Un hombre de 32 años, identificado por sus iniciales L. H., quedó con prisión preventiva tras ser imputado como presunto autor del femicidio de Daiana Arber en la ciudad de Santa Fe.

La medida, solicitada por la fiscal Laura Gerard, fue impuesta por el juez Martín Torres en una audiencia desarrollada este miércoles por la mañana en los tribunales de la capital provincial. El caso ha conmocionado a la comunidad local por la brutalidad del ataque y el posterior descarte del cuerpo.

La fiscal Gerard fundamentó la necesidad de la prisión preventiva señalando que, aunque la defensa propuso alternativas, “el magistrado hizo lugar a nuestro pedido porque la preventiva era necesaria para mitigar los peligros procesales”. La funcionaria explicó que la gravedad de los hechos y el riesgo de entorpecimiento de la investigación justificaron la imposición de la medida cautelar más gravosa.

El crimen ocurrió entre las 5:00 y las 14:00 del jueves 25 de junio, en un inmueble ubicado en la calle Padre Catena al 4.500. Según la investigación, el imputado disparó al menos cuatro veces contra Daiana Arber con un arma de fuego calibre 22, provocándole la muerte por los impactos recibidos en la cabeza, el tórax y el abdomen.

Entre la noche del viernes 26 y la madrugada del sábado 27 de junio, L. H. y otra persona no identificada habrían trasladado el cuerpo de la víctima en un carro hasta una zona de basural cercana a la vivienda. Una vez en ese lugar, descartaron el cadáver entre residuos y malezas. “El accionar del hombre investigado constituye una manifestación de violencia de género extrema”, sostuvo la fiscal Gerard, quien remarcó que el imputado se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de la víctima y de la asimetría de poder que existía entre ambos.

La fiscal también subrayó que la forma en que se descartó el cuerpo “exterioriza un absoluto desprecio hacia la dignidad de la víctima por su condición de mujer”. Esta afirmación fue realizada en la audiencia ante el juez Torres, donde se detallaron los elementos probatorios reunidos hasta el momento.

La secuencia de ocultamiento y traslado del cuerpo fue descrita como un intento deliberado de borrar rastros y dificultar el avance de la investigación. La Fiscalía enfatizó que el contexto del hecho y las circunstancias posteriores refuerzan la calificación del delito como femicidio.

El sábado 27 de junio, alrededor de las 19:00, la Policía realizó un allanamiento en la vivienda de L. H. En el operativo se encontró una granada de mano de hostigamiento, descrita por la fiscal como “potencialmente activa en su funcionamiento y en condiciones de ser utilizada”. El artefacto había sido adulterado con pintura azul y presentaba la inscripción ‘TNT’ en letras blancas.

La presencia de material explosivo en poder del imputado representa un agravante en el expediente, ya que la fiscal Gerard le imputó también la tenencia ilegítima de material explosivo. El hallazgo fue presentado como un elemento de riesgo añadido para justificar la prisión preventiva.

Durante la audiencia, la fiscal Gerard resaltó que la prisión preventiva era indispensable para evitar que el imputado pudiera obstaculizar el proceso. Señaló que el contexto de violencia de género, la existencia de pruebas materiales y el intento de ocultar el cuerpo de la víctima son indicios suficientes para sostener la medida cautelar.

A LH se le atribuyó la autoría de los delitos de femicidio y tenencia ilegítima de material explosivo, en el marco de una investigación que sigue en curso. Mientras tanto, la fiscalía continúa reuniendo pruebas y busca identificar a la persona que colaboró en el traslado y descarte del cuerpo de Daiana Arber.

La causa permanece bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Homicidios del MPA, a cargo de la fiscal Laura Gerard, quien anticipó que se profundizarán las diligencias para esclarecer plenamente lo sucedido y determinar todas las responsabilidades involucradas.

El caso de Daiana Arber se inscribe en la problemática estructural de la violencia de género en la región. La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) hizo hincapié en la necesidad de una respuesta judicial contundente ante hechos de semejante gravedad. “La agresión letal y el descarte del cuerpo entre residuos exterioriza un absoluto desprecio hacia la dignidad de la víctima por su condición de mujer”, afirmó Gerard en la audiencia.

Un enfrentamiento de características excepcionales se registró el lunes 6 de julio en el basural de Sargento Vidal, provincia de Río Negro. El episodio involucró a unas 24 personas pertenecientes dos grupos familiares dedicadas a la recolección de materiales reciclables en ese predio.

El conflicto derivó en la utilización de armas blancas y un arma de fabricación casera, situación que requirió la intervención de efectivos de la Comisaría 44° de Campo Grande. La policía secuestró una tumbera, un machete, cuchillos y un hacha. Además, una mujer resultó herida durante los violentos hechos.

Según reportó Río Negro, el episodio tuvo lugar cerca de las 11:40, luego de un llamado de alerta que informó sobre una pelea de grandes dimensiones en el basural. Se trata de un predio ubicado sobre calle Rural 11, en las afueras de Sargento Vidal, localidad perteneciente al municipio de Campo Grande, en la provincia de Río Negro. Este basural funciona como un sitio a cielo abierto donde se depositan residuos urbanos y materiales reciclables de la zona.

Al arribar, los uniformados encontraron una escena de alta tensión, con agresiones físicas y amenazas con arma de fuego. Los efectivos incautaron una tumbera de caño con mango de goma, un cartucho de escopeta calibre 12 compatible con ese tipo de arma casera, un machete de aproximadamente 60 centímetros de hoja, dos cuchillos de distintas dimensiones y un hacha de mano.

Si bien la intervención policial permitió neutralizar la situación, la tensión en el predio fue máxima durante los minutos que duró el operativo. Las primeras averiguaciones señalaron que la disputa se originó en diferencias relacionadas con la actividad de recolección de materiales reciclables entre ambas familias. Su contexto de marginalidad y escasa regulación ha favorecido la aparición de conflictos.

Durante el procedimiento, una ambulancia del hospital local asistió a la mujer que sufrió lesiones derivadas de la pelea. Tras la atención inicial en el lugar, la paciente fue derivada a un centro de salud para una evaluación médica más completa.

Todos los participantes, conforme dispuso la Fiscalía de turno, fueron trasladados a dependencias policiales para cumplimentar las actuaciones de rigor. Se abrió una causa penal bajo las figuras de lesiones y amenazas calificadas por el uso de arma de fuego.

La investigación judicial se centra en determinar el grado de participación y las responsabilidades individuales de quienes intervinieron en el enfrentamiento. Voceros oficiales señalaron que el secuestro de las armas permitió reducir un factor de riesgo mientras se desarrollaba el operativo policial.

Las disputas por el acceso a materiales reciclables no son infrecuentes en zonas donde varias familias comparten el mismo espacio de trabajo y compiten por recursos limitados. Las familias locales acudan regularmente para recolectar cartón, metales, plásticos y otros elementos reutilizables, que luego comercializan como única fuente de ingresos.

La causa permanece en etapa investigativa y la instrucción judicial continuará en los próximos días. Mientras tanto, las autoridades trabajan para esclarecer los hechos y establecer la responsabilidad penal de los involucrados y testigos presentes en el lugar.

El basural de Sargento Vidal forma parte de un proceso de transformación impulsado por el Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) del Alto Valle, que busca reemplazar los actuales basurales a cielo abierto por un sistema regional moderno y sostenible. El proyecto tiene como objetivo reducir el impacto ambiental y sanitario de los basurales, al tiempo que promueve la economía circular y la inclusión social de los recuperadores urbanos.

Este plan incluye la construcción de nuevas infraestructuras para el tratamiento y la transferencia de residuos, así como el cierre técnico de predios informales como el de Sargento Vidal, en un esquema que cubre localidades desde Campo Grande hasta Allen.

Como parte de esta iniciativa, en junio de 2026 se realizó un censo histórico de recuperadores urbanos en el Alto Valle, que identificó a más de 200 personas dedicadas a la recolección informal. De acuerdo con las autoridades, el cierre de los basurales tradicionales y la implementación de plantas de procesamiento permitirán mejorar las condiciones laborales y reducir los conflictos derivados de la competencia por los materiales reciclables.

Una semana después de haber encontrado el cuerpo de Daiana Mercedes Arber adentro de una bolsa en un basural de Santa Fe, imputaron al único sospechoso del femicidio.

L.M.H. fue señalado como presunto autor del crimen de la mujer de 32 años, descubierto a fines de junio. Arber era intensamente buscada por sus familiares, quienes habían radicado la denuncia por desaparición el viernes previo al hallazgo.

La Fiscalía de Santa Fe determinó que el imputado, también de 32 años, la habría matado de al menos cuatro disparos antes de trasladar el cadáver y abandonarlo en un basural de la zona oeste de la ciudad. La audiencia se desarrolló ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Sergio Carraro.

La reconstrucción provisoria de los hechos fue presentada por la fiscal de la Unidad Especial de Homicidios, Laura Gerard, quien sostuvo que el crimen ocurrió entre las 5 y las 14 del 25 de junio en una vivienda de la calle Padre Catena al 4500, en barrio Villa del Parque. Según la teoría del caso, informada por Diario Uno, L.M.H. disparó con un arma de fuego cuyos proyectiles impactaron en la cabeza, el tórax y el abdomen de la víctima, y le provocaron la muerte en el lugar.

Tras el crimen, de acuerdo con la acusación, el imputado organizó el traslado del cuerpo. Durante la madrugada siguiente, con la colaboración de una persona aún no identificada, llevó el cadáver hasta un basural de la zona oeste de la ciudad, donde fue dejado entre los residuos. Fue allí donde el cuerpo de Arber fue hallado días después del crimen.

A la imputación por femicidio se sumó un segundo cargo, producto de cinco allanamientos realizados el jueves en el barrio donde encontraron a la víctima. Personal de la Policía de Investigaciones (PDI), bajo las directivas de la Fiscalía a cargo de la causa, llevó adelante los procedimientos en distintos inmuebles en busca de nuevas pruebas vinculadas al crimen.

Los procedimientos se realizaron en Pasaje Vecinal Villa del Parque al 4400, Pasaje Irala al 1500 y Centenera al 4300, entre otros puntos de la zona. La Policía encontró en la vivienda del imputado una granada de mano perteneciente a las fuerzas de seguridad. Esto derivó en una segunda acusación por la tenencia de material explosivo.

El cuerpo de Arber fue hallado el domingo 28 de junio por la tarde dentro de una bolsa de grandes dimensiones en la esquina de las calles Liberación y Estrada, en el basural. Un hombre que revisaba residuos en el lugar dio el aviso que permitió localizarla.

La identidad de la víctima fue confirmada mediante pericias y por las características físicas que había aportado la familia a la Subcomisaría Segunda, entre ellas tatuajes y piercings. Desde ese momento, la causa quedó encuadrada como femicidio.

La Policía de Investigaciones (PDI) llegó al hallazgo tras una serie de versiones recibidas en las horas previas. Primero, una persona se presentó ante las autoridades y señaló haber escuchado sobre un asesinato en la intersección de Padre Catena y Justicia. Luego, el sábado, otro aviso llevó a rastrillajes en la intersección de Del Trabajo y la cortada Justicia, donde intervinieron Buzos Tácticos, la Brigada Aérea y la Sección Perros, sin resultados. Fue recién el domingo, con el aviso del hombre que revisaba la basura, que el cuerpo fue encontrado.

De acuerdo a lo constatado por Diario Uno, la víctima era oriunda de la localidad de Nelson y residía en Santa Fe desde hacía aproximadamente dos años. Según publicó el mismo medio, su familia hizo referencia a un posible vínculo entre la mujer y el femicida, que los había llevado a intentar persuadirla de volver a su ciudad natal.

Al final de la audiencia imputativa, la fiscal solicitó la convocatoria a una nueva instancia procesal, el día miércoles, para debatir la prisión preventiva del acusado.

El cuerpo de Daiana Mercedes Arber fue hallado el domingo dentro de una bolsa en un basural del barrio Villa del Parque, en el oeste de la ciudad de Santa Fe. La mujer de 32 años era buscada por su familia desde el viernes, aunque la denuncia la hicieron al día siguiente en la Subcomisaría Segunda.

La causa quedó encuadrada como femicidio y hay un hombre detenido a disposición de la Justicia. El hallazgo se produjo el domingo por la tarde cuando un hombre que revisaba residuos encontró una bolsa de grandes dimensiones en la esquina de las calles Liberación y Estrada.

A partir de ese momento se desplegó un operativo policial y judicial en la zona, y las pericias posteriores permitieron confirmar la identidad de la víctima. Además, el cuerpo coincidía con las características que había brindado la familia, como tatuajes y piercings.

Luego de una seguidilla de versiones que recibió la Policía de Investigaciones (PDI), lograron encontrar el cuerpo. De acuerdo con lo informado por Aire de Santa Fe, una persona se presentó ante las autoridades e indicó que había escuchado sobre un asesinato en la intersección de las calles Padre Catena y Justicia. Eso llevó a que la Policía comenzara con los primeros rastrillajes.

El sábado los agentes de la Subcomisaría escucharon otra historia que alertaba sobre la posible presencia de un cuerpo en un basural en la intersección de calle Del Trabajo y la cortada Justicia, donde trabajaron los Buzos Tácticos, la Brigada Aérea y la Sección Perros, pero no obtuvieron resultados positivos. Finalmente, el aviso de la individuo que revisaba la basura, permitió localizar a Arber.

La causa está a cargo de la fiscal Laura Gerard, de la Unidad Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual, y avanza bajo los protocolos específicos para femicidios. Los investigadores no descartan la participación de otras personas en el crimen, por lo que la pesquisa continúa con nuevas medidas orientadas a reconstruir las últimas horas de la víctima e identificar a todos los responsables.

Investigan un femicidio en Córdoba

La Justicia de Córdoba investiga un presunto femicidio seguido de suicidio en la localidad de Morteros tras el hallazgo, el lunes por la tarde, de los cuerpos de Natalia Delso, de 38 años, y su expareja Juan Galván, de 46, en una vivienda de la calle Beiró al 600, en el barrio Urquiza.

La hipótesis principal que maneja la fiscalía es que Galván mató a Delso mediante un golpe contundente y luego se quitó la vida.

La alerta la dieron familiares de la víctima, que se acercaron al domicilio al no tener noticias de ella desde la mañana. Delso había salido de su casa alrededor de las 10 con intención de regresar al mediodía; ante la falta de contacto, sus allegados ingresaron por una puerta trasera y encontraron los cuerpos.

De inmediato dieron aviso a la Policía de Córdoba, que preservó la zona mientras Policía Científica y personal judicial trabajaron durante toda la tarde en el relevamiento de la escena. El fiscal de instrucción Francisco Payges supervisó personalmente las actuaciones y dispuso la realización de autopsias para determinar la causa y la data de muerte.

Un antecedente del caso agrega contexto a la investigación. Galván había recuperado su libertad recientemente tras cumplir una condena por lesiones graves calificadas y lesiones leves calificadas en un contexto de violencia de género, en una causa iniciada en 2022 por otra expareja. Entre Galván y Delso no existían denuncias previas registradas.

La Fiscalía evalúa si había medidas de restricción vigentes sobre el imputado al momento de los hechos. Las pericias forenses y el análisis de las pruebas recolectadas determinarán si existieron responsabilidades institucionales previas.

Un macabro hallazgo estremeció a la ciudad de Bahía Blanca. En el relleno sanitario ubicado en el kilómetro 14 de la ex Ruta 229, en el conocido Camino Viejo a Punta Alta, personal del lugar encontró un feto de varios meses de gestación.

El hallazgo fue realizado por dos trabajadores informales, quienes circulaban por una de las áreas más activas del relleno. Allí, entre los residuos de las últimas horas, los hombres se toparon con el cuerpo de un feto, sin prendas y con el cordón umbilical expuesto. De inmediato, dieron aviso a las autoridades, quienes procedieron a aislar la zona y activar el protocolo correspondiente.

El área donde fue encontrado el feto corresponde a una parte elevada del relleno, donde las máquinas comenzaban el proceso de compactación de residuos. Según informó el área de Recolección de Residuos, en ese sector se depositan los desechos acumulados en las últimas 24 horas, lo que delimita un período clave para las primeras hipótesis investigativas. Se estima que solo en el transcurso de este martes ingresaron al relleno unos 20 camiones, lo que complica la identificación del origen puntual del material en el que fue hallado el cuerpo.

De acuerdo con lo informado por el portal La Nueva, la escena fue preservada para permitir el trabajo de la Policía Científica, mientras la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7 asumió la investigación, ordenando las primeras medidas de rigor. Entre ellas, la realización de la autopsia para determinar las causas y circunstancias de la muerte, así como el análisis de las cámaras de seguridad del predio y el seguimiento del recorrido de los camiones recolectores que arribaron durante la jornada.

Desde el área de Seguridad, se recabaron los registros de ingreso de camiones de los últimos días. El análisis de estos datos permitirá delimitar el área de búsqueda y, eventualmente, identificar el recorrido de los vehículos que depositaron residuos en el sector en cuestión. Se informó que las tareas incluyen la revisión de los listados de personal y la consulta a los trabajadores del relleno para recabar testimonios que puedan aportar información relevante sobre movimientos inusuales o personas ajenas al circuito habitual de recolección.

Por el momento, no se han difundido datos sobre posibles sospechosos ni sobre la identidad de la madre o responsables del hecho. Las autoridades evitaron brindar precisiones hasta tanto no se obtengan resultados concluyentes de las pericias y análisis en curso. La comunidad permanece atenta al avance de la investigación, mientras el caso suma un nuevo capítulo a la agenda judicial y social de Bahía Blanca.

Un hecho similar sucedió hace una semana en Misiones, donde encontraron un feto en un contenedor del barrio Belén, de la ciudad de Posadas.

El episodio tuvo lugar en las inmediaciones del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) local, donde el personal sanitario y las fuerzas policiales debieron intervenir para preservar la escena y comenzar una investigación, bajo la supervisión de la Justicia provincial.

La secuencia se desencadenó cerca de las 17:00, cuando un hombre se acercó al CAPS, situado sobre calle 188 casi avenida 147, para advertir que había visto lo que parecía ser un bebé sin vida en el interior de un contenedor de residuos, ubicado en las proximidades del establecimiento. La información fue recibida por el personal de guardia, que rápidamente se dirigió al lugar para constatar la veracidad del aviso.

Un médico acudió al contenedor y confirmó la presencia de un feto junto a la placenta, envuelto en una sábana y sin signos vitales. La gravedad de la situación llevó al personal sanitario a preservar el sector y evitar la manipulación del contenedor, ya que estaba previsto que el camión recolector pasara en las siguientes horas. Esta medida permitió resguardar posibles pruebas para la investigación.

La reciente publicación del último informe del proyecto STOP Methane de la Universidad de California (UCLA) puso a la Argentina en el centro del debate ambiental global.

Según el estudio, el Complejo Ambiental Norte III de Campo de Mayo, operado por la empresa pública CEAMSE, fue identificado como el sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos con mayores emisiones de metano del mundo durante 2025.

El hallazgo, basado en el análisis de datos satelitales, revela que el predio bonaerense superó a cientos de basurales de países en todos los continentes y evidencia los desafíos pendientes en la gestión de residuos y el control de la contaminación en grandes urbes.

El complejo se encuentra en la intersección del Camino del Buen Ayre y la Ruta Provincial 8, en la zona norte del conurbano bonaerense. Allí se deposita aproximadamente el 85% de los residuos sólidos urbanos generados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que equivale a más de 436.000 toneladas al mes, provenientes de la Ciudad de Buenos Aires y más de 40 municipios bonaerenses.

CEAMSE cuestionó al informe del proyecto STOP Methane de la Universidad de California en Los Ángeles, y señalaron a Infobae que el estudio se basa en mediciones satelitales puntuales.

“Tal como el propio estudio reconoce, la inclusión de los emplazamientos se encuentra condicionada a la disponibilidad de al menos dos observaciones cuantificadas, lo cual limita la representatividad integral del comportamiento dinámico de las emisiones. CEAMSE opera sus complejos ambientales bajo estándares técnicos, ambientales y regulatorios vigentes, con nuevas tecnologías orientadas a la mitigación y control de emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente metano”, precisó CEAMSE en un comunicado.

Desde la empresa estatal defendieron sus sistemas de captación, tratamiento y control de biogás, así como la implementación de estándares internacionales, nuevas tecnologías y proyectos de certificación para reducir el impacto ambiental y mejorar la gestión de residuos.

Metano: el gas invisible que acelera el calentamiento global

El metano fue identificado hace 250 años por Alessandro Volta, pero recién en las últimas décadas su papel en el cambio climático comenzó a ser cuantificado a escala planetaria.

El informe de UCLA resalta que el gas es entre 25 y 80 veces más potente que el dióxido de carbono en términos de calentamiento global a corto plazo, aunque su permanencia en la atmósfera es mucho menor.

“Reducir la contaminación por metano se reconoce ahora como una de las maneras más rápidas de revertir el aumento de las temperaturas globales, una especie de freno de emergencia para frenar el cambio climático”, señala el documento.

El proyecto STOP Methane, dirigido por el Instituto Emmett de la Facultad de Derecho de UCLA, destaca que los vertederos se ubican en el cuarto lugar entre las fuentes mundiales de emisión de metano, detrás de la ganadería, la agricultura y la industria del petróleo y el gas.

Según el estudio, “estos sitios fueron responsables de las tasas de emisión horarias más elevadas registradas por los instrumentos a nivel mundial, con valores que oscilaron entre 3,6 y 7,5 toneladas de metano por hora”.

El caso de Campo de Mayo, con un promedio de 7,6 toneladas emitidas por hora, encabeza la lista global, superando a locaciones en Indonesia, Malasia, India, Chile, Arabia Saudita, Tailandia y Brasil.

Para dimensionar el fenómeno, el informe compara: “Un relleno sanitario que libera cinco toneladas de metano por hora genera en un año un impacto climático comparable al de un millón de vehículos utilitarios deportivos o al funcionamiento de una central termoeléctrica a carbón de 500 megavatios”.

La magnitud de las emisiones observadas en Campo de Mayo pone de relieve la escala del desafío para las grandes ciudades, que concentran millones de toneladas de residuos y carecen todavía de sistemas de reducción y captura suficientemente efectivos.

El ranking elaborado por UCLA no pretende ser una lista definitiva de los mayores emisores del año. La propia organización advierte que los datos se basan en imágenes satelitales tomadas solo durante sobrevuelos diurnos y en condiciones meteorológicas favorables, por lo que representan tasas horarias y no acumulados anuales.

Para mayor rigurosidad, el informe excluyó sitios detectados en una sola observación y consideró únicamente aquellos vistos al menos dos veces.

Aun con esas limitaciones, los expertos sostienen que se trata de la aproximación más certera posible, con los datos disponibles hasta ahora, a un mapa de los vertederos más contaminantes del mundo en 2025.

Respuesta del CEAMSE al informe internacional

Desde el CEAMSE plantearon que el informe de STOP Methane de la UCLA se apoya en mediciones satelitales puntuales y que remarcaron que en 2025 se reforzó la estrategia de mitigación climática con nuevos proyectos y controles.

El CEAMSE cuestionó el estudio publicado y en un comunicado al que accedió Infobae precisó que respecto el Complejo Ambiental Norte III cuenta con sistemas activos de captación y tratamiento de biogás, cuyo objetivo principal es evitar la liberación directa de metano a la atmósfera. E indicaron que este gas, generado naturalmente por la descomposición de residuos orgánicos, es capturado mediante una red de pozos y conducido a plantas de tratamiento donde es gestionado de manera controlada.

“Asimismo, durante el año 2025 CEAMSE ha iniciado un proceso estratégico de fortalecimiento de su política de mitigación climática, a través de la implementación de un proyecto de certificación de bonos de carbono vinculado a la gestión de biogás en los módulos Norte IIIAB Ampliación, Norte IIID Continuidad I y Norte IIID Continuidad II. Dicho proyecto se enmarca en el programa internacional de la organización VERRA, bajo el estándar Verified Carbon Standard (VCS), uno de los mecanismos más reconocidos a nivel global para la certificación de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero”, sostuvo el CEAMSE.

La empresa espera que el incremento en la captación sea paulatino. Por ejemplo, durante el mes de abril de 2026, se alcanzaron valores de 16,000 m3/h de captación de biogás, lo que representa un incremento de 16% sobre los valores obtenidos en meses anteriores de 13.800 m3/h. Este incremento registrado, requirió activar el procedimiento de quema de biogás remanente no utilizado para la generación de energía eléctrica.

La gestión de residuos y el futuro del modelo de enterramiento

El Complejo Ambiental Norte III, ubicado en la intersección del Camino del Buen Ayre y la Ruta Provincial 8, al norte del conurbano bonaerense, recibe cerca del 85% de los residuos sólidos urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires. Son más de 436.000 toneladas mensuales provenientes de la Ciudad de Buenos Aires y más de 40 municipios. La magnitud del sitio y su operación diaria lo volvieron el objeto de análisis de especialistas internacionales.

Según los registros del portal Carbon Mapper, que recopila datos públicos de emisiones de metano por satélite, el centro bonaerense encabeza el listado de los sitios con mayor tasa de emisión detectada. El informe destaca que “el gas metano representa casi la mitad del aumento de 1,2 grados centígrados en la temperatura media global registrado desde la Revolución Industrial”.

El informe, presentado por el Instituto Emmett de la UCLA, se centra en la detección de las principales fuentes de metano a escala global y busca identificar los llamados “supercontaminantes” que agravan el cambio climático y su impacto sobre la salud pública.

La novedad radica en que el informe se apoya en tecnología satelital de última generación, con instrumentos como el satélite Tanager-1 de Planet Labs y el espectrómetro EMIT instalado en la Estación Espacial Internacional de la NASA.

Estas herramientas permitieron analizar casi 3.000 columnas de metano provenientes de 707 vertederos y basurales en 18 países, una muestra inédita por su alcance y precisión.

El debate sobre la gestión de residuos y emisiones de metano trasciende los escenarios locales. El informe internacional recuerda que “muchos de estos vertederos se encuentran cerca de ciudades, y sus emisiones representan riesgos reales para la salud pública. La buena noticia es que los gobiernos y los operadores de vertederos pueden tomar medidas prácticas para prevenir estas enormes nubes de metano”.

El riesgo sanitario se agrava en países con baja captura o aprovechamiento energético del gas. En Argentina, según estimaciones oficiales, persisten más de 5.000 basurales a cielo abierto y la mayor parte del metano emitido no es capturada ni utilizada.

El proyecto STOP Methane de UCLA, dirigido por el Instituto Emmett, busca visibilizar el problema y promover regulaciones más estrictas en todo el mundo. “Durante muchos años, el metano fue un gas contaminante sigiloso: invisible, fuera de la vista y olvidado. Pero ahora podemos detectar estas emisiones tremendamente potentes mediante satélites y usarlo como una llamada de atención para el mundo”, describió la directora ejecutiva del Instituto Emmett, Cara Horowitz.

La publicación del informe reavivó el debate sobre el futuro del modelo de enterramiento de residuos y la urgencia de adoptar tecnologías más eficientes para la captación de gases y el aprovechamiento energético. Mientras las grandes ciudades buscan reducir la generación de basura y migrar hacia esquemas de economía circular, los datos satelitales revelan cuán lejos se encuentra el sistema actual de ofrecer una solución sostenible.

En tanto CEAMSE confirmó en el comunicado su compromiso con: la gestión ambiental responsable de los residuos sólidos urbanos, la reducción progresiva de emisiones de gases de efecto invernadero, la adopción de estándares internacionales de medición, reporte y verificación, y el desarrollo de soluciones basadas en economía circular y energías limpias.

La investigación por la desaparición de Manlio Martínez, vecino de Nueva Esperanza en la meseta neuquina, enfrenta cuestionamientos cada vez más severos tras 17 días sin respuestas. Se trata de un hombre de 35 años, padre de tres hijos que fue visto por última vez en la madrugada del 30 abril. Aunque la Justicia no tiene pruebas concretas, la familia de Manilo sospecha que el cuerpo podría estar en un basural debajo de residuos.

El caso presenta una firme hipótesis: la familia sospecha que Martínez haya sido arrollado por una máquina y sepultado bajo los desechos, una teoría sustentada en testimonios de quienes frecuentan el predio. El relato de testigos indica que el hombre solía dormir en sectores cercanos a la maquinaria pesada, una conducta que ya le había significado situaciones riesgosas en el pasado, aunque en otras ocasiones lograron rescatarlo a tiempo.

Aunque la denuncia por desapariciónfue radicada el 2 de mayo en la Comisaría N° 20, la demora en los operativos de búsqueda y la posibilidad de un accidente fatal indignan y asustan a la familia de Martínez. Es por eso que, Noelia Cortés, esposa del desaparecido acusó a las autoridades de falta de acción. En declaraciones recogidas por LM Neuquén, Cortés relató que sólo después de “casi tres semanas” de insistencia, recién este viernes se comprometieron desde la fiscalía a iniciar la remoción de basura con maquinaria pesada en el área señalada por testigos presenciales.

Aquella noche, Manlio Martínez iba al basural a buscar comida para los animales. El desaparecido dejó el celular cargando en su casa y poco antes de las 23 horas salió. Según el relato de la esposa, era una práctica habitual para él, aunque ese día, nunca más regresó. La maquinaria empleada en el basural pesa entre 20 y 30 toneladas y remueve grandes volúmenes de residuos de manera diaria, incrementando la posibilidad de que, en caso de un accidente, una persona quede sepultada sin que haya registros directos del hecho. “Todo lo que averiguamos es que estaba muy ebrio ese día”, dijo Noelia reforzando la sospecha de un accidente.

En este marco, la familia teme que el hombre haya tenido un fatal final luego de quedarse dormido en el basural: “Nosotros sospechamos que lo pudo pisar la máquina y que lo taparon con basura”. Actualmente, la conjetura de que Martínez esté enterrado en el basural permanece vigente, con la familia a la espera de que los nuevos operativos permitan esclarecer la situación y terminar con la incertidumbre que se arrastra desde hace más de dos semanas en la comunidad. La desesperación alcanzó un punto crítico cuando una empleada judicial habría asegurado a la familia que “si la máquina lo había pisado ya no estaban ni los huesos”.

Con respecto a otras líneas de investigación, la familia descarta la posibilidad de fuga deliberada: “Por más ebrio que estuviera, él siempre volvía”, afirmó la esposa. Martínez era el principal sostén económico de su hogar, conformado por Cortés. Por otro lado, la mujer relató que días antes de la desaparición su esposo “estuvo varios días sin salir porque tenía miedo” tras haber recibido amenazas de muerte por parte de vecinos, en el marco de conflictos barriales no especificados. Aunque Cortés no habría aportado nombres ni causas concretas, estas declaraciones fueron incorporadas a la causa, abriéndose una segunda línea de investigación.

La causa está en manos de la fiscal Lorena Juárez que intensificó la búsqueda solo después de dos semanas sin resultados. Cortés sostuvo que, pese a sus reiteradas solicitudes en comisarías y fiscalía, los operativos efectivos recién comenzaron luego de “días de reclamos y gestiones personales”. Ella y otros allegados recorrieron en varias ocasiones el sector donde el hombre fue visto por última vez, sin observar “rastrillajes intensos”, y denunciaron que los operativos se limitaban a inspecciones superficiales en los márgenes del predio.

La desaparición de Manlio Martínez mantiene en vilo a una familia de Neuquén y moviliza desde fines de abril a las autoridades locales. Según se sabe, el hombre de 35 años había salido de su vivienda en Colonia Nueva Esperanza, pero nunca más regresó. Las autoridades creen que su cuerpo podría estar en un basural, debajo de los residuos, puesto que día a día grandes máquinas remueven el contenido del predio. “Es como busar una ajuga en un pajar”, aseguraron.

Todo comenzó la noche del 29 de abril, cuando fue visto por última vez en un comercio cercano al basural de El Choconcito, donde adquirió bebidas alcohólicas antes de dirigirse al predio, sitio que frecuentaba para reciclar residuos y en el que, según testimonios, a veces dormía.

Ante el paso de los días y la falta de noticias, sus familiares radicaron una denuncia por desaparición el pasado 2 de mayo en la Comisaría N° 20. Desde ese momento, la causa quedó bajo la órbita de la fiscal Lorena Juárez, quien ordenó una serie de medidas para dar con su paradero.

De acuerdo con la información publicada por ANBariloche, la División Búsqueda de Personas estableció que un reciclador vio a Martínez durante la madrugada del 30 de abril dentro del basural y aseguró que se encontraba en estado de ebriedad. Por ahora, ese fue el último registro confirmado sobre los movimientos que habría dado.

Por este motivo, la principal hipótesis de los investigadores apuntaría a que el hombre habría sufrido un accidente en el predio de residuos. Bajo su punto de vista, las enormes máquinas que remueven basura, de entre 20 y 30 toneladas, por lo que representaría un riesgo permanente para quienes se encuentren en esa zona.

En línea con esto, el jefe de la División, Carlos Federico Canavídez, explicó que varias personas afirmaron que Martínez solía quedarse dormido en lugares peligrosos, pero en ocasiones anteriores fue retirado a tiempo antes del paso de la maquinaria. “Una de las hipótesis fuertes es que haya quedado enterrado”, reconoció el subcomisario, quien describió que el operativo de búsqueda es como “buscar una aguja en un pajar”.

Por el momento, las tareas se concentran desde la denuncia tanto en el basural como en sectores cercanos de la meseta y cañadones, así como en la zona del nuevo cementerio de Colonia Nueva Esperanza. A pesar de esto, los investigadores apuntaron que la búsqueda se complicó más de lo esperado, producto de las recientes lluvias.

De la misma manera, señalaron que la intensidad de los olores en el vertedero dificultó el uso de perros rastreadores. Por este motivo, en la próxima etapa, retroexcavadoras aportadas por BASA removerán amplias áreas del basural con la esperanza de hallar algún indicio.

Por su parte, la familia sostiene otra línea de sospecha. De acuerdo con Noelia Cortés, la pareja de Martínez y madre de sus tres hijos, días antes de la desaparición recordó que él había recibido amenazas tras conflictos con vecinos del barrio.

“Estuvo varios días sin salir porque tenía miedo”, relató Cortés sobre la actitud que había tomado su esposo. Incluso, afirmó que uno de los involucrados llegó a amenazarlo de muerte, pero no está confirmado si la mujer pudo aportar algún nombre o motivo detrás de este conflicto vecinal.

A pesar de esto, la versión fue incorporada a la investigación judicial y se realizaron entrevistas para analizar esta posibilidad. Los investigadores confirmaron que hasta el momento no han hallado elementos que indiquen una agresión física previa a la desaparición, pero aclararon que esa hipótesis también continúa bajo análisis.

Asimismo, la Policía de Neuquén mantiene activa la búsqueda de Martínez. Para esto, difundieron que se trata de un hombre de 1,70 metros de altura, tez trigueña, cabello de color castaño oscuro, ojos marrones y contextura física delgada. Vestía un buzo con capucha en color negro y bordo, pantalón verde y botas, por lo que pidieron comunicarse al 0299-4413305 si se tuviera noticias de su paradero.

Mientras que la Justicia de Tucumán continúa con la investigación por el femicidio de Érika Antonella Álvarez, este martes, se definió que Nicolás Navarro continúe detenido en el penal luego de que se le denegara el arresto domiciliario. Se trata de uno de los hombres acusados de haber ayudado al principal imputado, Felipe “El Militar” Sosa, a deshacerse del cadáver.

Después de que el tribunal de apelación rechazara el pedido presentado por la defensa, se confirmó que el acusado deberá cumplir con la prisión preventiva, en el marco de la investigación por el asesinato de la joven de 25 años, cuyo cuerpo fue hallado el 8 de enero en un basural de la zona de Manantial Sur, en la localidad de Yerba Buena.

La resolución fue dictada durante una audiencia oficial tras la apelación contra la decisión adoptada el 21 de abril, cuando ya se había denegado un planteo similar. En esta ocasión, la jueza del Tribunal Superior volvió a rechazar el requerimiento y dispuso medidas de seguimiento para asegurar el tratamiento médico del imputado.

De acuerdo con la decisión del tribunal, Navarro permanecerá privado de la libertad al menos hasta el vencimiento de la medida cautelar, previsto para dentro de aproximadamente tres semanas. Actualmente, se encuentra imputado por encubrimiento por favorecimiento personal y real, agravado por tratarse de un hecho precedente especialmente grave, en calidad de autor.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios I, encabezada por el fiscal Pedro Gallo, con la intervención de la auxiliar de fiscal Carolina Brito en la última audiencia. Según la información publicada por Contexto Tucumán, en la causa también permanecen detenidos Felipe Sosa, Justina Gordillo y Jorge Orlando Díaz.

Hasta el momento, la acusación estableció que, durante la madrugada del 7 de enero de 2026, Sosa (con la participación de otras personas aún no identificadas) habría dado muerte a Érika Antonella Álvarez mediante violencia física, provocándole traumatismos cráneofaciales y cervicales. El cuerpo de la joven fue hallado al día siguiente en un basural, hecho que motivó la actual pesquisa penal.

Durante su declaración judicial, Navarro aseguró que recibió una llamada urgente de Sosa a las 06:50 horas. “Se me clavó una chica”, le habría manifestado, para después solicitarle que acudiera a su vivienda en la calle Santo Domingo al 1100.

De acuerdo con información publicada por La Voz del Interior, el acusado llegó al domicilio cerca de las 09:00 y encontró al militar “nervioso”, portando una pala y mostrando un cuerpo en el interior de la casa. Sin embargo, el por entonces testigo aseguró no haber reconocido a la víctima ni haberle visto el rostro.

En ese momento, indicó que Sosa habría iniciado un plan para deshacerse del cuerpo de la joven durante las primeras horas de la mañana. Según la información del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), el recorrido fue diseñado para evitar calles y zonas con cámaras de seguridad activas, aunque algunos registros permitieron reconstruir parte del trayecto realizado hasta el basural.

A las 10:33, una cámara captó a un individuo colocando una bolsa en una camioneta Volkswagen Amarok frente a la vivienda. El vehículo desapareció de los registros por casi 23 minutos, período en el que, de acuerdo con la investigación, Sosa habría bordeado la propiedad para acceder por la calle Guyanas, eludiendo zonas vigiladas, y finalmente cargando el cuerpo en la caja del vehículo.

Minutos más tarde, precisamente a las 10:57, la misma camioneta fue vista de nuevo frente al domicilio. A las 11:09 fue registrada en la Avenida Mate de Luna; a las 11:37 en la confluencia de las avenidas Colón y Roca; y a las 11:47 ingresó al barrio Manantial Sur, donde permaneció brevemente en la ubicación donde el cuerpo de Erika sería hallado posteriormente. Se estimó que el acusado solo habría necesitado entre 10 y 15 minutos para abandonar el cadáver.

Las cámaras también documentaron el regreso del vehículo. Tras abandonar la zona descampada, fue avistado nuevamente en el Camino de Sirga a las 12:08, y minutos después, a las 12:11, en la Avenida Aconquija, antes de regresar a las inmediaciones de la vivienda de Sosa.

Luego de que los registros de cámaras y el testimonio de Navarro permitieran a la Fiscalía reconstruir la secuencia de hechos y los movimientos del acusado durante la mañana en que se habría perpetrado el traslado y abandono del cuerpo, consideraron que el hombre colaboró en el ocultamiento del cuerpo y de otros rastros del hecho con el objetivo de favorecer la impunidad y entorpecer la investigación.

A más de dos meses del femicidio de Érika Antonela Álvarez, la Justicia de Tucumán reconstruyó cómo fue la ruta tomada por el principal acusado, Felipe Sosa, para deshacerse de su cadáver en un basural de la localidad de Yerba Buena. Además de identificarse una camioneta para el trasladado, plantearon la posibilidad de que el ex militar hubiera contado con la colaboración de uno de los detenidos.

A partir de los avances que hubo en la causa por medio de los peritajes, videos de seguridad y testimonios, se ordenó la detención de un total de cuatro personas que habrían estado involucradas en el hecho. No obstante, las autoridades evaluarían la posible participación de funcionarios vinculados al ámbito judicial que habrían encubierto la trama.

Hasta el momento, el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (Ecif), dependiente del Ministerio Público Fiscal, elaboró un informe clave basado en el análisis minucioso de registros fílmicos y declaraciones. En el documento, indicaron que la ventana horaria en la que se habría cometido el crimen iría desde la noche del 6 de enero hasta la madrugada del 7.

Según reveló la autopsia, la víctima sufrió varios golpes en la columna vertebral, la cabeza y el rostro. Aunque, bajo el punto de vista de los forenses, la lesión letal fue producida en las vértebras del cuello. El contexto del ataque todavía estaría bajo evaluación por parte de los investigadores.

No obstante, las maniobras propias para poder deshacerse de su cuerpo habrían comenzado durante las primeras horas de la mañana. Un testigo clave, identificado como Navarro, declaró ante la Fiscalía que recibió una llamada urgente de Sosa a las 06:50 horas. “Se me clavó una chica”, le habría manifestado, previo a pedirle que fuera a su vivienda ubicada en la calle Santo Domingo al 1100.

De acuerdo con la información publicada por La Voz del Interior, el conocido de Sosa arribó al domicilio cerca de las 09:00 horas y aseguró que el acusado se encontraba “nervioso”. Además, tenía una pala en la mano y le mostró un cuerpo que estaba en el interior de la casa. A pesar de esto, no manifestó haber reconocido a la víctima, ni siquiera verle el rostro.

A partir de esto, el ex militar habría puesto en marcha un plan para deshacerse del cuerpo de la joven. Para el Ecif, el acusado diseñó un trayecto pensado para eludir calles y zonas, en donde hubiera cámaras de seguridad activas. Sin embargo, hubo algunos registros captados que permitieron trazar el recorrido que habría hecho esa mañana desde su vivienda hasta el basural.

La maniobra habría comenzado a las 10:33 horas, cuando una cámara documentó a un individuo colocando una bolsa en una camioneta Volkswagen Amarok frente a la vivienda. Posteriormente, el vehículo desaparece de los registros durante casi 23 minutos, periodo en el que se presume que Sosa habría bordeado la propiedad para acceder por la calle Guyanas, evadiendo zonas vigiladas y cargando finalmente el cuerpo en la caja del vehículo.

A las 10:57, la misma camioneta pasó nuevamente frente al domicilio; a las 11:09 se la registró en la Avenida Mate de Luna; a las 11:37 en la confluencia de las avenidas Colón y Roca; y a las 11:47 ingresó al barrio Manantial Sur, donde permanece brevemente en la ubicación donde el cuerpo sería posteriormente hallado. Se calculó que el acusado solo habría requerido de unos 10 a 15 minutos para abandonar el cadáver de Erika.

El regreso del vehículo también quedó documentado en otro set de cámaras. Luego de que abandonara la zona descampada, un nuevo avistamiento se realizó del vehículo en el Camino de Sirga a las 12:08. Minutos más tarde, es decir, a las 12:11, volvió a ser visto por la Avenida Aconquija, tras lo cual retorna a las inmediaciones de la vivienda original.

Frente a esto, el Ministerio Público Fiscal apuntó que los movimientos registrados reforzarían la hipótesis de planeamiento deliberado para ocultar evidencias, aportando elementos clave al avance del proceso penal. Además de Sosa y Navarro, hay otras dos personas detenidas. Una de ellas sería J. G., una empleada de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

De acuerdo con la causa, la funcionaria pública aparece mencionada por presuntamente haber estado presente en el domicilio la noche de los hechos. Incluso, fue señalada como la supuesta responsable de haberle entregado las llaves de la camioneta Amarok, facilitando el escape de Sosa hacia la provincia de Buenos Aires, lo que abriría nuevas líneas de indagación sobre el posible encubrimiento institucional.

El gobernador Axel Kicillof, la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y el intendente interino de Salto, Camilo Alessandro, encabezaron la puesta en marcha de un nuevo espacio destinado a la gestión de residuos. El lugar funcionó durante años como un vertedero informal y fue intervenido para permitir una disposición controlada.

El predio cuenta con una celda sanitaria, una cortina forestal aislante, una planta de reciclado equipada y un camión destinado a la recolección diferenciada. Las obras se enmarcaron en una política provincial orientada a mejorar los sistemas locales de tratamiento y reducir el impacto ambiental.

“Haber erradicado el basural a cielo abierto es una decisión que cambia definitivamente la historia de Salto: mejora la salud y la vida cotidiana de sus habitantes, brindando además condiciones dignas a los y las trabajadoras del sector”, afirmó Kicillof durante la actividad.

Por su parte, Vilar sostuvo: “Hoy estamos saldando una deuda histórica con los vecinos y vecinas de esta comunidad, que ya no van a tener que respirar olor a basura”. En ese sentido, agregó: “Aún en un contexto complejo seguimos adelante, planificando, invirtiendo y creando políticas concretas para resolver los problemas de los bonaerenses”.

Desde la creación del Ministerio de Ambiente, la cartera provincial avanzó con un relevamiento de distritos que disponían residuos en vertederos informales y contaban con terrenos aptos para desarrollar infraestructura adecuada. El enfoque incluyó separación en origen, recolección diferenciada, reciclado y disposición final.

Según datos oficiales, el área ambiental provincial fortaleció los sistemas municipales mediante la entrega de maquinaria y el equipamiento de más de 150 unidades productivas. Además, distribuyó más de 100 camiones para la recolección diferenciada e impulsó un programa de Promotoras Ambientales con acciones de educación y talleres comunitarios.

El caso en Luján

El año pasado, gobierno nacional presentó una nueva propuesta técnica y legal para cerrar de manera definitiva el vertedero a cielo abierto más grande del país ubicado en la localidad bonaerense de Luján. La iniciativa, elaborada por la Subsecretaría de Ambiente, a cargo de Fernando Brom, fue elevada formalmente al intendente Leonardo Boto y busca reemplazar el proyecto anterior, que fue financiado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero que no se terminó de desarrollar y quedó demostrado que era perjudicial para los vecinos que presentaron un recurso de amparo y una denuncia penal por la contaminación que a lo largo de décadas produjo el basural en napas, suelo y aire.

“Hace cinco años y medio se sigue contaminando con residuos peligrosos y no se acata la manda judicial de la cámara Federal de San Martín que obliga a la Municipalidad de Luján a volcar los residuos sólidos urbanos a la CEAMSE”, le dijo a este medio Viviana Novelle, una de las firmantes del amparo contra el proyecto anterior y la causa penal.

La abogada ambientalista también destacó la voluntad de La Libertad Avanza para llevar una solución al problema de contaminación que afecta a las familias que viven en las inmediaciones y a la escuela lindante al basural a cielo abierto. “Lo importante es que el subsecretario Brom que le puso el cuerpo a un tema muy difícil; la buena voluntad de Nación y el apoyo de los amparistas en un proyecto que es viable y que además trae trabajo a los recuperadores con la planta de transferencia que es lo siempre debió hacerse. Sucre, el proyecto anterior era inviable”, expresó Novelle.

Según ordenó la Cámara Federal de San Martín, el intendente Botto debe trasladar las 3600 toneladas de basura que se genera en el municipio a la CEAMSE y dejar de arrojar los residuos urbanos en el vertedero. Sin embargo, y tal como denunciaron los vecinos en un nuevo escrito judicial, solo envía 150 toneladas.

La nueva propuesta de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación responde a las observaciones formuladas por la justicia por el estado actual de las actuaciones administrativas, y a la necesidad de adecuar el proyecto a las condiciones reales del territorio.

Después de que fuera capturado en la provincia de Buenos Aires, F. S., el ex militar acusado del asesinato de Érika Antonella Álvarez en Tucumán, quedó imputado formalmente en la causa. Tras conocerse los detalles de la autopsia, la Justicia le impuso una prisión preventiva de seis meses. Además, ordenaron un allanamiento en las oficinas de su empresa.

A partir de ahora, el principal acusado del homicidio de la joven de 25 años permanecerá recluido en la Unidad número 6 del Complejo Penitenciario Benjamín Paz. Así lo decidió el juez Bernardo L’Elario durante la audiencia que se celebró este jueves.

En el momento en que el ex militar compareció ante la Justicia, el fiscal Carlos Picón reveló los resultados que arrojó la autopsia que le practicaron a Álvarez. Según el informe forense, la víctima sufrió un traumatismo cráneo-facial y cervical, debido a golpes directos y precisos en zonas vitales.

De acuerdo con la información publicada por Cadena 3, el estudio post mortem encontró otra lesión compatible con una luxación temporomandibular, es decir que tenía la mandíbula dislocada.

Durante su exposición, el fiscal Picón apuntó contra F. S. por haber colocado el cuerpo en tres bolsas, que encintó, ató con una soga y abandonó en un basural del barrio Manantial Sur, lugar en donde Antonella sería encontrada el jueves 8 de enero.

Respecto a la fuga, el investigador planteó que el acusado había abandonado la provincia apenas descartó el cadáver. Asimismo, afirmó que su destino fue la localidad bonaerense de Pilar, debido a que allí podía encontrar refugio en la casa de su hermano. De igual forma, fue detenido el 16, tras un operativo conjunto entre las fuerzas provinciales y nacionales.

Previo a que se formalizara la imputación, las autoridades evaluaron los antecedentes de violencia del ex militar. Sobre él pesaban varias denuncias por parte de su ex pareja, quien lo acusó de haber agredido a su hija y a su familia. Según el sitio Enterate Noticias, la mujer expuso las situaciones una semana antes del crimen de Álvarez.

En esa oportunidad, había radicado una denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) por una agresión muy grave contra su hija. Esta situación la llevó a pedir medidas de protección para ambas, ya que el acusado había sido sobreseído anteriormente.

Según confirmó la jefa de la División de Homicidios, comisario Susana Montero, en el edificio donde funciona la empresa del acusado se encontraron tres escopetas, cuyo calibre no fue especificado. También se procedió al secuestro de cinco camionetas, pendrives, cinco celulares y una notebook, que también estarían vinculados a la compañía.

“Hasta el momento, S. es el único y principal sospechoso del crimen de la joven, mientras continuamos con las diligencias investigativas y los trabajos relacionados con los datos que proporcionan la familia y las instrucciones de la fiscalía”, confirmó la oficial, tras mencionar que se mantiene en vigencia la colaboración entre las diversas áreas.

De esta manera, confirmó que en el procedimiento participaron la División de Delitos contra las Personas, Delitos Telemáticos y Económicos, Unidades de Investigaciones de Yerba Buena y Lomas de Tafí del Valle.

El caso

El cuerpo de Antonella Álvarez fue encontrado el jueves 8 de enero por un grupo de mujeres que transitaban por la intersección de las calles William Bliss y Gerónimo Helguera, al suroeste de la ciudad de Yerba Buena, provincia de Tucumán. La última vez que tuvieron contacto con ella fue 48 horas antes del hallazgo, pero su familia indicó que no habían radicado la denuncia porque era habitual que la joven desapareciera por algunos días.

Los restos estaban envueltos en bolsas de consorcio y la identificación se realizó en ese mismo lugar gracias a tatuajes y otros rasgos distintivos reconocidos por integrantes de su familia. Sobre ese instante crítico, la madre de la víctima recordó: “Algo me decía que era ella”.

Según relató la mujer, el martes previo habían mantenido una conversación por WhatsApp. Antonella le había confirmado que cenaría con ellos el miércoles, pero nunca apareció por la casa. Asimismo, contó que la joven se había mudado sola hace algunos meses.

Al constatar la ausencia de noticias, los familiares acudieron al domicilio de Antonella, donde hallaron la vivienda vacía, pero con el aire acondicionado encendido. Pese a ello, no se formalizó denuncia de desaparición en la comisaría debido a que la joven acostumbraba ausentarse durante periodos breves, según explicó su entorno.

Su madre la describió como “una buena chica” y confirmó que ejercía la prostitución. Además, señaló que atravesaba un consumo problemático de sustancias y rememoró una promesa reciente: “En Año Nuevo me prometió que iba a cambiar”.

El Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) asumió la responsabilidad de recolectar pruebas en la escena, incluyendo numerosas muestras biológicas, sogas, cintas y objetos personales que permanecen bajo análisis de laboratorio. Además, se efectuó un registro fotográfico detallado para documentar el estado y disposición de los elementos relacionados con el hecho.

Mientras que los investigadores habían adelantado que el dictamen forense constituiría “un elemento decisivo” para la causa, el Cuerpo Médico Forense determinó que el deceso se produjo de 36 a 40 horas antes del hallazgo. Por el momento, no se dieron detalles sobre cómo habrían sido los últimos días con vida de la joven.

A poco más de una semana de que el cuerpo de Erika Antonella Álvarez (25) fuera encontrado en un basural de Tucumán, el viernes por la noche se confirmó la detención del principal sospechoso por el crimen. Según trascendió, se trataría de un hombre de 51 años y, hasta el momento, sería la única persona bajo la mira de la Justicia.

El arresto del sospechoso se concretó en la localidad de Pilar, en la provincia de Buenos Aires. La localización del sujeto fue resultado de un operativo conjunto entre, la Policía de Tucumán, la Policía Federal y el Ministerio de Seguridad Nacional. Sin embargo, no ofrecieron más detalles sobre el lugar donde fue hallado.

En un comunicado oficial, las autoridades confirmaron que prevén trasladar al detenido a Tucumán en las próximas horas, donde quedará a disposición de la Justicia. Asimismo, desde la fuerza provincial extendieron un agradecimiento hacia la cartera de Seguridad Nacional, tras considerar que su apoyo “fue clave para lograr la captura del sospechoso fuera de la provincia”.

Previo a que se concretara el arresto del acusado, la familia de Álvarez había exigido avances concretos en la causa, tras advertir que recurrirán a todas las instancias judiciales para evitar la impunidad. “Quiero que los responsables paguen. A mi hija me la arrebataron como si su vida no valiera nada”, expresó la madre de la joven, Claudia, en diálogo con el medio Contexto Tucumán.

El hallazgo del cuerpo de Antonella se produjo el jueves 8 de enero, cuando un grupo de mujeres que recolectaba objetos encontró sus restos envueltos en bolsas de consorcio en la intersección de las calles William Bliss y Gerónimo Helguera, al suroeste de San Miguel de Tucumán.

La identificación formal se realizó en ese mismo lugar a partir de tatuajes y rasgos particulares, ya que miembros de la familia se habían acercado a la zona para efectuar el reconocimiento. Sobre ese momento, la madre aseguró: “Algo me decía que era ella”.

La recolección y el análisis de pruebas quedaron a cargo del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que levantó en la escena numerosas muestras biológicas y objetos relevantes, como sogas y cintas actualmente bajo peritaje de laboratorio, además de realizar relevamientos fotográficos.

Mientras que el procesamiento de estas pruebas buscaba reconstruir los últimos movimientos de la víctima y determinar si terceras personas intervinieron, la fiscal a cargo de la causa, María del Carmen Reuter, sostuvo que el informe preliminar de la autopsia se constituyó un elemento decisivo.

Según reveló la titular de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, la muerte de la joven se produjo como consecuencia de un traumatismo craneofacial con luxación cervical. Por este motivo, planteó que el diagnóstico respaldaría la idea de que el homicidio fue producto de una agresión extrema.

En paralelo, el Cuerpo Médico Forense indicó que la data de muerte de Álvarez se situaba entre 36 y 40 horas previas al hallazgo, lo cual será clave para precisar la cronología de los hechos. De hecho, la última comunicación registrada entre Antonella y su madre tuvo lugar el martes anterior por WhatsApp, donde la joven anunció que el miércoles iría a cenar a la casa de su familia, pero nunca llegó.

Al no tenerse un contacto posterior con ella, los familiares acudieron al domicilio de la víctima y encontraron la vivienda vacía, aunque con el aire acondicionado en funcionamiento. No obstante, el entorno familiar explicó que no se radicó denuncia de desaparición formal en la comisaría, debido a que la joven solía ausentarse por lapsos breves.

Además, contaron que la joven vivía hasta hace pocos meses junto a sus padres y dos hermanas menores en la calle Eudoro Aráoz al 2400, pero que luego se mudó cerca de esa zona. Su madre la describió como “una buena chica” y destacó que ejercía la prostitución.

De la misma manera, reveló que Álvarez atravesaba un consumo problemático de sustancias, aunque mantenía el deseo de recuperarse. “En Año Nuevo me prometió que iba a cambiar”, lamentó la mujer.

Por el momento, no se dio a conocer cuál habría sido el móvil del crimen, ni qué tipo de relación habría tenido el detenido con la víctima. Tampoco se habría establecido si hubo más involucrados en el hecho.

La investigación por el crimen de Erika Antonella Álvarez, la joven de 25 años que fue hallada muerta en un basural de Manantial Sur, en la provincia de Tucumán, avanza bajo la mirada de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria. Tras confirmarse su identidad, Claudia, su mamá, contó detalles sobre cómo la vida de su hija. “Era buena chica”, afirmó.

Recientemente, la autopsia preliminar reveló que la causa de la muerte fue un traumatismo craneofacial con luxación cervical. Este tipo de lesión reforzó la hipótesis de que se hubiera tratado de un homicidio cometido con violencia extrema y guía el rumbo de la pesquisa, según comunicó la fiscal María del Carmen Reuter.

A la espera de respuestas y en un clima de profundo dolor, la familia reclamó que el caso no quede impune. “Quiero que los responsables paguen. A mi hija me la arrebataron como si su vida no valiera nada”, manifestó la madre de la víctima, durante un diálogo con el medio Contexto Tucumán. Así, aclaró que se preparan para exigir avances concretos y, de ser necesario, recurrirán a todas las instancias judiciales a fin de evitar la impunidad.

La información del último tramo de las pericias forenses será determinante para delimitar los hechos. El cuerpo de Álvarez fue hallado el jueves, envuelto en bolsas de consorcio, por un grupo de mujeres que recolectaba objetos. El hallazgo ocurrió en la intersección de William Bliss y Gerónimo Helguera, en la periferia de San Miguel de Tucumán.

La identificación formal se realizó en el sitio mediante tatuajes y rasgos particulares. También contó con la presencia de familiares que reconocieron a la joven, precisaron desde el Ministerio Público Fiscal. “Algo me decía que era ella”, relató la madre.

Las circunstancias en torno a la desaparición de Álvarez añadieron incertidumbre a la cuestión, ya que el último contacto con su madre se produjo el martes por WhatsApp. “El martes a la noche fue la última vez que hablé con ella. Me escribió y me dijo que el miércoles venía a comer”, relató. Sin embargo, Antonella no llegó esa jornada y, al no recibir más mensajes, la familia acudió a su domicilio sin obtener respuesta. Encontraron la vivienda vacía, aunque con el aire acondicionado encendido.

La estimación forense estableció que la data de muerte se sitúa entre 36 y 40 horas previas al hallazgo, un elemento clave para reconstruir los movimientos recientes de la víctima y el intervalo en que habría ocurrido el crimen, detalló el Cuerpo Médico Forense. De acuerdo con las fuentes, la familia no radicó denuncia formal por desaparición, ya que la joven solía ausentarse temporalmente de su hogar.

El protocolo aplicado ante el hallazgo implicó la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que recolectó muestras biológicas y otros elementos de interés, como sogas y cintas, ahora bajo análisis en laboratorio. También incluyó relevamientos fotográficos y la recolección de evidencias en presencia de la Fiscalía. Todas las pruebas fueron trasladadas para su procesamiento, con el objetivo de aportar datos precisos sobre los últimos movimientos de Álvarez y la posible participación de terceros.

La joven residía hasta hace pocos meses con sus padres y dos hermanas menores en una vivienda de calle Eudoro Aráoz al 2400, mudándose luego a pocas cuadras. Su madre la describió como “una buena chica” y mencionó que trabajaba como dama de compañía. Claudia relató que Antonella tenía un consumo problemático de sustancias, situación ante la que buscaba recuperarse: “En Año Nuevo me prometió que iba a cambiar”.

Mientras la investigación se desarrolla bajo el hermetismo de las autoridades, la División Homicidios realiza análisis de cámaras de seguridad y entrevistas a vecinos en busca de testigos o información que ayude a identificar a los responsables. Todas las evidencias permanecen bajo custodia, y la familia de Álvarez sigue exigiendo justicia.

Por este motivo, convocaron a participar de una marcha, para exigir justicia por la joven. Según informaron, la movilización será este lunes 12 de enero a las 19:30 horas, en la Plaza Independencia. “Antonella merece justicia. Ni una muerte más en silencio”, reclamaron en las redes sociales.

La autopsia realizada al cuerpo de Erika Antonella Álvarez aportó un dato clave en la causa judicial que investiga su muerte. El informe preliminar del Cuerpo Médico Forense confirmó que la joven de 25 años falleció como consecuencia de un traumatismo craneofacial con luxación cervical, lesiones que evidencian una agresión de notable violencia. El cadáver fue hallado este jueves en un basural del barrio Manantial sur, en San Miguel de Tucumán.

Esta información, comunicada a la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria encabezada por María del Carmen Reuter, guiará el rumbo de la pesquisa y refuerza la hipótesis de un homicidio.

De acuerdo con el reporte de La Gaceta, los resultados forenses indicaron que la víctima sufrió severos golpes en la cabeza y el rostro, junto con una lesión letal en las vértebras del cuello. Este diagnóstico fue entregado formalmente a la fiscalía, que ahora concentra los esfuerzos en el análisis de muestras recuperadas en el lugar del hallazgo.

El cuerpo fue encontrado envuelto en bolsas de consorcio en un basural de la intersección de William Bliss y Gerónimo Helguera, en la zona de Manantial Sur, en San Miguel de Tucumán.

El hallazgo se dio cuando un grupo de mujeres que realizaba tareas de recolección de objetos advirtió la presencia de un bulto sospechoso. De inmediato, dieron aviso a las autoridades policiales, que se acercaron al sitio y solicitaron la intervención de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria.

Tras la notificación, se activó el protocolo de intervención y el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) trasladó a peritos de Criminalística, Química Legal y Medicina Forense para trabajar en la escena.

El cuerpo de Álvarez fue reconocido en el lugar por su padre y una hermana, quienes identificaron a la víctima a través de señas particulares y tatuajes, detalló ElTucumano. Familiares relataron a las autoridades judiciales que la joven se encontraba desaparecida desde hacía 48 horas, aunque no habían radicado una denuncia formal por desaparición, ya que, según señalaron, la víctima acostumbraba ausentarse de su domicilio.

La data de muerte estimada se sitúa entre 36 y 40 horas previas al hallazgo, de acuerdo con las primeras deducciones forenses hechas en el terreno. Este dato resulta relevante para la reconstrucción de las últimas horas de vida de la joven y para delimitar el tiempo en que se produjo el homicidio.

Para preservar los elementos de interés, los especialistas levantaron muestras biológicas, recolectaron evidencias y documentaron fotográficamente la escena. Cada paso del procedimiento fue supervisado por la fiscal Reuter, quien ordenó el traslado del cadáver al Cuerpo Médico Forense para la realización de la autopsia.

La funcionaria judicial dispuso que se procesen todas las pruebas recogidas y se avancen con estudios complementarios indispensables para el esclarecimiento del hecho.

Cortaba el pasto en las canchas de un club y encontró un cadáver

Un trabajador de Crucero del Norte halló un cadáver en estado avanzado de descomposición en las canchas auxiliares del club, situadas en Garupá, provincia de Misiones, según confirmaron fuentes oficiales.

El descubrimiento ocurrió días atrás en la cancha auxiliar número 3 del predio, localizado en el paraje Santa Inés, mientras el empleado efectuaba trabajos de mantenimiento.

Tal como publicó el portal El Territorio, el cuerpo apareció en una zona que suele utilizarse para los entrenamientos del plantel, que este año participará en la Liga Posadeña de Fútbol y el Torneo Regional Federal Amateur, luego de haber descendido del Torneo Federal A en 2025. No obstante, el cadáver se ubicaba en un sector poco transitado y con el pasto crecido.

El operario que cortaba el césped y se topó con el cuerpo notificó rápidamente al presidente del club, quien estaba en el predio, y este a su vez avisó a la Policía de Misiones.

Al arribar al lugar, agentes de la comisaría correspondiente aseguraron la zona y dieron intervención al fiscal René Casals y al juez Ricardo Balor. Además, solicitaron el apoyo de la Policía Científica y un médico policial para las primeras tareas periciales y forenses.

Fuentes policiales detallaron que el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, por lo que se aguardan los resultados de la autopsia del cuerpo médico forense para su identificación y para conocer las circunstancias del fallecimiento.

Medios locales, como Canal 12, indicaron en las últimas horas que se trataría de una persona en situación de calle y que no habría signos de una muerte violenta, pero sí de posible exposición al fuego. Aún no se logró dar con su identidad.

Un grupo de mujeres que recolectaba objetos en un basural del barrio Manantial Sur, en San Miguel de Tucumán, encontró envuelto en bolsas de consorcio el cuerpo sin vida de una persona. Inmediatamente, dieron aviso a las autoridades, quienes acudieron al lugar para comenzar la investigación y poder identificar el cuerppo.

El hallazgo se produjo pasado el mediodía en la zona situada en la intersección de las calles William Bliss y Gerónimo Helguera. La Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, encabezada por la fiscal María del Carmen Reuter, tomó intervención en el caso y, tras la notificación al Ministerio Público Fiscal, se activó el protocolo de intervención.

El Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) trasladó al predio a peritos de Criminalística, Química Legal y Medicina Forense. Los especialistas trabajaron en la escena para el levantamiento de muestras biológicas, recolección de evidencias y documentación fotográfica, con el objetivo de preservar los elementos de interés para la causa.

De acuerdo con el medio local Eltucumano, minutos después arribaron los familiares de la víctima, quienes tomaron conocimiento del hecho a través de las redes sociales. El padre y una hermana lograron identificar el cuerpo por ciertas características particulares y tatuajes. A raíz de estos datos se estableció que la fallecida era una joven de 25 años, identificada como Erika Antonella Álvarez, domiciliada en las inmediaciones del basural, donde se produjo el hallazgo.

Sus allegados manifestaron que no la veían desde hacía dos días, aunque no habían realizado ninguna denuncia por desaparición, dado que la víctima solía ausentarse de su hogar de manera habitual.

Según las primeras estimaciones forenses efectuadas en el terreno, la data de muerte se situaría entre las 36 y 40 horas previas al momento de ser encontrado. Sobre esta información, los investigadores intentaban reconstruir cómo habían sido las últimas horas de Álvarez. Por disposición de la Fiscalía, el cuerpo fue trasladado al Cuerpo Médico Forense, donde se realizará la autopsia correspondiente, para determinar la causa de la muerte.

Otro cuerpo hallado a la vera de la ruta

El hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición cerca de la Ruta Nacional 16, en la localidad chaqueña de Puerto Tirol, generó la intervención de las autoridades provinciales durante la tarde del domingo. El descubrimiento se produjo en el kilómetro 28,5, cerca del Camping Policial, cuando dos ciclistas que recorrían la zona advirtieron la presencia de un fuerte olor y, al acercarse, divisaron lo que parecía ser un cadáver a unos cinco metros de la calzada.

Tras recibir la alerta, agentes de la Comisaría Puerto Tirol acudieron al lugar, mientras que la Fiscalía en turno N° 6, a cargo de Marina Echarri, coordinó las primeras actuaciones judiciales. La División Medicina Legal se sumó a las tareas para la recolección de indicios, el relevamiento fotográfico y el análisis preliminar de la escena.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, el cuerpo correspondería a un hombre de aproximadamente 35 años de edad. Los médicos forenses señalaron que el estado de descomposición indicaba que el fallecimiento se habría producido al menos siete días antes del hallazgo, aunque no se descarta que el período pueda extenderse hasta diez días. En el lugar no encontraron documentos ni elementos que permitieran identificar a la víctima.

Durante la inspección inicial, los forenses no lograron determinar las causas de la muerte debido a las condiciones en las que se encontraba el cuerpo. Por este motivo, el caso fue caratulado de manera provisoria como “muerte dudosa” y se dispuso el traslado del cadáver al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses de Chaco para la realización de la autopsia.

La Fiscalía y la Policía continúan con la investigación, incluyendo la consulta de registros de personas desaparecidas en la zona y el relevamiento de posibles testigos que hayan circulado por el sector en los días previos.

La mujer hallada sin vida en el basural de Neuquén a mediados de septiembre ya fue identificada por las autoridades. Aunque en un primer momento no se logró establecer su identidad mediante la autopsia, finalmente pudo ser reconocida gracias a una cirugía reciente en la rodilla.

La noticia fue confirmada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia, que informó mediante un comunicado oficial que la víctima es Ángela Gladis Díaz, una joven de 23 años que residía en la capital neuquina.

La identificación se logró a través del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS), gracias al trabajo realizado por el área de Criminalística de la Policía de la provincia, con colaboración de personal de la Policía Federal Argentina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Según precisaron desde el MPF, tras los resultados preliminares de la autopsia realizada el 19 de septiembre —un día después del hallazgo del cuerpo—, la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, solicitó informes médicos a hospitales públicos del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

La investigación se centró en identificar a mujeres de entre 20 y 40 años que hubieran sido sometidas a cirugías de rodilla en los últimos dos años. Con esa información, se cotejaron identidades con los rastros tomados durante la autopsia, hasta encontrar una coincidencia con los datos proporcionados por el hospital Castro Rendón.

“Una de las identidades que nos envió el Castro Rendón, al ser cotejada con las siete muestras de rastros que teníamos, nos permitió confirmar la identidad”, indicó la fiscal del caso, al respecto. Los familiares de la mujer ya fueron notificados.

Por último, las autoridades informaron que Ángela Díaz falleció a causa de un traumatismo de cráneo. No se encontraron lesiones compatibles con armas de fuego ni armas blancas. De acuerdo con el protocolo correspondiente, la causa se investiga como un femicidio.

El descubrimiento se produjo poco después de las 10 horas del pasado 18 de septiembre, en una cantera en uso ubicada sobre la calle Algodón, a 300 metros del ingreso al predio administrado por la empresa BASAA Constructora. El cuerpo fue encontrado a escasa distancia de una de las paredes laterales, sobre las piedras, en un sector donde solo acceden vehículos y maquinaria dedicada al procesamiento de materiales de construcción.

En un primer momento, la identificación de la víctima no pudo concretarse a través de la autopsia debido al estado en que se encontraba el cuerpo. A pesar de las dificultades, los peritos lograron establecer que se trata de una mujer de entre 25 y 40 años, de contextura delgada, 1,43 metros de altura y sin tatuajes visibles.

Respecto a la fecha en la que se habría producido la muerte de la mujer, los especialistas estimaron que “entre su deceso y su hallazgo pasaron entre 5 y 10 días”.

El hallazgo del cadáver en una zona de cantera próxima a la Autovía Norte y la Ruta 67 se dio a conocer luego de que un conductor de camión lo encontrara cuando se disponía a buscar áridos para una empresa constructora.

En una entrevista para LM Neuquén, el comisario inspectorJuan Barroso explicó que el lugar exacto corresponde al extremo norte de una cantera ubicada a aproximadamente 1,5 km de la rotonda que conecta con la bajada de Maida, en dirección al lago Mari Menuco.

“El cuerpo estaba al costado, es una zona de cantera. A simple vista, si uno no ingresa a la cantera no se visualiza, pero si se ingresa en un vehículo alto como un camión o una máquina, se podía visualizarlo porque estaba detrás de un montículo de piedra, de ripio, pero no estaba tapado. No estaba ni semienterrado ni nada por el estilo. Tampoco que la máquina comenzó a trabajar y sacó el cuerpo”, describió Barroso.

De la misma manera, el comisario detalló que el maquinista de la empresa había manifestado que hacía tiempo que no accedía a la cantera, lo que dificultó precisar el momento exacto en que el cuerpo fue depositado allí. “Desde la empresa no pudieron precisar, pero sería algo más de 20 días”, planteó.

La Municipalidad de Córdoba aprobó una reforma sustancial al régimen sancionatorio del Código de Convivencia, elevando hasta diez veces el valor de las multas por la disposición ilegal de residuos en terrenos públicos o privados.

La medida quedó oficializada mediante la ordenanza 13.543, publicada en el Boletín Oficial N° 4.392, e incluye la creación de un fondo específico para financiar acciones de remediación ambiental. Esta medida se da tras el caso del basural privado e ilegal que generó por días un olor nauseabundo en la ciudad de Córdoba.

La norma, que recibió una amplia mayoría de votos en el Concejo Deliberante, actualiza los montos expresados en Unidades Económicas Municipales (UEM), cada una equivalente a 10.808 pesos. Con este cambio, se incrementan los mínimos y máximos de las sanciones, se endurecen las penas y se incorporan infracciones que hasta ahora no estaban contempladas.

Según confirmaron desde la Secretaría de Ambiente, ya se están aplicando las nuevas disposiciones junto con otras medidas operativas. “Lo que estamos haciendo además es secuestrar los vehículos, justamente este martes lo hicimos con tres, hay la posibilidad de retener el carnet de conducir para el caso de los particulares y en el caso de los camiones estamos considerando en quitarles la habilitación en casos de reincidencia”, señaló el funcionario.

En el caso de baldíos, obras inconclusas o propiedades desocupadas, el artículo 208 establece multas de entre 50 y 200 UEM, lo que significa incrementos de entre el 800% y el 1.000% respecto de los valores previos.

Si la superficie del predio supera los 3.000 metros cuadrados, la sanción mínima asciende a 200 UEM y la máxima llega a 2.000 UEM, lo que equivale a montos que oscilan entre 2.161.600 y 21.616.000 pesos.

La quema de hojas, restos de poda, pastizales o residuos de cualquier tipo, aun sin provocar incendios, será penada con entre 50 y 200 UEM, según lo establece el artículo 211. Este ajuste multiplica por diez el mínimo y cuadruplica el máximo en relación con el régimen anterior.

A esta disposición se suma una nueva infracción: el arrojo de neumáticos en espacios públicos o baldíos, sancionada con el mismo rango de multas. Si el responsable es una empresa o comercio, el artículo 213 eleva el castigo a entre 200 y 2.000 UEM.

Para los generadores, transportistas o responsables de la gestión de residuos sólidos urbanos, el artículo 219 fija sanciones de 200 a 2.000 UEM en caso de incumplimiento en cualquier etapa del proceso. Esto implica un aumento del 400% en el mínimo anterior.

Además, si la infracción se comete con un vehículo de traslado, podrá disponerse la inhabilitación temporal o definitiva de la licencia profesional, así como la suspensión de cualquier asistencia municipal. La normativa también mantiene las penas para otras infracciones cometidas por grandes generadores, con montos de entre 100 y 4.000 UEM, dependiendo de la gravedad.

La reforma incorpora un mecanismo de financiamiento ambiental: todo lo recaudado por infracciones al artículo 219 será destinado al Fondo de Recuperación Ambiental y Saneamiento de Basurales, destinado a financiar tareas de limpieza y restauración en áreas afectadas por la disposición ilegal de desechos.

Este fondo busca garantizar que los recursos generados por las sanciones se reinviertan en la recuperación de los espacios dañados.

Qué pasó con el basural y el olor nauseabundo

Durante varios días, un olor intenso se percibió en distintos barrios de Córdoba Capital, sobre todo en la zona norte. Vecinos lo describieron como “coliflor hervido” o “algo quemado”, lo que llevó a las autoridades a iniciar inspecciones y estudios.

El Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia encargó investigaciones al Centro de Investigación y Transferencia de Ingeniería Ambiental de la UTN y a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC. La UTN confirmó en el aire la presencia de disulfuro de dimetilo y trisulfuro de dimetilo, compuestos azufrados que generan olores penetrantes incluso en bajas concentraciones.

La UNC analizó el suelo del área del foco de emisión y determinó que los contaminantes estaban por debajo de los límites establecidos por la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos. No obstante, se recomendó continuar el monitoreo y evaluar tareas de remediación a cargo del propietario del predio.

El director de Impacto Ambiental municipal, Eduardo Sarría, explicó que no había un alto nivel de peligrosidad, pero falta establecer qué materiales liberaron los compuestos tras reaccionar con el fuego. Señaló que podrían ser residuos con azufre o silicio de agroquímicos, plásticos, sintéticos o estiércol. Las emanaciones provenían de una capa profunda de residuos, lo que mantenía el humo constante.

El fiscal de instrucción del Distrito 3, Turno 7, Raúl Garzón, ordenó cerrar el perímetro, interrumpir las emisiones y realizar peritajes más exhaustivos. Equipos del DUAR, la Policía provincial y la Dirección de Higiene Urbana trabajan para controlar la situación.

El basural a cielo abierto, y sin autorización, se encuentra en las inmediaciones del Canal Maestro Norte, entre la Autovía Córdoba-Juárez Celman y avenida La Voz del Interior.

El secretario de Ambiente, Gabriel Martín, informó que las mediciones de nueve sensores no detectaron sustancias nocivas para la salud. El municipio presentó una denuncia penal por la quema ilegal de residuos en el predio privado.

La Municipalidad de Córdoba presentó una denuncia penal contra los responsables de la quema ilegal de residuos en un predio privado al norte de la ciudad. El caso se desató producto del olor nauseabundo que afectó a varios barrios en la semana.

De esta manera, la causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Tres Turno Siete, a cargo del fiscal Raúl Garzón, quien ya contaba con otro expediente que denunciaba una situación similar en otros lotes.

Según constataron del municipio, el terreno, ubicado junto al Canal Maestro Norte, entre la Autovía Córdoba–Juárez Celman y avenida La Voz del Interior, carecía de autorización para la disposición o tratamiento de residuos sólidos urbanos o industriales.

A pesar de esto, en el lugar se detectó una combustión lenta bajo la superficie de una importante cantidad de desechos, lo que generó emisiones constantes de humo con compuestos azufrados. Estos gases fueron señalados como los causantes del olor intenso que se percibió en varios barrios. En palabra de los vecinos, este se asimilaba al “coliflor hervido” o “algo quemado”.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, los estudios que fueron realizados por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional de Córdoba (UTN) determinaron que las sustancias que predominaban en el aire eran disulfuro y trisulfuro de dimetilo. Las mismas son caracterizadas por tener una fuerte actividad odorífera.

En línea con esto, las muestras de suelo indicaron la existencia de niveles de contaminación por debajo de los límites establecidos por la Ley de Residuos Peligrosos. Sin embargo, los especialistas recomendaron a las autoridades municipales mantener el monitoreo y avanzar con las tareas de remediación pertinentes.

Por su parte, el director de Impacto Ambiental de la Municipalidad de Córdoba, Eduardo Sarría, afirmó que la investigación descartó un nivel alto de peligrosidad, aunque todavía falta determinar qué materiales originaron la liberación de compuestos al entrar en contacto con el fuego.

Según los datos recopilados por La Voz del Interior, Sarría señaló que los residuos podrían contener componentes de azufre o silicio, relacionados con agroquímicos, plásticos, materiales sintéticos o estiércol. De la misma forma, indicó que las emanaciones no surgían de la superficie, sino de una capa más profunda de residuos, lo que provocaba la presencia de humo y un olor persistente.

En el operativo participaron la Unidad Especial de Bomberos (DUAR), el personal policial y los equipos de Higiene Urbana, quienes se encargaron de extinguir los focos de humo. Asimismo, tomaron las medidas necesarias para evitar el ingreso de nuevos residuos. Desde el municipio habían anticipado que los responsables del predio deberán afrontar multas, sanciones y los costos de los operativos.

El caso se dio a conocer el martes pasado, luego de que varios vecinos de la capital cordobesa denunciaran en las redes sociales que se sentía un olor penetrante y desagradable en varios sectores de la ciudad. El hecho generó preocupación, por lo que se registraron varios llamados a los servicios de emergencia y múltiples especulaciones sobre su origen.

Desde la mañana, el fenómeno había sido reportado en barrios como Alta Córdoba, Marqués de Sobremonte, el Cerro y algunas zonas del centro. Algunos lo habían ubicado cerca de la avenida Circunvalación, mientras que otros lo notaron más al norte.

Con el paso de las horas, se instaló una primera hipótesis que indicaba que podría haberse tratado de una fuga de gas. Frente a esto, el personal de Ecogas realizó controles en distintos domicilios, pero en ninguno se detectaron pérdidas.

Frente a la incertidumbre, y ante el creciente número de reportes, la Municipalidad de Córdoba emitió un comunicado oficial en el que intentó llevar tranquilidad a la población. “No se detectaron indicios de alerta para la salud de la población”, aseguraron al conocer los resultados del estudio realizado por el Observatorio Ambiental local.

Después de que otras denuncias apuntaran contra los basurales a cielo abierto, la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental inició un relevamiento entre las industrias cercanas que manipulan sustancias químicas o compuestos que podrían generar olores fuertes. Finalmente, se logró dar con los responsables de haber permitido la quema ilegal en el depósito.

“Hay un fusilado que vive”, fue la frase que impulsó una de las investigaciones periodísticas más emblemáticas de la historia argentina, llevada a cabo por Rodolfo Walsh y plasmada en su obra Operación Masacre. Este trabajo, escrito con la pluma de alguien que ya era un autor de cuentos policiales, resultó ser la primera novela de no ficción en español. Y aunque a veces se cree que la primera novela del género fue A sangre fría, de Truman Capote, el relato de Walsh salió en 1957, nueve años antes que el del norteamericano.

Esta frase, “hay un fusilado que vive”, pero en femenino, volvió a cobrar relevancia cuando, ayer al mediodía, Cristina Kirchner la pronunció ante dirigentes y militantes en la sede central del Partido Justicialista Nacional. Así buscó mostrar unidad en el marco del posible fallo de la Corte Suprema por la Causa Vialidad, que se conocerá esta tarde.

La versión oficial cuenta que “ese fusilado que vive” era Juan Carlos Livraga, quien en la noche del 9 de junio de 1956 se preparaba para una cita romántica en Munro, sin imaginar que sería testigo y víctima de uno de los episodios más oscuros de la historia argentina.

Ese día, una sublevación peronista liderada por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco contra la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Rojas culminó en una serie de fusilamientos clandestinos, entre ellos el que Livraga sobrevivió milagrosamente.

La conspiración que derivó en los fusilamientos había comenzado tras la caída de Juan Domingo Perón en 1955. En ella participaron tanto militares retirados por su adhesión al justicialismo como civiles que apoyaban la causa.

La noche del 9 de junio, mientras Livraga se alistaba para bailar tango, la revolución estalló con enfrentamientos en varias provincias, como La Pampa, donde peronistas y antiperonistas lucharon cuerpo a cuerpo.

Tras el fracaso del levantamiento, la dictadura de Aramburu y Rojas desató una brutal represión. Además de Livraga, esa noche fueron detenidos también Juan Torres, Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Mario Brión, Horacio Di Chiano, Norberto Gavino, Rogelio Díaz, Reinaldo Benavidez y Julio Troxler.

Los doce hombres fueron llevados en un camión a un basural de José León Suárez, donde fueron fusilados. Cinco de los detenidos murieron bajo las balas: Brión, Carranza, Garibotti, Lizaso y Vicente Rodríguez. Los siete restantes tuvieron mejor suerte; algunos corrieron y lograron escapar, otros sobrevivieron al fusilamiento, como Livraga, que recibió tres balazos y fue dado por muerto, sin que nadie se diera cuenta de que seguía con vida. Así comienza el libro de Walsh, cuando alguien le dice: “¡Hay un fusilado que vive!”, frase que fue el disparador de su investigación

Otra vuelta de tuerca

Pero el origen real de esta emblemática frase permaneció oculto durante décadas, hasta que en 2019 los cuadernos inéditos de Enriqueta Muñiz, colaboradora de Walsh, arrojaron luz sobre el hombre que le transmitió la información inicial a Walsh: Enrique Dillon.

Sin embargo, un nuevo descubrimiento revela que Walsh también se contactó con un marino cuya integridad y valentía lo convirtieron en una fuente clave para desentrañar los hechos.

El encuentro que dio inicio a esta investigación ocurrió en diciembre de 1956, en el Bar Rivadavia de La Plata, donde Walsh solía reunirse con amigos para conversar sobre literatura o jugar al ajedrez. Fue allí donde un hombre le confió la frase que cambiaría el rumbo de su carrera y de la historia periodística argentina. Este hombre hacía referencia a los fusilamientos clandestinos perpetrados en los basurales de José León Suárez.

Crónica de un fusilamiento

Los hechos se remontan a la madrugada del 10 de junio de 1956, cuando un grupo de policías bonaerenses, bajo las órdenes del inspector mayor Rodolfo Rodríguez Moreno, ejecutó a varios detenidos. La orden había sido emitida por el jefe de la policía bonaerense, el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, quien previamente había encabezado un operativo en la localidad de Florida, donde se detuvo a miembros de la resistencia peronista. Estos militantes habían participado en un levantamiento contra el gobierno militar, que buscaba restaurar el orden constitucional tras el golpe de Estado de 1955.

Fernández Suárez, tras regresar a La Plata, dio la orden de trasladar a los detenidos a un descampado para ser ejecutados. “A esa gente me la llevan a un descampado y los fusilan”, fue la instrucción que Rodríguez Moreno cumplió sin titubeos.

Los prisioneros, que se encontraban en la Unidad Regional San Martín, fueron transportados en un camión celular hasta los basurales de José León Suárez, donde se consumó la masacre.

La investigación de Walsh, que comenzó con aquella frase en el bar, se convirtió en un hito del periodismo de investigación. Su obra Operación Masacre no solo documentó los hechos, sino que también denunció las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen militar.

Porque la frase “hay un fusilado que vive” no solo marcó el inicio de la investigación de Walsh, sino que también simbolizó la resistencia frente a la opresión.

Un hallazgo estremecedor tuvo lugar en una planta de reciclaje situada en Avenida de Las Palmeras 5001, en Rosario. Aproximadamente a las 12:50 horas, durante una inspección de prevención de delitos y contravenciones, se reportó el descubrimiento del cuerpo sin vida de un bebé recién nacido dentro de una bolsa.

El descubrimiento fue realizado por Dionicio Ariel Aranda, un trabajador de 40 años de la planta de reciclaje. Según las fuentes oficiales, durante su jornada laboral, al abrir una bolsa que presentaba manchas de sangre, encontró un “feto formado en su totalidad” y sin signos vitales.

Al momento en el que entendió de qué se trataba, le comunicó la situación a sus superiores, que ordenaron comenzar un protocolo en el que se detuvo la planta y se notificó a las autoridades la situación.

Para investigar lo ocurrido acudió al sitio la fiscal Valeria Piazza Iglesias, y un equipo del Gabinete de PDI. En el lugar, también atendieron profesionales del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES).

Allí, según las fuentes policiales del caso, pudieron detallar que el cuerpo estaba envuelto en una toalla empapada en sangre, acompañado de la placenta y con el cordón umbilical completo.

Sorprendentemente, el cordón tenía dos vueltas alrededor del cuello del bebé y una mancha verde destacaba en su rostro. La estimación inicial de la data de muerte del recién nacido fue de entre 12 y 24 horas.

En el mismo informe preliminar, se determinó que el recién nacido es un masculino a término, encontrado en la cinta de separación de residuos sanitarios.

Las circunstancias que rodean su nacimiento y fallecimiento permanecen bajo investigación, mientras las autoridades buscan esclarecer los hechos.

Murió una recién nacida y la madre dio positivo en cocaína y alcohol

La Rioja vivió un trágico acontecimiento con el fallecimiento de una recién nacida en el Hospital de la Madre y el Niño durante la madrugada del pasado 19 de abril. La madre de la bebé habría acudido al centro médico presentando síntomas claros de intoxicación.

Al ser sometida a pruebas, los resultados revelaron la presencia de alcohol y cocaína en su organismo, lo que arroja luz sobre las circunstancias rodeando este lamentable suceso. Al hospital llegó en compañía de quien sería su pareja, a pesar de que no era el padre biológico de la bebé.

Durante el allanamiento realizado en la vivienda de la pareja, ubicada en la intersección de las calles Esquel y La Quiaca, en el barrio Argentino, la policía halló envoltorios de nylon con restos de droga, una pipa de metal y un frasco con pastillas de clonazepam.

En el procedimiento participaron efectivos de la Policía Técnica Judicial y personal de la Unidad de Asuntos Juveniles. La madre de la bebé, identificada como E.M.O., de 29 años y oriunda de Santa Fe, dio positivo por consumo de cocaína y alcohol antes del parto, lo que llevó a la Justicia a analizar su responsabilidad en el fallecimiento.

La mujer ingresó al hospital el viernes a las 7 de la mañana, cursando un embarazo de 39 semanas, tras comunicarse con el servicio de emergencias por sentirse mal.

Arribó en ambulancia acompañada por J.D.C., un hombre de 45 años y aparentemente su pareja. El personal médico detectó que ambos estaban posiblemente intoxicados, por lo que se activó un protocolo especial y se realizaron análisis toxicológicos.

El parto se realizó por cesárea al mediodía y la recién nacida fue internada de inmediato en el área de neonatología debido a su estado crítico.

Horas después, la bebé sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció cerca de la medianoche. Tras el deceso, la causa judicial fue recaratulada como homicidio agravado por el vínculo, y la jueza Gisela Flamini, titular del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores N°2, asumió el expediente.

Un empleado municipal de 52 años murió de manera trágica este miércoles al ser aplastado entre un camión y una pala mecánica mientras cumplía tareas de recolección de residuos en un basural de la provincia de Córdoba.

El hecho ocurrió en el predio de enterramiento Piedras Blancas, ubicado a la vera de la Ruta 36, en el Barrio Comercial, a pocos kilómetros de la capital cordobesa. La víctima fue identificada como Sergio López.

Según informó la Policía de Córdoba, el accidente se produjo cuando la pala mecánica, encargada de compactar bolsas de basura, no se percató de la presencia del trabajador mientras este descargaba residuos de un camión. La máquina, al realizar maniobras en reversa, lo embistió, dejándolo atrapado entre el camión y la pala.

A pesar de los intentos de sus compañeros de trabajo y de los servicios de emergencia que llegaron al lugar, el hombre falleció debido a un aplastamiento en la zona del abdomen y pelvis.

En declaraciones a Cadena 3, el comisario inspector Jorge Miño describió lo sucedido como un “accidente lamentable” y confirmó que la Policía Judicial está investigando las circunstancias que rodearon el hecho. En la escena se realizaron las pericias correspondientes, con el fin de esclarecer las causas.

Sergio López era empleado de la Municipalidad de Alta Gracia y se encontraba cumpliendo sus funciones en el área de Servicios Públicos en el momento del accidente. Funcionarios del municipio se presentaron en el lugar tras conocerse la noticia del deceso.

El Gobierno de Alta Gracia, además, emitió un comunicado expresando su profunda tristeza por el fallecimiento de López y destacando su acompañamiento a la familia y compañeros de trabajo.

“Estamos cerca de la familia y de todos sus compañeros de trabajo; y aguardando las informaciones de Policía Judicial que está trabajando junto a las autoridades de CORMECOR (Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba)”, señalaron en sus redes sociales oficiales.

En señal de duelo, el servicio de recolección de residuos fue suspendido por la tarde del miércoles, a pedido del equipo de trabajo.

El predio de Piedras Blancas es uno de los principales puntos de recepción de residuos del Gran Córdoba y de las localidades aledañas, donde se acopian y compactan grandes cantidades de basura diariamente. Las autoridades continúan trabajando para determinar las responsabilidades en el caso, mientras que los compañeros del fallecido lamentan profundamente la pérdida.

El lamentable episodio se produjo una semana después de que otro recolector de Córdoba sufriera una amputación a causa de un siniestro vial. En aquel caso, un auto embistió por atrás a un camión de residuos que se encontraba en pleno trabajo. Por el impacto, la víctima perdió una de sus piernas.

El choque se produjo en la noche del domingo, en el cruce de Juan de Santiso y Moscoso con Malvinas Argentinas, en el barrio Talleres Este de la capital provincial. Una mujer al volante de un Fiat Strada golpeó al vehículo de gran porte y uno de los trabajadores, que iba colgado en la parte trasera del rodado, recibió la peor parte. Tras la atención del servicio de emergencias, fue trasladado al Hospital Privado con distintas lesiones. La peor de ellas, en su pierna derecha.

Por su parte, la mujer, de 30 años, fue llevada al Hospital de Urgencias con politraumatismos.

Posteriormente, la familia del recolector confirmó que al joven de 29 años debieron amputarle su pierna derecha. En diálogo con la prensa local, remarcaron que la avenida donde ocurrió el incidente “tiene buena iluminación y el camión estaba con luces y balizas en buen estado”, dando a entender que la responsabilidad debería recaer en la conductora del coche.

Según informó La Capital, en medio de la batalla, uno de los bandos logró arrebatarles las armas reglamentarias a dos de los cuatro policías que trabajan habitualmente en el lugar. Inmediatamente, cayó muerto de un tiro en la cabeza Emanuel Márquez, uno de los recicladores que estaba cerca del puesto policial durante la pelea. La víctima es un joven de 23 años que llegó muerto al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) después de que lo trasladaran agonizante en una camioneta.

En un video del hecho, se observa cómo varios de los agentes reaccionan a las agresiones con disparos contra el grupo que los atacaba. Es por eso que tomó fuerza la hipótesis que fue en esa secuencia que murió el joven. “Es un momento muy doloroso, no lo esperábamos. Él fue a trabajar para traerle el plato de comida a su familia”, comentó Melany, pareja de la víctima, a un canal de TV local.

El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, se expresó en la mañana del sábado respecto de la violencia en ese lugar. “Esto no sucede todos los días, pero crece en silencio en todas las ciudades, nadie hace nada, y al cabo de unos años se terminan perdiendo todos los valores. Todos vimos las imágenes de la decadencia: robar, agredir y no respetar a un agente de seguridad es un delito que tiene que ser investigado”, consideró el jefe comunal en un posteo en la red social X y reclamó a los investigadores resolver con rapidez el caso, especialmente por la situación del policía.

“Frente a la acción, la respuesta. A eso se enfrentan día a día las fuerzas que nos cuidan. Le pido a la Justicia que actúe velozmente para esclarecer el caso. Y le pido a Dios que cuide de la familia del policía detenido que velaba por su seguridad, la de sus compañeros y la de todos los marplatenses”, escribió Montenegro.

Según fuentes con acceso al caso consultadas por Infobae, una de las dos armas robadas a los policías fue recuperada esta madrugada. Es de esperar que los investigadores ordenen pericias sobre las tres armas disponibles y la bala que mató al joven para determinar el origen del disparo. Una pregunta pesa sobre la investigación: ¿el disparo salió de un policía o del ladrón de alguna de las armas?

Al menos otras dos personas requirieron atención en el centro de salud por heridas de arma de fuego. En esos casos, fueron llevados hacia allí en las ambulancias que se acercaron al lugar de los hechos. Además, los dos policías a los que les quitaron sus armas también debieron ser atendidos por las heridas que les causaron los golpes recibidos.

“Hay dos grupos de casi cien personas que se enfrentan en el lugar y en esa situación dos de los cuatro policías que cumplen tareas de adicional intentan interceder. Son atacados, sufren el robo de las armas y se escuchan varias detonaciones”, le indicaron a 0223 fuentes oficiales.

Los medios locales indicaron que cerca de las 15, uno de los grupos intentó adelantársele al otro en la descarga de camiones, lo que generó el comienzo de la pelea. Rápidamente la furia escaló a una batalla infernal que incluyó luchas cuerpo a cuerpo y lanzamiento de proyectiles. Todo, ante la mirada de los cuatro agentes presentes.

Cuando dos de esos agentes intentaron intervenir recibieron las agresiones y al menos uno de ellos sufrió el arrebato de su arma. Refugiados en el puesto policial los policías respondieron con disparos. Ese es el momento que quedó registrado en video y que muestra cómo disparan contra los recicladores.

Las imágenes muestran el caos y la violencia. “Mirá cómo reprimen”, gritó uno de testigos, mientras filmaba con un teléfono. Luego, uno de los agentes pidió que lo ayude a recuperar la pistola: “Recuperame el fierro. Me sacó el fierro allá”. “¡El fierro! Quieren el fierro, perdió el fierro. Busquen el fierro, que lo perdió”, es lo que les dice el reciclador a sus compañeros.

Tras el pedido de refuerzos por radio, se hicieron presentes en el lugar un cuerpo de la UTOI y de Infantería, además del jefe de la Departamental, Comisario mayor Luis Senrra, y el secretario de Seguridad, Rodrigo Goncalvez. De todos modos, la situación tardó casi dos horas en ser controlada.

Se hizo cargo de la investigación el fiscal Alejandro Pelegrinelli, de la UFI 5 Mar del Plata.