La jueza Valeria Pedrana condenó a Luciano Gallardo, un barrabrava de Newell’s vinculado comn Ariel “Guille” Cantero, a 6 años y 8 meses de prisión efectiva por los delitos de extorsión simple y agravada, así como por asociación ilícita, en una audiencia celebrada el jueves en el Centro de Justicia Penal. La víctima fue Ignacio Astore, quien en ese momento era presidente del club rosarino.

La sentencia se dictó en el marco de un procedimiento de juicio abreviado. La causa expuso las operaciones sistemáticas de un grupo estructurado para perpetrar delitos contra las personas, la propiedad, la libertad y la seguridad pública, con el objetivo de obtener ganancias económicas a través de actividades paralelas asociadas al club.

Entre las maniobras detectadas, la organización coordinaba la reventa de entradas, la organización de eventos, el cobro por estacionamiento en espacios públicos y la comisión por la venta de comidas y bebidas en los denominados “carritos”.

Según la acusación presentada por la fiscal, Gallardo participó en maniobras de extorsión dirigidas a las autoridades del club. Junto con Leandro “Pollo” Vinardi, Sabrina Barrías y otras personas aún no imputadas, planificaron y ejecutaron presiones ilícitas para obtener dinero de la dirigencia de Newell’s Old Boys. La suma exigida inicialmente ascendía a ocho millones de pesos ($8.000.000), aunque finalmente se entregaron tres millones de pesos ($3.000.000) a Gallardo, según consta en el expediente.

El dinero fue entregado por el jefe de seguridad del club a Gallardo en la tarde del martes 30 de julio de 2024, en el interior de las instalaciones deportivas. Las exigencias surgieron tras la negativa del entonces presidente del club, Ignacio Astore, a autorizar una fiesta de inauguración de parrilleros organizada por la barra sin el consentimiento oficial. La Fiscalía detalló que la maniobra implicó reclamos reiterados y amenazas, con el fin de ocasionar un perjuicio patrimonial al club.

La investigación determinó que los líderes de la organización se arrogaban facultades no previstas en los estatutos del club para gestionar eventos y negociar beneficios económicos. Esta estructura operaba por fuera de los canales institucionales y recurría a la coacción como mecanismo de presión frente a la directiva.

Según informó el portal del diario La Capital, la jefatura de la asociación ilícita recaía en Ariel Máximo “Guille” Cantero, quien en 2024 se encontraba detenido en el Complejo Penitenciario Federal Nº II de Marcos Paz. Cantero seleccionaba a los líderes y referentes de la barra brava, quienes debían rendir cuentas por los ingresos generados en cada partido que el club disputaba como local.

Así funcionaba la organización

Para la administración cotidiana, Cantero delegaba funciones en Leandro Vinardi, alojado en la Unidad Residencial 6 del Complejo Penitenciario Federal Nº 1 de Ezeiza. Vinardi, a su vez, incorporó a su pareja Sabrina Barrías para renegociar las condiciones de reparto de dinero. La organización favoreció también la formación de una célula rival liderada por Alejandro Nicolás “Rengo” Ficcadenti, con el objetivo de disputar el control de la barra.

El conflicto entre ambas facciones culminó el 22 de julio de 2024, cuando Cantero ratificó a Vinardi como principal referente de la barra, decisión comunicada mediante Diego Cantero, primo de “Guille”. Este proceso de mediación permitió un acuerdo temporal entre los sectores antagónicos, tras varios episodios de violencia y atentados.

Las actividades de la organización se remontan al menos a enero de 2024, periodo en que Cantero estableció comunicación con Ficcadenti mediante llamadas trianguladas. La estructura se mantuvo activa hasta agosto de ese mismo año, cuando se concretaron las detenciones de Sabrina Barrías, Luciano Gallardo, Emir Rodríguez, Alejandro Ficcadenti y Sergio Gabriel Di Viani.

De acuerdo a los elementos reunidos por la fiscalía, Cantero era el principal beneficiario de las recaudaciones provenientes del manejo de entradas, la venta en “carritos” y otros negocios ilegales vinculados a los días de partido. Diego Gabriel Cantero se desempeñaba como nexo entre “Guille” y el resto de los integrantes, asegurando la ejecución de las órdenes y la transferencia de recursos.

Vinardi, reconocido como el “ladero” de Cantero, gerenciaba la barra desde su lugar de detención, transmitiendo las directivas a Barrías a través de llamadas desde el teléfono fijo del pabellón. Este esquema permitía mantener la operatividad del grupo criminal a pesar de las restricciones impuestas por el régimen penitenciario.

En el contexto de la disputa interna, Vinardi y Barrías orquestaron un ataque armado contra el domicilio de una vocal del club el 27 de julio de 2024, en un intento de consolidar el control sobre la barra brava. La investigación vinculó este hecho con la tensión surgida por la competencia con Ficcadenti y la necesidad de reafirmar la jefatura.

Tras una serie de atentados y maniobras de coacción, la mediación promovida por Diego Cantero permitió sellar un acuerdo que puso fin a la confrontación directa entre las facciones. Estos episodios reflejaron la capacidad de la organización para planificar y ejecutar acciones violentas, así como para influir en la vida institucional del club.

El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, resolvió aplicar la “restricción de concurrencia administrativa” a 16 personas identificadas como miembros de la barra brava “Los de Siempre” del Club Atlético Colón. Esta decisión fue tomada luego de los disturbios ocurridos el 10 de agosto en el estadio Brigadier General Estanislao López, en la ciudad de Santa Fe, durante el partido entre el Sabalero y Agropecuario por la Primera B Nacional.

La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial, le prohíbe a estos individuos asistir a cualquier evento deportivo en todo el territorio nacional durante dos años.

Tal como explicaron, la decisión responde a una solicitud de la Dirección Provincial de Seguridad en Eventos Masivos del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa F, que consideró “conveniente la aplicación de la figura de ‘restricción de concurrencia administrativa’ a todo evento deportivo en todo el territorio nacional a estos hinchas por el plazo de dos años”.

Según el expediente, los 16 hinchas intentaron ingresar sin entrada al estadio y provocaron disturbios en el portón de acceso a la tribuna popular norte, lo que motivó su aprehensión y traslado a la dependencia policial.

Los identificados son: Lautaro Nicolás Herrera, Emiliano Ruiz, Joaquín Pasculli, Bruno Pasculli, Santino Javier Droz, Brian Exequiel Takemura, Sergio Matías Muñoz, David Hugo Sutter, Facundo Ezequiel Roca, Brian Nicolás Ríos, Alexis Matías Muñoz, Ángel Oscar Castillo, Tobías Agustín Anchaval, José Enrique Primerano, Matías Francisco Falbo y Luis Rafael Piccinini.

La medida se ampara en la Ley de Ministerios N° 22.520, la Ley N° 20.655 de deportes y el Decreto N° 246/17, que faculta al Ministerio de Seguridad Nacional a diseñar y aplicar restricciones de concurrencia a espectáculos futbolísticos para personas consideradas riesgosas para la seguridad pública.

Esta no es la primera vez que se registran hechos de violencia en el mismo estadio. De hecho, aquel 10 de agosto se reforzó la presencia policial en la cancha.

La tribuna popular norte había estado clausurada por dos fechas tras incidentes ocurridos el 30 de junio, que llevaron a la suspensión de un partido entre Colón y Mitre de Santiago del Estero.

En aquella ocasión, el partido no pudo pasar de los 34 minutos del segundo tiempo. Colón, que se encontraba en desventaja 1-0 por un gol de Díaz para Mitre, fue superado en lo futbolístico y la tensión se trasladó a la tribuna cuando hinchas sabaleros provocaron disturbios, rompieron un alambrado perimetral y buscaron ingresar a la cancha para agredir a jugadores y allegados del equipo visitante.

El árbitro Felipe Viola decidió detener el juego primero y luego suspenderlo al considerar que la seguridad no estaba garantizada. Durante la transmisión, se escuchó al juez principal afirmar frente a los capitanes que “vamos a terminar lastimados, no puede continuar”, mientras jugadores de ambos equipos buscaban intervenir para calmar a los hinchas y evitar mayores enfrentamientos.

Para el encuentro del 10 de agosto, la tribuna fue reabierta bajo estrictas medidas de control, con el objetivo de identificar a los responsables de los hechos previos.

En ese sentido, la identificación de los implicados se logró mediante tareas de inteligencia y análisis de datos de la División Judiciales de la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe.

De hecho, en el considerando de la norma publicada esta madrugada, el Gobierno nacional resaltó la importancia de “preservar el orden y la seguridad en los espectáculos futbolísticos, focalizándose en la prevención de hechos de violencia durante el desarrollo de un encuentro deportivo”.

La medida, de vigencia indefinida, es consecuencia de su participación en los incidentes violentos ocurridos durante el partido entre Aldosivi y Newell’s Old Boys en el estadio José María Minella de Mar del Plata, el sábado 26 de julio por la tercera fecha del Torneo Clausura 2025.

Según el documento, la Dirección de Seguridad de Eventos Deportivos del Ministerio de Seguridad Nacional logró identificarlos a partir de registros fotográficos y fílmicos difundidos en medios y redes sociales.

El texto señala que Juárez sería el número dos en la facción “Nuevo Golf”, mientras que los otros dos también habrían participado activamente en los disturbios, que incluyeron el uso de armas blancas y resultaron en personas heridas.

La decisión, que fue impulsada por Franco Berlín, Director de Seguridad en Eventos Deportivos, se fundamenta en la normativa vigente sobre seguridad en espectáculos deportivos, en particular la Ley 20.655 y su decreto reglamentario 246/17, que faculta al Ministerio de Seguridad Nacional a diseñar y aplicar medidas restrictivas de concurrencia para quienes representen un riesgo para la seguridad pública. El documento recuerda que la Resolución 354/17 del propio ministerio ya había instituido este tipo de restricciones para prevenir hechos de violencia en el fútbol argentino.

El texto oficial describe que los incidentes se produjeron entre la “facción de Plaza Italia” y la escisión “Nuevo Golf”, ambas pertenecientes a la hinchada de Aldosivi. El enfrentamiento, según la resolución, se dio “mediante el empleo de armas blancas con el resultado de personas heridas”. La identificación de los involucrados se realizó a partir del “cotejo de los registros fotográficos y fílmicos que circulan tanto en medios periodísticos, redes sociales como en otras publicaciones”.

La Dirección de Seguridad de Eventos Deportivos continúa recabando información para ampliar el número de personas identificadas en los hechos.

La resolución subraya que el objetivo es “neutralizar e impedir la presencia en el evento de personas que pudieran alterar, en cualquier forma, la reunión deportiva”, y dispone el registro de los sancionados en el Programa Tribuna Segura.

El trasfondo de la guerra de barras de Aldosivi

El altercado involucró a los grupos Plaza Italia y Nuevo Golf, este último bajo el liderazgo de Carlos Juárez, conocido como Kiu. Un miembro de la barra oficial, dirigida por Luis “El Indio” Coman, atacó a un rival con un arma blanca.

El trasfondo de la disputa remite a 2022, cuando la facción Plaza Italia fue blanco de represalias tras el incendio de vehículos de jugadores y un tiroteo en la sede del club. Desde entonces, el control de la tribuna estuvo marcada por una sucesión de ataques armados y venganzas.

Coman consolidó su posición al frente de la barra luego de acordar un pago millonario a la Justicia, lo que le permitió evitar una condena y reforzar su influencia en el club. Este hecho intensificó las tensiones con otros barrios que también buscaban el liderazgo.

El reciente quiebre en el equilibrio de poder derivó en nuevos enfrentamientos, con heridos y acusaciones sobre la venta de drogas en las inmediaciones del estadio.

La policía y la Justicia actuaron de manera reactiva ante la escalada de violencia y los ataques sucesivos, mientras la presencia de hinchas visitantes en los partidos del fútbol argentino queda bajo revisión tras estos episodios.

Cayó en una estación de servicio YPF, ubicada en la esquina de Mitre y Guido, zona de Morón. Allí, la Federal le tendió una pequeña trampa. El hombre, prófugo y todo, posteaba en Facebook Marketplace una serie de autopartes. Así, un detective de la Federal lo citó para una compra. La estación de servicio era un lugar de confianza para “Maxi”. Allí es donde salía hacer sus entregas.

Entonces, tras un breve chat, “El Maxi” se regaló. Dos brigadas lo aguardaban en secreto, en medio de un notable operativo de seguridad. Así, lo esposaron y lo llevaron a una comisaría provincial de la zona, a la espera de su traslado

Los delitos en la causa en su contra, investigada por la UFI N°20 de Malvinas Argentinas son los de tentativa de homicidio agravada por el uso de armas, amenazas coactivas, el saldo de una noche de terror ocurrida en una casilla de José C. Paz bajo la sombra de la barra xeneize. De acuerdo a información de fuentes del caso, “El Maxi”, fue acusado de acribillar junto con dos cómplices una casa con tres personas dentro. El motivo que sospechaba la Justicia: precisamente, ciertas cuestiones de la barra, internas del corazón.

El hecho ocurrió el 10 de octubre de 2023 a las 17:30, plena luz del día. La banda buscaba a un hombre llamado Alejandro, que vivía allí en la casa de la calle Gorriti, con una joven de 27 años y una jubilada dentro del lugar. Pero las mujeres no eran quien la banda buscaba. “Alejandro, ¡bajá o matamos a todos, hijo de puta!”, fue la advertencia. Pero Alejandro no bajó. Luego, el fuego llovió contra la casa. Los tres salieron ilesos.

El motivo del ataque, según creen investigadores: la joven de la casilla era la nueva novia de Alejandro. También, la ex novia de uno de los cómplices de González.

Alejandro, lejos de acobardarse, trepó al techo de su casa, armado con una escopeta. Con algo de puntería, Alejandro le disparó a sus agresores. Mató a Lucas Ezequiel Alvarado, miembro de la banda, y logró herir a un segundo cómplice, el ex novio celoso, que huyó junto a Maximiliano González. Ambos no se molestaron en llevarse el cadáver de su amigo, que quedó allí, en José C. Paz.

La UFI N°20 intervino en el lugar. Alejandro, lejos de ser beneficiado por la figura de legítima defensa, terminó con una causa por el asesinato del pistolero que llegó a su puerta. En cambio, la fiscalía decidió acusar a los prófugos del delito de tentativa de homicidio, junto con amenazas coactivas.

El caso transcurrió sin mayores novedades, hasta que, a comienzos de este mes, la fiscalía convocó a los detectives de elite de la División Homicidios, con una larga historia de capturas exitosas. Así, llegaron hasta González y su negocio de reventa de repuestos, así como su presunta filiación como el submundo boquense.

Las imágenes, que son de hace casi un año, lo muestran en su despacho, junto a una mujer, la madre de la promesa, que es la que le entrega el dinero (25.000 dólares), y también aparece Francisco Sánchez Gamino, funcionario público vinculado a la Dirección Nacional de Análisis y Estudios de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, quien fue removido de su cargo tras la difusión de la filmación.

En este segundo informe, con nuevo material que pone al dirigente en el ojo de la tormenta, se puede ver a Marcelo Moretti reconociendo que le pagó un vuelo chárter aparte a la barra brava de San Lorenzo: “Ahora tenemos que ir a Quito, el martes salimos. El hotel, vamos al Hilton, un chárter privado, vamos en Aerolíneas. Un chárter de 150 personas. Y a la barrabrava le pagamos 30 pasajes por afuera, no queremos que viajen con nosotros. Entonces, todo el paquete 220.000 dólares”.

“Tenés uno que metió un jugador ahí, es Paulo Arena. Sí porque le dijo ¿qué haces acá? y se quedó cuando lo vio, viste al gordo. Vos callate y no digas nada. Y tiene un jugador “puesto” ahí. Ese trae, le cobra a los papás y pone plata a los coordinadores, no sé como se manejan. Entonces entrás así”, cuenta la mamá del futbolista juvenil. A lo que Francisco Sánchez Gamino, el funcionario que aparece con Moretti y fue echado por la Jefatura de Gabinete de la Nación donde trabajaba, agrega: “Y bueno, pero te tienen ahí todo el año, después a fin de año te meten uno en San Lorenzo, otro en Vélez...”.

“Sí” -continúa la madre del juvenil- “porque lo llevaron a Vélez. Escuchá. Me saca tres mil dólares más a principios de diciembre. Este 7 de diciembre que pasó, porque lo llevaron a Vélez. Sí, un día fue a Vélez y se terminó el fútbol del año ¿entendés?”.

La primera parte del informe “Plata negra”, emitido el lunes por Canal 9, incluyó audios y videos. “¿No los contás?”, le pregunta la mujer a Moretti tras tenderle el fajo de dólares “No, no”, responde el dirigente. En uno de los momentos captados, la coprotagonista de la escena negocia los términos del acuerdo, indicando: “Bueno, yo te doy unos primeros 10 mil dólares. ¿Está bien?”. El presidente responde tajantemente: “25 mil”. La conversación avanza hasta que la mujer asegura: “Yo te pongo los 25 mil, pero al chico fichámelo”.

El juvenil, según aceptó Moretti, estuvo fichado hasta diciembre. Aunque alegó en su defensa, 20 horas después de la difusión de las primeras imágenes, que el dinero se trató de “una donación”. “El dinero que se vio ayer en las imágenes lo ingresé a tesorería; ese dinero está en el club, no es dinero que me quedé. Hay gente que me quiere hacer una cama”, se defendió. “No voy a renunciar ni a pedirme licencia”, advirtió.

Sin embargo, luce rodeado. Porque el Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino abrió un expediente para evaluar los hechos y determinar si corresponde una sanción. Y César Francis y Christian Mera, directivos opositores, presentaron una denuncia penal para que se investigue la posible comisión del delito de defraudación por administración fraudulenta. Además, el oficialismo (sin el presidente) se reunió en los palcos del Nuevo Gasómetro para analizar los pasos a seguir. Y la intención del grueso de los compañeros de CD de Moretti es solicitarle que se tome licencia.

Un referente de la barra brava de Rosario Central fue asesinado a tiros el sábado por la noche en la zona sur de Rosario. Se trata de Juan Domingo Maximiliano Ferreyra (45), que era conocido como “Chicha”. Estaba en su domicilio de Ameghino al 500, cuando un sicario lo llamó por su nombre a través de un ventanal de la cocina que da a la calle, y cuando se acercó, le dio varios disparos en su rostro, pecho y abdomen.

El homicidio de “Chicha” es investigado por el fiscal Luis Schiappa Pietra, quien recibió aviso del caso pasadas las 22 de ese mismo día. Por los datos recolectados en los primeros momentos de la investigación, el asesino se bajó de una moto con un chofer que lo esperó para luego sacarlo de la escena.

El cuerpo de Ferreyra tenía heridas de arma de fuego en el pómulo derecho, en el abdomen y en el tórax. Por orden del fiscal, el cadáver fue trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario para la realización de la autopsia. La División de Homicidios de la Policía de Investigaciones incautó su celular, levantó las vainas servidas y relevó las cámaras de videovigilancia de toda la zona, que tenían de manera ilustrativa postes pintados de azul y amarillo en referencia a Rosario Central.

Una de las personas entrevistadas por la Policía fue Juan Carlos Emanuel Ferreyra, alias “Gordo Ema”, el hermano de la víctima, que vive en la planta alta de la casa donde tuvo lugar el ataque, conocido por haber sido condenado en 2004 por haber matado a un nene de 3 años en un ataque que realizó contra una casa de Villa Gobernador Gálvez el 15 de marzo de 2002.

“Gordo Ema” fue muy cercano –investigadores policiales lo sindican como “medio hermano”– de Oscar “Paco Mono” Ferreyra, un ladero de Andrés “Pillín” Bracamonte, el jefe de la barrabrava de Rosario Central, que fue asesinado el 9 de noviembre pasado a pocos metros del Gigante de Arroyito, el estadio del Canalla.

La casa de dos plantas de los hermanos Ferreyra de Ameghino al 500 había sido allanada hace diez años por una causa federal tramitada en la ciudad de San Nicolás, donde se investigaba a quienes proveían drogas a una banda que operaba en esa localidad bonaerense. “Chicha” y “Gordo Ema” cayeron en esos operativos que había realizado Gendarmería Nacional.

Los investigadores policiales sugieren que el móvil del crimen de Juan Domingo Ferreyra ocurrido este sábado podría tener vinculación con ambos hechos, tanto con la venta de drogas al menudeo en la zona sur de Rosario como con el reacomodamiento de la barrabrava canalla, que tiene movimientos desde noviembre pasado, cuando acribillaron a “Pillín”.

Otro crimen en la zona sur de Rosario

Por otra parte, este domingo por la madrugada hubo otro episodio de violencia en Rosario, también en la zona sur. Fue en inmediaciones de Alice y Esteban de Luca, donde Hernán G. (20) derrapó con su moto luego de haber sido baleado, se cree, desde otra moto.

La víctima fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde quedó internada en la unidad de terapia intensiva con una herida de arma de fuego en el hombro derecho y hundimiento de cráneo. Se encuentra con asistencia mecánica respiratoria, bajo estado delicado.

A meses del doble crimen del jefe de la barra brava de Rosario Central, Andrés “Pillín” Bracamonte, y su ladero, Daniel Raúl “Rana” Attardo, la Justicia apartó del caso a uno de los fiscales que llevaba adelante la investigación. Según alegaron, los cambios se deben a una “reorganización interna” de los expedientes.

Se trata de Alejandro Ferlazzo, de la Unidad de Homicidios, que se encontraba de turno en la noche del 9 de noviembre, día del crimen. Ferlazzo trabajaba junto a los fiscales Georgina Parrilla y Luis Schiappa Pietra, que se incorporaron al poco tiempo.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Capital, la decisión estuvo a cargo del fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, y los motivos estarían relacionados con una reorganización interna del trabajo de la Unidad de Homicidios.

El fiscal desplazado continuará trabajando de la misma forma, solo que el caso del líder de la barra brava y su ladero quedará en manos de Pairola y Schiappa Pietra.

Una de las últimas actualizaciones en el expediente se produjo a principios del mes pasado, cuando imputaron a una nueva persona en el marco de la investigación. La acusación fue contra Marcelo Martínez, que está señalado de haber robado la riñonera de Attardo de la camioneta en la que se desplazaban las víctimas al momento de la balacera. La riñonera que contenía el teléfono del “Rana”, varias cadenas de oro y las llaves de su vivienda.

El hombre declaró ante el juez Carlos Leiva y agregó que posteriormente se la entregó a una sospechosa –también relacionada con la barra–, a quien individualizó como Leila N, hija de Julio César Navarro, conocido como “Cara de goma”. Navarro, asesinado a tiros en Rosario en 2016, era considerado por los investigadores policiales como la mano derecha de “Pillín” y solía acompañarlo al paraavalancha en cada partido.

Tras finalizar la acusación, la fiscal Georgina Pairola ordenó a la Policía de Investigaciones allanar la vivienda de Leila Edith Estefanía N. (34) en el barrio Lomas de Alberdi. En el lugar, los agentes encontraron una riñonera que podría pertenecer a Attardo, aunque no hallaron el Xiaomi Redmi Note S9 de la víctima, considerado una prueba clave para el avance de la causa.

Durante el operativo, también se incautaron un revólver calibre 32, una pistola calibre .380 con tres cargadores, municiones de distintos calibres (.380, 22 y 32), cinco teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentación relevante para la investigación.

La semana anterior, Leopoldo “Pitito” Martínez, identificado como el número 3 en la barra brava canalla, fue acusado por el mismo delito y quedó detenido. Su posición dentro de la barra lo sitúa por debajo de Bracamonte y Attardo.

El crimen de Pillín Bracamonte

El ataque que terminó con la muerte de Bracamonte y Attardo ocurrió la noche del sábado 9 de noviembre, en las inmediaciones del estadio Gigante de Arroyito, mientras numerosos hinchas salían tras el partido entre Rosario Central y San Lorenzo. Los dos barras se desplazaban en una Chevrolet S10 blanca cuando fueron interceptados en la intersección de Avellaneda e Ibarlucea por agresores a pie, quienes les dispararon a corta distancia.

Tres semanas antes de ser asesinado, Bracamonte había declarado en una entrevista: “Si me matan, la ciudad se incendia”.

Las primeras pericias revelaron que el alumbrado público en la cuadra del crimen no funcionaba, aunque las cámaras de seguridad lograron captar el ataque y están siendo analizadas.

Días después, se conocieron los primeros resultados de las autopsias. Fuentes judiciales indicaron: “Creemos que se acercaron por la ventanilla y los remataron”. Un detalle llamativo fue la distribución de los disparos: diez proyectiles impactaron en el tórax, los brazos y las piernas, pero ninguno en la cabeza, a pesar de la corta distancia de los agresores.

El hecho se desarrolló minutos antes del horario pautado para el inicio del amistoso ante Defensor Sporting de Uruguay correspondiente a la Serie Río de La Plata, evento que congrega distintos partidos de preparación entre equipos del continente antes del inicio de la temporada formal. La Policía debió intervenir y el juego empezó pasadas las 22.40 en medio de un clima de preocupación, con los barras ocupando dos tribunas distintas del recinto del Parque Rodó.

El partido del Rojo estaba pautado para comenzar a las 22 horas, pero el clima de tensión que se vivió obligó a reprogramarlo para media hora más tarde. Aunque fue el propio presidente de Defensor Sporting el que advirtió que podría suspenderse en caso de que la situación empeore: “Aparentemente se dio una media hora para ver si había condiciones para jugar. Si no empieza 22.30, no se va a poder jugar. Es un tema de dos facciones de hinchas de Independiente que, aparentemente, se llevan mal y estuvieron afuera a las pedradas y eso. Acá se están cantando de un lado a otro. No sabemos qué va a pasar y qué resolución va a tomar la seguridad. Se tomó la precaución de separar a los hinchas porque nos había avisado la gente de la organización. Pero el estadio es chico y están un poco cerca. Si ellos quieren, se va a jugar...”, se sinceró Alberto Ward, máximo directivo del club uruguayo, en diálogo con la transmisión oficial.

Los últimos capítulos de esta lamentable historia se habían desarrollado durante finales del 2024. El más sangriento ocurrió en agosto, cuando se agarraron a tiros en una reconocida parrilla de Avellaneda. Días más tarde, hubo un feroz ataque en la tribuna del estadio a un hincha identificado con el grupo rival en pleno choque ante River Plate por el torneo local. Un ataque misterioso en marzo de ese año había alimentado todavía más la hipótesis de conflicto.

Hay que tener presente que el grupo de Barracas llamado Los Dueños de Avellaneda y que tiene el mando de la popular hace ya seis años a cargo de Juan Ignacio Leczniki y Mario Nadalich tiene su predominio en la tribuna Norte del Estadio Libertadores de América. Aunque Infobae ya había advertido que en este año se anticipaba un frente de tormenta ya que el bando disidente autotitulado Los Pibes del Rojo con base en Florencio Varela decidió a fin de año juntarse con otros grupos marginados, como el barrio 4 de Junio de Avellaneda que siempre se referenció en el ex líder César Loquillo Rodríguez y sumó también gente de la época de Pablo Bebote Alvarez para ir por todo. Y si bien los hermanos Escubilla que son los referentes de la facción tienen derecho de admisión como otros diez miembros clave del grupo, dicen haber congregado a un grupo de unas 200 personas. Aunque, claro está, la guerra por el dominio de la popular viene de mucho tiempo atrás.

Más allá de la violencia en las tribunas, hay que recordar que Independiente no pudo disputar el primer amistoso de esta Serie Río de La Plata ante Olimpia de Paraguay por problemas en el avión que iba a trasladar al plantel desde Argentina hacia Uruguay horas antes del juego.

En junio de 2023, Los Monos hicieron una fuerte demostración de poder en el partido homenaje a “Maxi” Rodríguez en el Coloso Marcelo Bielsa, con una bandera gigante desplegada en la tribuna. Hoy, viernes, un año y medio después. Ariel Máximo “Guille” Cantero, capo de Los Monos, fue imputado este viernes en una nueva causa en su contra, acusado de ser el verdadero jefe de la barra del club junto a dos de sus laderos, en una estructura mafiosa de once sospechosos.

Tres fiscales lo imputaron junto a otras diez personas por ser quienes supuestamente manejan el paraavalanchas con sus negocios ilícitos derivados, como el cobro de dinero por partido de parte de la dirigencia, de la recaudación de los trapitos en las inmediaciones como así también de los carritos de comidas que tienen actividad en la zona del parque de la Independencia.

En una extensa audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal ante el juez Fernando Sosa, los fiscales Adrián Spelta, Franco Carbone y Luis Schiappa Pietra acusaron a “Guille” Cantero, a su histórico ladero Leandro “Pollo” Vinardi –jefe de la célula de Los Monos en Villa Gobernador Gálvez que está preso en Ezeiza–, a su pareja Sabrina Ivana Barrías, su hijastro Emir Rodríguez, y sus hombres de confianza Luciano “Lucho” Gallardo, Fernando Noel Arriola y el gatillero Mauro Ángel Travaglini.

En el banquillo de los acusados también estuvieron Alejandro Nicolás “Rengo” Ficcadenti, su ladero Sergio “Bebe” Di Vanni –ambos sospechados de haber participado en el secuestro extorsivo de empresario portuario Gastón Tallone, que está desaparecido desde julio pasado en la Ciudad de Buenos Aires, investigado originalmente por el juez Pablo Seró, que ayer falleció en Entre Ríos– y su hombre de confianza Oscar Rubén “Torrasa” Mauro.

Sin embargo, existe una interna: “Bebe” y “El Rengo” fueron señalados como quienes integraron una facción de la barra que buscó desplazar a Vinardi y su gente desde comienzos del año pasado.

La persona que ofició de nexo entre el líder de Los Monos, la facción “oficial” de la gente de Vinardi y la “opositora” de Ficcadenti fue Diego Gabriel Cantero, primo de “Guille” que, al visitarlo en el penal federal de Marcos Paz, se registraba como su hermano.

Cómo funcionaba la barra brava bajo el mando de Los Monos

Según explicaron los fiscales, el jefe de Los Monos se encargaba de elegir a las personas que, bajo su órbita, debían rendirle tributo sobre el dinero que cobraban por partido de local en el Coloso Marcelo Bielsa –1.500.000 pesos 1.700 entradas de protocolo y entre 10 y 20 camisetas oficiales–, del estacionamiento en las adyacencias del estadio y de los carritos de comidas rápidas que se instalan los días de eventos.

Cantero, años atrás, había subdividido en dos la organización del paraavalanchas: por un lado, Vinardi con su gente, y por el otro, Carlos Damián “Toro” Escobar con sus allegados.

Dicha conducción quedó mediáticamente reflejada en el despliegue de una enorme bandera en el Coloso Marcelo Bielsa en el partido homenaje a Maximiliano “La Fiera” Rodríguez, donde estuvieron presentes Lionel Messi, Ángel Di María y hasta Claudio “Chiqui” Tapia.

Tras una pelea entre “Pollo” y “Toro”, el líder de Los Monos delegó el control de la barrabrava en Vinardi, quien a su vez se apoyó en dos personas que tenía en la calle para gerenciar los negocios ilícitos: su pareja Sabrina Ivana Barrías, alias “Doña” –que estaba bajo arresto domiciliario por una causa por narcotráfico, que incumplía sistemáticamente– y el hijo de ella, Emir Rodríguez, quien fue acusado de haber sido quien arrojó una bomba de estruendo en julio pasado en el Coloso tras el empate 0 a 0 entre Newell’s e Independiente Rivadavia.

Barrías y Rodríguez, a su vez, retransmitían las órdenes de Vinardi a dos personas que eran caras visibles en la barrabrava los días de partido: Luciano “Lucho” Gallardo y Fernando “Fer” Arriola.

Gallardo y Arriola fueron, a criterio de los fiscales, quienes se comunicaron con dirigentes leprosos, entre ellos el presidente Ignacio Astore, y el jefe de seguridad del club. Incluso ejecutaron intimidaciones, según afirmaron los investigadores.

En el caso de “Fer”, fue detenido el 13 de julio del año pasado con un arma de fuego mientras se desplazaba en moto con Mauro Travaglini, sospechado de ser el presunto gatillero que actuaba como su ladero.

De acuerdo a la exposición de Carbone, Spelta y Schiappa Pietra, el 10 de enero del año pasado, “Guille” Cantero habló con “Rengo” Ficcadenti –mediante una comunicación triangulada desde prisión– y acordaron que él iba a desplazar a Vinardi para quedarse con el manejo de la barrabrava, ya que Ficcadenti le ofrecía al jefe de Los Monos más dinero que “Pollo”.

Para sumar adeptos, Ficcadenti instigó –según la investigación del fiscal Pablo Socca– en marzo del año pasado las intimidaciones a la familia de Ángel Di María, con el objetivo de imposibilitar su regreso a Rosario Central y de “hacerse conocido”. Además, mandó a matar a “Lucho” Gallardo en julio del año pasado en Villa Gobernador Gálvez, cuando un sicario golpeó la puerta y abrió fuego, aunque hirió a su hijastro, un adolescente de 16 años.

Ficcadenti se apoyó en Di Vanni y Oscar Mauro para pelear el liderazgo del paraavalanchas. “Bebe” fue quien participó en las intimidaciones a Di María, mientras que Mauro habría llevado adelante acciones para ejecutar los ataques armados encomendados por el cabecilla de la facción disidente.

La disputa entre la facción del “Pollo” y la del “Rengo” culminó, para la investigación, el 22 de julio pasado, cuando Diego Cantero comunicó a las partes la decisión de “Guille” de que el manejo de la barra siga bajo las directivas de Vinardi.

Juan Abel “Quique” Leiva, uno de los capos de la barra del Club Atlético Colón, sumó otra condena en su contra al declararse culpable de comandar una asociación ilícita. Así, recayeron sobre él otros 5 años de prisión y la pena total se unificó en 32 años.

“Quique” Leiva ya se encontraba cumpliendo con una condena por el crimen de Walter González Montaner, cometido en 2013. Sin embargo, el capo de la barrabrava, conocida como “Los de Siempre”, continuó con sus acciones ilícitas desde la cárcel.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Rosario3, los delitos que ahora se le imputan fueron cometidos entre agosto de 2019 y septiembre de 2022 y todos están relacionados con el funcionamiento del Club.

En este contexto, María Laura Urquiza, una de las fiscales que llevó adelante la causa, explicó que “Quique”, junto a su hermano “Nano” —Orlando Leiva, el otro capo de la barra— “se encargaban de negociar con la Comisión Directiva, por intermedio del entonces vocal Lucas Alejandro Paniagua, quien reportaba de manera permanente al vicepresidente tercero, Horacio Darrás”. Estos últimos fueron condenados en 2022 por haber filtrado la información.

Lo que hacían los ex dirigentes del club era proporcionarle a la asociación ilícita indumentaria deportiva oficial de Colón para su posterior reventa, así como carnets de socios y entradas para que los miembros de la organización criminal pudieran revender o utilizar para su conveniencia.

Por otro lado, Urquiza planteó que, sin tener ninguna actividad registrada en el Club o algún contrato con la institución, se le pagaba periódicamente a 150.000 pesos a “Nano” Leiva, en concepto de “sueldos”.

Los dos capos de la barra, por su parte, era quienes autorizaban las instalaciones de los puntos de venta de alimentos y bebidas y gestionaban también a “los trapitos” que cuidaban los autos estacionados en la vía pública durante los partidos. Para poder recaudar más, miembros de la barra recorrían los puestos y visitaban a cada cuidautos antes y después de los partidos para poder cobrarles por estar trabajando.

Además, la fiscal mencionó que los hermanos Leiva amedrentaban a los hinchas y trabajadores del club para poder tener el control sobre el territorio. Para ejemplificar, mencionó cuatro hechos ocurridos entre 2021 y 2022.

En octubre de 2021, agredieron a policías en el marco de un partido entre Colón y Banfield; en marzo de 2022 agredieron a un adolescente en un enfrentamiento entre Colón y Aldosivi; dos meses después tomaron el hotel Club Colón y exhibieron una bandera con amenazas para los jugadores y dirigentes.

Frente a estos argumentos expuestos durante el procedimiento, “Quique” Leiva aceptó los cargos que le atribuyó el equipo de los fiscales del Ministerio Público de Acusación (MPA) de Santa Fe y no opuso resistencia sobre los hechos que se le imputaban. A su vez, su abogado defensor manifestó su conformidad con las calificaciones legales, la pena y el modo de ejecución.

La misma pena recayó en julio pasado sobre su hermano y fue declarado también reincidente. A él, se lo acusó también de los cargos de amenazas coactivas y lesiones leves y daño.

Los demás miembros de la asociación ilícita, que fueron identificados como César David Sterli, Carlos Exequiel Jonatan Godoy, Sebastián José Martínez y Walter Domínguez, fueron condenados también mediante procedimientos abreviados.

Meses antes de la condena de Nano, el nombre de los Leiva volvió a sonar en las calles del barrio de San Jerónimo, de Santa Fe luego de que un sicario llegara a la manzana 11 y disparara a mansalva sobre un grupo de habitantes de la zona. Los objetivos pertenecían a la barra de Colón, pero a la otra facción, conocida como “La Negrada”.

El hecho dejó un saldo de un muerto y tres heridos y, en el lugar, se escuchó: “Esto es culpa del Nano Leiva que manda a matar gente al barrio desde la cárcel”.

En medio de la investigación por las muertes de los ex líderes de la barrabrava de Rosario Central, Andrés “Pillín” Bracamonte y Daniel Raúl “Rana” Attardo, el fiscal Alejandro Ferlazzo confirmó que el nuevo capo de la tribuna, Leopoldo Martín “Pitito” Martínez, quedará detenido por presuntamente haber entorpecido la causa. Asimismo, comprobaron que el sospechoso había ocultado el celular de Attardo presuntamente para evitar que este fuera analizado por los peritos informáticos.

Luego de que Martínez fuera detenido el pasado 12 de diciembre, la Justicia resolvió que el hombre cumpliera con la prisión preventiva, tras haberse encontrado pruebas contundentes en su contra. De esta manera, el acusado fue imputado por los delitos de encubrimiento y hurto agravados y por falso testimonio.

La decisión fue comunicada por el juez Hernán Postma durante una audiencia realizada este jueves, en donde le informaron sobre su situación procesal. En este sentido, los investigadores explicaron que la imputación fue respaldada por una serie de filmaciones y testimonios que señalaron a Martínez y a su primo, identificado como Marcelo Martínez, como los responsables de haber sustraído varias pertenencias de la camioneta Chevrolet S10 en la que fueron baleados Bracamonte y Attardo.

De acuerdo a la información publicada por Rosario3, el fiscal estableció que los Martínez habían tomado el celular marca Xiaomi de la “Rana”, cuando el vehículo estaba estacionado en la rampa del Hospital Centenario. Asimismo, indicaron que el dispositivo estaba dentro de una campera gris y que también tomaron una riñonera que contenía llaves y cadenas de oro que eran de Attardo.

Bajo la mirada de Ferlazzo, “Pitito” Martínez habría sido responsable de ejecutar una serie de maniobras destinadas a entorpecer la investigación. De hecho, remarcó la posibilidad de que el acusado hubiera tomado el celular “sabiendo que allí tenía elementos probatorios de relevancia”.

En este sentido, el fiscal planteó como hipótesis la posibilidad de que los autores o personas relacionadas con el doble crimen hubieran llamado a Bracamonte y Attardo para que se dirigieran a la esquina de Avellaneda y Reconquista, zona que no se encontraba iluminada y que terminó por convertirse en el punto elegido por los responsables para asesinar a los ex capos de la barra.

De esta manera, la línea de investigación podría reforzar la teoría de que el móvil de los homicidios estuviera relacionado con un plan de Los Monos para tomar el poder de la tribuna Canalla. Sobre todo, porque “Pitito” Martínez no solo fue identificado como el tercero en la sucesión del poder, sino que las autoridades lo señalaron como el sobrino de Ariel Máximo el “Viejo” Cantero, el fundador de la banda narcocriminal rosarina.

Por otro lado, los investigadores mantendrían las sospechas sobre la presunta involucración de la banda narco conocida como “Los Menores”. De hecho, el pasado 7 de diciembre Lisandro Damián “Licha” Contreras, uno de los líderes de la organización criminal, durante un operativo realizado en un country de Tigre.

El procedimiento fue solicitado por los fiscales provinciales Alejandro Ferlazzo, Georgina Pairola y Luis Schiappa Pietra, quienes tienen a su cargo las tres causas conexas por la violencia en la barra brava Canalla –el intento de asesinato que sufrió Bracamonte en agosto pasado en el Parque Alem, el doble homicidio del pasado mes, y el asesinato de Samuel Medina, alias “Gordo Samu” o “Gordo Quique”, el yerno del jefe de Los Monos Ariel Máximo “Guille” Cantero–.

En principio, Lisandro C. será llevado a audiencia imputativa en Rosario en los próximos días como uno de los supuestos organizadores de la estructura delictiva. A priori, no le atribuirían participación en el doble asesinato de los barras rosarinos. Además, su pareja también fue detenida, debido a que se encontraba con él al momento de ser aprehendido.

“Los Menores” comenzaron a aparecer en las crónicas policiales en septiembre del año pasado, cuando un soldadito de la organización se negó a seguir vendiendo en uno de los búnkeres, lo secuestraron y lo llevaron al lado del arroyo Ludueña, donde intentaron matarlo a tiros. La víctima logró escapar de los disparos luego de arrojarse al agua y después fue a radicar una denuncia a la subcomisaría 21ª de Ayala Gauna al 7900.

A pesar de la visibilidad que ganaron en los medios en el último tiempo, la fiscal Pairola ya los tenía en su radar desde hace tiempo. Aunque “Licha” ya había sido identificado como uno de los cabecillas, Matías Gazzani sería el otro líder de la estructura que fue señalado como la cara de la banda, debido a que Contreras preferiría mantener un perfil bajo hasta su detención.

La composición de la presunta banda no es algo sencillo de explicar, ya que no solo participarían menores de edad, sino que habría una red de alianzas con distintas figuras del hampa local. Entre los referentes narco, fue señalada la facción de Los Monos liderada por Leandro “Gordo” Vilches y Pablo Nicolás Camino, presos en el penal federal de Rawson, y un miembro de la banda de Esteban Lindor Alvarado.

Otro de los nombres que aparece, no como miembro sino como “aliado”, es el de Mauricio Ayala, prófugo de la Justicia desde principios de año tras múltiples allanamientos y mencionado por el fiscal Franco Carbone como quien le pagó a cinco policías para que le plantaran armas al chofer de un narco rival como el clan Tripi -que opera en el complejo Fonavi Parque Oeste-, que habían sido usadas en atentados a tiros contra edificios públicos en los que también se habían arrojado carteles intimidatorios donde fueron mencionados el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Hasta el momento, la presunta estructura fue allanada varias veces en 2023 y este año por la Tropa de Operaciones Especiales y la División de Asuntos Internos en la zona noroeste de Rosario, donde generalmente se secuestró una gran cantidad de dinero.

Explorando al límite los recursos de su profesión, y sabiendo que hay que aprovechar los momentos de racha, Matías Mayer transita este presente actoral con aplomo, aunque sin perder la capacidad de asombro. El protagonismo en Barrabrava (2023), el gran desafío de su carrera, le abrió puertas impensadas en una industria en permanente expansión, donde las plataformas marcan el pulso y derriban fronteras, como su aparición en la segunda temporada de la delirante Porno y helado.

Pero antes de la serie de corte futbolero que protagoniza con Gastón Pauls, ya había asomado su talento camaleónico. Con una formación en comedia musical, donde brilló particularmente en Casi normales, se propuso huir de la zona de confort y de alguna manera estaba seteando su carrera. Asumió papeles cada vez más comprometidos, tanto en historias reales como en ficciones de contenidos pesados, y así lo demuestran Un crimen argentino, Un gallo para Esculapio, Argentina, tierra de amor y venganza y, sobre todo, Iosi el espía arrepentido.

Su Víctor Kesselman en la serie de Daniel Burman, que tiene más pantalla en la primera temporada, pero cierra una línea argumentativa clave en la segunda, le permitió ser parte de una de las producciones más importantes del último tiempo en la ficción local. Además de reflejar la trama de espionaje internacional y una mirada hasta ahora inédita en los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, fue nominada por segundo año consecutivo a mejor serie drama en los Premios Emmy Internacional

“No hay que tomarlo como algo normal, porque ni por asomo es algo normal”, dice el actor a Teleshow, de cara a la ceremonia que se realizará el 25 de noviembre en Nueva York. Con esa mirada siempre a tierra, despliega su talento y su versatilidad actoral, pero no se limita a eso. Un poco como válvula de escape y un poco también para satisfacer otras curiosidades, está a punto de cerrar un círculo -la formación en astrología- y de iniciar otro: un proyecto gastronómico en España. Otras caras de un hombre dispuesto a no conformarse nunca.

—¿Qué les sucede a los actores cuando hay un reconocimiento como el de los Emmy como vos mismo decís, extraordinarias?

—Creo que nadie se imaginaba lo que podía llegar a generar Iosi. Ya el año pasado fue un impacto fuerte la nominación a los Emmy Internacional, donde también estuvo Gustavo (Bassani) como protagonista. Y estar otra vez ahí nos toca un poco, me puse muy feliz porque me parece increíble la serie, me encanta ser parte, más allá de que en la segunda temporada, mi personaje está más alejado de por donde va la trama. De cualquier manera, Víctor es un personaje que me encanta.

—Eras muy chico cuando ocurrieron los atentados a la embajada y a la AMIA. ¿Cuánto conocías del tema?

—Parte de mi familia es judía, y si bien no son practicantes ni nada por el estilo, había algo en las raíces, y estos hechos estaban en las reuniones familiares. Se hablaba del tema, pero yo no sabía mucho más allá de lo general. Para la serie me puse a leer mucho al respecto para ver qué estaba en juego detrás, porque es algo muy complejo, y quería estar un poco más en contexto. Pero, al mismo tiempo, la realidad es que mi personaje no está tan involucrado en el espionaje dentro de la trama, es un mortal común y corriente, entonces creo que me servía no tener demasiada información al respecto, sino vivirlo como cualquier ser humano que estaba en ese contexto, en ese universo, que se encontraron de golpe con lo que estaba pasando y no entendían muy bien por dónde venía la mano.

—Mencionaste a Gustavo Bassani, una revelación para el gran público y una suerte de antihéroe de Víctor, tanto en el plano amoroso como político. ¿Cómo fue tu dinámica laboral con él?

—Nos llevamos increíble desde el momento de la audición. Yo no lo conocía, pero cuando empezamos a filmar, fue muy fluido el vínculo desde el principio. Hoy somos amigos, pegamos muy buena onda y siempre fue súper humilde desde un lugar de querer aprender. A veces el hecho de ser protagonista tan absoluto en una serie te puede llevar por diferentes posturas, y la que tuvo él fue muy productiva. La verdad que la rompió toda.

—Qué te pasó con el alcance internacional de la serie y la posibilidad de que mucha gente en diferentes partes del mundo tome conocimiento de lo que pasó en Argentina en aquellos 90.

—Creo que siempre que contás una historia como esta, un caso real y un tema tan sensible que además involucra a tanta gente, hay mucha responsabilidad que uno intenta mantener para ser lo más respetuoso posible y evitar hacer conjeturas o conclusiones en temas en los que no está tan empapado. Por más que haya actuado en la serie, eso me da el lugar o la autoridad para decir pasó tal o cual cosa. Pero la realidad es que a medida que iba leyendo y que me iba enterando de todo lo que fue pasando, es tan tremendo y tan profundo que te asusta que pudo haber pasado en realidad.

Las búsquedas de un actor inquieto

Mientras su rostro en pantalla oscilaba entre el espionaje internacional en la Argentina de los 80 y 90 y las internas de una barra brava, a Matías le llegó la posibilidad de trabajar en la segunda parte de Porno y helado, la delirante comedia dirigida por Martín Piroyansky. Un desembarco en el humor absurdo, acaso para descomprimir tanta densidad que traía acumulada, y una manera de disfrutar de los placeres de su oficio: “Es lo que más me gusta de poder actuar”, sintetiza, antes de meterse un rato en Claudio, en el estafador que seduce con sus artimañas al personaje de Sofi Morandi y donde se dio el gusto de homenajear a una de las escenas más recordadas del cine nacional.

—¿Cómo trabaja el actor esas transiciones tan marcadas entre los roles?

—Estar en la piel de un personaje que cuenta una historia tan oscura, tan dramática y poder pasar de golpe a hacer algo completamente lúdico, de comedia delirante. Me divierte eso, y cuando me ofrecieron este personaje me encantó, desde que leí el guion me pareció alucinante por esto que hablamos y también por la referencia a Nueve Reinas, una película de la que soy fan, y me encantó poder hacer todas esas secuencias homenaje.

—¿Cómo te llega esa convocatoria?

—Justo se había estrenado Barrabrava y a las pocas semanas, a través de mi representante, me cuentan que estaba por empezar la segunda temporada de Porno y helado. Yo había visto la primera y de hecho tenía varios amigos ahí porque coincidimos en Uruguay cuando estaba filmando Iosi. Me llegó la convocatoria, leí el guion y al poco tiempo arrancamos. Fue bastante directo, y la verdad estuvo buenísimo.

—Interpreto que la visibilidad que te dio Barrabrava abrió esta puerta y seguramente lo haga con unas cuantas más. ¿Cómo palpitás todo lo que pasó y lo que puede llegar a pasar con la serie?

—Es el proyecto de mi vida hasta el momento, más allá de que me siento muy afortunado de los proyectos en los que me tocó ser parte. Pero Barrabrava tiene algo que, internamente, era encarar un desafío que para mí era el Everest, porque nunca me había tocado el hecho de cargarme una historia desde muchos lados y la verdad que superó todo tipo de expectativas. Este año filmamos la segunda temporada, que todavía no tiene fecha de estreno, pero esperemos que sea pronto. Estoy con muchas ganas, porque la verdad que está buenísima, es una bomba. Mientras estábamos filmando, nos enteramos de que ganamos el Premio Platino a mejor serie y es una muestra más de que supera constantemente mis expectativas respecto del alcance que puede llegar a tener.

—¿Y qué podés adelantar de lo que viene? Sabemos que no les gusta mucho a los actores y que es parte del juego no contar mucho, pero por donde va la historia de El Polaco esta vez.

—Esta segunda parte retoma la pelea entre los hermanos por la disputa del poder. No quiero ahondar demasiado por si se me escapa algo, pero básicamente los saca a los dos de ese lugar cómodo donde estaban juntos, se complementaban porque uno era la parte más mental y el otro la más animal, y de golpe se enfrentan a un nuevo desafío porque a cada uno le falta esa otra pata.

—De la primera temporada me gustó cómo El Polaco va tejiendo y articulando sus propias emociones con las del resto de los personajes. Cómo alguien que se presenta o impone desde la violencia, tiene que aprender a convivir con esos sentimientos que le afloran en diferentes sentidos.

—Sí, a mí me encanta, de hecho fue una de las cosas que más me sedujo cuando hice las primeras escenas. Me acuerdo de poner mucho hincapié en eso, por más que me encanta todo ese universo del fútbol, me gustaba que no se quedaba únicamente en una cosa de violencia, de la acción, de lo físico, sino que tenía como la sutileza de ser un personaje que podía ser barrabrava pero también cualquier otra cosa. Y todo el tiempo está la duda de lo que le sucede en lo emocional, de cómo se hace cargo de lo que le pasa. Eso me parece buenísimo.

—¿Y después de esto qué se viene? Venimos hablando de estos tres grandes proyectos casi en simultáneo y bien diferentes entre sí, y seguramente ya aparezcan otras cosas en el horizonte. ¿Vas a seguir en la búsqueda o encontraste alguna zona de confort? ¿Por dónde te gustaría encaminar más tu carrera?

—La verdad que me gusta ir probando cosas. Ahora estoy con un proyecto gastronómico en Madrid, que me tiene muy entusiasmado. Es algo que siempre me gustó, que nunca había hecho y de repente surgió una posibilidad y estamos viendo qué pasa. Después hay algunos proyectos de los cuales sabrás entender que no puedo comentar demasiado, pero son unos lindos tanques, unos lindos desafíos. Y, por otro lado, estoy terminando la formación de astrología que vengo estudiando hace cuatro años, así que estoy cerrando también ese proceso.

—¿Se conecta este conocimiento sobre la astrología con tu faceta de actor?

—Sí, creo que en algún lugar se tocan. Me puede dar una herramienta más para la creación, para imaginar ciertas cualidades que puedan ayudar a la composición, pero tampoco es que le hago la carta astral a cada personaje.

El cuerpo del jefe de la barra brava de Rosario Central Andrés Alejandro “Pillín” Bracamonte (53), asesinado a tiros el sábado 9 de noviembre en inmediaciones del Gigante de Arroyito junto a su ladero, Daniel Raúl “Rana” Attardo, fue trasladado en un hermético operativo policial. El procedimiento se llevó a cabo con grupos tácticos en la noche de este lunes.

El cadáver de Bracamonte permaneció en el Instituto Médico Legal de Rosario, donde se le hizo la autopsia que determinó que sufrió cinco heridas de arma de fuego, bajo un fuerte perímetro policial alrededor del edificio situado en la esquina de boulevard Avellaneda y 3 de Febrero.

El titular de la asociación de Empresas Fúnebres de Santa Fe, Luis Pinilla, aclaró este martes en Radio 2 que ninguna cochería había recibido consultas por parte de la familia del jefe de la barra brava Canalla para el velorio y posterior cortejo fúnebre. “Nadie consultó por el servicio”, aseguró.

“Esto se manejó de una forma reservada. Una empresa participó en el traslado y lo llevaron al cementerio El Prado (de Pérez) de una forma tapada para que no salga a conocimiento”, dijo Pinilla al tiempo que añadió: “Es peligroso velar el cuerpo de una persona relacionada con el delito, pero si hay presencia de seguridad, de policías y móviles, todo pasa a un segundo plano porque te garantizan una actividad tranquila”.

A diferencia de Attardo, que fue velado en una sala ubicada en San Lorenzo y Riccheri, en el macrocentro de Rosario, y luego el cortejo fúnebre siguió hasta el cementerio El Salvador, la situación con “Pillín” se demoró porque la familia pidió cremarlo y la Justicia provincial no otorgó ese permiso.

En un principio se creía que los dos cadáveres iban a ir al cementerio El Salvador, e incluso se llegó a disponer de agentes de la Tropa de Operaciones Especiales, Gendarmería y hasta un drone de apoyo en ese lugar.

Una fuente judicial dijo a Infobae que el cuerpo del jefe de la barra brava Canalla estaba “a disposición de los familiares para traslado y entierro a algún cementerio, pero no para cremarlo porque tal vez se requiere una segunda autopsia”.

Durante el domingo y este lunes, no hubo concentración de hinchas en cercanías a la morgue judicial, donde estaba montado el operativo encabezado por el Grupo Táctico Multipropósito de la Unidad Regional II.

Como anunció este lunes por la mañana el fiscal regional interino de Rosario Matías Merlo, se creó un equipo de tres fiscales para investigar el doble crimen. Está conformado por Alejandro Ferlazzo, que estaba de turno el sábado en la unidad de Homicidios Dolosos, Georgina Pairola y Luis Schiappa Pietra.

La selección de los fiscales no fue azarosa. Pairola tiene a su cargo la causa por el intento de asesinato que sufrió “Pillín” el 10 de agosto pasado en el Parque Alem, cuando dos sicarios en moto le dispararon a la salida del clásico ganado ante Newell’s en el Gigante de Arroyito. En ese hecho, él y su pareja habían resultado heridos, pero fuera de peligro.

En tanto, Schiappa Pietra es el fiscal que investiga el crimen de Samuel Medina, alias “Gordo Samu” o “Gordo Quique”, yerno del líder de Los Monos Ariel Máximo “Guille” Cantero. Dicho ataque tuvo lugar el 1° de octubre pasado y se cree que también se circunscribe a una interna en la barra brava de Rosario Central.

Investigan si hubo un corte de luz intencional para matar al líder de la barra de Rosario Central

En tanto, tal como contó Infobae recientemente, el fiscal Ferlazzo pidió un informe a la Municipalidad para saber por qué no funcionaban las luminarias públicas en el lugar donde fue el ataque a tiros.

Ferlazzo indicó que ha recibido imágenes de cámaras de videovigilancia de la zona donde ocurrió la emboscada, aunque se está evaluando su calidad debido a que el tramo del bulevar Avellaneda entre Reconquista y Del Valle Iberlucea se encontraba sin iluminación.

En conferencia de prensa desde el Centro de Justicia Penal, el fiscal precisó que “no había luz” en 200 metros de Avellaneda, tanto en el momento previo al partido entre Rosario Central y San Lorenzo como en la salida de los hinchas del Gigante de Arroyito. Añadió que el día anterior había ocurrido algo similar, pero la electricidad se había restablecido en la madrugada del sábado.

“Pedimos informes sobre el desperfecto, que pudo ser aprovechado por los autores para atacar en ese lugar. No descartamos ninguna hipótesis”, afirmó. Además, el fiscal informó que Rosario Central ya le comunicó que las cámaras internas y externas del estadio no funcionan desde el 31 de octubre, cuando el Canalla jugó de local ante Barracas Central. “No tienen registros fílmicos”, remarcó.

“Fue un hecho de conmoción lo que sucedió el sábado porque la figura era reconocida en Rosario, pero la estructura del trabajo en seguridad pública no es la misma que teníamos hace tiempo atrás”, aseguró Pullaro durante un encuentro con los integrantes de la Junta de Seguridad Provincial.

En este sentido, destacó el rápido accionar de las fuerzas de seguridad y las autoridades para involucrarse en el caso y poder dar con los responsables de la muerte de Bracamonte y su aliado, Daniel “Rana” Attardo. Antes, este despliegue y convocatoria “te llevaba diez días”, aseguró.

En el encuentro, convocado para analizar índices delictivos, la tarea de las fuerzas de seguridad y los recursos para el área, el gobernador pidió precaución con el hecho ocurrido: “No digo que subestimemos la situación, porque indudablemente el hecho puede traer una escala de una escalada de violencia”. No obstante, advirtió: “El Estado está preparado distinto. Quiero valorar lo que hicimos acá, porque la verdad que la caída significativa de los datos en materia de violencia y de seguridad pública, les puedo asegurar que este va a ser el año menos violento de la provincia”.

“Me dolió que muchos salieran a plantear como que la ciudad se iba a volver a descontrolar” manifestó Pullaro. Y aseguró que eso se debe a “no leer o no estudiar lo que está sucediendo”, luego del arribo a Rosario de funcionarios del Gobierno nacional, como la secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.

“¿Cuándo, en menos de 12 horas, iban a estar los fiscales ya asignados?”, remarcó el mandatario, al mencionar a todos los funcionarios que están trabajando en la investigación. En ese sentido, enumeró: “La Secretaría de Seguridad de la Nación, el secretario de Inteligencia de Nación, el secretario del Servicio Penitenciario de Nación, el Subsecretario de Seguridad Pública de la Nación, el ministro de Seguridad, el jefe de Gendarmería, que fue ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, el Secretario de Seguridad Pública, el Secretario de Análisis, el Secretario de Inteligencia, la Tropa de Operaciones Especiales, la Policía de Inteligencia que tenemos trabajando”.

Las investigaciones sobre el doble homicidio

El caso del asesinato del barrabrava mantiene a las autoridades de seguridad y las fuerzas policiales de la capital de Santa Fe trabajando para poder esclarecer el violento episodio. En la investigación que lidera el fiscal Alejandro Ferlazzo no se descarta un posible ataque de la banda Los Monos como represalia por el asesinato de Samuel Medina, conocido como “Gordo Samu”, quien era yerno de Ariel Máximo “Guille” Cantero.

La otra línea de investigación considera la participación de la presunta banda “Los Menores”, activa en la zona noroeste de Rosario. Este grupo, compuesto por jóvenes, ha sido señalado en varias ocasiones por su implicación en delitos violentos, lo que ha llevado a las autoridades a no descartar su participación en el doble homicidio.

La segunda en la cartera de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, también se pronunció al respecto y manifestó frente a la prensa que “no es la intención bajar los brazos ni sacrificar esfuerzos” en Rosario, donde se percibió una notable baja de los homicidios en lo que va del 2024.

La funcionaria enviada a Rosario, por la ministra Patricia Bullrich, indicó que colaboran con las autoridades provinciales en la investigación de un doble asesinato y en la prevención de una posible escalada de violencia. “Si fuera necesario estaríamos incrementando el número de agentes. Lo que sí hemos hecho fue ampliar zonas, mejorar la distribución de ese despliegue, ampliar incluso los patrullajes desde el mismo sábado a la noche”, dijo Monteoliva en la conferencia de prensa que dio junto al ministro de seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni.

Tras el doble crimen de Andrés “Pillín” Bracamonte y su principal ladero, Daniel “Rana” Attardo, la secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva aseguró que “no es la intención bajar los brazos ni sacrificar esfuerzos” en Rosario, donde se percibió una notable baja de los homicidios en lo que va del 2024. Sucede que el homicidio del líder de la barrabrava de Rosario Central, amenaza con revertir esa tendencia.

Monteoliva, en conferencia de prensa junto a Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad de Santa Fe y a los fiscales a cargo de la investigación, anunció que Nación colabora, en una mesa de trabajo que busca esclarecer el doble asesinato y, al mismo tiempo, prevenir una escalada de violencia.

La funcionaria enviada por la ministra Patricia Bullrich indicó que trabaja junto a las autoridades provinciales en el despliegue de las fuerzas federales para garantizar la prevención y reforzar la seguridad en algunas zonas. “Si fuera necesario estaríamos incrementando el número de agentes. Lo que sí hemos hecho fue ampliar zonas, mejorar la distribución de ese despliegue, ampliar incluso los patrullajes desde el mismo sábado a la noche”, aseveró.

Al ser consultada por la posibilidad de que este hecho provoque una ola de violencia dentro de Rosario Central, Monteoliva aclaró que esa situación forma parte de la investigación. No obstante, reiteró la importancia de la Ley Antimafia, un proyecto que impulsa el Gobierno del presidente Javier Milei para abordar el crimen organizado. “Es uno de los principales focos en el país, para poder dar un paso sólido en el abordaje del crimen organizado y de este tipo de situaciones que pueden consolidar núcleos de violencia”, puntualizó.

Por su parte, Cococcioni expresó que se trató de un hecho “llamativo y preocupante” aunque consideró que el doble crimen no pudo haber sido previsto debido a la conducta de la víctima. “Bracamonte había sido objeto de 29 atentados contra su vida. Estaba con muy pocas medidas de autopreservación, se mostraba y repetía sus rutinas pese a que tenía prohibición de ingreso a los estadios”, explicó.

“Desde el día domingo a primera hora conformamos un equipo de trabajo a los fines de poder llevar a cabo las tareas investigativas relacionadas con el homicidio con Bracamonte y Attardo, teniendo en cuenta que esta investigación viene relacionada con otras investigaciones, como fue la tentativa de homicidio después del clásico del mes de agosto, la balacera contra el domicilio de Bracamonte, entre otras”, explicó a su turno el fiscal regional Matías Merlo.

Luego, el fiscal Alejandro Ferlazzo confirmó que todavía “no hay detenidos” y confirmó que, de acuerdo a los testimonios recavados, Bracamonte y Attardo “fueron abordados por al menos tres personas y atacados con más de 11 disparos”.

Consultado por la principal hipótesis que barajan los investigadores, el doctor Ferlazzo declaró que el brutal ataque podría haberse desencadenado por “múltiples conflictos, que surgieron de distintas investigaciones judiciales, y la situación de Bracamonte, que excede el manejo de la hinchada de Rosario Central y se extiende a otros posibles negocios ilícitos”.

Sobre la falta de luz en la cuadra donde fueron sorprendidos Bracamonte y su ladero, Ferlazzo ratificó que al momento del ataque no había suministro. “En esas cuadras el servicio volvió cerca de las 0.50 horas Hemos pedido informes para ver cuál fue el desperfecto. Puede ser un desperfecto normal, que haya sido aprovechado por los autores para realizar el ataque, pero tampoco descartamos cualquier otra hipótesis”, señaló.

La balacera ocurrió de noche y no había alumbrado público en la zona. El análisis de las cámaras de seguridad se vuelve difícil, lo que se observa en las imágenes difundidas recientemente y en el relato de quienes estuvieron en el lugar.

A medida que avanzan las pesquisas, la Justicia busca esclarecer si el homicidio respondió a una interna dentro del ámbito de la barra o si tiene que ver con otras disputas en el mundo delictivo de Rosario.

Personas presentes en el Hospital Centenario, donde Attardo y Bracamonte murieron, declararon ante la Policía de Investigaciones que alcanzaron a ver a tres sospechosos encapuchados que dispararon y luego huyeron. El fiscal concentra la investigación en esta línea de testimonios.

El caso

El doble crimen de Bracamonte y Attardo ocurrió durante la noche del sábado 9 de noviembre, tras el partido de Rosario Central contra San Lorenzo. Los barras se trasladaban en una camioneta Chevrolet S10 blanca cuando fueron interceptados por atacantes a pie, que les dispararon a corta distancia. El ataque tuvo lugar en la intersección de las calles Avellaneda e Ibarlucea, en las inmediaciones del estadio Gigante de Arroyito, mientras muchos hinchas abandonaban el lugar.

Las primeras informaciones señalan que el alumbrado público de la cuadra donde ocurrió el crimen no funcionaba; sin embargo, las cámaras de seguridad registraron el hecho y actualmente están bajo análisis.

El domingo por la noche se conocieron los primeros resultados de las autopsias. “Creemos que se acercaron por la ventanilla y los remataron”, señalaron fuentes judiciales. Un aspecto llamativo fue la distribución de los impactos: fueron diez proyectiles que se alojaron en el tórax, los brazos y las piernas, sin que ninguno alcanzara la cabeza, a pesar de la proximidad de los disparos.

Tres semanas antes de ser ejecutado, Bracamonte había advertido durante una entrevista: “Si me matan, la ciudad se incendia”.

“´Los Menores´ se quieren quedar con parte de la ciudad. Cuando me dispararon en el parque Alem, Los Monos me ofrecieron hacer una cacería esa misma noche. Me ofrecieron diez autos con gente armada para salir a buscar a los que me habían disparado. Yo los paré porque no quiero volver a la cárcel. Yo soy distinto. Vivo bien, no me drogo, no tomo, no fumo. Tengo todo en blanco. Mi empresa de baños químicos está impecable. Me cuido para vivir una buena vida”, dijo “Pillín” en diálogo con Aire de Santa Fe.

El asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte, de 53 años, líder de la barra brava de Rosario Central, dejó abierta una incógnita en la Justicia y en las fuerzas de seguridad. El histórico jefe de la hinchada canalla murió junto a su ladero, Daniel “Rana” Attardo, de 55, en lo que pareció una emboscada.

El crimen ocurrió la noche del sábado 9 de noviembre, tras el partido de Central contra San Lorenzo. Bracamonte y Attardo se trasladaban en una camioneta Chevrolet S10 blanca cuando fueron interceptados por atacantes a pie, que les dispararon a corta distancia. El ataque tuvo lugar en la intersección de las calles Avellaneda e Ibarlucea, en las inmediaciones del estadio Gigante de Arroyito, mientras muchos hinchas abandonaban el lugar.

Testigos reportaron haber escuchado entre siete y diez disparos, lo que generó una ola de pánico en el vecindario, donde algunos comensales cenaban en bares cercanos.

A medida que avanzan las pesquisas, la Justicia busca esclarecer si el homicidio respondió a una interna dentro del ámbito de la barra o si tiene que ver con otras disputas en el mundo delictivo de Rosario.

Las hipótesis del caso

La investigación a cargo del fiscal Alejandro Ferlazzo enfrenta una complicación adicional: la falta de iluminación. La balacera ocurrió de noche y no había alumbrado público en la zona. El análisis de las cámaras de seguridad se vuelve difícil, lo que se observa en las imágenes difundidas recientemente y en el relato de quienes estuvieron en el lugar.

Además, personas presentes en el Hospital Centenario, donde Attardo y Bracamonte murieron, declararon ante la Policía de Investigaciones que alcanzaron a ver a tres sospechosos encapuchados que dispararon y luego huyeron. El fiscal concentra la investigación en esta línea de testimonios.

Testigos y otros hinchas coincidieron en señalar que una ambulancia habría pasado frente a la escena del crimen sin asistir a las víctimas, y que un patrullero también pasó por el lugar sin detenerse.

Las primeras informaciones señalan que el alumbrado público de la cuadra donde ocurrió el crimen no estaba funcionando; sin embargo, las cámaras de seguridad registraron el hecho y actualmente están bajo análisis. Los investigadores intentan determinar si el apagón fue una simple sobrecarga generada por la actividad en los alrededores del estadio o si alguien manipuló la conexión eléctrica de manera deliberada para preparar el terreno, de acuerdo a lo consignado por Rosario3.

El domingo por la noche se conocieron los primeros resultados de la autopsia realizada a Bracamonte y Attardo. Según confirmaron fuentes de la causa a Infobae, ambos recibieron cinco disparos a corta distancia.

“Creemos que se acercaron por la ventanilla y los remataron”, señalaron fuentes judiciales. Un aspecto llamativo fue la distribución de los impactos: los diez proyectiles detectados en la autopsia se alojaron en tórax, brazos y piernas, sin que ninguno alcanzara la cabeza, a pesar de la proximidad de los disparos.

Luego de conocerse estos datos, se anunció una conferencia de prensa para el lunes por la mañana, en la que se proporcionarán más detalles. Participarán el fiscal regional interventor, Dr. Matías Merlo, y el fiscal de Homicidios, Dr. Alejandro Ferlazzo, del Ministerio Público de la Acusación, junto con el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, y Alejandra Monteoliva, secretaria de Seguridad de Nación.

Las hipótesis apuntan, entre otros puntos, a una interna en la barra brava de Rosario Central, mientras que los antecedentes judiciales de Bracamonte ofrecen más pistas para el análisis.

Durante dos décadas, “Pillín” estuvo ligado a causas de extorsión, lavado de dinero y asociación ilícita. Por caso, fuentes de la investigación revelaron a Infobae que los motivos del ataque podrían estar vinculados a la causa por lavado de dinero en la que el líder de la barra habría conseguido ciertos beneficios judiciales a cambio de información. Según las mismas fuentes, esta situación habría “caído mal” entre otros líderes del mundo delictivo en Rosario, quienes “pagan con sangre” estas decisiones.

La causa en cuestión involucra también a Carlos Vergara, exlíder de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) en la ciudad, con quien Bracamonte gestionaba negocios de viandas y baños químicos destinados a empresas de construcción en el Gran Rosario, según La Capital.

Otra línea investigativa explora la relación de Bracamonte con Los Monos, la organización liderada por la familia Cantero. Desde hace algunos años, la relación de “Pillín” con Guille Cantero y otros referentes del grupo se había vuelto ambigua, al punto de enemistarlo con facciones rivales. De acuerdo con fuentes judiciales, dos exaliados de Cantero —Leandro Vilches y Pablo Caminos, ambos en prisión— habrían intentado crear su propio sistema de negocios ilegales en la ciudad.

Al parecer, Vilches y Caminos buscaban negociar acuerdos con la Policía y dominar el mercado de extorsión en la zona norte, donde Bracamonte tenía influencia. En ese marco, ambos habrían ordenado a uno de sus operadores, Matías Gazzani, actuar contra el líder de la barra para quedarse con el control de estos negocios. Gazzani, quien lleva nueve meses prófugo, permanece inubicable, lo cual también despierta sospechas entre los investigadores.

Otra de las posibilidades involucra a Samuel “Samu” Medina, yerno de Guille Cantero, quien, según otra teoría, habría buscado desplazar a Bracamonte del liderazgo. Medina murió hace un mes en otro hecho de violencia, y su asesinato habría desencadenado represalias que podrían incluir el ataque a Bracamonte. Crimen de “Pillín” Bracamonte: qué se sabe hasta ahora sobre el asesinato del líder de la barra de Rosario Central

Los audios tras el crimen

Pocos minutos después del asesinato, circularon audios de testigos que relataron el hecho. “Estoy en shock todavía. Estaba al lado de la chata. Cuando los veo que vienen, me corrió a un costado. Tiraron tiros al aire y uno se apoya en una de las ventanillas. Le pegan al Pillo, que estaba ahí, y después al otro que quiso salir corriendo, pero chorreaba sangre y quedó tirado en la calle. Ahí nomás empezaron a gritar. ‘Pitito’ se llevó la camioneta con el ‘Loco’ arriba, porque convulsionaba, pero tenía tiros por todos lados”, indica un mensaje de voz de Whatsapp que se hizo viral.

Las referencias brindadas guardan relación con lo que contaron otros testigos en otros audios. La alusión a “Pitito” es a Leopoldo Martínez, conocido bajo ese apodo, conocido por ser “el número dos” de la barra brava auriazul.

El cuerpo de Attardo, que quedó en medio de la calle Avellaneda entre Reconquista y Del Valle Iberlucea, fue fotografiado por los hinchas antes de ser trasladado al Hospital Centenario en un vehículo de Tránsito municipal. Su llegada al hospital, capturada en un video que se viralizó la noche del sábado, muestra a varios hinchas llevándolo por los pasillos mientras “Rana” dejaba un rastro de sangre en el suelo.

“Justo tuvieron que frenar (en Avellaneda al 700 bis) porque ahí se junta la barra. Se estaban yendo y justo hubo congestión de autos. Dice que se arrimaron dos en una moto. Nosotros estábamos ahí hablando. Uno mira para adentro, mete el brazo adentro de la chata y revoleó como diez tiros. Decí que ningún tiro pasó de largo porque nosotros estábamos cruzando la calle. Fue raro, las luces de la calle estaban apagadas, no aparecía la Policía y una ambulancia siguió de largo. A la chata donde estaba ‘Pillín’ se subió otro vago y lo llevó al Centenario. El Rana quedó tirado, lo cargaron y se lo llevaron”, añadió otro testigo.

Investigaciones y antecedentes

Bracamonte había sido blanco de varios ataques en el pasado, entre ellos un intento de asesinato en agosto de este año tras el clásico contra Newell’s, cuando fue emboscado en el Parque Alem. “Pillín venía muy jugado. Tenía frentes abiertos por todos lados”, explicó una fuente de la investigación en diálogo con Rosario3. Además de su relación con Los Monos, las autoridades rastrean su presunta implicación en casos de extorsión, lavado de dinero y un reciente proceso judicial por violencia de género.

De hecho, el viernes anterior a su asesinato, Bracamonte se había presentado ante la Justicia para responder a una denuncia de marzo de 2018, en la que se lo acusa de amenazar a su expareja con un bate de béisbol en su domicilio.

La fiscal Luciana Vallarella solicitó una condena de dos años de prisión, alegando violencia doméstica. Bracamonte también enfrentaba un juicio por presunto lavado de activos en el cual habría utilizado cuatro empresas de servicios para ocultar sus ingresos. Estas empresas, de acuerdo con el fiscal de delitos económicos Miguel Moreno, tenían al club Rosario Central entre sus clientes y abarcaban desde la reventa de entradas y el cobro de estacionamiento hasta la explotación de merchandising ilegal.

La red de negocios de Bracamonte también se extendía a la administración de taxis y viandas para trabajadores de la construcción en complicidad con el gremio de la Uocra. En 2020, “Pillín” pasó cinco meses en prisión en el marco de esta causa, aunque recuperó la libertad al pagar una fianza de tres millones de pesos.

El rol de Attardo y el operativo policial

El asesinato de Bracamonte también acabó con la vida de su hombre de confianza, Daniel “Rana” Attardo, quien conducía la camioneta en el momento del ataque. Attardo era delegado de la UPCN en el Hospital Centenario de Rosario y estuvo involucrado en otros episodios de notoriedad, entre ellos, su deportación de Brasil en 2014 junto a su esposa mientras intentaba ingresar a los estadios del Mundial.

Su velorio contó con un fuerte operativo policial. Pocas personas se acercaron al lugar, pero la seguridad en el acceso e inmediaciones se mantuvo debido a la alta exposición del caso.

• Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, respondió públicamente a Rafael Di Zeo, líder de la barra brava de Boca Juniors.
• Di Zeo, en un audio filtrado, amenazó con “ir a la guerra” tras la detención de miembros de la hinchada.
• Bullrich respondió con firmeza y anunció una denuncia penal contra Di Zeo por amenazas e intimidación pública.

Lo esencial: la ministra de Seguridad Patricia Bullrich reaccionó tajantemente a las amenazas de Rafael Di Zeo, histórico líder de la barra brava de Boca Juniors. Después de que se filtrara un audio en el cual Di Zeo lanzaba advertencias tras la detención de barras del equipo, Bullrich replicó: “Di Zeo, a mí no me amenaza nadie”, anunciando además que tomará acciones legales. La respuesta de Bullrich se enmarca en un contexto de crecientes medidas de seguridad y restricciones para la entrada de barras a los estadios.

Por qué importa: este enfrentamiento resalta la tensión entre las autoridades y las organizaciones de barras bravas en Argentina, un tema relevante en la seguridad pública del país.

• Refuerza el compromiso oficial contra la violencia en el fútbol.
• Subraya la problemática de la influencia de grupos de hinchas en el ámbito de seguridad.
• Puede impactar futuras políticas de control de acceso en eventos deportivos.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respondió con a las amenazas proferidas por Rafael Di Zeo, uno de los líderes de la barra brava de Boca Juniors. Di Zeo, en un audio filtrado, lanzó una advertencia directa a Bullrich en relación con la detención de varios miembros de la hinchada, sugiriendo una “guerra” en respuesta a las intervenciones policiales. Frente a estas palabras, Bullrich reaccionó rápidamente y declaró públicamente: “Di Zeo, a mí no me amenaza nadie”. “Ahora no solamente tenés restricción para entrar a las canchas, sino que te hacemos una denuncia penal por amenazas e intimidación pública”, agregó.

En el audio, al que accedió Infobae, el barrabrava le expresa a su interlocutor -de nombre “Walter” y cuya identidad no se pudo determinar- que está dispuesto a “hacerle quilombo” al Gobierno, como represalia por la aplicación del denominado “derecho de admisión”, que le impide al afectado entrar a ninguna cancha de fútbol del país. “Cuando vayan a la cancha les vamos a pegar a los del Ministerio. Le vamos a hacer eso”, asegura Di Zeo en el audio.

Además, Di Zeo cuenta en el audio cómo en otras oportunidades pactaba la entrega de otros hinchas al derecho de admisión con las autoridades que estaban a cargo de dar seguridad a los partidos de fútbol. Y ataca al periodista Gustavo Grabia, que investiga y es un experto en cuestiones vinculadas al mundo de las hinchadas y de los casos de violencia en el fútbol, cuyo informe periodístico publicado en Infobae dio lugar a la medida del Ministerio de Seguridad.

“Vos me decís “Flaco, tenemos que hacer algo acá por este quilombo”. Listo, dale. Yo te doy tres nombres y los sacás en todos lados, boludo. Y quedás bien. Y te puedo conseguir otras cosas. Pero si no hablamos. Y si la señora (Patricia Bullrich) sigue haciendo lo que ella quiere de esa manera, bueno, que lo haga de esa manera... Nosotros a vamos a hacer la nuestra, boludo, vamos a hacerle quilombo a Tribuna Segura”, afirma el jefe de barra.

Y agrega, en la parte central de su conversación: “¿Qué quiere? ¿Que vayamos a la guerra? Vamos a la guerra. Que haga lo que quiera. Es una boluda. Si esto es de vivo, boludo (...) No hablamos más, no hablamos más, hagan lo que quieran. Me chupa la pi..a. entrar a la cancha. Me gusta más la guerra que entrar a la cancha”.

“Aplíquese “Restricción de Concurrencia Administrativa” a todo evento deportivo en todo el territorio nacional a FABIAN ADOLFO KRUGER, y a FERNANDO ALFREDO GATICA, por VEINTICUATRO (24) meses en forma preventiva, hasta tanto se gestionen las actuaciones administrativas por parte de la Policía de la Provincia de Santa Fe, en los términos del artículo 2° de la Resolución MS Nº 354/17, en función del Decreto N° 246/17, reglamentario de la Ley N° 20.655 y modificatorias”, estableció la sanción que aplicó el Ministerio de Seguridad, con la firma de Patricia Bullrich. Esa medida generó malestar en la barra, debido a que son dos de los lugartenientes principales que tiene Di Zeo en la hinchada.

El jefe de la barra brava de Rosario Central, Andrés “Pillín” Bracamonte (52 años) resultó herido de bala, junto a su pareja, Agustina D. (34 años), en la tarde de este sábado, una vez terminado el clásico que ganó el Canalla por 1 a 0 ante Newell’s en el Gigante de Arroyito.

Él se encuentra fuera de peligro y, según fuentes policiales, sufrió una lesión en la espalda. Además se informó que fue asistido en el Hospital de Niños Zona Norte y desde allí fue derivado al Hospital Centenario. Por su parte, su novia también está fuera de peligro y fue atendida en el Hospital Centenario por una herida de arma de fuego en el codo derecho y en el costal derecho.

De acuerdo a los primeros datos que se conocen del hecho, Bracamonte y su pareja sufrieron heridas en el Parque Alem, situado a pocos metros del estadio de Rosario Central, donde tiene prohibido el ingreso. Es el sector por el que suele tener egreso la barra brava canalla de la cancha. Una versión indicaba que le habrían disparado desde una moto, mientras que otra señalaba que había sido atacado en medio de una pelea que había tenido lugar en el parque.

La fiscal Georgina Pairola se hizo presente junto con el gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones para llevar adelante la reconstrucción del hecho cuya mecánica aún no estaba clara. Por otro lado, los agentes se dedicaron a tomar testimonios y a relevar las cámaras de videovigilancia de la zona.

Según manifestaron fuentes policiales a Infobae, Bracamonte entró por sus propios medios al Hospital de Niños –centro de salud elegido por estar a pocos metros de la cancha– y expresó sentir un “ardor” en la espalda.

El personal médico que revisó al “Pillín” constató que tenía una herida de arma de fuego en la espalda, a la altura de los pulmones, con ingreso y egreso, que le dejó una lesión cutánea. Para una mejor atención, fue trasladado con acompañamiento policial hasta el Hospital Centenario, donde llegó junto con su pareja.

El jefe de la barra brava de Central fue noticia también en diciembre del año pasado, cuando el fiscal Miguel Moreno lo detuvo junto con dirigentes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), a quienes acusó por integrar una presunta asociación ilícita que, sobre la base de extorsiones, obtuvo ingresos millonarios a través de negocios con viandas, alquiler de baños químicos y pago de coimas para otorgar los certificados de libre deuda sindical a empresas contratistas.

El fiscal Miguel Moreno también atribuyó a “Pillín” y Vergara haber exigido a constructoras que contraten a gente de su entorno para que cobren un sueldo sin trabajar, como fue el caso del hijo del jefe del paravalanchas del club canalla.

En la audiencia, Bracamonte también fue imputado por haber llevado adelante en junio de 2019 intimidaciones a Jorge Andrés Bilicich, representante del defensor Gastón Ávila, a quien citó en un bar y le exigió un porcentaje de la operación de venta del jugador de Rosario Central a Boca.

“Yo hablé bien de vos. Averigüé quién eras y sé que sos buen pibe”, le comentó Bracamonte al agente, lo que fue interpretado por el fiscal como una presunta ostentación de influencia sobre los dirigentes del club de barrio Arroyito.

“Aun con conocimiento de que no había tenido influencia alguna en el éxito del contrato, Bilicich decidió ceder y hacer entrega del 20 por ciento de las ganancias que hacen a su medio de vida. El móvil que llevó a resignar dos cheques por más de 1.300.000 pesos encuentra explicación en el temor que infundió Bracamonte: consiguió su teléfono, lo llamó, lo convocó a una reunión y finalmente le exigió parte de la ganancia obtenida por su trabajo”, destacó el fiscal en la extensa audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal.

Noticia en desarrollo...

El capo de la barra brava disidente de Newell’s, Alejandro “Rengo” Ficcadenti (30) y su ladero Sergio Gabriel “Bebe” Di Vanni (43), fueron imputados este viernes como los presuntos instigadores de la amenaza a tiros que sufrió la familia de Ángel Di Maria el pasado 25 de marzo en el country Funes Hills Miraflores, cuando ocupantes de un Renault Megane gris realizaron disparos al aire y arrojaron un cartel que decía: “Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más. Porque si no le matamos cagando un Familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos, plomo y muertos tiramos”.

Según la acusación llevada adelante por el fiscal Pablo Socca ante el juez Pablo Pinto, “Rengo” Ficcadenti le encomendó planificar la amenaza a Di María a su hombre de confianza, Di Vanni, a cambio de 4 millones de pesos. La cercanía entre ambos barras data de hace tiempo, ya que “Bebe” fue registrado como visita de Ficcadenti en la cárcel de Piñero en 2022, cuando “El Rengo” había sido imputado por el crimen de otro barra, Nelson “Chivo” Saravia.

El fiscal explicó que, en consecuencia, “Bebe” encargó la intimidación a Pablo Ezequiel Acotto (35) y Sara Belén Gutiérrez (23), quienes ya fueron imputados en abril pasado –y están bajo prisión preventiva efectiva– por los disparos y el cartel. La joven se cree que cobro 100 mil pesos del monto total y Acotto el resto.

Las comunicaciones comprometen a Di Vanni, ya que el 22 de marzo pasado –tres días antes de la amenaza– le indicó vía mensaje de texto de WhatsApp a Acotto: “El domingo a la noche o lunes lo hacemos. Tiene que salir en el noticiero”.

Una vez consumado el hecho, Acotto el 26 de marzo le dio aviso a “Bebe” con un mensaje de WhatsApp en el que señalaba: “Hermano, fue un éxito. Desistió”.

Otras internas salieron a la luz. En una comunicación telefónica entre “Guille” Cantero, capo de Los Monos y “Rengo” Ficcadenti que data de enero pasado, y que fue ventilada en la audiencia de hoy, el líder de Los Monos le dijo en tono de broma: “Ahora la barra la maneja una chica, jaja, altos zapallos son ustedes. Tienen que ir a votación, compadre, ya no queremos más chicas, queremos unos barras buenos. No tienen ni barra ustedes, hermano. Son una verga. Ni siquiera pelean. Una chica lo maneja, hermano, cómo puede ser. Altos bigotudos son”.

Para el fiscal, “Guille” hacía referencia a que actualmente “Lucho” G. lideraba la barra junto con Ivana Barrias, la pareja de Leandro “Pollo” Vinardi, vinculado a Cantero. Barrias fue detenida hoy viernes junto a “Lucho” por balear la casa de una vocal de la comisión directiva de Newell’s.

Tiempo después del ataque en el country, Ficcadenti se jactó de haber sido el instigador. El fiscal Socca ponderó un mensaje de WhatsApp que envió el 15 de julio último a un contacto:

Allí, decía: “Yo siempre cumplo lo que prometo, gracias a mí no viene Fideo”.

Para el fiscal no hay dudas de que la intimidación fue cometida para impedir que Di María regresara a jugar a Rosario Central, club del que surgió futbolísticamente. Finalmente, el campeón del mundo relató esta semana que las amenazas sufridas frustraron su regreso a su ciudad.

Socca agregó que esa situación fue craneada por Ficcadenti para ganar consenso entre sus seguidores para luego asumir como único líder de la barra brava de Newell’s, corriendo así a “Lucho” G., hoy detenido.

Detrás de “Lucho” y “Rengo” asoma una figura aún más temible: la de “Guille” Cantero, capo de Los Monos, con probados vínculos entre ambos.

La fiscal Patricia Baulies no salía de su asombro. Entonces les preguntó una y otra vez a los barras de Boca si estaban seguros de qué arma de fuego decían ser los dueños. Y ellos, cada uno por su cuenta, dijeron que sí y repitieron el mismo calibre: 22. Raro, porque sólo había un revólver de ese estilo. Ahí nomás dio por cerrada las indagatorias, hizo un gesto de incredulidad y decidió terminar con la investigación en la causa que alejó otra vez de las canchas a Rafael Di Zeo para ponerse a trabajar en la elevación a juicio que saldría antes de que empiece la feria judicial. Y por la comedia de enredos que se vivió en los Tribunales de Río Segundo, no parece que el jefe de la barra brava de Boca vaya a zafar de ser considerado por la funcionaria como uno de los partícipes del delito de tenencia ilegal de arma de fuego compartida, que tiene pena de hasta seis años de prisión. Y todo porque dos barras no se pusieron de acuerdo en qué arma iban a decir que era de su propiedad. Insólito.

El caso se remonta a la previa de la semifinal de la Copa de la Liga del 30 de abril pasado, cuando La Doce viajaba a la provincia mediterránea a ver el partido de Boca contra Estudiantes, y en una requisa en la ruta, en uno de los micros de la caravana, se encontraron cuatro armas aptas para el disparo, dos con numeración limada y una con el logo de la Policía Federal Argentina, más 58 municiones. En ese micro, según declararon en la fiscalía un oficial de Gendarmería y otro de la Policía cordobesa, viajaba Rafael Di Zeo, quien no logró ser demorado con el resto de los 57 ocupantes y regresó en una camioneta a Buenos Aires. Este dato es clave para la estrategia de Di Zeo y también lo era que los barras declararan bien. Pero esto último tuvo un traspié.

Por entonces se les puso a todos derecho de admisión para ese partido y pocos días después la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, extendió la prohibición por tiempo indeterminado para toda competencia nacional e internacional. “De por vida”, dijo en la conferencia de prensa en la que anunció la sanción. Ante esta situación, Di Zeo no pudo volver a la Bombonera para ver al equipo de Diego Martínez ni por el torneo local ni por la Copa Sudamericana. Pero aspiraba a que en este receso su situación se modificara.

Para eso se presentó a declarar el 14 de mayo pasado junto a su ladero, Sebastián Maciel, alias Skeletor, también acusado y con la defensa del abogado Diego Storto. Allí negó haber cometido cualquier ilícito y se negó a contestar preguntas. Al término del procedimiento judicial el letrado le dijo a Infobae que “mi defendido no viajaba en ese micro, no hay ninguna cámara que muestre eso. Además, el delito que le imputan no existe, la fiscal tendrá que dar con los dueños de las armas y juzgarlos a ellos”.

Para esto era clave lo que declararan el resto de los barras imputados. Y eso sucedió entre el lunes y el jueves de la semana pasada. De los 56 acusados, 52 decidieron no declarar. Pero hubo cuatro que sí lo hicieron. Como las armas también eran cuatro, caía de maduro que la estrategia era que éstos se hicieran cargo del hecho para liberar de culpa y cargo al resto. Así primero pasó Juan M., que se hizo cargo del revolver calibre 32 largo marca Doverman, con siete proyectiles en su tambor. Y dijo que Di Zeo no estaba en el micro. Después pasó Maximiliano G., quien afirmó que la pistola Bersa calibre 22 con siete proyectiles en el tambor más otros ocho escondidos en una media, era de su propiedad. Y repitió que el líder de La Doce no había viajado con ellos. Quedaban dos armas y se acababa la historia. Y ahí le tocó declarar a Facundo F. quien aseguró: “Di Zeo no estaba en ese ómnibus”. Lo lógico era que después se adjudicara la Browning nueve milímetros que tenía seis proyectiles en la recámara y, si bien tenía la numeración suprimida, podía hacerse cargo. Pero se ve que confundió la estrategia presuntamente pactada y dijo ser el dueño de la Bersa 22, la misma que se adjudicó como propia Maximiliano G. La fiscal reiteró por separado la requisitoria, pero todos se mantuvieron en la misma posición, por lo que dio por terminada la audiencia bajo la idea de que había un pacto previo para, según creen en Tribunales, hacer zafar al jefe de La Doce. “Además nadie se hizo cargo de la tenencia de la nueve milímetros con dos cargadores y 23 proyectiles porque era de la Policía Federal y ese es un delito más grave aún”, le dijo una fuente de la investigación a Infobae.

Así las cosas, según aseguran en Río Segundo la fiscal, no se moverá de su posición inicial y elevará a juicio a los 58 imputados, incluyendo al popular Rafa, por tenencia ilegal compartida de arma de fuego con motivo de espectáculo deportivo, que tiene pena de hasta seis años de prisión. Es cierto que no tiene filmaciones donde se lo vea en el ómnibus, pero hará valer las declaraciones del gendarme y del policía que aseguran haberlo visto allí y que fue el primero que descendió del mismo cuando se hizo la requisa. Y por otro lado no parece que vaya a entrar en la discusión sobre si el delito de tenencia compartida corre o no existe, como afirma el abogado de Di Zeo, Diego Storto. Todo indica que la fiscal Baulies lo va a elevar a juicio y que en todo caso el capo barra discuta esa situación ante el juez de garantías o la Cámara de Apelaciones. Distinta hubiera sido la situación si cada arma tenía por dueño un barra. Pero como en un vodevil, dos se confundieron de revólveres, la estrategia naufragó y así Di Zeo sufrió un traspié de aquellos en su objetivo de regresar a las canchas.

Un año y medio después de que se iniciara una investigación para dar con los responsables del crimen de Gustavo “Petaco” Barrientos (45), la Policía de Investigaciones (PDI) capturó a uno de los sospechosos de haber asesinado al ex líder de la barrabrava del Club Atlético Patronato de Paraná. Sobre el acusado regía un pedido de captura internacional, pero este se encontraba detenido en la Alcaidía de San Lorenzo.

El prófugo identificado como Juan Sebastián G.B era buscado desde el 8 de septiembre de 2023 luego de que fuera vinculado a la causa que investiga el homicidio de Barrientos, quien fue asesinado en febrero de ese año. El mismo no había podido ser ubicado, debido a que este había falsificado una identidad para no ser reconocido.

“Emilio Martín Gamarra”, ese era el nuevo nombre que el prófugo utilizaba para intentar no ser juzgado por el crimen, pero hace un tiempo que este se encontraba alojado en la Alcaidía de San Lorenzo por haber cometido cuatro hechos de robo agravados reiterados. No obstante, los datos que había proporcionado despertaron sospechas en la Justicia, por lo que se ordenó que el hombre sea sometido a una serie de pericias para corroborar su identidad.

El cotejo de huellas dactilares fue solicitado por la fiscal a cargo del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de San Lorenzo, Melisa Serena, mientras que el procedimiento fue realizado por el personal de la Sección Documentología de la Región 2 de la PDI local. Según la información publicada por Rosario 3, la revelación fue comunicada al jefe de Homicidio de Paraná y a la Fiscalía de Diamante después de que se constatara que se trataba del sospechoso buscado.

El crimen de Petaco Barrientos ocurrió el 18 de febrero de 2023, en su domicilio ubicado en la localidad entrerriana de Colonia Ensayo. El ex líder barrabrava aún le restaban cumplir siete meses de una condena de 11 años por dos homicidios en la Unidad Penal 1 de Paraná, pero ese día había recibido el permiso para ir a visitar a su familia.

Era la hora de la siesta cuando, al menos, unas cinco personas que simulaban ser policías ingresaron a la fuerza en la propiedad. A los gritos, pidieron por Barrientos y este no dudó en presentarse ante los supuestos oficiales que, sin mediar palabra, le dispararon en cinco oportunidades. La autopsia luego revelaría que cuatro de las balas se alojaron en la zona del tórax, mientras que la última fue la causante de su muerte al haberle impactado en la cabeza.

Según las cámaras de seguridad de la zona, los investigadores determinaron que la banda llegó a la casa quinta de la víctima en una Toyota SW4 color negra, a la vez que señalaron que cinco de los involucrados habrían participado del asesinato y otros tres sirvieron como campanas desde el automóvil.

De esta manera, Juan Sebastián G. B. se trataría del onceavo detenido por la causa y aún quedaría dar con el paradero de un doceavo sospechoso acusado de haber sido uno de los que disparó en contra de Barrientos. Previo a esto, las autoridades identificaron a otras diez personas que habrían estado involucradas en el hecho, pero no en calidad de autores materiales.

A la investigación se sumó el secuestro de la camioneta 4x4, la cual fue encontrada al día siguiente del crimen en Puerto Alvear, cerca de las orillas del Río Paraná. Asimismo, las autoridades confirmaron que se trataba de un vehículo robado el 26 de enero de 2022 y que este contaba con un pedido de captura radicado en Rosario.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que los responsables habían abandonado en el interior de la Toyota tres ametralladoras tipo M-16, una pistola marca Glock y otra Thunder, más de 100 cartuchos de diferentes calibres, ropa camuflada, chalecos antibalas, tres armas de fuego de hombro estilo carabina y una maza con mango de madera.

Por otro lado, un pescador que trabajaba en la zona aseguró que los sospechosos se bajaron de la camioneta y corrieron en dirección hacia una lancha de color blanca estilo tracker. En la embarcación se encontraba una novena persona que los esperaba para trasladarlos y, si bien no se determinó el destino final de la banda, estos navegaron en dirección a Santa Fe.

El móvil del crimen aún no fue establecido, aunque el fiscal a cargo de la causa, Gilberto Robledo, planteó la posibilidad de que estuviera relacionado a un conflicto narco. Incluso, señaló que el caso podría estar vinculado al triple crimen ocurrido el 15 de noviembre en Paraná, en donde tres presuntos jefes narcos fueron asesinados.

La maniobra se habría tratado de un supuesto encargo realizado por Petaco Barrientos desde la cárcel, puesto que el ex barrabrava era conocido en la región por estar al frente del negocio del narcotráfico en Paraná y sus alrededores. Asimismo, tenía fama de contar con la firmeza necesaria para mandar a asesinar o hacerlo personalmente, tal como ocurrió con los casos de Matías Giménez y Maximiliano Godoy que terminaron por llevarlo tras las rejas.

Las armas, de numeración limada, estaban escondidas en la parte superior del ómnibus, embutidas en los ductos de ventilación, para intentar burlar el control policial conjunto que hicieron las fuerzas federales con la Gendarmería a cargo y en colaboración con la Policía mendocina. En el vehículo iban 48 barras del club Mirasol que fueron trasladados al juzgado de la zona donde se les tomaron los datos y se les armó una causa por tenencia compartida de arma de fuego que tiene pena hasta de seis años de prisión y además se los incorporó en forma inmediata a la lista del derecho de admisión del programa Tribuna Segura que depende de la Dirección de Seguridad Deportiva de la Nación. Una vez terminado el trámite, ya pasado el mediodía, se los mandó de regreso para La Matanza.

Este micro tenía una particularidad: no había salido con la caravana oficial que partió anoche desde el estadio de La Fragata. A quienes se sindicaron como referentes del mismo fue a Matías y Norberto Pereyra. ¿Quiénes son? Gente de la zona de Rafael Castillo, más precisamente del Barrio Central, ubicado a 40 cuadras de la cancha. Si bien algunos suponían que este grupo formaba parte de la facción Los Dengues de la barra, que siempre se referenció en un puntero llamado Jesús Carrizo, lo cierto es que hace tiempo que esa relación se terminó y ahora cada uno va por su cuenta.

El hecho más claro es que las cuatro facciones en que está dividida la barra, Los de Siempre, La Banda Mostro, La Justina y Los Dengues hicieron un pacto de no agresión en 2020 que se viene respetando casi a rajatabla, salvo cuando hay elecciones nacionales donde los problemas se dirimen en los barrios, como en la última votación para la intendencia de La Matanza donde un grupo jugaba y fuerte para el actual intendente, Fernando Espinoza, y otro pintaba para la candidata Patricia Cubría. Pero el pacto era no llevar esas diferencias a la cancha, logro del presidente del club, Maximiliano Levy, que fue sindicado en su momento como el cerebro financiero de la barra brava de Boca, pasó 88 días preso en una causa por encubrimiento sobre Maximiliano Mazzaro, ex líder de La Doce, y hombre que siempre estuvo muy cercano a los miembro de la llamada Banda Mostro.

La detención del micro, además, se hizo en un lugar paradigmático. No sólo porque fue escenario de varias batallas en tiempo idos (la mayor fue una entre la barra de Boca y la de Independiente en 1994 que dejó siete heridos graves de bala) sino porque era el trayecto que debía hacer la gente Xeneize, no la de Almirante, cuyo recorrido era por la Ruta Nacional 40. De ahí surgió la pregunta de si el micro de Rafael Castillo fue armado por dónde debía ir La Doce para generar algún incidente grave con la barra de Boca, habida cuenta que había circulado un video sin identificación donde se leía una bandera que decía “Bostero cagón, llegó la banda del Mirasol” o simplemente tenían el poder de fuego para robar en las estaciones de la ruta 7 que siempre tienen más movimiento y efectivo. Afortunadamente ninguna de las hipótesis tendrá comprobación real gracias al trabajo del retén conjunto de las fuerzas federales y provinciales. Además de las armas cargadas y los 39 proyectiles para recargarlas, la requisa también secuestró drogas y objetos cortopunzantes.

El antecedente más inmediato también refiere a un partido donde estuvo involucrado Boca, pero en este caso en la semifinal de la Copa de la Liga cuando La Doce viajó a Córdoba para el partido contra Estudiantes y en uno de los retenes un micro de la caravana cayó con cuatro armas cargadas de municiones. En ese ómnibus iba el líder, Rafael Di Zeo, y uno de sus máximos laderos, Sebastian Skeletor Maciel, y ambos quedaron inmersos en el proceso judicial y con derecho de admisión desde ese mismo momento y por tiempo indeterminado, misma medida que ahora se les aplica a los 48 barras de La Fragata.

La requisa además puso en alerta al operativo en las cercanías del estadio Mundialista y se extremaron recaudos: habrá casi mil policías afectados para que nada más suceda en un partido que debe ser una fiesta y que los violentos intentan siempre empañar.

¿Cuánto vale una vida? ¿Cuánto si ese hombre es asesinado en un estadio de la Argentina? ¿Y cuánto si todo es producto de una pelea entre propios miembros de la hinchada? A todas esas preguntas, la familia de Jorge Durán, el hincha de Chacarita asesinado el 3 de febrero en la cancha del Tricolor en medio del partido contra Deportivo Maipú por la Primera Nacional, le acaba de poner una respuesta: medio millón de dólares. Que obviamente no suplirán el dolor infinito de ya no tenerlo en vida, pero que sería un resarcimiento psicológico y moral por un crimen como hace rato no se veía en una cancha de fútbol argentino. De concretarse por esta suma, estaríamos ante la indemnización más importante por estos hechos en la historia. Y los demandados son los organizadores, Chacarita y la AFA, y la compañía El Surco, que es la que lleva adelante el seguro del espectador y que en definitiva es la que siempre termina pagando ante un fallo adverso.

Para entender la historia hay que remontarse a aquella tarde de febrero. En el entretiempo, en medio de la tribuna local donde se ubica la barra de Chacarita apodada La Famosa Banda, se empezaron a ver corridas y golpes de puño. Había una interna entre un grupo del barrio Libertador, al que pertenecía Jorge Durán, con uno del súper picante barrio Nueve de Julio. La acción se trasladó al bajo tribuna y en el acceso al estadio por ese sector, apenas traspasando los molinetes, Durán discutió con el Negro Oscar Argüello, líder del otro bando, y de atrás, según la Justicia, apareció Christian Miguel Ledesma Torres, apodado Chancho Blanco, quien le asestó un puntazo fatal.

Fue tal la magnitud del ataque que, según la pericia forense, el hincha de Chacarita se desangró instantáneamente y falleció casi de inmediato. Si bien el trámite penal está en su fase final, con Ledesma Torres con prisión preventiva confirmada y alojado en la Alcaidía del Penal de San Martín, ahora su familia va por el juicio civil. Con el patrocinio del abogado Fernando Burlando, solicitan por daños y perjuicios un monto de 514.216.271,97 pesos a repartir entre Marcela, la esposa de Durán, y sus cuatro hijos. A esa cifra se llega por tres vías. La primera, la incapacidad psíquica producida por el hecho a los familiares que implica además el lucro cesante y los gastos de tratamientos médicos y psicológicos para afrontar tamaña situación. En este cálculo se reclaman 113 millones de pesos. La segunda es lo que Durán, de 43 años, podría haber producido en vida para asegurar a su familia las condiciones de vivienda, salud, educación y esparcimiento a partir de su situación económica y su expectativa de progreso (trabajaba en una empresa de higiene urbano). Por este concepto se reclaman 150 millones de pesos. También hay un reclamo de 250 millones dividido en cinco partes para cada integrante de la familia en concepto de daño moral. Y otro millón se pide por todos los gastos que se debieron afrontar por el sepelio. La sumatoria total da los 514 millones mencionados anteriormente, equivalentes a medio millón de dólares.

¿Qué puede pasar? Hasta el año 2007, la AFA solía escabullirse y echarle la culpa al club organizador o al Estado por el deficiente operativo de seguridad. El caso más emblemático de esta historia fue cuando el jugador de San Lorenzo Claudio Zacarías sufrió una agresión tremenda en 1988 en la cancha de Instituto de Córdoba, donde casi pierde la vida y la Justicia sólo penalizó al club que por entonces se declaró insolvente y finalmente mucho tiempo después llegó a un acuerdo privado con la AFA. Pero en marzo de ese 2007, la Corte Suprema de Justicia hizo un fallo histórico tras la pérdida de un ojo producto de quedar en medio de una batalla de barras de un remisero llamado Hugo Mosca, que había llevado a dos periodistas del diario Clarín a cubrir un partido en cancha de Lanús.

En ese fallo, la Corte dijo que la entidad madre era solidariamente responsable. Desde ese momento, cambió la jurisprudencia y la compañía de seguros El Surco, que desde la época de Julio Grondona es la que tiene el seguro del espectador, debió afrontar las demandas. Quizá el caso más parecido al actual fue el crimen el 5/9/2000 del hincha Roque Miranda en el estadio Mundialista de Córdoba en medio de un partido entre Talleres y Lanús. Se desató una pelea interna en la barra de Talleres y Miranda fue asesinado también con un puntazo de arma blanca y la compañía aseguradora debió pagar 100.000 dólares.

En el caso de Durán, si bien se demanda al asesino, al club, a la AFA y a El Surco, la familia dice que apunta sólo a la compañía aseguradora. “Jamás querríamos hacerle un daño al club que Jorge llevaba en su corazón”, aducen. Pero formalmente deben hacer extensivos a todos los actores hasta llegar a quien realmente es el que afronta el pago. La causa penal además tuvo vericuetos muy llamativos. Porque el primero que cayó preso sospechado del asesinato fue el Negro Oscar, que era con quien estaba discutiendo Durán. Es más, en la investigación fiscal hay varios referentes de la barra de Chacarita, entre ellos uno de los hermanos Pulisic que manejan todo lo que ocurre en La Famosa Banda junto a su madre Angélica Molina, que lo sindican de entrada a él como el autor del hecho fatal porque lo vieron en ese momento en medio de lo que estaba pasando, aunque después dijeron que era por comentarios de otras personas.

Pero después hay un testigo, de quien Infobae reserva su identidad, que da con el nombre exacto de quien habría dado el puntazo. A partir de ese dato se vuelven a revisar todas las cámaras de seguridad y se demuestra según la instrucción fiscal que Ledesma Torres, apodado Chancho Blanco, saca algo de su riñonera y le da el facazo. En su defensa, el barra aseguró que sólo se fijó en la riñonera si tenía las llaves de su casa, porque creía que podía haberlas perdido en el tumulto, y que el movimiento que hace con su mano derecha que se ve en el video en el instante en que agreden a Durán, en realidad era para avisarle a su hermano que se iba. No fue lo que entendieron la fiscal Gabriela Disnan y el juzgado de Garantías 1, que le decretaron la prisión preventiva y lo mandaron al penal de San Martín hasta que se realice el juicio, que podría llevarse adelante antes de fin de año.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que la caída de Sandoval y sus secuaces, identificados como Carlos Iván Fernández y Emanuel Zelaya González, dos vendedores ambulantes de 29 y 24 años respectivamente, ocurrió en una casa ubicada en la calle Víctor Martínez, en Laferrere. Tras una alerta recibida al 911 sobre la presencia de individuos armados dentro de una vivienda, efectivos de la Comisaría Primera Sur de La Matanza llegaron al lugar a los pocos minutos y sorprendieron a los ladrones.

Dos de los asaltantes (Sandoval y Zelaya) fueron capturados en el interior de la propiedad y el otro en el techo de una vivienda lindera. De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, entre lo secuestrado se cuenta, además de las armas, dos barretas utilizadas para forzar el ingreso al domicilio de la víctima. Además, incautaron el auto Renault Sandero de color blanco en el que habían llegado a la casa de la peluquera.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, C., la propietaria de la casa, le contó a la Policía que fue sorprendida por los delincuentes, quienes tras forzar el portón de su hogar, le exigieron dinero. Lo cierto es que el rápido aviso a las autoridades evitó que concretaran el asalto.

Específicamente, a Zelaya le incautaron en su poder una Pistola calibre 9 milímetros marca Smith & Wesson con cargador colocado y 8 municiones intactas del mismo calibre. En el patio de la casa lindera hallaron un revólver calibre .38 sin marca ni numeración, sin municiones. Dentro del auto Renault se incautó un revólver calibre .22 largo.

“Guiso” y su banda quedaron a disposición del fiscal Medone, quien los imputó de los delitos de robo calificado por ser en poblado y en banda, así como de portación ilegal de armas de guerra. Las fuentes aclararon que tanto Zelaya como Fernández también son parte de la barra del club, aunque aclararon que el más identificado con el club es “Guiso”.

Tiros a una vecina

Entre los robos y los cánticos de fútbol, a “Guiso” ya le habían abierto una causa grave hace apenas. Se trata de una expediente por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y abuso de armas en el contexto de una confrontación entre vecinos, que por poco termina tragedia

Según las fuentes judiciales consultadas por Infobae, un matrimonio también de Laferrere, fue víctima de un violento ataque perpetrado por Sandoval, y su cómplice Zelaya González. Según se observa en un video al que accedió este medio y de acuerdo con lo que dice el expediente, los barras atacaron a tiros el domicilio de la pareja.

La confrontación escaló cuando Sandoval, quien tiene una discapacidad en el brazo izquierdo, y su amigo, junto a otros tres sujetos no identificados, se enfrentaron verbalmente con la mujer.

Sin embargo, todo se agravó rápidamente cuando “Guiso” sacó a relucir un arma de fuego y efectuó varios disparos contra la propiedad del matrimonio, para luego darse a la fuga con sus acompañantes.

En las imágenes se observa cómo pese a la amenaza, la mujer los desafió a disparar. El barrabrava de Laferrere, cuya profesión es ser zapatero, no tuvo problema en comenzar a disparar. Por esta causa en principio no habían sido detenidos pero sí denunciados, ya que la mujer sabía de quién se trataba y los identificó ante los investigadores, ya que frecuentaban una casa que están en la parte baja de su vivienda. Esta causa también está en manos del fiscal Medone.