Un grupo de 99 estudiantes hondureños enfrenta el riesgo de abandonar sus especialidades médicas en Cuba tras la cancelación del convenio de Becas 2020, lo que provocó un incremento drástico en los costos de matrícula y residencia, montos que ahora deben pagarse en dólares estadounidenses.

La crisis comenzó tras la firma de un nuevo acuerdo en 2024 entre la entonces ministra de Salud y la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, lo que dejó sin respaldo financiero a quienes iniciaron sus estudios bajo el plan de Becas 2020.

Los estudiantes señalan que, al estar excluidos del nuevo esquema, han quedado dependiendo únicamente del apoyo económico familiar; muchas familias han tenido que recurrir a préstamos para cumplir con los pagos exigidos por la universidad cubana.

Algunos de los estudiantes aseguran que se han dirigido a autoridades hondureñas, incluyendo reuniones con el expresidente Manuel Zelaya Rosales, donde se comprometieron a realizar un censo de afectados, pero sin que ello se tradujera en un apoyo financiero concreto ni en la restitución de sus condiciones iniciales de beca.

En medio de esta incertidumbre, varios de estos médicos en formación advierten que, si no reciben pronto una respuesta oficial, tendrán que interrumpir sus residencias, truncando años de preparación académica y esfuerzo de sus familias.

Los estudiantes afectados denuncian que la suspensión repentina del convenio original, que cubría matrícula y manutención a bajo costo, representa no solo un retroceso académico, sino una carga financiera inesperada.

Detallan que, con la nueva administración, el pago pasó a ser en dólares estadounidenses y las cuotas periódicas aumentaron considerablemente, superando la capacidad económica de numerosos hogares hondureños. La necesidad de pagar montos elevados en USD obliga a las familias a contraer deudas y enfrentar un futuro incierto.

Actualmente, más de 150 alumnos continúan beneficiados por el convenio gestionado por las Secretarías de Salud y de Desarrollo Social, mientras que los 99 que partieron bajo el esquema de Becas 2020 quedaron excluidos y sin una alternativa propuesta por las autoridades.

Desde finales de 2024 y durante 2025, los estudiantes buscaron apoyo institucional, incluyendo reuniones con el titular de la Secretaría de Desarrollo Social. Presentaron solicitudes formales para la revisión de su caso, con el objetivo de garantizar el derecho a terminar sus especialidades.

Subrayan que, pese a un encuentro con el expresidente Zelaya Rosales en Casa Presidencial, donde se les pidió entregar un listado con los datos de los afectados, la única medida tomada fue un censo que no generó resultados prácticos

La problemática que atraviesan estos 99 médicos en formación es más grave ante la carencia de personal especializado en Honduras. Los estudiantes destacan que su permanencia y retorno son esenciales para ocupar vacantes en áreas prioritarias como anestesiología, radiología, ortopedia y diferentes especialidades clínicas y quirúrgicas en hospitales públicos.

“Estamos en un punto en que no sabemos si abandonar la residencia porque ya no tenemos cómo costearla”, manifiestan, señalando que los nuevos pagos en dólares representan una traba insostenible.

Alertan que, si se ven forzados a volver sin completar la especialidad, no solo se perderían años de estudio, sino que se frustraría la posibilidad de aportar al fortalecimiento del sistema sanitario hondureño.

Reiteran su compromiso de regresar a Honduras tras finalizar sus estudios, aunque aclaran que la posibilidad de mantener sus trayectorias académicas, e incluso de permanecer en Cuba, depende de una intervención estatal que alivie la presión financiera.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el reglamento del contrato formativo, que no podrá retribuirse por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y que busca “modernizar el tejido empresarial español y retener el talento para mejorar la productividad”, según indicó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una rueda de prensa tras concluir la reunión del Ejecutivo.

Díaz, que hizo un llamamiento a las empresas para que hagan uso de este contrato formativo, defendió que este desarrollo reglamentario -al que mandataba la última reforma laboral- llega para erradicar las “prácticas abusivas” que se producen en materia de formación en España: “Se acabó estar poniendo cafés o que se pague con propinas. Se acabó sustituir trabajadores y trabajadoras”, señaló.

La ministra de Trabajo ha afirmado además que con este desarrollo reglamentario se da “un paso cualitativo más” tras la aprobación del Estatuto del Becario en octubre, para hacer frente al uso fraudulento de los becarios como trabajadores. Así, el Real Decreto para los contratos formativos, que implica un desarrollo reglamentario del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores sobre estos contratos, supondrá la creación de dos modalidades: formación en alternancia y obtención de la práctica profesional.

Cuál es la diferencia entre ambos contratos

Según ha explicado la vicepresidenta segunda durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el contrato de formación en alternancia se aplicará a aquellas personas que se están formando y parte de su aprendizaje se hace en empresas, mientras que los contratos de obtención de la práctica profesional son las conocidas como prácticas en una empresa e implican una formación habilitante al acabar la formación.

“El contrato en alternancia es el que más se quiere en Europa, es el que permite modernizar el tejido productivo”, ha aseverado la ministra de Trabajo, que ha recalcado que con esta norma el contrato no podrá retribuirse por debajo del salario mínimo, que actualmente es de 1.184 euros mensuales en 14 pagas o 16.576 euros anuales.

Los contratos de formación en alternancia buscan compatibilizar la actividad laboral retribuida con los procesos formativos, mientras que el contrato de prácticas profesionales será para adquirir experiencia en el ámbito en el cual la persona trabajadora ha obtenido un título universitario o de un título o certificado de grado C, D o E del sistema de formación profesional consecutivamente a la obtención de dicho título.

Características y límites del contrato formativo

El Real Decreto aprobado este martes limita a tres el número máximo de contratos formativos vigentes en simultaneo en las empresas de hasta diez trabajadores y en siete para los centros de trabajo de entre 11 y 30 empleados. Para las compañías con una plantilla entre 31 y 50 trabajadores, el máximo número de este tipo de convenio será de diez, mientras que los centros que superen los 51 empleados se limita al 20% de la plantilla.

Según la normativa, las personas en formación laboral tienen derecho a un programa formativo individual, que será elaborado en el marco de los convenios de cooperación suscritos con las empresas por los servicios públicos de empleo competentes, las autoridades educativas de Formación Profesional, las universidades, los centros universitarios o del Sistema de Formación Profesional o las entidades y los centros acreditados o inscritos.

Los trabajadores dentro del Sistema Nacional de Empleo no podrán superar los 30 años, mientras que el tiempo efectivo de trabajo no podrá ser superior al 75% de la jornada máxima prevista en el convenio colectivo (o de la jornada máxima legal) durante su primer año de contrato ni al 85% durante el segundo, sin posibilidad de hacer horas extra, trabajo nocturno o a turnos.

Por parte de las empresas, deberán suscribir convenios de colaboración para poder celebrar contratos de formación -así como el plan formativo individual- y cada persona podrá tutorizar en al empresa a un máximo de cinco personas con este contrato de manera simultanea o a tres si se trata de un centro de trabajo con menos de 30 empleados. Además, la duración del contrato no podrá ser inferior a tres meses ni superior a un año y deberá garantizar la compatibilidad con la vida académica.

El Hospital Garrahan consolidó un importante avance en materia salarial para su personal al implementar un aumento del 61% en la asignación básica destinado a empleados de planta, contratados bajo empleo público, becarios y residentes con Beca Institución.

Este incremento, que se hará efectivo de manera retroactiva a octubre, se suma a los bonos mensuales fijos que desde septiembre reciben los trabajadores: $350.000 para el personal no asistencial y $450.000 para el personal asistencial.

“Es un aumento salarial histórico”, definieron las autoridades del Hospital pediátrico.

Con este anuncio, el gobierno busca dejar atrás el conflicto que se originó meses atrás con los gremios que reclamaban una recomposición salarial.

La protesta incluyó huelgas, movilizaciones y muestras de respaldo de diversos referentes sociales y académicos.

Según se informó, la administración del Garrahan, que desde el 10 de diciembre de 2023 inició una etapa orientada a la transparencia y la eficiencia, aceleró este proceso en 2025, logrando financiar los bonos y el aumento salarial con recursos propios, sin comprometer la sostenibilidad de la institución.

El hospital ya dispone de los fondos necesarios para adelantar el pago del aumento, mientras se aguarda la llegada de los recursos provenientes del Gobierno Nacional.

La dirección del hospital subrayó que la eficiencia administrativa ha sido clave para fortalecer la atención y el reconocimiento al trabajo de los equipos médicos, de enfermería, técnicos y administrativos. En este sentido, se destacó que, incluso en contextos adversos en los que el hospital fue objeto de disputas políticas que afectaron al personal, los trabajadores mantuvieron su compromiso y garantizaron la atención y la salud de los niños.

El Garrahan reafirma así su crecimiento institucional, demostrando que la gestión responsable y eficiente permite valorar el trabajo y obtener resultados tangibles. “Así funciona una administración ordenada: la plata alcanza, el trabajo se valora y los resultados se ven”, enfatizó la administración, al tiempo que remarcó que el mérito y el esfuerzo recuperan su sentido en la vida del hospital.

Presión gremial

El viernes pasado el conflicto en el Hospital Garrahan escaló cuando trabajadores de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) ocuparon las oficinas centrales de la dirección médica durante seis horas, en respuesta a los descuentos salariales aplicados por días de paro.

La protesta, que se extendió desde el mediodía hasta las 18, buscó presionar a las autoridades para que restituyeran los haberes descontados a enfermeras, instrumentadoras y docentes del jardín maternal, según informó la organización gremial a través de un comunicado.

La permanencia en la dirección fue acompañada por un reclamo explícito de diálogo con las autoridades del hospital, encabezadas por el director Mariano Pirozzo y el Consejo de Administración.

Los manifestantes, representados por la APyT, denunciaron que los descuentos alcanzaron cifras de entre $300.000 y $500.000 por ejercer el derecho a huelga, afectando especialmente a trabajadoras que, según el delegado de la Junta Interna ATE Hospital Garrahan, Alejandro Lipcovich, “no llegan a fin de mes”.

Lipcovich sostuvo a Infobae que “el personal afectado abarca a madres solteras que no pueden pagar el alquiler, mientras ellos usufructúan personalmente millones de pesos para sus ingresos, designan contratados como asesores que ganan $3,4 millones y hambrean al personal. La crisis del Garrahan no solo está lejos de resolverse, sino que se profundiza. Exigimos que las autoridades nos reciban, que no lo están haciendo, y que den marcha atrás con estos descuentos criminales”.

La APyT, en su comunicado, calificó a la conducción del hospital como “enemigos del Garrahan y las infancias” y los acusó de actuar como “un interventor político, autoritario y prepotente”.

Además, la organización gremial denunció que el actual Consejo de Administración fue designado “a dedo” con el objetivo de “ocultar millonarios recursos propios que generamos las y los trabajadores para destinarlos a un Fondo de Inversión”, y repudió la aplicación de descuentos a quienes “defienden el Hospital Garrahan”.

El texto exhortó: “Se tienen que ir porque cada minuto que pasa y están al frente del hospital, las infancias y el equipo de salud estamos peor”, convocando a la participación en la toma de la dirección en reclamo de la restitución de los haberes y la apertura de un canal de diálogo.

El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes en primera vuelta el anteproyecto de ley del Estatuto del Becario, una norma muy esperada que aspira a poner coto a los abusos en las prácticas y mejorar la protección de miles de jóvenes en formación. Aunque aún deberá superar un recorrido parlamentario complejo, la iniciativa reactivará un debate abierto desde 2023 marcado por las tensiones dentro del propio Gobierno y el rechazo empresarial.

El texto, pactado inicialmente por el Ministerio de Trabajo con CCOO y UGT, busca reducir la precariedad, limitar el uso fraudulento de becarios y garantizar que las prácticas tengan un claro fin formativo. Entre las principales medidas destacan la eliminación de las prácticas extracurriculares, la compensación de gastos para quienes no reciben remuneración y un sistema sancionador específico, según han confirmado a EFE fuentes del Ministerio de Trabajo tras adelantarlo El País.

El Ejecutivo espera que esta aprobación inicial sirva para desbloquear un proyecto que ha encallado durante casi dos años. Aun así, el futuro legislativo es incierto: las dudas de varios socios parlamentarios y el actual contexto político anticipan un trámite complejo.

Qué cambia para los estudiantes

El anteproyecto establece la desaparición de las prácticas extracurriculares, modalidad que no forma parte del plan de estudios y donde se concentran buena parte de los abusos detectados. A partir de su entrada en vigor, las empresas solo podrán acoger becarios mediante convenios curriculares vinculados a universidades o centros de FP, lo que asegura que la formación prevalezca sobre la actividad productiva.

La norma fija un máximo de 480 horas por estudiante y prevé que todos los becarios, remunerados o no, estén dados de alta en la Seguridad Social. Esta última medida ya es obligatoria desde enero de 2024 y computa para la pensión futura.

También se introduce la obligación de compensar los gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención cuando no exista retribución. La intención es que ningún estudiante asuma costes para poder realizar prácticas.

Además, quienes estén en prácticas tendrán derecho a vacaciones, pausas, zonas de descanso y acceso a servicios comunes, en condiciones equiparables al resto de la plantilla. El horario deberá ajustarse a los límites de descanso y no se permitirán turnos nocturnos salvo casos excepcionales justificados por el plan formativo.

Tutoría obligatoria y límites en el número de becarios contratados

El texto incluye la obligación de contar con un tutor por cada estudiante, con un máximo de cinco becarios por tutor, o tres en el caso de compañías con menos de 30 empleados. El objetivo es garantizar una supervisión real y un aprendizaje efectivo.

Asimismo, se limita la presencia de becarios en las empresas a un máximo del 20% de la plantilla, aunque se permitirá que cualquier compañía pueda contar al menos con dos personas en prácticas. De este modo, se busca evitar que las becas sustituyan puestos estructurales.

Implicaciones para las empresas

Las empresas estarán obligadas a cubrir los gastos de los estudiantes no remunerados y a incorporarles al sistema de Seguridad Social, aunque disfrutarán de bonificaciones del 95% en las cuotas por contingencias comunes, medida que ya está vigente. Se prevé además un régimen sancionador específico con multas altas para casos graves de uso fraudulento.

El tejido empresarial y las universidades han expresado en distintos momentos su preocupación por el coste y la gestión administrativa de estas obligaciones. Las patronales no respaldaron el acuerdo de 2023 y los rectores han pedido que los gastos no recaigan sobre las instituciones educativas.

Un calendario incierto y un debate político abierto

Aunque la aprobación en Consejo de Ministros desbloquea el proceso, el Estatuto necesitará una segunda vuelta en el gabinete y, después, superar su paso por el Parlamento, lo que no parece fácil para el Gobierno, sobre todo tras el distanciamiento de algunos socios como Junts que le deja sin una mayoría clara para sacarlo adelante.

El Ministerio de Trabajo defiende desde hace tiempo la urgencia de esta regulación para evitar que las prácticas se conviertan en una vía de precarización laboral de los jóvenes. Los sindicatos comparten el diagnóstico y reclaman su implementación cuanto antes, señalando que la falta de regulación ha permitido abusos sistemáticos.

A partir de este martes, el Estatuto inicia oficialmente su camino institucional. Su aprobación final dependerá de la capacidad del Gobierno para asegurar apoyos y de la negociación con agentes sociales y grupos parlamentarios.

María tuvo su primer contacto con el mundo del periodismo en el verano de 2023. Estudiante de Periodismo en la Universidad de Complutense, la joven decidió poner en práctica lo que había aprendido hasta ahora en su universidad: por eso volvió a la ciudad donde había nacido, Soria, para conocer de cerca el ámbito local. Allí, firmó el convenio con un periódico en el que hizo prácticas a lo largo de los dos meses.

Hacía de todo: cubrir eventos, escribir sobre varias actividades de los diferentes pueblos de la zona y publicar en varias secciones. Dice que aprendió mucho a lo largo de estos meses, y su experiencia habría sido verdaderamente enriquecedora si no fuera por un pequeño factor que le ha dejado mal sabor de boca: no le pagaron. “Yo sabía desde un primer momento que (las prácticas) eran no remuneradas, pero obviamente no te sientes bien en esta posición”, comenta María a Infobae España.

En el caso de María, se trataba de prácticas extracurriculares, es decir, la universidad no las exigía como parte de su formación, sino que ella decidió hacerlas por su cuenta para enriquecer sus conocimientos. Hacía jornadas de siete horas, pero al final del mes no recibía nada. “Se nota un montón cuando no recibes nada a cambio”, cuenta la joven. “Tampoco intentaron justificarse”.

El caso de Miguel (nombre ficticio, ya que sigue trabajando en la misma empresa), es diferente y, a la vez, muy parecido al de María. Este verano, empezó sus prácticas curriculares como parte obligatoria de su formación en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid. Utilizó la propia plataforma de la universidad, pensando que eso le garantizaría más seguridad a la hora de incorporarse en el lugar de trabajo, y firmó el convenio con una start-up que lleva dos años funcionando.

Es el único becario en el equipo. Su trabajo es telemático y, por contrato, tiene que estar conectado entre 2 y 3 horas al día. Sin embargo, según afirma Miguel, este horario es flexible “hasta cierto punto”: “Se me exige hacer tareas que no dan tiempo a hacer en 2 o 3 horas, se acuerdan reuniones sin confirmarme si a mí me pueden venir bien o no en función de si le va bien a cierta gente de la entidad”.

Las prácticas de Miguel tampoco son remuneradas. Su empresa sí que ha buscado una forma de justificarse, “alegando que ninguno de los de los otros seis miembros cobran, algo que yo personalmente no sé hasta qué punto creérmelo o no”, explica el estudiante. “Se supone que cada uno de ellos tiene otro trabajo del que obtienen sus beneficios”. Miguel comenta que, dado que se trata de una empresa muy joven, de momento no han empezado a recibir retribuciones.

Ambos estudiantes, de acuerdo con El Real Decreto-ley 5/2023, están dados de alta en la Seguridad Social, una condición que entró en vigor el 1 de enero de 2024. Sin embargo, ninguno considera que se encuentre en una situación justa.

La situación de los becarios en España

Casi un millón de jóvenes han estado de alta en la Seguridad Social en 2024 por sus prácticas no remuneradas, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La ley empezó a proteger al colectivo estudiantil que hace prácticas no remuneradas tan solo a partir del 1 de enero de 2024, con el Real Decreto-ley 5/2023. Hasta entonces, esta obligación solo existía para las empresas que ofrecían prácticas remuneradas.

Este cambio en la ley es vital, dado que estar dado de alta en la Seguridad Social no solo garantiza que los jóvenes estudiantes podrán cotizar de cara a su futura pensión de jubilación, sino que también estarán protegidos durante el desempeño de sus prácticas, por ejemplo, en caso de accidentes.

“Supone una extensión de derechos para los más jóvenes, fundamentalmente. Son el futuro del sistema y deben formar parte de él desde el inicio de su carrera laboral,” comentó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, al respecto.

El Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, define dos tipos principales de prácticas: curriculares y extracurriculares.

Las prácticas curriculares se definen como “actividades académicas integrantes del Plan de Estudios de que se trate”, mientras que las extracurriculares “son aquellas que los estudiantes podrán realizar con carácter voluntario durante su periodo de formación y que, aun teniendo los mismos fines que las prácticas curriculares, no forman parte del correspondiente Plan de Estudios”.

En ningún caso existe obligación de remuneración por parte de la empresa, un aspecto que preocupa cada vez más a las instituciones que protegen los derechos de los estudiantes. El tema tiene tantas repercusiones a nivel social, que recientemente ha llegado incluso al Parlamento Europeo. “Me gustaría que empezase a ser obligatorio remunerarlas, aunque sea lo mínimo que pueda ofrecer la empresa”, comenta María.

La respuesta del Parlamento Europeo

El 1 de octubre, el Parlamento Europeo publicó su informe sobre una propuesta de directiva de la Comisión Europea que busca mejorar las condiciones laborales de los becarios y evitar abusos en el ámbito laboral.

La directiva busca prohibir las prácticas no remuneradas. Este tema, que ha sido objeto de discusión en varias ocasiones, como la Conferencia sobre el Futuro de Europa en 2022, pondría fin a historias como las de María y Miguel, y las de cientos de estudiantes han pasado por situaciones parecidas.

En palabras de Miguel, “no es todo un proceso de aprendizaje”, sino que los becarios, una vez incorporados en la empresa, cumplen por lo menos con una parte de las tareas que hacen el resto de sus compañeros.

La nueva directiva tiene como principal objetivo establecer una definición común de “prácticas” en toda la Unión Europea, ofreciendo una serie de medidas comunes que “no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, pero, debido a su escala y efectos, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión”.

Además, la directiva busca fijar normas mínimas para mejorar las condiciones laborales de las personas en prácticas, incluyendo aspectos como la remuneración, la protección social, y la transparencia.

Otro objetivo es evitar abusos, como usar prácticas para evitar pagar sueldos o derechos laborales, así como establecer una serie de mecanismos de control, inspección y reclamación, que actuarán para prevenir situaciones de discriminación laboral.

Las prácticas que duran más de seis meses tendrán que ser justificadas y se introducirán otras medidas con el fin de evitar el “uso de relaciones laborales estándar disfrazadas de prácticas”, es decir, evitar situaciones como la de Miguel: “Hacemos las tareas que hacen los compañeros que están contratados, no de prácticas, y claro, pues o no cobramos o cobramos mucho menos”.

Limitaciones de la directiva

La nueva directiva va a ofrecer más seguridad a los estudiantes, pero también refleja una serie de limitaciones y problemáticas.

Un aspecto importante es que, de momento, la remuneración tan solo sería obligatoria en el caso de las prácticas extracurriculares, ya que estas no forman parte del plan de estudio obligatorio para el estudiante. También quedarán excluidos los aprendizajes profesionales.

A pesar de que la directiva tiene como objetivo ofrecer protección y más derechos a los becarios, es importante tener en cuenta que este cambio en la legislación va a requerir de mucho trabajo de parte de las empresas y las autoridades nacionales. Entre las tareas, estarán la redacción de contratos, hacer inspecciones y recoger datos: varios pasos que harán que la directiva tarde para entrar en vigor.

Además, las nuevas condiciones podrían afectar a la oferta de prácticas, pues las reglas más estrictas probablemente reducirán las ofertas si los empleadores consideran la contratación de becarios una operación costosa.

En esta situación de inseguridad laboral, Miguel y María afirman que independientemente de la directiva, ellos no volverían a hacer prácticas no remuneradas. “Espero que el tema se regularice, porque si no, en su gran mayoría es explotación laboral”, afirma Miguel firmemente. “No voy a volver a trabajar sin que me paguen”, concluye María.

Queda esperar para ver si la nueva directiva conseguirá mantener un control más firme sobre el tratamiento de los becarios en sus empresas, así como si su trabajo será remunerado.

"La directiva, desde la propuesta inicial de la Comisión, ha sido profundamente devaluada. No hay controles para evitar que los becarios sean falsos becarios, no hay instrumentos que permitan poner coto a las prácticas que no se producen vía contratos laborales", criticó a su llegada a la reunión de ministros de Empleo de la Unión Europea que se celebra hoy en Luxemburgo.

"Incluso parece que se excluyen definitivamente de la protección las prácticas que se dan en el marco de las políticas de empleo y que se dan en algunas fórmulas del sistema educativo", agregó.

La Comisión Europea presentó en marzo de 2024 un proyecto de directiva que pretendía garantizar que las prácticas no se utilicen para camuflar puestos de trabajo regulares y que los becarios tengan las mismas condiciones que los empleados, incluido el pago, salvo que el trato diferenciado esté justificado por razones objetivas.

Para aprobar la directiva de manera definitiva, los Estados miembros y el Parlamento Europeo deben alcanzar un acuerdo, pero antes, tanto los países como la Eurocámara tienen que fijar su posición para esas negociaciones.

Este jueves, los ministros de Empleo aspiran a acordar su postura para las posteriores conversaciones con el Parlamento Europeo a partir de la propuesta de compromiso que presenta la presidencia polaca del Consejo de la UE.

"Compartiendo la necesidad de que la Unión Europea camine a favor de una regulación común de las prácticas, no podemos compartir que se haga de esta manera. Por lo tanto, España, desafortunadamente, a pesar de que apoyó desde el inicio la necesidad de esta regulación, votará hoy en contra", dijo Pérez Rey.

No obstante, reconoció que se espera que el acuerdo de los países sobre la directiva de prácticas se logre hoy, pese al rechazo de España.

"Ha habido evidentemente movimientos en las últimas horas. Todo hace suponer que la presidencia (polaca) tiene una mayoría", comentó.

Aun así, declaró creer que habrá "otros países que se sumen al rechazo de España".

"Algunos por motivos distintos a los nuestros. Otros por considerar que la directiva no soluciona el problema real de los falsos becarios", expuso.

El secretario de Estado de Trabajo afirmó que hay "más de tres millones de personas que hacen prácticas en el conjunto de Europa" y que "un millón y medio de ellas lo hacen sin remunerar".

"De ellas muchas están completamente disconformes con cómo se producen estas prácticas. Entienden que son elementos que no contribuyen a su formación y que consisten en una degradación, en una precariedad de sus condiciones de trabajo", comunicó.

"Por eso la posición de España ante la propuesta de directiva que va a hacer la presidencia (polaca del Consejo de la UE) no puede ser, lamentablemente a favor", incidió, si bien recalcó que es "necesario" e "imprescindible" una regulación de las prácticas en el conjunto de Europa porque "muchas veces son precarias" y "utilizan las necesidades formativas de los jóvenes para ahondar en esa precariedad y no consiguen en la práctica una formación de calidad". EFECOM

Madrid, 28 ene (EFE).- Uno de los juzgados madrileños que investiga presuntas coacciones de la Policía Nacional a los becarios mexicanos del musical Malinche de Nacho Cano ha citado como investigados a dos de los agentes que participaron en el atestado contra el productor musical y en los interrogatorios a los jóvenes.

Uno de estos agentes ya declaró el pasado 8 de enero como testigo en otra causa, la principal de los diferentes procesos que derivan de la investigación a Nacho Cano que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid contra él y tres directivas de Malinche por presuntos delitos contra los inmigrantes y los trabajadores.

Además de esa causa principal, otro juzgado investiga presuntas amenazas a directivos de Malinche de la de la becaria que denunció a Cano y varios juzgados dirimen sobre las denuncias interpuestas por 16 becarios del musical contra la Policía por presuntas coacciones y falsedad documental cuando fueron interrogados en el marco de la investigación policial que llevó a la detención del productor en julio de 2024.

Ahora uno de estos juzgados -el de Instrucción número 38 de Madrid que investiga la denuncia de una de las becarias- ha citado como investigados para el 27 de febrero a dos agentes relacionados con el atestado que llevó a la detención de Nacho y al interrogatorio de los becarios.

Uno de los agentes es el que fue secretario del atestado contra Nacho Cano, y que junto con un compañero declaró como testigo ante la magistrada de la causa principal. Ante ella declaró que se ratificaba en lo expuesto y sostuvo que los becarios del musical Malinche tenían una relación laboral con la empresa, negando que los agentes fueran presionados para actuar contra el productor musical.

Fuentes de la defensa han explicado a EFE que ahora el magistrado del Juzgado de Instrucción 38 "llama a declarar en calidad de investigados a dos de los policías que instruyeron el atestado en el que presuntamente se coaccionó, amedrentó y se vulneraron los derechos fundamentales de los becarios mexicanos que se formaban en España para posteriormente, ser integrantes del musical 'Malinche' que se estrenará el día 28 de marzo en México".

Se trata del juzgado que ha avanzado más en la investigación de las denuncias de los becarios, que recayeron en varios juzgados que trataron de inhibirse en favor del de Instrucción 19 -el de la causa principal- o del 14, que es el que más denuncias ha recibido. Actualmente está en marcha lo que se denomina una cuestión de competencia para dirimir si uno solo asume todas las denuncias contra la Policía.

Las fuentes han añadido que hay imágenes en las que se ve claramente la actitud intimidatoria de uno de los agentes llamado a declarar como investigado.

Nacho Cano declaró el pasado 13 de enero ante la magistrada que le investiga que no conocía los detalles sobre la contratación de becarios para el musical Malinche, ya que él dirige la parte artística y esas labores competen a otras personas de su equipo, en las que confía. EFE

Madrid, 12 ene (EFE).- El productor musical Nacho Cano declarará este lunes ante la jueza que le investiga por presuntas irregularidades en relación con los becarios mexicanos del musical Malinche casi seis meses después de que fuera detenido como consecuencia de la denuncia que interpuso una de las jóvenes artistas.

Nacho Cano defenderá su inocencia ante la magistrada Inmaculada Iglesias y rebatirá lo denunciado por una becaria del musical, quien asegura que los directivos de Malinche trajeron a 17 becarios de México a Madrid aleccionándoles para que dijeran en frontera que eran turistas, les pagaron como becarios pero rindieron como trabajadores, con largas jornadas laborales y otras irregularidades.

La defensa del artista explica a EFE que por fin podrá defender ante la jueza la verdad, que, a su juicio, es que los jóvenes mexicanos, que vinieron a formarse a Madrid para luego poder representar el musical en su país, disfrutaron de una beca durante varios meses, cumpliendo las leyes.

Sí ve irregularidades en cambio en la actuación de la Policía al detenerle a él e interrogar a todos los jóvenes con coacciones y seguimientos ilícitos.

"Está encantado de prestar declaración. Es totalmente inaudito que no lo haya hecho tras casi seis meses desde el inicio de la causa", ha afirmado el letrado José Luis González, del bufete de Cremades que defiende a los directivos de Malinche investigados.

La jueza citó en diciembre para este lunes a los cuatro investigados desde julio, que son Nacho Cano, Susana Jové, Roxana Gabriela García y Cristina Carmiñe, pero estas dos últimas han solicitado no acudir: García porque está en México y solicita declarar mediante comisión rogatoria, y Carmiñe porque está de baja médica, según adelantaron a EFE fuentes de la defensa.

No obstante ambas quieren declarar en cuanto les sea posible, según las fuentes.

Nacho Cano fue detenido el 9 de julio de 2024 por la Policía Nacional acusado de delitos contra los derechos de los trabajadores y de favorecimiento de la inmigración irregular, como consecuencia de la denuncia que interpuso Lesly Guadalupe.

Luego quedó en libertad y cargó duramente contra los agentes de la comisaria en la que fue detenido.

El día 30 de julio la titular del Juzgado de Instrucción número 19, en el que recayó el proceso, abrió el procedimiento penal al ver indicios de posibles delitos contra los ciudadanos extranjeros y contra los trabajadores, y encargó una serie de diligencias, como un informe a la Inspección de Trabajo sobre la contratación y la condiciones de los becarios mexicanos.

Este informe descartó que existan evidencias de que las prácticas que hacían implicaran "una relación laboral encubierta", ya que "han estado dirigidas a completar la formación teórica".

Concluyó que los 17 becados realizaron practicas no laborales en la empresa Malinche The Musical Spain S.L., "ya que no se ha podido constatar su prestación de servicios retribuidos por cuenta ajena a la empresa, ni la ocupación de un puesto de trabajo que la empresa necesite cubrir con personal asalariado".

En noviembre declaró la becaria denunciante, Lesly Guadalupe Ochoa, quien ratificó lo que contó ante la Policía y aseguró que la echaron de la beca porque se quejó y vio algo "inapropiado", y le ofrecieron dinero si se callaba. Negó, como denunciaron los letrados de Malinche, que ella hubiera pedido dinero bajo amenazas.

Los letrados de Nacho Cano solicitaron el archivo de la causa pero la jueza lo denegó varias veces, y ya en diciembre acordó seguir con la causa y llamar a declarar para enero a los investigados y a testigos.

Lo hizo en un auto en el que explicó que no había citado antes a Nacho Cano para evitar "la pena de banquillo", ya que faltaban por practicar "diligencias necesarias e imprescindibles", y que ya sí era el momento porque eran lo propios investigados los que pedían declarar.

Los letrados del productor musical han criticado duramente la instrucción de la jueza, a la que denunciaron por presuntos delitos de prevaricación y retraso malicioso en la administración de Justicia, al favorecer a la denunciante y en cambio perjudicar a los investigados, en un caso que consideran político y que se repartió irregularmente al juzgado.

Pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó la denuncia argumentando que no cumple los requisitos legales y además no se aprecia que la magistrada haya incurrido en irregularidades al instruir la causa.

El pasado jueves la magistrada imputó en la causa a dos personas que iban a declarar como testigos: David Hatchwell, productor ejecutivo del musical Malinche y administrador del hotel en el que se quedaban los becarios, y Javier Alfonso Muñoz, director de la escuela Jana Producciones. EFE

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a la empresa del productor Nacho Cano a indemnizar con casi 12.000 euros a uno de los artistas del musical 'Malinche' al que se despidió de forma improcedente en el año 2023.

La sentencia del TSJM, a la que ha tenido acceso Europa Press, explica que el demandante, llamado Aitor Antruejo, estuvo trabajando para 'Malinche' desde el 1 de agosto de 2022, poco antes de su estreno el 15 de septiembre del mismo año. Posteriormente, el 25 de abril de 2023, la productora le comunicó al artista la extinción de su contrato por "disminución voluntaria y continuada" de su rendimiento de trabajo.

Según el documento jurídico, la empresa de Nacho Cano reconoció que se trataba de un despido improcedente y rechazan el intento de la productora de aplicar un convenio distinto al de actores de la Comunidad de Madrid al que se acogió en el momento de la firma del contrato el demandante.

La nueva sentencia se apoya en una resolución anterior que ya condenó a la productora de Nacho Cano por despido improcedente, pese a que alegaban que la indemnización del artista contratado debería corresponder al Convenio Colectivo del Sector de Profesionales de la danza, circo y variedades y folklores y no al convenio de actores y actrices.

El convenio de actores y actrices obligaba a pagar cinco mensualidades de sueldo en caso de despido, cifrando en 11.882.95 euros la indemnización, mientras que el convenio que defendía la productora rozaba los 2.000 euros.

Nacho Cano está llamado a declarar como imputado el próximo 13 de enero en los Juzgados de Plaza Castilla de Madrid, para esclarecer si trajo a casi una veintena de becarios desde México para formarse y trabajar en su musical camuflados como turistas.

El policía responsable del atestado que se abrió tras la denuncia de la becaria mexicana trabajadora en el musical 'Malinche' al artista Nacho Cano y el secretario del atestado han declarado este miércoles 8 de enero que existía una relación y "explotación" laboral, mientras que los abogados de Cano han calificado el proceso penal como "esperpento".

"La declaración de los dos agentes de policía, del inspector y del secretario, ha sido contundente, han dicho que había una relación laboral, claramente. El debate jurídico es establecer si una relación de un becario es laboral o no es laboral. Eso lo aclaró el Real Decreto aprobado el 1 de enero del 2024. El becario es una relación similar a la laboral y por consiguiente genera unas condiciones y unos derechos laborales. Han declarado que las jornadas eran interminables, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, muchos días. Había explotación laboral y que probablemente el delito contra los extranjeros también se cumple por la violación de la frontera", ha explicado el letrado Alfredo Arrién, defensa de la denunciante Lesly Ochoa, en declaraciones a medios de comunicación a las puertas del juzgado de instrucción número 19 de plaza de Castilla de Madrid.

Precisamente, Arrién ha explicado que la declaración, que ha durado casi dos horas, ha sido "muy tensa" porque muchas las preguntas de la defensa de Cano "no han sido aceptadas" porque se formulaban de manera "muy agresiva" hacia los agentes de policía, llegando incluso a manifestar "amenaza y coacción terrible".

"Era bastante controvertido el día de hoy y sí que se necesitaban muchísimas explicaciones, sobre todo porque la inspección laboral ha sido confusa. Hoy nos lo ha aclarado. Ha sido porque no ha tenido acceso a todo lo que podía tener acceso y que hubiera podido determinar que efectivamente había una relación laboral. La inspección laboral solo fue un día y a raíz de eso no pudo determinar que había una relación laboral. Pero el instructor lo ha aclarado ahora", ha añadido el letrado.

"UN ESPERPENTO" DE PROCEDIMIENTO PENAL

Por su parte, José Luis González-Montes y Elena Fernández, abogados de Nacho Cano, han manifestado que el procedimiento penal es "un esperpento" y han reiterado que durante la declaración se ha "cercenado" su derecho de defensa al señalar sus preguntas como "impertinentes".

"Seguimos con el esperpento de procedimiento penal que estamos viviendo (...) El atestado policial está plagado de irregularidades. Ya se presentó en papel para alterar el reparto aleatorio que debe ser debido a través de Internet. Luego, el atestado en su contenido contiene todo tipo de irregularidades e inducciones a la existencia, que no hay, de indicios de delito. Primero, respecto de la entrada como estudiante de los becados, que ignora e invoca una normativa inexistente ya del año 2009. Se habla en todo momento de retribuciones salariales de empleados y trabajadores del musical 'Malinche' con mantenimiento permanente de trabajos en el musical, cosa que es absolutamente falsa, porque eran becarios en formación, que están desarrollando prácticas no laborales ajustados a los tiempos exactamente establecidos", ha detallado González-Montes.

Finalmente, la defensa de Cano, que ha asegurado en varias ocasiones que se trata de un "ataque injustificado", ha destacado que la jueza ha estado "muy activa en los interrogatorios", llegando a manifestar que ha sido "interrogatorio que en primera línea realiza la jueza como si se tratara de una acusación particular".

"Esto es un despropósito. Vamos a cerrar, vamos a conseguir el sobreseguimiento. Solo confiamos en las instancias superiores en la audiencia provincial, pero también decimos, cuando cerremos este procedimiento vamos a ir hasta el final contra todos y cada uno de los que han participado en este ataque injustificado, porque no hay ni un solo indicio de delito ni irregularidad en este procedimiento, no lo vamos a consentir", ha concluido González-Montes.

La jueza Inmaculada Iglesias Sánchez ha citado para declarar este 9 de enero, en esta misma condición, al representante legal de la Fundación Arte Que Alimenta, al administrador del hotel en el que se alojaron los becarios del musical, al consejero y administrador de la escuela Jana Producciones y a una representante de la Fundación Casa de México en España.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/sociedad/937722/1/policia-dice-becarios-nacho-cano-estaban-explotados-abogados-hablan-esperpento

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

Jóvenes Construyendo el Futuro forma parte de los programas del Bienestar operados por las autoridades gubernamentales desde la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Para el año 2025, el programa tendrá un nuevo periodo de inscripciones, mismo que ya fue confirmado por las autoridades, así como el monto que será entregado a las personas beneficiarias.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Baruch Bolaños López dio a conocer algunos detalles sobre la operación de Jóvenes Construyendo el Futuro en el 2025, así como la fecha en que se podrán incorporar nuevas personas interesadas que tengan entre 18 y 29 años y no estudien o trabajen.

“Los centros de trabajo se comprometen a atender a los jóvenes, a brindarles espacios para la realización de su capacitación, además de las herramientas, todo ello sin ningún costo, además, justamente de acompañarlos a través de un tutor que les vaya dando sus conocimientos y esta experiencia laboral. A la fecha, son cerca de 600 mil centros de trabajo los que han participado, de los cuales, 98 por ciento son del sector privado“, mencionó.

¿Cuánto paga “Jóvenes construyendo el futuro” y cuándo abre la nueva fecha de registro para becarios?

De acuerdo con el titular de la STPS, el monto mensual que se otorga a las personas beneficiarias del programa ha ido aumentando año con año, a la par que lo hace el salario mínimo. De esa forma, para el año 2025, el apoyo mensual constará de MXN 8 mil 480, lo que implica una inversión de 24 mil millones de pesos.

Al respecto, el funcionario reiteró que el depósito del dinero de las personas beneficiarias se realiza el día 28 de cada mes. El pago solamente se realiza a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Por otro lado, el secretario adelantó que el próximo periodo de inscripción para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro se abrirá el martes 1 de abril de 2025 y contará con dos modalidades de inscripción.

La primera modalidad es a través de la página web oficial jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, en donde también se podrá consultar el listado con las opciones de capacitación disponibles.

En segundo lugar se encuentra la inscripción a través de las más de 4 mil oficinas móviles. En dicho caso, la calendarización y ubicación de estas oficinas móviles pueden ser consultadas a través de las redes oficiales, así como también en la página del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

La titular del juzgado de instrucción número 19 de Madrid, la magistrada María Inmaculada Iglesias Sánchez, ha citado a declarar como investigado al cantante y productor Nacho Cano, así como a los otros tres miembros de su equipo, por el caso de los becarios del musical 'Malinche'.

Según el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada no fija una fecha para la comparecencia, aunque avisa de que será en la "fecha más próxima" que el Juzgado permita.

Así, Cano está siendo investigado por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros por presuntamente contratar a becarios mexicanos en su musical 'Malinche', aunque el juzgado también ha citado a los policías que realizaron la investigación y a los que Cano acusó de tratarle, según él, como a un "delincuente".

Precisamente, el juzgado de instrucción número 19 ha desestimado las peticiones de la defensa del integrante de Mecano, para después explicar que su defensa ha aportado reiteradamente "múltiples escritos" que no "contribuyen" a resolver el presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y un delito contra los derechos de los trabajadores.

"Respecto a la petición de sobreseimiento libre [solicitada por la defensa, teniendo en cuenta que el objeto de este procedimiento es investigar si los hechos denunciados son constitutivos de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y un delito contra los derechos de los trabajadores, no se analizaran las cuestiones que reiteradamente se plantean en los múltiples escritos que está presentando la representación de los investigados desde el inicio del procedimiento, las cuales han sido resueltas por resoluciones que han sido recurridas. Tampoco se hará referencia alguna a los hechos imputados a los Funcionarios de la policía Nacional que son objeto de procedimientos seguidos en otros juzgados de instrucción de Madrid", resuelve.

Además, la juezga también ha desestimado la petición del equipo de Cano de expulsar a Comisiones Obreras (CC.OO.) como acusación popular en el procedimiento, asegurando que "no han cambiado las circunstancias que se tuvieron en cuenta en el auto que acordó tenerla por personada". "Parte en un procedimiento en el que se está investigando un presunto delito contra los derechos de los trabajadores", ha añadido.

Madrid, 10 dic (EFE).- La magistrada que investiga al productor musical, Nacho Cano por un presunto delito contra los trabajadores y contra los ciudadanos extranjeros ha decidido seguir adelante con la causa y ha acordado una batería de declaraciones, entre ellas la del artista y la de varias personas que trabajaron para él como becarios.

La titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid ha dictado un auto en el que rechaza archivar el caso al ver necesario practicar una serie de diligencias solicitadas por la Fiscalía "con el fin de determinar si los hechos investigados revisten o no apariencia de delito".

Entre esas diligencias figura la declaración en calidad de investigado de Nacho Cano, a quien no ha citado antes para evitar "la pena de banquillo"; ahora lo acuerda porque son los propios investigados quienes lo solicitan.

A falta de fijar la fecha de su declaración, la magistrada acuerda la citación de Nacho Cano y de otras tres integrantes del musical 'Malinche' investigados. También cita como testigos a varios policías o al consejero y administrador de la escuela Jana Producciones, entre otros, y como testigos perjudicados a tres becarios de Nacho Cano que actualmente están en México. EFE

Nacho Cano ha defendido ante la jueza que delegó la gestión de las becas de una veintena de jóvenes mexicanos que le ha llevado al banquillo. El artista ha declarado que él sólo es el “director artístico” del musical Malinche, por lo que no se encargaba de esos trámites. No obstante, ha defendido que no hubo “ninguna irregularidad” en el proyecto formativo, según informan fuentes jurídicas presentes en la declaración.

El productor del musical Malinche ha declarado durante dos horas y media en un interrogatorio en el que ha respondido a algunas preguntas de la jueza, además de a la Fiscalía y sus abogados. Cano ha cargado contra la Policía Nacional por el atestado que acabó con su detención y que su defensa ha intentado impugnar en repetidas ocasiones. La tensión entre las partes ha sido notable, como viene siendo habitual en las sucesivas comparecencias de este caso.

La jueza le investiga por presuntos delitos de favorecimiento de la inmigración irregular y contra los derechos de los trabajadores. A raíz de la denuncia de Lesly, una de sus becarias, a la Policía, la magistrada indaga en las supuestas instrucciones para que se hicieran pasar por turistas en el puesto fronterizo y, una vez en España, utilizarles para ejercer funciones propias de los trabajadores del musical.

Carga contra Pedro Sánchez

Al término de su declaración y ante los periodistas, Nacho Cano ha cargado contra Pedro Sánchez, al que ha llamado “corrupto” y ha acusado de “ir” contra él a modo de “cortina de humo” de los casos de presunta corrupción que afectan al Gobierno y su entorno familiar. En esa misma línea, ha reiterado que este caso es producto de su amistad con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. “Mereces caer. Y mereces caer porque no tienes nada que no puedas comprar”, ha añadido.

Lesly también se ha presentado este lunes en los Juzgados de Plaza de Castilla porque, ha dicho, quería estar presente en Sala durante la declaración de Nacho Cano, pero “no ha sido posible”. Ante los periodistas, ha sostenido que el productor de Malinche no trajo a los becarios mexicanos a España “de manera legal” como debía haber hecho “un profesional”.

Este lunes también estaban citados a declarar otras tres responsables de Malinche investigadas, pero sólo ha comparecido una de ellas porque de las otras dos, una se encuentra en México y la otra ha excusado su presencia al estar de baja médica. Sí ha acudido Susana J., quien se encargaba de la atención de los becarios mexicanos durante su estancia en España y que, como ha hecho Nacho Cano, ha negado cualquier tipo de irregularidad y que mantuvieran una relación laboral encubierta con Malinche.

Los abogados del artista y de las otras tres responsables de Malinche investigadas han calificado el procedimiento como un “esperpento” y llegaron a denunciar a la jueza instructora, la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, por prevaricación y otros delitos contra sus derechos fundamentales.

La jueza instructora sumó recientemente dos nuevos imputados a la causa, concretamente el productor ejecutivo de Malinche y administrador de la cadena de hoteles que dio hospedaje a los becarios, David H.; y al director de la Escuela Jana Producciones, Javier Alfonso M.

Los momentos de máxima tensión se vivieron durante el interrogatorio de los abogados de Nacho Cano, quienes han calificado el procedimiento contra el artista como un “esperpento” y denunciaron a la jueza Inmaculada Iglesias por un delito de prevaricación y contra su derecho fundamental de defensa.

La becaria mexicana compareció ante la jueza en calidad de testigo denunciante el pasado 12 de noviembre. Lesly ratificó el contenido de su denuncia ante la Policía Nacional y aseguró que fue “captada” en su país, México, por los responsables de Malinche. Una vez en España, fue expulsada dos semanas después de iniciar el proyecto. Ella mantiene que la apartaron por ver a Nacho Cano darse un beso, mientras que la productora reiteran que “no se adaptó” e incumplió la normativa del programa de becas.

Los abogados de Nacho Cano han calificado este procedimiento como un “esperpento” y han asegurado que se está “violando” reiteradamente su derecho de defensa, por lo que denunciaron a la jueza instructora por delitos de prevaricación y contra los derechos fundamentales. Asimismo, sostienen que hubo un “amaño” en el reparto en los juzgados del atestado policial, que a su juicio está “plagado de irregularidades”. Los policías responsables de ese atestado declararon este miércoles que los becarios eran “explotados” en el programa de formación.

A su salida del juzgado y ante los periodistas, Lesly entonó varias estrofas de la canción Lucha de gigantes, del compositor Antonio Vega, algo que repitió el pasado 12 de diciembre, cuando acudió a los Juzgados de Plaza de Castilla como imputada por un presunto chantaje a Nacho Cano y su equipo para no denunciarle.

Lesly permanece investigada por un delito de amenazas condicionales por pedir a Nacho Cano y los responsables de Malinche un pago de 6.000 euros para que no emprendiera acciones legales contra el productor tras verse expulsada del proyecto de becas.

Nuevos imputados

El caso que se sigue contra Nacho Cano en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid sigue su curso y este jueves ha incorporado a dos nuevos imputados, el productor ejecutivo de Malinche, David Hatchwell, y el director de la escuela Jana Producciones, Javier Alfonso Muñoz. Ambos estaban citados a declarar en calidad de testigos, pero durante la comparecencia, a petición de la fiscal, ha decidido cambiar su situación procesal a la de investigados, según informan fuentes del caso.

En declaraciones a los medios de comunicación, Hatchwell ha dicho que “es una verdadera vergüenza ver que una vez más este Gobierno corrupto y su entorno utilice la estrategia del fango para generar dudas sobre un caso que es meridianamente claro”. El entorno de Nacho Cano insiste en que se trata de una “causa política” y acusa a la jueza de “querer mantener este caso vivo durante más tiempo para intentar sembrar dudas” sobre la figura del artista.

También ha declarado como testigo una de las becarias del musical, quien ha negado irregularidades en el proyecto: “Todo ha sido en forma, todo ha sido legalmente bien empleado y todo está bien hecho”.

Será el próximo lunes, días 13 de enero, cuando declaren Nacho Cano y las otras dos responsables de Malinche imputadas al inicio del procedimiento.

Madrid, 14 nov (EFE).- Los abogados de Nacho Cano han denunciado a la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid por varios presuntos delitos contra los derechos fundamentales y por prevaricación en la causa que sigue contra el productor musical y otras tres personas por supuestos delitos contra los trabajadores y contra los extranjeros.

Según han confirmado a EFE fuentes de la defensa, ejercida por el despacho Cremades & Calvo Sotelo, la denuncia ha sido presentada en los juzgados de guardia de Plaza de Castilla a primera hora de esta tarde, poco después de las declaraciones que han tenido lugar esta mañana en la causa: la de la becaria del musical 'Malinche' que denunció a Nacho Cano, que ha ratificado los hechos, y la de una técnico de la Inspección de Trabajo que hizo un informe para la causa.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso EFE, los letrados de Nacho Cano y del equipo de 'Malinche' denuncian a la magistrada María Inmaculada Iglesias Sánchez "tras numerosas denuncias dentro del procedimiento judicial sobre la vulneración de los derechos fundamentales de esta defensa".

Así relatan la vulneración de varios delitos, como "el derecho al acceso a la totalidad de las actuaciones judiciales", ya que no ha sido hasta este jueves cuando se les ha autorizado el acceso al programa que se lo permite, cuatro meses después de haberlo solicitado.

Explican también que el atestado policial que dio pie a la causa llegó al Decanato de los Juzgados de Plaza de Castilla el 20 de julio de 2024 a las 09:55 horas y fue "repartido directamente a las 10:04 horas al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid", incoándose unas diligencias previas el 11 de julio y personándose esta parte el 15 de julio, todo lo cual vulnera el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.

Otras vulneraciones que relata la denuncia son la infracción de del principio de igualdad de armas procesales, ya que entienden que se les deniega cualquier tipo de petición en el procedimiento, cuando en cambio "ocurre exactamente lo contrario con el resto de las partes", explican a EFE fuentes de esta defensa, que detallan que este mismo jueves la magistrada ha mantenido un comportamiento "inaudito" al tratar de "desmontar" el informe oficial hecho por una técnico de la Inspección de Trabajo.

Recientemente Nacho Cano ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que ordene el archivo de la causa por un presunto delito contra los trabajadores y contra los extranjeros, ya que, a su juicio, no hay delito y, además, alega que se dan "todo tipo de irregularidades" ante las que pide amparo al órgano superior.

Paralelamente a la causa, otro juzgado de Plaza de Castilla ha citado para el 12 de diciembre como investigada a Lesly por un presunto delito de amenazas condicionales al equipo de 'Maliche', y varios juzgados tienen sobre la mesa denuncias presentadas por los otros becarios del musical contra la Policía por supuestas coacciones. EFE

La juez de Instrucción número 19 de Madrid ha citado el próximo jueves a la becaria mexicana que denunció a Nacho Cano a declarar en calidad de denunciante en la causa en la que se investiga al productor musical por la presunta comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores.

Estaba previsto que Lesly declarase el pasado 28 de octubre en este procedimiento que tiene su origen en una denuncia por la supuesta situación irregular en la que se encontraban trabajando una veintena estudiantes mexicanos en el musical 'Malinche'.

La comparecencia se suspendió al acudir la denunciante a la citación sin abogado. Tras tener una nueva representación letrada, Lesly ha sido citada a declarar para ratificar la denuncia, según ha detallado su nuevo abogado a Europa Press.

Nacho Cano fue detenido el 9 de julio como presunto autor de los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores.

Por otro lado, otro juzgado abrió recientemente diligencias previas contra Lesly por la presunta comisión de un delito de amenazas condicionadas al haber exigido a Nacho Cano supuestamente unos 6.000 euros para no emprender acciones legales contra él cuando fue expulsada del espectáculo musical.

Lesly Guadalupe O. está llamada a comparecer en este procedimiento judicial el próximo 12 de diciembre a las 12.00 horas en calidad de investigada.

Tres jóvenes que lograron estudiar una maestría en las mejores universidades del extranjero gracias a la Beca Generación del Bicentenario brindaron, en entrevista con la agencia de noticias Andina, seis tips para una buena preparación a fin de alcanzar la tan anhelada meta.

“Prepárate con al menos un año de anticipación. Consulta las bases de convocatorias anteriores para familiarizarte con los requisitos y entender el proceso de postulación. Realiza una autoevaluación del puntaje que podrías obtener según las bases previas, lo que te ayudará a identificar áreas de mejora“, sugiere Mauricio Ibáñez, estudiante de una maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Oxford, Inglaterra.

Por su parte, Alessandra Rodríguez, quien realizó una maestría en Planificación Urbana en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, recomienda revisar las resoluciones de estudiantes no admitidos en años anteriores para identificar errores comunes y evitarlos.

Anthony Torres, estudiante de una maestría en Ciencias de la Salud Pública en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, aconseja postular a varios programas de interés para aumentar las posibilidades de obtener una carta de aceptación de alguna institución extranjera, un requisito indispensable para acceder a la beca.

Consejos para ingresar a una universidad top mundial:

1. Ten una visión clara de tu objetivo profesional. Es importante que definas tus metas, el cómo tu experiencia profesional te ayudó a identificarlas, el cómo el programa de posgrado y universidad elegida contribuirá para alcanzarlas; y el plan de carrera posterior que seguirás. Puedes usar la metodología STAR (Situación, Tarea, Acción y Resultado) para resaltar tus logros profesionales; ello facilitará que identifiques de manera ordenada tus capacidades.

2. Conoce otras experiencias. Conversa con otros estudiantes del posgrado y universidad que elijas, esto ampliará tu visión de cómo será la carrera y los desafíos que se te presentarán.

3. Corrobora que cumplas con los requisitos. Cada institución de educación superior establece sus propios requisitos; por ello, es importante que indagues al respecto y postules de acuerdo a tu perfil. Trabaja en los requisitos que aún no cumples, para que puedas ser un candidato competitivo. Ciertos programas requieren que el estudiante haya pertenecido al quinto o décimo superior durante el pregrado, otros exigen un cierto nivel del dominio del idioma extranjero o cierta experiencia previa.

4. Potencia tu perfil profesional. Además de obtener buenas calificaciones durante tu pregrado, también puedes realizar actividades extracurriculares como voluntariado o ser parte de alguna asociación de estudiantes, etc. También son muy valoradas las experiencias previas en las áreas académicas, por ejemplo, si optas por un postgrado en investigación, puedes tener experiencias previas en laboratorios o incluso publicaciones científicas.

5. Ten un respaldo académico y profesional. Crea y mantén vínculos positivos con profesores o programa a los que postulas, así como de un jefe o superior en el ámbito laboral. Ellos podrán dar referencia de tus habilidades y compromisos a través de cartas de recomendación que te describan como el candidato idóneo para el posgrado que deseas estudiar.

6. Adquiere un buen nivel del idioma extranjero. Las universidades top del mundo exigen un alto dominio del idioma en el que se dictará el programa de estudio, por lo que debes de practicar mucho para conseguirlo. Verifica qué tipo de examen te conviene certificar en tu postulación y puedas planificar los tiempos en los que los rendirás, ya que tienen tiempo de vigencia.

7. Prepárate para el ensayo y entrevistas. Dedica tiempo para escribir un ensayo personal en el que valores tu historia, tu origen y experiencias de vida, así como tu interés en el programa. Las entrevistas son cruciales, porque demuestra tu desenvolvimiento y también habilidades blandas. Cada programa puede tener requerimientos especiales para la entrevista, puedes practicar con videos y tutoriales.

8. Postula con anticipación y sé paciente. Aplicar al programa de forma temprana ayudará a los evaluadores a contactarte, y si necesitaran alguna aclaración o corrección sobre tu postulación, podrás realizarla a tiempo. Recuerda que el proceso es largo y puede generar incertidumbre; por ello, es significativo confiar en tus habilidades y esperar. Recuerda, si la respuesta no es la que esperabas, ¡no te desanimes y sigue intentando!

Madrid, 29 oct (EFE).- Los letrados de Nacho Cano ejercerán acciones legales contra la becaria que le denunció por presuntos delitos contra los derechos de los extranjeros y de los trabajadores, al considerar que injurió al equipo del musical Malinche al decir que le ofrecieron 3.000 euros y un billete de vuelta a México para que no les denunciara.

Fuentes del despacho de Cremades & Calvo Sotelo, que representa a Nacho Cano y su equipo, han adelantado a EFE que en breve ejercerán acciones legales por la vía penal que están perfilando, previsiblemente una denuncia por injurias, contra Lesly Guadalupe O.F. por las declaraciones que hizo este lunes tras acudir a los juzgados de Plaza de Castilla.

Allí acudió porque la titular del Juzgado de Instrucción número 19 la llamó a declarar como perjudicada/denunciante, pero la declaración se suspendió porque la joven acudió sin abogado y la magistrada accedió a retrasarla hasta el día 14 para que encuentre a uno.

Al salir, Lesly explicó a la prensa que mantiene su versión, y aseguró que cuando Nacho Cano y el equipo de Malinche supieron que ella quería denunciarles por las condiciones en las que tenían a los becarios mexicanos le ofrecieron 3.000 euros "para firmar y que renunciara a la beca", precisando que no es cierto que ella pidiera dinero a nadie como chantaje, sino que se lo ofrecieron.

Ha asegurado que ella no aceptó nada ni firmó nada "por miedo", y que entonces los responsables de Malinche la "privaron de liberad", dejándola "encerrada en el hostal durante algunas horas".

Los letrados de Nacho Cano consideran que esas declaraciones, y otras que hizo después en otro medio en las que dijo que le habían ofrecido hasta 10.000 euros por volverse a México sin denunciar, son "rotundamente falsas" y suponen injurias.

Además precisan que la conversación que mantuvieron Lesly y varias personas de Malinche cuando se le comunicó que tenía que dejar la beca, debido a los desencuentros que tenía con el equipo, están grabadas y se aportarán al juzgado para demostrar que falta a la verdad.

El equipo de Nacho Cano reconoce que una vez rescindida la beca le ofrecieron hasta tres billetes de avión para que volviese a México, y luego, cuando la joven argumentó que dejar la beca le causaría un grave perjuicio y que necesitaba dinero, se le ofrecieron 3.000 euros "por deferencia, para compensar, no por lo que dijo".

Además del procedimiento central que sigue el Juzgado de Instrucción número 19 de Plaza de Castilla, actualmente estos abogados defensores mantienen abiertos varios procedimientos, que recayeron en diferentes juzgados, por las presuntas coacciones y trato inadecuado que recibieron los becarios del musical Malinche cuando fueron interrogados por la Policía.

También ha sido admitida a trámite en otro juzgado una denuncia contra Lesly por presuntas amenazas a miembros del equipo de Malinche. EFE

Los 17 becarios del musical Malinche han enviado una carta a la magistrada del juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, prestar declaración y "contar su verdad". La petición se produce tras la suspensión de la comparecencia de la denunciante y exbecaria de la producción musical, Lesly Ochoa, prevista para el pasado 4 de octubre, al alegar un cuadro de ansiedad.

El juez Antonio Serrano-Arnal, quien cubrió la ausencia por vacaciones de la juez titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, suspendió el pasado 28 de agosto la declaración de los 17 becarios. Esta comparecencia estaba prevista para el día siguiente, 29 de agosto. Los becarios regresaron a México el 1 de septiembre, tras finalizar su periodo de formación en España, sin haber podido declarar ante la Justicia.

En la carta, según han informado a Europa Press fuentes de la productora del musical de Nacho Cano, los becados mexicanos afirman estar "preocupados" ante la posibilidad de que "el retraso (en la declaración), sumado a otros intentos previos de prolongar el proceso, siga generando un perjuicio grave" a su "imagen, trabajo y estabilidad emocional".

"Nos parece paradójico que, siendo nosotros quienes hemos sufrido un ataque directo a nuestra reputación, tanto individual como colectiva, la denunciante continúe dilatando este procedimiento, evitando aclarar los hechos en el juzgado", han escrito en la carta enviada al juzgado.

Por ello, los estudiantes piden a la juez que "se conceda una fecha y hora para rendir legal declaración". Además, creen "que es fundamental que se brinde la oportunidad de ejercer" su "legítimo derecho a defenderse" y ofrecer su "versión de los hechos".

Los becarios de Malinche denunciaron a la Policía de la Comisaría de Leganitos el día 8 de julio. En esta denuncia, que investiga el juzgado número 38 de Madrid, manifestaron que "la Policía obtuvo sus declaraciones ilegalmente bajo amenazas y coacción", según la productora.

"Por tanto, los becarios no son víctimas de Nacho Cano, son víctimas de Lesly Ochoa y de una persecución política. La Policía de la Comisaría de Leganitos ha vulnerado sus derechos fundamentales y han obtenido whatsapps e información privada de forma ilícita. Estos agentes de Policía trataron de conseguir datos de forma ilegal y delictiva", ha añadido la productora musical.

Según se insiste desde Malinche, "a las chicas trataban de dirigirlas para obtener una acusación contra Nacho Cano por delitos contra la libertad sexual y a los chicos trataban de obtener datos para acusar a Nacho Cano de tratos vejatorios (como por ejemplo, someterles a dietas rigurosas)". En ambos casos, añaden desde la compañía, "no pudiendo obtener esas declaraciones, fabricaron los delitos de inmigración ilegal y contra los derechos de los trabajadores extranjeros".

Madrid, 21 oct (EFE).- Los becarios mexicanos del musical Malinche de Nacho Cano han pedido a la jueza que investiga al productor musical que les tome declaración cuanto antes, ya que el retraso en la investigación supone "un perjuicio grave" a su imagen, su trabajo y a su estabilidad emocional.

Esta petición, recogida en un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, se produce poco después de que la declaración de la denunciante que dio pie al proceso, Lesly Guadalupe O.F., se suspendiera el pasado 4 de octubre al alegar la joven que sufría un ataque de pánico.

La declaración de Lesly como denunciante/perjudicada en esta causa, por presuntos delitos contra los derechos de los extranjeros y de los trabajadores, iba a ser tanto la primera de la joven ante la jueza como la primera comparecencia relevante.

Hasta ahora no han declarado en el juzgado ni la denunciante, ni los tres investigados ni los becarios del musical, que se desvinculan de los hechos denunciados.

La denunciante publicó un vídeo en redes sociales en el que justificaba su actuación y aseguraba que tenía "miedo"; poco después su letrada, Beatriz Uriarte, renunció a representarla por discrepancias en la línea de defensa.

El juzgado la ha citado para el día 28 de octubre, y al ser denunciante/perjudicada no es necesario que acuda a la declaración con abogado ni procurador, han precisado a EFE fuentes jurídicas.

En este contexto, los becarios mexicanos de Malinche han enviado la carta al juzgado. Fueron llamados a declarar como testigos urgentemente a finales de agosto -antes de coger el vuelo de regreso a México al acabar su formación-, pero finalmente no lo hicieron porque no se consiguió citar a una de las investigadas.

"Nos preocupa que este retraso, sumado a otros intentos previos de prolongar el proceso, siga generando un perjuicio grave a nuestra imagen, nuestro trabajo y nuestra estabilidad emocional", han señalado los bailarines, que consideran "paradójico" que "la denunciante continúe dilatando este procedimiento".

Han recordado que "desde el inicio del caso" tanto ellos, como Nacho Cano y otros responsables del programa de becas se han puesto "en total disposición del juzgado para colaborar en el esclarecimiento de la verdad y limpiar" su nombre.

"Esta situación no solo afecta nuestra vida profesional, sino también nuestro bienestar integral, motivo por el cual solicitamos que se nos conceda una fecha y hora para rendir legal declaración, con el fin de que este proceso siga su curso, avance favorablemente y se llegue lo antes posible a una resolución justa", han añadido.

Estos jóvenes interpusieron denuncias ante diferentes juzgados en las que aseguraron que la Policía les tomó declaración sobre su situación en España "ilegalmente bajo amenazas y coacción", según ha destacado este lunes el equipo de comunicación de Malinche.

Estas denuncias se dirimen en varios juzgados, y la magistrada que investiga a Nacho Cano ha denegado resolver sobre las mismas, al entender que queda fuera de la causa que ella investiga.

Fue el pasado 30 de julio cuando el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid abrió un procedimiento penal contra el productor musical Nacho Cano y tres personas más por la supuesta contratación ilegal de inmigrantes para su espectáculo musical Malinche, a raíz de la denuncia de Lesly.

Recientemente la Inspección de Trabajo envió un informe al juzgado en el que descarta que existan evidencias de que las prácticas que hacían los becarios mexicanos del musical Malinche implicaran "una relación laboral encubierta", ya que "han estado dirigidas a completar la formación teórica". EFE

Nueva York, 16 oct (EFE).- La firma bursátil Jane Street, en la que el convicto 'niño prodigio' Sam Bankman-Fried comenzó su carrera profesional, ofrece puestos de trabajo para becarios sin experiencia de hasta 250.000 dólares anuales, casi 21.000 dólares al mes antes de impuestos.

Este es el salario base en las prácticas de un investigador cuantitativo, un vendedor, un ingeniero de software, de Linux y de Windows, que suelen durar varios meses durante el verano, normalmente de mayo hasta agosto o septiembre.

La empresa no exige experiencia en finanzas "ni en otro campo específico", aunque se tiene en cuenta la experiencia en investigación.

La remuneración baja en el caso de otras prácticas como las de ingenieros de mesa de operaciones o de estrategia y producto; en ambos puestos, Jane Street paga 175.000 dólares anuales.

Este salario es de los más altos que ofrecen las empresas a los becarios y hasta supera al de algunos puestos de alto nivel, como el del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, que cobra al año 190.000 dólares.

Jane Street fue la empresa en la que Sam Bankman-Fried, cofundador de FTX, dio sus primeros pasos profesionalmente; de hecho, durante su estancia en la compañía bursátil esta perdió 300 millones de dólares por el repunte del mercado de valores después de que Donald Trump ganara las elecciones de 2016.

Bankman fue condenado el pasado marzo a 25 años de prisión por cargos relacionados con fraude y lavado de dinero mientras trabajaba en FTX.

En la compañía también trabajó Caroline Ellison, expareja de Bankman y condenada a dos años de cárcel por su rol a la hora de defraudar a inversores y clientes de esta plataforma de criptomonedas antes de su quiebra. EFE

Madrid, 2 oct (EFE).- La Inspección de Trabajo española descarta que existan evidencias de que las prácticas que hacían los becarios mexicanos del musical Malinche, del productor Nacho Cano, implicaran "una relación laboral encubierta", ya que "han estado dirigidas a completar la formación teórica".

Así figura en el informe de la Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio del ramo y al que ha tenido acceso EFE, que se remitió al juzgado que investiga a Nacho Cano por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.

El informe detalla toda la investigación llevada a cabo desde que el día 27 de junio de 2024 los inspectores de Trabajo acudieron, a petición de la Policía Nacional, a la parroquia en la que ensayaban los becarios del espectáculo de Nacho Cano.

La Policía investigaba si, como denunció una de las becarias mexicanas del musical, hubo irregularidades en la manera en que esos jóvenes llegaron a España y trabajaron aquí, en un caso por el que el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid abrió a finales de julio un procedimiento penal contra Nacho Cano y tres personas más por la supuesta contratación ilegal de inmigrantes para su espectáculo.

La Inspección remitió su informe al juzgado el pasado día 25 y en él desgrana cómo se hizo esa inspección en la parroquia y cómo se identificó y pidió documentación sobre los becarios, sus profesores y la empresa.

Desde la empresa se aportaron contratos de trabajo del elenco de artistas, el documento de matrículas de 17 personas becadas y otro que certifica los recursos económicos que se les concedían, 8.400 euros que permanecían en la propia cuenta bancaria de Malinche The Musical Spain S.L. porque, dicen, "los becarios carecían de cuenta bancaria en España".

El informe, de unos 20 folios, concluye que "no existen evidencias que indiquen que las prácticas desarrolladas por los becarios en la referida empresa impliquen una relación laboral encubierta conforme al artículo 1.1 del artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, sino que dichas prácticas han estado dirigidas a completar la formación teórica del becario".

Y recuerda que una disposición adicional de la Ley General de la Seguridad Social establece la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de alumnos que realicen prácticas formativas o prácticas académicas externas incluidas en programas de formación.

Sin embargo, esta disposición no incluye a los becarios de Malinche, "ya que estos alumnos realizan una formación no reglada, no incluida en el sistema educativo, por lo que no es necesaria la inclusión de los becarios en el sistema de Seguridad Social".

El informe sostiene que "las personas becadas no están bajo el ámbito de organización y dirección del empresario, para la obtención de un rendimiento que redunde en la obtención de frutos para el desarrollo musical de Malinche en Madrid".

Concluye que los 17 becados realizan practicas no laborales en la empresa Malinche The Musical Spain S.L., "ya que no se ha podido constatar su prestación de servicios retribuidos por cuenta ajena a la empresa, ni la ocupación de un puesto de trabajo que la empresa necesite cubrir con personal asalariado".

Fuentes de la acusación recelan de estos documentos y solicitarán que se les aporte el convenio de prácticas de estos estudiantes que les debería dar cobertura legal.

Precisamente, la becaria del musical que denunció a Nacho Cano y dio pie a una investigación judicial por presuntos delitos contra los derechos de los extranjeros y de los trabajadores declarará el próximo día 4 ante la magistrada que lleva el caso, por primera vez y en la que será la primera comparecencia relevante en la causa.

La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha citado a esta estudiante mexicana, Lesly Guadalupe O.F., ese día a las diez de la mañana para que declare como denunciante/perjudicada. EFE

Madrid, 2 oct (EFE).- La Inspección de Trabajo descarta que existan evidencias de que las prácticas que hacían los becarios mexicanos del musical Malinche, del productor Nacho Cano, implicaran "una relación laboral encubierta", ya que "han estado dirigidas a completar la formación teórica".

Así figura en el informe de la Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio y al que ha tenido acceso EFE, que se remitió al juzgado que investiga a Nacho Cano por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.

El informe detalla toda la investigación llevada a cabo desde que el día 27 de junio de 2024 los inspectores de Trabajo acudieron, a petición de la Policía Nacional, a la parroquia en la que ensayaban los becarios del espectáculo de Nacho Cano.

La Policía investigaba si, como denunció una de las becarias mexicanas del musical, hubo irregularidades en la manera en que esos jóvenes llegaron a España y trabajaron aquí, en un caso por el que el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid abrió a finales de julio un procedimiento penal contra Nacho Cano y tres personas más por la supuesta contratación ilegal de inmigrantes para su espectáculo.

La Inspección remitió su informe al juzgado el pasado día 25 y en él desgrana cómo se hizo esa inspección en la parroquia y cómo se identificó y pidió documentación sobre los becarios, sus profesores y la empresa.

Desde la empresa se aportaron contratos de trabajo del elenco de artistas, el documento de matrículas de 17 personas becadas y otro que certifica los recursos económicos que se les concedían, 8.400 euros que permanecían en la propia cuenta bancaria de Malinche The Musical Spain S.L. porque, dicen, "los becarios carecían de cuenta bancaria en España".

El informe, de unos 20 folios, concluye que "no existen evidencias que indiquen que las prácticas desarrolladas por los becarios en la referida empresa impliquen una relación laboral encubierta conforme al artículo 1.1 del artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, sino que dichas prácticas han estado dirigidas a completar la formación teórica del becario".

Y recuerda que una disposición adicional de la Ley General de la Seguridad Social establece la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de alumnos que realicen prácticas formativas o prácticas académicas externas incluidas en programas de formación.

Sin embargo, esta disposición no incluye a los becarios de Malinche, "ya que estos alumnos realizan una formación no reglada, no incluida en el sistema educativo, por lo que no es necesaria la inclusión de los becarios en el sistema de Seguridad Social".

El informe sostiene que "las personas becadas no están bajo el ámbito de organización y dirección del empresario, para la obtención de un rendimiento que redunde en la obtención de frutos para el desarrollo musical de Malinche en Madrid".

Concluye que los 17 becados realizan practicas no laborales en la empresa Malinche The Musical Spain S.L., "ya que no se ha podido constatar su prestación de servicios retribuidos por cuenta ajena a la empresa, ni la ocupación de un puesto de trabajo que la empresa necesite cubrir con personal asalariado".

Fuentes de la acusación recelan de estos documentos y solicitarán que se les aporte el convenio de prácticas de estos estudiantes que les debería dar cobertura legal.

Precisamente, la becaria del musical que denunció a Nacho Cano y dio pie a una investigación judicial por presuntos delitos contra los derechos de los extranjeros y de los trabajadores declarará el próximo día 4 ante la magistrada que lleva el caso, por primera vez y en la que será la primera comparecencia relevante en la causa.

La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha citado a esta estudiante mexicana, Lesly Guadalupe O.F., ese día a las diez de la mañana para que declare como denunciante/perjudicada. EFE

Desde el pasado 1 de enero se encuentra en vigor la nueva regulación de la Seguridad Social para alumnos realizando prácticas formativas o académicas externas, recogidas en el Real Decreto-ley 2/2023 de 16 de marzo, correspondiente a la reforma de las pensiones pactada entre 2021 y 2023. Con esta medida, todos los becarios tienen la obligación de cotizar al sistema público, una medida que se retrasó por las reticencias que presentaban las universidades al precisar de más tiempo para adaptarse.

Según los datos de la Seguridad Social que recogía La Información, entre enero y julio de este año hubo 693.581 estudiantes dados de alta que no obtenían remuneración alguna por su periodo de prácticas. Suponen la gran mayoría de los becarios, ya que únicamente 196.648 estudiantes de prácticas sí que cobraban por sus prácticas, según los datos del ministerio que dirige Elma Saiz. Para las universidades y centros educativos, la normativa ha supuesto un nuevo problema. Estos centros han tenido que ajustar sus mecanismos administrativos y presupuestarios para cumplir con la normativa, incremento que en última instancia puede trasladarse a los costos educativos y afectar tanto a las instituciones como a los estudiantes.

Puede alterar datos macroeconómicos

Los estudiantes que realizan prácticas sin remuneración se enfrentan ahora a la paradoja de estar cotizando a la Seguridad Social sin recibir un salario, lo que ha desencadenado quejas sobre la justicia y equidad de la medida. Para muchos, la obligación de cotizar sin percibir ingresos supone una carga adicional que no solo afecta a su situación financiera personal, sino que también distorsiona los datos macroeconómicos.

La incorporación de cientos de miles de estudiantes en el sistema de Seguridad Social sin que estos perciban un salario podría estar inflando los números de cotizantes, lo que ofrecería una imagen distorsionada del mercado laboral. Mientras que el número de cotizantes aumenta, la falta de ingresos de estos nuevos cotizantes no se traducirá en un mayor consumo ni en una mejora directa de la economía a corto plazo. Este fenómeno podría afectar a las estadísticas oficiales y a la interpretación de los datos macroeconómicos. Por ejemplo, un aumento en el número de cotizantes sin un correlativo incremento en los ingresos laborales podría dar una falsa impresión de mejoría en el empleo juvenil o, a gran escala, de recuperación económica.

Pagar por cotizar las prácticas ya hechas

La nueva normativa reconoce como cotizados los periodos de prácticas de alumnos universitarios, alumnos de formación profesional y alumnos de enseñanzas artísticas superiores y deportivas. También aplica a graduados universitarios que hayan participado en programas de formación investigadora a través del doctorado. Continuará vigente hasta el 1 de junio de 2026 y permitirá recuperar hasta un máximo de cinco años. De esta forma, las personas que hayan realizado prácticas con anterioridad podrán convertir esos periodos no cotizados en periodos de cotización. No obstante, no es gratis, ni económico.

Para suscribir un convenio especial con la Tesorería General de la Seguridad Social, se deberán abonar cotizaciones que pueden superar los 17.000 euros por el total del periodo máximo de cinco años. Según la Confederación Española de Sociedades Científicas (COSCE), este importe es “claramente desproporcionado”, en comparación con lo que se paga normalmente con un contrato laboral.

La medida ha sido tachada de “disparatada” por el CSIF y de “broma de mal gusto” por Comisiones Obreras. Cristóbal Molina, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Jaén, opina que la medida legitima la compra de años cotizados, mientras que Antonio Martínez Ruiz, portavoz de la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH), considera que la medida es más mercado que justicia social, según recogía Civio. Otros expertos sugieren que la administración pública podría asumir parte de las cotizaciones, especialmente en el caso del personal investigador, pero ven esto como poco realista.

El Gobierno rebaja los costes

El Gobierno y los agentes sociales han acordado una rebaja en los costes para que los estudiantes en prácticas que deseen recuperar la cotización de sus periodos becados puedan beneficiarse de mejores condiciones. Estas mejoras, publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), incluyen la posibilidad de aplicar la base mínima de cotización del grupo 7 del régimen general vigente en el momento de las prácticas, en lugar de la base de 2024, así como la opción de fraccionar el pago en hasta 84 mensualidades.

La normativa, que entrará en vigor el viernes, permitirá a los antiguos estudiantes en prácticas o en programas de formación investigadora solicitar el rescate de la cotización de esos periodos mediante un convenio especial. Además, los beneficiarios podrán recuperar hasta cinco años adicionales a los que ya se hubieran rescatado con la normativa de 2011, con un plazo para solicitarlo hasta el 31 de diciembre de 2028. Aquellos que ya hayan solicitado el rescate podrán acogerse a este sistema más ventajoso.

Luz verde a la modificación de la norma para recuperar la cotización de las prácticas ante las quejas de sindicatos y científicos. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha seguido las exigencias de los sindicatos y asociaciones científicas que reclamaron al Gobierno que diera marcha atrás dada la elevada cuantía a pagar por cada mes que se quiera recuperar, más de 250 euros. Ahora, la nueva propuesta establece un precio reducido para todos aquellos becarios que quieran recuperar el periodo de prácticas no cotizadas.

El pasado 1 de mayo se publicó una Orden Ministerial que regula un Convenio Especial con la Seguridad Social respecto a las cotizaciones de antiguos becarios. La norma permitía a los estudiantes que realizaron sus prácticas antes del 1 de enero de 2024 ver reconocidos esos periodos de cara a su jubilación. Sin embargo, para ello es necesario pagar un precio que se estableció en más de 250 euros. Una cantidad que suscitó las protestas de los sindicatos. Tras valorar la situación y escuchar a los afectados, ahora han aceptado llevar a cabo estos cambios.

Te puede interesar: El Gobierno rectificará la norma para recuperar la cotización de las prácticas ante las quejas de sindicatos y científicos

En concreto, el Ministerio que dirige Elma Saiz ha presentado una nueva propuesta a sindicatos y patronal durante la Mesa de Diálogo Social de las Pensiones, que supone una modificación de la orden para recuperar años cotizados de antiguos estudiantes en prácticas e investigadores. Uno de los aspecto que cambiará afecta al pago, dado que se reducirá la cifra que deben abonar los afectados para comprar años de cotización, ya que se aplicará la base de cotización del año en que se llevaron a cabo las prácticas y no la actual.

De esta forma, la cuota a pagar por unas prácticas de 1997 será de 101 euros. Otra rectificación es que se permitirá rescatar hasta cinco años, también para aquellos que ya incorporaron dos a su cotización en 2011. Además, se amplía la posibilidad de fraccionamiento de pago hasta un máximo de cinco años. De esta forma, si se rescatan dos años, se pueden abonar en un plazo de cinco años.

Fuentes ministeriales han asegurado que siempre han “seguido el camino del diálogo y ahora también”. A lo que añaden: “Esta orden se ha debatido hoy en la mesa del diálogo social, ya en su trámite los interlocutores pudieron hacer aportaciones, y hemos considerado que sería enriquecedor abordar juntos los cambios en el texto. Justamente esa es la riqueza del diálogo social: debatir y mejorar las propuestas”.

La opinión de los sindicatos

El secretario de Protección Social y Políticas Públicas de la CCOO, Carlos Bravo, ha valorado la nueva propuesta del Gobierno: “Es una pena que una medida como la nueva cotización de personas con becas y prácticas, que está teniendo un resultado espectacular en los primeros meses del año, esté siendo nublada por este debate y por la desgraciada forma en que se ha aprobado esta orden ministerial”. Sin embargo, ha destacado que la primera valoración es positiva ya que el Gobierno ha modificado la orden tal y como prometió hace una semana.

Te puede interesar: Los becarios cotizarán desde el 1 de enero pese a la reticencia de las universidades

Bravo también ha considerado que el Gobierno ha precipitado la modificación al adelantar la reunión a este lunes cuando estaba agendada para dentro de una semana. “Tienen prisa por cerrar este asunto y nosotros tenemos mucho interés en que se cierre bien y, por tanto, vamos a analizar la propuesta”, asegura.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha abierto este lunes a modificar la orden ministerial publicada el pasado 1 de mayo sobre el Convenio Especial para recuperar la cotización de los periodos de prácticas no laborales o actividades de investigación. Tras su publicación en el BOE, tanto los sindicatos como asociaciones científicas reclamaron al Gobierno que diera marcha atrás dada la elevada cuantía a pagar por cada mes que se quiera recuperar, más de 250 euros, según la memoria económica de la norma, y el limitado plazo de recuperación, cinco años.

En una breve atención a medios, el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha reconocido que la orden ministerial contiene aspectos “no satisfactorios”, por lo que el ministerio va a valorar las aportaciones de los agentes sociales y de los “colectivos afectados” mediante reuniones en los próximos días para “resolver si hay que hacer algún ajuste” en el corto plazo. Esto es necesario porque la medida entra en vigor el próximo 1 de junio.

Te puede interesar: Los becarios cotizarán desde el 1 de enero pese a la reticencia de las universidades

Pese a reconocer el descontento, Suárez ha defendido que la orden “no es más que el desarrollo reglamentario de una medida que procede del diálogo social” y no ha detallado en qué términos está dispuesto el Gobierno a modificarla. Los sindicatos, presentes en la reunión de este lunes, tampoco proponen cifras concretas sobre la rebaja de la cuantía a pagar para recuperar los periodos de prácticas, aunque consideran fundamental ese aspecto y que se amplíe el periodo de recuperación posible.

Esta falta de concreción se deriva de que la reunión no estaba convocada para tratar la modificación del Convenio Especial, sino para negociar los diversos flecos que quedan pendientes en materia de pensiones, por lo que no se ha debatido sobre ninguna propuesta ni texto concreto. No obstante, Fernando Luján, vicesecretario general de política sindical de UGT, ha valorado la “rectificación que se va a hacer” y Carlos Bravo, secretario de Protección Social de CCOO, ha afirmado que la orden “vulnera acuerdos del diálogo social y hace imposible para mucha gente acogerse”.

Propuestas de los sindicatos

Los sindicatos han avanzado en qué sentido les gustaría que se modificara la orden. CCOO pide extender el periodo de recuperación a cinco años completos, sin integrar en este plazo los periodos que ya se hayan podido cotizar mediante el convenio que se reguló en 2011. Algunas carreras de cotización del personal investigador incluyen hasta 14 años sin cotizar a la Seguridad Social al estar en becas.

Respecto al coste, Bravo ha criticado que la base mínima de cotización de 2024, que coincide con la del SMI (1.323 euros mensuales), es superior a la base máxima de muchos grupos de cotización en los años objeto de reclamación y “eso genera una situación absurda” cristalizada en los más de 250 euros que se pueden llegar a pagar con el actual marco por cada mes que se quiera recuperar. “Cotizar por una base de cotización superior a la máxima en algunos grupos de la época que además no entrarían dentro del periodo de cálculo de la base reguladora genera una situación que tiene que ser corregida”, ha explicado.

Ponen como ejemplo el Convenio Especial publicado en 2011 para esta misma finalidad, en el que se estableció que la base de cotización tomaba en consideración las bases de cotización de los periodos en los que se produjo la práctica formativa, muy inferiores a la base de cotización mínima de 2024. También se preveía la posibilidad de fraccionar la cuota resultante, de modo que se facilite el ejercicio de este derecho a las personas con menor nivel de renta.

La última medida del Ministerio de Inclusión no contenta a los sindicatos, La Orden Ministerial publicada el 29 de abril regula un Convenio Especial con la Seguridad Social respecto a las cotizaciones de antiguas personas becarias. La norma permitiría a los estudiantes que realizaron sus prácticas antes del 1 de enero de 2024 ver reconocidos esos periodos de cara a su jubilación, pero tendrán que pagar un precio. En concreto, serán 254,24 euros por mes de prácticas que quieran ver reconocido.

La secretaría de Políticas Institucionales y Políticas Institucionales de UGT y RUGE (Revolución Ugetista, organización juvenil del sindicato) han rechazado esta solución otorgada desde el Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, pues consideran que es algo “injusto y discriminatorio”.

Te puede interesar: Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales: “Entre víctimas y verdugos debe haber justicia, no la falsa concordia de PP y Vox”

Los requisitos para cotizar por las prácticas

Hoy avanzamos en derechos, corregimos desigualdades y damos respuesta a una demanda de muchos colectivos. Los periodos de investigación y prácticas podrán computar como años cotizados.

📹 Te cuento más en el video pic.twitter.com/3CwUyZF6J7

— Elma Saiz (@SaizElma) April 30, 2024

La ministra Elma Saiz explicó la medida como un avance en derechos que permitiría computar los periodos de investigación y prácticas como años cotizados, hasta un máximo de cinco años. La normativa se aplica a aquellos que hayan realizado periodos de prácticas formativas como alumnos universitarios, de formación profesional o de enseñanzas artísticas. Las prácticas no remuneradas podrán contar en las cotizaciones si se realizaron con anterioridad al 1 de enero de 2024, mientras que las remuneradas deberán haberse realizado antes del 1 de noviembre de 2011.

Las personas interesadas habrán de acreditar la realización de estas prácticas y solicitar la suscripción del convenio especial. EL plazo para hacerlo será de dos años, es decir, hasta el 2026. La base de cotización será la mínima y a partir de ella se calculará el importe total de cotización que corresponda, que se reducirá aplicando un coeficiente del 0,77.

En la memoria del proyecto de la orden, se recoge que el coste mensual para los que se suscriban a este convenio “asciende a 254,24 euros por mes de prácticas”. “Es una cotización a posteriori, que afecta a estudiantes o recién titulados al inicio de su actividad profesional, se estima que, como máximo, se acogerían a este convenio un 1% de sus posibles beneficiarios”.

Una “perversión del sistema de pensiones”

Por su parte, el sindicato la considera “una medida impopular que incumple los principios básicos del Estado de Bienestar de justicia social y equidad contributiva”.

Te puede interesar: Jubilación activa en autónomos: estos son los cambios que plantea el Gobierno

“La disposición obliga a cotizar dichos períodos a coste actual de las cotizaciones, aunque estos se realizaran 20 o 30 años atrás y exige a la persona becaria a asumir el coste de la parte empresarial, pero es que, además, supone una discriminación adicional con los períodos de prácticas actuales, a los que se les está concediendo una bonificación de cotizaciones del 95%, mientras que al resto de personas afectadas se les exige abonar el 100% de la cuota íntegra”, denuncian en una nota de prensa.

Desde UGT, entienden como una “perversión del sistema de pensiones” condicionar el reconocimiento de los periodos de prácticas al pago de una cantidad de dinero por parte de la antigua persona becaria. “Limita su uso para tan solo unas pocas personas, las que puedan asumir el coste”, señalan.