En un comunicado, el COI dijo que todas las personas que participen en esas categorías deberán someterse a exámenes genéticos.

El Comité Olímpico Internacional ha prohibido a las atletas transgénero competir en las categorías femeninas de los Juegos Olímpicos y ha dicho que todas las personas que participen en esas pruebas deberán someterse a exámenes genéticos.

La decisión, la más importante desde que Kirsty Coventry fue elegida el año pasado para ser la primera mujer presidenta del COI, se tomó tras una reunión de la junta directiva y meses de especulaciones sobre la política de la organización en uno de los temas más polémicos del deporte mundial. Las normas se aplicarán a partir de los próximos Juegos Olímpicos, que se celebrarán en Los Ángeles en 2028.

Con arreglo a la nueva política, la elegibilidad se determinará mediante una única prueba genética, según el COI. La prueba, que ya se utiliza en atletismo, requiere un análisis de saliva, un hisopado de mejilla o una muestra de sangre.

Cuando Coventry, excampeona olímpica de natación procedente de Zimbabue, hizo campaña para dirigir la organización, dijo con frecuencia lo importante que era proteger las categorías femeninas en medio de debates más amplios --y a menudo enconados-- sobre la participación de atletas transgénero en competiciones deportivas.

"En los Juegos Olímpicos, incluso los márgenes más pequeños pueden marcar la diferencia entre la victoria y la derrota", dijo Coventry en un comunicado en el que anunciaba la noticia. "Por tanto, está absolutamente claro que no sería justo que los varones biológicos compitieran en categorías femeninas. Además, en algunos deportes simplemente no sería seguro".

Añadió que la nueva política "se basa en la ciencia y ha sido dirigida por expertos médicos". La decisión no afecta a los deportes recreativos, mientras que a los atletas que se autoidentifican como hombres transgénero no se les prohíbe competir en pruebas femeninas.

Payoshni Mitra, directora ejecutiva de Humans of Sport, grupo que se ha enfocado en esta cuestión, se mostró crítica con la nueva política olímpica. "Este tipo de lenguaje brutal no protege el deporte, sino que controla el cuerpo de las mujeres", dijo en una declaración a The New York Times. "Alimenta la sospecha, invita al escrutinio público y pone en peligro a atletas ya de por sí vulnerables".

El COI consultó a varios expertos para decidir cómo abordar una cuestión que preocupaba cada vez más a los dirigentes deportivos. A finales del año pasado, Jane Thornton, directora médica y científica del COI y exremadora olímpica para Canadá, presentó las conclusiones iniciales de un análisis que comenzó en 2024 sobre las atletas transgénero o con diferencias del desarrollo sexual, conocidas como DDS, que compiten en deportes femeninos. Ese análisis, que no se ha hecho público, afirmaba que las atletas nacidas con marcadores sexuales masculinos conservaban ventajas físicas, incluso las que habían recibido tratamiento para reducir la testosterona. Esta perspectiva, sin embargo, sigue siendo discutida.

Eric Vilain, genetista humano de la Universidad de California en Irvine, quien asesoró al COI durante casi una década hasta 2017 sobre cuestiones relacionadas con la elegibilidad de género y sexo, dijo que la ciencia "no es para nada definitiva".

"No me importaría que dijeran que somos una organización privada y que queremos excluir a las atletas transgénero y con diferencias en el desarrollo sexual, y que quien esté descontento puede fundar una nueva federación, pero están intentando encontrar excusas para respaldarlo", dijo el jueves en una entrevista telefónica.

En 2021, Laurel Hubbard, levantadora de pesas neozelandesa, se convirtió en la primera mujer transgénero que competía en unas Olimpiadas después de transicionar. En los Juegos Olímpicos de Invierno de este año, la esquiadora sueca de estilo libre Elis Lundholm, a quien se le asignó sexo femenino al nacer, pero que se identifica como hombre, compitió en la prueba femenina de esquí de moguls. Según las nuevas normas, estos deportistas podrían seguir compitiendo en la categoría femenina.

Hasta ahora, las directrices del COI permitían a las mujeres transgénero competir con niveles reducidos de testosterona, pero dejaban la decisión final en manos de cada federación deportiva. El atletismo, la natación, el boxeo y el rugby han introducido sus propias prohibiciones radicales para que las atletas transgénero no compitan en pruebas femeninas.

Los deportes femeninos han sido un frente crucial en un debate público y polarizante sobre cuestiones de las personas transgénero, un tema que se encendió aún más el año pasado cuando el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que prohibía a las atletas transgénero competir en deportes universitarios femeninos. Coventry dijo en una conferencia de prensa tras el anuncio que su punto de vista no se había visto influido por ninguna opinión del presidente estadounidense.

Añadió que esperaba que las atletas afectadas recurrieran ante el máximo tribunal del deporte, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que anteriormente se ocupaba de casos sobre la elegibilidad de género. Dijo que la decisión del jueves se basaba fundamentalmente en la equidad y la seguridad en el terreno de juego.

El atletismo se convirtió en el primer deporte importante en introducir pruebas obligatorias de ADN para determinar el sexo de las atletas, a partir de las competiciones femeninas de marzo de 2024. Esto ocurrió menos de un año después de que la cuestión de la elegibilidad estallara en los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando la competición de boxeo se vio trastocada por escenas desagradables dentro y fuera del ring a causa de la participación de dos mujeres que al final consiguieron medallas de oro.

El anuncio del COI se produce solo unos días después de que las autoridades de boxeo permitieran a la campeona de peso pluma Lin Yu-ting volver a este deporte, después de que su estatus --junto con el de la boxeadora argelina Imane Khelif, la otra mujer en el centro del debate en París-- se hubiera puesto en duda. Lin, de 30 años, puede competir este fin de semana en el Campeonato Asiático de Boxeo, su primera prueba internacional desde los Juegos Olímpicos de París.

Las normas de selección, incluidas las del tipo de la anunciada por el COI, ya han tenido problemas con las leyes nacionales. Por ejemplo, las boxeadoras francesas no pudieron someterse a pruebas locales antes de las competiciones internacionales porque las leyes de privacidad de ese país restringen las pruebas genéticas para determinar el sexo. Esas atletas tendrían la posibilidad de someterse a las pruebas en acontecimientos internacionales en terceros países, dijo Coventry.

Mitra dijo que la nueva política puede plantear problemas de seguridad, sobre todo porque también afecta a los menores. Atletas de tan solo 11 años han competido en los últimos Juegos Olímpicos de Verano.

"Ampliar estas prácticas a los menores, sin salvaguardias globales sólidas, no es precaución, es negligencia", dijo. Coventry dijo que las medidas de salvaguarda eran una prioridad, sin esbozar cómo serían.

La decisión del COI también elimina de la competición femenina, salvo en los casos menos usuales, a una minoría de atletas que no tienen los típicos cromosomas sexuales femeninos XX y padecen una de las diversas afecciones que, en conjunto, se conocen como diferencias del desarrollo sexual (DDS). Algunas personas no saben que tienen tales diferencias. Pero su genética inusual puede dar lugar a niveles elevados de testosterona y posiblemente a un mayor desarrollo muscular, lo que les proporciona parte de la ventaja atlética que tienen los hombres. Todas las atletas DDS podrían competir en competiciones masculinas o mixtas, según la nueva normativa.

El atletismo ha estado en primera línea del debate desde que la corredora sudafricana Caster Semenya ganó el oro en los 800 metros en unos campeonatos del mundo en 2009. Su victoria provocó la reacción de sus rivales, que se quejaron del aspecto de Semenya, lo que llevó al organismo rector de la época a ordenar pruebas de sexo. Se trataba de un rasgo poco común que le confería unos niveles naturalmente elevados de testosterona.

Semenya ha luchado durante años contra las normas anteriores que exigían que ella y otras atletas redujeran sus niveles de testosterona, y en 2019 perdió un recurso ante el máximo tribunal del deporte. Fue una de las nueve atletas africanas que firmaron una carta enviada a Coventry, en la que detallaban el "trato cruel y degradante" al que se enfrentaron a causa de las normas de elegibilidad para las mujeres con variaciones sexuales, y describieron exámenes invasivos, cirugías forzadas y tratamientos hormonales perjudiciales que han provocado, dicen, traumas físicos y emocionales y han tenido un costo económico significativo.

"Yo he cargado con este peso. También lo han hecho otras mujeres de color que merecían algo mejor del deporte", dijo Semenya en una declaración al Times.

"Reintroducir el análisis genético no es progreso, es caminar hacia atrás", dijo, y añadió: "Esto no es más que exclusión con un nuevo nombre".

Tariq Panja es corresponsal deportivo mundial y se centra en historias en las que el dinero, la geopolítica y el crimen se cruzan con el mundo del deporte.

Una ministra del gobierno español calificó la medida de "racista", mientras que una rama regional de Vox, el partido de extrema derecha, la elogió porque "impide celebrar fiestas islámicas".

El jueves, el gobierno español condenó el veto aprobado por una ciudad del sureste de España de celebrar fiestas religiosas en instalaciones deportivas municipales, una decisión que los críticos han calificado de intento indirecto de impedir que personas musulmanas se reúnan allí para celebrar festividades religiosas.

El veto fue codificado como ley local el 28 de julio por los líderes conservadores de Jumilla, una ciudad de unos 27.000 habitantes. Mientras la medida iba ganando atención esta semana, se convirtió en un asunto de controversia nacional que toca temas que han generado debate en países de toda Europa, como la migración y el nacionalismo. El mes pasado, manifestantes de extrema derecha y agentes de policía se enfrentaron durante días en otra ciudad de la misma región española, lo que llevó a la detención del líder de un grupo antimigrante.

La medida adoptada en Jumilla dice que las instalaciones deportivas de la ciudad no pueden utilizarse para "actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al Ayuntamiento" y estipula que su objetivo es "promover y preservar los valores y manifestaciones tradicionales propias de nuestra identidad cultural".

Funcionarios del gobierno nacional han denunciado el veto, y Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dijo que se trataba de "una moción absolutamente racista".

La Constitución española protege la "libertad de culto, de respeto, de no discriminación por orígenes religiosos", dijo en una entrevista a Televisión Española.

Otro ministro, Félix Bolaños, calificó el proyecto de "contrario a la Constitución".

Miembros del Partido Popular, el partido conservador que aprobó el veto, han rechazado esas acusaciones. "Es falso", dijo el jueves Jaime de los Santos, alto cargo del partido nacional, que su formación "vaya a señalar a nadie por su credo".

En la resolución, añadió, "no hay ninguna referencia a ninguna religión o rito".

Los partidarios de Vox, sin embargo, la han adoptado en términos explícitamente antimusulmanes.

"Se aprueba la primera medida en España que impide celebrar fiestas islámicas en espacios públicos", escribió el miércoles en X la rama regional del partido de extrema derecha. "¡España es y será siempre tierra de raíces cristianas!".

Hay más de 3000 musulmanes en Jumilla, donde representan alrededor del 12 por ciento de la población, dijo en una entrevista Hicham Oulad Mhammed, miembro de la Comisión Islámica de España.

Mhammed dijo que había hablado con dirigentes musulmanes de Jumilla, quienes le dijeron que nunca habían tenido problemas con la celebración de festividades religiosas en espacios deportivos y públicos hasta este año.

Mhammed dijo que no sabía de qué "tradiciones están hablando", pero afirmó que parecía claro que se estaban dirigiendo a la comunidad musulmana, a la que, dijo, definen como una comunidad ajena. Los musulmanes en España son ciudadanos españoles, añadió.

España tiene una larga historia musulmana --estuvo gobernada por musulmanes durante siglos, hasta que los católicos tomaron el control en 1492-- y la influencia musulmana es visible en gran parte de la península ibérica, incluso en algunos de los monumentos más famosos de España. La Alhambra de Granada fue un bastión musulmán, y la construcción del Alcázar de Sevilla comenzó bajo el dominio musulmán.

Otros dijeron que el veto era un doloroso recordatorio de la retórica antimusulmana, especialmente de extrema derecha, que ha aumentado junto con el sentimiento antimigrante en España, donde muchos migrantes proceden del norte de África.

En los últimos años, se han formado alianzas locales entre el Partido Popular, de centroderecha, y Vox, de extrema derecha, algo que los analistas denominan un cambio que se ha producido en toda Europa, en el que los principales partidos conservadores se han movido a la derecha en materia migratoria. Los partidos de extrema derecha tuvieron victorias en Francia y Alemania el año pasado en las elecciones al Parlamento Europeo, e incluso algunos líderes de la izquierda, como el primer ministro británico, se han comprometido a reducir la migración en respuesta a la presión de la derecha.

"Jumilla es una expresión cruda de cómo el PP está asumiendo sin complejos algunas de las tesis de la extrema derecha sobre inmigración", se lee en el diario El País en un editorial del jueves, señalando comparaciones con los esfuerzos de Vox por deportar a extranjeros "por no adaptarse a unas inconcretas 'cultura y forma de vida' españolas".

La medida en Jumilla nació de una propuesta local del partido Vox, según el título de la enmienda que la codifica. La propuesta de Vox calificaba las celebraciones del Eid al-Fitr de "ajenas a nuestras tradiciones, por tratarse de prácticas incompatibles con la identidad y usos y costumbres de la nación española".

En la propuesta, Vox había instado a las autoridades locales a bloquear "prácticas culturales foráneas que no forman parte de la tradición española y que inciden sobre la cohesión social" y que generan "erosión de la identidad nacional", al tiempo que las instaba a reactivar las celebraciones públicas de varias fiestas católicas.

El texto del acuerdo describía la propuesta de Vox como una medida que busca "proteger nuestras tradiciones y costumbres", pero aclara que estaba demasiado abierto a la interpretación. La versión final, que recoge el espíritu de la propuesta, dice que ajusta "plenamente al marco jurídico vigente".

Esto, según dijeron los juristas españoles, puede ser un esfuerzo por ajustarse a la Constitución: España protege la libertad religiosa y garantiza los derechos ideológicos, religiosos y de culto de los individuos y las comunidades.

"Está redactado con gran precisión", dijo en una entrevista Santiago Torres, abogado y juez retirado afincado en Madrid.

Amelia Nierenberg es reportera del Times que cubre noticias internacionales desde Londres.

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Según un mensaje del Departamento de Estado, el gobierno dio a los países 60 días para solucionar sus problemas. El presidente Trump ya ha impuesto una prohibición total o parcial a ciudadanos de 19 países.

El gobierno del presidente Donald Trump considera ampliar la nueva prohibición de entrada del presidente hasta a 36 países más, la mayoría de los cuales se encuentran en África, según un telegrama del 14 de junio revisado por The New York Times.

Este mes, Trump impuso una prohibición total de entrada a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países y una prohibición parcial a siete más, lo cual revivió una forma de una política muy cuestionada de su primer mandato.

El mensaje dice que, además de los 19 países, el Departamento de Estado había identificado a otros 36 que debían mejorar ciertos parámetros en un plazo de 60 días. Fijó el miércoles a las 8:00 p. m., hora del este, como plazo para que los gobiernos afectados presenten planes de corrección.

Los países en cuestión "deben tomar medidas inmediatas para mitigar los problemas actuales de investigación y selección, desarrollar planes de acción correctiva para subsanar las deficiencias y evaluar los progresos", decía el telegrama.

El Departamento de Estado dijo en una declaración el lunes que estaba "comprometido a proteger a nuestra nación y a sus ciudadanos al mantener los más altos estándares de seguridad nacional y seguridad pública a través de nuestro proceso de visas". No ha querido hacer comentarios más específicos sobre las deliberaciones internas.

El telegrama, del que informó previamente The Washington Post, citaba una serie de preocupaciones que, según afirmaba, habían llevado a los países a la lista, pero advertía de que no todos los países planteaban los mismos problemas. No especificaba cuáles eran las preocupaciones en cada caso.

Entre los motivos de preocupación figuraban la falta de un gobierno central competente que pudiera elaborar documentos de identidad y antecedentes penales fiables; la dudosa seguridad de los pasaportes; los elevados índices de permanencia en el país más allá de lo que permite el visado; la falta de cooperación para recibir a los ciudadanos deportados de Estados Unidos, y la venta de la ciudadanía a personas que no viven en sus países.

También decía que un país podía ser objeto de una prohibición de entrada si sus ciudadanos estaban implicados en terrorismo o en "actividades antisemitas y antiestadounidenses en Estados Unidos".

Pero el mensaje decía que un país podía ayudar a mitigar las preocupaciones si su gobierno accedía a aceptar a personas de otros países a quienes Estados Unidos intentaba deportar, pero no podía repatriar, o accedía a servir de "tercer país seguro" que acogiera a migrantes que solicitaran asilo en Estados Unidos.

Los países de la nueva lista incluían a Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Bután, Burkina Faso, Camboya, Camerún, Cabo Verde, la República Democrática del Congo, Yibuti, Dominica, Etiopía, Egipto, Gabón, Gambia, Ghana, Costa de Marfil, Kirguistán, Liberia, Malaui, Mauritania, Níger, Nigeria, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sudán del Sur, Siria, Tanzania, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia y Zimbabue.

El Times informó en marzo de que el gobierno de Trump estaba elaborando una prohibición de entrada que tendría tres niveles: una lista "roja" de países cuyos ciudadanos tendrían completamente prohibido el ingreso; un grupo "naranja" de países cuyo acceso se vería restringido pero no completamente prohibido, y una categoría "amarilla" en la que los países tendrían 60 días para cambiar algunas deficiencias percibidas o se agregarían a una de las otras dos listas.

El Times también informó ese mes sobre un borrador de lista de 43 países que se incluían provisionalmente en una de esas tres listas. Pero el 4 de junio, Trump emitió una proclamación que contenía solo prohibiciones totales y parciales, esencialmente, las listas roja y naranja, aunque el documento público no las denominaba así.

Algunos países habían cambiado de lista. Los países cuyos ciudadanos tenían completamente prohibida la entrada a Estados Unidos eran Afganistán, Birmania, Chad, la República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

Trump también nombró a otros siete cuyos ciudadanos no pueden venir a Estados Unidos de forma permanente ni obtener visados de turista o estudiante, pero pueden viajar por negocios. Se trata de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

La política de Trump de prohibir categóricamente la entrada a ciudadanos de determinados países se remonta a su llamado durante la campaña, en diciembre de 2015, a "un cierre total y completo de la entrada de musulmanes en Estados Unidos hasta que los representantes de nuestro país puedan averiguar qué demonios está pasando".

Poco después de asumir el cargo en 2017, Trump promulgó lo que se convirtió en la primera de una serie de prohibiciones. Inicialmente, se centraron en un conjunto de países de mayoría musulmana, pero más tarde abarcaron también otros países de bajos ingresos y no blancos, incluidos algunos de África. Los tribunales bloquearon la aplicación de las dos primeras versiones, pero finalmente la Corte Suprema permitió que entrara en vigor una prohibición reformulada.

Una de las primeras medidas que tomó el presidente Joe Biden cuando asumió la presidencia en 2021 fue anular las prohibiciones de entrada de Trump y volver a un sistema de investigación individualizada de las personas procedentes de esos países. Calificó las prohibiciones de "mancha en nuestra conciencia nacional" que socavaba la seguridad nacional al poner en peligro "nuestra red global de alianzas y asociaciones."

Cuando Trump volvió al poder en enero, una de sus primeras medidas fue una orden que exigía al gobierno elaborar una nueva prohibición de entrada. Escribió que protegía a los estadounidenses "de los extranjeros que pretenden cometer atentados terroristas, amenazar nuestra seguridad nacional, promover ideologías de odio o explotar de cualquier otro modo las leyes de inmigración con fines malévolos".

Charlie Savage escribe sobre la seguridad nacional y las políticas legales para el Times.

Edward Wong cubre los asuntos globales, las políticas internacionales estadounidenses y el Departamento de Estado.

La prohibición revive un esfuerzo del primer mandato del presidente Trump que condujo al caos y a batallas judiciales.

El presidente Donald Trump firmó el miércoles una prohibición de entrada a Estados Unidos para 12 países, principalmente de África y Medio Oriente, reviviendo un esfuerzo de su primer mandato por impedir la entrada en el país a un gran número de migrantes y visitantes.

La prohibición, que entrará en vigor el lunes, impide viajar a Estados Unidos a ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

Trump también impuso restricciones, aunque sin llegar a una prohibición total, a los viajes desde Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. Las personas de esos países no pueden ir a Estados Unidos de forma permanente ni obtener visas de turista o estudiante.

La decisión resucita una política del primer mandato de Trump, que provocó el caos en los aeropuertos y dio lugar a recursos judiciales. Es la última medida de la amplia campaña de Trump contra la migración, después de que bloqueara el asilo en la frontera sur, prohibiera la entrada a estudiantes internacionales de la Universidad de Harvard y ordenara redadas de migración en todo el país.

La decisión se produjo días después de que un ciudadano egipcio fuera detenido en Colorado y acusado de llevar a cabo un ataque contra un grupo que rendía homenaje a los rehenes retenidos en Gaza. Funcionarios del gobierno de Trump habían advertido de que se tomarían medidas enérgicas tras ese ataque.

"El reciente atentado terrorista en Boulder, Colorado, ha subrayado los peligros extremos que supone para nuestro país la entrada de ciudadanos extranjeros que no han sido debidamente investigados, así como de quienes vienen aquí como visitantes temporales y se quedan más tiempo del permitido en sus visas", dijo Trump en un mensaje de video en el que anunciaba la prohibición de entrada. "No los queremos".

Egipto no figuraba en la lista de países prohibidos.

La versión actual de la prohibición de entrada tiene más probabilidades de resistir el escrutinio legal que los esfuerzos iniciales de Trump durante su primer mandato, dijeron expertos jurídicos.

"Parece que han aprendido algunas lecciones de las tres rondas diferentes de litigios por las que pasamos durante el primer gobierno de Trump", dijo Stephen Vladeck, profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown. "Pero mucho dependerá de cómo se haga cumplir realmente, y de si se aplica de formas que sean en sí mismas ilegales o incluso inconstitucionales".

Vladeck dijo que los varios meses que precedieron a la prohibición --incluido el análisis realizado por el secretario de Estado-- y la gama de países implicados la hacían menos vulnerable que la prohibición emitida durante el primer gobierno de Trump.

George Fishman, quien fue abogado del Departamento de Seguridad Nacional durante el primer gobierno de Trump, dijo que los tribunales deben seguir los precedentes de la Corte Suprema. Señaló que "cualquier tribunal inferior que prohíba la proclamación lo hará sabiendo que sus medidas cautelares serán anuladas. Se estarían dedicando al postureo ético, puro y simple".

Las personas con visas en vigor quedarían exentas de la prohibición. Otras excepciones son los titulares de green cards o tarjetas de residencia permanente, los atletas que viajen a Estados Unidos para asistir a la Copa Mundial o a los Juegos Olímpicos y los afganos que puedan acogerse al programa de Visas para Inmigrantes Especiales, destinado a quienes ayudaron al gobierno estadounidense durante la guerra de Afganistán.

Trump lleva mucho tiempo arremetiendo contra la migración procedente de países de mayoría musulmana. Durante su primera campaña presidencial, propuso una prohibición total de la entrada de musulmanes en el país. En su mensaje de video del miércoles, Trump aludió al aumento de la migración hacia Europa en la última década, impulsada por los migrantes que huían de Siria y otros países de mayoría musulmana. Afirmó que la prohibición de entrada de su primer mandato ayudó a proteger al país de ataques terroristas.

"No dejaremos que a Estados Unidos le ocurra lo que a Europa", dijo.

Durante su primer mandato, Trump intentó aplicar dos versiones de la prohibición de entrada, pero los tribunales las bloquearon. Finalmente, la Corte Suprema permitió que entrara en vigor una prohibición modificada, que afectaba a ciudadanos de ocho países, seis de ellos predominantemente musulmanes.

La lista evolucionó posteriormente. Su primera prohibición de entrada inspiró protestas masivas y caos en los aeropuertos de todo Estados Unidos. En un momento dado, el secretario de Seguridad Nacional tuvo que aclarar que los titulares de green cards de los países prohibidos podían entrar en Estados Unidos.

El presidente Joe Biden revocó las prohibiciones de entrada de Trump poco después de que asumiera el cargo en 2021, calificándolas de "mancha en nuestra conciencia nacional" e "incoherentes con nuestra larga historia de acoger a personas de todas las fes y de ninguna fe en absoluto".

Trump señaló su intención de introducir una nueva versión en una orden ejecutiva de su primer día en la presidencia en enero, en la que ordenaba al secretario de Estado que, junto con otros altos cargos del gobierno, revisara la capacidad de control de los países y recomendara si debía bloquearse la migración procedente de esas zonas.

La más reciente prohibición de entrada a Estados Unidos menciona problemas de verificación de seguridad en determinados países y afirma que los migrantes de esos países suelen rebasar la duración de sus visados.

La representante Pramila Jayapal, demócrata por Washington, dijo en un comunicado que la política es "discriminatoria" y "no solo va en contra de lo que se supone que representa nuestro país, sino que será perjudicial para nuestra economía y nuestras comunidades, que dependen de las contribuciones de las personas que vienen a Estados Unidos desde esta amplia gama de países".

Trump justificó la prohibición de entrada como necesaria para la seguridad nacional, pero los críticos afirman que discrimina a las personas basándose únicamente en su origen étnico.

"La proclamación es otro ejemplo de cómo el presidente se burla de las leyes de inmigración y seguridad nacional para castigar a razas, religiones e ideas que no le gustan", dijo Becca Heller, directora del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados. El grupo encabezó una demanda contra la primera prohibición de entrada en 2017.

Hamed Aleaziz cubre el Departamento de Seguridad Nacional y las políticas migratorias para el Times.

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Para los habitantes de países como Afganistán y Birmania, la orden del presidente reduce las esperanzas de encontrar refugio en Estados Unidos.

En los últimos años, la población de Birmania ha sufrido un golpe militar, una guerra civil, reclutamiento forzoso, bombardeos aéreos y un terremoto devastador. El jueves por la mañana, el presidente Donald Trump ordenó una amplia prohibición de viajar que incluía a los ciudadanos de Birmania.

La medida es un esfuerzo por detener la migración procedente de naciones que Trump considera que tienen una "presencia a gran escala de terroristas", entre otras preocupaciones. La prohibición de viaje, anunciada por el presidente el miércoles por la noche en Washington, entrará en vigor el lunes. Se aplica a los ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

Muchos de estos países se han visto asolados por conflictos, mientras que otros están gobernados por regímenes represivos. En ambos casos, la proclamación de Trump cierra la puerta a quienes esperan huir a Estados Unidos para construir una nueva vida.

A los ciudadanos de otros siete países --Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela-- se les prohibirá entrar en Estados Unidos con visas de turista y estudiante. Tampoco podrán establecerse permanentemente en Estados Unidos.

"No permitiremos que entren a nuestro país personas que quieran hacernos daño", dijo Trump en un mensaje en las redes sociales.

"En cuanto me desperté, ya me esperaban malas noticias", dijo Ko Min Nwe, contable de 35 años de Birmania que el mes pasado ganó la lotería de migración estadounidense, lo cual lo encaminó a obtener la green card o residencia el año que viene. "Ser ciudadano de Birmania significa que, vayamos donde vayamos, sufrimos discriminación y ahora, incluso se siente como si me hubieran robado este raro golpe de suerte".

Trump dijo que sus nuevas restricciones a los viajes también se aplican a países que carecen de mecanismos adecuados para verificar la identidad de los viajeros que ingresan a Estados Unidos, que tienen un historial de ciudadanos que exceden el plazo de sus visas estadounidenses y que no han aceptado fácilmente el regreso de sus ciudadanos. Pero las restricciones se dirigen abrumadoramente a países con poblaciones vulnerables deseosas de encontrar refugio en Estados Unidos.

"Esta política no tiene que ver con la seguridad nacional, sino con sembrar la división y denigrar a las comunidades que buscan seguridad y oportunidades en Estados Unidos", dijo Abby Maxman, presidenta de Oxfam America, organización benéfica dedicada a luchar contra la desigualdad y la pobreza en el mundo.

La prohibición prevé ciertas excepciones. Por ejemplo, los afganos aún pueden solicitar visas especiales destinadas a proteger a quienes trabajaron para el gobierno o el ejército estadounidense como traductores y otros ayudantes antes de la retirada estadounidense en 2021. Los residentes legales permanentes en Estados Unidos están exentos de la orden. También lo están los atletas y sus comitivas que visitan para asistir a grandes acontecimientos deportivos. Se permitirán las adopciones procedentes de las naciones restringidas.

Durante su primer mandato, Trump impuso una serie de prohibiciones de viaje a países de mayoría musulmana, algunas de las cuales fueron rebatidas por los tribunales. El expresidente Joe Biden revocó las restricciones de migración cuando asumió el cargo, y las calificó de "mancha en nuestra conciencia nacional".

Hashmat, periodista afgano, dijo que le habían concedido una visa para ir a Estados Unidos, tras soportar un mes en una prisión talibana por sus reportajes. Ahora está escondido. La nueva prohibición de viajar, que parece aplicarse al tipo de visa que recibió, lo ha dejado sin esperanzas, dijo Hashmat, quien solo usa un nombre.

"Dediqué 14 años de mi vida a trabajar con medios de comunicación respetados para promover la democracia, la libertad de expresión y los valores globales, valores que creía que Estados Unidos compartía", dijo. "Hoy, sufro a causa de esos mismos valores".

Algunos de los países afectados por la última orden de viaje de Trump reaccionaron rápidamente, y prometieron encarar los problemas. Somalia, según la proclamación de Trump, era un objetivo porque carece de una autoridad central que pueda examinar adecuadamente a los viajeros y es un "refugio seguro para terroristas".

"Somalia valora su larga relación con Estados Unidos y está dispuesta a entablar un diálogo para abordar las preocupaciones planteadas", dijo en un comunicado Dahir Hassan Abdi, embajador somalí en Estados Unidos.

Birmania estalló en una guerra civil total hace cuatro años, tras un golpe militar que derrocó a un gobierno electo. Las redes delictivas de las zonas fronterizas del país, mal gobernadas, han llenado los fondos de guerra e inundado el mundo con drogas sintéticas, ciberestafas y minerales de dudosa procedencia. Sin embargo, hay escasa evidencia de que Birmania esté exportando terrorismo, y mucho menos a Estados Unidos.

La mayoría de los migrantes procedentes de Birmania llegaron a Estados Unidos como refugiados que huían de la persecución. Las oleadas de migración a Estados Unidos de ciudadanos de Birmania han seguido a momentos de agitación política, como las medidas enérgicas contra los movimientos democráticos en 1988 y 2007.

Más recientemente, más de 3,5 millones de personas en Birmania, de una población de unos 55 millones, han sido desarraigadas de sus hogares a causa de la guerra civil. Millones más han buscado refugio en el extranjero, sobre todo en las vecinas Tailandia y Bangladés.

A partir del pasado julio, una iniciativa de reasentamiento llevó a Estados Unidos a refugiados de Birmania que vivían en campamentos en Tailandia. Pero ese programa se ha interrumpido en la práctica desde la segunda toma de posesión de Trump. También se ha recortado la ayuda estadounidense a los refugiados de Birmania en Tailandia y Bangladés; sin acceso a atención médica, han muerto bebés y pacientes ancianos, según los médicos.

De 2005 a 2015, unos 100.000 refugiados de los campamentos de Tailandia fueron reasentados en el extranjero, la mayoría en Estados Unidos, según la agencia de la ONU para los refugiados.

Birmania es ahora una nación fracturada. La mayor parte del centro del país está controlada por la junta militar, mientras que los grupos armados étnicos y las fuerzas prodemocráticas han acaparado territorio en las vastas zonas periféricas. Los ataques aéreos del ejército de Birmania han destruido cientos de pueblos. Miles de personas han sido encarceladas y torturadas por atreverse a oponerse a la junta militar y reclamar la democracia.

Desde el golpe de 2021, Estados Unidos ha impuesto sanciones a los altos funcionarios de la junta y a los empresarios que los apoyan. Pero algunos críticos afirman que las acciones de Washington no son lo suficientemente contundentes.

Ma Mya Thiri Lwin, de 24 años, fue aceptada en una universidad de Minnesota para estudiar Informática a partir de agosto. Como parte de un amplio boicot estudiantil a las instituciones gubernamentales, no había asistido a la universidad en Birmania. Ahora, dijo, sus sueños de trabajar algún día en Silicon Valley se han marchitado.

"Parece como si Birmania estuviera maldita", dijo al enterarse de que la prohibición de viaje impuesta por Trump incluía a su patria. "Incluso Estados Unidos, que dice ser un baluarte de los derechos humanos, cierra los ojos ante personas como nosotros, pobres, oprimidas y en peligro".

Safiullah Padshah y Mike Ives colaboraron con reportería.

Hannah Beech es periodista del Times radicada en Bangkok, y lleva más de 25 años cubriendo Asia. Se centra en reportajes en profundidad y de investigación.

Safiullah Padshah y Mike Ives colaboraron con reportería.

Computers and the InternetSocial MediaMobile ApplicationsBeijing Bytedance Technology Co LtdTikTok (ByteDance)Supreme Court (US)Trump, Donald J

Es probable que la aplicación desaparezca de inmediato de las tiendas de aplicaciones de Google y Apple. Pero no está claro si los usuarios perderán el acceso por completo.

Se espera que la lucha que durante meses han librado los legisladores para prohibir la aplicación de redes sociales TikTok en Estados Unidos llegue a un punto crítico el viernes, cuando la Corte Suprema escuche los argumentos para decidir el destino de la aplicación para sus 170 millones de usuarios estadounidenses.

Si TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, se prohíbe el 19 de enero, esto es lo que pueden esperar los usuarios:

¿Se podrá seguir descargando TikTok en las tiendas de aplicaciones?

No. La ley aprobada por el Congreso el año pasado ilegalizaría que las tiendas de aplicaciones de empresas como Apple y Google distribuyeran o publicaran actualizaciones de TikTok, a riesgo de fuertes sanciones civiles: 5000 dólares por usuario estadounidense, lo que podría ascender a cientos de miles de millones de dólares.

Si se prohíbe TikTok, es probable que desaparezca de las tiendas de aplicaciones de la noche a la mañana. (Apple y Google no han comentado sus planes de retirar la aplicación).

Apple lleva mucho tiempo cumpliendo con los gobiernos extranjeros que han ordenado la retirada de aplicaciones en sus países. El pasado abril, por ejemplo, Apple retiró aplicaciones de comunicación como WhatsApp, Signal, Threads y Telegram de su tienda de aplicaciones en China a petición del gobierno chino.

¿Seguirá estando la aplicación TikTok en mi teléfono si ya la he descargado?

Sí. La ley no considera ilegal tener la aplicación TikTok en tu teléfono.

"La letra de la ley se refiere a futuras descargas y actualizaciones", dijo Dean Ball, investigador del Mercatus Center, un laboratorio de ideas de la Universidad George Mason. "No se trata de quitar la aplicación de los teléfonos de la gente".

Pero sin la posibilidad de que ByteDance publique actualizaciones de TikTok a través de las tiendas de aplicaciones, es probable que la aplicación se degrade con el tiempo. Aun así, los anunciantes prevén cierto uso en Estados Unidos tras la prohibición, y hasta el mes pasado se seguían firmando nuevos contratos para anunciarse en la aplicación, dijo Craig Atkinson, director ejecutivo de Code3, una agencia de marketing digital.

TikTok también puede intervenir antes de que la aplicación se degrade y bloquear a sus usuarios en Estados Unidos el acceso a los videos de la plataforma después del 19 de enero.

En India, que prohibió TikTok en 2020, los usuarios de la aplicación se encuentran con una pantalla que dice "Servicio no disponible" y bloquea a los usuarios de su plataforma.

TikTok no ha dicho si limitará el acceso a la aplicación en caso de prohibición, y no respondió a una solicitud de comentarios.

¿Seguiría siendo posible acceder a TikTok desde un navegador de internet?

No. Además de prohibir que las empresas de tiendas de aplicaciones alojen la aplicación, la ley se aplica a los proveedores de internet.

Sin embargo, es probable que los usuarios sigan teniendo acceso a TikTok si utilizan una red privada virtual, o VPN por su sigla en inglés, que cifra la ubicación del usuario.

La prohibición "podría incluso suponer un gran impulso comercial para los proveedores de VPN", dijo Atkinson.

¿El presidente electo Donald Trump podría intervenir y salvar la aplicación?

Algunos expertos creen que es posible que Apple y Google decidan no cumplir la ley, apostando por que el presidente electo Donald Trump, quien ha salido en apoyo de TikTok, ordene a su fiscal general que no la aplique.

"Pero a menos que se añada nueva información a la ecuación, me sorprendería mucho que Apple y Google hicieran eso", dijo Ball.

Trump también podría cambiar de opinión, o incluso utilizar la amenaza de hacer cumplir la ley como ventaja contra las dos empresas, dijo JB Ferguson, director gerente enfocado en tecnología de Capstone.

"No sé si estás defendiendo adecuadamente el valor de los accionistas si no te tomas la ley en serio, aunque le creas a Trump", dijo Ferguson refiriéndose a Apple y Google.

Eli Tan es un reportero que cubre la industria tecnológica y forma parte de la generación 2024-25 de Times Fellowship, un programa para periodistas al comienzo de sus carreras. Más de Eli Tan

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La medida intensifica la guerra en la cadena de suministro y se produce un día después de que el gobierno de Biden ampliara las restricciones a la venta de tecnología avanzada estadounidense a China.

China dijo el martes que empezaría a prohibir la exportación de varios minerales raros a Estados Unidos, una escalada de la guerra tecnológica entre las dos mayores potencias del mundo. La medida se produce un día después de que el gobierno de Biden endureciera el acceso chino a la tecnología avanzada estadounidense.

La prohibición indica la voluntad de Pekín de participar en una guerra de la cadena de suministro bloqueando la exportación de componentes importantes utilizados para fabricar productos valiosos, como armamento y semiconductores.

El Ministerio de Comercio de China dijo que se detendrían inmediatamente las ventas a Estados Unidos de galio, germanio, antimonio y los denominados materiales superduros, por su doble uso militar y civil. La exportación de grafito también estaría sujeta a una revisión más estricta.

China ocupa un lugar central en muchas cadenas de suministro mundiales, pero en general se abstuvo de restringir sus propias exportaciones durante el primer gobierno de Trump, prefiriendo en cambio tomar medidas más limitadas, como comprar soja a Brasil en lugar de a Estados Unidos. Pero a los altos funcionarios chinos les preocupa que el presidente electo Donald Trump planee políticas más estrictas durante su próximo mandato.

Trump ha prometido imponer fuertes aranceles a los productos procedentes de China y romper aún más la relación comercial entre ambos países. La medida adoptada el martes --una de las más agresivas que ha tomado China para contrarrestar las políticas cada vez más restrictivas del gobierno estadounidense-- podría presagiar más conflictos económicos con la llegada de Trump a la Casa Blanca.

China produce casi todo el suministro mundial de minerales críticos necesarios para fabricar tecnologías avanzadas como los semiconductores. Pekín ha intensificado su control sobre estos materiales en represalia por las medidas drásticas adoptadas en los dos últimos años contra las exportaciones de tecnología estadounidense a China.

El año pasado, China creó un marco jurídico para controlar las exportaciones de galio y germanio, que se utilizan en los semiconductores, y el 15 de septiembre añadió el antimonio, que se emplea en explosivos militares. En octubre, China empezó a exigir a sus exportadores de metales de tierras raras, utilizados en todo tipo de productos, desde semiconductores avanzados hasta bombas inteligentes, que revelaran, paso a paso, cómo se utilizarían los minerales en las cadenas de suministro occidentales.

Las exportaciones chinas de galio y germanio se interrumpieron brevemente hace un año, hasta que los funcionarios de Pekín idearon un sistema para aprobar dichas transacciones. Los envíos a Estados Unidos nunca se han recuperado del todo, lo que ha obligado a este país a depender más de la compra de materiales semielaborados a otros países, como Japón, que compran directamente a China.

La medida adoptada por China el martes se hizo eco de un embargo no anunciado de las exportaciones de metales de tierras raras a Japón que Pekín impuso durante dos meses en 2010, durante una disputa territorial entre ambos países. Aquel embargo provocó una gran angustia entre los fabricantes japoneses, preocupados por la disminución de los suministros, ya que China proporciona hasta el 99 por ciento de la oferta mundial de algunos metales de tierras raras.

Estados Unidos podría ser ahora algo menos vulnerable a las medidas de China de lo que lo fue Japón entonces. Muchas fábricas químicas de Estados Unidos han cerrado en las últimas décadas, por lo que el país ya compra materiales semielaborados a países que no son China.

La prohibición china de exportar minerales superduros podría provocar un especial descontento en la comunidad de seguridad nacional estadounidense. Al parecer, esa prohibición iba dirigida a las exportaciones chinas de tungsteno, vital para fabricar balas y proyectiles perforantes, dijo Oliver Friesen, director ejecutivo de Guardian Metal Resources, empresa londinense que planea extraer tungsteno en Nevada.

Establecer una nueva mina de tungsteno en Nevada llevará cerca de tres años, dijo. "Estamos avanzando con bastante rapidez", agregó.

Cuando el gobierno de Biden amplió en septiembre los aranceles que Trump impuso en su primer mandato, añadió un arancel del 25 por ciento a las importaciones de tungsteno procedentes de China, como parte de un esfuerzo para persuadir a los usuarios de tungsteno de Estados Unidos para que buscaran proveedores más confiables en otros lugares.

Incluso antes de que China instituyera la prohibición el martes, había empezado a limitar sus exportaciones globales de antimonio lo suficiente como para que los precios mundiales de este material se duplicaran en los últimos tres meses.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, China ha estado suministrando el 54 por ciento del germanio utilizado por Estados Unidos, un material empleado en tecnología de infrarrojos y fibra óptica.

Estados Unidos no extrae su propio galio, utilizado en semiconductores, desde 1987. Japón suministra el 26 por ciento de las importaciones estadounidenses de galio, China el 21 por ciento y Alemania el 19 por ciento, junto con varios proveedores menores.

Detener las exportaciones de minerales críticos puede ser contraproducente. Después de que China interrumpiera temporalmente las exportaciones a Japón en 2010, el gobierno japonés ayudó a Lynas, una empresa de Australia, a desarrollar allí una gran mina de metales de tierras raras como proveedor alternativo.

El lunes, el gobierno de Biden amplió sus restricciones tecnológicas a China prohibiendo la venta de determinados tipos de chips y maquinaria y añadiendo más de 100 empresas chinas a una lista de comercio restringido. Los funcionarios estadounidenses caracterizaron los límites como una acción rutinaria para actualizar las restricciones existentes y cerrar las lagunas que algunas empresas habían utilizado para eludir las prohibiciones.

Se trata de la tercera acción significativa en los últimos tres años en el intento del gobierno de Biden de impedir que China alcance a Estados Unidos en tecnologías de vanguardia. El gobierno de Biden ha ampliado constantemente otras restricciones para hacer negocios con China, como frenar la inversión estadounidense en determinadas industrias chinas y bloquear los vehículos eléctricos chinos por temor a que sus sistemas operativos puedan compartir datos con Pekín.

Trump ha prometido sus propias medidas agresivas que reducirían aún más el comercio entre ambos países. Por ejemplo, hizo campaña con la promesa de añadir aranceles del 60 por ciento o más a los productos chinos y eliminar las denominadas relaciones comerciales normales permanentes con China, lo que también daría lugar a aranceles más elevados sobre los productos chinos.

China criticó las restricciones tecnológicas de Estados Unidos, calificándolas de "ilegales".

"Tales prácticas socavan gravemente el orden económico y comercial internacional, perturban la estabilidad de la producción mundial y la cadena de suministro, y perjudican los intereses de todos los países", dijo Lin Jian, vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de China.

En respuesta a las restricciones tecnológicas estadounidenses, grupos industriales chinos que representan a sectores empresariales, como los semiconductores y la fabricación de automóviles, también publicaron el martes declaraciones en las que pedían a las empresas chinas que compraran más chips en el país o en países distintos a Estados Unidos.

"Los productos de chips estadounidenses ya no son seguros y fiables, y las industrias chinas relacionadas tendrán que ser cautelosas a la hora de comprar chips estadounidenses", dijo la Asociación de la Industria de Semiconductores de China.

Estas asociaciones incluyen a algunos de los mayores consumidores de semiconductores del mundo, por lo que la advertencia podría tener implicaciones financieras para los fabricantes de chips estadounidenses.

Anteriormente, empresas estadounidenses como Micron e Intel fueron objeto de investigaciones de seguridad nacional en China que amenazaron con excluirlas de un mercado importante. También se ha desalentado a los funcionarios del gobierno chino de utilizar dispositivos fabricados en el extranjero, lo que amenaza la cuota de mercado de Apple.

Berry Wang colaboró con la investigación.

David Pierson cubre la política exterior china y el compromiso económico y cultural de China con el mundo. Es periodista desde hace más de dos décadas. Más de David Pierson

Keith Bradsher es el jefe de la corresponsalía de Pekín del Times. Antes fue jefe del buró en Shanghái, Hong Kong y Detroit, y corresponsal en Washington. Ha vivido e informado en China continental durante la pandemia. Más de Keith Bradsher

Ana Swanson cubre comercio y economía internacional para el Times desde la corresponsalía en Washington. Ha sido periodista por más de una década. Más de Ana Swanson

Berry Wang colaboró con la investigación.