la misma en cada año en que este abierto el plazo de solicitud de la convocatoria, con una cuantía máxima de 15.000 euros por beneficiario, con un plazo de hasta 15 años.

Así, estos créditos podrán contemplar periodos de carencia que de hasta tres años, según la duración del préstamo. No se concederán subvenciones a la parte del préstamo que supere los 100.000 euros.

El préstamo subvencionado deberá estar avalado por Saeca. En este sentido el día 31 de diciembre se publicó en el BOE la convocatoria de subvención de avales de Saeca por 11,9 millones de euros, que será ampliada en otros 5,35 millones de euros en 2025. Esta ayuda se destina íntegramente a subvencionar el coste de los avales de los créditos subvencionados en la línea ICO-MAPA-Saeca para los damnificados por la Dana.

Madrid, 2 ene (EFECOM).- El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha convocado las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la obtención de avales Saeca que garanticen préstamos para su financiación, por un valor de hasta 11.900.000 euros.

La convocatoria, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), está destinada a los titulares de explotaciones agrarias y operadores económicos del sector pesquero y de industrias agroalimentarias.

Podrán acogerse a estas ayudas los titulares de explotaciones agrarias inscritos en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) que hubieran obtenido al menos el 25 % de sus ingresos de actividades agrarias en el año anterior al del año anterior al de la presentación de la solicitud en los tres años anteriores a dicha presentación teniendo en cuenta el dato medio.

No obstante, el límite del 25 % de ingresos de actividades agrarias no se aplicará a los titulares de explotación que hayan iniciado la actividad agraria en los tres años anteriores a la convocatoria, ha precisado el documento.

También podrán optar las entidades asociativas pesqueras, las cooperativas agroalimentarias y los operadores económicos del comercio al por mayor de frutas y hortalizas, entre otros.

La cuantía máxima global de estas ayudas será de 11.900.000 euros, que financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2024.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 16 de enero de 2025 y finalizará el 1 de septiembre de 2026. EFECOM

Madrid, 30 dic (EFE).- El Ministerio de Hacienda ha publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una convocatoria de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) por importe de más de 1.700 millones de euros para promover el desarrollo sostenible de entidades locales.

También se ha publicado una modificación de la Orden de Bases reguladora de estas subvenciones para atender las necesidades específicas de reconstrucción y mitigación de los daños ocasionados en los municipios afectadas por la dana del pasado 29 de octubre.

Como ha informado Hacienda, estas subvenciones, correspondientes al periodo 2021-2027 y que reciben el nombre de Plan EDIL, cuentan con una dotación un 34 % superior a las anteriores convocatorias, denominadas EDUSI (Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado), enmarcadas en el periodo de programación 2014-2020.

Con la publicación en el BOE se abre el plazo para solicitar las ayudas, que finalizará el 28 de febrero de 2025.

En el caso de los municipios afectados por la dana, Hacienda indica que "han tenido que concentrar todos sus recursos administrativos y financieros en la atención urgente, haciendo imposible concurrir en igualdad de condiciones"

Por ello, en su caso se prevé una próxima reprogramación del Programa plurirregional FEDER para asignar recursos adicionales a un objetivo específico de reconstrucción y articular posteriormente una convocatoria específica favor de estos municipios para la reactivación de las infraestructuras, servicios y bienes públicos que hayan resultado dañados. EFE

El Senado ha presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) el conflicto de atribuciones contra el Congreso de los Diputados por haber enviado para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la ley que conmuta a presos de ETA las penas cumplidas en el extranjero.

De esta forma, el Senado, que aprobó esa iniciativa en noviembre con el respaldo de la mayoría absoluta del PP, ha formalizado el choque institucional con el Congreso, según ha adelantado 'El Confidencial' y han confirmado este lunes a Europa Press fuentes jurídicas.

El Congreso aprobó inicialmente por unanimidad esa ley, denominada sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea.

Fue la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) quien alertó, después del visto bueno del Congreso, de que la convalidación de penas también beneficiaba a presos etarras y fue entonces cuando la norma perdió el apoyo de PP y Vox, que la rechazaron durante su última fase parlamentaria en el Senado.

La mayoría 'popular' en la Cámara Alta y un informe de la Secretaría General interpretaron que ese rechazo a la norma debía interpretarse como un veto, a pesar de que ningún grupo había presentado previamente la correspondiente enmienda a la totalidad.

El grupo del PP en el Senado solicitó varias veces a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, que sometiera de nuevo a votación la ley en la Cámara Baja y amenazó, si no lo hacía, con presentar el conflicto de atribuciones ante el Constitucional.

Desde la Mesa del Congreso, en respuesta, la mayoría que conforman el PSOE y Sumar se reafirmaron en dar por aprobada la ley, ignorando la reclamación del Senado y subrayando que la Cámara Alta se había saltado los plazos para vetar la ley.

Este caso no ha sido el primero en el que el PP ha llegado a plantear un choque de competencias con el Congreso, puesto que hace unos meses aprobaron esa iniciativa inédita entre las dos Cámaras ante la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, aunque finalmente los 'populares' optaron por no llevar en aquella ocasión el conflicto al Constitucional.

Madrid, 30 dic (EFECOM).- El Gobierno ha fijado en 914 hectáreas la superficie que se podrá conceder para autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo en 2025, que comprende el 0,1 % de la superficie plantada a 31 de julio de 2024.

En una resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se establece la superficie que se podrá conceder en 2025 para nuevas plantaciones de viñedo a escala nacional.

Por norma, esta extensión debe ser superior al 0 % y cómo máximo del 1 % de la superficie plantada de viñedo a 31 de julio del año anterior.

En otra resolución, se publican las decisiones adoptadas en 2024 por las comunidades autónomas sobre las recomendaciones de limitación de autorizaciones de nueva plantación y de restricciones a las autorizaciones de replantación en el ámbito de las denominaciones de origen protegidas (DOP) que se ubiquen en su territorio para 2025.

Castilla y León ha decidido una limitación de las autorizaciones a 100 hectáreas para la DOP Ribera de Duero, sin restricción total a las autorizaciones de replantación, a partir de la recomendación realizada por el consejo regulador.

La DOP Chacolí de Bizkaia tiene una limitación de 10 hectáreas y la de Chacolí de Getaria, de 15 hectáreas, según las decisiones adoptadas por el País Vasco, que sí ha restringido de manera total las autorizaciones de replantación de viñedo en esos dos casos. EFECOM

Madrid, 30 dic (EFECOM).- La tarifa de último recurso (TUR) individual sin impuestos subirá para el primer trimestre de 2025 un 10 % con respecto al precio del trimestre que ahora finaliza, debido al invierno, que hace que se incorpore gas estacional, mientras que la TUR vecinal se incrementa entre un 13,5 y un 18,3 %.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este lunes la resolución que actualiza estas tarifas reguladas, cuyo precio fija el Gobierno en función de unos parámetros.

La tarifa de último recurso de gas natural es una tarifa regulada a la que puede acogerse cualquier consumidor conectado a redes de gas natural de presión inferior o igual a 4 bares y cuyo consumo anual sea inferior o igual a 50.000 kilovatios hora (kWh).

El Gobierno amplió en octubre de 2022 su aplicación a las comunidades de propietarios y empresas de servicios energéticos que les presten servicio.

La TUR de gas natural se revisa trimestralmente el día 1 de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, y se actualiza siempre que el coste de la materia prima incluido en la tarifa experimente una variación al alza o a la baja superior al 2 % respecto al valor empleado en la tarifa en vigor o, en cualquier caso, cuando entren en vigor nuevos peajes o cánones.

En esta revisión de enero, el coste de la materia prima depende del coste del gas de base y el gas estacional, incorporado en invierno, y tiene un valor de 3,87 céntimos de euro por megavatio hora (MWh), un 19,6 % mayor que en la revisión de octubre para el último trimestre de 2024.

El coste del gas de base es de 24,45 euros/MWh, un 2,38 % inferior respecto a la tarifa vigente, por el descenso, de un 6,21 %, de la cotización del petróleo Brent, y la depreciación del euro frente al dólar, del 2,39 %, con respecto al trimestre anterior.

Por su parte, el coste del gas estacional es de 44,39 euros/MWh, un 5,97 % más alto que en la tarifa aún vigente.

En resumen, la TUR individual se incrementa una media del 10 % con relación al 1 de octubre a partir del 1 de enero, si bien su precio es un 22,29 % menor que la tarifa aplicable en enero de 2023, en plena crisis energética.

Para un cliente medio de la TUR 1 (consumo menor a 5.000 kWh al año), supone un ascenso del 8,89 % en su factura anual con impuestos; mientras que para uno de la TUR 2 (entre 5.001 y 15.000 kWh al año) la subida es del 10,48 % en su recibo anual con impuestos.

En el caso de un cliente medio de la TUR 3 (entre 15.001 y 50.000 kWh al año), el incremento es del 11,59 %.

Por lo que se refiere a la TUR vecinal (para comunidades de vecinos, agrupaciones de comunidades de propietarios y empresas de servicios energéticos que les prestan servicio, y cuya aplicación se ha ampliado de manera indefinida), su término variable sube entre un 13,5 y un 18,3 % a partir del 1 de enero de 2025.

Existen ocho tarifas diferentes dentro de la TUR vecinal en función del volumen de consumo.

Las subidas para ellas en el primer trimestre de 2025 son del 13,5 % para la TUR 4; del 13,6 % para la TUR 5; del 15,6 % para la TUR 6; del 17,8 % para la TUR 7; del 18 % para la TUR 8; del 18,1 % para la TUR 9; del 18,1 % para la TUR 10, y del 18,3 % para la TUR 11. EFECOM

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado en la mañana de este lunes el traspaso del Gobierno de España a Euskadi de las competencias de cinematografía y gestión del litoral, entrando inmediatamente en vigor, si bien se harán efectivas el 1 de enero y el 1 de abril de 2025, respectivamente.

En dos reales decretos, firmados por el Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se hace oficial la transferencia de competencias al País Vasco en materia de Actividad cinematográfica y audiovisual a partir del 1 de enero de 2025 y la de Ordenación y Gestión del Litoral a partir del 1 de abril de ese mismo año.

Así se acordó la semana pasada en la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco, presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y en la que en representación del País Vasco estuvo la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena.

En materia de Ordenación y Gestión del Litoral, se traspasa a la Comunidad Autónoma vasca, en relación con la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre en el litoral del País Vasco, respetando el régimen jurídico vigente, determinadas funciones y servicios que, en el ámbito de la administración, la inspección y la potestad sancionadora, viene desempeñando la Administración General del Estado. El traspaso de funciones y servicios objeto de este Acuerdo tendrá efectividad a partir del día 1 de abril de 2025.

La Comisión Mixta de Transferencias ha acordado también la ampliación de funciones de la Administración del Estado traspasadas al País Vasco por el Real Decreto 3069/1980, en materia de fundaciones, asociaciones culturales, libro y bibliotecas, cinematografía, música y teatro, juventud y promoción sociocultural, patrimonio histórico-artístico y deportes.

En virtud de este Acuerdo, la Comunidad Autónoma asume en su ámbito territorial las funciones relativas a la gestión de las ayudas para el fomento de la actividad divulgadora de la diversidad cultural, el desarrollo de proyectos audiovisuales y la promoción del audiovisual en euskera.

Por otro lado, se atribuye a la Comunidad Autónoma la gestión de la recaudación de las contribuciones al Fondo de fomento de la cinematografía y el audiovisual en lenguas cooficiales distintas al castellano. La ampliación de funciones objeto de este Acuerdo tendrá efectividad a partir del día 1 de enero de 2025.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes el Real-Decreto-ley por que el se aprueba la aportación de inmuebles Patrimonio del Estado a Sepes, Entidad Pública Empresarial de Suelo adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, para el desarrollo e implementación de una política de vivienda asequible, así como la prorroga hasta finales de 2025 de las deducciones por obras de mejora energética de las viviendas.

En concreto, dicha aportación a Sepes, que entrará en vigor mañana miércoles 25 de diciembre, se realiza a través del procedimiento de enajenación previsto en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, aunque la tasación corresponde a Sepes, que la realizará una vez integrados en su patrimonio los inmuebles para incluirlos en su contabilidad patrimonial.

Por ello, desde el Ministerio se ha indicado que corresponde a la Entidad Pública del suelo "su regularización registral y catastral".

PROTECCIÓN DEL PARQUE PÚBLICO

Los inmuebles de los que Sepes dispondrá en su patrimonio proceden del Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) y Patrimonio Nacional.

Además, estas dos últimas entidades mantendrán la titularidad de los inmuebles, pero corresponderá a Sepes su gestión "en virtud del convenio que suscriban las entidades". Desde el Ministerio de Vivienda se ha recordado que su titular, Isabel Rodríguez, recalcó en el Congreso y en "numerosas intervenciones durante el último año" que el carácter público de todas las viviendas patrimonio del Estado estará blindado "a perpetuidad para la protección del parque público".

En cuanto a las deducciones en el IRPF por obras de mejora energética de las viviendas, estas se aplican sobre las cantidades invertidas en obras de rehabilitación que contribuyan a alcanzar determinadas mejoras de la eficiencia energética de la vivienda habitual y en los edificios residenciales, acreditadas a través de certificado de eficiencia energética.

AHORRO DE 319,70 MILLONES DE EUROS EN EL IRPF

En el período de aplicación en los ejercicios 2021, 2022 y 2023 se han llevado a cabo deducciones por obras de mejora energética en un total de 122.862 viviendas, que han supuesto un ahorro de 319,70 millones de euros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), según ha destacado el Ministerio.

"Dichos datos reflejan la concienciación creciente de la ciudadanía con la rehabilitación energética de las viviendas para reducir el consumo de combustibles fósiles, que se observa en la evolución que han tenido dichas deducciones", ha subrayado el Departamento que dirige Isabel Rodríguez.

En concreto, en 2021 se presentaron un total de 2.535 declaraciones, pasando a 55.761 en el año 2022 y elevándose hasta las 110.940 en 2023, lo que da un total de 169.236 declaraciones presentadas en los tres años de aplicación.

VIVIENDA DIGNA

"Con esta ampliación se siguen estableciendo instrumentos clave para asegurar el cumplimiento de los objetivos del Ministerio en favor de la rehabilitación residencial, al servicio del ejercicio del derecho constitucional a la vivienda digna, sumándose al conjunto de actuaciones ya en curso, en el contexto de la oportunidad de la aplicación de los fondos del Plan de Recuperación", defiende el Ministerio.

La norma extiende hasta finales de 2025 el periodo de aplicación de la deducción del 20% por actuaciones que reduzcan un 7% la demanda de calefacción y refrigeración en vivienda habitual.

Debe tratarse de la vivienda habitual del contribuyente, o que esté destinada o vaya a destinarse al alquiler como vivienda habitual, y podrán acogerse a ella las personas físicas que realicen actuaciones de rehabilitación y mejora en las que se obtenga una reducción de al menos un 7% en la demanda de calefacción y refrigeración, según certificado de eficiencia energética de la vivienda.

DEDUCCIÓN DEL 20% HASTA UN MÁXIMO DE 5.000 EUROS POR VIVIENDA

El porcentaje de deducción es de un 20% de las cantidades satisfechas por las obras realizadas en el periodo de aplicación, hasta un máximo de 5.000 euros por vivienda. Dicho decreto prorroga también hasta el 31 de diciembre de 2025 la deducción del 40% por actuaciones que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria no renovable, o mejoren la calificación energética alcanzando las letras 'A' o 'B' en vivienda habitual.

Podrán acogerse las personas físicas que realicen actuaciones de rehabilitación o mejora en las que se reduzca al menos un 30% del consumo de energía primaria no renovable, acreditable a través del certificado de eficiencia energética de la vivienda, o mejora de la calificación energética. El porcentaje de deducción es de un 40% de las cantidades satisfechas por las obras realizadas en el periodo de aplicación, hasta un máximo de 7.500 euros por vivienda.

Por último, la norma prorroga hasta finales del próximo año la deducción del 60% por actuaciones que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria no renovable, o mejoren la calificación alcanzando las letras 'A' o 'B' en edificios residenciales, debiendo tratarse de actuaciones de mejora que afecten al conjunto del edificio.

A esta deducción podrán acogerse las personas físicas en cuyo edificio se hayan realizado obras de mejora o rehabilitación en las que se obtenga una reducción de al menos un 30% del consumo de energía primaria no renovable, acreditable. El porcentaje de deducción es de un 60% de las cantidades satisfechas por las obras realizadas en el periodo de aplicación, hasta un máximo de 15.000 euros por vivienda.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado en la mañana de este sábado el paquete fiscal aprobado el jueves en el Congreso y que establece un impuesto sobre las comisiones y los intereses de la banca, un nuevo tributo mínimo global del 15% a las empresas multinacionales, un gravamen sobre los vapeadores, así como otros impuestos.

En un real decreto firmado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta reforma fiscal aprobada en la Cámara Baja con los votos del Gobierno, ERC, Junts, Podemos, Bildu y Coalición Canaria, entrará en vigor el domingo, un día después de su publicación el BOE.

Uno de los aspectos más relevantes de esta reforma, de la que dependía un desembolso de 7.200 millones de euros de fondos europeos, es una reconfiguración del gravamen a la banca que se creó en un decreto de medidas por la guerra de Ucrania y que caducará el 31 de diciembre. Este pasará de ser una prestación patrimonial a un impuesto, lo que implica que las haciendas forales y las comunidades autónomas lo podrán gestionar.

El gravamen tendrá un tipo progresivo sobre los márgenes de intereses y comisiones de cada entidad, que será del 1% hasta los 750 millones, del 3,5% hasta los 1.500 millones, del 4,8% hasta los 3.000 millones, del 6% hasta los 5.000 millones y del 7% desde 5.000 millones en adelante.

Asimismo, la recaudación obtenida se distribuirá a las comunidades autónomas de régimen común en el año natural siguiente a aquél en el que deba autoliquidarse el impuesto, en función de su Producto Interior Bruto (PIB), una filosofía que sigue el acuerdo de financiación autonómica que los socialistas pactaron con ERC en Cataluña.

El importe de la recaudación se pondrá anualmente a disposición de las autonomías de régimen común mediante operaciones de tesorería, cuyo procedimiento se determinará reglamentariamente, y se efectuará en el ejercicio siguiente al de recaudación del impuesto.

MEDIDAS PARA COMBATIR EL FRAUDE A LOS HIDROCARBUROS

La reforma fiscal también incluye medidas para combatir la operativa de las 'missing traders', empresas que se dedican a la intermediación del negocio de carburantes y se apropian del IVA cobrado por el suministro de hidrocarburos a gasolineras. Esta situación facilita que vendan estos productos por debajo del precio de mercado, suponiendo una pérdida de ingresos para la Hacienda Pública.

Por otro lado, se introduce una mayor fiscalidad al tabaco y a los vapeadores, así como un IVA armonizado a nivel europeo a los arrendamientos de vivienda de corta duración y la extensión de la obligación de expedir y remitir factura electrónica a todas las relaciones comerciales entre empresarios y profesionales.

Además, el PNV consiguió que se aprobaran enmiendas para que las deducciones por obras de mejora de eficiencia energética en el IRPF sean aprobadas por las instituciones competentes del País Vasco, siempre que se cumplan los requisitos se entiendan enmarcadas en el Plan de Recuperación.

REFORMA DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES

Por su parte, el proyecto de ley contempla medidas para evitar el impacto recaudatorio que supone una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la nulidad parcial de una reforma del Impuesto de Sociedades que ejecutó el exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro.

Desde el Ministerio de Hacienda actual explican que el objetivo de esta medida es limitar las deducciones de las grandes empresas para aproximar el tipo real que pagan las multinacionales al tipo efectivo.

Sin salir del Impuesto de Sociedades, este se ha reducido para las empresas con una facturación inferior a un millón de euros de manera que la base imponible comprendida hasta 50.000 euros tendrá un gravamen del 17% y el resto de la base imponible tendrá un tipo del 20%. La reducción del gravamen será gradual hasta 2027.

A su vez, se ha incrementado en dos puntos la tributación de las rentas de capital superiores a 300.000 euros, pasando del 28% al 30%.

INCAPACIDAD PERMANENTE

También se ha aprobado una enmienda de PSOE y Junts para que las personas en caso de incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez no pierdan su pensión si acceden a un empleo y finalmente no pueden proseguir con el mismo.

A esto se suma una nueva disposición, pactada entre el Gobierno y Junts, para bonificar las contrataciones en entidades deportivas no profesionales sin ánimo de lucro. También se ha aprobado otra disposición sobre rendimientos de actividades artísticas obtenidos de manera excepcional.

A su vez, la reforma incluye una modificación legal para que los fondos en la Reserva para inversiones en Canarias (RIC) puedan aplicarse, manteniendo su régimen fiscal, a la rehabilitación de viviendas protegidas que estén destinadas al arrendamiento en favor de personas inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias.

Madrid, 20 dic (EFECOM).- El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes el primer convenio colectivo estatal de empresas organizadoras de eventos corporativos e institucionales, que se empezará a aplicar el 1 de enero.

Según ha informado en un comunicado Agencias de Eventos Españolas Asociadas (AEVEA), la patronal del sector, el convenio recoge en un solo marco jurídico laboral los derechos y condiciones sociolaborales de más de 5.000 personas que trabajan en la organización de eventos corporativos e institucionales.

Dicho convenio fue suscrito por AEVEA, UGT y CCOO el pasado octubre, tras más de un año y medio de negociaciones, y será de obligatoria aplicación en todo el territorio nacional a la actividad de agencias y/o empresas organizadoras de eventos corporativos e institucionales.

El nuevo convenio tendrá vigencia durante los años 2025, 2026 y 2027 y, al finalizar dicho período, se entenderá prorrogado de año en año, si no fuera denunciado por cualquiera de las partes legitimadas.

La patronal de la organización de eventos ha explicado que el acuerdo recoge, entre otras cosas, la distribución irregular de la jornada, que supondrá la posibilidad de flexibilizarla de acuerdo con las necesidades del sector.

Así, se podrá adaptar la jornada laboral al volumen de trabajo en las empresas, estableciendo límites semanales, mensuales y trimestrales.

Además, han resaltado que se han revisado los salarios respecto a los convenios que se aplicaban en el sector y se han incluido mejoras en el ámbito de la conciliación.

El presidente de AEVEA, César González, ha afirmado que "este convenio llega en un momento de recuperación de la actividad y de buenas perspectivas de futuro y supone un avance histórico para la industria de los eventos y sus trabajadores". EFECOM

Madrid, 20 dic (EFECOM).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha lanzado una consulta pública sobre sus propuestas de desregular los mercados mayoristas de banda ancha y mantener la regulación de canalizaciones y postes de Telefónica.

Las propuestas buscan un equilibrio entre la liberalización de mercados donde se ha alcanzado una competencia efectiva y el mantenimiento de la regulación del acceso a la infraestructura física de Telefónica, indica la CNMC en un comunicado.

En concreto, la CNMC analiza en estas consultas los mercados mayoristas de acceso de banda ancha fija (acceso local y acceso central prestados en una ubicación fija) y propone la desregulación total de los servicios NEBA local y NEBA fibra gracias al despliegue masivo de redes de fibra óptica (FTTH), la entrada y consolidación de nuevos actores y modelos de negocio, y las ayudas públicas.

En el caso del mercado mayorista de acceso a infraestructuras físicas (AIF), la CNMC plantea mantener la regulación de la oferta MARCo (acceso a canalizaciones y postes de Telefónica a precios orientados a costes y en condiciones transparentes y no discriminatorias), esencial para garantizar el despliegue de redes de muy alta capacidad y fomentar la competencia en mercados descendentes.

La anterior revisión de estos mercados se aprobó en 2021, cuando se estableció una regulación diferenciada para la zona 1 o competitiva, y la 2 o no competitiva.

El análisis realizado ahora por la CNMC muestra un significativo avance en la competencia dentro de estos mercados, con un aumento de la cobertura de fibra óptica (FTTH), una disminución de la cuota de mercado de Telefónica, la entrada de nuevos operadores y modelos de negocio y la firma de acuerdos comerciales.

En cuanto al mercado de acceso a infraestructuras físicas (AIF) formado por canalizaciones, conductos y postes, la CNMC señala que la oferta MARCo garantiza el acceso a estas infraestructuras con precios regulados y transparentes, permitiendo el despliegue eficiente de redes fijas FTTH por operadores alternativos con red propia, la conexión de estaciones base necesarias para la densificación de la cobertura móvil, especialmente con tecnología 5G.

La CNMC propone mantener las obligaciones regulatorias ex-ante de acceso a la infraestructura física de Telefónica, una medida que considera determinante para lograr los altos niveles de disponibilidad y de penetración de las redes fijas de muy alta capacidad sobre fibra.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones en un plazo de dos meses a partir de la publicación de las consultas en el BOE.EFECOM

El pasado fin de semana, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la nueva lista de precios del tabaco en España, una medida que afecta a distintas marcas de cigarrillos, cigarros y tabaco de liar. La resolución, con fecha de 7 de marzo y emitida por el Comisionado para el Mercado de Tabacos, establece los nuevos importes que los consumidores encuentran ya en los estancos de la Península y Baleares, concretamente desde el 8 de marzo de 2025.

Este ajuste de precios, que responde a la normativa vigente sobre la ordenación del mercado del tabaco y la fiscalidad del sector, según Noticias Trabajo, se enmarca dentro de las revisiones periódicas que afectan a distintas marcas.

Los nuevos precios del tabaco

Entre los productos que experimentan una modificación en su precio destaca la cajetilla de Denim Selected Blend (20), que pasa a costar 4,5 euros. En el segmento de los cigarros y cigarritos, los productos de la marca La Aurora también van a tener variaciones: el modelo Robusto se fija en 7,50 euros la cajetilla, el Short Robusto en 7 euros y el Toro en 7,90 euros.

Otro de los incrementos afecta a los cigarros Montecristo Edmundo Reserva Cosecha 2018 (20), que alcanzan los 185 euros la cajetilla. Por su parte, la gama Signature introduce nuevos valores en sus productos, con precios que oscilan entre 0,22 y 0,25 euros por unidad, dependiendo de la variedad.

Diferencias de precios en Ceuta y Melilla

En Ceuta y Melilla, las tarifas también han sido actualizadas, aunque con algunas diferencias respecto a la Península. En estos territorios, las unidades de Finos Filter Beige, Blue y Red se establecen en 0,21 euros, mientras que el envase de 20 unidades de Finos Beige, Blue, Original y Red tiene un precio de 4,60 euros. El Signature Finos Filter Beige en envase de 20 unidades queda fijado en 4 euros.

Subidas recurrentes en el sector

Los ajustes en el precio del tabaco responden a un marco normativo que regula la comercialización de estos productos, condicionado tanto por la carga impositiva como por la estrategia de los fabricantes. En los últimos años, los aumentos de precios han sido frecuentes, influyendo directamente en el coste final para consumidor y en la recaudación fiscal derivada de este sector.

El consumo de tabaco, en mínimos históricos

A pesar de los cambios en los precios, el consumo de tabaco en España ha alcanzado su nivel más bajo en las últimas décadas. Según los datos de la Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas en España (EDADES 2024) presentados por el Ministerio de Sanidad y recogidos por El Mundo, solo el 36,8% de la población afirmó haber fumado en el último año, la cifra más reducida desde que se inició el estudio en 1997. En ese momento, el porcentaje de fumadores estaba en el 46,8%.

El descenso es todavía más significativo en el consumo diario de tabaco. Actualmente, solo una de cada cuatro personas fuma de manera habitual, lo que representa una caída de ocho puntos respecto a los datos registrados en 2022.

La moto es uno de los vehículos más usados en España. Según informa la propia Dirección General de Tráfico (DGT), en el año 2022, más de 4 millones de personas contaban con el permiso A, siendo uno de los más cotizados en el país.

Sin embargo, cuenta con una elevada tasa de accidentes. En ese mismo año, se registró que uno de cada cuatro fallecidos en carretera eran motoristas. Estas cifran han puesto en el punto de mira a los conductores de este vehículo, procurando buscar una solución lo antes posible.

Por esta misma razón, los expertos han determinado que lo mejor es que haya cambios en la formación teórica y práctica. Estos se introducirán a partir del 1 de julio, tal y como ha establecido el Boletín Oficial del Estado (BOE), buscando con esto que se reduzca la siniestralidad.

Más horas de prácticas

Uno de los principales cambios es el tiempo de las prácticas. Ahora, de manera obligatoria, se realizarán mas horas de tráfico abierto. Con esto se pretende que los aspirantes se enfrenten a situaciones reales, reduciendo las horas de maniobras en circuitos cerrados para ganar experiencia en carretera.

Esta demanda es esencial para los expertos, dado que la mayor parte de los accidentes mortales se producen en vías convencionales. Esto hará que, las famosas pruebas de obstáculos pierdan peso, aumentando la importancia de las situaciones reales en carretera.

Airbag obligatorio

El uso de este sistema de seguridad en el equipo de protección va a ser obligatorio. Esto se hace con el fin de proteger el tórax, una de las zonas más vulnerables para los motoristas. Según los datos, el 35% de los motoristas fallecidos y más del 25% de los motoristas hospitalizados sufren lesiones en esta zona.

Por otra parte, también se incluyen otras medidas de seguridad obligatorias como el uso de casco integral o guantes homologados. Durante el periodo de prácticas, cualquiera que esté a los mando de una motocicleta deberá llevar un equipo de protección completo. Este incluye chaqueta, pantalones y botas homologadas, además de un chaleco reflectante en las vías abiertas al tráfico.

Cursos de concienciación

Además de los cambios comentados, es esencial que los alumnos pasen por cursos de concienciación. Son de carácter voluntario, pero también pueden participar conductores veteranos. En su caso, si han perdido puntos del carnet, podrán recuperar hasta dos.

El objetivo principal de dichos cursos es formar a los conductores para que usen distintas técnicas para evitar los siniestros. Esta preparación se centrará en detectar situaciones de peligro, tomando la mejor decisión en casos extremos. Por otra parte, se evita cualquier tipo de referencia a la conducción deportiva, debido a que esta incentiva a la toma de riesgos.

La nueva medida no ha tardado en generar un debate en las redes sociales, generando dos corrientes. Por un lado, esta la gente que apoya la medida y, por otro, los detractores de la misma. Lo que está claro es que, ante el aumento de las cifras de mortalidad, los especialistas han decidido tomar cartas en el asunto.

El cambio legal fue aprobado el pasado 29 de octubre en el Parlament con los votos de PP y Vox.

Cabe recordar que la propuesta inicial de Vox pasaba por eliminar sin matices la prohibición de acceso de los menores, aunque finalmente se aceptó una enmienda 'popular' que introduce el acompañamiento de un tutor mayor de edad.

Arriaga Asociados ha celebrado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la cláusula del índice de referencia de préstamo hipotecario (IRPH) donde se especifican una serie de condiciones para poder considerar que hay falta de transparencia y abusividad.

El bufete señala, a través de un comunicado, que la resolución es "claramente favorable para los consumidores", ya que reconoce la posibilidad de que el IRPH pueda ser considerado abusivo, ya que afirma que "el mero hecho de tratarse de un índice oficial publicado en el BOE no es suficiente para estimar la buena fe de la entidad ni el cumplimiento de sus obligaciones de información al consumidor de que, para equipararlo al mercado, el índice IRPH debía incluir un diferencial negativo, así como proporcionarle toda la información necesaria para que comprendiera las consecuencias de lo que estaba firmando".

Así, considera que el tribunal europeo ha abierto la vía a que pueda ser declarado abusivo y, por tanto, la revisión "caso a caso de miles de cláusulas hipotecarias que lo aplican".

A partir de ahora, Arriaga Asociados espera que los tribunales españoles revisen los contratos que incluyen el IRPH y determinen si las cláusulas que lo aplican son abusivas.

"El Tribunal Supremo tendrá que revisar su jurisprudencia respecto a la presunción de buena fe de las entidades, ya que el TJUE considera que en cada caso habrá que analizar que el profesional ha facilitado la información suficiente: comparación con otros índices del mercado, evoluciones pasadas, explicación del método de cálculo; incluso si se trata de un índice oficial", sostiene el despacho de abogados.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado una nueva orden ministerial destinada a combatir las estafas telefónicas y regular las llamadas comerciales. Según la normativa, las empresas no podrán realizar dichas llamadas desde teléfonos móviles, una medida que entrará en vigor en el plazo de tres meses.

Además, la orden estableces nuevas normativas para los teleoperadores, como el bloqueo de llamadas y SMS fraudulentos o procedentes de numeración no asignada. Con esta normativa, “España se pone a la cabeza de Europa”, en la lucha contra estas estafas, según ha señalado Óscar López, ministro de Trasformación Digital y Trasparencia Pública.

Claves de la nueva regulación

Entre las disposiciones que destacan en la nueva ley, está la prohibición “terminante” de que las empresas realicen llamadas comerciales desde teléfonos móviles. Según la normativa, “esta numeración está concebida para identificar usuarios finales y no a empresas”. Es decir, estas empresas solo podrán realizar las llamadas comerciales desde números gratuitos con prefijos nacionales, tales como 800 o 900, o desde números con prefijos geográficos.

Los operadores tendrán un plazo de 20 días para bloquear llamadas y mensajes con numeración no asignada, así como tres meses para implementar medidas de seguridad contra llamadas internacionales que imitan números españoles. Países como Reino Unido o Países Bajos son las principales sedes en las que más se practica estas actividades engañosas con numeración simulada española, según ha dicho el secretario de Telecomunicaciones, Matías González Martín.

El incumplimiento de estas medidas está recogido por la Ley General de Telecomunicaciones como una infracción grave, que puede acarrear multas de hasta dos millones de euros. “La graduación de la sanción en cada caso dependerá de la existencia de atenuantes, agravantes o el impacto causado”, ha afirmado González Martín.

El rol de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será esencial en la aplicación de ciertas medidas, como el registro de códigos alfanuméricos de SMS utilizados por empresas u organismos oficiales. En caso de no validar la propiedad de estos códigos, los operadores tendrán la obligación de bloquearlos automáticamente.

Sin embargo, este aspecto cuenta con un plazo de quince meses para su puesta en marcha, dado el nivel de complejidad y las competencias adicionales que implica para la CNMC. “Es un cambio significativo, ya que hasta ahora el control recaía en los propios operadores”, ha indicado el secretario.

La cuestión del WhatsApp

La expansión del uso de las aplicaciones de mensajería instantánea no está contemplada dentro de la nueva regulación. Aunque son canales cada vez más comunes para los servicios de atención al cliente, también se han convertido en vías para que los estafadores se hagan pasar, por ejemplo, por familiares, bancos o cuerpos de seguridad.

No obstante, González Martín ha subrayado que se trata de una etapa inicial de la normativa: “En los próximos meses tendremos que ver los impactos de esta orden” para evaluar los posibles ajustes en el futuro.

Otro de los frentes contemplados son los call centers controlados desde el extranjero. Estas empresas utilizan pasarelas internacionales que permiten atribuir numeración española, pero, con la aprobación de la nueva ley, deberán regirse a los puntos de terminación de red ubicados en España.

Crecimiento exponencial

El número de estafas telefónicas ha tenido un incremento relevante en los últimos años. Los intentos de fraude han aumentado un 500% entre ocho y diez años, generando desconfianza entre los clientes y ocasionando “importantes daños financieros y económicos”. “Los operadores también sufren de manera muy notable el perjuicio de estas estafas”, ha comentado Óscar López, y a pesar de que las nuevas regulaciones representan un coste de adaptación, resultan necesarias para frenar estos delitos.

Finalmente, la nueva regulación es el resultado de meses de debate y ajustes. La orden se presentó a consulta pública hace un año, con un borrador en junio que fue aprobado con modificaciones técnicas secundarias. “Hoy hemos dado un paso muy importante”, ha destacado el ministro, quien espera seguir el ejemplo de países como Alemania o Bélgica, donde tienen medidas muy similares que han arrojado resultados “muy positivos”.

El empadronamiento es un trámite obligatorio que certifica el lugar de residencia de una persona y permite el acceso a servicios públicos como la sanidad o la educación. Si te mudas de ciudad, es necesario actualizar tu inscripción en el padrón municipal. A continuación, te explicamos los plazos y requisitos para realizar este proceso.

Cuáles son los plazos para cambiar el empadronamiento

La normativa no establece un plazo específico para actualizar el padrón tras una mudanza, pero se recomienda hacerlo lo antes posible para evitar problemas administrativos. Algunos trámites, como la asignación de un centro de salud o el acceso a ayudas municipales, requieren que el domicilio esté actualizado en el padrón.

Qué requisitos existen para realizar el cambio de empadronamiento

El proceso varía según cada ayuntamiento, pero en general se solicita la siguiente documentación:

• Formulario de empadronamiento, disponible en la sede electrónica o en la oficina del ayuntamiento.
• Documento de identidad en vigor (DNI, NIE o pasaporte).
• Justificante de domicilio, que puede ser un contrato de alquiler, una escritura de propiedad o una autorización firmada por el titular de la vivienda si no eres el propietario.

El empadronamiento debe gestionarse en el ayuntamiento de la nueva ciudad de residencia. Es posible solicitar cita previa para agilizar el proceso. En muchos casos, el cambio de empadronamiento conlleva automáticamente la baja en el padrón del municipio anterior. En algunos municipios, el trámite puede realizarse por correo postal o a través de la sede electrónica si el ayuntamiento dispone de este servicio.

Multa por empadronamiento

Es importante realizar el cambio de empadronamiento cuanto antes, ya que se trata de una acción obligatoria. El Boletín Oficial del Estado (BOE) establece que estar empadronado en una ciudad diferente a la que vives puede llevar a sanciones económicas, cuya cuantía varía en función del tamaño de la localidad.

El padrón municipal es un registro fundamental para acceder a servicios públicos, garantizar la correcta distribución de recursos y participar en procesos electorales. Según la normativa vigente, las sanciones por no estar empadronado en el lugar de residencia van desde 3 euros en municipios de entre 5.001 y 20.000 habitantes hasta 150 euros en aquellos con más de 500.000 residentes. En localidades intermedias, las multas ascienden a 60 euros (entre 20.001 y 50.000 habitantes) y 90 euros (de 50.001 a 500.000 habitantes).

La gestión y aplicación de estas sanciones corresponde a los ayuntamientos, responsables del mantenimiento del padrón municipal. La obligación de empadronarse en el municipio de residencia no es una medida reciente, sino un requisito legal establecido desde hace décadas. El artículo 15.1 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local, publicada en el BOE el 31 de diciembre de 1990, estipula que “todo español o extranjero que viva en territorio español deberá estar empadronado en el municipio en que resida habitualmente”.

Este precepto sigue vigente y constituye la base del padrón municipal, un registro administrativo fundamental para la gestión de recursos públicos, la planificación de servicios y el acceso a derechos como la sanidad y la educación.

El presidente de la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo', Eloy Suárez, ha decidido convocar al exCEO de Globalia, Javier Hidalgo, aún ilocalizable, para el próximo viernes 29 de noviembre mediante edicto penal --una notificación publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE)--.

Fuentes del PP han apuntado que "ante la falta de colaboración del Gobierno" para hacerle llegar a Hidalgo la notificación de comparecencia prevista para el 22 de noviembre en el Senado, donde el PP tiene mayoría, el presidente de la comisión de investigación de la Cámara Alta ha decidido tramitar una nueva convocatoria de comparecencia mediante edicto penal para el 29 de noviembre.

Según exponen los 'populares', el departamento que dirige el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska sigue sin localizar al ex consejero delegado de Globalia y, tras reiteradas convocatorias de comparecencias "frustradas por la incapacidad" de notificárselas, el PP presentó un escrito en el Senado para exigir al Ejecutivo colaboración para dar con su paradero.

El PP ha explicado que se le reclamó al Ministerio del Interior, Hacienda, Asuntos Exteriores e Industria y Turismo que colaborasen en la localización de Hidalgo pero "no ha sido así", ha denunciado, algo que califican de "obstrucción" a la comisión "que ya se ha vivido anteriormente", asegura el PP, citando la comparecencia de Koldo García, "que el PSOE aprovechó para pedir la suspensión de su comparecencia" y un ex alto cargo del Interior, "cuya comparecencia se acabó suspendiendo", han reiterado las fuentes.

"SÁNCHEZ TIENE PÁNICO"

A juicio del PP, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "acorralado por la corrupción y tiene pánico a que se sepa toda la verdad de la trama que le cerca en su Gobierno, su partido y su entorno personal".

Por ello, según han señalado, el PP "no se va a cruzar de brazos" y ha advertido que seguirá utilizando "todas las herramientas a su alcance" para que se lleve a cabo la comparecencia de Hidalgo en la comisión de investigación.

Los 'populares' han indicado que se trata de la "primera vez" que sucede en democracia la tramitación de convocatoria de una comparecencia mediante edicto penal, un sistema de notificación mediante la publicación en el BOE según la cual el compareciente "se da por notificado" y en caso de que no acuda a la comisión estaría cometiendo un "delito recogido en el artículo 502 del Código Penal"

"Según el que convocado ante una Comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses", han apostillado fuentes del PP.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha registrado una nueva ley para que las reuniones de las juntas de vecinos se puedan llevar a cabo de manera telemática.

La norma, según explica la formación, permitiría que el secretario de comunidades pueda realizar las notificaciones y citaciones a los propietarios mediante correo electrónico y que el libro de actas pueda llevarse en formato y soporte electrónico.

Para la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, es necesaria la modernización y actualización de la Ley de Propiedad Horizontal, ya que esta fue aprobada en el año 1960.

En este sentido, García afirma que "en un mundo que avanza digitalmente", y cuando la Unión Europea ha establecido entre sus prioridades la digitalización de la sociedad, es "necesario facilitar la celebración de juntas de propietarios y la adopción de acuerdos por todos los medios posibles".

La portavoz popular recuerda que en la pandemia, el Gobierno aprobó un Real Decreto para que las reuniones de vecinos se pudieran realizar de manera telemática por las limitaciones de aforo a causa de la Covid-19 y que decayó cuando se superó la pandemia.

Además, la dirigente del PP subraya la urgencia de aprobar esta ley para ayudar a la reconstrucción en los territorios afectados por la DANA.

"Muchas viviendas han sido dañadas por la última DANA y las riadas que ha sufrido nuestro país y es necesario que las comunidades de propietarios se reúnan para poder afrontar la reparación de las mismas", asegura García, quien apunta a la dificultad de que esas reuniones se produzcan de manera presencial y defiende que se puedan celebrar telemáticamente.

"Es importante que esta ley se apruebe y se publique en el BOE; por lo que esperamos que una vez que el Senado la tome en consideración no sea bloqueada en el Congreso, como está haciendo la presidenta Armengol con todas las 'leyes Feijoo' aprobadas en la Cámara Alta", concluye Alicia García.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado en la mañana de este jueves la Ley del Derecho a la Defensa, que entre otras medidas permite el uso de lenguas cooficiales en los tribunales, incluidos el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, y mejora el acceso de los ciudadanos a la justicia.

La norma, aprobada como una Ley Orgánica, contiene 18 páginas y entrará en vigor el próximo 3 de diciembre, 20 días después de su publicación en el BOE. Fue aprobada en el Senado el pasado 30 de octubre, a donde fue enviada la norma desde el Congreso el 11 de julio, sin votos en contra y con la abstención de PP Y Vox.

Esta Ley del Derecho a la Defensa permitirá que se puedan utilizar en todos los tribunales, incluido el Supremo y la Audiencia Nacional, "cualquiera de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma donde residan o donde se hayan iniciado las actuaciones judiciales, así como a recibir en cualquiera de esas lenguas las comunicaciones producidas".

La norma, además, extiende el derecho de defensa a los medios alternativos de solución de controversias, como la mediación, el arbitraje y la conciliación; y reconoce el derecho a un lenguaje claro en los actos, resoluciones y comunicaciones procesales.

También regula las funciones de los profesionales del turno de oficio, asegurando la asistencia jurídica sea "siempre accesible universalmente" para asegurar el cumplimiento del derecho de defensa en igualdad de condiciones y, además, garantiza a los usuarios de la justicia el derecho a conocer de antemano los honorarios de los abogados y los costes asociados a un proceso judicial.

Asimismo, permite que los abogados pidan la suspensión del procedimiento judicial o el nuevo señalamiento de actuaciones procesales en casos de fuerza mayor como el nacimiento o cuidado de menor, la adopción o acogimiento, la hospitalización de cónyuge o fallecimiento de un pariente, entre otros. También podrán solicitar la suspensión por accidente o enfermedad propia que requiera hospitalización o por baja médica sin hospitalización.

Este proyecto de ley fue aprobado inicialmente en abril de 2023 a propuesta de la anterior ministra de Justicia, Pilar Llop, pero decayó al disolverse las Cortes por el adelanto electoral y fue recuperado por el Gobierno de Pedro Sánchez en enero de este año.

Madrid, 14 nov (EFE).- El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la ley del Derecho de Defensa, que mejora el acceso de los ciudadanos a la Justicia e incluye aspectos como el uso de las lenguas cooficiales.

La norma fue aprobada el pasado 30 de octubre por el Senado en un pleno que tuvo que ser suspendido por la tragedia de la dana y que dio luz verde al texto tal y como fue remitido desde el Congreso, sin incorporar las enmiendas introducidas por el PP durante su paso por la Comisión de Justicia, que suprimían aspectos relacionados con el uso de las lenguas cooficiales.

Así, el texto contempla que en los procesos ante órganos con jurisdicción en todo el Estado, se pueda utilizar cualquiera de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma donde residan o donde se hayan iniciado las actuaciones judiciales, así como el derecho a recibir en cualquiera de esas lenguas las comunicaciones producidas.

En este sentido, el texto indica que si el uso de una lengua determinada, especialmente la materna o una de las lenguas oficiales en las comunidades autónomas, contribuye a garantizar el ejercicio del derecho de defensa, el juzgado o el tribunal pondrá a disposición de los intervinientes que lo requieran los mecanismos pertinentes de interpretación o traducción.

La ley prevé, asimismo, el desarrollo de una norma que regule las funciones de los profesionales del turno de oficio en el servicio público de asistencia jurídica gratuita.

Otro de los aspectos que incluye es que el uso de medios técnicos o informáticos en el proceso judicial no suponga una dificultad para garantizar la efectividad del derecho de información, especialmente en personas de la tercera edad o con discapacidad, asegurando que la brecha digital no condicione la efectividad de este derecho.

Se reconoce a los profesionales de la abogacía el derecho a la conciliación y al disfrute de los permisos de maternidad y paternidad.

Así, los profesionales de la abogacía tendrán derecho a solicitar la suspensión del procedimiento judicial o el nuevo señalamiento de actuaciones procesales en casos de fuerza mayor como el nacimiento o cuidado de menor, la adopción o acogimiento de menores, la hospitalización de cónyuge, pareja o familiar a cargo, y el fallecimiento de pariente hasta segundo grado de consanguinidad.

También se podrá solicitar la suspensión del procedimiento por accidente o enfermedad que requiera hospitalización o por baja médica sin hospitalización.

Además, la norma incluye una disposición que rehabilita a antiguos guardias civiles expulsados del cuerpo por su lucha sindical en los años 70 y 90 por promover el asociacionismo dentro de esta fuerza de seguridad.

Este reconocimiento se introdujo en el proyecto a través de una enmienda de Sumar, apoyada por los grupos, y supone la rehabilitación de los exagentes José Morata Gargallo, Manuel Rosa Recuerda, José Piñero González y Manuel Linde Falero, este último fallecido.

Se pone fin así a una anomalía democrática que impedía a la Guardia Civil, aún hoy de naturaleza militar, el derecho de sindicación.

Esta ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE. EFE

Madrid, 12 nov (EFE).- El Partido Popular ha denunciado que el Gobierno hace alusión en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y en concreto en el decreto ley de ayudas ante la dana, a una situación de "emergencia nacional" con la meta de "blindar a un cargo afín".

Lo ha denunciado este martes desde los pasillos del Congreso el portavoz del PP en esta cámara, Miguel Tellado, que ha calificado de "insulto" que la emergencia nacional a la que se alude en el decreto ley "se le haya negado durante 11 días a las víctimas de la catástrofe".

En concreto, el decreto ley prevé modificar una ley, la del régimen de personal de la Policía Nacional, para no tener que sustituir por jubilación al agente al frente de la Dirección Adjunta Operativa de la Política Nacional.

"En esta situación de emergencia nacional resultaría altamente disfuncional proceder a la sustitución de quien, al frente de la Dirección Adjunta Operativa, se encuentra dirigiendo y coordinando sobre el terreno las funciones operativas de los efectivos de la Policía Nacional", señala el real decreto publicado en el BOE.

El texto ha despertado las críticas de la dirección nacional del PP, pues su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido repetidamente la declaración de la emergencia nacional, que daría el mando de la gestión de la catástrofe al Ministerio del Interior.

"Valerse de un decreto de ayudas para garantizar la permanencia de un mando policial afín al ministro Marlaska es un insulto a las víctimas y un engaño al Congreso de los Diputados porque en ningún momento el Ejecutivo trasladó esta intención", han denunciado además fuentes oficiales del Partido Popular.

Esta formación acusa al Ejecutivo de utilizar políticamente "la mayor tragedia nacional que recuerda España".

Tellado, como ha hecho este martes el presidente de su partido, ha diferenciado además entre los "errores humanos" ante la catástrofe y los "errores de humanidad" que atribuye al Gobierno de Pedro Sánchez.

El portavoz del PP no ha aclarado la posición de su grupo respecto a la puesta en marcha de una comisión de investigación y ha apuntado que el Gobierno tenía la oportunidad de dar la cara "sobre lo que ha hecho y lo que no" y sin embargo Pedro Sánchez ha preferido irse a Azerbaiyán -participa allí en la cumbre del clima- y escapar de la sesión de control.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha defendido que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, lleva desde el primer momento dando la cara y trabajando por los valencianos y que Feijóo ha sido muy claro a ese respecto. EFE

Madrid, 12 nov (EFE).- El decreto por el que se adoptan nuevas medidas de apoyo para los afectados por la reciente dana, incluidas las ayudas destinadas al sector agroalimentario, han sido publicadas este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El nuevo paquete incluye la flexibilización de los contratos de suministro de electricidad, medidas de carácter tributario y de apoyo a la actividad comercial e industrial, y otras en materia de vivienda, empleo, seguridad social, abastecimiento, educación, cultura, transportes, colectivos vulnerables y agricultura.

En este último caso, destaca la ayuda extraordinaria para compensar la pérdida de renta en las explotaciones agrarias afectadas por el temporal, siempre que hayan sufrido daños superiores al 40 % de su producción y sean susceptibles de aseguramiento en el sistema de seguros agrarios combinados.

La concesión de esta ayuda corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y su importe ascenderá a una cuantía equivalente al 30 % de la media de los ingresos agrarios, con un límite de 25.000 euros por persona beneficiaria.

El decreto también incluye medidas de recuperación del potencial productivo mediante la restauración de explotaciones agrarias afectadas mediante la empresa pública Tragsa, encargada de las tareas de limpieza y desescombro, así como de la reposición de tierra, la reparación de bancales, caminos, redes eléctricas y otras actuaciones.

Además, se establecen una ayuda extraordinaria para la renovación de la maquinaria agrícola afectada, una nueva línea de créditos para la obtención de avales y medidas para facilitar la distribución de alimentos en las zonas damnificadas a través de Mercasa. EFE

Muchas familias aprovechan los festivos para pasar más tiempo en familia o para idear algún plan fuera de la rutina. Pero el puente de diciembre de este año solo algunas Comunidades Autónomas de España podrán disfrutar de jornadas no laborables que otros. Estos días de diciembre, concretamente el 6 y 8, suelen unir dos fechas que se acaban convirtiendo en los preparativos previos a las Navidades.

El Día de la Constitución está declarado como festivo nacional y, por tanto, no laborable. Esta conmemora el 6 de diciembre de 1978, fecha en la que los españoles votaron en un referéndum en favor de una Constitución Española. De esta manera, en noviembre de 1983 se determinó a través del Real Decreto 2964/1983, publicado en el Boletín Oficial del Estado, que: “A fin de solemnizar adecuadamente el aniversario de la fecha en la que el pueblo español ratificó mediante referéndum la Constitución, el Gobierno ha considerado oportuno adoptar las medidas conducentes a dicho fin”.

Por su parte, el Día de la Inmaculada es una de las festividades más importantes dentro de la Iglesia católica. Y es que, se conmemora a la Inmaculada Concepción en una multitud de Estados. Desde 195, el Papa visita la Columna de la Inmaculada Concepción en la Piazza di Spagna en Roma para ofrecer algunas oraciones expiatorias. Mientras, en España se celebró por primera vez en 1760, por el mandato del Papa Clemente XIII.

Qué Comunidades Autónomas pasan el festivo al lunes

El puente de diciembre cambia cada año en función del día de la semana que caigan sendos festivos. Este año, el día de la Constitución cae en viernes, mientras que el Día de la Inmaculada cae en domingo. Por este motivo, muchas Comunidades Autónomas han decidido cambiar la festividad al lunes, 9 de diciembre, con el fin de alargar los días no laborables.

Entre las que han trasladado este feriado se encuentran: Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Melilla. En su defecto, el resto de territorios disfrutarán de unas fiestas más cortas. A estas alturas del año tan solo queda un festivo nacional: la Natividad del Señor el 25 de diciembre.

Igualmente, hay que estar precavido con las temperaturas este fin de semana, pues la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha alertado de un cambio significativo que da paso a un tiempo invernal, a partir de este sábado 7 de diciembre. Según la información de la AEMET, se espera que una masa de aire de origen ártico penetre a la península. Este fenómeno desembocará en un descenso térmico notable, con nevadas en amplias zonas del país, que pueden tener lugar la próxima semana.

Los festivos nacionales para 2025

El pasado 18 de octubre de 2024 el BOE publicó todas las fiestas nacionales para 2025, donde también se aprecian los distintos festivos que se celebran en cada comunidad. En total, se han establecido 8 fechas comunes donde todo el territorio disfruta de un día libre. Además, todos los trabajadores deberán de sumar otros cuatro regionales y dos locales.

De esta manera, los días feriados que comparten todos los españoles serán: el miércoles 1 de enero (Año Nuevo), el 18 de abril (Viernes Santo), el jueves 1 de mayo (Día del Trabajador), el viernes 15 de agosto (Día de la Asunción), el sábado 1 de noviembre (Todos los Santos), el sábado 6 de diciembre (día de la Constitución Española), el lunes 8 de diciembre (día de la Inmaculada Concepción), y el jueves 25 de diciembre (Navidad).

Además, el lunes 6 de enero, el día de Reyes, será también no laborales en toda España, pues todas las regiones así lo han decidido. Mientras que el Día de la Hispanidad, 12 de octubre, que cae en domingo, ha sido desplazado al lunes 13 por algunas comunidades.

• Calendario no laboral de Madrid 2025: 17 de abril (Jueves Santo), 2 de mayo (Día de la Comunidad de Madrid) y 25 de julio (Santiago Apóstol)
• Calendario no laboral de Andalucía 2025: 28 de febrero (Día de Andalucía), 17 de abril (Jueves Santo) y 13 de octubre (traslado del festivo por el día de la Fiesta Nacional de la Virgen del Pilar)
• Calendario no laboral de Aragón 2025: 17 de abril (Jueves Santo), 23 de abril (Día de Aragón) y 13 de octubre (traslado del festivo).
• Calendario no laboral de Asturias 2025: 17 de abril (Jueves Santo), 8 de septiembre (Día de Asturias) y 13 de octubre (traslado del festivo).
• Calendario no laboral de Baleares 2025: 1 de marzo (Día de las Islas Baleares), 17 de abril (Jueves Santo) y 26 de diciembre (Día de San Esteban).
• Calendario no laboral de Canarias 2025: 17 de abril (Jueves Santo) y 30 de mayo (Día de Canarias). Además, cada isla suma un festivo cada uno.
• Calendario no laboral de Cantabria 2025: 17 de abril (Jueves Santo), 28 de julio (Día de las Instituciones de Cantabria), 15 de septiembre (la Bien Aparecida).
• Calendario no laboral de Castilla La-Mancha 2025: 17 de abril (Jueves Santo), 31 de mayo (Día de Castilla La-Mancha) y 19 de junio (Corpus Christi)
• Calendario no laboral de Castilla y León 2025: 17 de abril (Jueves Santo), 23 de abril (Día de Castilla y León) y 13 de octubre (traslado del festivo).
• Calendario no laboral de Cataluña 2025: 21 de abril (Lunes de Pascua), 17 de junio (Fiesta en el Valle de Arán), 24 de junio (Día de San Juan), 11 de septiembre (Día de Cataluña) y 26 de diciembre (Día de San Esteban).
• Calendario no laboral de la Comunidad Valenciana 2025: 19 de marzo (San José), 21 de abril (Lunes de Pascua), 24 de junio (Día de San Juan) y 9 de octubre (Día de la Comunidad Valenciana).
• Calendario no laboral de Extremadura 2025: 17 de abril (Jueves Santo), 8 de septiembre (Día de Extremadura) y 13 de octubre (traslado del festivo).
• Calendario no laboral de Galicia 2025: 17 de abril (Jueves Santo), 17 de mayo (Día de las Letras Gallegas) y 25 de julio (Santiago Apóstol)
• Calendario no laboral de La Rioja 2025: 17 de abril (Jueves Santo), 21 de abril (Lunes de Pascua) y 9 de junio (Día de La Rioja).
• Calendario no laboral de Navarra 2025: 17 de abril (Jueves Santo), 21 de abril (Lunes de Pascua), 25 de julio (Santiago Apóstol) y 3 de diciembre (San Francisco Javier).
• Calendario no laboral de País Vasco 2025: 17 de abril (Jueves Santo), 21 de abril (Lunes de Pascua) y 25 de julio (Santiago Apóstol).
• Calendario no laboral de Murcia 2025: 19 de marzo (San José), 17 de abril (Jueves Santo), 9 de junio (Día de la Región de Murcia)
• Calendario no laboral de Ceuta 2025: 17 de abril (Jueves Santo), 6 de junio (Fiesta del Sacrificio - Eidul Adha) y 5 de agosto (Nuestra señora de África),
• Calendario no laboral de Melilla 2025: 31 de marzo (Fiesta del Eid Fitr), 17 de abril (Jueves Santo), 6 de junio (Fiesta del Sacrificio - Eidul Adha) y 13 de octubre (traslado del festivo).

Madrid, 31 oct (EFE).- La ley ELA será este viernes una realidad para las más de 3.000 personas que tienen esta enfermedad, una normativa con la que se agilizará la evaluación de su dependencia, se les garantizará cuidados las 24 horas cuando entren en la fase avanzada y se protegerá a sus cuidadores.

Una semana después de que recibiera el espaldarazo definitivo del Senado, que avaló por unanimidad y sin enmendar el mismo texto que recibió días antes del Congreso, el BOE publica este jueves la norma, que estará en vigor para estos pacientes el 1 de noviembre.

No obstante, amplía las prestaciones a otras enfermedades irreversibles de alta complejidad, neurodegenerativas o no, que deberán ser concretadas por el Gobierno en el reglamento que debe elaborar en el plazo máximo de un año.

Los beneficiarios deberán cumplir unos determinados criterios, entre ellos no haber tenido una respuesta significativa al tratamiento o no disponer de alternativas terapéuticas y que precisen coordinación de cuidados sanitarios y sociales.

Esta ley supondrá agilizar el reconocimiento de su discapacidad y dependencia y la creación de un procedimiento de urgencia para la revisión de casos con un plazo máximo de tres meses.

Los que estén en estados avanzados de la enfermedad dispondrán de una asistencia continuada durante 24 horas y aquellos que dependan de dispositivos eléctricos tendrán garantizado el suministro y contarán con bonificaciones de las tarifas y la instalación de sistemas alternativos cuando se produzcan cortes de energía.

También dedica un hueco a sus cuidadores, de manera que recoge la capacitación específica de los que han dejado su empleo para dedicarse al dependiente, que podrán mantener la base de cotización de su anterior trabajo sin que afecte a su pensión futura.

Además, la futura ley crea un Registro Estatal de Enfermedades Neurodegenerativas, con datos sobre su prevalencia.

Una vez en vigor, serán las comunidades autónomas las que, en ejercicio de sus competencias, tendrán que desarrollar los aspectos sociales y sanitarios para su correcta aplicación. EFE

Barcelona, 24 oct (EFE).- El Gobierno y la Generalitat de Cataluña han puesto en marcha la comisión de seguimiento del convenio para la publicación del BOE traducido al catalán, con el objetivo de que el diario oficial se vuelva a difundir en esta lengua a partir del 1 de diciembre, después de que dejara de hacerse en 2021.

El subsecretario de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Alberto Herrera, y el secretario del Govern de la Generalitat, Javier Villamayor, se han reunido este miércoles para constituir la comisión que suscribieron el pasado mes de julio el ministro Félix Bolaños y la entonces consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, ha informado este jueves el Gobierno.

Durante el encuentro, los responsables de ambas administraciones han coincidido en señalar la importancia de recuperar estas publicaciones, "como un paso más en la normalización y fortalecimiento de las relaciones institucionales entre el Gobiernocentral y el de la Generalitat de Catalunya".

El nuevo convenio establece que el BOE asumirá la financiación de los costes derivados de la traducción, hasta un máximo de 273.000 euros anuales, y que la traducción será realizada por la Entidad Autónoma del Diario Oficial y de Publicaciones de la Generalitat, en formato electrónico.

En 1998, la Generalitat y el Estado firmaron un convenio para la traducción del BOE al catalán, que se fue prorrogando hasta octubre de 2020, cuando quedó extinguido, y la cooperación finalizó definitivamente el 28 de mayo de 2021, cuando la Administración General del Estado decidió implementar instrumentos de traducción automática. EFE

(Actualiza la NA2091 tras la reunión de la Mesa del Senado)

Madrid, 22 oct (EFE).- Los senadores del PSOE recurrirán en amparo al Tribunal Constitucional la decisión que tomó el presidente del Senado, Pedro Rollán, de enviar la ley de antecedentes al Congreso como que hubiera supuesto un veto su votación en la Cámara Alta, cuando era un voto testimonial porque no se debatieron enmiendas.

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha avanzado este martes en rueda de prensa que en los próximos días presentarán el recurso, que incluirá también otro motivo de desamparo: que para el aplazamiento decidido por el pleno la semana anterior no pudieron votar telemáticamente los senadores que tienen ese derecho.

La tramitación del recurso de amparo del PSOE podría coincidir en el Constitucional los próximos meses con el conflicto de atribuciones que avanzó el PP que planteará contra el Congreso, si finalmente lo plantea.

La ley de antecedentes entrará en vigor el 8 de noviembre y permitirá que algunos etarras computen sus tiempos de prisión en Francia para su condena en España.

Espadas ha explicado que Rollán vulneró los derechos de los senadores en la votación plenaria del día 14, porque cuando votaron creían que lo hacían testimonialmente, ya que no hubo enmiendas en el plazo permitido, ni de totalidad -que en el Senado se llaman veto- ni parciales.

Según Espadas, fue una decisión "unilateral, arbitraria, lesiva y anticonstitucional" que Rollán anunciara a posteriori que devolvía el texto al Congreso en vez de enviarlo al Boletín Oficial del Estado (BOE), basándose en un informe de los letrados fechado tres días antes y que mantuvo oculto.

"Se inventó un veto donde sencillamente el Reglamento no lo prevé", ha resumido el portavoz socialista.

En cuanto al otro motivo del recurso, ha explicado que en el pleno del día 8, que es cuando se iba a debatir y votar la ley, permitió a los senadores posponerlo mediante una votación de los presentes, sin dar esa opción a los que votan en remoto, por lo que el aplazamiento no fue válido.

El BOE publicó la ley el sábado, ya que la Mesa del Congreso interpretó que la votación del día 14 en el Senado no había constituido un veto, y entrará en vigor a los veinte días, según una de sus disposiciones adicionales; por tanto, el 8 de noviembre.

El PP anunció un conflicto entre órganos constitucionales contra esa decisión de la Mesa del Congreso de llevar el texto directamente al BOE sin que el Pleno de la Cámara Baja lo volviera a votar.

Para interponer ese conflicto, el Pleno de la Cámara Alta tiene que aprobar antes un requerimiento formal al Congreso.

En su reunión de este martes, la Mesa del Senado no ha incluido en el orden del día del pleno de la semana próxima (días 29 y 30) una votación sobre ese requerimiento, han informado fuentes parlamentarias.

No obstante, fuentes del PP han indicado a EFE que podría incluirse en otro momento, porque su intención sigue siendo que se pueda votar el 30 de octubre.

Si es así, una vez responda el Congreso, o bien transcurra un mes, el Senado podrá acudir al Constitucional por un conflicto entre órganos constitucionales, el cual se ha usado históricamente solo en cinco ocasiones, y siempre entre dos de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), nunca hasta ahora entre las dos cámaras de las Cortes Generales.

Por la ley de amnistía, hace medio año, el PP llegó a aprobar un requerimiento al Congreso similar, pero luego no planteó el conflicto al Constitucional. EFE

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado este miércoles que su conclusión tras el error de su partido en la ley que favorece a presos de ETA es que el PP tiene que ser "más desconfiado" del Gobierno de Pedro Sánchez de lo que ya era.

El pasado sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la ley que convalida penas de cárcel a presos de ETA que hayan cumplido condena fuera de España, una norma que ha provocado una crisis interna en el PP tras su voto a favor durante el trámite parlamentario en el Congreso.

Al ser preguntado cómo ha digerido el error del PP, si tiene previsto cambiar el protocolo de trabajo del Grupo Popular y si se ha sentido lo suficientemente respaldado por 'Génova', Tellado ha intentado zanjar el tema asegurando que "está todo dicho" en relación con esta "enmienda trampa" del Gobierno.

A su entender, ha quedado "clara" la "premeditación, nocturnidad y alevosía con la que ha actuado el Gobierno socialista" en su tramitación. "Y si extraigo alguna conclusión es que nosotros tenemos que ser más desconfiados del Gobierno de Sánchez y de sus socios de lo que ya éramos", ha aseverado.

CRISIS INTERNA DENTRO DEL PP

Tras percatarse el PP de su "error injustificable", en palabras de Feijóo, el partido aplazó su votación en el Senado para pedir al Gobierno la retirada de esa ley y, al final, el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, esgrimió un informe de los letrados para asegurar que se había producido un veto y debía ser votada de nuevo en el Congreso.

Sin embargo, la Mesa del Congreso acordó enviarla al BOE y los 'populares' anunciaron que promoverán un conflicto de atribuciones contra el Congreso ante el Tribunal Constitucional nada más producirse su publicación.

La dirección nacional del PP ha rechazado en este momento tomar medidas internas contra los diputados que participaron en el trámite parlamentario de esta norma alegando que era un "error colectivo" y no iban a "señalar a nadie". Sin embargo, en privado numerosas voces de la formación han pedido que hay "consecuencias" tras un error de esta envergadura que, a su juicio, afecta a la "credibilidad" de Feijóo.

El Ministerio del Interior ha concedido a Fundación Anar 150.000 euros para apoyar su labor en la protección y atención a niños y adolescentes, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La subvención está destinada a la prestación del servicio telefónico 116000 para la atención de forma gratuita y confidencial a menores y a sus familiares proporcionándoles orientación, apoyo y acompañamiento en los casos de desaparición de un niño o adolescente.

Los objetivos de este servicio incluye además el asesoramiento y apoyo psicológico, jurídico y social a las personas responsables de los menores de edad desaparecidos, así como apoyar la investigación de los casos de niños desaparecidos en coordinación con los recursos sociales y cuerpos de seguridad y promover la colaboración ciudadana, así como lanzar una campaña de prevención y concienciación sobre las principales causas de desaparición de los menores y protocolos de actuación, para poder reducir al máximo los casos de menores de edad desaparecidos.

Madrid, 22 oct (EFE).- La Mesa del Congreso ha rechazado la última petición del Senado para que se volviera a votar en la Cámara Baja la ley sobre intercambio de antecedentes penales, norma que permitirá a algunos terroristas de ETA salir antes de prisión al contabilizar las condenas cumplidas previamente en Francia.

El Congreso considera que no procede atender a la solicitud del Senado al entender que ha cumplido con sus obligaciones constitucionales y reglamentarias.

Lo hace en base a un informe de los letrados de la Cámara, que avala el acuerdo que ya adoptó la Mesa el pasado martes, donde se dio por aprobada la ley.

El informe sostiene que el Senado votó fuera de plazo la ley y que el acuerdo de rechazo adoptado allí no puede considerarse un veto, como defiende el PP, grupo mayoritario en la cámara.

La ley fue remitida por el Congreso a Presidencia del Gobierno y publicada en el BOE el pasado sábado.

El PP en el Senado ha avanzado que presentará un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, ya que, a su entender, el rechazo del pleno de la Cámara Alta a la ley debía entenderse como un "veto" y el Congreso tendría que haber votado de nuevo la iniciativa.

De hecho, la Mesa del Senado tiene previsto incluir este martes en el orden del día del pleno del 30 de octubre el requerimiento formal a la Mesa del Congreso para que rectifique, paso previo a presentar un conflicto de competencias ante el Constitucional, algo inédito entre las dos cámaras legislativas. EFE

Madrid, 19 oct (EFE).- La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la ley de antecedentes penales no evitará que el PP continúe con su camino trazado en defensa de las competencias del Senado, que incluye el requerimiento al Congreso y, en su caso, el conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional.

Así lo han apuntado este sábado fuentes del partido, horas después de que se haya publicado en el BOE la reforma de la ley, la cual permitirá que algunos etarras computen el tiempo pasado en prisión en otros países de la Unión Europea para su condena en España.

Las fuentes han recalcado que nada cambia por el hecho de que la ley esté en el BOE y que el PP seguirá adelante hasta el final en defensa de las competencias del Senado, ya que entienden que la votación del lunes pasado en el pleno constituyó un veto, aunque estuviera fuera de plazo.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, avanzó el viernes que elevará al Pleno de la Cámara Alta una votación para hacer un requerimiento formal al Congreso por no haber respetado ese "veto", como paso previo al conflicto entre órganos constitucionales ante el TC, que no tiene precedentes entre las dos cámaras de las Cortes Generales. EFE

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado la ley ley que convalida penas de cárcel a presos de ETA que hayan cumplido condena fuera de España y, según consta en la publicación oficial, entrará en vigor dentro de 20 días.

Se trata, en concreto, de la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, para su adecuación a la normativa de la Unión Europea sobre el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECIS).

Esta norma fue inicialmente aprobada por unanimidad en el Congreso y sólo en su última fase parlamentaria en el Senado, tras una denuncia de la AVT quejándose de que la convalidación de penas también afectaba a presos de ETA, perdió el apoyo de PP y Vox y fue rechazada por el Pleno de la Cámara Alta el pasado lunes.

El Senado, con la mayoría absoluta del PP y un informe de la Secretaría General, interpretó que ese rechazo por mayoría absoluta en la ultima votación debía interpretarse como un veto, pese a que ningún grupo había presentado previamente la correspondiente enmienda de totalidad.

Al día siguiente, y tras un informe verbal de los letrados, la Mesa del Congreso, con la mayoría que forman PSOE y Sumar, decidió dar por aprobada esa ley y enviarla al Gobierno, ignorando la reclamación del Senado y subrayando que la Cámara Alta se había saltado todos los plazos para vetar la norma.

UN RECHAZO FUERA DE PLAZO NO ES UN VETO

Tres días después, este viernes, esa decisión de publicó en el Boletín de las Cortes Generales, subrayando que el Senado no comunicó su veto en los términos que exige la Constitución y que la votación de rechazo, producida fuera de plazo, "no puede considerarse un veto a los efectos de lo dispuesto en el artículo 90.2 de la Constitución y en la jurisprudencia constitucional".

En consecuencia, se informaba de que la Presidencia de la Cámara que detenta Francina Armengol daría traslado del proyecto de ley a la Presidencia del Gobierno "a los efectos de que se someta, por el procedimiento habitual a lo dispuesto en el artículo 91 de la Constitución", es decir, la firma por parte del Rey y la inmediata publicación en el Boletín Oficial del Estado, que se ha producido este sábado.

Con ello cierra definitivamente la posibilidad de que la Mesa del Congreso rectifique su decisión del pasado martes y que convoque un pleno para tratar el veto del Senado, que es lo que pedía el Grupo Popular en su recurso de reconsideración.

Para el PP, esa decisión, de la que "discrepa profundamente", es un "desatino jurídico" que "no se ajusta a Derecho" y "desprecia la voluntad mayoritariamente manifestada" del Senado, además de vulnerar el derecho de la participación política de sus diputados. El rechazo de este escrito de reconsideración puede ser prólogo de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Madrid, 19 oct (EFECOM).- El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado el anuncio de licitación para la renovación del concierto que da asistencia sanitaria privada a 1,5 millones de funcionarios, que ya estaba publicado en la plataforma de contratación del sector público.

La fecha límite para que las aseguradoras presenten sus ofertas es el 5 de noviembre a las 10:00 horas.

El Consejo de Ministros autorizó el 8 de octubre una subida del 17,2 % de la prima por asegurado para la renovación del concierto de mutualidad de los funcionarios civiles del Estado (Muface).

En el BOE publicado este sábado se recogen dos anuncios de licitación, el primero de ellos para la prestación de asistencia sanitaria en territorio nacional durante los años 2025 y 2026, por un importe estimado, según los pliegos de contratación, de 3.217,9 millones de euros.

El segundo de los anuncios es para la prestación de asistencia sanitaria a los mutualistas de Muface y demás beneficiarios destinados en el extranjero durante los años 2025/2026, por un importe estimado de 54,65 millones de euros. EFECOM

Madrid, 19 oct (EFE).- El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado la ley sobre intercambio de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales en la UE, norma que permitirá a algunos terroristas de ETA salir antes de prisión al contabilizar las condenas cumplidas previamente en Francia.

El PP ha avanzado que el Senado, donde el partido tiene mayoría absoluta, presentará un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, ya que, a su entender, el rechazo del pleno de la Cámara Alta a la ley debía entenderse como un "veto" y el Congreso tendría que haber votado de nuevo la iniciativa.

La Cámara Baja, sin embargo, la dio por aprobada sin someterla a votación y la norma fue enviada al BOE donde, como es preceptivo, se publica con las firmas del rey Felipe VI y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según establece en su disposición final sexta, entrará en vigor a los veinte días de su aparición en el BOE.

La Constitución fija en su artículo 91 que "el Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación".

En el texto publicado este sábado en el BOE, Felipe VI señala: "A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo a sancionar la siguiente ley orgánica".

Y la norma ha sido así promulgada, pese a que el Senado considera que todavía no se había cerrado su tramitación.

El viernes el PP anunció que había registrado un escrito en el Senado para que requiriera formalmente a la Mesa del Congreso una rectificación, paso previo a presentar un conflicto de competencias ante el Constitucional, algo inédito entre las dos cámaras legislativas.

La disposición que permitirá a los terroristas acumular las penas cumplidas en un país europeo y contabilizarlas para salir antes de prisión se incorporó en el proyecto de ley durante su tramitación en el Congreso, gracias a una enmienda de Sumar.

El PP sostiene que apoyó el texto por error, pero cuando se percató de ello ya era tarde y no había posibilidad de enmendarlo en el Senado. EFE

Madrid, 18 oct (EFE).- El Gobierno ha lanzado la licitación de los conciertos sanitarios del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) y la Mutualidad General Judicial (Mugeju) para 2025 y 2026 por un presupuesto base de 1.201 y 175 millones de euros, respectivamente.

Según publica este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE) y detalla la página web de la Plataforma de contratación del sector público, ambas licitaciones estarán abiertas a ofertas hasta el próximo 5 de noviembre.

Los conciertos para el periodo 2022-2024 se suscribieron, en el caso de Isfas, con Adeslas y Asisa, y, en el de Mugeju, con Asisa, DKV, Mapfre, Nueva Mutua Sanitaria del Servicio Médico, Sanitas y Segurcaixa.

Estos conciertos se suman al de Muface, que da asistencia sanitaria privada a 1,5 millones de funcionarios y que se ha licitado para el periodo 2025-2026 por 3.218 millones de euros, tras elevar la prima por asegurado en un 17,12 %. EFE

El precio de las cajetillas de tabaco en España ha vuelto a modificarse. El pasado sábado 19 de octubre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó un nuevo listado de precios para diferentes productos de tabaco, incluyendo cigarrillos, cigarros y picaduras para liar, en una actualización que afecta tanto a la Península como a las Islas Baleares, Ceuta y Melilla. Este ajuste ha sido anunciado por la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, y recoge las propuestas de los principales fabricantes e importadores del sector.

Los fumadores que acudan a los estancos a partir de la publicación de este cambio encontrarán que algunas de las marcas más populares han actualizado sus precios. Entre las marcas que han sufrido modificaciones están las más conocidas por el público, como Marlboro, Ducados y B.N., cuyas nuevas tarifas buscan reflejar las fluctuaciones en el mercado del tabaco y los impuestos aplicados a estos productos.

Cambios en los precios de cigarrillos y otros productos

El BOE establece con detalle las nuevas tarifas para cada tipo de producto, variando en función de la marca y el formato del tabaco. Entre los productos más afectados por estas modificaciones están las cajetillas de cigarrillos. A continuación, algunos de los precios que los consumidores verán reflejados en sus compras:

• B.N. Beige Duro: 5,60 euros.
• Ducados Azul Blando: 5,60 euros.
• Ducados 25 Azul Duro: 6,50 euros.
• Marlboro Gold 100′s: 5,40 euros.
• Gitanes Cortos Con Filtro Duro: 6,40 euros.

Estos precios son válidos para la Península y las Islas Baleares, mientras que en Ceuta y Melilla las tarifas son más bajas. Por ejemplo, la cajetilla de Ducados Azul Blando se podrá adquirir por 3,65 euros en estas ciudades autónomas, una diferencia significativa con respecto a la Península.

Impacto en otros formatos de tabaco

Además de las cajetillas de cigarrillos, el nuevo listado de precios también afecta a otros formatos de productos de tabaco, como los cigarros, que tienen una notable presencia en el mercado español. Marcas reconocidas como Farias, Ducados y Arturo Fuente presentan variaciones en sus precios, reflejando las actualizaciones del BOE. A continuación, algunos ejemplos:

• Farias Superiores (25 unidades): 1,70 euros en la Península, mientras que en Ceuta y Melilla baja a 1,25 euros.
• Arturo Fuente Chateau Fuente Pyramids (25 unidades): 20,60 euros.
• Ducados Mini (envase de 20 unidades): 3,80 euros en la Península y 3,30 euros en Ceuta y Melilla.

Por otro lado, también se observan cambios en las picaduras de liar y picaduras de pipa, productos de creciente popularidad entre los consumidores de tabaco en España. Algunos ejemplos de precios actualizados para estos productos incluyen:

• Ducados Rubio Extra (46 g): 9,00 euros.
• Tabacco Way - Golden Virginia (150 g): 15,00 euros.
• Tabacco Way - Golden Virginia (50 g): 5,10 euros.

Ajustes periódicos y la influencia en el mercado

Este ajuste de precios es parte de las actualizaciones periódicas que el Comisionado para el Mercado de Tabacos realiza en coordinación con los fabricantes e importadores, y que se reflejan en el BOE. Estas modificaciones son un reflejo de varios factores, incluyendo los impuestos especiales sobre el tabaco y las estrategias de precios de las principales marcas del mercado.

Los impuestos sobre el tabaco son una de las principales fuentes de ingresos fiscales del Estado, lo que influye en la revisión continua de los precios. A lo largo de los años, los sucesivos gobiernos han incrementado los impuestos sobre el tabaco como medida para desincentivar el consumo y, al mismo tiempo, incrementar la recaudación. Estos aumentos en los impuestos y precios suelen tener un impacto directo en el consumo, lo que a su vez genera fluctuaciones en el mercado.

Diferencias de precios entre la Península y Ceuta y Melilla

Uno de los aspectos más relevantes del nuevo listado de precios es la diferencia notable entre los costes en la Península y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Históricamente, estos territorios han tenido precios más bajos en productos de tabaco debido a las diferencias en la fiscalidad y a las políticas de comercio aplicadas en las zonas fronterizas.

Por ejemplo, el Ducados Azul Duro cuesta 5,60 euros en la Península, mientras que en Ceuta y Melilla se vende por 3,65 euros, casi dos euros menos. Estas diferencias de precio, especialmente en productos como los cigarrillos y los cigarros, suelen generar un movimiento de compradores que se desplazan a estas zonas para adquirir tabaco a un precio más bajo, especialmente en Melilla, debido a su proximidad con Marruecos.

Madrid, 15 oct (EFECOM).- La Federación Nacional de Empresas de Instalaciones Eléctricas, Telecomunicaciones y Climatización de España (Fenie) cree que la publicación de la circular de acceso y conexión a las redes eléctricas de las instalaciones de demanda es un "paso importante" pero "no suficiente" para mejorar estos procedimientos.

En una nota de prensa remitida este martes, Fenie sostiene que "todavía" queda pendiente que, reglamentariamente, se establezcan plazos a aquellos hitos comprendidos en la tramitación de solicitudes de acceso y conexión que actualmente carecen de ellos, para que se conozca el tiempo o plazo completo que requieren.

Desde su punto de vista, el establecimiento de plazos para todos los hitos que comprenden la tramitación de un punto de suministro o generación permitirá, además, vincular la retribución de los gestores de red al servicio que prestan a la sociedad en los procedimientos de acceso y conexión.

El pasado viernes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la circular de acceso y conexión a las redes eléctricas de las instalaciones de demanda, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en un momento de avalancha de peticiones de permisos por la necesidad de conexión de centros de datos e instalaciones de almacenamiento e hidrógeno. EFECOM

Madrid, 14 oct (EFE).- El portavoz del PSOE en Congreso, Patxi López, ha considerado este lunes que la ley de antecedentes penales, de la que se podrían beneficiar etarras, no ha sido "vetada" por el Senado, sino que la Cámara Alta "ha votado en contra" por lo que podría "ir directamente al BOE".

Según ha explicado López a su llegada a un acto en el Ateneo de Madrid, lo que ha hecho esta mañana el Senado ha sido "votar en contra" de la ley porque, según ha especificado el socialista, "el veto tiene un recorrido reglamentario que esta votación no ha cumplido"

"Por lo tanto, a la espera de los informes o lo que digan los letrados, para nosotros no ha habido un veto, ha habido una votación en contra, punto", ha añadido.

En esa línea, López ha considerado que el texto "podría ir directamente al BOE" y no necesitaría ser votado de nuevo en el Congreso.

Los servicios jurídicos del Congreso estudiarán la decisión del Senado de dar por vetada y devolver a la Cámara Baja la ley de antecedentes penales que beneficia a etarras.

Según han informado fuentes parlamentarias a EFE, primero el Senado deberá remitir su decisión, basada en un informe de la Secretaría General de esta cámara, que aduce que un rechazo por mayoría absoluta en el pleno "ha de tener el efecto jurídico de un veto (...) con la consiguiente devolución del texto al Congreso de los Diputados".

Serán los servicios jurídicos del Congreso los que, una vez recibida la comunicación del Senado, elaborarán su informe para que la Mesa del próximo 22 de octubre pueda decidir al respecto.

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha anunciado este lunes tras la votación en contra del pleno a la citada ley que entendía ese rechazo por mayoría absoluta como un veto y por ello se devuelve al Congreso. EFE

pc/jlg

Madrid, 11 oct (EFECOM).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado la circular de acceso y conexión a las redes eléctricas de las instalaciones de demanda en un momento de avalancha de peticiones de permisos por la necesidad de conexión de centros de datos e instalaciones de almacenamiento e hidrógeno.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes la circular que ha elaborado el regulador y que establece la metodología y las condiciones de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución por parte de instalaciones que vayan a demandar energía eléctrica de la red a la que se conecten y tengan obligación de obtener permisos.

La circular da la posibilidad de que, desde la entrada en vigor de la circular, algunas instalaciones puedan optar por acogerse a un acceso flexible, lo que, según se dice en el texto, redundará en beneficios para el sistema.

En cualquier caso, se mantiene la opción de acceder a las redes con total garantía de suministro para cualquier consumidor convencional, como se venía haciendo hasta ahora.

La norma obliga también a los gestores de redes a mantener accesible y actualizada en su página web la información detallada sobre las capacidades disponibles para conectarse a la red.

También incluye los criterios técnicos necesarios para establecer la información mínima a requerir en las solicitudes de acceso y conexión, y los criterios para evaluar la capacidad de acceso, la viabilidad de conexión y determinar la influencia de la instalación de demanda en otra red distinta a la que se conecta.

La circular recoge los motivos por los que se pueden denegar o revocar los permisos.

El permiso de acceso sólo podrá ser denegado por falta de capacidad de acceso y el de conexión a un punto de la red si el titular de ésta justifica la inviabilidad de la conexión.

La conexión será considerada no viable y, por tanto, el permiso de conexión será denegado, si no existen instalaciones de red en las que la conexión pueda realizarse o no estén previstas en la planificación vigente de la red de transporte o en los planes de inversión de las empresas distribuidoras.

También si aún existiendo instalaciones de red para efectuar la conexión o estando planificadas, hay falta de espacio físico que lo permita poder hacer nuevas conexiones sin incumplir las distancias mínimas entre equipos o cuando no se pueda ampliar una subestacion o centro de transformación, o esa actuación afecte a otros servicios o invada el espacio físico de instalaciones eléctricas existentes.

También si se compromete la seguridad del suministro del resto de consumidores conectados al mismo nudo o la seguridad de las instalaciones.

En relación con las posiciones titularidad de los gestores de red destinadas a consumidores en subestaciones de distribución donde exista capacidad disponible, esas posiciones se entenderán disponibles para terceros nuevos consumidores y no se podrá denegar la conexión.

La circular recoge que para determinar la capacidad de acceso de una instalación de demanda a la red en un punto de conexión debe hacerse un estudio específico que determine la potencia activa máxima disponible en ese punto.

La norma distingue entre capacidad de acceso firme y flexible (en esta última no se garantiza el suministro en todas las horas del año).

Para poder conceder una capacidad de acceso flexible, el estudio de capacidad tiene que concluir que la instalación tiene una expectativa de poder consumir al menos un porcentaje de horas al año, que se determinará en las especificaciones de detalle.

Si el estudio de capacidad concluye que la instalación no va a poder consumir por encima del porcentaje establecido, se resolverá que no existe capacidad de acceso flexible.

En determinadas tipologías de solicitudes o instalaciones, por su naturaleza o condicionamiento tecnológico, la capacidad de acceso firme solicitada podrá ser cero, aunque habrá casos en que se podrá exigir un mínimo de capacidad de acceso firme.

No podrán solicitar ni obtener capacidad de acceso flexible los suministros que, de acuerdo con la normativa aplicable, deban estar garantizados.

Los gestores de redes deberán mantener accesible y actualizada en su página web la información detallada sobre las capacidades disponibles, que deberá ser actualizada, al menos, una vez cada mes.

La presión de solicitudes para la conexión de demanda a la red ha disparado la competencia por el acceso a las redes y hay determinados nudos de al red de transportes en que las peticiones superan la capacidad existente.

Ante la posibilidad de que haya quien pretenda con fines especulativos acaparar permisos a través de proyectos sin visibilidad de desarrollo, el Gobierno ya estableció su caducidad si en cinco años desde su obtención no se hacía un contrato técnico de acceso por una potencia de al menos el 50 % de la capacidad de acceso del permiso.

También estableció que el permiso se adjudique por concurso en los nudos con gran demanda, algo que está aún pendiente de desarrollo normativo, existiendo, según la última información de Red Eléctrica, 17 nudos susceptibles de convocatoria de concurso. EFECOM

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la Orden del Ministerio de Sanidad que actualiza el sistema de precios de referencia de los medicamentos incluidos en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta revisión anual espera producir un ahorro de 139,05 millones de euros a las arcas públicas: 65,54 millones de euros en farmacias y 73,51 millones de euros en medicamentos hospitalarios.

Implantado hace ya dos décadas, el Sistema de Precios de Referencia (SPR) aplica un valor de referencia para los medicamentos financiados por el Estado. Se calcula en base al menor coste por tratamiento y día de las prestaciones incluidas en cada conjunto de medicamentos. Se tiene en cuenta, además, la capacidad de abastecimiento y su permanencia en la prestación farmacéutica del SNS.

En total, se han actualizado los precios de 17.655 prestaciones de fármacos (13.933 dispensables en farmacia y 3.722 en hospitales), con un Precio de Referencia Mínimo de 1,60 euros. No obstante, 314 de las medicinas administradas por la sanidad pública se han quedado sin revisar, pues cubren necesidades sanitarias prioritarias de la población y deben estar disponibles en todo momento.

Del Nolotil a los ansiolíticos: los medicamentos más consumidos en España

El Informe del Sistema Nacional de Salud publicado por el Ministerio de Sanidad afirma que en 2022 se facturaron 1.127,8 millones de envases en recetas médicas a través de oficinas de farmacia, lo que supuso para las arcas públicas un gasto de 12.801 millones de euros (4,9% más respecto a 2021 y un 25,5% más que hace una década). El gasto por habitante fue ese año de 296,6 euros, continuando así una tendencia creciente desde el año 2013: la cifra es un 4,7% mayor que en 2021 y un 24,9% más alta que en 2012.

De todas las recetas realizadas en el Sistema Nacional de Salud en farmacias, fueron los analgésicos los más consumidos (como el ibuprofeno y el naproxeno), con un total de 141,5 millones vendidos. Le siguen el grupo de los psicolépticos (93,3 millones de envases), donde se encuentran antipsicóticos, ansiolíticos, hipnóticos y sedantes. En cambio, fueron los fármacos usados para la diabetes los que reportaron una mayor factura: se vendieron 53,8 millones de envases por un precio conjunto de 2.162 millones de euros.

Por su parte, la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) elaboró en marzo de 2023 su Observatorio del Medicamento, que recoge los fármacos más vendidos. La lista la encabeza el Nolotil, del que se vendieron 27,8 millones de envases. Le siguen el Paracetamol Kern, del que se vendieron 19,4 millones de unidades; y Adiro 100 (antiagregante plaquetario para prevenir infartos, trombos e ictus), con 19,2 millones de unidades dispensadas. De la lista de medicamentos más vendidos en unidades han desaparecido varios tranquilizantes un en 2023 solo queda el Lorazepam Normon, con 7,1 millones de unidades.

Los nuevos precios de referencia

La Orden Ministerial marca los precios de referencia para cada medicamento, este año sin apenas cambios. Sin embargo, cada español abonará un importe diferente según su situación particular. De forma general, los nuevos precios de venta al portador son:

• Nolotil (analgésico): con prescripción médica, el envase de 10 cápsulas puede comprarse por 1,56 euros y el envase de 20 cápsulas, por 2,26 euros.
• Paracetamol Kern (analgésico): la caja de 40 comprimidos de 650 miligramos se venderá ahora por 1,31 euros, mientras que las de 1 gramo tendrán un precio de 1,9 euros (20 comprimidos) o de 2,5 euros (40 comprimidos)
• Adiro 100 (antiagregante plaquetario): la caja de 30 comprimidos de 100 miligramos tendrá un precio de 1,45 euros.
• Enantyum (analgésico): el precio variará según la forma del medicamento. Las ampollas de 2 mililitros tendrán ahora un precio de 5,59 euros, mientras que los sobres de 25 miligramos valdrán 4 euros. En cuanto a los comprimidos, estos tendrán un precio de 4 euros para las cajas de 20 comprimidos de 25 miligramos y 40 comprimidos de 12,5 miligramos. El coste se rebaja a 2,5 euros en los envases de 20 comprimidos de 12,5 miligramos.
• Paracetamol Cinfa (analgésico): los envases de 650 miligramos tendrán un precio de 0,86 euros (20 comprimidos) y 1,31 euros (40 comprimidos. Los envases de 1 gramo costarán 1,9 euros (20 comprimidos) o 2,5 euros (40 comprimidos).
• Eutirox (tiroides): este medicamento tendrá un precio de 2,06 euros para los 25 microgramos, de 2,79 para los 50 microgramos, 4,09 para los 75 microgramos, 4,51 euros para los 88 microgramos, 4,93 para los 100 microgramos, 5,18 euros para los 112 microgramos, de 5,7 euros para los 125 microgramos, de 5,85 para los 137 microgramos, 6,46 para los 150 microgramos, 7,58 para los 200 microgramos
• Omeprazol Cinfa (antiulceroso): la versión de Cinfa de 40 miligramos cuesta 2,5 euros (14 cápsulas) y 4,15 euros (28 cápsulas), mientras que la de 20 miligramos tiene un precio de 1,28 euros (14 cápsulas) o de 2,42 euros (28 cápsulas).
• Lorazepam Normon (tranquilizante): los envases de 50 comprimidos de 0,5 miligramos tienen un precio de 1,56 euros, los de 1 miligramo cuestan 1,37 euros (25 comprimidos) o 1,72 euros (50 comprimidos).
• Ventolin (antiasmático): en jarabe, tendrá un precio de 1,5 euros. El inhalador valdrá 4,09 euros y la solución pulmonar, 2,12 euros.
• Zaldiar (analgésico): los comprimidos efervescentes tienen un precio de 2,97 euros, mientras que los recubiertos costarán 2,97 euros (20 comprimidos) o 8,88 euros (60 comprimidos).

Los distribuidores mantendrán el precio de venta del distribuidor anterior a esta reducción durante un plazo de veinte días naturales, mientras que las farmacias deberán actualizar los precios antes del 30 de noviembre.

Madrid, 2 oct (EFE).- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha pedido al PP que antes de presentar nuevas propuestas en esta materia aplique la Ley de Vivienda para, entre otros puntos, abaratar el alquiler y que deje de "boicotear" una Ley de Suelo que ya podría estar en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Durante su intervención en una jornada en la patronal CEOE sobre financiación de vivienda asequible, la ministra ha insistido en pedir al principal partido de la oposición que dé cumplimiento a la Ley de Vivienda, con la que, ha añadido, los alquileres podrían bajar un 5 % en zonas tensionadas y se puede lograr bonificaciones del 90 %.

Asimismo, la ministra ha acusado al PP -que esta mañana presentará su plan de vivienda- de "boicotear" una Ley de Suelo que cuenta con un amplio consenso político y social y que ya podría estar publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

"Nosotros hemos hecho nuestro trabajo", ha apuntado la ministra, que ha añadido que el Gobierno llevó en tiempo récord al Consejo de Ministros una ley "impecable técnicamente" que hoy tiene el Congreso y en la que hay ponerse a trabajar de forma inmediata.

En este contexto, ha insistido en pedir una gran alianza de país para abordar esta prioridad política, para la que se van a poner todos los recursos del Estado, y ha añadido que el diagnóstico y las soluciones son muy compartidas con todos los agentes del sector.

A este respecto, ha subrayado que la vivienda es una política prioritaria para la legislatura y para los próximos años.

En el marco de la jornada, ha señalado que ya se han firmado más de 500 acuerdos entre comunidades y ayuntamientos para lograr más de 25.000 viviendas de alquiler social, el 25 % más de lo previsto, y que espera que se desarrollen antes de la mitad de 2026.

A ello se suman los avales de 4.000 millones a vivienda asequible con los que se esperan alcanzar 43.000 viviendas, que podrían incluso llegar a 50.000 viviendas.

Con todo ello, el Ministerio cree que se van a superar las 70.000 viviendas.

La ministra, que mañana presidirá una nueva Conferencia Sectorial en materia de Vivienda, ha apostado por la imprescindible colaboración público-privada para lograr estos objetivos y por acompañar al sector, también en la formación para captar talento joven.

Rodríguez ha recordado que el objetivo de su departamento pasa por ampliar el parque público de vivienda y por controlar los precios, que en algunos casos implican destinar hasta el 80 % de los ingresos al pago de un alquiler, lo que ha calificado de "emergencia social". EFE

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Ya es oficial: el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará las leyes orgánicas y ordinarias estatales, los reales decretos ley y los legislativos y las disposiciones generales estatales en catalán. El convenio, firmado el pasado mes de julio, se publicó este lunes 2 de septiembre. Entre lo acordado por la Administración General del Estado y la Generalitat de Cataluña, presidida por Salvador Illa, se ha establecido que la vuelta del BOE en catalán costará al Gobierno de España 273.000 euros. El coste por palabra traducida durante el primer año será de 3 céntimos, aunque el precio podrá actualizarse de manera anual.

La traducción será realizada por la Entidad Autónoma del Diario Oficial y de Publicaciones e incluirá la preparación de los textos a traducir para asegurar su permanente congruencia con la redacción propia del Suplemento del BOE en catalán, un control de la calidad de los textos traducidos y una revisión de los documentos finales en PDF. La publicación se realizará mediante un suplemento exclusivamente en formato electrónico, manteniendo el orden cronológico del BOE y publicando versiones completas o con vínculos a documentos en castellano-

Más de dos décadas de acuerdo, que se retoma tras un parón de casi cuatro años

Este acuerdo no es nuevo. Hace 26 años, en 1998, se estableció la traducción al catalán de las disposiciones estatales publicadas en el BOE, en un acuerdo firmado por Francisco Álvarez-Casco, vicepresidente de José María Aznar, y Xavier Trias, conseller de la Presidencia de Jordi Pujol. Este convenio, que se publicó en el BOE número 99 el 25 de abril de 1998, tenía una vigencia inicial de cinco años, prorrogándose automáticamente por períodos sucesivos de un año, a menos que alguna de las partes decidiera denunciarlo.

Y así fue hasta hace cuatro años. Con la modificación de la ley del Régimen Jurídico del Sector Público, el convenio quedó extinguido el pasado 2 de octubre de 2020, dejando de publicarse el suplemento en catalán del BOE desde esa fecha. Su disposición adicional octava estableció que los convenios vigentes debían adaptarse a la nueva normativa en un plazo de tres años, a partir de octubre de 2016. Sin embargo, esa adaptación nunca se llevó a cabo. Incluso durante unos siete meses, el Govern asumió los costes en solitario.

El presupuesto asignado para este proyecto asciende a 273.000 euros, lo que permitirá no solo la traducción, sino también la publicación y difusión del BOE en catalán. Este suplemento incluirá todas las disposiciones generales de ámbito estatal que afecten a Cataluña, facilitando así el acceso a la normativa estatal en lengua catalana a los ciudadanos y entidades de esta comunidad. El restablecimiento del “Suplemento en catalán del BOE” se alinea con el objetivo del Real Decreto 489/1997, de 14 de abril, que promueve la utilización de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas en la difusión de la legislación estatal. La voluntad de ambas administraciones de retomar esta colaboración responde a la utilidad demostrada por el suplemento en catalán como instrumento para difundir y extender el conocimiento de la legislación estatal en las lenguas cooficiales.