La Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) cuenta con inversiones programadas por el orden de los $5,673,191 para este año, $6,013,582 para 2027, $6,374,397 para 2028 y $6,686,743 para el 2029.

Estos datos indican que hay un compromiso financiero sostenido para la discapacidad y que el Plan Estratégico Nacional de Discapacidad se inserta en un marco de inversión pública de mediano plazo.

Sin embargo, el documento no detalla la distribución interna de estos recursos por proyecto o línea de acción, lo que plantea la necesidad de un seguimiento más específico para saber qué proporción se destina a accesibilidad, educación inclusiva, vida independiente, sensibilización y otros componentes del plan.

Aunque la información disponible sobre el Plan Estratégico Nacional de Discapacidad no profundiza en los mecanismos de monitoreo y evaluación, el uso de datos como los de la encuesta ENDIS-2 sugiere que la política de discapacidad en Panamá está comenzando a apoyarse en evidencia estadística para orientarse y evaluarse.

La ENDIS-2 reveló que 781,478 personas viven con alguna discapacidad en el país, un dato que permite dimensionar la magnitud del desafío y que puede servir como línea de base para medir la eficacia del Plan Estratégico Nacional de Discapacidad.

La existencia de encuestas como la Primera Encuesta Nacional de Discapacidad y la ENDIS-2 indica que hay esfuerzos por generar información específica sobre discapacidad.

La experiencia en políticas sociales muestra que la existencia de planes estratégicos, leyes y compromisos internacionales no garantiza automáticamente la transformación de la realidad, especialmente cuando se enfrenta a limitaciones presupuestarias, resistencias culturales y déficits institucionales.

El Plan Estratégico Nacional de Discapacidad, al incluir elementos como educación inclusiva, accesibilidad universal, vida independiente y sensibilización, abarca áreas donde los cambios implican modificaciones profundas en estructuras y actitudes, que no se logran únicamente con declaraciones.

Panamá ha ido construyendo su política pública de discapacidad, especialmente a partir de la Ley 42 de 1999, que establece la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad.

Esta ley, reformada significativamente en 2016, marcó un cambio en la concepción de la discapacidad, pasando de un enfoque asistencial hacia un enfoque más cercano a los derechos humanos, en el que el Estado reconoce la obligación de eliminar barreras y garantizar condiciones de igualdad material y no solo formal.

Las reformas reforzaron disposiciones en ámbitos clave como la educación, el acceso a servicios y ciertos mecanismos de acción afirmativa, entre ellos exoneraciones parciales de matrícula para personas con discapacidad en instituciones estatales, lo que refleja un intento de reducir obstáculos económicos que limitan el ejercicio del derecho a la educación.

En mayo de 2025 un anteproyecto de presupuesto por $13 millones fue aprobado por la junta directiva de la Senadis para la vigencia 2026. El presupuesto, según se dijo en su momento, cubriría rubros y proyectos dirigidos a promover la equiparación de oportunidades para la población con discapacidad.

En el país aproximadamente el 16% de la población vive con algún tipo de discapacidad, lo que representa un grupo significativo de ciudadanos que enfrentan diversas barreras en áreas como educación, empleo, salud, accesibilidad y participación social, entre otras.

La creación de comités técnicos asesores en 14 municipios del país y la implementación de un plan piloto del Plan Nacional de Accesibilidad Universal en dos comunidades, destacan entre los proyectos de inversión.

También se contempla desarrollar capacitaciones sobre accesibilidad universal dirigidas a los gobiernos locales en las comarcas indígenas Guna Yala, Guna de Madugandí, Guna de Wargandí, Emberá Wounaan y Ngäbe Buglé.

La creciente influencia de factores geopolíticos y la mayor conflictividad internacional, expresada en escenarios bélicos, como la invasión rusa de Ucrania en 2022 y la guerra en Medio Oriente desde el 28 de febrero pasado, revalorizaron el precio de los hidrocarburos y de los llamados minerales críticos, llevando a proyecciones positivas de exportaciones para la Argentina.

En la última semana, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) presentó un estudio que proyecta que en un escenario “moderado” la Argentina exportará petróleo y gas por valor de USD 17.741 millones hacia 2030 y por USD 22.382 millones hacia 2035, cifras que se elevan a USD 27.945 y USD 41.758 millones respectivamente en un escenario “expansivo”. Mejor aun, la barrera de los USD 40.000 millones podría alcanzarse ya en 2030 en un escenario “acelerado”.

Los conflictos geopolíticos y la guerra, dijo el presidente de la CEPH, Carlos Ormachea, dieron pre-eminencia a dos factores a favor del potencial exportador de hidrocarburos de la Argentina, concentrado en Vaca Muerta: seguridad y diversificación de fuentes de suministro.

Los conflictos geopolíticos y la guerra dieron pre-eminencia a dos factores a favor del potencial exportador de hidrocarburos de la Argentina (Ormachea)

Además, según las más recientes proyecciones de comercio exterior del Banco Central las exportaciones mineras totales, de unos USD 6.000 millones en 2025, pasarán a USD 15.600 millones en 2030. Sumando sectores, como campo, agroindustria, automotor y petroquímico, las exportaciones totales rozarían los USD 150.000 millones hacia 2030, calculó el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Un decenio de retroceso y otro de estancamiento

A la vez, en los últimos veinte años la Argentina registra, en números redondos, una caída del 40% en el número de empresas exportadoras: de cerca de 15.000 en 2006 a 9.000 en 2025. La caída fuerte se produjo de 2006 a 2015. Desde entonces, el número de exportadores apenas varió.

“En 2025 crecimos en cerca de 300, pero estamos en el mismo promedio desde 2016”, dijo a Infobae Fernando Landa, presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA).

Otros datos compilados por la CERA muestran que casi 94% del valor exportado en 2024 provino de grandes empresas, mientras que las pymex (pequeñas y medianas exportadoras) si bien fueron más del 50% del total, explicaron solo el 6,3% del valor exportado, muy por detrás de la participación de las pymex en la canasta de los países desarrollados (35%) y también por detrás de la participación promedio de sus pares en países en desarrollo (11,6 por ciento).

Argentina registra 199 exportadoras por millón de habitantes, muy lejos de la proporción que registran países como Corea, Canadá, España y Estados Unidos, pero también bien por debajo de la que se observa en Uruguay, Chile y Perú.

Argentina registra 199 exportadoras por millón de habitantes, muy lejos de la proporción que registran países como Corea, Canadá, España y Estados Unidos, pero también bien por debajo de la que se observa en Uruguay, Chile y Perú

Una investigación de la CERA sobre el panorama del comercio mundial a un año del Liberation Day en que Donald Trump anunció en la Casa Blanca la imposición de “aranceles recíprocos”, generando una cadena de reacciones a nivel mundial, describió el “doble desafío exportador” de Argentina: un complejo escenario internacional, en el que uno de cada cinco dólares de las exportaciones globales enfrenta medidas restrictivas, al que suma tres principales “asignaturas pendientes”

• Un atraso “insostenible” en el pago de reintegros y recupero de IVA,
• La liquidación mandatoria de divisas, que configuran desigualdad ante la ley)
• La persistencia de derechos de exportación (DEX, o retenciones) que si bien en algunos casos bajaron en otros hubo incluso aumentos.

Seguridad revalorizada, comercio complejizado

Al igual que Ormachea, de la CEPH, el documento de la CERA, destaca que el comercio y la inversión mutaron de dar prioridad casi exclusiva a la eficiencia (precios) a una revalorización de la seguridad, en un contexto en el que los principales actores del comercio internacionales vuelvan recursos para impulsar a sus sectores productivos y atraer inversiones, con programas específicos y erigen nuevas barreras de acceso a sus mercados, como aranceles o cuotas, que se duplicaron en 2025, principalmente por la imposición de aranceles.

“Ya antes de la guerra y el cierre del estrecho de Ormuz teníamos un nivel de conflictividad superior a cualquier punto histórico posterior a la Segunda Guerra Mundial, debido a una lucha por la dominancia en temas relativos a la Inteligencia Artificial y su cadena de valor: materiales y tecnologías críticas. Además, está el tema ambiental. Hoy, uno de cada cinco divisas de exportación mundial está sujeto a barreras”, dijo Landa.

Sin embargo, hay sectores, como hidrocarburos y minería, donde las proyecciones de exportación son muy importantes, le señaló este medio.

“Hay situaciones divergentes. En petróleo y gas, un desarrollo a partir de Vaca Muerta que se va a sostener en base a inversión y dentro de la ventana del RIGI, la exportación no está limitada, porque son recursos escasos. Lo mismo la minería en un contexto de guerra y complejidad. También el campo tuvo muy buenos resultados: gran volumen de exportación de materias primas, pese a caída de precios. Pero las exportaciones agroindustriales e industriales sufren el contexto de conflictividad. Y Argentina suma su sesgo anti-exportador, reflejado en la evolución del número de exportadores. En 2025 crecimos en cerca de 300, pero estamos en el mismo promedio desde 2016. Bajamos en forma constante el número de exportadores desde hace veinte años”, respondió el presidente de la CERA.

Sesgo anti-exportador

En el “combo de factores” del sesgo anti-exportador Landa anotó en primer lugar a los DEX o retenciones, casi inexistentes en el resto del mundo: “En algunos sectores industriales bajaron, pero no en la posición por la que se más se exporta, y hay complejos exportadores como la pesca, equivalente a cualquier otra economía regional, en que tampoco bajaron”.

Argentina suma su sesgo anti-exportador, reflejado en la evolución del número de exportadores. En 2025 crecimos en cerca de 300, pero estamos en el mismo promedio desde 2016 (Landa)

Otro factor es la liquidación mandatoria de divisas, un régimen que, dijo Marcelo Elizondo, presidente del capítulo argentino de la International Chamber of Commerce, "es una rareza argentina que no usa casi nadie en el mundo”.

Landa precisó que los exportadores locales están obligados a ingresar y liquidar el 100% de las divisas de exportación. “Los únicos países que tienen algo similar, pero no exigen liquidar el 100%, son Paquistán y Libia. Es una interferencia del Estado en la actividad privada y una discriminación, porque si se vende en el mercado interno en dólares el mismo bien, no hay obligación de liquidar. Es una desigualdad e impide a los exportadores disponer de sus divisas para importar equipos. Tiene que pedírselas al Estado. Si tiene que hacer un pago adelantado, no puede hacerlo. Debe conseguir financiación y pagar el costo”.

Por último, Landa refirió la existencia de normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) para exportar sin impuestos indirectos, pues se cobran en destino: “No tiene sentido pagarlos en origen, pero nosotros cobramos IVA en la exportación. El Estado tiene dos regímenes para aplicar la normativa OMC: la devolución de impuestos indirectos vía reintegros y el recupero del IVA. Y acá hay un atraso creciente.

De hecho, los atrasos se extendieron a ocho meses: entre abril y diciembre del año pasado, mientras el valor de las exportaciones creció 28%, el de los reintegros disminuyó 10%, al equivalente a solo USD 89 millones en ese período. La anomalía se agudizó al inicio de este año y en febrero, como reportó Infobae, los principales estudios del país destacaron que los reintegros y devoluciones fueron nulos, contra $50.000 millones en febrero de 2025.

“En marzo devolvieron algo, pero sin compensar atrasos previos. Eso afecta a la cuenta económica del exportador y paradójicamente afecta más a los exportadores puros y de mayor valor agregado, una contradicción en sí misma”, concluyó el presidente de la Cámara de Exportadores.

VIERNES, 21 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- La obesidad no debería considerarse un obstáculo para un paciente que necesita una cirugía de reemplazo de hombro, argumenta un nuevo estudio.

En algunos lugares, los médicos han estado negando la cirugía de reemplazo articular a personas con un índice de masa corporal alto, debido a preocupaciones sobre su capacidad para recuperarse del procedimiento, según los investigadores en notas de fondo.

Pero los pacientes con obesidad en realidad tienen un menor riesgo de muerte tras la cirugía que los pacientes con peso saludable, informaron los investigadores el 20 de noviembre en la revista PLOS Medicine.

Además, los investigadores encontraron que tenían un riesgo similar de sufrir complicaciones graves o necesitar cirugía de seguimiento.

De hecho, los pacientes con bajo peso tuvieron peor resultado tras la cirugía de reemplazo de hombro, según muestran los resultados.

"Aunque los umbrales de IMC se han utilizado para limitar el acceso a la cirugía de reemplazo articular, nuestros hallazgos no apoyan restringir el acceso a pacientes con IMC más alto para acceder a la cirugía de reemplazo de hombro", dijo el investigador principal Dr. Jonathan Rees, director del Instituto Botnar de Ciencias Musculoesqueléticas de la Universidad de Oxford, en un comunicado de prensa.

Aunque las sociedades médicas no han ofrecido recomendaciones formales sobre la cirugía de reemplazo de peso y articulación del paciente, estudios previos han encontrado que en algunos países el acceso a estos procedimientos está restringido según el IMC, según los investigadores en notas de fondo.

Para este nuevo estudio, los investigadores hicieron el seguimiento de casi 21.000 pacientes que se sometieron a cirugías de reemplazo de hombro en el Reino Unido y Dinamarca.

Los resultados mostraron que las personas con obesidad tenían un 60% menos de riesgo de muerte dentro del año siguiente a la cirugía en comparación con aquellas con un peso saludable.

En comparación, las personas con bajo peso tenían un 69% más de riesgo de muerte en los 90 días posteriores a la cirugía, así como un 36% más de riesgo de complicaciones graves y un 70% más de probabilidades de necesitar cirugía de seguimiento. Un IMC inferior a 18,5 se considera bajo peso.

Los hallazgos del estudio son limitados porque pocas personas con IMC alto se operaron de hombro: 131 en el Reino Unido y 70 en Dinamarca.

Pero los investigadores argumentan que el gran estudio mostró de forma consistente que las personas obesas tenían un menor riesgo de muerte en dos países diferentes.

"Los reemplazos de hombro ofrecen a los pacientes la oportunidad de un excelente alivio del dolor y una mejor calidad de vida", dijo el investigador principal, Dr. Epaminondas Markos Valsamis, investigador de la Universidad de Oxford, en un comunicado de prensa. "Nuestra investigación muestra que los pacientes con un IMC más alto no tienen peores resultados tras una cirugía de reemplazo de hombro."

Más información

El Hospital General de Massachusetts ofrece más información sobre cirugía de reemplazo de hombro.

FUENTES: PLOS, comunicado de prensa, 20 de noviembre de 2025; PLOS Medicine, 20 de noviembre de 2025

El informe 'La inteligencia artificial desde la perspectiva de las personas con discapacidad' elaborado por la Fundación Randstand, analiza el uso, las percepciones y las barreras que encuentran las personas con discapacidad en relación con las tecnologías de IA aplicadas a diversos campos, ya sea la vida diaria, la comunicación, el aprendizaje, la movilidad y el empleo.

Uno de los principales puntos que recoge el estudio es la capacidad que tiene esta tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, respecto a lo que se muestra una visión "predominantemente positiva", dado que el 86 por ciento de los encuestados valora que la IA puede mejorar su día a día a nivel general.

Siguiendo esta línea, el 45 por ciento de estos usuarios considera que la IA puede impactar en su calidad de vida de forma significativa, mientas que el 41 por ciento, señala que la mejora será "moderada". El informe también puntualiza que el 53 por ciento de los encuestados piensa que la IA sirve especialmente para mejorar tareas específicas.

USO DE LA IA EN EL APRENDIZAJE Y FORMACIÓN

Respecto a las principales áreas en las que se emplea la IA para ayudar a la discapacidad de los usuarios, los encuestados han apuntado principalmente (62%) a su uso en el aprendizaje y la formación.

Esta tecnología también se emplea comúnmente en el entretenimiento (56%), la comunicación y el trabajo (55% en ambos casos), la creación de contenido (54%) o la gestión personal (53%).

La fundación también recoge en su informe que el 82 por ciento de las personas con discapacidad preguntadas tienen "una actitud positiva" frente esta tecnología. Teniendo esto en cuenta, los usuarios han subrayado beneficios como el fácil acceso a la información y a los servicios y mejoras en la educación y la formación.

BRECHA ENTRE EL IMPACTO PORTENCIAL Y REAL DE LA IA

No obstante, solo el 40 por ciento de los participantes en el informe ha afirmado encontrar mejoras en su calidad de vida y en su autonomía, lo que refleja una "brecha importante" entre el impacto potencial y el real de la IA en la vida de las personas con discapacidad, tal y como ha reflexionado la directora de la Fundación Randstad, María Viver.

Viver ha señalado la importancia de continuar trabajando para "paliar este impacto negativo", haciendo referencia a continuar formando en IA a los usuarios, y aplicar de forma efectiva esta tecnología en los distintos procesos que llevan a cabo en la fundación.

A pesar de todo ello, un 28 por ciento de los encuestados afirma no estar seguro de los beneficios de esta tecnología. En este marco, los usuarios discapacitados han matizado algunas dificultades encontradas con respecto a la adopción de la IA en su día a día.

Por ejemplo, el 54 por ciento de los encuestados han señalado que, a la hora de comenzar a utilizar esta tecnología, encuentran impedimentos como la falta de conocimiento o información. El 50 por ciento también han señalado como obstáculo la "insuficiente capacitación" para adoptar la IA.

El informe también puntualiza que al 38 por ciento le preocupan cuestiones relacionadas con la privacidad y la seguridad. Además, el 28 por ciento de los usuarios discapacitados identifica la falta de recursos económicos como otro de los obstáculos más significativos, dado que, en algunas ocasiones, para acceder a tecnología impulsada por IA es necesario utilizar dispositivos con precios elevados.

Teniendo todo ello en cuenta, el informe concluye que la IA es percibida por las personas con discapacidad como una herramienta que puede facilitar la vida y las tareas cotidianas, pero que todavía tiene obstáculos que impiden que su impacto real en la calidad de vida sea mayor.