Este martes se abrieron los sobres con las ofertas técnicas de las empresas interesadas en la privatización del servicio de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Como resultado, se dieron a conocer los dos consorcios que presentaron propuestas técnicas para quedarse con AySA, la empresa estatal que sirve 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. La plataforma oficial CONTRAT.AR publicó hoy a las 10 de la mañana la lista de las dos únicas propuestas confirmadas para la licitación que busca vender el 90% del paquete accionario de la compañía, de un total de 17 constructores que participaron del proceso.

Se trata del consorcio integrado por Rowing S.A., Arcos, Transclor y una cuarta firma identificada como PHX, y del grupo liderado por Roggio ROAS S.A.U., vehículo del Grupo Roggio, que se presentó junto a otras cuatro sociedades.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró a través de su cuenta de X que el Ministerio de Economía realizó este martes el acto de apertura de las ofertas técnicas: “Avanza la privatización de AySA. El nuevo operador tendrá obligaciones de inversión por más de USD 2.000 millones en los primeros 5 años”, escribió el funcionario. “Con este hito, el sector privado asume la operación y las obligaciones de inversión y expansión previstas en el contrato”, a la vez que remarcó que el esquema implicará “más obras, más inversiones, más seguridad y menos costos para todos los argentinos”.

Quiénes integran el primer consorcio

La primera propuesta quedó registrada bajo la razón social Rowing S.A., la empresa de ingeniería fundada por Walter Román, que en los últimos meses avanzó en conversaciones con el empresario Mauricio Filiberti para estructurar una oferta conjunta. Filiberti es dueño de Transclor, proveedor de policloruro de aluminio para la potabilización del agua de AySA desde 2009, y socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en la distribuidora eléctrica Edenor.

El componente de mayor experiencia técnica internacional dentro de esta oferta es Arcos Saneamento e Participações S.A., la compañía brasileña que opera el servicio de agua potable y alcantarillado en Río de Janeiro bajo la marca comercial Águas do Rio, tras haberse adjudicado en 2021 una de las mayores subastas de saneamiento de la historia de Brasil. La cuarta integrante es PHX, un fondo de inversión con sede en los Países Bajos.

El otro oferente, con el Grupo Roggio a la cabeza

El segundo consorcio lleva la firma de Roggio ROAS S.A.U., vehículo del Grupo Roggio, que opera actualmente Aguas Cordobesas y es uno de los jugadores locales con mayor trayectoria específica en la operación de agua y saneamiento. Según pudo confirmar Infobae, la propuesta está integrada además por Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre.

Entre ellas aparece Aguas del Plata Participaciones S.A.U., una sociedad constituida recientemente por el grupo como vehículo de inversión para su estrategia en el negocio hídrico. Benito Roggio e Hijos es la compañía histórica del grupo empresario, mientras que Roggio ROAS encabeza formalmente la propuesta presentada en CONTRAT.AR.

El Grupo Roggio también controla el subte porteño a través de Emova y el ramal Urquiza de trenes mediante Metrovías. Su fundador, Aldo Roggio, es uno de los empresarios que reconoció como arrepentido ante la Justicia en el caso de los Cuadernos que le pagó coimas al kirchnerismo a través de Ricardo Jaime.

En los meses previos a la apertura de sobres, además, había mantenido conversaciones con distintos operadores internacionales para cumplir con el requisito de experiencia comprobada que exige el pliego.

Los requisitos que debieron acreditar los oferentes

El Pliego Único de Bases y Condiciones exige a los participantes acreditar al menos cinco años de experiencia, dentro de los últimos diez, en la operación de servicios de agua potable y desagües cloacales en un centro urbano de un mínimo de 1.500.000 habitantes y 500.000 usuarios servidos. También requiere un patrimonio neto consolidado de al menos USD 300 millones, monto que se eleva a USD 1.000 millones en activos bajo gestión para fondos de capital privado o consorcios.

La apertura de este martes corresponde apenas a la primera de varias etapas previstas en el pliego. Es por eso que hoy no se conoce ni el precio que pagará ni el nombre del futuro operador, sino que la Comisión de Evaluación analiza si las ofertas cumplen con los requisitos legales, técnicos, económicos y financieros exigidos. Solo los oferentes que superen ese filtro pasarán a la segunda etapa, en la que se abrirán las ofertas económicas y se definirá el ganador según el criterio de mayor precio ofertado en dólares.

El proceso continúa, además, en medio de una disputa judicial. Una medida cautelar de la Justicia bonaerense, ratificada por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata, obliga a AySA a no modificar ni reducir sus obligaciones vinculadas al acceso al agua potable mientras continúe el litigio de fondo. El Gobierno sostiene que esa resolución no ordena expresamente cancelar la licitación y que, mientras no se concrete el traspaso efectivo de la empresa, no habría incumplimiento de la orden judicial.

Este martes se conocieron los dos consorcios que están en carrera para quedarse con, al menos, el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), la empresa estatal que brinda el servicio a unas 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.

En el marco de la licitación que lanzó el Gobierno nacional, dos grupos encabezados por empresas locales avanzan hacia la etapa definitoria del proceso: la propuesta económica por el paquete accionario que el Estado nacional conserva dentro de la compañía.

El presidente de la empresa, Alejo Maxit, quien además ocupó la presidencia de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en 2024, antes de asumir al frente de Aysa, reveló en un encuentro con la prensa del que participó Infobae cómo será el contrato de concesión previsto por 30 años y prorrogable por otra década, los objetivos -en materia de obras, servicios y estándares operativos- que se les fijaron a los eventuales nuevos dueños, y las actualizaciones tarifarias, que ya están previstas para el primer lustro de la concesión privada.

“El objetivo del proceso es la venta del 90% de las acciones del Estado argentino que tiene en Aysa”, resumió Maxit, quien remarcó que la decisión responde a un mandato de la Ley Bases: “Es una definición política de que Aysa tenía que ser privatizada, es la decisión que tomó el Presidente. Es un compromiso que él tenía y que nos ocupamos de ejecutarlo”.

Quiénes son los dos consorcios que pasaron el filtro técnico

De los 17 interesados que se habían registrado para participar del proceso, apenas ocho —agrupados en dos consorcios— lograron cumplir con los requisitos técnicos exigidos en el pliego licitatorio.

Uno de esos grupos está encabezado por la brasileña Arcos Saneamento e Participações, del Grupo Equipav, designada como operador técnico, junto a las firmas argentinas Rowing y Transclor, y el vehículo de inversión PHX Aqua AR B.V. Transclor pertenece a Mauricio Filiberti, único proveedor del policloruro de aluminio que usa Aysa para potabilizar el agua desde 2009. Filiberti –desde cuyo entorno aseguraron que su participación en el consorcio es minoritaria– es además, socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en el control accionario de Edenor, la mayor distribuidora eléctrica del país, quien se acaba de quedar también con mayoría accionaria que vendió YPF en Metrogas, la mayor distribuidora de gas del AMBA.

El segundo consorcio está liderado por el Grupo Roggio, dueño de Aguas Cordobesas y Aguas de Corrientes, y el respaldo técnico de la israelí Mekorot y la japonesa Marubeni. El Grupo Roggio, a través de su unidad Benito Roggio Transporte, controla también Emova Movilidad —la ex Metrovías—, operadora de las líneas de subte y del premetro porteño desde 1994.

Maxit explicó que el pliego estableció condiciones exigentes para filtrar a los oferentes: cada consorcio debía contar con un operador técnico con experiencia comprobada en servicios de agua y saneamiento con poblaciones, y ese operador debía tener una participación mínima del 15% dentro del consorcio. “Buscarle una novia a una empresa con las características que tiene Aysa es super complejo”, señaló, y comparó el proceso con otras privatizaciones de agua en la región donde también quedaron pocos oferentes al final del camino, como en Corsan, la empresa estatal de agua de Río Grande do Sul, en Brasil, privatizada en 2023 tras un proceso con un solo postor.

De los 17 registrados originales, nueve no lograron avanzar porque no consiguieron cerrar un consorcio con las credenciales requeridas, pese a haber accedido al data room virtual donde se volcó toda la información de la empresa y se respondieron más de 700 preguntas de los interesados.

Qué se vende y cómo se decide el ganador

El propio pliego resalta que, en realidad, no se está vendiendo la infraestructura de Aysa como activo, sino la totalidad de las acciones que el Estado nacional tiene en una sociedad anónima que continúa en marcha, con el mismo CUIT y los mismos compromisos previos.

“Es una empresa en marcha que tiene como subyacente el contrato de concesión, ese es el valor”, explicó el funcionario. Aysa está compuesta en un 90% por acciones del Estado nacional y en un 10% por acciones de los empleados; lo que se pone en venta es la porción estatal completa.

El mecanismo de definición del ganador es, según describió Maxit, relativamente simple una vez superado el filtro técnico: no se compite con un plan de inversión propio ni con una propuesta de tarifa, porque ambos elementos ya están fijados de antemano en el contrato de concesión. La única variable de competencia es el precio que cada consorcio ofrece por el paquete accionario. Existe además un valor de referencia, calculado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que permanece encriptado hasta el momento de la apertura de sobres y que funciona como parámetro indicativo, no vinculante, para la comisión evaluadora. Diferentes trascendidos ubican las expectativas del Ministerio de Economía en torno a los USD 500 millones.

“Una vez que pasó la parte técnica, los oferentes están en igualdad de condiciones”, afirmó Maxit al describir que, superada la primera instancia de evaluación, la experiencia previa de cada consorcio deja de pesar y la adjudicación queda en manos exclusivamente del monto ofrecido. “Gana el más alto”, sintetizó el funcionario, ingeniero industrial del ITBA con paso previo por Telefónica de Argentina, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Cómo quedará la tarifa en los próximos años

Sobre el aspecto que genera más expectativa entre los usuarios, Maxit indicó que la proporción del gasto en agua y saneamiento dentro de la canasta familiar es hoy la más baja de América Latina y que esa relación se mantendrá durante el primer ciclo tarifario, que corre desde 2027 hasta 2031. “No va a significar que en los próximos cinco años nuestros clientes sufran una situación estresante en términos de costo del servicio de agua y saneamiento”, sostuvo.

“Es una definición política de que Aysa tenía que ser privatizada, es la decisión que tomó el Presidente”.

Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, la factura promedio de agua sin subsidios en el AMBA alcanzó $42.975 en agosto de 2026, equivalente al 14,8% de la canasta mensual de servicios públicos y al 2,2% del salario promedio registrado (estimado en $1,9 millones).

En términos concretos, esto significa que la factura no quedará congelada entre 2027 y 2031, pero tampoco habrá una revisión integral de la tarifa en ese lapso. El contrato prevé dos mecanismos de ajuste: por un lado, actualizaciones nominales periódicas —ligadas a variables de costos, no a un aumento real del servicio— a través de un coeficiente llamado “K”; por otro, una corrección anual atada al cumplimiento de metas de calidad, el “Factor C”, que puede sumar o restar puntos a la tarifa según el desempeño de la concesionaria.

Recién en el cuarto año del ciclo, la empresa deberá reunirse con el ERAS para negociar un nuevo plan de inversión, una nueva estructura de costos y, a partir de ahí, un nuevo ingreso requerido que fijará el valor de la tarifa para el período siguiente, entre 2032 y 2036.

“No va a significar que en los próximos cinco años nuestros clientes sufran una situación estresante en términos de costo del servicio de agua y saneamiento”

Maxit también hizo referencia a una tasa de retorno del 8,90% para el primer período, que dijo estar compuesta por un componente de costo de deuda y otro de riesgo país. “Yo soy un convencido que la trayectoria va a ser hacia la baja del riesgo país y eso lo vas a ir capitalizando el próximo ciclo tarifario”, planteó. El contrato establece que esa tasa, conocida como WACC, debe ser aprobada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) en cada revisión tarifaria y permanece fija durante los cinco años de cada ciclo, por lo que no constituye un parámetro inamovible para toda la concesión.

El plan de obras y las metas de cobertura hasta 2056

El funcionario señaló que el nuevo operador deberá invertir, como base, USD 2.000 millones durante los primeros cinco años y que, a lo largo de los 30 años de concesión, el monto total de inversión requerido rondará entre USD 13.000 millones y USD 15.000 millones. Ese capital, precisó, queda registrado como un activo que en algún momento volverá al Estado nacional, dado que la infraestructura instalada -caños, bombas, plantas- no puede ser retirada por el concesionario al finalizar el contrato.

Las metas de cobertura fijadas en el contrato marcan una expansión en los servicios de Aysa. Proyecta llegar al 75,3% de cobertura de agua potable para el cierre de 2031, que debe llegar a 78,9% en 2036 y a un piso del 90% al término de los 30 años de concesión. En saneamiento, la progresión es de 63,9% en 2031, 65,3% en 2036 y un mínimo de 75% al cabo de las tres décadas.

La universalización de ambos servicios queda proyectada recién si se ejerce la prórroga adicional de diez años prevista en el contrato, es decir, hacia el año 40 del esquema.

Maxit justificó el ritmo lento de expansión cloacal en los primeros años por la necesidad de resolver primero la infraestructura existente. “Versiones anteriores de nuestra gestión se ocupaban tal vez de expansiones que no eran funcionales, que no formaban parte de un crecimiento planificado del servicio”, planteó, y agregó que el foco inicial estará en que las plantas de saneamiento funcionen correctamente, en mejorar la capacidad de potabilización y en resolver la contaminación por nitratos mediante sistemas de mezcla de agua de pozo y de superficie.

El rol de los municipios en la expansión de redes

El contrato contempla la figura de “inversión no onerosa”: si un municipio, una provincia o el propio Gobierno nacional deciden financiar una obra puntual con fondos propios, ese gasto queda fuera del cálculo tarifario, aunque la operación y supervisión técnica sigue a cargo de la concesionaria. “Hay un entendimiento de que el Estado nacional ya no es el que tiene el monopolio de la verdad, que la problemática local hoy tiene otra relevancia y que los municipios se están haciendo cargo de esa problemática”, destacó Maxit, quien dijo percibir ese tipo de acuerdos en gestación con distintos gobiernos locales.

Organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de su brazo BID Invest, y la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial también manifestaron su intención de participar del financiamiento de obras, en un contexto en el que Aysa no registra deuda financiera, según remarcó el funcionario.

De los números rojos al equilibrio financiero

Maxit repasó que la empresa, estatizada en 2006, nunca había logrado cerrar un ejercicio con resultado positivo hasta la gestión actual. Los Estados Contables auditados de AySA confirman esa tendencia: el resultado neto pasó de una pérdida de $503.647 millones en 2023, el último ejercicio de la gestión anterior, a una ganancia de $63.522 millones en 2024 y de $22.088 millones en 2025 (todas las cifras en miles de pesos). El primer semestre de 2026, según el funcionario, mantiene la misma tendencia positiva. En el mismo período, las transferencias corrientes del Estado nacional a la compañía cayeron de $416.326 millones en 2023 a cero en 2025.

En sus 20 años de historia como empresa estatal, Aysa recibió del Estado nacional unos USD 13.400 millones

El resultado operativo, sin embargo, siguió siendo negativo los tres años relevados, aunque con una mejora sustancial: pasó de -$770.369 millones en 2023 a -$446.757 millones en 2024 y a -$35.129 millones en 2025. Lo que permitió cerrar ambos últimos ejercicios en positivo fueron los resultados financieros y por tenencia, que sumaron $510.279 millones en 2024 y $57.217 millones en 2025.

En ese lapso, la compañía canceló además una obligación negociable que había sido emitida durante el gobierno de Mauricio Macri: el balance muestra que esa partida, de $80.053 millones al cierre de 2025, desaparece por completo al 30 de junio de 2026.

El diagnóstico que ofreció el funcionario sobre el desempeño previo de la empresa apunta a lo que llamó el sobrecosto oculto del Estado como gestor: la falta de certeza de pago a los proveedores encarece los contratos, mientras que interrumpir y reiniciar obras de más de un año de duración genera gastos adicionales que terminan trasladándose a la tarifa o a los impuestos de todo el país. “La tarifa llegó a no cubrir el gasto operativo de la empresa”, admitió Maxit sobre la situación previa a la actual gestión.

En paralelo, la compañía redujo a la mitad los gastos de seguridad y vigilancia, las horas extra y el mantenimiento de edificios, y reorientó esos recursos hacia la operación directa del servicio. La dotación de personal pasó de 7.700 a 5.890 empleados en el período, un proceso que, según el funcionario, se realizó sin conflictos gremiales; el peso de los sueldos y cargas sociales sobre el total de costos de la empresa bajó del 33% en 2023 al 23% en 2025, según el propio balance.

Maxit también aportó un dato sobre la magnitud histórica del apoyo estatal a la compañía: en sus 20 años de historia como empresa estatal, Aysa recibió del Estado nacional unos USD 13.400 millones, de los cuales USD 10.000 millones se destinaron a inversiones y el resto, unos USD 3.400 millones, a gastos de mantenimiento y subsidios corrientes. Hoy la empresa factura alrededor de USD 1.000 millones al año y presta servicio a 3,8 millones de usuarios, de los cuales 160.000 cuentan con tarifa social, un beneficio que, según el funcionario, se mantendrá sin cambios en el nuevo contrato de concesión.

Qué pasará con los empleados tras la privatización

Consultado sobre el futuro de la planta de personal, Maxit aseguró que no existe ningún compromiso contractual que obligue al futuro dueño a mantener la dotación actual de empleados. “Va a ser una empresa privada”, explicó, aunque aclaró que se mantiene el mismo régimen societario y que los compromisos laborales previos continúan vigentes al tratarse de una empresa en marcha, no de una nueva sociedad.

El funcionario adelantó que la próxima etapa de eficiencia pasará por la incorporación de tecnología y la reasignación de funciones dentro de la estructura existente, con foco en capacitar al personal para las tareas que demanda la expansión territorial del servicio.

Respecto a la firma del contrato, Maxit evitó comprometerse con una fecha exacta, aunque remarcó que el objetivo del Gobierno es avanzar “lo más rápido posible”. Diferentes fuentes con conocimiento del proceso estimaron un plazo de 1 mes entre la apertura de los sobres técnicos y la oferta económica. El contrato debería firmarse antes de fin de año.

El Gobierno abrirá este martes a las 10 de la mañana los primeros sobres técnicos de la licitación para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa estatal que provee agua potable y cloacas a 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. El proceso, que el Ejecutivo esperaba cerrar en agosto y debió postergar por pedidos de las propias empresas interesadas, llega a esta instancia con un condicionante adicional: una medida cautelar de la Justicia bonaerense que limita el alcance de la futura concesión.

La apertura corresponde apenas a la primera de varias etapas previstas en el pliego. Ese día no se conocerá ni el precio ni el nombre del futuro operador, sino que se evaluará si los oferentes cumplen con los requisitos legales, técnicos, económicos y financieros exigidos por el Pliego Único de Bases y Condiciones, un documento de 62 páginas elaborado por el Ministerio de Economía que fija las reglas del proceso.

Qué dice el fallo que compromete a AySA

Una semana antes de la apertura de sobres, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata rechazó la apelación presentada por AySA y ratificó una medida cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo bonaerense. La resolución, firmada por los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez, obliga a la empresa a abstenerse de “modificar, limitar, reducir, diferir, alterar, suspender o desnaturalizar” sus obligaciones vinculadas al acceso al agua potable, la salud pública, el ambiente sano y la adecuada prestación del servicio.

El tribunal no se pronunció sobre la conveniencia de que AySA sea estatal o privada. Su alcance es más puntual: mientras continúe el litigio de fondo, no podrán relajarse las obligaciones actuales de la compañía, y la protección regirá hasta que se realice una evaluación integral de carácter ambiental, sanitario e institucional. Los jueces advirtieron que “la disminución de los parámetros de control de calidad del agua pueden ocasionar un daño inminente a la salud de los habitantes y del medio ambiente de la provincia de Buenos Aires”, y señalaron que el nuevo esquema contractual cuestionado en el expediente, “prima facie”, tendería a reducir exigencias regulatorias, postergar obras críticas y flexibilizar compromisos ya asumidos.

La cautelar original había sido dictada en junio, luego de que la Defensoría promoviera una acción preventiva de daños ante el riesgo de que el proceso de privatización derivara en menos inversiones, obras postergadas o controles de calidad más laxos. La Cámara resolvió además que la discusión de fondo continúe en la Justicia federal, dado que involucra la aplicación del marco regulatorio nacional y la participación mayoritaria del Estado en la empresa.

El defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, cuestionó las condiciones del proceso: “Una privatización en los términos que busca AySA y el gobierno nacional entregaría a los potenciales compradores una empresa sin la exigencia de cumplir la obligación de provisión de agua potable y dejándole el pasivo ambiental para que se haga cargo la Provincia, los municipios o los habitantes con su salud”, afirmó. Lorenzino también planteó que “el agua potable es un derecho humano fundamental que no puede quedar sujeto a la flexibilización de contratos ni al recorte de inversiones” y adelantó que la Defensoría seguirá exigiendo el sostenimiento de las condiciones actuales del servicio.

Según el análisis de los abogados oficiales, la resolución judicial no ordena expresamente cancelar la licitación, y mientras no se concrete el traspaso efectivo de la empresa a un nuevo operador, no habría incumplimiento de la orden judicial.

Cómo se define quién gana la licitación

El pliego establece un proceso de etapa múltiple. En la primera, la que se abre este martes, la Comisión de Evaluación analiza si las ofertas cumplen los requisitos legales, técnicos, económicos y financieros. Solo los oferentes que superen ese filtro pasan a la segunda etapa, donde se abren las ofertas económicas propiamente dichas.

El criterio de adjudicación en esta parte del proceso es más directo: se considera ganadora a la oferta que contenga el mayor precio en dólares. El documento prevé además un mecanismo de desempate: si entre la propuesta mejor ubicada y las siguientes existe una diferencia igual o menor al 5%, se declara un empate técnico y la Comisión pide a los oferentes empatados que mejoren su propuesta en el plazo de un día hábil. Si el empate persiste, el procedimiento se repite tantas veces como sea necesario.

El pliego no fija un precio base público, aunque sí existe una tasación de referencia con un “rango de sensibilidad”, establecido por la Resolución 1198/25, que funciona como piso: si el precio ofertado queda por debajo del mínimo de ese rango, la Comisión puede considerar la oferta inconveniente para el interés público. El propio contrato de compraventa de acciones, anexo al pliego, todavía tiene el monto en blanco: “el precio total de las acciones adquiridas asciende a la suma de [ ] dólares estadounidenses”, una fórmula que confirma que la cifra final surgirá recién de la puja entre oferentes.

El gobierno, en tanto, espera recaudar una suma de alrededor de USD 500 millones con la venta del 90% de las acciones de la compañía.

Los requisitos que achican el universo de postulantes

El pliego fija barreras de entrada altas para quien aspire a convertirse en operador técnico de AySA. Entre ellas, exige acreditar al menos cinco años de experiencia, dentro de los últimos 10, en la operación de servicios de agua potable y desagües cloacales en un centro urbano de como mínimo 1.500.000 habitantes y 500.000 usuarios servidos.

En el plano financiero, el oferente debe demostrar haber gestionado o participado en financiamientos vinculados a infraestructura, servicios públicos o actividades de escala comparable a AySA por un monto acumulado no inferior a USD 150 millones durante la última década. A eso se suma la exigencia de un patrimonio neto consolidado de al menos USD 300 millones, requisito que en el caso de fondos de capital privado o consorcios se eleva a USD 1.000 millones en activos bajo gestión.

El documento excluye además a empresas controladas por Estados extranjeros o por entes estatales de otros países, una cláusula que en la práctica veta a operadoras estatales aunque cumplan con los requisitos técnicos y financieros. También quedan fuera del proceso las firmas incluidas en listas de sanciones del Tesoro de Estados Unidos, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).

Entre los interesados que circularon en las instancias previas de consulta figuran el Grupo Roggio —operador actual de Aguas Cordobesas— y el empresario Mauricio Filiberti, ambos en conversaciones con socios internacionales para presentar propuestas conjuntas. También estuvieron en la órbita del proceso las brasileñas Sabesp y Águas do Rio, aunque su participación quedó condicionada por el conflicto diplomático entre Argentina y Brasil de las últimas semanas, y la chilena Aguas Andinas, controlada por el grupo francés Veolia, que finalmente no presentaría oferta. La israelí Mekorot, estatal, quedaría de todos modos excluida por la cláusula que veta a operadores controlados por gobiernos extranjeros.

Este jueves a las 10 de la mañana era la fecha límite para la presentación de ofertas para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Según el cronograma oficial, se preveía que este 27 de agosto se avanzara con la apertura de los sobres con las propuestas para quedarse con el control de la empresa sanitaria que abastece de agua potable y cloacas a 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. Sin embargo, Infobae confirmó que la apertura se postergó ya que hay varios pedidos de prórroga impulsados por las propias empresas que participan del proceso. La nueva fecha será el 15 de septiembre.

Se trata de uno de los procesos de privatización de mayor envergadura que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei y, también, uno de los más complejos: el pliego fijó requisitos estrictos para los oferentes y autorizó la venta sin precio mínimo ni base pública establecida de antemano.

La apertura de sobres corresponde a la primera etapa del proceso, en la que se evaluarán las condiciones técnicas, financieras, patrimoniales y legales de los oferentes. Superada esa instancia, el proceso continuará con la etapa de precalificación, la apertura de las ofertas económicas y la adjudicación. Fuentes oficiales del Gobierno estimaron que entre la apertura de sobres y la adjudicación final transcurrirán alrededor de 45 días, tiempo que incluye el período de impugnaciones, informes e intervenciones administrativas propias de cualquier proceso licitatorio.

El objeto de la licitación es la venta y transferencia del 90% de las acciones de titularidad del Estado Nacional en AySA, mientras que el 10% restante permanece en manos de los trabajadores a través del programa de Propiedad Participada (PPP), el mismo esquema que tiene Aerolíneas Argentinas, por ejemplo. La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, creada para coordinar el programa de privatizaciones del Ejecutivo, tiene a su cargo la conducción del proceso.

El Gobierno espera recaudar alrededor de USD 500 millones con la operación. La cifra es parte de una estrategia más amplia que impulsa el ministro de Economía, Luis Caputo, que incluye la venta de activos estatales como mecanismo para obtener divisas frescas, junto a la colocación de bonos en dólares y la obtención de garantías internacionales.

Los interesados

La lista de candidatos combina jugadores locales y operadores internacionales. El pliego establece que el operador técnico debe contar con experiencia comprobable en la prestación de servicios públicos de agua potable y desagües cloacales, un requisito que, según fuentes de AySA, los interesados locales no reúnen por sí solos.

Por eso, tanto el Grupo Roggio como Mauricio Filiberti avanzaron en conversaciones con operadores internacionales para conformar presentaciones conjuntas. Roggio es el operador actual de Aguas Cordobesas y el jugador local con mayor trayectoria específica en el rubro. En materia de infraestructura hídrica, el grupo realizó obras como el Acueducto Gran Tulúm en San Juan, el Acueducto San Javier en Santa Fe y la Planta Potabilizadora para La Plata, Berisso y Ensenada, y tiene preadjudicada la refuncionalización del sistema de agua potable de la ciudad de Córdoba, que abastece al 70% de su población. El grupo también participa en otros sectores de servicios e infraestructura: opera el ramal Urquiza de trenes a través de Metrovías y el subte porteño a través de Emova. Filiberti, por su parte, es dueño de Transclor —proveedor de cloro para AySA— y socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en la distribuidora eléctrica Edenor.

Entre los operadores internacionales que figuran como interesados se destacan dos empresas brasileñas. La primera es Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), la empresa de agua y saneamiento más grande de América Latina, que opera la red de San Pablo y abastece a unos 27 millones de personas en cientos de municipios del estado paulista. La segunda es Águas do Rio, una concesionaria de saneamiento básico operada por el grupo privado Aegea Saneamento, que presta servicios de agua potable y alcantarillado en municipios del estado de Río de Janeiro tras ganar una histórica subasta pública en 2021.

La participación de las firmas brasileñas agregó un factor de incertidumbre al proceso en el contexto del conflicto diplomático entre Argentina y Brasil de las últimas semanas. Ambas compañías analizaron presentarse junto con socios locales para competir por el control de AySA.

Otro nombre que circuló entre los potenciales interesados es el de la chilena Aguas Andinas, la empresa que controla los servicios de agua potable de Santiago de Chile y que está controlada por Aguas de Barcelona (Agbar), a su vez propiedad del grupo francés Veolia. La multinacional francesa, fundada en 1853 como Compagnie Générale des Eaux, es líder mundial en gestión del agua, tratamiento de aguas residuales y desalinización. Sin embargo, fuentes con conocimiento de las transacciones indicaron que finalmente ninguna de las dos firmas presentaría una oferta.

También estuvieron presentes en las instancias de consulta del proceso la constructora JCR, fundada por el fallecido empresario Juan Carlos Relats, y la estatal israelí Mekorot. Según trascendió en el sector, esta última no habría ingresado al proceso como operador con intenciones reales de presentar una oferta, sino que su presencia funcionaría como aval de prestigio internacional para el proceso. Al pertenecer a un Estado, la empresa queda impedida de participar debido a la “cláusula antichina” que suele agregar el Gobierno en las licitaciones.

Según pudo confirmar Infobae, hay más interesados locales que compraron el pliego. Sin embargo, fuentes oficiales insistieron en diálogo con este medio que lo importante es quiénes efectivamente realizan una propuesta económica. “Lo decisivo es que oferten”, comentaron.

Durante el proceso, una consulta publicada en el data room —el espacio al que acceden las empresas que adquirieron el pliego y manifestaron interés— preguntó si el operador técnico debía acreditar experiencia en ambos servicios o si bastaba con antecedentes en uno de ellos. La respuesta oficial aclaró que se requería experiencia en agua potable y desagües cloacales. “Lo que sí en la licitación se va a fijar es que tiene que ser una empresa que tenga experiencia en operación de servicios públicos, no necesariamente agua y saneamiento, pero sí de servicios”, precisó una fuente al tanto de la operación.

Las condiciones del contrato

El contrato de concesión tendrá una vigencia de 30 años con opción a 10 adicionales e incorpora un esquema de planificación quinquenal: cada cinco años, la concesionaria deberá presentar un Plan de Acción con metas concretas de obras de mantenimiento, mejora y expansión del servicio. Las revisiones tarifarias también serán quinquenales, en reemplazo del esquema de actualizaciones anuales vigente hasta ahora. El cumplimiento de esas metas quedará bajo control del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y de la Agencia de Planificación (APLA), con mecanismos de auditoría independiente y multas ante incumplimientos.

El plan de inversiones previsto es de USD 1.940 millones durante el primer quinquenio y USD 2.030 millones durante el segundo, con un total de USD 15.040 millones a lo largo de los 30 años de concesión. Entre los objetivos de los primeros diez años figura elevar la cobertura de agua potable del 75,3% al 78,9% y la de cloacas del 63,9% al 65,3%, con mejoras en la presión del servicio. El esquema contempla además la instalación de 100.000 medidores por año y la renovación de 500 kilómetros de redes de agua y 125 kilómetros de cloacas por ciclo.

Una de las condiciones estructurales del nuevo marco es que la concesionaria deberá garantizar el equilibrio económico-financiero sin subsidios del Tesoro. “Desde 2024, AySA cubre sus costos operativos 100% con tarifas, sin subsidios del Tesoro. El nuevo contrato convierte eso en regla permanente: la concesionaria debe garantizar el equilibrio económico-financiero. No hay vuelta atrás”, afirmó Alejo Maxit, CEO de AySA, en su cuenta de X.

AySA señaló a través de un comunicado que el nuevo esquema contractual “se basa en el cumplimiento de metas y objetivos, el equilibrio económico-financiero y un compromiso de inversiones que deberán llevarse adelante en beneficio de la mejora de los servicios prestados a los usuarios”, con “fuertes mecanismos de control, auditoría, revisión y multas”.

El pliego no fija precio mínimo ni base pública para la venta: el resultado, indica el propio documento, “dependerá de la competencia efectiva entre los oferentes”. Desde AySA explican que la principal palanca de rentabilidad para el nuevo operador estará vinculada a la generación de eficiencias operativas: mejoras de gestión y reducción de costos. Cuando la actual conducción tomó la empresa en 2024, contaba con 7.800 empleados; desde entonces, 1.500 trabajadores se retiraron mediante retiros voluntarios. La morosidad bajó del 16% al 11%, aunque la empresa reconoce que debería ubicarse en el 4 por ciento.

El programa de privatizaciones

La privatización de AySA se enmarca en el programa económico que el Gobierno impulsa desde el inicio de la gestión de Milei, apoyado en la Ley de Bases N° 27.742 y el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. El objetivo declarado es reducir la participación estatal en distintas actividades empresariales y promover la participación del sector privado.

IMPSA fue la primera empresa privatizada de la era Milei. En febrero de 2025, la emblemática metalúrgica mendocina pasó a manos del consorcio estadounidense Industrial Acquisitions Fund LLC (IAF), una subsidiaria de ARC Energy, con sede en Texas. La operación dejó USD 27 millones en las arcas del Estado.

Poco después, en diciembre de 2025, el Gobierno concretó la reprivatización de las cuatro principales centrales hidroeléctricas del Comahue —Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón y Cerros Colorados— por cerca de USD 700 millones. En abril de 2026, la venta del paquete accionario de Citelec, sociedad controlante de Transener —la principal empresa de transporte de energía eléctrica de alta tensión del país, con más de 12.600 kilómetros de red—, fue adjudicada al consorcio formado por Edison Energia y Genneia por USD 356 millones, un 70% por encima de la tasación oficial.

La concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, por donde circula el 80% del comercio exterior del país, también quedó resuelta con la adjudicación al consorcio Jan de Nul-Servimagnus por 25 años, con una rebaja del 13,5% en los costos logísticos. En materia vial, miles de kilómetros de rutas nacionales pasaron a operar bajo esquemas de concesión privada sin subsidios.

En contraste, la licitación de Intercargo —la empresa estatal de servicios de rampa en aeropuertos— no encontró oferentes en su primer llamado y acumuló sucesivas postergaciones; la última apertura de sobres quedó fijada para el 25 de junio. El proceso del Belgrano Cargas es el que más demoras acumuló: los pliegos, previstos para mayo, aún se encontraban en etapa de revisión al momento de publicarse esta nota, aunque el Ejecutivo aseguró que el llamado formal es inminente. Según estimaciones del Gobierno, el programa de privatizaciones y concesiones en su conjunto podría generar ingresos de entre USD 2.000 y USD 3.000 millones antes de fin de año.

En un clima sin ningún tipo de conflicto y tras un acuerdo para no desmadrar el objetivo principal, legisladores oficialistas y opositores consensuaron remitir diversos pedidos de informes al Ejecutivo relacionados con todo el proceso de privatizaciones en marcha que activó la ley Bases, sancionada a mitad de año de 2024.

La decisión fue adoptada por la comisión bicameral de Reforma del Estado y Del Seguimiento de Las Privatizaciones (ley 23.696), que comanda el senador libertario Pablo Cervi (Neuquén). El consenso implica no sólo 15 días hábiles para que el Gobierno reciba y responda los requerimientos, sino una visita para que exponga -se estima un debate tenso-, durante la primera semana del mes próximo, el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher.

El esquema de la ley Bases apunta a privatizaciones totales o parciales -según el caso- de AySA, Belgrano Cargas, Corredores Viales, Energía Argentina (Enarsa), Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y Nucleoeléctrica Argentina (NASA). Algunos procesos están más avanzados que otros y, ante cuestionamientos de la oposición sin devolución es que la bicameral tuvo que reactivarse, en octubre del año pasado.

La diputada kirchnerista y vice de la comisión, Ana María Ianni (Santa Cruz), alertó por “procesos de privatización en marcha sobre los que nos enteramos por los medios de comunicación, algo que nos parece que no es lógico” y dejó en claro que lo que se reclama es “información básica”.

Ianni también dijo que es necesario un “control sobre las decisiones que están involucrando el patrimonio público de todos los argentinos, como servicios esenciales y sectores estratégicos”, para poder “validar la transparencia en este proceso, algo tan simple y sencillo, pero que nos está llevando bastante trabajo conseguir”.

La diputada ultra K mencionó varios ítems que deberá precisar el Ejecutivo: informes técnicos, económicos y jurídicos; expedientes completos; cómo se evaluaron las empresas, quién lo hizo y con qué metodología; cuál es el estado de los servicios, cómo se prestan y en qué condiciones, y su impacto territorial; qué inversión en mantenimiento y expansión deberían garantizar los privados, con sus respectivos controles; la situación de empleo y continuidad frente al ajuste de la administración central, así como de los equipos técnicos; y la intervención de los organismos de control, publicidad y el rol de Congreso.

Ianni criticó al presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación Julio Villamonte, sobre quien también pidió que se presente en las próximas semanas para dar explicaciones, así como los referentes de cada una de las empresas involucradas. Revalidó lo comentado por la legisladora el senador kirchnerista Jorge Capitanich (Chaco), quien sumó un puñado de comentario de índole técnico.

La bicameral también está integrada por los jefes del radicalismo y de Provincias Unidas en la Cámara alta, los correntinos Eduardo Vischi y Carlos Espínola, respectivamente; el senador peronista Adán Bahl (Entre Ríos); y diputados como el libertario Carlos Zapata (Salta) y la cristinista Florencia Carignano (Santa Fe), entre otros.

En paralelo a esta reunión, la comisión de Acuerdos del Senado, que preside el oficialista Juan Carlos Pagotto (La Rioja), avanzó con otra ronda de pliegos judiciales, en medio de la expectativa por la audiencia pública que se generó para oír las disertaciones de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, postulados como vocales de la Cámara Nacional de Casación Penal porteña, tribunal judicial trascendental a cargo de la supervisión y revisión de lo actuado por los juzgados federales de Comodoro Py.

Por la tarde, un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Economía Nacional e Inversión; y Legislación General analizará, con la participación de funcionarios nacionales, el proyecto de Súper RIGI que ya aprobó Diputados y que implicaría eventuales inversiones -y grandes beneficios fiscales-, de más de USD 1.000 millones, para industrias y tecnologías de frontera.

El epicentro del incidente se produjo en Pasco y Caaguazú, en la mencionada localidad del partido de Lomas de Zamora. Las calles se transformaron en un río. Cada vez que circulan vehículos, el agua se desplaza hacia las veredas y eleva su nivel sobre los cordones, lo que complica el tránsito vehicular, como peatonal.

La prestadora Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) informó que por estas horas seguía trabajando en la reparación de una cañería de agua de 800mm de diámetro. Desde ayer, tras detectarse el escape, equipos técnicos de la empresa “se movilizaron de inmediato al lugar para evaluar la situación y poner en marcha un operativo de emergencia que permitió iniciar las tareas”, indica un comunicado oficial.

La cañería dañada corresponde a una de las impulsiones de salida de la Estación Elevadora Quilmes, que opera como infraestructura para la distribución de agua potable a alta presión en la región. “Se estima que los trabajos de reparación finalicen al mediodía de hoy”, señala AYSA.

Desde las primeras horas de este martes, los equipos iniciaron la excavación para descubrir la zona y reemplazar el tramo afectado.

Las cuadrillas ya retiraron la sección dañada y trabajan en un pozo de cinco metros de profundidad, utilizando mangueras para extraer el agua acumulada antes de instalar la nueva tubería. Sin embargo, el drenaje se dificulta porque el agua extraída del pozo no fluye hacia la red pluvial, quedando estancada en las esquinas.

Mientras tanto, la vida cotidiana de los vecinos está alterada. Muchos deben salir de sus casas con calzado de repuesto y enfrentan problemas para desplazarse por la zona, considerada de alto tránsito comercial. Y varias escuelas del sur bonaerense suspendieron las clases.

Para llevar adelante la reparación fue necesario interrumpir el bombeo de agua en la línea de impulsión que abastece al partido de Almirante Brown y a sectores de Lomas de Zamora y Quilmes. Como consecuencia, se advirtió que podría registrarse afectación en el servicio de agua potable en estas zonas mencionadas mientras continúen las tareas y se trabaja en normalizar el sistema.

“Debido a la complejidad de este tipo de intervenciones sobre cañerías de gran diámetro que transportan agua a alta presión, los tiempos iniciales estimados se vieron afectados por las condiciones del terreno y el volumen de agua”, indica el comunicado de la empresa.

Algunos residentes informaron que no todos los hogares sufren cortes de agua, ya que ciertas viviendas están conectadas a otras redes. Desde AYSA indicaron que una vez finalizados los trabajos, “la puesta en marcha del bombeo y la recuperación de la red deben realizarse de manera gradual, a fin de evitar esfuerzos sobre la cañería y prevenir nuevas roturas”.

Recomendaciones para los usuarios

La empresa recordó que, durante la recuperación de la red, podría observarse turbiedad debido al arrastre de sedimentos presentes en las cañerías tras el vaciado necesario para la intervención.

En caso de presentarse este fenómeno, AySA recomendó dejar correr el agua por algunos minutos hasta que recupere su aspecto habitual. Según el comunicado, la compañía garantiza la potabilidad del agua mediante controles de calidad durante todo el proceso.

En este marco, la prestadora del servicio continúa asistiendo con camiones cisternas a los hospitales y centros de salud afectados para garantizar el abastecimiento de agua potable hasta que se normalice el servicio.

Ante la persistencia de inconvenientes, AySA recomendó a los usuarios consultar en su sitio web si su domicilio se encuentra afectado por una interrupción del servicio. La verificación puede realizarse en https://aysa.com.ar/usuarios/interrupcion_servicio.

La empresa recordó que se encuentran disponibles varios canales de atención para consultas y reclamos: el canal de WhatsApp 11-5984-5794, los perfiles oficiales en Instagram (@aysa.oficial) y Facebook (AySA.Argentina) en el horario de 6 a 24, y la línea telefónica 0800-321-AGUA (2482), disponible durante las 24 horas.

La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) incorporó un nuevo factor de incertidumbre a partir del conflicto diplomático entre Argentina y Brasil. El motivo es que dos de las empresas que aparecen entre las interesadas en participar del proceso son brasileñas y analizan presentarse junto con socios locales para competir por el control de la compañía.

Se trata de Sabesp y Águas do Rio, dos compañías con experiencia en el sector de agua y saneamiento en Brasil. Ambas forman parte del grupo de operadores internacionales que pueden asociarse con empresas argentinas para cumplir con los requisitos establecidos en el pliego de privatización.

Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) es la empresa de agua y saneamiento más grande de Brasil y de América Latina. La compañía opera la red de San Pablo y abastece de agua potable y alcantarillado a unos 27 millones de personas en cientos de municipios del estado paulista.

La otra firma brasileña interesada es Águas do Rio, una empresa concesionaria de saneamiento básico operada por el grupo privado Aegea Saneamento. La compañía presta servicios de agua potable y alcantarillado a millones de personas en decenas de municipios del estado de Río de Janeiro, luego de ganar una histórica subasta pública en 2021.

La presencia de estos operadores brasileños tomó relevancia porque el proceso de privatización de AySA exige un nivel específico de experiencia técnica. El pliego establece que el operador técnico debe contar con antecedentes comprobables en la operación y gestión de empresas prestadoras de servicios públicos de agua potable y de recolección de desagües cloacales.

Durante el proceso, una consulta publicada en el data room preguntó si el operador técnico debía acreditar experiencia en ambos servicios o si alcanzaba con antecedentes en uno de ellos. La respuesta oficial aclaró que debía contar con experiencia en agua potable y desagües cloacales. El data room es el espacio al que acceden las empresas que adquirieron el pliego y manifestaron interés en participar. Allí pueden consultar documentación del proceso, acceder a información técnica y realizar visitas a las instalaciones para elaborar sus propuestas.

Según fuentes de AySA consultadas, los interesados locales por sí solos no reúnen las condiciones exigidas por los pliegos. Por ese motivo, Grupo Roggio y Mauricio Filiberti, dueño de Transclor, avanzaron en conversaciones con operadores internacionales para conformar presentaciones conjuntas.

Roggio es el operador actual de Aguas Cordobesas y el jugador local con mayor trayectoria específica en el rubro del agua. El conglomerado también participa en otros sectores de servicios e infraestructura, como la operación del ramal Urquiza de trenes a través de Metrovías y el subte porteño a través de Emova.

Además de las compañías brasileñas, otro de los nombres que aparece entre los interesados es Veolia, una multinacional francesa fundada en 1853 bajo el nombre de Compagnie Générale des Eaux. La empresa es líder mundial en gestión del agua, tratamiento de aguas residuales, desalinización y reutilización de recursos hídricos para ciudades e industrias.

El posible impacto

Desde AySA mantienen una mirada optimista respecto del impacto que puede tener el conflicto diplomático con Brasil sobre la licitación. En la empresa consideran que todavía existe tiempo para que la situación se modifique y señalan que es probable que alguno de los oferentes solicite una extensión del plazo para presentar propuestas, algo que consideran habitual en procesos de esta magnitud. En principio, hay tiempo para presentar ofertas hasta el 27 de agosto, fecha en la que se abrirían los sobres.

Según esa evaluación, una eventual prórroga permitiría sumar alrededor de un mes al cronograma y dar margen para que disminuya la tensión entre ambos países. En AySA sostienen que, si baja la intensidad del conflicto político, no debería existir un problema con la participación de compañías brasileñas. De todos modos, está pendiente un encuentro entre el titular de AySA, Alejo Maxit, y el canciller Pablo Quirno para analizar si la confrontación política alcanzó también los niveles comerciales y de gobierno.

Entre empresarios locales también consideran que el impacto de la tensión bilateral puede ser limitado por las características del negocio. Según fuentes del sector, si una compañía ingresa en un contexto político complejo pero obtiene una concesión por 30 años, el horizonte de largo plazo puede tener mayor peso en la decisión. Al mismo tiempo, esas fuentes señalaron que no observan a ningún gran grupo internacional completamente decidido a presentarse.

En los últimos días se percibió una cierta frialdad en el contacto entre las firmas locales y las brasileñas, pero no queda claro que ello se haya debido al conflicto diplomático entre ambos países.

El plan a 30 años

El proceso contempla que el comprador adquiera el 90% de las acciones de AySA, mientras que el 10% restante permanece en manos de los trabajadores mediante el programa de Propiedad Participada (PPP). La empresa se venderá en funcionamiento y con un plan de objetivos y metas que deberá cumplirse durante el primer ciclo tarifario de cinco años.

Desde AySA explican que, al adquirir una compañía con ese esquema ya validado por el organismo de control, la principal posibilidad para mejorar la rentabilidad estará vinculada con la generación de eficiencias operativas. Entre esas variables mencionan mejoras de gestión y reducción de costos. “Cuando la actual gestión tomó la empresa en 2024, AySA contaba con 7.800 empleados. Desde entonces, 1.500 trabajadores se retiraron mediante retiros voluntarios”, precisaron.

Entre los cambios destacados por la compañía aparece la reducción de la morosidad, que bajó de 16% a 11%, aunque remarcan que debería estar en 4%. En la empresa vinculan esa evolución con el cambio de la cultura de pago del servicio. También remarcan la recuperación tarifaria, con un incremento del 300%, para que la operación pueda cubrirse con ingresos propios y no mediante aportes del Tesoro Nacional.

El pliego de privatización, conocido el 15 de mayo, autorizó la venta sin una base ni un precio mínimo público establecido de antemano. El documento indica que el resultado dependerá de la competencia efectiva entre los oferentes.

El contrato de concesión fija inversiones por USD 1.940 millones durante el primer quinquenio y USD 2.030 millones durante el segundo, con un total previsto de USD 15.040 millones durante los 30 años de vigencia.

Entre los objetivos establecidos para los primeros diez años, figura el aumento de la cobertura de agua potable de 75,3% a 78,9% y de cloacas de 63,9% a 65,3%. También contempla mejoras en la presión del servicio, con un incremento del porcentaje de mallas con prestación satisfactoria del 58% al 61% en el primer ciclo y al 67% posteriormente.

El esquema incluye además la instalación de 100.000 medidores por año y la renovación de 500 kilómetros de redes de agua y 125 kilómetros de cloacas por ciclo. Entre las obras previstas para los primeros períodos figuran la terminación de Río Sur Tramo 1, la Impulsión Malvinas más Noroeste 1, la ampliación de la planta de Bernal y el cierre del Plan de Transición.

Aysa es una de las empresas sanitarias más grandes de América Latina y da servicios a 14 millones de usuarios entre la Ciudad de Buenos Aires y 26 distritos del conurbano.

A partir de este miércoles 1° de julio, los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires enfrentarán una nueva ronda de aumentos en servicios y gastos cotidianos que se acumulará sobre una canasta de servicios públicos que ya escaló 919% entre diciembre de 2023 y junio de este año. Luz, gas, agua, transporte, medicina prepaga, alquileres y colegios privados registrarán subas que, en la mayoría de los casos, toman como referencia la inflación de mayo, de 2,1% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Según el Reporte de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, un hogar promedio del AMBA sin subsidios destinó $282.758 en junio para cubrir sus gastos en energía, transporte y agua potable —un 10,1% más que en mayo y un 54% por encima de junio de 2025. La canasta acumula un alza de 919% desde diciembre de 2023, frente al 236% que registró el índice general de precios en el mismo período.

Transporte

El transporte concentra el 40% de esa canasta y es el rubro de mayor impacto sobre los ingresos del hogar. En junio, el gasto mensual de un hogar promedio en este ítem llegó a $116.688. En julio, las tarifas vuelven a moverse.

Los colectivos bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires subirán 4,1%, mientras que las líneas provinciales tendrán un incremento del 4,3%. Con esos valores, el boleto mínimo en CABA —recorridos de hasta tres kilómetros— pasará a costar $820,60, y en la Provincia ese mismo tramo ascenderá a 1.059,28 pesos.

El subte porteño también ajustará 4,1%. El boleto pasará de $1.558 a $1.621 para usuarios con SUBE registrada; quienes no cuenten con tarjeta nominalizada pagarán $2.541 por viaje. La tarifa social quedará en $567 y la estudiantil en 226 pesos.

Los trenes del AMBA tendrán un esquema escalonado definido por la Secretaría de Transporte: 8,6% en julio —con el boleto de primera sección en $380,10—, 10,5% en agosto —hasta $420,01— y 7,1% en septiembre, cuando la tarifa llegará a 449,83 pesos.

Peajes

Las autopistas porteñas seguirán el mismo criterio de actualización que el transporte de superficie y tendrán un aumento del 4,1%. En la Autopista 25 de Mayo y la Perito Moreno, los vehículos livianos pagarán $4.613,65 en horario normal y $6.538,29 en hora pico. En las autopistas Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero, las tarifas para autos irán de $1.922,15 a $2.718,21 según el horario.

Luz, gas y agua

La factura de gas fue el componente de mayor peso en la suba de la canasta de servicios de junio: según el IIEP de la UBA-Conicet, trepó 23,4% respecto de mayo por la combinación de ajustes en los cargos fijo y variable —4,4% y 2,2% respectivamente— con el salto estacional propio del inicio del invierno. En julio, los usuarios verán nuevos incrementos: aunque el cuadro tarifario exacto aún no fue publicado en el Boletín Oficial, las facturas del período de junio acumularán un aumento promedio del 2,81% a nivel nacional. La estacionalidad agrava el impacto: julio es históricamente el mes de mayor consumo de gas.

La energía eléctrica siguió una dinámica similar en junio. El mayor uso hogareño de cara al invierno, sumado a aumentos del 4,7% en el cargo fijo y 1,6% en el variable para usuarios sin subsidio, arrojó un incremento del gasto del 14,8% respecto de mayo, con la factura del usuario N1 sin subsidio en alrededor de $60.640 mensuales. Para julio, las distribuidoras Edenor y Edesur aplicarán un ajuste promedio del 1,5% sobre las facturas correspondientes al período de junio, en línea con el esquema de indexación mensual vigente. Un factor a seguir: la emergencia energética que enmarca el actual régimen tarifario vence precisamente en julio.

AySA aplicará en julio una suba del 3% sobre las tarifas de agua y cloacas para usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano bonaerense. El agua fue el servicio con menor variación en junio —apenas 0,2%—, aunque en la comparación interanual acumula un alza del 48%, según el IIEP.

Prepagas

Las principales empresas de medicina prepaga ya informaron a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) los incrementos que aplicarán en julio. Swiss Medical, Osde, Medifé, Sancor Salud y Avalian, entre otras, tendrán una suba del 2,1%, en línea con la inflación de mayo. Omint irá más arriba: sus aumentos llegarán hasta el 2,9% según el plan contratado.

Alquileres

Miles de contratos de alquiler también se actualizarán en julio. Los ajustados por el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central tendrán una actualización del 31,54%. Quienes ajusten por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de manera semestral enfrentarán un incremento del 16,7%, y los que lo hagan en forma trimestral, del 8,1%. Los porcentajes varían de forma considerable según la fecha y la modalidad del contrato firmado.

Colegios privados

Los aumentos en las cuotas de los colegios privados aún no fueron oficializados, pero se esperan incrementos atados a las subas salariales de paritarias: 5% en CABA y 3,5% en la provincia de Buenos Aires.

El gobierno aceleró en las últimas semanas el proceso de privatizaciones y concesiones previsto en la Ley Bases, con siete empresas públicas en distintas fases de licitación y la expectativa oficial de cerrar la mayor parte de las operaciones antes de fin de año. La meta es captar entre USD 2.000 y USD 3.000 millones adicionales, según precisó el viceministro de Economía, José Luis Daza, en una reciente presentación.

Desde que asumió, el Gobierno recaudó USD 1.081 millones por la venta o transferencia de activos en empresas de los sectores metalúrgico y energético. La suma incluye los USD 27 millones obtenidos por IMPSA —la metalúrgica mendocina vendida a ARC Energy en enero de 2025—, los USD 700 millones correspondientes a cuatro represas hidroeléctricas del Comahue adjudicadas a dos grupos económicos locales, y los USD 356 millones que dejó la venta del paquete accionario de Citelec, controlante de Transener, concretada en abril. Esos fondos, sin embargo, no permanecieron en el Tesoro: la mayor parte se destinó al pago de compromisos con bonistas y con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La hoja de ruta para los próximos meses es ambiciosa. La Agencia de Transformación de Empresas Públicas tiene en carpeta ocho procesos activos simultáneos, más una operación de asociación estratégica con una empresa del sector defensa.

AySA, Intercargo y Belgrano Cargas

Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) es uno de los procesos más avanzados. El 15 de mayo, el ministro de Economía Luis Caputo publicó en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación para vender el 90% de las acciones estatales de la empresa. El 10% restante quedará en manos de los trabajadores a través de un Programa de Propiedad Participada (PPP). La apertura de sobres está prevista para el 27 de agosto.

El esquema prevé vender al menos el 51% a un operador estratégico con experiencia en agua y saneamiento, y colocar el resto en bolsas y mercados de capitales. Entre los interesados que circulan en el sector figuran Edison Energía, Mauricio Filibert, el Grupo Roggio y las firmas brasileñas Sabesp y Río+Saneamiento, además de la chilena Aguas Andinas. El Ejecutivo estima recaudar alrededor de USD 500 millones con la operación.

En tanto, la licitación de Intercargo, la empresa estatal de servicios de rampa en aeropuertos, lleva tres postergaciones. La apertura de la Etapa N° 1 de sobres, debía realizarse el 7 de mayo, luego el 10 de junio y ahora quedó fijada para el 25 de junio, según la Resolución 833/2026 publicada en el Boletín Oficial con la firma de Caputo.

El precio base de la licitación es de USD 45,1 millones por el 100% del paquete accionario, un valor que generó debate en el sector dado que el propio Ejecutivo reconoció, en el informe de gestión presentado por Manuel Adorni ante el Congreso, que la empresa tiene un activo corriente de USD 55 millones, de los cuales unos USD 38,5 millones corresponden a efectivo e inversiones.

Según pudo saber Infobae, al menos tres firmas se presentaron en el proceso: el empresario argentino Horacio Paolini, a través de su compañía Escalum; el Grupo GPS, con su filial Global Service Handling; y la francesa Alyzia, principal operadora de handling aeroportuario de Francia, con presencia en los aeropuertos Charles de Gaulle y Orly y más de 5.000 empleados. La suiza Swissport, que el sector especulaba como posible interesada, confirmó a este medio que no participó del proceso.

Por su parte, el del Belgrano Cargas es el expediente que más se demoró dentro del primer tramo de privatizaciones. Los pliegos estaban previstos para mayo, pero definiciones técnicas y administrativas retrasaron su publicación. Desde el Ejecutivo aseguran que la licitación está en la “etapa final de revisión” y que el llamado formal es inminente.

El diseño prevé dividir el proceso entre las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, con ofertas independientes para infraestructura, operación ferroviaria y talleres. La intención oficial es evitar un único paquete cerrado y habilitar que distintos operadores compitan por partes del sistema. El esquema también contempla el modelo de acceso abierto previsto en la Ley 27.132, que permite a diferentes operadores usar la red mediante el pago de un canon o peaje.

En paralelo, el Ejecutivo oficializó mediante el Decreto 282/2026 la venta del material rodante —vagones y locomotoras— de Trenes Argentinos Cargas, cuyo producido irá a un fideicomiso para financiar obras en las vías de las tres líneas a concesionar. El presidente de la empresa, Alejandro Núñez, estimó que la venta del material rodante recaudará entre USD 400 y USD 500 millones, monto que cubriría la mayor parte del “piso de inversión” de USD 800 millones previsto para las obras obligatorias en las tres líneas.

NASA, YCRT y SOFSA, en el horizonte de 2026

Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) atraviesa la etapa preparatoria y administrativa previa a su privatización. En una nota con Infobae, Chaher fue tajante al describir la situación de la empresa: “Tiene 3.000 empleados cuando cada central puede funcionar con 600. Y tenemos tres centrales”, señaló, y consideró que el recurso humano calificado excedente debería reorientarse para prestar servicios dentro y fuera del país. “Es una vaca sagrada que se mantuvo por inercia y que hoy es inviable bajo el control exclusivo del Estado”, agregó.

Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y SOFSA también forman parte de la agenda para los próximos meses, aunque sin fechas concretas aún. Fuentes con conocimiento del caso indican que el avance en ambos casos está previsto antes de fin de año.

Enarsa: hidroeléctricas, térmicas y gasoducto

La privatización por partes de Enarsa continuará en los próximos meses con las concesiones de las hidroeléctricas restantes, las centrales termoeléctricas —entre ellas Manuel Belgrano y General San Martín— y el gasoducto. A fines de 2025, el Gobierno avanzó con la primera etapa de hidroeléctricas, y la venta de Citelec —que controla Transener— se concretó recientemente por US$356 millones. El consorcio conformado por Genneia S.A. y Edison Transmisión S.A. presentó la oferta ganadora, un 70% por encima de la tasación oficial.

Corredores Viales e Hidrovía: adjudicaciones en marcha

Corredores Viales está en proceso de adjudicación bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje, según el Decreto 411/2026. El esquema divide la red vial en tramos y ya se adjudicó la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones, que comprende más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales que pasarán a operar sin subsidios estatales.

Por su parte, la concesión de la Hidrovía, la vía navegable por donde circula el 80% del comercio exterior del país, también quedó resuelta esta semana con la adjudicación al consorcio Jan de Nul-Servimagnus. El contrato, cuya firma está prevista dentro de un máximo de 30 días, establece una rebaja del 13,5% en los costos logísticos y contempla obras de profundización y modernización de la vía por un período de 25 años. La empresa adjudicataria asumirá los riesgos comerciales sin respaldo estatal, con una ganancia mínima del 6% sobre los peajes cobrados.

Fabricaciones Militares

El caso de Fabricaciones Militares (FM) tiene un tratamiento diferente. La empresa no figura en la Ley Bases como sujeta a privatización y el Gobierno descartó su venta. La apuesta es un concurso público nacional e internacional para atraer socios industriales que aporten tecnología y capital, con cuatro ejes: químicos y fertilizantes, metalmecánica orientada a defensa, pólvora y explosivos, y municiones y armamento. La cláusula no negociable es que ante cualquier necesidad del Estado argentino, la prioridad en la producción corresponde a las Fuerzas Armadas nacionales.

Tal como lo anticipó ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X, el Gobierno nacional lanzó este viernes la Licitación Pública Nacional e Internacional para avanzar con la venta y transferencia del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) que permanecen en manos del Estado. La convocatoria se enmarcó en el programa de privatizaciones impulsado por el presidente Javier Milei y apuntó a incorporar capital privado en la prestación del servicio público de agua potable y saneamiento.

La medida formalizó el proceso que Caputo había anticipado. En ese posteo, el funcionario informó que el Gobierno publicaría los pliegos para avanzar con la privatización de la empresa y sostuvo que la operación permitiría mejorar la calidad del servicio y promover inversiones.

Según el comunicado difundido hoy, el procedimiento se desarrollará mediante una licitación pública nacional e internacional “de etapa múltiple”, con criterios técnicos, financieros, patrimoniales y legales. El Gobierno indicó que el esquema buscará garantizar un proceso competitivo orientado a obtener las mejores ofertas del mercado para el Estado Nacional.

La coordinación del proceso quedó a cargo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, creada para implementar el programa de privatizaciones y reorganización de compañías estatales. El comunicado oficial sostuvo que el objetivo de esa estructura consiste en llevar adelante el proceso “de manera profesional y transparente”.

Cronograma para las ofertas

El cronograma oficial estableció que la presentación de ofertas se extenderá hasta el 27 de agosto. Ese mismo día se realizará la apertura de sobres de la primera etapa, en la que se evaluarán las condiciones técnicas, financieras, patrimoniales y legales de los oferentes.

Luego de esa instancia, el proceso continuará con la etapa de precalificación, la apertura de las ofertas económicas y la adjudicación correspondiente, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

La convocatoria prevé la incorporación de un operador estratégico nacional o internacional con experiencia comprobada en servicios de agua potable y saneamiento. El 10% restante de las acciones continuará en manos de los trabajadores de la empresa a través del Programa de Propiedad Participada (PPP).

El comunicado sostuvo que la incorporación de un operador estratégico permitirá fortalecer la capacidad de inversión, asegurar la modernización de la infraestructura y consolidar un esquema “sostenible y previsible” para la prestación del servicio público de agua potable y saneamiento.

Además, el Gobierno afirmó que el ingreso de capital privado garantizará la continuidad, expansión y mejora de la calidad del servicio. En el texto difundido también se señaló que el proceso se encuadró en el ordenamiento y eficientización de AySA desarrollado durante los últimos años. Según el documento oficial, ese proceso permitió consolidar “una empresa con infraestructura estratégica y potencial de crecimiento”, en condiciones de recibir inversión privada y encarar una nueva etapa de expansión y modernización.

Plan de privatizaciones

Con la publicación de la convocatoria, el Gobierno avanzó formalmente en uno de los proyectos de privatización más relevantes del esquema de reformas impulsado por la administración de Javier Milei. En el comunicado, la Casa Rosada reafirmó que “el Estado no debe administrar empresas”, sino generar condiciones para que el sector privado invierta, compita y mejore los servicios.

Con la privatización del 90% de Aysa, el Gobierno espera recaudar alrededor de USD 500 millones. Se prevé además que el esquema contemple una concesión de 30 años para la prestación del servicio de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. AySA brinda servicios agua potable y cloacas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. Según información de la empresa, a mediados de 2025, la cobertura superó el 85% en agua potable y el 70% en cloacas.

La privatización de AySA se integró al programa económico que impulsa el Gobierno desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Dentro de ese esquema, el Ejecutivo avanzó con iniciativas orientadas a reducir la participación estatal en distintas actividades empresariales y promover la participación del sector privado.

En el comunicado, el Gobierno remarcó que el programa de privatizaciones continuará “de manera concreta y sostenida”. También sostuvo que la incorporación de capital privado permitirá promover inversiones y mejorar la prestación de servicios públicos.

El Gobierno anunció la publicación de los pliegos de la licitación para la venta del 90% de las acciones de AySA que actualmente están bajo control estatal. La medida, comunicada por el ministro de Economía en su cuenta de X, Luis Caputo, habilita la incorporación de un operador privado que, según el funcionario, contará con la capacidad técnica, financiera y operativa para liderar la expansión y optimización de la red de servicios de agua potable y saneamiento en el país.

La decisión fue informada oficialmente por Caputo que detalló que los documentos licitatorios aparecerán en el Boletín Oficial del viernes. El proceso apunta a transferir la mayoría accionaria de la empresa a manos privadas, mientras los empleados retendría un 10% de participación. La iniciativa se enmarca en la estrategia gubernamental de limitar la intervención estatal en empresas públicas que, de acuerdo con el Ejecutivo, funcionaban como instrumentos de financiación política.

AySA brinda servicios agua potable y cloacas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA y 26 partidos del conurbano bonaerense. Según información de la empresa, a mediados de 2025, la cobertura superó el 85% en agua potable y el 70% en cloacas.

“Lo que sí en la licitación se va a fijar es que tiene que ser una empresa que tenga experiencia en operación de servicios públicos de agua y saneamientos”, indicó una fuente al tanto de la operación. Se trata de un punto que delimitará quiénes podrían realizar ofertas para quedarse con la concesión de AySA.

Los dólares que busca Caputo

Con el pase de AySA a manos privadas en el Ministerio de Economía proyectan conseguir USD 500 millones que ayudarán al pago de los vencimientos en moneda extranjera de los próximos meses. Sin embargo, según explicaron fuentes al tanto de la operación, no llegarían con los tiempos para el compromiso de julio por USD 4.200 millones.

“En estos días debería salir la licitación y unos tres meses llevaría el proceso porque la empresa que se presente tiene que demostrar la solvencia económica, las capacidades técnicas y después se hace la oferta. Para mitad de año, segundo semestre, podría estar el nombre de quien se quedaría con la concesión de AySA”, explicó una fuente a Infobae. El cronograma indica que la adjudicación podría conocerse recién en el segundo semestre, dado que, hasta que no se publique el contrato y el pliego con las condiciones definitivas, no se formalizarán ofertas.

Según el titular del Palacio de Hacienda, la llegada de un nuevo socio privado busca impulsar inversiones que permitan expandir la red de agua y mejorar la calidad del servicio para millones de usuarios. El funcionario sostuvo que la presencia de un operador estratégico aportará recursos y experiencia para encarar proyectos de infraestructura que el Estado no priorizaba.

Al justificar la decisión, el ministro subrayó que el Estado dejará de utilizar empresas públicas como “cajas políticas” y pasará a concentrarse en la elaboración de reglas claras, la promoción de la competencia y la generación de condiciones favorables para la inversión. En el mismo sentido, en la publicación Caputo remarcó: “Seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento”.

Definición de la tarifa

Un factor clave es cómo se va a definir la tarifa una vez que la empresa se encuentre en manos privadas. Recientemente, se estableció que como máximo la factura puede aumentar hasta un 3% mensual de mayo a agosto para ayudar a la desaceleración de la inflación tras el 3,4% que marcó en marzo.

Desde abril de 2024, AySA tiene vigente una fórmula polinómica para la actualización mensual de tarifas, aprobada por la Resolución 09/2024 de la Secretaría de Obras Públicas. Dicha fórmula toma en cuenta los salarios, los precios mayoristas y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Pero durante 2025, el Ministerio de Economía dispuso que los aumentos no superaran el 1% mensual, lo que generó un atraso tarifario de 21% a diciembre de ese año. Por lo que, a posteriori, una nueva resolución permitió aumentos de hasta 4% mensual entre enero y abril del 2026. Pero como la inflación continuó en alza, el atraso no se recuperó.

Pese a ello, por medio de la Resolución ERAS N° 14/26 y a los fines de ayudar a la desaceleración de la inflación a partir de abril, se fijó que el incremento mensual efectivo desde mayo hasta agosto de 2026 no podrá superar el 3% en cada mes, siempre que la fórmula de actualización no arroje un valor menor. La medida responde al pedido de la concesionaria, que informó un déficit proyectado de $205.000 millones y la necesidad de continuar con el proceso de convergencia tarifaria.

“Las tarifas siempre tienen que estar aprobadas por el ente regulador. En el primer ciclo, que comienza en 2027, se va a seguir con el mecanismo de actualización que está vigente con la fórmula polinómica. Pero cuando se cumplan los cinco años y se tenga que armar un nuevo plan de acción, donde se presentes las obras, inversiones y gastos, se hará una nueva propuesta tarifaria que la va a tener que aprobar el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS)”, comentó una fuente al corriente de la operación.

El retiro del Estado de la actividad productiva ya no es una consigna electoral. Es un plan en ejecución. Con más de 40 empresas públicas en proceso de privatización o cierre, el Gobierno avanza en lo que sus propios funcionarios describen como una transformación irreversible del rol estatal en la economía. De hecho, la orden de retirada total se cocina en pleno centro porteño, dentro de los despachos del ex edificio Shell, en Diagonal Norte, donde buscan terminar con lo que consideran una “fuente inagotable de ineficiencia y gasto discrecional”.

Así lo explicó Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, en una entrevista exclusiva con Infobae. Durante la charla, el funcionario detalló el alcance de una estrategia que ya no distingue entre gigantes deficitarios y empresas con balances en verde, ya que la orden presidencial es vender todo. “El Presidente marcó que el Estado se tiene que retirar de todas las empresas. El objetivo es vender todo. Todas. Después el tema es el cuándo y el cómo”, afirmó, al mismo tiempo que precisó que la estrategia abarca tanto a grandes compañías como AySA, Enarsa, Aerolíneas Argentinas, Intercargo y el sector ferroviario, como también a numerosas firmas más pequeñas y menos visibles.

Para Chaher, el desorden administrativo que encontró al asumir no es un hecho aislado, sino una consecuencia inevitable de la histórica falta de control estatal. El funcionario sostuvo que cualquier intento de saneamiento bajo la órbita pública es, por definición, pasajero: “Por más que hagamos los deberes para que las empresas estén en régimen, eso se desvirtúa en treinta segundos si perdés la disciplina de mercado”, advirtió. En su visión, el equilibrio fiscal no es una meta técnica, sino una convicción absoluta: “Tenemos el déficit cero prácticamente tatuado en el lomo”, graficó para definir un rumbo que considera innegociable.

En esta línea, la crítica al modelo tradicional fue frontal. Chaher aseguró que el significado de empresa estatal se desvirtuó en la Argentina el último tiempo: “Tenemos internalizado que ‘público’ quiere decir quién la solventa. Somos los 47 millones de argentinos los que estamos pagando los déficits”, sentenció. Bajo esta lógica, subrayó que el concepto de empresa pública en el país acarrea una connotación negativa ligada a los subsidios permanentes y la falta de resultados.

Es por esta razón que la agenda oficial también se enfoca en el cierre de estructuras que se consideran innecesarias o, directamente, “fantasmas”. “Las que no tienen sentido hay que cerrarlas”, sostuvo y citó el caso de DCAR, una firma ferroviaria con más de 2.000 empleados que fue disuelta sin afectar la operatividad del sistema. Para el titular de la Agencia, hoy existe un “enjambre de vehículos societarios” que funcionan bajo el rótulo de empresas públicas pero carecen de una función real.

Finalmente, al analizar las privatizaciones de los años 90, Chaher realizó una suerte de “autopsia” sobre las empresas cuyos procesos finalizaron nuevamente en manos del Estado. “Muchas veces no falló el modelo, sino que la política se metió e hizo daño; no permitieron ajustar tarifas o rompieron los marcos por cuestiones electorales”, señaló. Por eso, explicó que la prioridad actual es el blindaje legal: “Estamos madurando las condiciones previas para que, si alguien quiere venir a reestatizar AySA, por ejemplo, le salga carísimo al país y tenga que enfrentar penalidades internacionales”.

Aerolíneas, AySA, Transener y el futuro de las “vacas sagradas”

Respecto al caso de Aerolíneas Argentinas, cuya autorización para su posterior privatización rebotó ya dos veces en el Congreso, el funcionario comentó: “El diseño de la empresa está mal. Tiene tres flotas distintas, triplica dotación. Está mal el diseño. Está todo integrado en una sola empresa que ocupa el 70% del sector”, ejemplificó y sentenció: “No queremos quedarnos con ninguna. Se venden todas”, reiteró Chaher.

En el caso de AySA, por ejemplo, el plan prevé vender el 90% del paquete accionario, mientras que el 10% quedará en manos de los empleados, a través de un programa de propiedad participada. Según Chaher, el proceso requiere “limpiar” la empresa antes de sacarla al mercado. “Estamos vendiendo una empresa en marcha, pero tiene que estar todo al día. Vehículo al día, libre de deuda, patente”, graficó con ironía.

El funcionario detalló los mecanismos de licitación y la búsqueda de inversores calificados. “No queremos golondrinas. Buscamos inversiones genuinas que sepan de lo que estamos poniendo a disposición para que sean procesos irreversibles”. El objetivo, insistió, es “blindar” los contratos para impedir que cambios políticos puedan revertir las privatizaciones. “Tratamos de que sea lo más irreversible posible”, explicó.

Esa búsqueda de validación tuvo un hito este martes con Transener. El Gobierno recibió tres ofertas por un total de USD 887 millones para quedarse con el 50% de Citelec (controlante de la transportadora eléctrica). El consorcio conformado por Genneia S.A. y Edison Transmisión S.A. presentó la oferta ganadora, con USD 356 millones y se convertirá -sujeto a confirmación oficial- en el nuevo co-controlante de Citelec junto a la firma dirigida por Marcelo Mindlin.

“Hoy dicen que vamos lento, pero en su momento otros gobiernos trataron de privatizar Transener y terminaron reestatizando parte de la empresa”, disparó. Para el funcionario, el caso de la red eléctrica demuestra la dificultad de los procesos y justifica la necesidad de “madurar” las condiciones previas. “No es una crítica, es la realidad: nuestra consigna es llegar a la entrega al privado con un esquema que sea irreversible y sostenible en el tiempo”, explicó.

Según adelantó, la hoja de ruta para el resto de 2026 incluye nuevas unidades de Enarsa (hidroeléctricas y térmicas) y el sector ferroviario, donde el Gobierno planea reinvertir lo obtenido por la venta de material rodante en infraestructura. Para Chaher, el sistema actual es un “monumento a la obsolescencia. Muchas empresas están diseñadas con una lógica de los años ’70. Tenemos distintas trochas en los trenes de carga por un contexto de hipótesis de guerra que ya no existe y eso solo encarece la logística”.

Incluso en sectores estratégicos como el atómico, el diagnóstico es tajante. Al referirse a Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la calificó como una estructura sobredimensionada: “Tiene 3.000 empleados cuando cada central puede funcionar con 600. Y tenemos tres centrales. El resto del recurso humano, que es calificado, tenemos que redirigirlo para prestar servicios dentro y fuera del país. Es una vaca sagrada que se mantuvo por inercia y que hoy es inviable bajo el control exclusivo del Estado”, señaló.

Tasaciones, el “boom” de inversores locales y el cambio de régimen jurídico

En el mercado y en los sectores técnicos, el debate sobre los precios base de las operaciones —especialmente en casos como Transener o Intercargo— genera ruido. Las voces críticas apuntan a valores que consideran llamativamente bajos. Ante este escenario, Chaher se planta: “No estamos regalando nada. Todo tiene valor”, retrucó e insistió: “Algunos decían que el precio de Transener era demasiado bajo, otros que era muy alto. Lo cierto es que la oferta final fue superadora”. La operadora de la red eléctrica del país salió a la venta con un precio base de USD 206 millones; la oferta ganadora, en tanto, superó ese monto por USD 150 millones.

En este sentido, el funcionario explicó que los montos no son arbitrarios, sino que surgen de un mecanismo técnico cruzado entre el Tribunal de Tasación de la Nación y el BICE, aunque reconoció que la realidad macroeconómica juega su partido. “Somos conscientes de que hay un valor intrínseco por el hecho de estar en la Argentina y con una situación particular, pero no vamos a regalar los activos”, aclaró. Ante la consulta sobre si las tasaciones descuentan el ‘riesgo local’, Chaher fue pragmático: “El objetivo no es una liquidación por desesperación, sino encontrar al inversor adecuado que entienda el ciclo argentino. Buscamos al inversor correcto, aquel que sepa que el modelo de negocio es bancable más allá de la coyuntura’, insistió.

Más allá de la discusión por los montos, la reacción del mercado arrojó una novedad que el Gobierno utiliza como bandera: el apetito del empresariado nacional. “Es una novedad que los argentinos estén invirtiendo en Argentina. Antes no pasaba. El 70% de las operaciones de compra de empresas en 2025 fueron protagonizadas por capitales locales”, destacó Chaher. El funcionario resaltó que, a diferencia de las privatizaciones de los años ’90 —realizadas mayoritariamente con firmas extranjeras—, hoy el proceso se apoya en el capital local, que corre con la ventaja de saber convivir con la volatilidad propia del país. En la visión oficial, este fenómeno funciona como el primer sello de confianza para tentar, más adelante, a los grandes fondos internacionales.

Este proceso de venta se apoya en un cambio de raíz: la transformación de 13 Sociedades del Estado en Sociedades Anónimas. “Parece un trámite, pero es un cambio cultural. Había empresas que debían 10 balances nunca tratados. Al pasar a SA se terminan los privilegios y la opacidad; ahora tienen que rendir cuentas igual que cualquier hijo de vecino”, explicó el funcionario sobre la transición que busca alinear a las compañías estatales con los estándares de gobernanza de la OCDE.

Desde el ex edificio Shell, el corazón operativo de las privatizaciones, la consigna que repite Chaher es una sola y no admite segundas lecturas: “No queremos quedarnos con nada, queremos vender todo y hacerlo bien”.

Luego del 3,4% que marcó la inflación en marzo, el Gobierno se comprometió con el objetivo de lograr una desaceleración en abril y con ello cortar con la tendencia alcista que ya acumula nueve meses. En esa línea, el Gobierno decidió bajar el tope permitido de aumentos en la boleta de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) de 4% a 3 por ciento. Al mismo tiempo, se espera por la decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, respecto al aumento del recargo en las boletas de gas para financiar el fondo fiduciario de Zonas Frías.

Este lunes, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución ERAS N° 14/26, que estableció un tope del 3% mensual para los incrementos en las facturas de agua y cloacas entre mayo y agosto de 2026. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) fijó esta medida en un contexto de presión inflacionaria y de atrasos acumulados en las tarifas, que impactan tanto en el equilibrio financiero de la empresa como en el bolsillo de los usuarios.

Según el comunicado oficial de AySA, la decisión apunta a “continuar con el proceso de adecuación tarifaria de manera gradual y controlada, con actualizaciones de hasta el 3% mensual para el período comprendido entre mayo y agosto, con el objetivo de sostener el equilibrio económico-financiero de la empresa y garantizar la continuidad, calidad del servicio y las inversiones en infraestructura”. El esquema vigente permite acompañar la evolución de los costos y asegura previsibilidad para la planificación y ejecución de obras fundamentales.

Desde abril de 2024, AySA tiene vigente una fórmula polinómica para la actualización mensual de tarifas, aprobada por la Resolución 09/2024 de la Secretaría de Obras Públicas. Dicha fórmula toma en cuenta los salarios, los precios mayoristas y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Pero durante 2025, el Ministerio de Economía dispuso que los aumentos no superaran el 1% mensual, lo que generó un atraso tarifario de 21% a diciembre de ese año. Por lo que a posteriori una nueva resolución permitió aumentos de hasta 4% mensual entre enero y abril del 2026. Pero como la inflación continuó en alza, el atraso no se recuperó.

Pese a ello, por medio de la Resolución ERAS N° 14/26 y a los fines de ayudar a la desaceleración de la inflación a partir de abril, se fijó que el incremento mensual efectivo desde mayo hasta agosto de 2026 no podrá superar el 3% en cada mes, siempre que la fórmula de actualización no arroje un valor menor. La medida responde al pedido de la concesionaria, que informó un déficit proyectado de $205.000 millones y la necesidad de continuar con el proceso de convergencia tarifaria.

El proceso de actualización incluye, según destacaron desde la empresa, la continuidad del programa de Tarifa Social, que busca neutralizar el impacto del ajuste para los sectores vulnerables. El descuento del 15% para los denominados “zonales bajos” se mantiene vigente y alcanza al 48% de los usuarios residenciales. AySA remarcó que estos mecanismos de protección social seguirán vigentes mientras avance el proceso de readecuación tarifaria.

Según el cuadro oficial de AySA, las boletas de agua y cloaca reflejarán distintos valores promedio mensuales sin impuestos según la zona. En mayo de 2026, el monto estimado para la zona alta será de $35.325, mientras que en la zona media ascenderá a $32.081 y en la zona baja a $25.777. El promedio general para todas las áreas se ubicará en $29.967, lo que representa un incremento respecto a los meses previos. En abril, el monto estimado para la zona alta era de $34.977, media $31.146 y baja 25.026 pesos.

¿Aumento en la boleta de gas?

En el sector energético, la atención se concentra en la inminente actualización del recargo en las facturas de gas. Fuentes al tanto de las decisiones comentaron a Infobae que la definición respecto al aumento del 50% del recargo de la tarifa de gas se va a conocer a fin de mes. Es que hace una semana, el presidente Javier Milei otorgó nuevas facultades al ministro Luis Caputo para modificar hasta en un 50% el recargo en la boleta de gas que financia el Fondo Fiduciario de Zonas Frías. Mediante el Decreto 266/2026, el recargo podrá llegar hasta un máximo de 11,25%, frente al tope anterior de 7,5%.

El Fondo Fiduciario de Zonas Frías cubre el costo de las bonificaciones para usuarios residenciales en áreas con temperaturas bajas. En 2021, la ampliación del régimen incrementó la cantidad de beneficiarios de 950 mil a 4 millones de hogares. El nuevo marco legal apunta a que el costo de los subsidios no recaiga exclusivamente sobre el Estado, en un contexto de suba internacional de los precios del gas y el petróleo.

El ajuste del recargo impacta sobre el precio del gas y surge de la necesidad de cubrir el déficit del fondo ante el incremento en los costos de abastecimiento. Según fuentes oficiales, el régimen de zona fría es regresivo y deficitario, y la medida busca evitar mayor gasto público. El decreto responde a la volatilidad del mercado internacional de gas, agravada por el conflicto en Oriente Medio y la demanda invernal de importaciones de GNL.

El paralelismo entre la política de topes en los servicios de agua y el manejo de los aumentos en el gas marca la estrategia oficial para atenuar el traslado de costos a los usuarios. Mientras la definición sobre el gas permanece pendiente, la experiencia de la segmentación de aumentos en AySA funciona como antecedente sobre cómo las autoridades buscan administrar el impacto de la inflación en los servicios públicos esenciales.

El Gobierno avanza en procesos licitatorios, ventas de terreno y reformas societarias de una veintena de empresas del Estado.

La administración de La Libertad Avanza busca acelerar los procesos de privatizaciones y, frente a esto, el Congreso de la Nación volvió a poner en funcionamiento la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones que, luego de 10 años sin funcionar, realizó los primeros pedidos de informes.

A la espera del recambio legislativo, la comisión que preside el saliente senador Juan Carlos Romero recibió las primeras respuestas del Ejecutivo respecto a los pedidos de información, y las consideró insuficientes.

“El jueves pasado llegaron los informes circunstanciales sobre AySA, Corredores Viales, Sociedad Operadora Ferroviaria, Belgrano Cargas e Intercargo”, explicó Romero. Por su parte, la vice de la comisión, la santacruceña Ana María Ianni, señaló que dejaban dudas las respuestas del Ejecutivo y que no respondió sobre si las empresas que ya se lanzaron los procesos “tienen acciones judiciales y si están entorpeciendo el proceso de transformación”.

“Nuestra intención es ampliar los pedidos de informes porque las respuestas no son suficientes y elevar hoy ese pedido de ampliación. Y a partir de esto trabajar sobre las 8 empresas a privatizar”, agregó.

Los legisladores hicieron referencia a que, además de las cinco empresas nombradas al comienzo, también se había pedido informes sobre Yacimientos Carboníferos Fiscales, la Compañía Inversora de Energía Eléctrica y, principalmente, Nucleoeléctrica. Esta última fue la que concentró buena parte de la conversación de la comisión que duró menos de 30 minutos.

La diputada de Unión por la Patria Florencia Carignano hizo referencia a que “Nucleoeléctrica fue expresamente quitado del listado de empresas a privatizar de la Ley Bases” y que ahora el Gobierno avanza en una reestructuración del capital accionario donde vendería el 44 % de las acciones.

Pero, además, hizo referencia a la “opacidad” con la que entiende que está llevando adelante los procesos el Ejecutivo y puso como ejemplo las centrales nucleares. “El tribunal de tasación que ya hizo dos tasaciones de las centrales Atucha fue expresamente quitado. Por una nota, el presidente del tribunal señala que no puede hacer una valuación y se le encomendó a un banco privado. Hay maniobras turbias para dejar el precio mínimo de tres centrales nucleares. El tribunal de Tasación del Estado que ya hizo el trabajo dos veces cómo puede ser que ahora diga que no lo puede hacer una tercera vez”, se preguntó la diputada.

Esto fue avalado por el senador Romero quien señaló, en tono irónico, que si no se explicaba bien esta situación “se les va a hacer costumbre” a los miembros del Tribunal de Tasación no realizar las tasaciones.

Otro punto que centró la ampliación de los pedidos de información al Ejecutivo es que en las respuestas de los 5 informes enviados no hay referencia a quiénes serán los organismos de control. “No queda claro en las respuestas quién en el caso de Corredores Viales -que ya está en etapa de recibir ofertas- y en el de las empresas ferroviarias quién va a ser la autoridad reguladora, quién va a controlar el cumplimiento de los contratos”.

Respecto de aquellas que están en proceso de “transformación” de Sociedad del Estado a una Sociedad Anónima, como es el caso del Banco Nación, los diputados y senadores de la Bicameral de Seguimiento pedirán que el Ejecutivo responda “qué van a hacer, por qué el cambio, si la intención es que operen en la bolsa como es el caso de YPF u otra medida”.

En línea con el parecer de las autoridades, los vocales ampliaron las preguntas de los informes enviados al Poder Ejecutivo y extendieron la consulta de información a las empresas Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Fabricaciones Militares, Talleres Navales Dársena Norte, Soluciones Satelitales, Radio Argentina, Ferrocarril Argentino, Fábrica Militar de Aviones, Administración de Puertos, Casa de la Moneda, Banco Nación, Playas Ferroviarias y Polo Tecnológico Constituyente.

El gobierno de Javier Milei envió este lunes al Congreso el proyecto de Presupuesto 2026 con la premisa de sostener el equilibrio fiscal, principal ancla de su gestión, aunque igualmente reconocerá un incremento por encima de la inflación proyectada para obras públicas en provincias y municipios. La medida también se conoce tras una serie de traspiés electorales y la disputa de la Casa Rosada con algunos gobernadores que reclaman más fondos. El punto central que surge del mensaje oficial es la decisión de canalizar nuevas partidas hacia jurisdicciones subnacionales, focalizando en programas y proyectos definidos como “prioritarios” por el Gobierno.

La norma del Poder Ejecutivo prevé para 2026 un aumento de $1,1 billones en la partida de gastos de capital de la Administración Nacional, equivalente al 50,3% de incremento respecto a lo presupuestado para este año. El componente más importante de estos gastos corresponde a transferencias de capital, que absorben el 49,7% del total de gastos de capital y aumentan un 81,4 por ciento. La inversión real directa alcanza una suba de 26,1%, mientras que la inversión financiera asciende 41%, según las cifras plasmadas en el texto oficial.

Se trata en todos los casos de subas por encima de la variación esperada para el Índice de Precios al Consumidor (IPC), de 10,1% acumulada. La medida se conoció después de la designación de un nuevo ministro del Interior y de la promesa de una relación “más fluida” con los mandatarios provinciales.

El mensaje que acompaña el proyecto de Presupuesto menciona que en 2026 se dará prioridad a obras viales de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), proyectos de modernización ferroviaria con renovación de infraestructura y material rodante, inversión energética orientada al desarrollo hidroeléctrico y nuclear, fortalecimiento de defensa y seguridad, y la ampliación de redes de agua y saneamiento. “La ampliación y optimización de las redes de agua y saneamiento apuntan a mejorar la cobertura y calidad del servicio”, describe el documento.

Se trata de un cambio de enfoque para el Gobierno, que había tenido la política de recortar al máximo obras para que sean encabezadas por el sector privado. Aunque, reconocen, hay movimientos que deberán ser realizados primero por el Estado. Hay muchas empresas involucradas que están sujetas a privatización y necesitan “mejoras” para ser más atractivas para eventuales inversores.

Según el anexo oficial, “el gasto público históricamente se ha financiado a partir de la recaudación impositiva, de la captación de fondos en los mercados de deuda o de la emisión monetaria”. El texto remarca que la recaudación desvía recursos del sector privado y la deuda desplaza la inversión privada (“crowding out”), mientras que la emisión fomenta inflación, corta el horizonte de planeamiento y desalienta los proyectos de largo plazo.

El gobierno de Milei argumentó que, tras “años de una tendencia secular al deterioro de la inversión”, la administración “logró erradicar el efecto crowding out, provocando un despegue de la inversión y del crecimiento económico, que superarán el 26% y el 5% en 2025, respectivamente”. La eliminación del déficit fiscal y la disminución de la inflación también reciben mención como factores que “apuntalan la inversión y el clima de negocios”. El texto agrega que “la privatización de empresas públicas aportará a reducir el gasto público, atraer capital privado y mejorar la eficiencia de los servicios prestados”.

Desde el Gobierno se insiste en que “la importancia no radica en la magnitud de la inversión pública, sino en su calidad y eficiencia”. El Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) busca asegurar que los proyectos del Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP) cumplan los requisitos de formulación y evaluación. “Su principal propósito es asegurar que los proyectos que se proponen incluir en el Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP) cumplan los requisitos de formulación y evaluación vigentes, los cuales se basan en las mejores prácticas internacionales en la materia”.

Para el periodo 2026-2028, el Gobierno acordó “priorizar proyectos que se encuentren en ejecución, los que a su vez fueron revisados en función de su alineación con las políticas de gobierno”. Para los proyectos a iniciar, pondera aquellos que impacten positivamente en “la generación de empleo, promuevan la actividad exportadora, contribuyan a mejorar la balanza energética e incidan en potenciar el desarrollo tecnológico”. Además, detalla que reciben prioridad los proyectos con informe de calificación técnica, estudios de prefactibilidad y financiamiento externo.

En el plano sectorial, el enfoque se centra en Obras viales de la DNV, modernización ferroviaria, inversión en energía nuclear e hidroeléctrica, fortalecimiento logístico en defensa y seguridad, y mejora de redes de agua y saneamiento. Una frase del documento sostiene que “otro aspecto para mejorar la eficiencia de la inversión consiste en asegurarse una adecuada formulación y evaluación de proyectos por parte de los organismos formuladores.”

El mensaje informa que el Gobierno incrementó instancias de capacitación en la elaboración y gestión de proyectos, abarcando también organismos provinciales. “Este trabajo se ha extendido, para colaborar con los sistemas de inversión pública provinciales, donde también se han propuesto medidas de mejora de la gestión de la inversión, de acuerdo a las mejores prácticas internacionales”, define el texto.

También presenta mejoras en los sistemas informáticos del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN) y su integración con otros sistemas presupuestarios, “con el objetivo de obtener información de mayor calidad y más oportuna en el BAPIN y así poder reforzar la capacidad de respuesta en la toma de decisiones”. El Gobierno implementa además “la evaluación ex post de un conjunto de proyectos, de manera de analizar si las inversiones se realizaron conforme a lo planeado o si hay diferencias entre lo previsto y lo ejecutado, e indagar las causas de los eventuales desvíos”.

La distribución sectorial de las partidas expone que el gasto de capital para 2026 representa 2,2% del total presupuestado. El monto previsto de crecimiento en inversión real directa estará principalmente influido por las obras viales bajo la órbita de la DNV, las asignaciones para infraestructura económica y social, en especial para proyectos de agua potable, alcantarillado y transporte, las inversiones de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), y el fortalecimiento operativo de la seguridad y defensa. Las transferencias de capital más importantes tienen como destinatarios a Energía Argentina S.A. y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (cada una absorbe 24,5% del total de transferencias de capital), Administración de Infraestructuras Ferroviarias (19,7%) y Operador Ferroviario (12,5%), además de provincias y municipios que concentran un 7,3% del total.

En medio de la disputa entre el Gobierno nacional y gobernadores por la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el pasado viernes se transfirieron $12.500 millones a cuatro provincias bajo este concepto. Este monto supera ampliamente los $3.000 millones enviados durante todo agosto, y se da en el marco del empoderamiento que Javier Milei decidió sobre el nuevo Ministerio del Interior, que ahora tiene como flamante titular al ex vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán.

El contexto político agrega tensión a estas transferencias, ya que Entre Ríos y Chaco mantienen alianzas electorales entre sus oficialismos provinciales y La Libertad Avanza (LLA). En ambas jurisdicciones, los principales candidatos a diputados y senadores pertenecen a LLA, que compite en conjunto con los gobiernos locales. Además, los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco) participaron recientemente en la primera reunión de la Mesa Federal, convocada por el Ejecutivo tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y que marcó la presentación del nuevo ministro del Interior.

La reciente autorización del Gobierno nacional para la privatización total de AySA generó la reacción de la oposición en el Senado. El bloque de Unión por la Patria avanzó con dos iniciativas legislativas firmadas por el senador Eduardo “Wado” de Pedro que buscan frenar cualquier intento de transferencia de la empresa al sector privado. La preocupación en torno a la protección del acceso al agua como un derecho humano y la preservación del modelo público de gestión aparecen entre los argumentos principales de los proyectos.

El proyecto S‑1287/25, presentado por De Pedro, propone declarar el servicio a cargo de AySA “de interés público y estratégico para el desarrollo humano”, en línea con el artículo 75 de la Constitución Nacional, y prohíbe de manera explícita cualquier modalidad de privatización, concesión, cesión de capital o tercerización de la gestión de la firma. El texto exige además que cualquier modificación en el objetivo de la empresa, su composición accionaria o la enajenación de activos esenciales requiera aprobación del Congreso con una mayoría de dos tercios, reforzando barreras jurídicas frente a embates privatizadores.

Paralelamente, el proyecto de declaración S‑1288/25 manifiesta “la profunda preocupación y el más enérgico repudio” ante los decretos presidenciales de privatización, al tiempo que remarca que tales medidas implican “un retroceso en la protección del derecho humano esencial de acceso al agua potable segura y al saneamiento cloacal”. En la misma línea, condena tanto el eventual traspaso al sector privado como la interrupción del servicio por falta de pago. Los documentos llevan las firmas de otros legisladores del espacio, entre los que figuran María Eugenia Duré, Mariano Recalde, Sandra Mendoza, Alicia Kirchner, María Inés Pilatti Vergara, Jesús Fernando Rejal, Oscar Parrilli, Sergio Leavy, Cristina López y José Emilio Neder.

Ambas iniciativas surgen como respuesta al anuncio oficial de la Casa Rosada, a través de los decretos 493 y 494/25, que permiten la enajenación de AySA a fin de avanzar en un cambio de rumbo en la administración del recurso hídrico. Ante ello, gran parte de la oposición expresó alarma sobre el impacto en la tarifa, la calidad de los servicios y el alcance de la red, que actualmente llega a una cobertura del 85% en agua potable y 70% en cloacas, según datos oficiales difundidos por el equipo del senador.

Al fundamentar la presentación de sus iniciativas, Wado de Pedro destacó la naturaleza esencial y estratégica de los servicios de AySA. “El agua es un recurso natural escaso y estratégico, y es un derecho humano del cual dependen la vida, la salud y el desarrollo de nuestro pueblo”, afirmó. Asimismo, el senador subrayó la función de la compañía estatal como “salud pública y desarrollo para millones de familias” y recordó los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de acceso universal al agua y saneamiento. “Esta ley es una herramienta para cumplir con esos compromisos y para que ningún gobierno pueda volver a rifar un derecho tan básico”, sostuvo De Pedro.

Las estadísticas esgrimidas durante la presentación de los proyectos subrayan el contraste observado durante los períodos de gestión privada y estatal. Desde la estatización, la inversión ejecutada en obras para ampliar la cobertura fue veinte veces superior a la registrada durante la administración privada, con la construcción de nueve plantas depuradoras, la gran potabilizadora de Tigre y cientos de expansiones de la red, resaltó de Pedro. Según datos de AySA divulgados por los legisladores, más de 4,5 millones de personas accedieron de manera inédita al agua potable y 3,6 millones a la red cloacal. En materia de calidad de servicio, los cortes se redujeron en un 57% y su duración bajó en un 72% desde la intervención del Estado.

El núcleo del debate está puesto en el control accionario de la compañía, que de acuerdo a los proyectos presentados por el kirchnerismo deberá mantenerse en un 90% en poder del Estado nacional, con el 10% restante reservado a los trabajadores de la empresa. Para evitar proyectos de tercerización futura, el texto introduce la obligación de una mayoría calificada en el Congreso para cualquier modificación sustancial.

El Gobierno nacional, días atrás, dispuso la venta total de AySA con la condición de que el 51% quede en manos de un único grupo privado.

Actualmente, AySA presta servicios de agua potable y saneamiento cloacal a veintisiete partidos de la provincia de Buenos Aires y la totalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cubriendo a más de 14 millones de habitantes.

En el nuevo episodio de La Conversación, tres voces enfrentadas analizan los procesos de privatización en Argentina: su historia, sus consecuencias y su actualidad. Las privatizaciones reaparecen una vez más en el centro de la discusión política argentina. Lo que en los años 90 fue bandera de modernización hoy vuelve bajo otro contexto económico y social, pero con las mismas preguntas: ¿qué debe hacer el Estado?, ¿qué conviene dejar en manos privadas? y ¿a quién beneficia cada decisión?

Para discutir estos interrogantes, Infobae reunió a tres referentes con trayectorias y posturas claramente diferenciadas. Horacio Liendo, abogado, redactor de la Ley de Convertibilidad, figura clave del gobierno de Menem. Rubén “Pollo” Sobrero, sindicalista ferroviario, referente de la izquierda y la defensa de las empresas públicas. Julián Gadano, exsubsecretario de Energía Nuclear, académico especializado en políticas públicas y tecnología. La charla fue moderada por el periodista Gonzalo Sánchez y ya está disponible en el canal de YouTube de Infobae.

Dos visiones enfrentadas sobre un mismo proceso

Desde el comienzo, las posturas fueron claras. Liendo defendió el programa de reformas estructurales de los 90, argumentando que no había otra salida ante la hiperinflación y la crisis institucional. Sostuvo que las privatizaciones fueron necesarias y que en muchos casos generaron mejoras reales en infraestructura, como la expansión del sistema telefónico.

Del otro lado, Sobrero calificó al proceso como “una entrega del país”, recordó los despidos masivos, y vinculó las privatizaciones con el aumento de la pobreza, la pérdida de soberanía y la concentración económica. “Todo esto empezó con la dictadura y termina con un país endeudado y saqueado”, denunció.

Entre ambos, Gadano intentó matizar el debate: reconoció que el Estado argentino suele ser ineficiente, pero subrayó que no todo debe privatizarse. “El Estado debe garantizar bienes públicos, pero en la mayoría de los casos, el sector privado administra mejor las empresas”, afirmó, aunque aclaró que hay excepciones, como los ferrocarriles o el desarrollo nuclear.

¿Por qué se privatiza?

La idea de fondo es sencilla: el Estado cumple funciones básicas —educación, salud, seguridad, justicia—, pero no debería competir con el sector privado en el mundo empresarial. Según esta visión, las empresas públicas tienden a ser ineficientes, gastan más de lo que producen y muchas veces están atravesadas por corrupción, favoritismo político o gestión deficiente.

Para Horacio Liendo, privatizar fue una salida obligada en los años 90: había hiperinflación, deuda, crisis institucional. “No había otra forma de ordenar la economía”, afirmó. El Estado vendió empresas a cambio de dinero, inversiones y la promesa de mejorar servicios que estaban estancados. “Entel era un desastre, para tener teléfono había que esperar años o pagar como por un departamento”, graficó.

Desde esta óptica, privatizar es modernizar. Si las empresas privadas invierten, compiten, innovan y generan ganancias, los ciudadanos reciben mejores servicios. El rol del Estado, entonces, es regular, cobrar impuestos y garantizar que las reglas se cumplan.

¿Y por qué muchos creen que es un error?

Desde la vereda opuesta, Rubén Sobrero denunció las privatizaciones como una forma de saqueo encubierto. Para él, no se trató de mejorar servicios, sino de transferir activos estratégicos a manos privadas —muchas veces extranjeras— a precios bajos, despidiendo trabajadores y concentrando riqueza. “No fue privatización, fue entrega”, dijo. El caso de los ferrocarriles, según relató, fue emblemático: “100 mil despidos, servicios deteriorados y subsidios del Estado que terminaron en manos de empresarios amigos”.

También cuestionó la narrativa de que el Estado siempre gestiona mal: “Si ponés a alguien que defiende intereses privados a manejar lo público, claro que va a salir mal”, afirmó. Para Sobrero, el problema no es el Estado, sino quién lo gobierna y con qué fines. Y advirtió que las consecuencias de las privatizaciones no son solo económicas, sino también sociales, territoriales y simbólicas: “Cuando entregás empresas, entregás soberanía”.

¿Qué dice la experiencia?

Julián Gadano intentó plantear una tercera posición. Cree que el Estado debe garantizar ciertos bienes públicos —educación, salud, ciencia— pero que, salvo excepciones puntuales, las empresas funcionan mejor en manos privadas. No obstante, reconoció que no todas las privatizaciones fueron buenas. “La de Aerolíneas Argentinas salió mal, y eso alimentó el consenso de volver a estatizar”, dijo. Y agregó: “Hay casos, como el sector nuclear, donde la presencia estatal puede estar justificada”.

Además, planteó un punto clave: la eficiencia no depende solo de quién gestiona, sino también de las reglas del juego. “Si el Estado impone tarifas artificiales o subsidia mal, tanto una empresa pública como una privada pueden funcionar mal”, explicó. En definitiva, privatizar no es garantía de éxito, pero tampoco lo es dejar todo en manos del Estado. Hay que evaluar caso por caso.

¿Y hoy?

En el gobierno actual, el debate vuelve con fuerza. Ya se anunció la privatización de empresas como IMPSA y AySA, y el Ejecutivo promete avanzar con otras más. Pero las condiciones no son las mismas que en los 90, y el clima social es diferente. “Hay que discutir empresa por empresa, no repetir slogans”, cerró Gadano.

Este episodio de La Conversación ya está disponible en el canal de YouTube de Infobae. Nuevos episodios todos los jueves.

El Gobierno de Javier Milei espera lanzar antes de fin de año una licitación pública nacional e internacional por al menos el 51% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA), con el objetivo de que en menos de un año el servicio pase a ser controlado por un privado. El remanente del paquete accionario que quede en manos del Estado, que es dueño del 90% de la compañía, será subastado en la Bolsa también en 2026.

Para despertar el interés de empresas o consorcios la intención oficial es realizar modificaciones en el marco regulatoria de la concesión que tiene Aysa en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con propuestas entre las que se encuentran que la nueva concesionaria pueda proceder al corte de servicio a residenciales que presenten atrasos de pagos, ajustes trimestrales de tarifas en base a inflación y que las obras sean financiadas por los usuarios en sus boletas finales.

Así lo confirmaron a Infobae fuentes oficiales que trabajan directamente en el proceso de privatización de la empresa estatal.

Actualmente, la restricción del servicio, según el Artículo 81 del Marco Regulatorio aprobado por la Ley 26.221, procederá solamente en caso de mora de los Usuarios Residenciales que hayan incurrido en la falta de pago de las facturas por dos períodos consecutivos de facturación. Previamente la Concesionaria deberá haber remitido una intimación de pago fehaciente con 15 días de anticipación. Ese protocolo seguirá vigente antes de las eventuales restricciones de los hogares en caso de que avance la propuesta.

El corte de los servicios procede actualmente sólo en caso de Usuarios No Residenciales (comercios e industrias, por ejemplo) y se hace efectivo por falta de pago de las facturas de dos períodos de facturación y previa intimación fehaciente con 10 días de anticipación.

Esos cambios representan un fuerte contraste contra el modelo aplicado desde la estatización de la empresa en 2006, en busca de garantizar una ecuación económica favorable. Actualmente, los hogares sólo pueden sufrir restricciones parciales de servicio cuando adeuden 2 períodos consecutivos de facturación, las tarifas se actualizan mensualmente por determinación arbitraria del Ministerio de Economía y las obras fueron financiadas en los últimos años por el Tesoro, a partir de préstamos con organismos multilaterales o transferencias directas, o por inversiones de capital de la empresa.

El Estado posee el 90% de las acciones de la empresa y el 10% restante pertenece a los empleados. El Gobierno espera lanzar antes de que termine el año una Licitación Pública Nacional e Internacional (LPNI) por el 51% del paquete accionario “para incorporar un operador estratégico con experiencia y capacidad técnica” y ese proceso se llevará adelante en los próximos 330 días, según el cronograma estimado que anticiparon las fuentes.

En la empresa señalaron que ya comenzaron a realizar roadshows con la ayuda de la Corporación Financiera Internacional (CFI), del Banco Mundial, para tantear el interés de inversores. También mencionaron que varias empresas que participan de licitaciones en Brasil, y que no se adjudiquen ningún proyecto en ese país, estarían dispuestas a “jugarse una ficha” por Aysa.

La venta de al menos el 51% de las acciones implica que la concesión del servicio pasará a ser controlado por un privado, pero los activos seguirán perteneciendo al Estado y volverán a sus manos una vez que termine el contrato de la concesionaria, período que todavía no fue definido. En despachos oficiales no descartan que se permita competir a consorcios de empresas, por la complejidad de la administración y por la necesidad de nuevas obras frente a un déficit estructural de la red. Las fuentes consultadas no dieron precisiones sobre cuánto dinero esperan por la venta de las acciones.

El siguiente paso, previsto para completarse dentro de los 90 días posteriores a la finalización de la LPNI, será el de la Oferta Pública Inicial (IPO, por su sigla en inglés) del remanente de las acciones en manos del Estado. Es decir que, por ejemplo, si el Estado licita el 51% del paquete, el 39% restante flotará en la Bolsa.

Aysa presta servicio de agua potable y de tratamiento de desagües cloacales en CABA y en 26 partidos del conurbano bonaerense. Abastece a más de 11 millones de personas con agua potable y a más de 9 millones de personas con saneamiento, por lo que es la segunda más grande de América Latina. Actualmente cuenta con unos 6.200 empleados, según datos del Indec, 20% menos que antes del inicio de la gestión Milei.

La compañía finalizó el año pasado con un superávit operativo de $48.288 millones -a precios constantes- el primero con esa condición desde 2007. La firma alcanzó ese resultado, principalmente, gracias al aumento del 317% en las tarifas de sus clientes durante 2024 y a los programas de regularización de las deudas. Desde que asumió Milei en diciembre de 2023 la tarifa de agua en el AMBA aumentó 362%, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet).

El Gobierno señaló que desde su estatización en 2006 Aysa requirió aportes del Tesoro por el equivalente a USD 13.400 millones.

Problemas estructurales

AySA presta servicio a más de 11 millones de personas, pero enfrenta múltiples fallas estructurales que fueron detalladas por la empresa en un comunicado interno:

• Resultados magros en las Inversiones de infraestructura: A pesar de una inversión significativa en el período 2006-2023, no se logran los objetivos deseados.
• 28% de la red de agua y 50% de los afluentes está obsoleta.
• Solo 30,5% de conexiones sobre los 50 años de antigüedad.
• Pérdidas de agua: módulos elevadas medidas con micromedidores (la meta era 43,5%).
• Provisión irregular: más del 40% del agua producida se pierde o no se registra.
• Roturas en conexiones: 50% se produce en caños con menos de 6 años.
• Incumplimiento del servicio: Sólo el 21,8% abastece el servicio en el horario establecido.
• Red de agua No Contabilizada: Se mantiene por encima del 40%, muy por encima de los estándares internacionales.
• Gestión Financiera dependiente de subsidios estatales: Transferencias del Tesoro Nacional que alcanzaron aproximadamente USD 13,4 mil millones de 2006 a 2023. Esto representa el 51% del gasto del período y es el valor más elevado entre otras utilities.
• Alta Morosidad: La empresa, durante el octenio analizado, nunca cobró arriba del 88%.
• Costos Operativos elevados: Incremento del 80% en términos reales entre 2006 y 2023. Elevada erogación en eficiencia. Muy pocas ciudades cubren el 100% de costos con tarifas.

Buenos Aires, 18 jul (EFE).- El Gobierno de Argentina anunció este viernes la puesta en marcha de la privatización de AySa, la empresa pública que da servicio de agua y saneamiento en Buenos Aires y toda su área metropolitana.

"El Gobierno tomó la decisión de iniciar el proceso privatización de AySA. De esta manera, se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones en manos del Estado a través de un esquema mixto que combina licitación pública nacional e internacional”, anunció el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en una rueda de prensa en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo.

“El Gobierno tomó la decisión de iniciar el proceso privatización de AySA. De esta manera, se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones en manos del Estado a través de un esquema mixto que combina licitación pública nacional e internacional”, anunció el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en una rueda de prensa en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo. EFECOM

(vídeo)

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), responsable de la provisión de agua potable en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, llevó a cabo durante esta madrugada su Programa de Inspección de Ríos Subterráneos 2025.

El operativo, que comenzó anoche a las 22 horas y duró hasta las 4 de hoy, abarcó el tramo Devoto y Barrancas - Saavedra. “El trabajo nocturno se realizó en el cruce de Virrey del Pino y Luis María Campos, en CABA. Allí está ubicada la Cámara 1, de las 59 que hay a lo largo del recorrido por la que ingresaron los buzos y el minisubmarino”, explicaron, desde AYSA, a Infobae.

Fuentes de la empresa agregaron que, durante el operativo, fue necesario proceder a la parada del bombeo de cinco estaciones elevadoras que abastecen a gran parte de la zona Norte y Oeste.

Y, una vez finalizada la inspección, se comenzaron a prender las bombas de las estaciones de forma secuenciada y se bombeó a la red. “Esto es así para no inyectar alta presión a la red que pueda dañar las cañerías y producir alguna rotura”, sostuvieron desde la empresa.

Y advirtieron: “Es importante, durante el día de hoy, racionar el consumo de agua, para que esto también se recupere mas rápido. Ahora, todas las bombas están encendidas por lo que, de manera paulatina, se esta normalizando el servicio en los domicilios”.

La demora en la recuperación total del servicio podría extenderse hasta las primeras horas de la tarde en zonas que carecen de tanques de cisterna o instalaciones adecuadas, o que se encuentran alejadas de las estaciones elevadoras. “Debido a que los caños involucrados en los operativos son de gran magnitud, al hacer este tipo de paradas se ´deprime la red´, por lo que tarda varias horas en recuperar la presión normal", agregaron a este medio.

Las zonas afectadas del AMBA

Este operativo afecta el suministro de agua potable en la región del norte y oeste del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hasta las primeras horas de la tarde de hoy. “Es difícil hablar de barrios puntuales en CABA porque tiene todo un sistema interconectado. Pero toda la franja, desde Villa Real/Versalles hasta Núñez, es la mas afectada”, sostuvo AYSA.

Con respecto al conurbano, las zonas de San Martín, San Isidro, Vicente López, Tres de Febrero, Morón, Hurlingham e Ituzaingó, van a estar afectadas prácticamente en su totalidad, porque su principal fuente de abastecimiento es agua que proviene de la Planta San Martín (Palermo) a través de las Estaciones Elevadoras involucradas en el operativo.

En el caso de San Fernando, puede haber baja presión en la zona limítrofe a San Isidro, porque también se abastece con agua de la Planta Rosas (Tigre). “Algo similar ocurre con La Matanza, solo la zona lindera a Morón, porque -a pesar de abastecerse con agua de Palermo- tiene su propia estación elevadora, que no fue afectada al operativo”, añadieron desde la firma.

Cómo es el procedimiento

Los “ríos subterráneos” de Buenos Aires, una red de 88 kilómetros construida entre 1950 y 2000, es una de las infraestructuras más complejas y extensas, en realidad: megacañerías con diámetros que oscilan entre 2,6 y 4,6 metros.

“Estos operativos son cada 15 días, pero este tenía la particularidad que era muy grande, pero al ser en horario nocturno y en épocas de bajas temperaturas, por ende de menor consumo, la afectación se reduce significativamente”, aclararon fuentes de la empresa a este medio.

Las megatuberías, ubicadas a profundidades de hasta 35 metros bajo tierra, permiten el transporte eficiente de grandes volúmenes de agua potable desde las plantas de tratamiento hasta los centros de distribución y, finalmente, a los hogares y comercios del AMBA.

La magnitud de estas obras subterráneas exige un monitoreo constante y detallado. Para ello, AySA implementó un sistema de inspección que combina la experiencia de su personal técnico con el uso de tecnología de punta. “Esto se hace de manera programada y controlada, por lo que no suele haber inconvenientes. En este puntual, no los hubo”, sostuvieron desde la firma.

Una de las herramientas para este tipo de procedimientos es más el mini submarino ROV, un vehículo de operación remota que permite realizar video inspecciones en tiempo real a lo largo de los diferentes tramos de los ríos subterráneos.

Este dispositivo, controlado a distancia, recorre el interior de las tuberías y transmite imágenes de alta definición, facilitando la detección de posibles fisuras, obstrucciones o desgastes en la estructura. “El objetivo es verificar que el megaconducto se encuentre en óptimas condiciones para su funcionamiento”, comunicó AySA en relación a la inspección programada.

Las inspecciones con ROV se realizan semanalmente y suelen programarse en horario nocturno para minimizar el impacto en el suministro. El vehículo ingresa a los conductos a través de cámaras de acceso y puede examinar entre 400 y 1.000 metros a cada lado de la cámara.

El Programa de Inspección de Ríos Subterráneos prevé la realización de al menos 20 inspecciones en diferentes tramos de la red durante este año, además de los operativos semanales.

Hasta noviembre, se inspeccionarán más de 18 kilómetros de túneles en el marco del Programa 2025. Desde 2008, AYSA 231 operativos de inspección, lo que representa el 88% del sistema (77 kilómetros de tramo), aunque la cifra total de kilómetros inspeccionados asciende a 231, ya que algunos tramos se han revisado en varias oportunidades.

Cronología de los ríos subterráneos

La historia se remonta a la segunda mitad del siglo XX, aunque la preocupación por el acceso al agua potable en Buenos Aires y su área metropolitana data de finales del siglo XIX.

El primer sistema de distribución, vigente entre 1887 y 1953, transportaba el agua mediante cañerías de impulsión desde el Establecimiento San Martín hasta los depósitos de Córdoba, Caballito y Devoto.

El segundo sistema, que comenzó a operar en paralelo a partir de 1953 con la habilitación de la Estación Elevadora Caballito, introdujo la red de grandes conductos enterrados que hoy se conocen como “ríos subterráneos”.

A partir de 1944, Obras Sanitarias de la Nación inició la construcción de un nuevo sistema de alimentación por gravedad desde el Establecimiento Palermo —actual Planta Potabilizadora General San Martín— hasta los depósitos distribuidores, conocidos como “Gigantes del Agua”.

Se excavaron túneles a profundidades de entre 25 y 30 metros, con diámetros que en algunos tramos alcanzaban los 5 metros. Estos conductos llegaban hasta el pie de los depósitos, donde estaciones elevadoras impulsaban el agua a los distintos niveles de almacenamiento, mejorando la eficiencia del sistema.

Actualmente, junto a cada uno de estos depósitos, funciona una estación elevadora que integra el sistema de distribución de agua vigente.

Los conductos habilitados entre los años 50 y 80 se ejecutaron con hormigón simple, mientras que a partir de 1983 se emplearon dovelas de hormigón armado y revestimientos internos de hormigón, lo que incrementó la durabilidad y seguridad de la red. Muchos de estos túneles continúan en operación y requieren monitoreo y mantenimiento especializado debido a su antigüedad y características constructivas.

Muchos porteños la vieron cerca de la costa en la zona de costanera norte a la altura del Parque de la Memoria. Justo antes de ingresar a la Ciudad Universitaria de la UBA. Es una pequeña casa en el medio del Río de la Plata que parece flotar como un pequeño castillo fantasma.

Las leyendas urbanas se alimentaron todos estos años desde su construcción a fines del siglo XIX. Algunos decían que era una obra de arte abandonada. Otros alimentaron la teoría de que es la casa de un millonario con un proyecto de vivir en medio del río. Nada de eso es cierto.

La casita no tiene ningún conde que sale de noche por las calles porteñas, ni tampoco fue el resultado de una instalación artística. Se trata de la primera toma de agua que del Río de la Plata llegaba hasta la primera planta potabilizadora de agua en el barrio de Recoleta, donde actualmente se encuentra en Museo de Bellas Artes.

El primer sistema de agua

“En ese momento, el río estaba mucho más cerca. Eran pocos metros - asegura Celina Noya, responsable del Museo del Agua de Aysa-. De ahí sacaban el agua que después de las decantaciones se empezaba a distribuir por las casas de los porteños a finales del siglo XIX”.

Todo comenzó con las epidemias de fiebre amarilla. En 1871, se produjo la más devastadora para la Ciudad. Fue el momento que la clase alta se mudo del sur al norte de Buenos Aires. Ese año, la enfermedad mató a 14.000 personas, lo que equivale al 8% de la población.

Hasta ese momento, el agua no era de buena calidad en la Ciudad. “Los más ricos tenían aljibes que juntaba el agua de lluvia o pasaban los aguateros que acarreaban el agua desde el Río de la Plata hasta las casas -explica Noya-. También hubo una bajante muy importante del río que causó desabastecimiento. Eso había generado mucho malestar en los porteños de la época”.

Entonces, se contrató a ingenieros ingleses que realizaron las primeras obras. El objetivo era tomar el agua del río, limpiarla y almacenarla en tanques que luego la iban a distribuir por las casas de Buenos Aires. Es el mismo momento en que empieza a pensarse un sistema cloacal para separar las aguas.

La captación de agua desde el río que formaba parte del primer sistema de aguas corrientes de la ciudad proyectado por el ingeniero John Coghlan, no contó, entonces, con una torre de toma.

Sólo eran caños de hierro que partían de la Planta de Recoleta (hoy Museo de Bellas Artes) internándose en el estuario. Con la ampliación de esta Planta planteada por el estudio Bateman, Parsons &Bateman en su proyecto del Radio Antiguo (1872), nació la primera torre de toma, que se ubicó frente al pueblo de Belgrano.

La construcción de la casita

Su construcción se inició en 1876 y se habilitó en 1895. “Se usó un sistema de diques para mantener seca la zona y poder hacer la instalación”, explica Noya.

Por fuera, la torre presentaba en sus cuatro caras formas neoclásicas, con almohadillados y cornisamento perimetral superior, y una planta cuadrada. Por dentro, se trataba de un cilindro, con tres metros de diámetro, ubicado por sobre 2.60 metros del nivel máximo de crecidas. Por eso, durante las sudestadas, aún las más complicadas, siempre se mantiene sobre el nivel del río. Eso da la sensación de que esta flotando. En el interior del cilindro se cavó un pozo a más de 10 metros bajo el lecho del río.

La casita del Río de la Plata tiene el mismo estilo que las construcciones de la época de la empresa de agua porteña. Es como una “hija menor” del clásico Palacio de Aguas Corrientes, ubicado en la Avenida Córdoba y Riobamba.

La captación de agua desde el río que formaba parte del primer sistema de aguas corrientes de la ciudad fue proyectado por el ingeniero inglés John Coghlan. Al principio eran caños de hierro que partían de la Planta de Recoleta (hoy Museo de Bellas Artes) internándose en el estuario. Con la ampliación de esta Planta planteada por el estudio Bateman, Parsons &Bateman en su proyecto del Radio Antiguo (1872), nació la primera torre de toma, que se ubicó frente al pueblo de Belgrano. “Cuenta con un sistema de rejas para evitar que pasen objetos grandes y basura”, cuenta la Responsable del Museo del Agua.

“Con muy pocos cambios, ese primer sistema se parece a los que se usan actualmente para llevar el agua a las casas de la Ciudad - revela Noya-. Obvio que hay otros volúmenes y se mejoró el nivel de potabilización, pero el concepto de extracción es el mismo”.

La renovación del agua

Al construirse la Planta Potabilizadora en Palermo (actual Planta Gral. San Martín), frente a la pista del aeroparque, se construyó una nueva torre, de forma hexagonal, de mampostería hidráulica, con una capacidad de 1.600.000 m3 diarios, de la que partía un túnel de toma de tres metros de diámetro y 1.245 metros de largo, 1.000 de ellos bajo el río. Durante 1972 y 1973, se ejecutó una nueva torre de toma a 1.500 metros de la Planta, la que hoy se encuentra en funcionamiento. De esta extensión, 1.000 metros son fluviales -el resto del trayecto pasa por debajo del Aeroparque, la Avenida Lugones y el acceso a la Planta- con un conducto de 5,4 metros de diámetro, de hormigón pretensado. En cada una de sus caras (ocho en total) la torre tiene dos acometidas, contando cada entrada con una reja semicircular de dos metros de ancho por tres de alto.

Nada es para siempre

Muchas veces los porteños creen que es natural que de las canillas de sus casas salga líquido. Es más que esa agua sirva para tomar en forma segura. Creen (o creemos), quizás, que ese recurso es eterno. “Siempre va a estar el Río de la Plata ahí para abastecer a la Ciudad. Esto no es así - replica Noya, entre sonrisas-. El recurso natural no es infinito. Hay que hacer un uso responsable para evitar problemas futuros. Ya hace poco Uruguay tuvo una crisis por falta de agua”.

Y la Responsable del Museo del Agua asegura que en otros países hay otra conciencia. “Entienden que no es ´natural´ que salga de la canilla todo el tiempo agua. Lo ves en las duchas más cortas, en la forma de lavar los platos o hasta la manera que ven nuestra costumbre de baldear las veredas de los edificios", sostiene.

La casita del Río de la Plata sigue ahí en la costanera norte como parte del paisaje. La estructura flota mientras un padre le cuenta a un nene una historia sobre vampiros y un conde misterioso que habita el pequeño castillo flotante. Y así la leyenda continúa.

Hoy, el gobierno nacional anunció con entusiasmo la puesta en funcionamiento del Sistema Riachuelo. El vocero presidencial lo presentó como un logro propio, una demostración del supuesto compromiso oficial con las obras públicas. Sin embargo, la realidad es distinta. El Sistema Riachuelo no fue “terminado” por esta gestión: fue finalizado durante el gobierno anterior. Lo que faltaba —y aún se está haciendo, tardíamente— era la etapa de puesta en marcha.

Se trata de una infraestructura hidráulica sin precedentes en América Latina, financiada por el Banco Mundial, diseñada para sanear la cuenca Matanza-Riachuelo y mejorar las condiciones ambientales y sanitarias de más de 4,5 millones de personas. La obra, que incluye un colector cloacal de más de 30 kilómetros, una planta de tratamiento de líquidos y un emisario subfluvial, fue completada en su totalidad en nuestra gestión. Quedaba únicamente el período de operación conjunta entre la empresa constructora y AySA: seis meses para verificar el correcto funcionamiento y realizar los ajustes que cualquier obra de esta envergadura exige.

Ese período de prueba debía concluir a mitad de 2024. Pero la actual gestión decidió no pagarle a la empresa constructora, incumpliendo con los compromisos contractuales. Esa deuda, generada por el propio Gobierno, es la causa real de la demora. Solo ahora, cuando la presión judicial por el incumplimiento de la Causa Mendoza se volvió ineludible, decidieron destrabar el proceso y avanzar con la puesta en marcha. No fue decisión política. Fue necesidad jurídica.

La Causa Mendoza es un fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que obliga al Estado nacional, a la Ciudad de Buenos Aires y a la Provincia a sanear la cuenca Matanza-Riachuelo. El Sistema Riachuelo es una de las obras centrales para dar cumplimiento a ese fallo. No ejecutarla en tiempo y forma implicaba un incumplimiento legal grave, con consecuencias institucionales directas. Por eso hoy se activa lo que debería haberse completado hace más de un año.

Mientras tanto, el Gobierno paralizó cientos de obras de agua y saneamiento en toda el área de concesión de AySA. Obras que ya estaban proyectadas, en marcha o próximas a ejecutarse y que beneficiaban a miles de personas en municipios del conurbano bonaerense y la Ciudad. Muchas de esas obras —como las que se concentran en partidos como Tigre, San Fernando, Morón o Avellaneda— eran necesarias no solo para esos distritos, sino también para ampliar la cobertura de zonas vecinas.

La infraestructura hidráulica no se rige por lógicas geográficas electorales, sino por la planificación técnica. Una planta potabilizadora ubicada en un municipio puede abastecer a varios más. Ese es el principio rector del Plan Quinquenal de AySA, elaborado con criterios de equidad, expansión y eficiencia.

Todo este humo del vocero estuvo envuelto de otro humo, destinado a sembrar sospechas generales sobre la transparencia de mi gestión. Durante los años en que me tocó presidir AySA, la empresa alcanzó los mayores estándares de transparencia de su historia. Ocupó el primer puesto en el ranking de la Agencia de Acceso a la Información Pública, lideró los informes del CIPPEC sobre transparencia de empresas públicas y fue reconocida en el Registro de Transparencia Empresarial de la Oficina Anticorrupción. Todas las auditorías —incluidas las realizadas por este mismo Gobierno— fueron aprobadas. Y toda la información sobre obras, montos, contratistas y niveles de avance estaba disponible públicamente en el sitio obras.aysa.com.ar, que fue dado de baja por la actual gestión.

Las acusaciones de supuesta corrupción son otra maniobra distractiva: la Justicia -Ariel Lijo y María Eugenia Capuchetti, respectivamente- dictó el sobreseimiento en las dos causas que estaban abiertas. Esa misma Justicia a la que el Gobierno nacional adula en otros temas.

Lo importante es que la gente tenga agua. Y eso parece no importarles. Quintuplicaron la tarifa sin pasar por las audiencias públicas que exige el marco regulatorio y, en un contexto económico en el que los aumentos de los costos de la construcción se fueron a las nubes, es cada vez más difícil que los vecinos que ya tienen el tendido de agua en la puerta de su casa puedan hacer las obras internas para conectarse al servicio.

Por otra parte, la política pública en materia de agua y saneamiento no puede reducirse a la ejecución de caños. También es imprescindible acompañar esas obras con campañas de concientización sobre el cuidado del recurso hídrico. El agua potable es un bien escaso, cuya potabilización requiere inversiones significativas en infraestructura y energía. Promover su uso racional y consciente es parte de la responsabilidad de cualquier gobierno. Se llama capital simbólico, y también es una herramienta de ahorro. Lamentablemente, en un contexto en el que se niega el cambio climático y se desprecia la educación pública, estos conceptos parecen haber sido desplazados por una lógica puramente contable.

Es la misma lógica que ignora que por cada dólar invertido en agua y saneamiento el Estado se ahorra entre 7 y 8 veces ese monto. Ahorro, pero de verdad. Un concepto que la mayoría de los argentinos dejaron de ver posible con la destrucción sistemática de su economía familiar.

Lo más preocupante es que detrás de la sobreactuación del anuncio se esconde un objetivo más profundo: la privatización del servicio de agua y cloacas. Desde hace meses, el Gobierno viene ensayando discursos orientados a deslegitimar a AySA.

Para justificar una eventual venta de la empresa, se recurre a una narrativa que combina desinformación, ocultamiento de datos y operaciones mediáticas. Pero lo que está en juego no es una empresa: es el acceso universal al agua y al saneamiento. Privatizar AySA sería dejar librado al mercado un derecho humano fundamental. Significaría habilitar la lógica de la ganancia en un servicio esencial, y abrir la puerta a tarifazos, segmentaciones arbitrarias y exclusión social. Un castigo más para los argentinos.

No podemos permitirlo. El Sistema Riachuelo es una muestra concreta de lo que el Estado puede hacer cuando planifica, invierte y ejecuta obras para mejorar la vida de las mayorías. La decisión de retrasar su puesta en marcha no solo fue irresponsable. También fue peligrosa.

Frente a los intentos de confundir y desinformar, es necesario reafirmar que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento básico. La conferencia de prensa de hoy fue un show más al que estamos acostumbrados de parte de los voceros de la crueldad con el objetivo de dividir a los argentinos.

Lo importante va por otro lado: pensar en la reconstrucción de nuestras garantías constitucionales, legales y éticas. De algo tan simple como abrir una canilla y que salga agua.

Eso vale mucho más que cualquier confrontación política. Y lo que vale no siempre se mide en pesos. Ni en criptomonedas.

A partir del 1° de junio, los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) abonarán un incremento del 1% en las tarifas del servicio de agua potable y cloacas que presta Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Esta actualización se enmarca en el esquema de revisión mensual de precios que aplica la empresa desde hace meses, y que acompaña el índice de inflación del mes previo.

La suba se aplicará sobre el valor vigente en mayo y afectará tanto a usuarios residenciales como no residenciales. En este contexto, una factura promedio mensual sin medidor se ubicará en $23.428. En el caso de los usuarios con medidor, el monto dependerá del volumen efectivamente consumido, pero la estructura tarifaria mantendrá la misma lógica de incremento porcentual.

Desde el gobierno nacional explicaron que estas actualizaciones forman parte del plan para reducir progresivamente los subsidios al consumo de servicios públicos, en línea con los compromisos fiscales asumidos por la actual gestión. Según datos oficiales, AySA presta servicio a más de 14 millones de personas en 26 partidos del conurbano bonaerense y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que cada modificación tiene un impacto amplio en el entramado social y económico de la región.

Desde principios de año el topo de incrementos autorizado para la empresa estatal es del 1% mensual. Según expresaron desde AySA, el objetivo es avanzar hacia una estructura tarifaria más equilibrada, que permita mantener los niveles de inversión necesarios para el mantenimiento y expansión de la red, en un contexto de restricciones presupuestarias. Desde la empresa también destacaron que el consumo promedio por usuario se mantuvo estable en los últimos meses, lo que facilita proyectar ingresos futuros.

El impacto del ajuste también se relaciona con la política de segmentación implementada desde mediados de 2022, que clasifica a los usuarios en tres niveles socioeconómicos: altos, medios y bajos ingresos. Esta segmentación determina la asignación de subsidios y el valor final que pagan los usuarios, aunque en la actualidad todos los segmentos reciben algún tipo de subsidio, incluso los considerados de altos ingresos, lo que genera debates sobre la equidad del sistema.

Tarifas promedio mensuales sin impuestos (junio 2025)

• Zonas de ingresos altos
• • Casos: 534.517 (20% del total)
  • Factura media: $27.617
• Zonas de ingresos medios
• • Casos: 996.718 (37% del total)
  • Factura media: $25.081
• Zonas de ingresos bajos
• • Casos: 1.187.139 (44% del total)
  • Factura media: $20.153
• Promedio general (todas las zonas)
• • Casos totales: 2.718.374
  • Factura media total: $23.428

Para los próximos meses, la continuidad del esquema de subas dependerá de la trayectoria de la inflación, aunque desde el Ejecutivo remarcaron que el superávit fiscal alcanzado en el primer trimestre ofrece margen para postergar otras actualizaciones, como las de electricidad y gas. No obstante, en el caso del agua, el criterio aplicado por AySA seguirá activo al menos hasta julio, según confirmaron fuentes del Ministerio de Economía.

El aumento tarifario en los servicios de agua y cloacas del AMBA implementado a lo largo del año pasado fue clave para mejorar la situación económica de AySA, según informó la compañía. Las boletas de sus clientes subieron en promedio 317% en ese período. Los ingresos se elevaron de $519.378 millones en 2023 a $907.353 millones en 2024. Este incremento fue posible gracias a una revisión de las tarifas y un plan de mejora de cobrabilidad y regularización de deudas, que contribuyó a reducir la morosidad entre los usuarios de la empresa, según explicaron desde la compañía.

Además del efecto directo sobre los hogares, el ajuste tiene impacto en industrias, comercios y organismos públicos que dependen del suministro de AySA. Si bien estos sectores no reciben subsidios, el incremento también se limita al 1%, lo que evita un salto abrupto en sus costos operativos. Esta contención busca sostener niveles mínimos de previsibilidad para los sectores productivos en un contexto de recesión económica.

El mecanismo de actualización por inflación se presenta como una solución transitoria, a la espera de que el gobierno defina un nuevo esquema de financiamiento para los servicios públicos. En ese sentido, en el Palacio de Hacienda analizan distintos modelos que incluyan participación del sector privado y mayor focalización de subsidios.

El Gobierno de Javier Milei tiene definido un plan específico de privatización para cada una de las ocho empresas públicas que quedaron sujetas a este proceso tras la sanción de la Ley Bases. Las compañías en cuestión son: Enarsa, Nucleoeléctrica, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Intercargo, AySA, Trenes Argentinos, Belgrano Cargas y Corredores Viales.

La principal premisa del Ejecutivo es lograr “el mejor precio posible para evitar objeciones futuras en las operaciones”, según informaron a Infobae fuentes oficiales involucradas en los procesos. La gestión y definición de las estrategias de privatización de estas empresas está a cargo de Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

Desde el Gobierno, se descarta la idea de una privatización apresurada. Aunque algunos procesos podrían cerrarse este año, se prevé que todos los pasos previos estén finalizados antes de noviembre, cuando se debe presentar al Fondo Monetario Internacional (FMI) una hoja de ruta concreta.

El proceso de privatización depende de varios pasos clave: la Ley Bases como marco jurídico, un decreto del Poder Ejecutivo que autorice las privatizaciones, la presentación de informes detallados, los pliegos de los concursos y, finalmente, la venta de las empresas. Hasta ahora, cuatro compañías han avanzado solo hasta el segundo paso: Enarsa, Intercargo, Corredores Viales y Belgrano Cargas.

Las opciones para llevar adelante estas privatizaciones incluyen tres modelos, que podrían aplicarse de forma individual o simultánea: primero, la venta de acciones a través de concursos públicos, abiertos tanto a oferentes locales como internacionales, en un esquema similar al de fusiones y adquisiciones; segundo, realizar una Oferta Pública de Venta (OPV) en la Bolsa; y tercero, concesionar las actividades de la empresa para finalmente dar de baja su CUIT, es decir, cerrarla.

Un funcionario que prefirió mantenerse en el anonimato expresó: “Con Milei, el mundo ha vuelto a interesarse en Argentina. Si la macroeconomía sigue ordenada, mantenemos el rumbo y obtenemos buenos resultados electorales, las inversiones llegarán”.

En tanto, en el Gobierno también resaltan que no hay intenciones de desmantelar empresas estratégicas y que las ventas no tendrán efecto en los empleados de las compañías, al menos en un inicio. El caso que más destacan es el de IMPSA, firma estratégica por sus soluciones integrales en la generación de energía y primera privatización de la era Milei, en donde una empresa estadounidense se hizo cargo de las deudas y se comprometió a inyectar inversiones en los próximos años.

Según reconstruyó Infobae con fuentes oficiales, la privatización de cada empresa se realizará bajo los siguientes mecanismos:

• Enarsa: La empresa se dividirá en 15 unidades de negocio, y se definirá el modelo de privatización para cada una. Las acciones de Citelec, controladora de Transener, serán vendidas a través de un concurso público nacional e internacional como un primer paso.
• Intercargo: Concurso público nacional e internacional.
• AySA: La mayor parte de las acciones se venderán mediante concurso, mientras que una pequeña parte se subastará en la Bolsa.
• Belgrano Cargas: Se licitarán las operaciones y el mantenimiento de las vías, con un sistema de peajes. También se venderán los rodados, y se buscará la incorporación de nuevos jugadores. Posteriormente, se dará de baja el CUIT y se cerrará la empresa.
• SOFSA: Licitación de los servicios que presta Trenes Argentinos, manteniendo cierto control estatal.
• Corredores Viales: Concesión de los tramos y posterior cierre de la empresa.
• Nucleoeléctrica Argentina: Concurso para la venta de hasta el 49% de las acciones.
• Yacimientos Carboníferos Río Turbio: Aunque esta es la empresa que presenta más dificultades para su privatización, se planea venderla a través de un concurso, buscando un operador que se haga cargo de su gestión.

Milei, por su parte, sigue firme en su postura de que “todo lo que pueda estar en manos del sector privado, se venderá”. Esto incluye las empresas que quedaron fuera de la Ley Bases por el pedido de la oposición: Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina y Correo Argentino. También se busca privatizar el Banco Nación, entidad a la que el Gobierno le quitó el monopolio de los sueldos de empleados públicos.

En 2024, el Tesoro Nacional gastó más de $4 billones para financiar el déficit de estas empresas, según cifras oficiales.

Desde el Gobierno consideran que es fundamental tener en cuenta los tiempos políticos y económicos. Por ello, la mayoría de las privatizaciones se llevará a cabo después de las elecciones, con la expectativa de que la estabilidad macroeconómica atraiga nuevas inversiones.

Los datos del Banco Central sobre la Inversión Extranjera Directa (IED) reflejan el impacto negativo de los controles de capital y la inestabilidad macroeconómica. En los últimos tres meses, la salida neta de IED fue histórica: USD 811 millones en diciembre, USD 270 millones en enero y USD 1.119 millones en febrero, con un total de USD 2.200 millones.

La empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) finalizó el año pasado con un superávit operativo de $48.288 millones -a precios constantes- el primero con esa condición desde 2007. La firma alcanzó ese resultado, principalmente, gracias al aumento del 317% en las tarifas de sus clientes durante 2024 y a los programas de regularización de las deudas por los servicios que presta en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En concreto, AySA no solo cubrió sus gastos sin aportes del Tesoro sino que además tuvo un saldo excedente. La mejora del balance de la empresa es uno de los pasos claves para mostrar solidez a potenciales inversores y dar lugar a la privatización que impulsa el Gobierno de Javier Milei. En las próximas semanas se conocerá un decreto que dará inicio a ese proceso, según anticiparon a Infobae fuentes oficiales.

El Estado controla el 90% de la compañía y el 10% restante pertenece a los empleados. La intención oficial es que una pequeña parte de las acciones de la empresa sea lanzada a la Bolsa y otra más grande sea licitada, según adelantó este medio. Con más inversores dentro del capital accionario, estiman en el Gobierno, sería más difícil una potencial reestatización en el futuro tal como prevén en el Gobierno.

Alejo Maxit, titular de AySA, finalizó recientemente un informe circunstanciado sobre la situación de la empresa que fue elevado al ministro de Economía, Luis Caputo, y al titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher. Ese documento será clave para iniciar el proceso de venta a través de licitación y/o concurso público internacional y la venta de acciones en la Bolsa.

De todos modos, en este proceso no estarán incluidos el 10% de las acciones en manos de los empleados, ni todos los terrenos y bienes de la empresa. Las instalaciones, maquinarias y vehículos continuarán como propiedad del Estado pero serán entregadas a los nuevos dueños.

De déficit a superávit operativo

El aumento tarifario en los servicios de agua y cloacas del AMBA implementado a lo largo del año pasado fue clave para mejorar la situación económica de AySA, según informó la compañía. Las boletas de sus clientes subieron en promedio 317% en ese período. Los ingresos se elevaron de $519.378 millones en 2023 a $907.353 millones en 2024. Este incremento fue posible gracias a una revisión de las tarifas y un plan de mejora de cobrabilidad y regularización de deudas, que contribuyó a reducir la morosidad entre los usuarios de la empresa, según explicaron desde la compañía.

Además, la reducción de los gastos de explotación, que cayeron de $690.063 millones en 2023 a $638.116 millones en 2024, permitió a la empresa mejorar su eficiencia operativa. La optimización de costos se tradujo en una utilidad bruta que aumentó de $145.796 millones en 2023 a $446.104 millones en 2024. A su vez, el resultado neto dio un giro positivo, pasando de una pérdida de $382.859 millones de pesos en 2023 a una ganancia de $48.288 millones de pesos en 2024.

La privatización de AySA está enmarcada dentro de un proceso de reestructuración y reorganización iniciado por la compañía en 2024. La empresa diseñó un Plan de Optimización y Transformación del Modelo de Gestión, que constó de tres etapas clave: Toma de Control, Regularización y Optimización, y Estabilización.

En la primera etapa, AySA implementó un ajuste tarifario que permitió una cobertura de los gastos corrientes y las inversiones necesarias para la mejora y mantenimiento de los servicios. La segunda etapa, orientada a optimizar los recursos de la empresa, se centró en la eficiencia operativa, mientras que la última fase tuvo como objetivo garantizar la sostenibilidad operativa y la independencia financiera respecto del Estado Nacional.

Privatización

En el marco de la Ley de Bases que regula la privatización de empresas del Estado, AySA se prepara para dar el siguiente paso con la privatización de sus operaciones. Este proceso de privatización se producirá en las próximas semanas. El anuncio de la privatización de AySA será una de las medidas clave del gobierno en su intento por reducir el peso del Estado en sectores clave de la economía, como los servicios públicos. Las fuentes consultadas por Infobae indicaron que este proceso también formará parte de un modelo de gestión eficiente, en el que se espera que los inversores privados jueguen un rol fundamental en la futura administración de la empresa.

Tal como había precisado este medio meses atrás, las autoridades estaban analizando dos mecanismos para la privatización: abrir el capital a la Bolsa o llamar a una licitación para ofertar las acciones que posee el Estado. Finalmente, se optaría por una estrategia mixta, en el que una pequeña parte de la compañía se va a lanzar a la Bolsa, mientras que, en paralelo, se convocará a una licitación para ofrecer un importante paquete accionario.

Si bien el porcentaje de venta de estos activos que irán a la Bolsa o a licitación lo irá definiendo el Poder Ejecutivo dependiendo de las condiciones del mercado, el objetivo es que varios interesados ingresen al negocio.

De esta manera, la actual gestión libertaria se garantizaría que la compañía no pueda volver a ser estatizada en un futuro -como ocurrió con YPF y Aerolíneas Argentinas-, ya que para eso las próximas administraciones deberán acordar con todos los eventuales propietarios.

La Ley Bases que impulsó el Gobierno contempla la privatización total de Enarsa e Intercargo y, en forma parcial, con posibilidad de concesión, Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (Sofse) y Corredores Viales SA. Además, se autorizó a que se abran a recibir capitales privados otras dos firmas, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y el complejo de Yacimiento Carboníferos Fiscales.

Las tarifas de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) aumentarán desde febrero 1%, según informó la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía a través del Boletín Oficial. La suba del servicio quedó debajo del 3,29% que arroba la fórmula de actualización mensual que había sido definida para las para las boletas de la empresa estatal que opera en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Es el segundo mes consecutivo en que el Gobierno pone un tope en los incremento. La decisión se enmarca en la búsqueda de aliviar el peso de las subas en servicios públicos para apuntalar la desaceleración de la inflación y llevar la nominalidad por debajo del 2 por ciento. En el primer trimestre del 2025 se llevarán a cabo revisiones tarifarias para definir los futuros ajustes en los servicios públicos.

La Resolución 11/2025 de Obras Públicas, publicada esta mañana en el Boletín Oficial, recordó que desde junio se puso en marcha el “Coeficiente K” con el que se definen los aumentos en el servicio de Aysa. Se trata de una fórmula que contempla inflación y salarios para las actualizaciones mensuales.

“Que conforme la fórmula establecida en el Artículo 2° de la citada resolución hubiese correspondido modificar en un 3,29% el coeficiente de modificación “K” para el mes de enero de 2025″, consignó la norma que destaca que la empresa logró el equilibrio económico-operativo “que se mantiene en el mes de enero la tendencia decreciente observada en los índices de precios en los meses anteriores, por lo que es dable considerar que la Concesionaria mantiene el nivel de equilibrio alcanzado en el año 2024 en las condiciones de servicio de eficiencia y sostenibilidad señaladas ya que no se han producido hechos de relevancia que pudieren alterar la tendencia planteada hasta el presente”.

“Que, por ello se señala que resulta viable extender la limitación excepcional del “Coeficiente de Modificación K” al uno por ciento (1%) mensual dispuesta en el artículo 1° de la Resolución SOP 299/2024 hasta tanto se realice la revisión integral de la situación tarifaria del año 2025, dado que ello no implica deficiencias para la adecuada prestación del servicio y constituye un beneficio a los usuarios”, explica la resolución en sus considerandos.

Las tarifas de agua que llegarán en enero

Aysa informó el impacto del aumento en las facturas será para los servicios de agua potable en el AMBA, sin contar impuestos:

Aquí están los punteos solicitados con la información de las facturas de febrero para los servicios de agua y cloacas, según el nivel zonal:

Servicio de Agua y Cloaca:

• Zona Alta: Casos: 534.517 (20% del total). Factura promedio en febrero de 2025: $26.540.
• Zona Media: Casos: 996.718 (37% del total). Factura promedio en febrero de 2025: $24.102.
• Zona Baja: Casos: 1.187.139 (44% del total). Factura promedio en febrero de 2025: $19.367.
• Total General: Casos: 2.718.374 (100% del total). Factura promedio en febrero de 2025: $22.514.

Servicio de Agua:

• Zona Alta: Casos: 5.991 (1% del total). Factura promedio en febrero de 2025: $42.397.
• Zona Media: Casos: 5.827 (1% del total). Factura promedio en febrero de 2025: $13.885.
• Zona Baja: Casos: 582.044 (98% del total). Factura promedio en febrero de 2025: $7.383.
• Total General: Casos: 593.862 (100% del total). Factura promedio en febrero de 2025: $7.798.

Por otro lado, dado que en AySA consideran que el esquema tarifario actual ha quedado desactualizado frente a las demandas y complejidades del contexto actual, se está trabajando en un nuevo esquema tarifario renovado y de largo plazo. “Con esta nueva propuesta de adecuación tarifaria, la empresa buscará modernizar la estructura tarifaria y establecer un modelo transparente que garantice la sustentabilidad operativa y las mejoras continuas”, explicaron.

El Gobierno de Javier Milei tiene decidido avanzar en la privatización de las empresas públicas en 2025 o lo más rápido que sea posible. Es el caso de AySA, compañía que aprobó recientemente un plan de incorporación de capital privado para que el Estado argentino pueda desprenderse, al menos en una primera instancia, de una parte de su participación.

La empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) lanzó una licitación internacional por un monto de 115 millones de dólares que busca garantizar la provisión de Policloruro de Aluminio (PAC), un insumo clave para potabilizar el agua en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Este proceso podría poner fin a una relación exclusiva de 16 años con Transclor, la compañía del empresario Mauricio Filiberti, conocido como el “rey del cloro”.

El llamado a licitación, publicado el 13 de enero en el Boletín Oficial, incluye un contrato para la producción de 7.000 toneladas mensuales de PAC durante un período de tres años, junto con la operación y mantenimiento de la planta productora de este químico, propiedad de AySA. Según la empresa, las nuevas condiciones buscan fomentar una mayor participación de empresas nacionales e internacionales, lo que marca una ruptura con las prácticas anteriores, donde solo Transclor había resultado adjudicataria.

Desde 2009, Transclor ha sido el único proveedor de PAC para AySA, tras ganar licitaciones en 2010 y 2012. En 2015, ante la falta de otros proveedores, la compañía estatal firmó convenios directos con Filiberti, consolidando su posición como socio exclusivo.

En 2023, la compañía resultó ser el único oferente económico en una compulsa de 127 millones de dólares, después de que otra empresa, PPE S.A., no presentara una propuesta económica. Sin embargo, la licitación fue anulada luego de una denuncia judicial impulsada por la Coalición Cívica (CC). Según la fuerza que conduce Elisa Carrió, el proceso habría favorecido a Transclor mediante la elaboración de un pliego “a medida”. Sin embargo, la empresa y un fallo judicial negaron estas acusaciones.

Esa licitación también fue denunciada por el diputado nacional Ricardo López Murphy, quien en aquel momento pidió que el contrato, que tendría vigencia hasta 2026 con posibilidad de prórroga hasta 2029, sea decidido por el próximo gobierno para garantizar mayor imparcialidad.

El diputado advirtió en su denuncia que la propuesta económica de Transclor excedía el presupuesto oficial en un 0,8 %, un margen permitido por las normas para compras del Estado. Sin embargo, cuestionó la falta de comparativas técnico-económicas con otros coagulantes distintos al PAC, algo que se realiza en otros países para estimular una competencia real y evaluar alternativas más económicas y eficientes.

Ahora, con el objetivo de garantizar mayor transparencia, AySA implementó modificaciones en los requisitos de la licitación. Entre los cambios más destacados, se encuentran la internacionalización de la compulsa, permitiendo la participación de empresas extranjeras, y la flexibilización de requisitos financieros, como la posibilidad de demostrar solvencia mediante acceso a créditos libres de compromisos contractuales.

La cifra total adjudicada será un 9 % menor que la de la licitación anulada en 2023, lo que representa un ahorro para el Estado.

El impacto del PAC en el suministro de agua

El PAC es esencial para el funcionamiento de las plantas potabilizadoras de AySA, ubicadas en Palermo, Tigre y Bernal, que abastecen de agua potable a millones de personas en el AMBA. Desde 2009, AySA ha utilizado este químico en reemplazo del ácido sulfúrico, en un cambio que estuvo acompañado por la construcción de una planta productora financiada por el Estado, pero operada por Transclor.

Aunque el contrato actual con Transclor venció a finales de 2023, una serie de extensiones temporales mantuvieron a la compañía en operaciones mientras se resolvía la judicialización del proceso anterior.

El proceso licitatorio podría culminar con la adjudicación y entrada en funciones del nuevo proveedor a mitad de año.

La decisión de abrir la competencia a nivel internacional plantea un desafío directo al histórico vínculo entre AySA y Transclor, que representa un importante porcentaje de la facturación de la compañía de Filiberti.

El incidente se produjo en la avenida San Isidro Labrador, entre Deheza y Pico. Personal de la empresa AySA arribó al lugar antes de las 7 de la mañana para realizar los arreglos pertinentes, donde horas después arribó un segundo equipo para colaborar con esas tareas.

La rotura provocó una importante acumulación de agua en las calles cercanas, afectando la movilidad de los vecinos y generando complicaciones en la infraestructura vial.

Si bien la empresa no especificó el tiempo que le llevará realizar la reparación, advirtió que podrían registrarse episodio de baja presión en la zona durante la jornada. “Quienes tengan tanques de reserva, no tendrán inconvenientes en el servicio”, remarcaron a Infobae desde Aysa.

Primero hicieron el cierre de válvulas para evitar que siga saliendo agua y comenzar a desagotar el agua. Luego, hicieron la excavación para reparar el caño. Estas tareas permitieron absorber el agua de la avenida y las veredas antes del mediodía.

La avenida San Isidro Labrador suele ser utilizada como vía alternativa para quienes circulan entre la avenida Cabildo y la General Paz. Los vecinos deben extremar precauciones, ya que en algunas áreas la calzada y las veredas presentan anegamientos debido al desborde del agua.

Este incidente recuerda la rotura de otro caño de agua ocurrido en Navidad, en el barrio de Belgrano. En aquella oportunidad, el incidente tuvo lugar sobre la calle Santos Dumont, entre Tres Sabios y avenida Cabildo, que también generó inundaciones significativas.

AySA informó que el personal está trabajando “a contrarreloj” para solucionar la emergencia, y solicitó a los vecinos paciencia mientras se realizan las reparaciones. Se recomienda evitar transitar por la zona afectada y planificar rutas alternativas.

Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición los canales de atención autogestionada: WhatsApp (11-5984-5794) y Telegram (@AySA_Oficial_bot). Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales de Instagram (@aysa.oficial) y Facebook (AySA.Argentina) de 6 a 24 horas, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.

Las tarifas de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) aumentarán desde enero 1%, según informó la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía a través del Boletín Oficial. La suba de los servicios quedó debajo de 3,29% que arrojaba la fórmula de actualización que utiliza la empresa estatal para las boletas de sus servicios de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La decisión del Gobierno se enmarca en la búsqueda de aliviar el peso de los incrementos en servicios públicos para apuntalar la desaceleración de la inflación, en línea con las subas definidas para electricidad, gas natural y combustibles. En el primer trimestre del 2025 se llevarán a cabo revisiones tarifarias para definir los futuros ajustes en los servicios públicos.

La Resolución 299/2024 de Obras Públicas, publicada esta mañana en el Boletín Oficial, recordó que desde junio se puso en marcha el “Coeficiente K” con el que se definen los aumentos en el servicio de Aysa. Se trata de una fórmula que contempla inflación y salarios para las actualizaciones mensuales.

Las tarifas de agua que llegarán en enero

Aysa informó el impacto del aumento en las facturas será para los servicios de agua potable en el AMBA, sin contar impuestos:

• Los 5.991 clientes de segmento alto pasarán de pagar $38.760 en octubre a $ 40.318 en noviembre, a $41.562 en diciembre y $41.977 en enero.
• Los 5.827 de segmento medio, de $12.694 en octubre a $13.204 noviembre, a $13.611 en diciembre y $13.747 en enero.
• Los 582.044 hogares bajos (98% del total), de $6.749 en octubre a $7.021 noviembre, a $7.238 en diciembre y $7.310 en enero.

Las tarifas de agua y cloacas que llegarán en enero

Para los hogares que cuentan con servicio de agua y cloacas las boletas de diciembre serán las siguientes:

• Los 534.517 usuarios de segmento alto pasarán de $24.262 en octubre a $25.238 en noviembre, a $26.017 en diciembre y $26.277 en enero.
• Los 996.718 de segmento medio, saltarán de $22.034 en octubre a $22.920 noviembre, a $23.627 en diciembre y $23.863 en enero.
• Los 1.187.139 hogares bajos, pasarán de $17.705 en octubre a $18.417 noviembre, a $19.985 en diciembre y a $19.175 en enero.

“AySA ha optimizado sus costos operativos, logrando mayor eficiencia y sostenibilidad sin afectar la calidad del servicio. Este esfuerzo permitió alcanzar, por primera vez en la historia de la empresa, el equilibrio económico-operativo, lo que le permite cubrir los costos operativos y realizar las inversiones necesarias para mantener y mejorar el servicio”, mencionaron desde la empresa.

“Gracias a este equilibrio y a la desaceleración inflacionaria registrada en los últimos meses, se ha dispuesto un ajuste tarifario excepcional del 1% a partir de enero de 2025. El coeficiente K se establecerá en 1537,16, en el marco de un esquema de reducción tarifaria que busca consolidar las eficiencias alcanzadas y sostener los logros obtenidos”, justificaron.

Por otro lado, dado que en AySA consideran que el esquema tarifario actual ha quedado desactualizado frente a las demandas y complejidades del contexto actual, se está trabajando en un nuevo esquema tarifario renovado y de largo plazo. “Con esta nueva propuesta de adecuación tarifaria, la empresa buscará modernizar la estructura tarifaria y establecer un modelo transparente que garantice la sustentabilidad operativa y las mejoras continuas”, explicaron.

El Gobierno de Javier Milei tiene decidido avanzar en la privatización de las empresas públicas en 2025 o lo más rápido que sea posible. Es el caso de AySA, compañía que aprobó recientemente un plan de incorporación de capital privado para que el Estado argentino pueda desprenderse, al menos en una primera instancia, de una parte de su participación.

La empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (Aysa) advirtió a sus clientes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que los posibles cortes de luz en el verano pueden afectar el normal funcionamiento de su servicio, por tener característica de “electrodependiente”. El Gobierno acelera su plan para mitigar los riesgos de interrupciones en el suministro de electricidad durante los momentos de mayor temperatura.

“El verano es la época de mayor demanda de agua debido a las altas temperaturas. Es importante ser eficientes en el uso del recurso, pero también hay que tener en cuenta que la producción y distribución de agua dependen directamente de la energía eléctrica. Por eso decimos que es un servicio electrodependiente”, resaltó Aysa.

La empresa estatal explicó que las variaciones de tensión eléctrica o los cortes de energía, causados por el alto consumo, pueden afectar la producción y la presión en la distribución de agua.

“El agua cruda se capta de la naturaleza (ríos o pozos) y se potabiliza mediante un proceso controlado en nuestros laboratorios. Luego, se envía a las estaciones elevadoras que impulsan el agua hacia las redes primarias y secundarias, llegando a cada hogar, industria e institución”, detallaron.

Todo este proceso de potabilización y distribución, hasta llegar a los hogares, está directamente relacionado con el servicio de energía eléctrica.

“Los cortes o bajas de tensión en la producción y distribución de agua no impactan instantáneamente en tu red. De igual manera, la normalización después de un corte de energía puede demorar algunas horas. Por eso, es importante que incrementes los cuidados para conservar el agua disponible”, advirtió Aysa.

El Gobierno acelera junto a las generadoras, distribuidoras y transportistas de electricidad el plan para mitigar los riesgos de cortes de luz durante los picos de consumo que traerán las típicas olas de calor durante los próximos meses. Este verano combinará la fragilidad de una red con dos décadas de prácticamente nula inversión y lo que se espera será una eventual menor oferta de energía disponible.

El trabajo se da bajo la premisa de estar preparados para un escenario complejo, aunque el panorama dio algunas señales positivas en las últimas semanas. Se conjugan una mayor disponibilidad de agua en Brasil, que puede aportar energía a través de las hidroeléctricas y las temperaturas podrían ser más benignas a las esperadas originalmente.

El principal ojo del sector está puesto en el AMBA, por ser la región en la que viven casi un tercio de los usuarios de toda la Argentina, unos seis millones, y donde se concentra la mayor demanda de luz. El momento crítico suele darse entre el mediodía y las cuatro de la tarde, momento en el que los aires acondicionados se encuentran encendidos.

En esos momentos, en el AMBA se consume el pico de 12.000 megawatts (MW) de los cuales 7.000 MW son suministrados por el sistema interconectado y los 5.000 MW restantes deberá ser aportado por las usinas que se encuentran en CABA y el Gran Buenos Aires, según información de las generadoras. Las empresas avanzaron durante los últimos meses en el mantenimiento de las centrales y los equipos más viejos, que funcionan con quema de combustible.

Solo el uso de los aires en la temporada estival representa una exigencia de 10.000 MW a nivel nacional, un 40% más que el promedio anual. El verano pasado hubo un pico de 29.653 MW y, según estimaciones de Cammesa, en 2025 se incrementará este máximo histórico por encima de los 31.000 MW.

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) inició un plan de acción que incluye la restricción o el corte del suministro de agua para usuarios que registran atrasos en el pago de sus facturas. Según datos proporcionados por la compañía, la medida afecta a 700.000 usuarios en mora, entre los cuales se incluyen hogares, industrias y comercios.

Estas acciones se enmarcan dentro de la normativa vigente, que hasta la gestión anterior no se aplicaba de manera rigurosa, y forman parte del objetivo de “normalizar” el funcionamiento de la empresa bajo criterios de gestión empresarial similares a los de una compañía privada.

Desde AYSA explicaron que la morosidad actual se encuentra en un 16%. Para mitigar la situación, se han implementado programas de regularización de deudas con opciones de pago en cuotas e indultos en intereses acumulados, junto a un aumento tarifario que cuadruplicó el costo del servicio durante el año.

Notificaciones previas y contexto económico

Los usuarios con facturas impagas reciben notificaciones por correo postal y electrónico antes de que se apliquen medidas de restricción o corte. En el caso de usuarios residenciales, el servicio no puede interrumpirse completamente, pero se utiliza un precinto que limita el consumo al mínimo permitido, lo que se conoce como restricción. Para usuarios no residenciales, como comercios e industrias, puede procederse al corte total del suministro.

El aumento acumulado de las tarifas de agua potable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alcanzó un 305% interanual, según un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA y el Conicet. Este incremento complicó el acceso al servicio básico, especialmente en un contexto donde una familia tipo necesitó en noviembre $134.173 para cubrir servicios esenciales sin subsidios.

A pesar de las dificultades económicas, la gestión actual de AYSA optó por endurecer las políticas de cobro. Desde la empresa señalaron que, hasta el cambio de directiva, no se implementaban acciones de restricción o corte previstas en la normativa.

Fundamentos legales para la restricción y el corte del servicio

La Ley 26.221, en su artículo 81, establece que la concesionaria del servicio está facultada para proceder a la restricción o el corte de los servicios por atrasos en el pago, siempre que se cumplan ciertos requisitos.

En el caso de usuarios residenciales, la restricción se aplica luego de dos períodos consecutivos de facturación impagos, y tras el envío de una intimación de pago con al menos 15 días de anticipación. La medida consiste en garantizar un caudal mínimo de agua según lo determine la autoridad reguladora, empleando la tecnología que la concesionaria considere adecuada.

Por otro lado, los usuarios no residenciales pueden enfrentar el corte total del suministro si también incumplen con el pago de dos períodos consecutivos. En este caso, la empresa debe emitir una intimación con al menos 10 días de anticipación.

Tanto la restricción como el corte se anulan una vez que el usuario regulariza su situación, incluyendo el pago de montos adeudados, costos de notificación y cargos por reconexión, en un plazo que no debe exceder las 48 horas.

Si bien la normativa permite estas acciones, incluye salvaguardas específicas para instituciones sensibles, como hospitales, sanatorios y cárceles. En estos casos, AYSA no puede proceder a la restricción ni al corte del servicio sin antes agotar instancias alternativas de cobro y obtener autorización del ente regulador.

Además, la concesionaria no puede aplicar estas medidas si existe un acuerdo vigente sobre el pago de la deuda entre el usuario y la empresa o si se emite una orden contraria por parte de las autoridades.

Desde AYSA destacaron que estas acciones de cobranza se aplican como último recurso, luego de agotar todos los mecanismos previos para regularizar la deuda.

Las boletas de agua potable y cloacas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentarán desde diciembre un 3%, según lo informado por Agua y Saneamientos Argentinos ( AySA). La empresa además lanzo un plan de regularización de deuda para usuarios en situación de mora, en línea con el objetivo oficial de sanear las cuentas para su posterior privatización.

El incremento de las tarifas que se aplicará el mes que viene surge de la fórmula polinómica de ajuste mensual que definió en abril la Secretaría de Obras Públicas. En lo que va del año las facturas se incrementaron casi 320% acumulado.

Desde AySA aclararon que seguirán vigentes los beneficios de la Tarifa Social y los subsidios del 15% para los zonales bajos. Cada usuario puede consultar su categoría al dorso de su factura.

Las tarifas de agua que llegarán en diciembre

Aysa informó el impacto del aumento en las facturas será para los servicios de agua potable en el AMBA, sin contar impuestos:

• Los 5.991 clientes de segmento alto pasarán de pagar $38.760 en octubre a $ 40.318 en noviembre y a $41.562 en diciembre.
• Los 5.827 de segmento medio, de $ 12.694 en octubre a $13.204 noviembre y a $ 13.611 en diciembre.
• Los 582.044 hogares bajos (98%), de $6.749 en octubre a $7.021 noviembre y a $7.238 en diciembre.

Las tarifas de cloacas que llegarán en diciembre

Para los hogares que cuentan con servicio de agua y cloacas las boletas de diciembre serán las siguientes:

• Los 5.991 de segmento alto pasarán de $38.760 en octubre a $40.318 en noviembre y a $41.562 en diciembre.
• Los 5.827 de segmento medio, saltarán de $ 12.694 en octubre a $ 13.204 noviembre y a $ 13.611 en diciembre.
• Los 582.044 hogares bajos, pasarán de $6.749 en octubre a $7.021 noviembre y a $7.238 en diciembre.

Plan de regularización de deudas

La empresa estatal lanzó en noviembre un Plan de Regularización de Deudas, que ofrece facilidades de pago, descuentos y cuotas, con el objetivo de equilibrar el ajuste del costo de los servicios con mecanismos de pago más flexibles para los saldos pendientes. Para más información, se puede ingresar a la página de Aysa: https://aysa.com.ar/regularizatudeuda.

El Gobierno de Javier Milei tiene decidido avanzar en la privatización de las empresas públicas en 2025 o lo más rápido que sea posible. Es el caso de AySA, compañía que aprobó recientemente un plan de incorporación de capital privado para que el Estado argentino pueda desprenderse, al menos en una primera instancia, de una parte de su participación.

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que se encuentran bajo análisis dos alternativas para ese objetivo, que pueden darse en conjunto o por separado.

La primera de ellas contempla vender las acciones de AySA a través de un proceso abierto de licitación por etapas. El Estado controla el 90% de la compañía y el 10% restante pertenece a los empleados. El privado que se haga de la mayor parte de la participación podría pasar a ser el nuevo controlante.

La segunda alternativa es acelerar un proceso de licitación pública en la Bolsa para poner a la venta un determinado porcentaje de las acciones, aún sin definir, pero que permita al comprador quedarse con el control de la empresa estatal.

A lo largo de este año la empresa puso como prioridad el ordenamiento de sus operaciones para eliminar el déficit operativo y dejar de recibir transferencias del Tesoro Nacional. Esa es la clave para hacerla atractiva para cualquier privado que quiera hacerse del control de la compañía.

En la firma resaltaron que en 2024 se observó una reversión en ese saldo que dejó hasta septiembre un superávit operativo de $31.000 millones. Eso implicó una reducción del déficit operativo del 112% interanual, equivalente a $309.000 millones. Esperan finalizar 2024 con un resultado positivo de $96.000 millones. La prestadora del servicio de agua y cloacas en el AMBA había recibido en 2023 giros del Tesoro por $285.016 millones.

En el marco de un expediente que analiza presuntas irregularidades en licitaciones gestionadas durante el kirchnerismo, conocido como “Caso Odebrecht”, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal aceptó el recurso de la Unidad de Información Financiera (UIF) y restableció una medida cautelar contra la empresa José Cartellone Construcciones Civiles S.A., que quedó imposibilitada de vender bienes o activos de su propiedad en virtud de una “prohibición de innovar”.

La resolución judicial, que revocó la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 de levantar la imposibilidad de maniobra sobre los bienes de la firma en cuestión, fue respaldada por los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, mientras que Carlos Mahiques se opuso al considerar que el recurso planteado por la UIF, constituida como querellante en el proceso, era inadmisible.

El “Caso Odebrecht” tramita posibles maniobras fraudulentas en licitaciones públicas realizadas en 2007 para obras de infraestructura impulsadas por Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Las adjudicaciones para esos proyectos incluían la Planta de Potabilización Paraná de las Palmas, asignada a un consorcio integrado por la empresa brasilera Construcciones Norberto Odebrecht SA -Sucursal Argentina-, Benito Roggio e Hijos SA, Supercemento SAIC y José Cartellone Construcciones Civiles S.A., y la Planta Depuradora Sistema Berazategui, a cargo de una unión de empresas liderada por Camargo Correa Sucursal Argentina y Esuco SA.

Según las actuaciones, las autoridades de AySA habrían manipulado los procesos licitatorios para beneficiar a las empresas participantes mediante pagos ilícitos que favorecieron condiciones contractuales desventajosas para la Administración Pública nacional. En el banquillo de los acusados se encuentra, entre otros, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, además de importantes exejecutivos de diferentes firmas del rubro. El comienzo del juicio oral quedó fijado para el 7 de abril de 2017, y el tribunal estará integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.

En ese contexto, el TOC 7 porteño había levantado, el 13 de marzo pasado, la prohibición de innovar que impedía la venta de bienes de José Cartellone Construcciones Civiles S.A. Para argumentar esa disposición, expresó que el embargo recaído sobre su patrimonio ya había sido satisfecho con bienes inmuebles. En respuesta, la UIF presentó un recurso de casación donde señaló que las condiciones que habían llevado a dictar, desde los inicios del proceso, la medida cautelar sobre la empresa, en rigor, no se habían modificado.

Llegado el momento de resolver, el juez Hornos consideró que la resolución apelada carecía de “fundamentación suficiente”, en tanto “se omite una razonable explicación y la debida ponderación de las concretas circunstancias apuntadas por la parte acusadora que, a la luz de los particulares extremos del caso, no pueden ser soslayadas y se advierten conducentes para mantener la medida de no innovar oportunamente impuesta”

Luego, antes de calificar al pronunciamiento anterior de “arbitrario”, señaló: “En tal sentido, cabe recordar los fundamentos esgrimidos por el juez de grado en la resolución del 8 de mayo de 2018, ocasión en la que se destacó la doble finalidad de las medidas cautelares impuestas, por un lado destinadas a cubrir una eventual pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas (art. 518 del CPPN) y, por el otro, con el objetivo de asegurar un eventual decomiso de las cosas que habrían servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que podrían ser consideradas el producto o el provecho del delito (arts. 23 y 31 del CP)”.

Por su parte, el camarista Borinsky reseñó los argumentos planteados en 2018 por el juez Sebastián Casanello para dictar medidas cautelares sobre las empresas constructoras presuntamente favorecidas para adjudicarse las obras públicas. Luego explicó que para establecer la prohibición de innovar, el juez de grado había dicho que el embargo iría “acompañado de una medida de no innovar tendiente a impedir cualquier inscripción que implique la venta de bienes o activos, desmembramiento y/o modificación del estatus jurídico de las empresas, ya sea a través de transferencia de paquetes accionarios, escisiones, fusiones y todo otro tipo de reorganización, como así cambio de sede social siempre que implique la modificación de jurisdicción de los Órganos de Control”.

Y concluyó: “En el escenario descripto, el planteo de la parte querellante debe tener una recepción favorable en esta instancia, en tanto se observa que el tribunal a quo no explicó de manera acabada de qué forma la satisfacción del embargo resultaría suficiente para cumplir con los objetivos perseguidos por la prohibición de innovar, aludidos por el juez de grado en el auto de mérito”.

La Auditoría General de la Nación (AGN) ha delineado su plan de trabajo para el año 2025, destacando la auditoría de varias universidades públicas y organismos estatales como la empresa AYSA y el PAMI. Este programa fue presentado por Juan Manuel Olmos, titular de la AGN, durante la XVI Sesión del Colegio de Auditores Generales y recibió la aprobación unánime antes de ser remitido al Congreso de la Nación, conforme a lo estipulado en la Ley 24.156.

El Congreso ya ha introducido modificaciones al cronograma de la AGN, enfocándose principalmente en las auditorías a las universidades, que han sido el eje central del debate público durante este año. Sin embargo, recién el 26 de noviembre la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Honorable Congreso de la Nación, terminará de aprobar el plan de la Auditoría -que incluye el trabajo sobre otras áreas y empresas del Estado Nacional- y devolverá el documento con las consideraciones finales.

En el caso de las universidades, básicamente, los auditores trabajarán sobre los siguientes ejes: Evaluar la gestión, aplicación y rendición de las transferencias realizadas a las Universidades Nacionales y el cumplimiento de la normativa vigente (evaluación de metas, producción bruta e indicadores).

En el informe de gestión que se aprobó para el año que viene se estableció que se auditará las facultades de Medicina, Económicas, Derecho y Psicología de la Universidad Nacional de Buenos Aires y las siguientes universidades públicas nacionales: de Córdoba, La Plata, Salta, San Juan, Cuyo, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de la Patagonia San Juan Bosco, de Chilecito, de Avellaneda y del Nordeste.

El foco cambiará dependiendo la institución: algunas serán sobre la gestión administrativa, financiera y contable, mientras que otros se centrarán en el análisis transversal sobre los procesos de compras y contrataciones y también sobre la gestión de bienestar estudiantil.

El primer borrador del plan, que circula entre los legisladores y al que tuvo acceso Infobae, anticipa que los resultados iniciales de las auditorías universitarias estarán disponibles a mediados del próximo año. La Universidad del Nordeste será la primera en ser evaluada, con un análisis centrado en su Plan Plurianual y la gestión contable, anual y financiera. Los resultados se conocerían el 30 de junio de 2025

En segundo lugar, se espera que los resultados de la auditoría de la Universidad de Córdoba, una de las más importantes del país, sigan un análisis similar al de la Universidad del Nordeste. Esta casa de altos estudios, reconocida como la primera del país y una de las más antiguas de Latinoamérica, también será objeto de un escrutinio detallado. En este caso, el trabajo culminará en agosto de 2025.

Para el caso de la Universidad de Buenos Aires serán auditadas las facultades de Medicina, Económicas, Derecho y Psicología. Los resultados se conocerían el 30 de noviembre del 2026.

El documento oficial, disponible en la página web del organismo de control, explica que las instituciones seleccionadas para la auditoría del próximo año fueron elegidas de manera objetiva, basándose en el análisis de la Matriz de Importancia Relativa (MIR) y en la capacidad operativa de la AGN.

El Programa de Acción Anual de la AGN en 2025 incluye un total de 296 proyectos de auditoría. De este número, 128 son nuevos, mientras que los 168 restantes se corresponden con años anteriores. En estos casos, muchos de ellos ya fueron iniciados. En detalle, con relación al tipo de control, el 62% son sobre estados contables y el 38% de gestión gubernamental.

El Gobierno de Javier Milei tiene decidido avanzar en la privatización de las empresas públicas en 2025 o lo más rápido que sea posible. Es el caso de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), compañía que aprobó recientemente un plan de incorporación de capital privado para que el Estado argentino pueda desprenderse, al menos en una primera instancia, de una parte de su participación.

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que se encuentran bajo análisis dos alternativas para ese objetivo, que pueden darse en conjunto o por separado.

La primera de ellas contempla vender las acciones de AySA a través de un proceso abierto de licitación por etapas. El Estado controla el 90% de la compañía y el 10% restante pertenece a los empleados. El privado que se haga de la mayor parte de la participación podría pasar a ser el nuevo controlante.

La segunda alternativa es acelerar un proceso de licitación pública en la Bolsa para poner a la venta un determinado porcentaje de las acciones, aún sin definir, pero que permita al comprador quedarse con el control de la empresa estatal.

“Según el contexto y como vaya avanzando, primará una sobre otra, pero por ahora están las dos alternativas”, explicó una fuente. La decisión final surgirá del trabajo del presidente de AySA, Alejo Maxit, y el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, que será plasmado en un nuevo Marco Regulatorio y Contrato de Concesión para 2025.

A lo largo de este año la empresa puso como prioridad el ordenamiento de sus operaciones para eliminar el déficit operativo y dejar de recibir transferencias del Tesoro Nacional. Esa es la clave para hacerla atractiva para cualquier privado que quiera hacerse del control de la compañía.

El último informe de “ejecución presupuestaria de las empresas públicas” que realiza el Ministerio de Economía arrojó que hasta el primer semestre AySA finalizó con un rojo de $70.703,5 millones. Fue la quinta con mayor déficit detrás de Enarsa, Aerolíneas Argentinas, Trenes Argentinos y el Correo Argentino.

En la firma resaltaron que desde ese momento se observó una reversión en ese saldo que dejó hasta septiembre un superávit operativo de $31.000 millones. Eso implicó una reducción del déficit operativo del 112% interanual, equivalente a $309.000 millones. Esperan finalizar 2024 con un resultado positivo de $96.000 millones. La prestadora del servicio de agua y cloacas en el AMBA recibió en 2023 giros del Tesoro por $285.016 millones.

“El ajuste tarifario y el plan de regularización de deudas permitió lograr un break-even operativo, contribuyendo a incrementar los ingresos netos en un 78%”, señalaron. En efecto, las boletas del servicio de agua en el Área Metropolitana de Buenos Aires tuvo un aumento cercano al 300% acumulado en lo que va del año, producto de la aplicación del índice de actualización mensual en base a inflación y salarios.

En paralelo, AySA tuvo un proceso de reducción de su planta de empleados. El último informe de dotación de personal que confecciona el Indec muestra que pasó de tener 7.790 empleados al inicio del año a 6.450 en septiembre. Se estima que unas 1.200 bajas tuvieron que ver con el plan de retiros voluntarios que abrió la compañía, con un costo cercano a los $45.000 millones según datos que manejan en despachos oficiales.

Esta solo es una es una de las compañías que quedaron sujetas a privatización en el Artículo 7 de la Ley de Bases junto a Intercargo SAU, Energía Argentina S.A. (Enarsa), Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima (SA), Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Corredores Viales SA.

Desde el viernes de la semana próxima, primer día de noviembre, regirá un aumento del 4% en las tarifas de agua y cloacas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), cuya cobertura realiza Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). En octubre el servicio había tenido un aumento del 5 por ciento.

La empresa abastece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 26 partidos del conurbano bonaerense, es una de las que el gobierno se propone privatizar y fue también, en los primeros 9 meses del año, la que sufrió el mayor recorte de subsidios, que cayeron en 58% respecto de igual período de 2023, según el más reciente informe de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de UBA-Conicet.

El aumento del 4% surge de una fórmula polinómica establecida en abril pasado por la Secretaría de Obras Públicas al cabo de un procedimiento de Audiencia Pública. La fórmula tiene en cuenta el índice de salarios (IS), el índice de precios internos al por mayor (IPIM) y el índice del precio al consumidor (IPC) y los aumentos mensuales se aplican mensualmente desde junio pasado, como dispuso la resolución 9/2024 de Obras Públicas.

La fórmula arroja un “coeficiente de modificación K”, que de octubre a noviembre aumentó de 1.419,32 a 1.476,39; la tablita adjunta (ver abajo) precisa en qué valores quedan las facturas promedio para el undécimo mes del año. En todos los casos, los valores informados no incluyen impuestos.

Desde la empresa subrayaron que las distinciones tarifas son por zona y el segmento bajo sigue manteniendo un 15% de subsidio: se trata de la tarifa que se aplica a usuarios residenciales y baldíos en zonas bajas. También sigue vigente, subrayaron, que se mantiene la vigencia del programa de tarifa social para quienes no puedan afrontar el pago total de la factura.

Para las zonas consideradas de ingreso alto (que abarca el 20% del total) que reciben servicios de agua y cloaca la tarifa promedio desde noviembre sería de $25.238 pesos, un aumento del 31% desde la aplicación del nuevo sistema de cálculo, en abril pasado. En el caso de las zonas medias (37%) del total), el promedio a pagar será de $ 22.920 y para las zonas bajas (44%) del total, la tarifa promedio montará a 18.417 pesos. De este modo, el costo promedio a pagar por el servicio de agua y cloaca será el mes próximo a 21.410 pesos.

Para quienes tienen servicio de agua, pero no de cloacas, se da la paradoja que el zonal “alto” (pero que representa solo el 1% de quienes tienen solo ese servicio) pagará por ese solo servicio una factura de $40.318, mientras los zonales medio y bajo pagarán facturas de $13.204 y $7.021 respectivamente.

El agua y los otros servicios

Según el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios UBA-Conicet, en septiembre pasado la factura promedio del servicio de agua y cloacas para el AMBA, incluyendo impuestos, fue de 25.798 pesos.

Ese informe, elaborado cuando ya se conocía el aumento del 5% que ya regía en octubre, estimó que en los primeros diez meses del año la factura promedio del servicio de agua y cloacas aumentó 289%, más que el 162% que en igual período aumentó la tarifa promedio del servicio de energía eléctrica, pero menos que el 601% que aumentó el servicio público de Transporte y 715% el de Gas Natural. La principal diferencia a favor del servicio de agua es que su cobertura se estima en 100%, contra un promedio del 53% para el conjunto de los servicios públicos.

El mismo informe precisó que en los primeros nueve meses del año los subsidios a AySA fueron de $29.358 millones, un valor muy menos comparado con los $5,2 billones (millones de millones) de subsidios a la energía (incluyendo electricidad y gas) y 1,4 billones al transporte.

De ese modo, los subsidios a AySA fueron los que más cayeron en términos reales (esto es, teniendo en cuenta el efecto de la inflación) en lo que va del año, un 58%, contra 37% que en el mismo período cayeron los subsidios a la energía y 39% los subsidios al transporte.

La Auditoría General de la Nación (AGN) confirmó este jueves su programa anual para el 2025 y definió cuáles serán los organismos que auditarán durante el próximo año, entre los que figuran varias universidades públicas y empresas estatales como AYSA y PAMI. El plan de trabajo lo presentó su titular Juan Manuel Olmos durante la XVI Sesión del Colegio de Auditores Generales, fue aprobado por unanimidad y ya fue enviado al Congreso de la Nación, según lo establecido en la Ley 24.156.

En el documento, que está publicado en su página web oficial y es abierto para la comunidad, se explica que las instituciones elegidas para auditar el año que viene fueron seleccionadas objetivamente a partir del análisis de la Matriz de Importancia Relativa (MIR, según su sigla) y de manera acorde a su capacidad operativa de la AGN.

“Dentro de ese universo seleccionado, algunos entes o materias son objeto de auditorías permanentes por parte de AGN (por ejemplo, la Cuenta de Inversión en virtud de las normas legales vigentes o los exámenes comprometidos en virtud de convenios suscriptos con entidades financieras, no financieras y empresas públicas)”, señalaron acerca de algunos casos puntuales.

Otros, por su parte, surgen por el impacto relativo o relevancia social de programas o políticas públicas específicas, de acuerdo a lo aclarado. “En todos los casos, las auditorías se realizan en el marco de las Normas de Control Externo Gubernamental que se amparan legalmente en el artículo 119 inciso d) de la Ley Nº24.156. A tal fin, los hallazgos y recomendaciones vertidas en los informes se sustentan en muestras seleccionadas y testeadas siguiendo estándares internacionales en la materia”, se lee en texto.

El Programa de Acción Anual de la AGN en 2025 incluye un total de 296 proyectos de auditoría. De este número, 128 son nuevos, mientras que los 168 restantes se corresponden con años anteriores. En estos casos, muchos de ellos ya fueron iniciados. En detalle, con relación al tipo de control, el 62% son sobre estados contables y el 38% de gestión gubernamental.

“Los proyectos propuestos en el PAA 2025 se refieren equilibradamente a las tres últimas gestiones presidenciales (incluyendo la actual) y el período auditado más frecuente es el bienio 2023-2024″, aclararon en el comunicado.

Entre las auditorías programadas que más se destacan se encuentran las que se realizarán sobre las universidades públicas. El anuncio se da en un contexto de tensión entre el sector y el Gobierno, acrecentado luego de que el Presidente vetara la ley de financiamiento universitario.

En este sentido, se auditará la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires y las universidades públicas nacionales de Córdoba, La Plata, Salta, San Juan, Cuyo, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; de la Patagonia San Juan Bosco; de Chilecito; de Avellaneda, del Nordeste.

El foco cambiará dependiendo la institución: algunas serán sobre la gestión administrativa, financiera y contable, mientras que otros se centraran en el análisis transversal sobre los procesos de compras y contrataciones y también sobre la gestión de bienestar estudiantil.

También se realizarán auditorías sobre el proceso de compras y contrataciones de los Ministerios de Defensa y Seguridad; sobre la administración de las reservas de oro por parte del BCRA y la política alimentaria y la gestión integral de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, ambas coordinadas por el Ministerio de Capital Humano.

La lista continúa con la gestión integral de la Policía Federal Argentina; los estados contables del PAMI; el cumplimiento de las obligaciones de Corredores Viales SA con relación al mantenimiento de las rutas a su cargo; el otorgamiento, liquidación y puesta al pago de las prestaciones por desempleo de parte de ANSES; los estados financieros de AySa respecto del Programa de Atención a Zonas Vulnerables y el control de las transferencias a gobiernos municipales para financiar gastos de capital.

Asimismo, la AGN analizará la gestión del Plan Estratégico de Desarrollo Minero Argentino; la política energética con énfasis en la actuación de la empresa CAMMESA; la gestión de los entes reguladores de servicios públicos sobre los reclamos presentados por los usuarios; las compras y contrataciones del Banco de la Nación Argentina y el control financiero de más de 35 préstamos internacionales, entre ellos, el Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza – Riachuelo, el Proyecto de Corredor Vial del Noroeste y el Programa Federal de Seguridad.

Finalmente, también se destacan entre los proyectos las auditorías sobre el cumplimiento de la Agenda 2030 en lo referente al Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 5 sobre igualdad de género y las transferencias al sector privado para financiar gastos de atención médica a los beneficiarios de pensiones no contributivas.

El plan para el próximo año de la AGN ya fue girado a consideración de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Honorable Congreso de la Nación. Ahora, los legisladores nacionales tendrán la decisión final respecto del mismo.

Decidido a avanzar con la reducción de personal en las empresas públicas, con vistas a su posible privatización o concesión a manos privadas, el Gobierno ya destinó $215.000 millones para pagar los retiros voluntarios y prejubilaciones de 6.280 empleados en compañías estatales. Los datos surgen del informe del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a la Cámara de Diputados a principios de este mes, y de la consulta de Infobae a las propias empresas públicas involucradas.

El ranking lo lidera el Correo Argentino con 2.986 retiros, que le implicarán, en total, al Estado $99.880 millones. Según informaron desde la empresa, el programa de retiros sigue abierto. Por el programa de retiros voluntarios, la dotación se redujo en un 18,8% con respecto a la de enero 2024. La compañía postal pasó de 16.775 empleados a principios de año, a 12.800 empleados actualmente, según precisaron desde la firma, o sea, 3.975 personas menos.

Por presión de la oposición, el Correo finalmente quedó fuera del listado de las sociedades públicas a privatizar en la negociación de la aprobación de la Ley Bases. Cuenta actualmente con 1.426 sucursales propias en el territorio nacional que prestan servicios varios en lugares alejados del interior. “Por el proceso de modernización, las oficinas propias se redujeron en un 3,9% con respecto a las existentes hasta diciembre de 2023. Este proceso contempla la apertura de 5.000 puntos de recepción y distribución logrando un mayor alcance geográfico, llegando a más puntos en todo el país, permitiendo mantener y mejorar la calidad del servicio”, informaron a Infobae desde la compañía.

El Correo Argentino tiene a cargo, además, la distribución de las urnas y el material electoral en las elecciones y, luego del comicio, el resguardo de las urnas. Por este motivo, la reducción de su personal en casi 4.000 trabajadores generó preocupación en la Justicia Electoral de cara a la realización de las elecciones del año próximo que le pidió a la empresa pública que le informe sobre los alcances de su plan de ajuste y cómo afectaría la organización de los comicios. Desde la empresa aseguraron que el “Correo Argentino seguirá brindando la logística electoral, como establece el Código Nacional Electoral, sin variaciones. Históricamente, contrata personal eventual para este proceso para cumplir todas las tareas relacionadas con la elección. En 2025 se conducirá de la misma manera”.

Le sigue AySA, a cargo de la provisión de agua y obras de red y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con 1.300 trabajadores que adhirieron al plan de retiros voluntarios, con un desembolso total desde el erario público de $39.000 millones para financiar las salidas. “Con estos resultados, se considera cumplido el objetivo planteado en abril, al inicio de este plan, y se ha dado comienzo a un Plan de Reconversión Laboral dentro de la empresa”, informaron voceros de AYSA a Infobae.

Con un total actualmente de 6.458 empleados, es la cuarta sociedad estatal en cantidad de personal. Tuvo una reducción de 1.311 personas desde enero pasado. En la versión de la Ley Bases aprobada a finales de junio, AYSA podrá incluir capitales privados en un programa de propiedad participada, pero deberá conservar el control mayoritario por parte del Estado.

En tercer lugar, aparece Aerolíneas Argentinas con 1.076 empleados que aceptaron el retiro o la prejubilación, en dos tandas, una en marzo y la segunda abierta en julio. En total, implicaron hasta ahora $58.732 millones. “El gasto es variable porque mes a mes se van consumiendo fondos para el pago de cuotas de los prejubilables”.

Según explicaron desde la presidencia de Aerolíneas, los retiros y las prejubilaciones son parte de un universo de gente en el mismo programa, que incluye dos formas: uno es un retiro anticipado gratificado, en el que se pagan un plus por dejar la compañía; y el otro es prejubilatorio, cuando los empleados están cerca de la edad de jubilación, con pagos en cuotas que le permite a la empresa ahorrarse el pago de los aportes, entre otros ítems. En total, incluyendo fallecimientos, renuncias, despidos con y sin causa, el número asciende a 1.350 según informaron desde la empresa. Hoy, la aerolínea de bandera cuenta con 10.486 trabajadores, según confirmaron desde la compañía a Infobae.

Si bien también quedó excluida de la ley Bases como entre las empresas públicas sujetas a privatización, esta semana empezó el debate para privatizarla en las comisiones de Transporte y Presupuesto de la Cámara baja, a partir de dos proyectos de los diputados Hernán Lombardi (PRO), que cuenta con el apoyo del oficialismo, y de Juan Manuel López (Coalición Cívica). Y el viernes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, sorprendió con el anuncio de que el presidente Javier Milei firmará un decreto para poner a Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización. Se amparará en el artículo 9 de la ley de reforma del Estado, número 23.696 sancionada durante el menemismo para avanzar en ese sentido.

Le sigue en cantidad de retiros voluntarios la agencia estatal Télam con 346 retiros voluntarios que le costaron al Estado $7.587 millones. En febrero, el Gobierno había dispuesto su intervención y a principios de marzo amaneció vallada. Sus 781 empleados fueron licenciados. Desde entonces, casi la mitad se acogió al retiro voluntario.

En la apertura de las sesiones ordinarias de este año, Milei había adelantado que la cerraría por haber sido utilizada “como agencia de propaganda kirchnerista”. Sin embargo, el 1 de julio, salió publicada en el Boletín Oficial la transformación de Télam en la Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal (APESAU), destinada a manejar la pauta publicitaria oficial. En simultáneo, el Gobierno planea avanzar con el traspaso de casi 150 periodistas de la ex Télam a la órbita de Radio Televisión Argentina (RTA), para que cumplan tareas en la TV Pública y Radio Nacional. El Gobierno también evaluaba el lanzamiento de una nueva agencia de noticias más chica y “rentable”.

En Radio y Televisión Argentina hubo, a su vez, 118 retiros voluntarios, que le costaron al erario público unos $304 millones. A finales de julio, según datos del INDEC, su planta era de 2.305 trabajadores. Junto con el Correo y Aerolíneas, son las tres que quedaron fuera de la Ley Bases en la votación en el Senado como sujetas a privatización.

En el ranking, a continuación figura la Fábrica Argentina de Aviones SA (FADEA) con 75 retiros por un monto total de $1.386 millones. Su planta actual es de 773 empleados mientras que a principios de enero de este año era de 917.

Luego le sigue Yacimientos Carboníferos Río Turbio, con 63 retiros y prejubilaciones, con un costo total para el Estado de $3.844 millones. YCRT - que opera en la provincia de Santa Cruz - cuenta con 2.118 trabajadores. Según la respuesta de Francos a otra pregunta de Diputados, de ese números, los retiros voluntarios habrían sido 22. En la Ley Bases se estableció que la firma, si bien podrá incluir capitales privados en un programa de propiedad participada, deberá conservar el control mayoritario por parte del Estado.

En tanto, Contenidos Públicos SE, la compañía estatal que conduce las señales de televisión Encuentro, Pakapaka, DeporTV y la plataforma Contar, tuvo 46 retiros entre su planta, con un costo total de $73 millones. La empresa registraba 204 empleados en enero y a fines de julio se redujeron a 181.

Intercargo, la empresa estatal de asistencia en tierra que presta servicios a las principales líneas aéreas, registró 51 retiros voluntarios en su planta por un monto total de $941 millones. A julio pasado, contaba con 1.588 empleados. La empresa que quedó en la mira del Gobierno luego del despido esta semana de tres empleados que habían sido detenidos tras un allanamiento realizado en el Aeropuerto de Ezeiza por el robo en los equipajes de los pasajeros.

En Corredores Viales, la empresa a cargo de la concesión de diez tramos de las rutas, autopistas y autovías nacionales, hubo 39 retiros voluntarios por un total de $908 millones, y otras 11 prejubilaciones por $178 millones. En total, le implicarán al Estado un desembolso de $1.086 millones. Hasta la fecha, de esta cifra se pagaron $627 millones, según informaron desde la empresa a Infobae. “Se les ofreció el pago de un mes por año trabajado más los correspondientes pagos de vacaciones, proporcional de aguinaldo. Es como si hubiese sido una indemnización”, explicaron.

Corredores Viales es una de las que quedó sujeta a privatización en la Ley Bases. En total, los empleados de Corredores Viales sumaban 3.361 a finales de julio último, según datos del INDEC.

En Tandanor, a su vez, hubo 11 retiros, y su planta actual es de 432 empleados. El Plan de Retiro Voluntario está vigente hasta el 31 de diciembre, precisaron desde la empresa. Sin embargo, desde la empresa informaron que esos retiros no implicaron un desembolso para el Estado. “En cuanto al costo de los retiros voluntarios de estas 11 personas no ha representado ningún gasto para el Estado ya que los fondos provienen directamente de la empresa, sin impacto en el presupuesto público. Tandanor no recibe fondos públicos, ya que los fondos provienen de las reparaciones navales que realiza la empresa”, aseguraron.

Y en Fabricaciones Militares se registraron 200 retiros, con un costo de $3.305 millones. “El plan no sigue abierto pero en su momento sí tuvimos más personas interesadas de las que teníamos en presupuesto. Así que estamos evaluando el presupuesto necesario para las bajas extras que tenemos pendientes. Se sumarían 63 bajas más las que nos quedan por confirmar. Se concretarán cuando tengamos aprobado el presupuesto para concretarlas”, señalaron desde la empresa. A julio pasado, los empleados de esta empresa que funciona bajo la órbita del Ministerio de Defensa sumaban 1.243.

Visualización de datos: Daniela Czibener

Carga de datos y chequeo: Desiré Santander

Octubre llegará con novedades para los hogares en lo que tiene que ver con los servicios públicos. Si bien se esperan aumentos que impactarán en los bolsillos de los consumidores también habrá algunos rubros en los que se observarán algunas bajas de precios, en una búsqueda del gobierno por aliviar el peso del ajuste, luego de que se conocieran los alarmantes datos de pobreza e indigencia.

Las boletas de gas, por decisión oficial, y el valor de los combustibles, en medio de la caída de los precios internacionales del petróleo, mostrarán una leve merma desde este martes. En cuanto al transporte público, los boletos de colectivos y de trenes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantendrían sin cambios respecto a octubre.

A contramano se observará un salto en el pasaje de subte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en las facturas de electricidad y en las del servicios de Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AySA).

Las tarifas que aumentan desde octubre

El gobierno definió que en electricidad habrá desde el martes un incremento en los tres componentes que conforman la factura (generación, distribución y transporte) que tendrá como consecuencia un impacto del 3% promedio en las boletas que llegarán a los hogares.

La decisión oficial tiene como objetivo evitar un retraso de este servicio en términos reales para evitar un salto de los subsidios en medio del comienzo de la época de calor y de mayor consumo hogareño.

El servicio de AySA aumentará 4,9% en octubre para todos los usuarios del AMBA, por lo que la tarifa de agua y cloaca promedio costarán $17.705 en el mes. El alza corresponde al mecanismo de actualización mensual que contempla la evolución de la inflación y de los salarios, conocida como “coeficiente K”. En lo que va de 2024, las boletas de agua en CABA y Gran Buenos Aires aumentaron 271% solo hasta septiembre.

A partir del martes los pasajeros del subte en CABA también deberán enfrentar un nuevo aumento en las tarifas. El costo del boleto se incrementará en un 16,46%, alcanzando un precio de $757 para aquellos que utilizan la Tarjeta SUBE registrada. Este ajuste también afectará al premetro, cuya tarifa se elevará a $264,95.

La medida, autorizada por el Gobierno de la Ciudad, forma parte del último tramo de un plan de ajuste tarifario que vio el precio del transporte subterráneo aumentar en un 589% desde principios de 2024.

Para quienes no posean una Tarjeta SUBE registrada, el boleto del subte tendrá un valor diferencial de $859,07, mientras que el premetro costará $300,67.

Alivios

Las tarifas del gas natural por redes para todos los hogares, comercios y pequeñas industrias del país bajarán entre un 3% y un 6% final. En este caso existe un componente netamente estacional: los precios son más bajos cuando finaliza el invierno, y el consumo también.

En los despachos oficiales cuentan también con que desde el próximo martes podrían jactarse de que por primera vez en más de cinco años habrá una baja en el precio de los combustibles, con un retroceso del 3% promedio para el gasoil y del 1,5% para la nafta a partir del próximo martes. No está aún confirmado si será un recorte nominal o si no se aplicarán aumentos de modo de mostrar una merma en términos reales.

El encargado de explicar ese camino será Horacio Marín, presidente de YPF. La petrolera estatal, líder en el mercado local, será la que dé el primer paso para que sus competidoras –Axion, Shell, Raizen y Puma– se muevan en la misma línea.

En cuanto al Transporte, el gobierno publicó este viernes la estructura de costos de los colectivos del AMBA en la que Caputo consiguió reducir el gasto en subsidios y que no haya, al menos en octubre, un nuevo salto del boleto. Fue gracias al traspaso de las subvenciones a CABA y el fin de la Red SUBE en la provincia de Buenos Aires. El pasaje de todos modos acumuló un incremento del 600% desde que asumió Milei, en línea con el salto que tuvo la tarifa de trenes metropolitanos.

El Gobierno informó que para el pasaje de colectivos le queda al menos un 32,5% de aumento pendiente por los períodos de marzo, abril, mayo y junio de este año.

El impacto del ajuste

La canasta de servicios públicos de luz, gas, agua y transporte de un hogar promedio en el AMBA sin subsidios alcanzó en septiembre los $141.543, lo que implica una baja del 2% mensual debido a un menor consumo energético según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política, IIEP, (UBA-CONICET). Sin embargo, esa familia requería $30.105 en diciembre para cubrir esos mismos gastos, un salto del 370% en nueve meses, casi cuatro veces más que la inflación acumulada del 95% hasta agosto.

Por servicios, la tarifa de electricidad promedia los $32.202; la de gas natural, $28.342; agua, $24.762; y gasto en transporte, $56.228 por mes. El incremento más importante fue en la factura de gas natural con un aumento del 898% respecto de diciembre de 2023, debido tanto a los aumentos tarifarios como a los incrementos del consumo estacional invernal. El gasto en energía eléctrica aumentó 156% mientras que los servicios públicos que no dependen de factores estacionales muestran un aumento del 601% para el transporte y del 271% para el agua.

No es casualidad que desde que asumió Javier Milei, hay 852.677 hogares más que reciben subsidios a la electricidad y, de esos, 111.114 también en gas natural, tal como publicó Infobae en base a información oficial a la que tuvo acceso en exclusiva. Las provincias en las que más creció la cantidad de beneficiarios son aquellas en las que más subió la pobreza: Corrientes, Formosa, Catamarca, Chaco y Córdoba. Es por eso que el gobierno pausó la aplicación de una quita de asistencia en base a la Canasta Básica Energética (CBE) que entre los funcionarios la dan casi por descartada, al menos en el mediano plazo.

Los católicos peregrinamos por varias razones profundamente significativas. La peregrinación es una oportunidad para alejarse del mundo material, en términos modernos diría que es salir de nuestra zona de confort, y enfocarse en la fe, la reflexión y la conexión con Dios y con la Virgen.

Peregrinar se parece a la vida, se sale de Dios al nacer y se retorna a Él al morir. Por el trayecto pasamos por distintas etapas, la alegría de salir, el entusiasmo que no mide fuerzas, cuando el cansancio empieza a aparecer las charlas se vuelven más profundas y al final, cuando ya no damos más, surge la fe como algo vivo que nos sostiene y acompaña.

El punto de inicio es el Santuario de San Cayetano en Liniers y se llega al de la Virgen María en Luján. Lugares sagrados, asociados con santos y la Virgen María nos permiten ponerlos en el centro de nuestra vida y pedir su intercesión. La peregrinación es una forma de buscar también el perdón por los pecados y pedir gracia y bendiciones para uno y sus seres queridos. Sirve para encontrar consuelo y esperanza en momentos de dificultad, estamos como sociedad atravesando momentos difíciles. Es también una impactante experiencia comunitaria. Así como nadie se salva solo, tampoco se llega solo, cuando faltan las fuerzas alguien te carga, te anima y te ayuda.

Comunidad y hermandad es una buena definición, la peregrinación reúne a personas con el objetivo común de llegar a Luján fortaleciendo la comunidad y la hermandad entre los creyentes. Las diferentes comunidades que peregrinan lo hacen con sus móviles de sonido, carritos de diversas formas que amplifican el canto, sirven para los innumerables rosarios y ponen música para ayudar a llegar.

En cada una de las cinco paradas de descanso, otros miembros de las comunidades esperan con agua, comida, baños y masajes, para renovar con su alegría el ánimo de los peregrinos. La experiencia de la peregrinación renueva la fe y el compromiso con la Iglesia.

Varios son los motivos para peregrinar, promesas y pedidos por la salud y muchas veces simplemente agradecer. En el caso de la Peregrinación a Luján, específicamente, los católicos argentinos honramos a la patrona del país, y buscamos su protección y guía. Este año será la 50ª edición de la Peregrinación Juvenil a Luján y será un evento muy especial. El rector de la Basílica y Santuario Nacional de Nuestra Señora de Luján, el P. Lucas García decía: “Este año es un aniversario importante y se celebrará con mucha alegría”.

Actividades especiales

Se contará con 50 puestos sanitarios a lo largo de la Ruta Nacional N°7. Estos puestos también integrados por voluntarios, ofrecen asistencia gratuita a cualquier peregrino que lo necesite. La empresa AySA implementará un operativo con 13 camiones cisterna y 5 puntos de hidratación para proporcionar bolsitas de agua potable a los peregrinos. ⁠Se establecerá un hospital de campaña en el Puente de Control y en Avenida Nuestra Señora del Luján. La peregrinación oficial comenzará el sábado 5 de octubre a las 10 de la mañana desde el barrio porteño de Liniers, pero los fieles comienzan a salir la madrugada del sábado. Los participantes recorrerán un total de 63 kilómetros hasta llegar al Santuario de Nuestra Señora de Luján. La mayoría de los peregrinos tardan entre 12 y 15 horas en completar el trayecto.

El lema de la Peregrinación a Luján 2024 es “Madre, bajo tu mirada buscamos la unidad”. Este lema es especial porque marca la 50ª edición de la peregrinación, un hito importante para la comunidad católica en Argentina, el lema surge de la lectura de miles de pedidos que dejan los peregrinos cada año. Si nunca la hiciste, es una experiencia para no perderse.