Durante la reciente noche de Navidad en Colombia, se registró un preocupante incremento en la cifra de homicidios con un total de 30 casos reportados a escala nacional, lo que marca un aumento del 2% respecto al mismo periodo del año 2024, según informó la Policía Nacional.

La mayoría de estos delitos, el 54%, estuvo relacionada con conductas de intolerancia en diversas regiones del país, una tendencia que evidencia la persistencia de problemáticas sociales agudizadas durante las festividades.

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Al mismo tiempo, las autoridades destacaron una reducción significativa en delitos sexuales y víctimas infantiles por quemaduras, atribuyendo estos resultados a las estrategias preventivas desplegadas en todo el territorio.

En los reportes más recientes, la Policía Nacional resaltó la estabilización en el número de muertes por inmersión durante la época decembrina, con once casos, idéntica cifra al comparativo 2024–2025.

Así mismo, se observó una reducción del 29% en delitos sexuales registrados en diciembre de 2025, con 403 casos frente a 570 del año anterior. La institución atribuyó este descenso a la intervención coordinada en los cuarenta y dos departamentos junto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

Además, precisaron que 304 menores fueron puestos bajo el cuidado de esta entidad, permitiendo atender situaciones de vulnerabilidad y prevenir nuevos riesgos sobre la integridad de los niños.

En Bogotá, la violencia asociada a la intolerancia también fue patente: se reportaron ocho homicidios durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre, además de veintitrés personas quemadas con pólvora, incluyendo diez menores y trece adultos.

De acuerdo con la Policía, pese al número de heridos, se logró reducir el total de niños afectados por manipulación de pólvora en comparación con el año anterior.

La cifra alcanzó 243 casos frente a 247, lo que representa un descenso del 2%. Ningún menor perdió la vida por quemaduras, aunque 67 de los casos se presentaron cuando los niños observaban a otros manipular estos artefactos, señalando la falta de conciencia por parte de padres y cuidadores.

La Policía Nacional detalló que 199 menores heridos recibieron atención en centros asistenciales y se encuentran en proceso de recuperación supervisada por especialistas. Según la institución, la mayor parte de estos resultados se debe a la persistencia de lesiones derivadas de prácticas peligrosas, a pesar de las campañas de prevención.

En el plano preventivo, la Policía de Infancia y Adolescencia ejecutó un total de 15.000 acciones de tipo preventivo en todo el país. La entidad subrayó el papel de los medios de comunicación a nivel local, regional y nacional como aliados clave en la divulgación de mensajes de protección infantil.

Agradecieron públicamente a estos medios, considerando que su apoyo ha facilitado la creación de espacios clave para fortalecer la seguridad y el bienestar de la niñez en Colombia.

Balacera en El Espinal dejó tres heridos y culminó con dos capturados

Una intensa balacera en El Espinal, Tolima, que se produjo en plena vía pública el 24 de diciembre, derivó en la captura de dos presuntos delincuentes y dejó tres personas heridas, entre ellas un ciudadano de 70 años alcanzado por una bala perdida.

El episodio, que ocurrió en el contexto de una crisis de seguridad atribuida a la confrontación entre bandas de narcotráfico y prácticas de brujería en la zona, llevó a la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, a desplazarse hasta el lugar para expresar respaldo a la Policía Nacional.

Tras la persecución, las autoridades confirmaron que los detenidos, identificados como Ronald Sánchez Peña y Juan Camilo Bonilla Uribe, fueron trasladados al Hospital San Rafael de El Espinal.

Sánchez Peña recibió un impacto en la región abdominal, mientras que Bonilla Uribe presentó cuatro heridas de bala y compromiso vascular.

Según el parte médico inicial, ambos permanecen bajo observación tras su intervención quirúrgica. El reporte policial también indicó que Henry Briñez, de 70 años, resultó lesionado en su pierna derecha al ser impactado por una bala perdida, aunque su estado de salud no reviste gravedad.

Los hechos se desencadenaron al mediodía del miércoles 24 de diciembre, cuando patrullas de la Policía sorprendieron a dos sujetos en motocicleta realizando disparos contra una vivienda en el barrio Caballero y Góngora. El enfrentamiento armado se extendió hasta el sector de Santa Margarita María, donde uno de los sujetos cayó herido en la vía pública.

El otro ingresó a un inmueble, donde fue capturado en flagrancia junto a un revólver. Las autoridades identificaron a los detenidos y revelaron que Bonilla Uribe tiene antecedentes judiciales por tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, mientras que Sánchez Peña está implicado en delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y tráfico de estupefacientes.

Frente a esta situación, la gobernadora Matiz manifestó: “Reconocimiento total a nuestra Policía Nacional por su acción valiente y oportuna en El Espinal. En medio de un cruce de disparos y gracias al profesionalismo —y al coraje de una mujer policía, clave en el procedimiento—, dos sujetos fueron interceptados y capturados en flagrancia con arma de fuego”. Esta declaración subraya la relevancia de la intervención policial y destaca la actuación de una mujer integrante de la fuerza pública.

La serie de episodios violentos ha llevado a reforzar los operativos de seguridad en El Espinal. Según la gobernadora, “Desde el primero de diciembre, cuando lanzamos la estrategia integral de seguridad en El Espinal, hemos logrado 18 allanamientos, 18 capturas y la incautación de nueve armas. Con estos resultados, y el de hoy, hacemos un reconocimiento muy grande a la Policía y al Ejército Nacional. Con los delincuentes no habrá tregua, seguiremos trabajando”.

Las medidas forman parte de una estrategia implementada desde inicios de diciembre, con un saldo significativo en procedimientos y aprehensiones en lo que va del mes.

Un adolescente de 16 años recibió una herida de arma de fuego en el rostro durante un ataque registrado la tarde de este lunes frente a una casa ubicada en la calle San Salvador al 5900, en la ciudad de Mar del Plata. El hecho ocurrió cuando al menos dos vehículos se detuvieron delante de una casa donde el menor se encontraba en la vereda junto a su hermano de 22 años y otros familiares.

De acuerdo con la información proporcionada a Infobae por fuentes policiales involucradas en la investigación, los ocupantes de los autos dispararon con armas de fuego contra la propiedad, impactando la fachada y alcanzando al adolescente.

Alertados por un llamado al 911, personal de la Comisaría Tercera y del comando de patrullas acudieron rápidamente al lugar y entrevistaron a los presentes para recabar testimonios y detalles sobre el ataque.

La familia trasladó al joven herido al Hospital Materno Infantil por sus propios medios. Allí, la madre del menor informó a las autoridades que su hijo se encontraba lúcido y consciente, sin riesgo de vida aparente. Según la evaluación médica, el adolescente presentaba un proyectil alojado en la zona craneal y el pómulo izquierdo. Se le practicó una tomografía para descartar lesiones de mayor gravedad y se activó un protocolo de seguimiento ante eventuales complicaciones.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno, liderada por el fiscal Russo, bajo la carátula de abuso de armas y lesiones. Según relataron vecinos y el propio hermano del adolescente a los investigadores, existe un historial de conflictos familiares de larga data que involucran a la ex pareja del joven de 22 años, quien es hermano de la víctima, y que podría tener relación con el ataque.

Las autoridades analizan imágenes de cámaras de seguridad de la zona para identificar a los vehículos utilizados y a los posibles autores del ataque. También se llevan a cabo peritajes sobre los elementos balísticos recolectados en el sitio y entrevistas a los testigos para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar el móvil con mayor precisión.

Hasta el momento, no hay personas detenidas en relación con el episodio. La familia de la víctima permanece bajo resguardo, y se mantiene activa la investigación judicial para esclarecer el caso y dar con los responsables.

Violenta entradera en Mar del Plata

Este fin de semana una familia sufrió un violento asalto en su vivienda del barrio Dos de Abril, en Mar del Plata, donde uno de los hijos resultó herido y amenazaron con un arma en la cabeza a un menor, de cinco años. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en las inmediaciones de las calles Soldado Rodríguez y Crucero Belgrano, y hasta el momento no hay detenidos.

El ataque sucedió alrededor de las 2, cuando al menos seis personas armadas y con los rostros cubiertos irrumpieron en el domicilio. Los delincuentes golpearon al propietario de la vivienda en la cara y, tras un forcejeo que se produjo, le dispararon en el hombro al adolescente de 16 años.

Fuentes del caso citadas por 0223 precisaron que, luego del disparo, los asaltantes huyeron a pie llevándose una suma no precisada de dinero y un teléfono celular. Luego de las agresiones, el hombre cargó a su hijo herido en el auto familiar y lo trasladó de urgencia hasta el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Los médicos asistieron rápidamente al adolescente y confirmaron que se encontraba fuera de peligro, por lo que recibió el alta horas después.

El personal de la subcomisaría Camet respondió a la denuncia, que ingresó a través de un llamado al 911 realizado por una mujer presente en la vivienda. Inicialmente, relataron que “cinco sujetos armados irrumpieron en el domicilio —en donde venden bebidas alcohólicas— y amenazaron a los presentes”. Los oficiales, en conjunto con equipos de la Policía Científica, recolectaron pruebas en el lugar en el marco de una causa caratulada como “robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y lesiones”.

Seis disparos impactaron el vehículo en el que viajaba el senador y exgobernador del departamento del Cauca Temístocles Ortega por la vía a Popayán.

Ortega, acompañado por su conductor y un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), salió ileso tras una persecución que se extendió hasta la entrada de la capital caucana, según informó él mismo en su cuenta de X.

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“En el sitio El Túnel a esta hora antes de Popayán fuimos atacados con por delincuentes con armas largas y cortadas que se movilizaban en dos carros -uno delante y otro atrás-, el vehículo recibió 6 impactos”, escribió el congresista.

En su mensaje aseguró que lograron escapar, junto con su esquema de seguridad, “gracias a la pericia y valentía del conductor de la UNP y el escolta de Policía nacional que se llevaron el carro por delante”.

Ortega ya había pedido refuerzos a su esquema: solo tiene un escolta

Afirmó que fueron perseguidos por una carretera “escarpada”, según narró en entrevista con Blu Radio.

Detalló que la persecución habría durado al menos 15 minutos “hasta la entrada de Popayán, pero el conductor impidió que nos alcanzaran. Salimos por fortuna todos ilesos. A la UNP he pedido personalmente reforzar el esquema, no lo han hecho. Muy difícil la situación de inseguridad del Cauca”,. concluyó el funcionario.

En cuanto a sus acompañantes, el congresista vallecaucano afirmó en el diálogo con el medio radial que no tiene más que solo un escolta.

Especificó: “Yo tengo apenas una sola camioneta. Iban el conductor, un funcionario de la Policía, un amigo de Popayán que recogimos en Cali, en el aeropuerto, y viajó conmigo”.

El itinerario de Ortega antes del atentado

Confesó además que “el hecho extremadamente grave” se debió a que no pudo aterrizar en Popayán en la tarde del 13 de noviembre de 2025, entonces regresó a Bogotá y de ahí salió a Cali.

“Bogotá estaba colapsada. El aeropuerto estaba completamente lleno. Salimos de la capital casi cerca de las 11 de la noche y llegamos a Cali casi 11:15 de la noche y seguimos a Popayán”, relató.

En consecuencia, debió aterrizar en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, que sirve a la capital vallecaucana, y se desplazó a su casa en Popayán, por tierra, por la vía Panamericana, que conecta la ciudad caleña con Popayán.

Sobre este cambio de itinerario, el congresista dejó claro que nadie más que su propio esquema de seguridad saben de las reprogramaciones.

Cómo lograron escapar

Procedió a decir que no sabe si los agresores sabían se sus cambios o, si se trató de un asalta fortuito, inesperado. “No tengo la manera de saber si se trató de una cosa o la otra. Lo que resulta particularmente extraño es que me hayan seguido durante más de 15 minutos. El vehículo en el que yo iba pudo por fortuna, gracias al valor del conductor, llevarse por delante al carro que se aparcó delante de nosotros en pleno escarpado. La vía a Popayán está siendo construida”, relató.

Incluso, aclaró que no puede pronunciarse sobre los motivos del atentado, mientras se esclarecen los hechos.

El funcionario legislativo de Cambio Radical también confirmó, ante los micrófonos del medio mencionado, que el susto fue “grave”, en especial, porque “cuando disparan con armas largas y cortas en un carro puede pasar cualquier cosa”.

Adicionalmente, comentó que se trató de dos carros que los persiguieron: “Los carros, dos, aparecieron de un momento a otro. A esa hora 4la vía estaba bastante sola. Era la madrugada. Nos dimos cuenta cuando en un sitio destapado, un automóvil pequeño se fue adelante. Los conductores cambiaron las luces para adelantar, paró y ahí se bajaron cuatro personas armadas. Miramos hacia atrás y había otro carro con personas armadas. Siete u ocho personas. No nos pidieron nada”.

“Le dijimos al conductor: ‘llévese ese carro por delante, llévese ese carro por delante’”, agregó.

Para concluir dijo: “La verdad, el Cauca está tomado por los grupos alzados en armas. Completamente tomado. Acá ocurren diariamente secuestros, extorsiones, asesinatos, carrobombas, motobombas, desplazamientos forzados. Para ir a un sitio, hay que pedir permiso”.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación de pronunció en su cuenta oficial de X, para condenar el hecho.

“El Procurador General, Gregorio Eljach, condena atentado contra el senador Temístocles Ortega, cuando se movilizaba hacia Popayán. Urge atender solicitud para revisar su esquema de seguridad y poner freno a los violentos. No podemos permitir que bandidos vuelvan a sumir a Colombia en el temor y la zozobra. #PazElectoral", fue el mensaje que se publicó en la cuenta de la institución del Ministerio Público.

12 días después del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, se han expuesto nuevos detalles de lo registrado en el parque El Golfito, de Modelia, en la localidad de Fontibón.

Además de las cuatro capturas registradas hasta el momento, el peritaje en el lugar de los hechos provocó que la Fiscalía General de la Nación comprobar, tras identificar las vainillas de las balas utilizadas en el atentado, que estas fueron modificadas.

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El ente acusador expuso que estaban recubiertas de plata y latón, con la hipótesis preliminar de que sería para que los proyectiles fueran más letales y garantizar que el precandidato fuera asesinado.

De la misma forma, fuentes de Infobae Colombia confirmaron que hasta el momento no se ha comprobado que exista algún tipo de vínculo entre los involucrados en el crimen y estructuras criminales internacionales o grupos armados.

No es un método nuevo en las estructuras criminales.

A pesar de que las autoridades ya habían confirmado que tenían información de que el atentado fue planeado con antelación, puesto que varios de los involucrados recorrieron el barrio Modelia días antes para poder analizar la zona; la modificación de las balas termina de confirmar lo expuesto por la Fiscalía General de la Nación.

Sin embargo, el propósito del cambio de proyectil no sería algo novedoso por parte de las estructuras criminales que delinquen en el territorio nacional, que en los últimos años han utilizado este mecanismo para seguir adquiriendo armas en el mercado negro.

Una fuente de Infobae Colombia confirmó que, aunque no es algo común que se utilicen balas diferentes a las que recibe un arma puntual, en el país se han descubierto que algunas bandas delincuenciales tienen armamento que ha sido modificado en la zona de carga para recibir otro tipo de proyectiles y disparen en ráfaga.

Esto no tendría un propósito puntual, sino que se trataría de una forma de poder adquirir balas en grandes cantidades; mientras que las armas modificadas son conocidas en el mercado negro como “hechizas”.

Otro aspecto que está siendo investigado por las autoridades es que en el lugar de los hechos fueron encontrados proyectiles de un arma Jericho, que no coincide con ninguna de las pistolas que tenían los miembros del esquema de seguridad del político y abre la puerta a la posible participación de un tirador más.

Se confirmó la cuarta captura del caso

Minutos después del atentado, a pocas cuadras del parque El Golfito, se registró la captura del menor de edad que le propinó tres disparos al precandidato, que jornadas más tarde comenzó a colaborar con las autoridades.

De la misma forma, luego de que Noticias Caracol expuso videos de las cámaras de seguridad de la zona, se confirmó la detención de Carlos Eduardo Mora González, que manejaba el vehículo en el que el menor recibió el arma de fuego y dejó elementos personales, incluyendo su teléfono celular.

En los videos mencionados se identificó a dos personas más, el “Costeño”, que es mencionado como la cabeza del atentado, y Catherine Andrea Martínez, alias Gabriela, que fue la persona que pagó el servicio de motocicleta en el que fue transportado el menor hasta el lugar de los hechos.

El 14 de junio, la Policía Nacional capturó a Martínez en Caquetá, y en su poder tenía dos teléfonos, dinero en efectivo y hasta prendas de vestir del “Costeño”, que sigue prófugo de la justicia.

El último avance en la investigación permitió que en Bogotá se registrara la captura de William Fernando González Cruz, que es señalado por las autoridades como la persona que ayudó a que el “Costeño” y “Gabriela” escaparan del lugar de los hechos.

Cabe recordar que aunque estos delincuentes estaban en el vehículo que conducía Mora González, minutos antes del atentado bajaron del carro y caminaron hasta el parque El Golfito para confirmar que el plan fuera ejecutado.

Hasta el momento, se ha conocido que el “Costeño”, la pieza clave del caso, tendría 41 años, sería oriundo del Urabá antioqueño y tendría antecedentes judiciales, incluyendo un proceso de 2011 por hurto agravado y porte ilegal de armas.

Un método de ejecución que parecía relegado al pasado vuelve a ser noticia en Estados Unidos. Este viernes, Brad Sigmon, un hombre de 67 años condenado por el asesinato de los padres de su exnovia en 2001, será ejecutado en Carolina del Sur mediante un pelotón de fusilamiento.

Según informó Associated Press, este será el primer caso de este tipo en el país en 15 años y el primero en el estado desde que se restableció la pena de muerte en 1976.

La ejecución se llevará a cabo en la Institución Correccional Broad River, en Columbia, donde se ha construido un área específica para este propósito. El estado invirtió aproximadamente 54.000 dólares en 2022 para habilitar esta instalación, que se encuentra cerca de la silla eléctrica utilizada en ejecuciones anteriores. Este evento marca un cambio significativo en los métodos de pena capital en Carolina del Sur.

Un crimen que marcó un precedente

El caso de Brad Sigmon se remonta a 2001, cuando asesinó brutalmente a los padres de su exnovia en su hogar en el condado de Greenville. Según los investigadores, utilizó un bate de béisbol para golpear a las víctimas en habitaciones separadas, yendo de una a otra hasta causarles la muerte.

Posteriormente, secuestró a su exnovia a punta de pistola, aunque ella logró escapar del vehículo en el que la retenía. Durante su huida, Sigmon disparó contra ella, pero no logró herirla.

En su confesión, Sigmon declaró: “No podía tenerla. No iba a dejar que nadie más la tuviera”. Este crimen, que conmocionó a la comunidad, lo llevó a ser condenado a la pena de muerte, una sentencia que ahora se ejecutará mediante un método que ha generado controversia y debate en el ámbito judicial y social.

Detalles del procedimiento de ejecución

De acuerdo con Associated Press, el protocolo para la ejecución de Sigmon está claramente definido. Antes del procedimiento, será trasladado a una celda individual cercana a la cámara de ejecución. Poco antes de las 6 de la tarde, el director de la prisión consultará al gobernador Henry McMaster y a la Fiscalía General para confirmar si existen impedimentos legales o si se ha concedido un indulto. Si ambas respuestas son negativas, se procederá con la ejecución.

En la cámara, Sigmon será atado a una silla de metal colocada sobre un recipiente colector. Su lado derecho estará orientado hacia los testigos, quienes observarán el proceso desde detrás de un cristal a prueba de balas.

Se le colocará una capucha en la cabeza y un profesional médico marcará una diana sobre su corazón. Tres voluntarios del Departamento de Prisiones, situados a unos 4.5 metros de distancia, dispararán rifles cargados con munición real desde una abertura oculta a la vista de los testigos.

Un médico verificará posteriormente la muerte de Sigmon, y los testigos deberán firmar un documento oficial que certifique su presencia durante el procedimiento. Según los protocolos estatales, si los disparos iniciales no resultan fatales, el pelotón de fusilamiento podría volver a disparar, aunque no se han divulgado detalles específicos sobre cómo se manejaría esta situación.

El regreso del pelotón de fusilamiento en Carolina del Sur

La decisión de Carolina del Sur de reintroducir el pelotón de fusilamiento como método de ejecución responde a dificultades para obtener los medicamentos necesarios para las inyecciones letales.

Según Associated Press, los proveedores de estos fármacos han rechazado venderlos si su identidad se hace pública, lo que llevó al estado a aprobar una ley de protección de la privacidad en 2023. Sin embargo, el pelotón de fusilamiento se mantuvo como una opción viable.

Desde 1985, Carolina del Sur ha ejecutado a 46 reclusos mediante inyección letal o electrocución. Sin embargo, la última ejecución por electrocución en el estado tuvo lugar en 2008.

En el caso de Sigmon, no eligió la inyección letal debido a preocupaciones sobre el protocolo estatal, que ha sido objeto de críticas por posibles complicaciones y sufrimiento prolongado.

Controversias en torno al método de ejecución

Según Associated Press, el estado utilizará munición Winchester TAP Urban de 110 granos calibre .308, diseñada para fragmentarse al impactar contra superficies firmes, como la caja torácica.

La intención es causar un daño severo al corazón, lo que, según un experto médico estatal, provocaría una pérdida de conciencia casi inmediata y minimizaría el dolor. Sin embargo, otro médico que testificó en favor de los reclusos argumentó que el proceso podría ser más prolongado y doloroso, especialmente si los disparos no alcanzan el objetivo con precisión.

En 2022, la Corte Suprema de Carolina del Sur dictaminó que este método, junto con la silla eléctrica y la inyección letal, no viola la prohibición constitucional de castigos crueles e inusuales. Sin embargo, expertos médicos han expresado opiniones divididas sobre el impacto físico y psicológico de este procedimiento.

Un método que resurge en Estados Unidos

El caso de Sigmon será el primero en Carolina del Sur y el cuarto en todo el país desde 1976. Las ejecuciones previas mediante pelotón de fusilamiento ocurrieron en Utah, en 1977, 1996 y 2010.

Además, el estado de Idaho ha manifestado su disposición a utilizar este método en caso de que no se disponga de medicamentos para inyecciones letales.

La ejecución de Sigmon no solo marca un hito en la historia de la pena capital en Estados Unidos, sino que también reaviva el debate sobre los métodos de ejecución. Mientras tanto, los familiares de las víctimas, abogados y periodistas se preparan para presenciar un evento que, aunque legal sigue siendo profundamente controvertido.

Washington, 13 feb (EFE).- Varios países de Centroamérica y República Dominicana lanzaron una iniciativa coordinada para frenar el tráfico ilegal de armas en la región, informó este jueves la Organización de los Estados Americanos (OEA) en un comunicado.

Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana adoptaron la llamada 'Hoja de ruta para prevenir el tráfico y la proliferación ilícita de armas, municiones y explosivos', una iniciativa impulsada por la OEA con el respaldo de Naciones Unidas y la Unión Europea.

Esta estrategia conjunta para los próximos diez años contempla el fortalecimiento de normativas y de la coordinación entre países, un mayor control de la vida de las armas, una mejora de las investigaciones y una mayor prevención de la violencia.

Cada uno de los países se comprometió a desarrollar un plan de acción nacional alineado con esos ejes.

La hoja de ruta incluye además la creación de un mecanismo de seguimiento gestionado por la OEA.

Ministros de esos países se reunieron el miércoles en la sede de la OEA, en Washington, para firmar la creación de este nuevo instrumento regional.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo al respecto que se trata de "un hito en la agenda de seguridad en Centroamérica y República Dominicana".

"Estoy convencido que la Hoja de Ruta será una herramienta clave para apoyar a los gobiernos centroamericanos en sus valiosos esfuerzos para disminuir el impacto de la violencia armada y promover países más seguros para nuestras comunidades", declaró.

Según la OEA, Centroamérica y República Dominicana registran una tasa de homicidios que supera el promedio global, de 17,3 por cada 100.000 habitantes en 2023.

En 2022, cuatro de cada cinco homicidios fueron perpetrados con armas de fuego en la región.

La ubicación geográfica de Centroamérica y República Dominicana convierte a esta subregión en un punto estratégico para el tráfico de armas, municiones y explosivos, alimentando los niveles de violencia armada, apuntó la OEA.

Una mujer de 38 años fue aprehendida junto a dos hombres luego de que protagonizaran un enfrentamiento en las calles de Ensenada, donde se incautaron armas blancas, una réplica de arma de fuego y municiones.

Según se informó, el incidente derivó en una intervención policial que culminó con la detención de los tres implicados y el inicio de una investigación judicial.

El conflicto se desató ayer jueves en la calle 531, entre 126 y 126 bis, cuando efectivos del Cuerpo de Patrullas de Ensenada acudieron a un llamado de emergencia que alertaba sobre disturbios en la vía pública.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a varios individuos en actitud violenta, entre ellos dos hombres armados que reaccionaron de manera hostil ante la presencia policial y según consignó el portal 0221, los sujetos comenzaron a proferir amenazas contra los oficiales, lo que intensificó la tensión en la zona.

De acuerdo con el testimonio de las presuntas víctimas, quienes se acercaron a los agentes para relatar lo sucedido, los agresores ya habían mostrado comportamientos violentos y los habían amenazado de muerte antes de la llegada de la Policía. Estas declaraciones permitieron a los efectivos identificar a los responsables y proceder a su detención.

En un intento por evadir a las autoridades, los dos hombres armados intentaron huir del lugar, arrojando objetos mientras escapaban por los fondos de las viviendas cercanas. Sin embargo, los oficiales lograron interceptarlos tras un forcejeo, reduciéndolos y asegurando su aprehensión. Durante el operativo, se incautaron varios objetos peligrosos, entre ellos una cuchilla de cocina, una “faca tumbera” y una réplica de arma de fuego, además de municiones de distintos calibres.

El medio también reportó que, en el mismo momento, una mujer que se encontraba con los agresores adoptó una actitud agresiva hacia los agentes, increpándolos de manera violenta. Este comportamiento derivó en un nuevo forcejeo, tras el cual la mujer fue detenida y trasladada junto a los otros dos implicados a la comisaría Tercera de Ensenada.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 15 de La Plata, que imputó a los detenidos por los delitos de “amenazas calificadas, resistencia a la autoridad y tenencia de munición de uso civil y uso civil condicional (de guerra)” y según detalló el medio, las autoridades continúan investigando los hechos para esclarecer las circunstancias exactas del enfrentamiento y determinar posibles responsabilidades adicionales.

El operativo policial y la rápida acción de los efectivos permitieron controlar una situación que pudo haber escalado a mayores niveles de violencia. Sin embargo, el caso pone de manifiesto la necesidad de reforzar la seguridad en áreas urbanas y de atender las denuncias ciudadanas con celeridad para prevenir este tipo de incidentes.

Y a mediados del mes de septiembre y en un caso similar, una feroz bataola se desató entre alumnas de la escuela de Educación Secundaria N° 17 de Gregorio de Laferrere, en La Matanza. Los testigos filmaron las trompadas y las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Según puede verse en los videos, quienes participaron en la pelea eran, en su mayoría, mujeres adolescentes. Los varones presentes, en tanto, participan de la situación en la que se observan golpes salvajes a chicas que estaban en el suelo.

Desde la institución confirmaron que el hecho aconteció a la salida del colegio. Más precisamente, en la esquina de las calles Estanislao Del Campo y Bonpland, a dos cuadras de la escuela. A cien metros hay otro colegio público, el N°169.

El fiscal Marcelo Germinario, de la UFIN°2 del Fuero Penal Juvenil de La Matanza, tomó intervención de oficio y ordenó medidas para determinar tanto autores como víctimas del hecho, según indicaron fuentes oficiales. También dijeron que no hubo ningún denunciante del incidente.

Barcelona, 4 oct. (EFE).- El tiroteo del pasado 4 de abril entre dos grupos familiares vinculados al tráfico de drogas y enfrentados en una disputa territorial en el distrito de Nou Barris de Barcelona se produjo ante una escuela, que se tuvo que confinar, en una calle llena de peatones, que oyeron más de veinte detonaciones.

Así lo han detallado hoy los Mossos d'Esquadra en un comunicado, tras detener el pasado 30 de septiembre en Barcelona y Palau-Solità i Plegamans (Barcelona) a cuatro miembros de uno de los grupos y a dos del otro, uno de los cuales resultó herido por arma de fuego.

El tiroteo se produjo el pasado 4 de abril a plena luz del día, en la calle Góngora de Barcelona, que estaba llena de peatones, ante una escuela, que tuvo que ser confinada hasta que la presencia policial restableció la normalidad en la zona, según los Mossos.

De hecho, uno de los proyectiles impactó en una furgoneta de reparto de servicio y otro en un taxi, mientras que uno de los detenidos resultó herido en la espalda por el impacto de una de las balas.

Los Mossos precipitaron las seis detenciones el pasado 30 de septiembre, tras meses de investigación, al constatar que la tensión entre los dos grupos familiares iba en aumento y que era probable que se volviera a producir un enfrentamiento armado.

La principal hipótesis de los Mossos es que el tiroteo se enmarcó en las disputas territoriales entre los dos grupos familiares que, pese a que convivían en el distrito de Nou Barris, frecuentaban diferentes zonas.

De hecho, según los investigadores, el acceso o las incursiones de alguno de los grupos en zonas controladas por el otro provocaron pequeños enfrentamientos que fueron aumentando de intensidad, hasta el punto de que incluso después del tiroteo algunos de los autores se desplazaron fuera del barrio.

Los detenidos, que tienen entre 25 y 63 años de edad, suman entre todos ellos 46 antecedentes, en su mayoría por tráfico de drogas y delitos violentos.

La policía científica inspeccionó la zona del tiroteo y recogió varios restos balísticos pese a que, según los Mossos, algunos de los investigados de ambos grupos recogieron vainas del suelo para dificultar la labor de los agentes.

De hecho, según los Mossos, los testigos relataron que habían oído más de veinte detonaciones.

En su análisis, los Mossos han determinado que las vainas localizadas se habían disparado desde dos armas distintas: una efectuó cinco disparos desde el portal del domicilio de uno de los investigados y la otra siete a unos cincuenta metros del domicilio de otro detenido.

Asimismo, los Mossos han constatado que una de las armas también se utilizó el 27 de septiembre del pasado año en un tiroteo contra un piso ubicado también en Nou Barris, supuestamente relacionado con entornos delincuenciales asociados al tráfico de drogas.

En el marco de su investigación, los Mossos también han averiguado que todos los investigados disponían de armas y munición o que las podían lograr de forma relativamente sencilla en su entorno.

Los Mossos mantienen la investigación abierta para determinar si las armas intervenidas en los registros -dos armas de fuego cortas, con tres cargadores y munición, un arma simulada y otra de aire comprimido- se utilizaron igualmente en otros incidentes con armas de fuego.

En los registros también se intervino un chaleco antibalas, munición de varios calibres y una treintena de armas blancas, como puñales, machetes y espadas, así como un puño americano, un aerosol de defensa, una porra extensible, una pistola eléctrica, 26 tabletas de hachís con un peso total de 2 kilos, 400 gramos de marihuana y 13.000 euros en efectivo. EFE

El episodio ocurrió en las inmediaciones de Las Peñas, la localidad que está ubicada a más de 100 kilómetros de la capital de la provincia. Allí, miembros de la Sección Núcleo del Escuadrón 65 “Córdoba” interceptaron una camioneta que se encontraba en un camino rural.

Durante la requisa, el personal halló múltiples cajas que contenían 6.975 cartuchos calibre 20. En consecuencia, solicitaron el aval legal de la munición al conductor del vehículo. Ante esto, constataron que el hombre no contaba con la documentación correspondiente, tal como precisaron las fuentes.

El Juzgado Federal N° 3 de la ciudad de Córdoba intervino en el caso y el juez dispuso el secuestro de los cartuchos. Además, ordenó que el hombre que manejaba quede sujeto a la causa.

El caso remite a otro similar, ocurrido el pasado 14 de junio en la provincia de Buenos Aires, en el que hubo 14 allanamientos en La Plata y el conurbano bonaerense. Los operativos se desprendieron de una investigación de la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones de la Policía Bonaerense.

Semanas previas, una auditoría de la fuerza provincial notó la desaparición de una serie de municiones en la escuela Juan Vucetich de Berazategui. Pero no solo eso. También, notaron que faltaban balas en la escuela Juan Dantas en la zona de Pereyra y los centros de formación de Lomas de Zamora, Quilmes y Avellaneda. Eran balas para prácticas de tiro.

Todo comenzó tras una denuncia inicial ante la Justicia. De inmediato, quedaron bajo la lupa cuatro instructores de tiro: civiles que dictan clases en las dependencias.

Pero además fue investigado un capitán de policía, instructor en la escuela Vucetich, por, presuntamente, vender balas producidas por Fabricaciones Militares. Así, el negocio aparenta no solo tratarse de revender balas robadas al Estado sino que la investigación también reveló un esquema de relleno y reciclaje de vainas.

El sospechoso que disparó la investigación es un instructor en la Juan Vucetich. Un experto de 50 años con domicilio en La Plata. El hombre fue investigado por “comercializar munición extraída de depósitos judiciales, tanto en cajas rojas y blancas de Fabricaciones Militares como rezagos de municiones puestas en desuso por su antigüedad”.

Durante la semana del pasado 14 de junio, hubo cinco arrestos y concluyó con un notable saldo de metal pesado: se secuestraron 88 armas cortas, cien armas largas, 8 mil municiones, 47 kilos de proyectiles, diez kilos de perdigones, tres kilos de fulminantes, diez kilos de pólvora y ocho máquinas de fabricación de proyectiles.

Uno de los domicilios allanados -y que terminó clausurado- fue un depósito sobre la calle Zárate de Villa Lynch, en el partido de San Martín. Allí encontraron una fábrica clandestina de balas, atrás de un portón negro.

Según aseguró una fuente clave del caso, en este lugar “se fabricaba directamente el plomo de proyectiles de diferentes calibres”. Los operadores “tenían un horno, con un ingreso de gas clandestino que lo abastecía”.

A su vez, el metal empleado, principalmente aluminio y bronce, se compraba a chatarreros. Luego, lo derretían en la fábrica. De este modo, finalmente se convertía en materia prima para producir los proyectiles.

También se allanaron depósitos de armerías y locales de venta al público en el barrio porteño de Chacarita, en el partido de Lanús y en Villa Luzuriaga, ubicada en La Matanza. Durante los operativos, se secuestraron casi dos mil pistolas, revólveres y rifles.

La causa está en manos del Juzgado N°4 de Quilmes y la UFI N°1 de Berazategui, a cargo del fiscal Daniel Ichazo.

El primer ministro populista Robert Fico, trasladado a un hospital después de recibir varios disparos este miércoles, es la figura política más influyente en Eslovaquia en las últimas dos décadas, en las que ha sido jefe de Gobierno más de diez años en tres ocasiones distintas.

El líder de la formación de izquierdas Smer, suspendida por los Socialistas Europeos por formar una coalición con la ultraderecha, regresó al poder el pasado octubre con un discurso nacionalista, prorruso y contra la inmigración que se asemeja al del líder húngaro Viktor Orbán, un político al que admira.

Sus posiciones socialdemócratas iniciales han cambiado mucho desde que se vio obligado a dimitir en 2018 tras el asesinato del periodista Jan Kuciak, que investigaba vínculos del crimen organizado con el poder político.

Durante la pandemia, ya en la oposición, atacó las restricciones impuestas por el Gobierno, puso en duda el efecto de las vacunas y ha girado cada vez más hacia posturas ultranacionalistas, antiimigrantes y contra la UE.

Fico, de 59 años, que gobierna desde el pasado octubre y estuvo en otras dos ocasiones en el poder, entre 2006 y 2010 así como entre 2012 y 2018, es una figura muy controvertida en Eslovaquia.

Desde su vuelta al poder sus polémicas reformas, como la clausura de la Fiscalía Anticorrupción, que investigaba casos vinculados con su partido, y su intención de cerrar la actual radio televisión pública, han generado protestas multitudinarias.

El Parlamento tramita también una ley sobre ONG -para que revelen si reciben financiación extranjera- que la oposición compara con normas similares existentes en Rusia y Hungría.

Las controvertidas medidas de Fico son vistas por la oposición como un intento de consolidar su poder, limitar la independencia judicial y restringir la libertad de prensa.

Su estilo agresivo ha causado en los últimos años, según los analistas, un declive en la confianza pública en las instituciones y ha exacerbado la polarización dentro de la sociedad.

La presidenta saliente, Zuzana Caputova, a la que Fico ha insultado y definido repetidamente como “agente estadounidense”, dijo que no se presentó a la reelección -pese a su gran popularidad- porque no soportaba otros cinco años en el cargo debido a las amenazas de muerte que ha recibido ella y su familia.

El veterano político supo explotar en la oposición el descontento generado entre las clases más desfavorecidas y en el ambiente rural por la inflación, la caída del poder adquisitivo y la gestión errática de la pandemia de la anterior coalición de centro derecha.

Fico se opone a las cuotas de reparto solidario de refugiados en la Unión Europea que propone Bruselas, ha dejado de prestar ayuda militar a Kiev y ha criticado las sanciones contra Rusia tras invadir Ucrania.

Sus posturas y su retórica hacen que “parezca una copia de Viktor Orbán”, dijo en declaraciones a EFE el analista Roman Joch, presidente del Civic Institute en Praga, en referencia al primer ministro ultranacionalista de Hungría.

Fico comenzó su andadura política en el Partido Comunista Checoslovaco (KSC) a partir de 1986 y la prosiguió en la Izquierda Democrática (SDL) de los comunistas reformados.

Fundó el partido Smer (Dirección, en eslovaco) en 1999 y esta fuerza se convirtió en la principal alternativa al programa reformista, de corte liberal, de las coaliciones de centroderecha que gobernaron el país entre 1998 y 2006, y luego entre 2010 y 2012.

(con información de EFE)