El Ministerio de Ambiente de Panamá (MiAmbiente) anunció que inició un proceso de análisis técnico y científico tras la reciente Decisión 47 COM 7B.39 de la UNESCO, que evalúa el posible impacto del proyecto Puerto Barú sobre el Parque Nacional Coiba, un sitio declarado Patrimonio Mundial por su alto valor ecológico y su relevancia para la biodiversidad marina del Pacífico oriental.

La entidad indicó que, tras la recepción formal del pronunciamiento del Comité de Patrimonio Mundial, se activaron evaluaciones internas para determinar las implicaciones para el país y definir las acciones necesarias para salvaguardar el Valor Universal Excepcional (VUE) del área protegida.

Según el comunicado oficial, el ministerio emitirá un pronunciamiento definitivo una vez concluyan los análisis especializados, alineados con las recomendaciones internacionales.

Como parte de este proceso, MiAMBIENTE solicitó una misión de asesoramiento técnico al Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales en la aplicación de la Guía y herramientas de evaluación de impacto en contextos de sitios protegidos.

Esta misión, prevista para mediados de 2026, busca asegurar que cualquier decisión futura se base en estándares internacionales rigurosos y en una gestión ambiental integral.

El pronunciamiento de la UNESCO pone énfasis en la necesidad de que Panamá revise la Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIA) del proyecto portuario, considerando no solo los impactos directos, sino también los efectos acumulativos, como el aumento del tráfico marítimo y el riesgo de contaminación.

El organismo internacional advierte que cualquier decisión debe evitar afectaciones irreversibles sobre el ecosistema de Coiba y su zona especial de protección marina.

En paralelo, la empresa responsable de Puerto Barú en David rechazó las afirmaciones sobre posibles impactos al parque, señalando que “carecen de sustento científico” y que no reflejan los resultados de los estudios técnicos aprobados por las autoridades panameñas.

La compañía sostiene que su Estudio de Impacto Ambiental categoría III, avalado por MiAMBIENTE, incluye análisis oceanográficos que descartan cualquier afectación por sedimentación hacia Coiba.

Según la empresa, las corrientes marinas en el área del proyecto no se dirigen hacia el parque, lo que elimina la posibilidad de que los materiales suspendidos lleguen a sus ecosistemas.

Además, recordó que en una comunicación oficial de mayo de 2024, el propio Ministerio de Ambiente concluyó que el proyecto no generaría impactos directos ni indirectos sobre el área protegida, ni representaría un riesgo ambiental significativo.

En su página de internet la empresa indica que: Puerto Barú en David se desarrolla en terrenos 100% privados y titulados, fuera de las áreas protegidas. Estamos cerca de un ecosistema de manglares, que están esparcidos por la costa de Chiriquí. Por ley, los manglares están protegidos y dentro de nuestro Plan de Manejo Ambiental, se plantea su conservación y fiscalización.

El desarrollo de Puerto Barú ha estado rodeado de controversias adicionales, incluyendo tensiones con organizaciones ambientales que han cuestionado tanto el proceso de aprobación como los posibles efectos sobre los ecosistemas marinos y costeros.

Más de 60 organizaciones han expresado su rechazo al proyecto y han denunciado presiones legales por parte de la empresa promotora.

Por su parte, la UNESCO ha insistido en que Panamá debe fortalecer la regulación pesquera, ampliar las zonas de veda total y mejorar los mecanismos de monitoreo y control en la región de Coiba.

Estas recomendaciones responden a preocupaciones históricas sobre la presión pesquera, la presencia de especies invasoras y la necesidad de garantizar la conservación a largo plazo del área.

El ministerio subrayó que el objetivo es lograr un equilibrio entre desarrollo económico y conservación ambiental, especialmente en una zona que se proyecta como polo de ecoturismo sostenible en el sur de Veraguas.

El Estado panameño deberá presentar antes del 1 de diciembre de 2026 un informe actualizado sobre el estado de conservación del sitio y las acciones adoptadas, lo que será evaluado en la próxima sesión del Comité del Patrimonio Mundial.

Este plazo se convierte en un punto clave para definir el futuro del proyecto y su compatibilidad con la protección de uno de los ecosistemas más valiosos de la región.

La decisión de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Colombia sostiene la condena de 35 años de prisión para Margareth Chacón, como autora intelectual del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, perpetrado en las playas de Barú en mayo de 2022. Según informó el medio que difundió la noticia, el alto tribunal considera que el recurso presentado por la defensa de Chacón carecía de fundamentos jurídicos válidos. El caso involucra además a otras siete personas que permanecen detenidas en relación con el homicidio.

De acuerdo con la información publicada, el Tribunal Supremo evaluó el recurso de apelación presentado por los abogados de Chacón, quienes alegaron que en la instrucción se habría ocultado el 85% de la información, lo que, según su argumento, imposibilitó una defensa adecuada. El tribunal desestimó este y otros planteamientos, argumentando que la apelación solo presentaba “hipótesis fácticas sin sustento jurídico” y señalaba supuestos errores legales basados en interpretaciones sin base en la doctrina o la legislación, además de emplear reproches que consideró no pertinentes para el proceso de casación.

Tal como consignó el medio, el arresto de Chacón se produjo después de que fue deportada por las autoridades de El Salvador. Su detención se realizó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá a principios de 2023. Un juez de garantías de la capital colombiana la remitió a prisión tras considerar suficientes las pruebas sobre su responsabilidad intelectual en el crimen que conmocionó al sistema judicial latinoamericano. Las autoridades salvadoreñas también arrestaron a un ciudadano nacional implicado en la asistencia logística para la ejecución del homicidio.

Según informó la misma fuente, la condena de Chacón se inserta en una investigación judicial activa en Colombia, donde las autoridades continúan con la detención preventiva de siete personas vinculadas al asesinato del fiscal Pecci. La sentencia refleja la posición del sistema judicial colombiano respecto al peso de los indicios recabados y la valoración de los planteamientos defensivos, los cuales fueron desestimados, según el fallo conocido.

El fiscal encargado de la instrucción, Mario Burgos, fue señalado por la defensa por presunta ocultación de información, un aspecto que, de acuerdo con la decisión judicial, no resultó probado en los términos necesarios para modificar la sentencia previa. El Tribunal Supremo subrayó que las críticas expuestas pertenecían más al ámbito litigioso que a aspectos formales revisables en la casación.

El asesinato de Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de 2022 mientras pasaba unos días en Barú, impulsó varias detenciones y continúa bajo investigación en diferentes frentes, tal como reportó la publicación. Pecci, fiscal paraguayo, fue atacado mientras se encontraba en territorio colombiano, un hecho que atrajo la atención internacional sobre la seguridad de los funcionarios judiciales involucrados en procesos contra el crimen organizado. La continuidad de la causa, con múltiples implicados bajo custodia, mantiene la atención en el avance judicial y el esclarecimiento total de los hechos.

Se mantiene en firme la condena de 35 años de privación de la libertad proferida contra Margareth Lizeth Chacón Zúñiga por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Daniel Pecci, perpetrado en mayo de 2022, en Barú, Cartagena (Colombia). Según reveló Caracol Radio, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia negó una acción de tutela que presentó Chacón en diciembre de 2025, con el fin de tumbar su condena por el deluito de homicidio agravado.

“Se cuestionó la falta de descubrimiento de pruebas favorables, de ser cierto vienen investigaciones penales y disciplinarias”, indicó en su momento el abogado Sergio Clavijo, que representa los intereses de Chacón Zúñiga en el proceso.

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Sin embargo, la Sala de Casación decidió negar la tutela, advirtiendo que la accionante fundamentó sus quejas en argumentos sin sustento legal. “Se basó formulando hipótesis fácticas sin sustento jurídico y señalando errores de derecho a partir de opiniones sin fundamentos legales ni doctrinales, y en todo caso, arguyendo reproches propios del escenario litigioso, inconducentes”, detalló la Corte en el documento al que tuvo acceso Caracol Radio.

En ese sentido, el alto tribunal concluyó que no existió ninguna violación al debido proceso y, por tanto, dejó intacta la condena contra Chacón Zúñiga, que ya había logrado una rebaja: pasó de tener que enfrentar 39 años y 10 meses de prisión, a afrontar 35 años de privación de la libertad. Esto, debido a que el Tribunal Superior de Cartagena la absolvió del delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego que inicialmente se le había endilgado.

La falta de descubrimiento de pruebas que alegó la defensa de Chacón

En enero de 2026, el abogado de Chacón Zúñiga aseguró que tanto él como el apoderado de víctimas en el caso del fiscal Marcelo Pecci advirtieron sobre la falta de descubrimiento de pruebas en el caso. Según detalló, el abogado de las víctimas aseguró que no conocieron los nombres de otras personas investigadas por el asesinato del fiscal. Esto “confirma que al igual que mi cliente, quien tampoco recibió el descubrimiento completo del caso”.

“La @FiscaliaCol regentada por el dr Mario Burgos, dejó de descubrir todas las interceptaciones, videos, CDRS, sábanas de llamadas con celdas de ubicación, entrevistas, extracciones a celulares y demás elementos materiales probatorios que pudieran utilizarse para la defensa de mi cliente, esto es una violación clara al debido proceso y derecho de defensa”, señaló el abogado.

De igual manera, indicó que, con base en las quejas de la defensa, la Fiscalía explicó que sí descubrió los elementos materiales probatorios, pero “no dijo cuáles”. En ese sentido, presentó toda la evidencia que recolectó y que, a su juicio, no fue debidamente descubierta por el ente acusador. De hecho, afirmó que supo de la existencia de esos elementos después de que fuera inadmitida una demanda de casación. En ese sentido, anunció que presentaría denuncias penales y quejas disciplinarias.

En otra publicación, compartió parte del material que al parecer no fue descubierto por la Fiscalía. Se trata de un documento que registra la incautación de los celulares de Francisco Luis Correa (testigo clave del caso, que fue asesinado en 2025) los cuales no fueron descubiertos a la defensa.

“Evidencia que el dinero incautado al confeso asesino Francisco Luis Correa (articulador del homicidio asesinado en la cárcel Picota), se le terminó entregando a una fiscal del caso y no a las víctimas, pronto seguiré revelando otras situaciones irregulares...”, detalló.

Por otro lado, el abogado pidió al presidente Gustavo Petro garantizar la protección del Andrés Felipe Pérez, marcotraficante que confesó haber liderado el asesinato de Marcelo Pecci, con el fin de evitar que sea víctima de homicidio mientras permanece en prisión, como pasó con Francisco Correa.

“Presidente @petrogustavo la persona que fue contratada en Colombia para asesinar al fiscal Marcelo Pecci (qepd) dice que ha querido colaborar y que tiene conocimiento que sus ex jefes lo han querido asesinar, también hace graves acusaciones contra un fiscal. Le pido por favor que le proteja la vida dado que se encuentra privado en la misma cárcel donde asesinaron al testigo Francisco Correa, el país necesita verdad (sic)”, indicó.

El reciente video viral muestra a tres visitantes que arriban a la orilla con una hielera de gran tamaño repleta de alimentos y bebidas, acción que desató el descontento de los comerciantes que observaban la escena.

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Vendedores locales de la zona expresaron su molestia en la grabación, advirtiendo que prácticas como esta afectan seriamente sus ingresos. Según los argumentos recogidos en el video, llevar comida y cerveza desde casa deja sin clientes a quienes ofrecen servicios esenciales en la playa: alquiler de sombrillas, sillas, y la venta de platos típicos y refrescos.

Los comerciantes explicaron que los precios que manejan son más elevados que en otras zonas, pero justificaron esta diferencia por las dificultades logísticas para abastecerse.

Llegar hasta Playa Blanca implica gastos de transporte y almacenamiento, lo que repercute directamente en lo que cobran a los turistas.

La viralización del video encendió un debate polarizado. Una parte de los usuarios de internet tomó partido por los vendedores, argumentando que la economía de Barú depende casi totalmente del turismo y que consumir productos locales es fundamental para la supervivencia de muchas familias. “Hacen bien en reclamar”, fue una de las voces que defendió visibilizar la problemática como una manera de proteger el trabajo de quienes viven en el territorio.

Otros usuarios, por el contrario, criticaron los precios elevados que rigen en las playas de Cartagena. “Allá todo es más caro, sale mejor llevar uno desde casa todo lo que uno necesita”, escribió un internauta.

Entre los argumentos de quienes apoyan a los turistas destaca la idea de que las playas son espacios públicos. Sostienen que cada visitante debe tener la libertad de decidir si consume o no los productos locales, siempre que no realice actividades comerciales no autorizadas. Incluso, algunos sugirieron que los propios turistas podrían intercambiar bienes entre sí, invocando la libertad de mercado.

Los comerciantes y habitantes de Playa Blanca reconocen que la situación representa un desafío para la sostenibilidad de su economía. Explicaron que la reducción en las ventas es cada vez más notoria, pues muchos visitantes llegan bien equipados y pasan el día sin adquirir nada local. “El turista haciéndole negocio al nativo”, se escucha en tono irónico en el video, mientras los vendedores observan la gran hielera.

Otra preocupación frecuente entre los trabajadores del sector es la falta de reglas claras que permitan armonizar el disfrute de los turistas con la protección del empleo local. Por eso, han solicitado a las autoridades que intervengan para establecer normas que equilibren ambos intereses y eviten tensiones futuras.

En los comentarios que acompañaron la difusión del video, se percibe una amplia variedad de opiniones. Algunos llamaron a la reflexión sobre la necesidad de precios justos: “En la costa se debe aprender a respetar al turista, que sienta la tranquilidad que en su visita nadie tratará de cobrarle más de lo justo”. Otros, en cambio, respaldaron la decisión de los visitantes de llevar su propio almuerzo, considerando que “los vendedores se aprovechan del turista”.

La polémica también abrió espacio a críticas sobre la visión del negocio turístico en la región. Un usuario opinó: “Para sostener un negocio no se come una sola vez, por eso siempre se debe ser justo en los precios y apreciar al turista”, sugiriendo que la relación entre vendedores y visitantes no puede basarse solo en la ganancia inmediata.

La comunidad de Barú reiteró que la entrada masiva de turistas con provisiones propias amenaza el sustento de muchas familias. Por ello, insistieron en la necesidad de buscar medidas que protejan la economía local sin restringir el derecho de los visitantes a disfrutar de la playa.

El 19 de diciembre de 2025, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia admitió una acción de tutela presentada por Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, condenada por el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Daniel Pecci, ocurrido en Barú, Cartagena, en mayo de 2022.

Según informó Caracol Radio, la mujer pretende tumbar la condena en su contra, que fue establecida inicialmente en 39 años y 10 meses, pero que posteriormente fue rebajada a 35 años. Además, busca que vuelva a efectuarse el juicio en su contra.

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Por eso, la acción de tutela estuvo dirigida a todos los intervinientes del proceso penal:

• La Sala de Casación Penal de la corporación, liderada por el magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito.
• El procurador segundo delegado para la Casación Penal.
• La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.
• El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena.
• El fiscal 1° delegado ante el Tribunal del Distrito.
• La fiscal 4° especializada de Cartagena.
• El fiscal 5° especializado adscrito a la Delegada para la Seguridad Territorial de Cartagena.
• El procurador 291 Judicial Penal II de Cartagena.
• El apoderado de víctimas Francisco Bernate Ochoa
• Los abogados defensores Yessica Troncoso Márquez, Luis Felipe Henríquez Castillo y Sergio Clavijo Rangel.

El abogado Sergio Clavijo, que representa los intereses de Chacón Zúñiga, informó sobre la aceptación de la acción de tutela de su defendida y dio a conocer algunas de las razones por las cuales se recurrió al mecanismo judicial.

“Se cuestionó la falta de descubrimiento de pruebas favorables, de ser cierto vienen investigaciones penales y disciplinarias”, señaló el abogado en su cuenta de X.

Aunado a ello, explicó que, dado que la mujer condenada presentó la tutela contra la Sala de Casación Penal, su estudio le corresponde a la Sala Civil, pero esta sale a vacancia judicial. “Mi respuesta y la de los demás vinculados solo podrán ingresar hasta el 12 de enero de 2026, ya que los correos son bloqueados y el fallo saldrá en 10 días hábiles desde el ingreso al Despacho. Para la Corte Suprema de Justicia la vacancia no son días hábiles”, detalló.

No es la primera vez que Chacón Zúñiga busca tumbar su condena por el homicidio del fiscal. En junio de 2025, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó una demanda que tenía ese mismo fin. La defensa de la mujer argumentó una presunta inflación de los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación.

Sin embargo, el magistrado Carlos Roberto Solórzano desestimó la demanda. “La condenaron por haber participado de otra manera en el homicidio (por haber hecho parte del subgrupo encargado de la ‘gerencia’ del plan criminal), lo que implicó un contacto directo con el ‘articulador’ y, por conducto de este, el control permanente de lo que hacían las otras personas involucradas en el homicidio”, indicó en la sentencia.

¿Cuál fue el papel de Margareth Chacón en el asesinato?

De acuerdo con la Fiscalía, la mujer participó en la planeación del homicidio, perpetrado el 10 de mayo de 2022, cuando el funcionario disfrutaba de las playas de Barú en Colombia. Las pruebas recolectadas por el ente acusador indican que la hoy condenada estuvo presente en cuatro reuniones, llevadas a cabo entre el 5 y 8 de mayo de 2022, en las que se estableció la logística y el financiamiento del asesinato del fiscal paraguayo. Tres encuentros tuvieron lugar en Cartagena y uno en Medellín.

“Se acreditó que el traslado a Cartagena lo hizo en una camioneta de su propiedad, junto a los hermanos Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos, quienes aceptaron hacer parte del entramado criminal y fueron condenados a 25 años y 6 meses de prisión”, detalló el ente investigador.

Así las cosas, una juez de conocimiento de Cartagena la declaró responsable de los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y la condenó a más de 39 años de prisión. Posteriormente, el Tribunal Superior de Cartagena rebajó su condena a 35 años tras absolverla de los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

El Juzgado 64 Administrativo de Bogotá admitió una demanda de reparación directa presentada por la familia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, que fue asesinado en las playas de Barú, Cartagena, el 10 de mayo de 2022 durante un atentado perpetrado por sicarios colombianos mientras se encontraba de vacaciones con su esposa en estado de gestación.

La acción judicial fue dirigida contra el Estado colombiano, representado por el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, así como contra la cadena hotelera Decameron, lugar donde el fiscal se hospedaba cuando ocurrió el ataque.

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En la demanda, la familia de Pecci sostiene que tanto los entes estatales como la empresa hotelera incurrieron en inacción negligente, lo que habría facilitado el desarrollo del hecho que terminó con la vida del funcionario judicial.

Según se describe en el documento admitido por el juzgado, “en esta acción se reclama la responsabilidad de la Nación, como sujeto de derecho público, que responde por sus órganos —en este caso, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional—, así como de Hoteles Decameron Colombia S.A.S., como sujeto de derecho privado. Dicha responsabilidad se solicita por los perjuicios ocasionados por el hecho dañino ocurrido el 10 de mayo de 2022: la muerte de Marcelo Daniel Pecci Albertini, atribuida a la inacción negligente de los sujetos de derecho público y privado”, se lee en la demanda.

De acuerdo con información revelada por El Tiempo, los familiares del fiscal —su viuda, hijo, padres, hermanos y sobrinos— reclaman una indemnización que supera los $2.000 millones. La pretensión de la demanda incluye la reparación por perjuicios morales, materiales, inmateriales y lucro cesante que, según los accionantes, derivan directamente del homicidio del funcionario especializado en la lucha contra el crimen organizado.

Detalles de la demanda

La demanda sostiene que tanto el Estado colombiano como el hotel en cuestión incurrieron en omisiones graves que facilitaron el crimen. Respecto a la Nación, se alega que la Policía Nacional no actuó de manera preventiva, a pesar de que el atentado fue planeado desde varios días antes, como establecieron las autoridades durante la investigación judicial.

Según el texto presentado por representantes de la familia de Pecci, “se evidencia que solo desplegó sus fuerzas después de la comisión del delito. Esto significa que, (aunque según las pruebas recabadas en la investigación) el crimen comenzó a planearse desde el 2 de mayo, la Policía Nacional no tomó medidas preventivas en ningún momento.

Esta omisión se agrava considerando la especial posición del señor Marcelo Daniel Pecci Albertini, quien, en su calidad de fiscal, mantenía una lucha constante contra el crimen organizado en la República de Paraguay, situándolo en una situación de riesgo permanente”.

Los demandantes explicaron que, aunque han pasado más de dos años desde el homicidio, el plazo de caducidad para presentar este tipo de acciones —dos años contados a partir del hecho— se suspendió por la presentación de una conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General el 10 de mayo de 2024, trámite que no prosperó. La constancia de no acuerdo fue expedida el 18 de julio del mismo año, lo que restableció el cómputo normal de los términos.

En criterio de la familia Pecci, el asesinato de Marcelo debe considerarse un “daño antijurídico” que merece reparación, ya que afecta de manera directa el derecho fundamental a la vida, consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia.

En esa línea, los accionantes indicaron que tanto el Estado como el hotel incurrieron en falencias que facilitaron el ataque.

“El hecho dañino recayó en la muerte violenta del señor Marcelo Daniel Pecci Albertini, lo que ocasionó una lesión definitiva al bien jurídico protegido en el artículo 11 de la Constitución Política: la vida. El daño tiene carácter personal cuando se comete sobre una persona, ya que el perjuicio a las personas o a su patrimonio es lo que hace responsable al Estado, y la persona que reclama el daño es quien lo sufrió directamente", señaló el documento.

Y añadió: “En este caso, los integrantes de la parte demandante que reclaman los perjuicios derivados del daño antijurídico ocasionado por la omisión de la administración pública son víctimas indirectas de la muerte del causante”, señalaron los accionantes en la demanda.

Cabe señalar que hasta octubre de 2025, ocho personas han sido capturadas y condenadas en relación con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

La preocupación por la seguridad en las playas de Barú, Bolívar, cobró fuerza tras el grave accidente que sufrió Sebastián Valencia, un turista de 42 años oriundo de Pereira, que permanece en estado delicado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario del Caribe en Cartagena. El incidente, ocurrido mientras Valencia se bañaba en una zona delimitada para turistas, puso en evidencia las deficiencias en los controles y protocolos de las actividades naúticas en la región.

De acuerdo con el relato de Marcella López, esposa de Sebastián Valencia, el accidente se produjo cuando una embarcación turística ingresó sin precaución al área señalizada para bañistas. Ante la inminente cercanía del bote, el turista intentó sumergirse para evitar el impacto, pero la maniobra no fue suficiente y la embarcación lo golpeó violentamente en la zona lumbar. “Mi esposo entró al mar confiado en que estaba en un espacio seguro, pero un barco apareció de repente dentro del área marcada con boyas. Cuando lo vio, se lanzó hacia abajo tratando de esquivarlo, pero aun así el impacto fue brutal”, relató.

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Las consecuencias del choque fueron severas: fracturas en tres vértebras, una perforación pulmonar y múltiples laceraciones en brazos y piernas. Los médicos debieron intervenirlo para drenar líquidos internos, producto de las complicaciones derivadas de sus heridas. Actualmente, el pronóstico de Sebastián Valencia es reservado y permanece bajo estricta observación médica.

La familia manifestó su inconformidad con las condiciones hospitalarias en Cartagena y solicitó formalmente el traslado del paciente a Pereira, donde consideran que podrá recibir un mejor apoyo médico. Marcella López insistió en la urgencia de esta gestión, señalando que la atención recibida tras el accidente fue insuficiente. “No había guardacostas, no había policía turística ni personal de primeros auxilios. La agencia que nos trajo nos dejó prácticamente solos. Si no hubiera sido por otros turistas que nos ayudaron, mi esposo no estaría vivo”, afirmó.

La situación se agravó por la presencia de menores de edad y otros familiares que acompañaban a la pareja, quienes quedaron bajo la responsabilidad de Marcella López en medio de la emergencia. “Tengo a mis sobrinos en el hotel y no sé qué hacer. Me siento abandonada porque nadie nos acompaña ni nos explica los pasos a seguir”, expresó.

El llamado de la familia se extendió a las autoridades locales, solicitando apoyo para el traslado de Sebastián Valencia y una respuesta efectiva tras la emergencia. “Necesito que el distrito me apoye, que me ayuden a gestionar el traslado de Sebastián. No vine a Cartagena a vivir esta tragedia, vine a unas vacaciones y ahora lo único que quiero es regresar a mi ciudad con él con vida”, enfatizó Marcella.

La secretaria de Turismo, Teremar Londoño, rechazó lo sucedido y anunció el inicio de investigaciones para determinar las responsabilidades del conductor de la embarcación y de la agencia turística involucrada.

“Se están verificando las condiciones en que operaba el bote, así como los protocolos de seguridad que debían cumplirse en la zona de baño”, afirmó.

A pesar de estas acciones, la familia de Sebastián exige medidas más contundentes para garantizar su vida y recuperación. “No quiero que esto se convierta en otro caso más que se pierde entre papeles. Mi esposo necesita atención ahora, no mañana”, recalcó Marcella.

El accidente generó inquietud entre los residentes y operadores turísticos de Barú, quienes, a través de redes sociales, denunciaron que la invasión de embarcaciones en áreas destinadas a bañistas no es un hecho aislado, sino una situación recurrente que pone en riesgo la integridad de los visitantes y trabajadores de la zona.

El caso tiene en alerta a los visitantes por la seguridad de los servicios turísticos y la falta de control sobre las embarcaciones que operan en esta zona de Cartagena, debido a que esta no es la primera vez que una situación similar se presenta.

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De acuerdo con la información revelada por el diario El Tiempo, el joven se encontraba disfrutando de un día de descanso cuando una lancha llegó de forma repentina al área en la que se encontraban varios bañistas y se llevó por delante al joven.

El impacto dejó a la víctima con tres costillas fracturadas, un pulmón perforado y daños en órganos vitales como el riñón y la vejiga, según relató su madre al citado medio. La gravedad de las lesiones obligó a su familia a trasladarlo por sus propios medios hasta un centro asistencial en Cartagena, teniendo en cuenta que en la isla no había ambulancias ni servicios de emergencia disponibles.

Del mismo modo, la madre del joven afectado denunció que la embarcación involucrada operaba sin la documentación en regla ni seguros obligatorios para los usuarios: “Están arriesgando la vida de la gente por falta de control. Hoy fue mi hijo, mañana puede ser cualquier otra familia. No es justo que sigan circulando estas lanchas irresponsables”, dijo la mujer, que señaló que la agencia de turismo Evelin Tours, con la que adquirieron el paquete, no les entregó la póliza obligatoria de seguros ni brindó acompañamiento durante la emergencia.

La situación se agravó por la ausencia de servicios de emergencia en la isla: “No llegó al lugar ningún servicio de emergencia (...) Todo lo hemos enfrentado solos”, agregó e insistió en que no existe infraestructura adecuada para atender la situación: “Lo mínimo es que en una zona tan concurrida como Barú exista una red de respuesta rápida. Aquí llegan turistas nacionales e internacionales, pero si ocurre una emergencia no hay quién los atienda. Eso es inaceptable”, declaró la madre del afectado.

Por su parte, el diario local El Universal consultó a la Estación de Guardacostas, que confirmó haber recibido el reporte del accidente el lunes, aunque reiteró que no hubo ambulancia ni servicios de emergencia en el lugar, lo que demuestra la precariedad de la atención médica en la zona insular.

¿Qué pasó con el joven herido?

Actualmente, el afectado permanece hospitalizado y los especialistas afirmaron que requiere transfusiones urgentes de sangre debido a la gravedad de sus lesiones. Además, se explicó que el alta médica dependerá de la evolución en los próximos días.

Debido a lo sucedido, la madre de la víctima hizo un llamado urgente al alcalde de Cartagena y a la Policía de Turismo, advirtiendo que la falta de vigilancia y control sobre las embarcaciones en Barú representa un riesgo para los miles de visitantes que llegan semanalmente a la isla: “No quiero que otra madre pase por lo mismo. Necesitamos que cierren estas operaciones ilegales y que el turismo sea seguro para todos”, puntualizó.

Así, la Policía de Turismo y la Capitanía de Puerto iniciaron una verificación sobre las condiciones en que operaba la lancha involucrada en el accidente, con el objetivo de determinar si efectivamente carecía de permisos y si la empresa contratada incumplió con la entrega de pólizas y seguros de viaje a los clientes.

Mientras que la familia del joven espera respuestas concretas, hay alerta por la vulnerabilidad de los turistas y las deficiencias estructurales en materia de seguridad y control marítimo en uno de los destinos más visitados del país.

El hallazgo del cuerpo sin vida de Víctor Alberto González Villa, un pescador de 40 años oriundo de Caño del Loro, en la isla de Tierra Bomba, conmocionó a la comunidad de Cartagena.

El cuerpo del hombre fue encontrado el jueves 14 de agosto flotando en aguas frente a la isla de Barú, con aparentes signos de violencia, tras haber sido reportado como desaparecido desde el lunes 11 de agosto.

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Según informaron medios locales y reportes iniciales de las autoridades, González Villa había salido a pescar el lunes en compañía de un hombre identificado como Germán. De acuerdo con los testimonios recogidos por la familia, ambos se comunicaron por última vez con allegados a las 7:00 p.m., previendo su regreso entre las 10:00 y 11:00 p. m., como era costumbre en sus jornadas de pesca.

La desaparición se tornó aún más inquietante después de que el compañero Germán apareciera el martes y relatara que, durante la faena, ambos fueron abordados por desconocidos. Según su versión, hombres los atacaron y lo golpearon con la empuñadura de un arma de fuego, le cubrieron la cabeza con una bolsa y lo arrojaron al mar. Germán aseguró que logró sobrevivir gracias al auxilio de colegas pescadores que lo rescataron en cercanías de Barú.

El personal de Guardacostas de la Armada Nacional se encargó de recuperar el cuerpo de González Villa y trasladarlo a Cartagena, donde fue puesto a disposición de la morgue de Medicina Legal para los procedimientos forenses correspondientes. Hasta el momento, las causas oficiales de la muerte no se han esclarecido, mientras que las autoridades no han emitido un comunicado sobre los avances en la investigación.

Familiares y amigos exigieron una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar si los hechos están relacionados con violencia en la zona o con disputas locales vinculadas a actividades marítimas. El caso ha provocado preocupación entre los habitantes de Tierra Bomba y Barú, quienes piden mayor protección y la intervención de las autoridades para prevenir nuevos hechos violentos que afectan a la comunidad de pescadores en el Caribe colombiano.

Atentado en Barú: sicarios asesinaron a ciudadano venezolano con método similar al caso Pecci

A mediados de julio, las playas de Barú, en Cartagena, fueron escenario de un violento atentado que recordó el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci ocurrido en 2022. El sábado 19 de julio, el ciudadano venezolano Juan Carlos Pérez Cardales fue atacado por sicarios que llegaron en una moto acuática hasta la zona de Playa Puntilla y le dispararon, empleando un método ya conocido en la región.

Según informó la Policía Metropolitana de Cartagena, el ataque ocurrió cerca de las 5:30 p. m., cuando dos hombres arribaron a la orilla del mar en la moto acuática. Uno de ellos se acercó a Pérez Cardales y, sin mediar palabra, le disparó a quemarropa en la cabeza, provocando su muerte instantánea.

Testigos relataron que la víctima quedó tendida en la arena, mientras una mujer, presuntamente su pareja sentimental, lloraba junto al cuerpo. La escena generó conmoción entre residentes y visitantes, quienes cuestionaron fuertemente la falta de seguridad en la zona.

La similitud con el caso de Pecci, asesinado por sicarios en circunstancias parecidas, llegó a ser mencionada en el comunicado oficial, donde las autoridades confirmaron el modo de operación y señalaron que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) asumió la investigación. Personal forense realizó el levantamiento del cuerpo y recopila información para identificar a los autores materiales.

La Policía reportó que Pérez Cardales tenía antecedentes judiciales por homicidio en 2020 y hurto en 2025, lo que sugiere posibles vínculos con actividades ilícitas, aunque aún no se establece un móvil claro para el asesinato. El caso puso nuevamente a prueba la respuesta de las autoridades frente al avance del sicariato en zonas turísticas del Caribe colombiano.

Cabe resaltar que, en el marco de operativos recientes contra el crimen organizado, se registró la captura de Pelufo Aguilar, de 38 años, implicado en al menos diez homicidios en Cartagena, muchos perpetrados bajo la misma modalidad y ligados a disputas por el control territorial y la comercialización de estupefacientes. Las investigaciones continúan para esclarecer la relación entre estos hechos y la violencia recurrente en diversos sectores de la ciudad.

El más reciente listado anual del Centro Internacional de Formación en Gestión y Certificación de Playas incluyó a Playa Tranquila (Barú) y Manzanillo del Mar, ambas ubicadas en Cartagena, entre los 200 balnearios evaluados en América y la Península Ibérica. La selección se basó en una metodología científica que pondera variables ecológicas, sociales, culturales y económicas, y busca promover una gestión sostenible del entorno costero.

La clasificación fue presentada en el marco del Día Mundial de los Océanos, conmemorado el pasado 8 de junio, y constituye uno de los principales instrumentos técnicos de diagnóstico de la calidad y sostenibilidad de playas en la región.

La edición 2025 contó con la participación de 71 expertos, entre ellos oceanógrafos, geógrafos, ingenieros y funcionarios públicos, que realizaron estudios de campo, revisiones técnicas y análisis con datos geoespaciales. Además, el proceso incluyó espacios de escucha activa con las comunidades locales.

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La evaluación se sustentó en el “Marco de Priorización de Playas”, una herramienta metodológica que integra 20 parámetros organizados en cuatro grandes dimensiones: recreativa, de protección, de conservación y sanitaria. Cada dimensión agrupa indicadores específicos.

La dimensión recreativa contempla accesos, estacionamiento, servicios e instalaciones, capacidad de carga, atractivo paisajístico y seguridad. La dimensión de protección evalúa la capacidad del ecosistema costero para mitigar impactos como tormentas y erosión. En conservación se consideran criterios como biodiversidad, patrimonio, especies presentes y gestión ambiental. Finalmente, la dimensión sanitaria analiza la calidad del agua y la arena, la presencia de residuos y la disponibilidad de servicios sanitarios.

En la edición 2025, dos playas cartageneras fueron incluidas en el ranking por su balance entre atributos naturales y aspectos de gestión, aunque también se identificaron áreas con necesidad de mejora.

Playa Tranquila: riqueza natural con retos de infraestructura

Playa Tranquila, ubicada en Barú, se destacó por su entorno natural, con alta biodiversidad y un paisaje de gran atractivo visual. El informe técnico subraya sus fortalezas en calidad del agua y de la arena, así como en la integridad del ecosistema circundante. Estos aspectos favorecen tanto la experiencia turística como el equilibrio ambiental.

No obstante, el balneario enfrenta limitaciones importantes en cuanto a infraestructura de acceso y servicios sanitarios. Estos elementos influyeron en su puntuación general de 72 sobre 100, lo que la ubicó en el puesto 94 del ranking global y en el lugar número 12 entre las playas evaluadas en Colombia.

Manzanillo del Mar: potencial ecológico con oportunidades de mejora

Por su parte, Manzanillo del Mar fue reconocida por su buena capacidad de carga turística, condiciones de seguridad, estabilidad en la línea costera y calidad ambiental. Estos factores reflejan un adecuado manejo del entorno físico y un aprovechamiento sostenible de su extensión de playa.

Sin embargo, la playa presentó rezagos en cuanto a servicios e instalaciones sanitarias, lo que redujo su desempeño general. Obtuvo una calificación de 64 sobre 100, que le dio el puesto 150 a nivel internacional y la posición número 20 en el contexto colombiano.

A nivel general, el ranking fue encabezado por la playa Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, en Salvador (Brasil), seguida por tres playas cubanas ubicadas en Villa Clara (Ensenachos, Piedra Movida y La Estrella) y por Varadero, también en Cuba. Estas locaciones obtuvieron las calificaciones más altas por su excelencia en conservación ambiental, manejo turístico y servicios disponibles.

Colombia figuró con varios destinos costeros distribuidos en el Caribe, entre los que destacan Los Ángeles (Santa Marta), Playa Blanca (Nuquí), Turipaná (Tubará), Punta Astillero (Piojó) y Segunda Ensenada (Coveñas). Cartagena, aunque no se posicionó entre los primeros lugares, continúa consolidándose como destino turístico con playas en proceso de fortalecimiento.

El informe completo busca fomentar la toma de decisiones informadas para la protección y uso responsable de los ecosistemas marino-costeros. A través de estos estudios comparativos, se busca alentar a las autoridades locales, actores turísticos y comunidades a implementar mejores prácticas que eleven la calidad de los servicios y preserven el equilibrio ambiental de las playas.

El miércoles 28 y jueves 29 de mayo de 2025, Cartagena será escenario de un paro nacional convocado por centrales obreras y colectivos afines al Gobierno nacional, en respaldo a la reforma laboral y la consulta popular que actualmente tramita la administración de Gustavo Petro en el Congreso de la República.

Según informó la Alcaldía de Cartagena, encabezada por el alcalde Dumek Turbay, se han tomado medidas para garantizar la seguridad y minimizar el impacto en la ciudad durante las 48 horas de movilización.

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Según la cartera, la Central Unitaria de Trabajadores y la Confederación General del Trabajo, entre otras organizaciones sindicales, liderarán las manifestaciones en la ciudad. Ante esta situación, la alcaldía realizó un Consejo de Seguridad para coordinar acciones que aseguren la tranquilidad en zonas céntricas, áreas productivas e industriales, así como en los principales puntos turísticos.

Instituciones públicas no tendrán clase

Entre las decisiones adoptadas se encuentra la suspensión de clases en las Instituciones Educativas Oficiales durante los días del paro. Esta medida responde a la participación de los docentes afiliados a Fecode y Sudeb en las movilizaciones. Además, no se implementarán planes de contingencia como talleres o actividades en casa, y tampoco habrá transporte escolar ni suministro del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para los colegios públicos.

Por otro lado, el distrito ha garantizado que las actividades académicas en colegios y universidades privadas se desarrollarán con normalidad. Según declaraciones del alcalde Dumek Turbay, no se espera que la ciudad enfrente caos o alteraciones significativas en la rutina diaria. “La ciudad no se paralizará ni esperamos que haya un caos o un estallido social que altere la normalidad o las rutinas. Solo se cancelan clases en colegios públicos porque los docentes harán parte del paro; de lo contrario, proyectamos que Cartagena no tendrá grandes contratiempos entre el miércoles y el jueves”, afirmó el mandatario.

Seguridad en Cartagena

En el ámbito turístico, la alcaldía, a través de Corpoturismo, ha recomendado a hoteles, alojamientos y agencias de turismo que trasladen a sus clientes hacia la zona insular de Barú por vía marítima, en caso de que se presenten bloqueos en la carretera que conecta con esta península. Esta medida busca garantizar que los turistas puedan disfrutar de sus planes sin interrupciones.

Para coordinar las acciones de seguridad durante el paro, se instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) desde las 5:00 a. m. del miércoles. Este estará liderado por la Secretaría del Interior, la Oficina de Gestión del Riesgo, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) y el Cuerpo de Bomberos. Además, contará con el apoyo del Cuerpo de Guardacostas, la Armada Nacional, la Policía Metropolitana de Cartagena y la Fiscalía General de la Nación, que han asegurado estar preparados para atender cualquier eventualidad.

El dispositivo de seguridad estará complementado con la participación de gestores de convivencia de la Secretaría del Interior, que trabajarán de manera articulada con las demás autoridades. Asimismo, se desplegará personal en puntos estratégicos como el aeropuerto y otros sectores prioritarios de la ciudad. En el ámbito de la salud, el Dadis emitirá una alerta amarilla hospitalaria para que los servicios de urgencias estén preparados ante cualquier situación que pueda surgir durante las jornadas de protesta.

Con estas medidas, la Alcaldía de Cartagena busca garantizar tanto el derecho a la protesta como la seguridad y el bienestar de los ciudadanos y visitantes durante los días del paro nacional.

Recomendaciones para la ciudadanía

Finalmente, la cartera compartió las siguientes recomendaciones, tanto para las personas que vayan como no a participar en las movilizaciones en Cartagena:

• Consulte la información actualizada en los canales oficiales de la Alcaldía de Cartagena y las respectivas autoridades de la ciudad.
• Planee sus desplazamientos con anticipación, por lo que deberá considerar posibles desvíos o cierres viales.
• Si participa en una manifestación, hágalo de manera pacífica y respetuosa con los derechos de todas las personas.

Durante el transcurso de la Semana Santa en Colombia en 2025, un hotel ubicado en un paradisíaco islote en Barú, y conocido como La Isleta, es noticia debido a que está incluido dentro de las megapropiedades en un pleito judicial en el que una de las partes es la familia del exsocio de Pablo Escobar y excapo colombiano Fabio Ochoa Vázquez, que perteneció al cártel de Medellín junto a dos de sus hermanos (Juan David y Jorge Luis).

Todo se dio a raíz de de la decisión que tomó la Fiscalía 50 Delegada de la Unidad de Extinción de Dominio el 18 de marzo de 2025 y que decretó la nulidad parcial en un proceso de extinción de dominio en el que aparece el nombre de Ochoa Vázquez.

Este descubrimiento se hizo tal y como ocurrió en el caso de Carlos Lehder cuando regresó a Colombia (28 de marzo de 2025), luego de pagar una condena en Estados Unidos y ser trasladado a Alemania, ciudadanía que también figura en su pasaporte.

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En esta ocasión y tras la revisión de los antecedentes y procesos judiciales de Ochoa luego de se llegada a Colombia (23 de diciembre de 2024), además de Punta la Isleta se encuentran otros bienes ligados en este mismo proceso, que son:

• La Hacienda Dehesa
• Una mansión en Medellín
• Un penthouse en el conjunto residencial Torres de Benare (ubicado en El Poblado), en Medellín.

• Un lote en jurisdicción del municipio de Ayapel (Córdoba), vinculado a la empresa de Ganados del Río Cauca S.A. (ya fue incautada)
• Un automóvil BMW de color rojo
• Un vehículo Renault blanco.
• Una camioneta Ford campero blanca
• Un auto Mazda color estrato plata
• La empresa Prodetur S.A. (en liquidación)

Dichas revelaciones fueron hechas por El Tiempo, que en un primer momento (enero de 2025) confirmó que el islote aparecía a nombre de la empresa Prodetur S.A. (en liquidación); en ese momento y cuyas actas figuran con fecha del año 2007, aparecen como socios Marta Nieves Ochoa María Isabel Ochoa fresia Ochoa y clara Elena Quiceno Álvarez (y que sale también como la liquidadora).

En un segundo momento, el mismo diario colombiano precisó en una segunda entrega el jueves 17 de abril de 2025 que Fabio Ochoa Vázquez aparece en una resolución efectuada por la Fiscalía General de la Nación

En este caso de extinción de dominio, y que se inició desde 2013, los detalles más recientes que se conocieron fue que la nulidad parcial en esta resolución solo se aplicó a dos inmuebles y dos vehículos ligados a la familia Ochoa Vázquez. En ese mismo documento que compartió el periódico bogotano se ordenaba el “levantamiento de las medidas cautelares impuestas en dicha resolución únicamente respecto de los bienes enlistados en el numeral anterior”.

La Isleta, uno de los puntos más críticos en el pleito judicial: lo reclaman nativos del lugar

Punta La Isleta es considerado un islote paradisíaco y un destino ideal para aquellos viajeros que desean desconectarse y gozar de un lugar único y cercano a otro sitio predilecto para turistas nacionales y extranjeros: Cartagena de Indias (Bolívar).

Este lugar queda ubicado a solo 45 minutos de Cartagena en lancha en jurisdicción de la ya conocida zona de Barú, sitio en el que por ejemplo, el fiscal paraguayo antimafia Marcelo Pecci pasó la luna de miel junto a su pareja y donde se reportó su asesinado.

Además de ofrecer playas con arena blanca y aguas turquesas, este punto ubicado en la región insular de Cartagena ha estado vinculado a nativos y pobladores del sector y es justo ahí donde se gesta el pleito judicial en el que figura la familia Ochoa.

La contraparte en esta diligencia judicial es la familia Barrios, y cuyo integrante y abogado defensor, Luis Alfonso Barrios, aseguró que en el caso del islote la Fiscalía levantó dichas medidas cautelares, debido a que cuando se expidió la resolución de inicio de extinción de dominio, efectuada en 2013, este predio ya no le pertenecía a Prodetur S.A.. Esto quiere decir que la incautación ya no era procedente.

Asimismo, el jurista y miembro de la familia Barrios destacó en diálogo con el diario que se sigue reclamando La Isleta dado que encuentra en estado de investigación si uno de los miembros de la familia Ochoa compró 26 hectáreas a un señalado usurpador que no tenía el título de propiedad.

Tal fue la exposición mediática de este caso que en julio de 2017 se conoció que uno de los expedientes de este caso se refundió en el Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar adicional a esto y años atrás el por ese entonces magistrado Francisco Ricaurte (condenado por el Cartel de la Toga) tuvo que salir a negar presuntos favorecimientos al clan Ochoa dentro del proceso de extinción de dominio. El hoy procesado hasta interpuso denuncias por injuria y calumnia.

“Para la fecha en que la Fiscalía inicia el proceso y ocupa el bien, yo había obtenido con anterioridad, por un proceso penal del Juzgado Segundo del Circuito de Cartagena, una orden de cancelar los registros inmobiliarios y los títulos con los que Prodetur S.A había obtenido el bien, entonces la Fiscalía no podía ocuparlo con fines extintivos, ya no le pertenecía a los Ochoa”, explica el abogado Barrios.

Lo anterior se refiere al no pago de un solo peso por la explotación del lote, donde se encuentra el hotel en La Isleta. “A pesar de que el bien ya no era de los Ochoa, a la misma empresa (Prodetur S.A.) que le extinguieron el bien se lo entregaron, los designaron como depositarios

“No pagaron un solo peso por la explotación del lote y actualmente allí funciona un hotel”, detalló Barrios, y pese a que el ente investigador ordenó levantar las medidas cautelares, “la SAE se ha negado irregularmente a entregar provisionalmente el predio a la familia Barrios, pero sí mantiene este en poder de los Ochoa, sin pagar un peso por la explotación a través del hotel”.

Una violenta riña se llevó a cabo en el corregimiento de Ararca, en la zona insular de Barú, en inmediaciones de Cartagena, durante la tarde del miércoles 30 de abril de 2025. El hecho dejó como saldo un hombre muerto, un capturado y una vivienda incendiada. Según informó la Policía Metropolitana de Cartagena, el hecho ocurrió alrededor de las 4:00 p. m. en la calle principal de esta localidad.

La información difundida por el medio local El Universal, indica que la víctima mortal fue identificada como Julio Carlos Lloreda Pájaro, de 32 años, que recibió un disparo de arma de fuego y falleció tras ser trasladado a un centro asistencial, pues perdió demasiada sangre.

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De acuerdo con el reporte policial, el presunto agresor, conocido por la comunidad como “el Nando”, de 49 años, fue capturado poco después del suceso gracias a un operativo en el que participó la comunidad, pues una turba furiosa se dirigió hasta su casa mientras que otras personas evitaban que escapara.

El hombre que está en poder de las autoridades fue señalado de haber disparado en contra de la víctima mortal de este hecho y fue trasladado a Cartagena, donde será presentado ante la Fiscalía General de la Nación para su judicialización, ante todas las pruebas recolectadas por las autoridades que atendieron el caso.

Sobre el proceso se sabe que el detenido enfrentará cargos por el delito de homicidio y será sometido a audiencias preliminares ante un juez con funciones de control de garantías que se encargará de definir su condena.

Aunque las circunstancias que desencadenaron la riña aún no han sido esclarecidas, testigos relataron al medio local que el enfrentamiento comenzó con una discusión entre las dos personas involucradas, que culminó con el disparo. Tras el homicidio, una turba enfurecida se dirigió a una vivienda, presuntamente en donde residía el agresor, y le prendió fuego generando graves daños a nivel estructural y en los enseres de la vivienda.

Este acto de represalia se convirtió en un ejemplo más de un caso de justicia por mano propia, pues la comunidad rechaza todo tipo de ataques en contra de la vida, por lo que las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos y turistas, con el fin de que depositen toda su confianza en las autoridades y les dejen el trabajo de solucionar cada una de las situaciones de orden público que puedan llegar a presentarse.

Sobre el cuerpo de Julio Carlos Lloreda Pájaro, se reportó que “La inspección técnica al cadáver fue realizada por unidades del CTI de la Fiscalía General de la Nación”. Después, fue trasladado a la morgue de Medicina Legal, ubicada en el barrio Zaragocilla de Cartagena, donde se le practicará la respectiva necropsia para posteriormente entregarlo a su familia y que puedan hacer las honras fúnebres.

Según versiones entregadas a El Universal, Lloreda Pájaro trabajaba como soldador y era padre de dos hijos, por lo que su partida causó un profundo impacto entre sus familiares y allegados, que exigen una pena justa para el atacante.

Entre tanto, la Policía Metropolitana de Cartagena confirmó que las unidades del CTI de la Fiscalía General de la Nación son las que están a cargo de las investigaciones para esclarecer los motivos detrás de este suceso que acabó con la tranquilidad de la población, que es reconocida por ser una zona con lugares turísticos que atraen a gran cantidad de turistas nacionales e internacionales.

Tras el ataque, la comunidad de Ararca permanece consternada por la violencia que alteró la tranquilidad de este corregimiento insular y piden que se trabaje en campañas para evitar nuevos actos de intolerancia que terminen en fatalidad.

Asunción, 29 ene (EFE).- El hermano del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en mayo de 2022 en Colombia, afirmó este miércoles que su familia no confía en que la Justicia paraguaya pueda esclarecer ese crimen.

En declaraciones para la radio ABC Cardinal, el hermano del fiscal Francisco Pecci criticó el supuesto "secretismo" con que la Fiscalía de Paraguay lleva adelante las investigaciones del caso, y consideró que será "otro país" el que pueda resolverlo.

"Seguramente la Fiscalía de Colombia no confía en Paraguay, (...) nosotros tampoco confiamos en la Justicia paraguaya. Lastimosamente va a ser otro país extranjero, a lo mejor, el que tenga que resolver este caso de Marcelo Pecci. No confiamos", indicó.

En ese sentido, aseguró que como familia tendrán que expresarse a nivel internacional con la esperanza de ser escuchados.

El fiscal antimafia fue asesinado por sicarios el 10 de mayo de 2022 cuando pasaba su luna de miel con su esposa, Claudia Aguilera, en la isla de Barú, próxima a Cartagena de Indias (Colombia).

Por este caso las autoridades colombianas han capturado y condenado a siete personas y también se han efectuado detenciones en Venezuela y El Salvador.

La Fiscalía de Paraguay abrió una investigación del caso el 9 de octubre de 2023 tras una declaración de Francisco Luis Correa Galeano, considerado uno de los 'articuladores' del crimen de Pecci, en la que apuntó a quienes planearon el asesinato.

Correa fue asesinado el 3 de enero pasado en una cárcel colombiana donde cumplía una condena de seis años y medio de prisión.

En ese contexto, Pecci refirió que a través de periodistas supo sobre unos "comentarios" emitidos por el Director de Asuntos Internacionales del Ministerio Público de Paraguay, Manuel Doldán, quien supuestamente afirmó que la familia ha sido recibida por la institución, además que tienen acceso a información.

"Es mentira que se reúnen con los familiares", dijo Pecci quien puntualizó que sí mantuvo una reunión informal con un fiscal, de cuya cita no le proporcionaron un registro documental.

Además, señaló que tiene "mucho miedo" de que la información de una computadora de su hermano que fue entregada a la Fiscalía haya sido borrada, y que "no hay documento" que demuestre qué hicieron con la máquina.

"Ellos actúan en el secretismo, ellos son inquisidores, es un sistema inquisitivo, ellos hacen lo que quieran, nadie los controla", zanjó.

Tras la muerte de Correa, la familia Pecci emitió un comunicado el 6 de enero pasado en el que denunció la falta de avances significativos por parte del Ministerio Público de Paraguay en la investigación y remarcó su frustración y temor a la impunidad que rodea el caso. EFE

A partir del martes 15 de abril de 2025, los visitantes que lleguen a Playa Blanca, en la zona insular de Cartagena, deberán ajustarse a una nueva normativa que busca salvaguardar los ingresos de la comunidad local.

Y es que el gremio de comerciantes de la isla decidió prohibir el ingreso de alimentos y bebidas que no sean adquiridos dentro de los establecimientos de la zona. Dicho dictamen surge a raíz preocupación de los residentes por el impacto negativo que tiene el turismo no regulado en la economía de las familias nativas.

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Según se lee en un documento difundido por Caracol Radio, los comerciantes señalaron que un gran número de turistas llega al balneario en buses interdepartamentales, cargados con comida, cavas y otros elementos necesarios para disfrutar de un día en la playa. Sin embargo, esta práctica no genera beneficios económicos significativos para la población local, que depende del consumo de los productos y servicios que ofrecen en la isla.

“La comunidad nativa de Playa Blanca informa a todos los visitantes que, a partir del martes 15 de abril, no estará permitido el ingreso de alimentos ni bebidas que no sean para consumo dentro de los establecimientos de la isla. Esta medida busca proteger y fortalecer la economía local, que depende del turismo responsable y del consumo de productos y servicios ofrecidos por las familias nativas”, señala el documento.

La decisión, según explicaron los comerciantes, tiene como objetivo principal garantizar el sustento de las familias que han construido su vida alrededor del turismo en Playa Blanca.

Además, la llegada de visitantes con alimentos y bebidas provenientes de otras zonas limita las oportunidades de ingresos para los residentes, quienes dependen de la venta de comida, bebidas y otros servicios turísticos, lo que desincentivaría la generación de empleo digno dentro de la comunidad.

Frente a la medida, el Gobierno distrital anunció que evaluará la situación en una mesa de trabajo que incluirá a los lugareños y a las autoridades nacionales. De hecho, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, publicó un mensaje en sus redes sociales haciendo alusión a dicha problemática.

“PlayaBlanca, en Barú, es un balneario que pertenece al Parque Nacional Natural Corales del Rosario, por lo tanto es área protegida. Por ley de la República, el ingreso de alimentos al lugar a está prohibido salvo los industrializados (mecatos). Los nativos, operadores turísticos y consejos comunitarios de la Península, tienen todo el respaldo de @AlcaldiaCTG en ese sentido; sin embargo, NO son autoridad jurídica ni administrativa para hacer control de entrada ni requisas a visitantes al balneario (sic)”, comentó el dirigente bolivarense.

Por tal motivo, Turbay dio la instrucción a la Policía, Secretaría del Interior de Cartagena, entre otros, de restablecer el orden y evitar este tipo de procedimientos, a los que calificó de ilegales.

“Asimismo, nos hemos articulado con las entidades del orden nacional con incidencia esta área insular como lo es @ParquesColombia y @Dimarcolombia, para hacer estricto control de cargas e ingreso de alimentos y, por otro lado, para exigir a los operadores y nativos que cumplan con las normas establecidas en cuanto a precios al turista, BPM y regulación de tránsito de motonaves en zona de bañistas”, añadió.

El dirigente aseguró además que “estamos del lado de los nativos; pero también velamos por la seguridad, tranquilidad e integridad de los visitantes, tanto locales como foráneos, para garantizar la mejor experiencia posible”.

De hecho, Turbay compartió unas imágenes en las que se ve la presencia de las autoridades en el que es uno de los lugares más apetecidos por los turistas que llegan a la capital bolivarense.

La exploración del Galeón San José, uno de los naufragios más emblemáticos de la historia marítima, ha alcanzado un hito significativo con la declaración de su contexto arqueológico como la primera Área Arqueológica Protegida en aguas marítimas de Colombia.

Y es que esta medida, oficializada mediante la Resolución 0712 de 2024, establece una serie de medidas, restricciones y usos para preservar este sitio de incalculable valor histórico y cultural. Este avance fue presentado durante una reunión liderada por el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, donde se revisaron los progresos de la investigación en torno al galeón.

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De acuerdo con las autoridades, el proyecto de investigación científica denominado “Hacia el corazón del Galeón San José” ha permitido explorar un área de aproximadamente 461.000 metros cuadrados en el lecho marino.

Durante estas expediciones, se han catalogado 1.138 objetos recuperados del naufragio, los cuales incluyen elementos de gran relevancia histórica para el patrimonio cultural de Colombia. Además, tal como explicaron desde Presidencia en un comunicado de prensa, se han desarrollado metodologías específicas para la conservación y recuperación de estos hallazgos, lo que refuerza el compromiso del país con la protección de su legado arqueológico.

El proyecto, liderado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) y la Dirección General Marítima (Dimar), busca caracterizar y estudiar el yacimiento del Galeón San José. Según detallaron las entidades involucradas, los avances logrados entre 2024 y 2025 han sido fundamentales para consolidar la protección del sitio, que ahora se posiciona como una de las pocas áreas arqueológicas protegidas en aguas profundas a nivel mundial.

Según explicaron los organismos encargados, la reunión de trabajo contó con la participación de altos funcionarios del gobierno y expertos en arqueología y defensa marítima.

Entre los asistentes estuvieron la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Lizeth Rodríguez; los ministros de Culturas, Yannai Kadamani Fonrodona, y de Defensa, Pedro Sánchez; así como el comandante de la Armada, Almirante Juan Ricardo Rozo, y el director de la Dimar, Almirante John Fabio Giraldo Gallo.

También participaron la directora del ICANH, Alhena Caicedo, y otros representantes clave en la gestión del patrimonio cultural y la defensa jurídica del Estado.

Es importante anotar que, el Galeón San José, hundido en 1708 frente a las costas de Cartagena, es considerado uno de los tesoros más valiosos de la historia marítima debido a su carga de oro, plata y piedras preciosas, además de los objetos que documentan la vida y el comercio en la época colonial.

Según detallaron las autoridades, la resolución que regula este sitio establece lineamientos estrictos para evitar su explotación comercial y asegurar que cualquier intervención en el área se realice bajo criterios científicos y de conservación.

Tal como explicaron desde presidencia, uno de los aspectos destacados del proyecto es el desarrollo de metodologías especializadas para la conservación de los objetos recuperados del galeón. Estas técnicas habrían sido diseñadas para garantizar la preservación de los materiales en condiciones óptimas, considerando las complejidades que implica trabajar en un entorno de aguas profundas.

Además, el proyecto habría permitido identificar elementos de gran valor histórico que aportan información clave sobre el comercio, la navegación y la vida cotidiana en el periodo colonial. Estos hallazgos, según las autoridades, enriquecen el conocimiento sobre la historia marítima de la región y refuerzan la importancia de proteger este tipo de yacimientos.

Así mismo, desde el Gobierno también enfatizaron en la necesidad de continuar fortaleciendo las capacidades técnicas y científicas del país en este campo, con el objetivo de garantizar que los avances logrados hasta ahora se traduzcan en beneficios a largo plazo para la sociedad.

Bogotá, 10 oct (EFE).- El Tribunal Superior de Cartagena confirmó la condena a Margareth Lizeth Chacón Zúñiga por participar en la planeación del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado por sicarios en mayo de 2022 en la isla colombiana de Barú.

Así lo informó este jueves el alto tribunal en una sentencia en la que señaló que Chacón fue condenada "a la pena principal de cuatrocientos veinte (420) meses de prisión, como coautora del delito de homicidio agravado (35 años)".

Sin embargo, en esta decisión de segunda instancia, el Tribunal redujo la pena de 39 a 35 años. En febrero de este año la mujer fue condenada a 39 años por los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Luego de la apelación de la defensa el Tribunal confirmó la condena por el asesinato, pero absolvió a Chacón del delito de fabricación y tráfico de armas, y, en consecuencia, redujo la pena de 39 a 35 años de cárcel.

Según las pruebas aportadas por la Fiscalía, Chacón asistió a por lo menos cuatro reuniones entre el 5 y el 8 de mayo de 2022, en las que se "definieron detalles de logística, traslado y financiamiento del asesinato" de Pecci.

Una de esas reuniones se llevó a cabo en Cartagena, donde Chacón se desplazó en una camioneta de su propiedad junto a los hermanos Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos, quienes ya reconocieron su responsabilidad en el crimen y se les impuso una condena de 25 años y seis meses de prisión.

El fallo también le impuso inhabilidad para ejercer funciones públicas por 20 años y declaró la incautación definitiva de la camioneta de su propiedad.

Pecci, uno de los fiscales antimafia más importantes de Paraguay, fue asesinado por sicarios el 10 de mayo de 2022 cuando se encontraba en una playa de un hotel en la isla de Barú, próxima a Cartagena, lugar al que el funcionario paraguayo viajó con su esposa, Claudia Aguilera, para pasar la luna de miel.

Las autoridades colombianas han detenido en total a siete supuestos implicados en el asesinato del fiscal, un crimen con el que los investigadores creen que puede estar relacionado el Primer Comando de la Capital (PCC), banda nacida en las prisiones de Brasil y que hoy tiene tentáculos en casi toda la región. También ha habido capturas en Venezuela y El Salvador.

En este sentido, se han emitido siete condenas en Colombia por el homicidio del fiscal paraguayo, precisó la Fiscalía. EFE

Los hidroaviones son aeronaves diseñadas para despegar y aterrizar en cuerpos de agua, y que han demostrado ser una herramienta valiosa en varias áreas, desde el transporte hasta la protección del medio ambiente. Además, tienen capacidad para transportar entre nueve y once pasajeros

La aerolínea mexicana Alma, junto con un grupo de inversionistas, liderados por Irelandia Aviation, propuso esta nueva iniciativa turística para facilitar la llegada de pasajeros a “destinos insulares y ribereños del Caribe colombiano”, destinos que en su mayoría se ubican en la zona insular de Cartagena.

De acuerdo con la aerolínea, para comienzos de 2025 el turismo en la zona insular de Cartagena y de otras regiones del departamento de Bolívar y de la costa Caribe colombiana tendrán una nueva opción para conectarse con Cartagena, Barranquilla y San Marta, con otros destinos turísticos costeros y a orillas de importantes ríos con un medio diferente.

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Esta operación se haría inicialmente con dos aeronaves que tendrían su base de operaciones en Cartagena y Barranquilla y la compañía también ofrecerá la prestación de servicios médicos en regiones remotas del país, donde las emergencias de salud requieren respuestas rápidas que solo pueden ser proporcionadas a través del transporte aéreo.

“Este servicio es especialmente relevante en áreas remotas donde el acceso a la atención médica puede ser limitado”, enfatizó Rupert Stebbings, director comercial de Alma.

La iniciativa busca que turistas extranjeros pueda apreciar de cerca los rincones más lindos del país. “Con demasiada frecuencia, los turistas no pueden llegar a destinos que han visto en Internet o incluso las limitaciones de tiempo no permiten esa aventura adicional”, agregó Stebbings.

Destinos que tendrán hidroaviones en la Costa Caribe

El proyecto prevé en su primera fase mover a más de 1.200 pasajeros al mes a destinos en la costa Caribe como:

• Barú, Playa Blanca e Islas del Rosario, en la zona insular de Cartagena de Indias.
• Mompox, en el departamento de Bolívar.
• Palomino, en el departamento de La Guajira.
• Cabo de La Vela, en el departamento de La Guajira.
• Punta Gallinas, en el departamento de La Guajira.
• Puerto Colombia, en el departamento del Atlántico.
• Valledupar, en la capital del departamento del Cesar.

Este nuevo concepto de turismo ofrecerá servicios chárter privados y personalizados, de acuerdo con una solicitud que los promotores del proyecto presentaron el 25 de abril de 2024 ante la Aeronáutica Civil, para operar servicios aéreos con aviones anfibios desde la costa Caribe colombiana.

Los hidroaviones en general son una herramienta clave para conectar comunidades aisladas, facilitar el transporte de carga y proporcionar acceso a servicios médicos y de emergencia. Además, la topografía del país, que incluye una gran red de ríos y zonas selváticas, hace que el uso de los mismos sea una solución práctica.

Ventajas de los hidroaviones no turísticos en Colombia

• Acceso a Áreas Remotas: Colombia cuenta con extensas áreas de selva amazónica, ríos caudalosos y regiones montañosas donde las infraestructuras terrestres son limitadas o inexistentes. Los hidroaviones pueden aterrizar en cuerpos de agua, facilitando el acceso a estas áreas de difícil llegada por tierra.
• Conectividad en Regiones Aisladas: ayudan a conectar pequeñas comunidades y localidades aisladas, promoviendo la integración regional y la comunicación. Esto es especialmente importante en la región amazónica y otras zonas remotas donde las carreteras son escasas.
• Transporte de Carga y Recursos: son útiles también para transportar cargas, desde suministros médicos hasta productos agrícolas. En regiones donde el transporte terrestre es limitado, los hidroaviones ofrecen una alternativa eficiente.
• Operaciones de Emergencia: en situaciones de emergencia, como inundaciones o desastres naturales, los hidroaviones pueden proporcionar evacuaciones rápidas y entregar ayuda humanitaria en áreas de difícil acceso.
• Eficiencia en Operaciones de Rescate: en zonas con ríos extensos y terrenos complicados, los hidroaviones permiten operaciones de búsqueda y rescate más efectivas, alcanzando áreas que de otro modo serían inaccesibles.
• Reducción de Costos en Infraestructura: construir y mantener infraestructuras terrestres en áreas remotas puede ser extremadamente costoso y complejo. Estos ofrecen una alternativa menos costosa para el transporte y la conectividad en estas regiones.

El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, confirmó el viernes 10 de mayo que la semana entrante viajará un representante de la institución para reunirse con sus pares de Colombia que llevan la investigación del asesinato del fiscal antimafia, Marcelo Pecci.

Al cumplirse dos años del asesinato de Pecci en Colombia, Rolón manifestó en la radio local Monumental que “la próxima semana con seguridad” se concretaría la cita, aunque no confirmó una fecha ni el lugar.

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Rolón destacó que las fuentes principales relacionadas con el crimen y el celular del exfiscal están en territorio colombiano, evidencias que fueron solicitadas por la Fiscalía paraguaya desde que se abrió la carpeta de investigación nacional.

“Definitivamente no, no tenemos evidencias relevantes (…) ni siquiera contamos con el aparato celular de la propia víctima y tampoco tenemos información sobre las declaraciones de su contenido, según ellos, no lo hicieron”, señaló el fiscal, quien añadió que esos datos los quieren cotejar con la fuente.

De este modo, el fiscal general paraguayo sostuvo que la comunicación con Colombia fue “escasa” desde diciembre de 2023, cuestión que justificó porque su exfiscal general, Francisco Barbosa, estaba dejando el cargo y estaba en medio de disputas con el presidente del país, Gustavo Petro.

Cabe recordar que el pasado 25 de abril se hizo público un documento donde Rolón solicitó a la directora de Asuntos Internacionales del Ministerio Público de Colombia que facilitara y coordinara entrevistas presenciales con el conjunto de fiscales del Cuerpo Técnico de Investigación que indaga el crimen. En la carta hizo saber que viajaría el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán Breuer.

Autores materiales

Por otra parte, la justicia colombiana ha condenado a Margareth Chacón Zúñiga por su participación en la planeación del asesinato, a 39 años de cárcel; a los hermanos Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos, quienes ya han aceptado su responsabilidad en el crimen, con 25 años de prisión; y al sicario, con 23 años.

No obstante, aún no prospera la captura contra el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que por ahora se mantiene viajando entre los países de Suramérica para evitar dejar rastro de su paradero.

La justicia de Paraguay y Bolivia aún no logra dar con la captura de los autores intelectuales del crimen, en especial la del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que se ha paseado entre Suramérica, evitando de esta forma que haya rastro de su paradero.

Marset ha sido señalado por las autoridades paraguayas, bolivianas y colombianas, como el responsable principal del crimen, debido a que se presume que planeó y ejecutó el atentado sicarial contra el fiscal.

Parte de su historial delictivo se conoce que, en 2021, Marset habría falsificado su pasaporte, por lo que fue detenido y llevado a prisión mientras intentaba ingresar a Dubai (Emiratos Árabes). Posteriormente, en el caso terminó salpicado el excanciller de Uruguay Francisco Bustillo, presuntamente por haber gestionado un nuevo pasaporte de carácter urgente al delincuente, pese al antecedente de su captura en el país árabe.

Luego, se conoció que Marset viajó a Bolivia a esconderse de las autoridades, donde se cambió de identidad bajo el nombre de Luis Paulo Amorín, que era un supuesto empresario y hasta futbolista destacado en plataformas digitales como TikTok.

Allí permaneció hasta mediados de julio de 2023, cuando arrancó el operativo conformado por más de 2.000 uniformados, con el que buscaban dar finalmente con su captura; sin embargo, el hombre escapó, según expresó a través de un video, reseñado por El Espectador, gracias al aviso del director de la Fuerza Especial de Lucha Contra Narcóticos (Felcn), que le brindó la información a cambio de dinero.

Pese a que los autores materiales y quienes planearon el crimen fueron condenados, no se ha determinado quién dio la orden de matar al exfiscal.