El retiro del Estado de la actividad productiva ya no es una consigna electoral. Es un plan en ejecución. Con más de 40 empresas públicas en proceso de privatización o cierre, el Gobierno avanza en lo que sus propios funcionarios describen como una transformación irreversible del rol estatal en la economía. De hecho, la orden de retirada total se cocina en pleno centro porteño, dentro de los despachos del ex edificio Shell, en Diagonal Norte, donde buscan terminar con lo que consideran una “fuente inagotable de ineficiencia y gasto discrecional”.

Así lo explicó Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, en una entrevista exclusiva con Infobae. Durante la charla, el funcionario detalló el alcance de una estrategia que ya no distingue entre gigantes deficitarios y empresas con balances en verde, ya que la orden presidencial es vender todo. “El Presidente marcó que el Estado se tiene que retirar de todas las empresas. El objetivo es vender todo. Todas. Después el tema es el cuándo y el cómo”, afirmó, al mismo tiempo que precisó que la estrategia abarca tanto a grandes compañías como AySA, Enarsa, Aerolíneas Argentinas, Intercargo y el sector ferroviario, como también a numerosas firmas más pequeñas y menos visibles.

Para Chaher, el desorden administrativo que encontró al asumir no es un hecho aislado, sino una consecuencia inevitable de la histórica falta de control estatal. El funcionario sostuvo que cualquier intento de saneamiento bajo la órbita pública es, por definición, pasajero: “Por más que hagamos los deberes para que las empresas estén en régimen, eso se desvirtúa en treinta segundos si perdés la disciplina de mercado”, advirtió. En su visión, el equilibrio fiscal no es una meta técnica, sino una convicción absoluta: “Tenemos el déficit cero prácticamente tatuado en el lomo”, graficó para definir un rumbo que considera innegociable.

En esta línea, la crítica al modelo tradicional fue frontal. Chaher aseguró que el significado de empresa estatal se desvirtuó en la Argentina el último tiempo: “Tenemos internalizado que ‘público’ quiere decir quién la solventa. Somos los 47 millones de argentinos los que estamos pagando los déficits”, sentenció. Bajo esta lógica, subrayó que el concepto de empresa pública en el país acarrea una connotación negativa ligada a los subsidios permanentes y la falta de resultados.

Es por esta razón que la agenda oficial también se enfoca en el cierre de estructuras que se consideran innecesarias o, directamente, “fantasmas”. “Las que no tienen sentido hay que cerrarlas”, sostuvo y citó el caso de DCAR, una firma ferroviaria con más de 2.000 empleados que fue disuelta sin afectar la operatividad del sistema. Para el titular de la Agencia, hoy existe un “enjambre de vehículos societarios” que funcionan bajo el rótulo de empresas públicas pero carecen de una función real.

Finalmente, al analizar las privatizaciones de los años 90, Chaher realizó una suerte de “autopsia” sobre las empresas cuyos procesos finalizaron nuevamente en manos del Estado. “Muchas veces no falló el modelo, sino que la política se metió e hizo daño; no permitieron ajustar tarifas o rompieron los marcos por cuestiones electorales”, señaló. Por eso, explicó que la prioridad actual es el blindaje legal: “Estamos madurando las condiciones previas para que, si alguien quiere venir a reestatizar AySA, por ejemplo, le salga carísimo al país y tenga que enfrentar penalidades internacionales”.

Aerolíneas, AySA, Transener y el futuro de las “vacas sagradas”

Respecto al caso de Aerolíneas Argentinas, cuya autorización para su posterior privatización rebotó ya dos veces en el Congreso, el funcionario comentó: “El diseño de la empresa está mal. Tiene tres flotas distintas, triplica dotación. Está mal el diseño. Está todo integrado en una sola empresa que ocupa el 70% del sector”, ejemplificó y sentenció: “No queremos quedarnos con ninguna. Se venden todas”, reiteró Chaher.

En el caso de AySA, por ejemplo, el plan prevé vender el 90% del paquete accionario, mientras que el 10% quedará en manos de los empleados, a través de un programa de propiedad participada. Según Chaher, el proceso requiere “limpiar” la empresa antes de sacarla al mercado. “Estamos vendiendo una empresa en marcha, pero tiene que estar todo al día. Vehículo al día, libre de deuda, patente”, graficó con ironía.

El funcionario detalló los mecanismos de licitación y la búsqueda de inversores calificados. “No queremos golondrinas. Buscamos inversiones genuinas que sepan de lo que estamos poniendo a disposición para que sean procesos irreversibles”. El objetivo, insistió, es “blindar” los contratos para impedir que cambios políticos puedan revertir las privatizaciones. “Tratamos de que sea lo más irreversible posible”, explicó.

Esa búsqueda de validación tuvo un hito este martes con Transener. El Gobierno recibió tres ofertas por un total de USD 887 millones para quedarse con el 50% de Citelec (controlante de la transportadora eléctrica). El consorcio conformado por Genneia S.A. y Edison Transmisión S.A. presentó la oferta ganadora, con USD 356 millones y se convertirá -sujeto a confirmación oficial- en el nuevo co-controlante de Citelec junto a la firma dirigida por Marcelo Mindlin.

“Hoy dicen que vamos lento, pero en su momento otros gobiernos trataron de privatizar Transener y terminaron reestatizando parte de la empresa”, disparó. Para el funcionario, el caso de la red eléctrica demuestra la dificultad de los procesos y justifica la necesidad de “madurar” las condiciones previas. “No es una crítica, es la realidad: nuestra consigna es llegar a la entrega al privado con un esquema que sea irreversible y sostenible en el tiempo”, explicó.

Según adelantó, la hoja de ruta para el resto de 2026 incluye nuevas unidades de Enarsa (hidroeléctricas y térmicas) y el sector ferroviario, donde el Gobierno planea reinvertir lo obtenido por la venta de material rodante en infraestructura. Para Chaher, el sistema actual es un “monumento a la obsolescencia. Muchas empresas están diseñadas con una lógica de los años ’70. Tenemos distintas trochas en los trenes de carga por un contexto de hipótesis de guerra que ya no existe y eso solo encarece la logística”.

Incluso en sectores estratégicos como el atómico, el diagnóstico es tajante. Al referirse a Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la calificó como una estructura sobredimensionada: “Tiene 3.000 empleados cuando cada central puede funcionar con 600. Y tenemos tres centrales. El resto del recurso humano, que es calificado, tenemos que redirigirlo para prestar servicios dentro y fuera del país. Es una vaca sagrada que se mantuvo por inercia y que hoy es inviable bajo el control exclusivo del Estado”, señaló.

Tasaciones, el “boom” de inversores locales y el cambio de régimen jurídico

En el mercado y en los sectores técnicos, el debate sobre los precios base de las operaciones —especialmente en casos como Transener o Intercargo— genera ruido. Las voces críticas apuntan a valores que consideran llamativamente bajos. Ante este escenario, Chaher se planta: “No estamos regalando nada. Todo tiene valor”, retrucó e insistió: “Algunos decían que el precio de Transener era demasiado bajo, otros que era muy alto. Lo cierto es que la oferta final fue superadora”. La operadora de la red eléctrica del país salió a la venta con un precio base de USD 206 millones; la oferta ganadora, en tanto, superó ese monto por USD 150 millones.

En este sentido, el funcionario explicó que los montos no son arbitrarios, sino que surgen de un mecanismo técnico cruzado entre el Tribunal de Tasación de la Nación y el BICE, aunque reconoció que la realidad macroeconómica juega su partido. “Somos conscientes de que hay un valor intrínseco por el hecho de estar en la Argentina y con una situación particular, pero no vamos a regalar los activos”, aclaró. Ante la consulta sobre si las tasaciones descuentan el ‘riesgo local’, Chaher fue pragmático: “El objetivo no es una liquidación por desesperación, sino encontrar al inversor adecuado que entienda el ciclo argentino. Buscamos al inversor correcto, aquel que sepa que el modelo de negocio es bancable más allá de la coyuntura’, insistió.

Más allá de la discusión por los montos, la reacción del mercado arrojó una novedad que el Gobierno utiliza como bandera: el apetito del empresariado nacional. “Es una novedad que los argentinos estén invirtiendo en Argentina. Antes no pasaba. El 70% de las operaciones de compra de empresas en 2025 fueron protagonizadas por capitales locales”, destacó Chaher. El funcionario resaltó que, a diferencia de las privatizaciones de los años ’90 —realizadas mayoritariamente con firmas extranjeras—, hoy el proceso se apoya en el capital local, que corre con la ventaja de saber convivir con la volatilidad propia del país. En la visión oficial, este fenómeno funciona como el primer sello de confianza para tentar, más adelante, a los grandes fondos internacionales.

Este proceso de venta se apoya en un cambio de raíz: la transformación de 13 Sociedades del Estado en Sociedades Anónimas. “Parece un trámite, pero es un cambio cultural. Había empresas que debían 10 balances nunca tratados. Al pasar a SA se terminan los privilegios y la opacidad; ahora tienen que rendir cuentas igual que cualquier hijo de vecino”, explicó el funcionario sobre la transición que busca alinear a las compañías estatales con los estándares de gobernanza de la OCDE.

Desde el ex edificio Shell, el corazón operativo de las privatizaciones, la consigna que repite Chaher es una sola y no admite segundas lecturas: “No queremos quedarnos con nada, queremos vender todo y hacerlo bien”.

Luego del 3,4% que marcó la inflación en marzo, el Gobierno se comprometió con el objetivo de lograr una desaceleración en abril y con ello cortar con la tendencia alcista que ya acumula nueve meses. En esa línea, el Gobierno decidió bajar el tope permitido de aumentos en la boleta de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) de 4% a 3 por ciento. Al mismo tiempo, se espera por la decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, respecto al aumento del recargo en las boletas de gas para financiar el fondo fiduciario de Zonas Frías.

Este lunes, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución ERAS N° 14/26, que estableció un tope del 3% mensual para los incrementos en las facturas de agua y cloacas entre mayo y agosto de 2026. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) fijó esta medida en un contexto de presión inflacionaria y de atrasos acumulados en las tarifas, que impactan tanto en el equilibrio financiero de la empresa como en el bolsillo de los usuarios.

Según el comunicado oficial de AySA, la decisión apunta a “continuar con el proceso de adecuación tarifaria de manera gradual y controlada, con actualizaciones de hasta el 3% mensual para el período comprendido entre mayo y agosto, con el objetivo de sostener el equilibrio económico-financiero de la empresa y garantizar la continuidad, calidad del servicio y las inversiones en infraestructura”. El esquema vigente permite acompañar la evolución de los costos y asegura previsibilidad para la planificación y ejecución de obras fundamentales.

Desde abril de 2024, AySA tiene vigente una fórmula polinómica para la actualización mensual de tarifas, aprobada por la Resolución 09/2024 de la Secretaría de Obras Públicas. Dicha fórmula toma en cuenta los salarios, los precios mayoristas y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Pero durante 2025, el Ministerio de Economía dispuso que los aumentos no superaran el 1% mensual, lo que generó un atraso tarifario de 21% a diciembre de ese año. Por lo que a posteriori una nueva resolución permitió aumentos de hasta 4% mensual entre enero y abril del 2026. Pero como la inflación continuó en alza, el atraso no se recuperó.

Pese a ello, por medio de la Resolución ERAS N° 14/26 y a los fines de ayudar a la desaceleración de la inflación a partir de abril, se fijó que el incremento mensual efectivo desde mayo hasta agosto de 2026 no podrá superar el 3% en cada mes, siempre que la fórmula de actualización no arroje un valor menor. La medida responde al pedido de la concesionaria, que informó un déficit proyectado de $205.000 millones y la necesidad de continuar con el proceso de convergencia tarifaria.

El proceso de actualización incluye, según destacaron desde la empresa, la continuidad del programa de Tarifa Social, que busca neutralizar el impacto del ajuste para los sectores vulnerables. El descuento del 15% para los denominados “zonales bajos” se mantiene vigente y alcanza al 48% de los usuarios residenciales. AySA remarcó que estos mecanismos de protección social seguirán vigentes mientras avance el proceso de readecuación tarifaria.

Según el cuadro oficial de AySA, las boletas de agua y cloaca reflejarán distintos valores promedio mensuales sin impuestos según la zona. En mayo de 2026, el monto estimado para la zona alta será de $35.325, mientras que en la zona media ascenderá a $32.081 y en la zona baja a $25.777. El promedio general para todas las áreas se ubicará en $29.967, lo que representa un incremento respecto a los meses previos. En abril, el monto estimado para la zona alta era de $34.977, media $31.146 y baja 25.026 pesos.

¿Aumento en la boleta de gas?

En el sector energético, la atención se concentra en la inminente actualización del recargo en las facturas de gas. Fuentes al tanto de las decisiones comentaron a Infobae que la definición respecto al aumento del 50% del recargo de la tarifa de gas se va a conocer a fin de mes. Es que hace una semana, el presidente Javier Milei otorgó nuevas facultades al ministro Luis Caputo para modificar hasta en un 50% el recargo en la boleta de gas que financia el Fondo Fiduciario de Zonas Frías. Mediante el Decreto 266/2026, el recargo podrá llegar hasta un máximo de 11,25%, frente al tope anterior de 7,5%.

El Fondo Fiduciario de Zonas Frías cubre el costo de las bonificaciones para usuarios residenciales en áreas con temperaturas bajas. En 2021, la ampliación del régimen incrementó la cantidad de beneficiarios de 950 mil a 4 millones de hogares. El nuevo marco legal apunta a que el costo de los subsidios no recaiga exclusivamente sobre el Estado, en un contexto de suba internacional de los precios del gas y el petróleo.

El ajuste del recargo impacta sobre el precio del gas y surge de la necesidad de cubrir el déficit del fondo ante el incremento en los costos de abastecimiento. Según fuentes oficiales, el régimen de zona fría es regresivo y deficitario, y la medida busca evitar mayor gasto público. El decreto responde a la volatilidad del mercado internacional de gas, agravada por el conflicto en Oriente Medio y la demanda invernal de importaciones de GNL.

El paralelismo entre la política de topes en los servicios de agua y el manejo de los aumentos en el gas marca la estrategia oficial para atenuar el traslado de costos a los usuarios. Mientras la definición sobre el gas permanece pendiente, la experiencia de la segmentación de aumentos en AySA funciona como antecedente sobre cómo las autoridades buscan administrar el impacto de la inflación en los servicios públicos esenciales.

El Gobierno avanza en procesos licitatorios, ventas de terreno y reformas societarias de una veintena de empresas del Estado.

La administración de La Libertad Avanza busca acelerar los procesos de privatizaciones y, frente a esto, el Congreso de la Nación volvió a poner en funcionamiento la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones que, luego de 10 años sin funcionar, realizó los primeros pedidos de informes.

A la espera del recambio legislativo, la comisión que preside el saliente senador Juan Carlos Romero recibió las primeras respuestas del Ejecutivo respecto a los pedidos de información, y las consideró insuficientes.

“El jueves pasado llegaron los informes circunstanciales sobre AySA, Corredores Viales, Sociedad Operadora Ferroviaria, Belgrano Cargas e Intercargo”, explicó Romero. Por su parte, la vice de la comisión, la santacruceña Ana María Ianni, señaló que dejaban dudas las respuestas del Ejecutivo y que no respondió sobre si las empresas que ya se lanzaron los procesos “tienen acciones judiciales y si están entorpeciendo el proceso de transformación”.

“Nuestra intención es ampliar los pedidos de informes porque las respuestas no son suficientes y elevar hoy ese pedido de ampliación. Y a partir de esto trabajar sobre las 8 empresas a privatizar”, agregó.

Los legisladores hicieron referencia a que, además de las cinco empresas nombradas al comienzo, también se había pedido informes sobre Yacimientos Carboníferos Fiscales, la Compañía Inversora de Energía Eléctrica y, principalmente, Nucleoeléctrica. Esta última fue la que concentró buena parte de la conversación de la comisión que duró menos de 30 minutos.

La diputada de Unión por la Patria Florencia Carignano hizo referencia a que “Nucleoeléctrica fue expresamente quitado del listado de empresas a privatizar de la Ley Bases” y que ahora el Gobierno avanza en una reestructuración del capital accionario donde vendería el 44 % de las acciones.

Pero, además, hizo referencia a la “opacidad” con la que entiende que está llevando adelante los procesos el Ejecutivo y puso como ejemplo las centrales nucleares. “El tribunal de tasación que ya hizo dos tasaciones de las centrales Atucha fue expresamente quitado. Por una nota, el presidente del tribunal señala que no puede hacer una valuación y se le encomendó a un banco privado. Hay maniobras turbias para dejar el precio mínimo de tres centrales nucleares. El tribunal de Tasación del Estado que ya hizo el trabajo dos veces cómo puede ser que ahora diga que no lo puede hacer una tercera vez”, se preguntó la diputada.

Esto fue avalado por el senador Romero quien señaló, en tono irónico, que si no se explicaba bien esta situación “se les va a hacer costumbre” a los miembros del Tribunal de Tasación no realizar las tasaciones.

Otro punto que centró la ampliación de los pedidos de información al Ejecutivo es que en las respuestas de los 5 informes enviados no hay referencia a quiénes serán los organismos de control. “No queda claro en las respuestas quién en el caso de Corredores Viales -que ya está en etapa de recibir ofertas- y en el de las empresas ferroviarias quién va a ser la autoridad reguladora, quién va a controlar el cumplimiento de los contratos”.

Respecto de aquellas que están en proceso de “transformación” de Sociedad del Estado a una Sociedad Anónima, como es el caso del Banco Nación, los diputados y senadores de la Bicameral de Seguimiento pedirán que el Ejecutivo responda “qué van a hacer, por qué el cambio, si la intención es que operen en la bolsa como es el caso de YPF u otra medida”.

En línea con el parecer de las autoridades, los vocales ampliaron las preguntas de los informes enviados al Poder Ejecutivo y extendieron la consulta de información a las empresas Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Fabricaciones Militares, Talleres Navales Dársena Norte, Soluciones Satelitales, Radio Argentina, Ferrocarril Argentino, Fábrica Militar de Aviones, Administración de Puertos, Casa de la Moneda, Banco Nación, Playas Ferroviarias y Polo Tecnológico Constituyente.

El gobierno de Javier Milei envió este lunes al Congreso el proyecto de Presupuesto 2026 con la premisa de sostener el equilibrio fiscal, principal ancla de su gestión, aunque igualmente reconocerá un incremento por encima de la inflación proyectada para obras públicas en provincias y municipios. La medida también se conoce tras una serie de traspiés electorales y la disputa de la Casa Rosada con algunos gobernadores que reclaman más fondos. El punto central que surge del mensaje oficial es la decisión de canalizar nuevas partidas hacia jurisdicciones subnacionales, focalizando en programas y proyectos definidos como “prioritarios” por el Gobierno.

La norma del Poder Ejecutivo prevé para 2026 un aumento de $1,1 billones en la partida de gastos de capital de la Administración Nacional, equivalente al 50,3% de incremento respecto a lo presupuestado para este año. El componente más importante de estos gastos corresponde a transferencias de capital, que absorben el 49,7% del total de gastos de capital y aumentan un 81,4 por ciento. La inversión real directa alcanza una suba de 26,1%, mientras que la inversión financiera asciende 41%, según las cifras plasmadas en el texto oficial.

Se trata en todos los casos de subas por encima de la variación esperada para el Índice de Precios al Consumidor (IPC), de 10,1% acumulada. La medida se conoció después de la designación de un nuevo ministro del Interior y de la promesa de una relación “más fluida” con los mandatarios provinciales.

El mensaje que acompaña el proyecto de Presupuesto menciona que en 2026 se dará prioridad a obras viales de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), proyectos de modernización ferroviaria con renovación de infraestructura y material rodante, inversión energética orientada al desarrollo hidroeléctrico y nuclear, fortalecimiento de defensa y seguridad, y la ampliación de redes de agua y saneamiento. “La ampliación y optimización de las redes de agua y saneamiento apuntan a mejorar la cobertura y calidad del servicio”, describe el documento.

Se trata de un cambio de enfoque para el Gobierno, que había tenido la política de recortar al máximo obras para que sean encabezadas por el sector privado. Aunque, reconocen, hay movimientos que deberán ser realizados primero por el Estado. Hay muchas empresas involucradas que están sujetas a privatización y necesitan “mejoras” para ser más atractivas para eventuales inversores.

Según el anexo oficial, “el gasto público históricamente se ha financiado a partir de la recaudación impositiva, de la captación de fondos en los mercados de deuda o de la emisión monetaria”. El texto remarca que la recaudación desvía recursos del sector privado y la deuda desplaza la inversión privada (“crowding out”), mientras que la emisión fomenta inflación, corta el horizonte de planeamiento y desalienta los proyectos de largo plazo.

El gobierno de Milei argumentó que, tras “años de una tendencia secular al deterioro de la inversión”, la administración “logró erradicar el efecto crowding out, provocando un despegue de la inversión y del crecimiento económico, que superarán el 26% y el 5% en 2025, respectivamente”. La eliminación del déficit fiscal y la disminución de la inflación también reciben mención como factores que “apuntalan la inversión y el clima de negocios”. El texto agrega que “la privatización de empresas públicas aportará a reducir el gasto público, atraer capital privado y mejorar la eficiencia de los servicios prestados”.

Desde el Gobierno se insiste en que “la importancia no radica en la magnitud de la inversión pública, sino en su calidad y eficiencia”. El Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) busca asegurar que los proyectos del Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP) cumplan los requisitos de formulación y evaluación. “Su principal propósito es asegurar que los proyectos que se proponen incluir en el Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP) cumplan los requisitos de formulación y evaluación vigentes, los cuales se basan en las mejores prácticas internacionales en la materia”.

Para el periodo 2026-2028, el Gobierno acordó “priorizar proyectos que se encuentren en ejecución, los que a su vez fueron revisados en función de su alineación con las políticas de gobierno”. Para los proyectos a iniciar, pondera aquellos que impacten positivamente en “la generación de empleo, promuevan la actividad exportadora, contribuyan a mejorar la balanza energética e incidan en potenciar el desarrollo tecnológico”. Además, detalla que reciben prioridad los proyectos con informe de calificación técnica, estudios de prefactibilidad y financiamiento externo.

En el plano sectorial, el enfoque se centra en Obras viales de la DNV, modernización ferroviaria, inversión en energía nuclear e hidroeléctrica, fortalecimiento logístico en defensa y seguridad, y mejora de redes de agua y saneamiento. Una frase del documento sostiene que “otro aspecto para mejorar la eficiencia de la inversión consiste en asegurarse una adecuada formulación y evaluación de proyectos por parte de los organismos formuladores.”

El mensaje informa que el Gobierno incrementó instancias de capacitación en la elaboración y gestión de proyectos, abarcando también organismos provinciales. “Este trabajo se ha extendido, para colaborar con los sistemas de inversión pública provinciales, donde también se han propuesto medidas de mejora de la gestión de la inversión, de acuerdo a las mejores prácticas internacionales”, define el texto.

También presenta mejoras en los sistemas informáticos del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN) y su integración con otros sistemas presupuestarios, “con el objetivo de obtener información de mayor calidad y más oportuna en el BAPIN y así poder reforzar la capacidad de respuesta en la toma de decisiones”. El Gobierno implementa además “la evaluación ex post de un conjunto de proyectos, de manera de analizar si las inversiones se realizaron conforme a lo planeado o si hay diferencias entre lo previsto y lo ejecutado, e indagar las causas de los eventuales desvíos”.

La distribución sectorial de las partidas expone que el gasto de capital para 2026 representa 2,2% del total presupuestado. El monto previsto de crecimiento en inversión real directa estará principalmente influido por las obras viales bajo la órbita de la DNV, las asignaciones para infraestructura económica y social, en especial para proyectos de agua potable, alcantarillado y transporte, las inversiones de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), y el fortalecimiento operativo de la seguridad y defensa. Las transferencias de capital más importantes tienen como destinatarios a Energía Argentina S.A. y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (cada una absorbe 24,5% del total de transferencias de capital), Administración de Infraestructuras Ferroviarias (19,7%) y Operador Ferroviario (12,5%), además de provincias y municipios que concentran un 7,3% del total.

En medio de la disputa entre el Gobierno nacional y gobernadores por la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el pasado viernes se transfirieron $12.500 millones a cuatro provincias bajo este concepto. Este monto supera ampliamente los $3.000 millones enviados durante todo agosto, y se da en el marco del empoderamiento que Javier Milei decidió sobre el nuevo Ministerio del Interior, que ahora tiene como flamante titular al ex vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán.

El contexto político agrega tensión a estas transferencias, ya que Entre Ríos y Chaco mantienen alianzas electorales entre sus oficialismos provinciales y La Libertad Avanza (LLA). En ambas jurisdicciones, los principales candidatos a diputados y senadores pertenecen a LLA, que compite en conjunto con los gobiernos locales. Además, los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco) participaron recientemente en la primera reunión de la Mesa Federal, convocada por el Ejecutivo tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y que marcó la presentación del nuevo ministro del Interior.

La reciente autorización del Gobierno nacional para la privatización total de AySA generó la reacción de la oposición en el Senado. El bloque de Unión por la Patria avanzó con dos iniciativas legislativas firmadas por el senador Eduardo “Wado” de Pedro que buscan frenar cualquier intento de transferencia de la empresa al sector privado. La preocupación en torno a la protección del acceso al agua como un derecho humano y la preservación del modelo público de gestión aparecen entre los argumentos principales de los proyectos.

El proyecto S‑1287/25, presentado por De Pedro, propone declarar el servicio a cargo de AySA “de interés público y estratégico para el desarrollo humano”, en línea con el artículo 75 de la Constitución Nacional, y prohíbe de manera explícita cualquier modalidad de privatización, concesión, cesión de capital o tercerización de la gestión de la firma. El texto exige además que cualquier modificación en el objetivo de la empresa, su composición accionaria o la enajenación de activos esenciales requiera aprobación del Congreso con una mayoría de dos tercios, reforzando barreras jurídicas frente a embates privatizadores.

Paralelamente, el proyecto de declaración S‑1288/25 manifiesta “la profunda preocupación y el más enérgico repudio” ante los decretos presidenciales de privatización, al tiempo que remarca que tales medidas implican “un retroceso en la protección del derecho humano esencial de acceso al agua potable segura y al saneamiento cloacal”. En la misma línea, condena tanto el eventual traspaso al sector privado como la interrupción del servicio por falta de pago. Los documentos llevan las firmas de otros legisladores del espacio, entre los que figuran María Eugenia Duré, Mariano Recalde, Sandra Mendoza, Alicia Kirchner, María Inés Pilatti Vergara, Jesús Fernando Rejal, Oscar Parrilli, Sergio Leavy, Cristina López y José Emilio Neder.

Ambas iniciativas surgen como respuesta al anuncio oficial de la Casa Rosada, a través de los decretos 493 y 494/25, que permiten la enajenación de AySA a fin de avanzar en un cambio de rumbo en la administración del recurso hídrico. Ante ello, gran parte de la oposición expresó alarma sobre el impacto en la tarifa, la calidad de los servicios y el alcance de la red, que actualmente llega a una cobertura del 85% en agua potable y 70% en cloacas, según datos oficiales difundidos por el equipo del senador.

Al fundamentar la presentación de sus iniciativas, Wado de Pedro destacó la naturaleza esencial y estratégica de los servicios de AySA. “El agua es un recurso natural escaso y estratégico, y es un derecho humano del cual dependen la vida, la salud y el desarrollo de nuestro pueblo”, afirmó. Asimismo, el senador subrayó la función de la compañía estatal como “salud pública y desarrollo para millones de familias” y recordó los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de acceso universal al agua y saneamiento. “Esta ley es una herramienta para cumplir con esos compromisos y para que ningún gobierno pueda volver a rifar un derecho tan básico”, sostuvo De Pedro.

Las estadísticas esgrimidas durante la presentación de los proyectos subrayan el contraste observado durante los períodos de gestión privada y estatal. Desde la estatización, la inversión ejecutada en obras para ampliar la cobertura fue veinte veces superior a la registrada durante la administración privada, con la construcción de nueve plantas depuradoras, la gran potabilizadora de Tigre y cientos de expansiones de la red, resaltó de Pedro. Según datos de AySA divulgados por los legisladores, más de 4,5 millones de personas accedieron de manera inédita al agua potable y 3,6 millones a la red cloacal. En materia de calidad de servicio, los cortes se redujeron en un 57% y su duración bajó en un 72% desde la intervención del Estado.

El núcleo del debate está puesto en el control accionario de la compañía, que de acuerdo a los proyectos presentados por el kirchnerismo deberá mantenerse en un 90% en poder del Estado nacional, con el 10% restante reservado a los trabajadores de la empresa. Para evitar proyectos de tercerización futura, el texto introduce la obligación de una mayoría calificada en el Congreso para cualquier modificación sustancial.

El Gobierno nacional, días atrás, dispuso la venta total de AySA con la condición de que el 51% quede en manos de un único grupo privado.

Actualmente, AySA presta servicios de agua potable y saneamiento cloacal a veintisiete partidos de la provincia de Buenos Aires y la totalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cubriendo a más de 14 millones de habitantes.

En el nuevo episodio de La Conversación, tres voces enfrentadas analizan los procesos de privatización en Argentina: su historia, sus consecuencias y su actualidad. Las privatizaciones reaparecen una vez más en el centro de la discusión política argentina. Lo que en los años 90 fue bandera de modernización hoy vuelve bajo otro contexto económico y social, pero con las mismas preguntas: ¿qué debe hacer el Estado?, ¿qué conviene dejar en manos privadas? y ¿a quién beneficia cada decisión?

Para discutir estos interrogantes, Infobae reunió a tres referentes con trayectorias y posturas claramente diferenciadas. Horacio Liendo, abogado, redactor de la Ley de Convertibilidad, figura clave del gobierno de Menem. Rubén “Pollo” Sobrero, sindicalista ferroviario, referente de la izquierda y la defensa de las empresas públicas. Julián Gadano, exsubsecretario de Energía Nuclear, académico especializado en políticas públicas y tecnología. La charla fue moderada por el periodista Gonzalo Sánchez y ya está disponible en el canal de YouTube de Infobae.

Dos visiones enfrentadas sobre un mismo proceso

Desde el comienzo, las posturas fueron claras. Liendo defendió el programa de reformas estructurales de los 90, argumentando que no había otra salida ante la hiperinflación y la crisis institucional. Sostuvo que las privatizaciones fueron necesarias y que en muchos casos generaron mejoras reales en infraestructura, como la expansión del sistema telefónico.

Del otro lado, Sobrero calificó al proceso como “una entrega del país”, recordó los despidos masivos, y vinculó las privatizaciones con el aumento de la pobreza, la pérdida de soberanía y la concentración económica. “Todo esto empezó con la dictadura y termina con un país endeudado y saqueado”, denunció.

Entre ambos, Gadano intentó matizar el debate: reconoció que el Estado argentino suele ser ineficiente, pero subrayó que no todo debe privatizarse. “El Estado debe garantizar bienes públicos, pero en la mayoría de los casos, el sector privado administra mejor las empresas”, afirmó, aunque aclaró que hay excepciones, como los ferrocarriles o el desarrollo nuclear.

¿Por qué se privatiza?

La idea de fondo es sencilla: el Estado cumple funciones básicas —educación, salud, seguridad, justicia—, pero no debería competir con el sector privado en el mundo empresarial. Según esta visión, las empresas públicas tienden a ser ineficientes, gastan más de lo que producen y muchas veces están atravesadas por corrupción, favoritismo político o gestión deficiente.

Para Horacio Liendo, privatizar fue una salida obligada en los años 90: había hiperinflación, deuda, crisis institucional. “No había otra forma de ordenar la economía”, afirmó. El Estado vendió empresas a cambio de dinero, inversiones y la promesa de mejorar servicios que estaban estancados. “Entel era un desastre, para tener teléfono había que esperar años o pagar como por un departamento”, graficó.

Desde esta óptica, privatizar es modernizar. Si las empresas privadas invierten, compiten, innovan y generan ganancias, los ciudadanos reciben mejores servicios. El rol del Estado, entonces, es regular, cobrar impuestos y garantizar que las reglas se cumplan.

¿Y por qué muchos creen que es un error?

Desde la vereda opuesta, Rubén Sobrero denunció las privatizaciones como una forma de saqueo encubierto. Para él, no se trató de mejorar servicios, sino de transferir activos estratégicos a manos privadas —muchas veces extranjeras— a precios bajos, despidiendo trabajadores y concentrando riqueza. “No fue privatización, fue entrega”, dijo. El caso de los ferrocarriles, según relató, fue emblemático: “100 mil despidos, servicios deteriorados y subsidios del Estado que terminaron en manos de empresarios amigos”.

También cuestionó la narrativa de que el Estado siempre gestiona mal: “Si ponés a alguien que defiende intereses privados a manejar lo público, claro que va a salir mal”, afirmó. Para Sobrero, el problema no es el Estado, sino quién lo gobierna y con qué fines. Y advirtió que las consecuencias de las privatizaciones no son solo económicas, sino también sociales, territoriales y simbólicas: “Cuando entregás empresas, entregás soberanía”.

¿Qué dice la experiencia?

Julián Gadano intentó plantear una tercera posición. Cree que el Estado debe garantizar ciertos bienes públicos —educación, salud, ciencia— pero que, salvo excepciones puntuales, las empresas funcionan mejor en manos privadas. No obstante, reconoció que no todas las privatizaciones fueron buenas. “La de Aerolíneas Argentinas salió mal, y eso alimentó el consenso de volver a estatizar”, dijo. Y agregó: “Hay casos, como el sector nuclear, donde la presencia estatal puede estar justificada”.

Además, planteó un punto clave: la eficiencia no depende solo de quién gestiona, sino también de las reglas del juego. “Si el Estado impone tarifas artificiales o subsidia mal, tanto una empresa pública como una privada pueden funcionar mal”, explicó. En definitiva, privatizar no es garantía de éxito, pero tampoco lo es dejar todo en manos del Estado. Hay que evaluar caso por caso.

¿Y hoy?

En el gobierno actual, el debate vuelve con fuerza. Ya se anunció la privatización de empresas como IMPSA y AySA, y el Ejecutivo promete avanzar con otras más. Pero las condiciones no son las mismas que en los 90, y el clima social es diferente. “Hay que discutir empresa por empresa, no repetir slogans”, cerró Gadano.

Este episodio de La Conversación ya está disponible en el canal de YouTube de Infobae. Nuevos episodios todos los jueves.

El Gobierno de Javier Milei espera lanzar antes de fin de año una licitación pública nacional e internacional por al menos el 51% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA), con el objetivo de que en menos de un año el servicio pase a ser controlado por un privado. El remanente del paquete accionario que quede en manos del Estado, que es dueño del 90% de la compañía, será subastado en la Bolsa también en 2026.

Para despertar el interés de empresas o consorcios la intención oficial es realizar modificaciones en el marco regulatoria de la concesión que tiene Aysa en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con propuestas entre las que se encuentran que la nueva concesionaria pueda proceder al corte de servicio a residenciales que presenten atrasos de pagos, ajustes trimestrales de tarifas en base a inflación y que las obras sean financiadas por los usuarios en sus boletas finales.

Así lo confirmaron a Infobae fuentes oficiales que trabajan directamente en el proceso de privatización de la empresa estatal.

Actualmente, la restricción del servicio, según el Artículo 81 del Marco Regulatorio aprobado por la Ley 26.221, procederá solamente en caso de mora de los Usuarios Residenciales que hayan incurrido en la falta de pago de las facturas por dos períodos consecutivos de facturación. Previamente la Concesionaria deberá haber remitido una intimación de pago fehaciente con 15 días de anticipación. Ese protocolo seguirá vigente antes de las eventuales restricciones de los hogares en caso de que avance la propuesta.

El corte de los servicios procede actualmente sólo en caso de Usuarios No Residenciales (comercios e industrias, por ejemplo) y se hace efectivo por falta de pago de las facturas de dos períodos de facturación y previa intimación fehaciente con 10 días de anticipación.

Esos cambios representan un fuerte contraste contra el modelo aplicado desde la estatización de la empresa en 2006, en busca de garantizar una ecuación económica favorable. Actualmente, los hogares sólo pueden sufrir restricciones parciales de servicio cuando adeuden 2 períodos consecutivos de facturación, las tarifas se actualizan mensualmente por determinación arbitraria del Ministerio de Economía y las obras fueron financiadas en los últimos años por el Tesoro, a partir de préstamos con organismos multilaterales o transferencias directas, o por inversiones de capital de la empresa.

El Estado posee el 90% de las acciones de la empresa y el 10% restante pertenece a los empleados. El Gobierno espera lanzar antes de que termine el año una Licitación Pública Nacional e Internacional (LPNI) por el 51% del paquete accionario “para incorporar un operador estratégico con experiencia y capacidad técnica” y ese proceso se llevará adelante en los próximos 330 días, según el cronograma estimado que anticiparon las fuentes.

En la empresa señalaron que ya comenzaron a realizar roadshows con la ayuda de la Corporación Financiera Internacional (CFI), del Banco Mundial, para tantear el interés de inversores. También mencionaron que varias empresas que participan de licitaciones en Brasil, y que no se adjudiquen ningún proyecto en ese país, estarían dispuestas a “jugarse una ficha” por Aysa.

La venta de al menos el 51% de las acciones implica que la concesión del servicio pasará a ser controlado por un privado, pero los activos seguirán perteneciendo al Estado y volverán a sus manos una vez que termine el contrato de la concesionaria, período que todavía no fue definido. En despachos oficiales no descartan que se permita competir a consorcios de empresas, por la complejidad de la administración y por la necesidad de nuevas obras frente a un déficit estructural de la red. Las fuentes consultadas no dieron precisiones sobre cuánto dinero esperan por la venta de las acciones.

El siguiente paso, previsto para completarse dentro de los 90 días posteriores a la finalización de la LPNI, será el de la Oferta Pública Inicial (IPO, por su sigla en inglés) del remanente de las acciones en manos del Estado. Es decir que, por ejemplo, si el Estado licita el 51% del paquete, el 39% restante flotará en la Bolsa.

Aysa presta servicio de agua potable y de tratamiento de desagües cloacales en CABA y en 26 partidos del conurbano bonaerense. Abastece a más de 11 millones de personas con agua potable y a más de 9 millones de personas con saneamiento, por lo que es la segunda más grande de América Latina. Actualmente cuenta con unos 6.200 empleados, según datos del Indec, 20% menos que antes del inicio de la gestión Milei.

La compañía finalizó el año pasado con un superávit operativo de $48.288 millones -a precios constantes- el primero con esa condición desde 2007. La firma alcanzó ese resultado, principalmente, gracias al aumento del 317% en las tarifas de sus clientes durante 2024 y a los programas de regularización de las deudas. Desde que asumió Milei en diciembre de 2023 la tarifa de agua en el AMBA aumentó 362%, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet).

El Gobierno señaló que desde su estatización en 2006 Aysa requirió aportes del Tesoro por el equivalente a USD 13.400 millones.

Problemas estructurales

AySA presta servicio a más de 11 millones de personas, pero enfrenta múltiples fallas estructurales que fueron detalladas por la empresa en un comunicado interno:

• Resultados magros en las Inversiones de infraestructura: A pesar de una inversión significativa en el período 2006-2023, no se logran los objetivos deseados.
• 28% de la red de agua y 50% de los afluentes está obsoleta.
• Solo 30,5% de conexiones sobre los 50 años de antigüedad.
• Pérdidas de agua: módulos elevadas medidas con micromedidores (la meta era 43,5%).
• Provisión irregular: más del 40% del agua producida se pierde o no se registra.
• Roturas en conexiones: 50% se produce en caños con menos de 6 años.
• Incumplimiento del servicio: Sólo el 21,8% abastece el servicio en el horario establecido.
• Red de agua No Contabilizada: Se mantiene por encima del 40%, muy por encima de los estándares internacionales.
• Gestión Financiera dependiente de subsidios estatales: Transferencias del Tesoro Nacional que alcanzaron aproximadamente USD 13,4 mil millones de 2006 a 2023. Esto representa el 51% del gasto del período y es el valor más elevado entre otras utilities.
• Alta Morosidad: La empresa, durante el octenio analizado, nunca cobró arriba del 88%.
• Costos Operativos elevados: Incremento del 80% en términos reales entre 2006 y 2023. Elevada erogación en eficiencia. Muy pocas ciudades cubren el 100% de costos con tarifas.

Buenos Aires, 18 jul (EFE).- El Gobierno de Argentina anunció este viernes la puesta en marcha de la privatización de AySa, la empresa pública que da servicio de agua y saneamiento en Buenos Aires y toda su área metropolitana.

"El Gobierno tomó la decisión de iniciar el proceso privatización de AySA. De esta manera, se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones en manos del Estado a través de un esquema mixto que combina licitación pública nacional e internacional”, anunció el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en una rueda de prensa en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo.

“El Gobierno tomó la decisión de iniciar el proceso privatización de AySA. De esta manera, se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones en manos del Estado a través de un esquema mixto que combina licitación pública nacional e internacional”, anunció el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en una rueda de prensa en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo. EFECOM

(vídeo)

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), responsable de la provisión de agua potable en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, llevó a cabo durante esta madrugada su Programa de Inspección de Ríos Subterráneos 2025.

El operativo, que comenzó anoche a las 22 horas y duró hasta las 4 de hoy, abarcó el tramo Devoto y Barrancas - Saavedra. “El trabajo nocturno se realizó en el cruce de Virrey del Pino y Luis María Campos, en CABA. Allí está ubicada la Cámara 1, de las 59 que hay a lo largo del recorrido por la que ingresaron los buzos y el minisubmarino”, explicaron, desde AYSA, a Infobae.

Fuentes de la empresa agregaron que, durante el operativo, fue necesario proceder a la parada del bombeo de cinco estaciones elevadoras que abastecen a gran parte de la zona Norte y Oeste.

Y, una vez finalizada la inspección, se comenzaron a prender las bombas de las estaciones de forma secuenciada y se bombeó a la red. “Esto es así para no inyectar alta presión a la red que pueda dañar las cañerías y producir alguna rotura”, sostuvieron desde la empresa.

Y advirtieron: “Es importante, durante el día de hoy, racionar el consumo de agua, para que esto también se recupere mas rápido. Ahora, todas las bombas están encendidas por lo que, de manera paulatina, se esta normalizando el servicio en los domicilios”.

La demora en la recuperación total del servicio podría extenderse hasta las primeras horas de la tarde en zonas que carecen de tanques de cisterna o instalaciones adecuadas, o que se encuentran alejadas de las estaciones elevadoras. “Debido a que los caños involucrados en los operativos son de gran magnitud, al hacer este tipo de paradas se ´deprime la red´, por lo que tarda varias horas en recuperar la presión normal", agregaron a este medio.

Las zonas afectadas del AMBA

Este operativo afecta el suministro de agua potable en la región del norte y oeste del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hasta las primeras horas de la tarde de hoy. “Es difícil hablar de barrios puntuales en CABA porque tiene todo un sistema interconectado. Pero toda la franja, desde Villa Real/Versalles hasta Núñez, es la mas afectada”, sostuvo AYSA.

Con respecto al conurbano, las zonas de San Martín, San Isidro, Vicente López, Tres de Febrero, Morón, Hurlingham e Ituzaingó, van a estar afectadas prácticamente en su totalidad, porque su principal fuente de abastecimiento es agua que proviene de la Planta San Martín (Palermo) a través de las Estaciones Elevadoras involucradas en el operativo.

En el caso de San Fernando, puede haber baja presión en la zona limítrofe a San Isidro, porque también se abastece con agua de la Planta Rosas (Tigre). “Algo similar ocurre con La Matanza, solo la zona lindera a Morón, porque -a pesar de abastecerse con agua de Palermo- tiene su propia estación elevadora, que no fue afectada al operativo”, añadieron desde la firma.

Cómo es el procedimiento

Los “ríos subterráneos” de Buenos Aires, una red de 88 kilómetros construida entre 1950 y 2000, es una de las infraestructuras más complejas y extensas, en realidad: megacañerías con diámetros que oscilan entre 2,6 y 4,6 metros.

“Estos operativos son cada 15 días, pero este tenía la particularidad que era muy grande, pero al ser en horario nocturno y en épocas de bajas temperaturas, por ende de menor consumo, la afectación se reduce significativamente”, aclararon fuentes de la empresa a este medio.

Las megatuberías, ubicadas a profundidades de hasta 35 metros bajo tierra, permiten el transporte eficiente de grandes volúmenes de agua potable desde las plantas de tratamiento hasta los centros de distribución y, finalmente, a los hogares y comercios del AMBA.

La magnitud de estas obras subterráneas exige un monitoreo constante y detallado. Para ello, AySA implementó un sistema de inspección que combina la experiencia de su personal técnico con el uso de tecnología de punta. “Esto se hace de manera programada y controlada, por lo que no suele haber inconvenientes. En este puntual, no los hubo”, sostuvieron desde la firma.

Una de las herramientas para este tipo de procedimientos es más el mini submarino ROV, un vehículo de operación remota que permite realizar video inspecciones en tiempo real a lo largo de los diferentes tramos de los ríos subterráneos.

Este dispositivo, controlado a distancia, recorre el interior de las tuberías y transmite imágenes de alta definición, facilitando la detección de posibles fisuras, obstrucciones o desgastes en la estructura. “El objetivo es verificar que el megaconducto se encuentre en óptimas condiciones para su funcionamiento”, comunicó AySA en relación a la inspección programada.

Las inspecciones con ROV se realizan semanalmente y suelen programarse en horario nocturno para minimizar el impacto en el suministro. El vehículo ingresa a los conductos a través de cámaras de acceso y puede examinar entre 400 y 1.000 metros a cada lado de la cámara.

El Programa de Inspección de Ríos Subterráneos prevé la realización de al menos 20 inspecciones en diferentes tramos de la red durante este año, además de los operativos semanales.

Hasta noviembre, se inspeccionarán más de 18 kilómetros de túneles en el marco del Programa 2025. Desde 2008, AYSA 231 operativos de inspección, lo que representa el 88% del sistema (77 kilómetros de tramo), aunque la cifra total de kilómetros inspeccionados asciende a 231, ya que algunos tramos se han revisado en varias oportunidades.

Cronología de los ríos subterráneos

La historia se remonta a la segunda mitad del siglo XX, aunque la preocupación por el acceso al agua potable en Buenos Aires y su área metropolitana data de finales del siglo XIX.

El primer sistema de distribución, vigente entre 1887 y 1953, transportaba el agua mediante cañerías de impulsión desde el Establecimiento San Martín hasta los depósitos de Córdoba, Caballito y Devoto.

El segundo sistema, que comenzó a operar en paralelo a partir de 1953 con la habilitación de la Estación Elevadora Caballito, introdujo la red de grandes conductos enterrados que hoy se conocen como “ríos subterráneos”.

A partir de 1944, Obras Sanitarias de la Nación inició la construcción de un nuevo sistema de alimentación por gravedad desde el Establecimiento Palermo —actual Planta Potabilizadora General San Martín— hasta los depósitos distribuidores, conocidos como “Gigantes del Agua”.

Se excavaron túneles a profundidades de entre 25 y 30 metros, con diámetros que en algunos tramos alcanzaban los 5 metros. Estos conductos llegaban hasta el pie de los depósitos, donde estaciones elevadoras impulsaban el agua a los distintos niveles de almacenamiento, mejorando la eficiencia del sistema.

Actualmente, junto a cada uno de estos depósitos, funciona una estación elevadora que integra el sistema de distribución de agua vigente.

Los conductos habilitados entre los años 50 y 80 se ejecutaron con hormigón simple, mientras que a partir de 1983 se emplearon dovelas de hormigón armado y revestimientos internos de hormigón, lo que incrementó la durabilidad y seguridad de la red. Muchos de estos túneles continúan en operación y requieren monitoreo y mantenimiento especializado debido a su antigüedad y características constructivas.

Muchos porteños la vieron cerca de la costa en la zona de costanera norte a la altura del Parque de la Memoria. Justo antes de ingresar a la Ciudad Universitaria de la UBA. Es una pequeña casa en el medio del Río de la Plata que parece flotar como un pequeño castillo fantasma.

Las leyendas urbanas se alimentaron todos estos años desde su construcción a fines del siglo XIX. Algunos decían que era una obra de arte abandonada. Otros alimentaron la teoría de que es la casa de un millonario con un proyecto de vivir en medio del río. Nada de eso es cierto.

La casita no tiene ningún conde que sale de noche por las calles porteñas, ni tampoco fue el resultado de una instalación artística. Se trata de la primera toma de agua que del Río de la Plata llegaba hasta la primera planta potabilizadora de agua en el barrio de Recoleta, donde actualmente se encuentra en Museo de Bellas Artes.

El primer sistema de agua

“En ese momento, el río estaba mucho más cerca. Eran pocos metros - asegura Celina Noya, responsable del Museo del Agua de Aysa-. De ahí sacaban el agua que después de las decantaciones se empezaba a distribuir por las casas de los porteños a finales del siglo XIX”.

Todo comenzó con las epidemias de fiebre amarilla. En 1871, se produjo la más devastadora para la Ciudad. Fue el momento que la clase alta se mudo del sur al norte de Buenos Aires. Ese año, la enfermedad mató a 14.000 personas, lo que equivale al 8% de la población.

Hasta ese momento, el agua no era de buena calidad en la Ciudad. “Los más ricos tenían aljibes que juntaba el agua de lluvia o pasaban los aguateros que acarreaban el agua desde el Río de la Plata hasta las casas -explica Noya-. También hubo una bajante muy importante del río que causó desabastecimiento. Eso había generado mucho malestar en los porteños de la época”.

Entonces, se contrató a ingenieros ingleses que realizaron las primeras obras. El objetivo era tomar el agua del río, limpiarla y almacenarla en tanques que luego la iban a distribuir por las casas de Buenos Aires. Es el mismo momento en que empieza a pensarse un sistema cloacal para separar las aguas.

La captación de agua desde el río que formaba parte del primer sistema de aguas corrientes de la ciudad proyectado por el ingeniero John Coghlan, no contó, entonces, con una torre de toma.

Sólo eran caños de hierro que partían de la Planta de Recoleta (hoy Museo de Bellas Artes) internándose en el estuario. Con la ampliación de esta Planta planteada por el estudio Bateman, Parsons &Bateman en su proyecto del Radio Antiguo (1872), nació la primera torre de toma, que se ubicó frente al pueblo de Belgrano.

La construcción de la casita

Su construcción se inició en 1876 y se habilitó en 1895. “Se usó un sistema de diques para mantener seca la zona y poder hacer la instalación”, explica Noya.

Por fuera, la torre presentaba en sus cuatro caras formas neoclásicas, con almohadillados y cornisamento perimetral superior, y una planta cuadrada. Por dentro, se trataba de un cilindro, con tres metros de diámetro, ubicado por sobre 2.60 metros del nivel máximo de crecidas. Por eso, durante las sudestadas, aún las más complicadas, siempre se mantiene sobre el nivel del río. Eso da la sensación de que esta flotando. En el interior del cilindro se cavó un pozo a más de 10 metros bajo el lecho del río.

La casita del Río de la Plata tiene el mismo estilo que las construcciones de la época de la empresa de agua porteña. Es como una “hija menor” del clásico Palacio de Aguas Corrientes, ubicado en la Avenida Córdoba y Riobamba.

La captación de agua desde el río que formaba parte del primer sistema de aguas corrientes de la ciudad fue proyectado por el ingeniero inglés John Coghlan. Al principio eran caños de hierro que partían de la Planta de Recoleta (hoy Museo de Bellas Artes) internándose en el estuario. Con la ampliación de esta Planta planteada por el estudio Bateman, Parsons &Bateman en su proyecto del Radio Antiguo (1872), nació la primera torre de toma, que se ubicó frente al pueblo de Belgrano. “Cuenta con un sistema de rejas para evitar que pasen objetos grandes y basura”, cuenta la Responsable del Museo del Agua.

“Con muy pocos cambios, ese primer sistema se parece a los que se usan actualmente para llevar el agua a las casas de la Ciudad - revela Noya-. Obvio que hay otros volúmenes y se mejoró el nivel de potabilización, pero el concepto de extracción es el mismo”.

La renovación del agua

Al construirse la Planta Potabilizadora en Palermo (actual Planta Gral. San Martín), frente a la pista del aeroparque, se construyó una nueva torre, de forma hexagonal, de mampostería hidráulica, con una capacidad de 1.600.000 m3 diarios, de la que partía un túnel de toma de tres metros de diámetro y 1.245 metros de largo, 1.000 de ellos bajo el río. Durante 1972 y 1973, se ejecutó una nueva torre de toma a 1.500 metros de la Planta, la que hoy se encuentra en funcionamiento. De esta extensión, 1.000 metros son fluviales -el resto del trayecto pasa por debajo del Aeroparque, la Avenida Lugones y el acceso a la Planta- con un conducto de 5,4 metros de diámetro, de hormigón pretensado. En cada una de sus caras (ocho en total) la torre tiene dos acometidas, contando cada entrada con una reja semicircular de dos metros de ancho por tres de alto.

Nada es para siempre

Muchas veces los porteños creen que es natural que de las canillas de sus casas salga líquido. Es más que esa agua sirva para tomar en forma segura. Creen (o creemos), quizás, que ese recurso es eterno. “Siempre va a estar el Río de la Plata ahí para abastecer a la Ciudad. Esto no es así - replica Noya, entre sonrisas-. El recurso natural no es infinito. Hay que hacer un uso responsable para evitar problemas futuros. Ya hace poco Uruguay tuvo una crisis por falta de agua”.

Y la Responsable del Museo del Agua asegura que en otros países hay otra conciencia. “Entienden que no es ´natural´ que salga de la canilla todo el tiempo agua. Lo ves en las duchas más cortas, en la forma de lavar los platos o hasta la manera que ven nuestra costumbre de baldear las veredas de los edificios", sostiene.

La casita del Río de la Plata sigue ahí en la costanera norte como parte del paisaje. La estructura flota mientras un padre le cuenta a un nene una historia sobre vampiros y un conde misterioso que habita el pequeño castillo flotante. Y así la leyenda continúa.

Hoy, el gobierno nacional anunció con entusiasmo la puesta en funcionamiento del Sistema Riachuelo. El vocero presidencial lo presentó como un logro propio, una demostración del supuesto compromiso oficial con las obras públicas. Sin embargo, la realidad es distinta. El Sistema Riachuelo no fue “terminado” por esta gestión: fue finalizado durante el gobierno anterior. Lo que faltaba —y aún se está haciendo, tardíamente— era la etapa de puesta en marcha.

Se trata de una infraestructura hidráulica sin precedentes en América Latina, financiada por el Banco Mundial, diseñada para sanear la cuenca Matanza-Riachuelo y mejorar las condiciones ambientales y sanitarias de más de 4,5 millones de personas. La obra, que incluye un colector cloacal de más de 30 kilómetros, una planta de tratamiento de líquidos y un emisario subfluvial, fue completada en su totalidad en nuestra gestión. Quedaba únicamente el período de operación conjunta entre la empresa constructora y AySA: seis meses para verificar el correcto funcionamiento y realizar los ajustes que cualquier obra de esta envergadura exige.

Ese período de prueba debía concluir a mitad de 2024. Pero la actual gestión decidió no pagarle a la empresa constructora, incumpliendo con los compromisos contractuales. Esa deuda, generada por el propio Gobierno, es la causa real de la demora. Solo ahora, cuando la presión judicial por el incumplimiento de la Causa Mendoza se volvió ineludible, decidieron destrabar el proceso y avanzar con la puesta en marcha. No fue decisión política. Fue necesidad jurídica.

La Causa Mendoza es un fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que obliga al Estado nacional, a la Ciudad de Buenos Aires y a la Provincia a sanear la cuenca Matanza-Riachuelo. El Sistema Riachuelo es una de las obras centrales para dar cumplimiento a ese fallo. No ejecutarla en tiempo y forma implicaba un incumplimiento legal grave, con consecuencias institucionales directas. Por eso hoy se activa lo que debería haberse completado hace más de un año.

Mientras tanto, el Gobierno paralizó cientos de obras de agua y saneamiento en toda el área de concesión de AySA. Obras que ya estaban proyectadas, en marcha o próximas a ejecutarse y que beneficiaban a miles de personas en municipios del conurbano bonaerense y la Ciudad. Muchas de esas obras —como las que se concentran en partidos como Tigre, San Fernando, Morón o Avellaneda— eran necesarias no solo para esos distritos, sino también para ampliar la cobertura de zonas vecinas.

La infraestructura hidráulica no se rige por lógicas geográficas electorales, sino por la planificación técnica. Una planta potabilizadora ubicada en un municipio puede abastecer a varios más. Ese es el principio rector del Plan Quinquenal de AySA, elaborado con criterios de equidad, expansión y eficiencia.

Todo este humo del vocero estuvo envuelto de otro humo, destinado a sembrar sospechas generales sobre la transparencia de mi gestión. Durante los años en que me tocó presidir AySA, la empresa alcanzó los mayores estándares de transparencia de su historia. Ocupó el primer puesto en el ranking de la Agencia de Acceso a la Información Pública, lideró los informes del CIPPEC sobre transparencia de empresas públicas y fue reconocida en el Registro de Transparencia Empresarial de la Oficina Anticorrupción. Todas las auditorías —incluidas las realizadas por este mismo Gobierno— fueron aprobadas. Y toda la información sobre obras, montos, contratistas y niveles de avance estaba disponible públicamente en el sitio obras.aysa.com.ar, que fue dado de baja por la actual gestión.

Las acusaciones de supuesta corrupción son otra maniobra distractiva: la Justicia -Ariel Lijo y María Eugenia Capuchetti, respectivamente- dictó el sobreseimiento en las dos causas que estaban abiertas. Esa misma Justicia a la que el Gobierno nacional adula en otros temas.

Lo importante es que la gente tenga agua. Y eso parece no importarles. Quintuplicaron la tarifa sin pasar por las audiencias públicas que exige el marco regulatorio y, en un contexto económico en el que los aumentos de los costos de la construcción se fueron a las nubes, es cada vez más difícil que los vecinos que ya tienen el tendido de agua en la puerta de su casa puedan hacer las obras internas para conectarse al servicio.

Por otra parte, la política pública en materia de agua y saneamiento no puede reducirse a la ejecución de caños. También es imprescindible acompañar esas obras con campañas de concientización sobre el cuidado del recurso hídrico. El agua potable es un bien escaso, cuya potabilización requiere inversiones significativas en infraestructura y energía. Promover su uso racional y consciente es parte de la responsabilidad de cualquier gobierno. Se llama capital simbólico, y también es una herramienta de ahorro. Lamentablemente, en un contexto en el que se niega el cambio climático y se desprecia la educación pública, estos conceptos parecen haber sido desplazados por una lógica puramente contable.

Es la misma lógica que ignora que por cada dólar invertido en agua y saneamiento el Estado se ahorra entre 7 y 8 veces ese monto. Ahorro, pero de verdad. Un concepto que la mayoría de los argentinos dejaron de ver posible con la destrucción sistemática de su economía familiar.

Lo más preocupante es que detrás de la sobreactuación del anuncio se esconde un objetivo más profundo: la privatización del servicio de agua y cloacas. Desde hace meses, el Gobierno viene ensayando discursos orientados a deslegitimar a AySA.

Para justificar una eventual venta de la empresa, se recurre a una narrativa que combina desinformación, ocultamiento de datos y operaciones mediáticas. Pero lo que está en juego no es una empresa: es el acceso universal al agua y al saneamiento. Privatizar AySA sería dejar librado al mercado un derecho humano fundamental. Significaría habilitar la lógica de la ganancia en un servicio esencial, y abrir la puerta a tarifazos, segmentaciones arbitrarias y exclusión social. Un castigo más para los argentinos.

No podemos permitirlo. El Sistema Riachuelo es una muestra concreta de lo que el Estado puede hacer cuando planifica, invierte y ejecuta obras para mejorar la vida de las mayorías. La decisión de retrasar su puesta en marcha no solo fue irresponsable. También fue peligrosa.

Frente a los intentos de confundir y desinformar, es necesario reafirmar que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento básico. La conferencia de prensa de hoy fue un show más al que estamos acostumbrados de parte de los voceros de la crueldad con el objetivo de dividir a los argentinos.

Lo importante va por otro lado: pensar en la reconstrucción de nuestras garantías constitucionales, legales y éticas. De algo tan simple como abrir una canilla y que salga agua.

Eso vale mucho más que cualquier confrontación política. Y lo que vale no siempre se mide en pesos. Ni en criptomonedas.

A partir del 1° de junio, los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) abonarán un incremento del 1% en las tarifas del servicio de agua potable y cloacas que presta Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Esta actualización se enmarca en el esquema de revisión mensual de precios que aplica la empresa desde hace meses, y que acompaña el índice de inflación del mes previo.

La suba se aplicará sobre el valor vigente en mayo y afectará tanto a usuarios residenciales como no residenciales. En este contexto, una factura promedio mensual sin medidor se ubicará en $23.428. En el caso de los usuarios con medidor, el monto dependerá del volumen efectivamente consumido, pero la estructura tarifaria mantendrá la misma lógica de incremento porcentual.

Desde el gobierno nacional explicaron que estas actualizaciones forman parte del plan para reducir progresivamente los subsidios al consumo de servicios públicos, en línea con los compromisos fiscales asumidos por la actual gestión. Según datos oficiales, AySA presta servicio a más de 14 millones de personas en 26 partidos del conurbano bonaerense y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que cada modificación tiene un impacto amplio en el entramado social y económico de la región.

Desde principios de año el topo de incrementos autorizado para la empresa estatal es del 1% mensual. Según expresaron desde AySA, el objetivo es avanzar hacia una estructura tarifaria más equilibrada, que permita mantener los niveles de inversión necesarios para el mantenimiento y expansión de la red, en un contexto de restricciones presupuestarias. Desde la empresa también destacaron que el consumo promedio por usuario se mantuvo estable en los últimos meses, lo que facilita proyectar ingresos futuros.

El impacto del ajuste también se relaciona con la política de segmentación implementada desde mediados de 2022, que clasifica a los usuarios en tres niveles socioeconómicos: altos, medios y bajos ingresos. Esta segmentación determina la asignación de subsidios y el valor final que pagan los usuarios, aunque en la actualidad todos los segmentos reciben algún tipo de subsidio, incluso los considerados de altos ingresos, lo que genera debates sobre la equidad del sistema.

Tarifas promedio mensuales sin impuestos (junio 2025)

• Zonas de ingresos altos
• • Casos: 534.517 (20% del total)
  • Factura media: $27.617
• Zonas de ingresos medios
• • Casos: 996.718 (37% del total)
  • Factura media: $25.081
• Zonas de ingresos bajos
• • Casos: 1.187.139 (44% del total)
  • Factura media: $20.153
• Promedio general (todas las zonas)
• • Casos totales: 2.718.374
  • Factura media total: $23.428

Para los próximos meses, la continuidad del esquema de subas dependerá de la trayectoria de la inflación, aunque desde el Ejecutivo remarcaron que el superávit fiscal alcanzado en el primer trimestre ofrece margen para postergar otras actualizaciones, como las de electricidad y gas. No obstante, en el caso del agua, el criterio aplicado por AySA seguirá activo al menos hasta julio, según confirmaron fuentes del Ministerio de Economía.

El aumento tarifario en los servicios de agua y cloacas del AMBA implementado a lo largo del año pasado fue clave para mejorar la situación económica de AySA, según informó la compañía. Las boletas de sus clientes subieron en promedio 317% en ese período. Los ingresos se elevaron de $519.378 millones en 2023 a $907.353 millones en 2024. Este incremento fue posible gracias a una revisión de las tarifas y un plan de mejora de cobrabilidad y regularización de deudas, que contribuyó a reducir la morosidad entre los usuarios de la empresa, según explicaron desde la compañía.

Además del efecto directo sobre los hogares, el ajuste tiene impacto en industrias, comercios y organismos públicos que dependen del suministro de AySA. Si bien estos sectores no reciben subsidios, el incremento también se limita al 1%, lo que evita un salto abrupto en sus costos operativos. Esta contención busca sostener niveles mínimos de previsibilidad para los sectores productivos en un contexto de recesión económica.

El mecanismo de actualización por inflación se presenta como una solución transitoria, a la espera de que el gobierno defina un nuevo esquema de financiamiento para los servicios públicos. En ese sentido, en el Palacio de Hacienda analizan distintos modelos que incluyan participación del sector privado y mayor focalización de subsidios.

El Gobierno de Javier Milei tiene definido un plan específico de privatización para cada una de las ocho empresas públicas que quedaron sujetas a este proceso tras la sanción de la Ley Bases. Las compañías en cuestión son: Enarsa, Nucleoeléctrica, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Intercargo, AySA, Trenes Argentinos, Belgrano Cargas y Corredores Viales.

La principal premisa del Ejecutivo es lograr “el mejor precio posible para evitar objeciones futuras en las operaciones”, según informaron a Infobae fuentes oficiales involucradas en los procesos. La gestión y definición de las estrategias de privatización de estas empresas está a cargo de Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

Desde el Gobierno, se descarta la idea de una privatización apresurada. Aunque algunos procesos podrían cerrarse este año, se prevé que todos los pasos previos estén finalizados antes de noviembre, cuando se debe presentar al Fondo Monetario Internacional (FMI) una hoja de ruta concreta.

El proceso de privatización depende de varios pasos clave: la Ley Bases como marco jurídico, un decreto del Poder Ejecutivo que autorice las privatizaciones, la presentación de informes detallados, los pliegos de los concursos y, finalmente, la venta de las empresas. Hasta ahora, cuatro compañías han avanzado solo hasta el segundo paso: Enarsa, Intercargo, Corredores Viales y Belgrano Cargas.

Las opciones para llevar adelante estas privatizaciones incluyen tres modelos, que podrían aplicarse de forma individual o simultánea: primero, la venta de acciones a través de concursos públicos, abiertos tanto a oferentes locales como internacionales, en un esquema similar al de fusiones y adquisiciones; segundo, realizar una Oferta Pública de Venta (OPV) en la Bolsa; y tercero, concesionar las actividades de la empresa para finalmente dar de baja su CUIT, es decir, cerrarla.

Un funcionario que prefirió mantenerse en el anonimato expresó: “Con Milei, el mundo ha vuelto a interesarse en Argentina. Si la macroeconomía sigue ordenada, mantenemos el rumbo y obtenemos buenos resultados electorales, las inversiones llegarán”.

En tanto, en el Gobierno también resaltan que no hay intenciones de desmantelar empresas estratégicas y que las ventas no tendrán efecto en los empleados de las compañías, al menos en un inicio. El caso que más destacan es el de IMPSA, firma estratégica por sus soluciones integrales en la generación de energía y primera privatización de la era Milei, en donde una empresa estadounidense se hizo cargo de las deudas y se comprometió a inyectar inversiones en los próximos años.

Según reconstruyó Infobae con fuentes oficiales, la privatización de cada empresa se realizará bajo los siguientes mecanismos:

• Enarsa: La empresa se dividirá en 15 unidades de negocio, y se definirá el modelo de privatización para cada una. Las acciones de Citelec, controladora de Transener, serán vendidas a través de un concurso público nacional e internacional como un primer paso.
• Intercargo: Concurso público nacional e internacional.
• AySA: La mayor parte de las acciones se venderán mediante concurso, mientras que una pequeña parte se subastará en la Bolsa.
• Belgrano Cargas: Se licitarán las operaciones y el mantenimiento de las vías, con un sistema de peajes. También se venderán los rodados, y se buscará la incorporación de nuevos jugadores. Posteriormente, se dará de baja el CUIT y se cerrará la empresa.
• SOFSA: Licitación de los servicios que presta Trenes Argentinos, manteniendo cierto control estatal.
• Corredores Viales: Concesión de los tramos y posterior cierre de la empresa.
• Nucleoeléctrica Argentina: Concurso para la venta de hasta el 49% de las acciones.
• Yacimientos Carboníferos Río Turbio: Aunque esta es la empresa que presenta más dificultades para su privatización, se planea venderla a través de un concurso, buscando un operador que se haga cargo de su gestión.

Milei, por su parte, sigue firme en su postura de que “todo lo que pueda estar en manos del sector privado, se venderá”. Esto incluye las empresas que quedaron fuera de la Ley Bases por el pedido de la oposición: Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina y Correo Argentino. También se busca privatizar el Banco Nación, entidad a la que el Gobierno le quitó el monopolio de los sueldos de empleados públicos.

En 2024, el Tesoro Nacional gastó más de $4 billones para financiar el déficit de estas empresas, según cifras oficiales.

Desde el Gobierno consideran que es fundamental tener en cuenta los tiempos políticos y económicos. Por ello, la mayoría de las privatizaciones se llevará a cabo después de las elecciones, con la expectativa de que la estabilidad macroeconómica atraiga nuevas inversiones.

Los datos del Banco Central sobre la Inversión Extranjera Directa (IED) reflejan el impacto negativo de los controles de capital y la inestabilidad macroeconómica. En los últimos tres meses, la salida neta de IED fue histórica: USD 811 millones en diciembre, USD 270 millones en enero y USD 1.119 millones en febrero, con un total de USD 2.200 millones.

La empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) finalizó el año pasado con un superávit operativo de $48.288 millones -a precios constantes- el primero con esa condición desde 2007. La firma alcanzó ese resultado, principalmente, gracias al aumento del 317% en las tarifas de sus clientes durante 2024 y a los programas de regularización de las deudas por los servicios que presta en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En concreto, AySA no solo cubrió sus gastos sin aportes del Tesoro sino que además tuvo un saldo excedente. La mejora del balance de la empresa es uno de los pasos claves para mostrar solidez a potenciales inversores y dar lugar a la privatización que impulsa el Gobierno de Javier Milei. En las próximas semanas se conocerá un decreto que dará inicio a ese proceso, según anticiparon a Infobae fuentes oficiales.

El Estado controla el 90% de la compañía y el 10% restante pertenece a los empleados. La intención oficial es que una pequeña parte de las acciones de la empresa sea lanzada a la Bolsa y otra más grande sea licitada, según adelantó este medio. Con más inversores dentro del capital accionario, estiman en el Gobierno, sería más difícil una potencial reestatización en el futuro tal como prevén en el Gobierno.

Alejo Maxit, titular de AySA, finalizó recientemente un informe circunstanciado sobre la situación de la empresa que fue elevado al ministro de Economía, Luis Caputo, y al titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher. Ese documento será clave para iniciar el proceso de venta a través de licitación y/o concurso público internacional y la venta de acciones en la Bolsa.

De todos modos, en este proceso no estarán incluidos el 10% de las acciones en manos de los empleados, ni todos los terrenos y bienes de la empresa. Las instalaciones, maquinarias y vehículos continuarán como propiedad del Estado pero serán entregadas a los nuevos dueños.

De déficit a superávit operativo

El aumento tarifario en los servicios de agua y cloacas del AMBA implementado a lo largo del año pasado fue clave para mejorar la situación económica de AySA, según informó la compañía. Las boletas de sus clientes subieron en promedio 317% en ese período. Los ingresos se elevaron de $519.378 millones en 2023 a $907.353 millones en 2024. Este incremento fue posible gracias a una revisión de las tarifas y un plan de mejora de cobrabilidad y regularización de deudas, que contribuyó a reducir la morosidad entre los usuarios de la empresa, según explicaron desde la compañía.

Además, la reducción de los gastos de explotación, que cayeron de $690.063 millones en 2023 a $638.116 millones en 2024, permitió a la empresa mejorar su eficiencia operativa. La optimización de costos se tradujo en una utilidad bruta que aumentó de $145.796 millones en 2023 a $446.104 millones en 2024. A su vez, el resultado neto dio un giro positivo, pasando de una pérdida de $382.859 millones de pesos en 2023 a una ganancia de $48.288 millones de pesos en 2024.

La privatización de AySA está enmarcada dentro de un proceso de reestructuración y reorganización iniciado por la compañía en 2024. La empresa diseñó un Plan de Optimización y Transformación del Modelo de Gestión, que constó de tres etapas clave: Toma de Control, Regularización y Optimización, y Estabilización.

En la primera etapa, AySA implementó un ajuste tarifario que permitió una cobertura de los gastos corrientes y las inversiones necesarias para la mejora y mantenimiento de los servicios. La segunda etapa, orientada a optimizar los recursos de la empresa, se centró en la eficiencia operativa, mientras que la última fase tuvo como objetivo garantizar la sostenibilidad operativa y la independencia financiera respecto del Estado Nacional.

Privatización

En el marco de la Ley de Bases que regula la privatización de empresas del Estado, AySA se prepara para dar el siguiente paso con la privatización de sus operaciones. Este proceso de privatización se producirá en las próximas semanas. El anuncio de la privatización de AySA será una de las medidas clave del gobierno en su intento por reducir el peso del Estado en sectores clave de la economía, como los servicios públicos. Las fuentes consultadas por Infobae indicaron que este proceso también formará parte de un modelo de gestión eficiente, en el que se espera que los inversores privados jueguen un rol fundamental en la futura administración de la empresa.

Tal como había precisado este medio meses atrás, las autoridades estaban analizando dos mecanismos para la privatización: abrir el capital a la Bolsa o llamar a una licitación para ofertar las acciones que posee el Estado. Finalmente, se optaría por una estrategia mixta, en el que una pequeña parte de la compañía se va a lanzar a la Bolsa, mientras que, en paralelo, se convocará a una licitación para ofrecer un importante paquete accionario.

Si bien el porcentaje de venta de estos activos que irán a la Bolsa o a licitación lo irá definiendo el Poder Ejecutivo dependiendo de las condiciones del mercado, el objetivo es que varios interesados ingresen al negocio.

De esta manera, la actual gestión libertaria se garantizaría que la compañía no pueda volver a ser estatizada en un futuro -como ocurrió con YPF y Aerolíneas Argentinas-, ya que para eso las próximas administraciones deberán acordar con todos los eventuales propietarios.

La Ley Bases que impulsó el Gobierno contempla la privatización total de Enarsa e Intercargo y, en forma parcial, con posibilidad de concesión, Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (Sofse) y Corredores Viales SA. Además, se autorizó a que se abran a recibir capitales privados otras dos firmas, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y el complejo de Yacimiento Carboníferos Fiscales.

Las tarifas de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) aumentarán desde febrero 1%, según informó la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía a través del Boletín Oficial. La suba del servicio quedó debajo del 3,29% que arroba la fórmula de actualización mensual que había sido definida para las para las boletas de la empresa estatal que opera en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Es el segundo mes consecutivo en que el Gobierno pone un tope en los incremento. La decisión se enmarca en la búsqueda de aliviar el peso de las subas en servicios públicos para apuntalar la desaceleración de la inflación y llevar la nominalidad por debajo del 2 por ciento. En el primer trimestre del 2025 se llevarán a cabo revisiones tarifarias para definir los futuros ajustes en los servicios públicos.

La Resolución 11/2025 de Obras Públicas, publicada esta mañana en el Boletín Oficial, recordó que desde junio se puso en marcha el “Coeficiente K” con el que se definen los aumentos en el servicio de Aysa. Se trata de una fórmula que contempla inflación y salarios para las actualizaciones mensuales.

“Que conforme la fórmula establecida en el Artículo 2° de la citada resolución hubiese correspondido modificar en un 3,29% el coeficiente de modificación “K” para el mes de enero de 2025″, consignó la norma que destaca que la empresa logró el equilibrio económico-operativo “que se mantiene en el mes de enero la tendencia decreciente observada en los índices de precios en los meses anteriores, por lo que es dable considerar que la Concesionaria mantiene el nivel de equilibrio alcanzado en el año 2024 en las condiciones de servicio de eficiencia y sostenibilidad señaladas ya que no se han producido hechos de relevancia que pudieren alterar la tendencia planteada hasta el presente”.

“Que, por ello se señala que resulta viable extender la limitación excepcional del “Coeficiente de Modificación K” al uno por ciento (1%) mensual dispuesta en el artículo 1° de la Resolución SOP 299/2024 hasta tanto se realice la revisión integral de la situación tarifaria del año 2025, dado que ello no implica deficiencias para la adecuada prestación del servicio y constituye un beneficio a los usuarios”, explica la resolución en sus considerandos.

Las tarifas de agua que llegarán en enero

Aysa informó el impacto del aumento en las facturas será para los servicios de agua potable en el AMBA, sin contar impuestos:

Aquí están los punteos solicitados con la información de las facturas de febrero para los servicios de agua y cloacas, según el nivel zonal:

Servicio de Agua y Cloaca:

• Zona Alta: Casos: 534.517 (20% del total). Factura promedio en febrero de 2025: $26.540.
• Zona Media: Casos: 996.718 (37% del total). Factura promedio en febrero de 2025: $24.102.
• Zona Baja: Casos: 1.187.139 (44% del total). Factura promedio en febrero de 2025: $19.367.
• Total General: Casos: 2.718.374 (100% del total). Factura promedio en febrero de 2025: $22.514.

Servicio de Agua:

• Zona Alta: Casos: 5.991 (1% del total). Factura promedio en febrero de 2025: $42.397.
• Zona Media: Casos: 5.827 (1% del total). Factura promedio en febrero de 2025: $13.885.
• Zona Baja: Casos: 582.044 (98% del total). Factura promedio en febrero de 2025: $7.383.
• Total General: Casos: 593.862 (100% del total). Factura promedio en febrero de 2025: $7.798.

Por otro lado, dado que en AySA consideran que el esquema tarifario actual ha quedado desactualizado frente a las demandas y complejidades del contexto actual, se está trabajando en un nuevo esquema tarifario renovado y de largo plazo. “Con esta nueva propuesta de adecuación tarifaria, la empresa buscará modernizar la estructura tarifaria y establecer un modelo transparente que garantice la sustentabilidad operativa y las mejoras continuas”, explicaron.

El Gobierno de Javier Milei tiene decidido avanzar en la privatización de las empresas públicas en 2025 o lo más rápido que sea posible. Es el caso de AySA, compañía que aprobó recientemente un plan de incorporación de capital privado para que el Estado argentino pueda desprenderse, al menos en una primera instancia, de una parte de su participación.

La empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) lanzó una licitación internacional por un monto de 115 millones de dólares que busca garantizar la provisión de Policloruro de Aluminio (PAC), un insumo clave para potabilizar el agua en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Este proceso podría poner fin a una relación exclusiva de 16 años con Transclor, la compañía del empresario Mauricio Filiberti, conocido como el “rey del cloro”.

El llamado a licitación, publicado el 13 de enero en el Boletín Oficial, incluye un contrato para la producción de 7.000 toneladas mensuales de PAC durante un período de tres años, junto con la operación y mantenimiento de la planta productora de este químico, propiedad de AySA. Según la empresa, las nuevas condiciones buscan fomentar una mayor participación de empresas nacionales e internacionales, lo que marca una ruptura con las prácticas anteriores, donde solo Transclor había resultado adjudicataria.

Desde 2009, Transclor ha sido el único proveedor de PAC para AySA, tras ganar licitaciones en 2010 y 2012. En 2015, ante la falta de otros proveedores, la compañía estatal firmó convenios directos con Filiberti, consolidando su posición como socio exclusivo.

En 2023, la compañía resultó ser el único oferente económico en una compulsa de 127 millones de dólares, después de que otra empresa, PPE S.A., no presentara una propuesta económica. Sin embargo, la licitación fue anulada luego de una denuncia judicial impulsada por la Coalición Cívica (CC). Según la fuerza que conduce Elisa Carrió, el proceso habría favorecido a Transclor mediante la elaboración de un pliego “a medida”. Sin embargo, la empresa y un fallo judicial negaron estas acusaciones.

Esa licitación también fue denunciada por el diputado nacional Ricardo López Murphy, quien en aquel momento pidió que el contrato, que tendría vigencia hasta 2026 con posibilidad de prórroga hasta 2029, sea decidido por el próximo gobierno para garantizar mayor imparcialidad.

El diputado advirtió en su denuncia que la propuesta económica de Transclor excedía el presupuesto oficial en un 0,8 %, un margen permitido por las normas para compras del Estado. Sin embargo, cuestionó la falta de comparativas técnico-económicas con otros coagulantes distintos al PAC, algo que se realiza en otros países para estimular una competencia real y evaluar alternativas más económicas y eficientes.

Ahora, con el objetivo de garantizar mayor transparencia, AySA implementó modificaciones en los requisitos de la licitación. Entre los cambios más destacados, se encuentran la internacionalización de la compulsa, permitiendo la participación de empresas extranjeras, y la flexibilización de requisitos financieros, como la posibilidad de demostrar solvencia mediante acceso a créditos libres de compromisos contractuales.

La cifra total adjudicada será un 9 % menor que la de la licitación anulada en 2023, lo que representa un ahorro para el Estado.

El impacto del PAC en el suministro de agua

El PAC es esencial para el funcionamiento de las plantas potabilizadoras de AySA, ubicadas en Palermo, Tigre y Bernal, que abastecen de agua potable a millones de personas en el AMBA. Desde 2009, AySA ha utilizado este químico en reemplazo del ácido sulfúrico, en un cambio que estuvo acompañado por la construcción de una planta productora financiada por el Estado, pero operada por Transclor.

Aunque el contrato actual con Transclor venció a finales de 2023, una serie de extensiones temporales mantuvieron a la compañía en operaciones mientras se resolvía la judicialización del proceso anterior.

El proceso licitatorio podría culminar con la adjudicación y entrada en funciones del nuevo proveedor a mitad de año.

La decisión de abrir la competencia a nivel internacional plantea un desafío directo al histórico vínculo entre AySA y Transclor, que representa un importante porcentaje de la facturación de la compañía de Filiberti.

El incidente se produjo en la avenida San Isidro Labrador, entre Deheza y Pico. Personal de la empresa AySA arribó al lugar antes de las 7 de la mañana para realizar los arreglos pertinentes, donde horas después arribó un segundo equipo para colaborar con esas tareas.

La rotura provocó una importante acumulación de agua en las calles cercanas, afectando la movilidad de los vecinos y generando complicaciones en la infraestructura vial.

Si bien la empresa no especificó el tiempo que le llevará realizar la reparación, advirtió que podrían registrarse episodio de baja presión en la zona durante la jornada. “Quienes tengan tanques de reserva, no tendrán inconvenientes en el servicio”, remarcaron a Infobae desde Aysa.

Primero hicieron el cierre de válvulas para evitar que siga saliendo agua y comenzar a desagotar el agua. Luego, hicieron la excavación para reparar el caño. Estas tareas permitieron absorber el agua de la avenida y las veredas antes del mediodía.

La avenida San Isidro Labrador suele ser utilizada como vía alternativa para quienes circulan entre la avenida Cabildo y la General Paz. Los vecinos deben extremar precauciones, ya que en algunas áreas la calzada y las veredas presentan anegamientos debido al desborde del agua.

Este incidente recuerda la rotura de otro caño de agua ocurrido en Navidad, en el barrio de Belgrano. En aquella oportunidad, el incidente tuvo lugar sobre la calle Santos Dumont, entre Tres Sabios y avenida Cabildo, que también generó inundaciones significativas.

AySA informó que el personal está trabajando “a contrarreloj” para solucionar la emergencia, y solicitó a los vecinos paciencia mientras se realizan las reparaciones. Se recomienda evitar transitar por la zona afectada y planificar rutas alternativas.

Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición los canales de atención autogestionada: WhatsApp (11-5984-5794) y Telegram (@AySA_Oficial_bot). Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales de Instagram (@aysa.oficial) y Facebook (AySA.Argentina) de 6 a 24 horas, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.

Las tarifas de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) aumentarán desde enero 1%, según informó la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía a través del Boletín Oficial. La suba de los servicios quedó debajo de 3,29% que arrojaba la fórmula de actualización que utiliza la empresa estatal para las boletas de sus servicios de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La decisión del Gobierno se enmarca en la búsqueda de aliviar el peso de los incrementos en servicios públicos para apuntalar la desaceleración de la inflación, en línea con las subas definidas para electricidad, gas natural y combustibles. En el primer trimestre del 2025 se llevarán a cabo revisiones tarifarias para definir los futuros ajustes en los servicios públicos.

La Resolución 299/2024 de Obras Públicas, publicada esta mañana en el Boletín Oficial, recordó que desde junio se puso en marcha el “Coeficiente K” con el que se definen los aumentos en el servicio de Aysa. Se trata de una fórmula que contempla inflación y salarios para las actualizaciones mensuales.

Las tarifas de agua que llegarán en enero

Aysa informó el impacto del aumento en las facturas será para los servicios de agua potable en el AMBA, sin contar impuestos:

• Los 5.991 clientes de segmento alto pasarán de pagar $38.760 en octubre a $ 40.318 en noviembre, a $41.562 en diciembre y $41.977 en enero.
• Los 5.827 de segmento medio, de $12.694 en octubre a $13.204 noviembre, a $13.611 en diciembre y $13.747 en enero.
• Los 582.044 hogares bajos (98% del total), de $6.749 en octubre a $7.021 noviembre, a $7.238 en diciembre y $7.310 en enero.

Las tarifas de agua y cloacas que llegarán en enero

Para los hogares que cuentan con servicio de agua y cloacas las boletas de diciembre serán las siguientes:

• Los 534.517 usuarios de segmento alto pasarán de $24.262 en octubre a $25.238 en noviembre, a $26.017 en diciembre y $26.277 en enero.
• Los 996.718 de segmento medio, saltarán de $22.034 en octubre a $22.920 noviembre, a $23.627 en diciembre y $23.863 en enero.
• Los 1.187.139 hogares bajos, pasarán de $17.705 en octubre a $18.417 noviembre, a $19.985 en diciembre y a $19.175 en enero.

“AySA ha optimizado sus costos operativos, logrando mayor eficiencia y sostenibilidad sin afectar la calidad del servicio. Este esfuerzo permitió alcanzar, por primera vez en la historia de la empresa, el equilibrio económico-operativo, lo que le permite cubrir los costos operativos y realizar las inversiones necesarias para mantener y mejorar el servicio”, mencionaron desde la empresa.

“Gracias a este equilibrio y a la desaceleración inflacionaria registrada en los últimos meses, se ha dispuesto un ajuste tarifario excepcional del 1% a partir de enero de 2025. El coeficiente K se establecerá en 1537,16, en el marco de un esquema de reducción tarifaria que busca consolidar las eficiencias alcanzadas y sostener los logros obtenidos”, justificaron.

Por otro lado, dado que en AySA consideran que el esquema tarifario actual ha quedado desactualizado frente a las demandas y complejidades del contexto actual, se está trabajando en un nuevo esquema tarifario renovado y de largo plazo. “Con esta nueva propuesta de adecuación tarifaria, la empresa buscará modernizar la estructura tarifaria y establecer un modelo transparente que garantice la sustentabilidad operativa y las mejoras continuas”, explicaron.

El Gobierno de Javier Milei tiene decidido avanzar en la privatización de las empresas públicas en 2025 o lo más rápido que sea posible. Es el caso de AySA, compañía que aprobó recientemente un plan de incorporación de capital privado para que el Estado argentino pueda desprenderse, al menos en una primera instancia, de una parte de su participación.

La empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (Aysa) advirtió a sus clientes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que los posibles cortes de luz en el verano pueden afectar el normal funcionamiento de su servicio, por tener característica de “electrodependiente”. El Gobierno acelera su plan para mitigar los riesgos de interrupciones en el suministro de electricidad durante los momentos de mayor temperatura.

“El verano es la época de mayor demanda de agua debido a las altas temperaturas. Es importante ser eficientes en el uso del recurso, pero también hay que tener en cuenta que la producción y distribución de agua dependen directamente de la energía eléctrica. Por eso decimos que es un servicio electrodependiente”, resaltó Aysa.

La empresa estatal explicó que las variaciones de tensión eléctrica o los cortes de energía, causados por el alto consumo, pueden afectar la producción y la presión en la distribución de agua.

“El agua cruda se capta de la naturaleza (ríos o pozos) y se potabiliza mediante un proceso controlado en nuestros laboratorios. Luego, se envía a las estaciones elevadoras que impulsan el agua hacia las redes primarias y secundarias, llegando a cada hogar, industria e institución”, detallaron.

Todo este proceso de potabilización y distribución, hasta llegar a los hogares, está directamente relacionado con el servicio de energía eléctrica.

“Los cortes o bajas de tensión en la producción y distribución de agua no impactan instantáneamente en tu red. De igual manera, la normalización después de un corte de energía puede demorar algunas horas. Por eso, es importante que incrementes los cuidados para conservar el agua disponible”, advirtió Aysa.

El Gobierno acelera junto a las generadoras, distribuidoras y transportistas de electricidad el plan para mitigar los riesgos de cortes de luz durante los picos de consumo que traerán las típicas olas de calor durante los próximos meses. Este verano combinará la fragilidad de una red con dos décadas de prácticamente nula inversión y lo que se espera será una eventual menor oferta de energía disponible.

El trabajo se da bajo la premisa de estar preparados para un escenario complejo, aunque el panorama dio algunas señales positivas en las últimas semanas. Se conjugan una mayor disponibilidad de agua en Brasil, que puede aportar energía a través de las hidroeléctricas y las temperaturas podrían ser más benignas a las esperadas originalmente.

El principal ojo del sector está puesto en el AMBA, por ser la región en la que viven casi un tercio de los usuarios de toda la Argentina, unos seis millones, y donde se concentra la mayor demanda de luz. El momento crítico suele darse entre el mediodía y las cuatro de la tarde, momento en el que los aires acondicionados se encuentran encendidos.

En esos momentos, en el AMBA se consume el pico de 12.000 megawatts (MW) de los cuales 7.000 MW son suministrados por el sistema interconectado y los 5.000 MW restantes deberá ser aportado por las usinas que se encuentran en CABA y el Gran Buenos Aires, según información de las generadoras. Las empresas avanzaron durante los últimos meses en el mantenimiento de las centrales y los equipos más viejos, que funcionan con quema de combustible.

Solo el uso de los aires en la temporada estival representa una exigencia de 10.000 MW a nivel nacional, un 40% más que el promedio anual. El verano pasado hubo un pico de 29.653 MW y, según estimaciones de Cammesa, en 2025 se incrementará este máximo histórico por encima de los 31.000 MW.

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) inició un plan de acción que incluye la restricción o el corte del suministro de agua para usuarios que registran atrasos en el pago de sus facturas. Según datos proporcionados por la compañía, la medida afecta a 700.000 usuarios en mora, entre los cuales se incluyen hogares, industrias y comercios.

Estas acciones se enmarcan dentro de la normativa vigente, que hasta la gestión anterior no se aplicaba de manera rigurosa, y forman parte del objetivo de “normalizar” el funcionamiento de la empresa bajo criterios de gestión empresarial similares a los de una compañía privada.

Desde AYSA explicaron que la morosidad actual se encuentra en un 16%. Para mitigar la situación, se han implementado programas de regularización de deudas con opciones de pago en cuotas e indultos en intereses acumulados, junto a un aumento tarifario que cuadruplicó el costo del servicio durante el año.

Notificaciones previas y contexto económico

Los usuarios con facturas impagas reciben notificaciones por correo postal y electrónico antes de que se apliquen medidas de restricción o corte. En el caso de usuarios residenciales, el servicio no puede interrumpirse completamente, pero se utiliza un precinto que limita el consumo al mínimo permitido, lo que se conoce como restricción. Para usuarios no residenciales, como comercios e industrias, puede procederse al corte total del suministro.

El aumento acumulado de las tarifas de agua potable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alcanzó un 305% interanual, según un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA y el Conicet. Este incremento complicó el acceso al servicio básico, especialmente en un contexto donde una familia tipo necesitó en noviembre $134.173 para cubrir servicios esenciales sin subsidios.

A pesar de las dificultades económicas, la gestión actual de AYSA optó por endurecer las políticas de cobro. Desde la empresa señalaron que, hasta el cambio de directiva, no se implementaban acciones de restricción o corte previstas en la normativa.

Fundamentos legales para la restricción y el corte del servicio

La Ley 26.221, en su artículo 81, establece que la concesionaria del servicio está facultada para proceder a la restricción o el corte de los servicios por atrasos en el pago, siempre que se cumplan ciertos requisitos.

En el caso de usuarios residenciales, la restricción se aplica luego de dos períodos consecutivos de facturación impagos, y tras el envío de una intimación de pago con al menos 15 días de anticipación. La medida consiste en garantizar un caudal mínimo de agua según lo determine la autoridad reguladora, empleando la tecnología que la concesionaria considere adecuada.

Por otro lado, los usuarios no residenciales pueden enfrentar el corte total del suministro si también incumplen con el pago de dos períodos consecutivos. En este caso, la empresa debe emitir una intimación con al menos 10 días de anticipación.

Tanto la restricción como el corte se anulan una vez que el usuario regulariza su situación, incluyendo el pago de montos adeudados, costos de notificación y cargos por reconexión, en un plazo que no debe exceder las 48 horas.

Si bien la normativa permite estas acciones, incluye salvaguardas específicas para instituciones sensibles, como hospitales, sanatorios y cárceles. En estos casos, AYSA no puede proceder a la restricción ni al corte del servicio sin antes agotar instancias alternativas de cobro y obtener autorización del ente regulador.

Además, la concesionaria no puede aplicar estas medidas si existe un acuerdo vigente sobre el pago de la deuda entre el usuario y la empresa o si se emite una orden contraria por parte de las autoridades.

Desde AYSA destacaron que estas acciones de cobranza se aplican como último recurso, luego de agotar todos los mecanismos previos para regularizar la deuda.

Las boletas de agua potable y cloacas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentarán desde diciembre un 3%, según lo informado por Agua y Saneamientos Argentinos ( AySA). La empresa además lanzo un plan de regularización de deuda para usuarios en situación de mora, en línea con el objetivo oficial de sanear las cuentas para su posterior privatización.

El incremento de las tarifas que se aplicará el mes que viene surge de la fórmula polinómica de ajuste mensual que definió en abril la Secretaría de Obras Públicas. En lo que va del año las facturas se incrementaron casi 320% acumulado.

Desde AySA aclararon que seguirán vigentes los beneficios de la Tarifa Social y los subsidios del 15% para los zonales bajos. Cada usuario puede consultar su categoría al dorso de su factura.

Las tarifas de agua que llegarán en diciembre

Aysa informó el impacto del aumento en las facturas será para los servicios de agua potable en el AMBA, sin contar impuestos:

• Los 5.991 clientes de segmento alto pasarán de pagar $38.760 en octubre a $ 40.318 en noviembre y a $41.562 en diciembre.
• Los 5.827 de segmento medio, de $ 12.694 en octubre a $13.204 noviembre y a $ 13.611 en diciembre.
• Los 582.044 hogares bajos (98%), de $6.749 en octubre a $7.021 noviembre y a $7.238 en diciembre.

Las tarifas de cloacas que llegarán en diciembre

Para los hogares que cuentan con servicio de agua y cloacas las boletas de diciembre serán las siguientes:

• Los 5.991 de segmento alto pasarán de $38.760 en octubre a $40.318 en noviembre y a $41.562 en diciembre.
• Los 5.827 de segmento medio, saltarán de $ 12.694 en octubre a $ 13.204 noviembre y a $ 13.611 en diciembre.
• Los 582.044 hogares bajos, pasarán de $6.749 en octubre a $7.021 noviembre y a $7.238 en diciembre.

Plan de regularización de deudas

La empresa estatal lanzó en noviembre un Plan de Regularización de Deudas, que ofrece facilidades de pago, descuentos y cuotas, con el objetivo de equilibrar el ajuste del costo de los servicios con mecanismos de pago más flexibles para los saldos pendientes. Para más información, se puede ingresar a la página de Aysa: https://aysa.com.ar/regularizatudeuda.

El Gobierno de Javier Milei tiene decidido avanzar en la privatización de las empresas públicas en 2025 o lo más rápido que sea posible. Es el caso de AySA, compañía que aprobó recientemente un plan de incorporación de capital privado para que el Estado argentino pueda desprenderse, al menos en una primera instancia, de una parte de su participación.

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que se encuentran bajo análisis dos alternativas para ese objetivo, que pueden darse en conjunto o por separado.

La primera de ellas contempla vender las acciones de AySA a través de un proceso abierto de licitación por etapas. El Estado controla el 90% de la compañía y el 10% restante pertenece a los empleados. El privado que se haga de la mayor parte de la participación podría pasar a ser el nuevo controlante.

La segunda alternativa es acelerar un proceso de licitación pública en la Bolsa para poner a la venta un determinado porcentaje de las acciones, aún sin definir, pero que permita al comprador quedarse con el control de la empresa estatal.

A lo largo de este año la empresa puso como prioridad el ordenamiento de sus operaciones para eliminar el déficit operativo y dejar de recibir transferencias del Tesoro Nacional. Esa es la clave para hacerla atractiva para cualquier privado que quiera hacerse del control de la compañía.

En la firma resaltaron que en 2024 se observó una reversión en ese saldo que dejó hasta septiembre un superávit operativo de $31.000 millones. Eso implicó una reducción del déficit operativo del 112% interanual, equivalente a $309.000 millones. Esperan finalizar 2024 con un resultado positivo de $96.000 millones. La prestadora del servicio de agua y cloacas en el AMBA había recibido en 2023 giros del Tesoro por $285.016 millones.

En el marco de un expediente que analiza presuntas irregularidades en licitaciones gestionadas durante el kirchnerismo, conocido como “Caso Odebrecht”, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal aceptó el recurso de la Unidad de Información Financiera (UIF) y restableció una medida cautelar contra la empresa José Cartellone Construcciones Civiles S.A., que quedó imposibilitada de vender bienes o activos de su propiedad en virtud de una “prohibición de innovar”.

La resolución judicial, que revocó la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 de levantar la imposibilidad de maniobra sobre los bienes de la firma en cuestión, fue respaldada por los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, mientras que Carlos Mahiques se opuso al considerar que el recurso planteado por la UIF, constituida como querellante en el proceso, era inadmisible.

El “Caso Odebrecht” tramita posibles maniobras fraudulentas en licitaciones públicas realizadas en 2007 para obras de infraestructura impulsadas por Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Las adjudicaciones para esos proyectos incluían la Planta de Potabilización Paraná de las Palmas, asignada a un consorcio integrado por la empresa brasilera Construcciones Norberto Odebrecht SA -Sucursal Argentina-, Benito Roggio e Hijos SA, Supercemento SAIC y José Cartellone Construcciones Civiles S.A., y la Planta Depuradora Sistema Berazategui, a cargo de una unión de empresas liderada por Camargo Correa Sucursal Argentina y Esuco SA.

Según las actuaciones, las autoridades de AySA habrían manipulado los procesos licitatorios para beneficiar a las empresas participantes mediante pagos ilícitos que favorecieron condiciones contractuales desventajosas para la Administración Pública nacional. En el banquillo de los acusados se encuentra, entre otros, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, además de importantes exejecutivos de diferentes firmas del rubro. El comienzo del juicio oral quedó fijado para el 7 de abril de 2017, y el tribunal estará integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.

En ese contexto, el TOC 7 porteño había levantado, el 13 de marzo pasado, la prohibición de innovar que impedía la venta de bienes de José Cartellone Construcciones Civiles S.A. Para argumentar esa disposición, expresó que el embargo recaído sobre su patrimonio ya había sido satisfecho con bienes inmuebles. En respuesta, la UIF presentó un recurso de casación donde señaló que las condiciones que habían llevado a dictar, desde los inicios del proceso, la medida cautelar sobre la empresa, en rigor, no se habían modificado.

Llegado el momento de resolver, el juez Hornos consideró que la resolución apelada carecía de “fundamentación suficiente”, en tanto “se omite una razonable explicación y la debida ponderación de las concretas circunstancias apuntadas por la parte acusadora que, a la luz de los particulares extremos del caso, no pueden ser soslayadas y se advierten conducentes para mantener la medida de no innovar oportunamente impuesta”

Luego, antes de calificar al pronunciamiento anterior de “arbitrario”, señaló: “En tal sentido, cabe recordar los fundamentos esgrimidos por el juez de grado en la resolución del 8 de mayo de 2018, ocasión en la que se destacó la doble finalidad de las medidas cautelares impuestas, por un lado destinadas a cubrir una eventual pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas (art. 518 del CPPN) y, por el otro, con el objetivo de asegurar un eventual decomiso de las cosas que habrían servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que podrían ser consideradas el producto o el provecho del delito (arts. 23 y 31 del CP)”.

Por su parte, el camarista Borinsky reseñó los argumentos planteados en 2018 por el juez Sebastián Casanello para dictar medidas cautelares sobre las empresas constructoras presuntamente favorecidas para adjudicarse las obras públicas. Luego explicó que para establecer la prohibición de innovar, el juez de grado había dicho que el embargo iría “acompañado de una medida de no innovar tendiente a impedir cualquier inscripción que implique la venta de bienes o activos, desmembramiento y/o modificación del estatus jurídico de las empresas, ya sea a través de transferencia de paquetes accionarios, escisiones, fusiones y todo otro tipo de reorganización, como así cambio de sede social siempre que implique la modificación de jurisdicción de los Órganos de Control”.

Y concluyó: “En el escenario descripto, el planteo de la parte querellante debe tener una recepción favorable en esta instancia, en tanto se observa que el tribunal a quo no explicó de manera acabada de qué forma la satisfacción del embargo resultaría suficiente para cumplir con los objetivos perseguidos por la prohibición de innovar, aludidos por el juez de grado en el auto de mérito”.

La Auditoría General de la Nación (AGN) ha delineado su plan de trabajo para el año 2025, destacando la auditoría de varias universidades públicas y organismos estatales como la empresa AYSA y el PAMI. Este programa fue presentado por Juan Manuel Olmos, titular de la AGN, durante la XVI Sesión del Colegio de Auditores Generales y recibió la aprobación unánime antes de ser remitido al Congreso de la Nación, conforme a lo estipulado en la Ley 24.156.

El Congreso ya ha introducido modificaciones al cronograma de la AGN, enfocándose principalmente en las auditorías a las universidades, que han sido el eje central del debate público durante este año. Sin embargo, recién el 26 de noviembre la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Honorable Congreso de la Nación, terminará de aprobar el plan de la Auditoría -que incluye el trabajo sobre otras áreas y empresas del Estado Nacional- y devolverá el documento con las consideraciones finales.

En el caso de las universidades, básicamente, los auditores trabajarán sobre los siguientes ejes: Evaluar la gestión, aplicación y rendición de las transferencias realizadas a las Universidades Nacionales y el cumplimiento de la normativa vigente (evaluación de metas, producción bruta e indicadores).

En el informe de gestión que se aprobó para el año que viene se estableció que se auditará las facultades de Medicina, Económicas, Derecho y Psicología de la Universidad Nacional de Buenos Aires y las siguientes universidades públicas nacionales: de Córdoba, La Plata, Salta, San Juan, Cuyo, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de la Patagonia San Juan Bosco, de Chilecito, de Avellaneda y del Nordeste.

El foco cambiará dependiendo la institución: algunas serán sobre la gestión administrativa, financiera y contable, mientras que otros se centrarán en el análisis transversal sobre los procesos de compras y contrataciones y también sobre la gestión de bienestar estudiantil.

El primer borrador del plan, que circula entre los legisladores y al que tuvo acceso Infobae, anticipa que los resultados iniciales de las auditorías universitarias estarán disponibles a mediados del próximo año. La Universidad del Nordeste será la primera en ser evaluada, con un análisis centrado en su Plan Plurianual y la gestión contable, anual y financiera. Los resultados se conocerían el 30 de junio de 2025

En segundo lugar, se espera que los resultados de la auditoría de la Universidad de Córdoba, una de las más importantes del país, sigan un análisis similar al de la Universidad del Nordeste. Esta casa de altos estudios, reconocida como la primera del país y una de las más antiguas de Latinoamérica, también será objeto de un escrutinio detallado. En este caso, el trabajo culminará en agosto de 2025.

Para el caso de la Universidad de Buenos Aires serán auditadas las facultades de Medicina, Económicas, Derecho y Psicología. Los resultados se conocerían el 30 de noviembre del 2026.

El documento oficial, disponible en la página web del organismo de control, explica que las instituciones seleccionadas para la auditoría del próximo año fueron elegidas de manera objetiva, basándose en el análisis de la Matriz de Importancia Relativa (MIR) y en la capacidad operativa de la AGN.

El Programa de Acción Anual de la AGN en 2025 incluye un total de 296 proyectos de auditoría. De este número, 128 son nuevos, mientras que los 168 restantes se corresponden con años anteriores. En estos casos, muchos de ellos ya fueron iniciados. En detalle, con relación al tipo de control, el 62% son sobre estados contables y el 38% de gestión gubernamental.

El Gobierno de Javier Milei tiene decidido avanzar en la privatización de las empresas públicas en 2025 o lo más rápido que sea posible. Es el caso de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), compañía que aprobó recientemente un plan de incorporación de capital privado para que el Estado argentino pueda desprenderse, al menos en una primera instancia, de una parte de su participación.

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que se encuentran bajo análisis dos alternativas para ese objetivo, que pueden darse en conjunto o por separado.

La primera de ellas contempla vender las acciones de AySA a través de un proceso abierto de licitación por etapas. El Estado controla el 90% de la compañía y el 10% restante pertenece a los empleados. El privado que se haga de la mayor parte de la participación podría pasar a ser el nuevo controlante.

La segunda alternativa es acelerar un proceso de licitación pública en la Bolsa para poner a la venta un determinado porcentaje de las acciones, aún sin definir, pero que permita al comprador quedarse con el control de la empresa estatal.

“Según el contexto y como vaya avanzando, primará una sobre otra, pero por ahora están las dos alternativas”, explicó una fuente. La decisión final surgirá del trabajo del presidente de AySA, Alejo Maxit, y el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, que será plasmado en un nuevo Marco Regulatorio y Contrato de Concesión para 2025.

A lo largo de este año la empresa puso como prioridad el ordenamiento de sus operaciones para eliminar el déficit operativo y dejar de recibir transferencias del Tesoro Nacional. Esa es la clave para hacerla atractiva para cualquier privado que quiera hacerse del control de la compañía.

El último informe de “ejecución presupuestaria de las empresas públicas” que realiza el Ministerio de Economía arrojó que hasta el primer semestre AySA finalizó con un rojo de $70.703,5 millones. Fue la quinta con mayor déficit detrás de Enarsa, Aerolíneas Argentinas, Trenes Argentinos y el Correo Argentino.

En la firma resaltaron que desde ese momento se observó una reversión en ese saldo que dejó hasta septiembre un superávit operativo de $31.000 millones. Eso implicó una reducción del déficit operativo del 112% interanual, equivalente a $309.000 millones. Esperan finalizar 2024 con un resultado positivo de $96.000 millones. La prestadora del servicio de agua y cloacas en el AMBA recibió en 2023 giros del Tesoro por $285.016 millones.

“El ajuste tarifario y el plan de regularización de deudas permitió lograr un break-even operativo, contribuyendo a incrementar los ingresos netos en un 78%”, señalaron. En efecto, las boletas del servicio de agua en el Área Metropolitana de Buenos Aires tuvo un aumento cercano al 300% acumulado en lo que va del año, producto de la aplicación del índice de actualización mensual en base a inflación y salarios.

En paralelo, AySA tuvo un proceso de reducción de su planta de empleados. El último informe de dotación de personal que confecciona el Indec muestra que pasó de tener 7.790 empleados al inicio del año a 6.450 en septiembre. Se estima que unas 1.200 bajas tuvieron que ver con el plan de retiros voluntarios que abrió la compañía, con un costo cercano a los $45.000 millones según datos que manejan en despachos oficiales.

Esta solo es una es una de las compañías que quedaron sujetas a privatización en el Artículo 7 de la Ley de Bases junto a Intercargo SAU, Energía Argentina S.A. (Enarsa), Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima (SA), Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Corredores Viales SA.

Desde el viernes de la semana próxima, primer día de noviembre, regirá un aumento del 4% en las tarifas de agua y cloacas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), cuya cobertura realiza Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). En octubre el servicio había tenido un aumento del 5 por ciento.

La empresa abastece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 26 partidos del conurbano bonaerense, es una de las que el gobierno se propone privatizar y fue también, en los primeros 9 meses del año, la que sufrió el mayor recorte de subsidios, que cayeron en 58% respecto de igual período de 2023, según el más reciente informe de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de UBA-Conicet.

El aumento del 4% surge de una fórmula polinómica establecida en abril pasado por la Secretaría de Obras Públicas al cabo de un procedimiento de Audiencia Pública. La fórmula tiene en cuenta el índice de salarios (IS), el índice de precios internos al por mayor (IPIM) y el índice del precio al consumidor (IPC) y los aumentos mensuales se aplican mensualmente desde junio pasado, como dispuso la resolución 9/2024 de Obras Públicas.

La fórmula arroja un “coeficiente de modificación K”, que de octubre a noviembre aumentó de 1.419,32 a 1.476,39; la tablita adjunta (ver abajo) precisa en qué valores quedan las facturas promedio para el undécimo mes del año. En todos los casos, los valores informados no incluyen impuestos.

Desde la empresa subrayaron que las distinciones tarifas son por zona y el segmento bajo sigue manteniendo un 15% de subsidio: se trata de la tarifa que se aplica a usuarios residenciales y baldíos en zonas bajas. También sigue vigente, subrayaron, que se mantiene la vigencia del programa de tarifa social para quienes no puedan afrontar el pago total de la factura.

Para las zonas consideradas de ingreso alto (que abarca el 20% del total) que reciben servicios de agua y cloaca la tarifa promedio desde noviembre sería de $25.238 pesos, un aumento del 31% desde la aplicación del nuevo sistema de cálculo, en abril pasado. En el caso de las zonas medias (37%) del total), el promedio a pagar será de $ 22.920 y para las zonas bajas (44%) del total, la tarifa promedio montará a 18.417 pesos. De este modo, el costo promedio a pagar por el servicio de agua y cloaca será el mes próximo a 21.410 pesos.

Para quienes tienen servicio de agua, pero no de cloacas, se da la paradoja que el zonal “alto” (pero que representa solo el 1% de quienes tienen solo ese servicio) pagará por ese solo servicio una factura de $40.318, mientras los zonales medio y bajo pagarán facturas de $13.204 y $7.021 respectivamente.

El agua y los otros servicios

Según el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios UBA-Conicet, en septiembre pasado la factura promedio del servicio de agua y cloacas para el AMBA, incluyendo impuestos, fue de 25.798 pesos.

Ese informe, elaborado cuando ya se conocía el aumento del 5% que ya regía en octubre, estimó que en los primeros diez meses del año la factura promedio del servicio de agua y cloacas aumentó 289%, más que el 162% que en igual período aumentó la tarifa promedio del servicio de energía eléctrica, pero menos que el 601% que aumentó el servicio público de Transporte y 715% el de Gas Natural. La principal diferencia a favor del servicio de agua es que su cobertura se estima en 100%, contra un promedio del 53% para el conjunto de los servicios públicos.

El mismo informe precisó que en los primeros nueve meses del año los subsidios a AySA fueron de $29.358 millones, un valor muy menos comparado con los $5,2 billones (millones de millones) de subsidios a la energía (incluyendo electricidad y gas) y 1,4 billones al transporte.

De ese modo, los subsidios a AySA fueron los que más cayeron en términos reales (esto es, teniendo en cuenta el efecto de la inflación) en lo que va del año, un 58%, contra 37% que en el mismo período cayeron los subsidios a la energía y 39% los subsidios al transporte.

La Auditoría General de la Nación (AGN) confirmó este jueves su programa anual para el 2025 y definió cuáles serán los organismos que auditarán durante el próximo año, entre los que figuran varias universidades públicas y empresas estatales como AYSA y PAMI. El plan de trabajo lo presentó su titular Juan Manuel Olmos durante la XVI Sesión del Colegio de Auditores Generales, fue aprobado por unanimidad y ya fue enviado al Congreso de la Nación, según lo establecido en la Ley 24.156.

En el documento, que está publicado en su página web oficial y es abierto para la comunidad, se explica que las instituciones elegidas para auditar el año que viene fueron seleccionadas objetivamente a partir del análisis de la Matriz de Importancia Relativa (MIR, según su sigla) y de manera acorde a su capacidad operativa de la AGN.

“Dentro de ese universo seleccionado, algunos entes o materias son objeto de auditorías permanentes por parte de AGN (por ejemplo, la Cuenta de Inversión en virtud de las normas legales vigentes o los exámenes comprometidos en virtud de convenios suscriptos con entidades financieras, no financieras y empresas públicas)”, señalaron acerca de algunos casos puntuales.

Otros, por su parte, surgen por el impacto relativo o relevancia social de programas o políticas públicas específicas, de acuerdo a lo aclarado. “En todos los casos, las auditorías se realizan en el marco de las Normas de Control Externo Gubernamental que se amparan legalmente en el artículo 119 inciso d) de la Ley Nº24.156. A tal fin, los hallazgos y recomendaciones vertidas en los informes se sustentan en muestras seleccionadas y testeadas siguiendo estándares internacionales en la materia”, se lee en texto.

El Programa de Acción Anual de la AGN en 2025 incluye un total de 296 proyectos de auditoría. De este número, 128 son nuevos, mientras que los 168 restantes se corresponden con años anteriores. En estos casos, muchos de ellos ya fueron iniciados. En detalle, con relación al tipo de control, el 62% son sobre estados contables y el 38% de gestión gubernamental.

“Los proyectos propuestos en el PAA 2025 se refieren equilibradamente a las tres últimas gestiones presidenciales (incluyendo la actual) y el período auditado más frecuente es el bienio 2023-2024″, aclararon en el comunicado.

Entre las auditorías programadas que más se destacan se encuentran las que se realizarán sobre las universidades públicas. El anuncio se da en un contexto de tensión entre el sector y el Gobierno, acrecentado luego de que el Presidente vetara la ley de financiamiento universitario.

En este sentido, se auditará la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires y las universidades públicas nacionales de Córdoba, La Plata, Salta, San Juan, Cuyo, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; de la Patagonia San Juan Bosco; de Chilecito; de Avellaneda, del Nordeste.

El foco cambiará dependiendo la institución: algunas serán sobre la gestión administrativa, financiera y contable, mientras que otros se centraran en el análisis transversal sobre los procesos de compras y contrataciones y también sobre la gestión de bienestar estudiantil.

También se realizarán auditorías sobre el proceso de compras y contrataciones de los Ministerios de Defensa y Seguridad; sobre la administración de las reservas de oro por parte del BCRA y la política alimentaria y la gestión integral de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, ambas coordinadas por el Ministerio de Capital Humano.

La lista continúa con la gestión integral de la Policía Federal Argentina; los estados contables del PAMI; el cumplimiento de las obligaciones de Corredores Viales SA con relación al mantenimiento de las rutas a su cargo; el otorgamiento, liquidación y puesta al pago de las prestaciones por desempleo de parte de ANSES; los estados financieros de AySa respecto del Programa de Atención a Zonas Vulnerables y el control de las transferencias a gobiernos municipales para financiar gastos de capital.

Asimismo, la AGN analizará la gestión del Plan Estratégico de Desarrollo Minero Argentino; la política energética con énfasis en la actuación de la empresa CAMMESA; la gestión de los entes reguladores de servicios públicos sobre los reclamos presentados por los usuarios; las compras y contrataciones del Banco de la Nación Argentina y el control financiero de más de 35 préstamos internacionales, entre ellos, el Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza – Riachuelo, el Proyecto de Corredor Vial del Noroeste y el Programa Federal de Seguridad.

Finalmente, también se destacan entre los proyectos las auditorías sobre el cumplimiento de la Agenda 2030 en lo referente al Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 5 sobre igualdad de género y las transferencias al sector privado para financiar gastos de atención médica a los beneficiarios de pensiones no contributivas.

El plan para el próximo año de la AGN ya fue girado a consideración de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Honorable Congreso de la Nación. Ahora, los legisladores nacionales tendrán la decisión final respecto del mismo.

Decidido a avanzar con la reducción de personal en las empresas públicas, con vistas a su posible privatización o concesión a manos privadas, el Gobierno ya destinó $215.000 millones para pagar los retiros voluntarios y prejubilaciones de 6.280 empleados en compañías estatales. Los datos surgen del informe del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a la Cámara de Diputados a principios de este mes, y de la consulta de Infobae a las propias empresas públicas involucradas.

El ranking lo lidera el Correo Argentino con 2.986 retiros, que le implicarán, en total, al Estado $99.880 millones. Según informaron desde la empresa, el programa de retiros sigue abierto. Por el programa de retiros voluntarios, la dotación se redujo en un 18,8% con respecto a la de enero 2024. La compañía postal pasó de 16.775 empleados a principios de año, a 12.800 empleados actualmente, según precisaron desde la firma, o sea, 3.975 personas menos.

Por presión de la oposición, el Correo finalmente quedó fuera del listado de las sociedades públicas a privatizar en la negociación de la aprobación de la Ley Bases. Cuenta actualmente con 1.426 sucursales propias en el territorio nacional que prestan servicios varios en lugares alejados del interior. “Por el proceso de modernización, las oficinas propias se redujeron en un 3,9% con respecto a las existentes hasta diciembre de 2023. Este proceso contempla la apertura de 5.000 puntos de recepción y distribución logrando un mayor alcance geográfico, llegando a más puntos en todo el país, permitiendo mantener y mejorar la calidad del servicio”, informaron a Infobae desde la compañía.

El Correo Argentino tiene a cargo, además, la distribución de las urnas y el material electoral en las elecciones y, luego del comicio, el resguardo de las urnas. Por este motivo, la reducción de su personal en casi 4.000 trabajadores generó preocupación en la Justicia Electoral de cara a la realización de las elecciones del año próximo que le pidió a la empresa pública que le informe sobre los alcances de su plan de ajuste y cómo afectaría la organización de los comicios. Desde la empresa aseguraron que el “Correo Argentino seguirá brindando la logística electoral, como establece el Código Nacional Electoral, sin variaciones. Históricamente, contrata personal eventual para este proceso para cumplir todas las tareas relacionadas con la elección. En 2025 se conducirá de la misma manera”.

Le sigue AySA, a cargo de la provisión de agua y obras de red y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con 1.300 trabajadores que adhirieron al plan de retiros voluntarios, con un desembolso total desde el erario público de $39.000 millones para financiar las salidas. “Con estos resultados, se considera cumplido el objetivo planteado en abril, al inicio de este plan, y se ha dado comienzo a un Plan de Reconversión Laboral dentro de la empresa”, informaron voceros de AYSA a Infobae.

Con un total actualmente de 6.458 empleados, es la cuarta sociedad estatal en cantidad de personal. Tuvo una reducción de 1.311 personas desde enero pasado. En la versión de la Ley Bases aprobada a finales de junio, AYSA podrá incluir capitales privados en un programa de propiedad participada, pero deberá conservar el control mayoritario por parte del Estado.

En tercer lugar, aparece Aerolíneas Argentinas con 1.076 empleados que aceptaron el retiro o la prejubilación, en dos tandas, una en marzo y la segunda abierta en julio. En total, implicaron hasta ahora $58.732 millones. “El gasto es variable porque mes a mes se van consumiendo fondos para el pago de cuotas de los prejubilables”.

Según explicaron desde la presidencia de Aerolíneas, los retiros y las prejubilaciones son parte de un universo de gente en el mismo programa, que incluye dos formas: uno es un retiro anticipado gratificado, en el que se pagan un plus por dejar la compañía; y el otro es prejubilatorio, cuando los empleados están cerca de la edad de jubilación, con pagos en cuotas que le permite a la empresa ahorrarse el pago de los aportes, entre otros ítems. En total, incluyendo fallecimientos, renuncias, despidos con y sin causa, el número asciende a 1.350 según informaron desde la empresa. Hoy, la aerolínea de bandera cuenta con 10.486 trabajadores, según confirmaron desde la compañía a Infobae.

Si bien también quedó excluida de la ley Bases como entre las empresas públicas sujetas a privatización, esta semana empezó el debate para privatizarla en las comisiones de Transporte y Presupuesto de la Cámara baja, a partir de dos proyectos de los diputados Hernán Lombardi (PRO), que cuenta con el apoyo del oficialismo, y de Juan Manuel López (Coalición Cívica). Y el viernes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, sorprendió con el anuncio de que el presidente Javier Milei firmará un decreto para poner a Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización. Se amparará en el artículo 9 de la ley de reforma del Estado, número 23.696 sancionada durante el menemismo para avanzar en ese sentido.

Le sigue en cantidad de retiros voluntarios la agencia estatal Télam con 346 retiros voluntarios que le costaron al Estado $7.587 millones. En febrero, el Gobierno había dispuesto su intervención y a principios de marzo amaneció vallada. Sus 781 empleados fueron licenciados. Desde entonces, casi la mitad se acogió al retiro voluntario.

En la apertura de las sesiones ordinarias de este año, Milei había adelantado que la cerraría por haber sido utilizada “como agencia de propaganda kirchnerista”. Sin embargo, el 1 de julio, salió publicada en el Boletín Oficial la transformación de Télam en la Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal (APESAU), destinada a manejar la pauta publicitaria oficial. En simultáneo, el Gobierno planea avanzar con el traspaso de casi 150 periodistas de la ex Télam a la órbita de Radio Televisión Argentina (RTA), para que cumplan tareas en la TV Pública y Radio Nacional. El Gobierno también evaluaba el lanzamiento de una nueva agencia de noticias más chica y “rentable”.

En Radio y Televisión Argentina hubo, a su vez, 118 retiros voluntarios, que le costaron al erario público unos $304 millones. A finales de julio, según datos del INDEC, su planta era de 2.305 trabajadores. Junto con el Correo y Aerolíneas, son las tres que quedaron fuera de la Ley Bases en la votación en el Senado como sujetas a privatización.

En el ranking, a continuación figura la Fábrica Argentina de Aviones SA (FADEA) con 75 retiros por un monto total de $1.386 millones. Su planta actual es de 773 empleados mientras que a principios de enero de este año era de 917.

Luego le sigue Yacimientos Carboníferos Río Turbio, con 63 retiros y prejubilaciones, con un costo total para el Estado de $3.844 millones. YCRT - que opera en la provincia de Santa Cruz - cuenta con 2.118 trabajadores. Según la respuesta de Francos a otra pregunta de Diputados, de ese números, los retiros voluntarios habrían sido 22. En la Ley Bases se estableció que la firma, si bien podrá incluir capitales privados en un programa de propiedad participada, deberá conservar el control mayoritario por parte del Estado.

En tanto, Contenidos Públicos SE, la compañía estatal que conduce las señales de televisión Encuentro, Pakapaka, DeporTV y la plataforma Contar, tuvo 46 retiros entre su planta, con un costo total de $73 millones. La empresa registraba 204 empleados en enero y a fines de julio se redujeron a 181.

Intercargo, la empresa estatal de asistencia en tierra que presta servicios a las principales líneas aéreas, registró 51 retiros voluntarios en su planta por un monto total de $941 millones. A julio pasado, contaba con 1.588 empleados. La empresa que quedó en la mira del Gobierno luego del despido esta semana de tres empleados que habían sido detenidos tras un allanamiento realizado en el Aeropuerto de Ezeiza por el robo en los equipajes de los pasajeros.

En Corredores Viales, la empresa a cargo de la concesión de diez tramos de las rutas, autopistas y autovías nacionales, hubo 39 retiros voluntarios por un total de $908 millones, y otras 11 prejubilaciones por $178 millones. En total, le implicarán al Estado un desembolso de $1.086 millones. Hasta la fecha, de esta cifra se pagaron $627 millones, según informaron desde la empresa a Infobae. “Se les ofreció el pago de un mes por año trabajado más los correspondientes pagos de vacaciones, proporcional de aguinaldo. Es como si hubiese sido una indemnización”, explicaron.

Corredores Viales es una de las que quedó sujeta a privatización en la Ley Bases. En total, los empleados de Corredores Viales sumaban 3.361 a finales de julio último, según datos del INDEC.

En Tandanor, a su vez, hubo 11 retiros, y su planta actual es de 432 empleados. El Plan de Retiro Voluntario está vigente hasta el 31 de diciembre, precisaron desde la empresa. Sin embargo, desde la empresa informaron que esos retiros no implicaron un desembolso para el Estado. “En cuanto al costo de los retiros voluntarios de estas 11 personas no ha representado ningún gasto para el Estado ya que los fondos provienen directamente de la empresa, sin impacto en el presupuesto público. Tandanor no recibe fondos públicos, ya que los fondos provienen de las reparaciones navales que realiza la empresa”, aseguraron.

Y en Fabricaciones Militares se registraron 200 retiros, con un costo de $3.305 millones. “El plan no sigue abierto pero en su momento sí tuvimos más personas interesadas de las que teníamos en presupuesto. Así que estamos evaluando el presupuesto necesario para las bajas extras que tenemos pendientes. Se sumarían 63 bajas más las que nos quedan por confirmar. Se concretarán cuando tengamos aprobado el presupuesto para concretarlas”, señalaron desde la empresa. A julio pasado, los empleados de esta empresa que funciona bajo la órbita del Ministerio de Defensa sumaban 1.243.

Visualización de datos: Daniela Czibener

Carga de datos y chequeo: Desiré Santander

Octubre llegará con novedades para los hogares en lo que tiene que ver con los servicios públicos. Si bien se esperan aumentos que impactarán en los bolsillos de los consumidores también habrá algunos rubros en los que se observarán algunas bajas de precios, en una búsqueda del gobierno por aliviar el peso del ajuste, luego de que se conocieran los alarmantes datos de pobreza e indigencia.

Las boletas de gas, por decisión oficial, y el valor de los combustibles, en medio de la caída de los precios internacionales del petróleo, mostrarán una leve merma desde este martes. En cuanto al transporte público, los boletos de colectivos y de trenes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantendrían sin cambios respecto a octubre.

A contramano se observará un salto en el pasaje de subte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en las facturas de electricidad y en las del servicios de Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AySA).

Las tarifas que aumentan desde octubre

El gobierno definió que en electricidad habrá desde el martes un incremento en los tres componentes que conforman la factura (generación, distribución y transporte) que tendrá como consecuencia un impacto del 3% promedio en las boletas que llegarán a los hogares.

La decisión oficial tiene como objetivo evitar un retraso de este servicio en términos reales para evitar un salto de los subsidios en medio del comienzo de la época de calor y de mayor consumo hogareño.

El servicio de AySA aumentará 4,9% en octubre para todos los usuarios del AMBA, por lo que la tarifa de agua y cloaca promedio costarán $17.705 en el mes. El alza corresponde al mecanismo de actualización mensual que contempla la evolución de la inflación y de los salarios, conocida como “coeficiente K”. En lo que va de 2024, las boletas de agua en CABA y Gran Buenos Aires aumentaron 271% solo hasta septiembre.

A partir del martes los pasajeros del subte en CABA también deberán enfrentar un nuevo aumento en las tarifas. El costo del boleto se incrementará en un 16,46%, alcanzando un precio de $757 para aquellos que utilizan la Tarjeta SUBE registrada. Este ajuste también afectará al premetro, cuya tarifa se elevará a $264,95.

La medida, autorizada por el Gobierno de la Ciudad, forma parte del último tramo de un plan de ajuste tarifario que vio el precio del transporte subterráneo aumentar en un 589% desde principios de 2024.

Para quienes no posean una Tarjeta SUBE registrada, el boleto del subte tendrá un valor diferencial de $859,07, mientras que el premetro costará $300,67.

Alivios

Las tarifas del gas natural por redes para todos los hogares, comercios y pequeñas industrias del país bajarán entre un 3% y un 6% final. En este caso existe un componente netamente estacional: los precios son más bajos cuando finaliza el invierno, y el consumo también.

En los despachos oficiales cuentan también con que desde el próximo martes podrían jactarse de que por primera vez en más de cinco años habrá una baja en el precio de los combustibles, con un retroceso del 3% promedio para el gasoil y del 1,5% para la nafta a partir del próximo martes. No está aún confirmado si será un recorte nominal o si no se aplicarán aumentos de modo de mostrar una merma en términos reales.

El encargado de explicar ese camino será Horacio Marín, presidente de YPF. La petrolera estatal, líder en el mercado local, será la que dé el primer paso para que sus competidoras –Axion, Shell, Raizen y Puma– se muevan en la misma línea.

En cuanto al Transporte, el gobierno publicó este viernes la estructura de costos de los colectivos del AMBA en la que Caputo consiguió reducir el gasto en subsidios y que no haya, al menos en octubre, un nuevo salto del boleto. Fue gracias al traspaso de las subvenciones a CABA y el fin de la Red SUBE en la provincia de Buenos Aires. El pasaje de todos modos acumuló un incremento del 600% desde que asumió Milei, en línea con el salto que tuvo la tarifa de trenes metropolitanos.

El Gobierno informó que para el pasaje de colectivos le queda al menos un 32,5% de aumento pendiente por los períodos de marzo, abril, mayo y junio de este año.

El impacto del ajuste

La canasta de servicios públicos de luz, gas, agua y transporte de un hogar promedio en el AMBA sin subsidios alcanzó en septiembre los $141.543, lo que implica una baja del 2% mensual debido a un menor consumo energético según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política, IIEP, (UBA-CONICET). Sin embargo, esa familia requería $30.105 en diciembre para cubrir esos mismos gastos, un salto del 370% en nueve meses, casi cuatro veces más que la inflación acumulada del 95% hasta agosto.

Por servicios, la tarifa de electricidad promedia los $32.202; la de gas natural, $28.342; agua, $24.762; y gasto en transporte, $56.228 por mes. El incremento más importante fue en la factura de gas natural con un aumento del 898% respecto de diciembre de 2023, debido tanto a los aumentos tarifarios como a los incrementos del consumo estacional invernal. El gasto en energía eléctrica aumentó 156% mientras que los servicios públicos que no dependen de factores estacionales muestran un aumento del 601% para el transporte y del 271% para el agua.

No es casualidad que desde que asumió Javier Milei, hay 852.677 hogares más que reciben subsidios a la electricidad y, de esos, 111.114 también en gas natural, tal como publicó Infobae en base a información oficial a la que tuvo acceso en exclusiva. Las provincias en las que más creció la cantidad de beneficiarios son aquellas en las que más subió la pobreza: Corrientes, Formosa, Catamarca, Chaco y Córdoba. Es por eso que el gobierno pausó la aplicación de una quita de asistencia en base a la Canasta Básica Energética (CBE) que entre los funcionarios la dan casi por descartada, al menos en el mediano plazo.

Los católicos peregrinamos por varias razones profundamente significativas. La peregrinación es una oportunidad para alejarse del mundo material, en términos modernos diría que es salir de nuestra zona de confort, y enfocarse en la fe, la reflexión y la conexión con Dios y con la Virgen.

Peregrinar se parece a la vida, se sale de Dios al nacer y se retorna a Él al morir. Por el trayecto pasamos por distintas etapas, la alegría de salir, el entusiasmo que no mide fuerzas, cuando el cansancio empieza a aparecer las charlas se vuelven más profundas y al final, cuando ya no damos más, surge la fe como algo vivo que nos sostiene y acompaña.

El punto de inicio es el Santuario de San Cayetano en Liniers y se llega al de la Virgen María en Luján. Lugares sagrados, asociados con santos y la Virgen María nos permiten ponerlos en el centro de nuestra vida y pedir su intercesión. La peregrinación es una forma de buscar también el perdón por los pecados y pedir gracia y bendiciones para uno y sus seres queridos. Sirve para encontrar consuelo y esperanza en momentos de dificultad, estamos como sociedad atravesando momentos difíciles. Es también una impactante experiencia comunitaria. Así como nadie se salva solo, tampoco se llega solo, cuando faltan las fuerzas alguien te carga, te anima y te ayuda.

Comunidad y hermandad es una buena definición, la peregrinación reúne a personas con el objetivo común de llegar a Luján fortaleciendo la comunidad y la hermandad entre los creyentes. Las diferentes comunidades que peregrinan lo hacen con sus móviles de sonido, carritos de diversas formas que amplifican el canto, sirven para los innumerables rosarios y ponen música para ayudar a llegar.

En cada una de las cinco paradas de descanso, otros miembros de las comunidades esperan con agua, comida, baños y masajes, para renovar con su alegría el ánimo de los peregrinos. La experiencia de la peregrinación renueva la fe y el compromiso con la Iglesia.

Varios son los motivos para peregrinar, promesas y pedidos por la salud y muchas veces simplemente agradecer. En el caso de la Peregrinación a Luján, específicamente, los católicos argentinos honramos a la patrona del país, y buscamos su protección y guía. Este año será la 50ª edición de la Peregrinación Juvenil a Luján y será un evento muy especial. El rector de la Basílica y Santuario Nacional de Nuestra Señora de Luján, el P. Lucas García decía: “Este año es un aniversario importante y se celebrará con mucha alegría”.

Actividades especiales

Se contará con 50 puestos sanitarios a lo largo de la Ruta Nacional N°7. Estos puestos también integrados por voluntarios, ofrecen asistencia gratuita a cualquier peregrino que lo necesite. La empresa AySA implementará un operativo con 13 camiones cisterna y 5 puntos de hidratación para proporcionar bolsitas de agua potable a los peregrinos. ⁠Se establecerá un hospital de campaña en el Puente de Control y en Avenida Nuestra Señora del Luján. La peregrinación oficial comenzará el sábado 5 de octubre a las 10 de la mañana desde el barrio porteño de Liniers, pero los fieles comienzan a salir la madrugada del sábado. Los participantes recorrerán un total de 63 kilómetros hasta llegar al Santuario de Nuestra Señora de Luján. La mayoría de los peregrinos tardan entre 12 y 15 horas en completar el trayecto.

El lema de la Peregrinación a Luján 2024 es “Madre, bajo tu mirada buscamos la unidad”. Este lema es especial porque marca la 50ª edición de la peregrinación, un hito importante para la comunidad católica en Argentina, el lema surge de la lectura de miles de pedidos que dejan los peregrinos cada año. Si nunca la hiciste, es una experiencia para no perderse.

En una resolución dictada por unanimidad, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los cuestionamientos presentados por la defensa del exministro Julio De Vido con el fin de evitar el juicio oral y público previsto para el mes de abril de 2025 en la causa de corrupción conocida como “Caso Odebrecht”. Los abogados de quien fuera el titular de la cartera de Planificación Federal durante el kirchnerismo habían planteado, junto a otros imputados, la nulidad de las actuaciones, pero los camaristas de la Sala III consideraron que no estaban cumplidos los requisitos para tratar el pedido en esa instancia.

El caso en cuestión tramita ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°7 porteño y el inicio de su debate oral tendrá comienzo el próximo 7 de abril de 2025. Allí se juzgarán las presuntas irregularidades en el proceso de licitación de dos proyectos de infraestructura promovidos por AySA en 2007: la Planta de Potabilización “Paraná de las Palmas”, adjudicada a un consorcio que incluía a Construcciones Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Argentina y José Cartellone Construcciones Civiles S.A.; y la Planta Depuradora “Sistema Berazategui”, a cargo de una unión de empresas liderada por Camargo Correa Sucursal Argentina.

La maniobra investigada, en efecto, consiste en el presunto direccionamiento de los procesos licitatorios por parte de las autoridades de AySA, así como en el supuesto pago de dádivas por representantes de las firmas involucradas, donde se habría buscado imponer condiciones favorables a sus intereses particulares en detrimento del interés público.

En ese marco, el TOCF 7 había resuelto no hacer lugar a los planteos de nulidad y falta de acción articulados por las defensas de los imputados Roberto Baratta, Diego Luis Pugliesso, Roberto Fabián Rodríguez y De Vido. Contra esa decisión, los abogados del exministro, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, interpusieron un recurso de casación que fue rechazado. Ese rechazo motivó la presentación de un recurso en queja para elevar las actuaciones de forma directa hasta el máximo tribunal penal del país.

De ese modo, la Sala III de Casación, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, se abocaron a su tratamiento donde, con la firma de los tres camaristas, resolvieron desestimar el planteo por “ausencia del presupuesto objetivo de admisibilidad”, es decir, por incumplimiento de los requisitos procesales para analizarlo en esa instancia.

“En efecto -explicaron los magistrados-, el fallo contra el cual se dedujo la impugnación cuya denegatoria dio lugar a la queja, por su naturaleza y efectos, no reviste la calidad de sentencia definitiva ni se equipara a ella en los términos del artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación, ya que no pone fin a la acción ni a la pena, no hace imposible que continúen las actuaciones, ni deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena”.

Luego precisaron: “Es que aquellas resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso criminal no reúnen el requisito de carácter final, ya que no ponen fin al procedimiento sino que, por el contrario, hacen posible su continuación. Tampoco ocasionan un perjuicio de imposible o insuficiente reparación ulterior, más allá del que irroga todo proceso penal, que permita su equiparación (...)”.

Y agregaron: “tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que las decisiones que admiten o deniegan nulidades, por regla, no constituyen sentencia definitiva pues en esta materia prima un criterio de interpretación restrictiva. Por lo demás, no se advierte ni la defensa logra acreditar la existencia de una cuestión federal de entidad suficiente, ni la concurrencia de alguna circunstancia que imponga la habilitación de la competencia de esta Cámara Federal de Casación Penal como tribunal intermedio, conforme las pautas sentadas por el Alto Tribunal en el precedente ‘Di Nunzio’”.

Con esta resolución, la causa por el supuesto pago de sobornos se acerca al juicio oral, donde además de De Vido, estarán sentados en el banquillo, entre otros, distintos exejecutivos de la empresa de construcción brasilera Odebrecht y de AySA. El tribunal estará conformado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.

La canasta de servicios públicos de un hogar promedio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sin subsidios alcanzó en septiembre los $141.543, lo que implica una baja del 2% mensual debido a un menor consumo energético por mejores temperaturas, pero un incremento del 370% respecto de diciembre.

Así se desprende de un informe del Observatorio de tarifas y subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, IIEP, (UBA-CONICET) en el que resaltaron además que los hogares abonan en promedio el 50% del precio “real” de las facturas y el saldo restante es cubierto por subsidios del Gobierno, aunque de manera dispar entre usuarios.

Por servicios, la tarifa de electricidad promedia los $32.202; la de gas natural, $28.342; agua, $24.762; y gasto en transporte, $56.228 por mes.

El gasto conjunto se redujo en 2% respecto de agosto por dos factores, según señaló el IIEP: 1) menores consumos de energía eléctrica y gas que comienzan a bajar una vez pasado el pico estacional de invierno, mientras los cuadros tarifarios se modificaron levemente – se incrementó un 3,8% energía eléctrica y 2,6% gas natural en promedio- y 2) por incrementos en los cuadros tarifarios de agua y, en particular, de transporte público.

En los hogares del AMBA se pagan tarifas de servicios públicos que, en promedio, cubren el 50% de los costos y, por lo tanto, el Estado se hace cargo del 50% restante a través de subsidios, el nivel más alto de los últimos 10 meses. De todos modos, los niveles de cobertura no son iguales en todos los segmentos.

En el caso de las boletas de energía, en los usuarios catalogados como de altos ingresos (Nivel 1) la relación es 90% tarifa y 10% subvenciones; en los de ingresos bajos (Nivel 2) 25% y 75%, respectivamente, mientras que en los ingresos medios (Nivel 3) es de 40% y 60%. En promedio, las boletas de luz y de gas abonan el 48% del precio real del servicio.

“La cobertura tarifaria de los costos de los servicios públicos se presenta superior al observado en los últimos diez meses y con tendencia al alza a razón de los incrementos en todos los servicios. A su vez, es 9 puntos superior al promedio de los últimos diez meses (41%). Hacia adelante, esta tendencia se consolidará a partir de la caída del costo energético estacional”, destacó el IIEP.

Con respecto de diciembre 2023, el costo de la canasta total de servicios públicos que releva el IIEP se incrementó 370% a partir de las actualizaciones de tarifas de transporte (enero, febrero y agosto), energía eléctrica (febrero, junio, agosto y septiembre), gas natural (abril, junio, agosto y septiembre) y agua (abril, julio, agosto y septiembre).

“Los consumos de gas natural y energía eléctrica están ajustados por estacionalidad del consumo”, consignó el informe.

En la desagregación por servicio, se observa que el incremento más importante fue en la factura de gas natural con un aumento del 898% respecto de diciembre de 2023, debido tanto a los aumentos tarifarios como a los incrementos del consumo estacional invernal. El gasto en energía eléctrica aumentó 156% mientras que los servicios públicos que no dependen de factores estacionales muestran un aumento del 601% para el transporte y del 271% para el agua.

La canasta de servicios públicos del AMBA de septiembre representa el 13,2% del salario promedio registrado estimado del mes, a la vez que el peso proporcional del gasto en transporte alcanza el 40% y es significativamente más elevado respecto de los restantes servicios.

Los consumidores también afrontaron en lo que va del año fuertes incrementos en las tarifas de los servicios públicos de luz, gas y agua, tanto en el AMBA como en el resto del país. Desde que asumió Javier Milei, hay 852.677 hogares más que reciben subsidios a la electricidad y, de esos, 111.114 también en gas natural, tal como publicó Infobae en base a información oficial a la que tuvo acceso en exclusiva. Las provincias en las que más creció la cantidad de beneficiarios son aquellas en las que más subió la pobreza: Corrientes, Formosa, Catamarca, Chaco y Córdoba.

Desde la semana que viene los usuarios de Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AySA) pagarán un 4,48% más por las tarifas de los servicios de agua potable y cloacas. El aumento surge como consecuencia de la aplicación de la fórmula polinómica establecida en la resolución 9/24, a través de la cual se realiza una indexación mensual del costo del servicio acorde al avance de la inflación.

La fórmula determina la evolución del “coeficiente K” y éste a su vez indica cuánto deben pagar los usuarios del AMBA por los servicios prestados por AYSA. En junio, por ejemplo, el coeficiente K era de 1158,3543 y en julio alcanzó a 1231,3883, lo que marcó en ese momento una variación en la tarifa del 6,3%. Luego, el indicador avanzó a 1294,8688 en agosto y finalmente a 1352,9151 en septiembre, lo que determinó el incremento del 4,48% mencionado anteriormente.

La fórmula tiene en cuenta el índice de salarios (IS), el índice de precios internos al por mayor (IPIM) y el índice del precios al consumidor (IPC) medido por el Indec. Acorde a la evolución de estas variables, el ritmo de aumento ha venido desacelerando en los últimos meses. Sin embargo, desde que entró en vigencia el nuevo sistema de ajuste tarifario, el coeficiente K subió un 16,7%.

A cuánto subirán las boletas

Según información de AYSA, el 44% de los usuarios de agua y cloaca pertenecen al zonal bajo (1.187.139 usuarios), el 37% al medio (996.718) y el 20% al alto (534.517).

En el primer caso, la boleta promedio pasará de $16.155 en agosto a $16.878 en septiembre; para los de zonal medio la factura saltará de $20.104 a $21.005, mientras que los de zonal alto dejarán de pagar $22.137 para empezar a abonar unos $23.129 de media.

En cambio, quienes reciben únicamente el servicio de agua o sólo el de cloaca, tendrán un incremento que va de $6.158 a $6.434 en promedio.

Los descuentos siguen vigentes

La resolución 9/24, confirmó la continuidad del 15% de descuento sobre el coeficiente K para usuarios residenciales y baldío en zonales bajos (1,45; 1,30 y 1,10), aunque se aclaró que este descuento se aplica exclusivamente para la facturación de los servicios básicos incluidos en la emisión general; es decir que excluye a los servicios especiales.

Conjuntamente, la mencionada Resolución determinó que los usuarios del Programa de Tarifa Social con el beneficio vigente al momento del dictado de la Resolución, verán neutralizado los aumentos hasta la renovación o cese del beneficio. De forma análoga, aquellos usuarios que renueven el beneficio o ingresen al Programa de Tarifa Social a partir de abril de 2024, obtendrán un beneficio adicional tal que neutralice los efectos de la actualización mensual del coeficiente K.

Por último, la Resolución estableció que los usuarios de la categoría residencial con solicitud de mantenimiento de subsidio incorporada al Registro de Mantenimiento de Subsidios al momento de la entrada en vigor de la resolución, mantendrán el 15% de descuento sobre el coeficiente K hasta la fecha de cese de la inscripción en el mencionado registro.

Fomentan el uso de medidores

En mayo de 2017 la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica modificó la estructura tarifaria mediante la Disposición SSRH Nº 19/17, con el objetivo de que el cobro de los servicios esté determinado principalmente por el volumen de agua consumido y no por la superficie del inmueble.

Actualmente, todos los usuarios de la concesión enfrentan el mismo cargo fijo, siendo independiente de la categoría del usuario y de parámetros del inmueble tales como superficie, tipo constructivo y localización del inmueble. En cuanto al cargo variable, para el caso de los usuarios medidos se establece un valor diferencial del precio por metro cúbico según categoría y coeficiente zonal y un consumo libre a 5m3 por mes para los usuarios residenciales. En el caso de los usuarios no medidos, el cargo variable es fijo y se expone el consumo equivalente.

Asimismo, cabe señalar que a fin de incentivar al usuario a solicitar el medidor, se suspendió hasta el 2027 el cobro del Cargo por Instalación del Medidor para todos los usuarios. En línea con esto, se eximió el cobro del Cargo por Conexión de Agua hasta el 2027 a aquellos usuarios que soliciten la modalidad de facturación medida y que para ello readecuen sus instalaciones internas a fin de ser abastecidos de forma independiente (alcanza exclusivamente a las unidades funcionales pertenecientes a edificios subdivididos en propiedad horizontal o régimen análogo, abastecidos mediante una o más conexiones de forma indivisa, sin ser aplicable a nuevas construcciones).

A seis meses de que Javier Milei haya asumido la Presidencia con un fuerte discurso “anti Estado”, la “motosierra” también pasó por las empresas estatales, aunque quizás no con la velocidad promocionada por el Presidente. En el primer semestre del año, la reducción de personal en las 44 compañías que funcionan bajo la órbita del Estado fue de 9.211 puestos. Así surge del procesamiento realizado por Infobae de los últimos datos publicados por el INDEC al 30 de junio último.

En comparación con los números de enero, el recorte en el personal fue del 8%. Mientras que a principios de este año, la dotación de las empresas públicas sumaba 109.781 personas, al 30 de junio último, esa cifra era de 100.570. El ajuste en la cantidad de empleados obedeció principalmente a la apertura de retiros voluntarios, a la no renovación de contratos que vencían a finales del 2023 y de los que habían sido prorrogados en marzo por otros tres meses y, en menor medida, a despidos.

La reducción de la planta de personal de las empresas llevada adelante por la actual gestión tiene como objetivo la baja del gasto público pregonado por el mileísmo y, a la vez, hacerlas más atractivas de cara a una posible futura privatización. En todos los casos, esa decisión requiere su aprobación por el Congreso que, hasta ahora, le habilitó al Poder Ejecutivo la privatización de solo 8 de esas empresas con la sanción de la Ley Bases: AYSA, Energía Argentina (ex ENARSA), Intercargo, Corredores Viales, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos, Yacimiento Carboníferos Río Turbio y Nucleoeléctrica.

El ranking de reducción neta de personal lo encabeza el Correo Argentino, la empresa más afectada por el ajuste: pasó de 16.775 empleados a principios de año, a 12.854 al cierre de junio, o sea, 3.921 personas menos. De este número, la mayoría corresponde a retiros voluntarios abiertos por la empresa, que incluyeron jubilaciones anticipadas. El costo de estos retiros para el Estado ascendió a $36.000 millones, según informó la empresa. A su vez, hubo 377 despidos a personas que tenían sumarios o registraban incumplimientos.

Con 1.452 sucursales en el territorio nacional que prestan servicios varios en lugares alejados del interior, por presión de la oposición, finalmente quedó fuera del listado de las empresas a privatizar en la negociación de la aprobación de la Ley Bases. El Gobierno aspira a reducir la cantidad de oficinas a unas 600, menos de la mitad.

El Correo Argentino tiene a cargo, además, la distribución de las urnas y el material electoral en las elecciones y, luego del comicio, el resguardo de las urnas. Por este motivo, la reducción de su personal en casi 4.000 trabajadores generó preocupación en la Justicia Electoral de cara a la realización de las elecciones del año próximo que le pidió a la empresa pública que le informe sobre los alcances de su plan de ajuste y cómo afectaría la organización de los comicios. Desde la compañía respondieron que, llegado el caso, se cubriría el personal faltante con contrataciones eventuales.

Le sigue en el ranking de reducción de personal de AYSA, a cargo de la provisión de agua y obras de red y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Con 6.717 empleados, es la cuarta empresa estatal en cantidad de personal. Tuvo una reducción en el primer semestre de 1.052 personas, según los datos del INDEC. Ese ajuste se debió a la cantidad que adhirieron al retiro voluntario abierto por la empresa. Desde el cambio de gestión, de acuerdo a lo informado por la empresa, los retiros habrían ascendido a 1.200 y le requirieron al Estado desembolsar $36.000 millones para efectivizar su salida. En la versión de la Ley Bases aprobada a finales de junio, AYSA podrá incluir capitales privados en un programa de propiedad participada, pero deberá conservar el control mayoritario por parte del Estado.

Luego aparece Intercargo, la firma que ofrece servicios de rampas y asistencia en Ezeiza, Aeroparque y los principales aeropuertos del interior del país, con 879 empleados menos. A junio pasado registraba 1.673 personas en su planta. Es una de las ocho compañías estatales que quedó sujeta a privatización total en la Ley Bases.

Le sigue Corredores Viales con una reducción de 717 trabajadores. La empresa concesionaria de las rutas y autopistas nacionales que depende de Obras Públicas y Vialidad, emplea a otras 3.967 personas, y está incluida entre las que podrán ser privatizadas o concesionadas según el texto de esa norma impulsada por el Ejecutivo.

En el mismo grupo está también Operadora Ferroviaria (SOFSE), cuyo nombre comercial es Trenes Argentinos y es la empresa con mayor dotación de empleados públicos: 23.400 trabajadores. Redujo su planta en 343 perdsonas desde enero. La empresa tiene a cargo las 5 líneas de trenes de pasajeros suburbanos, que movilizan 1,5 millones de personas por día, además de las 9 líneas de larga distancia, 7 regionales y un ferrocarril entre la ciudad argentina de Posadas y la paraguaya de Encarnación.

Hace tres semanas, el Gobierno le pidió la renuncia al presidente de Trenes Argentinos, el massista Adrián Luque, en el marco de la emergencia ferroviaria y la reorganización de las empresas públicas. La decisión se debió a las “diferencias de criterios en materia de operación y seguridad operacional” y a que “no se cumplieron con los objetivos y tiempos adecuados para las políticas que demanda el sector”.

Los 23.400 empleados de Trenes Argentinos no incluyen a la planta de Belgrano Cargas y Logística SA, que contaba con otros 4.589 trabajadores a junio pasado, 53 trabajadores menos que en enero. Tampoco al personal de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que pasó de 573 a 493 empleados, o sea 180 menos en los primeros seis meses del 2024.

En quinto lugar en el ranking de recortes de personal aparece Aerolíneas Argentinas, que registra 456 empleados menos que en enero, producto de la primera tanda de 500 retiros voluntarios que ofreció la compañía. La aerolínea de bandera - que también quedó excluida de la ley Bases como plausible de ser privatizada, al menos en esta primera etapa - cuenta con 11.436 trabajadores.

La empresa abrió en julio una segunda oferta de retiros voluntarios, más atractiva en términos económicos que la primera, con la que la empresa espera lograr otras 500 adhesiones que se sumarían a las de marzo pasado, para lograr una reducción del 10% respecto de la dotación cuando se produjo el cambio de gestión. La empresa recibió en junio $50.000 millones destinados a la efectivización de la salida de esos empleados.

Esta política de reducción de personal - hay cinco gremios actualmente en la empresa que agrupan a los pilotos, técnicos, personal aeronáutico, aeronavegantes y personal superior profesionales - se inscribe en el plan del Gobierno de reducir el déficit de la aerolínea nacional y sanear sus números para volverla más atractiva a la hora de venderla. En 2023, el resultado operativo de Aerolíneas tuvo un rojo USD 230 millones y, para este año, se estima que rondaría los USD 150 millones, lo que implicaría una mejora del 62%.

La agencia de noticias Télam, en tanto, achicó su planta en 359 empleados, y quedó con 422 trabajadores al 30 de junio. En febrero, el Gobierno había dispuesto su intervención y a principios de marzo amaneció vallada. Sus 781 empleados fueron licenciados. Desde entonces, casi la mitad se acogió al retiro voluntario. En la apertura de las sesiones ordinarias este año, Milei había adelantado que la cerraría por haber sido utilizada “como agencia de propaganda kirchnerista”.

Sin embargo, el 1 de julio, salió publicada en el Boletín Oficial la transformación de Télam en la Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal (Apesau), destinada a manejar la pauta publicitaria oficial. En simultáneo, el Gobierno planea avanzar con el traspaso de casi 150 periodistas de la ex Télam a la órbita de Radio Televisión Argentina (RTA), para que cumplan tareas en la TV Pública y Radio Nacional. El Gobierno también evaluaba el lanzamiento de una nueva agencia de noticias más chica y “rentable”.

RTA, por su parte, sufrió una reducción de personal en el primer semestre de 93 empleados. A finales de junio, su planta pasó a 2.313 trabajadores en la telvisión y radios públicas. La cifra no incluye la dotación de Contenidos Públicos SE, la empresa estatal que conduce las señales de televisión Encuentro, Pakapaka, DeporTV y la plataforma Contar, que registra 184 empleados (20 menos que en enero).

El Banco de la Nación Argentina - la segunda empresa pública con mayor dotación, después del Correo Argentino- redujo su planta en 186 empleados en los seis primeros meses de la gestión de Milei. Al 30 de junio registraba 17.446 trabajadores. La compañía postal tiene 739 sucursales distribuidas en todo el país, y fue una de las primeras empresas públicas que la oposición logró sacar del listado de compañías estatales a pasar a manos privadas, aún antes de que se firmara el dictamen de la ley Bases.

La cifra no incluye el personal de otras unidades de negocios como Nación Servicios, con 1.022 empleados; Nación Bursátil, con 29; Nación Reaseguros, con 17; Nación Seguros de Retiro, con 11; y Pellegrini SA, con 45 empleados. En su conjunto estas unidades de negocios del Banco Nación suman 1.862 empleados, 39 menos que en enero.

El top ten de recortes de personal lo completan la Administración de Infraestructuras Ferroviarias SE (ADIFSE) con 180 empleados menos (pasó de 673 personas en enero a 493 en junio), y la Administración General de Puertos, con un recorte de 174 personas en seis meses, al ajustar su planta de 752 a 578 empleados.

Las mayores reducciones porcentuales

Del análisis de los porcentajes de recorte, la empresa que sufrió una mayor reducción de personal entre enero y junio fue Intercargo, un 53%, al pasar de 1.655 a 776 empleados. Le sigue Télam con un recorte del 46%.

En tercer lugar en variación de personal aparece ADIFSE con una baja del 27%. Luego aparece el Correo Argentino con el 23%, el mismo porcentaje que la Administración General de Puertos, y apenas por debajo (22%) se ubica el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que redujo su planta en 100 personas (de 461 pasó a 361 en el semestre).

A continuación, el listado completo de las empresas públicas, con su personal a junio pasado, y la variación en su planta desde enero de este año:

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Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal aceptó una queja presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF) en relación con el levantamiento de la medida de “prohibición de innovar” que pesaba sobre la empresa José Cartellone Construcciones Civiles S.A., vinculada a la causa de corrupción conocida como “Caso Odebrecht”. En una decisión mayoritaria de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Hernán Borinsky, y con la disidencia del camarista Carlos Mahiques, la máxima instancia penal del país habilitó tratar el planteo de la UIF, que actúa como querellante en el expediente.

El caso tramita ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 porteño y su juicio tendrá comienzo el próximo 7 de abril de 2025. Allí se juzgarán las presuntas irregularidades en el proceso de licitación de dos proyectos de infraestructura promovidos por AySA en 2007: la Planta de Potabilización “Paraná de las Palmas”, adjudicada a un consorcio que incluía a Construcciones Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Argentina y José Cartellone Construcciones Civiles S.A.; y la Planta Depuradora “Sistema Berazategui”, a cargo de una unión de empresas liderada por Camargo Correa Sucursal Argentina.

La maniobra investigada consiste en el presunto direccionamiento de los procesos licitatorios por parte de las autoridades de AySA, así como en el supuesto pago de dádivas por representantes de las firmas involucradas, donde se habría buscado imponer condiciones favorables a sus intereses particulares en detrimento del interés público.

La intervención de la UIF ante la Sala III de Casación se originó luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 resolviera levantar la “prohibición de innovar” sobre José Cartellone Construcciones Civiles S.A. Esta medida cautelar, que había sido inicialmente ordenada por el juez Sebastián Casanello al dictar el procesamiento de los imputados, tenía como objetivo impedir que la empresa vendiera o dispusiera de ciertos bienes y activos mientras se resolvía el proceso judicial, para asegurar que estos bienes estuvieran disponibles en el marco de un eventual decomiso en caso de condena. Posteriormente, la fiscal de juicio, Fabiana León, solicitó que la medida se mantuviera y fuera reinscrita a nombre del tribunal.

La UIF consideró que la resolución del tribunal de levantar la prohibición de innovar era arbitraria, y así presentó un recurso de casación para que la medida en cuestión se mantuviera vigente. Para eso, argumentó que el fallo no garantizaba adecuadamente el destino de los bienes que podrían decomisarse y que no existían cambios en las circunstancias que justificaran la modificación de la medida, lo cual hacía inesperado y “carente de lógica” el cambio de postura de los jueces.

Al momento de definir el caso, el juez Hornos sostuvo que los argumentos de la UIF resultaban “razonables para tener por fundamentado que la decisión impugnada puede (...) equipararse a un pronunciamiento de carácter definitivo en tanto sería susceptible ocasionar un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior que torne ilusorios los fines resarcitorios que -también- tiene el proceso penal”. El camarista Borinsky adhirió a esta opinión, mientras que el juez Mahiques estimó que “no se encuentra habilitada la vía casatoria escogida por la parte querellante, ya que el fallo contra el cual se dedujo la impugnación no reviste la calidad de sentencia definitiva ni se equipara a ella (...)”.

De esa forma, la Casación aceptó darle curso a la queja de la UIF y habilitó la instancia para tratar el planteo, lo que permitirá revisar la decisión del TOCF 7.

El gobierno nacional publicó durante la madrugada la reglamentación de parte de la Reforma del Estado, basada en la denominada “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

El texto se divide en cuatro capítulos: Reorganización Administrativa; Privatización; Procedimientos Administrativos; y Empleo Público, que tendrá una instancia de evaluación.

En esta primera etapa, el Ejecutivo estableció la normativa vinculada al Título II, que contempla las modificaciones en el sistema de empleo público, cambios en los procesos administrativos y las privatizaciones de las empresas públicas.

Dentro de esta legislación, uno de los apartados destacados es el dedicado a las privatizaciones de empresas públicas, entre las que se encuentran las siguientes compañías:

• Energía Argentina (ENARSA)
• Intercargo
• AySA
• Belgrano Cargas
• Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE)
• Corredores Viales
• Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA)
• Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)

“El Congreso ha sido generoso en las delegaciones, ya que le permite al Estado adecuar en tamaño, fusionar o centralizar cualquier órgano de la administración pública. También lo faculta a cerrar cualquier organismo del Estado si no está en una lista de excluidos”, señaló esta mañana Federico Sturzenegger, principal ideólogo de esta reforma profunda. Entre las compañías que el Gobierno aceptó eliminar del mega proyecto (las excluidas) se encuentran Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA (Radio y Televisión Argentina).

El Ministro de Desregulación, apuntó luego que “estos cambios permitirán una amplia reestructuración del Estado que se materializará a través de una serie de Decretos Delegados”.

“El primero, que cierra definitivamente el INADI, estará publicado brevemente luego de esta reglamentación”, adelantó Sturzenegger.

En cuanto al procedimiento y las normativas, el texto publicado en el Boletín Oficial detalla que el proceso de privatización se inicia con un informe detallado que el Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación, en cuya jurisdicción se encuentre la empresa o sociedad a privatizar, deberá presentar al Poder Ejecutivo Nacional. Este reporte deberá debe incluir:

• El carácter total o parcial de la privatización propuesta y su fundamento.
• El procedimiento de selección y los plazos estimados para cada etapa.
• La posible propuesta para otorgar preferencias y, si corresponde, un Programa de Propiedad Participada con detalle de los sujetos adquirentes y proporción de capital accionario.

Una copia de este informe detallado deberá ser enviada a la Comisión Bicameral creada en el ámbito del Congreso de la Nación para avanzar con el proceso.

La convocatoria para presentar ofertas en los procedimientos de selección de la privatización deberá publicarse en el Boletín Oficial durante un período de siete días. La última publicación debe realizarse al menos treinta días antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

El llamado también se hará a través del sitio web de la autoridad de aplicación desde el inicio de la publicación en el Boletín Oficial. En el caso de los procedimientos internacionales, se requiere publicación en al menos un sitio web accesible para interesados extranjeros durante tres días, con al menos 45 días de antelación a la fecha de presentación de ofertas.

La falta de tasación debe justificarse en un informe detallado; en caso de que sea realizada por entidades privadas, nacionales o extranjeras, deberán contar con reconocida trayectoria. Por supuesto, deberá realizarse un inventario de bienes en conjunto con la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

Antes de la formalización de los contratos, será obligatoria la intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación y la Sindicatura General de la Nación.

Finalizado el proceso de privatización, la Autoridad de Aplicación deberá remitir las actuaciones correspondientes a la Auditoría General de la Nación para un examen final, con el que se busca asegurar la transparencia y adecuación del proceso.

A modo de resumen, Sturzenegger señaló esta mañana que estos cambios de fondo “constituyen la respuesta del presidente Milei al mandato que recibió en las urnas y que hoy se pueden implementar gracias a haberse logrado la aprobación del Congreso Nacional”.

EL DECRETO COMPLETO

Como consecuencia de este incidente, que provocó un principio de hundimiento en la calzada, agentes de Tránsito de CABA coordinaron un desvío por un contracarril a la altura del Hipódromo de Palermo, con el fin de que los automovilistas que circulan mano al centro porteño puedan continuar su recorrido a pesar de las importantes demoras, según comunicaron fuentes del Ministerio de Infraestructura de la ciudad de Buenos Aires a Infobae.

La realización de esta especie de by pass vehicular respondió al riesgo de que se produzca un hundimiento del asfalto aún mayor en la zona donde se registró la rotura del caño de AySA, aunque desde la compañía descartaron esta posibilidad.

Ante la consulta de este medio, fuentes de AySA señalaron que la cañería de agua afectada tiene un diametro de 200 mm, por lo cual la interrupción del servicio de agua potable es menor de la que se creía. “En sí, la afectación sería solamente en los frentistas a Ortega y Gasset entre Libertador y Luis María Campos. Pero teniendo en cuenta que son todos edificios que cuentan con tanques cisterna y reservas. no deberían notarlo”, detallaron desde la empresa.

Se estima que la reparación de la cañería, al igual que la rehabilitación del suministro, estarían finalizados para hoy a la tarde,

Producto de este desperfecto, las filas de vehículos alcanzaron una extensión de aproximadamente 1.500 metros. No obstante, personal de Tránsito del GCBA habilitó tres carriles en sentdio al centro luego de los trabajos iniciales llevados a cabo por la cuadrilla de AySA.

Más temprano, y a unas pocas cuadras de la zona donde ocurrió la rotura del caño, un vehículo particular chocó con un móvil de Policía de la Ciudad.

Fuentes policiales consultadas por este medio señalaron que personal de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad acudió esta mañana hasta la intersección de las avenidas del Libertador y Dorrego, la esquina donde ocurrió el choque.

Los ocupantes de ambos rodados salieron ilesos; sin embargo, personal del SAME llegó al lugar de forma preventiva e hizo un control clínico a todos los involucrados.

La colisión sucedió cuando el patrullero se dirigía a un hecho en Jorge Newbery y avenida del Libertador, precisaron las fuentes.

Basura acumulada en las calles

Más allá de este incidente, otro foco de conflicto complica a los porteños. Este lunes la ciudad de Buenos Aires amaneció llena de basura y el motivo radica en el trabajo a reglamento del Sindicato de Camioneros, que decidió la medida de fuerza de los trabajadores de la recolección de residuos porque el gobierno porteño “los quiere estatizar y cambiarles el convenio”, según denunció el secretario adjunto del gremio, Pablo Moyano.

“No hay paro de recolección de basura, sino que se trabaja bajo convenio, caminando con 15 minutos de descanso”, precisó el sindicalista, que también es cotitular de la CGT, en diálogo con radio El Destape. Y agregó: “Hay muchísimas irregularidades en las empresas de recolección de basura en CABA. Es una cosa de locos que un barrendero pague (el impuesto a las) Ganancias”.

En un comunicado de prensa, se informó que “el Sindicato de Camioneros se encuentra en estado de alerta, movilización y trabajo a reglamento en la rama de Recolección y Barrido, y se analizan también otras medidas en defensa de la dignidad y los derechos de las y los trabajadores”.

Detrás de este conflicto aparece la protesta de los Moyano, debido a que el gobierno porteño está revisando la preadjudicación del sistema de acarreo en CABA, otorgada durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, que Jorge Macri consideró “carísima” e “escandalosa”.

“A nosotros nos quedó una preadjudicación del acarreo en la Ciudad, que cuanto menos amerita ser revisada, carísima; la Ciudad no tiene posibilidad de sostener ese contrato; para mí es escandaloso”, afirmó el jefe de Gobierno dijo a LN+.

La Cámara Federal de San Martín revocó un fallo de primera instancia y le ordenó a la empresa AYSA a facturar el consumo de agua de manera individual dentro de un barrio privado de Pilar. Ocurre que la empresa había comenzado a cobrar de manera general, perjudicando a sus vecinos. El fallo tiene impacto en decenas de countries de la zona norte, que acudieron a la Justicia pero hasta ahora se habían topado con resoluciones adversas.

El tribunal, integrado por los jueces Marcelo Darío Fernández y Marcos Morán, hizo lugar a una presentación del barrio El Portillo, de la localidad de Pilar, que fue a la Justicia ante el cambio repentino de la facturación.

En primera instancia, el juzgado federal de Campana, con jurisdicción en la zona, había rechazado la medida cautelar argumentando que “no se apreciaba la existencia de un perjuicio provocado por un accionar arbitrario o ilegal de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. que no pudiera repararse con el dictado de una sentencia definitiva”.

El consorcio del barrio privado, donde viven 66 familias, apeló ese fallo sosteniendo que era evidente “el perjuicio patrimonial y social” para los vecinos porque la nueva factura de AYSA se “debía liquidar en las expensas conforme a los porcentuales dominiales de cada propiedad”, mas allá del consumo.

“Se obliga a que los vecinos que habitaban el conjunto inmobiliario abonaran consumos que no habían efectuado y que, además, financiaran a todos aquellos que incumplían el pago”, dijeron los abogados del barrio, representado por el estudio Lopez Canfora-Lopez Melnyk.

Además de la facturación global, el consorcio cuestionó la decisión de AYSA de abandonar el mantenimiento de las redes hasta cada medidor individual. Esa tarea estaba a cargo de la empresa Sudamericana de Aguas hasta 2018, cuando el servicio fue traspasado a AYSA. “Desde aquel entonces y hasta el mes de mayo de 2023, la prestación del servicio no sufrió variación alguna, las facturas comenzaron a ser realizadas por la Municipalidad de Pilar en forma individual a cada propietario y el servicio de mantenimiento de la red era prestado por la empresa concesionaria AySA, lo que constaba de las facturas que se acompañaban y del registro de ingreso y egresos al barrio”, relataron los abogados de El Portillo.

La empresa, por su parte, respondió que “ninguna unidad funcional del barrio se abastecía de manera independiente desde la red de AySA, no existiendo la posibilidad de medir el consumo individual de cada lote desde la vía pública y tampoco pudiendo intervenir de ninguna manera, dentro del barrio, sin violar su propia norma federal”.

Sin embargo, la Cámara de San Martín decidió darle la razón al consorcio y suspendió el sistema de facturación general. El fallo, al que tuvo acceso Infobae, cita una decisión precedente de la Corte Suprema, donde se debatía una cuestión similar. “En cuanto al peligro en la demora invocado, no puede dejarse de lado, que de realizar la facturación global, se debe proceder al prorrateo del pago entre los copropietarios, sin tener en cuenta el efectivo consumo, de modo que dicho pago generalizado, no podría en una futura sentencia, otorgar una efectiva reparación a aquellos vecinos que hubiesen pagado un excedente que no consumieron”, opinaron los jueces.

Sin embargo, rechazaron la pretensión del consorcio sobre el mantenimiento de las redes internas. “A primera vista, no puede prosperar, en tanto, del Marco Regulatorio citado surge claramente que los usuarios del servicio están obligados a instalar a su cargo los servicios domiciliarios internos de agua y desagües cloacales de acuerdo a las normas técnicas de la Ley 13.577 o las que dicte la Autoridad de Aplicación y a mantener en buen estado las instalaciones”, dice el fallo.

La resolución tiene impacto sobre decenas de barrios privados. Muchos de ellos ya habían acudido a la justicia, pero hasta ahora todos los amparos habían sido rechazados por el juzgado federal de Campana. “Tomando en cuenta el antecedente del barrio Sausalito, la Secretaría de Obras Públicas dictó en diciembre de 2023 la resolución 641 /2023 donde receptó, entre otras cosas, la posibilidad de que los consorcios adscriptos a la propiedad horizontal o análogos, pudieran determinar mantener la facturación individual y transmitirle a la empresa concesionaria de tal voluntad. Pese a ello, al día de la fecha, AYSA continúa facturando globalmente a los consorcios, debiendo, los mismos, recurrir a la justicia a los fines de proteger sus patrimonios y evitar ser un órgano de recaudación de la empresa”, opinó el abogado Rodrigo Lopez Canfora.

Según informó AUSA, 4.166 conductores que pagaron el peaje en la autopista Illia sentido a Provincia el pasado domingo, recibirán el reembolso automático de sus pagos. Esto se debe a que fueron desviados de la ruta original.

Las tarifas debitadas fueron de 903,33 antes de la hora pico y de 1.277,44 durante esta franja horaria durante el día domingo. La totalidad del importe será reembolsado sin que los usuarios deban realizar ningún trámite ya que aquellos que tengan el Telepase vinculado a una tarjeta de crédito o débito, verán el monto reflejado en sus cuentas. Y los que abonaron mediante la app Mercado Pago recibirán el crédito correspondiente en su cuenta de usuario.

Desde la implementación del sistema automatizado de peajes en las autopistas porteñas, se facilitó la identificación de los usuarios, lo que permitió esta devolución. Antes, con el sistema manual de cabinas, era impracticable gestionar tales reembolsos. El sistema Free Flow se implementó por primera vez en 2018 y ha progresado hacia una mayor digitalización y eficiencias en la gestión de tráfico y pagos.

¿Por qué se devuelve el dinero?

El motivo del reembolso fue que parte de la traza de la Avenida Cantilo, a la altura de Parque Norte, sufrió la rotura de un caño maestro de AySA que afectó la calzada por lo cual se cortó el tránsito durante la mañana del 23 de junio y se implementaron desvíos hacia la bajada de Sarmiento.

El gran operativo de tránsito, que involucró a más de 100 agentes de Ciudad, se dio por la rotura de un caño de agua de 400 milímetros de diámetro a la altura del kilómetro 7. Y se trabajó en el “ordenamiento de puntos críticos como las bajadas de autopista, Costanera o el Puente Labruna”, informaron desde la Secretaría de Medios del Gobierno porteño.

A partir de la tarde del mismo día, la autopista contó con dos carriles izquierdos habilitados, restringiéndose los carriles derechos y la banquina. Los desvíos vigentes incluyeron el cierre del Paseo del Bajo en sentido Norte, altura Retiro, y la habilitación del ingreso de tránsito (liviano y pesado) desde Avenida Costanera en Parque Norte.

El tránsito en la avenida Cantilo sigue siendo complicado debido a la reparación de la tubería, que continuará al menos por una semana más. Ya se habilitó el tránsito para vehículos livianos en las subidas de la Autopista Illia, altura Sarmiento, Libertador y Salguero.

El Gobierno buscará insistir la semana próxima en la votación en Diputados de la Ley Bases que vino del Senado, con la versión original del artículo de las privatizaciones que incluía Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA). En esa redacción -que obtuvo media sanción el 30 de abril- , el listado incluía 11 empresas a privatizar total o parcialmente, o a concesionar, de las 41 que inicialmente el Ejecutivo había incluido en la primera mega ley Bases u “Ómnibus” que nunca llegó a ser aprobada en la Cámara baja.

Pero en el tratamiento en el Senado, para evitar que el capítulo II de privatizaciones fuera rechazado, el oficialismo aceptó retirar a esas tres empresas antes de la sesión. Fue parte de las negociaciones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con la oposición dialoguista para poder celebrar el triunfo político de la aprobación del proyecto en la Cámara alta, donde La Libertad Avanza tiene solo 7 senadores sobre un total de 72 miembros. El bloque del PRO, su aliado casi incondicional, cuenta con apenas seis.

El capítulo aprobado en la Cámara alta estuvo al borde del rechazo en el recinto, por la oposición a que Aerolíneas pase a manos privadas de los legisladores patagónicos y de un sector de los radicales. Argumentaron la necesidad de conectar el territorio argentino, más allá del lucro comercial de la empresa, y su valor para el turismo nacional. En esa negociación también pesó el lobby de los gremios aeronáuticos en defensa de la aerolínea de bandera. Días antes, el Papa Francisco tuvo también un gesto de apoyo público a la empresa al recibir, en el Vaticano, al titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), Juan Pablo Brey, y sacarse una foto juntos los sindicalistas con la bandera de Aerolíneas Argentinas.

Al no tener los votos en la Cámara alta, Francos decidió excluir la compañía aérea, al Correo y a RTA, está última, de fuerte valor simbólico en el discurso privatista de Milei. Por mayoría simple, el texto del Senado incluyó solo a Energía Argentina SA (ex Enarsa) e Intercargo, sujetas a privatización total; a Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Nucleoeléctrica Argentina (NASA), que podrán incluir capitales privados en un programa de propiedad participada, pero deberán conservar el control mayoritario por parte del Estado; y a Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales como empresas sujetas a su privatización o concesión.

Sin embargo, esta semana en el Gobierno relativizaron esos acuerdos con los senadores patagónicos y radicales, y volvieron a la carga con la privatización de la aerolínea nacional, el Correo y los medios públicos. De hecho, el miércoles, Francos insistió en que “no hubo acuerdo” con los senadores para preservar estas tres empresas en manos del Estado, como sí lo hubo —según afirmó— con los cambios en el Régimen de Grandes Inversiones (RIGI), ya que no tenían los votos para sostenerlo tal como estaba en el texto de la media sanción. “No tenemos un compromiso de que Diputados no pueda insistir en esos temas, por lo que también le pedimos a Diputados insistir en las privatizaciones, suponiendo que quienes sostuvieron estos temas en el primer debate lo sostendrán en el segundo”, aseguró el jefe de Gabinete.

El radicalismo quedó en un brete político sobre si atender el pedido del Gobierno o respetar lo aprobado por los senadores de su partido. El día anterior, el bloque de senadores de la UCR le pidió a la Cámara baja, en un comunicado, que “evalúe los aportes a conciencia y los considere para acompañarlos en su sanción definitiva”, al estar “convencidos de que el trabajo desarrollado mejoró los proyectos”.

En Diputados, el capítulo II de las privatizaciones salió aprobado con 138 votos afirmativos, 111 negativos y dos abstenciones. De los 34 integrantes del bloque radical, 29 votaron a favor, cuatro en contra (Facundo Manes, Pablo Juliano, Marcela Coli y Fernando Carbajal), y uno se abstuvo (Pedro Galimberti). Pero en el nuevo tratamiento en Diputados, podrían ser más los que adhieran a esa postura. En el Senado, la votación en particular de ese capítulo con la exclusión de Aerolíneas, el Correo y RTA, terminó 35 a 35, y el desempate a favor quedó en manos de la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel. De los 13 senadores radicales, 11 votaron a favor, y solo lo hicieron en contra el presidente del bloque, Martín Lousteau, y Maximiliano Abad.

El titular de la bancada en la Cámara baja, Rodrigo De Loredo, reclamó el viernes un posicionamiento público del Gobierno. “La privatización de Aerolíneas tiene que ser aclarada. Si contó con un acuerdo de Senadores y el gobierno, o si simplemente no obtuvo el número en el recinto”, sostuvo en su cuenta de X. No obstante, dejó en claro que está a favor de volver a incluir a la línea de bandera en el listado de empresas que se pueden vender. “Es inconcebible que una empresa aérea que tiene un déficit diario de 1.400.000 dólares sea sustentado por los sectores más humildes para que viajen los más pudientes con tarifas subsidiadas. Las rutas menos comerciales pueden ser cubiertas por las exigencias regulatorias por las empresas privadas. Son falsos los argumentos contrarios”, posteó.

A los radicales que se opusieron en el primer tratamiento en Diputados se podrían sumar varios integrantes de Hacemos Coalición Federal, quienes - como contó ayer Infobae- reconocieron, ante la consulta de este medio, que preferirían no insistir con la privatización de Aerolíneas Argentinas, el Correo y RTA.

Los números de las empresas

En conjunto, las 11 compañías estatales que el Ejecutivo quiere que pasen a manos privadas suman 76.189 empleados, según los datos del INDEC correspondientes a abril último. La cifra es superior, en 4.772 empleados, a la brindada por la Jefatura de Gabinete de Ministros a Infobae, para el mismo mes, en respuesta a un pedido de Acceso a la Información Pública.

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Si se contabilizan sus resultados operativos - o sea, antes de la asistencia del Tesoro nacional - en los primeros tres meses del año, la cifra global arroja un rojo de $508.596 millones, o sea más de medio de billón de pesos, según los datos publicados por la Secretaría de Hacienda en su informe trimestral de ejecución presupuestaria y analizados por Infobae. En total, sumadas, requirieron asistencia del Tesoro nacional en concepto de transferencias corrientes (para su funcionamiento) por $500.633 millones.

La más numerosa, en personal, de las empresas públicas a privatizar es SOFSE, que opera Trenes Argentinos y tiene a cargo las líneas urbanas de pasajeros Sarmiento, General Mitre, General San Martín, General Roca, Belgrano Sur, y los servicios regionales y de larga distancia, incluida la línea internacional Posadas-Encarnación. Cuenta con 23.555 empleados. Su resultado operativo en el primer trimestre del año fue negativo por $134.626 millones y recibió transferencias corrientes del Tesoro por $129.302 millones, y de capital por otros $850 millones.

Le sigue en personal el Correo Argentino, con 15.907 empleados, que se distribuyen en 3.300 puntos de venta en todo el país. Tuvo un rojo en su operación en los tres primeros meses del año de $20.647 millones, que fue cubierto con transferencias corrientes del Tesoro por $31.800 millones.

Luego aparece Aerolíneas Argentinas, con 11.577 personas trabajando en tierra y aire, agrupadas en cinco gremios. La aerolínea de bandera tuvo un resultado operativo negativo de $115.308 millones en los tres primeros meses del año, pero no recibió fondos del Ministerio de Economía en ese período.

En dotación de personal le sigue AYSA con 7.228 empleados. Los números en rojo de la prestadora del servicio de agua y cloacas en el AMBA en ese período fueron de -$50.640 millones y tuvo una asistencia para gastos corrientes del Tesoro de $10.791 millones, y de capital de $810 millones.

La firma Belgrano Cargas tiene 4.589 empleados y, en los tres primeros meses de 2024, su déficit operativo fue de -$13.833 millones. Desde la cartera de Economía le giraron una cifra ligeramente inferior: $12.296 millones.

Corredores Viales - concesionaria de rutas, autopistas y autovías nacionales- cuenta con 3.649 empleados y tuvo un resultado operativo negativo de enero a marzo de -$10.368 millones, y un giro desde el Tesoro en los tres meses de $7.004 millones.

Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) - la generadora de energía eléctrica que tiene a cargo la operación de las centrales nucleares cuenta con 3.176 empleados. Es la única - junto con Intercargo - que tuvo un superávit operativo de $76.912 millones en el primer trimestre de 2024. Se explica básicamente por la venta de energía generada por las centrales nucleares Nuclear Atucha I-II y Embalse por $159.493 millones.

Tanto Nucleoeléctrica como Yacimientos Carboníferos Río Turbio, tienen condiciones diferenciadas del resto a la hora de su posible privatización en el proyecto de la Ley Bases. Si bien podrán incluir capitales privados en un programa de propiedad participada, deberán conservar el control mayoritario por parte del Estado. En el caso de Nucleoeléctrica, el artículo 8 agrega que se necesitará del voto afirmativo del Estado para la ampliación de capacidad de una central nuclear, la creación de una nueva, la salida temporal de servicio y la incorporación de accionistas en la sociedad.

YCRT - que opera en la provincia de Santa Cruz - cuenta con 2.135 trabajadores, según el número que figura en la Base Integrada de Empleo Público (BIEP), ya que el INDEC no informa su dotación. Su resultado operativo también fue negativo, de -$16.065 millones y requirió una asistencia de Economía de $8.000 millones en los tres primeros meses del año.

RTA, que incluye a la TV Pública y Radio Nacional y sus 40 repetidoras en el país, cuenta actualmente con 2.361 trabajadores. También registró un déficit en su operación de -$11.015 millones en el primer trimestre del año. Fue cubierto con giros corrientes del Tesoro por $10.217 millones.

El superávit de Intercargo, en tanto, en el mismo período, fue de $5.615 millones. La prestadora de servicios en tierra, rampas y puentes de acceso en los aeropuertos emplea a 1.646 personas.

Energía Argentina, la ex ENARSA que se dedica a la exploración y explotación de hidrocarburos, así como tareas de transporte, distribución y comercialización e industrialización de esa materia prima y sus derivados, tiene 366 empleados. La empresa tiene a cargo la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Su déficit operativo en los tres primeros meses del año fue de -$ 218.623, el mayor de estas 11 empresas. Y también fue la que recibió mayores aportes del Tesoro para su operación en este período: $291.222 millones de transferencias corrientes, y $33.000 millones de transferencias de capital.

Visualización de datos: Daniela Czibener

Al tiempo que el Ministerio de Economía informó ayer el resultado de las cuentas públicas en mayo, que arrojó nuevamente un resultado positivo por más de $1.18 billón, se empezaron a conocer algunas de las cifras de gasto público que impactarán en el resultado del sexto mes del año y que permitirían consolidar el saldo positivo en el primer semestre.

Dado el ajuste de tarifas, que el Gobierno había dejado en suspenso en mayo pero retomó en este mes y que es una de las exigencias centrales en las negociaciones con el Fondo Monetario, la evolución de los subsidios económicos marca una caída de 34% en términos reales respecto al mismo mes del año pasado. “Los principales subsidios económicos a los sectores Agua, Energía y Transporte tuvieron en mayo un crecimiento acumulado anual del 157% respecto de igual periodo del año anterior y por lo tanto su variación real muestra una reducción del 34%. en el período. En los primeros cinco meses del año acumuló una ejecución del 70% respecto del crédito vigente para los principales rubros seleccionados”, destacó ayer el informe mensual del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP de la UBA a cargo del economista Julián Rojo.

Según esa estadística, los subsidios al transporte automotor crecieron 165% en términos nominales y por que se redujeron 29% en términos reales. Las transferencias a Cammesa, la administradora del mercado mayorista de energía eléctrica, en tanto, se redujeron solo 4% en términos reales.

El informe destacó que los subsidios a la Energía, que representan el 80% de los subsidios totales y aumentaron 165% nominalmente mientras se redujeron 33% real en los primeros cinco meses del año.

Para el sector Transporte, en tanto, que explica el 20% de las transferencias, los subsidios creció 138% en términos nominales lo que equivale a una reducción del 37% en términos reales. Dentro del mismo sector, la partida más relevante es el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT) que creció 165% interanual en términos nominales y se redujo -29% a.a. real acumulado en los primeros cinco meses de este año.

Al mismo tiempo, de acuerdo al informe del observatorio de la UBA, las transferencias a Aerolíneas Argentinas fueron nulas en el período mientras que AYSA devengó solo $75 millones contra $9.723 millones de igual periodo del año anterior.

De esta manera, en los primeros cinco meses de 2024 los subsidios nominales suman $3,1 billones mientras que en moneda constante de mayo suman $3,3 billones y se reducen 34% respecto a igual periodo anterior. “Esta variación -se resaltó- se explica mayormente por menores transferencias reales a ENARSA que explica 22 puntos porcentuales, respectivamente, de los 34 totales de reducción”. Es decir, el aumento de tarifas energéticas es la principal variable para alcanzar la reducción de los subsidios económicos que, a su vez, contribuyen al resultado fiscal de las cuentas públicas.

“La reducción de subsidios a Cammesa se explica por el aumento del precio de la energía para hogares N1 (sector de altos ingresos) y para la demanda general de distribución (industrias y comercios pequeños y otros) que pasaron a cubrir el costo pleno del servicio en febrero. Esta situación se interrumpió a partir del 1° de mayo, momento en el que se suspendieron los aumentos de los precios estacionales. En junio se retomó un sendero de incrementos con la particularidad de que ningún segmento de la demanda por distribución cubre el costo pleno del servicio”, explicó el informe, donde también se aclaró que en el caso de ENARSA, la reducción puede reflejar el hecho de que durante 2023 se adquirieron cargamentos de Gas Natural Licuado de manera anticipada en los primeros meses del año y a un precio 80% superior a los precios de mercado observados durante 2024. “Esto podría implicar que esta partida comience a tener devengamientos más importantes a partir del mes de junio”, advirtió el informe.

En estado de agonía por la perpetuación del debate de la ley Bases en el Congreso, el Gobierno se adelanta y ya prepara el terreno para avanzar con su prioridad número uno después de que se apruebe: las privatizaciones. En los despachos más importantes de la Casa Rosada aseguran que la venta de las empresas públicas es el primer paso para la “era post-Bases”, ansiosos por el ingreso de los fondos frescos que llegarían a cambio de las compañías pero, sobre todo, por “sacarse de encima” el peso fiscal que, consideran, le representan al país.

De la lista de 40 empresas que logró mantener en el proyecto -al menos hasta esta semana-, el Ejecutivo priorizará a Aerolíneas Argentinas y AySA, simplemente, porque son las que ostentan mayor déficit. Y en ambas el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, está acelerando especialmente el proceso de “saneamiento” para venderlas lo antes posible.

Primero, el Gobierno necesita desesperadamente la sanción de la ley, pero en el Congreso no todo está dicho. Esta semana, envalentonada, la oposición “dialoguista” empezó a presionar en el Senado con un pedido inesperado para eliminar la aerolínea de bandera de la lista, y en la Casa Rosada admitieron que entró en las negociaciones por la fuerte presión. “Estamos tratando de que no pase”, dijo, lacónico, un importante colaborador del Presidente.

Desde febrero cedieron en innumerables cambios en ese rumbro, al punto de que redujeron sensiblemente la extensa nómina del proyecto original a menos de la mitad. Hoy Aerolíneas representa una cruzada simbólica, y es una de las prioridades de Milei desde la campaña, pero es, a la vez, una de las privatizaciones con menor aceptación en la opinión pública.

Los libertarios más optimistas creen que podrán concretar las primeras formalmente el año que viene, pero antes, admiten, deberán enfrentar un largo proceso, y Posse organizó de antemano un “plan de saneamiento” para “modernizar el Estado y reducir gastos”, implementar un plan de negocios “eficiente” y “poner en orden sus cuentas”.

En Aerolíneas Argentinas, a pesar de la amenaza de retirarla de la nómina, se enfocaron en la “reducción de costos” y la “mejora de ingresos”. Para este año, informaron, aspiran a reducir un 50% el déficit operativo de 2023. Por ejemplo, cancelaron las rutas de Nueva York y de La Habana y empezaron a usar esos aviones en rutas que, aseguran, tienen mayor rentabilidad, como Miami, Madrid, o los destinos del Caribe. Además, “optimizaron” la oferta de vuelos de cabotaje para que acompañe la “demanda real de pasajes”. Y redujeron costos operativos, postas y viáticos, y renegociaron contratos con proveedores.

Para incrementar ingresos, aplicaron una política de branded fares con opción de adquirir servicios complementarios, y aseguraron que le reportarán un estimado de USD 15 millones durante el próximo año. Y aplicaron una primera tanda de retiros voluntarios y acuerdos prejubilatorios: desde diciembre, la redujeron la planta de empleados un 3,5% y proyectan ahorrarse USD 1.5 millones por año con la “reestructuración” de sucursales en el exterior del país.

En AySA se enfocan en los aumentos de tarifas y mencionan un “programa de eficiencia y reducción de gastos”, con eje en la reducción del déficit operativo, siempre con la promesa de que no afectará el servicio de agua y saneamiento. Aunque admiten que “priorizarán” obras, como las cloacas.

Para 2024 proyectan una mejora presupuestaria del 20%, con un ahorro de $100.000 millones, a la que sumarán aumentos en torno al 209% para que la empresa funcione sin necesidad de transferencias del Tesoro Nacional. “Para fin de año, los objetivos de reducción totales en estos principales rubros son 30% de vigilancia, 29% de limpieza, 50% de telefonía, 24% de la flota de vehículos y 15% de la masa salarial”, especificaron. Mientras revisan cuáles son las obras de infraestructura en mejora y mantenimiento, revelaron que priorizarán sólo la continuidad de los proyectos que cuentan con financiamiento de organismos bilaterales y multilaterales de crédito (BID, CAF, BIRF, BEI y FONPLATA).

Ya redujeron la cantidad de vehículos (de los 2229 que había, aseguran que sólo se necesitan 1701); la telefonía (contaban con 3016 celulares, dicen que necesitan 1901 y dieron de baja 1051); los servicios de vigilancia (con un plan de reducción del 35% del gasto) y el recorte a la mitad en la incorporación de tecnología. También rescindirán los servicios de limpieza en un 43% hacia fin de año (hasta ahora lo hicieron en un 40% de las horas); achicaron un 35% las horas extras y, como en AA, lanzaron un programa de retiros voluntarios. El objetivo es reducir un 15% de la masa salarial, y hasta ahora “retiraron” a 754 personas.

En la letra de la ley Bases se establece que deberá intervenir en la auditoría la AGN, con informes que serán claves, donde el Gobierno buscará influir. Faltan tres designaciones de auditores en el organismo, que depende del Congreso (en particular, de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas). Por lo que el paso inmediato de la agenda de Karina Milei será designar al abogado de su confianza, Santiago Viola, en ese lugar. “Esos informes van a ser clave para convencer a las empresas. Sobre todo a las multinacionales o holdings grandes que tienen que rendir cuentas adentro”, dijeron en la Casa Rosada. Probablemente avancen con esa tarea apenas se termine el debate de la ley, que está en su etapa final pero promete prolongarse con resultados inciertos y cambios inesperados. Quizá, también, en la lista de privatizaciones, a partir de la resistencia total del PJ y el kirchnerismo, pero especialmente por las jugadas de último momento de los radicales y algunos referentes de PRO .