A más de dos meses del femicidio de Érika Antonela Álvarez, la Justicia de Tucumán reconstruyó cómo fue la ruta tomada por el principal acusado, Felipe Sosa, para deshacerse de su cadáver en un basural de la localidad de Yerba Buena. Además de identificarse una camioneta para el trasladado, plantearon la posibilidad de que el ex militar hubiera contado con la colaboración de uno de los detenidos.

A partir de los avances que hubo en la causa por medio de los peritajes, videos de seguridad y testimonios, se ordenó la detención de un total de cuatro personas que habrían estado involucradas en el hecho. No obstante, las autoridades evaluarían la posible participación de funcionarios vinculados al ámbito judicial que habrían encubierto la trama.

Hasta el momento, el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (Ecif), dependiente del Ministerio Público Fiscal, elaboró un informe clave basado en el análisis minucioso de registros fílmicos y declaraciones. En el documento, indicaron que la ventana horaria en la que se habría cometido el crimen iría desde la noche del 6 de enero hasta la madrugada del 7.

Según reveló la autopsia, la víctima sufrió varios golpes en la columna vertebral, la cabeza y el rostro. Aunque, bajo el punto de vista de los forenses, la lesión letal fue producida en las vértebras del cuello. El contexto del ataque todavía estaría bajo evaluación por parte de los investigadores.

No obstante, las maniobras propias para poder deshacerse de su cuerpo habrían comenzado durante las primeras horas de la mañana. Un testigo clave, identificado como Navarro, declaró ante la Fiscalía que recibió una llamada urgente de Sosa a las 06:50 horas. “Se me clavó una chica”, le habría manifestado, previo a pedirle que fuera a su vivienda ubicada en la calle Santo Domingo al 1100.

De acuerdo con la información publicada por La Voz del Interior, el conocido de Sosa arribó al domicilio cerca de las 09:00 horas y aseguró que el acusado se encontraba “nervioso”. Además, tenía una pala en la mano y le mostró un cuerpo que estaba en el interior de la casa. A pesar de esto, no manifestó haber reconocido a la víctima, ni siquiera verle el rostro.

A partir de esto, el ex militar habría puesto en marcha un plan para deshacerse del cuerpo de la joven. Para el Ecif, el acusado diseñó un trayecto pensado para eludir calles y zonas, en donde hubiera cámaras de seguridad activas. Sin embargo, hubo algunos registros captados que permitieron trazar el recorrido que habría hecho esa mañana desde su vivienda hasta el basural.

La maniobra habría comenzado a las 10:33 horas, cuando una cámara documentó a un individuo colocando una bolsa en una camioneta Volkswagen Amarok frente a la vivienda. Posteriormente, el vehículo desaparece de los registros durante casi 23 minutos, periodo en el que se presume que Sosa habría bordeado la propiedad para acceder por la calle Guyanas, evadiendo zonas vigiladas y cargando finalmente el cuerpo en la caja del vehículo.

A las 10:57, la misma camioneta pasó nuevamente frente al domicilio; a las 11:09 se la registró en la Avenida Mate de Luna; a las 11:37 en la confluencia de las avenidas Colón y Roca; y a las 11:47 ingresó al barrio Manantial Sur, donde permanece brevemente en la ubicación donde el cuerpo sería posteriormente hallado. Se calculó que el acusado solo habría requerido de unos 10 a 15 minutos para abandonar el cadáver de Erika.

El regreso del vehículo también quedó documentado en otro set de cámaras. Luego de que abandonara la zona descampada, un nuevo avistamiento se realizó del vehículo en el Camino de Sirga a las 12:08. Minutos más tarde, es decir, a las 12:11, volvió a ser visto por la Avenida Aconquija, tras lo cual retorna a las inmediaciones de la vivienda original.

Frente a esto, el Ministerio Público Fiscal apuntó que los movimientos registrados reforzarían la hipótesis de planeamiento deliberado para ocultar evidencias, aportando elementos clave al avance del proceso penal. Además de Sosa y Navarro, hay otras dos personas detenidas. Una de ellas sería J. G., una empleada de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

De acuerdo con la causa, la funcionaria pública aparece mencionada por presuntamente haber estado presente en el domicilio la noche de los hechos. Incluso, fue señalada como la supuesta responsable de haberle entregado las llaves de la camioneta Amarok, facilitando el escape de Sosa hacia la provincia de Buenos Aires, lo que abriría nuevas líneas de indagación sobre el posible encubrimiento institucional.

El gobernador Axel Kicillof, la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y el intendente interino de Salto, Camilo Alessandro, encabezaron la puesta en marcha de un nuevo espacio destinado a la gestión de residuos. El lugar funcionó durante años como un vertedero informal y fue intervenido para permitir una disposición controlada.

El predio cuenta con una celda sanitaria, una cortina forestal aislante, una planta de reciclado equipada y un camión destinado a la recolección diferenciada. Las obras se enmarcaron en una política provincial orientada a mejorar los sistemas locales de tratamiento y reducir el impacto ambiental.

“Haber erradicado el basural a cielo abierto es una decisión que cambia definitivamente la historia de Salto: mejora la salud y la vida cotidiana de sus habitantes, brindando además condiciones dignas a los y las trabajadoras del sector”, afirmó Kicillof durante la actividad.

Por su parte, Vilar sostuvo: “Hoy estamos saldando una deuda histórica con los vecinos y vecinas de esta comunidad, que ya no van a tener que respirar olor a basura”. En ese sentido, agregó: “Aún en un contexto complejo seguimos adelante, planificando, invirtiendo y creando políticas concretas para resolver los problemas de los bonaerenses”.

Desde la creación del Ministerio de Ambiente, la cartera provincial avanzó con un relevamiento de distritos que disponían residuos en vertederos informales y contaban con terrenos aptos para desarrollar infraestructura adecuada. El enfoque incluyó separación en origen, recolección diferenciada, reciclado y disposición final.

Según datos oficiales, el área ambiental provincial fortaleció los sistemas municipales mediante la entrega de maquinaria y el equipamiento de más de 150 unidades productivas. Además, distribuyó más de 100 camiones para la recolección diferenciada e impulsó un programa de Promotoras Ambientales con acciones de educación y talleres comunitarios.

El caso en Luján

El año pasado, gobierno nacional presentó una nueva propuesta técnica y legal para cerrar de manera definitiva el vertedero a cielo abierto más grande del país ubicado en la localidad bonaerense de Luján. La iniciativa, elaborada por la Subsecretaría de Ambiente, a cargo de Fernando Brom, fue elevada formalmente al intendente Leonardo Boto y busca reemplazar el proyecto anterior, que fue financiado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero que no se terminó de desarrollar y quedó demostrado que era perjudicial para los vecinos que presentaron un recurso de amparo y una denuncia penal por la contaminación que a lo largo de décadas produjo el basural en napas, suelo y aire.

“Hace cinco años y medio se sigue contaminando con residuos peligrosos y no se acata la manda judicial de la cámara Federal de San Martín que obliga a la Municipalidad de Luján a volcar los residuos sólidos urbanos a la CEAMSE”, le dijo a este medio Viviana Novelle, una de las firmantes del amparo contra el proyecto anterior y la causa penal.

La abogada ambientalista también destacó la voluntad de La Libertad Avanza para llevar una solución al problema de contaminación que afecta a las familias que viven en las inmediaciones y a la escuela lindante al basural a cielo abierto. “Lo importante es que el subsecretario Brom que le puso el cuerpo a un tema muy difícil; la buena voluntad de Nación y el apoyo de los amparistas en un proyecto que es viable y que además trae trabajo a los recuperadores con la planta de transferencia que es lo siempre debió hacerse. Sucre, el proyecto anterior era inviable”, expresó Novelle.

Según ordenó la Cámara Federal de San Martín, el intendente Botto debe trasladar las 3600 toneladas de basura que se genera en el municipio a la CEAMSE y dejar de arrojar los residuos urbanos en el vertedero. Sin embargo, y tal como denunciaron los vecinos en un nuevo escrito judicial, solo envía 150 toneladas.

La nueva propuesta de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación responde a las observaciones formuladas por la justicia por el estado actual de las actuaciones administrativas, y a la necesidad de adecuar el proyecto a las condiciones reales del territorio.

Después de que fuera capturado en la provincia de Buenos Aires, F. S., el ex militar acusado del asesinato de Érika Antonella Álvarez en Tucumán, quedó imputado formalmente en la causa. Tras conocerse los detalles de la autopsia, la Justicia le impuso una prisión preventiva de seis meses. Además, ordenaron un allanamiento en las oficinas de su empresa.

A partir de ahora, el principal acusado del homicidio de la joven de 25 años permanecerá recluido en la Unidad número 6 del Complejo Penitenciario Benjamín Paz. Así lo decidió el juez Bernardo L’Elario durante la audiencia que se celebró este jueves.

En el momento en que el ex militar compareció ante la Justicia, el fiscal Carlos Picón reveló los resultados que arrojó la autopsia que le practicaron a Álvarez. Según el informe forense, la víctima sufrió un traumatismo cráneo-facial y cervical, debido a golpes directos y precisos en zonas vitales.

De acuerdo con la información publicada por Cadena 3, el estudio post mortem encontró otra lesión compatible con una luxación temporomandibular, es decir que tenía la mandíbula dislocada.

Durante su exposición, el fiscal Picón apuntó contra F. S. por haber colocado el cuerpo en tres bolsas, que encintó, ató con una soga y abandonó en un basural del barrio Manantial Sur, lugar en donde Antonella sería encontrada el jueves 8 de enero.

Respecto a la fuga, el investigador planteó que el acusado había abandonado la provincia apenas descartó el cadáver. Asimismo, afirmó que su destino fue la localidad bonaerense de Pilar, debido a que allí podía encontrar refugio en la casa de su hermano. De igual forma, fue detenido el 16, tras un operativo conjunto entre las fuerzas provinciales y nacionales.

Previo a que se formalizara la imputación, las autoridades evaluaron los antecedentes de violencia del ex militar. Sobre él pesaban varias denuncias por parte de su ex pareja, quien lo acusó de haber agredido a su hija y a su familia. Según el sitio Enterate Noticias, la mujer expuso las situaciones una semana antes del crimen de Álvarez.

En esa oportunidad, había radicado una denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) por una agresión muy grave contra su hija. Esta situación la llevó a pedir medidas de protección para ambas, ya que el acusado había sido sobreseído anteriormente.

Según confirmó la jefa de la División de Homicidios, comisario Susana Montero, en el edificio donde funciona la empresa del acusado se encontraron tres escopetas, cuyo calibre no fue especificado. También se procedió al secuestro de cinco camionetas, pendrives, cinco celulares y una notebook, que también estarían vinculados a la compañía.

“Hasta el momento, S. es el único y principal sospechoso del crimen de la joven, mientras continuamos con las diligencias investigativas y los trabajos relacionados con los datos que proporcionan la familia y las instrucciones de la fiscalía”, confirmó la oficial, tras mencionar que se mantiene en vigencia la colaboración entre las diversas áreas.

De esta manera, confirmó que en el procedimiento participaron la División de Delitos contra las Personas, Delitos Telemáticos y Económicos, Unidades de Investigaciones de Yerba Buena y Lomas de Tafí del Valle.

El caso

El cuerpo de Antonella Álvarez fue encontrado el jueves 8 de enero por un grupo de mujeres que transitaban por la intersección de las calles William Bliss y Gerónimo Helguera, al suroeste de la ciudad de Yerba Buena, provincia de Tucumán. La última vez que tuvieron contacto con ella fue 48 horas antes del hallazgo, pero su familia indicó que no habían radicado la denuncia porque era habitual que la joven desapareciera por algunos días.

Los restos estaban envueltos en bolsas de consorcio y la identificación se realizó en ese mismo lugar gracias a tatuajes y otros rasgos distintivos reconocidos por integrantes de su familia. Sobre ese instante crítico, la madre de la víctima recordó: “Algo me decía que era ella”.

Según relató la mujer, el martes previo habían mantenido una conversación por WhatsApp. Antonella le había confirmado que cenaría con ellos el miércoles, pero nunca apareció por la casa. Asimismo, contó que la joven se había mudado sola hace algunos meses.

Al constatar la ausencia de noticias, los familiares acudieron al domicilio de Antonella, donde hallaron la vivienda vacía, pero con el aire acondicionado encendido. Pese a ello, no se formalizó denuncia de desaparición en la comisaría debido a que la joven acostumbraba ausentarse durante periodos breves, según explicó su entorno.

Su madre la describió como “una buena chica” y confirmó que ejercía la prostitución. Además, señaló que atravesaba un consumo problemático de sustancias y rememoró una promesa reciente: “En Año Nuevo me prometió que iba a cambiar”.

El Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) asumió la responsabilidad de recolectar pruebas en la escena, incluyendo numerosas muestras biológicas, sogas, cintas y objetos personales que permanecen bajo análisis de laboratorio. Además, se efectuó un registro fotográfico detallado para documentar el estado y disposición de los elementos relacionados con el hecho.

Mientras que los investigadores habían adelantado que el dictamen forense constituiría “un elemento decisivo” para la causa, el Cuerpo Médico Forense determinó que el deceso se produjo de 36 a 40 horas antes del hallazgo. Por el momento, no se dieron detalles sobre cómo habrían sido los últimos días con vida de la joven.

A poco más de una semana de que el cuerpo de Erika Antonella Álvarez (25) fuera encontrado en un basural de Tucumán, el viernes por la noche se confirmó la detención del principal sospechoso por el crimen. Según trascendió, se trataría de un hombre de 51 años y, hasta el momento, sería la única persona bajo la mira de la Justicia.

El arresto del sospechoso se concretó en la localidad de Pilar, en la provincia de Buenos Aires. La localización del sujeto fue resultado de un operativo conjunto entre, la Policía de Tucumán, la Policía Federal y el Ministerio de Seguridad Nacional. Sin embargo, no ofrecieron más detalles sobre el lugar donde fue hallado.

En un comunicado oficial, las autoridades confirmaron que prevén trasladar al detenido a Tucumán en las próximas horas, donde quedará a disposición de la Justicia. Asimismo, desde la fuerza provincial extendieron un agradecimiento hacia la cartera de Seguridad Nacional, tras considerar que su apoyo “fue clave para lograr la captura del sospechoso fuera de la provincia”.

Previo a que se concretara el arresto del acusado, la familia de Álvarez había exigido avances concretos en la causa, tras advertir que recurrirán a todas las instancias judiciales para evitar la impunidad. “Quiero que los responsables paguen. A mi hija me la arrebataron como si su vida no valiera nada”, expresó la madre de la joven, Claudia, en diálogo con el medio Contexto Tucumán.

El hallazgo del cuerpo de Antonella se produjo el jueves 8 de enero, cuando un grupo de mujeres que recolectaba objetos encontró sus restos envueltos en bolsas de consorcio en la intersección de las calles William Bliss y Gerónimo Helguera, al suroeste de San Miguel de Tucumán.

La identificación formal se realizó en ese mismo lugar a partir de tatuajes y rasgos particulares, ya que miembros de la familia se habían acercado a la zona para efectuar el reconocimiento. Sobre ese momento, la madre aseguró: “Algo me decía que era ella”.

La recolección y el análisis de pruebas quedaron a cargo del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que levantó en la escena numerosas muestras biológicas y objetos relevantes, como sogas y cintas actualmente bajo peritaje de laboratorio, además de realizar relevamientos fotográficos.

Mientras que el procesamiento de estas pruebas buscaba reconstruir los últimos movimientos de la víctima y determinar si terceras personas intervinieron, la fiscal a cargo de la causa, María del Carmen Reuter, sostuvo que el informe preliminar de la autopsia se constituyó un elemento decisivo.

Según reveló la titular de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, la muerte de la joven se produjo como consecuencia de un traumatismo craneofacial con luxación cervical. Por este motivo, planteó que el diagnóstico respaldaría la idea de que el homicidio fue producto de una agresión extrema.

En paralelo, el Cuerpo Médico Forense indicó que la data de muerte de Álvarez se situaba entre 36 y 40 horas previas al hallazgo, lo cual será clave para precisar la cronología de los hechos. De hecho, la última comunicación registrada entre Antonella y su madre tuvo lugar el martes anterior por WhatsApp, donde la joven anunció que el miércoles iría a cenar a la casa de su familia, pero nunca llegó.

Al no tenerse un contacto posterior con ella, los familiares acudieron al domicilio de la víctima y encontraron la vivienda vacía, aunque con el aire acondicionado en funcionamiento. No obstante, el entorno familiar explicó que no se radicó denuncia de desaparición formal en la comisaría, debido a que la joven solía ausentarse por lapsos breves.

Además, contaron que la joven vivía hasta hace pocos meses junto a sus padres y dos hermanas menores en la calle Eudoro Aráoz al 2400, pero que luego se mudó cerca de esa zona. Su madre la describió como “una buena chica” y destacó que ejercía la prostitución.

De la misma manera, reveló que Álvarez atravesaba un consumo problemático de sustancias, aunque mantenía el deseo de recuperarse. “En Año Nuevo me prometió que iba a cambiar”, lamentó la mujer.

Por el momento, no se dio a conocer cuál habría sido el móvil del crimen, ni qué tipo de relación habría tenido el detenido con la víctima. Tampoco se habría establecido si hubo más involucrados en el hecho.

La investigación por el crimen de Erika Antonella Álvarez, la joven de 25 años que fue hallada muerta en un basural de Manantial Sur, en la provincia de Tucumán, avanza bajo la mirada de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria. Tras confirmarse su identidad, Claudia, su mamá, contó detalles sobre cómo la vida de su hija. “Era buena chica”, afirmó.

Recientemente, la autopsia preliminar reveló que la causa de la muerte fue un traumatismo craneofacial con luxación cervical. Este tipo de lesión reforzó la hipótesis de que se hubiera tratado de un homicidio cometido con violencia extrema y guía el rumbo de la pesquisa, según comunicó la fiscal María del Carmen Reuter.

A la espera de respuestas y en un clima de profundo dolor, la familia reclamó que el caso no quede impune. “Quiero que los responsables paguen. A mi hija me la arrebataron como si su vida no valiera nada”, manifestó la madre de la víctima, durante un diálogo con el medio Contexto Tucumán. Así, aclaró que se preparan para exigir avances concretos y, de ser necesario, recurrirán a todas las instancias judiciales a fin de evitar la impunidad.

La información del último tramo de las pericias forenses será determinante para delimitar los hechos. El cuerpo de Álvarez fue hallado el jueves, envuelto en bolsas de consorcio, por un grupo de mujeres que recolectaba objetos. El hallazgo ocurrió en la intersección de William Bliss y Gerónimo Helguera, en la periferia de San Miguel de Tucumán.

La identificación formal se realizó en el sitio mediante tatuajes y rasgos particulares. También contó con la presencia de familiares que reconocieron a la joven, precisaron desde el Ministerio Público Fiscal. “Algo me decía que era ella”, relató la madre.

Las circunstancias en torno a la desaparición de Álvarez añadieron incertidumbre a la cuestión, ya que el último contacto con su madre se produjo el martes por WhatsApp. “El martes a la noche fue la última vez que hablé con ella. Me escribió y me dijo que el miércoles venía a comer”, relató. Sin embargo, Antonella no llegó esa jornada y, al no recibir más mensajes, la familia acudió a su domicilio sin obtener respuesta. Encontraron la vivienda vacía, aunque con el aire acondicionado encendido.

La estimación forense estableció que la data de muerte se sitúa entre 36 y 40 horas previas al hallazgo, un elemento clave para reconstruir los movimientos recientes de la víctima y el intervalo en que habría ocurrido el crimen, detalló el Cuerpo Médico Forense. De acuerdo con las fuentes, la familia no radicó denuncia formal por desaparición, ya que la joven solía ausentarse temporalmente de su hogar.

El protocolo aplicado ante el hallazgo implicó la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que recolectó muestras biológicas y otros elementos de interés, como sogas y cintas, ahora bajo análisis en laboratorio. También incluyó relevamientos fotográficos y la recolección de evidencias en presencia de la Fiscalía. Todas las pruebas fueron trasladadas para su procesamiento, con el objetivo de aportar datos precisos sobre los últimos movimientos de Álvarez y la posible participación de terceros.

La joven residía hasta hace pocos meses con sus padres y dos hermanas menores en una vivienda de calle Eudoro Aráoz al 2400, mudándose luego a pocas cuadras. Su madre la describió como “una buena chica” y mencionó que trabajaba como dama de compañía. Claudia relató que Antonella tenía un consumo problemático de sustancias, situación ante la que buscaba recuperarse: “En Año Nuevo me prometió que iba a cambiar”.

Mientras la investigación se desarrolla bajo el hermetismo de las autoridades, la División Homicidios realiza análisis de cámaras de seguridad y entrevistas a vecinos en busca de testigos o información que ayude a identificar a los responsables. Todas las evidencias permanecen bajo custodia, y la familia de Álvarez sigue exigiendo justicia.

Por este motivo, convocaron a participar de una marcha, para exigir justicia por la joven. Según informaron, la movilización será este lunes 12 de enero a las 19:30 horas, en la Plaza Independencia. “Antonella merece justicia. Ni una muerte más en silencio”, reclamaron en las redes sociales.

La autopsia realizada al cuerpo de Erika Antonella Álvarez aportó un dato clave en la causa judicial que investiga su muerte. El informe preliminar del Cuerpo Médico Forense confirmó que la joven de 25 años falleció como consecuencia de un traumatismo craneofacial con luxación cervical, lesiones que evidencian una agresión de notable violencia. El cadáver fue hallado este jueves en un basural del barrio Manantial sur, en San Miguel de Tucumán.

Esta información, comunicada a la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria encabezada por María del Carmen Reuter, guiará el rumbo de la pesquisa y refuerza la hipótesis de un homicidio.

De acuerdo con el reporte de La Gaceta, los resultados forenses indicaron que la víctima sufrió severos golpes en la cabeza y el rostro, junto con una lesión letal en las vértebras del cuello. Este diagnóstico fue entregado formalmente a la fiscalía, que ahora concentra los esfuerzos en el análisis de muestras recuperadas en el lugar del hallazgo.

El cuerpo fue encontrado envuelto en bolsas de consorcio en un basural de la intersección de William Bliss y Gerónimo Helguera, en la zona de Manantial Sur, en San Miguel de Tucumán.

El hallazgo se dio cuando un grupo de mujeres que realizaba tareas de recolección de objetos advirtió la presencia de un bulto sospechoso. De inmediato, dieron aviso a las autoridades policiales, que se acercaron al sitio y solicitaron la intervención de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria.

Tras la notificación, se activó el protocolo de intervención y el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) trasladó a peritos de Criminalística, Química Legal y Medicina Forense para trabajar en la escena.

El cuerpo de Álvarez fue reconocido en el lugar por su padre y una hermana, quienes identificaron a la víctima a través de señas particulares y tatuajes, detalló ElTucumano. Familiares relataron a las autoridades judiciales que la joven se encontraba desaparecida desde hacía 48 horas, aunque no habían radicado una denuncia formal por desaparición, ya que, según señalaron, la víctima acostumbraba ausentarse de su domicilio.

La data de muerte estimada se sitúa entre 36 y 40 horas previas al hallazgo, de acuerdo con las primeras deducciones forenses hechas en el terreno. Este dato resulta relevante para la reconstrucción de las últimas horas de vida de la joven y para delimitar el tiempo en que se produjo el homicidio.

Para preservar los elementos de interés, los especialistas levantaron muestras biológicas, recolectaron evidencias y documentaron fotográficamente la escena. Cada paso del procedimiento fue supervisado por la fiscal Reuter, quien ordenó el traslado del cadáver al Cuerpo Médico Forense para la realización de la autopsia.

La funcionaria judicial dispuso que se procesen todas las pruebas recogidas y se avancen con estudios complementarios indispensables para el esclarecimiento del hecho.

Cortaba el pasto en las canchas de un club y encontró un cadáver

Un trabajador de Crucero del Norte halló un cadáver en estado avanzado de descomposición en las canchas auxiliares del club, situadas en Garupá, provincia de Misiones, según confirmaron fuentes oficiales.

El descubrimiento ocurrió días atrás en la cancha auxiliar número 3 del predio, localizado en el paraje Santa Inés, mientras el empleado efectuaba trabajos de mantenimiento.

Tal como publicó el portal El Territorio, el cuerpo apareció en una zona que suele utilizarse para los entrenamientos del plantel, que este año participará en la Liga Posadeña de Fútbol y el Torneo Regional Federal Amateur, luego de haber descendido del Torneo Federal A en 2025. No obstante, el cadáver se ubicaba en un sector poco transitado y con el pasto crecido.

El operario que cortaba el césped y se topó con el cuerpo notificó rápidamente al presidente del club, quien estaba en el predio, y este a su vez avisó a la Policía de Misiones.

Al arribar al lugar, agentes de la comisaría correspondiente aseguraron la zona y dieron intervención al fiscal René Casals y al juez Ricardo Balor. Además, solicitaron el apoyo de la Policía Científica y un médico policial para las primeras tareas periciales y forenses.

Fuentes policiales detallaron que el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, por lo que se aguardan los resultados de la autopsia del cuerpo médico forense para su identificación y para conocer las circunstancias del fallecimiento.

Medios locales, como Canal 12, indicaron en las últimas horas que se trataría de una persona en situación de calle y que no habría signos de una muerte violenta, pero sí de posible exposición al fuego. Aún no se logró dar con su identidad.

Un grupo de mujeres que recolectaba objetos en un basural del barrio Manantial Sur, en San Miguel de Tucumán, encontró envuelto en bolsas de consorcio el cuerpo sin vida de una persona. Inmediatamente, dieron aviso a las autoridades, quienes acudieron al lugar para comenzar la investigación y poder identificar el cuerppo.

El hallazgo se produjo pasado el mediodía en la zona situada en la intersección de las calles William Bliss y Gerónimo Helguera. La Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, encabezada por la fiscal María del Carmen Reuter, tomó intervención en el caso y, tras la notificación al Ministerio Público Fiscal, se activó el protocolo de intervención.

El Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) trasladó al predio a peritos de Criminalística, Química Legal y Medicina Forense. Los especialistas trabajaron en la escena para el levantamiento de muestras biológicas, recolección de evidencias y documentación fotográfica, con el objetivo de preservar los elementos de interés para la causa.

De acuerdo con el medio local Eltucumano, minutos después arribaron los familiares de la víctima, quienes tomaron conocimiento del hecho a través de las redes sociales. El padre y una hermana lograron identificar el cuerpo por ciertas características particulares y tatuajes. A raíz de estos datos se estableció que la fallecida era una joven de 25 años, identificada como Erika Antonella Álvarez, domiciliada en las inmediaciones del basural, donde se produjo el hallazgo.

Sus allegados manifestaron que no la veían desde hacía dos días, aunque no habían realizado ninguna denuncia por desaparición, dado que la víctima solía ausentarse de su hogar de manera habitual.

Según las primeras estimaciones forenses efectuadas en el terreno, la data de muerte se situaría entre las 36 y 40 horas previas al momento de ser encontrado. Sobre esta información, los investigadores intentaban reconstruir cómo habían sido las últimas horas de Álvarez. Por disposición de la Fiscalía, el cuerpo fue trasladado al Cuerpo Médico Forense, donde se realizará la autopsia correspondiente, para determinar la causa de la muerte.

Otro cuerpo hallado a la vera de la ruta

El hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición cerca de la Ruta Nacional 16, en la localidad chaqueña de Puerto Tirol, generó la intervención de las autoridades provinciales durante la tarde del domingo. El descubrimiento se produjo en el kilómetro 28,5, cerca del Camping Policial, cuando dos ciclistas que recorrían la zona advirtieron la presencia de un fuerte olor y, al acercarse, divisaron lo que parecía ser un cadáver a unos cinco metros de la calzada.

Tras recibir la alerta, agentes de la Comisaría Puerto Tirol acudieron al lugar, mientras que la Fiscalía en turno N° 6, a cargo de Marina Echarri, coordinó las primeras actuaciones judiciales. La División Medicina Legal se sumó a las tareas para la recolección de indicios, el relevamiento fotográfico y el análisis preliminar de la escena.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, el cuerpo correspondería a un hombre de aproximadamente 35 años de edad. Los médicos forenses señalaron que el estado de descomposición indicaba que el fallecimiento se habría producido al menos siete días antes del hallazgo, aunque no se descarta que el período pueda extenderse hasta diez días. En el lugar no encontraron documentos ni elementos que permitieran identificar a la víctima.

Durante la inspección inicial, los forenses no lograron determinar las causas de la muerte debido a las condiciones en las que se encontraba el cuerpo. Por este motivo, el caso fue caratulado de manera provisoria como “muerte dudosa” y se dispuso el traslado del cadáver al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses de Chaco para la realización de la autopsia.

La Fiscalía y la Policía continúan con la investigación, incluyendo la consulta de registros de personas desaparecidas en la zona y el relevamiento de posibles testigos que hayan circulado por el sector en los días previos.

La mujer hallada sin vida en el basural de Neuquén a mediados de septiembre ya fue identificada por las autoridades. Aunque en un primer momento no se logró establecer su identidad mediante la autopsia, finalmente pudo ser reconocida gracias a una cirugía reciente en la rodilla.

La noticia fue confirmada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia, que informó mediante un comunicado oficial que la víctima es Ángela Gladis Díaz, una joven de 23 años que residía en la capital neuquina.

La identificación se logró a través del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS), gracias al trabajo realizado por el área de Criminalística de la Policía de la provincia, con colaboración de personal de la Policía Federal Argentina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Según precisaron desde el MPF, tras los resultados preliminares de la autopsia realizada el 19 de septiembre —un día después del hallazgo del cuerpo—, la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, solicitó informes médicos a hospitales públicos del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

La investigación se centró en identificar a mujeres de entre 20 y 40 años que hubieran sido sometidas a cirugías de rodilla en los últimos dos años. Con esa información, se cotejaron identidades con los rastros tomados durante la autopsia, hasta encontrar una coincidencia con los datos proporcionados por el hospital Castro Rendón.

“Una de las identidades que nos envió el Castro Rendón, al ser cotejada con las siete muestras de rastros que teníamos, nos permitió confirmar la identidad”, indicó la fiscal del caso, al respecto. Los familiares de la mujer ya fueron notificados.

Por último, las autoridades informaron que Ángela Díaz falleció a causa de un traumatismo de cráneo. No se encontraron lesiones compatibles con armas de fuego ni armas blancas. De acuerdo con el protocolo correspondiente, la causa se investiga como un femicidio.

El descubrimiento se produjo poco después de las 10 horas del pasado 18 de septiembre, en una cantera en uso ubicada sobre la calle Algodón, a 300 metros del ingreso al predio administrado por la empresa BASAA Constructora. El cuerpo fue encontrado a escasa distancia de una de las paredes laterales, sobre las piedras, en un sector donde solo acceden vehículos y maquinaria dedicada al procesamiento de materiales de construcción.

En un primer momento, la identificación de la víctima no pudo concretarse a través de la autopsia debido al estado en que se encontraba el cuerpo. A pesar de las dificultades, los peritos lograron establecer que se trata de una mujer de entre 25 y 40 años, de contextura delgada, 1,43 metros de altura y sin tatuajes visibles.

Respecto a la fecha en la que se habría producido la muerte de la mujer, los especialistas estimaron que “entre su deceso y su hallazgo pasaron entre 5 y 10 días”.

El hallazgo del cadáver en una zona de cantera próxima a la Autovía Norte y la Ruta 67 se dio a conocer luego de que un conductor de camión lo encontrara cuando se disponía a buscar áridos para una empresa constructora.

En una entrevista para LM Neuquén, el comisario inspectorJuan Barroso explicó que el lugar exacto corresponde al extremo norte de una cantera ubicada a aproximadamente 1,5 km de la rotonda que conecta con la bajada de Maida, en dirección al lago Mari Menuco.

“El cuerpo estaba al costado, es una zona de cantera. A simple vista, si uno no ingresa a la cantera no se visualiza, pero si se ingresa en un vehículo alto como un camión o una máquina, se podía visualizarlo porque estaba detrás de un montículo de piedra, de ripio, pero no estaba tapado. No estaba ni semienterrado ni nada por el estilo. Tampoco que la máquina comenzó a trabajar y sacó el cuerpo”, describió Barroso.

De la misma manera, el comisario detalló que el maquinista de la empresa había manifestado que hacía tiempo que no accedía a la cantera, lo que dificultó precisar el momento exacto en que el cuerpo fue depositado allí. “Desde la empresa no pudieron precisar, pero sería algo más de 20 días”, planteó.

La Municipalidad de Córdoba aprobó una reforma sustancial al régimen sancionatorio del Código de Convivencia, elevando hasta diez veces el valor de las multas por la disposición ilegal de residuos en terrenos públicos o privados.

La medida quedó oficializada mediante la ordenanza 13.543, publicada en el Boletín Oficial N° 4.392, e incluye la creación de un fondo específico para financiar acciones de remediación ambiental. Esta medida se da tras el caso del basural privado e ilegal que generó por días un olor nauseabundo en la ciudad de Córdoba.

La norma, que recibió una amplia mayoría de votos en el Concejo Deliberante, actualiza los montos expresados en Unidades Económicas Municipales (UEM), cada una equivalente a 10.808 pesos. Con este cambio, se incrementan los mínimos y máximos de las sanciones, se endurecen las penas y se incorporan infracciones que hasta ahora no estaban contempladas.

Según confirmaron desde la Secretaría de Ambiente, ya se están aplicando las nuevas disposiciones junto con otras medidas operativas. “Lo que estamos haciendo además es secuestrar los vehículos, justamente este martes lo hicimos con tres, hay la posibilidad de retener el carnet de conducir para el caso de los particulares y en el caso de los camiones estamos considerando en quitarles la habilitación en casos de reincidencia”, señaló el funcionario.

En el caso de baldíos, obras inconclusas o propiedades desocupadas, el artículo 208 establece multas de entre 50 y 200 UEM, lo que significa incrementos de entre el 800% y el 1.000% respecto de los valores previos.

Si la superficie del predio supera los 3.000 metros cuadrados, la sanción mínima asciende a 200 UEM y la máxima llega a 2.000 UEM, lo que equivale a montos que oscilan entre 2.161.600 y 21.616.000 pesos.

La quema de hojas, restos de poda, pastizales o residuos de cualquier tipo, aun sin provocar incendios, será penada con entre 50 y 200 UEM, según lo establece el artículo 211. Este ajuste multiplica por diez el mínimo y cuadruplica el máximo en relación con el régimen anterior.

A esta disposición se suma una nueva infracción: el arrojo de neumáticos en espacios públicos o baldíos, sancionada con el mismo rango de multas. Si el responsable es una empresa o comercio, el artículo 213 eleva el castigo a entre 200 y 2.000 UEM.

Para los generadores, transportistas o responsables de la gestión de residuos sólidos urbanos, el artículo 219 fija sanciones de 200 a 2.000 UEM en caso de incumplimiento en cualquier etapa del proceso. Esto implica un aumento del 400% en el mínimo anterior.

Además, si la infracción se comete con un vehículo de traslado, podrá disponerse la inhabilitación temporal o definitiva de la licencia profesional, así como la suspensión de cualquier asistencia municipal. La normativa también mantiene las penas para otras infracciones cometidas por grandes generadores, con montos de entre 100 y 4.000 UEM, dependiendo de la gravedad.

La reforma incorpora un mecanismo de financiamiento ambiental: todo lo recaudado por infracciones al artículo 219 será destinado al Fondo de Recuperación Ambiental y Saneamiento de Basurales, destinado a financiar tareas de limpieza y restauración en áreas afectadas por la disposición ilegal de desechos.

Este fondo busca garantizar que los recursos generados por las sanciones se reinviertan en la recuperación de los espacios dañados.

Qué pasó con el basural y el olor nauseabundo

Durante varios días, un olor intenso se percibió en distintos barrios de Córdoba Capital, sobre todo en la zona norte. Vecinos lo describieron como “coliflor hervido” o “algo quemado”, lo que llevó a las autoridades a iniciar inspecciones y estudios.

El Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia encargó investigaciones al Centro de Investigación y Transferencia de Ingeniería Ambiental de la UTN y a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC. La UTN confirmó en el aire la presencia de disulfuro de dimetilo y trisulfuro de dimetilo, compuestos azufrados que generan olores penetrantes incluso en bajas concentraciones.

La UNC analizó el suelo del área del foco de emisión y determinó que los contaminantes estaban por debajo de los límites establecidos por la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos. No obstante, se recomendó continuar el monitoreo y evaluar tareas de remediación a cargo del propietario del predio.

El director de Impacto Ambiental municipal, Eduardo Sarría, explicó que no había un alto nivel de peligrosidad, pero falta establecer qué materiales liberaron los compuestos tras reaccionar con el fuego. Señaló que podrían ser residuos con azufre o silicio de agroquímicos, plásticos, sintéticos o estiércol. Las emanaciones provenían de una capa profunda de residuos, lo que mantenía el humo constante.

El fiscal de instrucción del Distrito 3, Turno 7, Raúl Garzón, ordenó cerrar el perímetro, interrumpir las emisiones y realizar peritajes más exhaustivos. Equipos del DUAR, la Policía provincial y la Dirección de Higiene Urbana trabajan para controlar la situación.

El basural a cielo abierto, y sin autorización, se encuentra en las inmediaciones del Canal Maestro Norte, entre la Autovía Córdoba-Juárez Celman y avenida La Voz del Interior.

El secretario de Ambiente, Gabriel Martín, informó que las mediciones de nueve sensores no detectaron sustancias nocivas para la salud. El municipio presentó una denuncia penal por la quema ilegal de residuos en el predio privado.

La Municipalidad de Córdoba presentó una denuncia penal contra los responsables de la quema ilegal de residuos en un predio privado al norte de la ciudad. El caso se desató producto del olor nauseabundo que afectó a varios barrios en la semana.

De esta manera, la causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Tres Turno Siete, a cargo del fiscal Raúl Garzón, quien ya contaba con otro expediente que denunciaba una situación similar en otros lotes.

Según constataron del municipio, el terreno, ubicado junto al Canal Maestro Norte, entre la Autovía Córdoba–Juárez Celman y avenida La Voz del Interior, carecía de autorización para la disposición o tratamiento de residuos sólidos urbanos o industriales.

A pesar de esto, en el lugar se detectó una combustión lenta bajo la superficie de una importante cantidad de desechos, lo que generó emisiones constantes de humo con compuestos azufrados. Estos gases fueron señalados como los causantes del olor intenso que se percibió en varios barrios. En palabra de los vecinos, este se asimilaba al “coliflor hervido” o “algo quemado”.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, los estudios que fueron realizados por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional de Córdoba (UTN) determinaron que las sustancias que predominaban en el aire eran disulfuro y trisulfuro de dimetilo. Las mismas son caracterizadas por tener una fuerte actividad odorífera.

En línea con esto, las muestras de suelo indicaron la existencia de niveles de contaminación por debajo de los límites establecidos por la Ley de Residuos Peligrosos. Sin embargo, los especialistas recomendaron a las autoridades municipales mantener el monitoreo y avanzar con las tareas de remediación pertinentes.

Por su parte, el director de Impacto Ambiental de la Municipalidad de Córdoba, Eduardo Sarría, afirmó que la investigación descartó un nivel alto de peligrosidad, aunque todavía falta determinar qué materiales originaron la liberación de compuestos al entrar en contacto con el fuego.

Según los datos recopilados por La Voz del Interior, Sarría señaló que los residuos podrían contener componentes de azufre o silicio, relacionados con agroquímicos, plásticos, materiales sintéticos o estiércol. De la misma forma, indicó que las emanaciones no surgían de la superficie, sino de una capa más profunda de residuos, lo que provocaba la presencia de humo y un olor persistente.

En el operativo participaron la Unidad Especial de Bomberos (DUAR), el personal policial y los equipos de Higiene Urbana, quienes se encargaron de extinguir los focos de humo. Asimismo, tomaron las medidas necesarias para evitar el ingreso de nuevos residuos. Desde el municipio habían anticipado que los responsables del predio deberán afrontar multas, sanciones y los costos de los operativos.

El caso se dio a conocer el martes pasado, luego de que varios vecinos de la capital cordobesa denunciaran en las redes sociales que se sentía un olor penetrante y desagradable en varios sectores de la ciudad. El hecho generó preocupación, por lo que se registraron varios llamados a los servicios de emergencia y múltiples especulaciones sobre su origen.

Desde la mañana, el fenómeno había sido reportado en barrios como Alta Córdoba, Marqués de Sobremonte, el Cerro y algunas zonas del centro. Algunos lo habían ubicado cerca de la avenida Circunvalación, mientras que otros lo notaron más al norte.

Con el paso de las horas, se instaló una primera hipótesis que indicaba que podría haberse tratado de una fuga de gas. Frente a esto, el personal de Ecogas realizó controles en distintos domicilios, pero en ninguno se detectaron pérdidas.

Frente a la incertidumbre, y ante el creciente número de reportes, la Municipalidad de Córdoba emitió un comunicado oficial en el que intentó llevar tranquilidad a la población. “No se detectaron indicios de alerta para la salud de la población”, aseguraron al conocer los resultados del estudio realizado por el Observatorio Ambiental local.

Después de que otras denuncias apuntaran contra los basurales a cielo abierto, la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental inició un relevamiento entre las industrias cercanas que manipulan sustancias químicas o compuestos que podrían generar olores fuertes. Finalmente, se logró dar con los responsables de haber permitido la quema ilegal en el depósito.

“Hay un fusilado que vive”, fue la frase que impulsó una de las investigaciones periodísticas más emblemáticas de la historia argentina, llevada a cabo por Rodolfo Walsh y plasmada en su obra Operación Masacre. Este trabajo, escrito con la pluma de alguien que ya era un autor de cuentos policiales, resultó ser la primera novela de no ficción en español. Y aunque a veces se cree que la primera novela del género fue A sangre fría, de Truman Capote, el relato de Walsh salió en 1957, nueve años antes que el del norteamericano.

Esta frase, “hay un fusilado que vive”, pero en femenino, volvió a cobrar relevancia cuando, ayer al mediodía, Cristina Kirchner la pronunció ante dirigentes y militantes en la sede central del Partido Justicialista Nacional. Así buscó mostrar unidad en el marco del posible fallo de la Corte Suprema por la Causa Vialidad, que se conocerá esta tarde.

La versión oficial cuenta que “ese fusilado que vive” era Juan Carlos Livraga, quien en la noche del 9 de junio de 1956 se preparaba para una cita romántica en Munro, sin imaginar que sería testigo y víctima de uno de los episodios más oscuros de la historia argentina.

Ese día, una sublevación peronista liderada por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco contra la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Rojas culminó en una serie de fusilamientos clandestinos, entre ellos el que Livraga sobrevivió milagrosamente.

La conspiración que derivó en los fusilamientos había comenzado tras la caída de Juan Domingo Perón en 1955. En ella participaron tanto militares retirados por su adhesión al justicialismo como civiles que apoyaban la causa.

La noche del 9 de junio, mientras Livraga se alistaba para bailar tango, la revolución estalló con enfrentamientos en varias provincias, como La Pampa, donde peronistas y antiperonistas lucharon cuerpo a cuerpo.

Tras el fracaso del levantamiento, la dictadura de Aramburu y Rojas desató una brutal represión. Además de Livraga, esa noche fueron detenidos también Juan Torres, Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Mario Brión, Horacio Di Chiano, Norberto Gavino, Rogelio Díaz, Reinaldo Benavidez y Julio Troxler.

Los doce hombres fueron llevados en un camión a un basural de José León Suárez, donde fueron fusilados. Cinco de los detenidos murieron bajo las balas: Brión, Carranza, Garibotti, Lizaso y Vicente Rodríguez. Los siete restantes tuvieron mejor suerte; algunos corrieron y lograron escapar, otros sobrevivieron al fusilamiento, como Livraga, que recibió tres balazos y fue dado por muerto, sin que nadie se diera cuenta de que seguía con vida. Así comienza el libro de Walsh, cuando alguien le dice: “¡Hay un fusilado que vive!”, frase que fue el disparador de su investigación

Otra vuelta de tuerca

Pero el origen real de esta emblemática frase permaneció oculto durante décadas, hasta que en 2019 los cuadernos inéditos de Enriqueta Muñiz, colaboradora de Walsh, arrojaron luz sobre el hombre que le transmitió la información inicial a Walsh: Enrique Dillon.

Sin embargo, un nuevo descubrimiento revela que Walsh también se contactó con un marino cuya integridad y valentía lo convirtieron en una fuente clave para desentrañar los hechos.

El encuentro que dio inicio a esta investigación ocurrió en diciembre de 1956, en el Bar Rivadavia de La Plata, donde Walsh solía reunirse con amigos para conversar sobre literatura o jugar al ajedrez. Fue allí donde un hombre le confió la frase que cambiaría el rumbo de su carrera y de la historia periodística argentina. Este hombre hacía referencia a los fusilamientos clandestinos perpetrados en los basurales de José León Suárez.

Crónica de un fusilamiento

Los hechos se remontan a la madrugada del 10 de junio de 1956, cuando un grupo de policías bonaerenses, bajo las órdenes del inspector mayor Rodolfo Rodríguez Moreno, ejecutó a varios detenidos. La orden había sido emitida por el jefe de la policía bonaerense, el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, quien previamente había encabezado un operativo en la localidad de Florida, donde se detuvo a miembros de la resistencia peronista. Estos militantes habían participado en un levantamiento contra el gobierno militar, que buscaba restaurar el orden constitucional tras el golpe de Estado de 1955.

Fernández Suárez, tras regresar a La Plata, dio la orden de trasladar a los detenidos a un descampado para ser ejecutados. “A esa gente me la llevan a un descampado y los fusilan”, fue la instrucción que Rodríguez Moreno cumplió sin titubeos.

Los prisioneros, que se encontraban en la Unidad Regional San Martín, fueron transportados en un camión celular hasta los basurales de José León Suárez, donde se consumó la masacre.

La investigación de Walsh, que comenzó con aquella frase en el bar, se convirtió en un hito del periodismo de investigación. Su obra Operación Masacre no solo documentó los hechos, sino que también denunció las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen militar.

Porque la frase “hay un fusilado que vive” no solo marcó el inicio de la investigación de Walsh, sino que también simbolizó la resistencia frente a la opresión.

Un hallazgo estremecedor tuvo lugar en una planta de reciclaje situada en Avenida de Las Palmeras 5001, en Rosario. Aproximadamente a las 12:50 horas, durante una inspección de prevención de delitos y contravenciones, se reportó el descubrimiento del cuerpo sin vida de un bebé recién nacido dentro de una bolsa.

El descubrimiento fue realizado por Dionicio Ariel Aranda, un trabajador de 40 años de la planta de reciclaje. Según las fuentes oficiales, durante su jornada laboral, al abrir una bolsa que presentaba manchas de sangre, encontró un “feto formado en su totalidad” y sin signos vitales.

Al momento en el que entendió de qué se trataba, le comunicó la situación a sus superiores, que ordenaron comenzar un protocolo en el que se detuvo la planta y se notificó a las autoridades la situación.

Para investigar lo ocurrido acudió al sitio la fiscal Valeria Piazza Iglesias, y un equipo del Gabinete de PDI. En el lugar, también atendieron profesionales del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES).

Allí, según las fuentes policiales del caso, pudieron detallar que el cuerpo estaba envuelto en una toalla empapada en sangre, acompañado de la placenta y con el cordón umbilical completo.

Sorprendentemente, el cordón tenía dos vueltas alrededor del cuello del bebé y una mancha verde destacaba en su rostro. La estimación inicial de la data de muerte del recién nacido fue de entre 12 y 24 horas.

En el mismo informe preliminar, se determinó que el recién nacido es un masculino a término, encontrado en la cinta de separación de residuos sanitarios.

Las circunstancias que rodean su nacimiento y fallecimiento permanecen bajo investigación, mientras las autoridades buscan esclarecer los hechos.

Murió una recién nacida y la madre dio positivo en cocaína y alcohol

La Rioja vivió un trágico acontecimiento con el fallecimiento de una recién nacida en el Hospital de la Madre y el Niño durante la madrugada del pasado 19 de abril. La madre de la bebé habría acudido al centro médico presentando síntomas claros de intoxicación.

Al ser sometida a pruebas, los resultados revelaron la presencia de alcohol y cocaína en su organismo, lo que arroja luz sobre las circunstancias rodeando este lamentable suceso. Al hospital llegó en compañía de quien sería su pareja, a pesar de que no era el padre biológico de la bebé.

Durante el allanamiento realizado en la vivienda de la pareja, ubicada en la intersección de las calles Esquel y La Quiaca, en el barrio Argentino, la policía halló envoltorios de nylon con restos de droga, una pipa de metal y un frasco con pastillas de clonazepam.

En el procedimiento participaron efectivos de la Policía Técnica Judicial y personal de la Unidad de Asuntos Juveniles. La madre de la bebé, identificada como E.M.O., de 29 años y oriunda de Santa Fe, dio positivo por consumo de cocaína y alcohol antes del parto, lo que llevó a la Justicia a analizar su responsabilidad en el fallecimiento.

La mujer ingresó al hospital el viernes a las 7 de la mañana, cursando un embarazo de 39 semanas, tras comunicarse con el servicio de emergencias por sentirse mal.

Arribó en ambulancia acompañada por J.D.C., un hombre de 45 años y aparentemente su pareja. El personal médico detectó que ambos estaban posiblemente intoxicados, por lo que se activó un protocolo especial y se realizaron análisis toxicológicos.

El parto se realizó por cesárea al mediodía y la recién nacida fue internada de inmediato en el área de neonatología debido a su estado crítico.

Horas después, la bebé sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció cerca de la medianoche. Tras el deceso, la causa judicial fue recaratulada como homicidio agravado por el vínculo, y la jueza Gisela Flamini, titular del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores N°2, asumió el expediente.

Un empleado municipal de 52 años murió de manera trágica este miércoles al ser aplastado entre un camión y una pala mecánica mientras cumplía tareas de recolección de residuos en un basural de la provincia de Córdoba.

El hecho ocurrió en el predio de enterramiento Piedras Blancas, ubicado a la vera de la Ruta 36, en el Barrio Comercial, a pocos kilómetros de la capital cordobesa. La víctima fue identificada como Sergio López.

Según informó la Policía de Córdoba, el accidente se produjo cuando la pala mecánica, encargada de compactar bolsas de basura, no se percató de la presencia del trabajador mientras este descargaba residuos de un camión. La máquina, al realizar maniobras en reversa, lo embistió, dejándolo atrapado entre el camión y la pala.

A pesar de los intentos de sus compañeros de trabajo y de los servicios de emergencia que llegaron al lugar, el hombre falleció debido a un aplastamiento en la zona del abdomen y pelvis.

En declaraciones a Cadena 3, el comisario inspector Jorge Miño describió lo sucedido como un “accidente lamentable” y confirmó que la Policía Judicial está investigando las circunstancias que rodearon el hecho. En la escena se realizaron las pericias correspondientes, con el fin de esclarecer las causas.

Sergio López era empleado de la Municipalidad de Alta Gracia y se encontraba cumpliendo sus funciones en el área de Servicios Públicos en el momento del accidente. Funcionarios del municipio se presentaron en el lugar tras conocerse la noticia del deceso.

El Gobierno de Alta Gracia, además, emitió un comunicado expresando su profunda tristeza por el fallecimiento de López y destacando su acompañamiento a la familia y compañeros de trabajo.

“Estamos cerca de la familia y de todos sus compañeros de trabajo; y aguardando las informaciones de Policía Judicial que está trabajando junto a las autoridades de CORMECOR (Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba)”, señalaron en sus redes sociales oficiales.

En señal de duelo, el servicio de recolección de residuos fue suspendido por la tarde del miércoles, a pedido del equipo de trabajo.

El predio de Piedras Blancas es uno de los principales puntos de recepción de residuos del Gran Córdoba y de las localidades aledañas, donde se acopian y compactan grandes cantidades de basura diariamente. Las autoridades continúan trabajando para determinar las responsabilidades en el caso, mientras que los compañeros del fallecido lamentan profundamente la pérdida.

El lamentable episodio se produjo una semana después de que otro recolector de Córdoba sufriera una amputación a causa de un siniestro vial. En aquel caso, un auto embistió por atrás a un camión de residuos que se encontraba en pleno trabajo. Por el impacto, la víctima perdió una de sus piernas.

El choque se produjo en la noche del domingo, en el cruce de Juan de Santiso y Moscoso con Malvinas Argentinas, en el barrio Talleres Este de la capital provincial. Una mujer al volante de un Fiat Strada golpeó al vehículo de gran porte y uno de los trabajadores, que iba colgado en la parte trasera del rodado, recibió la peor parte. Tras la atención del servicio de emergencias, fue trasladado al Hospital Privado con distintas lesiones. La peor de ellas, en su pierna derecha.

Por su parte, la mujer, de 30 años, fue llevada al Hospital de Urgencias con politraumatismos.

Posteriormente, la familia del recolector confirmó que al joven de 29 años debieron amputarle su pierna derecha. En diálogo con la prensa local, remarcaron que la avenida donde ocurrió el incidente “tiene buena iluminación y el camión estaba con luces y balizas en buen estado”, dando a entender que la responsabilidad debería recaer en la conductora del coche.

Según informó La Capital, en medio de la batalla, uno de los bandos logró arrebatarles las armas reglamentarias a dos de los cuatro policías que trabajan habitualmente en el lugar. Inmediatamente, cayó muerto de un tiro en la cabeza Emanuel Márquez, uno de los recicladores que estaba cerca del puesto policial durante la pelea. La víctima es un joven de 23 años que llegó muerto al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) después de que lo trasladaran agonizante en una camioneta.

En un video del hecho, se observa cómo varios de los agentes reaccionan a las agresiones con disparos contra el grupo que los atacaba. Es por eso que tomó fuerza la hipótesis que fue en esa secuencia que murió el joven. “Es un momento muy doloroso, no lo esperábamos. Él fue a trabajar para traerle el plato de comida a su familia”, comentó Melany, pareja de la víctima, a un canal de TV local.

El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, se expresó en la mañana del sábado respecto de la violencia en ese lugar. “Esto no sucede todos los días, pero crece en silencio en todas las ciudades, nadie hace nada, y al cabo de unos años se terminan perdiendo todos los valores. Todos vimos las imágenes de la decadencia: robar, agredir y no respetar a un agente de seguridad es un delito que tiene que ser investigado”, consideró el jefe comunal en un posteo en la red social X y reclamó a los investigadores resolver con rapidez el caso, especialmente por la situación del policía.

“Frente a la acción, la respuesta. A eso se enfrentan día a día las fuerzas que nos cuidan. Le pido a la Justicia que actúe velozmente para esclarecer el caso. Y le pido a Dios que cuide de la familia del policía detenido que velaba por su seguridad, la de sus compañeros y la de todos los marplatenses”, escribió Montenegro.

Según fuentes con acceso al caso consultadas por Infobae, una de las dos armas robadas a los policías fue recuperada esta madrugada. Es de esperar que los investigadores ordenen pericias sobre las tres armas disponibles y la bala que mató al joven para determinar el origen del disparo. Una pregunta pesa sobre la investigación: ¿el disparo salió de un policía o del ladrón de alguna de las armas?

Al menos otras dos personas requirieron atención en el centro de salud por heridas de arma de fuego. En esos casos, fueron llevados hacia allí en las ambulancias que se acercaron al lugar de los hechos. Además, los dos policías a los que les quitaron sus armas también debieron ser atendidos por las heridas que les causaron los golpes recibidos.

“Hay dos grupos de casi cien personas que se enfrentan en el lugar y en esa situación dos de los cuatro policías que cumplen tareas de adicional intentan interceder. Son atacados, sufren el robo de las armas y se escuchan varias detonaciones”, le indicaron a 0223 fuentes oficiales.

Los medios locales indicaron que cerca de las 15, uno de los grupos intentó adelantársele al otro en la descarga de camiones, lo que generó el comienzo de la pelea. Rápidamente la furia escaló a una batalla infernal que incluyó luchas cuerpo a cuerpo y lanzamiento de proyectiles. Todo, ante la mirada de los cuatro agentes presentes.

Cuando dos de esos agentes intentaron intervenir recibieron las agresiones y al menos uno de ellos sufrió el arrebato de su arma. Refugiados en el puesto policial los policías respondieron con disparos. Ese es el momento que quedó registrado en video y que muestra cómo disparan contra los recicladores.

Las imágenes muestran el caos y la violencia. “Mirá cómo reprimen”, gritó uno de testigos, mientras filmaba con un teléfono. Luego, uno de los agentes pidió que lo ayude a recuperar la pistola: “Recuperame el fierro. Me sacó el fierro allá”. “¡El fierro! Quieren el fierro, perdió el fierro. Busquen el fierro, que lo perdió”, es lo que les dice el reciclador a sus compañeros.

Tras el pedido de refuerzos por radio, se hicieron presentes en el lugar un cuerpo de la UTOI y de Infantería, además del jefe de la Departamental, Comisario mayor Luis Senrra, y el secretario de Seguridad, Rodrigo Goncalvez. De todos modos, la situación tardó casi dos horas en ser controlada.

Se hizo cargo de la investigación el fiscal Alejandro Pelegrinelli, de la UFI 5 Mar del Plata.

El juez federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, ordenó el levantamiento de la medida cautelar dispuesta en abril del año pasado y dispuso así la reanudación de la ejecución de las obras para el saneamiento del basural a cielo abierto más grande del país, ubicado en el partido bonaerense de Luján y conocido como “La Quema”, con cerca de 50 años de existencia.

La “prohibición de innovar” sobre el predio ubicado a la vera de la ruta 192 había sido impuesta por el juez tras una demanda de un grupo de vecinos que objetó que la obra de saneamiento, cuyo proyecto se enmarca dentro del Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto y comprende una inversión conjunta entre Estado nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 18 millones de dólares, presentaba determinadas “falencias técnicas” que suponían un perjuicio para las actividades frutihortícolas desarrolladas en ese partido.

Según informó Infobae, el Proyecto Centro Ambiental Luján CAL incluye la construcción en el denominado Predio Sucre de un centro de separación y recuperación de materiales y de un relleno sanitario para la disposición final del material orgánico que quede como desecho. Hasta el momento de la paralización decretada por la Justicia, la ejecución de la obra estaba a cargo de la Municipalidad de Luján a través de la empresa EVA S.A., tras la licitación y la Declaración de Impacto Ambiental realizadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la provincia de Buenos Aires.

La medida cautelar aceptada entonces por el juez federal de Mercedes se fundó fundamentalmente en el principio preventivo, que apunta a ejercer acciones e intervenir judicialmente con el fin de evitar daños colectivos futuros relacionados con el ambiente. Esa disposición, de carácter provisoria, fue levantada este lunes en un fallo de 16 páginas al que tuvo acceso este medio.

En efecto, al momento de resolver, el juez expresó: “En vista de los contratos de préstamo celebrados entre la República Argentina y el Banco Internacional de Desarrollo Nros. 3249 y 6657 -en el marco del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos-, se desprende que la paralización de las obras oportunamente dispuestas por la cautela en crisis, conllevan hoy a la posibilidad de que la entidad financiera suspenda los desembolsos y/o cancele los venideros”.

Y agregó: “De tal contexto, resultaría que el Estado Nacional deba cubrir los gastos ya efectuados, sumado a la posibilidad de afrontar futuros reclamos judiciales y de asimismo, poner en crisis la continuidad de la Política Federal GRISU de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto en nuestro país, en el marco de la necesidad de profundizar las inversiones en infraestructura ambiental. Esto último denota la presencia a las claras de un interés público comprometido de orden colectivo”.

A su término, el magistrado consideró como “evidente” a esta altura del proceso que “la participación del Banco Internacional del Desarrollo resulta esencial para que la concreción del proyecto sea posible, máxime en el contexto político económico instaurado desde 10.12.2023 -cese de transferencia de recursos coparticipables a la provincias-, dificultándose la reparación ulterior, en caso de suspensión o cancelación de los desembolsos pendientes”.

Luego reiteró: ”Se suma a la balanza en favor de la continuidad de las obras de construcción del Centro Ambiental Luján, la eventual caída del préstamo BID, cuyas consecuencias económicas negativas repercutirían en el erario federal, y el potencial abandono de una obra pública, afectándose en definitiva el interés público comprometido”.

Y sumó: “adhiero en este estadio del proceso cautelar con lo apreciado por Alzada -Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín- en cuanto a que ‘...el posible perjuicio que podría ocasionar la continuidad del proyecto resultaría sensiblemente menor en comparación a la actual situación ambiental o al agravamiento que podría darse por la suspensión del avance de las obras enfocadas en lograr el cierre técnico del mayor basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires…’”.

En esos términos, el juez resolvió levantar la prohibición de innovar y ordenó la reanudación de la ejecución de las obras para el saneamiento del basural a cielo abierto en Luján. También le encomendó al Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires “la supervisión de su ejecución, en miras al estricto cumplimiento de los condicionamientos dispuestos en el Anexo 1 de la Declaración de Impacto Ambiental”. Luego le requirió que, cumplida cada etapa de la obra, “acompañe un informe de gestión y cumplimiento”.

Por último, el juez federal dispuso remitir de oficio a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas una copia del escrito presentado por la amparista -la Asociación Nuevo Ambiente-, donde manifestó la posible existencia de ciertas “irregularidades” vinculadas al destino de los pagos del préstamo otorgado por el BID en el marco del proyecto de saneamiento en curso.