Un fallo judicial determinó que la empresa concesionaria de una autopista en Buenos Aires debe indemnizar a dos motociclistas tras un accidente ocurrido en una cabina de peaje. La sentencia reconoció la responsabilidad de la concesionaria por la caída repentina de la barrera, que provocó lesiones a los dos usuarios de la autopista.

Los hechos tuvieron lugar el 17 de noviembre de 2022, pasadas las 18, cuando un hombre de 44 años, acompañado por una mujer de 37, salieron rumbo a una consulta médica en el norte del conurbano. Se dirigieron al centro de salud en su motocicleta Corven Mirage 110, modelo 2016.

Al llegar a una estación de peaje, los demandantes denunciaron que, tras abonar el importe, comenzaron el cruce con la barrera levantada, pero esta descendió de forma abrupta impactando en la cabeza y el cuello de la acompañante, produciendo su caída y la del conductor, quienes terminaron lesionados en la cinta asfáltica.

Ambos usuarios interpusieron una demanda contra la concesionaria vial por una suma que superaba los once millones de pesos. Reclamaron reparación por daño físico, psicológico, moral, gastos médicos, daño estético, daños materiales al vehículo y daño punitivo. La empresa negó haber tenido culpa y sostuvo que el conductor perdió control por motivos que no pudieron ser comprobados, cuestionando la versión de los demandantes y señalando que el propio sistema de barreras contaba con mecanismos de seguridad.

La compañía acompañó el expediente con un video del momento del accidente e impugnó especialmente la magnitud y la mecánica del hecho, indicando que, desde su perspectiva, la barrera impactó levemente, no de forma violenta, y que esta no generó el desenlace grave descrito en la demanda. Argumentó además que el accidente se produjo por una maniobra indebida y rechazó la existencia de una relación de consumo.

El fallo, firmado por el Juzgado Nacional en lo Civil n.° 20, resolvió que entre la concesionaria y los usuarios sí existía una relación de consumo protegida por la ley 24.240, de Defensa del Consumidor, con obligaciones objetivas de garantizar la seguridad de quienes transitan por el corredor vial. Destacó el carácter de prestataria de servicios públicos de la concesionaria y afirmó el deber de responder ante daños ocurridos durante el paso por las instalaciones del peaje.

El juez consideró que, aunque la existencia del accidente no estaba en discusión, sí existían diferencias entre las partes sobre cómo había sucedido. La valoración de la prueba incluyó la filmación aportada por la patronal, pericias técnicas y testimonios, especialmente el de una automovilista presente en el lugar.

El análisis de las pruebas

Del análisis probatorio surgió que la barrera descendió sobre los motociclistas mientras cruzaban, golpeó a la acompañante y produjo la caída de ambos, aunque las pruebas no ratificaron que el vehículo chocara contra una cabina policial como afirmaron los actores, ni que el impacto de la barrera fuera “brutal”. La pericia determinó la existencia de una baja sorpresiva de la barrera en un momento inadecuado y valoró como verosímiles las lesiones sufridas, aunque matizó la magnitud del accidente y descartó secuelas estéticas y deformidades.

El tribunal analizó los informes médicos aportados, que incluyeron diagnósticos de tendinosis y lesiones articulares en el conductor y traumatismos varios en la acompañante, en especial cervicales y nasales, con porcentajes de incapacidad parcial y permanente para ambos, aunque el juez subrayó la dificultad para vincular todas esas lesiones exclusivamente con el evento ocurrido en el peaje.

Sobre la base de todas las pruebas, el fallo concedió indemnizaciones diferenciadas a los dos demandantes. Al conductor le reconoció una suma próxima a los ocho millones de pesos por incapacidad parcial, daño moral, gastos médicos y daño material a la motocicleta, mientras que la acompañante fue indemnizada con poco más de quince millones de pesos, un monto mayor por las secuelas físicas y psicológicas evaluadas. El juez rechazó los reclamos de daño estético y daño punitivo, al no haberse probado intención, culpa grave ni un menosprecio especial a los derechos de los usuarios de parte de la empresa.

Entre los elementos clave, el fallo cita que los servicios provistos por concesionarias viales deben prestarse en condiciones previsibles o normales de uso, sin que presenten peligro para la salud o integridad física del usuario, apoyándose en precedentes de la Corte Suprema y doctrina especializada sobre la obligación de seguridad y la responsabilidad objetiva de las empresas concesionarias.

La sentencia ordenó a la concesionaria a efectuar el pago dentro de los diez días posteriores a la notificación, incluidos intereses. Además, fijó los honorarios profesionales de los abogados, peritos y mediadores involucrados de acuerdo a la escala y el valor estipulados por la legislación vigente.

Según la resolución, los gastos médicos fueron admitidos en montos razonables considerando la atención inicial en hospitales públicos y sanatorios privados, la necesidad de tratamientos de fisiokinesioterapia y seguimiento psicológico, aunque se establecieron montos menores a los reclamados originalmente.

En cuanto al daño material, la pericia mecánica validó el daño del motovehículo, aunque excluyó rubros pretendidos como la desvalorización del bien. El tribunal consideró que la reparación técnica devolvía la funcionalidad al vehículo, por lo que no correspondía indemnización adicional por pérdida de valor comercial.

Para la privación de uso mientras la motocicleta fue reparada, el fallo aceptó una compensación, descartando cifras elevadas ante la falta de demostración particular de un perjuicio mayor.

La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha declarado como ilegal la exigencia que recaía sobre los empleadores para presentar el expediente de validación de los certificados médicos en un plazo máximo de 30 días hábiles desde su emisión a fin de solicitar el reembolso de los subsidios por incapacidad temporal, maternidad o lactancia por parte del Seguro Social de Salud (EsSalud).

Esta medida, contenida en el subnumeral 6.2.4.1.1 de la Directiva N° 015-GG-ESSALUD-2014, fue considerada una barrera burocrática que contravenía las disposiciones legales vigentes, específicamente en el artículo 13 del Reglamento de Reconocimiento y Pago de Prestaciones Económicas de la Ley 26790, aprobado por el Decreto Supremo 013-2019-TR.

La resolución del organismo regulador, publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano, e identificada como N° 0011-2025/SEL-INDECOPI, fue emitida el pasado viernes 17 de enero de 2025 y tiene implicaciones significativas para EsSalud y las empresas afectadas por la normativa en cuestión, aprobada mediante la Resolución de Gerencia General N° 1311-GG-ESSALUD-2014.

EsSalud vs. Indecopi: sustento de la decisión e impacto en las empresas

El abogado laboralista Jorge Toyama, de la firma Vinatea & Toyama, explicó a Infobae Perú que esta práctica había sido una constante durante años, afectando a numerosas empresas que, por diversas razones, no lograban cumplir con el plazo establecido. Según Toyama, el sistema de reembolsos de EsSalud funciona de manera que las empresas adelantan los pagos de los subsidios a los trabajadores y luego solicitan el reembolso al Seguro Social.

Toyama también señaló que esta situación generaba problemas adicionales en casos donde los certificados médicos no eran entregados a tiempo por los trabajadores, ya sea por encontrarse en zonas alejadas o por circunstancias imprevistas como enfermedades. Esto dejaba a las empresas sin posibilidad de recuperar los fondos adelantados, a pesar de que estos subsidios son un derecho de los trabajadores y una obligación del Seguro Social.

No habrá límite de tiempo para solicitar reembolso de EsSalud

La decisión de la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas ratifica un pronunciamiento previo emitido en primera instancia por el Indecopi, mediante la Resolución N° 0215-2024/CEB-INDECOPI, del 24 de mayo de 2024. En ambas resoluciones se concluyó que la exigencia de EsSalud constituía una barrera burocrática ilegal que debía ser eliminada.

Con esta resolución, EsSalud ya no podrá exigir el cumplimiento del plazo de 30 días para la presentación de los expedientes de validación. Según Toyama, esto implica que las empresas podrán solicitar los reembolsos de los subsidios sin estar sujetas a un límite de tiempo arbitrario, lo que representa un alivio significativo para muchas organizaciones.

¿Y el impacto sobre EsSalud?

La eliminación de esta barrera burocrática tendrá un impacto directo en el flujo de caja de EsSalud, ya que ahora deberá procesar y devolver los reembolsos independientemente del tiempo transcurrido desde la emisión del certificado médico.

Aunque el abogado no pudo precisar cuántas empresas se vieron afectadas por esta normativa, destacó que conocía numerosos casos en los que las solicitudes de reembolso fueron rechazadas debido a retrasos en la presentación de los expedientes. Esto incluía situaciones en las que los encargados de tramitar los subsidios se enfermaban o enfrentaban dificultades logísticas, lo que impedía cumplir con el plazo de 30 días.

Aplicación inmediata y limitaciones retroactivas

La resolución de Indecopi es de aplicación inmediata, lo que significa que EsSalud deberá ajustarse a esta nueva disposición de manera inmediata. Sin embargo, Toyama aclaró que la medida no tiene carácter retroactivo, por lo que las empresas que ya fueron afectadas por el rechazo de sus solicitudes de reembolso debido al plazo de 30 días no podrán reclamar devoluciones por casos anteriores.

A pesar de esta limitación, el abogado sostiene que la eliminación de esta barrera burocrática representa un avance notable en la protección de los derechos de las empresas y en la simplificación de los procedimientos administrativos relacionados con los subsidios de incapacidad y maternidad.

Sídney (Australia), 23 jul (EFE).- Un joven se encuentra en estado crítico tras sufrir este martes el ataque de tiburón blanco en una playa de la ciudad de Port Macquarie, en la costa este de Australia, según informaron fuentes oficiales.

La víctima, de 23 años y que surfeaba en el momento del ataque, fue atendido por los servicios de emergencia tras el incidente ocurrido poco antes del mediodía en la remota playa North Shore, según un comunicado de Policía del estado de Nueva Gales del Sur.

Según la cadena pública australiana ABC, la víctima se encuentra en estado crítico, pero estable tras ser trasladado con una herida en la pierna a un hospital de Port Macquarie.

"El hombre vio que el tiburón se acercaba a él, pudo luchar contra él, fue muy valiente y pudo darse la vuelta y tomar una ola hasta la orilla", explicó a la cadena pública una trabajadora del servicio de ambulancias.

Un portavoz del Departamento de Industrias Primarias y Desarrollo Regional de Nueva Gales del Sur dijo por su parte que los biólogos especializados en tiburones habían evaluado las fotografías del incidente y habían determinado que el hombre había sido mordido por un tiburón blanco, que medía unos 3 metros de largo.    

Los escualos -especialmente el gran tiburón blanco ('Carcharodon carcharias')- al igual que los cocodrilos, son dos temidos animales de Australia conocidos por sus esporádicos ataques a humanos, algunos de ellos mortales.

Desde 1871 se han producido más de 1.230 ataques de tiburones en Australia, según la Base de Datos Australiana de Incidentes con Tiburones de la Sociedad de Conservación Taronga Australia.

En lo que va del año se han reportado menos de una decena de ataques de tiburones en Australia, uno de los lugares del mundo donde se registran una mayor cantidad de incidentes de este tipo, aunque ninguno de ellos mortales. EFE

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Sevilla (España), 7 jun (EFE).- El torero español Morante de la Puebla ha decidido interrumpir la temporada tras recaer en sus problemas psiquiátricos, sin fecha de vuelta a las plazas, y no actuará el domingo próximo en la corrida de la Beneficencia de Madrid, en la que estaba anunciado.

La noticia fue confirmada a EFE por fuentes próximas al diestro después de ser adelantada por el diario español El Mundo con declaraciones de Pedro Marques, apoderado del torero, que asegura que Morante vive sumido “en una profunda tristeza”, “no responde a los antidepresivos” y, además, “le fallan las piernas y se queda como sin fuerza”.

El representante y el matador lamentan esta situación y los problemas causados a las empresas y aficionados, pero, según explica Marques, “es cuestión de fuerza mayor y lo importante es la salud de José Antonio (Morante de la Puebla) y volver a los ruedos cuando esté en condición de hacerlo”.

Morante, de 44 años, ya se había visto obligado a parar brevemente antes de afrontar la corrida del Domingo de Resurrección pasado en la ciudad española de Sevilla, después de iniciar la temporada, y empezaron a alimentarse los rumores sobre el alcance de la dolencia psiquiátrica que arrastra desde hace más de dos decenios.

Las alarmas del mundillo taurino estaban encendidas desde que Morante compareció el pasado 9 de febrero en el hotel Alfonso XIII de Sevilla con dificultades evidentes para expresarse al recoger el Premio Andalucía de Tauromaquia en unión del diestro español ya retirado Curro Romero.

No tardó en trascender que había experimentado un agravamiento de un trastorno de bipolaridad, que ya lo llevó a retirarse temporalmente en 2004. Esos problemas de salud mental lo obligaron a marcharse a Miami (EE.UU.), donde fue tratado hace casi veinte años.