El comercio exterior argentino en 2025 registró un intercambio total de USD 210.213 millones, según datos que compiló la Bolsa de Comercio de Rosario. Esta cifra superó el anterior máximo nominal, alcanzado en 2022 con USD 206.050 millones.

Además, el saldo de la cuenta de servicios, sector al que apunta el Gobierno para transformar la matriz productiva, volvió a crecer pero mantuvo un déficit, más que compensado por el superávit en bienes.

Según el informe de la bolsa rosarina, la exportación de servicios sumó USD 18.039 millones, en su quinto año consecutivo de expansión y superó los máximos históricos previos desde 2023. Este desempeño consolidó a los servicios como un componente estratégico para la diversificación exportadora como aspira el equipo económico que lidera el ministro Luis Caputo.

Pero también las importaciones de servicios crecieron fuertemente, a USD 29.272 millones, superando el récord de 2017 (USD 25.202 millones). El informe adjudicó este aumento a la recuperación económica y la apertura progresiva al mercado internacional, reflejada en un mayor volumen importado y un mayor coeficiente de apertura comercial. Frente a ello, el déficit de la cuenta de servicios en 2025 fue de USD 11.234 millones.

Superávit con caída de precios internacionales

El intercambio total de bienes y servicios en 2025 alcanzó los USD 210.213 millones, superando el récord de 2022. Las exportaciones conjuntas de bienes y servicios totalizaron USD 105.150 millones, por encima de los USD 103.119 millones registrados en 2022.

Dentro de ese total, las exportaciones de bienes sumaron USD 87.111 millones, levemente por debajo del récord de 2022 (USD 88.703 millones). En ese año, el conflicto entre Rusia y Ucrania impulsó los precios del agro argentino. En 2025, el volumen exportado alcanzó un máximo histórico, pese a la baja de precios internacionales por tercer año consecutivo, alterando la composición del total exportado.

Las importaciones totales de bienes y servicios sumaron USD 105.063 millones, superando el récord anterior de 2022 (USD 102.931 millones). Las compras externas de bienes llegaron a USD 75.791 millones, con un incremento de USD 15.015 millones respecto a 2024, aunque por debajo del máximo de 2022 (USD 81.740 millones). El volumen importado de bienes también marcó un máximo histórico, mientras que los precios de importación descendieron por tercer año consecutivo, favoreciendo la balanza comercial.

En cuanto a los saldos, el resultado neto de bienes en 2025 fue de USD 11.320 millones, inferior a los USD 18.928 millones de 2024, aunque el superávit de bienes permaneció como el principal aporte positivo al balance comercial. El saldo conjunto de bienes y servicios resultó prácticamente equilibrado, con un leve superávit de USD 86 millones.

El informe también destaca la evolución de los precios: tanto los precios de exportación como los de importación bajaron por tercer año consecutivo, impactando en la composición de los saldos comerciales. La baja de los precios internacionales redujo el valor nominal de las exportaciones, aunque el aumento del volumen exportado compensó en parte ese efecto. De hecho, las cantidades exportadas de bienes alcanzaron niveles récord, sosteniendo el flujo de divisas pese a la baja de precios. El sector agroindustrial continuó liderando las ventas de bienes y los servicios crecieron pero sin revertir el saldo negativo.

En importaciones, los volúmenes también alcanzaron máximos históricos, en línea con la recuperación económica y la mayor apertura comercial. El crecimiento de las importaciones de servicios consolidó la tendencia ascendente, acompañando la expansión económica y la apertura. El coeficiente de apertura, que mide la relación entre exportaciones e importaciones de bienes y servicios respecto al PIB a precios constantes, se ubicó en 54,2% en 2025, el registro más alto desde al menos 2004. Este indicador reflejó la recuperación económica y la apertura gradual hacia el comercio mundial.

El estudio de la bolsa rosarina concluyó que el comercio exterior argentino en 2025 presentó cifras históricas de intercambio. El principal desafío continúa siendo reducir el déficit de la cuenta de servicios y profundizar la diversificación exportadora, mientras el volumen cobra mayor peso ante la caída de los precios internacionales.

En México, cualquier persona mayor de 16 años con capacidad mental puede otorgar testamento ante notario público, conforme al Código Civil Federal.

La edad mínima varía por estado: en Jalisco y Michoacán es a los 18 años, mientras que en Puebla y Quintana Roo puede ser desde los 14 años.

Es indispensable que el testador esté en pleno uso de sus facultades mentales y manifieste su voluntad de manera expresa ante notario.

El testamento puede incluir bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias, vehículos, derechos, acciones y objetos de valor sentimental o económico.

No es obligatorio detallar todos los bienes; la ley permite la designación general de herederos y la inclusión de bienes presentes y futuros. También pueden considerarse bienes intangibles, como derechos de autor y marcas registradas.

Requisitos legales y proceso para otorgar testamento

El trámite se realiza ante notario público, quien debe constatar la capacidad legal del testador. Se requiere identificación oficial y, en algunos estados, acta de nacimiento.

Durante el Mes del Testamento (septiembre), los honorarios suelen reducirse por política institucional federal y estatal. El testamento es un acto revocable y puede modificarse cuantas veces lo desee el testador; siempre prevalece la última versión registrada.

Bienes que se pueden incluir en el testamento

El testamento permite disponer de bienes presentes y futuros. La redacción puede ser general o específica. No es necesario listar cada posesión; basta con establecer la voluntad sobre el reparto global.

Entre los bienes más comunes se encuentran casas, terrenos, vehículos, cuentas bancarias y acciones. También se pueden incluir bienes intangibles, como derechos de autor.

Deudas del fallecido y responsabilidad de los herederos

Las deudas de una persona fallecida se cubren con el patrimonio de la herencia.

Los herederos solo responden hasta donde alcance el valor de los bienes heredados; no están obligados a pagar con su patrimonio personal las deudas que excedan el caudal hereditario.

Si los bienes no cubren la totalidad de las deudas, los acreedores no pueden exigir el pago del resto a los herederos.

Para algunos créditos, como los hipotecarios, pueden existir seguros que liquidan la deuda al fallecer el titular, pero en créditos personales o tarjetas bancarias, la obligación solo alcanza los bienes heredados.

Rol del albacea y procedimiento sucesorio

El albacea es la figura legal encargada de administrar la herencia, pagar deudas y distribuir los bienes conforme al testamento y la ley.

Si todos los herederos son mayores de edad y hay acuerdo, el trámite puede realizarse ante notario. Cuando existen menores de edad o no hay acuerdo, debe ser judicial.

El albacea debe rendir cuentas y cumplir con las obligaciones fiscales y de pago de deudas antes de repartir el resto de los bienes a los herederos. Toda esta información se basa en lineamientos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Profeco y la normativa del Código Civil Federal.

Este viernes se conoció el fallo de la Cámara de Casación, a cargo de Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, que dispuso ejecutar todos los bienes de Cristina Kirchner, sus hijos y el resto de los condenados en la causa Vialidad. El objetivo: alcanzar la cifra de $684.990.350.139,86 que todos los involucrados deben pagar.

La sentencia, que adquirió firmeza el 10 de junio de 2025, había fijado inicialmente el decomiso en $84.835.227.378,04, monto que fue actualizado tras la intervención de peritos oficiales y fiscales, junto con el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El tribunal adoptó la metodología de actualización propuesta y requirió el pago del monto actualizado a los condenados, quienes no cumplieron con la intimación.

La medida incluye el decomiso de bienes inmuebles de Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA, Loscalzo y Del Curto SRL, así como propiedades cedidas a Máximo y Florencia Kirchner. También se prevé la realización de bienes de Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich en caso de que los activos decomisados inicialmente resulten insuficientes para cubrir el monto fijado.

Entre los inmuebles que ordenaron decomisar, se destaca uno ubicado en el Departamento III Lago Argentino, sobre la Avenida 17 de Octubre al 800, una propiedad adquirida en 2007 que abarca una superficie de 6.001,64 metros cuadrados.

El fallo alcanza también a un conjunto de lotes que fueron cedidos a Máximo y Florencia Kirchner. Entre ellos se ubican las diez unidades que están sobre la calle Mitre al 500, en la ciudad de Río Gallegos, todas ellas adquiridas en 2007.

También dentro de la capital santacruceña, el listado abarca un inmueble ubicado en 25 de Mayo al 200, adquirido en 2010, y a otra propiedad de la calle Presidente Néstor Kirchner al 400, sumada al patrimonio de la familia en 2006.

A esto se agregan los bienes emplazados a los hermanos Kirchner en el Departamento III Lago Argentino. Entre ellos figuran terrenos adquiridos respectivamente en 2008 y 2007, cuyas ubicaciones refieren a grandes extensiones en las inmediaciones de El Calafate. Entre ellos se destaca el lugar donde se construyó el conocido Complejo Hotel Los Sauces, una infraestructura hotelera relevante y parte de otra causa judicial que investiga a la ex mandataria. Este lote fue comprado en 2002 para tal fin y su desarrollo posterior implicó la suma de otras parcelas adyacentes que pasaron a formar parte integral del mismo proyecto hotelero tras ser adquiridas en 2007.

En el mismo departamento, el inventario incorpora dos propiedades de grandes dimensiones y gran valor catastral: la primera responde a una superficie de 44.106 metros cuadrados, originaria de una operación concretada en 2007; la segunda, comprende 87.046 metros cuadrados y fue incorporada en el mismo año al patrimonio familiar.

La evolución del patrimonio de la ex presidenta y su entorno familiar fue reconstruida por Infobae a partir de las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción y el cotejo con períodos de alta inflación. En 2003, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, la pareja declaró un patrimonio neto de $7 millones, compuesto principalmente por 25 inmuebles —18 casas, dos locales, cuatro departamentos (incluidos dos en el barrio porteño de Recoleta) y un terreno en El Calafate—, así como dos plazos fijos: uno por $1,2 millones y otro en dólares que totalizaba USD 1,6 millones. Estas cifras reflejaron operaciones de cobro judicial y adquisiciones de bienes a bajo costo durante la dictadura militar y los años posteriores, impulsadas por la actividad profesional del matrimonio como abogados en Santa Cruz.

El crecimiento de la fortuna familiar se mantuvo durante los siguientes años: en 2007, con Cristina Fernández de Kirchner ya en la presidencia, los activos anotados superaban los $25,5 millones, con un notable salto en el número y superficie de las propiedades. La pareja llegó a contabilizar 44 inmuebles entre viviendas, terrenos y locales, multiplicando por 33 la superficie registrada en 2003. Según lo que pudo averiguar este medio, múltiples lotes en El Calafate se adquirieron a valores considerados marginales —algunos por menos de $7,5 el metro cuadrado— y que en uno de esos terrenos se construyó el hotel boutique Los Sauces, edificado por Austral Construcciones.

El aporte de la familia Kirchner al negocio inmobiliario no se limitó a la adquisición de terrenos y edificaciones para renta; también incluyó la creación de sociedades como Los Sauces SA en 2006, destinada a centralizar el alquiler y la gestión de bienes. En 2008, la brecha patrimonial volvió a ampliarse: los activos ascendieron a $47,3 millones y una nueva operación con la compra de otro inmueble de 16.189 m2 que posteriormente se transformó en el hotel Las Dunas.

La muerte de Néstor Kirchner en 2010 supuso la redistribución legal de los bienes, integrando a Máximo y Florencia Kirchner como herederos directos de una parte sustancial de las propiedades y activos financieros. Las sucesivas declaraciones juradas reflejan cambios notables: en 2011, tras la reelección presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, el patrimonio real se vio reducido a $37,7 millones, aunque manteniéndose la posesión de 26 propiedades. Para 2015, último año de su mandato, los activos netos informados ascendían a casi $72,2 millones, con un marcado incremento en los fondos bancarios.

La cesión del patrimonio familiar llegó en 2016. Cristina Fernández de Kirchner donó en vida a sus hijos el 50% de las 26 propiedades, más de $40 millones en cuentas y depósitos a plazo fijo, así como acciones en las empresas familiares, operación que totalizó $74 millones. Esta transferencia se concretó en plena escalada de los procesos judiciales por corrupción, pocos días antes de que se inhibieran sus bienes.

Según lo reconstruido por Infobae, esta acción respondió al avance de causas como la de “dólar futuro”, Hotesur, Los Sauces y el direccionamiento de obra pública, donde la Justicia acabó por dictar embargos preventivos y procesamientos contra la ex mandataria y sus hijos.

Desde joyería, departamentos, casas y yates incautados al narcotráfico serán subastados por primera vez en República Dominicana.

El evento, liderado por el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (INCABIDE), se celebrará el miércoles 13 de mayo, busca transformar estos activos ilícitos en nuevas fuentes de recursos para el Estado, según informaron las autoridades.

Entre los bienes que serán puestos a la venta figuran apartamentos, casas, solares, vehículos, joyas, yates, aeronaves y lotes de chatarra, todos decomisados a ciudadanos condenados por delitos graves como el tráfico ilícito de drogas, el lavado de activos y la corrupción administrativa. Esta medida marca un precedente en la gestión de activos incautados para devolverlos a la sociedad dominicana, según destacó el INCABIDE.

El proceso para participar en la subasta requiere que los interesados completen su registro hasta el viernes 1 de mayo, en horario de 8:00 a 16:00, directamente en la sede del organismo en la calle F #5, Arroyo Hondo Viejo, Distrito Nacional.

El INCABIDE estableció una tasa de 5,000 pesos dominicanos (equivale a $83.57)como costo único y no reembolsable para la inscripción. Además, en el caso de bienes con un valor superior a cinco millones de pesos, será necesario aportar un depósito del 10% como garantía para la primera puja. Estas condiciones buscan asegurar la transparencia y la seriedad del proceso, conforme a la información de la entidad.

El director ejecutivo del INCABIDE, Manuel Oviedo Estrada, remarcó el carácter inclusivo y legal del proceso: “Estamos abriendo las puertas para que cualquier dominicano, desde un emprendedor hasta una familia, pueda participar con total confianza. No solo estamos subastando activos; estamos transformando bienes recuperados en recursos útiles para el desarrollo del Estado, bajo un proceso donde la transparencia es el único protagonista”, señaló Oviedo Estrada al INCABIDE.

Todos los activos que integran la subasta han superado los procedimientos legales establecidos en la Ley Núm. 60-23, por lo que los adjudicatarios recibirán documentación válida y libre de gravámenes, según subrayó el titular de la institución.

El INCABIDE también confirmó que la recaudación obtenida por la venta de estos bienes se asignará a programas de prevención y resarcimiento social, por disposición de la normativa vigente, lo que garantiza que los recursos sean reinvertidos en beneficio de la sociedad dominicana.

El evento se llevará a cabo en el Paraninfo Dr. Ricardo Michel de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a partir de las 8:00 de la mañana del miércoles 13 de mayo. El catálogo de bienes y el pliego de condiciones para participar están disponibles en el sitio oficial de la institución: incabide.gob.do, según indicó el INCABIDE.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) llevará a cabo este 28 y 30 de abril el tercer y cuarto remate de bienes. En ambas jornadas se subastarán 91 inmuebles valorizados en S/40,417,575, un ómnibus tasado en S/132,740.62, que pertenecían a contribuyentes que no regularizaron sus obligaciones tributarias.

Durante la jornada se pondrán a disposición propiedades de diverso tipo y ubicación. Entre los lotes más relevantes figuran tres viviendas situadas en los distritos de Comas, San Bartolo y Santiago de Surco.

Además, se incluye un departamento en Miraflores, una oficina en La Victoria y un edificio en Villa El Salvador. Esta variedad de bienes ofrece opciones tanto residenciales como comerciales para los interesados en invertir.

El listado de bienes contempla también siete locales comerciales distribuidos en el Cercado de Lima, La Victoria y San Vicente de Cañete. Se suman trece terrenos agrícolas, de los cuales doce se localizan en Salas (Ica) y uno en Sunampe (Chincha), así como nueve terrenos rurales en Guadalupe (Ica) y un terreno industrial en Ventanilla. Estos activos representan una oportunidad para quienes buscan invertir en el sector agrícola o expandir actividades industriales.

Entre las ofertas destacan, además, nueve terrenos ubicados en Asia, Ate, Lurín, Pachacámac, Paracas, Puente Piedra y San Juan de Lurigancho. Así mismo, el remate incluye un ómnibus y quince estacionamientos en Miraflores, San Isidro, Surco y Surquillo. El catálogo se completa con treinta depósitos distribuidos en Asia, Breña, Jesús María, Miraflores, San Borja, San Martín de Porres, San Miguel y Santiago de Surco, entre otros distritos.

Conoce los bienes disponibles

28.04.26

• Casa (Santiago de Surco): S/1,530,964.94
• Casa (Comas): S/126,658.98
• Depósito (San Martín de Porres): S/3,957.85
• Depósito (San Martín de Porres): S/3,957.85
• Depósito (Santiago de Surco): S/72,634.99
• Depósito (Santiago de Surco): S/50,731.02
• Depósito (Santiago de Surco): S/48,582.81
• Depósito (Santiago de Surco): S/56,022.61
• Depósito (Santiago de Surco): S/93,613.69
• Depósito (Santiago de Surco): S/30,378.95
• Depósito (Santiago de Surco): S/29,055.56
• Depósito (Santiago de Surco): S/40,402.98
• Depósito (Santiago de Surco): S/116,765.28
• Depósito (Santiago de Surco): S/144,452.20
• Depósito (Miraflores): S/5,846.05
• Depósito (Breña): S/6,931.03
• Edificio (Villa el Salvador): S/522,036.41
• Estacionamiento (Miraflores): S/36,093.80
• Estacionamiento (Miraflores): S/31,678.50
• Estacionamiento (Miraflores): S/37,280.13
• Estacionamiento (Surquillo): S/26,696.68
• Estacionamiento (San Isidro): S/54,292.65
• Estacionamiento (Miraflores): S/63,263.34
• Estacionamiento (San Isidro): S/44,913.49
• Estacionamiento (Santiago de Surco): S/36,990.55
• Estacionamiento (Santiago de Surco): S/26,786.12
• Estacionamiento (Miraflores): S/31,819.73
• Local comercial (La Victoria): S/120,065.38
• Local comercial (San Vicente de Cañete): S/84,947.19
• Terreno (Paracas): S/2,361,084.02
• Terreno (Paracas): S/3,171,630.22
• Terreno (San Juan de Lurigancho): S/329,098.86
• Terreno (Asia): S/105,381.31
• Terreno (Asia): S/105,381.31
• Terreno agrícola (Sunampe): S/689,265.00
• Terreno agrícola (Salas): S/451,187.93
• Terreno agrícola (Salas): S/308,451.51
• Terreno agrícola (Salas): S/311,774.38
• Terreno agrícola (Salas): S/307,248.44
• Terreno agrícola (Salas): S/452,489.41
• Terreno agrícola (Salas): S/450,500.00
• Terreno agrícola (Salas): S/704,373.87
• Terreno agrícola (Salas): S/450,766.70
• Terreno agrícola (Salas): S/451,125.29
• Terreno rural (Guadalupe): S/112,944.00
• Terreno rural (Guadalupe): S/94,120.63
• Terreno rural (Guadalupe): S/94,123.77
• Terreno rural (Guadalupe): S/184,414.96
• Terreno rural (Guadalupe): S/119,219.92

30.04.26

• Casa (San Bartolo): S/1,148,509.94
• Closet (Santiago de Surco): S/2,732.24
• Departamento (Miraflores): S/344,257.73
• Depósito (San Miguel): S/22,559.65
• Depósito (San Borja): S/16,881.74
• Depósito (Jesús María): S/34,537.84
• Depósito (Santiago de Surco): S/117,424.62
• Depósito (Santiago de Surco): S/37,636.10
• Depósito (Santiago de Surco): S/51,328.94
• Depósito (Santiago de Surco): S/49,356.04
• Depósito (Santiago de Surco): S/68,965.11
• Depósito (Miraflores): S/7,528.14
• Depósito (Jesús María): S/54,994.67
• Depósito (Asia): S/20,407.98
• Depósito (Santiago de Surco): S/51,328.94
• Depósito (Santiago de Surco): S/93,613.69
• Depósito (Santiago de Surco): S/72,634.99
• Depósito (Santiago de Surco): S/68,965.11
• Depósito (Santiago de Surco): S/48,582.81
• Estacionamiento (San Isidro): S/43,110.50
• Estacionamiento (Santiago de Surco): S/26,786.12
• Estacionamiento (Santiago de Surco): S/46,096.94
• Estacionamiento (San Isidro): S/54,292.65
• Estacionamiento (San Isidro): S/42,069.40
• Local comercial (Cercado): S/48,277.20
• Local comercial (Cercado): S/38,311.04
• Local comercial (Cercado): S/38,311.04
• Local comercial (Cercado): S/48,277.20
• Local comercial (Cercado): S/38,311.04
• Oficina (La Victoria): S/2,951,621.66
• Ómnibus: S/96,458.18
• Terreno (Puente Piedra): S/99,357.52
• Terreno (Lurín): S/490,880.00
• Terreno (Ate): S/225,884.67
• Terreno (Pachacamac): S/43,987.20
• Terreno agrícola (Salas): S/307,896.67
• Terreno agrícola (Salas): S/308,297.28
• Terreno agrícola (Salas): S/327,895.97
• Terreno industrial (Ventanilla): S/1,411,356.00
• Terreno rural (Guadalupe): S/106,671.21
• Terreno rural (Guadalupe): S/94,120.00
• Terreno rural (Guadalupe): S/119,269.49
• Terreno rural (Guadalupe): S/184,305.79

¿Cómo postular al remate?

La modalidad de remate será a través de “sobre cerrado”, un mecanismo que permite a los participantes presentar sus propuestas económicas en un ánfora. Resultará ganador quien ofrezca el mayor monto y cumpla con los requisitos previstos en la convocatoria. Para participar, únicamente es necesario presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Los interesados deben acercarse a la sede de Sunat, ubicada en Av. Arenales 335-357, Cercado de Lima, junto al Fuero Militar Policial. Toda la información sobre condiciones y requisitos está disponible en rematestributarios.sunat.gob.pe o a través de los teléfonos 970-589308 y 964-408217. La inscripción y la participación en estos remates son completamente gratuitas.

Luego de la captura del narcotraficante Sebastián Marset en Bolivia, surgieron denuncias de irregularidades en el manejo de los bienes incautados y de robo en algunos inmuebles vinculados a su organización criminal.

El operativo de su detención se ejecutó la madrugada del viernes en un barrio residencial de Santa Cruz de la Sierra. Desde entonces, la Policía realizó allanamientos en otros inmuebles que presuntamente pertenecían a la Marset en los que se decomisaron 16 avionetas, una decena de vehículos, armamento de grueso calibre y diferentes tipos de droga.

Sin embargo, en ninguno de los casos se reportó oficialmente la existencia de dinero ni de objetos de valor, lo que generó dudas sobre el manejo de los bienes incautados.

La criminóloga y exdirectora del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana, Gabriela Reyes, manifestó en entrevista con Infobae que aunque una parte del dinero del crimen organizado se bancariza a través del lavado, es “muy poco probable” que no se haya encontrado dinero en efectivo. “Un narcotraficante necesita tener flujo de caja para ciertas acciones como la compra de protección, de silencio e imprevistos”, afirmó.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, confirmó que uno de los domicilios del narcotraficante fue saqueado luego del allanamiento. En una rueda de prensa, Zeballos indicó que el inmueble ubicado en la carretera a La Guardia, en la zona sudoeste de Santa Cruz, fue precintado y que al día siguiente se descubrió que algunos objetos fueron sustraídos.

“Se habría efectuado, si vale el término, un saqueo; se habrían sustraído ciertos objetos o elementos que se encontraban dentro de este inmueble", señaló el fiscal departamental.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que todos los allanamientos fueron realizados con la presencia de notarios del Ministerio Público y efectivos de la Policía Boliviana, siguiendo el protocolo para la incautación de bienes de origen ilícito. Sin embargo, ante las crecientes denuncias sobre robos e irregularidades, instruyó una investigación interna en la Policía. “No voy a permitir que alguien se quede con un reloj o un puñado de dólares”, afirmó Oviedo en conferencia de prensa y agregó que “si hay responsables, van a ser llevados a la cárcel”.

Marset, de 34 años, era considerado uno de los capos de la droga más buscados de la región y por quien el Departamento de Justicia estadounidense ofrecía una recompensa de 2 millones de dólares.

Tras su arresto —en el que también cayeron otras cuatro personas—, el narco uruguayo fue entregado en el aeropuerto local a agentes de la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA) que lo trasladaron en un avión a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de lavado de activos. Su audiencia está fijada para el viernes 20 de marzo.

El detenido cumplió una condena por narcotráfico en Uruguay entre 2013 y 2018. Tras salir de prisión, radicó en Paraguay y luego en Bolivia, donde tuvo una vida pública con otra identidad y fijó su base de operaciones, según las autoridades.

En 2023 escapó de un operativo de captura en Santa Cruz de la Sierra y luego manifestó a través de un video que lo hizo gracias a que fue alertado por agentes antinarcóticos. Desde entonces estaba prófugo de la justicia, pero su permanencia en Bolivia era un secreto a voces.

En los operativos recientes, la Policía encontró al menos diez documentos de identidad pertenecientes a Marset con otro nombre. El comandante general de la Policía anunció que se investigará si son falsos o fueron obtenidos por las entidades correspondientes de manera ilegal.

La compra de una residencia valuada en 17 millones 500 mil pesos por parte de la senadora del Partido del Trabajo, Geovanna Bañuelos de la Torre, generó cuestionamientos sobre si su ingreso como funcionaria pública coincide con el valor del inmueble que reportó en su declaración patrimonial.

Una investigación periodística reveló que la legisladora registró la adquisición de la propiedad durante 2024, lo que abrió el debate sobre la relación entre el precio de la vivienda, su crédito hipotecario y los ingresos que percibe como integrante del Senado de la República de México.

Compra de casa de 17.5 millones de pesos aparece en declaración patrimonial

De acuerdo con la información difundida por el medio EMEEQUIS, la senadora del Partido del Trabajo declaró la compra de una vivienda con un valor de 17.5 millones de pesos.

El inmueble fue adquirido el 4 de julio de 2024 mediante un contrato de compraventa y posteriormente registrado ante la Contraloría Interna del Senado.

Según los datos patrimoniales reportados por la propia legisladora, la propiedad cuenta con:

• 487 metros cuadrados de terreno
• 559 metros cuadrados de construcción
• Registro formal dentro de su declaración patrimonial oficial

La adquisición se convirtió en uno de los bienes más costosos reportados recientemente por integrantes del oficialismo dentro de sus declaraciones patrimoniales.

Crédito hipotecario cubre solo parte del valor del inmueble

En su declaración, la senadora informó que contrató un crédito hipotecario por 9 millones de pesos en septiembre de 2024 para financiar parte de la propiedad.

Sin embargo, el documento no detalla el origen de los 8.5 millones de pesos restantes que completan el valor total de la vivienda. Este punto ha sido uno de los aspectos que más ha generado cuestionamientos sobre la operación financiera.

La falta de información sobre el origen de esa cantidad ha provocado que se analice si el costo del inmueble es congruente con los ingresos reportados por la legisladora.

¿Cuánto gana una senadora en México?

Como integrante del Senado, Geovanna Bañuelos de la Torre reportó una remuneración neta anual de 1 millón 882 mil 496 pesos por su cargo público.

El ingreso mensual aproximado de los senadores en México ronda los 130 mil pesos netos, aunque puede variar ligeramente debido a prestaciones como aguinaldo, seguros y apoyos legislativos.

Entre los principales componentes de la remuneración de los legisladores se encuentran:

• Dieta mensual cercana a 131 mil pesos netos
• Aguinaldo equivalente a alrededor de 40 días de sueldo
• Prima vacacional
• Seguro de vida y gastos médicos
• Recursos para atención ciudadana

A partir de estos montos, distintos análisis han puesto en perspectiva cuánto tiempo tomaría cubrir una propiedad de ese valor únicamente con el salario legislativo.

Senadora defiende que su patrimonio es producto de años de trabajo

Tras darse a conocer la información, la legisladora aseguró que la vivienda forma parte de su declaración patrimonial precisamente porque ha actuado con transparencia.

En respuesta a los cuestionamientos, señaló que su patrimonio ha sido construido a lo largo de varios años de trabajo profesional y actividad política.

La senadora sostuvo que toda su información patrimonial ha sido presentada conforme a la ley y dentro de los plazos establecidos para los servidores públicos.

Además, afirmó que continuará conduciéndose con transparencia y que la rendición de cuentas es fundamental para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Propiedades de políticos vuelven al debate público

La compra de la casa de 17.5 millones de pesos también se suma a otros casos en los que se han analizado los bienes patrimoniales de integrantes de la llamada Cuarta Transformación.

Investigaciones periodísticas han señalado propiedades de alto valor registradas por legisladores como Gerardo Fernández Noroña y Lilia Aguilar Gil, quienes también han reportado inmuebles millonarios dentro de sus declaraciones.

Estos casos han reavivado la discusión pública sobre la transparencia patrimonial de los funcionarios y sobre la relación entre su patrimonio personal y los ingresos obtenidos durante su carrera política.

Aunque en el caso de la senadora del PT la compra fue declarada oficialmente, el costo de la propiedad y el origen de los recursos para financiarla continúan siendo parte del debate público sobre la rendición de cuentas de los servidores públicos en México.

Alrededor de dos tercios de los estadounidenses fallecen sin testamento, lo que significa que, en ausencia de disposiciones escritas, la propiedad y el dinero del difunto se distribuyen obligatoriamente de acuerdo a la legislación de su estado, sin posibilidad de elegir beneficiarios, explicó Jana McCreary, abogada especializada en planificación patrimonial de Houston, al medio regional Tampa Bay Times.

Esta realidad tiene consecuencias directas y automáticas para quienes mueren en Florida sin dejar instrucciones legales sobre su herencia.

El Estado de Florida aplica la “sucesión intestada” para asignar bienes si no hay testamento

La normativa estatal establece que, para quienes fallecen sin testamento en Florida, se activa un proceso denominado “sucesión intestada”. En este sistema, el primer beneficiario es el cónyuge superviviente: si no hay hijos o nietos, recibe la totalidad de los bienes.

Si existen descendientes —hijos o nietos— y todos son, a su vez, descendientes biológicos o adoptivos comunes con ese cónyuge, este último hereda todos los activos. En cambio, si hay hijos de relaciones previas, el patrimonio se reparte a partes iguales: la pareja recibe la mitad y los descendientes la otra mitad, tal como detalla el Tampa Bay Times en base a la legislación de Florida.

Para quienes fallecen sin pareja, la herencia se distribuye entre los descendientes en partes iguales. Los niños adoptados cuentan como hijos biológicos; los hijastros solo heredan si fueron legalmente adoptados. Estatutos oficiales de Florida aseguran que los hijos nacidos fuera del matrimonio pueden heredar, siempre que exista una prueba legal de paternidad o maternidad.

Si no existen descendientes vivos, la herencia se transfiere a los padres; si tampoco hay padres, pasa a los hermanos y a sus hijos. Los hermanos de solo un progenitor (“medio hermanos”) tienen los mismos derechos sucesorios. Si no hay hermanos, el patrimonio se dirige a los abuelos o, si persiste la ausencia de familiares directos, desciende por la línea genealógica hacia tíos, tías y sus descendientes.

En el caso de que no existan familiares ni tampoco haya personas o instituciones designadas en algún documento legal, los bienes pasan, por imperativo legal, al Estado de Florida, tal como precisa el Tampa Bay Times.

Requisitos y procedimientos para la validez de un testamento en Florida

Los mayores de 18 años o menores emancipados —es decir, aquellos que han sido declaradas adultos por decisión judicial— pueden redactar un testamento en Florida. El documento debe ser escrito, ya que las declaraciones grabadas en audio o publicadas en redes sociales no tienen validez legal.

El testamento debe contar con la firma del testador y la de dos testigos. Aunque la ley no exige la presencia de un notario, la certificación notarial puede facilitar el proceso de validación durante el trámite judicial conocido como proceso de legalización de testamentos (probate), según el Tampa Bay Times.

Una asesoría profesional puede resultar recomendada. Si se opta por contratar a un abogado en planificación patrimonial, los honorarios pueden oscilar entre USD 200 y USD 1.000, dependiendo del nivel de complejidad, de acuerdo con estimaciones de LegalZoom. El interesado debe conservar el original de su testamento y, si recibió asesoría, dejar una copia en poder del abogado.

Al fallecer el testador, la persona que resguarda el testamento —el ejecutor designado, un familiar o un amigo cercano— debe presentar el documento en la Secretaría del Tribunal de Circuito correspondiente al condado de residencia, en un plazo de 10 días desde que tenga conocimiento del deceso, conforme a los estatutos estatales. Además, se debe aportar la fecha de la muerte o, en su defecto, los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social de EE. UU. del fallecido.

El proceso definido por la legislación de Florida garantiza una cadena estricta en la transmisión del patrimonio cuando no existe un testamento en regla.

La situación de los latinos en Florida frente a la sucesión intestada

La comunidad latina en Estados Unidos, y particularmente en Florida, enfrenta desafíos adicionales en materia de herencias y planificación testamentaria. Solo el 22% de los adultos hispanos en el país cuenta con un testamento, una cifra inferior a la observada en otros grupos étnicos como los adultos blancos (34%) y afroamericanos (31%), de acuerdo con LegalZoom.

Esta brecha aumenta las posibilidades de que las familias latinas deban afrontar procesos judiciales complejos y la pérdida de patrimonio por no tener documentación legal que respalde la transmisión de bienes.

El valor mediano de las herencias en familias hispanas es de 52.000 dólares, frente a los 88.500 dólares de familias blancas y los 85.000 dólares de familias afroamericanas, según un análisis del Penn Wharton Budget Model basado en la Survey of Consumer Finances de la Reserva Federal. Limitando así la acumulación de riqueza intergeneracional.

La ausencia de testamento puede dar lugar a situaciones de “heirs property”, en las que varios herederos comparten la titularidad de una propiedad sin título claro. Esta problemática, frecuente en comunidades de bajos ingresos y población latina en Florida, dificulta la venta, el acceso a crédito y la conservación del inmueble, y puede derivar en la pérdida de la vivienda por problemas legales o fiscales, según The Florida Bar Journal.

Factores como la barrera del idioma, el desconocimiento del sistema legal y las dificultades económicas para acceder a asesoría profesional refuerzan la vulnerabilidad de las familias latinas ante la sucesión intestada y la fragmentación del patrimonio familiar.

Tras marcar una suba de 3,1% en enero, en febrero los precios en la ciudad de Buenos Aires se desaceleraron y aumentaron, en promedio, 2,6%, según informó el Instituto de Estadísticas porteño este lunes. Así, en lo que va del año la inflación alcanzó el 5,7%, mientras que en los últimos doce meses se ubicó en 32,4%, lo que representó un incremento de 0,7 puntos porcentuales frente al registro del mes anterior.

La cifra porteña siempre se da a conocer días antes de que el Indec informe el número de inflación nacional. En este caso, el número de febrero se oficializará el jueves, y los analistas privados esperan un número similar al de enero, que fue del 2,9 por ciento. Para este mes, sin embargo, sí esperan una aceleración de la suba de precios y la cifra podría comenzar con 3. Al respecto, el presidente Javier Milei se refirió al tema recientemente y aseguró que después del primer trimestre la inflación retomará un sendero bajista y hacia junio-agosto el guarismo mensual comenzará “con un cero adelante”.

La dinámica de precios en la CABA respondió principalmente a los movimientos observados en cinco divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Seguros y servicios financieros, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud y equipamiento y mantenimiento del hogar. En todos los casos, superaron el promedio de la inflación.

El rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles lideró la incidencia, con un alza de 5,9%. El informe atribuyó este desempeño a los incrementos en los gastos comunes vinculados a la vivienda y a las actualizaciones tarifarias en servicios residenciales de electricidad y gas por red. La suba en los valores de los alquileres también influyó en el resultado de esta categoría. A su vez, el rubro de seguros y servicios financieros también trepó 5 por ciento.

En el caso de Alimentos y bebidas no alcohólicas, el índice marcó un avance promedio de 2,9%, con un aporte de 0,50 puntos porcentuales al nivel general. Dentro de este segmento, el mayor impulso provino de Carnes y derivados, que subió 7,3% en el período. Otros componentes, como Pan y cereales (1,9%) y Leche, productos lácteos y huevos (1,8%), también exhibieron incrementos. En tanto, las bajas en Frutas (-2,1%) y Verduras, tubérculos y legumbres (-1,1%) atenuaron el alza de la división.

Salud registró una suba de 3% y sumó 0,27 puntos porcentuales al IPCBA mensual. El principal factor fue el ajuste en las cuotas de la medicina prepaga, que incidió de forma directa en este comportamiento. Y equipamiento y mantenimiento del hogar contribuyó con un incremento en los precios del 3,1 por ciento.

En tanto, la división Restaurantes y hoteles mostró una variación de 1,5%, y el informe atribuyó el incremento a los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas. Las tarifas de alojamiento por motivos turísticos descendieron y contribuyeron a moderar el impacto de esta categoría.

El rubro Información y comunicación presentó un aumento de 2,4% y el comportamiento respondió a los incrementos en los valores de los servicios de comunicaciones agrupados y de telefonía móvil. El resto de las divisiones del IPCBA tuvo una incidencia positiva, aunque menor, en el nivel general. Dos excepciones fueron Transporte, que registró una baja de 0,4%, y Prendas de vestir y calzado, que se mantuvo estable. Recreación y cultura subió apenas 0,1 por ciento.

En la perspectiva interanual, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles y Transporte se posicionaron como los principales motores de la suba de precios minoristas, explicando el 63,3% de la variación anual del índice.

Bienes y servicios

El informe también analizó la evolución de Bienes y Servicios. Durante febrero, los Bienes subieron 1,9%, mientras los Servicios avanzaron 3%. El aumento de los Bienes se vinculó principalmente a los precios de los alimentos, sobre todo carnes, y en menor medida a los combustibles y lubricantes para vehículos y a los medicamentos. Por el lado de los Servicios, los aumentos en los gastos comunes de la vivienda y las tarifas residenciales de electricidad tuvieron un peso central. También influyeron los incrementos en restaurantes, bares y casas de comida, las tarifas residenciales de gas y los valores de los alquileres. Las bajas en los precios de pasajes aéreos, alojamiento en hoteles y paquetes turísticos contribuyeron a que el avance de los Servicios no fuese mayor.

En los dos primeros meses del año, los Bienes acumularon una suba de 4,3% y los Servicios de 6,6%. En términos interanuales, ambas agrupaciones aceleraron su ritmo de incremento: los Bienes alcanzaron 26,3% y los Servicios 36,1%.

A su vez, la agrupación denominada Resto IPCBA, considerada una aproximación a la inflación núcleo, mostró un aumento de 3,1% durante febrero y mantuvo un ritmo interanual de 32,9%. La agrupación Regulados avanzó 4,5%, con el mayor aporte de las actualizaciones en las tarifas residenciales de electricidad y gas por red, las cuotas de medicina prepaga y el boleto de colectivo urbano. En el análisis interanual, Regulados se aceleró hasta 34,8%, 3,9 puntos porcentuales más que en enero.

En contraste, los Bienes y servicios Estacionales promediaron una baja de 6,5% en febrero, fundamentalmente por la reducción en los precios de los pasajes aéreos. También influyeron las caídas en las tarifas de alojamiento en hoteles y en los valores de los paquetes turísticos. En términos interanuales, el agregado Estacionales desaceleró su ritmo de suba hasta 21,1%, 2,2 puntos porcentuales menos que el mes previo.

El índice que excluye componentes como la energía, alimentos y comercio, conocidos por su fuerte volatilidad, mostró en enero una variación mensual idéntica a la de meses previos, marcando un crecimiento del 0,3%. Con estos datos, la noticia principal resulta ser el incremento del 0,5% en el índice de precios de producción (IPP) de Estados Unidos en ese mismo mes, superando el alza registrada en diciembre, según indicó la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo, información recogida por el medio.

De acuerdo con el reporte divulgado el viernes, el IPP subió un 0,5% en enero, una décima más que el 0,4% presentado el mes precedente. La agencia oficial explicó que la demanda final de servicios resultó determinante en este comportamiento, dado que ese componente avanzó un 0,8%, un aumento frente al 0,7% correspondiente al mes previo. Mientras tanto, la categoría de bienes profundizó su tendencia a la baja, con un retroceso del -0,3%, tras haber disminuido un -0,1% en diciembre, según detalla la Oficina de Estadísticas Laborales.

El indicador subyacente, que excluye elementos volátiles como energía, alimentos y comercio, permaneció estable en su ritmo de crecimiento, con un incremento mensual del 0,3%. Esto, según consignó la misma fuente oficial, representa la continuación de una dinámica sin cambios en relación con los meses anteriores.

En términos interanuales, los precios de producción generales se situaron en enero un 2,9% por encima de los niveles alcanzados en el mismo mes de 2025, de acuerdo con los registros oficiales. Respecto a la inflación subyacente interanual, el aumento fue del 3,4%. Ambas cifras reflejaron una reducción de una décima en comparación con el periodo anterior, según especificó la Oficina de Estadísticas Laborales.

La medición del IPP constituye una referencia clave para evaluar la evolución de los costos en los niveles iniciales de la cadena productiva en la principal economía del planeta. Los cambios en este índice suelen anticipar movimientos posteriores en la inflación al consumidor, dado que las variaciones en los precios al productor pueden trasladarse a los precios finales.

La Oficina de Estadísticas Laborales, citada por el medio, también subrayó que el crecimiento observado en servicios se destacó en contraste con la debilidad del segmento de bienes. Mientras los servicios impulsaron el alza mensual total del IPP, las materias primas y productos manufacturados, agrupados en el componente de bienes, mostraron un descenso sostenido por segundo mes consecutivo.

El comportamiento mensual del IPP y de su indicador subyacente es seguido de cerca por analistas, empresas y responsables de política monetaria en Estados Unidos, debido a sus implicancias para las perspectivas inflacionarias y, en última instancia, para las decisiones sobre tasas de interés del sistema financiero. El propio Departamento de Trabajo, en su informe, remarcó la estabilidad del índice subyacente como un factor distintivo del periodo analizado.

El resultado registrado en enero se da en un contexto donde la inflación en Estados Unidos se mantiene bajo observación por parte de las autoridades y los mercados, ante señales de moderación en algunos componentes y persistencia en otros. De acuerdo con las cifras presentadas por la Oficina de Estadísticas Laborales, tanto la inflación general como la subyacente han experimentado descensos marginales en términos interanuales, situando el IPP general en una tasa interanual del 2,9% y el subyacente en el 3,4%, ambos una décima menos que en el periodo anterior.

Este balance mensual y anual del IPP, según reportó la entidad oficial, pone de manifiesto el papel del sector servicios en el impulso reciente de los costos de producción y marca una diferencia con la tendencia de los bienes, que han presentado disminuciones sucesivas. El Departamento de Trabajo indicó que continuará monitoreando estas variaciones para evaluar sus efectos sobre la economía general de Estados Unidos.

La fiscalía reclamó este jueves que se avance con el decomiso de nuevos bienes y dinero para cumplir con la condena a la ex presidenta Cristina Kirchner y al empresario Lázaro Báez en la causa Vialidad.

Se trata de 141 inmuebles -13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128, a sociedades vinculadas a Báez-; 46 automotores y 4.664.000 dólares embargados en una caja de seguridad abierta a nombre de la hija de la condenada ex presidenta, en el marco de la ejecución del decomiso multimillonario ordenado.

Los fiscales identificaron nuevos bienes y dinero y así lo informaron al Tribunal Oral Federal 2 que tiene que ejecutar el decomiso por 684.990.350.139,86 millones de pesos.

En concretó se pidió respecto de Cristina Kirchner “el decomiso de 10 inmuebles -3 en CABA y 7 en Santa Cruz- pertenecientes a Los Sauces SA; 3 inmuebles -en Santa Cruz- pertenecientes a Hotesur SA; USD 4.664.000, USD 992.134 y $ 53.280,24″ a nombre de Florencia Kirchner, su hija. La primera suma está en una caja de seguridad bancaria y la segunda depositada en una cuenta, todo embargado.

Sobre Lázaro Báez se reclamó, entre otros nuevos bienes identificados, el decomiso de inmuebles en Santa Cruz y automotores a nombre de sociedades donde tiene participación. También de 81 propiedades en Santa Cruz, 3 en la provincia de Buenos Aires y 3 en Tierra del Fuego a nombre de Badial SA, “en la cual Báez tiene el 95 % de participación accionaria”.

“Ni un solo peso” depositado

“Todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo”, advirtieron los fiscales en el dictamen al que tuvo acceso Infobae.

Una primera tanda de 111 bienes que el Tribunal Oral Federal 2 ordenó ya decomisar para recuperar el dinero parte de los delitos fue apelada por las defensas ante la Cámara Federal de Casación, que tiene que resolver sobre el asunto.

Los condenados, agregó ahora la fiscalía, “han echado mano de todo tipo de artilugios procesales -declarados inadmisibles una y otra vez por el tribunal que tiene a su cargo la ejecución de la sentencia y por los tribunales superiores-. Como resultado, vienen dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme".

“La resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”, analizaron poco después.

Muchos de los condenados “registran fortunas de una opulencia irrazonable y una magnitud desproporcionada como para, por lo menos, comenzar el complejo proceso de recupero de activos provenientes de los actos de corrupción que cometieron durante 12 años”, se advirtió además.

Los nuevos bienes

La fiscalía solicitó el decomiso para el Estado nacional del departamento de San José 1111, en Constitución, “ya que fue adquirido por Los Sauces SA en 2015″. Allí cumple arresto domiciliario CFK condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad, a raíz del direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública en Santa Cruz a favor de otro condenado, el dueño de “Austral Construcciones” Lázaro Báez.

Además se reclamó decomisar el hotel La Aldea, de la familia Kirchner, ubicado en El Chaltén, Santa Cruz, y dos departamentos y siete cocheras en Puerto Madero de la sociedad “Los Sauces” . Uno de ellos es un duplex de más de 600 metros cuadrados.

“Estas propiedades se encuentran en el exclusivo barrio de Puerto Madero, más precisamente en el complejo Madero Center (el mismo edificio donde funcionaba la financiera SGI, conocida como La Rosadita, donde, tal como se comprobó por sentencia firme, se realizaron las maniobras de lavado de dinero por las cuales se condenó a Lázaro Báez, entre otros)”, agregó el pedido fiscal.

Los representantes del Ministerio Público advirtieron que “existe una vinculación razonable entre el incremento patrimonial de las sociedades -pertenecientes a las personas condenadas- y el delito fuente que motiva el decomiso, además de una concomitancia temporal evidente”.

“Luego de la constitución de Los Sauces SA por parte de Néstor Carlos Kirchner, Cristina E. Fernández y el hijo de ambos, Máximo Carlos Kirchner (7/11/2006), y de la adquisición de Hotesur SA por Néstor y Máximo Kirchner (7/11/2008), se inició un proceso cuya nota distintiva fue la interconexión económica que se estableció entre esas sociedades -pertenecientes a la familia Kirchner- y Lázaro Antonio Báez, sus empresas y su entorno", fundamentó el pedido.

El sector servicios en Estados Unidos reportó un aumento del 0,7% en diciembre, tras un periodo de estabilidad en el mes anterior. El índice correspondiente a los precios de producción experimentó el mayor avance mensual desde julio, con un incremento general del 0,5%. Según informó la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo, este comportamiento fue impulsado principalmente por el encarecimiento asociado a los servicios, mientras que los bienes no mostraron variación luego de un alza del 0,9% en noviembre.

La misma agencia detalló que, en comparación con noviembre, el índice de precios de producción (IPP) subió tres décimas, al pasar de un crecimiento del 0,2% a uno del 0,5% en diciembre. El informe, citado por la Oficina de Estadísticas Laborales, señaló que esta aceleración se debió casi en su totalidad a la contribución del sector servicios, que contrastó con el estancamiento observado en los bienes después de un aumento significativo en el mes anterior. Además, el índice subyacente de inflación de producción, excluyendo los componentes de energía, alimentos y comercio para evitar distorsiones motivadas por su volatilidad, registró una expansión del 0,4%, superando por dos décimas la marca previa.

En el análisis interanual, el informe señaló que los precios al productor aumentaron un 3% respecto a diciembre de 2023, mientras que la inflación subyacente llegó al 3,5% con respecto al mismo periodo del año anterior. Según publicó la Oficina de Estadísticas Laborales, ambos indicadores se mantuvieron alineados con los valores anotados en los informes previos, reflejando una tendencia de precios persistentemente elevados.

El informe gubernamental destacó que la demanda final de bienes interrumpió la secuencia de incrementos observada hasta noviembre, cuando había subido un 0,9%. Por el contrario, los servicios representaron el motor principal detrás de la variación mensual del IPP, al registrar un incremento significativo que superó la ausencia de crecimiento en los precios de los bienes.

La estrategia de exclusión de componentes volátiles para el cálculo del índice subyacente permitió precisar el comportamiento de la inflación estructural en el sector de la producción. La expansión del 0,4% en este indicador superó la lectura previa y contribuyó a apuntalar la tendencia reportada por los precios generales.

De acuerdo con la información publicada por la Oficina de Estadísticas Laborales, la comparación anual de los precios de producción se ubica en niveles semejantes a los del mes anterior, lo que indica una estabilidad relativa en la tendencia de incremento. El informe puntualizó que estos resultados sugieren un ritmo de crecimiento sostenido, tanto en los precios totales como en aquellos sujetos a menores variaciones.

El comportamiento del IPP es seguido de cerca por los analistas del mercado y por responsables de política monetaria, ya que anticipa posibles cambios en los precios al consumo. Tal como reportó la Oficina de Estadísticas Laborales, la persistencia de niveles elevados en la comparación anual contribuye a orientar los debates sobre las medidas que podría adoptar la Reserva Federal para controlar la inflación en el futuro.

El Departamento de Trabajo explicó que el último trimestre de 2024 se caracterizó por oscilaciones importantes entre los diferentes componentes del IPP, donde la desaceleración en algunos rubros se vio compensada por incrementos más notorios en otros, en especial los relacionados con los servicios.

El informe concluyó que, pese a la ausencia de variación en la demanda final de bienes durante diciembre, el dinamismo del sector servicios logró impulsar el índice general de precios de producción en Estados Unidos a los niveles más altos de los últimos meses, consolidando una tendencia inflacionaria de base en la economía del país.

El aumento del salario mínimo en Colombia, decretado en más del 23% para 2026, generó incertidumbre en millones de hogares por el posible incremento de precios en alimentos fundamentales como el huevo y el pollo.

El ajuste, firmado por el presidente Gustavo Petro, se propuso fortalecer el poder adquisitivo, pero abrió el debate sobre el efecto en la canasta familiar y las preocupaciones acerca de la estabilidad de los precios en los meses siguientes.

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En reacción a la preocupación de varios sectores del país, Ernesto Samper, expresidente de la República, propuso en sus redes sociales iniciar un proceso de “desalarización”. Esto, orientado a impedir que el ajuste del salario mínimo de 2026 se traslade a múltiples bienes y servicios, que, a su vez, generan mayor inflación e inestabilidad económica en el territorio.

A la par, sostuvo que es necesario desescalar, como años atrás, el virus inflacionario provocado por el ajuste diario de las UPAC (Unidades de Poder Adquisitivo Constante).

“Así como hace algunos años el país inició la “desupaquisación” de la economía para evitar el virus inflacionario del ajuste diario de las UPACS (unidades de poder adquisitivo constante), también hoy debería abordar un proceso de “desalarización” que impida el traslado del ajuste del salario mínimo a muchos bienes y servicios que generan a su turno más inflación e inestabilidad económica”, escribió Samper en su cuenta de X.

El Gobierno nacional anunció el nuevo salario vital, que para 2026, es de $1.750.905 y el auxilio de transporte subió 24,5 % y quedó en $249.095, en total los trabajadores recibirán $2.000.000 mensuales a partir de enero. En su análisis, el expresidente Samper consideró que el contexto actual abre la posibilidad de replantear el criterio con el que tradicionalmente se ajusta el salario mínimo en el país.

A juicio del exmandatario, debe de plantearse una norma alternativa en la que la fijación del aumento no solo tenga en cuenta la inflación, sino que considere el costo de la canasta básica y la composición de los hogares.

“Tal vez haya llegado el momento de desvincular los ajustes del salario mínimo de la inflación, que supuestamente devolvía al trabajador el poder adquisitivo perdido el año anterior, para pasar al ‘salario familiar’, que sintoniza los ingresos laborales de manera redistributiva con el valor de la canasta familiar de bienes y servicios básicos y el número de personas trabajando en cada hogar para pagarla”, expuso.

Consejo de Estado admitió la primera demanda contra decreto del salario mínimo

El Consejo de Estado aceptó analizar la primera demanda contra las medidas contenidas en los decretos 1469 y 1470 del 29 de diciembre de 2025, con las que el Gobierno Petro estableció el salario vital en $2.000.000 a partir de enero de 2026.

La decisión suscitó críticas en diversos sectores. Entre los argumentos planteados, asociaciones como Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Acopi, Camacol y Anif expresaron rechazo al aumento, considerando que la resolución carece de un respaldo suficiente desde el punto de vista técnico y podría impactar negativamente en el empleo y la estabilidad de las empresas.

La acción fue presentada por Germán Castro en contra de los ministerios de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo; según el demandante, el decreto podría haber infringido normas legales y constitucionales actuales.

El alto tribunal notificó a las entidades involucradas y otorgó un plazo de 30 días tanto a los ministerios como a la Procuraduría General de la Nación y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que presenten sus argumentos respecto al caso.

Por instrucción judicial, el Ejecutivo debe entregar todos los documentos relacionados con la emisión del decreto que fijó el salario mínimo para 2026.

En cuanto a la solicitud de suspensión provisional de la norma, el Consejo de Estado precisó: “En providencia separada se surtirá el trámite correspondiente para decidir la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional elevada por el demandante”.

La “Gran Búsqueda del Tesoro de Iowa” ha logrado posicionarse como una de las iniciativas más singulares del sector público estadounidense, al conjugar eficiencia burocrática y participación ciudadana en la recuperación de activos extraviados.

Este programa, gestionado por la tesorería del estado de Iowa, transforma la clásica imagen de la administración pública en una herramienta al servicio directo de la comunidad, facilitando que miles de personas y empresas recuperen bienes y sumas de dinero que creían perdidas para siempre.

A diferencia de lo que podría sugerir su nombre, esta búsqueda no es un gigantesco reembolso de impuestos estatales ni una promoción temporal. Se trata, en realidad, de un sistema permanente mediante el cual los empleados de la tesorería estatal se dedican a identificar activos que han quedado en el limbo financiero por diversos motivos.

Una vez localizados, estos activos pasan a una especie de oficina de objetos perdidos, donde permanecen bajo custodia estatal hasta que sus legítimos propietarios puedan reclamarlos.

Estos bienes no reclamados provienen de múltiples fuentes. La mayoría surge cuando empresas establecidas en Iowa pierden contacto con los titulares de cuentas vinculadas a ellas. Las razones pueden ser tan variadas como mudanzas sin notificación, fallecimientos, olvidos de inversiones antiguas o cambios en la información de contacto que nunca se actualizó.

Los activos involucrados abarcan desde cuentas corrientes y de ahorro, cheques sin cobrar, dividendos, acciones, fondos de inversión, hasta pólizas de seguros y cajas de seguridad. Una vez que las entidades privadas agotan sus intentos razonables de localizar a los propietarios, transfieren los bienes a la tesorería estatal, que los salvaguarda hasta que sean reclamados.

La clave del éxito de la Gran Búsqueda del Tesoro de Iowa reside en su innovadora estrategia de participación ciudadana. En vez de limitarse a buscar de manera proactiva a los propietarios o sus herederos, la tesorería optó por una invitación masiva: convoca a toda la población del estado para que, en cualquier momento, pueda consultar los registros y verificar si existe algún activo pendiente a su nombre. Este enfoque no solo democratiza el acceso, sino que permite que los bienes extraviados regresen a manos de quienes les pertenecen, sin intermediarios ni trámites engorrosos.

Uno de los casos más ilustrativos del impacto de este programa ocurrió hace dos años, cuando la Gran Búsqueda del Tesoro de Iowa logró reunir a una mujer residente del estado con una fortuna inesperada: 4,5 millones de dólares en acciones comunes de McDonald’s y los dividendos acumulados durante décadas.

La inversión inicial de la propietaria había sido de 15.000 dólares, realizada muchos años atrás, pero por motivos desconocidos, perdió el rastro de esa inversión. La recuperación de este patrimonio fue posible gracias a la transparencia y accesibilidad del sistema, que permitió que la beneficiaria identificara y reclamara lo que le correspondía por derecho.

El año pasado, el programa alcanzó cifras récord. Según datos de la Oficina del Tesorero del Estado, la “Gran Búsqueda del Tesoro de Iowa” devolvió 33,6 millones de dólares en propiedades no reclamadas a ciudadanos y empresas a lo largo del año. Esta suma representa el monto más alto registrado en la historia del programa, superando por varios millones el récord anterior.

En total, se resolvieron 53.000 reclamaciones en 2023, lo que refleja tanto la magnitud del fenómeno de los bienes no reclamados como la eficacia de los procedimientos implementados.

Las cifras acumuladas desde el inicio de la iniciativa son igualmente sorprendentes. Hasta la fecha, la Gran Búsqueda del Tesoro de Iowa ha reunido bienes y valores por un total de 408 millones de dólares con sus legítimos propietarios. No obstante, la tarea está lejos de completarse: en este momento, existen más de 648 millones de dólares en activos esperando ser recuperados por sus dueños originales o sus herederos legales.

La variedad de activos y la frecuencia con la que aparecen nuevos casos convierten a este programa en una herramienta indispensable para sanear la economía personal y empresarial del estado.

La accesibilidad y facilidad para participar en la búsqueda son otras de las fortalezas señaladas por medios locales como el Des Moines Register. Uno de cada siete habitantes de Iowa tiene algún bien pendiente de recuperación a través de este sistema, según estimaciones recientes. El proceso para consultar y reclamar estos activos es rápido, gratuito y puede realizarse totalmente en línea, sin la necesidad de desplazamientos ni gestiones complejas. Esta simplicidad ha sido clave para que la iniciativa gane aceptación social y se mantenga vigente año tras año.

La “Gran Búsqueda del Tesoro de Iowa” se consolida así como un modelo eficiente de gestión pública y participación ciudadana, donde la transparencia y la cooperación entre administración y sociedad civil generan beneficios tangibles para miles de personas, al tiempo que promueven la recuperación de capitales olvidados para el desarrollo económico local.

El régimen económico matrimonial de gananciales es uno de los temas destacados que surgen en los momentos previos a una boda. Sin embargo, no todos aquellos que están dispuestos a comprometerse conocen muy bien cómo funciona. Para ello, Manuel Requena, abogado especializado en derecho de familia, ha realizado un vídeo para explicar sus características.

Según Requena, “casarse en gananciales es la forma más rápida de perder tu patrimonio si tienes un accidente”. Esta afirmación, difundida por el propio jurista en su canal de TikTok (@manuelrqna), resalta un riesgo poco abordado en las decisiones patrimoniales que afrontan muchas parejas al contraer matrimonio.

De acuerdo con su exposición, no es necesario dedicarse a una profesión peligrosa ni poseer empresas para que el patrimonio familiar pueda quedar expuesto. El abogado advirtió que “un simple accidente de tráfico puede poner en peligro tu casa, por ejemplo, si estás en gananciales”.

Esta situación se produce cuando, tras un siniestro, la cantidad a resarcir excede la cobertura del seguro. En palabras de Requena: “Si el daño supera la cobertura de tu seguro, la diferencia la va a pagar el responsable”, recalcó el experto.

Funcionamiento de los bienes gananciales

El origen de este posible perjuicio económico reside en el funcionamiento legal de los bienes gananciales. Según detalla Manuel Requena, aunque la deuda que se origina a raíz de un accidente o actuación particular sea considerada privativa de uno de los cónyuges, la ley contempla la posibilidad de que los bienes comunes del matrimonio puedan emplearse para saldar la deuda si el patrimonio personal no es suficiente.

“Aunque la deuda sea privativa en gananciales, los bienes comunes pueden usarse para pagarla si no hay bienes propios suficientes”, describió el abogado. Esto implica, en la práctica, que una deuda abultada, como un resarcimiento por daños que pueda ascender a cientos de miles de euros, puede comprometer el saldo de la cuenta conjunta, los ahorros de la pareja o incluso la vivienda familiar adquirida durante el matrimonio.

“Eso significa que una deuda de cientos de miles de euros puede arrastrar la vivienda familiar, los ahorros compartidos o cualquier otro bien del patrimonio”, puntualizó el especialista en derecho de familia.

El alcance de la advertencia resulta especialmente relevante en un contexto donde la mayoría de las parejas en España se rige por el régimen de gananciales, al no formalizarse acuerdos prematrimoniales específicos. Esto agrava el desconocimiento sobre las consecuencias jurídicas de un siniestro inesperado, como detalla el letrado.

Separación de bienes

Frente a este riesgo, Manuel Requena contrapone las ventajas del régimen de separación de bienes, una modalidad menos habitual en España. Bajo este marco, las deudas generadas por una persona no afectan el patrimonio del otro miembro de la pareja.

El abogado subrayó: “En cambio, en separación de bienes, no. Solo responde quién causó el daño. El patrimonio del otro queda fuera”. Así, la separación de bienes se convierte en un instrumento de protección eficaz para preservar el patrimonio individual frente a contingencias legales inesperadas.

La diferenciación entre ambos regímenes, gananciales y separación de bienes, cobra mayor importancia a la luz de la explicación de Manuel Requena, quien expone que la decisión tomada al casarse tiene repercusiones no siempre contempladas por los contrayentes.

El abogado invita a las personas interesadas en profundizar sobre mecanismos efectivos para resguardar su patrimonio. El propio Requena aboga por una mayor pedagogía jurídica ante una materia esencial para la seguridad económica de las familias en el país.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) anunció que organizará un nuevo remate de bienes inmuebles que busca recuperar deudas tributarias no regularizadas por sus propietarios.

El evento tendrá lugar este miércoles 17 de diciembre en la sede institucional ubicada en la avenida Arenales 335-357, Cercado de Lima, donde se subastarán 38 propiedades embargadas por un valor superior a S/ 57 millones.

El evento, que se llevará a cabo bajo la modalidad de “sobre cerrado”, permitirá que cualquier persona interesada presente su propuesta en un ánfora, siendo adjudicado el bien a quien ofrezca la mayor cifra, previa verificación de los requisitos del proceso.

Para participar, basta con presentar un DNI vigente; el registro y la intervención en la subasta no tienen costo alguno.

Entre los lotes figuran departamentos, casas, oficinas, locales comerciales, terrenos y estacionamientos, lo que constituye una variada oferta tanto para compradores particulares como para inversores. Estas opciones representan una oportunidad para quienes buscan adquirir propiedades a precios competitivos, considerando además la coyuntura de crecimiento de la demanda habitacional y comercial en Lima y diversas regiones.

Los inmuebles más relevantes a subastar incluyen:

• Casa (San Miguel): S/ 627.820,87
• Casa (Santiago de Surco): S/ 1.285.003,47
• Departamento (San Borja): S/ 466.726,54
• Depósito (Santiago de Surco): S/ 52.450,11
• Depósito (Santiago de Surco): S/ 42.271,53
• Depósito (Santiago de Surco): S/ 42.271,53
• Estacionamiento (San Borja): S/ 61.705,70
• Estacionamiento (Santiago de Surco): S/ 56.738,63
• Estacionamiento (San Borja): S/ 21.913,83
• Local comercial (Jesús María): S/ 282.766,41
• Local comercial (San Isidro): S/ 662.848,87
• Local comercial (Cercado de Lima): S/ 2.169.864,85
• Local comercial (Santiago de Surco): S/ 54.004,74
• Oficina (Cercado de Lima): S/ 50.276,83
• Oficina (Cercado de Lima): S/ 135.214,93
• Oficina (Cercado de Lima): S/ 186.927,68
• Servicio higiénico (Miraflores): S/ 7.788,78
• Terreno (San Andrés): S/ 4.522.850,00
• Terreno (Cañete): S/ 76.112,86
• Terreno (Pueblo Nuevo): S/ 66.476,59
• Terreno (Villa El Salvador): S/ 1.245.620,84
• Terreno (Sunampe): S/ 954.000,00
• Terreno (Sunampe): S/ 275.470,29
• Terreno (Sunampe): S/ 282.265,30
• Terrenos (Guadalupe): S/ 113.998,85 / S/ 95.000,84 / S/ 95.002,63 / S/ 120.384,19 / S/ 186.029,69 / S/ 186.137,42 / S/ 120.333,91 / S/ 107.667,48 / S/ 94.999,04
• Terreno (San Juan de Lurigancho): S/ 70.770,65
• Terreno (Ventanilla): S/ 1.660.418,82

La modalidad de sobre cerrado garantiza transparencia y competencia, ya que los postores desconocen las ofertas presentadas por los demás participantes hasta el momento de la apertura. Las condiciones y requisitos han sido publicadas en la página oficial de la entidad, donde también se puede acceder a la descripción detallada de cada bien a subastar.

Los interesados podrán contactar a Sunat llamando a los números 970-589308 o 964-408217 para mayor información. Este tipo de remates representa una opción para adquirir activos a valores atractivos, además de contribuir con el cumplimiento de obligaciones tributarias y fortalecer la recaudación nacional.

La variedad de inmuebles disponibles aumenta las oportunidades tanto para uso personal como para fines comerciales, con precios que van desde S/ 7.788,78 en servicios higiénicos, hasta más de S/ 4,5 millones en terrenos agrícolas y comerciales.

El Tribunal Oral en los Criminal Federal 2 de Buenos Aires decidió este martes avanzar con el decomiso de propiedades que están a nombre de la ex presidenta Cristina Kirchner como de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner para alcanzar la cifra de $684.990.350.139,86 que todos los involucrados en la Causa Vialidad deben pagar.

Cabe remarcar que la dos veces mandataria recibió este año la ratificación de la condenada a seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por parte de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, hay otros ex funcionarios y empresarios que también fueron ratificados en sus respectivas penas.

La sentencia, que adquirió firmeza el 10 de junio de 2025, había fijado inicialmente el decomiso en $84.835.227.378,04, monto que fue actualizado tras la intervención de peritos oficiales y fiscales, junto con el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El tribunal adoptó la metodología de actualización propuesta y requirió el pago del monto actualizado a los condenados, quienes no cumplieron con la intimación.

La medida incluye el decomiso de bienes inmuebles de Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA, Loscalzo y Del Curto SRL, así como propiedades cedidas a Máximo y Florencia Kirchner. También se prevé la realización de bienes de Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich en caso de que los activos decomisados inicialmente resulten insuficientes para cubrir el monto fijado.

Entre los inmuebles que ordenaron decomisar, se destaca un inmueble ubicado en el Departamento III Lago Argentino, sobre la Avenida 17 de Octubre al 800, una propiedad adquirida en 2007 que abarca una superficie de 6.001,64 metros cuadrados.

El fallo alcanza también a un conjunto de lotes que fueron cedidos a Máximo y Florencia Kirchner. Entre ellos se ubican las diez unidades que están sobre la calle Mitre al 500, en la ciudad de Río Gallegos, todas ellas adquiridas en 2007.

También dentro de la capital santacruceña, el listado abarca un inmueble ubicado en 25 de Mayo al 200, adquirido en 2010, así otra propiedad de la calle Presidente Néstor Kirchner al 400, sumada al patrimonio de la familia en 2006.

A esto se agregan los bienes emplazados a los hermanos Kirchner en el Departamento III Lago Argentino. Entre ellos figuran terrenos adquiridos respectivamente en 2008 y 2007, cuyas ubicaciones refieren a grandes extensiones en las inmediaciones de El Calafate. Entre ellos se destaca el lugar donde se construyó el conocido Complejo Hotel Los Sauces, una infraestructura hotelera relevante y parte de otra causa judicial que investiga a la ex mandataria. Este lote fue comprado en 2002 para tal fin y su desarrollo posterior implicó la suma de otras parcelas adyacentes que pasaron a formar parte integral del mismo proyecto hotelero tras ser adquiridas en 2007.

En el mismo departamento, el inventario incorpora dos propiedades de grandes dimensiones y gran valor catastral: la primera responde a una superficie de 44.106 metros cuadrados, originaria de una operación concretada en 2007; la segunda, comprende 87.046 metros cuadrados y fue incorporada en el mismo año al patrimonio familiar.

La evolución del patrimonio de la ex presidenta y su entorno familiar fue reconstruida por Infobae a partir de las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción y el cotejo con períodos de alta inflación. En 2003, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, la pareja declaró un patrimonio neto de $7 millones, compuesto principalmente por 25 inmuebles —18 casas, dos locales, cuatro departamentos (incluidos dos en el barrio porteño de Recoleta) y un terreno en El Calafate—, así como dos plazos fijos: uno por $1,2 millones y otro en dólares que totalizaba USD 1,6 millones. Estas cifras reflejaron operaciones de cobro judicial y adquisiciones de bienes a bajo costo durante la dictadura militar y los años posteriores, impulsadas por la actividad profesional del matrimonio como abogados en Santa Cruz.

El crecimiento de la fortuna familiar se mantuvo durante los siguientes años: en 2007, con Cristina Fernández de Kirchner ya en la presidencia, los activos anotados superaban los $25,5 millones, con un notable salto en el número y superficie de las propiedades. La pareja llegó a contabilizar 44 inmuebles entre viviendas, terrenos y locales, multiplicando por 33 la superficie registrada en 2003. Según lo que pudo averiguar este medio, múltiples lotes en El Calafate se adquirieron a valores considerados marginales —algunos por menos de $7,5 el metro cuadrado— y que en uno de esos terrenos se construyó el hotel boutique Los Sauces, edificado por Austral Construcciones.

El aporte de la familia Kirchner al negocio inmobiliario no se limitó a la adquisición de terrenos y edificaciones para renta; también incluyó la creación de sociedades como Los Sauces SA en 2006, destinada a centralizar el alquiler y la gestión de bienes. En 2008, la brecha patrimonial volvió a ampliarse: los activos ascendieron a $47,3 millones y una nueva operación con la compra de otro inmueble de 16.189 m2 que posteriormente se transformó en el hotel Las Dunas.

La muerte de Néstor Kirchner en 2010 supuso la redistribución legal de los bienes, integrando a Máximo y Florencia Kirchner como herederos directos de una parte sustancial de las propiedades y activos financieros. Las sucesivas declaraciones juradas reflejan cambios notables: en 2011, tras la reelección presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, el patrimonio real se vio reducido a $37,7 millones, aunque manteniéndose la posesión de 26 propiedades. Para 2015, último año de su mandato, los activos netos informados ascendían a casi $72,2 millones, con un marcado incremento en los fondos bancarios.

La cesión del patrimonio familiar llegó en 2016. Cristina Fernández de Kirchner donó en vida a sus hijos el 50% de las 26 propiedades, más de $40 millones en cuentas y depósitos a plazo fijo, así como acciones en las empresas familiares, operación que totalizó $74 millones. Esta transferencia se concretó en plena escalada de los procesos judiciales por corrupción, pocos días antes de que se inhibieran sus bienes.

Según lo reconstruido por Infobae, esta acción respondió al avance de causas como la de “dólar futuro”, Hotesur, Los Sauces y el direccionamiento de obra pública, donde la Justicia acabó por dictar embargos preventivos y procesamientos contra la ex mandataria y sus hijos.

Diego Marín Buitrago, conocido con el alias de El Viejo o Papá Pitufo, fue acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación en una audiencia que se llevó a cabo el 13 de noviembre de 2025. El señalado “zar del contrabando” afrontará un juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.

De acuerdo con el ente acusador, “Papá Pitufo” habría sobornado a uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para que facilitaran el ingreso, tránsito y comercialización de mercancía de contrabando en Colombia.

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Marín habría fijado montos específicos para efectuar esas coimas. Entre septiembre de 2023 y febrero de 2024, entregó mensualmente entre $3.500.000 y $5.000.000 a los oficiales de las instituciones, para garantizar su respaldo en las acciones delictivas.

Carros y apartamentos: los sobornos de “Papá Pitufo”

Según la Fiscalía, el señalado contrabandista estaría involucrado en al menos cuatro eventos delictivos en los que entregó coimas a integrantes de la Policía Nacional. Además, habría participado en otros 17 hechos relacionados con la entrega de dinero en efectivo a uniformados.

Pero, sus estrategias no se basaron únicamente en la entrega de millonarias sumas de dinero. De acuerdo con el ente investigador, “Papá Pitufo” también habría allegado bienes de alto valor a determinadas personas para que contribuyeran a su negocio ilícito del contrabando.

A través de subalternos, Marín habría entregado vehículos de gama alta a diferentes servidores. Además, puso a disposición de un oficial de la Polfa un apartamento ubicado en Cartagena (Bolívar). El funcionario tenía permitido ocupar la propiedad por el tiempo que requiriera.

De acuerdo con la fiscal del caso, Marín Buitrago ofreció las dádivas a los servidores para que realizaran actos contrarios a sus funciones, como omitir controles aduaneros y favorecer el contrabando de la organización criminal que dirigía.

Con el pago de los sobornos, el señalado contrabandista le daba “la bienvenida” a los uniformados para que integraran la red delincuencial que dirigía. “Se verifica la existencia de esa organización jerarquizada donde cada miembro tenía sus roles definidos, el de Diego Marín Buitrago como líder o brazo financiero a nivel nacional”, precisó la delegada de la Fiscalía en la audiencia.

Así las cosas, el “zar del contrabando” enfrentará un juicio oral por estos hechos. Un juez penal especializado de Bogotá programó la audiencia preparatoria de juicio para febrero de 2026.

Dinero de “Papá Pitufo” que iba para la campaña de Gustavo Petro

Además de los millonarios sobornos que manchan a las instituciones y entidades del país, Diego Marín Buitrago también habría intentado ingresar dinero ilícito a la campaña presidencial del jefe de Estado Gustavo Petro. Presuntamente, planeaba inyectar $500 millones que fueron entregados a Xavier Vendrell, un empresario catalán muy cercano a Petro.

Vendrell debía pasar ese dinero para que fuera utilizado en gastos de campaña. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro ordenó que se hiciera la devolución de esos recursos. Augusto Rodríguez, entonces jefe de la precampaña y actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), fue el responsable de informarle al empresario catalán que hiciera la respectiva devolución y le pidió que grabara la diligencia para tener un respaldo y evitar futuros chantajes. Al parecer, Vendrell no entregó la grabación.

El primer mandatario se pronunció al respecto a través de su cuenta de X, confirmando que ordenó la devolución de los $500 millones, evitando que ingresaran a su campaña presidencial. “Yo ordené personalmente que quien recibió dineros los devolviera inmediatamente y está visualmente comprobado; y si alguien se vendió por codicia, que vaya a la cárcel”, explicó el jefe de Estado.

Las autoridades financieras intensificarán las acciones de cobro dirigidas a ciudadanos que mantienen deudas con entidades del Estado, en especial con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Esta medida busca recuperar los recursos pendientes y promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales que permiten sostener el funcionamiento de los programas públicos.

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Cada año, los contribuyentes deben realizar pagos relacionados con impuestos, declaraciones de renta y otros compromisos financieros. Sin embargo, una parte de la población no atiende los requerimientos oficiales o incumple los plazos establecidos, acumulando intereses y sanciones.

Ante esta situación, el Gobierno anunció que procederá con medidas de embargo en los casos donde las deudas superen los topes definidos por la ley o cuando exista reincidencia en la omisión.

La DIAN y otras entidades competentes adelantan procesos de fiscalización y cobranza en todo el país, con el propósito de notificar a los deudores y ofrecerles alternativas para regularizar su situación antes de llegar a instancias judiciales. Según la información revelada, los embargos aplicarán tanto a las cuentas bancarias como a los bienes muebles e inmuebles de los contribuyentes morosos.

El Gobierno ha insistido en que estas acciones se desarrollan dentro del marco legal vigente y con las garantías correspondientes para los ciudadanos. Antes de proceder con un embargo, las instituciones realizan notificaciones formales y conceden plazos para que el contribuyente presente sus descargos o efectúe los pagos. Solo si no se recibe respuesta o no se concreta un acuerdo de pago, se inicia el proceso de retención o embargo.

Entre las causas más comunes de embargo se encuentran el incumplimiento en el pago de impuestos nacionales, sanciones económicas y multas impuestas por entidades estatales.

Las personas que ignoran las citaciones o desatienden las comunicaciones oficiales pueden ser incluidas en el Boletín de Deudores Morosos del Estado, un registro público que afecta su reputación financiera y limita su acceso a créditos o contratos con el sector público.

La Revista Semana señala que, de acuerdo con las normas vigentes, la inclusión en dicho boletín procede cuando la deuda supera los $7.117.500 (equivalente a cinco salarios mínimos legales vigentes) y tiene más de seis meses de mora. Además, la entidad puede iniciar procesos penales en casos donde se configure evasión o fraude fiscal.

La DIAN recordó que los contribuyentes pueden consultar su situación tributaria directamente en el portal web institucional, donde se habilitó una sección especial para verificar obligaciones pendientes, recibir notificaciones electrónicas y agendar citas para orientación personalizada. Estas herramientas buscan facilitar los procesos de normalización y evitar sanciones adicionales.

El cumplimiento de los pagos es clave para el equilibrio financiero del país. Los recursos recaudados a través de los impuestos son destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura, programas sociales, salud y educación, entre otros sectores prioritarios. Por ello, el Gobierno ha reforzado sus estrategias de seguimiento para garantizar que las obligaciones fiscales se cumplan en los plazos establecidos.

En caso de que el embargo llegue a concretarse, los ciudadanos pueden acudir a las instancias correspondientes para solicitar la revisión del proceso o proponer acuerdos de pago. Sin embargo, mientras la deuda no sea saldada, las medidas cautelares permanecerán vigentes, incluyendo la inmovilización de fondos o la afectación de bienes patrimoniales.

Expertos en derecho tributario consultados por Semana recomiendan a los contribuyentes revisar periódicamente sus estados financieros y estar atentos a las notificaciones de la DIAN. Aseguran que la falta de respuesta ante los llamados de la autoridad tributaria agrava las sanciones y puede derivar en procesos judiciales prolongados.

El Gobierno también recordó que existen mecanismos de conciliación y reducción de intereses moratorios para quienes se acerquen voluntariamente a normalizar su situación. Estos programas buscan incentivar el cumplimiento oportuno y evitar la aplicación de sanciones más severas.

La DIAN ha reiterado que los embargos son una herramienta de último recurso, utilizada únicamente cuando los contribuyentes han agotado las oportunidades de pago y continúan en mora. Además, aclaró que las entidades deben actuar conforme a los principios de legalidad, proporcionalidad y debido proceso, garantizando los derechos de los ciudadanos durante toda la gestión de cobro.

El Ministerio de Hacienda y la DIAN mantienen una coordinación permanente para optimizar los sistemas de recaudo y fortalecer la fiscalización tributaria. Las autoridades hicieron un llamado a los contribuyentes para que cumplan con sus obligaciones y eviten medidas de embargo que podrían afectar su estabilidad económica.

El proyecto de Presupuesto 2026 planteó un escenario de déficit comercial sostenido hasta 2028 en la balanza de bienes y servicios, incluso con el crecimiento de sectores exportadores como el agro, Vaca Muerta y la minería. El Gobierno de Javier Milei prevé un horizonte de un peso más apreciado, mayor crecimiento de la economía y, por ende, de las importaciones.

Las cifras oficiales generaron reacciones inmediatas entre analistas, quienes señalaron inconsistencias y un elevado nivel de optimismo en las proyecciones oficiales sobre el aumento del Producto Interno Bruto (PIB), la inflación, el desempeño del consumo y el tipo de cambio. En ese marco, y en un contexto de fuerte debilidad política y de embates en el Congreso, el riesgo país supera los 1.400 puntos básicos.

De acuerdo con los datos difundidos por Economía, el PIB crecería un 5,4% en 2025 y aumentaría otro 5% en 2026, según el texto remitido al Congreso. Entre 2027 y 2028, la proyección oficial mantiene ese ritmo. El mismo documento prevé que el consumo privado tendrá un repunte del 10,2% este año y se mantendrá cerca del 5% anual hasta 2028, mientras que el consumo público experimenta una caída de 3,8% en 2025 y de 0,2% en 2026, con una recuperación leve en los años posteriores. Respecto a la inversión, el proyecto anticipa una fuerte caída en 2024, seguida por una recuperación con un aumento del 26,5% en 2025 y un crecimiento de 9,4% en los años siguientes.

El comportamiento comercial concentra la atención en las proyecciones. Las exportaciones de bienes y servicios, impulsadas por Vaca Muerta, la minería y el agro, llegarían a USD 103.313 millones en 2025 y alcanzarían USD 131.596 millones en 2028. Por su parte, las importaciones sumarían USD 105.760 millones en 2025 y superarían los USD 138.500 millones al final del período. Esto implicaría una transición desde un superávit de USD 16.654 millones en 2024 hasta un déficit estimado de USD 2.447 millones en 2025, y otro rojo aún mayor proyectado para 2028, de USD 6.961 millones.

En el área de precios, la inflación anual proyectada por Economía disminuiría a 24,5% en 2025, bajaría a 10,1% en 2026 y descendería gradualmente hasta 3,7% en 2028. El tipo de cambio nominal se ubicaría en 1.325 pesos por dólar al cierre de 2024 y tendría un ascenso más suave, llegando a 1.488 pesos por dólar en diciembre de 2028.

Las estimaciones oficiales contrastan con las de consultoras y analistas privados. Según explicó Equilibra en uno de sus reportes, los supuestos macroeconómicos empleados por el Ejecutivo para elaborar el Presupuesto 2026 ya resultan desactualizados. La consultora advirtió que el PIB probablemente no crezca en 2026, apreciación compartida por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, donde los especialistas prevén un aumento de 4,4% para 2025 y solo 3,2% para 2026. Bajo este escenario, Equilibra sostuvo que los ingresos del sector público no mostrarán mejoras y que la evolución del gasto primario está condicionada si se busca sostener el superávit primario fijado en 1,5% del PIB.

Las previsiones oficiales sobre inflación y tipo de cambio también generan dudas. Abeceb observó que la pauta de inflación de 10,4% y el sendero de depreciación del 7,3% lucen demasiado optimistas en el contexto actual, más aún con la presión de acumular reservas mediante compras del Banco Central. La consultora destacó que, según los cálculos del Gobierno, el tipo de cambio real no variará en 2026 debido a que la diferencia entre la depreciación local y la inflación internacional no modificará la competitividad del país. Además, la base proyectada para el próximo año considera un tipo de cambio 9% inferior al actual.

En cuanto al comercio exterior, las proyecciones muestran disparidades notables. Equilibra anticipó que no ve probable que las cantidades exportadas e importadas crezcan a un ritmo promedio aproximado al 8% anual durante esos tres años. El propio texto oficial admite que en 2025 el país pasará a un déficit de bienes y servicios de casi USD 2.500 millones. Para Abeceb, la continuidad de la apertura de importaciones y el crecimiento del comercio electrónico perjudicarán ramas industriales sustitutas y limitarán las probabilidades de que el tipo de cambio real favorezca la competitividad en el corto plazo.

La principal fuente de expectativa en el sector público proviene del desempeño de los complejos energéticos y mineros. José Luis Daza, viceministro de Economía, expuso recientemente sus estimaciones sobre el impacto potencial de Vaca Muerta y la minería en la balanza de pagos. Según sus declaraciones, la balanza de energía y minería podría alcanzar un superávit de USD 50.000 millones en 2030 y acercarse a USD 60.000 millones tres años después. Remarcó que ese monto equivale al doble del saldo actualmente generado por la balanza agropecuaria.

El sector empresarial analiza detenidamente las señales que surgen del presupuesto nacional. Abeceb enfatizó en su análisis que, para lograr credibilidad y coordinar las expectativas del sector privado, las estimaciones macroeconómicas deben ser viables, sostenibles y contar con respaldo político. En este sentido, la consultora subrayó que el déficit comercial mayor coincide con la expansión descripta en el presupuesto, pero cuestionó la falta de claridad sobre el financiamiento del saldo negativo de la cuenta corriente.

El crédito privado y el empleo figuran como factores de incertidumbre para los próximos años. Abeceb indicó que el estancamiento actual de la economía y la fragilidad del crédito privado pueden condicionar la viabilidad de un crecimiento del 5%. El informe añadió que es difícil que la demanda de consumo se expanda significativamente, porque una política fiscal restrictiva y salarios en retroceso presionarían esa variable a la baja.

La diferencia en la velocidad con que suben los precios de los servicios respecto de los bienes se instaló como un aspecto central de la dinámica inflacionaria en Argentina. Cada medición oficial confirma que actividades como salud, educación, alquileres y otros rubros vinculados a los servicios aumentan a un ritmo mayor que los productos. Esta tendencia no solo impacta en la vida cotidiana, sino que también modifica estrategias de consumo, expectativas de los hogares y diagnósticos de los analistas sobre el comportamiento de la economía.

El último informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcó una diferencia significativa entre la evolución de los precios de bienes y servicios en Argentina. Según los datos del Indec, en julio los servicios mostraron un alza de 3,1%, mientras que los bienes solo avanzaron 1,4%. Esta dinámica persiste desde hace varios meses y se apoya en distintos factores, tanto internos como derivados de la política económica actual y los rezagos de aumentos en tarifas y salarios.

En diálogo con Infobae, especialistas de diferentes consultoras analizaron por qué ocurre esta situación, cómo se comportan los distintos rubros y qué proyección acompaña a este fenómeno para los próximos meses.

Lorenzo Sigaut Gravina, de la consultora Equilibra, explicó que la tendencia de los servicios se sostiene desde el salto cambiario de principios de año. El economista ubicó el punto de quiebre en febrero de 2024 y remarcó: “Desde febrero de 2024 los servicios suben sistemáticamente por arriba del nivel general”. Señaló que una parte de ese proceso tiene que ver con los ajustes en los precios de los servicios públicos y las tarifas, que recibieron varios aumentos puntuales durante el año anterior, como en los meses de febrero, abril y junio. Agregó que los servicios privados también mostraron incrementos mayores y los vinculó con la falta de competencia en sectores no transables, es decir, aquellos que no enfrentan productos importados.

Menos competencia, más traslado

“Al no haber competencia en los sectores no transables, el traslado de los costos a precios fue más elevado”, sintetizó Sigaut Gravina. La escasa competencia, propia de muchos servicios, facilita que el impacto de mayores costos se refleje con rapidez y magnitud en el consumidor final. El economista detalló que, en contraste, la situación para los bienes fue distinta gracias a la política oficial de apertura comercial, la reducción de aranceles y la flexibilización de las restricciones a las importaciones. Además, mencionó que en el contexto global, China volcó excedentes de productos a diferentes mercados internacionales por trabas en las relaciones comerciales con Estados Unidos, lo que provocó una abundancia de bienes importados a menor precio.

Esta situación, sumada a decisiones locales, intensificó el disciplinamiento de la inflación de bienes: “La inflación en bienes en mayo, junio y julio promedió 1%, muy por debajo del ritmo que sostienen los servicios privados, que no perforaron el 3% desde el inicio de la actual administración”, continuó el analista de Equilibra, quien además profundizó sobre el fenómeno reciente de los márgenes en los servicios privados: “Los sectores no transables recuperaron márgenes. El aumento que registraron superó el de los costos, a diferencia de los bienes, cuya estructura enfrenta costos en incremento pero no logra recomponer márgenes, sobre todo para la producción nacional que compite con productos del exterior”.

Hacia adelante, Sigaut Gravina anticipó que la tendencia tiene un límite. “Si la actividad económica se frena o la demanda no convalida más incrementos, las diferencias entre la variación de bienes y servicios deberían empezar a recortarse. “La demanda interna puede no convalidar y ahí las diferencias entre ambos rubros deberían achicarse. Cuando los bienes empiecen a subir en línea con los costos, los servicios también deberían acomodarse. La recesión puede acelerar el cierre de esta brecha”, indicó.

El análisis de Gabriel Caamaño, economista de Outlier, apunta a la diferenciación más estructural entre bienes y servicios. Destacó que los servicios tienen un componente no transable mucho más alto y por eso suben más rápido, en especial en un contexto de ancla cambiaria, en el que los bienes quedan ligados al movimiento del dólar y la baja de aranceles. “El último dato de inflación mostró elementos estacionales en ambos. No hay un único factor que explique la desaceleración de los bienes y el avance de los servicios este mes, pero en términos generales, cuando usás ancla cambiaria, lográs bajar más rápido los precios de los bienes transables”, señaló Caamaño.

El impacto de la recuperación salarial

El economista sostuvo que los servicios acompañan la recuperación de los salarios reales por su elevada intensidad en mano de obra. El mayor peso de los costos salariales otorga más inercia a los precios en ese rubro: “Eso hace que tengan más inercia, les cuesta más bajar o desacelerar. Los bienes bajan más rápido, sobre todo cuando la política macro los toma como ancla”.

Consultado sobre el horizonte de corto plazo, Caamaño explicó que, mientras no cambien las condiciones macroeconómicas, el ritmo de variación de los servicios debería continuar por encima del de los bienes. “Los servicios responden tarde a las mejoras salariales o al reacomodamiento de tarifas y tienen rezagos, entonces la desaceleración tarda en llegar”.

Por su parte, Fausto Spotorno, de Ferreres & Asociados, recordó que varios segmentos de servicios —salud, educación, alquileres— permanecieron con precios pisados durante años. “En la época de Alberto Fernández se atrasaron mucho, incluso con techos”, puntualizó Spotorno. Ahora, esa situación revierte y genera aumentos más pronunciados. Para el analista, en un entorno donde el tipo de cambio se aprecia, los servicios —ligados a los salarios— muestran más sensibilidad al incremento de ingresos, a diferencia de los bienes, más vinculados a precios internacionales.

Spotorno explicó que los servicios dependen principalmente del salario y los volúmenes de actividad, aunque diferenció entre los servicios públicos y los privados. Remarcó que los públicos aún deben absorber más ajustes en segmentos como la electricidad, el agua y algunos otros, lo que puede empujar algunos precios adicionales hasta que se corrijan completamente las tarifas.

En cuanto a los privados, Spotorno indicó que existen diferentes velocidades en la adaptación de precios según el rubro. Evaluó que la expectativa de su consultora es que el proceso continuará por algunos meses más y después debería empezar a normalizarse, sobre todo a partir del ajuste de la brecha cambiaria y la estabilización de los costos en moneda local.

Convergencia

En tanto, Ricardo Delgado, de Analytica, aportó que la aceleración de los servicios es un fenómeno esperable en el contexto de recomposición de precios relativos. “Era natural que durante el reacomodamiento los servicios —en particular los públicos, pero también los privados— corran más rápido que los bienes”, detalló. Y si bien los servicios de salud ya se encuentran más alineados, otros sectores mantienen aumentos pendientes, principalmente por los rezagos acumulados en tarifas.

Delgado calculó que esta tendencia podría comenzar a cambiar “antes de fin de año”. En su visión, para el año próximo la diferencia de velocidad entre ambos tipos de precios irá reduciéndose y los comportamientos tenderán a converger, aunque siempre con variaciones ligadas a la estructura de costos de cada sector y la evolución de la demanda.

En línea con la postura del Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera (UIF), la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia anuló la entrega definitiva de bienes decomisados en una causa por lavado de dinero y defraudación al Estado, vinculada al desvío de fondos públicos destinados a viviendas sociales en Chaco. El tribunal de alzada, en rigor, revocó una resolución que había otorgado dos inmuebles y una camioneta a organismos provinciales y nacionales, y dispuso que los bienes en debate permanezcan bajo las condiciones fijadas en una decisión anterior de noviembre de 2024.

El expediente se inició en abril de 2022 a partir de una denuncia presentada por Ricardo Donato Retamozo contra sus hermanos Rubén Antonio y el fallecido Omar Naldo Retamozo. Según la presentación, mediante la empresa “RyA Construcciones”, a nombre de Omar, pero operada por Rubén -ex empleado del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda del Chaco (IPDUV)-, se habrían desviado 27 millones de pesos provenientes de ese organismo, destinados a la ejecución de obras públicas en la localidad chaqueña de La Clotilde. Esas obras nunca se llevaron a cabo y la denuncia sostuvo que la firma funcionaba como una empresa fantasma para concretar maniobras de facturación apócrifa.

El 20 de noviembre de 2024, el juez de primera instancia dispuso el decomiso definitivo y anticipado de los bienes de Omar Naldo Retamozo, fallecido el 20 de octubre de 2023, al comprobarse la ilicitud de su origen y su vinculación con el hecho investigado. Ordenó que los fondos y bienes decomisados se depositaran en una cuenta especial del Tesoro Nacional, destinando un 30% a la UIF y el 70% restante a financiar obras de infraestructura en la provincia del Chaco que beneficiaran de modo directo a la población más vulnerable.

En diciembre del mismo año, el Registro de la Propiedad Inmueble informó los requisitos para la inscripción de los bienes. Posteriormente, el presidente del Tribunal de Cuentas del Chaco, Juan José Fuentes Castillo, solicitó que se le otorgaran, en calidad de depositario, vehículos recuperados en distintos procedimientos judiciales, para contar con movilidad que le permitiera realizar traslados a distintas localidades del interior provincial.

El 5 de mayo de 2025, el juez de la causa ordenó la inscripción definitiva de dos inmuebles a favor del Ministerio de Seguridad de la Nación y del Gobierno de la Provincia del Chaco, respectivamente, y la entrega definitiva de una camioneta Toyota Hilux al presidente del Tribunal de Cuentas. En su decisión, indicó que el vehículo debía usarse solo para tareas previstas en la Constitución provincial y la Ley Orgánica del organismo.

La fiscalía apeló a través de un escrito donde alegó que la decisión era “arbitraria” y estaba en “contradicción” con el fallo de noviembre de 2024. Señaló que la camioneta había sido solicitada como "depósito" pero entregada como propiedad definitiva, que no se notificó a los herederos ni a la UIF, y que se apartaba de lo previsto en la Ley 25.246, que aborda los delitos por encubrimiento y lavado de activos de origen ilegal.

La UIF, representada por los abogados Matías Saicha Ibáñez, María Karlen e Inés Astudillo, también apeló el fallo tras cuestionar que se asignara a ese organismo solo el 30% de los bienes decomisados y que se entregaran inmuebles y un vehículo sin su intervención ni notificación.

Concedidos los recursos, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, integrada por las juezas Patricia Beatriz García, en carácter de subrogante, y Rocío Alcalá, recordó que “la resolución dictada en noviembre del año pasado año ordenó el decomiso definitivo de una serie de bienes propiedad del entonces imputado en los autos principales, Omar Naldo Retamozo, en virtud de su fallecimiento. En dicha oportunidad, además, dispuso la forma en que esos bienes se distribuirían, previo el dictado de una serie de medidas -que, vale destacar, no fueron realizadas-, tales como la publicación de edictos y la notificación antes referida a la UIF”.

Poco después, el tribunal reseñó que “en posterior ocasión, el juez se apartó de tal criterio y ordenó -en mayo siguiente- la inscripción de bienes inmuebles a favor del Gobierno Provincial y del Ministerio de Seguridad de la Nación, y la entrega definitiva de un rodado al Tribunal de Cuentas de esta provincia, con ausencia de todo tipo de fundamentación lógica y jurídica que avale dicho pronunciamiento”. Al respecto, citó el artículo 305 del Código Penal: “Los activos que fueren decomisados serán destinados a reparar el daño causado a la sociedad, a las víctimas en particular o al Estado. Sólo para cumplir con esas finalidades podrá darse a los bienes un destino”.

Al hacer un análisis de los elementos recabados durante la tramitación de las actuaciones, la Alzada señaló que el punto 13° de la resolución dictada en noviembre dispuso que “el porcentaje restante será predestinado a financiar obras de infraestructura y/o viviendas públicas en la Provincia del Chaco que beneficien de modo directo a la población más vulnerable, una vez cumplidos los mecanismos legales establecidos”, y que el juez “omitió la voluntad del legislador sobre el destino de los bienes decomisados (…) e inmotivadamente consideró viable la inscripción y entrega de los bienes”.

Luego remarcó que “los bienes inmuebles fueron dispuestos por el Juez sin impulso de las partes del proceso y sin intervención de los herederos del causante” y, sobre el punto, “se observa en lo decidido una confusión entre utilidad pública y reparación del daño, conceptos distintos conforme la naturaleza de esta causa, lo que trasunta una deficiencia en la fundamentación”.

Al referirse a la camioneta, la Cámara Federal chaqueña precisó que “en la cédula de identificación del vehículo figura como titular del mismo ‘Rubén Antonio Retamozo y otro’, es decir que el bien es del coimputado en autos, cuyo auto de procesamiento se encuentra firme”, y que “tras la digitalización de los autos principales, surge copia del estado de dominio de la mencionada camioneta, precisamente a nombre del mencionado Retamozo y su esposa (...)”.

En esa línea, las juezas afirmaron que “por imperativo legal los únicos bienes sobre los cuales el Juez puede decretar el decomiso definitivo son aquellos propios del fallecido, por lo que no podía disponer la entrega de un rodado propiedad del coimputado, respecto de quien, a la fecha, no ha sido resuelta definitivamente su situación procesal”.

Luego expresaron: “asiste también razón a lo argumentado por los recurrentes, quienes advirtieron la ausencia de constancias en autos que den cuenta de la notificación a los posibles herederos como la inscripción y publicación en el Boletín Oficial, y el efectivo diligenciamiento al Registro de Juicios Universales, resolviendo el Juez de manera prematura y apartándose de toda normativa prevista”.

Así las cosas, la Cámara consideró “procedente hacer lugar a la nulidad” planteada por los apelantes y, de ese modo, resolvió revocar la decisión adoptada en mayo pasado por el juez anterior.

Según el informe técnico que elaboró el Fondo Monetario Internacional. a fin de año debería lanzarse la actualización del IPC, el índice que mide mensualmente la inflación en la Argentina. Se trata de un reajuste esperado desde hace tiempo entre economistas y expertos en estadísticas.

La cuestión forma parte de la agenda económica desde hace tiempo, en la medida en que la renovación de la canasta con la cual se mide la inflación fue acumulando demoras. Los estándares internacionales suelen recomendar una actualización de la canasta cada cinco o hasta diez años para evitar distorsiones por el cambio de hábitos de consumo de la población, de modo que el índice no pierda representatividad.

El tema fue puesto de manifiesto por el FMI en el último informe técnico sobre la primera revisión de metas. En un breve párrafo en el que hace referencia a cuestiones estadísticas, el reporte -que escribe el staff en consulta con los funcionarios del equipo económico- asegura que el nuevo índice será lanzado a fines de este año.

También plantea que la fecha precisa de implementación sería discutida en la próxima revisión de metas, aunque esa instancia será recién en enero próximo, desajuste que podría deberse a destalles de edición al publicarse el informe.

Por lo pronto, desde el organismo estadístico afirmaron a Infobae que el trabajo técnico para la puesta en marcha del nuevo índice ya fue terminado y que ahora se esperan “los avales institucionales para la actualización”. Desde el Ministerio de Economía, al cierre de esta nota, no respondieron consultas de este medio para clarificar en qué momento del año se pondrá en funcionamiento el IPC renovado.

En abril pasado, el director del Indec Marco Lavagna explicó cuál será el alcance del nuevo índice. El funcionario, que continuó en el cargo que ocupó durante todo el mandato de Alberto Fernández entre 2019 y 2023, mencionó que la actualización de la canasta con la que se mide la marcha de los precios incluirá nuevos productos y servicios.

Según el titular del Indec, esta actualización tiene como objetivo reflejar con mayor precisión las modificaciones en los hábitos de consumo de la población, especialmente en un contexto económico que ha cambiado rápidamente en los últimos años. Lavagna señaló que la incorporación de servicios de streaming (como Netflix, Spotify, entre otros) el uso de celulares y otros bienes o servicios de consumo actuales no implicará una variación sustancial en los resultados del índice.

A pesar de que se añadirán nuevos productos y servicios a la medición, el objetivo principal de esta actualización es mejorar la fidelidad de los datos. “Son diferencias pequeñas entre los esquemas. Uno busca el resultado final de la inflación, y por temas internacionales también tenemos que cambiar el esquema”, explicó el economista. A pesar de los cambios, Lavagna advirtió que el índice ajustado no mostrará diferencias significativas en el resultado final.

Cómo sería el nuevo IPC actualizado

Tras la intervención del Indec durante el período 2007–2015, durante el macrismo se definió un nuevo IPC de alcance nacional, que se construyó con ponderadores de las seis regiones contempladas por el organismo estadístico (Gran Buenos Aires, Pampeana, Noreste, Noroeste, Cuyo y Patagónica). Para eso, el Indec recurrió a a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2004/05, con el compromiso de actualizarla. Esa actualización se concretó entre 2017 y 2018 con una nueva edición de la ENGHo, que permitió reflejar mejor los patrones actuales de consumo.

Ensayo

Un informe de la consultora Equilibra ensayó cómo sería un nuevo índice de precios a nivel nacional con su base de referencia actualizada. Con el cambio de base, se observan alteraciones en la estructura del gasto familiar reflejada en el índice. En términos generales, la canasta basada en la ENGHo 2017/18 otorga “un mayor peso a los servicios y un menor peso a los bienes”, en comparación con la anterior. En particular, los capítulos de Alimentos y bebidas no alcohólicas y de Prendas de vestir y calzado reducen su participación en más de tres puntos porcentuales frente al IPC vigente, mientras que aumentan los rubros de Vivienda —impulsado por el mayor peso relativo de alquileres y tarifas— y Transporte.

En detalle, una canasta nueva renovada con la encuesta de 2017/2018 cambiaria sus ponderaciones de la siguiente manera:

• Los alimentos y bebidas no alcohólicas, que actualmente representan el 26,9% de la canasta, pasarían a pesar 22,7% en el índice, una caída de 4,2 puntos porcentuales.
• Prendas de vestir y calzado pasarían de explicar el 9,9% del IPC a ser el 6,8%, unos 3,1 puntos de diferencia.
• Restaurantes y hoteles también perdería 2,4 puntos en el total del índice, desde 9% hasta 6,6 por ciento
• Los gastos en Salud (prepaga, medicamentos y otros) pasarían de representar 8% a 6,4%, unos 1,6 puntos menos.
• Bebidas alcohólicas y tabaco también registrarían una caída, desde 3,5% de la canasta hasta 2%, es decir, 1,5 puntos menos.
• Una caída menor registraría Equipamiento del hogar (muebles, accesorios, textiles, vajillas, cristales y hasta servicio doméstico) pasaría de 6,4% a 5,5 por ciento.

Por el contrario, habría otros rubros dentro del IPC que ganarían peso según la nueva configuración, según la estimación de Equilibra.

• El segmento que adoptaría un peso mayor en el índice de precios sería Vivienda, electricidad, gas y otros (incluye el precio de las tarifas de servicios públicos), desde 9,4% hacia 14,5% del gasto. Es decir, 5,1 puntos más.
• Transporte pasaría de representar 11% a 14,3% -3,3 puntos más-. Este rubro y el anterior indican que ajustes de tarifas impactarían de manera más directa en el IPC.
• Comunicaciones (internet y servicio de telefonía celular, entre otros) crecería desde 2,8% a 5,1 por ciento.
• Recreación y Cultura crecería 1,3 puntos hasta 8,6%; Bienes y servicios varios (artículos de tocador, servicios y artefactos para cuidado personal, seguros, servicios financieros) lo haría en 0,9 puntos hasta 4,4%; y Educación, un 0,8% hasta 3,1 por ciento.

Aunque las diferencias entre ambos IPC (el actual y el actualizado) generan leves variaciones mensuales en los registros de inflación, la tendencia general permanece alineada, planteó esa consultora. Según el mismo informe, “la inflación acumulada entre diciembre de 2016 y febrero de 2025 fue de 7.930% para el IPC actualizado y de 7.953% para el vigente”, lo que sugiere que “las divergencias tienden a compensarse” en períodos largos. No obstante, cuando se analiza la evolución en tramos más breves y sensibles, como transiciones de gobierno o momentos de bruscos cambios en precios relativos -como podría ser una devaluación-, sí pueden detectarse discrepancias más marcadas en la inflación acumulada entre ambas metodologías.

La justicia federal comenzó a investigar si Claudia Insaurralde, pareja de Lázaro Báez, intentó desapoderar propiedades embargadas del empresario, condenado y detenido por la causa Vialidad, por la cual deberá pagar más de 500 millones de dólares.

Los manejos de la mujer habrían sido a través de alquileres irregulares de los bienes decomisados del empresario, según indicaron fuentes judiciales a Infobae.

Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola ya ordenaron las primeras medidas de prueba, entre ellas conocer todas las propiedades desde 2016 a la actualidad que estén a nombre de Insaurralde. Si vendió bienes y qué registros ante escribano público hizo con el empresario.

Báez tiene dos condenas firmes. Una en la causa de lavado, por la llamada “Ruta del dinero K” y, la segunda, por el caso Vialidad, en el que fue condenado junto a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros siete acusados.

Las dos quedaron firmes este año luego que fueron ratificadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y uno de los efectos de esa decisión es que se puede avanzar con el decomiso de los bienes.

Por la causa de lavado, Báez tiene que pagar 330 millones de dólares y por Vialidad 537 millones de dólares de manera solidaria con el resto de los condenados. Por lo tanto, el reaseguro de los bienes es fundamental para poder cumplir con el decomiso y que el Estado pudiese recuperar lo robado.

Las sospechas de la Justicia

Los primeros indicios de que algo no andaba bien comenzaron durante la mañana del 24 de junio pasado cuando Insaurralde fue a visitar a Báez a la cárcel federal de Río Gallegos. Los agentes penitenciarios detectaron que la mujer fue con una carpeta con documentos vinculados a propiedades de Báez. Le impidieron el ingreso con esos papeles e informaron de la situación a la Justicia.

Frente a eso, el abogado de Báez, Martín Villanueva, informó que la mujer no había llevado documentos sobre propiedades, sino un poder para designar nuevos abogados ante una audiencia de testigos que se iba a realizar y que Báez tenía que firmar.

Los fiscales calificaron esos argumentos de “manifiestamente inverosímiles” y señalaron que se podría estar ante una maniobra por la cual Báez buscaría desapoderarse de bienes ante la situación judicial que atraviesa con un decomiso confirmado y que se comenzó a ejecutar.

Así, Luciani y Mola le pidieron al Tribunal Oral Federal 2, que tiene el caso Vialidad, una serie de medidas. Pero los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu entendieron que la Fiscalía tenía la propia facultad de hacer esa investigación.

Sin embargo, el tribunal sí le ordenó a los agentes de la cárcel de Río Gallegos que ante una nueva situación similar le saquen foto a toda documentación que las visitas le quieran llevar a Báez.

El procedimiento fiscal

La Fiscalía ya comenzó con las medidas. Una de ellas fue pedirle a los distintos Registro de la Propiedad Inmueble de todo el país que informen “todos los bienes muebles e inmuebles que haya registrado Insaurralde desde 2016 hasta la actualidad, aunque la titularidad no subsista en cabeza de esta a la fecha en que se brinda la información“.

“En relación con esto último, el pedido debe retrotraerse a tiempos anteriores, ya que, en caso de que Insaurralde haya operado en calidad de ´prestanombre o testaferro´ de Báez, bien pudo haber transferido la titularidad de los bienes a un tercer adquirente“, explicaron los fiscales.

Lo mismo le solicitaron a la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, al Registro Nacional de Buques y al Registro Nacional de Aeronaves.

También le pidieron a los Colegios Públicos de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz, Chubut y Mendoza que informen si constan registros de todo tipo de actos en los que hayan participado Báez e Insaurralde desde 2016 a la fecha.

Otra de las medidas es sobre un poder de administración de bienes que Báez firmó a favor de Insaurralde en 2020. Los fiscales señalaron que con las condenas firmes los bienes del empresario tienen que ser decomisados por lo que ese poder perdió vigencia. Por eso le ordenaron a Insaurralde que se abstenga de realizar cualquier acto sobre el patrimonio de Báez.

Las fuentes consultadas señalaron que se dispusieron otras medidas que se mantienen en reserva.

En los últimos días aparecieron sospechas sobre el alquiler de las propiedades de Báez. En el programa “WIFI”, del canal A24, Roberto Bucarey denunció que en 2022 alquiló cabañas propiedad del empresario en 28 de Noviembre, una localidad de Santa Cruz.

Bucarey relató que él y otras familias pagaban 30 mil pesos de alquiler en una cuenta bancaria a personas allegadas a Insaurralde y que reclamaban un contrato formal hasta que fueron amenazados y desalojados del lugar por una patota sindical.

El hombre hizo una denuncia penal en la justicia de Santa Cruz pero nunca avanzó y ayer, luego de hacer público su caso, fue amenazado.

Ese complejo de cabañas forma parte de los bienes que la justicia le embargó a Báez. Las fuentes consultadas señalaron que cuando un bien es embargado, el objetivo es que no se puede vender y que está a resguardo en caso de que deba ser decomisado.

Pero mientras dura la causa penal la persona puede disponer de ese bien y, en el caso de una vivienda, usarla o alquilarla. El producto de ese alquiler puede ser utilizado como parte del decomiso, pero eso no se logra si se hace de manera ilegal, como fue denunciado en el caso de las cabañas de Báez.

Una sucesión intestada es el proceso legal que permite a los herederos de una persona fallecida sin testamento obtener el reconocimiento legal de su derecho a la herencia. En este procedimiento, los herederos deben acudir a un notario público o, en su defecto, al Poder Judicial, donde presentarán los documentos necesarios para ser declarados los herederos universales del difunto.

“Este proceso también es conocido como la ‘declaratoria de herederos’”, explica Eduardo Chávez de Piérola, gerente legal de la APESEG – Asociación Peruana de Empresas de Seguros durante una reciente entrevista en Canal N.

¿Qué documentos presentar y cuánto cuesta el trámite?

De acuerdo con el especialista, “los herederos deben presentar las partidas de nacimiento que demuestren su vínculo con el fallecido, y con esto, un notario o un juez emitirá una escritura pública o una sentencia que los declare legítimos herederos.”

Realizar una sucesión intestada puede tomar entre 60 y 90 días, dependiendo de si se realiza ante un notario o el Poder Judicial. Cuando se opta por un notario, el proceso es generalmente más rápido, con un costo que ronda los 1.200 soles, según el especialista.

“El proceso ante el notario público es más ágil, pero si no se tiene acceso a un notario, se puede recurrir al Poder Judicial, lo cual alarga el tiempo de espera”, agregó Chávez de Piérola.

Acceso a cuentas bancarias y bienes del fallecido

Una vez que los herederos hayan sido declarados oficialmente, pueden proceder a acceder a los bienes del fallecido, incluidos sus fondos bancarios. Esto les permitirá retirar el dinero de las cuentas del difunto y disponer de otros bienes como vehículos o propiedades.

“Con la escritura pública o la sentencia judicial que los declara herederos, los familiares pueden ir al banco a hacer efectivo el dinero de la cuenta o registrar los bienes en su nombre”, indicó Chávez de Piérola.

¿Cómo se registran otros bienes?

El proceso de sucesión intestada también permite que los herederos actualicen la titularidad de otros bienes, como vehículos o inmuebles. “Si el fallecido tenía un vehículo, los herederos pueden inscribirlo en su nombre, o si había propiedades, deben hacer lo mismo en la partida registral del inmueble”, explicó el especialista.

Así, aunque la falta de un testamento pueda generar incertidumbre, el proceso de sucesión intestada brinda un camino legal para que los herederos accedan a los bienes y cuentas del difunto.

Bancos pueden cobrar deudas a fallecidos

En Perú, la legislación establece que las deudas no se heredan, por lo que los herederos no asumirán la responsabilidad de pagar los saldos pendientes de un familiar fallecido. Eduardo Chávez de Piérola, gerente legal de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG), explicó que, “los herederos no responden con su bolsillo por las deudas de un familiar fallecido”.

Sin embargo, aunque los herederos no deben asumir directamente estas deudas, los bancos pueden cobrarlas utilizando los bienes o cuentas del difunto. Según el Código Civil peruano, los herederos solo serán responsables hasta el valor de los bienes que haya dejado el fallecido. Esto significa que si existen deudas pendientes, estas pueden ser saldadas con el dinero de las cuentas bancarias o los bienes a nombre del difunto.

El proceso de cobro de las deudas varía según las condiciones de cada caso, y aunque no implica un pago directo de los herederos, sí puede reducir el valor de la herencia que les corresponde. Por lo tanto, los familiares pueden ver su patrimonio reducido, ya que los bancos priorizan el cobro de la deuda antes de la distribución de los bienes heredados.

El embargo civil es una herramienta legal utilizada en procesos judiciales para garantizar el cumplimiento de obligaciones económicas o la ejecución de sentencias. Esta medida permite afectar legalmente los bienes de un deudor con el objetivo de asegurar el pago de una deuda o la entrega de bienes.

Dependiendo del momento procesal, el embargo puede clasificarse en tres tipos: precautorio, ejecutivo y en ejecución de sentencia. El primero se solicita antes o durante un juicio civil, especialmente cuando existe el riesgo de que el deudor se insolvente. En este caso, el acreedor debe proporcionar una garantía, como una fianza o un depósito, para cubrir posibles daños derivados de la medida.

El embargo ejecutivo se aplica cuando el juicio se basa en documentos con fuerza legal, como reconocimientos de deuda o escrituras públicas, lo que permite al juez ordenarlo sin necesidad de esperar una sentencia. El de tipo ejecución de sentencia ocurre cuando el juez dicta un fallo condenatorio firme y el deudor no cumple voluntariamente, lo que da lugar al remate de bienes.

Esta medida solo puede ser ordenada por un juez civil, ya sea federal o local, dependiendo de la competencia del caso. El embargo puede ser solicitado por el acreedor dentro del juicio o incluso antes de que este inicie, como una medida precautoria.

Las deudas que pueden dar lugar a un embargo civil se encuentran préstamos entre particulares no pagados, incumplimientos en el pago de arrendamientos, pensiones alimenticias, indemnizaciones por daños civiles, entre otras. Cuando el acreedor es una institución financiera, como un banco, el procedimiento generalmente se tramita como un juicio mercantil y tiene especificaciones diferentes.

¿Qué bienes son inembargables en un embargo civil?

El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF) establece una lista de bienes que no pueden ser embargados en el artículo 1039, ellos son:

• “Los bienes que constituyan el patrimonio de familia...”
• La cama, la ropa y los muebles de uso diario del deudor.
• Los aparatos que use el deudor para su oficio.
• “La maquinaria, instrumentos y animales propios para el cultivo agrícola, en cuanto fueren necesarios para el servicio de la finca"
• “Los libros, aparatos, instrumentos y útiles de las personas que ejerzan o se dediquen al estudio de profesiones liberales;"
• Las armas que los integrantes de las fuerzas armadas en servicio usen para su labor.
• La maquinaria necesaria para una industria.
• Los granos de siembra.
• “El derecho de usufructo“.
• El derecho de usar una habitación.
• “Las servidumbres, a no ser que se embargue el fundo a cuyo favor están constituidas...”
• “La renta vitalicia..."
• El salario del deudor.
• Las pensiones del gobierno.
• Los ejidos.
• “Los demás bienes exceptuados por disposición de las leyes."

Es importante aclarar que, a pesar de la publicación del CNPCF en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, su implementación aún no es uniforme en todo el país.

La entrada en vigor del CNPCF será gradual y dependerá del calendario establecido por el Consejo de la Judicatura Federal y los poderes judiciales locales. Por esta razón, se recomienda buscar asesoría legal profesional en caso de dudas o inquietudes relacionadas con embargos civiles.

Argentina se forjó como un gran país de clase media y era de los pocos lugares, junto con Uruguay, en los que este sector de la sociedad, caracterizado por fuertes valores culturales y sociales, era tan voluminoso y pujante.

En palabras del analista Guillermo Oliveto, que acaba de publicar un libro de la clase media, la pertenencia a este grupo se construía sobre un sistema de valores heredados, como el esfuerzo, el mérito, la educación, el sacrificio y la abnegación. El ascenso social no era un golpe de suerte, sino un camino trazado.

Pero esta identificación y este sentido de pertenencia a dicha clase social se fueron perdiendo con el tiempo y tras años de decadencia económica y cultural. Y eso fue calando hondo en la identidad de las personas.

Los bienes, tanto materiales como culturales empiezan a tambalear en términos de ese gran imaginario social de lo que es clase media (Iocco)

Un estudio de la consultora Moiguer sostiene que la clase media hoy está atravesada por tres fenómenos: está desdibujada en su imaginario de ´somos todos de clase media´; está desparametrizada en sus vectores de progreso; y por último, está desacoplada en su interior.

El primer fenómeno se explica con un simple dato. Mientras que en 2004 el 91% de la sociedad se autopercibía de clase media, diez años después ese porcentaje se redujo al 74%. Y, por el contrario, de un 9% de personas que se consideraba de clase baja en 2004, ese porcentaje hoy asciende al 26 por ciento.

Peor aún, cuando el encuestador acota las posibilidades de respuesta y la pregunta es si se autopercibe de clase alta, media o baja, ahí el 47% responde “clase media” y el 52%, “clase baja”, explicó la directora de contenido de Moiguer, Magdalena Iocco.

En cuanto al segundo fenómeno, la desparametrización, no sólo habla de cómo está en cuestionamiento el capital material de la clase media, como el hecho de tener casa propia, por ejemplo, sino también el capital cultural. “Los bienes, tanto materiales como culturales empiezan a tambalear en términos de ese gran imaginario social de lo que es clase media”, planteó la directiva de la firma.

Respecto a lo material, se perdió poder adquisitivo (43% en el caso de la clase media), 4 de cada 10 argentinos de clase media creen que nunca van a llegar a poder comprarse una casa propia y el 44% de los argentinos de este sector no posee auto.

Según el informe de Moiguer, 4 de cada 10 argentinos de clase media creen que nunca van a llegar a poder comprarse una casa propia

Desde el capital cultural, la educación ya no garantiza la pertenencia de clase, dice el estudio. Y agrega que el 40% de los argentinos de clase media alcanzaron un mayor nivel educativo que sus padres, pero no perciben ascenso social.

Por otra parte, el trabajo en relación de dependencia no es percibido como garantía de progreso y 6 de cada 10 argentinos de clase media creen que su trabajo les permite subsistir, pero no crecer económicamente.

El estudio muestra cómo el imaginario de progreso cambió. Hoy 5 de cada 10 argentinos de clase media cree que desarrollar un emprendimiento le va a dar ascenso social. Y 3 de cada 10 prefiere invertir su dinero en soluciones financieras.

El tercer fenómeno que caracteriza hoy a la clase media es el desacople. “Al interior de la clase media, cada vez hay más brecha. Ese segmento cada vez es más heterogéneo. Hay gente de clase media que tiene casa, auto y un buen ingreso. Y otro que empieza a aproximarse a estéticas y patrones más cercanos a los de la clase baja”, dijo Iocco, al remarcar que éste fue el gran hallazgo del estudio, las diferencias entre los segmentos C2 y C3 dentro de la clase media.

Incluso, ante la consulta respecto de a qué clase creen que pertenecen, mientras que el C2 mantiene la autopercepción de clase media, la mitad de los argentinos del C3 se perciben de clase baja, precisó la directiva.

La estructura social hoy

Según el informe de Moiguer, la estructura social actual se divide en 50% de clase baja (19% D2/E, con ingresos promedios por hogar de $500.000, y 31% D1, con ingresos de $980.000), 44% de clase media (26% C3, con ingresos de $1.300.000, y 18% de C2, con ingresos de $2.750.000) y 6% de clase alta y media alta (ABC1, con ingresos que van desde 8 hasta 20,5 millones de pesos).

Pero lo que marca el estudio es que la brecha entre el 26% de C3 y el 18% de C2 cada vez hay más brecha. Mientras que dentro del C2, 7 de cada 10 argentinos se percibe de clase media, 5 de cada 10 argentinos del grupo C3 considera que es de clase baja.

Además de estos datos de autopercepción, el desacople se observa al analizar la estructura de vida, las costumbres y los consumos de esas personas que habitan dentro de la clase media.

Por ejemplo, mientras que sólo el 57% de los argentinos del C3 tiene un trabajo formal, dentro del C2 ese porcentaje sube al 71%. Es decir, hay una diferencia de 20 puntos en personas que forman parte de lo que se denomina clase media.

Otros ejemplos son los siguientes:

• Vivienda propia: El 45% del C3 tiene casa propia. Del C2, el 57%. En este caso, la brecha es de 21%.
• Servicios domésticos: Mientras que el 64% de los argentinos del C2 cuentan con servicio domésticos, sólo lo tiene el 34% de los integrantes del C3.
• Alto nivel de inglés: 38% de los de C2 y 25% de los argentinos del C3 (diferencia de 33%).
• Viajes al exterior: Del C2, el 47% viaja al exterior, mientras que sólo el 21% del C3 lo hace. En este caso, la diferencia es del 55 por ciento.
• Leyó libros en los últimos seis meses: El 74% del C2 y el 55% del C3 (diferencia de 26 por ciento).
• Consumo expansivo (no redujo gastos cotidianos y realizó consumos suntuarios): lo hizo el 30% del C2 y el 23% del C3 (diferencia de 23 por ciento).
• Compró en el exterior: 14% del C2 y 7% del C3 (50% de diferencia).
• Puede ahorrar: 34% del C2 y 22% del C3 (diferencia de 35 por ciento).

La expectativa es que, aún en un escenario previsto de crecimiento económico, se va a profundizar más esta diferencia entre estas dos clases medias, pronosticó la directora de Moiguer.

Si se consolida la recuperación económica, “será claramente a dos velocidades muy distintas” (Iocco)

“Por un lado, una clase media que es este C2, que está recuperando poder adquisitivo y consumos, que tiene expectativas positivas todavía de mayor recuperación todavía; y por el otro, el C3, que es este 26% de la población hoy, el cual la mitad se auto percibe pobre, y que va a estar con mayores dificultades”, explicó Iocco.

Por lo tanto, si se consolida la recuperación económica, “será claramente a dos velocidades muy distintas”. “Estas dos clases medias durante ese tiempo van a estar bien separadas en términos de consumos, en términos estructurales, inclusive en términos estéticos y de consumos culturales, y eso es lo que va a predominar en los próximos años”, auguró la analista.

Presente frecuentemente en herencias, transmisiones familiares o cesiones de bienes, el usufructo es, en esencia, el derecho a disfrutar de lo que no se posee. Se puede vivir en una casa, alquilarla, incluso percibir ingresos derivados de ella, pero no venderla ni alterarla. La nuda propiedad permanece en manos de otro, y ese otro no puede hacer uso del bien hasta que el usufructo llegue a su fin.

El usufructo obliga a quien lo ostenta a conservar el bien en su forma y sustancia. No se trata de una posesión plena, sino de una cesión temporal del disfrute. En una herencia, por ejemplo, puede suceder que el cónyuge viudo reciba el usufructo vitalicio de la vivienda familiar, mientras los hijos heredan la nuda propiedad. De este modo, la casa se habita, se cuida, pero no se puede vender, porque no hay título de propiedad.

Este derecho puede surgir por voluntad expresa —a través de un testamento o de una escritura notarial— o por imposición legal, como ocurre en el reparto de la legítima en determinadas comunidades autónomas, donde el viudo o viuda adquiere el usufructo de una parte de los bienes del fallecido. También hay diferencias temporales: el usufructo puede estar limitado en el tiempo o durar toda la vida del usufructuario, en cuyo caso se denomina vitalicio.

Cómo calcular el usufructo de una vivienda

La clave de su valoración, y el punto donde todo se vuelve más técnico, es el tiempo. En los usufructos temporales, la norma es clara: se aplica un 2% del valor del bien por cada año de duración del usufructo, con un tope del 70%. Si se pacta por menos de un año, se computa igualmente como uno completo. El legislador impone este límite para evitar que el usufructo llegue a superar valores desproporcionados respecto al uso efectivo del inmueble.

En el caso del usufructo vitalicio, el enfoque cambia. Se utiliza una fórmula conocida como la “regla del 89”, que descuenta la edad del usufructuario a ese número. El resultado es el porcentaje que representa el usufructo sobre el valor total del inmueble. La lógica detrás de esta regla es actuarial: cuanto más joven es la persona, más años se espera que pueda disfrutar del bien. Por ello, el valor del usufructo será mayor en los más jóvenes y menor a partir de cierta edad. Ahora bien, la ley también impone límites: ese porcentaje nunca podrá ser inferior al 10% ni superior al 70%.

Si el usufructo es compartido, como en el caso de un matrimonio que cede la nuda propiedad de una vivienda a un hijo pero se reserva el derecho de uso hasta el fallecimiento de ambos, la valoración se realiza tomando como referencia la edad del cónyuge más joven. Solo tras el fallecimiento del último usufructuario se consolida la propiedad plena en manos del nudo propietario, que hasta entonces permanece en una suerte de espera legal.

El valor de la nuda propiedad, por su parte, se calcula de manera sencilla: el valor del usufructo se resta al valor total del inmueble. Una operación esencial para fijar bases imponibles, distribuir herencias o formalizar donaciones. Lo que se calcula, en el fondo, es la diferencia entre tener un título sin disfrute y un disfrute sin título.

La pelea judicial por la sucesión del dos veces Presidente de la Nación Carlos Menem continúa en la Justicia. La disputa es para saber cuáles eran los bienes que tenía el ex mandatario y repartirlos entre sus herederos, sus tres hijos -Zulemita Menem, Carlos Nair Menem, Máximo Saúl Menem Bolocco- y su nieta Antonella Carla Menem Pinetta.

La Justicia quiere determinar los bienes que el ex presidente tenía al momento de morir y para eso le pidió a Zulemita -quien públicamente dijo que administraba algunos de ellos como la famosa casa “La Rosadita” en la ciudad de Anillaco, La Rioja- que responda una serie de requerimientos. Pero como no lo hizo el juez civil Carlos Goggi la citó la semana pasada “personalmente” a una audiencia para el próximo 23 de abril a las 9 horas.

Y la citación fue en duros términos. El magistrado, en su resolución a la que accedió Infobae, habló de un “recalcitrante incumplimiento de la coheredera Zulema María Eva Menem frente a los requerimientos formulados por la administradora” sobre los bienes y advirtió que la convocatoria es “bajo apercibimiento de fijar una multa de cinco millones de pesos”.

Carlos Menem falleció el 14 de febrero de 2021 a los 90 años. Ese mismo año se inició la sucesión y en noviembre de 2023 el juez Poggi declaró quiénes eran sus legítimos herederos. Son cuatro.

Una es Zulema María Eva Menem, quien fue la primer hija del ex presidente que tuvo con su primera esposa Zulema Yoma, primera dama hasta su divorcio. También tuvieron un segundo hijo, Carlitos Menem, quien falleció el 15 de marzo de 1995 durante el gobierno de su padre en un accidente cuando piloteaba un helicóptero. Carlitos Menem tuvo una hija, Antonella Pinetta, quien también fue reconocida como heredera por ser la nieta del ex presidente.

Los dos herederos restantes también son hijos del ex presidente: Carlos Nair Menem, fruto de una relación extramatrimonial con Martha Elizabeth Meza, y Máximo Saúl Menem Bolocco, hijo que tuvo con la chilena Cecilia Bolocco de quien luego se divorció.

Tras la aceptación de los herederos, la administradora de la sucesión, María Inés Barcus, le solicitó a Zulemita Yoma que conteste una serie de pedidos vinculados a los bienes del ex presidente. Además de que solicitó información a distintos registros públicos.

Según constan en la documentación a la que accedió este medio se le solicitó que informe sobre lotes en un terrero de la localidad riojana de Chilecito y si son explotados en un barrio privado; sobre tres vehículos (autos Peugeot modelo 405 y un Toyota modelo Corolla y una moto modelo Motomel Eco 110); acciones de la empresa Telefónica; el título de la casa La Rosadita; armas y obras de arte; si hubo donaciones de dinero o bienes por parte del ex presidente; y si autorizó el uso de la imagen de su padre para la serie que hizo Amazon y si cobró regalías.

Los pedidos de información fueron enviados el 26 de diciembre del año pasado y el 12 de febrero pasado. Pero nunca contestados.

“En ambas oportunidades fue debidamente notificada, también guardó silencio mostrando un absoluto desinterés y aun despreciando en destino de los fondos en autos sobre el destino que pueda darle la administradora, conducta que ya debemos interpretarla como una burla a todos y cada uno de los pedidos e intimaciones ordenadas”, plantearon en la causa los abogados de Nahir Menem.

Por eso el juez Goggi convocó a la audiencia: “Siendo exacto lo manifestado respecto al recalcitrante incumplimiento de la coheredera Zulema María Eva Menem frente a los requerimientos formulados por la administradora y partidora el 26/12/24 y reiterados el 12/2/25, que le fueran oportunamente notificados, en los términos del art. 697 CPCCN, desígnase la audiencia del día 23 de abril de 2025 a las 9 horas a la que deberán comparecer las partes y la administradora designada y, personalmente, la coheredera Zulema María Eva Menem, esto última bajo apercibimiento de fijar una multa de cinco millones de pesos”.

Entre los hermanos Zulemita y Nahir hay una disputa pública que incluye causas judiciales. En algún momento tuvieron buena relación -inclusive él trabajó en una de las concesionarias de autos de ella- pero la pelea por la sucesión los distanció. Hoy Nahir tiene prohibido nombrar públicamente a su hermana. Desde marzo pasado, una jueza penal le ordenó que no la mencione ni tenga contacto con ella.

La decisión se tomó en una causa que inició Zulemita Menem contra Nahir por hostigamiento por sus dichos públicos sobre la sucesión en la que la acusó de manejos espurios. A su vez, Nahir Menem la denunció penalmente por esos manejos irregularidades y fue sobreseída.

La pelea y la audiencia convocada por la justicia se da en un momento en el que los Menem están nuevamente en la escena política. Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, sobrinos del ex presidente, son dos actores centrales del gobierno de Javier Milei. Martín preside la Cámara de Diputados y “Lule” es el subsecretario de Gestión Institucional del gobierno nacional y uno de los funcionarios de más confianza de Karina Milei, hermana del Presidente y secretaria general de la presidencia. Los primos tallan en el armado político de “La Libertad Avanza” en todo el país.

Pero inclusive, Zulemita tiene una buena relación con Milei. La hija del ex presidente participó el año pasado de la presentación en Casa Rosada del busto de su padre.

En noviembre de 2021, el mundo de la farándula se detuvo para llorar la muerte del reconocido estilista de celebridades colombianas, Mauricio Leal –y de su madre–, que a lo largo de su vida había logrado montar un imperio en el mundo de las altas peluquerías de Bogotá.

Luego de que se comprobara que se trató de un asesinato doble a manos del propio hermano de Mauricio Leal, Jhonier Leal, que reconoció haber matado a su hermano y a su mamá Marleny Hernández, el destino de los bienes y las propiedades de Leal continúa en el limbo.

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Así lo dejó saber Semana a través de una investigación periodística, en la que se conoció que la enorme casa del exclusivo conjunto residencial Arboretto ubicado en la vía a La Calera, Cundinamarca, donde fueron hallados sin vida, continúa sin poder arrendarse debido a problemas legales y la resistencia de los vecinos.

Incluso, según conoció el medio, mientras tanto, la disputa por la herencia y el proceso de extinción de dominio mantienen congelados todos sus activos.

Lo que dejó Mauricio Leal

De acuerdo con el artículo, Mauricio Leal dejó una serie de propiedades y empresas que, lejos de encontrar un destino claro, han sido objeto de maniobras legales y conflictos familiares. Entre estos bienes figuran su lujosa casa en La Calera, un apartamento en La Cabrera (Bogotá), dos vehículos de alta gama, la peluquería Mauricio Leal Peluquería S. A. S. y la empresa musical Mauricio Leal Music S. A. S., en la que el propio estilista producía sus canciones.

Sin embargo, el proceso de sucesión estuvo teñido de traición desde el inicio. Jhonier Leal, condenado por el doble homicidio, intentó quedarse con la peluquería y movió dinero de las cuentas de su hermano a las suyas. De hecho, en los registros de la Cámara de Comercio de Bogotá, él sigue figurando como representante legal de la empresa.

En consecuencia, uno de los mayores obstáculos en este caso es el proceso de extinción de dominio que pesa sobre los bienes de Mauricio Leal. La Fiscalía sostiene que existen indicios de que estos fueron adquiridos con dinero proveniente de lavado de activos.

Entre las pruebas presentadas está la compra de un inmueble valorado en más de 1.300 millones de pesos sin justificación clara de su origen. Además, el nombre de Leal apareció en la Lista Clinton y se le han señalado presuntos vínculos con Luis Carlos Posso Urdinola, relacionado con redes de narcotráfico.

La casa de La Calera que nadie quiere habitar

La mansión de La Calera permaneció bajo custodia durante casi un año después del asesinato. Aunque la Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha intentado ponerla en arriendo desde 2022, los trámites legales y la oposición de los residentes han impedido cualquier avance.

“El tema con esos bienes está muy complicado. La idea es ponerlos en arriendo, pero hay muchos temas jurídicos de por medio que han complicado los procesos. Además, la renuencia de la gente del conjunto por la estigmatización ha sido muy dura (...). Prácticamente no quieren que nadie entre allá”, explicó una fuente cercana al caso.

La percepción negativa de la propiedad ha sido otro factor determinante. Vecinos del sector aseguran que el ambiente en la casa es “pesado” y que incluso realizaron rituales para “limpiar” la energía del lugar. “¿Quién va a querer vivir ahí? Nadie. Es muy difícil que esa casa vuelva a tener un habitante”, expresaron habitantes del conjunto residencial.

En cuanto al apartamento en La Cabrera, este fue excluido del registro de la SAE en enero de 2025 y transferido a la empresa Hoc Consultores y Auditores S. A. S., especializada en consultoría en salud. Sin embargo, el resto de los bienes de Leal, incluidas sus cuentas bancarias y sociedades comerciales, siguen en manos de la Fiscalía sin avances significativos en el proceso judicial.

El abogado Élmer Montaña, que representó a la familia de Marleny Hernández en el proceso judicial, aseguró que decidió apartarse de los trámites relacionados con los bienes debido a irregularidades. “Yo nunca me quise meter en el tema de los bienes porque desde el principio me di cuenta de que el tema no estaba claro. Había cosas muy turbias de abogados y por eso no me quise meter en eso (...) La Fiscalía los incautó dentro de un proceso de extinción de dominio”, afirmó.

Las autoridades de China han anunciado este sábado que "ajustarán" los aranceles a la importación de más de 900 materiales, bienes y productos a partir del próximo 1 de enero con el fin de "expandir la demanda interna y avanzar en una apertura de alto nivel".

La medida pretende "mejorar la sinergia entre los mercados nacionales e internacionales" y para ello prevé la introducción de "aranceles provisionales de importación que serán más bajos que las tasas aplicadas a los países más favorecidos en 935 productos", según un comunicado emitido por la Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado de China recogido por el diario 'Global Times'.

Entre los artículos que se beneficiarán de esta reducción arancelaria se encuentran, entre otros, el alcohol vinílico y algunos polímeros y copolímeros, "para promover la innovación tecnológica"; transmisiones automáticas empleados en la fabricación de vehículos especializados como los camiones de bomberos; alambres de aleación de níquel y titanio útiles para implantes quirúrgicos y otros componentes para "salvaguardar y mejorar el bienestar público"; u otros materiales reciclados de aluminio y cobre "con el fin de promover el desarrollo verde y de bajo carbono".

En cambio, el país asiático incrementará los aranceles a otros bienes y productos de importación como ciertos jarabes y mezclas que contengan en su base azúcar, siempre "de acuerdo con el desarrollo de las industrias nacionales y los cambios en la dinámica en la oferta y la demanda", según el mismo medio.

Esta variación impositiva surtirá efecto en productos de 34 regiones y países, con los que China está vinculada por medio de alguno de los 24 acuerdos de libre comercio de los que es signataria, "con el objetivo de expandir su red de área de libre comercio de alto nivel".

No obstante se contemplan algunas excepciones. Tal es el caso, destaca el 'Global Times', de los 43 países menos desarrollados con los que China mantenga relaciones diplomáticas en 2025, que se beneficiarán de 'aranceles cero'.

En una acción coordinada para preservar la herencia cultural del país, el Ministerio de Cultura (Mincul) logró la recuperación de 42 bienes arqueológicos en el distrito de Huacho, provincia de Huaura, en la región Lima. Se trata de cántaros y vasos de cerámica que pertenecen a las culturas Huaura y Chancay, las cuales se desarrollaron en los períodos Horizonte Medio (600 d.C. – 1000 d.C.) e Intermedio Tardío (1000 d.C. – 1476 d.C.), respectivamente.

Estos bienes fueron entregados por un ciudadano de la zona, luego de una inspección de oficio realizada por especialistas del Mincul. En total, se revisaron 188 bienes arqueológicos que estaban en su posesión y exhibidos en vitrinas dentro de un establecimiento de su propiedad. Luego de este proceso, se entregaron 42 piezas a la entidad estatal para su evaluación y conservación.

Evaluación y registro de los bienes recuperados

La identificación de estos bienes arqueológicos se llevó a cabo en febrero de 2023. En aquel momento, el Ministerio de Cultura estableció la “Protección Provisional” de las 188 piezas halladas, mecanismo que permite la adopción de medidas preventivas para garantizar su resguardo y evitar su posible deterioro o comercialización. Esta figura legal está orientada a la defensa y conservación de los bienes que, tras un análisis técnico, pueden ser declarados parte del Patrimonio Cultural de la Nación.

Los especialistas a cargo de la inspección forman parte de la Dirección de Recuperaciones, unidad dependiente de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural. Durante el proceso, evaluaron las condiciones en las que se encontraban los bienes y coordinaron la entrega voluntaria de ellos a la sede central del Mincul.

Allí, especialistas en patrimonio cultural realizarán los estudios correspondientes para determinar su autenticidad, estado de conservación y posible declaratoria como bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, conforme a lo estipulado en la Ley General del Patrimonio Cultural.

El Ministerio de Cultura resaltó la importancia de este tipo de acciones, ya que contribuyen a la protección del legado arqueológico del país y evitan la pérdida de bienes históricos que forman parte de la identidad nacional. La institución recordó que la comercialización y posesión ilegal de bienes culturales es sancionada por la legislación vigente, por lo que exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier hallazgo o tenencia de este tipo de objetos.

La importancia de la conservación del patrimonio arqueológico

Las culturas Huaura y Chancay dejaron un legado significativo que se expresa en piezas de cerámica de diversos estilos y usos, reflejando la vida cotidiana, creencias y organización social de estas sociedades prehispánicas.

El Ministerio de Cultura reiteró su compromiso con la defensa y recuperación del patrimonio arqueológico, así como con la promoción de la conciencia ciudadana respecto a la importancia de la preservación de la historia del país. En ese sentido, instó a la población a colaborar con las autoridades y evitar prácticas que puedan poner en riesgo la integridad de los bienes culturales.

En los próximos meses, los especialistas del sector continuarán con la evaluación de las piezas recuperadas, determinando su estado de conservación y estableciendo las medidas necesarias para su adecuada custodia. Asimismo, se reforzarán las estrategias de inspección y monitoreo para identificar posibles casos similares en otras regiones del país, asegurando la protección del legado histórico y cultural para las futuras generaciones.

Trabajo especializado en defensa del patrimonio

La Dirección de Recuperaciones, unidad perteneciente a la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, llevó a cabo las verificaciones necesarias para confirmar la autenticidad y el origen de los bienes. Esta entidad colabora constantemente con organismos internacionales y realiza labores de vigilancia para identificar posibles casos de tráfico ilícito en mercados físicos y virtuales.

El Ministerio de Cultura instó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad relacionada con el comercio ilegal de bienes culturales, recordando que este tipo de prácticas vulnera el legado histórico de la nación. Puedemn omunicándose a los teléfonos (01) 321-5561 y 976066977, al WhatsApp 976066977, al correo electrónico atenciondedenuncias@cultura.gob.pe o ingresando a la página web http://denunciaspc.cultura.gob.pe/

Este sistema busca fomentar la participación ciudadana en la protección del patrimonio cultural, garantizando la confidencialidad de los denunciantes. Las denuncias presentadas son evaluadas por especialistas del Ministerio, quienes activan los protocolos necesarios para salvaguardar los bienes culturales y, de ser el caso, emprender acciones legales contra los responsables. Con esta herramienta, se refuerza el compromiso de preservar la riqueza histórica y cultural del Perú frente a actos de negligencia o vandalismo.

Peruanos que residen en el extranjero y desean regresar al país podrán traer consigo sus bienes personales sin pagar tributos. Esta medida, que busca facilitar el retorno de ciudadanos que han vivido fuera del país por un tiempo prolongado, permite el ingreso de pertenencias sin costos adicionales por importación.

El beneficio aplica a quienes han permanecido fuera del Perú por un mínimo determinado de años y contempla la exoneración de impuestos para artículos de uso personal, mobiliario y hasta un vehículo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. El trámite debe realizarse ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), que verificará la documentación y las condiciones para acceder a la exoneración.

Este mecanismo es una opción para quienes desean instalarse nuevamente en el país con sus bienes sin incurrir en gastos adicionales. El procedimiento incluye la presentación de documentos que acrediten la residencia en el extranjero, así como una declaración detallada de los bienes que serán ingresados al Perú.

Las autoridades han precisado que el proceso tiene plazos específicos y que los interesados deben cumplir con ciertos requisitos para evitar contratiempos en la importación de sus pertenencias.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

Este beneficio está dirigido a peruanos que han residido en el extranjero por un tiempo determinado y desean regresar al país con sus bienes sin pagar tributos.

Pueden acceder quienes hayan vivido fuera del Perú, sin interrupciones, por al menos tres años. También aplica para aquellos que se vean obligados a retornar debido a su situación migratoria en el país de residencia, siempre que hayan permanecido en el extranjero por un mínimo de dos años.

Para el cálculo del tiempo de residencia en el exterior, no se contabilizan las visitas al Perú, siempre que no superen los 180 días calendario por año, ya sea de manera consecutiva o alternada.

Los beneficiarios deberán acreditar su tiempo de permanencia fuera del país con la documentación correspondiente y cumplir con los requisitos establecidos para acceder a la exoneración de tributos en el traslado de sus bienes.

Requisitos para acceder a la exoneración de tributos

Para acceder a este beneficio, los peruanos que retornan al país deben presentar los siguientes documentos:

• Declaración jurada de propiedad de bienes, de Residencia en el Perú y Compromiso de no transferencia de bienes (Anexo N° 1).
• Copia de la Tarjeta del Migrante Retornado.
• Copia del certificado de movimiento migratorio (solo si la Tarjeta del Migrante Retornado fue obtenida en el extranjero).
• Copia del documento que acredite la propiedad del vehículo automotor, en caso de traer uno.
• Lista de menaje de casa (Anexo N° 2), detallada y valorizada, con documentación sustentatoria del valor de los bienes (facturas, contratos de venta, entre otros).
• Perfil del proyecto, en caso de importar bienes de capital para actividades productivas o investigación.
• Compromiso de inicio de actividades y declaración jurada sobre la vinculación directa de los bienes con la actividad a desarrollar o la investigación científica.
• Lista de instrumentos, maquinarias, equipos y bienes de capital (Anexo N° 3).

Todos los documentos deben estar a nombre del migrante retornado para que el trámite sea válido.

¿Cómo solicitar este beneficio?

Para acogerse a la exoneración de tributos, el solicitante debe gestionar su trámite a través de la Declaración Aduanera de Mercancías (DAM) o la Declaración Simplificada de Importación (DSI). Estos documentos incluyen el número de registro y la fecha otorgada por la División de Atención al Usuario Aduanero y Liberaciones (DAUAL).

Una vez numerada la DAM o la DSI, el solicitante debe presentar ante la autoridad aduanera los documentos requeridos en el proceso, incluyendo los señalados en la sección de Requisitos, así como aquellos detallados en el régimen de Importación para el Consumo. Estos documentos serán sometidos a revisión documentaria y reconocimiento físico.

Antes de numerar la declaración, es necesario proporcionar información de manera virtual o telefónica, incluyendo:

1. Nombres y apellidos.
2. Número de Documento Nacional de Identidad (DNI).
3. Número de pasaporte.
4. Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC).
5. Número de la Tarjeta del Migrante Retornado (TMR).
6. Fecha de emisión de la TMR.

Cumplidos estos pasos, la solicitud podrá ser evaluada por la autoridad aduanera para determinar su viabilidad y proceder con la importación de los bienes sin el pago de tributos.

Lista de bienes que se pueden importar sin pagar tributos

Los peruanos que regresen al país con este beneficio pueden traer ciertos bienes sin pagar tributos. Entre ellos se incluyen:

• Menaje de casa, de acuerdo con el Reglamento de Equipaje y Menaje de Casa, hasta por un valor de 50.000 dólares americanos (USD 50.000.00).
• Un vehículo automotor, con un valor máximo de 50.000 dólares americanos (USD 50.000.00), sujeto a los requisitos previstos en la normativa vigente.
• Instrumentos, maquinarias, equipos y bienes de capital utilizados en el desempeño de una profesión, oficio o actividad empresarial, hasta un límite de 350.000 dólares americanos (USD 350.000.00). Para esto, se debe presentar un perfil de proyecto que acredite la vinculación de estos bienes con una actividad productiva en el país. En el caso de científicos o investigadores, es necesario contar con una acreditación oficial.

Para más información sobre este beneficio y el procedimiento a seguir, se puede consultar el sitio web de la SUNAT en ESTE ENLACE.

José Haxel de la Pava, magistrado de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz de Barranquilla, envió un documento a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, y a los integrantes de persecución de bienes de la dirección de Justicia Transicional, con el objetivo de que investiguen los bienes de los empresarios Rafael Matera Lajud y Alfonso Macías Vargas, por presuntos nexos con paramilitares.

Según Caracol Radio, el documento fue enviado el 7 de febrero de 2025, advirtiendo que en 2022 y 2024 el despacho judicial ya había compulsado copias con el mismo propósito, debido a la declaración que hizo Salvatore Mancuso bajo juramento de gravedad.

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De acuerdo con el exjefe paramilitar Rafael Matera Lajud y el empresario Alfonso Macías Vargas, ambos habrían financiado y auspiciado a los paramilitares.

El paramilitar Juan Francisco Gómez, alias Mario o Alacrán, también aseguró que, presuntamente, sociedades de los citados empresarios habrían servido como sitios de entrenamiento para los paramilitares.

Según el citado medio, el abogado de las familias empresariales, al ser contactado, expresó que no tenía conocimiento de la compulsa de copias y afirmó que “nada tenía que comentar al respecto”.

En 2024, la fiscal Luz Adriana Camargo aseveró que mejoraría los grupos de trabajo de justicia transicional, así como la judicialización de los terceros financiadores de paramilitares con mayor acceso económico. Además, indicó que implementaría inteligencia artificial para rastrear bienes en paraísos fiscales de testaferros.

Recientemente, Lilia Solano, directora de la Unidad de Víctimas, informó que la Fiscalía se comprometió a investigar en profundidad la posición de bienes que cumplan con las características para reparar a las víctimas del paramilitarismo: “Dando cumplimento al compromiso adquirido hoy la directora Lilia Solano y la fiscal general Luz Adriana Camargo, sostuvieron una reunión para seguir trabajando en acciones concretas que garanticen la reparación integral a las víctimas”.

El pronunciamiento también señala que la Unidad de Víctimas presentó denuncias por hechos que estarían afectando a las víctimas: “La Fiscalía intensificará acciones para identificar y recuperar bienes no reportados en el Fondo de Reparación. ¡Garantizar que estos bienes cumplan su vocación reparadora es un compromiso con las víctimas!. Hemos presentado denuncias contundentes contra actos de corrupción que afectan recursos de las víctimas. Hoy se adelantan las investigaciones por parte de la Fiscalía. Reparar no es solo un mandato legal, ¡es un compromiso ético!”.

Asimismo, el ente indicó que la justicia en este caso debe ser enfocada en el género, puesto que hay más de 39.000 mujeres que fueron violentadas sexualmente, según el Registro Único de Víctimas, por lo que solicitaron al ente judicial avanzar con celeridad en las investigaciones pertinentes.

En el pronunciamiento se lee que se estableció una hoja de trabajo en coordinación entre las dos entidades con el fin de dar cumplimiento a las víctimas que el paramilitarismo dejó en el conflicto armado: “La reunión dejó como resultado una hoja de ruta clara para fortalecer la coordinación entre la Unidad y la Fiscalía”.

La importancia de este proceso, indicó la funcionaria, radica en que “es una tarea pendiente que no se está haciendo”. También criticó las funciones a las que se han sometido los gestores, puesto que no estarían cumpliendo con lo que en verdad importa para los afectados: “Una cosa es decir ‘nos ponemos a la orden del presidente’, pero lo que tienen que hacer es estas dos tareas fundamentales para las víctimas y yo creo que lastimosamente esta pacto de silencio que hubo en la historia, hoy continua”.

También agregó que los bienes que tienen los paramilitares no se han cuantificado por lo grandes que son y que las AUC podrían compararse con una gran empresa: “Fue casi que una empresa de bienes capitales del narcotráfico, gigante, no se ha podido cuantificar, que había podido equipararse como una de las grandes empresas del país”.

Fráncfort (Alemania), 19 nov (EFECOM).- La balanza por cuenta corriente de la eurozona registró un superávit de 37.000 millones de euros en septiembre de 2024, lo que supone un 5,7 % más que el mes anterior y superar en un 85 % la cifra registrada un año antes.

La balanza registró superávits en bienes (33.000 millones), servicios (16.000 millones) y rentas primarias (2.000 millones), que compensaron el déficit en rentas secundarias (14.000 millones).

En los 12 meses hasta septiembre, el superávit acumulado alcanzó los 425.000 millones, un 2,8 % del PIB de la eurozona y superior a los 182.000 millones de un año antes.

Este incremento se debió principalmente al mayor superávit de bienes, que pasó de 185.000 millones a 385.0000 millones, y, en menor medida, a los mayores superávits de servicios (de 27.000 millones a 37.000 millones) y de rentas primarias (de 27.000 millones a 37.000 millones).

Por su parte, el déficit de las rentas secundarias descendió ligeramente, desde los 167.000 millones a los 164.000 millones.

En inversiones directas, los residentes de la eurozona realizaron desinversiones netas por valor de 189.000 millones de euros en activos fuera de la unión monetaria en el último año hasta septiembre, frente a los 244.000 millones de un año antes.

Por su parte, los no residentes desinvirtieron 346.000 millones en activos de la zona del euro, frente a los 310 millones previos.

En el caso de las inversiones de cartera, las compras netas de acciones de los residentes de la eurozona en terceros países aumentaron desde los 101.000 millones hasta los 113.000 millones, mientras que los que no tienen la moneda única compraron aquí títulos por valor de 438.000 millones, frente a los 444.000 millones de un año antes.

La compra de valores de renta fija por parte de los residentes fuera de la eurozona disminuyeron ligeramente hasta los 438.000 millones, mientras que las de los no residentes también se redujeron, hasta los 354.000 millones.

En otras inversiones, los ciudadanos de la zona del euro registraron 446.000 millones en adquisiciones netas de activos en terceros países en los 12 primeros meses hasta septiembre, mientras que las cesiones netas de pasivos alcanzaron los 6.000 millones.

La posición de activos de reserva del Eurosistema aumentó hasta los 1,318 billones en septiembre debido principalmente a las variaciones positivas de los precios, sobre todo del oro, y, en menor medida, a las compras netas de activos. EFECOM

El 17 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación informó sobre el proceso de judicialización contra tres integrantes de la banda dedicada al lavado de activos conocida como Los Carboneros.

Bajo custodia de las autoridades se encuentran Pablo Hernán Ortiz Martínez, Jessica Manuela Ramírez Barrero y Dixon Heraldo Tequia Gómez, este último identificado por sus vínculos familiares con la actriz Lina Tejeiro y por ser uno de los integrantes más activos de la organización.

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La Unidad Investigativa de El Tiempo confirmó que varias propiedades, registradas a nombre de estos implicados, estaban al servicio de actividades ilegales relacionadas con el manejo y tráfico de estupefacientes.

Durante las audiencias de la Fiscalía, se mencionó el rastreo de movimientos bancarios y cuentas de diversas entidades registradas a nombre de empresas vinculadas con el lavado de dinero.

“Dentro de esta actividad, la Fiscalía encontró varias señales de alerta durante la indagación, como la falta de títulos mineros, el incremento del uso de efectivo a partir de 2015, aumentos significativos en las ventas en comparación con los comportamientos históricos, altos retiros de efectivo, justificación de gastos mediante cuentas menores y prepago de ventas, así como traspasos y constitución de fideicomisos y bienes en favor de un menor hijo suyo y su compañero permanente”, señalo la entidad.

Una de estas empresas, propiedad de Ortiz Martínez, se dedica al comercio de combustibles y productos derivados. Constituida en 2016, la compañía tenía su sede en un barrio del norte de Bogotá.

Estas operaciones levantaron alertas en la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), lo que permitió a las autoridades detectar irregularidades.

Ortiz Martínez es señalado como el cabecilla financiero de la organización y principal socio de Dixon Heraldo Tequia Gómez, otro de los presuntos integrantes. Durante la diligencia Tequia se identificó como el padrastro de la actriz Lina Tejeiro y padre del hermano menor de la actriz.

El medio de comunicación también estableció que, además de la empresa señalada, “Los Carboneros” habrían incursionado en el sector minero con sus actividades ilegales, lo que dio origen a su denominación. Se identificó la suscripción de un subcontrato de Formalización Minera para ejecutar labores de explotación en un yacimiento de carbón ubicado en el municipio de Samacá, departamento de Boyacá, donde fue capturado Pablo Hernán Ortiz Martínez.

Sobre esta operación, la Agencia Nacional de Minería (ANM) señaló que no se cumplieron los requisitos legales para la entrega de la licencia, detectando además irregularidades en el pago de regalías. “No contó con el acto administrativo que permitiera a una autoridad competente otorgar la licencia ambiental”, afirmó la entidad.

Otro bien vinculado a la investigación es un restaurante registrado a nombre de Jessica Manuela Ramírez Barrero, bajo la razón social Ramírez & Barrero, constituido en agosto de 2018. Ramírez figura como representante legal y accionista, con una participación del 30%, y la empresa se dedica a la comercialización de alimentos preparados.

Las autoridades también identificaron dos inmuebles en Bogotá a nombre de Ramírez Barrero, que están bajo investigación para determinar si forman parte del patrimonio adquirido con recursos provenientes de actividades ilícitas.

Además, “Los Carboneros” estarían vinculados al cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, colaborando en el envío de cargamentos de clorhidrato de cocaína mediante avionetas privadas y pistas clandestinas en distintas regiones de Colombia hacia países de Centroamérica y los Estados Unidos.

Desde 2019, la Fiscalía General de la Nación ha mantenido bajo investigación a un grupo señalado por sus presuntas actividades ilícitas. Este colectivo ha sido identificado como parte de los denominados ‘narcos invisibles’, un término que hace referencia a la complejidad para rastrear sus operaciones y conexiones. Según informó la Fiscalía, las pesquisas se han extendido hacia el entorno de una destacada actriz, cuyas empresas podrían haber recibido ingresos de origen ilícito.

El ritmo de suba de precios de alimentos y bebidas se desaceleró en los días previos a las Fiestas de fin de año según el relevamiento de consultoras privadas y perfila un diciembre que terminaría con una inflación igual o levemente superior al 2,4% de noviembre, completando para todo 2024 un panorama de reducción en la tasa de inflación anual inferior al 120%, casi 100 puntos por debajo del 211% en el que cerró la inflación del año pasado.

Para eso será necesario conocer el último dato de inflación del Indec que se conocerá a mediados de enero. Con esa información en la mano, el equipo económico podría tomar una primera decisión relevante en su esquema monetario, que sería un retoque al esquema de devaluaciones mensuales del tipo de cambio oficial, desde 2% mensual hacia 1%, de forma tal de establecer un nuevo objetivo de nominalidad para los bienes, que representan la mayor parte de la canasta que contempla el Indec.

La pregunta que sobrevuela el mercado tras el 2,4% de noviembre -y que representó el IPC mensual más bajo en cuatro años y medio- tiene que ver con la estacionalidad de diciembre, que cada año implica una presión adicional sobre el sistema de precios. Los últimos datos actualizados por las consultoras dan cuenta de que el ritmo de subas fue menor al de una semana atrás pero no hay un consenso absoluto sobre si diciembre terminará con un IPC igual o algo más alto que noviembre.

Para Analytica, por caso, “durante la segunda semana de diciembre registramos una variación semanal del 0,5% en los precios de alimentos y bebidas. De esta forma, el promedio de cuatro semanas es de 3,0 por ciento”.

“Para el nivel general de precios proyectamos una suba mensual del 2,4% durante diciembre”, estimaron desde esa consultora. “Las categorías con mayor aumento en el promedio de las últimas cuatro semanas son: frutas (+8,0%), otros alimentos (+7,5%) que incluyen snack, salsas, etc. y aceites, grasas y mantecas (+6,6 por ciento). Por otro lado, los menores incrementos de la muestra se dan en café, té y yerba (+2,4%) y en lácteos (+1,9 por ciento). Por otro lado, se registran bajas en los precios de pescados y mariscos (-0,2%) y de las verduras (-8,9%), algo propio de la estacionalidad”, explicó la consultora.

Por su lado, Equilibra planteó que según sus números la inflación semanal fue de 0,3% y detectó también que la inflación núcleo -es decir, excluyendo precios estacionales o regulados- se mantiene en 3 por ciento. Con esa información proyectó que el último IPC del año terminaría en torno de 2,7 por ciento. Los alimentos y bebidas, para esta consultora, tuvieron una suba de 0,5% liderado por carnes (1%), azúcar y golosinas (0,6%), pan y cereales (0,4 por ciento).

En tanto, LCG, que también tiene un seguimiento semanal de alimentos y bebidas, se diferenció del resto e identificó un aceleración: fue un 0,3% de subas que compensaron la caída nominal de 0,3% general que habían detectado la semana anterior. “La suba promedio mensual se ubica en 2,2% y en la medición punta a punta cae a 1,1% de las últimas 4 semanas. En lo que va del mes acumula una variación del 1%”, indicaron. A diferencia de las otras consultoras, no realizó una proyección de IPC general a partir de estos datos

Otra medición esperada en el mercado es la de Price Stats, que fundó Alberto Cavallo, hijo del ex ministro de Economía, y que fue una de las que registró de manera anticipada la caída del IPC de los últimos dos meses, por debajo del 3 por ciento. Si bien en noviembre había hecho referencia a una aceleración respecto a octubre -y el IPC terminó siendo menor al del mes anterior-, el viernes pasado actualizó su relevamiento e indicó: “La inflación mensual en Argentina se mantiene estable. Al 20 de diciembre, alcanzó el 2,9% según las mediciones de PriceStats, levemente por encima del mes anterior”, concluyó.

Con el IPC de diciembre la inflación anual terminará bien por debajo de la que tuvo el 2023, que fue de 211,4 por ciento. Diciembre del año pasado, por el salto inflacionario post devaluación, tuvo un IPC de 25,5%, por lo que la base de comparación de los próximos meses -enero, febrero y marzo- serán de una baja considerable en la inflación interanual si se mantuviera el ritmo actual. Eco Go le puso números a esa noción: “A partir de ahora, la comparación interanual empieza a mostrar sus frutos y es esperable el ojo de la narrativa pase a estar puesto ahí. En términos de inflación, el 193% de inflación interanual de octubre, se reduce a 167% en noviembre y a 119% en diciembre. En marzo, con nuestra proyección de desinflación, el aumento interanual se derrite al 54% y a mediados de año cae al 37%”, ejemplificaron.

El equipo económico señaló en distintas ocasiones que un dato favorable de inflación en diciembre dará paso a un crawling peg más lento. El centro de estudios Ieral leyó que el momento de esa medida pondrá presión sobre la estructura de costos de empresas, por un peso que se hará más fuerte en un contexto de una moneda cercana como el real en caída. “De cara a 2025, y pensando en una meta implícita de inflación de entre 20% y 25 %, las empresas seguirán expuestas a una severa disciplina. Una tasa de devaluación que desacelere del 2 al 1% mensual y un aumento sostenido de las importaciones obliga a cuidar los costos en dólares. Las negociaciones con trabajadores y proveedores no serán fáciles”, consideraron.

Por su parte, la consultora Epyca, al analizar el balance del primer año de Milei en términos de inflación, destacó que hubo una “consecuente leve mejora de los ingresos” y que con eso alcanzó para “una reducción de la pobreza, pero no será suficiente solo la reducción de los precios para bajar de máximos históricos de pobreza”. “Mejoras genuinas y sostenibles en los ingresos (y mayor caída de la pobreza, claro) se logran con crecimiento económico sostenido, eso que en Argentina no ocurre desde hace más de una década”.

La segunda subasta de bienes incautados a organizaciones criminales en la provincia de Santa Fe recaudó más de 700 millones de pesos. Se remataron joyas, casas y vehículo de alta gama en un evento que contó con la participación de más de 3.700 personas de todo el país, a excepción de La Rioja, y fue coordinado por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

Los fondos obtenidos se destinarán a resarcir a las víctimas de delitos y a apoyar instituciones de bien público, en línea con las políticas públicas que buscan debilitar las estructuras logísticas y económicas de las agrupaciones delictivas, destacaron desde el gobierno conducido por Maximiliano Pullaro.

Entre los bienes subastados se destacaron 41 vehículos, entre los que se incluyeron autos de lujo, motos y una lancha. Los tres lotes de joyas ofertados, compuestos por dijes, cadenitas, aros y anillos de oro con piedras preciosas, recaudaron un total de $39.700.000. Entre los vehículos que generaron mayor interés, se destacaron del lote 3, un BMW X6 vendido por $36.000.000; otro BMW X6 del lote 23, también vendido por $36.000.000; y un Volkswagen Golf GTI del lote 33, que alcanzó los $38.000.000. Además, la lancha, una Fibrafort con motor Yamaha VMAX 150, se subastó por $40.000.000.

Dos inmuebles ubicados en las localidades de Funes y Roldán también formaron parte de la puja. La propiedad en Funes, con un terreno de 501 metros cuadrados y una superficie edificada de 403 metros cuadrados, comenzó con un valor base de $25.000.000 y terminó vendiéndose por $91.000.000. La casa en Roldán, con un terreno de 398 metros cuadrados y 183 metros cuadrados construidos, se remató por $50.500.000. Ambas propiedades cuentan con piscina.

Además de estos bienes de alto valor, también se ofrecieron otros autos de menor precio y ciclomotores con valores que partían desde los $350.000, lo que permitió la participación de una amplia gama de postores interesados. Al respecto, previo al evento se había resaltado que la subasta iniciaría con precios significativamente más bajos que el valor de mercado, entre un 30% y un 40%, con el fin de atraer a un gran número de compradores dispuestos a pujar.

El gobernador Pullaro destacó la importancia de este tipo de eventos como parte de una estrategia integral para desmantelar las estructuras criminales que afectan a la provincia. “Para nosotros esto es una política pública muy importante, porque entendimos que es fundamental tener una administración ágil de los recursos incautados en los galpones de Aprad”, afirmó.

Pullaro subrayó que el objetivo central de estas acciones es debilitar a los delincuentes, privándolos de los recursos necesarios para seguir operando. “Los delincuentes en la provincia de Santa Fe no deben tener la capacidad logística ni los recursos suficientes para seguir operando. Sacarles los recursos y los bienes significa golpear a las organizaciones criminales en el corazón”, expresó.

Además, el mandatario provincial hizo hincapié en que esta subasta forma parte de un conjunto de políticas públicas más amplias que buscan devolver la tranquilidad a la provincia y garantizar que los ciudadanos puedan vivir en paz. “Queremos una provincia que se despierte y viva en paz; trabajamos muchísimo para que los ciudadanos de bien, las personas que quieren estudiar, trabajar y vivir tranquilas, puedan hacerlo”, destacó.

Por último, Pullaro agradeció a los presentes por confiar en la provincia y subrayó la importancia de demostrar que el Estado es más fuerte que las organizaciones criminales. “Acá no hay un Estado bobo, hay un Estado inteligente que persigue a los delincuentes, los mete presos, los juzga con condenas ejemplares, pero que además les incauta y subasta sus bienes para que esos recursos vayan a resarcir a sus víctimas o a instituciones de bien público”, concluyó.

En la primera subasta, la recaudación había sido de medio millón de dólares.

El Gobierno de Santa Fe volverá a subastar bienes que fueron incautados y decomisados a bandas narco en diferentes procedimientos. Será el próximo 11 de septiembre en la Estación Belgrano de la capital provincial, donde se rematarán 41 vehículos, tres lotes de joyas, dos inmuebles y una lancha.

En 2013 estalló en Rosario una guerra narco tras el homicidio de Claudio “Pájaro” Cantero, líder de Los Monos, que elevó la cifra de homicidios. El aumento, también vinculado a la pelea por el territorio, disputado por bandas dedicadas al narcomenudeo. Por años, Santa Fe tuvo la tasa de homicidios más alta de Argentina, pese a que los principales jefes de las bandas, entre ellos Ariel “Guille” Cantero, Esteban Alvarado y Julio “El Peruano” Rodríguez Granthon, habían sido encarcelados, al igual que las segundas y terceras líneas.

Desde prisión, los líderes continuaron manejando los hilos de sus organizaciones. Las altas sumas de dinero producto de la actividad ilegal les permitió a adquirir diversos bienes muebles e inmuebles, a través de maniobras de lavado de dinero y testaferros, que fueron incautados en diversos operativos.

El año 2022 marcó un récord de asesinatos y balaceras. Ese número comenzó a ceder cuando, en diciembre de 2023, el gobierno provincial junto a la Nación decidieron ejecutar un programa dentro de las prisiones que implicó la restitución de los pabellones de alto perfil, requisas y un estricto control de las visitas y llamadas. Al mismo tiempo, se instauró un sistema que permite rematar los bienes decomisados.

Este segundo remate es coordinado por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) y los interesados en participar deberán inscribirse en el sitio web oficial de la provincia, donde se pueden encontrar la descripción y valores de los objetos. La inscripción está abierta a todo el país hasta la medianoche del 4 de septiembre.

Los precios parecen ser bajos: fuentes oficiales aseguran que los bienes comenzarán la puja con un valor de entre un 30% y un 40% menos del precio de mercado.

Entre los bienes subastados hay un Volkswagen Scirocco 2.0 TSI por $13.000.000, una moto Kawasaki Nija ZX - 6R a $11.000.000, una lancha Fibrafort con motor Yamaha VMAX 150 a $25.000.000, un Jeep Willys de 1947 a $5.000.000, un todoterreno CAN-AM R Spyder F3 a $16.000.000 y una Honda CRF 1000 L a $15.000.000.

Por otro lado, la casa ubicada en Funes, que tiene un terreno de 501m2 y una superficie edificada de 403m2, comienza la puja con $25.000.000. La residencia de Roldán, cuenta con 398m2 y 183m2 edificados. Ambas propiedades cuentan con piscina.

En cuanto a los lotes de joyas, se pueden encontrar dijes, cadenitas, aros y anillos de oro y piedras preciosas. Los tres lotes fueron fijados con un valor inicial de $6.000.000

Por último, entre los bienes ofrecidos hay autos de menor valor y ciclomotores desde 350 mil pesos.

Antes de la subasta, los lotes serán exhibidos en Estación Belgrano el 10 de septiembre en el horario de 10 a 18; y el 11 de septiembre de 10 a 13.

Las fuentes explicaron que el comprador tiene que llevar en efectivo la comisión del martillero, que es el 10% del valor de lo adquirido, con un tope de $500.000, y el 10% de seña (máximo, $100.000). Luego, en 10 días hábiles, deben completar el saldo del precio por transferencia bancaria, tras lo cual se hace un acta de subasta, se entrega el bien y el comprador realiza el trámite al Registro de la Propiedad.

Sobre la subasta, el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza resaltó que Santa Fe “es la única provincia de la República Argentina que tiene una agencia que le puede quitar los bienes a los delincuentes y rematarlos en subastas públicas para debilitar sus estructuras criminales”.

Y agregó: “Desde el inicio de la gestión, el gobernador Maximiliano Pullaro nos pidió que rápidamente hagamos esto para poder, obviamente, debilitar a las organizaciones criminales en su poder económico, que es donde más les duele”.

Asimismo, explicó que la inscripción para participar es obligatoria “porque nosotros, día por día, hacemos el cruzamiento de datos de las personas que se van inscribiendo con el Ministerio de Seguridad para poder identificar que no tengan vinculación con las organizaciones criminales a las cuales le quitamos los bienes”.

El funcionario subrayó la importancia de que “quienes compren los vehículos, tanto automóviles como motocicletas, van a tener una nueva chapa patente”.

Y siguió: “Esto lo hacemos para que quien lo compre no tenga una vinculación con la organización criminal a la cual nosotros le quitamos los bienes, y de esta manera nacen de cero los dominios de estos vehículos”.

En cuanto a las dos casas que se ofrecen indicó que “no tienen riesgo porque ya hace muchos años que están en posesión de la provincia de Santa Fe, y para también tratar de que el título sea limpio para las personas que compren estos inmuebles, lo que hicimos fue hacer un trámite en el Registro de la Propiedad de Inmuebles, que es un trámite que no existe en el resto de las provincias de Argentina, que es bloquear el dominio en la propiedad de quienes eran los dueños anteriores”.

Finalmente, el secretario de Gestión de Registros expresó: “En la primera hora de inscripción ya tuvimos 100 inscriptos de seis provincias diferentes, lo que realmente es positivo porque las subastas de Santa Fe generan confianza y queremos que así sea”.

Por su parte, el subsecretario de Aprad, Hernán Matich, destacó la importancia de esta segunda edición. “(Es) aún mayor que la subasta que realizamos en la ciudad de Rosario”, dijo y adelantó que habrá una tercera y una cuarta versión.

Las deudas son comunes y suelen ser motivo de preocupación, ya que en caso de no pagar una deuda que se tenga con alguna entidad financiera se puede caer en el embargo de bienes.

Un embargo puede ser entendido como la incautación de los bienes de una persona para satisfacer una deuda tributaria. Cabe mencionar que existen algunos bienes que no se pueden embargar.

Existen distintas deudas que pueden llevar a un proceso de embargo, además de que en México existen dos tipos de este proceso, uno es el embargo preventivo, que es cuando no se despoja de los bienes al deudor, pero no puede hacer uso libremente de estos ni venderlos, ya que la finalidad en este caso es que se pague la deuda; el segundo es el embargo ejecutivo, que es cuando la autoridad judicial o fiscal ordena la retención de los bienes para proceder a un remate, para con ello, saldar la deuda.

De acuerdo con el portal del Gobierno de México, los bienes que no se pueden embargar son los siguientes:

- El lecho cotidiano, los vestidos del deudor y de sus familias

- El derecho de usufructo

- Las pensiones de cualquier tipo

- Los ejidos

- Las pensiones de cualquier tipo

- Los muebles de uso indispensable del deudor y de sus familiares no siendo de lujo a juicio del ejecutor

- Los libros, instrumentos, útiles y mobiliario indispensable para el ejercicio de la profesión, arte y oficio a que se dedique el deudor

- Las armas, vehículos y caballos que los militares en servicio deban usar conforme a las leyes.

- Los granos, mientras éstos no hayan sido cosechados, pero no los derechos sobre las siembras.

- Los derechos de uso o de habitación

- Las pensiones de cualquier tipo

- Los ejidos

- La maquinaria, enseres y semovientes de las negociaciones cuando sean necesarios para su actividad ordinaria.

- Los sueldos y salarios

- Los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro, conforme a lo establecido en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro

¿Cómo salir de un embargo?

Un embargo puede ser una situación complicada, pero hay pasos que pueden tomarse para intentar salir de esta situación:

- Revisar la Documentación: examina cuidadosamente los documentos relacionados con el embargo para entender el motivo y la cantidad adeudada.

- Negociación con el Acreedor: ponte en contacto con el acreedor para negociar un plan de pago o una reducción de la deuda. En algunos casos, los acreedores pueden estar dispuestos a llegar a un acuerdo.

- Asesoría Legal: consulta con un abogado especializado en derecho financiero o concursal. Un profesional puede ofrecerte la mejor estrategia legal y ayudarte con las negociaciones.

- Plan de Pagos: proponer un plan de pagos que sea realista y sostenible, demostrando tu intención de liquidar la deuda.

- Recursos Judiciales: dependiendo del tipo de embargo y su origen, podría ser posible impugnar el embargo en los tribunales. Un abogado puede orientarte sobre este proceso.

- Conciliación: participar en programas de conciliación ofrecidos por organismos gubernamentales o instituciones financieras.

- Reestructuración Financiera: analiza tu situación financiera general y considera opciones como la reestructuración de deuda, consolidación de deudas o incluso la bancarrota, si es aplicable a tu país y situación.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha respondido a un informe de la Contraloría que reveló irregularidades por 28.000 millones de pesos, incluyendo falta de pagos, desaparición de inmuebles y uso indebido de predios, de acuerdo con información recopilada por el periódico colombiano, El Tiempo.

Este informe de la Contraloría, basado en un inventario de bienes al 31 de diciembre, ha generado reacciones de parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, del actual jefe de la SAE, Daniel Rojas, y del exjefe de la entidad Andrés Ávila, quien trabajó bajo el gobierno de Iván Duque.

El informe de la Contraloría encontró 20 hallazgos fiscales, cuatro de ellos con posible implicación penal, 30 con alcances disciplinarios, dos que requerirían procesos administrativos y uno con impacto distinto.

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En respuesta, la SAE destacó que, respecto al hallazgo de 16.000 millones de pesos por ocupaciones irregulares, la situación ha mejorado, bajando de 47.7% a 45.4% de bienes en ocupación irregular gracias a la gestión de Daniel Rojas y su equipo.

La entidad informó que en 2022 se emitieron 174 órdenes de desalojo, 176 en 2023 y 188 en lo que va del año actual. Sin embargo, aún no se han podido ejecutar 15.031 desalojos restantes debido a los altos costos y la necesidad de personal.

La SAE también indicó que ha incrementado la facturación por arrendamientos de 53.000 millones de pesos en mayo de 2023 a 61.000 millones en mayo de 2024. Los problemas relacionados con la cartera de arrendamiento, pagos de administración y servicios públicos son herencias de administraciones anteriores que se están resolviendo.

En relación con la venta de 15 caballos por debajo del precio real, la SAE explicó que este hecho, ocurrido bajo el gobierno de Iván Duque, resultó en un detrimento de 99 millones de pesos.

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En cuanto a la pérdida de 69 relojes valorados en 1.300 millones de pesos, la administración de Rojas ha solicitado ser incluida como víctima en el proceso en curso en la Fiscalía.

Respecto a 31 taxis perdidos, la SAE aclaró que esto se debe a un contrato de arrendamiento firmado por la administración anterior con un tercero, quien se negó a devolver los vehículos al finalizar el contrato. Actualmente, se están tomando acciones administrativas y judiciales para recuperarlos, y un juez ya ha ordenado la restitución de los mismos.

Finalmente, sobre la gestión de Daniel Rojas, la SAE destacó la creación de la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento, y el aumento de la planta de personal de 588 a 927 funcionarios, lo que llevó al cambio de edificio a unas instalaciones más cercanas al centro de Bogotá. Esta reestructuración forma parte de las instrucciones del presidente Gustavo Petro para mejorar la administración de los bienes incautados a la mafia y combatir la corrupción dentro de la entidad.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian) anunció una nueva subasta de mercancías aprehendidas, decomisadas y/o declaradas en abandono, que tiene como fin asegurar mayores recursos para la Nación y que sirvan para fortalecer y mejorar la atención a la ciudadanía.

La entidad nacional precisó que el objetivo que tendrá el encuentro será que cualquier persona pueda participar y compre los bienes de su interés, siguiendo los principios de transparencia y asequibilidad. Para ello, la Dian contará con la plataforma digital El Martillo, del Banco Popular, como aliado comercial, herramienta en que se canalizan las ofertas.

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La nueva subasta de la Dian será del 26 al 28 de junio, y se incluirá una gran variedad de mercancías en diferentes rangos de precios. Directamente en El Martillo los interesados podrán observar el catálogo y conocer las características de la mercancía que estará en la subasta, así como los términos y condiciones para ofertar de manera fácil y segura.

Es importante señalar que, la plataforma recibirá ofertas desde las 8:30 a. m. del miércoles 26 de junio hasta las 2:30 p. m. del viernes 28 de junio. Los interesados en participar, deben primero registrarse con su información básica de contacto en: https://www.elmartillo.com.co/inicio.

El sistema validará con preguntas de seguridad su registro. Deberá asegurarse de contar con una cuenta corriente y/o de ahorros, de cualquier entidad bancaría del país que esté habilitada para hacer pagos por PSE. Si ya está registrado, simplemente entre con su usuario y contraseña.

Posteriormente, revise el catálogo e identifique la mercancía de su interés. Allí, podrá encontrar información como: ubicación, número de lote, precio base, especificaciones, condiciones generales y especiales para comprarla. Igualmente, podrá saber si el bien de su interés está en exhibición y los datos del lugar para que pueda verlo.

El día de la subasta debe entrar a la página https://www.elmartillo.com.co/inicio, con su usuario y contraseña, y hacer clic en ‘Sala de subastas virtuales’. Una vez allí, debe hacer el depósito virtual en el botón de Pagos Seguros en Línea PSE, que encontrará en el menú ‘Mi Cuenta - Constituye tu depósito’.

Luego de que el pago sea aprobado por su entidad bancaria, encontrará el depósito en el enlace de ‘Mi Cuenta - Consulte sus pagos PSE’ y, de igual forma, este aparecerá en la ‘Sala de subastas virtuales’.

Ya en la ‘Sala de subastas virtuales’ elija el lote por el cual va a ofertar, escoja el depósito virtual que va a usar con un clic en la casilla ‘Utilizar’ (solo para la primera oferta debe elegir un depósito, para las siguientes ofertas del lote no es necesario). “El sistema le indicará la oferta y el margen mínimo de mejora para entrar en la puja y quedarse con la mercancía”, precisó la Dian.

La plataforma identifica el lote por el que está ofertando con la palabra ‘Ganando’, y en caso de que alguien supere su oferta, aparecerá la palabra ‘Perdiendo’. Lo anterior, le da la oportunidad de mejorar la oferta.

Tenga presente que cada lote cuenta con un cronómetro que indica el tiempo que falta para el cierre de la subasta. “Por esta razón, le recomendamos estar pendiente de este hasta que quede claro que ya no se reciben más ofertas”, sumó la dirección.

Una vez finalice la subasta, la plataforma determinará quién tiene la mejor oferta y enviará el acta de adjudicación vía correo electrónico al ganador, quien deberá depositar el saldo de la mercancía dentro de los cuatro días hábiles siguientes, ya sea con un pago virtual o una consignación a ‘Depósito para Remate’, en cualquier oficina del Banco Popular.

Finalmente, las personas que participaron y que no ganaron la subasta, se les devolverá el monto a la cuenta bancaria de la que se originó el pago. “Ningún funcionario del Banco Popular, de la Dian u otro tercero está autorizado para pedirle dinero. No se deje engañar”, precisó la dirección.

Washington, 30 may (EFECOM).- El déficit de Estados Unidos en su comercio internacional de bienes creció un 7,7 % en abril con respecto a marzo y llegó a los 99.400 millones de dólares, la cifra más alta en casi dos años, según informó este jueves el Departamento de Comercio.

El saldo negativo superó los cálculos de los analistas, que esperaban para abril un déficit de 91.800 millones de dólares, y muestra que los consumidores estadounidenses mantienen robusto su apetito por bienes importados.

El Gobierno estadounidense ha indicado que, el mes pasado, las importaciones de bienes subieron un 3,1 %, a un valor de 269.300 millones de dólares, en gran parte por las compras de vehículos, que aumentaron un 10,4 %.

Mientras tanto, las exportaciones subieron un 0,5 %, a un valor de 169.900 millones de dólares, en un mes en el que las ventas de bienes de consumo crecieron un 5,4 %, las de otros bienes un 4,4 %, las de vehículos un 3,6 % y las de bienes de capital un 3,5 %.

Por otra parte, las exportaciones de alimentos, raciones y bebidas bajaron un 6,6 %; y las de suministros industriales disminuyeron un 3,2 %, de acuerdo con el informe. EFECOM

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